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Nº 158 - TOMO 442 - 26 DE JUNIO DE 2007

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

19ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITCTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3 y 6) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

- El señor Senador Penadés solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

- al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al CODICEN, relacionado con la cobertura de asistencia en emergencia médica en los establecimientos de enseñanza pública.

- al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a ANCAP, relacionado con las actividades de ese organismo y de la empresa de su propiedad ALUR S.A.

- Oportunamente fueron tramitados.

5) Pedidos de informes. Reiteración

- El señor Senador Penadés solicita la reiteración de los siguientes pedidos de informes:

- al Ministerio de Industria, Energía y Minería relacionado con el suministro en la modalidad "llave en mano" de Unidades de respaldo de generación de energía eléctrica.

- al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por su intermedio a la Administración Nacional de Puertos, relacionado con el dragado del canal de acceso al Puerto de Montevideo.

- al Ministerio de Desarrollo Social y por su intermedio al INAU, relacionado con la estructura escalafonaria del citado Instituto.

- al Ministerio de Educación y Cultura y por su intermedio a la Administración Nacional de Educación Pública, relacionados:

- con los Programas, Proyectos y Acciones desarrolladas por la Gerencia de Programas Especiales desde su conformación hasta la fecha y,

- con informaciones publicadas en el Semanario "Búsqueda", de 8 de setiembre de 2005.

- al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y por su intermedio a OSE, relacionado con funcionarios que prestan servicios en Comisión y que provengan de otros Organismos Estatales.

- Oportunamente serán tramitados.

7, 11 y 17) Protección integral a personas discapacitadas

- Proyecto de ley por el que se establecen normas.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

8 y 12) Economista María Alejandra Dufrechou Casal. Solicitud de venia para designarla en calidad de Miembro del Directorio del Banco de Seguros del Estado

- Por moción de la señora Senadora Xavier, el Senado declara urgente su consideración.

- En consideración. Aprobada. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

9 y 13) "Día de Punta del Este"

- Proyecto de ley por el que se declara feriado no laborable para la ciudad de Punta del Este el día 5 de julio de 2007, con motivo de conmemorarse los 100 años de su fundación, y "Día de Punta del Este" el 5 de julio de cada año.

- Por moción del señor Senador Gallinal, el Senado declara urgente su consideración.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

10) y 14) Villa Cerro Chato

- Proyecto de ley por el que se declara feriado no laborable para la Villa Cerro Chato el día 3 de julio de 2007, con motivo de conmemorarse los ochenta años de la realización del plebiscito donde votó por primera vez la mujer en el Uruguay.

- Por moción de la señora Senadora Percovich, el Senado declara urgente su consideración.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

15) OMC, Ronda Doha y las repercusiones en el Uruguay

- Solicitud de autorización del señor Senador Abreu para realizar una exposición de treinta minutos en la sesión del día 17 de julio.

- Concedida.

16) Sesión extraordinaria

- Por moción de varios señores Senadores, el Senado resuelve realizar una sesión extraordinaria el día 3 de julio del corriente, a las 17 horas, a los efectos de considerar las reformas al Reglamento de la Cámara de Senadores aprobadas por la Comisión de Asuntos Administrativos.

18) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a varios funcionarios públicos

- El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder las venias solicitadas para destituir a dos funcionarios públicos y postergar la consideración de otra.

19) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 25 de junio de 2007.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria mañana martes 26 de junio, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que establecen normas para la protección integral a personas discapacitadas

Carp. Nº 289/05 - Rep. Nº 488/07 y Anexos I, II y III

2) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo, a fin de destituir de sus cargos a:

- una funcionaria del Ministerio de Salud Pública - "Administración de los Servicios de Salud del Estado" (ASSE). (Plazo constitucional vence el 26 de julio de 2007).

Carp. Nº 810/07 - Rep. Nº 459/07

- un funcionario del Ministerio de Salud Pública - "Hospital Pasteur". (Plazo constitucional vence el 10 de julio de 2007).

Carp. Nº 783/07 - Rep. Nº 458/07

- un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas - Dirección General Impositiva. (Plazo constitucional vence el 2 de agosto de 2007).

