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Nº 187 - TOMO 447 - 4 DE DICIEMBRE DE 2007

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

48ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Y SENADOR ECONOMISTA ISAAC ALFIE Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LA PROSECRETARIA ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3 y 21) Asuntos entrados

4) Pedido de informes

- El señor Senador Luis A. Heber, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, relacionado con la adjudicación a la empresa de publicidad "Perfil" lo relativo a la asesoría de comunicación institucional.

- Oportunamente fue tramitado.

5) Inasistencias anteriores

6, 8, 24 y 26) Integración del Cuerpo

- La Corte Electoral da cuenta de que proclamó Senador al tercer titular de la lista de candidatos sublema ‘Unidad y Pluralismo Frenteamplista’ del Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría señor Manuel Laguarda y suplentes a las señoras Sara López y Rosario Alzugaray y al señor Gastón Silberman. Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por el término de la licencia concedida a la señora Senadora Mónica Xavier

- Notas de desistimiento. Las presentan los señores Manuel Laguarda, Nora Castro, Héctor Tajam, Eduardo Muguruza, Saúl Posada, Enrique Pintado y León Lev, comunicando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.

7, 23, 25 y 27) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Da Rosa, Fernández Huidobro, Baráibar, Ríos, Korzeniak y Sanguinetti.

- Concedidas.

9) Instalación de una Estación de la Dirección Nacional de Meteorología en Fray Bentos

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve que la versión taquigráfica de sus palabras se envíe a Presidencia de la República, a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Defensa Nacional, de Industria, Energía y Minería y de Relaciones Exteriores, a la Oficina de Planeamiento y Presu-puesto, a las Direcciones de Medio Ambiente y de Meteorología y sus estaciones en todo el país, a Botnia, a las Intendencias Municipales y a las Juntas Departamentales de Río Negro y Soriano.

10) Falta de respuesta del Poder Ejecutivo al Parlamento

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve que la versión taquigráfica de sus palabras se envíe a Presidencia de la República, a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a Botnia, al Congreso de Intendentes, a las Intendencias Municipales y a las Juntas Departamentales y Autónomas del país.

11) Reparación de la Ruta Nº 21

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve que la versión taquigráfica de sus palabras se envíe a Presidencia de la República, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales de Colonia y Soriano, y a las Juntas Locales de Nueva Palmira, Agraciada y Dolores.

12) Denuncia penal del Señor Juan Justo Amaro Cedrés

- Manifestaciones del señor Senador Amaro.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve que la versión taquigráfica de sus palabras se envíe a todos los integrantes de la Cámara de Representantes.

13) Reunión Mixta de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA) y del Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA)

- Manifestaciones del señor Senador Baráibar.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve que la versión taquigráfica de sus palabras se envíe al Ministerio de Relaciones Exteriores, a las Comisiones de Asuntos Internacionales de ambas Cámaras, a la Embajada de Canadá y a las Secretarías de la Confederación Parlamentaria de las Américas y del Foro Interparlamentario de las Américas.

14) Referéndum en Venezuela

- Manifestaciones del señor Senador Long.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve que la versión taquigráfica de sus palabras se envíe a la Embajada de la República de Venezuela en el Uruguay, al Movimiento Quinta República, al Partido Social Cristiano, al Partido Acción Democrática, al Partido Primero Justicia, a la Universidad Católica Andrés Bello, a la Universidad de los Andes, a la Federación de Estudiantes Universitarios de Venezuela y al Movimiento Transparencia Venezuela.

15) Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones (TIFA) entre los Estados Unidos de América y el Uruguay

- Manifestaciones del señor Senador Abreu.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve que la versión taquigráfica de sus palabras sea remitida al Poder Ejecutivo, a la Cancillería, y al Ministerio de Economía y Finanzas.

16) Régimen de trabajo

- Por moción del señor Senador Korzeniak, el Senado resuelve suspender la hora previa de las sesiones ordinarias de los días 5, 11 y 12 de diciembre y realizar sesiones extraordinarias los días 13 y 18.

17 y 19) Sistema de Asignaciones Familiares

- Proyecto de ley por el que se le introducen reformas.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes

18) Derogación de todas las exoneraciones genéricas relativas a los aportes de la ex DISSE

- Por moción del señor Senador Michelini se incluye en el Orden del Día de la sesión de mañana el proyecto de ley que viene de la Cámara de Representantes.

20 y 28) Institución Teatral "El Galpón"

- Proyecto de ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a transferir a dicha institución la suma de US$ 2:000.000 con cargo a Rentas Generales.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

22) Proyecto presentado

- Las señoras Senadoras Margarita Percovich, Lucía Topolansky, Susana Dalmás y Sara López, y los señores Senadores Jorge Saravia, Alberto Couriel, Víctor Vaillant, Carlos Gamou, Luis Oliver, Juan José Bentancor, Rafael Michelini, José Korzeniak, Carlos Baráibar, Alberto Breccia, Alberto Cid y el señor Presidente del Senado Rodolfo Nin Novoa, presentan con exposición de motivos un proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 35 de la Ley Nº 11.029, de 12 de enero de 1948, en la redacción dada por el artículo 15 de la Ley Nº 18.187, de 2 de noviembre de 2007, sobre Repoblamiento de la Campaña.

- A la Comisión de Hacienda

29) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 30 de noviembre de 2007.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria, el próximo martes 4 de diciembre, a la hora 16, a fin de dar cuenta de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) por el que se introducen reformas en el Sistema de Asignaciones Familiares.

Carp. Nº 913/07 - Rep. Nº 590/07

2º) por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a transferir a la Institución Teatral "El Galpón" la suma de US$ 2.000.000 (dólares americanos dos millones) con cargo a Rentas Generales.

Carp. Nº 1003/07 - Rep. Nº 591/07

3º) por el que se aprueba el Convenio sobre Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales, con el Gobierno de la República de El Salvador, suscrito en Montevideo, el 3 de marzo de 2000.

Carp. Nº 892/07 - Rep. Nº 583/07

4º) por el cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Armenia sobre Promoción y Recíproca Protección de Inversiones, suscrito en Montevideo, el 6 de mayo de 2002.

Carp. Nº 920/07 - Rep. Nº 584/07

5º) por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, para la Construcción de un Segundo Puente Internacional sobre el Río Yaguarón, suscrito en San Juan de Anchorena, departamento de Colonia, el 26 de febrero de 2007.

Carp. Nº 915/07 - Rep. Nº 585/07

6º) por el que se aprueba el Acuerdo sobre Exención de Traducción de Documentos Administrativos para Efectos de Inmigración, entre los Estados Parte del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile.

Carp. Nº 891/07 - Rep. Nº 587/07

7º) por el que se declara feriado no laborable para la ciudad de Fraile Muerto, departamento de Cerro Largo, el día 3 de enero de 2008, con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación.

Carp. Nº 938/07 - Rep. 589/07

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alfie, Amaro, Antía, Baráibar, Bentancor, Breccia, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gallinal, Gamou, Heber, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Long, López, Lorier, Michelini, Moreira, Oliver, Penadés, Percovich, Sanguinetti, Saravia, Topolansky y Vaillant.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Fernández Huidobro, Ríos y Xavier.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 16 minutos)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 29 de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, sobre normas referidas al Uso Indebido del Poder Público (Corrupción).

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

El Poder Ejecutivo remite un Mensaje por el que solicita la ratificación o rectificación de la fecha de otorgamiento de la venia para conferir el ascenso al señor Teniente Coronel don Juan J. Vadora.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite respuesta al pedido de informes solicitado por el señor Senador Gustavo Lapaz, relacionado con la vinculación entre la Corporación Nacional para el Desarrollo y la empresa textil CEDETEX.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR LAPAZ.

La Cámara de Representantes remite:

- aprobado un proyecto de ley por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2008, el plazo de permanencia de los efectivos militares uruguayos en la Misión de las Naciones Unidas en la República de Haití.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

- y en nueva forma, los siguientes proyectos de ley:

- por el que se exonera transitoriamente de los aportes patronales jubilatorios a determinadas sociedades de asistencia médica.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

- por el que se regula la unión concubinaria.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

- y comunica que aprobó el proyecto de ley por el que se dictan normas para salvaguardar la integridad física y moral de los niños, las niñas y los adolescentes.

- AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVESE.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado un proyecto de ley por el que se declara feriado no laborable para la ciudad de Fraile Muerto, departamento de Cerro Largo, el día 3 de enero de 2008, con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informado un proyecto de ley por el que se introducen reformas al Sistema de Asignaciones Familiares.

- HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca eleva informado un proyecto de ley por el que se establece el fomento, la regulación, la promoción y el desarrollo de la producción láctea como cadena productiva integrada.

- REPARTASE E INCLUYASE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION ORDINARIA.

El señor Presidente del Senado, conforme a las disposiciones reglamentarias, y en cumplimiento de lo establecido por el Reglamento de Calificaciones y Concursos, comunica que ha designado en el cargo de Jefe de División del Escalafón "F" Intendencia, al señor Fernando García.

- TENGASE PRESENTE.

El Tribunal de Cuentas remite Oficio Nº 8058/07 por el que resuelve aprobar el Informe de Auditoría referido a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Cámara de Senadores correspondiente al Ejercicio 2006.

- TENGASE PRESENTE.

La Junta Departamental de Montevideo remite copia de la versión taquigráfica de las palabras de varios señores Ediles relativas al legado del Dr. Mario Cassinoni.

- TENGASE PRESENTE."

4) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

- "El señor Senador Luis A. Heber, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, relacionado con la adjudicación a la empresa de publicidad ‘Perfil’ lo relativo a la asesoría de comunicación institucional".

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 3 de diciembre de 2007.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a usted tenga a bien cursar el siguiente pedido al Ministerio de Salud Pública, a los efectos de que se sirva informar detalladamente sobre los motivos que llevaron a la adjudicación a la empresa de publicidad "Perfil" de la asesoría de comunicación institucional, agregando copia autenticada del expediente respectivo y cualquier otro elemento no contenido en el mismo, relacionado con la adjudicación.

Luis Alberto Heber. Senador."

5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias, en el caso de que existieran.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

A la sesión ordinaria del 7 de noviembre faltaron sin aviso la señora Senadora Castro y el señor Senador Tajam; a las sesiones extraordinarias del 14, 20, 21 y 27 de noviembre no se registraron inasistencias.

En lo que respecta a las inasistencias de los señores Senadores a sus respectivas Comisiones, cabe informar que:

- A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 6 de noviembre, faltó con aviso el señor Senador Abreu; a la del 13 de noviembre, faltaron con aviso los señores Senadores Breccia, Moreira, Gallinal y Korzeniak; y a la del 20 de noviembre faltó con aviso el señor Senador Abreu.

- A la sesión de la Comisión de Salud Pública del 6 de noviembre, faltó con aviso el señor Senador Da Rosa; y a la del 13 de noviembre, faltaron con aviso los señores Senadores Cid y Da Rosa.

- A la sesión de la Comisión Especial de Deporte del 6 de noviembre, faltó con aviso el señor Senador Lara Gilene; a la del 13 de noviembre, faltó con aviso el señor Senador Lara Gilene; y a la del 20 de noviembre, faltó con aviso el señor Senador Breccia.

- A la sesión de la Comisión Especial para el Estudio del Funcionamiento de los Partidos Políticos del 7 de noviembre, faltaron con aviso los señores Senadores Breccia, Gallinal, Korzeniak y Sanguinetti; y a la del 14 de noviembre, faltaron con aviso la señora Senadora Percovich y los señores Senadores Da Rosa, Korzeniak, Gallinal y Sanguinetti.

- A la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del 7 de noviembre, faltaron con aviso los señores Senadores Baráibar y Lara Gilene; y a la del 14 de noviembre, faltaron con aviso los señores Senadores Baráibar y Lara Gilene.

- A la sesión de la Comisión de Hacienda del 8 de noviembre, faltaron con aviso los señores Senadores Breccia, Larrañaga y Rosadilla.

- A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 8 de noviembre, faltaron con aviso los señores Senadores Gallinal y Lara Gilene; a la del 15 de noviembre, faltaron con aviso los señores Senadores Gallinal y Lara Gilene: y a la del 28 de noviembre, faltó con aviso el señor Senador Lara Gilene.

- A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 8 de noviembre, faltaron con aviso los señores Senadores Korzeniak, Larrañaga, Michelini y Rosadilla; y a la del 15 de noviembre, faltó con aviso el señor Senador Korzeniak.

- A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 12 de noviembre, faltó con aviso el señor Senador Lorier; a la del 19 de noviembre, faltaron con aviso la señora Senadora Dalmás y el señor Senador Heber; a la del 26 de noviembre, faltaron con aviso los señores Senadores Heber y Saravia; y a la del 3 de diciembre, faltaron con aviso la señora Senadora Dalmás y el señor Senador Heber.

- A la sesión de la Comisión de Medio Ambiente del 14 de noviembre, faltaron con aviso los señores Senadores Cid y Moreira; y a la del 21 de noviembre, faltó con aviso el señor Senador Moreira.

- A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 15 de noviembre, faltaron con aviso los señores Senadores Da Rosa, Gallinal y Lapaz; a la del 22 de noviembre, faltó con aviso el señor Senador Gallinal; y a la del 29 de noviembre, faltaron con aviso los señores Senadores Baráibar y Da Rosa.

- A la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del 28 de noviembre, faltó con aviso el señor Senador Moreira.

- A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 29 de noviembre, faltó con aviso el señor Senador Lorier.

- A la sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del 3 de diciembre, faltaron con aviso la señora Senadora Topolansky y los señores Senadores Lara Gilene y Long.

6) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiéndose votado oportunamente la licencia de la señora Senadora Mónica Xavier, corresponde leer la proclamación realizada por la Corte Electoral.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Señor Presidente:

Pongo en su conocimiento que en sesión del día de hoy la Corte Electoral aprobó la resolución que a continuación se transcribe:"

La Corte Electoral RESUELVE:

1. Proclámase Senador al tercer titular de la lista de candidatos sublema ‘Unidad y Pluralismo Frenteamplista’ del Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría señor Manuel Laguarda y suplentes Sras. Sara López y Rosario Alzugaray y Sr. Gastón Silberman.

2. Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por el término de la licencia concedida a la Sra. Senadora Mónica Xavier y en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas en el artículo 116 de la Constitución y en el artículo 3º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945 y en el literal D de la Ley Nº 17.827.

Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración.

Renán Rodríguez Vicepresidente

Alfonso Mario Cataldi Secretario Letrado"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica al Cuerpo que el señor Manuel Laguarda ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria al Cuerpo, por lo que se invita a pasar a Sala a la señora Sara López, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Da Rosa solicita licencia del 5 al 23 de diciembre".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 3 de diciembre de 2007.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores.

Don Rodolfo Nin Novoa.

PRESENTE

De mi mayor consideración:

Quien suscribe Senador Eber Da Rosa Vázquez, viene por la presente a solicitar al Cuerpo, licencia por los días comprendidos entre el día miércoles 5 al domingo 23 de diciembre del presente año, inclusive. Por lo expuesto, solicito se convoque al suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda atentamente,

Dr. Eber Da Rosa Vázquez. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 15 en 17. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al señor Alberto Perdomo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Fernández Huidobro solicita licencia por los días 4 y 5 de diciembre".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 3 de diciembre de 2007.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores.

Don Rodolfo Nin Novoa.

De mi mayor consideración.

Por la presente, solicito licencia por los días martes 4 y miércoles 5 de diciembre, por motivos personales.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Eleuterio Fernández Huidobro."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 14 en 16. Afirmativa.

8) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica al Cuerpo que la señora Nora Castro y los señores Héctor Tajam, Eduardo Muguruza y Saúl Posada han presentado notas de desistimiento informando que por esta única vez no aceptan la convocatoria al Cuerpo, por lo que se invita a pasar a Sala al señor Senador Carlos Gamou, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

9) INSTALACION DE UNA ESTACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE METEOROLOGIA EN FRAY BENTOS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado entra a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Muchas gracias, señor Presidente.

"En primer lugar, quiero referirme a un hecho que venimos constatando con cierta sorpresa y que me lleva a plantear nuevamente el siguiente reclamo: la Dirección Nacional de Meteorología debe asumir su papel y competencias legales respecto a la actividad de la empresa Botnia e instalar una estación en Fray Bentos, al tiempo que, como ordena la norma, debe centralizar toda la información sobre el movimiento de la planta en lo que atañe a sus cometidos.

Como Vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente de este Cuerpo, participé de la sesión de ese grupo de trabajo en que se recibió al Director de Meteorología, Brigadier General (R) Ariel Pérez Rivella quien, respecto a la instalación de Botnia y su relación con ese organismo, confesó conocerla ‘más como ciudadano que como Director de Meteorología’, pues entendió que el tema ambiental ‘no está dentro de los cometidos específicos que tiene la repartición’.

Insisto en algo que, señor Presidente, ya quedó claro, pues de las palabras del Director se desprende que Meteorología no fue consultada por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente sobre lo que Botnia hizo hasta ahora, sin obedecer y respetar la Ley Nº 17.296, de enero de 2001.

Asimismo, Pérez Rivella admitió que la actividad de ‘profundizar estudios de otro tipo en los que el factor meteorológico sea incidente’ -como también marca la ley que es objetivo de esa Dirección- está ‘en receso; habría que reformularla […], no se realizan muestreos y análisis de elementos de contaminación, que es lo propio de una investigación ambiental’. Realmente insólito.

En otro matiz del problema, ocurre que existe una estación dentro de la planta de Botnia, propiedad de la empresa, que envía sus resultados directamente a DINAMA, desconociendo ambos a Meteorología, que es la única palabra oficial en la materia en el Uruguay.

La estación que vigile y centralice información debe ser independiente de Botnia y formar parte del monitoreo ambiental a la actividad de la empresa. Mientras tanto, y entendiéndola como solución transitoria, se puede aceptar que opere esa planta interna de la empresa, siempre y cuando sea manejada por funcionarios de Meteorología, a través de un convenio con el Ministerio de Defensa Nacional.

En Río Negro, Meteorología cuenta con una estación en Young, pero existe una más cercana a la planta de marras, en Mercedes, a unos treinta kilómetros. De todos modos, se comprenderá que esa importante Dirección debe contar con una estación en Fray Bentos que asegure el control científico oficial de la atmósfera -temperatura, aire, aguas, dirección y fuerza del viento-, que implique una celosa vigilancia de la actividad de la pastera y de los elementos vitales en su entorno, como está claramente preceptuado en la ley.

Por otro lado, sobre el escape de sulfuro de sodio en la planta, ocurrido el 14 de agosto último, y si Meteorología fue consultada sobre la velocidad del viento -factor fundamental para conocer las eventuales repercusiones del incidente y de otros que puedan sucederse-, de la respuesta del Director se deduce que él no recibió ningún pedido y que pudo haberlo hecho directamente DINAMA con la estación de Mercedes, pero esto no fue así.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a Presidencia de la República, a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Defensa Nacional, de Industria, Energía y Minería y de Relaciones Exteriores, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a las Direcciones de Medio Ambiente y de Meteorología y sus estaciones en todo el país, a Botnia, a las Intendencias Municipales y a las Juntas Departamentales de Río Negro y Soriano".

10) FALTA DE RESPUESTA DEL PODER EJECUTIVO AL PARLAMENTO

SEÑOR PRESIDENTE.- Para ocuparse de otro asunto en la hora previa, continúa en el uso de la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- "Señor Presidente: deseo plantear un tema que no es nuevo, pero creo que insistir en él nunca es vano. Pienso que existe una especie de menosprecio poco comprensible del Poder Ejecutivo hacia el Parlamento, que se refleja en la no respuesta a pedidos de informes y en la ausencia de los jerarcas cuando son citados a Comisión. Realmente, molesta esta reticencia del Gobierno a aportar información que se le ha solicitado desde otro Poder del Estado. Esto ha ocurrido recientemente con la Cancillería y la DINAMA. En palabras de moda, esto es ‘ningunear’ al Parlamento, específicamente a la oposición, y estoy cansado de esa falta de transparencia cristalina prometida tantas veces.

Un ejemplo, el 24 de mayo de 2006, pedí informes al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre cuánto cuesta al país la defensa de los intereses nacionales ante la Corte Internacional de La Haya. La nota elevada al Presidente de la Cámara comenzaba preguntando: ‘¿cuántas, y quiénes son, las personas físicas y jurídicas integrantes del staff que, a nivel del Grupo de Trabajo principal, representa al país ante la Corte de La Haya en el contencioso con Argentina por las plantas de celulosa?’ y ‘si existen adscriptos al Grupo’. También interrogaba si esa participación ‘¿se hizo concertando previamente los honorarios a título remunerativo, benévolo u otro; se concretó en forma documental escrita y a qué fecha?’.

Estos son todos datos que deben constar en documentos que guarda y conoce muy bien el señor Canciller, y no veo razones para no comunicarlos ante el pedido de un Senador de la República. Igual ocurre con la inquietud sobre si se prevén situaciones de renuncias, desistimientos o alguna forma de no conclusión del procedimiento y, en tales instancias, cómo se resarcen los daños que puedan emergerle a cada parte.

Asimismo, deseaba conocer, de ser necesaria una regulación de honorarios, quién y cómo juzgará. ¿Por arbitraje, Corte Internacional u otra forma y en qué marco? ¿Cómo se definen los viáticos del buffet? En esa dirección, ‘esos expertos ¿están contratados por el pago de una suma mensual fija en tanto dure el proceso, por resultado concreto, por un porcentaje de ese resultado o una mezcla de esas formas?’

En el caso de la DINAMA, solicitamos la presencia de su titular, Alicia Torres, para explicar qué ocurrió cuando se produjo un escape de sulfuro de sodio en Botnia. Este llamado está fechado el 12 de setiembre último. También queríamos departir sobre agua potable y Meteorología, en relación con la planta. Sin embargo, hasta hoy la Directora se las ha ingeniado para no concurrir a un ámbito en el que debe dar explicaciones.

No pedimos otra cosa que información de primera mano de quienes, supuestamente, siguen con ahínco y cuidado los problemas en el área de su competencia, y deben manejar datos que deberían comunicar inmediatamente al Parlamento cuando se los solicita.

Pido que la versión taquigráfica de mis palabras pase a Presidencia de la República, a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a Botnia, al Congreso de Intendentes, a las Intendencias Municipales y a las Juntas Departamentales y Autónomas de nuestro país".

11) REPARACION DE LA RUTA Nº 21

SEÑOR PRESIDENTE.- Para ocuparse de otro asunto en la hora previa, continúa en el uso de la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- "Finalmente, señor Presidente, quiero hacerme eco de reclamos de vecinos de la Ruta Nº 21, entre Nueva Palmira y Dolores, que están dispuestos a realizar cortes ante la omisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en proceder a necesarias reparaciones.

En junio último, la empresa Palenga paralizó las obras que llevaba adelante en la ruta, en el tramo entre Nueva Palmira y Arenales; el Ministro Rossi visitó la zona, prometió que en agosto el tema quedaría solucionado y que llegaría otra empresa. A fines de octubre hubo otro contacto del Ministro con vecinos, anunciando que se retomaban los trabajos el lunes siguiente, pero nada ocurrió.

El tránsito pesado, consecuencia de la zafra, poco deja de la ruta; sólo tierra floja y una gran polvareda, que hace inminente cualquier tipo de accidente, más los destrozos que sufren los vehículos que pasan por allí. Y agrego más: hoy martes, producto de la lluvia que está cayendo, la ru-ta está más peligrosa aún, es un jabón, y un camión triple eje se salió esta mañana de la misma, sin volcar, por la pe-ricia del conductor, pasando Arenales, rumbo a Nueva Palmira.

Me compete urgir al Ministerio a que en forma inmediata busque soluciones, para que después no sea tarde y haya que lamentarse por hechos desgraciados. Los medios de prensa de la zona reciben permanentes llamados de los oyentes reclamando por arreglos.

Hemos pedido a los vecinos que no corten la ruta, pero comprendemos su posición y su desilusión.

Confío otra vez más, en la sensibilidad de las autoridades, más allá de que han pasado seis meses y la ruta sigue en estado deplorable.

Requiero que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a Presidencia de la República, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales de Colonia y Soriano, y a las Juntas Locales de Nueva Palmira, Agraciada y Dolores".

SEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar los trámites solicitados por el señor Senador Lapaz.

(Se votan:)

- 15 en 19. Afirmativa.

12) DENUNCIA PENAL DEL SEÑOR JUAN JUSTO AMARO CEDRES

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Amaro.

SEÑOR AMARO.- Señor Presidente: en el día de hoy, tal como ha sido siempre mi forma de actuar, voy a dar cuenta al Senado del resultado de una denuncia penal que realizaran integrantes de mi familia, ante una incalificable actitud de dos Diputados de Rivera.

El pasado viernes 23 de noviembre tuvo lugar la audiencia por el juicio iniciado por mi hijo, el ex Representante Juan Justo Amaro Cedrés, contra el actual Representante por el departamento de Rivera, señor Julio Fernández, y su suplente, señor Rubenson Silva -ambos integrantes del Partido Socialista, Frente Amplio-, en el Juzgado Letrado en lo Penal de Segundo Turno de Rivera. El Juez actuante, doctor Mijail Rottas, y la Fiscal, doctora Silvia Porteiro, recibieron en audiencia oral y pública al denunciante Juan Justo Amaro Cedrés y al denunciado Rubenson Silva, pero no compareció el Representante Julio Fernández, a quien se le está tramitando el desafuero mientras continúa adelante la acción penal.

En dicha audiencia, el Representante suplente Rubenson Silva manifestó su intención de retractarse y reconoció la falsedad de sus dichos, al tiempo que señaló que las denuncias contra quien habla y su familia las había formulado a raíz de las afirmaciones que le fueron proporcionadas por su compañero y titular de la banca, señor Julio Fernández. Asimismo, admitió en esa oportunidad que el Senador Juan Justo Amaro y su familia recibieron injustamente un daño en su honor. La retractación, que fue aceptada por el ex Representante Juan Justo Amaro Cedrés, dice lo siguiente: "En Rivera, el día 23 de noviembre del 2007, quien suscribe, Rubenson Silva, ante manifestaciones vertidas por mí en medios de comunicación locales, en las que involucraba al Señor Juan Justo Amaro y a su familia como dueños de una empresa de construcción que se había encargado de falsificar firmas en la licitación del liceo Departamental de Rivera, es mi voluntad hacer la siguiente retractación:

1) Ni el Señor Juan Justo Amaro ni su familia son propietarios de la Empresa COMEGA Ltda., encargada de la construcción de las obras del liceo departamental de Rivera.

2) Que la versión en la que vinculaba al señor Juan Justo Amaro y su familia en la comisión de una serie de delitos de falsificación de firmas y en el atraso de las obras del susodicho liceo, no son ciertas y fueron dichas por mí en base a una información totalmente errónea y por no haber tenido la información correcta.

3) Que estas manifestaciones claramente han causado un daño al honor del Señor Juan Justo Amaro y al de su familia, al vincularlos, irresponsablemente, a la empresa mencionada y a los hechos antes mencionados.

4) Que es mi voluntad retractarme de dichas afirmaciones y manifestar asimismo, mi profundo respeto y consideración al Señor Juan Justo Amaro y su familia, a quienes estimo personas de bien y de probada rectitud".

Reitero que esta es, textualmente, la retractación del Representante suplente Rubenson Silva.

Antes de finalizar esta exposición, quiero señalar que, lamentablemente, hechos como el que he relatado son un claro ejemplo de que ya no existen límites para muchas personas que han encarado la vida política con fanatismo. Creo que es incalificable, y más condenable aun cuando se trata de la actitud de ciudadanos que, como en este caso, son colegas de este Poder Legislativo.

Considero que si no levantamos la mira y seguimos por este camino, el futuro del Uruguay no será el mejor. Las sociedades crecen tendiéndose puentes de unidad y encarando la vida con grandeza, pero nunca desde la mediocridad. Este hecho que he relatado es una muestra clara de cómo desde el odio y el resentimiento se ha intentado manchar el honor de quienes, si de algo nos sentimos orgullosos, es de la conducta con la que hemos encarado siempre la vida.

Todos los hombres políticos podemos ser víctimas de campañas de difamación e injuria, por lo que, desde mi punto de vista, el mejor favor que le podemos hacer al Uruguay es llamar a responsabilidad a todos los dirigentes porque, de seguirse por este camino, la próxima campaña preelectoral va a ser la más sucia de la historia, lo que sería muy negativo para el país.

Por todo lo expuesto, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a todos los integrantes de la Cámara de Representantes.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia se ve obligada a recordar, una vez más -aun comprendiendo los sentimientos que cada uno pueda albergar-, que la hora previa no es el ámbito para hacer reflexiones que contengan alusiones personales y políticas.

Por lo tanto, sin perjuicio de que se va a poner a votación la solicitud del señor Senador Amaro, debo señalar que se va a revisar la versión taquigráfica para eliminar las alusiones. Cabe recordar que este tipo de exposiciones se pueden realizar en otro momento, pero no en el transcurso de la hora previa.

SEÑOR AMARO.- No estaba en mi espíritu actuar fuera del Reglamento; pido al señor Presidente que se ponga en mi lugar.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¡Si podré ponerme en su lugar, señor Senador!

SEÑOR AMARO.- Simplemente, quiero agregar que no he dicho nada que no sea cierto; leí la retractación que se hizo ante el Juez.

SEÑOR PRESIDENTE.- Comprendo, señor Senador, pero el criterio que ha usado la Mesa para referirse a las alusiones es el que se define en el Diccionario de la Real Academia Española, que dice: "Alusión: Figura que consiste en aludir a alguien o algo". Luego agrega: "En los cuerpos deliberantes, la que se dirige a uno de sus individuos, ya nombrándolo, ya refiriéndose a sus hechos, opiniones o doctrinas". Entonces, cuando las alusiones de carácter político van dirigidas a un directorio, a un Ministro, etcétera, se aceptan, pero este tipo de alusiones no las podemos permitir porque no se pueden contestar.

De todas maneras, corresponde que la Mesa ponga a votación el trámite solicitado por el señor Senador.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) REUNION MIXTA DE LA CONFEDERACION PARLAMENTARIA DE LAS AMERICAS (COPA) Y DEL FORO INTERPARLAMENTARIO DE LAS AMERICAS (FIPA)

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: el 28 y 29 de octubre pasados concurrimos a la reunión mixta de trabajo entre la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA) y el Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA), que se realizó en el salón del Consejo Legislativo del Edificio del Parlamento, en la ciudad de Quebec.

En esta reunión participaron delegaciones de ambas organizaciones y, en mi caso, lo hice en representación de la COPA, de la que soy miembro fundador, luego de aquella reunión que se realizó en 1997 en Quebec. En la mencionada delegación también había integrantes de otros Parlamentos de América; por su parte, la representación de la FIPA estuvo a cargo de su Presidente.

En la sesión inaugural hizo uso de la palabra Jacques Chagnon, Vicepresidente y Diputado de la Asamblea Nacional de Quebec, miembro del Comité Ejecutivo de la COPA y anfitrión del encuentro. También participó el señor Luiz Carlos Hauly, Diputado del Congreso Federal del Brasil y Presidente del FIPA, así como el señor Carlos Jiménez Macías, Senador del Congreso Federal de México y Presidente de la COPA.

Esta reunión, que es la primera que se realiza, viene presidida de resoluciones y declaraciones realizadas tanto en las reuniones del FIPA como en las de la COPA, en las que se propició su concreción. Fue una reunión muy fructífera que nos hizo pensar que dos organizaciones integradas por parlamentarios de las tres Américas y el Caribe podían avanzar en un proceso de convergencia hasta alcanzar un nivel mutuamente conveniente. Se trata del único Foro que reúne a parlamentarios de Canadá y los Estados Unidos con aquellos provenientes de América Central, América del Sur y el Caribe.

Cabe señalar un aspecto que diferencia ambas organizaciones y que quizás sea uno de los puntos más difíciles de fusionar. He integrado la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA) desde su fundación en 1997, siempre con la autorización de los Presidentes de ambas Cámaras, y en ella he presentado múltiples proyectos de resolución a efectos de que se adopte una decisión definitiva acerca de la participación formal del Parlamento uruguayo. Una de las dificultades que ha habido para avanzar en este sentido -que en lo personal he aceptado como un dato de la realidad- es, precisamente, que en muchas de las reuniones del Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA) sí han participado parlamentarios uruguayos de todos los partidos políticos. A este respecto, he conversado en la Legislatura pasada con distintos Presidentes de la Cámara de Diputados y en la actual con el señor Presidente del Senado, pues el hecho de que dos organizaciones parecidas, pero a la vez distintas, se mantengan, hace difícil su reconocimiento pleno por parte del Poder Legislativo. Cuando ha estado dentro de mis posibilidades, he trabajado decididamente para que avance este proceso de convergencia y acuerdo -que llegará hasta el punto en el que las identidades propias de cada una de las organizaciones lo permitan-, puesto que es muy conveniente.

La COPA tiene la peculiaridad de que, además de estar integrada por parlamentarios de países federales -como México, Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Brasil y Argentina- y unitarios -como Uruguay-, en ella participan parlamentarios estaduales provenientes de esos países en donde existen poderosos Parlamentos con gran incidencia en su propia vida nacional y que, a su vez, son interlocutores válidos de mucha jerarquía. Personalmente, he estado en muchas reuniones -como las organizadas en Puebla e Ixtapán de la Sal en México- en las que los parlamentarios estaduales mexicanos, pertenecientes a los estados fronterizos con los Estados Unidos de América, han mantenido un diálogo fructífero con sus pares norteamericanos en torno a temas -cuya entidad es por todos conocida- migratorios, de comercio y de distinta naturaleza existentes en esa larga frontera entre ambos países.

Finalmente, se aprobó una declaración que dice lo siguiente: "Considerando que la COPA y el FIPA han expresado claramente su interés por analizar en forma conjunta una eventual integración de las dos organizaciones, respetando las condiciones básicas planteadas por cada una de ellas,

Nosotros, parlamentarios integrantes de las delegaciones de la COPA y el FIPA congregados con motivo de la primera reunión mixta de nuestras organizaciones, realizada en la Ciudad de Quebec, los días 28 y 29 de octubre de 2007,

Subrayamos que la celebración de la reunión mixta COPA-FIPA nos ha permitido:

- fortalecer el diálogo entre nuestras dos organizaciones,

- adquirir una mejor comprensión de los orígenes, la misión, los objetivos, las estructuras y el financiamiento respectivos de cada una de nuestras organizaciones,

- resaltar las diferencias entre nuestras respectivas organizaciones, especialmente en lo que respecta a la representación parlamentaria y regional y las estructuras, que deberían ser objeto de debates y consensos en el marco de reuniones mixtas subsiguientes, a fin de lograr una integración aceptable para todos,

Decidimos constituir el Comité Mixto de Seguimiento que deberá evaluar las diferentes maneras de conciliar las posiciones divergentes que han sido expresadas durante esta reunión, de tal manera que podamos avanzar en el proceso que hemos iniciado oficialmente".

Cabe señalar que la reunión se desarrolló en un clima de gran cordialidad, más allá de las posibilidades de acuerdo que se pudieran lograr. Precisamente, el aspecto que mencioné hace un momento es el que enmarca una diferencia significativa pero, sin embargo, se percibe una real voluntad de coincidencia, tal como lo pudimos comprobar de parte de la delegación del FIPA, cuya representante fue la Senadora Céline Hervieux-Payette, de Canadá, Presidenta saliente del Parlamento de Canadá -no del de Quebec-, del Diputado Luiz Carlos Hauly del Brasil, así como del Presidente de la COPA, el Senador mexicano Carlos Jiménez Macías y, además, de los integrantes de las otras delegaciones.

En suma, señor Presidente, soy optimista en cuanto a que en el mediano plazo pueda avanzar este proceso de convergencia y que en su momento nuestro Parlamento analice la participación formal del Uruguay, que es lo más apropiado dada la nueva situación que se plantea. De esa manera, podremos resolver problemas en un ámbito que establece el vínculo entre parlamentarios de las tres Américas, que es único en el continente, y que en la práctica ha demostrado una gran fecundidad. Muestra de ello es que hace dos meses se produjo una reunión en Los Angeles -de la cual participamos- que congregó un importante con-tingente de parlamentarios americanos. Allí tuvimos oportunidad de dialogar sobre cuestiones de migración y de comercio, que despiertan gran interés en todos nosotros.

Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores, a las Comisiones de Asuntos Internacionales de ambas Cámaras, a la Embajada de Canadá -en la que tuvimos una espléndida recepción- y a las Secretarías de la Confederación Parlamentaria de las Américas y del Foro Interparlamentario de las Américas, cuya dirección haré llegar a la Secretaría del Senado oportunamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Baráibar.

(Se vota:)

- 15 en 16. Afirmativa.

14) REFERENDUM EN VENEZUELA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: en esta ocasión, quisiera referirme a la formidable jornada electoral vivida el pasado domingo en Venezuela y al pronunciamiento a favor de la democracia y la libertad que allí se produjo.

Antes que nada, es bueno recordar que dicho pronunciamiento tuvo lugar en circunstancias difíciles que implicaron el uso del aparato del Estado, en particular de los medios de comunicación, en apoyo de la propuesta oficialista y la distorsión del tema que se consideraba. A vía de ejemplo, vale recordar que el Presidente de esa República, de manera reiterada y en su última intervención, planteó que no se trataba de pronunciarse a favor o en contra de una propuesta de Constitución, sino que quien votara a favor del "Sí", lo haría a favor de Chávez y quien prefiriera la opción por el "No", lo haría a favor de un mandatario extranjero.

Hubo diversos ataques desde las alturas de poder a quienes se pronunciaban en contra. No vamos a recordar todos los casos, pero vale la pena señalar, por ejemplo, que la Iglesia Católica emitió su opinión a través de un informe con el que se podrá coincidir o no, pero que no contiene ningún elemento exacerbante, y la respuesta que recibió de parte del Presidente de la República de Venezuela fue la siguiente: "Rector (Luis) Ugalde, una vez lo perdoné, pero si lo hace otra vez directico va a parar a (la cárcel de) Yare, con sotana y todo (…) Y usted también cardenal". También manifestó, aludiendo a quienes se habían pronunciado en ese sentido: "Son el demonio, defensores de los más podridos intereses, son unos verdaderos vagabundos del cardenal para abajo". Los calificó de "vagabundos", "maleantes", "estúpidos" y "retardados mentales". Y terminó aconsejándoles: "Que se vayan a rezar 100 padrenuestros y 100 avemarías de rodillas". Esto ilustra el clima que se pretendió imponer por parte del Gobierno de Venezuela.

La jornada electoral transcurrió normalmente hasta llegar el momento de su dilucidación final. Allí surgieron algunas anomalías importantes, me permito presumir que seguramente derivadas de que los resultados no estaban siendo los que se esperaban por parte del oficialismo. Hubo una demora de nueve horas en anunciarse los resultados oficiales y se impuso la prohibición de anunciar resultados, proyecciones y sondeos. Dado que a veces se ha criticado el funcionamiento de nuestra Corte Electoral, imaginemos lo que habría sucedido en nuestro país si, supongamos, cerradas las urnas alrededor de las siete de la tarde, se hubiera prohibido difundir resultados o sondeos hasta que se emitiera el primer comunicado oficial, y éste se hubiera emitido a las tres de la mañana. ¿Cuál habría sido la reacción que se hubiera dado?

De modo que el pueblo venezolano, y en particular los sectores de la oposición actuaron con extrema mesura y prudencia, y luego, a pesar de que todos vimos por la televisión algunas instancias de amenazas de uso de la fuerza pública, finalmente el resultado fue anunciado en un escueto comunicado que fue largamente festejado por los venezolanos durante toda la noche.

Nosotros somos respetuosos del principio de autodeterminación de los pueblos, pero hay dos áreas que nos afectan a todos los ciudadanos y en las cuales entendemos necesario expresar nuestra opinión: la primera de ellas es la que tiene que ver con las relaciones internacionales, porque estamos en un mismo continente, en un mismo escenario internacional, y la segunda es la vinculada a los derechos humanos y a la defensa de la libertad en cualquier país del mundo. En el primer campo hemos sostenido reiteradamente que el actual Gobierno de Venezuela, independientemente de su orientación política -sobre la que no nos corresponde pronunciarnos-, es un factor de permanente confrontación en el continente. Vale recordar los episodios recientes en la Cumbre de Chile con el Rey de España, así como con el Presidente del Gobierno español, y en días posteriores con la Presidenta Michelle Bachelet y el Presidente Alvaro Uribe, de Chile y Colombia, respectivamente. Esto no es algo que hayamos señalado sólo los integrantes de nuestro Partido; también figuras del Gobierno, como el Ministro Astori, han manifestado que estamos ante un Presidente que genera divisiones y conflictos. Asimismo, quiero recordar la molestia de nuestro propio Gobierno y del Presidente Tabaré Vázquez por el "contra-acto" que se realizó en Buenos Aires, en ocasión de la visita del Presidente Bush a nuestro país, y al cual concurrió expresamente el Presidente Chávez.

En lo que tiene que ver con la vigencia de los derechos humanos, el referéndum del domingo pasado era evidentemente un cruce de caminos en que el pueblo venezolano, sin duda en desigualdad de condiciones, debía decidir entre una Constitución autoritaria y la defensa de sus derechos y libertades. Y eligió por la libertad, escribiendo una página que quedará en la historia, por lo que expresamos nuestra profunda admiración. Ello fue posible gracias a la acción de los partidos políticos, algunos de raigambre histórica y otros de reciente formación, pero también, y muy particularmente, gracias a la acción del movimiento estudiantil, que le dio una frescura y, muy significativamente, una madurez a la lucha del pueblo venezolano, que le permitió encontrar caminos de unidad en la defensa de algo tan sagrado como la libertad.

El tardío reconocimiento de la derrota de su propuesta constitucional por parte del Presidente Chávez dejó algunas sombras, en particular una absolutamente infeliz referencia a su intento de golpe de Estado de febrero de 1992. Concretamente, en ese momento reiteró la frase que pronunció el 4 de febrero de 1992 y que luego repitió en más de una ocasión: "Por ahora no pudimos". Nos parece absolutamente infeliz recordar, en ese momento en el cual se acudía a una instancia democrática, aquel episodio en que por las armas intentó derrocar un gobierno constitucionalmente electo, lo cual le costó la vida a muchos ciudadanos venezolanos. Pero esas sombras no nos deben preocupar; son de la altura de la persona que las genera y no empañan el magnífico pronunciamiento popular.

Vaya, entonces, nuestro reconocimiento en esta jornada al pueblo de Venezuela, por habernos dado este testimonio de defensa de las libertades, de la Constitución y de la democracia en dicho país.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Embajada de la República de Venezuela en el Uruguay, al Movimiento Quinta República, al Partido Social Cristiano, al Partido Acción Democrática, al Partido Primero Justicia, a la Universidad Católica Andrés Bello, a la Universidad de los Andes, a la Federación de Estudiantes Universitarios de Venezuela -en particular a su Presidente, Stalin González- y al Movimiento Transparencia Venezuela.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 17 en 23. Afirmativa.

15) ACUERDO MARCO DE COMERCIO E INVERSIONES (TIFA) ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y EL URUGUAY

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Gracias, señor Presidente.

En el día de hoy queremos reiterar una preocupación que hemos manifestado durante todo este año en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, que se refiere precisamente al TIFA firmado entre los Estados Unidos de América y la República Oriental del Uruguay. Las explicaciones que al respecto se nos dieron en la Comisión no fueron convincentes, sobre todo desde el punto de vista jurídico, habida cuenta de que, como vamos a expresar, la Constitución de la República es muy clara en lo que refiere a cuál es el procedimiento que se debe seguir en ese sentido. Pero, además, se nos advertía que se estaban esperando determinados resultados, en contraposición a la interpretación que venimos haciendo desde el punto de vista jurídico, de la Constitución de la República.

