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N° 3472 - 11 DE DICIEMBRE DE 2007

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

TERCER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

73ª SESIÓN

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES ENRIQUE PINTADO Presidente
TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI 1er. Vicepresidente
Y DOREEN JAVIER IBARRA 3er. Vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA EL TITULAR DOCTOR MARTI DALGALARRONDO AÑÓN Y
LOS PROSECRETARIOS DOCTORA MARGARITA REYES GALVÁN Y DOCTOR GUSTAVO SILVEIRA

Texto de la citación

Montevideo, 7 de diciembre de 2007.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, el próximo martes 11, a la hora 16, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Tercer Período de la XLVI Legislatura). ( Artículo 127 de la Constitución).

2º.- Comisión Administrativa del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Tercer Período de la XLVI Legislatura). (Ley Nº 16.821, de 23 de abril de 1997).

3º.- Migración. (Normas). (Carp. 2007/007). (Informado). Rep. 1043 y Anexo I

4º.- Convenio Marco con el Gobierno de la República Popular China sobre el Crédito Preferencial otorgado por ese país a la República Oriental del Uruguay. (Aprobación). (Carp. 1684/007). (Informado). Rep. 941 y Anexo I

5º.- Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica con el Gobierno de la República de Nicaragua. (Aprobación). (Carp. 1683/007). (Informado). Rep. 940 y Anexo I

6º.- Accidentes de trabajo. (Se modifica el artículo 14 de la Ley Nº 16.074). (Carp. 832/006) (Informado). Rep. 578 y Anexo I

7º.- Orfilia Benítez de Cabrera. (Designación a la Escuela Nº 52 del departamento de Paysandú). (Carp. 2092/007). (Informado). Rep.1062 y Anexo I

8º.- Localidad de Pepe Núñez, 6ª Sección Judicial del departamento de Salto. (Elevación a la categoría de centro poblado). (Carp. 1741/007). (Informado). Rep. 955 y Anexo I

9º.- Protocolo Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (Aprobación). (Carp. 1398/006). (Informado). Rep. 832 y Anexo I

10.- Acuerdo Marco sobre Cooperación en Materia de Seguridad Regional entre los Estados Parte del MERCOSUR y las Repúblicas de Bolivia, de Chile, del Ecuador, del Perú y Bolivariana de Venezuela, y su Anexo sobre Cooperación Policial en la Prevención y Acción Efectiva ante Hechos Delictivos. (Aprobación). (Carp. 1734/007). (Informado). Rep. 948 y Anexo I

MARTI DALGALARRONDO AÑÓN MARGARITA REYES GALVÁN

Secretario Prosecretaria

S U M A R I O

1.- Asistencias y ausencias

2 y 16.- Asuntos entrados y

17.- Proyectos presentados

3 y 5.- Exposiciones escritas y

4.- Inasistencias anteriores

MEDIA HORA PREVIA

6.- Desarrollo de la empresa Azucarlito, de Paysandú.

— Exposición del señor Representante Doti Genta

7.- Preguntas sobre temas atinentes a la gestión del Ministerio del Interior y del INAU.

— Exposición del señor Representante Germán Cardoso

8.- Próxima realización en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano, del acontecimiento denominado "Jazz a la Calle".

— Exposición del señor Representante Novales

9.- Necesidad de dotar con una nueva escuela de tiempo completo a la villa San Francisco, Las Piedras, departamento de Canelones.

— Exposición del señor Representante Esteban Pérez

10.- Declaración de Mujeres Parlamentarias del MERCOSUR.

— Exposición de la señora Representante Payssé

11.- Situación del Centro Doctor Jacobo Zibil del departamento de Florida.

— Exposición del señor Representante Enciso Christiansen

CUESTIONES DE ORDEN

33.- Alteración del orden del día

13.- Aplazamiento

14 y 22.- Integración de la Cámara y

27.- Intermedio

36.- Levantamiento de la sesión

14 y 22.- Licencias y

25.- Prórroga del término de la sesión

20.- Urgencias

VARIAS

18.- Comisión Especial de Colegiación. (Prórroga de plazo).

19.- Comisión Especial para el estudio de los tests psicolaborales. (Prórroga de plazo).

24.- Autorización al señor Representante Diego Cánepa a realizar una exposición en la sesión ordinaria del día 12 de diciembre.

26 y 28.- Cuestión de fueros planteada por el señor Representante Rosadilla y

— Se vota afirmativamente.

— Se aprueba una moción

ORDEN DEL DÍA

12 y 29.-Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Tercer Período de la XLVI Legislatura) (Artículo 127 de la Constitución).

— La elección recae en los señores Representantes Nacionales Daniela Payssé, Jorge Patrone, Hebert Clavijo, Rubén Martínez Huelmo, Javier García, Jorge Gandini y Nelson Rodríguez Servetto, que actuarán como titulares, y en los señores Representantes Jorge Orrico, Alfredo Asti, Esteban Pérez, Javier Salsamendi, Pablo Iturralde, Álvaro Delgado y Rodolfo Caram, que lo harán como suplentes respectivos . y

15.- Migración. (Normas).

Antecedentes: Rep. Nº 1043, de agosto de 2007, y Anexo I, de diciembre de 2007. Carp. Nº 2007 de 2007. Comisión Especial de Población y Desarrollo Social.

— Aprobación. Se devuelve al Senado

— Texto del proyecto aprobado

21 y 23.- Utilización del espectro radioeléctrico y medios comunitarios de radiodifusión. (Regulación).

(Ver 21a. sesión)

Nuevos antecedentes: Anexo II al Rep. Nº 498, de noviembre de 2007. Carp. Nº 654 de 2005. Comisión Especial de ¨Población y Desarrollo Social.

Antecedentes: Rep. Nº 498, de noviembre de 2005, y Anexo I, de mayo de 2007. Carp. Nº 654 de 2005. Comisión Especial de Población y Desarrollo Social.

— Sanción. Se comunicará al Poder Ejecutivo y

— Texto del proyecto sancionado

30.- Convenio Marco con el Gobierno de la República Popular China sobre el Crédito Preferencial otorgado por ese país a la República Oriental del Uruguay. (Aprobación).

Antecedentes: Rep. Nº 941, de abril de 2007, y Anexo I, de octubre de 2007. Carp. Nº 1684 de 2007. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

31.- Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica con el Gobierno de la República de Nicaragua. (Aprobación).

Antecedentes: Rep. Nº 940, de abril de 2007, y Anexo I, de octubre de 2007. Carp. Nº 1683 de 2007. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

32.- Accidentes de Trabajo. (Se modifica el artículo 14 de la Ley Nº 16.074).

Antecedentes: Rep. Nº 578, de marzo de 2006, y Anexo I, de noviembre de 2007. Carp. Nº 832 de 2006. Comisión de Legislación del Trabajo.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

34.- Protocolo Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (Aprobación).

Antecedentes: Rep. Nº 832 , de noviembre de 2006, y Anexo I, de noviembre de 2007. Carp. Nº 1398 de 2006. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

35.- Acuerdo Marco sobre Cooperación en Materia de Seguridad Regional entre los Estados Parte del MERCOSUR y las Repúblicas de Bolivia, de Chile, del Ecuador, del Perú y Bolivariana de Venezuela, y su Anexo sobre Cooperación Policial en la Prevención y Acción Efectiva ante Hechos Delictivos. (Aprobación).

Antecedentes: Rep. Nº 948, de mayo de 2007, y Anexo I, de noviembre de 2007. Carp. Nº 1734 de 2007. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

1.- Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Pablo Abdala, Washington Abdala, Álvaro Alonso, José Amorín Batlle, Hugo Arambillete, Beatriz Argimón, Roque Arregui, Alfredo Asti, Manuel María Barreiro, Julio Basanta, Gloria Benítez, Bertil R. Bentos, Daniel Bianchi, Eleonora Bianchi, José Luis Blasina, Sergio Botana, Eduardo Brenta, Juan José Bruno, Alfredo Cabrera, Diego Cánepa, Rodolfo Caram, Germán Cardoso, José Carlos Cardoso, Julio Cardozo Ferreira, Raúl Casás, Hebert Clavijo, Alba M. Cocco Soto, Roberto Conde, Beatriz Costa, Mauricio Cusano, Richard Charamelo, Silvana Charlone, Álvaro Delgado, Juan José Domínguez (1), David Doti Genta, Carlos Enciso Christiansen, Gustavo A. Espinosa, Sandra Etcheverry, David Fernández, Julio César Fernández, Luis Galbarini, Luis José Gallo Imperiale, Jorge Gandini, Javier García, Nora Gauthier, Carlos González Álvarez, Diego Guadalupe, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani, Uberfil Hernández, Doreen Javier Ibarra, Luis Alberto Lacalle Pou, Fernando Longo Fonsalías, Álvaro F. Lorenzo, Guido Machado, José Carlos Mahía, Daniel Mañana, Rubén Martínez Huelmo, Pablo Martins, Carlos Mazzulo, Artigas Melgarejo, Jorge Menéndez, Mario Mesa, Gonzalo Mujica, Gonzalo Novales, José Quintín Olano Llano, Lourdes Ontaneda, Jorge Orrico, Edgardo Ortuño, Ivonne Passada, Jorge Patrone, Daniela Payssé, Daniel Peña Fernández, Adriana Peña Hernández, Aníbal Pereyra, Darío Pérez Brito, Esteban Pérez, Gonzalo Pessi, Enrique Pintado, Iván Posada, Jorge Pozzi, Juan A. Roballo, Edgardo Rodríguez, Gustavo Rombys, Luis Rosadilla, Javier Salsamendi, Víctor Semproni, Carlos Signorelli, Juan C. Souza, Héctor Tajam, Roxana Tejera, Hermes Toledo Antúnez, Mónica Travieso, Jaime Mario Trobo, Carlos Varela Nestier, Álvaro Vega Llanes, Homero Viera y Horacio Yanes.

Con licencia: Pablo Álvarez López, Miguel Asqueta Sóñora, Gustavo Bernini, Gustavo Borsari Brenna, Federico Casaretto, Alberto Casas, Nora Castro, Daniel García Pintos, Rodrigo Goñi Romero, Pablo Iturralde Viñas, Carlos Maseda, Pablo Pérez González y Nelson Rodríguez Servetto.

Faltan con aviso: Jorge Romero Cabrera.

Sin aviso: Fernando García.

Actúan en el Senado: Carlos Gamou y Alberto Perdomo Gamarra.

Observaciones:

(1) A la hora 18:50 en virtud de haber sido convocado para integrar la Cámara de Senadores, ingresa en su lugar el Sr. Gustavo Rombys.

2.- Asuntos entrados.

"Pliego Nº 234

COMUNICACIONES GENERALES

La Junta Departamental de Maldonado remite copia de una nota presentada por el Sindicato Único Nacional del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, relacionada con las manifestaciones de un señor Edil acerca del ascenso funcional de una persona integrante de ese gremio. C/10/005

- A la Comisión de Legislación del Trabajo

La Oficina Nacional del Servicio Civil contesta el pedido de informes del señor Representante Pablo Abdala, sobre el ingreso de personal al amparo de la Ley Nº 18.094, de 9 de enero de 2007. C/2187/007

La Intendencia Municipal de Salto acusa recibo de la exposición realizada por el señor Representante Bertil R. Bentos, en sesión de 13 de noviembre de 2007, referente al incumplimiento de la Ley Nº 16.096, de 26 de octubre de 1989, que dicta normas relativas a la enfermedad celíaca. S/C

La Junta Departamental de Paysandú remite nota relacionada con el proyecto de ley por el que se designa "Orfilia Benítez de Cabrera" la Escuela Nº 52 del departamento de Paysandú. C/2092/007

- A sus antecedentes".

3.- Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Hackenbruch Legnani).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 5)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

El señor Representante Gonzalo Novales solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Desarrollo Social; de Educación y Cultura y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública; de Economía y Finanzas; y de Trabajo y Seguridad Social y por su intermedio al Banco de Previsión Social, relacionada con la incorporación de los alumnos de las escuelas rurales al régimen de asignaciones familiares. C/22/005

El señor Representante David Doti Genta solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la República; a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Salud Pública, y por su intermedio al Hospital Escuela del Litoral y al Centro Auxiliar de Salud de Guichón; a las Comisiones de Apoyo del departamento de Paysandú; a todas las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales del país; a la Federación de Funcionarios de Salud Pública, y por su intermedio a la filial Paysandú, y a los medios de prensa de ese departamento, acerca del cumplimiento del artículo 293 de la Ley Nº 17.930. C/22/005

El señor Representante Carlos Enciso Christiansen solicita se curse una exposición escrita a la Cámara de Senadores, con destino a la Comisión de Educación y Cultura; al Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, con destino al Consejo de Educación Secundaria; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Florida, con destino a la Junta Local de Sarandí Grande, a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara y a los medios de prensa del citado departamento, referente al interés de los habitantes de esa localidad de que se impartan cursos nocturnos en el Liceo "Faustino Harrison". C/22/005

El señor Representante Guido Machado solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sobre la necesidad de que se construya una rotonda en la intersección de las Rutas Nacionales Nos. 27 y 29. C/22/005

El señor Representante Rodolfo Caram solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Artigas, y por su intermedio a las Juntas Locales de Tomás Gomensoro y Baltasar Brum, y a la Junta Local Autónoma Electiva de Bella Unión:

Los señores Representantes Darío Pérez Brito, Federico Casaretto y Germán Cardoso solicitan se curse una exposición escrita al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio a la Comisión Honoraria Administradora del Fondo Nacional de Recursos, relacionada con la atención brindada por ese instituto a una señora ciudadana. C/22/005".

––––Se votarán oportunamente.

4.- Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión ordinaria realizada el día 5 de diciembre de 2007:

Con aviso: Sandra Etcheverry

Sin aviso: Ruben Amaro.

Inasistencias a las Comisiones:

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Miércoles 5 de diciembre

ASUNTOS INTERNACIONALES

Con aviso: Carlos Varela Nestier.

DERECHOS HUMANOS

Con aviso: Ana de Armas.

EDUCACIÓN Y CULTURA

Con aviso: Manuel María Barreiro; Pablo Álvarez López.

Sin aviso: David Fernández; Hugo Arambillete.

GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Con aviso: Carlos Enciso Christiansen.

Sin aviso: Luis Alberto Galbarini Álvarez.

INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Con aviso: Sandra Etcheverry.

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Con aviso: Eleonora Bianchi; Ivonne Passada.

SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Con aviso: Ruben José Amaro Machado.

VIVIENDA, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Con aviso: Rodolfo Caram.

ESPECIAL PARA EL DEPORTE

Sin aviso: Germán Cardoso; Julio César Fernández, Mary Pacheco.

Lunes 10 de diciembre

DERECHOS HUMANOS

Con aviso: Edgardo Rodríguez".

5.- Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Treinta y dos en treinta y seis: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Gonzalo Novales a los Ministerios de Desarrollo Social; de Educación y Cultura y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública; de Economía y Finanzas; y de Trabajo y Seguridad Social y por su intermedio al Banco de Previsión Social, relacionada con la incorporación de los alumnos de las escuelas rurales al régimen de asignaciones familiares.

"Montevideo, 5 de diciembre de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Desarrollo Social; al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP); al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, por su intermedio, al Banco de Previsión Social (BPS). Con relación a la incorporación de los alumnos de las escuelas rurales al régimen de asignaciones familiares bonificadas, hemos presentado iniciativas ante la Cámara de Representantes, que tienen como objetivo fomentar la educación en todos los rincones del país, potenciar la tarea de las escuelas rurales y la concurrencia a éstas, el arraigo de las familias en el campo y el no desmembramiento de las familias rurales. Esta exposición escrita tiene como objetivo realizar un aporte más en ese afán de consolidar la escuela rural y la permanencia de las familias en ese medio. Actualmente y, por diferentes motivos, estamos viviendo un gran éxodo del campo hacia las ciudades lo que produce un gran despoblamiento de nuestra campaña. En el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, el 3 de setiembre del corriente año y aprobado recientemente por la Cámara de Senadores se introduce una serie de reformas en el sistema de asignaciones familiares. Por ese proyecto se crea (artículo 1º) un sistema de asignaciones familiares en beneficio de niños y adolescentes que residen en el territorio nacional y que, reuniendo los demás requisitos previstos en el mencionado proyecto de ley, integren hogares en situación de vulnerabilidad socio-económica o estén en atención de tiempo completo en establecimientos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) o en instituciones que mantengan convenios con dicho Instituto. El artículo 2º del citado proyecto define qué se entenderá por 'hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad socio-económica'. Frente a ese proyecto, nuestra iniciativa apunta a incluir, dentro de los beneficiarios de ese nuevo sistema de asignaciones familiares, a los niños que residiendo en el medio rural, acudan a la escuela rural de su zona, independientemente de su condición socio-económica o a los niños o adolescentes que deban trasladarse más de 10 kilómetros para concurrir al liceo o a la escuela técnica de UTU. Consideramos que, por medio de esta iniciativa, además de hacer un aporte efectivo a los niños, estamos brindando más posibilidades para que accedan todos a los niveles de educación; estamos fortaleciendo las escuelas rurales dotando a los residentes del medio rural de un motivo más para permanecer, junto a sus familias, en el establecimiento agropecuario; fomentando la unión de las familias ya que muchas veces, por necesidad de que los niños concurran a las escuelas de la ciudad, deben separarse porque sus padres tienen que mantenerse trabajando en el predio rural. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GONZALO NOVALES, Representante por Soriano".

2) Exposición del señor Representante David Doti Genta a la Presidencia de la República; a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Salud Pública, y por su intermedio al Hospital Escuela del Litoral y al Centro Auxiliar de Salud de Guichón; a las Comisiones de Apoyo del departamento de Paysandú; a todas las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales del país; a la Federación de Funcionarios de Salud Pública, y por su intermedio a la filial Paysandú, y a los medios de prensa de ese departamento, acerca del cumplimiento del artículo 293 de la Ley Nº 17.930.

"Montevideo, 5 de diciembre de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Salud Pública y, por su intermedio, a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, a la Dirección del Hospital Escuela del Litoral y al Centro Auxiliar de Guichón; al Ministerio de Economía y Finanzas; a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales; a la Federación de Funcionarios de Salud Pública; a la Federación de Funcionarios de Salud Pública de Paysandú; a las Comisiones de Apoyo y a los medios de prensa del departamento de Paysandú. Queremos hacer mención a una situación que se está dando, en estos días, en el Hospital Escuela del Litoral, de nuestra ciudad capital del departamento de Paysandú, donde 130 funcionarios, pagos por la Comisión de Apoyo a ese nosocomio, se encuentran en asamblea permanente (sin atender al público), ya que no se ha cumplido con el artículo 293 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005 (Presupuesto Nacional, período 2005 2010). Transcribimos lo que dice dicho artículo: 'Créanse en el Inciso 12 'Ministerio de Salud Pública' hasta cinco mil ciento setenta cargos asistenciales y de apoyo necesarios, con el fin de incorporar las funciones desempeñadas en dependencias del Inciso, por el personal que a la fecha de la promulgación de la presente ley se encuentre contratado por las Comisiones de Apoyo a las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud Pública Administración de los Servicios de Salud del Estado y por el Patronato del Psicópata. Autorízase al Ministerio de Salud Pública a transferir, en forma total o parcial, del grupo 5 y 2, respectivamente al grupo 0, los créditos que la legislación vigente traspasa a las Comisiones de Apoyo de las unidades ejecutoras del organismo y al Patronato del Psicópata, con el objeto de contratar y/o complementar los salarios respectivos. El Poder Ejecutivo reglamentará la ejecución para el cumplimiento de esta disposición, previo asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación, determinando la escala salarial y funcional respectiva, sin que ello implique mayor costo para el Estado. Quedan incluidos en la presente disposición los cuidadores de pacientes que ejercen funciones en las Colonias de Asistencia Psiquiátricas doctor Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi, en el Hospital doctor Piñeyro del Campo y en el Hospital Pereira Rossell'. En el mismo queda claro que ya deberían estar regularizados, no solamente los funcionarios que dependen de la Comisión de Apoyo al Hospital Escuela del Litoral, sino también los de las Comisiones de Apoyo locales: a) Centro Auxiliar de Guichón, b) Piedra Sola, c) Pueblo Gallinal, d) Morató Tres Árboles, e) Merinos, f) Piñera Beisso, g) Piedras Coloradas, h) Orgoroso y, aquí, detallamos qué tipo de funciones desempeñan: son enfermeros, choferes, administrativos, médicos, parteros, técnicos laboratoristas, técnicos de archivos, licenciados en enfermería, de mantenimiento, instrumentistas, asistentes sociales, auxiliares de servicio, técnicos en registro médico, técnicos en rayos X, bioquímicos, auxiliares de farmacia, nurses o nutricionistas. Debemos dejar constancia de que este tema que, es justo decir, fue contemplado por el actual Gobierno en el Presupuesto Nacional no ha sido llevado a la práctica, lo que nos motivó para presentar una exposición escrita al respecto, cursada con fecha 13 de junio de 2006, por Oficios de esta Cámara Nº 6040, al Ministerio de Salud Pública, Nº 6041, a la Intendencia Municipal de Paysandú, y Nº 6042, a la Junta Departamental de Paysandú; así como un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, cursado por Oficio de esta Cámara Nº 11585, de 17 de abril de 2007, el que, como otros, aún no nos ha sido contestado. Se podrá argumentar algún tipo de dificultad, pero lo que no se nos podrá negar, y lo expresamos con todo respeto, es que dicho por autoridades de Gobierno existe, desde hace dos años, una bonanza económica, lo que amerita rápidamente la presupuestación prevista en el artículo mencionado del presupuesto quinquenal, pues los recursos existen. Habiendo, las autoridades, manifestado su decisión respecto a que las Comisiones de Apoyo no deben tener bajo su responsabilidad la contratación de personal y habiéndose aprobado recursos presupuestales y específicos con ese destino (el artículo 293 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, creó hasta 5.170 cargos), descontamos la comprensión y la buena voluntad de las autoridades gubernamentales para dar una rápida solución al problema planteado. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. DAVID DOTI GENTA, Representante por Paysandú".

3) Exposición del señor Representante Carlos Enciso Christiansen a la Cámara de Senadores, con destino a la Comisión de Educación y Cultura; al Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, con destino al Consejo de Educación Secundaria; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Florida, con destino a la Junta Local de Sarandí Grande, a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara y a los medios de prensa del citado departamento, referente al interés de los habitantes de esa localidad de que se impartan cursos nocturnos en el Liceo "Faustino Harrison".

"Montevideo, 6 de diciembre de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y al Consejo de Educación Secundaria; a la Intendencia Municipal de Florida, con destino a la Junta Local de Sarandí Grande; a la Junta Departamental de Florida; a la Cámara de Senadores, con destino a la Comisión de Educación y Cultura; a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes y a los medios de comunicación del departamento de Florida. El Liceo Faustino Harrison de la ciudad de Sarandí Grande, del departamento de Florida, cuenta con dos turnos para el dictado de clases (matutino y vespertino), pero carece de clases en el horario nocturno. En Sarandí Grande es imprescindible contar con dicho turno, ya que muchos habitantes de la ciudad y de su zona de influencia, tienen el deseo de completar sus estudios, pero les resulta imposible asistir en el turno de la mañana o en el vespertino. Se trata de ciudadanos que trabajan o que tienen a su cargo realidades familiares complejas, y que han tenido que abandonar sus estudios. Las autoridades de la enseñanza deberían considerar esta situación, tomando las previsiones del caso cuanto antes, para asegurar que, al inicio del próximo año lectivo, se haya solucionado esta carencia. Por otra parte, es conocida la preocupante deserción de estudiantes en el nivel secundario. Creemos que mientras esa realidad avanza, tenemos por otro lado gente deseosa de estudiar, a la que hay que brindarle el servicio de tal forma que el acceso a los estudios no resulte ser un esfuerzo desmedido. En caso contrario, el interés en estudiar terminará siendo simplemente una mera ilusión nunca concretada. Teniendo en cuenta la existencia de salones y demás recursos que se utilizan en los turnos hoy existentes, la incorporación de un horario nocturno al Liceo no supondrá grandes erogaciones para el Estado, mientras que el producto de tal incorporación será, sin duda, ampliamente beneficioso para toda la sociedad, no solamente para los estudiantes y docentes. En Sarandí Grande, a iniciativa de los interesados, se recabaron firmas en apoyo a la mencionada solicitud; las que fueron presentadas ante la Junta Departamental de Florida por el Edil Maestro Ludelmar Torres. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. CARLOS ENCISO CHRISTIANSEN, Representante por Florida".

4) Exposición del señor Representante Guido Machado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sobre la necesidad de que se construya una rotonda en la intersección de las Rutas Nacionales Nos. 27 y 29.

"Montevideo, 7 de diciembre de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. En la intersección de las Rutas Nacionales Nº 27 Mario Heber y Nº 29 existe una parada de ómnibus que es utilizada por los vecinos del paraje La Caillava y sus zonas adyacentes. Dicho cruce de rutas se ha tornado muy peligroso, debido al intenso tránsito de vehículos, tanto de automóviles como de transportes de carga y de pasajeros. Los vecinos han realizado gestiones ante la Intendencia Municipal de Rivera para que se traslade dicha parada, las que se están tramitando. Entendemos que la solución definitiva al problema planteado pasa por la construcción de una rotonda que permita la circulación del intenso tránsito mencionado con mayor seguridad y así evitar accidentes, entre vehículos y con peatones. Por lo expuesto, aguardamos una respuesta favorable a lo planteado. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GUIDO MACHADO, Representante por Rivera".

5) Exposición del señor Representante Rodolfo Caram a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Artigas, y por su intermedio a las Juntas Locales de Tomás Gomensoro y Baltasar Brum, y a la Junta Local Autónoma Electiva de Bella Unión y a los Ministerios del Interior, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Policía Caminera; de Transporte y Obras Pública, y de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco de Seguros del Estado, relacionada con la presencia de animales sueltos en rutas nacionales.

"Montevideo, 11 de diciembre de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio del Interior y, por su intermedio, a la Dirección Nacional de Policía Caminera; al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; al Ministerio de Economía y Finanzas y, por su intermedio, al Banco de Seguros del Estado (BSE); a la Intendencia Municipal de Artigas y, por su intermedio, a las Juntas Locales de Baltasar Brum y de Tomás Gomensoro; a la Junta Departamental de Artigas, y a la Junta Local Autónoma Electiva de Bella Unión. Con frecuencia, los Representantes del interior concurrimos a Montevideo y, por supuesto, retornamos a nuestros departamentos, por lo que viajamos muchos kilómetros por semana. Debemos reconocer la responsabilidad de las empresas de transporte de pasajeros, la seguridad de los ómnibus, los excelentes profesionales asignados al volante, en fin, el trabajo de muchos. Ellos son los responsables de que las cifras de seguridad vial, en el transporte de pasajeros, sean excelentes, por su trabajo, los indicadores registran muy bajos índices de accidentes. ¡Y qué bueno que es esto! Es una muy buena información, no hace muchos años los accidentes de tránsito con vehículos de transporte colectivo eran frecuentes y cobraban muchas víctimas. Se ha revertido esa problemática, gracias al esfuerzo de muchos y a la tecnología aplicada a los ómnibus, sin dejar de lado la mejoría en las condiciones de trabajo de los obreros del transporte. Se aumentó la formación y la profesionalización de los choferes, de los guardas, de los mecánicos, de los funcionarios en general, y otros. No dejamos de reconocer las mejoras de la estructura vial, de puentes, de carreteras, de accesos, de rotondas, de cruces peligrosos, de peatonales, de señalización. Es producto del esfuerzo de varios Gobiernos que permitió atenuar las lamentables cifras de los accidentes carreteros. No olvidamos la renovación de la flota de vehículos, que permitió modernizar el transporte, revolucionó los horarios, mejoró integralmente las condiciones para los pasajeros, los conductores y los guardas. También reconocemos que las condiciones generales de seguridad vial real mejoraron mucho, el contralor de los vehículos, la tecnología moderna en todos los órdenes, la conciencia colectiva más responsable, las campañas de prevención y demás. A la vez, valoramos como muy positiva la disminución de los animales sueltos, lo que, sin dudas, aún es un factor determinante que provoca accidentes. Si no provocan más accidentes es porque todos los elementos que mencionamos los impiden o los evitan. Todavía se ven muchos animales sueltos en las rutas nacionales, no en las principales y más transitadas, pero sí en las laterales o secundarias, por ejemplo, la Ruta Nacional Nº 30 Brigadier General Eugenio Garzón, por la que transitamos, de ida y de vuelta, todas las semanas. Es frecuente que aparezcan animales sueltos en la ruta, principalmente en las cercanías de los pueblos como, por ejemplo, en Tranqueras, del departamento de Rivera. No hay accidentes por todo lo mencionado, excelentes profesionales al volante, guardas, empresas serias, responsables y comprometidas, excelentes ómnibus, y otros. Pero los animales están ahí, hay irresponsables que los sueltan o éstos se escapan, pero también falta control. No sé quién debe, además de la Policía Caminera, estar atento a estos problemas. Evitar la presencia de animales en la ruta suponemos que es tarea de la Policía Caminera, en coordinación con las comisarías de los pueblos o localidades. Por medio de esta exposición escrita, solicitamos al Ministerio del Interior más atención a este problema, entendemos que hay que brindar mayor acción y participación al instituto, para prevenir y evitar la presencia de animales sueltos en la ruta. No es justo que el esfuerzo realizado por todos no sea acompañado por el del Ministerio del Interior. Reconocemos que se hacen esfuerzos para mejorar los servicios, pero en este aspecto no es suficiente; no está a la altura de los otros. Decimos, otra vez, lo mismo, no hay más accidentes provocados por animales sueltos por las condiciones del transporte, porque los animales permanecen en las rutas. Evitan muchos accidentes, la pericia humana y la tecnología de los vehículos, porque los que provocan los accidentes, los animales sueltos, están presentes, y su presencia se debe, entre otros, a la falta de prevención y de control. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RODOLFO CARAM, Representante por Artigas".

6) Exposición del señor Representante Rodolfo Caram a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Artigas, y por su intermedio a las Juntas Locales de Tomás Gomensoro y Baltasar Brum, y a la Junta Local Autónoma Electiva de Bella Unión; a la Presidencia de la República, y a los Ministerios de Economía y Finanzas, y de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, acerca de la aplicación del Decreto 398/07, relativa a la venta de nafta en zonas de frontera

"Montevideo, 11 de diciembre de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República; al Ministerio de Economía y Finanzas; al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP); a la Intendencia Municipal de Artigas y, por su intermedio, a las Juntas Locales de Tomás Gomensoro y de Baltasar Brum; a la Junta Departamental de Artigas y a la Junta Local Autónoma Electiva de Bella Unión. Luego de intentar los contactos correspondientes con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y que los resultados no sean satisfactorios, optamos por cursar esta exposición escrita para expresarnos. Hemos solicitado a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas la aplicación del Decreto Nº 398/07, de 29 de octubre de 2007, en el departamento de Artigas, al igual que en los pasos de frontera de las ciudades de Fray Bentos, de Paysandú y de Salto. Es injusto que se excluya a Artigas de la aplicación de ese beneficio, dado que en la capital del departamento de Artigas, la Dirección Nacional de Aduanas y la ANCAP han realizado varios operativos de incautación de combustible proveniente de la República Argentina. En dichas circunstancias -conocidas por todos- se incautaron muchos miles de litros de nafta, provenientes de la ciudad argentina de Paso de los Libres, frontera con la ciudad de Uruguayana, de la República Federativa del Brasil, distante a unos 120 kilómetros de la ciudad de Artigas. Vale la pena y es muy redituable recorrer esa distancia porque la diferencia de precio lo justifica, la nafta argentina vale menos de la mitad que la uruguaya. No debemos olvidar que la ciudad de Bella Unión, del departamento de Artigas, está a pocos metros -río Uruguay por medio- de la ciudad argentina de Monte Caseros. Nos consta que en esa ciudad se comercializa combustible argentino. Quienes nacimos y nos criamos en la zona de frontera, estamos acostumbrados, por lo que no nos sorprende el contrabando, de ningún producto: lo que es más barato se vende del lado que conviene. Esa relación es de ida y vuelta, a veces le toca a una margen y en otras, a la otra, es decir, a veces a nosotros y en otras a los extranjeros. Pero también todos conocen la realidad de que hace muchos años que la relación de la moneda, o el cambio con Brasil, fue favorable a los brasileños. Desde hace un tiempo, con el Real fuerte, los precios son mejores en la ribera uruguaya. Es decir que los comerciantes o el comercio de Artigas, en forma heroica soportó, durante muchos años, aportando los tributos, las pocas ventas, por la moneda adversa. Se fueron millones de dólares durante semanas, meses, años, para Brasil. La situación cambiaria hoy es beneficiosa para nuestro país y vienen personas a comprar a la ciudad de Artigas, desde muchas ciudades vecinas de la República Federativa del Brasil. Con ese país, el costo combustible está parejo en la actualidad, pero no siempre fue así. La República Argentina está más lejos, pero como la nafta vale menos de la mitad, es motivo más que suficiente para traerla desde allá. Los que traen el combustible ganan por lo que venden y porque llenan su tanque a menos de la mitad, en pesos, el dinero rinde mucho. No hace falta comentar más sobre esa realidad fronteriza, que es de conocimiento de todos, de los vecinos de Artigas y de las autoridades. Por lo expuesto, insistimos y reclamamos con énfasis, que se aplique el Decreto Nº 398/007, de 29 de octubre de 2007, también en el departamento de Artigas. No hay un solo fundamento válido que justifique la exclusión de este departamento, el Gobierno nos discrimina, nos deja de lado, nos abandona cuando las circunstancias son muy favorables para nosotros. No hay excusas, porque estamos igual de precios con la República Federativa del Brasil, pero ANCAP y la Dirección Nacional de Aduanas saben muy bien que en Artigas se vende mucha nafta argentina. Reclamamos a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas que incluya al departamento de Artigas en el decreto mencionado. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RODOLFO CARAM, Representante por Artigas".

7) Exposición del señor Representante Rodolfo Caram a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Artigas, y por su intermedio a las Juntas Locales de Tomás Gomensoro y Baltasar Brum, y a la Junta Local Autónoma Electiva de Bella Unión; al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la Asociación Rural del Uruguay, a la Federación Rural, y por su intermedio a todas las gremiales agropecuarias; y a la Asociación Agropecuaria de Artigas, referente a la necesidad de erradicar la plaga vegetal denominada "capín anoni".

"Montevideo, 11 de diciembre de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; a la Intendencia Municipal de Artigas y, por su intermedio, a las Juntas Locales de Tomás Gomensoro y de Baltasar Brum; a la Junta Departamental de Artigas; a la Junta Local Autónoma Electiva de Bella Unión; a la Federación Rural y, por su intermedio, a las gremiales agropecuarias de todo el país; a la Asociación Rural del Uruguay; y a la Asociación Agropecuaria de Artigas. Hace unos cuantos meses, se trató un tema muy importante para el Uruguay productivo, en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes, y éste es nuestro segundo planteo sobre el mismo: nos referimos al Capín Anoni. Concurrimos a la Expo Chiflero 2007 de Artigas, donde quedamos sorprendidos con el avance que ha tenido esa maleza en los campos. La Comisión Honoraria e Interinstitucional, que funciona en Artigas, expuso en un stand la información correspondiente para el conocimiento general y las medidas de control del Capín. La Comisión funciona muy bien y sin ningún tipo de recurso oficial, y lo que es peor, ni siquiera cuenta con el apoyo de los organismos del Estado. Todos los insumos para su funcionamiento lo proporcionan grupos privados e instituciones no oficiales. Se solicitó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que ayudara en el control de esa maleza en las franjas existentes a los costados de las rutas nacionales, pero todavía se espera una respuesta. Hasta el momento fue, durante una hora, un ingeniero agrónomo funcionario de dicho Ministerio a Artigas, prometió hacer algo y nada. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no participa con el aporte de funcionarios, con apoyo logístico, ni con insumos, con nada, no le preocupa el problema. Pero, es un tema serio, que se transforma en un flagelo para la producción. Las malezas de los campos no son figuras decorativas del paisaje, son especies que desarrollan estrategias ambientales, morfológicas y fisiológicas, que les permiten competir con ventajas, frente a los buenos pastos naturales. Esta maleza, incomible, tiene características bromatológicas muy pobres, su valor nutritivo es muy pobre, esto quiere decir que no reúne condiciones para otros usos como, por ejemplo, su conservación como heno. Los técnicos saben a lo que nos referimos, es muy poco lo que se puede aportar de nuevo con respecto al Capín Anoni, pero lo que sí puede importar y mucho, es la activa participación de los organismos oficiales. Es muy importante contar con la participación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hay que asumir las responsabilidades que le corresponden a cada uno, los productores y sus respectivas asociaciones o gremiales, participan. Falta que lo hagan los dos Ministerios, pues entonces que así sea, es absolutamente legítimo nuestro reclamo. Esperamos respuestas favorables en los próximos tiempos. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RODOLFO CARAM, Representante por Artigas".

8) Exposición del señor Representante Rodolfo Caram a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Artigas, y por su intermedio a las Juntas Locales de Tomás Gomensoro y Baltasar Brum, y a la Junta Local Autónoma Electiva de Bella Unión; al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y a la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre, sobre la construcción de viviendas en las localidades de Javier de Viana y Colonia Palma, en el departamento de Artigas

"Montevideo, 11 de diciembre de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; a la Comisión Honoraria pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR); a la Intendencia Municipal de Artigas y, por su intermedio, a las Juntas Locales de Tomás Gomensoro y de Baltasar Brum; a la Junta Departamental de Artigas, y a la Junta Local Autónoma Electiva de Bella Unión. Una vez más, nos sentimos motivados a plantear a las autoridades de los organismos públicos, inquietudes de los vecinos, que hemos recibido en nuestras visitas a diferentes lugares. Desde luego, que los pedidos que no tienen respuesta favorable, generan ansiedad, preocupación, insatisfacción y desesperanza. Las acciones llevadas adelante para la definición y concreción de las cosas -porque en general los pedidos se refieren a cosas materiales- requieren prisa y que todo sea muy claro. Siempre actuamos a favor de los interesados, por encima está el interés general y colectivo, algo totalmente comprensible y, en términos generales, compartido casi en un todo. Sin perjuicio de ello, la voluntad puesta para alcanzar los objetivos está desfasada con la realidad, lo que consideramos como muy positivo. Pero en ese tiempo, hay gente esperando algo, que presiona, gestiona, reclama, demanda y demás. Atender a la gente y representarla es nuestro deber, nuestra obligación y lo hacemos con total satisfacción; al punto que, generalmente, es mayor nuestra ansiedad, que la de ella. Este prólogo expresa lo que ocurre con dos planteos efectuados a MEVIR: uno, con referencia a la construcción de viviendas en el centro poblado Javier de Viana y otro, en pueblo Colonia Palma, del departamento de Artigas. Nos consta que para Javier de Viana hay un informe negativo de la asistente social que, en su momento, realizó el relevamiento, como consecuencia de una solicitud presentada por carta, firmada por los vecinos interesados. En el caso de pueblo Colonia Palma se nos ha informado, por parte de los vecinos, que los estudios preliminares se refieren a la construcción de viviendas en grupos. Creemos que se debe analizar la situación de Javier de Viana tomando en cuenta que, desde la fecha del relevamiento, están funcionando en la Escuela Nº 33: los séptimo, octavo y noveno grados, es decir, que es un centro integrado. Por ello, la gente no se va del pueblo, dado que sus hijos y jóvenes se quedan estudiando en el lugar. Hay más población con interés y demanda por viviendas en Javier de Viana. Se debe volver a evaluar o relevar ese lugar, porque entendemos propicia la construcción de viviendas. Para Colonia Palma sugerimos, sin temor a equivocarnos, que lo ideal es un plan de unidades productivas dispersas, hay demanda por esta modalidad de viviendas, está la Colonia Palma, la Colonia Acevedo Díaz, el pueblo. Por lo expuesto, solicitamos la evaluación de un plan de esas características para esa zona, a priori creemos que es lo más ajustado a dicha realidad socio-económica. Además, coincidimos en que no es propicio otro plan de viviendas, en grupos, precisamente, todo lo contrario, entendemos que se requiere un plan de viviendas disperso, que es, a su vez, lo que nos solicita la gente del lugar. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RODOLFO CARAM, Representante por Artigas".

9) Exposición de los señores Representantes Darío Pérez Brito, Federico Casaretto y Germán Cardoso al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio a la Comisión Honoraria Administradora del Fondo Nacional de Recursos, relacionada con la atención brindada por ese instituto a una señora ciudadana.

"Montevideo, 11 de diciembre de 2007. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Enrique Pintado. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Salud Pública y, por su intermedio, a la Comisión Honoraria Administradora del Fondo Nacional de Recursos. Por la presente, deseamos trasladar a esa Comisión un problema que debe ser el de muchos, pero que luego de conocerlo deja de ser anónimo, tiene cara, y nos genera deseos de hacer cosas para solucionarlo. Alicia Trindade es maestra y tiene 53 años. Hace dos años, comenzó los trámites para obtener una prótesis de la rodilla izquierda, debido a una severa artrosis de esa articulación, que la inmoviliza para la realización de su trabajo habitual y hasta para los mínimos desplazamientos relacionados con la vida diaria. Dicha dolencia le afecta también, desde el punto de vista económico. Cursamos esta exposición en forma pública, oficial y apolítica, con delicadeza, para que se tenga presente este caso, en virtud de que los trámites se extraviaron y la damnificada debería presentarse nuevamente, en búsqueda de la única alternativa que le queda para vivir con normalidad, para ser productiva para la sociedad y para ella misma. Sería un acto de compasión, -debido a los documentos extraviados- darle una pronta solución a lo planteado. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GERMÁN CARDOSO, FEDERICO CASARETTO y DARÍO PÉREZ BRITO, Representantes por Maldonado".

MEDIA HORA PREVIA

6.- Desarrollo de la empresa Azucarlito, de Paysandú.

——Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Doti Genta.

SEÑOR DOTI GENTA.- Señor Presidente: es con verdadera satisfacción, más aún como legisladores sanduceros, que vamos a dedicar estos cinco minutos a exponer sobre una empresa de nuestro departamento, Azucarlito, que a pesar de épocas de crisis, hoy es líder en el sector azucarero.

Podemos expresar que el esfuerzo de aquel visionario, don Carlos María Fraschini, que fuera su principal impulsor en la década industrial de nuestra ciudad, hoy sigue más vigente que nunca a pesar de las crisis financieras y de haber tenido que culminar en 1992 con la plantación de remolacha azucarera. A partir de ese momento, sus directores -algunos de ellos siguen siéndolo en la actualidad- tuvieron la inteligencia, la imaginación y ese tan mentado espíritu de Paysandú, que ha permitido sobrellevar los momentos difíciles y mantener doscientos cincuenta puestos de trabajo directos -doscientas cincuenta familias-, y los cientos de puestos de trabajo indirectos que se generan en el departamento y a lo largo y ancho del país.

No podemos dejar pasar por alto que, a pesar de haber tenido en su momento un alto endeudamiento con el Banco de la República, las autoridades de la empresa supieron hacerle frente, con una estrategia propia y definida, honrando dichas deudas y logrando al día de hoy prácticamente no tener pasivo con esa institución estatal, manteniendo una eficaz y muy buena capacidad de administración de los recursos.

Hoy existen en el país tres empresas que aportan al mercado el vital elemento que es el azúcar. Una de ellas es el proyecto sucroalcoholero de ANCAP, ALUR, en Bella Unión -subsidiado por el Estado, con participación del Gobierno venezolano y en vías de negociación con ANCAP para aumentar dicha participación- que, como todos sabemos, a pesar de los subsidios del Gobierno no parece estar pasando su mejor momento.

Por eso, en la actual coyuntura socioeconómica más aún resaltamos la fortaleza de nuestra empresa sanducera Azucarlito, que desde el año 1999 comenzara el acarreo de azúcar crudo producido en Mato Grosso do Sul por la hidrovía de los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, lo que le ha permitido seguir procesando y elaborando un azúcar cuyo almacenaje, expedición y venta fueron certificados con la norma de calidad ISO 9001/2000, recibida hace muy poco de LATU Sistemas para sus procesos de refinado.

Como si esto fuera poco, para dimensionar más el trabajo del actual Directorio y sus trabajadores, al no poder contar con el antes mencionado servicio de transporte fluvial en barcazas como resultado de una demanda de barcazas mayor a la oferta, a fines del pasado mes de octubre concretó la compra de diez mil toneladas de azúcar crudo argentino para su embarque en la Terminal Puerto Rosario -República Argentina-, con el objetivo de asegurar a sus clientes el abastecimiento de azúcar refinado durante el primer semestre del año 2008. Más aún, para el transporte de esa partida de diez mil toneladas se adjudicó el servicio a dos empresas uruguayas: una de ellas es Nobleza Naviera S.A., con su pequeño buque motor "Lucero", lo que hizo que el 6 de diciembre próximo pasado llegara al puerto de Paysandú el primer buque de carga autopropulsado en cinco años, y la otra es Kios SA, con su remolcador "Pampero" y sus barcazas Ypacarai y Carmencha.

Para culminar esta breve exposición debo señalar que en la década del ochenta supieron sus Directores, visionarios ellos, reconvertirse y fundar Azucitrus, empresa que genera miles de puestos de trabajo y que nos representa en el mundo con sus exportaciones.

Este es el espíritu de Paysandú con Azucarlito, empresa líder en el refinado de azúcar y con sanduceros a su frente, que potencian la zona y el país en toda la región.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabra pase a la Presidencia de la República; a los Ministerios de Economía y Finanzas, de Industria, Energía y Minería y de Transporte y Obras Públicas -Administración Nacional de Puertos; a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Paysandú; al Directorio de Azucarlito; a la Asociación de Empleados y Obreros de Azucarlito -AEYORIA- y a los medios de prensa de nuestro departamento.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Hackenbruch Legnani).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Veinticinco en veintiocho: AFIRMATIVA.

7.- Preguntas sobre temas atinentes a la gestión del Ministerio del Interior y del INAU.

Tiene la palabra el señor Diputado Germán Cardoso.

SEÑOR CARDOSO (don Germán).- Señor Presidente: seguramente por ser oriundos de una zona eminentemente turística nos consta la importancia que tiene el mantenimiento de los niveles de seguridad, como valor agregado que nuestro país ofrece a la región, que debemos cuidar y perfeccionar año a año. La seguridad es vital para los habitantes de la República, en primer lugar para desarrollar una vida sin sobresaltos; sin duda, nuestros derechos terminan cuando comienzan los de los demás. Además, en un clima socialmente tranquilo, ordenado y seguro más visitantes tendremos en nuestros balnearios, lo que significa defender la industria que mayor cantidad de puestos de trabajo genera para nuestra gente.

El fin de semana próximo pasado vimos una manifestación de vecinos de Salinas, Pinamar, Marindia y balnearios adyacentes que reclamaban en la Ruta Interbalnearia en forma desesperada por los altos niveles de delito que se suceden en esa zona. ¡Vaya si comprendemos tan justificada preocupación! ¡Vaya si en Maldonado vivimos situaciones similares! Lamentablemente, el tiempo nos dio la razón. Interpelamos al ex Ministro Díaz, exponiendo la dramática situación de nuestro departamento, exigiendo cambios de gestión y de nombres. Se habían roto definitivamente los lazos de confianza entre la Jefa López y el pueblo de Maldonado. La concientización del Gobierno tardó, pero finalmente el señor Ministro y la Jefa fueron relevados de sus cargos.

Hemos hecho una prudente pausa en nuestro constante análisis sobre la gestión del Ministerio del Interior, pues era racional esperar el reacomodo necesario de las nuevas autoridades en tan importante organismo estatal. Nuestra observación detenida ha continuado, y así podemos constatar que en estos últimos meses se ha registrado bastante inquietud por el aumento de delitos como la rapiña y los arrebatos, cosa que nos preocupa enormemente.

Esperamos que el Ministerio del Interior tome las medidas necesarias para combatir la angustiante situación que viven ciudadanos de Ciudad de la Costa y del resto del país.

Hay muchas áreas donde trabajar para lograr optimizar la lamentable situación carcelaria, que en estos últimos días ha sido golpeada nuevamente por la fuga de varios peligrosos delincuentes. Hay que perfeccionar las medidas de seguridad carcelarias en defensa de la población honesta y trabajadora, que, por suerte, es la gran mayoría de la sociedad del Uruguay.

No hay ninguna duda de que la Ministra del Interior podrá ser una muy buena comunicadora, pero la gestión sigue siendo, lamentablemente, deficitaria: la población del Uruguay se siente enormemente insegura y el delito continúa acechando a nuestra gente.

Queremos hacer, ordenadamente, una batería de preguntas que apuntan a qué tareas de rehabilitación de los delincuentes está llevando adelante el Ministerio del Interior. ¿Qué políticas sobre prevención de delitos ha instituido o piensa instituir la señora Ministra del Interior? Del mismo modo, nos gustaría que se nos dijera por parte de la señora Ministra del Interior qué gestión se realiza o se está pensando hacer para mejorar la difusión de medidas de protección de las personas. Además, quisiéramos conocer si existe algún plan dentro del Ministerio del Interior que apunte a la protección de las víctimas, y si se desarrollan actividades para promover la participación ciudadana y mejorar la relación entre el instituto policial y la población en general. También queremos saber cuál es el estado actual de las dotaciones de recursos que se vierten en la Policía para su equipamiento y para su apoyo social.

En otro orden de cosas, nos causa una profunda preocupación el estrago que están causando las drogas en los niños en edad escolar. Más sorpresa nos produjo aún enterarnos de que varias maestras del departamento de Maldonado han denunciado por la Línea Azul del INAU varios casos de adicción a la pasta base. Una de estas maestras, a quien conozco, denunció cuatro casos escolares por graves problemas de consumo de pasta base. Es un problema gravísimo, que nos genera una enorme preocupación. ¿En el INAU -Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay- existen planes para tratar casos de drogadicción detectados en escolares? ¿Se nos podría informar por parte del INAU si a través de la Línea Azul, 0800 5050, se han denunciado casos de escolares de Maldonado con problemas de adicción? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿cuántos casos han sido denunciados? ¿Qué medidas implementa el INAU para enfrentar los preocupantes casos señalados?

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se pase, en forma independiente, al INAU y al Ministerio del Interior.

SEÑOR PRESIDENTE (Hackenbruch Legnani).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Veinticuatro en treinta y tres: AFIRMATIVA.

8.- Próxima realización en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano, del acontecimiento denominado "Jazz a la Calle".

Tiene la palabra el señor Diputado Novales.

SEÑOR NOVALES.- Señor Presidente: todos los colegas Diputados habrán visto en sus bancas un folleto relativo a un acontecimiento que se va a desarrollar en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano, en los primeros días del año que viene.

Quiero aclarar que, pese a las apariencias, no tengan ninguna suspicacia política, porque no tiene nada que ver con hechos reales; los artistas han dado en llamar a este acontecimiento "Jazz a la Calle".

Como mercedario me quiero referir con orgullo a este acontecimiento, ya que desde el año pasado se viene desarrollando en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano. Es un movimiento-proyecto que, como dije anteriormente, se denomina "Jazz a la Calle", y desde el 6 al 13 de enero de 2008 realizará el Segundo Encuentro Internacional.

Desde varios puntos de vista este se ha tornado un acontecimiento muy interesante para la ciudad y para el país. La realización de eventos de esta calidad y naturaleza, que promueven la cultura y entretienen a un vasto y muy diverso público, cobra interés en el ámbito cultural, turístico y, sobre todo, social. El encuentro del jazz será la excusa perfecta que brindará ese espacio para el arte de la región, al cual están todos convocados. El evento es generador de una movilización con efecto multiplicador, trascendiendo lo cultural para integrar nuestra sociedad, apostando a brindar la mejor atención, ya sea por parte de quienes ofrecen servicios en lo inmediato -gastronomía, hotelería, etcétera- como también de los centros de estudio de música, a través de profesores y aficionados.

La gran aspiración y objetivo del Movimiento Cultural "Jazz a la Calle" es la creación de una Escuela Regional de Música que tenga importancia nacional e internacional.

Por esto, me remito a los dichos de los fundadores del Movimiento. Se trata de un grupo de músicos de Soriano con amplia experiencia, que ha detectado la falta de profesionalismo y la ausencia del estudio de música en personas que, teniendo grandes aptitudes, forman conjuntos musicales de diferentes géneros. Esta situación lleva a la carencia de músicos que sepan leer, escribir e interpretar partituras y, por ende, a la decadencia de su nivel musical. La posibilidad de que la música sea una herramienta laboral y una carrera que sustente el porvenir es cada vez más improbable. Estamos frente al surgimiento de innumerables grupos musicales, promovidos por la industria cultural imperante, con ribetes netamente comerciales, que hacen que estos grupos sean totalmente efímeros y fugaces. Jóvenes con aptitudes para la música son explotados con fines comerciales, atentando contra una carrera musical que contenga rigor, constancia, formación y profesionalismo. Frente a la vocación, este tipo de ámbito termina generando desmotivación y bajando el nivel cultural de nuestro país. Es por eso que este movimiento cultural tiene como objetivo final la creación de una Escuela Regional de Música.

Este ambicioso y enriquecedor proyecto no se termina en el estudio como fin. Como tantas otras actividades, como puede ser la deportiva, se empleará el estudio de la música como herramienta para trabajar inculcando valores que sirvan a los jóvenes en todos los aspectos de su vida.

Además, son objetivos específicos de este proyecto: primero, sensibilizar a los músicos y a quienes tienen vocación por la música sobre la necesidad e importancia del estudio de esta; segundo, rescatar, confirmar y reafirmar la cultura como herramienta de desarrollo; tercero, promover al ser humano como centro de la gestión y lograr el desarrollo de los valores éticos y estéticos buscando la plena formación de una persona crítica, integral, apuntando a la diversidad, redimensionando los valores como la tolerancia, la libertad, el compromiso social, la cooperación, la integración y la inclusión; cuarto, considerar la gestión cultural como tarea que nos involucra a todos. Es así que a la movida cultural también se integran pintores, escultores, fotógrafos, ceramistas, actores y diseñadores. Y teniendo en cuenta el exitoso antecedente de la edición pasada, Mercedes espera que la del 2008 sea un éxito de artistas y público.

Pero el Movimiento Cultural "Jazz a la Calle" es bastante más amplio que el encuentro internacional de los primeros días del verano. Sus actividades se desarrollan en el correr del año con talleres de música gratuitos, clínicas de jazz gratuitas, "jazz session" en diferentes lugares de la ciudad.

Se eligió el jazz por ser un género musical que permite un ágil interrelacionamiento entre músicos; es versátil; permite una amplitud de expresiones, y una vez aprendido puede ser soporte de otros géneros.

El encuentro internacional es el broche de oro de todas las actividades del año.

Este año, 270 músicos de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Japón y Corea participarán de foros de intercambio de información y experiencia. Habrá 54 shows en dos escenarios principales y 70 toques callejeros en distintos puntos de la ciudad, además de toques en centros culturales, boliches y restaurantes.

Desde el inicio, el Movimiento contó con el apoyo de la Intendencia Municipal de Soriano y se fueron sumando a él instituciones nacionales públicas, embajadas, instituciones departamentales y empresas privadas varias, a tal punto que el evento fue declarado de interés nacional por la Presidencia de la República, de interés turístico por el Ministerio de Turismo y Deporte, de interés cultural por el Ministerio de Educación y Cultura y de interés departamental por la Junta Departamental de Soriano. Además, fue declarado de interés por la UNESCO y la Embajada argentina.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Educación y Cultura y de Turismo y Deporte; a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Soriano; a las Secretarías de Cultura de todos los Municipios del país; a las asociaciones de músicos, y a AGADU.

Si el señor Presidente me permite una pequeña digresión, quiero enviar mi solidaridad al señor Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, que en un acto de buena voluntad y vecindad, concurrió a la asunción del mando en la República Argentina y fue objeto de un ataque digno de la mayor falta de educación, ya que cuando uno invita a su casa a una persona no lo hace para destratarlo u ofenderlo de esa forma. Como nacionalista, en este tema estoy apoyando a mi Presidente de la República y me parece que es intolerable el grosero ataque del que fue objeto.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Hackenbruch Legnani).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y seis en treinta y ocho: AFIRMATIVA.

9.- Necesidad de dotar con una nueva escuela de tiempo completo a la villa San Francisco, Las Piedras, departamento de Canelones.

Tiene la palabra el señor Diputado Esteban Pérez.

SEÑOR PÉREZ (don Esteban).- Señor Presidente: en estos días visitamos la Escuela Nº 185, Mahatma Gandhi, de villa San Francisco, Las Piedras.

Es de destacar la formidable tarea docente que realiza desde hace años la señora Directora Roxina, como la llaman cariñosamente los alumnos. Su bondad trasciende la escuela y su presencia en las calles de la villa genera respetuosos y afectuosos saludos por parte de toda la población.

Junto a la escuela existen dos asentamientos donde viven numerosas familias en la precariedad. Muchos de sus hijos reciben como único alimento diario lo que les brinda el comedor de la escuela. Los padres de dichos alumnos en su mayoría cuentan con solo Primaria cursada y un alto número con Primaria incompleta, incluyendo casos de analfabetismo. Viven con una economía precaria: realizan changas, trabajos como peón asalariado a término, ventas ambulantes, etcétera, y otros son desocupados. Muchas familias dependen absolutamente de la ayuda institucional como el Plan de Emergencia o canastas del INDA, comedores, etcétera.

Al momento de ir a cumplir con sus precarios trabajos, los padres dejan a sus hijos solos o a cargo del mayorcito, a veces practicando la mendicidad, lo que convierte a los niños en material vulnerable, y el único amparo a la hora de las violencias sobre ellos es la escuela y el decidido apoyo de su excelente plantel de docentes y funcionarios.

Pero dicha escuela está superada en su capacidad. Los terceros años tienen cuarenta alumnos y los segundos cuarenta y ocho cada uno. De acuerdo a las inscripciones para 2008, ya hay alrededor de cincuenta alumnos que quedarán fuera de la posibilidad de ingresar y faltan las inscripciones masivas de marzo de 2008. No está prevista la construcción de más salones, y las escuelas vecinas están en igualdad de condiciones.

Nos parece de urgente necesidad levantar en villa San Francisco una escuela de tiempo completo. Eso aliviará las aulas de la Escuela Gandhi y dará una fundamental solución a la grave problemática social. Existe un predio, el padrón Nº 11.369, con saneamiento próximo, de ideales condiciones para dicha propuesta y que es bien público.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la ANEP, a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Canelones, a la Junta Local de Las Piedras, a la prensa oral y escrita de Canelones y a la Escuela Nº 185, Mahatma Gandhi, de villa San Francisco.

SEÑOR PRESIDENTE (Hackenbruch Legnani).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y tres en treinta y cinco: AFIRMATIVA.

10.- Declaración de Mujeres Parlamentarias del MERCOSUR.

Tiene la palabra la señora Diputada Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor Presidente: del 6 al 9 de agosto de 2007 tuvo lugar en Quito, Ecuador, una reunión de la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, en la cual estuvieron todos estos países "representados por el más alto nivel de ministras o mecanismos para el adelanto de las mujeres". De allí surgió el llamado "Consenso de Quito", del cual voy a transcribir dos puntos para referirme luego al motivo de esta media hora previa.

El "Consenso de Quito" dice en su punto ii): "Adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios, incluidas las reformas legislativas necesarias y las asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política", etcétera.

En el punto viii) establece: "Desarrollar políticas electorales de carácter permanente que conduzcan a los partidos políticos a incorporar agendas de las mujeres en su diversidad, el enfoque de género en sus contenidos, acciones y estatutos y la participación igualitaria, el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres con el fin de consolidar la paridad de género como política de Estado".

El 31 de octubre, las parlamentarias de los países miembros del MERCOSUR, reunidas en nuestro país, emitimos una declaración y nos comprometimos a hacerla pública en nuestros ámbitos de participación. Por lo tanto, me voy a remitir a leer esa declaración para colectivizarla con mis colegas del Parlamento. Dice así: "Las parlamentarias de los países miembros del MERCOSUR y países asociados, reunidas en la ciudad de Montevideo el 31 de octubre de 2007, en el marco de la reunión de la REM, expresan su preocupación por la escasa representación de mujeres en el Parlamento del MERCOSUR, que exhibe un déficit democrático incompatible con las convenciones y acuerdos internacionales suscritos por todos los países integrantes del bloque.- Ante el nuevo desafío que significa la puesta en marcha del parlamento del MERCOSUR, las parlamentarias reclaman:- Se dé cumplimiento al Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR en lo que refiere 'al respeto de los Derechos Humanos en todas sus expresiones' y al 'repudio de todas las formas de discriminación, especialmente las relativas al género, color, etnia, religión, nacionalidad, edad y condición socioeconómica'.- Se inicien de inmediato acciones que reviertan la discriminación de las mujeres en la representación de cada país en el Parlamento del MERCOSUR.- Se incorpore en la agenda del Parlamento del MERCOSUR la consideración de legislación y medidas positivas en relación a la participación política de las mujeres y al conjunto de temas vinculados a su condición.- Igualmente instan a los Estados parte a la instrumentación de leyes o medidas que garanticen la participación efectiva de las mujeres en los Parlamentos de cada país.- Para hacer efectivo lo declarado se proponen:- Conformar una red de mujeres parlamentarias y ex parlamentarias de los países integrantes del MERCOSUR (a efectos de dar seguimiento a la inclusión de la perspectiva de género en los procesos de integración regional e intercambiar experiencias de buenas prácticas legislativas que protejan los derechos humanos de las mujeres).- Realizar audiencias en cada uno de los países, con los parlamentarios integrantes del Parlamento del MERCOSUR, a efectos de trasmitir la necesidad y urgencia de dar cumplimiento a lo expresado".

En función de lo convenido en esta reunión, las parlamentarias del MERCOSUR estamos en nuestros Parlamentos elevando nuestra voz a los efectos de hacer conocer esta declaración. En ese sentido, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Parlamento del MERCOSUR, a la Dirección de los partidos políticos de nuestros países, a los integrantes de la Cámara de Diputados y al Senado de nuestro Parlamento, a las Juntas Departamentales de nuestro país y a la Reunión de Altas Autoridades de Derechos Humanos del MERCOSUR.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Hackenbruch Legnani).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y ocho en treinta y nueve: AFIRMATIVA.

11.- Situación del Centro Doctor Jacobo Zibil del departamento de Florida.

Tiene la palabra el señor Diputado Enciso Christiansen.

SEÑOR ENCISO CHRISTIANSEN.- Señor Presidente: en el día de hoy voy a referirme a la situación del Centro Doctor Jacobo Zibil, creado en nuestro departamento de Florida a partir de la iniciativa de la Asociación de Familiares y Amigos del Discapacitado.

Se trata de una institución sin fines de lucro, que atiende a más de ciento veinte niños con diferentes y complejas patologías. La atención se extiende a beneficiarios no solo de nuestro departamento de Florida sino de Durazno, de Lavalleja, etcétera.

Esta institución ha recibido el apoyo de la comunidad, que reconoce el valor de la obra del Centro, principalmente brindando atención en salud, alimentación y educación a través de veintidós servicios, organizados en veinticinco grupos.

Cada niño y cada joven cumple las actividades necesarias para su tratamiento, entre ellas, fisioterapia, estimulación e intervención temprana, foniatría, psicomotricidad, socialización, talleres de manualidades, cerámica, música, economía doméstica y computación. También se brinda allí atención psicológica, psiconeurológica y pediátrica, así como atención a los padres y servicio de comedor.

Este Centro hoy tiene un déficit mensual de aproximadamente $ 80.000, a lo que hay que sumar ciertas modificaciones en los convenios que se vienen ejecutando con el BPS y el INAU, por lo que el panorama actual no es para nada alentador.

En ese sentido, hemos mantenido entrevistas con algunas autoridades, por ejemplo con el Presidente del INAU. Legisladores y autoridades en general del espectro político de nuestro departamento logramos plantearle la posibilidad de mantener por lo menos el convenio anterior que tenía el Centro con dicho organismo, ya que al cambiarse las reglas de juego para mal, se ha atentado contra el buen desarrollo del Centro.

Por otra parte, históricamente ANCAP daba una partida de combustible para el transporte de los niños, la preparación de los alimentos y la calefacción del edificio, pero fue suspendida. Debemos destacar que el transporte debe hacerse, en la mayoría de los casos, mediante vehículos acondicionados debidamente para el traslado de los niños, en especial de aquellos que necesitan sillas de ruedas.

En el Centro Doctor Jacobo Zibil trabajan aproximadamente cuarenta y un funcionarios.

La reforma tributaria también ha determinado un impacto negativo, ya que cayeron las exoneraciones impositivas que existían debido a la naturaleza de la actividad del Centro.

La institución se sostiene con un presupuesto asignado por el Estado, que se mantiene incambiado desde el año 2000, así como por los aportes de socios y colaboradores. La casa donde funciona el Centro se logró con el esfuerzo de la Asociación de Familiares y Amigos del Discapacitado. En el año 2004 la nueva sede fue declarada de interés nacional. Se trata de un edificio pensado para atender las necesidades de los usuarios.

Además de las dificultades económicas apuntadas antes, debemos mencionar que han cambiado las crecientes necesidades financieras para el pago de gastos de salud, alimentación, educación, transporte y remuneraciones de los funcionarios. Esto determina un desfase absoluto entre necesidades y recursos. La directiva de la institución y la Comisión de Apoyo estiman que el Centro podría cerrar sus puertas si no se atiende de forma inmediata la situación indicada.

Asimismo, los principales actores de este Centro consideran, con mucha razón, que no es posible seguir buscando apoyos solidarios en forma reiterada, ya que la población colabora regularmente, pero no puede hacer más esfuerzos que los efectuados hasta el momento.

Voy a citar la opinión de la Asociación de Familiares y Amigos del Discapacitado. Ellos dicen: "[...] para los niños, cada día dar un paso más, tomar un cubierto, utilizar con autonomía el baño, pintar con acierto una lámina, es un logro infinitamente valioso [...]". También lo es para nosotros. No perdamos ese valor; pensemos un momento qué sería de esos niños, de esos jóvenes y de toda la comunidad si este servicio no funcionara.

Quisiera, finalmente, sugerir a los colegas y a todos aquellos que, de una u otra forma, reciban esta exposición, que en cuanto puedan se acerquen al Centro Doctor Jacobo Zibil, ubicado en la ciudad de Florida, para conocer directamente la realidad que allí se vive y los valores humanos que se cultivan.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Salud Pública; a la Directiva y Comisión de Apoyo del Centro Jacobo Zibil; al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social; al Ministerio de Desarrollo Social, con destino al INAU; al Ministerio de Educación y Cultura; a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Florida; a la Junta Local de Sarandí Grande, y a los medios de comunicación del departamento de Florida.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Hackenbruch Legnani).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y tres en cuarenta y cinco: AFIRMATIVA.

Ha finalizado la media hora previa.

12.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Tercer Período de la XLVI Legislatura) (Artículo 127 de la Constitución).

Se entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Tercer Período de la XLVI Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución)".

La Mesa informa que tiene en su poder cuatro listas de candidatos para integrarla. De acuerdo con el procedimiento aplicado por el Cuerpo en oportunidades anteriores, se establece que los señores Representantes podrán emitir su voto hasta la hora 19. Se recuerda que, de acuerdo con el artículo 78 del Reglamento, la votación es secreta.

13.- Aplazamiento.

En mérito a que no han llegado a la Mesa las respectivas listas de candidatos, si no hay objeciones corresponde aplazar la consideración del asunto que figura en segundo término del orden del día y que refiere a la elección de miembros de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo para el Tercer Período de la XLVI Legislatura.

14.- Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

Del señor Representante Daniel García Pintos, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por los días 11 y 12 de diciembre de 2007, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Roxana Tejera.

De la señora Representante Nora Castro, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir a la reunión de Comisiones y Mesa Directiva de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana-EUROLAT, a realizarse en la ciudad de Bruselas, Bélgica, por el período comprendido entre los días 16 y 22 de diciembre de 2007, convocándose a los suplentes siguientes, señor Hugo Arambillete, por el período comprendido entre los días 16 y 19 de diciembre de 2007, y a la señora Beatriz Costa por el período comprendido entre los días 20 y 22 de diciembre de 2007.