Carp. Nº 817/07 - Rep. Nº 478/07

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alfie, Amaro, Antía, Antognazza, Bentancor, Breccia, Castro, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gallinal, Heber, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Penadés, Percovich, Ríos, Sanguinetti, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Baráibar y Fernández Huidobro.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y10 minutos)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"El Poder Ejecutivo remite Mensajes solicitando las venias correspondientes para:

- designar en el Directorio de la Agencia Nacional de Vivienda al Economista Carlos Mendive en calidad de Presidente, a la Arquitecta Graciela Muslera Méndez en calidad de Vicepresidente y al señor César Clelio Gómez Mello en calidad de Director.

- destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

- y remite Mensajes comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba el Protocolo de Enmienda al Acuerdo con la República Bolivariana de Venezuela para la Cooperación en la mejora de la Infraestructura Edilicia y de Equipamiento del Hospital de Clínicas, suscrito en Montevideo, el 4 de noviembre de 2006.

- por el que se aprueba el Convenio para la Protección, Conservación, Recuperación y Devolución de Bienes Culturales, Arqueológicos, Artísticos e Históricos Robados, Exportados o Transferidos ilícitamente entre la República Oriental del Uruguay y la República del Perú, suscrito en Montevideo, el 4 de noviembre de 2002.

- por el que se designa "Protector de los Pueblos Libres" el Liceo de Chapicuy, en el departamento de Paysandú, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa "Isla de las Palomas" el Liceo Rural de La Paloma, del departamento de Durazno, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública

- por el que se designa "Eduardo Víctor Haedo" el Liceo Nº 4 de la ciudad de Maldonado, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se declara "Día del Departamento de Lavalleja, Tierra del Libertador" el 16 de junio de cada año.

- por el que se establecen normas para la protección de los salarios, jubilaciones y pensiones que se pagan a través de instituciones de intermediación financiera.

- por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, hasta por un plazo de ciento ochenta días, el subsidio por desempleo de los trabajadores mozos de cordel.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

La Suprema Corte de Justicia remite mensaje solicitando la aprobación para designar al doctor Fernando Raúl Cardinal Piegas, para el cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

El Ministerio de Educación y Cultura remite:

- informes y resoluciones de la Administración Nacional de Educación Pública, relacionados con la designación "Maestra María Teresa Macri" a la Escuela Nº 49 de la localidad de Piedra Sola de Paysandú.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

- respuesta al pedido de informes solicitado por el señor Senador Gustavo Penadés sobre declaraciones del Prof. José Pedro Barrán publicadas por el semanario "Búsqueda" y la revista "Punto.edu".

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR PENADES.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se disponen medidas tendientes al control del tabaquismo.

- A LA COMISION DE SALUD PUBLICA.

- por el que se declara feriado no laborable para la ciudad de Punta del Este, departamento de Maldonado, el día 5 de julio de 2007, con motivo de conmemorarse los 100 años de su fundación. Asimismo, se instituye el 5 de julio de cada año como "Día de Punta del Este".

- por el que se declara feriado no laborable para la villa Cerro Chato, ubicada en la 6ª Sección Judicial del departamento de Treinta y Tres, 4ª Sección Judicial del departamento de Florida y 8ª Sección Judicial del departamento de Durazno, el día 3 de julio de 2007, con motivo de conmemorarse los ochenta años de la realización del plebiscito en que votó por primera vez la mujer en nuestro país.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

- Y comunica que aprobó el proyecto de ley por el que faculta al Poder Ejecutivo a fijar una Reserva de Garantía para asegurar el abastecimiento vitivinícola nacional.

- AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVESE.

La Cámara de Representantes remite las siguientes notas, adjuntando:

- copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante David Doti Gente, referidas a la negativa de los Directores de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) y de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) a invertir recursos para solucionar problemas que padecen varias localidades de los departamentos de Paysandú y de Tacuarembó.

- A LA COMISION DE INDUSTRIA, ENERGIA, COMERCIO, TURISMO Y SERVICIOS.

- copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante Jaime Mario Trobo, referidas a las expresiones del señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca relativas al Tribunal de Cuentas de la República.

- A LA COMISION DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA."

4) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de dos pedidos de informes.

(Se da de los siguientes:)

"El señor Senador Gustavo Penadés, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes con destino:

- al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio al CODICEN, relacionado con la cobertura de asistencia en emergencia médica en los establecimientos de enseñanza pública.

- al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a ANCAP, relacionado con las actividades de ese organismo y de la empresa de su propiedad ALUR S.A.

- OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS.

(Textos de los pedidos de informes:)

"Montevideo, 14 de junio de 2007.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores,

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de solicitarle, en uso de las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, se remita el presente pedido de informes al Consejo Directivo Central (CODICEN) para que respondan sobre los siguientes puntos:

1.- Si los Establecimientos de enseñanza, dependientes de los Consejos de Educación Primaria, Secundaria y UTU, cuentan con cobertura de asistencia médica de emergencia para alumnos y personal docente y no docente.

2.- En caso de ser afirmativa la respuesta, detallar la cantidad y naturaleza de los establecimientos.

3.- En caso de ser negativa la respuesta al punto anterior, se solicita se especifique si en algún momento los Establecimientos contaron con cobertura médica de emergencia.

4.- Si la respuesta al punto anterior es afirmativa se solicita se especifique desde cuándo y por qué motivo no se dispone, actualmente, de dicho beneficio.

5.- En caso de ser afirmativa la respuesta al punto 3), se solicita se especifique, aproximadamente, la cantidad de personas que no gozarían más del beneficio referido.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Gustavo C. Penadés. Senador."

"Montevideo, 18 de junio de 2007.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores,

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con el fin de solicitarle, en uso de las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, se remita el presente Pedido de Informes, al Ministerio de Industria, Energía y Minería para que, por su intermedio, se envíe a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP), a fin de que se informe en relación a las actividades que lleva adelante por sí, y por medio de la Empresa de su propiedad, ALUR S.A. de acuerdo a los siguientes puntos:

1.- Integración del capital accionario, Directorio y cantidad de personal dependientes.

2.- Monto de las inversiones realizadas por ANCAP y ALUR S.A. en el emprendimiento de producción de caña de azúcar, azúcar y etanol, en Bella Unión, departamento de Artigas.

3.- Origen de las inversiones realizadas por ALUR S.A.

4.- Cantidad de Padrones, naturaleza de la relación contractual, prestaciones recíprocas, y bienes otorgados a los interesados en la producción de caña de azúcar en el marco del proyecto de ALUR S.A.

5.- Rendimiento de caña de azúcar promedio por hectárea y volúmenes procesados por ALUR S.A., en el ejercicio 2006.

6.- Componentes y ponderación de la estructura de costos de producción de la tonelada de azúcar por ALUR S.A.

7.- Inversión realizada, hasta la fecha, en propaganda y publicidad, detallando medios (radio, televisión y prensa escrita) y montos asignados a cada uno de ellos.

8.- Agencias de Prensa y/o Publicidad contratadas por ALUR S.A. para la realización de su publicidad, y procedimiento de selección de la misma.

9.- Toneladas de azúcar comercializadas desde el comienzo de la producción a la fecha, discriminando la realizada a granel si la hubiera de la comercializada en unidades de un kilogramo.

10.- Costo real de producción de un kilo de azúcar por parte de ALUR S.A.

11.- Explicación de la totalidad de proyectos zucroalcoholeros de ANCAP, inversiones previstas, déficit previstos a ser cubiertos por el Ente, participación de otros inversores.

12.- Si se han celebrado convenios con el INIA u otros Organismos nacionales o internacionales, destinados a la generación de especies de caña de azúcar de mayor rendimiento.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Gustavo C. Penadés. Senador."

5) PEDIDOS DE INFORMES. REITERACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de varios pedidos de informes cuya reiteración se ha solicitado.

