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Nº 168 - TOMO 444 - 21 DE AGOSTO DE 2007

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

29ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4 y 6) Solicitudes de licencia

- Las formulan las señoras Senadoras Topolansky y Xavier y el señor Senador Long.

- Concedidas.

5) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento. Las presentan la señora Nora Castro y los señores Héctor Tajam, Eduardo Muguruza y Saúl Posada comunicando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.

7) Declaratoria de urgencia de varios proyectos de ley

- Por moción de la señora Senadora Xavier, el Senado resuelve incorporar al Orden del Día y tratar con carácter urgente los proyectos de ley que figuran en las Carpetas Nº 887, 897, 896 y 772.

8) Reforma Tributaria y su implementación

- Por moción de los señores Senadores Heber, Lapaz, Gallinal, Penadés, Moreira, Abreu, Campanella, Da Rosa, Long, Antía y Larrañaga, el Senado resuelve llamar a Sala al señor Ministro de Economía y Finanzas para que informe sobre el tema.

9) Ingreso al territorio nacional de una aeronave de transporte de la Fuerza Aérea Argentina y de dieciocho integrantes de personal Superior y Subalterno, para la realización del "Ejercicio de recarga en vuelo", entre los días 3 y 7 de setiembre de 2007

- Proyecto de ley por el que se solicita su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

10) Operación "PANAMAX 2007"

- Proyecto de ley por el que se solicita autorización para que la Plana Mayor y los Tripulantes del ROU 04 "General Artigas" participen en dicho evento.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

11) Ingreso de efectivos armados de la República Federativa del Brasil para participar en los desfiles por los Actos de la Declaratoria de la Independencia de nuestro país Salida de efectivos del Ejército Nacional para participar en los desfiles de conmemoración de la independencia de la República Federativa del Brasil

- Proyectos de ley por los que se concede la autorización establecida en los numerales 11 y 12 del artículo 85 de la Constitución de la República.

- En consideración. Sancionados. Se comunicarán al Poder Ejecutivo.

12) Profesionales de la salud que prestan servicios al Estado

- Proyecto de ley por el cual se establece que no se les aplicará la incompatibilidad prevista por el artículo 32 de la Ley Nº 11.923, de 27 de marzo de 1953.

- En consideración. Aprobado. Se comunica a la Cámara de Representantes.

13) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 17 de agosto de 2007.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo martes 21 de agosto, a la hora 16, a fin de dar cuenta de los asuntos entrados, entre los que se encuentra el proyecto de ley por el que se concede la autorización establecida en el numeral 11 del artículo 85 de la Constitución de la República, a fin de que ingrese al territorio nacional una aeronave de transporte de la Fuerza Aérea Argentina y dieciocho integrantes de Personal Superior y Subalterno, entre los días 3 y 7 de setiembre de 2007, para la realización del "Ejercicio de Recarga de Vuelo".

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alfie, Amaro, Antía, Baráibar, Bentancor, Breccia, Campanella, Gamou, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Fernández Huidobro, Gallinal, Heber, Iturralde, Korzeniak, Lapaz, Larrañaga, Lorier, Michelini, Moreira, Penadés, Percovich, Ríos, Sanguinetti, Saravia, Vaillant y Xavier.

FALTAN: Con licencia, los señores Senadores Lara Gilene, Long y Topolansky.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 10 minutos.)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley a fin de que se autorice el ingreso al territorio nacional de una aeronave de transporte de la Fuerza Aérea Argentina con capacidad de recarga aérea y de 18 (dieciocho) integrantes de Personal Superior y Subalterno, entre los días 3 y 7 de setiembre de 2007, para la realización del "Ejercicio de Recarga en Vuelo".

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

El Poder Ejecutivo, conforme a lo establecido por los numerales 5 y 6 del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, remite para conocimiento los siguientes instrumentos adoptados:

- Convenio Nº 185 sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), la Recomendación Nº 189 relativa a las condiciones generales para fomentar la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, y la Recomendación Nº 193 sobre la promoción de las cooperativas.

- Convenio Nº 183 sobre protección de la maternidad 2000 y la Recomendación Nº 191 sobre la protección de la maternidad 2000.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se fija el régimen de descanso semanal para el personal dependiente de los edificios de propiedad horizontal o de las empresas administradoras de los mismos.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

- por el que se autoriza la participación de la Plana Mayor y Tripulantes del Buque ROU 04 "General Artigas", en la Operación "PANAMAX 2007", en el período comprendido entre el 28 de agosto y el 8 de setiembre de 2007, con escala en la República de Panamá.

- por el que se conceden las autorizaciones establecidas en los numerales 11 y 12 del artículo 85 de la Constitución de la República, a fin de que efectivos armados del Ejército de la República Federativa del Brasil ingresen al territorio nacional para participar en los desfiles por los actos de la Declaratoria de la Independencia de nuestro país, y para que efectivos del Ejército Nacional participen, a su vez, en los desfiles de conmemoración de la Independencia de la República Federativa del Brasil.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

- por el que se designa "Profesor Luis De Matteo" la Plaza de Deportes de la ciudad de Young, departamento de Río Negro.

- por el que se designa "Pedro Bernardino Rodríguez Paiva (Tide)", la Escuela Rural Nº 79 de Masoller, 3ª Sección Judicial del departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa "Don Albérico Passadore" la Escuela Técnica de Colón, departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Técnico-Profesional, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se crea el Archivo Nacional de la Memoria.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

- por el que se designa "Camino de los Indios" el tramo de la Ruta Nacional Nº 16, comprendido entre la ciudad de Castillos y el entronque con la Ruta Nacional Nº 14 "Brigadier General Venancio Flores".

- A LA COMISION DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

- por el que se aprueba el Convenio sobre Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales, con el Gobierno de la República de El Salvador, suscrito en Montevideo, el 3 de marzo de 2000.

- por el que se aprueba el Acuerdo sobre Exención de Traducción de Documentos Administrativos para Efectos de Inmigración, entre los Estados Parte del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- comunica que sancionó los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba el Convenio de Montreal para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional de 1999.

- por el que se designa "Pedro Alberto Maccio" la Escuela Nº 56 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo Nacional de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

- y envía copia de la exposición escrita presentada por el señor Representante Nacional Carlos Enciso Christiansen, relacionada con la necesidad de revisar los requisitos que se exigen para la exoneración de 50 hectáreas Coneat de la Contribución Inmobiliaria Rural.

- A LA COMISION DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informado el proyecto de ley por el que se designa "Francisco Mario Ubillos" la Escuela Nº 119 de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva, por vencimiento del plazo reglamentario, la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública.

- REPARTANSE E INCLUYANSE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION ORDINARIA.

El Ministerio de Educación y Cultura remite respuesta de la Administración Nacional de Correos a un pedido de informes solicitado por el señor Senador José Korzeniak, relacionado con las reparaciones de vehículos en un taller ubicado en San Martín y Bulevar Artigas.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR JOSE KORZENIAK.

La Junta Departamental de Maldonado remite:

- Oficio Nº 498/07 relacionado con las palabras pronunciadas por el Edil Javier Sena relacionadas con el proyecto de ley relativo a los inmuebles a ser adjudicados por el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) a estudio de la Cámara de Representantes.

- Oficio Nº 501/07 relacionado con las palabras pronunciadas por la Edila Lilia Muniz resaltando la figura de Julio Castro, expresando su aspiración de que el centro educativo de la zona "Cachimba del Rey" lleve su nombre.

La Junta Departamental de Durazno remite Oficio Nº 382/07 relacionado con las palabras pronunciadas por el Edil Riserio Llanes, relacionadas con la recepción de firmas de vecinos expresando su disconformidad con la actuación de las autoridades de Durazno en las inundaciones.

La Junta Departamental de Cerro Largo remite copia del planteamiento presentado por varios señores Ediles, referido al estado de las rutas nacionales.

La Junta Departamental de Paysandú remite copia de los planteamientos efectuados por una delegación de ex funcionarios de AFE declarados excedentes, que concurrió a dicho legislativo comunal.

- TENGANSE PRESENTES."

4) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Topolansky solicita licencia por el día de la fecha"

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 21 de agosto de 2007.

Sr. Presidente del Senado

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo que Ud. preside me conceda licencia por motivos personales el día de la fecha.

Sin otro particular,

Lucía Topolansky. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia formulada.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

5) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica al Cuerpo que la señora Nora Castro y los señores Héctor Tajam, Eduardo Muguruza y Saúl Posada han presentado notas de desistimiento informando que por esta única vez no aceptan la convocatoria al Cuerpo, por lo que se invita a pasar a Sala al señor Carlos Gamou, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Long solicita licencia por el día de la fecha".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 21 de agosto de 2007.

Sr. Presidente del Senado.

D. Rodolfo Nin Novoa

PRESENTE

De mi mayor consideración:

Solicito licencia de acuerdo al inciso D) de la Ley Nº 17.827, el día 21 de agosto del corriente.

Esta solicitud se debe a motivos personales; por lo tanto, cítese a mi suplente Sr. Pablo Iturralde.

Saluda a Ud. con su mayor estima,

Ing. Ruperto Long. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

Se invita a pasar a Sala al señor Pablo Iturralde, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

- Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Xavier solicita licencia entre los días 6 y 14 de setiembre".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 21 de agosto de 2007.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

PRESENTE

De mi mayor consideración:

Solicito al Cuerpo se me conceda licencia por el período 6 al 14 de setiembre. Motiva la misma el haber sido invitada a participar en la celebración que con motivo de los 100 años de la ISM se desarrollará en Stutgart, Alemania. Sin otro particular lo saluda atentamente

Dra. Mónica Xavier. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 24 en 25. Afirmativa.

7) DECLARATORIA DE URGENCIA DE VARIOS PROYECTOS DE LEY

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Solicitamos que la Carpeta Nº 887, que tiene que ver con la autorización del ingreso al territorio nacional de una aeronave de transporte de la Fuerza Aérea Argentina, sea distribuida y considerada como urgente en el día de hoy. La proximidad de la fecha nos obliga a hacer este planteamiento.

De igual manera, solicitamos que la Carpeta Nº 897, que tiene que ver con la Operación "PANAMAX 2007", también sea distribuida y considerada de manera urgente en la sesión de hoy.

Lo mismo solicitamos con respecto a la Carpeta Nº 896, que tiene relación con el ingreso de efectivos armados del Ejército de la República Federativa del Brasil al territorio nacional. La razón de este pedido es de tiempo.

Asimismo, pedimos que la Carpeta Nº 772, que tiene que ver con incompatibilidades en la doble función pública, sea considerada en el día de la fecha.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar las mociones formuladas.

(Se votan:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se procederá a la distribución de las carpetas mencionadas.

8) REFORMA TRIBUTARIA Y SU IMPLEMENTACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 21 de agosto de 2007.

Señor Presidente

de la Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Los Senadores abajo firmantes, solicitan, amparados en el artículo 119 de la Constitución de la República, se llame a Sala al Señor Ministro de Economía y Finanzas Cr. Danilo Astori, a los efectos de que informe sobre la Reforma Tributaria y su implementación.

Saludamos a usted muy atentamente". Firman los señores Senadores Heber, Lapaz, Gallinal, Penadés, Moreira, Abreu, Campanella, Da Rosa, Long, Antía y Larrañaga.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Tiene la palabra el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: como es público y notorio, creemos que es oportuno que el Senado de la República llame a Sala al señor Ministro de Economía y Finanzas, a los efectos de discutir no solamente la reforma tributaria, que ya tuvo su consideración en el Plenario, sino también los decretos reglamentarios y sus consecuencias. Este es un tema que realmente nos preocupa mucho y creemos que es importante realizar este análisis en el Cuerpo porque, a nuestro juicio, se han generado ilegalidades en muchos de los decretos, que van más allá de lo que se votó en la Ley de Reforma Tributaria. En este sentido, el Partido Nacional me ha encomendado, como miembro interpelante, que fundamente esta moción que, precisamente, cuenta con la firma de todos los señores Senadores de mi Partido, a fin de que el señor Ministro rinda cuentas en esta Cámara de Senadores.

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARAIBAR.- En nombre de la Bancada del Frente Amplio, queremos comunicar que no vamos a votar este llamado a Sala al señor Ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori. Naturalmente, estamos convencidos de la importancia de la reforma del sistema tributario, que hace poco más de un mes y veinte días está rigiendo, si bien fue aprobada en diciembre del año pasado. Creemos que es un tema que permanentemente debe estar presente en la vida parlamentaria y debe ser motivo de seguimiento por parte de este Cuerpo. Consideramos que la relevancia del tema lo justifica ampliamente y somos sensibles a entender el planteo.

Sabemos que, en esta etapa, la reforma ya pasó a la órbita del Poder Ejecutivo y de los órganos ejecutores, que son el Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas; pero creemos que esta no es la oportunidad ni el método adecuado para realizar este planteamiento. Todos conocemos que en el funcionamiento parlamentario a cada tema le llega su tiempo y, en general, esto ocurre cuando alcanzan cierto grado de decantamiento, de reflexión y de afinamiento. Para este asunto en particular, tenemos la Comisión de Hacienda, y vale la pena señalar -si bien es de público conocimiento y en estas circunstancias adquiere relevancia- que está presidida, justamente, por quien hoy convoca al señor Ministro al Pleno. Sabemos que los Presidentes tienen facultades muy amplias en materia de administración de los tiempos de las Comisiones, de convocatoria y de relacionamiento hacia afuera, por lo que podría perfectamente establecerse ese ámbito como una instancia más apropiada para tratar este tema, ir recibiendo una buena información e ir examinando paso a paso los reglamentos que se han aprobado.

La Constitución de la República establece que el mecanismo de llamado a Sala tiene fines legislativos, de inspección o fiscalización, que no son precisamente los centros en torno a los cuales debe estar planteado este tema. Por este motivo, no creemos que esta sea la oportunidad de realizar la convocatoria, sin perjuicio de que tal vez en otro momento pudiera ser apropiado. Nos parece que habría sido un mejor procedimiento que el señor Presidente de la Comisión de Hacienda hubiera hecho el planteo a sus integrantes, pero en ningún momento sugirió en ese ámbito que se recibiera al señor Ministro de Economía y Finanzas.

En otro orden de cosas, creemos que el debate en torno a la reforma tributaria ya se realizó largamente en este Cuerpo -no estamos negándonos, por supuesto, a esa discusión- y lo volveremos a dar en las circunstancias que sean, pero a poco más de un mes y veinte días de la puesta en práctica de la reforma tributaria, cuyos efectos todavía son imposibles de evaluar adecuadamente, consideramos que no es oportuno convocar al señor Ministro, más allá de que descontamos que el planteamiento se realiza con las mejores intenciones patrióticas de clarificar este tema a la opinión pública y al Senado de la República.

Por todas estas razones, la Bancada del Frente Amplio va a votar negativamente el llamado a Sala que ha formula-do el Partido Nacional por intermedio del señor Senador Heber.

Muchas gracias.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: coincido en gran medida con lo expresado por el señor Senador Baráibar sobre la postura del Frente Amplio. Tanto en mis declaraciones públicas como en las del señor Senador Baráibar cuando en su momento se anunció la convocatoria a Sala al señor Ministro Astori para discutir la reforma tributaria, expresamos públicamente nuestro acuerdo, porque era un instrumento más que permitía a la ciudadanía visualizar sobre los alcances de un cambio tributario esencial, importante y trascendente para la vida del país. Sin embargo, ahora anunciamos nuestro voto negativo, porque en la fundamentación que se hace por parte del señor Senador convocante y de la Bancada del Partido Nacional se habla de ilegalidades. Es decir que se utiliza una expresión casi de denuncia, que nos parece que toma un tono superficial, desde el momento en que esa acusación se tramita en el Senado antes de analizarse en la Comisión de Hacienda. Como señalaba el señor Senador Baráibar, ese hubiera sido un paso previo, más allá del derecho que todos los señores Senadores tienen a realizar este tipo de convocatorias y de que no hay que dramatizar este tipo de instancias. Creo que la rotulación de la convocatoria con la acusación de ilegalidad no es admisible y, además, se están quemando etapas, porque la Comisión es el ámbito natural de discusión sobre temas que pueden generar incertidumbres. Estas dudas son absolutamente legítimas en un asunto tan complejo como es la instrumentación de una reforma impositiva que elimina nada menos que quince normas tributarias y que pretende simplificar y darle equidad al sistema, pero creo que es un exceso hablar de ilegalidades y de que esta reforma excede lo que hemos votado en la Cámara.