Ya en agosto del 2007 el señor Ministro de Economía y Finanzas sostenía que se habían logrado avances comerciales, cosa que no es común en un TIFA. Señaló el caso de los arándanos, al tiempo que deseó que se fuera avanzando en el escenario propicio para abrir el mercado de la carne a los Estados Unidos.

En estos días se llevó a cabo una reunión en la que participaron también los coordinadores nacionales de los Estados Unidos y el Uruguay, y se lograron algunos avances en temas puntuales. Tal es el caso del grupo que trata los temas sanitarios y fitosanitarios, así como también del que consideró un asunto vinculado a la habilitación para el ingreso de carne ovina uruguaya al mercado estadounidense. La parte técnica y científica de este proceso fue completada -se hizo el análisis de riesgos y los resultados fueron favorables-, por lo que se inicia la fase de redacción de la norma habilitante por parte de las autoridades norteamericanas. Al igual que lo sucedido con los arándanos, dicha norma será publicada en un período de sesenta días para que se realicen comentarios, tras lo cual se procederá a la habilitación. Asimismo, en un comunicado de prensa se anunció que hubo avances en la futura habilitación del ingreso de carne picada al mercado norteamericano, por lo que en noviembre llegarán los técnicos estadounidenses para analizar los componentes de esa carne y otros aspectos. Al mismo tiempo, hubo avances en los grupos que trabajaron respecto al medio ambiente. Todos los grupos registraron avances, algunos más que otros.

Nos preocupa sobremanera la actitud de la Cancillería respecto del cumplimiento de la Constitución de la República, que es muy clara en este sentido. No hay dos opiniones en cuanto a que es el procedimiento más estricto de los contemplados en la Convención de Viena de 1969, que establece una triple opción para que los Estados se obliguen válidamente: el consentimiento otorgado a través de la mera firma; a través del canje de instrumentos que constituye el Tratado o mediante la ratificación posterior. Por su parte, el numeral 7º del artículo 85 de nuestra Carta Magna establece que le compete al Poder Legislativo aprobar o reprobar por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, los tratados de paz, alianza, comercio y las convenciones o contratos de cualquier naturaleza que celebre el Poder Ejecutivo con potencias extranjeras. Eduardo Jiménez de Aréchaga hacía una clara referencia sobre el alcance de este artículo, en el sentido de que la Constitución uruguaya es una de las más restrictivas que se conocen en el Derecho comparado en la materia, ya que se exige la aprobación parlamentaria de todo tratado con Estados extranjeros.

En esta instancia y en otras, se ha argumentado que la firma de un tratado de por sí tiene valor al momento de incorporarla. Para que quede claro y sea trasmitido al Poder Ejecutivo, queremos señalar que cuando el requisito de la ratificación es necesario, la mera firma autenticando el texto no tiene más valor jurídico que el que prescribe la propia Convención de Viena, esto es, no comportarse de mala fe respecto de su contenido -lo que está establecido en el artículo 18 del texto de 1969-, procurando no frustrar el objeto y el fin del Tratado antes de su entrada en vigor. Sin embargo, en ningún caso se otorga carta blanca para ejecutar sus disposiciones antes de la ratificación, como si se lo considerara en vigor.

Por otra parte, ningún acuerdo anterior al TIFA puede ser considerado como paraguas jurídico que le permita obviar el requisito de la ratificación y transformarse en un acuerdo en forma simplificada. El único caso podría ser el Acuerdo Bilateral de Inversiones con Estados Unidos, que no prevé que su marco se celebre en acuerdos posteriores como el TIFA para un mejor cumplimiento del mismo. La conexión sería absolutamente artificial desde el punto de vista jurídico. La cláusula de entrada en vigor del TIFA a partir de su firma no sólo es inconveniente, sino que es ilegal e inconstitucional y no puede invocarse a la espera de resultados concretos del contenido de este acuerdo. La cláusula no es apropiada para Estados como el nuestro, que tienen el requisito de la ratificación posterior como forma de expresar su consentimiento. Además, genera confusiones sobre el momento de entrada en vigor del Tratado, tanto en el plano nacional como en el internacional, y podría generar responsabilidad internacional en el caso de no ser debidamente ratificado.

Señor Presidente: creo que no hay dos opiniones sobre este tema. El Poder Ejecutivo ha estado omiso durante todo este año a pesar de las solicitudes que le hicimos llegar por todas las vías informales, formales y hasta de la propia Comisión. No ha expresado ningún fundamento jurídico e, incluso, se ha invocado en algún momento la existencia de algún informe jurídico interno de la Cancillería, que tampoco estaría redactado por abogados debidamente habilitados para fundamentar esa posición.

De manera que insistimos en el tema. Consideramos que nos encontramos ante una clara violación de la Constitución por parte del Poder Ejecutivo. Se están generando obligaciones al Uruguay en un Tratado de naturaleza comercial que está avanzando más allá de lo previsto. Creemos que lo menos que puede hacer el Poder Ejecutivo es cumplir, entre otras cosas, con los acuerdos de febrero de 2005 y enviar este Tratado para cumplir con la Constitución y con su responsabilidad política, a los efectos de poder analizar adónde va el país en este sentido. Esto no apunta más que a la preocupación de que se cumpla con la Constitución para conocer la orientación de la inserción externa del país. Bien podría interpretarse, desde el punto de vista político, que existen posiciones que al disentir con este tipo de acercamiento, podrían ser beneficiosas o utilizadas políticamente por parte de la oposición. Ese no es el espíritu.

Queremos trasmitir nuestra desazón al Poder Ejecutivo, a la Cancillería, por la actitud que se ha tomado, que claramente viola la Constitución de la República e ignora al Parlamento en un Tratado comercial para el cual la propia Constitución establece que no hay otra alternativa para avanzar que comunicarlo al Parlamento, a efectos de que su aprobación le dé la posibilidad de entrar en vigencia.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida al Poder Ejecutivo, a la Cancillería, y al Ministerio de Economía y Finanzas. Además, queremos que quede constancia de nuestra preocupación como miembros del Senado y de la Comisión de Constitución y Legislación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Abreu.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

16) REGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: es notorio que quedan pocas sesiones ordinarias del Senado antes del receso. En consecuencia, en representación de toda nuestra Bancada, vamos a presentar una moción de orden que tiene que ver con el trabajo a llevar adelante en los próximos días.

En primer lugar, solicitamos que a partir de la sesión ordinaria de mañana miércoles, se suspenda la hora previa, a los efectos de dedicar el tiempo a un conjunto de normas legales cuya discusión y aprobación está pendiente. Por lo tanto, mañana miércoles 5, el martes 11 y el miércoles 12 de la próxima semana se realizarían las sesiones sin hora previa.

En segundo término, pedimos que se realice una sesión extraordinaria el próximo jueves 13, a la hora 15, para rendir homenaje a la doctora Jacinta Balbela y considerar otros temas que se harán llegar a la Presidencia por parte de nuestra Bancada o de otras de este Parlamento.

Por último, señor Presidente, proponemos que el martes 18 -ya estaríamos dentro del período de receso parlamentario y habría asuntos que resolver en forma urgente- se realice una sesión extraordinaria a partir de la hora 10, a fin de considerar exclusivamente dos temas, salvo que alguna Bancada quisiera incluir otro, porque durante el receso no se pueden incluir en la sesión otros temas que no sean los que motivaron la convocatoria. Los temas a que me refería son el proyecto de ley de ordenamiento territorial y el de procedimiento policial.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia entiende perfectamente la propuesta del señor Senador Korzeniak, pero si algún señor Senador lo considerara necesario, repetiríamos la moción.

SEÑOR ABREU.- Se lo agradecería, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- De aquí hasta el comienzo del receso parlamentario, se excluiría la hora previa de las tres sesiones ordinarias que restan. Además, el jueves 13 se citaría a una sesión extraordinaria -por lo tanto, también sería sin hora previa- a partir de las 15 horas, la que comenzaría con un homenaje a la doctora Jacinta Balbela. Finalmente, el martes 18 convocaríamos a una sesión extraordinaria a partir de la hora 10 para tratar, por ahora, los proyectos de ley de ordenamiento territorial y de procedimiento policial.

SEÑOR ABREU.- Me deja un poco preocupado su expresión "por ahora".

SEÑOR PRESIDENTE.- Este es un Senado trabajador.

SEÑOR ABREU.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- "Por ahora" es una expresión repetida y lo estuvimos discutiendo en la coordinación, donde conversamos acerca de los distintos proyectos que podríamos incluir en las sesiones extraordinarias. Obviamente, vamos a acompañar siempre un acuerdo que nos permita saber en forma clara cuáles son los proyectos que se van a discutir.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador Abreu recordará que ayer dijimos que hoy íbamos a entregar una última versión sobre los temas que hablamos tan amablemente con el señor Senador Heber, entre otros.

SEÑOR ABREU.- El problema es que esperando esa versión, se ha presentado una propuesta, y la expresión "por ahora" nos deja un poco preocupados. Con mucho gusto vamos a habilitar a que se realicen dichas sesiones, pero con la reserva de que muchos señores Senadores tenemos una posición muy distinta en algunos proyectos de ley, entre otros, nada menos que en el que se ha mencionado recién, de procedimiento policial, que ha sido objeto, hace media hora, de su tratamiento por parte de un cate-drático de Derecho Penal, con algunas observaciones y comentarios, que bien podrían merecer una consideración un poco más profunda. Sin perjuicio de ello, habilitaremos a que se realicen las sesiones, pero debemos decir que este envión laboral debería tener un contenido un poco más acabado.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada por el señor Senador Korzeniak.

(Se vota:)

- 19 en 26. Afirmativa.

17) SISTEMA DE ASIGNACIONES FAMILIARES

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día para considerar el asunto que figura en primer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se introducen reformas en el Sistema de Asignaciones Familiares. (Carp. Nº 913/07 - Rep. Nº 590/07)"

(Antecedentes:)

"Carp. N° 913/07

Rep. N° 590/07

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1°. (Ambitos objetivo y subjetivo).- Establécese, a partir del 1° de enero de 2008, un sistema de asignaciones familiares consistente en prestaciones monetarias a servirse mensualmente por el Banco de Previsión Social, en beneficio de niños y adolescentes (artículo 1° de la Ley N° 17.823, de 7 de setiembre de 2004) que residan en el territorio nacional y que, reuniendo los demás requisitos previstos en la presente ley, integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica o estén en atención de tiempo completo en establecimientos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay o en instituciones que mantengan convenios con dicho Instituto.

No obstante, la aplicación del sistema será gradual, alcanzando durante el año 2008 hasta 330.000 beneficiarios que, reuniendo los demás requisitos previstos en la presente ley, integren los hogares más cadenciados de los comprendidos en el inciso anterior.

A partir del 1° de enero de 2009, la prestación alcanzará hasta 500.000 beneficiarios, quedando el Poder Ejecutivo facultado para incrementar dicha cifra en consideración a la evolución de la situación socioeconómica de la población.

Artículo 2°. (Definiciones de hogares).- A los efectos de esta ley, entiéndese por hogar el núcleo integrado por dos o más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, que conviven bajo un mismo techo y constituyen una familia o una unidad similar a la familia.

La determinación de los hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica así como la del nivel a que refiere el inciso segundo del artículo anterior, se harán conforme a criterios estadísticos, teniéndose en cuenta, entre otros, los siguientes factores: ingresos del hogar, condiciones habitacionales y del entorno, composición del hogar, características de sus integrantes y situación sanitaria.

La reglamentación establecerá claramente las condiciones para acceder al beneficio y en caso de ser más de uno, indicará la ponderación de cada uno de ellos.

Artículo 3°. (Administrador o atributario de la prestación).- Son atributarios o administradores del beneficio instituido por la presente ley, las personas con capacidad legal o las instituciones a cuyo cargo estén los beneficiarios. En caso de que dos personas de distinto sexo reúnan tales condiciones, tendrá preferencia la mujer.

Para acreditar los extremos previstos en el inciso anterior, se requerirá la presentación del certificado judicial que avale quién ejerce la tenencia efectiva del beneficiario.

La reglamentación a dictarse por el Poder Ejecutivo podrá establecer procedimientos y medios probatorios alternativos en sede administrativa, a los solos efectos de habilitar el servicio de la prestación en forma provisoria y únicamente durante el lapso que insuma la obtención del referido certificado.

Artículo 4°. (Montos de la prestación).- La asignación instituida por la presente ley tendrá los siguientes montos mensuales por beneficiario, atendiendo el número de los mismos que integren el hogar, al nivel educativo que estén cursando y a la presencia o no de discapacidades:

a) el resultado de multiplicar $ 700 (setecientos pesos uruguayos) por: el número de beneficiarios integrantes del hogar que no padecieren incapacidad (numeral 4) del artículo siguiente elevado al exponente 0,6 (cero coma seis) y de dividir la cifra obtenida entre la cantidad de aquellos;

b) en los casos de beneficiarios que se encuentren cursando educación media, se adicionará al monto que les correspondiere conforme al literal anterior, el resultado de multiplicar $ 300 (trescientos pesos uruguayos), por el número de dichos beneficiarios elevado al exponente 0,6 (cero coma seis), y de dividir la cifra obtenida entre la cantidad de los mismos;

c) $ 1.000 (mil pesos uruguayos) en los casos de beneficiarios que padecieren incapacidad conforme a lo previsto por el numeral 2) del artículo siguiente.

En los casos de beneficiarios en atención de tiempo completo en establecimientos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay o en instituciones que mantengan convenios con dicho Instituto, la asignación será de $ 700 (setecientos pesos uruguayos). La reglamentación establecerá el modo en que se aplicará esta asignación en provecho directo del beneficiario, en orden a satisfacer sus necesidades en materia de salud, educación e inserción social.

Artículo 5°. (Término de la prestación).- La asignación familiar prevista por la presente ley se servirá por los períodos que se establecen a continuación:

1) A partir de la constatación fehaciente del estado de gravidez por parte del Banco de Previsión Social y:

a) hasta los 14 (catorce) años del beneficiario en todos los casos.

b) Hasta los 16 (dieciséis) años del beneficiario, cuando se compruebe que el mismo no ha podido completar el ciclo de educación primaria a los 14 (catorce) años por impedimento plenamente justificado.

c) Hasta los 18 (dieciocho) años de edad del beneficiario, cuando el mismo curse estudios de nivel superior a los de educación primaria en instituciones de enseñanza estatales o privadas, autorizadas por el órgano competente.

2) Cuando el beneficiario padezca de una incapacidad física o psíquica tal que impida su incorporación a todo tipo de tarea remunerada, la prestación se servirá hasta los 18 (dieciocho) años de edad, y continuará sirviéndose a partir de dicha edad por períodos de tres años, con revisión médica al finalizar cada período conforme a lo previsto en el literal D) del artículo siguiente. La percepción del beneficio será incompatible con el cobro de la prestación a que refiere el artículo 43 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995.

Artículo 6°. (Requisitos para el otorgamiento y el mantenimiento de la percepción de la prestación).- Para recibir la asignación regulada por la presente ley, deberán acreditarse ante el Banco de Previsión Social, con la frecuencia y del modo que establezca la reglamentación, los siguientes extremos:

A) Los ingresos y la composición del hogar que integra el beneficiario.

B) Los demás elementos que caracterizan a dicho hogar como en situación de vulnerabilidad socioeconómica y que lo incluyen en el nivel a que refiere el inciso segundo del artículo 1°, en su caso.

C) La inscripción y concurrencia asidua del beneficiario a institutos de enseñanza estatales o privados autorizados por el órgano competente, excepto en los casos de beneficiarios discapacitados en que se acredite que aquello no es posible, y la periodicidad de controles de asistencia médica brindada a través del sistema público o privado.

D) Tratándose de personas discapacitadas desde el punto de vista físico o psíquico, la discapacidad debe impedir su incorporación a todo tipo de tarea remunerada. En este caso, el certificado provendrá de los servicios médicos del Banco de Previsión Social y se realizarán revisiones periódicas ante los mismos servicios médicos cada tres años, a los efectos de evaluar si se mantiene el mismo grado de incapacidad que permita el mantenimiento del pago de la prestación. No obstante, en los casos de niños y adolescentes que padezcan discapacidad psíquica, la misma podrá acreditarse mediante certificación que al efecto expida el Registro creado por la Ley N° 13.711, de 29 de noviembre de 1968.

Artículo 7°. (Instituciones de educación no formal).- A los efectos de lo previsto en el literal C) del artículo anterior, consideránse incluidas dentro de los institutos de enseñanza privados, a las instituciones de educación no formal que, estando inscriptas en el Registro de Instituciones de Educación No Formal del Ministerio de Educación y Cultura y autorizadas por el mismo, contribuyan al desarrollo socioeducativo del beneficiario y a su reinserción en el sistema educativo formal, conforme a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Los niños y adolescentes incluidos en el artículo 1° de la presente ley, que participen en proyectos socioeducativos desarrollados por las referidas instituciones de educación no formal, serán beneficiarios de la asignación siempre que los atributarios se comprometan al reingreso de aquéllos al sistema educativo formal.

Bajo estas condiciones, la asignación se otorgará por una sola vez y por un período no mayor a un año.

Artículo 8°. (Competencias y atribuciones de la Administración).- Compete al Banco de Previsión Social verificar y controlar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para ser beneficiario o atributario o administrador de la prestación instituida por la presente ley.

A tales efectos, queda facultado para:

a) realizar las comprobaciones e inspecciones que estime convenientes, a fin de determinar la existencia de las condiciones de acceso y mantenimiento de la prestación:

b) requerir de los Ministerios de Educación y Cultura y de Salud Pública, de la Administración Nacional de Educación Pública, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y de las instituciones de enseñanza privadas y de las instituciones de atención a la salud, toda la información necesaria para comprobar la asistencia de los beneficiarios a los centros de educación y los debidos controles médicos, a cuyos efectos los organismos e instituciones indicados quedan obligados a suministrarla;

c) utilizar las bases de datos confeccionadas por el Ministerio de Desarrollo Social en el marco del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social. Dicho Ministerio deberá facilitar su utilización, a efectos de servir la prestación sin dilaciones a quienes reúnan las condiciones necesarias para ser beneficiarios de la asignación prevista en la presente ley;

d) requerir del Ministerio de Desarrollo Social la colaboración necesaria para la ejecución de los cometidos previstos en el inciso primero de este artículo así como para la comprobación de los extremos previstos en el literal a) del inciso segundo de esta disposición, quedando dicho Ministerio obligado a prestar dicha asistencia y pudiendo ambos organismos celebrar los convenios interinstitucionales que fueren menester a tales efectos;

e) solicitar a los organismos públicos todo tipo de información respecto de las asignaciones familiares que abonan a sus funcionarios, quedando dichos organismos obligados a suministrarla.

En caso de comprobarse la falsedad total o parcial de la información proporcionada por los interesados o de no poder verificarse las condiciones que habilitan la percepción de la prestación por causa imputable a éstos, el Banco de Previsión Social procederá a la suspensión del beneficio, sin perjuicio de ejercitar las acciones para recuperar lo indebidamente pagado y de las denuncias penales que eventualmente correspondieren.

Artículo 9°. (Incompatibilidad y opciones).- La percepción de la prestación establecida en la presente ley es incompatible con las previstas por el Decreto-Ley N° 15.084, de 28 de noviembre de 1980 y por la Ley N° 17.474 de 14 de mayo de 2002, así como con la asignación familiar generada por la calidad de funcionario público del asignatario o atributario y las servidas por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

No obstante, se podrá optar en todo momento por el beneficio previsto en la presente ley, teniendo preferencia el mismo en caso de controversia entre quienes resulten asignatarios o atributarios según los diferentes regímenes.

Artículo 10. (Referencia a valores constantes y ajustes).- Las referencias monetarias del artículo 4° están expresadas en valores constantes correspondientes al mes de enero de 2008.

La prestación será ajustada de conformidad con la variación del Indice de Precios al Consumo, en las mismas oportunidades en que se ajusten las remuneraciones de los funcionarios públicos de la Administración Central.

Artículo 11. (Inembargabilidad e incedibilidad).- La prestación instituida por la presente ley es inalienable e inembargable y toda venta o cesión que se hiciere de ella, cualquiera fuere su causa, será nula.

Artículo 12. (Financiación).- Las erogaciones derivadas de la aplicación de la presente ley serán atendidas por Rentas Generales.

Artículo 13. (Derogaciones y régimen de transición).- Deróganse, a partir del 1° de enero de 2008, las Leyes N° 17.139, de 16 de julio de 1999 y N° 17.758, de 4 de mayo de 2004.

En los casos de quienes aspiren a ser beneficiarios de la prestación prevista por la presente ley e integren hogares que no fueron visitados y relevados en el marco del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social deberá formularse la correspondiente solicitud ante el Banco de Previsión Social.

Idéntica gestión deberá cumplirse respecto de los potenciales beneficiarios que, habiendo sido visitados y relevados dentro del Plan antedicho, no perciban asignaciones familiares ni integren hogares beneficiarios del Ingreso Ciudadano.

Quienes al 31 de diciembre de 2007 sean beneficiarios de prestaciones concedidas al amparo de las leyes que se derogan, continuarán percibiendo una asignación equivalente a la que recibirían de haberse mantenido vigentes las mismas, hasta que el Banco de Previsión Social se expida respecto de si tienen o no derecho a la establecida por esta ley. No obstante, si estuvieren comprendidos en lo previsto por el inciso segundo de este artículo y no se hubiese formulado la correspondiente solicitud de amparo antes del 1° de julio de 2008, continuarán percibiendo la referida asignación equivalente sólo hasta el 30 de junio de 2008, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso siguiente.

Una vez realizado el control de las condiciones de acceso a la prestación prevista por esta ley, quienes al 31 de diciembre de 2007 fueran beneficiarios de prestaciones concedidas al amparo de las leyes derogadas por la presente, continuarán percibiendo durante el año 2008 una asignación equivalente a la que recibirían de haberse mantenido vigentes las mismas, siempre que integraren hogares no situados en el nivel previsto por el inciso segundo del artículo 1° pero sí en situación de vulnerabilidad socioeconómica conforme a la definición del artículo 2° de la presente ley.

Los postulantes a la asignación estatuida en esta ley, que al 31 de diciembre de 2007 no fueran beneficiarios de prestaciones concedidas conforme a las leyes que se derogan e integraren hogares de las características referidas en el inciso anterior, percibirán durante el año 2008 una asignación idéntica a la establecida en dicho inciso.

A partir del 1° de enero de 2009, las personas comprendidas en lo previsto por los dos incisos anteriores, pasarán a cobrar el beneficio establecido en la presente ley, si conservaren las condiciones de acceso al mismo.

Aquellos beneficiarios de asignaciones familiares reguladas por el Decreto-Ley N° 15.084, de 28 de noviembre de 1980, respecto de quienes se optare por la prestación establecida en la presente ley, no perderán por tal motivo sus derechos a hacer uso del servicio de atención materno infantil a cargo del Banco de Previsión Social.

Quienes al 31 de diciembre de 2007, contando con 18 (dieciocho) o más años de edad y padeciendo discapacidad, sean beneficiarios de asignaciones concedidas al amparo de las leyes que se derogan, podrán acceder a las prestaciones previstas en la presente ley en las condiciones establecidas para las personas discapacitadas.

Cuando deba formularse la correspondiente solicitud ante el Banco de Previsión Social para acceder a la prestación prevista en la presente ley, los haberes sólo se devengarán a partir de aquélla. No obstante en estos casos, no se devengarán dichas asignaciones antes del 1° de abril de 2008.

Artículo 14. (Declaración interpretativa).- Declárase, con carácter de interpretación auténtica, que las referencias al régimen general que se efectúan en los incisos tercero del artículo 1° y primero del artículo 2°, de la Ley N° 17.474, de 14 de mayo de 2002, aluden al estatuido por el Decreto-Ley N° 15.084, de 28 de noviembre de 1980.

Artículo 15. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del término de treinta días siguientes al de su promulgación.

Sala de la Comisión, a 28 de noviembre de 2007.

Eduardo Lorier, Miembro Informante; Isaac Alfie (con salvedades); Susana Dalmás, Francisco Gallinal, Luis Oliver, Víctor Vaillant.

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 3 de setiembre de 2007.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, a fin de remitir, para su consideración, un Proyecto de Ley por el cual se introducen reformas en el sistema de Asignaciones Familiares.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I) Marco en el que surge la necesidad de la reforma.

Uruguay posee una amplia tradición en materia de transferencias monetarias. En particular, en lo que refiere al sistema de Seguridad Social, nuestro país ha edificado un destacado sistema de transferencias fuertemente articulado al mercado formal de trabajo. Pero también en el devenir histórico se han generado mecanismos de protección social para quienes se encuentran en una situación de informalidad o precariedad laboral así como en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

Dentro del conjunto de transferencias de la Seguridad Social, se encuentran las Asignaciones Familiares.

Instituidas a través de la Ley N° 10.449, de 12 de noviembre de 1943, fueron en un principio concebidas como un auxilio para la atención de las cargas familiares de los trabajadores del sector privado, formales y bajo subordinación laboral.

Sucesivas leyes extendieron el régimen a trabajadores inicialmente excluidos, como los rurales, así como a aquellos en situación de desocupación forzosa y a la mayoría de los jubilados y pensionistas, hasta el dictado del Decreto-Ley N° 15.084, de 30 de noviembre de 1980, que mantuvo, en términos generales, el ámbito subjetivo de aplicación resultante de la referida evolución legislativa.

Por su parte, las Leyes N° 11.490, de 18 de setiembre de 1950 y N° 12.801 de 30 de noviembre de 1960 consagraron el beneficio a favor de funcionarios públicos.

En época relativamente reciente, a través de las Leyes N° 17.139, de 16 de julio de 1999 y N° 17.758, de 4 de mayo de 2004, se introdujeron reformas en cuando a la población objetivo, extendiendo la prestación a integrantes de "hogares de menores recursos".

Estas modificaciones constituyeron un paso significativo en la ampliación de la cobertura, dado que se integró a más de 200.000 niños y adolescentes, al tiempo que la prestación comenzó a desempeñar un rol de asistencia frente a situaciones de vulnerabilidad socioeconómica de los hogares. No obstante ello, el sistema ha presentado insuficiencias y debilidades, tanto en los mecanismos que habilitan el acceso a las prestaciones, como en el monto de las mismas y en los incentivos que le son inherentes en materia de educación, por ejemplo.

Esta situación ha sido evidenciada desde distintos ángulos. Pero concretamente, desde la puesta en marcha del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES) a comienzos de 2005, se pudo constatar que una cantidad importante de niños y adolescentes pertenecientes a los hogares más pobres de nuestra sociedad, no perciben Asignaciones Familiares.

A partir de tal comprobación y en el marco del desarrollo de dicho Plan, se logró extender la cobertura a niños y adolescentes que, teniendo el derecho, no lo hacían efectivo. No obstante, si bien se han reducido tales brechas, aún no se ha logrado alcanzar a todos ellos.

Es necesario, pues, un mayor esfuerzo en la expansión de la cobertura del sistema y, especialmente, iniciar un proceso de transformación del mismo a fin de lograr construir un Uruguay socialmente protegido, solidario y equitativo.

Luego de dos años de implementado el PANES, son grandes los logros. La reducción a la mitad de la proporción de personas en situación de indigencia es uno de los aspectos más destacables, asi como la disminución de la cantidad de personas en condición de pobreza. No obstante, la presencia de situaciones de privación socioeconómica así como la emergencia de nuevos riesgos sociales siguen siendo relevantes, y su incidencia en hogares con niños y adolescentes constituyen un centro de atención prioritario.

El Plan de Equidad se concibe como un paso sustantivo en la reconfiguración del sistema de protección social uruguayo, atendiendo de forma permanente la nueva matriz de riesgos sociales y procurando, mediante diversas acciones, reducir los niveles de pobreza y evitar la consolidación de los mismos, favoreciendo y estimulando procesos de integración social.

De esta forma, se espera responder a dichas situaciones a través de una Red de Asistencia e Integración Social, que tenga entre sus componentes la presente propuesta de reforma de las Asignaciones Familiares, con el fin de hacerla más consistente e integral.

La reformulación del Sistema de Asignaciones Familiares cumple un papel fundamental en la construcción de dicha Red. Como se indicara anteriormente, diversos estudios han señalado que la pobreza afecta principalmente a los hogares con niños y adolescentes. En este marco es que se considera que dicha reformulación constituye un instrumento adecuado para cumplir con los objetivos propuestos.

II) Aspectos más remarcables del Proyecto

1) La reforma propuesta sustituye el sistema previsto por las Leyes N° 17.139 de 16 de julio de 1999 y N° 17.758, de 4 de mayo de 2004, el cual, como queda dicho, si bien representó un avance, evidenció notorias insuficiencias.

Desde luego, no se ven afectados los regímenes de Asignaciones Familiares comúnmente conocidos como "contributivos", asociados a la formalidad en el empleo, los cuales permanecen incambiados, sin perjuicio de la posibilidad de optar por la prestación prevista en el Proyecto (artículo 9°).

La población objetivo de esta reforma son los niños y adolescentes que integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica (artículo 1°). En tales casos, la incapacidad o seria dificultad para hacer frente a la integración y riesgos sociales demanda el imprescindible apoyo del Estado.

El sistema propuesto se instalará siguiendo un criterio de progresividad, a través de un primer escalón de cobertura para el año 2008, que abarcará hasta 330.000 niños y adolescentes provenientes de los hogares más carenciados de los indicados precedentemente.

Ello supondrá una ampliación de la cobertura hoy vigente, sin perjuicio de que la extensión proseguirá en 2009, cuando alcance a todos los hogares objetivo, amparando hasta 500.000 beneficiarios.

Sobre el punto, el artículo 2° dispone que la determinación de los niveles de vulnerabilidad socioeconómica se realizará de acuerdo a criterios estadísticos conforme a lo que prevea la reglamentación, estableciéndose los factores sustanciales que necesariamente habrán de considerarse.

2) Siendo la asignación familiar una prestación dirigida a los niños y adolescentes, se requiere determinar qué personas o instituciones oficiarán como administradores o atributarios del beneficio, lo que se realizará a través del artículo 3°.

Estudios especializados dan cuenta de que, cuando recae en la mujer la calidad de administrador de transferencias a favor de niños y adolescentes, por lo general la prestación se utiliza más directamente en provecho del beneficiario.

Es por ello que el Proyecto da preferencia a la titularidad femenina, lo que de ningún modo supone hacer caso omiso de quién tiene al beneficiario a su cargo, ya que dicha preferencia opera únicamente cuando dos personas de diferente sexo ostentan aquella condición al mismo tiempo.

Por último, en el inciso final del artículo 3°, se prevé la posibilidad de reglamentar procedimientos y medios probatorios alternativos en sede administrativa, a fin de permitir el pago provisorio de la prestación entre tanto se tramita el indispensable certificado judicial que acredite la tenencia materia del beneficiario.

3) En atención a los objetivos perseguidos, el Proyecto introduce cambios sustantivos en los montos de la prestación: por un lado, se incrementa el monto a transferir y, a la vez, se considera, para cada prestación subsiguiente que reciba el mismo hogar, el número de beneficiarios que lo integran y sus características.

El incremento de los montos procura revertir la situación de que dan cuenta estudios nacionales, en el sentido de que las Asignaciones Familiares, a pesar de haber logrado una cobertura significativa de la población vulnerable, han tenido un muy escaso o inexistente impacto sobre las situaciones de pobreza e indigencia.

Al considerar el número y características de los beneficiarios para determinar el monto de las prestaciones, se aplica el sistema que la literatura específica denomina como de escala de equivalencia.

Así, por ejemplo, si en un hogar hay solamente un niño asistiendo a educación primaria o menor de 5 años de edad, la base de la prestación de Asignaciones Familiares será de $ 700. En caso de existir más de un beneficiario, el total de prestaciones que por este concepto recibirá el hogar será el resultado de multiplicar: a) la base de $ 700 por b) el número de beneficiarios elevado al exponente de 0,6. Si, por último, se divide la cifra resultante, entre el número de beneficiarios, se obtiene el monto que recibirá cada uno de ellos.

Este tipo de ajustes posee dos grandes virtudes. En primer lugar, reconoce la generación de economías de escala en el gasto de los hogares y en segundo lugar, hace variar el monto en función del tamaño de los mismos.

A su vez, el Proyecto prevé un monto adicional de $ 300, con igual criterio de ajuste, en los casos de beneficiarios que cursen enseñanza media. Esta solución tiene por finalidad reducir la deserción en ese nivel y alentar el avance en el ciclo educativo.

De esta manera se espera estimular la retención en el sistema educativo formal o el retorno al mismo, manteniendo para ello las condicionalidades presentes históricamente en el sistema de Asignaciones Familiares. Huelga destacar la incidencia que tienen los problemas a nivel educativo sobre el porvenir de los niños y adolescentes, en la medida que la escolaridad se encuentra muy asociada a los desempeños futuros en el mundo del trabajo, amén que condiciona los niveles y la calidad de sus procesos de integración social.

El siguiente cuadro muestra distintas combinaciones posibles de composición y tamaño de hogares comprendidos en el nuevo sistema. Los puntos suspensivos al final representan la existencia de hogares con mayores cantidades de niños y adolescentes, en cuyos casos el patrón de incremento del monto transferido no varía.

Asimismo, el Proyecto brinda un tratamiento preferencial a los beneficiarios que padezcan una incapacidad física o psíquica que les impida su incorporación a tareas remuneradas, así como a aquellos que se encuentran en programas de atención de tiempo completo del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) o en instituciones que mantengan convenios con el mismo. Estos beneficiarios no son considerados para la aplicación del sistema de escala de equivalencia, recibiendo una asignación individual de

$ 1.000, en el caso de los primeros, de $ 700, en el caso de los segundos.

Por último, el artículo 10 establece un mecanismo de revaluación de la prestación, en orden a mantener su poder adquisitivo.

4) Los términos del servicio de la asignación y los requisitos para el otorgamiento y mantenimiento de la misma, guardan concordancia, en lo sustancial, con los previstos en el régimen del Decreto-Ley N° 15.084, de 30 de noviembre de 1980 y en los de las Leyes N° 17.139, de 16 de julio de 1999 y N° 17.758, de 4 de mayo de 2004.

Cabe resaltar, como innovación, la disposición contenida en el artículo 7°, que considera válida, aunque por un término no mayor a un año, la participación de niños o adolescentes en programas de educación no formal brindados por instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación y Cultura, que sean de carácter promocional y comprometan el retorno de aquéllos al sistema formal.

5) A través del artículo 8° se confieren al Banco de Previsión Social organismo encargado de servir la prestación, las facultades necesarias para verificar y controlar los requisitos de elegibilidad de los beneficiarios y atributarios. Entre otras, cabe destacar la posibilidad de utilizar las bases de datos confeccionadas por el Ministerio de Desarrollo Social en el marco del PANES. Esto permitirá disponer, desde el comienzo, de un importante volumen de información relativa a la población objetivo.

A su vez, y a los efectos de evitar duplicaciones en el pago de beneficios, se faculta al Banco de Previsión Social para solicitar a los organismos públicos todo tipo de información respecto de las asignaciones familiares que abonan a sus funcionarios, quedando dichos organismos obligados a suministrarla. Ello posibilitará la creación de una base de datos unificada de beneficiarios y atributarios de Asignaciones Familiares.

6) El artículo 13, al tiempo que dispone la derogación de las leyes cuyos regímenes son sustituidos por el consagrado en el Proyecto, prevé quiénes deberán necesariamente formalizar una solicitud ante el Banco de Previsión Social para acceder a la prestación.

Asimismo, establece una transacción ordenada entre el régimen derogado y el nuevo, de modo que no existan intérvalos en que los beneficiarios de uno y otro queden sin la cobertura que por derecho les correspondiere.

Finalmente, se mantiene, para los beneficiarios de la asignación regulada por el Decreto-Ley N° 15.084, que optaren por la prestación prevista en el Proyecto, los derechos a hacer uso del servicio de atención materno infantil a cargo del Banco de Previsión Social.

Saludamos a ese Alto Cuerpo con la más alta estima y consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Azucena Berrutti, Reinaldo Gargano, José Mujica, Danilo Astori, Marina Arismendi, Víctor Rossi, Martín Ponce de León, María Julia Muñoz, Mariano Arana, Jorge Brovetto, Eduardo Bonomi, Héctor Lescano, Ricardo Bernal.

Ministerio de Trabajo

y Seguridad Social

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. (Ambitos objetivo y subjetivo).- Créase, a partir del 1° de enero de 2008, un sistema de asignaciones familiares consistente en prestaciones monetarias a servirse mensualmente por el Banco de Previsión Social, en beneficio de niños y adolescentes (artículo 1° de la Ley N° 17.823, de 7 de setiembre de 2004) que residan en el territorio nacional y que, reuniendo los demás requisitos previstos en la presente ley, integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica o estén en atención de tiempo completo en establecimientos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay o en instituciones que mantengan convenios con dicho Instituto.

No obstante, la aplicación del sistema será gradual, alcanzando durante el año 2008 hasta 330.000 beneficiarios que, reuniendo los demás requisitos previstos en la presente ley, integren los hogares más carenciados de los comprendidos en el inciso anterior.

A partir del 1° de enero de 2009, la prestación alcanzará hasta 500.000 beneficiarios, quedando el Poder Ejecutivo facultado para incrementar dicha cifra en consideración a la evolución de la situación socioeconómica de la población.

Artículo 2°. (Definiciones de hogares).- A los efectos de esta ley, entiéndese por hogar el núcleo integrado por dos o más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, que conviven bajo un mismo techo y constituyen una familia o una unidad similar a la familia.

La determinación de los hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica así como la del nivel a que refiere el inciso segundo del artículo anterior, se harán conforme a criterios estadísticos de acuerdo a lo que disponga la reglamentación a dictarse por el Poder Ejecutivo, teniéndose en cuenta, entre otros, los siguientes factores: ingresos del hogar, condiciones habitacionales y del entorno, composición del hogar, características de sus integrantes y situación sanitaria.

Artículo 3°. (Administrador o atributario de la prestación).- Son administradores o atributarios del beneficio instituido por la presente ley, las personas con capacidad legal o las instituciones, a cuyo cargo estén los beneficiarios. En caso de que dos personas de distinto sexo reúnan tales condiciones, tendrá preferencia la mujer.

Para acreditar los extremos previstos en el inciso anterior, se requerirá la presentación del certificado judicial que avale quién ejerce la tenencia material del beneficiario.

La reglamentación a dictarse por el Poder Ejecutivo podrá establecer procedimientos y medios probatorios alternativos en sede administrativa, a los solos efectos de habilitar el servicio de la prestación en forma provisoria y únicamente durante el lapso que insuma la obtención del referido certificado.

Artículo 4°. (Montos de la prestación).- La asignación instituida por la presente ley tendrá los siguientes montos mensuales por beneficiario, atendiendo al número de los mismos que integren el hogar, al nivel educativo que estén cursando y a la presencia o no de discapacidades:

a) el resultado de multiplicar $ 700 (setecientos pesos uruguayos), por el número de beneficiarios integrantes del hogar que no padecieren incapacidad (numeral 4) del artículo siguiente), elevado al exponente 0,6 (cero coma seis), y de dividir la cifra obtenida entre la cantidad de los mismos;

b) en los casos de beneficiarios que se encuentren cursando educación media, se adicionará al monto que les correspondiere conforme al literal anterior, el resultado de multiplicar $ 300 (trescientos pesos uruguayos), por el número de dichos beneficiarios elevado al exponente 0,6 (cero coma seis) y de dividir la cifra obtenida entre la cantidad de los mismos;

c) $ 1.000 (mil pesos uruguayos) en los casos de beneficiarios que padecieren incapacidad conforme a lo previsto por el numeral 4) del artículo siguiente.

En los casos de beneficiarios en atención de tiempo completo en establecimientos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay o en instituciones que mantengan convenios con dicho instituto, la asignación será de $ 700 (setecientos pesos uruguayos). La reglamentación establecerá el modo en que se aplicará esta asignación en provecho directo del beneficiario, en orden a satisfacer sus necesidades en materia de salud, educación e inserción social.

Artículo 5°. (Término de la prestación).- La asignación familiar prevista por la presente ley se servirá por los períodos que se establecen a continuación:

1) A partir de la constatación fehaciente del estado de gravidez por parte del Banco de Previsión Social y hasta los 14 (catorce) años del beneficiario.

2) Hasta los 16 (dieciséis) años del beneficiario, cuando se compruebe que el mismo no ha podido completar el ciclo de educación primaria a los 14 (catorce años por impedimento plenamente justificado.

3) Hasta los 18 (dieciocho) años de edad del beneficiario, cuando el mismo curse estudios de nivel superior a los de educación primaria en instituciones docentes estatales o privadas autorizadas por el órgano competente.

4) Cuando el beneficiario padezca de una discapacidad física o psíquica tal que impida su incorporación a todo tipo de tarea remunerada, la prestación se servirá hasta los 18 (dieciocho) años de edad, y continuará sirviéndose a partir de dicha edad por períodos de tres años, con revisión médica al finalizar cada período conforme a lo previsto por el literal D) del artículo siguiente. La percepción del beneficio será incompatible con el cobro de la prestación a que refiere el artículo 43 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995.

Artículo 6°. (Requisitos para el otorgamiento y el mantenimiento de la percepción de la prestación).- Para recibir la asignación regulada por la presente ley, deberán acreditarse ante el Banco de Previsión Social, con la frecuencia y del modo que establezca la reglamentación, los siguientes extremos:

A) Los ingresos y la composición del hogar que integra el beneficiario.

B) Los demás elementos que caracterizan a dicho hogar como en situación de vulnerabilidad socioeconómica y que lo incluyen en el nivel a que refiere el inciso segundo del artículo 1°, en su caso.

C) La inscripción y concurrencia asidua del beneficiario a institutos docentes estatales o privados autorizados por el órgano competente, excepto en los casos de beneficiarios discapacitados en que se acredite que aquello no es posible, y la periodicidad de controles de asistencia médica brindada a través del sistema público o privado.

D) Tratándose de personas discapacitadas desde el punto de vista físico o psíquico, la discapacidad que impida su incorporación a todo tipo de tarea remunerada. En este caso, el dictamen provendrá de los servicios médicos del Banco de Previsión Social y se realizarán revisiones periódicas ante los mismos servicios médicos cada tres años, a los efectos de evaluar si se mantiene el mismo grado de incapacidad que permita el mantenimiento del pago de la prestación. No obstante, en los casos de niños y adolescentes que padezcan discapacidad psíquica, la misma podrá acreditarse mediante certificación que al efecto expida el Registro creado por la Ley N° 13.711, de 29 de noviembre de 1968.

Artículo 7°. (Instituciones de educación no formal).- A los efectos de lo previsto en el literal C) del artículo anterior, considéranse incluidas dentro de los institutos docentes privados, a las instituciones de educación no formal que, estando inscriptas en el Registro de Instituciones de Educación No Formal del Ministerio de Educación y Cultura, contribuyan al desarrollo socioeducativo del beneficiario y a su reinserción en el sistema educativo formal, conforme a la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo.

La autoridad competente para autorizar el funcionamiento de dichas instituciones será el Ministerio de Educación y Cultura.

Los niños y adolescentes incluidos en el ámbito subjetivo de la presente ley, que participen en proyectos socioeducativos desarrollados por las referidas instituciones de educación no formal, serán beneficiarios de la asignación siempre que los atributarios se comprometan al reingreso de aquéllos al sistema educativo formal.

Bajo estas condiciones, la asignación se otorgará por una sola vez y por un período no mayor a un año.

Artículo 8°. (Competencias y atribuciones de la Administración).- Compete al Banco de Previsión Social verificar y controlar los requisitos de elegibilidad para ser beneficiario o atributario de la prestación instituida por la presente ley.

