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Nº 185 - TOMO 447 - 21 DE NOVIEMBRE DE 2007

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

46ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SENADOR ECONOMISTA ALBERTO COURIEL Presidente en ejercicio

EL SENADOR ECONOMISTA ISAAC ALFIE Primer Vicepresidente

EL SEÑOR SENADOR GUSTAVO PENADES Tercer Vicepresidente

Y LA SEÑORA SENADORA LUCIA TOPOLANSKY Presidenta ad hoc

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI Y SEÑOR SANTIAGO GONZALEZ BARBONI Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3 y 12) Asuntos entrados

4) Proyectos presentados

- El señor Senador Sanguinetti presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa ‘Maestra Manuela Esperanza Peña’ la Escuela Rural Nº 81 del departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- A la Comisión de Educación y Cultura

- El señor Senador Sanguinetti presenta, con exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que se modifica el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Senadores.

- A la Comisión de Asuntos Administrativos.

5 y 10) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Fernández Huidobro, Da Rosa y Abreu.

- Concedidas.

6, 8 y 17) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento. Las presentan los señores Alberto Perdomo y Walter Zimmer, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria al Cuerpo.

- Comunicación de la Cámara de Representantes sobre integración a ese Cuerpo del señor Diputado Pablo Iturralde.

- La Corte Electoral da cuenta de que proclama Senador al tercer titular de la lista de candidatos sublema ‘Unidad y Pluralismo Frenteamplista’ del Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría señor Manuel Laguarda y suplentes Sras. Sara López y Rosario Alzugaray y Sr. Gastón Silberman, con carácter temporal y por el término de la licencia concedida a la Sra. Senadora Mónica Xavier.

7, 9, 11, 13, 24 y 26) Licitación pública internacional relativa a la concesión de la gestión de la Sala de Juegos del Casino Municipal del Hotel Casino Carrasco

- Proyecto de ley por el que se autoriza a la Intendencia Municipal de Montevideo a convocarla.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

14, 16 y 18) Sistema Nacional Integrado de Salud. Creación

- Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes.

- En discusión. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

15 y 20) "Australia"

- Por moción de la señora Senadora Percovich, el Senado resuelve repartir y declarar urgente la consideración del proyecto de ley por el que se designa la Escuela Nº 141 del departamento de Canelones, con el nombre "Australia".

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo

19 y 21) Impuesto Específico Interno

- Por moción del señor Senador Breccia, el Senado resuelve repartir y declarar urgente la consideración del proyecto de ley por el que se establecen modificaciones en la tributación que grava la enajenación de combustibles.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

22) Tributación de los combustibles destinados a la aviación y al diesel oil (IMESI)

- Proyecto de ley por el que se adecua la tributación de los combustibles destinados a la aviación y al diesel oil.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

23) Régimen de trabajo

- Por moción del señor Senador Breccia, el Senado resuelve continuar con la consideración del primer punto del Orden del Día hasta su finalización e incluir los restantes puntos del Orden del Día en la próxima sesión extraordinaria.

25) Designación de Presidente ad hoc

- Por moción de la señora Senadora Dalmás, el Senado resuelve designar a la señora Senadora Topolansky como Presidenta ad hoc

27) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 20 de noviembre de 2007.

 La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, mañana miércoles 21 de noviembre, a la hora 15, a fin de dar cuenta de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1) por el que se autoriza a la Intendencia Municipal de Montevideo a convocar a una Licitación Pública Internacional para la concesión de la gestión de la Sala de Juegos del Casino Municipal que funciona en el Hotel Casino Carrasco.

Carp. Nº 947/07 - Rep. Nº 558/07

2) por el que se dispone la obligatoriedad de cubrir daños a terceras personas como consecuencia de accidentes causados por vehículos automotores.

Carp. Nº 733/06 - Rep. Nº 577/07 y Anexo I

3) Discusión única del proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes por el que se crea el Sistema Nacional Integrado de Salud.

Carp. Nº 755/07 - Rep. Nº 507/07 y Anexos IV y V

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

4) por el que se declara obligatoria la enseñanza de la educación física en las escuelas de enseñanza primaria en todo el país, la que regirá a partir del año 2009.

Carp. Nº 957/07 - Rep. Nº 581/07

5) por el que se adecua la tributación de los combustibles destinados a la aviación y al diesel oil.

Carp. Nº 975/07 - Rep. Nº 582/07

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodriguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Amaro, Antía, Baráibar, Bentancor, Breccia, Cid, Dalmás, Gallinal, Gamou, Gandini, Heber, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, López, Lorier, Michelini, Moreira, Oliver, Peña, Percovich, Sanguinetti, Saravia, Tajam y Vaillant.

FALTAN: el Presidente del Cuerpo, señor Rodolfo Nin Novoa, por encontrarse en ejercicio de la Presidencia de la República, y con licencia, los señores Senadores Da Rosa, Fernández Huidobro, Long, Ríos y Xavier.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE (Ec. Isaac Alfie).- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 17 minutos)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"El Ministerio de Economía y Finanzas remite respuesta al pedido de informes solicitado por el señor Senador Luis A. Heber, relacionado con el número de beneficiarios de la partida establecida en el artículo 169 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR HEBER.

4) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE (Ec. Isaac Alfie).- Dese cuenta de un proyecto de ley presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Julio María Sanguinetti presenta con exposición de motivos un proyecto de ley por el que se designa ‘Maestra Manuela Esperanza Peña’ la Escuela Rural Nº 81 del departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública".

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"PROYECTO DE LEY

Articulo único.- Desígnase "Maestra Manuela Esperanza Peña" la Escuela Rural Nº 81 del departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Montevideo, 21 de noviembre de 2007

Julio María Sanguinetti. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El proyecto de ley por el que proponemos la designación de la Escuela Rural Nº 81 del departamento de Canelones, con el nombre de "Maestra Manuela Esperanza Peña", constituye un reconocimiento a la referida docente por las razones que expondremos y que -en rigor- constituye la reiteración de un planteo formulado en la Legislatura pasada por el Senador Orlando Virgili.

Esta destacada maestra llegó a la escuela el 3 de mayo de 1929, al lugar donde funcionaba entonces un local adquirido por el Consejo de Primaria, ubicado en la carretera a Salinas, km. 45 (actualmente Ruta 87). Vivió en el local acompañada por su padre. El local de la escuela era arrendado y funcionó allí hasta el año 1943, en que se trasladó al actual local.

Este local es propio y fue construido por el Consejo de Primaria en un predio de 9.570 metros cuadrados, situado en la Ruta 33 km. 44, donado para tal fin por el doctor Alejandro Nogueira. Es importante subrayar el esfuerzo denodado de la maestra Esperanza Peña para conseguir la donación del terreno. Luego de obtenida la donación del mismo, la docente gestionó ante las autoridades de Primaria la construcción del edificio, tarea que tampoco le resultó sencilla. La edificación es de 391 metros cuadrados.

La destacada docente trabajó en esa escuela hasta el 1º de julio de 1953, fecha en que se retira para acogerse a los beneficios jubilatorios.

Es importante subrayar que la maestra Manuela Esperanza Peña fue una destacada educadora, que se desempeñó por 24 años con total dedicación a su escuela, demostrando una abnegada vocación de servicio y ejerciendo muchas veces, además de su rol académico, el de madre de sus alumnos. La preocupación e interés por sacarlos adelante, la impulsaba a dictar clases a cualquier alumno fuera del horario escolar, para que pudiera recuperarse y evitar, así, la repetición.

La población de la zona la recuerda con mucho cariño y respeto, habiendo fallecido el 7 de enero de 1983.

Entendemos, pues, que por los méritos reseñados y cariño con el que los vecinos de la zona la rodearon, la Maestra Manuela Esperanza Peña se ha hecho merecedora de un homenaje de estas características.

Montevideo, 21 de noviembre de 2007.

Julio María Sanguinetti. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE (Ec. Isaac Alfie).- Dese cuenta de un proyecto de resolución presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Julio María Sanguinetti presenta con exposición de motivos un proyecto de resolución por el que se modifica el artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Senadores".

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS."

(Texto del proyecto de resolución presentado:)

"PROYECTO DE MODIFICACION

Articulo 1º - El artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Senadores, quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 13.- Los Senadores electos se incorporarán a la Cámara debiendo prestar, previamente, el correspondiente juramento. La forma de juramento será la siguiente:

"¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de Senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?"

- "Sí, prometo".

"¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?"

- "Sí, prometo"

Artículo 2º.- El primer apartado del Capítulo III del Reglamento de la Cámara de Senadores, pasará a denominarse "De la promesa de los Senadores".

Montevideo, 21 de noviembre de 2007.

Julio María Sanguinetti. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Reglamento del Senado, en su artículo 13, contiene una fórmula de compromiso de conducta por parte de los señores Senadores, el denominado "juramento", que se encuentra en disonancia con el espíritu laico que informa a nuestro Estado de Derecho.

Efectivamente, la palabra "juramento", de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, proviene del latín iuramentum y significa, en su primera acepción, "Afirmación o negación de algo, poniendo por testigo a Dios, o en sí mismo o en sus criaturas".

Durante la vigencia de la Constitución de 1830, acorde con el carácter confesional del Estado, los reglamentos del Senado establecían la siguiente fórmula: "¿Juráis a Dios Nuestro Señor, y sobre estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de Senador, y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?". Se trataba de una fórmula similar a aquélla que el referido texto constitucional imponía a los ciudadanos electos para el cargo de Presidente de la República: "Yo (N) juro por Dios N. S. y estos Santos Evangelios, que desempeñaré debidamente el cargo de Presidente que se me confía; que protegeré la religión del Estado, conservaré la integridad e independencia de la República haré observar fielmente la Constitución".

Establecida la separación de Iglesia y Estado a partir de la Constitución de 1917, el Presidente de la República ya no jura, promete. Idéntico compromiso asumían los integrantes del Consejo Nacional de Administración.

A partir de allí, las sucesivas reformas y enmiendas constitucionales conservaron la fórmula laica. Es así que en la Constitución vigente se expresa: "Yo, N.N., me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República" (Artículo 158). Sin embargo, el reglamento del Senado continuó haciendo "jurar" a los Senadores, aunque ya no por Dios, ni por los Santos Evangelios, sino por algo o alguien indeterminado, que correrá por cuenta de la subjetividad de cada Senador juramentado.

Para ajustar el Reglamento del Senado a la fórmula estipulada en la Constitución, proponemos esta modificación, que supone una promesa, esto es, como explica la Real Academia Española, una "expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo". Y en el caso concreto, esa expresión de la voluntad descansa en el sentido del honor del que promete, tal como ocurre en la fórmula establecida por la Constitución.

Montevideo, 21 de noviembre de 2007

Julio María Sanguinetti. Senador."

5) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE (Ec. Isaac Alfie).- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Fernández Huidobro solicita licencia por el día 21 de noviembre de 2007".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, Noviembre 20 de 2007.

Señor Secretario de la

Cámara de Senadores

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito licencia para el día 21 de noviembre, por motivos personales.

Sin otro particular, le saluda atentamente:

E. Fernández Huidobro. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE (Ec. Isaac Alfie).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 11 en 11. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Al haberse votado la licencia del señor Presidente Fernández Huidobro, se invita al señor Senador Couriel a asumir la Presidencia. Asimismo, se invita a pasar a Sala al señor Héctor Tajam, quien ya ha prestado el juramento de estilo, a fin de suplir al señor Senador Alberto Couriel que pasa a asumir la Presidencia.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Eber Da Rosa solicita licencia por el día de la fecha".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 21 de Noviembre de 2007

Señor

Presidente de la Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

PRESENTE

De mi mayor consideración:

Quien suscribe, Senador Eber Da Rosa Vázquez, solicita al Cuerpo licencia por la Sesión del día de la fecha. Por lo expuesto, solicito se convoque al suplente correspondiente.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Dr. Eber Da Rosa Vázquez. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE (Ec. Isaac Alfie).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 12 en 12. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE (Ec. Isaac Alfie).- Se comunica al Cuerpo que los señores Alberto Perdomo y Walter Zimmer han presentado notas de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria al Cuerpo, por lo que se invita a pasar a Sala al señor Jorge Gandini, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

7) LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL RELATIVA A LA CONCESION DE LA GESTION DE LA SALA DE JUEGOS DEL CASINO MUNICIPAL DEL HOTEL CASINO CARRASCO

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Alberto Couriel)

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del Orden del Día.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: deseo solicitar una alteración del Orden del Día a fin de que el asunto que figura en tercer lugar, que es el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes relacionado con el Sistema Nacional Integrado de Salud, pase a figurar en primer término.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señora Senadora: en este momento no hay número en Sala para votar.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: no estamos de acuerdo con la alteración del Orden del Día que, en primera instancia, está fijado para abordar el tema relativo a la autorización a la Intendencia Municipal de Montevideo a convocar a Licitación Pública Internacional y después figuraba, precisamente, el proyecto vinculado al Sistema Nacional Integrado de Salud. En nuestro caso, algunos compañeros tenían previsto participar de la discusión del primer punto del Orden del Día y también están aquéllos que pensaban hacerlo con relación al tema de la salud. Por lo tanto, planteo mi disconformidad con la alteración del Orden del Día y adelanto que no voy a acompañar la propuesta.

Solicito que la Bancada oficialista entienda que los partidos venimos al Senado con la perspectiva de determinado orden en la relación de los temas. Pido disculpas porque estaba en mi despacho y vine rápidamente para procurar que no se concretara la alteración del Orden del Día planteada, por las razones que acabo de exponer; incluso, en el tema del Sistema Nacional Integrado de Salud, el señor Senador Da Rosa está por finalizar su licencia y quiere participar de él.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: hemos hecho algunas consultas con los compañeros del Frente Amplio y podemos decir que existe mayoría para atender el reclamo del señor Senador Larrañaga. Personalmente, voy a acompañar lo que la mayoría decida, pero quiero dejar bien en claro que el Senado de hoy estaba convocado para tratar el tema del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Cuando se formuló la moción en el día de ayer -precisamente, la formulé yo; además, había una moción en la Me-sa-, el espíritu era el de modificar el Orden del Día. De todas maneras, no vamos a hacer cuestión sobre el punto; cada uno hará su estrategia y está muy bien, pero no se trataba de una maniobra política de nuestra parte, sino de volver al plan original de la sesión del miércoles, cuyo objetivo era considerar el tema vinculado al Sistema Nacional Integrado de Salud.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa desea saber si la señora Senadora Percovich mantiene su propuesta.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: la verdad es que cuando formulamos nuestra solicitud, el Partido Nacional no estaba en Sala y, a pesar de que comentamos que deberíamos consultarlo, pensamos que el tratamiento del proyecto de ley del Sistema Nacional Integrado de Salud iba a ser breve y que pasaríamos de inmediato al otro punto.

De todos modos, estamos de acuerdo con la solicitud planteada por el Partido Nacional.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por lo tanto, queda sin efecto la solicitud de alteración del Orden del Día.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia tiene la flexibilidad necesaria para, en un tema de esta naturaleza, otorgarle varias veces el uso de la palabra.

Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Agradezco al señor Presidente esa flexibilidad.

Simplemente, deseo dejar constancia de que mi oposición a la alteración del Orden del Día no significaba, para nada, ningún tipo de acusación al oficialismo con respecto a una potencial maniobra política. En mi alocución no hablé de ello; sencillamente manifesté las razones por las cuales consideraba inconveniente la alteración del Orden del Día.

Por otro lado, si bien es cierto que la reunión extraordinaria del día de la fecha fue convocada para considerar el proyecto de ley del Sistema Nacional Integrado de Salud, todos sabemos las modificaciones y postergaciones que trajo como consecuencia el tratamiento de la sesión de ayer que, por consiguiente, se reflejan en el día de hoy.

Agradezco nuevamente a la Presidencia su flexibilidad y al oficialismo por la comprensión que ha tenido en esta oportunidad.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: vamos a solicitar que entre las 15 y 55 y las 16 y 15 horas, el Senado pase a cuarto intermedio a efectos de poder acompañar al señor Representante Rosadilla a una conferencia de prensa que va a dar a raíz de los hechos de pública notoriedad relacionados con el otorgamiento de la visa de ingreso a los Estados Unidos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si el Senado pasa a cuarto intermedio a la hora 15 y 55, por el término de veinte minutos.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el asunto que figura en primer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se autoriza a la Intendencia Municipal de Montevideo a convocar a una Licitación Pública Internacional para la concesión de la gestión de la Sala de Juegos del Casino Municipal que funciona en el Hotel Casino Carrasco (Carp. Nº 947/07 - Rep. Nº 558/07)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 947/07

Rep. N° 558/07

Presidencia de la República Oriental del Uruguay

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 27 de setiembre de 2007.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de remitir el Proyecto de Ley que se adjunta por el que se autoriza a la Intendencia Municipal de Montevideo a convocar a una Licitación Pública Internacional cuyo objeto incluya la concesión de la gestión de la Sala de Juegos del Casino Municipal que funciona en el Hotel Casino Carrasco.

Por Decreto de la Junta Departamental de Montevideo N° 32.174 de 16 de agosto de 2007 se encomendó a la Intendencia Municipal de Montevideo, a gestionar, ante el Poder Legislativo, la sanción de una Ley que habilite a realizar el llamado a Licitación Pública Internacional, para dar en concesión la gestión de la Sala de Juegos del Hotel Casino Carrasco.

A tales efectos, la Intendencia Municipal de Montevideo con fecha 23 de agosto de 2007 ha solicitado al Poder Ejecutivo que promueva la referida iniciativa legislativa.

La Intendencia Municipal señala que ha rescindido la concesión anteriormente otorgada y tomó posesión nuevamente del Hotel Casino Carrasco en junio de 2006 y que dada la característica de monumento histórico nacional que ese edificio tiene y su enorme potencialidad turística para la ciudad y el país, exigen realizar una inversión varias veces millonaria en dólares que el Municipio no está en condiciones de afrontar en virtud de las prioridades que tiene hoy el Departamento.

La convocatoria al citado llamado se realiza al amparo del artículo 297 numeral 8° de la Constitución de la República que establece que son fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados y administrados por éstos, los beneficios de la explotación de los juegos de azar que les hubiere autorizado o les autorice la ley, en la forma y condiciones que la misma determine.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori, Daisy Tourné.

PROYECTO DE LEY

Artícluo 1°.- Autorízase a la Intendencia Municipal de Montevideo a convocar a una Licitación Pública Internacional cuyo objeto incluya la concesión de la gestión de la Sala de Juegos del Casino Municipal que funciona en el Hotel Casino Carrasco, por un plazo de treinta años, debiendo el adjudicatario abonar un canon o precio.

Artículo 2°.- Sin perjuicio de las competencias asignadas al Banco Central del Uruguay y al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004 y su reglamentación, corresponderá a la Intendencia Municipal de Montevideo el contralor de los juegos de azar que se desarrollen en el establecimiento de acuerdo al proceso licitatorio referido en el artículo anterior.

Danilo Astori, Daisy Tourné.

INTENDENCIA MUNICIPAL

DE MONTEVIDEO

Montevideo, Agosto 23 de 2007.

Sr. Secretario de la

Presidencia de la República

Dr. Gonzalo Fernández

Presente

De mi mayor consideración:

De conformidad con lo oportunamente conversado, elevo a Usted -solicitándole pueda ponerse a consideración del Sr. Presidente de la República-, un Proyecto de Ley referido a la autorización a la Intendencia Municipal de Montevideo para comenzar una Licitación Pública Internacional con el objeto de concesionar la Sala de Juegos del Casino Municipal que funciona en el Hotel Carrasco.

Como es de vuestro conocimiento, la Intendencia Municipal de Montevideo, rescindió la concesión anteriormente otorgada y tomó posesión nuevamente del Hotel Casino Carrasco en junio de 2006. La característica de monumento histórico nacional que ese edificio tiene y su enorme potencialidad turística para la ciudad y el país, exigen realizar una inversión varias veces millonaria en dólares, que el Municipio no está en condiciones de afrontar dadas las prioridades que tiene hoy el Departamento. Esta realidad nos ha llevado a promover una iniciativa que conjugue el interés público y privado, promoviendo una licitación para la remodelación y acondicionamiento del edificio del Hotel Casino Carrasco, la concesión del uso del edificio para su explotación comercial y la concesión de la gestión de la Sala de Juegos del Casino Municipal, por un plazo de 30 años.

Los pliegos de la licitación prevén un muy fuerte contralor municipal, tanto en lo que tiene que ver con la fiscalización de obra como de la posterior gestión del Casino, estableciendo además un sólido sistema de garantías para casos de incumplimiento. El canon que deberá asumir el concesionario será destinado en su totalidad a políticas sociales dentro del departamento de Montevideo.

La convocatoria a este llamado se hace al amparo del Artículo 297 numeral 8° de la Constitución de la República, que establece que son fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados y administrados por éstos, los beneficios de la explotación de los juegos de azar que les hubiere autorizado o les autorice la ley, en la forma y condiciones que la misma determine.

La Ley N° 10.709 de 17/01/1946 (Art. 6° lit. f in fine), estableció: "Modifícase el Art. 4° de la Ley N° 5.352 y autorízase al Municipio de Montevideo para explotar en los hoteles balnearios de su propiedad los juegos habituales en los Casinos".

El Legislador no le impuso al Municipio de Montevideo ninguna forma específica ni condición alguna para explotar dichos juegos de azar. Sin perjuicio de ello, y ante la existencia de un sinnúmero de leyes por las que se deducían de los ingresos departamentales derivados de la explotación de sus casinos, diversos porcentajes para diferentes instituciones, el Legislador puso un límite a esas contribuciones mediante la Ley N° 13.002. Dichas contribuciones fueron acotadas a las previstas por el artículo 2°, las que sin embargo, de acuerdo al artículo 3° de dicha ley "...no podrán exceder de las devengadas durante el año 1959", por lo cual no habiéndose establecido un mecanismo de actualización, han quedado de hecho sin efecto, ante la devaluación de la moneda.

La ausencia de condicionamiento para la explotación de tales juegos de azar fue a su vez ratificada por el artículo 1° de dicha ley, al establecer que: "El Gobierno Departamental de Montevideo percibirá la totalidad de los beneficios de la explotación de los juegos de azar que le han sido autorizados, pudiendo aplicarlos libremente a sus propios fines...". En el proyecto que se remite se establece que el concesionario deberá pagar un canon o precio por la gestión de la sala de juegos, mediante el cual la Intendencia Municipal de Montevideo percibirá los beneficios de la explotación.

Sin perjuicio de lo expuesto, se nos ha planteado la necesidad de recurrir a una expresa autorización por vía legal. En ese sentido, y dado que la Intendencia Municipal de Montevideo debe dar las máximas seguridades jurídicas y de transparencia al proceso licitatorio, es que estamos recorriendo todos los caminos necesarios para tal fin.

La Junta Departamental de Montevideo aprobó el pasado 16 de agosto el Decreto N° 32.174 por el cual otorga su anuencia para la realización de la Licitación Pública Internacional referida y -en concordancia con nuestra opinión-, nos encomienda gestionar ante el Poder Legislativo la sanción de una ley que autorice a esta Intendencia Municipal a realizar dicho llamado (se adjunta).

Dado que los Gobiernos Departamentales no tenemos iniciativa legislativa en la materia, es que elevamos al Poder Ejecutivo el adjunto Proyecto de Ley a los efectos que -si así lo considera-, pueda remitirlo a consideración del Poder Legislativo.

Sin otro particular, saluda a Usted muy atentamente,

RICARDO EHRLICH

Intendente Municipal

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Autorízase a la Intendencia Municipal de Montevideo a convocar a una licitación pública internacional cuyo objeto incluya la concesión de la gestión de la Sala de Juegos del Casino Municipal que funciona en el Hotel Casino Carrasco, por un plazo de treinta años, debiendo el adjudicatario abonar un canon o precio.

JUNTA DEPARTAMENTAL

DE MONTEVIDEO

Exp. 2007/0941

DECRETO N° 32.174

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO

DECRETA

Artículo 1°.- Encomiéndase a la Intendencia Municipal de Montevideo a gestionar, ante el Poder Legislativo, la sanción de una ley que habilite a realizar el llamado a Licitación Pública Internacional, para dar en concesión la gestión de la Sala de Juegos del Hotel Casino Carrasco.

Artículo 2°.- Otórgase anuencia a la Intendencia Municipal de Montevideo para llamar a Licitación Pública Internacional para la remodelación y acondicionamiento del edificio del Hotel Casino Carrasco, la concesión del uso para su explotación comercial como hotel y de la gestión de la sala de juegos del casino municipal que funciona en aquél, la que quedará condicionada a la aprobación de la ley a que hace referencia el artículo precedente.

El llamado a licitación se hará de conformidad con el Pliego de condiciones Particulares que se adjunta y sus respectivos anexos.

Artículo 3°.- La aprobación de la ley mencionada, será asimismo condición expresa para que el legislativo comunal otorgue la anuencia al momento de adjudicar la concesión, conforme a lo preceptuado por el artículo 273 numeral 8° de la Constitución de la República.

Artículo 4°.- Comuníquese.

SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO, A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL SIETE.

Prof. Gabriel Weiss Presidente

Cr. Jorge Simón Secretario General.

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRACION REGIONAL

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 268/2007

REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DEL HOTEL CASINO CARRASCO, CONCESION DEL USO PARA SU EXPLOTACION COMERCIAL COMO HOTEL Y DE LA GESTION DE LA SALA DE JUEGOS DEL CASINO MUNICIPAL QUE FUNCIONA EN AQUEL

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

I) NORMAS VIGENTES.

El llamado a licitación se hará de conformidad con el Pliego de Condiciones Particulares que se transcribe a continuación, los anexos y formularios que forman parte del mismo y las siguientes normas vigentes:

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales.

- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras.

- Pliego Particular para la ejecución de Obras.

El Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales, se aplicará en lo que corresponda, en cuanto a las soluciones generales contenidas en el mismo, teniendo en cuenta que para el cumplimiento del objeto de esta licitación no se derivan gastos para la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM).

El Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras y el Pliego Particular para la ejecución de Obras, se aplicará en lo que corresponda, teniendo en cuenta que el contratante de la empresa constructora será el adjudicatario, siendo éste responsable por las obras frente a la IMM.

II) OBJETO

Artículo 1.- El objeto del presente llamado a Licitación Pública Internacional, es: a) la remodelación y acondicionamiento del edificio del Hotel Casino Carrasco; b) la concesión del uso del edificio del Hotel Casino Carrasco para su explotación comercial como Hotel de alto nivel, de la mayor categorización posible que permita la estructura edilicia, pudiendo incluirse servicios conexos y complementarios a su propio giro (restaurante, locales gastronómicos y de esparcimiento, salas de fiesta, centros de convenciones, instalaciones deportivas, spa, espectáculos, cine, teatro, etc.), y c) la concesión de la Gestión de la Sala de Juegos del Casino Municipal que funciona en el Hotel Casino Carrasco.

El Hotel Casino Carrasco se encuentra ubicado en la ciudad de Montevideo, zona urbana, en Rambla República de México 6451, sobre el terreno empadronado con el número 64172, carpeta catastral 5276.

III) ALCANCE DEL LLAMADO

Artículo 2.- La faja costera cuenta al Hotel Casino Carrasco como una de sus edificaciones emblemáticas. Asimismo forma parte destacada del patrimonio y acervo cultural de la ciudad.

Su reinauguración como Hotel y Casino de alta calificación es un desafío y apuesta para el fortalecimiento turístico y el posicionamiento estratégico de Montevideo en el MERCOSUR.

Los valores paisajísticos de la zona en la que se encuentra, su ubicación frente a la playa, y su cercanía al aeropuerto son valores a tener en cuenta para que sus futuras instalaciones sean de reconocida calidad y categoría.

Es también interés de la IMM recalificar los espacios públicos adyacentes. Los interesados deberán proponer obras de mejora del entorno que impliquen una correcta inserción urbana, teniendo en cuenta que se trata de un área patrimonial. Otro elemento a tener en cuenta es el de los estacionamientos, por lo que se procurará dar una respuesta adecuada a la problemática en el entorno inmediato.

Artículo 3.- La IMM está dispuesta a dar en concesión el edificio del Hotel Casino Carrasco y la gestión de los juegos de azar en el Casino Municipal que funciona en el Hotel, incluyendo todas sus instalaciones en el estado de mantenimiento que presente a la fecha de notificación de la resolución de adjudicación, por los plazos establecidos en el artículo 28.

Los interesados deberán considerar, en forma indivisible, los siguientes aspectos:

Edificio: propuesta constructiva y solución de estacionamiento. Ver anexo 1.

Canon: ver anexo 2.

Solución tecnológica para la gestión y el funcionamiento del Casino: ver anexo 3.

Explotación comercial del Hotel y del Casino: ver anexo 4.

IV) CONDICIONES GENERALES

Artículo 4.- Capacidad jurídica.

Podrán presentarse a la presente licitación personas físicas, jurídicas, consorcios, nacionales o extranjeros, que acrediten solvencia técnica y financiera de acuerdo a las disposiciones del presente pliego particular de condiciones.

Las personas jurídicas nacionales deberán presentar testimonio por exhibición del contrato social inscripto en el Registro Público y General de Comercio con constancia notarial de vigencia y acreditar las publicaciones que corresponda. Las personas jurídicas extranjeras deberán presentar la documentación que acredite la personería y su vigencia, debidamente legalizada y traducida en su caso, y constituir domicilio en Montevideo.

En todos los casos, quien actúe ante la IMM en representación de una persona jurídica, deberá acreditar tener facultades suficientes para ello.

El contrato, que se perfeccionará con la notificación de la resolución de adjudicación, se otorgará con una sola persona o entidad. No obstante, podrá concertarse con dos o más personas o entidades siempre que éstas se obliguen expresamente en forma solidaria y por escrito respecto a la IMM. Los derechos de la IMM frente a aquéllas serán en todo caso indivisibles.

Tratándose de sociedades comerciales, todos los socios o directores en su caso, serán solidariamente responsables del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asuma la sociedad en caso de adjudicársele el contrato. Deberá adjuntarse a la oferta estado de situación patrimonial y de resultados de la sociedad de acuerdo a lo establecido en este pliego. La IMM podrá pedir certificación de estado patrimonial de los socios con indicación de bienes propios y gananciales, gravámenes que los afecten y régimen legal de administración de bienes.

Si la oferente fuere una sociedad anónima, deberá incluir el nombre de sus directores, los cuales serán solidariamente responsables del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asuma la oferente en caso de adjudicársele el contrato. Deberá adjuntarse a la oferta estado de situación patrimonial y de resultados de la sociedad de acuerdo a lo establecido en este pliego. La IMM podrá pedir estado patrimonial de los directores con indicación de bienes propios y gananciales, gravámenes que los afecten y régimen legal de administración de bienes.

El contratista no podrá transformarse en otro tipo social ni fusionarse, ni ser absorbida por otra, sin previa autorización por escrito de la IMM. Cualquier modificación en la integración de la sociedad o del directorio deberá ser comunicada en forma previa y por escrito a la IMM, y ésta podrá: aceptar dicha modificación o desvinculación de alguna persona con la sociedad, manteniendo su responsabilidad solidaria frente a la IMM, o podrá aceptar la modificación y relevarlo de su responsabilidad futura luego de transcurrido un año de su desvinculación, o no aceptar la modificación propuesta, en cuyo caso si el adjudicatario o concesionario no estuviere de acuerdo, la IMM podrá dar por rescindido el contrato sin generar a favor del adjudicatario derecho a indemnización de especie alguna, incautando por este solo hecho la garantía de fiel cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudiere corresponder.

Se admitirá la presentación de consorcios ya constituidos o a constituirse con una carta intención con firmas certificadas por Escribano Público. Frente a la IMM todas las empresas que integren el consorcio serán solidariamente responsables.

En este último caso, si su propuesta fuera seleccionada como la más conveniente, dictada la resolución de adjudicación este oferente deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley N° 16.060 y presentar el contrato de consorcio debidamente inscripto y publicado, en un plazo de 90 días corridos contados desde la notificación de la resolución de adjudicación. Si la propuesta es presentada por dos o más empresas formando un consorcio, sin perjuicio de cumplir con las disposiciones anteriores, deberán establecer un domicilio único que será el domicilio legal del consorcio y unificar la representación por medio de poder con facultades suficientes para actuar en nombre de aquél. Las notificaciones que se realicen al mandatario se considerarán válidamente hechas al consorcio. Las empresas que integran el consorcio o asociación asumen la responsabilidad solidaria y mancomunada por todas y cada una de las obligaciones emergentes del contrato, debiendo incluir en la propuesta una declaración suscrita por todos los miembros del consorcio asumiendo tal responsabilidad.

Se aclara que en caso de consorcios, cada firma que forma parte del mismo deberá cumplir los requisitos exigidos a las personas jurídicas individualmente y la documentación deberá presentarla en conjunto bajo el nombre del consorcio, pero indicando el nombre de la firma consorciada. A los efectos de la evaluación se considerarán los antecedentes en la proporción de la participación de cada empresa constituyente.

Artículo 5.- El adjudicatario, su personal y las empresas con las cuales contrate deberán cumplir las leyes, decretos, ordenanzas, códigos y reglamentos vigentes, corriendo por su cuenta el pago de eventuales multas, recargos e intereses originados por infracciones a tales normas.

Artículo 6.- El adjudicatario se compromete a tomar las medidas necesarias para evitar daños en las obras que se ejecuten, a las personas que trabajen en ellas, a terceros y a propiedades y bienes públicos o privados. De producirse los mismos, el adjudicatario será el responsable de la reparación de los perjuicios que le sean imputables (Artículo 14).

Artículo 7.- Serán de cargo del concesionario, aquellos consumos originados por su uso así como los necesarios para la realización de obras.

Artículo 8.- Responsabilidad del adjudicatario durante la concesión.

Serán de responsabilidad del adjudicatario los daños ocasionados al local, a las instalaciones existentes, así como a terceros, y/o funcionarios municipales, durante todo el período de la concesión, sin importar cuál sea el origen o causa.

Durante la vigencia del contrato con las empresas que resulte adjudicataria de esta licitación, actuará una Comisión de Seguimiento, designada al efecto por la IMM, que mantendrá un estricto control de la concesión.

Artículo 9.- Mantenimiento.

El concesionario deberá mantener el edificio, sus espacios circundantes así como el equipamiento instalado, en perfectas condiciones de conservación, higiene y funcionamiento durante todo el período de la concesión.

En caso de constatarse incumplimientos a lo establecido en este artículo, la IMM notificará al adjudicatario de esta irregularidad, otorgándole un plazo perentorio para que explique y/o rectifique la situación. Si vencido el mismo, no se hubiese corregido la situación, la IMM podrá aplicar las multas y/o sanciones correspondientes.

Artículo 10.- Prohibición de cesión del contrato o de la adjudicación.

El concesionario no podrá ceder a ningún título, durante todo el período del contrato la gestión del Hotel ni la del Casino, salvo autorización previa, -expresa y por escrito- de la IMM, con anuencia de la Junta Departamental.

Artículo 11.- Obligaciones con proveedores.

La adquisición de mercaderías será de exclusiva cuenta del concesionario, quien se constituirá en deudor único de sus proveedores.

En todos los casos dicho concesionario será responsable directo del buen estado de todas las mercaderías que expenda y para fiscalizar este extremo, la IMM podrá en cualquier momento inspeccionar sus existencias.

Artículo 12.- Obligaciones con el personal.

La contratación del personal para cualquiera de los servicios u obras resultantes de este llamado, será de exclusiva cuenta del concesionario, quien será único responsable de todos los aspectos de la misma (pagos de salarios, seguros, etc.) así como del pago de todos los aportes y obligaciones derivadas de la aplicación de las leyes laborales y de seguridad social y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a cualquier compromiso que pudiere contraer, por lo que esta Administración Municipal no asume ninguna obligación en tal sentido.

La retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios.

El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones antes mencionadas, será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario.

Artículo 13.- El hecho de otorgársele la concesión, no exonera al adjudicatario de ningún tipo de tributos, precios, tarifas y cualquier otro tipo de obligaciones, o permisos propios de su actividad.

El adjudicatario asume la obligación de financiar las inversiones y atender, por su cuenta, la totalidad de los gastos y desembolsos para cumplir con las prestaciones contenidas en el objeto de la licitación.

Todos los gastos en que incurran los interesados con relación a sus posibles o efectivas propuestas, incluyendo sin carácter limitativo, compra del pliego, desarrollo y confección de la propuesta, son de su absoluta responsabilidad y no le serán reembolsados, ni directa ni indirectamente por la IMM.

Artículo 14.- Seguros.

14.1.- El concesionario suscribirá a su nombre un contrato de seguros del que será beneficiaria la Intendencia Municipal de Montevideo, contra las pérdidas o daños que pudiera sufrir el edificio o sus instalaciones, debiéndose cubrir especialmente:

a) las obras junto con los materiales e instalaciones que deban incorporarse a las mismas, en todo su valor de reposición y contra cualquier pérdida o daño ocasionados por cualquier causa.

b) Una suma complementaria del 15% del citado valor de reposición, a fin de cubrir cualquier otro gasto ocasionado directa o indirectamente por la reparación de las pérdidas de los daños, y los gastos de derribo y eliminación de cualquier parte de las obras y los correspondientes a la evacuación de cualquier tipo de escombros. Igualmente deberá cubrir los daños causados a los bienes muebles de propiedad municipal que se tomen del inventario y los que se incorporen por el adjudicatario para el alhajamiento del Hotel y Casino.

c) Los equipos y demás objetos introducidos en las obras del Hotel y Casino Carrasco y las demás obligaciones asumidas por el Concesionario, en una cuantía suficiente para atender a su recomposición completa a juicio de la Comisión de Seguimiento.

14.2. El concesionario deberá además contratar por todo el período de la concesión, una póliza de seguro contra riesgo de incendios y todo tipo de siniestro sobre el edificio y sus instalaciones.

14.3. El concesionario suscribirá un seguro que cubra la responsabilidad por los riesgos y la responsabilidad civil por actos u omisiones que le sean imputables.

Todos los contratistas y/o sub contratistas del concesionario deberán suscribir seguros de igual naturaleza y el concesionario será responsable de controlar tal requisito y de acreditar su cumplimiento ante la Comisión de Seguimiento, respondiendo en todo tiempo y circunstancia en caso de incumplimiento.

Los seguros mencionados en los numerales 14.2 y 14.3 se suscribirán dentro de los 30 días calendario, siguientes a la notificación de la Resolución de Adjudicación, y estarán sujetos a la aprobación de la Comisión de Seguimiento. Deberán surtir efecto a partir de la recepción del inmueble por acta suscrita ante las partes. El seguro previsto en el Art. 14.1 deberá constituirse dentro de los diez días calendario, anteriores al inicio de la obra.

Los seguros deberán estar vigentes desde la recepción del edificio y durante todo el período de la concesión debiendo haber sido depositadas en la Tesorería General Municipal las pólizas al menos diez días hábiles antes de la fecha de la exigibilidad respectiva, así como los recibos correspondientes que acrediten su vigencia, lo que será objeto de control por dicha dependencia.

El adjudicatario dará cuenta a la Comisión de Seguimiento de las pólizas de seguros contratadas y su vigencia y aportará la prueba del pago cuando la Comisión de Seguimiento lo solicite. Cualquier incumplimiento de las obligaciones precedentes no subsanadas en el plazo de 10 días calendario a partir de la comunicación al adju-dicatario podrá dar lugar a la aplicación del régimen de sanciones e incumplimientos previstos en el presente pliego.

Artículo 15.- El Concesionario deberá comenzar a gestionar previo al comienzo de su actividad todos los certificados que le corresponden por su destino, los que serán entre otros:

Habilitación comercial.

Habilitación Bromatológica.

Habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos. (DNB)

Habilitaciones correspondientes al Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas (SIME).

Habilitaciones del Ministerio de Turismo y Recreación.

V) PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION. FORMALIDADES.

Artículo 16.- Forma de presentación.

La oferta que prepare el oferente, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el oferente y la IMM, deberá redactarse en idioma español. Los documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el oferente podrán estar escritos en otro idioma, a condición de que vayan acompañados de una traducción fidedigna al idioma español realizada por traductor público y debidamente legalizada.

Todo proponente presentará en el acto de recepción de propuestas, un sobre, paquete o caja, que contendrá 2 sobres cerrados debidamente identificados como "Sobre 1" y "Sobre 2", cuyo contenido será el siguiente:

Sobre N° 1

La información que se requiere en este sobre, estará separada en tres carpetas, a saber:

1) Información sobre capacidad financiera, legal, técnica y operativa (ver Anexo 5).

2) Propuesta arquitectónica referente a las obras en el edificio del Hotel y del Casino (ver anexo 1).

3) Plan de negocios para la gestión hotelera y del Ca-sino, desagregado a nivel de detalle para los primeros 5 años, y resumido para los veinticinco restantes (ver anexo 4).

4) Solución tecnológica para la gestión y el funcionamiento del Casino (ver anexo 3).

Sobre N° 2.- Oferta económica con la respectiva cotización del canon (ver anexo 2).

Artículo 17.- Requisitos formales - Documentación.

Todas las propuestas se presentarán en 1 original y dos copias, escritas en forma mecanografiada, redactadas en idioma español y debidamente firmadas. Se presentará además una tercera copia en CD.

En el acto de recepción de las ofertas se exigirá además de lo detallado anteriormente:

a) Recibo de pago de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, expedido por la Tesorería General Municipal. La omisión de este requisito es insubsanable. No se podrá presentar el mismo con posterioridad al acto de recepción de ofertas. El recibo debe estar a nombre del oferente y cuando se postule un consorcio o proyecto de consorcio, en el recibo debe figurar como mínimo el nombre de uno de los consorciados.

b) Recibo de adquisición de los recaudos de la licitación. El recibo debe estar a nombre del oferente y cuando se postule un consorcio o proyecto de consorcio, en el recibo debe figurar como mínimo el nombre de uno de los consorciados. De comprobarse que no fue abonado el precio de los recaudos, la oferta podrá ser rechazada sin derecho a reclamación alguna.

c) Si se tratare de empresas que proyectan consorciarse, deberán agregar la carta-intención respectiva donde constatarán: denominación, domicilios, participación de cada empresa, teléfono, fax, correo electrónico, administración, poder de representación, representante legal y técnico y declaración de solidaridad de los integrantes del futuro consorcio e indivisibilidad de las obligaciones, con certificación notarial de firmas.

d) Documentación referente al estado de situación económico financiera de los últimos 3 años, según lo indicado en el anexo 5.

e) Constancia del Seguro contra riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ex-pedido por el Banco de Seguros del Estado, vigente (Ley N° 16.074, Art. 61) original y fotocopia para agregar al expediente (Sólo para empresas nacionales).

f) Certificados del BPS y DGI de estar al día en el cumplimiento de las obligaciones. (Sólo para empresas nacionales).

g) Certificado del Registro de Actos Personales, por la oferente, sus directores o administradores, donde conste que no existen interdicciones que afecten la contratación. La fecha de solicitud no podrá ser mayor a las 48 horas anteriores al acto de recepción de ofertas.

h) Documentación que acredite las políticas del oferente en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

i) Autorización a la IMM para recabar informes de organismos públicos o entidades privadas nacionales o internacionales, y de las citadas como referencias por el oferente.

En caso de ser el oferente una persona jurídica, deberá adjuntarse a la oferta un certificado notarial, que acredite que el firmante de la misma tiene facultades suficientes para representar a la empresa en esta clase de actos. El Escribano certificará además, la existencia, vigencia de la sociedad y quiénes son los directores y administradores, a los efectos de lo previsto en el artículo 6° de la Ley N° 17.957 y el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 17.904 Art. 13 (Solo para empresas nacionales).

Se presentará además testimonio notarial del contrato social, según lo indicado en el artículo 4.

Para realizar observaciones en el acto de apertura de la licitación, si el que concurre no coincide con el firmante de la oferta, deberá presentar poder o carta poder otorgada ante Escribano Público con suficientes facultades para representar a la empresa.

Las propuestas deberán ser presentadas en el Servicio de Compras, o en el lugar que la Administración Municipal comunique a los adquirentes del pliego, en sobre, paquete o caja que contendrá el sobre N° 1 y el sobre N° 2 y deberá indicar en su exterior:

El nombre y la dirección del oferente.

El objeto y número del Llamado a Licitación.

Fecha y hora de apertura.

Estará dirigido a la IMM, Servicio de Compras.

Artículo 18. Documentos que debe contener la oferta.

Los formularios con toda la información de acuerdo al anexo 7, y todos los demás requerimientos de este pliego.

GARANTIAS

Artículo 19.- Garantía de mantenimiento de oferta.

Los oferentes deberán depositar en Tesorería General Municipal como garantía de mantenimiento de oferta, la suma equivalente a cuatro millones trescientos cincuenta mil Unidades Indexadas (UI 4:350.000). Dicha garantía deberá constituirse en forma previa a la presentación de las ofertas y se efectivizará mediante una de las siguientes formas:

1) Depósito en efectivo. En caso que el referido depósito se realice con cheque, éste deberá estar certificado por la entidad bancaria correspondiente.

2) Aval bancario emitido por un Banco establecido en Uruguay.

3) Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay. (Certificado de afectación de valores públicos extendido por la Sección Custodias del BROU).

4) Póliza de seguro de fianza emitida por una institución habilitada por la Superintendencia de Empresas Aseguradoras del Banco Central del Uruguay.

La vigencia de la garantía, cualquiera sea su forma, excederá en treinta (30) días calendario el período de la validez de la oferta (ver artículo 29).

Toda propuesta que no esté acompañada de la garantía de mantenimiento de oferta será rechazada por la IMM por no ajustarse a los documentos de licitación.

Las garantías de mantenimiento de oferta de los oferentes cuyas ofertas no sean aceptadas, serán devueltas tan pronto como sea posible, de oficio o a pedido del propio oferente.

La garantía de mantenimiento de oferta del adjudicatario, será devuelta al mismo, una vez que éste constituya la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Artículo 20.- Garantía de fiel cumplimiento de contrato y garantías especiales.

Dentro de los diez días siguientes a la notificación de la Resolución de adjudicación, el adjudicatario depositará en Tesorería General Municipal la garantía de fiel cumplimiento de contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios no personales.

El monto de esta garantía será por la suma equivalente a setenta y cinco millones quinientos mil Unidades Indexadas (UI 75:500.000).

Esta garantía se efectivizará mediante:

1) Depósito en efectivo, prendado a favor de la IMM. En caso que el referido depósito se realice con cheque éste deberá estar certificado por la entidad bancaria correspondiente.

2) Aval bancario emitido por un Banco establecido en Uruguay.

3) Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay prendados a favor de la IMM (Certificado de afectación de valores públicos extendido por la Sección Custodias del BROU).

4) Póliza de seguro de fianza emitida por una institución habilitada por la Superintendencia de Empresas Aseguradoras del Banco Central del Uruguay.

La garantía deberá estar vigente durante todo el plazo de la concesión y hasta la extinción definitiva de todas y cada una de las obligaciones emergentes del Contrato. Si se estableciere un plazo, deberá preverse la renovación automática del mismo por períodos sucesivos, salvo manifestación en contrario de la Administración Municipal mediante la entrega del documento al concesionario.

Cuando se constate el cese de actividades o la suspensión de la habilitación o autorización para funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas de intermediación financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de la garantía, el adjudicatario o concesionario deberá sustituir la misma, en un plazo perentorio de treinta (30) días calendario, quedando suspendidos todos los derechos que pudieran corresponderle hasta tanto ello suceda. Su incumplimiento podrá dar lugar a las sanciones previstas en el presente pliego.

Además de la garantía de fiel cumplimiento de contrato establecida anteriormente, el adjudicatario deberá constituir en Tesorería General Municipal las garantías especiales que se indican a continuación, según el siguiente criterio:

a) Una garantía especial afectada al cumplimiento de la ejecución de las obras, que será el equivalente a un diez por ciento (10%) del monto de la inversión en obras que se depositará antes de comenzar las mismas.

Dicho depósito se deberá prendar a favor de la IMM y se liberará al adjudicatario luego de la recepción definitiva de las obras por parte de la IMM y según lo indicado en el anexo 1.

b) Una garantía especial afectada al cumplimiento del pago del Canon Anual de la Concesión, que será inicialmente el equivalente a tres (3) mensualidades del monto mínimo garantizado durante el primer año y dicho monto se reajustará según lo indicado en el párrafo siguiente.

Del segundo año en adelante y hasta el final de la concesión, se complementará dicha garantía por el cumplimiento del pago, hasta alcanzar el equivalente a tres mensualidades del promedio del Canon Anual de la Concesión correspondiente al año inmediato anterior.

Esta garantía (b) se depositará en la Tesorería General Municipal antes de comenzar la explotación comercial del Casino, es decir una vez que se tenga la habilitación para el inicio de las actividades del Hotel y del Casino. Esta garantía deberá mantenerse durante todo el plazo de la concesión.

Ambas garantías (a y b), se efectivizarán de la siguiente manera:

1) Depósito en efectivo, prendado a favor de la IMM. En caso que el referido depósito se realice con cheque éste deberá estar certificado por la entidad bancaria correspondiente.

2) Aval bancario emitido por un Banco establecido en Uruguay.

3) Bonos del Tesoro de la República Oriental del Uruguay prendados a favor de la IMM. (Certificado de afectación de valores públicos extendido por la Sección Custodias del BROU).

4) Póliza de seguro de fianza emitida por una institución habilitada por la Superintendencia de Empresas Aseguradoras del Banco Central del Uruguay.

Serán ejecutadas a solicitud por escrito de la IMM, y previa comunicación de la misma al Adjudicatario, en las condiciones detallada precedentemente.

RECEPCION DE OFERTAS. APERTURA

Artículo 21.- Procedimiento. Recepción y Apertura de ofertas.

La recepción de las propuestas y la apertura se realizará en el Servicio de Compras de la Intendencia Municipal de Montevideo, Palacio Municipal, Planta Baja, sector Santiago de Chile, con acceso sobre la Avenida 18 de julio, o donde la Administración comunique a los adquirentes del pliego, en la fecha y hora establecidos en la hoja de invitación.

El acto de apertura tendrá lugar el día y hora previstos, y en presencia de los oferentes que deseen asistir. En dicho acto se abrirán los Sobres N° 1 y se verificará si los proponentes han incluido los documentos requeridos por las bases. De no contener estos sobre la documentación requerida, se dejará constancia de este hecho en el acta de la apertura, así como de la información que falta o se encuentre incompleta. Este procedimiento de control será completado durante el período de evaluación. Con la apertura de los sobres N° 1 se dará por concluida la primera apertura, permaneciendo cerrados los Sobres N° 2 de todos los oferentes.

CRITERIOS DE EVALUACION.

Artículo 22.- La IMM, podrá optar por aquella propuesta que considere más conveniente a sus intereses, y se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las propuestas que se presenten, si razones de oportunidad o conveniencia así lo aconsejan. Todo lo anterior sin posibilidad de reclamo alguno por parte de los oferentes o sus representantes.

Además del cumplimiento de las condiciones establecidas en este pliego y en los anexos que forman parte del mismo, se tomará en cuenta como elementos de juicio para la adjudicación la información relativa al estado de situación financiera, legal, técnica y operativa del oferente que podrá ser causal de desestimación de la propuesta.

Evaluados los aspectos anteriormente indicados e identificados las empresas oferentes que a juicio de la IMM presenten una situación que les permita superar esa etapa, serán puntuadas por los siguientes ítems:

1) Propuesta arquitectónica de remodelación del edificio, solución de estacionamiento y antecedentes profesionales y académicos de los proyectistas. (Hasta 40 puntos).

2) Plan de Negocios de la Gestión del Hotel Casino Carrasco. (Hasta 20 puntos).

3) Valor ofrecido como Canon Anual de la Concesión. (Hasta 40 puntos).

En el anexo 6 se detallan los puntajes con los que se evaluarán cada uno de los ítems enumerados.

Artículo 23.- Resumen del proceso de evaluación.

Con base en la información contenida en los sobres abiertos (Sobre N° 1), se procederá a la precalificación de los oferentes. Como resultado de esta evaluación, a cada una de las empresas se le asignará un puntaje, determinando la posición de cada oferente en el orden de mérito.

Una vez concluida la precalificación, se llevará a cabo una segunda apertura pública, de los Sobres N° 2 de las empresas que hubieren sido precalificadas.

El análisis final de las propuestas precalificadas y la propuesta de adjudicación se llevará a cabo con las empresas que hubieren llegado a esta etapa, permaneciendo los demás sobres cerrados hasta que la empresa adjudicataria efectúe el depósito de garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Artículo 24.- Comisión Evaluadora. Aclaración de ofertas, información reservada.

La IMM nombrará una Comisión Evaluadora para realizar el estudio de las propuestas. Esta deberá ser integrada por técnicos de reconocida capacidad y experiencia en el tema.

El respaldo económico financiero de los oferentes será estudiado por la Corporación Nacional para el Desarrollo según convenio oportunamente firmado con esta Administración Municipal.

Durante el período de evaluación de ofertas, que comienza después de concluido el acto público de apertura:

a) La Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes aclaraciones acerca de sus ofertas. La solicitud de aclaración y la respectiva respuesta, se harán por comunicación escrita y no se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación de los precios ni de los elementos sustanciales de la oferta.

b) La omisión de la información (de tipo histórico, aritmético, etc.) solicitada o de documentos, si no altera la igualdad de los oferentes, y siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable -entendiendo por éstos, generalmente, aquellas cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de licitación- podrá corregirse, si la Comisión Evaluadora solicita que en un plazo breve, el oferente suministre la información faltante. Pasado dicho plazo y manteniéndose la omisión por parte del oferente, se rechazará su oferta.

c) No se podrá considerar error u omisión subsanable, la falta de firma de la oferta, la ausencia de garantía o cualquier corrección que altere la sustancia de su oferta o que la mejore o disminuya.

Iniciado el período de evaluación de ofertas y hasta la notificación oficial del resultado de la licitación, se considerará reservada toda información relacionada con el examen, las aclaraciones y evaluación de las ofertas, así como las recomendaciones de adjudicación de la licitación.

Artículo 25.- Notificación de la precalificación de las empresas como resultado de la evaluación.

Informe de la Comisión Evaluadora.

Evaluado el sobre N° 1, la Comisión Evaluadora elevará un informe a la Comisión Supervisora de Contrataciones de la IMM, refiriendo el procedimiento de licitación cumplido, las empresas precalificadas como resultado de esta evaluación, el puntaje asignado a cada una de las propuestas que determina la posición en el orden de mérito, y aconsejando la apertura de los sobres N° 2.

Notificación y manifiesto del dictamen sobre la precalificación.

Obtenido el pronunciamiento de la Comisión Supervisora de Contrataciones, la IMM notificará a todos los oferentes, al mismo tiempo y por comunicación escrita, el resultado de la precalificación, anunciándoles que el informe realizado por la Comisión Evaluadora se pondrá de manifiesto por el término de 5 (cinco) días hábiles.

Dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes al vencimiento del término anterior, los oferentes podrán formular por escrito las consideraciones que le merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la Comisión Evaluadora.

No será necesario esperar el transcurso de este último plazo si los interesados manifestaren que no tienen consideraciones que formular.

Vencido el último plazo indicado y analizadas las eventuales observaciones presentadas, o si los interesados manifestaren que no tienen consideraciones que formular al informe de precalificación, la Administración Municipal les notificará mediante comunicación escrita que se llevará a cabo la segunda apertura pública, indicando lugar, fecha, hora. En ella se abrirán los Sobres N° 2 de las empresas que hubieren sido precalificadas, labrando el acta correspondiente.

Artículo 26.- Adjudicación.

Efectuado el estudio del contenido del sobre N° 2 por la Comisión Evaluadora, se sumará el puntaje obtenido por cada oferente en esta instancia, al puntaje obtenido por las empresas precalificadas en la etapa anterior.

La licitación se adjudicará a la empresa que obtenga el mayor puntaje total.

Artículo 27.- Notificación - Contrato.

A partir de la fecha de notificación de la Resolución de Adjudicación a todos los oferentes, y vencido el plazo para recurrir de diez días corridos a partir del siguiente al de la notificación, el adjudicatario dispondrá de diez (10) días calendario para presentar los documentos necesarios para el inicio de la ejecución del Contrato de Concesión, salvo que se trate de una empresa extranjera o un proyecto de consorcio, en cuyo caso el plazo indicado se contará según lo que se indica a continuación.

Si la adjudicataria fuera una empresa extranjera, en caso de no contar con sucursal u otro modo de representación permanente en la República dispondrá de noventa (90) días calendario contados a partir del siguiente al de la notificación de la adjudicación, para concluir los trámites para constituir sucursal en el país e incribirse en los organismos correspondientes.

De igual plazo dispondrá el adjudicatario que hubiera manifestado la intención de consorciarse para presentar el contrato definitivo del consorcio.

En caso que el adjudicatario no pueda o no quiera aceptar la adjudicación, se rescindiese el contrato o se revocase la resolución de adjudicación, previa aceptación del seleccionado y previa anuencia de la Junta Departamental de Montevideo, la IMM podrá adjudicar el contrato entre los oferentes que hubieren calificado favorablemente en el llamado.

PLAZOS

Artículo 28.- Plazo de la concesión.

El plazo de la concesión será de treinta (30) años, sin perjuicio de los plazos establecidos en este pliego a efectos de la remodelación del edificio, que transcurrirán entre la fecha de notificación de la resolución de adjudicación y la reinaguración del Hotel y del Casino.

Una vez transcurrido el plazo del contrato, o en caso de rescisión del mismo, la IMM pasará a ser titular de pleno derecho, sin compensación alguna al adjudicatario, de todas las mejoras, construcciones e instalaciones que haya efectuado para la explotación y/o conservación de las obras incluidas aquellas realizada para la gestión de la sala de juegos del Casino Municipal.

Asimismo la gestión del Casino volverá de pleno derecho a la IMM, debiendo el concesionario entregar todo el material informativo y/o de instalaciones aplicado a dicha gestión.

Artículo 29.- Plazo de mantenimiento de oferta.

Las ofertas serán válidas por el plazo de trescientos sesenta (360) días corridos contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas.

Toda oferta, con un período de validez menor que el requerido, podrá ser rechazada por la Administración Municipal por no ajustarse a los documentos de licitación.

El vencimiento del plazo establecido no liberará al oferente, a no ser que medie notificación fehaciente a la IMM de su decisión de retirar la oferta y ésta no se pronunciare respecto de la adjudicación en el término de 10 (diez) días hábiles.

En circunstancias excepcionales, la Administración Municipal podrá solicitar a las Oferentes prorrogar el período de validez de sus ofertas. La solicitud y las respuestas serán hechas por escrito.

Artículo 30.- Entrega del edificio dado en concesión.

Entrega: Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la constitución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, se hará la entrega del local y área correspondiente a la empresa adjudicataria, labrando el acta respectiva.

Finalizado el plazo de la concesión, el concesionario está obligado a desocupar y entregar el local objeto de este llamado, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir del siguiente a la comunicación por escrito que reciba de parte de la IMM.

INCUMPLIMIENTO.

Artículo 31.- Multas por incumplimiento.

El incumplimiento por parte del concesionario de cualquiera de las condiciones contenidas en este pliego o la demora en el cumplimiento y/o la reiteración de tales infracciones, será sancionado según el siguiente detalle y de acuerdo a la magnitud de los incumplimientos:

- Observación

- Multas por montos que irán entre 10.000 UI y 10:000.000 UI.

En caso de incumplimiento grave o incumplimientos reiterados, la IMM podrá rescindir unilateralmente el Contrato con pérdida de la garantía de fiel cumplimiento, y sin derecho a indemnización de especie alguna al adjudicatario.

En dicho caso el adjudicatario deberá dejar libre el local dentro de los treinta (30) días hábiles de notificado de la resolución respectiva. En caso de incumplimiento en la desocupación y entrega del local y área concedida, se generarán sanciones pecuniarias diarias estimadas en 10.000 UI por cada día que excediera dicho plazo, sin perjuicio de las acciones judiciales pertinentes.

Artículo 32.- Mora.

El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, por el solo vencimiento de los plazos en que deba cumplir cada obligación asumida, así como por la realización u omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado.

La mora en el pago de hasta tres mensualidades consecutivas del Canon Anual de la Concesión (doceavas partes), podrá ser causal de rescisión del Contrato de Concesión, debiendo el Adjudicatario proceder a la entrega del inmueble y de todos los bienes muebles en el plazo correspondiente. Véase además Anexo 2.

Artículo 33.- Domicilio.

El Concesionario constituirá domicilio a todos los efectos de la Concesión en el HOTEL CASINO CARRASCO, Rambla República de México 6451.

Artículo 34.- Rescisión.

De acuerdo a la entidad del incumplimiento del adjudicatario, la Administración podrá aplicar sanciones de observación o de multa en los términos del Art. 31.

En caso de incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones de la adjudicataria, la IMM podrá rescindir el contrato pudiendo en tal caso incautarse total o parcialmente las garantías previstas en el artículo 20 en concepto de cláusula penal, con independencia de los daños y perjuicios a que hubiere lugar. Se considerará que la adjudicataria ha incurrido en incumplimiento grave que amerite la rescisión del contrato, cuando notificada por escrito de la imputación de incumplimento, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario no rectificara el mismo, salvo cuando la conducta verificada implique una acción u omisión no susceptible de rectificación a juicio de la IMM.

CONSULTAS - PRORROGAS.

Artículo 35.- Los interesados en presentar ofertas, podrán realizar consultas, o solicitar aclaraciones sobre el texto de los pliegos, o prórroga de aperturas de ofertas, hasta 20 (veinte) días hábiles antes del plazo fijado para la apertura de la licitación. Esta comunicación deberá realizarse por escrito, indicando fecha y número de comprobante de compra de los recaudos, por medio de carta (dirigida al Servicio de Compras, entre las 12:15 y las 17:30 horas) o mediante método electrónico (fax 19501915 o correo electrónico: ConsultaPliegosCompras@piso1.imm.gub.uy). En lo sucesivo, se considera que los términos "comunicación escrita" o "por escrito" comprende: carta, fax o correo electrónico, todas con confirmación fehaciente de recibo.

La Administración Municipal enviará copia de las respuestas, incluyendo una descripción de las consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos los interesados que hubiesen adquirido los recaudos de la Licitación directamente en la Unidad de Atención a Proveedores del Servicio de Compras, y además se incluirán dichas respuestas en la página web www.Montevideo.gub.uy (entrar en licitaciones y buscar por el número de la licitación, ir a consulta y respuesta).

La Administración Municipal podrá, por cualquier causa y en cualquier momento, antes de que venza el plazo de presentación de ofertas, modificar los documentos de licitación mediante enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por los oferentes.

