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Nº 183 - TOMO 446 - 14 DE NOVIEMBRE DE 2007

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

44ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR SENADOR ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO Presidente en ejercicio

Y LA SEÑORA SENADORA DOCTORA MONICA XAVIER Segunda Vicepresidenta

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI Y SEÑOR SANTIAGO GONZALEZ BARBONI Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4 y 10) Integración del cuerpo

- La Corte Electoral da cuenta de que proclamó Senadora a la señora Lucía Topolansky y suplentes a los señores Javier Salsamendi y Ruben Martínez Huelmo y a la señora Ivonne Passada; asimismo, proclamó Senador al señor Manuel Laguarda y suplentes a las señoras Sara López y Rosario Alzugaray y al señor Gastón Silberman.

- Notas de desistimiento. Las presentan la señora Hyara Rodríguez y los señores Manuel Laguarda, Hugo Rodríguez y Elías Yafallian, comunicando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.

5 y 9) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Long y Cid, y la señora Senadora Xavier.

- Concedidas.

6, 8 y 12) Utilización del espectro radioeléctrico y medios comunitarios de radiodifusión

- Proyecto de ley sustitutivo elevado por la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado, por el que se dictan normas al respecto.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará nuevamente a la Cámara de Representantes.

7 y 13) Comisión Investigadora a fin de analizar los hechos vinculados al ex Senador Leonardo Nicolini en la órbita del Ministerio de Salud Pública

- Por moción del señor Senador Lara Gilene, se nombra la Comisión Preinvestigadora que estará integrada por los señores Senadores Moreira, Bentancor y Vaillant.

11 y 15) "Coronel Médico Dr. Fermín Ferreira"

- Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre, a partir del 14 de diciembre de 2007, el Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

- Por moción del señor Senador Korzeniak, el Senado resuelve declararlo urgente y considerarlo en la sesión de la fecha.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

14 y 17) "Juan Alberto Bonnet"

- Proyecto de ley por el que se designa con su nombre la plaza de deportes de la ciudad de Colonia Valdense, departamento de Colonia, dependiente del Ministerio de Turismo y Deporte.

- Por moción del señor Senador Long, el Senado resuelve considerar este tema luego del asunto que oportunamente fuera declarado urgente.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

16) Sesiones extraordinarias

- Por moción de la señora Senadora Xavier, el Senado resuelve celebrar sesiones extraordinarias el día martes 20 a la hora 17 y el día miércoles 21 a la hora 15.

18) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 12 de noviembre de 2007.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo miércoles 14 de noviembre, a la hora 15, a fin de dar cuenta de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1) por el que se dictan normas para la utilización del espectro radioeléctrico y la libertad de expresión a través de los medios de radiodifusión comunitarios.

Carp. Nº 843/07 - Rep. Nº 561/07

2) por el que se establecen normas para atender la problemática de la usura.

Carp. Nº 344/05 - Rep. Nº 557/07 y Anexo I

3) por el que se autoriza a la Intendencia Municipal de Montevideo a convocar a una Licitación Pública Internacional para la concesión de la gestión de la Sala de Juegos del Casino Municipal que funciona en el Hotel Casino Carrasco.

Carp. Nº 947/07 - Rep. Nº 558/07

4) por el que se declara de interés cultural el "Festival de Integración Regional" de la ciudad de Lascano, departamento de Rocha.

Carp. Nº 880/07 - Rep. Nº 531/07

5) por el que se designa "Juan Alberto Bonnet" la Plaza de Deportes de la ciudad de Colonia Valdense, departamento de Colonia.

Carp. Nº 883/07 - Rep. Nº 532/07

6) por el que se declara "Ciudad Educativa" la ciudad de San Ramón, departamento de Canelones.

Carp. Nº 935/07 - Rep. Nº 547/07

7) por el que se designa "Camino de los Indios" el tramo de la Ruta Nacional Nº 16, comprendido entre la ciudad de Castillos y el entronque con la Ruta Nacional Nº 14 "Brigadier General Venancio Flores".

Carp. Nº 894/07 - Rep. Nº 556/07

8) por el que se designa "Amadeo Soler" la Escuela Nº 19 del departamento de Colonia, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. Nº 206/05 - Rep. Nº 530/07

9) por el que se designa "Bernardino Correa Paiva" la Escuela Rural Nº 50 de Sarandí del Arapey, departamento de Salto, dependiente del Consejo Nacional de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. Nº 963/07 - Rep. Nº 564/07

10) por el que se designa "Maestro Jesualdo Sosa" la Escuela Nº 329 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. Nº 973/07 - Rep. Nº 562/07

11) por el que se designa "República Italiana" la Escuela Nº 90 del departamento de Rocha, dependiente del Consejo Nacional de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. Nº 972/06 - Rep. Nº 565/07

12) por el que se designa "Eduardo Víctor Boga" la Escuela Nº 120, Jardín de Infantes, de la ciudad de Cardona, departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. Nº 389/05 - Rep. Nº 560/07

13) por el que se designa "Doctor Luis Eduardo Juan" el Centro Departamental de Salud Pública (ASSE), del departamento de Artigas.

Carp. Nº 964/07 - Rep. Nº 566/07

14) por el que se modifica el artículo 17 de la Ley Nº 7.912, de 22 de octubre de 1925, relacionado con la proclamación de suplentes de Legisladores en uso de licencia.

Carp. Nº 962/07 - Rep. Nº 572/07

15) por el que se aprueba la incorporación de la República Oriental del Uruguay al Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).

Carp. Nº 878/07 - Rep. Nº 571/07

16) Discusión única del proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se designa "República de Croacia" la Escuela Nº 275 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. Nº 479/06 - Rep. Nº 563/07

17) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a:

- una funcionaria del Ministerio de Salud Pública - Administración de los Servicios de Salud del Estado. (Plazo constitucional vence el 25 de noviembre de 2007).

Carp. Nº 906/07 - Rep. Nº 553/07

- un funcionario del Ministerio de Salud Pública

- Centro Auxiliar de Salud Pública del Chuy. (Plazo constitucional vence el 5 de diciembre de 2007).

Carp. Nº 917/07 - Rep. Nº 555/07

- una funcionaria del Ministerio de Economía y Finanzas - Dirección Nacional de Aduanas. (Plazo constitucional vence el 28 de noviembre de 2007).

Carp. Nº 910/07 - Rep. Nº 554/07

- una funcionaria del Ministerio de Salud Pública. (Plazo constitucional vence el 18 de diciembre de 2007).

Carp. Nº 933/07 - Rep. Nº 573/07

- una funcionaria del Ministerio de Salud Pública - Administración de los Servicios de Salud del Estado. (Plazo constitucional vence el 18 de diciembre de 2007).

Carp. Nº 932/07 - Rep. Nº 574/07

- un funcionario del Ministerio de Salud Pública - Administración de los Servicios de Salud del Estado. (Plazo constitucional vence el 18 de diciembre de 2007).

Carp. Nº 929/07 - Rep. Nº 575/07

- una funcionaria del Ministerio de Salud Pública - Administración de los Servicios de Salud del Estado. (Plazo constitucional vence el 18 de diciembre de 2007).

Carp. Nº 931/07 - Rep. Nº 576/07

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodriguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alfie, Amaro, Antía, Antognazza, Baráibar, Bentancor, Breccia, Castro, Da Rosa, Dalmás, Gallinal, Gamou, Heber, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Oliver, Penadés, Percovich, Salsamendi, Sanguinetti, Saravia y Vaillant.

FALTAN: el Presidente del Cuerpo, señor Rodolfo Nin Novoa, por encontrarse en ejercicio de la Presidencia de la República; con licencia, la señora Senadora Topolansky y los señores Senadores Cid, Couriel y Ríos.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 16 minutos)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el cual se establecen modificaciones en la tributación que grava a las enajenaciones de combustibles.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

El Poder Ejecutivo remite mensaje solicitando la venia correspondiente para destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Educación y Cultura.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

La Cámara de Representantes remite:

- aprobado un proyecto de ley por el cual se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por un plazo de hasta ciento ochenta días el subsidio por desempleo de los trabajadores de la empresa Fibratex S.A.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

- aprobado en nueva forma un proyecto de ley por el que se crea el Sistema Nacional Integrado de Salud.

- A LA COMISION DE SALUD PUBLICA.

- nota con la exposición escrita presentada por el señor Representante Tabaré Hackenbruch, relacionada con la reconstrucción de la baranda del puente sobre el arroyo Sauce, ubicada en el kilómetro 36 de la Ruta Nacional Nº 6 Joaquín Suárez, departamento de Canelones.

- A LA COMISION DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

- y comunica que aprobó el proyecto de ley por el que se establece que a los profesionales de la salud que presten servicios en la Administración Central, Poderes del Estado, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales u otros servicios de naturaleza estatal, no les será aplicable la incompatibilidad dispuesta por el artículo 32 de la Ley Nº 11.923, de 27 de marzo de 1953, mientras sigan desempeñando las mismas funciones.

- AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVE-SE.

El señor Presidente del Senado comunica la aprobación del Plan Estratégico Institucional de la organización administrativa de la Cámara de Senadores.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

El señor Presidente del Senado informa al Cuerpo que se ha remitido al Poder Ejecutivo una nota por la que se comunica una fe de erratas referida al proyecto de Rendición de Cuentas aprobado por la Cámara de Senadores el día 31 de agosto de 2007.

- TENGASE PRESENTE.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informado el proyecto de ley, referente a la adhesión de la República Oriental del Uruguay, como miembro pleno, al Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), de conformidad con el Convenio para el Establecimiento de la referida Institución.

- HA SIDO REPARTIDO Y ESTA INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informadas las solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo a efectos de destituir de sus cargos a cuatro funcionarios del Ministerio de Salud Pública

- HAN SIDO REPARTIDOS. ESTÁN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESION DE HOY.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado un proyecto de ley por el que se dispone la obligatoriedad de cubrir los daños a terceras personas como consecuencia de accidentes causados por vehículos automotores.

- REPARTASE E INCLUYASE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION ORDINARIA.

La Junta Departamental de Montevideo remite copia de la versión taquigráfica de las palabras vertidas por varios señores ediles, referidas a la celebración del ‘Día del estudiante universitario’.

- TENGASE PRESENTE."

4) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiéndose votado oportunamente la licencia del señor Senador Couriel, léase la proclamación realizada por la Corte Electoral.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Santiago González Barboni).-

"Montevideo, 12 de noviembre de 2007.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Señor Presidente:

Pongo en su conocimiento que en sesión de la fecha la Corte Electoral aprobó la resolución que a continuación se transcribe:

´VISTO: La nota cursada por la Cámara de Senadores en la que comunica que concedió licencia al señor Senador Alberto Couriel del 14 al 18 de noviembre inclusive, electo por el sublema ´Para Ganar, Gobernar y Cambiar´ del lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría,

[…]

LA CORTE ELECTORAL RESUELVE:

1. Proclámase Senadora a la séptima titular de la lista de candidatos sublema ´Para Ganar, Gobernar y Cambiar´ del Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señora Lucía Topolansky y suplentes señores Javier Salsamendi, Ruben Martínez Huelmo e Ivonne Passada.

[…]

Carlos A. Urruty Presidente

Antonio Morell Secretario Letrado."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, si se encontrare en Antesala, se invita a pasar al Hemiciclo al señor Senador Javier Salsamendi, quien ya ha prestado el juramente de estilo.

Habiéndose votado oportunamente la licencia de la señora Senadora Mónica Xavier, léase la proclamación realizada por la Corte Electoral.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Santiago González Barboni).-

"Montevideo, 7 de noviembre de 2007.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Señor Presidente:

Pongo en su conocimiento que en sesión de la fecha la Corte Electoral aprobó la resolución que a continuación se transcribe:

´VISTO: La nota cursada por la Cámara de Senadores en la que comunica que concedió licencia a la señora Senadora Mónica Xavier del 16 al 24 de noviembre próximo,

[…]

LA CORTE ELECTORAL RESUELVE:

1. Proclámase Senador al tercer titular de la lista de candidatos sublema ´Unidad y Pluralismo Frenteamplista´ del Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Manuel Laguarda y suplentes Sras. Sara López y Rosario Alzugaray y Sr. Gastón Silberman.

[…]

Carlos A. Urruty Presidente

Alfonso Mario Cataldi Secretario Letrado."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una nota de desistimiento llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

- Se comunica al Cuerpo que el señor Manuel Laguarda ha presentado una nota de desistimiento informando que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.

Por lo tanto, oportunamente se convocará a la señora Senadora Sara López.

5) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

- El señor Senador Long solicita licencia desde el 19 al 26 de los corrientes.

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Santiago González Barboni).-

"Montevideo, 14 de noviembre de 2007.

Sr. Presidente del Senado.

D. Rodolfo Nin Novoa

PRESENTE.-

De mi mayor consideración:

Solicito licencia de acuerdo al literal D) de la Ley Nº 17.827, desde el día lunes 19 al lunes 26 de noviembre de 2007.

Motiva la presente solicitud mi asistencia a la ´Convención Mundial de Autoridades Paralímpicas´ que se desarrollará en la ciudad de Seúl, República de Corea. A la misma he sido invitado en mi doble calidad de Senador de la República y de Presidente del Comité Paralímpico uruguayo.

Saluda a Ud. con su mayor estima.

Ing. Ruperto E. Long. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 15 en 16. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo, señor Senador Pablo Iturralde.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Cid solicita se le conceda licencia por el día de la fecha."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Santiago González Barboni).-

"Montevideo, 14 de noviembre de 2007.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente.

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito al Sr. Presidente se me conceda licencia al Cuerpo por el día de la fecha por razones personales y se convoque al suplente correspondiente.

Sin otro particular y agradeciendo la atención que dispense a la presente solicitud, saludo al Sr. Presidente.

Alberto Cid. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, si se encontrare en Antesala, se invita a pasar al Hemiciclo al señor Senador Milton Antognazza, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

6) UTILIZACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO Y MEDIOS COMUNITARIOS DE RADIODIFUSION

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se dictan normas para la utilización del espectro radioeléctrico y la libertad de expresión a través de los medios de radiodifusión comunitarios. (Carp. Nº 843/07 - Rep. Nº 561/07)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 843/07

Rep. N° 561/07

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Población,

Desarrollo e Inclusión

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1°. (Derecho a la libertad de expresión, comunicación e información y a fundar un medio de comunicación por radiodifusión).- La radiodifusión es un soporte técnico para el ejercicio, preexistente a cualquier intervención estatal, del derecho humano a la libertad de expresión y a la libertad de información. Por ello no existirá otra limitación a la utilización del espectro radioeléctrico que la resultante de establecer las garantías para el ejercicio de los derechos de todos los habitantes de la República, lo que define los límites y el carácter de intervención estatal en su potestad de administrar la asignación de frecuencias.

Artículo 2°. (Derecho al uso equitativo de frecuencias radioeléctricas).- El espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad sujeto a administración de los Estados y, por tanto, el acceso equitativo a las frecuencias de toda la sociedad uruguaya constituye un principio general de su administración.

Artículo 3°. (Principios para la administración del espectro radioeléctrico).- El Estado administrará las frecuencias radioeléctricas garantizando los derechos establecidos en los artículos 1° y 2° de la presente ley, en base a los siguientes principios:

A) Promoción de la pluralidad y diversidad; la promoción de la diversidad debe ser un objetivo primordial de la legislación de radiodifusión, de esta ley en particular y de las políticas públicas que desarrolle el Estado.

B) No discriminación; se deberá garantizar igualdad de oportunidades para el acceso de los habitantes de la República a los medios de comunicación electrónicos, para que puedan ejercer su derecho a la información y a la libertad de expresión con las solas exclusiones que esta ley determinará con el objeto de sostener el mencionado principio y prevenir prácticas de favorecimiento.

C) Transparencia y publicidad en los procedimientos y condiciones de otorgamiento de las asignaciones de frecuencias, que permitan el efectivo contralor por parte de los ciudadanos.

CAPITULO II

SERVICIO DE RADIODIFUSION COMUNITARIA

Artículo 4°. (Servicio de radiodifusión comunitaria).- El Estado tiene la obligación de garantizar y promover el servicio de radiodifusión comunitaria en base a los derechos y principios consagrados en el Capítulo I.

Se entenderá por servicio de radiodifusión comunitaria el servicio de radiodifusión no estatal de interés público, prestado por asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica o por aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro (artículos 6° y 13 de la presente ley) y orientado a satisfacer las necesidades de comunicación social y a habilitar el ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión de los habitantes de la República.

Su finalidad será la promoción del desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la satisfacción de las necesidades de comunicación social, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los vínculos que hacen a la esencia de la identidad cultural y social del Uruguay. No podrán realizar proselitismo político-partidario, ni promover la discriminación de raza, etnia, género, orientación sexual, religión, edad o de cualquier otro tipo.

En ningún caso se entenderá que el servicio de radiodifusión comunitaria implica necesariamente un servicio de cobertura geográfica restringida, estando definido por su finalidad pública y social y no por el alcance de la emisión, el cual dependerá de la disponibilidad y planes de uso del espectro y la propuesta comunicacional de la emisora.

De acuerdo con la función y responsabilidad que poseen los servicios de radiodifusión comunitaria, su programación deberá ser preferentemente de producción propia y nacional (departamental o local).

La programación también incluirá espacios de producción independiente, preferentemente la realizada por grupos sociales o personas que habiten el área de alcance de la emisora y siempre que la misma sea compatible con la finalidad del servicio.

Artículo 5°. (Reserva del espectro radioeléctrico).- El Poder Ejecutivo, previo informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, reservará para la prestación del servicio de radiodifusión comunitaria y otros sin fines de lucro, al menos un tercio del espectro radioeléctrico por cada localidad en todas las bandas de frecuencia de uso analógico y digital y para todas las modalidades de emisión.

La reserva deberá ser actualizada anualmente y será de conocimiento público.

Artículo 6°. (Titulares).- Serán titulares del servicio de radiodifusión comunitaria las asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o en trámite de constitución.

Podrán serlo también aquellos grupos de personas organizadas sin fines de lucro, en los términos que prevé el artículo 13 de la presente ley. En este último caso, una o más personas físicas, que integren real y efectivamente la organización y ejerzan autoridad en la misma, deberán hacerse enteramente responsables de los contenidos a emitir mediante declaración jurada a presentar ante el Ministerio de Educación y Cultura, con formalidades análogas a las previstas en el artículo 4° de la Ley N° 16.099, de 3 de noviembre de 1989, en lo que sea pertinente. Todo ello sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos establecidos en los literales siguientes del presente artículo.

A) Los titulares de un servicio de radiodifusión comunitaria y sus directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad en la conducción y orientación de la emisora, no podrán ser beneficiarios ni adjudicatarios de participar, parcial o totalmente, directa o indirectamente, de más de una frecuencia por banda de radiodifusión para el servicio de radiodifusión comunitaria. Dichas personas tampoco podrán ser titulares o parientes de titulares (en línea recta o colateral hasta el segundo grado) de otros medios de radiodifusión no comunitarios.

B) Los directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad de la conducción y orientación de la emisora deberán ser ciudadanos naturales o legales en ejercicio de la ciudadanía, estar domiciliados real y permanentemente en la República, en el área de alcance o cobertura de la emisora.

Artículo 7°. (Adjudicación del Poder Ejecutivo).- La asignación del canal respectivo del espectro radioeléctrico para la instalación y operación de estaciones de radiodifusión comunitaria requerirá de resolución del Poder Ejecutivo de conformidad con la reglamentación correspondiente, previo informe técnico de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y opinión preceptiva del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria. Este último contará con un plazo de sesenta días para pronunciarse. De no hacerlo en el plazo referido se interpretará en términos favorables la solicitud.

El principio general para la asignación de frecuencias para servicios de radiodifusión comunitaria será el concurso abierto y público, previa realización de audiencia pública.

El proceso de asignación de frecuencia se hará:

A) A través de llamados públicos que serán realizados con amplia publicidad y en principio al menos dos veces al año, atendiendo a planes y políticas nacionales de gestión del espectro. Sin perjuicio de lo anterior, ante una solicitud de una entidad interesada y existiendo disponibilidad del espectro radioeléctrico en la localidad, el Poder Ejecutivo no podrá negar la apertura de un llamado a concurso público ampliamente publicitado, en un plazo no mayor de ciento ochenta días desde que fuera substanciada la solicitud.

B) Si no hubiera otros interesados, previa audiencia pública y pleno cumplimiento de los requisitos previstos, se asignará a la asociación interesada una frecuencia en las condiciones establecidas en el llamado.

El Poder Ejecutivo estará obligado a conceder la asignación de frecuencia de servicio de radiodifusión comunitaria, cuando substanciado el concurso público y abierto, especialmente convocado al efecto, o efectuada una solicitud de interesado en ausencia de concurso, se cuente con opinión favorable del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y se cumpla con los requisitos y procedimientos exigidos en esta ley y su reglamentación.

En cada caso y según la modalidad de asignación, los requisitos administrativos y económicos y las características técnicas exigidas serán únicamente las estrictamente necesarias para garantizar su funcionamiento y el más pleno ejercicio de derechos al conjunto de los habitantes de la República.

Artículo 8°.- (Criterios para la asignación de frecuencias).- Las asignaciones de frecuencias para servicios de radiodifusión comunitaria tendrán opinión preceptiva por parte del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y se otorgarán en consideración a los siguientes criterios:

A) El plan de servicios a la comunidad que pretende brindar el solicitante, en consonancia con los principios que definen al servicio de radiodifusión comunitaria (artículo 4°).

B) Los mecanismos previstos para asegurar la participación ciudadana en la gestión y programación de la emisora.

C) Los antecedentes de trabajo social y comunitario en la zona de cobertura solicitada.

D) Las referencias de personas, organizaciones o instituciones sociales representativas del plan de servicios a la comunidad y de la propuesta de comunicación que se pretende brindar.

Artículo 9°. (Plazo).- Las asignaciones de frecuencias para el servicio de radiodifusión comunitaria serán otorgadas por un plazo de diez años.

Podrán prorrogarse por períodos de cinco años condicionado a cumplimiento de las condiciones de asignación y la celebración de una audiencia pública previa y siempre que no existan limitaciones de espectro confirmado por informes técnicos. En caso contrario, y si hubiere otros interesados será posible la renovación por cinco años previo concurso en las condiciones fijadas por esta ley y el reglamento respectivo.

Artículo 10. (Sustentabilidad económica).- Las entidades sin fines de lucro que brinden servicio de radiodifusión comunitaria tendrán derecho a asegurar su sustentabilidad económica, independencia y desarrollo, a cuyos efectos podrán obtener recursos, entre otras fuentes, de donaciones, aportes solidarios, auspicios, patrocinios y publicidad incluso oficial, de la cual no serán discriminadas.

La totalidad de los recursos que obtengan las entidades que brinden el servicio de radiodifusión comunitaria, por y para este servicio deberán ser invertidos en el funcionamiento y en mejoras en la prestación del mismo y en el desarrollo de los objetivos del servicio de radiodifusión comunitaria.

La ausencia de finalidad de lucro debe ser entendida como la actividad que no persigue la obtención de ganancias para su acumulación o su distribución o su inversión en objetivos diferentes de los que corresponden al servicio de radiodifusión comunitaria (artículo 4°).

Se realizará una auditoría anual en las emisoras comunitarias a los efectos de demostrar la correcta aplicación del inciso primero del presente artículo y su coherencia con los principios del servicio.

Artículo 11. (Intransferibilidad).- Los titulares originales de frecuencias de radiodifusión comunitaria no podrán ceder, vender, arrendar o transferir de ninguna forma a terceros los derechos derivados de la asignación.

Artículo 12. (Revocatoria).- Serán pasibles de revocatoria de la asignación recibida, aun antes del plazo establecido aquellas emisoras que previa opinión de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y cumplidas las garantías del debido proceso:

A) Incumplan los objetivos y finalidades del servicio de radiodifusión comunitaria para los cuales les fue asignada dicha frecuencia.

B) Incumplan el Plan de Servicios a la Comunidad y otros compromisos asumidos públicamente.

C) Cuyos titulares, directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad en la conducción y orientación de la emisión incumplan las condiciones expresadas en los literales A) y B) del artículo 6° de la presente ley.

D) Cedan, vendan, arrienden o transfieran de cualquier forma los derechos derivados de la asignación.

E) No inviertan los recursos económicos obtenidos de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 10.

Artículo 13. (Frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario).- El Poder Ejecutivo, dentro de la reserva del espectro prevista en el artículo 5° con asesoramiento de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), asignará una o más frecuencias por departamento para ser utilizadas exclusivamente y de manera compartida por iniciativas con carácter comunitario.

Podrán utilizar parcialmente estas frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario (algunas horas o días a la semana):

A) Las asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica.

B) Aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro y cuyas propuestas de comunicación, en opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, tengan carácter local y resulten compatibles con la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria.

El uso de estos espacios compartidos se extenderá por un plazo igual o menor a un año. En el caso de las propuestas provenientes de instituciones educativas de carácter universitario o iniciativas sociales que no pudieran hacer uso completo de una frecuencia pero acrediten y justifiquen sostener la iniciativa por más tiempo podrán renovar o prorrogar su uso por plazos iguales, previa evaluación de los compromisos asumidos, opinión favorable del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y aprobación de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

Las frecuencias para uso de carácter comunitario se compartirán entre los solicitantes que tuvieran interés de acuerdo a los procedimientos y criterios de selección previstos en la presente ley y en la reglamentación respectiva.

Compete a la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura promover y difundir la libertad de expresión y el derecho a la información en especial a través de las frecuencias que previamente le serán asignadas, identificando y asignando el uso compartido de las mismas a iniciativa de carácter comunitario sin fines de lucro.

Todos y cada uno de los espacios de carácter comunitario deberán ser asignados por concurso abierto u otro mecanismo competitivo. Los requisitos exigidos serán compatibles con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 7° de la presente ley.

CAPITULO III

CONSEJO HONORARIO ASESOR DE RADIODIFUSION COMUNITARIA

Artículo 14. (Participación ciudadana).- El Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos que garanticen la participación ciudadana en la aplicación de la normativa sobre radiodifusión comunitaria y en la elaboración, decisión, implementación y seguimiento de las políticas hacia el sector.

Artículo 15. (Creación del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria).- Créase un Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria que actuará en forma independiente y en la órbita administrativa de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), el cual será consultado preceptivamente para la elaboración del reglamento de esta ley, los pliegos y mecanismos de asignación de frecuencias y la consideración de las solicitudes presentadas entre otras.

Artículo 16. (Integración).- El Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria estará integrado por nueve miembros honorarios, un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería que lo presidirá, un representante del Ministerio de Educación y Cultura, un representante de la Asamblea General, dos representantes de los medios de radiofusión comunitarios, un representante de la Universidad de la República, un representante rotativo de las Universidades privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura que posean las carreras de Comunicación y dos representantes de las organizaciones no gubernamentales que tengan como finalidad el estudio, promoción y defensa de la libertad de expresión.

Artículo 17. (Cometidos).- El Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria tendrá como cometidos:

A) Participar en la elaboración de la reglamentación de la presente ley y de los pliegos y procedimientos para la asignación de frecuencias del servicio de radiodifusión comunitaria.

B) Determinar las pautas para la evaluación de los criterios de selección, en consideración a los requisitos previstos en el artículo 8° de la presente ley.

C) Emitir opinión en todos los trámites de asignación de frecuencias del servicio de radiodifusión comunitaria en relación con todos los aspectos de la solicitud de que trate y su conformidad o no con las finalidades del servicio de radiodifusión comunitaria (inciso primero del artículo 4°).

D) Convocar, junto a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), las audiencias públicas previstas en la presente ley y presidirlas.

E) Garantizar la publicidad y el acceso de cualquier persona a conocer las actuaciones que se substancien en los procedimientos de asignación de frecuencias de servicio de radiodifusión comunitaria.

F) Determinar los medios idóneos para la difusión y publicidad de la solicitud de asignación.

G) Emitir opinión en todos los procedimientos de contralor realizados por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) que tengan por objeto determinar si el servicio brindado cumple o ha cumplido con sus compromisos y la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria (artículos 7°, 8°, 10, 12, 13 y 20).

CAPITULO IV

DISPOSICIONES FINALES TRANSITORIAS

Artículo 18. (Normas aplicables).- En todo lo no previsto en la presente ley y en cuanto no se oponga a ésta, serán aplicables las normas generales que regulan los servicios de radiodifusión, sin perjuicio de la revisión de normas técnicas y planes de uso del espectro necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley y atendiendo las especificidades del servicio.

Artículo 19. (Reglamentación de la presente ley).- El Poder Ejecutivo reglamentará dentro de un plazo de treinta días a partir de la vigencia de la presente ley el sistema de elección de representantes para el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y el funcionamiento del mismo, el cual deberá quedar formalmente instalado dentro del plazo de sesenta días a partir de la vigencia de la presente ley.

El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente ley dentro de los sesenta días siguientes a la instalación del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, con opinión preceptiva del mismo y de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC).

Artículo 20. (Regularización).- Dentro del plazo de sesenta días de la entrada en vigencia de la presente ley, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) realizará un censo para establecer el número y la ubicación de radios comunitarias. La presentación de las emisoras será voluntaria y se les proveerá de formularios adecuados para que den debida cuenta del cumplimiento de los requisitos y características previstas en la presente ley para el servicio de radiodifusión comunitaria.

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), en conjunto con el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria determinarán el cumplimiento de estas disposiciones, momento a partir del cual dichas emisoras se considerarán efectivamente censadas y habilitadas a iniciar el trámite de regularización.

Durante el período de realización del censo no serán de aplicación las infracciones previstas en el Decreto-Ley N° 14.670, de 23 de junio de 1977, ni las sanciones establecidas en el artículo 89 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001, contra emisoras que estén brindando sin autorización del Poder Ejecutivo, servicio de radiodifusión comunitaria en los términos definidos por los artículos 4° y 13 de la presente ley y concordantes siempre y cuando hayan iniciado sus transmisiones antes de los doce meses de aprobada esta ley y no provoquen interferencias perjudiciales entre sí o a otros operadores.

Las emisoras comunitarias serán habilitadas temporalmente a transmitir hasta que recaiga una decisión definitiva sobre su situación, previo cumplimiento de los alcances de los artículos precedentes.

A partir de los siguientes sesenta días al cierre del censo nacional, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), en consulta con el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, establecerá los mecanismos para la regularización definitiva de las emisoras identificadas como comunitarias, siguiendo los siguientes procedimientos:

A) En el caso de existir limitaciones de espectro para dar cabida a varios interesados en las condiciones solicitadas, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) abrirá un período de negociación para la búsqueda de una solución autorregulada entre los operadores habilitados temporalmente para un aprovechamiento óptimo del recurso escaso. En caso contrario, pasados quince días desde el inicio de las conversaciones, se habilitará automáticamente un concurso de oposición y méritos entre los mismos, siguiendo los criterios de la presente ley y su reglamentación.

B) En el caso de haber disponibilidad de espectro y no ser necesario un concurso de oposición y méritos, se procederá a la habilitación definitiva del servicio, en las condiciones y en los plazos que establece la presente ley, adecuando, si fuera necesario, las características técnicas del proyecto para el mejor cumplimiento de los objetivos y plan de servicios de la emisora y los planes técnicos nacionales.

Los llamados o solicitudes para nuevos operadores del servicio de radiodifusión comunitaria podrán realizarse a partir de los ciento ochenta días de la vigencia de la presente ley.

A los efectos de dar cumplimiento a la reserva de espectro prevista en el artículo 5° de la presente ley y en consideración que existen localidades o bandas donde actualmente la disponibilidad técnica de frecuencias resulta limitada para cumplir con dicha reserva, las frecuencias aún vacantes en ellas serán asignadas preferentemente para el servicio de radiodifusión comunitaria y público.

Las frecuencias que se liberen en un futuro, producto de la digitalización, procedimientos que optimicen el espectro radioeléctrico u otras razones, deberán ser asignadas de la misma manera con el fin de ajustarse al porcentaje establecido en la presente ley.

Sala de la Comisión, a 22 de octubre de 2007.

Margarita Percovich, Miembro Informante; Susana Dalmás, Eduardo Lorier, Jorge Saravia, Mónica Xavier. Senadores.

DISPOSICIONES CITADAS

Ley N° 16.099, de 3 de noviembre de 1989

CAPITULO II

Libertades de prensa y de imprenta

Artículo 4°. (Formalidades previas).- Sin perjuicio de lo que establece el Capítulo I todo impresor o editor de cualesquiera publicaciones impresas o titular de agencias de noticias en cuanto le pudiere corresponder, queda obligado previamente a toda publicación o difusión, a efectuar ante el Ministerio de Educación y Cultura una declaración jurada escrita que comprenda:

Para los impresores o editores de diarios, semanarios, revistas, murales u otras publicaciones periódicas.

A) Nombre del diario, semanario, revista, mural o publicación periódica.

B) Nombre completo del redactor responsable documento de identidad y domicilio.

C) Nombre, apellido y domicilio del propietario, o denominación social y domicilio de la persona jurídica propietaria.

D) Nombre y domicilio de la imprenta donde se imprimirá.

Para los impresores o editores de las demás publicaciones impresas:

A) Nombre completo del director o gerente responsable.

B) Nombre y ubicación de la imprenta.

C) Nombre, apellido y domicilio del propietario o denominación social y domicilio de la persona jurídica propietaria.

Ley N° 14.670, de 23 de junio de 1977

RADIODIFUSION

SE DICTAN NORMAS REFERENTES A LOS SERVICIOS CONSIDERADOS DE INTERES PUBLICO

Artículo 1°.- Los servicios de radiodifusión, considerados de interés público, podrán explotarse por entidades oficiales y privadas, en régimen de autorización o licencia con la respectiva asignación de frecuencia. Entiéndese por radiodifusión, a los efectos de esta ley, el servicio de radiocomunicaciones cuyas emisiones sonoras televisivas o similares estén destinadas a la recepción directa por el público.

Artículo 2°.- El Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica (SODRE) gozará de preferencia sobre los particulares en cuanto a la asignación de frecuencias o canales y ubicación de estaciones, así como en todo lo relativo a las demás condiciones de instalación y funcionamiento.

Artículo 3°.- Las emisoras privadas incurrirán en responsabilidad frente a la Administración, en los casos siguientes:

1. Si transmitieren o intentaran transmitir sin autorización.

2. cuando infringieren cualquiera de las condiciones de la autorización.

3. En caso de que transgredieren las normas de emisión y funcionamiento que establezcan las leyes y los reglamentos o los usos internacionales, según lo dispuesto en los convenios respectivos.

4. Cuando las emisiones, sin configurar delito o falta, pudieron perturbar la tranquilidad pública, menoscabar la moral y las buenas costumbres, comprometer la seguridad o el interés públicos, o afectar la imagen y el prestigio de la República.

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo podrá imponer, en las hipótesis del artículo anterior, las siguientes sanciones:

1. Advertencia;

2. Apercibimiento;

3. Multa equivalente al importe de treinta Unidades Reajustables (Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968), a trescientas Unidades Reajustables;

4. Suspensión o clausura de la emisora por plazo de veinticuatro horas como mínimo, y de treinta días, como máximo;

5. Revocación de la autorización.

En la hipótesis del numeral 1° del artículo precedente, se dispondrá la clausura definitiva, con incautación de la emisora, sin indemnización.

Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo graduará racionalmente la aplicación de las sanciones, atendiendo a la gravedad de la falta, a la entidad del daño y a los antecedentes de la emisora responsable.

Artículo 6°.- En caso de delitos de lesa Nación (Ley N° 14.068, de 10 de julio de 1972), el Poder Ejecutivo procederá de inmediato a la clausura provisoria de la emisora responsable, dando cuenta a la jurisdicción competente, sin perjuicio de la decisión administrativa final en cuanto a la autorización.

Cuando se tratare de otros delitos o de faltas, el Poder Ejecutivo podrá suspender preventivamente la autorización a la emisora responsable, dando cuenta a la justicia ordinaria, a sus efectos.

Artículo 7°.- La Dirección Nacional de Relaciones Públicas de la Presidencia de la República (DINARP), será competente para controlar que las emisoras se ajusten a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la libre comunicación del pensamiento.

Artículo 8°.- Deróganse la Ley N° 8.390, de 13 de noviembre de 1928, y las demás disposiciones modificativas y concordantes, en lo referente a radiodifusión.

Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001

Artículo 89.- La comisión de infracciones dará lugar a la aplicación de las sanciones que se enumeran a continuación, las cuales se graduarán según su gravedad y considerando la existencia o no de reincidencia:

a. observación;

b. apercibimiento;

c. las establecidas en los actos jurídicos habilitantes de la prestación de la actividad;

d. decomiso de los elementos utilizados para cometer la infracción o de los bienes detectados en infracción, sanción que podrá ser aplicada en forma exclusiva o accesoria a las demás previstas.

e. Multa;

f. Suspensión de hasta noventa días en la prestación de la actividad.

g. Revocación de la autorización o concesión.

La aplicación de multas estará basada en el perjuicio económico que le ocasiona a los usuarios recibir prestaciones en condiciones no satisfactorias. La cuantía de las mismas no podrá superar el cien por ciento del perjuicio económico producido y su monto total se repartirá entre los usuarios afectos, sin perjuicio de las acciones que estos pudieren promover directamente para el resarcimiento de otros daños y perjuicios padecidos. Cuando no sea posible determinar los usuarios afectados o no los haya, el monto máximo de la multa será de 50.000 Unidades Reajustables, excepto para los servicios de radiodifusión (AM, FM, TV abierta), manteniéndose el régimen actualmente vigente.

En todos los casos, la aplicación de sanciones se realizará con ajuste a los principios del debido procedimiento y de la razonable adecuación de la sanción a la infracción.

Las resoluciones que impongan sanciones pecuniarias de acuerdo a lo previsto en la presente ley, constituyen título ejecutivo a todos sus efectos.

CAMARA DE REPRESENTANTES

ANTECEDENTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1°. (Derecho a la libertad de expresión, comunicación e información y a fundar un medio de comunicación por radiodifusión).- La radiodifusión es un so-porte técnico para el ejercicio, preexistente a cualquier intervención estatal, del derecho humano a la libertad de expresión y a la libertad de información. Por ello no existirá otra limitación a la utilización del espectro radioeléctrico que la resultante de establecer las garantías para el ejercicio de los derechos de todos los habitantes de la República, lo que define los límites y el carácter de la intervención esta-tal en su potestad de administrar la asignación de frecuencias.

Artículo 2°. (Derecho al uso equitativo de frecuencias radioeléctricas).- El espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad sujeto a administración de los Estados y, por tanto, el uso equitativo a las frecuencias de toda la sociedad uruguaya constituye un principio general de su administración.

Artículo 3°. (Principios para la administración del espectro radioeléctrico).- El Estado administrará las frecuencias radioeléctricas garantizando los derechos establecidos en los artículos 1° y 2° de la presente ley, en base a los siguientes principios:

A) Promoción de la pluralidad y diversidad; la promoción de la diversidad debe ser un objetivo primordial de la legislación de radiodifusión, de esta ley en particular y de las políticas públicas que desarrolle el Estado.

B) No discriminación; se deberá garantizar igualdad de oportunidades para el acceso de los habitantes de la República a los medios de comunicación electrónicos, para que puedan ejercer su derecho a la información y a la libertad de expresión con las solas exclusiones que esta ley determinará con el objeto de sostener el mencionado principio y prevenir prácticas de favorecimiento.

C) Transparencia y publicidad en los procedimientos y condiciones de otorgamiento de las asignaciones de frecuencias, que permitan el efectivo contralor por parte de los ciudadanos.

CAPITULO II

SERVICIO DE RADIODIFUSION COMUNITARIA

Artículo 4°. (Servicio de radiodifusión comunitaria).- El Estado tiene la obligación de garantizar y promover el servicio de radiodifusión comunitaria en base a los derechos y principios consagrados en el Capítulo I.

Se entenderá por servicio de radiodifusión comunitaria el servicio de radiodifusión no estatal de interés público, prestado por asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica o por aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro (artículos 6° y 13 de la presente ley) y orientado a satisfacer las necesidades de comunicación social y a habilitar el ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión de los habitantes de la República.

Su finalidad será la promoción del desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la satisfacción de las necesidades de comunicación social, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los vínculos que hacen a la esencia de la identidad cultural y social. No podrán realizar proselitismo, ni promover la discriminación de raza, etnia, género, orientación sexual, religión, edad o de cualquier otro tipo.

En ningún caso se entenderá que el servicio de radiodifusión comunitaria implica necesariamente un servicio de cobertura geográfica restringida, estando definido por su finalidad pública y social y no por el alcance de la emisión, el cual dependerá de la disponibilidad y planes de uso del espectro y la propuesta comunicacional de la emisora.

De acuerdo con la función y responsabilidad que poseen los servicios de radiodifusión comunitaria, su programación deberá ser preferentemente de producción propia y nacional (departamental o local).

La programación también incluirá espacios de producción independiente, preferentemente la realizada por grupos sociales o personas que habiten el área de alcance de la emisora y siempre que la misma sea compatible con la finalidad del servicio.

Artículo 5°. (Reserva del espectro radioeléctrico).- El Poder Ejecutivo, previo informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones y opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, reservará para la prestación del servicio de radiodifusión comunitaria y otros sin fines de lucro, al menos un tercio del espectro radioeléctrico por cada localidad en todas las bandas de frecuencia de uso analógico y digital y para todas las modalidades de emisión.

La reserva deberá ser actualizada anualmente y será de conocimiento público.

Artículo 6°. (Titulares).- Serán titulares del servicio de radiodifusión comunitaria las asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o en trámite de constitución.

Podrán serlo también aquellos grupos de personas organizadas sin fines de lucro, en los términos que prevé el artículo 13 de la presente ley. En este último caso, una o más personas físicas, que integren real y efectivamente la organización y ejerzan autoridad en la misma, deberán hacerse enteramente responsables de los contenidos a emitir mediante declaración jurada a presentar ante el Ministerio de Educación y Cultura, con formalidades análogas a las previstas en el artículo 4° de la Ley N° 16.099, de 3 de noviembre de 1989, en lo que sea pertinente. Todo ello sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos establecidos en los numerales siguientes del presente artículo.

1) Los titulares de un servicio de radiodifusión comunitaria y sus directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad en la conducción y orientación de la emisora, no podrán ser beneficiarios ni adjudicatarios de participar, parcial o totalmente, directa o indirectamente, de más de una frecuencia por banda de radiodifusión para el servicio de radiodifusión comunitaria. Dichas personas tampoco podrán ser titulares o parientes de titulares (en línea recta o colateral hasta el segundo grado) de otros medios de radiodifusión no comunitarios.