Estamos de acuerdo en que esta instancia se transforme en un ámbito de difusión de los alcances de la reforma y también -estoy seguro de que así será- va a existir la posibilidad de publicitar los resultados de esta reforma impositiva, que adelanto son auspiciosos y se enmarcan en lo previsto previamente a su aprobación; pero no podemos compartir la adjetivación que se hace sobre el motivo de la convocatoria y, por lo tanto, más allá de haber expresado nuestra voluntad de acuerdo, vamos a votar negativamente la moción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el señor Senador Heber en nombre de los Senadores del Partido Nacional.

(Se vota:)

- 13 en 29. Afirmativa.

La Presidencia se encargará de coordinar la comparecencia del señor Ministro a este recinto en el plazo establecido por el Reglamento.

9) INGRESO AL TERRITORIO NACIONAL DE UNA AERONAVE DE TRANSPORTE DE LA FUERZA AEREA ARGENTINA Y DE DIECIOCHO INTEGRANTES DE PERSONAL SUPERIOR Y SUBALTERNO, PARA LA REALIZACION DEL "EJERCICIO DE RECARGA EN VUELO", ENTRE LOS DIAS 3 Y 7 DE SETIEMBRE DE 2007

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiéndose votado la urgencia de los temas solicitados por la señora Senadora Xavier, el Senado ingresa a la consideración del primero remitido por el Poder Ejecutivo: "Proyecto de ley por el que se concede la autorización establecida en el numeral 11 del artículo 85 de la Constitución de la República, a fin de que ingrese al territorio nacional una aeronave de transporte de la Fuerza Aérea Argentina y dieciocho integrantes de Personal Superior y Subalterno, entre los días 3 y 7 de setiembre de 2007, para la realización del ‘Ejercicio de recarga de vuelo’. (Carp. N° 887/07".

(Antecedentes:)

CAMARA DE SENADORES

Secretaría

Carp. N° 887/07

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 13 de agosto de 2007.

Sr. Presidente de la Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el agrado de remitir el presente Proyecto de Ley, a efectos de que ese Cuerpo conceda la autorización establecida en el numeral 11 del artículo 85 de la Constitución de la República, a fin de que ingrese al territorio nacional una aeronave de transporte de la Fuerza Aérea Argentina con capacidad de recarga aérea y de 18 (dieciocho) integrantes de Personal Superior y Subalterno de la tripulación de la citada aeronave, incluidos los instructores de recarga aérea, para la realización del Ejercicio de Recarga en Vuelo, entre los días 3 y 7 de setiembre de 2007. La realización del referido Ejercicio consiste en aumentar el radio de acción de la aeronave. En este sentido corresponde señalar que la Fuerza Aérea Uruguaya no cuenta con una aeronave que reúna las características específicas para este tipo de maniobras, por lo que la presencia de la aeronave de la Fuerza Aérea Argentina, la cual cumple con los requisitos necesarios, efectuará las mismas.

De esta manera se logra mantener y actualizar las calificaciones ya adquiridas por los pilotos, como así también la formación de otros, fortaleciéndose asimismo los lazos de colaboración ya existentes entre la Fuerza Aérea Uruguay y la Fuerza Aérea Argentina. Finalmente corresponde señalar que el presente Ejercicio se enmarca dentro del Convenio suscrito entre ambas Fuerzas, aprobado por la Resolución del Poder Ejecutivo de 24 de agosto de 1999 (número interno 77.701).

Por los fundamentos expuestos, se solicita la atención de ese Cuerpo al Proyecto de Ley que se acompaña y cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda atentamente al señor Presidente de la Asamblea General.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Azucena Berrutti, Reinaldo Gargano, Daisy Tourné.

Ministerio de Defensa Nacional

Artículo Unico.- Autorízase la entrada el territorio nacional de una aeronave de transporte de la Fuerza Aérea Argentina con capacidad de recarga aérea y de 18 (dieciocho) integrantes de Personal Superior y Subalterno de la tripulación de la citada aeronave incluidos los instructores de recarga aérea, a efectos de realizar el Ejercicio de recarga en vuelo entre los días 3 y 7 de setiembre de 2007.

Azucena Berrutti, Reinaldo Gargano, Daisy Tourné."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: el proyecto de ley que tenemos a consideración refiere al ingreso de una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina con dieciocho militares, aviadores, personal superior y subalterno.

De acuerdo con la Constitución de la República, el ingreso de tropas extranjeras necesita autorización parlamentaria. El tema se plantea en esta sesión porque la fecha es del 3 al 7 de setiembre -o sea, dentro de unos pocos días-, y lo deseable es que la ley se apruebe antes del ingreso de dicha aeronave. Así va a ocurrir si el Plenario, accediendo a lo que aconseja la Comisión de Defensa Nacional, vota este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 26 en 28. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Autorízase la entrada al territorio nacional de una aeronave de transporte de la Fuerza Aérea Argentina con capacidad de recarga aérea y de 18 (dieciocho) integrantes de Personal Superior y Subalterno de la tripulación de la citada aeronave incluidos los instructores de recarga aérea, a efectos de realizar el Ejercicio de recarga en vuelo entre los días 3 y 7 de setiembre de 2007".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 26. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: hemos votado afirmativamente este proyecto de ley porque acompañamos y compartimos la importante misión que implica el ingreso de una aeronave, lo cual le da a los pilotos y al personal de la Fuerza Aérea Uruguaya una capacidad que nuestro país, lamentablemente, no tiene en la práctica porque no posee esas naves.

Debemos lamentar una vez más el atraso con que estos mensajes llegan al Parlamento, lo que impide que en la Comisión de Defensa Nacional se hagan los análisis medianamente serios que merecería este tipo de temas. Es una vieja práctica que se viene dando desde Administraciones anteriores, pero creo que en algún momento deberíamos trabajar para cambiarla porque lo único que hace es cercenar al Parlamento la capacidad y la posibilidad de analizar con responsabilidad temas de trascendencia, como son los relacionados con la defensa nacional.

10) OPERACION "PANAMAX 2007"

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del asunto cuya urgencia se ha votado y que viene aprobado de la Cámara de Representantes: "Proyecto de ley por el que se autoriza la participación del Buque ROU 04 "General Artigas" en la Operación Panamax 2007".

(Antecedentes:)

"CAMARA DE SENADORES

Secretaría

Carp. 897/07

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 17 de julio de 2007.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo G. Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo cumple en remitir el presente Proyecto de Ley, a efectos de que ese Cuerpo conceda la autorización establecida en el numeral 12 del artículo 85 de la Constitución de la República, para que la Plana Mayor y Tripulantes del ROU 04 "General Artigas" participe en la Operación "PANAMAX 2007" en el período comprendido entre el 28 de agosto y el 8 de setiembre de 2007, realizando escala en la República de Panamá.

Las Operaciones "PANAMAX", son ejercicios multinacionales encuadrados en una Operación combinada con la participación de la coalición de Naciones responsables o con intereses en el Canal de Panamá, siendo éste, la infraestructura más crucial del flujo de comercio de occidente.

Desde el año 2003 en que se celebró la primer Operación "PANAMAX" (en la que participaron 3 países) la misma ha adquirido mayor interés, debido al enfoque estratégico que significa el Canal de Panamá. Este interés se ve reflejado en el incremento anual de los países participantes; hoy en día los países que participarán en la misma son 31, entre ellos: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Honduras, Holanda, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Panamá como país anfitrión.

Los objetivos que se persiguen en esta Operación Multinacional son: asegurar la libre navegación, adquisición de capacidades operacionales y eficacia táctica de Fuerzas multinacionales operando en forma conjunta e incrementando la interoperatividad entre Naciones con intereses en la región.

La Armada Nacional, ha participado en años anteriores en carácter de Estado Mayor del Comandante de la Fuerza de Tareas Multinacionales, esto es: con personal pero sin medios.

En la Planificación celebrada en marzo de 2007, se expresó el deseo e interés de los países organizadores, de la participación de una Unidad de Tarea de la Armada de Uruguay. Al presentar nuestra Armada la posibilidad de hacerlo con el ROU 04 "General Artigas", se visualizó por parte de los organizadores la solución al problema de contar con un buque apto para asumir la responsabilidad del Comando y Control del Anillo de Seguridad Interior del Comando Operacional del Caribe, sirviendo así como base y apoyo a Panamá, país anfitrión de este evento internacional. Así mismo, nuestro ROU 04 "General Artigas", brinda la posibilidad de ser escuela -teórica y práctica- de personal superior y subalterno en el área de Operaciones Navales y Aero -Navales de Comando y Control. Esta posibilidad fue solicitada por algunos de los países participantes, como lo son Panamá, Honduras, Guatemala, República Dominicana, Ecuador, quienes en total suman 24 observadores, que embarcarían durante la fase de Operaciones en el Mar y serán adiestrados por nuestra tripulación en esta área de las Operaciones navales.

A este desafío profesional se le suma el interés de Armadas como las de Francia, Holanda y Colombia, de practicar en el mar maniobras de reaprovisionamiento de combustible en navegación, para lo que se propuso que nuestro buque conduzca un seminario sobre este tipo de maniobras navales en el Puerto de Colón, al día siguiente al arribo de las unidades a Panamá, el que sería conducido a bordo de nuestro buque.

La asignación de esta responsabilidad, significa un motivo de orgullo y se interpreta como una clara muestra de interés por la participación del Uruguay como Nación y el reconocimiento de la seriedad profesional de nuestra Armada Nacional.

La disposición de nuestra Armada en participar, brindando un apoyo profesional a países amigos latinoamericanos, que se materializará en lo académico y en la disponibilidad de un elemento naval en el teatro de operaciones, ha posibilitado que los organizadores, comprometan un apoyo de hasta el 60% de los consumos de combustibles y lubricantes que nuestro buque y su helicóptero utilizarán en el trayecto completo.

Es por todo esto que la participación de la Armada Nacional en representación de nuestro país en la Operación "PANAMAX 2007", apoyando a la República de Panamá, son desafíos que entendemos a nuestro alcance y nos brindan la oportunidad de mejorar profesionalmente y profundizar los lazos de amistad entre Naciones con intereses comunes.

En mérito a lo expuesto, se considera que la participación de la Armada Nacional en representación del país en la Operación "PANAMAX 2007", apoyando a la República de Panamá, es un desafío que puede asumirse y brinda la oportunidad de mejorar profesionalmente y profundizar los lazos de amistad entre Naciones con intereses comunes.

Por los fundamentos expuestos, se solicita la atención de ese Cuerpo al Proyecto de Ley que se acompaña y cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda atentamente al señor Presidente de la Asamblea General.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Azucena Berrutti, Reinaldo Gargano, Daisy Tourné.

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Autorízase la participación de la Plana Mayor y Tripulantes del Buque ROU 04 "General Artigas", en la Operación "PANAMAX 2007", en el período comprendido entre el 28 de agosto y el 8 de setiembre de 2007, con escala en la República de Panamá.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 15 de agosto de 2007.

Enrique Pintado

Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: la Operación Panamax consiste en una serie de ejercicios que se realizan en una operación combinada en la que participan varios países que tienen intereses en el Canal de Panamá que es, como es sabido, una de las infraestructuras más importantes en el flujo del comercio occidental.

Esta Operación se realizó por primera vez en el año 2003 con la participación de tres países, pero la situación estratégica de este Canal ha hecho que anualmente se vaya incrementando el número de naciones que integran estas maniobras. Hoy en día, son 31 países, entre los cuales están Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Holanda, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Chile y el anfitrión, Panamá. Precisamente, Chile es uno de los países más interesados y ha conversado muchas veces con Uruguay, deseando nuestra participación en estas operaciones. Obviamente, las razones son elementales: resulta mucho más sencillo para muchos países el flujo de uno de los océanos al otro por la vía del Canal de Panamá, que dar la vuelta por el Cabo de Hornos.

En esta Operación se trata de asegurar la libre navegación y la adquisición de capacidad, o sea, aprender este tipo de actividades con eficacia teórica y táctica. Por su parte, la Armada Nacional, que en años anteriores ha participado en carácter de Estado Mayor del Comandante de la Fuerza Aérea, con personal pero sin medios, en esta oportunidad va a participar con medios, lo cual desde el punto de vista práctico, a cualquier marino le otorga una experiencia que no tenía.

En estas condiciones, en nuestra Bancada de Diputados y de Senadores se analizó esta Operación con singular atención, e incluso nos complacimos de contar, en nuestra Bancada de Senadores, con la presencia de la señora Ministra y del señor Subsecretario de Defensa Nacional, a quienes todos los compañeros les formularon preguntas. Al respecto, la conclusión unánime de nuestra Bancada fue que era conveniente la participación y que debía darse el voto afirmativo.

Dentro del ámbito de la discusión de las reglas generales que regirán a las Fuerzas Armadas Uruguayas tanto en sus roles en sus misiones como en su papel institucional o constitucional, siempre subordinadas al mando superior, que es el poder político -concretamente, el Poder Ejecuti-vo-, el país tiene por delante una tarea que no es fácil: la elaboración de una Ley Orgánica para las Fuerzas Armadas.

Tradicionalmente, en el Derecho comparado y también en nuestro país, los primeros artículos de una ley orgánica definen la misión de las Fuerzas Armadas, tema que es bastante oscuro en todas las leyes orgánicas, ya que hay una serie de puntos bastante discutibles que las leyes parece que nunca se atreven a dilucidar con claridad. Esta Administración se propone elaborar una nueva ley orgánica para las Fuerzas Armadas, lo que se ha prometido desde hace muchos años pero que ha ofrecido muchas dificultades. Se ha sostenido un debate nacional, con muchos eventos, y allí seguramente se va a reanalizar, para que quede plasmado en alguna de esas disposiciones generales el nivel de participación de las Fuerzas Armadas Uruguayas en operaciones multinacionales.

Este es un tema que hay que considerar caso por caso porque no existe una definición general. Sin perjuicio de aclarar que votaremos esta participación por unanimidad, señalo que, en las reuniones a que he hecho referencia, todos manifestamos que pensamos que tendría que haber alguna instancia en la que se establezcan definiciones más genéricas. Siempre se ha considerado caso por caso, tanto en ésta como en las anteriores Administraciones. No creo que alguna vez se haya hecho mecánicamente.

Repito que estoy en condiciones de informar que la votación de la Bancada de Gobierno será unánime en cuanto a la participación uruguaya en esta misión.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: la decisión que se trae al Senado es trascendente. En algún momento pareció que la Bancada de Gobierno no estaba dispuesta a autorizar esta operación que se iba a llevar adelante, pero por suerte y gracias a Dios, los señores Senadores reflexionaron, desanduvieron los pasos que peligrosamente habían comenzado a transitar y van a dar su voto para autorizar la participación del buque ROU 04 "General Artigas" en la operación "PANAMAX 2007".

Se ha dicho hasta el cansancio que es necesario que el Uruguay defina una política de defensa, así como también que es preciso que se logren consensos políticos. Este Gobierno inició una política de debate sobre defensa de la que, lamentablemente, se ha apartado y, en consecuencia, el Partido Nacional tuvo que tomar actitudes y decisiones muy lejanas a su intención primigenia, que era la de participar, aportar, ayudar a pensar y a elaborar.

En una política de defensa de los tiempos que estamos transitando, el Partido Nacional entiende que para las Fuerzas Armadas es fundamental la participación del Uruguay en operaciones que impliquen el contacto con otras fuerzas armadas del mundo. Basados en la política tradicional de relaciones exteriores del país, en el respeto al Derecho Internacional y en los principios que nos han guiado, nos guían y tienen un componente de mandato constitucional que ordena claramente cuáles son las operaciones y adónde deben llevar, el Uruguay debe participar en esta ocasión. ¡Cómo no vamos a autorizar el ingreso de un avión tanquero procedente de la República Argentina al Uruguay si nuestro país no tiene avión tanquero! ¡Cómo no vamos a autorizar la operación de un buque uruguayo en una operación multinacional como la que se va a llevar a cabo en Panamá -llamada PANAMAX- cuando el Buque ROU 04 "General Artigas", por sus condiciones y características, participaría activamente debido a que, entre otras cualidades, es un buque tanquero, y también porque allí estaría ubicado el Estado Mayor Conjunto de toda la operación! ¡Cómo no vamos a participar en una operación naval en la que van a intervenir marinas de las más antiguas del mundo y de una jerarquía, en cuanto a su poder bélico y su desarrollo tecnológico, como la que el Uruguay, salvo en estas operaciones, jamás va a poder observar y que, además, permitirán que nuestros oficiales adquieran la capacitación suficiente!