(Se da de los siguientes:)

"El señor Senador Gustavo Penadés solicita la reiteración de los siguientes pedidos de informes con destino:

- al Ministerio de Industria, Energía y Minería, relacionado con el suministro en la modalidad "llave en mano" de Unidades de respaldo de generación de energía eléctrica.

- al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y por su intermedio a la Administración Nacional de Puertos, relacionado con el dragado del canal de acceso al Puerto de Montevideo.

- al Ministerio de Desarrollo Social, y por su intermedio al INAU, relacionado con la estructura escalafonaria del citado Instituto.

- al Ministerio de Educación y Cultura, y por su intermedio a la Administración Nacional de Educación Pública, relacionados:

- con los Programas, Proyectos y Acciones desarrolladas por la Gerencia de Programas Especiales desde su conformación hasta la fecha y,

- con informaciones publicadas en el semanario "Búsqueda", de 8 de setiembre de 2005.

- al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y por su intermedio a OSE, relacionado con funcionarios que prestan servicios en comisión y que provengan de otros Organismos Estatales.

- OPORTUNAMENTE SERAN TRAMITADOS."

- Se va a votar si el Senado hace suyos y reitera los pedidos de informes solicitados por el señor Senador Penadés.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúese dando cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"El señor Senador Julio Lara presenta exposiciones realizadas en ocasión de su visita a Seúl, Corea del Sur, en razón de haberse celebrado la Conferencia "Corrupción y Democracia" y de su visita a Jerusalén, Israel, en la conferencia "Medio Oriente: conflictividad o paz".

- TENGANSE PRESENTE.

El doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, presenta nota de agradecimiento por las atenciones recibidas con motivo del fallecimiento de su señora madre María Hortensia Herrera.

- TENGASE PRESENTE.

La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión eleva informado el proyecto de ley por el que se establecen normas para la protección integral a personas discapacitadas.

- HA SIDO REPARTIDO. ESTA INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Comisión de Defensa Nacional eleva informada la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de conferir el ascenso al grado de General del Ejército, con fecha 1º de febrero de 2007, por el Sistema de Selección, al señor Coronel don Neris Mauro Corbo López, del Arma de Caballería.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se crea el Sistema Nacional de Archivos.

- por el que se establece la obligatoriedad de la Educación Inicial, Primaria y de los tres primeros años de Educación Media.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informado el proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Mundial, para el establecimiento de una Oficina de Representación del citado organismo en nuestro país, suscrito en el mes de abril de 2005.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informadas:

- las solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo a efectos de:

- designar en el Directorio del Banco de Seguros del Estado, en calidad de miembro, a la Economista María Alejandra Dufrechou Casal.

- Destituir de sus cargos a:

- dos funcionarios del Ministerio de Educación y Cultura.

- un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, y

- una funcionaria del Ministerio de Salud Pública.

- Y comunica que ha adoptado resolución sobre los recursos de revocación interpuestos por el funcionario señor Ignacio Chápper Callorda, contra las resoluciones de la Cámara de Senadores de fechas 12 de marzo de 2007, 20 de marzo de 2007 y 29 de marzo de 2007.

- REPARTANSE E INCORPORENSE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION ORDINARIA.

La Junta Departamental de Maldonado remite:

- copia de la versión taquigráfica de las palabras del señor Edil Doctor Francisco Giménez relativas a una exposición sobre el derecho de percibir propina por parte de los trabajadores del sector gastronómico.

- TENGASE PRESENTE.

- copia de la versión taquigráfica de las palabras de la señora Edila Elisabeth Arrieta, relativas a una exposición titulada: "La vacuna que Uruguay debe tener sin demora", referente a la vacuna que evita la infección del virus HPV en las mujeres.

- A LA COMISION DE SALUD PUBLICA.

La Junta Departamental de Rivera remite copia de las palabras del señor Edil doctor Gerardo Amarilla, relativas a la despenalización del aborto.

- A LA COMISION DE SALUD PUBLICA.