A tales efectos, queda facultado para:

a) realizar las comprobaciones e inspecciones que estime convenientes, a fin de determinar la existencia de las condiciones de acceso y mantenimiento de la prestación;

b) requerir de los Ministerios de Educación y Cultura y de Salud Pública, de la Administración Nacional de Enseñanza Pública, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y de las instituciones docentes privadas, toda la información necesaria para comprobar la asistencia de los beneficiarios a los centros de educación y los debidos controles médicos, a cuyos efectos los organismos e instituciones indicados quedan obligados a suministrarla;

c) utilizar las bases de datos confeccionadas por el Ministerio de Desarrollo Social en el marco del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social -debiendo dicho Ministerio facilitar dicha utilización- a los efectos de estar en condiciones de servir la prestación sin dilaciones, a quienes estén incluidos en aquéllas y reúnan las condiciones necesarias para ser beneficiarios de la asignación prevista en la presente ley.

d) requerir del Ministerio de Desarrollo Social la colaboración necesaria para la ejecución de los cometidos previstos en el inciso primero de este artículo así como para la comprobación de los extremos previstos en el literal a) del inciso segundo de esta disposición, quedando dicho Ministerio obligado a prestar dicha asistencia y pudiendo ambos organismos celebrar los convenios interinstitucionales que fueren menester a tales efectos;

e) solicitar a los organismos públicos todo tipo de información respecto de las asignaciones familiares que abonan a sus funcionarios, quedando dichos organismos obligados a suministrarla.

En caso de comprobarse la falsedad total o parcial de la información proporcionada por los interesados o de no poder verificarse las condiciones que habilitan la percepción de la prestación por causa imputable a éstos, el Banco de Previsión Social procederá a la suspensión del beneficio, sin perjuicio de ejercitar las acciones para recuperar lo indebidamente pagado y de las denuncias penales que eventualmente correspondieren.

Artículo 9°. (Incompatibilidad y opciones).- La percepción de la prestación establecida en la presente ley es incompatible con las previstas por el Decreto-Ley N° 15.084, de 28 de noviembre de 1980 y por la Ley N° 17.474 de 14 de mayo de 2002, así como con la asignación familiar generada por la calidad de funcionario público del asignatario o atributario y las servidas por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

No obstante, se podrá optar en todo momento por el beneficio previsto en la presente ley, teniendo preferencia el mismo en caso de controversia entre quienes resulten asignatarios o atributarios según los diferentes regímenes.

Artículo 10. (Referencia a valores constantes y ajustes).- Las referencias monetarias del artículo 4° están expresadas en valores constantes correspondientes al mes de enero de 2008.

La prestación será ajustada de conformidad con la variación del Indice de Precios al Consumo, en las mismas oportunidades en que se ajusten las remuneraciones de los funcionarios públicos de la Administración Central.

Artículo 11. (Inembargabilidad e incedibilidad).- La prestación instituida por la presente ley es inalienable e inembargable y toda venta o cesión que se hiciere de ella, cualquiera fuere su causa, será nula.

Artículo 12. (Financiación).- Las erogaciones derivadas de la aplicación de la presente ley serán atendidas por Rentas Generales.

Artículo 13. (Derogaciones y régimen de transición).- Deróganse a partir del 1° de enero de 2008, las Leyes N° 17.139, de 16 de julio de 1999 y N° 17.758 de 4 de mayo de 2004.

En los casos de quienes aspiren a ser beneficiarios de la prestación prevista por la presente ley e integren hogares que no fueron visitados y relevados en el marco del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social, deberá formularse la correspondiente solicitud ante el Banco de Previsión Social.

Idéntica gestión deberá cumplirse respecto de los potenciales beneficiarios que, habiendo sido visitados y relevados dentro del Plan antedicho, no perciban asignaciones familiares ni integren hogares beneficiarios de Ingreso Ciudadano.

Quienes al 31 de diciembre de 2007 sean beneficiarios de prestaciones concedidas al amparo de las leyes que se derogan, continuarán percibiendo una asignación equivalente a la que recibirían de haberse mantenido vigentes las mismas, hasta que el Banco de Previsión Social se expida respecto de si tienen o no derecho a la establecida por esta ley. No obstante, si estuvieren comprendidos en lo previsto por el inciso segundo de este artículo y no se hubiese formulado la correspondiente solicitud de amparo antes del 1° de julio de 2008, continuarán percibiendo la referida asignación equivalente sólo hasta el 30 de junio de 2008, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso siguiente.

Una vez realizado el control de las condiciones de acceso a la prestación prevista por esta ley, quienes al 31 de diciembre de 2007 fueran beneficiarios de prestaciones concedidas al amparo de las leyes derogadas por la presente, continuarán percibiendo durante el año 2008 una asignación equivalente a la que recibirían de haberse mantenido vigentes las mismas, siempre que integraren hogares no situados en el nivel previsto por el inciso segundo del artículo 1° pero sí en situación de vulnerabilidad socioeconómica conforme a la definición del artículo 2°.

Los postulantes a la asignación estatuida en esta ley, que al 31 de diciembre de 2007 no fueran beneficiarios de prestaciones concedidas conforme a las leyes que se derogan e integraren hogares de las características referidas en el inciso anterior, percibirán durante el año 2008 una asignación idéntica a la establecida en dicho inciso.

A partir del 1° de enero de 2009, las personas comprendidas en lo previsto por los dos incisos anteriores, pasarán a cobrar el beneficio establecido en la presente ley, si conservaren las condiciones de acceso al mismo.

Aquellos beneficiarios de asignaciones familiares reguladas por el Decreto-Ley N° 15.084, de 28 de noviembre de 1980, respecto de quienes se optare por la prestación establecida en la presente ley, no perderán por tal motivo sus derechos a hacer uso del servicio de atención materno infantil a cargo del Banco de Previsión Social.

Quienes al 31 de diciembre de 2007, contando con 18 (dieciocho) o más años de edad y padeciendo discapacidad, sean beneficiarios de asignaciones concedidas al amparo de las leyes que se derogan, podrán acceder a las prestaciones previstas en la presente ley en las condiciones establecidas para las personas discapacitadas.

Cuando deba formularse la correspondiente solicitud ante el Banco de Previsión Social para acceder a la prestación prevista en la presente ley, los haberes sólo se devengarán a partir de aquélla. No obstante, en estos casos, no se devengarán dichas asignaciones antes del 1° de abril de 2008.

Artículo 14. (Declaración interpretativa).- Declárase, con carácter de interpretación auténtica, que las referencias al régimen general que se efectúan en los incisos tercero del artículo 1° y primero del artículo 2°, de la Ley N° 17.474, de 14 de mayo de 2002, aluden al estatuido por el Decreto-Ley N° 15.084, de 28 de noviembre de 1980.

Artículo 15. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo, reglamentará la presente ley dentro del término de treinta días siguientes al de su promulgación.

Azucena Berrutti, Reinaldo Gargano, José Mujica, Danilo Astori, Héctor Lescano, Marina Arismendi, Víctor Rossi, Martín Ponce de León, María Julia Muñoz, Mariano Arana, Jorge Brovetto, Eduardo Bonomi, Ricardo Bernal.

DISPOSICIONES CITADAS

Referente:

Exposición de Motivos

Artículo 14

Disposición citada

Ley N° 10.449, de 12 de noviembre de 1943

CONSEJO DE SALARIOS

SE INSTITUYE EL REGIMEN, CON EXISTENCIA DE CAJAS DE COMPENSACION, Y SE ARTICULAN NORMAS CONEXAS

Artículo 1°.- El salario mínimo es aquel que se considera necesario, en relación a las condiciones económicas que imperan en un lugar, para asegurar al trabajador un nivel de vida suficiente, a fin de proveer a la satisfacción de sus necesidades físicas, intelectuales y morales.

Artículo 2°.- Los salarios mínimos serán pagados en moneda nacional, con exclusión de toda otra especie y con eliminación absoluta de todo sistema de trueque, salvo lo dispuesto en el artículo 18.

Artículo 3°.- Todo patrono o empresario que utilice subcontratistas o intermediarios permanecerá, no obstante, obligado subsidiariamente al pago de los salarios mínimos fijados.

Todo trabajador a destajo debe percibir una remuneración que permita a un obrero de condiciones normales, alcanzar el salario mínimo en una jornada de ocho horas diarias o en cuarenta y ocho horas de labor semanal.

Artículo 4°.- Los obreros o empleados actuando por sí o por intermedio de un mandatario, o representados por el Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados, tendrán derecho a reclamar de sus contratistas el pago de salarios establecidos por la ley o fijados por los Consejos de Salarios, sin perjuicio de poder exigir el pago indirecto por intermedio del Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados o del Juez de Paz del domicilio del patrono o del lugar de trabajo.

Constituye título ejecutivo, para el ejercicio de esta acción, la planilla de trabajo que acredite los jornales o sueldos acordados al obrero o empleado, conjuntamente con un certificado del mismo Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados que establezca el salario legal o el decretado por los Consejos de Salarios, que corresponde abonar al obrero o empleado.

Por el solo hecho de ser condenado al pago de salarios de acuerdo con este artículo e independientemente de la sanción administrativa que corresponda, el patrono o empresario deberá los daños y perjuicios emergentes del no cumplimiento de su obligación, los que serán fijados por el Juez de la sentencia definitiva, teniendo en cuenta el número de familiares a cargo del obrero o empleado perjudicado, el tiempo de trabajo durante el cual el trabajador dejó de percibir el salario mínimo correspondiente y la diferencia entre la tasa de los salarios acordados al trabajador según planilla y la mínima señalada en el certificado, a que se refiere el inciso anterior. En ningún caso, los daños y perjuicios podrán ser avaluados en más del cincuenta por ciento (50%) del monto total de los salarios debidos, según la sentencia.

Si un empresario o patrono paga a un obrero según una convención, por pieza, después que el salario mínimo se haya fijado por hora o por día, sin haberse fijado por pieza, será considerado infractor, a no ser que pruebe que la tasa de salario por él pagada asegura específicamente al obrero el goce del salario mínimo.

Son Jueces competentes para entender en los juicios por cobro de salarios, los Jueces de Paz de la sección del comercio o establecimientos del patrono u oficinas y escritorios de propiedad privada o del lugar del trabajo. La sentencia del Juez de Paz, será apelable en relación y la segunda instancia causará ejecutoria.

La parte del obrero o empleado gozará de auxiliatoria de pobreza de pleno derecho; pero el patrono condenado al pago de salarios deberá las costas y aun los costos, si para ello hubiere mérito de acuerdo con el artículo 688 del Código Civil.

Esta acción prescribirá al año del día en que el perjudicado dejó de trabajar, o trabajó por última vez, para el infractor.

De los Consejos de Salarios

Artículo 5°.- Créanse los Consejos de Salarios que tendrán por cometido fijar el monto mínimo de los salarios que deben percibir los trabajadores, empleados u obreros del comercio, la industria, oficinas y escritorios de propiedad privada y los servicios públicos no atendidos por el Estado.

En cualquier época el Poder Ejecutivo podrá provocar de oficio o a petición de parte, por intermedio del Ministro competente, la constitución de Consejos de Salarios.

El derecho de petición a que se refiere el inciso anterior podrá ser ejercido por la tercera parte de los obreros de una industria o comercio registrados en las planillas de trabajo, los patronos y los sindicatos patronales o las agrupaciones obreras con personería jurídica o reconocidas por el Poder Ejecutivo.

Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo clasificará en grupos, las actividades numeradas en el artículo anterior. Para cada uno de ellos funcionará un Consejo de Salarios constituido por siete miembros: tres designados por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros, por los patronos y dos por los obreros, e igual número de suplentes.

El primero de los tres delegados designados por el Poder Ejecutivo actuará como Presidente.

El Poder Ejecutivo determinará las medidas tendientes a la constitución e instalación de los Consejos y reglamentará los procedimientos para la elección de los delegados en la siguiente forma:

El Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados preparará una lista de todos los patronos, empleados y obreros pertenecientes a la industria o comercio o grupos indicados, debiendo los empresarios o patronos proporcionar los datos que se le soliciten por dicho organismo.

Sobre ese registro de patronos, empleados y obreros, que debe llevarse rigurosamente al día, se efectuarán las elecciones de delegados. El Poder Ejecutivo determinará con anticipación de veinte días la fecha de la elección de representantes obreros y patronales.

Artículo 7°.- Las elecciones se realizarán bajo el siguiente régimen:

1. Justificación de identidad.

2. Voto secreto.

3. Decisión válida de los electores que representen la mayoría simple de votantes.

4. Tribunal de elecciones compuesto de cuatro funcionarios designados por la Corte Electoral, bajo la presidencia del Director o Subdirector o funcionario del Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados, sin perjuicio de que cada lista patronal u obrera pueda hacerse representar ante ese Tribunal por un delegado fiscalizador.

5. Apelación por vicio grave del acto eleccionario, ante la Corte Electoral, que resolverá inapelablemente en el término de diez días.

Artículo 8°.- Cuando una de las partes no concurra a la elección de su representante; éste será designado por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros. En caso de que ambas partes no concurrieren al acto eleccionario, el Poder Ejecutivo procederá, asimismo, a la designación directa.

Cuando no haya en el grupo de que se trate más de un patrono, a éste le corresponderá integrar el Consejo o nombrar su representante.

Artículo 9°.- Cada Consejo de Salarios, una vez constituido y dentro del plazo que en cada caso se fijará, hará la clasificación por profesiones y categorías de los trabajadores que integran el grupo respectivo, la que será tomada como base para la fijación de los salarios mínimos.

Artículo 10.- Cuando se resuelva la creación de un Consejo de Salarios, el Poder Ejecutivo dictará un decreto determinado:

1. La profesión o profesiones similares sometidas a la jurisdicción del Consejo y que integren el grupo.

2. La circunscripción territorial sobre la cual ha de establecerse esa jurisdicción.

Artículo 11.- Los Consejos de Salarios, cuando lo juzguen conveniente, podrán constituir dentro de su respectiva jurisdicción, Subconsejos especiales o de peritos, para practicar el estudio o investigación de un problema cualquiera, pero en carácter únicamente informativo.

Artículo 12.- Queda prohibida la representación de los trabajadores, por trabajadores que desempeñen cargos de dirección en un establecimiento comercial o industrial. Los delegados patronales u obreros deberán tener por lo menos veintitrés años de edad y ser ciudadanos naturales o legales, con un mínimo de actividad continuada en los últimos cinco años en los trabajos propios del comercio, industria, etc., del grupo correspondiente.

Podrá ser delegado obrero aun el despedido dentro de los noventa días anteriores a la fecha de la convocatoria a elecciones cuando no haya sido por causa grave y reúna las condiciones del Inciso anterior.

La actividad continuada mínima no será necesaria en el caso de que el Consejo de Salarios se constituya para empresas o actividades industriales o comerciales nuevas iniciadas dentro de los últimos cinco años.

Artículo 13.- Los Consejos de Salarios podrán decretar inspecciones de contabilidad, visitar y examinar los establecimientos comerciales e industriales y citar a declarar patronos, empleados y obreros.

Las inspecciones de contabilidad deberán concretarse a lo relacionado en los salarios y producido de la industria de que se trate y los Contadores, expertos o personal que por mandato del Consejo de Salarios las realicen, sólo podrán comunicar su resultado al propio Consejo debiendo agrupar absoluta reserva respecto de terceros. El incumplimiento de esta obligación se considerará falta grave, sin perjuicio de la responsabilidad civil del transgresor.

La inspección no podrá extenderse más allá de las operaciones del año anterior a aquel en que se realice, salvo decisión unánime del Consejo, que podrá ampliar el término.

Artículo 14.- Las decisiones de los Consejos de Salarios se adoptarán por simple mayoría, pero no podrá efectuarse ninguna votación sobre salarios, sin inclusión de ésta en el "Orden del Día" y sin previa citación por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación. No obstante, sin haberse cumplido dichos requisitos podrá procederse a una votación de salarios cuando así se resuelva por unanimidad. Para que la votación sea válida se requiere, además, que estén representados por delegados presentes los tres sectores.

En los casos en que la ausencia a tres sesiones de uno o varios delegados haga imposible tomar decisiones válidas, cualquier miembro tendrá facultad de reclamar al Ministerio de Industrias y Trabajo la integración del Consejo por suplentes, y en su caso, por el procedimiento establecido.

Artículo 15.- Los Consejos fijarán el salario mínimo aplicable a cada categoría de trabajo sometida a sus jurisdicciones, por hora o por jornada, o por semana, o por mes, o por pieza, según sea necesario o lo consideren conveniente.

El Poder Ejecutivo, en Consejo de Ministros, podrá observar un salario acordado, cuando a su juicio no llene las exigencias de un mínimo racional por demasiado bajo. En tal caso, si el Consejo observado no rectifica convenientemente su resolución, el Poder Ejecutivo podrá establecer el mínimo.

Los Consejos adoptarán las precauciones que juzguen necesarias para el cumplimiento de la ley.

El Consejo de Salarios, de acuerdo con el decreto de constitución, podrá tener funciones limitadas a la estructuración de las categorías y a la fijación para un grupo de actividades, de un salario mínimo general que tienda a la nivelación del mismo dentro del grupo.

Artículo 16.- Los Consejos podrán tener presente, en la graduación de los salarios, las situaciones especiales derivadas de la edad o de las aptitudes físicas o mentales restringidas de alguno o algunos de los empleados u obreros del establecimiento industrial o comercial. En estos casos, justificarán, en forma breve y sumaria, la diferencia de situaciones.

El Consejo de Salarios podrá establecer el porcentaje máximo de obreros o empleados en estas condiciones para cada establecimiento o grupo de ellos.

El Consejo también podrá reglamentar el aprendizaje de los menores de dieciocho años, teniendo en cuenta las disposiciones del Código del Niño.

Artículo 17.- Los Consejos que se crean por esta ley fijarán salarios de la industria y el comercio, teniendo especialmente en cuenta, para aumentarlos, los siguientes elementos:

I) Las condiciones económicas del lugar o del país.

II) El poder adquisitivo de la moneda.

III) La capacidad o calificación del trabajador.

IV) La peligrosidad para la salud, de la explotación industrial, o comercial.

Artículo 18.- Los Consejos de Salarios establecerán las deducciones que los patronos podrán hacer sobre los sueldos y salarios por concepto de viviendas y alimentación, así como por los provechos que puedan resultar de la naturaleza del empleo, como ser comisiones, habilitaciones, propinas, etc.

Artículo 19.- Las decisiones de los Consejos de Salarios serán apelables ante el Poder Ejecutivo, salvo aquellas adoptadas por unanimidad de sus componentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2° del artículo 15.

Las tarifas de salarios mínimos entrarán en vigencia en la fecha que señale el Consejo de Salarios y serán publicadas en el "Diario Oficial" y en otros diarios o periódicos, a juicio del Poder Ejecutivo.

Salvo resolución en contrario del Consejo, la tarifa entrará en vigencia a los treinta días de su publicación.

Las empresas quedan obligadas a poner en sitios visibles las tarifas que han de regir en su establecimiento o industria.

Artículo 20.- Los Consejos de Salarios tendrán, además de la función de fijar salarios, la de participar, de acuerdo con la reglamentación que se dictará, en la aplicación de la ley y la de actuar como organismo de conciliación en los conflictos que se originen entre patronos y obreros del grupo para que fueron constituidos.

A ese efecto durarán un año en sus funciones, pero sus miembros podrán ser reelectos.

De las asignaciones familiares

Artículo 21.- Declárase obligatorio el régimen de Cajas de Compensación para pago de asignaciones familiares a todo empleado, obrero o peón, por cada hijo legítimo o natural legalmente reconocido o declarado judicialmente.

Cada Caja estará administrada por un Consejo honorario renovable cada dos años, compuesto, en partes iguales, por representantes de los patronos y de los obreros, en la forma que establezca el Poder Ejecutivo, y por un representante del mismo Poder. Los delegados patronales y obreros han de ser ciudadanos naturales o legales, y reunir las demás calidades establecidas en el artículo 12.

Artículo 22.- El beneficiario directo de la asignación es el hijo a cargo del empleado, obrero o peón, hasta la edad de catorce años, haciéndose extensiva hasta los dieciséis en casos de estudios secundarios o preparatorio o aprendizajes de oficios en escuelas especiales. El administrador de la asignación es el empleado, obrero o peón.

Las asignaciones familiares se servirán hasta completar doscientos pesos, con el sueldo que perciba el jefe de familia.

En el caso de empleo de ambos cónyuges se computarán sus sueldos, a los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior.

Articulo 23.- Cuando uno de los hijos sostén del hogar será el atrbibutario de la asignación, considerándose a sus hermanos como si fueran hijos suyos. Asimismo, será atributario el empleado u obrero de uno u otro sexo, casado o viudo, que llenando las condiciones legales, tenga totalmente a su cargo, con carácter permanente y en forma debidamente comprobada, uno o más menores huérfanos o abandonados, considerándose a esos menores como si fueran hijos suyos.

Artículo 24.- Las empresas o firmas que organicen particular o colectivamente sus propias Cajas, en condiciones financieras iguales o superiores a las fijadas por la ley, quedarán exoneradas de afiliarse a las Cajas oficiales.

Artículo 25.- Las Cajas tendrán como recurso una contribución patronal, mensual y variable, no menor de uno y medio por ciento (1 1/2%) ni obligatoriamente mayor del tres y medio por ciento (3 1/2%) de la remuneración de los trabajadores.

El porcentaje de la contribución patronal será fijado cada tres meses.

La Caja podrá realizar la siguiente operación, totalizando por una parte:

A) Las sumas necesarias para cubrir las asignaciones servidas por la Caja.

B) Los gastos de administración, que no serán superiores al tres por ciento (3%) de las entradas brutas.

C) Un fondo de reserva con el cinco por ciento (5%) de las asignaciones servidas.

Por otra parte, se totalizarán los sueldos pagados por todos los empleadores, pertenecientes a la Caja.

El cociente de esas dos cantidades representa el porcentaje que queda fijado para el trimestre y se aplica al monto de salarios declarados por cada adherente, a fin de determinar su contribución.

Para el establecimiento de las asignaciones se aplicará el sistema de repartición hasta un máximo de seis pesos por cada hijo.

Artículo 26.- Dentro del término de ocho meses, a partir de la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo dictará las providencias necesarias para que se constituyan los Consejos de las Cajas de Compensación. Durante ese plazo los patronos contribuirán a la constitución de un fondo inicial de dichas Cajas con una aportación hasta de tres por ciento (3%) del monto de las remuneraciones que paguen, porcentaje que será fijado, percibido y depositado en la forma y lugar que determine el Poder Ejecutivo. Transcurrido dicho plazo, el mismo Poder pondrá de inmediato en vigencia el servicio de las asignaciones familiares.

Artículo 27.- Todos los empleadores deberán enviar una vez año al Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados las planillas completas de sus obreros y empleados, con indicación detallada del número de casados o solteros atributarios de esta ley, sus nombres, cantidad de hijos, estado civil de los mismos y edades respectivas. La citada planilla deberá indicar los despidos de obreros y empleados y sus causas. En el caso de que se modifique, en el establecimiento, la proporción de obreros casados del último año, el Poder Ejecutivo podrá fijar, entre los dos extremos de la contribución patronal formulada en el artículo 25, un porcentaje estable o el máximo, cualquiera sea el número de hijos de los obreros o empleados casados. Dentro de los dos meses de la promulgación de esta ley de planillas a que se refiere este artículo se harán con retroactividad de seis meses.

Artículo 28.- El recurso de apelación, que será fundado, se interpondrá por intermedio del Ministerio de Industrias y Trabajo dentro de las horas hábiles de los diez días siguientes la notificación o a la fecha de su publicación en el "Diario Oficial" por las asociaciones o sindicatos patronales o de trabajadores que tengan personería jurídica o personería reconocida por el Poder Ejecutivo, o por un cuarto del número de patronos, obreros o empleados que hubiere votado en la elección de delegados obreros o patronales.

Artículo 29.- La apelación no tendrá efecto suspen-sivo, pero el Poder Ejecutivo deberá resolver dentro de los treinta días siguientes a la interposición del recurso. Transcurrido dicho término sin que el Poder Ejecutivo hubiera adoptado resolución, quedará firme la del Consejo de Salarios.

Quedará igualmente firme si la referida resolución del Poder Ejecutivo no se publicara en los diez días siguientes a la fecha en que fue dictada. La resolución del Poder Ejecutivo entrará en vigencia en la fecha que él mismo determine, dentro de los treinta días de publicada.

Artículo 30.- El Poder Ejecutivo podrá homolgar las tarifas de salarios declarándolas obligatorias para una industria o rama de la industria o del comercio en toda la República o en parte de ésta. La resolución firme del Consejo de Salarios y la homolgación de la tarifa respectiva por el Poder Ejecutivo hará improcedente la convocatoria antes de transcurrido un año, de un nuevo Consejo, para entender en una cuestión análoga relacionada con el salario fijado para una industria o rama de la misma, sin perjuicio de las sanciones establecidas por el artículo 4° para el caso del incumplimiento del salario mínimo decretado.

De los recursos infracciones y penalidades

Artículo 31.- Las infracciones a la presente ley, a sus reglamentos o a las tarifas de salarios mínimos, así como la mora en la paga de las asignaciones equivalentes a dos meses de remuneración o de cuarenta días de jornales, serán castigadas por el Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados con multa de cincuenta pesos ($ 50.00) a quinientos pesos ($ 500.00) cada infracción, atendida su importancia y gravedad, y apelable ante el Poder Ejecutivo cuando exceda de cien pesos ($ 100.00).

Artículo 32.- Los Inspectores de Trabajo y los miembros de los Consejos tienen derecho a hacerse presentar por todo patrono o contratista los recibos o documentos donde consten los pagos.

Artículo 33.- Si alguna persona se niega a facilitar a esos funcionarios o a los miembros del Consejo los medios que solicitan para el cumplimiento de su misión, si los contrarían u obstaculizan en el ejercicio de sus derechos, esa persona será castigada por cada contravención con una multa de cincuenta pesos ($ 50.00) a cien pesos ($ 100.00) y el que presente a la Inspección documentos que falseen la verdad o dé informaciones inexactas, será pasible de una multa de cien pesos ($ 100.00). Las reincidencias duplicarán la pena. Estas multas serán aplicadas por el Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados o por los Consejos de Salarios, en su caso, y serán inapelables.

Las multas aplicadas por los Consejos de Salarios se harán efectivas por el Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados.

Artículo 34.- Para la ejecución de las multas se seguirá el procedimiento establecido por la Ley de 29 de Mayo de 1916, debiendo determinar el Poder Ejecutivo la forma en que el Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados se hará representar en los juicios.

Artículo 35.- La acción de ilegabilidad, prevista en los artículos 271 y siguientes de la Constitución, podrá deducirse contra las resoluciones del Poder Ejecutivo que impongan sanciones de acuerdo con esta ley. Mientras no se organice el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se entablará ante los Jueces Letrados de 1ª Instancia en campaña, y ante los Jueces Letrados de Hacienda y de lo Contencioso Administrativo en la Capital. La acción se dirigirá a obtener la revocación de la resolución impugnada o la reparación civil pertinente, o a ambos fines, a opción del interesado. Se interpondrá dentro del término perentorio de veinte días de notificada aquella resolución y se seguirá, en su tramitación, el procedimiento de los juicios ordinarios de menor cuantía. El Juez de la causa podrá resolver, en cualquier momento, la suspensión de la resolución recurrida cuando su cumplimiento pueda producir perjuicios irreparables.

Contra las sentencias de primera instancia habrá recursos de apelación libre para ante el Tribunal de Apelaciones, cuyo fallo hará cosa juzgada.

Artículo 36.- Quedan subsistentes las disposiciones de la Ley N° 9.910, de 5 de Enero de 1940, y sus concordantes sobre trabajo manual a domicilio, en cuanto no se opongan a la presente ley.

Quedan igualmente subsistentes las disposiciones de la Ley N° 9.675 de 4 de Agosto de 1937 en cuanto no se opongan a la presente, que establece competencia privativa en materia de salarios y sus categorías.

Las leyes de salarios que fijen plazo de duración para tarifas quedarán en vigor hasta cumplirse dichos plazos y prórrogas en las condiciones establecidas en las mismas.

Artículo 37.- El ejercicio de miembro del Consejo de Salarios es obligatorio.

Artículo 38.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

Artículo 39.- Comuníquese, etc.

Referente:

Exposición de Motivos

Disposición citada

Ley N° 11.490, de 18 de setiembre de 1950

ADMINISTRACION PUBLICA

SE MEJORA LA RETRIBUCION DE LOS SERVIDORES, SE AMPLIA EL BENEFICIO DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES, SE MODIFICA EL REGIMEN DE RETENCIONES, SE AUMENTAN LOS SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO Y SE CONSAGRAN DIVERSAS PRACTICAS ADMINISTRATIVAS MAS DANDOSE RECURSOS CON LA CREACION DE IMPUESTOS

Artículo 1°.- Todas las retribuciones de servicios personales que el Estado abona por cualquier concepto, tendrán un aumento mensual de $ 45.00, con las excepciones y modificaciones previstas en los artículos siguientes.

Artículo 2°.- Fíjase en $ 160.00 mensuales la asignación mínima de los funcionarios del Estado de la última categoría del Escalafón Civil.

Los que perciban sus asignaciones como jornaleros recibirán el jornal equivalente a la asignación mínima mensual de $ 160.00, debiendo computárseles en la liquidación mensual de jornales, los días feriados y aquellos en que no se haya trabajado por causas no imputables al obrero, siempre que, en este último caso, justifiquen debidamente su presencia en las horas reglamentarias de entrada al trabajo.

Para la fijación de la asignación de los jornaleros comprendidos en las demás escalas de jornales vigentes, incluso los aprendices, se tomará como base veinticinco jornales a la que se aumentará la cantidad de $ 45.00. La liquidación mensual de jornales para los mismos se practicará según la norma establecida en el inciso anterior.

Iguales normas se aplicarán a los obreros que trabajan en obras que realice el Estado directamente o por contrato.

Artículo 3°.- Todos los demás servicios personales civiles no retribuidos con cargo a las partidas específicas para sueldos o jornales y no comprendidas en las normas establecidas por el artículo 1° de la Ley N° 10.600, de 29 de diciembre de 1944, tendrán un aumento del 50% en sus actuales asignaciones, no pudiendo exceder el aumento de $ 45.00, ni ser inferior a $ 25.00 mensuales.

Artículo 4°.- El aumento a que se refiere el artículo 1°, comprenderá también:

A) A los funcionarios del escalafón docente, establecido por la Ley N° 11.285, de 2 de julio de 1949, los que recibirán un aumento equivalente al 25%, sobre la liquidación de su sueldo, sin que este aumento, pueda ser en ningún caso inferior a veinte pesos mensuales ni mayor de cuarenta y cinco.

B) Al personal docente de la Universidad del Trabajo con 6 o más horas de clase que lo percibirá totalmente; el personal con menos de 6 horas pecibirá tantas sextas partes del aumento como horas de clase dicte.

C) A los funcionarios diplomáticos y consulares que cobran sus asignaciones con arreglo a lo dispuesto por la Ley N° 10.520, de 15 de agosto de 1944, a los que se liquidará el referido aumento sin el beneficio del coeficiente a que se refiere dicha ley.

D) Al personal de tropa del Ejército y Cuerpo de Equipaje de la Marina que cumplían funciones administrativas en las dependencias que corresponden es Items 3.01, 3.03, 3.06, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 y 3.20 del Ministerio de Defensa Nacional con anterioridad al 1° de agosto de 1950. Los expresados funcionarios podrán optar por continuar en la situación que tienen actualmente o ser incorporados dentro del plazo de treinta días a contar de la promulgación de la presente ley de las planillas administrativas de los Items de dicho Ministerio en los cargos que corresponda de escalafón administrativo de conformidad a las asignaciones que perciban. La antigüedad en el cargo de los referidos funcionarios a los efectos del ascenso que pueda corresponderle, se computará hasta la fecha de su incorporación a esta planilla, no pudiendo, en ningún caso, las incorporaciones perjudicar los derechos adquiridos de los funcionarios ya presupuestados. En lo sucesivo no podrá destinarse a servicios administrativos personal de tropa del Ejército, ni del Cuerpo de Equipaje de la Marina.

Artículo 5°.- Los Sargentos y Suboficiales de 2a. de los Items, 3.16 y 3.17, tendrán un aumento en sus asignaciones de 35.00 mensuales; para los Cabos y Cabos de 1a. y 2a. de mar el aumento de $ 25.00 mensuales; para los apuntadores, soldados distinguidos, cornetas, tambores, trompas, soldados, aprendices, marineros de 1a. y de 2a., aprendices de la Escuela de Marineros y de la Escuela de Mecánicos el aumento será de $ 20.00 mensuales.

Artículo 6°.- No están comprendidos en los beneficios del artículo 1°.

A) Los funcionarios administrativos con sueldos mayores de $ 435.00 mensuales correspondientes a los Items 3.28. 4,11, 5.03, 6.08 a 6.13, 12.01 a 12.04, 13.01 a 13.09, 14.01 a 14.04, 15.01, 16.01, 16.02, 17.01 a 17.11, 17 B y 18.01 a 18.04, salvo los que hubieran percibido aumentos menores de $ 45.00, que percibirán como aumento el complemento hasta cubrir dicha cantidad.

El sueldo de ingreso a la Administración Pública en los cargos del Escalafón Civil correspondiente a las categorías III y IV, que no requieran condición de técnico será en todos los casos el mínimo de $ 160.00 mensuales establecido en la primera parte del artículo 2° de esta ley. Dichos funcionarios tendrán un aumento de $ 180.00 anuales hasta alcanzar el sueldo correspondiente a su categoría y grado.

B) Los cargos docentes de los Items 17.01 a 17.18 con exclusión del personal docente y técnico docente que cumpla un horario fijo de trabajo diario y que no perciba más de $ 435.00 mensuales, y del comprendido en los artículos 19 y 20 de la Ley N° 11.285, de 2 de julio de 1949.

C) Los sometidos al régimen especial prescrito por la Ley N° 10.597, de 28 de diciembre de 1944.

Artículo 7°.- Los escribanos de la Escribanía de Gobierno y Hacienda y de los Registros Públicos tendrán un aumento adicional de $ 100.00 mensuales.

Artículo 8°.- Los aumentos establecidos por los artículos precedentes comenzarán a regir desde el 1° de agosto de 1950.

Artículo 9°.- El aumento establecido por esta ley no se computará a los efectos de los límites, de retribuciones o ingresos establecidos por leyes especiales: ni cuando por concepto de comisiones se establezca un límite de percepción mensual y en los casos de acumulaciones de sueldos o de sueldos con pasividades.

Artículo 10.- En los casos de funcionarios que acumulen sueldos o perciban más de uno, el aumento establecido en los artículos anteriores se efectuará en una sola de las asignaciones que perciban.

Artículo 11.- En las situaciones comprendidas por esta ley el aporte a la Caja de Jubilaciones se liquidará en treinta mensualidades.

El personal de tropa del Ejército y del Cuerpo de Equipaje de la Marina Nacional, en situación de actividad o retiro queda comprendido en lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley N° 10.273, de 12 de noviembre de 1942.

El montepío del personal del Cuerpo de Equipaje de la Marina Nacional, a partir del día 1° del mes siguiente al de la fecha de promulgación de esta ley, será al que abona el personal de tropa del Ejército Nacional.

El importe de los descuentos a que se refieren los dos últimos incisos se destina a la Caja de Pensiones Militares.

Artículo 12.- La erogación total que demande el aumento de sueldos y jornales del personal dependiente de organismos o institutos que cubren sus gastos con recursos propios, será atendida íntegramente por dichas reparticiones.

Cuando dichos recursos fueran insuficientes, el Poder Ejecutivo podrá disponer que las diferencias sean cubiertas por Rentas Generales.

Artículo 13.- Los aumentos de jornales el personal obrero del Ministerio de Obras Públicas dispuesto por esta ley, se pagarán en la siguiente forma:

A) Cuando se trate de personal obrero de obras por contrato o por administración, que se paga con fondos provenientes de Deuda Pública, el Poder Ejecutivo aumentará las partidas asignadas a las obras en una cantidad que no será superior al 20% de las sumas no pagadas tomando los importes correspondientes de las emisiones ya autorizadas en las respectivas leyes.

B) Los sometidos al régimen especial prescrito por la Ley N° 10.597, de 28 de diciembre de 1944. Para la retribución del personal obrero que se paga con el Tesoro de Vialidad se aumentará la partida que se fi-ja anualmente para conservación de carreteras,

de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 11.232, de 8 de enero de 1949, en 25%, tomándose los recursos necesarios de los fondos que se arbitran por esta ley.

Artículo 14.- Todos los funcionarios y obreros del Estado cuyas remuneraciones son atendidas con rubros del Presupuesto General de Gastos o con cargo a leyes especiales o con proventos, tendrán el beneficio de las asignaciones familiares, siempre que esas remuneraciones no excedan de $ 300.00 mensuales.

Queda incluido en dicho beneficio el personal de cuidadoras de menores del Consejo del Niño y de la Casa Maternal del Ministerio de Salud Pública, que tengan a su cargo uno o más huérfanos, considerándose a esos menores como si fueran hijos suyos.

Las asignaciones familiares serán de $ 6.00 (seis pesos) por mes y por beneficiario y sustituirán los beneficios otorgados por leyes anteriores a los funcionarios y obreros del Estado salvo los casos en que perciban asignaciones familiares mayores.

Las disposiciones de los artículos 22 y 23 de la Ley N° 10.449, de 12 de noviembre de 1943, serán aplicadas a las asignaciones familiares de los funcionarios y obreros del Estado, salvo los límites de edad que se elevan de catorce a dieciséis años y de dieciséis a dieciocho años y en cuanto no se opongan a la presente ley.

Las asignaciones familiares serán inembargables y no sufrirán descuento alguno, no pagarán montepío jubilatorio, ni podrán ser afectadas en garantía de créditos, alquileres o deudas de cualquier naturaleza: serán abonadas a los empleados y obreros conjuntamente con sus remuneraciones mensuales y empezarán a liquidarse desde el primer día del mes siguiente a la promulgación de la presente ley.

Artículo 15.- El Poder Ejecutivo remitirá a la Asamblea General un proyecto de ley orgánico relativo al seguro de vida obligatorio para los empleados y obreros del Estado, Municipios, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados que deberá formular el Banco de Seguros del Estado dentro del plazo de seis meses a partir de la promulgación de la presente ley.

Todas las dependencias de la Administración Pública, deberán satisfacer, dentro del plazo de sesenta días, los pedidos de informes que el Banco de Seguros del Estado requiera para la organización de este Seguro.

Artículo 16.- Autorízase a la Contaduría General de la Nación a complementar el Servicio de Garantía de Alquileres que realiza de acuerdo con la Ley N° 9.624, de 15 de diciembre de 1936, con un Servicio de Garantía Familiar de la Alimentación Mínima, que comprenderá la leche y la carne.

A este efecto, la Contaduría General de la Nación, convendrá con el Frigorífico Nacional y la CONAPROLE los precios de suministro al funcionario, el que a estos fines gozará de los beneficios que acuerda el artículo 21 de la Ley de 6 de setiembre de 1928 y 3° de la Ley de 14 de diciembre de 1935.

Artículo 17.- Sobre la base del sueldo que percibe el empleado, la Contaduría General de la Nación determinará las cuotas fijas de garantía que serán transferidas a los institutos o casas proveedoras, no pudiendo exceder las mismas en su conjunto, del 20% del sueldo, salvo las excepciones previstas por el artículo 3° de la Ley N° 9.624, en cuyo caso podrá elevarse hasta el 30% la retención total.

Artículo 18.- Como compensación al servicio que por esta ley se incorpora a la Contaduría General de la Nación se autoriza a disponer del 1% sobre el total de los créditos retenidos por cualquier concepto a favor de los institutos oficiales y privados, con excepción de los provenientes de la aplicación de esta ley y con la exclusión de las Cajas de Jubilaciones y Pensiones y la Caja Nacional de Ahorros y Descuentos.

Las sumas que se obtengan por concepto del descuento del 1% a que se refiere este artículo se destinarán íntegramente a compensar al personal de la Contaduría y Tesorería General de la Nación.

Estas Oficinas formarán los cuadros del personal que deba cumplir tareas extraordinarias. La ordenación, se realizará teniendo en cuenta la antigüedad calificada y los méritos en dichas dependencias y, en caso de igualdad de calificaciones, por concurso de oposición.

El Poder Ejecutivo reglamentará todo lo pertinente para el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente.

Los servicios serán compensados en proporción al trabajo cumplido y a los respectivos sueldos.

Artículo 19.- Extiéndase al Servicio de Garantía Familiar de Alimentación Mínima todas aquellas disposiciones de la Ley N° 9.624 que no se opongan a la presente.

Artículo 20.- Inclúyase en los beneficios de la Ley N° 9.624, de 15 de diciembre de 1936 y en los establecidos en los artículos 15, 16 y 17, al personal jornalero a sueldo, presupuestado o eventual, como así los que presenten servicios retribuidos con cargo a rubros no específicamente destinados a sueldos y jornales de la Administración Pública, con más de un año de antigüedad en la misma.

Los quebrantos que el cumplimiento de este artículo origine serán atendidos con cargo a economías de sueldos no afectados.

Artículo 21.- Autorízase a todas las dependencias del Estado, Municipios, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, así como a las Cajas de Jubilaciones, a retener de los sueldos de los funcionarios, jubilados o pensionistas las cantidades mensuales que éstos se obliguen a pagar en los contratos de ahorro y préstamos que celebren con el Departamento Financiero de la Habitación del Banco Hipotecario del Uruguay.

Tales retenciones se harán efectivas mediante solicitud del funcionario, dirigida a sus respectivos Tesoreros o Habilitados. Podrán ser dejadas sin efecto por los interesados, siempre que la gestión se realice antes del otorgamiento del préstamo hipotecario, para lo cual el pedido de cese de retención deberá ser cursado por intermedio del Banco Hipotecario del Uruguay, el cual tendrá facultad para solicitar la retención directamente ante las Cajas de Jubilaciones en los casos en que el deudor hubiere acordado ese derecho sobre su sueldo de actividad.

Los empleados, obreros o jubilados pertenecientes a la actividad privada, podrán solicitar la retención del importe de sus obligaciones con el Departamento Financiero de la Habilitación, sobre sus asignaciones, bastando a dicho efecto que el pedido se formule ante el Banco Hipotecario del Uruguay, el cual causará la orden pertinente a la Empresa en que actúa o a la Caja de Jubilaciones.

Las cantidades retenidas mensualmente serán depositadas dentro de los 15 primeros días de cada mes, en el Departamento Financiero de la Habitación. En caso de que la Oficina o Empresa abonara su presupuesto fuera de la capital, el Banco de la República Oriental del Uruguay efectuará gratuitamente los pases de fondos a favor del Banco Hipotecario del Uruguay.

Existiendo solicitud de retención, ésta tendrá preferencia sobre cualquier operación que el empleado, jubilado o pensionista pueda realizar con posterioridad.

Referente:

Exposición de Motivos

Disposición citada

Ley N° 12.801, de 30 de noviembre de 1960

PRESUPUESTO GENERAL DE SUELDOS SE LE DA UNA NUEVA ESTRUCTURA

Artículo 1°.- Los cargos especificados en las planillas del Presupuesto General de Sueldos y Gastos se agruparán, a los fines de los escalafones de sueldos, en los regímenes de A, B y C, dentro de los cuales se clasificarán de la siguiente manera:

Régimen A:

a) Cargos profesionales y técnico-profesionales.

b) Cargos administrativos.

c) Cargos especializados.

d) Cargos secundarios y de servicio.

Régimen B:

e) Cargos docentes.

f) Cargos militares.

g) Cargos policiales.

h) Cargos del Servicio Exterior.

Régimen C:

i) Cargos electivos.

j) Cargos políticos.

k) Cargos cuyas dotaciones fija directamente el Parlamento.