El Partido Nacional tiene una clara definición para estos casos y nos alegra que el Gobierno comience a tenerla también y que sea similar a la nuestra. Este tema llevó a una discusión dentro de la Bancada de Gobierno. Me gustaría que, en algún momento, esa Bancada se dé cuenta de que aquí habemos Senadores que representamos al otro 50% de la población.

Recién se mencionaba como un gran logro que la señora Ministra de Defensa Nacional haya venido a explicar el asunto a la Bancada de Gobierno. Sin embargo, tendría que haber venido a explicárselo a todo el Parlamento y, fundamentalmente, a las Bancadas de la oposición, que tendríamos que estar debidamente enteradas de las características de una operación que ya ha tenido particularidades con la ida del buque ROU 04 "General Artigas" a Haití, a Panamá, a Venezuela y, como dicen los brasileños, "ainda mais". Parece que al Gobierno sigue sin interesarle la opinión de los Senadores de la oposición y que ellos estén debidamente informados de las características de la operación.

Nos alegra que la señora Ministra de Defensa Nacional, en un ejercicio singular de la vida parlamentaria y democrática de nuestro país, no haya tenido que venir a convencer a los Senadores y Diputados de la oposición sobre las bondades de la operación, sino que tuvo que venir a convencer a los Senadores y Diputados de la Bancada de Gobierno. A los Legisladores de la oposición -en nuestro caso, del Partido Nacional-, que hemos seguido una línea tradicional bastante coherente en estos temas, no es necesario convencernos de cosas de las que ya estamos convencidos. Consideramos que este tipo de operaciones le sirven y mucho a las Fuerzas Armadas de nuestro país.

La capacitación, el hecho de ver y de poder observar metodologías, plataformas nuevas y modernas, y la sincronización en las operaciones, por encima de pretéritas -y hasta diría "apolilladas"- posiciones políticas que algunos siguen sustentando -bastante anacrónicas en cuanto a las realidades que el mundo atraviesa actualmente-, permitirán que nuestros oficiales participen en este tipo de operaciones que son fundamentales y esenciales para el contacto y la formación de los oficiales y el personal de las Fuerzas Armadas.

Cuando se entienda oportuno, podremos participar en la Comisión de Defensa Nacional en una discusión en que la señora Ministra tenga que venir a informar y a convencer, no ya a los legisladores de su propio Partido, sino a todos o, en especial, a los Senadores y Diputados de la oposición.

Señor Presidente: vamos a votar esta operación por su trascendencia, por la importancia estratégica que tiene para el país en su política exterior y de defensa, por la capacitación que recibirán los oficiales y el personal de las Fuerzas Armadas y porque, además, el Partido Nacional entiende que este tipo de políticas deben llevarse adelante con un sesgo menos partidario y mucho más de Estado que el que, lamentablemente, el Gobierno ha decidido darle en los últimos tiempos.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia del Senado da la bienvenida y agradece la presencia de estudiantes y profesores del liceo "José Invernizzi" de Piriápolis, nombre con el cual se denominó dicho liceo en el correr de este año.

SEÑOR MICHELINI.- Apoyado.

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARAIBAR.- Quisiera hacer un breve comentario que me sugiere la intervención del señor Senador preopinante.

Hemos tomado nota de que, efectivamente, hubiera sido bueno que la señora Ministra o el señor Subsecretario de Defensa Nacional concurriera a los ámbitos pertinentes o incluso a su propia Bancada, si el Partido Nacional o el Partido Colorado lo hubieran entendido necesario. Los reflejos de opositores todavía no nos permiten actuar con toda la sensibilidad y la responsabilidad de ser el Partido de Gobierno.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BARAIBAR.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Miembro Informante.

SEÑOR KORZENIAK.- La Comisión de Defensa Nacional está integrada por miembros del Partido Nacional, y si allí se hubiera planteado llamar a la señora Ministra de Defensa Nacional -que ha venido varias veces- para consultarla sobre esta operación, sin duda lo hubiéramos apoyado. Simplemente, quería poner de manifiesto este hecho.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARAIBAR.- La frase que iba a pronunciar a continuación ya la dijo el señor Senador Korzeniak, por lo que considero innecesario reiterarla. Es decir, me refiero a convocar a la señora Ministra de Defensa Nacional, tal como ha ocurrido en muchas oportunidades.

Con respecto a la segunda consideración que se hizo, más de tipo político, simplemente quiero decir que tiene razón el señor Senador. Frente a la evidencia de las cosas, no vale la pena hacerle esquives a la realidad, y reconocemos que, efectivamente, tiene razón en el sentido de que estamos viviendo un proceso que nos exige un esfuerzo. Para nuestra fuerza política, asumir las conductas y responsabilidades de ser Gobierno, con toda la potencia que tiene la realidad y el imperio de ser responsables por las decisiones que se toman, nos ha exigido un esfuerzo, nos lo está exigiendo y, probablemente, nos lo seguirá exigiendo. No es mala cosa; lo tomamos como un ejercicio de práctica política, y como el señor Senador preopinante fue muy elocuente, simplemente digo que estoy de acuerdo, que tiene razón.

Con relación al tema de fondo y en lo que tiene que ver con la exposición de motivos, quiero subrayar una frase que dice: "Las Operaciones ‘PANAMAX’, son ejercicios multinacionales encuadrados en una Operación combinada con la participación de la coalición de Naciones responsables o con intereses en el Canal de Panamá, siendo éste" -y destaco esta parte- "la infraestructura más crucial del flujo de comercio de occidente".

Hace un mes y medio, participamos de un seminario en Panamá -del cual ya informé en la hora previa de una sesión anterior- junto con los señores representantes Gamou y Gandini, invitados por el Presidente de la Asamblea Nacional de ese país para visitar el canal. A quienes tengan oportunidad de realizar esa visita, realmente se las recomiendo, porque es una experiencia absolutamente singular, imposible de imaginar. Hay que ver esos barcos de miles de toneladas pasando por canales donde prácticamente con sólo estirar el brazo alcanzaría para tocar los muros que están a ambos lados del barco. Estuvimos en la esclusa Miraflores, una de las tantas, y recorrimos el lago. Asimismo, tuvimos la oportunidad de ver cómo subían y bajaban las esclusas durante el cruce de un barco. Luego, participamos de una reunión con un especialista en el tema, a quien le formulamos todas las preguntas sobre este canal que generalmente despierta muchísimas inquietudes. Seguramente, es de conocimiento de los señores Senadores que hace unos meses la República de Panamá realizó un plebiscito que terminó aprobando la ampliación del canal para habilitar el pasaje de cargueros de grandes dimensiones que, de otra manera, no pasarían por esta ruta transatlántica.

En la entrevista hubo muchas interrogantes, pero sólo quiero mencionar un aspecto sobre el que seguramente todos se preguntarán, porque resulta un hecho curioso. ¿Por qué hay que hacer esclusas? ¿Cuál es el océano más alto: el Pacífico o el Atlántico? La respuesta es que los dos tienen la misma altura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Eso lo aprendió conmigo, señor Senador.

SEÑOR BARAIBAR.- Con mucho gusto.

Sucede que hay un lago que está entre los dos océanos y que está a muchos metros de altura; por lo tanto, las esclusas sirven para subir los barcos hasta allí -que es una buena parte del trayecto- y para bajarlos cuando tienen que descender al nivel del mar.

Estuvimos largo rato formulando todas las preguntas habidas y por haber, y uno de los participantes interrogó acerca de las medidas de seguridad que tienen para proteger el canal de cualquier atentado terrorista. La respuesta fue que lo que tienen al alcance de la mano es encomendarse a Dios. Es muy fácil provocar la ruptura de una de las compuertas de las esclusas con una explosión no muy grande, mucho menor que algunas que hemos conocido en España, en Inglaterra y, ni que hablar, en los Estados Unidos, y generar una situación caótica en esta infraestructura que, tal como lo señala el informe de la Presidencia de la República, es la más crucial del flujo de comercio de Occidente.

En estas circunstancias, con sensibilidad y en apoyo a la República de Panamá, es importante tomar todas las previsiones del caso. No es casualidad que participen todas las naciones de América, más otras que tienen intereses muy importantes en el canal, en cuanto a que sea una vía abierta al comercio. Me parece que es una iniciativa que debe merecer el apoyo decidido de todos y, por supuesto, la presencia de nuestra Armada es un elemento muy positivo.

Por todo lo expuesto, votamos favorablemente, no sólo con convicción sino con entusiasmo, la participación del ROU 04 "General Artigas" en la Operación "PANAMAX 2007".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR LORIER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LORIER.- Señor Presidente: votamos afirmativamente por razones de disciplina partidaria, aunque nuestra opinión es contraria a la participación en tales maniobras.

Al respecto, señalamos la necesidad de analizar no sólo las maniobras en sí, sino también el contexto, o sea, la situación en su conjunto. Por eso nuestra posición surge del análisis de las actuales guerras en curso, del militarismo creciente, del esencial papel del complejo militar industrial en las distintas economías, en particular en la de los Estados Unidos, del análisis necesario del terrorismo, incluyendo el de Estado, de los planes militares en América Latina, de las bases militares extranjeras en el continente, de los planes llamados "Colombia", "Pueblo Panamá", "Iniciativa Regional Andina", de las fuerzas de paz y de las restantes maniobras militares que se van realizando.

En otras palabras, creemos que deben analizarse los temas en su conjunto y teniendo como guía lo aprobado en el IV Congreso "Héctor Rodríguez", del Frente Amplio, sobre que "el Frente Amplio procurará desarrollar una política militar de fortalecimiento de vínculos sub-regionales y latinoamericanos, opuesta a la visión hegemónica que, a través del sistema militar panamericano, Estados Unidos de América intenta perpetuar en la región y en el hemisferio".

Por eso, señor Presidente, volvemos al principio: votamos afirmativamente aunque nuestra posición sea contraria a dichas maniobras.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: como es natural, el Partido Colorado ha votado afirmativamente este proyecto, primero, porque ha sido nuestra tradición y, segundo, porque creemos que terminada la guerra fría y en el contexto internacional en que estamos, si antes esto tenía razones poderosas para el país, hoy las tiene mucho más.

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Autorízase la participación de la Plana Mayor y Tripulantes del buque ROU 04 ‘General Artigas’, en la Operación ‘PANAMAX 2007’, en el período comprendido entre el 28 de agosto y el 8 de setiembre de 2007, con escala en la República de Panamá".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

11) INGRESO DE EFECTIVOS ARMADOS DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL PARA PARTICIPAR EN LOS DESFILES POR LOS ACTOS DE LA DECLARATORIA DE LA INDEPENDENCIA DE NUESTRO PAIS SALIDA DE EFECTIVOS DEL EJERCITO NACIONAL PARA PARTICIPAR EN LOS DESFILES DE CONMEMORACION DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del proyecto de ley por el cual se solicita autorización para el ingreso de efectivos armados de la República Federativa del Brasil para participar en los desfiles por los actos de la Declaratoria de la Independencia de nuestro país y la salida de efectivos del Ejército Nacional para participar en los desfiles de conmemoración de la independencia de la República Federativa del Brasil.

(Antecedentes:)

CAMARA DE SENADORES

Secretaría

Carp. 896/07

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 31 de julio de 2007.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo G. Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo cumple en remitir el presente Proyecto de Ley a efectos de que ese Cuerpo conceda las autorizaciones establecidas en los numerales 11 y 12 del artículo 85 de la Constitución de la República, a fin de que efectivos armados del Ejército de la República Federativa del Brasil ingresen al territorio nacional para participar en los desfiles por los actos de la Declaratoria de la Independencia de la República Oriental del Uruguay y para que efectivos del Ejército Nacional participen a su vez, en los desfiles de conmemoración de la Independencia de la República Federativa del Brasil.

La presente gestión se funda en el marco de las actividades de relacionamiento que realiza el Ejército Nacional con los países vecinos, con el fin de continuar estrechando los lazos de amistad existentes en el ámbito regional.

A tales efectos, se solicita autorización para el ingreso al territorio nacional, de los siguientes efectivos en las ciudades que se dirán, el día 25 de agosto de 2007, a fin de participar en los actos de conmemoración de la Independencia de la República Oriental del Uruguay.

1.- En la ciudad de Artigas, una Compañía de Desfile, Banderas y Banda de Músicos (aproximadamente 90 efectivos armados) del 5° Regimiento de Caballería Mecanizado con asiento en la ciudad de Quaraí, Estado de Río Grande del Sur.

2.- En la ciudad de Rivera, una Compañía de Desfile, Banderas y Banda de Músicos (aproximadamente 90 efectivos armados) del 7° Regimiento de Caballería Mecanizado, con asiento en la ciudad de Santana do Livramento, Estado de Río Grande del Sur.

3.- En la ciudad de Río Branco, una Compañía de Desfile, Banderas y Banda de Músicos (aproximadamente 90 efectivos armados) del 12° Regimiento de Caballería Mecanizado con asiento en la ciudad de Yaguarón, Estado de Río Grande del Sur.

Asimismo, se solicita autorización para la salida del territorio nacional, de los siguientes efectivos, a las ciudades que se dirán, los días 2 y 7 de setiembre de 2007, respectivamente, a fin de participar en los desfiles de conmemoración de la Independencia de la República Federativa del Brasil:

El día 2 de setiembre de 2007:

1.- a la ciudad de Chuy, seis señores Oficiales y sesenta y dos Personal Subalterno del Batallón "Leonardo Olivera" de Infantería Mecanizado N° 12 (Banderas y Escoltas, una Compañía de Desfile y Banda de Músicos).

El día 7 de setiembre de 2007:

1.- a la ciudad de Quaraí, ocho señores Oficiales y sesenta y seis Personal Subalterno del Regimiento "Guayabos" de Caballería Mecanizado N° 10 (Banderas y Escoltas y una Compañía de Desfile).

2.- a la ciudad de Santana do Livramento, siete señores Oficiales y ochenta y un Personal Subalterno del Regimiento "Brigadier General Fructuoso Rivera" de Caballería Mecanizada N° 3 (Banderas y Escoltas, una Compañía de Desfile y Banda de Músicos)

3.- a la ciudad de Yaguarón, seis señores Oficiales y sesenta y cinco Personal Subalterno del Regimiento "General Aparicio Saravia" de Caballería Mecanizado N° 7 (Banderas y Escoltas, una Compañía de Desfile y Banda de Músicos).

Por los fundamentos expuestos se solicita la atención de ese Cuerpo al Proyecto de Ley que se acompaña y cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General, atentamente.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Azucena Berrutti, Reinaldo Gargano, Daisy Tourné.

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguien-te

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Autorízase el ingreso al territorio nacional de los siguientes efectivos de la República Federativa del Brasil, el día 25 de agosto de 2007, a efectos de participar en los desfiles por los actos de conmemoración de la Declaratoria de la Independencia de la República Oriental del Uruguay, en las ciudades que se dirán:

1.- Una Compañía de Desfile, Banderas y Banda de Músicos (aproximadamente noventa efectivos armados) del 5° Regimiento de Caballería Mecanizado con asiento en la ciudad de Quaraí, Estado de Río Grande del Sur, en virtud de los actos a celebrarse en la ciudad de Artigas.

2.- Una Compañía de Desfile, Banderas y Banda de Músicos (aproximadamente noventa efectivos armados) del 7° Regimiento de Caballería Mecanizado, con asiento en la ciudad de Santana do Livramento, Estado de Río Grande del Sur, en virtud de los actos a celebrarse en la ciudad de Rivera.

3.- Una Compañía de Desfile, Banderas y Banda de Músicos (aproximadamente noventa efectivos armados) del 12° Regimiento de Caballería Mecanizado con asiento en la ciudad de Yaguarón, Estado de Río Grande del Sur, en virtud de los actos a celebrarse en la ciudad de Río Branco.

Artículo 2°.- Autorízase la salida del territorio nacional, a los siguientes efectivos, a efectos de participar en los desfiles de conmemoración de la Independencia de la República Federativa del Brasil, en los días y ciudades que se dirán:

El día 2 de setiembre de 2007:

A la ciudad de Chuy, seis señores Oficiales y sesenta y dos Personal Subalterno del Batallón "Leonardo Olivera" de Infantería Mecanizado N° 12 (Banderas y Escoltas, una Compañía de Desfile y Banda de Músicos).

El día 7 de setiembre de 2007:

1.- A la ciudad de Quaraí, ocho señores Oficiales y sesenta y seis Personal Subalterno del Regimiento "Guayabos" de Caballería Mecanizado N° 10 (Banderas y Escoltas y una Compañía de Desfile).