Las enmiendas serán notificadas por comunicación escrita a todos los oferentes que hayan adquirido los documentos de licitación y serán obligatorias para ellos.

Cuando las enmiendas sean sustanciales, la IMM prorrogará el plazo de presentación de ofertas a fin de dar a los oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta, en la preparación de sus ofertas, las enmiendas hechas a los documentos de licitación.

Artículo 36.- La IMM podrá dejar sin efecto el llamado por su sola voluntad, en cualquier etapa del proceso, sin que ello implique responsabilidad de alguna naturaleza y sin derecho a reclamo de ninguna especie por parte de los interesados.

Artículo 37.- La Administración Municipal se reserva el derecho de recurrir a los institutos de mejora de ofertas y negociaciones, previstos en el Art. 57 del TOCAF.

VI. ANEXOS

Anexo 1: DE LAS OBRAS

I) CONDICIONES GENERALES

EL EDIFICIO Y SU ENTORNO

Art. 1.- Puesta en valor del Edificio y su entorno inmediato.

El edificio fue declarado Monumento Histórico por Resolución del Poder Ejecutivo N° 2100/975 del 16/12/1975, por lo cual le es aplicable la Ley N° 14.040 de 20/10/1971. En virtud de ello, las obras deberán contar con la aprobación de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación y así como haber requerido el asesoramiento de la Comisión Especial Permanente de Carrasco y Punta Gorda.

Los bienes dados en concesión deberán ser destinados a servicios de hotelería, casino, conexos y complementarios que cuenten con un confort de primer nivel.

Las instalaciones serán de primer nivel, con la mayor categorización posible que permita la estructura edilicia siguiendo los parámetros indicados en el Decreto N° 384/97, del Poder Ejecutivo, Ministerio de Turismo y Deportes.

Dicho destino no podrá ser modificado o desvirtuado durante todo el período del contrato.

Art. 2.- Criterios de actuación y prescripciones básicas.

Teniendo en cuenta que el edificio es un hito urbano y testimonio calificado de la arquitectura del paisaje costero de principios del Siglo XX, se deberá:

a) Efectuar un análisis y evaluación de su situación actual. Grado de deterioro, valores remanentes y protecciones a disponer durante el proceso de rehabilitación.

b) Verificación de la estructura en su situación actual.

c) Rehabilitación de las fachadas, su tratamiento formal y cromático.

d) Recalificar los espacios exteriores adyacentes.

Art. 3.- Estado del edificio

El edificio será entregado en su estado actual. El oferente deberá visitar las instalaciones, investigar e informarse en detalle de las condiciones constructivas. No es de recibo por parte de la IMM que la empresa adjudicataria aduzca desconocimiento de la situación en que se encuentra el edificio, así como la reclamación por vicios ocultos.

Art. 4.- Relevamiento y proyecto ejecutivo.

La Administración Municipal suministrará, a título ilustrativo, a los interesados, un relevamiento de 7 plantas, 2 cortes y 4 fachadas del edificio, en que en todo caso deberá ser verificado por los interesados. La Administración Municipal no aportará el proyecto ejecutivo de las actuales obras paralizadas.

Art. 5.- Presentación de la propuesta.

El anteproyecto deberá contar con las plantas, cortes, fachadas, perspectivas y fotomontajes necesarios que permitan claramente evaluar la propuesta (maquette optativa).

Deberá incluirse en los recaudos una sucinta memoria descriptiva general y planilla de áreas estimadas de locales.

La propuesta deberá contar con una declaración del Valor Estimado de las Obras (en adelante VDO) por el total ofertado y sus grandes rubros.

También se indicará el equipamiento que se incorporará a la explotación del hotel.

Art. 6.- Areas destinadas para Hotel y Casino, Estacionamientos.

Las salas del Casino deberán estar de acuerdo a la categoría de hotel donde se implantan, no pudiendo superar el 20% del emprendimiento.

Para el Hotel, del total de las áreas edificadas, un mínimo del 50% será destinado a habitaciones y hasta un 30% para sala de convenciones, recreación y servicios.

Asimismo se dispondrá de un local de 25 m2, con destino a la auditoría y comisión de seguimiento de la IMM.

Deberá contar con un mínimo de 150 lugares para estacionamiento, que podrá ser a nivel de calle, interiores o subterráneos. Es de destacar que para la Administración Municipal es de suma importancia que la propuesta plantee una adecuada solución del tránsito y los estacionamientos en el entorno del hotel.

Art. 7.- Calidad y confort de las instalaciones.

Las habitaciones y salas serán realizadas con materiales de primera calidad. Sus terminaciones y equipamiento deberán conformar ambientes de gran confort y alto nivel de refinamiento.

Contarán las habitaciones, entre otras comodidades, con placares, teléfono, televisor, cofre de seguridad, etc. Los baños tendrán revestimientos, aparatos, grifería y accesorios de primera calidad.

Los elementos de decoración, vajilla, cubiertos, lencería, mobiliario, tapicería, luminarias, etc., serán de excelente diseño y categoría.

Todas las dependencias de uso para el público estarán climatizadas con un eficiente sistema diferencial por programa ya sea para el casino, hotel, sala de convenciones y otras.

Los halls de acceso, recepción y conserjería contarán con servicio en cabinas, correo, fax, computadora con Internet y demás servicios de primer nivel.

El edificio deberá contemplar las normas de accesibilidad en todos los sectores y contará con alguna habitación equipada para las distintas discapacidades.

Asimismo deberá contar el hotel con todo el equipamiento e infraestructura que corresponda a la elevada jerarquía de prestación de servicios que se pretende obtener a través del presente llamado.

Art. 8.- Gestiones y sus plazos.

Una vez adjudicada la propuesta ganadora, contará con un plazo de 4 (cuatro) meses para la realización y presentación del proyecto ejecutivo, que será elevado a la aprobación de la IMM.

Estará incluido en ese plazo la gestión y aprobación de la propuesta ante la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, así como el asesoramiento de la CEP de Carrasco y Punta Gorda.

Dentro de ese período deberán realizarse todas las gestiones necesarias ante organismos públicos y privados, incluyendo las solicitudes, permisos, aprobaciones, certificaciones, inspecciones, habilitaciones y conexiones correspondientes.

Dentro de las gestiones se deberá realizar la que corresponde ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por la seguridad de obra.

La Administración Municipal podrá ofrecer su colaboración en el ámbito de sus competencias para facilitar las gestiones que correspondan ante otros organismos, para poder cumplir con los plazos establecidos.

Los gastos originados por los trámites antes mencionados, serán de cargo del oferente.

Una vez aprobado el proyecto ejecutivo, contará con un plazo de treinta (30) días calendario para la aprobación del Permiso de Construcción ante el Servicio de Contralor de la Edificación de la IMM.

Art. 9.- Gastos y pagos.

Serán de cargo del adjudicatario a partir de la fecha del acta de entrega del inmueble, aquellos consumos originados por su uso así como los necesarios para la realización de las obras. Se deberán instalar los medidores correspondientes, cuyo costo será de su cuenta.

Las obras incluyen el proyecto, la dirección de obra, sus respectivos honorarios y la provisión de todos los materiales, maquinarias, equipos y elementos de cualquier naturaleza, sea con carácter permanente o transitorio, así como el personal, pago de leyes sociales, transporte y demás servicios necesarios para la finalidad.

Art. 10.- Representante técnico.-

El adjudicatario deberá designar un profesional (Arquitecto o Ingeniero Civil) responsable técnico, el que se encargará de la organización y control de la obra en todos sus aspectos.

Comunicará también a la Administración Municipal la identidad del mismo y de su eventual alterno si lo hubiere.

Dicho técnico, deberá asimismo encargarse de la relación entre el adjudicatario y los técnicos de la Administración Municipal. Su nombre deberá estar especificado en la propuesta y firmará la misma en señal de aceptación.

Art. 11.- Contralor de obras.

La Administración Municipal establecerá un contralor sobre la ejecución de las obras, pudiendo suspender las mismas si se advierten daños, vicios de construcción, peligro o apartamiento de lo establecido en estas bases.

A tales efectos técnicos de la Administración Municipal supervisarán las obras. El adjudicatario estará obligado a mantener una libreta o cuaderno de obra que cuente con 3 (tres) vías, que registre las actuaciones de los técnicos de la Administración Municipal con la empresa adjudicataria.

De registrarse una observación, se fijará un plazo para subsanar la misma.

El adjudicatario deberá suministrar los avances mensuales de obra, registrando porcentajes previstos y reales por rubro, las modificaciones realizadas en el transcurso de la misma y las planillas de pagos al BPS.

Art. 12.- Registro de obra ante BPS, declaración de jornales y pagos.

Los aportes patronales y obreros de la Industria de la Construcción, establecidos por la Ley N° 14.411 al Banco de Previsión Social, serán de cargo del adjudicatario.

El adjudicatario deberá realizar la inscripción de la obra (Pública) ante el BPS, cumpliendo con todas sus formalidades. La solicitud de inscripción deberá tener la firma de alguno de los designados como representantes titulares, autorizados a firmar por la IMM en su carácter de propietaria del bien.

El adjudicatario entregará en la Contaduría General Municipal, Sector Liquidación de Acreedores, copia de los formularios de inscripción.

El adjudicatario efectuará la liquidación mensual de jornales, la cual deberá firmar el técnico que realice el control de la obra por parte de la IMM (requisito obligatorio para la entrega de etiquetas). Asimismo solicitará la colocación de dichas etiquetas en Liquidación de Acreedores y procederá el adjudicatario a su presentación ante BPS en tiempo y forma. Presentará ante el mencionado Sector, copias de las planillas presentadas y facturas emitidas por BPS.

El adjudicatario tendrá plazo hasta el 5° día (días corridos) de cada mes para efectuar la versión (depósito) del monto a pagar, en la Tesorería General Municipal. El Sector Liquidación a Acreedores, controlará que dicho depósito sea realizado en tiempo y forma.

Cierre de obra.- Lo hará la empresa adjudicataria, previo control del sector Liquidación de Acreedores de Contaduría General. El fin de obra deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de terminada la misma.

Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre de la obra serán de cargo de la empresa adjudicataria, al igual que las que se generen por presentar la planilla fuera de plazo.

Art. 13.- Plazo de ejecución de obra y Cronograma.

Se establece en veinte (20) meses el plazo máximo de ejecución de las obras, contados a partir de la aprobación del permiso de construcción.

El oferente deberá adjuntar a su propuesta, cronograma de avances de obras estimados, que contenga la totalidad de los rubros. De resultar adjudicataria del emprendimiento, presentará a posteriori cronograma de obra detallado y ajustado al proyecto ejecutivo, el que formará parte del contrato.

Art. 14.- Inicio de obra.

El adjudicatario dentro del plazo de treinta (30) días calendario de obtenido el Permiso de Construcción ante la Administración Municipal deberá dar comienzo a las obras.

Se extenderá y protocolizará el acta correspondiente al inicio, donde deberá constar fecha de inicio y cronograma de obra.

Conjuntamente al acta se deberá presentar diagrama del obrador, nombre del técnico prevencionista y plan de seguridad en obra, así como comprobantes de gestiones ante organismos públicos y privados de los servicios provisorios de obra contratados.

Art. 15.- Incumplimientos y sanciones.

La no presentación en fecha del proyecto ejecutivo ameritará la aplicación de una sanción de 0.01% del VDO.

Si no se gestiona en los tiempos establecidos el Permiso de Construcción será pasible de una multa de 0.1% del VDO.

Si no se cumple con los requisitos establecidos en el

Art. 12 se aplicará sanción de 0.1% del VDO.

El incumplimiento del inicio de las obras, ameritará una sanción de 0.02% del VDO.

El no cumplimiento del cronograma de obras dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones:

Por día de retraso, 0,01% del VDO.

Por reiterados retrasos en el semestre, 2% del VDO.

Por reiterados retrasos en el año, 4% del VDO.

El no cumplimiento de las observaciones efectuadas por parte de los técnicos de la Administración Municipal durante la ejecución de las obras, dará lugar a:

Una primera, segunda y tercera observación.

Registradas tres observaciones y/o verificado su no cumplimiento, podrá dar lugar a la rescisión del contrato.

Por la no presentación del manual de mantenimiento (Art. 17) se aplicará una sanción de 0.05% del VDO.

Si no se cumple con las obras detalladas en el manual que deberán ser ejecutadas en el año, ameritará una multa de 2% del VDO.

15.1. Afectación de la Garantía Especial del Cumplimiento del Cronograma de Obras.

La garantía especial del cumplimiento del cronograma de obras podrá afectarse toda vez que se haya registrado un incumplimiento de los previstos en el presente artículo. Constatado el incumplimiento se dará vista a la concesionaria por el término perentorio de tres días hábiles, detallándose el monto a afectar en el que se discriminarán la multa e intereses que correspondan. Transcurrido el mismo y analizados los descargos si los hubiera, se dictará resolución disponiendo en su caso la afectación.

Art. 16.- Recepción de las obras.

Recepción provisoria

a. Las obras serán recibidas provisoriamente al término de su ejecución y definitivamente una vez cumplido el año de la recepción provisoria.

b. La recepción provisoria estará a cargo de la Administración Municipal, y será solicitada por la adjudicataria cuando la obra se encuentre totalmente terminada.

c. La recepción provisoria se verificará a solicitud de la adjudicataria y en su presencia o en la de su representante técnico. La Administración Municipal verificará que las obras fueron realizadas correctamente. De ser así extenderá un acta por duplicado, uno de cuyos ejemplares será agregado a la solicitud, quedando el restante en poder de la adjudicataria.

d. Si las obras ejecutadas no se encontraran en condiciones de recibo, así se hará constar en el acta, con las observaciones que corresponde. En tal caso la Administración Municipal dará por escrito a la adjudicataria instrucciones precisas y un plazo de hasta dos meses para subsanar los defectos observados.

Si el adjudicatario o su representante no están de acuerdo con las observaciones formuladas podrán reclamar de ellas dentro de los diez (10) días subsiguientes, si no desean dejar consignada su oposición en el acta. En ambos casos la Administración Municipal resolverá en definitiva. Al término del plazo o antes si el adjudicatario lo solicitara, se efectuará un nuevo reconocimiento. De haber procedido el adjudicatario de acuerdo con las órdenes recibidas se verificará la recepción provisional en la forma especificada.

En caso contrario, sin que mediara justificación por parte de la adjudicataria que diera lugar a un nuevo plazo, podrá rescindirse el contrato con la pérdida de la garantía de cumplimiento.

Recepción definitiva.

a. La Administración Municipal recibirá definitivamente las obras una vez cumplido el plazo de un (1) año a partir de la recepción provisoria, y de acuerdo a las formalidades específicas siguientes.

b. La recepción definitiva se verificará a solicitud de la adjudicataria dentro de los treinta (30) días calendario de presentada la solicitud. En su presencia o en la del representante técnico, se practicará su reconocimiento para cuya constancia se labrará acta por duplicado, uno de cuyos ejemplares se agregará a la solicitud, quedando el otro en poder del adjudicatario. Si éste o su representante no estuviera presente en dicho acto, habiendo sido notificado en forma, el mismo será igualmente válido.

c. Si al ejecutarse el reconocimiento, las obras fueran halladas en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, dentro de los quince (15) días calendario se procederá a otorgar la recepción definitiva.

d. Si el estado de las obras mereciera observaciones por parte de la Administración Municipal, el adjudicatario deberá atender las órdenes escritas que reciba de aquella a fin de subsanar los defectos observados, debiendo comenzar los trabajos dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes. En caso de que no estuviera de acuerdo con las observaciones formuladas podrá reclamar de las mismas dentro del plazo de quince (15) días calendario estipulado.

Una vez cumplidas las órdenes impartidas por la Administración Municipal, el adjudicatario solicitará un nuevo reconocimiento para el que se procederá en la forma ya especificada.

Si la adjudicataria no cumpliera las órdenes impartidas, podrá sancionársele con la pérdida de hasta el 100% de la garantía especial afectada al cumplimiento de la ejecución de las obras, sin perjuicio que la IMM ejecute las reparaciones que corresponda cuyo costo será de cargo de la adjudicataria.

Art. 17.- Conservación y mantenimiento.

La adjudicataria deberá presentar conjuntamente con el Proyecto Ejecutivo un Manual de Mantenimiento del edificio, que contenga un detalle por año de los trabajos y obras de conservación a realizar en las instalaciones del edificio.

Art. 18.- Publicidad.

La publicidad que se efectúe en el edificio, se regulará por las reglamentaciones departamentales y nacionales vigentes, y deberá contar con la aprobación previa de la Administración Municipal, quien se reserva el derecho de establecer un porcentaje del área para publicidad propia.

En los espacios exteriores al edificio y dentro del área de actuación, la publicidad podrá ser instalada por el con-cesionario con carácter limitado a su giro (publicidad en sede).

Art. 19.- Varios.

Quedará en propiedad de la IMM el proyecto ejecutivo de las obras del edificio y su entorno (deberá registrar todas las modificaciones realizadas en obra).

El cartel de obra contará con el logo institucional de la Administración Municipal y el detalle de la licitación.

El edificio cuenta con un vallado perimetral propiedad de la Administración Municipal, que deberá ser devuelto a la finalización de la obra en iguales condiciones que las presentes al inicio de obra. No se permitirá carteles de publicidad sobre el mismo.

En el predio se encuentra un contenedor con los vitrales retirados del edificio, perfectamente identificados para su restauración y su colocación en los sitios originales.

También se encuentra un contenedor con luminarias pertenecientes al edificio que el adjudicatario podrá utilizar o devolver a la IMM (Ver inventario).

Los dos contenedores son propiedad de la IMM que indicará el lugar donde se depositarán una vez utilizados los elementos de su interior.

Se encuentran depositados en Coral del Mar, sita en ......, mobiliario de estilo que formó parte del mobiliario del hotel, que se encuentra a disposición del adjudicatario (Ver inventario y anexo 4, punto 1.2).

Anexo 2: DEL CANON

2.1.- El canon anual de la concesión se expresará en unidades indexadas (UI) y estará conformado por un monto Mínimo Anual Garantizado (MAG) más un Porcentaje de los Ingresos (Win) de todos los juegos de azar del Casino en todas sus modalidades de apuestas actuales y futuras establecidas o a establecerse, a las que el apostador pueda acceder.

2.2.- Por Ingresos (Win) debe entenderse las ventas de fichas, token, monedas, tickets, mecanismos magnéticos o digitales y cualquier otro medio habilitante de juegos actuales y futuros no incluidos en los anteriores que permitan realizar apuestas, menos todas las sumas pagadas como premios metálicos en conexión con cualquier tipo de apuestas, incluyendo los pozos de premios progresivos efectivamente pagados. No serán deducibles los premios en especie, ni los devengamientos de premios progresivos previo a su pago.

2.3.- El Canon Anual de la Concesión ofrecido, se abonará durante todo el plazo de la concesión.

2.4.- Mínimo Anual Garantizado (MAG).

El oferente deberá incluir en su propuesta una cifra mínima anual garantizada por la concesión del Hotel- Casino Carrasco y servicios relacionados al mismo, equivalentes a:

Desde el año uno al tres contados a partir de la apertura del Hotel Casino Carrasco, el MAG será como mínimo U.I. 7:500.000 (Unidades Indexadas siete millones quinientos mil) equivalentes al 50% (cincuenta por ciento) del MAG indicado para el Año 4 en adelante.

A partir del año cuatro en adelante el MAG ofrecido deberá ser de al menos UI 15:000.000 (Unidades Indexadas quince millones).

2.5.- Monto Porcentaje de los Ingresos (Win) (PI)

Los Oferentes deberán incluir en sus propuestas un porcentual sobre los Ingresos (Win) por juegos de azar.

Su cálculo será un porcentaje de los Ingresos (Win) totales de todas las modalidades de apuestas que se gestionen en el casino, independientemente del lugar físico o modalidad tecnológica por las que se realicen.

El porcentaje incluido en la propuesta, se adicionará al MAG antes definido y será exigible en la misma oportunidad y condiciones fijadas para el Mínimo Anual Garantizado.

2.6.- Pago del Canon Anual de la Concesión.

El Canon Anual de la Concesión estará integrados por el MAG y el PI definidos precedentemente.

El mismo será de generación anual y se liquidará mensualmente. En los primeros treinta días del ejercicio anual siguiente se podrán efectuar las correcciones o reliquidaciones que pudieren corresponder a los pagos mensuales realizados en el año calendario anterior.

Los pagos mensuales ascenderán a una doceava parte del Canon anual de la concesión.

2.6.1.- Pago del Mínimo Anual Garantizado (MAG)

Los pagos se realizarán mensualmente, en pesos uruguayos, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente por el que corresponde el pago.

El no pago en fecha dará lugar además de los procedimientos correspondientes, a la aplicación de un 10% de multa sobre el monto del mínimo garantizado mensual impago, más la actualización del mismo por tasa de interés promedio para operaciones activas en Unidades Indexadas publicadas por el BCU, desde que el pago deviene exigible hasta el día de su cancelación efectiva.

En caso que el BCU no hubiera publicado tal tasa de interés mencionada o dejara de hacerlo, al monto del mínimo garantizado en moneda nacional se le aplicará la tasa de interés promedio para operaciones activas en moneda nacional a 30 días, publicadas por el BCU.

2.6.2.- Pago del Porcentaje de los Ingresos (PI).

Los pagos se realizarán mensualmente, en pesos uruguayos, dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente por el que corresponde el pago.

El monto abonado se entenderá siempre sujeto a control y verificación por parte de la Administración Municipal quien determinará eventuales ajustes al mismo, los que deberán ser satisfechos dentro de los cinco días hábiles luego de la notificación por escrito.

El concesionario deberá presentar en el plazo de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente, la información sobre los ingresos diarios realizados.

El no pago en fecha, dará lugar además de las acciones legales correspondientes, a la aplicación de un 10% de multa sobre el monto del porcentual de los ingresos impago, más la actualización del mismo por tasa de interés promedio para operaciones activas en moneda nacional a 30 días, publicadas por el BCU desde que el pago deviene exigible hasta el día de su cancelación efectiva.

2.7.- LUGAR Y MODALIDAD DE PAGO

- El Concesionario deberá depositar el Canon en la cuenta del BROU que la Administración Municipal indique.

- El Concesionario, podrá pagar por adelantado el monto Mínimo Anual Garantizado, considerándose el valor de la Unidad Indexada del día hábil inmediato anterior al que se efectivizó el pago.

2.8.- EJECUCION DE LA GARANTIA ESPECIAL AFECTADA AL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL CANON.

La garantía especial del cumplimiento del pago del canon que se indica en el PCP, podrá afectarse toda vez que hayan transcurrido 30 días calendario desde que el pago devino exigible y el mismo no se haya efectivizado. Constatado el incumplimiento se dará vista a la concesionaria por el término perentorio de tres días hábiles, detallándose el monto a afectar en el que se discriminarán la multa e intereses que correspondan; transcurrido el mismo y analizados los descargos si los hubiera se dictará resolución disponiendo la afectación. La IMM estará facultad a liquidar la multa en base a la información de que disponga. En caso de no contar con información actualizada podrá recurrir al promedio de los tres meses inmediatos anteriores. El concesionario deberá recomponer la garantía en el plazo de 30 días calendario; el no cumplimiento de esta obligación se tendrá por incumplimiento grave que habilitará la aplicación del mecanismo de rescisión de contrato. La reiteración de tres incumplimientos en un período de tres meses consecutivos o de seis incumplimientos alternados dentro de un año móvil considerado a partir del primer incumplimiento habilitará también la rescisión del contrato.

2.9.- CONTROL.

El adjudicatario se compromete a brindar toda la información contable financiera que la Administración Municipal entienda pertinente solicitar, en particular los balances y sus respectivos anexos auditados externamente por empresas de primera línea que operen en plaza.

La IMM se reserva el derecho de establecer auditorías externas al adjudicatario cuando así lo estime

oportuno, con un pre-aviso mínimo de cinco días calendario.

ANEXO 3

DEL SISTEMA INFORMATICO DE GESTION Y CONTROL

A) Objeto 36

B) Documentos obligatorios a presentar con la oferta 36

1. Generales. 37

2. Instalaciones físicas. 37

3. Hardware. 37

4. Software. 37

5. Cronograma. 37

6. Nivel de Cumplimiento. 37

C) Requisitos mínimos de cumplimiento. 38

1. Instalaciones Físicas. 38

2. Funcionamiento. 38

3. Hardware. 38

4. Software. 38

5. Backups. 39

6. Recovery. 39

7. Acceso a la IMM. 39

8. Controles por parte de la IMM. 40

9. Otras Obligaciones del Concesionario. 41

10. Documentación a entregar con el Sistema y Políticas de mantenimiento de la misma. 42

D) Multas. 43

A) Objeto

El concesionario deberá prever la solución tecnológica (hardware, software de base, software aplicativo, networking y otros) necesaria para la gestión del casino. Toda erogación resultante de la misma será de cargo del concesionario durante todo el período que dure la concesión, incluyendo las instalaciones necesarias para el acceso y control por parte de la Administración Municipal.

En referencia a la solución tecnológica, la Administración Municipal aprobará la instalación y operación de la misma, de acuerdo a los requisitos que se detallan a continuación.

B) Documentos obligatorios a presentar con la oferta.

1. Generales

1.1 Acreditación de experiencia previa del oferente y de sus proveedores -si corresponde- en emprendimientos de soluciones tecnológicas similares. Deberá aportar clientes de referencia, nombres de contacto y teléfono.

2. Instalaciones físicas

Se deberá especificar las características del centro de cómputos que aseguren la capacidad técnica necesaria para la operativa diaria y la gestión de la solución tecnológica. En particular:

2.1 Tamaño y Organización del Centro de Cómputos

2.2 Dimensionado de cargos

2.3 Recursos humanos

3. Hardware.

Se deberá especificar:

3.1 Hardware necesario.

3.2 Arquitectura, incluyendo protocolos de comunicación.

3.3 Arquitectura de controladores de máquinas electrónicas de juego si los hubiere, incluyendo las interfaces de los mismos. No se admitirán dispositivos de interconexión no administrables.

4. Software.

Se deberá especificar:

4.1 Requisitos de todo software de base, incluyendo versiones y fabricantes correspondientes, en particular:

4.1.1 Versión de Sistema Operativo

4.1.2 Versión de Base de Datos

4.2 Software específico para la gestión del casino y cómo el oferente resolverá el soporte para el mismo. Deberá mencionarse al fabricante, y aportar antecedentes del mismo, clientes actuales de referencia, nombres de contacto y teléfono.

4.3 Software de máquinas electrónicas de juego y cómo el oferente resolverá el soporte para el mismo. Deberá mencionarse al fabricante, y aportar antecedentes del mismo, clientes actuales de referencia, nombres de contacto y teléfono.

4.4 Interface de comunicación entre el software de las diferentes máquinas electrónicas de juego, de los diferentes puntos de ventas y de las distintas terminales de ingreso de información, con el Sistema Central.

5. Cronograma

Cronograma de desarrollo y puesta en producción de la solución tecnológica y entregables de cada etapa.

6. Nivel de Cumplimiento

6.1 Tabla de cumplimiento según formato que se ad- junta.

Serán descalificadas las ofertas que en el registro detallado de la Tabla de Cumplimiento, no cumplan con los mínimos especificados.

C) Requisitos mínimos de cumplimiento

1. Instalaciones Físicas

1.1 Las instalaciones del casino y conexas contarán con sistema de cámaras de video, con toda la cobertura necesaria. Tal sistema deberá ser accesible desde las instalaciones de la Administración Municipal, donde se deberá contar con un sistema de monitoreo igual al instalado en el Casino.

2. Funcionamiento

El Sistema deberá contar con las siguientes características generales:

2.1 Alta disponibilidad, 24 * 7. Se deberán especificar los sistemas de contingencia y los planes de recuperación.

2.2 Los planes de alta disponibilidad no considerarán el funcionamiento fuera de línea en ningún caso.

2.3 Cada mesa de juego no electrónica deberá contar con un dispositivo de ingreso de datos propio, desde el cual ingresar el resultado de la fiscalización del juego en la mesa, incluyendo la venta de fichas realizada en la misma, directamente al Sistema Central.

3. Hardware

El hardware provisto deberá garantizar el correcto funcionamiento del software de base y del software de aplicación.

Para ello, deberá dimensionarse de manera de:

3.1 Soportar el tamaño de la base de datos.

3.2 Soportar el volumen de transacciones (especificar límites).

3.3 Admitir el crecimiento de la base de datos, considerando el volumen de la información y los planes de depuración de la misma.

4. Software.

El software de aplicación deberá cumplir con las siguientes características:

4.1 Sistema de Tiempo Real.

4.2 Usuarios personalizados.

4.3 Operar bajo el sistema de definición de perfiles de usuario.

4.4 Trazabilidad de la asignación de perfiles a los usuarios.

4.5 Registro de auditoría de todas las transacciones en la base de datos. Como información de auditoría, deberá registrarse, al menos, usuario, fecha y hora, estación de trabajo claramente identificada desde donde se realizó la transacción.

4.6 Toda transacción (por ejemplo y no limitado a esto, las transacciones de caja) deberá realizarse desde una estación de trabajo conectada directamente al Sistema Central. Esto significa que la persistencia de los datos no podrá ser un procedimiento diferido.

4.7 Respetar los requisitos legales vigentes y aplicables.

4.8 El software de las máquinas electrónicas de juego deberá estar certificado por un organismo certificador reconocido. La certificación debe estar vigente durante todo el período que dure la concesión.

4.9 Cada máquina electrónica y las transacciones que desde ella se generen, deben estar claramente identificadas en el Sistema Central.

5. Backups

5.1 Deberán realizarse respaldos con frecuencia mínima diaria.

5.2 Se deberá especificar toda política de backup para los archivos de información considerados clave.

5.3 Se deberá especificar toda política de backup para toda la información generada por transacciones consideradas clave.

5.4 Se deberá especificar los cronogramas, procedimientos formales y metodología para asegurar los backups en tiempo.

5.5 Se deberá establecer qué procedimientos se implementarán para el traslado y almacenamiento de los backups en un sitio seguro, pudiendo el mismo estar debidamente implementado en las propias instalaciones del edificio, o ser ubicado fuera del mismo.

5.6 En caso que el lugar de almacenamiento de los backups sea provisto por un tercero, el contrato comercial con el proveedor de dicho lugar deberá contar con la aprobación de la Administración Municipal.

6. Recovery

6.1 Se deberán especificar los planes de recuperación ante fallas y/o excepciones.

6.2 Deberá especificarse cronograma de tests de los mismos. Dichos tests deberán ser ejecutados por parte del adjudicatario, siguiendo el cronograma planteado. Estos tests deberán realizarse al menos 1 vez por mes.

7. Acceso de la Administración Municipal

Los representantes que la Administración Municipal designe deberán contar con los siguientes permisos de acceso, los cuales podrán ser usados sin necesidad de aviso previo.

7.1 Acceso desde una estación de trabajo local y desde una remota a todas las facilidades del Sistema en modo consulta. El Sistema deberá contar con los elementos de hardware y software necesarios para brindar dicha funcionalidad asegurando la conexión segura.

7.2 Acceso a toda la información de auditoria.

7.3 Acceso a la base de datos en tiempo real, con permisos de consulta, desde una estación de trabajo local y desde una estación de trabajo remota.

7.4 Acceso al ambiente de producción, con las siguientes características:

7.4.1 Usuario personalizado, con todos los permisos, sin restricciones.

7.4.2 Usuario personalizado, con perfiles vigentes asignados a requerimiento del mismo.

7.4.3 Simular, con dicho usuario, claramente identificado, acciones sobre el Sistema. Estas acciones podrán generar datos en la base de datos de producción, los que deberán ser correctamente depurados por parte del adjudicatario.

7.4.4 Acceso a los perfiles asignados a los distintos usuarios, en forma histórica.

7.4.5 Acceso a la consola de configuración de los controladores de las máquinas electrónicas de juego. En caso que las máquinas electrónicas de juego dispongan de interfase ethernet, la Administración Municipal deberá tener acceso a la consola de administración del hub o switch que las interconecta.

7.5 Acceso al sistema de cámaras y al backup de los registros de las mismas.

7.6 Acceso a los logs de backup.

8. Controles por parte de la Administración Municipal.

8.1 Realizará los controles que estime pertinentes de la solución tecnológica (sobre toda la información disponible y sobre todos los componentes de la solución tecnológica) durante su desarrollo, puesta en producción y todo el período que dure la concesión.

8.2 La solución tecnológica deberá contar con el aval de la Administración Municipal previo a su puesta en producción. Para ello, la Administración Municipal contará con el tiempo necesario para realizar los controles que crea pertinentes antes de la reinauguración del casino.

8.3 Disponer de un ambiente de testing espejo del ambiente de producción, donde realizar los controles que estime pertinentes.

8.4 Generación de reportes cruzados de la información, con diversos cortes de control. De no estar disponibles en la aplicación, el concesionario deberá implementar los reportes solicitados, quedando el código fuente de los mismos a disposición de la Administración Municipal.

8.5 Control periódico de los planes de recuperación de información.

8.6 Realizará test de los planes de recuperación, con la frecuencia que se considere necesaria.

8.7 La Administración Municipal realizará cada 2 años una revisión total de todo lo especificado para la solución tecnológica, así como lo especificado en cuanto a los controles y acceso definidos, buscando adecuar la misma a los más altos estándares de la industria. Como resultado de la revisión la Administración Municipal podrá elaborar un cronograma de adecuación, que el concesionario deberá cumplir.

9. Otras Obligaciones del concesionario

9.1 Deberá proporcionar previo a la puesta en producción y durante todo el período de la concesión:

9.1.1 Soporte informático calificado disponible a requerimiento de la Administración Municipal en cualquier momento, para cualquiera de los componentes del Sistema. Los tiempos de respuesta no deberán exceder las dos horas.

9.1.2 Asistencia calificada para todas las acciones que la Administración Municipal realice sobre el Sistema.

9.1.3 Formación, capacitación y entrenamiento sobre los distintos componentes de la solución tecnológica propuesta, a requerimiento de la Administración Municipal, para el personal designado por la misma.

9.2 Será responsable de lo correcto de los cálculos realizados mediante el Sistema para lo cual deberá especificar qué tests o procedimientos realizará y con qué periodicidad, para asegurar dicha corrección.

9.3 Deberá preservar el backup de los registros del sistema de cámaras hasta que la Administación Municipal lo indique.

9.4 Deberá mantener en línea toda la información de la base de datos al menos hasta el momento en que la Administración Municipal autorice su depuración.

9.5 Deberá comunicar en tiempo y forma todo cambio de versión, producto o tecnología que afecte a la solución tecnológica propuesta, el cual deberá contar con la aprobación de la Administración Municipal para su puesta en producción.

9.6 Deberá comunicar en tiempo y forma todo cambio en la plantilla de los Recursos Humanos involucrados con la solución tecnológica.

9.7 Deberá designar un profesional informático, responsable técnico de la organización y control de la elaboración e implantación de la solución tecnológica en todos sus aspectos, debiendo respetarse el cronograma proporcionado en la propuesta (B.5). El concesionario comunicará a la Administración Municipal la identidad del mismo y de su eventual sustituto si lo hubiere. Dicho responsable deberá asimismo encargarse de la relación entre el adjudicatario y los técnicos de la Administración Municipal.

9.8 Deberá designar un profesional informático, responsable técnico del funcionamiento del centro de cómputos en todos sus aspectos. El conce-sionario comunicará a la Administración Municipal la identidad del mismo y de su eventual sustituto si lo hubiere. Dicho responsable deberá asimismo encargarse de la relación entre el adjudicatario y los técnicos de la Administración Municipal.

9.9 La Administración Municipal, designará anualmente una empresa auditora para realizar una auditoría informática y de seguridad de aplicaciones; el costo de dicha auditoría será de cuenta del concesionario quien deberá efectuar la versión (depósito) del monto a pagar, en la Tesorería General Municipal dentro de los diez días siguiente a la fecha en que se le notifique del monto a depositar.

El no pago en fecha, dará lugar además de los procedimientos correspondientes a la aplicación de una multa equivalente al 10% sobre el monto impago, más la actualización del mismo por tasa de interés promedio, para operaciones activas en Unidades Indexadas publicadas por el BCU, desde el que el pago deviene exigible hasta el día de su cancelación efectiva.

En caso que BCU no hubiera publicado la tasa de interés mencionada o dejara de hacerlo, al monto impago se le aplicará la tasa de interés promedio para operaciones activas en moneda nacional a 30 días, publicadas por BCU.

10. Documentación a entregar con el Sistema y políticas de mantenimiento de la misma.

10.1 Se deberá especificar la política de generación, mantenimiento y distribución de los documentos que se detallan a continuación. La última versión de cada documento debe ser consistente con la realidad a la que refiere.

10.2 Toda nueva versión de los documentos existentes debe ser entregada a la Administración Municipal antes de la puesta en producción de la solución a la que refieren.

10.3 Planos del Centro de Cómputos. Deberá incluir:

10.3.1 Instalación Eléctrica.

10.3.2 Instalación del Sistema de detección de humo y extinción de fuego.

10.3.3 Sistema de Aire Acondicionado.

10.3.4 Sistema de Control de Acceso.

10.3.5 Sistema de cámaras.

10.3.6 Cableado de datos interno.

10.4 Documentación del cableado de datos.

10.5 Documentación de los diferentes perfiles de usuario que existan.

10.6 Documentación de todos los procesos batch que se ejecuten en el Sistema, incluyendo el calendario de ejecución y los usuarios responsables de ejecutarlos, así como los usuarios responsables de validarlos.

10.7 Documentación de todos los reportes de consultas al Sistema y especificación de su uso.

10.8 Documentación completa, en forma de Manuales de Usuario.

10.9 Documentación completa de la descripción del Sistema, detallando:

10.9.1 Funcionamiento del Sistema, que deberá estar al día con la versión del Sistema que esté en producción.

10.9.2 Diagrama del Modelo de Datos, especificando estructuras de información, relaciones entre las mismas y semántica de los atributos que las componen.

10.9.3 Documento de los métodos que se aplican para validar los datos ingresados, así como también los métodos con los cuales se verifican los datos ingresados.

10.9.4 Documento que especifique los controles de validación existentes.

10.9.5 Documento que especifique claramente cómo se controla el acceso al Sistema.

10.10 Documentación completa que especifique cómo se generan los logs y cómo se interpretan.

10.11 Documentación del resultado de los tests periódicos comprometidos.

10.12 Documentación del procedimiento mediante el cual se asignan los perfiles a los usuarios, especificando cómo y qué rol dentro de la organización es el responsable de dicha asignación.

10.13 Se valorará que la solución tecnológica provista cuente con documentación en español de todas las funcionalidades requeridas.

D) Multas

El incumplimiento por parte del concesionario de cualquiera de las condiciones referidas a la solución tecno-lógica, la ocurrencia de errores o fallas informáticas, así como la demora en el cumplimiento, serán sancionados de acuerdo a la magnitud del incumplimiento, con multas con montos que van desde 1.000 UI, hasta 1.000.000 UI. Constatado el incumplimiento se dará vista a la concesionaria por el término perentorio de tres días hábiles, detallándose el monto a afectar en el que se discriminarán las multas e intereses que correspondan, transcurrido el mismo y analizados los descargos si los hubiera se dictará resolución disponiendo la afectación. El concesionario deberá recomponer la garantía en el plazo de 30 días calendario. El no cumplimiento de esta obligación se tendrá por incumplimiento grave que habilita el mecanismo de rescisión de contrato.

Se consideran, además, entre otros incumplimientos graves:

- El funcionamiento del Casino fuera de línea.

- La presencia de errores en lo correcto del Sistema Informático.

- La ausencia de la auditoría anual informática y de seguridad de aplicaciones.

- Presentar obstáculos o impedimentos a los controles que la Administración Municipal entienda pertinentes.

El presente listado no es taxativo.

Cr. Jorge Simon Secretario General.

ANEXO 4:

DEL PLAN DE NEGOCIOS

1. Plan de negocios.

1.1 El oferente deberá presentar un plan de negocios a desarrollar en la infraestructura resultante de la remodelación del edificio del Hotel Casino Carrasco.

Dicho plan deberá contener un informe económico financiero con un estudio que indique:

- Origen de las fuentes de financiamiento del Proyecto, indicando proporcionalidad de capital propio y de terceros, posibles emisiones de títulos para captación de fondos en el mercado u otros mecanismos alternativos;

- Inversiones a realizar en la estructura edilicia;

- Detalle de inversiones en alhajamiento y equipamiento de las salas de juego y políticas de reinversión en dichos rubros;

- Diseño de las salas de juego: definición del área a ocupar, tipos de juego, relación entre juegos de paño y slots;

- Solución tecnológica para el funcionamiento y gestión del Casino (Anexo 3).

- Ocupación de mano de obra en hotelería y Casino, con indicación de niveles de remuneración y política de incentivos. El oferente que resulte adjudicatario no podrá disminuir las condiciones salariales establecidas en la propuesta durante los tres primeros años posteriores a la apertura del Hotel y del Casino. El incumplimiento será sancionado según un sistema de multas que equivaldrán al doble de la disminución del costo salarial que represente a lo largo de un año, la violación de la propuesta presentada.

- Indicación de la estructura de cargos jerárquicos y currículum vitae requeridos;

- Estudios técnicos, comerciales y turísticos que fundamenten la gestión;

- Plan de ocupación hotelera, y en especial estrategia para la captación de turismo internacional y posicionamiento del hotel en el circuito internacional hotelero;

- Plan de atracciones de juegos a nivel internacional;

- Planes de difusión de la oferta artística nacional,

- Programa de reinversiones a lo largo del período;

- Programa de apoyo a ludópatas;

- Rentabilidad proyectada;

1.2 Se indicará el equipamiento que se incorporará a la explotación del Hotel y del Casino.

Quedan comprendidos en la licitación los bienes muebles que surgen del inventario adjunto.

El adjudicatario podrá seleccionar el mobiliario del cual hará uso para el alhajamiento del Hotel; dichos muebles se entregarán bajo inventario y no podrán ser retirados del edificio del Hotel Casino Carrasco por el adjudicatario, quien se obliga a conservarlos con la máxima diligencia, responsabilizándose por cualquier pérdida, deterioro o disminución que no fueren ocasionados por el uso normal de los bienes durante la ejecución del contrato. Al finalizar el plazo del contrato, el adjudicatario estará obligado a reponer en igual cantidad, calidad y especie, los objetos que se hubieren deteriorado o desaparecido. Si no fuese posible la reposición, deberá abonar el valor de esos objetos según tasación presentada por la IMM y cuyo costo será de cargo del adjudicatario.

La IMM dispondrá el destino del resto de los bienes muebles que figuran en el inventario adjunto y de los cuales el concesionario no manifieste que hará uso.

El adjudicatario deberá seleccionar los bienes muebles propiedad de la IMM que alhajaban el inmueble, dentro del plazo de 60 días calendario contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, procediendo al retiro de los mismos para su restauración si correspondiere.

Mientras no estén culminadas las obras de remodelación y acondicionamiento del Hotel, la adjudicataria deberá indicar dónde estarán depositados los bienes muebles seleccionados.

Será por cuenta de la adjudicataria su restauración y mantenimiento durante todo el tiempo de la concesión.

Culminada la concesión los demás bienes muebles que alhajan el Complejo Hotelero pasarán a ser propiedad de la IMM y serán entregados en buen estado de funcionamiento y conservación.

2. Condiciones mínimas de acondicionamiento.

La infraestructura, equipamiento y acondicionamiento de los espacios, deberá cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio de Turismo, o el organismo competente para calificar la inversión como de la mayor categorización posible que permita la estructura edilicia. Las Salas de Casino deberán estar de acuerdo a la categoría de hotel donde se implantan.

El valor mínimo de apuesta en juegos de paño deberá ser igual o superior al triple del valor mínimo de apuesta vigente en juegos de paño del otro casino municipal, siempre que este valor no supere las 18 Unidades Indexadas. En ese caso, el valor mínimo de apuesta en juego de paño deberá ser igual o superior a 18 Unidades Indexadas.

mc_ valor minimo de apuesta en juegos de paño Casino Carrasco.

m_ valor mínimo de apuesta vigente en juegos de paño del otro Casino Municipal.

mc.> = mínimo (3m. 18 UI)

El valor mínimo de apuesta en juegos de paño del Casino Carrasco (mc) se deberá ajustar cada 1° de enero y cada 1° de julio, tomando como valor de la Unidad Indexada, el valor promedio de la Unidad Indexada en el mes anterior.

3. Inicio de actividades.

Como máximo dentro de los 20 meses contados desde la aprobación del permiso de construcción, deberán estar culminadas las obras de remodelación y acondicionamiento del Hotel y Casino Carrasco de acuerdo con lo establecido en el Anexo correspondiente del presente pliego. En el plazo referido, el edificio, así como el espacio adjudicado deberá estar en condiciones de normal funcionamiento.

Se entiende a estos efectos por normal funcionamiento, la finalización de las obras propuestas, y la prestación normal de los servicios ofrecidos con la totalidad del equipamiento y personal.

El inicio de la actividad hotelera será simultánea con el inicio de la explotación del Casino y ambas estarán condicionadas al cumplimiento de los siguientes requisitos:

- Estar totalmente culminadas y habilitadas las obras.

- Contar con el equipamiento necesario a efectos de funcionar en las condiciones establecidas.

- Contar con todas las habilitaciones de oficinas públicas, necesarias para la explotación de dicha actividad comercial (habilitación comercial, bromatológica, bomberos, ventilación, mecánica, alumbrado de seguridad, UTE, etc.).

- Aprobación de la solución tecnológica para el control del funcionamiento del Casino en forma previa, por los técnicos que designe la Administración Municipal. A tales efectos se tendrá presente lo establecido en el anexo que reglamenta este tema.

- Depósito de las garantías correspondientes.

4. Funcionamiento.

4.1 Habilitaciones

Durante todo el período de la concesión, la adjudicataria deberá mantener vigentes las habilitaciones de los organismos públicos correspondientes necesarias para la explotación de este tipo de establecimientos comerciales.

4.2 Detalle de gastos de mantenimiento

El oferente deberá presentar con su propuesta, un detalle de las erogaciones por concepto de mantenimiento y reinversiones en las instalaciones del Hotel y Casino.

4.3 Control de calidad

Anualmente, el adjudicatario deberá acreditar la vigencia del nivel y categoría de las explotaciones concedidas como de la mayor categorización posible que permita la estructura edilicia.

4.4 Seguimiento

La IMM controlará las condiciones de explotación detalladas precedentemente, mediante una Comisión de Seguimiento de la Concesión del Hotel Casino Carrasco que será creada por el Intendente Municipal a esos efectos. Dicha Comisión deberá implementar un plan de seguimiento de las obras edilicias y equipamiento, así como del estricto cumplimiento de las condiciones contractuales, de la gestión del Hotel y Casino a partir de la puesta en funcionamiento del mismo, así como de asesoramiento al Ejecutivo Comunal en materia de sanciones y rescisión del contrato en caso de incumplimiento de las cláusulas del mismo.

4.5 Destino.

El destino del Hotel Carrasco será el establecido en el presente pliego de condiciones, y no podrá ser modificado o desvirtuado durante todo el período del contrato sin anuencia expresa y por escrito del Gobierno Departamental de Montevideo.

4.6 Programa de apoyo a "ludópatas"

El adjudicatario deberá financiar, entre otros que proponga, un programa de apoyo a "ludópatas".

ANEXO 5:

INFORMACION QUE DEBERA SUMINISTRAR EL OFERENTE A LOS EFECTOS DEL ESTUDIO CAPACIDAD

FINANCIERA, LEGAL, TECNICA Y OPERATIVA

1.- El oferente deberá presentar:

i) Documentación de la Sociedad Comercial, detallando integración del Directorio, Capital Social, Accionistas principales que detenten al menos el 75% del Capital Integrado. En caso de accionistas que sean personas jurídicas, se deberá detallar las personas físicas que la integran, debiendo cumplir con los mismos requisitos de información.

ii) Tres últimos balances auditados por Auditoría reconocida internacionalmente, de la o las empresas que se presentan al llamado;

iii) Antecedentes del personal directriz y ejecutivo responsable de la propuesta y del proyecto;

iv) Detalle de otras inversiones en el país o en el exterior que avalen experiencia anterior en proyecto de similar naturaleza;

v) Referencias comerciales y bancarias;

vi) Fuentes de financiamiento disponibles, con indicación de los montos por fuente;

vii) Todo otro antecedente comercial que se estime de interés.

Se deberán completar los formularios agregados en el Anexo 6, del número xx al xxx.

ANEXO 6:

CRITERIOS DE EVALUACION

La evaluación máxima será de 100 puntos que se aplicarán de acuerdo a los siguientes criterios.

1.- Propuesta arquitectónica, máximo 40 puntos.

1.1 Propuesta arquitectónica de restauración del edificio, hasta 30 puntos.

1.2 Solución de estacionamientos, hasta 5 puntos

1.3 Integración del Hotel al entorno, hasta 5 puntos

2.- Plan de negocios, máximo 20 puntos.

2.1 Puestos de trabajo - cantidad y remuneración. 5 puntos.

2.2 Propuesta de juegos orientada al turismo internacional y sectores de altos ingresos, 5 puntos.

2.3 Antecedentes de gestión hotelera, 5 puntos.

2.4 Antecedentes de gestión en casinos, 5 puntos.

3.- Puntuación del Canon Anual de la Concesión - hasta 40 puntos

3.1 Mínimo Anual Garantizado (MAG) - Hasta 13 puntos

A los efectos de la puntuación se otorgará cero punto al promedio durante los 30 años del mínimo MAG exigido.

m = promedio anual del mínimo MAG exigido =

       ((3 años * ½ min MAG) + (27 años * min MAG))

                                                30

M = 1,5* m

Los 13 puntos máximos se otorgarán a la mejor oferta que supere M.

Si ninguna oferta supera M, se le asignarán 13 puntos al valor equivalente a M.

Cada oferta recibirá los puntos que resulten de prorratear los 13 puntos máximos de acuerdo a la escala definida según los criterios establecidos en los párrafos precedentes.

3.2 Porcentual sobre Ingresos (PI) - Hasta 13 puntos

A los efectos de la puntuación se otorgarán 13 puntos al mayor PIB ofrecido.

Cada oferta recibirá los puntos que resulten de prorratear los 13 puntos máximos de acuerdo a la escala así definida.

3.3 Combinación MAG y PI - Hasta 14 puntos

A los efectos de otorgar los 14 puntos restantes, se considerará la combinación del MAG ofrecido más la aplicación del PI ofrecido al promedio de los ingresos proyectados en el plan de negocios de todos los oferentes.

IP = Promedio anual de ingresos brutos proyectados para los 30 años de todos los oferentes.

MAG + PI* (IP) = canon anual previsto de la concesión.

A los efectos de la puntuación se otorgará cero punto a un canon anual previsto de la concesión equivalente a m (promedio anual del mínimo MAG exigido).

Se le otorgarán 14 puntos al mejor canon anual previsto de la concesión.

Cada oferta recibirá los puntos que resulten de prorratear los 14 puntos máximos de acuerdo a la escala definida según los criterios establecidos en los párrafos precedentes.

ANEXO 7

FORMULARIOS DE PRESENTACION DE OFERTA

FORMULARIO N° 1

PRESENTACION DE OFERTA

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 268/2007

Remodelación y Acondicionamiento del Edificio del Hotel Casino Carrasco, concesión del Uso para su explotación comercial como Hotel, y gestión de la sala de Juegos del

Casino Municipal

1. Oferta presentada por:

Nombre o razón social del oferente:

RUC:

Domicilio constituido en Montevideo:

2. Persona de contacto:

Nombres y apellidos:

Documento de Identidad:

Tel/Fax:

Dirección de correo electrónico:

3. El oferente se compromete a:

1°. (Descripción de obras) ...., teniendo como contrapartida la explotación del Hotel y Casino Carrasco de acuerdo con las normas que rigen este llamado.

2°. El pago de un CANON MENSUAL fijo y un canon variable, cuyo detalle se encuentra en el Sobre N° 2.

3°. Brindar la solución tecnológica para la gestión y el funcionamiento del Casino cumpliendo con lo solicitado en el anexo 3.

4°. Realizar la explotación comercial del Hotel y del Casino según el plan de negocios presentado.

5°. El monto de la inversión se estima en ....

6°. El Hotel y el Casino estarán en condiciones de normal funcionamiento, como máximo dentro del plazo de ... días calendario contados a partir del siguiente al de la notificación de la resolución de adjudicación.

Manifestamos haber realizado las consultas necesarias y haber efectuado un reconocimiento detallado del lugar para el que se formula la propuesta y analizado los recaudos de la licitación, las respuestas a consultas, las aclaraciones, modificaciones o complementos propuestos, expresando conformidad con los documentos de licitación para ejecutar el Contrato en caso de que resultemos ser adjudicatario; y en consecuencia nos obligamos a su cumplimiento aceptando la jurisdicción de los Tribunales de la República Oriental del Uruguay para todos los asuntos que se deriven de esta licitación.

Forman parte de la presente oferta los siguientes Formularios que se adjuntan y también son firmados por la Empresa:

1. Formulario N° 2

2. Formulario N° 3

3. Formulario N° 4

4. Formulario N° 5

5. Formulario N° 6

6. Formulario N° 7

7. Formulario N° 8

8. Formulario N° 9

9. Formulario N° 10

10. Formulario N° 11

11. Formulario N° 12

12. Formulario N° 13

13. Formulario N° 14

14. Formulario N° 15

Montevideo, ..................................

.................................. .......................................

Firma por la Empresa Aclaración de firma

Doc. de identidad .....................................

FORMULARIO N° 10: EXPERIENCIA DEL OFERENTE

(Explotación de hoteles y casinos)

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° 268/2007

Remodelación y Acondicionamiento del Edificio del Hotel Casino Carrasco, concesión del Uso para su explotación comercial como Hotel, y gestión de la sala de Juegos del Casino Municipal.

Relación de contratos de naturaleza y magnitud similares realizados durante los últimos 10 años.

  Título del         Descripción        Período        Fecha de        Autoridad        contratos

proyecto de        del negocio             de              comienzo    Contratante        en curso?

lugar de                                            Contrato                                                                - Sí

ubicación                                                                                                                         - No

 

Adjúntense las referencias e indíquese persona de contacto.

Firma: .....................................................

Fecha: ......................................

DISPOSICION CITADA

Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004

SISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

Artículo 1°.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligados a informar las transacciones que, en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos tipificado en los artículos 54 y siguientes del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, -incorporados por el artículo 5° de la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 17.343, de 25 de mayo de 2001- y de prevenir asimismo el delito tipificado en el artículo 16 de la presente ley.

La información deberá comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay, en la forma que éste reglamentará.

El incumplimiento de la obligación de informar determinará la aplicación, según las circunstancias del caso, de las sanciones y medidas administrativas previstas en el Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con la redacción dada por la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992.

Artículo 2°.- También estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior los casinos, las empresas que presten servicios de transferencia o envío de fondos, las inmobiliarias, las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obra de arte y metales preciosos, así como las personas físicas o jurídicas que, a nombre y por cuenta de terceros, realicen transacciones financieras o administren, en forma habitual, sociedades comerciales cuando éstas no conformen un consorcio o grupo económico.

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer, por vía reglamentaria, los requisitos que deberán cumplir los sujetos obligados por el registro de transacciones, para el mantenimiento de los respectivos asientos y para la debida identificación de los clientes.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artículo determinará la aplicación por parte del Poder Ejecutivo de una multa mínima de 1.000 UI (mil Unidades Indexadas) y una multa máxima de 20:000.000 UI (veinte millones de Unidades Indexadas), según las circunstancias del caso, la conducta y volumen de negocios habituales del infractor, y previo informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay.

Artículo 3°.- La comunicación será reservada. Ningún obligado podrá poner en conocimiento de las personas participantes las actuaciones e informes que sobre ellas realicen o produzcan en cumplimiento de la obligación impuesta en los artículos 1°, 2° y 17 de la presente ley.

Una vez que reciba el reporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero instruirá a quien lo haya formulado respecto de la conducta a seguir con respecto a las transacciones de que se trate y a la relación comercial con el cliente.

Artículo 4°.- El cumplimiento de buena fe de la obligación de informar prevista en los artículos 1°, 2°, 5° y 17, en tanto se ajuste a los procedimientos que al respecto establezca el Banco Central del Uruguay o el Poder Ejecutivo en su caso, por constituir obediencia a una norma legal dictada en función del interés general (artículo 7° de la Constitución) no configurara violación de secreto o reserva profesional ni mercantil. En consecuencia, no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa ni de ninguna otra especie.

Artículo 5°.- La Unidad de Información y Análisis Financiero estará facultada para solicitar informes, antecedentes y todo elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a los obligados por esta ley y a todos los organismos públicos, los que se encontrarán obligados a proporcionarlos dentro del término fijado por la Unidad no siéndole oponibles a ésta disposiciones vinculadas al secreto o la reserva.

El obligado o requerido no podrá poner en conocimiento de las personas involucradas las actuaciones e informes que sobre ellas realice o produzca en cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 6°.- La Unidad de Información y Análisis Financiero podrá instruir a las instituciones sujetas al control del Banco Central del Uruguay para que impidan, por un plazo de hasta setenta y dos horas, la realización de operaciones que involucren a personas físicas o jurídicas respecto de las cuales existan fundadas sospechas de estar vinculadas a organizaciones criminales relacionadas con los delitos cuya prevención procura la presente ley. La decisión deberá comunicarse inmediatamente a la Justicia Penal competente la cual, consideradas las circunstancias del caso, determinará si correspondiere, sin previa notificación, la congelación de los activos de los partícipes.

Artículo 7°.- Sobre la base del principio de reciprocidad, el Banco Central del Uruguay, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, podrá intercambiar información relevante para la investigación del delito de lavado de activos con las autoridades de otros Estados que ejerciendo competencias homólogas lo soliciten fundadamente. Con esa finalidad podrá además, suscribir memorandos de entendimiento.

Para este efecto sólo se podrá suministrar información protegida por normas de confidencialidad si se cumplen los siguientes requisitos:

A) la información a brindarse deberá ser utilizada por el organismo requirente al solo y específico objeto de analizar los hechos constitutivos del lavado de activos originados en delitos precedentes que estén incluidos en el artículo 8° de la presente ley;

B) respecto a la información y documentación que reciban, tanto el organismo requirente como sus funcionarios deberán estar sometidos a las mismas obligaciones de secreto profesional que rigen para la Unidad de Información y Análisis Financiero y sus funcionarios;

C) los antecedentes suministrados, sólo podrán ser utilizados en un proceso penal o administrativo en el Estado requirente, previa autorización de la Justicia Penal del país requerido, que se otorgará de acuerdo con las normas de cooperación jurídica internacional.

Artículo 8°.- Los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, -incorporados por el artículo 5° de la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998- se configurarán también cuando su objeto material sean los bienes, productos o instrumentos provenientes de delitos tipificados por nuestra legislación vinculados a las siguientes actividades: terrorismo; contrabando superior a US$ 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América); tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción; tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; tráfico ilícito de personas; extorsión; secuestro; proxenetismo; tráfico ilícito de sustancias nucleares; tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos; estafa, cuando es cometida por personas físicas o representantes o empleados de las personas jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay en el ejercicio de sus funciones, y todos los delitos comprendidos en la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

En los casos previstos en el presente artículo serán aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 58 a 67 y 71 a 80 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporados por el artículo 5° de la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998.

Las disposiciones del presente artículo regirán aun cuando el hecho antecedente origen de los bienes, productos o instrumentos hubiera sido cometido en el extranjero, en tanto el mismo hubiera estado penado en el lugar de su comisión y en la República Oriental del Uruguay.

Artículo 9°.- Con fines de investigación, a requerimiento del Jefe de Policía Departamental que correspondiere o del Ministro del Interior, el Juez Penal competente podrá autorizar la circulación y entrega vigilada de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios, sustancias tóxicas, estupefacientes, psicotrópicos, precursores u otra sustancia prohibida, por resolución fundada, bajo la más estricta reserva y confidencialidad.

Artículo 10.- Para adoptar estas medidas el Juez deberá tener en cuenta en cada caso concreto, su necesidad a los fines de la investigación, según la importancia del delito, las posibilidades de vigilancia y el objetivo de mejor y más eficaz cooperación internacional.

Artículo 11.- Por entrega vigilada se entiende la técnica de permitir que remesas ilícitas o sospechosas de sustancias prohibidas (Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, y Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998), o de sustancias por las que se haya sustituido las anteriormente mencionadas, o de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios, entren, transiten o salgan del territorio nacional, con el conocimiento y bajo la supervisión de las autoridades competentes, con el propósito de identificar a las personas y organizaciones involucradas en la comisión de los delitos referidos o con el de prestar auxilio a autoridades extranjeras con ese mismo fin.

Artículo 12.- Las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado, podrán ser interceptadas y autorizadas a proseguir intactas, o habiéndose retirado o sustituido total o parcialmente las sustancias ilícitas que contengan.

Artículo 13.- Elévase la pena para los delitos tipificados en los artículos 54 y 55 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporados por el artículo 5° de la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, a penitenciaría con un mínimo de dos años y un máximo de quince años.

Artículo 14.- Decláranse de naturaleza terrorista los delitos que se ejecutaren con la finalidad de causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, puesto de manifiesto por su naturaleza o su contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

Artículo 15.- Cuando la finalidad o los medios enunciados en el artículo anterior no constituyan elementos del delito, la pena prevista legalmente para la respectiva figura se elevará en dos tercios en su mínimo y en su máximo.

Artículo 16.- El que organizare o, por el medio que fuere, directa o indirectamente, proveyere, o recolectare fondos con la intención que se utilicen, o a sabiendas que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar las actividades delictivas descritas en el artículo 14 de la presente ley, aun cuando ellas no se desplegaren en el territorio nacional, será castigado con una pena de tres a dieciocho años de penitenciaría.

Artículo 17.- Las instituciones de intermediación financiera deberán informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay la existencia de bienes vinculados a personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

A) haber sido identificadas como terroristas o pertenecientes a organizaciones terroristas, en las listas de individuos o entidades asociadas confeccionadas por la Organización de las Naciones Unidas.

B) haber sido declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera.

Artículo 18.- Una vez recibida la información mencionada en el artículo anterior, la Unidad de Información y Análisis Financiero bajo su responsabilidad podrá instruir a la institución denunciante para impedir la realización de operaciones que involucren a los sujetos identificados, procediéndose de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la presente ley.

Artículo 19.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay que transporten dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a US$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América), deberán comunicarlo al Banco Central del Uruguay en la forma en que determinará la reglamentación que éste dicte.