Artículo 2°.- Los cargos comprendidos en el Régimen Servicio Exterior, tendrán las Categorías, grados, dotaciones mensuales y sueldos progresivos que se fijan en esta ley.

Los demás cargos se regirán por lo que dispongan la Ley Presupuestal o leyes y disposiciones especiales.

Artículo 3°.- La Contaduría General de la Nación, registrará, en cada cargo establecido en las planillas del Presupuesto General de Sueldos y Gastos, el escalafón, la categoría, el grado y la retribución que en aquél le corresponda, de acuerdo con las especificaciones del artículo 1° y demás disposiciones de esta ley. Registrará, asimismo, la característica presupuestal correspondiente, compuesta por el número del Item, por el rubro y por el ordinal de la partida respectiva.

Artículo 4°.- En las designaciones y promociones de los funcionarios deberá mencionarse su denominación escalafón, categoría, grado y característica presupuestal, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones vigentes que no se opongan a la presente ley.

CAPITULO VII

De las Compensaciones Especiales y Asignaciones Familiares

Artículo 44.- Institúyese el salario familiar que estará constituido por los siguientes elementos:

a) Prima por hogar constituido;

b) Asignaciones Familiares;

c) Primas por nacimiento y

d) Primas por matrimonio.

Artículo 45.- Los funcionarios públicos casados o con familiares a su cargo, hasta el segundo grado de consanguinidad inclusive, tendrán derecho a percibir la suma de $ 70.00 (setenta pesos) mensuales, que se les liquidará trimestralmente.

Si en el mismo hogar hubiera más de un empleado u obrero, la compensación se liquidará al que perciba el sueldo más alto. La liquidación se efectuará sobre la base de declaraciones juradas del interesado, considerándose falta grave, que puede dar motivo a destitución, la falsedad de las mismas.

Artículo 46.- Todos los funcionarios públicos cuyas remuneraciones sean atendidas con rubros del Presupuesto General de Sueldos y Gastos o con cargo a leyes especiales o con proventos, tendrán el beneficio de las asignaciones familiares.

Queda incluido en dicho beneficio el personal de ciudadoras del Consejo del Niño y de la Casa Maternal del Ministerio de Salud Pública, que tengan a su cargo uno o más menores a los que se considerará como si fueran hijos suyos a los efectos de la percepción de este beneficio.

Las asignaciones familiares serán de $ 35.00 (treinta y cinco pesos) por mes y por beneficiario y sustituirán los beneficios otorgados por leyes anteriores a los empleados y obreros del Estado, salvo los casos en que perciban asignaciones familiares mayores.

Por cada hijo subsiguiente a partir del segundo, la asignación familiar acrecerá en $ 10.00 (diez Pesos) mensuales.

Las asignaciones familiares serán inembargables y no sufrirán descuento alguno, no pagarán montepío jubilatorio, ni podrán ser afectadas en garantía de créditos, alquileres o deudas de cualquier naturaleza y serán abonadas a los empleados y obreros conjuntamente con sus remuneraciones mensuales.

Artículo 47.- El beneficiario de la asignación familiar es el hijo a cargo del funcionario, hasta la edad de 16 años, haciéndose extensivo hasta los 18, en los siguientes casos:

a) Cuando curse estudios secundarios o preparatorios o aprendizaje de oficios en institutos públicos.

b) Cuando reciba la enseñanza especificada en el inciso anterior en institutos habilitados, o que sin serlo, estén controlados por la Inspección de Enseñanza Privada. La calificación de estudiante será acreditada por certificado expedido por el respectivo instituto docente.

c) Cuando curse estudios primarios, habiendo comprobado que no pudo completarlos a la edad de 16 años, por impedimentos plenamente justificados.

d) Cuando se trate de hijos de empleados y obreros fallecidos o absolutamente discapacitados o que sufran privación de libertad.

e) Cuando se trate de hijos lisiados o incapacitados física o mentalmente para el estudio.

Los atributarios deberán justificar mediante el carnet del alumno, que el beneficiario, en edad escolar, concurre a centros docentes.

Artículo 48.- No regirán los límites de edad a los que se refiere el artículo anterior cuando se trate de hijos totalmente incapacidados para el trabajo.

Artículo 49.- Cuando el meno no se encontrase a cargo del funcionario será administradora de la asignación la persona o institución que justifique poseer la tenencia efectiva del beneficiario, mediante información primaria realizada ante el Juzgado de Paz del domicilio del menor o Juzgado de Menores respectivo, en la forma que se reglamente.

Artículo 50.- Cuando el funcionario público sostén del hogar fuera uno de los hijos será atributario de la asignación, considerándose a sus hermanos como si fueran hijos suyos. Será también atributario el funcionario casado, viudo, divorciado o soltero jefe de familia, de uno u otro sexo que llenando las condiciones legales, tenga totalmente a su cargo, con carácter permanente y en forma debidamente comprobada, uno o más menores, ya sean estos parientes por consanguinidad o huérfanos abandonados, considerándose a estos menores como si fueran hijos suyos.

Se hace extensivo este beneficio a los menores a cargo de divorciados, cuando se compruebe fehacientemente que lo toman a su cargo desde fecha anterior a la disolución del vínculo matrimonial, y a los que se encuentren a cargo de solteros cuando los liguen a éstos, vinculados de parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado inclusive.

Artículo 51.- No se abonará más de una asignación familiar por beneficiario. Cuando ello pudiera ocurrir por aplicación de las disposiciones vigentes, el atributario o administrador deberá optar entre la asignación que paga el Estado o la que pudiera corresponderle por otros regímenes.

Artículo 52.- Todo funcionario público percibirá por una sola vez la suma de $ 150.00 (ciento cincuenta pesos) por el nacimiento de cada hijo.

Artículo 53.- Por el hecho de contraer matrimonio, todo funcionario público con antigüedad mayor de un año tendrá derecho a una compensación de $ 300.00 (trescientos pesos).

Artículo 54.- Los funcionarios comprendidos en el ar-tículo 1° de esta ley, con excepción de los cargos electivos, percibirán, en la última quincena del mes de diciembre de cada año la suma de $ 200.000 (doscientos pesos), a títulos de compensación extraordinaria.

Aquellos funcionarios que hayan ingresado o egresado durante el año o que hayan usufructuado de licencia o goce de sueldo, recibirán la parte proporcional que les corresponda, de acuerdo con el tiempo trabajado.

Quedan exceptuados de este beneficio los funcionarios que perciban retribuciones extraordinarias anuales o periódicas por concepto de aguinaldo, premio estímulo o similares.

Artículo 55.- Los funcionarios públicos que acumulen, dos o más cargos en actividad, en virtud de disposiciones legales vigentes, percibirán este beneficio por el cargo de mayor dotación.

Artículo 56.- La compensación extraordinaria podrá ser suprimida o rebajada en un 50% cuando, mediaran sanciones u otras causas graves en el año que le correspondiera mediando resolución de la Junta de Calificación respectiva, que diera mérito a adoptar dicha medida.

Artículo 57.- Todos los beneficios dispuestos por este capítulo, sólo sufrirán el descuento del 1% a que se refiere el artículo 1° de la Ley N° 1.573, de 21 de junio de 1882, salvo los referentes a las asignaciones familiares que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46, no sufrirán descuento alguno.

Artículo 58.- Los Organismos y las oficinas que atiendan sus presupuestos con partidas globales o con recursos propios, tendrán también a su cargo todas las erogaciones correspondientes a este capítulo.

CAPITULO VIII

Diferencias de sueldo

Artículo 73.- Los beneficios y mejoras establecidos sobre las normas vigentes, en el Capítulo VII "De las Compensaciones Especiales y Asignaciones Familiares", comenzarán a regir a partir del día 1° del tercer mes siguiente al que se conceden los créditos presupuestales respectivos, salvo el beneficio a que se refiere el artículo 54 que comenzará a regir desde el 1° de enero de 1960.

Artículo 74.- Los cargos docentes, contenidos en las planillas del Presupuesto General de Sueldos y Gastos, en Item que no correspondan a los Incisos 15, 16 y 17 (Institutos Docentes), tendrán las mismas asignaciones mensuales y dotaciones complementarias que se establezcan para los funcionarios docentes, que ocupen cargos similares en los referidos Incisos.

Artículo 75.- Las erogaciones que demande la aplicación de la presente ley se efectuarán con cargo a los créditos que provea la Ley de Presupuesto.

Artículo 76.- Comuníquese, etc.

Referente:

Artículo 1°

Disposición citada

Ley N° 17.823, de 7 de setiembre de 2004

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1°. (Ambito de aplicación).- El Código de la Niñez y la Adolescencia es de aplicación a todos los seres humanos menores de dieciocho años de edad.

A los efectos de la aplicación de este Código, se entiende por niño a todo ser humano hasta los trece años de edad y por adolescente a los mayores de trece y menores de dieciocho años de edad.

Siempre que este Código se refiere a niños y adolescentes comprende ambos géneros.

Referente:

Artículo 5°

Disposición citada

Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995

SEGURIDAD SOCIAL

CREASE EL SISTEMA PREVISIONAL QUE SE BASA EN EL PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD Y COMPRENDE EN FORMA INMEDIATA Y OBLIGATORIA A TODAS LAS ACTIVIDADES AMPARADAS POR EL BANCO DE PREVISION SOCIAL

CAPITULO IX

DE LA PRESTACION ASISTENCIAL NO CONTRIBUTIVA

Artículo 43. (Prestación asistencial no contributiva por vejez o invalidez).- Será beneficiario de la pensión a la vejez e invalidez, todo habitante de la República que carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales y tenga setenta años de edad o, en cualquier edad esté incapacitado en forma absoluta para todo trabajo remunerado.

Quienes tengan ingresos de cualquier naturaleza u origen inferiores al monto de esta prestación o beneficio, recibirán únicamente la diferencia entre ambos importes.

Los extranjeros o ciudadanos legales, para poder acceder al beneficio, deberán tener, por lo menos, quince años de residencia continuada en el país.

Referente:

Artículo 6°

Disposición citada

Ley N° 13.711, de 29 de noviembre de 1968

DIAGNOSTICO DE RETARDO MENTAL

SE DECLARA OBLIGATORIA LA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Artículo 1°.- Declárase obligatoria la denuncia ante el Ministerio de Salud Pública, de todo menor con diagnóstico de retardo mental. La denuncia se efectuará por el facultativo interviniente, con noticia de la persona que tenga a su cargo al denunciado, y dentro de los tres días de haber formado convicción o presunción racional de tal diagnóstico.

Artículo 2°.- Hecha la denuncia, se dispondrá por la autoridad sanitaria oficial pertinente, el examen médico respectivo, que se efectuará por uno a varios médicos según el caso lo requiera. Confirmado el diagnóstico, se resolverá la inscripción del denunciado en un Registro en que se insertará el nombre y apellido del retardado mental; el de sus padres o encargados; domicilio, edad y demás antecedentes que el Ministerio fije para tales inscripciones. Todo con noticia de dichos padres o encargado.

Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo reglamentará el funcionamiento de dicho Registro, que contendrá lo referente a la organización de los servicios médicos, educacionales, de rehabilitación y de internación necesarios para la asistencia integral de los retardados, fiscalización exigible consiguiente, estadísticas y demás informaciones útiles relativas a dichos menores.

Artículo 4°.- Queda garantido el secreto del Registro. La comunicación o divulgación de datos personales referentes a las inscripciones efectuadas, salvo su utilización con fines de investigación o docencia, será considerada como un delito contra la inviolabilidad del secreto, previsto en el Capítulo III del Título XI, por los artículos 296 y siguientes del Código Penal.

Artículo 5°.- Duplícase el monto de la asignación familiar para los beneficiarios con diagnóstico de retardo mental, cualquiera sea el sueldo del tenedor. Dicho beneficio se adquirirá a partir de la fecha de la inscripción en el Registro, lo que deberá acreditarse fehacientemente.

Los beneficiarios de asignaciones familiares que padezcan otras formas de invalidez del apartado locomotor y huesos, viscerales, sensoriales o mentales que impidan su incorporación a todo tipo de tarea remunerada también percibirán asignación familiar duplicada.

Artículo 6°.- La infracción de cualquiera de los deberes médicos establecidos por esta ley, será castigada con multa de $ 1.000.00 (mil pesos), a $ 10.000.00 (diez mil pesos) sin perjuicio de la indemnización que por daños y perjuicios puede corresponder al menor, y de las responsabilidades administrativas que procedan.

Artículo 7°.- Si llegado el menor a la mayoría de edad, continuara afectado por el retardo mental en forma que pudiera comprometer su capacidad civil, los parientes allegados o el Ministerio Público adoptarán las providencias previstas por el Título XI del Código Civil.

Artículo 8°.- Los únicos efectos del diagnóstico de retardo mental son los previstos en esta ley.

Artículo 9°.- Comuníquese, etc.

Referente:

Exposición de motivos

Artículos 9, 13 y 14

Disposición citada

Decreto-Ley N° 15.084, de 30 de noviembre de 1980

DIRECCION DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES

SE ESTABLECEN LAS PRESTACIONES QUE SERVIRA A LOS BENEFICIARIOS

Artículo 1°.- La Dirección de las Asignaciones Familiares servirá únicamente las prestaciones que se establecen en la presente ley.

I. ASIGNACION FAMILIAR

Artículo 2°.- La asignación familiar es una prestación en dinero que se servirá a todo empleado de la actividad privada que preste servicios remunerados a terceros y que tenga hijos o menores a su cargo.

Por las mismas causales y con sujeción a las mismas condiciones, la asignación familiar servirá también a:

1) Los empleados en situación de desocupación forzosa, mientras perciban las prestaciones del régimen de desempleo, con las limitaciones y dentro de las condiciones que establezca la Reglamentación.

2) Los empleados de servicio doméstico.

3) Los vendedores de diarios.

4) Los jubilados y pensionistas de las Direcciones de las Pasividades Rurales y del Servicio Doméstico y de la Industria y el Comercio, de las Cajas de Jubilaciones, Pensiones y Subsidios para el Personal Permanente y por Reunión del Jockey Club de Montevideo y de la Caja de Jubilaciones Bancarias con excepción de aquellas cuya pasividad o pensión fuera generada por servicios prestados en bancos estatales.

5) Los pequeños productores rurales. A los efectos de esta ley se considerarán tales los que perciban un determinado nivel de ingresos que el Poder Ejecutivo fijará previo informe de la Dirección General de la Seguridad Social, que trabajen efectivamente los respectivos predios y acrediten hallarse al día con los aportes sociales.

6) Otros sectores de la población activa que el Poder Ejecutivo resuelva incluir por resolución fundada y previo informe de la Dirección General de la Seguridad Social.

El Monto mensual a servir por beneficiario no será inferior al 8% (ocho por ciento) del salario mínimo nacional mensual en la forma y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo. (*)

(*) Notas: Ver en esta norma, artículos: 5 y 7.

Artículo 3°.- La asignación familiar se servirá desde la comprobación del embarazo estando condicionado el pago de la prenatal al control periódico del mismo. (*)

Artículo 4°.- La asignación familiar no podrá servirse con una retroactividad mayor a un año, contando desde la fecha de presentación del atributario solicitando el beneficio. (*)

Artículo 5°.- El beneficiario de la asignación familiar es el hijo o menor a cargo de los atributarios referidos en el artículo 2° hasta la edad de catorce años.

El período de prestación de la asignación se extenderá en la forma que se establece a continuación:

1) Hasta los dieciséis años cuando se compruebe que el beneficiario no ha podido completar el ciclo de Educación Primaria a los catorce años por impedimento plenamente justificado, así como también cuando sea hijo de empleado fallecido absolutamente incapacitado para el trabajo o que sufra privación de libertad.

2) Hasta los dieciocho años cuando el beneficiario curse estudios de nivel superior a los de Educación Primaria en institutos docentes estatales o privados autorizados por el órgano competente.

En todos los casos los atributarios deberán comprobar la inscripción y concurrencia asidua de los beneficiarios a los institutos docentes, los que estarán obligados a expedir la certificación respectiva.

3) De por vida o hasta que perciba otra prestación de la seguridad social, cuando el beneficiario padezca de una incapacidad síquica o física tal que impida su incorporación a todo tipo de tarea remunerada. (*)

Artículo 6°.- Cuando uno de los hijos fueran sostén del hogar, será el atributario de la asignación familiar, considerándose como beneficiarios a sus hermanos. También será atributario el empleado de uno u otro sexo, cualquiera sea su estado civil, que tenga totalmente a su cargo con carácter permanente uno o más menores, los que serán considerados beneficiarios.

En estos casos el beneficio se servirá una vez efectuadas las correspondientes comprobaciones por la Dirección de las Asignaciones Familiares. (*)

(*) Notas: Ver en esta norma, artículo 7.

Artículo 7°.- Serán administradores de la asignación familiar los padres legítimos o naturales o los tutores del beneficiario a su cargo, así como quienes tengan menores a su cargo en las condiciones previstas en los artículos 2° y 6° de esta ley. La Reglamentación determinará los casos en que la asignación familiar pueda ser percibida por la madre.

Será también administrador de la asignación familiar la persona ajena a la relación de trabajo que la genera y que justifique mediante certificado judicial ejercer la tenencia efectiva del menor beneficiario. (*)

(*) Notas: Ver en esta norma, artículo: 8°.

Artículo 8°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso último del artículo anterior, cuando se compruebe que no se emplea la asignación familiar en beneficio del hijo o menor a cargo, el juez competente designará, sin más trámite, quién habrá de administrarla. (*)

Artículo 9°.- La asignación familiar no puede renunciarse, cederse, embargarse o retenerse en garantía o depósito. (*)

Artículo 10.- La asignación familiar ya sea generada en la actividad pública o privada, no es acumulable. Los beneficiarios no podrán percibir más de una asignación familiar. La Reglamentación establecerá la forma y condiciones en que se realizará la correspondiente opción. (*)

II. SUBSIDIOS POR MATERNIDAD

Artículo 11.- Las empleadas de la actividad privada, cualquiera sea la forma de su retribución beneficiarias del subsidio por maternidad, aun cuando la relación laboral se suspenda o extinga durante el período de gravidez o de descanso post-parto.

También podrán ser beneficiarias las empleadas desocupadas que queden grávidas durante el período de amparo a la Dirección de los Seguros por Desempleo en la forma y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo. (*)

Artículo 12.- Las beneficiarias deberán cesar todo trabajo seis semanas antes de la fecha presunta de parto y no podrán reiniciarlo sino hasta seis semanas después del mismo.

No obstante las beneficiarias autorizadas por la Dirección de las Asignaciones Familiares, podrán variar los períodos de licencia anteriores manteniendo el total de las doce semanas. (*)

(*) Notas: Ver en esta norma, artículo: 15.

Artículo 13.- Cuando el parto sobrevenga después de la fecha presunta, el descanso tomado anteriormente será siempre prolongado hasta la fecha verdadera del parto y la duración del descanso puerperal obligatorio no será reducida.

(*)

(*) Notas: Ver en esta norma, artículo: 15.

Artículo 14.- En caso de enfermedad que sea consecuencia del embarazo, se podrá prever un descanso prenatal suplementario. Cuando sea consecuencia del parto, la beneficiaria tendrá derecho a una prolongación del descanso puerperal.

En ambos casos la duración de los descansos será fijada por la Dirección de las Asignaciones Familiares y el plazo total de licencia no podrá exceder los seis meses. (*)

(*) Notas: Ver en esta norma, artículo: 16.

Artículo 15.- Durante los períodos de inactividad mencionados en los artículos 12 y 13, la beneficiaria percibirá el equivalente en efectivo a su sueldo o jornal, más la cuota parte correspondiente al sueldo anual complementario, licencia y salario vacacional que corresponda por el período de amparo calculado de acuerdo a lo que se establece seguidamente.

Para la determinación del subsidio se tomará como base la retribución resultante del tiempo trabajado y remuneraciones percibidas en los últimos seis meses, no pudiendo ser inferior al salario mínimo nacional.

Artículo 16.- La prestación prevista en el artículo 14 alcanza a las beneficiarias que no tengan derecho a los beneficios que otorga la Dirección de los Seguros Sociales por Enfermedad.

Artículo 17.- Los aportes de las beneficiarias establecidos por la ley con destino al sistema de seguridad social se retendrán del subsidio por maternidad.

No se generan aportes patronales a la seguridad social por las sumas abonadas en concepto de subsidio por maternidad durante los períodos de amparo.

III. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 18.- Aquellos hechos cuya aprobación y control médico sean condición para la aplicación de esta ley, serán verificados por los servicios técnicos de la Dirección General de la Seguridad Social.

IV. DISPOSICONES TRANSITORIAS

Artículo 19.- Los atributarios que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley perciban de la Dirección de las Asignaciones Familiares exclusivamente el beneficio de salario familiar, lo seguirán percibiendo en su mismo monto y sólo por los actuales beneficiarios, hasta que el Poder Ejecutivo disponga suprimirlo.

Artículo 20.- La Dirección de las Asignaciones Familiares, en la forma y hasta tanto disponga el Poder Ejecutivo, podrá seguir prestando el Servicio Materno Infantil a su cargo así como mantener en funcionamiento la Colonia de Vacaciones y el Centro Educativo.

Artículo 21.- La Dirección de las Asignaciones Familiares continuará prestando los beneficios que según las leyes vigentes deben servir a los empleados en la industria de la construcción y a los que realicen trabajos a domicilio.

Artículo 22.- La Dirección de las Asignaciones Familiares mantendrá las becas de estudio otorgadas para el año lectivo en curso, renovándolas a favor de los beneficiarios mientras subsistan las condiciones que establece la Reglamentación interna del organismo y hasta que finalicen los ciclos de enseñanza que cursaban en el momento de obtener esas becas.

Artículo 23.- La presente ley entrará en vigencia el 1° de enero de 1981.

Artículo 24.- Comuníquese, etc.

Referente:

Artículos 9 y 14

Disposición citada

Ley N° 17.474, de 14 de mayo de 2002

DISPONESE QUE TODA MUJER A LA CUAL SE LE CONSTATE FEHACIENTEMENTE UN EMBARAZO GEMELAR MULTIPLE TENDRA DERECHO AL COBRO DE UNA ASIGNACION PRENATAL A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE DETERMINE EL MISMO

Artículo 1°.- Toda mujer a la cual se le constate fehacientemente un embarazo gemelar múltiple, tendrá derecho al cobro de una asignación prenatal a partir del momento en que se determine el mismo.

A tal efecto, deberá presentar un certificado médico ginecológico que certifique su condición y establezca el número de hijos en gestación.

Tal condición, conferirá el derecho a percibir una asignación equivalente al triple de la establecida en el régimen general, por cada hijo en gestación.

Artículo 2°.- Aquellos que tengan a su cargo hijos producto de un nacimiento gemelar múltiple, siempre y cuando hayan nacido y permanezcan vivos, cobrarán el beneficio de la asignación familiar, por cada niño, por un valor equivalente al triple del que les corresponda en el régimen general, hasta la edad de cinco años; al doble entre los seis y los doce años y común entre los trece y los dieciocho años de edad, todo de acuerdo al nivel de ingresos familiares establecido por los artículos 26 a 28 de la Ley N° 16.697, de 25 de abril de 1995, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3° de la presente ley (*).

Este beneficio será percibido con independencia de la existencia de una relación laboral formal y será abonado hasta los dieciocho años de edad de los menores.

Artículo 3°.- A los efectos de la presente ley, fíjase en quince salarios mínimos nacionales el tope establecido en el inciso segundo del artículo 26, inciso primero del artículo 27 de la Ley N° 16.697, de 25 de abril de 1995.

Artículo 4°.- Los niños producto de nacimiento gemelar múltiple, tendrán derecho a recibir atención médica rutinaria domiciliaria, desde su nacimiento hasta los tres años de edad, a través de la cobertura de instituciones de salud pública o privada.

Asimismo, tendrán prioridad en la atención en consultorio hasta los nueve años de edad cualquiera sea la cobertura de salud.

Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

(*) Disposición citada en el artículo 2°.

Ley N° 16.697, de 15 de abril de 1995

SECTOR PRODUCTIVO

ESTABLECESE NUEVO REGIMEN FISCAL Y LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

Artículo 26.- Fíjase el monto de la Asignación Familiar en un 16% (dieciséis por ciento) del Salario Mínimo Nacional por cada beneficiario, siempre que el atributario perciba ingresos que no superen el equivalente a seis Salarios Mínimos Nacionales mensuales.

El monto de la Asignación Familiar será el 8% (ocho por ciento) del Salario Mínimo Nacional por cada beneficiario para el caso que el atributario perciba ingresos superiores a seis y hasta diez Salarios Mínimos Nacionales.

Artículo 27.- Quienes perciban ingresos superiores a diez Salarios Mínimos Nacionales mensuales no generarán derecho al cobro de beneficios por Asignaciones Familiares.

Cuando de un atributario dependan tres o más personas en calidad de beneficiarios el tope establecido en el inciso precedente se incrementará a razón de un Salario Mínimo Nacional por cada uno de ellos que exceda el mínimo de dos beneficiarios.

Artículo 28.- Para determinar el nivel de ingresos de los atributarios a que refieren los artículos anteriores se computarán los ingresos salariales de ambos cónyuges o del concubino que resida en el mismo domicilio del atributario.

Referente:

Exposición de motivos

Artículo 13

Disposición citada

Ley N° 17.139, de 16 de julio de 1999

HOGARES DE MENORES RECURSOS

EXTENSION DE LA PRESTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 2° DEL DECRETO-LEY N° 15.084

Artículo 1°.- Extiéndese la prestación prevista en el artículo 2° del Decreto-Ley N° 15.084, de 28 de noviembre de 1980, a todos los hogares de menores recursos.

A tales efectos la reglamentación establecerá:

A) El límite máximo de ingresos del núcleo familiar para ser incorporado a esta prestación.

B) El orden de prelación que tomará en cuenta prioritariamente los hogares en los que los trabajadores atributarios, hombre o mujer, que tengan menores a su cargo, hayan agotado su cobertura por la Dirección de Seguros de Desempleo (DISEDE), sin obtener nuevo empleo o en los que la mujer es el único sustento.

C) El monto de la prestación, que no podrá ser inferior al dispuesto por el inciso primero del artículo 26 de la Ley N° 16.697, de 25 de abril de 1995. (*)

D) Sin perjuicio de los controles del Banco de Previsión Social (BPS), el Instituto Nacional del Menor (INAME) realizará el seguimiento del bienestar del menor en las condiciones que establezca la reglamentación, a efectos de inspeccionar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la misma, particularmente el cumplimiento efectivo de la asistencia escolar obligatoria.

Artículo 2°.- Los beneficiarios de la prestación son los hijos o menores a cargo de los atributarios referidos en el artículo 1°, desde su nacimiento hasta los dieciocho años de edad.

Artículo 3°.- En caso de que cualquiera de los atributarios obtenga nuevo empleo, las prestaciones serán las que estatuye el Decreto-Ley N° 15.084, de 28 de noviembre de 1980, y sus disposiciones modificativas y complementarias.

Declárase incompatible la percepción de la prestación que se establece para hogares de menores recursos, con la prevista en el Decreto-Ley N° 15.084, de 28 de noviembre de 1980.

Artículo 4°.- Las erogaciones correspondientes al presente régimen serán atendidas a través de una partida especial por parte de Rentas Generales.

Artículo 5°.- La partida a que refiere el artículo anterior, se conformará con la recaudación proveniente de aplicar, sobre las remuneraciones fictas de los afiliados activos, el aumento de tasa del Impuesto a las Retribuciones Personales dispuesto por los artículos 22 y 23 de la Ley N° 16.697, de 25 de abril de 1995, que no está comprendida en el artículo 501 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992. Dicho importe será percibido por Rentas Generales, el 50% (cincuenta por ciento) a partir de la promulgación de la presente ley y el 50% (cincuenta por ciento) restante desde el 1° de enero del 2000. (*) (**).

Artículo 6°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar las economías necesarias en los rubros 2 y 3 de los Incisos 02 a 14 a los efectos de la presente ley.

(*) Disposiciones citadas en los artículos 1° y 5°.

Ley N° 16.697, de 15 de abril de 1995

SECTOR PRODUCTIVO

ESTABLECESE NUEVO REGIMEN FISCAL Y LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

Artículo 22.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 25 del Decreto-Ley N° 15.294, del 26 de junio de 1982, por el siguiente:

"ARTICULO 25.- Créase un impuesto que gravará las retribuciones y prestaciones nominales en efectivo o en especie, derivadas de servicios personales prestados en actividad pública o privada, exista o no relación de dependencia, y a los subsidios otorgados por la ley a quienes hubieren ocupado cargos políticos o de particular confianza".

Artículo 23.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 325 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992, las tasas del impuesto creado por el artículo 25 y siguientes del Decreto-Ley N° 15.294, de 15 de junio de 1982, para las personas comprendidas en el inciso primero del artículo 25 de dicho Decreto-Ley, en la redacción dada por el artículo anterior, serán las siguientes:

A) 1% (uno por ciento) hasta el monto imponible equivalente a tres Salarios Mínimos Nacionales mensuales.

B) 3% (tres por ciento) cuando el monto imponible supere los tres Salarios Mínimos y hasta el equivalente de seis de dichos salarios mensuales.

C) 6% (seis por ciento) cuando el monto imponible supere el equivalente a seis Salarios Mínimos Nacionales mensuales.

Artículo 26.- Fíjase el monto de la Asignación Familiar en un 16% (dieciséis por ciento) del Salario Mínimo Nacional por cada beneficiario, siempre que el atributario perciba ingresos que no superen el equivalente a seis Salarios Mínimos Nacionales mensuales.

(**) Disposición citada en Artículo 5°:

Ley N° 16.320

RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 1991

APROBACION QUE REGIRA DESDE EL 1° DE ENERO DE 1993

Artículo 501.- Los gravámenes porcentuales sobre sueldos fictos de los afiliados activos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, recaudados por ésta según las normas vigentes integrarán los recursos de la misma.

Derógase el inciso 2° del artículo 37 de la Ley N° 12.997, de 28 de noviembre de 1961, en el texto resultante de la modificación dispuesta por el artículo 3° de la llamada Ley Especial N° 4, de 10 de abril de 1981.

Referente:

Exposición de motivos

Artículo 13

Disposición citada

Ley N° 17.758, de 4 de mayo de 2004

ASIGNACION FAMILIAR

EXTIENDESE LA PRESTACION A TODOS LOS HOGARES DE MENORES RECURSOS

Artículo 1°. (Ambito objetivo y subjetivo).- Extiéndese la prestación de la asignación familiar a todos los hogares con ingresos de cualquier naturaleza, inferiores a 3 (tres) salarios mínimos nacionales, que no estuvieran comprendidos dentro de los alcances del Decreto-Ley N° 15.084, de 28 de noviembre de 1980 y de la Ley N° 17.139, de 16 de julio de 1999.

Artículo 2°. (Monto de la prestación).- La prestación otorgada a través de esta norma legal es estrictamente económica. En tal sentido el monto de la prestación queda establecido en el equivalente al 16% (dieciséis por ciento) del salario mínimo nacional, por cada hijo o menor a cargo del administrador de la prestación objeto de esta ley.

Para los beneficiarios incapaces, el monto de la prestación será el doble del monto establecido en el inciso anterior.

Artículo 3°. (Administrador de la prestación).- Son administradores del beneficio instituido por la presente norma, la persona con capacidad legal a cuyo cargo estén los menores beneficiados.

Para acreditar la situación descripta en el apartado anterior, se requerirá la presentación del certificado judicial que avale quien ejerce la tenencia material del menor.

Artículo 4°. (Término de la prestación).- El período de prestación de la asignación familiar se extenderá en la forma que se establece a continuación:

1) A partir de la constatación fehaciente del estado de gravidez por parte del Banco de Previsión Social y hasta los 14 (catorce) años del menor beneficiario.

2) Se prorrogará hasta los 16 (dieciséis) años del beneficiario, cuando se compruebe que el mismo no ha podido completar el ciclo de educación primaria a los 14 (catorce) años por impedimento plenamente justificado.

3) Finalmente, se extenderá la prestación hasta los 18 (dieciocho) años de edad del beneficiario, cuando el mismo curse estudios de nivel superior a los de educación primaria en instituciones docentes estatales o privadas autorizadas por el órgano competente.

4) Cuando el beneficiario padezca de una incapacidad física o psíquica tal que impida su incorporación a todo tipo de tarea remunerada, se le pagará por períodos de tres años con revisión médica al finalizar cada período, con el objeto de determinar si mantiene el grado de incapacidad y por lo tanto la continuación del pago doble de la prestación.

Artículo 5°. (Requisitos para el otorgamiento y el mantenimiento de la percepción de la prestación).- Se deberá acreditar ante el Banco de Previsión Social lo siguientes extremos:

A) Los ingresos del núcleo familiar mediante declaración jurada suscripta por el administrador, adjunta a la solicitud del beneficio.

B) La inscripción y concurrencia asidua a los institutos docentes estatales o privados autorizados por el órgano competente y la periodicidad de controles de asistencia médica brindada a través del sistema público o privado por las instituciones de asistencia médica colectiva en la forma que establezca la reglamentación que a tales efectos dicte el Banco de Previsión Social.

C) Tratándose de incapaces, desde el punto de vista físico o síquico, que le impidan su incorporación a todo tipo de tarea remunerada, dicho dictamen provendrá de los servicios médicos del Banco de Previsión Social. Se establece asimismo que se realizarán revisiones periódicas ante los mismos servicios médicos cada tres años, a los efectos de evaluar si se mantiene el mismo grado de incapacidad que permita el mantenimiento del pago de la prestación. Para las situaciones de incapacidad psíquica que dictaminen los servicios médicos del Banco de Previsión Social en el marco de esta ley, se pondrá en conocimiento a la autoridad sanitaria oficial a los efectos de dar cumplimiento con las disposiciones contenidas en la Ley N° 13.711, de 29 de noviembre de 1968. (*)

Artículo 6°. (Facultades del Banco de Previsión Social).- El Banco de Previsión Social queda facultado para realizar las comprobaciones e inspecciones que estime convenientes a fin de determinar la veracidad de la declaración de ingresos presentados así como la asistencia de los menores a los centros de educación y la debida asistencia médica.

En tal sentido se establecerá además una comunicación fluida entre la Administración de Enseñanza Pública o las instituciones docentes privadas y el Banco de Previsión Social a los efectos de corroborar los extremos atinentes a la información que presenten oportunamente los administradores sobre la asistencia de los beneficiarios.

El Instituto Nacional del Menor comunicará al Banco de Previsión Social las circunstancias que, como consecuencia del seguimiento de los beneficiarios, supongan la suspensión, interrupción o cancelación de las prestaciones otorgadas.

El Banco de Previsión Social, en caso de comprobar la falsedad total o parcial de la información que se le suministre para el otorgamiento o mantenimiento de la prestación, procederá a la suspensión del beneficio y aplicará las sanciones que por vía administrativa correspondan.

Artículo 7°. (Incompatibilidad).- Declárase incompatible la percepción de la prestación que se establece en la presente ley con la prevista por el Decreto-Ley N° 15.084, de 28 de noviembre de 1980, por la Ley N° 17.139, de 16 de julio de 1999 y la regulada por la Ley N° 17.474, de 14 de mayo de 2002. (**)

Artículo 8°.- El Poder Ejecutivo establecerá la fecha a partir de la cual entrarán en vigencia las prestaciones previstas en esta ley, atendiendo a las disponibilidades de Tesorería y los ingresos que obtenga de las cuotas partes que le pertenecen en los Fondos de Recuperación Bancarios.

Autorízase al Poder Ejecutivo a que, en atención a las referidas disponibilidades de Tesorería, incremente el monto de la asignación familiar de los hogares con ingresos de hasta 6 (seis) salarios mínimos nacionales hasta un 32% (treinta y dos por ciento) de 1 (un) salario mínimo nacional.

Artículo 9°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a fijar mediante criterios técnicos, las relaciones de compensación entre créditos y deudas existente contra cada Fondo de Recuperación de Activos Bancarios.

(*) Disposición citada en página 45 de este Distribuido.

(**) Disposiciones citadas en páginas 47, 52 y 54 de este Distribuido.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

ACTA N° 69

En Montevideo, el día veintiocho de noviembre del año dos mil siete, a la hora dieciséis y tres minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado.

Asisten sus Miembros, señora Senadora Susana Dalmás y señores Senadores Francisco Gallinal, Eduardo Lorier, Luis Oliver y Víctor Vaillant.

Falta con aviso el señor Senador Julio Lara Gilene, quien remite nota justificando su inasistencia.

Preside el señor Senador Isaac Alfie, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría la señora Gabriela Gazzano, Secretaria de Comisión.

Asisten el señor Director General Legislativo Walter

Alex Cofone y el señor Director de Area de Gestión Legislativa César González, Secretaria de Comisión Dinorah Amato.

Abierto el acto se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 2163/2007 que forma parte de la presente Acta.

ASUNTOS ENTRADOS.

1. FONDO DE CESANTIA PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION. Creación. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 993/2007. Distribuido N° 2146/2007.

2. Nota de la Junta Departamental de Maldonado, adjuntando copia de los planteamientos presentados por la señora Edila Marilin Moreira y el señor Daniel Fernández, relacionados con la nueva modalidad de trabajo adoptada por la industria de la construcción llamada "Régimen de Producción".

3. Solicitud de audiencia de la Caja Notarial por la aprobación del proyecto de ley modificativo en Cámara de Representantes, en lo relativo a su carta orgánica.

4. Solicitud de audiencia de SINTEP (Sindicado Nacional de Trabajadores de Enseñanza Privada), para exponer las actuales dificultades que atraviesa la educación inicial de 0 a 3 años, sea respecto a los derechos de los niños y de los derechos de los trabajadores que se desempeñan en dicha área.

ASUNTOS CONSIDERADOS. Sistema Asignaciones Fa-miliares, se introducen reformas. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Carpeta N° 913/2007. Distribuido N° 1986/2007.

Se vota según el siguiente detalle:

Artículo 1°.- 5 votos en 5 señores Senadores presentes. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones.

Artículo 2°.- 6 votos en 6 señores Senadores presentes. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones.

Artículo 3°.- 5 votos en 6 señores Senadores presentes. Afirmativa. Aprobado con modificaciones.

Artículo 4°.- 6 votos en 6 señores Senadores presentes. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones.

Artículo 5°.- 6 votos en 6 señores Senadores presentes. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones.

Artículo 6°.- 6 votos en 6 señores Senadores presentes. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones.

Artículo 7°.- 6 votos en 6 señores Senadores presentes. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones.

Artículo 8°.- 6 votos en 6 señores Senadores presentes. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones.

Artículo 9°.- 5 votos en 5 señores Senadores presentes. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 10.- 4 votos en 5 señores Senadores presentes. Afirmativa. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 11.- 5 votos en 5 señores Senadores presentes. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 12.- 5 votos en 5 señores Senadores presentes. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 13.- 5 votos en 5 señores Senadores presentes. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 14.- 5 votos en 5 señores Senadores presentes. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 15.- 5 votos en 5 señores Senadores presentes. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Eduardo Lorier (informe verbal).

Texto del proyecto de ley sustitutivo aprobado.

"Artículo 1°. (Ambitos objetivo y subjetivo).- Establécese, a partir del 1° de enero de 2008, un sistema de asignaciones familiares consistente en prestaciones monetarias a servirse mensualmente por el Banco de Previsión Social, en beneficio de niños y adolescentes (artículo 1° de la Ley N° 17.823 de 7 de setiembre de 2004) que residan en el territorio nacional y que, reuniendo los demás requisitos previstos en la presente ley, integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica o estén en atención de tiempo completo en establecimientos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay o en instituciones que mantengan convenios con dicho instituto.

No obstante, la aplicación del sistema será gradual, alcanzando durante el año 2008 hasta 330.000 beneficiarios que, reuniendo los demás requisitos previstos en la presente ley, integren los hogares más carenciados de los comprendidos en el inciso anterior.

A partir del 1° de enero de 2009, la prestación alcanzará hasta 500.000 beneficiarios, quedando el Poder Ejecutivo facultado para incrementar dicha cifra en consideración a la evolución de la situación socioeconómica de la población.

Artículo 2°. (Definiciones de hogares).- A los efectos de esta ley, entiéndese por hogar el núcleo integrado por dos o más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, que conviven bajo un mismo techo y constituyen una familia o una unidad similar a la familia.

La determinación de los hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica así como la del nivel a que refiere el inciso segundo del artículo anterior, se harán conforme a criterios estadísticos, teniéndose en cuenta, entre otros, los siguientes factores: ingresos del hogar, condiciones habitacionales y del entorno composición del hogar, características de sus integrantes y situación sanitaria.

La reglamentación establecerá claramente las condiciones para acceder al beneficio y en caso de ser más de uno, indicará la ponderación de cada uno de ellos.

Artículo 3°. (Administrador o atributario de la prestación).- Son atributarios o administradores del beneficio instituido por la presente ley, las personas con capacidad legal o las instituciones, a cuyo cargo estén los beneficiarios. En caso de que dos personas de distinto sexo reúnan tales condiciones, tendrá preferencia la mujer.

Para acreditar los extremos previstos en el inciso anterior, se requerirá la presentación del certificado judicial que avale quién ejerce la tenencia efectiva del beneficiario.

La reglamentación a dictarse por el Poder Ejecutivo podrá establecer procedimientos y medios probatorios alternativos en sede administrativa, a los solos efectos de habilitar el servicio de la prestación en forma provisoria y únicamente durante el lapso que insuma la obtención del referido certificado.

Artículo 4°. (Montos de la prestación).- La asignación instituida por la presente ley tendrá los siguientes montos mensuales por beneficiario, atendiendo al número de los mismos que integren el hogar, al nivel educativo que estén cursando y a la presencia o no de discapacidades:

el resultado de multiplicar $ 700 (setecientos pesos uruguayos) por el número de beneficiarios integrantes del hogar que no padecieren incapacidad (numeral 4) del artículo siguiente) elevado al exponente 0,6 (cero coma seis), y de dividir la cifra obtenida entre la cantidad de aquellos;

en los casos de beneficiarios que se encuentren cursando educación media, se adicionará al monto que les correspondiere conforme al literal anterior, el resultado de multiplicar $ 300 (trescientos pesos uruguayos), por el número de dichos beneficiarios elevado al exponente 0,6 (cero coma seis), y de dividir la cifra obtenida entre la cantidad de aquellos;

$ 1.000 (mil pesos uruguayos) en los casos de beneficiarios que padecieren incapacidad conforme a lo previsto por el numeral 2) del artículo siguiente.

En los casos de beneficiarios en atención de tiempo completo en establecimientos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay o en instituciones que mantengan convenios con dicho instituto, la asignación será de $ 700 (setecientos pesos uruguayos). La reglamentación establecerá el modo en que se aplicará esta asignación en provecho directo del beneficiario, en orden a satisfacer sus necesidades en materia de salud, educación e inserción social.

Artículo 5°. (Término de la prestación).- La asignación familiar prevista por la presente ley se servirá por los períodos que se establecen a continuación:

A partir de la constatación fehaciente del estado de gravidez por parte del Banco de Previsión Social y:

a) hasta los 14 (catorce) años del beneficiario en todos los casos.

b) hasta los 16 (dieciséis) años del beneficiario, cuando se compruebe que el mimo no ha podido completar el ciclo de educación primaria a los 14 (catorce) años por impedimento plenamente justificado.

c) hasta los 18 (dieciocho) años de edad del beneficiario, cuando el mismo curse estudios de nivel superior a los de educación primaria en instituciones de enseñanza estatales o privadas autorizadas por el órgano competente.