La Junta Departamental de Rocha comunica que ha resuelto apoyar la iniciativa presentada por la señora Edila Flora Veró, relacionada con la designación con el nombre "María Escardó" a la Escuela Nº 52 de La Paloma.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

La Junta Departamental de Soriano remite nota adjuntando copia de la exposición realizada por el señor Edil Edgardo Tajam referente a la tramitación que deben realizar aquellas personas que desean obtener la residencia legal permanente en nuestro país.

- TENGASE PRESENTE.

La Junta Departamental de Canelones remite:

- copia de la versión taquigráfica de las palabras vertidas por el señor Edil José Luis Devitta sobre el tema: "Canelones, territorio agroindustrial".

- A LA COMISION DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.

- nota adjuntando copia de la resolución de fecha 1º de junio de 2007, por la cual apoya la iniciativa de la legislativa comunal de Treinta y Tres sobre la necesidad de instrumentar en la enseñanza, el lenguaje de señas como materia curricular.

- TENGASE PRESENTE."

7) PROTECCION INTEGRAL A PERSONAS DISCAPACITADAS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día para tratar el asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se establecen normas para la protección integral a personas discapacitadas. (Carp. Nº 289/05 - Rep. Nº 488/07 y Anexos I, II y III)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 289/05

Rep. N° 488/07

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Población,

Desarrollo e Inclusión

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

CAPITULO I

OBJETO DE LA LEY, DEFINICIONES Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Artículo 1°.- Establécese un sistema de protección integral a las personas con discapacidad, tendientes a asegurarles su atención médica, su educación, su rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional y su cobertura de seguridad social, así como otorgarles los beneficios, las prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca y les dé oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas.

Artículo 2°.- Se considera con discapacidad, a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.

Artículo 3°.- Prevención es la aplicación de medidas destinadas a impedir la ocurrencia de discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o, si éstas han ocurrido, evitar que tengan consecuencias físicas, psicológicas o sociales negativas.

Artículo 4°.- Rehabilitación integral es el proceso total, caracterizado por la aplicación coordinada de un conjunto de medidas médicas, sociales, educativas y laborales, para adaptar o readaptar al individuo, y que tiene por objeto lograr el más alto nivel posible de capacitación y de integración social de las personas con discapacidad, así como también las acciones que tiendan a eliminar las desventajas del medio en que se desenvuelven para el desarrollo de dicha capacidad.

Se entiende por rehabilitación profesional la parte del proceso de rehabilitación integral en que se suministran los medios, especialmente orientación profesional, formación profesional y colocación selectiva, para que las personas con discapacidad puedan obtener y conservar un empleo adecuado.

Artículo 5°.- Sin perjuicio de los derechos que establecen las normas nacionales vigentes y convenios internacionales del trabajo ratificados, los derechos de las personas con discapacidad serán los establecidos en las Declaraciones de los Derechos de los Impedidos y de los Retrasados Mentales proclamados por las Naciones Unidas con fecha 9 de diciembre de 1975 y 20 de diciembre de 1971, respectivamente.

Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos sin excepción alguna y sin distinción ni discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra circunstancia, tanto si se refiere personalmente a ellas como a su familia.

A esos efectos se reconoce especialmente el derecho:

A) Al respeto a su dignidad humana, cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y deficiencias.

B) A disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena que sea posible.

C) A la adopción de medidas destinadas a permitirle lograr la mayor autonomía.

D) A recibir atención médica, odontológica, psicológica, social y funcional, incluidos los apartados de prótesis y ortopedia, a la readaptación médica y social, a la educación, en todos sus niveles, formación, adaptación y readaptación profesionales y a su inserción laboral.

E) A la seguridad económica y social y a un nivel de vida decoroso.

F) A vivir en el seno de su familia o de un hogar sustituto.

G) A ser protegido contra toda explotación, toda reglamentación o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante.

H) A contar con el beneficio de una asistencia letrada competente, cuando se compruebe que esa asistencia es indispensable para la protección de su persona y bienes. Si fuere objeto de una acción judicial deberá ser sometido a un procedimiento adecuado a sus condiciones físicas y mentales.

Artículo 6°.- El Estado prestará a las personas con discapacidad el amparo de sus derechos en la medida necesaria y suficiente, que permita su más amplia promoción y desarrollo individual y social.