Del señor Representante Tabaré Hackenbruch, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por los días 12 y 13 y 18 a 20 de diciembre de 2007, convocándose al suplente siguiente, señor Heber Duque.

Del señor Representante Pablo Pérez, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 12 de diciembre de 2007, convocándose a la suplente siguiente, señora Lourdes Ontaneda.

Del señor Representante Homero Viera, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 12 de diciembre de 2007, convocándose al suplente siguiente, señor Mario Perrachón.

Del señor Representante Carlos Varela Nestier, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 12 de diciembre de 2007, convocándose al suplente siguiente, señor Juan José Piñeyrúa".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco en cuarenta y seis: AFIRMATIVA.

En consecuencia, quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 11 de diciembre de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Enrique Pintado.

Presente.
De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar licencia al Cuerpo, por razones de índole personal por los días 11 y 12 del corriente inclusive.

Saluda a usted atentamente.

DANIEL GARCIA PINTOS
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Daniel García Pintos.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los días 11 y 12 de diciembre de 2007.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por los días 11 y 12 de diciembre de 2007, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Daniel García Pintos.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señora Roxana Tejera.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2007.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA, RAÚL CASÁS".

"Montevideo, 12 de diciembre de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito licencia desde el día 16 hasta el día 22 de diciembre de 2007, por asistir a la reunión de comisiones y Mesa Directiva de la EUROLAT.

Sin otro particular saluda cordialmente.

NORA CASTRO
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 12 de diciembre de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria que he recibido, en virtud de la licencia solicitada por la señora Representante titular, comunico a Ud. mi renuncia por esta única vez, a ocupar la banca.

Saludo a Ud. muy atentamente.

Julio Battistoni".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia en misión oficial, de la señora Representante por el departamento de Montevideo, Nora Castro, para asistir a la reunión de Comisiones y Mesa Directiva de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana-EUROLAT, a realizarse en la ciudad de Bruselas, Bélgica.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 16 y 22 de diciembre de 2007.

II) Que por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente, señor Julio Battistoni y la señora Beatriz Costa integra la Cámara por el período comprendido entre los días 16 y 19 de diciembre de 2007.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia en misión oficial, a la señora Representante por el departamento de Montevideo, Nora Castro, por el período comprendido entre los días 16 y 22 de diciembre de 2007, para asistir a la reunión de Comisiones y Mesa Directiva de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana-EUROLAT, a realizarse en la ciudad de Bruselas, Bélgica.

2) Acéptase, por esta única vez, la denegatoria presentada por el suplente siguiente, señor Julio Battistoni.

3) Convóquese por Secretaría, para integrar la referida representación por los períodos comprendidos entre los días 16 y 19 y 20 y 22 de diciembre de 2007, a los suplentes correspondientes siguientes de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Hugo Arambillete y Beatriz Costa, respectivamente.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2007.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA, RAÚL CASÁS".

"Montevideo, 11 de diciembre de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado

Presente
De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por motivos personales por los días 12, 13, 18, 19 y 20 de diciembre.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI
Representante por Canelones".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Tabaré Hackenbruch.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los días 12 y 13 y 18 a 20 de diciembre de 2007.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por los días 12 y 13 y 18 a 20 de diciembre de 2007, al señor Representante por el departamento de Canelones, Tabaré Hackenbruch.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por los días 12 y 13 y 18 a 20 de diciembre de 2007, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2005 del Lema Partido Colorado, señor Heber Duque.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2007.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA, RAÚL CASÁS".

"Montevideo, 11 de diciembre de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente, conforme al inciso 3 del artículo 1º de la Ley Nº 17.827, solicito licencia por motivos personales, para el día 12 de diciembre del corriente y se convoque para ese día a mi suplente respectivo, Sra. Lourdes Ontaneda.

Sin otro, saludo a usted muy atentamente

PABLO PÉREZ GONZÁLEZ
Representante por Maldonado".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Maldonado, Pablo Pérez González.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 12 de diciembre de 2007.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 12 de diciembre de 2007, al señor Representante por el departamento de Maldonado, Pablo Pérez González.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el día 12 de diciembre de 2007, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 738 del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señora Lourdes Ontaneda.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2007.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA, RAÚL CASÁS".

"Montevideo, 11 de diciembre de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por intermedio de esta nota remito a Ud., el presente pedido de licencia por motivos personales para el día miércoles 12 de diciembre, y solicito que en consecuencia se convoque al suplente respectivo.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

HOMERO VIERA
Representante por Colonia".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Colonia, Homero Viera.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 12 de diciembre de 2007.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes:

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 12 de diciembre de 2007, al señor Representante por el departamento de Colonia, Homero Viera.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 12 de diciembre de 2007, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Mario Perrachón.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2007.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA, RAÚL CASÁS".

"Montevideo, 11 de diciembre de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Enrique Pintado.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside licencia por el día 12 de diciembre, por motivos personales, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Saluda atentamente.

CARLOS VARELA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 11 de diciembre de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Enrique Pintado.

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocado por ese Cuerpo, en mi calidad de suplente por el Representante Nacional Carlos Varela Nestier, comunico mi renuncia por esta única vez, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente,

José Carrasco".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Varela Nestier.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 12 de diciembre de 2007.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente, señor José Carrasco.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 12 de diciembre de 2007, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Varela Nestier.

2) Acéptase la negativa presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente, señor José Carrasco.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el día 12 de diciembre de 2007, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Juan José Piñeyrúa.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2007.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA, RAÚL CASÁS".

15.- Migración. (Normas).

——Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Migración. (Normas)".

(ANTECEDENTES:)

"Rep. Nº 1043.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior

Montevideo, 27 de abril de 2007.

Señor Presidente de la Asamblea General
Don Rodolfo Nin Novoa

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a efectos de remitir el proyecto de ley de Migración que se acompaña.

Una de las tareas que debe considerarse prioritaria actualmente es la armonización de la legislación nacional a los Instrumentos Internacionales ratificados oportunamente por el Estado uruguayo en materia de Derechos Humanos. En ese sentido es que resulta necesario actualizar la legislación nacional en materia migratoria, inspirada en el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes y su consideración como sujetos de derecho y en el entendido de que las naciones se construyen con los propios ciudadanos pero también con aquellas personas que llegan de otras partes del mundo y se integran a los respectivos pueblos.

La migración internacional, en todas sus modalidades, se ha convertido en una característica fundamental de las sociedades contemporáneas. La migración parece ser el fenómeno demográfico de mayor impacto a lo largo de la historia del Uruguay. Más allá de sus efectos sobre el volumen y la dinámica demográfica, es uno de los aspectos identificatorios de la sociedad uruguaya.

El territorio estuvo poblado, en primer lugar, por comunidades indígenas. A partir de la colonización comenzaron a llegar oleadas de nuevos pobladores, españoles, portugueses y contingentes de africanos traídos en situación de esclavitud. Por su ubicación geográfica, frontera entre los imperios de España y Portugal, la ocupación de este territorio fue objeto de conflictos entre ambas potencias que se extendieron durante todo el período colonial. El poblamiento y la creación de villas y ciudades, estuvieron directamente relacionados con los esfuerzos por fijar las fronteras y detener los avances portugueses. Una vez creado el estado independiente y definidas sus fronteras, los movimientos de población entre los territorios vecinos continuaron siendo intensos durante todo el siglo XIX y principios del XX. La presencia de brasileños en el norte del Río Negro y de argentinos en el sur, siempre fue considerable.

A mediados del siglo XIX, al igual que en Argentina y el Sur del Brasil, la inmigración europea tuvo un impacto considerable sobre el crecimiento de la población. Esta inmigración fue promovida con el objetivo de fomentar la agricultura y poblar la campaña. Sin embargo, la progresiva presencia de la población inmigrante y su urbanización contribuyeron a consolidar los primeros contingentes de asalariados urbanos, de pequeños comerciantes y de empresarios de la industria incipiente. Eran una masa heterogénea donde, si bien había un componente importante de campesinos, se incluía también obreros con experiencia industrial y en materia de organización sindical. Los inmigrantes jugaron un papel importante en la formación de los sindicatos, así como algunos grupos de elite (médicos, ingenieros, profesores universitarios) y participaron en el desarrollo de las profesiones y de la docencia en sus diversos niveles.

Aunque el impacto de la inmigración fue muy importante, los testigos contemporáneos observaban con preocupación la emigración de población nacional y los "peligros" del vaciamiento del territorio. Si bien estos movimientos migratorios son difícilmente cuantificables -ya que implicaban una alta movilidad a través de las porosas fronteras nacionales- los datos del censo argentino de 1914 confirman que un 8% de la población uruguaya se encontraba residiendo en dicho país.

Hacia los años 30, la corriente inmigratoria europea se detuvo. En los años que siguen a la Segunda Guerra Mundial tuvo un nuevo empuje, para cesar definitivamente a fines de la década del 50. Todavía en el año 1963, los "nacidos en otro país" eran el 8% de la población total y el 13,5% de la de Montevideo. Una relación similar a la que se registra ahora en algunos países de inmigración, como Francia o España.

A partir de la década de 1960, el Uruguay pasó de ser un país de inmigración a ser un país de emigración. Junto con el retorno de inmigrantes a sus países de origen se iniciaron los primeros flujos de emigrantes uruguayos a diferentes regiones y destinos. La Argentina siempre concentró gran parte de los emigrantes uruguayos. En la década de 1970, aproximadamente la mitad de los uruguayos emigrantes habían partido hacia dicho país. Seguidamente, los destinos de preferencia fueron Estados Unidos y Brasil.

La crisis política y económica de las décadas de 1960 y 1970 Y parte de 1980 implicaron la emigración de un porcentaje importante de la población uruguaya. Durante la década de 1970 se observaron las tasas más altas de emigración cuando a las causas económicas se agregaron los exilios políticos. Entre 1963 y 1985 se estima que hubo 380.000 emigrantes y aproximadamente 100.000 entre 1985 y 1996. La crisis de los primeros años del siglo XXI implicó otro empuje de emigración, cuya estimación puede ubicarse en 108.000 personas. Se estimó que alrededor salieron del país 580.000 emigrantes entre 1963 y 2004 y que en el año 2004 había aproximadamente 450.000 uruguayos residiendo fuera de las fronteras.

En el último período los destinos de la emigración fueron diferentes. Se observó una dispersión de migrantes hacia los países desarrollados, con predominio de los Estados Unidos y España. Se puede considerar que durante la segunda mitad del siglo XX la emigración se convirtió en un fenómeno estructural, con empujes importantes en período de crisis.

Actualmente, en el Uruguay persisten fenómenos migratorios en un contexto internacional de alta movilidad de la población. Este nuevo escenario, nos impulsa a crear un marco legal y jurídico que dé respuestas a las modalidades migratorias que se expresan en nuestro país, tanto por la vía de los uruguayos y uruguayas que emigran, como por las personas extranjeras que se incorporan a la vida nacional. Dicha legislación debe seguir principios de respeto a la identidad cultural y las prácticas de convivencia del país, así como respetar los Instrumentos Internacionales ratificados por el Estado uruguayo.

El presente proyecto de ley se inicia con el enunciado de los principios generales que lo definen, y que refieren al reconocimiento por parte del Estado uruguayo del derecho inalienable de las personas migrantes y sus familiares, sea cual fuera su situación migratoria, a ejercer el derecho a la migración, el derecho a la reunificación familiar, al debido proceso y al acceso a la justicia, así como la igualdad de derechos con los nacionales, eliminando toda forma de discriminación, xenofobia y racismo.

El primer Título, de fundamental trascendencia, en virtud de poner de manifiesto la voluntad nacional de establecer una política de derechos humanos respecto al tema migratorio, está basado en los Instrumentos Internacionales de Naciones Unidas ratificados por el Estado uruguayo, específicamente la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.

En el Título II se define el ámbito de aplicación, estableciendo que la admisión, permanencia, y egreso de personas del territorio nacional se regirá por las disposiciones de esta ley y la reglamentación que a sus efectos se dicte. Se entiende por "migrante" a toda persona extranjera que ingresa al territorio nacional con ánimo de residir y establecerse en él, en forma permanente o temporaria. También se establecen las excepciones de aplicación de la presente ley.

A continuación se incorpora un título acerca de los derechos y obligaciones de las personas migrantes, también inspirado en la mencionada Convención de Naciones Unidas, donde se reconoce el derecho a la igualdad de trato de las personas extranjeras con los nacionales en tanto sujetos de derechos y obligaciones. Se enuncian los derechos que asisten a las personas migrantes enfatizando el respeto a la reunificación familiar, atendiendo especialmente la situación de los hijos menores, y comprometiéndose el estado a brindar la información necesaria en materia migratoria así como a respetar la identidad cultural de las personas migrantes y a favorecer la integración sociocultural a la sociedad uruguaya. En cuanto a las obligaciones, las personas extranjeras están obligadas a cumplir las obligaciones de la Constitución de la República, los Instrumentos Internacionales ratificados por el país, las leyes y decretos vigentes.

También se incorpora un Título referido al trabajo de las personas extranjeras donde se establece la igualdad de trato con los nacionales con respecto al ejercicio de una actividad laboral en cumplimiento de la legislación laboral vigente y a los Instrumentos Internacionales ratificados en la materia, tanto la mencionada Convención de Naciones Unidas como los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo; y en referencia a la seguridad social en la medida que se cumplan con los requisitos previstos en la legislación del Estado uruguayo.

El Título IV se refiere a los organismos competentes y sus atribuciones, proponiéndose la creación de la Junta Nacional de Migración como un órgano interinstitucional ejecutivo capaz de proponer al Poder Ejecutivo las políticas migratorias y al mismo tiempo las normas reglamentarias en la materia, contemplando los principios de la misma, y promoviendo la transparencia política y administrativa, la objetividad en la información migratoria, la coordinación interinstitucional y la participación social. En este sentido resulta fundamental desde el Estado promover los canales para brindar la información en materia migratoria. La reglamentación deberá concordar con el espíritu de la ley para permitir una correcta aplicación de la misma y diseñar políticas que propendan a facilitar la gobernabilidad migratoria.

La Junta Nacional de Migración asesorará al Poder Ejecutivo, procurando el relacionamiento multilateral, actuando como órgano dinamizador en materia migratoria e implementando los programas de migración de acuerdo a las necesidades del país.

La creación de un Consejo Consultivo Asesor de Migración, integrado por las organizaciones sociales y gremiales relacionadas con la temática es un avance importante para establecer canales efectivos de participación de la sociedad civil. Este Consejo será de carácter permanente, sin perjuicio de lo cual la Junta Nacional de Migración podrá -para el tratamiento de temas específicos- convocar a otras organizaciones gubernamentales o no gubernamentales.

En el Título siguiente se especifican las atribuciones del Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Migración y del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia migratoria.

En el Título V se hace referencia a las categorías migratorias mediante las cuales serán admitidas las personas extranjeras para ingresar y permanecer en el territorio nacional. Las categorías migratorias se subdividen en no residente y residente. La categoría de residente se subdivide en permanente y temporario, basándose en el ánimo con el que la persona extranjera se establece en el país. Se contempla especialmente la facilitación del trámite de residencia a los cónyuges, padres y nietos y nietas de nacionales uruguayos. Otro aspecto de gran trascendencia es la incorporación en la ley del principio del Acuerdo de Libre Residencia para los nacionales de los Estados Miembros del MERCOSUR, Chile y Bolivia, con el fin de facilitar dichos trámites de acuerdo al compromiso asumido por el Estado uruguayo para el otorgamiento de la residencia temporaria a los nacionales de esos Estados y sus familiares.

Se contempla en un subtítulo la posibilidad de efectuar el trámite de solicitud de cambio de categoría cuando así correspondiere.

El Capítulo VI trata el control de ingreso y el desembarco condicional. También se especifican los impedimentos de ingreso y permanencia, detallando las causales de rechazo al ingreso y las causales de denegatoria de la solicitud de residencia, así como las causales de cancelación de la residencia y de la permanencia y las causales de expulsión del territorio nacional y el control de salida.

El Título VII se refiere a las responsabilidades de los medios de transporte internacional.

En relación a las sanciones administrativas, el Título correspondiente refiere a la facultad para aplicar multas y sanciones administrativas a las empresas de transporte internacional que no cumplan las disposiciones migratorias vigentes. También se habilita a la Dirección Nacional de Migración a exonerar del pago de la tasa correspondiente a sus servicios a las personas que se encuentren en situación de pobreza.

El Título VIII hace referencia específica a la situación de los uruguayos y uruguayas que residen en el exterior. El Estado uruguayo se compromete a fomentar la suscripción de convenios con los Estados en los que residen ciudadanos uruguayos a los efectos de garantizarles la igualdad de trato con los nacionales de esos Estados. El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General para asuntos Consulares y Vinculación tendrá a su cargo la conducción de la política nacional de vinculación con la emigración. También se hace referencia a aspectos relativos a la inscripción de hijos e hijas nacidos en el exterior, y a la exoneración de gravámenes de bienes en caso de retornar al país.

En el Título IX se desarrollan las disposiciones referentes a los delitos migratorios de trata y tráfico de personas, delitos que se han incrementado en forma alarmante en los últimos años, debido a las difíciles condiciones de vida en los países menos desarrollados, al endurecimiento de las políticas migratorias en los países industrializados y al hecho de que por mucho tiempo estos fenómenos no fueron considerados como un problema estructural sino como una serie de episodios aislados.

Con la tipificación de los delitos de trata y tráfico, Uruguay sanciona las formas más deleznables del crimen organizado transnacional consagrando en su derecho positivo figuras que se encuentran incluidas en los instrumentos internacionales ratificados por la República el 17 de setiembre de 2006, como son la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo) y sus protocolos adicionales. El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y el Protocolo adicional para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.

Respecto de la trata, debe tenerse presente que se está finalmente tipificando un delito muy antiguo que ha venido saliendo a la luz pública en las dos últimas décadas y cuyo objetivo es la explotación de la persona. Por este motivo es que debe diferenciarse claramente del delito de tráfico, cuyo fin es la entrada ilegal de migrantes y en el cual el cruce fronterizo es elemento necesario para la comisión del delito.

En ese entendido, es esencial destacar que en el caso de la trata no es indispensable que las víctimas crucen las fronteras para que se configure el hecho delictivo, porque como se expresa en las anotaciones a la Convención hechas por Naciones Unidas, la trata interna en algunos países es tan grave como la trata fronteriza, siendo obviamente irrelevante ese hecho desde la perspectiva de las víctimas, que es en definitiva a quienes se busca proteger.

Respecto a las penalidades establecidas para ambas figuras delictivas tráfico y trata- éstas lucen como coherentes con la sistemática general de la normativa penal nacional, en tanto se fijan "... amplios espacios entre el mínimo y el máximo de la pena señalado para cada delito". (Camaño Rosa, "Derecho Penal", pág. 256).

En efecto, y teniendo presente que el tráfico y la trata de migrantes son actualmente, los negocios más lucrativos del mundo, según lo ha establecido la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las sanciones para una y otra hipótesis delictivas deben reflejar el interés del Estado en proteger los bienes jurídicos comprometidos por las acciones previstas. Y entre ellas, diferenciándolas de tal forma que ilustre sobre la mayor gravedad del delito de trata, en la medida que compromete valores esenciales como la personalidad humana y su dignidad, y ello sin perjuicio del sistema de agravantes previstos para ambos delitos.

Así, mientras el tráfico prevé penas que habilitan la excarcelación provisional (artículos 27 de la Constitución Nacional y 138 del Código de Procedimiento Penal), esto no ocurre con la trata de personas, donde el mínimo establecido (dos años de penitenciaría) inhabilita tanto el incidente excarcelatorio como el procesamiento sin prisión.

Asimismo, en casos de trata de personas, la norma discrimina a las víctimas del mismo, las que serán consideradas, precisamente, como sujetos pasivos del delito y no como agentes de la conducta.

Por último, se establece la disposición final de derogación de las leyes Nº 2.096 del 19 de junio de 1890, Nº 8.886 del 19 de julio de 1932 y sus modificativas Nº 9.604 del 13 de octubre de 1936 y demás normas que se opongan a esta ley.

Saludamos al señor Presidente con la mayor consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ, EDUARDO BONOMI, REINALDO GARGANO, DAISY TOURNÉ.

PROYECTO DE LEY

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º.- El Estado uruguayo reconoce como derecho inalienable de las personas migrantes y sus familiares sin perjuicio de su situación migratoria, el derecho a la migración, el derecho a la reunificación familiar, al debido proceso y acceso a la justicia, así como la igualdad de derechos con los nacionales, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2º.- La admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de las personas al territorio nacional se regirán por las disposiciones de la presente ley y la reglamentación que a sus efectos se dicte.

Artículo 3º.- El Estado uruguayo garantizará a las personas migrantes los derechos y privilegios que acuerdan las leyes de la República y los Instrumentos Internacionales ratificados por el país.

Artículo 4º.- Se entiende por "migrante" a toda persona extranjera que ingrese al territorio con ánimo de residir y establecerse en él, en forma permanente o temporaria.

Artículo 5º.- Quedan exceptuados del régimen de ingreso, permanencia y salida del país establecidos por la presente ley:

1) El personal diplomático y consular de países extranjeros acreditados en la República.

2) Las personas que vinieran en misiones oficiales procedentes de Estados extranjeros o de organismos internacionales.

3) El personal extranjero con inmunidades y privilegios diplomáticos de organismos internacionales con sede en la República, debidamente acreditados.

4) El personal extranjero técnico y administrativo enviado a prestar servicios en las misiones diplomáticas, consulares o de organismos internacionales, que gocen de inmunidades y privilegios diplomáticos.

5) Los familiares y personal de servicio extranjero de las personas precedentemente mencionadas en los numerales 1 y 3, que gocen de inmunidades y privilegios diplomáticos.

6) El personal diplomático y consular de países extranjeros y de organismos internacionales, en tránsito por el territorio nacional.

7) Quienes por circunstancias especiales y fundadas determine el Poder Ejecutivo.

Artículo 6º.- En todos los casos, las autoridades migratorias deberán obrar conforme lo disponen los Tratados Internacionales suscritos por el Uruguay en materia diplomática y consular y las demás leyes especiales o generales vigentes, limitándose en el caso del artículo anterior a controlar la documentación de ingreso y egreso.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS

Artículo 7º.- Las personas extranjeras que ingresen y permanezcan en territorio nacional en las formas y condiciones establecidas en la presente ley tienen garantizado por el Estado uruguayo el derecho a la igualdad de trato con el nacional, en tanto sujeto de derecho y obligaciones.

Artículo 8º.- Las personas inmigrantes y sus familiares gozarán de los derechos de salud, trabajo, seguridad social, vivienda y educación en pie de igualdad con los nacionales. Dichos derechos tendrán la misma protección y amparo en uno y otro caso.

Artículo 9º.- La irregularidad migratoria en ningún caso impedirá que la persona extranjera tenga libre acceso a la justicia, y a los establecimientos de salud. Las autoridades de dichos centros implementarán los servicios necesarios para brindar a los inmigrantes la información necesaria que posibilite su regularización en el país.

Artículo 10.- La familia es la base de la sociedad, por ello el Estado uruguayo garantizará el derecho de las personas inmigrantes a la reunificación familiar con padres, cónyuges, hijos solteros menores o mayores con capacidades diferentes.

Artículo 11.- Las hijas/os de las personas migrantes gozarán del derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales. El acceso de los hijos de trabajadores migratorios a las instituciones de enseñanza públicas o privadas, no podrá denegarse ni limitarse a causa de la situación irregular de los padres.

Artículo 12.- Toda persona migrante tendrá derecho a que el Estado le proporcione información relativa a sus derechos, deberes y garantías, especialmente en lo que refiere a su condición migratoria.

Artículo 13.- El Estado implementará acciones para favorecer la integración sociocultural de las personas migrantes en el territorio nacional, y su participación en las decisiones de la vida pública.

Artículo 14.- El Estado velará por el respeto de la identidad cultural de las personas migrantes y de sus familiares y fomentará que éstos mantengan vínculos con sus Estados de origen.

Artículo 15.- Las personas migrantes deberán respetar y cumplir las obligaciones de la Constitución de la República, los Instrumentos Internacionales ratificados, leyes, decretos y reglamentaciones vigentes

DEL TRABAJO DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS

Artículo 16.- Las personas migrantes tendrán igualdad de trato que los nacionales con respecto al ejercicio de una actividad laboral.

Artículo 17.- El Estado adoptará las medidas necesarias para asegurar que las personas migrantes no sean privados de ninguno de los derechos amparados en la legislación laboral a causa de irregularidades en su permanencia o empleo.

Artículo 18.- Las personas migrantes gozarán, con respecto a la seguridad social, del mismo trato que los nacionales en la medida que cumplan los requisitos previstos en la legislación del Estado uruguayo en la materia, y de los Instrumentos bilaterales y multilaterales ratificados por el país.

Artículo 19.- Las personas extranjeras admitidas en la categoría de "residente permanente" podrán desarrollar actividad laboral en relación de dependencia o cuenta propia amparadas en la legislación laboral vigente. En igual sentido el "residente temporario" podrá realizar su actividad laboral en las mismas condiciones, durante el período concedido para dicha residencia.

Artículo 20.- Las personas extranjeras admitidas en la categoría de "no residente" no podrán ejercer actividad laboral alguna, fuera de las específicas en su categoría.

Artículo 21.- Las personas que en el territorio nacional ocupen trabajadores extranjeros en relación de dependencia deberán cumplir la normativa laboral vigente, tal como se aplica a los trabajadores nacionales.

Artículo 22.- Ningún empleador/a podrá contratar laboralmente a personas extranjeras que se encuentren en situación irregular en el territorio nacional.

Artículo 23.- El Estado podrá establecer en determinadas circunstancias una política de empleo que determine categorías limitadas de empleo, funciones, servicios o actividades, de acuerdo a la legislación nacional y los Instrumentos bilaterales y multilaterales ratificados por el país.

De los organismos competentes y sus atribuciones

Artículo 24.- Créase la Junta Nacional de Migración como órgano asesor y coordinador de políticas migratorias del Poder Ejecutivo.

Estará integrada por un delegado del Ministerio del Interior, un delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores, un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social designados por los jerarcas de cada uno de los Ministerios.

La presidencia será ejercida en forma rotativa por cada una de las Secretarias de Estado con una alternancia por períodos no menores a los seis meses, tomándose las resoluciones por consenso.

La Junta Nacional de Migración podrá convocar para consulta o asesoramiento a otras instituciones públicas o privadas, representantes de las organizaciones sociales y gremiales, representantes de organismos internacionales, expertos, cuando la temática así lo imponga.

Artículo 25.- Son competencias de la Junta Nacional de Migración:

a) Proponer las políticas migratorias al Poder Ejecutivo.

b) Proponer la reglamentación de la normativa migratoria.

c) Implementar instancias de coordinación intergubernamental en la aplicación de dichas políticas.

d) Asesorar en materia migratoria dentro de la órbita de competencia de cada organismo del Estado.

e) Analizar y proponer modificaciones en la normativa migratoria.

f) Procurar el relacionamiento multilateral en la materia.

g) Promover la adopción de decisiones que favorezcan el proceso de integración regional en relación con las migraciones intra y extra zona.

h) Promover la adopción de todas las medidas necesarias para lograr una adecuada aplicación de las disposiciones migratorias.

i) Actuar como órgano dinamizador de las políticas migratorias.

j) Proponer la implementación programas de migración selectiva relativos a aquellos concernientes a la inmigración de personas extranjeras, al retorno de uruguayos y uruguayas, y la vinculación con compatriotas en el exterior, así como programas focalizados a poblaciones con alta propensión migratoria.

k) Implementar cursos de formación y sensibilización a los recursos humanos vinculados con la materia con el fin de capacitar sobre la base de los principios que inspiran la presente ley.

l) Promover el relevamiento de datos estadísticos sobre el fenómeno migratorio.

Artículo 26.- Créase el Consejo Consultivo Asesor de Migración, integrado por las organizaciones sociales y gremiales relacionadas con la temática migratoria.

La reglamentación establecerá la forma de funcionamiento y su integración, la que podrá modificarse en razón de los asuntos que se sometan a su asesoramiento.

Compete al Consejo Consultivo Asesor de Migración asesorar a la Junta Nacional de Migración en los temas relativos a la inmigración y emigración de personas, en el diseño de políticas migratorias y en el seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

Artículo 27.- El Ministerio del Interior tendrá las siguientes atribuciones:

a) Habilitar los lugares por los cuales las personas deben ingresar o egresar del país.

b) Otorgar y cancelar a las personas extranjeras la residencia definitiva en los casos señalados por esta ley.

c) Expulsar a las personas extranjeras según las causales previstas en esta ley.

Artículo 28.- El Ministerio del Interior podrá, por resolución fundada, delegar en la Dirección Nacional de Migración cualquiera de las atribuciones establecidas en el artículo anterior.

Artículo 29.- La Dirección Nacional de Migración tendrá las siguientes atribuciones:

a) Controlar y fiscalizar el ingreso, permanencia y egreso de personas del país, en cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes, así como declarar ilegal el ingreso o permanencia de personas extranjeras cuando no pudieran probar su situación migratoria en el país.

b) Rechazar a las personas extranjeras en el momento de ingresar al país, en las situaciones previstas en la presente ley.

c) Exigir permiso de viaje a menores de edad de nacionalidad uruguaya domiciliados en el país o extranjeros con residencia permanente o temporaria en el mismo, o no residentes con plazo vencido que se ausenten del territorio nacional.

d) Registrar las entradas y salidas de las personas del territorio nacional y efectuar las estadísticas correspondientes.

e) Controlar la permanencia de las personas extranjeras en relación a su situación migratoria en el país.

f) Otorgar y cancelar permiso de residencia temporaria, y autorizar su prórroga.

g) Otorgar la prórroga de permanencia a quienes hubieren ingresado al país como no residentes.

h) Autorizar el cambio de categoría a las personas extranjeras que ingresan regularmente al país como residentes temporarios o no residentes.

i) Regularizar la situación de las personas migrantes cuando así correspondiere.

j) Inspeccionar los medios de transporte internacional, para verificar el cumplimiento de las normas vigentes relacionadas con la entrada y salida del país de pasajeros y tripulantes.

k) Aplicar las sanciones administrativas que correspondan a quienes infrinjan (infractores de) las normas migratorias, en los casos previstos en la presente ley y cobrar las multas pertinentes.

l) Percibir y proponer los tributos que por la prestación de servicios pudieran corresponder.

m) Disponer medidas de expulsión de residentes temporarios y no residentes.

n) Ejercer las demás atribuciones que le confiere esta ley y su reglamentación.

Artículo 30.- El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus Consulados tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:

- Recibir, controlar e informar las solicitudes de ingreso al país que se tramiten en el exterior, para luego remitirlas a la Dirección Nacional de Migración para su diligenciamiento, de acuerdo a la reglamentación que se dicte al efecto.

- Otorgar visas de ingreso al país en las categorías previstas en la presente ley y su reglamentación.

- Difundir las políticas y programas del Poder Ejecutivo en materia migratoria.

CATEGORÍAS MIGRATORIAS

Artículo 31.- Las personas extranjeras serán admitidas para ingresar y permanecer en el territorio nacional en las categorías de no residente y residente.

La categoría de residente se subdivide en residente permanente y temporario.

Artículo 32.- Se considera residente permanente a la persona extranjera que ingresa al país con el ánimo de establecerse definitivamente y reúna las condiciones legales para ello.

Artículo 33.- Tendrán la categoría de residentes permanentes los cónyuges, padres y nietas/os de nacionales uruguayos, bastando para ello acreditar dicho vínculo ante las autoridades de la Dirección Nacional de Migración.-

Artículo 34.- Se considera residente temporario a la persona extranjera que ingresa al país a desarrollar una actividad por un plazo determinado.

Podrán ser consideradas dentro de esta categoría las siguientes actividades sin perjuicio de las que se puedan establecer mediante la correspondiente reglamentación:

a) Trabajadora/ trabajador migrante.

b) Científicas/os, investigadoras/res y académica/os.

c) Profesionales, técnica/os y personal especializado.

d) Estudiantes, becarias/os, pasantes.

e) Personas de negocios, empresarias/os, directoras/res, gerentes, consultores.

f) Periodistas.

g) Deportistas.

h) Artistas.

i) Religiosas/os.

j) Refugiadas/os.

k) Cónyuges, hijas/os menores y padres de las personas mencionadas en los apartados anteriores.

l) Razones humanitarias.

m) Aquellos que sin estar comprendidos en los apartados anteriores fueran autorizados por el Poder Ejecutivo por resolución fundada.

Los nacionales de los estados miembros del MERCOSUR y estados asociados tendrán también esta categoría cuando así lo soliciten.

Artículo 35.- Mientras se encuentren vigentes los plazos de permanencia, las personas con residencia temporaria podrán entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo estimen conveniente, bastando para ello acreditar su condición en la forma que establezca la reglamentación.

Artículo 36.- Se considera no residente a la persona extranjera que ingresa al país sin ánimo de permanecer en forma definitiva ni temporaria en el territorio nacional. Integran esta categoría migratoria:

1) Turistas: extranjeros que ingresan al país con fines de recreo, esparcimiento o descanso.

2) lnvitadas/os por entes públicos o privados en razón de su profesión o arte.

3) Negociantes.

4) Integrantes de espectáculos públicos, artísticos o culturales.

5) Tripulantes de los medios de transporte internacional.

6) Pasajeras/os en tránsito.

7) Tránsito vecinal fronterizo.

8) Tripulantes de buques de pesca.

9) Tripulantes que realicen trasbordo en el territorio nacional.

10) Personas que vienen a someterse a tratamiento médico.

11) Deportistas, Periodistas y demás profesionales de los medios de comunicación.

12) Todas aquellas personas que sin estar incluidas en los numerales anteriores fueran autorizadas expresamente por la Dirección Nacional de Migración.

Artículo 37.- Los requisitos, procedimientos y plazos para obtener la admisión en una u otra categoría prevista en la presente ley serán fijados por la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 38.- Vencidos los plazos de permanencia autorizada, las personas extranjeras deberán hacer abandono del país, excepto en aquellos casos en que la Dirección Nacional de Migración por razones justificadas prorrogue dicho plazo, o el extranjero antes de su vencimiento solicite el cambio de categoría migratoria.

CAMBIO DE CATEGORÍA

Artículo 39.- Las personas extranjeras admitidas en alguna de las categorías descriptas podrán solicitar el cambio de una categoría migratoria a otra, siempre que cumplan con las exigencias que la reglamentación fije al efecto.

DEL CONTROL DE INGRESO

Artículo 40.- El ingreso y egreso de personas al territorio nacional deberá realizarse por los lugares habilitados, munidos de la documentación que la reglamentación determine.

Artículo 41.- Serán documentos hábiles de viaje el pasaporte y los documentos de identidad vigentes, así como todos los que la reglamentación establezca.

Artículo 42.- El otorgamiento de la visa consular, en aquellos casos que sea exigible, se regirá por lo dispuesto por los Acuerdos y Tratados suscritos por la República y la legislación vigente, reservándose el Poder Ejecutivo por razones fundadas el derecho a no otorgarla.

DEL DESEMBARCO CONDICIONAL

Artículo 43.- En caso de duda sobre la situación legal o documentaria de personas extranjeras se podrá autorizar con carácter condicional el ingreso al territorio nacional reteniéndose la documentación presentada, elevando los antecedentes a la Dirección Nacional de Migración o a la Justicia Penal cuando así correspondiere.

Artículo 44.- Asimismo se podrá autorizar el ingreso condicional al país de las personas que no reúnan los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamentación, cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o en cumplimiento de compromisos internacionales.

DE LOS IMPEDIMENTOS DE INGRESO Y PERMANENCIA

Causales de rechazo al ingreso

Artículo 45.- Serán causales de rechazo al ingreso al país las siguientes:

a) La falta de documentación requerida para ingresar al país.

b) Las personas que hayan incurrido o participado en actos de gobierno o de otro tipo, que constituyan genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad o pertenezcan a organizaciones que por medio de la violencia atentan contra los principios democráticos republicanos.

c) Las personas que hubieran sido objeto de medidas de expulsión o de prohibición de reingreso al país y la medida no haya sido revocada.

d) Las personas que en el país o fuera de él hubieran sido objeto de condena por delitos relacionados al tráfico y trata de personas.

e) Las personas que intentaran ingresar al territorio nacional eludiendo el control migratorio.

f) Las personas que el Poder Ejecutivo determine fundado en razones de orden público ya sea de índole sanitario en concordancia con lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional vigente o de seguridad del Estado.

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, el funcionariado en frontera terrestre, marítima, fluvial o aérea, se abstendrá de impedir el ingreso al territorio nacional a toda persona que manifieste su intención de solicitar refugio. Esta disposición se aplicará, aun cuando la persona extranjera no posea documentación exigible por las disposiciones legales migratorias o ésta sea visiblemente falsificada o alterada.

Causales de denegatoria de la residencia

Será causal de denegatoria de la solicitud de residencia la siguiente:

Artículo 46.- Las personas que hubieran sido procesadas o condenadas por delitos comunes de carácter doloso, cometidos en el país o fuera de él, que merezcan según las leyes de la República la aplicación de penas privativas de libertad mayor a los dos años o registrase una conducta reiterante en la comisión de delitos.

Para que dichas personas puedan gestionar su residencia deberá haber transcurrido un término de cinco años, sin haber cometido nuevo delito, computado a partir de la condena. A tales efectos deberá descontarse, para la determinación del plazo, los días que el agente permaneciere privado de su libertad, o por la detención preventiva o por la pena.

CANCELACIÓN DE LA RESIDENCIA Y DE LA PERMANENCIA

Artículo 47.- El Ministerio del Interior podrá cancelar en todos los casos la residencia que hubiese otorgado y disponer su consecuente expulsión cuando:

a) la persona extranjera que mediante hechos o actos simulados o fraudulentos hubiere logrado obtener la categoría migratoria pertinente.

b) la persona extranjera que en el territorio nacional cometiere delito de carácter doloso y fuera condenado con pena de penitenciaria o registrase una conducta reiterante en la comisión de delitos.

c) la persona con residencia permanente que se ausentare del país por un plazo superior a tres años.

d) la persona con residencia permanente o temporaria que haya ingresado al país a través de un programa subvencionado por el Estado Uruguayo o haya sido exonerado del pago de impuesto, tasas o contribuciones y no cumpliere con las condiciones que dieron origen a la subvención o exoneración.

e) la persona con residencia permanente o temporaria que realizare alguna de las conductas previstas en el artículo 45 literal b).

f) la persona con residencia que cometiere en el país o fuera de él actos de terrorismo o que pertenezcan a organizaciones que por medio de la violencia atentan contra los principios democráticos republicanos.

Artículo 48.- La cancelación de la residencia permanente o temporaria, no se efectivizará en los casos en que la persona extranjera fuera madre, padre o cónyuge de nacional.

Artículo 49.- La resolución administrativa que dispone la cancelación podrá ser impugnada por el régimen de recursos previsto en el artículo 317 de la Constitución de la República y demás disposiciones legales y concordantes.

Artículo 50.- La Dirección Nacional de Migración por resolución fundada podrá disponer la cancelación de la residencia temporaria o del plazo de permanencia autorizada al no residente, cuando se hayan desnaturalizado las razones que motivaron su concesión y disponer su consecuente expulsión.

Causales de expulsión

Artículo 51.- Serán causales de expulsión del territorio nacional las siguientes:

a) haber ingresado al país por punto no habilitado o eludiendo el control migratorio.

b) haber sido objeto de desembarco condicional a raíz de dudas de la condición legal o documentaria.

c) permanecer en el país una vez vencido el plazo de permanencia autorizado.

d) haber ingresado al país mediante documentación material o ideológicamente falsa o adulterada, en los casos que así lo haya dispuesto la justicia competente.

e) ejecución de la medida de cancelación de la residencia temporaria y del plazo de permanencia autorizado al no residente.

Artículo 52.- La Dirección Nacional de Migración en los casos previstos en los literales a), b) y c) del artículo anterior atendiendo las circunstancias del caso parentesco con nacional, condiciones personales y sociales del inmigrante- deberá intimarlo previamente a regularizar su situación en el país en un plazo perentorio, bajo apercibimiento de resolverse su expulsión.

Artículo 53.- Las resoluciones administrativas que disponen la expulsión de las personas extranjeras serán pasibles de impugnación por el régimen de recursos previsto en el artículo 317 de la Constitución de la República y demás disposiciones legales y concordantes y tendrán efecto suspensivo.

Artículo 54.- La medida de expulsión recién podrá concretarse, cuando la resolución denegatoria se encuentre firme.

Artículo 55.- En ningún caso la medida de expulsión menoscabará por sí sola los derechos adquiridos por las personas extranjeras a recibir y/o demandar el pago de sus salarios u otras prestaciones que le pudieran corresponder.

DEL CONTROL DE SALIDA

Artículo 56.- La autoridad migratoria deberá impedir la salida del país de toda persona que no se encuentre en posesión de la documentación migratoria que al efecto fije la reglamentación de la presente ley.

Tampoco se permitirá la salida cuando exista cierre de frontera dispuesto por la autoridad judicial competente.

Los impedimentos de salida del país de personas mayores de edad dispuestos por los tribunales jurisdiccionales, caducarán al cumplir los cinco años contados a partir de la fecha del auto que lo dispuso. En caso de personas a cuyo respecto se haya decretado el cierre de fronteras por parte de la Justicia Penal, el plazo de prescripción de la pena del delito, determinará la finalización del mismo.

Si transcurridos los cinco años la Justicia Penal estimara necesario mantener el cierre dispuesto oportunamente, así lo hará saber a la autoridad migratoria.

Los impedimentos de salida del país dispuestos por los tribunales jurisdiccionales con respecto a menores de edad, caducarán al cumplir la mayoría de edad.

En los oficios o comunicaciones dirigidos a las autoridades encargadas de llevar a la práctica los impedimentos deberá establecerse: los nombres y apellidos, nacionalidad, fecha de nacimiento y número de documento de identidad o de viaje. En caso de carecer de algún dato imprescindible para la correcta identificación de la persona impedida, las reparticiones a las que van dirigidas no estarán obligadas a dar trámite a la medida dispuesta hasta tanto sea subsanada la omisión.

Los impedimentos de salida dispuestos a personas mayores de edad con anterioridad a la promulgación de la presente ley, caducarán a partir de los ciento ochenta días de la vigencia de ésta, siempre que hayan transcurrido cinco años desde el auto que lo dispuso

DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

Artículo 57.- Las empresas de transporte internacional, sus agentes o representantes, deberán registrarse en la Dirección Nacional de Migración, cumpliendo los requisitos que al respecto establezca la reglamentación.

Artículo 58.- Las empresas de transporte internacional, sus agentes o representantes, serán solidariamente responsables de la conducción y transporte de pasajeros/as y tripulantes, debiendo cumplir al efecto con las disposiciones de esta ley y su reglamentación.

Artículo 59.- Las empresas de transporte internacional, sus agentes o representantes, serán también solidariamente responsables por el transporte y custodia de pasajeros/as y tripulantes, hasta que hubiesen pasado la inspección del control migratorio.

Artículo 60.- Las empresas de transporte internacional, sus agentes o representantes legales deberán:

1) Permitir la inspección de la Dirección Nacional de Migración del medio de transporte aéreo, marítimo, o terrestre cuando fuere pertinente.

2) Presentar la documentación requerida de los tripulantes y pasajeros/as y demás documentos que establezca la reglamentación.

3) No vender pasajes ni transportar pasajeros/as sin la presentación de la documentación requerida a tales efectos, debidamente visada cuando correspondiere.

4) Abonar los gastos que demanden las habilitaciones por servicio de inspección o de control migratorio

5) No permitir el desembarco de pasajeros/as en una escala técnica, salvo que se encuentren expresamente autorizados por la Dirección Nacional de Migración.

Artículo 61.- Los tripulantes y el personal que integra la dotación de un medio de transporte internacional, deberán estar provistos de la documentación hábil para acreditar su identidad y su condición de tripulante o de pertenecer a la dotación del transporte.

Artículo 62.- Al rechazar la autoridad migratoria la admisión de cualquier pasajero/a extranjero/a al momento de efectuarse el control migratorio de ingreso al país, la empresa de transporte, sus agentes o representantes quedarán obligados a reconducirlos a su cargo al país de origen o procedencia o fuera del territorio de la República, en el medio de transporte en que llegó. En caso de imposibilidad, la empresa es responsable de su reconducción por otro medio, dentro del plazo perentorio que se le fije, quedando a su cargo los gastos que ello ocasionare.

Artículo 63.- Las empresas de transporte internacional quedan obligadas a transportar a su cargo fuera del territorio uruguayo y en el plazo que se le fije, a toda persona extranjera cuya expulsión ordene la autoridad administrativa o judicial competente.

Artículo 64.- La obligación de transporte establecida en el artículo anterior se limita a una plaza, cuando el medio de transporte no exceda de doscientas plazas, y a dos plazas cuando supere dicha cantidad.

Artículo 65.- En caso de deserción del tripulante o personal de la dotación, el transportista queda obligado a reconducirlo/a a su cargo, fuera del territorio nacional, debiendo depositar la caución que fije la reglamentación mientras no se haga efectiva la medida.

Artículo 66.- Las obligaciones emergentes de los artículos 64 y 65 son consideradas cargas públicas y su acatamiento no dará lugar a pago o indemnización alguna.

Artículo 67.- En caso de que la empresa no diera cumplimiento a las obligaciones emergentes de los artículos 66 y 67 el Ministerio del Interior podrá impedir la salida del territorio o de aguas jurisdiccionales nacionales del medio de transporte hasta tanto la empresa responsable cumpla las obligaciones pertinentes.

Artículo 68.- La Dirección Nacional de Migración, autorizará a las empresas de transporte internacional o a las agencias de turismo, sus agentes o representantes, el desembarco de los pasajeros de los buques, aeronaves u otros medios de transporte que haga escala en puertos o aeropuertos nacionales, en cruceros de turismo o por razones de emergencia, en las condiciones que la reglamentación disponga.

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 69.- La Dirección Nacional de Migración queda facultada para aplicar multas de carácter pecuniario, las que serán fijadas por la reglamentación correspondiente, entre un mínimo de cuatro Unidades Reajustables y un máximo de cincuenta Unidades Reajustables.

Serán pasibles de aplicación de sanciones y multas las empresas de transporte internacional terrestres, marítimas, fluviales o aéreas que no cumplan las disposiciones migratorias vigentes.

Artículo 70.- La Dirección Nacional de Migración podrá exonerar del pago de la tasa correspondiente a sus servicios, a aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza. Dicha situación deberá justificarse fehacientemente, entendiéndose como tal a quien presente carencias críticas en sus condiciones de vida.

DE LOS URUGUAYOS Y URUGUAYAS EN EL EXTERIOR

Artículo 71.- El Estado uruguayo fomentará la suscripción de convenios con los estados en los que residen ciudadanos/as uruguayos/as a los efectos de garantizarles la igualdad de trato con los nacionales de esos estados

Artículo 72.- El Poder Ejecutivo podrá suspender los beneficios que otorga la presente ley a los nacionales de los estados que dicten normas o reglamentos que dispongan restricciones a los uruguayos y uruguayas que se encuentren en el territorio de dichos estados con ánimo de permanencia, en tanto se afecte el principio de reciprocidad.

Artículo 73.- El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación, tendrá a su cargo la coordinación de la política nacional de vinculación con la emigración, planificará, programará y ejecutará dicha política en el exterior a través de los Consulados de la República quienes considerarán especialmente las sugerencias que al efecto emitan los Consejos Consultivos en cuanto fuera pertinente.

Artículo 74.- La declaración de los nacimientos de hijos/as de padre o madre oriental ocurridos en el exterior, deberá hacerse dentro de los ciento ochenta días siguientes al parto, ante los Agentes Consulares de la República con jurisdicción.

El Ministerio de Relaciones Exteriores difundirá a través de sus Sedes en el exterior la disposición que antecede.

Artículo 75 (Disposición transitoria).- Establécese como excepción un plazo de 360 días contados a partir de la promulgación de la presente ley, para que los/las hijas/os de padre o madre oriental, nacidos en el exterior, que aún no hayan sido inscriptos ante los Agentes Consulares correspondientes puedan hacerlo.

Artículo 76.- Todo/a uruguayo/a con más de 2 años de residencia en el exterior que decida retornar al país, podrán introducir libre de todo trámite cambiario y exentos de toda clase de derecho de aduana, tributos o gravámenes conexos:

a) los bienes muebles y efectos que alhajan su casa habitación.

b) las herramientas, máquinas, aparatos e instrumentos vinculados con el ejercicio de su profesión, arte u oficio.

c) por una única vez un vehículo automotor de su propiedad, el que no podrá ser transferido hasta transcurrido un plazo de cuatro años a contar desde su ingreso a la República. El régimen a que esté sujeto el automotor deberá constar en los documentos de empadronamiento municipal y en el Registro Nacional de Automotores.

Los citados vehículos deberán ser empadronados directamente por los interesados en la Intendencias Municipales correspondientes.

DE LOS DELITOS

Artículo 77 (Tráfico de personas).- Quien promoviere, gestionare o de cualquier manera facilitare el cruce ilegal de personas por los límites fronterizos de la República, tanto sea para su ingreso como para su egreso al territorio nacional, con la finalidad de obtener un provecho para sí o para un tercero, será castigado con una pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría. Con la misma pena será castigado/a, el/la que en las mismas condiciones favoreciera la permanencia ilegal de inmigrantes dentro del territorio uruguayo.

Artículo 78 (Trata de personas).- El que de cualquier manera y por cualquier medio, participare en el reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o el recibo de personas, cuya finalidad sea el trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre o la remoción de órganos, o cualquier otra actividad que menoscabe la dignidad humana, será castigado con una pena de dos a ocho años de penitenciaría.

Artículo 79 (Agravantes especiales).- Se consideran agravantes especiales de los delitos descritos y las penas en ellos establecidos se incrementarán de un tercio a la mitad, cuando medien las siguientes circunstancias:

a) cuando se hubiere puesto en peligro la salud o la integridad física de los migrantes.

b) cuando la víctima se trate de una niña, un niño o un(a) adolescente.

c) cuando el agente revista la calidad de funcionario/a policial, o tenga a su cargo la seguridad, custodia o el control de las cuestiones relativas a la migración de personas.

d) cuando el tráfico de personas se efectuara con violencia, intimidación o engaño, o abusando de la inexperiencia de la víctima.

e) cuando el agente hiciere de las actividades mencionadas en el artículo anterior, su actividad habitual.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 80.- Deróganse las Leyes Nº 2.096 de 19 de junio de 1890, Nº 8.886 de 19 de julio de 1932 y sus modificativas Nº 9.604 de 13 de octubre de 1936 y demás normas que se opongan a la presente ley.

Montevideo, 27 de abril de 2007.

EDUARDO BONOMI, REINALDO GARGANO, DAISY TOURNÉ".

"CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º.- El Estado uruguayo reconoce como derecho inalienable de las personas migrantes y sus familiares sin perjuicio de su situación migratoria, el derecho a la migración, el derecho a la reunificación familiar, al debido proceso y acceso a la justicia, así como la igualdad de derechos con los nacionales, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.

CAPÍTULO II

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2º.- La admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de las personas al territorio nacional se regirán por las disposiciones de la Constitución, de la presente ley y la reglamentación que a sus efectos se dicte.

Artículo 3º.- Se entiende por "migrante" a toda persona extranjera que ingrese al territorio con ánimo de residir y establecerse en él, en forma permanente o temporaria.

Artículo 4º.- El Estado uruguayo garantizará a las personas migrantes los derechos y privilegios que acuerden las leyes de la República y los instrumentos internacionales ratificados por el país.

Artículo 5º.- Quedan exceptuados del régimen de ingreso, permanencia y salida del país establecidos por la presente ley:

1) El personal diplomático y consular de países extranjeros acreditados en la República.

2) Las personas que vinieran en misiones oficiales procedentes de Estados extranjeros o de organismos internacionales.

3) El personal extranjero con inmunidades y privilegios diplomáticos de organismos internacionales con sede en la República, debidamente acreditados.

4) El personal extranjero técnico y administrativo enviado a prestar servicios en las misiones diplomáticas, consulares o de organismos internacionales, que gocen de inmunidades y privilegios diplomáticos.

5) Los familiares y personal de servicio extranjero de las personas precedentemente mencionadas en los numerales 1 y 3, que gocen de inmunidades y privilegios diplomáticos.

6) El personal diplomático y consular de países extranjeros y de organismos internacionales, en tránsito por el territorio nacional.

7) Quienes por circunstancias especiales y fundadas determine el Poder Ejecutivo.

Artículo 6º.- En todos los casos, las autoridades migratorias deberán obrar conforme lo disponen los Tratados Internacionales suscritos por el Uruguay en materia diplomática y consular y las demás leyes especiales o generales vigentes, limitándose en el caso del artículo anterior a controlar la documentación de ingreso y egreso.

CAPÍTULO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS

Artículo 7º.- Las personas extranjeras que ingresen y permanezcan en territorio nacional en las formas y condiciones establecidas en la presente ley tienen garantizado por el Estado uruguayo el derecho a la igualdad de trato con el nacional, en tanto sujetos de derechos y obligaciones.

Artículo 8º.- Las personas inmigrantes y sus familiares gozarán de los derechos de salud, trabajo, seguridad social, vivienda y educación en pie de igualdad con los nacionales. Dichos derechos tendrán la misma protección y amparo en uno y otro caso.

Artículo 9º.- La irregularidad migratoria en ningún caso impedirá que la persona extranjera tenga libre acceso a la justicia y a los establecimientos de salud. Las autoridades de dichos centros implementarán los servicios necesarios para brindar a los inmigrantes la información que posibilite su regularización en el país.

Artículo 10.- El Estado uruguayo garantizará el derecho de las personas inmigrantes a la reunificación familiar con padres, cónyuges, concubinas/os, hijas/os solteros menores o mayores con capacidades diferentes, de acuerdo al artículo 40 de la Constitución de la República.

Artículo 11.- Las hijas/os de las personas migrantes gozarán del derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales.

El acceso de las hijas/os de trabajadoras/es migratorios a las instituciones de enseñanza públicas o privadas, no podrá denegarse ni limitarse a causa de la situación irregular de los padres.

Artículo 12.- Toda persona migrante tendrá derecho a que el Estado le proporcione información relativa a sus derechos, deberes y garantías, especialmente en lo que refiere a su condición migratoria.

Artículo 13.- El Estado implementará acciones para favorecer la integración sociocultural de las personas migrantes en el territorio nacional y su participación en las decisiones de la vida pública.

Artículo 14.- El Estado velará por el respeto de la identidad cultural de las personas migrantes y de sus familiares y fomentará que éstas mantengan vínculos con sus Estados de origen.

Artículo 15.- Las personas migrantes deberán respetar y cumplir las obligaciones de la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados, leyes, decretos y reglamentaciones vigentes.

CAPÍTULO IV

DEL TRABAJO DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS

Artículo 16.- Las personas migrantes tendrán igualdad de trato que las nacionales con respecto al ejercicio de una actividad laboral.

Artículo 17.- El Estado adoptará las medidas necesarias para asegurar que las personas migrantes no sean privadas de ninguno de los derechos amparados en la legislación laboral a causa de irregularidades en su permanencia o empleo.

Artículo 18.- Las personas migrantes gozarán, con respecto a la seguridad social, del mismo trato que las nacionales en la medida que cumplan los requisitos previstos en la legislación del Estado uruguayo en la materia y de los Instrumentos bilaterales y multilaterales ratificados por el país.

Artículo 19.- Las personas extranjeras admitidas en la categoría de "residente permanente" podrán desarrollar actividad laboral en relaciones de dependencia o cuenta propia amparadas en la legislación laboral vigente. En igual sentido el "residente temporario" podrá realizar su actividad laboral en las mismas condiciones, durante el período concedido para dicha residencia.

Artículo 20.- Las personas extranjeras admitidas en la categoría de "no residente" no podrán ejercer actividad laboral alguna, fuera de las específicas en su categoría.

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que en el territorio nacional ocupen trabajadoras/es extranjeras/os en relación de dependencia deberán cumplir la normativa laboral vigente, tal como se aplica a las trabajadoras/es nacionales.

Artículo 22.- Ningún empleador/a podrá contratar laboralmente a personas extranjeras que se encuentren en situación irregular en el territorio nacional.

Artículo 23.- El Estado podrá establecer en determinadas circunstancias políticas que determinen categorías limitadas de empleo, funciones, servicios o actividades, de acuerdo a la legislación nacional y los Instrumentos bilaterales y multilaterales ratificados por el país.

CAPÍTULO V

DE LOS ORGANISMOS COMPETENTES Y SUS ATRIBUCIONES

Artículo 24.- Créase la Junta Nacional de Migración como órgano asesor y coordinador de políticas migratorias del Poder Ejecutivo.

Estará integrada por un delegado del Ministerio del Interior, un delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores, un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social designados por los jerarcas de cada uno de los Ministerios.

La presidencia será ejercida en forma rotativa por cada una de las Secretarías de Estado con una alternancia por períodos no menores a los seis meses, tomándose las resoluciones por consenso.

La Junta Nacional de Migración podrá convocar para consulta o asesoramiento a otras instituciones públicas o privadas, representantes de las organizaciones sociales y gremiales, representantes de organismos internacionales, expertos, cuando la temática así lo imponga.

Artículo 25.- Son competencias de la Junta Nacional de Migración:

a) Proponer las políticas migratorias al Poder Ejecutivo.

b) Proponer la reglamentación de la normativa migratoria.

c) Implementar instancias de coordinación intergubernamental en la aplicación de dichas políticas.

d) Asesorar en materia migratoria dentro de la órbita de competencia de cada organismo del Estado.

e) Analizar y proponer modificaciones en la normativa migratoria.

f) Procurar el relacionamiento multilateral en la materia.

g) Promover la adopción de decisiones que favorezcan el proceso de integración regional en relación con las migraciones intra y extra zona.

h) Promover la adopción de todas las medidas necesarias para lograr una adecuada aplicación de las disposiciones migratorias.

i) Actuar como órgano dinamizador de las políticas migratorias.

j) Proponer la implementación de los siguientes programas: de migración selectiva relativo a la inmigración de personas extranjeras; del retorno de uruguayos y uruguayas; de la vinculación con compatriotas en el exterior y de poblaciones con alta propensión migratoria.

k) Implementar cursos de formación y sensibilización a los recursos humanos vinculados con la materia con el fin de capacitar sobre la base de los principios que inspiran la presente ley.

l) Promover el relevamiento de datos estadísticos sobre el fenómeno migratorio.

Artículo 26.- Créase el Consejo Consultivo Asesor de Migración, integrado por las organizaciones sociales y gremiales relacionadas con la temática migratoria.

La reglamentación establecerá la forma de funcionamiento y su integración, la que podrá modificarse en razón de los asuntos que se sometan a su asesoramiento.

Compete al Consejo Consultivo Asesor de Migración asesorar a la Junta Nacional de Migración en los temas relativos a la inmigración y emigración de personas, en el diseño de políticas migratorias y en el seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

Artículo 27.- El Ministerio del Interior tendrá las siguientes atribuciones:

a) Habilitar los lugares por los cuales las personas deben ingresar o egresar del país.

b) Otorgar y cancelar a las personas extranjeras la residencia definitiva en los casos señalados por esta ley el artículo anterior.

c) Expulsar a las personas extranjeras según las causales previstas en esta ley.

Artículo 28.- El Ministerio del Interior podrá, por resolución fundada, delegar en la Dirección Nacional de Migración cualquiera de las atribuciones establecidas en el artículo anterior.

Artículo 29.- La Dirección Nacional de Migración tendrá las siguientes atribuciones:

a) Controlar y fiscalizar el ingreso, permanencia y egreso de personas del país, en cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes, así como declarar irregular el ingreso o permanencia de personas extranjeras cuando no pudieran probar su situación migratoria en el país.

b) Rechazar a las personas extranjeras en el momento de ingresar al país, en las situaciones previstas en la presente ley.

c) Exigir permiso de viaje a menores de edad de nacionalidad uruguaya domiciliados en el país o extranjeros con residencia permanente o temporaria en el mismo, o no residentes con plazo vencido que se ausenten del territorio nacional.

d) Registrar las entradas y salidas de las personas del territorio nacional y efectuar las estadísticas correspondientes.

e) Controlar la permanencia de las personas extranjeras en relación a su situación migratoria en el país.

f) Otorgar y cancelar el permiso de residencia temporaria y autorizar su prórroga.

g) Otorgar la prórroga de permanencia a quienes hubieren ingresado al país como no residentes.

h) Autorizar el cambio de categoría a las personas extranjeras que ingresan regularmente al país como residentes temporarios o no residentes.

i) Regularizar la situación de las personas migrantes cuando así correspondiere.

j) Inspeccionar los medios de transporte internacional, para verificar el cumplimiento de las normas vigentes relacionadas con la entrada y salida del país de pasajeros y tripulantes.

k) Aplicar las sanciones administrativas que correspondan a quienes infrinjan las normas migratorias, en los casos previstos en la presente ley y cobrar las multas pertinentes.

l) Percibir y proponer los tributos que por la prestación de servicios pudieran corresponder.

m) Disponer medidas de expulsión de residentes temporarios y no residentes, cuando así lo haya resuelto el Ministerio del Interior.

n) Ejercer las demás atribuciones que le confiere esta ley y su reglamentación.

Artículo 30.- El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus Consulados tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:

a) Recibir, controlar e informar las solicitudes de ingreso al país que se tramiten en el exterior, para luego remitirlas a la Dirección Nacional de Migración para su diligenciamiento, de acuerdo a la reglamentación que se dicte al efecto.

b) Otorgar visas de ingreso al país en las categorías previstas en la presente ley y su reglamentación.

c) Difundir las políticas y programas del Estado uruguayo en materia migratoria.

CAPÍTULO VI

CATEGORÍAS MIGRATORIAS

Artículo 31.- Las personas extranjeras serán admitidas para ingresar y permanecer en el territorio nacional en las categorías de no residente y residente.

La categoría de residente se subdivide en residente permanente y temporario.

Artículo 32.- Se considera residente permanente a la persona extranjera que ingresa al país con el ánimo de establecerse definitivamente y reúna las condiciones legales para ello.

Artículo 33.- Tendrán la categoría de residentes permanentes los cónyuges, concubinas/os, padres y nietas/os de uruguayos, bastando para ello acreditar dicho vínculo ante las autoridades de la Dirección Nacional de Migración.

Artículo 34.- Se considera residente temporario a la persona extranjera que ingresa al país a desarrollar una actividad por un plazo determinado.

Podrán ser consideradas dentro de esta categoría las siguientes actividades sin perjuicio de las que se puedan establecer mediante la correspondiente reglamentación:

a) Trabajadora/or migrante;

b) científicas/os, investigadoras/es y académicas/os;

c) profesionales, técnicas/os y personal especializado;

d) estudiantes, becarias/os, pasantes;

e) personas de negocios, empresarias/os, directoras/es, gerentes, consultores;

f) periodistas;

g) deportistas;

h) artistas;

i) religiosas/os.

Asimismo estarán comprendidos:

a) cónyuges, hijas/os menores y padres de las personas mencionadas en los apartados anteriores;

b) personas que ingresen al país por razones humanitarias;

c) aquellos que sin estar comprendidos en los apartados anteriores fueran autorizados por el Poder Ejecutivo por resolución fundada.

Los ciudadanos de los Estados miembros del MERCOSUR y Estados asociados tendrán también esta categoría cuando así lo soliciten.

Artículo 35.- Mientras se encuentren vigentes los plazos de permanencia, las personas con residencia temporaria podrán entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo estimen conveniente, bastando para ello acreditar su condición en la forma que establezca la reglamentación.

Artículo 36.- Se considera no residente a la persona extranjera que ingresa al país sin ánimo de permanecer en forma definitiva ni temporaria en el territorio nacional.

Integran esta categoría migratoria:

1) expresamente por la Dirección Nacional de Migración Turistas: extranjeros que ingresan al país con fines de recreo, esparcimiento o descanso.

2) Invitadas/os por entes públicos o privados en razón de su profesión o arte.

3) Negociantes.

4) Integrantes de espectáculos públicos, artísticos o culturales.

5) Tripulantes de los medios de transporte internacional.

6) Pasajeras/os en tránsito.

7) Personas en tránsito vecinal fronterizo.

8) Tripulantes de buques de pesca.

9) Tripulantes que realicen trasbordo en el territorio nacional.

10) Personas que vienen a someterse a tratamiento médico.

11) Deportistas.

12) Periodistas y demás profesionales de los medios de comunicación.

13) Todas aquellas personas que sin estar incluidas en los numerales anteriores fueran autorizadas.

Artículo 37.- Los requisitos, procedimientos y plazos para obtener la admisión en una u otra categoría prevista en la presente ley, serán fijados por la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 38.- Vencidos los plazos de permanencia autorizada, las personas extranjeras deberán hacer abandono del país, excepto en aquellos casos en que la Dirección Nacional de Migración por razones justificadas prorrogue dicho plazo, o el extranjero, antes de su vencimiento, solicite el cambio de categoría migratoria.

Artículo 39.- Las personas extranjeras admitidas en alguna de las categorías descriptas podrán solicitar el cambio de una categoría migratoria a otra, siempre que cumplan con las exigencias que la reglamentación fije al efecto.

CAPÍTULO VII

DEL CONTROL DEL INGRESO Y DEL EGRESO

Artículo 40.- El ingreso y el egreso de personas al territorio nacional deberá realizarse por los lugares habilitados, munidas de la documentación que la reglamentación determine.

Artículo 41.- Serán documentos hábiles de viaje el pasaporte y los documentos de identidad vigentes, así como todos los que la reglamentación establezca.

Artículo 42.- El otorgamiento de la visa consular, en aquellos casos en que sea exigible, se regirá por lo dispuesto por los Acuerdos y Tratados suscritos por la República y la legislación vigente, reservándose el Poder Ejecutivo, por razones fundadas, el derecho a no otorgarla.

CAPÍTULO VIII

DEL DESEMBARCO CONDICIONAL

Artículo 43.- En caso de duda sobre la situación legal o documentaria de personas extranjeras se podrá autorizar, con carácter condicional, el ingreso al territorio nacional reteniéndose la documentación presentada, elevando los antecedentes a la Dirección Nacional de Migración o a la Justicia Penal cuando así correspondiere.

Artículo 44.- Asimismo, se podrá autorizar el ingreso condicional al país de las personas que no reúnan los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamentación, cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o en cumplimiento de compromisos internacionales.

CAPÍTULO IX

DE LOS IMPEDIMENTOS DEL INGRESO Y DE LA PERMANENCIA

Sección 1ª

Causales de rechazo al ingreso

Artículo 45.- Serán causales de rechazo al ingreso al país las siguientes:

a) La falta de documentación requerida para ingresar al país.

b) Haber incurrido o participado en actos de gobierno o de otro tipo que constituyan genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad o pertenecer a organizaciones que, por medio de la violencia, atentan contra los principios democrático-republicanos.

c) Haber sido objeto de medidas de expulsión o de prohibición de reingreso al país y la medida no haya sido revocada.

d) Haber sido objeto de condena por delitos relacionados al tráfico y trata de personas, en el país o fuera de él.

e) Haber intentado ingresar al territorio nacional eludiendo el control migratorio.

f) Razones de orden público ya sea de índole sanitaria, en concordancia con lo establecido en el Reglamento Sanitario

g) Internacional vigente, o de seguridad del Estado, determinadas por el Poder Ejecutivo.

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, el funcionariado en frontera terrestre, marítima, fluvial o aérea, se abstendrá de impedir el ingreso al territorio nacional a toda persona que manifieste su intención de solicitar refugio. Esta disposición se aplicará, aun cuando la persona extranjera no posea documentación exigible por las disposiciones legales migratorias o ésta sea visiblemente falsificada o alterada.

Sección 2ª

Causales de denegatoria de la residencia

Artículo 46.- Son causales de denegatoria de la residencia de las personas:

1. Haber sido procesadas o condenadas por delitos comunes de carácter doloso, cometidos en el país o fuera de él, que merezcan según las leyes de la República la aplicación de penas privativas de libertad, mayores a los dos años.