1) Cuando el beneficiario padezca de una incapacidad física o psíquica tal que impida su incorporación a todo tipo de tarea remunerada, la prestación se servirá hasta los 18 (dieciocho) años de edad, y continuará sirviéndose a partir de dicha edad por períodos de tres años, con revisión médica al finalizar cada período conforme a lo previsto por el literal D) del artículo siguiente. La percepción del beneficio será incompatible con el cobro de la prestación a que refiere el artículo 43 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995.

Artículo 6°. (Requisitos para el otorgamiento y el mantenimiento de la percepción de la prestación).- Para recibir la asignación regulada por la presente ley, deberán acreditarse ante el Banco de Previsión Social, con la frecuencia y del modo que establezca la reglamentación, los siguientes extremos:

A) Los ingresos y la composición del hogar que integra el beneficiario.

B) Los demás elementos que caracterizan a dicho hogar como en situación de vulnerabilidad socioeconómica y que lo incluyen en el nivel a que refiere el inciso segundo del artículo 1°, en su caso.

C) La inscripción y concurrencia asidua del beneficiario a institutos de enseñanza estatales o privados autorizados por el órgano competente, excepto en los casos de beneficiarios discapacitados en que se acredite que aquello no es posible, y la periodicidad de controles de asistencia médica brindada a través del sistema público o privado.

D) Tratándose de personas discapacitadas desde el punto de vista físico o psíquico, la discapacidad debe impedir su incorporación a todo tipo de tarea remunerada. En este caso, el certificado provendrá de los servicios médicos del Banco de Previsión Social y se realizarán revisiones periódicas ante los mismos servicios médicos cada tres años, a los efectos de evaluar si se mantiene el mismo grado de incapacidad que permita el mantenimiento del pago de la prestación. No obstante, en los casos de niños y adolescentes que padezcan discapacidad psíquica, la misma podrá acreditarse mediante certificación que al efecto expida el Registro creado por la Ley N° 13.711, de 29 de noviembre de 1968.

Artículo 7°. (Instituciones de educación no formal).- A los efectos de lo previsto en el literal C) del artículo anterior, consideránse incluidas dentro de los institutos de enseñanza privados, a las instituciones de educación no formal que, estando inscriptas en el Registro de Instituciones de Educación No Formal del Ministerio de Educación y Cultura y autorizadas por el mismo, contribuyan al desarrollo socioeducativo del beneficiario y a su reinserción en el sistema educativo formal, conforme a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Los niños y adolescentes incluidos en el artículo 1° de la presente ley, que participen en proyectos socioeducativos desarrollados por las referidas instituciones de educación no formal, serán beneficiarios de la asignación siempre que los atributarios se comprometan al reingreso de aquéllos al sistema educativo formal.

Bajo estas condiciones, la asignación se otorgará por una sola vez y por un período no mayor a un año.

Artículo 8°. (Competencias y atribuciones de la Administración).- Compete al Banco de Previsión Social verificar y controlar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para ser beneficiario, atributario o administrador de la prestación instituida por la presente ley.

A tales efectos, queda facultado para:

a) realizar las comprobaciones e inspecciones que estime convenientes, a fin de determinar la existencia de las condiciones de acceso y mantenimiento de la prestación;

b) requerir de los Ministerios de Educación y Cultura y de Salud Pública, de la Administración Nacional de Enseñanza Pública, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, y de las instituciones de enseñanza privadas y de las instituciones de atención a la salud, toda la información necesaria para comprobar la asistencia de los beneficiarios a los centros de educación y los debidos controles médicos, a cuyos efectos los organismos e instituciones indicados quedan obligados a suministrarla;

c) utilizar las bases de datos confeccionadas por el Ministerio de Desarrollo Social en el marco del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social. Dicho Ministerio deberá facilitar su utilización, a efectos de servir la prestación sin dilaciones a quienes reúnan las condiciones necesarias para ser beneficiarios de la asignación prevista en la presente ley;

d) requerir del Ministerio de Desarrollo Social la colaboración necesaria para la ejecución de los cometidos previstos en el inciso primero de este artículo así como para la comprobación de los extremos previstos en el literal a) del inciso segundo de esta disposición, quedando dicho Ministerio obligado a prestar dicha asistencia y pudiendo ambos organismos celebrar los convenios interinstitucionales que fueren menester a tales efectos;

e) solicitar a los organismos públicos todo tipo de información respecto de las asignaciones familiares que abonan a sus funcionarios, quedando dichos organismos obligados a suministrarla.

En caso de comprobarse la falsedad total o parcial de la información proporcionada por los interesados o de no poder verificarse las condiciones que habilitan la percepción de la prestación por causa imputable a éstos, el Banco de Previsión Social procederá a la suspensión del beneficio, sin perjuicio de ejercitar las acciones para recuperar lo indebidamente pagado y de las denuncias penales que eventualmente correspondieren.

Artículo 9°. (Incompatibilidad y opciones).- La percepción de la prestación establecida en la presente ley es incompatible con las previstas por el Decreto-Ley Nº 15.084 de 28 de noviembre de 1980 y por la Ley N° 17.474 de 14 de mayo de 2002, así como con la asignación familiar generada por la calidad de funcionario público del asignatario o atributario y las servidas por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. _

No obstante, se podrá optar en todo momento por el beneficio previsto en la presente ley, teniendo preferencia el mismo en caso de controversia entre quienes resulten asignatarios o atributarios según los diferentes regímenes.

Artículo 10. (Referencia a valores constantes y ajustes).- Las referencias monetarias del artículo 4° están expresadas en valores constantes correspondientes al mes de enero de 2008.

La prestación será ajustada de conformidad con la variación del Indice de Precios al Consumo, en las mismas oportunidades en que se ajusten las remuneraciones de los funcionarios públicos de la Administración Central.

Artículo 11. (Inembargabilidad e incedibilidad).- La prestación instituida por la presente ley es inalienable e inembargable y toda venta o cesión que se hiciere de ella, cualquiera fuere su causa, será nula.

Artículo 12. (Financiación).- Las erogaciones derivadas de la aplicación de la presente ley serán atendidas por Rentas Generales.

Artículo 13. (Derogaciones y régimen de transición).- Deróganse, a partir del 1° de enero de 2008, las Leyes N° 17.139, de 16 de julio de 1999 y N° 17.758, de 4 de mayo de 2004.

En los casos de quienes aspiren a ser beneficiarios de la prestación prevista por la presente ley e integren hogares que no fueron visitados y relevados en el marco del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social, deberá formularse la correspondiente solicitud ante el Banco de Previsión Social.

Idéntica gestión deberá cumplirse respecto de los potenciales beneficiarios que, habiendo sido visitados y relevados dentro del Plan antedicho, no perciban asignaciones familiares ni integren hogares beneficiarios de Ingreso Ciudadano.

Quienes al 31 de diciembre de 2007 sean beneficiarios de prestaciones concedidas al amparo de las leyes que se derogan, continuarán percibiendo una asignación equivalente a la que recibirían de haberse mantenido vigentes las mismas, hasta que el Banco de Previsión Social se expida respecto de si tienen o no derecho a la establecida por esta ley. No obstante, si estuvieren comprendidos en lo previsto por el inciso segundo de este artículo y no se hubiese formulado la correspondiente solicitud de amparo antes del 1° de julio de 2008, continuarán percibiendo la referida asignación equivalente sólo hasta el 30 de junio de 2008, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso siguiente.

Una vez realizado el control de las condiciones de acceso a la prestación prevista por esta ley, quienes al 31 de diciembre de 2007 fueran beneficiarios de prestaciones concedidas al amparo de las leyes derogadas por la presente, continuarán percibiendo durante el año 2008 una asignación equivalente a la que recibirían de haberse mantenido vigentes las mismas, siempre que integraren hogares no situados en el nivel previsto por el inciso segundo del artículo 1° pero sí en situación de vulnerabilidad socioeconómica conforme a la definición del artículo 2° de la presente ley.

Los postulantes a la asignación estatuida en esta ley, que al 31 de diciembre de 2007 no fueran beneficiarios de prestaciones concedidas conforme a las leyes que se derogan a integraren hogares de las características referidas en el inciso anterior, percibirán durante el año 2008 una asignación idéntica a la establecida en dicho inciso.

A partir del 1° de enero de 2009, las personas comprendidas en lo previsto por los dos incisos anteriores, pasarán a cobrar el beneficio establecido en la presente ley, si conservaren las condiciones de acceso al mismo.

Aquellos funcionarios de asignaciones familiares reguladas por el Decreto-Ley N° 15.084, de 28 de noviembre de 1980, respecto de quienes se optare por la prestación establecida en la presente ley, no perderán por tal motivo sus derechos a hacer uso del servicio de atención materno infantil a cargo del Banco de Previsión Social.

Quienes al 31 de diciembre de 2007, contando con 18 (dieciocho) o más años de edad y padeciendo discapacidad,____ sean beneficiarios de asignaciones concedidas al amparo de las leyes que se derogan, podrán acceder a las prestaciones previstas en la presente ley en las condiciones establecidas para las personas discapacitadas.

Cuando deba formularse la correspondiente solicitud ante el Banco de Previsión Social para acceder a la prestación prevista en la presente ley, los haberes sólo se devengarán a partir de aquélla. No obstante, en estos casos, no se devengarán dichas asignaciones antes del 1° de abril de 2008.

Artículo 14. (Declaración interpretativa).- Declárase, con carácter de interpretación auténtica, que las referencias al régimen general que se efectúan en los incisos tercero del artículo 1° y primero del artículo 2°, de la Ley N° 17.474 de 14 de mayo de 2002, aluden al estatuido por el Decreto-Ley N° 15.084, de 28 de noviembre de 1980.

Artículo 15. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, dentro del término de treinta días siguientes al de su promulgación".

RESOLUCIONES. La Comisión acuerda para la próxima sesión el siguiente Orden del Día:

1°) Se resuelve convocar al Directorio de la Caja Notarial de Seguridad Social, a efectos de escuchar su exposición.

2°) Caja Notarial de Seguridad Social, modificación de disposiciones de la Ley N° 17.437, de 20 de diciembre de 2001. Proyecto de ley aprobado por Cámara de Representantes. Carpeta N° 1000/2007. Distribuido N° 2169/2007.

3°) Personas residentes en Hogares de ancianos que reciben prestaciones del Banco de Previsión Social. Se dispone la retención por parte del BPS de las cuotas correspondientes a los servicios prestados por dichas instituciones. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 864/2007. Distribuido N° 1863/2007.

4°) Fondo de Cesantía y Retiro para los trabajadores de la construcción. Creación. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 993/2007. Distribuido N° 2146/2007.

A la hora diecisiete treinta y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Isaac Alfie Presidente

Gabriela Gazzano Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Lorier.

SEÑOR LORIER.- Señor Presidente: la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social trae a consideración del Senado este proyecto de ley. Nos parece importante destacar que el nivel de discusión que existió en dicha Comisión y los aportes que fueron realizados por sus distintos integrantes, fue lo que nos llevó, sin ninguna duda, a expresarnos favorablemente sobre este proyecto de ley, tanto en general como en particular.

Se trata de un proyecto de ley que debemos relacionar con dos cuestiones. Por un lado, forma parte de un conjunto mayor. En efecto, este Sistema de Asignaciones Familiares es una de las columnas fundamentales del Plan de Equidad, integrado además por Programas como "Uruguay Trabaja" -que este Cuerpo aprobó la semana pasada-; el de trabajo subsidiado, que estará a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la proyectada modificación de las pensiones a la vejez, que deberemos analizar próximamente.

Este nuevo régimen abarcará, no sólo a quienes hoy reciben asignaciones familiares de distinto tipo y cumplen con los requisitos que más adelante se señalarán sino, también, a 40.000 niños, niñas y jóvenes que, a través del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social (PANES), se ha constatado que en la actualidad no la reciben, pudiendo hacerlo.

Por otro lado, es indudable que este proyecto de ley se relaciona históricamente con el sistema de seguridad social y, en particular, con las asignaciones familiares establecidas ya en el año 1943, a través de la Ley Nº 10.449.

En términos generales, se abarcará entonces a quienes estaban amparados por la Ley Nº 17.139, de 1999, y por la Ley Nº 17.758, de 2004. Incluirá a los integrantes de hogares de menores recursos, incorporándose a los que, al día de hoy, no están recibiendo este beneficio, a veces hasta compartiendo el mismo hogar. Este es un fenómeno que se ha detectado.

De los actuales 560.000 beneficiarios de Asignaciones Familiares, aproximadamente 505.000 certifican para este proyecto de ley. A todos ellos se llegará en el año 2009, pero el proceso comienza el 1º de enero de 2008 con 330.000 beneficiarios que serán aquellos que, reuniendo los demás requisitos previstos en esta iniciativa, integren los hogares con más dificultades, es decir, los más carenciados.

Entonces, si bien se valoran positivamente las modificaciones establecidas en los años 1999 y 2004 -con lo cual se integró a más de 200.000 niños, niñas y adolescentes y la prestación pasó a desempeñar un rol de asistencia frente a situaciones de vulnerabilidad socio-económica de los hogares-, se han constatado insuficiencias y debilidades en tres aspectos. Por un lado, tenemos los mecanismos que habilitan el acceso a las prestaciones; por otro, el monto de las mismas y, por último, los incentivos.

Señor Presidente: se trata de expandir y profundizar la cobertura del sistema, teniendo en cuenta -como expresamos antes- que esta reformulación prevista en esta iniciativa se integra a la red de asistencia e integración social y que esta red es un elemento central del Plan de Equidad, el cual se concibe como un paso sustantivo en la reconfiguración del sistema de protección social uruguayo.

Pasando a los aspectos más concretos del proyecto de ley, podemos observar que en el artículo 1º se establece la población objetivo. Se trata de niños, niñas y adolescentes que integran hogares en situación de vulnerabilidad socio-económica, los que serán determinados en esa situación mediante la introducción de un criterio objetivo único de selección. En ese criterio no se toma en cuenta solamente la cuestión del ingreso del hogar, sino que se maneja un concepto más vasto, tratando de identificar un conjunto de indicadores que contribuyan a caracterizar el hogar y a determinar si efectivamente están o no en situación de vulnerabilidad económico-social.

En el artículo 2º se habla acerca de los criterios estadísticos para determinar la vulnerabilidad socio-económica que se establecerá en la reglamentación; pero es importante señalar que el criterio se basará en pautas claras y específicas, en reglas estadísticas y en algoritmos que permitan contemplar un conjunto de características de los hogares. En este punto debe señalarse que no se pretende violar de ninguna manera la intimidad de los hogares sino, repetimos, de establecer un conjunto de indicadores adecuados para determinar el universo de beneficiarios evitando, eso sí, que se asista a hogares que no están dentro de la población objetivo. Es importante destacar que este concepto de pobreza estructural que se maneja como fondo de la determinación de la población objetivo es más estable y no es tan volátil como el relativo a la pobreza basada en niveles de ingreso; por ejemplo, en momentos de crisis, un indicador basado en niveles de ingreso será mucho más fluctuante y sensible a la situación coyuntural del país; en cambio, una definición centrada en un concepto más estructural que tenga en cuenta los niveles de educación de las personas y las condiciones de vida de los hogares, permitirá amortiguar de mejor manera las fluctuaciones que ocurran a nivel de la economía del país.

En el artículo 3º se determina qué personas o instituciones oficiarán como atributarios o administradores del beneficio. Cuando dos personas de distinto sexo reúnen las condiciones para ostentar la titularidad, el proyecto da preferencia a la mujer, en virtud de estudios especializados que constatan el mejor aprovechamiento de la prestación a favor del interesado. En este artículo también se prevé la posibilidad de reglamentar procedimientos y medios probatorios alternativos en sede administrativa, a fin de permitir el pago provisorio de la prestación hasta tanto se tramite el certificado judicial que acredite la tenencia efectiva del beneficiario.

En el artículo 4º se establecen los montos de la prestación, los que incrementándose se diferencian de acuerdo con las características de los niños, las niñas y los adolescentes, fundamentalmente con relación a la asistencia al sistema educativo. Posteriormente, se ajusta con una fórmula que considera un factor de ajuste de los ingresos denominados "escala de equivalencia". El ajuste del ingreso toma en cuenta o reconoce, por un lado, la generación de economías de escala del gasto de los hogares y, por otro, considera el tamaño de ellos. Se ha establecido un parámetro que corresponde al exponente 0,6 de niños, niñas y adolescentes. Es un factor de corrección de los ingresos que reconoce los aspectos señalados antes. En síntesis, el monto varía en función de la cantidad de integrantes del hogar, ajustando en forma progresiva y multiplicando unitariamente.

En concreto, si en un hogar hay solamente un niño asistiendo a educación primaria o que sea menor de cinco años de edad, la base de la prestación de asignaciones familiares será de $ 700. En caso de que exista más de un beneficiario, el total de prestaciones que por este concepto recibirá el hogar, será el resultado de multiplicar la base de 700 por el número de beneficiarios elevado al exponente 0,6. Si, por último, se divide la cifra resultante entre el número de beneficiarios, se obtiene el monto que recibirá cada uno de ellos.

Igualmente, el proyecto prevé un monto adicional de $ 300 con igual criterio de ajuste, en los casos de los beneficiaros que cursen enseñanza media. Aquí se busca reducir la deserción en ese nivel y alentar el avance en el ciclo educativo.

También el proyecto brinda un tratamiento preferencial a los beneficiarios que padezcan una incapacidad física o psíquica que les impida su incorporación a tareas remuneradas, al igual que los que se encuentran en programas de atención de tiempo completo del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay o en instituciones que mantengan convenio con el referido Instituto. Estos beneficiarios no son considerados para la aplicación del sistema de escala de equivalencia, recibiendo una asignación individual de $ 1.000 en el caso de los primeros y de $ 700 en el caso de los segundos.

A esta altura del informe, nos parece correcto avanzar hasta el artículo 10, por el cual se establece un mecanismo de revaluación de la prestación, buscando mantener su poder adquisitivo. Se estimó que el instrumento más adecuado para actualizar la prestación es el Indice de Precios al Consumo y ello se justifica en tres razones básicas: la primera, en mantener el valor real, o sea, lograr que la prestación no evolucione de manera diferente de cómo lo hace la canasta básica de consumo; la segunda, en evitar la prociclicidad de la prestación, y la tercera, en evitar un manejo discrecional que pueda licuar el valor real de las prestaciones evitando que pesen más las consideraciones de tipo fiscal.

Por el artículo 5º se establece el término de la prestación dividiéndose en períodos que van desde la constatación fehaciente del estado de gravidez hasta los 18 años, siempre que se cursen estudios de nivel superior a los de educación primaria en instituciones docentes o privadas autorizadas por el órgano competente. Igualmente, hasta los 18 años, cuando el beneficiario padezca de incapacidad física o psíquica que le impida su incorporación a toda tarea remunerada, la que continuará sirviéndose a partir de dicha edad por períodos de tres años, con revisión médica al finalizar cada período.

Por el artículo 6º se establecen los requisitos para el otorgamiento y mantenimiento de la percepción de la prestación. En este artículo nos parece central, junto a los ingresos y demás características que ubican a un hogar como en situación de vulnerabilidad socio-económica, la exigencia de la inscripción y concurrencia asidua del beneficiario a institutos de enseñanza estatales o privados, autorizados por el órgano competente, con la excepción de los discapacitados, así como la exigencia de la periodicidad de controles de asistencia médica.

En el caso de los discapacitados físicos o psíquicos, se exigirá el certificado de la discapacidad que impida su remuneración a todo tipo de tarea remunerada, dictamen que deberá provenir de los servicios médicos del Banco de Previsión Social. Luego se harán revisiones periódicas cada tres años para evaluar si se mantiene o no el grado de discapacidad, no así en el caso de la discapacidad psíquica, que prevé otro mecanismo.

El artículo 7º se refiere a las instituciones de educación no formal que se consideran incluidas dentro de los institutos de enseñanza privada mencionados en el literal C) del artículo anterior, que estén inscriptas en el Registro de Instituciones de Educación No Formal del Ministerio de Educación y Cultura y autorizadas por el mismo. Aclarada la situación de estas instituciones, los niños y adolescentes incluidos en el ámbito subjetivo de la ley que participen en proyectos socio-educativos desarrollados por estas instituciones de educación no formal, serán beneficiarios de la asignación con el compromiso del reingreso de aquellas al sistema educativo formal; en este contexto se otorga por una sola vez y por un período no mayor a un año. En la Comisión se dio un intercambio de opiniones en el que se aclaró que se trataba de un tipo específico de institución no formal para niños o adolescentes con alguna discapacidad o dificultad momentánea y superable, que lo aleja transitoriamente del sistema educativo formal.

En el artículo 8º se establecen las competencias y atribuciones de la Administración respecto de la verificación y el control del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para ser beneficiarios de la prestación. El organismo encargado es el Banco de Previsión Social, que queda facultado para realizar comprobaciones e inspecciones con la finalidad de determinar la existencia de las condiciones de acceso y mantenimiento de la prestación, básicamente -recordémoslo-, la asistencia a los centros de educación y la realización de los controles médicos. Para ello, puede requerir la información necesaria a los Ministerios de Educación y Cultura y de Salud Pública, a la Administración Nacional de Educación Pública, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, así como a las instituciones de enseñanza privada y a las instituciones de atención a la salud.

En el literal c) se autoriza al Banco de Previsión Social a utilizar las bases de datos confeccionadas por el Ministerio de Desarrollo Social en el marco del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social, con la finalidad de servir la prestación sin dilaciones a quienes estén incluidos en dichas bases y, al mismo tiempo, reúnan las condiciones necesarias.

En el artículo 9º se establece la incompatibilidad y opciones. En virtud de que el nuevo sistema que estamos creando va a convivir en el tiempo con el más antiguo, aquí se plantea la incompatibilidad de los beneficios entre los asignatarios o atributarios por las leyes anteriores -me refiero al Decreto-Ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980, y a la ley Nº 17.474, de 14 de mayo de 2002-, así como con la asignación familiar generada por la calidad de funcionario público y las servidas por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

En el artículo 11 se determina la inembargabilidad e incedibilidad de la prestación instituida por esta ley.

En el artículo 12 se establece que las erogaciones serán financiadas por Rentas Generales.

En el artículo 13 se plasma la transición de un régimen al otro, producto de la derogación de un sistema y su sustitución por el otro.

Antes de ingresar al análisis de los incisos de esta disposición, pensamos que puede ayudar a su comprensión una introducción que visualice el panorama general.

Actualmente, hay unos 560.000 beneficiarios de Asignaciones Familiares, los que seguirán percibiendo prestaciones. De ese total, aproximadamente unos 500.000 beneficiarios, integrantes de hogares con vulnerabilidad socioeconómica, ingresarán al nuevo régimen que estamos analizando. Unos 330.000 lo harán a partir del 1º de enero de 2008; se trata de los integrantes de hogares más carenciados: aquellos que integran el 80% de los hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Su determinación o diferenciación respecto del resto de los hogares o de los beneficiarios hasta llegar a la cifra de 500.000 se hará, como ya vimos, en base a criterios estadísticos, tal como lo señala el artículo 2º de este proyecto de ley.

A partir del 1º de enero de 2009 ingresarán al nuevo sistema los restantes 170.000 beneficiarios integrantes de hogares también en situación de vulnerabilidad socioeconómica, o sea, el 20% restante de las familias que están por debajo de la línea de pobreza. Así, en el 2009 se completa la cobertura por el nuevo régimen a todos los hogares que se encuentran por debajo de dicha línea.

¿Qué pasará con estos beneficiarios integrantes de hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica, pero no de los más carenciados? Durante todo el año 2008 continuarán percibiendo la asignación que hoy reciben, o pasarán a percibirla en caso de que no fueran beneficiarios de la prestación al momento actual. En el año 2009 ambas categorías recibirán el beneficio señalado en la presente ley.

Por el inciso primero del artículo 13 se derogan dos leyes, que son las que ampliaron los beneficios a quienes no eran hijos de trabajadores del sector formal. Se trata de las Leyes Nº 17.139 y Nº 17.758, de los años 1999 y 2004, respectivamente.

Asimismo, se prevé quiénes deberán formalizar una solicitud ante el Banco de Previsión Social para acceder a la prestación establecida en esta ley.

En el inciso segundo se determina que quienes aspiren a ser beneficiarios de la prestación prevista por la presente ley e integren hogares que no fueron visitados y relevados en el marco del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social, deberán formular la correspondiente solicitud ante el Banco de Previsión Social.

El inciso tercero establece que idéntica gestión deberá cumplirse respecto de los potenciales beneficiarios que, habiendo sido visitados y relevados dentro del Plan antedicho, no perciban asignaciones familiares ni integren hogares beneficiarios de Ingreso Ciudadano. Aquí se hace referencia a quienes no reunían las condiciones necesarias para ingresar al Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social, pero sí podrían ser beneficiarios de la prestación que establecemos en esta ley.

El inciso cuarto establece que los beneficiarios de prestaciones concedidas al amparo de las leyes que se derogan, continuarán percibiendo una asignación equivalente a la que recibirían de haberse mantenido vigentes, hasta que el Banco de Previsión Social se expida respecto de si tienen o no derecho a la establecida por esta ley. No obstante, si estuvieren comprendidos en lo previsto en el inciso segundo de este artículo -o sea, aquellos beneficiarios que no fueron visitados y relevados en el marco del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social- y no se hubiese formulado la correspondiente solicitud de amparo antes del 1º de julio de 2008, continuarán percibiendo la referida asignación equivalente sólo hasta el 30 de julio de 2008. Aquí se establece que, al no presentarse, pierden la asignación.

Como se observa, se regula la situación de aquellos beneficiarios que pertenecen a hogares de menores recursos y que actualmente están incluidos en las dos leyes que se derogan. A través de este artículo continúan habilitados a seguir cobrando la prestación hasta el 30 de junio de 2008 pero, a su vez -esto es importante-, podrán postularse para la nueva ley. Esto significa que nadie dejará de percibir el ingreso; no hay ningún intervalo por el que los beneficiarios de uno y otro régimen -el derogado y el nuevo- queden sin cobertura.

El inciso quinto se refiere a los aproximadamente 170.000 beneficiarios de las leyes derogadas que, siendo parte de los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica, no forman parte de los más carenciados, o sea, de los 330.000 beneficiarios que entran al sistema ya el 1º de enero del año 2008. Aquéllos, es decir los 170.000 beneficiarios que mencioné anteriormente, continuarán percibiendo durante el año 2008 una asignación equivalente a la que recibirían de haberse mantenido vigentes las mismas para luego, a partir del 1º de enero de 2009, pasar al nuevo sistema.

En el inciso sexto se establece que la población con similares características a las analizadas en el inciso quinto, pero que no fue beneficiaria de prestaciones concedidas al amparo de las leyes que se derogan, pasará a percibir una asignación idéntica a la fijada en dicho inciso.

El inciso séptimo, por su parte, establece que para el 1º de enero de 2009, las personas comprendidas en lo previsto en los dos incisos anteriores, pasarán a cobrar el beneficio establecido en la presente ley, siempre y cuando se conserven las condiciones de acceso al mismo.

Finalmente, el inciso octavo establece que se mantiene para los beneficiarios de asignaciones familiares reguladas por el Decreto-Ley Nº 15.084 que optaren por la prestación prevista en la presente ley, los derechos a hacer uso del servicio de atención materno infantil a cargo del Banco de Previsión Social.

Señor Presidente: consideramos que los anteriormente mencionados son los elementos más importantes de este proyecto de ley y que era necesario trasladarlos como parte del informe de la Comisión al Cuerpo, a los efectos de que, de alguna manera, se pudieran determinar las discusiones y análisis necesarios para adoptar la decisión correspondiente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: como bien decía el señor Miembro Informante, el proyecto de ley fue analizado en Comisión, aunque quizás no todo lo que hubiéramos querido. Se realizaron a la iniciativa algunos cambios de redacción, fundamentalmente a fin de aclarar algunos aspectos, sin que con ellos se alterara su espíritu.

Por nuestra parte, quisiéramos realizar algunas aclaraciones sobre este proyecto de ley que vamos a apoyar en general y en la mayoría de sus artículos, más allá de ciertas salvedades, algunas de las cuales -valga la redundancia- fueron salvadas en Comisión y tenían que ver con la redacción del texto. Con relación a otras objeciones que nos merecía este proyecto no hubo acuerdo y, evidentemente, no se realizaron modificaciones.

En primer lugar, queremos manifestar que este proyecto de ley dice establecer un sistema de asignaciones familiares que comenzará a regir a partir del 1º de enero de 2008. En realidad, lo que hace esta iniciativa, básicamente, es cambiar la prestación y modificando -nada más que eso- su importe y forma de cálculo para una parte del universo de beneficiarios de asignaciones familiares. Otro cambio que se establece para esa misma parte del universo de beneficiarios es que en lugar de realizarse los pagos correspondientes en forma bimensual, estos se harán efectivos mensualmente. Estos dos son los cambios, y por lo tanto no estamos ante un nuevo sistema. En la actualidad hay unos 940.000 menores de 18 años, de los cuales aproximadamente 780.000 cobran asignación familiar. De éstos últimos, 560.000 perciben el beneficio a través del Banco de Previsión Social y el resto debido a que son hijos de funcionarios públicos lo reciben en el sueldo de sus padres, no figurando este pago como vinculado al Banco de Previsión Social. Hay, por otro lado, aproximadamente 120.000 beneficiarios que son hijos de profesionales universitarios en ejercicio de profesiones liberales o de titulares de empresas, que no tienen derecho a la asignación, al igual que ocurre con los hijos de trabajadores cuyo ingreso está por encima de determinado monto establecido como máximo por la ley. Los cálculos que nos ha aportado el Poder Ejecutivo determinan que hay 40.000 niños que hoy no perciben el beneficio pero tendrían derecho a ello. Y no lo perciben, básicamente, porque los padres no se presentaron ante el Banco de Previsión Social para hacer la declaración correspondiente y la ley asume que ahora se incorporarían al sistema. Deseamos que así sea, aunque la ley no asegura que esos 40.000 niños realmente sean incorporados realmente. Obviamente, no es posible asegurar eso y, por nuestra parte, en modo alguno vamos a pretender que se cumpla lo imposible.

Todo el mundo sabe que el sistema de asignaciones familiares es de larga data en el Uruguay, ya que existe desde el año 1943 y fue modificado en 1980. Asimismo, en 1995 se duplicó el beneficio para aquellos hogares de menores ingresos y se eliminó para los de mayores ingresos, en un intento de focalizar el gasto en función de los recursos disponibles. No obstante, hasta 1999 sólo eran beneficiarios los menores cuyos padres tenían un empleo formal. A partir de ese año progresivamente se fue incorporando a todos los menores, incluso a aquellos cuyos padres, tutores o curadores no tuvieran un empleo formal. De esa manera, en 1999, en virtud de la Ley Nº 17.139 se incorporó a los menores pertenecientes a hogares en los que los trabajadores atributarios hubieran agotado la cobertura del seguro por desempleo. Hasta ese momento, mientras los padres tuvieran dicha cobertura, los hijos eran beneficiarios de la asignación familiar, con lo cual al perder el trabajador el seguro de desempleo simultáneamente se dejaba de percibir la asignación familiar. A su vez, se incorpora allí a los hogares donde las mujeres son jefas de hogar y constituyen el único sustento de la familia, atendiendo la realidad de los hogares más comprometidos, que son aquellos en los que las mujeres tienen la doble responsabilidad de ejercer su jefatura además de ser madres, con todos los problemas que ello acarrea para obtener ingresos.

Además de otros requisitos, en esta ley de 1999 se introducen algunas condiciones vinculadas con un seguimiento a realizar por parte del Banco de Previsión Social y del INAU, a los efectos de verificar el cumplimiento efectivo de la asistencia regular a los centros de enseñanza y controles sanitarios. En este sentido, en la ley del año 2004, se consagró la universalización del sistema, en virtud de la cual se incorpora, básicamente, a todos los menores de 18 años. ¿Cuáles son las condiciones establecidas para esa incorporación? Si me permiten, voy a leer esas condiciones que son exactamente las mismas que corresponden a lo que se llama "Término de la prestación" y que en este proyecto de ley se detallan en el artículo 5º.

El artículo 4º de la Ley Nº 17.758 es exactamente igual al artículo 5º actual. Esta ley es derogada, por la que estamos votando, pero se reeditó -por decirlo de alguna manera- el mismo artículo. Es decir que el artículo 5º no es una innovación. En la Ley Nº 17.758, el artículo 4º (Término de la prestación), se decía en su numeral 1): "A partir de la constatación fehaciente del estado de gravidez por parte del Banco de Previsión Social y hasta los 14 (catorce) años del menor beneficiario". En el numeral 2), se dice: "Se prorrogará hasta los 16 (dieciséis) años del beneficiario cuando se compruebe que el mismo no ha podido completar el ciclo de educación primaria a los 14 (catorce) años por impedimento plenamente justificado". El numeral 3), expresa: "Finalmente, se extenderá la prestación hasta los 18 (dieciocho) años de edad del beneficiario, cuando el mismo curse estudios de nivel superior a los de educación primaria en instituciones docentes estatales o privadas autorizadas por el órgano competente". Aquí aparece la expresión "instituciones docentes" que a nuestro juicio es incorrecta y en este proyecto de ley a estudio la hemos sustituido por "instituciones de enseñanza". El numeral 4), establece: "Cuando el beneficiario padezca de una incapacidad física o psíquica tal que impida su incorporación a todo tipo de tarea remunerada, se le pagará por períodos de tres años con revisión médica al finalizar cada período, con el objeto de determinar si mantiene el grado de incapacidad".

Luego viene el artículo 5º de la ley anterior, que es casi igual al artículo 6º de la que estamos votando. El anterior artículo 5º (Requisitos para el otorgamiento y el mantenimiento de la percepción de la prestación), dice: "Se deberá acreditar ante el Banco de Previsión Social los siguientes extremos: A) Los ingresos del núcleo familiar mediante declaración jurada". La actual redacción, expresa: "A) Los ingresos y la composición del hogar que integra el beneficiario", para ser congruentes con los artículos 1º y 2º del proyecto de ley. El literal B) actual, dice: "Los demás elementos que caracterizan a dicho hogar como en situación de vulnerabilidad socioeconómica y que lo incluyen en el nivel a que refiere el inciso segundo del artículo 1º, en su caso".

Luego vienen los textos de los literales B) y C) anteriores, que son exactamente los mismos que los actuales. El literal C) del proyecto de ley actual, incluye los requisitos de inscripción y concurrencia asidua a centros de enseñanza estatales o privados autorizados por el órgano competente y la periodicidad de controles de asistencia médica brindada a través del sistema público o privado por instituciones de asistencia médica colectiva, en la forma en que establezca la reglamentación. El literal D), dice: "Tratándose de personas discapacitadas desde el punto de vista físico o psíquico, la discapacidad debe impedir su incorporación a todo tipo de tarea remunerada", y luego sigue la redacción.

De modo que la ley no innova absolutamente nada en este aspecto, así como tampoco en lo que hace a las incompatibilidades. Se establece que la prestación es incompatible con el goce de otra prestación de la misma naturaleza, es decir, con otra asignación familiar, lo que es obvio. Tampoco innova con respecto a las facultades de control que tiene el Banco de Previsión Social; diría que es un calco en ese aspecto.

¿Qué es lo que hace, entonces, la ley? Lo que hace es eliminar las dos leyes, es decir, la de 1999 y la de 2004, asumiendo que hay como un espejo entre esos beneficiarios y los de este proyecto de ley, lo que seguramente será así en la mayoría de los casos, aunque no en otros.

A nuestro entender, la ley tiene ciertas mejoras en materia de incentivos de la prestación, que nos hubiera gustado fueran complementadas con alicientes en materia de edades. ¿Cuál es la mejora básica en incentivos de la prestación? Consiste en que se paga más a un beneficiario que curse enseñanza secundaria que aquel que esté en primaria y, además, a medida que crece el número de los beneficiarios de los hogares -o sea, el número de hijos- la prestación promedio va disminuyendo rápidamente, como forma de no incentivar el tener muchos hijos para recibirla. Todos sabemos que cuando se miden las líneas de pobreza, se hace por el nivel de ingreso per cápita y ello da la pauta que los hogares que tienen más hijos son los más pobres por el problema de que el mismo nivel de ingresos se reparte entre más integrantes del núcleo familiar.

Desde nuestro punto de vista, creemos que este modo de cálculo debió ser general y no dejarlo restringido a determinadas personas, que son las que se incorporaron con las últimas dos leyes. ¿Por qué? Porque, en realidad, la enorme mayoría de quienes trabajan en el sector formal, que perciben un sueldo un poco mejor pero, como todos sabemos, tampoco son gran cosa, deberían tener este aumento del beneficio, pues estaríamos protegiendo más a esa clase media, incentivándola a que, inclusive, tuviera algún hijo más, ya que es donde normalmente las sociedades desean que la población se reproduzca. En nuestro concepto, así como marcamos la mejora en el sentido de la prestación, de la diferenciación y de los incentivos, creemos que aquí hay un error.

Otro error que ya venía de la ley anterior, es el referido a las edades. A nuestro juicio, la edad para acceder a enseñanza secundaria debería estar más acotada y no pasar de los catorce años en ningún caso. De lo contrario, está el incentivo a que los beneficiarios permanezcan en primaria sabiendo que no van a cursar secundaria para cobrar meramente una prestación y nada más que eso.

Más allá de estos aspectos, tenemos pocas discrepancias con el proyecto de ley. En el artículo 3º hay una diferencia, porque si bien está copiado su texto no es exactamente igual al del artículo 3º de la Ley Nº 17.758, de 4 de mayo de 2004. El artículo 3º del proyecto de ley, dice: "Son atributarios o administradores del beneficio instituido por la presente ley, las personas con capacidad legal o las instituciones, a cuyo cargo estén los beneficiarios. En caso de que dos personas de distinto sexo reúnan tales condiciones, tendrá preferencia la mujer.- Para acreditar los extremos previstos en el inciso anterior, se requerirá la presentación del certificado judicial que avale quién ejerce la tenencia efectiva del beneficiario.- La reglamentación a dictarse por el Poder Ejecutivo podrá establecer procedimientos y medios probatorios alternativos en sede administrativa, a los solos efectos de habilitar el servicio de la prestación en forma provisoria y únicamente durante el lapso que insuma la obtención del referido certificado". Sucede que se pide la certificación judicial para todo el mundo, es decir, para los hijos legítimos inscriptos por los padres y para los administradores. ¿Qué decía la ley anterior? El artículo 3º de la Ley Nº 17.758, se titulaba "Administrador de la prestación", y decía: "Son administradores del beneficio instituido por la presente norma, la persona con capacidad legal a cuyo cargo estén los menores beneficiados". Desde nuestro punto de vista, esto refería pura y exclusivamente a quienes no fueran los padres. A nuestro entender, hubiéramos preferido evitar que se tuviera que expedir la certificación judicial de los padres, porque hubiera alcanzado con la exigencia de alguna partida de nacimiento o un papel que acreditara la paternidad. En todo caso, cuando se tratara de una disputa entre los dos padres, se debería exigir un certificado judicial. Nos parece que esto burocratiza en exceso el trámite. Como se puede observar, nuestra objeción a este respecto es menor.

La otra observación que queremos hacer es de redacción y tiene que ver con el artículo 9º; si bien se nos ha explicado, seguimos sin entender. El artículo 9º habla de asignatario o atributario. Resulta que el vocablo "asignatario" no está definido en ningún lado de este texto legal ni en los anteriores. Las únicas definiciones que hay son de la palabra "atributario" -básicamente, son los padres- o del término "administradores", que puede ser el tutor, el curador o una institución que administra la tenencia de los menores. Según se nos explicó, esto figura en algunas resoluciones o disposiciones del Banco de Previsión Social pero, claramente, no está definido en base legal. Entonces, si se lo utiliza como sinónimo, nos parece innecesario en tanto se sabe bien quién es el atributario.

Por último, señor Presidente, en el artículo 10 se hace referencia a la forma de actualización, respecto de lo cual hubiéramos preferido, por varios motivos, que se tomara en cuenta las bases de prestaciones y contribuciones y no el IPC. Ello permitiría que cuando las cosas funcionan bien, se produjera una mejora en el nivel de capacidad de la asignación familiar -tal como ha sucedido en los últimos cuatro años- y, a su vez, daría más flexibilidad al Poder Ejecutivo si las cosas no están tan bien. Lo concreto es que el Poder Ejecutivo ideó el sistema de esta manera, y yo puedo pensar bien o mal, pero creo que la base de prestación y contribución crecerá más que el IPC en los próximos años, con lo cual se pone un techo menor al gasto del que se hubiera producido de otra manera.

Finalmente, señor Presidente, los cálculos que presentó el Poder Ejecutivo hablan de un aumento en la prestación promedio, para un subgrupo que es aproximadamente algo más de un tercio del total de beneficiarios, del orden del 66%, en tanto el resto de los beneficiarios mantendrá la misma asignación en 2008.

En definitiva, vamos a votar afirmativamente en general este proyecto de ley como así también la inmensa mayoría de sus artículos.

Muchas gracias.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: desde la Bancada del Partido Nacional vamos a acompañar con nuestro voto la iniciativa que hoy es motivo de discusión en este Senado, que fuera remitida por el Poder Ejecutivo a principios de setiembre. Cabe recordar que éste tiene iniciativa privativa en esta materia, entre otras cosas, porque estamos hablando del sistema de seguridad social de nuestro país -que, desde luego, comprende las prestaciones en materia de jubilaciones y pensiones- que incluye el sistema de asignaciones familiares, que tiene una historia muy importante en la vida del Uruguay. Hace 64 años que en nuestro país se prestan servicios de asignaciones familiares con propósitos de las mismas características de las que hoy inspiraron al Poder Ejecutivo a enviar este proyecto de ley a los efectos de ampliar el sistema. Digo más; el Uruguay tiene una profusa y muy rica legislación social. En algunas áreas ha sido pionero al cubrir determinadas necesidades de su población y al prever otras a través de sistemas de estas características. En consecuencia, de transformarse en ley -como suponemos que ocurrirá- en el transcurso de este año, en tanto cobrará vigencia a partir de 1º de enero de 2008, vamos a estar incorporando mejores oportunidades y mayores beneficios para sectores de la vida del país que lo están necesitando.

Vale destacar que esta es una de las áreas que el Estado no puede transferir. Es impensable que áreas de la seguridad social -en este caso concreto, de asignaciones familiares- puedan ser desarrolladas por otras instituciones que no sean las del propio Estado, que en nuestro país lleva adelante el Banco de Previsión Social. Se trata de instituciones que hacen mucho bien a la calidad de vida de la población, no solamente desde el punto de vista económico, sino también sanitario y educativo.

Como decíamos, este sistema de las asignaciones familiares empezó en el ámbito privado, servido desde el Estado, a partir de 1943 y de a poco se fueron incorporando otros sectores de la población, como por ejemplo los trabajadores rurales, los desocupados, los jubilados y pensionistas y los funcionarios públicos.

En consecuencia, señor Presidente, no solamente vamos a otorgar nuestro voto afirmativo al proyecto de ley sino que, además, celebramos que el Uruguay siga recorriendo una línea de amparo y de perfeccionamiento de este instituto que tanto bien ha hecho a nuestra sociedad y que tanto bien puede seguir realizando.

A continuación, cabría preguntarse cuáles son los conceptos más importantes que se introducen en este proyecto de ley que hoy está a consideración del Cuerpo, más allá de lo que muy claramente han expresado el señor Senador Lorier, en su calidad de Miembro Informante, y el señor Senador Alfie.

En primer lugar, se incorporan con mayor preferencia o respaldo los niveles más vulnerables en materia social y económica. Eso no se hace a través de un acto discrecional, de criterios informales que quedan sometidos a la arbitrariedad de las instituciones del Estado, sino con criterio general -como bien me acota el señor Senador Abreu- pero, además, fundado en parámetros de carácter estadístico que, por otra parte, son los que se han utilizado anteriormente. En el propio proyecto de ley se establece claramente que la posibilidad de incrementar este respaldo de carácter económico a los niveles más vulnerables desde el punto de vista económico y social, se basará en criterios estadísticos.