Toda otra persona que transporte dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a US$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América), deberá declararlo a la Dirección Nacional de Aduanas en la forma que determinará la reglamentación.

El incumplimiento de esta obligación determinará la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 1° de la presente ley a los sujetos comprendidos en el inciso primero del presente artículo; y de las sanciones establecidas en el artículo 2° de esta ley para los sujetos comprendidos en el inciso segundo de este artículo.

Artículo 20.- Las personas físicas o jurídicas que actuando desde nuestro país presten servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos relacionados directamente con la gestión de negocios de personas físicas o jurídicas que, en forma profesional y habitual, desarrollen actividades financieras en el exterior, deberán registrarse ante el Banco Central del Uruguay en condiciones que éste reglamentará, estableciendo taxativamente los tipos de actividad financiera alcanzados por la precitada obligación.

Artículo 21.- Autorízase al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia a disponer la transformación de Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal de la Capital y Fiscalías Letradas Nacionales en lo Penal en Oficinas Especializadas en los delitos previstos en la presente ley, en el Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, modificado por la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, y en la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

Artículo 22.- Deróganse el artículo 30 de la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1998, y la Ley N° 17.343, de 25 de mayo de 2001.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

ACTA N° 77

En Montevideo, el día dieciocho de octubre de dos mil siete, a la hora diez y diecisiete minutos, se reúne la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

Presiden los señores Senadores Luis A. Heber y Juan José Bentancor, Presidente y Vicepresidente de la Comisión respectivamente.

Asisten los señores Senadores Carlos Baráibar, Alberto Breccia, Carlos Daniel Camy, Alberto Couriel y Rafael Michelini.

Faltan con aviso los señores Senadores Sergio Abreu, e Isaac Alfie, quienes remiten nota justificando su inasistencia.

Actúa en Secretaría, el Secretario de Comisión, señor Rodolfo Caimi con la colaboración de la funcionaria señora Verónica Cantero.

La Comisión tiene a consideración el siguiente:

ORDEN DEL DIA.

ASUNTOS ENTRADOS:

1°) Nota de la Federación Nacional de Trabajadores de Juego (FENAJU) solicitando audiencia en relación al proyecto de ley por el que se autoriza a la Intendencia Municipal de Montevideo a convocar una licitación pública internacional cuyo objeto incluye la concesión de la gestión de la Sala de juegos del Casino Municipal que funciona en el Hotel Casino Carrasco. La Comisión decide recibirlos a la sesión del día de la fecha, dicha delegación está integrada por los señores, Sergio Pitetta (Presidente), Leonel Revelese (Secretario), y Enrique Book (Tesorero).

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 2038/2007 que forma parte integrante de la presente Acta.

2°) Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el que se autoriza a la Intendencia Municipal de Montevideo a convocar una licitación pública internacional, cuyo objeto incluya la concesión de la gestión de la Sala de Juegos del Casino Municipal que funciona en el Hotel Casino Carrasco. (Carpeta N° 947/2007 - Distribuido N° 2013/2007).

Asisten especialmente invitados los representantes de la Intendencia Municipal de Montevideo, integrada por los señores, Alejandro Zabala (Secretario General), Jorge Rodríguez (Prosecretario General), Enrique Cabrera (Director General de Recursos Financieros) y Luis Polakof (Director General de Desarrollo económico).

Se pone a consideración el Proyecto.

Artículo 1°. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 2°. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Carlos Baráibar, quien lo hará en forma verbal.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 2037/2007 que forma parte integrante de la presente Acta.

TEXTO DEL PROYECTO APROBADO:

Artículo 1°.- Autorízase a la Intendencia Municipal de Montevideo a convocar a una Licitación Pública Internacional, cuyo objeto incluya la concesión de la gestión de la Sala de Juegos del Casino Municipal que funciona en el Hotel Casino Carrasco, por un plazo de treinta años, debiendo el adjudicatario abonar un canon o precio.

Artículo 2°.- Sin perjuicio de las competencias asignadas al Banco Central del Uruguay y al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004 y su reglamentación, corresponderá a la Intendencia Municipal de Montevideo el contralor de los juegos de azar que se desarrollen en el establecimiento de acuerdo al proceso licitatorio referido en el artículo anterior.

Siendo la hora doce y treinta y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Luis A. Heber Presidente

Rodolfo Caimi Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: mediante esta iniciativa, se autoriza a la Intendencia Municipal de Montevideo a convocar a Licitación Pública Internacional, cuyo objeto incluye la concesión de la gestión de la Sala de Juegos del Casino Municipal que funciona en el Hotel Casino Carrasco.

Obra en poder de todos los señores Senadores la documentación básica que fundamenta este proyecto de ley que, por otra parte, es bastante escueto, si bien la problemática que involucra es muy amplia, tanto por sus antecedentes como por el propio desarrollo de los acontecimientos que se generarán a partir de su aprobación. Se incluye, en primer término, el Mensaje del Poder Ejecutivo y luego el texto del proyecto de ley; posteriormente, se agrega una carta del Intendente Municipal de Montevideo, Ricardo Ehrlich, al Secretario de la Presidencia, doctor Gonzalo Fernández, de fecha 23 de agosto de 2007; también se adjunta el decreto que la Junta Departamental de Montevideo emitió cuando consideró el tema, así como el Pliego de Condiciones Particulares de la Licitación Pública Internacional Nº 268/2007 "Remodelación y acondicionamiento del edificio del Hotel Casino Carrasco, concesión del uso para su explotación comercial como hotel y gestión de la Sala de Juegos del Casino Municipal".

Mi exposición, básicamente, va a señalar algunos aspectos de estos documentos, sin perjuicio de que en el desarrollo del debate surjan otros temas que hagan necesaria nuestra intervención.

El Mensaje del Poder Ejecutivo establece que se "autoriza a la Intendencia Municipal de Montevideo a convocar a una Licitación Pública Internacional cuyo objeto incluya la concesión de la gestión de la Sala de Juegos del Casino Municipal que funciona en el Hotel Casino Carrasco". Luego continúa: "A tales efectos, la Intendencia Municipal de Montevideo con fecha 23 de agosto de 2007 ha solicitado al Poder Ejecutivo que promueva la referida iniciativa legislativa".

Por su parte, la carta del Intendente Ricardo Ehrlich al Secretario de la Presidencia de la República, de fecha 23 de agosto de 2007, reseña algunos antecedentes que son relevantes a la hora de examinar el tema. Allí el Intendente dice: "Como es de vuestro conocimiento, la Intendencia Municipal de Montevideo rescindió la concesión anteriormente otorgada y tomó posesión nuevamente del Hotel Casino Carrasco en junio de 2006. La característica de monumento histórico nacional que ese edificio tiene y su enorme potencialidad turística para la ciudad y el país, exigen realizar una inversión varias veces millonaria en dólares, que el Municipio no está en condiciones de afrontar dadas las prioridades que tiene hoy el Departamento. Esta realidad nos ha llevado a promover una iniciativa que conjugue el interés público y privado, promoviendo una licitación para la remodelación y acondicionamiento del edificio del Hotel Casino Carrasco, la concesión del uso del edificio para su explotación comercial y la concesión de la gestión de la Sala de Juegos del Casino Municipal, por un plazo de treinta años".

Más adelante continúa: "La convocatoria a este llamado se hace al amparo del Artículo 297 numeral 8) de la Constitución de la República,". Si bien esta norma es por todos conocida, no está de más darle lectura en Sala a los efectos de recordarla. El artículo 297 dice: "Serán fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados y administrados por estos:", luego enumera varios puntos y, en el numeral 8) se dice: "Los beneficios de la explotación de los juegos de azar, que les hubiere autorizado o les autorice la ley, en la forma y condiciones que ésta determine".

Estas frases son significativas a la hora de perfilar este proyecto de ley y la definición jurídica que implica. Reitero que la Constitución determina que este procedimiento debe autorizarse por ley, en la forma y condiciones que allí se establecen. Precisamente, eso es lo que estamos haciendo en la tarde de hoy.

La Ley Nº 10.709, de 17 de enero de 1946, estableció: "Modifícase el artículo 4º de la Ley Nº 5.352, y autorízase al Municipio de Montevideo para explotar en los hoteles balnearios de su propiedad, los juegos habituales en los Casinos". Está claro que el Hotel Casino Carrasco está comprendido en esa disposición.

Más adelante, la nota continúa señalando: "La ausencia de condicionamiento para la explotación de tales juegos de azar fue a su vez ratificada por el artículo 1º de dicha ley, al establecer que ‘el Gobierno Departamental de Montevideo percibirá la totalidad de los beneficios de la explotación de los juegos de azar que le han sido autorizados, pudiendo aplicarlos libremente a sus propios fines…’. En el proyecto que se remite se establece que el concesionario deberá pagar un canon o precio por la gestión de la sala de juegos," -como veremos, se trata de una parte fija y otra variable- "mediante el cual la Intendencia Municipal de Montevideo percibirá los beneficios de la explotación.

Sin perjuicio de lo expuesto, se nos ha planteado la necesidad de recurrir a una expresa autorización por vía legal. En ese sentido, y dado que la Intendencia Municipal de Montevideo debe dar las máximas seguridades jurídicas y de transparencia al proceso licitatorio, es que estamos recorriendo todos los caminos necesarios para tal fin.

La Junta Departamental de Montevideo aprobó el pasado 16 de agosto el Decreto Nº 32.174 -documento que también consta en el legajo de que dispone cada uno de los señores Senadores-, que contiene, sobre todo, tres artículos relevantes. El artículo 1º, dice: "Encomiéndase a la Intendencia Municipal de Montevideo a gestionar, ante el Poder Legislativo, la sanción de una ley que habilite a realizar el llamado a Licitación Pública Internacional, para dar en concesión la gestión de la Sala de Juegos del Hotel Casino Carrasco". Esto es, precisamente, lo que se está cumpliendo en la tarde de hoy.

Por su parte, el artículo 2º establece: "Otórgase anuencia a la Intendencia Municipal de Montevideo para llamar a Licitación Pública Internacional para la remodelación y acondicionamiento del edificio del Hotel Casino Carrasco, la concesión del uso para su explotación comercial como hotel y de la gestión de la sala de juegos del casino municipal que funciona en aquél, la que quedará condicionada a la aprobación de la ley" -subrayo esta frase que me parece relevante: "la que quedará condicionada a la aprobación de la ley", porque es lo que estamos considerando en el día de hoy y luego deberá pasar a la Cámara de Representantes- a que hace referencia el artículo precedente.

El llamado a licitación se hará de conformidad con el Pliego de Condiciones Particulares que se adjunta y sus respectivos anexos".

El artículo 3º expresa: "La aprobación de la ley mencionada, será asimismo condición expresa para que el legislativo comunal otorgue la anuencia al momento de adjudicar la concesión, conforme a lo preceptuado por el artículo 273 numeral 8º) de la Constitución de la República". Creo que vale la pena recordar el texto de este artículo, que al comienzo dice: "La Junta Departamental ejercerá las funciones legislativas y de contralor en el Gobierno Departamental", y en su numeral 8º): "Otorgar concesiones para servicios públicos, locales o departamentales, a propuesta del Intendente, y por mayoría absoluta de votos del total de sus componentes".

El proyecto de ley en sí mismo consta de dos artículos, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 1º.- Autorízase a la Intendencia Municipal de Montevideo a convocar a una Licitación Pública Internacional cuyo objeto incluya la concesión de la gestión de la Sala de Juegos del Casino Municipal que funciona en el Hotel Casino Carrasco, por un plazo de treinta años, debiendo el adjudicatario abonar un canon o precio.

Artículo 2º.- Sin perjuicio de las competencias asignadas al Banco Central del Uruguay y al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 17.835 de 23 de setiembre de 2004 y su reglamentación,". Esta ley es la denominada "Sistema de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo", y en sus dos primeros artículos dice: "Artículo 1º.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones que, en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos tipificado", y luego sigue con la enumeración de disposiciones.

Precisamente, el siguiente artículo hace referencia a los destinatarios de esta obligación: "Artículo 2º.- También estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior los casinos, las empresas que presten servicios de transferencia o envío de fondos", etcétera.

Continúo leyendo el artículo 2º del proyecto de ley: "corresponderá a la Intendencia Municipal de Montevideo el contralor de los juegos de azar que se desarrollen en el establecimiento de acuerdo al proceso licitatorio referido en el artículo anterior".

En definitiva, a través de esta iniciativa se promueven los controles que el Banco Central del Uruguay y el Poder Ejecutivo están habilitados a realizar, de acuerdo con distintas leyes, entre las cuales la más destacada es la Nº 17.835, sin perjuicio de los controles que realizará la propia Intendencia Municipal de Montevideo.

Debo decir que este proceso, que ha llegado hasta esta instancia, reconoce varios capítulos anteriores, una licitación y un largo debate que hubo en la Junta Departamental de Montevideo hace aproximadamente diez años. En aquel momento se discutió la licitación del Hotel Casino Carrasco, pero excluyendo al Casino, que finalmente fue adjudicada a la empresa Carmitel S.A. Recuerdo que la adjudicación estuvo diez años en litigio y que la primera información la da el Intendente cuando dice que en junio de 2006 recién se recuperó la facultad de disponer del Hotel Casino. Todo esto dio lugar a un proceso muy complejo, discutido y analizado en la opinión pública y en la Junta Departamental que, sin duda, ha generado cierta frustración en Montevideo, sobre todo en la gente que vive en el entorno del barrio de Carrasco, dado que se aspira a que el Hotel Carrasco, declarado monumento histórico nacional, pueda recuperar todo lo que significó en los años treinta del siglo pasado, cuando se construyó. Pretendemos que este hotel pueda recuperar el esplendor que tuvo, para hacer que el barrio Carrasco -que sin duda es una joya de Montevideo-, con la rambla y la avenida Arocena, cuenten con un proyecto arquitectónico acorde con su jerarquía y significación.

A su vez, esto generó que, hace unos meses, la Intendencia Municipal de Montevideo remitiera un Pliego de Condiciones Particulares para la Licitación Pública Internacional -documento que está en poder de todos los señores Senadores y es de público conocimiento- a la Junta Departamental de Montevideo para su consideración.

Creo que tan importante como la aprobación del proyecto de ley, que consta de media carilla y refiere a la autorización y a los controles, es conocer los aspectos medulares del Pliego de Condiciones.

Creo que aquí se recoge la experiencia de estos años porque, entre otras cosas, debemos reconocer la inexperiencia que mostró el Gobierno Municipal de Montevideo en aquel entonces para lidiar con una licitación en la que había muchos millones en juego, muchas expectativas y, también, la eventualidad de obtener un lucro importante. No tengo ningún inconveniente en reconocer que tal vez la generosidad al considerar la buena voluntad de los distintos actores, llevó a que no se tomaran las precauciones necesarias.

Quiero destacar que no tuvimos un antagonista leal porque, si bien reconocemos el derecho de la empresa Carmitel S.A. a aspirar a ganar esa licitación y a que le diera beneficios económicos, la lealtad en los negocios debe estar siempre presente. No puedo decir que conozco todo porque, en realidad, nadie conoce todo -incluso, quizás, algunas cosas se sepan en el futuro; no lo asevero ni lo niego- pero sí afirmo que no comparto los procedimientos que se utilizaron y las chicanas que se pusieron -utilizando el lenguaje común y corriente- para maniobrar frente a compromisos ya asumidos y a una licitación firmada. No debemos pasar por alto que la parte autorizante se encontró ante la disyuntiva de rescindir el contrato, volviendo todo a fojas cero.

Tampoco desconocemos que durante ese lapso, tuvo lugar la crisis de 2002 pero, de todas formas, insistimos en que no se actuó con lealtad, con la honestidad imprescindible ni con la buena fe necesaria a la hora de negociar con la Intendencia Municipal de Montevideo, que pagó tributo a su inexperiencia y a esa falta de lealtad de parte de quien intervino en el negocio.

Pues bien, lo importante ahora es que toda esa experiencia está recogida en este Pliego de Condiciones. Creo, señor Presidente, que se aprendió la lección. Por ejemplo, y para mencionar uno de los muchos aspectos que han sido tenidos en cuenta, digo que se ha establecido dónde debe depositarse la garantía. Concretamente, de manera muy exigente, se establece que solamente se considerarán válidas y en condiciones efectivas de actuar, en el momento en que sean depositadas en la Tesorería de la Intendencia Municipal de Montevideo. Esto no se hizo en el caso anterior, no se supo si el dinero existió; anduvo deambulando y si bien hubo papeles, no sabemos si hubo garantías suficientes. Insisto en que este es un ejemplo, entre muchos, que demuestra que se aprendió la lección, y es lo que trataré de demostrar en esta exposición.

Debo decir que me fue imposible reunirme con Ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado, aunque me hubiera gustado mucho poder hacerlo. A algunos de ellos los conozco personalmente ya que años antes trabajaron en el Palacio Legislativo, lo que nos permitió que cultiváramos una cierta amistad. En definitiva, repito, me habría causado mucho placer hablar con ellos porque, según lo que he podido leer y lo que me han informado mis propios compañeros, se trata de personas que han estudiado muy a fondo el tema y que han actuado con mucha lealtad intelectual defendiendo sus puntos de vista con argumentos de jerarquía, por lo cual merecían mi reconocimiento a la hora de asesorarme para presentar este informe. Naturalmente, sí pude dialogar con las autoridades de la Intendencia Municipal de Montevideo y con mis compañeros Ediles, lo cual me permite transmitir hoy que a nivel de la Junta Departamental se dio un debate con altura y de gran jerarquía, en el que fundamentalmente primó el interés general por encima de cualquier otra consideración.

Sabido es que el proyecto no se aprobó por unanimidad, sino que fue apoyado por la bancada oficialista y el Edil Gloodtdofsky, del Partido Colorado. De todas formas, todos los miembros de la Junta Departamental -tanto los del Gobierno como los de la oposición- coincidieron en que, en virtud de los antecedentes y de lo que las normas legales establecen, esta licitación debía ser materia de un proyecto de ley y considerarse en el Parlamento. Ese es, a mi juicio, un elemento medular. Debo decir esto con absoluta claridad porque nobleza obliga y, además, porque aspiro a que esta discusión se dé con la máxima jerarquía. Lo cierto es que, gracias a la acción decidida de los Ediles de la oposición  -puede ser que a mis compañeros de bancada no les guste lo que voy a señalar- y a la insistencia de sus argumentaciones en torno a que esta licitación solamente podía tener certeza jurídica si era autorizada por ley, fue que finalmente se aprobó el decreto que obra en poder de todos los señores Senadores.

(Interrupciones)

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Senador: diríjase a la Mesa, por favor.

SEÑOR BARAIBAR.- Podría ser un poco más breve en mi intervención; no obstante ello, quisiera subrayar algunos aspectos aquí porque, ante la eventualidad de que tengamos que dar un debate, resultará conveniente que hayamos puesto negro sobre blanco puntos relevantes y medulares de este proceso.

El Artículo 1º -que figura en la página 17 del legajo- dice: "El objeto del presente llamado a Licitación Pública Internacional, es: a) la remodelación y acondicionamiento del edificio del Hotel Casino Carrasco; b) la concesión del uso del edificio del Hotel Casino Carrasco para su explotación comercial como Hotel de alto nivel, de la mayor categorización posible que permita la estructura edilicia, pudiendo incluirse servicios conexos y complementarios a su propio giro (restaurante, locales gastronómicos, y de esparcimiento, salas de fiestas, centro de convenciones, instalaciones deportivas, spa, espectáculos, cine, teatro, etc.)".

Muchos podrán preguntarse por qué no se habla directamente de hotel cinco estrellas y sí de "Hotel de alto nivel, de la mayor categorización posible que permita la estructura edilicia". Según me han informado, las características del predio hacen que haya algunas limitaciones espaciales -esto fue objeto de consulta por parte de la Intendencia- como para prever, de antemano, que cumplirá con todos los requisitos que se establece a nivel internacional en esta materia.

Por su parte, en el inciso segundo del Artículo 2º, se señala: "Su reinauguración como Hotel y Casino de alta calificación es un desafío y apuesta para el fortalecimiento turístico y el posicionamiento estratégico de Montevideo en el MERCOSUR".

Asimismo, en esta disposición también se prevé lo relativo a los estacionamientos, en tanto los vecinos han manifestado su preocupación al respecto. Se establece que deberán preverse zonas generosas de estacionamiento que no generen un atosigamiento en el entorno porque, si bien en el recorrido de la avenida Arocena hay muchos comercios, se trata de una zona residencial.

El artículo 3º establece que la Intendencia Municipal de Montevideo está dispuesta a dar en concesión el edificio del Hotel Casino Carrasco y la gestión de los juegos de azar en el Casino Municipal que funciona en el Hotel, incluyendo todas sus instalaciones en el estado de mantenimiento que presente. Debemos señalar que la falta de mantenimiento hoy le cuesta bastante dinero a la Intendencia Municipal de Montevideo y, lejos de recibir dinero, hoy se está gastando para administrar algo que no da ningún beneficio. Más adelante, el artículo 3º dice: "Los interesados deberán considerar, en forma indivisible, los siguientes aspectos: Edificio: propuesta constructiva y solución de estacionamiento: ver anexo 1. Canon: ver anexo 2. Solución tecnológica para la gestión y el funcionamiento del Casino: ver anexo 3. Explotación comercial del Hotel y del Casino: ver anexo 4."

Pasando a las condiciones generales, tenemos el artículo 4º que refiere a la capacidad jurídica. Este artículo dice: "Podrán presentarse a la presente licitación personas físicas, jurídicas o consorcios, nacionales o extranjeros, que acrediten solvencia técnica y financiera…".

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado votó realizar un cuarto intermedio de veinte minutos a partir de las 15 y 55 minutos. Por tanto, si el señor Senador no tiene inconveniente pasaríamos a cuarto intermedio para continuar con la sesión dentro de veinte minutos.

Se pasa a cuarto intermedio.

(Así se hace. Es la hora 15 y 56 minutos)

(Vueltos a Sala)

8) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 16 y 29 minutos)

- La Mesa ha recibido una comunicación sobre integración del Cuerpo relativa al retorno del señor Diputado Pablo Iturralde a la Cámara de Representantes para ocupar nuevamente su banca, por lo cual se convoca al señor Senador Daniel Peña, quien ya ha prestado el juramento de estilo y, en consecuencia, se le invita a ingresar al Hemiciclo como suplente del señor Senador Long.

9) LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL RELATIVA A LA CONCESION DE LA GESTIÓN DE LA SALA DE JUEGOS DEL CASINO MUNICIPAL DEL HOTEL CASINO CARRASCO

SEÑOR PRESIDENTE.-Continuando con la consideración del asunto que figura en primer término del Orden del Día, tiene la palabra el señor Senador Baráibar, a quien la Mesa le informa que dispone de 33 minutos para culminar la exposición que había comenzado a realizar.

SEÑOR BARAIBAR.- Antes del cuarto intermedio estábamos considerando el pliego de condiciones porque, si bien no es materia estricta del proyecto de ley, representa la síntesis de una problemática mucho mayor y, por tanto, las condiciones son absolutamente relevantes. Entonces, para que la composición de lugar sea verdaderamente significativa, vamos a referirnos con algún grado de entendimiento al tema, sin perjuicio de recordar a los señores Senadores que todos disponen en sus mesas de trabajo del correspondiente pliego de condiciones.

Estábamos analizando el artículo 3º del mencionado documento, que dice lo siguiente. "La IMM está dispuesta a dar en concesión el edificio del Hotel Casino Carrasco y la gestión de los juegos de azar en el Casino Municipal que funciona en el Hotel, incluyendo todas sus instalaciones, en el estado de mantenimiento que presente a la fecha de notificación de la resolución de adjudicación, por los plazos establecidos en el artículo 28.

Los interesados deberán considerar, en forma indivisible, los siguientes aspectos:

Edificio: propuesta constructiva y solución de estacionamiento. Ver anexo 1.

Canon: ver anexo2.

Solución Tecnológica para la gestión y el funcionamiento del Casino: ver anexo3.

Explotación comercial del Hotel y del Casino: ver anexo 4."

Por su parte, el artículo 4º se refiere a la capacidad jurídica, y de esta disposición quisiera mencionar un párrafo que, a mi entender, es muy importante. Concretamente, el texto dice lo siguiente: "Si la oferente fuere una sociedad anónima, deberá incluir el nombre de sus directores, los cuales serán solidariamente responsables del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que asuma la oferente en caso de adjudicársele el contrato". Aclaro que estoy resumiendo el texto de estos artículos, pero este capítulo referido a la capacidad jurídica es muy completo y establece una serie de garantías a fin de que, quienes se presenten a la licitación, reúnan los requisitos de idoneidad y legalidad para llevar adelante el emprendimiento.

Por su parte, el artículo 5º de este pliego de condiciones dice lo siguiente: "El adjudicatario, su personal y las empresas con las cuales contrate deberán cumplir las leyes, decretos, ordenanzas, códigos y reglamentos vigentes corriendo por su cuenta el pago de eventuales multas, recargos e intereses originados por infracciones a tales normas".

Asimismo, el artículo 10, que es muy importante, se refiere a la prohibición de cesión del contrato o de la adjudicación y expresa: "El concesionario no podrá ceder a ningún título, durante todo el período del contrato la gestión del Hotel ni la del Casino, salvo autorización previa, expresa y por escrito de la IMM, con anuencia de la Junta Departamental." Finalmente, el artículo 11 establece lo relativo a las obligaciones con proveedores.

El artículo 12 se refiere a las obligaciones con el personal y dice lo siguiente: "La contratación del personal para cualquiera de los servicios u obras resultantes de este llamado, será de exclusiva cuenta del concesionario, quien será único responsable de todos los aspectos de la misma (pagos de salarios, seguros, etc.), así como del pago de todos los aportes y obligaciones derivadas de la aplicación de las leyes laborales y de seguridad social y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a cualquier compromiso que pudiere contraer, por lo que esta Administración Municipal no asume ninguna obligación en tal sentido.

La retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios.

El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones antes mencionadas, será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario." Con respecto a esta referencia al personal de la empresa que gana la licitación, me interesa que quede claro que no se trata de los funcionarios del Casino Carrasco que, si no me equivoco, son alrededor de sesenta. El total del personal de los casinos municipales son aproximadamente trescientos sesenta.

Quiero decir, por otra parte, que he prestado especial atención a este asunto y he realizado las consultas correspondientes, ya que me parece lógico que este tema resulte de particular sensibilidad para los compañeros que hoy se encuentran en la Barra, que son trabajadores municipales y tienen la legítima inquietud de conocer el destino de la función pública que desempeñan.

En este sentido, señor Presidente, señores Senadores y funcionarios que se encuentran en la Barra, estoy en condiciones de afirmar que el Intendente Ehrlich y la mayoría de los integrantes del gobierno municipal -si me permiten, también voy a hablar de los Ediles del Partido Colorado y del Partido Nacional, porque prácticamente todas las referencias a este tema, en particular lo que tiene que ver con el destino de los funcionarios, generaron una preocupación muy grande en ellos y, obviamente, también en quienes integran la bancada oficialista- garantizan absolutamente el mantenimiento del trabajo de los funcionarios del Casino, por supuesto, luego de una negociación entre ADEOM y las autoridades municipales.

Por otra parte, se manejó la posibilidad de que algunos se pudieran amparar al instituto de la reserva del cargo. Concretamente, hablé con el Prosecretario de la Intendencia, doctor Jorge Rodríguez, quien me dijo que era una iniciativa interesante que podría generar una flexibilización de las condiciones de trabajo de esos funcionarios en el futuro. De todas formas, no es materia de esta ley, sino que el Gobierno Municipal, a través de un decreto, podría establecer una reserva por un tiempo a fijar en la normativa -debería ser de uno o dos años y no más- para que el funcionario pase a depender de la empresa que obtuviera la concesión del casino y del hotel. Incluso, si es de su interés, algunos podrían pasar a trabajar en el hotel y no estrictamente en el casino; luego de un tiempo prudencial, si no les satisfacen las condiciones laborales, tendrían la posibilidad de volver a su cargo en la Intendencia Municipal de Montevideo.

En esta materia, estoy comprometiendo mi palabra como Legislador de nuestra fuerza política; además, tengo la opinión del Intendente Ehrlich y de los Ediles del Frente Amplio y sé que están de acuerdo los Ediles de Montevideo del Partido Colorado y del Partido Nacional.

El segundo párrafo del artículo 13 dice lo siguiente: "El adjudicatario asume la obligación de financiar las inversiones y atender, por su cuenta, la totalidad de los gastos y desembolsos para cumplir con las prestaciones contenidas en el objeto de la licitación". Por lo tanto, se trata de una inversión total que estará a cargo del que gane la licitación. Este es un elemento clave: acá no hay gasto ni inversión por parte de la Intendencia Municipal de Montevideo que, por otra parte, no estaría en condiciones de hacerla, dadas sus prioridades. De acuerdo con los llamados de interés que se realizaron, se habla de que el costo de dicha inversión estaría entre US$ 20:000.000 y US$ 40:000.000.

Las tres soluciones manejadas -a las que seguramente podremos hacer referencia en otro momento de esta sesión- son las siguientes: municipalización -es decir, mantenerse en la situación actual-, concesión a particulares y empresa mixta. Sin embargo, con respecto a esta última posibilidad, todas las empresas -salvo una, pero que las condiciones que planteaba no eran adecuadas de acuerdo con las prioridades que tiene la Intendencia- que se presentaron, parten de la base de que la inversión tiene que ser por cuenta de ellos. Esa es la condición; no hay una coparticipación o un cofinanciamiento de la inversión por parte de la Intendencia y del particular que gane la licitación. Naturalmente esta idea de empresa mixta también nos seduce -¡vaya si nos resulta sumamente atractiva!- y la hemos pregonado, pero por la razón del artillero, en este caso no está dentro de las posibilidades.

Dicho sea de paso, quiero acotar que en el llamado de las expresiones de interés que fue realizado en el año 2006 para el área de Punta Brava, Buceo y el Hotel Casino se presentaron una gran cantidad de interesados. Sin duda hay interesados y debemos partir de la base de que no estamos apostando a una utopía, incluso conociendo las condiciones muy rigurosas que plantea este Pliego de Condiciones. La Intendencia, con un buen celo y criterio, no calificó a ninguna de las expresiones de interés, porque se entendía que era incorrecto dar una ventaja a algunos de los oferentes. Esto es así, sobre todo, teniendo en cuenta que el llamado a expresión de interés es un procedimiento administrativo y que varias de las empresas eran muy atractivas por sus vínculos internacionales, por su experiencia, por su solvencia financiera y por su capacidad de gestión en materia de hotelería y casino. Por tanto, declaró desierto el llamado y remitió a la instancia licitatoria, que es la que se abriría en caso de que aprobemos esta ley y que luego sea aprobado el Pliego de Condiciones definitivo en la Junta Departamental de Montevideo. De esta forma, la adjudicación será realizada luego de un procedimiento muy estricto en cuanto a sus condiciones.

El artículo 14 se refiere a los seguros, que pueden ser de toda naturaleza y son muy exigentes.

SEÑOR SANGUINETTI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BARAIBAR.- Tiene la palabra el señor Senador Sanguinetti.

SEÑOR PRESIDENTE.- Perdón, señor Senador Baráibar, si no tiene inconveniente, debe permitir que el Presidente autorice la interrupción.

SEÑOR BARAIBAR.- Tiene toda la razón del mundo, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Sanguinetti.

SEÑOR SANGUINETTI.- Agradezco al señor Presidente y también al señor Senador Baráibar, que espontáneamente me concedía esta interrupción.

Quiero hacer un comentario con relación a lo que venía expresando el señor Senador Baráibar en su interesante exposición en cuanto a la disposición de los interesados en este tipo de emprendimientos y al que manifestaban en los llamados que se habían hecho sobre la costa.

Considero que los interesados actúan en función de la expectativa que se crea. Si la Intendencia Municipal crea la expectativa de que se puede construir en la rambla misma o adelante del Club de Golf, lógicamente aparecen interesados. Creo que eso es un error. Si la Intendencia abre de tal modo el juego que deja lugar a la posibilidad de que se instalen con un casino, obviamente, los eventuales interesados hacen fila para construir un edificio e instalar un casino frente al Club de Golf de Punta Carretas.

Me parece que es la Intendencia la que debe definir cuál es su política, su intención, hacia dónde quiere ir. Además, en este caso estamos hablando del Hotel Carrasco y no de esas otras eventualidades, que personalmente no comparto, porque es un mundo de fantasías que puede terminar destrozando lo mejor de Montevideo, como son su costa y su rambla.

Con relación al Hotel Casino Carrasco, específicamente, no me quedaron claras cuáles fueron las razones por las que se descartaba de plano el sistema de una sociedad del Estado con particulares, que tanto resultado ha dado. Este es un sistema que se ha venido usando, por ejemplo, en el Hotel Radisson y ha sido realmente conveniente. Me parecía colegir del razonamiento del señor Senador Baráibar que la Intendencia no está dispuesta a ofrecer nada. En este caso, está ofreciendo nada más ni nada menos que el edificio, un espectacular entorno, un ambiente, el mejor lugar, si se quiere, de la costa; está ofreciendo mucho para un eventual esfuerzo cofinanciero porque, repito, ofrece la posibilidad del juego que, en definitiva, es titularidad de la propia Intendencia. Quiere decir que lo que está ofreciendo es muchísimo. No imagino que además de ofrecer un hotel, un edificio y la posibilidad de explotar el juego -que vale mucho-, el Estado tenga que poner dinero. Eso es lo que ha ofrecido en esos otros casos en que ha habido una explotación conjunta que, por lo que he visto, para el Estado ha sido satisfactoria y también para los particulares, porque ha aumentado el juego.

Me gustaría que se aclarara un poco más a fondo por qué se descartó esa hipótesis.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARAIBAR.- Agradezco la intervención del señor Senador Sanguinetti, porque quizás el énfasis que puse en algunos aspectos no me permitió ser claro en otros temas.

Cuando hablaba de las expresiones de interés, me refería a que había varias, algunas muy buenas, con relación al Hotel Casino Carrasco; de los otros casos no estoy en condiciones de pronunciarme, porque no tengo ni arte ni parte de lo que ocurra con Punta Brava, en el Buceo, en la costa del Club de Golf y demás.

Con respecto a la inversión, no voy a dejar de reconocer que el bien que se ofrece es valioso, tanto en lo que atañe al predio, la ubicación, la trayectoria, la historia y la posibilidad de gestionar un casino; pero vamos a entendernos: no ha habido interesados suficientes de jerarquía que den garantías, que no sean del estilo de Carmitel S.A., para la explotación del Hotel Carrasco, sin la explotación del casino.

Luego de la experiencia que tuvo la Intendencia con este llamado de interés, en conversaciones que mantuvo con quienes se presentaron, se constató que para una inversión que estaría entre US$ 20:000.000 y US$ 40:000.000, no alcanza el tiempo para lograr el retorno de la inversión. Quiere decir que no es atractiva la explotación exclusiva del hotel. Además, se establece que esa inversión se debe realizar en un plazo previo al comienzo de la explotación del casino. Entonces se establecen plazos y garantías muy estrictas -que figuran en el Pliego de Condiciones- que aseguran la explotación del casino -que es un negocio importante en el que se gana dinero- y también se fija el canon, que tiene una cantidad fija y otra variable. De este modo, se establece que la Intendencia también es socia en los beneficios que tenga el casino. En todo esto, se parte de la base que la atracción la genera, básicamente, el casino. Esa es la ecuación que se está manejando; la otra no tuvo interesados, salvo uno que por múltiples motivos no era de recibo.

En consecuencia, se entendió que en función de las propuestas que se habían presentado, la única posibilidad de sacar adelante esa zona valiosa de Montevideo y ese predio con una riquísima historia de nuestra ciudad, es a través de estos procedimientos. Reconocemos que esto puede ser opinable y discutible y sobre esa materia no nos negamos a escuchar los argumentos legítimos y leales de quienes discrepan con nuestra opinión. Luego de haber estudiado este tema por más de un mes y medio he llegado a la conclusión de que lo que expresan los Ediles, el equipo de Gobierno y demás, es la única opción posible.

Continúo avanzando, porque no me queda mucho tiempo y quiero escuchar a los señores Senadores quienes, seguramente, deben tener muchas cosas para decir.

Paso a comentar el Capítulo V "Procedimiento de la licitación. Formalidades". El artículo 16 refiere a la forma de presentación, y allí se establece que los oferentes presentarán dos sobres: el primero, contendrá un informe sobre la capacidad financiera, legal, técnica y operativa; una propuesta arquitectónica referente a las obras en el edificio del hotel y del casino; un plan de negocios para la gestión hotelera y del casino, desagregado a nivel de detalle para los primeros cinco años y resumido para los veinticinco restantes; y también una solución tecnológica para la gestión y el funcionamiento del casino. Por su parte, el segundo sobre -del cual hablaremos después cuando analicemos los anexos- se refiere al canon.

Por otro lado, el artículo 17, que tiene que ver con los requisitos formales y la documentación, hace mención al recibo de pago de la garantía de mantenimiento de oferta, expedido por la Tesorería General Municipal y al recibo de adquisición de los recaudos de la licitación.

El artículo 19 -garantía de mantenimiento de oferta- dispone que los oferentes deberán depositar en la Tesorería General Municipal -esto no se hizo en el caso de Carmitel S.A., en donde no hubo elementos de la garantía- como garantía de mantenimiento de la oferta, la suma equivalente a cuatro millones trescientos cincuenta mil Unidades Indexadas, es decir, alrededor de US$ 300.000. Se pide esto como garantía de mantenimiento de la oferta, lo que es un requisito esencial.

El artículo 20 -garantía de fiel cumplimiento de contrato y garantías especiales- dispone que dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación, el adjudicatario depositará en la Tesorería General Municipal, la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Pliego Único de Bases. El monto de esta garantía será por la suma equivalente a setenta y cinco millones quinientas mil Unidades Indexadas, que equivalen aproximadamente a US$ 6:000.000. También se establecen requisitos con relación a esta garantía. Asimismo, dice: "Además de la garantía de fiel cumplimiento de contrato establecida anteriormente, el adjudicatario deberá constituir en Tesorería General Municipal las garantías especiales que se indican a continuación, según el siguiente criterio:

a) Una garantía especial afectada al cumplimiento de la ejecución de las obras, que será el equivalente a diez por ciento (10%) del monto de la inversión en obras,

[…]

b) Una garantía especial afectada al cumplimiento del pago del Canon Anual de la Concesión, que será inicialmente el equivalente a tres (3) mensualidades del monto mínimo garantizado durante el primer año y dicho monto se reajustará según lo indicado en el párrafo siguiente".

Otro de los puntos importantes es el relacionado con los criterios de evaluación, en cuyo caso la Intendencia Municipal de Montevideo se reserva el derecho de declarar desierto el llamado a licitación, a analizar todas y cada una de las propuestas que se presenten si ello se aconseja por razones de oportunidad y conveniencia.

Además del cumplimiento de las condiciones establecidas en este pliego, en los anexos que forman parte de él, se tomarán en cuenta como elemento de juicio para la adjudicación, la información relativa al estado de la situación financiera, legal, técnica y operativa del oferente, elementos que podrán ser causal de desestimación de la propuesta.

Respecto a este punto, debemos señalar que se origina a partir de las experiencias y de la lección aprendida. Concretamente, su contenido deja en claro que no alcanza con que venga alguien con un esquicio o un proyecto muy bien presentado por personas muy amables, que utilizan carpetas muy bien encuadernadas y que, de pronto, formulan invitaciones a una u otra cosa, porque sabemos que todo eso puede ser una simple fachada. Por esa razón, lo que aquí se pretende es que la Intendencia se reserve el derecho a investigar a fondo para saber que quien se presenta es gente de negocios, pero gente bien, solvente y con experiencia en la materia.

A los efectos de la puntuación, se establecen los siguientes ítems: 1) Propuesta arquitectónica de remodelación del edificio, solución de estacionamiento y antecedentes profesionales y académicos de los proyectistas, los que podrán alcanzar hasta 40 puntos; 2) Plan de negocios de la gestión del Hotel Casino Carrasco, con un máximo de 40 puntos y, 3) valor ofrecido como canon anual de la concesión, también de 40 puntos como máximo.

En cuanto a la Comisión Evaluadora, tema contenido en el artículo 24, se establece que la Intendencia Municipal nombrará una Comisión Evaluadora para realizar el estudio de las propuestas, la que deberá integrarse por técnicos de reconocida capacidad y experiencia en la materia. En el mismo artículo se expresa que el respaldo económico financiero de los oferentes será estudiado por la Corporación Nacional para el Desarrollo, según convenio oportunamente firmado con la Administración Municipal. Respecto a este punto, se ha puesto de manifiesto cierta preocupación por cuanto lo que aquí se establece puede ser discutible desde el punto de vista legal. Por supuesto, se podrá discutir si esta es la mejor solución o no, pero lo cierto es que la idea es crear un organismo que tenga solvencia técnica y jerarquía dentro del país para ocuparse, precisamente, de la evaluación de las ofertas.

Luego, figuran una serie de artículos relacionados con aspectos muy formales, en los que no me voy a detener porque no vienen al caso en este momento.

En lo que respecta al plazo de la concesión, se establece que será de 30 años y que una vez transcurrido el plazo del contrato, o en caso se rescisión, la Intendencia Municipal de Montevideo pasará a ser titular de pleno derecho, sin compensación alguna al adjudicatario de todas las mejoras, construcciones e instalaciones que haya efectuado para la explotación y/o conservación de las obras, incluidas aquellas realizadas para la gestión de la sala de juegos del Casino Municipal.

Más adelante se habla de que el plazo de mantenimiento de la oferta es de 360 días.

Respecto al incumplimiento de estas condiciones, se establecen multas por montos que se ubicarán entre 10.000 Unidades Indexadas y 10:000.000 Unidades Indexadas.

Por supuesto, también se habla de la mora, tema que voy a pasar por alto para detenerme en el de la rescisión, contenido en el artículo 34. En determinada parte de este artículo se establece que en caso de incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones de la adjudicataria, la Intendencia Municipal de Montevideo podrá rescindir el contrato pudiendo en tal caso incautarse total o parcialmente las garantías previstas en el artículo 20.

Este Capítulo termina con el artículo 37. Luego vienen los Anexos que, entre otros aspectos, se refieren a las obras, temas relacionados esencialmente con la arquitectura.

En el artículo 6 del Anexo 1, se habla de las áreas destinadas para hotel, casino y estacionamientos. Allí se establece que las salas de Casino deberán estar de acuerdo con la categoría de hotel donde se implantan, no pudiendo superar el 20% del emprendimiento. Con esta disposición se deja claramente establecido que no estamos dando a un hotel la posibilidad de que se transforme fácilmente en un casino. Por el contrario, se está concediendo un espacio para el casino, pero el hotel, que es el motivo principal de este emprendimiento, debe seguir funcionando como tal. A estos efectos, se establece que para el hotel, del total de las áreas edificadas, un mínimo de 50% deberá ser destinado a habitaciones y hasta un 30% a salas de convenciones, recreación y servicios.

Una vez más, paso por alto algunos artículos para referirme rápidamente al artículo 13 del Anexo 1, en el que se establece el plazo de ejecución de obra y cronograma, que será de 20 meses. Realmente es sorprendente, sobre todo, si pensamos que en ese plazo tan exiguo, luego de aprobada la licitación, se puede reconvertir el edificio. En verdad, sería maravilloso. A su vez, el inicio de la obra, también es de un plazo muy breve, o sea, de treinta días.

De nuevo salteo varios artículos para referirme al Anexo 2, en el que se habla del canon. Por cierto, este es uno de los puntos más importantes porque en él se habla de lo que cobraría la Intendencia por otorgar en concesión una propiedad de mucho valor, tal como lo ha señalado el señor Senador Sanguinetti. El canon se establece de dos formas. Una de ellas es la que se ha dado en llamar Mínimo Anual Garantizado (MAG), y la otra se conoce como Win, y representa los ingresos por ventas de fichas, token, monedas, tickets, mecanismos magnéticos o digitales, y cualquier otro medio habilitante de juegos actuales y futuros no incluidos en los anteriores, que permitan realizar apuestas, menos todas las sumas pagadas como premios metálicos.

El MAG, que es un monto fijo, desde el año uno al año tres, a partir de la apertura del hotel casino, será como mínimo de 7:500.000 Unidades Indexadas, o sea, US$ 500.000; desde el año cuatro al final será de al menos 15:000.000 Unidades Indexadas, o sea US$ 1:000.000. El Win -que es la forma de ingreso que, sin duda, podríamos decir que es lo que da fuerza a este emprendimiento desde el punto de vista del retorno de dinero que va a tener la Intendencia Municipal de Montevideo- será un porcentaje de los ingresos totales de todas las modalidades de apuestas que se gestionen en el casino, independientemente del lugar físico o de la modalidad tecnológica por las que se realicen.

Cabe agregar que el pago del canon es muy exigente, se deberá realizar en forma mensual y no se aceptan demoras.

Pasamos ahora al Anexo 3, que habla del sistema informático de gestión y control. Reconozco que aquí se aborda un tema muy árido y difícil de tratar, pero en él se incluye la posibilidad de instrumentar un control estricto de toda la gestión. Por supuesto, sería deseable poder escuchar con atención a un experto en estos temas; no obstante, simplemente voy a señalar que en estas disposiciones se establece que se deberá instrumentar la solución tecnológica que permita controlar absolutamente todo el funcionamiento del casino y del hotel, utilizando cámaras de video. Al mismo tiempo, se propone que los representantes de la Administración municipal deberán contar con los siguientes permisos de acceso, los que podrán ser usados sin necesidad de aviso previo. Deberán tener acceso, desde una estación de trabajo local y desde una remota, a todas las facilidades del sistema en modo consulta. El sistema deberá contar con los elementos de hardware y software necesarios para brindar dicha funcionalidad y también se dispone el acceso a toda la información de auditoría.

SEÑOR CID.- ¿Me permite, señor Presidente?

Solicito que se prorrogue por treinta minutos el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARAIBAR.- Agradezco al Cuerpo la deferencia.

Con relación al tema de los controles, debo señalar que uno de ellos es el que se realiza in situ, o sea, en el propio casino o en el propio hotel, y otro es el que se realiza desde la Administración Municipal. Esto significa que existe la posibilidad de que quienes ejercen el control sean controlados, medida que resulta sumamente conveniente en función de muchas experiencias.

Por su parte, el Anexo 4, entre otras cosas, habla del valor de la ficha; hasta ahora no me he referido a este tema, pero quiero aclarar que vamos a mencionarlo en varias oportunidades. Luego se hace referencia al inicio de las actividades y se establece como máximo un plazo de 20 meses.

En el Anexo 5 se menciona lo relativo a la información que deberá suministrar el oferente a los efectos del estudio de la capacidad técnica.

Por su parte, el Anexo 6, incluye los criterios de evaluación.

Este ha sido un sintético informe, pues sé que los señores Senadores disponen del documento. De modo que, redondeando mi exposición, quisiera resaltar dos o tres elementos. A raíz de la intervención del señor Senador Sanguinetti, básicamente señalé el porqué de esta opción que, bien o mal, permitiría llevar adelante en plazos razonables este proyecto de ley. De esa manera, se saldría de la situación de postración que existe desde hace muchos años. Si bien el Hotel Casino Carrasco tuvo períodos de gran lucimiento y despliegue, hace mucho tiempo que entró en una declinación que, prácticamente, significó su muerte.

Con relación a los funcionarios, creo que el tema quedó suficientemente aclarado con la información que intenté brindar.

Otro aspecto que también preocupa a los empleados es el futuro del Casino Parque Hotel. La intención es jerarquizarlo al máximo, tratando de que funcione de la mejor manera posible. Debido a su ubicación geográfica, uno en el Parque Rodó y el otro en Carrasco, ambos casinos están situados en barrios sumamente distintos, por lo que en efecto podrán tener una clientela diferente. El Hotel Casino Carrasco, que apuntaría al mejor nivel posible, sería del tipo casino mediterráneo, es decir, con juegos de mesa de tipo blackjack, bacará, poker y ruleta, mientras que el Casino Parque Hotel sería fundamentalmente de estilo americano, o sea, de máquinas tragamonedas (slots), como ya las tiene en la actualidad, al igual que el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pido silencio a los asistentes que se encuentran en la Barra, porque se siente un murmullo muy fuerte en Sala y ello dificulta la audición y la toma correcta de la versión taquigráfica. Reitero que, simplemente, solicito silencio para poder seguir adelante en el tema con tranquilidad.

Puede continuar el señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARAIBAR.- Además de las características del tipo de juego que se ofrecería, también sería diferente el valor de las fichas. En el Casino Parque Hotel la ficha sería más económica que la del Hotel Casino Carrasco, lo que sería establecido preceptivamente en los contratos y en las condiciones en las cuales se explotaría el casino.

Debido a la experiencia que he tenido en conversaciones con los Ediles de la Junta Departamental y por la lectura de la versión taquigráfica, no estamos iniciando sino culminando un proceso. Diría que este Pliego de Condiciones tuvo un largo pero fructífero período de consideración en la Junta Departamental de Montevideo, donde se trató en Comisión y luego en el Plenario. Si bien allí no fue votado por unanimidad, contó con la mayoría oficialista del Frente Amplio y el voto del Edil Gloodtdofsky, del Partido Colorado. Todas las intervenciones apuntaron a la necesidad de que el Hotel Casino Carrasco volviera a funcionar. Me gustaría citar a la ex compañera del Parlamento, Edila Glenda Rondán, que dijo: "Yo no voy a votar este proyecto, pero les deseo la mejor suerte. Ojalá que el Casino funcione; ojalá que el Hotel funcione; ojalá que esto sea un éxito. Yo no lo voto, pero les deseo el mayor de los éxitos". Creo que todos conocemos a Glenda Rondán y sabemos de su espontaneidad. Por lo tanto, pienso que decía esto absolutamente de corazón.

Asimismo, quiero señalar que varios Ediles de nuestra bancada hicieron aportes. El Edil Curutchet cumplió un papel muy importante como Presidente de la Comisión de Constitución que estudió el proyecto y como Miembro Informante en la Junta Departamental. Recuerdo también a otros Ediles de nuestra bancada, como Teresita Ayestarán y a Ediles de la oposición -pido disculpas si me equivoco al nombrar el partido al que pertenecen porque no los conozco a todos- como Nieves, Ripoll, Viviano del Partido Nacional, Cantero, Gloodtdofsky y Glenda Rondán del Partido Colorado. Sus aportes fueron francamente constructivos. Se refirieron a cuestiones jurídicas y a la experiencia que ellos tenían. Considero que lo hicieron con la mejor intención de que este proyecto de ley, que es de todos los montevideanos, sea exitoso y de que este camino que estaba transitando la Intendencia Municipal de Montevideo y la mayoría de la Junta Departamental de Montevideo, lo lleve a buen puerto, más allá de que por diferencias de otra naturaleza -fundamentalmente en el plano jurídico-, no se hayan conseguido algunos votos.

En Comisión recibimos a las autoridades de la Intendencia Municipal de Montevideo y a los directores y dirigentes de los casinos. El proyecto de ley fue votado por todos los presentes, es decir, siete señores Senadores, por lo que seguramente estaba en Sala algún Senador del Partido Nacional, desde el momento en que la integramos cinco del Partido oficialista.

Por otra parte, quisiera hacer algunas consideraciones eminentemente políticas. Para nuestros Ediles y para nosotros no ha sido fácil tomar una decisión y dar nuestro apoyo al proyecto de ley luego de un largo debate. Ha habido unánime convicción en la Junta Departamental de Montevideo, en la Intendencia Municipal de Montevideo, en nuestra bancada de Senadores y seguramente también la habrá en nuestra bancada de Diputados cuando el tema sea remitido a la Cámara de Representantes, luego de su tratamiento en el Senado.

Nos encontramos ante una situación que marca un caso especial, singular, que no es novedoso ni único. En la historia de nuestro Frente Amplio nos hemos encontrado ante algunas encrucijadas, circunstancias de la vida -la mayoría de ellas no queridas o no buscadas por nosotros-en las que nos correspondió afrontar situaciones que no estaban previstas en absoluto ni formaban parte del Programa. Quisiera recordar algunas ya lejanas en el tiempo, pero que no dejan de tener relevancia histórica. En 1972, el Presidente Juan María Bordaberry convocó al Frente Amplio a Casa de Gobierno -en aquella época ubicada en la Plaza Independencia- para mantener una reunión. Era un momento duro porque el país estaba confrontado y hubo que tomar una decisión. Se trataba del Presidente constitucional y se decidió concurrir para hablar de un tema de gran importancia patriótica. Se estaban realizando consultas con relación al Tratado de Límites del Río de la Plata. El General Perón estaba dispuesto a acceder a una propuesta que, sin duda, era muy cercana a la que el Uruguay sustentaba desde hacía mucho tiempo y no había habido acuerdo hasta ese entonces.

Otro hecho que me gustaría recordar es el del Acuerdo del Club Naval. Esto no estaba en el Programa del Frente Amplio, no lo imaginamos jamás en las definiciones programáticas, en las estratégicas ni en nuestra opción de vida. Sin embargo, la vida nos exigió concurrir al Club Naval. En esas circunstancias, no dudamos en ir a reunirnos alrededor de una mesa para tratar de encontrar una solución negociada para la salida del régimen de facto con aquellos que durante más de diez años habían perseguido, encarcelado, excluido, destituido y matado a muchos de nuestros queridos compatriotas, especialmente a varios frenteamplistas. Lo hicimos aunque no estaba en el Programa. Después de muchos años, y haciendo la salvedad con relación a la jerarquía que tienen los hechos en consideración, hoy nos encontramos ante una circunstancia de naturaleza parecida. Tenemos que resolver sobre un tema al que históricamente nos hemos opuesto. Esto es así y no tengo el menor inconveniente en reconocerlo. Pero con la misma convicción con que actuamos en aquellos dos casos -creo que la historia nos ha dado la razón-, hoy nuestra fuerza política, a nivel municipal y de sus bancadas parlamentarias, va a respaldar este proyecto, en la medida en que entiende que dada la actual situación, la necesidad y el interés general de Montevideo, de sus playas, de sus barrios y demás, es imprescindible encontrar una solución. Y la solución la encontramos por un camino que no es el que históricamente el Frente Amplio ha considerado óptimo. Pero aceptamos el cambio de posición porque creemos que el interés general hoy nos lo pide.

Muchas gracias.

10) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Abreu solicita licencia entre los días 22 y 30 de noviembre del corriente año".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 21 de noviembre de 2007.

Señor Presidente de la Cámara de Senadores

D. Rodolfo Nin Novoa

Presente

Señor Presidente:

Solicito al cuerpo autorización para hacer uso de licencia con la correspondiente convocatoria de suplente, al amparo del literal D del artículo 1º de la Ley 10.618 en la redacción dada por la Ley 17.827, por el período comprendido entre los días 22 y 30 de noviembre del corriente año.

En este lapso concurriré a las ciudades de Madrid y Barcelona, a efectos de participar en calidad de disertante del seminario organizado por el Instituto Juan Sebastián Elcano y mantener entrevistas con el Presidente de las Cortes y autoridades de España.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente con mi más alta consideración.

Sergio Abreu. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo, señor Carlos Camy.

11) LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL RELATIVA A LA CONCESION DE LA GESTION DE LA SALA DE JUEGOS DEL CASINO MUNICIPAL DEL HOTEL CASINO CARRASCO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con el tema a consideración, la Mesa informa que están anotados para hacer uso de la palabra, respecto al primer punto del Orden del Día, los señores Senadores Alfie, Abreu, Heber, Moreira y Gandini.

Tiene la palabra el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: en la Junta Departamental de Montevideo, el Partido Colorado destacó la necesidad de que existiera una ley que habilitara a la Intendencia Municipal a privatizar el casino del Hotel Casino Carrasco. En principio, pensábamos votar el proyecto de ley en general y no en particular, en función de algunas objeciones que tenemos sobre el texto. Ahora, a partir de un informe que nos ha hecho llegar el señor Senador Sanguinetti, también tenemos dudas acerca de la votación en general en función de la constitucionalidad del mecanismo. Por lo tanto, todavía no podemos decir a ciencia cierta cuál va a ser nuestro voto en general. En cuanto a la votación particular, podemos señalar que ya en la Comisión nos habíamos pronunciado con salvedades porque, precisamente, tenemos varias objeciones con respecto al texto.

Nuestra postura a favor de votar la ley en general no se basa en el pliego de condiciones que es absolutamente clásico. Hay que leer los pliegos de condiciones del Radisson Victoria Plaza, de Hípica Rioplatense y del Mantra, para apreciar que son muy similares, con la única diferencia de que en estos casos el mecanismo es al revés. El casino es público y lo que hace el sector público es alquilar el local, los juegos, la publicidad y hasta el "management" del emprendimiento. Lo que se hace aquí es, directamente, privatizar todo.

Se ha hablado de las garantías y, por mi parte, creo que una garantía de alrededor de US$ 6:000.000 para un contrato de 30 años con la inversión que se manejó, parece demasiado exigua. Se ha mencionado un canon mínimo -por supuesto que hay un canon de monto variable en función del fichaje neto-, que realmente es mínimo. Alcanza con ver qué ocurrió en el Estado desde que se pasó del régimen de explotación pública al de explotación mixta y las utilidades netas que los casinos públicos le brindan al Estado, para darse cuenta de que este canon mínimo es, diríamos, famélico.

Señor Presidente: uno se puede entusiasmar mucho con la idea de un casino totalmente privado; más en función de la experiencia de los casinos mixtos, que le permiten al Estado tener una renta importante y flexibilidad absoluta en materia de contratación. En realidad, es el particular el que hace las contrataciones con total flexibilidad y el Estado se queda con parte de un negocio que claramente en el mundo no puede dar pérdida. Estadísticamente, el riesgo de pérdidas en este tipo de actividad es cero, salvo en el récord mundial de Montevideo, debido a sus administradores y no al negocio en sí. No estamos ante un negocio o una empresa sujeta a riesgos; aquí lo único que vale es la estadística y las probabilidades puras.

Antes de decir por qué votaríamos a favor en general -aclaramos que ahora estamos algo condicionados-, señalamos que hay cosas que no se pueden obviar. Es imposible obviar la incoherencia de decir que no se puede conceder ni poner en competencia los servicios telefónicos, de Internet y de telefonía de larga distancia. En este momento, veo caras de sorpresa. Hoy tienen una competencia limitada, porque sólo se abrió una ventanita por unos meses y hubo quienes pudieron entrar y otros que no, por lo que hay un número de empresas que ingresaron en ese momento y ahora nadie puede entrar. De hecho, en los servicios de Internet hay una sola empresa que va por fuera de la red de ANTEL. No se puede decir que se violenta la soberanía nacional cuando no se privatiza algo que está sujeto a riesgo y por lo que se puede perder mucho dinero, y sí se privatiza todo lo que no tiene ningún riesgo. Esto es de una incoherencia realmente incomprensible.

No se puede decir que iban a venir "piratas" a adquirir empresas de telecomunicaciones, de energía y de combustibles y a llevarse la riqueza de los uruguayos, y hoy hablar de "señores inversores" que vienen a invertir en un casino, por lo que les tenemos que dar todo tipo de facilidades y beneficios.

Realmente, esto nos llama la atención y nos preocupa porque, en el fondo, daña la calidad institucional y la democracia. No nos sorprenden tantos cambios a lo largo de estos tres años. Me refiero a estar como en casa cuando se visita a Schwarzenegger -quien nos recibió en un estudio de filmación, ni siquiera en la Casa de Gobierno-, o sentirnos también como en casa en la ciudad de Hanoi. Al parecer, estamos "en casa" en todos lados. Tampoco nos sorprende que se diga que sí al TLC y luego que no; golpear la mesa y decir que no al TLC cuando está Chávez presente y a los quince días conceder una entrevista a "La voz de América" y decir: "¡Cómo no! Sí al TLC". Después de eso, nada puede sorprendernos, ni siquiera estos cambios y piruetas.

Señor Presidente, de acuerdo con la teoría socialista, marxista, el juego es un vicio social; de hecho, lo es para cualquier teoría, solo que de acuerdo con aquélla, el vicio social debe ser erradicado y, en general, en los países socialistas estaba prohibido. En el Uruguay apelamos al pragmatismo y este nos dice que no podemos prohibirlo. En una publicación llamada La Vanguardia, del jueves 28 de agosto de 1997, José Mujica, entonces Diputado, expresó que la timba era algo inevitable y, por lo tanto, era bueno que la manejara el Estado, sacando de ahí los recursos que entienda del caso le convengan. Incluso, argumentó que prohibirla sería inútil porque, de hacerlo, florecería clandestinamente. El comentario es realista pero, en todo caso, se trata de una posición ecléctica que pone el tema en manos del Estado para que lo maneje de la manera que mejor lo pueda hacer. El Estado, claramente, por la forma de contratar, no puede competir directamente con los particulares, ya que tiene enormes limitaciones para contratar, sobre todo en este tipo de emprendimientos. Ahora bien, mientras se estaba discutiendo la privatización del Casino Carrasco, el propio José Mujica decía que en materia de principios, esto es lo único válido, porque el hotel es otra historia, ya que la sociedad montevideana no tiene por qué estar perdiendo US$ 800.000 por mes por la mala administración del Hotel Casino Carrasco. Más adelante decía también que la timba tiene que manejarla el Estado, y cuando le preguntaban si la oposición del entonces edil Zabalza era realizada en forma solitaria o respondía al MPP, decía: "No, responde al MPP. Yo ni mamado puedo votar eso", en referencia a la posible privatización del Casino.

Creo que el pragmatismo está muy bien, pero tiene sus límites. No es posible desdecirse de todo lo que se dijo, porque ello afecta las instituciones y la credibilidad en el sistema democrático. No se puede decir que lo que era un infierno ahora es un paraíso, ni viceversa. ¿O será que antes se mintió? Me pregunto dónde quedaron las convicciones y si para llegar a la privatización del Casino Carrasco era necesaria la revolución que nos estaban prometiendo; si para llegar a ella -que, como vemos, es un papelito- precisábamos guerra interna, el odio, la muerte, la tortura, la represión y la fractura social.

Está claro que con esta ley, señor Presidente, se terminan dieciocho años de desastrosa administración de una parte de los Casinos Municipales, porque la otra parte todavía queda y, si seguimos así, seguramente se va a continuar perdiendo dinero y, en todo caso, su destino será la clausura o la privatización.

