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Nº 180 - TOMO 446 - 23 DE OCTUBRE DE 2007

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

41ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y SEÑOR SANTIAGO GONZALEZ BARBONI Y LA PROSECRETARIA ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyecto de comunicación

- El señor Senador Da Rosa presenta, con exposición de motivos, un proyecto de comunicación a efectos de solicitar se conceda una pensión graciable al doctor Eduardo Paysée González.

- A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

5) Proyecto presentado

- El señor Senador Alfie presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa al Centro Departamental de Salud Pública (ASSE) del departamento de Artigas, con el nombre ‘Doctor Luis Eduardo Juan’.

- A la Comisión de Salud Pública.

6, 8, 10 y 18) Solicitudes de licencia

- Las formulan  los señores Senadores Ríos, Abreu, Baráibar, Lara Gilene, Couriel y Penadés.

- Concedidas.

7, 9 y 11) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento.

- Las presentan los señores León Lev, Enrique Pintado y Jorge Romero comunicando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.

12, 14 y 16) Repoblamiento de la campaña

- Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

13) Régimen de trabajo

- Por moción de la señora  Senadora Xavier, el Senado resuelve suspender la sesión extraordinaria del día de mañana y la ordinaria del día 6 de noviembre, fijando una sesión extraordinaria para esa fe-cha para considerar el proyecto de ley sobre de-fensa del derecho a la salud sexual y reproductiva.

15 y 20) "Fiesta del cordero pesado"

- Por moción del señor Senador Penadés, el Senado declara su urgente consideración.

- Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) Solicitud de Acuerdo del Poder Ejecutivo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de Arabia Saudita al Señor Rodolfo Invernizzi.

- Por moción de la señora Senadora Xavier, el Senado declara su  urgente consideración.

- Concedida.

19 y 21) "Profesor Homero Gabarrot"

- Proyecto de Ley por el que se designa con su nombre la Plaza de Deportes de la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia.

- Por moción de la señora Senadora Percovich, el Senado declara su urgente consideración.

- Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

22) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 19 de octubre de 2007.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo martes 23 de octubre, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

- Discusión única del proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se crean normas para el repoblamiento de la campaña.

Carp. Nº 182/05 - Rep. Nº 542/07 y Anexo I

 Claudia Palacio Prosecretaria - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Alfie, Amaro, Antía, Baráibar, Bentancor, Breccia, Campanella, Camy, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Fernández Huidobro, Gallinal, Heber, Lapaz, Larrañaga, Long, López, Michelini, Moreira, Penadés, Percovich, Sanguinetti, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Abreu, Korzeniak, Lara Gilene y, con aviso, los señores Senadores Cid, Lorier y Ríos.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 12 minutos)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina Mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se designa al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, con el nombre de ‘Coronel Médico Dr. Fermín Ferreira’, a partir del 14 de diciembre de 2007.

A LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL

El Poder Ejecutivo comunica:

- resolución por la cual se designan en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en calidad de Presidente, al doctor Baltasar José María Aguilar Fleitas, en calidad de Vicepresidente, al contador Oscar Daniel Gestido do Canto y al doctor Martín Javier Dersarkisián Apelián, en calidad de vocal.

- TENGASE PRESENTE.

- la promulgación del proyecto de ley por el que se otorgan fondos a la Corte Electoral para solventar los gastos e inversiones que demande la organización y celebración de las elecciones de autoridades de la Universidad de la República, a realizarse el 31 de octubre de 2007.

- AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVESE.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se designa ‘Bernardino Correa Paiva’ la Escuela Rural Nº 50 de Sarandí de Arapey, departamento de Salto, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa ‘Simón Bolívar’ la Escuela Nº 10 de Los Arrayanes, departamento de Río Negro, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa ‘Maestra Micaela Drovandi’ el Liceo de José Enrique Rodó, departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa ‘Calabria’ la Escuela Nº 139 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa ‘República Italiana’ la Escuela Nº 90 del departamento de Rocha, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa ‘Maestro Jesualdo Sosa’ la Escuela Nº 329 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa ‘Evaristo Álvarez’ la Escuela Rural Nº 80, Campo de Todos, ubicada en Laureles, departamento de Salto, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

- por el que se modifica el artículo 17 de la Ley Nº 7.912, de 22 de octubre de 1925, referido a la proclamación de suplentes de los señores Legisladores.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

- y en nueva forma:

- por el que se designa ‘República de Croacia’ la Escuela Nº 275 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

- y comunica:

- que ha aceptado las modificaciones introducidas al proyecto de ley por el que se consagra la responsabilidad funcional de los miembros de los órganos de control interno de sociedades anónimas designados por el Estado, un Ente Autónomo o un Servicio Descentralizado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001.

- que ha sancionado el proyecto de ley por el que se modifica el artículo 105 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, que incluye en el cómputo bonificado de servicios al Personal Superior y Subalterno del Ministerio de Defensa Nacional que desempeña tareas de riesgo.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

- y remite nota:

- adjuntando copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante Jaime Mario Trobo relacionadas con la denuncia de represión de que han sido objeto ciudadanos y ciudadanas cubanos opositores y disidentes en la República de Cuba.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- adjuntando la exposición escrita  presentada por el señor Representante Jaime  Mario  Trobo  relacionada  con  los  Juegos Mundiales de Verano-Olimpíadas Especiales que se desarrollaron en la ciudad de Shanghai, República Popular China, entre el 2 y el 12 de octubre de 2007.

- A LA COMISION ESPECIAL DE DEPORTE.

La Suprema Corte de Justicia remite Mensaje Nº 66/07, al que adjunta oficio Nº 2735 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 3º Turno, en autos caratulados ‘MUJICA BENOIT, GONZALO FERNANDO - DENUNCIA - MI-CHELINI RAFAEL - ANTECEDENTES’ Ficha Nº 2-25109/07, solicitando se conceda autorización para proceder de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114 de la Constitución de la República.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

La Comisión de Transporte y Obras Públicas eleva informado un proyecto de ley por el que se designa al tramo de la Ruta Nacional Nº 16 entre la ciudad de Castillos y el entronque con la Ruta Nacional Nº 14 ‘Brigadier General Venancio Flores’.

La Comisión de Hacienda eleva informados los siguientes  proyectos de ley:

- por el que se autoriza a la Intendencia Municipal de Montevideo a convocar a una Licitación Pública Internacional cuyo objeto incluya la concesión de la gestión de la Sala de Juegos del Casino Municipal que funciona en el Hotel Casino Carrasco.

- por el que se crean normas para atender la problemática de la usura.

- REPARTANSE E INCLUYANSE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION ORDINARIA.

La Junta Departamental de Lavalleja remite Oficio Nº 353/07 al que adjunta las palabras expresadas en Sala por el señor Edil Alfredo Villalba referidas a la  Ley Nº 17.897, de 14 de setiembre de 2005, artículo 14 ‘De Humanización del Sistema Penitenciario’.

La Junta Departamental de Flores remite Oficio Nº 945/07 adjuntando planteamiento formulado por el señor Edil Darío Camirotti relacionado con el otorgamiento de un sueldo a las personas con enfermedades terminales de bajos recursos.

- TENGANSE PRESENTES.

Y remite Oficio Nº 875/07 por el que comunica el apoyo de esta Junta al planteamiento formulado por el señor Edil Joselo Hernández de la Junta Departamental de Canelones, relacionado con la necesidad de que los coches que cubren líneas interdepartamentales cuenten con gabinetes higiénicos.

- A LA COMISION DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

La Junta Departamental de Maldonado remite:

- Oficio Nº 671/07 adjuntando las palabras vertidas por el señor Edil Eugenio Pimienta, relacionadas con hechos de violencia que sucedieron en el Liceo Nº 2 de la ciudad de San Carlos.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

- Oficio Nº 672/07 adjuntando las palabras vertidas por la señora Edila  Marilín Moreira, relacionadas con su preocupación ante la demora en la sanción de dos proyectos de ley tendientes a lograr mejoras en las condiciones de trabajo de quienes se desempeñan en forma zafral en directa dependencia con turistas de la zona.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL."

4) PROYECTO DE COMUNICACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto de comunicación.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Eber Da Rosa presenta, con exposición de motivos, un proyecto de comunicación a efectos de solicitar se conceda una pensión graciable al doctor Eduardo Paysée González."

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

(Texto del proyecto de comunicación presentado:)

 "Montevideo, 10 de octubre de 2007.

SEÑOR PRESIDENTE DEL

SENADO DE LA REPUBLICA

DON RODOFO NIN NOVOA.

PRESENTE.

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito se de curso con destino al Poder Ejecutivo el siguiente Proyecto de Comunicación, por los fundamentos  que  expongo:

PROYECTO DE COMUNICACION

De acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República, Artículos 85, Numeral 13; 86 y 111 y los requisitos establecidos por la Ley No. 16.301, referidos a Pensiones Graciables y Compensaciones Pecuniarias, es aspiración del suscrito que el Poder Ejecutivo - de acuerdo a su competencia privativa - eleve al Poder Legislativo un Proyecto de Ley en el que se establezca una Pensión Graciable al Doctor Eduardo Paysée González.

Motiva el presente planteo las dificultades que viene atravesando este destacado ciudadano uruguayo, que percibiendo una pequeña jubilación de Caja Civil como Defensor de Oficio, y más allá de sus títulos y honores  recibidos en su importante trayectoria, como consecuencia de su forzado alejamiento del país no pudo alcanzar los años pertinentes para obtener una jubilación profesional acorde a sus esfuerzos.

Eduardo Paysée González nació en la ciudad  de Montevideo en el año 1928, graduándose en la Universidad de la República como Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ejerciendo su profesión en forma activa. Ocupó importantes cargos en el Poder Judicial, al mismo tiempo participó de manera intensa en política y en el periodismo. Entre 1980 y 1990 residió en la ciudad de México, siendo funcionario del Servicio Exterior desde 1986 hasta 1990, allí escribió la primera edición de Páginas Abiertas - Carlos Gardel y recibió la distinción de miembro de la ‘Legión de Honor’ de Méxi-co, distinción ésta recibida por las tareas humanitarias en ocasión de los sismos ocurridos en ese país en el año 1985.

Fue redactor del Semanario Civismo (1954-1956). Corresponsal en misiones en el extranjero de El Bien Público (1955-1959). Jefe de Redacción y Redactor Político de El Ciudadano (1958-1960). Fundador y Director de la Re-

vista Política (1960-1961). Cronista Parlamentario y Editorialista del diario ‘Época’ (1962-1964). Corresponsal en Montevideo (1963-1964). Director de la Agencia Interna-cional de Noticias ‘Interpress - Service’ (1965-1967). Re-dactor Político y Colaborador en el Semanario Marcha (1959 - 1969). Fundador y Director del diario De Frente (1969 - 1970).

Ha publicado infinidad de trabajos sobre temas jurídicos, políticos y religiosos:

Policía y Justicia, La Reforma del Código Penal (1955).

Disyuntiva de la Democracia Cristiana. Ensayo en Libro de Autores varios.

‘Prólogo: Carlos Real de Azúa’. Editorial Sandino  (1964).

Nueva Iglesia, Nueva Política. La Iglesia Católica en América Latina, con otros autores. (1968).

Las Democracias Cristianas - Análisis Crítico. Confesionalismo, ideología y  revolución, con varios autores. Editorial Sandino (1968).

Editoriales de Extra. Una lucha por la libertad de prensa. Ediciones Políticas (1968).

Carlos Gardel - Páginas Abiertas. Prometeo (1990).

Carlos Gardel - Páginas Abiertas 2da. Edición (1993) y 3era. Edición (2005).

 Por su reivindicación del Carlos Gardel oriental, fue designado Socio Honorario de la Academia del Tango de la República Oriental del Uruguay.       

Saluda atentamente,

Dr. Eber da Rosa Vázquez. Senador".

5) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Alfie presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa al Centro Departamental de Salud Pública (ASSE) del departamento de Artigas, con el nombre ‘Doctor Luis Eduardo Juan’."

- A LA COMISIÓN DE SALUD PUBLICA.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"PROYECTO DE LEY

Artículo único.-  Desígnase al Centro Departamental de Salud Pública (ASSE) del departamento de Artigas, con el nombre ‘Doctor Luis Eduardo Juan’. 

Montevideo, 17 de octubre de 2007.

Isaac Alfie. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El adjunto proyecto de ley, tiene el objetivo de plasmar el justo y merecido homenaje que los artiguenses desean tributarle al doctor Luis Eduardo Juan, quien fuera uno de los más importantes referentes políticos, sociales y morales que tuvo el departamento de Artigas en el último siglo.

Este mismo proyecto de ley había obtenido media sanción en la legislatura pasada, por lo que no es iniciativa de quien suscribe sino del entonces Diputado Rudi Paiva.

Imagen del uruguayo medio, forjado en la lucha cotidiana, "el Toto", como primero le decían sus amigos y después todos los artiguenses, se hizo médico, emprendiendo luego una vida dedicada casi exclusivamente a la atención de sus coterráneos de menores recursos, tanto en el hospital como en las policlínicas de todo el departamento.

Su permanente contacto con los barrios y su gente, fruto del ejercicio de su pasión por la medicina, lo marcó muy hondamente y sin duda que extrajo de él la mayor parte de sus inquietudes sociales y el más profundo sentido de la solidaridad.

Cabe agregar, para delinear una rápida pero incompleta semblanza de su personalidad, su honestidad y sentido del trabajo en ayuda de su gente a toda prueba, traducida en largos años de militancia política y su fallecimiento en el mismo medio de escasos recursos del que surgió.

Fiel representante del verdadero Batllismo, supo ser Diputado y dos veces Intendente, enfrentándose muchas veces a la intransigencia y la incomprensión, en oportunidades desde la capital del país que no comprendía la cultura de su gente. Pero, aun sufriéndolas profundamente, tuvo siempre el coraje de luchar por lo que creía mejor para su pueblo y para su gente, lo que le valió el ingreso en la mejor historia del departamento de Artigas.

Montevideo, 17 de octubre de 2007.

Isaac Alfil. Senador."

6) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador  Ríos solicita licencia  los días 6 y 7 de noviembre."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 17 de octubre de 2007. 

Presidente de la

Cámara de Senadores

Sr. Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo se me otorgue licencia por los días 6 y 7 de noviembre, de conformidad con la Ley Nº 17.827, Artículo 1º, literal C), que establece la causal ‘misión oficial’.

Deberé viajar, en mi condición de Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos e Institucionales perteneciente al Parlamento del MERCOSUR a realizarse en la ciudad de Buenos Aires. Asimismo solicito se cite a mi suplente respectivo.

Adjunto a la presente la copia de la carta convocatoria y la agenda de la reunión.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente

Dr. Eduardo Ríos. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica al Cuerpo que el señor León Lev ha presentado nota de desistimiento informando que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto, por lo que se solicitará a la Corte Electoral la proclamación de quien correspondiere.

8) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador  Abreu solicita licencia por el día de la fecha."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 23 deoctubre de 2007. 

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

D. Rodolfo Nin Novoa

Presente

Señor Presidente:

Al amparo del inciso 2º del artículo 1º de Ley Nº 10.618 en la redacción dada por la Ley Nº 17.827 -ausencias por impedimientos basadas en motivos personales-, solicito al cuerpo autorización para hacer uso de licencia por el día de la fecha, con la correspondiente convocatoria de suplente.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente con mi más alta consideración.

Sergio Abreu. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se invita a pasar a Sala al señor Carlos Camy, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador  Baráibar solicita licencia  los días 29, 30 y 31 de octubre."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 23 de octubre de 2007. 

Sr. Presidente del Senado

Don RODOLFO NIN NOVOA

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo se me otorgue licencia los días 29, 30 y 31 de octubre y se convoque a mi suplente correspondiente, de conformidad con la Ley Nº 17.827, Artículo 1º, literal D), que establece la causal ‘ausencia del país en virtud de obligaciones notorias, cuyo cumplimiento sea de interés público, inherentes a su in-vestidura académica o representación política’ del Legislador.

Motiva la solicitud mi participación en la reunión de la comisión mixta que analizará las posibilidades de integración de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA) y el Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA) que se llevará a cabo en Quebec, Canadá, el 28 y 29 de octubre, de acuerdo al programa que se adjunta y la fundamentación que consta en la carta que nos remitiera el presidente de la COPA, Senador  Carlos Jiménez Macías, la que también se adjunta.

Sin otro particular, le  saluda muy atentamente

Carlos Baráibar. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

9) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica al Cuerpo que el señor Enrique Pintado  ha presentado nota de desistimiento, por lo que oportunamente se convocará al señor Milton Antognazza, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

10) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Lara Gilene solicita licencia por el día de la fecha."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 23 de  octubre de 2007

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración

Por intermedio de la presente, me dirijo a Ud. para solicitar licencia, por motivos personales, para el día de la fecha.

Sin más, saluda a Ud. muy atentamente.

Julio C. Lara Gilene. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.-  Se comunica al Cuerpo que el señor Jorge Romero ha presentado nota de desistimiento informando que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto, por lo que se invita a pasar a Sala al señor Walter Campanella, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

12) REPOBLAMIENTO DE LA CAMPAÑA

SEÑOR PRESIDENTE.- La Cámara de Senadores ha sido citada en sesión extraordinaria para considerar el siguiente Orden del Día: "Discusión única del proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se crean normas para el repoblamiento de la campaña. (Carp. Nº 182/05 - Rep. Nº 542/07 y Anexo I)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 182/05

Rep. N° 542/07

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Las tierras de propiedad del Estado, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y organismos públicos en general, que por su ubicación, superficie y características agrológicas resulten económicamente apropiadas para la formación de colonias, de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 11.029, de 12 de enero de 1948, y que no estén afectadas a destinos específicos conforme con el principio de especialidad del organismo respectivo, tendrán prioridad para ser colonizadas.

A tal fin, las precitadas personas públicas, en un plazo de noventa días contados desde la promulgación de la presente ley, deberán ceder la administración o transferir la propiedad de dichas tierras al Instituto Nacional de Colonización, cualquiera sea su estado de ocupación, uso de la tierra o situación contractual.

Los importes que el Ente perciba por la ocupación de esos inmuebles serán volcados a los organismos propietarios, una vez deducidos los gastos y comisiones, que no podrán exceder el 10% (diez por ciento) de los mismos.

Artículo 2°.- Derógase el artículo 324 de la Ley  N° 15.809, de 8 de abril de 1986.

Artículo 3°.- En un plazo de un año a partir de la promulgación de la presente ley el Instituto Nacional de Colonización procederá a vender toda fracción que, por sus características, no atienda la acción colonizadora tal cual está establecida en la Ley N° 11.029, de 12 de enero de 1948.

Artículo 4°.- Toda vez que a solicitud de un colono propietario y cumplidos los extremos requeridos en el artícu-lo 70 en la redacción dada por el artículo 15 de la presente ley, y en los artículos 73 y 146 de la Ley N° 11.029, de 12 de enero de 1948, se declare desafectada o salida de administración una fracción de Colonización, el interesado deberá abonar al Instituto Nacional de Colonización el 10% (diez por ciento) del valor de tasación actual del campo.

Artículo 5°.- Facúltase al Instituto Nacional de Colonización a ofrecer en venta a plazo a los colonos las fracciones que ocupan, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

A) Tengan más de cinco años como arrendatarios.

B) El informe técnico demuestre que tienen posibilidades reales de acceder al plan de ventas.

De cumplirse las condiciones, la negativa de compra por parte del colono habilitará al Directorio con el voto conforme de cuatro de sus integrantes, a fijar una nueva renta superior a la actual y similar a la del mercado.

Artículo 6°.- El Instituto Nacional de Colonización promoverá con la anuencia del Poder Ejecutivo la creación de fideicomisos u otros procedimientos, con el objetivo de obtener fondos para la compra de tierras. Asimismo, facúltase a la securitización de sus ingresos.

Artículo 7°.- La Comisión Honoraria pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre dará prioridad a la incorporación de viviendas y de unidades productivas en las nuevas colonias que se instalen en el marco de la presente ley, así como en las colonias e inmuebles existentes que carezcan de vivienda decorosa.

Artículo 8°.- La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas realizará las obras de electrificación rural necesarias para abastecer a las nuevas colonias que se instalen, así como a las existentes.

Artículo 9°.- El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca apoyará, con los proyectos que se encuentren en ejecución bajo su responsabilidad, el desarrollo de las nuevas colonias.

Artículo 10.- El Instituto Nacional de Colonización coordinará con las Intendencias Municipales o con los organismos competentes del Gobierno Nacional, según se trate de planes u obras de jurisdicción departamental o nacional, todo lo referente a la planificación, financiación y ejecución de la caminería y de las obras necesarias para dar fácil acceso a los predios colonizados, priorizando las regiones de menor desarrollo y con menor densidad poblacional.

Artículo 11.- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto coordinará a solicitud del Instituto Nacional de Colonización las acciones que permitan la prestación efectiva de servicios de salud, transporte, educación y telefonía.

Artículo 12.- Dentro de los ciento ochenta días de promulgada la presente ley, se creará en cada departamento un Consejo Consultivo de Colonización, en el marco de los Consejos Agropecuarios, creados por la Ley N° 18.126, de 12 de mayo de 2007.

Los citados Consejos cumplirán funciones de asesoramiento y apoyo, coordinando además las acciones con centros de investigación, mesas de colonos, instituciones de enseñanza y otras entidades con influencia en cada zona, que sean necesarias a los efectos del plan de redoblamiento.

Artículo 13.- Las adjudicaciones de fracciones se realizarán siguiendo lo preceptuado en los artículos 59 y 60 de la Ley N° 11.029, de 12 de enero de 1948, estableciéndose que a los fines de la presente ley se deberá dar especial prioridad a las familias integradas por personas jóvenes y con niños en edad escolar así como a los pequeños productores organizados, trabajando en grupo, que ya estén realizando explotaciones asociativas de la tierra, que exploten áreas insuficientes y/o con tenencias precarias.

Artículo 14.- Deróganse los artículos 10 y 34 de la Ley N° 11.029, de 12 de enero de 1948.

Artículo 15.- Sustitúyense los artículos 28, 35, 70, 71 y 101 de la Ley N° 11.029, de 12 de enero de 1948, por los siguientes:

"ARTICULO 28.- Antes de comprar, expropiar o tomar en arrendamiento o en administración, la tierra a colonizarse, se procederá por parte de los servicios del Instituto Nacional de Colonización (INC) a la tasación del inmueble y al estudio de la posibilidad de una explotación económica regular de la misma que justifiquen la operación, teniendo en cuenta que el predio se encuentre situado en zonas donde los costos de producción y distribución sean económicamente viables, y que el plan de cultivos o crianzas responda a posibilidades de or-den natural y técnico, y a una demanda normal o previsible de sus producciones en los mercados interno y externo.

No será de aplicación el Decreto-Ley N° 14.982, de 24 de diciembre de 1979, en las enajenaciones en que intervenga el INC como comprador o vendedor".

"ARTICULO 35.- Todo propietario, antes de enajenar un campo de una extensión igual o superior al equivalente a 500 hectáreas de índice de productividad CONEAT 100 está obligado a ofrecerlo, en primer término al Instituto Nacional de Colonización (INC), el que tendrá preferencia para la compra por igual valor y plazo de pago.

Asimismo, en toda transacción mayor a 1.500 hectáreas CONEAT 100, el INC podrá optar por comprar hasta un 20% (veinte por ciento) del campo, el que deberá ser en una sola fracción cuyo índice CONEAT sea similar al promedio del índice CONEAT total involucrado en la operación original, no pudiendo la diferencia entre ambos índices CONEAT ser mayor a un 10% (diez por ciento). Si fuere necesario proceder a un fraccionamiento para esta operación los gastos correrán por cuenta del INC. A las fracciones así obtenidas por el INC sólo accederán empleados de explotaciones agropecuarias o grupos de éstos.

La obligación preceptuada por el inciso primero regirá también en el caso de enajenaciones forzosas y en aquellas en las cuales la contraprestación del adquirente consista total o parcialmente en la entrega de acciones, valores, u otros bienes, muebles o inmuebles.

El ofrecimiento no podrá condicionarse o ligarse a otras operaciones tales como la compra de semovientes, útiles, herramientas u otros bienes; y, en todos los casos, deberá consignarse el precio que se hubiere pactado o, en su caso, estimar en moneda nacional el valor que la parte vendedora asigna a la contraprestación del adquirente, estimación que no podrá superar el valor real fijado al inmueble por la Dirección Nacional de Catastro, y que representará la suma mediante la cual el INC podrá adquirirlo.

No regirá con respecto al Ente, la necesidad de seña de especie alguna como garantía de ejecución del contrato que se hubiere podido pactar.

El propietario que, con posterioridad a la vigencia de esta ley, haya fraccionado un campo que reúna alguna de las condiciones establecidas en el inciso primero deberá, asimismo, ofrecer previamente al INC cada una de las parcelas que proyecta enajenar, aunque aisladamente consideradas no alcancen el mínimo de superficie indicado en el inciso primero.

Los ofrecimientos a que se refiere este artículo deberán presentarse en la Sede Central del INC o en cualquiera de sus oficinas regionales y se ajustarán a los requisitos formales que establezca la reglamentación que se dicte en la materia.

El INC dispondrá de un plazo máximo de veinte días hábiles para expedirse acerca de si acepta o no la oferta, transcurrido el cual sin que se expediere, se entenderá que no hay aceptación.

Aceptada la oferta, caducarán automáticamente las promesas de compraventa preexistentes respecto al o a los padrones objeto de la operación, procediendo los Registros Públicos a cancelar las inscripciones que de aquellas existieren, a simple solicitud del INC.

La falta de cumplimiento de la parte enajenante de las obligaciones impuestas por este artículo, determinará la nulidad absoluta del negocio jurídico, la que operará de pleno derecho.

Sin perjuicio de ello, el enajenante será responsable del pago de una multa equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del valor real íntegro fijado por la Dirección Nacional de Catastro, para el o cada uno de los predios comprendidos en la operación.

Serán subsidiariamente responsables las demás partes del negocio jurídico, así como el escribano que otorgare la documentación que se va a inscribir en el respectivo registro, y el profesional rematador en caso en que se haga efectivo un remate.

Dicha multa será exigible por el INC y el importe de la misma ingresará al capital de éste".

"ARTICULO 70.- La propiedad, uso o goce de las parcelas que formen las colonias estarán afectados a los fines de interés colectivo que por esta ley se promueven.

Toda enajenación, gravamen o subdivisión, o la cesión en cualquier forma de disfrute, debe hacerse con la autorización previa del Instituto Nacional de Colonización (INC) aun en el caso en que el colono haya satisfecho íntegramente sus obligaciones y cualquiera fuere la procedencia dominial de las fracciones a que refieran, aun las provenientes del Banco Hipotecario del Uruguay, escrituradas o no.

El INC se opondrá a cualesquiera de estas operaciones cuando entienda que contrarían el principio establecido en el inciso primero de este artículo, siendo nulos de pleno derecho toda enajenación, gravamen o subdivisión, o la cesión en cualquier forma de disfrute relativa al predio, voluntaria o forzosa, que se realice sin el consentimiento de aquél.

Los Registros respectivos no inscribirán negocio alguno que no cuente con la constancia de haberse otorgado por parte del INC, la autorización respectiva.

El Directorio del INC podrá acceder a estas operaciones aunque ellas no se ajusten al principio enunciado, en casos excepcionales y por resolución fundada, adoptada por un mínimo de cuatro votos conformes. Asimismo, podrá exigir al colono la realización de un llamado público a interesados, previo a la enajenación o a la cesión en cualquier forma de disfrute del predio afectado a los fines de interés colectivos promovidos por esta ley.

Establécese un término de doce meses, a partir de la promulgación de esta ley, a efectos de que los propietarios de fracciones que formen las colonias afectadas al INC registren en este último sus títulos de propiedad, que se hallaren en infracción de lo preceptuado por el presente artículo, en la forma y condiciones que establecerá la reglamentación a dictarse. Registrados los títulos de propiedad, quedarán convalidadas ipso jure todas las nulidades que inficcionen a los contratos celebrados sin la autorización previa del INC.

Vencido el término de doce meses establecido se seguirá requiriendo en todos los casos la autorización previa del Directorio del INC para la celebración de toda enajenación voluntaria o forzosa, gravamen o subdivisión o la cesión en cualquier forma de disfrute, referida en el presente artículo, cualquiera fuere la procedencia dominial de las fracciones a que refieran.

Vencido el término de doce meses, a quien pretenda realizar la regularización, el INC aplicará una multa equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del valor real fijado por la Dirección Nacional de Catastro, sin perjuicio de hacer responsables solidaria e indistintamente a los profesionales intervinientes en el negocio.

Cumplidos veinticuatro meses desde la vigencia de la presente ley, la falta de cumplimiento de la obligación impuesta por este artículo, determinará el retorno del bien, sin derecho a indemnización de especie alguna, al patrimonio del INC".

"ARTICULO 71.- La adjudicación de tierras en propiedad que el Instituto Nacional de Colonización realice, se hará en el bien entendido de que podrán ser expropiadas en cualquier tiempo y contra cualquier propietario, cuando la tierra subdividida se concentre de nuevo o se sub-divida en forma excesiva, o se deje de explotar o se explote en forma que desvirtúe el objeto de la colonización".

"ARTICULO 71.1.- El colono que arriende o subarriende un predio afectado a la ley, sin la autorización administrativa previa de precepto, o que lo explote en forma que desvirtúe el objeto de la colonización, previa intimación al cese del incumplimiento, será pasible de una multa equivalente al 20% (veinte por ciento) del valor real del inmueble establecido por la Dirección Nacional de Catastro".

"ARTICULO 101.- El Instituto Nacional de Colonización (INC) podrá rescindir unilateralmente los compromisos contraídos cuando el colono arrendatario, aparcero o promitente comprador incurriere en una de las siguientes situaciones:

A) Dejare de pagar dos anualidades vencidas.

B) No se ajustare a las normas de la explotación dispuesta, según se trate de colonización orientada, condicionada, dirigida o similares.

C) Fuere causa de perturbaciones o desórdenes en la colonia.

D) Se dedicare a explotar otro u otros predios no adjudicados por el INC o se dedicare a cualquier actividad en menoscabo de la explotación del que le haya sido adjudicado.

Declarada la rescisión por el INC y notificada administrativa o judicialmente, previa inspección y evaluación de las mejoras autorizadas incorporadas, el colono deberá efectuar la entrega inmediata del predio, sin perjuicio de la deducción de los recursos administrativos previstos en el artículo 317 de la Constitución de la República y la ulterior acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En caso de no desocupar voluntariamente el inmueble, el INC podrá demandar judicialmente su libre disponibilidad deduciendo la acción de entrega de la cosa prevista en el artículo 364 del Código General del Proceso, según el procedimiento monitorio previsto por los artículos 354 a 360 del mismo; debiendo el magistrado actuante rechazar in limine toda excepción que no sea la excepción de pago. El proceso de entrega de la cosa se aplicará igualmente para desocupar los inmuebles en los casos de rescisiones dispuestas por el INC respecto de los contratos de disfrute precario celebrados de conformidad con el artículo 136 de la presente ley. Serán competentes para entender en los respectivos juicios, según la cuantía del asunto, los Jueces de Paz o los Jueces Letrados de Primera Instancia del lugar en que esté ubicado el inmueble, a que se hace referencia en la Ley N° 15.750, de 24 de junio de 1985.

Siempre que el colono entregue voluntariamente la fracción que ocupa -se haya declarado o no la rescisión del contrato de arrendamiento- el INC procederá por medio de sus servicios a la tasación de las mejoras incorporadas notificando al colono del monto establecido como valor de aquéllas. Este monto será reliquidado al momento en que el INC esté en posesión del predio".

Artículo 16.- Facúltase al Instituto Nacional de Colonización a cobrar una multa de hasta el 100% (cien por ciento) del valor de la renta, a aquel colono que incurra en uno o más incumplimientos a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley N° 11.029, de 12 de enero de 1948.