2. Registrar una conducta reiterante en la comisión de delitos.

Para que dichas personas puedan gestionar su residencia deberá haber transcurrido un término de cinco años, sin haber cometido nuevo delito, computado a partir de la condena. A tales efectos deberá descontarse, para la determinación del plazo, los días que el agente permaneciese privado de su libertad, a raíz de la detención preventiva o por el cumplimiento de la pena.

CAPÍTULO X

CANCELACIÓN DE LA RESIDENCIA Y DE LA PERMANENCIA

Sección 1ª

Roles del Ministerio del Interior

Artículo 47.- El Ministerio del Interior podrá cancelar en todos los casos la residencia que hubiese otorgado y disponer su consecuente expulsión cuando:

a) la persona extranjera que mediante hechos o actos simulados o fraudulentos hubiere logrado obtener la categoría migratoria pertinente;

b) la persona extranjera que en el territorio nacional cometiere delito de carácter doloso y fuera condenado con pena de penitenciaría o registrase una conducta reiterante en la comisión de delitos, excepto los refugiados;

c) la persona con residencia permanente que se ausentare del país por un plazo superior a tres años;

d) la persona con residencia permanente o temporaria que haya ingresado al país a través de un programa subvencionado por el Estado uruguayo o haya sido exonerado del pago de impuestos, tasas o contribuciones y no cumpliere con las condiciones que dieron origen a la subvención o exoneración;

e) la persona con residencia permanente o temporaria que realizare alguna de las conductas previstas en el artículo 45 literal b);

f) la persona con residencia que cometiere en el país o fuera de él actos de terrorismo o que pertenezca a organizaciones que por medio de la violencia, atentan contra los principios democrático-republicanos.

Artículo 48.- La cancelación de la residencia permanente o temporaria, no se efectivizará en los casos en que la persona extranjera fuera madre, padre, cónyuge o concubina/o del nacional.

Artículo 49.- La resolución administrativa que dispone la cancelación podrá ser impugnada por el régimen de recursos previsto en el artículo 317 de la Constitución de la República, demás disposiciones legales y concordantes y tendrán efecto suspensivo.

Artículo 50.- La Dirección Nacional de Migración, por resolución fundada, podrá disponer la cancelación de la residencia temporaria o del plazo de permanencia autorizada al no residente, cuando se hayan desnaturalizado las razones que motivaron su concesión y disponer su consecuente expulsión.

Sección 2ª

Causales de expulsión

Artículo 51.- Serán causales de expulsión en el territorio nacional las siguientes:

a) haber ingresado al país por punto no habilitado o eludiendo el control migratorio;

b) haber sido objeto de desembarco condicional a raíz de dudas de la condición legal o documentaria;

c) permanecer en el país una vez vencido el plazo de permanencia autorizado;

d) haber ingresado al país mediante documentación material o ideológicamente falsa o adulterada, en los casos que así lo haya dispuesto la justicia competente;

e) ejecución de la medida de cancelación de la residencia temporaria y del plazo de permanencia autorizado al no residente.

Artículo 52.- La Dirección Nacional de Migración, en los casos previstos en los literales a), b) y c) del artículo anterior, atendiendo a las circunstancias del caso -parentesco con nacional, condiciones personales y sociales del inmigrante- deberá intimarlo previamente a regularizar su situación en el país en un plazo perentorio, bajo apercibimiento de resolverse su expulsión.

Artículo 53.- Las resoluciones administrativas que disponen la expulsión de las personas extranjeras serán pasibles de impugnación por el régimen de recursos previsto en el artículo 317 de la Constitución de la República, demás disposiciones legales y concordantes y tendrán efecto suspensivo.

Artículo 54.- La medida de expulsión recién podrá concretarse cuando la resolución denegatoria se encuentre firme.

Artículo 55.- En ningún caso la medida de expulsión menoscabará por sí sola los derechos adquiridos por las personas extranjeras a recibir o demandar el pago de sus salarios u otras prestaciones que le pudieran corresponder.

Artículo 56.- Queda prohibida la expulsión colectiva de migrantes.

CAPÍTULO XI

DEL CONTROL DE SALIDA

Artículo 57.- La autoridad migratoria deberá impedir la salida del país de toda persona que no se encuentre en posesión de la documentación migratoria que al efecto fije la reglamentación de la presente ley.

Tampoco se permitirá la salida cuando exista cierre de frontera dispuesto por la autoridad judicial competente.

Los impedimentos de salida del país de personas mayores de edad dispuestos por los tribunales jurisdiccionales, caducarán al cumplir los cinco años contados a partir de la fecha del auto que lo dispuso. En caso de personas a cuyo respecto se haya decretado el cierre de fronteras por parte de la Justicia Penal, el plazo de prescripción de la pena del delito, determinará la finalización del mismo.

Si transcurridos los cinco años la Justicia Penal estimara necesario mantener el cierre dispuesto oportunamente, así lo hará saber a la autoridad migratoria.

Los impedimentos de salida del país dispuestos por los tribunales jurisdiccionales con respecto a los menores de edad, caducarán al cumplir la mayoría de edad.

En los oficios o comunicaciones dirigidos a las autoridades encargadas de llevar a la práctica los impedimentos deberán establecerse los nombres y apellidos, nacionalidad, fecha de nacimiento y número de documento de identidad o de viaje.

En caso de carecer de algún dato imprescindible para la correcta identificación de la persona impedida, las reparticiones a las que van dirigidas no estarán obligadas a dar trámite a la medida dispuesta hasta tanto sea subsanada la omisión.

Los impedimentos de salida dispuestos a personas mayores de edad con anterioridad a la promulgación de la presente ley, caducarán a partir de los ciento ochenta días de la vigencia de ésta, siempre que hayan transcurrido cinco años desde el auto que lo dispuso.

CAPÍTULO XII

DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

Artículo 58.- Las empresas de transporte internacional, sus agentes o representantes, deberán registrarse en la Dirección Nacional de Migración, cumpliendo los requisitos que al respecto establezca la reglamentación.

Artículo 59.- Las empresas de transporte internacional, sus agentes o representantes, serán solidariamente responsables por el transporte y custodia de pasajeras/os y tripulantes, hasta que hubiesen pasado la inspección del control migratorio, debiendo cumplir al efecto con las disposiciones de esta ley y su reglamentación.

Artículo 60.- Las empresas de transporte internacional, sus agentes o representantes legales deberán:

1) permitir la inspección por parte de la Dirección Nacional de Migración de todos los medios de transporte, cuando fuere pertinente;

2) presentar la documentación requerida de los tripulantes y pasajeras/os y demás documentos que establezca la reglamentación;

3) no vender pasajes ni transportar pasajeras/os sin la presentación de la documentación requerida a tales efectos, debidamente visada cuando correspondiere;

4) abonar los gastos que demanden por servicios de inspección o de control migratorio;

5) no permitir el desembarco de pasajeras/os en una escala técnica, salvo que se encuentren expresamente autorizadas/os por la Dirección Nacional de Migración.

Artículo 61.- Los tripulantes y el personal que integra la dotación de un medio de transporte internacional, deberán estar provistos de la documentación hábil para acreditar su identidad y su condición de tripulante o de pertenecer a la dotación de transporte.

Artículo 62.- Al rechazar la autoridad migratoria la admisión de cualquier pasajera/o extranjera/o al momento de efectuarse el control migratorio de ingreso al país, la empresa de transporte, sus agentes o representantes, quedarán obligados a reconducirlos a su cargo al país de origen o procedencia o fuera del territorio de la República, en el medio de transporte en que llegó. En caso de imposibilidad, la empresa es responsable de su reconducción por otro medio, dentro del plazo perentorio que se le fije, quedando a su cargo los gastos que ello ocasionare.

Artículo 63.- Las empresas de transporte internacional quedan obligadas a transportar a su cargo fuera del territorio uruguayo y en el plazo que se les fije, a toda persona extranjera cuya expulsión ordene la autoridad administrativa o judicial competente.

Artículo 64.- La obligación de transporte establecida en el artículo anterior se limita a una plaza, cuando el medio de transporte no exceda de doscientas plazas y a dos plazas cuando supere dicha cantidad.

Artículo 65.- En caso de deserción de tripulantes o personal de la dotación, el transportista queda obligado a reconducirlas/os a su cargo, fuera del territorio nacional, debiendo depositar la caución que fije la reglamentación mientras no se haga efectiva la medida.

Artículo 66.- Las obligaciones emergentes de los artículos 64 y 65 son consideradas cargas públicas y su acatamiento no dará lugar a pago o indemnización alguna.

Artículo 67.- En caso de que la empresa no diera cumplimiento a las obligaciones emergentes de los artículos 66 y 67, el Ministerio del Interior podrá impedir la salida del territorio o de aguas jurisdiccionales nacionales del medio de transporte hasta tanto la empresa responsable cumpla las obligaciones pertinentes.

Artículo 68.- La Dirección Nacional de Migración autorizará a las empresas de transporte internacional o a las agencias de turismo, sus agentes o representantes, el desembarco de las/os pasajeras/os de los buques, aeronaves u otros medios de transporte que hagan escala en puertos o aeropuertos nacionales, en cruceros de turismo o por razones de emergencia, en las condiciones que la reglamentación disponga.

CAPÍTULO XIII

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 69.- La Dirección Nacional de Migración queda facultada para aplicar multas de carácter pecuniario, las que serán fijadas por la reglamentación correspondiente, entre un mínimo de cuatro Unidades Reajustables y un máximo de cuatrocientas Unidades Reajustables.

Serán pasibles de aplicación de sanciones y multas las empresas de transporte internacional terrestres, marítimas, fluviales o aéreas que no cumplan las disposiciones migratorias vigentes.

Artículo 70.- La Dirección Nacional de Migración podrá exonerar del pago de la tasa correspondiente a sus servicios, a aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza. Dicha situación deberá justificarse fehacientemente, entendiéndose como tal a quien presente carencias críticas en sus condiciones de vida.

CAPÍTULO XIV

DE LAS URUGUAYAS Y LOS URUGUAYOS EN EL EXTERIOR

Artículo 71.- El Estado uruguayo fomentará la suscripción de convenios con los Estados en los que residen ciudadanas/os uruguayas/os a los efectos de garantizarles la igualdad de trato con los nacionales de esos Estados.

Artículo 72.- El Poder Ejecutivo podrá suspender los beneficios que otorga la presente ley a los nacionales de los Estados que dicten normas o reglamentos que dispongan restricciones a los uruguayos y uruguayas que se encuentren en el territorio de dichos Estados con ánimo de permanencia, en tanto se afecte el principio de reciprocidad.

Artículo 73.- El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación, tendrá a su cargo la coordinación de la política nacional de vinculación con la emigración. Planificará, programará y ejecutará dicha política en el exterior a través del Servicio Exterior de la República el que considerará especialmente las sugerencias que al efecto emitan los Consejos Consultivos en cuanto fuera pertinente.

Artículo 74.- Los Consejos Consultivos son organizaciones autónomas y representativas de los uruguayos residentes en el exterior, cuyo cometido central será la vinculación con el país en sus más diversas manifestaciones.

La organización y funcionamiento de los mismos se sustentará sobre la base de principios democráticos y adoptarán la forma jurídica que consideren pertinente.

El Servicio Exterior de la República, a través de sus misiones diplomáticas y oficinas consulares los reconocerá como tales y brindará, dentro del ámbito de sus competencias, el apoyo que le sea requerido.

Artículo 75.- La declaración de los nacimientos de hijas/os de padre o madre oriental ocurridos en el exterior, deberá hacerse dentro de los ciento ochenta días siguientes al parto, ante los Agentes Consulares de la República con jurisdicción.

El Ministerio de Relaciones Exteriores difundirá a través de sus sedes en el exterior la disposición que antecede.

Artículo 76.- Establécese como excepción un plazo de trescientos sesenta días contados a partir de la promulgación de la presente ley, para que las hijas/os de padre o madre oriental, nacidas/os en el exterior, que aún no hayan sido inscriptas/os ante los Agentes Consulares correspondientes puedan hacerlo.

Artículo 77.- Toda/o uruguaya/o con más de dos años de residencia en el exterior que decida retornar al país, podrá introducir libre de todo trámite cambiario y exento de toda clase de derechos de aduana, tributos o gravámenes conexos, tantas veces como la reglamentación lo defina:

a) los bienes muebles y efectos que alhajan su casa habitación;

b) las herramientas, máquinas, aparatos e instrumentos vinculados con el ejercicio de su profesión, arte u oficio;

c) por una única vez, un vehículo automotor de su propiedad, el que no podrá ser transferido hasta transcurrido un plazo de cuatro años a contar desde su ingreso a la República. El régimen a que esté sujeto el automotor deberá constar en los documentos de empadronamiento municipal y en el Registro Nacional de Automotores.

Los citados vehículos deberán ser empadronados directamente por los interesados en las Intendencias Municipales correspondientes.

CAPÍTULO XV

DE LOS DELITOS

Sección 1ª

Tráfico de personas

Artículo 78.- Quien promoviere, gestionare, o de cualquier manera facilitare el cruce ilegal de personas por los límites fronterizos de la República, tanto sea para su ingreso como para su egreso al territorio nacional, con la finalidad de obtener un provecho para sí o para un tercero, será castigado con una pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría. Con la misma pena será castigada/o, la/el que en las mismas condiciones favoreciera la permanencia irregular de inmigrantes dentro del territorio uruguayo.

Sección 2ª

Trata de personas

Artículo 79.- La/el que de cualquier manera o por cualquier medio, participare en el reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o el recibo de personas para el trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre, la explotación sexual, la remoción de órganos o cualquier otra actividad que menoscabe la dignidad humana, será castigado con una pena de cuatro a dieciséis años de penitenciaría.

Artículo 80.- La/el que, fuera de los casos previstos en el artículo anterior y con los mismos fines, favorezca o facilite la entrada, el tránsito interno o la salida de personas del país, será castigado con una pena de dos a ocho años de penitenciaría.

Artículo 81.- Será de aplicación en los casos de trata de personas, lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley Nº 18.026, de 25 de setiembre de 2006, en favor de los denunciantes, víctimas, testigos y familiares.

Sección 3ª

Agravantes especiales

Artículo 82.- Se consideran agravantes especiales de los delitos descritos en los artículos 78, 79 y 80 de la presente ley y se incrementarán de un tercio a la mitad, las penas en ellos establecidos, cuando medien las siguientes circunstancias:

a) cuando se hubiere puesto en peligro la salud o la integridad física de los migrantes;

b) cuando la víctima se trate de una niña, un niño o un/a adolescente o la/el agente se haya prevalecido de la incapacidad física o intelectual de una persona mayor de dieciocho años;

c) cuando la/el agente revista la calidad de funcionaria/o policial, o tenga a su cargo la seguridad, custodia o el control de las cuestiones relativas a la migración de personas;

d) cuando el tráfico o la trata de personas se efectuara con violencia, intimidación o engaño o abusando de la inexperiencia de la víctima;

e) cuando la/el agente hiciere de las actividades mencionadas en el artículo 78 de la presente ley, su actividad habitual.

CAPÍTULO XVI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 83.- Las personas extranjeras que hayan ingresado al país y se mantengan en situación irregular al momento de la promulgación de esta ley, podrán acogerse a las presentes disposiciones.

Artículo 84.- Deróganse las Leyes Nos. 2.096, de 19 de junio de 1890, Nº 8.886, de 15 de julio de 1932 y sus modificativas, Nº 9.604, de 13 de octubre de 1936 y demás normas que se opongan a la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 15 de agosto de 2007.

ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO, Presidente, HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI, Secretario".

Anexo I al
Rep. Nº 1043

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión Especial de Población y
Desarrollo Social

I N F O R M E

Señores Representantes:

La Comisión Especial de Población y Desarrollo Social tiene el honor de elevar a consideración del plenario de la Cámara de Representantes, el presente informe del proyecto de ley de migración.

Valoramos en grado sumo la importancia que reviste para nuestro país contar con una norma jurídica que armonice la legislación nacional con los Instrumentos regionales e internacionales ratificados por la República Oriental del Uruguay.

Nuestro país, desde sus raíces, ha sido una tierra hospitalaria y de oportunidades, de brazos abiertos hacia quienes llegaban en la búsqueda de forjar un futuro y que hoy es nuestro presente. En la medida que aquellos inmigrantes se integraron a nuestra sociedad aportando su trabajo noble, la riqueza de sus culturas, sus saberes y sus artes, forjaron con nuestros antepasados nacionales el rico crisol que nos enorgullece como nación.

Hoy aún está vigente en materia migratoria la Ley Nº 9.604 "Extranjeros", de 13 de octubre de 1936, modificativa de la Ley Nº 8.886, de 19 de junio de 1932, llamada corrientemente "ley de indeseables". Es contundente la opinión respecto a que su permanencia en nuestro ordenamiento jurídico, es en la práctica una afrenta a los más elementales Derechos Humanos.

Se torna imperioso, pues, que nuestro país honre los compromisos asumidos a nivel regional e internacional, estableciendo un marco legal acorde a los estándares y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional, el Convenio Nº 97 de la Organización Internacional del Trabajo y el Acuerdo de Libre Residencia para los nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile.

Este proyecto tiene su génesis en el marco de la Comisión Especial de Asuntos Migratorios establecida en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, integrada por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego de un extenso y profundo estudio que contó con el apoyo permanente de la Organización Internacional de las Migraciones y con la participación de otros organismos del Estado en temas puntuales como ser los Ministerios de Salud Pública, de Economía y Finanzas, de Educación y Cultura, el Instituto Nacional de Estadística y Censos y la Universidad de la República.

La citada Comisión Especial habilitó la más amplia participación en el marco de un taller de discusión del proyecto de ley de Migración con asistencia de autoridades ministeriales y organismos públicos, catedráticos, legisladores, expertos extranjeros, organizaciones sociales vinculadas a temas migratorios, representantes de organizaciones empresariales y sindicales.

Posteriormente, el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo es aprobado por el Senado de la República, quien le introduce modificaciones tendientes a mejorar el citado proyecto.

Ya en el ámbito de nuestra Comisión se recibieron valiosos aportes de la Comisión Especial de Asuntos Migratorios con la presencia de los Ministerios que la integran, así como del Instituto de Derecho Internacional Público y Privado y de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de la República y la Universidad Católica "Dámaso A. Larrañaga", además del invaluable aporte del Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana y de ACNUR, que contribuyeron a enriquecer y perfeccionar la redacción del proyecto que hoy presentamos a su consideración.

En pleno siglo XXI, en un mundo globalizado, donde el avance tecnológico ha generado condiciones -acortando distancias- que facilitan el tránsito y comunicación de un número cada vez mayor de personas, al aprobar la presente ley nuestro país estará honrando su historia como tierra de inmigrantes. Pero a la vez, estará también dando una clara señal de acatamiento y respeto irrestricto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a casi 60 años de haber sido proclamada por las Naciones Unidas. Genera también un firme mojón contra la trata y el tráfico de personas, la xenofobia, el racismo y el crimen internacional organizado vinculado a las personas migrantes.

Entrando al análisis específico del cuerpo normativo que nos ocupa, debemos decir que el mismo consta de dieciséis Capítulos y ochenta y cuatro artículos.

En su Capítulo I "Principios Generales", artículo 1º, el Estado uruguayo define nítidamente la esencia y objeto de la norma. Es decir, reconoce el derecho inalienable de las personas migrantes y sus familias sin perjuicio de su situación migratoria, a la reunificación familiar, el acceso al debido proceso y a la justicia en igualdad de derechos con los nacionales uruguayos sin ningún tipo de distinción. Este artículo recoge la esencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En el Capítulo II, compuesto de cinco artículos, establece el ámbito de aplicación, define claramente el concepto de migrante, y en su artículo 4º explícitamente garantiza los derechos y privilegios de los migrantes en acuerdo a la legislación nacional y los Instrumentos Internacionales ratificados por el país. Además, el artículo 5º distingue con precisión quiénes quedan exceptuados de la presente ley para el régimen de ingreso, permanencia y salida del país. Cerrando este capítulo, el artículo 6º mandata a las autoridades migratorias a actuar en todos los casos conforme a las disposiciones de los Tratados Internacionales suscriptos por Uruguay en materia diplomática y consular, así como demás normativa vigente.

El conjunto de nueve artículos que conforman el Capítulo III "Derechos y obligaciones de las personas extranjeras" es a nuestro entender de enorme trascendencia jurídica, pues allí se consagra el compromiso que asume el Estado uruguayo de garantizar "in totum" el derecho de las personas migrantes a un trato igualitario con los nacionales uruguayos en tanto sujetos de derechos y obligaciones, asegurándoles el acceso irrestricto a la salud, al trabajo, a la seguridad social, a la vivienda y la educación. Es más, en el artículo 9º se establece a texto expreso, que aún en caso de una situación migratoria irregular, no se impedirá el acceso a la justicia y a los establecimientos de salud.

En el artículo 10 el Estado garantiza a los migrantes el derecho a la reunificación familiar con padres, cónyuges, concubinos, hijos solteros menores o mayores con discapacidad, conforme al artículo 40 de la Constitución de la República. En los artículos restantes del capítulo mencionado se compromete a implementar acciones en pro de la integración sociocultural, su participación en las decisiones de la vida pública del país, así como a la preservación de sus identidades culturales y fomentar los vínculos de los migrantes con sus respectivos Estados de origen. Por último, el artículo 15 establece la obligatoriedad de respetar y cumplir con las disposiciones de nuestra Carta Magna, instrumentos internacionales y demás normativa jurídica vigente.

El Capítulo IV "Del trabajo de las personas extranjeras" refiere en su texto de ocho artículos a las garantías del derecho de acceso al trabajo amparados en la legislación laboral vigente, el derecho a la cobertura de la seguridad social en la medida que se cumplan los requisitos establecidos en la legislación del Estado uruguayo y de los Instrumentos bilaterales y multilaterales ratificados por el país. En los artículos 19 y 20 se definen las condiciones en que podrán desarrollar su actividad laboral tanto los "residentes permanentes" como los "residentes temporarios" y "no residentes".

Los artículos 21 y 22 establecen las condiciones y obligaciones para las personas físicas o jurídicas que contraten a trabajadores migrantes.

El Capítulo V trata de los "Organismos competentes y sus atribuciones"; en este marco, en el artículo 24 se crea la Junta Nacional de Migración como organismo asesor y coordinador de políticas migratorias del Poder Ejecutivo, definiendo además que dicha Junta estará integrada por tres delegados en representación de cada uno de los siguientes Ministerios: del Interior, de Relaciones Exteriores, y de Trabajo y Seguridad Social, definiendo también el régimen de funcionamiento. El artículo 25 establece con precisión las competencias de la Junta antes mencionada.

Por el artículo 26 se crea el Consejo Consultivo Asesor de Migración que incluirá organizaciones sociales y gremiales relacionadas con la temática migratoria. Asimismo, establece sus competencias y relación con la Junta Nacional de Migración.

Los artículos 27 y 28 definen las atribuciones del Ministerio del Interior en materia migratoria. En el artículo 29 se asignan las atribuciones específicas de la Dirección Nacional de Migración.

En el artículo 30 el proyecto de ley en consideración establece el rol que deberá cumplir en materia migratoria el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus Consulados.

El Capítulo VI trata de las "Categorías migratorias", contiene un cuerpo de nueve artículos que definen claramente las categorías de "residente" y "no residente", así como la subdivisión de la categoría de "residente" en "permanente" y "temporario"; explicitando quienes integran cada una de ellas y las condiciones, plazos y requisitos para acceder a cada categoría.

El texto del proyecto de ley que sometemos a vuestra consideración, en su Capítulo VII trata del "Control del ingreso y del egreso" al país; estableciendo los documentos válidos y los lugares de ingreso.

En el Capítulo VIII establece en qué situaciones y cómo se podrá autorizar el "Desembarco condicional", mereciendo un especial destaque lo dispuesto en el artículo 44, donde a texto expreso se habilita la autorización de ingreso condicional, aún cuando la persona no reúna los requisitos exigidos en la presente ley y su reglamentación, cuando medien razones excepcionales de carácter humanitario, interés público o en cumplimiento de compromisos internacionales.

El Capítulo IX refiere a las causales de "Impedimentos del ingreso y de la permanencia" en el territorio nacional, constando de dos Secciones. En la Sección I se enumeran las "Causales de rechazo al ingreso" al país, destacándose los literales B), D), F) y G), que salvaguardan los compromisos asumidos por el Estado uruguayo en relación a los instrumentos internacionales suscriptos. Más precisamente impide el ingreso a aquellas personas que hayan participado de actos de gobierno u otro tipo que constituyan genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, o violatorio de los derechos humanos establecidos en los Instrumentos Internacionales ratificados por la nación.

También quedan impedidos de ingresar al país quienes hayan sido condenados por delitos de tráfico y trata de personas, lavado de activos, tráfico de estupefacientes y tráfico de armas.

El artículo 45 en su párrafo final establece claramente que el personal a cargo del control migratorio, en cualquier punto de ingreso al país, se abstendrá de impedir el ingreso al territorio nacional a toda persona que manifieste su voluntad de solicitar refugio, aun cuando la misma no posea documentación exigible por la autoridad migratoria o la documentación sea visiblemente falsificada o alterada.

En la Sección II trata de las "Causales de denegatoria de la residencia" y en el artículo 46 se detallan las mismas.

En el Capítulo X "Cancelación de la residencia y de la permanencia", Sección I define los "Roles del Ministerio del Interior" y en su cuerpo de artículos establece bajo qué situaciones y condiciones el citado Ministerio podrá cancelar la residencia y disponer la expulsión de la persona migrante.

En la Sección II define específicamente las "Causales de expulsión" del territorio nacional, precisando además las previsiones que deberá adoptar la autoridad competente previamente a la expulsión, así como las garantías de cumplimiento de plazos constitucionales y derechos adquiridos a recibir o demandar el pago de salarios u otras prestaciones.

El Capítulo XI trata del "Control de salida" del territorio del país especificando con claridad y precisión en qué situaciones y condiciones se deberá realizar dichos controles y eventualmente impedir la salida del país.

Se establecen en el Capítulo XII las responsabilidades y obligaciones que le competen a las empresas de transporte internacional, sus agentes o representantes legales, intermediarios o comisionistas.

El Capítulo XIII refiere a las "Sanciones administrativas y las exoneraciones"; en sus dos artículos faculta a la Dirección Nacional de Migración para aplicar multas de carácter pecuniario a las empresas de transporte internacional, así como a exonerar del pago de la tasa correspondiente a sus servicios a las personas que se encuentren en situación de pobreza, que deberá ser justificada fehacientemente.

El Capítulo XVI "De los uruguayos en el exterior" se compone de seis artículos de singular importancia. En los artículos 71 y 72 se establece que el Estado uruguayo procurará suscribir convenios con los Estados donde residen nacionales uruguayos con el objeto de garantizarles igualdad de trato con los nacionales de esos países. Asimismo, se reserva el derecho de suspender los beneficios establecidos en la presente norma cuando otros Estados adopten normas o reglamentos que afecten a uruguayos con ánimo de permanencia en dichos países o se vulnere el principio de reciprocidad.

Nos parece oportuno enfatizar la relevancia del artículo 73 donde expresa una clarísima voluntad de privilegiar el vínculo con la "patria peregrina", asignándole la responsabilidad al Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación, la coordinación de las políticas de relacionamiento y retorno con la emigración uruguaya. Para ello, deberá tener especial consideración con las sugerencias de los Consejos Consultivos que en el artículo 74 se reconocen como organizaciones representativas de los uruguayos residentes en el exterior.

El artículo 75 propende a la vinculación con los uruguayos en el exterior, así como facilitar las inscripciones de sus hijos nacidos en otros países. En la redacción del artículo 76 queda claramente de manifiesto el interés del Estado uruguayo de promover el retorno de los compatriotas radicados en otros países, a partir de los beneficios que exoneran del pago de tasas, impuestos, tributos y gravámenes conexos, a los bienes muebles y alhajamiento de la casa habitación, herramientas, máquinas e instrumentos de trabajo, así como por única vez un vehículo automotor.

Especial importancia revisten los artículos que contiene el Capítulo XV que trata "De los delitos" de "Tráfico de personas" y "Trata de personas". En el artículo 77 se define con precisión la tipificación del delito de "Tráfico de personas", así como se dispone la pena con que será castigado quien incurra en tal conducta.

El delito de "Trata de personas" está tipificado claramente en el artículo 78, como también así la pena con que será castigado quien haya sido condenado por la comisión de dicho delito. Asimismo, en el artículo 79 se dispone la pena con que será castigado quien con los mismos fines, pero fuera de los casos previstos en el artículo anterior colaborare con la entrada, tránsito o salida de personas al país.

Finalmente, en el artículo 80 se aclara que serán de aplicación en los casos de "trata de personas", los artículos 13 y 14 de la Ley Nº 18.026, en lo referente a víctimas, denunciantes, testigos y familiares.

En el artículo 81 se expresan taxativamente los agravantes especiales a los delitos tipificados en los artículos 77, 78 y 79, y el incremento de un tercio a la mitad de las penas correspondientes a cada uno de ellos.

En cuanto al Capítulo XVI "Disposiciones finales", el artículo 82 posibilita a las personas extranjeras que hubieren ingresado al país y se mantengan en situación irregular al momento de promulgación de la presente ley, a regularizar su situación.

El artículo 83 reafirma la coherencia de la norma con los instrumentos internacionales suscriptos por la República.

Finalmente, el artículo 84 establece las derogaciones de las normas que se oponen a la presente ley.

Corresponde señalar que en el proceso del análisis del presente proyecto de ley, en el seno de la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social de esta Cámara y a partir de los distintos intercambios con nuestros colegas Diputados integrantes de la misma y en consulta con los representantes del Poder Ejecutivo y personalidades del ámbito catedrático de la Universidad de la República, Universidad Católica "Dámaso A. Larrañaga" y organizaciones sociales; esta Comisión entendió pertinente realizar ajustes al texto aprobado en la Cámara de Senadores en lo atinente a las referencias de género y correcciones de carácter tipográfico. Asimismo, se introdujeron cambios que sin variar la estructura conceptual, creemos ayudaron a enriquecer el texto de su articulado.

Señor Presidente y demás señores Diputados, como podrán apreciar ardua fue la tarea, pero nos sentimos gratamente reconfortados con el producto final.

Por lo anteriormente expuesto y en el pleno convencimiento que con la aprobación de esta ley nuestro país estará dotando a su normativa jurídica, de un instrumento de excelencia acorde al creciente interés de la comunidad internacional, en proteger efectiva y plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, es que solicitamos a los señores Representantes la aprobación del presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 3 de diciembre de 2007.

JUAN C. SOUZA, Miembro Informante, PABLO ÁLVAREZ LÓPEZ, DOREEN JAVIER IBARRA, EDGARDO ORTUÑO, JUAN ANDRÉS ROBALLO, CARLOS VARELA NESTIER, HORACIO YANES, PABLO ABDALA, con salvedades, que expondrá en Sala.

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º.- El Estado uruguayo reconoce como derecho inalienable de las personas migrantes y sus familiares sin perjuicio de su situación migratoria, el derecho a la migración, el derecho a la reunificación familiar, al debido proceso y acceso a la justicia, así como la igualdad de derechos con los nacionales, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.

CAPÍTULO II

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2º.- La admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de las personas al territorio nacional se regirán por las disposiciones de la Constitución, de la presente ley y la reglamentación que a sus efectos se dicte.

Artículo 3º.- Se entiende por "migrante" a toda persona extranjera que ingrese al territorio con ánimo de residir y establecerse en él, en forma permanente o temporaria.

Artículo 4º.- El Estado uruguayo garantizará a las personas migrantes los derechos y privilegios que acuerden las leyes de la República y los instrumentos internacionales ratificados por el país.

Artículo 5º.- Quedan exceptuados del régimen de ingreso, permanencia y salida del país establecidos por la presente ley:

1) El personal diplomático y consular de países extranjeros acreditados en la República.

2) Las personas que vinieran en misiones oficiales procedentes de Estados extranjeros o de organismos internacionales.

3) El personal extranjero con inmunidades y privilegios diplomáticos de organismos internacionales con sede en la República, debidamente acreditados.

4) El personal extranjero técnico y administrativo enviado a prestar servicios en las misiones diplomáticas, consulares o de organismos internacionales, que gocen de inmunidades y privilegios diplomáticos.

5) Los familiares y personal de servicio extranjero de las personas precedentemente mencionadas en los numerales 1) y 3), que gocen de inmunidades y privilegios diplomáticos.

6) El personal diplomático y consular de países extranjeros y de organismos internacionales, en tránsito por el territorio nacional.

7) Quienes por circunstancias especiales y fundadas determine el Poder Ejecutivo.

Artículo 6º.- En todos los casos las autoridades migratorias deberán obrar conforme lo disponen los Tratados Internacionales suscritos por el Uruguay en materia diplomática y consular y las demás leyes especiales o generales vigentes, limitándose en el caso del artículo 5º de la presente ley, a controlar la documentación de ingreso y egreso.

CAPÍTULO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS

Artículo 7º.- Las personas extranjeras que ingresen y permanezcan en territorio nacional en las formas y condiciones establecidas en la presente ley tienen garantizado por el Estado uruguayo el derecho a la igualdad de trato con el nacional en tanto sujetos de derechos y obligaciones.

Artículo 8º.- Las personas migrantes y sus familiares gozarán de los derechos de salud, trabajo, seguridad social, vivienda y educación en pie de igualdad con los nacionales. Dichos derechos tendrán la misma protección y amparo en uno y otro caso.

Artículo 9º.- La irregularidad migratoria en ningún caso impedirá que la persona extranjera tenga libre acceso a la justicia y a los establecimientos de salud. Las autoridades de dichos centros implementarán los servicios necesarios para brindar a las personas migrantes la información que posibilite su regularización en el país.

Artículo 10.- El Estado uruguayo garantizará el derecho de las personas migrantes a la reunificación familiar con padres, cónyuges, concubinos, hijos solteros menores o mayores con discapacidad, de acuerdo al artículo 40 de la Constitución de la República.

Artículo 11.- Los hijos de las personas migrantes gozarán del derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales. El acceso de los hijos de trabajadores migrantes a las instituciones de enseñanza pública o privada no podrá denegarse ni limitarse a causa de la situación irregular de los padres.

Artículo 12.- Toda persona migrante tendrá derecho a que el Estado le proporcione información relativa a sus derechos, deberes y garantías, especialmente en lo que refiere a su condición migratoria.

Artículo 13.- El Estado implementará acciones para favorecer la integración sociocultural de las personas migrantes en el territorio nacional y su participación en las decisiones de la vida pública.

Artículo 14.- El Estado velará por el respeto de la identidad cultural de las personas migrantes y de sus familiares y fomentará que éstas mantengan vínculos con sus Estados de origen.

Artículo 15.- Las personas migrantes deberán respetar y cumplir las obligaciones de la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados, leyes, decretos y reglamentaciones vigentes.

CAPÍTULO IV

DEL TRABAJO DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS

Artículo 16.- Las personas migrantes tendrán igualdad de trato que las nacionales con respecto al ejercicio de una actividad laboral.

Artículo 17.- El Estado adoptará las medidas necesarias para asegurar que las personas migrantes no sean privadas de ninguno de los derechos amparados en la legislación laboral a causa de irregularidades en su permanencia o empleo.

Artículo 18.- Las personas migrantes gozarán, con respecto a la seguridad social, del mismo trato que las nacionales en la medida que cumplan los requisitos previstos en la legislación del Estado uruguayo en la materia y de los Instrumentos bilaterales y multilaterales ratificados por el país.

Artículo 19.- Las personas extranjeras admitidas en la categoría de "residente permanente" podrán desarrollar actividad laboral en relaciones de dependencia o cuenta propia amparadas en la legislación laboral vigente. En igual sentido el "residente temporario" podrá realizar su actividad laboral en las mismas condiciones, durante el período concedido para dicha residencia.

Artículo 20.- Las personas extranjeras admitidas en la categoría de "no residente" no podrán ejercer actividad laboral alguna fuera de las específicas en su categoría.

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que en el territorio nacional ocupen trabajadores extranjeros en relación de dependencia deberán cumplir la normativa laboral vigente, tal como se aplica a los trabajadores nacionales.

Artículo 22.- Ningún empleador podrá contratar laboralmente a personas extranjeras que se encuentren en situación irregular en el territorio nacional.

Artículo 23.- El Estado podrá establecer en determinadas circunstancias políticas que determinen categorías limitadas de empleo, funciones, servicios o actividades, de acuerdo a la legislación nacional y los Instrumentos bilaterales y multilaterales ratificados por el país.

CAPÍTULO V

DE LOS ORGANISMOS COMPETENTES Y SUS ATRIBUCIONES

Artículo 24.- Créase la Junta Nacional de Migración como órgano asesor y coordinador de políticas migratorias del Poder Ejecutivo.

Estará integrada por un delegado del Ministerio del Interior, un delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores, un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, designados por los jerarcas de cada uno de los Ministerios.

La presidencia será ejercida en forma rotativa por cada una de las Secretarías de Estado con una alternancia por períodos no menores a los seis meses, tomándose las resoluciones por consenso.

La Junta Nacional de Migración podrá convocar para consulta o asesoramiento a otras instituciones públicas o privadas, representantes de las organizaciones sociales y gremiales, representantes de organismos internacionales y expertos, cuando la temática así lo imponga.

Artículo 25.- Son competencias de la Junta Nacional de Migración:

A) Proponer las políticas migratorias al Poder Ejecutivo.

B) Proponer la reglamentación de la normativa migratoria.

C) Implementar instancias de coordinación intergubernamental en la aplicación de dichas políticas.

D) Asesorar en materia migratoria dentro de la órbita de competencia de cada organismo del Estado.

E) Analizar y proponer modificaciones en la normativa migratoria.

F) Procurar el relacionamiento multilateral en la materia.

G) Promover la adopción de decisiones que favorezcan el proceso de integración regional en relación con las migraciones intra y extra zona.

H) Promover la adopción de todas las medidas necesarias para lograr una adecuada aplicación de las disposiciones migratorias.

I) Actuar como órgano dinamizador de las políticas migratorias.

J) Proponer la implementación de los siguientes programas: de migración selectiva relativo a la inmigración de personas extranjeras; del retorno de uruguayos; de la vinculación con compatriotas en el exterior y de poblaciones con alta propensión migratoria.

K) Implementar cursos de formación y sensibilización a los recursos humanos vinculados con la materia con el fin de capacitar sobre la base de los principios que inspiran la presente ley.

L) Promover el relevamiento de datos estadísticos sobre el fenómeno migratorio.

Artículo 26.- Créase el Consejo Consultivo Asesor de Migración integrado por las organizaciones sociales y gremiales relacionadas con la temática migratoria.

La reglamentación establecerá la forma de funcionamiento y su integración, la que podrá modificarse en razón de los asuntos que se sometan a su asesoramiento.

Compete al Consejo Consultivo Asesor de Migración asesorar a la Junta Nacional de Migración en los temas relativos a la inmigración y emigración de personas, en el diseño de políticas migratorias y en el seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

Artículo 27.- El Ministerio del Interior tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:

A) Habilitar los lugares por los cuales las personas deben ingresar o egresar del país.

B) Otorgar y cancelar a las personas extranjeras la residencia definitiva en los casos señalados en la presente ley.

C) Expulsar a las personas extranjeras según las causales previstas en la presente ley.

Artículo 28.- El Ministerio del Interior podrá, por resolución fundada, delegar en la Dirección Nacional de Migración cualquiera de las atribuciones establecidas en el artículo 27 de la presente ley.

Artículo 29.- La Dirección Nacional de Migración tendrá las siguientes atribuciones:

A) Controlar y fiscalizar el ingreso, permanencia y egreso de personas del país, en cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes, así como declarar irregular el ingreso o permanencia de personas extranjeras cuando no pudieran probar su situación migratoria en el país.

B) Rechazar a las personas extranjeras en el momento de ingresar al país, de acuerdo a las situaciones previstas en la presente ley.

C) Exigir permiso de viaje a menores de edad de nacionalidad uruguaya o extranjera con domicilio o residencia habitual en el país.

D) Registrar las entradas y salidas de las personas del territorio nacional y efectuar las estadísticas correspondientes.

E) Controlar la permanencia de las personas extranjeras en relación a su situación migratoria en el país.

F) Otorgar y cancelar el permiso de residencia temporaria y autorizar su prórroga.

G) Otorgar la prórroga de permanencia a quienes hubieren ingresado al país como no residentes.

H) Autorizar el cambio de categoría a las personas extranjeras que ingresan regularmente al país como residentes temporarios o no residentes.

I) Regularizar la situación de las personas migrantes cuando así correspondiere.

J) Inspeccionar los medios de transporte internacional para verificar el cumplimiento de las normas vigentes relacionadas con la entrada y salida del país de pasajeros y tripulantes.

K) Aplicar las sanciones administrativas que correspondan a quienes infrinjan las normas migratorias en los casos previstos en la presente ley y cobrar las multas pertinentes.

L) Percibir y proponer los tributos que por la prestación de servicios pudieran corresponder.

M) Disponer medidas de expulsión de residentes temporarios y no residentes cuando así lo haya resuelto el Ministerio del Interior.

N) Ejercer las demás atribuciones que le confiere la presente ley y su reglamentación.

Artículo 30.- El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus Consulados tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:

A) Recibir, controlar e informar las solicitudes de ingreso al país que se tramiten en el exterior, para luego remitirlas a la Dirección Nacional de Migración para su diligenciamiento de acuerdo a la reglamentación que se dicte al efecto.

B) Otorgar visas de ingreso al país en las categorías previstas en la presente ley y su reglamentación.

C) Difundir las políticas y programas del Estado uruguayo en materia migratoria.

CAPÍTULO VI

CATEGORÍAS MIGRATORIAS

Artículo 31.- Las personas extranjeras serán admitidas para ingresar y permanecer en el territorio nacional en las categorías de no residente y residente.

La categoría de residente se subdivide en residente permanente y temporario.

Artículo 32.- Se considera residente permanente a la persona extranjera que ingresa al país con el ánimo de establecerse definitivamente y reúna las condiciones legales para ello.

Artículo 33.- Tendrán la categoría de residentes permanentes los cónyuges, concubinos, padres y nietos de uruguayos, bastando para ello acreditar dicho vínculo ante las autoridades de la Dirección Nacional de Migración.

Artículo 34.- Se considera residente temporario a la persona extranjera que ingresa al país a desarrollar una actividad por un plazo determinado.

Podrán ser consideradas dentro de esta categoría las siguientes actividades sin perjuicio de las que se puedan establecer mediante la correspondiente reglamentación:

A) Trabajadores migrantes.

B) Científicos, investigadores y académicos.

C) Profesionales, técnicos y personal especializado.

D) Estudiantes, becarios y pasantes.

E) Personas de negocios, empresarios, directores, gerentes y consultores.

F) Periodistas.

G) Deportistas.

H) Artistas.

I) Religiosos.

Asimismo estarán comprendidos:

A) Cónyuges, hijos menores y padres de las personas mencionadas en los literales anteriores del presente artículo.

B) Personas que ingresen al país por razones humanitarias.

C) Aquellos que sin estar comprendidos en los literales anteriores del presente artículo fueran autorizados por el Poder Ejecutivo por resolución fundada.

Los ciudadanos de los Estados miembros del MERCOSUR y Estados Asociados tendrán también esta categoría cuando así lo soliciten.

Artículo 35.- Mientras se encuentren vigentes los plazos de permanencia, las personas con residencia temporaria podrán entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo estimen conveniente, bastando para ello acreditar su condición en la forma que establezca la reglamentación.

Artículo 36.- Se considera no residente a la persona extranjera que ingresa al país sin ánimo de permanecer en forma definitiva ni temporaria en el territorio nacional.

Integran esta categoría migratoria:

1) Turistas. Las personas extranjeras que ingresan al país con fines de recreo, esparcimiento o descanso.

2) Invitados por entes públicos o privados en razón de su profesión o arte.

3) Negociantes.

4) Integrantes de espectáculos públicos, artísticos o culturales.

5) Tripulantes de los medios de transporte internacional.

6) Pasajeros en tránsito.

7) Personas en tránsito vecinal fronterizo.

8) Tripulantes de buques de pesca.

9) Tripulantes que realicen trasbordo en el territorio nacional.

10) Personas que vienen a someterse a tratamiento médico.

11) Deportistas.

12) Periodistas y demás profesionales de los medios de comunicación.

13) Todas aquellas personas que sin estar incluidas en los numerales anteriores fueran autorizadas expresamente por la Dirección Nacional de Migración.

Artículo 37.- Los requisitos, procedimientos y plazos para obtener la admisión en una u otra categoría prevista en la presente ley, serán fijados por la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 38.- Vencidos los plazos de permanencia autorizada, las personas extranjeras deberán hacer abandono del país, excepto en aquellos casos en que la Dirección Nacional de Migración por razones justificadas prorrogue dicho plazo o que se solicite por aquéllas, antes de su vencimiento, el cambio de categoría migratoria.

Artículo 39.- Las personas extranjeras admitidas en alguna de las categorías descriptas, podrán solicitar el cambio de una categoría migratoria a otra siempre que cumplan con las exigencias que la reglamentación fije al efecto.

CAPÍTULO VII

DEL CONTROL DEL INGRESO Y DEL EGRESO

Artículo 40.- El ingreso y el egreso de personas al territorio nacional deberá realizarse por los lugares habilitados, munidas de la documentación que la reglamentación determine.

Artículo 41.- Serán documentos hábiles de viaje el pasaporte y los documentos de identidad vigentes, así como todos los que la reglamentación establezca.

Artículo 42.- El otorgamiento de la visa consular, en aquellos casos en que sea exigible, se regirá por lo dispuesto por los Acuerdos y Tratados suscritos por la República y la legislación vigente, reservándose el Poder Ejecutivo, por razones fundadas, el derecho a no otorgarla.

CAPÍTULO VIII

DEL DESEMBARCO CONDICIONAL

Artículo 43.- En caso de duda sobre la situación legal o documentaria de personas extranjeras se podrá autorizar, con carácter condicional, el ingreso al territorio nacional reteniéndose la documentación presentada, elevando los antecedentes a la Dirección Nacional de Migración o a la Justicia Penal cuando así correspondiere.

Artículo 44.- Asimismo, se podrá autorizar el ingreso condicional al país de las personas que no reúnan los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamentación, cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o en cumplimiento de compromisos internacionales.

CAPÍTULO IX

DE LOS IMPEDIMENTOS DEL INGRESO Y DE LA PERMANENCIA

Sección I

Causales de rechazo al ingreso

Artículo 45.- Serán causales de rechazo para el ingreso al país:

A) La falta de documentación requerida para ingresar al país.

B) Haber incurrido o participado en actos de Gobierno o de otro tipo que constituyan genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad o cualquier acto violatorio de los derechos humanos establecido como tal en los Instrumentos internacionales ratificados por el país.

C) Haber sido objeto de medidas de expulsión o de prohibición de reingreso al país y la medida no haya sido revocada.

D) Haber sido objeto de condena por delitos relacionados al tráfico y trata de personas, lavado de activos, tráfico de estupefacientes y tráfico de armas en el país o fuera de él.

E) Haber intentado ingresar al territorio nacional eludiendo el control migratorio.

F) Razones de orden público de índole sanitaria en concordancia con lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional vigente.

G) Razones de orden público o de seguridad del Estado determinadas por el Poder Ejecutivo.

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 44 de la presente ley, el personal asignado en frontera terrestre, marítima, fluvial o aérea, se abstendrá de impedir el ingreso al territorio nacional a toda persona que manifieste su intención de solicitar refugio. Esta disposición se aplicará aun cuando la persona extranjera no posea documentación exigible por las disposiciones legales migratorias o ésta sea visiblemente falsificada o alterada.

Sección II

Causales de denegatoria de la residencia

Artículo 46.- Son causales de denegatoria de la residencia de las personas:

1) Haber sido procesadas o condenadas por delitos comunes de carácter doloso cometidos en el país o fuera de él, que merezcan según las leyes de la República la aplicación de penas privativas de libertad mayores a los dos años.

2) Registrar una conducta reiterante en la comisión de delitos.

Para que dichas personas puedan gestionar su residencia deberá haber transcurrido un término de cinco años sin haber cometido nuevo delito computado a partir de la condena. A tales efectos deberá descontarse, para la determinación del plazo, los días que el agente permaneciese privado de su libertad a raíz de la detención preventiva o por el cumplimiento de la pena.

CAPÍTULO X

CANCELACIÓN DE LA RESIDENCIA Y DE LA PERMANENCIA

Sección I

Roles del Ministerio del Interior

Artículo 47.- El Ministerio del Interior podrá cancelar en todos los casos la residencia que hubiese otorgado y disponer su consecuente expulsión cuando:

A) La persona extranjera que mediante hechos o actos simulados o fraudulentos hubiere logrado obtener la categoría migratoria pertinente.

B) La persona extranjera que en el territorio nacional cometiere delito de carácter doloso y fuera condenado con pena de penitenciaría o registrase una conducta reiterante en la comisión de delitos, excepto los refugiados.

C) La persona con residencia permanente que se ausentare del país por un plazo superior a tres años.

D) La persona con residencia permanente o temporaria que haya ingresado al país a través de un programa subvencionado por el Estado uruguayo o haya sido exonerado del pago de impuestos, tasas o contribuciones y no cumpliere con las condiciones que dieron origen a la subvención o exoneración.

E) La persona con residencia permanente o temporaria que realizare alguna de las conductas previstas en los literales B) y D) del artículo 45 de la presente ley.

F) La persona con residencia que cometiere en el país o fuera de él actos de terrorismo o cualquier acto violatorio de los derechos humanos establecido como tal en los Instrumentos internacionales ratificados por el país.

Artículo 48.- La cancelación de la residencia permanente o temporaria no se efectivizará en los casos en que la persona extranjera fuera madre, padre, cónyuge o concubino del nacional.

Artículo 49.- La resolución administrativa que dispone la cancelación podrá ser impugnada por el régimen de recursos previsto en el artículo 317 de la Constitución de la República, demás disposiciones legales y concordantes y tendrán efecto suspensivo.

Artículo 50.- La Dirección Nacional de Migración, por resolución fundada, podrá disponer la cancelación de la residencia temporaria o del plazo de permanencia autorizada al no residente, cuando se hayan desnaturalizado las razones que motivaron su concesión y disponer su consecuente expulsión.

Sección II

Causales de expulsión

Artículo 51.- Serán causales de expulsión del territorio nacional:

A) Haber ingresado al país por punto no habilitado o eludiendo el control migratorio.

B) Haber sido objeto de desembarco condicional a raíz de dudas de la condición legal o documentaria.

C) Permanecer en el país una vez vencido el plazo de permanencia autorizado.

D) Haber ingresado al país mediante documentación material o ideológicamente falsa o adulterada, en los casos que así lo haya dispuesto la justicia competente.

E) La ejecución de la medida de cancelación de la residencia temporaria y del plazo de permanencia autorizado al no residente.

F) Si habiendo ingresado legítimamente al país posteriormente se comprueba que la persona está comprendida en algunas de las hipótesis previstas en los literales B) y D) del artículo 45 de la presente ley.

Artículo 52.- La Dirección Nacional de Migración, en los casos previstos en los literales A), B) y C) del artículo 51 de la presente ley, atendiendo a las circunstancias del caso -parentesco con nacional, condiciones personales y sociales del migrante- deberá intimarlo previamente a regularizar su situación en el país en un plazo perentorio bajo apercibimiento de resolverse su expulsión.

Artículo 53.- Las resoluciones administrativas que disponen la expulsión de las personas extranjeras serán pasibles de impugnación por el régimen de recursos previsto en el artículo 317 de la Constitución de la República, demás disposiciones legales y concordantes y tendrán efecto suspensivo.

Artículo 54.- La medida de expulsión recién podrá concretarse cuando la resolución denegatoria se encuentre firme.

Artículo 55.- En ningún caso la medida de expulsión menoscabará por sí sola los derechos adquiridos por las personas extranjeras a recibir o demandar el pago de sus salarios u otras prestaciones que le pudieran corresponder.

Artículo 56.- Queda prohibida la expulsión colectiva de migrantes.

CAPÍTULO XI

DEL CONTROL DE SALIDA

Artículo 57.- La autoridad migratoria deberá impedir la salida del país de toda persona que no se encuentre en posesión de la documentación migratoria que al efecto fije la reglamentación de la presente ley.

Tampoco se permitirá la salida cuando exista cierre de frontera dispuesto por la autoridad judicial competente.

Los impedimentos de salida del país de personas mayores de edad dispuestos por los tribunales jurisdiccionales caducarán al cumplir los cinco años contados a partir de la fecha del auto que lo dispuso. En caso de personas, a cuyo respecto se haya decretado el cierre de fronteras por parte de la Justicia Penal, el plazo de prescripción de la pena del delito determinará la finalización del mismo.

Si transcurridos los cinco años la Sede jurisdiccional competente estimara necesario mantener el cierre dispuesto oportunamente, así lo hará saber a la autoridad migratoria.

Los impedimentos de salida del país dispuestos por los tribunales jurisdiccionales con respecto a los menores de edad, caducarán al cumplir la mayoría de edad.

En los oficios o comunicaciones dirigidos a las autoridades encargadas de llevar a la práctica los impedimentos deberán establecerse los nombres y apellidos, nacionalidad, fecha de nacimiento y número de documento de identidad o de viaje.

En caso de carecer de algún dato imprescindible para la correcta identificación de la persona impedida, las reparticiones a las que van dirigidas no estarán obligadas a dar trámite a la medida dispuesta hasta tanto sea subsanada la omisión.

Los impedimentos de salida dispuestos a personas mayores de edad con anterioridad a la promulgación de la presente ley, caducarán a partir de los ciento ochenta días de la vigencia de ésta, siempre que hayan transcurrido cinco años desde el auto que lo dispuso.

CAPÍTULO XII

DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

Artículo 58.- Las empresas de transporte internacional, sus agentes o representantes, intermediarios o comisionistas, deberán registrarse en la Dirección Nacional de Migración, cumpliendo los requisitos que al respecto establezca la reglamentación.

Artículo 59.- Las empresas de transporte internacional, sus agentes o representantes, intermediarios o comisionistas, serán solidariamente responsables por el transporte y custodia de pasajeros y tripulantes, hasta que hubiesen pasado la inspección del control migratorio, debiendo cumplir al efecto con las disposiciones de la presente ley y su reglamentación, así como demás normas vigentes.

Artículo 60.- Las empresas de transporte internacional, sus agentes o representantes legales, intermediario o comisionistas deberán:

1) Permitir la inspección por parte de la Dirección Nacional de Migración de todos los medios de transporte, cuando fuere pertinente.

2) Presentar la documentación requerida de los tripulantes y pasajeros y demás documentos que establezca la reglamentación.

3) No vender pasajes ni transportar pasajeros sin la presentación de la documentación requerida a tales efectos, debidamente visada cuando correspondiere.

4) Abonar los gastos que demanden por servicios de inspección o de control migratorio.

5) No permitir el desembarco de pasajeros en una escala técnica, salvo que se encuentren expresamente autorizados por la Dirección Nacional de Migración.

Artículo 61.- Los tripulantes y el personal que integra la dotación de un medio de transporte internacional deberán estar provistos de la documentación hábil para acreditar su identidad y su condición de tripulante o de pertenecer a la dotación de transporte.

Artículo 62.- Al rechazar la autoridad migratoria la admisión de cualquier pasajero extranjero al momento de efectuarse el control migratorio de ingreso al país, la empresa de transporte, sus agentes o representantes, intermediarios o comisionistas, quedarán obligados a reconducirlos a su cargo al país de origen o procedencia o fuera del territorio de la República, en el medio de transporte en que llegó. En caso de imposibilidad, la empresa es responsable de su reconducción por otro medio dentro del plazo perentorio que se le fije, quedando a su cargo los gastos que ello ocasionare.

Artículo 63.- Las empresas de transporte internacional quedan obligadas a transportar a su cargo fuera del territorio uruguayo y en el plazo que se le fije, a toda persona extranjera cuya expulsión ordene la autoridad administrativa o judicial competente.

Artículo 64.- La obligación de transporte establecida en el artículo 63 de la presente ley, se limita a una plaza cuando el medio de transporte no exceda de doscientas plazas y a dos plazas cuando supere dicha cantidad.

Artículo 65.- En caso de deserción de tripulantes o personal de la dotación, el transportista queda obligado a reconducirlos a su cargo fuera del territorio nacional, debiendo depositar la caución que fije la reglamentación mientras no se haga efectiva la medida.

Artículo 66.- Las obligaciones emergentes de los artículos 62, 63, 64 y 65 de la presente ley, son consideradas cargas públicas y su acatamiento no dará lugar a pago o indemnización alguna.

Artículo 67.- En caso de que la empresa no diera cumplimiento a las obligaciones emergentes de los artículos 62, 63, 64, 65 y 66 de la presente ley, el Ministerio del Interior podrá impedir la salida del territorio o de aguas jurisdiccionales nacionales, del medio de transporte, hasta tanto la empresa responsable cumpla las obligaciones pertinentes.

Artículo 68.- La Dirección Nacional de Migración autorizará a las empresas de transporte internacional o a las agencias de turismo, sus agentes o representantes, intermediarios o comisionistas, el desembarco de los pasajeros de los buques, aeronaves u otros medios de transporte que hagan escala en puertos o aeropuertos nacionales, en cruceros de turismo o por razones de emergencia, en las condiciones que la reglamentación disponga.

CAPÍTULO XIII

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y LAS EXONERACIONES

Artículo 69.- La Dirección Nacional de Migración queda facultada para aplicar multas de carácter pecuniario, las que serán fijadas por la reglamentación correspondiente, entre un mínimo de cuatro Unidades Reajustables y un máximo de cuatrocientas Unidades Reajustables.

Serán pasibles de aplicación de sanciones y multas las empresas de transporte internacional terrestres, marítimas, fluviales o aéreas que no cumplan las disposiciones migratorias vigentes.

Artículo 70.- La Dirección Nacional de Migración podrá exonerar del pago de la tasa correspondiente a sus servicios a aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza. Dicha situación deberá justificarse fehacientemente, entendiéndose como tal, a quien presente carencias críticas en sus condiciones de vida.

Asimismo, y en igualdad de condiciones, podrá exonerar de la tasa correspondiente a sus servicios a aquellas personas que sean solicitantes de refugio o refugiadas.

CAPÍTULO XIV

DE LOS URUGUAYOS EN EL EXTERIOR

Artículo 71.- El Estado uruguayo fomentará la suscripción de convenios con los Estados en los que residen nacionales uruguayos a los efectos de garantizarles la igualdad de trato con los nacionales de esos Estados.

Artículo 72.- El Poder Ejecutivo podrá suspender los beneficios que otorga la presente ley a los nacionales de los Estados que dicten normas o reglamentos que dispongan restricciones a los uruguayos que se encuentren en el territorio de dichos Estados con ánimo de permanencia, en tanto se afecte el principio de reciprocidad.

Artículo 73.- El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación tendrá a su cargo la coordinación de la política nacional de vinculación y retorno con la emigración. Planificará, programará y ejecutará dicha política en el exterior a través del Servicio Exterior de la República, el que considerará especialmente las sugerencias que al efecto emitan los Consejos Consultivos en cuanto fuera pertinente.

Artículo 74.- Los Consejos Consultivos son organizaciones representantivas de los uruguayos residentes en el exterior cuyo cometido central será la vinculación con el país en sus más diversas manifestaciones.

La organización y funcionamiento de los mismos se sustentará sobre la base de principios democráticos y la forma organizativa que establezca la reglamentación.

El Servicio Exterior de la República, a través de sus misiones diplomáticas y oficinas consulares, los reconocerá como tales y brindará, dentro del ámbito de sus competencias, el apoyo que le sea requerido.

Artículo 75.- La declaración de los nacimientos de hijos de padre o madre oriental ocurridos en el exterior, podrá hacerse ante los Agentes Consulares de la República con jurisdicción.

El Ministerio de Relaciones Exteriores difundirá a través de sus sedes en el exterior la disposición que antecede.

Artículo 76.- Todo uruguayo con más de dos años de residencia en el exterior que decida retornar al país, podrá introducir libre de todo trámite cambiario y exento de toda clase de derechos de aduana, tributos o gravámenes conexos:

A) Los bienes muebles y efectos que alhajan su casa habitación.

B) Las herramientas, máquinas, aparatos e instrumentos vinculados con el ejercicio de su profesión, arte u oficio.

C) Por una única vez, un vehículo automotor de su propiedad, el que no podrá ser transferido hasta transcurrido un plazo de cuatro años a contar desde su ingreso a la República. El régimen a que esté sujeto el automotor deberá constar en los documentos de empadronamiento municipal y en el Registro Nacional de Automotores.

El citado vehículo deberá ser empadronado directamente por la persona interesada en las Intendencias Municipales correspondientes.

CAPÍTULO XV

DE LOS DELITOS

Sección I

Tráfico de personas

Artículo 77.- Quien promoviere, gestionare o facilitare de manera ilegal el ingreso o egreso de personas al territorio nacional por los límites fronterizos de la República, con la finalidad de obtener un provecho para sí o para un tercero, será castigado con una pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría. Con la misma pena será castigada toda persona que en las mismas condiciones favoreciera la permanencia irregular de migrantes dentro del territorio uruguayo.

Sección II

Trata de personas

Artículo 78.- Quien de cualquier manera o por cualquier medio participare en el reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o el recibo de personas para el trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre, la explotación sexual, la remoción y extracción de órganos o cualquier otra actividad que menoscabe la dignidad humana, será castigado con una pena de cuatro a dieciséis años de penitenciaría.

Artículo 79.- Quien fuera de los casos previstos en el artículo 78 de la presente ley y con los mismos fines favorezca o facilite la entrada, el tránsito interno o la salida de personas del país, será castigado con una pena de dos a ocho años de penitenciaría.

Artículo 80.- Será de aplicación, en lo pertinente, en los casos de trata de personas lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley Nº 18.026, de 25 de setiembre de 2006, en favor de los denunciantes, víctimas, testigos y familiares.

Sección III

Agravantes especiales

Artículo 81.- Se consideran agravantes especiales de los delitos descritos en los artículos 77, 78 y 79 de la presente ley y se incrementarán de un tercio a la mitad, las penas en ellos establecidos cuando medien las siguientes circunstancias:

A) Cuando se hubiere puesto en peligro la salud o la integridad física de los migrantes.

B) Cuando la víctima se trate de un niño o un adolescente o el agente se haya prevalecido de la incapacidad física o intelectual de una persona mayor de dieciocho años.

C) Cuando el agente revista la calidad de funcionario policial o tenga a su cargo la seguridad, custodia o el control de las cuestiones relativas a la migración de personas.

D) Cuando el tráfico o la trata de personas se efectuara con violencia, intimidación o engaño o abusando de la inexperiencia de la víctima.

E) Cuando el agente hiciere de las actividades mencionadas en los artículos 77, 78 y 79 de la presente ley su actividad habitual.

CAPÍTULO XVI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 82.- Excepcionalmente, y por única vez, a las personas extranjeras que hayan ingresado al país y se mantengan en situación irregular al momento de la promulgación de la presente ley, podrá concedérseles la residencia legal en el país, siempre que cumplieren con los requisitos que establezca la reglamentación al efecto.

Artículo 83.- Las disposiciones de la presente ley en lo que refiere a la admisión, ingreso y permanencia de las personas extranjeras al territorio nacional, deberán interpretarse y aplicarse de modo compatible con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados y especialmente con las disposiciones de la Ley Nº 18.076, de 19 de diciembre de 2006, sobre el Estatuto del Refugiado.

Artículo 84.- Deróganse las Leyes Nº 2.096, de 19 de junio de 1890, Nº 8.886, de 15 de julio de 1932 y sus modificativas, Nº 9.604, de 13 de octubre de 1936 y demás normas que se opongan a la presente ley.

Sala de la Comisión, 3 de diciembre de 2007.

JUAN C. SOUZA, Miembro Informante, PABLO ÁLVAREZ LÓPEZ, DOREEN JAVIER IBARRA, EDGARDO ORTUÑO, JUAN ANDRÉS ROBALLO, CARLOS VARELA NESTIER, HORACIO YANES, PABLO ABDALA, con salvedades, que expondrá en Sala".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Souza.

SEÑOR SOUZA.- Señor Presidente: la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social tiene el honor de elevar a consideración del plenario de la Cámara de Representantes el presente informe del proyecto de ley de migración, proveniente de la Cámara de Senadores.

Valoramos en grado sumo la importancia y urgencia que reviste para nuestro país contar con una norma jurídica que armonice la legislación nacional con los instrumentos regionales e internacionales ratificados por la República Oriental del Uruguay.

Nuestro país, desde sus raíces, ha sido una tierra hospitalaria y de oportunidades, de brazos abiertos hacia quienes llegaban con la ilusión de forjar un futuro promisorio para ellos y para sus hijos, muchos huyendo de la barbarie y de la miseria. Todos ellos encontraron una nación de gente fraterna y solidaria.

En la medida en que aquellos inmigrantes se integraron a nuestra sociedad aportando su noble trabajo, la riqueza de sus culturas, sus saberes y sus artes, forjaron con nuestros antepasados nacionales el rico crisol que hoy es nuestro presente y que nos enorgullece como nación.

Hoy aún está vigente en materia migratoria la Ley Nº 9.604, "Extranjeros", de 13 de octubre de 1936, modificativa de la Ley Nº 8.886, de 19 de junio de 1932, llamada comúnmente "Ley de indeseables". Es contundente la opinión respecto a que su permanencia en nuestro ordenamiento jurídico es, en la práctica, una afrenta a los más elementales derechos humanos. Se torna imperioso, pues, que nuestro país honre los compromisos asumidos a nivel regional e internacional, estableciendo un marco legal acorde a los estándares y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario, a la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional, al Convenio Nº 97 de la Organización Internacional del Trabajo y al Acuerdo de Libre Residencia para los nacionales de los Estados Parte del MERCOSUR, Bolivia y Chile.

Este proyecto tiene su génesis en el marco de la Comisión Especial de Asuntos Migratorios, establecida en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e integrada por el Ministerio del Interior y por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El extenso y profundo estudio realizado contó con el apoyo permanente de la Organización Internacional de las Migraciones y con la participación en temas puntuales de otros organismos del Estado, como los Ministerios de Salud Pública, Economía y Finanzas y Educación y Cultura, el Instituto Nacional de Estadística y la Universidad de la República. La referida Comisión Especial habilitó la más amplia participación en el marco de un taller de discusión del proyecto de ley de migración, con asistencia de autoridades ministeriales y de organismos públicos, de catedráticos, legisladores, expertos extranjeros, representantes de organizaciones sociales vinculadas con temas migratorios, así como de organizaciones empresariales y sindicales.

Posteriormente, el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo fue aprobado por el Senado de la República, que le introdujo modificaciones tendientes a mejorarlo.

Ya en el ámbito de nuestra Comisión, se recibieron valiosos aportes de la Comisión Especial de Asuntos Migratorios, contándose con la presencia de los Ministerios que la integran, así como del Instituto de Derecho Internacional y de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de la República, además del invaluable aporte del Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana y de ACNUR, que contribuyeron a enriquecer y perfeccionar la redacción del proyecto que hoy presentamos a vuestra consideración.

En pleno siglo XXI, en un mundo globalizado, donde el avance tecnológico, acortando distancias, ha generado condiciones que facilitan el tránsito y comunicación de un número cada vez mayor de personas, al aprobar este proyecto de ley nuestro país estará honrando su historia como tierra de inmigrantes; pero, a la vez, también estará dando una clara señal de acatamiento y respeto irrestricto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a casi 60 años de haber sido proclamada por las Naciones Unidas, generando un firme mojón contra la trata y el tráfico de personas, la xenofobia, el racismo y el crimen internacional organizado vinculado a las personas migrantes.

Entrando al análisis específico del cuerpo normativo que nos ocupa, corresponde señalar que en el proceso de estudio del proyecto de ley en el seno de la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Representantes, a partir de distintos intercambios con sus integrantes, y en consulta con los representantes del Poder Ejecutivo, con personalidades del ámbito catedrático de la Universidad de la República y con organizaciones sociales, se consideró pertinente realizar ajustes al texto aprobado en la Cámara de Senadores en lo atinente a la referencia de género, y correcciones tipográficas.

Asimismo, se introdujeron cambios que, sin variar la estructura conceptual, creemos que ayudaron a enriquecer el texto del articulado, por lo que entendemos pertinente detenernos en los más trascendentes.