2) Los directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad de la conducción y orientación de la emisora deberán ser ciudadanos naturales o legales en ejercicio de la ciudadanía, estar domiciliados real y permanentemente en la República, en el área de alcance o cobertura de la emisora.

Artículo 7°. (Adjudicación del Poder Ejecutivo).- La asignación del canal respectivo del espectro radioeléctrico para la instalación y operación de estaciones de radiodifusión comunitaria requerirá de resolución del Poder Ejecutivo de conformidad con la reglamentación correspondiente, previo informe técnico de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones y opinión preceptiva del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria. Este último contará con un plazo de sesenta días para pronunciarse. De no hacerlo en el plazo referido se interpretará en términos favorables la solicitud.

El principio general para la asignación de frecuencias para servicios de radiodifusión comunitaria será el concurso abierto y público, previa realización de audiencia pública.

El proceso de asignación de frecuencia se hará:

A) A través de llamados públicos que serán realizados con amplia publicidad y en principio al menos dos veces al año, atendiendo a planes y políticas nacionales de gestión del espectro. Sin perjuicio de lo anterior, ante una solicitud de una entidad interesada y existiendo disponibilidad del espectro radioeléctrico en la localidad, el Poder Ejecutivo no podrá negar la apertura de un llamado a concurso público ampliamente publicitado, en un plazo no mayor de ciento ochenta días desde que fuera substanciada la solicitud.

B) Si no hubiera otros interesados, previa audiencia pública y pleno cumplimiento de los requisitos previstos, se asignará a la asociación interesada una frecuencia en las condiciones establecidas en el llamado.

El Poder Ejecutivo estará obligado a conceder la asignación de frecuencia de servicio de radiodifusión comunitaria, cuando substanciado el concurso público y abierto, especialmente convocado al efecto, o efectuada una solicitud de interesado en ausencia de concurso, se cuente con opinión favorable del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y se cumpla con los requisitos y procedimientos exigidos en esta ley y su reglamentación.

En cada caso y según la modalidad de asignación, los requisitos administrativos y económicos y las características técnicas exigidas serán únicamente las estrictamente necesarias para garantizar su funcionamiento y el más pleno ejercicio de derechos al conjunto de los habitantes de la República.

Artículo 8°. (Criterios para la asignación de frecuencias).- Las asignaciones de frecuencias para servicios de radiodifusión comunitaria tendrán opinión preceptiva por parte del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y se otorgarán en consideración a los siguientes criterios:

A) El plan de servicios a la comunidad que pretende brindar el solicitante, en consonancia con los principios que definen al servicio de radiodifusión comunitaria (artículo 4°).

B) Los mecanismos previstos para asegurar la participación ciudadana en la gestión y programación de la emisora.

C) Los antecedentes de trabajo social y comunitario en la zona de cobertura solicitada.

D) Las referencias de personas, organizaciones o instituciones sociales representativas del plan de servicios a la comunidad y de la propuesta de comunicación que se pretende brindar.

Artículo 9°. (Plazo).- Las asignaciones de frecuencias para el servicio de radiodifusión comunitaria serán otorgadas por un plazo de diez años.

Podrán prorrogarse por períodos de cinco años condicionado al cumplimiento de las condiciones de asignación y la celebración de una audiencia pública previa y siempre que no existan limitaciones de espectro confirmado por informes técnicos. En caso contrario, y si hubiere otros interesados, será posible la renovación por cinco años previo concurso en las condiciones fijadas por esta ley y el reglamento respectivo.

Artículo 10. (Sustentabilidad económica).- Las entidades sin fines de lucro que brinden servicio de radiodifusión comunitaria tendrán derecho a asegurar su sustentabilidad económica, independencia y desarrollo, a cuyos efectos podrán obtener recursos, entre otras fuentes, de donaciones, aportes solidarios, auspicios, patrocinios y publicidad incluso oficial, de la cual no serán discriminadas.

La totalidad de los recursos que obtengan las entidades que brinden el servicio de radiodifusión comunitaria, por y para este servicio, deberán ser invertidos en el funcionamiento y en mejoras en la prestación del mismo y en el desarrollo de los objetivos del servicio de radiodifusión comunitaria.

La ausencia de finalidad de lucro debe ser entendida como la actividad que no persigue la obtención de ganancias para su acumulación o su distribución o su inversión en objetivos diferentes de los que corresponden al servicio de radiodifusión comunitaria (artículo 4°).

Se realizará una auditoria anual en las emisoras comunitarias a los efectos de demostrar la correcta aplicación del inciso primero del presente artículo y su coherencia con los principios del servicio.

Artículo 11. (Intransferibilidad).- Los titulares originales de frecuencias de radiodifusión comunitaria no podrán ceder, vender, arrendar o transferir de ninguna forma a terceros los derechos derivados de la asignación.

Artículo 12. (Revocatoria).- Serán pasibles de revocatoria de la asignación recibida, aun antes del plazo establecido, aquellas emisoras que, previa opinión de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones y el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, y cumplidas las garantías del debido proceso:

A) Incumplan los objetivos y finalidades del servicio de radiodifusión comunitaria para los cuales les fue asignada dicha frecuencia.

B) Incumplan el Plan de Servicios a la Comunidad y otros compromisos asumidos públicamente.

C) Cuyos titulares, directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad en la conducción y orientación de la emisión incumplan las condiciones expresadas en los numerales 1) y 2), del artículo 6° de la presente ley.

D) Cedan, vendan, arrienden o transfieran de cualquier forma los derechos derivados de la asignación.

E) No inviertan los recursos económicos obtenidos de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 10.

Artículo 13. (Frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario).- El Poder Ejecutivo, dentro de la reserva de espectro prevista en el artículo 5°, actuando por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura y con asesoramiento de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), asignará una o más frecuencias por departamento para ser utilizadas exclusivamente y de manera compartida por iniciativas con carácter comunitario.

Podrán utilizar parcialmente estas frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario (algunas horas o días de la semana):

A) Las asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica.

B) Aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro y cuyas propuestas de comunicación, en opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, tengan carácter local y resulten compatibles con la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria.

El uso de estos espacios compartidos se extenderá por un plazo igual o menor a un año. En el caso de las propuestas provenientes de instituciones educativas de carácter universitario o iniciativas sociales que no pudieran hacer uso completo de una frecuencia pero acrediten y justifiquen sostener la iniciativa por más tiempo, podrán renovar o prorrogar su uso por plazos iguales, previa evaluación de los compromisos asumidos, opinión favorable del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y aprobación de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

Las frecuencias para uso de carácter comunitario se compartirán entre los solicitantes que tuvieran interés, de acuerdo a los procedimientos y criterios de selección previstos en la presente ley y en la reglamentación respectiva.

Compete a la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura promover y difundir la libertad de expresión y el derecho a la información, en especial a través de las frecuencias que previamente le serán asignadas, identificando y asignando el uso compartido de las mismas a iniciativa de carácter comunitario sin fines de lucro.

Todos y cada uno de los espacios de carácter comunitario deberán ser asignados por concurso abierto u otro mecanismo competitivo. Los requisitos exigidos serán compatibles con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 7° de la presente ley.

CAPITULO III

CONSEJO HONORARIO ASESOR DE RADIODIFUSION COMUNITARIA

Artículo 14. (Participación ciudadana).- El Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos que garanticen la participación ciudadana en la aplicación de la normativa sobre radio-difusión comunitaria y en la elaboración, decisión, implementación y seguimiento de las políticas hacia el sector.

Artículo 15. (Creación del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria).- Créase un Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria que actuará en forma independiente y en la órbita administrativa de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, el cual será consultado preceptivamente para la elaboración del reglamento de esta ley, los pliegos y mecanismos de asignación de frecuencias y la consideración de las solicitudes presentadas, entre otras.

Artículo 16.- El Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria estará integrado por nueve miembros honorarios: un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería que lo presidirá, un representante del Ministerio de Educación y Cultura, un representante de la Asamblea General, dos representantes de los medios de radiodifusión comunitarios, un representante de la Universidad de la República, un representante rotativo de las Universidades privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura que posean las carreras de Comunicación y dos representantes de las organizaciones no gubernamentales que tengan como finalidad el estudio, promoción y defensa de la libertad de expresión.

Artículo 17. (Cometidos).- El Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria tendrá como cometidos:

A) Participar en la elaboración de la reglamentación de la presente ley y de los pliegos y procedimientos para la asignación de frecuencias del servicio de radiodifusión comunitaria.

B) Determinar las pautas para la evaluación de los criterios de selección, en consideración a los requisitos previstos en el artículo 8° de la presente ley.

C) Emitir opinión en todos los trámites de asignación de frecuencias del servicio de radiodifusión comunitaria, en relación con todos los aspectos de la solicitud de que trate y su conformidad o no con las finalidades del servicio de radiodifusión comunitaria (inciso primero del artículo 4°).

D) Convocar, junto a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, las audiencias públicas previstas en la presente ley y presidirlas.

E) Garantizar la publicidad y el acceso de cualquier persona a conocer las actuaciones que se subs-tancien en los procedimientos de asignación de frecuencias de servicio de radiodifusión comunitaria.

F) Determinar los medios idóneos para la difusión y publicidad de la solicitud de asignación.

G) Emitir opinión en todos los procedimientos de contralor realizados por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones que tengan por objeto determinar si el servicio brindado cumple o ha cumplido con sus compromisos y la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria (artículos 7°, 8°, 10, 12, 13 y 20).

CAPITULO IV

DISPOSICIONES FINALES TRANSITORIAS

Artículo 18. (Normas aplicables).- En todo lo no previsto en la presente ley y en cuanto no se oponga a ésta, serán aplicables las normas generales que regulan los servicios de radiodifusión, sin perjuicio de la revisión de normas técnicas y planes de uso del espectro necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley y atendiendo las especificidades del servicio.

Artículo 19. (Reglamentación de la presente ley).- El Poder Ejecutivo reglamentará, dentro de un plazo de treinta días a partir de la vigencia de la presente ley, el sistema de elección de representantes para el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y el funcionamiento del mismo, el cual deberá quedar formalmente instalado dentro del plazo de sesenta días a partir de la vigencia de la presente ley.

El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente ley dentro de los sesenta días siguientes a la instalación del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, con opinión preceptiva del mismo y de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones.

Artículo 20. (Regularización).- Dentro del plazo de sesenta días de la entrada en vigencia de la presente ley, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones realizará un censo para establecer el número y la ubicación de radios comunitarias. La presentación de las emisoras será voluntaria y se les proveerá de formularios adecuados para que den debida cuenta del cumplimiento de los requisitos y características previstas en la presente ley para el servicio de radiodifusión comunitaria.

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, en conjunto con el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, determinarán el cumplimiento de estas disposiciones, momento a partir del cual dichas emisoras se considerarán efectivamente censadas y habilitadas a iniciar el trámite de regularización.

Durante el período de realización del censo no serán de aplicación las infracciones previstas en el Decreto-Ley N° 14.670, de 23 de junio de 1977, ni las sanciones establecidas en el artículo 89 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001, contra emisoras que estén brindando, sin autorización del Poder Ejecutivo, servicio de radiodifusión comunitaria en los términos definidos por los artículos 4° y 13 de la presente ley y concordantes, siempre y cuando hayan iniciado sus transmisiones antes de los doce meses de aprobada esta ley y no provoquen interferencias perjudiciales entre sí o a otros operadores.

Las emisoras comunitarias serán habilitadas temporalmente a transmitir hasta que recaiga una decisión definitiva sobre su situación, previo cumplimiento de los alcances de los artículos precedentes.

A partir de los siguientes sesenta días al cierre del censo nacional, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, en consulta con el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, establecerá los mecanismos para la regularización definitiva de las emisoras identificadas como comunitarias, siguiendo los siguientes procedimientos:

A) En el caso de existir limitaciones de espectro para dar cabida a varios interesados en las condiciones solicitadas, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones abrirá un período de negociación para la búsqueda de una solución autorregulada entre los operadores habilitados temporalmente para un aprovechamiento óptimo del recurso escaso. En caso contrario, pasados quince días desde el inicio de las conversaciones, se habilitará automáticamente un concurso de oposición y méritos entre los mismos, siguiendo los criterios de la presente ley y su reglamentación.

B) En el caso de haber disponibilidad de espectro y no ser necesario un concurso de oposición y méritos, se procederá a la habilitación definitiva del servicio, en las condiciones y en los plazos que establece la presente ley, adecuando, si fuere necesario, las características técnicas del proyecto para el mejor cumplimiento de los objetivos y plan de servicios de la emisora y los planes técnicos nacionales.

Los llamados o solicitudes para nuevos operadores del servicio de radiodifusión comunitaria podrán realizarse a partir de los ciento ochenta días de la vigencia de la presente ley.

A los efectos de dar cumplimiento a la reserva de espectro prevista en el artículo 5° de la presente ley y en consideración que existen localidades a bandas donde actualmente la disponibilidad técnica de frecuencias resulta limitada para cumplir con dicha reserva, las frecuencias aún vacantes en ellas serán asignadas exclusivamente para el servicio de radiodifusión comunitaria y público.

Las frecuencias que se liberen en un futuro, producto de la digitalización, procedimientos que optimicen el espectro radioeléctrico u otras razones, deberán ser asignadas con el fin de ajustarse al porcentaje establecido en la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 5 de junio de 2007.

Enrique Pintado Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Comisión Especial de Población

y Desarrollo Social

INFORME EN MAYORIA

Señores Representantes:

La Comisión Especial de Población y Desarrollo Social, por mayoría, aconseja a la Cámara aprobar el proyecto de ley por el cual se establece el reconocimiento del servicio de radiodifusión comunitaria.

Situación general

La radiodifusión en Uruguay está regida en particular por el Decreto-Ley N° 14.670, de 23 de junio de 1977. En él se establece que se entiende por radiodifusión "el servicio de radiocomunicaciones cuyas emisiones sonoras, televisivas o similares estén destinadas a la recepción directa del público".

Y en general, se rige también bajo lo establecido por la Ley N° 16.099, de 3 de noviembre de 1989, la cual dicta las normas referentes a expresión, opinión y difusión, consagradas por la Constitución de la República.

En Uruguay, la historia de la radiodifusión es la historia de la radiodifusión privada, que no es precisamente lo que en el mundo ha sido lo más corriente. Casos típicos, como algunos países europeos sobre todo luego de la posguerra, ofrecen una perspectiva diferente de predominio público o estatal: Francia, Alemania e Inglaterra.

Actualmente se reconocen dos servicios de radiodifusión, el privado comercial y el público estatal. Este proyecto propone reconocer un tercer sector, que denomina de radiodifusión comunitaria.

Origen

El proyecto tiene origen en un conjunto de organizaciones no gubernamentales y públicas que trabajan sobre la temática de la información. En particular, este proyecto tuvo su origen en la actividad conjunta de AMARC, PIT-CNT, APU, ISODE, IELSUR y UDELAR, entre otras organizaciones.

Este aspecto es de importancia para nosotros, pues reconoce las capacidades existentes en la sociedad organizada que sin pretender sustituir los poderes constitucionales, sí asume responsabilidades ciudadanas y propone ante el Poder Legislativo elementos de interés general.

Tratamiento

Ingresa a la Cámara de Representantes el 17 de noviembre de 2005, siendo primero enviada a la Comisión de Industria, Energía y Minería y luego a la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social, en la que el día 7 de diciembre se da cuenta del proyecto. Siendo un tema de relevancia e interés es inmediatamente asumido por la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social, la que el día 3 de mayo de 2007, finalizó su tratamiento. Esto es significativo del interés que el tema recogió en el seno de la Comisión y de los intereses que actúan.

Fueron recibidas catorce delegaciones, por su orden: AMARC, UDELAR, PIT-CNT, IELSUR, Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Cátedra de Libertad de Expresión de la UNESCO, ANDEBU, CORI, RED ORO, RAMI, UCUDAL, FEUU y ECOS, Ministerio de Industria, Energía y Minería, URSEC, Red de Radios Comunitarias Cristianas Evangélicas y se recibe por segunda vez a representantes de ANDEBU y RAMI.

La amplitud de opiniones recibidas en la Comisión difícilmente pudiera haber sido mayor, demostrando la gran cantidad de miradas existentes.

Historia de un aspecto de la Radiodifusión Comunitaria, la Radio Comunitaria.

La existencia de proyectos que utilizaran el espectro radioeléctrico para transmitir opiniones que no eran tomadas por los medios existentes no es tan reciente. Se puede reconocer en el retorno de la democracia un punto a partir del cual comienzan a aparecer proyectos de comunicación radial como las que hoy estamos reconociendo y promoviendo. Recordemos que según la legislación vigente, radiodifusión alude tanto a radio como a televisión, a la vez que prevé otras formas.

Importa reconocer que no se está tratando sobre un tema novedoso. Según cuenta el libro "Las Otras Radios", por el año 1986 con un transmisor elemental y antena artesanal un grupo de jóvenes comenzó a hacer pruebas en el barrio Aires Puros.

En 1986 y 1987 fue por el barrio Malvín y arriba de una camioneta en movimiento que transmitió Radio Luna.

Luego del verano de 1996 varias organizaciones comienzan a trabajar para poner formalmente el debate sobre la mesa. En abril se realiza el Encuentro "Con los Pies en la Tierra y la Voz en el Aire", en la Intendencia Municipal de Montevideo. Los promotores fueron algunas de las radios existentes junto a Comunicación Participativa del Cono Sur (Comcosur).

Grupo Aportes de la Asociación Cristiana de Jóvenes, Centro de Investigaciones Franciscano Ecológico. Según expresaban, su objetivo para "romper el silencio acerca de las radios comunitarias y abrir espacios de debate para sacar a nuestras radios los adjetivos piratas y clandestinas y pasar a los contenidos". El encuentro culminó con la "Declaración de Montvideo" en la que se reivindica el derecho de expresión, los medios de propiedad social con igual categoría que los estatales y privados comerciales y también se reclamaba la separación de la Dirección Nacional de Comunicaciones de la órbita del Ministerio de Defensa Nacional. Entre otras manifestaciones solicitaban la autorización para las radios existentes, así como la reserva de una cuota de frecuencias para empresas sociales sin fines de lucro.

Pero es durante 1996 que se crea un "boom" de estas radios sin autorización de alta centralidad barrial y social, al tiempo que se recrudece el enfrentamiento con el gobierno de entonces y los reclamos de las organizaciones de radios privadas. Se da cuenta entonces de la existencia de La Esquina, Emisora de la Villa, El Puente, Intrusa, Teja Libre, Alternativa, Lejano Oeste, Espacio, Sembrando, Emisora de Emergencia, Uy uy uy, Demente, FEUU, IAVA, Subrreta (Las Piedras), 1811 (Las Piedras), El Anzuelo (El Pinar), Al Sur (Florida) y Oxígeno (Durazno).

Ese mismo año fue un año de varios allanamientos y procedimientos policiales de persecución contra las radios alternativas. En junio la Dirección Nacional de Comunicaciones realizó tres allanamientos simultáneos, que al no encontrar los equipos se llevaron las antenas. En agosto y setiembre hubo una nueva ola de allanamientos y fueron incautados la mayoría de los equipos.

En este escenario se llevó a cabo en noviembre el Foro "Medios de Comunicación Social en Democracia", impulsado por la Coordinadora de Radios Comunitarias y convocado y coorganizado por el Rectorado de la Universidad de la República (UDELAR); Obispo Auxiliar de Montevideo, Monseñor Luis del Castillo; Vicaría Pastoral de Montevideo; Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental de Montevideo; José D’Elía; SERPAJ; Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR); Grupo Aportes y otras organizaciones.

También durante 1997 se siguieron realizando allanamientos junto a otro tipo de acciones menos claras de persecución y amenazas a los integrantes de algunas de las radios. En ese año, es presentado un proyecto por el Poder Ejecutivo por el cual se establecía pena de cárcel para los radiodifusores no autorizados, proyecto que no fue aprobado.

Esta breve reseña que la terminamos en un período de hace exactamente diez años demuestra el interés por la radiodifusión comunitaria y la clara vinculación existente entre las organizaciones sociales sin fines de lucro y la necesidad de tener medios por los que expresarse.

Es de sumo interés destacar que durante los años posteriores las iniciativas no han sido menos y que a partir del año 2000 se nota un cambio en términos generales, de las políticas hacia estas radios, siendo mayormente aceptadas como un mecanismo legítimo aunque no legal de radio-difusión. Legítimo en tanto viabiliza el ejercicio de un derecho consagrado sin por ello contrariar el interés general o el servicio particular de las radioemisoras privadas. Si esto último sucedía el organismo correspondiente actua-ba.

Cabe decir que nadie sabe del paradero de los equipos incautados.

Hasta hoy las radios han tenido varias denominaciones radios piratas, radios clandestinas, radios ilegales, radios comunitarias, radios alternativas, populares, participativas, etcétera. Poco a poco el concepto del contenido fue primando por sobre los otros y así este fenómeno comienza a reconocerse como radios comunitarias.

Sin embargo, el desarrollo tecnológico y la facilidad de acceso a los medios técnicos necesarios para emitir, fueron abriendo paso a otros contenidos que nada tienen que ver con la radiodifusión comunitaria. Radios que sólo emitían y emiten publicidad pero que en la total ilegalidad no pagan ningún impuesto, generan una clara competencia desleal con las otras radios comerciales que sí pagan, teniendo ambas fines de lucro. Estas radios a nuestro entender no son radios comunitarias y como se verá más adelante no son amparadas por este proyecto.

Derecho comparado en la región

Del estudio presentado por la becaria del PNUD, doctora Laura Di Mayo, queda claro que en los países de la región existe el reconocimiento explícito de la radiodifusión comunitaria en la mayoría de ellos. La reglamentación en general no reconoce limitaciones de potencia para este servicio, a la vez que se reconoce la posibilidad de emitir publicidad bajo diferentes formatos.

Sin dudas existen varios arreglos normativos y legislativos que se adecuan a condiciones nacionales, pero en general se reconoce lo que la propia UNESCO establece según lo cual las radios comunitarias deben actuar en un marco de legalidad facilitado por los Estados, ya que muchas veces "responden en la gran mayoría de los casos a las necesidades, intereses, problemas y expectativas de sectores muchas veces relegados, discriminados y empobrecidos de la sociedad civil".

A la vez existen declaraciones específicas de recomendaciones por ejemplo, la OEA para que los Estados miembros legislen en el tema.

Principales aspectos del proyecto

El proyecto consta de veinte artículos organizados en cuatro capítulos.

Los elementos centrales del proyecto se asientan sobre la base del reconocimiento del servicio de radiodifusión comunitaria, su definición según sus objetivos y no por limitaciones de la potencia o alcance, así como la no finalidad de lucro, la sustentabilidad y la propiedad social del medio. Por otra parte se crea el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria.

El mundo, actualmente, reconoce este servicio pero es lícito preguntarse su validez. Este proyecto opta por la legislación de un aspecto que podría tener otro camino, como la exclusiva reglamentación según la normativa existente o simplemente la represión y penalización.

Se entiende como necesario y se asume estar en condiciones de ordenar todo el espectro radioeléctrico, estableciendo las garantías para todos y no dejándolo exclusivamente a la competencia de capacidades estrictamente vinculadas con lo tecnológico, fuertemente asociadas a las económicas.

El Capítulo I establece los principios generales a través de los que no se reconoce otra limitante para la utilización del espectro radioeléctrico, que la resultante de establecer las garantías para el ejercicio del derecho de todos los habitantes de la República a la libertad de expresión y la libertad de información.

También dice del derecho al uso equitativo de frecuencias radioeléctricas, en tanto el espectro radioeléctrico es patrimonio común de la humanidad sujeto a administración de los Estados. Se establecen los principios para la administración del espectro radioeléctrico, según promoción de pluralidad y diversidad, no discriminación, transparencia y publicidad de procedimientos.

El Capítulo II habla del servicio de radiodifusión comunitaria.

El artículo 4° define lo que se entiende como servicio de radiodifusión comunitaria, el que será un servicio no estatal de interés público, prestado por asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica y orientado a satisfacer las necesidades de la comunicación social.

Tendrá por finalidad la promoción del desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la satisfacción de las necesidades de comunicación social y la convivencia pacífica. No podrá realizar proselitismo ni promover la discriminación de raza, etnia, género, orientación sexual, religión, edad o de cualquier otro tipo.

El inciso cuarto del artículo 4° establece que en ningún caso se entenderá que el servicio de radiodifusión comunitaria implique necesariamente un servicio de cobertura geográfica restringida y expresa que el alcance del mismo dependerá de la disponibilidad y planes de uso del espectro y la propuesta de comunicación de la emisora.

Se indica, asimismo, que la promoción de la producción sea propia, nacional o local.

El artículo 5° refiere a la reserva del espectro radioeléctrico por parte del Poder Ejecutivo, previo informe de la URSEC y opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, para el servicio de radiodifusión comunitaria.

El artículo 6° dice de los titulares del servicio de radiodifusión comunitaria. Estos serán asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica. También se reconoce la titularidad a grupos o personas organizadas sin fines de lucro según se establece en el presente proyecto de ley.

En tanto que los titulares de un servicio de radiodifusión comunitaria no podrán ser beneficiarios ni adjudicatarios de participar de más de una frecuencia por banda de radiodifusión para este servicio. Deberán ser ciudadanos naturales o legales y estar domiciliados real y permanentemente en la República, en el área de alcance o cobertura de la emisora.

El artículo 7° establece el mecanismo de adjudicación del Poder Ejecutivo de los canales del espectro radioeléctrico para el servicio de radiodifusión comunitaria. Requerirá resolución del Poder Ejecutivo de acuerdo a la reglamentación correspondiente, previo informe técnico de la URSEC y opinión preceptiva del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria. Como principio general para la asignación se entiende que el proceso se hará a través de llamados públicos realizados con amplía publicidad y al menos dos veces al año, sin perjuicio de lo cual, ante una solicitud de una entidad interesada y existiendo disponibilidad, el Poder Ejecutivo no podrá negar la apertura de un llamado a concurso público.

Los criterios para la asignación de frecuencias se establecen en el artículo 8° teniendo en consideración el plan de servicios a la comunidad, los mecanismos previstos para asegurar la participación en la gestión y programación; y, antecedentes de trabajo, social y comunitario en la zona de cobertura solicitada.

Las frecuencias serán otorgadas por un plazo de diez años según dice el artículo 9°, con posibilidades de prórroga por períodos de cinco años.

La sustentabilidad del proyecto de radiodifusión comunitaria se trata en el artículo 10, en el cual se reconoce que las entidades sin fines de lucro que brinden servicio de radiodifusión comunitaria tendrán derecho a asegurar su sustentabilidad económica, independencia y desarrollo, a cuyos efectos podrán obtener recursos, entre otras fuentes, de donaciones, aportes solidarios, auspicios, patrocinios y publicidad incluso oficial.

La totalidad de estos recursos deberán ser invertidos en el funcionamiento y mejoras en la prestación del servicio. Comprende a la no finalidad de lucro como la actividad que no persigue la obtención de ganancias para su acumulación o su distribución o su inversión en objetivos diferentes de los que corresponden al servicio de radiodifusión comunitaria.

Para que esto pueda ser efectivamente ejercitado, se establece en el inciso cuarto de este artículo la realización de una auditoría anual en las emisoras comunitarias.

Los titulares no podrán transferir, ceder, arrendar o vender de ninguna forma los derechos derivados de la asignación de la frecuencia, tal como dice el artículo 11.

La revocatoria de la asignación recibida se hará por lo manifestado en el artículo 12, aun antes del plazo establecido a las emisoras que incumplan los objetivos y finalidades del servicio de radiodifusión comunitaria para los que le fue asignada la frecuencia, incumplan el plan de servicios a la comunidad, cuyos titulares incumplan lo expresado en el artículo 6°, no inviertan los recursos económicos obtenidos de acuerdo a lo establecido en el inciso primero del artículo 10.

Además del servicio de radiodifusión comunitaria este proyecto a través del artículo 13 reconoce las frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario. Estas serán asignadas por el Poder Ejecutivo dentro de la reserva prevista para el servicio de radiodifusión comunitaria, ac-tuando por el Ministerio de Educación y Cultura y con asesoramiento de la URSEC. Se asignarán una o más frecuencias por departamento para ser utilizadas exclusivamente y de manera compartida por iniciativas con carácter comunitario.

Podrán utilizar parcialmente estas frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario (algunas horas o días a la semana), las organizaciones civiles sin fines de lucro y aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro y cuyas propuestas de comunicación, en opinión del Consejo Honorario Asesor, tengan carácter local y resulten compatibles con la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria.

En el Capítulo III se crea el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria (CHARC).

El artículo 15 crea el CHARC, el que actuará de forma independiente y en la órbita administrativa de la URSEC, el que será consultado preceptivamente para la elaboración de la reglamentación de esta ley y los pliegos y mecanismos de asignación.

Estará integrado, según el artículo 16, por nueve miembros honorarios, un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que lo presidirá; un representante del Ministerio de Educación y Cultura; un representante de la Asamblea General del Poder Legislativo; dos representantes de los medios de radiodifusión comunitarios; un representante de la Universidad de la República; un representante rotativo de las universidades privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura y que posean carreras de Comunicación y dos representantes de las or-ganizaciones no gubernamentales que tengan como finalidad el estudio, promoción y defensa de la libertad de expresión.

Tendrá por cometidos participar en la elaboración de la reglamentación de la presente ley, emitir opinión en todos los trámites de asignación de frecuencias del servicio de radiodifusión comunitaria, convocar con la URSEC las audiencias previstas, garantizar la publicidad de los procedimientos, así como emitir opinión en todos los procedimientos de contralor realizados por la URSEC que tengan por objeto determinar si el servicio brindado cumple o ha cumplido con sus compromisos y la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria.

El Capítulo IV trata de disposiciones finales transitorias.

El artículo 18 señala que en todo lo no previsto en el presente proyecto y en cuanto no se oponga a éste serán aplicables las normas generales que regulan los servicios de radiodifusión.

Por el artículo 19 el Poder Ejecutivo reglamentará dentro de un plazo de treinta días a partir de la entrada en vigencia de la ley, el sistema de elección de representantes para el CHARC y el funcionamiento del mismo, que deberá quedar instalado formalmente dentro del plazo de los sesenta días a partir de la entrada en vigencia de la ley.

El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la ley dentro del plazo de los sesenta días siguientes a la instalación del CHARC.

El artículo 20 trata sobre la regularización de la situación referente a la utilización del espectro radioeléctrico.

Se establece que dentro del plazo de sesenta días de entrada en vigencia de este proyecto de ley la URSEC realizará un censo para establecer el número y la ubicación de radios comunitarias. La presentación será voluntaria.

Se indica que durante el período de realización del censo no serán de aplicación las infracciones previstas en diferentes normas contra emisoras que estén brindando servicio de radiodifusión comunitaria sin autorización del Poder Ejecutivo en los términos definidos por los artículos 4° y 13, siempre y cuando hayan iniciado sus transmisiones antes de los doce meses de aprobada esta ley y no provoquen interferencias perjudiciales.

Las emisoras serán habilitadas a transmitir temporalmente hasta que recaiga una decisión definitiva sobre su situación.

A partir de los sesenta días de terminado el censo, la URSEC en consulta con el CHARC establecerá los mecanismos de la regularización de las emisoras identificadas como comunitarias. Esto se realizará según los procedimientos siguientes: en el caso de existir limitaciones de espectro se abrirá un período de negociación para la búsqueda de una solución autorregulada entre los operadores habilitados temporalmente, en caso contrario, se habilitará un concurso de oposición y méritos, siguiendo los criterios establecidos en la ley y su reglamentación. Por otro lado, en caso de existir disponibilidad del espectro se procederá a la habilitación definitiva del servicio en las condiciones y plazos que se establecen en el proyecto.

Se señala también que a los efectos de dar cumplimiento a la reserva establecida por el artículo 5°, en reconocimiento de la existencia de localidades o bandas donde las disponibilidades técnicas de frecuencias resultan limitadas, las frecuencias aún vacantes serán asignadas exclusivamente para el servicio de radiodifusión comunitaria y medios públicos.

Por último, a sabiendas de la creciente digitalización del sector de la radiodifusión se reconoce que las nuevas frecuencias que por ello puedan ser liberadas, deberán ser asignadas con el fin de ajustarse a lo establecido por este proyecto de ley.

Luego de descripto el proyecto en sus ideas centrales y adelantando algunas modificaciones a ser realizadas en Sala, la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Representantes recomienda al Cuerpo aprobar el proyecto de ley que se adjunta.

Sala de la Comisión, 3 de mayo de 2007.

Pablo Alvarez López, Miembro Informante; Doreen Javier Ibarra, Edgardo Ortuño, Juan José Piñeyrúa, Juan Andrés Roballo, Juan C. Souza, Horacio Yanes.

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I

Principios generales

Artículo 1°. (Derecho a la libertad de expresión, comunicación e información y a fundar un medio de comunicación por radiodifusión).- La radiodifusión es un soporte técnico para el ejercicio, preexistente a cualquier intervención estatal, del derecho humano a la libertad de expresión y la libertad de información. Por ello no existirá otra limitación a la utilización del espectro radioeléctrico que la resultante de establecer las garantías para el ejercicio de los derechos de todos los habitantes de la República, lo que define los límites y el carácter de la intervención estatal en su potestad de administrar la asignación de frecuencias.

Artículo 2°. (Derecho al uso equitativo de frecuencias radioeléctricas).- El espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad sujeto a administración de los Estados y por tanto el uso equitativo a las frecuencias de toda la sociedad uruguaya constituye un principio general de su administración.

Artículo 3°. (Principios para la administración de espectro radioeléctrico).- El Estado administrará las frecuencias radioeléctricas garantizando los derechos establecidos en los artículos 1° y 2° de la presente ley, en base a los siguientes principios:

A) Promoción de la pluralidad y diversidad; la promoción de la diversidad debe ser un objetivo primordial de la legislación de radiodifusión, de esta ley en particular y de las políticas públicas que desarrolle el Estado.

B) No discriminación; se deberá garantizar igualdad de oportunidades para el acceso de los habitantes de la República, a los medios de comunicación electrónicos para que puedan ejercer su derecho a la información y libertad de expresión con las solas exclusiones que esta ley determinará con el objeto de sostener el mencionado principio y prevenir prácticas de favorecimiento.

C) Transparencia y publicidad de los procedimientos y condiciones de otorgamiento de las asignaciones de frecuencias, que permita el efectivo contralor por parte de los ciudadanos.

CAPITULO II

Servicio de Radiodifusión Comunitaria

Artículo 4°. (Servicio de Radiodifusión Comunitaria).- El Estado tiene la obligación de garantizar y promover el servicio de radiodifusión comunitaria en base a los derechos y principios consagrados en el Capítulo I.

Se entenderá por servicio de radiodifusión comunitaria el servicio de radiodifusión no estatal de interés público, prestado por asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica o por aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro (artículos 6° y 13 de la presente ley) y orientado a satisfacer las necesidades de comunicación social y habilitar el ejercicio del derecho a la información y libertad de expresión de los habitantes de la República.

Su finalidad será la promoción del desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la satisfacción de las necesidades de comunicación social, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los vínculos que hacen a la esencia de la identidad cultural y social. No podrán realizar proselitismo, ni promover la discriminación de raza, etnia, género, orientación sexual, religión, edad o de cualquier otro tipo.

En ningún caso se entenderá que el servicio de radiodifusión comunitaria implica necesariamente un servicio de cobertura geográfica restringida, estando definido por su finalidad pública y social y no por el alcance de la emisión, el cual dependerá de la disponibilidad y planes de uso del espectro y la propuesta comunicacional de la emisora.

De acuerdo con la función y responsabilidad que poseen los servicios de radiodifusión comunitaria, su programación deberá ser preferentemente de producción propia y nacional (departamental o local).

La programación también incluirá espacios de producción independiente, preferentemente la realizada por grupos sociales o personas que habiten el área de alcance de la emisora y siempre que la misma sea compatible con la finalidad del servicio.

Artículo 5°. (Reserva del espectro radioeléctrico).- El Poder Ejecutivo, previo informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), y opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, reservará para la prestación del servicio de radiodifusión comunitaria y otros sin fines de lucro, al menos un tercio del espectro radioeléctrico por cada localidad en todas las bandas de frecuencia de uso analógico y digital y para todas las modalidades de emisión.

La reserva deberá ser actualizada anualmente y será de conocimiento público.

Artículo 6°. (Titulares).- Serán titulares del servicio de radiodifusión comunitaria, las asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o en trámite de constitución.

Podrán serlo también aquellos grupos de personas organizadas sin fines de lucro en los términos que prevé el artículo 13 de la presente ley. En este último caso una o más personas físicas que integren real y efectivamente la organización y ejerzan autoridad en la misma deberán hacerse enteramente responsables de los contenidos a emitir mediante declaración jurada a presentar ante el Ministerio de Educación y Cultura, con formalidades análogas a las previstas en el artículo 4° de la Ley N° 16.099, de 3 de noviembre de 1989, en lo que sea pertinente. Todo ello sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos establecidos en los numerales siguientes del presente artículo.

1.- Los titulares de un servicio de radiodifusión comunitaria y sus directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad en la conducción y orientación de la emisora, no podrán ser beneficiarios ni adjudicatarios de participar, parcial o totalmente, directa o indirectamente, de más de una frecuencia por banda de radiodifusión para el servicio de radiodifusión comunitaria. Dichas personas tampoco podrán ser titulares o parientes de titulares (en línea recta o colateral hasta el segundo grado) de otros medios de radiodifusión no comunitarios.

2.- Los directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad de la conducción y orientación de la emisora deberán ser ciudadanos naturales o legales en ejercicio de la ciudadanía, estar domiciliados real y permanentemente en la República, en el área de alcance o cobertura de la emisora.

Artículo 7°. (Adjudicación del Poder Ejecutivo).- La asignación del canal respectivo del espectro radioeléctrico para la instalación y operación de estaciones de radiodifusión comunitaria requerirá de resolución del Poder Ejecutivo de conformidad con la reglamentación correspondiente, previo informe técnico de la URSEC y opinión preceptiva del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria. Este último contará con un plazo de sesenta días para pronunciarse. De no hacerlo en el plazo referido se interpretará en términos favorables la solicitud.

El principio general para la asignación de frecuencias para servicios de radiodifusión comunitaria será el concurso abierto y público, previa realización de audiencia pública.

El proceso de asignación de frecuencia se hará:

A) A través de llamados públicos que serán realizados con amplia publicidad y en principio al menos dos veces al año, atendiendo a planes y políticas nacionales de gestión del espectro. Sin perjuicio de lo anterior, ante una solicitud de una entidad interesada y existiendo disponibilidad del espectro radioeléctrico en la localidad, el Poder Ejecutivo no podrá negar la apertura de un llamado a concurso público ampliamente publicitado, en un plazo no mayor de ciento ochenta días desde que fuera substanciada la solicitud.

B) Si no hubiera otros interesados, previa audiencia pública y pleno cumplimiento de los requisitos previstos, se asignará a la asociación interesada una frecuencia en las condiciones establecidas en el llamado.

El Poder Ejecutivo estará obligado a conceder la asignación de frecuencia de servicio de radiodifusión comunitaria, cuando substanciado el concurso público y abierto, especialmente convocado al efecto, o efectuada una solicitud de interesado en ausencia de concurso, se cuente con opinión favorable del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y se cumpla con los requisitos y procedimientos exigidos en esta ley y su reglamentación.

En cada caso y según la modalidad de asignación, los requisitos administrativos y económicos, y las características técnicas exigidas serán únicamente las estrictamente necesarias para garantizar su funcionamiento y el más pleno ejercicio de derechos al conjunto de los habitantes de la República.

Artículo 8°. (Criterios para la asignación de frecuencias).- Las asignaciones de frecuencias para servicios de radiodifusión comunitaria tendrán opinión preceptiva por parte del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y se otorgarán en consideración a los siguientes criterios:

A) El plan de servicios a la comunidad que pretende brindar el solicitante, en consonancia con los principios que definen al servicio de radiodifusión comunitaria (literal A) del artículo 4°).

B) Los mecanismos previstos para asegurar la participación ciudadana en la gestión y programación de la emisora.

C) Los antecedentes de trabajo social y comunitario en la zona de cobertura solicitada.

D) Las referencias de personas, organizaciones o instituciones sociales representativas del plan de servicios a la comunidad y de la propuesta de comunicación que se pretende brindar.

Artículo 9°. (Plazo).- Las asignaciones de frecuencias para el servicio de radiodifusión comunitaria serán otorgadas por un plazo de diez años.

Podrán prorrogarse por períodos de cinco años condicionado al cumplimiento de las condiciones de asignación y la celebración de una audiencia pública previa y siempre que no existan limitaciones de espectro confirmado por informes técnicos. En caso contrario y si hubiere otros interesados, será posible la renovación por cinco años previo concurso en las condiciones fijadas por esta ley y el reglamento respectivo.

Artículo 10. (Sustentabilidad económica).- Las entidades sin fines de lucro que brinden servicios de radiodifusión comunitaria tendrán derecho a asegurar su sustentabilidad económica, independencia y desarrollo, a cuyos efectos podrán obtener recursos, entre otras fuentes, de donaciones, aportes solidarios, auspicios, patrocinios y publicidad incluso oficial, de la cual no serán discriminadas.

La totalidad de los recursos que obtengan las entidades que brinden el servicio de radiodifusión comunitaria por y para este servicio, deberán ser invertidos en el funcionamiento y mejoras en la prestación del mismo y el desarrollo de los objetivos del servicio de radiodifusión comunitaria.

La ausencia de finalidad de lucro debe ser entendida como la actividad que no persigue la obtención de ga-nancias para su acumulación o su distribución o su inversión en objetivos diferentes de los que corresponden al servicio de radiodifusión comunitaria (literal A) del artículo 4°).

Se realizará una auditoria anual en las emisoras comunitarias a los efectos de demostrar la correcta aplicación del inciso primero del presente artículo y su coherencia con los principios del servicio.

Artículo 11. (Intransferibilidad).- Los titulares originales de frecuencias de radiodifusión comunitaria no podrán ceder, vender, arrendar o transferir de ninguna forma a terceros los derechos derivados de la asignación.

Artículo 12. (Revocatoria).- Serán pasibles de revocatoria de la asignación recibida, aun antes del plazo establecido, aquellas emisoras que, previa opinión de la URSEC y el Consejo Honorario Asesor, y cumplidas las garantías del debido proceso:

A) Incumplan los objetivos y finalidades del servicio de radiodifusión comunitaria para los cuales les fue asignada dicha frecuencia.