Ahora bien, cuando hablamos de desastrosa administración pura y exclusivamente de los casinos, nos queda claro que ello fue derivado del amiguismo, de la carencia total de orden y de transparencia, así como de algunas otras cosas que seguramente la Justicia determinará. De todo ello son responsables las autoridades de la Intendencia Municipal de Montevideo y no sólo el Director de Casinos. Las autoridades de la Intendencia, desde Recursos Financieros hasta el Jefe de Jurídica, la Secretaría General y el Intendente, firmaron contratos en los cuales se pagaba 105% por cada $ 100 de fichaje neto; quiere decir que cada vez que uno jugaba $ 100, el Estado pagaba $ 105 y, además, tenía que pagar los gastos. Es evidente que así nunca puede haber ganancia. De todas maneras, no puedo creer que habiendo pasado por todos esos filtros, eso hubiera ocurrido sin que nadie se diera cuenta. Es absolutamente impensable. Yo no creo tonto a ninguno de los que gobiernan. Toda la trama de empresas de un lado y del otro, de empresas de familiares, de empresas que firman contratos con estas característica, todo ello está en la Justicia. Lamentablemente, ahora no está en la Justicia -aunque quizás después también lo esté- un episodio que, en el fondo, es muy parecido. Si bien hablamos de casos exitosos de asociación público-privada en materia de casinos, también hay un caso fracasado: el del Hotel Horacio Quiroga. El Estado tenía una garantía viva de un aval a primer requerimiento de más de US$ 400.000 -también se le puede quitar la concesión del hotel mismo-, deuda que siguió creciendo. Estaba todo listo para su ejecución, pero es evidente que alguna maniobra hubo. Jurídicamente hubo varias prórrogas, y cuando nosotros dejamos el Gobierno no pudimos ejecutar porque había un nuevo plazo judicial y resultó que una deuda que depende de los Servicios Jurídicos -según quien haga la cuenta, hay desde US$ 700.000 hasta más de US$ 1:000.000-, con una garantía de primer requerimiento vivo de más de US$ 400.000 se termina arreglando por US$ 67.000. Me estoy refiriendo a la actual Dirección Nacional de Casinos. Reitero: US$ 67.000, tratándose de una deuda mínima de US$ 700.000, con garantía ejecutable de más de US$ 400.000.

Nosotros podríamos citar casos de mala administración y falta de transparencia, como el pago de compensaciones con viáticos -esta misma imputación se le hizo al ex Director de Aduanas, ingeniero Ilarietti, por la misma Juez que hoy tiene en sus manos el caso de los casinos- y las colectas entre proveedores; el arrendamiento de slots por el mismo valor que en los casinos del Estado se paga por los slots, los edificios, el alhajamiento de los locales, los servicios de cantinas, la limpieza, la seguridad, etcétera. Se ve que son unos "slots" maravillosos y deben de dispensar café en forma automática al que juega.

Otros ejemplos son el pago de mantenimiento de equipos por más equipos que los existentes, con cargo a empresas de familiares de jerarcas de la Intendencia y el pago de compensaciones y haberes salariales que no están vinculados a las utilidades de los casinos. Reitero que el casino municipal remanente seguramente continuará dando pérdidas -ya sabemos cómo termina esto-, porque va a seguir siendo gestionado por la misma Intendencia Municipal de Montevideo que nos ha llevado a este desastre, ya que no tiene ni rumbo ni política. Pero además, va a tener aún más competencia, porque el inversor que venga tendrá las manos libres para hacer de esto su negocio, y no está mal que lo haga.

Nosotros queremos ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos y, por lo tanto, nos inclinamos -salvo una opinión jurídica contundente en contrario- a votar en general este proyecto de ley. Lo que pensábamos que era bueno antes, cuando estábamos en el Gobierno -lo digo en términos generales y no refiriéndome a este caso en particular, porque nunca concebimos una privatización total de los casinos estatales-, lo seguimos pensando ahora que somos oposición y continuamos apoyando la mejor forma de hacer las cosas, votando en el mismo sentido en que lo hemos hecho siempre. No podemos decir que es malo lo que pensamos que es bueno.

De todos modos, tenemos muchas dudas con respecto a este proyecto de ley, porque todas las licitaciones que ha hecho la Intendencia Municipal de Montevideo han tenido problemas y, en este caso en particular, los problemas surgieron desde el primer día. Precisamente, por esas dudas es que no queremos que se haga una licitación, sino un remate público; es la única manera en que vamos a aventar toda suspicacia respecto del precio. En tal sentido, sugerimos que en el artículo 1º se haga referencia a un "remate público" y no a una "licitación", de modo que se llame a precalificación con todas las garantías, para que después se efectúe el remate entre los precalificados. Así se procedió con el Puerto de Montevideo y con el Aeropuerto Internacional de Carrasco y, dicho sea de paso, en la Playa de Contenedores del Puerto tenemos el 20% de un negocio que crece y florece. En ese caso, no se entregó el cien por ciento y, reitero, nos quedamos con un 20% del negocio.

Tampoco vamos a ser nosotros quienes digamos que ahora va a haber un referéndum, porque antes se hacían para entorpecer; no tenemos ese cinismo ni lo podemos tener, porque contrariaríamos nuestros más caros principios.

Ya hemos hecho nuestra salvedad con respecto al ar-tículo 1º. Con relación al artículo 2º, la misma refiere a que el control del juego corresponde a la Dirección Nacional de Casinos y, en lo relativo al lavado de dinero, al Banco Central del Uruguay. Todo control que efectúe la Intendencia Municipal de Montevideo es, en primer lugar, generador de burocracia y, en segundo término, inútil, porque si no se ha podido controlar a sí misma y perdió lo que perdió, mal podrá controlar a otros que, claramente, al lado de nosotros deben ser "aviones a chorro".

No queremos que los montevideanos sigan teniendo que pagar impuestos para solventar pérdidas en un negocio privado -no para los apostadores, que siguen perdiendo-, es decir, dineros que van directamente a las empresas que contratan con la Intendencia Municipal de Montevideo, a las empresas de las familias y de los amigos. No queremos eso. No queremos que la falta de transparencia y la ineficiencia sigan campeando en Montevideo y eso es lo que al final, pese a ser mala la solución, lo lleva a uno a cuestionarse si es posible que se pierdan todos estos millones de dólares por año y que nosotros tengamos que pagarlos en impuestos, para que algunas empresas se los lleven. Aclaro que no creo que esté mal que las empresas se lleven su ganancia, siempre que lo hagan en la parte justa que resulta de un real juego de mercado. Las empresas llevan una renta en sentido económico, que no es más que la sobreutilidad por encima de la utilidad que se genera en una situación de competencia. La pérdida de los casinos y la parte que el Estado deja de ganar, es toda la renta que se nos llevaron estas empresas, año por año, a todos los montevideanos. Entonces, estamos a favor de que los montevideanos no sigamos pagando impuestos para solventar el juego; pagamos impuestos para solventar un vicio social, que es algo así como subsidiar el consumo de cigarrillos o de alcohol. Estamos a favor de esta medida en la esperanza de que esto, en primer lugar, no empiece a convertir una zona de Montevideo en Las Vegas. Esperemos que eso no pase. En segundo término, queremos que lo que se cobre por canon -fijo más variable- sea una cantidad coherente, acorde, apropiada y razonablemente equivalente al enorme beneficio que se concede y que todo este dinero sirva al menos para aliviar los altos impuestos que hoy pagan los montevideanos o, en el peor de los casos -o, quizás, en el mejor-, para mejorar la calidad de los servicios bastante deteriorados que actualmente brinda la Intendencia Municipal de Montevideo.

Hubiéramos preferido que el hotel se licitara aparte y que se vendiera separado del casino que, por cierto, puede ubicarse en otro lugar. Hubiéramos preferido, también, que el emprendimiento fuera público-privado, reconociendo las limitaciones que tiene el sector público para hacer solo este tipo de negocios. De todas maneras, tenemos la esperanza -o por lo menos la ilusión- de que, entre los impuestos que nos ahorramos y el ingreso que tendrá Montevideo, toda la ciudadanía, aunque sea en algo, tenga mejoras en su bolsillo, ya sea en obras o en servicios. Es claro que a la ciudad le faltan obras porque en dieciocho años de Gobierno del Frente Amplio no se ha hecho una sola obra vial en todo Montevideo que no haya estado a cargo del Gobierno Nacional. Reitero, no se ha hecho ni una sola obra por parte de la Intendencia Municipal, y el deerioro está a la vista.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: hemos venido analizando este proyecto de ley desde varios puntos de vista y, quizás, el más atractivo pueda ser el del análisis político que surge naturalmente en función de las contradicciones o visiones distorsionadas con una prédica constante que, durante muchos años, ha llevado adelante el Partido de Gobierno y que se refleja ahora en conductas que parecerían no ser del todo coherentes, por decirlo de un modo diplomático.

Podríamos ingresar entonces en una serie de enumeraciones que no se reducirían exclusivamente al proyecto de ley del Casino con el que la Administración del actual Gobierno ha demostrado que empieza a recorrer un camino distinto. Además, todas aquellas objeciones, observaciones y discrepancias que existieron durante tanto tiempo, comienzan a tener diferentes perforaciones, algunas legítimamente inspiradas en una realidad cambiante y otras que están, por lo menos, bajo la sospecha de que una cosa es ser oposición y otra, ser Gobierno.

Sin embargo, este es un juicio que quedará, no para una discusión en el ámbito parlamentario, sino simplemente para que el ciudadano -que es el juez supremo- comience a analizar -y lo haga en su momento- cuál es el grado de acierto y de coincidencia o el de desencanto, que le puede haber producido este tipo de actitud de carácter político.

También podríamos analizar los aspectos constitucionales y legales. En la Junta Departamental de Montevideo se dispuso de informes importantes de catedráticos de Derecho Administrativo, en particular, y de Derecho Constitucional, como lo fueron los de los doctores Martín Risso Ferrand, Carlos Delpiazzo y Augusto Martínez. Podríamos compartirlos en muchos de sus aspectos, pero también es cierto que, como ocurre en el ámbito de las ciencias sociales, todas esas opiniones están sujetas a distintas y respetables visiones que, entre otras cosas, hacen a la seriedad y a la profundización de lo que es la actividad científica en el ámbito académico. Insisto en que no vamos a entrar a analizar esos aspectos, porque seguramente otros señores Senadores tendrán alguna expresión de mayor detalle sobre esos temas. Sin embargo, vamos a hacer una reflexión de carácter general, no sólo desde el punto de vista partidario, sino también personal.

En realidad, ha existido y existe en nuestra sociedad una tendencia muy clara a buscar posiciones antinómicas de carácter excluyente: los que están a favor y los que están en contra del Estado; los que son neoliberales, partidarios de un sistema capitalista, salvaje y bucanero -como tantas veces se lo ha descrito- y los que están a favor de un Estado transpersonalista, omnipotente, presente en todas las actividades e, inclusive, sostenido -como durante mucho tiempo se ha impulsado- como el propietario de los medios de producción y, por ende, sustituto de un modelo de relación económica basado en el capitalismo y con una alternativa distinta. Sin embargo, parecería que la historia ha tenido un aporte de una gran sabiduría en este tema, que nos hace reflexionar sobre el particular, no para afiliarnos a cambios radicales pasando de una posición a otra, sino para ir profundizando en cuáles son las políticas que deben tener los países y cuál es el papel que debe desarrollar el Estado.

Sabido es que hemos coincidido y defendido la posición del Estado orientador, regulador y garante. Nos referimos a un Estado que tenga un proyecto de país que lo impulse a través de quienes tienen la responsabilidad de gobierno; a un Estado regulador que asegure, de alguna forma, que esas reglas de juego que controlan la competencia no permitan la existencia de posiciones dominantes que terminen haciendo de la relación económica y social una sumisión indebida por parte de algunos actores respecto de otros; y a un Estado garante que tenga a su cargo la responsabilidad de determinadas actividades que son absolutamente insustituibles y que, muchas veces, pueden ser miradas con una mayor o menor amplitud. Precisamente en ese esquema es que nos queremos manejar en el ámbito de los casinos.

¿Cuál es el principal problema que se nos plantea y que, incluso, se nos ha trasmitido en las exposiciones que se nos hicieron en el seno de la Comisión? Lo que ocurre es que no sabemos cuál es la política de juego del Poder Ejecutivo. Esta no es una política de juego que simplemente se plantea como una obligación que está respaldada por un plan de gobierno, sino por la necesidad de enfrentarse a una realidad y proyectar una política de juego que, entre otras cosas, tiene nada más ni nada menos que connotaciones de vicio social en que el Estado debe asumir una responsabilidad ineludible. Por esa razón, en esos casos el Estado no debería ser analizado en función de posiciones antagónicas maximalistas, sino de saber hacia dónde va con determinadas políticas. De las versiones taquigráficas registradas de las exposiciones hechas en Sala, e incluso de la ausencia del propio Poder Ejecutivo -que no compareció en la Comisión; confieso que fui uno de los Senadores que hizo la propuesta para que concurriera, pero por razones personales no pude estar presente en alguna de las reuniones-, queda claro que en ningún momento se dijo: "Mi política de juego es esta"; "Mi política de juego nacional y de juego departamental está mirada desde este ángulo aprovechando, entre otras cosas, que las autoridades responsables del juego nacional fueron las jerarquías responsables del juego departamental". Decimos esto, más allá de todos los demás temas, de las discusiones, de las acusaciones, así como de los aportes que el propio sindicato hizo en la Comisión, en donde con una cargadísima fuente subjetiva explicó muchas de las discrepancias, entre otras razones, por no existir una relación directa entre las gestiones municipal y global en materia de juegos.

Ahora llegamos a una situación muy clara: nos enfrentamos a una licitación que, de alguna manera, es un aporte diferente al régimen de sala de juegos -por decirlo de algún modo- en el departamento de Montevideo. El Hotel Casino Carrasco y el Parque Hotel son municipales; el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel tiene un sistema mixto -como se le denomina-, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, en función de determinados requisitos, entre los que se cuenta que un hotel necesita ser de cinco estrellas para funcionar con una sala de juegos. Por su parte, está el de Montevideo Shopping y el que está ubicado en donde era el diario El Día, asociados al Estado a través de la explotación de juegos de Hípica Rioplatense. Esta es la situación que se plantea en el ámbito de Montevideo, pero también es cierto que hay un régimen de una empresa privada que funciona, de acuerdo con la ley, en el departamento de Maldonado, con exclusiva explotación del sector privado. Podríamos interpretarlos, más allá de las discrepancias que tengamos, como una visión de carácter estratégico que desarrolló el país en una zona turística, donde la doble vía por la que se accede a Maldonado y Punta del Este, su Aeropuerto y el Hotel Conrad con el Casino, fueron los que cambiaron la faz de la política turística y han llevado a que los ingresos por ese concepto, en materia de nuestra cuenta corriente, sean prácticamente los más importantes que tenemos en la actividad económica del país. Por esos motivos quiero explicar el tema dentro de un esquema en el que bien se podría decir -porque todo ciudadano tiene derecho a hacerlo- que esta excepción no tiene una coherencia muy ajustada a las posiciones que vamos a sostener -y hemos mantenido- en el proyecto que estamos analizando.

La licitación nos habla de una remodelación y acondicionamiento del edificio, de una concesión de uso del mismo para servicio de hotel y de otros servicios conexos -es decir, no se trata solamente de las actividades del hotel, sino de otras de carácter comercial que podrán ser desarrolladas en determinadas orientaciones y que no necesariamente están limitadas acá-, así como de la concesión de la gestión de la sala de juegos.

Este tema ha sido discutido con mucha intensidad porque, en primer lugar, el juego ha cambiado. En esta Sala están presentes Senadores y ciudadanos que saben muy bien cómo ha cambiado el juego en los últimos años. El juego de paño era el que daba mayores rentabilidades y el punto y banca generaba más ganancias que la ruleta. Obviamente, eso sucedía en tiempos en que los casinos municipales funcionaban sin las máquinas slots, ni todos estos elementos que han alterado notablemente el juego y los ingresos, pero estos tenían resultados realmente importantes. Durante muchos años, la Intendencia Municipal de Montevideo financió el zoológico, el Teatro Solís y una cuarta parte de las inversiones de la propia Comuna, con el resultado de sus casinos, lo que no era poca cosa. Es cierto que era otro tipo de juego y de relacionamiento pero, desde el punto de vista de la ecuación financiera, de la relación inversión - gastos y sueldos de una unidad de gestión como la Intendencia Municipal de Montevideo, durante mucho tiempo los ingresos provenientes de los casinos eran los que financiaban esa actividad. Es decir que estamos hablando de una variación en el concepto de juego y, obviamente, de la atracción natural que tiene en un ámbito totalmente globalizado.

En la comparecencia de los representantes de la Intendencia Municipal de Montevideo se hacía referencia a algunos aspectos de la competencia de los clientes. Como en todos los temas de la actividad económica, señor Presidente, existe un mercado que se rige por la oferta y la demanda y, en la competencia entre éstas, la presencia importante de la oferta de juego puede, realmente, afectar a quienes demandan el juego y a los distintos actores en régimen de competencia. Esto es muy importante porque se ha planteado en el ámbito de la Comisión, con mucha fuerza, de qué manera se sustrae, o no, determinados clientes o público. Además, se sabe quiénes son los que participan en el juego municipal. Es la clase media, más allá de algunos aspectos vinculados al gran proyecto internacional en Punta del Este y a algunas insinuaciones que se hacen del Hotel Carrasco. Basta con visitar el Parque Hotel o el propio Hotel Carrasco para observar -no digo desgraciadamente, porque cada uno tiene sus opciones en la vida, salvo que la ludopatía sea una epidemia incontrolable- que mucha gente joven y amas de casa están con sus bolsitas esperando a que abra el casino para jugar algún pesito y probar suerte.

Este es un mercado en el que hay una gran competencia, aunque a nivel de las autoridades municipales se dice que no es así. Al respecto, hay una referencia muy gráfica. Cuando el señor Presidente de la República concurrió a hablar a la Plaza Independencia, como no había posibilidades de que funcionara el casino que está en las cercanías, ese día hubo una afluencia masiva a los otros, precisamente, porque el Hotel Radisson no estaba en condiciones de competir. Este es un tema de fondo porque, señor Presidente, estamos hablando de un vicio social y, por ende, ello debe preocuparnos a todos, aunque a veces no parece tan importante. El Estado no puede quedar afuera de esta circulación, salvo en condiciones que puedan ser debidamente explicadas, aunque no en la forma en que se está manejando este entramado tan confuso.

Sabemos que hubo un llamado que terminó con la adjudicación a Carmitel S.A., proceso que lleva mucho tiempo. Por decir de alguna manera, el Hotel Carrasco está compitiendo con el Viaducto por el monumento a la ineficiencia o a la falta de respuestas, incluso, a determinados requerimientos visuales de un Uruguay, o de un Montevideo que debe preciarse por ser una ciudad, por lo menos, prolija en algunos aspectos. Resulta muy difícil de explicar a un extranjero -sea un cliente, un amigo o un diplomático- que al primer paso que realiza por el Hotel Carrasco, advierte una especie de monumento histórico a la muerte del ladrillo, situación imposible de solucionar. Este es un tema que nos preocupa mucho.

¿Qué es lo que ha sucedido? Se hizo un llamado a licitación y se aplicó el sistema mixto con Carmitel SA, lo que no funcionó; no estoy al tanto de cuáles fueron los motivos y las circunstancias, pero no funcionó. Incluso, tuvo que ser denunciado por el propio Gobierno Municipal, porque la situación planteada estaba estribando en visiones o mensajes de vergüenza nacional. Ahora bien; frente a esta realidad, a este mercado y a esta situación en la que se compite, se comienzan a dar explicaciones para un llamado a licitación que no empieza, exclusivamente, con un llamado a licitación sobre los casinos.

El señor Rodríguez, representante del Gobierno Municipal, complementando las expresiones del Director Polakof, nos dice: "el 28 de febrero de 2006 recibimos 23 expresiones de interés, básicamente de inversores internacionales, para distintos lugares de la costa de Montevideo, y 11 referían a nuestros casinos. Como él decía, de la lectura de esos proyectos surge el nivel de inversión requerido para recuperar ediliciamente el hotel Casino Carrasco; el monto menor era de US$ 20:000.000, pero algunos hablaban de US$ 40:000.000 o US$ 50:000.000". En general, por las consultas que hemos hecho y las informaciones que nos han dado en forma lateral, estamos hablando de una cifra que ronda los US$ 30:000.000 -US$ 25:000.000 o US$ 28:000.000- para remodelar un hotel y ponerlo en funcionamiento de la mano de un casino.

La explicación que dio el Gobierno Municipal fue la siguiente: "Eso llevó a la Intendencia Municipal de Montevideo a adoptar la siguiente decisión política. Como se trataba de un monto de inversión de tal magnitud o importancia, nos pareció que era una típica cuestión para que afrontara un inversor privado". Si este es el criterio con el que se maneja un Gobierno que toma puntos de vista desde su filosofía -incluso en muchos aspectos distantes a los nuestros- en cuanto a que los montos son los que definen las inversiones, entonces aquí lo que sobra son capitales y lo que falta es coherencia en las ideas. Más adelante, agrega: "Aclaramos esto porque dijimos en la Junta Departamental que la Intendencia Municipal de Montevideo no está concesionando el Hotel Casino Carrasco porque cree que tiene capacidad de revertir el déficit actual de los casinos municipales de la capital; lo está haciendo porque la inversión que requiere el Hotel Casino Carrasco es de tal envergadura que no parece razonable que la Intendencia destine US$ 30:000.000, US$ 40:000.000 o US$ 50:000.000 para recuperar un hotel".

Esto, señor Presidente, además de la contradicción que venimos señalando, tiene otra frágil explicación por parte de las autoridades de la Intendencia. Ante una pregunta formulada por el señor Senador Michelini en la Comisión, sobre el destino del Parque Hotel, se comienzan a hacer determinadas presunciones y a aventurar ciertos lineamientos sobre cuál es el tipo de público y de qué manera se puede justificar esta decisión en función de los distintos roles que van a jugar los casinos. Al respecto, se señaló: "El del Parque Hotel sería para un público más montevideano, si se quiere, y el del Hotel Casino Carrasco para uno más internacional, por la cercanía del Aeropuerto y por la calidad del hotel que se va a instalar". Realmente le veo una enorme fragilidad a ese argumento. Puede ser que la cercanía del aeropuerto, así como algún tipo de publicidad o cadena de carácter internacional, atraiga gente a ese casino, como sucede en muchos casinos del mundo, como por ejemplo el Conrad -y me acota el señor Senador Gallinal, si la gente no fuma, porque el que lo hace no va a poder jugar-, a los que llegan muchas personas en avión a jugar.

El esfuerzo que realizan las autoridades departamentales me parece muy loable, pero creo que el argumento utilizado en cuanto a que el distinto tipo de público justifica esta decisión, es totalmente equivocado. No se puede hablar de Carrasco como si tuviera un nivel internacional, ni decir que los ciudadanos que van al Parque Hotel o al casino del Radisson, no van a ir a Carrasco porque parecería que -y miren lo que voy a decir-, desde el punto de vista del nivel y la clase social, no serían de buen recibo. Este es otro tema sobre el que bien nos podríamos poner a reflexionar y ver cuáles son las clasificaciones de clase y las viejas doctrinas políticas sobre las clases sociales en la sociedad uruguaya.

Este tema, señor Presidente, nos va llevando de a poco a ver estos dos tipos de clientes que parecería que vamos a tener que son -lo queramos o no- la clase media uruguaya. Uno puede entender -y esto lo explicó el propio sindicato- que hay circuitos de aviones y charters que llevan ciudadanos de la región al Hotel Conrad a jugar, entre otras cosas, porque esas personas encuentran la tranquilidad de Punta del Este o por otros aspectos vinculados a su bienestar. Incluso, se sabe que a veces, ni siquiera, saben dónde queda la playa, porque entran y salen para jugar y perder en cinco minutos el dinero que nos gustaría disponer para poder atender algunas de las mínimas necesidades de nuestras políticas sociales.

También está el sistema de control o de pago, señor Presidente, y aquí se comienza a tener un criterio. No vamos a repetir lo que en la Comisión se expresó, donde el sindicato se manejó con seriedad, firmeza y valentía, refiriéndose a nombres y personas. No es el lugar para hacerlo, pero hay otros ámbitos del principio de separación de Poderes que están analizando responsabilidades de otra naturaleza. Lo que sí digo es que cuando se está hablando de un juego de este tipo, se hace mención a dos aspectos: a lo que se paga y al control. Tenemos el canon fijo que se establecería simplemente por el hecho de la concesión, y el canon variable que se va a pagar en función de los resultados producidos por el juego, el que se administraría por una empresa que tiene sus propios funcionarios, sin perjuicio de las obligaciones que asume en el contrato con el Estado.

Por otra parte está el tema del control, que es el centro de la cuestión. Estamos hablando de actividades que por sus características, en el mundo entero se puede dar el caso de que se utilicen diferentes mecanismos para evadir responsabilidades, no sólo del jugador o de las organizaciones sino, en particular, de muchos de los que tienen la responsabilidad o la concesión. Aquí hay dos criterios que me gustaría compartir, que se manejaron en el ámbito de la Comisión. Pido disculpas por tener que leer algunas cosas, pero prefiero referirme a las expresiones fidedignas, a fin de no distorsionar lo expresado textualmente. En una sesión de la Comisión de Hacienda en que se recibió a una delegación de la Intendencia se preguntó cómo era el sistema de control y el señor Rodríguez manifestó que la posesión del hotel había sido recuperada para la Intendencia en junio o julio del año 2006, después del fracaso del contrato con Carmitel S.A. También hace referencia a lo que el Miembro Informante mencionaba al decir: "La garantía más importante, que es la del fiel cumplimiento del contrato, está estipulada en unidades indexadas, pero equivale a más de US$ 5:000.000". Además dice: "Si bien es notorio que el hotel y el casino siguen siendo municipales, de la licitación surge que la gestión la realiza el concesionario privado pero con contralor municipal". A esto debería agregar, con total seriedad y sin que esto signifique una sorna sobre este tema, las comillas. En la Comisión también se dijo: "Dicho contralor tiene varias pautas. Una de ellas es en la etapa de las obras, pero una vez que están funcionando el hotel y el casino, el pliego prevé que haya un espacio físico especial para funcionarios municipales". Es decir, una especie de comando de inteligencia destinado a sospechar de todas las actividades que se puedan producir, trabajando de forma tal que el control se transforma en una investigación de carácter permanente.

A continuación se decía: "Además, habrá funcionarios municipales de contralor de casinos -lo que se conoce habitualmente como inspector de sala- que controlarán el funcionamiento del casino. Pero lo más importante es que en el pliego aparece todo un anexo sobre informática, es decir que quien se presente debe traer un sistema de software a través del cual la Intendencia, mediante terminales municipales y un sistema online, pueda tener información instantánea del movimiento de todas las salas y juegos del casino. De esta manera la Intendencia va a tener un contralor muy claro". Seguramente, por este motivo, en estos momentos -salvo que haya vuelto-, no se cuenta con la presencia del responsable, el Director de Casinos, que está analizando el sistema de contralor en Las Vegas.

Diría que además se agregan otros temas relativos al control, como la preocupación del lavado de dinero, lo que fue bien planteado por los sindicalistas y los empleados de los casinos. Además tenemos la competencia del Banco Central, que también se agrega a la del Ministerio de Economía y Finanzas, tal como lo dispone la Ley Nº 17.835.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: solicito que se prorrogue el tiempo de que dispone el señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

- 17 en 18. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: muchas gracias.

Quiero señalar que conozco personalmente al señor Polakof, tengo de él un excelente concepto desde el punto de vista empresarial, sé del esfuerzo que ha hecho en su actividad comercial y de su vocación de servicio en este tema; pero como sabemos, se trata de un ámbito donde lo resbaladizo de la situación a veces no permite actuar con la debida tranquilidad. En esa sesión el señor Polakof nos dijo: "hemos recibido el interés de inversores extranjeros de mucha jerarquía". No se trata de los piratas de aquella época, y estos inversores extranjeros, seguramente, será gente común que no tiene un ojo tapado; no vienen a llevarnos las joyas de la abuela, así como tampoco a incentivar a muchos de los que juegan a empeñar las joyas de la abuela o a robar la abuela en su casa. Con esta visión que quizás es muy objetiva -no quiero decir que sea ingenua- se dice que la jerarquía de los inversores se da porque algunos tienen inversiones importantes en distintas áreas de nuestro país y, además, porque esos grupos de inversores han mostrado un respaldo importante de embajadores de sus países. Parecería que esto nos da el pasaporte a la gran tranquilidad, al saber cuáles son los grupos inversores. Aclaro que tengo algo de experiencia en esto, y aunque respeto mucho la igualdad de los Estados y también a las representaciones diplomáticas, si algo hemos conocido en la historia política diplomática del Uruguay, es que muchos de nuestros Embajadores estaban para perjudicar los intereses del país y no para defenderlos. No lo hacían porque fueran malos, sino porque así lo determinaba la competencia de los intereses naturales, que están mucho más allá de las afinidades ideológicas y de las amistades. Este argumento no me sirve porque se va desgranando poco a poco y realmente aumenta mi preocupación.

En lo que tiene que ver con el control, el sindicato dice -y pido disculpas por leer, pero es algo muy importante- lo siguiente: "Ahora tendríamos una nueva modalidad que no se sabe cómo es, y que a nuestro entender sería privada, aunque la Intendencia Municipal plantea que no es así, porque mantendría el control de la explotación del juego. Esto es algo sui generis y no se sabe bien qué es. Por eso decimos que queremos discutir con seriedad y profundidad cuáles son las políticas de juego que se van a dar en el país". Al comienzo de nuestra exposición mencionamos esto para tratar de encontrar un hilo conductor que nos permita arribar a algún entendimiento sobre la base de políticas y no de circunstancias que apremien a una Intendencia. En este momento se ha demostrado que el Hotel Carrasco sigue siendo una especie de faro contradictorio sobre la prosperidad que naturalmente argumenta el Gobierno y que algunas cifras pueden avalar. En realidad, lo que se plantea es que el control se realizaría por medio de un software a cargo de algunos funcionarios municipales. En cuanto a esto, decían los sindicalistas: "Al respecto, señalamos que al día de hoy los casinos municipales siguen enfrentando un sinnúmero de dificultades para llevar adelante su gestión. Sin ir más lejos, es de pública notoriedad que el Tribunal de Cuentas y la propia Auditoría Interna -y ahora también este tema está siendo objeto de investigación judicial- han señalado que no se sabe cuánto se le pagó a la empresa privada que estaba a cargo del mantenimiento de máquinas de slots. Si no fuimos capaces de controlar", estas no son frases de la oposición aviesa destinadas a destruir cualquier idea constructiva del Gobierno, sino que son del propio sindicato, "a esa empresa privada con una capacidad operativa mucho menor que la que va a tener un mini Conrad en Carrasco, ¿cómo va a controlar la Intendencia Municipal de Montevideo semejante inversión? Se puede pintar un panorama muy idílico del futuro, diciendo que vamos a controlar esto, aquello y lo otro, pero la realidad es que al día de hoy no se pudo verificar fehacientemente si el Tribunal de Cuentas, la Auditoría Interna, la empresa privada o las autoridades municipales tenían razón. Hay diversos informes y no se sabe a ciencia cierta cuánto se facturó a esa empresa. Entonces, ¿es posible controlar una inversión de semejante envergadura? Nos llama poderosamente la atención".

Estos temas, señor Presidente, nos conducen a una reflexión cada día más profunda de estos aspectos, puesto que lo que se plantea son posiciones realmente antinómicas. Hay quienes sostienen que esto tiene que quedar exclusivamente en manos del Estado, y hay otros que afirman que se debe manejar en una circunstancia excepcional, bajo una privatización real. Afirmo que aquí estamos ante una privatización y quiero recordar que fui Miembro Informante de la Ley de Empresas Públicas, hace muchos años, y si volvemos a leerla, veremos que el corazón de esa ley era la concesión del Estado, que se reservaba la posibilidad de avocar nuevamente su competencia en caso de que el concesionario no cumpliera con sus obligaciones. Esto quedó en la historia y lo traigo al presente para que más allá de la discusión sobre ANTEL, se recuerde que el corazón de aquella legislación no establecía en forma definitiva o radical que el Estado desapareciera de la economía nacional. Es más; el Estado iba a regular y a participar -aclaro que mi intención no es discutir estos temas-, ya que a ANTEL se le daba la posibilidad de que los propios funcionarios tuvieran un 3% de las acciones para llegar a la mayoría nacional. En cambio, esto sí es una privatización definida en un tema absolutamente sensible para el país, como es la política de juego. Además, las pruebas de que el control no funciona no solamente las aporta el sindicato, sino que también se están manejando en otras órbitas del ámbito institucional del país. Incluso se está cuestionando seriamente si no estamos entregando, entre otras cosas y por una necesidad, una función del Estado a la que no debe renunciar en forma directa, aunque podría funcionar como en otras circunstancias en el ámbito de la concesión y con un control adecuado.

Nadie ignora que toda esta problemática vincula a los funcionarios, y en la licitación se aclara que se va a contratar a funcionarios privados y que los actuales trabajadores serán trasladados al Parque Hotel. Ante esto también debemos tener en cuenta cómo va a funcionar la ecuación del Parque Hotel en lo relativo a los costos y a la relación de todos estos funcionarios. Digo esto porque no se puede estar bien con Dios y con el Diablo al mismo tiempo; hay que encontrar una forma de canalizar esto y quizás haya que tomar el camino del medio para evitar este tipo de confrontaciones, tal como hemos sostenido durante largo tiempo. Tal vez surja la tentación de afirmar que al acentuar y aumentar la capacidad de juego del Parque Hotel, y como el MERCOSUR se ha instalado allí, se le puede dar la categoría de juego de azar que desde hace tiempo se ha transformado en algo que ha dado muchos resultados negativos.

Podríamos continuar dando explicaciones, pero por sobre todas las cosas nos interesa que quede claro que es necesario que este proyecto de ley deje de lado las contradicciones que plantea y que no se concrete la privatización de carácter absolutamente radical. Además, pretendemos que la política de juego sea entendida como una preocupación que forma parte de la política social que el Gobierno debe asumir. No obstante, si el Gobierno prefiere utilizar el asistencialismo en el ámbito social y dar dinero a la gente que tiene muchas dificultades pero no controlar de forma directa a aquellos vicios que terminan erosionando los valores de la sociedad, tendrá que asumir sus responsabilidades. Más responsabilidades tendrá que afrontar cuando en el día de hoy y luego de aprobar este proyecto de ley, tenga que explicar a sus votantes y a los distintos grupos por qué cambió de opinión, lo que le traerá enormes dificultades a la hora de mirarse en el espejo de su ideología tradicional.

12) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el cual se designa ‘Australia’ a la Escuela Nº 141 del departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública".

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

13) LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL RELATIVA A LA CONCESION DE LA GESTION DE LA SALA DE JUEGOS DEL CASINO MUNICIPAL DEL HOTEL CASINO CARRASCO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: vamos a ser moderadamente breves al abordar este tema.

El señor Senador Abreu ha hecho una pormenorizada exposición sobre la evolución del régimen jurídico del juego en el Uruguay. Nuestro texto constitucional, en su artículo 46, define el juego como un vicio social. Por otra parte, y en cuanto a la evolución del juego en nuestro país, puedo decir que desde el año 1911 -en que se aprueba la primera ley en la materia- ha tenido grandes alternativas; no voy a hablar de todas ellas, pero sí quiero mencionar algunas. En períodos ya pretéritos -allá por los años 1912, 1913, 1914 y 1930-, con la asignación a privados de la explotación de salas de juego, se terminó en experiencias funestas, e incluso en algunos casos se llegó a no pagar las apuestas a los propios apostadores. El país recapituló en esta materia y, luego de un largo período, prohibió la explotación de casinos y de salas de juego por privados.

Finalmente, señor Presidente, esto terminó siendo modificado por un decreto-ley de la dictadura -que se denominó Decreto-Ley de Turismo- del año 1974, que es el marco legal que hoy nos gobierna para los casinos que dependen de la Dirección Nacional de Casinos.

Traigo todo esto a colación porque, aunque no se aplique a este caso en concreto, forma parte de la filosofía inspiradora y de la motivación que lleva a este tipo de cosas. Estaba leyendo un comentario acerca de que el decreto-ley que se aprobó en 1974 -en plena dictadura-, que le dio al Estado la posibilidad de asignar a los privados la gestión de los casinos, fue el único proyecto que se discutió en el Consejo de Estado. En general, en ese Consejo de Estado todas las decisiones se adoptaban por unanimidad, pero en este caso hubo Consejeros que estuvieron en contra -¡qué paradoja!- de la concesión de casinos privados a particulares.

Si vamos un poco más adelante, vemos que esa norma, en realidad, prácticamente no se aplicó. Digo esto porque creo que la adjudicación del casino privado del Conrad se hizo sin ley, no sé por qué camino. Lo que sí sé, releyendo antecedentes a los cuales hacía mención el señor Miembro Informante por la mayoría, es que el tema se discutió en el año 1991 en la Cámara de Representantes. No sé si el señor Senador Couriel, que en esta sesión está ejerciendo la Presidencia, era en esa época Diputado; en caso afirmativo, seguramente, habrá sido testigo presencial de ese debate.

He leído con mucha atención las expresiones de muchos legisladores del Frente Amplio cuando se presentó un proyecto de ley para derogar esa norma de la dictadura del año 1974. Los legisladores del Frente Amplio votaron todos por la afirmativa; querían derogar ese decreto, que es el que está vigente y que habilita a hacer estas cosas que hoy se quieren votar aquí. La bancada del Frente Amplio votó en ese sentido, creo que casi sin excepciones; tengo aquí los nombres, pero no me parece del caso mencionarlos.

Traigo esto a colación, simplemente, para mostrar cuál era la postura del Frente Amplio en esa materia y en ese tiempo. Por ejemplo, el actual Director de la URSEC, de quien estuvimos hablando la semana pasada por el tema de las radios comunitarias y de sus viajes por el mundo, decía: "Consideramos que en este país hay tradiciones positivas que debemos mantener y hay aspectos en los que tenemos que innovar. El monopolio de los casinos en manos del Estado es una tradición positiva, benéfica para la sociedad uruguaya; benéfica porque los ingresos que permite que tengan las arcas de Rentas Generales o municipales, son utilizados en políticas sociales". Repito que esto lo decía el señor León Lev, y hay varias expresiones de Legisladores en el mismo sentido.

Al final, esto no tuvo los votos necesarios; también Legisladores del Partido Colorado estaban en contra de la disposición. ¿Por qué? Porque consideraban que, tal como lo define la Constitución, como el juego es un vicio social, debería ser el Estado el que regulara y gestionara todo esto.

El señor Senador Abreu se preguntaba con mucha precisión, con respecto a los casinos privados -en este caso del Municipio de Montevideo-, qué precedente sienta, precisamente, conceder la autorización al Gobierno Departamental de Montevideo para dar un casino privado. Seguramente, mañana podrán surgir en otros departamentos petitorios de similares características; me refiero a casinos privados en Colonia, en Maldonado, en Rocha, en Rivera, etcétera. Es decir que esto sería algo así como trasladar Las Vegas al Uruguay. ¿Será por eso que el contador Bengoa está en Las Vegas ahora?

(Hilaridad)

-Pienso que ese debe ser el modelo que se quiere adoptar, y traigo esto a colación porque quizás esa sea la política que, en el futuro, se va a establecer en el Uruguay. Porque, como decía el señor Senador Abreu, tenemos regímenes, que no son mixtos, de explotación de casinos. Se trata de regímenes de arrendamiento de salas con servicios periféricos, donde se instalan casinos y salas de esparcimiento; en estas últimas se ponen los slots. Merced a ese régimen, que es de explotación estatal, con gestión estatal -estamos hablando de la Dirección Nacional de Casinos, es cierto- o con gestión mixta, hay 17 departamentos del Uruguay que tienen casinos gestionados directamente por el Estado. El régimen de gestión estatal se lleva a cabo en edificios del Estado. Creo que esto ha dado muy buenos resultados, porque he leído que los ingresos brutos de la Dirección Nacional de Casinos el año pasado fueron de US$ 120:000.000. Recalco que esta cifra se obtuvo en ese régimen, es decir, de gestión en edificios estatales o de arrendamiento en salas de esparcimiento o en casinos.

Además, tengo mi propia experiencia como Intendente Municipal del Departamento de Colonia, y puedo decir que hay dos casinos y salas de esparcimiento que funcionan en edificios que son fruto de la inversión privada: uno de ellos, el Hotel Four Seasons de Carmelo que, a pesar de no ser el más grande, es el más sofisticado y refinado de la República Oriental del Uruguay y en él se invirtió la cifra de US$ 30:000.000 que, más o menos, es igual a la que se piensa invertir aquí. Esa inversión se hizo en Carmelo, al lado de un aeropuerto al cual ahora le van a quitar la categoría de internacional. Allí no había casino; después se lo otorgaron. Quiere decir que hicieron la inversión sin el casino. Por otra parte, el Hotel Radisson de Colonia inauguró hace poco una sala de casino. Ya se había construido el hotel cinco estrellas y se agregó una instalación de casinos. Se compraron las máquinas y esto está funcionando; la inversión se hizo.

Entonces, sinceramente, pienso que para convencerme de que para invertir en el Hotel Carrasco es necesario dar un casino privado, van a tener que hacer mucha fuerza. Digo esto porque aquí, en el Uruguay, he visto invertir sin casinos. En consecuencia, ¿por qué a ese emblemático ícono de Carrasco no va a venir alguien a explotarlo como hotel, aunque esté gestionado por la Intendencia de Montevideo? Claro está, si la Intendencia de Montevideo lo gestiona como lo hizo cuando el señor Juan Carlos Bengoa era Director Municipal de Casinos, no van a hacer ni un cuarto de baño.

(Hilaridad)

-Es lógico que así sea porque, ¿qué inversión van a hacer? Ninguna. Pero si se administra bien, no puedo creer que los casinos pierdan dinero. La otra vez escuché decir a un jerarca que los apostadores tienen mucha suerte, y el señor Senador Alfie manifestaba, hace un rato, que los casinos no pueden perder. Eso jamás sucede en el mundo; el único caso en que se dio este fenómeno fue en Montevideo.

Seguramente, el señor Senador Gandini va a hacer una pormenorizada exposición sobre los detalles de esta gestión; no me quiero meter en ese terreno que él conoce mucho mejor que yo. Esto propició, incluso, una Comisión Investigadora en la Cámara de Representantes que, seguramente, no se votó por lo que ayer decía el señor Senador Korzeniak, es decir, por la falta de facultades de esas Comisiones Investigadoras. Sin embargo, realmente, nadie puede convencerme de que haya fracasado el otro llamado.

Al respecto, el señor Senador Baráibar hablaba de un llamado a expresiones de interés efectuado por la Intendencia Municipal de Montevideo en tres lugares, uno en el Faro de Punta Carretas, otro en Carrasco y un tercero en algún otro lugar de la rambla, que seguramente debe ser muy privilegiado. Realmente nunca pude entender por qué se llamó a expresiones de interés para después dar lugar a una licitación que es algo totalmente diferente, aunque capaz que se hizo para tener las cartas a la vista. Imagino que quienes se presentaron a las expresiones de interés no deben estar contentos porque mostraron todas las cartas allí; normalmente, no se preparan las licitaciones con llamados a expresiones de interés. Incluso en este recinto discutimos que, en el caso de Punta Piedras -creo que se llama así el proyecto de Punta Carretas-, después del llamado a expresiones de interés, por ley le pasamos la gestión y la administración al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¡Es notable! Se llamó a expresiones de interés y después se delegó la situación al señor Ministro Rossi. ¡De verdad fue algo sin ningún sentido! Sinceramente, que se diga que se hizo un llamado y que de él surgió que no había interesados, no me convence para nada. Esos llamados fueron para revelar las intenciones de la gente e imagino que quienes se presentaron estarán muy enojados y seguramente ninguno se va a presentar en este caso. ¿Quién puede asegurarnos que continuando con una sana y buena administración municipal de los casinos esto no sea propicio para que pueda venir un privado a invertir y reciclar el Hotel Carrasco para ganar dinero, si esto se ha hecho a lo largo y a lo ancho del país? Estamos hablando de Montevideo que, junto con Punta del Este, es la plaza turística que recibe más visitantes e incluso, tiene un público cautivo que no posee aquel balneario, porque vienen diplomáticos, entre otra gente que concurre a este lugar. Hay que tener en cuenta también que el hotel está en una zona extraordinaria de la rambla de Carrasco, que no hay que construirlo sino reciclar, aunque quizás sea igual o más caro. De todos modos, tengo dudas de que no cierre la ecuación económica; no creo que nada pueda inclinar irremediablemente a tener que adjudicarlo en forma de casino privado para que se logre reciclar el edificio. Estoy de acuerdo con que la Intendencia de Montevideo no puede invertir en el reciclaje del hotel, pero de ahí a esto, hay un trecho. Este problema se debe a una mala, a una pésima administración. Sin duda, perder US$ 14:000.000 en cinco años es un "tortón", es mucho dinero y lo que ha trascendido a la opinión pública -por eso este caso está dando vueltas en la Justicia- es terrible. No debemos olvidarnos de todas esas afinidades personales, de parentesco y del desconocimiento que se alega. En este sentido, los aportes del señor Senador Gandini han sido un gran aporte a la transparencia de los negocios de un municipio, lo que se ha reclamado siempre desde el partido de Gobierno y con lo que coincidimos absolutamente.

Hace unos instantes el señor Miembro Informante decía que el pliego es muy garantista pero en mi opinión es como cualquier otro. Además, el sistema de canon que establece este pliego es el mismo que tienen todos los mal llamados regímenes mixtos. En todos los casinos -en el Mantra, en Colonia, etcétera- también hay un canon que tiene una parte fija y una variable; no hay diferencias en esa materia. En consecuencia, no sé cuál va a ser la diferencia con relación a los resultados porque creo que los propios casinos municipales de Montevideo mejoraron su gestión cuando cambiaron las cabezas de quienes los dirigían. Creo que se trataba mucho más de un problema de pésima administración que de otra cosa. El señor Senador Baráibar comparaba este cambio de orientación del Frente Amplio con el cambio que ocurrió en ocasión del Pacto del Club Naval, pero como los blancos no estuvimos presentes allí, no podemos opinar. Hemos apoyado privatizaciones y hemos chocado con propuestas del partido de Gobierno.

Según decía el señor Senador Abreu, se van a concentrar 360 trabajadores en una sola sala de juegos y sinceramente no sé cómo va a poder competir el Parque Hotel contra el Casino Carrasco privatizado, contra todas las salas de slots de Hípica Rioplatense, contra el Radisson, etcétera. En realidad, no entiendo esa política de concentración de trabajadores en un solo lugar. Reitero que el pliego, en mi opinión, no tiene nada novedoso, pero constituye un cambio en esta orientación que constituye un mal precedente. Recordemos que existe una sola experiencia de casino privado en el Uruguay; pero esta es de Montevideo, que no es cualquier lugar sino la plaza tradicional gestionada por el partido de Gobierno, con una política antiprivatizadora y un discurso de desconfianza en esta materia. En este sentido, recuerdo a algún Subsecretario que dijo que estaba a favor de las privatizaciones pero no que las hicieran los Gobiernos anteriores. Nosotros podríamos decir lo mismo, pero no lo hacemos, porque sostenemos lo que creemos. Pero en este caso pensamos que esta medida es mala, no es necesaria y constituye un mal precedente porque de aquí en más van a surgir infinidad de petitorios de privatización de casinos. Además, creemos que las ecuaciones económicas -así lo han demostrado otros departamentos del país que tienen menores posibilidades que Montevideo- son posibles sin que tenga que haber una sala de juegos privada para obtener determinados rendimientos. La capacidad de imaginación de los emprendedores en el país -uruguayos o extranjeros- muchas veces supera ese tipo de obstáculos y así ha quedado ampliamente demostrado. El país ha crecido turísticamente sin necesidad de privatizar el juego. No creo que sea bueno y pienso que lo único genial y novedoso de este proyecto de ley es lo que señalaba el señor Senador Abreu cuando se refería al apoyo a la campaña contra la ludopatía.

En definitiva, no vamos a apoyar este proyecto de ley porque consideramos que se trata de un error y de la salida a una suma de desaciertos y mucho más. Esperaremos las resultancias de los procesos judiciales y administrativos para ver hasta dónde llegaron estos desaciertos. Repito que no había ninguna necesidad de corregir así este tema. En diecisiete departamentos del país se está demostrando a través de un régimen nacional, con funcionarios públicos uruguayos probos, dedicados a su función, que se puede hacer esto bien en la medida en que los jerarcas actúen correctamente. Los negocios no los realizan los funcionarios de las salas sino los Directores. No se debe pensar que esto funcionó mal porque los empleados eran malos; los que actuaron incorrectamente fueron los Directores. Entonces, creo que no se justifica para nada la variación de este criterio que, además, va a constituir un precedente y una señal en materia de políticas de juego, que va a quedar totalmente fuera del margen de decisión de los gobernantes uruguayos y pasará a manos de privados. Como dice la Constitución, el juego es un vicio social que hay que regular, moderar y debe quedar en manos del Estado.

Esta es nuestra posición y por ello, reitero, vamos a votar negativamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Señor Presidente: vamos a referirnos al tema del debate dejando claramente establecido que no estamos frente a un tema de carácter municipal. Estamos discutiendo una ley nacional para autorizar a un municipio y, por lo tanto, vamos a entrar a debatir un aspecto de una política nacional de juego, sin haber escuchado jamás cuál es la propuesta del Poder Ejecutivo con relación a ella.La Intendencia Municipal de Montevideo recorrió el camino exactamente al revés. Sometió a la Junta Departamental la consideración del aval para privatizar el Hotel Casino Carrasco y el pliego de condiciones y luego, aceptando una de las críticas planteadas por el Partido Nacional en ese Cuerpo -en la que se sostenía que, en virtud de diversos informes jurídicos la Intendencia no tenía marco legal para cambiar el destino a sus rentas y modificar la excepción, o el privilegio, otorgado por ley desde principios del siglo pasado- utilizó un mecanismo absolutamente insólito: aprobó el aval y los pliegos ad referéndum de una ley en el Parlamento. Pero este proyecto no subsana ese vicio. Si la Intendencia Municipal, finalmente, quiere recorrer ese camino y el Parlamento aprueba esta iniciativa, la Junta Departamental, rigiendo ya la ley, una vez más deberá dar el aval y aprobar los pliegos, pues padecen un vicio original, porque fueron aprobados en un momento en que no existía el marco formal.

Más allá de estos aspectos de forma -porque las formas hacen a la cuestión-, quiero referirme al asunto de fondo, o sea, a cómo la Intendencia Municipal pretende resolver este fenomenal problema que le pertenece desde que el Frente Amplio asumió el Gobierno Municipal. El Frente Amplio hace 17 años que está a cargo del Gobierno Municipal, de la Intendencia Municipal de Montevideo, y hace 15 que intenta resolver qué hacer con el Hotel Casino Carrasco en tratativas que comenzaron con la gestión del doctor Tabaré Vázquez.

Luego de un camino repleto de irregularidades llega a esta solución y lo hace de una manera también llamativa, por cuanto utiliza el mecanismo de la Ley Nº 17.555, que es la que consagra el sistema de la iniciativa privada -que consideramos bueno- y convoca a llamados de interés con relación a tres puntos de Montevideo: Punta Brava, Punta del Buceo y Hotel Casino Carrasco. A ese respecto, recibió 23 ofertas y se dice que 11 de ellas contenían iniciativas sobre casinos. Es verdad, pero no todas estaban dirigidas al Hotel Casino Carrasco, sino que algunas como, por ejemplo, la de Punta Brava incluía un proyecto de casino. Lo cierto es que hay por lo menos 9 propuestas vinculadas al Hotel Casino Carrasco.

Ese llamado se cierra el 28 de febrero. Cabe aclarar que se trataba de un llamado internacional realizado con una rigurosidad técnica y un marketing destacables. Luego de esa fecha, se toma un tiempo y, el 14 de junio de este año, se emiten dos resoluciones, llamativas también. Una de ellas, establece que no se declara de interés ninguna de las iniciativas que fueron presentadas en torno al Hotel Casino Carrasco -no hace referencia a los otros llamados- y, la otra, pone a consideración de la Junta Departamental, el mismo día, el aval y los pliegos. Esto significa que durante ese tiempo trabajó en la elaboración de los pliegos, obviamente, teniendo desde antes una decisión tomada en el sentido de no aceptar ninguna de las iniciativas.

De las empresas que se presentaron, varias de ellas tienen larga trayectoria, contrataron estudios y consultoras en el Uruguay para analizar el mercado y el marco jurídico, o sea, para asesorarse debidamente y plantear sus propuestas, presuntamente, la mayoría de ellas, serias. Sin embargo, la Intendencia Municipal les dio un portazo, pues no aceptó ninguna de ellas como buena para declararla de interés y utilizar el mecanismo de la Ley Nº 17.555, a los efectos de llamar a licitación sobre la base de ese proyecto, dándole una ventaja al proponente. Las declaró todas malas.

Después de esto elaboró un pliego propio. Lo que hubiera correspondido es que la Intendencia Municipal diera a conocer a la Junta Departamental las propuestas, sin embargo, no lo hizo. Tampoco procedió de acuerdo a las formas cuando la Junta Departamental le solicitó que remitiera esas propuestas, que hoy son secretas, ocultas; nadie sabe qué es lo que se propuso. Se dicen cosas sobre el contenido de las propuestas, pero los documentos no se conocen. Todo esto tiene relación con la falta de transparencia que hace 15 años rodea el proceso del Hotel Casino Carrasco. No temo decir que dudo de los procedimientos que se han utilizado para elaborar ese pliego; y tengo derecho a dudar. Probablemente este pliego se haya hecho a medida de alguno de los proponentes o al consorcio de varios de ellos; probablemente debe ser un pliego a medida; probablemente esta sea una perla más en el largo collar de irregularidades que ha rodeado a las diversas convocatorias para privatizar el Hotel Casino Carrasco. En verdad, no hemos tenido acceso al contenido de las propuestas. A diferencia de lo expresado en la Comisión respectiva de la Cámara de Senadores en el sentido de que ninguna de las propuestas consideraba a los funcionarios de los casinos municipales como idóneos para gestionarlos según el régimen para que se estaba convocando, tenemos información que habla de que alguna de ellas sí los tenían en cuenta.

Lo cierto es que hoy estamos frente a un requerimiento de la Intendencia Municipal para avalar ad referéndum un camino inserto en el contexto de una cantidad enorme de irregularidades que se inició hace mucho tiempo.

Llegado a este punto quiero referirme a lo que ha ocurrido en torno al Hotel Casino Carrasco, que no es un tema menor y tiene relación con mis afirmaciones en el sentido de que aquí no hay transparencia y que sólo por ese hecho no se puede avalar, con el secretismo que ha rodeado también a este llamado, este proyecto de ley. Este largo proceso empezó en el año 1992, cuando el semanario "Mate Amargo" -publicación que correspondía al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, en ese entonces no existía el Movimiento de Participación Popular-, cuyo redactor responsable era el señor Jorge Zabalza, denuncia en su editorial la intervención del señor Esteban Valenti, con sus influencias en el Gobierno, para que la licitación del Hotel Casino Carrasco fuera adjudicada a una empresa de su preferencia. Esa denuncia se hizo con absoluta claridad y, además, utilizando faxes que llegaron a esa redacción; el semanario publica el facsímil de los faxes, algunos de los cuales eran manuscritos. Esto ocasionó que el ex Secretario de Propaganda del Partido Comunista, señor Esteban Valenti, se sintiera ofendido y se presentara ante la Justicia, amparándose en la Ley de Prensa, aduciendo que había sido agraviado en su honor por el delito de difamación e injurias. Es así que se desarrolla un juicio que, en virtud de que se enmarca en la Ley de Prensa, es oral y público.

Voy a leer algunas cosas -pero desde ya prometo que no voy a aburrir, pues esto forma parte de la historia reciente y de la concepción de muchas personas- que siguen estando vigentes en el propio sistema político y tienen mucha influencia. A lo largo de mi exposición, los señores Senadores podrán ver que es lo mismo.

El principal de los faxes está firmado por el señor Pedro Losa Rocha, de la empresa española COMAR, y está dirigido a los señores José Collazo, Carlos García Morales y Jesús Boedo. No lo voy a leer todo, sino algunas partes. En todo caso, lo podremos adjuntar para que quede constancia de ello en la versión taquigráfica.

El representante de esta empresa, que estaba en Buenos Aires, dijo a los otros integrantes de esa misma empresa radicados en España: "La licitación sale dentro de diez días. Valenti considera que si estamos interesados es necesario que se traslade a Montevideo un ejecutivo con poderes para la creación de una sociedad anónima aquí y replantear la propuesta en base a los datos obtenidos. Él está en disposición, desde su área, de poder encauzar todo el asunto, tanto a nivel político como a nivel de instrumentar los pliegos de condiciones de la misma. Para eso él propone asociarse en un 20% con nosotros en la creación de esta sociedad, incluso con aporte de capital",

A continuación viene una parte que es para enmarcar -Valenti es como el serrucho: para un lado corta y para otro saca el aserrín-, que dice: "Ha recibido propuestas de asociación por parte de Casinos Austria". Esto lo veremos repetirse posteriormente. "Como es un tema en el que él no quiere perder la oportunidad, en virtud de que va a estar asociado con nosotros en Buenos Aires y vista la buena imagen nuestra, él prefiere hacerlo con nosotros, si bien su intención es hacerlo, ya sea con nosotros o con otra empresa". A partir de esta premisa plantea que se debe actuar rápido. "Primero hubo una contestación rápida" -de esa manera entraban en el negocio-, "segundo que un directivo de primer nivel se traslade a Montevideo la próxima semana y tener una serie de entrevistas con la Intendencia para rehacer la propuesta y presentar una imagen más real de nuestra empresa. Yo estaré hasta las 10 de la mañana en tal lugar, después de las 12 en el despacho de Valenti. Espero vuestra respuesta del tema y las instrucciones a seguir porque me entrevistaré con Coitiño el lunes próximo". Coitiño era el Superior de Casinos, Director de lo que ahora es el Departamento de Desarrollo Económico.

Como verán, esto es fuerte y se va a juicio. Zabalza se acoge a un sistema que prevé la ley, que es algo así como que los dichos son la excepción de la verdad. Como fue un juicio oral y público, la prensa lo recogió. Tengo en mi poder las versiones de "Mate Amargo" -esta da detalles hora a hora- y de "Búsqueda", a la que me voy a referir. Dice: "Zabalza denunció que un proyecto de fax, mecanografiado y manuscrito por el empresario español Pedro Losa"  -compañero de escuela de Valenti- "y dado a publicidad en ‘Panamericana’" -en un programa que dirigía la señora Selva Pereira- "y ‘Mate Amargo’, demostraba que Valenti utilizó su influencia política para canalizar en favor de la empresa española ‘Comar’ -representada por Losa-, una licitación convocada por la Dirección de Casinos de la IMM destinada a mejorar el rendimiento de estos".

"Valenti fue interrogado exhaustivamente por el juez"  -Peri Valdez- "que dirigió la audiencia con sobriedad y ponderación, sobre su vinculación con su ex compañero de liceo Losa. En su testimonio el ex dirigente comunista reconoció que Losa pidió su asesoramiento sobre cómo constituir una sociedad para participar en la licitación de la IMM. Negó sin embargo haber intervenido directamente en ese trámite y que tuviera la posibilidad de influir en la adjudicación. De acuerdo al texto del ‘fax’ Valenti reclamaba para sí un 20% de la sociedad a crearse".

"Zabalza dijo que" -su denuncia- "también se apoyó en una ‘convicción moral’ para desarrollar la investigación periodística, al considerar los antecedentes de su denunciante. Así surgió la participación de Valenti en ‘Alzi’, una empresa local dedicada al comercio exterior, que a su vez se vincula con empresas europeas, fundamentalmente con sede en Viena. El ex dirigente comunista dijo haber tenido vinculación con ‘Casinos Austria’ -que también aspiró a obtener la licitación-, y con bancos europeos, entre ellos el austríaco ‘Girozentrale Vienna’. Esta institución fue la que a pedido de la IMM realizó un estudio de prefactibilidad y sondeo de mercado para la eventual creación de un Banco de Fomento Municipal".

"Considerando que el denunciante había referido a una ‘convicción moral’, el acusado justificó entonces incluir en el debate judicial las vinculaciones de Valenti con empresas locales y europeas y con empresas del PCU.

Esta organización política acusó el miércoles 19 a los ex dirigentes ‘renovadores’" -es decir, los que se habían ido del Partido Comunista, que se autodenominaban "renovadores", entre ellos Valenti- "de haber empleado en beneficio personal propiedades de la organización, utilizadas como garantía de operaciones económico-financiero, que hoy se encuentran embargadas". Quiere decir que habían embargado al Partido Comunista; Valenti se había llevado las empresas. "Valenti rechazó enfáticamente tener algún tipo de relación con esta clase de hechos.

Ante preguntas concretas aceptó haber integrado la Agencia de Viajes ‘Siur’ cuando operaba en Buenos Aires y dijo que ahora pertenece a su hermano Giorgio y al ex director de Turismo de la IMM, Benjamín Liberoff". La empresa "Siur" de Uruguay tenía el monopolio de todos los viajes que se realizaran a Cuba, además de otros negocios turísticos y financiaba la Unión de Juventudes Comunistas que dirigía Benjamín Liberoff, hoy asesor del Ministerio de Turismo y Deporte.

"También negó que la Agencia Publicitaria ‘Perfil’ sea de su propiedad, perteneciendo en cambio a su compañera Selva Andreoli.

Zabalza dijo haber dado credibilidad al texto del ‘fax’ debido a los ‘antecedentes’ de Valenti y señaló que igualmente hubiera investigado ‘por la cristalinidad de la gestión comunal’, cualquier otra denuncia contra otro dirigente frenteamplista.

"La defensa pidió que se agregara al expediente un documento de la comisión de control del PCU a través del cual surgiría que ‘Socingo’, empresa instalada en Angola y originalmente perteneciente al PCU, es controlada ahora por Valenti".

Hasta el juicio, la autenticidad del fax había sido cuestionada, haciéndose responsable por haberlo entregado y obtenido al periodista llamado Antonio García. "Durante la audiencia, el Juez decidió convocar al perito calígrafo de los tribunales, Pedro Achard, quien analizó el documento en una pericia practicada a Losa el martes 18 de agosto. Dijo que de ella surgió que el documento ‘es obra gráfica de un único autor, Pedro Losa’, y que no existían signos de adulteración.

Achard aumentó el murmullo en la Sala cuando, ante una pregunta del Juez, añadió que para falsificar ese documento sin dejar rastros habría sido necesario utilizar un sofisticado instrumental que no existe en el país".