A efectos de dar coherencia en los términos utilizados y teniendo en cuenta que el artículo 3º define claramente el concepto de migrante, se ajustó el texto en este sentido en todos los artículos que correspondiera. Asimismo, en toda referencia a la cuestión de género, se entendió apropiado ajustar la redacción al estilo y técnica legislativa que ha sido tradicional.

Dicho esto, es oportuno señalar que los integrantes de la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social somos absolutamente conscientes de la sensibilidad que hoy implica el tema de género en nuestra sociedad, pero entendemos que introducir en la redacción de las leyes la distinción de género requiere un ámbito previo de consenso y de coordinación legislativa que involucre a todos los partidos políticos que integran ambas Cámaras. De no existir dicha instancia, corremos el grave y serio riesgo de que algunas leyes incluyan en su redacción lo inherente a la cuestión de género y otras no, con las consecuentes complicaciones que eso puede acarrear a la hora de aplicar dichas normas una vez incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico.

(Murmullos.- Campana de Orden)

SEÑOR YANES.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SOUZA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Hackenbruch Legnani).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR YANES.- Señor Presidente: sé la importancia que tiene este tema para el señor Diputado Souza, para quienes trabajamos en este proyecto de ley y para la gente del exterior que está esperando que se apruebe. Por eso, más allá de que se está votando para elegir a los integrantes de la Comisión Permanente, quería decir a aquellos legisladores que muchas veces ponen cara fea cuando no se los escucha, que no alcanza con tener un título para ser escuchados. Entonces, en este caso, además del esfuerzo que hace la Mesa para llamar la atención, pido respeto personal por el trabajo de todos nosotros.

Discúlpeme, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Hackenbruch Legnani).- La Mesa solicita a los señores Diputados que voten en silencio. Sabemos que se está llevando a cabo una votación, pero para votar no se necesita hablar.

Puede continuar el señor Diputado Souza.

SEÑOR SOUZA.- Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado Yanes. A veces se torna difícil desarrollar el hilo de la intervención -más allá de que estemos leyendo- cuando hay un rumor a nuestros costados.

Vayamos, pues, al análisis del articulado. En su Capítulo I, "Principios Generales", artículo 1º, el Estado uruguayo define nítidamente la esencia y objeto de la norma. Es decir, reconoce el derecho inalienable de las personas migrantes y de sus familias, sin perjuicio de su situación migratoria, a la reunificación familiar, el acceso al debido proceso y a la justicia en igualdad de derechos con los nacionales uruguayos, sin ningún tipo de distinción. Este artículo recoge la esencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En el Capítulo II, compuesto de cinco artículos, establece el ámbito de aplicación y define claramente el concepto de migrante, y en su artículo 4º explícitamente garantiza los derechos y privilegios de los migrantes, de acuerdo con la legislación nacional y los instrumentos internacionales ratificados por el país. Además, el artículo 5º distingue con precisión quiénes quedan exceptuados de la presente ley para el régimen de ingreso, permanencia y salida del país.

Cerrando este Capítulo, el artículo 6º mandata a las autoridades migratorias a actuar en todos los casos conforme a las disposiciones de los Tratados Internacionales suscritos por Uruguay en materia diplomática y consular, así como demás normativas vigentes.

El conjunto de nueve artículos que conforman el Capítulo III, "Derechos y obligaciones de las personas extranjeras", a nuestro entender es de enorme trascendencia jurídica, pues allí se consagra el compromiso que asume el Estado uruguayo de garantizar "in totum" el derecho de las personas migrantes a un trato igualitario con los nacionales uruguayos, en tanto sujetos de derechos y obligaciones, asegurándoles el acceso irrestricto a la salud, al trabajo, a la seguridad social, a la vivienda y a la educación. Es más: en el artículo 9º se establece a texto expreso que aun tratándose de una situación migratoria irregular, en ningún caso se impedirá el acceso a la Justicia ni a los establecimientos de salud.

En el artículo 10, el Estado garantiza a los migrantes el derecho a la reunificación familiar con padres, cónyuges, concubinos, hijos solteros menores o mayores con discapacidad, conforme al artículo 40 de la Constitución de la República.

En los artículos restantes del Capítulo mencionado se compromete a implementar acciones en pro de la integración sociocultural y de su participación en las decisiones de la vida pública del país, así como de la preservación de sus identidades culturales y de fomentar los vínculos de los migrantes con sus respectivos Estados de origen.

Por último, el artículo 15 establece la obligatoriedad de respetar y cumplir con las disposiciones de nuestra Carta Magna, instrumentos internacionales y demás normativa jurídica vigente.

El Capítulo IV, "Del trabajo de las personas extranjeras", refiere en su texto de ocho artículos a las garantías del derecho de acceso al trabajo -amparado en la legislación laboral vigente- y al derecho a la cobertura de la seguridad social, en la medida que se cumplan los requisitos establecidos en la legislación del Estado uruguayo y de los instrumentos bilaterales y multilaterales ratificados por el país.

En los artículos 19 y 20 se definen las condiciones en que podrán desarrollar su actividad laboral tanto los "residentes permanentes" como los "residentes temporarios" y "no residentes".

Los artículos 21 y 22 establecen las condiciones y obligaciones para las personas físicas o jurídicas que contraten a trabajadores migrantes.

El Capítulo V trata de los organismos competentes y sus atribuciones. En este marco, en el artículo 24 se crea la Junta Nacional de Migración como organismo asesor y coordinador de políticas migratorias del Poder Ejecutivo, definiendo además que dicha Junta estará integrada por tres delegados en representación de los Ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Seguridad Social, definiendo también el régimen de funcionamiento. El artículo 25 establece con precisión las competencias de la Junta antes mencionada.

A través del artículo 26 se crea el Consejo Consultivo Asesor de Migración, que incluirá organizaciones sociales y gremiales relacionadas con la temática migratoria. Asimismo, establece sus competencias y relación con la Junta Nacional de Migración.

Los artículos 27 y 28 definen las atribuciones del Ministerio del Interior en materia migratoria. En el literal C) del artículo 29 -relativo a las atribuciones de la Dirección Nacional de Migración- se modificó el texto proveniente del Senado y se incorporó el concepto de "residencia habitual", término utilizado en el derecho internacional privado, en tratados bilaterales con Argentina, Chile y Perú, en materia de restitución de menores sucritos por nuestro país, así como la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, la Convención Interamericana de Restitución de Menores, y la Corte Internacional de La Haya.

El menor, como tal, no tiene capacidad de fijar su propio domicilio, razón por la cual se entiende que su domicilio es el de sus representantes legales, sean padres, madres o tutores, y estos pueden vivir en un tercer Estado. "Residencia habitual" se define en dichos tratados y convenciones como "lugar donde el menor tiene su centro de vida", por lo que incorporando el concepto se armoniza el texto del proyecto de ley.

En el artículo 30 se establece el rol que el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá cumplir en materia migratoria a través de sus Consulados.

El Capítulo VI trata de las "Categorías Migratorias" y contiene un cuerpo de nueve artículos que definen claramente las categorías de "residente" y "no residente", así como la subdivisión de la categoría de "residente" en "permanente" y "temporario", explicitando quiénes integran cada una de ellas y las condiciones, plazos y requisitos para acceder a cada categoría.

El texto del proyecto de ley que sometemos a vuestra consideración, en su Capítulo VII trata del "Control del Ingreso y del Egreso" al país, estableciendo los documentos válidos y los lugares de ingreso.

En su Capítulo VIII establece en qué situaciones y cómo se podrá autorizar el "Desembarco Condicional", mereciendo un especial destaque lo dispuesto en el artículo 44, en el que a texto expreso se habilita la autorización del ingreso condicional, aun cuando la persona no reúna los requisitos exigidos en la presente ley y su reglamentación, cuando medien razones excepcionales de carácter humanitario, interés público o en cumplimiento de compromisos internacionales.

El Capítulo IX refiere a las causales de "Impedimentos del Ingreso y de la Permanencia" en el territorio nacional, y consta de dos Secciones. En la Sección I se enumeran las "Causales de rechazo al ingreso" al país, destacándose los literales B), D), F) y G). Con relación a esta Sección I, en el artículo 45, la Comisión entendió pertinente por unanimidad proponer al pleno un cambio en el texto original por la siguiente redacción: "Literal B). Haber incurrido o participado en actos de gobierno o de otro tipo que constituyan genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad o cualquier acto violatorio de los derechos humanos establecido como tal en los instrumentos internacionales ratificados por el país". Este texto sustitutivo se entiende más ajustado y lo suficientemente amplio y abarcativo de los compromisos internacionales asumidos por el país.

En el literal D) la propuesta dice lo siguiente: "Haber sido objeto de condena por delitos relacionados al tráfico y trata de personas, lavado de activos, tráfico de estupefacientes y tráfico de armas, en el país o fuera de él". El texto original hacía referencia únicamente a los delitos de trata y tráfico, agregándose los restantes por entenderse que son delitos vinculados a las organizaciones criminales internacionales y que afectan en grado sumo a la humanidad, amén de ser parte de tratados y convenciones internacionales ratificados por Uruguay.

El artículo 45 determina claramente en su párrafo final que el personal a cargo del control migratorio en cualquier punto de ingreso al país se abstendrá de impedir la entrada al territorio nacional a toda persona que manifieste su voluntad de solicitar refugio, aun cuando ella no posea documentación exigible por la autoridad migratoria o la documentación sea visiblemente falsificada o alterada.

La Sección II trata de las "Causales de denegatoria de la residencia", y se detallan en su artículo 46.

En el Capítulo X "Cancelación de la Residencia y de la Permanencia", la Sección I define los "Roles del Ministerio del Interior", y en su cuerpo de artículos establece bajo qué situaciones y condiciones el citado Ministerio podrá cancelar la residencia y disponer la expulsión de la persona migrante. En el artículo 47 de este Capítulo se efectuaron los siguientes agregados y cambios: Literal E) "La persona con residencia permanente o temporaria que realizare alguna de las conductas previstas en los literales B) y D) del artículo 45 de la presente ley". Se agregó la referencia al literal D) del artículo 45 por corresponder. En el literal F) la propuesta es: "La persona con residencia que cometiere en el país o fuera de él actos de terrorismo o cualquier acto violatorio de los derechos humanos establecidos como tal en los instrumentos internacionales ratificados por el país". En esta modificación también se entendió que el texto sustitutivo resulta más ajustado y lo suficientemente amplio y abarcativo de los compromisos internacionales asumidos por el país.

En la Sección II se definen específicamente las "Causales de expulsión" del territorio nacional, precisando además las previsiones que deberá adoptar la autoridad competente previamente a la expulsión, así como las garantías de cumplimiento de plazos constitucionales y derechos adquiridos a recibir o demandar el pago de salarios u otras prestaciones.

En el artículo 51 de esta Sección se agregó el siguiente literal F), que reza lo siguiente: "Si habiendo ingresado legítimamente al país, posteriormente se comprueba que la persona está comprendida en alguna de las hipótesis previstas en los literales B) y D) del artículo 45 de la presente ley". Se entendió pertinente la inclusión de este literal para dar coherencia y armonía al texto de la ley.

El Capítulo XI trata "Del Control de Salida" del territorio del país, especificando con claridad y precisión en qué situaciones y condiciones se deberá realizar dichos controles y eventualmente impedir la salida del país.

En el Capítulo XII se establecen las responsabilidades y obligaciones que competen a las empresas de transporte internacional, sus agentes o representantes legales, intermediarios o comisionistas. He aquí una nueva modificación realizada. Luego de analizar los fundamentos de la Cátedra de Derecho Internacional Privado de la Universidad de la República, se decidió incorporar al texto de los artículos 58, 59, 60, 62 y 68 los términos "intermediarios o comisionistas". Se entiende adecuado este agregado, ya que no siempre las empresas de transporte internacional tienen sede, agentes o representantes domiciliados en el país, y muchas veces actúan a través de la modalidad de "intermediarios o comisionistas" sin que exista vínculo contractual directo entre estos y el pasajero, por lo que resulta común evadir las responsabilidades.

El Capítulo XIII trata "De las Sanciones Administrativas y las Exoneraciones", y en sus dos artículos faculta a la Dirección Nacional de Migración para aplicar multas de carácter pecuniario a las empresas de transporte internacional, así como a exonerar del pago de la tasa correspondiente a sus servicios a las personas que se encuentren en situación de pobreza, que deberá ser justificada fehacientemente. Al final del artículo 70 se agrega el siguiente texto: "Asimismo y en igualdad de condiciones podrá exonerar de la tasa correspondiente a sus servicios, a aquellas personas que sean solicitantes de refugio o refugiadas".

El Capítulo XVI, "De los uruguayos en el exterior", se compone de seis artículos de singular importancia. Ya en los artículos 71 y 72 se establece que el Estado uruguayo procurará suscribir convenios con los Estados donde residen nacionales uruguayos, con el objeto de garantizarles igualdad de trato con los nacionales de esos países. Asimismo, se reserva el derecho de suspender los beneficios establecidos en la presente norma cuando otros Estados adopten normas o reglamentos que afecten a uruguayos con ánimo de permanencia en dichos países o se vulnere el principio de reciprocidad.

Nos parece oportuno enfatizar la relevancia del artículo 73, en que se expresa una clarísima voluntad de privilegiar el vínculo con la "patria peregrina", asignando la responsabilidad al Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación de la coordinación de las políticas de relacionamiento y retorno con la emigración uruguaya. Para ello deberá tener especial consideración con las sugerencias de los Consejos Consultivos, que en su artículo 74 se reconocen como organizaciones representativas de los uruguayos residentes en el exterior.

En el artículo 74, que define los Consejos Consultivos, se modificó la redacción, eliminando la palabra "autónomas", y en el segundo párrafo se sustituye la frase "y adoptarán la forma jurídica que consideren pertinente" por la siguiente: "y la forma organizativa que establezca la reglamentación".

El artículo 75 propende a la vinculación con los uruguayos en el exterior, así como a facilitar las inscripciones de sus hijos nacidos en otros países. En este artículo la Comisión Especial de Población y Desarrollo, luego de consultas con juristas, concluyó en la necesidad de cambiar la redacción, quitándole el carácter imperativo del "deberá" por el "podrá", así como de eliminar los plazos establecidos, en el entendido de que las leyes nacionales no tienen carácter de extraterritorialidad, y que el Estado uruguayo no debe imponer limitantes a cualquier uruguayo que manifieste su voluntad de inscribir a un descendiente, o inscribirse el mismo en la medida que acredite los lazos sanguíneos. Por los mismos fundamentos se decidió eliminar el artículo 76 del proyecto aprobado por el Senado. En la redacción dada al nuevo artículo 76, queda claramente de manifiesto el interés del Estado uruguayo de promover el retorno de los compatriotas radicados en otros países, a partir de los beneficios que exoneran del pago de tasas, impuestos, tributos y gravámenes conexos de los bienes muebles y alhajamiento de la casa habitación, herramientas, máquinas e instrumentos de trabajo, así como, por única vez, un vehículo automotor.

Especial importancia revisten los artículos que contiene el Capítulo XV que trata "De los Delitos" de "Tráfico de Personas" y "Trata de Personas". En el artículo 77 se define con precisión la tipificación del delito de tráfico de personas y se dispone la pena con que será castigado quien incurra en tal conducta.

El delito de trata de personas está tipificado claramente en el artículo 78, así como la pena con que será castigado quien haya sido condenado por la comisión de dicho delito.

Asimismo, en el artículo 79 se dispone la pena con que será castigado quien, con los mismos fines pero fuera de los casos previstos en el artículo anterior, colaborare en la entrada, tránsito o salida de personas del país.

Finalmente, en el artículo 80 se aclara que serán de aplicación en los casos de trata de personas los artículos 13 y 14 de la Ley Nº 18.026 en lo referente a víctimas, denunciantes, testigos y familiares.

En el artículo 81 se expresan taxativamente las agravantes especiales a los delitos tipificados en los artículos 77, 78 y 79, y el incremento de un tercio a la mitad de las penas correspondientes a cada uno de ellos.

En cuanto al Capítulo XVI, "Disposiciones Finales", el artículo 82 posibilita a las personas extranjeras que hubieren ingresado al país y se mantengan en situación irregular al momento de promulgación de la presente ley, a regularizar su situación.

La Comisión Especial de Población y Desarrollo Social, en consulta con los Ministerios respectivos, resolvió agregar el artículo 83, que reafirma la coherencia de la norma con los instrumentos internacionales suscritos por la República.

Finalmente, el artículo 84 establece las derogaciones de las normas que se oponen a la presente ley.

Señor Presidente, señores Diputados: como podrán advertir, intensa y ardua fue la tarea, pero nos sentimos gratamente reconfortados con el producto final.

Antes de culminar, quiero agradecer la confianza y distinción de que fui objeto por parte de mis compañeros Diputados y compañeras Diputadas de la Comisión al designarme como miembro informante de este trascendental proyecto de ley.

Por lo anteriormente expuesto y en el pleno convencimiento de que con la aprobación de esta ley nuestro país estará dotando a su normativa jurídica de un instrumento de excelencia, acorde al creciente interés de la comunidad internacional en proteger efectiva y plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, es que solicitamos a los señores Diputados dar aprobación al presente proyecto de ley de migración.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Hackenbruch Legnani).- Tiene la palabra la señora Diputada Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor Presidente: en mi calidad de integrante de la Comisión de Derechos Humanos participé del debate de este proyecto de ley porque considerábamos importante atravesar la mirada de derechos en un proyecto que tiene componentes que abarcan problemas netamente humanos a los que es necesario buscar solución.

Luego de haber asistido a sucesivas reuniones de la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social, en la cual recibimos a varios invitados e invitadas que nos dieron sus opiniones sobre el proyecto que venía del Senado, y culminado su tratamiento, al tenerlo hoy a consideración nos pareció buena cosa hacer algunas reflexiones al respecto.

Para hacer más breve mi intervención, quiero adherir al muy buen informe que hizo mi colega de bancada, el señor Diputado Juan Carlos Souza y, en pocas palabras, resumir la visión de alguien que estuvo trabajando en proyectos similares -como el del estatuto del refugiado- que, como bien decía, están fuertemente vinculados a problemas de los seres humanos. Y como los seres humanos tenemos derechos, también estos están vinculados a los mismos.

El desarrollo de los medios de comunicación -que permite a los individuos conocer realidades de distintos puntos del planeta desde su propia casa- y el fuerte desarrollo de los medios de transporte -que permite el traslado de individuos y grupos a través de todo el planeta con mayor facilidad que antes y en tiempos mucho más breves-, son componentes tecnológicos que facilitaron y fomentaron la movilidad social de los individuos y también de grupos enteros de una parte a otra de este mundo globalizado, de este mundo con fronteras cada vez más permeables a pesar de que se insista en construir muros de contención. Si a ello sumamos los dos factores a mi juicio más importantes, los conflictos políticos -particularmente, las guerras- y las dificultades económicas -que muchos grupos humanos y/o países enteros enfrentan-, tenemos los componentes centrales que impulsan a sectores importantes de la población a migrar, a trasladarse de un lugar a otro del planeta. Ello ocurre tanto dentro de su país -constituyendo lo que llamamos la migración interna, con acentuada presencia de lo rural en lo urbano- como también entre países.

Debido a su situación política y económica, Uruguay fue hasta mediados del siglo pasado, en la década de los sesenta, un país fuertemente receptor de migración, un país de refugio. La crisis política y económica de los años setenta invirtió esa relación, transformándonos en un país de muy fuerte emigración, característica que aún hoy se mantiene.

El proyecto de ley que estamos considerando hoy, además de basarse en el derecho internacional -cosa que nos alegra sustancialmente- recoge el conocimiento que nos ha dado nuestra propia historia, la capacidad que ha tenido el Uruguay para integrar a los migrantes en su seno durante todo el siglo XX y el conocimiento de la diáspora uruguaya en el mundo.

Este proyecto es un compromiso con la protección de los derechos fundamentales de todas las personas que viven en nuestro territorio -reitero: de todas las personas que viven en nuestro territorio- y una barrera frente a cualquier tipo de violación o abuso de los derechos humanos, particularmente, toda forma de discriminación por xenofobia o racismo. Se basa en la tolerancia, en el respeto mutuo, en brindar instrumentos de integración cultural y social, en el respeto a la diversidad y en el reconocimiento del significativo aporte que los migrantes realizan para la prosperidad del conjunto social.

Particular significación tiene el reconocimiento del derecho de los migrantes a gozar de la salud, del trabajo, de la seguridad social, de la vivienda, de la educación y del acceso a la justicia en condiciones de igualdad con todos los uruguayos y uruguayas, derechos que, lamentablemente, muchos países del mundo aún no reconocen.

También es de fundamental significación el derecho que se reconoce a los migrantes en los artículos 10 y 11 -ya lo mencionaba el señor Diputado Souza- en cuanto a la reunificación familiar con amplio criterio, garantizando el acceso a la educación de los hijos en las mismas condiciones que los hijos de los uruguayos y las uruguayas.

También se avanza fuertemente en el establecimiento de normas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas en todas sus modalidades, uno de los delitos más aberrantes de estos tiempos. Este delito es fomentado por las políticas migratorias restrictivas de muchos Estados, que generan fuerte inestabilidad en la situación de los migrantes, fragilizando su situación y haciéndolos presas fáciles de quienes están dispuestos a cualquier cosa para obtener ganancias.

Especial hincapié quiero hacer -terminando ya mi intervención- en lo que habíamos acordado oportunamente en este mismo Parlamento en instancias en que sesionó el Foro Parlamentario Iberoamericano de Migración, en setiembre del año pasado, en el sentido de fortalecer la normativa de protección de los migrantes y sus familiares, favorecer la generación de consensos que puedan dar bases a nuevas leyes para reconocer derechos a los migrantes y promover que los Estados den acabado cumplimiento a sus obligaciones internacionales que emanan de los sistemas de protección de los derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho de los refugiados. Este derecho está incorporado particularmente en la redacción que se propuso en la Cámara de Representantes y que quedó establecida en el artículo 83, al que también hacía referencia el señor Diputado Souza.

Este proyecto de ley, a mi juicio, es un gran paso en la afirmación de derechos. Por lo tanto, creo que va a ser un legado para futuras generaciones. Estoy convencida de que más allá de que pueda haber quienes crean que puede existir un proyecto mejorado, nosotros pensamos que este producto que sale hoy de esta Cámara recoge importantes aportes que nos hicieron -como dije anteriormente- quienes concurrieron a visitarnos y también los integrantes de las Comisiones correspondientes. Esta ley va a ser referencia internacional en la materia y va a contribuir -junto con otras leyes que ya hemos aprobado en este Período- a que Uruguay nuevamente esté en la vanguardia en la defensa de los derechos humanos.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Hackenbruch Legnani).- Tiene la palabra el señor Diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señor Presidente: de manera sucinta y breve queremos hacer referencia a las salvedades con las cuales suscribimos este proyecto de ley, que votamos a favor en general, así como la mayor parte de sus artículos. Lo hicimos negativamente con tres de ellos, cuyo desglose vamos a pedir oportunamente.

Ante todo queremos expresar, coincidiendo con los conceptos de quienes se han pronunciado anteriormente con relación a esta iniciativa, que nos parece que es un paso importante el que la Cámara está dando a la hora de aprobar este proyecto de ley. Efectivamente, en algún sentido estamos llenando un vacío normativo y, además, corrigiendo legislación anterior, a esta altura por lo menos anticuada, que, en los hechos, venía a representar una actitud discriminatoria, inclusive de parte del Estado, para con los inmigrantes. Esa legislación muchas veces hacía referencia o distinguía según los defectos físicos, psíquicos u orgánicos de los ciudadanos nacidos en el exterior que se proponían afincarse en el país.

Creo que está claro que es importante que la Cámara apruebe normas de naturaleza migratoria, en algún sentido enraizando con la mejor tradición nacional desde el punto de vista del derecho internacional público y del derecho internacional privado. En definitiva, como todos sabemos -y somos herederos de eso-, este país se ha formado a partir del aporte de las distintas generaciones de inmigrantes que han provenido de las más diversas partes del mundo. En tal sentido, los Tratados de Montevideo del año 1889 -fines del siglo XIX-, ya establecieron las primeras definiciones que el país recogió en cuanto a no discriminar a los extranjeros y a la igualdad de trato de quienes provenían del exterior. Lo hizo como principio general del derecho internacional, pero no por casualidad nuestro país -donde esos Tratados fueron analizados, negociados, aprobados y fueron suscritos- fue, en el concierto internacional, de los que mejor gala hicieron de esos principios de igualdad de trato y de no discriminación. Creo que estamos frente a una ley oportuna, que vale la pena que aprobemos prontamente.

Reitero que la Comisión -como aquí se señaló- hizo un buen trabajo desde el punto de vista de la faena legislativa. Se alcanzaron acuerdos y consensos importantes y se limaron algunas aristas del proyecto que venía aprobado del Senado. Eso lo enriquece y lo perfecciona, a escala humana, naturalmente, y en algún sentido este proyecto también prueba la importancia del sistema bicameral en que nos basamos.

Quiero mencionar el artículo 75, al que hizo referencia el señor Diputado Souza, que, tal como venía proyectado del Poder Ejecutivo, implicaba una solución polémica porque representaba el imperativo de inscribir a los hijos de uruguayos en el exterior, lo que suponía establecer una obligación de naturaleza extraterritorial que está más allá de lo que los principios generales del derecho admiten desde el punto de vista de la territorialidad de las normas, y seguramente también iba más allá de los preceptos constitucionales en materia de nacionalidad y ciudadanía.

Eso fue corregido satisfactoriamente por la Comisión y se arribó a una solución que implica una norma de tipo declarativo, o el establecimiento de un derecho o una facultad para los ciudadanos radicados en el exterior. Lo menciono como un ejemplo de cómo el perfeccionamiento legislativo fue, en algún sentido, una consecuencia del trabajo que realizó la Comisión.

Vamos a votar en contra -como mencionábamos al principio de nuestra intervención- de los artículos 24 al 26. Son tres disposiciones que hacen referencia a aspectos de carácter institucional. Se le da rango de ley -como recién acotaba adecuadamente el señor miembro informante- a la Junta Nacional de Migración y se innova en lo que refiere a la creación del Consejo Honorario Consultivo. Siempre hemos sido refractarios a lo largo de esta Legislatura -y el Gobierno ha sido muy afecto a eso- a la creación de organismos o de ámbitos de supuesta o presunta participación pero que, en el fondo, poco arrojan desde el punto de vista de la eficacia gubernativa y que muchas veces implican una especie de repetición cacofónica en lo institucional, porque las competencias jurídicas ya están asignadas por nuestro derecho, en este caso concreto a la Dirección Nacional de Migraciones.

Por lo tanto, nos parece innecesaria esa innovación y simplemente por eso no la vamos a acompañar, no a partir de un concepto esquizofrénico -no es que estemos en contra de todos los Consejos Consultivos que se quiera proponer o crear- sino porque estamos en contra del que se prevé aquí. Vamos a votar, sí, los previstos en el artículo 74, que hacen referencia a los Consejos Consultivos que habrán de crearse o establecerse en el exterior y que representarán, por lo tanto, a la diáspora uruguaya. Por supuesto que está bien que se organicen los uruguayos en el exterior, pero también que el Estado uruguayo les reconozca personería, incluso legislativamente, y declare normativamente su existencia. Ahí sí se justifica la creación de esos órganos, pero no así en el ámbito interno, más allá de que no creo que estemos frente a un pecado mortal sino frente a una sobreabundancia en lo administrativo y a una superposición de competencias administrativas que, en materia de derecho público, no nos parece lo más conveniente. Reitero que no es una tragedia, pero hubiéramos preferido no incluirlo, y por eso no lo vamos a acompañar.

Por todas estas razones, vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley que, reitero, lo entendemos oportuno y conveniente, y desde ya solicitamos el desglose de los artículos 24, 25 y 26.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Hackenbruch Legnani).- Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Souza.

SEÑOR SOUZA.- Señor Presidente: si bien respetamos la opinión del compañero de Comisión, el señor Diputado preopinante, nos parece oportuno precisar -para hacer llegar nuestra opinión y conocimiento al respecto- que el texto de la norma, en lo que tiene que ver con la creación, a través del artículo 24, de la Junta Nacional de Migración, no es una innovación. Antes bien, es incorporar al conjunto de un texto normativo, que trata específicamente el tema de la migración, lo que ya estaba dentro del marco jurídico vigente en la República. Hacemos referencia más concretamente al Decreto Nº 284/97, de fecha 13 de agosto de 1997, que crea este organismo, la Junta Nacional de Migración. Lo que hace el Poder Ejecutivo es incorporarlo y darle rango de ley a algo que estaba vigente en un decreto presidencial.

Era lo que queríamos aportar porque nos parecía que correspondía realizar la aclaración en ese aspecto.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Hackenbruch Legnani).- Para contestar una alusión, tiene la palabra el señor Diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señor Presidente: más bien es para una aclaración; no es que nos hayamos sentido aludidos. Es más, en todo caso, es para agradecerle al miembro informante la aclaración que él formuló.

Efectivamente, la Junta Nacional de Migración es preexistente en el sentido de que fue creada por decreto, pero nos hubiera parecido preferible que quedara en el ámbito de la reglamentación de las decisiones del Poder Ejecutivo, en la órbita administrativa, por la vía de las resoluciones y los decretos. El Poder Ejecutivo puede en cualquier momento redistribuir o reorganizar sus competencias y atribuirlas a los distintos Ministerios. Si establecemos esto en la ley -y esa es nuestra discrepancia, que puede parecer un exceso de rigorismo, pero tiene que ver con lo que, desde nuestro punto de vista, es la forma más adecuada de legislar en esta materia-, le damos una fijeza a la integración de la Junta y a sus competencias que en algún sentido quita movilidad o ductilidad, si se quiere, al Poder Ejecutivo. En esta materia, en el día de mañana podemos estar, no frente a un cometido esencial, pero sí frente a un aspecto importante desde el punto de vista de la política del Gobierno para reordenar esas competencias, por lo que eventualmente podemos necesitar modificar la integración de la Junta Nacional de Migración. Por esa razón, si bien acá no hay una innovación en el sentido de crear un órgano que ya existe, sí la hay en el sentido de darle rango de ley, y en eso estriba nuestra discrepancia con la creación del Consejo Asesor, porque allí sí se lo concibe desde el punto de partida y con relación a la Junta, porque se le da un rango de ley que, reitero, me parece que después le va a restar al Poder Ejecutivo posibilidades de establecer con mayor celeridad modificaciones, entre otras cosas, porque aspiramos a que a partir de la próxima Legislatura no haya mayoría absolutas en las Cámaras, lo que hace, me parece a mí, a la mayor riqueza parlamentaria y a la búsqueda de los acuerdos y de los consensos políticos necesarios. Seguramente no habrá mayorías absolutas y seguramente también habrá una alternancia de los partidos en el poder. En ese sentido, aspiramos a que quienes hoy estamos en la oposición en el día de mañana estemos en el Gobierno.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Hackenbruch Legnani).- Tiene la palabra el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: estamos ante un proyecto de ley de real trascendencia, de gran importancia, ya que de alguna forma va a reglar todo lo que tiene que ver con los inmigrantes y los compañeros, ciudadanos y compatriotas uruguayos que han decidido trasladarse a otros países.

Creemos, por lo tanto, que el informe del compañero Diputado Souza ha sido realmente interesante. Como él lo expresaba, se trabajó durante varias horas en la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social para lograr un acuerdo que permita que en los próximos días, con las mejoras que entendemos que hicimos en dicha Comisión y que votará esta Cámara de Diputados, el Senado de la República lo sancione.

Sabemos que la definición de "migrante" refiere a toda persona extranjera que ingrese a un territorio con ánimo de residir y establecerse en él en forma permanente o temporaria. Uruguay, en ese sentido puede estar sumamente satisfecho, ya que desde 1889 es pionero en el principio de no discriminación para con los extranjeros y de igualdad en el trato procesal. Pero además, internacionalmente, Uruguay ha signado y ratificado todos los tratados y convenciones sobre el tema sin excepción, ya sea en las Naciones Unidas como en la OIT, pero no tenía actualizada una norma interna que refiriera a la migración y que implicara directamente la reciprocidad en este mundo globalizado.

El actual Gobierno, señor Presidente, ha instalado en el Ministerio de Relaciones Exteriores el Departamento 20, que es una singular repartición que establece un ida y vuelta con nuestros compatriotas en el exterior; en los próximos días se reunirán aquí, en la ciudad de Montevideo, los Consejos Consultivos.

Sabido es también que esta fuerza política intentó aprobar un proyecto de ley referido al voto epistolar. Lamentablemente, ello no fue posible ya que se requerían mayorías especiales y eliminamos la posibilidad de que este proyecto de ley de migración, conjuntamente con el del voto epistolar, atendiera realmente las aspiraciones de nuestros compatriotas que están en el exterior del país.

El artículo 1º del Convenio Nº 97 de la OIT y, a su vez, el Acuerdo de Libre Residencia para los Nacionales de los Estados Parte del MERCOSUR, más Bolivia y Chile, para la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares, de alguna manera están siendo abarcados en este proyecto de ley. Conocemos cifras realmente impresionantes de trabajadores que migran a otros países; la OIT calcula que son unos ochenta millones de ciudadanos del mundo. Desde los comienzos del trabajo remunerado, hombres, mujeres y, lamentablemente, también jóvenes, abandonan su patria en procura de mejores empleos y una vida con mayores satisfacciones económicas. También, en determinados países, la inseguridad, las persecuciones políticas, han sido factores que obligaron a abandonar la tierra nativa. Este proceso de mundialización actual ha causado, como hemos visto, una gran movilidad de trabajadores, diría, sin precedentes, que al migrar presionan en determinados países.

El representante de la OIT ante de las Naciones Unidas, Garet Howell, ha señalado que las restricciones cada vez más severas a la inmigración fomentan en grado creciente el tráfico de migrantes, lo que con frecuencia se traduce en dificultades.

En la Sección II, "Trata de personas", de este proyecto de ley que estamos considerando, en el artículo 78 se atiende este tema que tanto nos preocupa. Por eso creemos que es sumamente certero aprobar este proyecto de ley. Es importante también que un equipo de técnicos provenientes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Trabajo y Seguridad Social y del Interior redactara el borrador que luego fue adoptado por el Consejo de Ministros y por el Presidente de la República para remitirlo a este Parlamento.

Todos sabemos que los migrantes constituyen un grupo particularmente vulnerable en todos los países. A veces, sus derechos como trabajadores son violados y no son tratados adecuadamente, tal cual lo indican los compromisos internacionales que protegen los derechos humanos. Es, en definitiva, lo que nosotros reclamamos: un trato absolutamente igualitario y justo, que proteja los derechos humanos de cada ciudadano del mundo.

La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de los Migrantes, la señora Rodríguez Pizarro, en su informe a la Comisión de Derechos Humanos subraya que en el último decenio se ha registrado un recrudecimiento inquietante de la intolerancia. Nosotros lo podemos apreciar. En más de una oportunidad esta Cámara de Representantes se ha ocupado de actitudes intolerantes que han surgido en distintos países del mundo y ha hecho que tanto la Cancillería como nosotros tuviéramos que adoptar algunas resoluciones. Entonces, esa actitud de intolerancia, de discriminación, de racismo y xenofobia, expresada a través de una franca violencia hacia los inmigrantes, en muchos casos uruguayos, realmente nos preocupa y debemos ser fieles custodios de que esas situaciones no se repitan con nuestros compatriotas, pero tampoco con otros ciudadanos del mundo.

Tenemos algunos datos sobre la emigración a nivel nacional. Esos datos indican que en los últimos cincuenta años salieron de nuestro país aproximadamente seiscientas mil personas uruguayas. Los destinos son, por debajo de cinco mil personas, países como Francia, Italia, México, Venezuela, el resto de América Latina y de Europa. Entre cinco mil y veinte mil, Australia, Canadá e Israel. Con emigrantes de nuestro país en una cifra superior a los veinte mil, está Argentina, con unos ciento treinta mil uruguayos; Estados Unidos, con unos sesenta mil; España, entre cincuenta y cinco mil y sesenta mil, y Brasil, con alrededor de cuarenta y cinco mil.

Por lo tanto, quien habla entiende que estamos ante un excelente proyecto de ley, que merece la consideración de esta Cámara y su rápida aprobación.

Ya destaqué el artículo 78, que tiene que ver con la trata de personas, tema al que se refirió el señor Diputado Souza, pero voy a hablar de lo que considero es el corazón del proyecto, en cuanto a la posibilidad de que los uruguayos que están radicados en el exterior vuelvan a nuestra patria, porque sabemos de las dificultades económicas por las que a veces pasan, tanto en España como en Estados Unidos, en Australia, etcétera. El artículo 76 habilita, a través de la exoneración de tributos de aduana o gravámenes, a que la familia uruguaya o el compatriota radicado en el exterior vuelva al país con sus bienes muebles y efectos que alhajan su casa habitación, porque es importantísimo que puedan volver con los instrumentos, con las herramientas, con las máquinas o aparatos que emplean en el exterior para el ejercicio de su profesión. Por supuesto que esto tiene un límite: lo pueden hacer luego de dos años de residencia y una vez en ese corto período.

Por lo tanto, considero que el artículo 76 es de gran importancia. Esperemos que la burocracia que existe en el Estado uruguayo no genere inconvenientes -con trámites en la aduana o donde corresponda- a esos compatriotas, y que cumplan con su anhelo: volver a nuestra tierra.

Era esto lo que quería decir, señor Presidente

Vamos a votar con mucho gusto este proyecto de ley y esperemos que antes de fin de año el Senado de la República le dé una aprobación definitiva.

SEÑOR PRESIDENTE (Hackenbruch Legnani).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: simplemente queríamos sumarnos a las expresiones en el sentido de que este proyecto de ley es realmente un avance sustancial en todo cuanto refiere al derecho de los migrantes. Desde ese punto de vista hay que destacar también que el trabajo en Comisión, realizado a conciencia, creo, por todos sus integrantes, ha permitido mejorar notoriamente el proyecto de ley venido del Senado. Creo que en la medida en que se ha tenido en cuenta una serie de aportes realizados por distintas entidades que participaron del trabajo de la Comisión, se ha enriquecido este proyecto. En consecuencia, nos parece bien positivo que esta Cámara preste su apoyo a esta iniciativa, con los votos de todos los partidos políticos.

Por otra parte, creo que la excelencia del informe del señor miembro informante nos evita cualquier otro juicio u opinión porque, en general, ha sido representativo de la totalidad de los miembros de la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social.

SEÑOR PRESIDENTE (Hackenbruch Legnani).- Tiene la palabra el señor Diputado Ortuño.

SEÑOR ORTUÑO.- Señor Presidente: voy a sumarme también a la recomendación al Cuerpo de aprobar un proyecto de ley que nos parece realmente importante y al reconocimiento del informe exhaustivo que ha realizado nuestro compañero, el señor Diputado Souza, que resume sus principales notas.

Su principal característica y aporte, señor Presidente, es responder como país a uno de los fenómenos sociales que está distinguiendo al mundo en este nuevo milenio. El fenómeno de las migraciones internacionales es de los que se han desarrollado más en los últimos tiempos y constituye una expresión de las desigualdades que todavía persisten en el mundo y que llevan a miles de personas a buscar nuevos destinos, a migrar de sus países de origen. Por lo tanto, es preocupación de los organismos internacionales que han firmado convenciones y establecido criterios, la salvaguarda de los derechos de esas personas migrantes que, lamentablemente, muchas veces son vulnerados.

En ese sentido, una virtud que hay que destacar de este proyecto de ley es que internaliza la legislación nacional y la actualiza en relación con los convenios y las disposiciones internacionales en la materia, lo que se venía reclamando porque era una necesidad del país. Así se venía planteando por las organizaciones sociales que trabajan en estos temas, por diversos actores y también por la comunidad internacional.

Se establecen normas claras -como se ha dicho-, que amparan a los trabajadores emigrantes; por ejemplo, se prevén con rango de ley organismos para la institucionalidad, para el funcionamiento y la supervisión de estos temas y se incorpora el Capítulo XIV, que para nosotros tiene una importancia significativa, en la medida en que el Uruguay es uno de los países en los que la migración tiene mayor relevancia como fenómeno social, que ha afectado y afecta a muchas familias de compatriotas. Son muchos los uruguayos y muchas las uruguayas -como ha dicho el señor Diputado Ibarra- que decidieron cambiar de rumbo y buscaron oportunidades de desarrollo para sí y sus familias fuera de fronteras, lamentablemente en su inmensa mayoría por necesidad o por distintas circunstancias. No es hoy el momento ni la oportunidad para referirnos en profundidad a este fenómeno que, por suerte, merece la atención de las autoridades públicas y de este Parlamento, en tanto hablamos del tema en ocasión de abordarse el proyecto de ley en el que se planteaba otorgar el derecho al voto a nuestros emigrantes.

Por otra parte, es importante destacar que este proyecto incorpora otra de las medidas del conjunto que, como parte de una política de vinculación y de atención a los uruguayos en el exterior, está desarrollando este Gobierno, en este caso, afortunadamente, con el respaldo de todos los partidos.

El proyecto que tenemos a consideración establece con rango legal el mandato y la intención del Estado de fomentar convenios con otros Estados en los que residen compatriotas, a efectos de garantizar la igualdad de trato con los nacionales de esos Estados. Sabemos que uno de los principales desafíos que tenemos los uruguayos que estamos en el territorio del país es bregar, a través de nuestros ámbitos de Gobierno, de nuestras representaciones diplomáticas y de nuestras organizaciones sociales que trabajan en estos temas, para amparar los derechos de nuestros compatriotas en los distintos países en los que se han radicado.

También se establece la posibilidad de suspender beneficios otorgados por este proyecto a nacionales de otros Estados que dicten normas o reglamentos que dispongan restricciones a los uruguayos que se encuentren en el territorio de dichos Estados. Es decir, en este proyecto se incorpora una normativa de protección clara, un instrumento de protección importante para bregar por los derechos de nuestros compatriotas.

El artículo 73 establece con claridad la tarea de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación, otorgándole la coordinación de la política nacional de vinculación; y en la Cámara de Diputados agregamos al texto que vino del Senado y del Poder Ejecutivo "Política Nacional de Retorno para la Emigración", porque nos parece que es absolutamente central Tenemos que trabajar, sí, para proteger en los países en los que están radicados los uruguayos que deseen permanecer fuera de la República; pero también debemos trabajar en el sentido de establecer mecanismos para que todos aquellos que quieran volver y reencontrarse con su país y sus familias puedan hacerlo, y en ese sentido el Estado y el Parlamento tienen la responsabilidad de generar las condiciones para que ello sea posible. Este proyecto de ley, como lo estamos viendo, representa un paso fundamental en ese sentido.

También se establece el deber del Servicio Exterior de la República de considerar especialmente la sugerencia de los uruguayos radicados en el exterior y, además, una novedad que francamente nos resulta de los aspectos más relevantes de este proyecto, que es la incorporación con rango legal de la figura de los Consejos Consultivos como ámbito de nucleamiento de los uruguayos en sus distintos lugares de residencia para vincularse con el Uruguay. Este proyecto menciona, por primera vez, la existencia de los Consejos Consultivos como organizaciones "representativas de los uruguayos residentes en el exterior, cuyo cometido central será la vinculación con el país en sus más diversas manifestaciones". Por lo tanto, esta es otra manifestación de las políticas en relación con la diáspora uruguaya que viene implementando esta Administración, a partir de la creación del llamado Departamento 20, que tantos avances ha logrado en esta materia.

En los artículos 75, 76 y demás se establece -como bien señalaron mis colegas- la ampliación de las posibilidades de inscribir a los hijos de padre o madre oriental, a los hijos de los uruguayos y de las uruguayas que están en el exterior. Este tema es fundamental, porque si bien sabemos que son más de seiscientos mil los uruguayos que han abandonado nuestro territorio, en realidad son muchos más los uruguayos y las uruguayas que están fuera de fronteras, porque para nosotros, sin duda, sus hijos también son compatriotas, y a veces por dificultades de instrumentación o reglamentarias, o por disposiciones extremadamente restrictivas, la inscripción de esos hijos en las representaciones diplomáticas nacionales en el exterior se hacía prácticamente imposible o muy dificultosa. Así es que este artículo amplía las posibilidades de inscripción en los Agentes Consulares de la República Oriental del Uruguay con jurisdicción en los distintos territorios.

Asimismo, en el artículo 76 se establece un mecanismo que era un reclamo de nuestra emigración y tiene que ver, precisamente, con el establecimiento de incentivos y posibilidades para el retorno, al disponerse que todo uruguayo con más de dos años de residencia en el exterior que decida retornar al país podrá introducir, libre de todo trámite cambiario y exento de toda clase de derechos de aduana, tributos o gravámenes, los bienes muebles y efectos que alhajan su casa habitación; las herramientas, máquinas, aparatos e instrumentos vinculados con el ejercicio de su profesión, arte u oficio, e inclusive un vehículo. Es decir, se posibilita traer aquellos elementos que nuestros compatriotas han logrado reunir en base a su esfuerzo en los años de emigración; de esa manera, se levanta una de las barreras que muchas veces hacía dudar o bien impedía el retorno al Uruguay de muchos compatriotas que, por supuesto, querían venir junto con el logro de sus trabajos y de sus esfuerzos.

Por lo tanto, vamos a votar con mucha satisfacción este proyecto de ley, por sus valores generales y, en particular, por el avance que supone en este tema tan importante el asumir la realidad de los uruguayos que viven en el exterior estableciendo políticas de vinculación.

Para terminar, quiero compartir con la Cámara una nota que nos llega, precisamente, de los representantes de los Consejos Consultivos de uruguayos en el exterior, que en estos días están realizando su Segundo Encuentro Mundial en la Cancillería, que se presentaron en el Parlamento y quisieron que conociéramos su opinión sobre este proyecto de ley.

La nota dice: "Montevideo, 11 de diciembre de 2007.- Honorables Diputados de la Nación: En conocimiento del proceso de aprobación de la Ley de Migraciones que ustedes están protagonizando, queremos hacerles llegar un gran apoyo a vuestra acción legislativa tan necesaria e importante para nuestro país.- Sabemos que en esta iniciativa figura un capítulo que nos involucra en nuestra calidad de uruguayos residentes en el exterior. Ello significa para nosotros una enorme satisfacción, que implica un reconocimiento y un gesto de vinculación con esta 'patria peregrina' a la que pertenecemos.- Ojalá, esto sea una muestra más de una larga cadena de iniciativas que sepa incorporar al ordenamiento jurídico uruguayo toda la problemática que nos atañe. Cada vez estamos más convencidos de que somos y debemos ser una Nación en muchos territorios.- En estos momentos hemos iniciado nuestro encuentro anual de Consejos Consultivos en donde estamos abocados a deliberar e intercambiar un gran conjunto de iniciativas y propuestas a efectos de potenciar y mejorar la vinculación entre todos los uruguayos.- Sean ustedes conscientes que esta futura ley será de gran importancia para la vida cotidiana de muchos compatriotas y, en definitiva estará poniendo de manifiesto las virtudes esenciales del Poder Legislativo legislando al servicio del interés general.- Felicitaciones por vuestro trabajo.- Siempre uruguayos saludan atentamente. Firman: representantes de Consejos Consultivos de los siguientes países: Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Venezuela, Canadá, España, Suecia, Francia, Australia".

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Hackenbruch Legnani).- Tiene la palabra la señora Diputada Peña Hernández.

SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Señor Presidente: es con profundo beneplácito que voy a votar este proyecto de ley que la Cámara tiene a discusión, aunque lo voy a hacer con algunas excepciones; estamos totalmente de acuerdo con el señor Diputado Pablo Abdala en lo referente a los artículos 24, 25 y 26.

No voy a hablar sobre el articulado, porque me parece que es muy acertado. Quiero hacer hincapié en la reflexión formulada por el señor Diputado Ibarra, en cuanto a que en el Uruguay vivimos unos tres millones cuatrocientos mil habitantes y en el exterior residen alrededor de seiscientos mil uruguayos; quiere decir que un 17% vive fuera de nuestras fronteras. Y cabe destacar que se han estado yendo desde los años sesenta hasta hoy, porque esta sangría no se ha frenado.

El hecho de que se presenten proyectos de ley como el que hoy estamos considerando va a ayudar a que los ilegales encuentren en el Uruguay un país que los atraiga y a que, en contraposición a lo que sucede en otros países, los uruguayos se sientan tales en España, pero puedan ser como los nacionales. Pero lo que más me preocupa es que más de la mitad de esos seiscientos mil uruguayos que viven en el exterior, un 54,3%, no llega a los 29 años. Eso significa que de los uruguayos que se han ido, más de la mitad son nuestros jóvenes.

Todos estos proyectos, al igual que la firma del convenio que aprobamos la semana pasada, referido a los derechos de los jóvenes, se suman las distintas medidas que se pueden ir tomando; pero no existe ninguna medida directa que apunte a los jóvenes que viven hoy en el Uruguay y que les sirva para que se queden en el país.

Apostamos a que vuelvan los que se fueron, por supuesto; queremos a todos los uruguayos aquí. También apostamos a que se queden los que vengan a nuestro país y sean de otra nacionalidad, porque constituyen un movimiento económico y productivo fuerte; ¡bienvenidos sean! Pero también quiero que haya políticas de Estado para que no se vayan los jóvenes que todavía están acá. Sin embargo, para ellos no hay nada; no hay ninguna política de Estado que apunte directamente a mantenerlos en el país. La mayor parte de los jóvenes que se van del Uruguay tienen formación universitaria; ocurre que terminan la carrera y, por una mala política educativa, no tienen trabajo. Y dije mala política educativa. Asimismo, por una mala política de trabajo, no tienen empleo. Pero esto no lo modificamos.

Reitero que lo importante es crear políticas de vivienda y de trabajo que apunten directamente a esa masa poblacional que se nos va: los jóvenes de hasta 29 años.

Por supuesto que vamos a acompañar este proyecto de ley; si pudiera hacerlo, lo votaría con las dos manos. Pero quiero reflexionar con los compañeros que lo que nos queda por hacer no es permitir acceder al voto epistolar a quienes se fueron para que puedan decidir por los que estamos acá -por algo es anticonstitucional-, sino que lo que necesitamos es que los uruguayos se queden, trabajen y formen este país que, desgraciadamente, se nos está despoblando.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Hackenbruch Legnani).- Tiene la palabra el señor Diputado Espinosa.

SEÑOR ESPINOSA.- Señor Presidente: celebramos la posibilidad de votar en la tarde de hoy un proyecto de ley de migración.

Aquí se han dicho muchas cosas; se ha hablado de las virtudes de este proyecto de ley -que comparto en general- y se han señalado matices específicos.

Quiero expresar, en particular, la alegría que me da el Capítulo XV de este proyecto de ley, que refiere a un tema que hemos abordado desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con el fenómeno de la trata, esa cara oculta de las migraciones que tanto dolor ocasiona, no solo en esta sociedad sino en el mundo entero. Cien mil mujeres de América Latina han sido víctimas de la trata. Estamos hablando de entre setecientas mil y dos millones de personas que son víctimas de este fenómeno al año; y, específicamente, son niñas y niños.

Se trata de un fenómeno tan lucrativo como el narcotráfico o la venta de armas en forma ilegal. Estamos hablando del dolor de mucha gente que hoy figura como desaparecida o como que viajó a Europa por trabajo; nos estamos refiriendo a los muchos reclutadores que andan por ahí, en la vuelta, seduciendo con propuestas laborales de todo tipo, para poder obtener esa materia prima que es la víctima de este fenómeno de la trata.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Pintado)

——También se hizo mención por parte de un señor Diputado a los desafíos. Si bien este proyecto de ley nos pone a la vanguardia y armoniza nuestro ordenamiento jurídico, nos compromete a todos, específicamente en este capítulo, a esforzarnos aún más.

Hoy por hoy, nadie discute que el Uruguay es un país de origen y de tránsito de este fenómeno, de este gran flagelo. Si bien comprendemos lo que representa el fenómeno de la migración en general -migrantes jóvenes que se van, inmigrantes que vienen-, este es un capítulo que requiere especial atención.

Por lo tanto, celebramos la votación favorable de este proyecto de ley y proponemos aunar los esfuerzos para que existan mecanismos educativos, de prevención y control, para evitar que este gran mal que tiene el siglo XXI -que ya existió en el pasado- pueda seguir enfrentándose.

Para culminar, creo que esto hace justicia. En un país como Uruguay, donde se ha abolido la pena de muerte, donde se ha abolido la esclavitud, no podemos aceptar que siga habiendo en sus estadísticas víctimas del fenómeno de la trata.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

SEÑOR SOUZA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR SOUZA.- Señor Presidente: mociono para que se suprima la lectura y se vote en bloque, excepto los artículos cuyo desglose fue solicitado.

SEÑOR CUSANO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CUSANO.- Señor Presidente: propongo que la supresión de la lectura y la votación en bloque se voten por separado.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Entonces, vamos a dividir en dos partes la moción del señor miembro informante.

Se va a votar la supresión de la lectura.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

Se va a votar si se vota en bloque, con excepción de los artículos desglosados.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y uno: AFIRMATIVA.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señor Presidente: recuerdo a la Mesa que he solicitado el desglose de los artículos 24, 25 y 26.

SEÑOR SOUZA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR SOUZA.- Señor Presidente: solicito que también se desglose el artículo 84, para hacerle una pequeña corrección tipográfica.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Se van a votar en bloque los artículos 1º a 23 y 27 a 83.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 24.

SEÑOR SOUZA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR SOUZA.- Señor Presidente: mociono para que se voten en bloque los artículos 24, 25 y 26.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Se va a votar la moción del señor miembro informante.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

Se van a votar en bloque los artículos 24, 25 y 26.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 84.

SEÑOR SOUZA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR SOUZA.- Señor Presidente: simplemente se trata de una corrección en la fecha de la Ley Nº 8.868; donde dice "15 de julio" debería decir "19 de julio".

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- La Mesa asume que se va a votar el artículo 84 con la corrección de fecha solicitada por el señor miembro informante.

(Se vota)

——Cincuenta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: solicito la reconsideración del artículo 76, si reglamentariamente es posible.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Debería reconsiderarse la votación en bloque de los artículos 1º al 23 y 27 al 83, para luego reconsiderar el artículo 76.

Se va a votar.

(Se vota)

——Doce en cincuenta y nueve: NEGATIVA.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: pido disculpas a la Cámara por este trámite. En realidad, si se podía reconsiderar o no el artículo 76 era un tema burocrático.

En los primeros años de la década del noventa existió un decreto por el cual se establecía que los uruguayos que quisieran volver a su país podían ejercer las facultades que aquí están determinadas. Creo que este artículo 76 va por el camino por el que debemos andar, pero me parece demasiado estricto.

Si mañana un uruguayo que tiene la desgracia de irse quiere volver al mes siguiente y tuvo la fortuna de comprar bienes, que vuelva con ellos. No creo que haya nadie en Uruguay que se vaya, que emigre, para traer una importación. A veces hacemos un artículo que facilita la situación, pero después establecemos tantas rigideces que se complica. Si un uruguayo vuelve, debemos ir todos nosotros a aplaudirlo a la escalera del avión y, si quiere, que traiga hasta a la novia.

Entonces, con respecto al artículo 76, que está bien inspirado, sugiero que no se establezca un plazo de retorno de dos años, ni que tenga que esperar cuatro años para vender un vehículo. Me parece que a veces nos ponemos demasiado formalistas y legalistas. Si ese uruguayo vuelve y trae un vehículo, sería mucho más lógico establecer que no se lo haya comprado tres días antes de volver que decirle que no puede venderlo por cuatro años. Si al hombre le va bien o le va mal; si vuelve, con esperanzas, pero le va como la mona, no puede ser que la ley le diga que no puede vender el vehículo por cuatro años. Por eso proponía que se modificara el artículo 76, para que no se establecieran tantas rigideces, porque lo que estamos haciendo es prever que mañana a un uruguayo se le ocurra -si Dios quiere- volver a esta bendita tierra.

Eso era lo que quería reconsiderar; la intención era proponer a los redactores que bajáramos un poco la barrera.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Ha quedado a probado el proyecto y se devolverá al Senado.

SEÑOR HERNÁNDEZ.- ¡Que se devuelva de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto aprobado:)

"CAPÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º.- El Estado uruguayo reconoce como derecho inalienable de las personas migrantes y sus familiares sin perjuicio de su situación migratoria, el derecho a la migración, el derecho a la reunificación familiar, al debido proceso y acceso a la justicia, así como a la igualdad de derechos con los nacionales, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.

CAPÍTULO II

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 2º.- La admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de las personas al territorio nacional se regirán por las disposiciones de la Constitución, de la presente ley y de la reglamentación que a sus efectos se dicte.

Artículo 3º.- Se entiende por "migrante" toda persona extranjera que ingrese al territorio con ánimo de residir y establecerse en él, en forma permanente o temporaria.

Artículo 4º.- El Estado uruguayo garantizará a las personas migrantes los derechos y privilegios que acuerden las leyes de la República y los instrumentos internacionales ratificados por el país.

Artículo 5º.- Quedan exceptuados del régimen de ingreso, permanencia y salida del país establecidos por la presente ley:

1) El personal diplomático y consular de países extranjeros acreditados en la República.

2) Las personas que vinieran en misiones oficiales procedentes de Estados extranjeros o de organismos internacionales.

3) El personal extranjero con inmunidades y privilegios diplomáticos de organismos internacionales con sede en la República, debidamente acreditados.

4) El personal extranjero técnico y administrativo enviado a prestar servicios en las misiones diplomáticas, consulares o de organismos internacionales, que gocen de inmunidades y privilegios diplomáticos.

5) Los familiares y el personal de servicio extranjero de las personas precedentemente mencionadas en los numerales 1) y 3) de este artículo, que gocen de inmunidades y privilegios diplomáticos.

6) El personal diplomático y consular de países extranjeros y de organismos internacionales, en tránsito por el territorio nacional.

7) Quienes por circunstancias especiales y fundadas determine el Poder Ejecutivo.

Artículo 6º.- En todos los casos las autoridades migratorias deberán obrar conforme lo disponen los tratados internacionales suscritos por el Uruguay en materia diplomática y consular y las demás leyes especiales o generales vigentes, limitándose en el caso del artículo 5º de la presente ley, a controlar la documentación de ingreso y egreso.

CAPÍTULO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS

Artículo 7º.- Las personas extranjeras que ingresen y permanezcan en territorio nacional en las formas y condiciones establecidas en la presente ley tienen garantizado por el Estado uruguayo el derecho a la igualdad de trato con el nacional en tanto sujetos de derechos y obligaciones.

Artículo 8º.- Las personas migrantes y sus familiares gozarán de los derechos de salud, trabajo, seguridad social, vivienda y educación en pie de igualdad con los nacionales. Dichos derechos tendrán la misma protección y amparo en uno y otro caso.

Artículo 9º.- La irregularidad migratoria en ningún caso impedirá que la persona extranjera tenga libre acceso a la justicia y a los establecimientos de salud. Las autoridades de dichos centros implementarán los servicios necesarios para brindar a las personas migrantes la información que posibilite su regularización en el país.

Artículo 10.- El Estado uruguayo garantizará el derecho de las personas migrantes a la reunificación familiar con padres, cónyuges, concubinos, hijos solteros menores o mayores con discapacidad, de acuerdo al artículo 40 de la Constitución de la República.

Artículo 11.- Los hijos de las personas migrantes gozarán del derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales. El acceso de los hijos de trabajadores migrantes a las instituciones de enseñanza pública o privada no podrá denegarse ni limitarse a causa de la situación irregular de los padres.

Artículo 12.- Toda persona migrante tendrá derecho a que el Estado le proporcione información relativa a sus derechos, deberes y garantías, especialmente en lo que refiere a su condición migratoria.

Artículo 13.- El Estado implementará acciones para favorecer la integración sociocultural de las personas migrantes en el territorio nacional y su participación en las decisiones de la vida pública.

Artículo 14.- El Estado velará por el respeto de la identidad cultural de las personas migrantes y de sus familiares y fomentará que éstas mantengan vínculos con sus Estados de origen.

Artículo 15.- Las personas migrantes deberán respetar y cumplir las obligaciones de la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados, leyes, decretos y reglamentaciones vigentes.

CAPÍTULO IV

DEL TRABAJO DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS

Artículo 16.- Las personas migrantes tendrán igualdad de trato que las nacionales con respecto al ejercicio de una actividad laboral.

Artículo 17.- El Estado adoptará las medidas necesarias para asegurar que las personas migrantes no sean privadas de ninguno de los derechos amparados en la legislación laboral a causa de irregularidades en su permanencia o empleo.

Artículo 18.- Las personas migrantes gozarán, con respecto a la seguridad social, del mismo trato que las nacionales en la medida que cumplan los requisitos previstos en la legislación del Estado uruguayo en la materia y de los instrumentos bilaterales y multilaterales ratificados por el país.

Artículo 19.- Las personas extranjeras admitidas en la categoría de "residente permanente" podrán desarrollar actividad laboral en relaciones de dependencia o por cuenta propia amparadas en la legislación laboral vigente. En igual sentido el "residente temporario" podrá realizar su actividad laboral en las mismas condiciones durante el período concedido para dicha residencia.

Artículo 20.- Las personas extranjeras admitidas en la categoría de "no residente" no podrán ejercer actividad laboral alguna fuera de las específicas en su categoría.

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que en el territorio nacional ocupen trabajadores extranjeros en relación de dependencia deberán cumplir la normativa laboral vigente, tal como se aplica a los trabajadores nacionales.

Artículo 22.- Ningún empleador podrá contratar laboralmente a personas extranjeras que se encuentren en situación irregular en el territorio nacional.

Artículo 23.- El Estado podrá establecer en determinadas circunstancias políticas que determinen categorías limitadas de empleo, funciones, servicios o actividades, de acuerdo a la legislación nacional y los instrumentos bilaterales y multilaterales ratificados por el país.

CAPÍTULO V

DE LOS ORGANISMOS COMPETENTES Y SUS ATRIBUCIONES

Artículo 24.- Créase la Junta Nacional de Migración como órgano asesor y coordinador de políticas migratorias del Poder Ejecutivo.

Estará integrada por un delegado del Ministerio del Interior, un delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores y un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, designados por los jerarcas de cada uno de los Ministerios.

La Presidencia será ejercida en forma rotativa por cada una de las Secretarías de Estado, con una alternancia por períodos no menores a los seis meses, tomándose las resoluciones por consenso.

La Junta Nacional de Migración podrá convocar para consulta o asesoramiento a otras instituciones públicas o privadas, representantes de las organizaciones sociales y gremiales, representantes de organismos internacionales y expertos, cuando la temática así lo imponga.

Artículo 25.- Son competencias de la Junta Nacional de Migración:

A) Proponer las políticas migratorias al Poder Ejecutivo.

B) Proponer la reglamentación de la normativa migratoria.

C) Implementar instancias de coordinación intergubernamental en la aplicación de dichas políticas.

D) Asesorar en materia migratoria dentro de la órbita de competencia de cada organismo del Estado.

E) Analizar y proponer modificaciones en la normativa migratoria.

F) Procurar el relacionamiento multilateral en la materia.

G) Promover la adopción de decisiones que favorezcan el proceso de integración regional en relación con las migraciones intra y extra zona.

H) Promover la adopción de todas las medidas necesarias para lograr una adecuada aplicación de las disposiciones migratorias.

I) Actuar como órgano dinamizador de las políticas migratorias.

J) Proponer la implementación de los siguientes programas: de migración selectiva relativo a la inmigración de personas extranjeras; de retorno de uruguayos; de la vinculación con compatriotas en el exterior y de poblaciones con alta propensión migratoria.

K) Implementar cursos de formación y sensibilización a los recursos humanos vinculados con la materia con el fin de capacitar sobre la base de los principios que inspiran la presente ley.

L) Promover el relevamiento de datos estadísticos sobre el fenómeno migratorio.

Artículo 26.- Créase el Consejo Consultivo Asesor de Migración integrado por las organizaciones sociales y gremiales relacionadas con la temática migratoria.

La reglamentación establecerá la forma de funcionamiento y su integración, la que podrá modificarse en razón de los asuntos que se sometan a su asesoramiento.

Compete al Consejo Consultivo Asesor de Migración asesorar a la Junta Nacional de Migración en los temas relativos a la inmigración y emigración de personas, en el diseño de políticas migratorias y en el seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente en la materia.

Artículo 27.- El Ministerio del Interior tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:

A) Habilitar los lugares por los cuales las personas deben ingresar o egresar del país.

B) Otorgar y cancelar, a las personas extranjeras, la residencia definitiva, en los casos señalados en la presente ley.

C) Expulsar a las personas extranjeras según las causales previstas en la presente ley.

Artículo 28.- El Ministerio del Interior podrá, por resolución fundada, delegar en la Dirección Nacional de Migración cualquiera de las atribuciones establecidas en el artículo 27 de la presente ley.

Artículo 29.- La Dirección Nacional de Migración tendrá las siguientes atribuciones:

A) Controlar y fiscalizar el ingreso, permanencia y egreso de personas del país, en cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes, así como declarar irregular el ingreso o permanencia de personas extranjeras cuando no pudieran probar su situación migratoria en el país.

B) Rechazar a las personas extranjeras en el momento de ingresar al país, de acuerdo a las situaciones previstas en la presente ley.

C) Exigir permiso de viaje a menores de edad de nacionalidad uruguaya o extranjera con domicilio o residencia habitual en el país.

D) Registrar las entradas y salidas de las personas del territorio nacional y efectuar las estadísticas correspondientes.

E) Controlar la permanencia de las personas extranjeras en relación a su situación migratoria en el país.

F) Otorgar y cancelar el permiso de residencia temporaria y autorizar su prórroga.

G) Otorgar la prórroga de permanencia a quienes hubieren ingresado al país como no residentes.

H) Autorizar el cambio de categoría a las personas extranjeras que ingresan regularmente al país como residentes temporarios o no residentes.

I) Regularizar la situación de las personas migrantes cuando así correspondiere.

J) Inspeccionar los medios de transporte internacional para verificar el cumplimiento de las normas vigentes relacionadas con la entrada y salida del país de pasajeros y tripulantes.

K) Aplicar las sanciones administrativas que correspondan a quienes infrinjan las normas migratorias en los casos previstos en la presente ley y cobrar las multas pertinentes.

L) Percibir y proponer los tributos que por la prestación de servicios pudieran corresponder.

M) Disponer medidas de expulsión de residentes temporarios y no residentes cuando así lo haya resuelto el Ministerio del Interior.

N) Ejercer las demás atribuciones que le confiere la presente ley y su reglamentación.

Artículo 30.- El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus Consulados tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:

A) Recibir, controlar e informar las solicitudes de ingreso al país que se tramiten en el exterior, para luego remitirlas a la Dirección Nacional de Migración para su diligenciamiento de acuerdo a la reglamentación que se dicte al efecto.

B) Otorgar visas de ingreso al país en las categorías previstas en la presente ley y su reglamentación.

C) Difundir las políticas y programas del Estado uruguayo en materia migratoria.

CAPÍTULO VI

CATEGORÍAS MIGRATORIAS

Artículo 31.- Las personas extranjeras serán admitidas para ingresar y permanecer en el territorio nacional en las categorías de no residente y residente.

La categoría de residente se subdivide en residente permanente y temporario.

Artículo 32.- Se considera residente permanente la persona extranjera que ingresa al país con el ánimo de establecerse definitivamente y que reúna las condiciones legales para ello.

Artículo 33.- Tendrán la categoría de residentes permanentes los cónyuges, concubinos, padres y nietos de uruguayos, bastando para ello acreditar dicho vínculo ante las autoridades de la Dirección Nacional de Migración.

Artículo 34.- Se considera residente temporario la persona extranjera que ingresa al país a desarrollar una actividad por un plazo determinado.

Podrán ser consideradas dentro de esta categoría las siguientes actividades sin perjuicio de las que se puedan establecer mediante la correspondiente reglamentación:

A) Trabajadores migrantes.

B) Científicos, investigadores y académicos.

C) Profesionales, técnicos y personal especializado.

D) Estudiantes, becarios y pasantes.

E) Personas de negocios, empresarios, directores, gerentes y consultores.

F) Periodistas.

G) Deportistas.

H) Artistas.

I) Religiosos.

Asimismo estarán comprendidos:

A) Cónyuges, hijos menores y padres de las personas mencionadas en los literales anteriores del presente artículo.