2.- A la ciudad de Santana do Livramento, siete señores Oficiales y ochenta y un Personal Subalterno del Regimiento "Brigadier General Fructuoso Rivera" de Caballería Mecanizada N° 3 (Banderas y Escoltas, una Compañía de Desfile y Banda de Músicos)

3.- A la ciudad de Yaguarón, seis señores Oficiales y sesenta y cinco Personal Subalterno del Regimiento "General Aparicio Saravia" de Caballería Mecanizado N° 7 (Banderas y Escoltas, una Compañía de Desfile y Banda de Músicos).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 15 de agosto de 2007.

Enrique Pintado

Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: el informe va a ser muy breve dado que las fechas y razones por las cuales en un mismo proyecto se aprueba el ingreso y egreso de efectivos militares -para lo cual se requiere la autorización parlamentaria, de acuerdo con lo que establece la Constitución- hablan por sí solas y para entenderlas alcanza con leer el articulado y la exposición de motivos.

En consecuencia, solicitamos que el Senado apruebe este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 1º.- Autorízase el ingreso al territorio nacional de los siguientes efectivos de la República Federativa del Brasil, el día 25 de agosto de 2007, a efectos de participar en los desfiles por los actos de conmemoración de la Declaratoria de la Independencia de la República Oriental del Uruguay, en las ciudades que se dirán:

1.- Una Compañía de Desfile, Banderas y Banda de Músicos -aproximadamente noventa efectivos armados- del 5º Regimiento de Caballería Mecanizado con asiento en la ciudad de Quaraí, Estado de Río Grande del Sur, en virtud de los actos a celebrarse en la ciudad de Artigas.

2.- Una Compañía de Desfile, Banderas y Banda de Músicos -aproximadamente noventa efectivos armados- del 7º Regimiento de Caballería Mecanizado, con asiento en la ciudad de Santana do Livramento, Estado de Río Grande del Sur, en virtud de los actos a celebrarse en la ciudad de Rivera.

3.- Una Compañía de Desfile, Banderas y Banda de Músicos -aproximadamente noventa efectivos armados- del 12º Regimiento de Caballería Mecanizado con asiento en la ciudad de Yaguarón, Estado de Río Grande del Sur, en virtud de los actos a celebrarse en la ciudad de Río Branco."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 2º.- Autorízase la salida del territorio nacional, a los siguientes efectivos, a efectos de participar en los desfiles de conmemoración de la Independencia de la República Federativa del Brasil, en los días y ciudades que se dirán:

El día 2 de setiembre de 2007:

A la ciudad de Chuy, seis señores Oficiales y sesenta y dos Personal Subalterno del Batallón ‘Leonardo Olivera’ de Infantería Mecanizado Nº 12 (Banderas y Escolta, una Compañía de Desfile y Banda de Músicos).

El día 7 de setiembre de 2007:

1.- A la ciudad de Quaraí, ocho señores Oficiales y sesenta y seis Personal Subalterno del Regimiento ‘Guayabos’ de Caballería Mecanizado Nº 10 (Banderas y Escoltas y una Compañía de Desfile).

2.- A la ciudad de Santana do Livramento, siete señores Oficiales y ochenta y un Personal Subalterno del Regimiento ‘Brigadier General Fructuoso Rivera’ de Caballería Mecanizada Nº 3 (Banderas y Escoltas, una Compañía de Desfile y Banda de Músicos).

3.- A la ciudad de Yaguarón, seis señores Oficiales y sesenta y cinco Personal Subalterno del Regimiento ‘General Aparicio Saravia’ de Caballería Mecanizado Nº 7 (Banderas y Escoltas, una Compañía de Desfile y Banda de Músicos)."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

12) PROFESIONALES DE LA SALUD QUE PRESTAN SERVICIOS AL ESTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del proyecto de ley relativo a los médicos que prestan servicios al Estado, por el cual se establece que no se les aplicará la incompatibilidad prevista por el artículo 32 de la Ley Nº 11.923, de 27 de marzo de 1953.

(Antecedentes:)

"CAMARA DE SENADORES

Secretaría

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1°.- A los Profesionales de la Salud que a la fecha de la promulgación de la presente ley, presten servicios en la Administración Central, Poderes del Estado, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales u otros servicios de naturaleza estatal, cualquiera sea la naturaleza de su relación funcional actual y que se incorporen a los mismos en virtud de disposiciones legales o por resoluciones de los órganos de dirección respectivos, no les será aplicable la incompatibilidad dispuesta por el artículo 32 de la Ley N° 11.923, de 27 de marzo de 1953, con la redacción dada por el artículo 12 de la Ley N° 12.079, de 11 de diciembre de 1953, mientras sigan desempeñando las mismas funciones.

Artículo 2°.- La excepción a que refiere el artículo anterior, cesará al vacar el cargo.

Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de treinta días de su vigencia, con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Sala de la Comisión, a 16 de agosto de 2007.

Víctor Vaillant, Miembro Informante; Susana Dalmás, Eduardo Lorier, Eduardo Ríos.

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 12 de marzo de 2007.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo un Proyecto de Ley tendiente a resolver la incompatibilidad dispuesta por el artículo 32 de la Ley N° 11.923, de 27 de marzo de 1953, en la redacción dada por el artículo 12 de la Ley N° 12.079, de 11 de diciembre de 1953, relativa a la ocupación, a la vez, de dos empleos públicos rentados, habilitando la acumulación de empleos y sueldos a las personas incluidas en las disposiciones de los artículos 272, 285 y 293 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Por principio, ninguna persona puede ocupar a la vez dos empleos públicos rentados, ni percibir más de una remuneración, con cargo a fondos públicos, ya dependan de la Administración Central, Municipal, Entes Autónomos o Servicios Descentralizados u otros servicios de naturaleza estatal creados por ley, quedando igualmente prohibida la acumulación de sueldos en una misma persona, sea con este título o con el de dieta, gratificación, pensión, emolumentos u honorarios o cualquier otro título o concepto.

Los artículos 272, 285 y 293 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, que sucesivamente permitieron el acceso a la titularidad de cargos a todos los funcionarios del Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública" que revestían en carácter de presupuestados interinos; así como la incorporación a los padrones presupuestales de los funcionarios suplentes y finalmente crearon cargos asistenciales con el fin de incorporar las funciones desempeñadas en dependencias del Inciso por el personal contratado por las denominadas Comisiones de Apoyo, significaron un aporte ordenador de los vínculos funcionales, propendiendo a su naturalización y habilitando de ese modo el inicio de la carrera administrativa profesional.

A esos efectos, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud Pública, inició el proceso de cumplimiento de la normativa presupuestal citada, identificando a partir de allí la existencia de casos en los que, profesionales médicos que se encontraban desempeñando tareas en el citado Inciso, mediante vínculos desvirtuados, eran titulares de cargos públicos en otras reparticiones del Estado, con lo que la aplicación del proceso de regularización propuesto por las citadas disposiciones, determinaban para la persona incluida en esa hipótesis, inexorablemente la necesidad de optar por un solo vínculo, perdiendo el otro, al estarle vedada la acumulación de empleos públicos rentados.

Habida cuenta de esos antecedentes, el Poder Ejecutivo procurara mitigar las consecuencias, no queridas, que la aplicación de la Ley acarrea en estos casos, tutelando en forma primigenia el derecho al trabajo consagrado explícitamente en el artículo 7 de la Constitución de la República.

La solución que contempla el proyecto adjunto se encuentra en orden a antecedentes legislativos que fueron resueltos en situaciones similares, bastando al respecto citar el artículo 39 de la Ley N° 14.407, de 22 de julio de 1975, que decidió la cuestión de la incompatibilidad, a través del mecanismo de mantener derechos sucesivamente reconocidos por imperio de una disposición legal, protegiendo, en la misma medida, el derecho de los trabajadores alcanzados por la nueva situación jurídica.

Por las razones expuestas, el Poder Ejecutivo remite a la Asamblea General para su consideración, el Proyecto de Ley que se acompaña, el que se estima permitirá resolver en forma plausible la aplicación de las disposiciones citadas.

Saludamos a ese Alto Cuerpo con la más alta estima y consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, Héctor Lescano, Danilo Astori, José Mujica, Daisy Tourné, Jorge Brovetto, Víctor Rossi, Jorge Lepra, Eduardo Bonomi, Mª Julia Muñoz, Mariano Arana, Marina Arismendi.

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Los Médicos que a la fecha de la promulgación de la presente Ley, presten servicios profesionales en la Administración Central, Poderes del Estado, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales u otros servicios de naturaleza estatal, cualquiera sea la naturaleza de su relación funcional actual y que se incorporen a los mismos en virtud de disposiciones legales o por resoluciones de los órganos de dirección respectivos, no les será aplicable la incompatibilidad dispuesta por el artículo 32 de la Ley N° 11.923, de 27 de marzo de 1953, con la redacción dada por el artículo 12 de la Ley N° 12.079, de 11 de diciembre de 1953.

Artículo 2°.- La excepción a que refiere el artículo anterior, cesará al vacar el cargo.

Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el plazo de noventa días de su vigencia, con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, Héctor Lescano, Danilo Astori, José Mujica, Daisy Tourné, Jorge Brovetto, Víctor Rossi, Jorge Lepra, Eduardo Bonomi, Mariano Arana, Marina Arismendi, Mª Julia Muñoz."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Vaillant.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: se trata de un proyecto de ley remitido a consideración de este Cuerpo por el Poder Ejecutivo el 12 de marzo de 2007, tendiente a resolver la incompatibilidad dispuesta por el artículo 32 de la Ley Nº 11.973, en la redacción dada por el artículo 12 de la Ley Nº 12.079, relativa a la ocupación simultánea de dos empleos públicos rentados habilitando, de esta forma, la acumulación de empleos y sueldos a las personas incluidas en los artículos 272, 285 y 293 de la Ley de Presupuesto Quinquenal, Nº 17.930, de 2005.

Como se sabe, por principio ninguna persona puede ocupar a la vez dos empleos públicos rentados ni percibir más de una remuneración con cargo a fondos públicos, ya sea que dependan de la Administración Central, municipal, de los entes autónomos, servicios descentralizados u otros servicios de naturaleza estatal creados por ley, quedando igualmente prohibida la acumulación de sueldos en una misma persona, sea con el título de dieta, gratificación, pensión, emolumento, honorario o cualquier otro título o concepto.

Los artículos 272, 285 y 293 de la Ley Nº 17.930, a los que recién referimos, sucesivamente fueron permitiendo el acceso a la titularidad de cargos a todos los funcionarios del Inciso 12, Ministerio de Salud Pública, que revistaban en carácter de presupuestados interinos, así como la incorporación a los padrones presupuestales de los funcionarios suplentes. Finalmente, se crearon cargos asistenciales con el propósito de incorporar las funciones desempeñadas en dependencias del Inciso por el personal contratado por las denominadas Comisiones de Apoyo. Todo esto significó un aporte ordenador de los vínculos funcionales, propendiendo a su naturalización y habilitando, de ese modo, el inicio de la carrera administrativa profesional.

A esos efectos, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud Pública, inició el proceso de cumplimiento de la normativa presupuestal citada identificando, a partir de allí, la existencia de casos en los que profesionales médicos que se encontraban desempeñando tareas en el citado Inciso mediante vínculos desvirtuados, eran titulares de cargos públicos en otras reparticiones del Estado. En ese caso, la aplicación del proceso de regularización propuesto por las citadas disposiciones de la Ley de Presupuesto determinaba que la persona incluida en esa hipótesis, inexorablemente, se viera en la necesidad de optar por un solo vínculo, perdiendo el otro al estarle vedada la acumulación de empleos públicos rentados.

Reitero, señor Presidente, que esta iniciativa pretende resolver, por la vía de la excepción, esta situación que, vale destacar, alcanza a aproximadamente tres mil personas que, al ponerse en práctica los artículos votados en la Ley de Presupuesto de 2005, estarían incumpliendo la normativa vigente al acumular más de dos cargos, viéndose obligadas a renunciar a uno de ellos. A nuestro juicio, ello no sólo podría considerarse una injusticia para estos trabajadores sino que, además, implicaría una situación grave y difícil de resolver para el propio Ministerio de Salud Pública en tanto cerca de tres mil funcionarios médicos y no médicos, al unísono, dejarían de desempeñar sus funciones generando dificultades para el correcto mantenimiento del servicio. Pensemos en los rincones más alejados del país, donde muchas veces no existen profesionales dispuestos a cumplir estas tareas.

Por otra parte, advierto que al proyecto original remitido por el Poder Ejecutivo le introdujimos algunas modificaciones que entendimos pertinentes, en tanto éste se refería exclusivamente a los médicos. Entonces, en tanto y cuanto no eran los únicos funcionarios profesionales de la salud que se encontraban en esa situación, modificamos el comienzo del artículo 1º, que en lugar de decir "Los médicos", dice "A los Profesionales de la Salud".

En concreto, este proyecto de ley consta de tres artículos: el primero esboza la solución que hemos presentado; el segundo establece que esto se hace por la vía de excepción -por lo que esa excepcionalidad cesará al vacar el cargo, lo que no quiere decir que éste se pierda sino que, insisto, se termina la situación excepcional que tiene ese funcionario en cuanto a la doble ocupación- y el tercero habilita al Poder Ejecutivo a reglamentar esta norma en un plazo máximo de treinta días a partir de su vigencia, con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

En resumen, señor Presidente, este es el contenido del proyecto de ley que tenemos a consideración.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: hemos llegado a Sala con una posición contraria a la aprobación de esta norma, al menos en los términos en que ella viene redactada de Comisión, e incluso en discrepancia con la forma en que llega del Poder Ejecutivo.

Ante todo, consideramos que un principio sano de nuestra Administración Pública, vigente desde el año 1953, dice que ninguna persona puede percibir del Estado dos remuneraciones por el ejercicio de la función pública. Esto tiene una única excepción, que se ha respetado desde siempre y que, además, tiene un origen de carácter constitucional: el ejercicio de la docencia. En ese único caso, incluso para los integrantes de este Cuerpo, se permite ejercer una profesión de esas características, aun cuando no se perciba remuneración. A nuestro entender, ese principio general vigente desde 1953 es por demás loable y ha cumplido una función muy importante a lo largo de los años, y en un país que tiende a modernizarse y que, obviamente, no pretende aumentar su plantilla de funcionarios públicos -si lo hiciera, debería hacerlo en una diversificación que impida que las actividades y los ingresos se concentren en una misma persona-, no creemos que sea bueno dar un paso atrás de estas características.

Por otro lado, consideramos que esta norma de carácter excepcional -y que, prácticamente, no recoge antecedentes- marca una desigualdad en el derecho de las personas, de nuestros compatriotas, a ser funcionarios públicos, porque se establecen privilegios para que determinadas personas, por el hecho de ejercer profesiones vinculadas a la salud, puedan tener dos empleos públicos, estando ello prohibido para todos los demás. A su vez, en algunos de esos casos se hace referencia a situaciones en las que se percibe una remuneración importante, dentro de cierta dimensión. ¿Y por qué no permitir gozar de un beneficio de estas características a los policías, por ejemplo, que hoy son quienes dentro de las distintas áreas del Estado, tienen menos ingresos? Pues, porque hay un principio general que, expresamente, en aras de una buena y sana organización administrativa, lo impide.

En definitiva, no entendemos por qué establecer que, de ahora en adelante, los médicos, o quienes desempeñan profesiones vinculadas a la medicina, tendrán el privilegio -que no tiene absolutamente ningún funcionario del Estado- de poder trabajar en un Ministerio y, a su vez, estar empleado en una Intendencia Municipal, o de trabajar en un Ministerio y al mismo tiempo ser empleado de otra Cartera. Sinceramente, nos sorprende que se llegue a establecer una excepción de estas características que, realmente, consagra una desigualdad y una falta de equidad absolutamente inaceptables.

Hay otro aspecto que, a nuestro criterio, también debe ser estudiado. ¿A quiénes comprende este proyecto de ley? Comencemos, en todo caso, por el análisis del artículo 1º. ¿Este proyecto de ley rige hacia el futuro, es decir, para los ingresos que se vayan a producir en el transcurso de los próximos años?

SEÑOR VAILLANT.- No, señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Pediría al señor Senador que esperara un poco para contestarme, porque luego deberá responder a unas cuantas cosas.