Lo que viene ahora no sé si está en el último libro de Zabalza, pero merece estarlo. "Previamente Zabalza manifestó que por su cuenta solicitó un ‘peritaje’ del fax con la base de otro documento manuscrito por Losa a ‘un compañero fotomecánico’ que en el pasado estuvo trabajando (para el Movimiento de Liberación Nacional) en documentos falsos y que incluso hizo una experiencia en falsificación de dólares destacando que ‘eso le ha dado una gran experiencia’. Según Zabalza, dicho ‘idóneo’, cuya identidad Zabalza se reservó, también concluyó que Losa era el autor de las anotaciones manuscritas.

Losa vino desesperado a ‘Mate Amargo’ luego de la difusión de la noticia publicada por ‘Búsqueda’ el jueves 9 de julio, dijo el dirigente tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, quien también compareció durante el juicio, en el que confirmó que junto a otros dirigentes del MPP denunció la supuesta maniobra al Intendente Vázquez y que luego se informó al presidente del Frente Amplio, Líber Seregni.

Dejando de lado sus fueros compareció el señor Germán Araújo. Este relató que enterado de los hechos, consultó a Omar Merletti, un militante de su sector, la Corriente de Unidad Frenteamplista (CUF), que es empleado del Casino. Según Araújo, Julio Avellá, otro simpatizante de la CUF, acompañado de Merletti, le dijo el 5 de julio que el ex director de Casinos, Eduardo Sabelli, se iría a trabajar a Buenos Aires por cuenta de la empresa española y que llevaría a Merletti a trabajar con él.

Araújo expresó que Avellá le comentó que Valenti se proponía donar US$ 2:000.000 para la campaña del Frente Amplio, como resultado de ganar la licitación, y que investigar estos hechos arruinaría todo".

Cada uno vaya sacando conclusiones de cómo empieza el tema del Hotel Casino Carrasco, qué intereses había y cuánta plata se movía.

"El ex director del Departamento de Actividades Productivas y Comerciales de la Intendencia, Carlos Coitiño, aceptó haberse reunido con Losa y con otros socios de la empresa española a partir de setiembre de 1991 y dijo que a fin de año Vázquez ordenó comenzar a trabajar en el llamado a licitación.

Coitiño destacó que no hubiera podido influir en la licitación desde su cargo por cuanto por el monto de la misma, y de acuerdo a normas vigentes, la resolución corría por cuenta de una comisión que integran el intendente y otros jerarcas comunales".

"¿Era viable que una persona como Valenti pudiera influir en conciliar los términos de la licitación?", preguntó el Juez a Coitiño. "Solo el Intendente lo puede decir", respondió lacónicamente -según "Búsqueda"- el jerarca municipal.

Por supuesto que Zabalza ganó el juicio; acogiéndose a la excepción de la verdad, la demostró y Valenti quedó vinculado a este pretendido tráfico de influencias. El Intendente de ese momento, el doctor Vázquez, clausuró el procedimiento de licitación y durante ese período no se volvió a hablar del asunto. A partir de allí, el Frente Amplio incorporó en su Programa de Gobierno Municipal la prohibición de privatizar los Casinos Municipales; eso quedó establecido a texto expreso en el Programa. Por ello, cuando llega el año 1997, aparece un segundo empujón para privatizarlo. Como ya no se podía privatizar el Casino, se convoca a una licitación luego del viaje que el Intendente Arana hace a Viena, donde es contactado por el grupo de Casinos Austria, que le manifiesta su interés por el Casino Carrasco. A partir de ese momento, se elaboran los pliegos. Estos pliegos otorgaban en concesión el casino del Hotel Casino Carrasco y teóricamente le permitían una participación en la ganancia a la empresa. Sin embargo, con el tiempo se demuestra que los pliegos, tal cual estaban formulados, le daban la dirección de la gestión del casino a la misma empresa y encubrían la privatización. Esto quedó demostrado en un largo debate en el que también interviene una importante opinión de la izquierda manifestada en la publicación "Mate Amargo", que voy a leer. En el año 1997, "Mate Amargo" ya no estaba dirigido por Zabalza, sino que su director responsable era Julio Marenales y su director el señor Eduardo Bonomi. En su página editorial de 20 de febrero de 1997, bajo el título "Ocultamiento y privatización", se dice: "El Frente Amplio, como tal, ha discutido y aprobado por mayoría la privatización de los hoteles municipales: la instrumentación práctica quedó en manos de la Intendencia Municipal de Montevideo, previa autorización de la Junta Departamental. El FA no aprobó la privatización de los Casinos Municipales y sin embargo escondido atrás de la privatización de los hoteles, se está instrumentando la privatización de los casinos. De ello Mate Amargo ha venido hablando largamente en sus últimas ediciones. Dando por sentado ese hecho, lo que se pretende es establecer lo improcedente respecto a la forma en que se lo ha impulsado, resuelto y aprobado. Pues se lo ha escamoteado a la discusión de los frenteamplistas cuando éstos se reunieron para intercambiar y discutir las características del Gobierno Departamental, y las posibilidades o las inconveniencias de privatizar servicios.

Y, efectivamente, esto es lo que se ha hecho cuando el secretario de la Junta Departamental de Montevideo ocultó el proyecto que, a mediados de diciembre, el Intendente Mariano Arana tenía pronto respecto a la explotación del Hotel Carrasco por parte de la empresa Véltica S.A.". Acoto que Véltica S.A. era la sociedad de Casinos de Austria, el consorcio hotelero chileno Sonesta y otros empresarios nacionales. "Entre el 20 y el 22 de diciembre se reuniría el Congreso del FA y, en el taller correspondiente, se iba a analizar la gestión de Arana, así como lo concerniente a las privatizaciones. Pasado el Congreso, el 3 de febrero, se dio entrada, oficialmente, al decreto de Mariano Arana, y se dejó a los frenteamplistas sin la posibilidad de discutir tal hecho en su máxima instancia, donde se reúne la mayor cantidad de delegados de base para discutir todos los pasos, pasados y futuros, del Frente Amplio. Así no se puede construir el gobierno popular," decía Mate Amargo. "No puede quedar la más mínima duda sobre ello. De qué se trata: ¿error político, mentira o corrupción? Esa pregunta va a quedar flotando sobre cualquier decisión confusa, forzada y escamoteada a la discusión de la gente. En este caso estamos ante estas tres cosas", reitero, error político, mentira y corrupción. "Llama la atención que lo que hace cuatro años se echó por la puerta vuelva a entrar por la ventana, y que Esteban Valenti vuelva a estar vinculado a tal hecho. Deja enormes dudas que se haya vinculado, forzando en extremo, la decisión de privatizar los hoteles con la cesión de la gestión de los Casinos Municipales. Y es evidente que todo ello ha sido ocultado, en su fase de discusión, a la base frenteamplista. La IMM debe dar cuenta de estos hechos, y el Frente Amplio debe asegurar que se discuta, ampliamente, antes de que se efectivice su aplicación.

No puede quedar la menor sombra de duda sobre la pregunta: ¿de qué se trata?"

¿Por qué habla de Valenti? En este caso no aparece Valenti pero, a la cabeza de la sociedad, aparece un señor Jover, que se sabía era socio de Valenti. También se sabía que fue Valenti el que gestionó la entrevista en Austria con ese grupo de Casinos. Y otra vez este mismo grupo avanza con sus pretensiones y vinculaciones, como lo demostramos hace un rato. El señor Senador Vaillant se debe acordar bien de este tema, porque intervino la organización Transparencia Internacional, que presidía la doctora Jacinta Balbela e integraba en ese momento el señor Senador, que hizo un informe crítico al respecto y que luego elevó al Intendente.

Se repiten las personas y ustedes lo van a ver porque aparece el señor Carlos Garramón como representante del señor Jorge Jover. Este intento también cae porque la Junta Departamental -en la que el Frente Amplio tiene mayoría una vez más, como establece la Constitución- no obtiene los votos; toda la oposición vota en contra y también lo hace el edil Jorge Zabalza.

Después se viene el tercer intento. En el año 2000, se vuelve a licitar y gana la empresa Carmitel S.A., encabezada por el señor Mario Jorge Garbarino e integrada por los señores Juan Carlos Garramón y Roberto Siegfried, al que también hemos visto en otros casinos.

¿Qué pasa con Carmitel S.A.? Empieza en el año 2000, tiene que integrar una garantía de US$ 10:000.000 -que nunca integra- y también hacer obras. ¿Quién es Carmitel S.A.? ¿Es un grupo inversor? No. Vamos a demostrar que Carmitel S.A. es un grupo pasador de negocios, un grupo que mediante sus influencias obtiene esta y otras concesiones del Estado, en vinculaciones muy fuertes con el Gobierno frenteamplista departamental y nacional, y que luego las vende o las pasa a los verdaderos inversores. En el caso Carmitel S.A - Hotel Casino Carrasco, no lo consigue. La Intendencia Municipal de Montevideo ve bajo los andamios, en una primera…

SEÑOR PRESIDENTE.- Perdón por la interrupción, pero ocurre que ha llegado a la Mesa una moción de orden en el sentido de que se prorrogue el término de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Decía que Carmitel S.A. es un grupo pasador de negocios: toma esta inversión, que no hace, y pasa varios años poniendo excusas, cambiando parte de sus socios, captando algunos con dinero fresco -parte de ese dinero le permite un pequeño impulso- y, luego, se vuelve a quedar. Durante todo ese tiempo, el Director de la División Jurídica de la Intendencia Municipal de Montevideo era el doctor Pérez Piera, quien conocía perfectamente todo este proceso, o sea, la licitación original y todos los aspectos que se dilucidaron entre la empresa y la Intendencia. Luego, cuando llega el año en que el Intendente Arana renuncia a su cargo, Pérez Piera -que era su suplente- asume el cargo. En esos seis meses renueva la concesión a la empresa Carmitel S.A., y la renueva faltándole a la verdad al Tribunal de Cuentas al emitirle un documento en el que decía que con fecha 31 de julio se iba a aprobar esa renovación de contrato, tratándose de un contrato largamente incumplido, que previamente tenía que ser remitido a conocimiento de aquél, porque la ley establece que toda modificación a un contrato, así como su rescisión, debe ser conocida e intervenida previamente por el Tribunal de Cuentas. Lo hace el doctor Pérez Piera con fecha 1º de julio de ese año 2005, y ese mismo día firma la renovación del contrato.

Le mintió al Tribunal de Cuentas. Esto es objetivo y está en los documentos. Además, lo hace sin la anuencia de la Junta Departamental. Tan es así que el Partido Nacional realizó denuncia penal al entonces Intendente y hoy Presidente de la Junta Anticorrupción; está denunciado penalmente por este hecho, y la Justicia, a su tiempo, dilucidará el asunto, que es largo y tiene varios capítulos.

La nueva Administración de la Intendencia Municipal de Montevideo, entonces, se encontró en el año 2006 con esta realidad: el Casino Carrasco en manos de una empresa privada que no hizo la inversión a la que se comprometió, y la propia Intendencia no hizo rescindir el contrato ni cobró lo que debió cobrar para resarcir por el daño que el incumplimiento le había ocasionado a la Administración; además, al renovarle ese contrato, le impidió a la Intendencia -por supuesto- reclamar ese incumplimiento en el futuro, a lo que se sumaba el hecho de que, concomitantemente, tenía un socio competidor a pocas cuadras, porque con permiso del Estado Nacional había empezado a funcionar el casino en el Hotel Oceanía. Sin ninguna licitación, obviamente, se había adjudicado un casino estatal a la Intendencia Municipal de Montevideo para ser explotado fuera de uno de esos dos hoteles balnearios -como lo establece la ley original-, y la Intendencia lo había establecido en el Hotel Oceanía, mientras estuviera cerrado el Casino Carrasco, que estuvo cerrado seis meses, mientras aquél estuvo abierto cinco años.

Y en tanto en el 2005 la Intendencia perdió US$ 1:100.000 por la gestión del Casino Carrasco, en ese mismo año el propietario del hotel ganó US$ 300.000. No tenía manera de perder, ya que cobraba US$ 12.000 de piso y participación en el juego, de tal modo -por eso hay que estudiar bien estos cánones- que según la auditoría municipal, cobró durante los cinco años un promedio mensual de US$ 24.959. Aunque hubo meses de US$ 54.000, también hubo tres meses de sólo US$ 12.000, lo que hizo un promedio de casi US$ 25.000, mientras la Intendencia perdía.

Ahora bien; ahí hubo otro paquete que todavía no está claro, pero la Justicia va a determinar. Cuando se le adjudica al Hotel Oceanía el permiso para actuar, la empresa Carmitel, que un tiempito antes había tenido la concesión del Hotel Casino Carrasco, se presenta con un recurso de revocación ante la Presidencia de la República, porque se le habían cambiado las condiciones del mercado ya que le habían "inventado" otro casino. Entonces, se realiza una negociación que está documentada y, en ella, el ex Intendente Arana llega a un acuerdo que firma con la doctora María Julia Muñoz. Por ese acuerdo, Carmitel retira su recurso; la empresa del Hotel Oceanía se queda con el casino, pero Carmitel logra colocar unas 200 máquinas slot en el Casino Carrasco, que empieza a explotar independientemente en la concesión que tiene para él, aunque en realidad nunca la tuvo porque nunca terminó la obra, pese a lo cual sí tuvo las máquinas.

¿Y saben una cosa? A quien no lo sepa le doy la noticia: ¡el contrato con Carmitel se rescindió por incumplimiento! Lo hizo esta Administración Municipal. Sin embargo, sigue teniendo las máquinas -¡esa es la herencia Bengoa y la herencia Arana!- y sigue cobrando renta todos los meses por esas máquinas. Y miren que hay rentas y rentas. Algunas máquinas, como la de caballito, una máquina multipuesto, que se localizó en el Hotel Oceanía, tenía una división de porcentaje de sus ingresos que llegaba al 104,9 por cada 100. Quiere decir que cuanto más jugaban, la Intendencia más perdía. El dueño del Hotel se llevaba el 30%, el de la máquina el 45%, y luego, por disposiciones legales, se distribuía en un caso el 14%, en otro el 12% y en otro el 1% entre diversos funcionarios municipales y de casinos. La suma da más de 100%. ¡Menos mal que el contador Juan Carlos Bengoa era contador! El señor Roselli -que fue quien lo firmó, no se conoce si a sabiendas o no- no lo era, pero debía de saber sumar. Esos fueron los negocios que se hicieron.

La Administración se encontró, además, con otra realidad: la gestión que de los casinos municipales venía realizando el contador Kreimerman -que fue antecesor del contador Bengoa- explotaba los casinos municipales mediante un mecanismo de leasing. La Intendencia compraba las máquinas por leasing, las amortizaba en 12 meses y luego le pertenecían. El contador Bengoa modificó el sistema y lo pasó a uno de arrendamiento. Es más: declaró desierta una de las licitaciones en curso que había iniciado el contador Kreimerman -que falleció- y la convirtió en una licitación de arrendamiento de slots. Ahí empieza el otro descalabro.

Voy a tirar algún dato, señor Presidente. En el año 2006, la Intendencia Municipal de Montevideo perdió US$ 1:000.000 por la explotación de los casinos municipales. Sin embargo, por canon o por arrendamiento a las empresas que quedaron enganchadas por la herencia Bengoa, pagó US$ 3:500.000, o sea, $ 84:000.000. Perdió uno, pero dentro de esas pérdidas estaban los US$ 3:500.000 que le pagó a las empresas.

Olvidémonos de Bengoa y hagamos un ejercicio de imaginación. Si se hubiera continuado la gestión de Kreimerman, la Intendencia habría comprado esas 450 máquinas slot -hoy arrendadas- en aproximadamente US$ 4:500.000, según el precio promedio, sin impuestos, pues suponemos que si a Hípica Rioplatense se le permitió -y hoy se le vuelve a permitir por un decreto de este año- comprar máquinas sin impuestos, a la Intendencia Municipal de Montevideo también se le debería permitir. Quiere decir que con US$ 4:500.000 las máquinas se hubieran comprado. Por consiguiente, si se hubieran comprado por leasing en cuotas anuales de US$ 1:000.000, como en el 2006 la Intendencia habría pagado su quinta cuota de ese monto, ya sería propietaria de las máquinas y habría ganado US$ 2:500.000 y no perdido US$ 1:000.000. Ahí está la diferencia. Esa es la herencia Bengoa: el cambio del negocio. Y si empezamos a analizar quiénes son los dueños de las máquinas, podría empezar a decir que algunos de los nombres que estoy dando y que han participado en Carmitel, también están allí.

Por lo tanto, nosotros somos muy precavidos con este proceso que aquí no se ha discutido, porque el Estado no ha dicho qué quiere hacer con los juegos.

Señor Presidente: hoy la Intendencia intenta modificar esta situación y hace ese llamado; oculta las iniciativas del sector y presenta un pliego sin que nosotros tengamos herramientas objetivas para analizarlo en relación a las propuestas que los inversores privados han presentado por su parte, y no considera a los funcionarios municipales, porque esta es una auténtica privatización, no una concesión. La Intendencia pretende controlar por software al empresario privado, cuando no se pudo controlar a sí misma con sus propios funcionarios y todo el aparato municipal. Pero, además, nos presenta un pliego según el cual la Intendencia va a percibir US$ 1:000.000 de canon, pudiendo llegar, en un ejercicio optimista de ingresos progresivos, hasta a US$ 2:000.000 de canon. Sin embargo, esa empresa va a gestionar los casinos con funcionarios propios, privados, que deberá contratar, mientras que la Intendencia Municipal de Montevideo tendrá que disponer que los aproximadamente 150 funcionarios que trabajarían en el Casino Carrasco si éste se desarrollara a pleno, pasen a sumarse a los del Parque Hotel, por supuesto en calidad de excedentarios, porque allí no hay trabajo para 360 funcionarios. Entonces, mientras la Intendencia Municipal de Montevideo percibe US$ 1:000.000, va a tener que pagar US$ 3:500.000 por concepto de sueldos de funcionarios a los que no les va a dar una tarea. ¡Fíjense qué negocio sería si se aplicara un mecanismo similar al mixto, por el que los funcionarios fueran del Estado y el empresario que se quede con la concesión pagara los sueldos de sus ingresos brutos! Aquí la Intendencia Municipal pierde: recibe uno y paga tres y medio. Ahí es donde está el mal negocio. Uno debe presumir que la intención de la Comuna es sacarse a los funcionarios de arriba.

Pero además, sigo sospechando: ¿qué va a pasar con el Casino del Parque Hotel? Y sigo sospechando porque la Intendencia Municipal hizo tres llamados de interés: uno para Puntas del Buceo -la zona de Kibón, del Yacht Club, etcétera-, otro para el Casino Carrasco y otro para Punta Brava, en Punta Carretas. Ahora bien, vean qué extraño es lo siguiente. En el artículo 205 de la Ley Nº 18.172, de Rendición de Cuentas del año 2006, modificamos el artículo 67 de la Ley Nº 16.462, de 1992, que decía: "Habilítase el Puerto de Punta Carretas, que tendrá un carácter exclusivamente deportivo", estableciendo además, en su último inciso: "El Puerto de Punta Carretas será administrado por la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, salvo en un área terrestre de administración conjunta por dicha Dirección y la Intendencia Municipal de Montevideo". ¿Qué hace esta Rendición de Cuentas? Modifica esa ley estableciendo, en ese artículo 205: "Habilítase el Puerto de Punta Carretas, que tendrá un carácter principalmente deportivo". O sea que ya no tendrá carácter "exclusivamente deportivo" sino "principalmente deportivo". Es una palabra, nada más, pero no es menor, porque revela una intencionalidad.

SEÑOR SANGUINETTI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GANDINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Sanguinetti.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: en ocasión de discutirse el artículo de la Rendición de Cuentas a que está haciendo referencia el señor Senador Gandini, se precisó el alcance de esa modificación. Cuando el artículo decía "exclusivamente deportivo", suponía que en el Puerto no podía haber ninguna instalación ni desarrollarse actividad de otra naturaleza que no fuera la exclusivamente deportiva. Por ejemplo, el señor Senador Michelini señaló en su momento el caso de una lancha que llevara visitantes a la Isla de Flores. También se dijo que en ese esquema no podía instalarse un establecimiento comercial que vendiera aparejos y artículos referidos a la navegación deportiva. Es decir que quedó claro lo que significa "principalmente": que no puede haber una explotación comercial y solamente dos barquitos deportivos de adorno. Eso, reitero, quedó muy claramente establecido, y lo corrobora el señor Senador Vaillant que también participó de dicha aclaración.

Me importa precisar esto porque, a los efectos de la interpretación futura de esa norma, quedó clara la intención de la expresión "principalmente deportivo", dejando sentado que no se trata de un puerto comercial, es decir, de un puerto en el que la actividad principal será desarrollada por buques comerciales, a lo que luego se podrá sumar algún pequeño emprendimiento deportivo decorativo, sino que realmente es un puerto deportivo al que, según tendencias modernas, actualmente hay que acompañarlo de ese tipo de servicios secundarios. Queda claro que "principal" es lo que predomina, por oposición a lo secundario, a lo subsidiario, a lo que es ajeno a lo principal, y de ningún modo podrá interpretarse esta ley de otro modo.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gandini.

SEÑOR GANDINI.- Señor Presidente: que la aclaración citada sirva a los efectos de la intención del Legislador.

De todos modos, lo extraño es que a la modificación de "principalmente deportivo", se suma un cambio en el último inciso, que decía que la administración sería compartida entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia Municipal de Montevideo, mientras que ahora se establece que "El Puerto de Punta Carretas será administrado por el Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas". Entonces, ¿cómo es que la Intendencia Municipal de Montevideo hace un llamado a proyectos de interés por un predio sobre el que perdió la legitimidad? La Intendencia Municipal no puede hacer un llamado a proyectos de interés privado cuando no es titular de ningún derecho y ya ni siquiera coadministra ese espacio terrestre en el que antes sí participaba. Esto hace que me pregunte: ¿no irá prosperando por aquí ese proyecto que anda dando vueltas, de que la Terminal de Buquebús salga del Puerto de Montevideo, se instale en la Punta Brava, y el día de mañana conviva con ella el Casino del Parque Hotel, luego de su traslado? De ese modo, tendríamos una preciosa zona parquizada, en un puerto "principalmente deportivo", en el que también tendrá su terminal Buquebús y se instalará un casino. Esto ha sido parte de alguna de las iniciativas.

Pero lo que me da aún peor espina es que este Gobierno, que se ha opuesto a la privatización de los casinos en oportunidades anteriores, ahora propone dos casinos privados, porque nos manda este por acá, pero también tenemos como un gran lobbysta de otro casino privado al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, a quien le he dicho en la Comisión de la Cámara de Representantes que su actitud no respeta su investidura. El señor Ministro de Transporte y Obras Públicas, en un absoluto exceso a su investidura, comunicó a la opinión pública que se había presentado en el país un grupo inversor que iba a realizar la inversión más importante después de Botnia y Ence; dicho grupo iba a invertir US$ 354:000.000 en la zona conocida como Puntas del Chileno, también llamada Piedra del Chileno, en Punta del Este, construyendo allí un hotel cinco estrellas, un puerto de amarras para embarcaciones privadas y de gran calado, un complejo de habitaciones en Terrazas y un casino privado. El señor Ministro de Transporte y Obras Públicas dio la noticia de este grupo inversor, presentándolo con absoluto desparpajo, y yo digo aquí lo que le dije en la cara: "Usted es un lobbysta de un grupo económico, porque usted está haciendo uso de un mecanismo en exceso; usted está promoviendo el negocio privado de un grupo que va a hacer plata y que no son inversores, sino pasadores de negocios".

Aquí se utilizó la Ley Nº 17.555, y lo que debe hacer el Ministro es declarar que ese proyecto es de interés, fijar las reglas, establecer las ventajas que esta empresa tendrá respecto de las otras y llamar a licitación. Luego se juzgará cuál es la mejor oferta. Por lo tanto, no puede descalificar a los demás diciendo que él ya ganó cuando todavía no la convocó; la presentó y -después de hacerlo en la prensa- se fue a Maldonado, en cuya Intendencia Municipal también hizo una presentación pública. Allí estaban los cuatro inversores, los directores de esa empresa, el señor Mario Garbarino, el que no tenía US$ 10:000.000 para establecer en garantía a Carmitel S.A , el que no encontró a quien vender el negocio que le dio la Administración frenteamplista y todavía tiene a ese hotel bajo los andamios. Ese era el Presidente del grupo, que conseguía US$ 354:000.000. Sus socios eran el doctor Antonio Marchesano, el señor Jorge Fernández y el señor Fernando Barboni, propietario del terreno. Este último fue denunciado, penal y civilmente, por el Banco Hipotecario del Uruguay de este Gobierno, por incumplimiento y apropiación indebida. A su vez, este Banco también fue denunciado por el propio Fernando Barboni, por cifras multimillonarias.

El terreno mencionado fue propuesto por los inversores para construir este emprendimiento con un casino que está embargado por la Dirección General Impositiva en una suma de US$ 10:000.000. O sea que el gran inversor era el que no había conseguido la plata para Carmitel S.A. y su socio era un deudor de la Dirección General Impositiva por defraudación y había sido denunciado penalmente por este Gobierno; estos eran los grandes inversores. ¿Sabe, señor Presidente, que en la primera fila de esa mise en scène a la que se presentaron un señor Intendente del grupo del señor Esteban Valenti y el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas -de ese mismo grupo político-, estaba el griego, traído por el señor Jorge Fernández? A ese señor le vendían el proyecto, le montaron la mise en scène y hoy compró; se levantó el embargo porque el griego pagó y, además, compró esas tierras y otras. Tampoco están más los nombres que mencioné. Ya hicieron su negocio, aunque todavía no se llamó a licitación. Lo cierto es que aún se está discutiendo este tema y ni siquiera hay votos en la Junta Departamental. Sin embargo, el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas anunció en este ámbito la mayor inversión en la historia del país después de Botnia y Ence, con un casino privado al que siempre se había opuesto.

¿Le voy a creer a este Gobierno que por detrás de esto hay una buena intención? No le creo. Es otra perla en ese collar de falta de transparencia.

La Intendencia Municipal de Montevideo nunca utilizó el mecanismo puro y claro que tiene para autorizar legalmente la explotación mixta del Casino Carrasco y nos consta que hay grupos que estarían dispuestos a hacer la inversión en esas condiciones. Por eso me pregunto: ¿por qué no nos mostraron lo que los privados propusieron? ¿Por qué eso no apareció? ¿Por qué surge ahora este mecanismo tardío en el contexto de una Intendencia Municipal investigada y denunciante de su propia gestión?

Nosotros no podemos dar la confianza a este proyecto de ley porque el Poder Ejecutivo no nos ha dicho qué quiere hacer con el juego en este país, no ha dicho cuántas salas más habrá, cuál será la expansión de las actuales salas privadas que hay en el departamento de Montevideo, cuál es su plan ni qué piensa hacer con otros proyectos mixtos que se intenta adjudicar, sin licitación, en algunos departamentos del interior del país. Tampoco nos ha dicho qué piensa hacer con las más de seis mil máquinas de juegos que están instaladas en bares, clubes y lugares a los que tienen acceso adultos y menores, y que no son los flippers de mi juventud; por el contrario, son máquinas de apuestas al alcance de todos, sin regulación alguna. Reitero que se trata, al menos, de seis mil máquinas y no se nos ha dicho qué se piensa hacer, así como tampoco si quiere dos casinos privados, tal como se propone, o más.

Por lo tanto, sin saber hacia dónde va en esa materia el Gobierno, que mediante este proyecto de ley hoy autoriza a la Intendencia Municipal de Montevideo a privatizar su privilegiado Casino Municipal y sin que ella nos muestre todas las cartas en un negocio que ha estado rodeado de un grupo de personas interesadas -no sólo en el casino sino en todo lo que lo rodea-; con una Dirección General de Casinos donde ha sido contratado, como asesor principal en materia técnica, un prestamista que se desempeñaba como tal en el Hotel Oceanía -único que pudo exhibir en su currículo, además de ser amigo personal del contador Juan Carlos Bengoa-, no podemos votar. Preferimos un debate sobre qué hacer con el juego, hasta dónde lo extendemos y cómo se pueden obtener ganancias de él, a este sistema por el cual la sociedad, en algunos casos, termina subsidiando al juego en lugar de que éste subsidie a la sociedad y, dentro de ella, a los más débiles.

Por estas razones no podemos acompañar este proyecto de ley.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado está considerando el primer punto del Orden del Día y están anotados para hacer uso de la palabra los señores Senadores Heber y Lara Gilene.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: el señor Senador Gandini me ha aludido correctamente, relatando un hecho que es cierto. No recuerdo bien, pero creo que en 1996, la organización que fundé junto con otras personas y también integré, "Uruguay Transparente", parte de "Transparencia Internacional", hizo una investigación acerca de un proceso que tenía que ver con unos pliegos licitatorios que la Intendencia Municipal de Montevideo estaba manejando en torno al tema de los Casinos. Esta organización emitió un informe cuestionando ese proceso licitatorio, y todo esto es cierto, pero sólo es parte de la verdad. Reitero que lo que dijo el señor Senador Gandini es absolutamente cierto, pero falta agregar que "Uruguay Transparente" y "Transparencia Internacional" intervinieron en este tema a pedido expreso del Intendente de Montevideo de aquel momento, el arquitecto Arana. Esto quiere decir que no se había recibido una denuncia de parte de interesados o perjudicados, sino que el propio Intendente, ante dudas que tenía sobre los pliegos licitatorios, las remitía a "Uruguay Transparente" -una organización de lucha contra la corrupción- para saber su opinión.

Esta organización emitió su informe, que cuestionaba las características de los pliegos e hizo recomendaciones que, en su totalidad, fueron aceptadas por el señor Intendente Municipal de Montevideo. Me pareció importante hacer esta aclaración porque, de lo contrario, un hecho absolutamente verídico relatado por el señor Senador Gandini, podría interpretarse en una forma incorrecta.

Es cuanto quería manifestar.

14) SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD. CREACION

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: este debate recién empieza y seguramente seguirá la próxima semana con la corrección que corresponde, pero hay otro tema en el Orden del Día que tiene que ver con el Sistema Nacional Integrado de Salud, que aspiramos que empiece a regir a partir del 1º de enero de 2008, dado que incluye a cuatrocientos mil niños en las mutualistas. Pretendemos que este proyecto de ley se vote en el día de hoy, por lo que vamos a solicitar que se interrumpa el debate, se ingrese a su discusión y después el Cuerpo vuelva al tema que está tratando.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: quedan dos oradores anotados y creo que la respuesta del señor Senador Vaillant a todo lo que ha dicho el señor Senador Gandini ha sido la del Gobierno ...

(Dialogados)

SEÑOR PRESIDENTE.- ¡Por favor, señor Senador Heber, diríjase a la Mesa!

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: las cuestiones de orden no admiten discusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay discusión cuando se trata de una alteración del Orden del Día.

(Dialogados)

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: quisiera terminar porque estamos en medio del debate y solicitaría al Frente Amplio que puedan hacer uso de la palabra por lo menos estos dos Legisladores del Partido Nacional, que somos los que cuestionamos este proyecto de ley. En lo personal, he firmado este proyecto de ley con salvedades y me gustaría exponer al Senado mis argumentos. Creo que interesa escuchar lo que manifestamos en la Comisión para, de ese modo, analizar el proceso de evolución que cada uno va teniendo en función de la discusión dada en el Plenario.

En concreto, solicito que al señor Senador Lara Gilene y a quien habla se les permita hacer uso de la palabra y recién luego se pase a votar la moción de orden. De esa manera, podrán contestarnos a todos y no sólo al señor Senador Gandini, quien ha hecho una encendida, brillante y terminante exposición.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador Michelini mantiene su moción.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 29. Afirmativa.

El Senado ingresa a la consideración del tercer punto del Orden del Día.

(Manifestaciones en la Barra)

(Campana de orden)

La Barra deberá ser desalojada.

(Así se hace)

15) "AUSTRALIA"

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: formulo moción para que se reparta la carpeta a la que se dio entrada en el día de hoy: proyecto de ley por el cual se denomina "Australia" a la Escuela Nº 141, y se trate con carácter de urgente una vez que finalicemos la consideración del tercer punto del Orden del Día.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 28. Afirmativa.

16) SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD. CREACION

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del asunto que figura en tercer término del Orden del Día: "Discusión única del proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes por el que se crea el Sistema Nacional Integrado de Salud. (Carp. Nº 755/07 - Rep. Nº 507/07 y Anexos IV y V)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 755/07

Rep. N° 507/07

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tienen todos los habitantes residentes en el país y establece las modalidades para su acceso a servicios integrales de salud. Sus disposiciones son de orden público e interés social.

Artículo 2°.- Compete al Ministerio de Salud Pública la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud que articulará a prestadores públicos y privados de atención integral a la salud determinados en el artículo 265 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Dicho sistema asegurará el acceso a servicios integrales de salud a todos los habitantes residentes en el país.

Artículo 3°.- Son principios rectores del Sistema Nacional Integrado de Salud:

A) La promoción de la salud con énfasis en los factores determinantes del entorno y los estilos de vida de la población.

B) La intersectorialidad de las políticas de salud respecto del conjunto de las políticas encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población.

C) La cobertura universal, la accesibilidad y la sustentabilidad de los servicios de salud.

D) La equidad, continuidad y oportunidad de las prestaciones.

E) La orientación preventiva, integral y de contenido humanista.

F) La calidad integral de la atención que, de acuerdo a normas técnicas y protocolos de actuación, respete los principios de la bioética y los derechos humanos de los usuarios.

G) El respeto al derecho de los usuarios a la decisión informada sobre su situación de salud.

H) La elección informada de prestadores de servicios de salud por parte de los usuarios.

I) La participación social de trabajadores y usuarios.

J)La solidaridad en el financiamiento general.

K) La eficacia y eficiencia en términos económicos y sociales.

L) La sustentabilidad en la asignación de recursos para la atención integral de la salud.

Artículo 4°.- El Sistema Nacional Integrado de Salud tiene los siguientes objetivos:

A) Alcanzar el más alto nivel posible de salud de la población mediante el desarrollo integrado de actividades dirigidas a las personas y al medio ambiente que promuevan hábitos saludables de vida, y la participación en todas aquellas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

B) Implementar un modelo de atención integral basado en una estrategia sanitaria común, políticas de salud articuladas, programas integrales y acciones de promoción, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, recuperación y rehabilitación de la salud de sus usuarios, incluyendo los cuidados paliativos.

C) Impulsar la descentralización de la ejecución en el marco de la centralización normativa, promoviendo la coordinación entre dependencias nacionales y departamentales.

D) Organizar la prestación de los servicios según niveles de complejidad definidos y áreas territoriales.

E) Lograr el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, financieros y de la capacidad sanitaria instalada y a instalarse.

F) Promover el desarrollo profesional continuo de los recursos humanos para la salud, el trabajo en equipos interdisciplinarios y la investigación científica.

G) Fomentar la participación activa de trabajadores y usuarios.

H) Establecer un financiamiento equitativo para la atención integral de la salud.

Artículo 5°.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 2° de la presente ley, compete al Ministerio de Salud Pública:

A) Elaborar las políticas y normas conforme a las cuales se organizará y funcionará el Sistema Nacional Integrado de Salud, y ejercer el contralor general de su observancia.

B) Registrar y habilitar a los prestadores de servicios integrales de salud que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud y a los prestadores parciales con quienes contraten.

C) Controlar la gestión sanitaria, contable y económico-financiera de las entidades, en los términos de las disposiciones aplicables.

D) Fiscalizar la articulación entre prestadores en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.

E) Aprobar los programas de prestaciones integrales de salud que deberán brindar a sus usuarios los prestadores públicos y privados que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud, y mantenerlos actualizados de conformidad con los avances científicos y la realidad epidemiológica de la población.

F) Instrumentar y mantener actualizado un sistema nacional de información y vigilancia en salud.

G) Regular y desarrollar políticas de tecnología médica y de medicamentos, y controlar su aplicación.

H) Diseñar una política de promoción de salud que se desarrollará conforme a programas cuyas acciones llevarán a cabo los servicios de salud públicos y privados.

I) Promover, en coordinación con otros organismos competentes, la investigación científica en salud y la adopción de medidas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

J) Las demás atribuciones que le otorga la presente ley, la Ley N° 9.202 "Orgánica de Salud Pública", de 12 de enero de 1934, y otras disposiciones aplicables.

Artículo 6°.- El Ministerio de Salud Pública creará un registro obligatorio de recursos de tecnología de diagnóstico y terpéutica de alto porte de los servicios de salud.

La reglamentación determinará los contenidos de la información que deban proporcionar las instituciones, su periodicidad y las sanciones en caso de incumplimiento. Toda nueva incorporación de tecnología deberá ser aprobada por el Ministerio de Salud Pública teniendo en cuenta la información científica disponible, la necesidad de su utilización y la racionalidad de su ubicación y funcionamiento.

Artículo 7°.- La política nacional de medicamentos tendrá por objetivo promover su uso racional y sustentable. El Ministerio de Salud Pública aprobará un formulario terapéutico único de medicamentos que contemple los niveles de atención médica y establecerá la obligatoriedad de su prescripción por denominación común internacional según sus principios activos; racionalizará y optimizará los procesos de registro de medicamentos y fortalecerá las actividades de inspección y fiscalización de empresas farmacéuticas y la fármaco vigilancia.

Artículo 8°.- El control de la calidad integral de la atención en salud a cargo del Ministerio de Salud Pública tomará en cuenta el respeto a principios de la bioética y a los derechos humanos de los usuarios.

Dicha modalidad será aplicable a la incorporación y uso de tecnologías y medicamentos.

Artículo 9°.- El Ministerio de Salud Pública, en coordinación con otros organismos competentes, promoverá y evaluará que el desarrollo profesional continuo de los recursos humanos de las entidades que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud responda a los principios rectores del mismo.

Artículo 10.- El Ministerio de Salud Pública promoverá la armonización de los parámetros de calidad de los bienes, servicios y factores productivos del área de salud y los mecanismos de control sanitario de los Estados Parte del MERCOSUR, en el marco del proceso de integración regional.

CAPITULO II

INTEGRACION DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD

Artículo 11.- Podrán integrar el Sistema Nacional Integrado de Salud:

A) Los servicios de salud a cargo de personas jurídicas públicas, estatales y no estatales.

B) Las entidades a que refiere el artículo 265 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Artículo 12.- Para integrar el Sistema Nacional Integrado de Salud es preceptivo que las entidades públicas y privadas cuenten con órganos asesores y consultivos representativos de sus trabajadores y usuarios. La reglamentación determinará la naturaleza y forma de los mismos, según el tipo de entidades de que se trate.

Artículo 13.- Las entidades que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud, además de sus órganos de gobierno, deberán contar con un Director Técnico como autoridad responsable ejecutiva en el plano técnico ante la propia entidad, la Junta Nacional de Salud que se crea en el artículo 23 de la presente ley y el Ministerio de Salud Pública.

Artículo 14.- Para autorizar como integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud a las entidades referidas en el artículo 11 de la presente ley, la Junta Nacional de Salud evaluará, además de los requisitos establecidos en el literal B) del artículo 5° y en los artículos 12 y 13 de la presente ley, su caudal de usuarios, los recursos humanos, la planta física, el equipamiento, los programas de atención a la salud, la tecnología, el funcionamiento organizacional y el estado económico-financiero, según criterios que fije la reglamentación.

La integración al Sistema Nacional Integrado de Salud tendrá carácter funcional, no modificando la titularidad de las entidades ni su autonomía administrativa.

Artículo 15.- La Junta Nacional de Salud suscribirá un contrato de gestión con cada uno de los prestadores que se integre el Sistema Nacional Integrado de Salud, con el objeto de facilitar el contralor del cumplimiento de las obligaciones que impone a éstos la presente ley. La reglamentación determinará el contenido de dichos contratos.

Artículo 16.- Las entidades que se integren al Sistema Nacional Integrado de Salud ajustarán su actuación a las normas técnicas que dicte el Ministerio de Salud Pública y quedarán sujetas a su contralor.

Artículo 17.- Las entidades que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud deberán recabar, con fundamentos debidamente documentados, autorización del Ministerio de Salud Pública, quien oirá en todos los casos a la Junta Nacional de Salud, para:

A) Crear, clausurar o suspender servicios de atención médica.

B) Construir, reformar o ampliar plantas físicas destinadas a la atención médica.

C) Adquirir, enajenar, ceder y constituir otros derechos reales sobre bienes inmuebles y equipos sanitarios.

Artículo 18.- Las entidades que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud no podrán realizar afiliaciones de carácter vitalicio, sin perjuicio de respetar los derechos adquiridos al amparo de normativas anteriores a la presente ley. En estos casos, las prestaciones que supongan no darán derecho a la entidad al cobro de cuotas salud.

Artículo 19.- Las prestaciones incluidas en los programas integrales que apruebe el Ministerio de Salud Pública podrán requerir el pago de tasas moderadoras, que autorizará el Poder Ejecutivo, fijando también sus montos máximos.

El Poder Ejecutivo promoverá la progresiva reducción del monto de las tasas moderadoras, priorizando las enfermedades crónicas de mayor prevalencia en la población.

Artículo 20.- Los profesionales y entidades que presten servicios de salud podrán realizar publicidad mediante cualquier modalidad de difusión siempre que limiten las menciones a sus datos identificatorios, títulos que posean y especialidades que desarrollen, los que deberán estar debidamente registrados ante el Ministerio de Salud Pública.

Cuando dichos profesionales o entidades se propongan ampliar el alcance de su publicidad, deberán recabar previamente autorización al Ministerio de Salud Pública, en los términos de la reglamentación aplicable.

Las personas o entidades que infrinjan estas normas se harán pasibles de sanciones entre 30 UR (treinta unidades reajustables y 500 UR (quinientas unidades reajustables) que aplicará el citado Ministerio, sin perjuicio de la inmediata suspensión de la publicidad que le será notificada a los responsables de los medios utilizados para su difusión. Si la orden no fuere efectivizada, a los medios se les aplicarán iguales sanciones económicas.

Artículo 21.- Las entidades de atención a la salud privadas que no se incorporen al Sistema Nacional Integrado de Salud podrán serguir prestando servicios a sus usuarios mediante el régimen de libre contratación, siempre que hayan sido habilitadas a tal efecto por el Ministerio de Salud Pública y se sujeten a su control en lo sanitario.

Artículo 22.- Los seguros integrales a que refiere el artículo 265 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, podrán seguir prestando servicios a sus usuarios mediante el régimen de libre contratación, siempre que hayan sido habilitados por el Ministerio de Salud Publica y se sujeten a su control en lo sanitario.

Los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud que contraten con dichas entidades deberán comunicar su decisión a la Administración del Fondo Nacional de Salud.

Estos usuarios aportarán al Fondo Nacional de Salud creado por la Ley N° 18.131, de 18 de mayo de 2007, de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la presente ley y gozarán de los mismos derechos asistenciales que quienes se inscriban en los padrones de las demás entidades que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud.

La Administración del Fondo Nacional de Salud pagará a los seguros integrales las cuotas salud que correspondan a dichos usuarios siempre que se cumplan acumulativamente los siguientes requisitos:

1) Que otorguen a los mismos las prestaciones incluidas en los programas integrales aprobados por el Ministerio de Salud Pública, sin perjuicio del régimen previsto en el inciso primero de este artículo, y

2) Aporten al Ministerio de Salud Pública y a la Junta Nacional de Salud la información asistencial y económico-financiera que les sea requerida a efectos del contralor de sus obligaciones respecto a los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud. En caso de incumplimiento de las mismas, será aplicable el régimen sancionatorio previsto en el literal E) del artículo 28 de la presente ley.

En ningún caso la Administración del Fondo Nacional de Salud pagará a los seguros integrales un monto superior al del aporte obrero-patronal del contribuyente. La reglamentación de la presente ley determinará la distribución del mismo considerando las cuotas salud y los aportes que deba transferir al Fondo Nacional de Recursos según la estructura del núcleo familiar del usuario.

Los seguros integrales verterán al Fondo Nacional de Salud el 6% (seis por ciento) de los ingresos recibidos del propio Fondo por concepto de costos de administración el que se destinará al financiamiento del Seguro Nacional de Salud.

CAPITULO III

JUNTA NACIONAL DE SALUD

Artículo 23.- Créase la Junta Nacional de Salud como organismo desconcentrado dependiente del Ministerio de Salud Pública con los cometidos que le atribuye la presente ley.

Artículo 24.- Son cometidos de la Junta Nacional de Salud:

A) Administrar el Seguro Nacional de Salud que crea la presente ley, con arreglo a sus disposiciones y a la reglamentación respectiva.

B) Velar por la observancia de los principios rectores y objetivos del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Artículo 25.- La Junta Nacional de Salud tendrá carácter honorario, sus miembros serán designados por el Poder Ejecutivo y estará compuesta por:

A) Dos miembros representantes del Ministerio de Salud Pública, uno de los cuales la presidirá.

B) Un miembro representante del Ministerio de Economía y Finanzas.

C) Un miembro representante del Banco de Previsión Social.

D) Un miembro representante de los prestadores que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud.

E) Un miembro representante de los trabajadores de los prestadores que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud.

F) Un miembro representante de los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud.

En todos los casos, por cada titular se designará un alterno.

Todos los integrantes de la Junta Nacional de Salud deberán formular una declaración jurada de bienes e ingresos a cualquier título, a la Junta Asesora en Materia Económico-Financiera del Estado, de acuerdo con lo dispuesto por el Capítulo V de la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1998, en lo que resulte pertinente.

Artículo 26.- La reglamentación de la presente ley determinará la forma de integración de los representantes sociales a que refieren los literales D), E) y F) del artículo 25 de la presente ley, garantizando mecanismos de selección democrática de los mismos. Su mandato tendrá una duración máxima de dos años.

Los representantes de prestadores y trabajadores que se integren a la primera Junta serán propuestos por sus organizaciones representativas.

Artículo 27.- La Junta Nacional de Salud contará con Consejos Asesores Honorarios Departamentales y Locales, que se integrarán en la forma que determine la reglamentación de la presente ley, observando que en los mismos estén representados los prestadores que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud, sus trabajadores y sus usuarios.

Estos Consejos tendrán funciones de asesoramiento, proposición y evaluación en sus respectivas jurisdicciones, pero sus informes y propuestas no tendrán carácter vinculante.

Artículo 28.- Compete a la Junta Nacional de Salud:

A) Suscribir con los prestadores que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud los contratos de gestión a que refiere el artículo 15 de la presente ley.

B) Aplicar los mecanismos de financiamiento de la atención integral a la salud que corresponda a los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud y fiscalizar la efectiva integración de los aportes al Fondo Nacional de Salud que se determinan en el Capítulo VII de la presente ley.

C) Disponer el pago de cuotas salud a los prestadores que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud, de acuerdo a sus padrones de usuarios y previa verificación del cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

D) Controlar las relaciones entre los prestadores que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud y entre éstos y terceros.

E) Disponer la suspensión temporal o definitiva, total o parcial, del pago de cuotas salud en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de los prestadores, determinado por acto administrativo firme.

F) Elaborar el proyecto de su reglamento interno de funcionamiento que elevará al Poder Ejecutivo para su aprobación, dentro de los ciento ochenta días de su constitución.

G) Las demás que le asigne la presente ley.

Artículo 29.- Compete al Presidente de la Junta Nacional de Salud:

A) Presidir sus sesiones, sin perjuicio de los mandatos sustitutivos que otorgue en previsión de sus ausencias.

B)Ejecutar las resoluciones de la Junta.

C) Adoptar las medidas urgentes que entienda necesarias para el cumplimiento de los cometidos de la Junta Nacional de Salud, dando cuenta de ellas a la misma en la primera sesión posterior y estando a lo que ésta resuelva. Para modificar las decisiones adoptadas en el ejercicio de esta potestad será necesario el voto de por lo menos cinco de los miembros de la Junta. Mientras no se integren a él los representantes sociales, a estos efectos se requerirá el voto de tres de sus miembros.

D) Representar al organismo y suscribir todos los actos, contratos y convenios en que intervenga el mismo.

E) Las demás tareas que le sean encargadas por la Junta.

Artículo 30.- Para sesionar, el Directorio de la Junta Nacional de Salud requerirá la presencia de cuatro de sus miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de votos de integrantes del cuerpo.

En caso de empate el voto del Presidente del Directorio se computará doble.

Artículo 31.- Créase dentro del Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública" el Programa "Administración del Seguro Nacional de Salud" dentro del cual se constituye la Junta Nacional de Salud como su unidad ejecutora.

Artículo 32.- Facúltase al Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Salud Pública, a adecuar sus programas y redistribuir los créditos presupuestales a los efectos de atender los costos de funcionamiento de la Junta Nacional de Salud.

Artículo 33.- La Junta Nacional de Salud deberá elevar anualmente al Poder Ejecutivo una rendición de cuentas de la administración del Seguro Nacional de Salud, dentro de los primeros ciento veinte días de vencido cada ejercicio.

Las entidades que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud publicarán anualmente los estados de situación y balance de resultados de su gestión. Estas entidades deberán poseer sistemas de información contable ajustados a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y proporcionar a la Junta Nacional de Salud toda la documentación que ésta le solicite.

CAPITULO IV

RED DE ATENCION EN SALUD

Artículo 34.- El Sistema Nacional Integrado de Salud se organizará en redes por niveles de atención según las necesidades de los usuarios y la complejidad de las prestaciones. Tendrá como estrategia la atención primaria en salud y priorizará el primer nivel de atención.

Artículo 35.- La Junta Nacional de Salud, de acuerdo a las normas que dicte el Ministerio de Salud Pública, establecerá y asegurará los mecanismos de referencia y contra referencia entre los distintos niveles de atención.

Artículo 36.- El primer nivel de atención está constituido por el conjunto sistematizado de actividades sectoriales dirigido a la persona, la familia, la comunidad y el medio ambiente, tendiente a satisfacer con adecuada resolutividad las necesidades básicas de salud y el mejoramiento de la calidad de vida, desarrolladas con la participación del núcleo humano involucrado y en contacto directo con su hábitat natural y social. Las acciones de atención integral a la salud serán practicadas por equipos interidisciplinarios con infraestructura y tecnologías adecuadas para la atención ambulatoria, domiciliaria, urgencia y emergencia.

Se priorizará la coordinación local, departamental o regional entre servicios de salud del primer nivel nacionales, departamentales y comunitarios.

Artículo 37.- El segundo nivel de atención está constituido por el conjunto de actividades para la atención integral de carácter clínico, quirúrgico u obstétrico, en régimen de hospitalización de breve o mediana estancia, hospitalización de día o de carácter crónico. Está orientado a satisfacer necesidades de baja, mediana o alta complejidad con recursos humanos, tecnológicos e infraestructura de diversos niveles de complejidad. En él se asientan la cobertura más frecuente de las atenciones de emergencia.

Artículo 38.- El tercer nivel de atención está destinado a la atención de patologías que demanden tecnología diagnóstica y de tratamiento de alta especialización. Los recursos humanos, tecnológicos e infraestructura estarán adecuados a esas necesidades.

Artículo 39.- La Junta Nacional de Salud fomentará el establecimiento de redes de atención en salud. Las entidades integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud podrán coordinar acciones dentro de un marco territorial definido, para brindar una adecuada asistencia y racionalizar los recursos.

Artículo 40.- Las redes territoriales de atención en salud podrán articular su labor con los centros educativos en cada zona así como con las políticas sociales existentes y el conjunto de las políticas dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población, desarrollando una perspectiva intersectorial.

Artículo 41.- Las entidades públicas y privadas que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud podrán contratar entre sí y con terceros las prestaciones incluidas en los programas integrales de atención a la salud que apruebe el Ministerio de Salud Pública.

Dichos contratos deberán ser sometidos a la autorización de la Junta Nacional de Salud, la que controlará todo lo referente a la habilitación de los prestadores y su infraestructura, capacidad asistencial, relación entre el volumen de prestaciones a contratar y el número de usuarios del prestador contratante, plazos de los contratos y la estabilidad de las condiciones de relacionamiento.

La Junta Nacional de Salud verificará que las entidades contratantes no mantengan deudas vencidas con quienes pretenden contratar, en cuyo caso deberán cancelarlas o refinanciarlas antes de la firma de un nuevo contrato.

Si la Junta Nacional de Salud no formula observaciones ni deniega la autorización dentro de los treinta días de presentada la solicitud, el respectivo contrato se considerará autorizado.

En situaciones de caso fortuito, fuerza mayor y otras razones de urgencia, los prestadores podrán contratar notificando de inmediato a la Junta Nacional de Salud. Esta concederá un plazo prudencial para la presentación de la documentación contractual y acreditante de las circunstancias excepcionales que motivaron la contratación. En caso de incumplimiento, se aplicará el régimen sancionatorio previsto en el literal E) del artículo 28 de la presente ley.

Artículo 42.- Las farmacias registradas y habilitadas por el Ministerio de Salud Pública podrán dispensar medicamentos a los usuarios de los prestadores de salud que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud, en los términos de los contratos que celebren con los mismos.

A dichos contratos les será aplicable, en lo que corresponda, lo dispuesto en el artículo 41 de la presente ley.

Artículo 43.- Los precios de referencia para las contrataciones a que refieren los artículos 41 y 42 de la presente ley, podrán ser determinados por el Poder Ejecutivo.

Artículo 44.- Es incompatible el ejercicio de la dirección y el gerenciamiento de las entidades integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud que demanden servicios a terceros con la provisión de los mismos, salvo cuando se formalicen alianzas estratégicas entre prestadores o cuando uno de ellos asuma el gerenciamiento del otro. En ambos casos se requerirá autorización de la Junta Nacional de Salud.

La incompatibilidd incluye a las personas que ejerzan la función, sus socios, cónyuges o concubinos, ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad.

Los contratos que se formalicen violando esta disposición serán nulos a partir del momento en que se verifique dicha incompatibilidad.

CAPITULO V

COBERTURA DE ATENCION MEDICA

Artículo 45.- Las entidades públicas y privadas que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud deberán suministrar a su población usuaria los programas integrales de prestaciones que apruebe el Ministerio de Salud Pública, con recursos propios o contratados con otros prestadores integrales o parciales públicos o privados.

Los programas integrales de prestaciones incluirán:

A) Actividades de promoción y protección de salud dirigidas a las personas.

B) Diagnóstico precoz y tratamiento adecuado y oportuno de los problemas de salud-enfermedad detectados.

C) Acciones de recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, según corresponda.

D) Acceso a medicamentos y recursos tecnológicos suficientes.

La reglamentación de la presente ley definirá taxativamente las prestaciones incluidas, que serán descriptas en términos de sus componentes y contarán con indicadores de calidad de los procesos y resultados, conforme a los cuales la Junta Nacional de Salud auditará la atención brindada a los efectos de autorizar el pago de cuota salud a los prestadores.

Artículo 46.- Las entidades que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud deberán ofrecer a su población usuaria prestaciones de emergencia médica incluidas en los programas integrales que apruebe el Ministerio de Salud Pública. La reglamentación definirá las modalidades y fecha de aplicación de esta disposición.

La afiliación a las entidades prestadoras de los referidos servicios de emergencia se realizará, por parte de los usuarios amparados por el Seguro Nacional de Salud, entre aquellas que se encuentren habilitadas por el Ministe-rio de Salud Pública para la prestación establecida en el inciso precedente y acepten las condiciones correspondientes.

El Poder Ejecutivo, con intervención del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas, oyendo a la Junta Nacional de Salud, fijará el importe que las entidades integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud abonarán a los prestadores de los servicios de referencia, así como los plazos en que el mismo deberá ser vertido.

Artículo 47.- Las prestaciones no incluidas en los programas integrales de observancia obligatoria, que ofrezcan a sus usuarios las instituciones que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud, serán convenidas entre prestadores y usuarios, en régimen de libre contratación. Cuando se trate de prestaciones sanitarias, el Ministerio de Salud Pública las controlará en sus aspectos técnicos.

Artículo 48.- Las prestaciones económicas correspondientes a enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo y otras contingencias relacionadas con la salud, continuarán siendo brindadas por los organismos públicos y las enti-dades privadas competentes, de conformidad con las disposiciones en vigor. Los prestadores que integren el Sis-tema Nacional Integrado de Salud realizarán, para sus respectivos usuarios, las pericias técnicas que correspondan.

Los servicios complementarios de asistencia médica a que refiere el literal A) del artículo 7° del Decreto N° 7/976, de 8 de enero de 1976, que abona el Banco de Previsión Social, alcanzan exclusivamente a las personas comprendidas en el artículo 8° del Decreto-Ley N° 14.407, de 22 de julio de 1975, modificado por el artículo 1° de la Ley N° 15.953, de 6 de junio de 1988, incluidas en el literal A) del artículo 2° de la Ley N° 18.131, de 18 de mayo de 2007.

CAPITULO VI

USUARIOS DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD

Artículo 49.- Son usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud todas las personas que residan en el territorio nacional y se registren en forma espontánea o a solicitud de la Junta Nacional de Salud, en una de las entidades prestadoras de servicios de salud que lo integren. La reglamentación de la presente ley establecerá los términos y condiciones de dicho registro.

Artículo 50.- La elección de prestador es libre. Una vez formalizado el registro ante una de las entidades integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud, podrá modificarse en los términos que fije la reglamentación.

No se admitirá la doble cobertura de atención médica integral a cargo del Sistema, debiendo los usuarios optar por una de las que eventualmente les correspondiera.

Artículo 51.- Los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud tienen los siguientes derechos respecto de los prestadores integrados al mismo:

A) A recibir información completa y actualizada sobre los servicios a que pueden acceder y sobre los requisitos para hacer uso de los mismos.

B) A recibir, en igualdad de condiciones, las prestaciones incluidas en los programas integrales a que refiere el artículo 45 de la presente ley.

C) Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad.

D) A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en las entidades que presten servicio de salud, sin perjuicio del requerimiento fundado de la Junta Nacional de Salud, del Ministerio de Salud Pública y del Fondo Nacional de Recursos cuando se trate de actos médicos financiados por el mismo, siempre conservándose la condición de confidencialidad respecto a terceras personas.

E) A conocer los resultados asistenciales y económico-financieros de la entidad.

F) A recibir información sobre las políticas de salud y los programas de atención integral que se implementen en el Sistema Nacional Integrado de Salud.

G) Los demás que establezca la reglamentación y otras disposiciones aplicables.

Artículo 52.- Son obligaciones de los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud:

A) Responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones a que tienen derecho.

B) Dar cumplimiento a las formalidades que se requieran para acceder a los servicios de salud.

C) Respetar los estatutos de las entidades prestadoras de servicios.

D) Cumplir con las disposiciones de naturaleza sanitaria de observancia general y con las específicas que determinen las entidades prestadoras cuando estén utilizando sus servicios.

E) Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las mismas.

F) Las demás que establezca la reglamentación y otras disposiciones aplicables.

El incumplimiento de las obligaciones antes referidas acarreará las consecuencias previstas en los estatutos de las entidades prestadoras.

Artículo 53.- Los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud tendrán el derecho a participar en los órganos a que refiere el artículo 12 de la presente ley, en los términos que determine su reglamentación.

Artículo 54.- La Junta Nacional de Salud podrá establecer un sistema de recepción de quejas y denuncias de usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud, así como mecanismos de solución de diferendos entre éstos y los prestadores, sin perjuicio de los recursos administrativos y judiciales correspondientes.

CAPITULO VII

FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD

Artículo 55.- Las prestaciones que, conforme a la presente ley y su reglamentación, deben brindar obligatoriamente a los usuarios incorporados al Seguro Nacional de Salud los prestadores públicos y privados que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud, darán derecho a éstos al cobro de cuota salud según el número de personas inscriptas en sus padrones.

La cuota salud, cuyo valor será igual para prestadores públicos y privados, será fijada por el Poder Ejecutivo, con intervención del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Salud Pública, oyendo a la Junta Nacional de Salud. Dicha cuota tendrá en cuenta costos diferenciales según grupos poblacionales determinados y cumplimiento de metas asistenciales.

Se actualizará con la periodicidad que determinen las autoridades competentes, tomando en consideración costos asociados a sus componentes e incorporación de nuevos programas de atención a la salud.

El ajuste del monto de la cuota salud, la incorporación de nuevas prestaciones y la reducción de las tasas moderadoras, se efectuará teniendo en cuenta la existencia de economías derivadas de mejoras en la eficiencia del sistema y de la incorporación de nuevos usuarios a los padrones de los prestadores.

Artículo 56.- La Administración de los Servicios de Salud del Estado adecuará las prestaciones de salud a las exigidas a las restantes entidades integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud, en forma progresiva, no pudiendo exceder este período de adecuación el 31 de diciembre de 2009.

Artículo 57.- Créase el Seguro Nacional de Salud, el que será financiado por el Fondo Nacional de Salud creado por el artículo 1° de la Ley N° 18.131, de 18 de mayo de 2007, con cargo al cual se pagarán las cuotas salud que correspondan a los prestadores que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud.

El Fondo Nacional de Salud se constituirá en el Banco de Previsión Social de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley N° 18.131, de 18 de mayo de 2007. Ello sin perjuicio de las competencias de la Junta Nacional de Salud como administradora del Seguro Nacional de Salud y consiguientemente titular y destinataria del Fondo que constituye su patrimonio.

El Banco de Previsión Social recepcionará los aportes a que refieren los artículos siguientes de la presente ley y efectivizará el pago de cuota salud a los prestadores, de conformidad con las órdenes de pago que emita la Junta Nacional de Salud.

En el ejercicio de los cometidos de administración tributaria a que refiere el inciso segundo, el Banco de Previsión Social actuará como sujeto activo de las contribuciones especiales de seguridad social que constituyen los recursos del Fondo conforme lo dispuesto por el artículo 60 de la presente ley.

En dicha calidad estará plenamente facultado para el cumplimiento integral de los procesos y procedimientos sustanciales implicados en la gestión tributaria de tales aportes incluyendo recaudación, fiscalización, determinación tributaria, agotamiento de la vía administrativa, defensa contencioso anulatoria y gestión coactiva.

Artículo 58.- Los prestadores que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud no podrán rechazar a ningún usuario amparado por el Seguro Nacional de Salud ni limitarle las prestaciones incluidas en los programas integrales de salud aprobados por el Ministerio de Salud Pública.

Artículo 59.- Los créditos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, creada por Ley N° 18.161, de 29 de julio de 2007, con financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", se ajustarán mensualmente de acuerdo al monto de la recaudación correspondiente a dicho organismo por concepto de cuota salud, a cuyos efectos el administrador del Fondo Nacional de Salud remitirá la información necesaria al Ministerio de Economía y Finanzas.