B) Incumplan el Plan de Servicios a la Comunidad y otros compromisos asumidos públicamente.

C) Cuyos titulares, directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad en la conducción y orientación de la emisión incumplan las condiciones expresadas en los numerales 1 y 2 del artículo 6° de la presente ley.

D) Cedan, vendan, arrienden o transfieran de cualquier forma los derechos derivados de la asignación.

E) No inviertan los recursos económicos obtenidos de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 10 de la presente ley.

Artículo 13. (Frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario).- El Poder Ejecutivo, dentro de la reserva de espectro prevista en el artículo 5°, actuando por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura y con asesoramiento de la URSEC, asignará una o más frecuencias por Departamento para ser utilizadas exclusivamente y de manera compartida por iniciativa con carácter comunitario.

Podrán utilizar parcialmente estas frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario (algunas horas o días a la semana):

A) Las asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica.

B) Aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro y cuyas propuestas de comunicación, en opinión del Consejo Honorario Asesor, tengan carácter local y resulten compatibles con la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria.

El uso de estos espacios compartidos se extenderá por un plazo igual o menor a un año. En el caso de las propuestas provenientes de instituciones educativas de carácter universitario o iniciativas sociales que no pudieran hacer uso completo de una frecuencia pero acrediten y justifiquen sostener la iniciativa por más tiempo, podrán renovar o prorrogar su uso por plazos iguales, previa evaluación de los compromisos asumidos, opinión favorable del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y aprobación de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

Las frecuencias para uso de carácter comunitario se compartirán entre los solicitantes que tuvieran interés, de acuerdo a los procedimientos y criterios de selección previstos en la presente ley y la reglamentación respectiva.

Compete a la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura promover y difundir la libertad de expresión y el derecho a la información, en especial a través de las frecuencias que previamente le serán asignadas, identificando y asignando el uso compartido de las mismas a iniciativa de carácter comunitario sin fines de lucro.

Todos y cada uno de los espacios de carácter comunitario deberán ser asignados por concurso abierto u otro mecanismo competitivo. Los requisitos exigidos serán compatibles con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 7°.

CAPITULO III

Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria

Artículo 14. (Participación ciudadana).- El Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos que garanticen la participación ciudadana en la aplicación de la normativa sobre radiodifusión comunitaria y en la elaboración, decisión, implementación y seguimiento de las políticas hacia el sector.

Artículo 15. (Creación del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria).- Créase un Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria que actuará en forma independiente y en la órbita administrativa de la URSEC, el cual será consultado preceptivamente para la elaboración del reglamento a esta ley, los pliegos y mecanismos de asignación de frecuencias y la consideración de las solicitudes presentadas, entre otras.

Artículo 16.- El Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria estará integrado por nueve miembros honorarios: un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería que lo presidirá, un representante del Ministerio de Educación y Cultura, un representante de la Asamblea General, dos representantes de los medios de radiodifusión comunitarios, un representante de la Universidad de la República, un representante rotativo de las Universidades privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura que posean las carreras de Comunicación y dos representantes de las organizaciones no gubernamentales que tengan como finalidad el estudio, promoción y defensa de la libertad de expresión.

Artículo 17. (Cometidos).- El Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria tendrá como cometidos:

A) Participar en la elaboración de la reglamentación de la presente ley y de los pliegos y procedimientos para la asignación de frecuencias de servicio de radiodifusión comunitaria.

B) Determinar las pautas para la evaluación de los criterios de selección en consideración a los requisitos previstos en el artículo 8° de la presente ley.

C) Emitir opinión en todos los trámites de asignación de frecuencias del servicio de radiodifusión comunitaria, en relación con todos los aspectos de la solicitud de que trate y su conformidad o no con las finalidades del servicio de radiodifusión comunitaria (inciso primero del artículo 4° de la presente ley).

D) Convocar, junto a la URSEC, las audiencias públicas previstas en la presente ley y presidirlas.

E) Garantizar la publicidad y el acceso de cualquier persona a conocer las actuaciones que se substancien en los procedimientos de asignación de frecuencias de servicio de radiodifusión comunitaria.

F) Determinar los medios idóneos para la difusión y publicidad de la solicitud de asignación.

G) Emitir opinión en todos los procedimientos de contralor realizados por la URSEC que tengan por objeto determinar si el servicio brindado cumple o ha cumplido con sus compromisos y la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria (artículos 7°, 8°, 10, 12, 13 y 20 de la presente ley).

CAPITULO IV

Disposiciones finales transitorias

Artículo 18. (Normas aplicables).- En todo lo no previsto en la presente ley y en cuanto no se oponga a ésta, serán aplicables las normas generales que regulan los servicios de radiodifusión, sin perjuicio de la revisión de normas técnicas y planes de uso del espectro necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley y atendiendo las especificidades del servicio.

Artículo 19. (Reglamentación de la presente ley).- El Poder Ejecutivo reglamentará dentro de un plazo de treinta días a partir de la vigencia de la presente ley, el sistema de elección de representantes para el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y el funcionamiento del mismo, el cual deberá quedar formalmente instalado dentro del plazo de sesenta días a partir de la vigencia de la presente ley.

El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente ley dentro de los sesenta días siguientes a la instalación del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, con opinión preceptiva del mismo y de la URSEC.

Artículo 20. (Regularización).- Dentro del plazo de sesenta días de la entrada en vigencia de la presente ley, la URSEC realizará un censo para establecer el número y la ubicación de radios comunitarias. La presentación de las emisoras será voluntaria y se les proveerá de formularios adecuados para que den debida cuenta del cumplimiento de los requisitos y características previstas en la presente ley para el servicio de radiodifusión comunitaria.

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, en conjunto con el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, determinarán el cumplimiento de estas disposiciones, momento a partir del cual dichas emisoras se considerarán efectivamente censadas y habilitadas a iniciar el trámite de regularización.

Durante el período de realización del censo, no serán de aplicación las infracciones previstas en el Decreto-Ley N° 14.670, de 23 de junio de 1977, ni las sanciones establecidas en el artículo 89 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001, contra emisoras que estén brindando sin autorización del Poder Ejecutivo, servicio de radiodifusión comunitaria en los términos definidos por los artículos 4° y 13 de la presente ley y concordantes, siempre y cuando hayan iniciado sus transmisiones antes de los doce meses de aprobada esta ley y no provoquen interferencias perjudiciales entre sí o a otros operadores.

Las emisoras comunitarias serán habilitadas temporalmente a transmitir hasta que recaiga una decisión definitiva sobre su situación, previo cumplimiento de los alcances de los artículos precedentes.

A partir de los siguientes sesenta días al cierre del censo nacional, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, en consulta con el Consejo Honorario Asesor establecerá los mecanismos para la regularización definitiva de las emisoras identificadas como comunitarias, siguiendo los siguientes procedimientos:

A) En el caso de existir limitaciones de espectro para dar cabida a varios interesados en las condiciones solicitadas, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones abrirá un período de negociación para la búsqueda de una solución autorregulada entre los operadores habilitados temporalmente para un aprovechamiento óptimo del recurso escaso. En caso contrario, pasados quince días desde el inicio de las conversaciones, se habilitará automáticamente un concurso de oposición y méritos entre los mismos, siguiendo los criterios de la presente ley y su reglamentación.

B) En el caso de haber disponibilidad de espectro y no ser necesario un concurso de oposición y méritos, se procederá a la habilitación definitiva del servicio, en las condiciones y plazos que establece la presente ley, adecuando si fuera necesario, las características técnicas del proyecto para el mejor cumplimiento de los objetivos y plan de servicios de la emisora y los planes técnicos nacionales.

Los llamados a solicitudes para nuevos operadores del servicio de radiodifusión comunitaria podrán realizarse a partir de los ciento ochenta días de la vigencia de la presente ley.

A los efectos de dar cumplimiento a la reserva de espectro prevista en el artículo 5° de la presente ley, y en consideración que existen localidades o bandas donde actualmente la disponibilidad técnica de frecuencias resulta limitada para cumplir con dicha reserva, las frecuencias aún vacantes en ellas serán asignadas exclusivamente para el servicio de radiodifusión comunitaria.

Las frecuencias que se liberen en un futuro, producto de la digitalización, procedimientos que optimicen el espectro radioeléctrico u otras razones, deberán ser asignadas con el fin de ajustarse al porcentaje establecido en la presente ley.

Sala de la Comisión, 3 de mayo de 2007.

Pablo Alvarez López, Miembro Informante; Doreen Javier Ibarra, Edgardo Ortuño, Juan José Piñeyrúa, Juan Andrés Roballo, Juan C. Souza, Horacio Yanes.

Comisión Especial de Población y

Desarrollo Social

INFORME EN MINORIA

Señores Representantes:

El espectro radioeléctrico es un recurso natural de dimensiones limitadas que forma parte del patrimonio de la nación. Actualmente es utilizado por un gran número de operadores de frecuencias diferentes, en bandas distintas. Las más notorias, AM y FM, son emisoras con fines de lucro, y las autorizaciones para operar, han sido siempre provisorias y revocables. Las adjudicaciones de estas emisoras es una competencia del Poder Ejecutivo, a través de Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería. En tal sentido, dejamos constancia que este tema debió ser analizado por la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes.

Desde tiempo atrás, en distintos lugares del país, en forma irregular, sin un marco legal que las autorice a funcionar, han operado radioemisoras de corto alcance con motivaciones vinculadas a determinados entornos geográficos (barriales o locales) o incluso temáticos. Este proyecto, que ponemos a consideración de la Cámara de Representantes, tiene como objeto regular la actividad de las radioemisoras conocidas como radios comunitarias.

La regulación de estos espacios debe ser parte de un marco normativo de carácter general que actualice la regulación del espacio radioeléctrico en su totalidad, tarea que debiera encarar la URSEC a la brevedad. No obstante, la inacción de la URSEC en particular, y del Poder Ejecutivo en general, a este respecto, determina la necesidad de encarar un marco regulatorio básico para las radios comunitarias, de forma tal de estimular la acción de los órganos competentes y desalentar las crecientes expectativas alentadas por el propio gobierno.

A nuestro juicio, el proyecto impulsado por la mayoría de la Comisión, pone la "carreta delante de los bueyes", porque en lugar de establecer un marco legal que regule el espectro radioeléctrico en su globalidad, se preocupa exclusivamente por desarrollar un amplio marco normativo que sólo refiere a las llamadas radios comunitarias.

En nuestra opinión, es necesario regular la situación de las radios comunitarias (el primer proyecto presentado en el ámbito legislativo en noviembre de 1998 lleva nuestra firma) para evitar un uso caótico del espectro radioeléctrico, al tiempo que el Poder Ejecutivo (por supuesto, con el asesoramiento de la URSEC) promueve un marco general que regule el conjunto del espectro radioeléctrico.

El proyecto que promovemos define los servicios de radiodifusión comunitarios como aquellos comprendidos dentro del espectro radioeléctrico a que refiere la presente ley, cuyas emisiones sonoras operen en la banda de Frecuencia Modulada (FM), con baja potencia y cobertura restringida, cuyos fines se adecuen a los establecidos en los estatutos de las organizaciones referidas en el siguiente artículo.

Establece los requisitos indispensables para su autorización a funcionar:

a) los usuarios deben ser asociaciones civiles sin fines de lucro.

b) no podrán tener carácter comercial ni emitir publicidad.

Para autorizar el funcionamiento de estas emisoras, se manejan diversos criterios que tienen que ver con aspectos técnicos, con la posibilidad abierta para los interesados en la instalación de este tipo de radioemisoras, e incluso la forma de utilización de horarios y frecuencias. En este sentido se trata de establecer normas absolutamente equitativas para todos, con las garantías técnicas que correspondan al tipo de radioemisoras.

A los efectos de dar cumplimiento a las disposiciones del presente proyecto se plantea la creación de la Comisión Honoraria Administradora del Espacio Radioeléctrico, con una integración plural, donde estén representados los radiodifusores, comerciales y comunitarios, lo que redundará en mayores garantías para todos.

Sala de la Comisión, 3 de mayo de 2007.

Iván Posada. Miembro Informante.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. (Definición).- Se consideran servicios de rdiodifusión comunitaria, a los servicios de radio comunicación comprendidos dentro del espectro radioeléctrico a que refiere la presente ley, cuyas emisiones sonoras operen en la Banda de Frecuencia Modulada (FM), con baja potencia y cobertura restringida, cuyos fines se adecuen a los establecidos en los estatutos de las organizaciones referidas en el siguiente artículo.

Artículo 2°. (Autorización).- Sólo podrán solicitar autorización para operar una emisora de radio comunitaria las asociaciones civiles sin fines de lucro, con estatutos debidamente autorizados por la autoridad competente.

Artículo 3°. (Prohibición).- Las emisoras de radio de carácter comunitario no podrán desarrollar actividad comercial de ninguna naturaleza ni emitir publicidad bajo ninguna forma.

Artículo 4°. (Criterios).- Las autorizaciones de funcionamiento de las emisoras de radio comunitarias deberán tener en cuenta los siguientes criterios:

A) El Poder Ejecutivo, asignará en cada departamento, un rango de frecuencias no menor a tres canales consecutivos, estableciéndose las normas técnicas correspondientes teniéndose en cuenta las disposiciones vigentes y lo dispuesto en la presente ley.

B) La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) llamará a interesados, mediante un comunicado público, que se difundirá al menos, por medio de dos órganos de prensa escrita de circulación nacional, el Diario Oficial, cinco informativos radiales y dos informativos televisivos. Además, en los departamentos del interior del país, el comunicado se difundirá al menos en un órgano, de prensa escrita, radial y televisiva, del lugar correspondiente al llamado.

C) La reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de la URSEC, establecerá los procedimientos técnicos para la calificación de los interesados.

D) En caso de existir más de un interesado para el mismo espacio la adjudicación a estos, deberá ajustarse a los siguientes criterios:

1) Asignar segmentos horarios, no menores a veinte horas semanales.

2) En cada segmento, no menos de cuatro horas que corresponderán a sábado o domingo.

3) Los segmentos serán individualizados mediante una letra y se reglamentará un procedimiento de rotación tal, que cada asociación civil responsable de la emisión pueda acceder a distintos horarios y días, por período semanal.

Artículo 5°. (Autorizaciones extraordinarias).- El Poder Ejecutivo podrá autorizar en forma extraordinaria, por razones fundadas, previo asesoramiento de la URSEC, solicitudes para operar emisoras dentro del Espacio Eléctrico Comunitario, cuando se trate de un área temática específicamente determinada y por un período de emisión menor a treinta días.

Artículo 6°. (Creación).- Créase la Comisión Asesora Honoraria de Radiodifusión, que funcionará en el ámbito administrativo de la URSEC y estará integrada por cinco miembros: un representante del Ministerio de Educación y Cultura que la presidirá, dos representantes de las radioemisoras comunitarias y dos representantes de las entidades más representativas que agrupen a los radiodifusores privados.

Artículo 7°. (Cometidos).- Los cometidos de la Comisión referida en el artículo anterior serán los de asesorar preceptivamente a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación en los llamados a interesados, adjudicación de las frecuencias, determinación de las zonas, de dos horarios de emisión, del sistema de rotación y, en general, de la administración del uso del espacio autorizado.

Artículo 8°. (Registro).- Cométase a la URSEC la creación de un registro de las autorizaciones concedidas para operar a radioemisoras comunitarias.

Artículo 9°. (Sanciones).- Será aplicable a las radioemisoras comunitarias el régimen de sanciones previsto en el Decreto-Ley N° 14.670, de 15 de junio de 1977.

Artículo 10 (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo, previo asesoramiento de la URSEC, reglamentará la presente ley en un plazo de 120 (ciento veinte) días, contados a partir de la promulgación de la misma.

Sala de la Comisión, 3 de mayo de 2007.

Iván Posada. Miembro Informante.

Comisión Especial de Población y

Desarrollo Social

INFORME EN MINORIA

Señores Representantes:

La minoría de la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social, recomienda a la Cámara la no aprobación del proyecto de ley que regula la utilización del espacio radioeléctrico y consagra el servicio de radiodifusión comunitaria.

Quienes suscriben no se oponen a legislar en la materia, porque son conscientes del fenómeno en expansión que, desde el punto de vista social y de la comunicación, representan en el mundo las radios comunitarias. Sin embargo entienden, a su vez, que la iniciativa a estudio implica una mala e inconveniente resolución del tema, por las razones que se dirán.

En primer lugar, la definición del ámbito comunitario de radiodifusión en términos irrestrictos, de limitación geográfica, constituye una condición riesgosa -por lo menos-, que puede conducir a una situación tanto de interferencia, como de competencia desleal, con las radios legalmente establecidas en la actualidad. En nuestra visión, como su nombre lo indica, la comunicación comunitaria debe estar circunscripta a la cobertura local, y prestar servicios a un entorno territorial acotado. Por lo dicho, no parece prudente admitir legalmente, bajo esta modalidad, el otorgamiento de frecuencias y de potencias en forma indiscriminada.

Por los mismos fundamentos, el plazo inicial de asignación de 10 años parece exagerado. Uno menor, incluso prorrogable sucesivamente, podría resultar más prudente. No debe olvidarse que es el Estado quien otorga las frecuencias, y velar por su interés supone, entre otros aspectos, prever aquellas situaciones en las que eventualmente pueda llegar a ser demandado por responsabilidad.

Por otra parte, el régimen de sustentabilidad económica que contiene el proyecto, conduce a la misma consecuencia de injusticia y desigualdad mencionada anteriormente. La posibilidad de que las radios comunitarias obtengan recursos, entre otras fuentes, de la venta de publicidad -"incluso oficial"- desvirtúa absolutamente el sentido de las mismas. Se entiende que ellas, razonablemente, financien su actividad a partir de distintas formas de contribuciones solidarias, pero no es comprensible que puedan comerciar, y menos, que reciban avisos del Estado.

En otro orden, la institucionalidad consagrada en la iniciativa a consideración de la Cámara, motivó otra diferencia importante en el análisis realizado por la Comisión. En efecto, los Legisladores firmantes fuimos particularmente críticos con la creación de nuevos organismos. Si bien fue eliminado el llamado "Instituto para la promoción de la radiodifusión" que se proponía conformar en la versión original, en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, no compartimos la invención del denominado "Consejo honorario asesor de radiodifusión comunitaria", que se mantiene. Tal entidad, en función de los cometidos que se le acuerdan, podría invadir las competencias de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC). En nuestro concepto, dicho ente regulador debería ser la exclusiva autoridad en cuanto concierne a la administración del espacio radioeléctrico, y sería oportuno y conveniente que la ley lo protegiera y afirmara en esa condición. Ello no ocurrirá, sino lo contrario, con la iniciativa legal aprobada por la Comisión, en la medida en que llegara a prosperar.

Por estas razones fundamentales, entre otras que serán expuestas en Sala, se recomienda a la Cámara el rechazo del proyecto de ley a estudio, aprobando el proyecto de resolución adjunto.

Sala de la Comisión, 3 de mayo de 2007.

Pablo Abdala, Miembro Informante; Beatriz Argimón, Miguel Asqueta Sóñora, Sandra Etcheverry.

PROYECTO DE RESOLUCION

Recházase el proyecto de ley denominado "Utilización del espectro radioeléctrico y medios comunitarios de radiodifusión". (Carpeta 654/2005).

Sala de la Comisión, 3 de mayo de 2007.

Pablo Abdala, Miembro Informante; Beatriz Argimón, Miguel Asqueta Sóñora, Sandra Etcheverry.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Población,

Desarrollo e Inclusión

ACTA N° 61

En Montevideo, a los diez días del mes de setiembre del año dos mil siete, a la hora catorce y diez minutos, se reúne la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, las señoras Senadoras Susana Dalmás y Margarita Percovich, y los señores Senadores Juan Justo Amaro, Luis A. Heber, Manuel Laguarda, Ruperto Long, Eduardo Lorier y Jorge Saravia.

Falta con aviso el señor Senador Enrique Antía.

Presiden los señores Senadores Margarita Percovich y Ruperto Long, Vicepresidenta y Presidente de la Comisión, respectivamente.

Actúa en Secretaría, la Secretaria de la Comisión señora Teresa Paredes con la colaboración de la señora Susana Rodríguez.

ASUNTOS ENTRADOS:

- Invitación remitida por el señor Director del CALEN (Centro de Altos Estudios Nacionales) para el Seminario "Situación de los principales indicadores del Factor Psicosocial, a realizarse los días 11 y 12 del corrientemes.

- Resumen realizado por la Licenciada Guadalupe Ayala (Becaria del PNUD) con las opiniones manifestadas por los invitados a las sesiones de la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Representantes.

ORDEN DEL DIA: Carpeta N° 843/2007. UTILIZACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO Y MEDIOS COMUNITARIOS DE RADIODIFUSION. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido N° 1751/2007.

Se consideran los siguientes artículos:

CAPITULO I - PRINCIPIOS GENERALES.

Artículo 1°. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 2°. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 3°. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

CAPITULO II - SERVICIO DE RADIODIFUSION COMUNITARIA.

A solicitud del señor Senador Heber, los señores Senadores acuerdan aplazar los artículos 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 12 y 13.

Artículo 4°.- Se aplaza.

Artículo 5°. - Se aplaza.

El señor Senador Long pasa a ocupar la Presidencia.

Artículo 6°.- Se aplaza.

Artículo 7°.- Se aplaza.

Artículo 8°.- Se aplaza.

El señor Senador Heber plantea, además del aplazamiento, que se analice la reducción del plazo que establece el artículo 9°.

Artículo 9°.- Se aplaza.

Artículo 10.- Se aplaza.

En consideración el artículo 11.

Artículo 11.- Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIDAMIDAD.

Artículo 12.- Se aplaza.

Artículo 13.- Se aplaza.

Los artículos aprobados quedan redactados de la siguiente manera:

"CAPITULO I - PRINCIPOS GENERALES

Artículo 1°. (Derecho a la libertad de expresión, comunicación e información y a fundar un medio de comunicación por radiodifusión).- La radiodifusión es un soporte técnico para el ejercicio, preexistente a cualquier intervención estatal, del derecho humano a la libertad de expresión y a la libertad de información. Por ello no existirá otra limitación a la utilización del espectro radioeléctrico que la resultante de establecer las garantías para el ejercicio de los derechos de todos los habitantes de la República, lo que define los límites y el carácter de la intervención estatal en su potestad de administrar la asignación de frecuencias.

Artículo 2°. (Derecho al uso equitativo de frecuencias radioeléctricas).- El espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad sujeto a administración de los Estados y, por tanto, el uso equitativo a las frecuencias de toda la sociedad uruguaya constituye un principio general de su administración.

Artículo 3°. (Principios para la administración del espectro radioeléctrico).- El Estado administrará las frecuencias radioeléctricas garantizando los derechos establecidos en los artículos 1° y 2° de la presente ley, en base a lo siguientes principios:

A) Promoción de la pluralidad y diversidad; la promoción de la diversidad debe ser un objetivo primordial de la legislación de radiodifusión, de esta ley en particular y de las políticas públicas que desarrolle el Estado.

B) No discriminación; se deberá garantizar igualdad de oportunidades para el acceso de los habitantes de la República a los medios de comunicación electrónicos, para que puedan ejercer su derecho a la información y a la libertad de expresión con las solas exclusiones que esta ley determinará con el objeto de sostener el mencionado principio y prevenir prácticas de favorecimiento.

C) Transparencia y publicidad en los procedimientos y condiciones de otorgamiento de las asignaciones de frecuencias, que permitan el efectivo contralor por parte de los ciudadanos.

CAPITULO II - SERVICIO DE RADIODIFUSION COMUNITARIA.

Artículo 11. (Intransferibilidad).- Los titulares originales de frecuencias de radiodifusión comunitaria no podrán ceder, vender, arrendar o transferir de ninguna forma a terceros los derechos derivados de la asignación".

RESOLUCIONES.

La Comisión resuelve sesionar el próximo lunes 17 de setiembre de 14:00 a 15:30 horas, e invitar para la ocasión al Dr. Carlos Delpiazzo y representantes de la Cátedra de Libertad de Expresión de la UNESCO, a efectos de recabar la opinión que les merece el proyecto de ley a estudio.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 1938/2007, que integra este documento.

A la hora quince y treinta y cinco minutos, se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Ruperto E. Long Presidente

Teresa Paredes Secretaria.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Población,

Desarrollo e Inclusión

ACTA N° 66

En Montevideo, el día veintidós de octubre de dos mil siete, a la hora catorce y diez minutos, se reúne la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores.

Asisten los señores miembros de la Comisión Senadores Juan Justo Amaro, Enrique Antía, Susana Dalmás, Luis Alberto Heber, Ruperto Long, Eduardo Lorier, Margarita Percovich, Jorge Saravia y Mónica Xavier.

Presiden, sucesivamente, la señora Senadora Margarita Percovich y el señor Senador Ruperto Long, Vicepresidenta y Presidente de la Comisión, respectivamente.

Actúa en Secretaría la señora Teresa Paredes, con la colaboración de la señora Susana Rodríguez.

ASUNTOS ENTRADOS.

1) Carpeta N° 946/2007. SERVICIO DE RADIODIFUSION SOCIAL. Se establecen normas. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor Senador Julio Lara. Distribuido N° 200/2007.

2) Nota remitida por el señor Presidente de la Cámara de Senadores, adjuntando copia de la exposición realizada por el señor Edil Néstor López Arezo, relacionada con la situación que padece una familia de la ciudad de Tranqueras.

ORDEN DEL DIA:

Carpeta N° 843/2007. UTILIZACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO Y MEDIOS COMUNITARIOS DE RADIODIFUSION. Normas. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido N° 1751/2007.

Por Secretaría se da cuenta de modificaciones a los textos de los artículos 13 y 20, presentadas por los señores Senadores integrantes de la Bancada del Frente Amplio.

La señora Presidenta informa que oportunamente fue comunicado al señor Presidente que, en virtud de la urgente necesidad de regulación legal, de los plazos para actuar por parte de la URSEC, la que ha sido emplazada y de que este proyecto de ley al que se le han introducido modificaciones tiene que volver a la Cámara de Representantes, es intención de los señores Senadores integrantes de la Bancada del Frente Amplio aprobar el proyecto de ley en la sesión de hoy.

El señor Senador Amaro expresa su discrepancia con la forma de tratamiento y con el hecho de votarlo en la sesión de hoy. Manifiesta, asimismo, que no dará su aprobación a ninguno de los artículos y que dará las explicaciones pertinentes en la consideración en el Senado.

Intercambian opiniones varios señores Senadores.

El señor Presidente informa que la señora Vicepresidenta había planteado la realización de una sesión extraordinaria, la que no pudo concretarse por motivos de agenda de los señores Senadores, y que en esa oportunidad fue informado de la intención de aprobar el proyecto de ley a la brevedad. Seguidamente invita a los señores Senadores a la consideración en particular del articulado.

En consideración el Capítulo II, artículo 4°. La señora Senadora Dalmás hace referencia a la modificación oportunamente propuesta, en el sentido de agregar en el inciso tercero, luego de la frase "No podrán realizar proselitismo" los términos "político-partidario".

El señor Presidente informa que se tomó en cuenta la modificación aludida y que además se agrega en el referido inciso tercero a continuación de "identidad cultural y social" la especificación "del Uruguay".

El señor Senador Long plantea su objeción en relación al inciso segundo cuando refiere a "o a aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro" y señala la conveniencia de fijar responsabilidades. El señor Senador Heber señala que debería ponerse alguna limitante al concepto "grupo de personas".

A solicitud del señor Senador Lorier, se reparte por Secretaría, copias del texto del artículo 4° de la Ley N° 16.099, de 3 de noviembre de 1989.

La señora Senadora Percovich explicita que este proyecto de ley tiene como objetivo dar lineamientos para la reglamentación. El señor Senador Lorier opina que los artículos 6° y 13 contienen disposiciones que dan garantía constituyendo la mejor salvaguarda. El señor Senador Lorier agrega que el Consejo Honorario Asesor cumple funciones de garantía.

El señor Senador Long deja constancia de la preocupación que le genera el inciso quinto respecto a la transitoriedad, así como en el inciso cuarto que refiere a la cobertura geográfica.

La señora Senadora Xavier propone desglosar los artículos que no cuentan con acuerdo.

Los señores Senadores acuerdan desglosar los artículos 4° a 10, 13, 18 y 20.

El señor Presidente informa que oportunamente fueron aprobados los artículos 1°, 2°, 3° y 11.

La señora Senadora Percovich solicita que se vote todo el articulado sin aprobación e invita a los señores Senadores a que elaboren sus aportes por escrito, a efectos de considerar su incorporación para el tratamiento en el Senado.

El señor Presidente pone a votación el articulado.

Artículo 4°.- Se vota: 4 en 8. NEGATIVA. Se rectifica la votación: con modificaciones 5 en 8. AFIRMATIVA.

Artículo 5°.- Se vota: 5 en 8. AFIRMATIVA.

Artículo 6°.- Se vota. 5 en 8. AFIRMATIVA.

Artículo 7°.- Se vota: 5 en 8. AFIRMATIVA.

Artículo 8°.- Se vota: 5 en 8. AFIRMATIVA.

Artículo 9°.- Se vota: 5 en 8. AFIRMATIVA.

Artículo 10.- Se vota: 5 en 8. AFIRMATIVA.

Artículo 12.- Se vota: 5 en 8. AFIRMATIVA.

Artículo 13.- Se vota: con modificaciones. 5 en 8. AFIRMATIVA.

Artículo 14.- Se vota: 5 en 8. AFIRMATIVA.

Artículo 15.- Se vota: 5 en 8. AFIRMATIVA.

Artículo 16.- Se vota: 5 en 8. AFIRMATIVA.

Artículo 17.- Se vota: 5 en 8. AFIRMATIVA.

Artículo 18.- Se vota: 5 en 8. AFIRMATIVA.

Artículo 19.- Se vota: 5 en 8. AFIRMATIVA.

Artículo 20.- Se vota: con modificaciones. 5 en 8. AFIRMATIVA.

Los artículos aprobados, quedan redactados de la siguiente manera:

CAPITULO II - SERVICIO DE RADIODIFUSION COMUNITARIA.

Artículo 4°. (Servicio de radiodifusión comunitaria).- El Estado tiene la obligación de garantizar y promover el servicio de radiodifusión comunitaria en base a los derechos y principios consagrados en el Capítulo I.

Se entenderá por servicio de radiodifusión comunitaria el servicio de radiodifusión no estatal de interés público, prestado por asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica o por aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro (artículos 6° y 13 de la presente ley) y orientado a satisfacer las necesidades de comunicación social y a habilitar el ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión de los habitantes de la República.

Su finalidad será la promoción del desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la satisfacción de las necesidades de comunicación social, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los vínculos que hacen a la esencia de la identidad cultural y social del Uruguay. No podrán realizar proselitismo político-partidario, ni promover la discriminación de raza, etnia, género, orientación sexual, religión, edad o de cualquier otro tipo.

En ningún caso se entenderá que el servicio de radio-difusión comunitaria implica necesariamente un servicio de cobertura geográfica restringida, estando definido por su finalidad pública y social y no por el alcance de la emisión, el cual dependerá de la disponibilidad y planes de uso del espectro y la propuesta comunicacional de la emisora.

De acuerdo con la función y responsabilidad que poseen los servicios de radiodifusión comunitaria, su programación deberá ser preferentemente de producción propia y nacional (departamental o local).

La programación también incluirá espacios de producción independiente, preferentemente la realizada por grupos sociales o personas que habiten el área de alcance de la emisora y siempre que la misma sea compatible con la finalidad del servicio.

Artículo 5°. (Reserva del espectro radioeléctrico).- El Poder Ejecutivo, previo informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, reservará para la prestación del servicio de radiodifusión comunitaria y otros sin fines de lucro, al menos un tercio del espectro radioeléctrico por cada localidad en todas las bandas de frecuencia de uso analógico y digital y para todas las modalidades de emisión.

La reserva deberá ser actualizada anualmente y será de conocimiento público.

Artículo 6°. (Titulares).- Serán titulares del servicio de radiodifusión comunitaria las asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o en trámite de constitución.

Podrán serlo también aquellos grupos de personas organizadas sin fines de lucro, en los términos que prevé el artículo 13 de la presente ley. En este último caso, una o más personas físicas, que integren real y efectivamente la organización y ejerzan autoridad en la misma, deberán hacerse enteramente responsables de los contenidos a emitir mediante declaración jurada a presentar ante el Ministerio de Educación y Cultura, con formalidades análogas a las previstas en el artículo 4° de la Ley N° 16.099, de 3 de noviembre de 1989, en lo que sea pertinente. Todo ello sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos establecidos en los literales siguientes del presente artículo.

A) Los titulares de un servicio de radiodifusión comunitaria y sus directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad en la conducción y orientación de la emisora, no podrán ser beneficiarios ni adjudicatarios de participar, parcial o totalmente, directa o indirectamente, de más de una frecuencia por banda de radiodifusión para el servicio de radiodifusión comunitaria. Dichas personas tampoco podrán ser titulares o parientes de titulares (en línea recta o colateral hasta el segundo grado) de otros medios de radiodifusión no comunitarios.

B) Los directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad de la conducción y orientación de la emisora deberán ser ciudadanos naturales o legales en ejercicio de la ciudadanía, estar domiciliados real y permanentemente en la República, en el área de alcance o cobertura de la emisora.

Artículo 7°. (Adjudicación del Poder Ejecutivo).- La asignación del canal respectivo del espectro radioeléctrico para la instalación y operación de estaciones de radiodifusión comunitaria requerirá de resolución del Poder Ejecutivo de conformidad con la reglamentación correspondiente, previo informe técnico de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y opinión preceptiva del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria. Este último contará con un plazo de sesenta días para pronunciarse. De no hacerlo en el plazo referido se interpretará en términos favorables la solicitud.

El principio general para la asignación de frecuencias para servicios de radiodifusión comunitaria será el concurso abierto y público, previa realización de audiencia pública.

El proceso de asignación de frecuencia se hará:

A) A través de llamados públicos que serán realizados con amplia publicidad y en principio al menos dos veces al año, atendiendo a planes y políticas nacionales de gestión del espectro. Sin perjuicio de lo anterior, ante una solicitud de una entidad interesada y existiendo disponibilidad del espectro radioeléctrico en la localidad, el Poder Ejecutivo no podrá negar la apertura de un llamado a concurso público ampliamente publicitado, en un plazo no mayor de ciento ochenta días desde que fuera substanciada la solicitud.

B) Si no hubiera otros interesados, previa audiencia pública y pleno cumplimiento de los requisitos previstos, se asignará a la asociación interesada una frecuencia en las condiciones establecidas en el llamado.

El Poder Ejecutivo estará obligado a conceder la asignación de frecuencia de servicio de radiodifusión comunitaria, cuando substanciado el concurso público y abierto, especialmente convocado al efecto, o efectuada una solicitud de interesado en ausencia de concurso, se cuente con opinión favorable del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y se cumpla con los requisitos y procedimientos exigidos en esta ley y su reglamentación.

En cada caso y según la modalidad de asignación, los requisitos administrativos y económicos y las características técnicas exigidas serán únicamente las estrictamente necesarias para garantizar su funcionamiento y el más pleno ejercicio de derecho al conjunto de los habitantes de la República.

Artículo 8°. (Criterios para la asignación de frecuencias).- Las asignaciones de frecuencias para servicios de radio-difusión comunitaria tendrán opinión preceptiva por parte del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y se otorgarán en consideración a los siguientes criterios:

A) El plan de servicios a la comunidad que pretende brindar el solicitante, en consonancia con los principios que definen al servicio de radiodifusión comunitaria (artículo 4°).

B) Los mecanismos previstos para asegurar la participación ciudadana en la gestión y programación de la emisora.

C) Los antecedentes de trabajo social y comunitario en la zona de cobertura solicitada.

D) Las referencias de personas, organizaciones o instituciones sociales representativas del plan de servicios a la comunidad y de la propuesta de comunicación que se pretende brindar.

Artículo 9°. (Plazo).- Las asignaciones de frecuencias para el servicio de radiodifusión comunitaria serán otorgadas por un plazo de diez años.

Podrán prorrogarse por períodos de cinco años condicionado al cumplimiento de las condiciones de asignación y la celebración de una audiencia pública previa y siempre que no existan limitaciones de espectro confirmado por informes técnicos. En caso contrario, y si hubiere otros interesados, será posible la renovación por cinco años previo concurso en las condiciones fijadas por esta ley y el reglamento respectivo.

Artículo 10. (Sustentabilidad económica).- Las entidades sin fines de lucro que brinden servicio de radiodifusión comunitaria tendrán derecho a asegurar su sustentabilidad económica, independencia y desarrollo, a cuyos efectos podrán obtener recursos, entre otras fuentes, de donaciones, aportes solidarios, auspicios, patrocinios y publicidad incluso oficial, de la cual no serán discriminadas.

La totalidad de los recursos que obtengan las entidades que brinden el servicio de radiodifusión comunitaria, por y para este servicio, deberán ser invertidos en el funcionamiento y en mejoras en la prestación del mismo y en el desarrollo de los objetivos del servicio de radiodifusión comunitaria.

La ausencia de finalidad de lucro debe ser entendida como la actividad que no persigue la obtención de ganancias para su acumulación o su distribución o su inversión en objetivos diferentes de los que corresponden al servicio de radiodifusión comunitaria (artículo 4°).

Se realizará una auditoría anual en las emisoras comunitarias a los efectos de demostrar la correcta aplicación del inciso primero del presente artículo y su coherencia con los principios del servicio.

Artículo 12. (Revocatoria).- Serán pasibles de revocatoria de la asignación recibida, aun antes del plazo establecido, aquellas emisoras que, previa opinión de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, y cumplidas las garantías del debido proceso:

A) Incumplan los objetivos y finalidades del servicio de radiodifusión comunitaria para los cuales les fue asignada dicha frecuencia.

B) Incumplan el Plan de Servicios a la Comunidad y otros compromisos asumidos públicamente.

C) Cuyos titulares, directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad en la conducción y orientación de la emisión incumplan las condiciones expresadas en los literales A) y B), del artículo 6° de la presente ley.

D) Cedan, vendan, arrienden o transfieran de cualquier forma los derechos derivados de la asignación.

E) No inviertan los recursos económicos obtenidos de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 10.

Artículo 13. (Frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario).- El Poder Ejecutivo, dentro de la reserva de espectro prevista en el artículo 5°, con asesoramiento de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), asignará una o más frecuencias por departamento para ser utilizadas exclusivamente y de la manera compartida por iniciativas con carácter comunitario.

Podrán utilizar parcialmente estas frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario (algunas horas o días a la semana):

A) Las asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica.

B) Aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro y cuyas propuestas de comunicación, en opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, tengan carácter local y resulten compatibles con la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria.

El uso de estos espacios compartidos se extenderá por un plazo igual o menor a un año. En el caso de las propuestas provenientes de instituciones educativas de carácter universitario o iniciativas sociales que no pudieran hacer uso completo de una frecuencia pero acrediten y justifiquen sostener la iniciativa por más tiempo, podrán renovar o prorrogar su uso por plazos iguales, previa evaluación de los compromisos asumidos, opinión favorable del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y aprobación de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

Las frecuencias para uso de carácter comunitario se compartirán entre los solicitantes que tuvieran interés, de acuerdo a los procedimientos y criterios de selección previstos en la presente ley y en la reglamentación respectiva.

Compete a la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura promover y difundir la libertad de expresión y el derecho a la información, en especial a través de las frecuencias que previamente le serán asignadas, identificando y asignando el uso compartido de las mismas a iniciativa de carácter comunitario sin fines de lucro.

Todos y cada uno de los espacios de carácter comunitario deberán ser asignados por concurso abierto u otro mecanismo competitivo. Los requisitos exigidos serán compatibles con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 7° de la presente ley.

CAPITULO III - CONSEJO HONORARIO ASESOR DE RADIODIFUSION COMUNITARIA

Artículo 14. (Participación ciudadana).- El Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos que garanticen la participación ciudadana en la aplicación de la normativa sobre radiodifusión comunitaria y en la elaboración, decisión, implementación y seguimiento de las políticas hacia el sector.

Artículo 15. (Creación del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria).- Créase un Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria que actuará en forma independiente y en la órbita administrativa de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), el cual será consultado preceptivamente para la elaboración del reglamento de esta ley, los pliegos y mecanismos de asignación de frecuencias y la consideración de las solicitudes presentadas, entre otras.

Artículo 16. (Integración).- El Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria estará integrado por nueve miembros honorarios: un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería que lo presidirá, un representante del Ministerio de Educación y Cultura, un representante de la Asamblea General, dos representantes de los medios de radiodifusión comunitarios, un representante de la Universidad de la República, un representante rotativo de las Universidades privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura que posean las carreras de Comunicación y dos representantes de las organizaciones no gubernamentales que tengan como finalidad el estudio, promoción y defensa de la libertad de expresión.

Artículo 17. (Cometidos).- El Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria tendrá como cometidos:

A) Participar en la elaboración de la reglamentación de la presente ley y de los pliegos y procedimientos para la asignación de frecuencias del servicio de radiodifusión comunitaria.

B) Determinar las pautas para la evaluación de los criterios de selección, en consideración a los requisitos previstos en el artículo 8° de la presente ley.

C) Emitir opinión en todos los trámites de asignación de frecuencias del servicio de radiodifusión comunitaria, en relación con todos los aspectos de la solicitud de que trate y su conformidad o no con las finalidades del servicio de radiodifusión comunitaria (inciso primero del artículo 4°).

D) Convocar, junto a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), las audiencias públicas previstas en la presente ley y presidirlas.

E) Garantizar la publicidad y el acceso de cualquier persona a conocer las actuaciones que se substancien en los procedimientos de asignación de frecuencias de servicio de radiodifusión comunitaria.

F) Determinar los medios idóneos para la difusión y publicidad de la solicitud de asignación.

G) Emitir opinión de todos los procedimientos de contralor realizados por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) que tengan por objeto determinar si el servicio brindado cumple o ha cumplido con sus compromisos y la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria (artículos 7°, 8°, 10, 12, 13 y 20).

CAPITULO IV - DISPOSICIONES FINALES TRANSITORIAS

Artículo 18. (Normas aplicables).- En todo lo no previsto en la presente ley y en cuanto no se oponga a ésta, serán aplicables las normas generales que regulan los servicios de radiodifusión, sin perjuicio de la revisión de normas técnicas y planes de uso del espectro necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley y atendiendo las especificidades del servicio.

Artículo 19. (Reglamentación de la presente ley).- El Poder Ejecutivo reglamentará, dentro de un plazo de treinta días a partir de la vigencia de la presente ley, el sistema de elección de representantes para el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y el funcionamiento del mismo, el cual deberá quedar formalmente instalado dentro del plazo de sesenta días a partir de la vigencia de la presente ley.