Dicho amparo se hará extensivo además y en lo pertinente.

1°) A las personas de quienes ellos dependan o a cuyo cuidado estén.

2°) A las entidades de acción social con personería jurídica, cuyos cometidos específicos promuevan la prevención, desarrollo e integración de las personas con discapacidad.

3°) A las instituciones privadas con personería jurídica, que les proporcionen los mismos servicios que prestan a sus afiliados en general.

4°) A las actividades de investigación, enseñanza y difusión de la Lengua de Señas Uruguaya.

Declárase de interés nacional la rehabilitación integral de las personas con discapacidad.

Artículo 7°.- La protección de la persona con discapacidad de cualquier edad se cumplirá mediante acciones y medidas en orden a su salud, educación, seguridad social y trabajo.

Artículo 8°.- El Estado prestará asistencia coordinada a las personas con discapacidad, que carezcan de alguno o todos los beneficios a que refieren los literales siguientes, a fin de que puedan desempeñar en la sociedad un papel equivalente al que ejercen las demás personas.

A tal efecto, tomará las medidas correspondientes en las áreas que a continuación se mencionan, así como en toda otra que la ley establezca:

A) Atención médica, psicológica y social.

B) Rehabilitación integral.

C) Programas de seguridad social.

D) Programas tendientes a la educación en la diversidad propendiendo a su integración e inclusión.

E) Formación laboral o profesional.

F) Prestaciones o subsidios destinados a facilitar su actividad física, laboral e intelectual.

G) Transporte público.

H) Formación de personal especializado para su orientación y rehabilitación.

I) Estímulos para las entidades que les otorguen puestos de trabajo.

J) Programas educativos de y para la comunidad en favor de las personas con discapacidad.

K) Adecuación urbana y edilicia.

L) Accesibilidad a la informática, incorporando los avances tecnológicos existentes.

Artículo 9°.- Los Ministerios, Intendencias Municipales y otros organismos involucrados en el cumplimiento de la presente ley quedan facultados para proyectar en cada presupuesto las partidas necesarias para cubrir los gastos requeridos por la ejecución de las acciones a su cargo.

Artículo 10.- Se impulsará un proceso dinámico de integración social, con participación de la persona con discapacidad, su familia y la comunidad.

Artículo 11.- Se promoverá la progresiva equiparación en las remuneraciones que perciban las personas con discapacidad, beneficiarios del régimen de Asignación Familiar, ya sea pública o privada al área de actividad laboral en que se desempeñen sus padres, tutores u otros representantes legales que corresponda.

Artículo 12.- Se fomentará la colaboración de las organizaciones de voluntarios y de las organizaciones de personas con discapacidad en el proceso de rehabilitación integral de éstos y la incorporación del voluntariado organizado en los equipos multidisciplinarios de atención.

CAPITULO II

COMISION NACIONAL HONORARIA DEL DISCAPACITADO

Creación y cometidos

Artículo 13.- Créase la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, organismo que funcionará en la jurisdicción del Ministerio de Salud Pública y que se integrará de la siguiente forma:

Por el Ministerio de Salud Pública, que la presidirá, o un delegado de él, que tendrá igual función.

Un delegado del Ministerio de Educación y Cultura.

Un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Un delegado de la Facultad de Medicina.

Un delegado del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.

Un delegado del Congreso de Intendentes.

Un delegado de la Facultad de Odontología.

Un delegado del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

Un delegado del Banco de Previsión Social.

Un delegado del Banco de Seguros del Estado.

Un delegado de cada una de las organizaciones más representativas de personas con discapacidad.

Tendrá personería jurídica y domicilio legal en Montevideo y será renovada cada cinco años, correspondiendo la iniciación y término de dicho lapso con los del período constitucional de gobierno. Sin perjuicio de ello sus integrantes durarán en sus funciones hasta que tomen posesión los sustitutos.