Simultáneamente se reducirán los créditos correspondientes a la financiación 1.1 "Rentas Generales", en el importe anualizado resultante a la variación mensual en el número de usuarios amparados por el Seguro Nacional de Salud inscriptos en el padrón de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, multiplicado por el costo promedio por usuario de dicho organismo. Dicho costo promedio será determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Salud Pública.

El Ministerio de Economía y Finanzas comunicará a la Contaduría General de la Nación el monto de las modificaciones presupuestales dispuestas en los incisos precedentes, así como el resultante del artículo 8° de la Ley N° 18.131, de 18 de mayo de 2007.

La Administración de los Servicios de Salud del Estado comunicará a la Contaduría General de la Nación y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la distribución a nivel de unidad ejecutora, grupo y objeto de gasto y proyecto de inversión, de las modificaciones presupuestales dispuestas en la presente norma, sin la cual no podrá ejecutar los créditos a que refiere el presente artículo.

Artículo 60.- Serán recursos del Fondo Nacional de Salud el ciento por ciento de los provenientes de:

A) Aportes obligatorios de trabajadores y empresas del sector privado.

B) Aportes obligatorios de los trabajadores del sector público incorporados al Seguro Nacional de Salud.

C) Aportes del Estado y de las personas públicas no estatales sobre la masa salarial que abonen a sus dependientes incorporados al Seguro Nacional de Salud.

D) Aportes obligatorios de pasivos.

E) Aportes obligatorios de personas físicas que no queden incluidas en los literales anteriores.

F) El porcentaje previsto en el artículo 22 de la presente ley.

G) Otros que pudieran corresponderle por aplicación de disposiciones legales o reglamentarias.

H) Las rentas generadas por sus activos, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Autorízase al Poder Ejecutivo en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas a atender las insuficiencias financieras del Fondo Nacional de Salud debidamente justificadas.

Artículo 61.- El Estado, las personas públicas no estatales y las empresas privadas aportarán al Fondo Nacional de Salud un 5% (cinco por ciento) del total de las retribuciones sujetas a montepío que paguen a sus trabajadores amparados por el Seguro Nacional de Salud y los complementos de cuota salud que correspondan por aplicación del artículo 337 y siguientes de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992, y sus modificativas, manteniéndose –a los efectos de este artículo- las exoneraciones previstas en los literales A) y B) del artículo 90 de la Ley N° 18.083, de 27 de diciembre de 2006.

Los aportes patronales básicos y complementarios a que refiere el inciso anterior se aplicarán respecto de todos los colectivos incorporados al Seguro Nacional de Salud por la presente ley y por la Ley N° 18.131, de 18 de mayo de 2007, en los plazos que las mismas establecen.

Las empresas rurales comprendidas en la Ley N° 15.852, de 24 de diciembre de 1986, seguirán aportando en base a la superficie explotada en un todo de acuerdo a dicha norma.

Los patronos y empresas unipersonales rurales man-tendrán el régimen de aportaciones previsto en las Leyes N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992, y N° 16.883, de 10 de noviembre de 1997.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los unipersonales rurales optantes por la cobertura de salud bonificada de conformidad con la Ley N° 16.883, de 10 de noviembre de 1997, aportarán el 45% (cuarenta y cinco por ciento) de la cuota mutual y aquellos que se encuentren en la situación a que refiere el artículo 64 de la presente ley, aportarán el 60% (sesenta por ciento) del valor de la cuota mutual determinada de acuerdo a lo previsto por el artículo 337 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992.

Los empresarios unipersonales rurales y los empresarios unipersonales monotributistas mantendrán el carácter opcional de su afiliación al Seguro de Salud, conforme con las disposiciones legales vigentes (Ley N° 16.883, de 10 de noviembre de 1997, y Ley N° 18.083, de 27 de diciembre de 2006).

Los trabajadores públicos y privados aportarán un porcentaje de sus retribuciones dentro de las que se computarán los aportes ya previstos en el Decreto-Ley N° 14.407, de 22 de julio de 1975, y en la Ley N° 18.131, de 18 de mayo de 2007, de acuerdo al siguiente detalle:

A) 6% (seis por ciento) si las retribuciones superan 2,5 BPC (dos con cinco bases de prestaciones y contribuciones) mensuales y tienen a cargo hijos menores de 18 años o mayores de esa edad con discapacidad, incluyendo a los del cónyuge o del concubino.

B) 4,5% (cuatro con cinco por ciento) si las retribuciones superan 2,5 BPC (dos con cinco bases de prestaciones y contribuciones) mensuales y no tienen a cargo hijos menores de 18 años ni mayores de esa edad con discapacidad, incluyendo a los del cónyuge o del concubino.

C) 3% (tres por ciento) si las retribuciones no superan 2,5 BPC (dos con cinco bases de prestaciones y contribuciones) mensuales, con independencia de que tengan o no a cargo hijos menores de 18 años o mayores de esa edad con discapacidad, incluyendo a los del cónyuge o del concubino.

Para el caso de los trabajadores públicos y otros dependientes del Estado, incorporados al Seguro Nacional de Salud por aplicación del artículo 2° de la Ley N° 18.131, de 18 de mayo de 2007, regirá lo dispuesto por el artículo 4° de la misma ley, debiendo aportar un porcentaje adicional de sus retribuciones cuando sus ingresos superen 2,5 BPC (dos con cinco bases de prestaciones y contribuciones) mensuales, de acuerdo al siguiente detalle:

A) 3% (tres por ciento) si tienen a cargo hijos menores de 18 años o mayores de esa edad con discapacidad, incluyendo los del cónyuge o del concubino.

B) 1,5% (uno con cinco por ciento) si no tienen a cargo hijos menores de 18 años ni mayores de esa edad con discapacidad, incluyendo los del cónyuge o del concubino.

No se considerará hijo a cargo, a los efectos de esta ley, cuando el menor de 18 años o mayor de esa edad con discapacidad genere por sí mismo el derecho a integrarse como trabajador al Seguro Nacional de Salud.

Artículo 62.- Los trabajadores dependientes y no dependientes incorporados al Seguro Nacional de Salud que se acojan al beneficio de la jubilación, continuarán amparados por el mismo y realizando los aportes sobre el total de haberes jubilatorios por los cuales se jubila, determinados en los artículos 61 y 66 de la presente ley, según corresponda a la estructura de su núcleo familiar.

El usufructo del derecho previsto en el inciso anterior será optativo para quienes justifiquen el acceso, por otros medios, a cobertura de salud de un nivel similar a la que brinda el Sistema Nacional Integrado de Salud, no quedando exonerados de realizar los aprotes correspondientes.

Se consideran usuarios del Seguro Nacional de Salud creado por la presente ley, los trabajadores que cumplen un mínimo de trece jornadas de trabajo en el mes o perciben el equivalente a 1,25 veces de la Base de Prestaciones y Contribuciones. No obstante lo dispuesto precedentemente, los patronos que asuman la financiación patronal complementaria a que refiere el artículo 61 de la presente ley, podrán atribuir la respectiva condición de usuario del seguro al trabajador, cualquiera fuera el tiempo de trabajo o su nivel de ingreso.

Artículo 63.- Los jubilados que se desempeñaron como no dependientes en actividades amparadas por el Banco de Previsión Social, cuyo haber jubilatorio total no supere la suma de 2,5 BPC (dos con cinco bases de prestaciones y contribuciones) mensuales y que además integren hogares donde el promedio de ingresos por todo concepto, por integrante no supere la suma de 2,5 BPC (dos con cinco bases de prestaciones y contribuciones) mensuales podrán optar por ingresar en el Seguro Nacional de Salud aportando un 3% (tres por ciento) de su pasividad a partir del 1° de enero de 2008.

Artículo 64.- Los aportes a que hacen referencia los artículos 61, 62, 70 y 71 de la presente ley darán derecho a los hijos menores de 18 años o mayores de esa edad con discapacidad, incluyendo los del cónyuge o del concubino a cargo de los usuarios amparados por el Seguro Nacional de Salud, a recibir atención integral en salud a través de los prestadores que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud.

Los asegurados mencionados en el inciso primero podrán optar por incluir a sus hijos desde los 18 y hasta cumplir los 21 años de edad, amparándolos por el Seguro Nacional de Salud, aportando al Fondo Nacional de Salud el valor de la cuota salud y la correspondiente al Fondo Nacional de Recursos, la reglamentación establecerá las condiciones de pago de esta opción.

Los padres elegirán para ellos el prestador público o privado que estimen conveniente, en acuerdo con el artículo 50 de la presente ley e independientemente de aquél al que ellos estén incorporados. En caso de fallecimiento de los progenitores o de disolución de la pareja parental por separación o divorcio, realizará la elección de la entidad quien, teniendo la condición de trabajador o pasivo amparado por el Seguro Nacional de Salud, tenga la guarda. Para los que estén sujetos a tutela o curatela, los tutores o curadores que tengan la condición de trabajadores o pasivos amparados por el Seguro Nacional de Salud elegirán la entidad atendiendo a las necesidades particulares de los mismos.

El concepto de hijo a cargo y los derechos que la presente ley otorga a los concubinos y a sus hijos menores de 18 años o mayores de esa edad con discapacidad se aplicarán en los términos de la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Artículo 65.- Todas las personas que dejen de cumplir las condiciones para ampararse en el Seguro Nacional de Salud podrán optar por continuar inscriptos en los padrones de los mismos prestadores, pagando directamente por los servicios de atención integral de salud que reciban, no pudiendo ser rechazados por ellos.

Artículo 66.- Los trabajadores públicos y privados, y las personas amparadas por el Seguro Nacional de Salud a que refieren los artículos 62, 70 y 71 de la presente ley que tengan cónyuge o concubino a cargo, aportarán un 2% (dos por ciento) adicional de sus retribuciones para incorporar a los mismos a dicho seguro, lo que les dará derecho a recibir atención integral en salud a través de los prestadores que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud.

La incorporación de cónyuges y concubinos y el inicio del aporte previsto en el inciso precedente se realizarán teniendo en cuenta el número de hijos menores a cargo, de acuerdo al siguiente cronograma:

Antes del 31 de diciembre de 2010: cónyuge o concubino del aportante con 3 o más hijos menores de 18 años a cargo.

Antes del 31 de diciembre de 2011: cónyuge o concubino del aportante con 2 hijos menores de 18 años a cargo.

Antes del 31 de diciembre de 2012: cónyuge o concubino de aportante con 1 hijo menor de 18 años a cargo.

Antes del 31 de diciembre de 2013: cónyuge o concubino del aportante sin hijos menores de 18 años a cargo.

Artículo 67.- Estarán exceptuados de realizar los aportes determinados en el artículo 61 de la presente ley, las personas a que se refiere el artículo 18 de la presente ley, en tanto permanezcan en la misma entidad. Si tuvieren a cargo hijos menores de 18 años o mayores de esa edad con discapacidad, incluyendo los del cónyuge o del concubino, aportarán el 3% (tres por ciento) de sus retribuciones. De tener cónyuge o concubino a cargo, aportarán 2% (dos por ciento) de sus retribuciones, de acuerdo al cronograma previsto en el artículo 66 de la presente ley.

Artículo 68.- Quedarán incorporados al Seguro Nacional de Salud a partir del 1° de enero de 2008 – además de los comprendidos en lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 18.131, de 18 de mayo de 2007- los funcionarios del Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública", del Inciso 16 "Poder Judicial", del Inciso 25 "Administración Nacional de Educación Pública", del Inciso 26 "Universidad de la República", del Inciso "Administración de los Servicios de Salud del Estado", del Poder Legislativo, incluyendo a los Legisladores, y a los funcionarios de los organismos públicos nacionales, con excepción del Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional" e Incso 04 "Ministerio del Interior". Asimismo, quedarán incorporados a partir de dicha fecha, los beneficiarios del subsidio transitorio por incapacidad parcial establecido en el artículo 22 de la Ley N° 16.173, de 3 de setiembre de 1995.

Los créditos presupuestales habilitados a la Administación Central y a los organismos del artículo 220 de la Constitución de la República, para financiar regímenes propios de cobertura médica a quienes resulten beneficiarios del Seguro Nacional de Salud por aplicación del inciso precedente, financiarán los aportes establecidos en la presente ley, de acuerdo a lo que determine la reglamentación.

Los funcionarios públicos y otros dependientes del Estado que tengan regímenes propios de cobertura médica aprobados por ley o aun por normas que no sean leyes, los mantendrán hasta que los mismos sean modificados por las autoridades competentes.

Lo dispuesto en el inciso anterior no exonera a los mismos de aportar al Fondo Nacional de Salud, según corresponda por aplicación de las disposiciones de la presente ley.

Artículo 69.- Los trabajadores comprendidos en el régimen de Cajas de Auxilio o Seguros Convencionales que funcionen al amparo del artículo 41 del Decreto-Ley N° 14.407, de 22 de julio de 1975, así como los afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social a que refieren los literales B), C), D) y E) del artículo 43 de la Ley N° 17.437, de 20 de diciembre de 2001, y los amparados en lo dispuesto por los artículos 337 a 342 de la Ley N° 13.318, de 28 de diciembre de 1964, y sus modificativas (CHASSFOSE), que aseguren a sus beneficiarios cobertura integral de salud en un nivel no inferior al establecido por la presente ley, se incorporarán al Seguro Nacional de Salud no más allá del 1° de enero de 2011. Hasta el momento de su incorporación al Seguro Nacional de Salud, dichas entidades continuarán recibiendo los aportes y rigiéndose por las disposiciones legales y reglamentarias que les son aplicables.

Facúltase al Poder Ejecutivo a dar el mismo tratamiento a los trabajadores que cuenten con regímenes acordados con los empleadores privados mediante convenios colectivos o acuerdos similares que hayan estado vigentes al menos desde un año antes de la promulgación de la presente ley.

Artículo 70.- Quienes obtengan ingresos originados en la prestación de servicios personales fuera de la relación de dependencia, realizarán los aportes al Fondo Nacional de Salud aplicando la tasa que corresponda a la diferencia entre el total de los ingresos originados en dichos servicios y el porcentaje a que refiere el artículo 34 del Título 7 del Texto Ordenado 1996.

En caso de que los ingresos a que refiere el inciso anterior hayan quedado incluidos en el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, las referidas alícuotas se calcularán sobre la base imponible de dicho tributo.

Lo dispuesto precedentemente se aplicará de acuerdo a lo establecido en los artículos 61 y 66 de la presente ley; a los aportes resultantes se le adicionarán los complementos de cuota salud que correspondan por aplicación del artículo 338 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992.

La obligación de aportar, así como la incorporación de los respectivos usuarios al Seguro Nacional de Salud cuando no fueren beneficiarios del mismo, regirá a partir del 1° de enero de 2011 y se realizará en la forma que determine la reglamentación.

Artículo 71.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, a partir de la vigencia de la presente ley los propietarios de empresas unipersonales con actividades comprendidas en el Decreto-Ley N° 14.407, de 22 de julio de 1975, que no tengan más de un trabajador subordinado y estén al día con sus aportes al sistema de la seguridad social, realizarán solamente los aportes personales y patronales al Fondo Nacional de Salud, aplicando las tasas establecidas en los artículos 61 y 66 de la presente ley, sobre un ficto de 6,5 BPC (seis con cinco bases de prestaciones y contribuciones).

Para el caso de los propietarios de empresas unipersonales referidos en el inciso anterior, que presten solamente servicios personales fuera de la relación de dependencia, el régimen establecido en el presente artículo regirá hasta el 31 de diciembre de 2010. A partir del 1° de enero de 2011 pasarán a regirse por lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 72.- Facúltase al Poder Ejecutivo a postergar las fechas de ingreso establecidas en la presente ley, siempre que fuera necesario para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas. El Poder Eejcutivo deberá informar de ello al Poder Legislativo con una antelación mínima de ciento veinte días previos al 1° de enero de cada uno de dichos años.

Artículo 73.- El Fondo Nacional de Recursos mantendrá su autonoía administrativa en los términos de la Ley N° 16.343, de 24 de diciembre de 1992, y demás disposiciones aplicables. Los aportes a que refieren los literales A), B) y C) del artículo 3° de la Ley N° 16.343, de 24 de diciembre de 1992, serán sustituidos por una cuota única por cada beneficiario del Seguro Nacional de Salud que la Junta Nacional de Salud le reembolsará.

Artículo 74.- Facúltase al Poder Ejecutivo a incluir en el régimen de la presente ley a los funcionarios de los Gobiernos Departamentales, quienes realizarán los aportes previstos en los artículos 61 y 66 de la presente ley.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 75.- Los beneficiarios del Sistema Nacional Integrado de Salud no incluidos en el régimen de la presente ley seguirán abonando directamente a sus respectivos prestadores por los servicios de salud que reciban.

Artículo 76.- Hasta la instalación de la Junta Nacional de Salud, las funciones que se le atribuyen a la misma serán ejercidas por el Ministerio de Salud Pública y el Banco de Previsión Social, según corresponda.

Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar las normas reglamentarias necesarias que viabilicen la transición hacia el sistema que regirá a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 77.- La presente ley regirá a partir del 1° de enero de 2008.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 8 de noviembre de 2007.

Tabaré Hackenbruch Legnani 1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

DISPOSICIONES CITADAS

en las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes

Decreto N° 7/976, de 8 de enero de 1976

Artículo 7°.- Los asegurados tendrán los siguientes derechos:

I) Asistencia médica

A) Asistencia médica, quirúrgica y medicación, en los niveles que suministran las entidades mutuales u organismos afines a los cuales se encuentran afiliados sin perjuicio de la facultad del Directorio de ASSE de otorgar servicios complementarios por razones fundadas.

Esta prestación tendrá lugar desde la fecha de ingreso del trabajador en las actividades comprendidas en el artículo 4° de la ley que se reglamenta y se mantendrá mientras continúe la relación de trabajo;

B) Los trabajadores amparados por la presente ley que se acojan a los beneficios del adelanto pre-jubilatorio o la jubilación en su caso, seguirán afiliados a ASSE, al solo efecto de la asistencia médica, quirúrgica y medicación sin perjuicio de la facultad del Directorio de ASSE de otorgar servicios complementarios por razones fundadas.

El importe de la cuota será igual al que pague ASSE por afiliación colectiva de sus beneficiarios;

C) Afiliar a sus padres, cónyuges, hijos, hermanos y hermanas que estén a su cargo y que integren el núcleo familiar, a entidades mutuales u organismos afines que presten asistencia médica, quirúrgica y medicación a los beneficiarios, siendo de cargo del mismo la cuota correspondiente que deberá ser de un monto no superior al que paga ASSE por asistencia médica contratada.

A los efectos de este literal se entiende por cuota la que paga ASSE por afiliación colectiva a entidades de asistencia médica excluidos tickets, órdenes o similares.

Este derecho de los integrantes del núcleo familiar será ejercido directamente por los interesados, correspondiendo a ASSE el ejercicio del contralor del cumplimiento de las obligaciones a cargo de las entidades de asistencia médica.

En caso de incumplimiento ASSE intimará la regularización del servicio. De no ser acatada la intimación realizada ASSE podrá rescindir unilateralmente el contrato de asistencia médica con la entidad mutual, poniendo en conocimiento del Ministerio de Salud Pública tal circunstancia a los fines pertinentes.

II) Subsidios

Un subsidio en todo caso que el asegurado no pueda desempeñar su empleo por causa de enfermedad o accidente, certificados por el Servicio Médico que designe ASSE, equivalente al setenta por ciento de su sueldo o jornal básico o habitual.

El sueldo o jornal básico es el que corresponde a su cargo o categoría fijado por leyes, convenios colectivos, o actos dictados por autoridades competentes y registrados en la documentación de contralor de trabajo, excluidas prestaciones en especie, partidas por locomoción, viáticos, habilitación, quebrantos de caja, horas extras y retribuciones especiales.

El monto máximo mensual de subsidio queda fijado para los jornales en veinticinco jornales y para los mensuales un sueldo. Se considera salario habitual a los efectos de la liquidación del subsidio el promedio del total básico percibido en los ciento ochenta días anteriores a la enfermedad o accidente. Si durante el período de prestación del subsidio se operaran aumentos salariales, el monto del subsidio se reliquidará en proporción a dichos aumentos.

Decreto-Ley N° 14.407, de 22 de julio de 1975

CAPITULO V – DEL ASEGURADO

Artículo 8°.- Son asegurados:

A) Los trabajadores incluidos en las actividades previstas en el artículo anterior que en forma permanente o accidental estén en una relación de trabajo remunerado.

B) Los trabajadores de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

C) Con las limitaciones que se establecerán, los trabajadores acogidos al Seguro de Desocupación, los pre-jubilados y los jubilados de las actividades comprendidas en esta ley.

D) Los propietarios de empresas unipersonales con actividades comprendidas en este Decreto-Ley, que no tengan más de un trabajador subordinado y estén al día con sus aportes al sistema de Seguridad Social.

Ley N° 18.131, de 18 de mayo de 2007

Artículo 1°.- Créase el Fondo Nacional de Salud (FONASA), el que será administrado por el Banco de Previsión Social (BPS) y financiará el régimen de prestación de asistencia médica de los beneficiarios del Seguro de Enfermedad del BPS, de los jubilados del BPS que hicieran la opción prevista por el artículo 187 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, de los funcionarios públicos y de otros dependientes del Estado, con el alcance y en los términos previstos en la presente ley.

Artículo 2°.- Quedarán incluidos en el régimen establecido en la presente ley.

A) Las personas comprendidas en lo dispuesto por el artículo 8° del Decreto-Ley N° 14.407, de 22 de julio de 1975, con las modificaciones introducidas por el artículo 1° de la Ley N° 15.963, de 6 de junio de 1988, por el artículo 186 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, en la redacción dada por el artículo 2° de la Ley N° 16.759, de 4 de julio de 1996, y por el artículo 187 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995.

B) Los funcionarios de la Administración Central, del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

C) Las cuidadoras del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

D) Los contratados a término.

Exceptúase del presente régimen a los funcionarios de los Incisos 03 "Ministerio de Defensa Nacional", 04 "Ministerio del Interior" y 12 "Ministerio de Salud Pública", que tuvieran derecho a otras coberturas, los que continuarán manteniendo los regímenes especiales de asistencia médica de cada Inciso.

El presente régimen no será aplicable tampoco a becarios y pasantes.

Artículo 3°.- El Fondo Nacional de Salud se integrará con los siguientes recursos:

A) Un aporte del Banco de Previsión Social equivalente al monto total que debe abonar dicho organismo a las prestadoras de servicios de salud a la fecha de vigencia de la presente ley por concepto de cuotas mensuales de prepago de las personas comprendidas en el artículo 8° del Decreto-Ley N° 14.407, de 22 de julio de 1975, con las modificaciones introducidas por el artículo 1° de la Ley N° 15.953, de 6 de junio de 1988, por el artículo 186 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, en la redacción dada por el artículo 2° de la Ley N° 16.759, de 4 de julio de 1996, y por el artículo 187 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, y de las cuotas correspondientes al Fondo Nacional de Recursos. Dichos aportes serán ajustados por la variación del valor de las cuotas y por las altas y bajas que se vayan produciendo.

B) Un aporte de los funcionarios incluidos en los literales B), C) y D) del artículo 2° de la presente ley, de un 3% (tres por ciento) que se calculará sobre el total de las retribuciones sujetas a montepío.

C) Un aporte a cargo del organismo empleador de los funcionarios incluidos en los literales B), C) y D) del artículo 2° de la presente ley, del 5% (cinco por ciento) sobre las mismas remuneraciones establecidas en el literal anterior.

Artículo 4°.- El aporte referido en el literal B) del artículo 3° de la presente ley, para los beneficiarios de los organismos públicos comprendidos en el artículo 2° de la presente ley, será inicialmente de cargo de Rentas Generales o de quien haga sus veces ....

A partir de la fecha que determine el Poder Ejecutivo y coincidiendo con la aplicación del ajuste de recuperación salarial, los funcionarios aportarán a razón de un 1% (uno por ciento) acumulativo anual hasta alcanzar el porcentaje del 3% (tres por ciento). La diferencia entre el aporte personal descontado y el 3% (tres por ciento) será de cargo de Rentas Generales.

Los trabajadores comprendidos en lo dispuesto en el literal B) del artículo 8° del Decreto-Ley N° 14.407, de 22 de julio de 1975, quedarán excluidos de lo previsto en el inciso anterior.

A efectos de hacer frente a las erogaciones que demanda el presente artículo, así como al aporte de cargo del empleador establecido en el literal C) del artículo 3°, la Contaduría General de la Nación realizará las trasposiciones y habilitaciones de créditos presupuestales necesarios en cada Inciso y unidad ejecutora.

Artículo 5°.- Los beneficiarios que ingresen al Fondo Nacional de Salud con posterioridad a la aprobación de la presente ley podrán optar, de acuerdo con lo que determine la reglamentación, por su afiliación a las instituciones de asistencia médica colectiva (IAMC) contratadas por el Banco de Previsión Social (BPS) o a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en cuyo caso se realizará bajo las condiciones que se establezcan entre dichas instituciones (BPS y IAMC o ASSE). Exceptúase de dicha afiliación a quienes se encuentren amparados en otros regímenes, que le aseguren la cobertura asistencial en un nivel no inferior al que tendrían derecho por el sistema que se crea en la presente ley. En ningún caso será admitida la doble cobertura de la asistencia médica al amparo de este sistema. No obstante en todos los casos el funcionario deberá realizar el aporte previsto en el artículo 3° de la presente ley. El Poder Ejecutivo reglamentará las equivalencias de cobertura asistencial.

Facúltase al Poder Ejecutivo a determinar la fecha en que dicha opción se hará para los beneficiarios del literal A) del artículo 2° de la presente ley.

Artículo 6°.- Quienes se encuentren amparados simultáneamente por el presente régimen y por el establecido por el Decreto-Ley N° 14.407, de 22 de julio de 1975, u otras coberturas particulares, deberán optar por una única afiliación, manteniendo en las actividades comprendidas por la norma precedentemente citada los derechos y obligaciones correspondientes.

Artículo 7°.- El Banco de Previsión Social abonará una cuota uniforme a todas las prestadoras de asistencia médica por las que hubieran optado los beneficiarios. Dicha cuota podrá estar asociada a la edad y sexo de los beneficiarios e incluir pagos por el cumplimiento de metas asistenciales. La fijación de la cuota se realizará por el Poder Ejecutivo en acuerdo con los Ministerios de Economía y Finanzas y de Salud Pública, tomando en consideración las economías derivadas de costos de cobranza, financieros, gestión de cobro y otros costos de gestión. Abonará, asimismo, al Fondo Nacional de Recursos las cuotas correspondientes por la totalidad de los beneficiarios incluidos en la presente ley.

Artículo 8°.- Se destinará a financiar la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) el importe de las cuotas que perciba, así como el excedente que surja de los aportes realizados por aplicación de la presente ley, luego de abonar la totalidad de las cuotas establecidas en el artículo 7° de la presente ley.

El monto determinado por aplicación del inciso precedente constituirá Recursos de Afectación Especial con titularidad y disponibilidad de ASSE, y no se computará como base de cálculo de ninguna retribución, comisión o cualquier otro complemento de naturaleza salarial o no salarial, establecida por otras disposiciones legales.

A efectos de la habilitación de los créditos que se financian con los recursos establecidos en el presente artículo, será de aplicación el artículo 43 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001. Dichos créditos se distribuirán por unidad ejecutora para gastos de funcionamiento e inversiones de acuerdo con lo que determine la Dirección General de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Artículo 9°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a incluir a los funcionarios de la Administración Nacional de Educación Pública, así como al Poder Judicial, en el régimen creado en la presente Ley. La aportación progresiva hasta alcanzar el 3% (tres por ciento), establecida en el artículo 4° de la presente ley, no podrá significar reducción del salario líquido.

Facúltase al Poder Ejecutivo a extender el régimen creado en la presente ley, a funcionarios de otros organismos públicos nacionales.

Artículo 10.- En caso de producirse las incorporaciones autorizadas en el artículo precedente u otras que se dieran en el futuro, los créditos habilitados para los regímenes de asistencia médica de cada organismo, pasarán a financiar los aportes previstos en los literales B) y C) del artículo 3° de la presente ley.

Artículo 11.- El que por cualquier medio ejecutare o encomendarse ejecutar actos de intermediación lucrativa, de promoción o publicidad, con la finalidad de captar socios o afiliados para las instituciones de asistencia médica pública o privada, sean éstas colectivas o particulares, entregando a cambio o prometiendo entregar a dichos actos o afiliados dinero u otra ventaja equivalente (a excepción de mejoras en las prestaciones asistenciales) será castigado con una pena de cuatro a veinticuatro meses de prisión.

Los directores y administradores de las instituciones que por cualquier medio ejecutaren, facilitaren, propiciaren o aceptaren tales actos, serán considerados coautores del delito que se tipifica.

Constituyen circunstancias agravantes de este delito:

A) El carácter de funcionario público del agente.

B) El grado de jeraquía funcional del autor.

Son nulas, asimismo, las deudas contraídas por las instituciones de asistencia médica por concepto de actos ejecutados de conformidad con lo previsto por el presente artículo.

Artículo 12.- El Ministerio de Salud Pública o el Banco de Previsión Social (BPS) podrán aplicar sanciones pe-cuniarias de hasta 1.000 UR (un mil unidades reajustables) a aquellas instituciones que se hubieren beneficiado a consecuencia de las conductas referidas en el artículo precedente, pudiendo duplicarse el monto de la sanción en caso de reincidencia y retenerse las transferencias por concepto de cuotas de afiliación al sistema que administra el BPS.

Artículo 13.- Facúltase al Poder Ejecutivo a crear una Comisión de Seguimiento para la aplicación de la presente ley.

Artículo 14.- Derógase lo dispuesto por la Ley N° 17.946, de 5 de enero de 2006, el artículo 14 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, con la redacción dada por los artículos 11 de la Ley N° 16.002, de 25 de noviembre de 1988, y 21 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y toda disposición que establezca otro régimen de cobertura asistencial a los beneficiarios del régimen creado en la presente ley.

Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992

Artículo 337.- El Poder Ejecutivo fijará mensualmente el valor promedio de la cuota mutual de afiliación individual, la que servirá de base para la determinación del aporte patronal al seguro social de enfermedad, así como de la cuota mutual que el Banco de Previsión Social abonará a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva prestadoras de los servicios.

Esta última será fijada por el Poder Ejecutivo en un porcentaje del referido valor promedio ponderado por el número de afiliados, que se ubicará entre un 85% (ochenta y cinco por ciento), y un 90% (noventa por ciento), del mismo.

El valor promedio de la cuota mutual de afiliación individual se hará teniendo en cuenta las cuotas vigentes cuyo valor será comunicado por las diferentes entidades de Montevideo y del interior del país al Ministerio de Economía y Finanzas.

Dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, el Poder Ejecutivo comunicará al Banco de Previsión Social el valor de la cuota mutual que éste abonará a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva por beneficiario del seguro social de enfermedad.

Artículo 338.- El aporte patronal al seguro social de enfermedad, con excepción de los contribuyentes com-prendidos en la Ley N° 15.852, de 24 de diciembre de 1986, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente deberá cubrir la diferencia que pudiera existir entre las contribuciones vigentes con destino a dicho servicio de seguro y el valor de la cuota mutual, con sus adicionales, que el Banco de Previsión Social abone a las entidades de asistencia, mutiplicado por el número de dependientes beneficiarios.

Artículo 339.- (*)

(*) Notas:

Derogado/s por: Ley N° 16.883 de 10/11/1997 artículo 8.

Artículo 340.- En el caso de empresas unipersonales y cónyuges colaboradores se deberá abonar el total de la cuota fijada por el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de la obligatoriedad de estar al día en el pago con las aportaciones al sistema de seguridad social.

Artículo 341.- Los afiliados al Banco de Previsión Social comprendidos en el artículo 7° de la Ley N° 15.852, de 24 de diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 2° de la Ley N° 15.953, de 6 de junio de 1988, podrán ejercer la opción de afiliarse al seguro social de enfermedad.

Quienes efectúen la opción de afiliación y exploten predios de menos de doscientas hectáreas con índice de productividad CONEAT 100, ajustados proporcionalmente dichos valores, en cada caso, al índice de productividad CONEAT de los respectivos predios y no perciban otros ingresos que los derivados de dicha explotación, abonarán el 50% (cincuenta por ciento), del valor de la cuota mutual establecido de acuerdo al procedimiento del artículo 337 de la presente ley.

En los restantes casos, quienes efectúen la opción de afiliación se regirán por lo dispuesto en el artículo precedente.

En todos los casos comprendidos en la presente disposición se les descontará la cuota parte de la contribución patronal (artículo 3° de la Ley N° 15.852, de 24 de diciembre de 1986), que corresponde al seguro social de enfermedad.

Artículo 342.- Los trabajadores del servicio doméstico gozarán de los seguros sociales por enfermedad siempre que sus empleadores se encuentren al día en el pago de sus obligaciones al sistema de seguridad social, pero no serán dados de baja sino después de transcurridos noventa días del incumplimiento del patrono.

Artículo 343.- Los trabajadores a domicilio (Ley N° 9.910, de 5 de enero de 1940 y modificativas) gozarán de los seguros sociales por enfermedad siempre que registren un ingreso anual equivalente a quince salarios mínimos nacionales y que sus empleadores se encuentren al día en el pago de sus obligaciones al sistema de seguridad social.

Artículo 344.- Quedan exoneradas del pago de los aportes patronales al seguro social de enfermedad las sumas que se abonen por el decimotercer sueldo.

Artículo 345.- La reglamentación determinará la forma de aportación al seguro social de enfermedad, en el caso de los trabajadores que no cumplan el máximo de jornales y horas establecidos en la ley o los convenios, así como de los trabajadores de la industria de la construcción comprendidos en el régimen de aporte unificado.

Artículo 346.- Deróganse a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, todas las exoneraciones tributarias con destino al seguro social por enfermedad que las leyes vigentes disponen.

Ley N° 18.083, de 27 de diciembre de 2006

APORTES PATRONALES

Artículo 90.- Exoneraciones.- Deróganse a partir de la vigencia de la presente ley todas las exoneraciones y reducciones de alícuotas de aportes patronales de contribuciones especiales de seguridad social al Banco de Previsión Social, con excepción de:

A) Las que refieren a instituciones comprendidas en los artículos 5° y 69 de la Constitución de la República.

B) Las establecidas a partir de tratados internacionales celebrados por la República, aprobados a través de normas legales.

C) Las otorgadas a sociedades cooperativas y por las Sociedades de Fomento Rural de acuerdo a lo establecido por el Decreto-Ley N° 14.330, de 19 de diciembre de 1974.

Ley N° 15.852, de 24 de diciembre de 1986

EMPRESAS RURALES CONTRIBUYENTES

Ley N° 16.883, de 10 de noviembre de 1997

TRABAJADORES RURALES

DETERMINASE LA TASA DE APORTACION PERSONAL JUBILATORIA (MONTEPIO) PARA LOS AMPARADOS EN LA LEY N° 15.852

Artículo 1°.- A partir del 1° de mayo y hasta el 31 de diciembre de 1996, la tasa de aportación personal jubilatoria (montepío) para los trabajadores rurales amparados en la Ley N° 15.852, de 24 de diciembre de 1986, en las categorías ocupacionales que aportan el 10% (diez por ciento) según el artículo 9° de la citada ley, será del 12% (doce por ciento), incrementándose al 13% (trece por ciento) a partir del 1° de enero de 1997, al 14% (catorce por ciento) a partir del 1° de mayo de 1997 y al 15% (quince por ciento) a partir del 1° de enero de 1998. En las restantes categorías, la referida tasa será del 15% (quince por ciento) a partir del 1° de mayo de 1996. Por el mes de abril de 1996 los referidos trabajadores aportarán de conformidad con lo dispuesto en la mencionada ley y de acuerdo al régimen vigente al inicio del respectivo cuatrimestre.

A efectos de la cobertura del aumento de aportaciones personales dispuesto en el inciso precedente, así como el aporte al seguro social por enfermedad a que refiere el artículo 3° de la presente Ley y a partir de la vigencia de cada uno de ellos, se incrementarán las remuneraciones sujetas a montepío, en el porcentaje necesario a fin de que las remuneraciones líquidas sean equivalentes a las abonadas con anterioridad a dichas fechas.

Artículo 2°.- La diferencia en los aportes de montepío personal que surge de considerar las tasas establecidas en el artículo anterior y el 15% (quince por ciento) será financiada con cargo a Rentas Generales. Bajo ningún concepto afectará la cuenta de ahorro individual del trabajador.

Artículo 3°.- A partir del primer día del cuatrimestre siguiente a la fecha de vigencia de la presente Ley los trabajadores rurales comprendidos en la Ley N° 15.852, de 24 de diciembre de 1986, aportarán a los seguros sociales por enfermedad a una tasa del 3% (tres por ciento) sobre el total de sus asignaciones computables sujetas a montepío. A estos efectos se entiende que los cuatrimestres comienzan el 1° de enero, 1° de mayo y 1° de setiembre.

Artículo 4°.- Sustitúyese el artículo 7° de la Ley N° 15.852, de 24 de diciembre de 1986, con las modificaciones introducidas por el artículo 2° de la Ley N° 15.953, de 6 de junio de 1988, por el siguiente:

"ARTICULO 7°.- Declárase que a los efectos dispuestos en el literal D) del Decreto-Ley N° 14.407, de 22 de julio de 1975, en la redacción dada por el artículo 1° del Decreto-Ley N° 15.087, de 9 de diciembre de 1980, la existencia del cónyuge colaborador no altera el carácter unipersonal de la empresa.

Estarán asimismo en condiciones de percibir el beneficio las empresas unipersonales que empleen no más de un trabajador subordinado".

Artículo 5°.- Los afiliados al Banco de Previsión Social comprendidos en el artículo 7° de la Ley N° 15.852, de 24 de diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 4° de la presente Ley, podrán ejercer la opción de afiliarse al seguro por enfermedad.

Quienes efectúen la opción de afiliación, exploten predios de hasta 500 hectáreas y no perciban otros ingresos que los derivados de dicha explotación aportarán, sin perjuicio de la obligatoriedad de estar al día en las aportaciones al sistema de la seguridad social, el 30% (treinta por ciento) del valor de la cuota mutual determinada de acuerdo a lo previsto por el artículo 337 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992.

Los empresarios rurales que opten por la afiliación y no se encuentren comprendidos en el inciso anterior deberán abonar la totalidad de la cuota establecida en el artículo 337 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992, sin perjuicio de la obligatoriedad de estar al día en las aportaciones al sistema de la seguridad social.

La referencia precedente a extensión de campo se aplicará a los predios con índice de productividad CONEAT 100, debiéndose ajustar proporcionalmente dichos valores, en cada caso, al índice de productividad CONEAT de los predios respectivos.

Artículo 6°.- El pago del 30% (treinta por ciento) del valor de la cuota mutual, previsto en el artículo 5° de la presente Ley, por parte del titular de la explotación, incluye el amparo del cónyuge colaborador a los beneficios que brindan los seguros sociales por enfermedad hasta el 31 de diciembre de 1996. A partir de esta fecha, el cónyuge colaborador de los empresarios rurales a que refiere el inciso segundo del citado artículo, en caso de ejercer la opción de afiliación, aportará el 30% (treinta por ciento) del valor de la cuota mutual determinada de acuerdo a lo previsto en el artículo 337 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992.

Artículo 7°.- Dispónese que el artículo 340 de la Ley  N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992, a partir del 1° de abril de 1995, no rige para los titulares de empresas rurales unipersonales y sus cónyuges colaboradores.

Artículo 8°.- Derógase a partir del 1° de abril de 1995, el artículo 339 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992.

Artículo 9°.- Derógase el inciso segundo del artículo 181 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995. Lo dispuesto en este artículo rige desde el 1° de abril de 1996.

Artículo 10.- La presente Ley entrará en vigencia el primer día hábil del mes siguiente a su publicación.

Ley N° 18.083, de 27 de diciembre de 2006

REFORMA TRIBUTARIA

MONOTRIBUTO

Artículo 70. Alcance subjetivo.- Quienes realicen actividades empresariales de reducida dimensión económica, y cumplan con las condiciones establecidas en los artículos siguientes, podrán optar por pagar en sustitución de las contribuciones especiales de seguridad social generadas por su propia actividad, y de todos los impuestos nacionales vigentes, excluidos los que gravan la importación, una prestación tributaria unificada, que se denominará Monotributo.

Estarán comprendidos en la definición a que refiere el inciso anterior exclusivamente los siguientes sujetos.

A) Las empresas unipersonales, incluidas aquellas en las que el titular ejerza la actividad con su cónyuge o concubino colaborador, siempre que tales empresas no tengan más de un dependiente.

B) Las sociedades de hecho integradas por un máximo de dos socios, sin dependientes.

C) Las sociedades de hecho integradas exclusivamente por familiares, con hasta un cuarto grado de consanguinidad o un segundo de afinidad, siempre que el número de socios no supere a tres y la sociedad no tenga dependientes.

Facúltase al Poder Ejecutivo a incluir en lo dispuesto por el presente artículo a aquellos sujetos que tengan más dependientes que los establecidos en los literales anteriores, en atención a la naturaleza zafral de su actividad.

Artículo 74. Alcance objetivo.- Podrán optar por el régimen a que refiere el artículo anterior los sujetos a que refiere dicho artículo que cumplan simultáneamente con las siguientes condiciones:

A) Los ingresos derivados de la actividad no superen en el ejercicio el 60% (sesenta por ciento) del límite establecido en el literal E) del articulo 52 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, para los sujetos comprendidos en el literal A) del artículo anterior. Para los restantes sujetos, el límite ascenderá al 100% (cien por ciento) del monto establecido en el referido literal.

B) Desarrollen actividades de reducida dimensión económica, no realizando la explotación de más de un puesto o de un pequeño local, simultáneamente.

C) Ejerzan una única actividad sujeta a afiliación patronal; salvo en el caso de los productores rurales, en la hipótesis en que complementen los ingresos derivados de la producción de bienes en estado natural de su establecimiento, con la enajenación en forma accesoria de otros bienes agropecuarios, en estado natural o sometidos a algún proceso artesanal.

D) Enajenen bienes y presten servicios exclusivamente a consumidores finales. El Poder Ejecutivo podrá establecer excepciones a esta condición, teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes enajenados y de los servicios prestados.

El Poder Ejecutivo determinará el alcance de los conceptos "reducida dimensión económica" y "pequeño local", pudiendo establecer limitaciones a la inclusión, vinculadas a elementos objetivos propios de cada actividad tales como la superficie ocupada, la capacidad instalada, el consumo de energía eléctrica, de agua, de telecomunicaciones, etc.

Artículo 72. Exclusiones.- Sin perjuicio de la limitación general establecida en el literal C) del artículo anterior, no podrán estar incluidos en el régimen de Monotributo:

A) Los titulares de empresas unipersonales o sus cónyuges o concubinos colaboradores, cuando alguno de ellos sea simultáneamente socio de cualquier tipo de sociedad personal, o tenga la calidad de director de una sociedad anónima, aun cuando permanezca inactivo.

B) Las sociedades de hecho cuando alguno de sus socios tenga simultáneamente la calidad de socio o director a que refiere el literal anterior.

C) Quienes presten servicios personales fuera de la relación de dependencia, ya sea en forma individual o societaria.

Artículo 73. Régimen de adecuación.- Los contribuyentes que a la fecha de la vigencia de la presente ley, se encuentren comprendidos en las hipótesis a que refieren los artículos precedentes, y estén tributando por un régimen distinto, podrán solicitar la inclusión en el régimen de Tributo Unico dentro del plazo que establezca el Poder Ejecutivo.

El Banco de Previsión Social autorizará la inclusión, luego de que el solicitante acredite fehacientemente a juicio de este organismo y de la Dirección General Impositiva, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley.

Los contribuyentes comprendidos en el régimen de tributación establecido en los artículos 590 a 601 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001, dispondrán de un plazo de noventa días para adecuar su estructura y su operativa a los requisitos establecidos precedentemente, para quedar incluidos de pleno derecho en el presente régimen. Vencido ese plazo, sin que se produjera tal adecuación, se regirán por el régimen general de tributación.

Artículo 74. Compatibilidad.- Declárase compatible la actividad desarrollada por los titulares de empresas unipersonales, sus cónyuges o concubinos colabora-

dores, o los socios de sociedades personales, bajo las condiciones establecidas en los artículos 72 y 73 de la presente ley, con la percepción de jubilación servida al amparo del régimen de Industria y Comercio, cuando los referidos sujetos cumplan simultáneamente con las siguientes condiciones:

A) Tengan un haber jubilatorio menor o igual a 3 BPC (tres Bases de Prestaciones y Contribuciones).

B) Integren hogares en los que el ingreso promedio para cada integrante de dicho núcleo sea igual o inferior a 3 BPC (tres Bases de Prestaciones y Contribuciones). A tales efectos se considerarán todos los ingresos, salvo los originados por la percepción del Ingreso Ciudadano, las Asignaciones Familiares y el Seguro por Desempleo, motivado por el despido del trabajador.

Artículo 75.- Determinación del Monotributo.- El monto mensual del Monotributo resultará de aplicar la suma de las alícuotas correspondientes a los tributos recaudados por el Banco de Previsión Social vigentes, con exclusión del denominado complemento de cuota mutual, sobre un sueldo ficto equivalente a 5 BFC (cinco Bases Fictas de Contribución).

La existencia de cónyuge o concubino colaborador, en el caso de las empresas unipersonales, o de socios, determinará una aportación patronal adicional idéntica por la actividad de cada uno de tales integrantes.

El Monotributo no sustituye a los tributos aplicables sobre las remuneraciones de los dependientes, los cuales se regularán por las normas existentes a la vigencia de la presente ley.

El Poder Ejecutivo podrá aumentar el sueldo ficto en una escala de 6 a 10 BFC (seis a diez Bases Fictas de Contribución), teniendo en cuenta las actividades desarrolladas, la dimensión del local y otros índices similares.

Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995

TITULO III

DEL PRIMER NIVEL

CAPITULO IV

DEL SUBSIDIO TRANSITORIO POR INCAPACIDAD PARCIAL

Artículo 22.- (Subsidio transitorio por incapacidad parcial).- El derecho a percibir el subsidio transitorio por incapacidad parcial, se configura en el caso de la incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual, sobrevenida en actividad o en períodos de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado, siempre que se acredite:

A) No menos de dos años de servicios, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 77 de la presente ley, de los cuales seis meses, como mínimo, deben haber sido inmediatamente previos a la incapacidad.

B) Para los trabajadores que tengan hasta veinticinco años de edad sólo se exigirá un período mínimo de servicios de seis meses que deberán ser inmediatamente previos a la incapacidad.

C) Que se trate de la actividad principal, entendiéndose por tal la que proporciona el ingreso necesario para el sustento.

D) Que se haya verificado el cese del cobro de las retribuciones de actividad en la que se produjo la causal del subsidio transitorio y durante el período de percepción del mismo.

Si la incapacidad se hubiese originado a causa o en ocasión del trabajo, no regirá el período mínimo de servicios referido.

Esta prestación se servirá, de acuerdo al grado de capacidad remanente y a la edad del afiliado, por un plazo máximo de tres años contados desde la fecha de la incapacidad o desde el vencimiento de la cobertura de las prestaciones por enfermedad y estará gravada de igual forma que los demás períodos de inactividad compensada. Si dentro del plazo antes indicado la incapacidad deviene absoluta y permanente para todo trabajo, se configurará jubilación por incapacidad total.

Los beneficiarios de este subsidio quedan comprendidos en lo dispuesto por el literal a) del artículo 327 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992.

Decreto-Ley N° 14.407, de 22 de julio de 1975

Artículo 41.- Podrán constituirse Cajas de Auxilio o Seguros Convencionales de Enfermedad por convenio colectivo entre empresas o conjuntos de empresas y, por lo menos, los dos tercios de sus trabajadores siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1°) Que el convenio suponga la creación de una persona jurídica sin finalidad de lucro, en cuyo órgano directivo estén paritariamente representados empresarios y trabajadores. El mencionado órgano directivo deberá estar investido de todas las facultades y competencias necesarias para el buen funcionamiento del Instituto (Artículo 6° de la presente ley).

2°) Las prestaciones que se sirvan no deberán ser inferiores a las que establece la ley.

3°) Las tasas de aportación de los trabajadores no podrán ser superiores a las máximas establecidas en el artículo 33, y serán determinadas y aplicadas conforme a lo previsto en la presente ley.

4°) Los fondos del seguro se contabilizarán y administrarán con total independencia de la administración de las empresas y de los sindicatos de trabajadores eventualmente comprendidos.

5°) Los convenios colectivos deberán negociarse entre las empresas y los representantes del personal elegidos por voto secreto y deberán ser aprobados por mayoría de dos tercios de los trabajadores interesados.

Cumplidas dichas exigencias y previo informe de ASSE, el Poder Ejecutivo podrá homolgar el convenio, teniendo en cuenta especialmente su oportunidad o conveniencia y una vez registrado en la repartición respectiva, y publicado en "Diario Oficial", adquirirá fuerza obligatoria para la totalidad del personal involucrado.

Ley N° 17.437, de 20 de diciembre de 2001

TITULO IV

DE LOS AFILIADOS

CAPITULO UNICO

Artículo 43.- Están obligatoriamente afiliados a la Caja Notarial de Seguridad Social:

A) Los escribanos públicos que ejerzan la profesión, desempeñando efectivamente actividad notarial particular.

No son amparables los servicios consistentes en desempeñar actividades notariales como funcionarios en cualquier oficina pública estatal.

B) Los empleados de los escribanos comprendidos en el literal anterior siempre y cuando no revistan la calidad de cónyuges del patrono.

C) Los cónyuges de escribano, que en forma personal y habitual colaboren con éste, secundándolo en las tareas propias de su profesión (cónyuge colaborador).

D) El personal de las asociaciones gremiales de afiliados al instituto que tenga personalidad jurídica.

E) Los empelados de la Caja que desempeñen tareas vinculadas directa o principalmente con el funcionamiento de sus servicios administrativos.

F) Los jubilados de la propia Caja.

Ley N° 13.318, de 28 de diciembre de 1964

CAPITULO XVI

ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

SEGURO DE SALUD

Artículo 337.- Créase con carácter permanente el "Fondo de Seguro de Salud" para los funcionarios y ex funcionarios jubilados de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, (OSE), con el cual se financiará el costo de la asistencia médica integral de los mismos.

Declárase que el seguro de salud que se constituye por la presente ley es una persona pública no estatal. (*)

(*) Notas:

Redacción dada por

Ley N° 16.226 de 29/10/1991 artículo 482.

Artículo 338.- La dirección y administración del "Seguro de Salud" será ejercida por una Comisión Honoraria de cinco miembros, que durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos sólo por un nuevo período.

Dicha Comisión estará integrada en la siguiente forma:

a) dos delegados del Directorio de OSE, recayendo la presidencia en uno de ellos:

b) un delegado, designado por el Consejo de Facultad de Medicina; y,

c) dos delegados del funcionariado de OSE, electos por el procedimiento y demás condiciones establecidas en los artículos 26 y 27 de la Ley Orgánica N° 11.907, de 19 de diciembre de 1952.

La Comisión Honoraria, dentro del plazo de ciento ochenta días deberá reglamentar la forma de prestación de los servicios médicos que atenderá el Seguro de Salud, así como proyectar los estatutos y demás disposiciones necesarias para la puesta en marcha del mismo, todo lo cual requerirá la aprobación del Directorio de OSE.

Artículo 339.- El patrimonio que administra la Comisión Honoraria constituye el "Fondo de Seguro de Salud" creado por el artículo 337 de la presente ley y se integra con los siguientes recursos:

A) Con un aporte del 1,5%, (uno y medio por ciento), de los haberes que, con carácter retributivo, perciben los funcionarios de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, (OSE), y de CHASSFOSE, que se descontará en la oportunidad de hacerlos efectivos, vertiéndolo en el Fondo;

B) Con un aporte, de cago de OSE, del 6% (seis por ciento) de lo que pague a sus funcionarios por los conceptos indicados en el literal precedente, que verterá al Fondo en las mismas oportunidades allí señaladas;

C) Con un aporte del 1,5%, (uno y medio por ciento), de las pasividades que perciban los ex funcionarios jubilados de OSE y de CHASSFOSE, que el Banco de Previsión Social descontará en la oportunidad de hacerlas efectivas y verterá en el Fondo, el que no podrá ser menor a la resultante del 1,5%, (uno y medio por ciento), del salario mínimo nacional;

D) Los demás aportes que se reciban por concepto de herencias, legados, donaciones o contribuciones especiales;

E) Los frutos civiles de sus bienes. (*)

(*) Notas:

Redacción dada por:

Ley N° 16.226, de 29/10/1991 artículo 482.

Redacción dada anteriormente por:

Ley N° 13.737, de 09/01/1969 artículo 227.

Artículo 340.- Los servicios médicos encargados de prestar los beneficios de asistencia establecidos en la presente ley, serán adjudicados entre las sociedades a que se refieren los incisos A), B) y C) del artículo 1° del Decreto-Ley N° 10.384, de 13 de febrero de 1943, y los del inciso D) cuando sus estatutos establezcan expresamente que no persiguen fines de lucro.

Elaborado el pliego de condiciones a que deben ajustarse los servicios de que gozarán los funcionarios, la Comisión Honoraria inscribirá a todas las entidades interesadas que llenen los requisitos exigidos.

Entre dichas entidades podrán optar libremente los funcionarios de OSE.

Artículo 341.- Los actuales funcionarios o los que al incorporarse al Organismo estén afiliados a alguna de las entidades de asistencia médica colectiva, podrán optar por continuar afiliados a la misma.

En los casos indicados en este artículo y en el anterior, el pago de las cuotas de afiliación será atendido por el "Fondo de Seguro de Salud" hasta el límite establecido con carácter general por el Directorio de OSE.

Artículo 342.- La Comisión Honoraria deberá asegurar la prestación del beneficio que se establece por las disposiciones precedentes, desde el 1° de enero de 1966.

La Comisión Honoraria queda facultada para contratar en forma directa, en los distintos departamentos del interior, los mencionados servicios médicos, preferentemente con sociedades de asistencia médica organizada.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Salud Pública

ACTA N° 94

En Montevideo, el día veinte de noviembre del año dos mil siete, a la hora doce y cuarenta y cinco minutos, se reúne la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores.

Asisten las señoras Senadoras Sara López y Margarita Percovich y los señores Senadores Isaac Alfie, Enrique Antía, Eber Da Rosa y Víctor Vaillant.

Falta con aviso el señor Senador Alberto Cid, quien remite nota justificando su inasistencia.

Presiden los señores Senadores Eber Da Rosa y Víctor Vaillan, Presidente y Vicepresidente de la Comisión, por su orden.

Actúan en Secretaria el señor Secretario Alberto Martínez Payssé y la señora Susana Rodríguez.

ASUNTO ENTRADO.

- Nota remitida por representantes de la Asociación Civil Sol de Vida solicitando una audiencia a fin de exponer sobre la propuesta que será debatida en un Foro a desarrollarse en el Ateneo de Montevideo el día 1° de diciembre del corriente y cuyo tema central será "Rehabilitación, Prevención de la Actitud Delictiva y Sociedad".

ASUNTO TRATADO.

Carpeta N° 755/2007. Sistema Nacional Integrado de Salud. Creación. Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes. Distribuido N° 2127/2007.

Se consideran las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes. Se vota: 3 en 5. Afirmativa. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Percovich, quien lo hará en forma verbal:

RESOLUCION.

La Comisión encomienda al señor Presidente recibir a los representantes de la Asociación Civil Sol de Vida. Así se resuelve por unanimidad de presentes.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 2138/2007 y que forma parte integrante de la presente Acta.

A la hora trece y treinta y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Vicepresidente y el señor Secretario de la Comisión.

Víctor Vaillant Vicepresidente

Alberto Martínez Payssé Secretario.

 

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sr. Gustavo Penadés).- Tiene la palabra el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: me parece que bien vale hacer un repaso de esta Ley. No vamos a aceptar los cambios y explicaremos uno por uno. Puede decirse que algunos se aceptan o comparten, otros no se comparten y empeoran la redacción y en algún caso hasta se le da la posibilidad al Gobierno de gobernar por decreto, una especie de superpoderes durante una transición indefinida sobre el tema. Desde que se aprobó en el Senado este proyecto de ley hasta ahora ha habido una cantidad de acontecimientos, de eventos y debates sobre esta norma. Participé de uno de esos debates, presencié otros y puedo decir que se han ratificado, en esencia, las cifras que nosotros manejamos en su momento en forma preliminar en el debate original. La primera cifra que quiero dejar en claro, que fue ratificada por el contador Olesker, se refiere a que hay más de 2:000.000 de personas que quedan afuera del Sistema Nacional Integrado, en una población de 3:300.000. Entonces, es evidente, que no es "nacional" y ya expresamos porque no es "sistema" y por qué no es "integrado".

Le pedí a algunos estudiantes y a algunos muchachos recién recibidos que realizaran un trabajo específico sobre los potenciales beneficiarios y, ¿con qué nos encontramos? Con que en Montevideo, difícilmente más de 25.000 niños puedan acceder a una mutualista a partir de la aplicación de esta ley. En realidad, un número razonable sería 20.000 y digo esto, porque el cruzamiento entre la afiliación a una institución mutual y el decil de ingresos del hogar que integran esos niños, arroja que desde el decil cuatro en adelante -incluyendo a éste- apenas hay 20.000 niños que no están en una mutualista y del decil tres en adelante, 25.000. Muy difícilmente en un hogar cuyos ingresos son $ 4.000, $ 5.000 o $ 6.000, se pueda mandar a los hijos a una mutualista porque cualquier tique, estudio u orden, lo anularía indefectiblemente. Aun cuando en la negociación particular se logre que algunos tiques puedan integrar la cuota -algo difícil por los números que veremos a continuación- siempre se estará ante el riesgo -en la eventualidad de una enfermedad que requiera estudios más profundos- de que cualquier estudio, que quedaría fuera de la cobertura, salga $ 700 o $ 800 y por lo tanto los padres del niño, razonable y racionalmente, no van a optar por una mutualista. Se habla de 20.000 niños en Montevideo. En las mutualistas hay unos 135.000 niños y adolescentes afiliados, o un poco más, diría que casi 140.000. De esos 140.000 a casi 100.000 niños esta ley les dice que sus padres no van a pagar más la cuota -se paga mediante el impuesto- y esta la va a pagar el Fondo Nacional de Recursos. ¿Qué sucede en este caso con las instituciones mutuales? Ellas dejan de recibir aproximadamente el 40% del ingreso que percibían sobre 100.000 y reciben un 60% de los 20.000 restantes. Ese es un ingreso adicional; perdieron el 40 sobre 100.000, reciben 60 sobre 20, ganan 12, o sea que terminan perdiendo 28% de la cohorte en ese caso.

Por lo tanto, señor Presidente, esta pérdida de ingresos va a determinar, indefectiblemente a la larga o a la corta, una reducción en el nivel de calidad de las instituciones: si no hay más dinero no hay más nada.

Ahora bien, pensemos en la injusticia que esto encierra. Los padres de muy buena parte de esos 90.000 ó 100.000 niños -diría que la mayoría- a los que le estamos sustituyendo el financiamiento, pueden pagar de su bolsillo sin mayores problemas. Y aun cuando en muchos casos le signifique un beneficio monetario, desde el punto de vista de la distribución del ingreso y desde el punto de vista social, el impacto es absolutamente negativo. Se trata de una distribución del ingreso a favor de los que tienen más y no de los que tienen menos. Todo el resto que va a pagar el 3,5% o el 1,5% -dependiendo de si tienen hijos menores de 18 años, mayores discapacitados o no-, va a pagar un impuesto; en especial, los que perciben los ingresos más bajos, porque van a pagar, pero se van a seguir atendiendo en Salud Pública como ahora. Esta gente no va a sentir que haya un cambio. Si Salud Pública es buena, seguirá siéndolo y si es mala, así continuará y sentirá lo mismo.

Si vamos a los números del interior, vemos que la mayor cantidad de niños que podrían ingresar al sistema mutual sería 100.000, si se toma del decil tres en adelante, incluyendo éste. En el interior esto es casi imposible, porque no olvidemos que allí el ingreso promedio es casi un 40% menos que en Montevideo, mientras que el valor absoluto de los servicios médicos es parecido. Por tanto, el poder adquisitivo relativo del mismo decil del interior frente al de Montevideo, es mucho menor. Razonablemente en el interior no podrían ingresar más de 70.000 niños adicionales y en este caso casi sería un 100% más de los que hoy se atienden en las mutualistas. Podría llegar a ser un cien por ciento más. En realidad, yo no creo que esa sea la cifra que se va a dar, ya que entiendo que va a ser bastante inferior. De todas maneras si sumamos 70.000 más 20.000 tenemos un resultado de 90.000 y, por nuestra parte, hace un tiempo habíamos dicho que como mucho se podría ingresar a 130.000 personas más al sistema, aunque de hecho los números crudos dan bastante menos.

Otro número verificado por el contador Olesker en un evento que tuvimos ocasión de compartir es el resultante de que de los 202.000 menores de 18 años que tienen afiliación mutual, a 120.000 se les sustituye su ingreso. Concretamente, me refiero a 90.000 ó 100.000 niños de Montevideo y a 20.000 ó 30.000 del interior. Nuevamente, en todos los casos de sustitución y en términos generales estos niños no pertenecen a hogares de menores ingresos, lo cual no significa que pertenezcan a hogares ricos ni nada que se le parezca, pero queda claro que esto no va en el sentido de favorecer o de cambiar sustancialmente el estatus de familias más desposeídas, por lo menos, en términos de ingresos.

Señor Presidente: los mismos trabajos a los cuales aludíamos, también indican que, seguramente, dada la incorporación de nuevos beneficiarios al sistema mutual y lo que podríamos valorar del beneficio, el efecto redistributivo no va a ser acentuadamente negativo, pero sí negativo del mismo modo que ocurre en la Universidad de la República. Todos sabemos que el peor distribuidor del ingreso en el Uruguay es el correspondiente a la enseñanza superior, porque se trata de un gasto concentrado en los niveles de superiores ingresos del país.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Couriel)

-En este caso, la distribución del ingreso también va a ser regresiva y no progresiva como consecuencia del impuesto que se establece y de quiénes son los beneficiarios. Decimos esto en función de la valoración que hemos hecho partiendo del supuesto implícito de que sólo valoramos positivamente y al precio de mercado cuando el niño pasa de tener un servicio de salud pública a contar con uno de carácter mutual. En el resto de los casos la valoración no es positiva y en todos los casos resta el impuesto que se paga. Quiero que quede claro este supuesto, porque es la única forma económica que hay de medirlo. Si Salud Pública mejora, lo hará independientemente de este proyecto de ley o, por lo menos, de su aspecto tributario. Por lo tanto, la independencia del aspecto tributario hace válido el razonamiento en materia de distribución del ingreso.