El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente ley dentro de los sesenta días siguientes a la instalación del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, con opinión preceptiva del mismo y de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC).

Artículo 20. (Regularización).- Dentro del plazo de sesenta días de la entrada en vigencia de la presente ley, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) realizará un censo para establecer el número y la ubicación de radios comunitarias. La presentación de las emisoras será voluntaria y se les proveerá de formularios adecuados para que den debida cuenta del cumplimiento de los requisitos y características previstas en la presente ley para el servicio de radiodifusión comunitaria.

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), en conjunto con el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, determinarán el cumplimiento de estas disposiciones, momento a partir del cual dichas emisoras se considerarán efectivamente censadas y habilitadas a iniciar el trámite de regularización.

Durante el período de realización del censo no serán de aplicación las infracciones previstas en el Decreto-Ley N° 14.670, de 23 de junio de 1977, ni las sanciones establecidas en el artículo 89 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001, contra emisoras que estén brindando, sin autorización del Poder Ejecutivo, servicio de radiodifusión comunitaria en los términos definidos por los artículos 4° y 13 de la presente ley y concordantes, siempre y cuando hayan iniciado sus transmisiones antes de los doce meses de aprobada esta ley y no provoquen interferencias perjudiciales entre sí o a otros operadores.

Las emisoras comunitarias serán habilitadas temporalmente a transmitir hasta que recaiga una decisión definitiva sobre su situación, previo cumplimiento de los alcances de los artículos precedentes.

A partir de los siguientes sesenta días al cierre del censo nacional, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), en consulta con el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, establecerá los mecanismos para la regularización definitiva de las emisoras identificadas como comunitarias, siguiendo los siguientes procedimientos:

A) En el caso de existir limitaciones de espectro para dar cabida a varios interesados en las condiciones solicitadas, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), abrirá un período de negociación para la búsqueda de una solución autorregulada entre los operadores habilitados temporalmente para un aprovechamiento óptimo del recurso escaso. En caso contrario, pasados quince días desde el inicio de las conversaciones, se habilitará automáticamente un concurso de oposición y méritos entre los mismos, siguiendo los criterios de la presente ley y su reglamentación.

B) En el caso de haber disponibilidad de espectro y no ser necesario un concurso de oposición y méritos, se procederá a la habilitación definitiva del servicio, en las condiciones y en los plazos que establece la presente ley, adecuando, si fuera necesario, las características técnicas del proyecto para el mejor cumplimiento de los objetivos y plan de servicios de la emisora y los planes técnicos nacionales.

Los llamados o solicitudes para nuevos operadores del servicio de radiodifusión comunitaria podrán realizarse a partir de los ciento ochenta días de la vigencia de la presente ley.

A los efectos de dar cumplimiento a la reserva de espectro prevista en el artículo 5° de la presente ley y en consideración que existen localidades o bandas donde actualmente la disponibilidad técnica de frecuencias resulta limitada para cumplir con dicha reserva, las frecuencias aún vacantes en ellas serán asignadas preferentemente para el servicio de radiodifusión comunitaria y público.

Las frecuencias que se liberen en un futuro, producto de la digitalización, procedimientos que optimicen el espectro radioeléctrico u otras razones, deberán ser asignadas de la misma manera con el fin de ajustarse al porcentaje establecido en la presente ley".

El señor Presidente, en nombre de los señores Senadores integrantes del Partido Nacional, deja expresa constancia de su insatisfacción con el procedimiento en el tratamiento de este tema y manifiesta que hubiera sido cualitativamente mejor que se hubiera dado la discusión artículo por artículo en cuyo caso hubiera podido mejorarse algunos puntos.

De lo actuado, se procede a la toma de la versión taquigráfica que luce en el Distribuido N° 2045/2007 y que forma parte de la presente Acta.

A la hora quince y cincuenta minutos, se levanta la sesión.

Para constancia, se labra la presente Acta que firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Ruperto E. Long Presidente

Teresa Paredes Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En consideración.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: este proyecto de ley que hemos tratado en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión proviene de la Cámara de Representantes. Como antecedentes, diría que esta iniciativa ha sido trabajada en el Parlamento durante muchos años; y en ese sentido quiero recordar a una de las personas que le dio mucha importancia al tema, presentándolo en por lo menos dos Legislaturas: me refiero al entonces señor Legislador Senatore.

El texto que aprobó la Cámara de Representantes, lamentablemente, no contó con el acuerdo de todos los integrantes de la Comisión. Sin embargo, la actual redacción mantiene la estructura del proyecto venido de aquella Cámara, que en su Capítulo I establece una serie de principios generales y derechos; en el Capítulo II define este espacio de radiodifusión, que es el espectro radioeléctrico que se va a conceder a las radios llamadas comunitarias; en el Capítulo III crea un organismo técnico de participación gubernamental y social encargado de asesorar al Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver con las concesiones de este nuevo espectro de participación en la radiodifusión y, finalmente, en el último Capítulo establece una serie de disposiciones transitorias para el período de transición -valga la redundancia-, ante el desorden que hoy reina en la utilización del espectro radioeléctrico.

El Capítulo I estipula una serie de principios generales y en sus artículos 1º y 2º se establecen derechos. En la Comisión fue bastante discutido este Capítulo I porque se entendía que no era necesario definir esos derechos y principios, y además había confusión entre unos y otros, que ya estaban establecidos en nuestra legislación. En lo personal considero que los artículos 1º y 2º son muy claros en cuanto a que allí se establecen derechos tales como, por ejemplo, la libertad de expresión, comunicación e información, así como a fundar un medio de comunicación y a usar equitativamente las frecuencias radioeléctricas. Diría que es una complementación de la legislación existente, que es muy parca en el establecimiento de derechos y obligaciones en esta área. Inclusive, podemos hacer referencia a principios establecidos en algunas normativas internacionales que el Uruguay ha suscrito -como siempre-, pero que no están trasladados a nuestra legislación. En la Comisión de Educación y Cultura estamos trabajando en una legislación que establece más claramente los derechos y obligaciones con relación a la comunicación y, por tanto, nos parece muy bien que estos dos artículos determinen derechos que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas en cuanto a libertad de expresión, comunicación e información, así como a fundar un medio de comunicación y al uso equitativo de la frecuencia radioeléctrica.

El artículo 3º establece principios para la administración del espectro radioeléctrico y fija las obligaciones del Estado en esta materia. Por tanto, si bien el Capítulo habla de principios generales, se establecen los derechos y obligaciones del Estado, así como el principio de cómo actuar al respecto.

El Capítulo II, cuya denominación es "Servicio de radiodifusión comunitaria", en su artículo 4º establece las obligaciones del Estado y de los servicios de radiodifusión comunitaria. A su vez define los alcances de estos servicios, las modificaciones en las limitaciones proselitistas; también propone un paradigma diferente de las ondas gestionadas como microempresas, que en general responden a organizaciones religiosas y a partidos políticos, y tienen diferentes legitimidades de diálogo con la población, habiendo algunas que apuntan a la conquista de adeptos religiosos o de votantes. En este artículo quedan claras las limitaciones y competencias que debe tener este tipo de servicios.

El artículo 5º refiere a la reserva del espectro radioeléctrico. Todos sabemos que se trata de un espacio limitado y, justamente por eso, se establecen en la legislación vigente la necesidad de competir por él. También se dice que la adjudicación la debe realizar el Poder Ejecutivo. En el Decreto Nº 114, que tempranamente implementó esta legislación, como bien lo señalaba el doctor Delpiazzo, se dice que todos podríamos, sin necesidad de legislar, fundar un medio de comunicación. Aquí se expresa, justamente, que se tiene que competir por ese espacio y que el Poder Ejecutivo es quien lo adjudicará. Considero que hubiera sido bueno que esto hubiera ocurrido siempre.

En el artículo 6º también se establecen derechos y obligaciones y se estipula que los titulares de este servicio de radiodifusión comunitaria deben ser asociaciones civiles sin fines de lucro, con personería jurídica reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura o en trámite de constitución. En este artículo también se establecen las responsabilidades y las formas de control, a pesar de que se ha dicho que no se fijan penas para quien no cumpla con los requisitos establecidos. A pesar de ello se cita el artículo 4º de la Ley Nº 16.099, que establece las penas o sanciones para quienes no cumplan con los requisitos que figuran en la legislación vigente. Se define claramente cuáles son las cualidades que se deben tener, y si nos remitimos al artículo 4º de la mencionada ley veremos que quedan muy claras las formas de sanción: sólo se puede tener una frecuencia, no se pueden poseer otros medios comerciales, debe tratarse de ciudadanos naturales o legales en ejercicio de la ciudadanía, debe contarse con un domicilio real y permanente en el país. Como se ve, están bien acotadas las características de los titulares.

Por su parte, el artículo 7º refiere a que la adjudicación la debe realizar el Poder Ejecutivo. En este artículo la Comisión del Senado le realizó una modificación al proyecto venido de la Cámara de Representantes para no alterar la legislación vigente que, justamente, establece que es el Poder Ejecutivo el que debe adjudicar las ondas, mientras que la URSEC tiene una potestad de regulación y asesoramiento técnico al respecto.

En este artículo se elimina la mención al Ministerio de Educación y Cultura, pues su rol es cumplir y vigilar que quienes aspiran a tener estos servicios cuenten con personería jurídica. En el caso de las organizaciones que no necesitan personería jurídica porque cumplen con la aspiración de tener un medio acotado en el tiempo, el Ministerio debe vigilar que tengan un responsable al frente de su actuación. En este caso es muy importante el rol de asesoramiento que debe cumplir el Consejo que se crea más adelante en el articulado y del cual hablaremos en su momento.

En el artículo 8º se fijan y definen claramente los criterios para la adjudicación de frecuencias, así como también los criterios de los proyectos a presentarse, y se acentúan los aspectos de servicio a la comunidad, la integración de la comunidad en la programación, etcétera.

Por su parte, en el artículo 9º se establece un plazo de diez años, con prórrogas de cinco, previa audiencia pública o concurso, en caso de haber otros interesados. Nos parece muy importante la introducción de estas formas transparentes de participación en la adjudicación de un espectro tan limitado. Podemos decir que la incorporación de la audiencia pública es uno de los hallazgos interesantes de esta legislación.

Con relación a las discusiones que hemos tenido en cuanto al plazo, podemos decir que se trata de una limitación para estos servicios, porque el resto de las radios comerciales que hoy hacen usufructo de ese limitado espectro no cuentan con una limitación para el otorgamiento de su concesión y simplemente deben cumplir lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 16.099. Se ha insistido en que es un poco extenso el plazo, pero cualquier implantación de este tipo de servicio -generalmente son iniciativas comunitarias de poco alcance económico- necesita cierto tiempo para afirmar el proyecto, a fin de que pueda subsistir. Por ese motivo hemos mantenido el plazo propuesto por la Cámara de Representantes.

El artículo 10 establece el derecho a sustentarse económicamente, aunque sin fines de lucro. Aquí plantearemos modificaciones en virtud de algunas dudas que nos han surgido. Luego de haber aprobado el proyecto de ley en el seno de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, hemos recibido sugerencias de señores Senadores que no la integran, por lo que ayer hicimos llegar un repartido a la Secretaría -que ahora pedimos que se distribuya- en el que incluimos un comparativo sobre las modificaciones propuestas.

Como decía, en el artículo 10 "Sustentabilidad económica", se establece un delicado equilibrio en las organizaciones sin fines de lucro. Se trata de un concepto bastante vago y laxo establecido en el Código Civil, que quizás tengamos que modificar. En primer lugar, con respecto al tema de las donaciones, los patrocinios, etcétera -que están regulados claramente para la radiodifusión en la normativa vigente, desde hace mucho tiempo-, hemos agregado la frase: "de acuerdo a las normas vigentes" para que no quede duda de que las que rigen para otras emisoras de radiodifusión serán las mismas que se aplicarán para estas. Además, hemos agregado una clarificación con respecto a lo que se entiende por distribución de ganancias, lo que nos pareció pertinente por la fijación de los salarios de quienes integren esa asociación civil, porque sabemos que, en la práctica, a veces queda disfrazada una distribución de ganancias a través de sueldos, a pesar de tratarse de empresas que supuestamente no tienen fines de lucro. Creemos que el agregado clarifica y tranquiliza con respecto a algunas suspicacias que podían existir al respecto.

También hemos hecho alguna modificación en virtud de muchas dudas que se plantearon con relación al alcance geográfico de las radios comunitarias. Se generó una discusión en torno a que una radio comunitaria se supone que debe ser de muy pequeño alcance en el área geográfica, pero puede existir una comunicación de interés nacional, o de mayor alcance, que en determinado momento sea necesaria. Difícilmente todas las radiocomunicaciones son de alcance nacional, pero puede haber alguna de mayor alcance, porque puede ser que, por razones de interés público, se seleccionen medios que cubran una zona geográfica o una población requerida un poco más extensa, de acuerdo con el mensaje de interés público que se quiere referir.

El artículo 11 establece la intransferibilidad; prohíbe las cesiones, las ventas o los arrendamientos a terceros.

En el artículo 12 se establecen claramente las causales de revocación de la onda. Creemos que esta es una norma bien clara en ese aspecto, por lo que debería despejar todo tipo de recelos, presentados en oportunidad de la votación de este proyecto de ley en Comisión. Ojalá que este criterio, tan estricto, se aplicara para todas las ondas otorgadas.

El artículo 13 refiere a las frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario. En este artículo se contempla la posibilidad de que instituciones educativas o sociales que deseen hacer uso de una onda por un tiempo limitado -de acuerdo con un proyecto de servicio a la comunidad-, la utilicen en forma compartida con otras de carácter permanente o parcial. El análisis de la importancia de los servicios de interés educativo, obviamente, compete al Ministerio de Educación y Cultura. El criterio de concurso también se mantiene para estos proyectos.

El Capítulo III establece la creación del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria. En su artículo 14 se establece y reafirma la competencia del Poder Ejecutivo de vigilar y promover que los proyectos que se presenten para hacer uso de las ondas comunitarias tengan un carácter participativo y de interés social, que se exprese en su programación. Esto ya estaba establecido en las características que debían reunir los servicios comunitarios y por tanto los de sus proyectos. Este carácter de integración de la población en la programación se reafirma en este artículo 14.

Por el artículo 15 se crea el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitario. El artículo 16 establece su integración, que estará conformada con los Ministerios relativos a esta área y la sociedad civil, así como los organismos técnicos, es decir, la URSEC. Es interesante destacar que reúne a organismos de la sociedad civil que tienen que ver con los derechos a la comunicación y a la libre expresión, así como con los temas comunitarios y la representación de las mismas radios comunitarias.

El artículo 17 establece los cometidos de ese Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitario, que se va a mover en la órbita administrativa de la URSEC y se encargará de sugerir la reglamentación de la presente ley en su carácter de asesor; dará su opinión en los trámites de solicitud o de revocación de las radios comunitarias, así como transparencia a los procedimientos. Este es otro elemento que nos parece muy importante en esta área. Como decía, lo integrarán los Ministerios y organismos involucrados en el tema, un representante de la Asamblea General, tres representantes por las Universidades, públicas y privadas, que poseen la carrera de Comunicación -me parece especialmente interesante esta incorporación-, dos representantes de las organizaciones sociales que promueven la defensa de la libertad de expresión y dos representantes de los medios comunitarios de radiodifusión.

El Capítulo IV -y último de este proyecto de ley- tiene que ver con las Disposiciones Finales Transitorias para el período de transición. El artículo 18 -que me parece especialmente importante, porque en la discusión de este proyecto de ley se ha reiterado que se está creando una nueva legislación, pero este artículo es muy claro- establece que las normas aplicables son todas las existentes con relación a las comunicaciones de radiodifusión, sean leyes o normas. Tenemos varios decretos al respecto. En este artículo queda claro que no estamos innovando, sino simplemente definiendo una reglamentación clara para esta nueva modalidad de servicio.

El artículo 19 establece que el Poder Ejecutivo reglamentará, dentro de un plazo de treinta días a partir de la vigencia de la presente ley, el sistema de elección de representantes para el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y su funcionamiento, el cual deberá quedar formalmente instalado dentro del plazo de sesenta días a partir de la vigencia de esta norma.

El artículo 20 -que es especialmente importante-, habla de la regularización y establece que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones tiene sesenta días para realizar el registro de las ondas que hoy están emitiendo bajo el carácter de comunitarias. Por este motivo, nos importó y nos interesa mucho acelerar el proceso de este proyecto de ley. Hoy hay bastante desorden al respecto y ha habido conminaciones varias para que la URSEC ponga orden, pero ésta necesita de la reglamentación -más allá de la vigente- específica para un servicio que todavía no existía, pero que se denominaba como tal en el uso libre del registro de las ondas. En este proyecto de ley se establece claramente cuáles son las condiciones para funcionar.

El registro es voluntario y se hace llenando un formulario que se va a proporcionar por parte de la URSEC, de acuerdo con los requisitos que estamos definiendo en este proyecto de ley. Quienes no se presenten a hacerlo, quedarán fuera de la autorización de forma inmediata. La URSEC deberá analizar a los que se presenten, para verificar sus características. Mientras se realiza ese proceso de verificación para la habilitación de quienes se hayan presentado, las emisoras quedarán habilitadas temporalmente en la medida en que cumplan con las condiciones.

Este artículo establece los procedimientos para las actuales emisiones comunitarias, tanto en los casos en que haya limitaciones de espectro como en aquéllos en los que no exista. Como sabemos, es muy grande la limitación del espectro y, por tanto, en algunos lugares no hay posibilidades de instalación; en esos casos, allí se hará la presentación de proyectos en el momento en que exista esa posibilidad, de acuerdo con la normativa y los procedimientos que se establecen en este proyecto de ley.

Tal como solicitó el Ministerio de Industria, Energía y Minería, hemos entendido que correspondía dejar a criterio del Poder Ejecutivo -con una indicación de preferencia- el otorgamiento de estas ondas en aquellos casos de limitación de las posibilidades de este espectro que, ciertamente, es muy acotado. A nuestro juicio, los procedimientos establecidos en este proyecto de ley, con transparencia y con la participación activa de quienes los controlarán, aseguran los principios de igualdad de oportunidad para el uso de las ondas de la radiodifusión establecidos en el primer capítulo de esta iniciativa.

Es cuanto quería decir para presentar este proyecto de ley aprobado en mayoría por la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de nuestra Cámara.

7) COMISION INVESTIGADORA A FIN DE ANALIZAR LOS HECHOS VINCULADOS AL EX SENADOR LEONARDO NICOLINI EN LA ORBITA DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado una moción de orden a la Mesa.

Léase el artículo 136 del Reglamento del Senado.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Santiago González Barboni).-

"Artículo 136.- El Senador que la solicite deberá ocurrir por escrito al Presidente y éste, en el acto, nombrará la Comisión Preinvestigadora, la que se constituirá de inmediato a efecto de recibir del mocionante la exposición correspondiente, con la articulación de sus denuncias, bajo su firma.

Si la Comisión Preinvestigadora le solicita ampliación de sus manifestaciones, lo hará verbalmente, labrándose acta que firmarán con él los miembros de la Comisión.

La Comisión, dentro de veinticuatro horas, deberá expedirse y su cometido se concretará a informar sobre los siguientes puntos:

a. entidad de la denuncia

b. seriedad de su origen;

c. oportunidad y procedencia de la investigación.

El informe, o los informes si se produce más de uno, se entregarán al Presidente, y el asunto se incluirá en primer término en la primera sesión que se realice. La Cámara podrá resolver que se trate sobre tablas o en otra fecha determinada.

Si la Comisión Preivestigadora formare criterio adverso a la investigación, llamará al mocionante y se lo hará saber a los efectos de que ratifique sus denuncias o las retire. En este último caso, el asunto no se llevará a la Cámara".

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Santiago González Barboni).-

"Montevideo, 14 de noviembre de 2007.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores.

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración.

El Señor Senador Julio C. Lara Gilene de conformidad con lo establecido en los artículos 120 de la Constitución y 136 del Reglamento del Senado, mociona para que se cree una Comisión Investigadora a fin de analizar los hechos vinculados al caso del ex Senador Leonardo Nicolini, en la órbita del MSP, de conformidad a las siguientes consideraciones y fundamentos:

I. ANTECEDENTES DE HECHOS.

1. Con fecha 7 de febrero de 2007, en ocasión de la 64ª sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, me dirigí a este Cuerpo a fin de anunciar que habiendo hecho el planteo en el seno del Directorio del Partido Nacional y con su anuencia, solicitaría la creación de una Comisión Preinvestigadora vinculada a los graves hechos ocurridos en torno al ex Senador Nicolini.

2. Cumpliendo con lo anunciado, con fecha 13 de marzo de 2007, en ocasión de la 2ª sesión ordinaria, solicité la creación de una comisión preinvestigadora, la cual fuera designada por el Presidente de la Cámara de Senadores en uso de las competencias que le confiere el Reglamento y nombra a los señores Senadores Vaillant, Percovich y Da Rosa para integrar la Comisión Preinvestigadora.

3. Finalmente con fecha 20 de marzo de 2007, en ocasión de la 4ta. sesión extraordinaria, la comisión presenta dos informes, a saber: informe en mayoría, Senadores Margarita Percovich, Víctor Vaillant, se expresan considerando que NO corresponde la procedencia y oportunidad de la investigación en el mismo tiempo en que se vienen llevando a cabo procedimientos similares tanto en el área administrativa como en la judicial y que además, el Senador implicado en la denuncia, dejó por propia voluntad su cargo y por lo tanto ya no pertenece a este Cuerpo. Informe en minoría Senador Eber Da Rosa, se expresa a favor de la creación de una comisión investigadora en el Senado en virtud de tres argumentos principales: 1º) De la gravedad del hecho, de que los mismos determinaran la renuncia de un Senador de la República. 2º) Que la Constitución de la República establece como cometidos fundamentales del Poder Legislativo, los de legislar y ejercer las funciones de contralor sobre el Poder Ejecutivo. 3º) Que de la información proporcionada por el Sr. Senador Lara a la Pre-Investigadora surgen una serie de dudas respecto de lo actuado en el ámbito de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) respecto de los trámites de otorgamiento de los carné de asistencia y respecto a la comunicación entre los jerarcas del Ministerio de Salud Pública que estuvieron involucrados en los hechos, así como también en cuanto a los tiempos y formas en que la Sra. Ministra de la Cartera Dra. María Julia Muñoz tomó conocimiento de los referidos episodios. Entre las cuestiones que se consideran que deben ser aclaradas están por ejemplo si existió o no en su momento declaración jurada por parte del Ex Senador Leonardo Nicolini y si no existió tal declaración jurada, no hubo entonces una grave omisión administrativa; al haber actuado la justicia de oficio y no por denuncia de parte cabe plantearse si no hubo allí otra grave omisión por parte de la Administración; o cómo es posible que se le hubiera otorgado a nombre del referido Ex-Senador y por tanto de pública notoriedad, un segundo carné de asistencia. También surgen claras interrogantes respecto al uso del sistema informático para que estos hechos ocurrieran y en particular cómo es posible que ante ingresos que ascienden a pesos sesenta y ocho mil el sistema responda permitiendo la expedición de un carné de categoría 2. También se generan serias dudas acerca del momento en que el Director de ASSE, Dr. Tabaré González toma conocimiento de que un Senador es asistido en el Hospital Pasteur, y que obtuvo un carné de asistencia gratuito y también sobre las fechas y orden cronológico y administrativo en que por ejemplo el Director del Hospital Maciel tomó conocimiento de un examen médico previo realizado allí y cuándo lo comunicó a la responsable de ASSE para los centros de Montevideo, Dra. Mirian Contera y a su vez en qué fecha ésta informa de lo sucedido a su jerarca Dr. Tabaré González; también en cuanto a la fecha en que el Director del Hospital Pasteur Dr. Ayestarán notificó a la responsable de ASSE para los centros de Montevideo acerca de la internación e intervención quirúrgica del Ex Senador y la fecha en que ésta lo comunica al Dr. Tabaré González o más importante aún, desde cuándo los antes referidos jerarcas fueron tomando conocimiento, en particular los Directores de los centros hospitalarios, de que el Ex Senador estaba usufructuando un carné de asistencia gratuita y si ello era así en qué fecha a su vez el Dr. Quesada, adjunto a la Dirección del Hospital Pasteur, y a su vez quien firma la solicitud de carné de asistencia para el Sr. Nicolini el día 5 de Diciembre de 2006, puso en conocimiento de su superior Dr. Ayestarán de dicha gestión. Estas y otras interrogantes consideramos que justifican plenamente la oportunidad y procedencia de la instalación de una Comisión Investigadora en este Senado.

4. En esta sesión se somete al voto del Plenario ambos informes resultando aprobado el informe en mayoría.

Por lo expuesto, y habiendo reseñado brevemente lo ocurrido a principio de año en relación a este tema, es que hoy estamos ante las nuevas circunstancias de hecho, de las cuales todos estamos en conocimiento, cual es el archivo en vía judicial del caso del ex Senador Leonardo Nicolini, en condiciones de presentarlos ante ud. Señor Presidente del Senado con el fin de que se salde la deuda moral de este cuerpo para con sí mismo y para con la ciudadanía que representa y se investigue definitivamente en este ámbito lo ocurrido en relación al ex Senador Leonardo Nicolini. Si el fundamento de la Bancada de Gobierno para entender que no era oportuna la creación de una comisión investigadora en nuestra cámara se sustentaba había que esperar el resultado de la investigación judicial y administrativa, hoy esos fundamentos no encuentran sustento, dado que no se obtuvo resultados en esa órbita por lo cual es nuestro deber la búsqueda de una solución por esa vía.

Julio C. Lara Gilene. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con el artículo 136 del Reglamento del Senado, la Presidencia debe nombrar la Comisión Preinvestigadora, por lo que sugiere que los coordinadores de Bancada alcancen un acuerdo al respecto.

SEÑOR LARA GILENE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARA GILENE.- Señor Presidente: como fundamento de esta propuesta expresamos lo mismo que consta en la versión taquigráfica de la sesión en la que planteamos la necesidad de formar una Comisión Investigadora. En aquel entonces resaltábamos la actitud del Senador que hoy no está, con quien nos habíamos comunicado el día anterior a los efectos de anticiparle que íbamos a solicitar la creación de tal Comisión. De acuerdo con los códigos que quienes actuamos de frente entendemos que hay que seguir, nos correspondía advertirle cuál iba a ser nuestra posición. Realmente, esto no lo hice en contra de la situación que él estaba atravesando, sino porque en ese momento entendí que había graves irregularidades en el funcionamiento del Ministerio de Salud Pública.

Cuando se integró la Comisión Preinvestigadora, con dos informes, quedó claramente establecido que no se daba lugar a la investigadora porque el tema estaba en la órbita de la Justicia. Entendimos que se estaba realizando una investigación administrativa en el Ministerio de Salud Pública -dependiente de un Poder del Estado independiente- y que, por otro lado, se llevaba adelante otra investigación en la Justicia, pero, de todos modos, consideramos que se debería haber investigado en el Parlamento -como correspondía- para darle oportunidad al que en ese momento era compañero de esta Cámara, a efectos de que se pudiera expresar. Bueno, ahora la excusa se terminó; acá se expidió la Justicia en primera instancia, y lo hizo a favor del ex compañero del Cuerpo. Responsabilidades hubo, y hoy más que nunca entendemos que, para aclarar todo este tema, se debe nombrar la Comisión Investigadora porque ya no podemos seguir mirando para el costado diciendo que el tema está en la Justicia.

En su momento hicimos saber nuestra posición al señor Senador, como correspondía, porque es difícil cuando a uno lo aprietan acá y se tiene que ir; el ex señor Senador se fue por voluntad propia, pero sin tener oportunidad de defenderse.

Por lo tanto, creo que el Cuerpo merece que se investigue qué tipo de responsabilidad hubo en el otorgamiento de una tarjeta pero, más allá de eso, merece que finalmente se aclare, por el bien de todos, lo que ha estado pasando el ex Senador en los últimos meses.

Por estos motivos hacemos este planteamiento y quiero dejar expresa constancia de la siguiente aclaración: esta solicitud no la hacemos en contra de la actitud del ex Senador y mucho menos para hacer circo. Creemos que el respeto que todos debemos a alguien que hoy no está aquí presente, tiene que llevar a que se aclaren las cosas para que queden como corresponde, en ésta, que es nuestra Casa.

En ese sentido es que hemos hecho nuevamente este planteo.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: nos enteramos en este momento del planteamiento del señor Senador Lara y, dado que la Mesa debe proceder en principio a nombrar la Comisión Preinvestigadora, vamos a solicitar que una vez que culminemos con el tratamiento del proyecto de ley que estamos considerando, hagamos un cuarto intermedio de veinte minutos para hacer los intercambios correspondientes en la Bancada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada en el sentido de pasar a cuarto intermedio por el término de veinte minutos luego de agotada la discusión del primer punto del Orden del Día.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

8) UTILIZACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO Y MEDIOS COMUNITARIOS DE RADIODIFUSION

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del primer punto del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se dictan normas para la utilización del espectro radioeléctrico y la libertad de expresión a través de los medios de radiodifusión comunitarios".

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: voy a hacer uso de la palabra en nombre de los colegas del Partido Nacional que integramos la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión.

Antes de entrar a la consideración específica del proyecto, hay tres precisiones que nos parece importante realizar. La primera es que nosotros, conceptualmente, estamos a favor de la existencia de las radios comunitarias porque entendemos que, del mismo modo que hay emisoras comerciales y del Estado, existen en muchos países -y es hora de que el Uruguay las tenga también- emisoras de tipo comunitario. También consideramos que es necesario que haya una ley que regule esta materia, porque la situación actual es sumamente precaria; evidentemente, hay necesidades en el campo de la comunicación que no son cubiertas por las radios comerciales ni por las estatales y, en general, co-rresponde que el tercer sector de la sociedad también tenga sus medios de comunicación. Esta es una definición im-portante en función de lo que vamos a decir a continuación.

Pensamos que el proyecto de ley que está a consideración -al menos, con la redacción actual- va en una dirección francamente equivocada y, de no modificarse en forma sustancial, adelantamos que nuestra Bancada en su totalidad va a votar en contra, tanto el proyecto en general como cada uno sus artículos en particular.

Las deficiencias de este proyecto se deben, en una medida importante, al proceso de discusión que sufrió en la Comisión, y como ocupo su Presidencia, quiero explicarlo para que los colegas tengan un claro conocimiento del tema. La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, que habitualmente trabaja con mucha eficacia y dedicación -así lo he destacado en reiteradas ocasiones y vale para los integrantes de los tres partidos políticos que la componen-, comenzó su trabajo citando a las partes interesadas (AMARC, ANDEBU y RAMI) y solicitando luego la opinión de expertos en la materia, concretamente la del doctor Carlos Delpiazzo -jurista de enorme versación en este tema, con publicaciones más que relevantes sobre Derecho en el área de las telecomunicaciones-, quien realizó una contundente presentación y, finalmente, convocó también a la Cátedra correspondiente de la Universidad de la República.

Luego de esta etapa, una vez iniciada la discusión, ésta duró poco más de una sesión, porque luego de haber tratado y aprobado los tres primeros artículos, el 22 de octubre, cuando habíamos comenzado la consideración del artículo 4º, la Bancada del Frente Amplio anunció que quería votar el proyecto de ley de inmediato. Nos consultó si teníamos objeciones o comentarios sobre los restantes artículos, ante lo cual respondimos que sí y que aspirábamos a discutirlos uno por uno, como es habitual. Sin embargo no se aceptó ese criterio y, contra lo que era nuestra opinión, la mayoría de la Comisión impuso que se votara el articulado de inmediato. De esto dejamos las debidas constancias; así lo hizo el señor Senador Amaro en nombre del Partido Colorado, y lo dejamos establecido por nuestra parte en representación de los integrantes del Partido Nacional, tanto en el acta como en la versión taquigráfica, manifestando nuestra insatisfacción con el procedimiento seguido en el tratamiento de este tema que, a nuestro juicio, debió haber sido totalmente distinto.

Este procedimiento arroja, desde nuestro punto de vista, dos consecuencias negativas muy importantes. En primer lugar, tiene como resultado la baja calidad del texto final, que no puede considerarse un buen proyecto, cualquiera sea la opinión que se sustente. La prueba está en que, al comenzar esta sesión, se nos informa que se van a introducir modificaciones importantes a un conjunto numeroso de artículos, las que recién estamos recibiendo y analizaremos en su momento.

Por otro lado, hay un tema conceptual que es verdaderamente esencial. Aunque no hubiéramos llegado a un acuerdo total -en realidad, el acuerdo total era bastante improbable-, seguramente sí habríamos logrado limar las posiciones y acercarlas mucho más; incluso, tal vez habría ocurrido lo mismo que sucedió, por ejemplo, en el caso del proyecto de agrocombustibles. Como se recordará, con relación a esa iniciativa se hizo un gran esfuerzo en Comisión y luego todos terminamos votando afirmativamente en general, dejando las discrepancias reducidas al ámbito de algunos artículos en los cuales votamos de manera diferente. Esto es importante para que este país vaya construyendo normas estables en el tiempo, como sucedió en el caso del tema energético que acabo de mencionar, pues son cuestiones que requieren normas permanentes. De la misma manera, en el tema de las comunicaciones y del uso de un bien común de la sociedad, como son las ondas radioeléctricas, también es necesario que haya políticas estables, por lo menos en sus conceptos generales -no tanto en el detalle, donde probablemente haya opiniones distintas-, políticas que tengan el más amplio apoyo posible, pues eso es precisamente lo que les da permanencia en el tiempo. De lo contrario, éstas merecerían revisión en un futuro, como es el caso de este proyecto de ley tal como está redactado, porque introduce cambios que, a nuestro entender, son notoriamente negativos. Esto, a su vez, crea, en nuestra opinión, una situación de inestabilidad no satisfactoria en un amplio sector del país preocupado con la noticia.

A todo esto se agrega un aspecto operativo, que es el siguiente. Como se sabe, esta iniciativa fue aprobada en la Comisión el pasado 22 de octubre. Desde entonces y hasta hoy hubo otras tres sesiones de la Comisión, pero como el proyecto de ley ya había sido votado, no se abordó el tema, considerándose otras cuestiones. Lo que queremos significar es que los plazos daban perfectamente, sin necesidad de ninguna demora adicional, para haber discutido en profundidad la iniciativa en el ámbito de la Comisión, cosa que no se hizo. Aclaro que estoy haciendo una descripción absolutamente objetiva de los hechos, relatándolos tal como fueron. Reitero que es una lástima que la situación se haya dado de esta manera, porque de alguna forma esto da debilidad al proyecto de ley, en el sentido de que podría haber sido mejor y también visto hacia el futuro, porque nos deja en un campo tan delicado como es el de las radiocomunicaciones, con una norma que, de aprobarse tal como está, no vemos otra alternativa que revisar no bien cambie la composición de este Parlamento en la próxima Legislatura.

Hechas estas consideraciones iniciales, pasamos a referirnos a algunos de los artículos de la iniciativa, con respecto a los cuales nos gustaría expresar nuestra posición. Evidentemente que no vamos a hablar de todos ellos pues para eso está la discusión particular, pero sí queremos referirnos a cuatro o cinco que son importantes o centrales en este tema, por lo que consideramos que nuestra postura debe quedar muy en claro desde el vamos.

Empiezo por referirme al artículo 4º, cuyo segundo inciso dice que los servicios de radiodifusión comunitaria podrán ser prestados "por asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica" -con lo que estamos de acuerdo- "o por aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro". Realmente, discrepamos sustancialmente con esto último. Con relación a estos grupos de personas organizadas, preguntamos a algunos de los comparecientes en qué se estaba pensando y realmente tuvimos definiciones muy variadas; según se nos dijo, podría tratarse, de repente, de un grupo de estudiantes al cual se le puede dar una onda por un período determinado. Creemos que esto no reviste la seriedad con la que se debe manejar un bien público, como son las ondas de comunicación.

El doctor Delpiazzo dijo: "es imprescindible que el que promueva ese emprendimiento en ejercicio de la libertad de empresa, y además obtenga una concesión, debe ser un sujeto de derecho; no puede ser un grupo de buenos vecinos", y luego agregó: "si los titulares de los servicios de radiodifusión comunitaria no son sujetos de derecho, será difícil la determinación puntual de la responsabilidad, que podrá ser variable de un sujeto a otro entre los integrantes del grupo de que se trate".

Los representantes de ANDEBU, por su parte, opinaron lo siguiente: "Nos parece que la expresión es demasiado vaga para incluirla en una ley sobre regulación de un servicio como el de la radiodifusión. Es una solución que no compartimos, ya que no permitiría, por ejemplo, el ejercicio de contralor dispuesto en la Ley de Prensa, la Nº 16.011, ante eventuales transgresiones cometidas a través de los medios de comunicación masiva. Un grupo de personas organizadas que no sea una asociación civil debidamente constituida y registrada en el Ministerio de Educación y Cultura, no tendría miembros identificables y, por ende, la posibilidad de que se les ejerza, en forma efectiva, las previsiones de la Ley de Prensa en cuanto a la adjudicación y la asignación de responsabilidades por las transgresiones que pudieran cometerse en esos medios de comunicación".

El propio ingeniero Ponce de León, en representación del Poder Ejecutivo, sobre este mismo aspecto opinó lo siguiente: "No hay que pensar solamente en lo que marcha bien, sino que también es imprescindible que los proyectos de ley prevean los efectos de borde, es decir, los momentos complejos en los que, precisamente, lo que estamos tratando puede ser un problema". En definitiva, está hablando de no referirse a la generalidad, sino a aquellos casos límite en los que tiene que pensar la ley para que "una emisión radial del tipo que sea podría ser motivo de dificultad." Más adelante agrega: "No estoy diciendo nada distinto de lo que ocurre con una publicación, pues ésta tiene muy claramente establecido su responsable, así como los trámites ante el Ministerio de Educación y Cultura; si bien son más simples que este, las responsabilidades son muy nítidas. Esto es: aunque esa realidad represente la opinión de un grupo, tiene que haber alguien que se haga responsable. Eso no queda claro en este caso".

A continuación, veremos la legislación comparada. En Chile, la Ley Nº 18.168, en su artículo 8º expresa que las concesiones se otorgarán a personas jurídicas. En Ecuador, la Ley de Radiodifusión y Televisión señala, en su artículo 35, que las autorizaciones para la explotación del servicio de radiodifusión comunal se otorgarán únicamente a organizaciones legalmente constituidas, sin fines de lucro. En Colombia, por el artículo 2º del Decreto Nº 1981 del año 2003, se establece que el servicio comunitario de radiodifusión sonora es un servicio público de telecomunicaciones de interés social, sin ánimo de lucro, a cargo y bajo la titularidad del Estado, quien lo prestará en gestión indirecta a través de comunidades organizadas debidamente constituidas en Colombia. Se aclara que por comunidad organizada se entiende la asociación de derechos sin ánimo de lucro, integrada por personas naturales y jurídicas, en las que sus integrantes estén unidos por lazos de vecindad y colaboración mutuos, en beneficio del desarrollo local y la participación comunitaria.

En resumen, con relación a este inciso, parece clara la opinión de los expertos, como el doctor Delpiazzo y también lo que establece la legislación comparada. No entiendo por qué nos metemos en una complicación en la cual los efectos de borde -utilizando una expresión del representante del Poder Ejecutivo- van a ser realmente perjudiciales. En realidad, solamente pueden dar origen a dolores de cabeza. Si se quiere ceder la onda a un grupo de estudiantes para que hable en la radio por quince días, un mes o seis meses, pues que una radio comunitaria lo haga bajo su responsabilidad y listo; pero no hay necesidad de crear un mecanismo especial que, reitero, no traerá más que dolores de cabeza. Sinceramente, creemos que este mecanismo será únicamente generador de problemas; no vemos ningún beneficio, y sí, solamente, complicaciones.

El mismo artículo 4º, en su inciso cuarto, establece: "En ningún caso se entenderá que el servicio de radiodifusión comunitaria implica necesariamente un servicio de cobertura geográfica restringida, estando definido por su finalidad pública y social y no por el alcance de la emisión, el cual dependerá de la disponibilidad y planes de uso del espectro y la propuesta comunicacional de la emisora". En definitiva, no existe una limitación geográfica para las radios comunitarias.

Nos parece que ese funcionamiento es contrario a la propia razón de ser de las radios comunitarias, cuya actividad está directamente referida a una comunidad. Una comunidad no puede ser, por ejemplo, todo el Uruguay; en ese caso, estaríamos hablando de otro tipo de emisora. La que estamos considerando es una emisora que responde a una localidad, a un pueblo, a lo sumo a una región, pero no puede englobar al conjunto de ciudadanos de un país porque, entonces, no tendríamos una emisora "de común unión" -como mencionaba el doctor Delpiazzo-, sino algo diferente que no encaja en el concepto de radio comunitaria.

Por otro lado, desde el punto de vista práctico y en la medida en que se restrinja geográficamente el alcance de las radios comunitarias, se podrá resolver un mayor conjunto de situaciones. Si lo que se plantea es una situación en la cual hay radios de alcance nacional bajo el nombre de radios comunitarias, es evidente que la disponibilidad será muy escasa. Sin embargo, el doctor Delpiazzo ha señalado: "Esto es lo contrario, ordinariamente, una radio difusora comunitaria o asociativa refiere a un pequeño grupo vinculado a la localidad o a colectividades con identificación cultural en otros países, etcétera. Sin embargo, aquí podría haber un servicio de radiodifusión comunitaria de alcance nacional, y ese no parece ser el sentido de la normativa que se está intentando regular". Sobre el mismo punto, los representantes de ANDEBU acotaban que el alcance de las operaciones debería estar limitado a una localidad o región determinada y que, además, se estaba tratando de reflejar la realidad de una determinada comunidad, no de un conjunto de comunidades dispersas a lo largo y ancho del país. Por su parte, las autoridades de RAMI han insistido en que se tome en cuenta ese mismo aspecto y se fije un criterio.

Podemos servirnos también en este caso del Derecho comparado. La Ley brasileña Nº 9.612, del año 1998, establece que se denomina servicio de radiodifusión comunitaria al servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada de baja potencia y cobertura restringida, entendiéndose por baja potencia o servicio de radiodifusión comunitaria con potencia limitada, un máximo de 25 watts y una altura del sistema irradiante inferior a los 30 metros, y por cobertura restringida, la destinada a una determinada comunidad, un barrio o una villa. De modo que es muy claro que las radios comunitarias en el ámbito internacional corresponden a ciertas comunidades.