La contestación a la pregunta que formulé es "no", porque esta ley regirá para los profesionales de la salud a la fecha de la promulgación de la misma, o sea que sólo quienes hasta hoy o hasta el momento en que se promulgue la ley desempeñen funciones públicas, podrán ampararse a un beneficio excepcional de estas características. El texto del artículo dice también: "cualquiera sea la naturaleza de su relación funcional actual". La segunda pregunta que surge es la siguiente: ¿hoy esas personas están violando la ley? ¿El Poder Ejecutivo ha comprobado -y por eso envía el presente proyecto de ley- que, dentro del Estado, hay gente que percibe dos salarios en virtud de una relación funcional pública, por lo que en consecuencia se estaría violando las leyes de 1953? ¿Es por eso que ahora se va a aplicar una norma de este tipo? ¿Esta ley subsanaría la ilicitud cometida en tiempos anteriores por quienes hoy están actuando en esa doble relación? Se me podrá decir que no, que en realidad esto es para quienes se incorporen a los cargos en virtud de disposiciones legales o por resoluciones de los órganos de dirección respectivos. Entonces, quedaría librado a la voluntad del jerarca decidir quiénes, dentro de los profesionales de la salud, podrán ser pasibles de un beneficio de estas características.

Teniendo en cuenta lo que acabamos de señalar, surge otra interrogante. ¿Qué ocurre con todos aquellos que, en función de alguna disposición legal o por resolución del órgano de dirección respectivo, estén en condiciones de regularizar su situación funcional? Aparentemente, se trata de esto último, pues son casos que no están claramente definidos ni delimitados. Entonces, aquellas personas que encuadren dentro de esta misma lógica, aquellas personas a las que se les regularice su contrato de función pública, se las presupueste o se las defina como funcionarios públicos, que tengan una doble fuente de trabajo, pero que no sean profesionales de la salud -supongamos que estamos hablando de un abogado, de un carpintero, de un guardahilos, o lo que fuere- no estarían incluidas en lo que aquí se establece. Estas personas quedarían absolutamente afuera, porque el Poder Ejecutivo ha decidido privilegiar a quienes se desempeñan en las profesiones vinculadas a la salud, tirando así abajo una norma que ha tenido una extensa, correcta y sana aplicación en el transcurso de los años.

Además, nos sorprende algo que con muy buen criterio nos hacía ver el señor Senador Campanella: que en la exposición de motivos que leyera el señor Miembro Informante -de hecho, su informe consistió en la lectura de ese documento- se diga lo siguiente: "La solución que contempla el proyecto adjunto se encuentra en orden a antecedentes legislativos que fueron resueltos en situaciones similares, bastando al respecto citar el artículo 39 de la Ley Nº 14.407" -debería decirse "decreto-ley"- "de 22 de julio de 1975, que decidió la cuestión de la incompatibilidad," -según el Poder Ejecutivo, este decreto-ley decidió la cuestión de la incompatibilidad- "a través del mecanismo de mantener derechos sucesivamente reconocidos por imperio de una disposición legal, protegiendo, en la misma medida, el derecho de los trabajadores alcanzados por la nueva situación jurídica". Esto es algo que se dice, además, en otra parte de la exposición de motivos.

Pero resulta muy gracioso ver que antes se hace referencia al artículo 7º de la Constitución de la República, indicándose de alguna manera que es en aras de la protección del derecho al trabajo que se aprueba esta norma; eso sí, sólo para los que sean médicos, porque a los demás no se les aplica el mencionado artículo ni parecen tener los mismos derechos.

El Decreto-Ley Nº 14.407 del año 1975 es el que creó, como servicio descentralizado, la Administración de los Seguros Sociales por Enfermedad, ASSE. Pero no se trata de ASSE, como Dirección del Ministerio de Salud Pública, ni tampoco de la nueva ASSE, la que conocemos actualmente como servicio descentralizado creado por ley aprobada en esta Legislatura. Estamos hablando de los seguros sociales por enfermedad.

A continuación veamos lo que expresa el artículo 39 del mencionado decreto-ley: "Los actuales funcionarios de los Seguros de Enfermedad que sucede ASSE," -empleados privados- "cualquiera sea la naturaleza de su relación funcional, serán incorporados a este Organismo". Es decir que quienes eran empleados de ASSE en carácter privado, a partir de la creación de ASSE, automáticamente, quedaban incorporados como funcionarios públicos. Asimismo, este artículo consagra una excepción, cuando dice: "conservando todos sus derechos funcionales, incluidos el ascenso y los de carácter económico no aplicándose a dichos funcionarios la incompatibilidad para el desempeño de cargo o funciones en otras actividades públicas o privadas en que trabajen a la fecha". Esto significa que si estas personas desean seguir trabajando en ASSE como funcionarios públicos lo pueden seguir haciendo. En definitiva, pasan a ser funcionarios públicos, pero si además tenían otro cargo público no lo pierden, o sea que la ley les permite llevar a cabo la transición a través de la creación de ese organismo. Este es el antecedente que se trae a colación por parte del Poder Ejecutivo y que, a mi juicio, no tiene valor alguno al momento de justificar una situación de esas características.

En síntesis, señor Presidente, en todo momento mantuvimos reservas con relación a este proyecto de ley que nos fue enviado a la Comisión. También manifestamos que no compartíamos la idea de que por el solo hecho de que una persona fuera profesional de la salud se le pudiera incorporar como funcionario público en todos los cargos. Ante esta propuesta, planteamos que, por lo menos, se estableciera la condición de que el funcionario en cuestión se desempeñara como profesional de la salud. No obstante, de acuerdo con lo que plantea esta iniciativa, por el solo hecho de que una persona tenga el título de médico o sea profesional de la salud -en esa gama, me pregunto qué otras profesiones existen, porque desde el punto de vista jurídico no conozco la definición del concepto "profesional de la salud"-, aun cuando sea funcionario público y se desempeñe como administrativo, ascensorista, secretario, portero o chofer, repito, solamente por ser profesional de la salud, aunque no ejerza como tal, tiene la posibilidad de mantener dos empleos. Esto significa que es aun más grande la excepción que se está consagrando a través de esa norma que, precisamente por eso, nos genera tantas dudas. Creemos que se trata de un proyecto verdaderamente injusto para con el resto de los funcionarios públicos e, incluso, creemos que el camino correcto es el que en el Uruguay se viene aplicando desde hace muchos años.

Por los motivos antes mencionados, quiero decir que no estamos dispuestos a acompañar una iniciativa de estas características.

SEÑORA XAVIER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Agradezco al señor Senador por haber sido tan considerado al concederme esta interrupción.

Creo que este proyecto de ley es muy claro, sobre todo en el artículo 1º, al referirse a uno de los temas planteados por el señor Senador Gallinal. Dicho artículo dice a texto expreso "mientras sigan desempeñando las mismas funciones". Y quienes seguirán desempeñando "las mismas funciones" -destaco el plural, por el tema de la incompatibilidad- serán profesionales de salud, con lo que no se hace referencia únicamente a los médicos. Creo que la salud en este país está muy "medicalizada" y por eso, quizás, el señor Senador Gallinal no ve más allá de la profesión médica, a pesar de que hay muchas otras profesiones que se desarrollan en los equipos de salud. Me refiero, por ejemplo, a los y las "nurses", enfermeros, yeseros, y todas las profesiones que dentro de la salud pueden dar lugar a la situación planteada en esta iniciativa. Además, el TOFUP ya tiene establecidas las excepciones con relación a este tema de la salud porque, obviamente, no se trata de un asunto menor y, por el contrario, es muy importante con respecto a la reforma y a la situación especial que se ha planteado en virtud de estos dos últimos inviernos. Creo que una iniciativa de esta naturaleza mejoraría las condiciones de algunos de los profesionales que hoy no están contando con la remuneración ni las condiciones de trabajo que necesitan.

Por lo expuesto, quería hacer la aclaración de que el concepto "profesionales de la salud" excede la profesión de médico, de que existe la obligación de continuar desempeñando las dos funciones y de que, además, algunas excepciones, como las establecidas para los médicos del interior del país, ya están contempladas en el TOFUP, del mismo modo que sucede con los odontólogos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR VAILLANT.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: intentaré responder algunas de las interrogantes que ha planteado el señor Senador Gallinal, más allá de que una parte de ellas ya ha sido respondida por la señora Senadora Xavier. De todas maneras, me permito afirmar -creo que sobre esto no puede quedar duda alguna- que el proyecto de ley no se aplica a situaciones que se generen en el futuro, sino a aquellas ya existentes e identificadas en su propio texto.

Por otra parte, cuando se hace referencia en la exposición de motivos a los antecedentes, se alude exclusivamente a los de naturaleza legal y que podrían considerarse similares; pero estos no son los únicos antecedentes, ni siquiera desde el punto de vista de los más importantes. En realidad, el antecedente más importante está en la generación de esta contradicción y de esta desnaturalización de la función pública, que se llevó a cabo a partir del año 1990, en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, con la creación de las Comisiones de Apoyo. Ese es el verdadero antecedente que tiene este proyecto de ley. Esas Comisiones de Apoyo contrataban directamente a funcionarios médicos y no médicos para cumplir tareas en dependencias del Ministerio y eran financiadas con recursos del propio Estado. Ciertamente, los recursos de esas Comisiones de Apoyo provenían del propio Estado o, mejor dicho, el Estado con sus recursos pagaba doblemente a los trabajadores, tanto por su condición de funcionarios públicos como por la de contratados para las Comisiones de Apoyo. En ambos casos, se les pagaba con fondos públicos provenientes de la misma institución, es decir, del Ministerio de Salud Pública. Precisamente, en esa realidad es que se genera el antecedente negativo que nos lleva ahora a tratar de regularizar una situación absolutamente desnaturalizada; aclaro que cuando utilizo el término "desnaturalizada" me refiero a que, en el fondo, se trataba de personas que cumplían su función en la Administración Pública, que recibían financiamiento de recursos públicos, pero eran consideradas como funcionarios de la Comisión de Apoyo que actuaba, en este caso, simplemente a nivel de intermediación. Entonces, allí se ubica el verdadero origen de este problema que recibimos y que una vez constatado nos lleva a intentar regularizar y resolver. Ese camino de regularización comenzó con la Ley de Presupuesto de 2005 y, justamente, en aplicación de esa ley es que debemos recurrir a esta medida para poder cumplirla, de modo que terminemos con esta situación absolutamente anormal e incorrecta en que se venían desarrollando esas funciones a través de las Comisiones de Apoyo que, insisto, siempre estuvieron financiadas con recursos del Estado.

Otra de las preguntas que hacía el señor Senador Gallinal, era si esta iniciativa soluciona el problema planteado; a dicha interrogante debo contestar afirmativamente, ya que este proyecto de ley, en el fondo, lo que hace es reconocer algo que ya existía, es decir, que funcionarios que ya se desempeñaban en la Administración Pública con financiamiento del Estado sean reconocidos por lo que realmente son: funcionarios del Estado en el Ministerio de Salud Pública. Reitero que, además, este proyecto de ley pretende solucionar la situación generada en el pasado y no plantea resolver casos que se den en el futuro.

Por otra parte, se ha dicho que esta solución sólo se propone para el área de la salud, y así es, efectivamente, porque solamente en ese ámbito de actividad es que se ha dado una situación de esas características. No existen otras Comisiones de Apoyo, por lo menos que yo conozca, en otras instituciones y que cumplan similar función, es decir, la de actuar como intermediario entre el Estado y los funcionarios en su contratación, con el único fin de violar la disposición que prohibía el ingreso de nuevos funcionarios públicos, habilitando dicho ingreso en forma directa.

Señor Presidente: espero que con estas respuestas se hayan aclarado, por lo menos, algunas de las interrogantes planteadas por el señor Senador Gallinal, aunque seguramente él va a decir que no ha sido así.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: creo que cuando se establecen excepciones hay que tener mucho cuidado en no vulnerar los principios generales que rigen en materia de Administración Pública, en lo que tiene que ver con los derechos de los funcionarios. En este caso, creo que estamos ante una excepción que vulnera claramente el justo equilibrio que debe tener la acción del Estado en esta materia. Desde luego, me consta que la definición de "profesionales de la salud" va más allá de la de "médico"; eso es más que obvio. Ahora bien, ¿quiénes son profesionales de la salud? Los que quiera el Poder Ejecutivo ya que, de acuerdo con este proyecto de ley, éste será el que lo defina. Pero yo me pregunto, ¿son profesionales de la salud los funcionarios de ASSE y los de Salud Pública? ¿Son profesionales de la salud los que se desempeñan en el Servicio Médico del Palacio Legislativo? ¿Quiénes son profesionales de la salud aparte de los médicos, los cirujanos, los anestesistas, las nurses, etcétera? No hay una definición jurídica, legal, que establezca quiénes están comprendidos en esta expresión y, por lo tanto, la norma debería ser mucho más clara y concreta cuando hace una referencia de esas características.

Además, es obvio que hay más casos aparte de estos que querrían beneficiarse de una solución como ésta, ya sea en otras profesiones como, inclusive, en cargos no profesionales. ¡Cuántos funcionarios de una intendencia municipal, por ejemplo, querrían, a su vez, trabajar en un ente autónomo o en la Administración Central! Al final del artículo se agrega: "mientras sigan desempeñando las mismas funciones". ¡Pero si ni siquiera sabemos a quiénes comprende esta disposición! ¿Se refiere, acaso, a quienes hoy están ejerciendo dos funciones públicas y cobrando dos salarios? En estas situaciones se cometería una infracción y ello no debería suceder; esos funcionarios tendrían que haber sido sumariados y hoy estaríamos hablando de otro tema, y no precisamente de este proyecto de ley. ¿O estamos hablando aquí de situaciones que se van a regularizar? Bueno, entonces, tampoco estarían comprendidas en la norma, porque se incluirían los casos a la fecha de promulgación de la presente ley. No puedo creer que se hable de tres mil casos vinculados con las Comisiones de Apoyo. Hay muchos otros casos que no están relacionados con éstas y que podrían terminar comprendidos por esta ley. Eso sí, ello va a depender de la voluntad del jerarca, más aún cuando se requiere que el caso sea contemplado por la autoridad de turno.

Aquí lo que se debió hacer es traer el problema, definir claramente lo que se pretende solucionar, establecer también con mucha precisión los casos en que se está cumpliendo una doble función y que se van a regularizar en base a disposiciones vigentes y, recién a partir de entonces, estaríamos en condiciones de aprobar una ley que no pueda ser tachada de injusta, como efectivamente lo será la que estamos considerando.

Por estos motivos, no vamos a acompañar con nuestro voto un proyecto de ley de estas características.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Simplemente, quiero aclarar algunos de los alcances de este proyecto de ley que está en debate.

Como Bancada de Gobierno, compartimos este principio de no acumulación de cargos que, tal como ha expresado el señor Senador Gallinal, es un principio sano. Tan así es que el tema ha merecido una discusión en el seno de la Bancada, llegándose a una aclaración en el sentido de que esta ley vigente desde el año 1953 es, reitero, un principio sano. Eso está fuera de discusión. Pero tampoco se puede decir que no haya antecedentes en esta materia. Hay varios antecedentes de haber violentado esta norma que, vuelvo a señalar, es sana, y ha sido fruto de una necesidad asistencial del país que motivó la habilitación de esta fórmula de contratación distinta y, si se quiere, violatoria de esos principios del año 1953 y que, por otro lado, no fue implementada por este Gobierno. Lo único que se pretende ahora es regularizar la situación contractual de tres mil funcionarios del Ministerio de Salud Pública que hoy prestan servicios asistenciales. Eso tiene que quedar bien claro: son tareas asistenciales de funcionarios del Ministerio de Salud Pública. Hago esta aclaración porque el título de la propuesta que llega a consideración del Senado hace referencia a "Médicos que prestan servicios al Estado", y no es así. Este proyecto de ley no comprende solamente a los médicos, sino que alcanza a los funcionarios en general. Esta es una modificación que se introdujo a propuesta de la Bancada de Senadores del Frente Amplio, porque entendíamos que la disposición no debía estar limitada a los médicos, en función de que este régimen de contratación -reitero, fomentado por Gobiernos anteriores que buscaban una finalidad utilitaria de prestación de mejores servicios- no se había establecido, en su momento, solamente para los médicos. Tal como señalaba la señora Senadora Xavier, aquí hay desde nutricionistas, traumatólogos, fisioterapeutas y un cúmulo de funciones que eran necesarias en el Ministerio de Salud Pública. Precisamente, este sistema permitió que se hicieran contrataciones de distinto tipo como, por ejemplo, la de presupuestados interinos, funcionarios suplentes, etcétera.