Artículo 17.- El Instituto Nacional de Colonización tendrá acción ejecutiva para el cobro de los créditos emanados de la aplicación de multas y demás sanciones pecuniarias dispuestas en el ámbito de sus competencias. A tales efectos constituirán títulos ejecutivos los testimonios de las resoluciones firmes de las que surja el crédito, siendo de aplicación en lo pertinente lo dispuesto en el Capítulo cuatro del Código Tributario.

Artículo 18.- Autorízase al Instituto Nacional de Colonización a cobrar precios por los servicios comprendidos en su giro, que brinde a los colonos, administrados o a organismos públicos en general.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 12 de setiembre de 2007.

Tabaré Hackenbruch Legnani

1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario.

Comisión de Ganadería,

Agricultura y Pesca

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes aconseja al Plenario la aprobación del proyecto de ley adjunto, por el que se fijan normas para el repoblamiento de la campaña.

El proceso continuo de despoblamiento es uno de los hechos sociales más significativos en el medio rural. La emigración del campo a la ciudad se ha visto profundizada y estamos siendo espectadores de la desintegración del tejido social.

Hay quienes emigran voluntariamente del campo a la ciudad, pero hay muchos ciudadanos que son expulsados del medio rural por carecer de las mínimas condiciones de subsistencia. Es obligación del Estado generar políticas que produzcan un retorno progresivo de la ciudad al campo dándole oportunidades a la pequeña y mediana producción, en el entendido que es fundamental para recomponer el entramado social posibilitando así su inserción cultural y económica.

Tenemos la obligación de darle a los ciudadanos estructuras legales que permitan su plena inclusión social. El trabajo, en tanto función social, nos exige garantizar el derecho al trabajo del hombre; es una obligación que el Estado no puede eludir. Es así que el propósito de este proyecto de ley es otorgarle al Instituto Nacional de Colonización una herramienta actualizada para que disponga de las tierras necesarias para el mejor desarrollo de una política de asentamiento de la familia en el medio rural. De esta forma estaremos retomando los ejes del pensamiento artiguista; pensamiento plasmado en el Reglamento Provisorio de Tierras firmado el 10 de setiembre de 1815, cuyo espíritu fue el de dar una respuesta política, económica y social a favor de los sectores más castigados por el régimen colonial.

Dicho reglamento garantizó el derecho al trabajo del hombre. Sostenía que el hombre por vivir en sociedad debe realizar tareas que sean de beneficio para toda la colectividad que integra, y por lo tanto, deba realizar tareas económicamente útiles, poniendo el trabajo al servicio del "afianzamiento económico-social de la Nación". Valores con vigencia permanente y que no cambiaron en el transcurso del tiempo.

Como antecedentes históricos, que reafirman lo expresado, tenemos también en el Siglo XIX, en la década del 50, la fundación de la Colonia Valdense y la Colonia Nueva Helvecia, ambas provocaron un fuerte impacto socioeconómico.

A comienzos del Siglo XX, se crea el Banco Hipotecario del Uruguay con un Departamento de Colonización que da origen a la Colonia Ros de Ogler en Paysandú.

El 12 de enero de 1948 se promulga la Ley N° 11.029, que da origen al Instituto Nacional de Colonización que comienza con las tierras que tenía el Banco Hipotecario del Uruguay en su Departamento de Colonización.

Profundizando en los dos hechos separados ciento treinta y tres años entre sí (Reglamento de Tierras y Ley N° 11.029) tienen dos cosas en común: sostienen el espíritu del manejo de la tierra apuntando a la creación de herramientas para su buen uso, generando beneficios tanto productivos como sociales y son un instrumento en sí mismos que sientan las bases de solidaridad y trabajo entre los sectores de la población que siempre tuvieron menos posibilidades.

Se introducen modificaciones que justifica decir que este Cuerpo está entregando a la sociedad una herramienta actualizada, la Ley N° 11.029, derogándose los artículos 10 y 34 (cuyas atribuciones se incorporan con otra redacción en el presente articulado) y se modifican los artículos 28, 35, 70, 71 y 101.

Es importante reparar especialmente en la modificación del artículo 35 ya que exige que antes de enajenar un campo de 500 hectáreas (la Ley N° 11.029, fija 1000 hectáreas) de índice CONEAT 100 debe ser ofrecido al Instituto Nacional de Colonización previéndose que si no se cumple con lo referido se determinará la nulidad del contrato y aumento de la multa.

Al dotar al Instituto de esta modificación estamos permitiendo aumentar los controles para que se cumplan los objetivos claramente definidos en el espíritu de la ley y darle seguridades a quienes deben de ser priorizados por las políticas colonizadoras.

Sala de la Comisión, 4 de setiembre de 2007.

Aníbal Pereyra, Miembro Informante; Oscar Echevarría, Carlos Maseda, Hermes Toledo Antúnez, Homero Viera, Alberto Casas, con salvedades que expondrá en Sala; Richard Charamelo, con salvedades que expondrá en Sala; Carlos Enciso Christiansen, con salvedades que expondrá en Sala; Luis Alberto Galbarini Alvarez, con salvedades que expondrá en Sala; Jorge Patrone, según lo establecido en el inciso segundo del artículo 132 del Reglamento de la Cámara de Representantes.

DISPOSICIONES CITADAS

Ley N° 11.029, de 12 de enero de 1948

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION SE CREA, DANDOSELE LA BASE Y DECLARANDOLO ENTE AUTONOMO, CON UNA CARTA ORGANICA ESPECIAL

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

I- Del concepto de colonización

Artículo 1°.- A los efectos de esta ley, por colonización se entiende el conjunto de medidas a adoptarse de acuerdo con ella para promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la radicación y bienestar del trabajador rural.

II- De la creación, dirección y cometidos del Instituto

Artículo 2°.- Créase el Instituto Nacional de Colonización sobre la base de la actual Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay. Dicho Instituto funcionará como ente autónomo, con personería jurídica capaz de todos los derechos y obligaciones que establecen la presente y demás leyes de la Nación. Su domicilio legal y principal asiento será la ciudad de Montevideo, sin perjuicio del de las agencias que se instalen.

Artículo 3°.- El Instituto Nacional de Colonización será dirigido y administrado por un Directorio de cinco miembros, elegidos entre personas de reconocida capacidad en la materia.

En la composición del Directorio se contemplará la representación técnica y de los productores de acuerdo con la ley que se dicte de conformidad con el apartado segundo del artículo 180 de la Constitución de la República.

Artículo 4°.- Los Directores gozarán de una compensación equivalente a la que perciban el Presidente, Vicepresidente y demás miembros del Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay.

Artículo 5°.- Las relaciones del Instituto con el Poder Ejecutivo se cumplirán por intermedio del Ministerio de Ganadería y Agricultura.

La representación del Instituto en los contratos que realice será ejercida por el Presidente juntamente con el Gerente General.

Artículo 6°.- El Instituto Nacional de Colonización tendrá por cometidos y funciones los que esta ley le atribuye, pudiendo realizar todos los actos y gestiones necesarios para el cumplimiento de la misma.

III- De las distintas formas de colonización

Artículo 7°.- La colonización será:

1) Según sus fines:

A) De explotación económica, cuando ella constituya el medio de vida del colono;

B) De complemento o subsidiaria, cuando se trate de una actividad agraria adicional de otra profesional o industrial;

C) De subsistencia mínima, cuando la producción provea solamente al consumo de la familia.

2) Según su destino:

A) Agrícola intensiva, cuando se trate de cultivos hortícolas, frutales, etc., o de terrenos ejidales o de regadío;

B) Agrícola extensiva, cuando se trate de la siembra de cereales oleaginosos, plantas forrajeras o industriales, etc.;

C) Agropecuaria, cuando se trate de explotaciones mixtas agrícolo-ganaderas;

D) Ganadera, cuando se trate de establecimientos dedicados a la producción pecuaria o de explotaciones preliminares en campos adquiridos para colonias, o que hubieran sido objeto de obras públicas de desecación y saneamiento; o de terrenos de antiguas colonias que haya conveniencia agrológica en retrovertir a la ganadería; o de pastoreos anexos a las colonias; o de centros de habilitación o capacitación de la población rural;

E) Agro-industrial, cuando la producción esté principalmente destinada a proveer de primeras materias a una industria establecida en la colonia o sus adyacencias;

F) Forestal, cuando se trate de terrenos erosionados o muy propensos a este fenómeno, o en los cuales se señale la necesidad de la defensa hidrográfica, o que no consientan otra forma de explotación redituable.

3) Según su régimen:

A) Individual, cuando la explotación del predio se realice por el colono y su familia, utilizando o no personal permanente o adventicio;

B) Cooperativa, cuando la explotación se realice con aplicación total o parcial de los principios de este sistema;

C) Colectiva, cuando los colonos realicen los trabajos y se distribuyan los beneficios en común, sea en conducción unida o separada.

4) Según la forma de tenencia de la tierra:

A) En propiedad, con las limitaciones que esta ley establece;

B) En arrendamiento, con precio fijo movible o progresivo, con opción de compra o promesa de compraventa, o sin ellas;

C) En aparcería, con cuota fija, variable o proporcional al producto de la explotación, con opción de compra o con promesa de compraventa, o sin ellas;

D) En enfiteusis, cuando la tierra se conceda por un plazo que exceda al del arrendamiento, o en forma vitalicia, con cargo para el enfiteuta de cultivarla y mejorarla y de pagar un canon anual fijo o variable, en metálico o en especie;

E) En disfrute precario, cuando la explotación se realice por un período de prueba.

5) Según su extensión:

A) Mínima, hasta veinticinco hectáreas (colonización agrícola intensiva, de subsistencia mínima, de regadío o ejidal);

B) Pequeña, hasta ciento veinte hectáreas de superficie apta para la labranza (colonización agrícola extensiva);

C) Mediana, hasta quinientas hectáreas (colonización agropecuaria);

D) Máxima, hasta mil hectáreas (colonización ganadera o forestal).

(Las superficies son las que pueden corresponder a cada adjudicatario. Tratándose de explotaciones cooperativas o colectivas, los límites serán los que resulten referidos a cada uno de los colonos participantes. Estos límites no rigen para las explotaciones realizadas directamente por el Instituto y deben entenderse sin perjuicio del derecho de los colonos a los pastoreos comunes).

6) Según su densidad:

A) Aislada, cuando se realice en un solo o en un escaso número de predios;

B) Nucleares, cuando se realice en una agrupación de cierto número de predios que por sus características generales, tipos de explotación y régimen de tenencia, sean susceptibles de formar un todo orgánico.

7) Según su duración.

A) Permanente, cuando las condiciones ecológicas, económicas y de población justifiquen su estabilidad;

B) Temporaria, en los casos en que haya conveniencia en su alternancia o reversión al pastoreo, o cuando la explotación por su género de producción o por razones de organización tenga un carácter transitorio o cuando se realicen contratos con los propietarios de campos para su explotación por un período determinado con la obligación de dejar al final de éste, una pradera artificial o natural mejorada.

8) Según la nacionalidad de los colonos:

A) Autóctona, cuando se haga con elementos nativos o extranjeros con más de tres años de residencia en el país;

B) Alóctona, cuando se realice con núcleos de colonos procedentes del exterior y especializados en alguna actividad agrícola o agroindustrial;

C) Mixta, cuando el número de inmigrantes no sobrepase al de los nativos o residentes que integren las colonias.

9) Según la forma de actuar el Instituto:

A) Directa, cuando se realice en tierras de propiedad del Instituto, o arredandas o transferidas a éste por cualquier concepto;

B) Por mediación, cuando se trate de inmuebles no comprendidos en el apartado anterior y el Instituto actúe como inmtermediario o concediendo créditos u otra clase de beneficios, para la compra de chacras aisladas o para la formación de colonias;

C) Por administración, cuando el Instituto la realice por cuenta de otras personas públicas o privadas;

D) Indirecta, cuando el Instituto colabore, sea con los Municipios en la formación o reconstitución de los tejidos o su mejor utilización, sea con otras reparticiones públicas en el establecimiento de colonias militares, educativas, profesionales, correccionales, etc.; sea con entidades privadas de carácter cooperativo o gremial, o sea con productores que integren núcleos agrícolas preexistentes y a los cuales el Instituto preste su asistencia en forma de orientación técnica, servicios mecánicos o de otra naturaleza.

10) Según el grado de injerencia del Instituto en la dirección de las colonias:

A) Libre, cuando el colono la realice en las condiciones inherentes a la propiedad privada, entendida ésta de conformidad con la presente ley;

B) Orientada, cuando se haga atendiendo indicaciones técnicas de orden general sobre la forma de explotación y naturaleza de los cultivos;

C) Condicionada, cuando se supedite la concesión de los créditos o el otorgamiento de otras facilidades al cumplimiento de estipulaciones respecto del destino de la tierra o una parte de ella, a su trabajo o sus frutos;

D) Dirigida, cando esté sujeta a normas generales y particulares de orden administrativo y técnico sobre la clase de explotación y cultivo y los procesos productivos y de comercialización;

E) Contratada, cuando la explotación, se realice bajo convenio de compra de la producción, o de garantía de precios, o tomando el Instituto a su cargo ciertos riesgos o eventualidades;

F) Remunerada, cuando por motivos relacionados con el carácter eventual, aleatorio o de rendimiento diferido de la explotación, o con la falta de capacitación del colono, el trabajo se realice bajo el régimen de pago de estipendios individuales o colectivos, con participación en los beneficios o sin ella.

(Por regla general la injerencia del Instituto será proporcional a su aportación económica y a la aptitud demostrada por el colono o aspirante a tal).

Artículo 8°.- Las diversas modalidades de colonización a que se refiere el artículo anterior, podrán ser objeto de traslación o combinación y constituirán fases de un proceso encaminado a asegurar la mayor independencia económica del trabajador rural, dentro de un espíritu de cooperación del Estado con éste y de dichos trabajadores entre sí, y de acuerdo con las necesidades y posibilidades económicas y sociales del país y de cada zona.

La apreciación de estas conveniencias generales y regionales, mientras no se creen el Consejo de Economía Nacional o el de Coordinación Agraria u otros organismos similares, corresponderá al Instituto Nacional de Colonización, previo dictamen de una Comisión integrada por delegados de los Poderes Públicos, de institucionales oficiales y privadas y asociaciones gremiales y de fomento.

Esta consulta será hecha con carácter general después de promulgarse esta ley, y podrá ser requerida subsiguientemente toda vez que lo soliciten el Ministerio de Ganadería y Agricultura, el propio Instituto, o las asociaciones aludidas precedentemente en petición formulada por un número importante de ellas.

Todas las circunstancias relativas a la aplicación del presente artículo, serán previstas en la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, la que podrá contemplar también la formación de Comisiones consultivas de carácter Departamental o Regional.

Artículo 9°.- El Poder Ejecutivo, por su parte, promoverá la coordinación de las funciones de los órganos del Estado o instituciones particulares cuyas actividades estén dirigidos o vinculadas al desarrollo y evolución racional de las industrias agrarias y derivadas, para la más pronta y completa obtención de los objetivos perseguidos por esta ley.

IV- De otros aspectos de los planes colonizadores

Artículo 10.- Tendrán prioridad para ser colonizadas las tierras públicas y aquéllas que los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados pongan a disposición del Instituto, siempre que por su ubicación, superficie y características agrológicas resulten económicamente apropiadas para la formación de centros de producción.

Artículo 11.- Al organizar las colonias, el Instituto implantará una de ellas cuando menos en cada Departamento del litoral e interior donde no existan, adaptando su estructura y objeto a las particularidades agrológicas, económicas y sociales de la región.

Artículo 12.- El fraccionamiento de las tierras se hará en lotes cuya superficie será apreciada considerando por un lado los diversos factores que concurran a asegurar la conveniencia económica de las explotaciones a que vayan a ser dedicados, y teniendo en cuenta sus condiciones, topográficas y composición del suelo a fin de conservar su potencial productivo, y por el otro la posibilidad de que el colono pueda realizar la mayor parte de la labor con su trabajo personal y el de su familia, con un rendimiento que les permita mejorar sus condiciones de vida y la eficiencia de la explotación.

Podrá prescindirse de estas normas, en cuanto se refiere a la superficie de las parcelas, cuando se trate de colonizaciones complementarias, remunerada o de subsistencia mínima.

Artículo 13.- En las proximidades de las colonias afectadas a la explotación cerealista extensiva, forrajera, lechera o agropecuaria, el Instituto podrá adquirir o arrendar campos para destinarlos a la cría de hacienda que luego haya de ser invernada en aquéllas, y/o al pastoreo de animales de trabajo, lecheras, etc., u otros usos colectivos.

Igual destino podrá darse a los terrenos comprendidos dentro de las colonias que -por su inaptitud para el cultivo- no justifiquen su adjudicación en parcelas.

La explotación de estos campos se hará en lo posible por los colonos organizados en cooperativas o en su defecto, bajo la administración directa del instituto.

Artículo 14.- El Instituto procurará establecer colonias para la producción de forrajes en las zonas preponderantemente dedicadas a la explotación pecuaria extensiva. A este efecto, y además de las facilidades de orden general que esta ley le autoriza a acordar, podrá servir de intermediario entre los colonos y los ganaderos para la realización de contratos de provisión y/o proporcionar a los primeros los medios de adquirir animales para el engorde.

Artículo 15.- Tratándose de colonias agro-industriales (lecheras, vinícolas, textiles, aceiteras, azucareras, etc.), y sin perjuicio de las otras medidas de fomento previstas en esta ley el Instituto, cuando exista una evidente conveniencia económica, podrá proceder a la instalación de las plantas de elaboración, por su cuenta o por cuenta los colonos, cobrando locación o fijando cuotas de amortización e intereses además de un margen razonable de previsión, según los casos.

Igualmente y con la misma finalidad, podrá realizar convenios con personas públicas o privadas.

Con referencia a las colonias lecheras, estos beneficios comprenderán también la organización de cursos de enseñanza y de servicios colectivos de sanidad, reproductores, recepción, clasificación, enfriado, transporte, etc.

En el caso de que se trate de concentraciones importantes de producción, el instituto gestionará la sanción de leyes y ordenanzas que con las garantías consiguientes, autoricen la higienización de la leche en el lugar de origen para ser destinada al consumo directo de las poblaciones.

Artículo 16.- El Instituto impulsará la explotación granjera para servir las zonas de turismo en sus necesidades de producciones hortícola, láctea, avícola, frutícola, etc., y sus derivados (manteca, dulces, miel, conservas, etc.).

Artículo 17.- El Instituto procurará que los colonos realicen actividades anexas de huerta o granja y pequeñas industrias caseras para proveer a las necesidades de la familia o para la eventual venta de los productos.

A este efecto organizará cursos prácticos de enseñanza, o requerirá la cooperación de la Universidad del Trabajo, y otros organismos públicos y acordará facilidades y estímulos, pudiendo establecer la obligatoriedad de estas explotaciones complementarias como condición de los contratos.

Artículo 18.- En las adjudicaciones de predios aunque fuera en propiedad, el Instituto podrá establecer las siguientes obligaciones:

A) De destinar, cuando se trate de explotaciones agropecuarias, hasta el 20% de la extensión de los predios al cultivo de plantas forrajeras, salvo que por la excepcionalidad de la pradera natural ello no sea necesario;

B) De conservar, poblar o repoblar forestalmente las riberas de los cursos fluviales, cuando esta defensa sea necesaria a juicio del Instituto, el cual proporcionará los árboles que sean precisos, y que el propietario del bien deberá cuidar y explotar racionalmente;

C) De no roturar los terrenos con pendiente pronunciada, con las excepciones que establezca la reglamentación.

Asimismo, el Instituto, podrá establecer la obligación de destinar, siempre que las características de los terrenos lo consientan, hasta el 40% del área a las explotaciones que se consideren indispensables al consumo o al normal desarrollo de la actividad económica del país, o al abastecimiento de productos a las plantas de elaboración organizadas de acuerdo con el artículo 15.

La necesidad de los cultivos a que se refiere el anterior apartado, será declarada por el Instituto con la aprobación del Poder Ejecutivo dada en Consejo de Ministros, estableciéndose en la misma resolución, condiciones de precios y colocación de los frutos que contemplen el interés de los productores.

Artículo 19.- El Instituto estudiará la posibilidad de desarrollar planes de colonización intensiva en los ejidos de los centros poblados, con el asesoramiento y colaboración de los gobiernos departamentales.

La financiación de estas obras podrá quedar a cargo de los Municipios o entidades locales particulares creadas al efecto (cooperativas, sociedades colectivas de acción social, etc.), a los cuales el mismo instituto podrá hacer extensivos los beneficios de la presente ley.

Artículo 20.- Aunque se trate de situaciones producidas fuera de sus colonias, el Instituto procurará, mediante permutas u otra clase de convenios, ubicar en nuevas tierras a los agricultores que no posean otros medios de vida que el trabajo de sus predios, cuando éstos sean ineptos o cuando, por una desmembración excesiva, carezcan de área suficiente para una explotación económica. A los mismos fines podrá concederles, para la adquisición de parcelas contiguas a las que actualmente cultivan, las facilidades máximas que acuerde a las otras formas de colonización.

Si la inaptitud de la parcela recibida en cambio fuese debida a la naturaleza del suelo o a su destrucción por los agentes erosivos, el instituto, antes de adjudicarla de nuevo, procederá a su rehabilitación o se asegurará de que el adjudicatario la realice.

Si la degradación de los terrenos fuese tal que no hiciese económica su recuperación para la labranza o el pastoreo, aquéllos se aplicarán a arborización u otros destinos.

El Instituto tomará igualmente a su cargo la ejecución de estas labores en los terrenos que con tal fin, el Estado o los Municipios pongan a su disposición, o en los que el Ente adquiera con los recursos que al efecto le atribuyan las leyes.

Artículo 21.- Cuando circunstancias muy especiales lo justifiquen, el Directorio podrá autorizar el arrendamiento de fracciones de un área mayor de mil hectáreas por un plazo no superior a un año.

Artículo 22.- Los interesados en los beneficios que se otorguen para la adquisición de predios aislados, deberán someter previamente un plan detallado de las explotaciones que se proponen realizar, pudiendo contar para ello con el asesoramiento del Instituto. El crédito colonizador será denegado cuando el plan propuesto no reúna las condiciones mínimas de rentabilidad o no contemple los intereses generales del país, a juicio del Instituto.

El agricultor estará obligado a ceñirse a lo dispuesto en el plan de explotación aprobado por el Ente, pudiendo éste practicar las inspecciones necesarias. Sólo se podrán modificar las disposiciones básicas del Plan, cuando mediara autorización expresa.

Artículo 23.- En las operaciones a que alude el artículo anterior, el Banco Hipotecario podrá acordar préstamos en títulos hipotecarios del 60 a 75% del valor venal de la propiedad, estándose en cuanto a la fijación de valores a las reglas generales de su Carta Orgánica. Sobre estos préstamos, el Banco no podrá cobrar más del ½% de comisión.

El Instituto Nacional de Colonización podrá completar hasta el 80% de dicho valor con un préstamo en efectivo con garantía de segunda hipoteca. En todos los casos el comprador aportará como mínimo el 20%, así como también la diferencia que pudiere resultar con relación al precio de compra.

Las propiedades objeto de estos préstamos, deberán ser aptas para la labranza y dedicadas a ella, como mínimo en un 50% de su superficie, y su valor venal no podrá ser superior a treinta y cinco mil pesos.

Los compradores deberán reunir las condiciones exigidas en esta ley y cumplir sus disposiciones so pena de que se les apliquen las sanciones que en ella se establecen.

Artículo 24.- El Instituto colaborará con las reparticiones públicas pertinentes, dentro de las colonias, en la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que establecen la obligatoriedad de la concurrencia de los niños a las escuelas, pudiendo en caso necesario organizar servicios especiales de locomoción.

Igualmente prestará esta colaboración en la aplicación de las leyes relativas a la higiene pública, a la Policía Sanitaria Animal o Vegetal, y a la Previsión y Asistencia Sociales, procurando que se aseguren buenas condiciones de vida y trabajo a los peones rurales y contemplando la posibilidad de convertirlos en productores independientes, teniendo en cuenta su buena conducta, laboriosidad y competencia.

V- De las comunidades agrarias

Artículo 25.- Aun tratándose de explotaciones privadas en cuya formación no hayan intervenido, el Instituto podrá prestar su asistencia provisional en las actuales zonas agrícolas, cuyas tierras hayan perdido o disminuido notablemente su fertilidad, a fin de lograr su recuperación.

A dicho efecto, los labradores de estas zonas podrán constituirse en comunidades agrarias (cuya forma de organización se establecerá en la reglamentación) y a las cuales el Instituto, con la colaboración de otras reparticiones del Estado, proporcionará los equipos de maquinaria para la regularización de terrenos y vertientes, saneamiento, remoción profunda del suelo, o trabajos culturales que los agricultores no puedan realizar por sus propios medios.

La concesión de estos beneficios a las comunidades agrarias estará condicionada a la obligación de realizar ciertos trabajos en común; de ordenar las explotaciones con arreglo a un plan de rotaciones adecuado; de dedicar algunas parcelas a cultivos regeneradores o a la producción de abonos verdes, y de adoptar los procedimientos técnicos conducentes a conservar o a aumentar la fertilidad del suelo.

El Instituto podrá proveer, asimismo, de abonos o substancias destinadas a la enmienda de las tierras, y conceder créditos para otros destinos vinculados a la explotación. Para el pago de estos servicios, así como el de los equipos a que hace referencia el parágrafo segundo, se acordarán plazos razonables.

VI- De la colonización con inmigrantes

Artículo 26.- El Instituto atenderá la posibilidad racional de introducir colonos del exterior, recibiendo la información correspondiente, directamente o por intermedio de las Comisiones que se crearen de acuerdo con las leyes de inmigración, y del Ministerio respectivo.

A los efectos previstos precedentemente, el Instituto podrá acordar los arreglos pertinentes con el Poder Ejecutivo, tendientes a facilitar el ingreso de colonos extranjeros que ofrecieren interés para el País.

Artículo 27.- La elección de los colonos inmigrantes se hará de acuerdo a su especialización, relacionada con la evolución de nuestras actividades agrarias, en la forma que se reglamentará. El Instituto de Colonización, podrá incluir en las colonias que establezca familias o colonos inmigrantes, siempre que su número no sobrepase al de las familias o colonos uruguayos o residentes integrantes de aquéllas.

No obstante, en casos especiales y por resolución tomada con acuerdo del Poder Ejecutivo, el Instituto podrá organizar colonias con inmigrantes seleccionados de una sola nacionalidad que constituyan núcleos especializados en determinadas actividades agrícolas o agro-industriales, dando preferencia a los elementos precedentes de aquellos países acerca de los cuales exista constancia y experiencia satisfactorias.

Estos colonos, además de reunir las condiciones exigidas por las leyes de inmigración, deberán ofrecer antecedentes que abonen la seguridad de que no habrán de ser factores de perturbación social o política.

El Instituto prestará a estos colonos especial orientación y asistencia, procurando, sin perjuicio del respeto debido a sus hábitos y creencias, su adaptación al medio y su progresiva fusión étnica y social.

VII- De la adquisición de tierras

Artículo 28.- Antes de comprar, expropiar o tomar en arrendamiento o en administración la tierra a colonizarse, se procederá al levantamiento de la carta agrológica y al estudio detenido de la posibilidad de una explotación económica regular de la misma que justifique la operación, teniendo en cuenta que el predio se encuentre situado en zonas donde los costos de producción y distribución sean económicamente viables, y que el plan de cultivos o crianzas responda a posibilidades de orden natural y técnico, y a una demanda normal o previsible de sus producciones en los mercados interno y externo.

Artículo 29.- En los casos de adjudicación de inmuebles rurales por falta de licitador, los Bancos y demás dependencias del Estado ejecutantes, deberán ofrecer los referidos bienes al Instituto, a los fines de la presente ley. Si el Ente no resolviere su adquisición dentro del plazo de sesenta días, los adjudicatarios podrán disponer de los mismos, según sus facultades.

Artículo 30.- Asimismo, los inmuebles rurales que adquiera el Banco de Seguros del Estado como consecuencia de constitución de rentas vitalicias, deberán ser ofrecidos en las mismas condiciones que prescribe el artículo anterior, por el valor que hubiera servido de base a la operación.

Artículo 31.- Los propietarios de tierras aptas para colonizar, podrán ceder éstas a perpetuidad o por un número determinado de años, mediante el pago de una pensión o en otra forma, con las garantías que se acuerden, con derecho de prórroga o no, o bien concediendo al Instituto una opción para la compra de dichos terrenos.

Artículo 32.- El Estado podrá vender en subasta pública los terrenos de su pertenencia que estén baldíos u ocupados por particulares y que por su mala ubicación o extensión insuficiente, o por cualquier otra circunstancia, no le produzcan o no le puedan producir presumiblemente beneficios económicos o sociales, e invertirá su importe en la compra de nuevas tierras que constituirán su patrimonio inalienable.

Las tierras que el Estado adquiera conforme a lo establecido en el apartado anterior, serán entregadas al Instituto y destinadas a la colonización bajo los regímenes de arrendamiento o enfiteusis, o a la organización de explotaciones modelos o de enseñanza, o bien serán afectadas a la repoblación forestal, con preferencia -en este último caso- en los terrenos denudados, médanos, bañados o pedregales.

Artículo 33.- El Ministerio de Hacienda por intermedio de la Dirección General de Catastro y Administración de Inmuebles Nacionales, procederá a la investigación de las tierras fiscales, haciendo conocer el inventario de las mismas al Instituto, al efecto de discriminar las que resultaren aptas a los fines de la presente ley. Los bienes de esta categoría que se resolviese colonizar serán transferidos al Instituto, el que procederá a su adjudicación en arrendamiento o enfiteusis.

Artículo 34.- El Instituto podrá acordar con los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y organismos públicos en general, la administración de las tierras de propiedad de éstos que sean aptas para la explotación agropecuaria, mediante convenios especiales o el pago de un tipo de interés equivalente al de la deuda pública y con las garantías inherentes a estas obligaciones del Estado.

Artículo 35.- Dentro de las zonas que se señalan por decreto del Poder Ejecutivo, todo propietario, antes de vender un campo de una extensión superior a mil hectáreas, está obligado a ofrecerlo en primer término al Instituto el que tendrá preferencia para la compra, en igualdad de condiciones.

La declaración a que se refiere el párrafo anterior, podrá ser hecha ante cualquiera de las oficinas públicas que en la reglamentación se indiquen. Estas declaraciones deberán ser comunicadas de inmediato al Instituto el que dispondrá de un plazo máximo de diez días para manifestar si se interesa o no por la adquisición.

La falta de cumplimiento por parte del vendedor, lo hará pasible de una multa equivalente al cinco por ciento del aforo fiscal íntegro.

Artículo 36.- El Instituto podrá intervenir en el sentido de gestionar la compra directa o arrendamiento de tierras de propiedad de terceros, a solicitud formulada por agrupaciones de productores, integradas por personas que reúnan los requisitos exigidos para ser colonos. En tales casos, el Ente actuará como intermediario y aun podrá responsabilizarse por el cumplimiento de las obligaciones emergentes de los contratos, en las condiciones y con las garantías que se convengan.

VIII- De la expropiación

Artículo 37.- Declárase de utilidad pública la expropiación de tierras para tomar o completar las colonias a que se refiere la presente ley, facultándose al Instituto para ejercer las acciones pertinentes, de acuerdo con las disposiciones aplicables de la Ley N° 3.958, de 28 de marzo de 1912, y del Decreto-Ley N° 10.247, de 15 de octubre de 1942.

En cada caso y antes de iniciar las acciones, el Instituto comunicará al Poder Ejecutivo la resolución adoptada y sus fundamentos. Si el Poder Ejecutivo no observara la resolución dentro de 20 días de la fecha de la comunicación, la resolución quedará firme y el Instituto podrá continuar los procedimientos. La observación significará suspensión de los procedimientos y reconsideración de lo resuelto por el Directorio del Instituto.

Artículo 38.- La facultad de expropiar tierras para destinarlas a colonización, sólo podrá ser ejercida por el Estado.