Tampoco hemos advertido en este proyecto de ley -no se establece a texto expreso- que no deba haber ningún tipo de restricción de alcance geográfico, por lo que considero que estaríamos haciendo una innovación totalmente perjudicial.

Un tercer punto en el que tenemos también una posición sustancialmente diferente, es el que se refiere a la reserva del espectro radioeléctrico. En el artículo 5º se establece que el Poder Ejecutivo reservará para la prestación del servicio de radiodifusión comunitaria y otros sin fines de lucro, al menos un tercio del espectro radioeléctrico por cada localidad en todas las bandas de frecuencia de uso analógico y digital y para todas las modalidades de emisión. En esta cuestión planteo dos objeciones muy claras. En primer lugar, no comprendo por qué se habla de un tercio. Lo que estamos considerando es una modalidad nueva en el Uruguay, donde sí hay experiencia en radios comerciales, 286 emisoras, en radios estatales, 22 emisoras, pero no parece razonable que se arranque reservando un tercio del espectro radioeléctrico tratándose de una nueva experiencia. Además, existe una cuestión operativa y práctica que es muy importante, pues en muchos lugares no hay un tercio disponible. Quisiéramos que se expresara con toda claridad cómo se va a proceder en los casos donde no exista ese tercio disponible y qué se va a hacer al respecto. Aquí no se habla de un tercio en general, sino que tiene que haber un tercio de radios de AM, un tercio de radios de FM, un tercio digital, etcétera; cualquiera sea la modalidad, siempre corresponde un tercio del espectro. Decía que no se habla de un tercio del paquete general, lo cual vuelve muy compleja la situación. Notoriamente, una disposición de este tipo va a generar un problema en el caso de Montevideo y en otras localidades.

Me pregunto también con qué criterio se va a ir tendiendo a alcanzar ese tercio. Quizás se nos conteste que no se va a adoptar de inmediato la medida, pero pregunto: ¿a qué emisora se le va a retirar o a no renovar el permiso? ¿Cómo se va a proceder? Los actuales permisarios tienen todo el derecho a saber qué va a pasar en el futuro con la operativa de radios de comunicación que tal vez llevan décadas en el aire. Por supuesto, un proceso de este tipo debe ser explicado con toda claridad y no puede quedar librado a la reglamentación. Estoy pensando en el largo plazo -que es cuando este tema se va a volver importante-, porque seguramente haya que tomar en cuenta cuál es la demanda y qué mecanismos se pueden instrumentar.

Me voy a referir ahora -pasando por alto otros artículos respecto de los que también tengo una posición diferente, para ocuparme de los que entiendo son más esenciales- al artículo 9º, cuyo "nomen juris" es "Plazo". El plazo que se establece en este proyecto de ley de diez años con cinco de prórroga, nos parece muy extendido en el tiempo dado que el Estado estaría asumiendo un doble riesgo. En primer lugar, nos encontramos ante un nuevo sistema que se va a instaurar, respecto del cual todos sabemos que ya está instalada una discusión importante incluso en su propio seno. Reitero que a nivel de lo que se llama radios comunitarias y en el marco de esa discusión, hay acusaciones recíprocas en cuanto a quien es comunitario y quien no. Sin duda, son asuntos que habrá que resolver.

En segundo término, se trata de emisoras que, en muchos casos, van a estar iniciando su actividad. En consecuencia, consideramos que establecer un período de diez años -que es mucho más de lo que habitualmente se otorga en estos casos- con cinco más de prórroga, implica un riesgo innecesario y puede traer problemas. A efectos de una comparación, diré que en Chile se otorga tres años como plazo para este tipo de concesiones y otro tanto ocurre en el Brasil.

El inciso primero del artículo 10, que refiere a la sustentabilidad económica, establece: "Las entidades sin fines de lucro" -coincido en que deben ser entidades de este tipo- "que brinden servicio de radiodifusión comunitaria tendrán derecho a asegurar su sustentabilidad económica, independencia y desarrollo, a cuyos efectos podrán obtener recursos, entre otras fuentes, de donaciones, aportes solidarios, auspicios, patrocinios y publicidad incluso oficial, de la cual no serán discriminadas". Me gustaría referirme, antes que nada, a las donaciones y luego a la publicidad.

En lo que tiene relación con las donaciones, el Decreto Nº 734/78, del 20 de diciembre, que es reglamentario del Decreto-Ley Nº 14.670, establece en su artículo 23: "Las radiodifusoras" -actualmente existentes- "no podrán recibir donaciones o subvenciones de cualquier clase o índole de Gobiernos o Estados extranjeros o de otras personas o entidades nacionales o extranjeras, salvo autorización expresa del Poder Ejecutivo o que se trate de material de programación".

Esta es la situación actual de todas las radios. En consecuencia, nos parece preocupante que ahora aparezca un conjunto de radios que puede recibir donaciones, en un evidente pie de desigualdad con las emisoras vigentes. Estamos hablando de donaciones nacionales o extranjeras; de organizaciones públicas, privadas o de personas, por lo que nos parece que aquí hay una total falta de coordinación entre ambas disposiciones. ¿Por qué? Porque o todas pueden recibir donaciones del exterior -me parece que este es un tema complicado cuando hablamos de este tipo de organizaciones- o, si no es así, deben sustentarse en las mismas bases, salvo expresa autorización del Poder Ejecutivo en casos debidamente justificados. No olvidemos que aquí estamos ante medios en competencia.

Por otra parte, en lo que tiene que ver con la publicidad, es evidente que su venta es un servicio de naturaleza comercial. Hoy tenemos radios comerciales que venden publicidad y que funcionan como empresas, como sociedades. En este sentido, el doctor Delpiazzo dice: "La publicidad es de naturaleza comercial y a través de ella se procura excitar a la demanda y oferta de servicios, y con ello, ordinariamente, todo tipo de actividad comercial está excluida del objeto de una asociación civil". Por tanto, o se pretende que sean instituciones civiles sin actividad comercial o estas radios comunitarias deberían ser directamente -tal vez con otras características de monto, etcétera- empresas comerciales.

Posteriormente, el doctor Delpiazzo manifiesta: "No nos engañemos diciendo que se trata de una asociación civil cuando luego realizará actos típicos del comercio, ya que eso es contradictorio". A continuación cita al doctor Aguirre Ramírez que, en un editorial del diario "El País", con relación a otro tema expresa: "Si tiene cuatro patas, pelo y hocico y ladra, es un perro, aun cuando digamos que es otra cosa diferente". Al respecto, el doctor Delpiazzo agrega: "Entonces, si es una asociación civil no podemos decir que no tiene finalidad de lucro, ya que por definición no la tiene. Ahora bien, si puede realizar actos de comercio y no queremos que redunden en utilidades, eso es algo perfectamente regulable, pero habrá que llamar a las cosas por su nombre".

En otros países, como Chile, se establece a texto expreso que a las radios comunitarias les está prohibido radiodifundir avisos comerciales, de propaganda o de cualquier especie; no se considera propaganda la difusión de credos religiosos, etcétera. Por su parte, en Brasil se autoriza el patrocinio, pero no la publicidad.

(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Xavier)

-Más adelante, el artículo 17 refiere a los cometidos del Consejo Honorario Asesor. Al respecto, el doctor Delpiazzo hace los siguientes comentarios: "En el artículo 17 se puede encontrar una lista de cometidos de ese Consejo que nos revela que no es asesor, porque tiene verdaderos cometidos activos, que en cada caso podrían ser analizados en paralelo con la Ley Nº 17.296 para constatar que cada uno de sus literales limita, elimina o superpone un cometido de la URSEC". Vemos que el rol de los representantes de las radios comunitarias en la integración de este Consejo es absolutamente relevante. Nos parece inadmisible que los representantes de los medios comunitarios cuenten -como se establece- con opinión preceptiva en la reglamentación de la ley, en la elaboración de los pliegos, en el mecanismo de asignación de frecuencias, en la elaboración de los criterios para la asignación de los canales, en el proceso de su revocación y en la prestación de los servicios comunitarios. Creemos que de esta manera estarían siendo juez y parte, lo que violentaría el principio del debido proceso y de las debidas garantías, consagrados en la legislación nacional y también en la legislación internacional ratificada por la República Oriental del Uruguay. Entonces, pensamos que la participación de las radios comunitarias en ese Consejo Honorario Asesor, elaborando pliegos o juzgando a quién se sanciona y a quién se le revoca el permiso, es absolutamente inapropiada.

Finalmente, vamos a compartir con el Plenario del Senado algunos comentarios sobre los artículos 18 y 20.

Con respecto al artículo 18, que tiene que ver con las normas aplicables, el doctor Delpiazzo manifiesta: "En mi opinión, esta norma, en buen romance, es derogatoria de toda disposición legislativa anterior en materia de administración del espectro radioeléctrico". Y finaliza diciendo: "A mi juicio, esto es profundamente violatorio del principio de igualdad".

En lo que tiene que ver con el artículo 20, relativo al proceso de regularización, el doctor Delpiazzo expresa: "descuento que también va a ser complicado de aplicar", refiriéndose al detalle del mismo. También dice que tendríamos dos modalidades por las cuales habría algunas radios que serían regularizadas por concurso y otras que lo serían sin concurso. Entonces, mientras que hoy en día ya se establece el concurso para la habilitación de todo el espectro radioeléctrico -más concretamente, para las radios comunitarias, se dice a texto expreso que la norma es el concurso-, según lo establecido en el literal B) del artículo 20, muchas radios podrían ser regularizadas sin concurso.

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 21. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- Como decía, por lo dispuesto en el literal B) del artículo 20 se puede dar la paradoja de que, tratando de que desde el inicio este sistema haga todas las adjudicaciones por concurso -como sucede hoy en día con el resto del espectro radioeléctrico-, tengamos un conjunto muy importante de frecuencias asignadas sin concurso, porque todas aquellas que no colisionen con las existentes se podrían adjudicar sin concurso.

ANDEBU ha insistido en que existe un faltante muy importante en este proyecto de ley, que tiene que ver con que no se ha incluido ningún régimen de sanciones para aquellos que transgredan la normativa vigente. En su momento, el señor Senador Antía preguntó en Comisión a los representantes de la URSEC -creo que estaba su Director, el señor León Lev- qué estaba pasando hoy en día con las radios denominadas comunitarias con relación a la normativa vigente. Tengo entendido que otros colegas se van a referir más extensamente al tema pero, evidentemente, ha habido una pasividad notoria de parte de la URSEC.

Hay otro aspecto que es tan importante como el que mencionamos -antes hablábamos de una norma que ya existe y que no se cumple-, que los colegas deben conocer porque se lo preguntamos a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y, por supuesto, también a ANDEBU, a RAMI y a expertos en el tema. Ellos estaban de acuerdo con que del conjunto de radios comunitarias existentes en el país -que no son pocas, puesto que estamos hablando de un número que oscila entre 150 y 200 y debemos tener en cuenta, además, que existen 280 emisoras comerciales-, alrededor de dos tercios son falsas radios comunitarias; probablemente, sean comerciales o de cualquiera otra índole. O sea que el problema de cumplimiento que ahora tenemos es de gran importancia. Aparte de que el Poder Ejecutivo debió haber tomado antes las medidas en base a la normativa vigente, en el futuro próximo va a tener que cerrar y decomisar los equipos de aproximadamente dos tercios de las emisoras que hoy día son denominadas comunitarias. Insisto: el tema de las sanciones y de dejar bien claras las cosas, no es algo menor. No estamos hablando de que en el Uruguay hay 10, 20 ó 30 radios comunitarias, casi todas legítimas, y que sólo se trata de establecer una norma que genere un criterio que, de alguna forma, proteja al Estado y a las propias radios comunitarias, sino que estamos frente a un problema de una magnitud importante, porque -y una vez más empleo la expresión- por "efecto de borde", todas aquellas cosas que queden mal resueltas en esta ley, se van a transformar en litigios y dificultades para la propia URSEC, que una vez aprobada esta norma no va a saber cómo encarar el tema con precisión. Después vendrán los juicios, los reclamos y mil complicaciones adicionales. Por eso reitero que, a nuestro juicio, este tema no se ha manejado con el cuidado que corresponde.

¿Hubiera sido posible elaborar otro proyecto de ley más sencillo y más claro? Precisamente, los dos grandes problemas que advierto en la iniciativa son su poca claridad y su complejidad. Creo que sí hubiera sido posible, máxime cuando en realidad ya existe uno que fue presentado y elogiado por el doctor Delpiazzo y por varios colegas. Personalmente, entiendo que habría sido una excelente solución. Es una iniciativa que presentó el Nuevo Espacio hace unos años y que nosotros pedimos que se trajera nuevamente a la Comisión. Lleva la firma de los señores representantes Iván Posada, Felipe Michelini, Gabriel Courtoisie, Gabriel Barandiarán y Ricardo Falero, tiene solamente nueve artículos y es totalmente compartible, sencilla y aplicable, por lo que sería una solución mucho mejor que la que hoy se plantea.

Como dije al comienzo, sería muy importante que en este proyecto de ley, aunque fuera en la votación en general, se pudiera llegar a una coincidencia. Si todavía hay tiempo de alcanzarla, a la luz de algunas propuestas que se han repartido previamente y del proyecto del Nuevo Espacio que nos parece una excelente solución, el Partido Nacional sugiere que este tema pase nuevamente al ámbito de la Comisión, donde podríamos analizar si es posible lograr los acuerdos correspondientes. De lo contrario, en el mejor de los casos vamos a tener una solución con enormes dificultades de aplicación, pues le vamos a trasladar un gran problema a la URSEC y al Poder Ejecutivo, que me gustaría ver cómo lo van a arreglar. En el futuro vamos a tener que estar revisando la norma sobre un tema tan delicado como éste, cambiándola sobre la marcha en un plazo no muy largo, lo que tampoco es una buena solución.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LONG.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señora Presidenta: el hecho de que el señor Senador Long elogie un proyecto de ley que en su oportunidad presentamos, me llena de orgullo, pero creo que no debo aceptar la picardía que él plantea, pues ahora dice que la iniciativa que en su momento se presentó como posible era muy buena, cuando las mayorías de entonces -Partido Colorado y Partido Nacional- ni siquiera la consideraron, aun tratándose de un fenómeno que estaba despuntando. Ahora se señala que ese proyecto era muy bueno; si es así, ¿por qué no lo votaron antes, cuando tenían las mayorías?

Ahora trabajamos a fondo sobre un proyecto de ley que incluye los aspectos de fraccionamiento de la onda, así como otros elementos. No quise interrumpir al señor Senador Long, pero por algunas cosas que plantea advierto que mira unos artículos del proyecto y otros no, ya que prácticamente se olvida de la transición y del artículo 20. Señalo que no lo quise interrumpir porque tengo el objetivo de que esta iniciativa sea aprobada hoy, para que la Cámara de Representantes pueda hacer lo propio rápidamente, votando un proyecto más completo, al que le podamos hacer algunas modificaciones. Creemos que es positivo que ahora, estando en el Gobierno y con estas mayorías, se apruebe un tema que propusimos en un determinado momento, aunque esa propuesta inicial, embrionaria -quizás amateur- que en su momento pusimos arriba de la mesa haya llevado muchos meses de estudio.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Puede continuar el señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- Señora Presidenta: la interpretación que hace el señor Senador Michelini en cuanto a la picardía no la acepto en absoluto; si lo desea, se puede informar y verá que el primero que elogió y reconoció esa iniciativa fue el doctor Delpiazzo. Además, como Presidente de la Comisión, pedí personalmente que el proyecto fuera traído a la Comisión para ser utilizado y, si no pudo ser estudiado en ese momento fue porque todo el debate, como dije, duró simplemente una sesión.

Debo señalar que me resulta increíble que cuando uno busca hacer un reconocimiento -los colegas me decían que el problema es mío, precisamente por hacerlo-, tratando de tender puentes y de establecer una actitud parlamentaria de otra jerarquía y altura, recibe la calificación de estar cometiendo una picardía y otras cosas que ni siquiera voy a mencionar. Aquí nos podemos mover a un nivel de chacra y de cosa pequeña de cada uno, o podemos tratar de tender puentes para construir políticas de Estado. Personalmente, estoy en esa línea y los que conocen mi trabajo en las Comisiones saben que es así. Me parece que este era un aporte importante, aunque no sugerí tomar el proyecto tal como estaba. Simplemente pienso que con este proyecto y otros aportes podemos elaborar algo más sencillo y claro que la iniciativa que tenemos a estudio y que se aprobará hoy por la ley de las mayorías.

Reitero que esta norma no es buena, no le va a hacer bien a las radios comunitarias ni al Poder Ejecutivo y va a obligar a futuros Gobiernos a revisarla y modificarla. Y no hay cosa peor en temas delicados como el manejo del espectro de las ondas de comunicación, que el país esté cambiando las reglas cada poco tiempo.

Muchas gracias.

SEÑOR LARA GILENE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARA GILENE.- Señora Presidenta: hemos escuchado con atención los antecedentes que ha expresado el señor Senador Long y no nos vamos a referir al articulado; tampoco vamos a hacer ningún elogio, porque creemos que estamos frente a un espantoso proyecto de ley, que va a ser votado en el día de hoy, aplicando una vez más la ley de las mayorías. Ni siquiera se discutió un proyecto que estaba en la órbita de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión y que quien habla había presentado en tiempo y forma, aun cuando figuraba como único punto del Orden del Día.

En líneas generales, quisiera que nos ubicáramos para saber de qué estamos hablando y luego hacer algunas puntualizaciones sobre el funcionamiento de la URSEC, que es lo que a todos nos interesa. Precisamente, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones fue creada por el artículo 70 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, "como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, sin perjuicio de su facultad de avocación".

Por su parte, el artículo 93 establece: "La URSEC ejercerá todos los cometidos que las distintas leyes, decretos y resoluciones establecieron de cargo de la Dirección Nacional de Comunicaciones, pudiendo ejercer todas las facultades determinadas en los mismos, por lo que toda remisión efectuada en dicha normativa a la Dirección Nacional de Comunicaciones deberá entenderse efectuada a la URSEC".

Asimismo, el artículo 75 dispone: "La URSEC estará dirigida por una Comisión integrada por tres miembros designados por el Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros, entre personas que, por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento en la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño.

Durarán seis años en el ejercicio de sus cargos, pudiendo ser designados nuevamente, por igual período.

El presidente de la URSEC" -en este caso, el señor León Lev- "tendrá a su cargo la representación del órgano".

Complementando lo anterior, en el Decreto Nº 212/2001, de 4 de mayo de 2001, se reglamentó el funcionamiento de la Ley Nº 17.296. El inciso tercero del artículo 2º dispone las obligaciones que le corresponden al Presidente de la URSEC, y en el literal b) se expresa: "Cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales, legales y reglamentarias y ejecutar y hacer ejecutar las decisiones de la Comisión".

Por el Decreto Nº 206/2002, de 11 de junio de 2002, se aprobó por el Presidente de la República el Código de Ética del Regulador, que se aplicará a los reguladores de los servicios de interés público. En el artículo 2º de este Decreto, denominado "Ámbito de Aplicación", se expresa: "El presente Código se aplica a quienes desarrollan tareas en el área de la regulación de servicios de interés público, tanto en funciones jerárquicas como subordinadas y cualquiera sea la naturaleza del vínculo jurídico que mantenga con la entidad reguladora".

Continuando con las obligaciones emergentes del mencionado Código, en su artículo 3º se establece expresamente que la aceptación de la función por parte de quien resulte empleado en el ámbito de la regulación de servicios de interés público, implicará su compromiso de cumplimiento de las disposiciones del presente Código.

En el Capítulo de Principios Generales, el artículo 8º di-ce: "Legalidad. El funcionario debe conocer y cumplir el marco normativo que rige su actividad observando en todo momento un comportamiento que no merezca reproche".

Mientras tanto, en el artículo 9º se expresa: "Diligencia. El agente debe actuar en el ejercicio de sus tareas con la diligencia que un buen administrador emplearía para sus propios bienes e intereses, de manera que inspire la confianza de la comunidad y evitando acciones que pongan en riesgo el objetivo de protección del interés del usuario, el patrimonio estatal o la imagen que la sociedad debe tener de sus servidores".

El artículo 22, denominado "Obligación de Denunciar", dice: "El funcionario está obligado a denunciar las irregularidades de que tenga conocimiento por razón de sus funciones, de las que se cometan en su repartición o cuyos efectos ella experimente particularmente. También debe recibir y dar curso a las denuncias que se formulen al respecto. En uno y otro caso las pondrá en conocimiento de sus superiores jerárquicos (artículo 175 y siguientes del Decreto 500/1991 del 27 de setiembre de 1991). Lo dispuesto es sin perjuicio de la denuncia policial o judicial de los delitos (artículo 168, numeral 10 de la Constitución de la República y artículo 177 del Código Penal). La omisión de denuncia configura falta grave".

En las disposiciones finales del artículo 34 del Código, se señala lo siguiente: "Falta Administrativa. Todo acto u omisión del funcionario, intencional o culposo que viole las disposiciones del presente código constituye falta susceptible de sanción disciplinaria". Esto es lo que dice en la página 160 de su libro "El Derecho Público", el doctor Cassinelli Muñoz, cuando establece: "El concepto de responsabilidad es una consecuencia del aspecto negativo o del aspecto de deber que integra el concepto de atribución", etcétera. Y más adelante, dice: "Existe una responsabilidad por el ejercicio de la atribución justamente porque la atribución no es solo una ventaja sino que además comporta una tarea a cumplir". Esa responsabilidad de hacer cumplir las leyes y controlar el espectro radioeléctrico del Uruguay es la que ha faltado reiteradamente y sin motivos.

Por otro lado, el Decreto-Ley Nº 14.670, de 23 de junio de 1977 -que hoy está vigente-, establece en el numeral 1º de su artículo 3º que las emisoras privadas incurrirán en responsabilidad frente a la Administración en caso de transmitir o intentar transmitir sin autorización. Y en el inciso final de su artículo 4º, determina que en dicha hipótesis se dispondrá la clausura definitiva, con incautación de la emisora, sin indemnización. Estas sanciones son exclusivas para radiodifusión.

En el artículo 86 de la ley de creación de la URSEC -la Nº 17.296-, modificado por el artículo 112 de la Ley Nº 18.046, dispone en su literal t): "Aplicar las sanciones previstas en los literales a) a d) del artículo 89 de la presente ley en este último caso, cuando se trate de una sanción exclusiva y dictaminar preceptivamente ante el Poder Ejecutivo para la adopción de las restantes".

El artículo 89 dice en su literal d): "El decomiso de los elementos utilizados para cometer infracción o de los bienes detectados en infracción, sanción que podrá ser aplicada en forma exclusiva o accesoria a las demás previstas".

El Decreto Nº 212/01, de 4 de mayo de 2001, en la reglamentación del funcionamiento de la URSEC, establece en su artículo 8º: "En materia de servicio de telecomunicaciones, la URSEC tendrá los siguientes cometidos y poderes jurídicos: administrar, defender y controlar el espectro radioeléctrico nacional". En el literal t. del mismo artículo, dice: "Aplicar las sanciones previstas en los literales a) a d) del artículo 89 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, en este último caso cuando se trate de una sanción exclusiva, y dictaminar preceptivamente ante el Poder Ejecutivo para la adopción de las restantes".

Por su parte, el artículo 11 reitera las sanciones del artículo 89 de la ley mencionada.

Del cuerpo normativo reseñado, resulta claro que la sanción de decomiso de equipos es única ante la transmisión sin autorización. En materia radial no hay otra sanción, por lo que es de competencia exclusiva su aplicación de parte de la URSEC. Estas acciones no han sido llevadas a cabo sino que, por el contrario, han sido absolutamente omisos en defender y velar por el espectro radioeléctrico nacional. Podríamos hacer otra serie de consideraciones, pero queremos dejar claro que se han violado claramente la Ley Nº 17.296, del 21 de febrero, modificada por el artículo 112 de la Ley Nº 18.046, del 24 de octubre de 2006; el Decreto Nº 212/2001; el Nº 206/2002; la normativa que refiere a la radiodifusión y la URSEC; el Decreto ley Nº 14.670, de 23 de junio de 1977 y el Decreto 734/78, de 20 de diciembre de 1978.

Nosotros, que hemos recorrido el interior del país, hemos visto el enorme esfuerzo que hacen las más de doscientas radios que desde 1924 vienen cumpliendo un papel fundamental en la sociedad uruguaya; por otro lado, se trata de aprobar un proyecto de ley que habilita la competencia totalmente desleal. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en Río Branco hoy están funcionando ocho radios comunitarias, cinco de las cuales son brasileñas, y que en la ciudad de Rivera funcionan diez radios comunitarias que fueron cerradas en Livramento. A pesar de todo esto, se dice que el proyecto va a arreglar toda la situación.

Voy a hacer referencia a algo de lo que quiero dejar constancia en la versión taquigráfica. El señor Presidente de la URSEC, con su equipo, ha viajado en reiteradas oportunidades a Portugal, Turquía, Buenos Aires, Costa Rica, Túnez, Santo Domingo, Lima, San Pablo, Guatemala, Puerto Rico, Dubai, Qatar, Puerto Ordaz, Paris, San Salvador, Barcelona, Orlando y Ginebra. No se trató de misiones oficiales, por lo que espero que se actúe en consecuencia, ya que se ha violado la normativa reguladora de los procedimientos para hacer efectivo el cobro del viático, es decir, los artículos 7º, 8º, 9º y 10 del Decreto Nº 148/92, del 3 de abril de 1992, y el artículo 23 de la Ley Nº 16.226. El costo total de estos viajes es de US$ 104.759, suma muy importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha trabajado este Parlamento, y sobre todo su Presidente -que hoy no está presente-, para bajar los viáticos. Tomando en cuenta la voluntad de algunos compañeros para mejorar el proyecto y el hecho de que nosotros estamos dispuestos a discutir varios de estos temas, entiendo que lo más conveniente habría sido enviarlo nuevamente a Comisión. De esta manera, tal vez, entre todos podríamos lograr un proyecto mejor.

No puedo terminar sin decir que cuando le envié el telegrama colacionado al Presidente de la URSEC, lo hice para que pudiera actuar. Sin embargo, el día que se vencía el plazo, me llamó para tener una reunión, a lo que accedí concurriendo a su despacho. En esa oportunidad me pidió que no llevara adelante ninguna acción hasta que no volviera de su viaje, lo que acepté porque él estaba dispuesto a conversar para modificar algunos artículos del proyecto de ley. A su vez, me entregó una documentación que era la contestación de un pedido de informes que había realizado el señor Senador Penadés. Cuatro días después, cuando se iba a analizar el proyecto de ley, aparentemente por una falta de contacto con el Presidente de la URSEC, la señora Senadora Percovich dijo, tal como consta en la versión taquigráfica, que no se iba a tratar mi proyecto porque yo le había realizado una denuncia penal. Esto no era así ya que se trataba simplemente de una intimación y, además, había hecho un acuerdo con él. Lamentablemente, todo esto culminó con la votación en forma rápida de este proyecto de ley, supuestamente debido a mi denuncia, aunque yo todavía no la había realizado. Como algunos manejamos ciertos códigos y otros no, yo había hablado y acordado con el Presidente de la URSEC, pero con la actitud que se tomó en la Comisión -que no la compartimos, porque lo menos que se podría haber hecho era esperar una reunión más e invitar a quien presentó el proyecto- no se pudo evitar la denuncia penal.

En consecuencia, estoy en total desacuerdo con este proyecto, estoy de acuerdo con lo expresado por el señor Senador Long y me hubiera gustado que la iniciativa volviera a Comisión.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señora Presidenta: quiero dejar sentadas algunas cuestiones. En primer lugar, los antecedentes que cita el señor Senador Lara Gilene tienen respuesta en sentencias realizadas por Jueces con relación a las denuncias. La URSEC es un organismo técnico, con competencias claramente establecidas, y las disposiciones para el cierre de radios deben ser realizadas por un Juez. Frente a las denuncias a que hacía referencia el señor Senador Lara Gilene, hay sentencias judiciales que dicen que no corresponde que se revea la situación de determinadas radios si no están enmarcadas dentro de determinadas condiciones. Esas sentencias existen y, por lo tanto, le quitan fundamento a las denuncias hechas por el señor Senador Lara Gilene.

(Ocupa la Presidencia el señor Eleuterio Fernández Huidobro)

-En segundo término, es cierto que permanentemente se han recibido presiones hacia la URSEC, pero es necesario tener una reglamentación clara para proceder, que es lo que otorga este proyecto de ley. Por lo tanto, nosotros sentimos que es un argumento absolutamente esquizofrénico pedir que se siga discutiendo un marco que no se comparte porque hay otros intereses en juego. Nosotros estamos requiriendo una reglamentación clara como esta, que establece procedimientos transparentes -que es lo que en general no hemos tenido en esta área-, para evitar las irregularidades que han sido denunciadas en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, cuya existencia compartimos.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Quiero solicitar a la señora Senadora Percovich que sea precisa al referirse a una "actitud esquizofrénica" y, tanto o más importante que eso, a las "diferencias motivadas en intereses". Es un tema muy delicado y, en todo caso, es una acusación muy grave para algunos integrantes de este Cuerpo. Por lo tanto, me gustaría saber con toda claridad quién discrepa con este proyecto por razones de intereses, a juicio de la señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: no tengo ningún empacho en decir que durante años ha habido una presión sobre nosotros, los Legisladores, cada vez que hemos tratado de dar un marco claro al funcionamiento de este tipo de radios. Todo esto tiene inicio en una interpretación bastante ridícula que han hecho las radios comerciales, que creen que las radioemisiones de tipo comunitario e interés social van a competir con ellas. Por algo son los argumentos que se manejan; de forma permanente, todos hemos recibido presiones al respecto y, precisamente, no de gente que actúa de manera transparente. Acá se hacía referencia -tal como decía el doctor Delpiazzo-, por ejemplo, a la prioridad que tiene el SODRE en nuestra legislación al momento de adjudicar una onda. En la época de la dictadura, algunas de las ondas del SODRE y de ANEP fueron sustraídas por algunos de los representantes que nos han visitado, que hoy las poseen. Entonces, hay un cúmulo de irregularidades que no queremos denunciar pero de las cuales, obviamente, tenemos conocimiento, porque ahora estamos en el Gobierno y contamos con todos los antecedentes, y hay presiones que se ejercen sobre todos los Legisladores al respecto. Nos parece que la introducción en el uso de las frecuencias de radio de intereses comunitarios, con este tipo de legislación que transparenta, con audiencias públicas, con concursos, puede molestar por la falta de reglas claras de interés público que hoy existen en el uso de las ondas de radiodifusión. A eso me refiero cuando digo que ha habido tantas presiones para que este proyecto no sea aprobado en tiempo y forma y no se pueda actuar -esa es la esquizofrenia- para cerrar aquellas radios que no son de estilo comunitario y que sí están ocultando un interés comercial.

SEÑOR LARA GILENE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARA GILENE.- Escuchando con atención las palabras de la señora Senadora Percovich, parece que es la Jueza que ya se ha expedido sobre el expediente de la denuncia penal, porque hace referencia a la forma como supuestamente tiene que proceder la Jueza en una denuncia de omisión contumacial de los deberes de su cargo, artículo 164 del Código Penal. Lo que hemos demostrado -y por eso hemos hecho esta presentación- es que de setenta y siete denuncias, la URSEC actuó solamente en doce. Entonces, como lo marcamos claramente en nuestra exposición, ha habido denuncias realizadas como correspondía ante la URSEC en las que no se ha actuado, por lo que ha habido una omisión muy clara.

Confieso que en algún momento me sentí aludido cuando se hizo referencia a los intereses que defiende cada uno. Por mi parte, nunca he estado de acuerdo con la forma como se han otorgado las frecuencias hasta ahora; desde mi punto de vista, deben adjudicarse por licitación. Pero tampoco voy a justificar que hoy se esté buscando competir en forma totalmente ilegal y encubierta. Si el Gobierno quiere adjudicar nuevas frecuencias, tiene todo el derecho de hacerlo, porque el SODRE tiene veinte frecuencias que hoy no está utilizando y además hay cuarenta en el interior del país que estarían en condiciones técnicas y jurídicas de ser distribuidas. Pero estamos en desacuerdo, insisto, en que se compita en forma totalmente ilegal. Por un lado hay determinadas exigencias para las radios establecidas, pero al lado cualquier persona puede poner una radio y recibir propaganda oficial, como de hecho está ocurriendo, y puedo aportar varios ejemplos al respecto a los que con la cabeza indican que no es así. Sé que en Treinta y Tres se está haciendo propaganda oficial en una radio comunitaria, y lo mismo ocurre en muchos otros lugares. Es cierto que, de pronto, en determinadas localidades, si no hubiera una radio comunitaria, no llegaría ningún medio nacional; esto es lo que sucede, por ejemplo, en Baltasar Brum.

En definitiva, me pregunto por qué no estamos a tiempo de discutir el tema. Sinceramente, me habría gustado que me hubieran invitado a la Comisión, que es lo que se acostumbra cuando alguien presenta un proyecto de ley. En todo el país hay situaciones totalmente irregulares, más allá de que, repito, si no fuera por las radios comunitarias, a algunas ciudades no llegaría ningún medio. Entonces, creo que deberíamos discutir la adjudicación de las frecuencias. No me parece que sea el procedimiento más correcto habilitar a que cualquiera pueda tener una radio, exigir que un 30% de las frecuencias de cada departamento sea para las radios comunitarias y, sobre todo, permitir que reciban propaganda oficial y donaciones del exterior del país. Creo que todos debemos reconocer que tenemos dificultades; por ejemplo, la semana pasada estaba viajando en el departamento de Treinta y Tres y en determinado momento perdí una emisora nacional y entró en la frecuencia una radio argentina, y lo mismo ocurre en muchos otros lugares, donde estamos invadidos por las radios brasileñas. El planteo que habíamos hecho requiere una discusión más amplia y no creo que sea esquizofrénico; la idea es simplemente que el proyecto pudiera volver a Comisión para poder mejorar algunos aspectos.

SEÑOR LORIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Lorier.

SEÑOR LONG.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LORIER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- Simplemente quiero realizar una aclaración sobre el tema anterior para no tener que interrumpir después al señor Senador Lorier, a quien agradezco mucho su deferencia.

En determinado momento anoté -me gustaría ver después la versión taquigráfica- que la señora Senadora Percovich dijo: "No vamos a llegar a acuerdos porque hay quienes defienden intereses particulares", o algo por el estilo. Creo que es una afirmación muy grave y muy delicada y, a mi juicio, la respuesta de la señora Senadora no fue clara ni satisfactoria. Todos hemos escuchado los argumentos de las distintas partes en la Comisión. Las reuniones se realizaron con mucha agilidad; en dos o tres sesiones evacuamos cinco comparecencias en las cuales se expusieron todas las opiniones. Se escuchó a AMARC, a ANDEBU y a RAMI, que son las tres partes interesadas, y a distintos expertos. Por mi parte basé mi exposición, que fue bastante larga, en la opinión de un experto indiscutido en la materia, como el doctor Carlos Delpiazzo, y en la legislación comparada de países notoriamente serios, como Chile, y otros a los que en su momento nombré. De modo que las afirmaciones que hice se basan en argumentos totalmente racionales y que no defienden el interés particular de nadie.

No tengo ningún interés particular vinculado a esta materia ni tampoco me dejo presionar, porque el que está tomando decisiones, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, sabe que siempre está sujeto a presiones y debe tener la capacidad de separarse de ellas para que no le hagan mella; de lo contrario, no está capacitado para el desempeño de esas funciones. Por lo tanto, no me siento en absoluto presionado por nadie, sino que planteo mis argumentos en función de que me parecen racionales y creo que son buenos aportes para mejorar este proyecto de ley. De manera que no acepto de modo alguno una afirmación genérica. Si algún colega cree que alguien en este Senado está actuando en defensa de intereses particulares y entonces se tiene que excusar y retirar de Sala, debe realizar el planteo de una manera bien clara. No obstante, esa no es mi situación, por lo que me quedo y voy a seguir defendiendo los argumentos que he expuesto.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Lorier.

SEÑOR LORIER.- Señor Presidente: nuestro apoyo a este proyecto de ley se basa en varias razones. La primera y fundamental es que se avanza en las posibilidades de expresión democrática del pensamiento y en las posibilidades de acceso a la libertad de expresión y de información, cosas que no son nada menores. Por lo tanto, para nosotros es un avance en la calidad de vida democrática y en el respeto a los Derechos Humanos en nuestro país.

A través de esta iniciativa creemos concretar, desarrollar y garantizar derechos: unos reconocidos por la Constitución y otros por los tratados internacionales de Derechos Humanos que el Uruguay ha ratificado por ley. Quiere decir que pasamos de la enunciación de un derecho en forma meramente declarativa, a una obligación por parte del Estado de llevar una política pública que lo haga posible. Se trata, entonces, de una iniciativa que debe verse como un medio o un instrumento para promover y garantizar derechos, lo que, desde nuestro punto de vista, beneficia, protege y potencia a toda la radiodifusión nacional, y no sólo a las radios comunitarias. Justamente, en el Capítulo I de este proyecto de ley se establece una serie de principios que, junto al necesario enunciado, pasan a tener un claro y efectivo desarrollo, así como también cierta protección. Son principios referidos al derecho a la libertad de expresión e información, sobre el espectro radioeléctrico como patrimonio común de la humanidad, la promoción de la diversidad, la pluralidad, la no discriminación, la transparencia, la publicidad, el otorgamiento de frecuencias y el control ciudadano, por mencionar algunos.

Otra razón para nuestro apoyo a este proyecto de ley refiere a que, por su intermedio, se avanza en la modernización del sistema radial uruguayo con un modelo basado en tres sectores, cada uno con sus propias reglas de juego. Por un lado, tenemos a las radios comerciales, por otro, a las públicas -sean estatales, municipales o de las universidades- y, en tercer lugar, al sector comunitario caracterizado fundamentalmente por ser expresión de organizaciones sociales sin fines de lucro. Entonces, en este modelo hoy pasamos a asegurar la reserva de una porción del espectro radioeléctrico para emprendimientos no comerciales y no estatales. Se apuesta así a la diversidad en la comunicación y la difusión cultural y a un modelo que no tenga como patrón solamente los intereses comerciales, de lucro o los del propio Estado. Entonces, en el futuro veremos propuestas nuevas, distintas -bienvenidas sean, así como lo que tiene que ver con la información y el intercambio de ideas-, lo que no está mal de ninguna manera.

La característica del modelo nuevo que estamos analizando y al que se apunta como un proceso, es que los tres sectores mencionados -el comercial, el estatal y el comunitario- van a estar en una igualdad absoluta de derechos; esa va a ser la situación. Ninguno de estos sectores constituirá un servicio de segunda categoría residual o testimonial. Por lo tanto, no se están estableciendo limitaciones ajenas a un interés social o de interés general, y esta es la condición básica para hacer real el efectivo goce del derecho que estamos analizando. De ahí, entonces, y no de otro lado, surge la no limitación de la potencia de las emisoras, ya que existe una reserva del espectro regulada debidamente. También de ahí surge la no limitación a la obtención de recursos económicos para la viabilidad de los proyectos de radiodifusión comunitaria. Sin duda, el proyecto de ley a estudio establece los mecanismos o controles necesarios para que no se disfracen de comunitarias determinadas radios comerciales, de manera que no se desvirtúen los fines u objetivos sociales y no exista afán de lucro. Justamente, esto implica la regularización o la posibilidad de la regularización de la situación actual.

Igualmente, los criterios de asignación de frecuencias planteados en el proyecto aseguran contra cualquier posible vicio que pueda surgir en esa materia y en nuestro país. Nosotros creemos que es así, es decir, que se está asegurando contra cualquier posible vicio en la asignación de ondas en el Uruguay, y eso se logra a través del control estatal y del control ciudadano. Asimismo, se asegura la calidad del servicio comunitario a brindar, así como también se evita la anarquía en el uso del espectro sin margen para la arbitrariedad, mediante las potestades establecidas para quienes asignan las ondas y la participación del Consejo Asesor Consultivo.

Señor Presidente: esta ley, además de asegurar el ejercicio de los derechos, garantiza la calidad de servicios, el control administrativo del acceso a un recurso finito y la posibilidad amplia y democrática de ese acceso, ejerciendo el derecho sin quitar la asunción de las responsabilidades que ello implica. En razón de ello, es que vamos a apoyar y a votar este proyecto de ley en el día de hoy.

Muchas gracias.

SEÑOR AMARO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Amaro.

SEÑOR AMARO.- Señor Presidente: con respecto al tema que estamos tratando, hemos estudiado el proyecto de ley que en su momento nos llegó a todos por igual. Eso está bien porque así lo indica el Reglamento. Los artículos sustitutivos, en este caso, no son pocos, ya que en el primer grupo tenemos los artículos 4º, 6º, 7º, 8º, 10 y 20 y, en el segundo, se incluyen cinco. Luego, prácticamente se agregó un proyecto sustitutivo, lo cual está bien porque es reglamentario, pero por nuestra parte así como lo recibimos, lo descartamos y vamos a referirnos directamente al texto que se nos dio por adelantado, como corresponde, a los efectos de expresar nuestro pensamiento sobre este tema que, realmente, genera expectativa pública.

A través de lo expresado en Comisión por los distintos protagonistas y actores en el tema de la radioco-municación -me refiero a asesores y especialistas, entre otros-, se pudo concluir que el proyecto de ley, de alguna manera, intenta legalizar la situación de hecho de muchas radios autodenominadas comunitarias, que están transmitiendo sin autorización oficial en todo el territorio de la República.

Antes de abordar el tema concreto, quiero decir que me solidarizo con las palabras manifestadas por el señor Senador Long, porque creo que en este caso estamos legislando en una mesa de la mayoría -no discuto su derecho-, pero entiendo que esto lo podíamos haber hecho en una Comisión. En esto estoy tomando como base lo expresado por el señor Senador Long, aunque el señor Senador Lorier también dejó constancia en la Comisión de que ésta había trabajado muy bien y sus integrantes siempre habían buscado el acuerdo y la unanimidad, que es lo que siempre debe ocurrir. Sin embargo, no se actuó de esa manera y sí vimos que se nos sometió a un avasallamiento, porque en la sesión en que dilucidó este tema no estaban presentes los representantes del Partido Nacional. Creo que el pueblo vota y es nuestra obligación reconocer y respetar a las mayorías, pero no hay que olvidar que hay un segundo Partido, que es el Partido Nacional -hablado en términos electorales-, cuyos integrantes no estaban presentes en el momento de adoptar una decisión sobre este asunto, ya que se encontraban en una sesión del Directorio muy importante, para escuchar una exposición del señor Senador Abreu. A mi entender, no se perdía nada -porque siempre estamos dispuestos a prestar colaboración al Gobierno en forma constructiva-, si se esperaba la llegada de los señores Senadores del Partido Nacional o si se fijaba otro día para llevar a cabo la última sesión en la que se trataría este tema. Dejé la constancia del caso -que quedó registrada en la versión taquigráfica, por lo que, quien así lo quiera, puede consultarla- y hoy nos encontramos con que teníamos mucha razón en lo que decíamos. En ese sentido, nos ha llegado una cantidad enorme de material, que después leeremos detenidamente con mucho gusto. Creo que cuando un señor Senador plantea un tema concreto en una Comisión -como lo hice notar en su momento-, es porque estudió y trabajó. Entonces la Comisión, antes de que el proyecto de ley del señor Senador Lara Gilene fuera discutido en el Plenario, tenía la necesidad de analizarlo en su seno, pero lamentablemente no fue así. Eso forma parte de hechos y hay que aceptarlos como son. Por ese motivo, en la tarde de hoy vamos a hacer algunas consideraciones en nombre del Partido Colorado.