Lamento que el señor Senador Gallinal luego de su discurso se haya ido, porque creo que muestra una incapacidad para asimilar lo que uno pretende argumentar. Realmente lo lamento y, además, me molesta profundamente que haga un discurso de media hora y no se preste a atender luego lo que estamos argumentando porque conocemos el tema desde adentro. Debo decir que las Comisiones de Apoyo -que es un régimen de contratación laboral que no compartimos- permitieron, por ejemplo, que las emergencias de los hospitales, los centros de tratamiento intensivo y otros centros de asistencia pública, pudieran competir con los sistemas privados a los que Salud Pública no tenía más remedio que contratar y que le significaban egresos muy importantes.

Entonces, no es bueno ignorar toda esta situación previa que, reitero, no fue generada por este Gobierno, sino por los anteriores, y que ahora se pretende reparar atendiendo la injusticia de la contratación. Este principio es el que alimenta esta iniciativa. Además, no es cierto que no haya excepciones; acá tengo excepciones.

SEÑOR ANTIA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CID.- Ya se la concedo con gusto, señor Senador.

Por ejemplo, el artículo 138 del TOFUP dice: "Médicos del interior. M.S.P. Las personas que ocupen cargos de Médico del Ministerio de Salud Pública en localidades del interior cuando residan en forma permanente en las mismas, podrán acumular a su sueldo, el de otro cargo médico que desempeñen fuera del Departamento de Montevideo." Esa es una excepción también vinculada con el área de la salud que, debemos recordar, es muy sensible a estos temas. Pero también está el caso de las enfermeras universitarias del Ministerio de Salud Pública. En tal sentido, el artículo 141 establece: "Las personas que ocupan cargos de Enfermeras Universitarias (escalafón "A") del Ministerio de Salud Pública podrán acumular a su sueldo el de otro cargo que desempeñen en la Administración Pública, de acuerdo con las siguientes condiciones", etcétera. Es decir que no es cierto que no existan excepciones; las hay. Además, compartimos el sano principio del año 1953, pero este Gobierno no generó esta situación de contrataciones que van, desde presupuestados interinos, funcionarios suplentes y Comisiones de Apoyo. A este respecto, quiero vincular esas situaciones con un serio conflicto que se está generando en estos momentos y que este Gobierno no se merece. El hecho de que exista la amenaza de que funcionarios técnicos y no técnicos de la salud -como dice el artículo 1º- puedan quedar desvinculados de uno de los cargos que hoy ejercen, no es un tema menor en relación con este conflicto que hoy se está desarrollando en el área de la salud, que es muy sensible. Incluso, esta situación podría llegar a retrotraernos a momentos anteriores al año noventa, en los que el sistema de salud pública sufría una crisis en prestaciones de calificación, por ejemplo, terapia intensiva y terapia intensiva neonatológica. Hoy podemos decir con orgullo que este último sector asistencial ha permitido abatir la mortalidad infantil, llegándose -como nunca había ocurrido en el país- a cifras de un dígito, cuando en anteriores Gobiernos estábamos en el entorno del quince por mil y, de no poder aplicarse el sistema, quedaríamos desvalidos para mantener ese nivel de asistencia.

Ahora sí, le concedo la interrupción al señor Senador Antía.

SEÑOR ANTIA.- Ya no la preciso porque el señor Senador Gallinal está en Sala para defenderse.

SEÑOR CID.- Como el señor Senador Gallinal no escuchó, no se va a poder defender.

A estas modificaciones del TOFUP a que yo hacía mención, hay que agregar los antecedentes del año 1975 en el Decreto-ley Nº 14.407, de 22 de julio, que el propio Poder Ejecutivo señala en su texto de modificación, donde también se han exceptuado estas situaciones. Comprendo que puede haber mucha gente que quiera hacer lo mismo, pero hay áreas del Estado que son más sensibles que otras; entiendo que el área de Salud Pública es absolutamente sensible, porque estamos hablando de que el 33% de sus funcionarios tienen un régimen de contratación diferente -no quiero usar adjetivos-, tal como lo señalaba anteriormente, es decir, presupuestados interinos, funcionarios suplentes, contratados por Comisiones de Apoyo. Vuelvo a decir que estoy de acuerdo con que ello se haya implementado para permitir soluciones de competitividad del sistema público, que no es lo mismo que cualquier otra labor en el Estado. Insisto en que coincido con el principio sano del año 1953 al que el señor Senador Gallinal hacía referencia, pero hay situaciones que no se pueden comparar.

Por lo tanto, creemos que hacemos un aporte a algo que nosotros no hemos implementado. Este Gobierno del Frente Amplio lo que pretende es poner en igualdad de condiciones a todos estos funcionarios del área estatal vinculados al sistema público de asistencia médica. Se está tratando, reitero, de colocar a todos en igualdad de condiciones. ¿Para qué? Para evitar que ocurran las situaciones que hoy se dan en el área pública de la salud, donde hay funcionarios que tienen ingresos triples mientras otros perciben sueldos un tercio inferiores.

Además, la regularización de estos funcionarios técnicos y no técnicos permitirá en el futuro reestructurar su carrera funcional. Cuando ingresamos a la actividad pública dentro del sistema de Salud Pública, sabíamos que existía un escalafón, es decir, que se comenzaba siendo practicante interno y se podía llegar a ser jefe de sala. Actualmente no tenemos ninguna de esas estructuras escalafonarias, que creo eran absolutamente esenciales, porque permitían la competitividad así como el afán docente y de formación de estudiantes que hoy, diría, están desvirtuados.

Este Ministerio de Salud Pública, por primera vez en más de 35 años, ha iniciado el ingreso por concurso, y en esa misma tónica de regularización se inscribe esta posibilidad de compartir dos actividades públicas. Me pregunto qué pasaría -esta es la reflexión final- si tres mil funcionarios técnicos y no técnicos -lo que representa un 33%-, por esta decisión del año 1953 -que volvemos a decir que es un principio sano-, fueran excluidos funcionalmente. ¿Alguien piensa que ellos optarían por el Ministerio de Salud Pública en detrimento del Banco de la República, del Banco Central, del Banco de Seguros del Estado, de los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional? ¿Alguien piensa que persistirían en labores asistenciales dentro del Ministerio de Salud Pública, en caso de que hubiera que optar? Dudo mucho que pudieran optar.

Es más, señor Presidente: si la opción fuese en un 50%, otra vez estaríamos dando un paso gigantesco pero hacia atrás, ya que volveríamos al año 1990, cuando Salud Pública debía contratar multiplicidad de servicios con el sector privado. Yo, que viví esas vicisitudes como médico intensivista, realmente puedo decir que en aquellas instancias era el "vale todo", donde el gran pagador de recursos al sistema privado en áreas muy sensibles era el Ministerio de Salud Pública, porque no tenía capacidad de captación y tenía que derivarlos inexorablemente a dicho sistema. Recordemos que uno de los reguladores de esas derivaciones fue el doctor Homero Bagnulo, que luego se desempeñara en el Fondo Nacional de Recursos como un instrumentador de una política sana para el Estado, y asumió funciones, justamente, por el despilfarro que significaba contratar con el área privada.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Yo me retiro, señor Presidente, en función de la descortesía que tuvo el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Comprendo que el señor Senador Cid, que no es muy afecto a hacer uso de la palabra en las sesiones del Senado, lo haga en esta oportunidad porque es claro que involucra a los de su propia profesión y, entonces, ahí se justifica la defensa de los intereses comunes.

SEÑOR PRESIDENTE.- No debe atribuir intenciones, señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Eso es en la hora previa, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Acá tampoco.

SEÑOR GALLINAL.- Ese es el elemento fundamental. Tal como me acotan, sucede lo mismo con los abogados.

(Dialogado)

- Señor Presidente: me llama la atención cómo, pretendiendo defender a todos los trabajadores de la salud, se invocan estas normas con las que no se los defiende. Aquí se defiende a los profesionales de la salud. ¿O acaso me van a decir que los funcionarios a los que hacía referencia el señor Senador Cid, pertenecientes al Ministerio de Salud Pública, a ASSE o a los que trabajan en los hospitales, en tanto no sean profesionales quedan comprendidos por esta norma? No es así; no quedan comprendidos por esta norma, porque no son profesionales de la salud. El portero del hospital de Minas o la limpiadora del hospital Maciel no quedan comprendidos por ella.

SEÑORA XAVIER.- Claro que sí; no entendió nada.

SEÑOR GALLINAL.- O sea que utilizan la norma en beneficio del clientelismo político.

Pero hay algo más grave, todavía: pocos días después de haber asumido este Gobierno, con la medida que tomó en el caso Leborgne, todas las decisiones adoptadas desde ese día hasta hoy y hasta el que haya que pasar cuenta, van a quedar bajo sospecha.

Gracias, señor Presidente.

SEÑORA XAVIER.- Vaya a la Justicia.

SEÑOR GALLINAL.- Vamos a ir, no se preocupe.

SEÑOR CAMPANELLA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CAMPANELLA.- Señor Presidente: en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del jueves pasado votamos en contra y expresamos, sobre todo en el fundamento de voto, que queríamos dejar constancia de que no acompañábamos este proyecto de ley porque todavía no habíamos recibido su texto, que llegó a nuestro poder recién hoy. Entonces, como teníamos algunas dudas, lo íbamos a estudiar con más detalle. Por esa razón, decidimos no apresurarnos a votar una iniciativa si no estábamos convencidos de ella.

Finalmente, debo decir que luego de tratar de buscar argumentos sólidos para apoyar esta norma, no encontramos ninguno. Por el contrario, primero nos chocó cuando en el artículo 1º del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, se modificó cuando dice: "Los Médicos que a la fecha de la promulgación de la presente ley", etcétera, y se cambió por "los Profesionales". Aclaro que sigo sin tener claro cuáles son los profesionales en el sentido terminante que aquí se expresa. Los médicos ya han sido favorecidos y privilegiados al poder llegar a médicos; con eso están salvados de por vida. No conozco a ningún médico que se muera de hambre. Entonces, ¿por qué dar más privilegios a quienes mucho aprecio y a quienes muchas veces nos salvan, pero otras no?

Me parece que es una falta de equidad que no merece, por lo menos de mi parte, ningún argumento sólido e importante para respaldar este tema, sino que, por el contrario, justifica una injusticia tremenda para el resto de los funcionarios del Estado y de Salud Pública. Digo esto porque quien limpia el hospital -¡y si será importante la limpieza de un hospital!- quizás no tuvo el dinero suficiente ni los recursos necesarios para llegar a ser médico o para tener otro título. Por lo tanto, me parece injusto agregar más privilegios a quienes ya los tienen.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Breccia.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: haré una aclaración casi innecesaria, más allá de mi vehemente protesta por la acusación vertida en Sala en cuanto a la eventual defensa de intereses corporativos realizada en contra de mis colegas de Bancada. La aclaración tiene que ver con que soy abogado y, por ende, es imposible defender aquí intereses corporativos. Es más, creo que a esta altura del partido, cuando los médicos ven a un abogado, salen corriendo a hacerse un seguro.

Algunos señores Senadores de la Bancada de la oposición han insistido en la indeterminación aparente de la expresión "Profesionales de la Salud". Las leyes deben ser interpretadas de acuerdo con el tenor literal de las palabras. La expresión "Profesionales de la Salud" -por si no queda claro, y a los efectos de que conste en la versión taquigráfica- hace referencia a todos aquellos que hacen de la atención de la salud su modo de vida, estando debidamente habilitados para ello por título habilitante expedido por instituciones educativas competentes acreditadas por la ley a tales efectos. Parece innecesario tener que aclararlo, pero eso es lo que significa la expresión "Profesionales de la Salud", y no otra cosa.

¿Por qué este proyecto de ley hace referencia exclusivamente a "Profesionales de la Salud"? Porque su antecedente es la ley presupuestal Nº 17.930, en la cual se crearon los cargos correspondientes para ser ocupados, precisamente, en el Inciso correspondiente al Ministerio de Salud Pública. Eso fue votado por este Parlamento y por tal motivo, repito, este proyecto de ley hace referencia a los "Profesionales de la Salud".

Se ha manifestado en Sala que el Decreto-ley Nº 14.407 no resultaría un antecedente válido de esta norma. Por el contrario, en mi modesta opinión entiendo que sí lo es, por cuanto establece exactamente la misma situación. O sea, funcionarios que prestaban, entre otras cosas, servicio de atención en salud en entidades privadas, fueron incorporados a un organismo público o estatal. Por lo tanto, podían verse afectados por situaciones de incompatibilidad que, precisamente, se exceptuaron por ese decreto-ley. De modo que estamos en situaciones casi idénticas, salvo su distancia en el tiempo.

Por último, debo señalar que el ejemplo que ha sido puesto en Sala con relación a la eventual existencia de profesionales de la salud que -como dice la norma- estuvieran prestando servicio en la Administración Central, poderes del Estado, entes autónomos, servicios descentralizados, Gobiernos Departamentales u otros servicios de naturaleza estatal, pero que no estuvieren trabajando como tales, es un ejemplo altamente rebuscado, diríamos de laboratorio. Sin embargo, puede haber algún profesional de la salud que esté prestando funciones en cualquiera de los organismos que acabo de mencionar pero, por ejemplo, en condición de portero. Siendo así, y como lo que nos interesa es, precisamente, que se continúen ejerciendo funciones siempre en el área de la salud, efectuadas las consultas correspondientes con mis compañeros de Bancada nos permitiríamos sugerir que en el artículo 1º del proyecto de ley se establezca: "A los Profesionales de la Salud que a la fecha de la promulgación de la presente ley, presten servicios", y a continuación agregaríamos la expresión "como tales"; luego continuaría el texto como está. De esa forma se está previendo la existencia de situaciones que, reitero, son altamente excepcionales, pero podrían suceder y no es intención de la norma ampararlas.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: me han surgido algunas dudas en este tema, que no conozco demasiado y, además, porque este proyecto de ley se incluyó súbitamente a la consideración del Plenario.

Advierto que la Ley de Presupuesto del año 2005 habla del acceso a la titularidad de cargos a todos los funcionarios del Inciso Ministerio de Salud Pública, que revestían el carácter de presupuestados interinos en Comisiones de Apoyo. Posteriormente, el Poder Ejecutivo inició un proceso de cumplimiento de esas normas, identificando la existencia de casos en los que profesionales médicos que se encontraban desempeñando tareas en el Inciso, eran titulares en otras reparticiones del Estado. Parece haber ahí una contradicción, porque la Ley de Presupuesto habla de todos los funcionarios, pero después el Ministerio empieza a buscar funcionarios médicos que tienen doble empleo en otras dependencias.

Después el Poder Ejecutivo remitió un proyecto en el cual habla exclusivamente de los médicos, el que es modificado posteriormente en la Comisión y, entonces, se habla de los "Profesionales de la Salud", sobre los cuales el señor Senador Breccia ha categorizado de quiénes se trata. Tengo entendido que el señor Senador Gallinal planteó en el seno de la Comisión lo que el propio señor Senador Breccia acaba de mencionar, en cuanto a que se trata de quienes cumplan la tarea de funcionarios médicos y no otras, tema que no fue de recibo en la Comisión.

Entonces, nos surge la preocupación por la falta de información en cuanto a la necesidad real de esta norma, porque estamos hablando de tres mil personas, es decir, de muchísima gente. Quizás resulte necesaria en algunos casos, pero no en otros. Tal vez estemos en presencia de profesionales de la salud que, en un Ente Autónomo, un servicio descentralizado o en un Gobierno Departamental perciben "jugosas retribuciones" por sus tareas. A esos funcionarios se les va a dar la posibilidad de tener un doble empleo público, cobrando retribuciones fuera de lo común, pero que no están debidamente acreditados, por lo menos en función de las explicaciones que he escuchado en este ámbito.

Sin duda, hubiera sido bueno tener un informe completo de la situación, del costo, de las retribuciones y de los promedios salariales, máxime en estos días en que nos enteramos por los diarios -a raíz del famoso conflicto de los anestesistas y de los cirujanos- de las retribuciones que perciben muchos profesionales médicos. Ahí advertimos la enorme disparidad que existe en las retribuciones, que en muchos casos alcanzan cifras que exceden los $ 100.000, según la publicación de un diario de hoy. Quizás en este caso también estemos en presencia de profesionales que perciban retribuciones muy importantes y se los esté privilegiando frente a otros uruguayos que no son profesionales de la medicina y no pueden tener el doble empleo público.