B) Personas que ingresen al país por razones humanitarias.

C) Aquellos que sin estar comprendidos en los literales anteriores del presente artículo fueran autorizados por el Poder Ejecutivo por resolución fundada.

Los ciudadanos de los Estados miembros del MERCOSUR y Estados Asociados tendrán también esta categoría cuando así lo soliciten.

Artículo 35.- Mientras se encuentren vigentes los plazos de permanencia, las personas con residencia temporaria podrán entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo estimen conveniente, bastando para ello acreditar su condición en la forma que establezca la reglamentación.

Artículo 36.- Se considera no residente a la persona extranjera que ingresa al país sin ánimo de permanecer en forma definitiva ni temporaria en el territorio nacional.

Integran esta categoría migratoria:

1) Turistas. Las personas extranjeras que ingresan al país con fines de recreo, esparcimiento o descanso.

2) Invitados por entes públicos o privados en razón de su profesión o arte.

3) Negociantes.

4) Integrantes de espectáculos públicos, artísticos o culturales.

5) Tripulantes de los medios de transporte internacional.

6) Pasajeros en tránsito.

7) Personas en tránsito vecinal fronterizo.

8) Tripulantes de buques de pesca.

9) Tripulantes que realicen trasbordo en el territorio nacional.

10) Personas que vienen a someterse a tratamiento médico.

11) Deportistas.

12) Periodistas y demás profesionales de los medios de comunicación.

13) Todas aquellas personas que sin estar incluidas en los numerales anteriores fueran autorizadas expresamente por la Dirección Nacional de Migración.

Artículo 37.- Los requisitos, procedimientos y plazos para obtener la admisión en una u otra categoría prevista en la presente ley, serán fijados por la reglamentación que se dicte al efecto.

Artículo 38.- Vencidos los plazos de permanencia autorizada, las personas extranjeras deberán hacer abandono del país, excepto en aquellos casos en que la Dirección Nacional de Migración por razones justificadas prorrogue dicho plazo o que se solicite por aquéllas, antes de su vencimiento, el cambio de categoría migratoria.

Artículo 39.- Las personas extranjeras admitidas en alguna de las categorías descriptas, podrán solicitar el cambio de una categoría migratoria a otra, siempre que cumplan con las exigencias que la reglamentación fije al efecto.

CAPÍTULO VII

DEL CONTROL DEL INGRESO Y DEL EGRESO

Artículo 40.- El ingreso y el egreso de personas al territorio nacional deberá realizarse por los lugares habilitados, munidas de la documentación que la reglamentación determine.

Artículo 41.- Serán documentos hábiles de viaje el pasaporte y los documentos de identidad vigentes, así como todos los que la reglamentación establezca.

Artículo 42.- El otorgamiento de la visa consular, en aquellos casos en que sea exigible, se regirá por lo dispuesto por los acuerdos y tratados suscritos por la República y por la legislación vigente, reservándose el Poder Ejecutivo, por razones fundadas, el derecho a no otorgarla.

CAPÍTULO VIII

DEL DESEMBARCO CONDICIONAL

Artículo 43.- En caso de duda sobre la situación legal o documentaria de personas extranjeras se podrá autorizar, con carácter condicional, el ingreso al territorio nacional, reteniéndose la documentación presentada, elevando los antecedentes a la Dirección Nacional de Migración o a la Justicia Penal, cuando así correspondiere.

Artículo 44.- Asimismo, se podrá autorizar el ingreso condicional al país de las personas que no reúnan los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamentación, cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o en cumplimiento de compromisos internacionales.

CAPÍTULO IX

DE LOS IMPEDIMENTOS DEL INGRESO Y DE LA PERMANENCIA

Sección I

Causales de rechazo al ingreso

Artículo 45.- Serán causales de rechazo para el ingreso al país:

A) La falta de documentación requerida para ingresar al país.

B) Haber incurrido o participado en actos de Gobierno o de otro tipo que constituyan genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad o cualquier acto violatorio de los derechos humanos establecido como tal en los instrumentos internacionales ratificados por el país.

C) Haber sido objeto de medidas de expulsión o de prohibición de reingreso al país y la medida no haya sido revocada.

D) Haber sido objeto de condena por delitos relacionados al tráfico y trata de personas, lavado de activos, tráfico de estupefacientes y tráfico de armas en el país o fuera de él.

E) Haber intentado ingresar al territorio nacional eludiendo el control migratorio.

F) Razones de orden público de índole sanitaria en concordancia con lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional vigente.

G) Razones de orden público o de seguridad del Estado determinadas por el Poder Ejecutivo.

Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 44 de la presente ley, el personal asignado en frontera terrestre, marítima, fluvial o aérea, se abstendrá de impedir el ingreso al territorio nacional a toda persona que manifieste su intención de solicitar refugio. Esta disposición se aplicará aun cuando la persona extranjera no posea documentación exigible por las disposiciones legales migratorias o ésta sea visiblemente falsificada o alterada.

Sección II

Causales de denegatoria de la residencia

Artículo 46.- Son causales de denegatoria de la residencia de las personas:

1) Haber sido procesadas o condenadas por delitos comunes de carácter doloso cometidos en el país o fuera de él, que merezcan según las leyes de la República la aplicación de penas privativas de libertad mayores a los dos años.

2) Registrar una conducta reiterante en la comisión de delitos.

Para que dichas personas puedan gestionar su residencia deberá haber transcurrido un término de cinco años sin haber cometido nuevo delito computado a partir de la condena. A tales efectos deberá descontarse, para la determinación del plazo, los días que el agente permaneciese privado de su libertad a raíz de la detención preventiva o por el cumplimiento de la pena.

CAPÍTULO X

CANCELACIÓN DE LA RESIDENCIA Y DE LA PERMANENCIA

Sección I

Roles del Ministerio del Interior

Artículo 47.- El Ministerio del Interior podrá cancelar, en todos los casos, la residencia que hubiese otorgado y disponer su consecuente expulsión cuando:

A) La persona extranjera que mediante hechos o actos simulados o fraudulentos hubiere logrado obtener la categoría migratoria pertinente.

B) La persona extranjera que en el territorio nacional cometiere delito de carácter doloso y fuera condenado con pena de penitenciaría o registrase una conducta reiterante en la comisión de delitos, excepto los refugiados.

C) La persona con residencia permanente que se ausentare del país por un plazo superior a tres años.

D) La persona con residencia permanente o temporaria que haya ingresado al país a través de un programa subvencionado por el Estado uruguayo o haya sido exonerado del pago de impuestos, tasas o contribuciones y no cumpliere con las condiciones que dieron origen a la subvención o exoneración.

E) La persona con residencia permanente o temporaria que realizare alguna de las conductas previstas en los literales B) y D) del artículo 45 de la presente ley.

F) La persona con residencia que cometiere en el país o fuera de él actos de terrorismo o cualquier acto violatorio de los derechos humanos establecido como tal en los instrumentos internacionales ratificados por el país.

Artículo 48.- La cancelación de la residencia permanente o temporaria no se efectivizará en los casos en que la persona extranjera fuera madre, padre, cónyuge o concubino del nacional.

Artículo 49.- La resolución administrativa que dispone la cancelación podrá ser impugnada por el régimen de recursos previsto en el artículo 317 de la Constitución de la República, demás disposiciones legales y concordantes y tendrán efecto suspensivo.

Artículo 50.- La Dirección Nacional de Migración, por resolución fundada, podrá disponer la cancelación de la residencia temporaria o del plazo de permanencia autorizada al no residente, cuando se hayan desnaturalizado las razones que motivaron su concesión y disponer su consecuente expulsión.

Sección II

Causales de expulsión

Artículo 51.- Serán causales de expulsión del territorio nacional:

A) Haber ingresado al país por punto no habilitado o eludiendo el control migratorio.

B) Haber sido objeto de desembarco condicional a raíz de dudas de la condición legal o documentaria.

C) Permanecer en el país una vez vencido el plazo de permanencia autorizado.

D) Haber ingresado al país mediante documentación material o ideológicamente falsa o adulterada, en los casos que así lo haya dispuesto la Justicia competente.

E) La ejecución de la medida de cancelación de la residencia temporaria y del plazo de permanencia autorizado al no residente.

F) Si habiendo ingresado legítimamente al país posteriormente se comprueba que la persona está comprendida en algunas de las hipótesis previstas en los literales B) y D) del artículo 45 de la presente ley.

Artículo 52.- La Dirección Nacional de Migración, en los casos previstos en los literales A), B) y C) del artículo 51 de la presente ley, atendiendo a las circunstancias del caso -parentesco con nacional, condiciones personales y sociales del migrante- deberá intimarlo previamente a regularizar su situación en el país, en un plazo perentorio, bajo apercibimiento de resolverse su expulsión.

Artículo 53.- Las resoluciones administrativas que disponen la expulsión de las personas extranjeras serán pasibles de impugnación por el régimen de recursos previsto en el artículo 317 de la Constitución de la República, demás disposiciones legales y concordantes y tendrán efecto suspensivo.

Artículo 54.- La medida de expulsión recién podrá concretarse cuando la resolución denegatoria se encuentre firme.

Artículo 55.- En ningún caso la medida de expulsión menoscabará por sí sola los derechos adquiridos por las personas extranjeras a recibir o demandar el pago de sus salarios u otras prestaciones que le pudieran corresponder.

Artículo 56.- Queda prohibida la expulsión colectiva de migrantes.

CAPÍTULO XI

DEL CONTROL DE SALIDA

Artículo 57.- La autoridad migratoria deberá impedir la salida del país de toda persona que no se encuentre en posesión de la documentación migratoria que al efecto fije la reglamentación de la presente ley.

Tampoco se permitirá la salida cuando exista cierre de frontera dispuesto por la autoridad judicial competente.

Los impedimentos de salida del país de personas mayores de edad dispuestos por los tribunales jurisdiccionales caducarán al cumplir los cinco años, contados a partir de la fecha del auto que lo dispuso. En caso de personas, a cuyo respecto se haya decretado el cierre de fronteras por parte de la Justicia Penal, el plazo de prescripción de la pena del delito determinará la finalización del mismo.

Si transcurridos los cinco años la sede jurisdiccional competente estimara necesario mantener el cierre dispuesto oportunamente, así lo hará saber a la autoridad migratoria.

Los impedimentos de salida del país dispuestos por los tribunales jurisdiccionales con respecto a los menores de edad, caducarán al cumplir la mayoría de edad.

En los oficios o comunicaciones dirigidos a las autoridades encargadas de llevar a la práctica los impedimentos deberán establecerse los nombres y apellidos, nacionalidad, fecha de nacimiento y número de documento de identidad o de viaje.

En caso de carecer de algún dato imprescindible para la correcta identificación de la persona impedida, las reparticiones a las que van dirigidas no estarán obligadas a dar trámite a la medida dispuesta hasta tanto sea subsanada la omisión.

Los impedimentos de salida dispuestos a personas mayores de edad con anterioridad a la promulgación de la presente ley, caducarán a partir de los ciento ochenta días de la vigencia de ésta, siempre que hayan transcurrido cinco años desde el auto que lo dispuso.

CAPÍTULO XII

DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL

Artículo 58.- Las empresas de transporte internacional, sus agentes o representantes, intermediarios o comisionistas, deberán registrarse en la Dirección Nacional de Migración, cumpliendo los requisitos que al respecto establezca la reglamentación.

Artículo 59.- Las empresas de transporte internacional, sus agentes o representantes, intermediarios o comisionistas, serán solidariamente responsables por el transporte y custodia de pasajeros y tripulantes, hasta que hubiesen pasado la inspección del control migratorio, debiendo cumplir al efecto con las disposiciones de la presente ley y su reglamentación, así como demás normas vigentes.

Artículo 60.- Las empresas de transporte internacional, sus agentes o representantes legales, intermediarios o comisionistas deberán:

1) Permitir la inspección por parte de la Dirección Nacional de Migración de todos los medios de transporte, cuando fuere pertinente.

2) Presentar la documentación requerida de los tripulantes y pasajeros y demás documentos que establezca la reglamentación.

3) No vender pasajes ni transportar pasajeros sin la presentación de la documentación requerida a tales efectos, debidamente visada cuando correspondiere.

4) Abonar los gastos que demanden por servicios de inspección o de control migratorio.

5) No permitir el desembarco de pasajeros en una escala técnica, salvo que se encuentren expresamente autorizados por la Dirección Nacional de Migración.

Artículo 61.- Los tripulantes y el personal que integra la dotación de un medio de transporte internacional deberán estar provistos de la documentación hábil para acreditar su identidad y su condición de tripulante o de pertenecer a la dotación de transporte.

Artículo 62.- Al rechazar la autoridad migratoria la admisión de cualquier pasajero extranjero al momento de efectuarse el control migratorio de ingreso al país, la empresa de transporte, sus agentes o representantes, intermediarios o comisionistas, quedarán obligados a reconducirlos a su cargo al país de origen o procedencia o fuera del territorio de la República, en el medio de transporte en que llegó. En caso de imposibilidad, la empresa es responsable de su reconducción por otro medio, dentro del plazo perentorio que se le fije, quedando a su cargo los gastos que ello ocasionare.

Artículo 63.- Las empresas de transporte internacional quedan obligadas a transportar a su cargo fuera del territorio uruguayo y en el plazo que se le fije, a toda persona extranjera cuya expulsión ordene la autoridad administrativa o judicial competente.

Artículo 64.- La obligación de transporte establecida en el artículo 63 de la presente ley, se limita a una plaza cuando el medio de transporte no exceda de doscientas plazas y a dos plazas cuando supere dicha cantidad.

Artículo 65.- En caso de deserción de tripulantes o personal de la dotación, el transportista queda obligado a reconducirlos a su cargo fuera del territorio nacional, debiendo depositar la caución que fije la reglamentación mientras no se haga efectiva la medida.

Artículo 66.- Las obligaciones emergentes de los artículos 62, 63, 64 y 65 de la presente ley, son consideradas cargas públicas y su acatamiento no dará lugar a pago o indemnización alguna.

Artículo 67.- En caso de que la empresa no diera cumplimiento a las obligaciones emergentes de los artículos 62, 63, 64, 65 y 66 de la presente ley, el Ministerio del Interior podrá impedir la salida del territorio o de aguas jurisdiccionales nacionales, del medio de transporte, hasta tanto la empresa responsable cumpla las obligaciones pertinentes.

Artículo 68.- La Dirección Nacional de Migración autorizará a las empresas de transporte internacional o a las agencias de turismo, sus agentes o representantes, intermediarios o comisionistas, el desembarco de los pasajeros de los buques, aeronaves u otros medios de transporte que hagan escala en puertos o aeropuertos nacionales, en cruceros de turismo o por razones de emergencia, en las condiciones que la reglamentación disponga.

CAPÍTULO XIII

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y LAS EXONERACIONES

Artículo 69.- La Dirección Nacional de Migración queda facultada para aplicar multas de carácter pecuniario, las que serán fijadas por la reglamentación correspondiente, entre un mínimo de 4 UR (cuatro unidades reajustables) y un máximo de 400 UR (cuatrocientas unidades reajustables).

Serán pasibles de aplicación de sanciones y multas las empresas de transporte internacional terrestres, marítimas, fluviales o aéreas que no cumplan las disposiciones migratorias vigentes.

Artículo 70.- La Dirección Nacional de Migración podrá exonerar del pago de la tasa correspondiente a sus servicios a aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza. Dicha situación deberá justificarse fehacientemente, entendiéndose como tal, a quien presente carencias críticas en sus condiciones de vida.

Asimismo, y en igualdad de condiciones, podrá exonerar de la tasa correspondiente a sus servicios a aquellas personas que sean solicitantes de refugio o refugiadas.

CAPÍTULO XIV

DE LOS URUGUAYOS EN EL EXTERIOR

Artículo 71.- El Estado uruguayo fomentará la suscripción de convenios con los Estados en los que residen nacionales uruguayos, a los efectos de garantizarles la igualdad de trato con los nacionales de esos Estados.

Artículo 72.- El Poder Ejecutivo podrá suspender los beneficios que otorga la presente ley a los nacionales de los Estados que dicten normas o reglamentos que dispongan restricciones a los uruguayos que se encuentren en el territorio de dichos Estados con ánimo de permanencia, en tanto se afecte el principio de reciprocidad.

Artículo 73.- El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación, tendrá a su cargo la coordinación de la política nacional de vinculación y retorno con la emigración. Planificará, programará y ejecutará dicha política en el exterior a través del Servicio Exterior de la República, el que considerará especialmente las sugerencias que al efecto emitan los Consejos Consultivos en cuanto fuera pertinente.

Artículo 74.- Los Consejos Consultivos son organizaciones representantivas de los uruguayos residentes en el exterior cuyo cometido central será la vinculación con el país en sus más diversas manifestaciones.

La organización y funcionamiento de los mismos se sustentará sobre la base de principios democráticos y la forma organizativa que establezca la reglamentación.

El Servicio Exterior de la República, a través de sus misiones diplomáticas y oficinas consulares, los reconocerá como tales y brindará, dentro del ámbito de sus competencias, el apoyo que le sea requerido.

Artículo 75.- La declaración de los nacimientos de hijos de padre o madre oriental ocurridos en el exterior, podrá hacerse ante los Agentes Consulares de la República con jurisdicción.

El Ministerio de Relaciones Exteriores difundirá a través de sus sedes en el exterior la disposición que antecede.

Artículo 76.- Todo uruguayo con más de dos años de residencia en el exterior que decida retornar al país, podrá introducir libre de todo trámite cambiario y exento de toda clase de derechos de aduana, tributos o gravámenes conexos:

A) Los bienes muebles y efectos que alhajan su casa habitación.

B) Las herramientas, máquinas, aparatos e instrumentos vinculados con el ejercicio de su profesión, arte u oficio.

C) Por una única vez, un vehículo automotor de su propiedad, el que no podrá ser transferido hasta transcurrido un plazo de cuatro años a contar desde su ingreso a la República. El régimen a que esté sujeto el automotor deberá constar en los documentos de empadronamiento municipal y en el Registro Nacional de Automotores.

El citado vehículo deberá ser empadronado directamente por la persona interesada en la Intendencia Municipal correspondiente.

CAPÍTULO XV
DE LOS DELITOS

Sección I
Tráfico de personas

Artículo 77.- Quien promoviere, gestionare o facilitare de manera ilegal el ingreso o egreso de personas al territorio nacional por los límites fronterizos de la República, con la finalidad de obtener un provecho para sí o para un tercero, será castigado con una pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría. Con la misma pena será castigada toda persona que en las mismas condiciones favoreciera la permanencia irregular de migrantes dentro del territorio uruguayo.

Sección II
Trata de personas

Artículo 78.- Quien de cualquier manera o por cualquier medio participare en el reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o el recibo de personas para el trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre, la explotación sexual, la remoción y extracción de órganos o cualquier otra actividad que menoscabe la dignidad humana, será castigado con una pena de cuatro a dieciséis años de penitenciaría.

Artículo 79.- Quien, fuera de los casos previstos en el artículo 78 de la presente ley y con los mismos fines, favorezca o facilite la entrada, el tránsito interno o la salida de personas del país, será castigado con una pena de dos a ocho años de penitenciaría.

Artículo 80.- Será de aplicación, en lo pertinente, en los casos de trata de personas lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley Nº 18.026, de 25 de setiembre de 2006, en favor de los denunciantes, víctimas, testigos y familiares.

Sección III

Agravantes especiales

Artículo 81.- Se consideran agravantes especiales de los delitos descritos en los artículos 77, 78 y 79 de la presente ley y se incrementarán de un tercio a la mitad las penas en ellos establecidos cuando medien las siguientes circunstancias:

A) Cuando se hubiere puesto en peligro la salud o la integridad física de los migrantes.

B) Cuando la víctima se trate de un niño o un adolescente o el agente se haya prevalecido de la incapacidad física o intelectual de una persona mayor de dieciocho años.

C) Cuando el agente revista la calidad de funcionario policial o tenga a su cargo la seguridad, custodia o el control de las cuestiones relativas a la migración de personas.

D) Cuando el tráfico o la trata de personas se efectuara con violencia, intimidación o engaño o abusando de la inexperiencia de la víctima.

E) Cuando el agente hiciere de las actividades mencionadas en los artículos 77, 78 y 79 de la presente ley su actividad habitual.

CAPÍTULO XVI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 82.- Excepcionalmente, y por única vez, a las personas extranjeras que hayan ingresado al país y se mantengan en situación irregular al momento de la promulgación de la presente ley, podrá concedérseles la residencia legal en el país, siempre que cumplieren con los requisitos que establezca la reglamentación al efecto.

Artículo 83.- Las disposiciones de la presente ley en lo que refiere a la admisión, ingreso y permanencia de las personas extranjeras al territorio nacional, deberán interpretarse y aplicarse de modo compatible con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados y especialmente con las disposiciones de la Ley Nº 18.076, de 19 de diciembre de 2006, sobre el Estatuto del Refugiado.

Artículo 84.- Deróganse las Leyes Nº 2.096, de 19 de junio de 1890, Nº 8.886, de 19 de julio de 1932, y sus modificativas, y Nº 9.604, de 13 de octubre de 1936, y demás normas que se opongan a la presente ley".

16.- Asuntos entrados fuera de hora.

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Machado.

(Se lee:)

"Mociono para que se dé cuenta de un asunto entrado fuera de hora".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

7.- Proyectos presentados.

Dese cuenta del asunto entrado fuera de hora.

(Se lee:)

"Los señores Representantes Tabaré Hackenbruch Legnani y Guido Machado presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de un proyecto de ley relacionado con la exoneración del pago de deuda de contribución inmobiliaria rural en los casos que se determinan. C/2277/007".

18.- Comisión Especial de Colegiación. (Prórroga de plazo)

——Dese cuenta de una moción presentada por el señor Diputado Roballo.

(Se lee:)

"Mociono para que se prorrogue por 180 días la actuación de la Comisión Especial de Colegiación".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

19.- Comisión Especial para el estudio de los tests psicolaborales. (Prórroga de plazo).

Dese cuenta de otra moción presentada por el señor Diputado Roballo.

(Se lee:)

"Mociono para que se prorrogue por 180 días el plazo de actuación de la Comisión Especial para el estudio de los tests psicolaborales".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y seis en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

20.- Urgencias.

Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados Roballo y Pablo Abdala.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto relativo a 'Utilización del espectro radioeléctrico y medios comunitarios de radiodifusión. (Regulación)'".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho en sesenta: AFIRMATIVA.

21.- Utilización del espectro radioeléctrico y medios comunitarios de radiodifusión. (Regulación).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Utilización del espectro radioeléctrico y medios comunitarios de radiodifusión. (Regulación)".

(NUEVOS ANTECEDENTES:)

Anexo II al
Rep. Nº 498

"TEXTO APROBADO POR LA CÁMARA

DE REPRESENTANTES

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º. (Derecho a la libertad de expresión, comunicación e información y a fundar un medio de comunicación por radiodifusión).- La radiodifusión es un soporte técnico para el ejercicio, preexistente a cualquier intervención estatal, del derecho humano a la libertad de expresión y a la libertad de información. Por ello no existirá otra limitación a la utilización del espectro radioeléctrico que la resultante de establecer las garantías para el ejercicio de los derechos de todos los habitantes de la República, lo que define los límites y el carácter de la intervención estatal en su potestad de administrar la asignación de frecuencias.

Artículo 2º. (Derecho al uso equitativo de frecuencias radioeléctricas).- El espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad sujeto a administración de los Estados y, por tanto, el uso equitativo a las frecuencias de toda la sociedad uruguaya constituye un principio general de su administración.

Artículo 3º. (Principios para la administración del espectro radioeléctrico).- El Estado administrará las frecuencias radioeléctricas garantizando los derechos establecidos en los artículos 1º y 2º de la presente ley, en base a los siguientes principios:

A) Promoción de la pluralidad y diversidad; la promoción de la diversidad debe ser un objetivo primordial de la legislación de radiodifusión, de esta ley en particular y de las políticas públicas que desarrolle el Estado.

B) No discriminación; se deberá garantizar igualdad de oportunidades para el acceso de los habitantes de la República a los medios de comunicación electrónicos, para que puedan ejercer su derecho a la información y a la libertad de expresión con las solas exclusiones que esta ley determinará con el objeto de sostener el mencionado principio y prevenir prácticas de favorecimiento.

C) Transparencia y publicidad en los procedimientos y condiciones de otorgamiento de las asignaciones de frecuencias, que permitan el efectivo contralor por parte de los ciudadanos.

CAPÍTULO II

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA

Artículo 4º. (Servicio de radiodifusión comunitaria).- El Estado tiene la obligación de garantizar y promover el servicio de radiodifusión comunitaria en base a los derechos y principios consagrados en el Capítulo I.

Se entenderá por servicio de radiodifusión comunitaria el servicio de radiodifusión no estatal de interés público, prestado por asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica o por aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro (artículos 6º y 13 de la presente ley) y orientado a satisfacer las necesidades de comunicación social y a habilitar el ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión de los habitantes de la República.

Su finalidad será la promoción del desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la satisfacción de las necesidades de comunicación social, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los vínculos que hacen a la esencia de la identidad cultural y social. No podrán realizar proselitismo, ni promover la discriminación de raza, etnia, género, orientación sexual, religión, edad o de cualquier otro tipo.

En ningún caso se entenderá que el servicio de radiodifusión comunitaria implica necesariamente un servicio de cobertura geográfica restringida, estando definido por su finalidad pública y social y no por el alcance de la emisión, el cual dependerá de la disponibilidad y planes de uso del espectro y la propuesta comunicacional de la emisora.

De acuerdo con la función y responsabilidad que poseen los servicios de radiodifusión comunitaria, su programación deberá ser preferentemente de producción propia y nacional (departamental o local).

La programación también incluirá espacios de producción independiente, preferentemente la realizada por grupos sociales o personas que habiten el área de alcance de la emisora y siempre que la misma sea compatible con la finalidad del servicio.

Artículo 5º. (Reserva del espectro radioeléctrico).- El Poder Ejecutivo, previo informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones y opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, reservará para la prestación del servicio de radiodifusión comunitaria y otros sin fines de lucro, al menos un tercio del espectro radioeléctrico por cada localidad en todas las bandas de frecuencia de uso analógico y digital y para todas las modalidades de emisión.

La reserva deberá ser actualizada anualmente y será de conocimiento público.

Artículo 6º. (Titulares).- Serán titulares del servicio de radiodifusión comunitaria las asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o en trámite de constitución.

Podrán serlo también aquellos grupos de personas organizadas sin fines de lucro, en los términos que prevé el artículo 13 de la presente ley. En este último caso, una o más personas físicas, que integren real y efectivamente la organización y ejerzan autoridad en la misma, deberán hacerse enteramente responsables de los contenidos a emitir mediante declaración jurada a presentar ante el Ministerio de Educación y Cultura, con formalidades análogas a las previstas en el artículo 4º de la Ley Nº 16.099, de 3 de noviembre de 1989, en lo que sea pertinente. Todo ello sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos establecidos en los numerales siguientes del presente artículo.

1) Los titulares de un servicio de radiodifusión comunitaria y sus directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad en la conducción y orientación de la emisora, no podrán ser beneficiarios ni adjudicatarios de participar, parcial o totalmente, directa o indirectamente, de más de una frecuencia por banda de radiodifusión para el servicio de radiodifusión comunitaria. Dichas personas tampoco podrán ser titulares o parientes de titulares (en línea recta o colateral hasta el segundo grado) de otros medios de radiodifusión no comunitarios.

2) Los directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad de la conducción y orientación de la emisora deberán ser ciudadanos naturales o legales en ejercicio de la ciudadanía, estar domiciliados real y permanentemente en la República, en el área de alcance o cobertura de la emisora.

Artículo 7º. (Adjudicación del Poder Ejecutivo).- La asignación del canal respectivo del espectro radioeléctrico para la instalación y operación de estaciones de radiodifusión comunitaria requerirá de resolución del Poder Ejecutivo de conformidad con la reglamentación correspondiente, previo informe técnico de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones y opinión preceptiva del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria. Este último contará con un plazo de sesenta días para pronunciarse. De no hacerlo en el plazo referido se interpretará en términos favorables la solicitud.

El principio general para la asignación de frecuencias para servicios de radiodifusión comunitaria será el concurso abierto y público, previa realización de audiencia pública.

El proceso de asignación de frecuencia se hará:

A) A través de llamados públicos que serán realizados con amplia publicidad y en principio al menos dos veces al año, atendiendo a planes y políticas nacionales de gestión del espectro. Sin perjuicio de lo anterior, ante una solicitud de una entidad interesada y existiendo disponibilidad del espectro radioeléctrico en la localidad, el Poder Ejecutivo no podrá negar la apertura de un llamado a concurso público ampliamente publicitado, en un plazo no mayor de ciento ochenta días desde que fuera substanciada la solicitud.

B) Si no hubiera otros interesados, previa audiencia pública y pleno cumplimiento de los requisitos previstos, se asignará a la asociación interesada una frecuencia en las condiciones establecidas en el llamado.

El Poder Ejecutivo estará obligado a conceder la asignación de frecuencia de servicio de radiodifusión comunitaria, cuando substanciado el concurso público y abierto, especialmente convocado al efecto, o efectuada una solicitud de interesado en ausencia de concurso, se cuente con opinión favorable del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y se cumpla con los requisitos y procedimientos exigidos en esta ley y su reglamentación.

En cada caso y según la modalidad de asignación, los requisitos administrativos y económicos y las características técnicas exigidas serán únicamente las estrictamente necesarias para garantizar su funcionamiento y el más pleno ejercicio de derechos al conjunto de los habitantes de la República.

Artículo 8º. (Criterios para la asignación de frecuencias).- Las asignaciones de frecuencias para servicios de radiodifusión comunitaria tendrán opinión preceptiva por parte del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y se otorgarán en consideración a los siguientes criterios:

A) El plan de servicios a la comunidad que pretende brindar el solicitante, en consonancia con los principios que definen al servicio de radiodifusión comunitaria (artículo 4º).

B) Los mecanismos previstos para asegurar la participación ciudadana en la gestión y programación de la emisora.

C) Los antecedentes de trabajo social y comunitario en la zona de cobertura solicitada.

D) Las referencias de personas, organizaciones o instituciones sociales representativas del plan de servicios a la comunidad y de la propuesta de comunicación que se pretende brindar.

Artículo 9º. (Plazo).- Las asignaciones de frecuencias para el servicio de radiodifusión comunitaria serán otorgadas por un plazo de diez años.

Podrán prorrogarse por períodos de cinco años condicionado al cumplimiento de las condiciones de asignación y la celebración de una audiencia pública previa y siempre que no existan limitaciones de espectro confirmado por informes técnicos. En caso contrario, y si hubiere otros interesados, será posible la renovación por cinco años previo concurso en las condiciones fijadas por esta ley y el reglamento respectivo.

Artículo 10. (Sustentabilidad económica).- Las entidades sin fines de lucro que brinden servicio de radiodifusión comunitaria tendrán derecho a asegurar su sustentabilidad económica, independencia y desarrollo, a cuyos efectos podrán obtener recursos, entre otras fuentes, de donaciones, aportes solidarios, auspicios, patrocinios y publicidad incluso oficial, de la cual no serán discriminadas.

La totalidad de los recursos que obtengan las entidades que brinden el servicio de radiodifusión comunitaria, por y para este servicio, deberán ser invertidos en el funcionamiento y en mejoras en la prestación del mismo y en el desarrollo de los objetivos del servicio de radiodifusión comunitaria.

La ausencia de finalidad de lucro debe ser entendida como la actividad que no persigue la obtención de ganancias para su acumulación o su distribución o su inversión en objetivos diferentes de los que corresponden al servicio de radiodifusión comunitaria (artículo 4º).

Se realizará una auditoria anual en las emisoras comunitarias a los efectos de demostrar la correcta aplicación del inciso primero del presente artículo y su coherencia con los principios del servicio.

Artículo 11. (Intransferibilidad).- Los titulares originales de frecuencias de radiodifusión comunitaria no podrán ceder, vender, arrendar o transferir de ninguna forma a terceros los derechos derivados de la asignación.

Artículo 12. (Revocatoria).- Serán pasibles de revocatoria de la asignación recibida, aun antes del plazo establecido, aquellas emisoras que, previa opinión de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones y el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, y cumplidas las garantías del debido proceso:

A) Incumplan los objetivos y finalidades del servicio de radiodifusión comunitaria para los cuales les fue asignada dicha frecuencia.

B) Incumplan el Plan de Servicios a la Comunidad y otros compromisos asumidos públicamente.

C) Cuyos titulares, directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad en la conducción y orientación de la emisión incumplan las condiciones expresadas en los numerales 1) y 2), del artículo 6º de la presente ley.

D) Cedan, vendan, arrienden o transfieran de cualquier forma los derechos derivados de la asignación.

E) No inviertan los recursos económicos obtenidos de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 10.

Artículo 13. (Frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario).- El Poder Ejecutivo, dentro de la reserva de espectro prevista en el artículo 5º, actuando por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura y con asesoramiento de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), asignará una o más frecuencias por departamento para ser utilizadas exclusivamente y de manera compartida por iniciativas con carácter comunitario.

Podrán utilizar parcialmente estas frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario (algunas horas o días a la semana):

A) Las asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica.

B) Aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro y cuyas propuestas de comunicación, en opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, tengan carácter local y resulten compatibles con la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria.

El uso de estos espacios compartidos se extenderá por un plazo igual o menor a un año. En el caso de las propuestas provenientes de instituciones educativas de carácter universitario o iniciativas sociales que no pudieran hacer uso completo de una frecuencia pero acrediten y justifiquen sostener la iniciativa por más tiempo, podrán renovar o prorrogar su uso por plazos iguales, previa evaluación de los compromisos asumidos, opinión favorable del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y aprobación de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

Las frecuencias para uso de carácter comunitario se compartirán entre los solicitantes que tuvieran interés, de acuerdo a los procedimientos y criterios de selección previstos en la presente ley y en la reglamentación respectiva.

Compete a la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura promover y difundir la libertad de expresión y el derecho a la información, en especial a través de las frecuencias que previamente le serán asignadas, identificando y asignando el uso compartido de las mismas a iniciativa de carácter comunitario sin fines de lucro.

Todos y cada uno de los espacios de carácter comunitario deberán ser asignados por concurso abierto u otro mecanismo competitivo. Los requisitos exigidos serán compatibles con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 7º de la presente ley.

CAPÍTULO III

CONSEJO HONORARIO ASESOR DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA

Artículo 14. (Participación ciudadana).- El Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos que garanticen la participación ciudadana en la aplicación de la normativa sobre radiodifusión comunitaria y en la elaboración, decisión, implementación y seguimiento de las políticas hacia el sector.

Artículo 15. (Creación del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria).- Créase un Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria que actuará en forma independiente y en la órbita administrativa de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, el cual será consultado preceptivamente para la elaboración del reglamento de esta ley, los pliegos y mecanismos de asignación de frecuencias y la consideración de las solicitudes presentadas, entre otras.

Artículo 16.- El Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria estará integrado por nueve miembros honorarios: un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería que lo presidirá, un representante del Ministerio de Educación y Cultura, un representante de la Asamblea General, dos representantes de los medios de radiodifusión comunitarios, un representante de la Universidad de la República, un representante rotativo de las Universidades privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura que posean las carreras de Comunicación y dos representantes de las organizaciones no gubernamentales que tengan como finalidad el estudio, promoción y defensa de la libertad de expresión.

Artículo 17. (Cometidos).- El Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria tendrá como cometidos:

A) Participar en la elaboración de la reglamentación de la presente ley y de los pliegos y procedimientos para la asignación de frecuencias del servicio de radiodifusión comunitaria.

B) Determinar las pautas para la evaluación de los criterios de selección, en consideración a los requisitos previstos en el artículo 8º de la presente ley.

C) Emitir opinión en todos los trámites de asignación de frecuencias del servicio de radiodifusión comunitaria, en relación con todos los aspectos de la solicitud de que trate y su conformidad o no con las finalidades del servicio de radiodifusión comunitaria (inciso primero del artículo 4º).

D) Convocar, junto a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, las audiencias públicas previstas en la presente ley y presidirlas.

E) Garantizar la publicidad y el acceso de cualquier persona a conocer las actuaciones que se substancien en los procedimientos de asignación de frecuencias de servicio de radiodifusión comunitaria.

F) Determinar los medios idóneos para la difusión y publicidad de la solicitud de asignación.

G) Emitir opinión en todos los procedimientos de contralor realizados por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones que tengan por objeto determinar si el servicio brindado cumple o ha cumplido con sus compromisos y la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria (artículos 7º, 8º, 10, 12, 13 y 20).

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES TRANSITORIAS

Artículo 18. (Normas aplicables).- En todo lo no previsto en la presente ley y en cuanto no se oponga a ésta, serán aplicables las normas generales que regulan los servicios de radiodifusión, sin perjuicio de la revisión de normas técnicas y planes de uso del espectro necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley y atendiendo las especificidades del servicio.

Artículo 19. (Reglamentación de la presente ley).- El Poder Ejecutivo reglamentará, dentro de un plazo de treinta días a partir de la vigencia de la presente ley, el sistema de elección de representantes para el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y el funcionamiento del mismo, el cual deberá quedar formalmente instalado dentro del plazo de sesenta días a partir de la vigencia de la presente ley.

El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente ley dentro de los sesenta días siguientes a la instalación del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, con opinión preceptiva del mismo y de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones.

Artículo 20. (Regularización).- Dentro del plazo de sesenta días de la entrada en vigencia de la presente ley, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones realizará un censo para establecer el número y la ubicación de radios comunitarias. La presentación de las emisoras será voluntaria y se les proveerá de formularios adecuados para que den debida cuenta del cumplimiento de los requisitos y características previstas en la presente ley para el servicio de radiodifusión comunitaria.

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, en conjunto con el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, determinarán el cumplimiento de estas disposiciones, momento a partir del cual dichas emisoras se considerarán efectivamente censadas y habilitadas a iniciar el trámite de regularización.

Durante el período de realización del censo no serán de aplicación las infracciones previstas en el Decreto-Ley Nº 14.670, de 23 de junio de 1977, ni las sanciones establecidas en el artículo 89 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, contra emisoras que estén brindando, sin autorización del Poder Ejecutivo, servicio de radiodifusión comunitaria en los términos definidos por los artículos 4º y 13 de la presente ley y concordantes, siempre y cuando hayan iniciado sus transmisiones antes de los doce meses de aprobada esta ley y no provoquen interferencias perjudiciales entre sí o a otros operadores.

Las emisoras comunitarias serán habilitadas temporalmente a transmitir hasta que recaiga una decisión definitiva sobre su situación, previo cumplimiento de los alcances de los artículos precedentes.

A partir de los siguientes sesenta días al cierre del censo nacional, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, en consulta con el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, establecerá los mecanismos para la regularización definitiva de las emisoras identificadas como comunitarias, siguiendo los siguientes procedimientos:

A) En el caso de existir limitaciones de espectro para dar cabida a varios interesados en las condiciones solicitadas, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones abrirá un período de negociación para la búsqueda de una solución autorregulada entre los operadores habilitados temporalmente para un aprovechamiento óptimo del recurso escaso. En caso contrario, pasados quince días desde el inicio de las conversaciones, se habilitará automáticamente un concurso de oposición y méritos entre los mismos, siguiendo los criterios de la presente ley y su reglamentación.

B) En el caso de haber disponibilidad de espectro y no ser necesario un concurso de oposición y méritos, se procederá a la habilitación definitiva del servicio, en las condiciones y en los plazos que establece la presente ley, adecuando, si fuera necesario, las características técnicas del proyecto para el mejor cumplimiento de los objetivos y plan de servicios de la emisora y los planes técnicos nacionales.

Los llamados o solicitudes para nuevos operadores del servicio de radiodifusión comunitaria podrán realizarse a partir de los ciento ochenta días de la vigencia de la presente ley.

A los efectos de dar cumplimiento a la reserva de espectro prevista en el artículo 5º de la presente ley y en consideración que existen localidades o bandas donde actualmente la disponibilidad técnica de frecuencias resulta limitada para cumplir con dicha reserva, las frecuencias aún vacantes en ellas serán asignadas exclusivamente para el servicio de radiodifusión comunitaria y público.

Las frecuencias que se liberen en un futuro, producto de la digitalización, procedimientos que optimicen el espectro radioeléctrico u otras razones, deberán ser asignadas con el fin de ajustarse al porcentaje establecido en la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 5 de junio de 2007.

ENRIQUE PINTADO, Presidente, MARTI DALGALARRONDO AÑÓN, Secretario".

"CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1º.- (Derecho a la libertad de expresión, comunicación e información y a fundar un medio de comunicación por radiodifusión).- La radiodifusión es un soporte técnico para el ejercicio, preexistente a cualquier intervención estatal, del derecho humano a la libertad de expresión y a la libertad de información. Por ello no existirá otra limitación a la utilización del espectro radioeléctrico que la resultante de establecer las garantías para el ejercicio de los derechos de todos los habitantes de la República, lo que define los límites y el carácter de la intervención estatal en su potestad de administrar la asignación de frecuencias.

Artículo 2º.- (Derecho al uso equitativo de frecuencias radioeléctricas).- El espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad sujeto a administración de los Estados y, por tanto, el acceso equitativo a las frecuencias de toda la sociedad uruguaya constituye un principio general de su administración.

Artículo 3º.- (Principios para la administración del espectro radioeléctrico).- El Estado administrará las frecuencias radioeléctricas garantizando los derechos establecidos en los artículos 1º y 2º de la presente ley, en base a los siguientes principios:

A) Promoción de la pluralidad y diversidad; la promoción de la diversidad debe ser un objetivo primordial de la legislación de radiodifusión, de esta ley en particular y de las políticas públicas que desarrolle el Estado.

B) No discriminación; se deberá garantizar igualdad de oportunidades para el acceso de los habitantes de la República a los medios de comunicación electrónicos, para que puedan ejercer su derecho a la información y a la libertad de expresión con las solas exclusiones que esta ley determinará con el objeto de sostener el mencionado principio y prevenir prácticas de favorecimiento.

C) Transparencia y publicidad en los procedimientos y condiciones de otorgamiento de las asignaciones de frecuencias, que permitan el efectivo contralor por parte de los ciudadanos.

CAPÍTULO II

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA

Artículo 4º.- (Servicio de radiodifusión comunitaria).- El Estado tiene la obligación de garantizar y promover el servicio de radiodifusión comunitaria en base a los derechos y principios consagrados en el Capítulo I.

Se entenderá por servicio de radiodifusión comunitaria el servicio de radiodifusión no estatal de interés público, prestado por asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica o por aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro (artículos 6º y 13 de la presente ley) y orientado a satisfacer las necesidades de comunicación social y a habilitar el ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión de los habitantes de la República.

Su finalidad será la promoción del desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la satisfacción de las necesidades de comunicación social, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los vínculos que hacen a la esencia de la identidad cultural y social del Uruguay. No podrán realizar proselitismo político-partidario o religioso, ni promover la discriminación de raza, etnia, género, orientación sexual, religión, edad o de cualquier otro tipo constituyendo la transgresión a estas disposiciones, causal para la suspensión o revocación del permiso.

En ningún caso se entenderá que el servicio de radiodifusión comunitaria implica necesariamente un servicio de cobertura geográfica restringida. Dicha área estará definida por su finalidad pública y social y dependerá de la disponibilidad y planes de uso del espectro y la propuesta comunicacional de la emisora.

De acuerdo con la función y responsabilidad que poseen los servicios de radiodifusión comunitaria, su programación deberá ser preferentemente de producción propia y nacional (departamental o local).

La programación también incluirá espacios de producción independiente, preferentemente la realizada por grupos sociales o personas que habiten el área de alcance de la emisora y siempre que la misma sea compatible con la finalidad del servicio.

Artículo 5º.- (Reserva del espectro radioeléctrico).- El Poder Ejecutivo, previo informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, reservará para la prestación del servicio de radiodifusión comunitaria y otros sin fines de lucro, al menos un tercio del espectro radioeléctrico por cada localidad en todas las bandas de frecuencia de uso analógico y digital y para todas las modalidades de emisión.

La reserva deberá ser actualizada anualmente y será de conocimiento público.

Artículo 6º.- (Titulares).- Podrán ser titulares del servicio de radiodifusión comunitaria las asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o en trámite de constitución.

Podrán serlo también aquellos grupos de personas organizadas sin fines de lucro, en los términos que prevé el artículo 13 de la presente ley. En este último caso, una o más personas físicas, que integren real y efectivamente la organización y ejerzan autoridad en la misma, deberán hacerse enteramente responsables de los contenidos a emitir mediante declaración jurada a presentar ante el Ministerio de Educación y Cultura, con formalidades análogas a las previstas en el artículo 4º de la Ley Nº 16.099, de 3 de noviembre de 1989, en lo que sea pertinente. Todo ello sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos establecidos en los literales siguientes del presente artículo:

A) Los titulares de un servicio de radiodifusión comunitaria y sus directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad en la conducción y orientación de la emisora, no podrán ser beneficiarios ni adjudicatarios de participar, parcial o totalmente, directa o indirectamente, de más de una frecuencia por banda de radiodifusión para el servicio de radiodifusión comunitaria. Dichas personas tampoco podrán ser titulares o parientes de titulares (en línea recta o colateral hasta el segundo grado) de otros medios de radiodifusión no comunitarios.

B) Los directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad de la conducción y orientación de la emisora deberán ser ciudadanos naturales o legales en ejercicio de la ciudadanía, estar domiciliados real y permanentemente en la República, en el área de alcance o cobertura de la emisora.

Artículo 7º.- (Adjudicación del Poder Ejecutivo).- La asignación del canal respectivo del espectro radioeléctrico para la instalación y operación de estaciones de radiodifusión comunitaria requerirá de resolución del Poder Ejecutivo de conformidad con la reglamentación correspondiente, previo informe técnico de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y opinión preceptiva del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria. Este último contará con un plazo de sesenta días para pronunciarse. De no hacerlo en el plazo referido se interpretará en términos favorables la solicitud.

El principio general para la asignación de frecuencias para servicios de radiodifusión comunitaria será el concurso abierto y público, previa realización de audiencia pública.

El proceso de asignación de frecuencia se hará:

A) A través de llamados públicos que serán realizados con amplia publicidad y en principio al menos dos veces al año, atendiendo a planes y políticas nacionales de gestión del espectro. Sin perjuicio de lo anterior, ante una solicitud de una entidad interesada y existiendo disponibilidad del espectro radioeléctrico en la localidad, el Poder Ejecutivo no podrá negar la apertura de un llamado a concurso público ampliamente publicitado, en un plazo no mayor de ciento ochenta días desde que fuera substanciada la solicitud.

B) Si no hubiera otros interesados, previa audiencia pública y pleno cumplimiento de los requisitos previstos, se asignará a la asociación interesada una frecuencia en las condiciones establecidas en el llamado.

El Poder Ejecutivo estará obligado a conceder la asignación de frecuencia de servicio de radiodifusión comunitaria, cuando substanciado el concurso público y abierto, especialmente convocado al efecto, o efectuada una solicitud de interesado en ausencia de concurso, se cuente con opinión favorable del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y se cumpla con los requisitos y procedimientos exigidos en esta ley y su reglamentación.

En cada caso y según la modalidad de asignación, los requisitos administrativos y económicos y las características técnicas exigidas serán únicamente las estrictamente necesarias para garantizar su funcionamiento y el más pleno ejercicio de derechos al conjunto de los habitantes de la República.

Artículo 8º.- (Criterios para la asignación de frecuencias).- Las asignaciones de frecuencias para servicios de radiodifusión comunitaria tendrán opinión preceptiva por parte del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y se otorgarán en consideración a los siguientes criterios:

A) El plan de servicios a la comunidad que pretende brindar el solicitante, en consonancia con los principios que definen al servicio de radiodifusión comunitaria (artículo 4º de la presente ley).

B) Los mecanismos previstos para asegurar la participación ciudadana en la gestión y programación de la emisora.

C) Los antecedentes de trabajo social y comunitario en la zona de cobertura solicitada.

D) Las referencias de personas, organizaciones o instituciones sociales representativas del plan de servicios a la comunidad y de la propuesta de comunicación que se pretende brindar así como la formación en el área de la comunicación.

Artículo 9º.- (Plazo).- Las asignaciones de frecuencias para el servicio de radiodifusión comunitaria serán otorgadas por un plazo de diez años.

Podrán prorrogarse por períodos de cinco años condicionado al cumplimiento de las condiciones de asignación y la celebración de una audiencia pública previa y siempre que no existan limitaciones de espectro confirmado por informes técnicos. En caso contrario, y si hubiere otros interesados, será posible la renovación por cinco años previo concurso en las condiciones fijadas por esta ley y el reglamento respectivo.

Artículo 10. (Sustentabilidad económica).- Las entidades sin fines de lucro que brinden servicio de radiodifusión comunitaria tendrán derecho a asegurar su sustentabilidad económica, independencia y desarrollo, a cuyos efectos podrán obtener recursos, entre otras fuentes, de donaciones, aportes solidarios, auspicios, patrocinios y publicidad, de acuerdo a las normas vigentes.

La totalidad de los recursos que obtengan las entidades que brinden el servicio de radiodifusión comunitaria, por y para este servicio, deberán ser invertidos en el funcionamiento y en mejoras en la prestación del mismo y en el desarrollo de los objetivos del servicio de radiodifusión comunitaria.

La ausencia de finalidad de lucro debe ser entendida como la actividad que no persigue la obtención de ganancias para su acumulación o su distribución o su inversión en objetivos diferentes de los que corresponden al servicio de radiodifusión comunitaria (artículo 4º de la presente ley).

Será considerada distribución de ganancia la fijación de salarios para los titulares de la concesión, cuando los mismos superen el mínimo establecido para el sector y categoría de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Se realizará una auditoría anual en las emisoras comunitarias a los efectos de demostrar la correcta aplicación del inciso primero del presente artículo y su coherencia con los principios del servicio.

Artículo 11. (Intransferibilidad).- Los titulares originales de frecuencias de radiodifusión comunitaria no podrán ceder, vender, arrendar o transferir de ninguna forma a terceros los derechos derivados de la asignación. Será absolutamente nulo lo actuado en contra de la presente disposición.

Artículo 12. (Revocatoria).- Serán pasibles de revocatoria de la asignación recibida, aun antes del plazo establecido, aquellas emisoras que, previa opinión de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, y cumplidas las garantías del debido proceso:

A) Incumplan los objetivos y finalidades del servicio de radiodifusión comunitaria para los cuales les fue asignada dicha frecuencia.

B) Incumplan el Plan de Servicios a la Comunidad y otros compromisos asumidos públicamente.

C) Cuyos titulares, directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad en la conducción y orientación de la emisión incumplan las condiciones expresadas en los literales A) y B), del artículo 6º de la presente ley.

D) Cedan, vendan, arrienden o transfieran de cualquier forma los derechos derivados de la asignación.

E) No inviertan los recursos económicos obtenidos de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 10 de la presente ley.

Artículo 13. (Frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario).- El Poder Ejecutivo, dentro de la reserva de espectro prevista en el artículo 5º de la presente ley, con asesoramiento de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), asignará una o más frecuencias por departamento para ser utilizadas exclusivamente y de manera compartida por iniciativas con carácter comunitario.

Podrán utilizar parcialmente estas frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario (algunas horas o días a la semana):

A) Las asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica.

B) Aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro y cuyas propuestas de comunicación, en opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, tengan carácter local y resulten compatibles con la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria.

El uso de estos espacios compartidos se extenderá por un plazo igual o menor a un año. En el caso de las propuestas provenientes de instituciones educativas de carácter universitario o iniciativas sociales que no pudieran hacer uso completo de una frecuencia pero acrediten y justifiquen sostener la iniciativa por más tiempo, podrán renovar o prorrogar su uso por plazos iguales, previa evaluación de los compromisos asumidos, opinión favorable del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y aprobación de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

Las frecuencias para uso de carácter comunitario se compartirán entre los solicitantes que tuvieran interés, de acuerdo a los procedimientos y criterios de selección previstos en la presente ley y en la reglamentación respectiva.

Compete a la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura promover y difundir la libertad de expresión y el derecho a la información, en especial a través de las frecuencias que previamente le serán asignadas, identificando y asignando el uso compartido de las mismas a iniciativa de carácter comunitario sin fines de lucro.

Todos y cada uno de los espacios de carácter comunitario deberán ser asignados por concurso abierto u otro mecanismo competitivo. Los requisitos exigidos serán compatibles con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 7º de la presente ley.

CAPÍTULO III

CONSEJO HONORARIO ASESOR
DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA

Artículo 14. (Participación ciudadana).- El Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos que garanticen la participación ciudadana en la aplicación de la normativa sobre radiodifusión comunitaria y en la elaboración, decisión, implementación y seguimiento de las políticas hacia el sector.

Artículo 15. (Creación del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria).- Créase un Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria que actuará en forma independiente y en la órbita administrativa de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), el cual será consultado preceptivamente para la elaboración del reglamento de esta ley, los pliegos y mecanismos de asignación de frecuencias y la consideración de las solicitudes presentadas, entre otras.

Artículo 16 (Integración).- El Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria estará integrado por nueve miembros honorarios: un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería que lo presidirá, un representante del Ministerio de Educación y Cultura, un miembro no Legislador designado por la Asamblea General, dos representantes de los medios de radiodifusión comunitarios, un representante de la Universidad de la República, un representante rotativo de las Universidades privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura que posean las carreras de Comunicación y dos representantes de las organizaciones no gubernamentales que tengan como finalidad el estudio, promoción y defensa de la libertad de expresión.

Artículo 17. (Cometidos).- El Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria tendrá como cometidos:

A) Participar en la elaboración de la reglamentación de la presente ley y de los pliegos y procedimientos para la asignación de frecuencias del servicio de radiodifusión comunitaria.

B) Determinar las pautas para la evaluación de los criterios de selección, en consideración a los requisitos previstos en el artículo 8º de la presente ley.

C) Emitir opinión en todos los trámites de asignación de frecuencias del servicio de radiodifusión comunitaria, en relación con todos los aspectos de la solicitud de que trate y su conformidad o no con las finalidades del servicio de radiodifusión comunitaria (inciso primero del artículo 4º de la presente ley).

D) Convocar, junto a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), las audiencias públicas previstas en la presente ley y presidirlas.

E) Garantizar la publicidad y el acceso de cualquier persona a conocer las actuaciones que se substancien en los procedimientos de asignación de frecuencias de servicio de radiodifusión comunitaria.

F) Determinar los medios idóneos para la difusión y publicidad de la solicitud de asignación.

G) Emitir opinión en todos los procedimientos de contralor realizados por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) que tengan por objeto determinar si el servicio brindado cumple o ha cumplido con sus compromisos y la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria (artículos 7º, 8º, 10, 12, 13 y 20 de la presente ley).

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES TRANSITORIAS

Artículo 18. (Normas aplicables).- En todo lo no previsto en la presente ley y en cuanto no se oponga a ésta, serán aplicables las normas generales que regulan los servicios de radiodifusión, sin perjuicio de la revisión de normas técnicas y planes de uso del espectro necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley y atendiendo las especificidades del servicio.

Artículo 19. (Reglamentación de la presente ley).- El Poder Ejecutivo reglamentará, dentro de un plazo de treinta días a partir de la vigencia de la presente ley, el sistema de elección de representantes para el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y el funcionamiento del mismo, el cual deberá quedar formalmente instalado dentro del plazo de sesenta días a partir de la vigencia de la presente ley.

El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente ley dentro de los sesenta días siguientes a la instalación del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, con opinión preceptiva del mismo y de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC).

Artículo 20. (Regularización).- Dentro del plazo de sesenta días de la entrada en vigencia de la presente ley, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) realizará un censo para establecer el número y la ubicación de radios comunitarias. La presentación de las emisoras será voluntaria y se les proveerá de formularios adecuados para que den debida cuenta del cumplimiento de los requisitos y características previstas en la presente ley para el servicio de radiodifusión comunitaria.

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), en conjunto con el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, determinarán el cumplimiento de estas disposiciones, momento a partir del cual dichas emisoras se considerarán efectivamente censadas y habilitadas a iniciar el trámite de regularización.

Durante el período de realización del censo no serán de aplicación las infracciones previstas en el decreto-ley Nº 14.670, de 23 de junio de 1977, ni las sanciones establecidas en el artículo 89 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, contra emisoras que estén brindando, sin autorización del Poder Ejecutivo, servicio de radiodifusión comunitaria en los términos definidos por los artículos 4º y 13 de la presente ley y concordantes, siempre y cuando hayan iniciado sus transmisiones antes de los doce meses previos de aprobada esta ley y no provoquen interferencias perjudiciales entre sí o a otros operadores.

Las emisoras comunitarias serán habilitadas temporalmente a transmitir hasta que recaiga una decisión definitiva sobre su situación, previo cumplimiento de los alcances de los artículos precedentes.

Dentro de los siguientes ciento veinte días al cierre del censo nacional, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), en consulta con el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, deberá proceder a la regularización definitiva de las emisoras identificadas como comunitarias, siguiendo los siguientes procedimientos:

A) En el caso de existir limitaciones de espectro para dar cabida a varios interesados en las condiciones solicitadas, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) abrirá un período de negociación para la búsqueda de una solución autorregulada entre los operadores habilitados temporalmente para un aprovechamiento óptimo del recurso escaso. En caso contrario, pasados quince días desde el inicio de las conversaciones, se habilitará automáticamente un concurso de oposición y méritos entre los mismos, siguiendo los criterios de la presente ley y su reglamentación.

B) En el caso de haber disponibilidad de espectro y no ser necesario un concurso de oposición y méritos, se procederá a la habilitación definitiva del servicio, en las condiciones y en los plazos que establece la presente ley, adecuando, si fuera necesario, las características técnicas del proyecto para el mejor cumplimiento de los objetivos y plan de servicios de la emisora y los planes técnicos nacionales.

Los llamados o solicitudes para nuevos operadores del servicio de radiodifusión comunitaria podrán realizarse a partir de los ciento ochenta días de la vigencia de la presente ley.

A los efectos de dar cumplimiento a la reserva de espectro prevista en el artículo 5º de la presente ley y en consideración que existen localidades o bandas donde actualmente la disponibilidad técnica de frecuencias resulta limitada para cumplir con dicha reserva, las frecuencias aún vacantes en ellas serán asignadas preferentemente para el servicio de radiodifusión comunitaria y público.

Las frecuencias que se liberen en un futuro, producto de la digitalización, procedimientos que optimicen el espectro radioeléctrico u otras razones, deberán ser asignadas de la misma manera con el fin de ajustarse al porcentaje establecido en la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 14 de noviembre de 2007.

ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO, Presidente, HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI, Secretario".

——Léase el proyecto remitido por el Senado.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR ORTUÑO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ORTUÑO.- Señor Presidente: vamos a ser muy breves en esta presentación, en la medida en que tenemos a consideración la aprobación o no de las modificaciones que ha enviado el Senado. Es decir que este proyecto de ley ya ha sido objeto de un debate en profundidad en esta Cámara, en la que nosotros y nuestros compañeros nos hemos expedido sobre el tema.

En líneas generales, oportunamente dijimos -y lo seguimos sosteniendo- que es muy bueno que el Parlamento consagre esta norma que legaliza, que regula el funcionamiento de radios comunitarias, generando en la sociedad civil la posibilidad de desarrollar emprendimientos de comunicación. Esto fortalece y contribuye al desarrollo de la libertad de expresión y al derecho de informar y a informarse que tienen todos los ciudadanos y todas ciudadanas, y sustenta el sistema de medios de comunicación del país, incorporando, ahora con rango legal, ese tercer pilar que vendrá a sumarse a los medios de comunicación comerciales de carácter privado, a los medios público estatales, que es, precisamente, este tercer sector de actividad que supone el desarrollo de proyectos de comunicación al servicio de la comunidad por parte de organizaciones sociales sin fines de lucro y de ciudadanas y ciudadanos interesados en esta actividad. Reitero que se trata de proyectos sin fines de lucro, de carácter público no estatales, que estén al servicio de la comunidad; hablamos de proyectos comunitarios.

Creemos que este proyecto de ley será positivo y, como decíamos oportunamente, también coloca al Uruguay al nivel del conjunto de países de América Latina, la mayoría de los cuales tiene disposiciones con respecto a las radios comunitarias, como ocurre también en los países de Europa y del resto del mundo, muchos de los cuales tienen marcos legales con respecto a la reglamentación y al funcionamiento de este sector de radiodifusión.

Podemos decir con orgullo que la formulación de este proyecto de ley, sin lugar a dudas, es de avanzada y que será de referencia a nivel internacional, en la medida en que ha tomado las experiencias positivas de otros sitios, con una redacción que establece en su inicio principios que para nosotros son fundamentales en todo lo relacionado con la democratización de los medios de comunicación.

Este proyecto de ley ha sido largamente trabajado en la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados; fue aprobado en el plenario y enviado al Senado, que le introdujo algunas modificaciones que, en su enorme mayoría, mejoran la redacción y aclaran disposiciones que se habían establecido. Además, en algunos casos, como en el artículo 4º y en el 10, se incorporan algunos cambios que pueden considerarse conceptuales y que seguramente resultarán opinables, como casi todo lo que es objeto de tratamiento de esta Cámara. De todos modos, creemos que en líneas generales no alteran el objetivo, los fundamentos y los valores esenciales del proyecto de ley que aprobara la Cámara de Diputados para reglamentar y legalizar el funcionamiento de las radios comunitarias. Por lo tanto, aconsejamos el voto afirmativo a las modificaciones que vienen del Senado.

Una de las cuestiones polémicas que han decidido incorporar nuestros colegas del Senado tiene que ver con profundizar las restricciones que ya existían en cuanto a la realización de proselitismo político, partidario o religioso en los medios de radiodifusión comunitaria. Decimos que ya estaba establecido en el proyecto de ley con una formulación que para muchos de nosotros quizás era mejor que esta por la que optó el Senado, que reviste mayor rigor. Nosotros creemos que si bien es opinable, no altera el principio general, y que los criterios que informan este proyecto de ley, a la hora de la interpretación, sin lugar a dudas no se asociarán con una visión restrictiva de estos aspectos sino que deberán remitirse al espíritu general, es decir, que busca evitar que se distorsione el objetivo propio de un medio de radiodifusión comunitaria que, como su nombre lo indica y como el proyecto de ley lo establece, debe estar al servicio de un proyecto de radiodifusión comunitaria y nunca al servicio de un proyecto político partidario o de otra naturaleza. Ese es el proselitismo al que se refieren estas restricciones -en esa acepción general que creo todos compartimos no haría bien y desnaturalizaría a un medio de radiodifusión comunitaria-, inclusive al proselitismo religioso, y no a informaciones que puedan hacer referencia a situaciones vinculadas con alguna actividad o cuestión muy puntual, por ejemplo, en el ámbito religioso, desde donde se nos han planteado preocupaciones que entendemos son legítimas. Prácticamente todos en la Comisión coincidimos en que, a la hora de la reglamentación, deben ser objeto de un cuidadoso estudio y también de modificaciones o aclaraciones que correspondieran, si es que se interpretan mal o restringen actividades elementales.

No obstante ello, creemos que los criterios y los principios que establece el proyecto de ley son claros y, más allá -insisto- de que en la Cámara de Diputados optamos por otra fórmula, nos parece que los cambios introducidos -que en líneas generales son de redacción y mejoran y en otros aspectos establecen la voluntad del Senado- no ameritan una discusión en la Asamblea General, no alteran la esencia del proyecto y, por lo tanto, deberían ser votados por parte de la Cámara de Diputados. Lo mismo podríamos decir con relación al artículo 10; quizás esta no sería la redacción que daríamos en la Cámara de Diputados -tal cual legislamos oportunamente-, pero en el mismo sentido decimos que no altera la orientación general que esta Cámara dispuso al otorgar media sanción a este proyecto.

Es cuanto queríamos expresar, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señor Presidente: creo que estamos frente a un proyecto de ley que es verdad ha sido modificado por el Senado y que, en definitiva, resume como concepto la existencia de un mal proyecto que ha sido empeorado. Por eso, sin ánimo de reabrir la discusión, no tenemos más remedio que hacer algunas reflexiones y algunas consideraciones generales.

En oportunidad de tratarse este tema en la Cámara de Diputados, cuando se diera media sanción al proyecto que después el Senado modificó, como miembro informante en minoría expresamos la tesitura del Partido Nacional en el sentido de que no desconocemos la existencia de la radiodifusión comunitaria como un fenómeno de carácter sociológico y comunicacional en extensión y en crecimiento en el país y en el mundo. Desde ese punto de vista, no nos oponíamos -y seguimos sin hacerlo- a la posibilidad de legislar en esta materia, pero en esta -como en todas- todos nos proponemos, y también nosotros, legislar de una manera correcta, y creemos que aquí estamos frente a un proyecto de ley que regula de manera equivocada y desacertada esta situación.

En aquella oportunidad expresamos que teníamos -y seguimos teniendo- dos discrepancias centrales con este proyecto de ley, entre otras. En primer lugar, la ilimitación en cuanto al alcance de las radios comunitarias, tanto desde el punto de vista territorial, de su extensión geográfica, como en lo que se refiere a la potencia y a la extensión de las frecuencias, que en el ejercicio de la administración del espacio radioeléctrico el Poder Ejecutivo puede otorgar. Esa es una primera discrepancia fundamental, que desde nuestro punto de vista distorsiona el fenómeno de la comunicación y de la radiodifusión comunitaria, por lo menos tal como nosotros la concebimos y como se la ha concebido y regulado en la mayor parte de los países del mundo donde este fenómeno se ha extendido y donde, precisamente, la comunicación comunitaria aparece vinculada a lo local y a un alcance limitado desde ese punto de vista.

La segunda diferencia fundamental tiene que ver con las fuentes de los recursos; lo señalamos en su oportunidad. Tenemos diferencias con el artículo 10, que se denomina de sustentabilidad económica. También allí hay una ilimitación de posibilidades financieras para las radios comunitarias, que creemos termina por distorsionar el concepto. Las radios comunitarias pueden llegar a obtener publicidad oficial, y eso no nos parece bien. Este aspecto, como veremos después, no solo no se corrigió, sino que además, a nuestro juicio, se empeoró en el Senado, como diremos dentro de instantes.

También teníamos y seguimos teniendo -porque eso no se cambió- diferencias en lo que tiene que ver con los plazos de la concesión. Nos parecía y nos sigue pareciendo que diez años de vigencia de la concesión es mucho, no porque eventualmente en los hechos la concesión no pueda prolongarse por más tiempo, sino porque creemos prudente y razonable que, por la condición precaria que este tipo de autorizaciones y concesiones debe tener, haya un análisis y un estudio permanente, en plazos perentorios, del cumplimiento de los objetivos que se supone están detrás del otorgamiento y de la autorización de cada una de estas concesiones y que la ley define en cuanto a las finalidades de bien público, a la naturaleza y a la característica o el sentido comunitario de este tipo de comunicación.

También expresamos, y queremos reiterarlo hoy porque esto tampoco ha sido enmendado, que desde el punto de vista de la institucionalidad hay una mala solución en lo que tiene que ver con las competencias de la URSEC y con la creación de este Consejo Honorario Asesor en materia de radiodifusión comunitaria. Nos referimos a esto hace unos momentos cuando tratamos el proyecto de ley de migración. Creo que esta es otra prueba de que el Gobierno entiende o advierte, a nuestro juicio en forma equivocada, que crear consejos deliberativos donde participen los sectores presuntamente representativos en cada materia es portador de soluciones eficaces y convenientes desde el punto de vista de las distintas políticas, y eso no es así. En este caso creo que es peor, porque este Consejo lo que hace es invadir la competencia de la URSEC. Creemos que se perdió una buena oportunidad de haber jerarquizado a la URSEC como entidad reguladora en materia de comunicaciones, de haberla dotado de mayores y más eficaces atribuciones y poderes jurídicos, de haber reafirmado su autonomía para que efectivamente la adjudicación de ondas, el otorgamiento de permisos y la aprobación de este tipo de autorizaciones se alejen lo más posible del poder político, del poder central, y en todo caso queden en el ámbito de entidades técnicamente independientes, como se supone que fue concebida la URSEC en su ley de creación. Pero eso no ocurrió.