Hasta el momento una radio, para emitir en el éter legalmente, necesita una serie de autorizaciones y, finalmente, el otorgamiento de una concesión por parte del Estado. De modo que las radios que surgieron sin autorizaciones y comenzaron sus emisiones, lo hicieron sin contar con el aval del Estado.

En segundo lugar, cabe decir que todas las radios, al constituirse como un medio de radiocomunicación, deben cumplir las disposiciones técnicas y, sobre todo, civiles, comerciales y tributarias, pagar los impuestos que gravan la actividad y que están preceptuadas por las normas vigentes. Es obvio que estas radios no cumplen -y no cumplieron- estas disposiciones en su momento.

Ahora el proyecto de ley a consideración de este Cuerpo, en otras disposiciones propone, a través de su artículo 20, dar un plazo de sesenta días para que esas radios que funcionaban al margen de la ley, regularicen su situación. O sea que, de alguna manera, la ilegalidad pretérita representada por la acción de haber erigido, levantado una radio y haber transmitido sin la autorización correspondiente, ahora es contemplada por la ley otorgándose la posibilidad, previo al cumplimiento de ciertos requisitos, de transformarse en una radio legal.

Existe una intención de regular con mayor prolijidad lo concerniente al uso del espacio radioeléctrico y las comunicaciones, así como de blanquear ciertas situaciones; pero igualmente no puedo dejar pasar algunas contradicciones que, a mi juicio, veo en todo esto y que deben ser señaladas como corresponde. En efecto, este proyecto de ley va en contra de lo pregonado por el Gobierno, en el sentido de afirmar y reafirmar el precepto de que "dentro de la ley todo, fuera de la ley nada". Porque estas radios que hoy se "legalizarán", estuvieron durante bastante tiempo desarrollando sus actividades al margen de la ley, con todo lo que ello implica en perjuicio de los ciudadanos y de las empresas que hacían la misma actividad, pero cumplían con la ley estrictamente en todos sus aspectos.

En efecto, la Ley de Reforma Tributaria y otras disposiciones reglamentarias aprobadas por este Gobierno atacaron decididamente la informalidad y la evasión. Y yo digo que está bien. Se procura -así se ha dicho- que toda persona física o jurídica que desarrolle una actividad económica gravada con tributos, pague -como corresponde- los importes establecidos a la administración tributaria de acuerdo con la ley. Nadie puede estar al margen de esta obligación primaria y fundamental, salvo excepción fundada y justificada. Me pregunto: ¿levantar una radio para emitir sin permiso, sin la correspondiente concesión del Estado, sin pagar impuestos, etcétera, es una conducta ajustada a Derecho y moralmente válida?

Yo creo que acá hay muchas contradicciones, porque se presiona a los comercios establecidos, incluidas las radios legalmente autorizadas, para que cumplan con el ordenamiento jurídico vigente en la República, intentando la formalización plena y castigando duramente aquello que no está en situación regular; en cambio, a las radios que estaban emitiendo en forma ilegal e irregular, por un acto legislativo, ahora se las pone en pie de igualdad con las legales y autorizadas formalmente.

Se nos dirá que es la razón de esta ley legalizarlas, autorizarlas e incluirlas en el sistema legal, para que actúen como empresas y paguen impuestos. Esta bien, pero cabe preguntarse cómo quedan los actos comerciales, las actividades de radiodifusión que se realizaron antes de la entrada en vigencia de esta ley, si es que se aprueba, efectuados sin la debida autorización del Estado y sin haber pagado tributos. En el caso de estas actividades, si las hubiese realizado una radio autorizada sin pagar impuestos, ya sabemos lo que hubiera ocurrido. Creo que no ha habido un sentido de justicia y de equidad. Aquí se está reconociendo que hubo algo que estaba mal, que no se podía hacer, que era irregular, que estaba al margen del ordenamiento jurídico y ahora, por medio de esta ley, lo reconocemos como bueno y lo legalizamos: así de sencillo.

Quiero, además, dejar constancia expresa de ciertos reparos a algunos de los artículos de este proyecto de ley.

Con respecto al artículo 4º, deseo expresar que, con relación a su primera oración, más que "promover" -porque ello puede suponer aplicar recursos a dicha actividad-, el texto debería decir: "El Estado asegurará la más amplia libertad y garantizará, bajo las reglas de esta ley, la utilización del espacio para la radiodifusión en general, incluyendo las radios comunitarias".

En el inciso tercero, luego de la expresión "No podrán realizar proselitismo" vemos que se agregó la expresión "político-partidario"; yo añadiría "especialmente político-partidario, constituyendo la transgresión a esta disposición, causal para la suspensión o revocación del permiso". Sería conveniente incluir este agregado para que los beneficiarios de estos permisos tengan bien claro que el Estado les autoriza la radio para que realicen la difusión de sus fines nobles, sin afán de lucro, para que extiendan el conocimiento de su causa al servicio de la comunidad, y que de ninguna manera puede estar al servicio de un partido o sector político en particular.

La radio es comunitaria y así se le denomina, en el entendido de que se trata de una ONG reconocida como persona jurídica, que tiene por propósito algún fin social, cultural o humanitario, beneficioso para la sociedad y que lo realiza sin cobrar ni percibir beneficios económicos o de algún otro tipo. Lejos debe estar, entonces, la tutela de esta actividad generosa de las lides políticas y me parece bueno que se aclare a texto expreso.

No queremos que las ONG o las personas físicas o jurídicas que reciban los permisos crean o se sientan en la obligación de hacer alguna actividad política a favor de alguien, porque este derecho lo recibe de la propia ley. Tampoco estoy de acuerdo con que las radios comunitarias puedan ser adjudicadas a personas en lugar de asociaciones civiles por las razones que, analizando el artículo 6º, dejaré claramente establecidas a continuación.

Respecto al artículo 6º, estoy de acuerdo con que los titulares de las radios comunitarias sean asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica, pero no personas físicas que supuestamente persiguen fines similares aun cuando no están reconocidas jurídicamente, como las primeras. Me parece que reconocer la posibilidad de la titularidad de un medio de comunicación comunitario así como así, por el mero hecho de enunciar que sus fines son nobles y que no persigue el lucro, sin haber obtenido la calidad de asociación civil con personería jurídica, puede llegar a generar situaciones no deseadas. Esto podría habilitar que cualquier grupo de personas comience una actividad, en apariencia sin fines de lucro, se presente a solicitar una frecuencia y ésta le sea concedida. Por más controles que establezca la ley a posteriori, considero que la titularidad solamente debe concederse a las asociaciones civiles.

En lo que tiene que ver con el artículo 7º, debo decir que, en términos generales, estoy de acuerdo. Sin embargo, no me parece correcto que si el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria -que asesora al Poder Ejecutivo en cada solicitud de forma preceptiva- no se expide dentro de los 60 días establecidos, su silencio sea interpretado como un sí, cuando en general se entiende que el silencio de la Administración en la resolución de un trámite es denegatorio. Personalmente, creo que es mejor que se expida aunque demore. Esto debe quedar bien claro, porque no puede ser de otra forma.

Estoy de acuerdo con el artículo 8º, pero entiendo que habría que exigir a la asociación civil que solicita una radio, que acredite tener determinada antigüedad haciendo bien a la comunidad, que pruebe que verdaderamente se trata de una entidad sin fines de lucro y que, en realidad, no es una pantalla para encubrir otras finalidades, por lo cual necesita de una radio para difundir sus objetivos.

El artículo 10 me parece el más polémico y voy a decir con sinceridad lo que pienso. Entiendo que las radios comunitarias se tienen que autofinanciar de alguna manera, pero creo que este artículo las coloca casi en el mismo plano, en el mismo nivel, que las llamadas radios comerciales. Me pregunto: ¿de qué viven y cómo se sustentan las ahora llamadas radios comerciales, sino, esencialmente, de la publicidad? Ahora bien, si se autoriza a las radios comunitarias a vender publicidad, e incluso a tener al Estado como cliente, se las transforma en radios comerciales en ese aspecto; la única diferencia sería, supuestamente, que difunden asuntos concernientes a los fines de la asociación civil u otros similares. Creo que aquí radica una de las dificultades principales de este proyecto de ley y por más que se quiera trazar esa línea divisoria entre radios comunitarias y comerciales, ésta se hace cada vez más borrosa, porque ¿quién va a negar que las radios comerciales también realizan actividades a favor de la comunidad y dan espacios gratuitos a muchas personas y asociaciones sin fines de lucro para la realización de sus actividades, al igual que lo harán las radios comunitarias? Da la impresión de que en este artículo la mentada ausencia de finalidad de lucro se vuelve papel pintado. Se dice que una auditoría va a controlar que los dineros obtenidos por las radios comunitarias a través de los recursos autorizados por este artículo y de la publicidad, se vuelquen a mejorar el servicio de la radio, etcétera, y no a generar un lucro. Esto es algo difícil de creer y de implementar. Pregunto: ¿qué va a pasar si los ingresos de una radio comunitaria son muy buenos y no se invierten en lo que establece el artículo? ¿De qué manera se va a probar eso y qué sanciones se aplicarán? Creo que a pesar del esfuerzo, aquí sucede lo que afirma el viejo dicho popular: "Por más que la mona se vista de seda, mona se queda".

Por lo tanto, este artículo termina por reconocer la realidad que pone en evidencia: casi no hay diferencia entre una radio comunitaria y una comercial si a la primera se le autoriza a cobrar por la publicidad. Entiendo que para que la radio fuera comunitaria no debería cobrar por ese concepto, con lo cual estaríamos admitiendo únicamente a las verdaderas radios comunitarias, sostenidas por las contribuciones y donaciones de corporaciones y fundaciones que, ciertamente, tienen interés en difundir sus fines, desprovistos de lucro. La diferencia específica entre una radio comercial y otra comunitaria, como yo lo entiendo, es que la primera realiza una actividad comercial lucrativa, de radiodifusión en la comunidad, que puede tener contenidos culturales, sociales y en algunos casos también honorarios, mientras la radio comunitaria no tiene fines comerciales ni lucrativos. Por lo tanto, no debería realizar una actividad comercial como, por ejemplo, cobrar publicidad, ya que eso responde a los fines relacionados con la asociación civil a la que pertenece y es ella la que debe financiarla. En consecuencia, no votaré el artículo tal como está redactado.

En definitiva, este proyecto de ley quedará como un intento de limpiar, de regularizar y de legalizar a las radios que, al margen y sin autorización legal, se instalaron por su cuenta y comenzaron a emitir sin permiso, muchas de las cuales no son comunitarias porque viven de la publicidad, al igual que las comerciales, que son formales y pagan impuestos.

He manifestado algunos de los tantos motivos que me llevan a oponerme a este mal proyecto de ley, pero también quiero dejar bien en claro que conozco casos de radios comunitarias que cumplen claramente una función social, en medios donde no se contaba con otro servicio de radio. Resulta que esta iniciativa que estamos considerando es tan amplia, que va a legalizar absolutamente todos los casos, lo que resultará perjudicial, incluso para esas mismas radios que hoy cumplen un servicio social y comunitario. Entonces, insisto, estamos seguros de que los efectos de este proyecto de ley serán perjudiciales para las radios legalmente instaladas y también para quienes fueron pioneros en instalar esta forma como medio de comunicación.

Señor Presidente: antes de finalizar deseo señalar que aquí se impone un acto de grandeza; sería muy positivo devolver todos estos antecedentes a la Comisión respectiva para poder estudiarlos a conciencia -en tal sentido, desde ya nos comprometemos a contribuir- porque, además, desconocemos cuál es el contenido del material que se repartió a último momento, y hasta puede ser que estemos pensando lo mismo. Reconocemos al Gobierno su mayoría democrática, pero creemos que no es ésta la mejor forma de actuar frente a un tema tan importante, que tiene que ver, nada más ni nada menos, que con las comunicaciones y la sociedad uruguaya.

Muchas gracias.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: en nombre del Partido Nacional, quiero expresar mi total coincidencia con las expresiones que ha vertido aquí el señor Senador Long respecto de este proyecto de ley. El señor Senador comenzó su alocución diciendo que estaba a favor de autorizar la instalación de radios comunitarias en la República Oriental del Uruguay, pero no por la vía de éste, que no es un buen proyecto de ley. Posteriormente, con lujo de detalles dio una serie de argumentos, analizando capítulo por capítulo y artículo por artículo las disposiciones previstas en esta iniciativa. Para dar apoyo jurídico a su exposición, citó muy fundadas apreciaciones del doctor Carlos Delpiazzo, quien hizo referencia, entre otras cosas, a algo que aquí también se dijo en el sentido de que esta era una forma de amparar la libre expresión del pensamiento, derecho fundamental de las personas, que en el Uruguay está amparado por la Constitución de la República. Precisamente, lo que el doctor Delpiazzo dice es que aquí no está en juego la libertad de comunicación del pensamiento, porque ese derecho tiene amparo constitucional. Lo que ocurre es que aquí hay una limitación del uso del espacio radioeléctrico, por lo que no se puede conceder un espacio en la radiodifusión a cada uruguayo que se quiera expresar, porque se producen interferencias técnicas que hasta pueden ser peligrosas para la aeronavegación, tal como está sucediendo en el Uruguay de hoy.

El señor Senador Long también ha explicado el punto referente a que estas radios comunitarias no tienen fin de lucro; si se tratara de asociaciones civiles, las mismas no pueden tener fin de lucro por definición de nuestro ordenamiento jurídico positivo; sin embargo, a renglón seguido se dice que pueden contratar publicidad, incluso oficial. Cabe aclarar que ahora esto se modificó en un artículo sustitutivo que apareció sobre nuestras mesas hace apenas unos minutos. Se ve que lo de "publicidad oficial" fue demasiado, y quedó sólo "publicidad". De todos modos, contratar publicidad es una actividad comercial y éstas llevan ínsito el fin de lucro, cuando las asociaciones civiles no pueden tenerlo. De manera que aquí hay una contradicción insalvable desde el punto de vista jurídico al otorgar a asociaciones civiles este derecho a contratar publicidad. Incluso, en cuanto a la "sustentabilidad económica" -que es el término que se emplea en el proyecto de ley- estas radios tienen mayores derechos que las actualmente habilitadas, porque pueden recibir donaciones hasta del extranjero, cosa que se les impide a las otras. Es decir que, reitero, hay hasta una situación de desigualdad que favorece a estas llamadas radios comunitarias.

Vale la pena analizar también lo que ha sucedido en el Uruguay en los últimos años, ya que bajo el mote de "comunitarias" han pululado radios que de comunitarias tiene poco y nada; para lo único que trabajan es para el bolsillo de aquellos que, con un pequeño equipito, salen a vender publicidad y a competir, sin pagar un solo impuesto de ninguna naturaleza, con aquellos que emplean personal y que contribuyen con las finanzas nacionales. Este es un acto de competencia desleal absoluto.

He leído las estimaciones que se han hecho de la cantidad de radios clandestinas ilegales que se dice que hay en el Uruguay y vemos que la estimación de ANDEBU es de 120 ó 130, pero AMARC -que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias- dice que hay 200. Es decir que aquellos que propician y defienden a las radios comunitarias de verdad, en su evaluación de las radios ilegales existentes concluyen en una cifra que es casi el doble de la que proporciona ANDEBU. Los que somos del interior de la República podemos dar fe de ello, porque todas las semanas o cada quince días vemos que ante la eventual sanción de este proyecto de ley -y con la posibilidad de ampararse en el mismo-, están apareciendo como hongos radios que de comunitarias no tienen nada, y que están vendiendo publicidad a precios viles, a veces, compitiendo así con radios del interior de la República que son mucho más comunitarias que ellas. Sabemos que en el interior no hay muchos ricos propietarios de radios; generalmente estas son empresas familiares pequeñas, que han trabajado durante 60 ó 70 años. Por ejemplo, en mi pueblo, Colonia Suiza, hace unos días la Radio del Oeste festejó sus 60 años, que mucho más que al servicio del lucro de las tres generaciones de propietarios, estuvieron al servicio de la comunidad del departamento de Colonia. Allí se pasan noticias de interés ciudadano, se comunica quién va y quién viene y se le da la posibilidad de participar a cualquier ciudadano. Esas radios, reitero, son mucho más comunitarias que las tres clandestinas que hay ahora en Colonia Suiza y que para lo único que están es para hacer plata.

Lamentablemente, este proyecto de ley puede llegar a amparar esas situaciones irregulares. Incluso se prevé -aunque ahora mandaron también un sustitutivo que modifica en algo unos artículos de regularización- un censo de emisoras clandestinas, al que esta gente ni siquiera tiene la obligación de presentarse, porque es de carácter voluntario. A este respecto, cabe preguntarse qué está haciendo frente a esta situación una URSEC como la que tenemos.

El señor Senador Lara ha hecho una exposición muy detallada del equipo de la URSEC, que nunca estuvo por el interior; siempre viajó al exterior: Dubai, Qatar, Barcelona, París, pero nunca a Colonia Suiza, a Tarariras, a Tambores, etcétera. Ahí no fueron a ver si había radios clandestinas. Fueron a Qatar, y allí no entienden el idioma. Entonces, ¿por qué no se dedicaron a clausurar acá a todas esas radios que dicen los representantes de AMARC que llegan a 200? Claro, con esta sucesión de viajes que han hecho, no les quedó tiempo.

Es notoria la condescendencia y la indulgencia que se ha tenido con todos estos medios de comunicación que están haciéndole competencia desleal, reitero, a los que están legalmente instalados. Ustedes me dirán que la asignación de frecuencias no se hizo por concurso; es verdad, pero muchos de estos medios de comunicación al servicio de la comunidad están operando desde hace decenas de años.

SEÑORA XAVIER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Déjeme continuar, señora Senadora, que voy embalado con mi pensamiento.

Evidentemente, aquí ha habido un descontrol absoluto: la URSEC no ha cumplido con sus obligaciones. Incluso, en el artículo 20 sustitutivo -que es casi igual al anterior- se dice que durante el período de realización de ese censo de emisoras ilegales, no serán de aplicación las infracciones previstas en el Decreto-ley Nº 14.670, de 23 de junio de 1977, ni las sanciones establecidas en el artículo 89 de la Ley Nº 17.296, contra emisoras que estén brindando, sin autorización del Poder Ejecutivo, servicio de radiodifusión comunitaria, etcétera. En realidad, esto se obvió totalmente -el señor Senador Lara lo dijo rotundamente- porque no se cumplió con la obligación de controlar. Hoy hay interferencias a lo largo y ancho del país y se meten adentro de los televisores y de las transmisiones de radio. Entonces, si no se cumplió hasta ahora que las radios son absolutamente ilegales, ¿podemos pensar que con este nuevo marco regulatorio la URSEC va a cumplir a cabalidad con la función de contralor que hasta ahora no ejerció? ¿En qué vamos a mejorar con esta ley, si este ente regulador ha mirado al costado y les ha dicho que transmitan, sin controlar además el contenido de las transmisiones? Ese camión de la URSEC que circula con un artefacto redondo por el interior del país, controla a las radios legales y a las otras las deja pasar. Seguramente, con esa antena tan sofisticada habrá podido registrar alguna transmisión. Sin embargo, según revelan la propia entidad y la organización mundial de radios comunitarias, se han efectuado muy pocos procedimientos de cierre; en realidad, se habla únicamente de 200 radios ilegales. Entonces, no se ha hecho prácticamente nada en lo que respecta a controlar todo esto. Siendo así, ¿podemos confiar en que ahora el contralor se llevará a cabo? Francamente, tengo serias dudas al respecto. ¿Podemos confiar en que el espíritu de lucro que anida en estas radios ilegales será sustituido? Es cierto que se debe tener en cuenta la modificación que se introduce en cuanto a limitar el tema del lucro, estableciendo un tope a los salarios de los titulares de las frecuencias. Lógicamente, tal vez el titular que gana muy buen dinero es el locutor, y a lo mejor después el dinero se reparte; pero no se había pensado en eso cuando se envió este proyecto de ley, y pude constatar que había observaciones en ese sentido.

Entiendo que algunos integrantes de la Comisión se sientan lesionados en el trabajo, pero, ¿por qué tienen que aparecer hoy estos sustitutivos, cuando se pudo esperar un poco más y limitar el tema del lucro? Verdaderamente, ¿se va a poder controlar eficazmente esta cuestión, aceptando recibir publicidad -que también puede ser oficial, aunque este término fue quitado-, donaciones, etcétera? ¿Será fácil luego controlar que estas radios sean realmente comunitarias? ¿Acaso se puede controlar que radios que nunca antes fueron controladas tengan una antigüedad o una vida mínima de doce meses anteriores a la vigencia a la ley? ¿De qué forma se va a controlar eso -lo reitero una vez más-, si nunca antes fueron vistas ni controladas? En el caso de que alguien diga que tiene determinada radio desde hace veinticuatro meses, ¿quién podrá probar lo contrario? ¿Acaso hay testigos de eso? ¿Cómo hará la URSEC, o este Consejo Honorario que se crea, para controlar que las radios tengan, efectivamente, doce meses de antigüedad previos a la vigencia de la ley? Verdaderamente, será absolutamente imposible controlar eso, cuando hasta ahora nunca se hizo. Entonces, me temo que vayamos a regularizar emisoras que nada tienen que ver con una función comunitaria, así como tampoco con un mensaje o un espíritu comunitarios.

Evidentemente, tenemos derecho a dudar de las facultades inspectivas, aunque en realidad podríamos decir que estamos seguros de que no se ha hecho nada en estos tiempos. Así pues, no podemos confiar en que esta ley -que es imprecisa con respecto a muchas cosas- tenga la vigilancia que requiere por parte de las autoridades competentes.

El señor Senador Long inició su exposición diciendo que el Partido Nacional está dispuesto a apoyar un buen proyecto de radios comunitarias, pero no el que está a consideración del Senado.

En la misma línea de lo que hemos estado afirmando, debemos decir que este concepto de las personas organizadas es como la nada. Se habla de un responsable, pero, ¿cómo se va a hacer efectiva la responsabilidad? No se requiere acreditar solvencia, ni nada por el estilo; entonces, cabe preguntarse cómo se logra hacer efectiva la responsabilidad económica o patrimonial que puede existir cuando se afecta el honor o la reputación de las personas. En el caso de una asociación civil, esto se podría hacer, aunque a veces es extremadamente difícil llegar a hacerla responsable económicamente, porque no tiene patrimonio. Pero puede ocurrir que una persona no haya acreditado nada más que su espíritu comunitario o su vocación comunitaria; en ese caso, ¿cómo se la va a hacer responder? ¿No se entrará en un absoluto caos? Me parece que en nuestro país, en general, los ciudadanos tienen acceso a los medios de comunicación; por lo menos, esto es así -sin ninguna duda- en el interior de la República.

En consecuencia, me parece que este proyecto de ley debió haberse mejorado, pues hay cosas que han quedado en una especie de zona gris por no haberse definido. Posiblemente se van a regular aspectos que no podrán ser controlados; insisto en que no se pueden controlar ahora, cuando nunca antes se lo hizo, porque esa tarea resulta muy difícil.

De manera que, enfatizando y también coincidiendo con las afirmaciones realizadas por el Miembro Informante, anunciamos que votaremos negativamente este proyecto de ley. A nuestro juicio, la iniciativa debió haberse analizado mucho más en profundidad y debió haberse mejorado, de manera de brindar más garantías, no sólo a los uruguayos, sino también a los mismos medios de comunicación y de radiodifusión, muchos de los cuales han estado al más señalado servicio de su comunidad.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: inicio esta intervención manifestando mi más absoluto acuerdo con el informe brindado por el señor Senador Long, que desde ya hago mío.

Quiero destacar también el hecho de que el Miembro Informante formuló de manera muy clara una serie de cuestionamientos al proyecto de ley, que considero que a esta altura son ilevantables desde el punto de vista jurídico.

Francamente, cuando uno comienza a analizar este tipo de iniciativas, tiene la sensación de que se legisla partiendo de una premisa bastante particular, que es la de decir que se está a favor del bien y en contra del mal. ¿Quién puede oponerse a asegurar la mayor difusión y a proclamar la libertad de expresión "urbi et orbi"? Absolutamente nadie. Ninguna persona puede manifestarse en contra de que la gente tenga derecho a expresarse y a escuchar la mayor cantidad posible de opiniones. Y aquí se parte de otra premisa bastante rara, que es que en el Uruguay eso no había existido hasta ahora. De alguna manera se trasmite que en nuestro país, hasta este momento, la gente no tenía la libertad de expresarse, de manifestarse, ni de difundir sus ideas como lo entendiera oportuno.

A mi entender, el primer error que cometió este Senado fue el de enviar este proyecto de ley a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión. La iniciativa debió haberse estudiado en el seno de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios, porque el tema de las comunicaciones se encuentra en la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Sin embargo, como la temática tiene relación con la población y con el desarrollo, y como vemos un montón de pececitos de colores, todos somos buenos, etcétera, nos equivocamos. De esta manera estamos cometiendo un gravísimo error, porque no es desde ese punto de vista que se debe legislar. Realmente, se requiere mucha seriedad para la tarea legislativa, sobre todo cuando se trata de estos temas, porque en el ámbito de las telecomunicaciones el Uruguay -como tantos otros países del mundo- se está moviendo entre caer en el más absoluto caos o tratar de reglamentar un funcionamiento que permita regular, y por ende salvar, la radiodifusión nacional.

Cabe aclarar que no estamos hablando de la radiodifusión pensada como esos grandes capitales concentrados detrás de los medios masivos de comunicación, que existen. Esta es otra de las concepciones que tiene el Partido de Gobierno y que demuestra, entre otras cosas, un gran desconocimiento de la realidad -que no es nuevo y que se manifiesta en muchas otras áreas pero particularmente en esta-, porque lo cierto es que sucede todo lo contrario. Hay que conocer las radios del interior del país y también muchas de Montevideo para saber lo que verdaderamente son. Muchas son propiedad de la misma fuerza política que hoy está al frente del Gobierno o de sectores muy vinculados al Frente Amplio, y se sabe lo difícil que resulta en la actualidad mantener en funcionamiento una radio en el Uruguay.

Por eso decía, señor Presidente, que el hecho de regular, reglamentar y, en definitiva, legislar sobre este tema, es algo que se debe hacer pensando en cómo el Estado habrá de garantizar -de la misma manera que lo hace en lo que respecta a la libre expresión- el buen funcionamiento del espacio radiofónico nacional. Aquí vuelvo a repetir lo siguiente: ¿quién se puede manifestar en contra de la libertad de expresión? En esa línea, podríamos llegar al absurdo de pretender conceder una radio a cada uno de los 3:240.000 habitantes que tiene el Uruguay, porque todo el mundo tiene derecho a expresarse. ¡Entonces, garanticemos a todos un espacio radial para que se instalen tranquilamente! No es una mala idea y quizás podríamos pensar en algo por el estilo; en los últimos tiempos hemos visto tantas cosas, que también podríamos manejar una idea de este tipo.

Ahora bien, no debemos olvidar que en lo que respecta a la radiodifusión, el uso indebido de las ondas puede afectar la seguridad nacional. No me refiero a la seguridad nacional como sinónimo de "garrote" -como algunos ya lo deben estar pensando- sino, por ejemplo, como el debido control del espacio radiofónico para no atentar contra las telecomunicaciones de un aeropuerto. Precisamente, en reiteradas oportunidades, el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en su espacio radial de comunicaciones, ha sufrido interferencias que pueden afectar la seguridad de los vuelos, lo que podría determinar que un avión terminara cayendo a tierra y no sobre la pista de aterrizaje.

En el mundo ya se ha legislado sobre el tema de las radios comunitarias. Pienso que nosotros tenemos dos caminos: por un lado, el chileno -por referirme a un ejemplo cercano y vinculado ideológicamente, aunque lamentablemente parece tan distante a nuestro actual Gobierno- y, por otro, el argentino. En la República Argentina se terminó la radiodifusión y no existen más radios. Podría pensarse que el negocio va a terminar de ser absolutamente inviable, pues el atentado de dar cabida a miles de radios clandestinas ha terminado con el espectro radiofónico argentino. Sin embargo, distinta es la situación en Chile, donde se han hecho las cosas con mucha seriedad -tal como están acostumbrados los chilenos en los últimos tiempos-, pues se ha legislado y se han marcado pautas y límites de manera tal, que han logrado que el tema de la radiodifusión sea, como decía, algo serio y no el caos en el que están sumidos otros países como, por ejemplo, la Argentina y el Brasil.

Llegado a este punto, cabe preguntarse para qué legislar. ¿Alguien está en contra de que existan radios comunitarias en el Uruguay? Por supuesto que no. Es más, el argumento que hasta ahora han esgrimido las actuales autoridades de la URSEC -bastante equivocada en su concepción- para explicar por qué no controlan la situación prácticamente de desborde que hoy existe, refiere a la ausencia de una legislación que le permita actuar. ¡Esa es una mentira más grande que una casa! Creo que la única cosa positiva que significará la aprobación de este proyecto de ley, es que una vez que sea reglamentado, a la primera denuncia que llegue al Parlamento sobre la no aplicación debida de sus disposiciones y de las sanciones correspondientes que ya existen sobre el mal uso del espacio radiofónico nacional, nosotros estaremos convocando inmediatamente a una interpelación al señor Ministro de Industria, Energía y Minería junto con el Director de la URSEC, para que nos expliquen por qué no ejercen el control si ya disponen de la legislación correspondiente. Se aduce que hasta ahora no se han podido realizar los con-troles necesarios debido a la ausencia de normativa; pues bien, cuando el Senado proceda a votar este mal proyecto de ley, por lo menos tendrán la posibilidad de hacerlo.

La demostración más cabal de que este -como dije antes- es un mal proyecto de ley, es que una vez más, como en tantos otros casos, la Bancada de Gobierno pretende aprobarlo rápidamente, lo que demuestra la falta de seriedad con la que se está trabajando desde el punto de vista legislativo, con apurones y cuando ya en los "shopping centers" de Montevideo se está decorando para la Navidad. Además, no es serio plantearnos a los Senadores todas estas modificaciones. Es una falta de respeto para el trabajo parlamentario, no solamente para los integrantes de la Comisión que concurrimos esperanzados para apoyar, sino hacia el Poder Legislativo. No se puede seguir trabajando así. Por supuesto, tienen derecho y cuentan con las mayorías para ello, pero esto es una vergüenza, porque no se puede adoptar y defender una posición en Comisión y después sostener en el Plenario algo diametralmente opuesto. Francamente, me parece que este procedimiento deja muy mal parado a los señores Senadores del oficialismo.

Digo esto con mucho respeto, porque descarto que entre ellos hay gente trabajadora, preocupada y bien intencionada, a quienes en algunos casos nos une cierto grado de afinidad y hasta de amistad inocultable, lo cual nos hace sentir orgullosos; pero no podemos dejar de señalar que esto es una falta de consideración, incluso, hacia ellos. Insisto: no se puede seguir trabajando así; esto es una locura. Por lo menos, podrían hacer la mímica de mandar los asuntos de nuevo a Comisión para modificarlos en una sesión. En verdad, esto es insostenible, porque representa la confirmación más rotunda, contundente y terminante de que se está trabajando mal y que lo que se pretende defender es indefendible. Primero, en Comisión se manifiesta que este proyecto de ley es bueno pero luego, en la consideración del Senado, se le introducen modificaciones; ante esto, ¿quién puede sostener que es bueno? Nadie, absolutamente nadie.

SEÑOR MOREIRA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR PENADES.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.-Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: quisiera hacer una breve acotación sobre un argumento que ha venido sosteniendo el señor Senador Penadés, en el sentido de que la URSEC alegaba que carecía de facultades jurídicas para sancionar a las radios clandestinas. Concretamente, este proyecto de ley reconoce que existían esas facultades por cuanto el artículo 20, que prevé la regularización, dice textualmente: "La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), en conjunto con el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, determinarán el cumplimiento de estas disposiciones, momento a partir del cual dichas emisoras se considerarán efectivamente censadas y habilitadas a iniciar el trámite de regularización". El inciso siguiente agrega: "Durante el período de realización del censo no serán de aplicación las infracciones previstas en el Decreto-Ley Nº 14.670, de 23 de junio de 1977, ni las sanciones establecidas en el artículo 89 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, contra emisoras que estén brindando, sin autorización del Poder Ejecutivo, servicio de radiodifusión comunitaria", etcétera. Significa, entonces, que las autoridades actuales de la URSEC tenían facultades para controlar, porque el propio proyecto de ley habla de que durante el período de transición no las van a ejercer.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Las manifestaciones del señor Senador Moreira confirman el argumento que veníamos sosteniendo sobre las posibilidades de la URSEC para ejercer el control correspondiente. Si no se quería aplicar la ley, señor Presidente, porque se pretendía preservar los espacios de las radios comunitarias, me parece muy bien y vuelvo a decir que el Partido Nacional está de acuerdo con ello. Sin embargo, en mi opinión, este proyecto de ley deja en claro algo muy cierto, es decir, que ha sido elaborado por Legisladores de Montevideo, pues se refleja que no se conoce la realidad de las radios del interior, tema al que se refirió el señor Senador Moreira.

¿Qué tarea puede cumplir una FM, legalmente establecida, en una ciudad de 10.000 habitantes, si no es en definitiva una radio comunitaria? ¿Por qué no hablar también de las radios menores? Por supuesto, es entendible que en Montevideo haya una radio comunitaria en el Cerro, que despliegue una tarea de carácter cultural. La verdad es que las conocemos a todas y sabemos que hay algunas muy bien intencionadas, que realizan una actividad de extensión cultural. Una vez, en una de ellas, escuché enseñar cómo se armaba una bomba Molotov. Por eso, uno de los elementos que me llama poderosamente la atención de este proyecto de ley, es que obliga a la promoción de valores democráticos. En otra radio escuché cómo se hablaba de una persona, con los epítetos más insultantes que se puedan concebir. En verdad, me quedo tranquilo porque una vez que se apruebe este proyecto de ley, esa farra se termina.

En el interior está sucediendo que las radios comunitarias son las ya establecidas. No legislemos creyendo que todos los que están establecidos pagan sus impuestos y generan mano de obra. Todos conocemos dueños de radios del interior a los que apenas les alcanza para sobrevivir. Nadie debe pensar en esa concepción bastante extraña según la cual los dueños de las radios son poco menos que Rupert Murdoch o Ted Turner, hombres y mujeres millonarios; no es así, son familias que están trabajando desde hace varias generaciones. Es cierto que quizás las radios no fueron otorgadas por licitación. Estamos de acuerdo en que es probable que no se haya utilizado el mejor de los procedimientos. Todos conocemos la situación.

Me pregunto si este proyecto de ley nos garantiza que se va a terminar con todo lo anterior. Si es así, relativamente nos manifestamos favorables a que el Gobierno lo aplique. ¿Por qué? Porque va a terminar ocurriendo lo que ya está sucediendo. Hoy en día, comprar un transmisor en el Brasil para establecer una radio cuesta tres pesos. Una vez que la instalaron, van a preguntarle al carnicero de la esquina si desea hacer publicidad con un costo que será la mitad de lo que cobra la radio establecida, que tiene operarios y locutores pagos. ¿Qué haremos con esta situación? Cerramos las radios establecidas o estas se pasan a la clandestinidad, que es lo más fácil y lo que ha ocurrido en el Uruguay, no en esta Administración, sino desde hace mucho tiempo, en una cantidad de otras áreas en las que, por permitir la ilegalidad -llamada informalidad- promovimos que todo el mundo, precisamente, se pasara a la ilegalidad. Si un pobre panadero establecido paga todos los impuestos y es inspeccionado por la Dirección de Bromatología y por la Dirección General Impositiva, mientras que en la esquina hay otro que hace todo por abajo y no lo inspecciona nadie, ¡vamos arriba! En el sector de las radios pasa lo mismo; existen muy pocas que sean comunitarias. Todos conocemos la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), las modas que hay en el mundo y las Organizaciones no Gubernamentales que promueven todo esto. Todos sabemos el dinero que se mueve aquí, y si queremos hablar de eso, debemos decir que éste se utiliza, también, para los congresos y los viajes. Recién se daban cuenta de algunos de ellos y nos quejábamos de otras personas diciendo que eran como Marco Polo.

Si estamos dispuestos a regularizar la situación, una vez que se sancione la ley, debemos terminar con las irregularidades y garantizar la salvación de la radiodifusión nacional. A su vez, habrá que promover las radios comunitarias, porque si no se fiscaliza va a ocurrir lo que ya sucede ahora, es decir, que las propias radios comunitarias denunciarán a otras supuestas radios comunitarias que cumplen una tarea que no es la que ellas piensan cumplir. En algunos casos, se ha llegado al colmo de empezar a recibir publicidad oficial. Por ejemplo, en Florida hay una radio comunitaria que recibe promoción de la Intendencia de dicho departamento. ¡Creo que estamos todos locos! Entonces, debemos ponerle a esto el orden necesario. Ojalá que este proyecto de ley lo logre aunque, francamente, desde el punto de vista jurídico me quedan grandes dudas de que así sea. Hago mías las dudas de los señores Senadores Long y Moreira con respecto al artículo 6º, que habla de los "titulares", haciendo referencia a personas jurídicas o a otros grupos, entendiéndose como tales a un conjunto de estudiantes. Me pregunto qué cuesta que un grupo de estudiantes establezca una personería jurídica. Un trámite de ese tipo lleva apenas una semana en el Ministerio de Educación y Cultura, ya que solamente con el inicio del trámite se lo autoriza a ejercer y se lo reconoce como persona jurídica en trámite. ¿Qué se entiende por otro grupo de interés? Esto no es ver fantasmas en la sopa. Repito que creo que no vamos a estar peor. El uso político indebido de algunas de estas radios existe desde hace mucho tiempo. Incluso, algunas que estaban establecidas regularmente también hacían un uso indebido. Entonces, ¿cómo podemos pensar que éstas no lo van a hacer?

Considero que este es un mal proyecto de ley por todo lo que se ha dicho aquí y porque creo que no logra el objetivo que todos entendemos sería plausible y compartible, que es el establecimiento de radios comunitarias que permitan la difusión de temas, valores y de una cantidad de asuntos que quizás no tengan el espacio debido en las radios comerciales. Estas radios comunitarias permitirían una difusión local, regional, zonal o barrial que no se podría llevar a cabo de otra manera. Es más; en muy poco tiempo este proyecto de ley va a perder su razón de ser. ¿Saben por qué? Porque la difusión ya se hace por "YouTube" a través de Internet. Diría que al final de este año o principios del que viene todo el mundo estará en condiciones de tener una radio por Internet.

Pregunto a la señora Miembro Informante qué sucede si el grupo de interés de las radios comunitarias quiere pasar música. ¿Cómo se regula el tema de los derechos de autor? ¿Cómo se paga? ¿Cómo se abona? Todos sabemos que las radios establecidas pagan sistemáticamente a AGADU los derechos de autor de la música que difunden, al igual que los bailes de barrio. Quisiera saber cómo se va a implementar esto en las radios comunitarias. Aclaro que lo digo de manera bien intencionada. Ojalá no tengan que pagar nada, pero entonces que no pague nadie. Habrá que decirle a AGADU que nadie más va a pagar y esta se lo transmitirá a los compositores y a los cantantes. Me gustaría que me explicaran cómo se hará la regulación para que las radios comunitarias difundan música. Se habla de la promoción de la cultura, y la música es parte de ella. De la misma manera se puede hablar de la difusión de obras literarias, etcétera. Es un tema mucho más complejo que declararse a favor del bien y en contra del mal, o que establecer que estamos a favor de la libertad de expresión y de difusión. Me parece que eso es bastante demagógico. Estamos en el Senado de la República y en este ámbito se debe hacer una consideración un poco más seria de un tema tan complejo como este. Si el Gobierno necesita una norma para llevar adelante la aplicación estricta del estado de Derecho -que, en definitiva, ya tiene- y para garantizar las obligaciones, deberes y derechos de todos los ciudadanos, tanto para los que están establecidos con fines de lucro como para los que no lo están, a pesar de lo mala que pueda ser la ley, bienvenida sea; sin embargo, no creo que lo logre. Es así que, como en tantos otros temas, una vez más perdemos la oportunidad de legislar con mucha más sensatez, madurez y espíritu constructivo. No entendemos que haya demonios en algunos lados y en otros no. El maniqueísmo de creer que los buenos están de un lado y los malos del otro, me parece una muy mala forma de legislar. Considero que legislar con preconceptos es lo peor que se puede hacer. En ese sentido, me parece muy perjudicial sancionar una ley de este tipo. Espero que en el fárrago de cambios que nos presentaron haya alguno en el cual se legisle de forma más apegada al estado de Derecho. Repito que, como bien decían los señores Senadores del Partido Nacional, la expresión "grupos de interés" es jurídicamente muy vaga.