Me tiene muy preocupado este Uruguay en el que, cada vez que se hace una convocatoria para porteros en el Banco de Seguros o para empleados en el Banco de Previsión Social, concurren 85.000 compatriotas. Parecería ser que el único camino de los uruguayos para ser felices es tener un empleo público; ese no es el Uruguay que anhelo. En alguna medida, puedo aceptar que, en muchos casos, pueden ser necesarios por las Comisiones de Apoyo o funcionarios de dichas comisiones -no recuerdo si están regularizadas las Comisiones de Apoyo de las escuelas de todo el país, en don-de quizás había gente que tenía doble empleo público-, pero quizás otras situaciones no sean tan justas y se esté dando a muchas personas la posibilidad de tener un doble empleo público con una retribución muy importante, cuando quizás no sea necesario. No veo que aquí estén las cifras que fundamenten la necesidad; veo, sí, opiniones de médicos muy respetables que, seguramente, siempre van a estar contestes en amparar este tipo de situaciones.

Creo que esto amerita una explicación más detallada, sobre todo porque estamos hablando de nada menos que tres mil personas que se van a transformar -porque aquí nos estamos refiriendo al doble empleo- en tres mil funcionarios públicos más. El otro día eran alrededor de 6.600 y ahora son 10.000. Entonces, si vamos por la vía de la regularización del doble empleo y a ello sumamos los nuevos que están ingresando, ¿en cuánto vamos a terminar? Capaz que ésta es una forma de seguir agrandando el aparato estatal cuando el mundo camina precisamente en la dirección inversa y cuando estamos hablando que hay que ser austeros y no engordar el Estado. Repito que no he visto cifras que revelen la necesidad de que esto se apruebe.

En consecuencia, como esas cifras no están y aquí puede haber situaciones que no merezcan estar amparadas, no vamos a acompañar este proyecto de ley que da a los profesionales, en algunos casos por razones de necesidad y en otros en los que no creo que lo sean tanto, un privilegio que el 95% de los uruguayos no tiene.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: quiero señalar que, como bien lo expresó el señor Senador Cid, el área de la salud en el Uruguay de hoy, es sumamente sensible. Es un lugar donde, por mil razones, durante muchos años -re-pito, muchos años-, se vienen produciendo nombramientos y formaciones de personas, que de pronto actuaban con una extraordinaria heroicidad, con notables conocimientos y con gran sacrificio, dentro de marcos jurídicos que se fueron "relajando" -utilizo la palabra entre comillas- al término del desastre. Esto hace más de treinta años que pasa en el país.

Hace muchos años que no se producían concursos; es más, muchas veces se simulaban. Conozco casos concretos en donde las situaciones eran realmente insólitas y otros en los que había personas que, con un gran sacrificio individual y con un gran amor a la profesión, actuaban muy bien en muchos lugares, a veces para obtener un sueldo que les permitiera vivir y en otras situaciones para hacerlo muy holgadamente, y que no pensaban, por supuesto, en el marco jurídico.

Esa norma de 1953 fue violada por mecanismos artificiosos, que no son menos de once -hay un trabajo de Derecho Administrativo que los enumera-, que van desde los contratos de obra -cuando todos sabemos que son para hacer una obra determinada y ésta termina; sin embargo, se trataba de personas que llevaban trece, catorce o quince años trabajando- hasta la formación de empresas unipersonales, que fue un invento de los últimos años y bastante común en muchos lugares. El jerarca nombraba un empleado y le decía: "Como no te puedo nombrar, porque tú ya tienes un empleo público, tienes que abrir una empresa unipersonal para que yo te pueda contratar a través de ella". Fue así que comenzaron unos líos bárbaros que no ha podido resolver el Banco de Previsión Social, esto es, dónde había que aportar, si a la Caja Civil, a la Caja de Profesionales o a la de Industria y Comercio.

Todo eso se fue dando en ejemplos que dependían del grado de honestidad y de capacidad de buena administración del jerarca. Es así. En algunos casos me parece que actuaban muy bien; yo confiaba en muchos jerarcas de distintos organismos, porque a algunos a veces los veía actuar muy bien y otras muy mal, pero en otros casos se daban situaciones que se votaban primero en el Parlamento. Algunas, incluso, eran para reparar injusticias, sobre todo en mérito a un principio constitucional referido a la justa remuneración, que es el de que si una persona desempeñaba tareas y no era imputable a ella que dejaran de ser desempeñadas o pasaran a ser incompatibles con otras, el Estado decidía que tenía que pagarle lo mismo de antes aun cuando ahora, bajo el criterio de 1953, hubiera alguna incompatibilidad. Eso sucedió en el Uruguay muchísimas veces; lo recuerdo perfectamente.

Ahora bien, también se dio lo otro, esto es, personas -in-cluso, algunas integraron este Cuerpo; ahora no ocurre- que fueron objeto de contratos de obra. Cobraban jubilaciones públicas muy jugosas por cierto y, mediante contratos de obra, trabajaban para otros Entes públicos. Pero eso no es culpa de la persona, sino del jerarca que, en ese caso -no en otros-, actuaba muy mal.

Este artículo refiere a profesionales de la salud cuya definición fue hecha hace un rato por mi compañero de Bancada, el señor Senador Breccia, y de las que hay, por cierto, una gran cantidad que están reguladas por leyes. Una o dos ameritaron muchas discusiones; en particular yo recuerdo la de los masajistas, porque había un título que era un diplomita que hace unos años el Ministerio de Salud Pública expedía a alguien que hacía un curso de tres meses y daba masajes, y había otro título muy importante que requería un trabajo casi universitario. Ahora bien, las leyes fueron dando los perfiles de cada una de las profesiones, salvo en esos casos especiales que generaban problemas. Recibimos aquí gente que nos decía "somos quiroprácticos y hace veinte años que estamos en esa profesión" y esto es algo conocido por todos.

De manera que se sabe quiénes son los profesionales de la salud cuando se interpreta la norma sin presumir que los demás la están interpretando vaya a saber con qué malas intenciones, sean corporativas o no. Cuando no se interpreta eso, es fácil definir lo que son las profesiones de la salud, divididas en una cantidad de categorías, incluidas todas en general en la ley.

¿Qué pasa en el tema de la salud? Pasa que, por acumulación de años, de situaciones que son muy variadas -una muy próxima, que son las Comisiones de Apoyo-, había personas que eran funcionarias del Ministerio de Salud Pública, pero que además tenían otra actividad privada o más de una función pública que ya estaba autorizada por ley. Esas leyes serían buenas o malas, pero lo cierto es que estaban, algunas de las cuales ya han sido mencionadas. Hay muchas otras que, incluso, no tienen nada que ver con la salud. Por ejemplo, la referida a la Orquesta Municipal de Montevideo o a la Sinfónica del SODRE, la que tiene que ver con los bailarines. En fin, hay cantidad de personas que desempeñan varias funciones, porque la legislación les ha reconocido, para bien o para mal, que tienen que hacer una acumulación de esas tareas para vivir más o menos decorosamente.

¿Qué ocurre, entonces, en el caso de la salud? Lo que se establece aquí es que se trata de personas que no hacen una opción, y esto es lo que creo que hay que tener en cuenta. No se trata de un individuo que dice: "A mí me conviene tener dos empleos públicos". Sería el caso de una persona cuya situación varía porque, por disposición de una ley, una actividad que era privada ahora pasa a ser pública -como sería el caso de las Comisiones de Apoyo-, o porque un jerarca -no se olviden que los jerarcas del Ministerio de Salud Pública pueden indicar algunos controles de determinada intensidad- le ordena que debe ir a prestar servicio a otro lugar que puede ser una escuela, una policlínica de determinado municipio o un pueblito. Entonces, no estamos frente a una opción de la persona. ¿Qué significa esto? Que no estamos frente a un hecho imputable a la misma y en Derecho, cuando ese hecho no es imputable y la persona sigue realizando los dos, tres o cuatro trabajos -de lo contrario, no va a tener esa excepción-, lo lógico es que se respete la justa remuneración. ¿Por qué agrego esto último? Porque cuando la Bancada trabajó sobre esta iniciativa, lo hizo midiendo palabra por palabra. Incluso, aquí se establece la expresión "mientras sigan desempeñando las mismas funciones", lo que significa que si la persona cumplía con tres -o veinte- trabajos, para que pueda entrar en esta excepción -no es por su culpa que ello ocurre, sino porque una ley o la decisión de un jerarca la ubica en esa situación- lo lógico es que cobre un salario que sea equivalente a los tres trabajos.

Pienso que si esto se hubiera redactado estableciendo que los trabajos que desempeña son los mismos, nadie lo iba a discutir; sin embargo, ahora se procede de esa forma porque, siguiendo una tradición semántica inaugurada en las Administraciones anteriores -seguramente para evitar equívocos-, se utilizó este mismo mecanismo. Reitero que se trata de una tradición semántica porque la realidad indica que si una persona hacía las tareas A, B y C, las va a seguir haciendo ahora, no porque lo desee, sino porque su jerarca o una ley se lo manda y se le va a seguir pagando los tres sueldos. Eso es lo que dice esta ley. No lo establece de una manera diferente -quizás de esa forma todo el mundo lo hubiera entendido desde un principio-, sino que se ajusta a las fórmulas gramaticales tradicionales del Uruguay.

Por otro lado, para esta situación hay varias condiciones, dos de las cuales son básicas. Una de ellas refiere a que no se trata de una opción del funcionario, sino que se está frente a una ley o a la decisión de un jerarca que lo coloca en esa incompatibilidad y, por lo tanto, no le es imputable la misma. Y, la otra condición, es que tiene que seguir desempeñando las dos, tres o cuatro tareas que ya venía realizando.

Por otra parte, también se tiene que tener en cuenta que en materia de atención de la salud, nuestra Facultad de Medicina -como ocurre en todas las Facultades del Uruguay- prepara lo mejor que puede a sus egresados. No obstante, hay cierto tipo de actividades que requieren algunos años de especialización y de práctica. En todas las carreras sucede lo mismo. A su vez, hay muchas personas que llevan años desempeñando determinada actividad y son las que forman este grupo de los tres mil de que se ha hablado aunque, en realidad, no sé con exactitud cuántos son. Estas personas atienden y lo hacen bien. Confío en los jerarcas de esta Administración y si un día me desilusiono lo voy a decir -quizás no en público- o voy a llamar a la persona para indicárselo. En consecuencia, reitero, tengo confianza en que los jerarcas de esta Administración van a tener bien presente esta situación.

¿Qué es lo que no quieren? ¿Por qué se plantea esto aquí? Porque no se quiere perder a la gente que atiende bien a los pacientes. ¿Acaso la Facultad de Medicina de este país, tal como Florencio Sánchez lo insinuaba, quiere que todos sus hijos sean abogados o médicos? ¿No hay médicos nuevos? Sí los hay, pero hay muchos que mañana, cuan-do entren por concurso -así se hará en Salud Pública-, no van a poder cumplir con esas tareas que otras personas, desde hace muchos años ya están desempeñando. No lo van a poder hacer por razones de falta de práctica y por no tener suficientes años de trabajo.

Frente a esto, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Con esta ley se está estableciendo que a los jóvenes los "liquidamos"? Por el contrario, lo que aquí se está estableciendo es diferente a lo que ocurría en leyes anteriores que se dictaban con esta misma fórmula gramatical y para cubrir precisamente esto que podía ser una injusticia salarial aunque, en realidad, ello no ocurría. Ahora que lo observo, creo que es bueno que lo arreglemos. En el artículo 2º se dice que: "La excepción a que refiere el artículo anterior, cesará al vacar el cargo." En realidad, debería decir "la vacancia del cargo". Es decir que cuando un funcionario cesa en su cargo y es sustituido por otro -todos esperamos que dentro de un tiempo todos los jóvenes entren por concurso y tengan ya algo de experiencia-, éste último no va a tener esa excepción. Antes no se ponía eso y deduzco que así se procedía porque no estaba en la cabeza de las Administraciones anteriores el arreglo de la situación, por lo menos no de acuerdo a las reglas que nosotros queremos: concurso y sorteo. Concurso si se necesita conocimiento especializado, y sorteo cuando ello no es necesario. Reitero que esto no se estableció en Administraciones anteriores y cuando lo quisimos instrumentar a través de varias leyes, nunca lo logramos. Desde el año 1990 en adelante, podemos citar siete propuestas del Frente Amplio que no fueron aceptadas y que establecían concursos y sorteos con todas las garantías. Incluso, una de ellas fue presentada por mí y estaba equivocada; en realidad, le había errado como a las peras porque pensé que se trataba de una tarea no especializada, y era todo lo contrario. Me metí en un campo que no conocía y había propuesto la realización de un sorteo. Entonces, quizás ese proyecto fue bien rechazado, pero los otros no y hubo varios muy buenos.

¿Qué es lo que se pretende con esto? Se pretende que a una persona que tiene dos empleos y desempeña una tarea que no puede realizar un funcionario nuevo porque él ya la viene realizando muy bien y desde hace mucho tiempo, no se le pague menos de lo que está ganando si desempeña esas dos o tres tareas. Eso es lo que se dice aquí, e incluso recuerdo que le presenté a la compañera coordinadora de Bancada una redacción que decía eso. Sin embargo, otros compañeros objetaban que esa redacción se entendería menos porque no se ajustaba a la fórmula gramatical que está en el TOFUP y que establece todas esas excepciones. Por ese motivo, se le agregó algo más, además de lo que expresó el señor Senador Breccia.

Señor Presidente: quizás mis compañeros del Senado se aburran pero, si tengo tiempo, deseo citar algún caso porque no se trata de situaciones tan extrañas como decía el señor Senador Breccia. Me refiero al hecho de que alguien tenga un empleo público en un gobierno departamental y, además, desarrolle una tarea profesional. A modo de ejemplo, quiero decir que en 1990, en la Intendencia Municipal de Montevideo -conozco personalmente el caso porque el jerarca de esa oficina me consultó sobre qué podía hacer desde el punto de vista jurídico-, había una oficina que tenía nueve empleados que figuraban en planilla, pero solo concurrían a trabajar ocho. Reitero que el jefe de la oficina -un director que estaba desde que el Frente Amplio ganó las elecciones en 1989- observó que, si bien figuraban nueve empleados en su lista, solo contaba con ocho. Preguntó sobre esta situación a los demás funcionarios, quienes señalaron que lo único que sabían era que se trataba de una señora a la que nunca habían visto. Algunos de ellos hacía 11 años que trabajaban en ese lugar y nunca la vieron concurrir. Frente a eso -perdonen lo anecdótico de la situación, pero quiero demostrar al compañero, Senador Breccia, que el asunto no es raro-, el jefe de la oficina decidió realizar una investigación; averiguaron el nombre de la funcionaria y supieron que su domicilio era en Las Piedras. Le mandaron varios telegramas, pero la señora no comparecía, por lo que se envió una camioneta para ubicarla. Le entregaron personalmente una citación que decía que se la citaba bajo apercibimiento de declararla cesante por abandono del car-go, o algo similar, como es lo habitual en estos casos. Y, al otro día, la señora concurrió. Según me relataba el jefe -ese director que me consultó-, le dijo a ella: "¿Usted sabe que es funcionaria de este Municipio?", a lo que, con ojos absolutamente sinceros -que lo dejaron sin saber qué hacer-, respondió: "Sí; hace catorce años que me nombró el doctor" -no lo voy a mencionar pero está vinculado al Cerro; no voy a decir si a Cerro o a Rampla- "y yo le pregunté cuánto me iba a pagar la Intendencia". Cuando el doctor le dijo la cifra, le respondió: "No me vale la pena, porque yo trabajo en el Hospital de Las Piedras y soy profesional de la salud, tomo muy bien la presión, pongo inyecciones, hice un curso" -creo que en aquella época se hacía en el Ministerio de Salud Pública- "tengo un diploma y si tengo que pagar el boleto de Las Piedras a Montevideo no me conviene dejar aquel otro empleo". Ante esto, el jefe le preguntó qué hizo, a lo que le respondió: "Yo le dije al doctor que esa era mi situación, que si no me pagaban más no aceptaba, y él me dijo que no me preocupara, que nombrara a un apoderado que me cobrara el sueldo y que yo no tenía obligación de venir". Lo cierto es que nunca había ido al Municipio, pero hacía catorce años que cobraba su sueldo. A la vez, era funcionaria de una clínica municipal que funcionaba en Las Piedras. Doy fe de que eso -que no era imputable a esa persona, pero que revelaba un grado de desastre administrativo- ocurrió porque me hicieron una consulta para ver qué hacían con esa señora. Por cierto, daba lástima, porque le hicieron un sumario administrativo y lo primero que declaró fue eso que acabo de contar, por lo que tuvieron que destituirla, con la lástima de todos, porque lo decía con absoluta buena fe, convencida de que lo que le habían dicho era correcto.