Menciono un solo ejemplo que viene -reitero- de la versión que aprobó la Cámara de Diputados en la ocasión anterior. El artículo 7º, que establece el procedimiento para la adjudicación de ondas de radiodifusión comunitaria, dispone la participación tanto de la URSEC como del Consejo Honorario, pero con una diferencia cualitativa: la URSEC interviene técnicamente, hace un informe que no sabemos qué valor tiene ni eventualmente qué importancia se le puede otorgar, mayor o menor a la hora de aprobar una concesión; en cambio, la opinión favorable del Consejo Honorario Asesor es preceptiva para conceder la autorización respectiva. Creo que esa es una diferencia cualitativa que, en definitiva, refleja la discrepancia fundamental que nosotros tenemos.

A nosotros nos gustaba otro proyecto que la Comisión analizó o del que, por lo menos, tuvo conocimiento. Se trata de un proyecto de la URSEC, pero no de esta, sino del Directorio de la Administración anterior que, precisamente, consagraba estos aspectos en cuanto a la limitación territorial, a la limitación de la potencia y, en algún sentido, concebía en forma más adecuada una regulación en materia de radiodifusión comunitaria, que creemos hubiera sido mejor solución que esta que habrá de convertirse en ley en la tarde de hoy.

En cuanto a las modificaciones del Senado -que eso me parece lo principal, o aquello en lo cual tenemos que recalar en la tarde de hoy- hay dos que son fundamentales. Por supuesto que hay otras que son de carácter formal o de mera redacción, que vamos a pasar por alto; las mencionó el Diputado preopinante.

La introducción del concepto de proselitismo político partidario o religioso, a la hora de su interpretación admite un corte y nosotros nos proponemos hacerlo. Establecer la prohibición de que las radios comunitarias realicen proselitismo partidario está bien. Yo diría que es sobreabundante porque se supone que el proselitismo partidario es un concepto que está mucho más allá de la propia naturaleza de la radiodifusión comunitaria y no sería necesario ni siquiera incluirlo, pero no está mal que se haga. Ahora bien, establecer en la misma dimensión lo que aquí se denomina "proselitismo religioso" nos parece peligroso porque es una forma sutil e implícita de confundir laicidad con laicismo, como tantas veces ha ocurrido.

Hay -y la Comisión tiene conocimiento de esto- decenas de emisoras de radiodifusión comunitaria que pertenecen, por ejemplo, a la Iglesia Evangélica. Las recibimos en el ámbito de la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social y todos los integrantes de la Comisión coincidimos en que se trata, precisamente, de expresiones de radiodifusión comunitaria más allá de lo religioso, de que esta es una forma de atender intereses sociales y el interés público, independientemente de que quien lo hace, lo realice desde la perspectiva de la religión, en este caso, la evangélica.

¿Y por qué ahora se introduce esto? No lo sabemos, pero es una inclusión peligrosa a la luz de la realidad que hoy existe en Uruguay. Pensemos por un instante -porque no quiero abrir un debate político acerca de este aspecto, o atribuir intencionalidad al actual Poder Ejecutivo- que no sea la idea del actual Gobierno, por ejemplo, revocar las autorizaciones, o no legalizar eventualmente las expresiones de comunicación que hoy llevan adelante las cincuenta y tantas radios evangélicas que hay en Uruguay, por dar el ejemplo que conocemos pero esto admite que cualquier otro credo pueda impulsar un proyecto de similares características. Pensemos que no sea esa la intención del actual Gobierno y, eventualmente, ¿no será la intención del próximo Gobierno que no sabemos qué signo tendrá? Se me dirá que hay un valor asumido por el conjunto de la sociedad, pero creo que esta es una herramienta peligrosa. Para mí es peligrosa inclusive -lo digo sin pretender ofender a nadie- toda la ley y, en particular, este aspecto, en manos del actual Gobierno. Lo digo en aras de la más absoluta sinceridad intelectual. Pero me parece que establecerlo con valor y fuerza de ley y de manera intemporal es un error y es mezclar cuestiones que no tienen nada que ver: una es lo político partidario y otra es la actividad social o la tarea de bien público que se puede desarrollar a través de la religión, lo cual nada tiene que ver con la laicidad y con la libertad de cultos que consagra nuestra Constitución.

En cuanto al artículo 10, referido a la sustentabilidad económica, creo que aquí está la prueba del nueve, y hay algo todavía mucho más grave que, a mi juicio, desnuda el error con el que se ha concebido la regulación de las radios comunitarias en nuestro país. Si es verdad -como debería ser- que las radios comunitarias están asociadas a la actividad solidaria, a la actividad comunitaria, a la actividad que se desarrolla sin fines de lucro, no se entiende la introducción que realizó el Senado en el artículo 10 admitiendo -y aspiro a que alguien me lo explique desde la bancada de Gobierno- que los titulares de las concesiones respectivas perciban salarios, y menos se entiende que dicha percepción de salarios -está señalado a texto expreso en un inciso que incorporó el Senado- se repute como distribución de dividendos. ¿De qué dividendos? ¿No estamos ante una actividad honoraria, solidaria, comunitaria, que tiene por protagonistas y por sujetos de derechos a organizaciones que son asociaciones civiles sin fines de lucro? Yo creo que hay una contradicción ontológica en el proyecto de ley y, además, proyecciones gravísimas desde el punto de vista de la distorsión enorme que esto puede representar a la hora de legislar en materia de comunicación en general y de legislar particularmente en lo que tiene que ver con las radios comunitarias.

Siempre parto de la buena fe, pero me permitirán los señores legisladores decir que con respecto a esta disposición no hay que ser demasiado desconfiado para que se aliente o se despierten sospechas y desconfianza. Es tan burda la contradicción, es tan grave esto que el Senado introdujo como modificación, que es la prueba clara y palmaria de que este proyecto es malo, muy malo; casi diría que en algunos aspectos es bastante "mamarrachesco", y se me permitirá la expresión, pues es la que me viene a la mente.

Todo esto se vincula con una situación de contexto, no necesariamente con aspectos consagrados en el proyecto de ley. La competencia de la URSEC que, como dijimos, ha quedado totalmente desvirtuada por esta norma, también se vincula con el ejercicio de sus competencias por parte del actual Directorio de la URSEC. Y este ha estado absolutamente omiso en el ejercicio de sus atribuciones. Lo dijimos en la Comisión, lo dijimos en el plenario y lo queremos repetir hoy. A lo largo de todos estos meses y en la perspectiva de que un proyecto de ley acerca de radios comunitarias se estaba por aprobar, pulularon las radios clandestinas en todo el país; muchas de ellas con el rótulo de radios comunitarias pero que en realidad se dedicaban a la actividad comercial ilegítima, cuando no a la actividad política que ahora el proyecto, a texto expreso, quiere prohibir. El señor León Lev, Presidente de la URSEC, nada hizo por corregir esta situación. A nuestro juicio, cayó en omisión. Recibió decenas de denuncias de RAMI, la organización de Radios AM del Interior, y denuncias de particulares, y nunca movió un dedo ni tomó una sola medida de carácter administrativo para combatir esta situación. Le fueron denunciadas situaciones que ocurren en la frontera con respecto a radios brasileñas instaladas en el territorio nacional, por ejemplo, en Río Branco, emitiendo en idioma portugués, hablando de política interna de Brasil, de Río Grande Do Sul, lo que ha motivado, entre otras cosas, la protesta del Prefecto de Yaguarón. Nos enteramos conjuntamente con el señor Diputado Botana y ello nos llevó a tener una reunión con el Embajador de Brasil, que -adelanto- hará gestiones con nuestro Gobierno ante una situación gravísima, irregular, que lo único que ha despertado por parte de las autoridades competentes es la más absoluta inacción y una eventual omisión contumacial de los deberes inherentes a su cargo. Esa es la realidad.

Reitero, esto ocurre ahora. Hay en ello un problema hasta de soberanía y nuestro Gobierno no ha actuado con la excusa de que estaba en trámite la aprobación de un proyecto de ley a través del que se legalizan las radios comunitarias en Uruguay.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Por todas estas razones, vamos a votar negativamente -con mayor énfasis que con el que lo hicimos en ocasión de la aprobación inicial en la Cámara de Diputados- este mal proyecto de ley que regula la radiodifusión comunitaria, que, reitero, mal salió de la Cámara de Diputados y peor volvió del Senado.

Muchas gracias.

22.- Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

En virtud de la convocatoria del señor Representante Juan José Domínguez a la Cámara de Senadores, por el período comprendido entre los días 11 y 12 de diciembre de 2007, se convoca al suplente siguiente, señor Gustavo Rombys.

En virtud de la convocatoria del señor Representante Carlos Gamou a la Cámara de Senadores, por los días 11, 12, 13 y 18 de diciembre de 2007, se convoca al suplente siguiente, señor Gonzalo Pessi.

Del señor Representante Richard Charamelo, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 12 de diciembre de 2007, convocándose al suplente siguiente, señor Remo Monzeglio".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y dos en cuarenta y cuatro: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 10 de diciembre de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado.

Presente.
De mi mayor consideración.

Por la presente comunico que he sido convocado al Senado de la República, los próximos 11 y 12 de diciembre del corriente año.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ
Representante por Paysandú".

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado.

Presente.
De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. a efectos de informarle, que por esta única vez, no acepto la convocatoria a la integración de ese Cuerpo en mi calidad de suplente del Diputado Sr. Juan José Domínguez.

Saluda atentamente

Mario Córdoba".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado.

Presente.
De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. a efectos de informarle, que por esta única vez, no acepto la convocatoria a la integración de ese Cuerpo en mi calidad de suplente del Diputado Sr. Juan José Domínguez.

Saluda atentamente

Ricardo Mello".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: I) Que el señor Representante por el departamento de Paysandú, Juan José Domínguez, se incorporará a la Cámara de Senadores por el período comprendido entre los días 11 y 12 de diciembre de 2007.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que ha sido objeto los suplentes siguientes, señores Mario Córdoba y Ricardo Mello.

ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 116 y 122 de la Constitución de la República.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Acéptanse por esta única vez, las renuncias presentadas por los suplentes siguientes, señores Mario Córdoba y Ricardo Mello.

2) Convóquese por Secretaría, por los días 11 y 12 de diciembre de 2007, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Gustavo Rombys.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2007.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA, RAÚL CASÁS".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado

Presente.
De mi mayor consideración.

En virtud de haber sido convocado al Senado de la República por los días 11, 12, 13 y 18 de diciembre de 2007, solicito se convoque al suplente respectivo.

Saluda atentamente.

CARLOS GAMOU
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 10 de diciembre de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca.

Sin más, saluda atentamente.

Julio Battistoni".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: I) Que el señor Representante por el departamento de Montevideo, Carlos Gamou, se incorporó a la Cámara de Senadores por los días 11, 12 13 y 18 de diciembre de 2007.

II) Que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente, señor Julio Battistoni, y la señora Beatriz Costa, y el señor Hugo Arambillete integran la Cámara por el período indicado.

ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 116 y 122 de la Constitución de la República.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Acéptase por esta única vez, la renuncia presentada por el suplente siguiente, señor Julio Battistoni.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de Montevideo, por los días 11, 12, 13 y 18 de diciembre de 2007, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Gonzalo Pessi.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2007.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA, RAÚL CASÁS".

"Montevideo, 11 de diciembre de 2007.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Enrique Pintado.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por intermedio de esta me dirijo ante usted a los efectos de solicitarle licencia ante al Cámara de Representantes para el día miércoles 12 de diciembre del corriente, por motivos personales.

Desde ya muchas gracias.

Me despido de usted muy atentamente.

RICHARD CHARAMELO
Representante por Canelones".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Richard Charamelo.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 12 de diciembre de 2007.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero de artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 12 de diciembre de 2007, al señor Representante por el departamento de Canelones, Richard Charamelo.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 12 de diciembre de 2007, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 20041 del Lema Partido Nacional, señor Remo Monzeglio.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2007.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA, RAÚL CASÁS".

23.- Utilización del espectro radioeléctrico y medios comunitarios de radiodifusión. (Regulación).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Guarino.

SEÑOR GUARINO.- Señor Presidente: quiero referirme a lo que recién decía el señor Diputado Pablo Abdala, acerca de la actitud que ha tenido nuestro Gobierno, concretamente, las autoridades de la URSEC, con respecto a las radios comunitarias. Es muy fácil decir que se está de acuerdo con la libertad de expresión y las posibilidades de acceso a los medios de comunicación y a las comunicaciones, y no votar a la hora de regularizar la situación y dar acceso real a quienes no lo han tenido porque no estaban vinculados al poder. Y claro, durante años hizo usufructo, parte del sistema político, de ese acceso digitado a los dueños de los medios. Es muy fácil decir que se está de acuerdo, pero después no votarlo. Entonces, no se está de acuerdo.

Sin duda que es distinta la actitud que tienen las autoridades actuales de la que se tuvo en el pasado, en la Administración del doctor Lacalle. ¡Claro que es distinta! ¡A cuántas radios se entró! ¡A cuántas comunidades se le sacaban los equipos! A la propia Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay se le sacaban los equipos, porque realmente no existía la concepción de que prosperara lo que en todo el mundo venía avanzando, que era la posibilidad de generar radios comunitarias en distintos espacios de la sociedad. Fueron múltiples las denuncias que hubo en ese sentido, y ahora no existe esa voluntad. Hoy la voluntad es la de contar con la herramienta de esta ley, cuya aprobación se ha prolongado y efectivamente se han generado problemas. Sí, sobre todo por parte de los dueños de algunos poderosos medios de comunicación, que durante los dos años y medio que lleva este Gobierno en el poder se han dedicado a ver cómo cazan radios comunitarias, a instrumentar denuncias, a andar por los juzgados para ver si prenden a algún juez que pueda decomisar unos equipitos que tienen en ciertas poblaciones rurales algunas personas ingeniosas, aficionadas a las comunicaciones, con más voluntad que posibilidades. Por suerte no han prosperado, y hubo una actitud responsable de la URSEC, que está apostando a que se regule y se controle sobre la base de una normativa como la que hoy estamos votando, que va a establecer reglas de juego claras, inclusive para que se pueda limpiar un poco la situación, porque hoy, a la luz de las radios comunitarias, muchos tienen radios que aportan muy poco a la comunidad. En cambio, ahora, a partir de la existencia de esta norma, habrá algo por lo cual regirnos y esto no quedará librado a la discreción de los directores, como sucedía hasta hace muy poco; los directores tenían el privilegio de favorecer a amigos, con radios legales pero también con radios comunitarias, porque no las tocaban a todas. Tocaban a algunas, a las que no les gustaban, a las que tenían algún tufo de trabajadores o de zonas donde se luchaba, o a los sindicatos. A esas sí muchas veces les pegaron. Entonces, realmente creo que esta norma viene a sincerar.

En cuanto al problema en la frontera -nos toca en nuestro departamento-, digo que es cierto que existe. En Río Branco hay un conjunto de radios comunitarias. Por supuesto que muchas veces hemos recibido quejas, sobre todo de los propietarios de los medios legales, o los medios habilitados, porque habría que ver también cuál es la situación de los medios en general. Hemos tramitado la situación ante la URSEC y hemos estado informando sobre esto. El caso de las radios que pueden estar generando un problema en la frontera nos tiene preocupados y sé que también le preocupa a la URSEC y a su Director, porque hemos hablado de este tema. Pero lo cierto es que del lado brasileño, donde existe una unidad reguladora con los mismos fines y cometidos que la URSEC, que se llama ANATEL -o algo parecido-, no ha habido un reclamo, ni siquiera se ha registrado una protesta. En ocasiones en que hubo problemas de interferencias en la frontera, o de radios que trasmitiendo desde el espectro radiofónico de Uruguay están interfiriendo, la URSEC ha actuado inmediatamente y en total coordinación, inclusive clausurando radios en algunos departamentos fronterizos. En este caso, no ha existido denuncia. Quizás le erraron el camino las autoridades brasileñas que se sienten molestas por la perturbación que estas emisoras les ocasiona y en lugar de acudir a las autoridades de Gobierno brasileñas para que se tramite por las vías que corresponden, apelaron a Diputados para que estos a su vez apelaran al Embajador de Brasil en Uruguay a fin de que él nos hiciera el favor o el mandado de ir a los organismos de Gobierno. Realmente, es muy curioso el sistema de defender los intereses.

Creo que si las autoridades brasileñas realmente están siendo perjudicadas, tienen la oportunidad de dar los pasos correspondientes en su país, y nos consta que existe una excelente interrelación entre las autoridades reguladoras de Brasil y las de Uruguay. La cosa es encontrar el camino, la cosa es no involucrarse en operativos políticos de frontera, porque a veces a determinado "vereador" no le sirve tal cosa y arma todo un escenario que podría tener repercusiones políticas que afectaran la imagen del país. En todo caso, se debería haber hablado con las autoridades correspondientes; y si Brasil tiene que hacer una protesta ante Uruguay, que lo haga por la vía de la Cancillería, o en forma directa, ya que existe una Comisión en que se relacionan permanentemente la URSEC y ANATEL de Brasil.

Quería aclarar esto. Seguramente, cuando la ley esté promulgada muchas de estas cosas van a quedar solucionadas y se hará realidad la posibilidad -aunque limitada, pues sin duda que esto acota en cierta medida la incidencia-, por lo menos, de que otra gente haga uso de la radiodifusión y que especialmente desde el interior se trabaje para la comunidad.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señor Presidente: quiero hacer dos o tres comentarios.

En primer lugar, con relación a las referencias o a las apelaciones a manejos incorrectos, a excesos de discrecionalidad o a la mala administración que según algunos en el pasado puede haber existido, me preocupa que esos conceptos provengan de un legislador de la bancada de Gobierno en el momento en que estamos aprobando este proyecto de ley, a la luz del alcance que este precisamente tiene. Porque si hay algo que se presta -y no juzgo ni prejuzgo intenciones- a manejos discrecionales, a abusos, a otorgamiento de ondas con un sentido distinto a la actividad comunitaria, como lo demostramos en la discusión general, a pagar sueldos a los titulares de las concesiones y a mantenerles las llamadas radios comunitarias con publicidad oficial, es este proyecto de ley y no lo que ocurrió en el pasado. Así que esta primera preocupación me generan las afirmaciones que acabamos de escuchar.

En segundo término, en cuanto a la situación que se da en la frontera con emisoras brasileñas que se han instalado en el territorio uruguayo violando nuestra soberanía y eventualmente generando un conflicto con Brasil, si a mí el Prefecto de Yaguarón me pide una reunión o el Embajador de Brasil me invita a una reunión, voy a ir si se me ocurre y si se me ocurre no voy. Supongo que no tendré que pedirle autorización al Ministro Gargano, por ejemplo, o a la Cámara, porque no tengo por qué hacerlo. Ahora: en todo caso, lo que hay en el fondo de eso es una situación muy grave respecto de la cual es claro que la URSEC ha estado absolutamente omisa.

Tengo aquí la copia de una nota de la Cámara Municipal de Yaguarón, que es el órgano deliberativo de Yaguarón -lo que sería la Junta Departamental-, que se expide en términos muy preocupantes para el país, porque esto, que va a ser elevado a la Cancillería brasileña, puede llegar a generar un problema diplomático y eso lo queremos denunciar en la Cámara.

(Interrupción del señor Representante Guarino)

——Lo dijimos, señor Presidente, en la discusión que se dio en la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social, en la que lamentablemente el señor Diputado Guarino no estaba porque no la integra. Allí anunciamos que estas cosas estaban ocurriendo y recibimos por respuesta el silencio, la indiferencia, la despreocupación, la irresponsabilidad de parte de las actuales autoridades de la URSEC.

Y, señor Presidente -y termino con esto-, por cierto que todos coincidimos en la más amplia libertad de expresión. Por cierto que nos parece muy bueno democratizar el acceso a los medios de comunicación. Por eso votamos los tres primeros artículos de este proyecto de ley. Ahora: pretender establecer la visión maniquea, como tantas veces, de que la libertad de expresión solo se sirve con este proyecto de ley y si no, se la combate, eso no solo no es tolerancia, sino que además es absolutismo y no lo vamos a tolerar, y por eso estamos contestando la alusión.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado Yanes.

SEÑOR YANES.- Señor Presidente: pido excusas al Cuerpo por entrar en este momento y hacer uso de la palabra después de haberse desarrollado el debate, pero como Presidente de la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social me siento en la obligación -con mis compañeros y para conmigo- de pautar tres cosas muy concretas.

En primer lugar, quiero hacer referencia a la aceptación de las correcciones que el Senado hizo al proyecto de ley que se está votando hoy y que surge de una iniciativa avalada con la firma de los Diputados del Frente Amplio. Cuando se inició esa discusión se trataba de un proyecto presentado por organizaciones sociales y los Diputados frenteamplistas expresamos que con nuestras firmas estábamos avalando la idea general que la iniciativa planteaba y que eso no nos comprometía en un 100% con su contenido. La discusión que se llevó adelante así lo demuestra.

El segundo aspecto que quiero dejar marcado -como hice cuando se discutió la primera vez en esta Cámara- es la actitud que tuvo AMARC como representante de las radios comunitarias, a partir de los contactos que fuimos teniendo, que nos ilustró, que nos dio fundamentos para muchísimas cosas, y lo digo sin comparar ni poner a nadie en el lugar del otro, también con respecto a ANDEBU y a RAMI. ¿Por qué? Porque quien sea un observador detallado podrá advertir en declaraciones de prensa y en las versiones taquigráficas cómo los distintos protagonistas de esta discusión, desde la comunidad, desde la sociedad civil -como se dice-, han ido modificando sus posiciones originales, descongelando algunas situaciones. Por ejemplo, para muchos defensores de las radios comunitarias, plantear que había radios ilegales era inadmisible. Hoy por hoy sabemos que se puede diferenciar a las radios comunitarias de aquellas radios ilegales, de aquellos malos empresarios que utilizan las radios para hacer negocios. Y por otro lado, también sabemos que las asociaciones de radios, las agremiaciones, desconocían o invalidaban la necesidad de una ley de radios comunitarias pero, pasado el tiempo, lo fueron asumiendo. Entonces, vaya mi reconocimiento por lo menos al debate que generó eso.

El tercer punto y el más importante es que acepto las modificaciones que realizó el Senado por considerar que si no lo hacemos corremos el riesgo de quedarnos sin ley, ya que esto debería ir a la Asamblea General y no sabemos cuándo se podría reunir ni si podríamos contar con las mayorías para consagrarla.

Quiero dejar constancia de que algunos de los cambios que tiene el proyecto que viene del Senado me convocan a seguir trabajando en este tema en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la definición de proselitismo, en qué significa proselitismo, y de qué forma corregir el artículo que vamos a votar, que establece que quien lo viole -proselitismo religioso o político- estaría exponiéndose a la posibilidad de la clausura de la radio. Me siento obligado a plantearlo porque esto lo hago desde la posición de que prefiero esta, que es una buena ley, con algunos matices como este que estoy marcando, para que se empiece a regular y a organizar el caos que teníamos hasta ahora.

Si durante el debate en algún momento alguien pudo haber entendido que para mí quien defendía las radios comunitarias o una ley que las regulara, o bien quienes estuvieran en contra, eran más democráticos o menos democráticos, lo aclaro y pido disculpas. En este sentido, creo que se están ampliando las libertades, que puede haber otros instrumentos y que este proyecto de ley va a dar garantías a las verdaderas radios comunitarias para consolidarse y desarrollarse, así como a las empresas privadas del interior del país y de la capital para tener una competencia lícita, como corresponde, en un mercado abierto entre empresas de comunicación.

Así que, con estas salvedades, vaya nuestro homenaje en este caso a AMARC, que nos dio la oportunidad de abordar este tema, y a la colaboración de mis compañeros en la Comisión; e informamos que vamos a seguir trabajando a efectos de que en los próximos meses del año que viene podamos presentar un proyecto para resolver esto, ya sea a través de una ley interpretativa o de una disposición que sustituya al artículo que hace referencia al proselitismo.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero señalar que el primer antecedente registrado en el ámbito legislativo con respecto a la necesidad de regular el funcionamiento de las radios comunitarias fue presentado, entre otros legisladores, por quien habla. Estábamos convencidos de la necesidad de que existiera una regulación en tal sentido, pero teniendo en cuenta aspectos que a nuestro juicio son característicos de este tipo de entidades. Claro está que se trata de entidades que no deberían tener fines de lucro; están orientadas a fines de carácter social, entre ellos los religiosos, porque en un país donde la libertad de cultos está consagrada en la Constitución, nos parece claro que en tanto esas organizaciones religiosas sean sin fines de lucro pueden perfectamente acceder también al uso de estas ondas.

Lo que estaba claro en el proyecto que nosotros presentamos y que de alguna manera replanteamos como alternativa a la iniciativa que presentó el oficialismo en oportunidad de que se diera la discusión en la Cámara de Diputados, es que no se podía permitir publicidad, porque de lo contrario, notoriamente ya empezaba a presumirse un fin de lucro. Y es asombrosa -llama realmente la atención-, la definición que con relación a la finalidad de lucro se establece en el inciso tercero del artículo 10 de este proyecto de ley. Francamente es digno de figurar en la página de Ripley, porque dice: "La ausencia de finalidad de lucro debe ser entendida como la actividad que no persigue la obtención de ganancias para su acumulación o su distribución o su inversión en objetivos diferentes de los que corresponden al servicio de radiodifusión comunitaria". Esta manera tan sui géneris de definir la ausencia de fines de lucro, de decir que alguien que obtiene algo para su beneficio, en la medida en que no lo distribuya, está comprendido en la ausencia de finalidad de lucro -lo cual, además, está complementado por el inciso siguiente, al cual hacía referencia hace un rato el señor Diputado Pablo Abdala- implica realmente una forma de permitir un medio de subsistencia a través del lucro de carácter personal. Entonces, no es verdad que con este proyecto se plantee la promoción de radios comunitarias sin fines de lucro. Se está planteando para un lucro personal; se está autorizando expresamente por la ley.

Además, señor Presidente, en un país en el que la regulación de las frecuencias radioeléctricas se rige por un decreto-ley de la época de la dictadura, que no ha sufrido modificaciones y que cuenta con unos pocos artículos, realmente parece un contrasentido que se haya hecho una regulación de esta naturaleza para las radios comunitarias, al tiempo que no se legisla en materia de frecuencia radioeléctrica en lo que son concesiones por parte del Estado, lo que determina que en definitiva los objetivos que están detrás de este proyecto -con la modificaciones propuestas por el Senado, que hoy se van a aceptar por parte de la mayoría del Cuerpo- se constituyan en fines de carácter político, que el Partido Independiente no comparte y que por lo tanto votará negativamente, como lo hizo en su momento con el proyecto de ley que fue considerado a nivel de la Cámara de Diputados.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se aceptan las modificaciones realizadas por el Senado.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en sesenta y uno: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto, se comunicará al Poder Ejecutivo y se avisará al Senado.

SEÑOR YANES.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR YANES.- Señor Presidente: quiero enmendar una omisión que cometí cuando hice uso de la palabra.

Quiero dejar en claro que respaldo humildemente en todo la política llevada adelante por la URSEC y por el Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver con el manejo del descontrol que existía con las radios comunitarias, porque recuerdo que se pedía reprimir a las radios comunitarias cerrándolas, requisando equipamientos, etcétera. Si hay que hacerse responsable de ese tipo de cosas -aquí fue cuestionado-, quiero decir que respaldo lo hecho por la URSEC.

Lo segundo que quiero dejar en claro -tal vez no fue así en mi intervención anterior, por el apuro y por tratar de no demorar- es lo siguiente. Hace un rato se dijo que en mi país existe la libertad de culto, y si mi necesidad, mi interés me llevan a definir qué es proselitismo y a manejar ese tema, es para que de alguna forma las comunidades que ya cuentan con radios comunitarias tengan la posibilidad de modificar estos artículos y puedan seguir desarrollándolas en forma comunitaria, positiva, ya que el artículo que cuestiono deja dudas o deja en riesgo esta posibilidad.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR SOUZA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SOUZA.- Señor Presidente: como integrante de la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social quiero decir que estamos a toda máquina aprobando -lo comentábamos con las compañeras Secretarias, que nos han auxiliado durante todo el año-, nada más y nada menos que dos proyectos de esta trascendencia.

En la discusión de este proyecto nos llamamos a silencio porque entendimos que los compañeros que hicieron uso de la palabra anteriormente ya habían expresado nuestro pensamiento, pero no queremos dejar de utilizar esta instancia de fundamentación de voto para congratularnos y extender nuestra alegría a los demás compañeros de bancada integrantes de esta Comisión Especial, y para reafirmar que a iniciativa del Poder Ejecutivo este Parlamento, en el día de hoy, está honrando de manera singular los derechos humanos. En este caso en particular, está asegurando la libre expresión del pensamiento y de comunicación de la gente, allanando la posibilidad de que todos tengan un espacio donde expresar con libertad sus posiciones, sus creencias y, en definitiva, puedan difundir sus ideas, lo que también hace a la cuestión esencial de los derechos humanos.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR SALSAMENDI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SALSAMENDI.- Señor Presidente: sin ánimo de demorar más tengo que decir que, por razones propias de su cargo, el señor Diputado Álvarez López no ha estado presente en esta sesión. Él ha trabajado mucho en este tema y me ha dejado un prolijo y relativamente extenso informe sobre las modificaciones presentadas en el Senado, que preferimos omitir.

Además, aclaramos en forma expresa que nos remitimos a todo lo que en su momento se manifestó en el Senado con relación a estas modificaciones. Particularmente, queremos resaltar la respuesta dada por la señora Senadora Percovich respecto al destino de las distintas denuncias presentadas en las diversas sedes judiciales con relación a este punto y al control de la URSEC.

También queremos volver a decir lo que en su momento se señalara en el Senado: los proyectos de radios que se dirijan exclusivamente a promover el proselitismo político partidario o religioso serán objeto de un tratamiento distinto en otra ley.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑORA ONTANEDA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA ONTANEDA.- Señor Presidente: hemos votado de la misma forma a como lo hicimos cuando este proyecto de ley ingresó de la mano de uno de los legisladores más jóvenes de esta Cámara: el señor Diputado Álvarez López. Así lo votamos en aquel momento, y ahora también, porque entendemos que esta es una oportunidad que tienen muchos pueblos, como el mío, de contar con un lugar de radiodifusión a la vuelta de sus casas, para que de primera mano los vecinos puedan tener ese acercamiento que se necesita en los pueblos.

Con gran alegría debo manifestar que con esta norma estamos regulando una situación que estaba vedada para los pueblos chicos, porque las ondas que se les entregaban no eran redituables, tal como manifestó un señor Diputado preopinante. Los pueblos chicos no teníamos posibilidades de contar con ondas de radio, pues al no ser redituables, no teníamos ni la voz ni la oportunidad de contar con una radio; las ondas siempre se adjudicaban a las capitales departamentales, a los pueblos más encumbrados o a quienes tenían dinero como para llevarlas adelante.

Por primera vez nuestro pueblo contará con una radio comunitaria, que estará regulada, y que tendrá las puertas abiertas para que todos sus habitantes puedan hablar, sin excepciones de partidos políticos.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR SEMPRONI.- Mociono para que se comunique de inmediato el proyecto que se acaba de aprobar.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en cincuenta y nueve: NEGATIVA.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado en mayoría, que corresponde al aprobado por el Senado)

24.- Autorización al señor Representante Diego Cánepa a realizar una exposición en la sesión ordinaria del día 12 de diciembre.

—— Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Roballo.

(Se lee:)

"Mociono para que se autorice al señor Diputado Cánepa a realizar una exposición de quince minutos en la sesión de mañana, 12 de diciembre, sobre el centenario del nacimiento de Avenir Rosell, taquígrafo de la Cámara de Representantes de larga trayectoria tanto a nivel profesional como docente y gran impulsor de la taquigrafía".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho en sesenta: AFIRMATIVA.

25.- Prórroga del término de la sesión.

Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Roballo.

(Se lee:)

"Mociono para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en sesenta y uno: AFIRMATIVA.

26.- Cuestión de fueros planteada por el señor Representante Rosadilla.

SEÑOR ROSADILLA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ROSADILLA.- Señor Presidente: solicito que se me habilite a realizar una exposición con relación a un tema que entiendo que atenta contra los fueros de esta Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Se va a votar el carácter preferente de lo solicitado por el señor Diputado.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en sesenta y uno: AFIRMATIVA.

SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Señor Presidente: por norma, nosotros siempre votamos los planteamientos de fueros hechos en esta Sala. Para nosotros alcanza la circunstancia de que un señor Diputado sienta que sus fueros están afectados para que el Partido Nacional dé los votos, reconociendo lo que significa la representación del ciudadano que así lo solicite. Sin embargo, en esta circunstancia no lo hemos hecho en virtud, no de quién hace el pedido -en este caso el señor Diputado Rosadilla-, sino porque la argumentación sobre la cual se va a plantear una cuestión de fueros ya fue hecha. No puede haber una misma circunstancia que afecte dos veces los fueros del mismo legislador.

En este caso, el planteamiento que realizará el señor Diputado Rosadilla está vinculado a la solicitud de visa para un viaje que realizáramos a Haití, con el fin de reconocer la gestión de nuestras tropas en una misión de paz. En esa circunstancia ya el señor Diputado Rosadilla solicitó plantear en esta Cámara una cuestión de fueros que fue largamente debatida, en virtud de la negativa que recibió por parte del Gobierno de Estados Unidos de América para concederle la visa. En ese entonces, el Partido Nacional hizo una intervino largamente a través de diferentes legisladores, solidarizándose con la situación que vivía el señor Diputado Rosadilla. Es más: en la Cámara presentamos un aditivo a la declaración votada en esa instancia para que se realizara una queja formal de la Cancillería del Uruguay con respecto a la situación que vivía el legislador.

No nos parece que a partir de una misma circunstancia, de un mismo hecho, y ante un evento similar, se plantee dos veces una cuestión de fueros. Digo esto porque, en definitiva, el fuero fue afectado una vez; hay un hecho original que fue la negativa. Por lo tanto, a partir de ese hecho original no pueden desprenderse dos planteamientos de fueros relativos a la misma circunstancia. Además, en esa oportunidad se expresó la voluntad de la Cámara y se encomendó al señor Presidente del Cuerpo que formulara un planteo ante la Cancillería a efectos de hacer conocer una queja formal.

Entonces, luego de haber recibido la solidaridad del Cuerpo -como lo hizo- y habiéndose hecho el planteo -como se hizo-, correspondería que el trabajo de esta Cámara se dedicara a otras iniciativas legislativas, a otros proyectos de ley a consideración, sobre todo teniendo en claro que la bancada oficialista fijó un régimen de trabajo nutrido de proyectos de ley. Se acerca fin de año y nos parece que sería bueno dedicar el tiempo de trabajo a tratar y a aprobar las iniciativas que hacen a diferentes circunstancias que se han puesto a consideración de la Mesa y que no habría que reiterar planteos políticos que creemos que no agregan nada a la cuestión de fondo.

Reitero: la solidaridad del Cuerpo con la situación del señor Diputado Rosadilla fue expresamente manifestada y el Partido Nacional así lo hizo saber. Nos parece que ahora hay que dedicarse a trabajar en torno a los proyectos de ley a disposición de la Mesa.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado Rosadilla.

SEÑOR ROSADILLA.- Señor Presidente: no voy a responder directamente al Partido Nacional, pero lo que ya tengo escrito de antes lo voy a decir, y creo que esto responde de por sí a la postura que el Partido Nacional ha tenido en este tema.

Entiendo que estamos ante dos situaciones distintas. Hagamos un poco de memoria. A mediados de agosto del presente año, un grupo de legisladores concurrimos a la Embajada de Estados Unidos de América para solicitar una visa de tránsito en ese país. Al conjunto de los legisladores -que, si mal no recuerdo eran doce- con excepción de a quien habla, la visa les fue entregada de forma inmediata. A quien habla no se le negó la visa en ese momento -y basta recorrer la versión taquigráfica para comprobar esto- sino que se dijo que no se podía entregar la visa inmediatamente porque se necesitaba una revisión adicional desde los Estados Unidos de América. Como es sabido, esa fue la postura: hubo negativa para entregar la visa inmediatamente y nuestra solicitud se sometió a una revisión adicional.

A nuestro juicio, ese tema había quedado absolutamente liquidado. Es más: recibimos una llamada telefónica de la Embajada y se nos preguntó si todavía seguíamos teniendo interés en dicha visa. Nosotros contestamos que no y lo hicimos por razones que ya dimos públicamente. A partir de ese hecho nosotros no queríamos pasar por Estados Unidos de América, no solo por las molestias que personalmente podrían ocurrirnos, sino porque no queríamos exponer al país a una situación de tirantez que afectara otros aspectos importantes y medulares. Reitero: para nosotros era un tema absolutamente liquidado y no estábamos esperando ninguna respuesta.

Para nuestra sorpresa, el viernes 16 de noviembre -noventa días después de estos hechos-, una llamada telefónica de parte del Consulado de Estados Unidos de América nos da cuenta de que hay una respuesta sobre nuestra solicitud; ahora sí se daba una respuesta. Este es un hecho diferente y, por lo tanto, quiero aclarar que no estamos frente a la misma situación. Antes estábamos frente a una no respuesta automática; a eso hizo mención el Cuerpo, y fue por lo que se expidió. Ahora estamos frente a una respuesta negativa y con determinados argumentos, y a mi juicio es una situación muy distinta.

La comunicación del viernes 16 de noviembre fue hecha por teléfono, pero pedimos el texto y nos fue entregado al lunes siguiente. Dice así: "Embassy of the United States of America.- Montevideo, 16 de noviembre de 2007.- Sr. Representante Nacional.- Luis Ángel Rosadilla Pereira.- Palacio Legislativo.- Montevideo.- Estimado Sr. Representante Nacional: Hemos recibido la respuesta del Departamento de Estado de los Estados Unidos en relación a su caso de solicitud de visa de no inmigrante.- Acorde a lo que nos informase el Departamento de Estado, usted es inadmisible bajo la Sección 212 (a)(3)(b) de la Ley de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos.- Sin embargo, usted puede solicitar un pedido especial (waiver) al Departamento de Estado para viajar a los Estados Unidos en el futuro". Debo decir que cuando hablamos por teléfono, la funcionaria me tradujo esto como un perdón. Continúa: "Si estuviese interesado en realizar dicho pedido especial, hágalo con la mayor antelación posible a su fecha estimada de viaje. Haremos lo que esté a nuestro alcance para agilitar su solicitud de waiver. Por favor, comprenda que una solicitud de waiver debe coordinarse con varias agencias estadounidenses y por ello requiere del tiempo suficiente para su aprobación.- Espero que esta información le sea de utilidad.- Muy atentamente,.- Blossom N. Perry.- Cónsul".

Obviamente, pedimos a la Embajada que se nos permitiera conocer esta Sección por la cual el Departamento de Estado entendía que era inadmisible nuestro pasaje por los Estados Unidos de América, nuestra solicitud de visa. A los pocos días se nos remitió un texto muy largo, en inglés, que hicimos traducir. No voy a leerlo todo, pero quedará a consideración y lo voy a entregar por si se quiere agregar a la versión taquigráfica o algún legislador quiere leerlo. Voy a leer algunas partes. En la Sección 212 A) III "Seguridad y Argumentos Relativos" dice: "En general.- En caso que una oficina consular o el procurador general sepan, o tengan argumentos razonables de convicción de que cualquier extranjero pretende ingresar a los Estados Unidos al solo efecto, principalmente o incidentalmente el: (i) cualquier actividad (I) para violar cualquier ley de los Estados Unidos relativa al espionaje o sabotaje (II) o violar o evadir cualquier ley que prohíba la exportación desde Estados Unidos de bienes, tecnología o información sensible, (ii) cualquier otra actividad fuera de la ley, o (iii) cualquier actividad cuyo propósito sea la oposición, el control o el derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos por la fuerza, violencia u otros métodos fuera de la ley". La Sección B), "Actividades Terroristas", dice: "En General.- Cualquier extranjero que (I) ha estado envuelto en actividad terrorista", y siguen una serie de considerandos. En el numeral VII) agrega que también estarán impedidos de entrar "(...) el esposo o hijo de un extranjero impedido de entrar bajo esta sección, si la actividad que motivó la prohibición ocurrió en un período inferior a 5 años". De manera que también hay nuevos uruguayos impedidos de entrar a Estados Unidos de América -en número de siete- por motivo de esta respuesta.

Luego habla de las "Excepciones" y dice: "No se aplicará a esposo o hijo si (I) no sabía la razón por la cual el extranjero fue inhibido de entrar o (II) aquel que el oficial consular o el procurador general tenga presunción razonable para considerar que el extranjero ha renunciado a las actividades que causaron que fuera inadmisible su entrada en esta sección".

Después viene la "Definición de Actividad Terrorista", respecto a la cual dice: "De acuerdo a esta ley el término 'Actividad Terrorista' significa cualquier actividad fuera de la ley de acuerdo a las leyes del país donde se cometió (o que en caso de haber sido cometido en los Estados Unidos, sería considerado fuera de la ley bajo la ley norteamericana o de cualquier estado y que involucre cualquiera de las actividades que siguen [...]". Luego se enumeran una serie de actividades que son consideradas como actividad terrorista. Después viene la "Definición de involucramiento en actividad terrorista" y la "Definición de Organización Terrorista" -este es un largo documento- y en el final, en la parte de "Política exterior", definen que "Un extranjero cuya entrada o actividades previstas en los Estados Unidos son consideradas por el Secretario de Estado con motivos razonables para creer que pueden potencialmente causar consecuencias serias adversas en la política exterior en los Estados Unidos es inadmisible". Se agrega una "Excepción para Funcionarios Oficiales", que dice: "Un extranjero que es funcionario oficial de un gobierno, o es candidato de un gobierno en el período previo, no podrá ser excluido o sujeto a restricciones o condiciones para la entrada a los Estados Unidos bajo la cláusula (i) meramente por las creencias pasadas, actuales, dichos o asociaciones, si tales creencias, dichos o asociaciones son legales en los Estados Unidos".

Por lo tanto, resulta obvio que estamos frente a una situación distinta a aquella postergación que hubo en determinado momento o la no entrega inmediata, automática de la visa a los demás legisladores, sino que estamos frente a una negativa directa de los Estados Unidos de América con fundamentos en lo que el Departamento de Estado le dice.

Recibí esto el día viernes 16 de noviembre y como no había sesión de Cámara durante esos días y lo consideré necesario, hice pública esta respuesta los días siguientes -no recuerdo exactamente la fecha pero, si la memoria me es fiel, creo que fue el miércoles 21- y envié una copia de todo este texto al Directorio del Partido Nacional, al Comité Ejecutivo del Partido Colorado, a la Dirección del Partido Independiente y a la Mesa Política del Frente Amplio, para que se tuviera información y antecedentes con antelación y se pudiese llegar a este planteo de fueros -que yo había anunciado- con la información suficiente para poder expresarse en esta Sala. También envié la información a la Cancillería, a la Presidencia de la República y a la Suprema Corte de Justicia.

Traigo aquí este tema porque creo que esta respuesta, sin duda, es diferente a la anterior, que era una postergación; esta es una negación sobre la base de un capítulo de argumentaciones que creemos que son sumamente graves. A esto se agrega que si en aquella oportunidad, en agosto, podía caber una pizca de dudas en cuanto a que se estuviese frente a un error administrativo, burocrático o de algún otro tipo, en esta decisión tomada tres meses después no cabe ninguna duda de que se está frente a una actitud absolutamente clara, consecuente, determinante del Gobierno de los Estados Unidos de América. Además, tiene o debe haber tenido en cuenta la expresión unánime de esta Cámara -con votos de todos los sectores y partidos, que mucho he agradecido en todos los ámbitos-, acompañada por todos los partidos, no solo en solidaridad conmigo -que también la hubo- sino en virtud de la representatividad de los fueros que esta Cámara expresa.

Es por ello que hemos vuelto a traer este tema, y créanme que no lo hacemos con satisfacción o regocijo. Es más: reitero que habíamos pensado que esto estaba olvidado, que había pasado, pero frente a determinadas cosas uno no puede seguir mirando para arriba, uno no puede hacer como que no vio o no sintió. Y no solo por cuestiones particulares o personales -que, indudablemente, aquí están afectadas-, sino porque realmente creemos que hay una afectación, y así lo consideró la Cámara en su momento frente a aquel suceso inicial absolutamente diferente en calidad y contenido al que estamos procesando ahora. Por lo tanto, con el debido respeto hacia posiciones que aquí se han expresado, queremos decir que hay un error conceptual y que no se consideró debidamente que esta era una situación diferente que afectaba de forma distinta y que el marco político en que está planteado es absolutamente diferente.

Hasta aquí llega nuestra exposición, y esperamos que la Cámara se pronuncie frente a este tema; desearíamos que así fuera. Es todo cuanto tenemos que decir.

Agradecemos nuevamente la oportunidad que la Cámara nos ha brindado de exponer este asunto.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra la señora Diputada Charlone.

SEÑORA CHARLONE.- Señor Presidente: creo que hace muy bien el señor Diputado Rosadilla al traer este tema otra vez al plenario. Indudablemente, se trata de una situación distinta, y esto también va como fundamento de voto de por qué habilitamos de vuelta el planteo de fueros. Esta es una situación políticamente mucho más grave.

En primer lugar, quiero expresar mi solidaridad con el compañero Rosadilla. Ya se la hemos manifestado a él personalmente con motivo del primer episodio que se generó el 13 de agosto cuando tramitó su visa en el marco de una delegación parlamentaria, y se la reiteramos ahora. Realmente, la gravedad de este tema trasciende absolutamente las expresiones de solidaridad personal.

El señor Diputado Rosadilla, como todos los miembros de este plenario, ha sido elegido por la ciudadanía uruguaya. Hemos sido elegidos en elecciones libres y democráticas. Este es un país libre y democrático. Iba a decir "gracias a Dios" pero no, es gracias a la construcción de tantos uruguayos y tantas uruguayas. En este país no hay legisladores de primera, de segunda o de tercera categoría. Somos todos iguales y no hay legisladores terroristas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos niega la visa a un señor parlamentario uruguayo y se lo comunica con posterioridad a una decisión de este Parlamento, que ya se había manifestado en el sentido de que los fueros del señor Diputado Rosadilla habían sido afectados; aún así reitera esa negación. Este me parece un hecho inadmisible, una afrenta no ya al señor Diputado Rosadilla sino al Parlamento uruguayo y a la ciudadanía que eligió este Parlamento, donde radica nuestra soberanía.

Realmente, tenía la esperanza de que el incidente que se produjo el 13 de agosto en la Embajada de los Estados Unidos hubiera sido el error de un funcionario mal informado o de un burócrata torpe políticamente, que no estaba calibrando el tenor de la decisión que se estaba tomando. Pero resulta que no fue así. El propio Departamento de Estado de los Estados Unidos comunicó al señor Diputado Rosadilla que su pedido de visa era inadmisible.

Entonces, quiero solidarizarme con él y decir que lo respaldo y que me parece muy digna su posición de no solicitar este pedido de perdón o "waiver" que de alguna manera se le sugiere.

Frente a estos hechos, que me parecen sumamente graves, quiero trasladar a este pleno una decisión que he adoptado. En realidad, ya lo venía calibrando desde que el señor Diputado Rosadilla hizo el primer planteo, pero pensaba que esto se podía haber debido a algún error, que se iba a recibir algún pedido de disculpas y que la situación iba a quedar aclarada. No fue así y, por lo tanto, voy a trasladar a esta Cámara una decisión personal que quiero hacer pública porque me implica un compromiso político y público. Para mí, si cualquier país niega el derecho de entrada a un parlamentario de mi país, como parlamentaria también tengo el derecho de decidir a dónde viajo y a dónde no viajo. En este sentido, quiero manifestar claramente que mientras el Gobierno de los Estados Unidos niegue la entrada a un parlamentario uruguayo esta Diputada no va a concurrir al territorio de los Estados Unidos ni en misión oficial ni a título personal. No voy a pisar ese país. Esto no es porque se trate de un parlamentario de mi partido político. Esto afecta a todos los sectores políticos.

También quiero decir que asumo esta posición frente a una decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y que no tiene nada que ver con mi consideración hacia el pueblo de los Estados Unidos, al que expreso mis respetos. No hay que confundir las decisiones de los Gobiernos con los pueblos.

Reitero que esta decisión es absolutamente personal; no compromete ni pretende comprometer a mi bancada, a mi sector político ni a mi fuerza política. Es absolutamente personal y en el plano de mi conciencia.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado José Carlos Cardoso.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señor Presidente: el señor Diputado García expuso en el fundamento de voto las razones por las que no acompañamos en esta oportunidad el planteo de fueros formulado por el señor Diputado Rosadilla.

Como seguramente todos recordarán, en la sesión en la que planteó una cuestión de fueros respecto a un episodio del que fuimos testigos, ocurrido en el Consulado norteamericano, la Cámara lo debatió. En esa oportunidad fui el primer legislador de mi Partido en hablar acerca de lo que creemos tiene que ser una actitud firme respecto a la defensa del fuero de los legisladores.

Este es un país democrático, donde los legisladores electos por el pueblo tienen todas las garantías, obviamente dentro del territorio. No les podemos asegurar garantías fuera del territorio de la República. En esa oportunidad creímos que el planteo era de recibo y, por lo tanto -no voy a reiterar los argumentos-, dimos nuestra opinión. En la jornada de hoy, el señor Diputado Rosadilla insiste con el asunto. Creo que no trae un tema nuevo sino que es el mismo de la reunión pasada. Lo único nuevo es que él ahora sabe más del asunto porque tiene información adicional, pero no es un tema nuevo. El trámite continuó. De manera que me parece absolutamente innecesaria una expresión de la Cámara, a no ser que tenga otros fines, que se busque otro camino, que se esté ante la búsqueda de un protagonismo respecto al tema de la relación con los Estados Unidos y a la opinión que algunos Diputados puedan tener sobre la política exterior de ese país. Además, me parece que la intervención del señor Diputado Rosadilla prescinde de un asunto fundamental, principalísimo; me refiero a qué opina el Gobierno de la República sobre este tema. Está claro que en materia de política exterior la Cámara de Representantes no hace nada. En otros países, ámbitos legislativos tienen un enorme peso sobre la política exterior, como en el caso de Estados Unidos. Todos sabemos muy bien que la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado norteamericano dirige la política exterior, pero eso no acontece aquí. ¿El señor Diputado Rosadilla informó al Gobierno? ¿El señor Diputado Rosadilla pretende que hoy nosotros pidamos al Gobierno, como le pedimos en la sesión pasada -y la bancada no quiso-, hacer una protesta formal contra el Gobierno de los Estados Unidos? ¿O esto es un "lenga lenga" entre nosotros para convocar a la prensa? ¿Vamos a seguir entreteniéndonos con este culebrón del señor Diputado Rosadilla y los Estados Unidos? ¿Qué dice el Ministro Gargano? ¿Llamó a la Secretaria de Estado del Gobierno de los Estados Unidos para decirle que hay un legislador uruguayo cuestionado? ¿Quién representa al Uruguay en materia internacional? ¿Esta Cámara? ¿La Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes? ¡No! El señor Diputado Rosadilla tiene derecho a defender sus fueros, pero le voy a decir algo, con todo respeto.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- El señor Diputado debe dirigirse a la Mesa.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Sí, señor Presidente.

Hace por lo menos dos meses y medio que estoy esperando que el señor Diputado Rosadilla haga un planteo de fueros en esta Cámara, pero no sobre este tema. Al señor Diputado Rosadilla, como a otros legisladores que integran este Cuerpo, se le han realizado acusaciones gravísimas, no anónimas sino firmadas. Suponía que, ante acusaciones de esa naturaleza en el ámbito interno del Uruguay -no anónimas, reitero, sino firmadas por organizaciones bien conocidas-, se viniera a la Cámara a decir que son infundadas, como presumo. Pero nada de eso aconteció. El señor Diputado Rosadilla y todos los Diputados de esta Cámara saben de qué estoy hablando, porque esas denuncias llegaron a nuestros despachos. A todos los legisladores les llegó por correo electrónico la denuncia que FUCVAM hizo sobre legisladores del Gobierno. Esas acusaciones son graves, y están firmadas. Sin embargo, no se hizo un planteo de fueros. No se vino a decir que un legislador estaba siendo acusado de cosas insanas -en el ámbito nacional y luego salió al exterior-, producto no sé de qué. Nada se dijo aquí. Ahora tenemos que volver a debatir el tema de los Estados Unidos, sobre el que ya nos expresamos y sobre el cual la Cámara adoptó una resolución. Es más: el último inciso, al que hizo referencia el señor Diputado Javier García, está propuesto por nosotros, después que lo alivianaron, porque nosotros queríamos una protesta formal; queríamos pedir a nuestro Canciller que llamara al Gobierno de los Estados Unidos y le dijera que en el Uruguay los Diputados no son terroristas, que en el Uruguay los legisladores electos por el pueblo no son terroristas, que el Parlamento da garantía por ellos. Pero eso no acontece. Entonces, ¿en qué estamos acá? Está bien que el señor Diputado Rosadilla venga a hacer su planteo, tiene derecho, por algo se lo votaron -cincuenta votos-, pero con el jueguito este de venir a levantar cartel contra Estados Unidos a partir del asunto de fueros, entramos en el vedetismo antiimperialista. Yo soy antiimperialista y tengo mis convicciones antiimperialistas, pero no tengo que decirlo todos los días. ¿Pero qué es esto? ¿Vamos a pasar de los dichos a los hechos? ¿Y los hechos qué son? Los hechos son que el Gobierno se ocupe. ¿O el Ministro de Relaciones Exteriores no considera esto como un asunto relevante? Pues entonces pongámoslo a consideración. Yo voy a mocionar para que la Cámara envíe una minuta de comunicación al Canciller Gargano para que haga una protesta formal frente al Departamento de Estado. Y que se haga la protesta formal.

(Apoyados)

——Porque venir a entretenernos acá con este tema… Ya pasaron tres meses. Lo que el señor Diputado Rosadilla informa hoy ya lo sabíamos hace tres meses, ya aconteció. Bastaba con aquello, yo no necesitaba esto. A mí esto me agrega poco y nada. Me alcanzó aquello. Tenemos que tomar los planteos de fueros con un poco de seriedad, y estos planteos son para todos los temas, no solamente para los que son entretenidos, que tienen buena prensa, que pueden resultar de buen efecto político.

Creo que cuando hay acusaciones graves que circulan y que todos conocemos, uno supone que los Diputados vienen acá, le dicen al Cuerpo de qué se trata y despejan esa duda. No me refiero a acusaciones anónimas -que las hay-; no estoy hablando de ese tipo de acusaciones, porque eso es parte de la basura que circula. Pero cuando se trata de acusaciones firmadas, acusaciones en representación de instituciones, como esta de FUCVAM, alguien tendría que haber venido acá a decir de qué se trata y eso no se hizo. Entonces, se eligen algunos temas para planteo de fueros y otros no. No importa lo que se diga del Diputado. Si el Gobierno de los Estados Unidos le dice terrorista, entonces hay planteo de fueros; si una organización nacional le dice que está involucrado en maniobras económicas, no hay planteo de fueros. Me parece que tenemos que poner equilibrio y los planteos de fueros deben ser serios para que la Cámara trate los asuntos con seriedad, y este tema tiene que terminar -porque si no fuera así esto sería escandaloso- exigiéndole al Canciller de la República que haga una protesta formal al Gobierno de los Estados Unidos, tal cual lo indican los mecanismos diplomáticos.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor Presidente: queremos agradecer los consejos que hemos recibido sobre el modo en que debemos trabajar los proyectos, es decir, si entendemos o no que este tema es importante o si hay otros que lo son más. Pero téngase presente que la bancada de Gobierno va a cumplir en tiempo y forma con todas las obligaciones que tiene desde el punto de vista parlamentario en sus Comisiones respectivas para llegar a fin de año con la agenda acabada, de acuerdo con lo que se aspira en el poco tiempo que nos queda del año. Pero una cosa no quita la otra y se hace necesario tratar este asunto de los fueros parlamentarios.

Nosotros integramos uno de los Poderes del Estado, establecido fehacientemente por la Constitución de la República. La construcción, el mantenimiento y la estabilidad de la vida institucional, es evidente que es uno de los valores señeros de la vida nacional, no solamente de quienes alternamos en esta Casa. Es verdad que ello ha tenido a lo largo del tiempo vaivenes, altibajos, zozobras, pero es una materia que la hemos resuelto nosotros, los uruguayos, construyendo más democracia. Diría que es una materia que hoy el país viene construyendo entre todos, sabiendo que mucho haremos nosotros y mucho hará el tiempo, con su lógica de perspectiva. Quiero decir que la evolución política del Uruguay siempre se ha dirigido a mejorar la democracia, su organización, asegurando la participación de los uruguayos y de aquellos que se allegan a nuestro país. Me parece que estos son los temas que están implicados en este asunto de los fueros de un señor legislador, un colega.

Uruguay pasa por un momento saludable de su sistema democrático. Nuestra organización política nacional no proscribe absolutamente a nadie al momento de estar entre sus representantes políticos en el seno de este Parlamento o de otras instituciones del Estado. En este Parlamento nos sentimos orgullosos, más allá de que estamos alternando en él circunstancialmente. A partir de otras Legislaturas vendrán otros legisladores, otros ciudadanos uruguayos, a representar la soberanía del país, que de eso se trata este asunto.

Por lo tanto, a mi juicio, no es de recibo que alguien desde el exterior se transforme en un juez de los ciudadanos de nuestra sociedad, que no tienen impedimento alguno para acceder a las más altas dignidades que otorga nuestra vida democrática y republicana, nuestra vida legal.

Diría que el sentir democrático es lo que está siempre en tela de juicio en este asunto de los juicios que se emiten desde la potencia del norte. Es algo que se viene afirmando también en el sentir democrático de la región. Hay un proceso franco de construcción que no se lo debemos a los Estados Unidos de América: nos lo debemos a nosotros mismos. En la región estos países han ido generando ámbitos democráticos que son modelo en el mundo. No es el modelo norteamericano el que ha sido prohijado por la mejor historia. En nuestra región recientemente se ha creado el Parlamento del MERCOSUR, cuyo significado y proyección son indiscutibles.

Es por eso que nosotros volvemos a decir que no es de recibo que alguien, por importante que sea en el concierto internacional, así como por su peso específico en nuestra balanza comercial, se constituya en juez de aquellos que han pasado por el cerno de un acto electoral democrático, con garantías legales, que son una característica sustancial de nuestra sociedad. Creo que ese es el centro de este asunto de los fueros del señor Diputado Rosadilla.

Por eso, la Cámara de Diputados debe rechazar esta situación, más allá de que haya expresado una voluntad al respecto el 15 de agosto pasado. Esta situación que se ha generado en torno al señor Diputado Rosadilla me consta que no es un asunto particular de él, y tampoco, como se ha dicho aquí, un asunto de vedetismo. No, no es así. Creo que no puede ser de otro modo, y la Cámara hace bien en rechazar esta actitud de la administración norteamericana. Lo debe hacer en salvaguarda de la soberanía del país porque el artículo 82 de la Constitución de la República dispone que esta será ejercida directamente por el cuerpo electoral e indirectamente por los Poderes representativos que allí se establecen. Por lo tanto, este asunto no es baladí, señor Presidente. Diría que en este tema la Cámara no solo defiende los fueros de uno de sus integrantes y los propios, sino también la soberanía nacional, como bien ha dicho la señora Diputada Charlone. Como se dijo aquí el 15 de agosto, defiende la expresión de una porción de la ciudadanía. Eso es el Uruguay, señor Presidente -no otra cosa- en el concierto internacional: la presencia de las instituciones representativas valoradas en los actos electorales. Por eso es que nosotros habremos de votar favorablemente la moción que está sobre la mesa en defensa de la soberanía de la República, establecida claramente en la Constitución.

No solo queremos expresar la solidaridad con el compañero Diputado Luis Rosadilla; también indicamos que lo mismo haríamos con cualquiera de los integrantes de esta Cámara. No tipificaríamos de ningún modo un asunto de esta naturaleza. Le daríamos -como le estamos dando- su verdadero sentido, que es el de una clara defensa de nuestra soberanía y de los valores que debe defender un legislador en este ámbito.

Es cuanto tenía que decir, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Dese cuenta de un proyecto de declaración presentado por las señoras Diputadas Travieso y Charlone y por los señores Diputados Cánepa, Semproni, Varela Nestier, Edgardo Rodríguez, Roballo, Conde, Blasina, Martínez Huelmo, Ortuño e Ibarra.

(Se lee:)

"Ante el planteo de fueros efectuado por el señor Representante Nacional Luis Rosadilla en donde ha aportado información proporcionada por la Embajada de los Estados Unidos de América, de la que se desprende las razones de la Administración estadounidense que oportunamente produjeron el no otorgamiento de visa para su ingreso al territorio estadounidense en misión oficial, la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay declara: 1) Ratificar la declaración de esta Cámara de fecha 15 de agosto pasado, por la cual se expresa que han sido afectados los fueros del legislador así como los de la Cámara de Representantes.- 2) Que en tanto Representante de la Soberanía Nacional, no otorgar la visa a un legislador para ingresar a un país como Estados Unidos de América, con el que la República Oriental del Uruguay mantiene relaciones diplomáticas, afecta también la expresión de esa soberanía.- 3) Por lo tanto rechaza el trato dado al Diputado Luis Rosadilla por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, encomendando a la Cancillería traslade la firme protesta de la Cámara de Representantes ante la Embajada, el Departamento de Estado y la Presidencia de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos de América.- 4) Liberar comunicación al Cuerpo Diplomático acreditado ante nuestro país, a la Organización de los Estados Americanos, al Parlamento del MERCOSUR y a la Unión Interparlamentaria".

27.- Intermedio.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Mociono para que la Cámara pase a intermedio por cinco minutos.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y nueve por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

La Cámara pasa a intermedio.

(Es la hora 20 y 9)

——Continúa la sesión.

(Es la hora 20 y 22)

28.- Cuestión de fueros planteada por el señor Representante Rosadilla.

——Prosigue la consideración del asunto en debate.

Está en discusión la moción presentada.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos) .- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señor Presidente: el Partido Nacional analizó la moción presentada y firmada por los legisladores del Frente Amplio, pero nos surgen algunas interrogantes de las que queremos dejar expresa constancia.

En primer lugar, de alguna manera, esta moción lo interpela a usted, señor Presidente, porque en la página 52 de la versión taquigráfica de la sesión del miércoles 15 de agosto de 2007 se encomienda al señor Presidente de la Cámara hacer determinadas tareas. El numeral 2) de esa resolución votada el 15 de agosto de 2007 dice lo siguiente: "Encomendar al Presidente de la Cámara de Representantes que traslade a nuestra Cancillería los términos de esta declaración solicitando que le envíe a modo oficial a todo el cuerpo diplomático acreditado ante nuestro país, a la Organización de los Estados Americanos, a la Presidencia del Congreso de los Estados Unidos de América y al Departamento de Estado de dicho país".

Esto fue lo que votó la Cámara, que encomendó al Presidente del Cuerpo -es decir, a usted, señor Presidente- que cumpliera con esta tarea. Es lo mismo que dice esta moción. La resolución que el Frente Amplio acaba de proponer es idéntica a la que votamos el miércoles 15 de agosto de 2007; no tiene modificaciones, lo que confirma plenamente el argumento inicial que planteó el señor Diputado García: esto es una reproducción de la sesión del 15 de agosto.

Señor Presidente: ¿usted pidió al Canciller que realizara estas tareas? Pregunto esto porque ahora estamos planteando al Canciller que realice las mismas tareas ante el Departamento de Estado, ante la Organización de Estados Americanos, ante la Presidencia del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Es exactamente lo mismo. ¿En qué cambió? La única diferencia con la sesión pasada parece ser la ausencia de viajes de la señora Diputada Charlone en el futuro a los Estados Unidos.

Dentro de tres días se cumplirán cuatro meses de que votáramos una moción idéntica a esta. Quizás la Presidencia de la Cámara no cumplió esa tarea, y el Frente Amplio vuelve a proponer el tema para que el Presidente la cumpla, ahora directamente con el Canciller. Pero ¿qué le dijo el Canciller al Presidente? Sería importante saberlo; sería que usted, señor Presidente, nos explique qué fue lo que pasó con esta moción que todos votamos el miércoles 15 de agosto pasado. Nos parece que esto es previo a poner a votación esta otra, que es idéntica -repito y subrayo- a la que votamos hace cuatro meses.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- El Cuerpo debe tener la tranquilidad de que todo lo que vota la Cámara y se encomienda a la Presidencia, se hace; que las comunicaciones las hace por escrito y las recibe por escrito, y que se comunican inmediatamente a la Cámara.

Por lo tanto, si la Mesa no ha comunicado nada es porque la Presidencia todavía no recibió nada.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor Presidente: queremos decir, sin ningún tipo de ironía, que esta moción no es idéntica a la votada el 15 de agosto de 2007.

Sin embargo, al comienzo, ratifica y además pide a la Cancillería que traslade la firme protesta. No es idéntica, señor Presidente.

Repetimos: en estos temas preferimos abjurar de la ironía.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado Lorenzo.

SEÑOR LORENZO.- Señor Presidente: no es idéntica, pero es igual.

En la sesión de agosto, el Partido Nacional propuso una minuta de comunicación, solicitando al Poder Ejecutivo que realizara la protesta diplomática. Inclusive, en Sala algún legislador comentó que su antiimperialismo se lo guardaba para temas más importantes.

La protesta a que se refiere la moción que considera la Cámara es absolutamente inocua, porque la Cámara de Representantes no protesta. La protesta diplomática -la verdadera, cuya minuta de comunicación se votó para que el Poder Ejecutivo la formulara- se debe pedir al Poder Ejecutivo, y eso, en la sesión de agosto, el Frente Amplio lo votó en contra. ¿Por qué? Porque alcanzaba con un cirquito hecho en la Cámara para poner el tema sobre la mesa. Pero cuando había que llevar hasta sus últimas consecuencias las decisiones derivadas del planteamiento de fueros de aquella instancia -que es muy importante; el de hoy también-, no se quiso; se votó una moción devaluada.

Me pregunto qué habría pasado si en agosto hubiéramos votado esa minuta de comunicación y si el Poder Ejecutivo hubiera realizado la protesta que le solicitaba la Cámara de Representantes. El Parlamento no está obligado a hacerlo; como bien dijo el señor Diputado José Carlos Cardoso; la política exterior la dirige el Poder Ejecutivo. En nuestro régimen, salvo por la vía de las interpelaciones o por otros mecanismos, el Parlamento no tiene mucho para hacer.

Así que acá lo que se está planteando es lo mismo que la otra vez, y creo que la Cámara fue absolutamente omisa en utilizar las herramientas adecuadas para lograr que el Poder Ejecutivo actuara. No lo hizo en aquella ocasión y tampoco lo está haciendo ahora. Que la moción diga "protesta", no quiere decir que realmente se esté realizando una protesta por lo que ello significa en el derecho internacional y en las relaciones diplomáticas.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: nos parece importante dejar sentados dos aspectos.

Acá, es clara la moción y son claras las argumentaciones. En esta Cámara no ha habido discrepancia sobre la cuestión de fondo. Lo que se está planteando son dudas en cuanto a los procedimientos e, inclusive, la discusión ha ingresado a otros temas.

Queremos dejar constancia de que no evadimos la discusión de ningún tema. Si algún legislador entiende necesario que esta Cámara trate alguna de las denuncias públicas que salen en los medios, esta bancada está dispuesta a discutirlo, tal como lo está haciendo con este tema. No queremos laudar en base a dudas o supuestos.

Si no se quiere votar esta moción, que se diga expresamente cuáles son los motivos y no se pongan dudas sobre dudas.

Acá se está ratificando la decisión que la Cámara adoptó el 15 de agosto y se vuelve a hacer un planteo enérgico en cuanto a los fueros de un parlamentario electo por la ciudadanía. Eso es lo que esta Cámara está resolviendo hoy. Si esta Cámara discutiera sobre denuncias públicas, estaríamos resolviendo todos los días sobre lo que sale en la prensa acerca de lo que pasa con todos los Representantes Nacionales.

Entonces, no metamos temas por la ventana que llevan a desvirtuar el asunto que hoy estamos discutiendo.