Tal vez la señora Miembro Informante podría contestarme otra duda. Supongamos que se crea una Comisión Honoraria en la órbita -quienes integramos la Comisión de Presupuesto recordamos la exposición del doctor Gonzalo Fernández sobre la órbita y su concepción, manifestando que lo único que orbita son los planetas- del Poder Ejecutivo, de los medios de comunicación y espacios comunitarios y uno de sus integrantes es miembro de la Asamblea General. ¿Un integrante del Poder Legislativo puede ser miembro de un órgano, de una Comisión supeditada a la jurisdicción del Poder Ejecutivo? ¿No se vulnera la independencia del Poder Legislativo? ¿No se afecta dicha independencia? Entiendo cuál es el objetivo de que haya un representante pero, a mi modo de ver y si queremos que sea democrático, tendría que haber más, porque la esencia del Parlamento es la composición multicolor; si va a haber un solo representante, todos sabemos de qué Partido va a ser. Ahora bien, la pregunta es si eso acaso no vulnera la independencia de los Poderes del Estado. ¿Puede intervenir un miembro de la Asamblea General en una Comisión Honoraria que esté en la órbita del Poder Ejecutivo? Francamente, esta es una duda jurídica y constitucional que tengo, entre otras que aquí se han manifestado, y quiero dejar constancia de ello, porque me generó bastante atención, ya que me declaro ferviente defensor a ultranza de la independencia del Poder Legislativo y entiendo -porque están clarísimamente regladas en la Constitución- cuáles son las funciones que como Legisladores debemos cumplir. Entre otras tantas, esta es una perla más de las que creo, reitero, integran un proyecto de ley que podría haber sido mejorado si se hubieran incorporado las sugerencias que han venido de todas partes, por supuesto bien intencionadas. Señalo que estoy interiorizado del tema de la radiodifusión desde hace mucho tiempo, porque cuando era Diputado asistía a la Comisión de Defensa Nacional y allí se trataban estos asuntos. Precisamente, he visto cómo han ido avanzando actores de la radiodifusión nacional que antes se oponían; y me parece muy importante que ello haya sucedido. Nunca nadie me presionó, porque no permito ni acepto presiones de ningún tipo para poder legislar, me cueste lo que me cueste.

Francamente, creo que el Senado y el Parlamento se pierden la oportunidad de elaborar una ley que sería mucho más importante porque podría lograr el respaldo político de la unanimidad de los integrantes, cuando no se estaba tan lejos de alcanzarla si se hubiera tenido la voluntad de buscar los acuerdos pertinentes.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR ANTIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ANTIA.- Señor Presidente: escuché atentamente lo manifestado en Sala por los compañeros Senadores y también escuché el silencio de los señores Senadores del Partido de Gobierno, silencio que responde a la seguridad del brazo enyesado a la hora de votar y de hacer uso de la mayoría. Es cierto que la democracia les dio la mayoría, la mayoría de la mayoría, y con eso ya se alcanzan todas las razones. Por eso, este proyecto de ley tuvo el tratamiento que tuvo a nivel de la Comisión, donde hubo falta de análisis, discusión y participación.

No voy a agregar mucho a lo que han dicho los compañeros pues comparto plenamente todo lo manifestado por el señor Presidente de la Comisión y los señores Senadores de mi Partido que me precedieron en el uso de la palabra.

Quiero dejar en claro que los Senadores del Partido Nacional no estamos en contra de las radios comunitarias, sino en contra de este proyecto de ley; dejémoslo claro para que mañana no se salga con otra versión. No estamos en contra de la oportunidad de expresión que generan las radios comunitarias; sí estamos en contra de este proyecto de ley, porque entendemos que es un mamarracho y no muestra que se haya escuchado a alguien vinculado a los medios. Es necesario decirlo, porque si bien fueron recibidos los actores principales en el Senado y en la Cámara de Representantes, no fueron escuchados. Una cosa es ser recibido y otra es ser escuchado. Acá ha ocurrido lo mismo que en otros proyectos de ley, en los que tampoco se ha escuchado a nadie y solamente han insumido un trámite en la interna del Partido de Gobierno. Vemos en las caras y en las actitudes -tanto ahora como en la Comisión- de los señores Senadores del Partido de Gobierno, la convicción de que este proyecto de ley va a seguir su trámite. Por eso, no sé si vale la pena seguir discutiendo. Reitero que esta norma ha seguido el mismo camino que otras; vimos que los repartidos llegaron como "bizcochos calientes", pues estaban calentitas las hojas con las modificaciones recién fotocopiadas. Nada menos que el 20% o 25% de los artículos fueron modificados antes de llegar a Sala, pero sin haber sido discutidos en Comisión. Sucedió lo mismo con la ley relativa a la salud, que llegó al Senado después de haber sido aprobada en Comisión y aquí se modificaron 53 artículos, cobrando o modificando al grito, pero sin escuchar y aplicar las opiniones y sugerencias que se hicieron, precisamente, en Comisión. Eso no importaba; lo que sí importaba era la ley. También ocurrió lo mismo con la ley de fueros sindicales y con la reforma tributaria; se hicieron las modificaciones y hoy se están sufriendo las consecuencias por no haber escuchado ninguna de las observaciones planteadas. Vemos que lo que importa es aprobar la ley, porque se piensa: "¡Total, tenemos la mayoría!" Ese ha sido el criterio con el cual, desgraciadamente, se ha manejado el Partido de Gobierno en la Comisión. La razón esgrimida siempre fue que se debía acelerar el proceso porque el desorden existente era muy grande. Ese es el motivo y la justificación por la cual se votó en forma apresurada. No se ha escuchado ninguna observación. Precisamente, las observaciones que hacen las principales organizaciones de medios de comunicación del país, son las mismas que se plantearon en la Cámara de Representantes y que ahora estamos expresando nosotros, los miembros de la oposición, y lo que entró por un oído, salió por el otro, porque no había voluntad de escuchar. Más que tratar de llegar a un buen proyecto, lo que había era la obligación de aprobar esto como manda el Partido político que está en el Gobierno. Que quede constancia, entonces, de la responsabilidad del desorden y de la fundición de medios de comunicación de todo el país, lo que sin duda va a ocurrir. Una cantidad de juicios no van a llegar a destino y cuando en las radios comunitarias se empiece -como lo hemos visto- a atacar la moral de las personas en forma gratuita, como se ha hecho en todos lados, ¿quién va a ser el responsable? Me gustaría oír la voz de la Miembro Informante defendiendo a aquellos uruguayos que van a ser perseguidos por grupos organizados, integrados por personas que no sabemos ni siquiera quiénes son. Eso ya está pasando. El proceso de discusión ha significado que surgieran como hongos -como se dijo- radios comunitarias en todos lados, para ser convalidadas. Con una sola valija de Antonini Wilson se pueden mantener ochenta, noventa o cien radios comunitarias. No sabemos cómo se van a distribuir, porque pueden recibir donaciones que sirvan a los fines de la democratización y quizás sea legal que esa valija se blanquee. Esto genera un conflicto muy grande en nuestra comunidad, porque tenemos la seguridad de que no se está actuando con todas las cartas arriba de la mesa.

El Partido de Gobierno también tiene la necesidad de acceder a medios de comunicación que, precisamente, le van a servir como brazos de comunicación, y eso hay que decirlo con todas las letras. Sabemos que es parte de una estrategia de comunicación política -¡cómo no!-, pero no aceptamos que se nos diga que estamos actuando a favor de grupos, ni nada por el estilo, como se ha pretendido dejar sentado en el Senado por parte de la señora Miembro Informante integrante del Partido de Gobierno.

Vamos a defender la libre expresión y la existencia de radios comunitarias para el uso de la comunidad, pero no podemos defender un proyecto de esta naturaleza que va a violar todas las garantías y a poner en desigualdad -como también se ha dicho- a aquellos medios de comunicación organizados, pues éstos quedan en inferioridad de condiciones de competencia con respecto a otros que pueden recibir donaciones -aunque no sabemos en qué valija van a venir-, contrataciones del Estado -que sabemos a qué van a responder- u otras financiaciones que no tenemos por qué mencionar hoy. Sí estamos conscientes de que los medios actuales de comunicación no pueden hacer uso de ellas.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: antes de que pasemos a votar en general este proyecto de ley, formulo moción para que vuelva a Comisión por las razones que hemos esgrimido en Sala los Senadores del Partido Nacional, en cuanto y tanto la frondosidad de las modificaciones que va a sufrir la iniciativa es imposible de analizar en la tarde de hoy y debe ser estudiada con mucha seriedad y severidad. En este sentido, consideramos oportuno que este proyecto de ley pase a Comisión, para que allí se analicen las modificaciones y vuelva al Plenario nuevamente con un informe.

SEÑOR AMARO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMARO.- Señor Presidente: ya en nuestra ex-posición habíamos sugerido que el proyecto volviera a Comisión porque creemos que se trata de un proyecto de ley prácticamente nuevo, donde los aditivos se imponen. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la moción presentada por el señor Senador Penadés y vamos a acompañarla.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el señor Senador Penadés.

(Se vota:)

- 11 en 28. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 17 en 28. Afirmativa.

9) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Xavier solicita licencia desde el 4 al 10 de diciembre".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 14 de noviembre de 2007.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Eleuterio Fernández Huidobro

Presente.

De mi mayor consideración:

Solicito licencia desde el 4 al 10 de diciembre de 2007, amparada en el literal ‘C’ de la Ley Nº 17.827 y se convoque al suplente correspondiente. Motiva la misma el hecho de tener que presidir el segundo seminario para los miembros de las comisiones parlamentarias sobre la condición de la mujer ‘Las Mujeres y el Trabajo’, organizado conjuntamente por la UIP y la OIT, el cual se desarrollará en Ginebra entre el 6 y el 8 de diciembre.

Sin otro particular lo saluda atentamente:

Dra. Mónica Xavier. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 23 en 25. Afirmativa.

10) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica al Cuerpo que la señora Hyara Rodríguez y los señores Hugo Rodríguez y Elías Yafallian han presentado notas de desistimiento informando que por esta única vez no aceptan la convocatoria del Cuerpo, por lo cual corresponde remitir nota a la Corte Electoral para que efectúe la proclamación correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa consulta a los señores Senadores si la solicitud era que el Cuerpo pasara a cuarto intermedio antes de ingresar en la discusión particular del proyecto de ley o luego de su consideración.

SEÑORA XAVIER.- Luego de finalizada la consideración del proyecto de ley, señor Presidente.

11) "CORONEL MEDICO DR. FERMIN FERREIRA"

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Mociono para que se declare urgente y se considere en el día de hoy el proyecto de ley por el que se designa "Coronel Médico Dr. Fermín Ferreira" el Hospital Militar -el tema ya ha sido consultado con todos los miembros de la Comisión de Defensa Nacional y hay acuerdo unánime-, porque la fecha de la ceremonia está próxima y es necesario votarlo ahora.

En consecuencia, solicito que se reparta esta Carpeta y se vote antes de concluir la sesión de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada por el señor Senador Korzeniak.

(Se vota:)

- 26 en 27. Afirmativa.

12) UTILIZACION DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO Y MEDIOS COMUNITARIOS DE RADIODIFUSION

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión particular el proyecto de ley por el que se dictan normas para la utilización del espectro radioeléctrico y la libertad de expresión a través de los medios de radiodifusión comunitarios.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

- 18 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: quiero realizar algunas consideraciones generales a propósito de este artículo, porque en todo este debate -aclaro que no estuve en la Comisión, por lo que no he vivido las alternativas de esta iniciativa- hay una suerte de expresión en que parece oponerse el principio de las radios comerciales a esta nueva realidad de las radios comunitarias. Estas se presentan como un fenómeno de derechos, cuando en realidad el país ha tenido una gran tradición de libertad. En el Uruguay hay casi trescientas radios y todo el mundo ha tenido acceso a ellas. Precisamente, eso es algo que ha caracterizado a nuestro país. Todos podemos cuestionar y criticar aspectos parciales o particulares, pero nadie puede decir que no ha tenido la oportunidad de hablar y de expresarse. Todos los partidos aquí presentes lo podemos decir.

El hecho de que las ondas sean un recurso limitado hace, necesariamente, que estemos en un territorio que no es el de un derecho individual que cada ciudadano posee. En este caso, hay una administración del Estado y deberá seguir existiendo. La introducción de estos principios parece ir en contra de todo lo que ha sido un sistema que, lejos de ser negativo para el ejercicio de la democracia, ha sido uno de sus pilares fundamentales. No creo que el hecho de que se las llame "radios comerciales" -porque tienen que sustentarse en la publicidad- las invalide como lo que han sido: manifestaciones del derecho a la libertad de información y de expresión del pensamiento.

Me da la impresión de que con toda esta arquitectura estamos contribuyendo a desarticular un sistema al que no le ha sido sencillo sobrevivir. Todos sabemos que más de una vez, aun las radios grandes, han tenido momentos de quiebra y han pasado por distintas manos. Conocemos las peripecias en la vida de las radios del interior, salvo excepciones, y como señalaron algunos señores Senadores, somos conscientes también de que en el interior algunas radios comunitarias llenan vacíos o espacios que no cubría nadie, pero son excepciones.

En términos generales, podemos decir que cuidar el equilibrio del sistema no es sencillo ni puede darse por añadidura. El mercado publicitario uruguayo no es tan grande. Tiene un límite y tenemos un número de frecuencias de radios que es espectacularmente grande con relación a cualquier otro país. En Europa, por ejemplo, ha habido muy pocas radios, porque a partir de la guerra hubo una inevitable limitación de las ondas. En nuestro país han existido tantas radios y tantas ondas, que han llevado a que la supervivencia no fuera sencilla para nadie.

Quiero subrayar que estas normas relacionadas con la libertad de expresión y el uso equitativo de frecuencias no se ajustan a la realidad del país ni a la realidad de nuestro sistema de comunicación.

Es cuanto quería expresar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 27. Afirmativa.

SEÑOR ANTIA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ANTIA.- Quiero señalar que hemos votado en forma negativa porque no vemos cómo el Estado va a lograr el acceso equitativo de toda la sociedad uruguaya a las frecuencias, ya que es un bien limitado.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Simplemente, quiero indicar que este artículo es la expresión de los compromisos que nuestro Gobierno ha suscrito a nivel internacional. El uso del patrimonio común, que es el espectro radioeléctrico, es un principio general.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- En el cuarto inciso de este ar-tículo hay una pequeña modificación -no son grandes cambios los que se han propuesto- que, a nuestro entender, define más claramente que los primeros parágrafos, la delimitación del área en lo que refiere a la finalidad pública y social de lo que es la radiodifusión comunitaria. Creo que con esta división que hemos hecho en el inciso todo queda más claro y se recogen algunas de las discrepancias que se habían expresado en Sala y también en Comisión.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Sería bueno que se leyeran los incisos modificados, a los efectos de que quede constancia en la versión taquigráfica.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léanse los incisos tercero y cuarto del artículo 4º sustitutivo.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Su finalidad será la promoción del desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la satisfacción de las necesidades de comunicación social, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los vínculos que hacen a la esencia de la identidad cultural y social del Uruguay. No podrán realizar proselitismo político-partidario o religioso, ni promover la discriminación de raza, etnia, género, orientación sexual, religión, edad o de cualquier otro tipo. En ningún caso se entenderá que el servicio de radiodifusión comunitaria implica necesariamente un servicio de cobertura geográfica restringida. Dicha área estará definida por su finalidad pública y social y dependerá de la disponibilidad y planes de uso del espectro y la propuesta comunicacional de la emisora".

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Simplemente quisiera reiterar las objeciones que hemos planteado en esta sesión, en tanto consideramos absolutamente inconveniente hacer este tipo de concesiones a grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro, porque de esta manera no hay ningún sujeto de derecho detrás de ello. Además, la ausencia de responsabilidades hará que haya consecuencias muy graves en un futuro. Reafirmamos lo que dijimos en cuanto a que estamos hablando de asociaciones civiles, y en la parte de sustentabilidad económica les permitimos realizar actividades comerciales; hay que recordar que a estas les está vedado realizar este tipo de actividad. De modo que es absolutamente contradictorio con el marco normativo vigente y con la esencia misma de la asociación civil, contratar publicidad, realizar actividad comercial, etcétera, por lo que hay un doble error en este artículo.

Tampoco entendemos cómo esta radiodifusión comunitaria podría llegar a tener hasta un alcance nacional al no haber acotamiento de la cobertura geográfica. Realmente, no podemos concebir una radio comunitaria con este tipo de alcance. Nos parece que esto contraría el Derecho comparado porque, en términos generales, siempre hay un acotamiento geográfico de las radios de tipo comunitario, lo que ha sido reconocido por la propia Asociación de Radios Comunitarias.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Lo que acaba de decir el señor Senador Moreira deja en claro que siguen en pie las observaciones que habíamos hecho sobre dos puntos esenciales del ar-tículo 4º. Nos queda claro que el tema de los grupos de personas y el del alcance geográfico no han sido corregidos. Debo hacer referencia al pequeño retoque que se agrega: "Dicha área estará definida", porque ya se estableció al comienzo que no hay ningún tipo de restricción. A nuestro juicio, no queda claro que allí haya progreso alguno.

Recordamos que la propuesta de que hubiera una limitación al proselitismo político-partidario había provenido de la Comisión -porque hasta ese artículo llegamos cuando se interrumpió abruptamente la discusión-, y recuerdo que había sido propuesto por la señora Senadora Dalmás. Ahora se agrega "religioso" y no nos queda claro a qué se debe esa modificación.

Reitero que los puntos definitivos de nuestro voto en contra están básicamente en los dos aspectos mencionados.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- Además de las asociaciones con personería jurídica, el artículo 4º alude a grupos de personas organizadas conforme a lo que luego establece el artículo 6º. Me gustaría que se me explicara qué significa esto, porque es evidente que la titularidad de un derecho de este tipo debe tenerla alguien con personería jurídica reconocida y reconocible; si no la posee, ¿por qué no esperar a que la tenga? En definitiva, tampoco es un trámite tan sustancial. Si es una cooperativa, que lo sea; pero una asociación civil tiene cierto contralor del Estado, ya sea del Ministerio de Educación y Cultura o de la Inspección de Cooperativas si es una cooperativa. No alcanzo a entender qué se quiere prever a través de estos grupos que no tienen personería jurídica y, en cambio, serían titulares de una radio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- La primera modificación, que incluye la no realización de proselitismo religioso, responde a varias de las preocupaciones expresadas por las asociaciones de comunicadores que estuvieron en la Comisión, debido a la proliferación de las supuestas radios comunitarias que hoy actúan y forman parte de emprendimientos o corporaciones religiosas, además del temor de que estos grupos religiosos, largamente financiados del exterior, compitan con ellos. Por lo tanto, nos pareció oportuno retomar algo que venía de la Cámara de Representantes.

Con respecto a la modificación a que hacía referencia el señor Senador Long, entendemos que esto cubre claramente la preocupación expresada sobre el área geográfica. Puede haber emprendimientos que, puntual o permanentemente, tengan interés en un alcance mayor; difícilmente será nacional por los alcances que tiene el espectro radioeléctrico, pero puede requerirse una cobertura mayor. A fin de que se cumplan los requerimientos establecidos en cuanto al cumplimiento de los objetivos comunitarios, ya sea sociales, de interés para la comunidad o de interés general para la población, nos pareció que esta redacción que expresa: "Dicha área estará definida por su finalidad pública y social" responde a la promoción de un interés educativo, cultural, de seguridad, etcétera, que es lo que se quiere trasmitir.

(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Mónica Xavier)

-La preocupación que plantea el señor Senador Sanguinetti fue muy discutida en la Comisión, a pesar de que se dice que la discusión fue poca. El proyecto de ley se analizó artículo por artículo -contando con la presencia del señor Senador Heber, que en cada uno de ellos expresó su opinión y aclaró que el Partido Nacional no lo iba a acompañar- y es especialmente importante destacar que esto fue motivo de preocupación por parte de todos aquellos que concurrieron a la Comisión. Esta norma, que se incorporó en la Cámara de Representantes, responde a que puede haber grupos que no necesariamente quieran conformar una asociación civil y registrarse en el Ministerio de Educación y Cultura, lo cual todos sabemos que, más allá de la rapidez con que se procese, el trámite es complejo porque tiene hasta ahora -creo que nos debemos una legislación al respecto-, un formulario muy engorroso que implica a determinada cantidad de personas, representantes, etcétera.

Puede darse el caso de que un grupo de personas, por motivos culturales o educativos, tal como comentábamos en Comisión, quiera trasladar total o parcialmente un mensaje, un proyecto o una forma de trabajo con la comunidad, y que esas personas no necesariamente tengan o quieran registrarse como asociación civil. Esto no quiere decir -y aquí doy respuesta a otras inquietudes- que no cuenten con un responsable frente a la autoridad, al Poder Ejecutivo y a la URSEC para la autorización de ese espacio de onda. Aquí se establece que debe tratarse de personas organizadas, que no persigan fines de lucro y se refiere a los artículos 6º y 13 de este proyecto, donde se menciona claramente cuáles son las pautas para el registro. Estas no modifican en nada la legislación vigente y, por lo tanto, figura en las disposiciones actuales que siempre debe haber una persona que sea responsable del uso de la onda, al igual que sucede con la edición de un diario. De esta manera queda cubierta la eventual aplicación de sanciones en caso de que no se cumpla con lo establecido en esta ley.

SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- El artículo 4º es muy importante puesto que contiene la definición de radiodifusión comunitaria. En el proyecto inicial se dice que no se podrá realizar proselitismo y, en realidad, esto significa que no se podrá convocar prosélitos o adherentes a una idea, pero se supone que ello se va a realizar aunque se trate de una idea de carácter social. Por lo tanto, cuando propuse agregar la expresión "político-partidario", buscaba evitar el proselitismo político-partidario, que no parece ser adecuado a este tipo de medios ni es el interés central del ejercicio de la radiodifusión comunitaria. En cuanto al proselitismo religioso, hubo cierto acuerdo entre la mayoría de los Senadores de mi Bancada, pero debo confesar que aún mantengo algunas dudas respecto al hecho de que, para evitar posibles riesgos, se haya introducido este tema.

Creo que este tipo de proyectos -y por eso me refiero a este artículo en particular- responden a una nueva realidad, y cada vez que hay una innovación surgen temores y resistencias por algunos temas que están muy arraigados en nuestro país. Por ejemplo, da la sensación de que algunos de los principios generales, como el de libertad de expresión y el de información, están introduciendo innovaciones, cuando en realidad toda la vida estuvieron vigentes en el Uruguay. No obstante, todos sabemos que carecen

-y seguramente continuarán careciendo- de ciertos elementos para que el ejercicio de esos derechos sea pleno y por ello se ha dado la instrumentación de esta ley.

En este sentido, y tal como ha manifestado la señora Senadora Percovich, ha sido muy discutido el tema de la posibilidad de cobertura. Desde el inicio de las radios comunitarias en el mundo, es tradicional que respondan a una necesidad de determinada comunidad geográficamente limitada. Entonces, como nuestro país es muy pequeño, hay que preguntarse qué se entiende por comunidad. Probablemente ocurra que existan comunidades de interés social o profesional que quieran hacer difusión a través de una radio comunitaria que tenga alcance nacional. Me refiero, por ejemplo, a un colegio profesional, a determinado tipo de productores, etcétera, es decir, a comunidades de interés pero no geográficamente centradas en un área.

Por ello es que surge esta variante, en el sentido de que no necesariamente se trate de un servicio de cobertura geográfica, porque el interés, reitero, puede ser temático, profesional, de actividad productiva, etcétera.

SEÑOR AMARO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMARO.- Se propuso hacer un agregado en el artículo 3º, a los efectos de que diga: "no se podrá realizar proselitismo político-partidario". En este sentido, pongo a consideración de los señores Senadores la siguiente redacción: "especialmente político-partidario, constituyendo la transgresión a esta disposición causal para la suspensión o revocación del permiso".

SEÑOR SALSAMENDI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SALSAMENDI.- Señora Presidenta: obviamente, no soy experto en el tema, pero recurriendo simplemente al sentido común, quiero decir que los clubes de fútbol son asociaciones civiles que tienen publicidad y trabajadores en el Banco de Previsión Social; el Club Banco República, por ejemplo, cobra cuotas, etcétera, y hay muchos periódicos barriales que realizan actividades similares. Esto es absolutamente común en el Uruguay y nadie ha planteado que quebrante ningún tipo de norma. Por lo tanto, desde esa perspectiva y con la mayor humildad, entendemos que no resulta pertinente la crítica que se realizó.

En segundo lugar, en cuanto al proselitismo político-partidario o religioso, el problema radica en que no ingresaría en el marco general en que está planteado el concepto de lo que se entiende por comunitario. En este sentido, algunos Legisladores tenemos la intención -ya lo adelantamos en la Cámara de Representantes- de que se pueda promover un marco específico para que quienes deseen realizar co-municación vinculada a proselitismo político-partidario o religioso -como aquí se señala-, tengan acceso a los me-dios.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Fernández Huidobro)

SEÑOR PENADES.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SALSAMENDI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: me gustaría que se me explicara qué concepción se tiene del proselitismo político-partidario. ¿Qué se entiende por proselitismo político-partidario? ¿Son las discusiones generales de carácter político manifestando un cierto grado de tendenciosidad? ¿Es la promoción de un partido político específico? ¿Es la publicidad?

Proselitismo político se puede hacer de muchísimas maneras y todos lo sabemos porque ninguno de nosotros se crió con leche de higo. Todos sabemos lo que se pretende con el proselitismo político-partidario, todos sabemos cómo se hace, y en el Uruguay muchísimo más. Ahí está demostrada la fragilidad de la propia ley.

Sé lo que se busca con la prohibición del proselitismo político-partidario, y lo asocio mucho más a la publicidad político-partidaria que a la emisión de opiniones que puedan tener un contenido político asociado a uno político-partidario o a cierta tendenciosidad, al intentar interpretar la propia realidad. Por tanto, esta afirmación es de gran subjetividad.

Otra cosa es el proselitismo religioso donde, evidentemente, se ingresa a determinado campo y podría estar asociado a los valores. A modo de ejemplo, podría referirme al hecho de manifestarse a favor o en contra de la interrupción del embarazo, utilizando como argumento para ello conceptos que tienen relación con valores filosóficos que puedan estar asociados a conceptos de carácter religioso provenientes de la más honda raíz judeocristiana, que podrían interpretarse como virtualmente asociados o no a la posición de alguna religión en especial, como ser la de la Iglesia Católica. ¿Cómo se logra establecer el punto de división para fijar la prohibición? Lo que está prohibido es lo que hemos escuchado en la radio, pero no es necesario prohibirlo. Simplemente si ponemos alguna radio en AM a las doce de la noche, podremos escuchar que todas están dominadas por grupos de carácter religioso, aunque tienen derecho a hacerlo porque pagan el espacio para ello. Entonces, ¿cómo se controla la prohibición?

Todos sabemos cómo se puede pasar un mensaje de carácter político-partidario sin que lo sea, pues lo hemos visto en centenares de oportunidades y algunos de nosotros lo hemos sufrido. Esencialmente en lo que refiere al proselitismo político-partidario, existe cierta subjetividad porque no se puede reglar la libertad de expresión -por lo menos es así para un demócrata y liberal- y, entonces, lo que aquí se manifiesta en el fondo trasciende un infantilismo que no se condice con la realidad y con lo que va a suceder. Quien quiera emitir opiniones de carácter político-partidario, lo puede hacer sin decirlo, pero entonces entra en un campo de subjetividad que ni la Comisión Honoraria ni Santo Dios Padre puede regular. Allí se empieza a transitar un camino -me manifiesto a favor de la concepción más abierta- en el que se deberá tener cuidado con las restricciones, donde la Comisión Honoraria será la encargada de controlar, con la propia URSEC y de establecer los criterios. Por tanto la vara con la que se mida contará con la subjetividad y para algunos puede llegar a ser atentatoria contra el libre derecho de expresión, mientras que para otros promoverá la discriminación de carácter político-partidario o religioso.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Salsamendi.

SEÑOR SALSAMENDI.- Señor Presidente: no me crié con leche de higo, pero me han dicho que es muy buena.

Un ejemplo de lo que se venía hablando es el que el Presidente de la República no realice actividades político-partidarias. Eso está claramente establecido, pero el límite exacto es un elemento de prueba que llegado el caso, los organismos designados para resolver deberán decidir. En todos estos casos hay una evidente connotación subjetiva, que es inevitable. Sobre la base de hechos objetivos, fácticos, existentes y comprobables, se dictará una resolución que tendrá un componente que, inevitablemente, será subjetivo. De todos modos si, por ejemplo, un partido político se presenta y dice que desea contar con un medio de comunicación para llevar adelante un proyecto político-partidario -sería el mismo caso si se tratara de un planteo de carácter estrictamente religioso-, por este proyecto de ley estaría prohibido. Sin embargo, pueden existir en la realidad zonas oscuras y alguien podría acceder a una onda presentando un proyecto determinado que luego resultase un proyecto de carácter político-partidario, pero para ese caso este proyecto establece sanciones.

Pido disculpas por referirme lateralmente a ese tema. Creo que la propuesta que realizaba el señor Senador Amaro está contemplada más adelante en algún artículo. Dentro de la capacidad con la que uno cuenta, es la mejor explicación que puedo dar al señor Senador Penadés.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: quisiera hacer dos aclaraciones. La primera de ellas dice relación a los grupos de personas organizadas, pues vale la pena dedicarle un minuto a ello. Si bien la señora Senadora Percovich fue muy clara, creo que es bueno reafirmar los conceptos.

Cuando se habla de grupos de personas organizadas, se refiere a los artículos 6º y 13. Al ir al artículo 6º, se ve que se hace referencia a lo que prevé el artículo 13, y cuando se va a éste, vemos que el literal B) dice: "Aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro y cuyas propuestas de comunicación, en opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, tengan carácter local y resulten compatibles con la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria".

Esto se establece dentro de un artículo que refiere a las emisiones fraccionadas. ¿Qué se pretende con esto, señor Presidente? Se puede dar el caso de una radio comunitaria establecida, que pone un emisor y cuenta con un local la que, naturalmente, tiene personería jurídica; pero también podemos hablar de sectores de personas organizadas que no tienen un local y que, por ejemplo, transmiten los sábados por la tarde baby fútbol de una determinada localidad y el resto del tiempo emiten otros grupos de otros lugares, seguramente cercanos. Esto lo permite la tecnología y los costos que ella tiene. A lo que apuntamos es a que en el segundo caso el trámite sea muy rápido y fácil, pero que haya un titular y responsable; eso es lo que queremos.

Estamos hablando de quienes transmiten en forma fraccionada desde sus casas y por esa misma onda y lugar del dial otros transmiten en diferentes horas. Lo que queremos es que todo el mundo esté regularizado, aceptando lo que es la nueva tecnología.

El segundo aspecto al que queremos referirnos es el siguiente. Por un lado, se dice que todo lo que hoy está fuera de la norma habría que cerrarlo y, por otro, se habla de dar la más amplia libertad. Entonces, "ni calvo ni con dos pelucas". En el inciso tercero del artículo 4º se incluyen una serie de condiciones que, en caso de no cumplirse, el permiso podrá quedar sin efecto.

Es verdad que esto tiene zonas grises. Ahora bien, prefiero que se diga que su finalidad será la promoción de los valores democráticos. ¿Cuán democráticos? Tanto como por ejemplo la libertad de expresión. Quiero que las personas se puedan expresar, pero, lógicamente, dentro de ciertos límites. También se hace referencia a la convivencia pacífica y a la diversidad cultural. En fin, se habla de una serie de promociones sobre las que cabe preguntarse quién puede catalogarlas específicamente; es difícil.

Ahora bien, está claro que no es así cuando se trata de esos programas religiosos que son contratados y emitidos más bien en horas de la noche; también está claro que no es así en el caso de un partido político que quiera transmitir sus ideas todo el día en una radio.

Entonces, es notorio que el proyecto de ley refleja un equilibrio. La modificación del inciso cuarto, en donde se dice que dicha área estará definida por su finalidad pública y social y dependerá de la disponibilidad del espectro, marca que no todo vale. El tema va a estar reglado, regularizado y bajo ciertos parámetros a partir de la realidad. Esto indica que la tecnología y su alcance han abierto más puertas de expresión y, por tanto, hay que contemplarlos dentro de determinados parámetros. Esto es innovador, aunque no perfecto. ¡Ojalá hubiéramos comenzado hace diez años!, pero no lo hicimos. Creo que esto contempla una cantidad de aspectos más y permite apuntar en la buena dirección, aunque seguramente habrá que hacer correcciones.

Hemos tomado la decisión política de aprobar una cantidad de proyectos de ley antes de fin de año y sabemos que la oposición en muchos de ellos manifestará su desacuerdo -por supuesto, nosotros aceptaremos las críticas- y no los va a acompañar. Admito que algunas de las modificaciones que se realizan en Sala son producto de las discusiones internas; no tenemos ningún inconveniente en reconocerlo, porque son debates políticos que luego dan lugar a acuerdos también políticos. Ahora bien, intentamos llevar adelante aquellos proyectos en los que podemos tener acuerdo con la oposición; pero, en este caso, de diferentes maneras se nos dijo que no iban a votar nada. Entonces, fieles a que tenemos la responsabilidad de gobernar y al compromiso asumido en el sentido de aprobar una cantidad de proyectos que forman parte de nuestro Programa, llevamos adelante esta tarea sin esconder nada.

Además, ingresar por el camino de que nada se puede corregir en Sala, no sólo no tiene nada que ver con la realidad uruguaya -tanto desde la oposición como desde el Gobierno; porque las correcciones en Sala se han hecho siempre-, sino que tampoco veo la razón de prohibir la posibilidad de mejorar un texto en cada instancia, siempre que la mayoría parlamentaria así lo determine. Incluso, por alguna de las inquietudes que plantearon hoy señores Senadores de la oposición en el sentido de que no iban a votar el proyecto de ley, nosotros podríamos hacer oídos sordos; no obstante, vamos a hacer alguna corrección en ese sentido. Cada vez que podamos mejorar un proyecto de ley lo haremos, pero no vamos a restringir nuestro derecho a aprobarlos lo antes posible, porque creemos que eso está establecido en nuestro Programa y es nuestra obligación como parlamentarios.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR AMARO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMARO.- Señor Presidente: en nuestra intervención anterior propusimos en el artículo 4º, luego de la expresión "No podrán realizar proselitismo", que se agregara "especialmente político partidario, constituyendo la transgresión a esta disposición, causal para la suspensión o revocación del permiso". Los fundamentos que tenemos en ese sentido son los siguientes. Nos parece que sería conveniente incluir este agregado para que los beneficiarios de estos permisos tengan bien claro que el Estado les autoriza la radio para que realicen la difusión de sus fines nobles, sin afán de lucro, para que extiendan el conocimiento de su causa al servicio de la comunidad y que de ninguna manera puede estar al servicio de un partido o sector político en particular. La radio es comunitaria y así se le denomina, en el entendido de que se trata de una ONG reconocida como persona jurídica, que tiene como propósito algún fin social, cultural o humanitario, beneficioso para la sociedad y que lo realiza sin cobrar ni percibir beneficios económicos o de algún otro tipo. Lejos debe estar de las lides políticas, entonces, la tutela de esta actividad generosa y me parece bueno que se aclare a texto expreso.

Esas son las razones que nos llevaron a proponer ese agregado al Plenario. Sin embargo, cada vez más me reafirmo en lo anterior, en el sentido de que este proyecto de ley vuelva a la Comisión para que, dado el conocimiento que tenemos de la opinión del Plenario, podamos discutirlo, mejorarlo y traerlo a tiempo para que sea aprobado en esta Legislatura. No obstante ello, el señor Senador Michelini ha dicho que la Bancada de Gobierno quiere aprobar varios proyectos de ley. Están en todo su derecho y pueden hacerlo desde el punto de vista democrático, pero rechazamos esa política del apuro, porque el arte de legislar debe estar dotado de paciencia para aprobar las leyes de la mejor manera posible.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: quiero hacer dos aclaraciones.

Una de ellas está referida a lo que había planteado el señor Senador Sanguinetti sobre los grupos de personas organizadas tal cual se los denomina en este proyecto de ley. Creo que son esencialmente distintas las asociaciones civiles sin fines de lucro, no sólo porque tengan su personería jurídica y participen de un concurso de oposición y méritos, sino también porque al igual que otras radios, que otros concesionarios, hay otro interés esencial, que es el mantenimiento de esa onda en el tiempo; precisamente, la razón fundamental para respetar plenamente las disposiciones legales es que la onda le sea mantenida en el tiempo. Eso es lo que no se da, justamente, en forma clara ni mucho menos, con estos grupos de personas organizadas que, como bien se describió, pueden utilizar un tiempo en una radio por unos meses o muy episódicamente. De modo que no hay allí un interés esencial que realmente actúe como un factor fuerte en esta dirección. Por lo tanto, lo que va a suceder es que, una vez que una radio se utilice durante 15 ó 20 días con algún objetivo violatorio de las disposiciones legales, aunque se hagan juicios y demandas, seguramente ese grupo ya no va a ser su titular. De esta manera se toma por un camino legal muy largo, que de ninguna manera garantiza el cumplimiento de las normas correspondientes. Creo que la otra alternativa da más solidez y consistencia, y hace que los concesionarios de esas ondas realmente sean organizaciones comerciales o comunitarias, pero con otra continuidad en el tiempo, que aquí es el gran factor regulador.

Con respecto a lo que mencionaba el señor Senador Michelini sobre la discusión en la Comisión, simplemente le pediría a él, y también a los demás colegas, que observen las versiones taquigráficas correspondientes. En la primera sesión -que figura como Acta Nº 61- sólo se desglosaron algunos artículos en los que hubo una coincidencia inmediata y los demás se aplazaron para ser tratados en otra sesión. Posteriormente, se recibieron tres delegaciones de distintas organizaciones y dos delegaciones de expertos, que dieron su opinión. Cuando en el comienzo de la sesión siguiente -que figura como Acta Nº 66- se van a tratar los artículos aplazados, se informa que es intención -se expresa textualmente- de los Senadores integrantes de la Bancada del Frente Amplio aprobar el proyecto de ley en esa sesión. A continuación, se produce una discusión, primero con el Senador Amaro y luego con los demás, en torno a si eso era pertinente o no, dado que no se había podido discutir el proyecto. Por ese motivo decía al comienzo que esto se había discutido apenas algo más de una sesión, es decir, la correspondiente al acta Nº 61 -que fue una discusión muy primaria e, incluso, anterior a recibir a los expertos-, porque la correspondiente al acta Nº 66 es un intento frustrado de debate.

En resumen, la discusión en ese ámbito fue mínima, no acorde a la magnitud de este proyecto ni a la tradición que tiene la Comisión. Y los resultados están a la vista: en este momento estamos en medio de una gigantesca discusión que, a nuestro juicio, solamente puede ser subsanada -de acuerdo a lo que ya se ha manifestado varias veces- destinándole un tratamiento ordenado de un par de sesiones como mínimo en la Comisión y teniendo en cuenta las nuevas propuestas y argumentos que queremos esgrimir y que de alguna manera hemos esbozado en el día de hoy. Eso es lo único que puede permitir que este proyecto mejore, al menos de alguna forma.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Quiero decir, en primer lugar, que desde el punto de vista jurídico, el acto del Estado por el que una organización puede asumir como emisión comunitaria es una asignación. La asignación es una figura especial, jurídica, vinculada más a la autorización y el permiso que a la concesión. Digo esto para que quede claro. En toda la ley, la palabra que se usa es "asignación" que, repito, es una variedad dentro de la autorización.

En segundo término, quiero mencionar que si al utilizar la emisión comunitaria una organización comete alguna infracción -que puede consistir en cambiar el fin para el cual le fue otorgada la asignación-, ello está previsto expresamente en la ley y no hay por qué repetirlo en todos los artículos. El comienzo del artículo 12, que habla de la revocatoria, dice expresamente: "Serán pasibles de revocatoria de la asignación recibida, aun antes del plazo establecido, aquellas emisoras que, previa opinión de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, y cumplidas las garantías del debido proceso: Incumplan los objetivos y finalidades del servicio de radiodifusión comunitaria para los cuales les fue asignada dicha frecuencia". De manera que eso está previsto para cualquier hipótesis. El proselitismo -cuya definición exacta se podrá discutir cien veces, tanto en este caso como en la Constitución- está prohibido, por ejemplo, para los sindicatos, gremiales y para los Directores de Entes Autónomos, quienes no pueden hacer ningún tipo de acto político, excepto el voto. Hay diez mil teorías sobre lo que es un acto político pero, como decía, esta situación está prevista y no hay necesidad de decir en cada artículo que si se transgrede se va a revocar, ya que hay un artículo genérico que lo contempla. Me parece que eso es lo más ortodoxo en materia de legislación.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Este artículo 4º es el centro del proyecto de ley. Lamentablemente, se ha ido la señora Senadora Percovich, que es la Miembro Informante, pero lo cierto es que ya se ha hablado mucho sobre él y su alcance. De todas las explicaciones que se dieron en Comisión -en este sentido sí fue reiterado y profundizado el análisis del artículo-, ninguna de ellas nos resultó satisfactoria en cuanto a qué quiere decir la expresión "aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro". Reitero: no hemos tenido una buena explicación con respecto a este punto. Creo que no son convincentes las explicaciones de la Senadora Percovich ni las del Senador Michelini, que refieren a algo que no se está cuestionando, que es si hay o no responsabilidad por el grupo de personas. Lo que nosotros estamos diciendo es que perfectamente se puede hacer el trámite de la personería jurídica, y si hay algún enlentecimiento en esto, entonces hagamos que el Estado funcione como debe. No dejemos esto en el limbo de la falta de precisión al expresar "por aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro".

Por otra parte, quería referirme a la explicación que ha dado la señora Senadora Dalmás sobre el tema de la religión. Yo creo que aquí nos internamos en un tema muy cuestionable. En la actualidad existen grupos religiosos que tienen radios con espacios comunitarios, que cumplen los fines sociales, educativos y culturales que establece la ley. ¿Por qué las equiparamos en este sentido a los partidos políticos? Hay radios comunitarias que cumplen una misión social incuestionable y que hoy tienen espacios hasta en forma irregular y que están cumpliendo una misión importante en barrios de distintas ciudades del país.

Además, me parece que el tema de la religión está mal ubicado en la redacción. La frase dice: "No podrán realizar proselitismo político-partidario, ni promover la discriminación de raza," -estamos de acuerdo- "etnia," -estamos de acuerdo- "género," -también estamos de acuerdo- "orientación sexual, religión", etcétera, cuando en realidad debería establecerse, por ejemplo: "No podrán realizar proselitismo político-partidario ni religioso" porque, de lo contrario, se tendería a promover la discriminación. ¿Cuál es la discriminación religiosa? ¿Es una religión concreta y no puede haber otro tipo? Parece, insisto, no estar bien ubicado el término "religión" al hablarse de discriminación. Me parece que no se puede equiparar lo que puede ser proselitismo político-partidario con la promoción de una religión que quizás cumpla -o quizás no; no todas los cumplen- con los objetivos y las exigencias que la propia ley establece.

En definitiva, no nos parece buena la inclusión del tema de la religión ni la falta de explicación de los señores Senadores de la oposición con respecto a la expresión "por aquellos grupos de personas organizadas que no persiguen fines de lucro". A su vez, no nos convencen las explicaciones brindadas con referencia a los artículos 6º y 13, porque hacen a la responsabilidad en el manejo del medio y no nos parece de recibo que se diga que la personería jurídica demora porque se deben cumplir requisitos. Si esto es así, se deben sacar los requisitos y hacer que el Estado sea más eficiente y concreto, y no ir por la vía de un "dribbling" para saltear las normas que se exigen con el fin de alcanzar la personería jurídica de los grupos de personas organizadas.