En segundo término, queremos destacar el concepto de educación. Por el hecho de asistir a los cursos correspondientes -sea en enseñanza primaria o, muy especialmente, en enseñanza media- no solamente se otorga el beneficio sino que, además, se fortalece. Quiere decir que la asignación familiar también cumple -como lo ha hecho siempre, aunque aquí se procura profundizar su misión- un rol especial en materia educativa, formalizando la participación de todas estas generaciones en los distintos ámbitos de la vida del país. A su vez, esto permitirá contar con un registro acabado de quiénes son, de cuál es su nivel socioeconómico, de cuáles son las dificultades más importantes que atraviesan y de qué manera se los puede respaldar dándoles niveles relevantes de educación.

El tercer concepto que queremos destacar -y que como forma experimental compartimos- es que, para bien de los menores, se parte de la premisa de que la mujer es mejor administradora en materia de recursos de estas características. Es una nueva experiencia que vamos a vivir porque se ha comprobado que hay elementos que fundamentan que efectivamente es así. Se hace esto para tener la seguridad de que la persona va a recibir, en forma mucho más amplia, el beneficio que le otorga el sistema de asignaciones familiares.

Un cuarto concepto se refiere a que el proyecto de ley no ata necesariamente el pago del beneficio de la asignación familiar al cumplimiento estricto de todas las formalidades y condiciones, algunas de ellas de carácter burocrático. Se establece la posibilidad de un pago provisorio de la asignación familiar y, en el ínterin, se exige que el beneficiario, o quien tenga la responsabilidad de administrarlo, vaya llenando cada una de las formalidades para terminar de perfeccionarlo.

Como bien se señala, la cantidad de menores que accedan a esto va a crecer, pero no porque antes no estuvieran comprendidos entre los beneficiarios, sino porque no recurrían a la institución social correspondiente -en este caso, el Banco de Previsión Social- para hacerse de un recurso que les correspondía por ley, y muchas veces no lo hacían porque los requisitos formales -sean muchos o pocos, grandes o menores- se convertían en una traba. La cuestión es que muchos niveles de población con dificultades socioeconómicas importantes se encontraban con obstáculos de tal magnitud, que hacían que no siguieran adelante con el trámite. Entonces, lo que se busca ahora es que se den cuenta de la importancia del beneficio y que la propia institución vaya ayudando a que se cumpla con todas las formalidades correspondientes, de manera de perfeccionar las condiciones exigidas. De este modo, entonces, se va a incrementar notoriamente el número de beneficiarios que potencialmente ya estaban en condiciones de serlo pero que, por distintas razones, no estaban accediendo a esta prestación. O sea que, sin duda, es importante la instrumentación de un criterio de estas características.

Como aquí se ha señalado, otro de los atributos que tiene la legislación que propone el Poder Ejecutivo y que la Comisión ha hecho suya, es el incremento del monto de la asignación, sobre todo, a determinados sectores, pero que además tiene en cuenta la cantidad de beneficiarios que existe en el hogar. De esta manera, la visión que el Estado va teniendo de estas situaciones que merecen su apoyo, es cada vez más amplia.

Como un último elemento, de los tantos que seguramente han señalado o puedan señalar los integrantes del Cuerpo, señor Presidente, quiero rescatar que se va a otorgar un monto adicional de $ 300 por beneficiario a quienes cursen la enseñanza media. Esto va en la línea de razonamiento que veníamos siguiendo respecto a la importancia que se le da a la educación en este proyecto de ley. El futuro de las nuevas generaciones cada vez está más ligado a la materia educativa, a la forma en que se imparte la enseñanza y a la manera en que efectivamente es incorporada por los alumnos, tanto la enseñanza primaria como la media.

En consecuencia, no podemos menos que respaldar con toda nuestra decisión un proyecto de ley de estas características.

Por ahora, señor Presidente, es cuanto teníamos para señalar.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Quiero señalar brevemente algo que conversamos con las señoras Senadoras Percovich y Dalmás.

En lo que tiene que ver con las prestaciones vinculadas a las personas con discapacidad, aquí se mantiene el mismo sistema y el mismo criterio de asignación. Hemos coincidido en que en esta situación lo mejor es mantenerlo de esa forma, pero quiero dejar constancia de que, dado que es un tema importante y que abarca a muchísima gente, en algún momento el Uruguay va a tener que resolver con mayor precisión dos aspectos: por un lado, los criterios por los cuales se decide otorgarla y, por otro, el o los organismos que tienen que resolver en la materia. Hoy en día existe un determinado mecanismo que ha resuelto muchas situaciones pero que también recurrentemente ha generado problemas en otras.

Por lo tanto, me parece importante señalar, aunque sea como nota a pie de página, que es una asignatura pendiente que tenemos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: he votado este proyecto de ley, en primer lugar, porque me parece un avance sustancial en un plan integral que el Gobierno ha iniciado y que se llama Plan de Equidad. Es un aspecto más de un Plan en materia de políticas sociales, que tiene una serie de Programas.

En segundo término, por lo novedoso que contiene -y estuvo en la discusión-, que es el cambio de concepto, de definición de pobreza. Creemos que es muy importante incluir otros factores estructurales del hogar y no sólo los que están ligados al nivel de ingreso de quienes perciben este beneficio. Con el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social se ha avanzado mucho en esto que hoy vuelve a aparecer en este proyecto de ley.

Por otra parte, señor Presidente, porque abarca a un gran número de familias y porque, a pesar de que con el señor Senador Alfie no entendíamos mucho la forma de ajuste, también es importante que el Ministerio de Economía y Finanzas haya defendido que el ajuste se haga por el IPC, porque así se evitan algunas cuestiones. El hecho de que esté indexado de este modo evita, por un lado, la prociclicidad de la prestación, es decir, que se tome el cálculo por el lado fiscal y, por otro, la discrecionalidad que siempre termina perjudicando el valor de aquella.

Por todas estas razones -fundamentalmente, por el avance que significa en materia de políticas sociales y en el conjunto del Plan de Equidad-, y muchas más que no voy a mencionar, considero muy positivo hacer estas variantes en el nuevo sistema de asignaciones familiares.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: voy a ser breve porque ya todos escuchamos los fundamentos de voto anteriores. En lo personal hemos acompañado la votación de este proyecto de ley, particularmente, porque contiene aspectos generales que creemos están dirigidos a diseñar una política social de aplicación gradual desde el punto de vista financiero que, más allá de los aspectos tan áridos que tienen que ver con los cálculos econométricos y económicos, supone un pensamiento que avanza en la sociedad uruguaya y que se conecta en forma transversal sin ninguna distinción de carácter partidario.

Por otro lado, señor Presidente, también debemos hacer mención a que en el artículo 2º, cuando se habla de la definición de hogares, se retoma el concepto de familia que tanto reclamamos durante la discusión de otros proyectos de ley y que estaba totalmente ausente. Este concepto se ha administrado en forma inteligente, no sólo respetando y basándose en disposiciones constitucionales -en especial, en el artículo 40 de la Constitución de la República-, sino también porque al tomar en consideración determinadas situaciones sociales al ingresar a la definición de familia u hogar, incluye a unidades similares a la familia para dar la máxima flexibilidad y poder otorgar este beneficio a quien realmente lo necesita.

Es importante que el Senado haya retomado los conceptos constitucionales y sociales que están expresamente recogidos y que también son el centro, entre otras cosas, de nuestra preocupación, más allá de una realidad en la que cada día se producen desplazamientos en cuanto a lo que son los núcleos centrales de nuestra definición originaria.

Muchas gracias.

SEÑORA LOPEZ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA LOPEZ.- Formulo moción en el sentido de que se desglosen aquellos artículos acerca de los cuales existan discrepancias y que se suprima la lectura de los restantes y se voten en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Consulto a los señores Senadores acerca de si habría algún artículo para desglosar.

SEÑOR MICHELINI.- Sí, señor Presidente, queremos solicitar el desglose del artículo 1º.

SEÑORA DALMAS.- Y nosotros pedimos que se desglose el artículo 13.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quedarían desglosados, entonces, los artículos 1º y 13.

Se va a votar la moción presentada por la señora Senadora López.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

18) DEROGACION DE TODAS LAS EXONERACIONES GENERICAS RELATIVAS A LOS APORTES DE LA EX DISSE

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite, señor Presidente?

Aprovecho para plantear una cuestión de orden en el sentido de que mañana se incluya en el Orden del Día el proyecto de ley relativo a las cajas de auxilio, que fue votado por unanimidad en el Senado y que volvió de la Cámara de Representantes con una sola modificación referida a la fecha. Supongo que en el día de mañana podríamos aprobarlo sin que pase por Comisión, ya que existe un problema de financiamiento muy importante de estas Cajas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción del señor Senador Michelini en el sentido de que se incluya en el Orden del Día de la sesión de mañana el proyecto de ley que viene de la Cámara de Representantes relativo a las cajas de auxilio.

(Se vota:)

- 23 en 27. Afirmativa.

19) SISTEMA DE ASIGNACIONES FAMILIARES

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde ingresar a la discusión particular del proyecto de ley por el que se introducen reformas en el sistema de asignaciones familiares.

En consideración los artículos 2º al 12, 14 y 15.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan:)

- 26 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: hemos presentado un agregado -que hicimos llegar a la Mesa- para este artículo, que es el siguiente. Después de la mención al Banco de Previsión Social, sugerimos que se establezca: "en la forma que determine la reglamentación,", continuando luego el artículo tal cual está. Esto es para que la reglamentación pueda determinar diferentes formas o instrumentos de pago.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase por Secretaría el inciso primero del artículo 1º, con el agregado propuesto por el señor Senador Michelini.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 1º (Ambitos objetivo y subjetivo).- Establécese, a partir del 1º de enero de 2008, un sistema de asignaciones familiares consistente en prestaciones monetarias a servirse mensualmente por el Banco de Previsión Social, en la forma que determine la reglamentación, en beneficio de niños y adolescentes (artículo 1º de la ley Nº 17.823 de 7 de setiembre de 2004) que residan en el territorio nacional y que, reuniendo los demás requisitos previstos en la presente ley, integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica o estén en atención de tiempo completo en establecimientos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay o en instituciones que mantengan convenios con dicho instituto".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º, con el agregado propuesto por el señor Senador Michelini y que fuera leído por Secretaría.

(Se vota:)

- 26 en 28. Afirmativa.

En consideración el artículo 13.

SEÑOR LORIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Lorier.

SEÑOR LORIER.- Señor Presidente: quiero decir que vamos a aceptar una modificación planteada por el señor Senador Alfie respecto al inciso cuarto. Concretamente, estaríamos ubicando al comienzo lo que originalmente figuraba al final, por lo que la expresión "sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso siguiente" lo encabezaría y luego continuaría tal como está.

Con respecto a las otras sugerencias que el señor Senador Alfie hizo cuando comenzamos a tratar este tema y que refieren al ordenamiento, la forma y el contenido de los artículos, entendemos que tal como figuran en el proyecto de ley analizado en la Comisión es lo más adecuado y, por lo tanto, estamos manteniendo la posición original con respecto al articulado y a su ordenamiento en incisos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase por Secretaría el inciso cuarto del artículo 13, con la modificación propuesta por el señor Senador Lorier.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso siguiente, quienes al 31 de diciembre de 2007 sean beneficiarios de prestaciones concedidas al amparo de las leyes que se derogan, continuarán percibiendo una asignación equivalente a la que recibirían de haberse mantenido vigentes las mismas, hasta que el Banco de Previsión Social se expida respecto de si tienen o no derecho a la establecida por esta ley. No obstante, si estuvieren comprendidos en lo previsto por el inciso segundo de este artículo y no se hubiese formulado la correspondiente solicitud de amparo antes del 1º de julio de 2008, continuarán percibiendo la referida asignación equivalente sólo hasta el 30 de junio de 2008".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 13 con la modificación propuesta por el señor Senador Lorier, tal como fuera leído por Secretaría.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO 1º. (Ambitos objetivo y subjetivo).- Establécese, a partir del 1º de enero de 2008, un sistema de asignaciones familiares consistente en prestaciones monetarias a servirse mensualmente por el Banco de Previsión Social, en la forma que determine la reglamentación, en beneficio de niños y adolescentes (artículo 1º de la Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004) que residan en el territorio nacional y que, reuniendo los demás requisitos previstos en la presente ley, integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica o estén en atención de tiempo completo en establecimientos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay o en instituciones que mantengan convenios con dicho instituto.

No obstante, la aplicación del sistema será gradual, alcanzando durante el año 2008 hasta 330.000 beneficiarios que, reuniendo los demás requisitos previstos en la presente ley, integren los hogares más carenciados de los comprendidos en el inciso anterior.

A partir del 1º de enero de 2009, la prestación alcanzará hasta 500.000 beneficiarios, quedando el Poder Ejecutivo facultado para incrementar dicha cifra en consideración a la evolución de la situación socioeconómica de la población.

ARTICULO 2º. (Definiciones de hogares).- A los efectos de esta ley, entiéndese por hogar el núcleo integrado por dos o más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, que conviven bajo un mismo techo y constituyen una familia o una unidad similar a la familia.

La determinación de los hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica así como la del nivel a que refiere el inciso segundo del artículo anterior, se harán conforme a criterios estadísticos, teniéndose en cuenta, entre otros, los siguientes factores: ingresos del hogar, condiciones habitacionales y del entorno, composición del hogar, características de sus integrantes y situación sanitaria.

La reglamentación establecerá claramente las condiciones para acceder al beneficio y en caso de ser más de uno, indicará la ponderación de cada uno de ellos.

ARTICULO 3º. (Administrador o atributario de la prestación).- Son atributarios o administradores del beneficio instituido por la presente ley, las personas con capacidad legal o las instituciones, a cuyo cargo estén los beneficiarios. En caso de que dos personas de distinto sexo reúnan tales condiciones, tendrá preferencia la mujer.

Para acreditar los extremos previstos en el inciso anterior, se requerirá la presentación del certificado judicial que avale quién ejerce la tenencia efectiva del beneficiario.

La reglamentación a dictarse por el Poder Ejecutivo podrá establecer procedimientos y medios probatorios alternativos en sede administrativa, a los solos efectos de habilitar el servicio de la prestación en forma provisoria y únicamente durante el lapso que insuma la obtención del referido certificado.

ARTICULO 4º. (Montos de la prestación).- La asignación instituida por la presente ley tendrá los siguientes montos mensuales por beneficiario, atendiendo al número de los mismos que integren el hogar, al nivel educativo que estén cursando y a la presencia o no de discapacidades:

a) el resultado de multiplicar $ 700 (setecientos pesos uruguayos), por el número de beneficiarios integrantes del hogar que no padecieren incapacidad (numeral 4) del artículo siguiente) elevado al exponente 0,6 (cero coma seis), y de dividir la cifra obtenida entre la cantidad de aquellos;

b) en los casos de beneficiarios que se encuentren cursando educación media, se adicionará al monto que les correspondiere conforme al literal anterior, el resultado de multiplicar $ 300 (trescientos pesos uruguayos), por el número de dichos beneficiarios elevado al exponente 0,6 (cero coma seis), y de dividir la cifra obtenida entre la cantidad de los mismos;

c) $ 1.000 (mil pesos uruguayos) en los casos de beneficiarios que padecieren incapacidad conforme a lo previsto por el numeral 2) del artículo siguiente.

En los casos de beneficiarios en atención de tiempo completo en establecimientos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay o en instituciones que mantengan convenios con dicho instituto, la asignación será de $ 700 (setecientos pesos uruguayos). La reglamentación establecerá el modo en que se aplicará esta asignación en provecho directo del beneficiario, en orden a satisfacer sus necesidades en materia de salud, educación e inserción social.

ARTICULO 5º. (Término de la prestación).- La asignación familiar prevista por la presente ley se servirá por los períodos que se establecen a continuación:

1) A partir de la constatación fehaciente del estado de gravidez por parte del Banco de Previsión Social y:

a) Hasta los 14 (catorce) años del beneficiario en todos los casos.

b) Hasta los 16 (dieciséis) años del beneficiario, cuando se compruebe que el mismo no ha podido completar el ciclo de educación primaria a los 14 (catorce) años por impedimento plenamente justificado.

c) Hasta los 18 (dieciocho) años de edad del beneficiario, cuando el mismo curse estudios de nivel superior a los de educación primaria en instituciones de enseñanza estatales o privadas autorizadas por el órgano competente.

2) Cuando el beneficiario padezca de una incapacidad física o psíquica tal que impida su incorporación a todo tipo de tarea remunerada, la prestación se servirá hasta los 18 (dieciocho) años de edad, y continuará sirviéndose a partir de dicha edad por períodos de tres años, con revisión médica al finalizar cada período conforme a lo previsto por el literal D) del artículo siguiente. La percepción del beneficio será incompatible con el cobro de la prestación a que refiere el artículo 43 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995.

ARTICULO 6º. (Requisitos para el otorgamiento y el mantenimiento de la percepción de la prestación).- Para recibir la asignación regulada por la presente ley, deberán acreditarse ante el Banco de Previsión Social, con la frecuencia y del modo que establezca la reglamentación, los siguientes extremos:

A) Los ingresos y la composición del hogar que integra el beneficiario.

B) Los demás elementos que caracterizan a dicho hogar como en situación de vulnerabilidad socioeconómica y que lo incluyen en el nivel a que refiere el inciso segundo del artículo 1º, en su caso.

C) La inscripción y concurrencia asidua del beneficiario a institutos de enseñanza estatales o privados autorizados por el órgano competente, excepto en los casos de beneficiarios discapacitados en que se acredite que aquello no es posible, y la periodicidad de controles de asistencia médica brindada a través del sistema público o privado.

D) Tratándose de personas discapacitadas desde el punto de vista físico o psíquico, la discapacidad debe impedir su incorporación a todo tipo de tarea remunerada. En este caso, el certificado provendrá de los servicios médicos del Banco de Previsión Social y se realizarán revisiones periódicas ante los mismos servicios médicos cada tres años, a los efectos de evaluar si se mantiene el mismo grado de incapacidad que permita el mantenimiento del pago de la prestación. No obstante, en los casos de niños y adolescentes que padezcan discapacidad psíquica, la misma podrá acreditarse mediante certificación que al efecto expida el Registro creado por la Ley Nº 13.711, de 29 de noviembre de 1968.

ARTICULO 7º. (Instituciones de educación no formal).- A los efectos de lo previsto en el literal C) del artículo anterior, considéranse incluidas dentro de los institutos de enseñanza privados, a las instituciones de educación no formal que, estando inscriptas en el Registro de Instituciones de Educación No Formal del Ministerio de Educación y Cultura y autorizadas por el mismo, contribuyan al desarrollo socioeducativo del beneficiario y a su reinserción en el sistema educativo formal, conforme a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Los niños y adolescentes incluidos en el artículo 1º de la presente ley, que participen en proyectos socioeducativos desarrollados por las referidas instituciones de educación no formal, serán beneficiarios de la asignación siempre que los atributarios se comprometan al reingreso de aquéllos al sistema educativo formal.

Bajo estas condiciones, la asignación se otorgará por una sola vez y por un período no mayor a un año.

ARTICULO 8º. (Competencias y atribuciones de la Administración).- Compete al Banco de Previsión Social verificar y controlar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para ser beneficiario o atributario o administrador de la prestación instituida por la presente ley.

A tales efectos, queda facultado para:

a) realizar las comprobaciones e inspecciones que estime convenientes, a fin de determinar la existencia de las condiciones de acceso y mantenimiento de la prestación;

b) requerir de los Ministerios de Educación y Cultura y de Salud Pública, de la Administración Nacional de Educación Pública, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y de las instituciones de enseñanza privadas y de las instituciones de atención a la salud, toda la información necesaria para comprobar la asistencia de los beneficiarios a los centros de educación y los debidos controles médicos, a cuyos efectos los organismos e instituciones indicados quedan obligados a suministrarla;

c) utilizar las bases de datos confeccionadas por el Ministerio de Desarrollo Social en el marco del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social. Dicho Ministerio deberá facilitar su utilización, a efectos de servir la prestación sin dilaciones a quienes reúnan las condiciones necesarias para ser beneficiarios de la asignación prevista en la presente ley;

d) requerir del Ministerio de Desarrollo Social la colaboración necesaria para la ejecución de los cometidos previstos en el inciso primero de este artículo así como para la comprobación de los extremos previstos en el literal a) del inciso segundo de esta disposición, quedando dicho Ministerio obligado a prestar dicha asistencia y pudiendo ambos organismos celebrar los convenios interinstitucionales que fueren menester a tales efectos;

e) solicitar a los organismos públicos todo tipo de información respecto de las asignaciones familiares que abonan a sus funcionarios, quedando dichos organismos obligados a suministrarla.

En caso de comprobarse la falsedad total o parcial de la información proporcionada por los interesados o de no poder verificarse las condiciones que habilitan la percepción de la prestación por causa imputable a éstos, el Banco de Previsión Social procederá a la suspensión del beneficio, sin perjuicio de ejercitar las acciones para recuperar lo indebidamente pagado y de las denuncias penales que eventualmente correspondieren.

ARTICULO 9º. (Incompatibilidad y opciones).- La percepción de la prestación establecida en la presente ley es incompatible con las previstas por el Decreto-Ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980 y por la Ley Nº 17.474, de 14 de mayo de 2002, así como con la asignación familiar generada por la calidad de funcionario público del asignatario o atributario y las servidas por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

No obstante, se podrá optar en todo momento por el beneficio previsto en la presente ley, teniendo preferencia el mismo en caso de controversia entre quienes resulten asignatarios o atributarios según los diferentes regímenes.

ARTICULO 10. (Referencia a valores constantes y ajustes).- Las referencias monetarias del artículo 4º están expresadas en valores constantes correspondientes al mes de enero de 2008.

La prestación será ajustada de conformidad con la variación del Indice de Precios al Consumo, en las mismas oportunidades en que se ajusten las remuneraciones de los funcionarios públicos de la Administración Central.

ARTICULO 11. (Inembargabilidad e incedibilidad).- La prestación instituida por la presente ley es inalienable e inembargable y toda venta o cesión que se hiciere de ella, cualquiera fuere su causa, será nula.

ARTICULO 12. (Financiación).- Las erogaciones derivadas de la aplicación de la presente ley serán atendidas por Rentas Generales.

ARTICULO 13. (Derogaciones y régimen de transición).- Deróganse, a partir del 1º de enero de 2008, las Leyes Nº 17.139, de 16 de julio de 1999 y Nº 17.758, de 4 de mayo de 2004.

En los casos de quienes aspiren a ser beneficiarios de la prestación prevista por la presente ley e integren hogares que no fueron visitados y relevados en el marco del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social, deberá formularse la correspondiente solicitud ante el Banco de Previsión Social.

Idéntica gestión deberá cumplirse respecto de los potenciales beneficiarios que, habiendo sido visitados y relevados dentro del Plan antedicho, no perciban asignaciones familiares ni integren hogares beneficiarios de Ingreso Ciudadano.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso siguiente, quienes al 31 de diciembre de 2007 sean beneficiarios de prestaciones concedidas al amparo de las leyes que se derogan, continuarán percibiendo una asignación equivalente a la que recibirían de haberse mantenido vigentes las mismas, hasta que el Banco de Previsión Social se expida respecto de si tienen o no derecho a la establecida por esta ley. No obstante, si estuvieren comprendidos en lo pre-visto por el inciso segundo de este artículo y no se hubiese formulado la correspondiente solicitud de amparo antes del 1º de julio de 2008, continuarán percibiendo la referida asignación equivalente sólo hasta el 30 de junio de 2008.

Una vez realizado el control de las condiciones de acceso a la prestación prevista por esta ley, quienes al 31 de diciembre de 2007 fueran beneficiarios de prestaciones concedidas al amparo de las leyes derogadas por la presente, continuarán percibiendo durante el año 2008 una asignación equivalente a la que recibirían de haberse mantenido vigentes las mismas, siempre que integraren hogares no situados en el nivel previsto por el inciso segundo del artículo 1º pero sí en situación de vulnerabilidad socioeconómica conforme a la definición del artículo 2º de la presente ley.

Los postulantes a la asignación estatuida en esta ley, que al 31 de diciembre de 2007 no fueran beneficiarios de prestaciones concedidas conforme a las leyes que se derogan e integraren hogares de las características referidas en el inciso anterior, percibirán durante el año 2008 una asignación idéntica a la establecida en dicho inciso.

A partir del 1º de enero de 2009, las personas comprendidas en lo previsto por los dos incisos anteriores, pasarán a cobrar el beneficio establecido en la presente ley, si conservaren las condiciones de acceso al mismo.

Aquellos beneficiarios de asignaciones familiares re-guladas por el Decreto-Ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980, respecto de quienes se optare por la prestación establecida en la presente ley, no perderán por tal motivo sus derechos a hacer uso del servicio de atención materno infantil a cargo del Banco de Previsión Social.

Quienes al 31 de diciembre de 2007, contando con 18 (dieciocho) o más años de edad y padeciendo discapacidad, sean beneficiarios de asignaciones concedidas al amparo de las leyes que se derogan, podrán acceder a las prestaciones previstas en la presente ley en las condiciones establecidas para las personas discapacitadas.

Cuando deba formularse la correspondiente solicitud ante el Banco de Previsión Social para acceder a la prestación prevista en la presente ley, los haberes sólo se devengarán a partir de aquélla. No obstante, en estos casos, no se devengarán dichas asignaciones antes del 1º de abril de 2008.

ARTICULO 14. (Declaración interpretativa).- Declárase, con carácter de interpretación auténtica, que las referencias al régimen general que se efectúan en los incisos tercero del artículo 1º y primero del artículo 2º, de la Ley Nº 17.474, de 14 de mayo de 2002, aluden al estatuido por el Decreto-Ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980.

ARTICULO 15. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del término de treinta días siguientes al de su promulgación".

20) INSTITUCION TEATRAL "EL GALPÓN"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a transferir a la Institución Teatral ‘El Galpón’ la suma de US$ 2:000.000 (dólares americanos dos millones) con cargo a Rentas Generales. (Carp. Nº 1003/07- Rep. Nº 591/07)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1003/07

Rep. N° 591/07

Presidencia de la República Oriental del Uruguay

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 18 de noviembre de 2007.

Sr. Presidente de la

Asamblea General.

Mensaje N° 13/07

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a los efectos de remitir el adjunto Proyecto de Ley por el que se transfiere a la Institución Teatral "El Galpón" la suma de US$ 2.000.000 (dólares americanos dos millones) a fin de que la misma pueda continuar con el desarrollo de sus proyectos culturales.

La mencionada suma se destinará al acondicionamiento del edificio sede, teniendo como prioridad la refacción de la sala "César Campodónico", saldar el pasivo y crear puestos de trabajo con el objetivo de desarrollar proyectos que permitan generar una infraestructura económica autosustentable.

La Institución Teatral "El Galpón" desarrolla actividades desde el 2 de setiembre de 1949 habiéndose constituido como tal el 27 de enero de 1955 con fines exclusivamente educativos y culturales.

Durante el gobierno de facto dichas actividades se vieron suspendidas en virtud de que, por Decreto 254/976 de 6 de mayo de 1976 fundado en razones ideológicas y políticas, se disolvió la institución y se canceló su personería jurídica.

Asimismo dicho Decreto clausuró sus locales y dispuso la incautación de todos sus bienes.

Con el advenimiento de la democracia por Decreto 97/985 de 1° de marzo de 1985 se derogó la disolución y prohibición dispuesta y se dispuso la devolución de los bienes muebles e inmuebles incautados.

En este sentido, el Poder Ejecutivo entiende de estricta justicia apoyar la continuidad del proyecto de la Institución Teatral "El Galpón" que ha contribuido durante tanto años al desarrollo de nuestra cultura.

Saluda a usted con su mayor consideración,

RODOLFO NIN NOVOA, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia; Jorge Brovetto, Mario Bergara.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Autorízase al Poder Ejecutivo a transferir a la Institución Teatral "El Galpón" la suma de US$ 2.000.000 (dólares americanos dos millones) con cargo a Rentas Generales.

Dicha suma deberá destinarse al acondicionamiento del edificio sede de dicha institución, al pago del pasivo de la misma y a la creación de puestos de trabajo.

La referida Institución deberá presentar ante el Mi-nisterio de Economía y Finanzas rendición de cuentas de las sumas transferidas en un plazo de 60 días contados a partir del día en que se efectúen las respectivas erogaciones.

Jorge Brovetto, Mario Bergara.

INFORME REMITIDO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

Montevideo, 8 de octubre, 2007.

Sr. Ministro de Economía y Finanzas

Cr. Danilo Astori

Presente

Nos dirigimos a Ud. para detallarle las obras y proyectos que entendemos impostergables para poder seguir desarrollando las actividades de nuestra Institución y considerando sea atendida nuestra preocupante situación. De la misma hemos dado cuenta al Sr. Presidente de la República, quien gentilmente nos comunicó el traslado de nuestro planteo al Ministerio de Educación y Cultura y al Ministerio que Ud. preside. A continuación y de acuerdo a lo convenido, nos complace ampliarle la información referida:

1. Acondicionamiento del edificio teniendo como prioridad la refacción de sala César Campodónico.

2. Saldar pasivo bancario -levantamiento de hipoteca- y acreedores varios.

3. Recuperación de fuentes de trabajo para integrantes artísticos e incorporación de todos los integrantes al sistema de Previsión Social.

1) ACONDICIONAMIENTO SALA CESAR CAMPODONICO

Transcribimos diagnóstico y memoria del Arq. MARIO SPALLANZANI

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS DE REFACCION, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION TECNICA DE LA SALA DEL TEATRO EL GALPON

El rubrado que sigue atiende el siguiente orden de prioridades, condicionado por criterios de lógica constructiva;

Seguridad, calidad técnica de la puesta en escena, confort del público, confort de actores y personal del teatro.

Sustitución de la cubierta

Desmontar la actual y absoleta cubierta de chapas de fibrocemento -60 años de antigüedad- y sustituirla por una cubierta de chapas galvanizadas, incluyendo los canalones perimetrales.

900 metros cuadrados de cubierta, 100 metros de canalones.

Colocación de mampara cortafuegos sobre la boca de escena

Construcción de una estructura metálica de soporte y montaje de placas aislantes.

170 metros cuadrados de mampara.

Reparación del cielorraso de la sala y agregado de aislamiento térmico

Obras de reparación y pintura de los panales del cielorraso de la sala y su estructura metálica de soporte.

Colocación sobre el cielorraso de un fieltro de lana de vidrio.

450 metros cuadrados.

Revisión de la instalación eléctrica

Renovación del cableado y elementos de protección y conexión obsoletos.

Actualización del equipamiento técnico

Comprende los equipos de iluminación y acústicos y sus consolas de control, y el equipamiento de montaje del escenario.

Acceso discapacitados

Ajuste del acceso a la sala a la normativa sobre accesibilidad.

Instalación de aire acondicionado

Sustitución de la precaria instalación existente por una solución centralizada. Se debe atender la posibilidad y conveniencia de cubrir otras áreas del teatro.

Acondicionamiento de la sala

Reposición de moquete, 550 metros cuadrados.

Cambio de butacas, cantidad: 600

Reparación y pintura de las paredes laterales, 200 metros cuadrados de lambris, 200 metros cuadrados de tabique de yeso.

Renovación del revestimento de placas acústicas del volumen de cabinas, 120 metros cuadrados.

Refacción y ampliación de camarines

Reacondicionar los dos camarines existentes y sus SSHH anexos.

Construir en la zona central entre camarines dos nuevos con sus correspondientes servicios, 30 metros cuadrados

Opcionalmente, es posible construir en un segundo nivel otros cuatro camarines, 60 metros cuadrados.

Observaciones

De la lectura del listado que antecede surge como evidente la perentoria necesidad de encarar un programa de ejecución de obras que lo atienda. En primer lugar las situaciones críticas en cuanto a prevención de accidentes, pero también, los rubros que posicionen a la sala en forma competitiva, posibilitando un nivel de calidad técnica de los espectáculos y confort del público y actores acorde al de la oferta de salas de espectáculos de que dispone actualmente la ciudad.

Mario Spallanzani.

A continuación adjuntamos informe de los Arq. Jorge Di Pólito y Arq. Eduardo Bertiz;

Montevideo, 08 de octubre de 2007.

Sr. Secretario general de la

Institución teatral "El Galpón"

HECTOR GUIDO

Presente.

Estimado Guido:

Atendiendo a vuestra solicitud, hemos realizado una inspección de carácter técnico a la sala principal de la Institución. Hemos detectado varias situaciones irregulares que presentan insuficiencia en los siguientes órdenes:

- Seguridad para el público

- Seguridad de actores y técnicos

- Confort de público

- Confort de actores y técnicos

A continuación se detallan los diferentes ítems que han sido observados y las tareas a ejecutar para su solución. Es necesario considerar que entre los trabajos que se describen existe gran interdependencia, lo que dificulta su realización en etapas. Además, dado el perjuicio que se genera en el funcionamiento del edificio, es necesario encarar los trabajos en forma simultánea y en el mínimo plazo posible.

1. El cerramiento superior de chapa de fibrocemento -de 60 años de existencia- presenta un importante grado de deterioro, lo que determina que existan filtraciones de agua. Este tipo de patología, además de los obvios percances que genera, resulta extremadamente peligrosa por la posibilidad de afectar la instalación eléctrica. Se propone la sustitución total del techo por una cubierta de chapa galvanizada, incluyendo los canalones perimetrales.

2. En el techo se detectan deformaciones importantes, que pueden estar ocasionadas por un exceso de carga. La parrilla sobre el escenario, así como los puentes laterales están colgados de las cerchas de ese techo. Esta situación presenta un peligro para la seguridad edilicia del punto de vista estructural: un elemento calculado para sostener un techo (cercha) está sosteniendo una sobrecarga dinámica de gran porte para la que no fue calculado. Es necesario revisar la situación de cargas, y eventualmente construir apoyos desde el piso para todos los elementos del equipamiento técnico de la tramoya.

3. Ausencia de mampara cortafuego sobre la boca de escena. Esto significa que el volumen de aire del escenario se comunica con el de la sala de espectadores, por encima de la boca de escena. Ante un siniestro, la propagación del fuego a la sala de espectadores es inmediata. Se propone construir una estructura portante de medianera a medianera, y sobre ella apoyar una mampara cortafuego de yeso estructurado con placas ignífugas.

4. El cielorraso de paneles reflejantes de fibra de madera sobre la sala está deteriorado, varias placas se han desprendido, hay subjeciones inseguras. Es necesario reparar la estructura metálica de soporte de los paneles y restituir, refac-cionar y pintar las placas reflejantes, completando el acondicionamiento con el tendido de una manta de lana de vidrio.

5. Los puentes técnicos sobre el cielorraso de la sala presentan un estado de inseguridad importante. Esto genera gran peligro para los que transitan en la altura, y para el público que está debajo. Se deberán construir puentes técnicos apropiados, con piso y barandas seguros.

6. La instalación eléctrica debe ser renovada: los cables, conexiones y sus elementos de protección deben ser sustituidos. Se deben reformular ciertos recorridos de la instalación, para que el tendido de los cables sea seguro y no quede expuesto.

7. Se considera necesario actualizar el equipamiento electroacústico y de iluminación, así como el del montaje escénico.

8. Se recomienda sustituir los equipos individuales de aire existentes por una solución central de acondicionamiento térmico.

9. La sala presenta un aspecto general de envejecimiento y deterioro. Se propone realizar un tratamiento de reparación y pintura a los parámetros, sustitución de la alfombra, retiro y recolocación de placas absorbentes en fachada de las cabinas técnicas, sustitución de las 600 butacas existentes por nuevas que ofrezcan al espectador un confort apropiado.

10. Los camarines existentes son insuficientes y están deteriorados. Se recomienda su refacción, y la construcción de 6 camarines más en el mismo sector.

Dada la entidad de los aspectos reseñados, consideramos de urgencia encarar los trabajos descriptos.

Estas actividades son desarrolladas por más de un centenar de personas que se encuentran integradas en nuestra organización interna bajo diferentes formas y que deseamos dejar constancia de sus nombres:

Integrantes Activos

1. Acosta Estefanía

2. Alfonso Alicia

3. Alfonzo Dante

4. Alonso Gustavo

5. Andino Ana

6. Azambuya María

7. Bazterrica Anael

8. Begérez Gerardo

9. Cardozo Daniel

10. David de Lima Lucía

11. Delgado Dardo

12. Dive Pablo

13. Escuder Graciela

14. Fernández Maruja

15. Ferrario Elbio

16. Flack Marcos

17. Fleitas Arturo

18. Franco Rebeca

19. Frugone Soledad

20. García Silvia

21. Gleijer Myriam

22. González Nadina

23. Guido Héctor

24. Jezier Felisa

25. Lazzo Sergio

26. Marsiglia Gisella

27. Pereira Carolina

28. Pimienta Guadalupe

29. Pípolo Pablo

30. Porteiro Amelia

31. Rodríguez Líber

32. Rodríguez Marina

33. Tenreiro Solange

34. Texeira Stella

35. Trecu Claudia

36. Vázquez Angeles

37. Vilas Dervy

38. Zorzini Pierino

Aspirantes

39 Been Zeev Sarit

40 Bengoa Julio

41 Diana Raquel

42 Freire Pachi

43 Etchandy Walter

44 Pérez Mario

45 Rey Walter

Integrantes de honor

46 Claret Rosa

47 Ferrer Susana

48 Loureiro Blanca

Funcionarios administrativos y técnicos

49 Antonio Hualde

50 Carlos Acevedo

51 Daniel Cardozo

52 Elba Bruzzone

53 Emir López

54 Fernando Tabaylain

55 Flavio Campodónico

56 Freddy Fraque

57 Gabriela Judeikin

58 Javier Cabrera

59 Jorge Rodríguez

60 José Nieves

61 Leonardo Fosatti

62 Leonardo Hualde

63 Leonardo Martínez

64 Luciana Viera

65 María Luisa Barboza

66 Mario Rodríguez

67 Miguel Muro

68 Patricia Medina

69 Ruben Rodríguez

70 Washington Rodríguez

71 Alba Antunez

72 Maria Barrios

73 Alejandra Flasckbart

74 Hugo Tuyá

75 Lucía Alfonso

76 Cristina Echesuri

77 Eduardo Salgado

78 Adrián Romero

Colaboradores con tareas institucionales permanentes no artísticas:

79 Ignacio Duarte

80 Tania Castro

81 Federico Da Costa

82 Valentina Da Costa

83 Matías Alcarraz

84 Diego Amaro

85 Rodrigo Novoa

86 Ana Clara Lopardo

87 Juan Cedrés

88 Daniela Galuzo

89 Lucía Rodríguez

90 Natalia Castillo

91 Gonzalo Castagnin

99 Maximiliano Leymonie

100 Mariel Lazzo

101 Eugenio Duarte

A estos integrantes, aspirantes y colaboradores activos se le puede agregar centenares de amigos que El Galpón supo cosechar en todos los ámbitos del quehacer nacional e internacional. Sólo así se puede comprender el desarrollo y consolidación de la Institución.

Sin embargo, profesionalizar nuestro trabajo institucional y artístico, recuperando las fuentes de trabajo perdidas en 1992 e incrementando los recursos humanos rentados, no sólo resulta un deseo sino una necesidad impostergable para poder seguir cumpliendo con nuestros proyectos.

RESUMEN

- Realizar inversión en nuestro edificio de aprox. US$ 1.000.000

- Saldar todo el pasivo, US$ 300.000

- Creación de puestos de trabajo con una inversión inicial de US$ 540.000 (US$ 30.000 mensuales por un período de 18 meses) y con el objetivo de desarrollar los proyectos que permitan generar una infraestructura económica autosustentable.

- Mantener una reserva de aprox. US$ 150.000.

Esperando que la presente contemple lo solicitado y con la convicción de contar con su apoyo en un acto de justicia que no requiere de mayores argumentos -se trata que el Estado nos reintegre una pequeña parte de lo despojado- le saludan con la más alta estima.

Solange Tenreiro Secretaria General

Héctor Guido Sec. Administración y Finanzas."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Breccia.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: hace más de 31 años, en el cenit de su virulencia autoritaria, el Gobierno de la dictadura cometió un crimen de lesa nación, de lesa humanidad, de lesa cultura, de lesa sensibilidad: por Decreto-Ley Nº 254/976, disolvió la Institución Teatral "El Galpón", cancelando su personería jurídica, disponiendo la clausura de sus locales, la incautación y depósito de todos sus bienes y la interdicción de los valores depositados en cualquier forma en las instituciones bancarias a su nombre.

Curioso decreto. Vale la pena recordar qué pasaba en aquellos años. En ese decreto, obviamente, se menciona en reiteración real el agravio y el pecado de la presunción de actividades de tendencia marxista. En el literal b) se menciona también -creo que es imperioso rescatarlo- como característica la invariable solidaridad de la institución disuelta. Es notable: el teatro "El Galpón" en aquel momento murió de solidaridad. ¿Qué se disolvió, curiosamente, mediante este Decreto firmado por el Ministerio del Interior, el de Defensa Nacional y el de Educación y Cultura, que es en definitiva el único habilitado para intervenir en los trámites de creación y disolución de personas jurídicas en el ordenamiento normativo nacional? Claro, referirse a "ordenamiento normativo" en la época de la dictadura parece un sinsentido. ¿Qué se disolvió, señor Presidente? Una persona jurídica, pero también una cantidad de cosas más.

Quien habla -y lo confieso- no se ha caracterizado por su amor inveterado hacia las artes teatrales. Sin embargo, recuerda con amor y con emoción algunos momentos felices; los momentos felices hay que rescatarlos siempre y más aún aquellos particularmente felices vividos en aquella sala de "El Galpón", de la calle 18 de Julio. Puedo evocar la representación de "Fuenteovejuna" y, en especial, por habernos producido una gran conmoción, la que se basó en "El asesinato de Malcom X".

Se disolvió, además, toda una trayectoria -que, en ese momento, contaba con más de 25 años- y todo un criterio de hacer las cosas, que se basaba fundamentalmente en esa solidaridad, bajo cuya imputación la Institución Teatral "El Galpón" pretendió ser herida de muerte. Los años posteriores demostraron, lo que dice aquel viejo aforismo: "Los muertos que vos matáis gozan de buena salud". ¡Vaya si esto se aplica a la Institución Teatral "El Galpón"! Quizás tendría que dejar de referirme tan reiteradamente a la Institución Teatral y hablar de los hombres y las mujeres que sostenían lo que ellos daban en llamar -en mi opinión, correctamente- el espíritu galponero. Recuerdo con mucha emoción a mi querida Nelly Goitiño y no puedo dejar de evocar hoy que el espíritu, que a ella la informaba y la imbuía, era una expresión cabal de ese espíritu galponero.

Se pretendió herir de muerte todo eso: una historia, un espíritu, una forma de hacer las cosas.

En el año 1985, reinstaurada la democracia y por un Decreto firmado por el entonces Presidente de la República, hoy Senador, Julio María Sanguinetti, se derogó entre otros aquel Decreto de disolución, y se dispuso la devolución de los bienes que habían sido incautados. Esa devolución quedó trunca en una cantidad de aspectos por cuanto, por ejemplo, la Sala Mercedes -primera sala de la Institución Teatral "El Galpón"- ya había sido puesta en manos de sus propietarios y había desaparecido como tal, pero también desaparecieron numerosos equipamientos técnicos, de utilería y vestuario, en fin, todo aquello que tiene que ver con una correcta realización del quehacer teatral.

Los galponeros, las personas que sostuvieron desde el inicio este proyecto, pusieron manos a la obra y lograron, en lo que personalmente no catalogaría como un milagro, sino como un fruto del esfuerzo humano, reubicar a la institución en la senda de la solidaridad, en la senda del quehacer social, más que en la del artístico. Por supuesto, trascendía lo estrictamente artístico, pero la sociedad, como con tantos y tantas, quedó en deuda a partir de aquella herida brutal que se le había infringido a la Institución Teatral en el año 1976.