Artículo 39.- Al efecto de la expropiación de tierras, luego de considerar en primer término su aptitud para los fines y formas particulares de colonización a que sean destinadas, se tendrán en cuenta preferentemente:

A) Las tierras sin cultivo o deficientemente explotadas próximas a los centros poblados, vías de comunicación, estaciones, lugares de embarque o establecimientos industrializadores de la producción;

B) Las propiedades de mayor extensión, apreciada está en relación a su emplazamiento, productividad del suelo y modo de explotación en la fecha en que la expropiación sea decretada;

C) Las tierras, cualquiera sea su ubicación, que fueran económicamente susceptibles, de importantes transformaciones culturales;

D) Las zonas que cuenten con obras de riego o puedan ser dotadas de ellas, o en las cuales se vayan a realizar importantes mejoras hidráulicas;

E) Los terrenos excesivamente fraccionados, de área insuficiente para el sustento de una familia, siempre que exista posibilidad de obtener una reconstitución parcelaria que haga de cada predio una entidad económicamente eficaz.

La expropiación de las tierras a que se refiere el inciso D) deberá realizarse -de ser ello posible- antes de que se produzca la valorización como consecuencia de la construcción de la obra pública.

Artículo 40.- Contemplados en primer término los extremos establecidos en el artículo anterior, y en igualdad de condiciones la preferencia para las expropiaciones se determinará considerando la situación de los propietarios de las tierras, como ser: que hayan sido declarados judicialmente ausentes o incapaces que residen habitualmente fuera del país, que posean más de una finca rural, que no exploten sus predios personalmente, que los hayan recibido por donación o legado o heredado fuera del primer grado de consanguinidad, que cobren precios abusivos por los arrendamientos, u otras circunstancias de carácter antisocial.

Artículo 41.- No serán objeto de expropiación a los fines de esta ley, los inmuebles en los cuales existan establecimientos directamente explotados por sus dueños y que por su adelanto técnico e importancia económica, o por la entidad de las mejoras incorporadas al suelo, puedan considerarse ejemplares.

Sin embargo, en casos excepcionales, cuando en razón de la ubicación del predio convenga al interés general proceder a la expropiación, ésta podrá ser decretada previa ratificación del Poder Ejecutivo, prestada en Consejo de Ministros.

Artículo 42.- En los juicios de expropiación de inmuebles para colonizar, los peritos procederán a la tasación de los correspondientes valores, del modo siguiente:

A) El valor de la tierra se establecerá en base a la capitalización de la renta neta del bien, calculada en promedio en el período de tiempo inmediatamente anterior a la fecha de expropiación y no pudiendo ser dicho período menor de cinco años ni mayor de diez, y a la capitalización de la renta media de los campos de la zona -de análoga calidad- determinada en función de los precios de los arrendamientos y el precio medio obtenido en las ventas realizadas en los últimos años por predios de condiciones similares;

B) Establecerá por separado el valor de las mejoras no comprendidas en la estimación practicada con arreglo al inciso anterior, precisando el que corresponda a cada una de ellas. El Juez podrá apartarse de la tasación de los peritos siempre que considerare que de la misma deriva una situación de injusticia, pero -en tales casos- deberán expresarse con toda detención los fundamentos que motiven la resolución. La sentencia del Juez tendrá también en cuenta los perjuicios que el expropiado hubiere probado ser consecuencia forzosa de la expropiación, excluyéndose -en todos los casos- los valores especulativos y afectivos y el de las ganancias y daños hipotéticos.

Artículo 43.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado final del artículo 39, la tasación de las tierras se hará con prescindencia de la valorización que pudiera operarse en las mismas, como resultado de la realización de las obras públicas durante el período comprendido entre el año anterior y el año subsiguiente a su ejecución.

No obstante se tomarán en cuenta, para la estimación del precio, las sumas pagadas por concepto de contribución vecinal, impuesto de zona de influencia u otros tributos o aportes hechos por el propietario con destino a la ejecución de las mejoras públicas de que se trata.

Artículo 44.- El dueño de la propiedad comprada o expropiada, tendrá preferencia para la adquisición de una de las fracciones que resulten, la que le será adjudicada al precio de compra o expropiación.

Igual preferencia tendrá el arrendatario existente en la finca, en el momento de su adquisición. En ambos casos los beneficiarios deberán reunir las condiciones y cumplir con las obligaciones que determina la presente ley.

Artículo 45.- El propietario de un predio rural designado para ser objeto de expropiación podrá detener los procedimientos respectivos comprometiéndose a realizar por sí la colonización, ajustada a la reglamentación respectiva. En tal caso deberá presentar al Instituto el correspondiente plan dentro del término de 60 días. Aprobado dicho plan, se fijará el plazo para su ejecución. La falta de cumplimiento por parte del propietario será sancionada con una multa equivalente al doble de la Contribución Inmobiliaria del predio, sin perjuicio de la prosecución inmediata de los trámites de la expropiación.

Artículo 46.- Tanto en el caso de compra directa como en la designación de las propiedades que vayan a ser objeto de expropiación y sin perjuicio de las informaciones y valuaciones técnicas cada uno de los Directores del Instituto que intervengan en la resolución deberá fundar circunstancialmente su voto, por lo menos en cuanto se refiere a las conveniencias generales de la operación, al precio del bien -cuando este precio haya de fijarse o convenirse- y a la aptitud del predio para los fines a que se destine.

Artículo 47.- Los funcionarios del Instituto o del Banco Hipotecario que deban estudiar, analizar o levantar planos de tierras cuya colonización se encare, o practicar inspecciones en las ya colonizadas y que fueran obstaculizados en el cumplimiento de su cometido por los propietarios u ocupantes de dichas tierras, podrán requerir el auxilio del Juez de Paz de la localidad respectiva, que deberá serle prestado sin más trámite.

IX- De las Cooperativas, fábricas, etc., y servicios de interés general

Artículo 48.- Al proyectarse las colonias, se preverán los espacios necesarios para la instalación de los servicios de interés colectivo: escuelas, cooperativas, plantas industriales, local para espectáculos públicos y reuniones, plazas de deportes, oficinas públicas, servicios sanitarios, viveros, silos, servicios de reproductores, parque forestal, etc.

Artículo 49.- Cuando las colonias no contaren con escuelas de enseñanza primaria en un radio conveniente, el Instituto gestionará del Consejo de Enseñanza Primaria y Normal la construcción y habilitación de las que se reputaren necesarias.

Cada núcleo dispondrá, por lo menos, de un pozo semisurgente cuando sea necesario, y contará con un local para policlínica, la que será atendida, según la densidad de la población, en forma estable o periódica o por unidades sanitarias móviles, por el Ministerio de Salud Pública.

Asimismo, el Instituto prestará su atención a la cultura, de la mujer y a su preparación para el hogar, a la fundación de clubes de niños y jóvenes, bibliotecas, etc., procurando ofrecer a los colonos medios de superación espiritual y sanos esparcimientos.

Artículo 50.- La dirección técnica de cada colonia estará a cargo de una persona con experiencia en la materia, quien integrará el Directorio de las Cooperativas que en ella se formen, mientras éstas utilizaren capitales suministrados por el Instituto, para su instalación y giro.

Artículo 51.- En cada colonia se deberá organizar, en cuanto sea posible, una o varias Cooperativas de Consumo, compras, ventas o servicios, procurando la implantación de sus industrias propias, según la amplitud y necesidad de aquéllas.

Esta disposición se hace extensiva a las colonias existentes, creadas de conformidad con cualquiera de las leyes de colonización.

Artículo 52.- El Instituto estudiará la posibilidad de instalar en sus colonias cremerias, queserías, molinos o plantas industriales con organización cooperativa, a cuyo efecto podrá concederles a las sociedades que con estos fines se organicen, créditos especiales, o darles su garantía subsidiaria para la compra de máquinas y la obtención de capitales de instalación o giro. Estas plantas, mientras utilicen aportes del Instituto, contarán con un Gerente designado con acuerdo de éste y cuya remuneración será debitada a la cuenta de la Cooperativa hasta tanto sus entradas permitan satisfacerla.

El Instituto podrá instalar dichas fábricas por su cuenta, tratando en sus operaciones de aplicar progresivamente algunos de los principios cooperativistas. Estos establecimientos podrán ser transferidos por su costo más los intereses a las cooperativas, una vez que éstas se organicen.

Artículo 53.- Para favorecer la concentración de la producción y la formación de Cooperativas y plantas industriales, podrá determinarse un tipo básico de explotación en las colonias que, por su ubicación y posibilidades económicas, así lo permitieren.

Artículo 54.- El Instituto prestará su ayuda a los productores que se organicen en forma cooperativa, sindical o de simple agrupación, con el objeto de comercializar sus cosechas. Dichas asociaciones podrán concertarse o federarse con otras de igual finalidad que funcionen en otras colonias. En defecto de estas organizaciones, el Instituto podrá establecer plantas de recepción y clasificación de los productos, gestionar la colocación de éstos y prestar información y asesoramiento a los colonos a fin de que puedan realizar las ventas en las condiciones más ventajosas.

También en efecto de organizaciones suficientes, el Instituto podrá asimismo tomar a su cargo la comercialización de los frutos, sea directamente o por cuenta de los colonos, a cuyo efecto podrá arrendar o construir las instalaciones necesarias para la limpieza, desecación, clasificación, almacenamiento y transporte de las cosechas.

Artículo 55.- El Instituto podrá importar -libre de derecho, y adicionales-, máquinas, útiles, reproductores, material para alambrados y demás elementos necesarios para el abastecimiento de las colonias, siempre que no haya existencia en el país o que de la importación resulte una economía apreciable.

Podrá el Instituto, igualmente, organizar la producción de fertilizantes, instalando fábricas o por medio de equipos volantes para la transformación de huesos y otras sustancias en harinas, superfosfatos, etc.

Artículo 56.- Mientras no se organicen cooperativa-mente, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25, 51 y 93 el Instituto podrá establecer servicios de maquinaria agrícola en aquellos núcleos que por su área y género de producción lo justifiquen. Estos servicios serán prestados, sea por administración, mediante el cobro de una tasa que cubra los gastos directos, intereses, reparaciones y amortizaciones o bien organizándolos bajo su cuidado y controlar en forma colectiva, de modo que el costo del equipo y sus labores se divida y cargue en partes proporcionales entre los colonos.

Artículo 57.- Cuando el Instituto lo considere de interés y sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, facilitará la instalación por particulares de industrias en las colonias para la conservación o elaboración de sus productos. A tal efecto estará facultado para vender o arrendar a los interesados las tierras necesarias para asiento de las fábricas y sus dependencias. Los compradores no podrán enajenar los bienes referidos ni alterar su destino, sin autorización expresa del Instituto.

Comprobada la violación de lo dispuesto, el Instituto podrá proceder a expropiar los inmuebles en cuestión, debiendo además el infractor, pagar una multa equivalente al valor por el cual hubiera sido adjudicada la propiedad y, en caso de arrendamiento, a la rescisión del contrato con la indemnización que en el mismo se establezca.

Artículo 58.- En ausencia de formas de cooperación organizada, o complementándolas, el Instituto promoverá la ayuda mutua entre los colonos para la construcción, reparación o conservación de las obras de interés colectivo, para la extinción de las plagas agrícolas y para la ejecución de trabajos rurales que requieran concurso extraordinario de brazos.

X- De las condiciones que deben reunir los colonos

Artículo 59.- Los aspirantes a colonos deben reunir las siguientes condiciones:

A) Tener 18 años cumplidos, para lo cual y a los efectos de esta ley se les declara en mayoría de edad;

B) Poseer conocimientos y aptitudes suficientes para el género de explotación a que vayan a dedicarse;

C) Poseer condiciones personales y hábitos de vida que el Instituto considere satisfactorios.

Artículo 60.- Se dará preferencia, dentro de las condiciones señaladas en el artículo anterior; a los aspirantes a colonos:

A) Que posean mejores aptitudes y condiciones personales;

B) Que se organicen en Cooperativas o Sindicatos;

C) Que hayan acreditado mejores aptitudes en los núcleos de capacitación;

D) Que sean agricultores desalojados o estén pendientes de desalojo, o que se encuentren en las condiciones previstas en el artículo 20;

E) Que posean familia, de preferencia si ella es apta para colaborar en el trabajo del predio;

F) Que sean hijos de colonos;

G) Que sean uruguayos, o extranjeros con residencia mayor de tres años o menor de ese tiempo en el caso de que posean condiciones especiales a juicio del Instituto;

H) Que sean inmigrantes que hubieran cumplido las condiciones establecidas en el Capítulo VI.

Si un lote fuera solicitado por varios aspirantes que reúnan idénticas condiciones, se adjudicará al que lo hubiera solicitado con mayor anterioridad; o en igualdad de condiciones por sorteo, aplicándose tal procedimiento siempre que haya dudas.

Con el fin de aplicar las normas de los artículos anteriores, y sin perjuicio de lo dispuesto en el 142, el Instituto deberá llevar un registro público de los aspirantes a colonos con la información y antecedentes que acrediten los extremos exigidos. Ninguna otra preferencia podrá acordarse fuera de las establecidas.

Artículo 61.- Serán obligaciones principales de los colonos:

A) Hacer efectivos los pagos dentro de los plazos fijados en dinero o en especie según se hubiera convenido;

B) Trabajar directamente el predio y habilitarlo con su familia, salvo, en este último caso, que la colonia esté organizada o se organice bajo el sistema de viviendas agrupadas en poblados;

C) Ajustar la explotación del predio a las normas generales que establezca el Instituto cuando se trate de colonización orientada (apartado B) del inciso 10), del artículo 7°);

D) Cumplir los destinos para los cuales se le acuerde los créditos, cuando se trate de colonización con-dicionada (apartado C), del inciso 10), del artículo 7°);

E) Cumplir las indicaciones de orden general y particular que se le formulen sobre la conducción de la explotación y destino de sus frutos, cuando se trate de colonización dirigida (apartado D) del inciso 10), del artículo 7°);

F) Asegurar sus cultivos e instalaciones, para lo cual el Instituto convendrá con el Banco de Seguros del Estado, una póliza en condiciones especiales;

G) Aceptar y cumplir, aun cuando se trate de colonización libre, las normas generales que establezca el Instituto sobre conservación del suelo, erradicación de malezas y destrucción de todo agente nocivo para la producción.

XI- De la adjudicación de tierra

Artículo 62.- El Instituto realizará la subdivisión de los predios a colonizar, teniendo en cuenta la unidad económica y social del núcleo de producción a formarse y sus necesidades. A tal efecto, reservará o cederá las áreas adecuadas para la construcción de caminos y demás obras de interés general.

Artículo 63.- El Instituto acondicionará las fracciones para su explotación conveniente.

Con el fin de proceder al saneamiento y mejora de los terrenos y preparar condiciones más favorables para el desenvolvimiento normal de las colonias, el Instituto podrá explotar directamente las propiedades que adquiera antes de proceder a su parcelación.

La adjudicación de las tierras a los colonos podrá hacerse en cualquiera de las formas de colonización previstas en el Capítulo III, teniéndose en cuenta -de conformidad con el apartado 1° del artículo 8°- el progresivo pasaje de los regímenes de tutela a los de libre administración.

Artículo 64.- La venta de las chacras se hará al contado o a plazo hasta de 30 años, que podrá elevarse a 45 años, con garantía hipotecaria de las mismas.

Artículo 65.- La determinación del valor de cada fracción a adjudicar se hará en base a su capacidad, productividad y posibilidades de explotación, sin perjuicio de los aumentos que correspondan en concepto de mejoras.

También se aplicará dicho criterio en la fijación del precio de los arrendamientos, el canon de enfiteusis y el porcentaje estimado de la aparcería.

En los casos en que el precio fijado resultara menor que el que pudiera corresponder de acuerdo con el precio de adquisición por el Instituto, éste tomará a su cargo las diferencias.

Artículo 66.- Las sumas invertidas por los colonos en mejoras de carácter estable, útiles a la explotación a juicio del Directorio, se computarán a los efectos del pago al contado de la cantidad mínima exigible para la adquisición de la chacra.

Tratándose de simple arrendamiento y aparcería, dichas sumas podrán ser acreditadas por el Instituto a favor del colono, en cuenta de sus obligaciones contractuales respectivas.

Se computará, asimismo, para el pago por el colono del precio de compra o arrendamiento, el valor de los servicios que aquél aporte -según las normas que se establezcan- en obras y trabajos que organice el Instituto.

Artículo 67.- No se podrá adjudicar en propiedad más que una parcela a cada colono, pero éste podrá adquirir una más por cada dos hijos que vivan y trabajen con él.

Los ingenieros agrónomos, veterinarios, capataces rurales y los alumnos de las escuelas agrarias que hubieran terminado sus cursos con buena calificación, podrán adquirir hasta dos lotes para su explotación directa. En casos de excepción y mediante resolución fundada del Directorio, podrán extenderse a otras personas los beneficios a que se refiere este apartado.

Artículo 68.- Aunque el cumplimiento regular de las obligaciones por parte de los colonos constituye una medida de seguridad general que hará posible el afianzamiento y la extensión de los planes colonizadores, el Instituto podrá diferir las fechas para el pago de aquéllas, o acumularlas a amortizaciones posteriores, prorrogarlas, alterar sus períodos, o acordar rebajas prudenciales en los servicios, contemplando las situaciones personales de los colonos o las anormalidades no imputables a éstos, con carácter excepcional y siempre que no existiere saldo en el fondo de previsión. Esta disposición debe entenderse sin perjuicio de las obligaciones del Instituto para con el Banco Hipotecario.

Artículo 69.- El Instituto estará facultado para establecer, en circunstancias especiales, una gradación progresiva de las cuotas y para empezar el cobro de las obligaciones después del cuarto año, cuando el predio fuera destinado preferentemente a cultivos de producción a largo plazo, previamente aprobados por dicho Instituto y siempre que las plantaciones se efectúen y mantengan en las condiciones que se establezcan.

Artículo 70.- La propiedad, uso o goce de las parcelas que formen las colonias estarán afectados a los fines de interés colectivo que por esta ley se promueven.

Toda enajenación, gravamen o subdivisión, o la cesión en cualquier forma de disfrute, debe hacerse con la autorización previa del Instituto aun en el caso de que el colono haya satisfecho íntegramente sus obligaciones.

El Instituto se opondrá a cualesquiera de estas operaciones, cuando entienda que contrarían el principio establecido en el apartado primero de este artículo, siendo nulo de pleno derecho todo contrato relativo al predio, que se realice sin el consentimiento de aquél.

No obstante, en casos excepcionales, el Instituto podrá acceder a estas operaciones aunque ellas no se ajusten al principio enunciado, cuando medien circunstancias imprevistas o por razones de equidad que lo justifiquen.

Artículo 71.- La adjudicación de tierras en propiedad que el Instituto realice, se hará en el bien entendido de que podrán ser expropiadas en cualquier tiempo y contra cualquier propietario, cuando la tierra subdividida se encuentre de nuevo o se subdivida en forma excesiva, o se deje de explotar o se explote en forma que desvirtúe el objeto de la colonización.

XII- De la colonización en tierras de regadío

Artículo 72.- Tratándose de tierras puestas bajo régimen de regadío por obras construidas por la Administración Pública, se estará a lo que disponga la legislación vigente o a dictarse en cuanto a los índices de riego y canon a aplicarse, parcelamiento, sistemas de embalses, canales, financiación, dirección técnica y administrativa de las obras, etc.

En los contratos de compraventa, arrendamiento o cualquier otra forma de disfrute de estos terrenos, se establecerá necesariamente lo siguiente:

A) Que deberán mantenerse en explotación adecuada;

B) Que estarán sujetos a las servidumbres gratuitas de agua o de regadío que integren el sistema;

C) Que sus propietarios o tenedores utilizarán el régimen de irrigación de acuerdo con las reglamentaciones;

D) Que se construirán o mantendrán en buen estado los causes para el riego y desagües.

Las condiciones establecidas en los incisos anteriores afectan el bien, y el propietario que dejase de cumplir cualquiera de ellas dará mérito a que le sea expropiado por el valor que hubiera pagado por la tierra, más el importe de las mejoras autorizadas, sin otra indemnización.

Si los terrenos fuesen ocupados en arrendamiento u otra forma de disfrute temporal, el desalojo se operará en los términos dispuestos por el apartado 2° del artículo 101.

XIII- De la habilitación de las colonias

Artículo 73.- El Instituto podrá declarar salidas de su administración y aún del régimen instituido por esta ley, total o parcialmente, las colonias establecidas o que se establezcan, cuando se presentan o concurran algunas de las siguientes circunstancias:

A) Que los colonos en su gran mayoría hayan cancelado sus obligaciones;

B) Que el valor de las mejoras o del suelo imposibilite prácticamente la concentración de la propiedad;

C) Cuando la densidad de la población o del crecimiento urbano o industrial, o posibilidades de otro género de producción, señalen su conveniencia económica y social.

XIV- De las relaciones del Instituto con el Banco Hipotecario del Uruguay

Artículo 74.- El Banco Hipotecario del Uruguay, otorgará al Instituto de Colonización, préstamos hipotecarios de hasta el 85% del valor de sus inmuebles rurales, estándose, en cuanto a la fijación de este valor, a las reglas establecidas en la ley Orgánica del primero.

Sobre las operaciones enunciadas en este artículo, el Banco Hipotecario sólo percibirá el ½% de comisión.

Artículo 75.- Los préstamos que el Banco Hipotecario acuerde no excederán del 15% del monto total de cada serie de títulos hipotecarios que emita el Banco, excluidas las especiales, e incluyéndose en el porcentaje máximo indicado, tanto las operaciones de ese género que realice el Instituto, como aquéllas de que se ocupa el artículo 23.

Cuando el saldo de los préstamos acordados después de la promulgación de la presente ley y fuera de las condiciones de los préstamos ordinarios, sobrepase, en conjunto, el 10% del monto total de los títulos en circulación -excluidas las series especiales-, el Banco Hipotecario y el Instituto de Colonización, por intermedio del Poder Ejecutivo darán cuenta a la Asamblea General, a los fines de obtener autorización legislativa para la ampliación del límite señalado.

Artículo 76.- En los préstamos a que se refiere esta ley, el Banco Hipotecario queda autorizado para prescindir de las reglas prescriptas por los artículos 53, 54 y 58 y demás disposiciones de su Carta Orgánica, que se opongan a la presente ley.

Las propiedades gravadas de acuerdo con esta Ley, responderán preferentemente al capital y servicio de la deuda hipotecaria.

Artículo 77.- Previamente a la enajenación de lotes a los colonos, el Instituto obtendrá, en caso de existir o constituirse gravamen a favor del Banco Hipotecario la división del mismo en proporción al valor de tasación de cada predio deslindado, aunque las obligaciones emergentes del gravamen total quedarán a cargo del Instituto.

Artículo 78.- El Instituto, al vender propiedades gravadas en el Banco Hipotecario del Uruguay, sin que se efectúe la sustitución de deudor, continuará sirviendo el gravamen existente, subrogándose a su favor los derechos del Banco frente al comprador. Para realizar la novación de la hipoteca se requerirá también la conformidad del Instituto.

Para integrar el precio de compra, podrá el Instituto con la base de dicha deuda, conceder préstamos en segunda hipoteca hasta el 85% del precio de venta, pudiendo completar en casos especiales, la totalidad de dicho valor.

El comprador deberá abonar al Instituto, además del servicio del préstamo concedido por éste, los que correspondan a la deuda pendiente con el Banco Hipotecario. La falta de pago por parte del colono de ambos servicios o de uno de ellos, vencido los noventa días del plazo estipulado para hacerlos efectivos, dará lugar por parte del Instituto, a la aplicación de las medidas que correspondan, sin perjuicio de las que puede adoptar el Banco Hipotecario en defensa de su crédito.

El Instituto deberá entregar al Banco Hipotecario los importes de las ventas y amortizaciones o pagos adelantados que efectúen los compradores o promitentes compradores hasta la cancelación del préstamo respectivo.

Artículo 79.- Los préstamos que se hubieran acordado para la adquisición de predios aislados, al amparo de cualquiera de las leyes de colonización que por éste se derogan, se regirán por la ley según la cual hubieran sido contratados hasta su total cancelación.

Artículo 80.- Mientras el Instituto no organice sus servicios propios, las tierras adquiridas por él y las adjudicadas de acuerdo con esta ley serán escrituradas gratuitamente por los escribanos del Banco Hipotecario del Uruguay. Las escrituras estarán libres de toda clase de impuestos y derechos. Los colonos gozarán durante los diez primeros años, a contar de la fecha de la escritura de adjudicación de la exoneración del pago de Contribución Inmobiliaria y adicionales que se liquiden y perciban conjuntamente con ésta.

Artículo 81.- Las colonias transferidas por el Banco Hipotecario, en virtud de esta ley, continuarán rigiéndose, en lo que proceda y con respecto a las operaciones ya concluidas y a los contratos en vigencia, por las disposiciones legales bajo cuyo imperio hubieran sido implantadas.

No obstante el Instituto procurará, dentro de sus facultades, o por medio de acuerdos con los colonos o con el Banco Hipotecario, irlas adaptando a las normas instituidas por el presente estatuto legal.

Artículo 82.- Sin perjuicio de las garantías que se establecen precedentemente y de las que adopte de conformidad con su Carta Orgánica, el Banco Hipotecario del Uruguay, prestará su apoyo y colaboración a la gestión del Instituto y al cumplimiento de las finalidades que determinan su creación.

XV- Del fondo de previsión

Artículo 83.- Los colonos, cualquiera sea la condición en que ocupen la tierra, excepto las formas remunerada y de disfrute precario, aportarán anualmente al Instituto las cantidades en efectivo o su equivalente en productos que éste determine de acuerdo con el resultado de la explotación, y que no excederán del 4% del precio fijado al lote respectivo.

Con estas cantidades se formará en la cuenta de cada colono un fondo de previsión obligatorio que no superará el 20% de dicho precio.

Los porcentajes establecidos precedentemente podrán ser mayores cuando así lo acuerde el colono con el Instituto.

Si el rendimiento de la explotación, contempladas las necesidades del sustento del colono y su familia, no lo permitiesen, el Instituto podrá transferir el pago para los años subsiguientes.

Artículo 84.- El fondo de previsión, que gozará de un interés del 5%, se destinará a cumplir subsidiariamente las obligaciones relativas al servicio de la deuda hipotecaria, de los préstamos, del canon de la enfiteusis o del arrendamiento, cuando el colono justifique no poder satisfacerlas con el producto de su trabajo o por causas de fuerza mayor.

Una vez que el fondo sobrepase el 10% del precio atribuido al lote, el colono podrá destinar el excedente a amortizaciones extraordinarias de los préstamos, fundiario o de otra especie, a la realización de mejoras, a la formación de la entrega inicial si tuviese opción de compra, a la integración del capital de Sociedades Cooperativas o a otras inversiones útiles a la explotación a juicio del Directorio.

Artículo 85.- Si el colono abandonara la chacra, voluntariamente o no, su capital de previsión se empleará en primer término, en el pago de sus deudas pendientes con el Instituto de Colonización; y el saldo -si lo hubiere- quedará a su disposición. En el importe de las deudas se incluirán las bonificaciones que pudieran habérsele acordado en el precio del bien, o de su tenencia, y las rebajas y exoneraciones que se le hubieran concedido por concepto de servicios hipotecarios, impuestos y derechos notariales.

Si las causas que determinaran el alejamiento del colono fueran justificadas a juicio del Instituto, éste podrá dejar sin efecto lo dispuesto en el apartado anterior.

XVI- De la capacitación de los colonos

Artículo 86.- El Instituto dedicará preferentemente atención a la capacitación de los aspirantes a colonos, que no llenen las condiciones exigidas por el inciso B) del artículo 59 mediante una adecuada instrucción y correspondiente práctica, con la finalidad de prepararlos en el conocimiento de las tareas rurales e irlos habilitando para la libre administración de la empresa agraria.

Estas funciones se cumplirán:

A) Organizando núcleos o prácticas especiales con ese objeto, de preferencia dentro de las colonias, y bajo dirección experimentada, o utilizando los servicios públicos existentes (Facultad de Agronomía, Universidad del Trabajo, etc.);

B) En establecimientos rurales privados, de acuerdo con los reglamentos que se dicten;

C) Facilitándoles la tierra en disfrute precario (apartado

E) del inciso 3° del artículo 7°); o

D) Bajo las formas previstas para la colonización remunerada sea ésta agrícola, ganadera o forestal (apartado E) del inciso 10 del artículo 7°).

Artículo 87.- El Instituto procurará de modo especial atraer a estos núcleos y actividades a los pobladores de la campaña que carezcan de medios permanentes de vida, preferentemente a los jóvenes, pudiendo adoptar para estos casos providencias complementarias, dirigidas a tutelarlos y prepararlos para un trabajo útil y una buena administración del hogar.

Artículo 88.- Los aspirantes a que se refieren los artículos anteriores podrán pasar a los otros regímenes de colonización una vez que hayan adquirido, a juicio del Instituto, la idoneidad y condiciones adecuadas.

Artículo 89.- Sin perjuicio de poderlo hacer directamente, el Instituto de Colonización colaborará con los Ministerios y organismos competentes en la implantación, dentro de las colonias o zonas adyacentes, de escuelas o cursos destinados a la enseñanza agraria, general o especializada, y en la preparación de los colonos o sus hijos para los trabajos y oficios necesarios para el desarrollo normal de las actividades.

Con los mismos fines, podrá gestionar de la Universidad del Trabajo, y aun conceder becas para estudiar en las Escuelas Industriales de especialización, debiendo asimismo facilitar a los hijos de los colonos las oportunidades de ampliar su cultura respetando su vocación y aptitudes.

El Instituto podrá también establecer un sistema de becas y bolsas de viaje para el perfeccionamiento de los colonos y de los funcionarios técnicos y administrativos en los centros de enseñanza y de trabajo del extranjero.

Esas becas serán discernidas anualmente, previo llamado a aspiraciones y con el dictamen de tribunales especializados que tendrán en cuenta las aptitudes, antecedentes y méritos de los aspirantes, así como las conveniencias de incorporar al Instituto las experiencias más útiles de otros países.

Artículo 90.- Al efecto de propiciar la concurrencia a los centros de enseñanza agraria, el Instituto acordará un tratamiento especial a sus egresados, de acuerdo con la reglamentación que al respecto dicte. Cada año, podrá donar un predio, dentro de sus colonias o grupos colónicos, entre los postulantes egresados de dichos centros, a los que mejor calificación hayan obtenido.

Este beneficio podrá hacerse extensivo a los que hubieran demostrado mayores aptitudes en cualquiera de las formas de capacitación a que se refiere el artículo 86, como asimismo a los colonos cuyas explotaciones puedan considerarse ejemplares.

XVII- De los créditos

Artículo 91.- Además del fundiario, el Instituto podrá conceder préstamos para la compra de útiles de labranza, máquinas, animales, semillas, gastos de alimentación, de siembra, recolección y comercialización de las cosechas, etc., con el fin de capacitar económicamente a los colonos, de acuerdo con las necesidades de la explotación a que se dediquen.

Asimismo y con el fin de promover una explotación ganadera, sea ésta principal o complementaria de la agrícola, el Instituto acordará préstamos para la adquisición de semovientes -sea que éstos constituyan un renglón permanente de producción, o se destinen temporariamente a su preparación en cultivos de cereales forrajeros o rastrojos- y para la construcción de silos para el almacenamiento y reserva de henos y granos, preferentemente bajo régimen cooperativo.

Estos préstamos -de habilitación agrícola, ganadera y granjera- se acordarán teniendo en cuenta fundamentalmente la conveniencia de sus finalidades -a cuya aplicación correcta, que será debidamente contraloreada, estarán condicionados- y la capacidad moral, de trabajo y administración de los solicitantes.

Artículo 92.- Los interesados deberán presentar, con la correspondiente solicitud, el plan de explotación que se proponen realizar, con indicación de las cifras aproximadas de producción y gastos.

El beneficiario del crédito está obligado a darle a éste la aplicación para la cual la operación hubiera sido convenida. En caso de presentarse para ello dificultades insalvables, deberá hacerlas conocer de inmediato al Organismo a los efectos que correspondan.