En realidad, nosotros entendemos que se está consagrando una injusticia y quienes integramos el Partido Colorado sabemos que los propósitos de la ley son compartibles; de hecho así lo hemos manifestado. Sabemos que se trata de un tema difícil de tratar, pero queremos dejar claramente establecidos estos aspectos y nuestra posición. Ciertamente, no nos oponemos al espíritu del proyecto de ley y tampoco lo hacemos con respecto a un gran número de los artículos que lo conforman. No obstante, nos hemos opuesto y nos seguimos oponiendo cada vez con más fuerza a la aplicación de esta iniciativa, luego de haber realizado estudios profundos de sus aspectos redistributivos con el asesoramiento de especialistas. Esta reforma, al igual que la tributaria, no es progresiva, sino regresiva en lo que respecta a la distribución del ingreso resultante de la aplicación del impuesto y del beneficio.

Más allá de todo eso, señor Presidente, el proyecto de ley habilita -esto en su momento nos quedó en el tintero- el cobro de tiques y órdenes por parte de Salud Pública, ya sea que la facultad se use o no. Esto nos parece absolutamente negativo porque si queremos concentrar en Salud Pública la atención de quienes realmente la necesitan, no podemos cobrar órdenes y tiques. Indudablemente, las órdenes y los tiques pueden oficiar razonablemente como una barrera al sobreconsumo en determinados lugares, pero creemos que en Salud Pública la tradición ha sido otra y de hecho no parece haber funcionado mal.

Antes de ingresar al análisis de los cambios voy a pedir que se me permita hacer una breve exposición sobre un proyecto de ley que presentamos en la Cámara de Representantes, tal cual lo anunciamos en el Senado. Concretamente, hemos propuesto una alternativa a este proyecto de ley que, a nuestro juicio, es mucho más justa y elimina dos de los mayores problemas que tiene esta reforma. El primero de ellos tiene que ver con las atribuciones y la potestad de la Junta Nacional de Salud, así como su centralismo y la corrupción que éste último implica en tanto representa una especie de poder infinito que se genera -siempre ocurre así cuando hay seres humanos de por medio- más allá de que se quiera o no que así suceda. Entre otras cosas, nuestro proyecto de ley elimina el poder del Presidente de esa Junta Nacional de Salud, que en los hechos decide todo y para revocar una de sus resoluciones es necesario contar con cinco votos, de un total de siete. Esa Junta tiene siete miembros, uno es el Presidente y de los seis restantes, cinco tienen que votar en el mismo sentido -no hay que olvidar que tres corresponden al Poder Ejecutivo- para revocar una decisión. Esto significa que hay una persona omnipotente resolviendo absolutamente todo, decidiendo por terceros, decidiendo si se pueden hacer o no determinados análisis, indicando qué medicamentos se compran, qué técnicas se pueden hacer, dónde se puede instalar una nueva cama, etcétera. En virtud del proyecto de ley presentado por la Lista 15 todo eso queda eliminado, porque deja fuera a esa Junta Nacional de Salud.

Otro aspecto importante de nuestro proyecto de ley es aquél por el cual se elimina el cobro del impuesto; el 3% y el 1,5% adicionales no se cobran, de acuerdo con lo que se establece en el proyecto de ley de mi sector político. Sin embargo, pese a ello, el núcleo objetivo de beneficiarios es exactamente el mismo que el que alcanza este proyecto de ley. Se podrá decir que eso es imposible, porque no se puede financiar a la misma cantidad de niños sin contar con el impuesto. Ante ello, mi respuesta es que eso no es cierto por dos motivos fundamentales: el primero de ellos es que a partir de determinado nivel de ingreso per cápita del hogar hacia arriba los hijos no contaban con el beneficio, ya que no se les cobraba el impuesto, pero tampoco recibían el beneficio correspondiente. Por lo tanto, al no brindarse el beneficio se ahorra una gran cantidad de dinero.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- Formulo moción en el sentido de que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Senador Sanguinetti: la Secretaría me informa que el Reglamento impide que se otorgue una prórroga en el caso del asunto que estamos tratando. El orador dispone de veinte minutos, ya que se trata de un proyecto que fue aprobado en el Senado, modificado en la Cámara de Representantes y enviado nuevamente a este Cuerpo.

Puede continuar el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: la que mencioné anteriormente, sin duda, constituye una fuente de ahorro muy importante, pero hay una segunda que surge del hecho de que el Fondo Nacional de Recursos se paga por cuota, igual que ahora, entre todos los menores de 18 años. ¿Cómo paga hoy Salud Pública el Fondo Nacional de Recursos? Lo hace por acto médico y no por cuota. Si se trasladan niños de Salud Pública a las mutualistas y en lugar de pagar por acto médico se abona por cuota, se le da una enorme masa de dinero al Fondo Nacional de Recursos. Aclaro que según datos del propio Fondo Nacional de Recursos -con los que hicimos estadísticas- apenas el 5% de la cuota de un menor de 18 años es lo que se gasta con ese fin, ya que son muy pocas las técnicas utilizadas en ellos -por suerte los niños son más sanos- y muy pocos los casos. Concretamente, se hacen procedimientos por quemados, diálisis, algún trasplante renal, alguna cardiopatía congénita y poca cosa más. Esa enorme masa de recursos que vamos a estar regalándole, nosotros nos la ahorrábamos. Con estas dos fuentes, principalmente, financiábamos el pago de la cuota mutual en base a las cápitas -nosotros no quisimos tocar el espíritu de la iniciativa del Poder Ejecutivo para ver si tenía viabilidad- y el número promedio de tiques y órdenes anuales de los menores de 18 años por institución.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

-Ya finalizo, señor Presidente.

Además, se podían hacer acuerdos para tratarlos como un seguro colectivo porque el promedio tiene, precisamente, los problemas de los promedios.

SEÑOR PRESIDENTE.-Vaya redondeando, por favor, señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Había otras cosas muy importantes e interesantes que fortalecían a Salud Pública. Realmente, habríamos preferido que ese proyecto -cuya redacción llevó más de un mes porque se hicieron consultas a numerosos especialistas-, aunque sea por delicadeza, se hubiera tratado.

Lamentablemente, señor Presidente, por el momento, no puedo hacer las observaciones que tiene el Partido Colorado a los cambios propuestos por la Cámara de Representantes.

17) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una comunicación proveniente de la Corte Electoral.

(Se da de la siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 21 de noviembre de 2007

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Señor Presidente:

Pongo en su conocimiento que en sesión del día de hoy la Corte Electoral aprobó la resolución que a continuación se transcribe:

La Corte Electoral RESUELVE:

1. Proclámase Senador al tercer titular de la lista de candidatos sublema ‘Unidad y Pluralismo Frenteamplista’ de Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría señor Manuel Laguarda y suplentes Sras. Sara López y Rosario Alzugaray y Sr. Gastón Silberman.

2. Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por el término de la licencia concedida a la Sra. Senadora Mónica Xavier y en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas en el artículo 116 de la Constitución y en el artículo 3º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945 y en el literal D de la Ley Nº 17.827.

Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración

Renán Rodríguez Vicepresidente

Alfonso Mario Cataldi Secretario Letrado."

SEÑOR PRESIDENTE.- Oportunamente se convocará al suplente correspondiente.

18) SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD. CREACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con el tercer punto del Orden del Día, tiene la palabra el señor Senador Antía.

SEÑOR ANTIA.- Señor Presidente: una vez más, vamos usar en el día de hoy esa muletilla que ha sido la bandera de la reforma de la salud: los niños. Ellos fueron usados hace poco rato por el señor Senador Michelini para interrumpir el análisis que se venía haciendo de la concesión de casinos. Ese argumento de estar a favor de los niños del país fue el que motivó a la bancada de Gobierno imponer una moción de orden que permitió acallar esa discusión que, realmente, no le estaba siendo muy favorable.

Han utilizado esa muletilla en forma permanente como si antes de la existencia de este Sistema Nacional Integrado de Salud los niños no hubieran tenido atención. No conocemos que ningún niño del Uruguay haya quedado sin ser atendido en todos estos años. Ningún hijo de ningún uruguayo quedó fuera de la atención pero, de todas maneras, esa ha sido la muletilla que este Gobierno utilizó para imponer -digo, sí, para imponer- un proyecto de ley a todo el país.

Si bien no voy a entrar en detalles, quiero decir que este camino ha sido erróneo y cabe remarcar -como lo hicimos en otra oportunidad- el concepto que este Gobierno utilizó en este proyecto de ley y que es: lo manejamos entrecasa, lo discutimos bajo nuestras condiciones, no nos importa lo que opine el resto del espectro político sobre un proyecto de salud que debe tener continuidad en el tiempo. Ese es el mayor error. En algo que debería ser una política de Estado se aplicó una política de sector, de partido. Puedo decir que eso sucedió en todas las instancias de discusión de este proyecto de ley porque yo participé en las Comisiones correspondientes.

También vimos una enorme improvisación en el tratamiento de este tema. Se empezó con un proyecto de ley de cierta cantidad de artículos, todos los cuales fueron modificados. Luego aparece un proyecto nuevo en el Senado y, cuando aparecen las primeras observaciones -nuestro Partido hace un informe en la Convención Nacional y el Partido Colorado también se expresa con enormes críticas-, se congela la discusión y surge una nueva modificación en la interna del Partido de Gobierno. De un día para el otro aparecen un montón de modificaciones para ser votadas, también, de un día para el otro. Ese fue el sistema que aplicó el Gobierno en la discusión; acá no hubo discusión con los partidos de oposición ni se les dijo la idea que tenían sobre la salud. Se armaron comisiones de discusión con aquellos que los quisieron oír pero no escucharon a aquellos que vinieron a plantear ideas. Realmente, fue un mal proceso de realización de un proyecto de Gobierno. Es así que han quedado por el camino, no sólo en el Senado sino también en la Cámara de Representantes, las observaciones y las muestras de disconformidad de casi todos los agentes vinculados a la salud. Solamente se han tomado algunas cosas, pero que no han permitido un análisis a fondo de cada uno de los temas.

Estoy resumiendo las opiniones de los principales operadores del sistema de salud y quiero decir que en mi opinión esto va a traer problemas hacia adelante. Sin duda que los traerá. Hoy vamos a terminar aprobando de apuro -porque tiene que entrar en vigencia el 1º de enero- un mal proyecto de salud que, con el transcurso del tiempo, va a significar un retroceso. Seguramente, en un principio no se note, pero en forma gradual y continua se va a ir deteriorando la calidad de atención de la salud en este país.

Es cierto lo que decía recién el señor Senador Alfie en cuanto a que este proyecto no era nacional ni contemplaba a más de la mitad de los uruguayos. A medida que se fueron dando cuenta de eso, le fueron incluyendo cláusulas, alguna de las cuales facultaba al Poder Ejecutivo a integrar determinado sector de la sociedad. Otras veces se le daba la atribución de fijar los plazos. Es así que se siguieron haciendo, una tras otra, modificaciones a los artículos, dejando en el aire temas como los de los plazos, los tiempos o las categorías de los usuarios que, de beneficiarios, pasaron a ser usuarios.

En la última instancia, ahora, que ni siquiera podemos votar en contra porque se aprueba todo o se rechaza todo, vuelven a facultar al Poder Ejecutivo a dictar las normas reglamentarias necesarias que viabilicen la transición hacia el sistema que regirá a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Reitero que todo se hace en el aire, con pinzas. Después de treinta años de decir que se iba a hacer un proyecto de sistema nacional de salud, se vino a improvisar. Pero, más allá de eso, el Partido de Gobierno tiene que asumir la responsabilidad de hacerlo solo y de llevar sobre sus espaldas, de aquí para adelante, el retroceso que sin duda va a significar esta iniciativa. Creo que todo esto va a implicar la paralización de los avances que en los últimos veinte años se han producido en el área de la salud. Ellos han criticado lo realizado por los gobiernos anteriores pero, sin duda, los índices de salud con los que partimos no eran tan malos comparados con los que se manejan a nivel del mundo.

Este ha sido un mal proyecto de salud, improvisado, que se ha modificado sobre la marcha, en el que no se ha escuchado a los demás y en el que se ha concentrado a un grupo de hombres designados políticamente, todopoderosos, sabelotodos, que a partir de ahora van a estar a cargo de la salud de nuestros hijos. Ahí sí vamos a ver cómo se van a ocupar de la salud de nuestros hijos en el Uruguay.

Nos hubiera gustado otra iniciativa para un proyecto de estas características; nos hubiera gustado un respeto para los diferentes partidos que integramos el espectro político del país; nos hubiera gustado una política de Estado, que no la hubo. No es lo que queremos nosotros; nunca lo hubiéramos hecho y en los proyectos que presentó el Partido Nacional desde el año 1985, con relación a un Sistema Nacional de Salud, se incluía a todo el espectro político, se daba oportunidad a aquellos actores de la salud para que junto con el Estado coordinaran un gran proyecto de salud. Acá se está imponiendo al sector privado, desde el Estado, un cambio estatista que va a retrasar, sin duda, lo atinente a la salud de los uruguayos.

No vale la pena que sigamos agregando argumentos, porque ya hemos sido bastante extensos en otra oportunidad. En ese sentido, el otro día en la Comisión de Salud Pública planteamos que se votara este tema tal como venía de la Cámara de Representantes, sin discutir, porque sabíamos cuál iba a ser la postura del Partido de Gobierno. Entonces, este asunto no se llegó a discutir y luego les pedimos a los Senadores del Gobierno, que no tenían número para tratar el proyecto, que nos explicaran las modificaciones que se habían introducido. Sentimos que durante este tiempo habíamos sido utilizados para completar el quórum en las Comisiones, pero nunca se tuvieron en cuenta las propuestas de nuestro Partido.

Este proyecto de ley es responsabilidad de este Gobierno, están todos los Senadores para votarlo. Entonces, que se vote y que se hagan responsables de aquí para delante de las modificaciones que se han hecho.

SEÑOR ALFIE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ANTIA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Voy a aprovechar la interrupción para tratar de complementar la exposición que venía haciendo, porque nos parece importante seguir marcando lo que es nuestro proyecto de ley.

Intentaré repasar este tema. El Gobierno tenía tres proyectos de ley de salud. Un proyecto de ley de descentralización, que salió del Senado con una redacción muy pobre y en la Cámara de Representantes nuestro sector político propuso un proyecto de ley alternativo que en un 50% fue recogido, estudiado y votado en ese Cuerpo. Luego vino el proyecto de ley de creación del FONASA que el Partido Colorado apoyó, salvo en dos artículos, por lo que no había grandes cambios para hacer. Y en este caso -que es el más importante de todos- pretendíamos seguir el mismo proceso que con el otro proyecto de ley. Cuando el proyecto original salió de la Comisión del Senado, vimos que era imposible proponer nada y no teníamos muchas esperanzas. Luego asistimos a discusiones internas en el seno del Gobierno, se dejó de considerar este tema durante casi tres meses, en determinado momento pensamos que no se iba a tratar y cuando finalmente se decide analizar, nuestro sector presenta un proyecto de ley alternativo, aunque sabíamos que no teníamos tiempo en el Senado.

Evidentemente, un proyecto de ley como el que se elaboró no se hace en diez ni en quince días; nos llevó más de un mes. Invito a todos los Senadores a que lo lean, lo repasen y van a advertir que es un proyecto serio y en serio. Nuestra iniciativa no destina un solo peso más de lo que el Poder Ejecutivo ponía de Rentas Generales en este proyecto de ley; está hecho estrictamente con la cantidad de dinero que tenía el otro proyecto. Eso está demostrado y en un anexo se pueden ver los cálculos. Además, nuestra propuesta no quiere imponer un universo diferente, sino que mantiene el mismo universo, concentrando el beneficio y que el beneficio sea efectivo. Tampoco deja circunstancias o hechos en el aire como, por ejemplo, el tema de las emergencias móviles, con el problema que puede acarrear si Salud Pública establece que las mutualistas tienen que brindar el servicio de emergencia -o, por lo menos, gran parte de él- sin ningún ingreso adicional. Todos sabemos que eso conlleva un problema muy grande, que no vale la pena repetir.

Nosotros realmente hubiéramos preferido que en la Cámara de Representantes se hubiera dado la misma situación que con el otro proyecto de ley o, aunque sea, se hubiera mirado el proyecto de ley de nuestro sector político. De todas maneras estamos a tiempo de cambiar, porque este sistema no va a entrar en vigencia el 1º de enero. Hay un adicional al último artículo, porque no hay tiempo material de hacerlo. Lo que sí hace este proyecto de ley es, prácticamente, tirar todo para adelante, salvo en la constitución y en los poderes de la Junta.

El Partido Colorado entiende que históricamente, todos los temas de salud han llevado procesos muy largos, de veinte o veinticinco años. Hay que buscar consensos, analizar experiencias internacionales, hay que considerar lo que funciona y lo que no funciona; se debe recoger la experiencia uruguaya, que es bastante sui géneris, pero que ha dado muy buenos resultados, en términos generales.

Gracias por la interrupción, señor Senador Antía.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR ANTIA.- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Sanguinetti.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: creo que el punto principal que ha tocado el señor Senador Alfie en nombre de nuestro Partido es el tema de la centralización administrativa. El otro día vimos en televisión a la señora Ministra de Salud Pública recomendando a todos ver una película de Michael Moore muy crítica del sistema de salud norteamericano -que es un sistema privatista-, como si en el Uruguay alguna vez alguien hubiera propuesto ese sistema. Nuestra tradición es totalmente distinta, las mutualistas fueron una respuesta histórica espontánea de la sociedad inmigrante. En estos años en que tanto hablamos de la sociedad civil, ella fue en el Uruguay pionera en la resolución de este tema. Fue la inmigración española y la italiana, principalmente, la que primero dio respuesta a uno de los temas de seguridad social más importantes, como es el de la salud. Quiere decir que nuestra trayectoria histórica y nuestro sistema no están vinculados con el sistema norteamericano, razón por la cual el alborozo con el que vimos a la señora Ministra recomendarnos esa película, nada tenía que ver con el Uruguay.

En cambio, nosotros le recomendaríamos a la Ministra que viera una película que se llama "Las Invasiones Bárbaras", que es una excelente producción canadiense que narra el final de la vida de un profesor a quien su hijo quiere ayudar a bien morir, a terminar con dignidad sus días y choca con toda la maraña administrativa, burocrática y sindical del sistema de salud nacional y socializado de Canadá. Obviamente, es una crítica muy dura, hecha con enorme inteligencia y con un formidable humor. Se construye en base a un viejo profesor socialista, que tiene su salud comprometida, y su hijo, un "yuppie" neoliberal que se ha formado en Inglaterra, donde ha hecho dinero, quien viene a ayudar a su padre a morir con dignidad.

SEÑOR ALFIE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SANGUINETTI.- Esta película es un formidable testimonio de lo que son estos sistemas centralizados y burocráticos; de lo que significa la indiferencia que generan y la dificultad con la que se afronta la flexibilidad individual frente a ello.

Dicho esto como principio general, con mucho gusto concedo una interrupción al señor Senador Alfie.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Yendo concretamente a los cambios que se incluyen en el proyecto de ley, debo decir que, como muy bien expresó la Miembro Informante, señora Senadora Percovich, hay algunos que son realmente menores. A nosotros nos hubiera gustado que se hubieran incorporado modificaciones más importantes. Precisamente, hay dos puntos a los que me quiero referir, uno de los cuales está contenido en la iniciativa presentada por el Partido Colorado, mientras que el otro, que refiere al artículo 48, no está contemplado.

En el artículo 48 se dice que todas "las demás prestaciones correspondientes a enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo y otras compensaciones relacionadas con la salud, continuarán siendo brindadas por los organismos públicos y las entidades privadas competentes. En esta disposición se habla de un tema en torno al cual en la Comisión de Salud Pública recibimos a un grupo de madres cuyos niños presentaban discapacidades menores o problemas totalmente solucionables de fonoaudiología, de dicción y de aprendizaje, en cuyo caso reciben un servicio o ayuda económica del Banco de Previsión Social. Posteriormente, concurrió a Comisión el Directorio de dicho organismo, así como las autoridades de los servicios que atienden estos casos. Habida cuenta de que el Directorio del Banco de Previsión Social aprobó una resolución en el sentido de que estos servicios se prestarían hasta el 29 de diciembre -ahora se prorrogó hasta el 30 de junio del próximo año, fecha en que caducarían- se había planteado una redacción alternativa a los efectos de que quedara claro en el texto del proyecto de ley que se continuarían brindando.

Cabe aclarar que en Comisión los representantes de todos los partidos estuvimos contestes en que estos servicios están totalmente fuera de los que prestan las instituciones que se incluirán en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Se nos dice que, por las dudas, habría que elaborar otra ley debido a que no está claro y, en consecuencia, el Banco de Previsión Social podría interpretar, ateniéndose al texto legal, que no corresponde brindar esos servicios. De ser así, entonces, se redactaría otro texto para corregir un artículo.

Hubiéramos querido evitar esta proliferación de leyes para hacer correcciones que bien se podrían haber hecho en Comisión o aquí en Sala, hasta llegar incluso al ámbito de la Asamblea General. Seguramente, podríamos haber alcanzado un acuerdo.

El otro punto que no está contenido en este proyecto de ley y que sí figura en el propuesto por el Partido Colorado, tiene que ver con la inscripción del binomio madre-hijo. Tal cual está redactado el proyecto de ley, en el que se establece una forma de seguro obligatorio pago por el Gobierno mediante impuestos, salvo casos excepcionales el binomio madre-hijo debería atenderse en el mismo centro de asistencia, justamente, para minimizar los riesgos. Todos sabemos que puede darse el caso de la llamada selección adversa y que hay instituciones que se especializan más que otras en algunas áreas, por más que todas deban brindar todos los servicios. Esto hace que las mejores absorban los casos más riesgosos a los que, además, les terminan cobrando un tique moderador, ya que de lo contrario no podrían frenar la demanda de ese servicio.

Por lo tanto, es tan inseguro lo que aquí se propone y tan no integral, que no se incluye en este proyecto de ley como obligatoria la atención del binomio madre-hijo en un mismo centro, salvo casos excepcionales que sí están previstos.

A nuestro entender, estos dos puntos son fundamentales, importantes y su inclusión, aunque parezcan simples, mejorarían sustancialmente este proyecto de ley. Sin embargo, no fueron contemplados.

Luego, vienen los artículos de fondo de este proyecto de ley. Por ejemplo, el 57, que fue modificado, en su inciso segundo dice: "El Fondo Nacional de Salud se constituirá en el Banco de Previsión Social de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Nº 18.131, de 18 de mayo de 2007".

SEÑOR SANGUINETTI.- Formulo moción en el sentido de que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- En realidad, esto no se podría hacer. Es más, cuando quien habla era integrante de la Cámara de Representantes no me lo autorizaron. En ese entonces, la Cámara estaba dirigida por el Partido Nacional.

De todas maneras, la Mesa tiene la apertura y la flexibilidad como para, con mucho gusto, concederle más minutos al señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Respecto a este punto, debo decir que existe una confusión legal, pues el Fondo Nacional de Salud, el Fondo como tal, es un patrimonio de afectación especial, es un fideicomiso. Entonces, decir que se constituirá en el Banco de Previsión Social, confundiendo quien lo recauda con lo que es el Fondo en sí mismo, es un error legal. Se nos dijo que todo el mundo entiende; está bien, todo el mundo lo podrá entender, pero lo cierto es que en base a esa idea de que todo el mundo entiende, lo más probable es que venga otro a cambiar lo dispuesto y, como no está claro, puede confundir los recursos. Entonces, no es que todo el mundo entienda tal cosa.

Por otra parte, el inciso cuarto habla de que "En el ejercicio de los cometidos de la administración tributaria a que refiere el inciso segundo, el Banco de Previsión Social actuará como sujeto activo de las contribuciones especiales", etcétera. En mi opinión, va a actuar como un organismo recaudador y, en función de ello -quizás, porque es más fácil y me parece razonable, de hecho ya estaba contenido en el proyecto de ley original- aquí se lo menciona como sujeto activo cuando no lo es. En realidad, el sujeto activo es el Fondo Nacional de Salud, que es el dueño de la plata; el dinero es del Fondo y no del Banco de Previsión Social, que es, reitero, el organismo recaudador.

Observo que un señor Senador me solicita una interrupción, pero aclaro que no la puedo conceder porque ya estoy en uso de una interrupción.

Más adelante, el artículo 60, en sus literales A) y B), habla de quienes realizarán los aportes -o sea, los trabajadores y las empresas del sector privado y los funcionarios del sector público que estén incorporados al Sistema Nacional de Salud- y luego, en el literal C), se habla de los aportes del Estado y de las empresas públicas no estatales. Desde mi punto de vista, las empresas públicas no estatales tienen un régimen jurídico según el cual son consideradas personas públicas de Derecho Privado, o sea, es como si fueran empresas de Derecho Privado y, por lo tanto, están incluidas cuando se habla de empresas privadas. De modo que aquí, aunque es menor, tenemos una redundancia.

¿Qué pasa con esto? El literal C) no exonera y, por lo tanto, las cooperativas y las sociedades de fomento van a pagar el 5% y el complemento al Fondo Nacional de Salud. En este caso, se observa un aumento en la recaudación. Luego, este artículo habla de los patronos y empresas unipersonales rurales, que mantendrán el mismo régimen de aportación. Lo que sucede es que el inciso segundo es claro en lo que dice, pero es oscuro en sus implicancias.

Este inciso segundo establece que los patronos -de hasta 500 hectáreas- y sus cónyuges hoy aportan el 30% de la cuota de afiliación individual como pago a DISSE. Por esta disposición pasan a aportar el 45% en vez del 30% si no tienen hijos, y el 60% en vez del 30% si los tienen. Esa es la interpretación razonable de esta norma. Está claro que estos patronos de extensiones menores de empresas unipersonales rurales no pueden mandar a sus hijos a la mutualista. Por lo tanto, también está claro que este es un nuevo impuesto para un sector rural pequeño -para los más chicos del agro y de la ganadería- sin ninguna contraprestación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Sanguinetti.

SEÑOR ALFIE.- ¿Me permite una última interrupción, señor Senador?

SEÑOR SANGUINETTI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Más allá de que podríamos seguir marcando una cantidad de aspectos, se hace una referencia -no recuerdo en qué artículo- a usuarios y no beneficiarios, que claramente es errónea.

Por otra parte, el artículo 76 original dice: "Hasta la instalación de la Junta Nacional de Salud, las funciones que se le atribuyen a la misma serán ejercidas por el Ministerio de Salud Pública y el Banco de Previsión Social, según corresponda", y ahora se agrega como un nuevo inciso: "Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar las normas reglamentarias necesarias que viabilicen la transición hacia el sistema que regirá a partir de la entrada en vigencia de la presente ley".

Según la ley, la transición puede ser eterna porque no se fija una fecha. Es más, el artículo 72 -que catalogué de sabio porque claramente esto no creo que se pueda hacer en forma fácil-, dice que se faculta al Poder Ejecutivo a postergar las fechas de ingreso establecidas en la presente ley, siempre que fuera necesario para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas. Este es un súper poder dado por una ley para que el Poder Ejecutivo maneje por reglamento todo lo que quiera y como quiera de acá a la eternidad o hasta determinada fecha.

Realmente, esto nos parece muy inconveniente. ¿Por qué? Porque debemos tener conciencia de que al final todo el sistema y las incorporaciones se basan en la recaudación de impuestos. Los impuestos se recaudan o no se recaudan. Cuando las cosas no andan muy bien, baja más la recaudación de impuestos de lo que baja el producto. Hay algo que me llamó la atención hace poco, por un comentario que me hicieron y parece una casualidad. Me dijeron que cuando la gente anda mal, primero come y después paga los impuestos. Es un poco extraño, pero parece que es así. Cuando no se haya recaudado impuestos y la gente no pueda decidir por sí misma si efectivamente paga su Servicio de Salud o lo restringe, la ley obliga a todo el mundo a restringir dicho servicio, independientemente de que quiera hacerlo o no, de que pueda hacerlo o no, o de que desee hacer un sacrificio sobre determinado miembro de la familia, o no.

Considero que este proyecto de ley tiene demasiados problemas como para que nosotros votemos siquiera los cambios propuestos. En sí, sólo el último inciso del último artículo amerita que no votemos los cambios.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa en el uso de la palabra el señor Senador Sanguinetti.

SEÑOR SANGUINETTI.- He concluido, señor Presidente.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Quisiera aclarar algunas de las consideraciones hechas por el señor Senador Alfie.

Con relación al artículo 61, planteó dudas en las referencias que se hacen al artículo 90 de la Ley Nº 18.083, que corresponde a la Reforma Tributaria, que dice que se mantienen las exoneraciones de contribuciones patronales a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales.

El proyecto de ley hace referencia, justamente, a los literales A) y B).Quería aclarar que las cooperativas incluidas en el literal C) están exoneradas de aportes patronales jubilatorios, pero no del aporte de la ex DISSE -es decir, de la cuota mutual- y nunca lo han estado. En este caso, se ha hecho una aclaración para que no se incurra en malas interpretaciones.

Con respecto a las empresas rurales, que seguirán con el régimen de aportación en base a la superficie explotada, se aclara que las que tienen carácter unipersonal y no explotan más de 500 hectáreas, aportan el 30% del valor de la cuota mutual que establece el Poder Ejecutivo. En el caso de la condición de empresa unipersonal, se mantiene aun con la existencia del cónyuge colaborador. La inclusión en el seguro sigue siendo opcional para estos colectivos. Eso ya está establecido por ley y acá se hace referencia a la Ley Nº 15.852 de aportación rural y a la Ley Nº 16.883, de unipersonal con cónyuge.

Para los patrones unipersonales rurales el objetivo fue que su cobertura estuviera en la misma línea de los aportes del FONASA, es decir, que el 45% o el 60% de la cuota se pudiera alinear con el 4,5% o el 6% del trabajador en caso de no tener hijos o de tenerlos.

Hay otros aspectos que el señor Senador Alfie no comparte, pero casi todos son aclaratorios.

En cuanto al artículo 76, si no es por la vía de la reglamentación, no veo qué otra vía se puede utilizar, salvo que sea necesario legislar en algo como lo que señalaba el señor Senador Alfie con respecto a estos centros que brindan algunos tipos de atenciones especiales -no todas son discapacidades como él señalaba- y que hoy cumplen una tarea muy importante con aportes del Banco de Previsión Social. Hay que pensar con qué institucionalidad se hará. Por lo tanto, esto merece una ley especial y por eso no lo incluimos en el artículo 48. Como esas inclusiones y apoyos para retrasos escolares se hacen efectivos, muchas de las derivaciones vienen de la ANEP, otras de los centros de Salud Pública y otras de distintas instancias privadas. Lo importante es determinar el tipo de institucionalidad para que esto se coordine en el territorio, incluso con las políticas sociales que se llevan a cabo desde el Ministerio de Desarrollo Social.

En la Comisión de Salud Pública, todos estamos de acuerdo en que tiene que haber una inclusión y mantenerse estas prestaciones que, tal como señalaba el señor Senador Alfie, han tenido prórroga hasta julio del próximo año en las mismas condiciones en que hoy se dan. Por lo tanto, como nadie se va a quedar sin esas prestaciones, nos parece que es bueno que tengan una legislación especial.

Por otro lado, al principio el señor Senador Alfie señalaba algunas discrepancias con los estudios que se habían hecho. Creo que acá tenemos concepciones distintas acerca de qué significa esta cobertura. Es claro que hay un determinado decil de ingreso de niños que obviamente no pueden pagar los copagos pero, por suerte, están cubiertos por el sistema de salud, y están muy bien cubiertos. El Hospital Pereira Rossell y todos los centros hospitalarios de los distintos departamentos están haciendo el esfuerzo de atender -con todos sus recursos, porque allí la población no tiene que pagar nada- a los deciles menos favorecidos económicamente. Muchas veces, allí tienen mejores servicios que los que reciben en las mutualistas.

Otro tema que me parece bien interesante es el de la distribución negativa al que hacía referencia el señor Senador Alfie. Fui de las personas que discutió mucho este tema y creo que si hay algo que debemos impulsar en el país, desde todas las reformas que estamos haciendo y con la pirámide demográfica negativa que tenemos, es que los sectores trabajadores y educados -sectores medios, medios bajos y medios altos- sean los que tengan hijos. Me parece que las modificaciones que hemos hecho en esta reforma de la salud van en ese sentido. Este país nunca ha tenido políticas demográficas positivas y creo que hay que empezar a encararlas.

El binomio madre-hijo corresponde a una vieja concepción; hoy hay programas específicos para la atención de la salud de la mujer, separados de los también muy específicos que existen para los niños. Se brinda una atención porque implica costos diferentes, pero no por eso la atención se realiza por separado; sí sabemos que la atención debe tener encares diferentes.

Con relación al tema de los copagos, que se decía que podía empezar a cobrar Salud Pública, debemos señalar que hoy se cobran aranceles cuando uno tiene ingresos, se atiende en Salud Pública y no es socio de una mutualista. Pero si algo dejó en claro la señora Ministra, permanentemente, en todas sus intervenciones públicas y cuando vino a la Comisión, es que Salud Pública no va a introducir copagos. Es más; va a ir generando decretos, tal como lo establece el artículo 76, en el sentido de ir disminuyendo progresivamente esto que significa una barrera para el acceso de la población a los servicios de salud.

Quisiera agregar algo que no mencionó el señor Senador Antía. El señor Senador, como buen ex Intendente, está preocupado por la inclusión de los funcionarios de los Gobiernos Departamentales y de las Intendencias. Está previsto que, si hay un acuerdo entre los Intendentes y los funcionarios, eso sí se puede hacer, siempre que se respete la autonomía de los Gobiernos Departamentales. De hecho, varios Intendentes ya han manifestado a la señora Ministra y al señor Subsecretario su interés en incorporarse.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley por el que se crea el Sistema Nacional Integrado de Salud, que ha sido enviado en nueva forma por la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

-17 en 28. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GAMOU.- Señor Presidente: simplemente, quiero decir que he votado este proyecto de ley que permite poner en marcha el Sistema Nacional Integrado de Salud que cubre, se quiera o no, a más de 400.000 niños. Lo he votado, como en su momento hice lo propio con la alteración del Orden del Día, porque me parece que no debemos permitir que nadie nos lleve con el poncho, y menos los peores exponentes de un aparato burocrático trufado de parásitos ineficaces que quién sabe cómo entraron a la Administración.

Con mucho gusto voté la alteración del Orden del Día y este proyecto de ley porque, reitero, no podemos permitir que algunos que gritan cuando están en patota, puedan más que 400.000 niños.

Muchas gracias.

19) IMPUESTO ESPECIFICO INTERNO

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: solicito que se reparta, a los efectos de pedir posteriormente su declaración de urgencia, la Carpeta Nº 989/2007, relativa a la modificación en la tributación que grava la enajenación de combustibles.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se reparte la Carpeta Nº 989/07.

(Se vota:)

- 23 en 26. Afirmativa.

Así se procederá.

20) "AUSTRALIA"

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: hago moción para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley por el que se designa a la Escuela Nº 141 del departamento de Canelones, con el nombre "Australia".

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que designa ‘Australia’ la Escuela Nº 141 del departamento de Canelones."

(Antecedentes:)

"CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Australia" la Escuela N° 141 del departamento de Canelones, jurisdicción Este, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 15 de noviembre de 2007.

Tabaré Hackenbruch Legnani 1er. Vicepresidente

José Pedro Montero Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: se trata de una escuela ubicada en Canelones que quiere realizar su fiesta ya con el nombre de "Australia". Los bailes y los festejos están preparados, y solamente están esperando la nominación correspondiente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo único.- Desígnase ‘Australia’ la Escuela Nº 141 del departamento de Canelones, jurisdicción Este, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

21) IMPUESTO ESPECIFICO INTERNO

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: voy a plantear una cuestión de orden que implica una doble consideración.

En primer lugar, hago moción para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley por el que se modifica la tributación que grava la enajenación de combustibles.

En segundo término, voy a solicitar que a continuación el Senado considere el asunto que figura en quinto lugar del Orden del Día, ya que prácticamente tiene el mismo fundamento y, por consiguiente, su tratamiento va a insumir muy pocos minutos. Ello nos permitirá pasar posteriormente a escuchar las exposiciones de los señores Senadores Lara Gilene y Heber, que habían sido postergadas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar, en primer lugar, si se declara urgente y se trata de inmediato el proyecto de ley del Poder Ejecutivo "Impuesto Específico Interno. Modificación en la tributación que grava la enajenación de combustibles".

(Se vota:)

- 17 en 26. Afirmativa.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se adecua el Impuesto Es-pecífico Interno y se modifica la tributación que grava la enajenación de combustibles. (Carp. Nº 989/2007 - Dist. Nº 2131/2007)."

(Antecedentes:)

"Carp. N° 989/07

Dist. 2131/07

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 5 de noviembre de 2007.

Señor Presidente

de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto Proyecto de Ley, por el que se establecen modificaciones en la tributación que grava a las enajenaciones de combustibles.

Saluda al Sr. Presidente con la mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente Proyecto de Ley tiene por objeto la adecuación del Impuesto Específico Interno aplicable a las enajenaciones de determinados combustibles.

Dicha modificación se encuadra en el proceso de racio-nalización de la tributación que grava a los citados bienes, y que ha incluido la eliminación del Impuesto Específico Interno aplicable al gasoil y su sustitución por el Impuesto al Valor Agregado, lo que ha determinado una mejora en las condiciones de competencia de diversos sectores productivos.

En el caso de la nafta, y en virtud de la aplicación del artículo 565 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001, el Impuesto Específico Interno aplicable a dicho bien está constituido por un monto fijo por litro.

Se entiende conveniente promover una disposición legal por la que se faculte al Poder Ejecutivo a variar el Impuesto aplicable a las naftas, manteniendo como límite superior del tributo al aludido monto fijo, de modo de compatibilizar la tributación con las modificaciones en el precio internacional de petróleo.

Danilo Astori.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a modificar el monto del Impuesto Específico Interno a que refiere el artículo 565 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001. Dicha modificación se podrá aplicar exclusivamente a los hechos generadores vinculados a las naftas, y el impuesto resultante no podrá superar en ningún caso el monto fijo a que refiere el citado artículo, con sus correspondientes actualizaciones.

Artículo 2°.- Deróganse las afectaciones del Impuesto Específico Interno correspondientes a los bienes incluidos en el artículo 565 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001. Dichas afectaciones serán compensadas a los organismos beneficiarios con cargo a Rentas Generales. A tal fin se considerará el promedio actualizado de los tres últimos años, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 3°.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación.

Danilo Astori.

DISPOSICION CITADA

Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001

APRUEBASE EL PRESUPUESTO NACIONAL PARA EL ACTUAL PERIODO DE GOBIERNO

Artículo 565.- El Impuesto Específico Interno (IMESI) correspondiente a la primera enajenación a cualquier título de los combustibles a que refiere el presente artículo, se determinará en base a un monto fijo por unidad física enajenada o afectada al uso del fabricante o importador.

Fíjanse los siguientes impuestos por litro y sus correspondientes afectaciones.

Combustible Impuesto MTOP Rentas Intendencias Fondo Inversiones

por litro Grales. del Interior MTOP

                                  $                 $                 $                $                 $

Nafta

Ecosupra             9,295         2,495         4,928         0,312         1,560

Nafta supra         8,930         2,397         4,735          0,300         1,498

Nafta común       7,525          2,181        4,144           0,273        0,927

Queroseno         1,641          0,448         1,193             -----            -----

Gas oil                 1,663            -----           1,378           0,285         ------

Los impuestos por litro a que refiere el inciso primero corresponden a valores al 31 de agosto de 2000. El Poder Ejecutivo actualizará dichos valores en función de la variación que experimente el Indice de Precios al Consumo a partir de la referida fecha conforme a los plazos de adecuación establecidos en los artículos 1° y 2° de la Ley N° 16.903, de 31 de diciembre de 1997.

Derógase para los bienes citados en el presente artículo el sistema de determinación de alícuotas establecido en el numeral 1) del artículo 14 del Título 11 del Texto Ordenado 1996."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: por razones que parecen obvias me voy a remitir a la exposición de motivos del proyecto de ley.

Esta iniciativa tiene como objeto la adecuación del Impuesto Específico Interno aplicable a las enajenaciones de determinados combustibles. Esta modificación se encuadra en el proceso de racionalización de la tributación que grava a los citados bienes, y que ha incluido la eliminación del Impuesto Específico Interno aplicable al gasoil y su sustitución por el Impuesto al Valor Agregado.

En el caso de la nafta, y en virtud de la aplicación del artículo 565 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, el Impuesto Específico Interno aplicable a dicho bien está constituido por un monto fijo por litro. El Poder Ejecutivo entiende conveniente -y nosotros acompañamos esa consideración- promover una disposición legal por la cual se lo faculte a variar el impuesto aplicable a las naftas, manteniendo como límite superior del tributo el aludido monto fijo, de modo de compatibilizar la tributación con las modificaciones en el precio internacional del petróleo. A esos efectos, se establece en el artículo 1º del proyecto que se faculta al Poder Ejecutivo a modificar el monto del Impuesto Específico Interno a que refiere el artículo 565 de la Ley Nº 17.296 y que el impuesto resultante no podrá superar en ningún caso el monto fijo a que refiere el citado artículo. De esta forma, el monto que se establece en ese artículo 565 de la Ley mencionada queda fijado como tope máximo del monto del IMESI, pero permite al Poder Ejecutivo modificarlo a la baja.

Es todo cuanto quería informar, señor Presidente.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: realmente no entiendo el proyecto de ley, salvo en su artículo 2º porque, a mi juicio, el Poder Ejecutivo ya tiene esta facultad. El Título 11 del Texto Ordenado de 1996 -que es el Título del IMESI-, en su artículo 1º, crea el Impuesto Específico Interno que grava la primera enajenación a cualquier título de los bienes que se enumeran a continuación, con las tasas que fije el Poder Ejecutivo, cuyo valor máximo en cada caso se indica. Después vienen todos los numerales, que son 17. El numeral 14), que hablaba de los combustibles líquidos y derivados del petróleo, fue sustituido en ocasión de la Ley de Presupuesto Nº 17.296 del año 1990, aprobada a fines de 1991, donde los porcentajes se sustituyeron por pesos fijos por litro. No advierto en ningún lugar que esos pesos fijos no sean máximos, porque en todos los casos, en el acápite, se habla de valores máximos. A mi gusto, la justificación de la ley está sólo en el artículo 2º, que deroga las afectaciones, porque el artículo 1º es, a mi juicio, absolutamente redundante.

Pienso que el artículo 2º sí tiene una estructura correcta porque, además, usa el estilo normal, al hablar del promedio actualizado de los tres últimos años de la afectación de cada parte del impuesto. El impuesto se dividía entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Rentas Generales, Intendencias del Interior y el Fondo de Inversiones, FINTOP. Por lo tanto, esas afectaciones se derogan, lo que me parece correcto, así como que se mantenga esta fórmula tal como está planteada. Nosotros habíamos propuesto una redacción alternativa como interpretación del artículo 1º, pero reitero que éste nos parece absolutamente innecesario. El segundo párrafo del artículo 1º nos genera dudas, porque en el fondo lo que está diciendo es que sólo en las naftas el IMESI quedaría como máximo, mientras que en el resto de los combustibles no quedaría como máximo, sino como fijo. Hoy por hoy tiene IMESI como monto fijo el queroseno, aparte de las naftas, porque el gasoil fue derogado. Por lo tanto, en el gasoil quedaría como monto fijo seguro, porque esta facultad haría la interpretación de que todos los montos fijados son de un valor específico y no se pueden reducir en ningún momento. Entonces, en el caso del queroseno -que, como todos sabemos, es un combustible de uso popular y utilizado en circunstancias de frío-, el precio podría subir bastante y no ser compensado por el IMESI.

Por lo tanto, señor Presidente, sugeriría que cambiáramos la redacción del artículo 1º por otra que acerqué al señor Senador Michelini en su momento, según la cual todos los montos son máximos; de lo contrario, interpretemos coherentemente el artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado y asumamos que los valores ya son máximos.

Es todo, señor Presidente.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: confieso que cuando comenzó su intervención el señor Senador preopinante, de alguna manera tendí a sentirme abrumado, porque sus conocimientos en materia tributaria, obviamente, exceden largamente los míos, ya que en mi profesión no me he dedicado a Derecho Tributario. Ahora bien, el tema se ha transformado en un asunto de interpretación legal, cancha en la que me desempeño -lo digo con toda sinceridad- con bastante más comodidad.

El asunto es el siguiente. Tenemos un Texto Ordenado y una ley posterior. En esa ley posterior que, obviamente, por ser posterior y por la regla de derogación de las leyes, deroga la anterior, el IMESI correspondiente a la primera enajenación a cualquier título de los combustibles a que refiere el presente artículo, queda establecido como monto fijo por unidad física enajenada o afectada al uso del fabricante o importador, de forma tal que para permitir que ese monto se transforme no en un monto fijo, sino en uno máximo, más allá de una interpretación, lo que se necesita es una ley que así lo establezca, y eso es lo que estamos haciendo mediante este proyecto de ley.

Con respecto al otro tema que refiere a la distinción que el señor Senador preopinante realizaba entre los diferentes combustibles, tengo para mí -porque mantengo la plena confianza en lo que disponga el Poder Ejecutivo y, fundamentalmente en este aspecto, el Ministerio de Economía y Finanzas- que deben haber querido establecer específicamente lo referente a las naftas y no a otro tipo de combustibles. Por lo tanto, insisto en que la bancada de Gobierno respalde el presente proyecto, tal como viene informado.

Es todo cuanto quería decir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo.

(Se vota:)

-18 en 27. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 1º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a modificar el monto del Impuesto Específico Interno a que refiere el artículo 565 de la Ley Nº 17.296 de 21 de febrero de 2001. Dicha modificación se podrá aplicar exclusivamente a los hechos generadores vinculados a las naftas, y el impuesto resultante no podrá superar en ningún caso el monto fijo a que refiere el citado artículo, con sus correspondientes actualizaciones".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 25. Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 2º.- Deróganse las afectaciones del Impuesto Específico Interno correspondientes a los bienes incluidos en el artículo 565 de la Ley Nº 17. 296 de 21 de febrero de 2001. Dichas afectaciones serán compensadas a los organismos beneficiarios con cargo a Rentas Generales. A tal fin se considerará el promedio actualizado de los tres últimos años, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 25. Afirmativa.

Léase el artículo 3º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 3º.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 25. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

22) TRIBUTACION DE LOS COMBUSTIBLES DESTINADOS A LA AVIACION Y AL DIESEL OIL (IMESI)

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el pedido recientemente formulado por el señor Senador Breccia en el sentido de que el Senado someta a consideración del Cuerpo el asunto que figura en quinto término del Orden del Día.

(Se vota:)

- 17 en 25. Afirmativa.

El Senado pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se adecua la tributación de los combustibles destinados a la aviación y al diesel oil (Carp. Nº 975/07 - Rep. Nº 582/07)."

(Antecedentes:)

"Carp. N° 975/07

Rep. N° 582/07

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Montevideo, 22 de octubre de 2007.

Sr. Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, el Proyecto de Ley a por el que se adecua la tributación de los combustibles destinados a la aviación y al diesel oil.

Saluda al Sr. Presidente con la mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori, Jorge Lepra.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001, estableció para un conjunto de combustibles, un sistema de tributación del Impuesto Específico Interno basado en la aplicación de un monto fijo por litro, sujeto a actualización.

De este modo, se desvinculó la determinación del monto del Impuesto, de la variación del precio de los combustibles, altamente correlacionado con el precio internacional del petróleo.

Se entiende conveniente avanzar en dicho proceso, incluyendo a las naftas de aviación y al diesel oil, de modo de generar mejores condiciones de competencia en materia productiva y de transporte internacional.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- El Impuesto Específico Interno (IMESI) correspondiente a la primera enajenación a cualquier título de los combustibles a que refiere el presente artículo, se determinará en base a un monto fijo por unidad física enajenada o afectada al uso del fabricante o importador.

Fíjanse los siguientes impuestos por litro:

Combustible                             Impuesto por litro

Nafta de aviación                             $ 12,05

Jet A 1                                                 $   0,44

Jet B                                                    $   0,59

Diesel oil                                            $   3,40

Los impuestos por litro a que refiere el presente artículo corresponden a valores al 1° de enero de 2006. El Poder Ejecutivo actualizará dichos valores en función de la variación que experimente el Indice de Precios al Consumo a partir de la referida fecha conforme a los plazos de adecuación establecidos en los artículos 1° y 2° de la Ley N° 16.903, de 31 de diciembre de 1997.

Derógase para los bienes citados el sistema de determinación de alícuotas establecido en los numerales 14 y 15 del artículo 1° del Título 11 del Texto Ordenado 1996.

Artículo 2°.- Deróganse las afectaciones del Impuesto Específico Interno correspondiente a los bienes a que refiere el artículo anterior. Dichas afectaciones serán compensadas a los organismos beneficiarios con cargo a Rentas Generales. A tal fin se considerará el promedio actualizado de los últimos tres años, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 3°.- Las disposiciones contenidas en la presente ley comenzarán a regir a partir del primer día del mes siguiente al de su promulgación.

Danilo Astori, Jorge Lepra.

DISPOSICIONES CITADAS

LEY N° 16.903

de 31 de diciembre de 1997

Artículo 1°. (Plazos de adecuación).- Modifícanse los períodos de adecuación previstos en el artículo 6° de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986, conforme a los siguientes criterios:

A) Dentro de cada ejercicio financiero el Poder Ejecutivo podrá adecuar las remuneraciones comprendidas en la citada disposición legal, por períodos no menores de seis meses ni mayores de doce, siempre que la variación de precios al consumo, tomada en años móviles, resulte inferior al 10% (diez por ciento) anual en cada una de las mediciones mensuales posteriores al último ajuste del ejercicio financiero anterior.

B) Si la variación en los precios al consumo fuere inferior al 23% (veintitrés por ciento) anual en cada uno de los meses posteriores al último ajuste del ejercicio financiero anterior y superior al 10% (diez por ciento) anual como mínimo en una de las mediciones mensuales posteriores al último ajuste del ejercicio financiero anterior, ambas medidas en años móviles, el Poder Ejecutivo adecuará las citadas remuneraciones por períodos no menores de cuatro meses ni mayores de seis.

C) Si la variación en los precios al consumo fuere igual o superior al 23% (veintitrés por ciento) anual, como mínimo en una de las mediciones mensuales posteriores al último ajuste del ejercicio financiero anterior, el Poder Ejecutivo adecuará dichas remuneraciones por períodos no menores de tres meses ni mayores de cuatro.

Artículo 2°. (Claúsula de salvaguardia).- Si en vigencia de un ajuste anual la variación acumulada de precios al consumo en los meses posteriores al ajuste de las remuneraciones y hasta la mitad del período fuese superior al 10% (diez por ciento) será de aplicación el literal B) del artículo anterior, lo que se hará con vigencia al mes siguiente de tal acontecimiento.

TITULO 11

IMPUESTO ESPECIFICO INTERNO

(IMESI)

Ver Ley N° 18.083, de 27.12.006, Arts. 33 a 36 y 38.

Artículo 1°. Estructura.- Créase el Impuesto Específico Interno que gravará la primera enajenación, a cualquier título, de los bienes que se enumeran, con la tasa que fije el Poder Ejecutivo, cuyo valor máximo en cada caso se indica:

1) Vermouth, vinos finos, licorosos, espumantes, especiales y champagne: 23% (veintitrés por ciento);

2) Alcoholes potables, incluso vínicos; excepto los incluidos en el numeral siguiente: 11% (once por ciento);

3) Alcoholes potables, incluso vínicos que se utilicen para encabezar vinos comunes hasta 12º; para uso galénico, opoterápico; los usados para la fabricación de especialidades farmacéuticas; los desnaturalizados para ser empleados en la fabricación de perfumes y artículos de tocador y eucaliptados: 10,50% (diez con cincuenta por ciento);

4) Bebidas alcohólicas, incluso caña y grapa: 85% (ochenta y cinco por ciento).

Establécese un adicional del 1,5% (uno y medio por ciento) a la recaudación derivada de la aplicación de este numeral 4);

5)Cerveza: 27% (veintisiete por ciento);

6) Bebidas sin alcohol elaboradas con un 10% (diez por ciento) como mínimo de jugo de frutas que se reducirá al 5% (cinco por ciento) cuando se trate de limón; aguas minerales y sodas: 22% (veintidós por ciento).

Nota: Este numeral fue sustituido por Ley N° 18.083, de 27.12.006, Art. 37. Nuevo Sistema Tributario. (D. Of.: 18.01.007). Vigencia: 01.07.007.

7) Otras bebidas sin alcohol no comprendidas en los numerales 6) y 16): 30% (treinta por ciento);

Nota: Este numeral fue sustituido por Ley N° 17.151, de 17.08.999, Art. 2°.

8) Cosméticos, perfumería en general, artículos artificiales o naturales aplicados a partes del cuerpo humano para su exclusivo embellecimiento; máquinas de afeitar y artículos de tocador para su empleo en cosmetología: 20% (veinte por ciento).

No estarán gravados los jabones de tocador, jabones, cremas y brochas para afeitar, pastas dentríficas, cepillos para dientes, aguas colonias, desodorantes y antisudorales, talco, polvo para el cuerpo y champúes de uso popular tarifados por los organismos oficiales de regulación de precios;

9) Tabacos, cigarros y cigarrillos: 70% (setenta por ciento).

El Poder Ejecutivo podrá incrementar esta tasa hasta un máximo del 72% (setenta y dos por ciento) a medida que disponga la vigencia de las derogaciones dispuestas en el artículo 45 del Decreto-Ley N° 14.948, de 7 de noviembre de 1979. Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar tasas diferenciales para los tabacos elaborados para el consumo en los departamentos de frontera terrestre;

10) Energía eléctrica: 10% (diez por ciento).

En caso que el Poder Ejecutivo fije en cero la tasa que grava la energía eléctrica, el suministro de la misma quedará gravado por el Impuesto al Valor Agregado a la tasa básica;

Nota: este numeral fue sustituido por Ley N° 17.296, de 21.02.01, Art. 563.

11) Vehículos automotores, motos, motonetas, bicimotos y toda otra clase de automotores, excepto aquellos que habitualmente se utilicen en tareas agrícolas:

- Con motor diesel de pasajeros 180% (ciento ochenta por ciento).

- Con motor diesel utilitario 70% (setenta por ciento).

- Restantes automotores de pasajeros 40% (cuarenta por ciento).

- Restantes automotores utilitarios 10% (diez por ciento).

Queda gravada asimismo, la transformación de vehículos en cuanto de dicha transformación resulte un incremento de su valor liquidándose, en este caso, el Impuesto sobre el Incremento de su valor.

Quedarán exentos del impuesto los hechos imponibles referidos a ambulancias. Asimismo, quedarán exentos los vehículos adquiridos por diplomáticos extranjeros; en estos casos el impuesto se aplicará en ocasión de la primera enajenación posterior.

Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar tasas diferenciales para los distintos tipos de vehículos gravados.

Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar tasas diferenciales para los distintos tipos de vehículos, así como a determinar las características que distinguen los utilitarios de los de pasajeros.

Nota: Este numeral fue sustituido por Ley N° 18.083, de 27.12.006, Art. 37, Nuevo Sistema Tributario. (D. Of.: 18.01.007). Vigencia: 01.07.007.

12) Lubricantes y grasas lubricantes: 35% (treinta y cinco por ciento). No estarán gravadas las enajenaciones de dichos bienes cuando se adquieran para su uso en la aviación civil, o cuando se vendan con destino a buques, aeronaves y servicios de las Fuerzas Armadas y de la Prefectura General Marítima. Las grasas y lubricantes resultantes del proceso de regeneración no se hallan gravados;

13) Lubricantes y grasas lubricantes para ser utilizados en la aviación nacional o de tránsito: 15% (quince por ciento). No estarán gravados dichos bienes cuando se enajenen para su consumo a organismos estatales;

14) Combustibles y otros derivados del petróleo con las tasas y afectaciones que se indican:

Los impuestos por litro a que refiere el inciso primero corresponden a valores al 31 de agosto de 2000. El Poder Ejecutivo actualizará dichos valores en función de la variación que experimente el Indice de Precios al Consumo a partir de la referida fecha conforme a los plazos de adecuación establecidos en los artículos 1° y 2° de la Ley N° 16.903, de 31 de diciembre de 1997.

Derógase para los bienes citados en el presente artículo el sistema de determinación de alícuotas establecido en el numeral 1) del artículo 14 del Título 11 del Texto Ordenado 1996.

Nota: Para gas oil se aplica el Art. 1° de la Ley N° 17.615, de 30.12.002 (D. Of.; 17.01.002), cuyo texto se transcribe:

"Artículo 1°.- Redúcese a $ 0,887 (ochenta y ocho centésimos con siete milésimos de pesos) por litro, el Impuesto Específico Interno que grava el gasoil.

Cuando entre en vigencia dicha reducción, las enajenaciones del referido bien quedarán gravadas por el Impuesto al Valor Agregado a la tasa mínima.

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) considerará a tales enajenaciones como exentas a efectos de la deducción del Impuesto al Valor Agregado incluido en sus adquisiciones de bienes y servicios.

El monto del Impuesto Específico Interno a que refiere el inciso primero del presente artículo está expresado en valores del 31 de agosto de 2000.

La reducción en la recaudación del Impuesto Específico Interno afectará únicamente al importe que corresponde al Ministerio de Transporte y Obras Públicas."

El suministro de gas, gas natural, gas líquido y supergás destinados a ser utilizados como combustible de vehículos automotores deberán tributar este impuesto en igualdad de condiciones que el gasoil.

Nota: Este inciso 4° del numeral 14) fue agregado por Ley N° 17.453 de 28.02.002, Art. 21. (D. Of.: 01.03.002)

El Poder Ejecutivo adecuará la base imponible, alícuota y forma de liquidación del tributo correspondiente a dicho suministro teniendo en consideración la equivalencia de rendimiento de ambos combustibles.

Nota: Este inciso 5° del numeral 14) fue agregado por Ley N° 17.453 de 28.02.002, Art. 21. (D. Of.: 01.03.002).

El Poder Ejecutivo podrá exonerar de IVA los suministros de gas, gas natural, gas líquido y supergás destinados a ser utilizados como combustible de vehículos automotores.

Nota: Este inciso 6° del numeral 14) fue agregado por Ley N° 17.453, de 28.02.002, Art. 21. (D. Of.: 01.03.002).

15) Combustibles utilizados por la aviación nacional o de tránsito: 5,26% (cinco con veintiséis por ciento).

No estarán gravados dichos bienes cuando se enajenen para su consumo a organismos estatales.

16) Amargos sin alcohol o aperitivos no alcohólicos: 30% (treinta por ciento).

Nota: Este numeral fue agregado por Ley N° 17.251, de 17.08.999, Art. 1°.

17) Motores diesel no incorporados a los vehículos a que refiere el numeral 11) de este artículo: hasta el 180% (ciento ochenta por ciento).

No estarán gravadas las importaciones de dichos motores, cuando sean realizadas por las empresas armadoras para su incorporación a los vehículos automotores nuevos que enajenen localmente o exporten.

El Poder Ejecutivo podrá fijar tasas diferenciales en función de las características técnicas o del destino de los motores gravados.

Quedan prohibidas la conversión de cualquier tipo de motores de ciclo Otto (nafteros) a motores de ciclo Diesel (gasoleros), la importación de motores de ciclo diesel y la importación de ‘kits’ de conversión de motores.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

ACTA N° 80

En Montevideo, el día quince de noviembre de dos mil siete, a la hora diez y dieciséis minutos, se reúne la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

Preside el señor Senador Luis Alberto Heber, Presidente de la Comisión y asisten los señores Senadores Sergio Abreu, Isaac Alfie, Carlos Baráibar, Juan José Bentancor, Alberto Breccia, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini y Javier Salsamendi.

Actúa en Secretaría, el Secretario de Comisión señor Rodolfo Caimi con la colaboración de la funcionaria, señora Verónica Cantero.

La Comisión tiene a consideración el siguiente:

ORDEN DEL DIA.

1°) ASUNTOS ENTRADOS: Se da cuenta del siguiente:

Solicitud de audiencia de la Comisión Honoraria Administradora del Seguro de Salud, referente a la aprobación del Proyecto de Ley por el cual se pretende modificar los artículos 1° y 2° de la Ley N° 13.318, de creación del Seguro de Salud de los funcionarios de OSE.

2°) Proyecto de ley con exposición de motivos, presentado por los señores Senadores Isaac Alfie y Julio María Sanguinetti, por el que se sustituye el artículo 35 de la Ley N° 11.029, de 12 de enero de 1948. (Carpeta N° 2097/2007 – Distribuido N° 2104/2007).

La Comisión posterga su tratamiento.

3°) Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el que se ade-cua la tributación de los combustibles destinados a la aviación y al diesel oil. (Carpeta N° 975/2007 – Distribuido N° 2097/2007).

En consideración:

Artículo 1°. Se vota: 9 en 9. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 2°. Se vota: 9 en 9. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 3°. Se vota: 9 en 9. Afirmativa. UNANIMIDAD.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO:

Artículo 1°.- El Impuesto Específico Interno (IMESI) correspondiente a la primera enajenación a cualquier título de los combustibles a que refiere el presente artículo, se determinará en base a un monto fijo por unidad física enajenada o afectada al uso del fabricante o importador.

Fíjanse los siguientes impuestos por litro:

Combustible Impuesto por litro

Nafta de Aviación $ 12,05

Jet A 1 $ 0,44

Jet B $ 0,59

Diesel oil $ 3,40

Los impuestos por litro a que refiere el presente artículo corresponden a valores al 1° de enero de 2006. El Poder Ejecutivo actualizará dichos valores en función de la variación que experimente el Indice de Precios al Consumo a partir de la referida fecha conforme a los plazos de adecuación establecidos en los artículos 1° y 2° de la Ley N° 16.903, de 31 de diciembre de 1997.

Derógase para los bienes citados el sistema de determinación de alícuotas establecido en los numerales 14 y 15 del artículo 1° del Título 11 del Texto Ordenado 1996.

Artículo 2°.- Deróganse las afectaciones del Impuesto Específico Interno correspondiente a los bienes a que refiere el artículo anterior. Dichas afectaciones serán compensadas a los organismos beneficiarios con cargo a Rentas Generales. A tal fin se considerará el promedio actualizado de los últimos tres años, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 3°.- Las disposiciones contenidas en la presente ley comenzarán a regir a partir del primer día del mes siguiente al de su promulgación.