Por último, propongo que se vote la moción, porque es muy clara.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado Javier García.

SEÑOR GARCÍA (don Javier).- La aclaración que hizo el Presidente es peor que si no la hubiera hecho. Adviertan en qué situación nos encontramos.

Yo voy a leer las dos declaraciones en paralelo para que se vea que lo que dijimos al principio es estrictamente así.

El señor Presidente dice que hizo el planteo a la Cancillería -¡vaya si le creemos!- sobre un tema que es tan grave que, ante la misma situación, en la Cámara se hacen dos planteos, lo que quiere decir que la bancada oficialista piensa que este tema es gravísimo. Ya lo dijimos nosotros, que votamos la declaración que hoy se reitera, y la contestación del señor Presidente es: "Hicimos el planteo pero no hemos obtenido respuesta del Canciller".

Pregunto: para el Canciller de la República, ¿no es importante que se afecten los fueros de un legislador uruguayo? ¿Cómo puede ser que ante el planteo que la Cámara de Diputados encomendó hacer a su Presidente a fin de que se comunicara con el Canciller de la República e hiciera las protestas correspondientes, nos diga que se lo planteó pero no obtuvo respuesta? ¿Cuatro meses después no obtuvo respuesta? Quiere decir que el Canciller de la República no considera importante este asunto, porque, de lo contrario, hubiera levantado el teléfono para comunicar al Presidente de la Cámara de Diputados las gestiones que hizo. Entonces, como el Canciller de la República no considera importante este tema, la bancada oficialista dice que ahora vamos a hacer otra declaración, al kilo; vamos a hacer otra igual para ver si el Canciller de la República considera que es importante.

Además, la declaración es mucho peor. Vayamos ahora a los textos. Voy a leer la redacción aprobada el 15 de agosto. Dice así: "Escuchado el planteo de fueros, hecho por el Representante Nacional Luis Rosadilla, ante la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, dando cuenta del no otorgamiento de visa para su ingreso al territorio de los Estados Unidos de América en misión oficial, la Cámara declara:" Ahora, voy a pasar al encabezado de la redacción que se propone ahora, que expresa: "Ante el planteo de fueros planteado por el Señor Representante Nacional Luis Rosadilla en donde ha aportado información proporcionada por la Embajada de los Estados Unidos de América, de la que se desprende las razones de la Administración estadounidense que oportunamente produjeron el no otorgamiento de visa para su ingreso al territorio estadounidense en misión oficial, la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay declara:"

Ahora, voy a leer el primer punto de la declaración ya votada. Dice así: "1) Que han sido afectados los fueros del legislador y los de la Cámara de Diputados". A continuación voy a leer el punto 1) de la moción que se propone ahora: "1) Ratificar la declaración de esta Cámara de fecha 15 de agosto pasado, por la cual se expresa que han sido afectados los fueros del legislador así como los de la Cámara de Representantes".

El punto 2) de la declaración que ya se aprobó el 15 de agosto dice: "Que en tanto Representante de la Soberanía Nacional, no otorgar la visa a un legislador para ingresar a un país como Estados Unidos de América, con el que la República Oriental del Uruguay mantiene relaciones diplomáticas, afecta también la expresión de esa soberanía". Ahora voy a leer el punto 2) de la moción que se pide votar hoy. Dice así: "Que en tanto Representante de la Soberanía Nacional, no otorgar la visa a un legislador para ingresar a un país como Estados Unidos de América, con el que la República Oriental del Uruguay mantiene relaciones diplomáticas, afecta también la expresión de esa soberanía". Vamos igual, ¿no?

Y la moción del 15 de agosto pasado dice: "Y resuelve:" Aquí hay un cambio. Continúa así: "Y resuelve: 1) Rechazar el trato que el Diputado Luis Rosadilla ha recibido del Gobierno de los Estados Unidos de América". Ahora, voy a leer la moción que se propone, que es el punto 3) y le sacaron el "Y resuelve:" Dice así: "Por lo tanto, rechazamos el trato dado al Diputado Luis Rosadilla por parte del gobierno de los Estados Unidos de América". Acá, en el punto 3) actual, se suma el punto 2) de la resolución de la declaración pasada, porque decía: "Encomendar al Presidente de la Cámara de Representantes que traslade a nuestra Cancillería los términos de esta declaración solicitándole que la envíe de modo oficial a todo el Cuerpo Diplomático acreditado ante nuestro país, a la Organización de los Estados Americanos, a la Presidencia del Congreso de los Estados Unidos de América y al Departamento de Estado de dicho país". En el punto 3) de la presente declaración se dice: "[...] encomendando a la Cancillería traslade la firme protesta de la Cámara de Representantes ante la Embajada, el Departamento de Estado y la Presidencia de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos de América".

En el punto 4) agrega lo que ya decía al final del punto 2) de la pasada declaración: "Librar comunicación al Cuerpo Diplomático acreditado ante nuestro país, a la Organización de los Estados Americanos, al Parlamento del MERCOSUR y a la Unión Interparlamentaria".

Señor Presidente: no es al kilo; los fueros son los fueros, y se afectan ante una circunstancia particular, una vez. Me parece que quita seriedad al planteo que hace el señor Diputado Rosadilla creer que por una carencia, por un error de la Cancillería de la República de no dar importancia a la afectación de fueros de un legislador, la bancada oficialista puede poner a toda la Cámara a votar la misma declaración para hacer entender al Canciller que tiene que hacer lo que ya debería haber hecho.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado Semproni.

SEÑOR SEMPRONI.- Señor Presidente: voy a pedir que se vote la declaración, porque veo que se está discutiendo sobre el procedimiento, como bien decía el señor Diputado Pereyra, y no sobre el contenido. Como no entendí ni mi capacidad me da para comprender cuál es el inconveniente de reiterar algo o de exigirlo todas las veces que sea necesario -en función de la fuerza que una reiteración puede tener-, me parece que estamos discutiendo en forma estéril, por utilizar un término correcto del diccionario.

De modo que solicito que se vote la declaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado Amorín Batlle.

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Señor Presidente: quiero compartir lo expresado por el señor Diputado Javier García. Aquí hay una clara omisión del Canciller de la República; diría una profunda omisión, porque usted, señor Presidente, después de la sesión del 15 de agosto, le comunicó lo que quería hacer la Cámara y aparentemente el Canciller de la República no ha hecho en este caso, como en casi todos los demás, absolutamente nada. Ese es el tema central: la Cámara está diciendo cuatro meses después, a usted, señor Presidente, que comunique al Canciller de la República lo que queremos que haga. Entonces, el Canciller tendrá que decir: "No estoy de acuerdo y no voy a hacer absolutamente nada" o "Ya está hecho". Tengo la clara impresión de que esto es una queja de la bancada oficialista por la actitud del Canciller de la República, en la medida en que cuatro meses después le estamos diciendo: "Haga lo que no hizo hasta ahora". Esto parece bastante evidente. Entonces, no es un tema de procedimiento, sino de pegar en el clavo en vez de pegar en la herradura.

SEÑOR LORENZO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR LORENZO.- Señor Presidente: capaz que la culpa no la tiene el Ministro Gargano, porque en la declaración que votamos en agosto y en la que vamos a votar hoy, el Canciller es un cartero; es un señor al que le solicitamos que reparta ante ciertas instituciones una manifestación de la Cámara. No le estamos pidiendo al Canciller que ejecute alguna acción porque esta Cámara votó en contra de eso; el oficialismo votó en contra de eso. Yo entiendo lo que plantea el señor Diputado Amorín Batlle y también, por supuesto, lo que plantea el señor Diputado Javier García. Lo comparto: hay una omisión, pero capaz que la culpa no es del Canciller sino de este Parlamento por votar una moción como la que estamos votando ahora, que en realidad no dice nada; es una mera declaración que no incita ningún tipo de acción por parte del Poder Ejecutivo, cuando nosotros tenemos los mecanismos parlamentarios para hacerlo.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Puede continuar el señor Diputado Amorín Batlle.

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Señor Presidente: está claro que nosotros pretendemos que estas sesiones tengan un rumbo razonable, y está claro que mandar dos veces en cuatro meses la misma declaración a la Cancillería, cuando esta durante ese lapso no hizo absolutamente nada, tiene poco sentido.

Adelanto que voy a votar en forma negativa esta moción.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señor Presidente: un trámite que parece lógico y que vamos a proceder a llevar a cabo -lo estamos anunciando a la bancada de Gobierno- es el de convocar al Canciller a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados para que explique qué fue lo que hizo a partir de la resolución del 15 de agosto pasado, qué pasos dio, en virtud de que no hay respuesta a la Presidencia de la Cámara. Si el Canciller nos explica en la Comisión, entonces tendremos claro qué es lo que hizo y eventualmente sabremos qué va a hacer ahora, si es que nada hizo antes.

De manera que anunciamos que vamos a convocar al Canciller a la Comisión de Asuntos Internacionales para que dé explicaciones sobre este tema.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Ibarra)

SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Puede continuar el señor Diputado Amorín Batlle.

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- He culminado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Tiene la palabra el señor Diputado Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: aquí se puso en duda si la Presidencia de la Cámara cumple o no con las resoluciones del Cuerpo. El Oficio Nº 14.822, de 15 de agosto de 2007 -lo voy a leer para que conste en la versión taquigráfica- dice: "Montevideo, 15 de agosto de 2007.- Señor Ministro de Relaciones Exteriores,- Reinaldo Gargano.- Tengo el agrado de remitir al señor Ministro, la declaración de la Cámara de Representantes, aprobada en el día de hoy, referida al no otorgamiento de visa al señor Representante Nacional Luis Rosadilla para ingresar a los Estados Unidos de América.- Saludo al señor Ministro con mi mayor consideración". Luego firmamos, como se hace habitualmente en las comunicaciones, el Presidente y el Secretario de la Cámara.

Además, como en todas las comunicaciones, se adjunta la resolución. Esta dice así: "La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha aprobado la siguiente Declaración.- Escuchado el planteo de fueros, hecho por el Representante Nacional Luis Rosadilla, ante la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, dando cuenta del no otorgamiento de visa para su ingreso al territorio de los Estados Unidos de América en misión oficial, la Cámara declara:- 1) Que han sido afectados los fueros del legislador y los de la Cámara de Diputados.- 2) Que en tanto Representante de la Soberanía Nacional, no otorgar la visa a un legislador para ingresar a un país como Estados Unidos de América, con el que la República Oriental del Uruguay mantiene relaciones diplomáticas, afecta también la expresión de esa soberanía.- Y resuelve:- 1) Rechazar el trato que el Diputado Luis Rosadilla ha recibido del Gobierno de los Estados Unidos de América.- 2) Encomendar al Presidente de la Cámara de Representantes que traslade a nuestra Cancillería los términos de esta declaración solicitándole que la envíe de modo oficial a todo el Cuerpo Diplomático acreditado ante nuestro país, a la Organización de los Estados Americanos, a la Presidencia del Congreso de los Estados Unidos de América y al Departamento de Estado de dicho país.- Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 15 de agosto de 2007". Otra vez volvemos a firmar el Presidente y el Secretario de la Cámara de Representantes.

En primer lugar: si alguna duda tenía algún legislador sobre si la Presidencia de la Cámara cumple o no con las resoluciones del Cuerpo, aquí está la documentación.

En segundo término: no pedimos al Ministerio de Relaciones Exteriores -porque no lo pidió la Cámara- que nos diga cómo le fue en el trámite; le pedimos que trasladara esta declaración por la vía que se establece en el punto 2) al Cuerpo Diplomático acreditado ante nuestro país, a la OEA, a la Presidencia del Congreso de los Estados Unidos de América y al Departamento de Estado.

La resolución de la Cámara no establecía -porque no corresponde, pues hay separación de Poderes- que el Poder Ejecutivo, en este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores, nos comunicara cuándo haría lo que le pedimos que hiciera. Por lo tanto, en primer lugar, yo no puedo prejuzgar que la Cancillería no haya actuado; creo que sería un error de mi parte prejuzgar que la Cancillería no actuó. En segundo término, acá hay separación de Poderes y, como la Cámara no lo solicitó, la Cancillería no tiene por qué comunicar cuándo hizo el envío al Cuerpo diplomático ni pidió que le remitiera una copia, etcétera. Por ende, lo que hicimos fue cumplir con la resolución de la Cámara y, así como se prejuzga en contra, yo voy a prejuzgar a favor y diré que supongo que el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo lo que nosotros le solicitamos. Quizás no tuvo una consecuencia diplomática seria; si esto hubiera originado un problema diplomático entre las dos naciones, nos habríamos enterado. Por mi parte, tampoco sé cuáles son los mecanismos burocráticos de los Congresos, cuándo contestará Estados Unidos de América las comunicaciones que yo creo que se trasladaron.

Por lo tanto, me parece un acto de apresuramiento decir que la Cancillería no estuvo bien; me parece que es prejuzgar decir que la Cancillería no hizo lo que nosotros le pedimos que hiciera. No le pedimos acuse de recibo porque ante declaraciones que ha hecho esta Cámara sobre una cantidad de temas internacionales y que, la mayoría de las veces, hemos votado por unanimidad, no en este Gobierno, sino en ningún gobierno, jamás le pedimos a una Cancillería o a un Canciller que nos diera cuenta de lo que hacía o que nos pasara la lista del acuse de recibo de las gestiones que el Cuerpo solicitaba; jamás lo hicimos, ¡jamás!

Por ende, me parece que se podrá objetar que nuevamente se vote un texto similar, pero yo no lo siento un ataque a la Presidencia de la Cámara, en tanto esta hizo lo que tenía que hacer. No lo siento un ataque a la Cancillería -aunque alguien lo quiera disfrazar así- porque la otra era una coyuntura diferente a la actual. ¿Cuál era la anterior coyuntura? Estábamos ante un trámite que se encontraba en proceso y que había tenido como primera respuesta una negativa, pero lo que surgió ahora y agrava más la situación -aclaro que no voy a entrar en el tema de si la declaración podría o no ser más fuerte; no me quiero introducir en eso- es que hay una confirmación oficial de una negativa primaria que podía haber sido revocada por quienes autorizan o no definitivamente las visas. Si Estados Unidos de América y quienes dan las autorizaciones hubieran dicho: "Le damos la visa", bueno, entonces habría un problema interno del Departamento de Estado y nosotros estaríamos diciendo: "¡Qué horrible lo de los funcionarios de acá, que no autorizaron lo que otros sí autorizaron!". Pero lo que hay es una línea coherente de negativas y una confirmación oficial que no existía en la oportunidad en que nosotros votamos esta declaración.

En consecuencia, se puede decir: "Es redundante", "Es excesivo"; puede opinarse eso. Pero lo que no puede negarse es que esta es una negativa oficial que aparece después de la primera nota de protesta, de expresión de la Cámara, de rechazo a esta situación; quienes toman la decisión en Estados Unidos de América ratifican la negativa primaria.

Si el texto es igual o parecido creo que es insignificante. Se nos puede acusar de falta de creatividad; se nos puede acusar de no tener demasiadas luces para inventar nuevos textos, pero lo que no se puede decir es que esta declaración se hizo porque la Cámara no cumplió o porque se prejuzga que la Cancillería no cumplió con lo que se le solicitó.

SEÑOR GARCÍA (don Javier).- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PINTADO.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR GARCÍA (don Javier).- Señor Presidente: en todo caso, la que prejuzga que la Cancillería no hizo nada es la bancada oficialista, porque ahora le está pidiendo que haga lo que hace cuatro meses le encomendó al Presidente de la Cámara que le dijera que tenía que hacer. No somos nosotros los que prejuzgamos que la Cancillería no hizo nada; prejuzgan aquellos que quieren mandar directamente a la Cancillería lo que esta hace cuatro meses que sabe porque de ella la enteró el señor Diputado Pintado, nuestro Presidente titular de la Cámara, pero cuatro meses después no tenemos ninguna noticia al respecto. El prejuzgamiento de ineficacia o de falta de acción de la Cancillería viene de la bancada oficialista.

Ahora, cuando está terminando la Presidencia del señor Diputado Pintado -que, por lo menos desde el punto de vista constitucional, finalizará en cuatro días-, queremos que sepa que en su cargo de Presidente cuenta con la mayor y absoluta confianza por parte del Partido Nacional. No hay un cuestionamiento por parte de este Partido; lo que hay es un cuestionamiento a la Cancillería de la República, que no sintió necesario hacer saber una queja de este Cuerpo, Poder del Estado, ante la afectación de los fueros de uno de sus integrantes.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Puede continuar el señor Diputado Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: yo no quiero extender la discusión.

Agradezco la confianza del señor Diputado Javier García y de su Partido a la Presidencia, pero quiero decir que discrepo en la interpretación. Insisto: se podrá decir que no encontramos nuevas palabras para definir lo mismo en una nueva instancia, pero, en realidad, yo no interpreto eso como una duda acerca de la Cancillería; al contrario, es una nueva manifestación a la Cancillería, indicando que el proceso finalizó en términos negativos y nosotros volvemos a pronunciarnos de la misma forma y encomendamos a la Cancillería un nuevo trámite muy parecido, casi igual al anterior pero en términos de calidad y de grado totalmente distintos.

Es cuanto tenía que decir, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Ibarra).- Tiene la palabra la señora Diputada Charlone.

SEÑORA CHARLONE.- Señor Presidente: "¡otra vez arroz!", diría mi abuelita. Sí, ¡otra vez arroz!, porque siempre todo parece que pasa por la Cancillería, y siempre el objetivo político de algunas discusiones y de algunos planteamientos de señores legisladores del Partido Nacional y del Partido Colorado termina siendo el Canciller.

Yo quiero decir que, efectivamente, estamos ante mociones similares porque se planteó una situación primaria de la que no se tenía toda la información, pero hoy sí se tiene la confirmación oficial por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, y entonces es pertinente ratificar el planteamiento de fueros.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Pintado)

——En la moción que se votó el día 15 de agosto, esta Cámara -cuando digo "esta Cámara" me refiero a los legisladores del Gobierno, porque esto no lo votó el Partido Nacional- encomendó a la Cancillería que hiciera las gestiones necesarias a efectos de tratar de solucionar el problema; más o menos eso fue lo que se dijo.

¡Qué horrible! ¡El Canciller Gargano no pudo cambiar la política de ingreso a los Estados Unidos de América, ni las leyes de migración, ni los antecedentes por los cuales se negó la visa a un señor Diputado! ¡El Canciller Gargano no le cambió la política al Departamento de Estado! ¡Qué ineficiente el Canciller Gargano! ¡Qué terrible!

En esta moción, que, efectivamente, es similar, el plenario de la Cámara está encomendando a la Cancillería que traslade su protesta. Ahora bien: quiero decir algo, señor Presidente, porque acá, por ser muy maximalistas, terminamos en el todo o en la nada. La moción que se aprobó en el plenario, en la que se indicaba que los fueros de un señor legislador de esta Cámara habían sido afectados y se pedía que se hicieran todas las gestiones que hubiera que hacer ¡no fue votada por el Partido Nacional! ¡Jamás el Partido Nacional votó esta cuestión de fueros! Yo tengo aquí los resultados de la votación. Cuando se votó por primera vez, el resultado fue de cincuenta y uno en sesenta y ocho señores legisladores presentes, y hubo un pedido de rectificación de la votación por parte del señor Diputado Hackenbruch Legnani, que acompaña la moción, alcanzándose un resultado de cincuenta y dos en sesenta y ocho presentes. Pero por ser tan maximalistas -porque la moción del Partido Nacional lo que planteaba era que la Cancillería protestara diplomáticamente-, ni siquiera se estuvo a la altura de lo que es la defensa de los fueros del Cuerpo, porque nosotros primero teníamos que declarar que esto era un tema de fueros, ya que somos los legisladores y se trataba de los fueros de un señor Diputado. Y esto no fue votado por el Partido Nacional; salió con los votos de la bancada de Gobierno y del señor Diputado Hackenbruch Legnani.

Quiero dejar la constancia de que este tema de fueros, la afectación de los fueros de un señor legislador, por un planteo tan maximalista -porque si no era una protesta diplomática para qué se iba a protestar diplomáticamente si los fueros no estaban afectados- no lo votaron. Entonces, señor Presidente, creo que acá otra vez el objetivo es el Canciller Gargano.

Muchas gracias.

SEÑOR LORENZO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LORENZO.- Señor Presidente: pedí la palabra para contradecir absolutamente lo que acaba de decir la señora Diputada Charlone; es falso. El Partido Nacional reconoció el problema de fueros en la moción que votó, que no fue tal, sino una minuta de comunicación y no una mera declaración. El fundamento de la solicitud al Poder Ejecutivo era el reconocimiento de la violación de los fueros, y fuimos los que más duramente argumentamos, sin eufemismos, en contra del Gobierno de los Estados Unidos de América. Así que inventos y piruetas para fundamentar por qué hoy la bancada de Gobierno no se anima a ir a fondo, no.

Quiero aclarar -esta es una posición personal- que no es el Ministro Gargano el que tiene la culpa. No sé si el Ministro Gargano hizo lo que la Cámara le pidió, pero esta no le pidió que llevara adelante una acción como la que le corresponde al representante del país, como es la del Canciller; solo se le pidió que comunicara algo que la Cámara declaró. Así que si alguien tiene la culpa acá de que no se haya hecho lo que se debió haber hecho o de que lo que se hizo no haya tenido los efectos que se pensó que podría tener -que era obvio que no iba a tener-, es esta Cámara y la mayoría oficialista, que votó una moción, una declaración sí, en el sentido de que estaban siendo violados los fueros de un legislador, pero sin ningún efecto más que el de una mera notificación, cosa que el Partido Nacional no votó. Y no votó, no por estar en contra de que los fueros estuvieran afectados -porque eso queda claro en la versión taquigráfica; no se puede sostener lo contrario-, sino porque creía que el medio más eficaz para lograr algo era pedir al Poder Ejecutivo que hiciera algo. Pero al Poder Ejecutivo no se le pidió. Así que la mayor omisión en la que pudo haber incurrido el Canciller Gargano es no haber realizado la comunicación, no haber sido el cartero de esta Cámara; nada más.

¡Y esto no es grave!, no es tan grave como habría sido si el Poder Ejecutivo hubiera desconocido una minuta de comunicación, la cual también puede desconocer, porque es eso, una minuta de comunicación, y no es vinculante. Así que vamos a cortar los juegos retóricos de poner en los demás argumentos que no se usaron o de desconocer la actitud que tuvo el Partido Nacional en defensa de los fueros del señor Diputado Rosadilla, que bien sabe que fue así.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señor Presidente: la intervención de la señora Diputada Charlone es absolutamente infeliz; absolutamente infeliz, porque, además, demuestra una ignorancia acerca de lo que pasó en el plenario de la Cámara que...

El señor Presidente Pintado dijo: "Se va a votar el carácter preferente de la cuestión de fueros planteada por el señor Diputado Rosadilla.- (Se vota).- Sesenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad". Y el primer legislador que hizo uso de la palabra fue el señor Diputado Borsari Brenna, quien dice: "Con mucho gusto hemos votado el carácter preferente de la cuestión de fueros planteada por el señor Diputado Rosadilla".

Nosotros fuimos absolutamente coherentes: votamos el planteo de fueros porque entendimos que lo que había acontecido con el señor Diputado Rosadilla afectaba los fueros de la Cámara, hablamos en consecuencia y dimos la opinión del Partido Nacional, que no es de ahora, sino histórica con respecto a estos temas. Después propusimos una moción que el Frente no acompañó. ¡Y yo hasta lo puedo entender!; ustedes vienen acá y hacen un juego, pero después no pueden obligar al Canciller Gargano, no quieren; el Canciller Gargano no les lleva el apunte. ¡Yo sé que es difícil!; después de tomarse en Anchorena unos whiskys con Bush, es difícil hacer una protesta. ¡Ese es el tema! ¡La cuestión queda en este ámbito! ¡La cuestión queda para la prensa! No se puede tomar whisky con Bush en Anchorena y comer asaditos y después hacer una protesta formal; la protesta formal no se hizo

Pero además de lo institucional y de lo formal, ¿ningún Diputado socialista habló con el Ministro Gargano y le preguntó, aunque fuera por curiosidad, si trasladó lo aprobado en la Cámara? ¿No hablan por teléfono? ¿No se comunican? ¿No tienen contacto con su Cancillería?

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Señor Diputado: diríjase a la Mesa.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Sí, señor Presidente, tiene razón.

Está bien lo institucional y la separación de Poderes; está todo bárbaro, pero después hay que hablar con los gobernantes, y más el Partido de Gobierno. Ahora, vienen cuatro meses después a hacer lo que no hicieron; eso es evidente, porque si el Ministro Gargano hubiera hecho lo que le solicitó la Cámara, le habría avisado al señor Diputado Rosadilla y le hubiera dicho: "Mirá, hice el planteo porque fuiste afectado en tus fueros y la Cámara protestó. Condoleezza ya tiene la nota". ¡No lo hicieron porque andan con la papa en la lengua!; es difícil este tema; quieren juguetear con Estados Unidos de América acá, pero les cuesta un poco.

Entonces, no pongan ahora el tema de este lado. No estoy hablando con ironías; hice caso a lo que dijo el señor Diputado Martínez Huelmo, pero lástima que sus compañeros, señor Diputado, no le hicieron caso a usted; ¡no hablemos con ironías! Es notorio que cuatro meses después no ha pasado nada y vuelven con el tema para ver si logran que pase algo.

SEÑORA CHARLONE.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Voy a ceder la palabra a la señora Diputada Charlone para que conteste una alusión, pero les pido por favor que no comiencen a contestar alusiones. No digo esto por rebajar la importancia del tema, pero creo que hay otros asuntos muy importantes en el orden del día que deberíamos considerar.

Tiene la palabra la señora Diputada Charlone.

SEÑORA CHARLONE.- Señor Presidente: la verdad es que nosotros no admitimos que se ponga en nuestra boca palabras que no hemos dicho. Y lo que hemos dicho con claridad es que el Partido Nacional no votó -no votó- que los fueros del señor legislador Rosadilla y del Cuerpo fueron afectados. Y la moción que presentó el Partido Nacional -que tengo acá-, firmada por los señores Diputados Lorenzo, Gandini, Botana, Fernández, por García Pintos y Espinosa del Partido Colorado, por Otegui, Pablo Abdala y José Carlos Cardoso, dice: "Mocionamos para que se apruebe la siguiente resolución: La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo que proteste, por la vía diplomática que corresponda, ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, en rechazo a la acción de ese Estado con relación a la Cámara de Representantes en ocasión del trámite de solicitud de visa realizado por el señor Diputado Rosadilla para transitar por el territorio de los Estados Unidos de América integrando una delegación parlamentaria".

Simplemente se le planteó -y no tan simplemente- a la Cancillería que protestara. ¿Está bien? Y esto lo votó el Partido Nacional, y fue lo único que votó, porque a la Cancillería se le encomendó que protestara diplomáticamente -todos sabemos cuál es el efecto de una protesta diplomática y en ese momento además ni siquiera los hechos tenían la confirmación que hoy tienen, porque no se sabía si había sido un error del funcionario actuante o qué era lo que había pasado-, pero lo cierto es que la declaración de violación de los fueros de esta Cámara y todas las demás disposiciones que salieron de esa declaración no fueron votadas por el Partido Nacional.

Por lo tanto, yo no estoy faltando a la verdad. Tengo el diario de sesiones, las mociones y las votaciones. Acá, en este plenario, se votó que los fueros habían sido afectados y lo votaron la bancada del Partido de Gobierno y el señor Diputado Hackenbruch Legnani, quien, al no salir la moción del Partido Colorado, pidió la rectificación y votó la moción aprobada, y punto. Se podrá decir y argumentar que lo hicieron por esto o por aquello, pero lo concreto es que no lo votaron, y eso no son gárgaras, señor Presidente, ni papas en la boca.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado Basanta.

SEÑOR BASANTA.- Señor Presidente: coincido con lo que ha dicho el señor Presidente en cuanto a que tenemos temas importantes para tratar en la sesión de hoy y seguramente en la de mañana, pero, evidentemente, la bancada de Gobierno ha considerado tan importante este tema que ha propuesto su tratamiento en el día de hoy y, por ende, debo suponer que es más importante que los otros que debíamos considerar.

El Partido Nacional consideró que la cuestión de fueros planteada por el señor Diputado Rosadilla en el mes de agosto era lo suficientemente importante como para ser tratada -y así fue-, como lo han referido los Diputados del Partido Nacional que hicieron uso de la palabra antes.

Luego de dos horas de llevar adelante esta discusión, la Diputada preopinante ha reconocido que esta propuesta es similar a la que se planteó en agosto, que fue exactamente lo contrario de lo que dijeron los Diputados del Partido de Gobierno que se expresaron con anterioridad.

Me llama poderosamente la atención lo que expresara el señor Diputado Pintado cuando hizo uso de la palabra. El señor Diputado leyó el oficio que había remitido al señor Canciller de la República y nos informó que no había recibido respuesta, alegando que no era obligación del Canciller contestar. Esto me confirma lo que señaló el señor Diputado Javier García al inicio de esta discusión, en el sentido de que acá se está buscando un efecto político, no un planteo de fueros en consecuencia. Se está haciendo circo político para la prensa, para ganar espacios en televisión, en la radio, para aparecer como un gran antiimperialista y no se apunta al tema de fondo, porque si la cuestión era que la Presidencia de la Cámara ya había mandado la comunicación cumpliendo con lo resuelto y se quería saber cuáles habían sido las respuestas, el medio para saberlo era realizar un pedido de informes o utilizar otros instrumentos que los legisladores tienen a su alcance.

Si hoy nos encontramos discutiendo el mismo tema de hace cuatro meses es, porque no hay comunicación entre los legisladores del Partido de Gobierno y sus Ministros o porque hay una desconfianza en lo que se hizo. Y me atrevo a decir más: de la diferencia entre las dos propuestas surge la explicación. En agosto se pedía al Presidente de la Cámara que hiciera la gestión en la Cancillería; ahora se le pide directamente a la Cancillería. Este es un cambio formal, un cambio sobre la forma de llevar adelante la gestión que, evidentemente, no deja bien parada a la Presidencia de la Cámara, porque ya que íbamos a reiterar todo el texto, podíamos haber reiterado a la persona que debía hacer la gestión. Sin embargo, se acude directamente al Poder Ejecutivo.

A mí me deja grandes dudas la coordinación, la información que manejan los legisladores del Partido de Gobierno con su propio Gobierno, porque si este era un tema tan importante como para ser introducido en esta sesión, postergando la consideración de otros puntos, supongo que era igualmente importante como para ameritar que se averiguara qué fin tuvieron las gestiones realizadas por el Presidente de la Cámara.

Por lo tanto, ya que estamos con algunos dichos bastante jocosos, voy a expresar lo que decía mi abuela: "Al que no quiere sopa, dos platos". Es decir, dos platos de la misma sopa; una sopa tibia con pocos fideos, porque no queremos llegar al fin de la cuestión; metemos el cuchillo, pero no llegamos hasta el hueso.

Insisto: si el tema era importante, había que tomarlo como lo importante que era. Para el Partido Nacional históricamente ha sido importante. Deberíamos haber llegado hasta el hueso en esta cuestión.

SEÑOR LORENZO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BASANTA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR LORENZO.- Señor Presidente: voy a sugerir al Presidente de la Cámara que para el futuro, además de promover cursos de italiano -que los hay-, promueva cursos de lógica. La moción que presentó el Partido Nacional el 15 de agosto presupone, quiero decir, tiene como premisa, el reconocimiento de la cuestión de fueros. Esto es clarísimo. En un análisis simple, "facilongo", de tipo lógico sistemático, es evidente que si el Partido Nacional propuso una medida más fuerte que la que sugería la declaración finalmente aprobada, eso significaba que entendía, aceptaba y respaldaba el planteamiento de fueros. Ahora bien, si es necesario, por alguien que quiera hacer una lectura piedeletrista de la versión taquigráfica, no de la discusión, que se declare de esa forma, nosotros no tenemos ningún problema en hacerlo. Pero hace poco, en una intervención se agregó un aspecto. Se señaló: "Lo de hoy es más grave que lo del 15 de agosto". Estoy de acuerdo; es más grave. No se trata de un burócrata en una ventanilla diciendo: "Bueno, esto lo mando para Washington". Es Washington, diciendo: "No te la doy". ¿Y qué hace la bancada oficialista? Lo mismo que hizo el 15 de agosto; nada más. Emite una declaración protestando, no formalmente, ¿no?, por fueros afectados y pidiendo al Canciller -que no sabemos si lo hizo en aquella ocasión- que haga de cartero. Repito, para que quede evidente lo que estamos pidiendo. Si entendemos que la situación es más grave, tenemos que pedir algo más, y como el Gobierno responde a la mayoría parlamentaria, ello sería viable. ¡Claro!, el problema radica en que si la mayoría parlamentaria vota una minuta de comunicación para un Gobierno que es respaldado por la mayoría parlamentaria, va a haber una disonancia notoria porque el Gobierno no lo va a hacer. Entonces, por este motivo, la bancada oficialista protesta y grita en la Cámara, pero aprueba una declaración y nada más. Pero nada más allá, porque si la Cámara vota la minuta de comunicación -supongamos que sucede en un momento de ausencia de Diputados oficialistas- con una mayoría lograda circunstancialmente por la oposición, el Gobierno puede decir: "Yo no estoy de acuerdo"; en cambio, si la vota la mayoría que responde al Gobierno, ahí sí vamos a ver si se cumple. Por eso no se animan a plantear una medida que se corresponde más con la gravedad que tiene hoy la situación, que coincido en que es mayor que la que tenía el 15 de agosto. No obstante, la moción que se plantea hoy es igual, como igual es el resultado de la suma de dos, más tres, más tres y de cinco más tres; el resultado es ocho en los dos casos, aunque la suma no sea la misma. Esta resolución es igual, pero la situación no.

Nosotros, en el Partido Nacional, entendemos por qué es que no proponen una minuta de comunicación solicitando al Poder Ejecutivo que haga una protesta diplomática, que es algo en serio, no la palabra "protesta" que figura en la moción, sino la protesta diplomática realizada por un representante de un país, como es el Canciller, el Presidente de la República o el Embajador acreditado en el país en el que está. Repito: es una cuestión seria, y no lo van a votar. Ahora bien, como acá hay legisladores que hacen lecturas limitadas de las versiones taquigráficas, sin entender el contexto ni la lógica de lo que se propone, nosotros analizaremos qué hacer para dejar en claro que estamos de acuerdo con que los fueros estuvieron afectados aunque estemos en desacuerdo con la tibieza de la moción que se propone.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Puede continuar el señor Diputado Basanta.

SEÑOR ROSADILLA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR BASANTA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Puede interrumpir el señor Diputado Rosadilla.

SEÑOR ROSADILLA.- Señor Presidente: antes que nada me alegro de que por lo menos el señor Diputado Lorenzo haya evolucionado -nobleza obliga- desde la posición inicial del Partido Nacional, de no votar porque la situación era igual, hasta reconocer que la situación es muy diferente. El señor Diputado Lorenzo ahora plantea que el problema no es tal como al principio -en que se negaron a votar porque la situación era igual- y reconoce que la situación no es igual, que es sustancialmente distinta y hace otro planteamiento. Dice que siendo la situación sustancialmente diferente, la resolución no está en consonancia con el tema.

Este es un avance sustancial; quizá siga avanzando durante la noche con relación a este tema, y tal vez podamos ponernos de acuerdo. Por lo menos me parece un gran avance que se diga que no es lo mismo la respuesta de un burócrata en una ventanilla, trasladando un tema a los Estados Unidos de América, que la respuesta del Gobierno estadounidense, con los argumentos, reitero, que señala para dar esa respuesta.

Nobleza obliga y lo digo con total claridad: me parece que eso es así y que estuvo planteado al inicio de la discusión. No involucro al Partido Nacional porque puede ser una posición del señor Diputado que no compartan los legisladores de esa bancada.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Diríjase a la Mesa, señor Diputado.

SEÑOR ROSADILLA.- Hoy me aludieron unas treinta y dos veces y usted no tuvo esa misma actitud; pero no importa, tiene razón.

Por lo tanto, quería hacer notar esa coincidencia.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Puede aludir todas las veces que quiera, pero no puede hacerlo sin dirigirse al Presidente.

(Hilaridad)

——Puede continuar el señor Diputado Basanta.

SEÑOR BASANTA.- Señor Presidente: el señor Diputado preopinante no advirtió cuál es la diferencia de nuestro planteo. No es que no haya una cuestión de fueros; el problema es que se está atacando una cuestión diferente con la misma solución. Nosotros planteamos lo mismo que en agosto, y si ahora es más grave, con más razón. Pero no se toma el toro por las astas y lo que se trata de hacer es gritar en el boliche y callarse en la comisaría. Lo que estamos planteando ahora es lo siguiente, "Señores: si es tan grave, tomemos una resolución grave. No hagamos de esto una discusión que, en definitiva, va a quedar entre estas cuatro paredes y no va a trascender".

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR LORENZO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LORENZO.- Señor Presidente: como este tema se refiere a una situación del señor Diputado Rosadilla es evidente que en cualquier intervención va a ser aludido; es natural.

(Hilaridad)

——El 15 de agosto el Partido Nacional entendió que ya la situación era lo suficientemente grave como para tomar la medida más extrema. No es el Partido Nacional el que tiene que evolucionar sino la bancada de Gobierno, que entiende que hoy hay una situación más grave que la anterior, cosa que sí comparto. Lo que pasa es que nosotros ya el 15 de agosto entendíamos que era lo suficientemente grave como para accionar un mecanismo grave y ustedes no lo entendieron; y hoy entienden que es más grave que la anterior, pero siguen en la misma. La única evolución posible hoy, es que la bancada de Gobierno avance un poco más y vote una moción que sea más fuerte desde el punto de vista sustantivo. Esta no es sustantiva ni formalmente más fuerte porque -como bien cotejó el señor Diputado Javier García-, es igual, absolutamente igual.

En consecuencia, podemos tener lecturas distintas del planteo que se hizo hoy, pero la posición del Partido Nacional es única. Ya era grave lo que había pasado el 15 de agosto y lo de hoy es peor. Los que no actúan en consecuencia son los legisladores oficialistas, no el Partido Nacional.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Quedan dos oradores anotados y espero que eso quede así.

Tiene la palabra el señor Diputado Melgarejo.

SEÑOR MELGAREJO.- Señor Presidente...

SEÑOR CONDE.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MELGAREJO.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CONDE.- Señor Presidente: se ha pretendido plantear una serie de debates laterales que tienen importancia para la vida del país y hacen a la política exterior del Uruguay. Cuando estos debates se quieran dar directamente y de frente, estamos dispuestos a darlos con mucho gusto en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier medio de comunicación o aquí en la Cámara. No es necesario recurrir a subterfugios para atacar la política exterior ni aludir a alguna supuesta escena de tomar whisky con Bush en Anchorena. En realidad, en la historia de nuestro país, sin necesidad de tomar nada, hemos tenido que asistir a muchísimos capítulos vergonzosos de entrega de la soberanía nacional.

De modo que yo, a través de usted, señor Presidente, propongo a mis compañeros de bancada que no nos desbordemos en un debate que se quiere dar en forma incidental y oportunista. Cuando se quiera discutir de política exterior en serio, aquí estaremos.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Puede continuar el señor Diputado Melgarejo.

SEÑOR MELGAREJO.- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado Salsamendi.

SEÑOR SALSAMENDI.- Señor Presidente: voy a ser lo más breve que pueda.

Creo que efectivamente evolucionamos; pasamos de que al tema no había que tratarlo a que hay que tratarlo y sacar una declaración grave. Eso ha sido bueno en el transcurso del debate; se partió de una posición, llegamos a otra y, afortunadamente, en eso concordamos.

Son dos situaciones distintas, se tratan dos veces y ameritan dos resoluciones diferentes. A mí me parece algo muy obvio; pero, en fin.

Recién en esta segunda resolución conocemos las razones que se esgrimen. Por lo tanto -es muy obvio también-, recién ahora conocemos efectivamente la resolución; como se dijo, no una postergación, ni la comunicación de un funcionario consular sino la resolución del Gobierno de Estados Unidos de América.

Entiendo poco de temas diplomáticos, pero me parece que cuando se encomienda a la Cancillería de un país que traslade la firme protesta de un organismo de ese país a otro, se está tomando una resolución grave. No sé, capaz que algunos pensarán que hay que declararle la guerra o alguna cosa por el estilo; pero a nosotros nos parece que lo que se está haciendo se corresponde con la gravedad de la situación.

¿Por qué acompañé la cuestión de fueros? Porque es un tema grave. ¿Por qué en otros casos no se plantearon temas de fueros? Porque no se consideraron lo suficientemente graves ni fundados, porque se sentía que los fueros de la Cámara no estaban afectados. La verdad es que yo no me dedico a seguir la prensa para saber cuántas veces se ha denunciado a alguna gente que puede tener que ver con cualquier cosa, desde medios de comunicación, hasta teléfonos, etcétera. Yo no sigo la prensa y no sé cuáles son las acusaciones que, eventualmente, se puedan hacer y si alguien puede verse afectado en sus fueros o no. Este tema lo acompañamos porque entendimos que era grave y, precisamente -como se dijo-, solo se plantean cuestiones de fueros por temas graves.

Entendemos que la bancada de Gobierno plantea los temas con todo el coraje que puede, pero también con la prudencia que requiere la representación que tenemos. Nosotros representamos a mucha otra gente. Somos la máxima representación popular y, por lo tanto, adoptamos las resoluciones con la gravedad que las mismas ameritan, pero también con la prudencia que cada caso requiere. Esto es lo que entendemos que estamos haciendo. Francamente, por esa razón hemos acompañado el planteo de fueros y vamos a acompañar la moción. Una vez más hacemos enormes esfuerzos -hay mucha gente que lo sabe- para que en este y en algunos otros temas se logren posiciones de Estado; pero es muy difícil cuando uno ve que los esfuerzos por llegar a los acuerdos, muchas veces -y como mínimo, diría yo- no se plantean por lo menos con todas las ganas que el fin ameritaría.

Esto es lo que teníamos para decir. Pido disculpas por la demora.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la declaración leída por Secretaría.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

29.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Tercer Período de la XLVI Legislatura) (Artículo 127 de la Constitución).

Dese cuenta del resultado de la votación para la integración de la Comisión Permanente para el Tercer Período de la XLVI Legislatura.

(Se lee:)

"Han votado noventa y cinco señores Representantes: treinta y tres lo hicieron por la Lista Nº 1, nueve por la Lista Nº 2, cuarenta y nueve por la Lista Nº 3 y tres por la Lista Nº 99, y hubo un voto en blanco".

—— En consecuencia, corresponden cuatro cargos para la Lista Nº 3 y tres cargos para la Lista Nº 1, por lo que quedan designados como miembros de la Comisión Permanente para el Tercer Período de la XLVI Legislatura los señores Representantes Nacionales que se indican. Titulares: Daniela Payssé, Jorge Patrone, Hebert Clavijo, Rubén Martínez Huelmo, Javier García, Jorge Gandini y Nelson Rodríguez Servetto. Suplentes respectivos: Jorge Orrico, Alfredo Asti, Esteban Pérez, Javier Salsamendi, Pablo Iturralde, Álvaro Delgado y Rodolfo Caram.

30.- Convenio Marco con el Gobierno de la República Popular China sobre el Crédito Preferencial otorgado por ese país a la República Oriental del Uruguay. (Aprobación).

Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Convenio Marco con el Gobierno de la República Popular China sobre el Crédito Preferencial otorgado por ese país a la República Oriental del Uruguay. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

"Rep. Nº 941

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 11 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración, el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Convenio Marco entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Popular China sobre el Crédito Preferencial otorgado por China a Uruguay, suscrito en la ciudad de Montevideo, el día 4 de setiembre de 2006.

Con el fin de intensificar las relaciones de amistad y cooperación económica y técnica entre ambos Estados se suscribió el referido instrumento bilateral por el que el Gobierno de la República Popular China, a través del Banco de Exportación e Importación de China (denominado el "Acreedor"), accede a proporcionar a la institución de transferencia de crédito designada por la República Oriental del Uruguay (denominada el "Prestatario"), una línea de crédito preferencial por una suma total no mayor a doscientos millones (200.000.000) de Yuanes de Renminbi.

El crédito estará destinado a financiar los proyectos acordados por ambas Partes, en las condiciones establecidas en el artículo II del Convenio. El plazo (incluyendo el plazo de utilización, de gracia y amortización) no excederá los veinte años, estableciéndose una tasa anual de interés del dos por ciento.

Los proyectos que utilicen el crédito serán evaluados y aprobados por el Acreedor con la comprobación de ambos Gobiernos. En caso de ser necesaria su reprogramación, la evaluación y determinación se realizará en forma conjunta por el Acreedor y el Prestatario.

Tras la entrada en vigor del presente Convenio, el Acreedor y el Prestatario suscribirán los acuerdos específicos necesarios para la utilización del crédito mencionado, una vez que los proyectos que utilicen el mismo sean evaluados y aprobados.

Ambos Gobiernos verificarán en cualquier momento la ejecución de los proyectos y consultarán sobre eventuales problemas surgidos en la aplicación del presente Acuerdo. El mismo tendrá una duración de tres años y en caso de que el Acreedor y el Prestatario no firmen el acuerdo concreto de utilización del crédito dentro de ese plazo, el presente documento internacional perderá automáticamente su vigencia.

Por lo antes expuesto y en el entendido de que su firma y posterior ratificación brindan mayores oportunidades económicas y comerciales para la República, el Poder Ejecutivo solicita al Poder Legislativo su correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ, REINALDO GARGANO, DANILO ASTORI.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Convenio Marco entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Popular China sobre el Crédito Preferencial otorgado por China a Uruguay, suscrito en la ciudad de Montevideo, el día 4 de setiembre de 2006.

Montevideo, 11 de diciembre de 2006.

REINALDO GARGANO, DANILO ASTORI.

TEXTO DEL ACUERDO

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Popular China, con el fin de desarrollar aún más las relaciones amistosas y la cooperación económica y técnica entre los dos países, han llegado al siguiente acuerdo:

ARTÍCULO I

El Gobierno de la República Popular China accede a que el Banco de Exportación e Importación de China (el "Acreedor") proporcione a la institución de transferencia de crédito (el "Prestatario") designado por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay una línea de crédito preferencial (en adelante se denomina el Crédito) de una suma total no superior a doscientos millones (200.000.000) de Yuanes de Renminbi (moneda China). El Crédito será destinado a financiar los proyectos acordados por ambas Partes. El interés así deducido del Crédito desembolsado por el Gobierno chino será pagado directamente al Banco de Exportación e Importación de China.

ARTÍCULO II

Las condiciones del crédito arriba mencionado son las siguientes:

1. El plazo (incluye el plazo de utilización de gracia y de amortización) del crédito no sobrepasará los veinte años.

2. La tasa anual del interés del crédito es de dos por ciento (2%).

ARTÍCULO III

Los proyectos que utilicen el crédito antes mencionado serán evaluados y aprobados por parte del Acreedor con la comprobación de ambos Gobiernos. En el caso de que el crédito necesite ser reprogramado, será evaluado y determinado conjuntamente por el "Acreedor" y el "Prestatario".

ARTÍCULO IV

Los acuerdos específicos para la utilización del crédito arriba mencionado serán acordados y firmados por el "Acreedor" y el "Prestatario" tras la entrada en vigor del presente Convenio y después de que los proyectos que utilicen dicho crédito sean evaluados y aprobados.

ARTÍCULO V

Los Gobiernos de la República Oriental del Uruguay y la República Popular China verificarán en cualquier momento la ejecución de los proyectos que usarán el crédito arriba mencionado y consultarán sobre los problemas surgidos en la aplicación del presente Convenio.

ARTÍCULO VI

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de la última notificación relativa al cumplimiento de los procedimientos internos requeridos por cada una de las Partes.

ARTÍCULO VII

El presente Convenio tendrá una vigencia de tres años. En el caso de que el "Acreedor" y el "Prestatario" no firmen el acuerdo concreto de utilización del crédito dentro del plazo arriba establecido, el presente Convenio perderá automáticamente su vigencia.

Hecho en la ciudad de Montevideo, el día 4 de setiembre de 2006, en dos ejemplares originales, en español y chino, siendo ambos textos igualmente válidos.

(SIGUEN FIRMAS)

"CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Convenio Marco entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Popular China sobre el Crédito Preferencial otorgado por China a Uruguay, suscrito en la ciudad de Montevideo, el día 4 de setiembre de 2006.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 10 de abril de 2007.

RODOLFO NIN NOVOA, Presidente, HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI, Secretario".

Anexo I al
Rep. Nº 941

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Asuntos Internacionales

I N F O R M E

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el Convenio Marco entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Popular China sobre el Crédito Preferencial otorgado por China a Uruguay, suscrito en la ciudad de Montevideo, el día 4 de setiembre de 2006.

El presente tiene como objetivo estrechar las relaciones comerciales y de cooperación entre la República Popular China y la República Oriental del Uruguay.

Afirmando las relaciones de amistad recíproca iniciadas por ambas naciones en 1988, relaciones que abarcan tanto el aspecto comercial como el humano.

La asimetría de ambos Estados no ha sido un obstáculo al buen relacionamiento, sino por el contrario, las diferencias han dado lugar a la complementariedad y al surgimiento de diferentes vías de cooperación, que sin duda posibilitarán acuerdos en diferentes sectores.

El presente Acuerdo representa un marco de cooperación y asistencia técnica, que habilitará la firma de proyectos de cooperación específicos, orientados al desarrollo.

Éstos deberán firmarse con posterioridad a la aprobación por el Parlamento del presente tratado, y en un plazo que no exceda los tres años.

En virtud del presente el Gobierno de la República Popular China accede a que el Banco de Exportación e Importación de China proporcione a la institución de transferencia de crédito (designado por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay) una línea de crédito preferencial (en adelante se denomina el Crédito) de una suma total no superior a doscientos millones (200.000.000) de Yuanes de Renminbi (US$ 26.421.821).

El Crédito será destinado a financiar proyectos de cooperación económica y técnica. Los mismos serán evaluados y aprobados por el Cooperante (China) y se acordarán por ambos países.

El plazo con el que cuenta nuestro país para la devolución del préstamo es de veinte años.

En el caso de que existan elementos supervinientes que hagan necesaria la reprogramación de los mismos, ambos Estados evaluarán la procedencia y conveniencia de llevarla a cabo. En caso afirmativo acordarán las condiciones y plazos, en que la reprogramación deba efectuarse.

La tasa anual de interés será del 2% anual.

Los Cooperantes evaluarán el desarrollo y ejecución de los respectivos proyectos y estudiarán las dificultades que puedan presentarse durante su desarrollo.

Los acuerdos a llevarse a cabo en el marco del presente convenio deberán realizarse antes de los tres años de la firma del mismo. En caso contrario se perderán los beneficios que otorga el presente.

Por lo expuesto, consideramos que los términos del acuerdo son beneficiosos para nuestro Estado y que será un instrumento de valía en el desarrollo de nuestro país. Por lo que recomendamos al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 10 de octubre de 2007.

DANIEL PEÑA FERNÁNDEZ, Miembro Informante, ROBERTO CONDE, RUBÉN MARTÍNEZ HUELMO, ALBERTO SCAVARELLI, JAIME MARIO TROBO, CARLOS VARELA NESTIER".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Como no está el miembro informante, señor Diputado Peña Fernández, si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑORA CHARLONE.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

31.- Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica con el Gobierno de la República de Nicaragua. (Aprobación).

——Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: "Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica con el Gobierno de la República de Nicaragua. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 940

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Industria, Energía y Minería
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Ministerio de Turismo y Deporte
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente

Montevideo, 27 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el artículo 168, numeral 20) de la Constitución de la República a fin de reiterar el mensaje de fecha 26 de enero de 1999 y reiterado el 16 de octubre de 2001 que se adjunta, por el cual se solicita la aprobación parlamentaria del Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República de Nicaragua, suscrito en Montevideo el 14 de agosto de 1998.

Al mantenerse vigentes los fundamentos que en su oportunidad dieron mérito al envío de aquel mensaje, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ, REINALDO GARGANO, DANILO ASTORI, JORGE BROVETTO, JORGE LEPRA, EDUARDO BONOMI, MARÍA J. MUÑOZ, JOSÉ MUJICA, HÉCTOR LESCANO, JAIME IGORRA.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República de Nicaragua, suscrito en Montevideo el 14 de agosto de 1998.

Montevideo, 27 de diciembre de 2006.

REINALDO GARGANO, DANILO ASTORI, JORGE BROVETTO, JORGE LEPRA, EDUARDO BONOMI, MARÍA J. MUÑOZ, JOSÉ MUJICA, HÉCTOR LESCANO, JAIME IGORRA.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Industria, Energía y Minería
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Ministerio de Turismo
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente

Montevideo, 16 de octubre de 2001.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el artículo 168, numeral 20) de la Constitución de la República, a fin de reiterar el mensaje de fecha 26 de enero de 1999 que se adjunta, por el cual se solicita la aprobación parlamentaria del Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República de Nicaragua, suscrito en Montevideo el 14 de agosto de 1998.

Al continuar en vigencia para los intereses y el prestigio internacional de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, DIDIER OPERTTI, ALBERTO BENSIÓN, ANTONIO MERCADER, SERGIO ABREU, ÁLVARO ALONSO, LUIS FRASCHINI, GONZALO GONZÁLEZ, ALFONSO VARELA, CARLOS CAT.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República de Nicaragua, suscrito en Montevideo el 14 de agosto de 1998.

Montevideo, 16 de octubre de 2001.

DIDIER OPERTTI, ALBERTO BENSIÓN, ANTONIO MERCADER, SERGIO ABREU, ÁLVARO ALONSO, LUIS FRASCHINI, GONZALO GONZÁLEZ, ALFONSO VARELA, CARLOS CAT.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Economía y Finanzas
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Industria, Energía y Minería
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
Ministerio de Turismo
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente

Montevideo, 26 de enero de 1999.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 numeral 20) y el artículo 85 numeral 7) de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley, por el cual se aprueba el Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la República de Nicaragua, firmado en Montevideo, el 14 de agosto de 1998.

El adjunto instrumento tiene por objeto la ejecución de programas y proyectos de cooperación científica y técnica, que promuevan el avance económico y social de ambos países.

A tales efectos, su articulado recoge los criterios más actualizados en la materia, permitiendo la realización de Acuerdos Complementarios de Cooperación, al tiempo que contempla la participación en la ejecución de los programas y proyectos de los organismos de los sectores público y privado, así como de las universidades y organizaciones no gubernamentales (Artículo I).

En cuanto a las áreas de cooperación, el Artículo V enumera algunas de las modalidades que podrá adoptar la misma, destacándose minería, medio ambiente, agricultura y agroindustria, vivienda y urbanismo, salud y forestación.

A los efectos de instrumentar el Convenio, el Artículo VI prevé la constitución de una Comisión Mixta integrada por representantes de ambas Partes, la cual cumplirá las funciones de evaluar las áreas factibles para la realización de proyectos, supervisar el funcionamiento del Convenio, y aprobar los programas bienales de cooperación.

Finalmente, el Artículo VII designa a los organismos encargados de la coordinación del Convenio; siendo para la República el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y para Nicaragua el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cooperación Externa.

La importancia del Convenio que se envía para el desarrollo de las relaciones de amistad entre la República y Nicaragua, así como la relevancia del mismo en su aspecto sustancial técnico y científico, justifican la pronta entrada en vigor del mismo, para lo cual se solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JULIO MARÍA SANGUINETTI, DIDIER OPERTTI, LUIS A. MOSCA, YAMANDÚ FAU, JULIO HERRERA, ANA LÍA PIÑEYRÚA, RAÚL BUSTOS, SERGIO CHIESA, BENITO STERN, JUAN CHIRUCHI.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Nicaragua, firmado en Montevideo, el 14 de agosto de 1998.

Montevideo, 26 de enero de 1999.

DIDIER OPERTTI, LUIS A. MOSCA, YAMANDÚ FAU, JULIO HERRERA, ANA LÍA PIÑEYRÚA, RAÚL BUSTOS, SERGIO CHIESA, BENITO STERN, JUAN CHIRUCHI.

TEXTO DEL CONVENIO

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Nicaragua en adelante denominados las "Partes Contratantes";

Animados por el deseo de fortalecer los tradicionales lazos de amistad existentes entre ambas naciones;

Conscientes de su interés común por promover y fomentar el progreso técnico y científico y de las ventajas recíprocas que resultarían de una cooperación en campos de interés mutuo;

Convencidos de la importancia de establecer mecanismos que contribuyan al desarrollo de este proceso y de la necesidad de ejecutar programas específicos de cooperación técnica y científica, que tengan efectiva incidencia en el avance económico y social de sus respectivos países;

Acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO I

1. Las Partes Contratantes se comprometen a elaborar y ejecutar, de común acuerdo, programas y proyectos de cooperación técnica y científica, en aplicación del presente Convenio, que les servirá de base.

2. Estos programas y proyectos considerarán la participación en su ejecución de organismos y entidades de los sectores público y privado de ambos países y, cuando sea necesario, de las universidades, organismos de investigación científica y técnica, y asimismo la importancia de la ejecución de proyectos nacionales de desarrollo y de proyectos de desarrollo regional.

3. Además, las Partes Contratantes podrán, cuando lo consideren necesario, pactar Acuerdos Complementarios de Cooperación Técnica y Científica, en aplicación del presente Convenio, que será su marco de referencia.

ARTÍCULO II

1. Para el cumplimiento de los fines del presente Convenio, las Partes Contratantes elaborarán conjuntamente Programas Anuales, en concordancia con las prioridades de ambos países en el ámbito de sus respectivos planes, políticas y estrategias de desarrollo económico y social.

2. Cada Programa deberá especificar objetivos, metas, recursos financieros y técnicos y cronogramas de trabajo, así como las áreas donde serán ejecutados los proyectos. Deberá igualmente, especificar las obligaciones, inclusive financieras, de cada una de las Partes Contratantes.

3. Cada Programa será evaluado periódicamente.

ARTÍCULO III

En la ejecución del Programa se incentivará o incluirá, cuando sea necesario, la participación de organismos internacionales de cooperación técnica, asimismo de instituciones de terceros países.

ARTÍCULO IV

Para los fines del presente Convenio, la cooperación técnica y científica entre los países podrá alcanzar las siguientes formas:

a) Realización conjunta o coordinada de programas de investigación y/o desarrollo.

b) Envío de expertos.

c) Envío del equipo y material necesarios para la ejecución de proyectos específicos.

d) Elaboración de programas de pasantías para entrenamiento profesional.

e) Concesión de becas de estudio para especialización.

f) Creación y operación de instituciones de investigación, laboratorios o centros de perfeccionamiento.

g) Organización de Seminarios y Conferencias.

h) Prestación de servicios de consultoría.

i) Intercambio de información científica y tecnológica.

j) Desarrollo de actividades conjuntas de cooperación en terceros países.

k) Cualquier otra modalidad pactada por las Partes Contratantes.

ARTÍCULO V

Sin perjuicio de la posibilidad de extender la cooperación a todos los ámbitos que las Partes Contratantes estimen conveniente, se señalan como áreas de especial interés mutuo las siguientes:

- Planificación y Desarrollo

- Medio Ambiente y Recursos Naturales

- Innovación Tecnológica y Productiva

- Electrónica

- Minería

- Modernización del Estado

- Industria

- Pesca

- Agricultura y Agro-Industria

- Forestación

- Puertos

- Transporte y Comunicaciones

- Vivienda y Urbanismo

- Turismo

- Salud y Previsión Social

- Comercio e Inversiones

ARTÍCULO VI

1. Con el fin de efectuar la coordinación de las acciones para el cumplimiento del presente Convenio y de lograr las mejores condiciones para su ejecución, las Partes Contratantes establecen una Comisión Mixta compuesta por representantes de ambas Partes, que se reunirá, alternativamente, cada dos años, en Uruguay y en Nicaragua. Esta Comisión Mixta tendrá las siguientes funciones:

a) Evaluar y demarcar áreas prioritarias en que sería factible la realización de proyectos específicos de cooperación técnica y científica.

b) Analizar, evaluar, aprobar y revisar los Programas Anuales de cooperación técnica y científica, a nivel de proyectos específicos por ambas Partes.

c) Supervisar el buen funcionamiento del presente Convenio y formular a las Partes las recomendaciones que considere pertinentes.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el punto 1 de este artículo, cada una de las Partes podrá someter a la otra, en cualquier momento, proyectos específicos de cooperación técnica y científica, para su debido estudio y posterior aprobación. Asimismo, las Partes Contratantes podrán convocar, de común acuerdo y cuando lo consideren necesario, reuniones especiales de la Comisión Mixta.

ARTÍCULO VII

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las Partes establecerán los mecanismos de coordinación necesarios a efectos de:

a) Elaborar diagnósticos globales y sectoriales representativos de la cooperación, de ambos países;

b) Proponer a la Comisión Mixta el Programa Anual o modificaciones a éste, identificando los proyectos específicos a ser desarrollados, así como los recursos necesarios para su cumplimiento; y

c) Supervisar la ejecución de los proyectos acordados, implementando las medidas para su conclusión en los plazos previstos.

2. A tales efectos, las Partes designan a las siguientes entidades:

Por la República Oriental del Uruguay, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República;

Por la República de Nicaragua, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Cooperación Externa.

3. Lo dispuesto en el párrafo anterior no excluye la participación, si fuere necesario, de entidades públicas o privadas vinculadas a la cooperación prevista en este Convenio.

ARTÍCULO VIII

Las Partes Contratantes podrán, siempre que lo estimaren necesario, solicitar el financiamiento y la participación de organismos internacionales, en la ejecución de programas y proyectos realizados de conformidad con el presente Convenio.

ARTÍCULO IX

Los costos de pasajes aéreos de ida y vuelta que implique el envío del personal a que se refiere el Artículo IV del presente Convenio, de una de las Partes al territorio de la otra, se sufragarán por la Parte que lo envíe. El costo del hospedaje, alimentación, transporte local y otros gastos necesarios para la ejecución del programa, se cubrirán por la parte receptora. Expresamente se podrá especificar de otra manera en los programas o en los Acuerdos Complementarios.

ARTÍCULO X

Cada Parte otorgará todas las facilidades necesarias para la entrada, permanencia y salida del personal, que en forma oficial intervenga en los proyectos de cooperación. Este personal no podrá dedicarse a ninguna actividad ajena a sus funciones, sin la previa autorización de ambas Partes.

ARTÍCULO XI

Se aplicarán a los funcionarios técnicos y expertos de cada una de las Partes Contratantes, designados para trabajar en el territorio de la otra, las normas que conceden a los mismos todos los privilegios e inmunidades otorgados a los funcionarios técnicos y expertos de las Naciones Unidas, exclusivamente para el cumplimiento de sus labores.

ARTÍCULO XII

Se aplicarán a los equipos y materiales suministrados a cualquier título, por un Gobierno a otro, en el marco de proyectos de cooperación técnica y científica, las normas que rigen la internación en el país de equipos y materiales proporcionados por las Naciones Unidas en los proyectos y programas de cooperación técnica y científica.

ARTÍCULO XIII

1. El presente Convenio tendrá una vigencia de diez años, prorrogables automáticamente. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo en cualquier momento mediante notificación escrita dirigida a la otra con seis meses de anticipación a la fecha en que se hará efectiva la denuncia.

2. Cada una de las Partes Contratantes notificará a la otra, la conclusión de los requisitos internos necesarios para la puesta en vigor de este Convenio, el cual entrará en vigencia a partir de la fecha de la última de estas notificaciones.

3. En cualquier caso de término de la vigencia de este Convenio, los programas y proyectos en ejecución no se verán afectados y continuarán hasta su conclusión, salvo que las Partes convinieran de algún modo diferente.

Hecho en la ciudad de Montevideo, el catorce de agosto de mil novecientos noventa y ocho, en dos ejemplares originales en español, siendo ambos textos igualmente válidos.

SIGUEN FIRMAS"

"CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Nicaragua, suscrito en Montevideo, el 14 de agosto de 1998.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 10 de abril de 2007.

RODOLFO NIN NOVOA, Presidente, HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI, Secretario".

Anexo I al
Rep. Nº 940

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Asuntos Internacionales

I N F O R M E

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica con el Gobierno de la República de Nicaragua, firmado en la Ciudad de Montevideo, el 14 de agosto de 1998.

El presente documento tiene por objeto la ejecución de programas y proyectos de cooperación científica y técnica, que promuevan el avance económico y social de ambos países.

En el artículo primero se establece la posibilidad de realizar Acuerdos Complementarios de Cooperación, recogiendo en ese sentido los criterios más actualizados en la materia. Así como establece la posibilidad de la participación en la ejecución de los programas del sector público y privado, como de las universidades y organizaciones no gubernamentales.

En el artículo segundo se define que para el cumplimiento del Convenio se elaborarán conjuntamente Programas Anuales que deberán concordar con las prioridades de ambos países en el plano de sus políticas y estrategias de desarrollo económico y social. Cada Programa que deberá especificar objetivos, metas, recursos humanos y materiales, cronogramas de trabajo y áreas específicas a desarrollar, será evaluado periódicamente.

El artículo cuarto establece las diferentes formas en que podrá desarrollarse la cooperación científica y técnica entre ambos países.

En cuanto a las áreas de cooperación, el artículo quinto enumera algunas de las modalidades que podrán adoptar la misma, entre las que destacamos: minería, medio ambiente, agricultura y agroindustria, vivienda, urbanismo, forestación y salud.

En los artículos sexto y séptimo se prevé la constitución de una Comisión Mixta, que cumplirá con las funciones de evaluar las áreas factibles para la realización de proyectos, supervisar el funcionamiento del Convenio y aprobar los planes de cooperación, asimismo se señalan los mecanismos de coordinación necesarios y las entidades que establecerán dicha coordinación. Siendo por la República Oriental del Uruguay el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y por la República de Nicaragua el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cooperación Externa.

En el artículo once dispone que se apliquen las normas que conceden privilegios e inmunidades otorgados a los funcionarios técnicos y expertos de las Naciones Unidas a los funcionarios y expertos de las Partes Contratantes designados para trabajar en el territorio de la otra, exclusivamente para el cumplimiento de sus labores.

El Convenio tendrá una vigencia de diez años prorrogables automáticamente. Cada Parte podrá denunciarlo en cualquier momento mediante mecanismo establecido con una anticipación de seis meses a la fecha de hacer efectiva la denuncia.

La importancia del Convenio para el desarrollo de las relaciones de amistad entre Uruguay y Nicaragua, así como la relevancia del mismo en los aspectos científicos y técnicos, hacen que recomendemos al Cuerpo aprobar el adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 10 de octubre de 2007.

CARLOS VARELA NESTIER, Miembro Informante, ROBERTO CONDE, RUBÉN MARTÍNEZ HUELMO, DANIEL PEÑA FERNÁNDEZ, ALBERTO SCAVARELLI, JAIME MARIO TROBO".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Varela Nestier.

SEÑOR VARELA NESTIER.- Señor Presidente: los señores legisladores y las señoras legisladoras tienen en sus mesas el informe que elaboró la Comisión de Asuntos Internacionales. Nos remitimos a él y solicitamos que se pase a votar.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR VARELA NESTIER.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

32.- Accidentes de Trabajo. (Se modifica el artículo 14 de la Ley Nº 16.074).

——Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: "Accidentes de Trabajo. (Se modifica el artículo 14 de la Ley Nº 16.074)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 578

"PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Se deroga el artículo 14 de la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989, el que quedará redactado de las siguiente manera:

"ARTÍCULO 14.- Será considerado accidente de trabajo el que sufra un obrero o empleado en el trayecto al o del lugar de desempeño de sus tareas, dentro de los treinta minutos anteriores o posteriores a su horario habitual de trabajo, así como cuando medien alguna de las siguientes circunstancias:

A) Que estuviere cumpliendo una tarea específica ordenada por el patrono.

B) Que éste hubiera tomado a su cargo el transporte del trabajador.

C) Que el acceso al establecimiento ofrezca riesgos especiales".

Montevideo, 8 de marzo de 2006.

GONZALO NOVALES, Representante por Soriano.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dado el espíritu de la legislación sobre accidentes de trabajo, que ya desde hace años ha declarado el seguro obligatorio y ampara a todos los trabajadores del país de un infortunio que puede llegar a ser verdaderamente serio, entiendo que debería modificarse la ley a efectos que se cubran los accidentes que sufra el obrero desde que sale de su casa con intención de ir a su trabajo y un período prudencial cuando termina su jornada laboral y regresa a su hogar.