Además de la facultad de practicar inspecciones y exigir documentos para comprobar la inversión de los fondos, el Instituto tendrá la de disponer las medidas que considere convenientes, en caso de abandono o descuido por parte del prestatario de los efectos, cultivos o explotaciones que hayan sido objeto del préstamo, pudiendo realizar los trabajos necesarios a su continuidad y preservación, cargando su costo en la cuenta del omiso.

Los préstamos se harán en dinero o en especie, escalonándose en cuotas que se irán entregando a medida que se vayan cumpliendo las distintas labores.

Artículo 93.- Tratándose de maquinaria agrícola, de elementos de transporte y, en general, de dotaciones que exijan una considerable inversión, se procurará que las adquisiciones se realicen en común cuando aquéllas sean susceptibles de ser utilizadas por varios colonos.

Artículo 94.- El Instituto promoverá la constitución en cada colonia de una sociedad de fomento que servirá de órgano intermediario de sus pobladores en sus necesidades de crédito -si este crédito no pudiese organizarse en forma mutua o cooperativa- de servicios o mejoras.

La dirección o administración de las colonias y el Directorio del Instituto, prestarán preferente atención a las cuestiones que las sociedades promuevan respecto de la situación, defensa y progreso del núcleo en general y de los colonos en particular.

Artículo 95.- El Instituto estudiará tipos económicos de vivienda rural, concediendo préstamos hasta del 25% del valor de cada predio, para poblaciones y mejoras útiles. Aplicará, para estos préstamos, una amortización correlativa a la naturaleza de la población o mejora.

Cuando ese porcentaje fuere considerado insuficiente, podrá ampliarse en las condiciones que se reglamentará.

Artículo 96.- El Instituto podrá igualmente acordar con los colonos hacerse cargo de la construcción, o bien sustituir los préstamos en efectivo, construyendo en los lotes de tierras, la vivienda, alambrados y otras mejoras que considere necesarias para la explotación, en las condiciones que establece el artículo anterior. Tratándose de arrendatarios, enfiteutas o aparceros que se acojan a esta última fórmula, la amortización e intereses que proporcionalmente correspondan a las mejoras, se incluirán en el precio de la renta o del canon, o en la porción estimada de la cosecha.

Artículo 97.- Además de los establecidos precedentemente, el Instituto podrá acordar créditos individuales o colectivos para la ejecución de obras de desecación o forestación, servicios de interés común e instalaciones de aprovechamiento de las aguas para el riego o la producción de energía.

Artículo 98.- El objeto de crédito otorgado o los productos derivados de su inversión, según sea su destino, respectivamente, capital mobiliario o capital circulante, quedarán sometidos automáticamente al régimen de prenda agraria en favor del Instituto.

Artículo 99.- El Instituto podrá recibir, en pago de las obligaciones del colono, los productos de la tierra materia del contrato a los precios oficiales -si hubieran sido fijados- o corrientes para aquéllos.

Artículo 100.- El Banco de la República otorgará al Instituto un crédito en cuenta corriente, con la garantía subsidiaria del Estado, a un interés inferior al menor fijado para sus colocaciones, por el monto que se acuerde entre la primera institución nombrada, el Poder Ejecutivo y el Instituto de Colonización. Con dichos fondos, más los que la ley le atribuye, el Instituto satisfará las necesidades del crédito dentro de las colonias o explotaciones que organice o atienda.

XVIIII- De las rescisiones

Artículo 101.- A iniciativa del Instituto y una vez agotada la vía de los entendimientos amigables, serán anulados de pleno derecho, los compromisos contraídos cuando el colono arrendatario o aparcero promitente comprador, incurriere en una de las siguientes situaciones:

A) Dejare de pagar dos anualidades vencidas, siempre que tal omisión no fuere imputable a causa de fuerza mayor.

B) No se ajustare a las normas de la explotación dispuesta, según se trate de colonización orientada, condicionada, dirigida, etc.

C) Fuere causa de perturbaciones o desórdenes en la colonia;

D) Se dedicare a explotar otro u otros predios no adjudicados por el Instituto en menoscabo de la explotación del que le haya sido adjudicado;

E) No cumpliere con cualquiera de las condiciones que estipulan la presente ley y su respectiva reglamentación.

Declarada la anulación por el Instituto y notificada, el colono desalojará el predio en el plazo de 120 días, el que podrá prorrogarse por un término prudencial en casos especiales, procurándose en lo posible que estos plazos permitan la recolección de las cosechas.

El colono desalojado tendrá derecho a una compensación por el valor de las mejoras que hubiera hecho con la aprobación del Instituto, con deducción del importe de sus deudas, salvo que en casos excepcionales y atendiendo la naturaleza de esas mejoras, se hubiera convenido lo contrario. Igual derecho tendrá el colono que se retire voluntariamente del predio adjudicado.

En ambos casos, la compensación se hará con sujeción a lo que disponen los parágrafos 2° y 3° del artículo 85.

Artículo 102.- A los colonos propietarios con gravamen pendiente, que incurriesen en cualquiera de las situaciones a que alude el artículo anterior, se les podrá reducir el préstamo hipotecario al 50%, debiendo pagar la amortización extraordinaria correspondiente, so pena de ejecución, y sin perjuicio de las devoluciones que correspondan, de acuerdo con la disposición citada en la parte final del artículo que antecede. Igual procedimiento se adoptará en el caso de las colonizaciones aisladas a que se refiere el artículo 22.

Artículo 103.- Cuando falleciere el colono arrendatario o aparcero promitente comprador, el Instituto podrá transferir, por simple vía administrativa, los compromisos que hubieren quedado pendientes, a la viuda o a uno de sus hijos -si fuera solicitada y no hubiera oposición de los demás herederos- siempre que se comprobara la idoneidad y capacidad de trabajo de alguno de los nombrados.

Cuando no se hiciere la transferencia, el Instituto recuperará la disponibilidad de la tierra -por igual procedimiento- pudiendo hacerse cargo de ella sin más trámite. En tal caso, devolverá a la sucesión del colono, el correspondiente fondo de previsión, abonando -además- las indemnizaciones correspondientes a las poblaciones y otras mejoras útiles que aquél hubiere introducido en el predio con consentimiento del Instituto. Previamente a la liquidación de la suma respectiva, se descontará el importe de otras deudas que el colono hubiere dejado pendientes con el Instituto de Colonización.

Artículo 104.- Si se produjese el fallecimiento del colono propietario, podrán sus sucesores continuar con la explotación del predio, siempre que estuvieran de acuerdo y cumplieran con las obligaciones que preceptúa la presente ley. Si no hubiera acuerdo, el lote deberá ser subastado con admisión de postores extraños que reúnan los requisitos que la ley exige para ser colonos, teniendo preferencia en la adjudicación en igualdad de condiciones, el cónyuge supérstite, los hijos, padres o hermanos del colono fallecido.

A falta de interesados, el Instituto podrá adquirir la parcela por el precio pagado por ella por el comprador, más el importe actualizado de las mejoras.

Igual procedimiento se seguirá en lo que sea aplicable, en caso de fallecimiento de la mujer del colono.

Artículo 105.- Tratándose de colonos enfiteutas, arrendatarios o aparceros, se estará -en lo que corresponde- a lo dispuesto por los artículos anteriores.

Artículo 106.- Será compensado el valor de las mejoras realizadas con aprobación del Instituto, por los colonos arrendatarios o aparceros, cuando éstos deban abandonar el predio, por conclusión del contrato, salvo convención en contrario.

En todos los casos a que se refiere este capítulo, por valor de las mejoras se entiende el que éstas posean en el momento de recibir su posesión el Instituto, y el justiprecio de ellas y su indemnización serán fijados por el Directorio de este Organismo, previo asesoramiento de la Sociedad de Fomento local y citación para audiencia del interesado.

Artículo 107.- Serán irrevocables las resoluciones que declaren rescindido un contrato o fijado el monto de la indemnización por mejoras, cuando fueran adoptadas por unanimidad. En caso contrario, podrán ser apeladas ante un Tribunal constituido por un representante de cada una de las partes y el Juez de Paz seccional, y que actuará de acuerdo con los procedimientos que establezca la reglamentación.

XIX- Del capital y recursos financieros

Artículo 108.- El capital del Instituto Nacional de Colonización lo constituirán:

A) Los bienes que actualmente integran el patrimonio de la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay -inmuebles, muebles, títulos, efectivo, créditos, acciones, cauciones, etc.;

B) La emisión de veinte millones de pesos (pesos 20:000.000.00) nominadas de Títulos de Fomento Rural y Colonización.

El interés, amortización y demás condiciones que regirán para la emisión de los títulos, serán iguales a los que rigen para los Títulos que están actualmente en circulación.

El Poder Ejecutivo podrá emitir uno o varios bonos mientras no se impriman los títulos correspondientes.

El Instituto Nacional de Colonización queda facultado para vender o caucionar parte o la totalidad de la deuda o de los bonos en el Banco de la República, Caja Nacional de Ahorro Postal, Banco Hipotecario o Banco de Seguros -los que quedan autorizados para este efecto- o en otras instituciones de crédito;

C) El aporte de un millón de pesos tomados del fondo de Diferencias de Cambio;

D) Los beneficios líquidos que destine a capitalización;

E) El importe de las multas que se apliquen de acuerdo con la presente ley;

F) Las donaciones y legados que reciba.

El Instituto de Colonización, dispondrá de este capital, así como de los demás recursos que le otorga la presente ley, para el cumplimiento de los cometidos que la misma le asigna.

Artículo 109.- El servicio de la deuda emitida de acuerdo con el artículo precedente y la ley de 31 de diciembre de 1945, se atenderá con los recursos especiales que se establecen a continuación:

A) El producto de los impuestos en vigor, creados por la ley mencionada en el parágrafo anterior;

B) El producto de los impuestos que se establecen en el Capítulo XX;

C) Los ingresos que se perciban en concepto de regularización de la situación de la propiedad raíz que no acredite salida del dominio fiscal, de conformidad con las leyes que se dicten;

D) Las contribuciones de $ 50.000.000 cada una, a cargo de los Bancos de la República y Seguros y de la ANCAP, las que serán imputadas por los contribuyentes a sus gastos de gestión. Esta contribución se elevará hasta el 10% de las utilidades líquidas de cada uno de los referidos Entes Autónomos, una vez que éstos se encuentren liberados, en esa o mayor proporción, de sus aportes a Rentas Generales.

Si hubiera déficit, éste se imputará a Rentas Generales.

Artículo 110.- Del excedente de entradas, una vez cubiertos los presupuestos y obligaciones y hechas las provisiones que correspondan, y del producto de la deuda emitida, el Instituto aplicará hasta el 15% a la formación de una reserva de tierra de su propiedad, que no podrá enajenar ni transferir a ningún título, destinándola a la colonización en cualquiera de las formas instituidas de disfrute temporal o a la explotación propia, a la repoblación forestal o a los otros fines previstos en esta ley.

XX- De los impuestos

Artículo 111.- Todo propietario que cede a terceros el uso o goce de un predio rural, obteniendo en compensación un lucro, pagará un impuesto progresivo anual que se calculará sobre el aforo para el pago de la contribución inmobiliaria, de acuerdo a la siguiente escala:

Valor de aforo Por cada mil pesos de foro

De $ a $ 50.000.00 ½%

" 50.000.000 " " 100.000.00 1%

" 100.000.000 " " 200.000.00 1 1/2%

" 200.000.000 " " 300.000.00 2%

" 300.000.000 " " 400.000.00 2 1/2%

" 400.000.000 " " 500.000.00 3%

" 500.000.000 " " 600.000.00 3 1/2%

" 600.000.000 " " 700.000.00 4%

" 700.000.000 " " 800.000.00 4 1/2%

" 800.000.000 " " 900.000.00 5%

" 900.000.000 " " 1:000.000.00 6%

" 1:000.000.000 " " 1:500.000.00 7%

" 1:500.000.000 " " en adelante 8%

Artículo 112.- Tratándose de propietarios, que cedan el uso de más de un predio rural o fracción, la determinación del grado de la escala que corresponda aplicar se hará acumulando los aforos de todos los predios o fracciones.

Artículo 113.- A los efectos del artículo anterior, se considerarán como pertenecientes a un mismo propietario los inmuebles de pertenencia del cónyuge y de los hijos bajo patria potestad, legalmente administrados o usufructuados por los padres.

Artículo 114.- Cuando el valor de las mejoras complementarias incorporadas por el propietario a un predio lo justifique por su importancia y utilidad, la Dirección de Impuestos Directos a solicitud del interesado, propondrá al Poder Ejecutivo la rebaja de hasta el 50% del impuesto, pudiendo llegarse a la exoneración total cuando las mejoras determinen un aumento apreciable de la capacidad productiva del campo y aseguren buenas condiciones de habitación a sus pobladores.

Artículo 115.- El impuesto se percibirá por la Dirección General de Impuestos Directos en la Capital y por las respectivas Administraciones de Rentas en los Departamentos del Interior de la República, al mismo tiempo que la Contribución Inmobiliaria y se abonará por años completos, cualquiera sea el tiempo de formalización de los contratos respectivos y su vencimiento.

Artículo 116.- En caso de que el locatario, aparcero o cesionario hiciera uso del plazo legal para el desalojo, la iniciación del juicio respectivo por la otra parte quedará condicionada al pago anticipado del impuesto correspondiente a dicho período.

Artículo 117.- Al efecto de la correcta percepción de este impuesto, se organizará un registro permanente de propietarios de tierras, con especificación de aquéllos que no las exploten directamente.

Artículo 118.- Los locatarios, aparceros o cesionarios que deseen ceder el contrato, subarrendar el predio o cederlo a terceros en aparcerías o a cualquier otro título, sufrirán un impuesto anual de uno por mil aplicado al aforo para el pago de la contribución territorial, cualquiera sea su valor.

Artículo 119.- El impuesto creado por el artículo anterior ser percibirá por la Dirección General de Impuestos Directos en la Capital, y las respectivas Agencias de Rentas en los Departamentos del interior de la República.

Artículo 120.- El obligado deberá consignar de una sola vez el que corresponda al tiempo de duración del contrato con las excepciones que determinará la reglamentación de esta ley.

Artículo 121.- Quedan exceptuados de este impuesto las cesiones y subarrendamientos realizados por causas de inhabilitación física del arrendatario o aparcero originario, sobrevenida con posterioridad al contrato, o por muerte de los mismos, cuando la familia no contara con un miembro con capacidad para sustituirlo en la explotación del predio.

Artículo 122.- La falta de pago del impuesto establecido por este capítulo, será penada en la forma establecida en el artículo 20 de la Ley N° 9.189, de 4 de enero de 1934, y los juicios para el pago de las deudas así originadas, se substanciarán en la forma indicada en la misma ley.

XXI- De la inembargabilidad

Artículo 123.- Los adelantos que para la compra de tierras al Ente pudieran hacer los colonos, como asimismo el fondo de previsión que por el Capítulo XV se organiza, serán inembargables por terceros. Lo serán también los predios adquiridos de conformidad a la presente ley, las mejoras, máquinas, útiles y animales de trabajo y las cosechas, hasta tanto el colono no haya abonado el 50% de su deuda con el Banco Hipotecario y con el Instituto, salvo por aquellas obligaciones que provengan -precisamente- de las hipotecas constituidas y de las operaciones realizadas para la construcción de aquellas mejoras, para la adquisición de las referidas máquinas, útiles y animales de trabajo, o la preparación y recolección de las cosechas, y que se hubieren contraído con el Instituto o con su expresa autorización.

Lo dispuesto en el apartado anterior no rige para los casos de obligaciones provenientes de impuestos, de pensiones alimenticias decretadas judicialmente y de condenaciones penales y debe entenderse sin perjuicio de otros privilegios de inembargabilidad que acuerdan las leyes en vigor.

XXII- De la colonización privada.

Artículo 124.- El Ministerio de Ganadería y Agricultura estimulará la colonización agrícola privada, orientándola hacia los fines de la colonización oficial, y, sin perjuicio de su competencia, podrá encomendar al Instituto la vigilancia del cumplimiento de las condiciones que en este Capítulo se establecen.

Artículo 125.- Toda subdivisión de fundos de la extensión que determine la reglamentación efectuada con el objeto de ser colonizados por los particulares, para ampararse a los beneficios que acuerda el artículo siguiente, deberá ajustarse a las condiciones que a continuación se expresan:

A) Adecuación de la tierra al tipo de colonización elegido;

B) Proximidad de los mercados o puertos de embarque, o disponibilidad de vías de comunicación, según el género de explotación que se realice;

C) Fraccionamiento apropiado que consulte las condiciones de los terrenos en los sentidos topográfico, agrológico, de provisión de agua, etc.;

D) Cesión sin compensación de los espacios libres eventualmente necesarios para la construcción de caminos, escuelas, locales para cooperativas, graneros, servicios policiales y sanitarios, etc.;

E) Autorización del Ministerio de Ganadería y Agricultura con conocimiento del respectivo plan de colonización y sus características, previo informe del Instituto Nacional de Colonización.

Artículo 126.- Los propietarios que destinen inmuebles a la colonización, de conformidad con lo que establece el artículo anterior, quedarán eximidos, en la extensión colonizada o cedida con arreglo al inciso D) de la disposición citada, del pago de la Contribución Inmobiliaria y sus adicionales, por el término de 10 años. En estos casos, tratándose de colonización por el sistema de venta o promesa de venta, la operación respectiva estará exenta de todo impuesto sobre transacciones de inmuebles.

El Banco Hipotecario del Uruguay, previo informe del Instituto, podrá acordar a los colonizadores particulares préstamos sobre tierras hasta el 80% de la tasación que practique, pudiendo exigir la constitución de un fondo especial que garantice el pago puntual de las cuotas hipotecarias.

En casos especiales, con acuerdo del Poder Ejecutivo, el Instituto podrá otorgar préstamos complementarios para colonización privada con preferencia cuando ésta se realice con productores agremiados.

La concesión de estos beneficios queda subordinada a la fijación de precios de venta o arrendamiento y condiciones de trabajo razonables para los colonos.

XXIII- Disposiciones generales y transitorias

Artículo 127.- No podrán ampararse a los beneficios de esta ley, en cuanto acuerda a los colonos rebajas o facilidades de orden especial, las personas que a juicio del Instituto por su situación económica estén en condiciones de realizar las explotaciones con sus propios recursos.

No obstante, el Instituto podrá operar con ellas en condiciones corrientes para los negocios de que se trate, cuando lo considere de conveniencia o no existan otros interesados, y prestarles asistencia técnica.

Artículo 128.- El Estado garantiza las operaciones que realice el Instituto Nacional de Colonización.

Artículo 129.- Las tierras y edificios de propiedad del Instituto y sus bienes en general, como asimismo las operaciones que efectúe, estarán exentas de Contribución Inmobiliaria y adicionales, sellos, timbres e impuestos en general.

Estará exento también el Instituto, de sellados y cualquier clase de derechos e impuestos, en las actuaciones o gestiones en que intervenga, por sí o en representación de terceros ante los Tribunales y Juzgados de la República, o ante cualquier otra autoridad pública y gozará de franquicias postal y telegráfica.

Artículo 130.- El primer Directorio del Instituto estará compuesto por cinco miembros, tres de los cuales, entre ellos el Presidente, serán designados por el Poder Ejecutivo, debiendo, dos por lo menos, ser técnicos o personas de reconocida capacidad en la materia y los dos restantes de acuerdo con lo que se determina a continuación.

Cada una de las federaciones u organizaciones de fomento rural que tengan carácter nacional, cuente con personería jurídica y más de dos años de funcionamiento, propondrá los candidatos que deberán reunir las condiciones establecidas precedentemente.

El Poder Ejecutivo elegirá dos titulares y dos suplentes dentro del conjunto de personas propuestas.

Si por cualquier circunstancia no se hubiese hecho la proposición más arriba aludida dentro de los quince días siguientes a la convocatoria que al efecto hará el Poder Ejecutivo, éste procederá a hacer la designación directamente.

La especificación de las organizaciones o federaciones llamadas a intervenir, como asimismo el procedimiento para la elección, serán establecidos en la reglamentación de esta ley.

Artículo 131.- El Instituto podrá convenir con el Servicio Oceanográfico y de Pesca la instalación de colonias mixtas, pesqueras y agrarias.

Artículo 132.- El Ministerio de Ganadería y Agricultura, por intermedio de sus oficinas técnicas, procederá -una vez que le fueren asignados los recursos necesarios- a la realización de estudios agrológicos y agroeconómicos del país, los que serán puestos a disposición del Instituto de Colonización a sus efectos. En base a sus conclusiones, tanto la colonización pública como la privada, deberán seguir las líneas de máxima posibilidad económica para el éxito de la misma.

Artículo 133.- El Poder Ejecutivo, con la colaboración y asesoramiento de los organismos especializados, estudiará y propondrá a la Asamblea General un plan relativo a las siguientes cuestiones:

A) Establecimiento de un seguro obligatorio que cubra los riesgos agrícolas, encarando la creación de un fondo de previsión de formación colectiva;

B) Régimen de desecación, saneamiento y colonización de los terrenos anegadizos del Este de la República.

Artículo 134.- En aquellas zonas donde las operaciones de préstamos agrarios sean primordialmente atendidas por el Instituto, el Poder Ejecutivo, con el acuerdo del Banco de la República, podrán transferirle la administración, tanto del Crédito Agrícola de Habilitación, instituido por la ley de 25 de febrero de 1933, como de los graneros oficiales.

Asimismo el Instituto podrá constituir las instalaciones necesarias para el almacenaje, clasificación y tráfico de los frutos y organizar con carácter de servicio público, todo lo relativo a su funcionamiento.

Artículo 135.- Cométese al Instituto Nacional de Colonización la aplicación de la Ley de 16 de octubre de 1944, relativa a los inmuebles rurales en los cuales se encuentren rancheríos o núcleos de población y cuyos ocupantes lo sean a título precario. A este respecto investigará las características individuales y sociales de la población de esos rancheríos y sus posibilidades de mejoramiento, en relación con la actividad agraria, como asimismo las condiciones de vida y trabajo de la población campesina en general, especialmente en cuanto tenga que ver con las finalidades de esta ley.

Artículo 136.- La adjudicación de tierras en disfrute precario a que se refiere el apartado E) del inciso 4° del artículo 7°, no podrá exceder del término de dos años, no rigiendo en este caso ni en el previsto en el artículo 21, los plazos para el desalojo ni las opciones que respecto de la duración mínima de los contratos de arrendamiento, establecen las leyes de 16 de diciembre de 1927 y complementarias.

No regirán tampoco a los efectos de esta ley, las disposiciones del Código Rural, en cuanto aplican a la aparcería las reglas establecidas en el Código Civil para el contrato de sociedad, estándose a lo que dispone el artículo 30 de la Ley mencionada en el parágrafo anterior.

Tampoco regirán para las operaciones a que se refiere el presente estatuto legal, las disposiciones de la ley de 17 de junio de 1931, sobre enajenación de inmuebles a plazos.

Artículo 137.- Los préstamos pendientes en estado de cumplimiento normal, que el Banco de la República haya concedido a particulares integrantes de las colonias constituidas por el Banco Hipotecario, pasarán a cargo del Instituto Nacional de Colonización, previa conformidad de su Directorio.

Para la ejecución de las operaciones de crédito, cobros o pagos a hacerse a la orden o por cuenta del Instituto, en las localidades donde éste no tenga agencias habilitadas para tales fines, se convendrá con los Bancos del Estado la utilización de los servicios de sus sucursales, los que, de no ser gratuitos, serán compensados en forma que no represente más que el costo de la prestación.

Artículo 138.- Dentro del plazo de tres meses, el Poder Ejecutivo constituirá una Comisión Honoraria integrada por un representante del Ministerio de Ganadería y Agricultura, uno de la Universidad del Trabajo, uno de la Facultad de Agronomía, uno de la Facultad de Veterinaria y otro del Instituto Nacional de Colonización, la cual en el plazo de seis meses a partir de su constitución deberá someter al Poder Ejecutivo un plan para la coordinación y ajuste de los servicios de enseñanza agraria oficiales, en forma de evitar la dispersión o repetición de gastos y servicios destinados a fines análogos.

Artículo 139.- Los colonos, sea cual fuere la condición de su tenencia del predio, no podrán establecer en éste, sin consentimiento expreso del Instituto, comercios extraños a las actividades del núcleo económico que integran.

Artículo 140.- A fin de coordinar la defensa de los intereses agrarios regulando las relaciones económicas de la transformación rural en su orden nacional, y racionalizando la producción, comercialización e importación de los productos agrícolas y pecuarios, el Instituto participará por medio de delegados en los organismos que se designen con el objeto de planear la industrialización del país.

Artículo 141.- A los fines de lo previsto en los artículos 48 y 49, se declaran desde ya ampliadas las autorizaciones de gastos que acuerdan las leyes especiales de presupuesto, relativas a edificación escolar o dotación de servicios públicos, cuando las partidas asignadas resultaren insuficientes, en las cantidades indispensables para el cumplimiento de las disposiciones referidas.

Artículo 142.- Sin perjuicio de las providencias que el Instituto adopte en el mismo sentido, la Dirección de Agronomía mantendrá abierto permanentemente un registro de aspirantes a colonos y de actuales y posibles desalojados, colaborando asimismo en la difusión de los planes de colonización.

Artículo 143.- El personal que presta servicios en la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay en el momento de sancionarse esta ley, se incorporará al Instituto Nacional de Colonización con asignaciones no inferiores a las que goce en aquella institución.

No obstante, los funcionarios que han ingresado por concurso al Banco Hipotecario tendrán derecho a optar por su permanencia en él; en estos casos, ambos organismos podrán convenir, por un término prudencial el pase en comisión de estos funcionarios al Instituto.

El Directorio del Banco Hipotecario podrá resolver las situaciones que puedan plantearse con respecto al traslado o permanencia del personal a que se refiere la parte primera de este artículo.

En oportunidad se llenarán las formalidades constitucionales y legales, respecto de la modificación de las planillas presupuestales.

El personal del Instituto queda amparado a los beneficios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles, pero los empleados técnicos y administrativos de la Sección Fomento Rural y Colonización, que pasen a prestar servicios al Instituto, podrán optar, dentro de los sesenta días de la publicación de esta ley por su afiliación a la Caja Civil o continuar en la Caja de Jubilaciones Bancarias.

Se extienden al personal del Instituto los beneficios acordados por el artículo 5° de la Ley de 19 de noviembre de 1943, sobre afiliación a la Cooperativa Bancaria de Consumos, a los efectos de retenciones sobre sus sueldos o pasividades y pensiones.

Artículo 144.- Con excepción de aquellos que procedan de la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario, los empleados técnicos y administrativos que el Instituto designe -de acuerdo con los procedimientos que los reglamentos establezcan-, lo serán en carácter provisorio. La ratificación de los nombramientos podrá hacerse una vez transcurridos dos años desde su ingreso, siempre que el Directorio entienda que los funcionarios han demostrado en su actuación capacidad, corrección y diligencia.

Artículo 145.- El Directorio del Instituto podrá convenir con el Banco Hipotecario la utilización de los servicios de este último organismo, ya sea en carácter transitorio o permanente, así como el destino del fondo de previsión para empleados, la situación de los actuales deudores y cualquier otra cuestión relativa a la transferencia de la Sección Fomento Rural y Colonización.

Artículo 146.- las resoluciones del Directorio serán adoptados por simple mayoría de votos, salvo los siguientes casos:

1° Se requerirán cuatro votos conformes:

A) Para proceder a la instalación de plantas de elaboración en las colonias agro-industriales (artículo 15);

B) Para realizar adquisiciones de tierras por compra directa (artículo 28);

C) Para adjudicar más de una parcela en propiedad a las personas no especificadas (artículo 67);

D) Para consentir la desafectación de las parcelas de los fines de la ley (artículo 70);

E) Para otorgar préstamos complementarios que cubran la totalidad del valor del predio (artículo 78);

F) Para conceder préstamos para poblaciones y mejoras que excedan del 25% del valor del terreno (artículo 95);

G) Para acordar préstamos de habilitación superiores a dos mil pesos (Capítulo XVIII);

H) Para reducir el préstamo hipotecario o declarar rescindido un contrato siempre que no sea por falta de pago (Capítulo XVIII).

2° Se requerirá unanimidad de votos:

A) Para arrendar o renovar contratos de arrendamiento por superficies mayores de mil hectáreas (artículo 21);

B) Para declarar a las colonias salidas de la administración del Instituto (artículo 73);

C) Para dar carácter irrevocable a las resoluciones que declaren rescindido un contrato o fijen el monto de la indemnización por mejoras (artículo 107).

Artículo 147.- Para toda cuestión referente al funcionamiento, organización y ejecución de los servicios que se le confieren al ente que se crea, que no esté prevista en esta ley, en lo que sea aplicable las disposiciones de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay.

Artículo 148.- Mientras no entre en funciones el Instituto, el Banco Hipotecario y su Sección Fomento Rural y Colonización continuarán actuando con arreglo a las leyes anteriores.

Artículo 149.- Los funcionarios y demás personas que se consideren lesionados por resoluciones del Directorio, podrán reducir el recurso de reposición o reforma, dentro de los veinte días de su notificación en Montevideo y de treinta en los demás Departamentos.

Interpuesto el recurso, si no fuera resuelto dentro de los treinta días, la omisión se reputará revocatoria de la decisión recurrida.

Artículo 150.- Los miembros del Directorio serán personal y solidariamente responsables por las resoluciones votadas en oposición a las leyes o a los reglamentos.

Quedan dispensados de esta responsabilidad:

A) Los ausentes de la sesión en que se adoptó la resolución:

B) Los que hubieran hecho constar en el acta respectiva su disentimiento y el fundamento consiguiente. Cuando ese pedido de constancia se produzca, el Secretario del Directorio estará obligado, dentro de las veinticuatro horas, a dar cuenta del hecho al Poder Ejecutivo, remitiéndole testimonio del acta respectiva, a los efectos del artículo 187 de la Constitución.

Artículo 151.- Agotada la vía administrativa, los funcionarios y demás personas que se consideren lesionados en sus derechos por las decisiones del Directorio podrán entablar la acción por legalidad prevista en los artículos 270 y siguientes de la Constitución.

Mientras no se organice el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dicha acción se entablará ante los Jueces Letrados de Primera Instancia en campaña y ante los Jueces Letrados de Hacienda y de lo Contencioso Administrativo en la Capital.

La acción se dirigirá a obtener la revocación de la resolución impugnada o a la reparación civil pertinente, o a ambos fines, a opción del interesado. Se interpondrá dentro del término perentorio de veinte días de notificada aquella resolución, y se seguirá, en su tramitación, el procedimiento de los juicios ordinarios de menor cuantía. El Juez de la causa podrá resolver en cualquier momento, la suspensión de la resolución reclamada, cuando su cumplimiento pudiera producir perjuicios irreparables.

Contra las sentencias de primera instancia habrá el recurso de apelación libre para ante el Tribunal de Apelaciones cuyo fallo hará cosa juzgada.

Artículo 152.- En caso de condenación del Directorio, el Juez o Tribunal hará declaración expresa sobre si hubo falta grave que sea imputable a sus miembros. Estos serán pasibles ante el Estado, de la responsabilidad civil consiguiente, sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan.

Artículo 153.- Salvo lo establecido en el artículo 148 y con excepción del apartado primero del artículo 5° de la Ley N° 7.615 y de los artículos 8°, 10, 11 y 12 de la Ley N° 10.694, se derogan las Leyes de 22 de enero de 1913, 20 de junio de 1921, 10 de setiembre de 1923, 10 de mayo de 1929, 13 de enero de 1932, 20 de junio de 1933, 20 de diciembre de 1939, 19 de setiembre de 1941 y 31 de diciembre de 1945, como asimismo los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la Ley de 18 de abril de 1947.

Artículo 154.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

Artículo 155.- Comuníquese, etc.