Me consta que los sucesivos Gobiernos no fueron insensibles a esa situación, pero el transcurso y el devenir de los hechos llevaron a que, por una u otra razón, el teatro "El Galpón" no fuera objeto de la justa y merecida reparación; reparación de un daño cierto, indiscutiblemente cierto.

Decía nuestro actual Presidente, doctor Tabaré Vázquez, en el año 2004: "Los tratados internacionales sobre derechos humanos y la Constitución de la República expresan con claridad que el Estado tiene obligaciones de hacer respecto a los derechos culturales. Que el Estado intervenga o asuma su papel de garante, articulador y regulador, no tiene nada que ver con ‘intervencionismo’ en el hecho creador, lo cual rechazamos terminantemente".

Y, agregaba: "El gobierno debe asumir las obligaciones de generar condiciones para el trabajo artístico, atender los niveles de ocupación y retribución, de vida digna y de la seguridad social. Cumpliendo sus obligaciones constitucionales, debe atesorar e incrementar el patrimonio artístico y cultural de la nación, entendido éste como conformación colectiva, dinámica, de tradiciones y de nuevas incorporaciones. Todo ello, supone la adecuación y actualización de la legislación pero también medidas de gobierno concretas que vayan en esa dirección."

Señor Presidente: creo que hoy estamos frente a una de esas medidas concretas. ¡Y bienvenida sea! Es inevitable mencionar que en épocas de reclamos -todos ellos legítimos-, cuando se salió de la dictadura, la actitud de la Institución Teatral "El Galpón" fue -no me pesa reiterar el término- la de la paciencia solidaria. Precisamente, la Institución Teatral "El Galpón" renunció implícitamente a realizar cualquier acción para la reparación e indemnización del daño ocasionado por parte del Estado -usurpado, pero Estado al fin- que le hubiera correspondido por derecho. Ese es un gesto que no solamente debemos destacar como fundamento de esta iniciativa, sino que lo debemos establecer como una actitud que de alguna manera la respalda íntegramente.

En lo sustancial, ya hemos visto la procedencia de esta reparación que hoy instrumentamos mediante el proyecto de ley que sometemos a consideración del Cuerpo. Existen otras razones fácticas, que están detalladas y expresadas en la documentación que acompaña la exposición de motivos y el texto del proyecto que estamos informando. Esa documentación está agrupada en el informe remitido por el Ministerio de Educación y Cultura que, a su vez, remite al señor Ministro de Economía y Finanzas un detalle de las obras y proyectos impostergables a los efectos de seguir desarrollando las actividades de la Institución Teatral "El Galpón". Allí se detalla todo lo que refiere al acondicionamiento del edificio teniendo como prioridad la refacción de la sala "César Campodónico" y a saldar pasivo bancario. Es importante mencionar que no se trata de que ese pasivo bancario se encuentre impago por atraso, sino que está absolutamente al día en el cumplimiento por parte de sus deudores, en este caso la Institución Teatral "El Galpón". Además cuenta con garantías suficientes frente a las instituciones bancarias concedentes del crédito, que han sido proporcionadas por los propios integrantes de la institución, hecho por demás loable y extraño en estas épocas. No obstante, en la medida en que deben destinarse ingresos importantes para atenderlo, evita o inhibe la atención de otras prioridades.

Por último -pero no por ello menos importante-, debemos mencionar lo que refiere al necesario mantenimiento y por qué no al incremento de las fuentes de trabajo que la Institución Teatral "El Galpón", como toda la cultura de nuestro país, genera permanentemente, muchas veces en medio de la ignorancia por parte de la sociedad de esa tarea silenciosa.

Por todo ello, señor Presidente, y entendiendo asimismo que el artículo único del proyecto de ley establece en su inciso tercero la exigencia suficiente en cuanto al deber de la Institución Teatral beneficiada con esta reparación de "presentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas rendición de cuentas de las sumas transferidas…", lo que supone una justa compensación a partir del beneficio que se le otorga, recomendamos calurosamente al Cuerpo la aprobación de esta iniciativa.

Es cuanto queríamos informar. Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: queremos comenzar nuestra exposición señalando que consideramos muy importante dotar de más recursos a la cultura de nuestro país. No decimos esto ahora cuando puede sonar más simpático, sino que lo hemos señalado y lo hemos escrito en numerosas ocasiones. Pensamos que la inversión en educación y cultura es la que en el mediano y largo plazo tiene mayor incidencia en el desarrollo pleno de nuestro país. Además, hoy se sabe que sus beneficios en el corto plazo son de significación. Cabe recordar los trabajos del economista Luis Stolovich -a quien en su momento rendimos homenaje en esta Cámara-, que ha cuantificado los efectos del trabajo en el campo de la cultura y de la economía. Por lo tanto, cualquier iniciativa como la presente que vuelque más recursos al área cultural, en principio, debe ser mirada como algo positivo. Pero dado que somos administradores de los recursos públicos, es decir, de los dineros del pueblo, también existen ciertos requisitos básicos que, a nuestro modo de ver, deben ser cumplidos en cualquier planteo que se realice. Estos requisitos tienen que ver con la equidad en el manejo de los recursos y con las reglas claras para el acceso a los mismos por parte de cualquier organización que pueda considerarse con derecho a ello.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Isaac Alfie)

-Vayamos, pues, a estos aspectos, porque más allá de lo que se plantea en este escueto fundamento del proyecto de ley que nos ocupa, cabe preguntarse, entre otras cosas, si este es un caso único de una institución cultural que puede requerir una transferencia de recursos -en el proyecto de ley se habla de "transferir"- o si hay otras que también pueden necesitar dicha transferencia, por razones también justificadas -que pueden ser de la misma naturaleza, tal como detenidamente ha señalado el señor Miembro Informante, es decir, a raíz de un daño ocasionado por la dictadura- o por otras razones distintas, pero igualmente entendibles y atendibles. Todos sabemos que en nuestro país, en el ámbito cultural, existen numerosas situaciones de organizaciones que se encuentran en estados críticos y difíciles y, en muchos casos, uno ve razones objetivas que las han llevado a estar en esa situación. Cabría entonces plantearse -dado que existe en este caso y podría existir, tal vez, disponibilidad de recursos para reforzar el ámbito cultural en nuestro país, lo que nos parecería loable-, si no sería interesante crear, por ejemplo, un fondo de apoyo a la cultura al que las diversas instituciones culturales pudieran presentar sus proyectos.

Habría que analizar también en qué situación se encuentran los teatros del interior. Hemos hecho un relevamiento muy rápido en estos días, del que surge que en el interior existen unas 70 instituciones teatrales, exclusivamente, y varias de ellas, por razones de perjuicios externos, enfrentan dificultades importantes. Entonces, nos preguntamos si no se les debería dar algún tipo de oportunidad para exponer sus necesidades y justificarlas. Si no lo hacemos, ¿no estamos actuando con un espíritu centralista, reconociendo una sola realidad, tal vez porque la tenemos más cerca, y olvidando otras igualmente atendibles que puedan haber a lo largo y ancho del país?

Todos los que seguimos de cerca el ámbito cultural de nuestro país sabemos las enormes dificultades que enfrentan quienes están en estos temas. A veces se hacen esfuerzos y sacrificios de una magnitud increíble, nada más que para mantener sobreviviendo una institución teatral o cultural de otro tipo. Por lo tanto, debemos tener claras las respuestas para todas estas otras instituciones, que nos las van a demandar, porque les corresponde. De lo contrario, estaríamos cayendo en una situación de inequidad.

Esto me lleva al segundo planteo: la necesidad de que existan reglas claras para todos los involucrados. En este sentido, quiero señalar, para evitar cualquier malentendido, que nos parece bien que la gente del teatro "El Galpón" efectúe este planteo. Creemos que está en todo su derecho de hacerlo y consideramos que se trata de una institución prestigiosa, sin ninguna duda. En mi caso, al igual que el señor Senador Breccia, también vi "Fuenteovejuna" en ese teatro, entre tantas otras obras, y todos tenemos recuerdos importantes de esa institución a la cual mucho respetamos y valoramos. Aquí no se trata, entonces, de quienes plantean la solicitud en todo su legítimo derecho, sino de aquellos a quienes nos corresponde asignar los recursos y debemos responder por ello. En ese sentido, corresponde recordar que en nuestro manejo presupuestal existe un mecanismo, a través de las rendiciones de cuentas y del Inciso 21, que permite recoger las solicitudes de aquellas organizaciones que entienden que merecen recibir algún tipo de transferencia, como la que en este caso se plantea.

Como seguramente los colegas ahora no tengan presente los números de la discusión que tuvimos en ocasión del tratamiento del último Presupuesto -es sabido que en esas instancias se recibe un conjunto muy variado de solicitudes que tienen que ver con aspectos culturales, sociales, de salud, y entonces es posible balancear el conjunto de las solicitudes y asignar los recursos con el mejor criterio-, me corresponde recordar que el total asignado por ese Capítulo ascendió a $ 16:110.000, es decir, aproximadamente US$ 671.250, que se destinaron a 58 organizaciones a un promedio de US$ 11.573. Una de las instituciones que recibió una cantidad mayor fue la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, a la que se asignó para su presupuesto anual US$ 60.000. La Asociación Uruguaya de Lucha contra el Cáncer, por su parte, recibió US$ 3.300 y la Comisión Pro Remodelación del Hospital Maciel, US$ 10.400. Doy estos ejemplos para que se vea que la magnitud de los apoyos que otorga el Estado es realmente muy menguada, muy exigua. Creo que es importante recordar estas cifras en esta instancia.

Nosotros hubiéramos querido que este proyecto -y así lo planteamos en la sesión pasada- fuera a Comisión, para que se pudieran oír las distintas opiniones y para que pudieran plantearse distintas alternativas. Sin embargo, nuestra propuesta en ese sentido no se aceptó y fue votada negativamente, por lo que el proyecto pasó directamente a la discusión en Sala. Quiero recordar, también, que no se está planteando aquí una reparación -porque en alguna medida el señor Senador informante utilizó varias veces esa expresión-, sobre la base de un daño que eventualmente se habría evaluado, derivado de la acción de la dictadura, sino, como dice el proyecto, una transferencia, que es algo distinto y debe ser manejado con otros criterios.

Finalmente, lo que nos parece más importante es que cualquier asignación de este tipo obedezca a reglas que sean claras para todos, en primer lugar para quienes asignamos los recursos, de tal manera que estemos en condiciones de explicar por qué se están destinando fondos a una determinada institución y, de pronto, negándoselos a otra que mañana los solicite, pero también para las propias instituciones culturales o de otro tipo, de nuestro país. En estos días hemos recibido infinidad de planteos respecto a situaciones particulares de determinadas organizaciones, pero no tenemos respuesta alguna para darles, porque en este proyecto no se establece ningún criterio general que eventualmente mañana se pueda aplicar a otra institución que esté en una situación similar. Por lo tanto, no existe una respuesta clara para brindarles a instituciones que puedan estar en situaciones similares o incluso distintas, pero que también tengan derecho a requerir una transferencia por parte del Estado.

En definitiva, lo que estamos reclamando son políticas de carácter general y reglas claras para todos, que es lo único que nos va a permitir actuar con equidad. De manera que no estamos entrando a considerar este caso concreto, porque nos parece que es algo que debería plantearse a posteriori, una vez establecidos esos criterios generales.

Estas son las razones por las cuales, en las condiciones en que se está planteando este proyecto de ley, vamos a votarlo negativamente.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Ec. Isaac Alfie).- Tiene la palabra el señor Senador Sanguinetti.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: vamos a acompañar el proyecto de ley que, a nuestro juicio, completa un acto de reparación para una institución cultural que fue injusta y arbitrariamente golpeada por la dictadura, clausurándose sus actividades e incautándose sus bienes.

Esta institución nació en los años cuarenta en un momento de esplendor de nuestro teatro. Fueron los tiempos de fundación de la Comedia Nacional y de la actividad de Atahualpa del Cioppo, quien ya venía realizando teatro infantil y encabeza este movimiento que cuaja luego en "El Galpón".

Este teatro ha tenido una trayectoria muy calificada. En momentos en que estaba terminando la dictadura y retornó al Uruguay Atahualpa del Cioppo -de quien nos distanciaban las ideas políticas y nos unían parecidas aficiones y amores artísticos-, puedo recordar que junto con el doctor Tarigo nos encontramos con él en la casa de su hija, y le dijimos: "Mirá, Atahualpa, nosotros pensamos que si ganamos la elección, te prometemos que si no es el primer decreto va a ser el segundo, pero te vamos a devolver ‘El Galpón’ como corresponde". Tuvimos la suerte, el honor o la responsabilidad -como queramos llamarlo- de asumir la Presidencia el 1º de marzo de 1985 y reinaugurar el ejercicio democrático. Ese mismo día, entre otras instituciones políticas, gremiales y sociales, restituimos los bienes de "El Galpón", que era la única institución cultural de esas características en esa situación de confiscación.

Soy consciente del valor de las palabras expresadas recién por el señor Senador Long, pero creo que ésta es una situación de excepcionalidad, debida a la propia institución. "El Galpón" no ha sido un teatro de ocasión, sino que marcó una línea que, en lo personal, muchas veces no compartimos, pero respetamos profundamente por el esfuerzo y la aportación que ha hecho a la cultura nacional.

Obviamente, Bertolt Brecht tenía un sentido en "El Galpón". Era un teatro impregnado de sus ideas socialistas. Sin embargo, nadie puede dudar de su genio y de lo que él significó. Fueron aportes muy sustantivos y "El Galpón" lo hizo, con elencos de gran calidad. Allí no sólo se presentaron obras de Brecht, sino también, por ejemplo, de Chejov y de otros que se llevaron adelante con un enorme señorío. Los elencos de actores y de artistas fueron muy importantes. Recordamos a Salzano, a Blas Braidot, a Nelly Goitiño, a Bélgica Castro, a Tenuta y a tantos otros que, sin duda, marcaron una presencia. La relevancia del caso la da el hecho de que fue la única institución cultural de esa naturaleza objeto de una persecución y arbitrariedad de este tipo. Esto hace una excepción.

Por esos motivos, entendiendo y sintiendo que este proyecto de ley de algún modo asegura la sobrevivencia de "El Galpón" en un momento difícil, lo vamos a votar en el sentido no de una indemnización, sino de una reparación. No me voy a detener a discutir cuánto fue el daño ni corresponde evaluarlo, pero siento que se hace una reparación moral y que existe una disposición sustantiva de reparar aquello que es reparable. Todos sabemos que las salidas de las dictaduras siempre son difíciles. Muchas veces tuvimos que acompañar medidas diciendo que había cosas irreparables que teníamos que asumir como tales, pero que debíamos hacer el esfuerzo de reparar todas las que fueran reparables. Esta fue una de las situaciones en las que se comenzó a reparar algo de lo que precisamente era reparable. Reitero que no votaremos el proyecto de ley con el sentido de una indemnización retributiva, sino de una reparación para una institución que un día fue cerrada debido a una arbitrariedad. Bueno es que nuestro Estado permita su sobrevivencia hoy e inaugure otra etapa de su trayectoria.

Naturalmente, nos gustaría que esto formara parte de una política en un país que, a pesar de las grandes recaudaciones tributarias que recibe en la actualidad, todavía no ha podido disponer lo necesario para terminar, por ejemplo, el Estudio Auditorio del SODRE. Nos gustaría que hubiera criterios objetivos, como recién señalaba el señor Senador Long, aunque en materia cultural los criterios objetivos son bastante discutibles y, personalmente, diría que no los hay. En el día de hoy unos alumnos de la Universidad me preguntaban sobre los jurados y respondí que, en materia cultural, la objetividad es imposible. Podría elegir un jurado asegurando lo que va a seleccionar, no porque haya algo espurio, sino porque la tendencia lo lleva a eso. Si me pusieran a mí en un jurado de arte, ya se sabría por dónde transitaría. Por eso los mejores jurados son aquellos que tratan de ser lo más plurales posible; sin embargo, a veces también terminan en transacciones que no son del todo honorables. Por ello premiamos un abstracto y al lado un figurativo, para que no parezca que estamos de algún modo parcializando el juicio.

Por lo tanto, no hay reglas demasiado objetivas; no soñemos con que las va a haber. Nos gustaría que esto fuera parte de una política más amplia, pero eso no me lleva a estar en contra de algo que, a mi juicio, es justo porque tiene un profundo sentido de reparación histórica y considero que es un acto de afirmación hacia el futuro. En ese sentido, vamos a acompañar el proyecto de ley, sintiendo que de algún modo completamos el decreto del 1º de marzo de 1985, aquel momento tan esperanzado en el que nos unían muchas cosas y nos separaban pocas.

(Ocupa la Presidencia el señor Rodolfo Nin Novoa)

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la señora Senadora López.

SEÑORA LOPEZ.- Modestamente, mi intervención va a tener como objetivo aclarar algunas dudas sobre lo que se ha cuestionado en cuanto a las intenciones que hay detrás de este proyecto de ley. Sin embargo, también voy a plantear algunas preguntas, ya que tengo unas cuantas dudas al respecto.

El sábado pasado en un matutino se leía en un titular muy destacado: "Al borde del colapso El Galpón recibirá US$ 2: del gobierno". Podemos asegurar que esto es falso; las declaraciones hechas al periodista fueron claras y se referían a la sala principal.

Más abajo, continuaba el periodista: "La Institución teatral El Galpón, identificada con la izquierda y la resistencia a la dictadura, recibirá US$ 2 millones del gobierno". Como primera observación, yo no cometería el exabrupto de ofender a tantas y tantos uruguayas y uruguayos, ciudadanos, gente de bien que, sin ser de izquierda, desde su concepción democrática y libertaria, resistían también a la dictadura.

Sigue el periodista: "La oposición mira con atención el tema y se pregunta qué hay detrás de la decisión oficial". Este es el segundo gran error, porque también constituye para nosotros un exabrupto minimizar de tal forma a lo que se llama "la oposición" en general.

Yo me pregunto: ¿es que la "oposición" de hoy que fuera Gobierno ayer, y el Gobierno de hoy que fuera oposición ayer -tal como lo escuchamos en las palabras de los señores Senadores Sanguinetti y Long-, pueden ignorar, pueden desconocer lo que significa en la actualidad -importa también el presente- y lo que significó en la vida cultural uruguaya la labor que realiza la institución "El Galpón"?

Sigo preguntando, porque hoy estoy muy preguntona. Como decía el señor Senador Breccia -pero me gusta recalcarlo-, ¿se puede tener una memoria tan frágil que se olvide que el 7 de mayo de 1976, por decreto de la dictadura, la institución teatral "El Galpón" fue disuelta y el gobierno dictatorial confiscó todos sus bienes, salas teatrales, equipamiento, archivos técnicos y documentales, vestuario, depósitos bancarios, etcétera, etcétera? El capital material y tangible de "El Galpón" era el producto del aporte directo y voluntario de la ciudadanía a través de campañas financieras, de la donación del trabajo de sus integrantes y de líneas de créditos bancarios, por su comprobada capacidad de pago. Entonces, no era solo a "El Galpón" al que se le estaba poniendo la mano en el bolsillo, sino a la gente que había colaborado en esa campaña. Digo esto, porque esos bienes ya no eran solo propiedad de los galponeros, sino de la gente, de esa gente que, al decir de uno de ellos, parió a "El Galpón" para que hiciera posible, entre otras cosas, que aquel cine gigante, que era el "Grand Palace" -ubicado sobre la Avenida 18 de Julio-, comenzara a transformarse en una hermosa y confortable sala teatral y fuera el futuro asentamiento de un importante complejo cultural.

Otra pregunta que me hago es qué pasó en la dictadura con los hacedores de este proyecto. La mayoría de los galponeros fueron requeridos por la justicia militar; algunos salieron del país, otros se asilaron en la Embajada de México -con la que deberíamos tener un permanente reconocimiento-, otros fueron detenidos y los que pudieron se quedaron integrando lo que luego se denominaría "teatro de la resistencia". Así fue que entre teatreros, músicos, cantantes y escritores, dentro y fuera del país, en el "insilio", al decir de Benedetti, y en el exilio, habilitaron la búsqueda de canales no convencionales para superar la represión y la censura sistemática, que se ejerció en todos los ámbitos de la cultura artística durante la dictadura.

Mientras tanto, en el exilio mexicano "El Galpón" se ganaba el respeto de ese pueblo. Esta institución recorrió 32 Estados, realizó dos mil quinientas funciones y trabajó en lugares tan disímiles como, por ejemplo, el patio de una escuela, una plaza o un gran teatro. Allí -y nos emociona recordarlo-, Yáñez fue el soporte de la voz del héroe a través de la obra "Artigas, General del Pueblo"; fue una voz que aún sigue resonando por la impresionante imagen que este teatro y esos uruguayos dejaron en aquellas tierras.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA LOPEZ.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: no me he anotado para hacer uso de la palabra, pero la referencia de la compañera Senadora a "El Galpón" en México, me lleva a dar un testimonio, aunque sea de treinta segundos. En aquel país, "El Galpón" era una institución cultural también excepcional para los mexicanos. Tan así es, que el gobierno mexicano despidió al exilio uruguayo y tuve oportunidad de estar allí presente. Aclaro que fue el único exilio latinoamericano despedido oficialmente por el Presidente de la República de México. La presencia de "El Galpón" era muy importante, tanto para el gobierno mexicano como para el pueblo. En aquella despedida tan importante, quien contestó las palabras del entonces Presidente de México, de la Madrid, fue el actor Yáñez, quien pronunció un hermoso discurso.

Quiero señalar que en ciudades poco teatreras en esa época -ahora han cambiado-, como Monterrey -donde yo vivía-, "El Galpón" hizo una magistral interpretación de "El enfermo imaginario", de Molière, que no he podido olvidar porque la concurrencia del público, los aplausos y comentarios fueron excepcionales.

No podía dejar de recordar y dar este testimonio, ya que así como aquí fue una institución excepcional y de alto nivel, también lo fue en México para la gente que gusta de la cultura.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa en el uso de la palabra la señora Senadora López.

SEÑORA LOPEZ.- Señor Presidente: lo expresado por el compañero Senador Korzeniak viene a fundamentar lo que estábamos diciendo sobre la repercusión que tuvieron en aquellas tierras nuestros uruguayos galponeros.

Por otra parte, a aquellos que buscan intencionalidades a la propuesta del Poder Ejecutivo, ¿no se les ocurre pensar que detrás de la decisión oficial está la intención de reparar y de reconocer, de alguna forma, todo lo que esta gente hizo y hace por nuestra cultura, por la defensa de la democracia y de los derechos humanos, tanto dentro como fuera del país? A través de este proyecto de ley, el Estado estaría reintegrando una parte mínima del robo y del saqueo producido por la dictadura.

Como dijo el señor Senador Breccia, ¿cuánto le hubiera costado al Estado indemnizar a la institución y a sus integrantes, si éstos no hubieran tenido la grandeza de renunciar al juicio al que legítimamente podían haber recurrido para la reconstrucción del saqueo con sus propias fuerzas y la de la gente que los apoyó?

En el mes de agosto de este año, "El Galpón" cumplió 58 años de vida. Resulta realmente apasionante repasar y rememorar la rica historia de esta institución, porque no se la puede definir solo por hechos de carácter anecdótico ni se la puede estudiar aislada de su contexto histórico; esto sería lindísimo, pero nos quitaría tiempo para la fundamentación que queremos dar.

Como decía el actor y director Héctor Guido en oportunidad del festejo de los 58 años de vida de "El Galpón": "recordar lo andado y conservar en nuestra agenda lo ocurrido contribuye a mantener el rumbo". ¿Cuál es el rumbo que se propusieron mantener? Como decía el señor Senador Breccia, al finalizar la dictadura, en octubre de 1984, "El Galpón" retornó al país, rodeado por el calor del pueblo uruguayo. Apenas pisado el suelo patrio comenzó la reconstrucción y el reagrupamiento de los galponeros. Como bien decía el señor Senador Sanguinetti, luego de que se restituyó la Sala 18, empezó su recuperación; previamente, se constataron grandes pérdidas sufridas.

Me gustaría hablar sobre lo que ha hecho "El Galpón" en los tiempos más recientes porque, como expresaba el señor Senador Sanguinetti, no se trata de un teatro que haya que apoyarlo para una puesta en escena, sino que aquí hay algo más, ya que existe un complejo cultural. Aclaro que estoy de acuerdo con que hay que apoyar las producciones teatrales, pero de todos modos se trata de cosas diferentes.

Entre los años 1992 y 1995 se abrieron dos salas más: la Sala Cero y la Sala Atahualpa.

En 1996, junto con el Teatro "Circular" se trabajó para instrumentar un nuevo sistema de socios. Fue así que aunando esfuerzos con muchas instituciones se creó el sistema de Socio Espectacular y la respuesta fue impresionante, ya que se asociaron treinta mil personas. Esto dio la posibilidad de que infinidad de personas accedieran -quizás de otra forma les hubiera resultado imposible-, a través de una cuota muy económica, a espectáculos artísticos y deportivos de alta calidad. En cuanto a los primeros, estoy segura de que son así, pero no lo estoy respecto de los otros.

Se apeló a una nueva hipoteca -y a las que ya habían realizado- para refaccionar el hall, de modo tal de dar cabida y espacios adecuados a dos instituciones también emblemáticas y de relevancia de la cultura nacional, como son la Editorial "Banda Oriental" y el sello discográfico "Ayuí-Tacuabé".

De manera que estamos hablando de un complejo estructural integrado y no solo de una sala teatral. Además -esto también es importante destacarlo-, este sistema del Socio Espectacular habilitó la distribución en un año de US$ 1:000.000 a diversas instituciones culturales del país, cumpliendo de alguna forma con la finalidad de apoyar proyectos, reformas y demás.

Por todo lo que hemos dicho, entendemos que, además de hacer buen teatro, los galponeros son buenos gestores y administradores culturales, mejor que algunos otros que tienen el título de gestores culturales. Por eso, creemos que es bueno aclarar que se recurre al Estado para continuar con el proyecto. Además, esto tiene que ver con la impostergable necesidad de inversiones que requiere el edificio y la profesionalización de la gestión. A todos les llega su San Martín y llegó el año fatídico, porque esa nueva hipoteca, si bien habilitó la conclusión de las refacciones del hall y la inauguración de "Banda Oriental" y de "Ayuí-Tacuabé", enfrentó también a "El Galpón" a la crisis más grande de la historia, en el año 2002, y dejó en serio peligro todo su patrimonio. Las consecutivas financiaciones hicieron cada vez más grande la deuda y fue alejando las posibilidades de concretar las obras proyectadas y necesarias para la Sala 18.

La sala principal de "El Galpón" se enfrenta, al día de hoy, con el cierre irremediable en el transcurso de este mes, si no se encuentra una salida inmediata. En los agregados que -como bien decía el señor Senador Breccia- contiene el proyecto de ley, se adjunta a la memoria descriptiva de las obras que deben realizarse en el edificio una larga lista en la que se señalan, entre otros, los problemas relacionados con la seguridad, la instalación eléctrica, las chapas de fibrocemento del techo, la ausencia de mamparas contra el fuego y deformaciones importantes del techo, ocasionadas por un exceso de carga, lo cual significó un serio problema para la seguridad edilicia desde el punto de vista estructural. Me gustaría detenerme en este punto porque es importante que sepamos que a esta Sala -a la que rebautizaron como "Sala 18 de Mayo" en los tiempos en que fue administrada por la dictadura o por sus amanuenses- se le colocó una parrilla, es decir, una estructura elevada sobre el escenario y los puentes laterales, sin tener los cálculos de ingeniería necesarios, o sea, sin ningún criterio técnico teatral. Por esta razón, están sosteniendo una sobrecarga de gran porte, que no fue calculada. Ello es lo que hace peligrar la seguridad edilicia que mencionábamos anteriormente. Tengo una anécdota preciosa para contar acerca de la "Sala 18 de Mayo", pero como no me da el tiempo, no lo voy a hacer.

Desde el retorno a la democracia, "El Galpón", por sus propios medios, ha construido salas y ha refaccionado el hall a través de campañas financieras y préstamos bancarios. La actividad socio-cultural de "El Galpón" es un ejemplo en el mundo, porque por sus salas han pasado, en un año, cien mil estudiantes en programas de extensión cultural. Sería importante refaccionar la "Sala Campodónico", que es un emblema para la historia del país. El aporte que ha hecho "El Galpón" a lo largo de casi sesenta años -58, para ser más precisos- es multimillonario en dólares. Sin embargo, la institución teatral de "El Galpón" nunca recibió un peso del Estado; solo ha realizado convenios de contraprestaciones con distintas instituciones.

Entre los objetivos programáticos que anunciaba el Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, y que el señor Senador Breccia recordaba, se establece el de generar condiciones para el trabajo artístico, atender los niveles de ocupación y de retribución de los trabajadores de la cultura y, asimismo, atesorar e incrementar el patrimonio artístico y cultural de la nación.

Por lo tanto, entre los objetivos propuestos, figura la aprobación del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, además -y esto es muy importante- de ser un acto de justicia que facilitaría la continuidad de una iniciativa que implica una inversión para el disfrute de la sociedad y mejora la calidad de vida de nuestra gente. Resulta muy común que cuando se abordan los temas culturales, se los contraponga a determinadas necesidades básicas insatisfechas, que muchos integrantes de una comunidad pueden padecer. Lamentablemente, es frecuentemente aceptado considerar la cultura como artículo de lujo, del que se puede prescindir ante otras necesidades. Entonces, se escuchan argumentos tales como que así distraemos dinero que deberíamos destinar a cosas más importantes o que invertir plata en cultura es un lujo que no nos podemos dar. De esta forma, con esas prioridades se han postergado en forma sistemática los asuntos referidos a la cultura. Es hora de que por fin nos demos cuenta de que el problema no debe plantearse de esta forma. En ese sentido, estamos totalmente de acuerdo con el señor Senador Long. El país es un todo y seguir sosteniendo -como lo hacen algunos- que la cultura no interesa porque hay hambre, es no entender que los grandes cambios son esencialmente culturales y que el primer paso de la cultura es educar a los más débiles para que tengan herramientas, para que lean, escriban y piensen, sobre todo esto último: que piensen. El Plan Ceibal es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. Esto es tan importante como alimentarlos. Fortalecer el acceso a la educación y a la cultura es también fortalecer nuestra identidad amenazada y, en ese sentido, no se puede dudar a la hora de fortalecer instrumentos como "El Galpón".

Dejaré para otra instancia -que ojalá esté cercana- referirme en profundidad a la cultura en un país productivo y a la política de desarrollo de las industrias culturales. Por supuesto que se ha empezado a dar pasos a través de la creación de los fondos concursables, con la creación del Instituto de Cine y de la Producción Audiovisual. Sin embargo, hay que seguir trabajando en esta línea y derrumbar falsos tabúes y falsas contradicciones.

El caso del teatro uruguayo ha sido siempre obra de vocacionales y audaces. Desde los años 30 el teatro uruguayo ha conformado un movimiento que ha sido ejemplo en América, ejemplo de tesón, porfía y capricho. En años de lucha y de trabajo, se han sacrificado y han construido teatros y grupos que han logrado ser referentes constructores de ideales, basado solo en la vocación y en la entrega de sus componentes. Lo que estamos defendiendo, señores Senadores y señor Presidente, y espero que sea aprobado por todos, no es ni más ni menos que una justa reparación. No se trata de asistir ni de subvencionar a "El Galpón" por su "colapso", entre comillas. Nos interesa que quede claro que este teatro está gestionando y administrando con gran responsabilidad. Quizás, de tanto que nos acostumbramos a asistir a instituciones bancarias por políticas de vaciamiento, nos cueste comprender que en este caso se trata de una reparación. La reparación es el fundamento, el reconocimiento del daño ejercido y la transferencia es un término contable. La reparación no necesita de contrapartidas. Sin embargo, qué mejor contrapartida podemos obtener que estos dineros sean devueltos a las comunidades de donde los sacaron, multiplicado en valores y creando puestos de trabajo con el fin de seguir desarrollando proyectos que permitan que se genere una estructura autosustentable y que, además, primordialmente, emblemática y simbólicamente, no se cierre una sala teatral, que es patrimonio de nuestro pueblo.

Insisto, señor Presidente, volviendo al principio, en la esperanza modesta de que no quede ninguna duda acerca de lo que hay detrás de la decisión oficial.

Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: como hay varios integrantes de este Cuerpo anotados para hacer uso de la palabra y aspiramos a que este punto sea aprobado en el día de hoy, formulo moción en el sentido de que si el proyecto de ley no fue votado antes de la hora 20, se continúe con la lista de oradores hasta terminar con su consideración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 23 en 25. Afirmativa.

21) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo al que adjunta un proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 15 (Financiamiento del Instituto Nacional de Lechería), correspondiente al proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, de fecha 14 de mayo de 2007 sobre Normas para la Regulación de la Cadena Láctea.

- A LA COMISION DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.

El Poder Ejecutivo remite Mensaje, de conformidad con lo establecido en el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la República, por el cual solicita las venias correspondientes para designar como Fiscales Letrados Nacionales y Fiscales Letrados Adjuntos a la doctora Raquel Beatriz González Tornaría, doctor Ricardo Fernando Perciballe López, doctora Nanner Goitiño Arigón, doctora Graciela Malvárez Torres y doctora Graciela Yanet Martínez.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS."

22) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Las señoras Senadoras Margarita Percovich, Lucía Topolansky, Susana Dalmás y Sara López, y los señores Senadores Jorge Saravia, Alberto Couriel, Víctor Vaillant, Carlos Gamou, Luis Oliver, Juan José Bentancor, Rafael Michelini, José Korzeniak, Carlos Baráibar, Alberto Breccia, Alberto Cid y el señor Presidente del Senado Rodolfo Nin Novoa, presentan con exposición de motivos un proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 35 de la Ley Nº 11.029, de 12 de enero de 1948, en la redacción dada por el artículo 15 de la Ley Nº 18.187, de 2 de noviembre de 2007, sobre Repoblamiento de la Campaña.

- A LA COMISION DE HACIENDA."

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"PROYECTO DE LEY

Artículo Unico - Sustitúyese el artículo 35 de la Ley Nº 11.029 de 12 de enero de 1948, en la redacción dada por el artículo 15 de la Ley Nº 18.187 de 2 de noviembre de 2007, por el siguiente:

ARTICULO 35.- Todo propietario, antes de enajenar un campo de una extensión igual o superior al equivalente a 500 hectáreas de índice de productividad CONEAT 100 está obligado a ofrecerlo, en primer término al Instituto Nacional de Colonización (INC), el que tendrá preferencia para la compra por igual valor y plazo de pago.

La obligación preceptuada por el inciso primero regirá también en el caso de enajenaciones forzosas y en aquellas en las cuales la contraprestación del adquirente consista total o parcialmente en la entrega de acciones, valores, u otros bienes, muebles o inmuebles.

El ofrecimiento no podrá condicionarse o ligarse a otras operaciones tales como la compra de semovientes, útiles, herramientas u otros bienes; y, en todos los casos, deberá consignarse el precio que se hubiere pactado o, en su caso, estimar en moneda nacional el valor que la parte vendedora asigna a la contraprestación del adquirente, estimación que no podrá superar el valor real fijado al inmueble por la Dirección Nacional de Catastro, y que representará la suma mediante la cual el INC podrá adquirirlo.

No regirá con respecto al Ente, la necesidad de seña de especie alguna como garantía de ejecución del contrato que se hubiere podido pactar.

El propietario que, con posterioridad a la vigencia de esta ley, haya fraccionado un campo que reúna alguna de las condiciones establecidas en el inciso primero deberá, asimismo, ofrecer previamente al INC cada una de las parcelas que proyecta enajenar, aunque aisladamente consideradas no alcancen el mínimo de superficie indicado en el inciso primero.

Los ofrecimientos a que se refiere este artículo deberán presentarse en la Sede Central del INC o en cualquiera de sus oficinas regionales y se ajustarán a los requisitos formales que establezca la reglamentación que se dicte en la materia.

El INC dispondrá de un plazo máximo de veinte días hábiles para expedirse acerca de si acepta o no la oferta, transcurrido el cual sin que se expidiere, se entenderá que no hay aceptación.

Aceptada la oferta, caducarán automáticamente las promesas de compraventa preexistentes respecto al o a los padrones objeto de la operación, procediendo los Registros Públicos a cancelar las inscripciones que de aquellas existieren, a simple solicitud del INC.

La falta de cumplimiento de la parte enajenante de las obligaciones impuestas por este artículo, determinará la nulidad absoluta del negocio jurídico, la que operará de pleno derecho.

Sin perjuicio de ello, el enajenante será responsable del pago de una multa equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del valor real íntegro fijado por la Dirección Nacional de Catastro, para el o cada uno de los predios comprendidos en la operación.

Serán subsidiariamente responsables las demás partes del negocio jurídico, así como el escribano que otorgare la documentación que se va a inscribir en el respectivo registro, y el profesional rematador en caso en que se haga efectivo un remate.

Dicha multa será exigible por el INC y el importe de la misma ingresará al capital de éste".

23) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Carlos Baráibar solicita licencia los días 5 y 6 de los corrientes."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 4 de diciembre de 2007

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo se me otorgue licencia por los días 5 y 6 de diciembre y se convoque a mi suplente correspondiente, de conformidad con la Ley 17.827, Artículo 1º, literal C), que establece la causal ‘misión oficial’.

Deberé viajar, en mi condición de Vicepresidente por Uruguay del Parlamento Latinoamericano, a Panamá, para participar en la Junta Directiva y en la XXIII Asamblea Ordinaria del PARLATINO.

Adjunto a la presente la copia de la carta convocatoria y la agenda de la reunión.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente

Carlos Baráibar. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

24) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica al Cuerpo que el señor Enrique Pintado ha presentado nota de desistimiento informando que, por esta única vez, no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que se convocará al señor Milton Antognazza, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

25) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Eduardo Ríos solicita licencia a partir del día 9 de diciembre del corriente año hasta el 9 de enero de 2008, inclusive."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 04 de diciembre de 2007

Sr. Presidente del Senado

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo se me otorgue licencia a partir del día 9 de diciembre del corriente año hasta el 9 de enero de 2008 inclusive y se convoque a mi suplente correspondiente, de conformidad con el literal A) del artículo 1º de la Ley 17.827. Adjunto certificado comprobante.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente,

Dr. Eduardo Ríos. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

26) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica al Cuerpo que el señor León Lev ha presentado nota de desistimiento informando que por esta única vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que corresponde solicitar que la Corte Electoral realice la proclamación de suplentes.

27) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador José Korzeniak solicita licencia el día 13 del corriente".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 4 de diciembre de 2007

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Presente

De mi mayor consideración:

Solicito al Senado de la República, me conceda licencia el día jueves 13 del corriente por razones académicas (presentación de la Editorial Planeta de mi libro ‘La constitución explicada y un poco de humor’, que se realizará en la Casa de la Cultura de la ciudad de Tacuarembó).

Saludo a Ud. atentamente.

José Korzeniak. Senador. "

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

Dese cuenta de la última solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Sanguinetti solicita licencia desde el día 14 hasta el 21 de los corrientes, inclusive".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 4 de diciembre de 2007

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Al amparo del literal D del Artículo 1º de la Ley 17.827 solicito al Cuerpo que usted preside se me otorgue licencia desde el día 14 del mes de diciembre, hasta el día 21 de diciembre inclusive a fin de participar en la XIV Reunión Plenaria de la fundación Círculo de Montevideo, a realizarse en la ciudad de Medellín, Colombia.

Saludo a usted muy atentamente.

Julio María Sanguinetti. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 24 en 25. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo, señor Senador Washington Abdala.

28) INSTITUCION TEATRAL "EL GALPON"

SEÑOR PESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: nos hemos anotado para hacer uso de la palabra en este tema, porque creemos muy importante definir algunas pautas en esta sesión del Senado a fin de que queden bien en claro, sobre todo teniendo en cuenta ciertas cosas que han sobrevolado -como dijera un alto dirigente político en algún momento- este debate o que han estado subyacentes.

Aquí, de alguna manera, el tema que estamos considerando se ha presentado como si se tratara de "o la civilización o la barbarie"; es decir que quienes están a favor de este proyecto de ley están a favor de la cultura, mientras que quienes estamos en contra de él, estamos favoreciendo una especie de oscurantismo y lo que queremos es que en el Uruguay desaparezca la cultura, en especial el teatro.

Lo cierto es que este asunto ha sido encarado, en la tarde de hoy, desde diferentes áreas. Si se trata de un reconocimiento a la trayectoria del teatro "El Galpón", queremos sumar nuestra voz y decir que compartimos, en todos sus términos, el importante aporte que, desde su fundación y hasta el presente, dicho teatro ha tenido en la cultura nacional.

Ahora bien, esa institución teatral no ha sido la única, señor Presidente, y por eso me voy a permitir extender o ampliar ese homenaje. De otra manera, parecería -por las dudas, aclaro que no creo que esta haya sido la intención de los oradores que me antecedieron en el uso de la palabra- que los únicos que, en la triste época de la dictadura militar en el Uruguay, llevaron a cabo una tarea militante con relación al tema del teatro, fue la gente de la Institución "El Galpón", cuando todos sabemos que no fue así.

Y mire qué paradójico, señor Presidente: cuando estaba terminando la dictadura militar, se produce en nuestro país un fenómeno muy peculiar -de hecho, nunca más desde esa época he vuelto a ver algo igual-; me refiero al surgimiento de una serie de sucesos teatrales de una importancia tan impresionante y de una convocatoria popular tan grande, como lamentablemente -lamentablemente, repito- el Uruguay no ha vuelto a vivir. Quizás las causas de que esto sea así se encuentren en todos nosotros y, en ese sentido, cada uno deberá asumir su cuota de responsabilidad; sin embargo, no vamos a entrar en el pasaje de factura chica -por decirlo así-, en el que algunas almas menores, generalmente cuando están enfrentadas a temas como éste, se sienten tentadas a ingresar.

Entonces, quiero iniciar mis palabras tributando un homenaje al señor Alberto Candeau, quien fuera primer actor de la Comedia Nacional, porque nunca me voy a olvidar de "Don Zoilo" ni de "La Nona", personajes que fueran interpretados formidablemente por él. Tampoco olvidaré aquel enfrentamiento histórico -que creo que jamás volveré a ver- en el Teatro Nacional, entre Maruja Santullo, Estela Medina y Estela Castro, en una de las escenas cumbres de "La Casa de Bernarda Alba". Imposible olvidar a Armando Halty, por ejemplo. Es claro que no me acuerdo de qué filiación política eran todos ellos; la única que sí recuerdo es la de Alberto Candeau -aunque no lo voy a decir aquí-, porque si fue la voz del Acto en el Obelisco, imagino que no era un hombre pro-régimen, ni mucho menos.

En estos momentos, me permito recordar un enfrentamiento entre Maruja Santullo y Estela Medina, en una obra de Jacobo Langsner llamada "La planta", que se desarrollaba en la Sala Verdi. Fue algo realmente impresionante.

Ciertamente, el teatro independiente de aquella época cumplió un rol importantísimo de aporte a la cultura y de resistencia a la dictadura.

Por eso me atrevo a homenajear también al Teatro "El Circular" que, calculo, habrá sufrido las mismas precarie-dades económicas -si no mayores- que hoy, lamentablemente, está sufriendo "El Galpón". Ahora me vienen a la memoria obras tales como "El herrero y la muerte" y "La empresa perdona un momento de locura", en un tributo a la cultura nacional, que después se repitiera con la actuación de Roberto Fontana en "Galileo Galilei", obra de Bertold Brecht a la que se hizo referencia en una intervención anterior.