SEÑOR SALSAMENDI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SALSAMENDI.- Cuando el proyecto de ley dice: …"ni promover la discriminación de raza, etnia, género, orientación sexual, religión, edad o de cualquier otro tipo", en realidad reitera la formulación que tienen prácticamente todos los tratados internacionales existentes en la materia. Incluso -digo esto sin faltar el respeto a la intervención del señor Senador-, cualquier reina de belleza a la que se le pregunta sobre el tema, contesta esto, de tan incorporadas que están en la conciencia de casi todos los seres humanos este tipo de formulaciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- En los certámenes de belleza, las reinas siempre admiran al Papa o a la Madre Teresa de Calcuta.

Creo que no está bien, reitero, que se incluya el tema de la religión. Si bien incluir el proselitismo político-partidario fue bueno, en materia de religión las radios comunitarias cumplen una misión social muy importante en muchos lugares y son educativas. Parecería que esta es una especie de imposición medio obsesiva con respecto al tema de la religión y creo que nos estamos pasando de la raya. Me parece mucho mejor que cumplan una misión comunitaria y social, como lo hacen varias de estas radios de las distintas ciudades del interior y de la capital del país.

En este sentido, creo que no se mejora este cuestionado artículo 4º y que, por el contrario, lo que se hace es empeorar la ley.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador Amaro ha presentado un aditivo al texto del artículo.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: hechas las consultas con el señor Senador Amaro, se llegó a la conclusión de que se agregue en el artículo 4º una frase que obra en poder de la Mesa y cuya lectura solicitamos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el inciso tercero del artículo 4º, con el agregado propuesto por el señor Senador Amaro.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Su finalidad será la promoción del desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la satisfacción de las necesidades de comunicación social, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los vínculos que hacen a la esencia y a la identidad cultural y social del Uruguay. No podrán realizar proselitismo político-partidario o religioso, ni promover la discriminación de raza, etnia, género, orientación sexual, religión, edad o de cualquier otro tipo, constituyendo la trasgresión a esta disposición, causal para la suspensión o revocación del permiso".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º con el texto sustitutivo de la hoja Nº 1, y con el añadido que se ha leído.

(Se vota:)

-18 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 6º con el texto sustitutivo que figura en la hoja Nº 2.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: voy a hacer uso de la palabra, creo que por única vez en el tratamiento de este proyecto de ley, un poco para reivindicar mi derecho a mantener la salud mental.

Acá se han hecho pronósticos apocalípticos respecto a este proyecto de ley; se ha hablado hasta de caída de los aviones y, entre otras cosas, también se dijo -y varias veces se reiteró- que a partir de la aprobación de esta iniciativa podría aparecer cualquier energúmeno diciendo lo que quisiera en una radio sin que se lo pudiera responsabilizar. Debo decir que leí el proyecto en Sala, porque no había podido estudiarlo con anterioridad. Hice confianza en lo que me planteaban los compañeros de Bancada -en ese sentido, he detectado que mi confianza ha sido bien depositada en ellos- y veo que, entre otras cosas, en este artículo 6º se establece para aquellos grupos de personas organizadas, la necesidad de nombrar una o más personas físicas que se harán responsables en los términos que establece la Ley Nº 16.099. Esta disposición prevé -entre otras cosas- los delitos de difamación e injuria realizados por intermedio de la prensa. Quiere decir que con este proyecto de ley no solamente no estamos retrocediendo en ese terreno sino que, por el contrario, avanzamos en la eventual sanción de conductas ajenas a la convivencia social.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 6º con el texto sustitutivo de la hoja Nº 2.

(Se vota:)

- 17 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 8º, con el texto que figura en la página Nº 3 de los artículos sustitutivos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 9º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 23. Afirmativa.

SEÑOR ANTIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ANTIA.- Señor Presidente: hemos votado negativamente este artículo porque entendemos que, para un primer plazo de adjudicación, diez años es excesivo y la prórroga de cinco años también lo es, porque los costos de los equipos no ameritan un plazo de esa magnitud. Pero además, con esto se genera una gran diferencia con el resto de la radiodifusión nacional privada, de AM o FM, donde los permisos son precarios y revocables en cualquier momento. Aquí, al mismo tiempo que se otorga un plazo de diez años para las radios comunitarias, habría que habilitar todos los permisos por ese mismo plazo, lo que generaría, por lo menos, una situación de justicia.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 10 que figura en la hoja Nº 4 de los textos sustitutivos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 11.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: en este artículo, a los efectos de garantizar la previsión en cuanto a la intransferibilidad de las frecuencias de radiodifusión comunitarias, habíamos sugerido -y nuestros compañeros de Bancada estuvieron de acuerdo- un agregado que, lamentablemente, no hemos hecho llegar por escrito a la Mesa, pero que ahora pasaremos a leer, puesto que es muy breve.

Como segunda oración del artículo 11, proponemos que se diga lo siguiente: "Será absolutamente nulo lo actuado en contra de la presente disposición". Ese es el agregado, y el motivo es que la norma no contiene sanción. En realidad, a pesar de que esta última viene implícita en el artículo siguiente, referido al tema de la revocatoria, entendemos que la sanción para la transferencia en contra de lo previsto por la ley debe ser rápida y efectiva, declarándose nulo dicho acto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 11, con el agregado propuesto por el señor Senador Breccia.

(Se vota:)

- 17 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 12.

SEÑOR GAMOU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GAMOU.- Señor Presidente: solicito que los artículos que van del 12 al 19 inclusive, sean votados en bloque.

SEÑORA XAVIER.- Por mi parte, solicito el desglose del artículo 16.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Gamou en el sentido de votar en bloque los artículos 12 al 15 y 17 al 19, inclusive, quedando desglosado el artículo 16.

(Se vota:)

- 19 en 23. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 12 al 15 y 17 al 19 inclusive.

(Se vota:)

- 17 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 16, cuyo desglose ha sido solicitado.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: recogiendo una argumentación hecha por el señor Senador Penadés, referida a la integración del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, proponemos que en la cuarta y quinta línea de este artículo, luego de donde dice: "un representante del Ministerio de Educación y Cultura", se sustituya la expresión "un representante de la Asamblea General" por "un miembro no Legislador designado por la Asamblea General", quedando el resto de la redacción tal como está. De esta manera, buscamos evitar la posibilidad de una virtual inconstitucionalidad que pudiera entenderse que existe, aun cuando se trate de un organismo asesor y teniendo en cuenta también que, en la tradición uruguaya, han existido siempre muchas Comisiones integradas por los tres Poderes, trabajando en la órbita del Poder Ejecutivo.

Aparte de todo esto, queremos destacar que realmente nos ha parecido muy razonable la idea planteada por el señor Senador Penadés.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 16, con la modificación propuesta por el señor Senador Korzeniak.

(Se vota:)

- 17 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 20 sustitutivo, que figura en la hoja 5b.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 23. Afirmativa.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: quiero insistir en que lo establecido en el artículo 13 constituye una reiteración de limitaciones, frente a todas las preocupaciones expresadas por la autorización a los grupos de personas organizadas. Evidentemente, este punto queda muy claramente delimitado en dicha disposición.

Asimismo, queremos dejar sentado que las modificaciones introducidas al artículo 20 responden a una sugerencia hecha por el Partido Nacional que entendía -y en esto le asistía razón- que no quedaba clara la definición del momento de transición para las radios comunitarias ya existentes y su aprobación definitiva.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: nuestra Bancada ha votado negativamente estos artículos, y antes también el proyecto de ley en general, por las razones que ya hemos expresado de manera reiterada, y a pesar de que entendemos necesario que exista un sistema de radios comunitarias en el Uruguay.

Nos gustaría dejar constancia -tal como lo hicimos en su oportunidad- de nuestra total insatisfacción por el tratamiento que este tema tan trascendente recibió, primero en Comisión y luego en este Plenario, donde se presentaron varios agregados sobre la marcha, lo que terminó dificultando mucho su consideración seria.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: creo que hemos dado un gran paso al aprobar hoy esta norma en el Senado.

Asimismo, pensamos que constituye un gran desafío poder lograr, a través de esta herramienta, la corrección de muchos de los aspectos que aquí se han planteado. Sin duda, corresponde a este Poder la función de controlar que el Poder Ejecutivo lleve adelante eficazmente lo establecido en las disposiciones que contiene esta iniciativa. De igual forma, quiero decir que en Sala se ha hecho referencia a una serie de situaciones que, sin duda, forman parte de ese contralor que este Poder debe realizar. En ese sentido, se ha planteado a propósito de un organismo pluripartidario y pluripersonal, una serie de severas y profundas acusaciones sobre las que no se ha solicitado un pedido de informes que aportara otra versión al respecto. Considero correcto que, en la medida en que algunos integrantes de este Cuerpo han realizado esas referencias, se continúe con la consideración de este tema en el ámbito parlamentario correspondiente, en el que podamos tener más claros esos elementos que fueron vertidos, cuya explicación no se puede dejar pasar.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda aprobado el proyecto de ley, que vuelve a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

ARTICULO 1º. (Derecho a la libertad de expresión, comunicación e información y a fundar un medio de comunicación por radiodifusión).- La radiodifusión es un soporte técnico para el ejercicio, preexistente a cualquier intervención estatal, del derecho humano a la libertad de expresión y a la libertad de información. Por ello no existirá otra limitación a la utilización del espectro radioeléctrico que la resultante de establecer las garantías para el ejercicio de los derechos de todos los habitantes de la República, lo que define los límites y el carácter de la intervención estatal en su potestad de administrar la asignación de frecuencias.

ARTICULO 2º. (Derecho al uso equitativo de frecuencias radioeléctricas).- El espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad sujeto a administración de los Estados y, por tanto, el acceso equitativo a las frecuencias de toda la sociedad uruguaya constituye un principio general de su administración.

ARTICULO 3º. (Principios para la administración del espectro radioeléctrico).- El Estado administrará las frecuencias radioeléctricas garantizando los derechos establecidos en los artículos 1º y 2º de la presente ley, en base a los siguientes principios:

A) Promoción de la pluralidad y diversidad; la promoción de la diversidad debe ser un objetivo primordial de la legislación de radiodifusión, de esta ley en particular y de las políticas públicas que desarrolle el Estado.

B) No discriminación; se deberá garantizar igualdad de oportunidades para el acceso de los habitantes de la República a los medios de comunicación electrónicos, para que puedan ejercer su derecho a la información y a la libertad de expresión con las solas exclusiones que esta ley determinará con el objeto de sostener el mencionado principio y prevenir prácticas de favorecimiento.

C) Transparencia y publicidad en los procedimientos y condiciones de otorgamiento de las asignaciones de frecuencias, que permitan el efectivo contralor por parte de los ciudadanos.

CAPITULO II

SERVICIO DE RADIODIFUSION COMUNITARIA

ARTICULO 4º. (Servicio de radiodifusión comunitaria).- El Estado tiene la obligación de garantizar y promover el servicio de radiodifusión comunitaria en base a los derechos y principios consagrados en el Capítulo I.

Se entenderá por servicio de radiodifusión comunitaria el servicio de radiodifusión no estatal de interés público, prestado por asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica o por aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro (artículos 6º y 13 de la presente ley) y orientado a satisfacer las necesidades de comunicación social y a habilitar el ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión de los habitantes de la República.

Su finalidad será la promoción del desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la satisfacción de las necesidades de comunicación social, la convivencia pacífica y el fortalecimiento de los vínculos que hacen a la esencia de la identidad cultural y social del Uruguay. No podrán realizar proselitismo político-partidario o religioso, ni promover la discriminación de raza, etnia, género, orientación sexual, religión, edad o de cualquier otro tipo constituyendo la transgresión a estas disposiciones, causal para la suspensión o revocación del permiso.

En ningún caso se entenderá que el servicio de radiodifusión comunitaria implica necesariamente un servicio de cobertura geográfica restringida. Dicha área estará definida por su finalidad pública y social y dependerá de la disponibilidad y planes de uso del espectro y la propuesta comunicacional de la emisora.

De acuerdo con la función y responsabilidad que poseen los servicios de radiodifusión comunitaria, su programación deberá ser preferentemente de producción propia y nacional (departamental o local).

La programación también incluirá espacios de producción independiente, preferentemente la realizada por grupos sociales o personas que habiten el área de alcance de la emisora y siempre que la misma sea compatible con la finalidad del servicio.

ARTICULO 5º. (Reserva del espectro radioeléctrico).- El Poder Ejecutivo, previo informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, reservará para la prestación del servicio de radiodifusión comunitaria y otros sin fines de lucro, al menos un tercio del espectro radioeléctrico por cada localidad en todas las bandas de frecuencia de uso analógico y digital y para todas las modalidades de emisión.

La reserva deberá ser actualizada anualmente y será de conocimiento público.

ARTICULO 6º. (Titulares).- Podrán ser titulares del servicio de radiodifusión comunitaria las asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o en trámite de constitución.

Podrán serlo también aquellos grupos de personas organizadas sin fines de lucro, en los términos que prevé el artículo 13 de la presente ley. En este último caso, una o más personas físicas, que integren real y efectivamente la organización y ejerzan autoridad en la misma, deberán hacerse enteramente responsables de los contenidos a emitir mediante declaración jurada a presentar ante el Ministerio de Educación y Cultura, con formalidades análogas a las previstas en el artículo 4º de la Ley Nº 16.099, de 3 de noviembre de 1989, en lo que sea pertinente. Todo ello sin perjuicio de cumplir con los demás requisitos establecidos en los literales siguientes del presente artículo:

A) Los titulares de un servicio de radiodifusión comunitaria y sus directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad en la conducción y orientación de la emisora, no podrán ser beneficiarios ni adjudicatarios de participar, parcial o totalmente, directa o indirectamente, de más de una frecuencia por banda de radiodifusión para el servicio de radiodifusión comunitaria. Dichas personas tampoco podrán ser titulares o parientes de titulares (en línea recta o colateral hasta el segundo grado) de otros medios de radiodifusión no comunitarios.

B) Los directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad de la conducción y orientación de la emisora deberán ser ciudadanos naturales o legales en ejercicio de la ciudadanía, estar domiciliados real y permanentemente en la República, en el área de alcance o cobertura de la emisora.

ARTICULO 7º. (Adjudicación del Poder Ejecutivo).- La asignación del canal respectivo del espectro radioeléctrico para la instalación y operación de estaciones de radiodifusión comunitaria requerirá de resolución del Poder Ejecutivo de conformidad con la reglamentación correspondiente, previo informe técnico de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y opinión preceptiva del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria. Este último contará con un plazo de sesenta días para pronunciarse. De no hacerlo en el plazo referido se interpretará en términos favorables la solicitud.

El principio general para la asignación de frecuencias para servicios de radiodifusión comunitaria será el concurso abierto y público, previa realización de audiencia pública.

El proceso de asignación de frecuencia se hará:

A) A través de llamados públicos que serán realizados con amplia publicidad y en principio al menos dos veces al año, atendiendo a planes y políticas nacionales de gestión del espectro. Sin perjuicio de lo anterior, ante una solicitud de una entidad interesada y existiendo disponibilidad del espectro radioeléctrico en la localidad, el Poder Ejecutivo no podrá negar la apertura de un llamado a concurso público ampliamente publicitado, en un plazo no mayor de ciento ochenta días desde que fuera substanciada la solicitud.

B) Si no hubiera otros interesados, previa audiencia pública y pleno cumplimiento de los requisitos previstos, se asignará a la asociación interesada una frecuencia en las condiciones establecidas en el llamado.

El Poder Ejecutivo estará obligado a conceder la asignación de frecuencia de servicio de radiodifusión comunitaria, cuando substanciado el concurso público y abierto, especialmente convocado al efecto, o efectuada una solicitud de interesado en ausencia de concurso, se cuente con opinión favorable del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y se cumpla con los requisitos y procedimientos exigidos en esta ley y su reglamentación.

En cada caso y según la modalidad de asignación, los requisitos administrativos y económicos y las características técnicas exigidas serán únicamente las estrictamente necesarias para garantizar su funcionamiento y el más pleno ejercicio de derechos al conjunto de los habitantes de la República.

ARTICULO 8º. (Criterios para la asignación de frecuencias).- Las asignaciones de frecuencias para servicios de radiodifusión comunitaria tendrán opinión preceptiva por parte del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y se otorgarán en consideración a los siguientes criterios:

A) El plan de servicios a la comunidad que pretende brindar el solicitante, en consonancia con los principios que definen al servicio de radiodifusión comunitaria (artículo 4º de la presente ley).

B) Los mecanismos previstos para asegurar la participación ciudadana en la gestión y programación de la emisora.

C) Los antecedentes de trabajo social y comunitario en la zona de cobertura solicitada.

D) Las referencias de personas, organizaciones o instituciones sociales representativas del plan de servicios a la comunidad y de la propuesta de comunicación que se pretende brindar así como la formación en el área de la comunicación.

ARTICULO 9º. (Plazo).- Las asignaciones de frecuencias para el servicio de radiodifusión comunitaria serán otorgadas por un plazo de diez años.

Podrán prorrogarse por períodos de cinco años condicionado al cumplimiento de las condiciones de asignación y la celebración de una audiencia pública previa y siempre que no existan limitaciones de espectro confirmado por informes técnicos. En caso contrario, y si hubiere otros interesados, será posible la renovación por cinco años previo concurso en las condiciones fijadas por esta ley y el reglamento respectivo.

ARTICULO 10. (Sustentabilidad económica).- Las entidades sin fines de lucro que brinden servicio de radiodifusión comunitaria tendrán derecho a asegurar su sustentabilidad económica, independencia y desarrollo, a cuyos efectos podrán obtener recursos, entre otras fuentes, de donaciones, aportes solidarios, auspicios, patrocinios y publicidad, de acuerdo a las normas vigentes.

La totalidad de los recursos que obtengan las entidades que brinden el servicio de radiodifusión comunitaria, por y para este servicio, deberán ser invertidos en el funcionamiento y en mejoras en la prestación del mismo y en el desarrollo de los objetivos del servicio de radiodifusión comunitaria.

La ausencia de finalidad de lucro debe ser entendida como la actividad que no persigue la obtención de ganancias para su acumulación o su distribución o su inversión en objetivos diferentes de los que corresponden al servicio de radiodifusión comunitaria (artículo 4º de la presente ley).

Será considerada distribución de ganancia la fijación de salarios para los titulares de la concesión, cuando los mismos superen el mínimo establecido para el sector y categoría de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Se realizará una auditoría anual en las emisoras comunitarias a los efectos de demostrar la correcta aplicación del inciso primero del presente artículo y su coherencia con los principios del servicio.

ARTICULO 11. (Intransferibilidad).- Los titulares originales de frecuencias de radiodifusión comunitaria no podrán ceder, vender, arrendar o transferir de ninguna forma a terceros los derechos derivados de la asignación. Será absolutamente nulo lo actuado en contra de la presente disposición.

ARTICULO 12. (Revocatoria).- Serán pasibles de revocatoria de la asignación recibida, aun antes del plazo establecido, aquellas emisoras que, previa opinión de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, y cumplidas las garantías del debido proceso:

A) Incumplan los objetivos y finalidades del servicio de radiodifusión comunitaria para los cuales les fue asignada dicha frecuencia.

B) Incumplan el Plan de Servicios a la Comunidad y otros compromisos asumidos públicamente.

C) Cuyos titulares, directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la autoridad y responsabilidad en la conducción y orientación de la emisión incumplan las condiciones expresadas en los literales A) y B), del artículo 6º de la presente ley.

D) Cedan, vendan, arrienden o transfieran de cualquier forma los derechos derivados de la asignación.

E) No inviertan los recursos económicos obtenidos de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 10 de la presente ley.

ARTICULO 13. (Frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario).- El Poder Ejecutivo, dentro de la reserva de espectro prevista en el artículo 5º de la presente ley, con asesoramiento de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), asignará una o más frecuencias por departamento para ser utilizadas exclusivamente y de manera compartida por iniciativas con carácter comunitario.

Podrán utilizar parcialmente estas frecuencias compartidas para uso de carácter comunitario (algunas horas o días a la semana):

A) Las asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica.

B) Aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro y cuyas propuestas de comunicación, en opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, tengan carácter local y resulten compatibles con la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria.

El uso de estos espacios compartidos se extenderá por un plazo igual o menor a un año. En el caso de las propuestas provenientes de instituciones educativas de carácter universitario o iniciativas sociales que no pudieran hacer uso completo de una frecuencia pero acrediten y justifiquen sostener la iniciativa por más tiempo, podrán renovar o prorrogar su uso por plazos iguales, previa evaluación de los compromisos asumidos, opinión favorable del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y aprobación de la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

Las frecuencias para uso de carácter comunitario se compartirán entre los solicitantes que tuvieran interés, de acuerdo a los procedimientos y criterios de selección previstos en la presente ley y en la reglamentación respectiva.

Compete a la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura promover y difundir la libertad de expresión y el derecho a la información, en especial a través de las frecuencias que previamente le serán asignadas, identificando y asignando el uso compartido de las mismas a iniciativa de carácter comunitario sin fines de lucro.

Todos y cada uno de los espacios de carácter comunitario deberán ser asignados por concurso abierto u otro mecanismo competitivo. Los requisitos exigidos serán compatibles con lo establecido en el inciso cuarto del artículo 7º de la presente ley.

CAPITULO III

CONSEJO HONORARIO ASESOR

DE RADIODIFUSION COMUNITARIA

ARTICULO 14. (Participación ciudadana).- El Poder Ejecutivo deberá establecer mecanismos que garanticen la participación ciudadana en la aplicación de la normativa sobre radiodifusión comunitaria y en la elaboración, decisión, implementación y seguimiento de las políticas hacia el sector.

ARTICULO 15. (Creación del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria).- Créase un Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria que actuará en forma independiente y en la órbita administrativa de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), el cual será consultado preceptivamente para la elaboración del reglamento de esta ley, los pliegos y mecanismos de asignación de frecuencias y la consideración de las solicitudes presentadas, entre otras.

ARTICULO 16. (Integración).- El Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria estará integrado por nueve miembros honorarios: un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería que lo presidirá, un representante del Ministerio de Educación y Cultura, un miembro no Legislador designado por la Asamblea General, dos representantes de los medios de radiodifusión comunitarios, un representante de la Universidad de la República, un representante rotativo de las Universidades privadas reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura que posean las carreras de Comunicación y dos representantes de las organizaciones no gubernamentales que tengan como finalidad el estudio, promoción y defensa de la libertad de expresión.

ARTICULO 17. (Cometidos).- El Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria tendrá como cometidos:

A) Participar en la elaboración de la reglamentación de la presente ley y de los pliegos y procedimientos para la asignación de frecuencias del servicio de radiodifusión comunitaria.

B) Determinar las pautas para la evaluación de los criterios de selección, en consideración a los requisitos previstos en el artículo 8º de la presente ley.

C) Emitir opinión en todos los trámites de asignación de frecuencias del servicio de radiodifusión comunitaria, en relación con todos los aspectos de la solicitud de que trate y su conformidad o no con las finalidades del servicio de radiodifusión comunitaria (inciso primero del artículo 4º de la presente ley).

D) Convocar, junto a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), las audiencias públicas previstas en la presente ley y presidirlas.

E) Garantizar la publicidad y el acceso de cualquier persona a conocer las actuaciones que se substancien en los procedimientos de asignación de frecuencias de servicio de radiodifusión comunitaria.

F) Determinar los medios idóneos para la difusión y publicidad de la solicitud de asignación.

G) Emitir opinión en todos los procedimientos de contralor realizados por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) que tengan por objeto determinar si el servicio brindado cumple o ha cumplido con sus compromisos y la finalidad del servicio de radiodifusión comunitaria (artículos 7º, 8º, 10, 12, 13 y 20 de la presente ley).

CAPITULO IV

DISPOSICIONES FINALES TRANSITORIAS

ARTICULO 18. (Normas aplicables).- En todo lo no previsto en la presente ley y en cuanto no se oponga a ésta, serán aplicables las normas generales que regulan los servicios de radiodifusión, sin perjuicio de la revisión de normas técnicas y planes de uso del espectro necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley y atendiendo las especificidades del servicio.

ARTICULO 19. (Reglamentación de la presente ley).- El Poder Ejecutivo reglamentará, dentro de un plazo de treinta días a partir de la vigencia de la presente ley, el sistema de elección de representantes para el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria y el funcionamiento del mismo, el cual deberá quedar formalmente instalado dentro del plazo de sesenta días a partir de la vigencia de la presente ley.

El Poder Ejecutivo procederá a reglamentar la presente ley dentro de los sesenta días siguientes a la instalación del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, con opinión preceptiva del mismo y de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC).

ARTICULO 20. (Regularización).- Dentro del plazo de sesenta días de la entrada en vigencia de la presente ley, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) realizará un censo para establecer el número y la ubicación de radios comunitarias. La presentación de las emisoras será voluntaria y se les proveerá de formularios adecuados para que den debida cuenta del cumplimiento de los requisitos y características previstas en la presente ley para el servicio de radiodifusión comunitaria.

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), en conjunto con el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, determinarán el cumplimiento de estas disposiciones, momento a partir del cual dichas emisoras se considerarán efectivamente censadas y habilitadas a iniciar el trámite de regularización.

Durante el período de realización del censo no serán de aplicación las infracciones previstas en el Decreto-Ley Nº 14.670, de 23 de junio de 1977, ni las sanciones establecidas en el artículo 89 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, contra emisoras que estén brindando, sin autorización del Poder Ejecutivo, servicio de radiodifusión comunitaria en los términos definidos por los artículos 4º y 13 de la presente ley y concordantes, siempre y cuando hayan iniciado sus transmisiones antes de los doce meses previos de aprobada esta ley y no provoquen interferencias perjudiciales entre sí o a otros operadores.

Las emisoras comunitarias serán habilitadas temporalmente a transmitir hasta que recaiga una decisión definitiva sobre su situación, previo cumplimiento de los alcances de los artículos precedentes.

Dentro de los siguientes ciento veinte días al cierre del censo nacional, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), en consulta con el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, deberá proceder a la regularización definitiva de las emisoras identificadas como comunitarias, siguiendo los siguientes procedimientos:

A) En el caso de existir limitaciones de espectro para dar cabida a varios interesados en las condiciones solicitadas, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) abrirá un período de negociación para la búsqueda de una solución autorregulada entre los operadores habilitados temporalmente para un aprovechamiento óptimo del recurso escaso. En caso contrario, pasados quince días desde el inicio de las conversaciones, se habilitará automáticamente un concurso de oposición y méritos entre los mismos, siguiendo los criterios de la presente ley y su reglamentación.

B) En el caso de haber disponibilidad de espectro y no ser necesario un concurso de oposición y méritos, se procederá a la habilitación definitiva del servicio, en las condiciones y en los plazos que establece la presente ley, adecuando, si fuera necesario, las características técnicas del proyecto para el mejor cumplimiento de los objetivos y plan de servicios de la emisora y los planes técnicos nacionales.

Los llamados o solicitudes para nuevos operadores del servicio de radiodifusión comunitaria podrán realizarse a partir de los ciento ochenta días de la vigencia de la presente ley.

A los efectos de dar cumplimiento a la reserva de espectro prevista en el artículo 5º de la presente ley y en consideración que existen localidades o bandas donde actualmente la disponibilidad técnica de frecuencias resulta limitada para cumplir con dicha reserva, las frecuencias aún vacantes en ellas serán asignadas preferentemente para el servicio de radiodifusión comunitaria y público.

Las frecuencias que se liberen en un futuro, producto de la digitalización, procedimientos que optimicen el espectro radioeléctrico u otras razones, deberán ser asignadas de la misma manera con el fin de ajustarse al porcentaje establecido en la presente ley."

13) COMISION INVESTIGADORA A FIN DE ANALIZAR LOS HECHOS VINCULADOS AL EX SENADOR LEONARDO NICOLINI EN LA ORBITA DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa informa al Cuerpo que los coordinadores de Bancada han comunicado la integración de la Comisión Preinvestigadora que oportunamente fuera solicitada. Ha quedado conformada por los señores Senadores Moreira, Bentancor y Vaillant, y tal como lo establece el Reglamento, deberá ponerse de acuerdo para considerar el tema propuesto por el señor Senador Lara Gilene, o sea, la situación del ex Senador Leonardo Nicolini.

14) "JUAN ALBERTO BONNET"

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador

SEÑOR LONG.- Solicito que se trate el asunto que figura en quinto término del Orden del Día luego de considerar la urgencia que oportunamente fuera votada, porque la celebración correspondiente se va a llevar a cabo en Colonia Valdense, justamente, el próximo fin de semana.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

15) "CORONEL MEDICO DR. FERMIN FERREIRA"

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se designa el Hospital Central de las Fuerzas Armadas con el nombre "Coronel Médico Dr. Fermín Ferreira", a partir del 14 de diciembre de 2007. (Carp. Nº 974/2007 - Distribuido Nº 2070 /2007).

(Antecedentes:)

"Carp. N° 974/07

Dist. 2070/07

Ministerio de Defensa Nacional

Mensaje 51/07

Montevideo, 15 de octubre de 2007.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo G. Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo cumple en remitir a ese Cuerpo, conforme con lo preceptuado en el numeral 13 del artículo 85 de la Constitución de la República, el adjunto Proyecto de Ley por el cual se designa al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, con el nombre de "Coronel Médico Dr. Fermín Ferreira", a partir del 14 de diciembre de 2007.

Estando abocada la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas a realizar una serie de eventos para conmemorar en el próximo 18 de julio de 2008, el primer centenario del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, ha creado una Comisión a fin de efectuar la correspondiente planificación.

En tal sentido, es necesario y tradicional, ante tan relevante acontecimiento, asignar un nombre para denominar a dicha Institución.

De su rica historia, se destaca el momento en el cual, luego de la Convención Preliminar de Paz de 1828, se organizó nuestro primer Ejército de Línea con un Estado Mayor General. En ese entonces, ejercía el Ministerio de Guerra y Marina, el señor General don Eugenio Garzón, quien dispuso por orden de Servicio que un Cirujano, que revistaba como Oficial, fuese designado al Comando y otro a cada gran Unidad del Ejército.

El 14 de diciembre de 1829 fue designado el primer Cirujano Mayor del Ejército Uruguayo con Despacho de Gobierno. Este nombramiento recayó en el señor Capitán Dr. Fermín Ferreira, dando nacimiento al cargo de Médico Militar presupuestado, correspondiéndole a partir de ese momento el grado de Coronel Médico.

Cabe agregar que existió con el nombre del prestigioso médico cirujano un importante hospital en Montevideo para internación de enfermos del aparato respiratorio, tuberculosis, con un leprosario adjunto, ubicado en la Avenida Luis Alberto de Herrera entre la Avenida Fructuoso Rivera y la calle 26 de Marzo. A consecuencia de la clausura del mencionado hospital, el nombre de Fermín Ferreira desapareció del nomenclator hospitalario y de la memoria pública.

Por los fundamentos expuestos, se solicita a ese Cuerpo la consideración del adjunto Proyecto de Ley, cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General atentamente.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Azucena Berrutti.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, con el nombre de "Coronel Médico Dr. Fermín Ferreira", a partir del 14 de diciembre de 2007.

Azucena Berrutti."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: con toda brevedad quiero decir que los fundamentos surgen "ex lege". Por lo tanto, simplemente sugiero la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Desígnase al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, con el nombre de ‘Coronel Médico Dr. Fermín Ferreira’, a partir del 14 de diciembre de 2007".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

16) SESIONES EXTRAORDINARIAS

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: formulo moción en el sentido de que el Senado se reúna, en sesiones extraordinaria, el martes 20 a partir de las 17 horas y el miércoles 21 a partir de las 15 horas, a los efectos de poder avanzar en la consideración de una serie de proyectos que están pendientes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

17) "JUAN ALBERTO BONNET"

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con lo votado oportunamente, el Senado pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se designa ‘Juan Alberto Bonnet’ la Plaza de Deportes de la ciudad de Colonia Valdense, departamento de Colonia. (Carp. Nº 883/07 - Rep. Nº 532/07)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 883/07

Rep. N° 532/07

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase con el nombre de "Juan Alberto Bonnet" la Plaza de Deportes de la ciudad de Colonia Valdense, departamento de Colonia, dependiente del Ministerio de Turismo y Deporte.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 7 de agosto de 2007.

Enrique Pintado Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME

Señoras y Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración aconseja votar en forma afirmativa el proyecto de ley por el cual se designa con el nombre del Profesor Juan Alberto Bonnet a la Plaza de Deportes de la ciudad de Colonia Valdense, sita en el departamento de Colonia, tal como reza el único artículo de esta iniciativa, para que se inmortalice la gran labor ejercida por este docente.

Es de orden que se rinda un homenaje a este hombre que dedicó su vida a la educación física, a la formación de las generaciones de jóvenes y un más que justificado reconocimiento para alguien que ha sido el pilar fundamental de la Plaza de Deportes de Colonia Valdense.

Es por los motivos reseñados y por lo que ello significa para el pueblo Valdense, que aconsejamos aprobar el proyecto de ley que se informa.

Sala de la Comisión, 14 de junio de 2006.

Gustavo Borsari Brenna, Miembro Informante; Javier Cha, Carlos Gamou, Luis Alberto Lacalle Pou, Edgardo Ortuño, Nelson Rodríguez Servetto, Jorge Zas Fernández.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cultura

ACTA N° 53

En Montevideo, el día treinta de agosto del año dos mil siete, a la hora once y cinco minutos se reúne la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores, en la Sala "Dr. Juan Andrés Ramírez".

Asisten sus Miembros, señora Senadora Margarita Percovich y señores Senadores Alberto Breccia, Alberto Cid, Eduardo Lorier y Julio María Sanguinetti.

Falta con aviso el señor Senador Pablo Iturralde, quien remite nota justificando su inasistencia.

Preside el señor Senador Gustavo Penadés, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría la señora Secretaria Dinorah Amato, con la colaboración de la señora funcionaria Verónica Cantero.

Abierto el acto se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en los Distribuidos Nos. 1925/2007 y 1926/2007 que forman parte de la presente acta.

ASUNTOS ENTRADOS. Por Secretaría se da cuenta de los siguientes:

- DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO). Se sustituye el literal D) del artículo 2° comprendido en el artículo 341 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996. Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 687/2006. Distribuido N° 1852/2007.

- FESTIVAL DE INTEGRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LASCANO, DEPARTAMENTO DE ROCHA. Se declara de interés cultural. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 880/2007. Distribuido N° 1888/2007.

- "PROFESOR HOMERO GABARROT". Se designa la Plaza de Deportes de la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia, dependiente del Ministerio de Turismo y Deporte. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 881/2007. Distribuido N° 1891/2007.

- ARCHIVO AUDIOVISUAL. Creación y declaración de interés público del archivo de los programas de radio y televisión transmitidos en el territorio nacional. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 882/2007. Distribuido N° 1892/2007.

- "JUAN ALBERTO BONNET". Se designa la Plaza de Deportes de la ciudad de Colonia Valdense, departamento de Colonia, dependiente del Ministerio de Turismo y Deporte. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 883/2007. Distribuido N° 1893/2007.

- ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA. Creación. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 889/2007. Distribuido N° 1899/2007.

- "DON ALBERICO PASSADORE". Se designa la Escuela Técnica de Colón, departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Técnico Profesional, Administración Nacional de Educación Pública. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 890/2007. Distribuido N° 1900/2007.

- "PEDRO BERNARDINO RODRIGUEZ PAIVA (TIDE)". Se designa la Escuela Rural N° 79 de Masoller, 3ª Sección Judicial del departamento de Rivera. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 893/2007. Distribuido N° 1903/2007.

- "PROFESOR LUIS DE MATTEO". Se designa la Plaza de Deportes de la ciudad de Young, departamento de Río Negro. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 895/2007. Distribuido N° 1904/2007.

- COMISION NACIONAL DEL BICENTENARIO. Creación, integración y cometidos. Proyecto de ley con expo-sición de motivos, presentado por el señor Senador Julio María Sanguinetti. Carpeta N° 903/2007. Distribuido N° 1918/2007.

- "FRANCIA". Se designa la Escuela Rural N° 5 de la 3ª Sección Judicial del departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 905/2007. Distribuido N° 1919/2007.

- Nota de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (AFUTU), cursando invitación a la inauguración de su IX Congreso.

- Nota remitida por el señor Presidente de la Cámara de Senadores, adjuntando Oficio N° 501/07 proveniente de la Junta Departamental de Maldonado, con la versión taquigráfica de las palabras de la Edila Maestra Lilia Muniz en representación del Frente Amplio, al cumplirse treinta años de la desaparición física del Maestro Julio Castro, y su aspiración de que el Centro Educativo de la zona Cachimba del Rey lleve el nombre del mencionado maestro.

ASUNTOS CONSIDERADOS.

- DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO). Carpeta N° 687/2006. En consideración el proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes.

Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich, quien lo hará en forma verbal.

- FESTIVAL DE INTEGRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LASCANO, DEPARTAMENTO DE ROCHA. Se declara de interés cultural. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 880/2007. En consideración.

Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Gustavo Penadés, quien lo hará en forma verbal.

Por Secretaría se informa que las Carpetas N° 881/2007 y 883/2007, cuentan con la aprobación del Ministerio de Turismo y Deporte. En consideración.

- "PROFESOR HOMERO GABARROT". Se designa la Plaza de Deportes de la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia, dependiente del Ministerio de Turismo y Deporte. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 881/2007.

Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Alberto Cid, quien lo hará en forma verbal.

- "JUAN ALBERTO BONNET". Se designa la Plaza de Deportes de la ciudad de Colonia Valdense, departamento de Colonia, dependiente del Ministerio de Turismo y Deporte. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 883/2007.

Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Eduardo Lorier, quien lo hará en forma verbal.

Por Secretaría se informa que la Carpeta N° 206/2005, que refiere a la designación de la Escuela N° 19 del departamento de Colonia, cuenta con la aprobación verbal de la ANEP. Dicho proyecto de ley fue aprobado por la Comisión con fecha 6 de abril de 2006, resolviéndose no remitirlo al Cuerpo hasta tanto se recibiera el informe de la Administración Nacional de Educación Pública. En consideración.

-"AMADEO SOLER". Carpeta N° 206/2005. Se designa a la Escuela N° 19 del departamento de Colonia. Se designa como nuevo Miembro Informante al señor Senador Gustavo Penadés, quien lo hará en forma verbal.

- PROTECCION DE ANIMALES. Carpeta N° 628/2007 - 645/2007 - 770/2007. Se establecen normas. Distribuido N° 1915/2007. Para referirse al proyecto a estudio de la Comisión, se reciben las siguientes delegaciones:

En representación de la Asociación Derecho a la Vida, las señoras Eva Barceló e Ivón Royón.

En representación de la Asociación Animales sin Hogar, la Doctora Veterinaria Gabriela Moreno, la señora María Noel Jiménez y el Doctor Ricardo Púrpura.

Ambas delegaciones hacen entrega de material para dis-tribuir a los señores Senadores integrantes de la Comisión.

A efectos de que la Comisión tome conocimiento, se reparte proyecto de ley con exposición de motivos del señor Se-nador Julio María Sanguinetti, sobre derecho a jubilación de los integrantes del Cuerpo de Baile del SODRE, que ha sido destinado a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado.

RESOLUCIONES.

- La Comisión resuelve enviar el proyecto de ley presentado por el señor Senador Julio María Sanguinetti sobre el derecho a jubilación de los integrantes del Cuerpo de Baile del SODRE, al Consejo Directivo del SODRE, y conjuntamente coordinar una visita, para que vuelquen su opinión sobre la iniciativa.

- Se esperarán las sugerencias de las delegaciones recibidas, a efectos de continuar con el tratamiento del proyecto de ley sobre Protección de Animales.

- El señor Presidente elaborará una agenda con los asuntos a tratar en el mes de setiembre.

A la hora doce y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Gustavo Penadés Presidente

Dinorah Amato Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Lorier.

SEÑOR LORIER.- Señor Presidente: muy brevemente quiero señalar que la Comisión de Educación y Cultura del Senado ha valorado altamente la personalidad del profesor Juan Alberto Bonnet, por lo que considera apropiado que se le rinda un homenaje a este compatriota que dedicó su vida a la educación física y a la formación de generaciones de jóvenes. Este es un más que justificado reconocimiento para alguien que fue un pilar fundamental para la Plaza de Deportes de Colonia Valdense.

En consecuencia, la Comisión de Educación y Cultura aconseja que se vote afirmativamente el proyecto de ley por el cual se designa con el nombre del profesor Juan Alberto Bonnet a la Plaza de Deportes de la ciudad de Colonia Valdense, sita en el departamento de Colonia, tal como reza su artículo único.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: en mi calidad de vecino de la ciudad de Colonia Valdense y como hijo de Colonia Suiza, por haber conocido esa prestigiosa figura del profesor Juan Alberto Bonnet, no podemos menos que apoyar esta iniciativa y decir que este homenaje es un acto de justicia.

Agradecemos al señor Senador Lorier que, aunque es del departamento de Florida, exprese este reconocimiento a un hombre de Colonia.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: en la misma dirección, quiero señalar que el profesor Juan Alberto Bonnet fue un referente no sólo de Colonia Valdense, sino de toda la zona que incluye a la localidad de La Paz, que es una hermosa e histórica villa de la región. También fue una figura relevante de la Iglesia Evangélica Valdense de esa zona. Si los señores Senadores me permiten, si bien no sé si existe un grado de vinculación con nuestra colega del Senado, voy a acotar que estaba casado con la señora Clara Dalmás.

En síntesis, me congratulo de que la Comisión haya resuelto esta designación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 21en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Desígnase con el nombre de ‘Juan Alberto Bonnet’ la Plaza de Deportes de la ciudad de Colonia Valdense, departamento de Colonia, dependiente del Ministerio de Turismo y Deporte".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado.)

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: en virtud de que hemos podido conversar y llegar a un acuerdo respecto a la integración de la Comisión Preinvestigadora, sugerimos que quede sin efecto el cuarto intermedio solicitado.

18) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 20 y 02 minutos, presidiendo el señor Senador Eleuterio Fernández Huidobro y estando presentes los señores Senadores Alfie, Amaro, Antía, Antognazza, Baráibar, Bentancor, Breccia, Dalmás, Gamou, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Oliver, Percovich, Salsamendi, Vaillant y Xavier.)

SENADOR ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO Presidente en ejercicio

Arq. Hugo Rodríguez Filippini - Sr. Santiago González Barboni Secretarios

Sr. Nelson Míguez Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.