Ley N° 15.786, de 4 de diciembre de 1985

CAPITULO VII - NORMAS GENERALES

Artículo 35.- Los bienes inmuebles rurales que ingresen al dominio del Banco Central del Uruguay o del Banco de la República Oriental del Uruguay por concepto de recuperación de sus créditos, serán destinados al Instituto Nacional de Colonización, siempre que sean aptos para la realización de sus programas, a juicio del Instituto.

Dichos Bancos deberán ofrecer en venta al referido Instituto los bienes inmuebles rurales de su patrimonio dentro de los noventa días del ingreso a su dominio indicándole las condiciones de enajenación. El Instituto Nacional de Colonización se pronunciará sobre la oferta dentro de los sesenta días de efectuada, considerándose la inexistencia de respuesta por no aceptación.

Vencido este plazo, el precio de venta a terceros no será inferior al ofrecido al Instituto, so pena de incurrir en la multa establecida en el artículo 35 de la Ley N° 11.029, de 12 de enero de 1948.

A los efectos de lo dispuesto en este artículo, autorízase al Banco de la República Oriental del Uruguay, a otorgar al Instituto Nacional de Colonización financiamiento para la adquisición de los bienes inmuebles rurales ofrecidos, en las mismas condiciones de pago que el Instituto ofrece a los colonos promitentes compradores".

Tres últimos incisos agregados por Ley N° 16.170, de 28/12/1990 artículo 692.

Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986

SECCION IV - INCISOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

INCISO 07 - MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA

Artículo 324.- Transfiéranse al Instituto Nacional de Colonización los bienes inmuebles rurales del dominio privado del Estado que resultaren aptos para los fines de la colonización y no estuvieren afectados a destino específico.

A ese efecto, el Instituto Nacional de Colonización individualizará las tierras respectivas y, en caso de no registrarse oposición del Estado dentro de los noventa días siguientes a la comunicación del acto de individualización, se verificará la tradición de las mismas.

Los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados acordarán con el Instituto Nacional de Colonización que las tierras de su propiedad que no sean necesarias para sus fines específicos, pasen a ser administradas por el Instituto y aplicadas a la acción colonizadora.

Decreto N° 304/990, de 3 de junio de 1990

Visto: lo dispuesto por el artículo 324 de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986.

Considerando: I) Que es necesario reglamentar el procedimiento a través del cual se hará efectiva la desafectación de los bienes inmuebles rurales del dominio privado del Estado que no tengan un destino específico para ser aplicado en la acción colonizadora;

II) Que es propósito del Poder Ejecutivo adoptar un conjunto de medidas, a fin de llevar adelante una acción colonizadora que contemple los lineamientos previstos en el artículo 1° de la Ley N° 11.029, de 12 de enero de 1948, y en particular el aumento y diversificación de la producción agropecuaria y la radicación en la tierra del productor rural;

III) Que la asignación de tierras aptas a los fines de la colonización según su forma de tenencia por los colonos, deberá realizarse siguiendo las modalidades previstas en el numeral 4 del artículo 7° de la Ley N° 11.029, de 12 de enero de 1948, orientándose a que en última instancia los colonos adquieran la calidad de propietarios, con las limitaciones que establece la ley;

IV) Que se estima conveniente que, sin perjuicio de las condiciones y preferencias que para los aspirantes a colonos prevén los artículos 59 y 60 de la Ley N° 11.029, de 12 de enero de 1948, se prioricen las situaciones de mayor interés y urgencia social, y se contemplen las aspiraciones de trabajadores rurales que deseen instalarse como empresarios y los técnicos y egresados de Escuelas Agrarias.

Atento: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el artículo 168 numeral 4 de la Constitución de la República.

El Presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros

DECRETA:

Decreto reglamentario de: Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986 artículo 324.

Artículo 1°.- El Instituto Nacional de Colonización procederá por expediente administrativo iniciado a tal efecto, a la individualización del bien inmueble rural o parte del bien del dominio privado del Estado, necesario para la acción colonizadora. En dicho acto de individualización establecerá las características del referido bien y estimará el monto de la compensación a abonar al Estado.

Artículo 2°.- La fijación del monto de la compensación referida en el artículo anterior se efectuará en base a la tasación que a esos efectos practique la Dirección General de Catastro Nacional.

Artículo 3°.- El Estado podrá oponerse a la indivualización practicada dentro de los 90 días siguientes a la comunicación del acto de individualización, por estar el referido inmueble afectado a un destino específico o por cualquier otra circunstancia que obste a la desafectación.

Artículo 4°.- En caso de producirse observaciones por el Estado, no se operará la desafectación del bien y el Estado podrá proceder a su venta conforme a los procedimientos legales.

Artículo 5°.- Si el Estado no hubiere formulado observaciones se hará efectiva la desafectación por resolución del Instituto Nacional de Colonización previo pago de la compensación correspondiente. Dicha resolución contendrá los datos escriturales para la cabal individualización del bien y su registración.

Artículo 6°.- El Instituto Nacional de Colonización y el Banco de la República Oriental del Uruguay procurará convenir la forma de financiación del pago de la compensación que corresponda abonar al Estado en caso de que se produzca la desafectación.

Artículo 7°.- Con relación a los bienes inmuebles rurales que se incorporen al Instituto Nacional de Colonización en base al presente régimen, la acción colonizadora se llevará a cabo contemplando los siguientes criterios:

a) Aumento y diversificación de la producción agropecuaria, así como la instalación del productor en su calidad de empresario rural, alentando programas o proyectos específicos como ser, uso mutipredial de maquinaria, producción de forraje en común, campos de recría en común, mecanismos de comercialización asociativos y otros de naturaleza similar.

b) Régimen de tenencia de la tierra por los colonos en calidad de promitente comprador o propietario que lo vincule estrechamente a la tierra y estimule la radicación de la familia en el medio rural.

c) Instalación de aquellos productores que tengan dificultad en acceder a la tierra; de trabajadores ru-rales que aspiran a convertirse en empresarios rurales; técnicos y egresados de Escuelas Agrarias.

Todo ello sin perjuicio de las atribuciones y cometidos previstos en la Ley N° 11.029, de 12 de enero de 1948.

Artículo 8°. (Transitorio).- Dentro de los treinta días siguientes a la publicación del presente decreto el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de lo Con-tencioso Administrativo, comunicarán al Instituto Nacional de Colonización la nómina de sus bienes inmuebles rurales del dominio privado del Estado, con indicación de cuáles estuvieran afectados a un destino específico y cuáles no.

Artículo 9°.- Comuníquese, publíquese, etc.

Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996

SECCION VIII - NORMAS DE DESREGULACION Y REFORMA ADMINISTRATIVA

CAPITULO III - INMUEBLES FISCALES

Artículo 735.- Aquellos inmuebles prescindibles para el desenvolvimiento de los cometidos sustanciales a cargo del Poder Ejecutivo y que no resulten transferidos al Instituto Nacional de Colonización en los términos del inciso segundo del artículo 733 de la presente ley, podrán ser enajenados a terceros, siguiendo al efecto el procedimiento previsto en el artículo 343 de la Ley N° 13.835, de 7 de enero de 1970, y sus modificativos.

Del mismo modo procederán los Directorios y Consejos Directivos de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados respecto de los bienes inmuebles rurales de su propiedad, luego de haber dado cumplimiento a lo preceptuado por los artículos 34 de la Ley N° 11.029, de 12 de enero de 1948, y 324 inciso tercero de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986.

Quedan exceptuados de la presente norma los bienes y propiedades de los organismos del Estado que presten función social o recreativa de sus funcionarios.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Ganadería,

Agricultura y Pesca

ACTA N° 56

En Montevideo, a los veintisiete días del mes de setiembre del año dos mil siete, a la hora quince y diez minutos, se reúne la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros los señores Senadores Carlos Baráibar, Eber Da Rosa, Juan José Domínguez, Gustavo Lapaz y Jorge Saravia.

Faltan con aviso los señores Senadores Francisco Gallinal y Eduardo Lorier.

Preside el señor Vicepresidente de la Comisión, señor Gustavo Lapaz.

Actúa en Secretaría la señora Secretaria de Comisión Lydia El Helou, con la colaboración de la funcionaria Gloria Mederos.

Concurre, por haber solicitado audiencia, la señora ex Presidenta del Instituto Nacional de Vitivinicultura, ingeniera agrónoma María A. Carballo.

Abierto el acto, se pasa a considerar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifican las disposiciones que regulan al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI). (Carpeta N° 819/2007, Distribuido N° 1649/2007).

Siendo la hora dieciséis y diez minutos, se retira de Sala la ingeniera Carballo y se pasa a considerar el proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes por el que se dictan normas para el redoblamiento de la campaña. (Carpeta N° 182/2005. Distribuido N° 1965/2007).

La Comisión resuelve por unanimidad aconsejar al Plenario que se acepten las modificaciones introducidas al proyecto de ley de la Cámara de Representantes y designa Miembro Informante al señor Senador Eber Da Rosa.

Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 1984/2007 que integra este documento.

A la hora dieciséis y diez minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Vicepresidente y la Secretaria de la Comisión.

Gustavo Lapaz Vicepresidente

Lydia El Helou Secretaria

 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.-  Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Da Rosa.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado se abocó al estudio de las modificaciones introducidas al proyecto de ley que en su momento fuera aprobado por unanimidad en este Cuerpo y de autoría de los señores Senadores Camy y Larrañaga, referido al repoblamiento de la campaña. Naturalmente que en el seno de la Comisión fue ampliamente compartida por todos sus miembros la importancia que este tema tiene para el Uruguay, para la producción y para el afincamiento en el medio rural, en un país en el que todos sabemos se ha vivido un fuerte proceso de despoblamiento y de emigración de las zonas rurales hacia la ciudad, con todas las consecuencias que ello indudablemente implica desde el punto de vista social, económico y cultural.

A fin de dar un marco más genérico de la realidad en la que se inserta este proyecto que tenemos a estudio, hemos considerado oportuno aportar algunos cuadros y cifras específicamente referidos al proceso de despoblamiento y a las modificaciones en la distribución poblacional del país que se han venido produciendo durante el siglo XX -par-ticularmente durante sus últimos años- y comienzos del siglo XXI. Decíamos que vamos a mostrar algunos cuadros que, en particular, ponen de manifiesto el modo en que el tema ha ido tomando una especial gravedad con el transcurso del tiempo.

Uno de los objetivos centrales de este proyecto de ley es comenzar a revertir un largo proceso que se viene dando desde hace muchas décadas y que, naturalmente, ha ido llegando casi a un límite en cuanto a la distribución poblacional del Uruguay.

-En este cuadro comparativo podemos ver al país dividido en regiones: la central, compuesta por los departamentos de Durazno, Flores, Florida, Lavalleja y Rocha; la región norte, que comprende los departamentos de Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta Tres; la región oeste, integrada por los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano; y la región sur, compuesta por los departamentos de Colonia, San José, Canelones y Maldonado, a las que se suma, como es natural, el departamento de Montevideo, que a pesar de su pequeña extensión territorial tiene un enorme peso y significación en la distribución poblacional del país.

Aquí puede verse cómo, por ejemplo, en la región central, mientras en 1908 la población afincada en el medio rural era de 18,1%, luego fue disminuyendo al 10,2% de acuerdo con los datos del Censo de 1963, al 9,8% de acuerdo con el Censo de 1975, al 9,3% de acuerdo con el Censo de 1985, y apenas al 8,81%, de acuerdo con los últimos datos registrados en el Censo de 1996.

En la región norte el proceso ha sido tan intenso como en la región central, porque de un 15% de población rural en 1908, se pasó al 9,97% en 1996.

En la región oeste también se produjo un fuerte descenso, ya que de un 16% de población rural afincada en el año 1908, se llegó al 13.83% en 1996.

En cambio, en la región sur, como consecuencia de la fuerte emigración de población desde otras zonas del país, se produjo un pequeño incremento, pasándose de 21,2% en 1908, a 24,89% en 1996. Concretamente, en Montevideo, las cifras nos muestran que se pasó del 29,7% al 42,51%.

Pasamos ahora a las conclusiones del análisis: se observa una continua disminución de la población en la región central, es decir, el centro del país se ha ido ahuecando; que la región norte también sufre una disminución importante de población, mientras que la región oeste se ha mantenido relativamente estable a partir del censo de 1963; que, a su vez, la región sur ha crecido y esto se justifica por un mayor desarrollo social; y, por último, que Montevideo, que desde el censo de 1963 hasta el de 1985 figura con una distribución estable de la población, comienza a perder participación y porcentaje de población en 1996.

Por otra parte, señor Presidente, en un comparativo específicamente referido a los porcentajes de población urbana y rural de los tres últimos censos, se puede apreciar que mientras que la población urbana del Uruguay en 1985 era de 2:581.087, de acuerdo con informaciones primarias, en el año 2004 era de 2:974.714. A su vez, la población rural que en 1985 era de 374.154 personas, en 2004 desciende a 266.289.

- En este cuadro se observa la distribución porcentual de las poblaciones urbana y rural desde 1985 a 2004.

En un análisis de la tasa anual media de crecimiento intercensal considerando los tres últimos censos en base a tasas promedio anuales por cada mil habitantes, se puede apreciar que entre 1985 y 1996 la población urbana ha registrado un margen positivo de 9,8%, mientras que en el período comprendido entre 1996 y 2004 tuvo un crecimiento de 4,3%. La población rural, entre los censos de 1985 y 1996 mostró un guarismo negativo de 21,2% y, entre 1996 y 2004, de 11,2%. Por lo tanto, se observa un constante decrecimiento en las zonas rurales puesto que, reitero, en el período comprendido entre 1985 y 1996, la población rural disminuyó en un promedio de 21, 2 personas cada mil habitantes que en el año 1985 residían en esa zona. Este ritmo de disminución cae casi a la mitad entre 1996 y 2004: 11,2  personas cada mil habitantes.

Es importante apreciar también, como registro de datos en el análisis de esos períodos intercensales, que en el período 1996-2004 la zona urbana del departamento de San José fue la que tuvo mayor crecimiento poblacional, alcanzando la cifra de 14,9 personas cada mil habitantes. En el mismo período, la zona urbana del departamento de Montevideo tuvo un decrecimiento, no así su zona rural, que fue la única que creció 41,1 personas cada mil habitantes. Evidentemente, esto  puede estar relacionado con el aumento de los asentamientos y la emigración de las zonas rurales y del interior del  país hacia los alrededores de Montevideo, donde se constata una progresiva concentración de la población. Mientras que en 1996 la población rural constituía el 2,82% del total de la población del departamento, en el año 2004 pasó a 3,9%.

- Estamos viendo ahora otros cuadros que nos dan la pauta de la distribución en las mismas regiones que identificamos anteriormente: central, norte, oeste, sur y Montevideo. Nos encontramos con que en todas ellas hubo una disminución del total de la población rural entre 1985 y 1996 de 82.468 personas. Esto significa que hubo una disminución del 22,1% respecto al año 1985. Comparando ambos censos, se observa una caída en las cinco zonas planteadas.

En cuanto a la distribución por región, podemos constatar que entre los censos de 1985 y 1996 en todas las zonas rurales definidas en este trabajo disminuyó la cantidad absoluta de personas, tal como lo comentábamos respecto al cuadro anterior.

En lo que tiene que ver con  la distribución porcentual de la población rural, se observa que el mayor cambio en esta estructura se da en la zona sur, siendo en 1996  mayor que de 1985. Montevideo  pierde participación en el total de la población rural con respecto al año 1985. Tal como se expresó anteriormente, a pesar de esta situación, sobre la base de la información del censo Fase I, en 2004, Montevideo había recuperado participación en la población rural, ya que fue el único departamento que tuvo un crecimiento poblacional en el  área rural como consecuencia del aumento de los asentamientos. La zona central mantiene su participación en el total de la población rural; la zona norte aumenta 0,7% y, a su vez, se produce un descenso del 1,6% en la participación de la población en la zona oeste del territorio nacional.

¿Qué importancia tiene para el Uruguay la presencia o radicación de la población en el medio rural? ¿Cuál es la importancia de las políticas de colonización, es decir, la armonización de las políticas de tierras con las políticas poblacionales? Los objetivos han de ser lograr una más adecuada distribución de la población en el territorio nacional, buscar que el núcleo familiar pueda enfrentar las necesidades de la vida con un menor costo -como el que sin duda implica vivir en el medio rural-, frenar el proceso de emigración a la ciudad que genera un incremento de demanda y de costos en infraestructura urbana. Esto ya lo expresamos en oportunidad de considerar el proyecto de ley en el Senado. Aquellos que tuvimos la responsabilidad de ejercer la titularidad de Gobiernos Departamentales hemos apreciado el incremento de costos de la infraestructura urbana precisamente por la fuerte emigración de la población de las zonas rurales a las urbanas. También es importante la presencia o la radicación de población en las zonas rurales para atenuar tensiones y anomalías sociales que son propias de los centros urbanos, tales como la marginalidad y la exclusión social, el mayor consumismo y los crecientes índices de insatisfacción de la gente. Incluso es importante para frenar la propia marginación cultural, porque al conservarse pautas de conducta rurales, muchas veces se genera una marginación que no solo es económica, sino también de carácter cultural, que en muchos casos después se traduce en choques, conflictos y en la pérdida de determinados valores y referencias, que luego se evidencian en problemas de seguridad pública que todos conocemos y vivimos en las zonas urbanas.  No obstante ello, la urbanización es en el mundo un fenómeno universal y no algo exclusivo de la región ni del país, como ya lo hemos advertido en otras oportunidades, pero los efectos negativos se sienten más intensamente en los países pobres. Hoy, en las políticas del Banco Mundial, por ejemplo, el 25% del portafolio de créditos es destinado al desarrollo rural, pero eso no parece compadecerse con el hecho de que el 75% del mundo pobre es rural. Claro está, los países desarrollados tienen mecanismos que les permiten, a través de sus tesorerías, enfrentar políticas territoriales y poblacionales como son, por ejemplo, las llamadas políticas de subsidios practicadas en países como Estados Unidos o los europeos. Viene bien recordar una cita del actual Senador Sanguinetti, cuando era Presidente de la República en su primer período de Gobierno quien,  en oportunidad de visitar Europa, expresó que los  productores de los países de América Latina, de los países pobres, quieren competir con los productores de los países europeos, pero no con las tesorerías de esos países y de los desarrollados. Naturalmente, en el Uruguay, por su carácter de país agroexportador, esto tiene una indudable relación e importancia. En tal sentido, es en gran medida parte de la historia del Uruguay la relación entre la tierra, la distribución poblacional y de los servicios en la evolución del país.

Quiero traer a colación una cita de una exposición realizada por el ingeniero Álvaro Ramos, ex Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay, ex Canciller de la República, coordinador de programas diversos en nuestro país y consultor de la oficina del ICA, quien en un trabajo referido al desarrollo rural sostenible con enfoque territorial, decía: El Uruguay tiene una economía sustentada en un perfil agroexportador de commodities y en los servicios. Creo que aún hoy perdura la dicotomía puerto - pradera, porque los servicios los ubicamos en áreas metropolitanas y en la franja costera, y el resto de las commodities las producimos en el remanente del territorio, con más o menos eficiencia, con más o menos eficacia, con más o menos éxito en el resultado, dependiendo más de las coyunturas internacionales que de la propia dotación de factores y recursos puestos a transformar las commodities en productos de mayor valor agregado y de mayor integración de conocimientos e inteligencia. Y perdura la dicotomía puerto - pradera, dicotomía que viene de la época del virreinato, donde los servicios y el comercio, las oportunidades de crecimiento, de educación, de capacitación y de infraestructuras, se establecieron en Montevideo. Y la pradera era la que suministraba los recursos, los productos y los impuestos que alimentaban el desarrollo de la sociedad capitalina, hoy del área metropolitana. Eso no lo hemos podido resolver y son más de 200 años de historia que, para los que se ponen nerviosos por las urgencias, son procesos que no se pueden revertir en corto plazo. Y, además, el ingeniero Alvaro Ramos cita al profesor Sunci, de la Unión Europea, quien expresaba refiriéndose al tema del territorio: Un territorio se define por múltiples aspectos. Se define por la dotación, uso y manejo de recursos, por la administración de los ecosistemas, por la combinación de los sistemas de producción, por la distribución de las características sociales de la población, por la inversión socioeconómica histórica que el país hizo a nivel público y a nivel privado; pero, sobre todo, el territorio se define por la vía de su gente: los aspectos culturales, las relaciones sociales, el tejido social, en fin, el capital social.

En el Uruguay hemos tenido o tenemos como características centrales, en lo que tiene que ver con la pobreza en el medio rural, tres rasgos muy fuertes. Por un lado, la expulsión de la población, la emigración campo - ciudad, que en muchos casos ha sido traslación de la pobreza a nivel rural hacia las zonas urbanas. Muchas veces los índices de pobreza tienden a ser vistos como si estuvieran disminuyendo, pero no porque sean atendidas sus causas o su problemática, sino porque esa pobreza se traslada al medio urbano.

Otro rasgo es la inferioridad en la calidad de vida de sus habitantes, generalmente por la carencia de servicios básicos como la electricidad y las comunicaciones. Asimismo, el medio rural presenta una  mayor mortalidad infantil, menor educación, inferiores posibilidades para sus mujeres, carencias de servicios de salud, etcétera. En tal sentido, el profesor Alain de Yanvry, de la Universidad de Berkeley, California, expresaba: Para lograr las metas del desarrollo del milenio, la pobreza rural y el desarrollo rural rezagado necesitan ser atacados directamente, para lo cual el desarrollo rural debe ser ubicado muy por encima en las listas de prioridades en las agencias de desarrollo.

Una tercera característica -que refleja las dificultades y nuestra pobreza en el medio rural- está dada por los obstáculos en el acceso a la tierra. Esto constituye un enorme problema que se ha agravado, además, en los últimos años. En ese sentido, es bueno señalar que, de acuerdo con expresiones de destacados especialistas y técnicos en los temas agropecuarios y de distribución poblacional -es decir, en cuestiones demográficas-, el Uruguay enfrenta problemas como son el alto precio de la tierra en los últimos años, su creciente extranjerización y diferencias entre zonas y tipos de explotación que repercuten, obviamente, sobre la distribución poblacional y sobre su radicación en las distintas zonas del territorio nacional.

El profesor Alain de Yanvry -citado nuevamente, no solo en mi exposición sino también por el propio ingeniero Álvaro Ramos-, en un trabajo del cual hemos extraído algunas de las citas que hemos mencionado, expresa: "El acceso a la tierra es esencial para lograr como objetivos combatir la pobreza rural y promover la generación propia de ingresos". Y agrega: "Debe buscarse promover la competitividad del colono o productor y no la permanente asistencia o tutelaje del Estado." Luego dice: "La generación de ingresos por los propios pobres rurales necesita ser ubicada formalmente en la agenda de reducción de pobreza para lograr metas del desarrollo del milenio."

- En el marco de esa realidad hemos podido apreciar cómo en los últimos años en el Uruguay ha habido un incremento importante de las operaciones de compraventa de tierras y un aumento notorio de su  valor, del precio promedio por hectárea del total de las tierras del país, teniendo en cuenta el período  2000 - 2005, y según informaciones extraídas de la OPYPA del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Mientras en el año 2000 las superficies de operaciones de compraventa eran de 296.406 hectáreas, en el año 2006 fueron de 321.215 hectáreas y hemos atravesado tres años, 2003, 2004 y 2005, en los que la superficie total de hectáreas objeto de compraventa fueron, respectivamente, de 620.369 hectáreas, de 637.173 hectáreas y de 688.901 hectáreas. Al mismo tiempo, observamos cómo el valor total de las operaciones ha ido incrementándose en términos de millones de dólares, ya que de US$ 161:000.000 en el año 2000, se  llegó a US$ 348:900.000 en el año 2006, habiendo atravesado los años 2004 y 2005, en los que los valores de las operaciones, en términos de millones de dólares, fueron de US$ 412:000.000 y US$ 546:000.000, respectivamente.

El precio promedio de la hectárea que en el año 2000 era de US$ 546,  en el 2006 llegó a US$ 1.086. El valor total del stock de tierras de que dispone el país se ha capitalizado y valorizado, porque ha pasado de US$ 8.965:000.000 en el año 2000 a US$ 17.832:000.000 en 2006. Todo ello es un claro indicador de cómo ha crecido en los últimos seis años, desde 2000 hasta 2006, la cantidad de operaciones por tierras, cómo ha aumentado el valor de éstas, cómo ha crecido el precio promedio de la hectárea y cómo se ha capitalizado el valor total del stock de tierras en el territorio nacional.

- Es importante analizar también la evolución del índice de los precios domésticos en dólares y del promedio de la hectárea sobre una base de 100 en 1983. En esa escala puede apreciarse cómo la línea rayada o punteada, que representa el precio de la tierra, ha ido creciendo aceleradamente en los últimos años, mientras que los precios domésticos en dólares no han tenido el mismo aumento o no han acompañado en forma exacta el incremento mencionado. 

En este cuadro comparativo también es bueno apreciar cómo ha ido creciendo el precio de la tierra en el Uruguay con respecto a Argentina y Brasil, tomando en cuenta el de las tierras agrícolas, ganaderas y forestales. Es tradicional que las tierras en Brasil, en algún tramo de la historia, sobre todo a principios de la década de 1990, y luego en la República Argentina, se hayan caracterizado por tener precios notoriamente superiores en cuanto al valor de la hectárea explotable. En la actualidad, las previsiones indican que, en la medida en que exista crecimiento de las actividades económicas en el Uruguay, no solamente por la explotación forestal, sino también por el desarrollo de la explotación agrícola-ganadera y lechera, los precios puedan llegar a equipararse a valores con los que existen en esos países.

Es bueno analizar cómo y por qué se han ido dando esos factores para el incremento del precio de la tierra en el Uruguay. Como factores determinantes debemos señalar, por un lado, cierta ineslasticidad del precio en las ofertas de tierra, es decir, una oferta relativamente rígida y, por otro, un fuerte incremento en la demanda de tierras motivada, fundamentalmente, por el incremento de la forestación, que ha sido fuertemente incentivada a partir de la Ley Forestal de 1986 con las exoneraciones tributarias y los subsidios que han estado apuntalando fuertemente el crecimiento de esta actividad. Pero también en los últimos años ha habido una colocación fluida en el mercado internacional y un alza de precios de la carne, de productos agrícolas como, por ejemplo, la soja y de los lácteos. Todos estos han sido factores que han estado y están en la actualidad determinando fuertemente ese incremento y esa valorización del precio de la tierra en el Uruguay. Al mismo tiempo, estos factores se han visto potenciados por hechos tales como la devaluación del año 2002 -que, obviamente, facilitó el incremento de colocaciones de nuestros productos en el mercado internacional-, el uso masivo de tecnología de siembras directas, el cultivo masivo de soja resistente al glifosato, las retenciones a exportaciones hacia Argentina y el incremento de la colocación de granos para la extracción de bioenergías, que es un fenómeno bien reciente que cada vez cobra más notoriedad y mas fuerza, no sólo en nuestro país, sino a nivel de toda la región. Todos estos factores y situaciones han influido fuertemente para que el acceso a la tierra se vuelva cada vez más difícil para el uruguayo. A su vez, esto ha sido acompañado de un fuerte proceso de extranjerización en virtud de que, precisamente, quienes ven posibilidades de explotación y de crecimiento en el desarrollo de actividades con una fuerte colocación en el mercado internacional, busquen radicarse en el país. De un total de 16:499.683 hectáreas que componen el territorio nacional, más de 4:000.000 están en poder de extranjeros. Todos sabemos, además, que la inversión extranjera presenta su problema, pero el Uruguay la necesita, porque precisa crecimiento, generación de puestos de trabajo y crecimiento de sus exportaciones. Creo que de ello no puede caber absolutamente ninguna duda a nadie y, por lo general, en la actualidad el sistema político lo tiene claramente asumido. Por otra parte, todos sabemos que muchas veces la inversión extranjera no genera tantos puestos de trabajo ni tanto crecimiento de las exportaciones, debido a que utilizan otro tipo de métodos y medios que determinan que no siempre necesariamente exista la posibilidad de la consecuencia favorable y beneficiosa para la sociedad uruguaya en cuanto a la generación de empleo. Por otro lado, recién señalábamos que se advierten diferencias importantes entre zonas y tipos de explotaciones. No es lo mismo el tipo de explotación y de radicación de población que se advierte en la zona norte del territorio nacional, donde predomina clara y tradicionalmente la explotación ganadera, que la que se constata en el sur, en donde existe explotación lechera, agrícola y granjera que son, obviamente,  actividades mucho más afincadoras de la gente en las zonas rurales.

El profesor Yanvry, de la Universidad de Berkeley, California, señala que en materia de desarrollo rural hay cuatro elementos fundamentales: en primer lugar, priorizar su atención; en segundo término, reformular programas de desarrollo rural, poniendo énfasis en la capacidad de generación de ingresos en oposición a las simples transferencias de recursos; en tercer lugar, orientar el crecimiento económico para que sea más efectivo en generar ingresos propios del medio rural; y, en cuarto término, elevar no sólo en cantidad sino también en calidad la eficiencia de las inversiones en el desarrollo y en la protección social de las áreas rurales.

Las experiencias históricas en materia de colonización y de políticas de tierras enseñan que lograr el acceso a la tierra es la parte más fácil en los programas de combate a la pobreza rural, cuando hay políticas de Estado o cuando hay normas legales o constitucionales que así lo consagran y lo facilitan. Lo más difícil es lograr después la competitividad sostenible de los beneficiarios. No solamente es importante establecer los mecanismos de acceso a la tierra para su explotación, sino además lograr que esa pequeña empresa, que ese colono, que ese productor, tenga después sostenibilidad, sustentabilidad, así como los medios para poder defenderse sin necesidad del tutelaje estatal o de las  transferencias de recursos para mantener esas pequeñas empresas o ese proceso de radicación de la población en el medio rural, porque eso no es precisamente lo deseable y, por el contrario, sería un verdadero fracaso de las políticas de tierra y poblacionales.

En el mundo hay muchos ejemplos de países que han encarado políticas en esta materia. El mismo Uruguay lo ha hecho, porque cuenta con una Ley de Colonización de 1948; también Colombia y Brasil -que ha llegado a incluir en su Constitución normas para la explotación y tenencia de tierras, exigiendo un mínimo de productividad o, en su caso, topeando la propiedad de tierras para asegurar una mejor explotación y una más racional distribución-, así como Bolivia -en donde se revisa la legalidad de propiedades con títulos dudosos o viciados de nulidad- y República Dominicana, que ha encarado políticas de distribución de tierras mejoradas con proyectos de riego público  enfocados conjuntamente con planes de colonización.

¿Cuáles son los objetivos de una política de colonización? Adecuándonos a la realidad de Uruguay, los objetivos principales son: mantener la población afincada y sustentada económicamente en el medio rural; mejorar la distribución poblacional tan irregular; facilitar medios o instrumentos para el acceso a la tierra de los uruguayos, sin atacar ni desalentar la inversión extranjera -es decir, estimular el acceso a la tierra de los uruguayos por la positiva sin necesidad de adopción de normas que puedan significar el riesgo de la captación, o de las posibilidades de captación, de inversiones extranjeras que el país necesita-; generar posibilidades reales a hijos de familias rurales que no pueden acceder a las tierras, para que se queden viviendo en ese medio; facilitar a aspirantes a colonos egresados de estudios universitarios o de escuelas técnico agrarias, que en muchos casos aparecen inscriptos en los registros del Instituto Nacional de Colonización sin que puedan concretar sus anhelos y aspiraciones durante muchos años; facilitar a grupos de trabajadores rurales la posibilidad del desarrollo de colonias de explotación; buscar una mayor cohesión social en el territorio nacional, abatiendo las asimetrías, por ejemplo las existentes entre la realidad de un territorio en el norte del Río Negro y la de uno en el sur, o las diferencias entre las zonas metropolitanas -o circundantes a ella- y las alejadas; disminuir a mediano y largo plazo la exclusión social urbana y la consiguiente reproducción de pobreza y marginalidad social y cultural para el futuro, y lograr una mayor competitividad social del conjunto del territorio, encarándolo con una visión integral en sus diversas regiones, con mayor intensidad y sustentabilidad, apuntando a tener mayores volúmenes de producción y a agregar mayor valor incorporado en ellas.