Pienso también en el Teatro del Notariado, en Cerminara y Restuccia en las salas de las Alianzas, en "El Tinglado", en "La Candela", y en una cantidad de teatros independientes, muchos de ellos tan antiguos como "El Galpón", que integraron lo más rico de la cultura nacional.

Son por todos conocidas las precariedades que padecen los actores uruguayos. Me voy a permitir homenajear a un queridísimo amigo de mi familia, "Beto" Sobrino, que no era precisamente militante del Partido Nacional. El trabajaba en una carpintería y además era un actor formidable. Lo recuerdo actuando en "Tartufo" de Molière. Por tanto, si se trata de homenajear a la cultura del teatro nacional, me sumo, como también lo hace el Partido Nacional. Podría recordar también a Juan Jones haciendo el personaje del Cardenal, que lograba la inquisición del personaje de Roberto Fontana, Galileo Galilei. Asimismo, podríamos hablar de Roberto Jones, de Elena Zuasti y de una pléyade de actores. No quiero olvidarme de Atahualpa del Cioppo representando "Artigas, General del Pueblo", pues no quiero que nadie crea que existe cierta predisposición. Parecería que todavía algunos piensan en ciertos estereotipos infantiles que consideran que el teatro está reservado para unas corrientes ideológicas, pero no para otras; este tema no se puede tomar desde ese punto de vista. Hay quienes dicen por ahí estas cosas, y en lo personal me gustaría que alguno lo expresara en Sala -creo que nadie se anima-, porque de ese modo podríamos debatir sobre el proyecto cultural que el Uruguay quiere.

Como todos los señores Senadores saben, presido la Comisión de Educación y Cultura y el otro día recibimos a una delegación de funcionarios del SODRE que venía a denunciar, muy decepcionada, la falta más absoluta de política cultural de la actual Administración. Eso no fue dicho por mí, sino por los funcionarios del SODRE que, lamentablemente, hoy se encuentran en conflicto.

Quienes nos vamos a oponer a este proyecto de ley, señor Presidente, no estamos en contra -que quede bien claro- de la refacción de la sala del Teatro "El Galpón"; ni siquiera estamos en contra de un apoyo de carácter económico para sustentar y ayudar al teatro nacional, pero no únicamente al Teatro "El Galpón". Es ahí donde radica la diferencia que tenemos con este proyecto. No sé si los señores Senadores estarán enterados, pero en el Uruguay existe, desde 1992, a iniciativa del Partido Nacional -lo digo para aquellos que todavía creen en el oscurantismo-, la Ley Nº 16.297, por la que se crea el Fondo Nacional de Teatro. Entonces, si mañana se quiere aumentar el Fondo Nacional de Teatro con el objetivo de ayudar y asistir al Teatro "El Galpón", todos los Senadores del Partido Nacional votaremos el proyecto de ley correspondiente; si mañana se quiere proveer fondos para atender no sólo al Teatro "El Galpón" sino a todo el teatro nacional, estaremos dispuestos a discutirlo y, por qué no, a aprobarlo; si mañana se quiere venir a anunciar en este ámbito que se desea resarcir a una sala que sufrió el deterioro del tiempo y la usurpación de la dictadura militar, podemos dar la solución, porque hay convenios con la Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y también existen fondos de esa Cartera que deberían estar destinados a esos fines.

Por lo tanto, que no se crea que aquí estamos en contra del Teatro "El Galpón" porque tenemos la concepción de que participa de la cultura "compañera" del Gobierno; no es así. Estamos en contra de este mecanismo que no asegura absolutamente nada y, salvo un pedido, no garantiza nada. Además, ese pedido tiene nombre y apellido y, por definición, lo que tiene nombre y apellido en el arte de gobernar se convierte automáticamente en una injusticia. Aclaro que no estamos contra el beneficiario, a quien se quiere ayudar y para lo cual existen los mecanismos, porque contamos con un Fondo Nacional de Teatro, que no se tuvo en cuenta en el Presupuesto ni en las dos Rendiciones de Cuentas, donde se aumentó el gasto. Aquí no se habla de otros tiempos en los que la precariedad del país no permitía atender este tipo de urgencias, no por el discurso "facilongo" de que la plata se tendría que distribuir entre quienes tienen hambre. No vamos a caer en esto porque sería simplificar un debate que se podría llevar adelante en una esquina, pero no en el Senado de la República. Si se quiere discutir sobre políticas culturales en serio, bienvenido sea el debate y estaremos dispuestos a respaldar todo tipo de iniciativas que tengan como objetivo atender las precariedades económicas que atraviesan las distintas salas, y no sólo el Teatro "El Galpón". Descarto que los señores Senadores sabrán que existe más de un teatro en Montevideo y también descarto que sabrán que más de un teatro cumple funciones tan loables como la institución "El Galpón". Es más: si alguno ya no las cumple es porque ha dejado de existir, producto de las precariedades económicas del pasado. Entonces, me pregunto a santo de qué no hacemos las cosas bien y nos ponemos a discutir sobre un proyecto de ley de carácter cultural y de comprensión nacional que atienda las distintas situaciones -como la que actualmente está sufriendo el Teatro "El Galpón"-, que van desde las refacciones justificadas de las salas hasta la atención de sus déficit sistemáticos.

También pretendía que se me explicara -lo digo con total honestidad- por qué se piensa en una cifra tan importante para la creación de nuevas fuentes laborales, que nadie explica cuáles son. Me tomé el trabajo de sumar la cantidad de gente que trabaja en "El Galpón" -no abro juicio de opinión acerca de si está bien o mal- y puedo decir que hay 38 integrantes activos -que pienso que deben ser actores y actrices- 7 aspirantes, 3 integrantes de honor, 30 funcionarios administrativos y técnicos y 16 colaboradores con tareas institucionales permanentes no artísticas. Sin ninguna intencionalidad de carácter político menor, debo decir que si sumamos los colaboradores que realizan tareas institucionales permanentes no artísticas y los funcionarios administrativos, nos da una cantidad mayor que la de los actores. No digo que esté mal, pero nadie me lo ha explicado.

Señor Presidente: me parece que si lo que se quiere discutir es una política de teatro, de fomento, bienvenido sea, porque la reclamamos, la queremos y estamos dispuestos a analizarla, a participar e incluso a votarla, pero así no. Estamos hablando de US$ 2:000.000, porque se necesitan US$ 1:400.000 para la refacción de la sala -el presupuesto lo pasó un arquitecto que no conozco, pero descarto que debe tener las condiciones técnicas suficientes-, US$ 300.000 para saldar el pasivo y US$ 540.000 para la creación de puestos de trabajo. Y todo esto, ¿en el marco de qué plan cultural se desarrollaría? ¿De qué asistencia y promoción de cara al Estado, al Gobierno? Este sería un ámbito en el que podríamos elaborar políticas de Estado a largo plazo con la colaboración y el compromiso de todos los partidos políticos. Ojalá que la situación se revierta -aunque alguno pueda pensar lo contrario, uno no quiere que a la institución cultural de la que hablamos le vaya mal- y al Teatro "El Galpón" le vaya muy bien, que gane mucha plata, que se autosustente y que los actores y actrices puedan trabajar solamente en la tarea actoral y no verse obligados a tener otros trabajos, como tantos actores en la historia del teatro uruguayo. Salvo los actores de la Comedia Nacional, los demás debían tener dos o tres trabajos.

Como decía, ¿en qué marco se lleva adelante esa discusión? En el marco de nada. Se habla de US$ 2:000.000. Pero si no fueran suficientes y se necesitaran US$ 3:000.000; si lamentablemente el pasivo no se licuara y si las políticas culturales llevadas adelante por parte de la institución -no estoy capacitado para analizar si son las correctas o no- hicieran que el público que concurre no fuera suficiente para que cerrara una ecuación financiera rentable, ¿vamos a seguir subsidiando a esa institución?

Me pregunto por qué "El Galpón". Me queda clara la trascendencia política y cultural que ha tenido, su lucha contra la dictadura y la expropiación incalificable a la que se vio sometido en el año 1976. Por todo ello, entiendo que hay que apoyar, pero no creo que este sea el mecanismo, y eso es lo que quiero que quede claro en la sesión de hoy. No se trata de que no queramos dar un aporte; lo que no queremos es este tipo de aportes.

No lo queremos porque nos parece discriminatorio, falto de una conciencia y de una política a mediano y largo plazo, así como también ausente de una política de promoción cultural que desde el Gobierno, a tres años de iniciada su gestión, se debería exigir desde hace tiempo. Además, las herramientas legales están creadas con la garantía de haber sido instrumentadas en una Ley Nacional de Teatro que prevé todo este tipo de situaciones.

Es por eso que, sumando nuestras palabras al reconocimiento y diciendo que si se retirara este proyecto de ley y se presentara una alternativa, estaríamos dispuestos a rever nuestra posición rápidamente, porque somos conscientes de las urgencias económicas que se están sustentando. Lo hacemos abstrayéndonos de quienes nos estén escuchando en las Barras -que legítimamente deben tener el sentido de la urgencia y considerar que su problema es el más importante, lo que, reitero, es legítimo, entendible y compartible- y los que estamos sentados de este lado, es decir, nosotros que tenemos la responsabilidad de legislar y de administrar los bienes y los fondos públicos con una seriedad que no puede estar sustentada en una exposición de motivos de media carilla, cuyo mensaje es similar al pedido que oportunamente se le hace llegar al señor Presidente de la República por dicha institución. Eso se hace sabiendo que el Presupuesto Nacional tiene el Inciso 21 "Subsidios y subvenciones", que permitiría al Teatro "El Galpón" y al teatro nacional tener este aporte no solo ahora sino en forma permanente.

Además, sin perjuicio de compartir que el Teatro "El Galpón" se vio sometido a un despojo y que este fue asociado a aquel tiempo con la devolución en el año 1985, así como con este resarcimiento veintitrés años después, lo considero una falta de reconocimiento a esa Casa. Me parece que es al revés, es decir, se debe apostar a lo que ese teatro ha bregado desde su fundación y por prohombres de la cultura nacional, que integraron su elenco, el de la Comedia Nacional o el de otros teatros independientes. Quizás -ahí asumimos la cuota parte de responsabilidad que podamos llegar a tener- esto merecía una discusión distinta a la que tiene y que tendrá, que está más asociada a un concepto y a una visión a largo plazo de la cultura, en donde es verdad que siempre hay dos opiniones porque no hay objetividad en la cultura, pero sí en su administración. Es ahí donde el Estado debe velar por la más amplia atención y por la abstracción en el momento de legislar, porque cuando se ingresa a las particularidades también se cae en las injusticias.

Por estos motivos, he distraído la atención del Senado iniciando mis palabras tributando un homenaje un poco mayor que el que legítimamente se merece el Teatro "El Galpón", pero que también merecen cientos de actores y actrices, hombres y mujeres relacionados con la cultura y especialmente con el teatro que en aquellas épocas, desde el exilio y desde aquí, tuvieron tan digna participación en llevar adelante la promoción de la cultura nacional a través de lo que en algún momento quizás tiene que volver a ser honor y orgullo de todo el país: me refiero a la vida teatral del Uruguay, que fue y es ejemplo de Latinoamérica y, por qué no decirlo, del mundo.

También me permito reconocer que, como "El Galpón", hay otras instituciones que cumplen papeles iguales de importantes y que tienen los mismos complejos culturales e instancias de promoción de la cultura y de la cultura del teatro, así como iguales precariedades. Espero que el Gobierno comience a implementar una política de atención particular tan rápida como la que ha llevado adelante para esta institución. Vuelvo a repetir que esto no es responsabilidad de la gente de "El Galpón" ni mucho menos, sino del Gobierno. Me parece, pues, que lo que se está tratando de hacer es que, ante la ausencia de políticas culturales de mediano y largo plazo relacionadas con el teatro, se quiere enmendar o emparchar un problema -que, lamentablemente, por la situación que atraviesa "El Galpón", parecería ser insostenible; esperamos que se revierta- de una manera equivocada, utilizando fondos públicos de forma incorrecta. Si en este ámbito se quieren debatir políticas culturales y relacionadas con el teatro, así como la promoción de subsidios, inclusive, no solo estamos dispuestos a discutirlas, sino también a apoyarlas para que, como decía al principio, esto no se entienda en una simplificación de la civilización a la barbarie, sino del arte de gobernar y de construir una política cultural a largo plazo, que comprometa tanto al Gobierno actual como a los que vendrán.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Da Rosa.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: como se ha dicho por parte de varios señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra, creo que, en general, todos somos coincidentes en el sentido de rescatar y, naturalmente, de valorar la importancia que tienen la cultura teatral y el Teatro "El Galpón" para la sociedad uruguaya a lo largo de la historia. Lo somos, recordando especialmente los años de la dictadura y -como lo ha hecho el señor Senador Sanguinetti-, la restitución, apenas restablecida la democracia, de dicha sala de teatro a quienes siempre han desarrollado su actividad, a quienes fueron sus fundadores.

Naturalmente compartimos muchos de los argumentos que se han esgrimido en Sala en cuanto a la importancia de la cultura para los pueblos y a que, lamentablemente, muchas veces se encuentra la excusa de que las circunstancias económicas están primero y, entonces, la cultura siempre tiene que esperar. También está el razonamiento de algún político que no entiende muy bien el tema y dice que la cultura no da votos. Para nosotros la cultura tiene que ser un tema nacional porque hace a la capacidad de pensar y desarrollar el espíritu crítico y de análisis que cualquier pueblo tiene que sustentar si quiere ser libre y construir espacios de libertad.

Coincidimos en todos esos aspectos en cuanto a la importancia del teatro y a las motivaciones que llevan a dar un apoyo especial y discrecional, como sucede en este caso, al Teatro "El Galpón, pero lamentablemente no vamos a votar esta iniciativa. Digo "lamentablemente", porque sentimos desde el fondo de nuestro corazón que hay determinadas realidades que nos golpean, como tantas veces nos ha ocurrido y que hacen que tengamos que hasta asumir una especie de actitud de protesta con nuestro voto. Por otra parte, los votos aquí en Sala ya están como para aprobar este proyecto de ley, por lo que el nuestro no va a incidir en mayor medida en el pronunciamiento final.

Quiero expresar que cuando se dice que se debe defender la cultura y que debe entenderse que en el mandato de cualquier Gobierno debe propenderse al enriquecimiento del patrimonio cultural de la nación, lo apoyamos, pero ello debe estar referido a la nación toda. El centralismo ha sido una vieja enfermedad histórica de este país; se expresa en términos administrativos, económicos, sociales, en fin, en las más diversas áreas de la vida de un país, pero no debe haber peor forma en que él se manifieste, como en el área cultural. Lo digo por la sencilla razón de que todos sabemos que en el interior de nuestro país hay muchas salas de teatro y formas de expresión cultural que necesitan desesperadamente de algún apoyo como el que hoy se le otorga al Teatro "El Galpón". Puedo mencionar al teatro "Florencio Sánchez" de Paysandú, al "Unión" de San Carlos, en Maldonado, como así también a otros departamentos en los cuales ni siquiera hay una sala de teatro.

De todos modos, quiero referirme muy especialmente a mi departamento, donde existe una sala de teatro construida por el Coronel Carlos Escayola, a quien se indica como el padre de Carlos Gardel. El Coronel Escayola construyó la sala de teatro a fines del siglo XIX y de su propio peculio trajo a artistas que frecuentaban el teatro "Solís", en Montevideo, o el teatro "Colón", en Buenos Aires. Lamentablemente, su empobrecimiento personal y luego su muerte hicieron que se terminara la actividad en la sala Escayola. Hoy, desde hace más de 60 años, los tacuaremboenses forman comisiones tras comisiones, una fenece y vuelve a surgir otra, intentando lograr que algún Gobierno tenga en cuenta a esa sala de teatro que ya está construida y que, simplemente, necesita ser refaccionada y reequipada. Hablamos de que una ciudad con más de 60.000 habitantes y un departamento con más de 100.000 habitantes no tiene una sala de teatro, a no ser una simple salita de madera construida por la Intendencia, bajo mi administración, en los fondos de la Dirección General de Cultura del Departamento Municipal de Cultura, a los efectos de que aquellos que querían hacer teatro, pudieran hacerlo.

Esto viene de mucho antes de la dictadura. Cuando en el país cayó la noche negra de la dictadura, ya hacía años y años que había comisiones que reclamaban la posibilidad de la restauración del teatro Escayola, del viejo teatro Uruguay de la ciudad de Tacuarembó. Vemos que pasa el tiempo y los gobiernos, pero el centralismo en esa materia -reitero, el peor de los centralismos- sigue plenamente vigente, tan campante como desde hace un siglo. Entonces, ignorar esa realidad es desconocer que la gente del interior también tiene derecho a la cultura, a desarrollar su espíritu crítico y su capacidad de análisis, a enriquecer su capacidad intelectual y a acceder a los bienes de la cultura.

Debe quedar claro que una medida como la que se procura tomar con este proyecto de ley no nos determina una contrariedad por el hecho de que se trate del Teatro "El Galpón", sino porque se dispone de recursos con relativa sensibilidad -no quiero decir facilidad-, cuando en el interior seguimos largo trecho detrás de las posibilidades y los beneficios que otorga el acceso a la cultura en la capital del país. No lo hacemos, tampoco, con el ánimo de generar la antinomia interior-capital; no es ese nuestro propósito ni creemos en las antinomias. De todos modos, frente a hechos que no consideramos justos debemos plantear casi una protesta al hacer mención a estos episodios o historias de generaciones y generaciones que persiguen, simplemente, el objetivo de tener las mismas posibilidades de acceder a algo que no es tan caro ni tan inaccesible, como la cultura.

Por lo tanto, señor Presidente, no vamos a acompañar este proyecto de ley, pero afirmamos, también, lo que ha señalado el señor Senador Penadés en cuanto a que si mañana existiera una política global tendiente a desarrollar el teatro a nivel nacional que distribuyera lo que se pueda entre las distintas salas que existen en el territorio nacional y que propendiera a iniciar procesos de restauración como el requerido por el teatro Escayola de Tacuarembó, seguramente la apoyaremos con las dos manos porque quienes venimos de ese interior vaya si sabemos lo que es no tener las mismas posibilidades de acceso a la cultura.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: creo que aquí se ha expresado cuál es el espíritu de nuestra colectividad política respecto de este proyecto de ley, resaltando nuestra incondicional adhesión a los valores culturales, como así también nuestra opinión sobre el grupo teatral "El Galpón". Sin duda, todos estos aspectos han sido expresados con lujo de detalle por los distintos señores Senadores.

Días pasados, en una actitud que se ha vuelto costumbre en este Senado, una señora Senadora formuló moción para que, en forma urgente, consideráramos este proyecto de ley de un solo artículo. Cabe recordar que en ese momento sólo contábamos con la información contenida en una breve y sucinta exposición de motivos. En esa oportunidad, solicitamos un cuarto intermedio y señalamos que en esas circunstancias no podíamos dar nuestro voto, porque carecíamos de los elementos de juicio como para poder decir, responsablemente, sí o no. Hoy se agregan algunos elementos más que, básicamente, consisten en una nota dirigida al señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, a través de la cual, el 8 de octubre de 2007, el Secretario General del grupo teatral "El Galpón", señor Guido le hace un petitorio y solicita una suma de dinero, que estima en US$ 2:000.000, para acondicionar la sala "César Campodónico", saldar un pasivo bancario y recuperar fuentes de trabajo.

En realidad, ahora hemos podido contar con algún elemento más a los efectos de considerar la denegatoria o aprobación de este proyecto de ley, más allá de las consideraciones generales que aquí se han hecho con mucha precisión. De todos modos, se trata de un material muy esquemático, que contiene la estimación de los gastos elaborada por el arquitecto Mario Spallanzani de la empresa "Teyma", que tasa en US$ 1:419.000 el costo de la reparación de la sala, y otra realizada por los arquitectos Di Pólito y Bertiz. También se incluye un pasivo bancario sin descripción de origen; se habla, al pasar, de una garantía hipotecaria, a la vez que se hace mención a deudas comerciales.

En realidad, esto nos llama la atención, no porque tengamos desconfianza sino porque creemos que cuando se trata de la administración pública, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Estado uruguayo y de la sociedad toda, un petitorio de subsidio y subvención por US$ 2:000.000 debemos mirarlo con atención y conocer la historia de la gestión de esta institución cultural. No olvidemos que hay US$ 2:000.000 de la sociedad uruguaya que se están volcando a través de un acto legislativo -casi con el contenido de un acto administrativo, porque abarca una sola institución- en forma inmediata; ni siquiera se debe hacer una rendición de cuentas contra avance de obra. En este caso, se otorgan los US$ 2:000.000 y la rendición de cuentas se hace 60 días después de realizadas las erogaciones.

Creo que no es usual que se haga esto porque normalmente el dinero se va otorgando según va avanzando la obra y de acuerdo a un proyecto. En este caso, simplemente se entregan US$ 2:000.000. Al igual que el señor Presidente del Senado y que otros señores Senadores que, como yo, han sido Intendentes Municipales, tengo cierta experiencia como administrador y en Colonia tuve oportunidad de hacer donaciones para instituciones culturales. La verdad es que muchas veces las Intendencias Municipales colaboran con la cultura nacional tanto o más que el propio Gobierno nacional, pero normalmente tomamos recaudos a la hora de volcar los dineros públicos e intentamos que se haga el contralor correspondiente. En este caso, no nos parece bien que se entreguen los US$ 2:000.000 de una sola vez, lo que aparentemente sucedería puesto que el proyecto de ley no habla de que la entrega sea escalonada o de cuál será la forma de pago. Se habla de una inversión de aproximadamente US$ 1:000.000 para el edificio aunque el único presupuesto que se presenta es de US$ 1:419.000. También se hace referencia a la creación de puestos de trabajo, lo que insumiría una inversión inicial de US$ 540.000, que se repartirían en US$ 30.000 mensuales, durante 18 meses. Aclaro que no tengo muchos conocimientos sobre teatro pero que el señor Senador Penadés, representante de mi Partido y del Herrerismo, ha demostrado una enorme erudición en materia teatral, a tal punto que creo que en el día de hoy ha superado al señor Senador Sanguinetti. En cuanto al nivel salarial, no tengo mucha información y no sé qué personal está en negro. Tengo entendido que parte de estos fondos están destinados a la regularización de la situación de los trabajadores y aclaro que nuestra intención no es controlar nada. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de US$ 2:000.000 que son de la sociedad uruguaya y, por eso, hay que tomar los recaudos necesarios. Por lo tanto, no me parece correcto lo relativo a la Rendición de Cuentas y en cuanto a los puestos de trabajo, si bien no me parece mal, entiendo que hay una estructura administrativa que no se sabe si es la adecuada. Con esto estoy diciendo que carecemos de los datos necesarios como para poder decidir en forma razonable y responsable si vamos a otorgar esta suma de dinero tan cuantiosa. Anteriormente, el señor Senador Long informaba que el rubro de "Subsidios y subvenciones" de las Rendiciones de Cuentas se encuentra en el entorno de los US$ 700.000 para 58 instituciones, lo que da un promedio de US$ 11.000 para cada una. En consecuencia, aquí estamos ante una colaboración extraordinariamente importante. Además, me acotan que se determina una extensión de reserva de US$ 150.000, y aclaro que esto nunca lo vi en otro tipo de donaciones. Sinceramente, esto no me convence.

Siento un gran respeto por este grupo teatral y por la cultura nacional, que se expresa por medio de las más diversas manifestaciones. Tal como decía el señor Senador Da Rosa refiriéndose a su pago, Tacuarembó, y en Colonia Suiza, mi pueblo, los vecinos salvaron el único cine que existía en una comunidad de 10.000 habitantes con sus aportes. Allí, la gente se endeudó para poder reabrir una vieja sala cinematográfica que funciona como teatro y lugar de kermés y de presentación de artistas, y donde tienen lugar todas las expresiones culturales que puedan darse. Sería el mismo caso de las redes de bibliotecas que existen en mi departamento de Colonia y en muchos otros del país, que solamente cuentan con el apoyo de los vecinos y una muy buena gestión por parte de sus administradores. Si es tan importante hacer una buena gestión cuando el dinero proviene de los vecinos, lo es mucho más cuando los fondos son de toda la sociedad uruguaya. Por tanto, considero que debemos ser muy cuidadosos y reitero mi inconmovible adhesión a la difusión y al apoyo de la cultura. Sin embargo, creo que la presentación de este proyecto de ley ha sido muy pobre y muy mala, y no logra convencer. En la sesión que se pretendió aprobar el proyecto de ley con carácter de urgente, no había presentación y se pretendía asignar una cifra de US$ 2:000.000 con una información de cuatro líneas. Esto no era serio y la Bancada de Gobierno reaccionó bien. No obstante, la información que se nos brinda hoy tampoco es suficiente. En nuestra opinión, se debe apuntar a algo que ha reclamado el Partido Nacional en el sentido de determinar políticas culturales. Por ejemplo, el señor Senador Penadés mencionó un gravamen sobre las entradas brutas de los espectáculos, lo que implica una contribución al teatro nacional. Sería bueno pensar en soluciones de corte general porque, sin perjuicio de que esto pueda ser una reparación tardía a esta institución, también sienta un precedente que puede llevar a que la demanda se torne incontenible. ¿Por qué no se acercarían los teatros de San José, de Tacuarembó, de Paysandú, de Colonia y de Montevideo, las bibliotecas o los grupos de coros a presentar su petición? En Colonia hay grupos de coros que son sustentados por la gente y por el trabajo de sus integrantes. De acuerdo con esta iniciativa, lo que deberíamos hacer es estimular a todos estos grupos para que pidan lo que necesitan al contador Astori, quien seguramente no va a elevar una nota como esta ni siquiera por US$ 50.000 para colaborar por quienes tanto hacen por la cultura nacional. De esta forma verdaderamente vamos a lograr una descentralización porque hasta ahora seguimos hablando de grupos teatrales montevideanos y, tal como decía el señor Senador Long, en el interior existen aproximadamente setenta, sin mencionar los cuerpos de danza, de ballet y de todo aquello que tiene sustancia cultural.

Por todas las consideraciones que aquí se han hecho, no vamos a acompañar este proyecto de ley. Reiteramos que la presentación es muy pobre y que no nos permite habilitar por medio de un acto legislativo una erogación de nada menos que US$ 2:000.000. Nuevamente, aclaro que no es que no estemos convencidos de que la cultura es un valor esencial, dado que cuando fuimos gobernantes la hemos apoyado, y estamos muy orgullosos de eso. Sin embargo, creemos que no se puede apoyar a la cultura de esta forma tan poco fundada y con rendiciones de cuentas que, en definitiva, no sabemos quién va a controlar. Además, no sabemos cómo se podrá corregir aquello que está mal luego que las cosas están consumadas y ejecutadas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, dado que el señor Senador Alfie no se encuentra en Sala, tiene la palabra el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Intentaré ser breve, porque estamos considerando un proyecto de ley sobre el que debemos expedirnos.

Por mi parte, hago un razonamiento completamente distinto al que han hecho algunos señores Senadores del Partido Nacional. Por supuesto que respeto su posición, pero también pido que se respete la nuestra. Cierro los ojos y trato de imaginar que dentro de un año el teatro "El Galpón" cierra sus puertas porque tuvimos ante nosotros este proyecto de ley y no lo aprobamos. Si esta institución se cierra porque en esta Cámara y en la de Diputados no se levantó la mano para acompañar esta iniciativa, sinceramente, me moriría de tristeza. ¿Qué le digo al Poder Ejecutivo? ¿Que mientras no elabore una ley de teatro no voy a votar ninguna otra iniciativa? ¿Eso es lo que quieren? ¿Le digo al Poder Ejecutivo que hasta que no se puedan financiar todos los teatros del país no envíe ningún proyecto de ley similar? Sinceramente, no entiendo el razonamiento. Si a los argumentos que se han planteado se agregara que se va a salvar a esta institución, solamente podría decir "chapeau". Esto no ha sucedido. ¿Qué puede agregar que el señor Presidente del Senado además del proyecto hubiera firmado diez hojas de fundamentos que, por otra parte, fueron brindados por la Bancada de Gobierno y por el señor Senador Sanguinetti? Lo que es obvio es que hay una institución que va a cerrar. ¿Se necesitaban diez páginas para convencer a la oposición de que vote este proyecto? No, simplemente no se lo quiere votar. Está bien, tienen todo el derecho de no votarlo, pero no nos carguen a nosotros el tema de los dineros públicos, porque somos muy cuidadosos en cuanto a las subvenciones que se hacen año a año. No vienen proyectos de este tipo todos los días. Somos muy cuidadosos con los dineros públicos y acá hay una situación absolutamente de fuerza mayor, a la que hay que agregar un antecedente: a la salida de la dictadura debieron reclamar, pero no lo hicieron, y como no lo reclamaron, ahora, 23 años después se les dice que no, que es un insulto que reclamen.

Podemos tener muchos argumentos para votar a favor y también comprender y aceptar -porque no somos tontos- que algunos aspectos que están señalando los integrantes de la oposición, hay que corregirlos en el futuro, pero no vamos a ser responsables de negarnos a esta ayuda que se nos solicita. En este caso hubo un daño que hizo la dictadura, 23 años después se nos pide ayuda y nosotros, vía reparación, vamos a atender ese daño y a salvar esta institución. Esos son nuestros argumentos y no vamos a hacer la historia de todo el teatro nacional, aunque vaya si es importante. No vamos a nombrar a cada uno de los actores y actrices para decirle que no a la ayuda que el Poder Ejecutivo está solicitando.

¿Tenemos la potestad de que el Poder Ejecutivo envíe iniciativas que nos habiliten a votar? No, no la tenemos; simplemente, contamos con este proyecto de ley que vamos a votar. No vamos a cargar sobre nuestros hombros que se cierre una institución. Es verdad que queremos que exista una política más general y también es verdad que venimos impulsando iniciativas muy importantes a nivel cultural, porque en el Parlamento se han votado proyectos sobre este tema. Reitero que hoy vamos a decir que sí a esta iniciativa que, además, ayuda al teatro nacional. Sabemos que van a venir otros reclamos. ¿Cómo vamos a actuar? Lo veremos, señor Presidente; en este aspecto no sólo tiene que ver el Parlamento Nacional, es decir, la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes, sino también el Poder Ejecutivo.

SEÑOR LONG.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Me pide una interrupción el señor Senador Long y, aunque no tengo interés en que se alargue más esta discusión, se la concedo con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- Voy a ser muy breve. Quiero hacerle ver al señor Senador Michelini que más allá de la mejor disposición que se tenga, como hay cuestiones que aquí tienen que ver con el manejo de recursos públicos, tenemos que analizarlas en detalle. Por ejemplo, se ha dicho -creo que lo expresaron la señora Senadora López y el señor Senador Breccia- que uno de los perjuicios directos ha sido el colgar de las estructuras de las cerchas, unas parrillas que han generado cierto deterioro en los techos. Evidentemente, esa sería una situación riesgosa o de emergencia. Ahora bien; cuando uno observa el presupuesto encuentra que lo que está vinculado a ese tema representa US$ 129.000 de un total de US$ 1:419.000, por lo que hay US$ 1:300.000 que responde a otros rubros y que de pronto no tienen la misma urgencia. Por ejemplo, hay US$ 250.000 de aire acondicionado, US$ 100.000 de butacas, US$ 67.500 de camerinos, etcétera.

Entonces, más allá de la buena voluntad que uno pueda tener, cuando entramos en el análisis de los detalles -aunque hoy había dicho que prefería no ingresar en el detalle y quedarme en los grandes conceptos para establecer un criterio general para los demás casos- vemos que si uno quiere actuar con responsabilidad, la situación no es tan lineal y por eso más de una vez propusimos -y no tengo problema en volver a plantearlo- que este tema se discutiera con otra profundidad y, eventualmente, se arbitrara una solución de carácter general. Ese es un ejemplo de las dificultades que vemos en este tema si queremos actuar con responsabilidad.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: qué puedo contestar a un miembro de este Cuerpo que dice que unos actuamos con responsabilidad y otros no. Al principio de este Gobierno, en los primeros días, quebró una institución financiera: nadie nos hubiera dicho nada si hubiéramos aportado dinero para salvar a esa institución. Sin embargo, no lo hicimos porque somos cuidadosos de los dineros públicos que pagan los trabajadores todos los días. Por lo tanto, no aceptamos que se nos cuestione sobre los dineros públicos. Actuamos con responsabilidad, creemos que hay que salvar esta institución y votamos este proyecto de ley a conciencia y convencidos.

Si la semana pasada nos hubieran planteado estudiar este tema rubro por rubro, otro sería el espíritu, pero vinieron a decir que no. Nosotros respetamos su posición y decimos que si no se vota este proyecto de ley, dentro de seis meses o un año "El Galpón" estará cerrado. Yo, sobre mis hombros, no voy a cargar con esa decisión.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Voy a ser breve, porque sólo quiero manifestar por qué voy a votar de manera distinta del señor Senador Sanguinetti. Reiteraré brevemente algunos conceptos que aquí se manifestaron.

Nadie cuestiona a la institución, a su calidad teatral ni a la de sus artistas; nadie cuestiona la enorme valía de muchísimos de ellos y su contribución a lo largo de la historia de la cultura uruguaya. Para mí ese no es el punto principal. Desde mi óptica, este es un tema de equidad en el manejo de los dineros públicos, de evitar la arbitrariedad.

Es cierto que el concepto de equidad no es fácil de definir estrictamente. Equidad no necesariamente es exactamente lo mismo para todos; muchas veces equidad significa cosas distintas para personas diferentes. Ahora bien; si contraponemos la cifra que aquí se establece con otras magnitudes y con otros fines, desde mi punto de vista, está faltando totalmente la equidad. Además, no creo que exista algo que sea más importante que otra cosa; normalmente, trato de pensar que todo tiene igual importancia, ya sea cultural, deportivo, comercial, etcétera. Entonces, no hay un sector más importante que otro.

Ahora bien, ciñámonos estrictamente a la materia cultural. ¿Por qué es más importante esta compañía teatral? ¿Por qué hay que darle un subsidio a ésta y no otorgárselo a otra compañía teatral de Montevideo o del interior? ¿Por qué no se le da a los que hacen cine independiente, a los museos, a diversas salas de lectura, a determinadas galerías de arte, a salas de exposiciones, etcétera? Así podría seguir dando más ejemplos. ¿Por qué no se ayuda a muchos clubes deportivos o instituciones sociales que también tienen fines culturales? En muchas de estas instituciones se enseña danza, canto y se practica teatro de una manera amateur, en las que, en algunos casos, participan niños para que adquieran el gusto por las artes.

Cuando uno asigna dinero público -y este es un caso- debe tratar de ser lo más parejo para todo el mundo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no son de recibo los argumentos -por más válidos que sean algunos de ellos- ni justifican este apoyo, este subsidio, esta transferencia -porque en el fondo, es una transferencia- a una única institución, en una cuantía muy importante.

Tampoco me colma de satisfacción el Mensaje del Poder Ejecutivo y, en realidad, lo considero muy pobre. ¿Que un Poder Ejecutivo acepte un único presupuesto de inversiones sin siquiera analizar precios comparativos, que se tome como algo escrito sobre una piedra y que, en función de ello, se instrumente este apoyo? Insisto, lo considero muy pobre.

Otro punto que no entiendo muy bien es por qué debemos cancelar a una institución la deuda de sus pasivos -comerciales y bancarios, pasivos al fin- y no hacer lo propio con otras.

Por estos motivos y por otros que hasta se pueden tomar como anecdóticos, nosotros vamos a votar en contra de este proyecto de ley. Para tener una idea de lo que implica esa cifra -número que puede ser bajo o alto-, téngase en cuenta que la transferencia que aquí se propone equivaldría a la recaudación de un mes por concepto de IVA a la salud. Por ahí, quienes pagan su mutualista y demás gastos en su salud, preferirían no pagar el IVA durante un mes. Obviamente, son cuestiones ciudadanas. Pero más allá de esto, me parece que si se concreta una transferencia de este estilo, tendría que ser más extensa, más abierta y no sólo para el teatro ni sólo para una única compañía teatral, sino para un abanico de actividades culturales mucho más grande.

SEÑOR BRECCIA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ALFIE.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: aprovechando la gentileza del señor Senador en concederme una interrupción, en los breves minutos de que dispongo reglamentariamente, voy a intentar resumir algunos conceptos que quedaron en el tintero.

Cuando realicé la exposición de motivos de este proyecto de ley, sabiendo que podría haber Senadores que se manifestarían en contra, me cuidé muy bien de hablar en blanco y negro o en términos de buenos y malos. Entiendo absolutamente las razones de la oposición para no acompañar esta iniciativa; es más, confieso que en primera instancia a mí también me generó dudas y no tengo ningún empacho en admitirlo.

Por supuesto, acepto la libertad de expresión de cada Senador, pero considero que no puede tildarse a este proyecto de ley de arbitrario, porque si hay algo que de alguna manera en sus disposiciones se reestablece, es cierto sentido de justicia aristotélica: hay una situación diferente que se trata en forma diferente. En otras palabras, no se puede comparar la situación del teatro "El Galpón" con otras similares que se han mencionado -aunque comprendemos que son de carencia-, porque esta es la única institución cultural del país que fue despojada de todos sus bienes, los que, por si fuera poco, fueron usufructuados por la dictadura durante diez años en forma gratuita. Es una situación única que merece una atención también única. Entonces, ¿por qué a esta institución y no a otras? Porque, como dije antes, es una situación única.

Por último, quiero decir lo siguiente. No hablé de los presupuestos y de las distintas partidas que se expresan en el informe anexo en la exposición de motivos, porque todo mi enfoque del proyecto de ley se basó en el concepto de reparación. Dicho de otra manera, lo que aquí se propone es la reparación de un daño y así lo fundamenté cuando hablé de los puntos sustanciales. Después, dije que a esos elementos sustanciales se agregaban otros de orden económico, que estaban explicados en el informe.

En síntesis, me parece que sustancialmente la reparación es procedente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: cuando se habla de una reparación, que es el argumento básico para hacer la transferencia, lo sustancial es que la reparación se respalda en números y el número final está cuantificado en base a una inversión y a un pasivo. Por lo tanto, el monto de la reparación ni siquiera refiere al valor del alquiler por el tiempo que el bien fue usufructuado en forma ilegítima, tal como señalaba el señor Senador Breccia.

En definitiva, señor Presidente, reafirmo mi voto negativo a este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gamou.

SEÑOR GAMOU.- Señor Presidente: en primer lugar, creo que todos aquí, como Senadores y como universitarios, deberíamos hacer una profunda autocrítica. Tal como efectivamente expresaba un Senador preopinante, tenemos un problema de macrocefalia: el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca situado en la ciudad de Montevideo; la Facultad de Veterinaria, en el barrio de Pocitos y la Facultad de Agronomía, en Colón. En verdad, tenemos un problema serio y no hemos hecho bien en no arreglar esas situaciones, salvo lo que hizo un distinguidísimo miembro del Partido Nacional, el Intendente Carmelo Vidalín, a quien se le ocurrió llevar la cumbre del rock al centro del país.

En segundo lugar, en cuanto al tema de la rendición de cuentas quiero decir lo siguiente. Acá, señores colegas, podemos discutir cualquier cosa, pero rendir cuentas al señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, realmente es bravo, porque va a mirar con lupa y microscopio electrónico cómo se gastaron cada uno de los pesos; de eso no hay ninguna duda.

Por otra parte, cuando hoy se hablaba de algunas representaciones de "El Galpón", me acordaba también de "Pedro y el Capitán" y de "Artigas, General del Pueblo". Creo que "El Galpón" no es meramente una señal de la cultura nacional, pues en aquellos años de oscuridad fue un símbolo. Quizás hubo otros símbolos, pero cuando andábamos fuera del país y se nos pedía un ejemplo cultural de ese Uruguay que estaba encadenado, sin duda alguna, "El Galpón" era la respuesta. Me animaría a decir que el enorme trabajo que hizo este teatro en el exilio, en definitiva, era una sinopsis de lo que iba a volver a ser el Uruguay.

Sé que acá hay muchos universitarios -diría, mucha academia- y cantidad de horas de epistemología. Aquellos que alguna vez fuimos a ese bosque de "Academus" que es la Universidad de la República, en las clases de epistemología aprendimos que desde el punto de vista metodológico la analogía no demuestra absolutamente nada, pero sirve para esclarecer.

Cuando en su excelente informe el señor Senador Breccia decía que lo que aquí se instrumenta es una reparación -en realidad, esta es la primera analogía- es porque debe tenerse en cuenta lo siguiente: en el año 1973 se empiezan a paralizar los brazos del teatro "El Galpón" y, en el año 1976, se le terminan de cortar. Alguien podría aventurar esta noche, ¿qué hubiera sido del teatro "El Galpón" si sus brazos no hubieran sido amputados en el año 1976? No lo podemos aventurar. Esta es, por lo tanto, la primera analogía, porque a ese hombre o a esa mujer que se le amputaron los brazos, en el año 1985, se le pusieron brazos ortopédicos y le dijeron: "Salí adelante".

Si es verdad que la analogía desde el punto de vista metodológico no demuestra absolutamente nada, la imagen alegórica demuestra todavía menos, pero también sirve para esclarecer, porque todos nos servimos de estereotipos. Muchas veces hemos visto películas que nos llaman la atención: por ejemplo, después de los bombardeos nazis, vemos a la gente removiendo los escombros. Quizás eso fue lo que le pasó a la Institución Teatral "El Galpón" cuando recuperó su sala en el año 1985.

Por lo tanto, para finalizar, señalo que voy a votar este proyecto de ley con mucho gusto, porque respeto lo que representa, un símbolo de la cultura nacional, y pienso que acá no se trata de que de un lado esté la civilización y del otro la barbarie. ¡Por favor, estamos muy lejos de eso!

Reitero que me vienen esas imágenes a la mente. Por un lado, me imagino a una persona a la que en el año 1976 le cortan totalmente los brazos y en el año 1985 se le dice "Salí a trabajar y tratá de arreglar todo". Por otro, pienso en esos amantes de la Institución Teatral "El Galpón" que en el año 1985 empezaron como a juntar los escombros en una carretilla, a quienes hoy estamos en condiciones de dar una mano.

Por todas estas razones, sin duda y con mucho gusto, voy a votar favorablemente este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- En virtud de que no hay más oradores anotados, si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 17 en 27. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Autorízase al Poder Ejecutivo a transferir a la Institución Teatral ‘El Galpón’ la suma de US$ 2.000.000 (dólares americanos dos millones) con cargo a Rentas Generales.

Dicha suma deberá destinarse al acondicionamiento del edificio sede de dicha Institución, al pago del pasivo de la misma y a la creación de puestos de trabajo.

La referida Institución deberá presentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas rendición de cuentas de las sumas transferidas en un plazo de 60 días contados a partir del día en que se efectúen las respectivas erogaciones".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único.

(Se vota:)

- 17 en 27. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: he votado fundamentalmente porque creo que en las medidas represivas de la dictadura, se tomó emblemáticamente a "El Galpón" como centro para reprimir las instituciones teatroculturales. Me ha parecido una reacción absolutamente lógica de la democracia el hecho de que en 1985 y ahora se tome en forma emblemática y como respuesta a esa barbarie cultural a la Institución Teatral "El Galpón".

Además, para lo que quiero decir voy a emplear la expresión latina mutatis mutandi, pues aunque es muy distinta la situación en cuanto a los montos, conceptualmente nunca dejé de votar una pensión graciable por haber sabido que muchas otras personas también merecían pensiones graciables y no se encontraban amparadas por la misma disposición.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha quedado aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

29) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 20 y 48 minutos, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Abreu, Amaro, Antía, Bentancor, Breccia, Couriel, Dalmás, Gallinal, Gamou, Korzeniak, Long, López, Lorier, Moreira, Oliver, Penadés, Percovich, Saravia, Topolansky y Vaillant.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sr. Nelson Míguez Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.