Se designa Miembro Informante, al señor Senador Alberto Breccia, quien lo hará en forma verbal.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 2124/2007 que es parte integrante de la presente Acta.

Siendo la hora diez y treinta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Luis Alberto Heber Presidente

Rodolfo Caimi Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: este proyecto de ley tiene una fundamentación muy similar al anterior. La Ley Nº 17.296 -que también mencionamos en el informe anterior- estableció, para un conjunto de combustibles, un sistema de tributación del IMESI, pasando a la aplicación de un monto fijo por litro y, de este modo, se desvinculó la determinación del monto del impuesto de la variación del precio de los combustibles. Se entiende conveniente avanzar en este proceso incluyendo a las naftas de aviación y al diesel, de manera de generar mejores condiciones de competencia en materia productiva y de transporte internacional.

Debo señalar que atendiendo la misma fundamentación que realizábamos en la consideración del anterior proyecto de ley -que de alguna manera era compartida también por el señor Senador Alfie-, vamos a proponer una modificación que plantearemos cuando se pase a la discusión particular y se considere el artículo 1º. Dicha modificación consiste en sustituir la expresión "monto fijo" por "monto máximo".

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-19 en 24. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 1º.- El Impuesto Específico Interno (IMESI) correspondiente a la primera enajenación a cualquier título de los combustibles a que refiere el presente artículo, se determinará en base a un monto fijo por unidad física enajenada o afectada al uso del fabricante o importador.

Fíjanse los siguientes impuestos por litro:

Combustible Impuesto por litro

Nafta de Aviación $ 12,05

Jet A 1 $ 0,44

Jet B $ 0,59

Diésel oil $ 3,40

Los impuestos por litro a que refiere el presente artículo corresponden a valores al 1º de enero de 2006. El Poder Ejecutivo actualizará dichos valores en función de la variación que experimente el Indice de Precios al Consumo a partir de la referida fecha conforme a los plazos de adecuación establecidos en los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 16.903, de 31 de diciembre de 1997.

Derógase para los bienes citados el sistema de determinación de alícuotas establecido en los numerales 14 y 15 del artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado 1996".

- En consideración.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: la modificación a la que me refería en la fundamentación en general del proyecto de ley, adelantándome un poco a los acontecimientos, era que en el artículo 1º, donde dice "El Impuesto Específico Interno (IMESI) correspondiente a la primera enajenación a cualquier título de los combustibles a que refiere el presente artículo, se determinará en base a un monto fijo por unidad física enajenada", debe decir: "se determinará en base a un monto máximo por unidad física enajenada".

Luego, en la segunda oración del artículo, debe decir: "Fíjanse los siguientes impuestos máximos por litro:", y después el artículo sigue tal cual está.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: simplemente, deseo apoyar los cambios que se han introducido en el artículo que, en realidad, fueron sugeridos por el Partido Colorado durante el trabajo de la Comisión. Dado que en el proyecto de ley anterior teníamos justamente esa duda, entonces también acá hablemos de "monto máximo" dándole flexibilidad suficiente a la norma, porque todo el IMESI, históricamente, es de tasas y montos máximos. En realidad, propondría que el artículo 1º exprese: "se determinará en base a un monto fijo máximo por unidad", sin sacarle la palabra "fijo".

SEÑOR BRECCIA.- Lo que sucede es que se pretende modificar a la baja.

SEÑOR ALFIE.- Pero ocurre que, "fijo máximo" es directamente el máximo. De cualquiera de las dos maneras está claro lo que se quiere decir.

Hay otro aspecto que se quedó en consultar. Acá se habla de que los impuestos por litro a que refiere el presente artículo corresponden a valores del 1º de enero de 2006. Esto es medio incomprensible porque la última fijación de precios ocurrió el 1º de enero de 2007, por lo que habría un reajuste de 6,38% y, entonces, dictamos una ley a fines de noviembre de 2007, con importes ajustados de acuerdo con ese porcentaje. Se había quedado en averiguar si esto efectivamente es así y, en realidad, no sabemos si nos estamos refiriendo al 2007 o no. Creo que sería bueno confirmar estos datos, porque me parece que, tal como está, es algo insólito.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero salvar una omisión que no es imperdonable, pero por la cual debo pedir excusas: efectivamente, las modificaciones en la redacción nos fueron sugeridas en su momento en Comisión por el señor Senador Alfie.

En segundo término, tal cual nos habíamos comprometido, hicimos las consultas correspondientes y, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, se nos informa que se debe dejar la fecha 1º de enero de 2006. Con toda franqueza, debo decir que estos aspectos técnicos requieren consultar a dos o tres personas pero, dado que este proyecto de ley no estaba incluido en principio en el Orden del Día, no pudimos confirmarlos en profundidad. De todos modos, dejaríamos la fecha tal como está.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo 1º con las modificaciones propuestas en Sala.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 1º.- El Impuesto Específico Interno (IMESI) correspondiente a la primera enajenación a cualquier título de los combustibles a que refiere el presente artículo, se determinará en base a un monto máximo por unidad física enajenada o afectada al uso del fabricante o importador.

Fíjanse los siguientes impuestos máximos por litro:

Combustible                                 Impuesto por litro

Nafta de Aviación                                 $ 12,05

Jet A 1                                                     $   0,44

Jet B                                                        $   0,59

Diésel oil                                                $   3,40

Los impuestos por litro a que refiere el presente artículo corresponden a valores al 1º de enero de 2006. El Poder Ejecutivo actualizará dichos valores en función de la variación que experimente el Indice de Precios al Consumo a partir de la referida fecha conforme a los plazos de adecuación establecidos en los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 16.903, de 31 de diciembre de 1997.

Derógase para los bienes citados el sistema de determinación de alícuotas establecido en los numerales 14 y 15 del artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado 1996".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º con las modificaciones propuestas.

(Se vota:)

-17 en 26. Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

SEÑOR BENTANCOR.- Señor Presidente: formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos en los que no se propongan modificaciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se suprime la lectura de los artículos.

(Se vota:)

- 17 en 26. Afirmativa.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: los dos proyectos de ley tratan la misma manera, se votan en el mismo día y tienen un artículo 2º exactamente igual. Entonces, ¿por qué no los unimos y ponemos el artículo 1º de cualquiera de los dos, el artículo 2º pasa a ser el 1º del otro proyecto, el 3º es el 2º y después, en todo caso, diferenciamos en el artículo 4º las entradas en vigencia de uno y otro? De lo contrario, estamos ante una inflación de leyes en un mismo tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 26. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO 1º.- El Impuesto Específico Interno (IMESI) correspondiente a la primera enajenación a cualquier título de los combustibles a que refiere el presente artículo, se determinará en base a un monto máximo por unidad física enajenada o afectada al uso del fabricante o importador.

Fíjanse los siguientes impuestos máximos por litro:

Combustible                 Impuesto por litro

Nafta de Aviación                     $ 12,05

Jet A 1                                         $   0,44

Jet B                                            $   0,59

Diésel oil                                    $   3,40

Los impuestos por litro a que refiere el presente artículo corresponden a valores al 1º de enero de 2006. El Poder Ejecutivo actualizará dichos valores en función de la variación que experimente el Indice de Precios al Consumo a partir de la referida fecha conforme a los plazos de adecuación establecidos en los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 16.903, de 31 de diciembre de 1997.

Derógase para los bienes citados el sistema de determinación de alícuotas establecido en los numerales 14 y 15 del artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado 1996.

ARTICULO 2º.- Deróganse las afectaciones del Impuesto Específico Interno correspondiente a los bienes a que refiere el artículo anterior. Dichas afectaciones serán compensadas a los organismos beneficiarios con cargo a Rentas Generales. A tal fin se considerará el promedio actualizado de los últimos tres años, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

ARTICULO 3º.- Las disposiciones contenidas en la presente ley comenzarán a regir a partir del primer día del mes siguiente al de su promulgación."

23) REGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR PRESIDENTE.- Tal como fue resuelto en su momento, el Senado debe volver a la consideración del primer punto del Orden del Día.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: cuando el señor Senador Michelini solicitó la alteración del Orden del Día para considerar en primer lugar el proyecto de ley relativo al Sistema Nacional Integrado de Salud, explicó que el punto vinculado al casino quedaría pospuesto para la semana que viene.

Queremos saber si en definitiva ese es el temperamento del Cuerpo y formulamos moción para que se proceda de esa manera.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: lo que plantea el señor Senador va en el mismo sentido de mi aspiración, pero teniendo en cuenta los hechos ocurridos, la bancada de Gobierno pretende que se culmine en el día de hoy la consideración del proyecto de ley que estábamos analizando. Es muy simple lo que planteé.

Si bien hice una propuesta, no voy a negar lo que señala el señor Senador Larrañaga, porque en su momento pedí la suspensión del tratamiento del proyecto de ley a estudio y que se pasara a discutir el tercer punto del Orden del Día -es decir, el proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes por el que se crea el Sistema Nacional Integrado de Salud.-, que se culminara el tratamiento de los demás asuntos y que algunos temas pasaran a la sesión del próximo martes, como por ejemplo el proyecto de ley por el que se dispone la obligatoriedad de cubrir daños a terceras personas como consecuencia de accidentes causados por vehículos automotores, sobre el que oportunamente haremos moción. Repito que, simplemente, ese fue mi planteo -como algunas veces lo hacen otros señores Senadores-, pero la bancada de Gobierno entiende que es mejor seguir y acompaño su intención. Es más, he conversado con varios señores Senadores del Partido Nacional, quienes me vinieron a preguntar cuál iba a ser la dinámica a seguir, en el entendido de que mi planteo había sido una aspiración, pero no una decisión de bancada.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: sabido es que el Cuerpo está sesionando desde las 15 horas, es decir, hace más de seis horas que está debatiendo. Entiendo que no es bueno discutir un tema tan polémico cuando ya estamos cansados por las horas de labor, porque ello no ayuda a la reflexión.

Me afilio e insisto en el sentido común que se puede abrigar en el oficialismo, porque entiendo la situación producto del episodio que vivimos como consecuencia del desalojo de las barras. Inevitablemente, esa es una situación que siempre resulta enojosa y, además, genera un estado de ánimo muy particular. Si el Cuerpo pasa a intermedio -pido atención a los señores Senadores del oficialismo que en este momento están discutiendo-, quizás se pueda abrigar uno de los razonamientos del oficialismo en este caso, que tiene que ver con que la semana que viene se repitan los episodios desagradables que tuvieron lugar en la tarde de hoy. Me parece que esa es una razón de recibo, pero si el Cuerpo pasa a intermedio, en la próxima oportunidad se trataría de la misma sesión. Por lo tanto, si lo que quiere el oficialismo es que no se vuelva a producir un episodio desagradable como el que se vivió hoy de tarde, es lógico que el Cuerpo pase a cuarto intermedio, porque se mantendría la misma sesión y con iguales disposiciones que el señor Presidente ha establecido en ese sentido. Entonces, el Cuerpo podría volver a discutir el tema con otro ánimo y temperamento, así como con otro reposo.

Insisto en que no es bueno discutir este proyecto de ley cuando los señores Senadores estamos cansados y agotados, porque eso genera enfrentamientos inútiles que quisiera evitar, pues nunca resultan agradables. A través de mis reflexiones, creo que al menos puedo generar la consideración del oficialismo en el sentido de tener una semana de espacio para meditar, incluso, en los planteamientos que se hicieron y, por ende, prepararse mejor para discutir en profundidad este tema.

Por lo expuesto, me afilio a la tesis esbozada por el señor Senador Larrañaga y, en consecuencia, solicito un cuarto intermedio de cinco minutos para intercambiar opiniones.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la propuesta del señor Senador Heber, en el sentido de que el Cuerpo pase a cuarto intermedio por cinco minutos a los efectos de tomar una resolución sobre el Orden del Día de la sesión.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Cuerpo pasa a cuarto intermedio por cinco minutos.

(Así se hace. Es la hora 21 y 29 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Finalizado el cuarto intermedio, continúa la sesión.

(Es la hora 21 y 36 minutos)

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- A nivel de la bancada de Gobierno, luego de una votación soberana, resolvimos formular moción para que la sesión continúe con la consideración del que fuera establecido como primer punto del Orden del Día -que fuera postergado a los efectos de tratar otros asuntos en forma urgente-, y una vez que se agote la discusión de éste, se dé por concluida esta sesión por lo que, automáticamente, postergaríamos los restantes puntos del Orden del Día para una sesión extraordinaria del próximo martes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Cabe recordar que, oportunamente, el señor Senador Larrañaga había formulado moción en el sentido de pasar, de inmediato, a cuarto intermedio hasta el día martes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 8 en 26. Negativa.

Si bien considero que no es necesario poner a votación la moción presentada por el señor Senador Breccia, no tengo ningún inconveniente en hacerlo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar que se prosiga con la consideración del primer punto del Orden del Día, que la sesión se dé por concluida una vez que éste se agote y que los demás asuntos sean incluidos en la sesión extraordinaria del próximo martes.

(Se vota:)

- 17 en 26. Afirmativa.

SEÑORA LOPEZ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA LOPEZ.- Me preocupa que quede bien explicitado que los dos temas restantes pasan para la próxima sesión aunque, en particular, uno de ellos es el que más despierta mi interés: el que tiene que ver con el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de la enseñanza de la educación física en las escuelas. Naturalmente, sería bueno que esto pudiera instrumentarse para el próximo año lectivo, pero tengamos en cuenta que para ello, además, es necesario hacer los llamados respectivos. Entonces, si olvidamos incluir este asunto en el Orden del Día de la próxima sesión, quizás estemos perdiendo tiempo.

24) LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL RELATIVA A LA CONCESION DE LA GESTION DE LA SALA DE JUEGOS DEL CASINO MUNICIPAL DEL HOTEL CASINO CARRASCO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado continúa considerando el primer punto del Orden del Día, por el que se autoriza a la Intendencia Municipal de Montevideo a convocar a una Licitación Pública Internacional para la concesión de la gestión de la Sala de Juegos del Casino Municipal que funciona en el Hotel Casino Carrasco.

Tiene la palabra el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Lamento la decisión del oficialismo porque, realmente, no entiendo el apuro. ¿Cuál es el apuro? Parecería que hay apuro. Les estamos dando garantías para que no exista un episodio similar al que se vivió esta tarde, cuando el Gobierno, en la persona de sus Legisladores, fue insultado, en tanto propusimos pasar a cuarto intermedio de manera de poder discutir tranquilamente este proyecto de ley y, también, reflexionar. Sin embargo, parece que el Gobierno está apurado en este asunto.

SEÑOR BARAIBAR.- No está apurado.

SEÑOR HEBER.- Sí, lo está, porque en la Comisión de Hacienda, que presido, el Partido Nacional solicitó la presencia de la Dirección Nacional de Casinos para que diera una explicación de cuál sería la política de juegos que iba a seguir, pero se votó en forma negativa. Había apuro de parte del Gobierno. Además, el mismo día recibimos a representantes de la Intendencia Municipal de Montevideo y del sindicato, luego de lo cual se votó el proyecto de ley sobre tablas. Aclaro que no estoy diciendo cosas que no hayan sucedido. Pedimos esa comparecencia y el oficialismo se opuso. Ahora, luego de seis horas de trabajo y de una discusión dura, solicitamos un cuarto intermedio hasta la próxima semana para generar un período de reflexión, pero resulta que el Gobierno quiere votar este proyecto de ley esta misma noche. No es un tema de clima ni de la Barra porque, sin duda, nadie quiere que esos episodios se repitan en el Senado. Al respecto, debo decir que la alegría va por barrios; antes estos hechos los sufríamos nosotros y hasta algunos se sonreían cuando nos pasaba. Yo no me sonreí porque recordé cuando nos sucedía a nosotros en momentos en que éramos Gobierno. En aquel entonces, padecíamos los insultos, las monedas que se tiraban desde la Barra, los salivazos, etcétera.

Entonces, veo que aquí no existe esa sensación desagradable que podía tener el oficialismo por haber vivido estos episodios, sino que hay apuro: quiere votar este proyecto de ley rápidamente.

Por otra parte, señalo que cuando recibimos esta iniciativa en la Comisión nos preguntamos por qué no habilitar la posibilidad de tener un casino privado en el Hotel Carrasco. Incluso, firmamos el proyecto de ley con salvedades, tal como podrán advertir los señores Senadores. ¿Por qué queríamos dar esa oportunidad? Porque nos parecía que podía ser una solución. Sin embargo, el apuro nos dio mala sensación ese mismo día.

Además del apuro, señor Presidente, hemos podido constatar que la delegación de la Intendencia Municipal de Montevideo -y eso está registrado en la versión taquigráfica- nos mintió, no sólo a los Senadores de la oposición, sino a todos. Ustedes preguntarán en qué mintió. Tal como consta en la versión taquigráfica, pregunté si se había estudiado la posibilidad de tener casinos mixtos, esto es, con funcionarios del Estado y gestión privada. Sin duda, esto lo recordarán los miembros de la Comisión. En aquella oportunidad asistieron el Director General de Recursos Financieros, señor Enrique Cabrera, el Director General de Desarrollo Económico e Integración Regional, señor Luis Polakof, el Prosecretario General de la Comuna, señor Jorge Rodríguez quien, además, preside la Comisión de Casinos e integra varios departamentos a nivel municipal. Reitero, esta fue la delegación que recibimos en la Comisión. Cuando se preguntó si se había estudiado la posibilidad de una modalidad de casinos mixtos, el señor Polakof nos respondió que hubo un llamado a expresiones de interés por parte de la Intendencia Municipal y que se presentaron veintitrés inversores internacionales para distintos lugares de la costa de Montevideo -no sé qué otros proyectos puede haber-y once se referían a los casinos. A su vez, el señor Polakof nos dijo que todos los grupos que se presentaron querían ejercer la gestión con funcionarios propios. Era muy claro: de las veintitrés expresiones de interés, los once proyectos sobre casinos planteaban la explotación y gestión privada con funcionarios propios. Pero eso es mentira: el sindicato trajo pruebas de que por lo menos dos de las once propuestas planteaban soluciones mixtas. Y uno se pregunta: ¿por qué tiene que mentir la Intendencia Municipal? ¿Por qué le miente al Senado? ¿Por qué no dice que de los once proyectos, hay dos que plantean una explotación mixta, pero -por ejemplo, porque podría suceder- no es atractiva la propuesta?

Señor Presidente: resulta que la Intendencia Municipal de Montevideo le miente no sólo al Senador que hace la pregunta, sino también a los Senadores del oficialismo, porque dice que no le llegaron propuestas de explotación mixta. Por otra parte, ¿por qué el apuro? Apuro y mentiras, señor Presidente. Yo estaba dispuesto a acompañar el proyecto. ¿Por qué? Porque ya se hizo una inversión diferente -como decía el señor Senador Abreu- en un departamento que recibe turismo y cuenta con una población volátil atraída por sus costas. Entendemos que es distinto un casino privado en Montevideo, que va a competir con el juego que ya abunda en nuestra capital. Realmente me parecía bueno el argumento que se había dado, porque no había interés en explotación mixta, pero resulta que de los once proyectos, había dos que la planteaban. ¿Por qué la Intendencia no muestra los proyectos de interés, como señaló claramente el señor Senador Gandini? ¿Por qué no es transparente y da la posibilidad de que el Senado sepa quiénes son los interesados?

Los señores Polakof y Rodríguez llegaron a expresar en Comisión algo que significa un cambio -¡y vaya si lo es!-, y cuando buscan la justificación para posibilitar el Hotel Casino Carrasco confiesan el desastre de la administración Carmitel a que hacía referencia el señor Senador Gandini. Hasta ahora el país no ha tenido ninguna respuesta por parte del Gobierno al respecto. En esa oportunidad se señalaba con mucha claridad: "En cuanto al otro tema que planteaba el señor Senador, por suerte hemos recibido el interés de inversores extranjeros de mucha jerarquía para participar en este emprendimiento". Como se ve, se habla de inversores extranjeros con mucha jerarquía. Hemos escuchado al señor Senador Gandini hablar de lo que ha pasado, y lo lógico sería conocer qué significa para la Intendencia "jerarquía". Queremos saber quiénes son y dónde están. ¿Se trata de inversores de Las Vegas?

Esto fue dicho por un representante de la Intendencia Municipal de Montevideo que está en manos del Frente Amplio; entonces, ¡vaya si cambió! Recordamos lo que decía antes cuando se discutió en el Parlamento el tema de los casinos, en momentos en que se había elaborado un proyecto de ley para impedir la inversión del Conrad. Estamos hablando de la máquina de impedir, esa que se le puso al país. Quienes antes tenían una posición en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Representantes, hoy dicen que existe el interés de inversores extranjeros de mucha jerarquía para participar en emprendimientos. ¿De dónde serán esos inversores? ¿De Las Vegas? ¿De Austria? ¿De Panamá? ¿Por qué no nos dicen quiénes son? Ahora, a quienes estábamos dispuestos a coincidir con el razonamiento de buscar un inversor privado para el hotel, nos surge la natural desconfianza en la administración. La administración viene y le miente al Senado, porque dice que no hay proyectos mixtos en el llamado a interesados; sin embargo, sí los hay y son dos.

Ahora están apurados por votar el proyecto, y hoy lo demuestra este paupérrimo Senado de la República que sigue discutiendo, sin prestar atención, temas muy graves y que fueron denunciados por el señor Senador Gandini. Me temo, señor Senador, que no le van a contestar a usted, ni al Partido Nacional, ni al país.

SEÑOR BARAIBAR.- Vamos a contestar.

SEÑOR HEBER.- Hay que contestar con pruebas, como las mostró el señor Senador Gandini cuando habló.

SEÑOR BARAIBAR.- ¿Qué pruebas?

SEÑOR HEBER.- Pruebas de varias manos que se van a tener que cortar.

Señor Presidente: estamos frente a esta situación y al hecho de que ahora un jerarca de la Intendencia dice que recibieron interés de inversores extranjeros de gran jerarquía mundial. Busqué la discusión que hubo en la Cámara de Representantes en 1991, cuando se trató de que se aprobara un proyecto para impedir la inversión de un hotel cinco estrellas, y leí lo que dijeron los mismos frenteamplistas que hoy sostienen que vienen capitales de la mayor jerarquía mundial a invertir, pero nadie sabe quiénes son. La exposición de motivos del proyecto de ley decía: "Como se sabe, el juego es un vicio social y el funcionamiento de los casinos trae consigo una serie de consecuencias que el Estado tiene la obligación de regular y controlar estrictamente, a fin de evitar actividades delictivas o contrarias a la moral y a las buenas costumbres de nuestra sociedad". ¿Y ahora no es así? Este proyecto de ley que pretendía impedir que existiera el Conrad, contó con la firma de legisladores frenteamplistas. Decían que era necesario impedir esa inversión para que no se produjeran actividades delictivas, contrarias a la moral y a las buenas costumbres de la sociedad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Cambiaron ustedes, cambió el Frente Amplio. Más adelante el Diputado por Maldonado decía: "Ha quedado demostrado que el juego en manos del Estado es controlable, mientras que no lo es en manos privadas." No sé qué dirá el Legislador en este momento; seguramente se está escondiendo. Además agregaba: "¿Por qué decimos esto? Porque cuarenta años de experiencia en tal sentido demostró que origina todo tipo de modalidades delictivas." Si esto es lo que pensaba el Frente Amplio, entonces con este proyecto de ley de privatización del Casino del Hotel Carrasco, ¿pretende traer la delincuencia? Continúa diciendo el Diputado por Maldonado: "En todo el mundo los intereses de quienes explotan los juegos de casino aparecen constantemente vinculados a la red internacional del narcotráfico y a la prostitución de lujo. Los casinos en manos privadas son una herramienta rápida, segura e incontrolable para el lavado de dinero". Todo esto está en la versión taquigráfica. Entonces, si el Frente Amplio pensaba así me pregunto si esto es lo que quiere. ¿Está de acuerdo con el lavado de dinero o cambió de opinión? Quizás se haga un reconocimiento público o una confesión y se diga que se equivocaron y que todo lo que dijeron en el pasado era un error. Más adelante el mismo Diputado del Frente Amplio por Maldonado decía: "En un mundo violento, convulsionado e inseguro como el actual han demostrado tener más poder los zares de la droga y la trata de blancas, del lavado de dinero proveniente de todas formas de delito que los propios Estados. Tanto es así que el Uruguay no puede ofrecer un flanco tan vulnerable a su accionar como el que los casinos estén en manos privadas." ¿Qué dice ahora la fuerza política que iba a sanear el país? Continúa diciendo el mencionado Representante: "Ni la misma dictadura se animó a aplicar"…, refiriéndose al decreto que estábamos aplicando, y vaya si tuvieron posibilidad de instalar casinos privados en el país tanto la dictadura como el Frente Amplio. Este Diputado representante de Maldonado llegó a decir: "Debo manifestar aquí que no existe una razón ideológica en mi partido para apoyar esta iniciativa tendiente a que no haya casinos privados." No hay ideología; me parece muy bien. Sigue diciendo: "Creemos que inclusive hay razones de salud". Sinceramente, en lo personal no me acordaba de este fundamento de voto, pero puse atención y me pregunté qué tiene que ver la salud en todo esto. El señor Diputado aclara: "Pues estamos seguros de que la instalación de un casino privado en nuestro país traerá la prostitución y la droga a gran escala. Se me podrá decir que ya existe, pero todos sabemos que detrás de esos males se encuentra una enfermedad que en este momento está diezmando a la población: el SIDA. Si nosotros autorizamos la instalación de un casino privado no cabe duda de que todo se verá incrementado y también el SIDA". Señor Presidente: un representante de la fuerza política de gobierno afirmó que todo esto viene de la mano de un casino privado.

Tengo más referencias y entre ellas está la del Legislador Thelman Borges, representante del Partido Comunista que dijo: "No sé si ver en televisión" -como si esto fuera determinante- "las películas enlatadas que nos muestran todos los días lo que es el juego privado en Las Vegas. Aunque los señores Diputados no lo crean todo esto trae la droga y la prostitución pero a nivel de los grandes magnates; no la prostitución de Bulevar ni la de la calle Montecaseros. No, la de los consorcios internacionales." Parece que esto es peor. Agrega luego: "Queremos un Uruguay sano. Que vayan a invertir a Las Vegas. No queremos que por unos miserables dólares vengan a ensuciar el suelo patrio con este tipo de cosas que rechazamos. Por lo menos yo no los quiero para la ciudad de Carmelo ni para Colonia que tienen casinos. No deseamos eso y aspiramos a que se invierta en producción y no en prostitución y corrupción. La producción siempre me apasiona y será porque siempre he sido un hombre de trabajo". Esto es lo que decía un representante del Partido Comunista sobre el juego. Ratifico todo lo que dije en aquel entonces y afirmo que quienes cambiaron fueron otros, son los que hoy están aquí en Sala muchas veces en silencio.

El señor González Perla, Representante por Paysandú decía: "Voto afirmativamente este artículo porque significa hacerlo contra el vicio, en homenaje a los revolucionarios de América que lo primero que hicieron cuando tomaron el poder fue reventar en la calle las maquinitas tragamonedas y eliminar los sorteos de lotería de todos los días. Cuántas veces estas cosas que se han discutido en la Cámara me han hecho recordar a aquellas dictaduras que permitían loterías todos los días". ¿Aquí no hay lotería todos los días? Hay quiniela y por suerte el Diputado González Perla ya no está en la Cámara de Representantes porque no sé qué haría. Reitero que dijo que las dictaduras tenían lotería todos los días y que en homenaje a los revolucionarios que destruyeron las máquinas tragamonedas y eliminaron los sorteos de todos los días votaba afirmativamente. Estas cosas se dijeron y por lo menos me parecería honesto de parte de la fuerza política que presenta este proyecto de ley que dijera que se equivocó y pidiera perdón al Uruguay y a los frenteamplistas. Sería bueno que aclararan que dijeron algo que no era cierto y que cuando ellos tienen que decidir optan por un casino totalmente privado.

SEÑOR ABREU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Quiero dejar la constancia de que desde hace un rato estamos haciendo un esfuerzo para que el número se mantenga. Sé que mi pariente Abreu anotó un gol -somos parientes por lo de locos pero no por el apellido- y seguramente la bancada de Gobierno está mirando el partido. Me gustaría que estuvieran todos presentes y que hubiera número, ya que se lo había advertido al señor Presidente hace un rato y me había afirmado que iba a llamar a los señores Senadores a Sala. Sin embargo, durante un tiempo estuvimos sin número y solamente estuvo presente la oposición.

Como al señor Senador Fernández Huidobro, a veces, le gusta hacer ese tipo de constancia, quiero hacer lo propio en esta ocasión. Mientras estábamos escuchando, durante largo rato, al señor Senador Heber, la Bancada de Gobierno no hacía número para poder sesionar.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Asimismo, el entonces Diputado León Lev, que es el mismo que ahora está en la URSEC, en la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación, ahora, claro está, cambió; en realidad, no es el mismo. Digo esto porque ahora es Gobierno y, seguramente, coincide con todo esto.

En aquel momento expresaba: "El monopolio de los casinos en manos del Estado" -ni siquiera mixtos- "es una tradición positiva". En ese momento era fiel a su pensamiento marxista y estatista. Me pongo en el lugar de un marxista y estatista, y sé que nunca podría votar -si no es traicionando sus convicciones en cuanto a la presencia del Estado- que el juego esté en manos de privados. No puede haber nada más capitalista en el mundo que eso. Se juega la plata.

León Lev, en aquel momento -que era marxista, ahora no lo es-, decía que el Estado beneficia a la sociedad uruguaya porque los ingresos que tengan las arcas de Rentas Generales o municipales pueden ser utilizados en políticas sociales. Por eso los casinos tenían que estar en manos del Estado. Ahora cambiaron. Repito lo que dijo la Intendencia Municipal en cuanto a que tienen grandes inversores extranjeros, de mucha jerarquía, para participar en estos emprendimientos. Supongo que también serán gringos, porque quizás piensan que eso es lo que genera jerarquía.

El ex Diputado Pita -actual Embajador en Chile- decía que no era necesario y mucho menos imprescindible, sino profundamente inconveniente, la construcción de un casino privado y que de ninguna manera con ese voto inhabilitaban la posibilidad de contar con una obra de infraestructura fundamental para el desarrollo turístico del país, como el palacio de convenciones y el hotel cinco estrellas, que no tenían por qué ir de la mano de la instalación de un casino privado.

El argumento de la Intendencia para instalar un casino privado es que precisa la inversión en el Hotel Carrasco. Este es el mismo argumento que nosotros señalábamos cuando planteamos la posibilidad de la creación del Conrad. Pero es increíble que ahora utilicen los mismos argumentos que originaron una crítica feroz que hablaba del SIDA que íbamos a traer, de la prostitución internacional y del narcotráfico. ¿Qué pasó? Si esto no es un doble discurso, no sé qué es. Señores, deberían decir a los Legisladores de la oposición que teníamos razón antes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Senadores del Frente Amplio y del Partido Nacional están solicitando una prórroga del tiempo que dispone el orador.

Por lo tanto, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

25) DESIGNACION DE PRESIDENTE AD - HOC

SEÑOR PRESIDENTE.- Solicito que se vote un Presidente ad hoc por unos minutos, porque no se encuentran en Sala ninguno de los tres Vicepresidentes.

SEÑOR MOREIRA.- Propongo al señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Propongo a la señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: considero que la designación debe recaer sobre la señora Senadora Topolansky.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la propuesta de la señora Senadora Dalmás.

(Se vota:)

- 21 en 23. Afirmativa.

26) LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONCESION DE LA GESTION DE LA SALA DE JUEGOS DEL CASINO MUNICIPAL DEL HOTEL CASINO CARRASCO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa en el uso de la palabra el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: en la exposición de motivos del proyecto que trataba de impedir la inversión del hotel cinco estrellas y del casino privado de Punta del Este, se decía algo que, en la realidad, sucedió tal cual. Allí, en el informe en mayoría, se decía lo siguiente: "En otro orden de consideración, la Comisión entiende que no es necesario para el mejoramiento turístico el crecimiento de las inversiones o el aumento de las fuentes laborales de Punta del Este". ¿El señor Intendente De los Santos no está buscando inversiones en la Punta del Chileno? Hay que tener en cuenta todos los cuestionamientos que ha hecho el señor Senador Gandini. Fíjense que decía, repito, que para el mejoramiento turístico no era necesario el crecimiento de las inversiones o el aumento de las fuentes laborales de Punta del Este. Allí se expresa que no era necesaria la instalación de casinos privados, ya que sin ellos el balneario había llegado a niveles de desarrollo muy importantes en todos sus aspectos. También se señalaba que si alguna modernización se requiriera, la misma tendría que ver con obras de estructura, como el saneamiento, o con políticas exigentes en materia ambiental, y no con inversiones sin repercusión social positiva, que únicamente beneficiarían a los sectores privados involucrados.

(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Topolansky)

- Fíjense los señores Senadores que vino el Conrad, creó una enorme cantidad de empleos y trajo inversiones y otros hoteles; ahora lo que se busca es que se sigan manteniendo los niveles de inversión que se generaron en Maldonado. ¡Cuán equivocados estaban los señores Legisladores! Pero estoy seguro, señora Presidenta, que de parte de esta fuerza política no vamos a tener, ni siquiera, un reconocimiento, aunque sabemos que privatizan.

Por otro lado, señora Presidenta, hemos escuchado hoy una exposición del señor Senador Gandini que aspiro a que, con pruebas, pueda ser rebatida; eso no se logra con silencio ni levantando la mano.

Advierto que esto genera la desconfianza de la opinión pública y le hace mal al sistema, genera reacciones. Cuando no se da ninguna explicación, se tiene esa soberbia de decir que aquí deciden los votos y no se contestan acusaciones graves -gravísimas- como las que hemos escuchado hoy, me veo obligado a manifestar que no puedo acompañar este proyecto de ley, teniendo toda la intención y la voluntad para hacerlo.

Parece ser que este tema hay que votarlo apurados, rápidamente. Se nos miente en Comisión, no se nos dice la verdad. Tampoco se le dijo la verdad a los señores Sena-dores del oficialismo que estaban allí presentes. ¿Por qué no?

Aspiro a que los señores Senadores que escucharon decir que no había ofertas de explotación mixta, no ahora, pero tal vez mañana o esta misma noche, puedan llamar a la Intendencia Municipal y, ya que tienen tanta confianza en ella, le pregunten por qué mintieron.

SEÑOR KORZENIAK.- Ya lo explicó el señor Senador Baráibar.

SEÑOR HEBER.- Quisiera saber por qué le mintieron a la Comisión. Son once los proyectos de interés, de los cuales dos son propuestas de explotación mixta. Me hubiera gustado escuchar a la Intendencia Municipal decir que, si bien existían dos propuestas, no les gustaban las ofertas o no les parecían atractivas. Hubieran tenido todo el derecho de decirlo, aclarando que se presentaron fulano y zutano, pero que los años y la inversión que proponían, o el canon que iban a pagar, no eran de su interés, y que por eso les interesaba más los proyectos que eran, ya no de explotación mixta, sino de explotación privada; pero no dijeron eso, sino que no había expresiones de interés. Por lo tanto, es lógico que uno se pregunte por qué lo hicieron. ¿Qué necesidad había? ¿Por qué ocultar que había dos expresiones de interés de explotación mixta? ¿Qué hay detrás para que se oculte información, nada más y nada menos que al Senado de la República? Porque esta no fue una conversación de boliche, en la que uno puede exagerar; se declaró con versión taquigráfica y se registró oficialmente lo que se dijo, y en esa oportunidad se señaló que no se habían presentado expresiones de interés. Ahora estamos, a tambor batiente, tratando de aprobar el proyecto esta noche para que mañana, cuanto antes, llegue a la Cámara de Representantes. ¿Por qué tanto apuro? Esta es la confirmación, es la prueba del nueve de todo lo que se dijo aquí.

Adelanto que no puedo acompañar este proyecto. Incluso, tuvimos discusiones dentro de nuestra bancada porque teníamos posiciones distintas, pero hoy tengo que decir públicamente que tenían razón el señor Senador Gandini y Alianza Nacional cuando nos planteaban la necesidad de rever nuestra posición. Tengo que señalar que el Herrerismo estaba dispuesto a acompañar este proyecto porque entendía que estaba dando una mano, pero me equivoqué. No puedo acompañar este proyecto de ley por verlo turbio, por verlo rápido, por verlo mentiroso, por verlo poco transparente, por entender que se le ocultó al Senado información básica para tomar decisiones. Reitero que no puedo acompañar este proyecto porque va a traer -es lo que lamentablemente viene anunciando- fracaso tras fracaso, producto de negocios y negociados que se han hecho en el casino municipal del Hotel Carrasco.

Señora Presidenta: me temo que hoy vamos a tener silencio y nos vamos a quedar sin demostración de que aquí no hay apuro, que no se nos mintió, que no hay reglas preestablecidas para que algún candidato pueda ganar la licitación. No vemos transparencia; vemos dificultades, no solamente de administrar, sino también de transparentar los datos y los temas que tenemos entre manos.

Por lo tanto, señora Presidenta, no vamos a acompañar este proyecto de ley. Hemos tenido experiencias novedosas, buenas, transformadoras, que no trajeron prostitución, drogadicción ni narcotráfico, como se nos acusó en aquel momento; hemos tenido experiencias que sí fueron transparentes, porque si hay algo que tuvo el proyecto de creación del Hotel Conrad en Maldonado, fue transparencia. Nadie criticó el proceso de licitación. A pesar de que se está discutiendo en Sala, producto de las incoherencias que tiene este proyecto de ley, en aquel momento nadie pudo -¡y vaya si ganas había!- cuestionar el proceso licitatorio que generó una de las inversiones más importantes que transformó al departamento de Maldonado, porque fue transparente, a diferencia de éste, señora Presidenta, que para nada es transparente, sino que es mentiroso y genera grandes dudas. Es más; también debería generar grandes dudas en la bancada del oficialismo, porque sé que muchos de los actores que hoy están aquí, también se preguntan si esto es conveniente o no para nuestra ciudad y nuestro país.

Una vez más digo que vamos a votar muy convencidos en contra de este proyecto, que debería frenar el oficialismo a raíz de todas las acusaciones que se han hecho esta tarde por parte del señor Senador Gandini, ninguna de las cuales ha sido levantada.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Lucía Topolansky).- Estaba anotado para hacer uso de la palabra el señor Senador Lara Gilene, pero no se encuentra en Sala.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Lucía Topolansky).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señora Presidenta: voy a dejar algunas constancias, con mucha calma, pero con enorme preocupación.

Por supuesto que apoyamos integralmente lo que han expresado nuestros compañeros de bancada en esta anómala sesión. El señor Senador Heber hacía referencia al apuro del Gobierno, y es así. El Gobierno está totalmente apurado por aprobar este proyecto de ley; diría que preocupadamente apurado, y está legislando a las corridas, lo que inexorablemente erosiona la calidad democrática del país. Seguramente, algún señor Senador podrá expresar que antes los partidos tradicionales, para alcanzar mayorías, recurrían a ciertos procedimientos. Si eso fue así, no tengo ningún empacho en expresar que estuvo mal. Si antes los partidos tradicionales recurrían a mecanismos como los que estamos empezando a ver en esta sesión de hoy, hacían mal, y no tengo ningún problema en reconocerlo. Ahora bien; si antes estaba mal, también lo está ahora, y quiero dejar expresa constancia de mi preocupación y molestia porque esto no conduce a un buen resultado. Es más; siento vergüenza de que esto acontezca, porque está muy mal que en este Senado, en este Parlamento, para legislar se recurra a las mayorías de esta forma.

Digo con toda sinceridad que este es un camino inconducente y totalmente equivocado, máxime cuando estamos frente a un proyecto de ley que, mal o bien -como ha quedado indiscutiblemente claro-, encierra zonas oscuras. Se trata de un proyecto de ley que está sospechado por todos los antecedentes y las circunstancias que lo rodean, y en la discusión de este Senado de la República no se han refutado las claras expresiones ni las afirmaciones contundentes que se han vertido. De ahora en adelante, ¡quiero ver cuántos Senadores del oficialismo se anotan para contestar las alegaciones y los hechos claramente relatados y relacionados en las expresiones de varios Senadores del Partido Nacional, fundamentalmente del señor Senador Gandini!

Quiero ser muy claro, señora Presidenta: respeto a todos los integrantes de este Senado, y más respeto y valoro a los siete, ocho o nueve Senadores -no más- que han seguido atentamente este debate, más allá de los egresos e ingresos a que todos tienen derecho. Sin embargo, voy a dejar la siguiente constancia: no es bueno que cuando se tiene mayoría en el Parlamento, no se tome en cuenta que esa condición genera responsabilidades. En cualquier Parlamento del mundo, el hecho de contar con la mayoría genera una mayor responsabilidad que cuando aquélla se forma coyuntural o episódicamente, y máxime cuando esas mayorías son de carácter permanente, ganadas en forma legítima y democráticamente en una instancia electoral. Las victorias políticas y las mayorías de una fuerza en un sistema político obligan a una mayor responsabilidad. Por consiguiente, no otorgan el derecho ni la patente como para abusar y recorrer caminos que, a nuestro juicio, deprecian la calidad del diálogo y del propio sistema democrático.

Señora Presidenta: me parece que este es un mal camino. El señor Miembro Informante, quien sabe que lo respeto -como respeto a todos los integrantes de este Senado, lo vuelvo a decir-, lamentablemente ha sido inconsistente en su argumentación. Realmente, sus comentarios en apoyo de esta iniciativa no han tenido el suficiente fundamento y no le aportan claridad y transparencia a este proceso. ¡Tantas veces escuché hablar de transparencia en este Parlamento! ¡Cuántos discursos se invocaron en nombre de la transparencia! Tanto tiempo se acudió a la maniquea forma de dividir a la sociedad y al sistema político uruguayo entre buenos y malos, que esperamos que este tipo de discusiones en el trámite parlamentario no se reiteren con asiduidad por la premura que seguramente tendrá el Gobierno en procura de la aprobación de sus iniciativas legislativas. El país no merece esto; no lo merecen la propia historia de la fuerza política que integra la mayoría, ni la democracia de nuestro país.

Muchas gracias.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Lucía Topolansky).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Señora Presidenta: con toda sinceridad, confieso que no pensaba intervenir. Estamos discutiendo un proyecto de ley que consta de dos artículos y tengo para mí que ni siquiera era necesario su envío, pero la Junta Departamental decidió de otra manera.

Lo que voy a decir ahora no es una opinión, sino una afirmación: no era en absoluto necesario que el Poder Ejecutivo, al remitirnos este proyecto de ley, adjuntara el pliego licitatorio y todos sus anexos. El solo hecho de otorgar garantías legales a este llamado a licitación, sumado a lo señalado en el sentido de enviar conjuntamente con el proyecto todos los antecedentes del proceso licitatorio, para mí es aval suficiente de su transparencia. Por si ello no bastara, y a los efectos de no dejar pasar algunas afirmaciones que se han vertido, quiero señalar mi absoluta y total confianza en los compañeros de mi fuerza política que están llevando adelante este proceso.

Varios señores Senadores preopinantes han reconocido los errores del pasado, entre otros, el que ellos han categorizado, aunque sin manifestarlo explícitamente, como un uso abusivo de las mayorías de que disponían. ¡Bienvenido el reconocimiento de ese error! Gobernaron durante décadas con ese error y ahora, pasados pocos meses de que se encuentran en otra situación, lo reconocen.

Con el profundo afecto que saben los señores Senadores de la oposición que siento por varios de ellos y con el respeto que todos me merecen, debo decir que no acepto la sinceridad de dicho reconocimiento y me parece -lo digo sin el menor ánimo de agraviar- oportunista.

SEÑOR LARRAÑAGA.- ¡Es un atrevido, como siempre!

SEÑOR BRECCIA.- Todas las imputaciones del señor Senador Gandini han sido dilucidadas en la Justicia, o están en vías de serlo. Por lo tanto, no voy a ingresar en ese tema.

Entiendo que a aquellos Legisladores que en este Cuerpo han votado en contra de que uno de sus integrantes sea investigado por la Justicia, no les corresponde agraviarse por sus eventuales decisiones.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BRECCIA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Lucía Topolansky).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Quiero decir lo siguiente. En primer lugar, acá se ha hecho mucha historia. El señor Senador Breccia hablaba de que el tema ha pasado a la Justicia y, por cierto, de muy buena gana en lo que respecta al Frente Amplio. No creo que debamos perder el tiempo en hacer toda la historia de cómo ha procedido la Justicia y qué es lo que ha pasado en los últimos veinte años con relación a procesamientos con y sin prisión.

Por otra parte, en materia de historia y en cuanto a lo que los Diputados del Frente Amplio han manifestado en torno a los juegos de azar, quiero decir que Wilson Ferreira Aldunate elaboró una contabilidad -que tuve a la vista y de la que tengo copias que circularon, a las que incorporé unos versitos muy graciosos, como era Wilson, que era irónico también- por la que concluyó que dos distinguidísimos Legisladores del Partido Nacional, uno de ellos el Doctor Javier Barrios Amorín y, otro, mi amigo Carlos Julio Pereyra, dedicaron más de cincuenta horas cada uno a oponerse a la constitución de casinos y ámbitos relacionados al juego de azar. Obviamente, en esta sesión no podremos dedicarnos a leer todos esos discursos, que incluyen algunos de los aspectos que Wilson Ferreira Aldunate contabilizó en esa materia, con la gracia que sin duda tenía.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Lucía Topolansky).- Puede continuar el señor Senador Breccia.

SEÑOR BRECCIA.- Como estaba señalando, nosotros siempre nos someteremos gustosos al veredicto de la Justicia. Había dicho -y si no es así lo digo ahora- que, por ahora, en nuestra fuerza política -¡y ojalá que esto se mantenga así!- no tenemos a ningún integrante procesado y preso por hechos de corrupción. De ninguna forma vamos a cometer el agravio de trasladar a los integrantes de los partidos de la oposición la eventual responsabilidad personal que les pueda haber correspondido en esos hechos, pero de la misma manera tampoco vamos a aceptar que como fuerza política se nos traslade la eventual responsabilidad -que en ningún caso ha sido comprobada aún- de cualquiera de nuestros integrantes en algún hecho irregular.

Es cuanto quería manifestar.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Couriel)

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: tenemos que lamentar la calificación que ha hecho el Senador preopinante de oportunismo cuando, en términos de reconocimiento, habla de cosas de las que no fuimos testigos porque hace cinco años que ocupamos este cargo y en ese lapso no supimos, no conocimos instancias de desviación en el aprovechamiento de las mayorías para la conducción de debates en el Senado de la República. Oportunismo es cambiar permanentemente de opinión y de posición en función de ser oposición o gobierno. Realmente, nos da mucha pena -y lo reafirmamos- lo que expresábamos en nuestra intervención y lo que señalaron nuestros compañeros al respecto durante la discusión de este proyecto de ley.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GANDINI.- Señor Presidente: he hecho severas imputaciones a algunos integrantes de la administración municipal, que hoy llamativamente se repiten con mayor responsabilidad en tareas similares en el Gobierno nacional. Me hago cargo de ellas. Es más, algunas se encuentran en la Justicia; otras no lo están porque la fuerza política del Gobierno impidió -también llamativamente- que se instalara una Comisión Investigadora en la Cámara de Representantes. Toda la vida el Frente Amplio votó la creación de Comisiones Investigadoras al igual que el Partido Nacional, aun cuando eran para investigar a integrantes de nuestro partido. Comenzamos votando una Comisión Investigadora en este período para investigar a los Entes Autónomos de la Administración anterior. Siempre hicimos lugar a la investigación, pero no nos dejaron seguir investigando porque saben bien que de una investigación saldrán nuevas denuncias; no se permitió comparecer ante el Parlamento, pero habría más.

No se nos dejó seguir avanzando con las responsabilidades políticas que no tienen por qué estar en la Justicia, pero corresponden al ámbito político; en la Junta Departamental de Montevideo tampoco se permitieron Comisiones Investigadoras, sino que por el contrario se interrumpieron. Esto tiene que quedar bien claro.

Realmente, no entiendo la actitud. Nosotros no le hacemos imputación al Partido de gobierno ni al Gobierno, pero no creemos que sea sano para el sistema tapar todo y solidarizarse, desconociendo lo que de verdad pasó. No es sano, y ¿saben por qué? Porque para la gente los políticos somos los que estamos acá y somos los responsables de lo que le pasa al país y de las irregularidades que en él suceden. Nosotros somos los representantes y somos responsables por lo que hacemos y por lo que no somos capaces de hacer. La gente nos ve y nos imputa a nosotros. Nosotros somos los que damos la cara, juntamos los votos y tenemos que rendir cuentas. Sin embargo, a veces se nos arriman los oportunistas y los vivos que no tienen partido pero sí intereses. Se nos arrimaron a nosotros y ahora a ustedes, pero no lo quieren entender. Con el silencio y la complicidad están acogiendo los intereses de algunos grupos de personas que se arriman al poder para beneficiarse de él y las consecuencias de eso las pagan los partidos que los protegen y todos nosotros los políticos.

¿De las palabras del señor Senador Breccia se podría desprender que si la Justicia se pronunciara censurando la actitud del actual Director Nacional de Casinos, que es el responsable del proyecto de ley que tenemos en consideración -porque es el Estado el que nos hace la petición-, procesando o condenando a esa persona, habría otra opinión? ¿Es acaso presumible, entonces, que el apuro procede para llegar antes que la Justicia a la decisión de determinar si hubo dolo en la administración municipal o no lo hubo? ¿Es ese el apuro? ¿Debemos concluir que si llega un fallo judicial adverso es posible que haya otra opinión? Si alguien corta la mano que se prometió cortar, será la Justicia, no el Presidente de la República. El y el Ministro de Economía y Finanzas han respaldado esa gestión y son responsables por el endoso político que han hecho de ella y de sus consecuencias.

Estas son las cosas que están sobrevolando. La palabra corrupción ha sobrevolado toda esta discusión, es la que se mantiene desde hace varios días, y va a seguir haciéndolo durante buena parte del año próximo, porque muchas personas van a desfilar por los tribunales judiciales. La palabra corrupción es la que sobrevuela en la mente de la gente. Creo que es bueno que el sistema sea capaz de cortar manos -aunque le cueste- sean de quien sean; no puede proteger algunas manos y querer cortar otras según el partido al que pertenezcan.

Me parece importante dejar estas constancias porque hay un debate de fondo que a lo mejor algún día nos tenemos que dar, no sólo sobre el juego, sino sobre la responsabilidad que tenemos en estos temas los políticos con mayúscula.

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: haciendo uso de la facultad de intervenir que tengo como Miembro Informante, brevemente quiero comentar algunas cosas que se han dicho, porque el silencio podría ser malinterpretado.

En cuanto al tema del apuro, rechazo de la manera más categórica que acá se esté actuando con apuro; lo rechazo absolutamente. Entendemos que es prudente que, después de tres postergaciones en el Senado, hoy continuemos con un tema que no arranca con los aspectos tan particulares que tiene este proyecto de ley y su trámite, no comienza en el Parlamento Nacional, sino en la Junta Departamental de Montevideo. En ese ámbito, la discusión fue larga y extensa, participaron todos los señores Ediles y su nivel fue de mucha más jerarquía que el que tuvo la que se llevó adelante aquí esta tarde, y al respecto me remito a las versiones taquigráficas que tengo en mi poder. Fue un excelente debate, que comenté al comienzo de mi exposición, cuando todavía no sabía lo que se iba a decir acá. Insisto -y lo digo con tristeza- en que tuvo mucha más jerarquía y que nuestros Ediles, los de todos los partidos, en esta materia nos dieron lecciones que deberíamos aprender.

Esto se comenzó a discutir en la Junta Departamental el 28 de junio de 2007, hace prácticamente cinco meses. Estuvo tres meses en la Comisión de Legislación y Apelaciones, en donde se contó con la participación de todos los Ediles, jerarcas de la Intendencia Municipal de Montevideo y técnicos, y en el mes de agosto pasó al Pleno de la Junta Departamental, en la que se produjo un debate también extenso y de cara al público. En todas esas instancias, como bien fue señalado, hubo conocimiento del Pliego de Condiciones y también en este ámbito se tuvo la oportunidad de analizarlo; pero, además, fue discutido en la Junta Departamental de Montevideo. Luego ingresó al Senado y pasó a la Comisión de Hacienda, de donde salió hace un mes, precisamente el 18 de octubre. Por eso digo que no hay apuro; los señores Senadores saben que si quisiéramos aprobar en forma rápida un proyecto de ley, podríamos hacer que el Pleno lo tratara en tres días o en una semana; pero lo cierto es que el proyecto aprobado en Comisión salió hace un mes para ser considerado por todos los señores Senadores. Por lo tanto rechazo, con datos concretos y no con el clima que se nos quiere crear diciendo que estamos apurados, lo que se afirma. No estamos apurados; estamos actuando dentro de plazos razonables, aunque naturalmente que lo queremos aprobar. Incluso, tengamos en cuenta que falta cumplir el trámite a nivel de la Cámara de Representantes.

Me voy a referir a la invitación a la Dirección General de Casinos a que se ha hecho referencia. Se ha dicho que se había planteado la invitación y que la solicitud fue rechazada, y eso no es cierto; no consta en ningún lado, y así lo puedo probar con la versión taquigráfica de la reunión correspondiente. En ningún lado figura el pedido invitando a la Dirección General de Casinos, ni su negativa. Insisto en que el pedido no fue formulado; se habrá pensado hacer, pero no fue planteado en ningún lado. Repito que tengo en mi poder la versión taquigráfica y a ella me remito.

Se dice también que se ocultó lo relativo a la explotación mixta. Al comienzo de mi intervención como Miembro Informante señalé que hubo seis o siete propuestas, dos de las cuales planteaban una solución mixta. Si alguien no me escuchó, es su problema, pero de ninguna manera se puede afirmar que hubo ocultamiento o que existió poco menos que una confabulación para impedir que algunos proyectos prosperaran. Eso lo dije al comienzo de la sesión de hoy; simplemente se entendió que no cumplían las condiciones básicas que se exigían para la excelencia del proyecto.

Por otro lado, se ha hecho referencia al canon. Tengo la impresión de que había muchos señores Senadores apurados, que tenían urgencia en manifestar su posición, pero que ni siquiera se tomaron el trabajo de leer el Pliego de Condiciones, lo que me parece que sería una cosa razona-ble para opinar con propiedad sobre el tema; evidentemente, han demostrado una ignorancia absoluta sobre el asunto.

Se dice que todo esto prácticamente va a estar digitado y que algo se está ocultando -por supuesto que toda licitación tiene cierta etapa de discreción-, pero hay que saber que cuando se pasa a la etapa de competencia, se les da la posibilidad de participar a todos los licitantes que han ofertado y también se les permite competir y tener las garantías debidas.

Lo único que hoy se hizo acá fue echar a volar fantasmas y brujas. Se habrá pensado: "Echemos muchas, no estamos todos los días en el Senado y cuando estamos les podemos dejar una buena cantidad para que por unos cuantos meses puedan seguir discutiendo sobre ellas". Por todos lados circularon brujas y más brujas. Se levantó la voz para decir que esto está digitado, orquestado y previsto, cuando en el procedimiento se emplea un criterio de evaluación, con un canon fijo y también con un canon variable en función de la recaudación. El porcentaje de adjudicación que tiene el canon variable es cambiante. O sea que del canon variable que depende de la recaudación, podemos esperar que quede para la Intendencia un porcentaje mayor.

(Interrupciones)

-Repito, por si alguien no entendió, puesto que no está de más avivar a alguien. Decía que hay una parte fija y otra variable. El canon variable cambia por dos motivos: por un lado, lo hace por el monto del fichaje, es decir, por la cantidad de fichas que se vende -de ahí será mayor o menor la recaudación- y, por otro, por lo que se establece en la página 67 del Pliego de Condiciones, en cuanto a que el porcentaje que se cobra por la venta de fichas surge de una especie de remate, dado que ese porcentaje es variable en función de las ofertas. Y aquí viene la idea que manejó el señor Senador Alfie, cuya intervención escuché con mucha atención y respeto, y reconozco que realmente me aportó otros elementos de juicio. Pienso que la herramienta del remate podría haber sido una solución. De cualquier manera, el procedimiento planteado es una especie de remate, porque cada uno ofrece un porcentaje según sus posibilidades y, si hay competencia, naturalmente que la mejor oferta será la que resulte ganadora.

A fin de no extenderme y en función de que todos queremos ir a ver el partido de Uruguay y Brasil, digo que no es cierto…

(Hilaridad)

- Sí, queremos ir a ver el partido, no obstante votamos quedarnos en Sala; ¡ojalá lo podamos ver, pero eso será cuando hayamos terminado el trabajo que tenemos! ¿Eso está mal? Es importante que quede bien claro que 14 ó 15 de los 17 miembros de este Cuerpo que integramos la bancada del Frente Amplio estuvimos permanentemente en Sala y no es cierto que no hayamos estado presentes en la discusión.

Por último, tengo que decir algunas palabras porque, sin duda, las brujas que se echaron a volar en el Senado van a estar durante varios días y cualquier pretexto va a servir para hacer referencia a la "conceptuosa" intervención del señor Senador Gandini; seguramente, se dirá que hizo acusaciones que de ninguna manera fueron levantadas por nuestra bancada. Reitero que eso lo vamos a escuchar durante los debates que se planteen sobre cualquier tema en los próximos días.

De la manera más concluyente digo que no voy a entrar en el juego que se nos plantea, porque lo que no tiene que hacer nuestra bancada -todos somos inteligentes- es entrar en lo que precisamente se quiere, esto es, un debate interminable sobre cosas viejas, pasadas, de hace diez o quince años atrás, porque todo lo que se dijo son refritos, está conocido y laudado; no hay ninguna novedad. No se dijo que cuando tuvieron lugar esas irregularidades en la Intendencia, el Intendente de ese momento, actual Presidente de la República, destituyó a los funcionarios por haber incurrido en mala conducta. Hubo una sanción y eso no se dijo. Reitero que estuve muy atento a las intervenciones, seguí el relato sobre ese episodio, que conozco de memoria, y nada escuché decir de ella, aun cuando sin duda se trataba de un elemento clave.

No voy a seguir hablando de las brujas que hoy se echaron a volar en este recinto, pero afirmo categóricamente, de la manera más responsable y ante todos los colegas del Senado, que no me pronuncio acerca de si había continuidad en los procesos anteriormente relatados; tampoco digo si es cierto o no lo que se afirmó, pero lo que no quiero es entrar en esta discusión porque de esa forma le haría el juego a la peor estrategia que podríamos seguir. De esa experiencia frustrada nació esta experiencia que tenemos a estudio. La transparencia y la honestidad de los procedimientos realizados absolutamente de cara al pueblo al que nos debemos, son elementos esenciales de nuestra propuesta.

He sido Miembro Informante de este proyecto de ley porque estoy absolutamente convencido de la honestidad de las autoridades de la Intendencia Municipal de Montevideo que lo están llevando adelante. Tengo absolutas garantías sobre este tema y no hubiera sido Miembro Informante en cualquier otra circunstancia. Acepté serlo porque tengo la convicción -que se vio aumentada en estos 45 días en que estudié el tema y conocí el proyecto de ley- de que la intención es borrar y arrasar todo lo malo que pueda quedar del pasado. Una de las cosas que sí reconozco de lo expresado por el señor Senador Gandini es que a veces se nos acercan culebras y alimañas. Lo que ocurrió en el pasado al Partido Nacional -como se dijo por parte del propio Partido Nacional-, también nos puede suceder a nosotros. Por supuesto que nos puede ocurrir a nosotros, pero seremos implacables con esas actitudes y forma de proceder; en la ignorancia no podemos actuar, pero cuando sepamos lo que en verdad ocurre, seremos implacables ante esas situaciones.

En resumen, a diferencia de lo que dijo el señor Senador Larrañaga de que mi exposición no fue convincente, opino lo contrario: fue absolutamente convincente. Todos los argumentos centrales de esta propuesta, así como el contexto y las condiciones políticas en que se debatió, fueron expuestos con rigor y con claridad desde el punto de vista conceptual, analizando en profundidad el proyecto de Pliego de Condiciones. ¡Fue convincente! Que no los hayamos convencido a ellos, ¡qué noticia! Eso no es noticia. ¡Si no les entran ni las balas! ¡Por supuesto que no les iba a resultar convincente! Pero algo muy distinto es que no resulte convincente a la opinión pública y en ese sentido estoy dispuesto a sostener un debate con el señor Senador Larrañaga sobre este proyecto de ley, en el medio que sea, esgrimiendo mis argumentos, que según él son poco convincentes, contra los de él, que aparentemente lo son más. Cuando quiera lo podemos discutir, porque estoy convencido de que esto es absolutamente positivo para el mejor interés de la ciudadanía y de los vecinos de Montevideo.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: el señor Senador Baráibar puede tener un proceso de discusión de este proyecto de ley en forma pública donde lo desee, pero con el señor Senador Gandini. Creo que esa es la equivalencia.

SEÑOR BARAIBAR.- Comparar mis argumentos con los del señor Senador Gandini es agraviarme y yo no agravié.

SEÑOR LARRAÑAGA.- ¿Cómo va a ser agraviarlo hacer una comparación con otro señor Senador? ¡No lo puedo creer! Es como si yo dijera que la fundamentación del señor Senador Baráibar fueran las delicias de Mario Moreno "Cantinflas", hace ya unos cuantos años, porque seguramente puede convocar a eso. Esa es la realidad.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley por el que se autoriza a la Intendencia Municipal de Montevideo a convocar a una Licitación Pública Internacional para la concesión de la gestión de la Sala de Juegos del Casino Municipal que funciona en el Hotel Casino Carrasco.

(Se vota:)

- 18 en 25. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 18 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 25. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto de proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

27) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- En esencia, se votó con anterioridad una sesión extraordinaria para el próximo martes 27, en la que se incluirán los restantes asuntos que figuraban en el Orden del Día de hoy. Por lo tanto, esta Presidencia da por terminada esta larga, extensa y fecunda reunión.

(Así se hace, a la hora 22 y 59 minutos, presidiendo el señor Senador Alberto Couriel y estando presentes los señores Senadores Abreu, Alfie, Antía, Baráibar, Bentancor, Breccia, Cid, Dalmás, Gallinal, Gamou, Gandini, Heber, Korzeniak, Larrañaga, López, Lorier, Michelini, Moreira, Oliver, Percovich, Saravia, Tajam, Topolansky y Vaillant.)

SEÑOR SENADOR ALBERTO COURIEL Presidente en ejercicio

Arq. Hugo Rodríguez Filippini - Sr. Santiago González Barboni Secretarios

Sr. Nelson Míguez Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.