Para ello se requiere, señor Presidente, políticas integradas que permitan aterrizar en un territorio determinado y focalizado. Me refiero a políticas verticales nacionales, que todo país tiene -naturalmente, el Uruguay también-, en materia fiscal e impositiva, de infraestructura, de transporte, de salud, de educación, etcétera; todo ello en forma coordinada y convergente. No se trata simplemente de asegurar que alguien pueda acceder a un pedazo de tierra para ser trabajada, sino de crear una política integral, focalizada y que asegure la coordinación y la convergencia de acciones gubernamentales en distintas áreas para hacer posible la sustentabilidad y el crecimiento de esas políticas colonizadoras.

Es importante recordar que nuestro Partido, en las últimas elecciones nacionales, propició -y en una entrevista realizada hace unos meses entregó personalmente, de manos del señor Presidente del Directorio del Partido Nacional al señor Presidente de la República- un proyecto tendiente a potenciar las llamadas "Agencias Nacionales para el Desarrollo" que, entre otras cosas, buscan transformarse en elementos articuladores de esas políticas y de esas acciones coordinadas y convergentes. Por ello, señor Presidente, en el proyecto de ley, tal cual lo vimos en su momento en este Senado en oportunidad de ser votado, se prevé la integración de acciones y planes de diferentes órbitas de Gobierno en las políticas colonizadoras entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca -en asistencia a los productores-, el MEVIR -con una larga experiencia en erradicación de viviendas insalubres en el medio rural y en la construcción de nuevas-, UTE -porque la electrificación rural y los programas energéticos son absolutamente clave y fundamentales en el mundo actual y en la realidad en que hoy pretendemos vivir y producir-, las Intendencias -en materia de caminería rural-, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto -en la coordinación de acciones para mejorar las condiciones de salud, educación, transporte y comunicaciones en esos núcleos poblacionales- y otros Ministerios que trabajen coordinadamente en función de estos objetivos.

En su oportunidad, habíamos  aprobado que las tierras propiedad del Estado, de los Entes Autónomos, de los servicios descentralizados y organismos públicos en general, que por su ubicación, superficie y caracteres agrológicos sean apropiadas para la formación de colonias y no estén afectadas a un destino específico, de acuerdo con la especialidad del organismo público de que se trate, se declaran como prioridad para ser colonizadas. Se dispone que en un plazo de noventa días esos organismos deban ceder la administración o transferir la propiedad al Instituto Nacional de Colonización, buscando evitar la preponderancia de intereses parciales o sectoriales -o de lo que vulgarmente, en la jerga del Estado, llamamos la famosa "chacrita"- que afecten iniciativas que  respondan a un interés general.

Además, el proyecto de ley preveía la posibilidad de que en el plazo de un año el Instituto Nacional de Colonización venda toda tierra que no atienda a la finalidad colonizadora y de la cual hoy sea propietario. En cuanto a la facultad otorgada al Instituto para ofrecer a colonos la venta a plazos de las tierras que actualmente ocupan, en la Cámara de Representantes se elimina la condición de que la explotación de la fracción no sea la única fuente familiar de ingresos, tal como figuraba  en el texto aprobado por el Senado. También se introdujo como modificación la posibilidad de promover fideicomisos para obtener recursos financieros, económicos, y la securitización de ingresos por parte del Instituto Nacional de Colonización, que le permitan desarrollar las políticas colonizadoras que se le encomiendan en esta iniciativa y en la Ley Nº 11.029, de 1948.

Por otra parte, se mantienen los criterios de prioridad para adjudicar tierras a familias integradas con personas jóvenes y niños en edad escolar y se agrega a los pequeños productores que ya están explotando predios en forma asociada o que exploten áreas pequeñas, insuficientes y/o con tenencia precaria.

En la Cámara de Representantes se introdujo una serie de modificaciones que, más que al proyecto de ley aprobado en el Senado, se refieren a la Ley de Colonización Nº 11.029 de 1948. Entre esas modificaciones se establece, preceptivamente, que antes de comprar, expropiar, tomar en arrendamiento o en administración por parte del Instituto Nacional de Colonización, se deberá proceder a la tasación del inmueble y a realizar un estudio técnico de explotación económica regular que justifique la operación considerando, entre otras cosas, la ubicación de la zona donde los costos de producción sean viables, la demanda externa e interna previsible y que el plan de explotación responda a criterios naturales y técnicos. Estamos de acuerdo en este último factor, habida cuenta de la fuerte dependencia que el Uruguay tiene de los mercados exteriores, precisamente, por la estrechez del propio y su limitada capacidad de consumo.

Otras modificaciones se refieren a que todo propietario, antes de enajenar un campo igual o superior a 500 hectáreas valor CONEAT 100 -en la Ley de Colonización se establecía 1.000 hectáreas en lugar de 500- deberá ofrecerlo al Instituto Nacional de Colonización, el que tendrá preferencia para la compra por igual valor y plazo de pago previstos originalmente.

También se consagra que en toda transacción de un campo mayor a 1.500 hectáreas CONEAT 100 el Instituto tenga la opción de comprar hasta un 20%, que deberá ser en una sola fracción cuyo índice CONEAT sea similar al promedio del total involucrado en la operación original; si hubiere diferencias de valor, esta no podrá ser mayor a un 10%. Asimismo, se dispone que el Instituto Nacional de Colonización tenga veinte días para aceptar la oferta, en caso de que no lo haga, se entenderá que no hubo aceptación y, en consecuencia, el vendedor quedará en libertad de acción para concretar otro negocio. Si no hay oferta por parte del enajenante al Instituto Nacional de Colonización, no se cumple con la disposición y el negocio de venta será nulo y se pagará una multa equivalente al 25% del valor.

En términos generales, estas normas ya figuraban en la Ley de Colonización Nº 11.029, de 1948.

Por otra parte, se dispone que las parcelas colonizadas puedan tener ese carácter en régimen de propiedad, de derecho de uso o de goce, y estarán afectadas preceptivamente a fines de interés colectivo que la propia ley promueve y protege. Asimismo, se indica que en toda enajenación, gravamen, subdivisión o cesión en la que no haya anuencia del Instituto Nacional de Colonización, el negocio se considerará nulo.

También se fijan plazos que modifican los que figuran en la Ley de Colonización Nº 11.029, a los efectos de regularizar títulos viciados o que no hubieran cumplido con el requisito de la anuencia previa del Instituto para ser ofrecidos en adquisición. En ese caso, se determina un plazo de tolerancia de doce meses en el que, hecho el registro correspondiente, las nulidades que pudieran afectar el negocio son subsanadas. A la vez, se establece que vencido el plazo de tolerancia, siempre será necesaria la autorización previa del Instituto para enajenar, gravar, ceder o subdividir predios. Si transcurrieron veinticuatro meses sin que se regularicen los títulos y la situación del predio, el campo debe volver al Instituto.

Entre los artículos incorporados se  indica que el Instituto puede proceder a la rescisión unilateral del contrato si el colono deja de pagar dos anualidades vencidas, si se dedica a explotar otros predios no adjudicados, si es causa de perturbaciones o desórdenes en la colonia y si no se ajusta a las normas de explotación establecidas. Declarada la rescisión, el colono deberá entregar el predio y, si no lo hace voluntariamente, el Instituto puede disponer, como herramienta procesal del juicio de entrega de la cosa, un juicio de trámite abreviado que, precisamente, asegura en menor tiempo y con mayor eficacia la restitución del predio correspondiente.

En Comisión hicimos notar algunas dudas en cuanto a determinados aspectos formales del proyecto que consideramos deben corregirse en el futuro, sobre todo, para no generar peligrosos precedentes.

Concluimos, señor Presidente, diciendo que habida cuenta de que este tema es de mucha importancia y prioridad por los problemas que hoy padece el país en cuanto al valor de la tierra, a las posibilidades de los uruguayos de acceder a ella y a la necesidad de recomponer un tejido social en el área rural -aunque sea a largo plazo-, consideramos necesario aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes a este proyecto de ley, de manera de aprobarlo en la sesión de hoy. Repito que el objetivo es lograr una serie de metas, pero no a corto plazo, pues somos absolutamente conscientes de que los resultados exitosos que todos deseamos, de obtenerse, se efectivizarán a mediano o a largo plazo.

En todo caso, señor Presidente, creo que debemos hacer lo necesario y lo indispensable para comenzar a revertir un proceso que se está dando en el Uruguay pues, dadas las características de nuestro país y las pocas posibilidades que tiene por su tamaño y por su reducida población, resulta fundamental dinamizar las políticas de colonización. Es así que, siguiendo el espíritu de aquel Reglamento Provisorio de Tierras del año 1815 dictado por nuestro prócer, el General José Artigas, así como también la filosofía inspiradora de la Ley de Colonización de 1948, entendemos absolutamente necesario aggiornar todas esas normas a los tiempos que vivimos y potenciar hacia el futuro políticas de colonización, políticas de tierras, políticas poblacionales y políticas de desarrollo. Francamente, entendemos que esto es imprescindible dadas las características de nuestro territorio y la evolución política, económica y cultural del Uruguay.

Muchas gracias, señor Presidente.

13) REGIMEN DE TRABAJO

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: pido que se declare urgente la consideración de la solicitud de acuerdo para  designar Embajador en Arabia Saudita.

A su vez, propongo suspender la sesión extraordinaria fijada para el día de mañana, en razón de que la Comisión de Salud Pública no logró culminar su trabajo de análisis y votación del articulado del proyecto de ley relativo a la defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva. En lo que respecta a la fecha de su tratamiento, estaríamos a lo que el señor Presidente sugiriera; simplemente señalamos que podría fijarse una sesión extraordinaria o eventualmente tratar este asunto el día martes 6 de noviembre, pero en régimen de sesión extraordinaria.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si los señores Senadores están de acuerdo, el proyecto de ley relativo a la defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva será considerado el martes 6 de noviembre, tal como ha sido sugerido, suspendiéndose la sesión ordinaria de ese día.

Se va a votar la solicitud de urgencia relacionada con la designación de un Embajador y, en el mismo acto, la propuesta de suspensión de la sesión extraordinaria fijada para el día de mañana y la sesión ordinaria del día martes 6 de noviembre.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, el Senado queda convocado a una sesión extraordinaria el día 6 de noviembre, a fin de considerar el proyecto de ley relativo a la defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva.

14) REPOBLAMIENTO DE LA CAMPAÑA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión del proyecto de ley por el que se crean normas para el repoblamiento de la campaña. Tiene la palabra el señor Senador Saravia.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: queremos reflexionar en este Senado sobre algunos aspectos que hacen al tema de la tierra y de la inversión en el Uruguay y que tienen que ver con las políticas activas que se pueden implementar en la materia, teniendo en cuenta el proyecto de ley que fuera aprobado por unanimidad en la Comisión y que viene modificado de la Cámara de Representantes, modificaciones que  compartimos.

Queremos mirar la coyuntura en perspectiva, desde el punto de vista de lo que ya ha pasado y de lo ha estado pasando en el mundo en los últimos años, pues todos sabemos que a partir del año 2003 la economía mundial ha cambiado sustancialmente, sobre todo en lo que respecta a los distintos requerimientos económicos internacionales, lo que, a su vez, ha llevado al Uruguay a un crecimiento exponencial, con innovación en algunas áreas de las cadenas productivas.

Nos vamos a referir a esa coyuntura mundial que se genera debido al incremento sustancial del precio del petróleo, pero también a las políticas diferenciales que Estados Unidos lleva adelante, por ejemplo, en materia de créditos fiscales, donde los valores se sitúan en US$ 0,51 por el etanol y en US$ 1 para los biodiésel. Esto, a nivel mundial, ha provocado un empuje en el valor de los granos que producen tanto biocombustible como etanol, lo que se traslada al precio de los mercados internacionales. Esta suba de precios de las commodities, arrastrada por el incremento del valor del combustible, ha disparado en la economía mundial una situación diferente a la que existía antes del año 2003, lo que también se relaciona con la coyuntura de la crisis económica de 2002. En definitiva, es un hecho que el cambio producido en la estructura mundial constituye un factor que influye en todo.

¿Y qué es lo que ocurre en el mundo de hoy? Más allá de la explosión en el valor de las commodities de granos que producen biocombustible, por la relación del valor del petróleo, hay una novedad que se traslada también al Uruguay y los demás países productores de materias primas como son los alimentos. En los últimos cinco años, por ejemplo, China continental ha pasado de una situación de pobreza extrema a una realidad distinta, en la que la población -más de 1.300:000.000 de personas-, que antes consumía por un valor de US$ 1, ahora lo hace por US$ 10 diarios. Entonces, existe una referencia de los cambios mundiales; por ejemplo, el consumo que tiene lugar en China y el aumento en el valor de los lácteos a nivel internacional, con precios exponenciales que en los últimos dos años han pasado, en el caso de la leche en polvo, de alrededor de US$ 1.000 la tonelada a más de US$ 5.000, mientras el precio de la tonelada de queso para rallar se ubica en más de US$ 6.000.

Indudablemente, todo este movimiento económico que se da en el mundo debe ser tenido en cuenta a la hora de discutir las políticas de tierra y de inversión en el Uruguay.

Cabe destacar que también ha habido un fuerte cambio en la estructura empresarial de nuestro país, no sólo a nivel agropecuario y de tierras, sino también a nivel industrial, con la compra de las cadenas de frigoríficos. Todos sabemos que en el mundo la carne ha tenido otro valor y que su precio ha sufrido un incremento distinto en los últimos tiempos. Y si se mira la relación del valor de la carne a nivel internacional con el de la tierra, se advierte que los datos no coinciden con la rentabilidad del sector, que apenas se multiplicó por 2,5, cuando el valor del ganado aumentó un 35%. También es importante tener en cuenta este aspecto, lo que lleva a preguntarnos cuál es el sentido que los inversores internacionales y las grandes cadenas de producción de alimentos le están dando a  todo esto. Creemos que están viendo el valor importante que tiene el hecho de instalarse donde está la producción de comidas del mundo y esto, hacia el futuro, seguramente generará en el Uruguay un gran debate entre todos los actores políticos sobre la extranjerización y la propiedad de la tierra, sobre el valor de las commodities, pero también sobre los medios de producción y la seguridad alimentaria para nuestro país y para el mundo. La idea es ver cómo los uruguayos debemos aprovechar estas grandes inversiones y cómo podemos proteger a los productores y a las empresas nacionales, así como también a las familias que están afincadas en el campo.

Entonces, creo que el proyecto de ley es oportuno porque definitivamente hace a las políticas activas, a las que, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha llevado adelante con el proyecto de desarrollo rural y del PPR, con acceso a soluciones al  problema del endeudamiento endémico en el Uruguay. Todo esto trae un contenido muy importante en el sector productivo nacional, sobre todo en el familiar.

Cabe mencionar también la cuestión del acceso al crédito, que últimamente ha sido limitado, fundamentalmente para los pequeños y medianos productores. Sucede que este modelo de inversión y de cambio de la estructura productiva en el país -me refiero a la estructura de las industrias y también del agro, con  una fuerte inversión, sobre todo en el sector empresarial e industrial- conlleva, a su vez, un modelo de exclusión de los pequeños y medianos productores, por la dificultad que existe, en particular, para el acceso a la tierra, dado el incremento de su valor sobre todo en los últimos tres años. Tal como fue claramente expresado por el señor Miembro Informante, el valor de la tierra se ha multiplicado dos veces y media. En ese sentido, el productor nacional, sobre todo el familiar que está por debajo de la línea de pobreza -cuyo número ronda los 18.000 ó 19.000-, está en camino de extinción si las políticas sectoriales no llegan a tiempo para frenar ese proceso; y ese es un proceso de hace muchos años, que ahora deja al productor a la mitad o a la vera del camino por no tener acceso al crédito ni por poder ampliar su línea y estructura de producción por falta de tierra y de escala de producción. Aquí surge un elemento fundamental: en la actualidad, de los 50.000 productores del Uruguay, 37.000 son familiares, de los cuales 18.000 están por debajo de la línea de pobreza; y de éstos, 6.000 están siendo asistidos por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, mientras que el resto espera la posibilidad de acceder a un pedazo de tierra más o pasar de ser arrendatario a colono y tener así su tierra. Tanto este proyecto de ley como otras políticas, de aquí en adelante deben procurar solucionar esta situación del agro uruguayo porque el fuerte incremento de la inversión industrial en el agro y de las cadenas para producir alimentos va a traer como consecuencia una mayor concentración y extranjerización de la tierra. En ese sentido, hay ejemplos muy claros de cadenas industriales que concentran el proceso: desde el medio de producción de la tierra hasta terminar la cadena de producción. Cabe citar a Botnia, que es una cadena agroindustrial y no una industria celulósica, porque cuenta con 123.000 hectáreas propias y culmina en la pasta de celulosa. El Frigorífico PUL es una cadena agroindustrial porque comienza con la producción en el campo y termina en la faena de exportación. Este es un componente muy importante en el cambio de la estructura del país, sobre todo de los últimos dos o tres años. Debemos visualizar esto que es muy importante y que se ha dado hoy por una fuerte inversión y el valor de las commodities, acarreado por la explosión del valor del petróleo y de los biocombustibles, sumado al consumo que está generando Asia y que se prevé que aumente en los últimos diez o quince años. Incluso, los gurúes internacionales de la economía están diciendo que esta década aún no es la del mayor valor de las commodities, sino que lo será la siguiente. Por lo tanto, si se concreta, esto se va a profundizar en el Uruguay y las grandes cadenas se van a venir a instalar en los lugares donde se produce alimentos para el mundo que los consume.

Creo que este es el gran debate que está sobre la mesa, más allá del proyecto de ley que todos compartimos por unanimidad y que pensamos es una herramienta necesaria para, por lo menos, ir frenando ese proceso de extranjerización de la tierra y de descapitalización del ser humano y de la familia uruguaya en el agro.

Como bien se decía, según datos del Instituto Nacional de Estadística, en los últimos tres o cuatro años se transfirieron en el Uruguay, por lo menos, cuatro millones de hectáreas con un costo de dos veces y media su valor. Este es el reflejo del agronegocio en nuestro país, pero sólo con esto no alcanza, si bien es muy importante. Debemos contar también con el productor familiar afincado en el medio para asegurar el abastecimiento alimentario del Uruguay y la permanencia del hombre en el agro, que es el futuro de la explotación de este país que por ahora es agroexportador, camina a ser agroindustrial y ojalá llegue a ser agrointeligente.

Por lo tanto, la exclusión de productores familiares -a cuyo respecto estamos compartiendo en el Senado esta, digamos, herramienta, que es la que genera este debate- debería ser la que, a nuestro juicio, tendría que abrir una discusión más amplia en la sociedad uruguaya y en los actores políticos. Este debate debería basarse en la necesidad de regular algunos aspectos de las legislaciones vigentes y promover leyes para que esa inversión que viene del extranjero sea viable para el Uruguay y  pueda ser aprovechada por los productores nacionales. En ese sentido, cabe citar al sector lácteo, que en la actualidad está en expansión en la economía uruguaya y que, sin lugar a dudas, tiene mucho futuro. Sin embargo, las cadenas agroindustriales lácteas nacionales están en riesgo porque las principales empresas de producción de alimentos lácteos se quieren instalar en el Uruguay. Si ello ocurre, en nuestra cuenca lechera, que no alcanza más de 900.000 hectáreas, van a competir directamente con la gran industria nacional que es CONAPROLE -que es exportadora y eficiente en los mercados internacionales-, pero también con las pequeñas que están desparramadas; y el señor Senador da Rosa, que fue Intendente de Tacuarembó, sabe bien lo que son las industrias lácteas productoras de menos de 100.000 litros.

Aquí surge otro tema central: el desarrollo de las cuencas lecheras, de la inversión tecnológica y del desarrollo de la formación y la educación para los jóvenes en el agro. Ahí debemos poner cabeza, porque si esas industrias vienen a instalarse en el Uruguay, debemos aprovecharlas, pero exigirles que lo hagan en lugares donde desarrollen cuencas lecheras, donde inserten al hombre en el campo y le generen conocimiento, y donde los jóvenes próximos a las escuelas agrarias se formen para acceder a esas cadenas industriales. Esta es una tarea del futuro y del debate nacional; debe constituir una política de Estado para veinte o veinticinco años porque el mundo rico y poblado se viene a estos lugares por la comida. Por ejemplo, Japón tiene sólo el 15% de territorio fértil, porque el resto es una cordillera; China ya no cuenta con agua en la primera capa y sigue creciendo a pasos agigantados en el consumo mundial; y a Europa le pasa lo mismo con la contaminación. Entonces, ¿qué es lo que se está visualizando? La necesidad de ir a instalarse en los sistemas de producción con praderas, como en América del Sur, donde hay 250:000.000 de vacas caminando y pastando, donde está la última reserva agrícola y la última reserva de agua dulce que le queda a la humanidad. Este es el gran debate nacional. ¡Menos mal que se trae al Senado de la República el tema del repoblamiento de la campaña, de las cadenas de producción y de la gran inversión que viene del extranjero! ¡Bienvenida, pero siempre y cuando sea para desarrollar la riqueza nacional y no para sustituir un inversor nacional eficiente por uno extranjero también eficiente! Reitero que este es el gran tema que está sobre la mesa, porque si una gran cadena industrial de lácteos internacional viene a sustituir a nuestra CONAPROLE, no la quiero; la quiero para que desarrolle cuenca, haga inversión tecnológica, desarrolle conocimientos y pasemos de 900.000 hectáreas a 1:500.000 hectáreas de productores lácteos afincados en el agro, porque eso trae mejor acceso a la tierra, mano de obra, instalación del ser humano, desarrollo de la familia y conocimientos.

Aquí tenemos otro tema central: el 50% de los productores que están trabajando en las cadenas lácteas, o sea, los que están produciendo en la cuenca, son arrendatarios y tienen dificultades para acceder a la tierra. Creo que esta herramienta es fundamental para empezar a llegar en ese sentido, porque muchos de esos productores no pueden arrendar a US$ 160 la hectárea. Este es otro de los motivos por los cuales se ha disparado el arrendamiento de los sectores productivos, que a veces no tiene nada que ver con los esquemas de producción, como está sucediendo en el Uruguay. Un productor lácteo, un tambero en el Uruguay, no puede pagar US$ 160 o US$ 170 la hectárea por concepto de renta, máxime si es un productor de menos de 200 hectáreas, porque la escala de producción no le da de ninguna manera. Este productor está condenado a desa-parecer, a vender su tierra por valores extraordinarios de US$ 3.000 o US$ 4.000 y a irse del agro. Por lo tanto, no sólo debemos permitirle el acceso a la tierra, sino también darle la posibilidad de ampliación de su escala y desarrollo productivos.

Señor Presidente: más allá de lo que significan los biocombustibles en el mundo, el acceso y la tenencia de la tierra, y la inversión tecnológica en las cadenas, quiero mencionar algo muy importante que ha sucedido hace muy poco, a propósito de la última reforma aprobada por el Senado mexicano de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que tuvo lugar el 15 de agosto de este año. Hay un proceso en los países centrales -donde hay pobreza y marginación, por más que integren el NAFTA-, porque las grandes economías, como la de Estados Unidos, se van a instalar en las tierras productivas de México. Entonces, el Senado y la Cámara de Representantes del Estado de México promulgaron una modificación del artículo 27 de su Constitución, que dice: "La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública".

Más adelante, en otro artículo que se modifica, se dice: "Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras".

Creo que esto -la propiedad, el uso, la tenencia de la tierra- también está hoy en el debate nacional  y es en esa discusión que debemos incurrir en los próximos tiempos.

Este proyecto de ley que hoy viene al Senado -que compartimos- y que ha sufrido algunas modificaciones por parte del Instituto Nacional de Colonización, llega en una coyuntura en la que los sectores productivos nacionales han experimentado dificultades para acceder a la tierra y al crédito a través de una larga crisis económica que se ha venido desarrollando en el Uruguay. Pero más allá de eso, tenemos que discutir el tema del retorno del crédito a los productores, como la ampliación del Fondo Arrocero y del Fondo Lechero -quizás los fideicomisos que se creen por medio de este proyecto de ley permitan el acceso a la tierra-, y de otros fondos importantes para fortalecer -como dije antes- el acceso a la tierra. Pensamos en los productores familiares, sobre todo en los chicos, que hoy tienden a desaparecer. Este aspecto lo veremos si analizamos el tema de las cadenas agroindustriales, porque hay muchos lugares de donde sacar, de modo que cuando las cadenas agroindustriales precisen más terneros, los pequeños productores familiares -que son los que los crían- van a necesitar mayor inversión y tecnología y, quizás, algún predio más para desarrollarse.

Señor Presidente: nosotros apoyamos este proyecto como parte de políticas activas que se deben desarrollar en la economía nacional, por referencia a todo lo que hemos mencionado; lo vamos a acompañar de muy grata manera porque creemos que en este sentido vamos a seguir trabajando. Entendemos que hay muchos más elementos para aportar y para debatir con relación al uso, la tenencia, la propiedad y la extranjerización de la tierra, así como en lo que tiene que ver con los medios de producción en el Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Camy.

SEÑOR CAMY.- Señor Presidente: quiero destacar expresamente la exposición que realizara el Miembro Informante de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, señor Senador da Rosa, porque ha tenido la capacidad de ilustrar el proyecto original y las modificaciones que se aprobaron por unanimidad en la Cámara de Representantes. Por otra parte, creo comprender en la fundamentación el sentir de todos quienes -espero- aprobemos este proyecto de ley.

Creo que la exposición del señor Senador Da Rosa ha sido muy clara, y también hemos seguido con atención los planteamientos que ha vertido el señor Senador Saravia, no obstante lo cual -lo comprenderá el Senado-, me permitiré hacer alguna referencia al respecto.

En agosto del año 2003, siendo entonces Vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización, acompañé al señor Senador Larrañaga en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Sala Martín C. Martínez de esta sede legislativa, y allí advertíamos sobre la imperiosa necesidad que el país tenía de iniciar un camino de políticas activas hacia el repoblamiento de la campaña. Lo expresamos en un capítulo específico del Programa de Gobierno de la última elección nacional, y en octubre del pasado año planteamos en este Cuerpo que aprobara por unanimidad el proyecto de ley original que hoy se está debatiendo con las modificaciones realizadas en la Cámara de Representantes.

Creo que por la situación actual es incuestionable el requerimiento de políticas activas de repoblamiento de la campaña. Así ha sido expresado. Es incuestionable desde el punto de vista de la situación que advertimos al recorrer nuestro país, cuando vemos comercios cerrados, escuelas rurales que también cierran sus puertas y el paisaje tradicional, en general, de nuestros pagos del interior, cambiado en la fisonomía que le conocíamos. Pero también, al mismo tiempo -lo señalaban las estadísticas que mostraba el señor Senador Da Rosa-, paradójicamente es el departamento de Montevideo el que refleja el mayor crecimiento rural. Seguramente esto se debe -así lo mencionaba el señor Senador y lo compartimos- al crecimiento concomitante de los asentamientos irregulares. Recordamos al pasado Gobierno Nacional, que endeudara a nuestro país con el llamado PIAI en algo así como US$ 100:000.000, con el loable objetivo -así lo entiendo- de pretender erradicar esos asentamientos irregulares, crecientes básicamente en Montevideo, en el área metropolitana y en alguna ciudad importante del interior del país. Me pregunto cómo es posible no volver a endeudarnos en esa cantidad o más en diez o quince años, si al tiempo de tener una política activa de respuesta a los ciudadanos compatriotas que viven en esos ámbitos marginales, también no ya repoblamos sino, al menos, intentamos parar la hemorragia de la emigración campo-ciudad.

Por lo tanto, creo que la respuesta es compartible por todos. No hay duda de que se requiere de políticas activas para dar respuesta a esta situación y entendemos que un  intento de ponerlas en vigencia se da a través de la aprobación de este proyecto de ley.

Creemos que el Instituto Nacional de Colonización es la herramienta idónea para impulsar este programa y para ser el instrumento de esta política. Quiero defender al Instituto Nacional de Colonización expresamente, así como a la Ley Nº 11.029 que creo tiene plena vigencia.

El Instituto Nacional de Colonización está definido desde el 12 de enero de 1948 como el instrumento para llevar a cabo el concepto de la colonización, entendido como el proceso económico, productivo y social mediante el cual el Estado adquiere bienes -tierras- o los recibe en propiedad o en administración, los redimensiona y luego los adjudica a productores para que se instalen con sus familias y los trabajen debidamente. El 12 de enero se vota este instrumento, pero tiene una larga tradición previa en nuestro país. Allá por 1853 se creaba la Sociedad de Población y Fomento en el marco privado, que en acuerdo con el Gobierno Nacional realizaba la función colonizadora en el país. Entre 1905 y 1923 hay dos institutos, dos instancias, dos instrumentos -ya en la esfera estatal- que funcionan, y que son la Comisión Honoraria de Colonización y, posteriormente, la Comisión Asesora de Colonización, que constituyen el paso previo para que en 1923 la colonización pase específicamente a la órbita de la Sociedad de Fomento Rural y Colonización, dependencia directa del Banco Hipotecario del Uruguay. En 1945 se genera un gran debate sobre el tema de la tierra y se crea en este Cuerpo la Comisión Especial de Reforma Agraria, que culmina después de un muy rico debate y un gran trabajo, con la sanción de la Ley Nº 11.029, de 12 de enero de 1948.

Por otra parte, me interesa destacar, para que quede claramente establecido,  el rol que ha cumplido el Instituto Nacional de Colonización -con aciertos y con errores-, que ha tenido la gran tarea de posibilitar sin estridencias, como ningún otro país en la región lo ha logrado, el establecimiento de 190 colonias en el país, casi 4.000 familias de colonos que colonizaron más de 500.000 hectáreas, 490.000 de las cuales aún quedan en la órbita de la ley, mientras que otras han sido desafectadas. Se han establecido también 70 escuelas rurales en predios de 5 hectáreas donados por el Instituto al Consejo de Educación Primaria; más de 20 destacamentos policiales y subcomisarías, donadas al Ministerio del Interior también por este organismo; campamentos de vialidad para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; predios y locales para UTU; una cantidad importantísima de predios para construcción de viviendas de MEVIR, aisladas y agrupadas; y baños de uso en común para los productores ganaderos en algunas colonias muy alejadas. También podemos señalar la importancia de los campos de recría, una experiencia made in Uruguay, creados por el Instituto Nacional de Colonización  en 1979, cuando la Sociedad de Productores de Leche de Villa Rodríguez y la Asociación de Productores de Leche de San José, paradójicamente, conforman un campo de recría en el sur del departamento de Flores, próximo al límite con San José, con 1.887 hectáreas, el cual hoy comprende a 95 productores lecheros, colonos y no colonos. Contamos con doce campos de recría en 16.000 hectáreas afectadas para que los más de 650 pequeños productores lecheros tengan la capacidad de agrandar su área. Podríamos ponerle nombre propio, porque conocimos a todos, como por ejemplo "La Casilla", en Flores, que es uno de los más chicos, con 325 hectáreas y 25 productores, o el que administra la Sociedad de Productores de Leche de Florida -el más grande-, con 3.436 hectáreas y casi 2.000 productores lecheros, todos ellos afectados a los beneficios de esta modalidad de uso en común de la tierra que inventamos en este país y que creó el Instituto Nacional de Colonización. Incluso, en los últimos tiempos se ha experimentado en lo que podríamos denominar la recría ganadera. Al respecto, el Instituto Nacional de Colonización fue pionero en el campo de Dayqué, con 974 hectáreas, en la zona que por la Ruta 26 se encuentra entre el Daymán y el Queguay, próximo a Cañada del Pueblo, departamento de Paysandú.