Quiere decir que estoy de acuerdo con el agregado que proponía el doctor Breccia. A la vez, sugiero que cuando dice "cesará al vacar el cargo" se cambie por "cesará al vacar del cargo" porque lo que queda vacante no es el cargo, sino el funcionario. Si mi memoria no me falla, recuerdo que en la Bancada de Senadores el señor Presidente del Senado lo puso de manifiesto y todos lo entendieron. Por tanto, creo que se trata de un mero error de tipo dactilográfico.

SEÑOR CID.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR KORZENIAK.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: en primer lugar, deseo hacer una aclaración. En ningún momento -y creo que hay constancias públicas de ello- mi actitud ha sido corporativa; eso es algo que no me ha caracterizado, que de alguna manera me ha comprometido -incluso en la imagen que de mí tienen mis propios colegas- y que ha quedado demostrado en mis definiciones públicas sobre determinadas situaciones. A manera de ejemplo, puedo mencionar mi renuncia a la Presidencia del Sindicato Médico del año 1989, en ocasión del embate por el pago por acto médico de la Sociedades Anestésico-Quirúrgicas. Este era un hecho envolvente que hacía muy difícil seguir conduciéndolo, por lo que hice una renuncia pública como un gesto de denuncia sobre esa situación. En este mismo conflicto de las Sociedades Anestésico-Quirúrgicas he hecho denuncias públicas condenando y sancionando la actitud de mis colegas; no puedo compartirlas cuando esta Administración les ha dado los mayores beneficios económicos de la historia como recuperación salarial y que no lo ha recibido ningún otro sector social de este país. Por tanto, me considero fuera de cualquier denuncia de alegato de corporativismo.

Con respecto a lo que decía el señor Senador Korzeniak, este grupo de colegas y de funcionarios, en su inmensa mayoría, surge como una necesidad para que el área pública pudiera competir con la privada. Reitero -ya lo dije cuando se me otorgó el uso de la palabra- que con anterioridad a las contrataciones bajo esta variabilidad de situaciones, el área pública -el Ministerio y otras instituciones públicas como el Banco de Seguros o el Banco Hipotecario- compraba servicios al área privada, lo que le resultaba dos y tres veces más caro que lo que le insumía la prestación de servicios al área privada. Entonces, lo que hizo el Ministerio de Salud Pública -y lo saludamos en su momento- fue estimular contrataciones de gente entrenada, con el postgrado en la especialidad -como decía el señor Senador Korzeniak-, para que trabajara en el área pública, asegurándole un salario que, si bien no era igual, era mucho mejor que lo que cobraba cualquier otro médico o funcionario del sistema público. Esto permitió que el sistema público recobrase fortaleza en áreas que tenía abandonadas y que sus usuarios, por ejemplo, no tuviesen que ser trasladados en ambulancia desde el Hospital Pereira Rossell por un aborto en curso a un centro de tratamiento intensivo. También permitió que un niño nacido con un problema neonatal pudiera ser asistido en el centro de tratamiento intensivo del Hospital Pereira Rossell.

En definitiva, hoy queremos regularizar ese tipo de contrataciones sin degradar el contrato laboral que tenían estos funcionarios. Más allá de que esos contratos fuesen normales o tuviesen una forma jurídica extraordinaria, habían generado una serie de derechos -muy bien ganados, vale decir, porque estas áreas funcionaron muy bien- dentro del Ministerio de Salud Pública. Este gasto exagerado que tenía el Ministerio exigió que, previo a estas contrataciones, se designara gente con rigor de contralor -por eso mencionaba al doctor Bagnulo- que fiscalizara ese régimen de contrataciones y que luego asesorara a las autoridades de salud pública, diciéndoles que este régimen de contrataciones era incontrolable y que le significaba a Salud Pública una erogación extraordinariamente alta. Si revirtiésemos esta situación, no tengo la menor duda de que entraríamos en un caos en áreas muy sensibles. Por eso vinculo eso con este conflicto, que no es ajeno a esas áreas sensibles que durante el Gobierno del Partido Colorado -que fue cuando surgieron estas contrataciones; bueno es decirlo-, se fueron resolviendo y permitiendo mejorar la calidad asistencial.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Bentancor.

SEÑOR BENTANCOR.- Señor Presidente: en primer lugar, apoyo la excelente fundamentación que han hecho todos los compañeros de mi sector político. Como en otros órdenes de la vida, estamos frente a lo ideal y a lo posible. Muchas veces, lo ideal choca con lo que es estrictamente necesario. Nosotros, en particular, vimos muy de reojo esta situación que tiene que ver con superar el tema de la incompatibilidad para determinado sector de funcionarios públicos. Siempre defendimos el criterio de incompatibilidad de la función pública y, en lo personal, en muchas ocasiones me vi impedido de ingresar al Parlamento en mi calidad de suplente porque era funcionario de ANCAP. Sólo el día que fui electo por la ciudadanía, en el año 2000, jubilándome, tuve la posibilidad de acceder al cargo. Por esto, miramos con mucho cuidado -sabemos que tenemos una colega que estuvo en las mismas condiciones, dado que también ella era funcionaria pública- esta situación y nos encontramos con que estamos ante un paso en que la excepción es absolutamente necesaria para un área muy sensible de actividad y para un sistema público de salud que tiene las complejidades que todos conocemos.

Ahora bien, me resulta extraño el agravio que, de alguna manera, se produce ante esta situación. Se dice que nosotros ahora estamos vulnerando un criterio que viene del año 1953, pero en ningún momento esto se planteó con respecto a lo que significaba el trabajo de las Comisiones de Apoyo que, al fin de cuentas, nadie sabía bien quién las nombraba y que, como se dijo aquí, reunían nada más ni nada menos que a tres mil trabajadores.

Perdonen que vuelva a mi situación personal -primero lo hice con relación a mi impedimento a ingresar al Parlamento, por razones legales-, pero debo decir, también, que como dirigente sindical no había nada más interesante que discutir por COFE en representación de los trabajadores de la salud. En este sentido, había una pregunta tipo que siempre formulábamos porque sabíamos que le "pegaba" al Ministro de Salud Pública de turno de una manera fulminante. De pronto, no tenía nada que ver con los sueldos, y era la siguiente: "Señor Ministro: ¿de cuántos funcionarios estamos hablando?" Sistemáticamente -¡y vaya que visitamos a varios Ministros!- nos decían: "Perdóneme, pero no sé quién puede darle esa respuesta. Es tan tremenda la cantidad de contratos y de funciones que se han asignado aquí, que no puedo dar el número exacto de las personas que tenemos". Por lo menos, así arrancábamos uno a cero en las conversaciones con esos Ministros, porque existía esta debilidad de fondo.

Por último, creo que está bien -y nuestra idea está adecuadamente fundamentada- que nos hagamos cargo de la situación de estos funcionarios que le hacen falta a la salud pública. Por eso los estamos colocando en su lugar; son funcionarios absolutamente necesarios en estos momentos. De lo contrario, ¿cuál sería la posición? Quizás podríamos decir que opten por una tarea u otra. En teoría, algunos eventualmente podrían optar y quedarse con un solo trabajo; pero podría suceder que los tres mil funcionarios, al estar en una doble situación de función pública, quedaran afuera de una de ellas.

Entonces, uno a veces se sorprende al recordar que hace pocos días discutíamos la situación de un grupo de trescientas personas que mantienen un litigio con el Estado. Me refiero a los famosos guardahilos -que se han nombrado por aquí- que causaron un escozor terrible en determinados sectores porque se los dejaba afuera aun cuando se encontraban en una situación totalmente distinta, surgida a partir de contratos que habían firmado. Este tema, en su momento, ya fue discutido y no deseo retomarlo ahora. En consecuencia, me extraña que en esta ocasión no se utilicen los mismos criterios. Digo esto porque, si tomáramos el camino que debemos, parecería que estos tres mil trabajadores tendrían que ir para afuera al verse obligados a optar por uno de los dos trabajos. Sinceramente no veo, entonces, que haya coherencia en la defensa a ultranza de doscientos o trescientos funcionarios, guardahilos de ANTEL, y que pasemos por alto que aquí estamos hablando de tres mil trabajadores, diciéndoles: "Bueno, señores, si tienen doble función, deben irse para afuera abandonando una de sus dos actividades". Realmente, esta me resulta una situación muy extraña.

SEÑOR RIOS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BENTANCOR.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Ríos.

SEÑOR RIOS.- Señor Presidente: deseo hacer solamente una reflexión muy breve, aprovechando la generosidad del señor Senador Bentancor.

Con esta norma nosotros no estamos alterando ninguna realidad, sino que estamos trabajando sobre realidades preexistentes a la asunción de esta fuerza política en el Gobierno. Uno no puede pensar que porque haya legisladores que no estén de acuerdo con esta iniciativa, se puede decir que no se quiera atender a la gente en la salud, porque eso sería un despropósito, y aquí hoy pasaron cosas similares.

Entonces, nosotros nos encontramos con una realidad. Frente a esa realidad, uno tiene muchas formas de actuar: puede seguir manteniéndola o puede alterarla en el sentido que entienda conveniente, aunque no sea compartido. Para nosotros, era conveniente que esa realidad se cambiara y que no fuera el fruto de desconocer la cantidad de funcionarios públicos y, además, la innumerable cantidad de demandas en las que el Ministerio de Salud Pública era condenado. Me estoy refiriendo a una realidad de los años noventa.

Aquí podemos estar en desacuerdo acerca de si la medida que tomamos es buena o mala, pero no nos podemos enterar hoy de la realidad que existía, porque esa realidad viene acompañando a la Administración. Entonces en la Rendición de Cuentas optamos, claramente, por la incorporación de esos funcionarios al presupuesto del Ministerio de Salud Pública.

También nos encontramos con la realidad de que necesitamos este período de transición a efectos de poder cumplir con el objetivo. Ese período de transición estaría limitado a ciertas personas y condicionado a que cumplan las funciones y a que cesen en el cargo. Es así y asumimos la responsabilidad política que tiene esta medida. Esa medida tiene esta transitoriedad y es imprescindible, en tanto y en cuanto la realidad que recibimos estaba fuera del marco jurídico. ¡Y que no se subestime a nadie! Uno tampoco quiere ser grandilocuente. Es claro que podríamos adoptar otras medidas, señor Presidente, al igual que lo hicieron otros gobiernos, y en esos casos igualmente funcionó el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, nosotros lo queríamos hacer por ley, y así se dio el debate.

Es bueno que se haya discutido este tema, porque quienes fuimos legisladores suplentes en anteriores Legislaturas nunca pudimos debatir cómo se ingresaba a una comisión de apoyo, así como tampoco pudimos discutir el tema de las dobles funciones, ni si estábamos de acuerdo, o no, con ellas. Hoy podemos discutir estos temas y, en lo personal, me parece muy importante el instrumento elegido, porque da cristalinidad y requiere responsabilidad. Podrá ser compartido o no, pero no teníamos otras opciones. Otros gobiernos han optado por otras soluciones, pero nosotros elegimos la cristalinidad. No nos creemos mejores; consideramos que esta discusión es muy válida y no se pudo dar en otros tiempos.

Repito que asumimos la responsabilidad política y administrativa que esto implica, pero queremos tener un marco jurídico que nos permita tener esta diversidad de puntos de vista y una ley que dé garantías a todos. Sea compartido o no, creemos que este instrumento es un elemento en el que este Gobierno hace hincapié y va a seguir haciéndolo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Bentancor.

SEÑOR BENTANCOR.- He finalizado, señor Presidente.

SEÑOR ITURRALDE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ITURRALDE.- Señor Presidente: me vienen muchos temas a la cabeza para reflexionar, pero trataré de hablar de algunos en los cuales no se personalice. Digo esto porque cuando se habla de los períodos en los cuales no se hicieron determinadas cosas, pienso que habría que mirar dónde estaba cada uno en esos momentos.

Como legislador suplente -al igual que quien me precedió en el uso de la palabra, que continúa siendo legislador suplente- quiero decir que me sorprende un poco la forma en la cual se legisla.

(Dialogado)

-Decía que me sorprende cómo se legisla en algunos casos. En éste, en particular, me sorprende que no se legisle genéricamente y que los profesores de Facultad no nos marquen, justamente, la diferencia que existe entre lo que son los derechos adquiridos y las legislaciones específicas para solucionar determinados temas. Por ejemplo, podríamos legislar genéricamente refiriéndonos "a los funcionarios que a la fecha de la promulgación de la presente ley" y, de esta manera, solucionaríamos el tema de los médicos y todos los demás casos que pudieran plantearse y que fueran más o menos parecidos.

De todos modos, la legislación soluciona estos temas a través de los derechos adquiridos. Esta actitud es la que tendríamos que adoptar, también, frente a los guardahilos recientemente mencionados.

El señor Senador Korzeniak, que se retira de Sala -y lo señalo por si quiere escuchar lo que voy a decir y permanece en el recinto-, habla de contratos de obra …

SEÑOR KORZENIAK.- Voy al baño, señor Senador.

SEÑOR ITURRALDE.- ...y de servicios, y me pregunto si se referirá a los casi mil contratos de obra y de servicios que había en la Intendencia Municipal de Montevideo. Cuando habla de concursos y de sorteos, también me gustaría que oficiara, por ejemplo, a la señora Ministra Marina Arismendi, a menos que haya sorteado los cargos a los cuales sus parientes han logrado integrarse. También quisiera que tuviera en cuenta tantos casos más, en las intendencias del interior, que podría traer a reflexión. Me da la sensación de que con la lejanía del tiempo, se piensa que antes se hacían mal las cosas y que ahora se hacen perfectamente, pero no es así, señor Presidente. Este proyecto de ley está mal hecho, les guste o no. Si estamos hablando de terminar con los contratos de obra y de servicios, hagámoslo en todos lados, y si hablamos de los concursos, oficiemos a los entes autónomos, porque ya ha pasado más de la mitad del período de Gobierno pero todavía no los han hecho. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no han hecho los concursos? ¿No alcanzó la mitad del período? ¿No hacía treinta años que se estaban preparando para gobernar?

Creo que lo que debemos hacer es buscar, no la forma de agraviarnos, sino de encontrar soluciones. Por ejemplo, en vez de legislar para los funcionarios de la salud, podríamos legislar en general y decir qué situación se va a dar cuando suceda este tipo de cosas, no solamente en la salud, sino también en los demás casos, a través de normas genéricas, que no favorezcan a unos pocos solamente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más oradores anotados para hacer uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 15 en 23. Afirmativa.

SEÑOR CID.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-17 en 25. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: sé que es antirreglamentario y admito que se tiene que eliminar mi exposición.

Quiero aclarar -porque no pude hacerlo por razones diuréticas- que soy partidario de que la situación de los guardahilos se regularice y se reconozca, porque se trata de una relación de función pública disfrazada de actividad privada. Esto lo dije en la exposición que realicé el otro día.

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión particular.

SEÑORA XAVIER.- Solicito que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la supresión de la lectura.

(Se vota:)

- 17 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º con las modificaciones hechas en Sala.

(Se vota:)

- 17 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º con las modificaciones hechas en Sala.

(Se vota:)

- 17 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º.

(Se vota:)

- 17 en 25. Afirmativa.

Ha sido aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Artículo 1°.- A los profesionales de la Salud que a la fecha de la promulgación de la presente ley, presten servicios como tales en la Administración Central, Poderes del Estado, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales u otros servicios de naturaleza estatal, cualquiera sea la naturaleza de su relación funcional actual y que se incorporen a los mismos en virtud de disposiciones legales o por resoluciones de los órganos de dirección respectivos, no les será aplicable la incompatibilidad dispuesta por el artículo 32 de la Ley N° 11.923, de 27 de marzo de 1953, con la redacción dada por el artículo 12 de la Ley N° 12.079, de 11 de diciembre de 1953, mientras sigan desempeñando las mismas funciones.

Artículo 2°.- La excepción a que refiere el artículo anterior, cesará al vacar del cargo.

Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de treinta días de su vigencia, con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil."

13) SE LEVANTA LA SESI0N

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo otros asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 18 y 43 minutos, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Amaro, Antía, Baráibar, Bentancor, Breccia, Campanella, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Fernández Huidobro, Gallinal, Gamou, Heber, Iturralde, Korzeniak, Lorier, Michelini, Moreira, Percovich, Ríos, Saravia, Vaillant y Xavier.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sr. Nelson Míguez Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.