Demás está decir, que la norma deberá ser estudiada por los equipos que entienden en el tema en el Banco de Seguros del Estado y posteriormente debidamente reglamentada de manera que se prevean los posibles abusos de la legislación.

Montevideo, 8 de marzo de 2006.

GONZALO NOVALES, Representante por Soriano".

Anexo I al
Rep. Nº 578

"Comisión de Legislación del Trabajo

I N F O R M E

Señores Representantes:

Vuestra Comisión Asesora recomienda por unanimidad la aprobación del proyecto de ley, cuya iniciativa corresponde al señor Representante Nacional por Soriano, Gonzalo Novales, por el cual se modifica el artículo 14 de la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989, Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, ampliando el ámbito objetivo de aplicación de la norma, en consonancia con las interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales mayoritarias en nuestro sistema jurídico, que desde la aprobación de la norma cuya modificación se propone, han optado por una interpretación amplia del concepto "a causa del trabajo o en ocasión del mismo" que utiliza la referida Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989.

Así, la ley propuesta, incluye dentro del concepto de accidentes de trabajo, a los "accidentes in itinere", o sea, los que sufre el trabajador en el trayecto de ida o de vuelta hacia o desde su domicilio. Dicha inclusión, resulta apropiada para terminar con discusiones doctrinarias sobre el alcance de la norma, optando por la solución con mayor apoyo doctrinario, y la que usualmente es recogida en el derecho comparado.

Del mismo modo, la modificación propuesta considera accidente de trabajo el sufrido por el trabajador cuando estuviere cumpliendo una tarea específica ordenada por el patrono, o éste hubiera tomado a su cargo el transporte del trabajador, o el acceso al establecimiento ofrezca riesgos especiales.

Por último, la modificación propuesta, incluye dentro del concepto de accidente de trabajo, aquél que sufriere un trabajador durante el horario habitual de su jornada de trabajo, y se encontrare en uso de licencia gremial. Dicha modificación, toma en consideración que la licencia gremial se diferencia de la licencia ordinaria, donde el trabajador no se encuentra trabajando sino gozando de su descanso anual, por lo que se establece una ficción jurídica que equipara al trabajador en uso de licencia gremial durante el horario de su jornada laboral, como si estuviera trabajando, a los efectos de esta norma.

La Comisión de Legislación del Trabajo considera que la norma propuesta, mejora el régimen de la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989, ampliando el alcance de la misma y precisando con mayor claridad, las situaciones comprendidas como accidentes de trabajo.

Por las consideraciones precedentes, vuestra Asesora se permite aconsejar al Cuerpo, la aprobación de este proyecto de ley que se adjunta.

Sala de la Comisión, 9 de octubre de 2007.

ALFREDO CABRERA, Miembro Informante, ELEONORA BIANCHI, TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI, IVONNE PASSADA, JORGE POZZI, PABLO ABDALA, según lo establecido en el inciso 2º del artículo 132 del Reglamento de la Cámara de Representantes, acompaña el informe.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Modifícase el artículo 14 de la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 14.- Será considerado accidente de trabajo el que sufra un obrero o empleado al trasladarse directamente hacia o desde su lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo, así como cuando medien alguna de las siguientes circunstancias:

A) Que estuviere cumpliendo una tarea específica ordenada por el patrono.

B) Que éste hubiera tomado a su cargo el transporte del trabajador.

C) Que el acceso al establecimiento ofrezca riesgos especiales.

D) Que el trabajador se encontrare en uso de su licencia gremial durante el horario habitual de su jornada de trabajo.

Sala de la Comisión, 9 de octubre de 2007.

ALFREDO CABRERA, Miembro Informante, ELEONORA BIANCHI, TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI, IVONNE PASSADA, JORGE POZZI".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Cabrera.

SEÑOR CABRERA.- Señor Presidente: el proyecto en consideración se originó en una propuesta que realizara el Representante Nacional por Soriano señor Gonzalo Novales, que, planteado en la Comisión de Legislación del Trabajo, luego de una discusión bastante breve fue aprobado por la unanimidad de sus integrantes.

El proyecto plantea la modificación del artículo 14 de la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989, "Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales", ampliando el ámbito objetivo de aplicación de la norma. Básicamente, la principal modificación es incorporar los accidentes "in itinere" -como se los conoce doctrinariamente-, esto es, los que sufre el trabajador en el trayecto de ida o de vuelta hacia o desde su domicilio. En la legislación vigente, el artículo 14 de la Ley Nº 16.074 establece que son accidentes de trabajo aquellos que suceden a causa del trabajo o en ocasión del mismo. Esto ha generado un debate a nivel doctrinario y jurisprudencial respecto a si, "a causa o en ocasión del trabajo", comprendía los accidentes que sufría el trabajador cuando iba hacia el trabajo o se retiraba del mismo. La solución dada por la legislación uruguaya era restrictiva frente a otras soluciones del derecho comparado puesto que generalmente se ha optado por considerar accidentes de trabajo a los accidentes "in itinere". Entonces, nos parece que esta es una solución correcta, que amplía el ámbito objetivo de aplicación de la Ley Nº 16.074, incorporando este tipo de accidentes.

Como recordarán, ha habido algunos casos notorios de accidentes con resultados de muerte en ocasión de trasladarse hacia el trabajo, inclusive en obras en las que el patrono era el Estado. Concretamente, hubo un accidente muy notorio en la Ruta Nº 1, cuando se realizaba la construcción de la nueva planta energética de UTE, que fue un poco lo que motivó un proyecto de estas características.

Recogiendo lo que ya establecía la norma, el proyecto presentado determina que será considerado accidente de trabajo el que sufra un obrero o empleado al trasladarse directamente hacia o desde su lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Este es un punto que evolucionó en la Comisión, por cuanto -también estas son algunas de las soluciones del derecho comparado- muchas veces lo que se establece es un período máximo de tiempo dentro del cual se puede considerar que el accidente es "in itinere". En el proyecto inicial se manejó un plazo que variaba entre una hora y treinta minutos pero, en consideración a lo que nos parece más adecuado a la realidad uruguaya, se ha optado por no limitar el tiempo que implique ese traslado desde la casa del trabajador hacia la empresa o viceversa, aunque se ha establecido que excluye la calidad de accidente "in itinere" el hecho de que el trabajador hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Esto es lo que, rectamente, la norma establece: que solamente se considera accidente "in itinere" aquel que se produzca en un traslado directo desde o hacia la casa o el ámbito de trabajo.

Sin perjuicio de ello, la norma contiene literales en los que se establecen otras circunstancias que también se consideran accidentes de trabajo.

Adelanto que, de común acuerdo entre los integrantes, si bien el proyecto que viene de Comisión tiene cuatro literales, vamos a plantear que el D) se elimine y se dé una redacción alternativa que voy a mencionar, llegado el caso. En definitiva, analizando los literales A), B) y C), vemos que ya estaban previstos en la norma y en los hechos se han dejado para que no medien dudas.

El literal A) establece: "Que estuviere cumpliendo una tarea específica ordenada por el patrono", en cuyo caso en realidad no se trata de un accidente "in itinere" sino de un accidente de trabajo, porque se están cumpliendo funciones encomendadas por el patrono.

El literal B) establece: "Que éste hubiera tomado a su cargo el transporte del trabajador". Este es el caso que planteaba recién del accidente de San José, cuando el traslado se hacía por parte de la UTE en la caja de un camión, medio a todas luces inconveniente pero, lamentablemente, bastante habitual para una cuadrilla de obreros.

El literal C) dice: "Que el acceso al establecimiento ofrezca riesgos especiales". Este último queda comprendido dentro de la llegada al trabajo, con lo cual podríamos retirarlo y sería lo mismo, pero estamos respetando estos tres literales que ya figuraban en la Ley Nº 16.074, no modificándolos.

Esta es la principal modificación que tiene la norma, y se agrega el literal D) -fruto de una propuesta del Frente Amplio en Comisión-, que dice: "Que el trabajador se encontrare en uso de su licencia gremial durante el horario habitual de su jornada de trabajo".

Esto es más novedoso, se escapa de lo que es la regulación estándar internacional, y se basa en una ficción. El trabajador que esté en uso de su licencia gremial no está tomando una de las licencias previstas por la legislación para su descanso anual, pues en los hechos está trabajando; dada su condición de dirigente gremial, está trabajando como tal.

Entonces, si un dirigente gremial o un trabajador en uso de licencia gremial, dentro del horario de la jornada de trabajo, sufre un accidente, la norma establece una ficción que es la de considerar este percance como accidente de trabajo.

Si el accidente de un trabajador en uso de licencia gremial se produce fuera de la jornada habitual de trabajo, no se considerará como accidente de trabajo y, en este caso, la cobertura será de los servicios de salud del Estado, pero no del Banco de Seguros.

La modificación propuesta es la de eliminar este literal D) y, en su lugar, establecer un párrafo que dice: "Asimismo, será considerado accidente de trabajo el que sufra el trabajador durante el horario habitual de su jornada de trabajo, si se encontrare en uso de licencia gremial". Esto no cambia el sentido, sino que se trata de mejor técnica para que no quede como uno de los literales de la norma.

Cabe hacer algunas precisiones más, porque básicamente de eso se trata este proyecto de ley. La primera de ellas es que nos parece una iniciativa acorde con la buena doctrina en materia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En segundo lugar, este es un proyecto que ha sido cuestionado por el Banco de Seguros del Estado, no cuenta con su apoyo, pues ha realizado dos críticas: una de ellas es de tipo económico, es decir, el aumento de los costos para esa institución, y la otra es que esta norma se preste a fraudes, considerando accidentes de trabajo aquellos que no lo son.

Respecto a esta última crítica, que me parece que debe ser analizada, el riesgo efectivamente existe. Entendemos que la solución adoptada es positiva y correcta, pero sí existe el riesgo de que un accidente cualquiera sea presentado como accidente de trabajo ante el Banco de Seguros del Estado. Esto también sucede actualmente, pues nada impide presentar un accidente como accidente de trabajo o, eventualmente, pretender un alta tardía de un trabajador para obtener cobertura por parte del Banco de Seguros. En los hechos, este argumento es el que relativiza el cuestionamiento realizado por el Banco de Seguros a esta norma.

En cuanto a los costos, habrá que ver qué incidencia tendría en la Cartera la cobertura de este tipo de accidentes. De todas formas, quiero decir que el Partido Nacional no vota este proyecto de ley partiendo del presupuesto de que esto se trasladará en un aumento de las pólizas y en los costos de los empresarios, pues deberemos ver cuál será la realidad estadística luego de que la norma esté vigente. Eventualmente, habrá que hacer un análisis. El planteo de costos es lateral y no hace a la discusión específica de este proyecto, pero la objeción del Banco de Seguros del Estado sobre los costos en materia de salud ocupacional y accidentes de trabajo me lleva a dejar esbozado, por lo menos, un tema que en el ámbito laboral hace mucho tiempo se está hablando. Concretamente, me refiero a cuestionar la ubicación institucional de la cobertura de riesgos de accidente de trabajo en una institución financiera como un Banco, que analiza los accidentes y las enfermedades profesionales desde parámetros económicos y no necesariamente desde parámetros de salud ocupacional.

Quienes conocemos el tema y hemos tenido que participar en asuntos de ese tipo, sabemos que es muy difícil que el Banco de Seguros del Estado admita una enfermedad profesional nueva y que también es muy difícil que admita que la causa de una enfermedad son motivos profesionales y no comunes. Esto tiene directa relación con la naturaleza jurídica del organismo encargado de brindar las prestaciones, que es un organismo bancario y esta es su única Cartera monopolizada.

Tal vez este sea un buen punto de partida para comenzar a discutir la ubicación institucional de la cobertura de riesgo. Quizás haya que comenzar a analizar si el monopolio en esta materia no debería ser cuestionado y, eventualmente, admitir inclusive a nivel público otras formas de cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con mejor calidad.

Es todo lo que tengo para informar, señor Presidente, con la salvedad de la modificación que he planteado.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Si nadie más hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Que se rectifique la votación!

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

——Cincuenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑOR SEMPRONI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SEMPRONI.- Señor Presidente: he votado con gran satisfacción este proyecto, que pasa a integrar normas muy importantes para el sector laboral de este país, al que contempla con mucha claridad.

Después de discutir durante dos horas con la bancada del Partido Nacional una declaración, me preocupa que a la hora de votar un proyecto tan importante para el sector laboral en Sala apenas se encuentran presentes seis Diputados por el Partido Nacional, ninguno por el Partido Colorado, ni tampoco el Representante del Partido Independiente.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- En discusión particular.

Léase el artículo único, con la modificación propuesta.

(Se lee:)

"Modifícase el artículo 14 de la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989, el que quedará redactado de las siguiente manera:- 'ARTÍCULO 14.- Será considerado accidente de trabajo el que sufra un obrero o empleado al trasladarse directamente hacia o desde su lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo, así como cuando medien alguna de las siguientes circunstancias:- A) Que estuviere cumpliendo una tarea específica ordenada por el patrono.- B) Que este hubiera tomado a su cargo el transporte del trabajador.- C) Que el acceso al establecimiento ofrezca riesgos especiales.- D) Asimismo, será considerado accidente de trabajo el que sufra el trabajador durante el horario habitual de su jornada de trabajo, si se encontrare en uso de licencia gremial'".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR CABRERA.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto aprobado:)

"Artículo Único.- Modifícase el artículo 14 de la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 14.- Será considerado accidente de trabajo el que sufra un obrero o empleado al trasladarse directamente hacia o desde su lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo, así como cuando medien alguna de las siguientes circunstancias:

A) Que estuviere cumpliendo una tarea específica ordenada por el patrono.

B) Que éste hubiera tomado a su cargo el transporte del trabajador.

C) Que el acceso al establecimiento ofrezca riesgos especiales.

D) Asimismo, será considerado accidente de trabajo el que sufra el trabajador durante el horario habitual de su jornada de trabajo, si se encontrare en uso de licencia gremial".

33.- Alteración del orden del día.

SEÑOR ROBALLO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ROBALLO.- Señor Presidente: mociono para que los asuntos que figuran en séptimo y octavo término del orden del día pasen a ser los puntos noveno y décimo, respectivamente, y para que los asuntos que figuran en noveno y décimo término del orden del día pasen a ser los puntos séptimo y octavo.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

34.- Protocolo Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (Aprobación).

Se pasa a considerar el asunto que figuraba en noveno término del orden del día y que pasó a ser séptimo: "Protocolo Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 832

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior
Ministerio de Defensa Nacional

Montevideo, 22 de junio de 2005.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7) y 168, numeral 20) de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado en la ciudad de Nueva York el 31 de mayo del año 2001.

Se impone recordar que nuestro país aprobó la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA) por Ley Nº 17.300 de 7 de marzo de 2001, que en líneas generales aborda esta temática, planteando soluciones similares, pero el Protocolo amplía el ámbito de aplicación al tratarse de un complemento a una Convención de la ONU de alcance universal, mientras que la CIFTA tiene vigencia entre los Estados Parte de la OEA que la hayan ratificado.

El Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, presenta definiciones, algunas de índole similar a las contenidas en la CIFTA, y otras ampliadas o restringidas respecto del Acuerdo interamericano, pero que están enmarcadas en un idéntico propósito, lo que hace que las soluciones propuestas por ambos instrumentos internacionales sean compartidas como herramientas de utilidad para lograr la cooperación y la inserción de la República en el conjunto de las Naciones civilizadas que contribuyen a lograr la obtención del bienestar de los pueblos, y su derecho a vivir en paz.

De acuerdo a lo establecido en su artículo 2º, la finalidad del mismo es promover, facilitar y reforzar la cooperación entre los Estados Parte con el propósito de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

A tales efectos la Convención, define los conceptos de armas de fuego, piezas y componentes, municiones, fabricación ilícita, tráfico ilícito y localización (Artículo 3); determina procedimientos para la identificación y el rastreo de las mencionadas armas (Artículo 8); estipula los compromisos de confiscación o decomiso de las mismas (Artículo 6); y el establecimiento, o en su caso el mantenimiento de un efectivo sistema de licencias o autorizaciones de exportación, importación y de tránsito internacional de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones (Artículo 10).

La Convención destaca la importancia del intercambio de información entre los Estados Parte sobre los fabricantes y comerciantes de armas de fuego; las técnicas, experiencias y prácticas legislativas para impedir la fabricación y el tráfico ilícito de las mismas; así como sobre grupos delictivos, organizados efectiva o presuntamente involucrados y otros casos previstos en los literales b, c y d, del Artículo 12.

Asimismo la Convención en sus Artículos 13 y 14 establece las formas en que se llevará a cabo la cooperación, capacitación y asistencia técnica entre los Estados Parte de la Convención.

Es de vital importancia destacar su Artículo 5 relacionado con la obligación que asumen los Estados Parte para adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito las conductas descriptas en el presente documento cuando se cometan intencionalmente.

Se indica también especialmente el Artículo 16 referido al régimen de Solución de Controversias relacionadas con la interpretación o aplicación del presente Acuerdo, estableciéndose como medios de solución pacífica el sometimiento a Arbitraje y en su caso su remisión a la Corte Internacional de Justicia.

En el entendido que el presente Instrumento Internacional es una vía que contribuye a fortalecer la seguridad de los Estados, de la región y del mundo, posibilitando el derecho a vivir en paz de sus habitantes, es que el Poder Ejecutivo solicita al Poder Legislativo su correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General, las seguridades de su más alta consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ, REINALDO GARGANO, JOSÉ E. DÍAZ, AZUCENA BERRUTTI.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional adoptado en la ciudad de Nueva York el 31 de mayo del año 2001.

Montevideo, 22 de junio de 2005.

REINALDO GARGANO, JOSÉ E. DÍAZ, AZUCENA BERRUTTI".

TEXTO DEL CONVENIO

Preámbulo

Los Estados Parte en el presente Protocolo,

Conscientes de la urgente necesidad de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a causa de los efectos perjudiciales de estas actividades para la seguridad de cada Estado y región y del mundo en general, que ponen en peligro el bienestar de los pueblos, su desarrollo económico y social y su derecho a vivir en paz,

Convencidos, por tanto, de la necesidad de que los Estados adopten todas las medidas apropiadas a tal fin, incluidas medidas de cooperación internacional y de otra índole en los planos regional y mundial,

Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial intergubernamental de composición abierta con la finalidad de elaborar una convención internacional amplia contra la delincuencia organizada transnacional y de examinar la posibilidad de elaborar, entre otras cosas, un instrumento internacional contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones,

Teniendo presentes los principios de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,

Convencidos de que complementar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional con un instrumento internacional contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones será de utilidad para prevenir y combatir esos delitos,

Han acordado lo siguiente:

l. Disposiciones generales

Artículo 1

Relación con la Convención de las Naciones Unidas

contra la Delincuencia Organizada Transnacional

1. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención.

2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.

3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo se considerarán delitos tipificados con arreglo a la Convención.

Artículo 2

Finalidad

La finalidad del presente Protocolo es promover, facilitar y reforzar la cooperación entre los Estados Parte con el propósito de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

Artículo 3

Definiciones

Para los fines del presente Protocolo:

a) Por "arma de fuego" se entenderá toda arma portátil que tenga cañón y que lance, esté concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un balín, una bala o un proyectil por la acción de un explosivo, excluidas las armas de fuego antiguas o sus réplicas. Las armas de fuego antiguas y sus réplicas se definirán de conformidad con el derecho interno. En ningún caso, sin embargo, podrán incluir armas de fuego fabricadas después de 1899;

b) Por "piezas y componentes" se entenderá todo elemento o elemento de repuesto específica mente concebido para un arma de fuego e indispensable para su funcionamiento, incluidos el cañón, la caja o el cajón, el cerrojo o el tambor, el cierre o el bloqueo del cierre y todo dispositivo concebido o adaptado para disminuir el sonido causado por el disparo de un arma de fuego;

c) Por "municiones" se entenderá el cartucho completo o sus componentes, entre ellos las vainas, los cebos, la carga propulsora, las balas o proyectiles utilizados en las armas de fuego, siempre que esos componentes estén de por sí sujetos a autorización en el respectivo Estado Parte;

d) Por "fabricación ¡lícita" se entenderá la fabricación o el montaje de armas de fuego, sus piezas y componentes o municiones:

i) A partir de piezas y componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito;

ii) Sin licencia o autorización de una autoridad competente del Estado Parte en que se realice la fabricación o el montaje; o

iii) Sin marcar las armas de fuego en el momento de su fabricación, de conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo;

La concesión de licencia o autorización respecto de la fabricación de piezas y componentes se hará de conformidad con el derecho interno;

e) Por "tráfico ilícito" se entenderá la importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado o transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones desde o a través del territorio de un Estado Parte al de otro Estado Parte si cualquiera de los Estados Partes interesados no lo autoriza conforme a lo dispuesto en el presente Protocolo o si las armas de fuego no han sido marcadas conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del presente Protocolo;

f) Por "localización" se entenderá el rastreo sistemático de las armas de fuego y, de ser posible, de sus piezas y componentes y municiones, desde el fabricante al comprador, con el fin de ayudar a las autoridades competentes de los Estados Parte a detectar, investigar y analizar la fabricación y el tráfico ilícitos.

Artículo 4

Ámbito de aplicación

1. A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo se aplicará a la prevención de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y a la investigación y el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.

2. El presente Protocolo no se aplicará a las transacciones entre Estados ni a las transferencias estatales cuando la aplicación del Protocolo pudiera perjudicar el derecho de un Estado Parte a adoptar medidas en aras de la seguridad nacional en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 5

Penalización

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas, cuando se cometan intencionalmente:

a) La fabricación ilícita de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;

b) El tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;

c) La falsificación o la obliteración, supresión o alteración ilícitas de la(s) marca(s) de un arma de fuego requerida(s) de conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo.

2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas:

a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo o la participación en él como cómplice; y

b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento para la comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo.

Artículo 6

Decomiso, incautación y disposición

1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención, los Estados Parte adoptarán, en la mayor medida posible de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos.

2. Los Estados Parte adoptarán, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, las medidas necesarias para impedir que las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos caigan en manos de personas no autorizadas, en particular mediante la incautación y destrucción de esas armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a menos que se haya autorizado oficialmente otra forma de disposición, siempre y cuando se hayan marcado las armas de fuego y se hayan registrado los métodos para la disposición de esas armas de fuego y municiones.

II. Prevención

Artículo 7

Registros

Cada Estado Parte garantizará el mantenimiento, por un período no inferior a diez años, de la información relativa a las armas de fuego y, cuando sea apropiado y factible, de la información relativa a sus piezas y componentes y municiones que sea necesaria para localizar e identificar las armas de fuego y, cuando sea apropiado y factible, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos, así como para evitar y detectar esas actividades. Esa información incluirá:

a) Las marcas pertinentes requeridas de conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo;

b) En los casos que entrañen transacciones internacionales con armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, las fechas de emisión y expiración de las licencias o autorizaciones correspondientes, el país de exportación, el país de importación, los países de tránsito, cuando proceda, y el receptor final, así como la descripción y la cantidad de los artículos.

Artículo 8

Marcación de las armas de fuego

1. A los efectos de identificar y localizar cada arma de fuego, los Estados

Parte:

a) En el momento de la fabricación de cada arma de fuego exigirán que ésta sea marcada con una marca distintiva que indique el nombre del fabricante, el país o lugar de fabricación y el número de serie, o mantendrán cualquier otra marca distintiva y fácil de emplear que ostente símbolos geométricos sencillos, junto con un código numérico y/o alfanumérico, y que permita a todos los Estados Parte identificar sin dificultad el país de fabricación;

b) Exigirán que se aplique a toda arma de fuego importada una marca sencilla y apropiada que permita identificar el país de importación y, de ser posible, el año de ésta, y permita asimismo a las autoridades competentes de ese país localizar el arma de fuego, así como una marca distintiva, si el arma de fuego no la lleva. Los requisitos del presente apartado no tendrán que aplicarse a la importación temporal de armas de fuego con fines lícitos verificables;

c) Velarán por que, en el momento en que se transfiera un arma de fuego de las existencias estatales a la utilización civil con carácter permanente, se aplique a dicha arma la marca distintiva apropiada que permita a todos los Estados Parte identificar el país que realiza la transferencia.

2. Los Estados Parte alentarán a la industria de fabricación de armas de fuego a formular medidas contra la supresión o la alteración de las marcas.

Artículo 9

Desactivación de las armas de fuego

Todo Estado Parte que, de conformidad con su derecho interno, no reconozca como arma de fuego un arma desactivada adoptará las medidas que sean necesarias, incluida la tipificación de delitos específicos, si procede, a fin de prevenir la reactivación ilícita de las armas de fuego desactivadas, en consonancia con los siguientes principios generales de desactivación:

a) Todas las piezas esenciales de un arma de fuego desactivada se tornarán permanentemente inservibles y no susceptibles de ser retiradas, sustituidas o modificadas de cualquier forma que pueda permitir su reactivación;

b) Se adoptarán disposiciones para que una autoridad competente verifique, cuando proceda, las medidas de desactivación a fin de garantizar que las modificaciones aportadas al arma de fuego la inutilizan permanentemente;

c) La verificación por una autoridad competente comprenderá la expedición de un certificado o la anotación en un registro en que se haga constar la desactivación del arma de fuego o la inclusión de una marca a esos efectos claramente visible en el arma de fuego.

Artículo 10

Requisitos generales para sistemas de licencias o autorizaciones de exportación, importación y tránsito

1. Cada Estado Parte establecerá o mantendrá un sistema eficaz de licencias o autorizaciones de exportación e importación, así como de medidas aplicables al tránsito internacional, para la transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

2. Antes de emitir licencias o autorizaciones de exportación para la expedición de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, cada Estado Parte se asegurará de que:

a) Los Estados importadores hayan emitido las correspondientes licencias o autorizaciones; y

b) Los Estados de tránsito hayan al menos comunicado por escrito, con anterioridad a la expedición, que no se oponen al tránsito, sin perjuicio de los acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales destinados a favorecer a los Estados sin litoral.

3. La licencia o autorización de exportación e importación y la documentación que la acompañe contendrán conjuntamente información que, como mínimo, comprenda el lugar y la fecha de emisión, la fecha de expiración, el país de exportación, el país de importación, el destinatario final, una descripción y la cantidad de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y, cuando haya tránsito, los países de tránsito. La información contenida en la licencia de importación deberá facilitarse a los Estados de tránsito con antelación.

4. El Estado Parte importador notificará al Estado Parte exportador, previa solicitud, la recepción de las remesas de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que le hayan sido enviadas.

5. Cada Estado Parte adoptará, dentro de sus posibilidades, las medidas necesarias para garantizar que los procedimientos de licencia o autorización sean seguros y que la autenticidad de los documentos de licencia o autorización pueda ser verificada o validada.

6. Los Estados Parte podrán adoptar procedimientos simplificados para la importación y exportación temporales y para el tránsito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones para fines lícitos verificables, tales como cacerías, prácticas de tiro deportivo, pruebas, exposiciones o reparaciones.

Artículo 11

Medidas de seguridad y prevención

A fin de detectar, prevenir y eliminar el robo, la pérdida o la desviación, así como la fabricación y el tráfico ¡lícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para:

a) Exigir que se garantice la seguridad de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones en el curso de su fabricación, de su importación y exportación y de su tránsito a través de su territorio; y

b) Aumentar la eficacia de los controles de importación, exportación y tránsito, incluidos, cuando proceda, los controles fronterizos, así como de la cooperación transfronteriza entre los servicios policiales y aduaneros.

Artículo 12

Información

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención, los Estados Parte intercambiarán, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos internos, información pertinente para cada caso específico sobre cuestiones como los fabricantes, agentes comerciales, importadores y exportadores y, de ser posible, transportistas autorizados de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención, los Estados Parte intercambiarán, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos internos, información pertinente sobre cuestiones como:

a) Los grupos delictivos organizados efectiva o presuntamente involucrados en la fabricación o el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;

b) Los medios de ocultación utilizados en la fabricación o el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, así como las formas de detectarlos;

c) Los métodos y medios, los lugares de expedición y de destino y las rutas que habitualmente utilizan los grupos delictivos organizados que participan en el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones; y

d) Experiencias de carácter legislativo, así como prácticas y medidas conexas, para prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

3. Los Estados Parte se facilitarán o intercambiarán, según proceda, toda información científica y tecnológica pertinente que sea de utilidad para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a fin de reforzar mutuamente su capacidad de prevenir, detectar e investigar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y de enjuiciar a las personas involucradas en esas actividades ilícitas.

4. Los Estados Parte cooperarán en la localización de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que puedan haber sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos. Esa cooperación incluirá la respuesta rápida de los Estados Parte a toda solicitud de asistencia para localizar esas armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, dentro de los medios disponibles.

5. Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico o a cualesquiera acuerdos internacionales, cada Estado Parte garantizará la confidencialidad y acatará las restricciones impuestas a la utilización de toda información que reciba de otro Estado Parte de conformidad con el presente artículo, incluida información de dominio privado sobre transacciones comerciales, cuando así lo solicite el Estado Parte que facilita la información. Si no es posible mantener la confidencialidad, antes de revelar la información se dará cuenta de ello al Estado Parte que la facilitó.

Artículo 13

Cooperación

1. Los Estados Parte cooperarán en los planos bilateral, regional e internacional a fin de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 13 del artículo 18 de la Convención, cada Estado Parte designará un órgano nacional o un punto de contacto central encargado de mantener el enlace con los demás Estados Parte en toda cuestión relativa al presente Protocolo.

3. Los Estados Parte procurarán obtener el apoyo y la cooperación de los fabricantes, agentes comerciales, importadores, exportadores, corredores y transportistas comerciales de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a fin de prevenir y detectar las actividades ilícitas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo.

Artículo 14

Capacitación y asistencia técnica

Los Estados Parte cooperarán entre sí y con las organizaciones internacionales pertinentes, según proceda, a fin de que los Estados Parte que lo soliciten reciban la formación y asistencia técnica requeridas para reforzar su capacidad de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, incluida la asistencia técnica, financiera y material que proceda en las cuestiones enunciadas en los artículos 29 y 30 de la Convención.

Artículo 15

Corredores y corretaje

1. Con miras a prevenir y combatir la fabricación y el tráfico ¡lícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, los Estados Parte que aún no lo hayan hecho considerarán la posibilidad de establecer un sistema de reglamentación de las actividades de las personas dedicadas al corretaje. Ese sistema podría incluir una o varias de las siguientes medidas:

a) Exigir la inscripción en un registro de los corredores que actúen en su territorio;

b) Exigir una licencia o autorización para el ejercicio del corretaje; o

c) Exigir que en las licencias o autorizaciones de importación y de exportación, o en la documentación adjunta a la mercancía, se consigne el nombre y la ubicación de los corredores que intervengan en la transacción.

2. Se alienta a los Estados Parte que hayan establecido un sistema de autorización de las operaciones de corretaje como el descrito en el párrafo 1 del presente artículo a que incluyan datos sobre los corredores y las operaciones de corretaje en sus intercambios de información efectuados con arreglo al artículo 12 del presente Protocolo y a que mantengan un registro de corredores y de las operaciones de corretaje conforme a lo previsto en el artículo 7 del presente Protocolo.

III. Disposiciones finales

Artículo 16

Solución de controversias

1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación del presente Protocolo mediante la negociación.

2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación o la aplicación del presente Protocolo que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esas Partes podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.

3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo o de la adhesión a él, declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.

4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 17

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York desde el trigésimo día después de su aprobación por la Asamblea General hasta el 12 de diciembre de 2002.

2. El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

3. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

4. El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en el presente Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración económica declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

Artículo 18

Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, a condición de que no entre en vigor antes de la entrada en vigor de la Convención. A los efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados por una organización regional de integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización.

2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, si ésta es posterior.

Artículo 19

Enmienda

1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del presente Protocolo, los Estados Parte podrán proponer enmiendas por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en la Convención para que la examinen y decidan al respecto. Los Estados Parte en el presente Protocolo reunidos en la Conferencia de las Partes harán todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte en el presente Protocolo presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.

2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte.

4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.

5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones del presente Protocolo, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Artículo 20

Denuncia

1. Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.

2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados miembros.

Artículo 21

Depositario e idiomas

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del presente Protocolo.

2. El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo.

(SIGUEN FIRMAS)

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional adoptado en la ciudad de Nueva York el 31 de mayo del año 2001.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 1º de noviembre de 2006.

RODOLFO NIN NOVOA, Presidente, HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI, Secretario".

Anexo I al
Rep. Nº 832

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Asuntos Internacionales

I N F O R M E

Señores Representantes:

El presente proyecto de ley persigue la aprobación del Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

En su preámbulo se recuerda la Resolución 53/111 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 9 de diciembre de 1998, documento que fundamentó la génesis del Protocolo que estamos tratando.

Por la citada Resolución se estableció un Comité Especial Intergubernamental cuya finalidad fue dar nacimiento a una convención internacional amplia contra la delincuencia organizada y simultáneamente establecer la posibilidad de implementar un documento internacional contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones".

En el preámbulo se da cuenta de la utilidad del presente Protocolo, el que se expresa por intermedio de tres capítulos y veintiún artículos.

En las disposiciones generales radicadas en el Artículo 1 del Capítulo I, se dispone la relación complementaria del presente Protocolo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional la que en Uruguay fue aprobada oportunamente por Ley Nº 17.861, de 7 de enero de 2005. En consecuencia de lo anterior este artículo dispone que la interpretación del Protocolo se llevará a cabo juntamente con la Convención, y que las disposiciones de ésta se aplicarán al Protocolo, siempre y cuando el mismo no disponga otra cosa.

El Protocolo, en su Artículo 2, define la finalidad del mismo el cual procura prevenir, combatir y erradicar lo relativo a su propio título.

En función de ello, en su Artículo 3, explicita una larga lista de definiciones técnicas sobre lo que debemos entender por "armas de fuego"; "piezas y componentes"; "municiones"; fabricación y tráfico ilícito"; etcétera.

El Protocolo, en su Artículo 4, fija su ámbito de aplicación en torno a la prevención de la fabricación y al tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y sus municiones y a la investigación y el enjuiciamiento de los delitos tipificados, lo que será con arreglo al Artículo 5 del presente Protocolo, cuando los delitos allí señalados sean de carácter transnacional y surjan de las actividades de un grupo delictivo organizado.

Queda excluida su aplicación a "las transacciones entre Estados y a las transferencias estatales cuando la aplicación del Protocolo pudiera perjudicar el derecho de un Estado Parte a adoptar medidas en aras de la seguridad nacional en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas".

Los Estados asumen por medio del artículo cinco la obligación de adoptar medidas legislativas o de otra índole para tipificar como delito las conductas allí detalladas.

Esos delitos, según el numeral tres del Artículo 1, se considerarán tipificados con arreglo a la Convención a la cual el presente Protocolo complementa.

En el Artículo 6 se plantea que los Estados Parte adoptarán conforme a su ordenamiento jurídico las medidas que sean necesarias para permitir el decomiso, la incautación y destrucción de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos.

En el Capítulo II titulado "Prevención" y que incluye a los Artículos 7 al 15 inclusive, el Protocolo se extiende en una serie de extremos a cumplir para hacer efectivas las medidas de control sobre los ilícitos que se persiguen.

A esos efectos el Protocolo busca que los Estados Parte mantengan por no menos de diez años la información relativa a las armas de fuego de modo de facilitar tanto su identificación como su localización, con el objetivo de posibilitar la detección de las ilicitudes del caso.

Otro aspecto que se suma a lo antedicho para el Capítulo II es aquello a que refiere el Artículo 8, sobre la marcación de las armas de fuego, a efectos de facilitar su seguimiento desde el mismo momento de su fabricación, mediante identificación codificada que permita conocer en qué país fue fabricada el arma en cuestión, entre otros datos.

El Artículo 9 establece criterios sobre la desactivación de las armas de fuego y disposiciones para su inutilización permanente y la consiguiente verificación para garantir que las modificaciones las inutilicen permanentemente.

El Protocolo, por medio de su Artículo 10, encomienda a cada Estado Parte ejercer la potestad de establecer un sistema de licencias o autorizaciones de exportación e importación y otras medidas de comercio internacional.

Como es sabido, todos los mecanismos de comercio internacional se basan en documentaciones que contienen una pormenorizada información de la mercadería de que se trate, por lo tanto los mencionados procedimientos adquieren para el Protocolo una importancia fundamental por las garantías que otorga y la posibilidad de verificar los movimientos respectivos por las Partes, no sólo para aquellas que son origen y destino, sino aún para aquellas cuyos territorios son de tránsito.

A todo ello se debe agregar que los Estados deberán adoptar medidas de seguridad y prevención y de cooperación entre los servicios policiales y aduaneros.

El Artículo 12 alude al comenzar a los Artículos 27 y 28 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Los mismos versan sobre "cooperación en materia de cumplimiento de la ley", así como sobre "información sobre la naturaleza de la delincuencia organizada" a ese amplio espectro el Protocolo complementa este Artículo 12, que dispone para las Partes el intercambio de la información respectiva sobre grupos delictivos organizados, formas de detectar los medios de ocultación utilizados en la fabricación o el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, experiencias de carácter legislativo, etcétera. Ello de acuerdo al ordenamiento jurídico de cada país.

El Artículo 13 fija un marco para cooperación en la materia objeto del Protocolo, pero adquiere importancia sustancial que para ello será necesario que las Partes designen un organismo nacional para enlazar con los otros Estados en cuestiones relativas al presente Protocolo.

En el plano de las prevenciones el Artículo 15 establece que se considerará la posibilidad de reglamentar las actividades de las personas dedicadas al corretaje, exigiendo la inscripción y licencia correspondiente.

Ya en el final el Capítulo III, desde el Artículo 16 al 25 inclusive, se establecen las disposiciones finales del Protocolo, solución de controversias, ratificación y adhesión, entrada en vigor, enmienda y denuncia.

De todas ellas importa señalar que la solución de controversias, Artículo 16, sea por interpretación o aplicación del Protocolo, se planteará mediante la negociación, más si ello no se lograse dentro de un plazo razonable, a solicitud de una de las Partes se someterá a arbitraje.

Pero si no hubiese acuerdo en torno a la organización del mismo, cualquiera de las Partes en litigio podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte. Esta parte de la solución de controversias admite reserva, pudiendo cualquier Estado que la haya hecho retirarla en cualquier momento.

La Comisión de Asuntos Internacionales encuentra que se trata de un instrumento vinculado a la seguridad de las naciones y un razonable aporte a la convivencia pacífica de las mismas y sus pueblos.

En consecuencia, vuestra Asesora recomienda al Cuerpo los beneficios de la aprobación del presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 14 de noviembre de 2007.

RUBÉN MARTÍNEZ HUELMO, Miembro Informante, WASHINGTON ABDALA, ROBERTO CONDE, DANIEL PEÑA FERNÁNDEZ, JAIME MARIO TROBO, CARLOS VARELA NESTIER".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor Presidente: este importante proyecto fue votado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales. Como los señores legisladores tienen en su poder los informes correspondientes, en atención a la hora voy a solicitar que se vote sin mi informe oral.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

35.- Acuerdo Marco sobre Cooperación en Materia de Seguridad Regional entre los Estados Parte del MERCOSUR y las Repúblicas de Bolivia, de Chile, del Ecuador, del Perú y Bolivariana de Venezuela, y su Anexo sobre Cooperación Policial en la Prevención y Acción Efectiva ante Hechos Delictivos. (Aprobación).

——Se pasa a considerar el asunto que figuraba en décimo término del orden del día y que pasó a ser octavo: "Acuerdo Marco sobre Cooperación en Materia de Seguridad Regional entre los Estados Parte del MERCOSUR y las Repúblicas de Bolivia, de Chile, del Ecuador, del Perú y Bolivariana de Venezuela, y su Anexo sobre Cooperación Policial en la Prevención y Acción Efectiva ante Hechos Delictivos. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 948

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio del Interior
Ministerio de Defensa Nacional

Montevideo, 12 de abril de 2007.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 numeral 7 y 168 numeral 20 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo Marco sobre Cooperación en materia de Seguridad Regional entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Bolivia, la República de Chile, la República del Ecuador. la República del Perú y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en la ciudad de Córdoba, República Argentina, el día 20 de julio del año 2006.

Asimismo se solicita al Poder Legislativo la aprobación del Anexo al Acuerdo de referencia, "Cooperación Policial en la Prevención y Acción Efectiva ante Hechos Delictivos entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Bolivia, la República de Chile, la República del Ecuador, la República del Perú y la República Bolivariana de Venezuela".

l. EL ACUERDO MARCO

En su Preámbulo, el Acuerdo resalta la importancia de la suscripción de un Acuerdo de esta naturaleza debido a la gran amenaza que significan para los pueblos todas las formas de criminalidad, como consecuencia de la creciente dimensión transnacional de los delitos. Es por ello que es necesario perfeccionar los instrumentos de cooperación ya existentes en el ámbito de la seguridad regional, a fin de reforzar la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Es por ello que el Instrumento Internacional y su Anexo que se someten a la aprobación parlamentaria, constituyen el marco jurídico adecuado que posibilita la reducción del impacto negativo de esos delitos en la región, siendo una forma de consolidar la democracia en el MERCOSUR y los Estados Asociados.

El objetivo del Acuerdo, según lo indica su artículo 1 es optimizar los niveles de seguridad de la región, promoviendo la más amplia cooperación y asistencia recíproca en la prevención y represión de las actividades ilícitas. A modo de ejemplo se señalan el tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas, el terrorismo, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas de fuego y de personas, el contrabando de vehículos y los daños ambientales.

A los efectos de cumplir con los propósitos fijados, el artículo 2 señala que la cooperación y asistencia será prestada a través de los organismos competentes de las Partes que diseñen e implementen políticas o participen en el mantenimiento de la seguridad pública y de la seguridad de las personas y sus bienes.

Las formas de cooperación están previstas en el artículo 3 y comprenden el intercambio de información, análisis y apreciaciones; la realización de actividades operativas coordinadas, simultáneas y/o complementarias; la capacitación y la generación de mecanismos e instancias para materializar esfuerzos comunes en el campo de la seguridad pública y la seguridad de las personas y sus bienes. La cooperación podrá comprender también otras formas que las Partes acuerden según las necesidades.

Para el intercambio de información mencionado anteriormente, se adopta como sistema oficial el "Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del MERCOSUR" (SISME). Este se utilizará para procesar información en relación a acontecimientos operacionales policiales, personas, vehículos y otros elementos que se determinen a tales efectos, a través de los medios tecnológicos que a tal propósito se establezcan. La Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR deberá elaborar una propuesta de diseño del referido Sistema y la deberá someter a la aprobación del Consejo Mercado Común (artículo 4).

Las Partes suscribirán acuerdos adicionales a los efectos de implementar el presente Instrumento Internacional. Esos textos serán sometidos a la aprobación del Consejo del Mercado Común (artículo 5). Por su parte, según el artículo 7, las propuestas de acuerdos adicionales o de modificaciones al presente o sus instrumentos adicionales deberán contar con la conformidad de la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR o funcionarios de jerarquía equivalente y su texto deberá ser sometido posteriormente a la aprobación del Consejo del Mercado Común.

El artículo 6 dispone que los recursos necesarios para la ejecución del Acuerdo serán responsabilidad de cada una de las Partes, pudiendo acordar otras formas de asumir los gastos.

A solicitud de las Partes, la Reunión de Ministros del Interior supervisará la implementación de los planes de acción y podrá convocar a encuentros extraordinarios, para tratar asuntos relacionados con este Acuerdo. Si los temas de seguridad regional estuvieran relacionados con materias de competencia de otros foros u órganos del MERCOSUR, la reunión de Ministros del Interior trabajará con ellos.

Es importante destacar que este Acuerdo no restringe la aplicación de otros instrumentos ya suscritos o que puedan suscribirse en el futuro entre las Partes en la misma materia, siempre que sus cláusulas sean más favorables para fortalecer la cooperación en materia de seguridad (artículo 12).

Las controversias que surjan sobre la interpretación, la aplicación o el incumplimiento de sus disposiciones entre los Estados Partes del MERCOSUR, se resolverán por el sistema de solución de controversias vigente en el MERCOSUR. Las controversias que surjan en ese campo entre los Estados Partes del MERCOSUR y uno o más Estados Asociados se resolverán conforme a los mecanismos de solución de controversias establecidos por el Derecho Internacional (artículo 13).

El presente Acuerdo sustituye a todos los efectos al "Acuerdo Marco sobre Cooperación en materia de Seguridad Regional entre los Estados Partes del MERCOSUR" y al "Acuerdo Marco sobre Cooperación en Materia de Seguridad Regional entre los Estados Partes del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile", suscritos en Belo Horizonte el 16 de diciembre de 2004.

B. EL ANEXO

El Anexo -cuya incorporación se aprueba de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo- contiene las normas aplicables a la cooperación policial en la prevención y acción efectiva ante hechos delictivos entre los Estados Partes y consta de cuatro capítulos, 14 artículos y un apéndice.

El artículo I prevé que, a través de las respectivas Secciones Nacionales de la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR o funcionarios de jerarquía equivalente, las Partes cooperarán para prevenir y/o tomar acción efectiva ante hechos delictivos, siempre que tales actividades no sean reservadas a otras autoridades por leyes de la Parte requerida y que lo solicitado no viole su legislación procesal o de fondo. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de brindar cooperación directa a través de las autoridades de ejecución, cuando medien razones de urgencia cooperativa.

Serán autoridades de ejecución las Fuerzas de Seguridad y/o Policiales incluidas en el Apéndice. En la República, esta responsabilidad estará a cargo de la Policía Nacional y la Prefectura Nacional Naval. La asistencia y cooperación comprenderá todas las situaciones de interés mutuo referidas a las tareas de policía comprendidas en los Artículos 1 y 3 del Acuerdo Marco y a las tipificaciones jurídico-penales contenidas en las respectivas legislaciones.

Según el artículo 4, la cooperación estará referida al intercambio de información sobre la preparación o perpetración de delitos y a la ejecución de actividades investigativas y diligencias sobre situaciones o personas imputadas o presuntamente vinculadas en hechos delictivos.

El intercambio de información se hará efectivo bajo la forma y con los requisitos plasmados en el capítulo II (artículos 5 a 11) del presente Anexo. Se prevé un mecanismo provisorio, según el cual -salvo casos de urgencia- las solicitudes de cooperación e intercambio de información se cursarán a través de las Secciones Nacionales de la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR. Una vez que se implemente, en el marco del SISME, el procedimiento que garantice la autenticidad de las solicitudes, éste será el que se aplicará en forma definitiva.

La persecución de criminales se llevará a cabo bajo la forma prevista en el artículo 12. Este prevé la posibilidad de que los integrantes de las Fuerzas de Seguridad y/o Policiales de las Partes que persigan a alguna persona que para evitar la acción de la autoridad cruce una frontera, podrán ingresar en el territorio de la otra Parte sólo a los efectos de informar y solicitar a la autoridad policial más próxima o a quien ejerza su función, el auxilio inmediato en el caso.

Una vez que las autoridades judiciales competentes tomen parte en las causas originadas por el accionar de las Fuerzas de Seguridad y/o Policiales, la cooperación proseguirá de conformidad con los acuerdos de cooperación en materia penal vigentes entre las Partes involucradas. Asimismo, las Partes asumen el compromiso de establecer y mantener, especialmente en las áreas de frontera, los sistemas de comunicaciones más adecuados a los fines del Acuerdo (artículos 13 y 14).

Considerando que la cooperación en materia de seguridad es una de las formas más profundas de cooperación entre los Estados, que la misma contribuye a prevenir y reprimir el crimen organizado y actos delictivos que trascienden las fronteras nacionales y en el convencimiento de que la creciente dimensión transnacional de la acción criminal implica nuevos desafíos que requieren acciones simultáneas, coordinadas y/o complementarias en toda la región, el Poder Ejecutivo solicita al Poder Legislativo la aprobación parlamentaria del Instrumento regional de referencia y su Anexo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ, REINALDO GARGANO, DAISY TOURNÉ, AZUCENA BERRUTTI.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Acuerdo Marco sobre Cooperación en materia de Seguridad Regional entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República Bolivia, la República de Chile, la República del Ecuador, la República del Perú y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en la ciudad de Córdoba, República argentina, el día 20 de julio del año 2006 y su Anexo "Cooperación Policial en la Prevención y Acción Efectiva ante Hechos Delictivos, entre los Estados Parte del MERCOSUR, la República de Bolivia, la República de Chile, la República del Ecuador, la República del Perú y la República Bolivariana de Venezuela".

Montevideo, 12 de abril de 2007.

REINALDO GARGANO, DAISY TOURNÉ, AZUCENA BERRUTTI".

TEXTO DEL ACUERDO

"La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, en calidad de Estados Partes del MERCOSUR, y la República de Bolivia, la República de Chile, la República del Ecuador, la República del Perú y la República Bolivariana de Venezuela, son Partes del presente Acuerdo.

REITERANDO lo dispuesto en el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, Bolivia y Chile, en el sentido de que la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para la consecución de los objetivos del Tratado de Asunción.

CONVENCIDOS de que la consolidación de la democracia en la región presupone la construcción de un espacio común donde prevalezcan el orden, la seguridad y el respeto a las libertades individuales.

CONSIDERANDO la necesidad de maximizar los niveles de seguridad en la región, mediante la optimización de los mecanismos de prevención y represión de todas las formas del crimen organizado y actos delictivos.

CONSCIENTES de que la creciente dimensión transnacional de la acción criminal implica nuevos desafíos que requieren acciones simultáneas, coordinadas y/o complementarias en toda la región, con el fin común de reducir al mínimo posible el impacto negativo de esos delitos sobre el pueblo y sobre la consolidación de la democracia en el MERCOSUR y Estados Asociados.

TENIENDO PRESENTE los avances obtenidos en materia de cooperación y coordinación en el ámbito de la seguridad regional a partir de los trabajos desarrollados por la Reunión de Ministros del Interior, creada por la Decisión Nº 7/96 del Consejo del Mercado Común.

RECONOCIENDO la conveniencia de establecer un marco institucional adecuado en la materia.

ACUERDAN:

Artículo 1

Objetivo

El objetivo del presente Acuerdo es optimizar los niveles de seguridad de la región, promoviendo la más amplia cooperación y asistencia recíproca en la prevención y represión de las actividades ilícitas, especialmente las transnacionales, tales como: el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el terrorismo internacional, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos, el tráfico ilícito de personas, el contrabando de vehículos y los daños ambientales, entre otras. Las Partes toman nota de que, en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, la expresión "Lavado de Activos" se transcribe legalmente en términos de "Legitimación de Capitales".

Artículo 2

Alcance

La cooperación y asistencia mencionada en el artículo anterior será prestada, a través de los organismos competentes de las Partes que diseñen e implementen políticas o participen en el mantenimiento de la seguridad pública y de la seguridad de las personas y sus bienes, a fin de hacer cada día más eficientes las tareas de prevención y represión de las actividades ilícitas en todas sus formas.

Artículo 3

Formas de cooperación

A los efectos del presente Acuerdo, la cooperación comprenderá el intercambio de información, de análisis y de apreciaciones; la realización de actividades operativas coordinadas, simultáneas y/o complementarias; la capacitación y la generación de mecanismos e instancias para materializar esfuerzos comunes en el campo de la seguridad pública y la seguridad de las personas y sus bienes.

La cooperación podrá comprender otras formas que las Partes acuerden según las necesidades.

Artículo 4

Sistema de Intercambio de Información de Seguridad

Para el intercambio de información mencionado en el artículo anterior, se adopta como sistema oficial el SISME (Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del MERCOSUR).

El mismo se utilizará para procesar información relacionada con acontecimientos operacionales policiales, personas, vehículos y otros elementos que oportunamente se determinen para tal fin, conforme a los alcances establecidos en el Artículo 1 del presente Acuerdo, a través de los medios tecnológicos que a tal propósito se establezcan.

La Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR elevará a la aprobación del Consejo del Mercado Común una propuesta de diseño del SISME que establezca sus fundamentos, objetivo, alcance, estructura y criterios de administración, así como los principios que aseguren coherencia, integridad, seguridad y disponibilidad de los datos del sistema.

Artículo 5

Implementación

A efectos de la implementación del presente, las Partes suscribirán acuerdos adicionales en los cuales se establezcan planes de acción específicos o se definan prioridades para la actuación coordinada, simultánea y/o complementaria. El texto de dichos acuerdos será sometido a la aprobación del Consejo del Mercado Común.

Artículo 6

Recursos

Los recursos necesarios para la ejecución del presente Acuerdo y para alcanzar su objetivo, serán responsabilidad de cada una de las Partes; no obstante, las mismas podrán acordar, cuando así lo consideren, otras formas de asumir los gastos.

Artículo 7

Ámbito de Negociación

Las propuestas de acuerdos adicionales o de modificaciones al presente o sus instrumentos adicionales deberán contar con la conformidad de la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR o funcionarios de jerarquía equivalente y su texto deberá ser sometido posteriormente a la aprobación del Consejo del Mercado Común.

Artículo 8

Supervisión de planes de acción

La Reunión de Ministros del Interior, por sí o a través de sus órganos dependientes, supervisará la implementación de los planes de acción adoptados en el marco del presente Acuerdo.

Artículo 9

Convocatoria extraordinaria

La Reunión de Ministros del Interior podrá convocar a encuentros extraordinarios, para tratar asuntos relacionados con el presente acuerdo, a requerimiento fundado de cualquiera de las Partes.

Artículo 10

Coordinación con otros órganos del MERCOSUR

Si los temas de seguridad regional estuvieran relacionados con materias de competencia de otros foros u órganos del MERCOSUR, la Reunión de Ministros del Interior trabajará coordinadamente con ellos, conforme lo establecido por la normativa vigente.

Artículo 11

Instrumentos adicionales

Aprobar la incorporación del siguiente anexo, el cual sólo podrá ser modificado en la forma prevista en el Artículo 7, sin perjuicio de otros que sean acordados.

Anexo: ESTRUCTURA GENERAL DE COOPERACIÓN

COOPERACIÓN POLICIAL EN LA PREVENCIÓN Y ACCIÓN EFECTIVA ANTE HECHOS DELICTIVOS ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR, LA REPÚBLICA DE BOLIVIA, LA REPÚBLICA DE CHILE, LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

Artículo 12

Otros compromisos en la materia

El presente Acuerdo no restringirá la aplicación total o parcial de otros instrumentos que sobre la misma materia fueron suscritos o puedan ser suscritos entre las Partes, en tanto sus cláusulas resultaren más favorables para fortalecer la cooperación mutua en asuntos vinculados con la seguridad. Dichas Partes podrán informar a las demás cuando la naturaleza de los mismos sea de su interés.

Artículo 13

Solución de controversias

Las controversias que surjan sobre la interpretación, la aplicación, o el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo entre los Estados Partes del MERCOSUR se resolverán por el sistema de solución de controversias vigente en el MERCOSUR.

Las controversias que surjan sobre la interpretación, la aplicación, o el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo entre uno o más Estados Partes del MERCOSUR y uno o más Estados Asociados se resolverán conforme a los mecanismos de solución de controversias establecidos por el Derecho Internacional.

Artículo 14

Vigencia y depósito

El presente Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después del depósito del instrumento de ratificación por el cuarto Estado Parte del MERCOSUR. En la misma fecha entrará en vigor para los Estados Asociados que lo hubieran ratificado anteriormente. Para los Estados Asociados que no lo hubieren ratificado con anterioridad a esa fecha, el Acuerdo entrará en vigor el mismo día en que se deposite el respectivo instrumento de ratificación.

Los derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo, solamente se aplican a los Estados que lo hayan ratificado.

La República del Paraguay será depositaria del presente Acuerdo y de los respectivos instrumentos de ratificación, debiendo notificar a las Partes la fecha de los depósitos de esos instrumentos y de la entrada en vigor del Acuerdo, así como enviarles copia debidamente autenticada del mismo.

Artículo 15

Adhesión

Este Acuerdo queda abierto a la adhesión de otros Estados Asociados conforme lo establecido en el artículo 8 de la Decisión CMC Nº 28/04 o por aquellos procedimientos que en el futuro determine el Consejo de Mercado Común.

Artículo 16

Denuncia

Las Partes podrán, en cualquier momento, denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita, dirigida al Depositario, quien notificará a las demás Partes. La denuncia producirá sus efectos ciento ochenta (180) días después de notificadas estas últimas.

Artículo 17

Cláusula transitoria

El presente Acuerdo sustituye a todo efecto al "Acuerdo Marco sobre Cooperación en Materia de Seguridad Regional entre los Estados partes del MERCOSUR" y al "Acuerdo Marco sobre Cooperación en Materia de Seguridad Regional entre los Estados Partes del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile" aprobados por Decisión CMC Nº 35/04 y suscriptos en Belo Horizonte el 16 de diciembre de 2004.

FIRMADO en la ciudad de Córdoba, República Argentina, a los veinte días del mes de julio de dos mil seis, en dos originales, en los idiomas portugués y español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

(SIGUEN FIRMAS)

A N E X O

COOPERACIÓN POLICIAL EN LA PREVENCIÓN Y ACCIÓN EFECTIVA ANTE HECHOS DELICTIVOS ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR, LA REPÚBLICA DE BOLIVIA, LA REPÚBLICA DE CHILE, LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CAPÍTULO I

ALCANCE

Artículo 1

Las Partes del presente Acuerdo, mediante las respectivas Secciones Nacionales de la Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR o funcionarios de jerarquía equivalente (en adelante "Reunión"), prestarán cooperación a través de las autoridades de ejecución para prevenir y/o tomar acción efectiva ante hechos delictivos, siempre que tales actividades no sean reservadas a otras autoridades por leyes de la Parte requerida y que lo solicitado no viole su legislación procesal o de fondo.

Lo establecido en el párrafo anterior, no obstará la cooperación directa entre las autoridades de ejecución en el marco de sus respectivas jurisdicciones y competencias, en caso de que mediaren razones de urgencia operativa, con la obligación de dar, posteriormente, conocimiento inmediato a las respectivas Secciones Nacionales.

Artículo 2

A los efectos de la cooperación mencionada en el párrafo anterior serán autoridades de ejecución las Fuerzas de Seguridad y/o Policiales comprendidas en el Apéndice. Los Ministerios integrantes de la Reunión, a través de sus organismos dependientes supervisarán la aplicación de las mismas.

Artículo 3

La asistencia y cooperación comprenderá todas las situaciones de interés mutuo referidas a las tareas de policía comprendidas en los Artículos 1 y 3 del Acuerdo Marco, sin perjuicio de las tipificaciones jurídico-penales contenidas en las respectivas legislaciones de las Partes.

Artículo 4

La cooperación será prestada conforme lo permita la legislación interna y el presente Acuerdo y estará referida a:

a. El intercambio de información sobre la preparación o perpetración de delitos que puedan interesar a las demás Partes.

b. La ejecución de actividades investigativas y diligencias sobre situaciones o personas imputadas o presuntamente vinculadas en hechos delictivos, las cuales serán realizadas por la Parte requerida.

CAPÍTULO II

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Artículo 5

Las solicitudes de cooperación e intercambio de información que se contemplan en el presente Acuerdo, salvo la situación descripta en el artículo 1 párrafo 2, deberán cursarse en forma directa entre las respectivas Secciones Nacionales de la Reunión, a través del Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del MERCOSUR (SISME), debiendo en tal caso ser ratificadas por documento original firmado y dentro de los diez (10) días siguientes de la formulación inicial. Las solicitudes deberán indicar en que investigación o procedimiento será utilizada la información.

El procedimiento establecido precedentemente regirá hasta tanto se implemente, en el SISME, el procedimiento de validación que garantice la autenticidad de las solicitudes. Asimismo, los requerimientos podrán adelantarse a las Secciones Nacionales respectivas, por télex, facsímil, correo electrónico u otros medios.

La Sección Nacional de la Parte requerida tramitará la solicitud imprimiéndole el trámite de urgente despacho, a partir de la instrumentación de un mecanismo que haga ello posible.

A los fines de concretar dicho procedimiento, el asiento de las Secciones Nacionales deberá mantenerse actualizado ante la Sección Nacional que ejerza la Presidencia Pro Tempore, la que informará a las restantes en caso de producirse variantes.

Artículo 6

La información solicitada en los términos del presente Acuerdo será suministrada por la Parte requerida, conforme a las respectivas legislaciones, en las mismas condiciones en que se proporciona para sus propias autoridades.

Artículo 7

Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, la Parte requerida podrá aplazar el cumplimiento de la solicitud, o sujetarla a condiciones, en caso de que interfiera una investigación en curso en el ámbito de su jurisdicción.

Artículo 8

Las Partes deberán:

a. A pedido de la Parte requirente, mantener el carácter confidencial de la solicitud y de su tramitación. Si la misma no pudiere tramitarse sin violar la confidencialidad, la Parte requerida informará tal situación a la requirente, la cual decidirá si mantiene vigente la solicitud.

b. De la misma manera, la Parte requerida podrá solicitar que la información obtenida tenga carácter confidencial. En ese caso, la Parte requirente respetará las condiciones establecidas por la Parte requerida. Si la requirente no pudiere aceptarlas, lo comunicará a la Parte requerida, la que decidirá sobre la prestación de la colaboración.

Artículo 9

La Parte requerida informará a la requirente, lo más rápido posible, sobre el estado de cumplimiento de la solicitud tramitada.

Artículo 10

La Parte requirente, salvo consentimiento previo de la Parte requerida, sólo podrá utilizar la información obtenida en virtud del presente Acuerdo, en la investigación o procedimiento indicado en la solicitud.

Artículo 11

La solicitud deberá ser redactada en el idioma de la Parte requirente y estará acompañada de una traducción en el idioma de la Parte requerida, cuando fuere necesario. Los informes resultantes serán redactados solamente en el idioma de la Parte requerida.

CAPÍTULO III

PERSECUCIÓN DE CRIMINALES

Artículo 12

Los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad y/o Policiales de las Partes que, en su propio territorio, persigan una o más personas que para eludir la acción de la autoridad crucen el límite fronterizo, podrán entrar al territorio de la otra Parte solamente para informar y solicitar a la autoridad policial más próxima, o quien ejerza dicha función, el auxilio inmediato del caso. De lo actuado, inmediatamente cada Parte deberá redactar un acta y comunicarlo a sus autoridades judiciales competentes de acuerdo a su legislación interna.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 13

Una vez que las autoridades judiciales competentes tomaren parte en las causas originadas por el accionar de las Fuerzas de Seguridad y/o Policiales, la cooperación proseguirá conforme lo establezcan los instrumentos de cooperación internacional en materia penal que se encontraren vigentes entre las Partes involucradas.

Artículo 14

Las Partes, a través de las autoridades de ejecución, se comprometen a establecer y mantener, especialmente en las áreas de frontera, los sistemas de comunicaciones más adecuados a los fines del presente Acuerdo.

(SIGUEN FIRMAS)

A P É N D I C E

Nómina de las Fuerzas de Seguridad y/o Policiales comprometidas en los términos del presente Acuerdo:

Por la República Argentina:

- Gendarmería Nacional Argentina.

- Prefectura Naval Argentina.

- Policía Federal Argentina.

- Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Por la República Federativa del Brasil:

- Departamento de Policía Federal.

Por la República de Paraguay:

- Policía Nacional de Paraguay.

Por la República Oriental del Uruguay:

- Policía Nacional del Uruguay.

- Prefectura Nacional Naval.

Por la República de Bolivia:

Policía Nacional de Bolivia.

Por la República de Chile:

- Carabineros de Chile.

- Policía de Investigaciones de Chile.

Por la República del Ecuador:

-

Por la República del Perú:

- Dirección General de la Policía Nacional.

Por la República Bolivariana de Venezuela:

- Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

- Guardia Nacional de Venezuela".

Anexo I al
Rep. Nº 948

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Asuntos Internacionales

I N F O R M E

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el proyecto de ley mediante el cual se aprueba el Acuerdo Marco de Cooperación en materia de seguridad regional entre los Estados Parte del MERCOSUR y las Repúblicas de Bolivia, de Chile, de Ecuador, del Perú y Bolivariana de Venezuela y su anexo sobre cooperación Policial en la Prevención y Acción Efectiva ante Hechos Delictivos.

El mismo se suscribió en la ciudad de Córdoba, República Argentina, el día 20 de julio de 2006.

Tiene como cometido la cooperación entre los Estados, en materia de seguridad regional y cooperación policial a los efectos de prevenir y combatir los hechos delictivos.

La cooperación policial, es en el escenario actual, imprescindible para afrontar los problemas transfronterizos, a los que se enfrentan los Estados.

Las políticas nacionales de lucha contra la delincuencia son actualmente insuficientes para prevenir, combatir y reprimir la delincuencia internacional. Las redes transnacionales de narcotráfico, trata de seres humanos y contrabando de armas, poseen un grado de sofisticación y poderío económico demasiado importante.

La cooperación en materia de seguridad tiene una estrecha vinculación con la cooperación económica. El daño que ocasionan las organizaciones delictivas en los distintos países representa una fisura en el orden económico interno y externo de las distintas economías.

Las políticas transfronterizas de combate contra la criminalidad, deben ocupar un lugar preponderante en la agenda de los distintos países y de las regiones. Así lo ha entendido la Comunidad Económica Europea, con la creación de diversos organismos que operan en el marco de la Comunidad, a vía de ejemplo: Europol, CEPOL, etc.

El marco de acción de las organizaciones criminales internacionales es vasto pero se caracteriza por participar y organizar las actividades delictivas de mayor impacto negativo. Por tal motivo el artículo primero expresa a modo enunciativo, que el presente apunta a combatir: el narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, trata de personas, contrabando, tráfico de armas, robo / hurto de vehículos automotores, tráfico ilícito de material nuclear y/o radiactivo, migraciones clandestinas. La enumeración efectuada no implica excluir otras actividades delictivas de tipo internacional, no mencionadas en el presente.

La nueva dimensión que el crimen organizado internacional ocupa en el escenario internacional, implica un desafío para nuestros países que necesariamente lleva a coordinar esfuerzos.

Es por eso que el artículo 2º expresa que se apunta a mejorar la eficiencia en la lucha contra el crimen. Para poder concretar dicha aspiración se acuerda cooperar en el intercambio de información, actividades operativas conjuntas y fomentar las actividades y ámbitos de capacitación (artículo 3º).

A los efectos de optimizar el intercambio de información se utilizará el SISME (Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del MERCOSUR).

Por su parte se prevé en el artículo 7º el mecanismo de acuerdos adicionales, los que deberán ser aprobados por la Reunión de Ministros del MERCOSUR y su texto deberá ser aprobado por el Consejo del Mercado Común.

En este sentido, el mencionado proyecto podrá hacer posible coordinar acciones de persecución de delincuentes que evadan las fronteras de los respectivos países.

A su vez de conformidad con el artículo 11 del proyecto, se incorpora un anexo, el cual regula la cooperación policial entre los Estados Parte.

El mismo establece que las Partes cooperarán para prevenir y/o tomar acción efectiva ante hechos delictivos siempre que tales actividades no sean reservadas a otras autoridades, por leyes de los respectivos Estados.

En lo que respecta a la posibilidad de cruzar la frontera, ante la huída de un perseguido, autoriza dicha acción a los solos efectos de solicitar el auxilio de las fuerzas locales.

De este modo se protege la soberanía nacional y el respeto por las autoridades nacionales.

Por las razones anteriormente expuestas, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 14 de noviembre de 2007.

DANIEL PEÑA FERNÁNDEZ, Miembro Informante, WASHINGTON ABDALA, ROBERTO CONDE, RUBÉN MARTÍNEZ HUELMO, JAIME MARIO TROBO, CARLOS VARELA NESTIER".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

La Mesa aclara que no se encuentra en Sala el miembro informante.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado, que corresponde al remitido por el Poder Ejecutivo)

36.- Levantamiento de la sesión.

SEÑOR ROBALLO.- Mociono para que se levante la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE (Pintado).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco en cincuenta: AFIRMATIVA.

Se levanta la sesión.

(Es la hora 21 y 50)

ENRIQUE PINTADO

PRESIDENTE

Dra. Margarita Reyes Galván

Prosecretaria
Dr. Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario Redactor

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.