Sin duda, el Instituto Nacional de Colonización fue el instrumento que sirvió para afincar a la familia en la tierra, para dar respuesta al pequeño productor y para que aquel que se formó para trabajar en la tierra con idoneidad y no provenía de una familia que tuviera un campo, igualmente pudiera alcanzarlo. La propia ley, amparando con sentido de prioridad el acceso a la tierra, brinda oportunidades a veterinarios, agrónomos, peritos agropecuarios e hijos de pequeños productores. Esa vieja Ley de Colonización se modifica en parte con el proyecto de ley que tenemos a consideración pero, de todos modos, queremos reivindicar su plena vigencia. Se trata de una iniciativa que planteamos en este Senado para dar respuesta a las situaciones que hemos señalado y que, básicamente, procura dotar de más recursos a la nueva colonización, tomando medidas en dos sentidos. Por un lado, está lo vinculado al pasaje de tierras estatales, lo cual no es novedoso. Diversas disposiciones legales han habilitado esa posibilidad en el pasado. Al respecto, cabe recordar que los artículos 29 y 39 de la Ley Nº 11.029, el artículo 35 de la Ley Nº 15.786, el artículo 324 de la Ley Nº 15.809 junto con el decreto reglamentario 304/90, y el artículo 735 de la Ley Nº 16.736 han sido prácticamente ineficaces hasta la fecha. En virtud de lo expuesto, se establece, por un plazo perentorio, que pasen a la administración del Instituto Nacional de Colonización una cantidad de tierras que se estima próximas a las 50.000 hectáreas. Originalmente planteamos que lo recaudado por el Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales pasara directamente de Rentas Generales al Instituto Nacional de Colonización. Esa norma fue discutida y eliminada en el Senado, aunque fue parcialmente subsanada por una iniciativa del Gobierno que vinculó este impuesto a un aditivo temporario.

En lo que tiene que ver con los fondos propios del Instituto Nacional de Colonización, se propone un sistema para aumentar la compra de fracciones por parte de los colonos que se encuentren en condiciones de hacerlo. Quiero hacer especial hincapié en este concepto, porque lo considero muy importante.  Según los informes técnicos, un 25% de la tierra colonizada está en tenencia de colonos arrendatarios en condiciones de adquirirla. Con el propósito de que ese sistema genere los recursos posibles en forma inmediata, en este proyecto de ley se crea un instrumento que les permita comprar nueva tierra, por la vía de la compraventa a largo plazo. Se establece disponer de un ingreso adicional autorizando al ente colonizador a cobrar un 10% de la tasación de las fracciones que desafecta de la Ley Nº 11.029. Inclusive, se prevé la constitución de un fideicomiso que permita aportar los fondos en forma inmediata sobre las ventas a largo plazo. Se estimó que esto podría generar la capacidad de compra de 14.000 hectáreas por año.

Finalmente, el proyecto de ley refiere a la ejecución del plan, respecto de lo cual queremos destacar dos cosas. Promovemos la creación de los consejos consultivos de colonización, porque entendemos que es imprescindible que al Instituto Nacional de Colonización se sume la participación de las Intendencias Municipales, UTE, MEVIR y las agremiaciones agropecuarias del lugar, a los efectos de aportar toda la infraestructura necesaria para los nuevos asentamientos rurales, y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para aportar diversos proyectos que puedan promover este plan y fortalecerlo a partir de lo que ya realiza dicha Cartera. Fundamentalmente, se trata de que participen estas agremiaciones de productores y organismos del Estado en la evaluación conjunta de la demanda de tierras con colonización. Deberán determinar cuáles son las zonas prioritarias y coordinar las acciones a los efectos de hacer más efectivo este plan que, reitero, podría ser capaz de colonizar hasta 200.000 hectáreas a mediano plazo. Esa ha sido la intención.

Por su parte, la Cámara de Representantes ha planteado modificaciones al proyecto original que firmamos junto con el señor Senador Larrañaga y que, básicamente, daba las herramientas para que el Instituto Nacional de Colonización pudiera incorporar más tierra y así asentar familias jóvenes como nuevos colonos. En tal sentido, incluimos un artícu-lo específico que, sin apartarse de lo establecido por la Ley Nº 11.029, priorizaba a las familias jóvenes con hijos en edad escolar a los efectos de que el acceso a la tierra no se vincule solamente con razones económicas, sino también sociales, básicas para entender lo que ha sido este país. El proyecto aprobado por la Cámara de Representantes incorpora una serie de modificaciones que, según la visión del oficialismo, hace más efectiva la misión del ente aun en las colonias instaladas. Adelanto que vamos a acompañar el proyecto de ley con dichas modificaciones. Estamos plenamente de acuerdo con el artículo 28 en tanto elimina la necesidad de realizar la carta agrológica y evita las tasaciones previas de Catastro, que a veces entorpecían algunas operaciones. Incluso, el Instituto Nacional de Colonización cuenta con valores más actualizados en ese sentido.  Por el artículo 35 se baja a 500 hectáreas la obligación  de pasar previamente por colonización a efectos de ofrecer prioridad ante la posibilidad de adquirir el predio, una vez pactado el precio entre particulares. Considero que eso puede no ser necesario en tanto al Instituto Nacional de Colonización le ofrecen más de 250.000 hectáreas por año, a las cuales no puede acceder por carecer de recursos. En cualquier caso, esto demuestra que le sobran ofertas. En definitiva, esto podría aumentar la utilización de papeles y la burocracia, o complicar la gestión de negocios que seguramente no serán asumidos por el Instituto Nacional de Colonización.

Por otra parte, las colonias grandes son exitosas porque pueden desarrollar actividades en común y tienen más capacidad de promoverlas en función de las demandas de escala actuales, mientras que las fracciones chicas aisladas tienen más problemas. De todas maneras, si bien no nos termina de convencer plenamente, vamos a apoyar esta modificación, aunque es discutible que el Instituto Nacional de Colonización resuelva hacer uso de la opción legal por un determinado porcentaje del campo en aquellas situaciones de más de 1.500 hectáreas. Esto es algo nuevo, que se incorporó en la Cámara de Representantes, y con ello se habilita que hasta esa cifra el organismo pueda fraccionar y comprar; puede ocurrir que en tal fracción se ubiquen mejoras importantes, por ejemplo, de las praderas o del propio casco con frente a la ruta. Más allá de que el Indice CONEAT contribuyó con el aporte de sus promedios, en realidad, en los hechos esta previsión podría llegar a entorpecer los negocios. Queríamos dejar esta constancia porque sabemos que estas modificaciones que se introdujeron y se votaron en la Cámara de Representantes estuvieron muy bien inspiradas.

Podríamos profundizar en los detalles, pero reitero que nos interesa remarcar que, a través de esta iniciativa cuyo texto original firmamos junto al señor Senador Larrañaga y al señor Senador Da Rosa, hoy Miembro Informante, ha quedado muy bien expresado nuestro sentimiento.

No hay mucho más para agregar, pero con relación al inciso que establece la posibilidad de comprar una fracción, según la modificación por la que se sustituye el artículo 35 de la Ley Nº 11.029, debo decir que -teniendo en cuenta  lo que ha pasado, está pasando y aspiro que pase en este país- el sistema político nacional está integrado por hombres y mujeres que aplican la ley con racionalidad. De alguna manera, este también es un argumento para que, a pesar de que no me termina de cerrar plenamente este proyecto, lo acompañemos con nuestro voto.

Fui Vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización y puedo decir que es un organismo que lamentablemente, aún con este proyecto de ley a partir del cual va a estar mejor administrado, va a estar limitado en su capacidad de comprar y de cumplir con las ofertas que le proponen. Reitero que por año le llegan ofertas por más de 250.000 hectáreas.

Antes de terminar, señor Presidente, si el Senado me permite, quisiera hacer una referencia personal. En el año 2001, con 30 años de edad, tuve el enorme honor de ser designado Vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización. Ante los nervios, el desafío y el reto que ello significaba, la tranquilidad me llegó a través del aliento y de las palabras de  consejo que aún resuenan en mis oídos, porque es lo mejor que recibí cuando tuve que actuar con responsabilidad, tal como debe hacerse en el ejercicio de estas funciones públicas. Me refiero a las palabras del hoy Senador Larrañaga, quien me dijo que la mejor manera de no equivocarse era estar cerca de la gente.

Conocí las 190 colonias del Uruguay; visité los 12 campos de recría y llegué a dar la mano, en su propio establecimiento,  a algo más de 3.600  de los 3.800 colonos.

De todas las posibilidades que pueda haber en el futuro, surge como una clara premisa que queda una ingente tarea para desempeñar en el área de la colonización, pero estoy absolutamente convencido de que la herramienta principal, por la mayor idoneidad que tiene para lograrlo con éxito, es el Instituto Nacional de Colonización. En ello involucro a cada uno de los colonos, a cada uno de los aspirantes que están esperando tierras y a cada uno de los funcionarios que han construido, junto con los Directores, en más de cincuenta años, una organización que con aciertos y con errores ha posibilitado lo que en ningún otro país ha tenido lugar: me refiero al uso de la tierra para todos los ciudadanos y ciudadanas del país.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la señora Senadora Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: por nuestra parte, vamos a agregar una mirada a algunos aspectos que todavía no han sido abordados de este proyecto de ley que ya habíamos votado y ahora vamos a acompañar nuevamente. A esos efectos, vamos a partir del título: "Repoblamiento de la campaña". Ya su enunciado nos habla del problema que tenemos, aunque diría que la situación es más grave aún porque habría que repoblar el Uruguay, pues los datos demográficos nos dicen que esta es una realidad y que se agudiza en la campaña. Por cierto, este es uno de los cuellos de botella de la economía y de la sociedad uruguaya. Pues bien, empecemos por algo.

El señor Miembro Informante describió con números muy precisos cómo se había trasladado la población -puesto que no ha aumentado y, además, ha migrado- desde las distintas áreas a las zonas urbanizadas y al puerto. Este es el perpetuo problema que hemos tenido los uruguayos pero, como bien señalaba el señor Senador,  casi todos los países del mundo enfrentan esta situación. Por ejemplo, el Brasil, que tenía el 70% de la población en las áreas rurales y el 30% en las urbanas, ha visto cómo se invirtió esa relación y hoy tiene el 70% en las áreas urbanas y el 30% en las rurales. No pretendo decirlo como un consuelo, pero este es un problema que atañe a todos los países y en él se refleja el pensamiento y la evolución de la humanidad.

Con relación al proyecto de ley que hoy nos ocupa, se han señalado una serie de problemas -comparto el diagnóstico- que debemos resolver en lo que tiene que ver con el aprovechamiento del principal recurso natural uruguayo, o sea, la tierra. Tozudamente este es un país agroexportador y por ahora lo va a seguir siendo. Hay un viejo trabajo de OPYPA, que habla de los índices de encadenamiento, y en él se demuestra que el 65% de las industrias derivan de la materia prima agropecuaria. Probablemente a este dato le falte la proyección actual, pues me estoy refiriendo a un trabajo de hace algunos años, pero lo cierto es que la materia prima fundamental proviene del agro.

Entre los distintos escollos que hemos tenido que enfrentar, está el del precio de la tierra. En la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca tuvimos el privilegio de recibir a las autoridades de la DIEA, quienes nos acercaron un informe muy interesante sobre la variación del precio de la tierra en el Uruguay y su comparación con los demás insumos de la explotación agropecuaria. En esa presentación también se nos explicó cómo ha variado el tipo de cultivos o de producción en las distintas áreas; por ejemplo, hace unos cuantos años quienes vivían en el departamento de Canelones podían ver extensiones plantadas de trigo, pero hoy no se ve una vara de trigo ni por decreto. De modo que el paisaje ha cambiado y es por ello que hoy también podemos ver que los sectores de ganado se han desplazado a otras áreas del litoral, en donde antes predominaba la agricultura. Por cierto, estos cambios tienen que ver con los fenómenos que describieron los Senadores que me precedieron en el uso de la palabra.

Respecto al tema de la extranjerización -otro de los problemas que debemos abordar-, como muy bien señalaba el señor Senador Saravia, es positiva la llegada de un inversor extranjero cuando viene a crear un emprendimiento y no cuando viene a comprar uno ya en marcha, porque en él se refleja el producto de la acumulación del esfuerzo y el trabajo de los nacionales. Pero, yendo más allá todavía, aunque pueda parecer una expresión de deseo, nos gustaría que los extranjeros se afincaran en el Uruguay,  que tomaran a nuestro país como su lugar de residencia, que corrieran nuestra suerte y vivieran las mismas peripecias.

También se ha hablado de la concentración de la tierra, en fin, de unos cuantos problemas, pero el más crucial y determinante es que la campaña funcione involucrando directamente al hombre. Sin el hombre, sin el ser humano, que produce y está todos los días en su campo, lo demás es secundario. Este es el problema que trata de abordar este proyecto de ley, al intentar repoblar la campaña, tal como se enuncia claramente en su título. Esa repoblación necesita muchas medidas; por ejemplo, está la Ley Nº 11.029, muy emblemática para todos los uruguayos -como decía el señor Senador Camy-, y también existe esta herramienta que vamos a votar en el día de hoy. Sin embargo, deberemos seguir agregando otras a fin de hacer una realidad de todo esto. Hace un tiempo votamos una ley de descentralización del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y hoy ya están constituidos los 19 Consejos Agropecuarios, organismos locales que sirven para ponerle "pienso" a las particularidades de cada departamento. Asimismo, se empezaron a constituir las Mesas Rurales, donde cada productor podrá hacer oír su voz. A su vez, el Programa Uruguay Rural ha intentado encarar el tema de la pobreza de la campaña e, incluso, en colaboración con los vecinos ha reflotado escuelas rurales que estaban cerradas por falta de niños. Estos lugares se han convertido en centros sociales, y si después, en el futuro, aparecen niños, volverán a ser escuelas, pero por lo menos ahora quedan abiertos como farolitos en la campaña y sirven para la difusión del conocimiento. Por su parte, el MEVIR ha retomado su tarea de ser disperso, porque el MEVIR concentrado había sacado gente de la campaña, había tenido un efecto contrario y también había quitado un plus en la economía de la gente, que eran aquellas pequeñas puntitas de vacas y ovejas que completaban el salario. 

Es decir que tenemos una serie de situaciones y de escenarios nuevos; hay algunas tecnologías que ya están en marcha -como, por ejemplo, la producción de soja- y que han expulsado gente de la campaña, pues emplean muy poca mano de obra. Pero, por otro lado, hay otras producciones -como la lechera- que no sólo necesitan más mano de obra, sino que fijan al productor a la tierra, es decir que colonizan, culturizan y cambian el paisaje. Es cierto que este problema admite muchas miradas, pero también es cierto que tiene un eje, y reitero que es el ser humano, por lo que quiero terminar con lo del principio. En realidad, tendríamos que estar pensando en medidas de repoblamiento del Uruguay, de crecimiento de nuestra población, lo que daría un horizonte a este hermoso país verde que, por momentos y por zonas, está vacío. 

Saludo este esfuerzo porque probablemente haya que subir la escalera de a un escalón, y por eso vamos a votar nuevamente el proyecto de ley y a aceptar las modificaciones que introdujo la Cámara de Representantes. No negamos que puede haber puntos polémicos, pero creemos que esta tampoco será la última de las leyes que siga el sentido general de lo que se viene conversando en el Senado, y es cierto que las cosas tienen principio.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.-  Continuando con la discusión, tiene la palabra el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Naturalmente, como integrantes del Partido Nacional, nos sentimos representados por las palabras del Miembro Informante, señor Senador Da Rosa, quien ha hecho una brillante exposición con los detalles, la intención y la visión del Partido sobre una política de tierras, y ha dado los argumentos como para poder generar, quizás no la solución -como decía la señora Senadora Topolansky-, porque me parece que son varios los caminos para conseguir que el nacional siga arraigado a la tierra y no la abandone por propuestas que, en definitiva, son espejitos de colores.

Por su parte, a través de la exposición del señor Senador Camy, hoy hemos visto a un hombre que conoce al dedillo el Instituto Nacional de Colonización. Es de destacar que se trata de un hombre que con 35 años hoy está en el Senado de la República y con menos edad tuvo la confianza del doctor Larrañaga para integrar, nada más y nada menos que el mencionado Instituto. 

Asimismo, quiero reivindicar la acción de los políticos en la gestión de algunas empresas e institutos, porque acá hemos visto la apuesta, de un hombre joven a otro hombre joven, para poder generar una gestión. Digo esto a pesar de que el Herrerismo tenía también un representante en ese Directorio, y me refiero a una gran persona, como el ex Legislador Humberto Pica, del departamento de Cerro Largo, con quien conformaron una pareja muy importante y estamos muy orgullosos de ambos. También estoy orgulloso de lo que señaló con detalle el señor Senador Camy, demostrando su nivel de conocimiento acerca del Instituto, ya que ha visitado todas las colonias y ha conocido todos los pagos. No sé si un técnico hace lo mismo, ya que estamos con el tema de los técnicos; digo que no lo sé. Lo que sí sé es que este hombre político, vinculado con su Partido y con los postulados de su Partido, sí lo hizo.  El recorrió cuanto agujero  y cuanta colonia hay en el país; tan así es, que me asombra el nivel de conocimiento que tenía respecto de algunos colonos que conocí personalmente en los lugares más alejados del departamento de Rivera como, por ejemplo, la Colonia Palmito, donde muchas veces pe-leamos para que se permitiera que ellos cultivaran arroz, ya que el Instituto no lo permitía. Creo que es de justicia reconocer la acción del señor Senador Camy y, como sector político reconocer un proyecto de ley que es del señor Senador Larrañaga y de Alianza Nacional.  Aclaro que me gusta mucho el nombre de "Repoblamiento de la campaña", porque lo que busca es, justamente, invertir y revertir lo que sucede, no sólo con respecto a Montevideo, sino también a las capitales departamentales, donde se centraliza un éxodo de gente que a veces no encuentra en la campaña la posibilidad de desarrollarse económica y familiarmente.

Nosotros vamos a aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes en una sola votación, porque no es posible disentir. Sin embargo, queremos dejar algunas constancias. Nos gustaba el proyecto original, nos parecía que era mejor y más abarcativo, pero  la Cámara de Representantes  le introdujo una serie de modificaciones, algunas polémicas, tal como señalaba la señora Senadora Topolansky. Me refiero al artículo 15, que modifica muchos de los artículos de la Ley Nº 11.029 y, sobre todo, al artículo 35, que -según nos han advertido- puede generar problemas. Entiendo la intención, que es buena, pero quizás genere complicaciones porque lo que el artículo establece es la posibilidad de que, cuando se superen las 1.500 hectáreas, se ofrezca el 20% del predio a un grupo de colonos o al Instituto Nacional de Colonización. Reitero que entendemos que la intención es buena y tiene que ver con generar la posibilidad de que pequeños trabajadores del campo aglutinados, que no puedan llegar a tener la totalidad de un predio, sí alcancen un 20%. Muchas aso-ciaciones y federaciones nos han dicho que estas mo-dificaciones pueden complicar, en el futuro, la  venta del predio. ¿Cuál sería el 20% que van a elegir del predio? Po-dría optarse por la parte del casco de la estancia, que in-cluye las instalaciones, o por algún otro lugar como pueden ser, por ejemplo, los accesos al mismo campo. Esto podría generar algún inconveniente, aunque no es un tema sustancial. Sin embargo, repito, se nos ha advertido con respecto a que esto realmente puede generar compli-caciones si, en el futuro, un posible comprador del campo se desinteresa por el negocio como consecuencia de la opción que hace el Instituto Nacional de Colonización, y se termina no pudiendo vender el predio  porque, si no sale todo el negocio, el dueño del campo no se desprende del 20%.

En definitiva, estas son las observaciones que se han hecho, aunque creo que no hacen a la intención de este proyecto de ley, que nos parece buena. Pensamos que esta iniciativa, en algunos aspectos, no fue mejorada en la Cámara de Representantes, pero en aras de no derivar el proyecto a la Asamblea General -a veces resulta difícil reunir a sus integrantes-, donde se hacen complicados el debate y el análisis de los temas, es que vamos a votar afirmativamente las modificaciones introducidas; apuntamos a que no se detenga este trámite importante.

Reitero que esta iniciativa no es de nuestra autoría, sino del sector mayoritario de nuestro Partido, que ha insistido en un tema que nos preocupa a todos. El repoblamiento de la campaña no se soluciona con un proyecto de ley ni con una voluntad, sino tratando de revertir lo que, de alguna manera, nos parece que muchas veces es una tendencia mundial: la de irse a vivir a las ciudades y dejar la producción agropecuaria. Creo, señor Presidente, que nosotros no hemos tomado aún debida conciencia de lo que implica el bien tierra, y eso es porque siempre lo hemos tenido. Hoy vemos un gran interés por parte de extranjeros en comprar tierras en el Uruguay y, en ese sentido, se están estudiando distintas posibilidades.

Para ayudar a la reflexión -quiero decir que esto no lo he discutido aún en el Partido-, en lo personal siempre me he inclinado por los incentivos y no por las prohibiciones. Si en el futuro se origina una preocupación por la "extranjerización" -dicho esto entre comillas- de la tierra, preferiría que el Uruguay generara mayores niveles de incentivo, de créditos y de facilidades para el acceso a la tierra, a que se aplicaran criterios que muchas veces nos alejan de lo que es el mundo de hoy en día.

Hay algo que he dicho varias veces y que quiero repetir una vez más aquí. El Uruguay precisa clientes; los necesita para poder vender. Por supuesto que esto es así en cuanto a la producción agropecuaria, necesitamos clientes en el mundo. Creo que en esto nos lleva una gran ventaja el socialismo chileno, que ha suscrito más de cien Tratados de Libre Comercio con el mundo. Sin embargo, nosotros tenemos solamente el firmado con México. En todo Tratado de Libre Comercio, lo primero que se establece es que se trate de igual manera a los nacionales que a quienes, en definitiva, están acordando con nosotros.

Por todo esto, señor Presidente, el mundo nos pone en una encrucijada, sobre todo a aquellos que entienden ideológico el tema de la tenencia de la tierra. No podemos cerrarnos al mundo ya que, de lo contrario, al no haber clientes, la tenencia de la tierra sería realmente para gente que tuviera mucho dinero y no necesitara vivir de ella. Para tener clientes necesitamos tratar de igual manera a los extranjeros que a los nacionales. Creo que esta es una reflexión que importa, sobre todo si se está procesando algún tipo de medida en el Poder Ejecutivo que sea limitante en este sentido. Me parece que lo mejor que podemos hacer, en vez de optar por el fácil expediente de las prohibiciones, es abocarnos al complicado sistema de los incentivos, permitiendo que haya gente que por su trabajo pueda acceder a la tierra y que esta, de alguna manera, le ofrezca la posibilidad de sustentarse económica y familiarmente.

Por todo esto, señor Presidente, quería hacer estas observaciones. No descarto que, si en la realidad este artículo 35 complica lo que pueden ser futuras transacciones, luego de que esto se transforme en ley, mi sector político presente una iniciativa modificatoria de los cambios introducidos en la Cámara de Representantes. Espero que no, que esto sea enunciativo y que no sea necesaria una ley modificatoria de algo que todavía no se ha aprobado. Sin embargo, reglamentariamente no tengo ninguna otra posibilidad de modificar estos artículos que no me gustan del todo. De todas maneras, prefiero que este proyecto de ley se apruebe en su totalidad, porque considero que es una buena herramienta para el Estado.

Por otro lado, también quisiera decir que tenemos por delante mucha tarea por hacer. El mundo está dando mayor importancia a los dueños de la tierra, los que en inglés se conocen como los "landowners". Por lo que decía antes, creo que nosotros no estamos asignando al tema la dimensión que el mundo le da, porque creo que la tierra es un bien finito y que, cuando por estos lares  aparecen tantos gringos -hablando en términos criollos-, es porque este bien se está agotando o porque quienes allá son dueños de tierras ya no venden más. Debemos reflexionar sobre este tema, de modo tal de dar a ese bien la importancia que tiene. No se trata de un bien propio, sino de un bien común, y nos debemos preocupar porque en él se produzca, y no tanto por su titularidad. Es decir que debemos hacer hincapié en que se haga rendir a la tierra, en que se la trate bien y se la cuide, a los efectos de que pueda llegar en condiciones a las nuevas generaciones. Para esto es necesario tener una política de suelos realmente acorde con lo que esperamos que sea nuestro país, que sigue siendo un gran jardín.

Muchas veces hemos visto que los dueños extranjeros de tierras las cuidan, mientras que los arrendatarios -nacionales y extranjeros- a veces son más destructores, quizás por el hecho de que la persona está allí por una cosecha o por un año, en definitiva, por poco tiempo.

Creo que el Banco de la República, en el pasado y sobre todo en cuanto al arroz, exigía técnicos que procuraran la conservación del suelo; no sé si esto  actualmente es así. Si no es así -no cuento con la debida información-, señor Presidente, sería importante que lo fuera. Los técnicos del Banco de la República, mucho más que los del Ministerio, eran una clave importante en la conservación de nuestros suelos en toda la República.

Estos son los fundamentos por los cuales vamos a aprobar las modificaciones presentadas, a pesar de no estar muy convencidos. Entendemos que la versión original de este proyecto de ley era importante; integraba el programa de Gobierno del Partido Nacional, a propuesta del sec-tor Alianza Nacional, y creemos que representa un gran paso en la dirección correcta. Quizás en el futuro sea necesario corregir algunos aspectos, aunque espero que no sea así.

Es cuanto tenía para decir en relación con este proyecto de ley.

15) "FIESTA DEL CORDERO PESADO"

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Solicito que se reparta el proyecto de ley que viene informado de la Comisión de Educación y Cultura, por el que se declara de interés nacional  la "Fiesta del Cordero Pesado", a realizarse en el departamento de Durazno. Sobre este asunto, el señor Senador Breccia informará oportunamente.

Dado que estamos muy consustanciados con ese tema en la Comisión de Educación y Cultura y en virtud del brillante informe que acaba de realizar el señor Senador Da Rosa a propósito del proyecto de ley de repoblamiento de la campaña, formulamos moción para que se trate dicha iniciativa en forma urgente, antes de que se levante la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada por el señor Senador Penadés, en el sentido de que se distribuya y se declare urgente la consideración del proyecto de ley al que acaba de hacer referencia.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

De acuerdo con lo solicitado, se va a proceder a la distribución del repartido correspondiente.

16) REPOBLAMIENTO DE LA CAMPAÑA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del tema objeto de la convocatoria.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: el Partido Colorado ha decidido apoyar las modificaciones enviadas por la Cámara de Representantes, pero no sin grandes dudas, en especial -como bien ha señalado el señor Senador Heber- respecto de la modificación del artículo 35. Se trata de una disposición sobre la que hay que realizar alguna modificación, pues tiene dos problemas: uno en el inciso segundo y otro en el cuarto. Cuando se habla de la posibilidad de que el Instituto Nacional de Colonización puede optar por comprar hasta un 20%, se menciona que "deberá ser en una sola fracción cuyo índice CONEAT sea similar al promedio del índice CONEAT total involucrado en la operación original, no pudiendo la diferencia entre ambos índices CONEAT ser mayor a un 10%". Sin embargo, aquí hay una contradicción intrínseca porque primero dice "similar" y luego habla de una diferencia entre ambos índices no mayor a un 10%. El problema que veo está en que la fracción elegida puede anular el valor del resto del campo, porque sea la que tenga  la mejor aguada,  la que se quede con la caminería o la que tenga frente sobre la ruta. Reitero que este es un problema que podría anular el negocio en sí y, entonces, nos quedaríamos sin el pan y sin la torta.

La otra duda que me surge es a propósito del inciso cuarto, en el que se señala: "El ofrecimiento no podrá condicionarse o ligarse a otras operaciones tales como la compra de semovientes, útiles, herramientas u otros bienes; y, en todos los casos, deberá consignarse el precio que se hubiere pactado o, en su caso, estimar en moneda nacional el valor que la parte vendedora asigna a la contraprestación del adquirente, estimación que no podrá superar el valor real fijado al inmueble por la Dirección Nacional de Catastro, y que representará la suma mediante la cual el INC podrá adquirirlo". En realidad, el valor de Catastro de las tierras muchas veces suele no representar los valores reales y, si está atrasado -seguramente hoy lo está-, se nos presenta el problema de que dicho Instituto podrá comprar el inmueble mucho más barato. En todo caso, hay un impuesto indirecto al vendedor, que está implícito y que puede ser mucho más alto que el de la enajenación de bienes, dependiendo de la diferencia entre el valor de Catastro y el valor real de la tierra, en este caso, multiplicado por el 20%.

Por lo tanto, vamos a apoyar con esta salvedad las modificaciones que han venido en bloque de la Cámara de Representantes, aunque consideramos oportuno dejar la constancia de que seguramente el Partido Colorado intentará presentar un proyecto de ley que modifique estos aspectos que entendemos errados.

Hechas estas aclaraciones, también debemos ser sinceros con nosotros mismos en el sentido de que, en general, no creemos que las leyes puedan ir en contra de la conducta normal de los seres humanos. Decimos esto porque cuando hay más desarrollo, la gente vive más en las ciudades; cuando hay mejores carreteras, se vive en las ciudades cercanas y se trabaja en el campo. De hecho, los países desarrollados tienen entre un 2% y un 3% de su población radicada puramente en el campo.

Nosotros creemos en el progreso y que cuando la gente elige una situación, lo hace por decisión propia y porque cree que es lo mejor. A pesar de que uno los vea padeciendo situaciones de extrema pobreza o debilidad, hay personas provenientes del medio del campo que, cuando se habla con ellas, contestan: "Usted me ve así, acá, pero yo estoy mejor acá que allá". Al menos, ellos creen que están mejor y, en el fondo, eso es lo que importa.

SEÑOR BRECCIA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ALFIE.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Breccia.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: no voy a ingresar en la polémica con respecto a los artículos agregados en la Cámara de Representantes porque, con toda franqueza, confieso que no he podido estudiarlos con detenimiento. He pedido esta interrupción al señor Senador Alfie porque con respecto a la observación que él formulaba, a propósito de la modificación del artículo 35 de la Ley Nº 11.029, quiero señalar que la estimación que debe realizarse y que no puede superar el valor real fijado al inmueble por la Dirección Nacional de Catastro, refiere a aquellas operaciones en las cuales la contraprestación del adquirente consista total o parcialmente en la entrega de acciones, valores u otros bienes muebles o inmuebles. De lo contrario, lo regular en este tipo de operaciones en las que el Instituto Nacional de Colonización tiene una opción de compra, es que se realicen con una contraprestación en dinero, en cuyo caso se aplicará una parte de ese inciso, porque deberá consignarse el precio que se hubiere pactado. Esta modalidad se aplicará en la mayoría de las operaciones. En aquellos casos excepcionales en los que la contraprestación esté constituida por acciones, valores, muebles o inmuebles, se aplicará la estimación a los efectos de no facilitar la evasión por ese lado.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: es correcto lo que expresa el señor Senador Breccia en cuanto a que se da solamente en esos casos, pero lo que ocurre es que en muchísimas oportunidades es bastante común la entrega de un inmueble, ya que no todo se hace contra dinero en efectivo. Reitero que muchas veces la contraprestación se da por medio de inmuebles, y en otros casos -esto se está viendo ahora- se realiza con determinadas participaciones en empresas más grandes. En general, y sobre todo en estos últimos casos, son en los que más valor agregado se va a generar en el futuro, y esto ocurre porque uno empieza a integrarse a una empresa que tiene una cadena de producción entera, integrada, que va desde la base hasta tener, no sólo la fabricación, sino el canal de distribución, que es lo más importante de todo esto. Todos sabemos que en el mundo lo fundamental es tener el canal de distribución para vender, y no tanto la producción física, que normalmente valía antes y se piensa que vale ahora.

Era todo lo que quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se aceptan las modificaciones realizadas por la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

17) SOLICITUD DE ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO PARA ACREDITAR EN CALIDAD DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA REPUBLICA ANTE EL GOBIERNO DE ARABIA SAUDITA AL SEÑOR RODOLFO INVERNIZZI

SEÑOR PRESIDENTE.-  Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Solicitud de Acuerdo del Poder Ejecutivo para acreditar en calidad de Embajador Ex-traordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de Arabia Saudita, al señor Rodolfo Invernizzi. (Carp. Nº 870/07)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 870/07

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 23 de julio de 2007.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, con el fin de solicitar su conformidad, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, para acreditar en calidad de Embajador de la República, al señor Rodolfo Invernizzi.

La capacidad y eficiencia que el señor Rodolfo Invernizzi ha puesto de manifiesto en las actividades desarrolladas a lo largo de su carrera profesional, según se manifiesta en el curriculum vitae que se adjunta, constituye a juicio del Poder Ejecutivo, un factor evidente de idoneidad para las responsabilidades que el Gobierno de la República se propone asignarle como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de Arabia Saudita.

El Poder Ejecutivo confìa en que ese Cuerpo habrá de manifestar su conformidad con el propósito antes expuesto, accediendo a la solicitud que se le formula por el presente Mensaje.

El Poder Ejecutivo saluda a la Cámara de Senadores con su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano.

MINISTRO CONSEJERO RODOLFO INVERNIZZI

CURRICULUM VITAE

Resumen

Datos Personales

Fecha de nacimiento: 1° de Mayo de 1943.

Lugar de nacimiento: Departamento de Salto, Uruguay.

Estado Civil: Divorciado.

Hija: Paola María Invernizzi, nacida el 4 de setiembre de 1978.

Educación Superior

- Universidad de la República Oriental del Uruguay, Facultad de Letras, Licenciatura de Historia Universal (1961-65)

- Universidad de la República Oriental del Uruguay, Facultad de Derecho, Doctorado en Diplomacia. (1961-67).

- Academia Diplomática, Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay (1976-78)

- Academia Diplomática, Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil (1977).

Actividades Docentes

1965-75 Profesor de Historia Universal. Enseñanza Secundaria, Uruguay.

1969-75 Profesor de Historia Universal, Cursos Universitarios del Norte, Uruguay.

1972-75 Profesor de Historia e Historia de las Relaciones Internacionales, Cursos Universitarios del Norte, Uruguay.

1993 Profesor Honorario Invitado, Universidad de las Indias Occidentales, Campus St Augustine, Trinidad, República de Trinidad y Tobago.

Actividades Políticas

1972-73 Miembro Titular de la Junta Departamental (Legislativo) de Salto.

1973 Miembro de la Comisión de Cultura de la Junta Departamental de Salto.

Puestos en el Servicio Exterior de Uruguay

1975 Gana el Concurso de Oposición y Méritos para ingresar al Servicio Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

1976-77 Tercer Secretario, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección para Asuntos Económicos Internacionales.

1977-78 Segundo Secretario, Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección para Asuntos Políticos Internacionales.

1979-84 Primer Secretario y Cónsul, Embajada de Uruguay en la ex Unión Soviética (URSS), Moscú.

1985-89 Jefe del Departamento de Ceremonial, Dirección de Protocolo, Ministerio de Relaciones Exteriores.

1990-92 Consejero y Jefe de la Sección Consular, Embajada de Uruguay para los países del Caribe (inglés), con residencia en la República de Trinidad y Tobago.

1992-93 Encargado de Negocios (a.i.) en la Embajada de Uruguay para los países del Caribe (inglés), con residencia en la República de Trinidad y Tobago.

1993-94 Ministro Consejero, Embajada de Uruguay en Canadá, Ottawa.

1995-97 Sub Director, Dirección de Protocolo.

Jefe del Departamento de Privilegios e Inmunidades, Dirección de Protocolo, Ministerio de Relaciones Exteriores.

1998-2003 Cónsul General, Los Angeles, Estados Unidos de América.

2003-2007 Director de la Dirección Regional América, Ministerio de Relaciones Exteriores.

Otros Idiomas

Inglés, Francés, Ruso, Portugués, Italiano."

- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: la Comisión de Asuntos Internacionales me ha encomendado presentar el informe en el que se propone, según el Mensaje del Poder Ejecutivo, aprobar la solicitud de acuerdo para acreditar al señor Rodolfo Invernizzi en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de Arabia Saudita. Dicho Mensaje, firmado por el señor Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, y por el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Reinaldo Gargano, expresa que la capacidad y eficiencia que el señor Rodolfo Invernizzi ha puesto de manifiesto en las actividades desarrolladas a lo largo de su carrera profesional -según se manifiesta en el currículum vitae que se adjunta-, constituye a juicio del Poder Ejecutivo, un factor evidente de idoneidad para las responsabilidades que el Gobierno de la República se propone asignarle como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de Arabia Saudita.

El señor Rodolfo Invernizzi tiene nivel superior de estudios, es licenciado en Historia Universal y tiene un doctorado en Diplomacia; también realizó cursos en la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y de Brasil. Ha cumplido distintas actividades docentes, fundamentalmente en Historia Universal,  en el departamento de Salto, del que es oriundo. Asimismo, ha desarrollado actividades políticas, habiendo sido Edil de la Junta Departamental de Salto en el período 1972 y 1973. Desde 1975, año en el que gana el concurso de oposición y méritos para ingresar al Servicio Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha cumplido distintos destinos diplomáticos, habiendo sido designado Primer Secretario y Cónsul de la Embajada de Uruguay en la ex Unión Soviética, Jefe de Departamento de Ceremonial, Dirección de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha sido Ministro Consejero de la Embajada de Uruguay en Ottawa en los años 1993 y 1994; desde 1998 a 2003 fue Cónsul General en Los Ángeles, y entre 2003 y 2007 se desempeñó como Director de la Dirección Regional América en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Como es habitual, la Comisión de Asuntos Internacionales, en una práctica que ha sido altamente conveniente, el pasado 16 de agosto recibió al señor Rodolfo Invernizzi para que expusiera sobre los distintos aspectos de lo que sería la misión que la República le encomienda en Arabia Saudita. Recordemos, también, que la misión en dicho país es concurrente con Omán, Qatar, Emiratos Arabes y Kuwait, que son los países que forman el llamado Consejo de los Países del Golfo, que fue constituido en 1981.

En la exposición que realizara el señor Rodolfo Invernizzi demostró, en términos generales, un conocimiento profundo del mundo árabe, como profesor de Historia y como hombre vinculado a las relaciones internacionales  por su profesión de muchos años.

Debemos señalar -así lo hicieron notar algunos miembros de la Comisión, y nosotros lo hacemos en aras de rendir a este Cuerpo una información completa- que por parte de algunos integrantes de la Comisión hubo opiniones discrepantes con ciertos conceptos vertidos por el señor Rodolfo Invernizzi en cuanto a lo que ha sido la relación que el Estado uruguayo ha mantenido con Arabia Saudita y, en general, con el mundo musulmán. Luego hizo referencia a que en caso de asumir la misión en aquel país, ella iba a apuntar a establecer y fortalecer las relaciones en todos los planos, particularmente en el económico. Asimismo, mencionó el reciente viaje que realizara el señor Presidente de la República a distintos países del mundo árabe, como una línea de intención del Gobierno de nuestro país de fortalecer el relacionamiento con esta región del mundo. En su exposición también puso énfasis en llevar a la práctica el Tratado firmado con Arabia Saudita en el año 2002, que recién fue ratificado en el año 2006. Habló de llevarlo adelante con los objetivos que él mismo se propone en cuanto al fortalecimiento de las relaciones económicas en las áreas relevantes para nuestro país y también para Arabia Saudita. Se refirió a la promoción de inversiones, ya que es un área que él destacó como prioritaria para atender durante el desempeño de su misión. Por último, mencionó la instalación de la Comisión Mixta que prevé el artículo 7º del Tratado, para incentivar las relaciones en el plano político, económico y, en general, en distintas áreas.

Quienes deseen profundizar sobre distintos aspectos de esta exposición sin duda muy erudita, aunque opinable, que realizó el señor Rodolfo Invernizzi en la Comisión de Asuntos Internacionales, pueden remitirse a la versión taquigráfica de dicha sesión.

El pasado jueves, por unanimidad de presentes, la Comisión de Asuntos Internacionales votó afirmativamente el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo y recomienda al Cuerpo su aprobación.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: muy a nuestro pesar vamos a votar en contra esta solicitud de acuerdo -aclaro que es la primera vez que lo hacemos-, precisamente porque la exposición que hizo el candidato a Embajador en la Comisión respectiva nos resultó francamente poco convincente. No estamos haciendo una descalificación personal, ya que se trata de un funcionario de carrera que ha tenido una larga trayectoria, fundamentalmente en el terreno consular, pero este es el primer destino que se le da como Embajador y se lo designa como tal en Arabia Saudita, que es un destino delicado por sus propias características, como todo lo que refiere al Medio Oriente. Su exposición fue larga, meditada y erudita -acepto el concepto manejado por el señor Senador Baráibar-, lo cual ratificó nuestra visión negativa al respecto. Es decir, no cometió errores producto de la improvisación ni dijo palabras que fueran más allá de lo que pudiera ser una instancia parlamentaria, con todo lo que supone para quien no está habituado a ello. Realizó cuestionamientos a la política tradicional del país en el Medio Oriente y algunas otras observaciones con relación a la propia Arabia Saudita que, en cualquier caso, desde nuestro punto de vista, revelaron que no es el candidato adecuado para este destino. Quizás, sí podrá serlo para otro  -no digo lo contrario-, pero en éste, y en función de esa práctica, que como bien se ha señalado aquí tenemos para nuestros Embajadores, llegamos a la conclusión contraria. No es simplemente un ritual vacío que consiste en escuchar y luego votar automáticamente; lo escuchamos atentamente y, como dice el señor Senador Baráibar, varios miembros de la Comisión quedamos con algunas preocupaciones. En lo que le es personal, el Partido Colorado tiene una visión negativa por un punto de vista, desde nuestro ángulo, equivocado sobre las relaciones exteriores del país y, en todo caso, muy poco prudente en el momento de venir a una Comisión del Senado a exponer su visión de la muy delicada misión que va a desempeñar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo.

(Se vota:)

-23 en 26. Afirmativa.

18) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Couriel solicita licencia desde el  5 hasta el  10 de noviembre inclusive."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 23 de octubre de 2007.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Sr. Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito licencia desde el día 5 de noviembre hasta el día 10 de noviembre inclusive.

Motiva dicha solicitud la invitación que recibiera para participar como expositor del ‘III Curso para diplomáticos sudamericanos’ organizado por la Fundación Alexandre de Gusmao y el Instituto de Investigación de Relaciones Internacionales (IPRI) a realizarse en el Palacio Itamaraty, en la ciudad de Río de Janeiro durante el mes de noviembre.

Solicito dicha licencia al amparo del literal d) de la Ley Nº 17.827.

Solicito también se convoque a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,

Alberto Couriel. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 24 en 25. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Penadés solicita licencia desde el 31 de octubre al 9 de noviembre inclusive."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 23 de octubre de 2007.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores,

D. Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi mayor consideración:

A través de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Ud., para solicitarle licencia, desde el 31 de octubre al 9 de noviembre del año en curso, inclusive.

Motiva dicha solicitud el haber sido invitado, como Vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, para participar en la Reunión de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), que se llevará a cabo en la ciudad de La Haya - Holanda.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Gustavo C. Penadés. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede  la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 24 en 25. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

19) "PROFESOR HOMERO GABARROT"

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Formulo moción para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley por el que se designa con el nombre "Profesor Homero Gabarrot" la Plaza de Deportes de la ciudad de Carmelo, depar-tamento de Colonia, correspondiente a la Carpeta 881/07 venida de la Comisión de Educación y Cultura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la solicitud de la señora Senadora Percovich.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

Se va a proceder a la distribución del repartido para su posterior tratamiento.

20) "FIESTA DEL CORDERO PESADO"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se declara de interés cultural la ‘Fiesta del cordero pesado’ de la ciudad de Sarandí del Yí, departamento de Durazno".

(Antecedentes:)

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Declárase de interés cultural la "Fiesta del Cordero Pesado", de la ciudad de Sarandí del Yí, departamento de Durazno.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 9 de octubre de 2007.

Tabaré Hackenbruch Legnani 1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cultura

ACTA N° 58

En Montevideo, el día dieciocho de octubre del año dos mil siete, a la hora once y trece minutos se reúne la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores.

Asisten sus Miembros, señora Senadora Margarita Percovich y señores Senadores Alberto Breccia y Alberto Cid.

Faltan con aviso los señores Senadores Washington Abdala, Ruperto Long y Eduardo Lorier quienes remiten nota justificando su inasistencia.

Preside el señor Senador Gustavo Penadés, Presidente de la Comisión.

Asisten especialmente invitados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el señor Conrado Ramos, y por la Agencia para el Desrrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información (AGESIC), el ingeniero José Clastornik y la doctora María José Viega.

Actúa en Secretaría la señora Dinorah Amato, Secretaria de la Comisión.

Abierto el acto se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido

N° 2048/2007 que forma parte de la presente Acta.

ASUNTOS ENTRADOS.

1. ENSEÑANZA DE LA EDUCACION FISICA. Se declara su obligatoriedad en las escuelas de enseñanza primaria en todo el país. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 957/2007.

2. "FIESTA DEL CORDERO PESADO", de la ciudad de Sarandí del Yí, departamento de Durazno. Se declara de interés cultural. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 958/2007.

3. Oficio N° 438/07 de la Junta Departamental de Florida, conteniendo las palabras vertidas por el señor Edil departamental doctor Ernesto Piccone, referente al cambio en el sistema de educación.

4. Invitación a la inauguración de ampliación de obras, de la Dirección, personal docente, no docente, alumnos y Comisión de Fomento de la Escuela N° 118 de Villa Olímpica, departamento de San José.

5. Invitación al Acto de Apertura del Congreso Pedagógico Nacional, por parte de la Federación Uruguaya de Magisterio y la revista Quehacer.

6. Invitación a la tercera edición de la "Choriforma", por parte del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales.

7. Invitación del Ministerio de Educación y Cultura a la próxima actividad del Clauster Audiovisual.

8. Resolución de ANEP, por la cual se designa con el nombre de Eduardo Víctor Boga al Jardín de Infantes N° 120 de la ciudad de Cardona, departamento de Soriano.

ASUNTOS CONSIDERADOS.

1. "FIESTA DEL CORDERO PESADO", de la ciudad de Sarandí del Yí, departamento de Durazno. Se declara de interés cultural. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 958/2007.

En consideración:

Se vota: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Alberto Breccia, quien lo hará en forma verbal.

2. "EDUARDO VICTOR BOGA". Se designa al Jardín de Infantes N° 120 de la ciudad de Cardona, departamento de Soriano. Por Secretaría se informa que dicho proyecto cuenta con la aprobación de la ANEP, que fue votado por la Comisión con fecha 6 de abril de 2006 y que debe designarse nuevo Miembro Informante. Se designa como nuevo Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich, quien lo hará en forma verbal.

3. "PROTECCION DE ANIMALES". Se establecen normas. Carpetas 628/2006, 645/2006 y 770/2007. Distribuido N° 1952/2007. En consideración el proyecto sustitutivo del señor Senador Penadés que compila los tres proyectos originales del Partido Nacional, Frente Amplio y Partido Colorado, las sugerencias del señor Ronald Pais y las sugerencias de la Asociación Nacional de Protección Animal (ANPA).

Se reconsideran los siguientes artículos:

Artículo 10. Se vota con modificaciones: 4 en 4 afirmativa. UNANIMIDAD.

Texto del artículo aprobado:

"Artículo 10.- Todo tenedor, a cualquier título, de un animal será responsable de:

a) mantenerlo en condiciones físicas y sanitarias adecuadas proporcionándole alojamiento, alimento y abrigo en condiciones adecuadas según su especie, de acuerdo a las pautas establecidas por la Sociedad Mundial para la Protección de los Animales;

b) no abandonarlo ni dejarlo suelto en lugares públicos de libre acceso;

c) observar las normas sanitarias y legales destinadas al paseo, manejo y tenencia responsable de los mismos;

d) prestarle trato adecuado a su especie o raza;

e) permitir el acceso de la autoridad competente a los efectos de la fiscalización y contralor de la tenencia del animal y de su estado; sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de la Constitución de la República;

f) de los daños que el animal pueda provocar a otro animal o persona, sin perjuicio de lo establecido por otras normas legales que le sean aplicables.

g) permitir la revisación y control del estado del animal, condiciones y lugar de la tenencia por parte de la Comisión Nacional Honoraria del Bienestar Animal".

Artículo 16.- Se vota con modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Texto del artículo aprobado:

"Artículo 16.- Son cometidos de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, además de los que surgen de la presente ley:

a) asesorar al Poder Ejecutivo sobre las políticas y los programas que estime necesarios para el cumplimiento de los fines de la presente ley;

b) planificar, organizar, dirigir, evaluar y colaborar en la ejecución de los programas que se coordinen con el Poder Ejecutivo;

c) informar al Poder Ejecutivo en materia de compromisos internacionales concernientes a los animales y velar por el cumplimiento de los mismos;

d) realizar o fomentar investigaciones y estudios relacionados con la situación de los animales, su comportamiento y su protección;

e) organizar y dirigir los programas de información al público,

f) recibir y diligenciar las denuncias sobre actos de maltrato y abandono de animales; actuar de oficio cuando corresponda, pudiendo requerir la intervención del Ministerio del Interior, autoridades sanitarias y judiciales competentes;

g) promover y someter a reconocimiento en el plano nacional e internacional a las pruebas y procedimientos que permitan renuncia a experimentos sobre animales o reduzcan su número al mínimo necesario;

h) mantener controlado el número de animales de Compañía y promover campañas de adopción en régimen de tenencia responsable.

i) organizar el Registro de Prestadores de Servicios Animales;

j) Proponer normas que regulen las condiciones en que deberán prestar sus servicios los sujetos pasivos inscriptos en dicho Registro de Prestadores".

Artículo 17.- Se vota con modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Texto del artículo aprobado:

"Artículo 17.- A efectos del cumplimiento de sus cometidos, la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal podrá:

a) administrar y disponer de los recursos que establezca la ley, a fin de aplicarlos a sus respectivos programas;

b) contratar el personal o los servicios que considere necesarios;

c) comunicarse directamente con todas las reparticiones públicas, las que tendrán la obligación de prestar su más amplia cooperación. Se considerará falta administrativa grave el ocultamiento de información o la obstaculización no justificada al accionar de la Comisión;

d) firmar convenios de intercambio técnico, apoyo financiero o de desarrollo de programas;

e) recibir herencias, donaciones y legados y administrar esos recursos;

f) secuestrar aquellos animales sujetos a maltrato o crueldad por parte de sus tenedores tomando las medidas más adecuadas a las circunstancias del caso;

g) aplicar y cobrar las multas establecidas en la presente ley;

h) recurrir al auxilio de la fuerza pública cuando sea necesario para el cumplimiento de sus cometidos así como denunciar ante la Justicia a los infractores de la presente ley".

Siendo la hora doce y quince minutos ingresan a Sala, el señor Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, doctor Conrado Ramos, el Director de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC), ingeniero José Clastornik y la doctora María José Viega, quienes exponen sobre el proyecto a estudio de la Comisión, proveniente del Poder Ejecutivo, que refiere al establecimiento de normas para garantizar la protección de los datos personales.

Siendo la hora doce y cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Gustavo Penadés Presidente

Dinorah Amato Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Breccia.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: es para mí un honor haber sido designado por la Comisión de Educación y Cultura para informar este proyecto de ley.

En oportunidad de tratarse el proyecto de ley de repoblamiento de la campaña, el señor Senador Saravia se refirió a los 250:000.000 de vacunos que pueblan esta región de América y el señor Senador Heber habló de la función social de la propiedad, y yo pensaba en la injusticia que se estaba cometiendo al ignorarse este milagro de la genética ganadera uruguaya, que es el cordero pesado. No me voy a extender ahora en sus virtudes porque, en forma redundante, sería un poquito "pesado" a esta hora de la tarde y, además, porque confieso que no tengo demasiado conocimiento sobre el tema.

Lo cierto es que en la semana entrante se celebra en la ciudad de Sarandí del Yí, -también cuna de ilustres futbolistas- esta Fiesta del Cordero Pesado. El proyecto ya ha sido declarado de interés cultural y aprobado por unanimidad y sin objeciones por los partidos políticos que integran la Cámara de Representantes, en una muestra más de la postura colaboradora de la oposición respecto a las iniciativas del oficialismo y, por lo tanto, creo que honraría también a este Cuerpo obtener la unanimidad

Es cuanto tenía que informar, muchas gracias.

(Apoyados)

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARAVIA.-  Podríamos explicar muy detalladamente qué es el cordero pesado, ya que somos productores.

Brevemente voy a referirme a este evento del cordero pesado que se celebrará en el centro del país, en el departamento de Durazno, una zona productora de ciclo completo, ganadero y ovino, en la cual el desarrollo de la ovinocultura, que es un elemento fundamental del repoblamiento de la campaña porque afinca a la familia, ha tenido una muy buena referencia en los proyectos que sobre este rubro ha desarrollado el Secretariado Uruguayo de la Lana en esa región. Por lo tanto, la producción de cordero pesado y el proyecto de desarrollo ovino, que el propio Secretariado Uruguayo de la Lana ha implantado a lo largo de muchos años en la zona, ha logrado, para productores familiares, pequeños y medianos, un ingreso adicional a su cadena de producción ovina de lana y carne.

Esta fiesta que se realiza en el departamento de Durazno, en Sarandí del Yí, segunda ciudad de ese departamento, tiene carácter cultural porque no sólo promueve la producción ovina y el afincamiento de la familia en el agro, sino también el encuentro entre los pobladores de la región, lo que hace a la cultura nacional. En definitiva, los 12:000.000 de ovinos son parte del desarrollo productivo de las cadenas de carne, pero también de la cultura nacional histórica que ha fundado este país.

Sería bueno que los señores Senadores concurrieran a este tipo de eventos donde, además, podrán presenciar la preparación de más de 100 metros de asado de cordero en clavo, vuelta y vuelta, cuyo sabor es muy rico. 

En definitiva, creo que es un hecho cultural de la producción nacional digno de destacar.

Muchas gracias.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

  Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Declárase de interés cultural la ‘Fiesta del Cordero Pesado’, de la ciudad de Sarandí del Yí, departamento de Durazno."

SEÑOR PRESIDENTE.-  En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado.)

21) "PROFESOR HOMERO GABARROT"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se designa con el nombre ‘Profesor Homero Gabarrot’, la Plaza de Deportes de la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia, dependiente del Ministerio de Turismo y Deporte (Carp. Nº 881/07 - Rep. Nº 533/07)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 881/07

Rep. N° 533/07

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase con el nombre "Profesor Homero Gabarrot", la Plaza de Deportes de la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 7 de agosto de 2007.

Enrique Pintado Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Comisión de

Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado y aprobado el proyecto de ley por el que se designa "Profesor Homero Gabarrot" a la Plaza de Deportes de la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia.

El profesor Gabarrot, nació en Cufré, en el mencionado departamento, el 31 de marzo de 1915, se radicó en Carmelo en el año 1940, ejerciendo allí el profesorado de Educación Física, haciéndose cargo de la Plaza de Deportes de la ciudad desde donde incentivó la actividad deportiva especialmente entre los jóvenes y niños.

Fue director técnico de la selección de básquetbol de Carmelo, logrando su intervención en el Campeonato Nacional en 1953. También fue preparador físico de la selección de fútbol y entrenó a importantes atletas en diversas especialidades, siendo organizador de campeonatos departamentales de atletismo en numerosas oportunidades. También fue fundador del Club Atlético Plaza de Carmelo y culminó su profesión como Inspector Regional de Educación Física.

Entendemos de estricta justicia la solicitud de los vecinos de la ciudad de Carmelo de recordar, con la nominación de la Plaza de Deportes, a este ciudadano tan destacado en el ámbito de la educación física y el deporte departamental. Por otro lado, la Dirección de Promoción Deportiva y Coordinación Institucional del Ministerio de Turismo y Deportes considera, en vista de los antecedentes que in-forman positivamente sobre tal iniciativa, "conveniente y oportuno" apoyar la misma, tal como se desprende de la nota enviada a esta Comisión, el día 5 de enero del co-rriente.

Por lo expuesto precedentemente se aconseja al Plenario la aprobación del proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 14 de marzo de 2007.

Manuel María Barreiro, Miembro Informante, Hugo Arambillete, Roque Arregui, Juan José Bruno, Federico Casaretto, Beatriz Costa.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cultura

ACTA N° 53

En Montevideo, el día treinta de agosto del año dos mil siete, a la hora once y cinco minutos se reúne la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores, en la Sala "Dr. Juan Andrés Ramírez".

Asisten sus Miembros, señora Senadora Margarita Percovich y señores Senadores Alberto Breccia, Alberto Cid, Eduardo Lorier y Julio María Sanguinetti.

Falta con aviso el señor Senador Pablo Iturralde, quien remite nota justificando su inasistencia.

Preside el señor Senador Gustavo Penadés, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría la señora Secretaria Dinorah Amato, con la colaboración de la señora funcionaria Verónica Cantero.

Abierto el acto se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en los Distribuidos Nos. 1925/2007 y 1926/2007 que forman parte de la presente Acta.

ASUNTOS ENTRADOS. Por Secretaría se da cuenta de los siguientes:

- DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO). Se sustituye el literal D) del artículo 2° comprendido en el artículo 341 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996. Proyecto de Ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 687/2006. Distribuido N° 1852/2007.

- FESTIVAL DE INTEGRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LASCANO, DEPARTAMENTO DE ROCHA. Se declara de interés cultural. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 880/2007. Distribuido N° 1888/2007.

- "PROFESOR HOMERO GABARROT". Se designa la Plaza de Deportes de la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia, dependiente del Ministerio de Turismo y Deporte. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 881/2007. Distribuido N° 1891/2007.

- ARCHIVO AUDIOVISUAL. Creación y declaración de interés público del archivo de los programas de radio y televisión transmitidos en el territorio nacional. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 882/2007. Distribuido N° 1892/2007.

- "JUAN ALBERTO BONNET". Se designa la Plaza de Deportes de la ciudad de Colonia Valdense, departamento de Colonia, dependiente del Ministerio de Turismo y Deporte. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 883/2007. Distribuido N° 1893/2007.

- ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA. Creación. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 889/2007. Distribuido N° 1899/2007.

- "DON ALBERICO PASSADORE". Se designa la Escuela Técnica de Colón, departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Técnico Profesional, Administración Nacional de Educación Pública. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 890/2007. Distribuido N° 1900/2007.

- "PEDRO BERNARDINO RODRIGUEZ PAIVA (TIDE)". Se designa la Escuela Rural N° 79 de Masoller, 3° Sección Judicial del departamento de Rivera. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, Carpeta N° 893/2007. Distribuido N° 1903/2007.

- "PROFESOR LUIS DE MATTEO". Se designa la Plaza de Deportes de la ciudad de Young, departamento de Río Negro. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 895/2007. Distribuido N° 1904/2007.

- COMISION NACIONAL DEL BICENTENARIO. Creación, integración y cometidos. Proyecto de ley con ex-posición de motivos, presentado por el señor Senador Ju-lio María Sanguinetti. Carpeta N° 903/2007. Distribuido N° 1918/2007.

- "FRANCIA". Se designa la Escuela Rural N° 5 de la 3ª Sección Judicial del departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 905/2007. Distribuido N° 1919/2007.

- Nota de la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (AFUTU), cursando invitación a la inauguración de su IX Congreso.

- Nota remitida por el señor Presidente de la Cámara de Senadores, adjuntando Oficio N° 501/07 proveniente de la Junta Departamental de Maldonado, con la versión ta-quigráfica de las palabras de la Edila Maestra Lilia Muniz en representación del Frente Amplio, al cumplirse treinta años de la desaparición física del Maestro Julio Castro, y su aspiración de que el Centro Educativo de la zona Cachimba del Rey lleve el nombre del mencionado maestro.

ASUNTOS CONSIDERADOS.

- DIRECCION NACIONAL DE IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (IMPO). Carpeta N° 687/2006. En consideración el proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes.

Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich, quién lo hará en forma verbal.

- FESTIVAL DE INTEGRACION REGIONAL DE LA CIUDAD DE LASCANO, DEPARTAMENTO DE ROCHA. Se declara de interés cultural. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 880/2007. En consideración.

Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Gustavo Penadés, quien lo hará en forma verbal.

Por Secretaría se informa que las Carpetas N° 881/2007 y 883/2007, cuentan con la aprobación del Ministerio de Turismo y Deporte. En consideración.

- "PROFESOR HOMERO GABARROT". Se designa la Plaza de Deportes de la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia, dependiente del Ministerio de Turismo y Deporte. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 881/2007.

Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Alberto Cid, quien lo hará en forma verbal.

- "JUAN ALBERTO BONNET". Se designa la Plaza de Deportes de la ciudad de Colonia Valdense, departamento de Colonia, dependiente del Ministerio de Turismo y Deporte. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 883/2007.

Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Eduardo Lorier, quien lo hará en forma verbal.

Por Secretaría se informa que la Carpeta N° 206/2005, que refiere a la designación de la Escuela N° 19 del departamento de Colonia, cuenta con la aprobación verbal de la ANEP. Dicho proyecto de ley fue aprobado por la Comisión con fecha 6 de abril de 2006, resolviéndose no remitirlo al Cuerpo hasta tanto se recibiera el informe de la Adminis-tración Nacional de Educación Pública. En consideración.

- "AMADEO SOLER". Carpeta 206/2005. Se designa a la Escuela N° 19 del departamento de Colonia. Se designa como nuevo Miembro Informante al señor Senador Gustavo Penadés, quien lo hará en forma verbal.

- PROTECCION DE ANIMALES. Carpeta N° 628/2007, 645/2007, 770/2007. Se establecen normas. Distribuido N° 1915/2007. Para referirse al proyecto a estudio de la Comisión, se reciben las siguientes delegaciones:

En representación de la Asociación Derecho a la Vida, las señora Eva Barceló e Ivón Royón.

En representación de la Asociación Animales sin Hogar, la Doctora Veterinaria Gabriela Moreno, la señora María Noel Jiménez y el Doctor Ricardo Púrpura.

Ambas delegaciones hacen entrega de material para distribuir a los señores Senadores integrantes de la Comisión.

A efectos de que la Comisión tome conocimiento, se reparte proyecto de ley con exposición de motivos del señor Senador Julio María Sanguinetti, sobre derecho a jubilación de los integrantes del Cuerpo de Baile del SODRE, que ha sido destinado a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado.

RESOLUCIONES.

- La Comisión resuelve enviar el proyecto de ley presentado por el señor Senador Julio María Sanguinetti sobre el derecho a jubilación de los integrantes del Cuerpo de Baile del SODRE, al Consejo Directivo del SODRE, y conjuntamente coordinar una visita, para que vuelquen su opinión sobre la iniciativa.

- Se esperarán las sugerencias de las delegaciones recibidas, a efectos de continuar con el tratamiento del proyecto de ley sobre Protección de Animales.

- El señor Presidente elaborará una agenda con los asuntos a tratar en el mes de setiembre.

A la hora doce y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Gustavo Penadés Presidente

Dinorah Amato Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.-  Señor Presidente: mediante este proyecto de ley se pasaría a nominar la Plaza de Deportes de la ciudad de Carmelo "Profesor Homero Gabarrot" quien, como se desprende del informe que viene de la Cámara de Representantes, era una personalidad de la zona en materia de educación física y deporte. Este profesor llegó a ser Inspector Regional de Educación Física y los vecinos de Carmelo quieren recordarlo, justamente, porque fue fundador del Club Atlético Plaza de Carmelo. Precisamente, como este sábado se pondrá una placa conmemorativa, solicitamos que este proyecto se tratara en forma urgente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Desígnase con el nombre ‘Profesor Homero Gabarrot’, la Plaza de Deportes de la ciudad de Carmelo, departamento de Colonia."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa.  UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

22) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 19 y 1 minuto, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Amaro, Antía, Baráibar, Bentancor, Breccia,  Campanella, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Fernández Huidobro, Heber, Lapaz, Moreira, Penadés, Percovich,  Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.)

SR. RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Sr. Santiago González Barboni Secretario

Sr. Nelson Míguez Director General  del Cuerpo de Taquígrafos

 
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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.