Artículo 14.- Corresponde a la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado la elaboración, estudio, evaluación y aplicación de los planes de política nacional de promoción, desarrollo, rehabilitación e integración social de la persona con discapacidad, a cuyo efecto deberá procurar la coordinación de la acción del Estado en sus diversos servicios, creados o a crearse, a los fines establecidos en la presente ley.

Artículo 15.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado deberá específicamente:

A) Estudiar, proyectar y aconsejar al Poder Ejecutivo y Gobiernos Departamentales todas las medidas necesarias para hacer efectiva la aplicación de la presente ley.

B) Apoyar y coordinar la actividad de las entidades privadas sin fines de lucro que orienten sus acciones en favor de las personas con discapacidad.

C) Estimular a través de los medios de comunicación el uso efectivo de los recursos y servicios existentes, así como propender al desarrollo del sentido de solidaridad social en esta materia.

D) Elaborar un proyecto de reglamentación de la presente ley que elevará al Poder Ejecutivo. Este dispondrá de un plazo de ciento ochenta días para su aprobación.

A los efectos de dar cumplimiento a los cometidos asignados, facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas a destinar una partida anual complementaria.

La Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado con el apoyo de los Ministerios de Educación y Cultura, Salud Pública y la Universidad de la República, auspiciará la investigación científica sobre prevención, diagnóstico y tratamiento médico de las distintas formas de discapacidad física o mental. Se investigarán igualmente los factores sociales que causan o agravan una discapacidad para prevenirlos y poder programar las acciones necesarias para disminuirlos o eliminarlos.

Artículo 16.- La Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado creará un Servicio de Asesoramiento para dar:

1) Información sobre los derechos de las personas con discapacidad y de los medios de rehabilitación.

2) Orientación terapéutica, educacional o laboral.

3) Información sobre mercado de trabajo.

4) Orientación y entrenamiento a padres, tutores, familiares y colaboradores.

Artículo 17.- En cada departamento de la República habrá una Comisión Departamental Honoraria del Discapacitado que se integrará de la siguiente manera:

- Un delegado del Ministerio de Salud Pública, que la presidirá.

- Un delegado del Ministerio de Educación y Cultura.

- Un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

- Un delegado del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.

- Un delegado de la Intendencia Municipal.

- Un delegado del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

- Un delegado del Banco de Previsión Social.

- Un delegado del Banco de Seguros del Estado.

- Dos delegados de las Organizaciones de personas con discapacidad del departamento.

Podrán crearse también Comisiones regionales y Subcomisiones locales, integradas en la forma que fijen, respectivamente, la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado y las Comisiones Departamentales y Honorarias del Discapacitado.

Artículo 18.- Las Comisiones Regionales, Departamentales y Subcomisiones Locales tendrán dentro de su jurisdicción, los siguientes cometidos:

1°) Hacer efectiva la aplicación de los programas formulados por la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado.

2°) Evaluar la ejecución de los mismos y formular recomendaciones al respecto.

3°) Ejecutar las demás actividades que por reglamentación se le confieran.

CAPITULO III

CONSTITUCION DE BIEN DE FAMILIA Y DERECHO DE HABITACION

Artículo 19.- Podrá constituirse el Bien de Familia a favor de un hijo con discapacidad por todo el tiempo que esta persista y siempre que no integre su patrimonio todo bien inmueble. El inmueble deberá ser la casa-habitación habitual del beneficiario.

Artículo 20.- Modifícase el artículo 1° del Decreto-Ley N° 15.597, de 19 de julio de 1984, que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 1°.- Toda persona capaz de contratar puede constituir en Bien de Familia un inmueble de su propiedad, con sujeción a las condiciones establecidas en la presente".

Artículo 21.- Modifícase el literal c) del artículo 6° del Decreto-Ley N° 15.597, de 19 de julio de 1984, que quedará redactado de la siguiente forma:

"c) Por el cónyuge o concubino sobreviviente y por el cónyuge o los cónyuges divorciados o separados de hecho, a favor de los hijos del matrimonio o unión concubinaria menores de edad o con discapacidad, sobre los bienes propios pertenecientes al constituyente o los gananciales indivisos, conforme al literal b)."

Artículo 22.- El Bien de Familia podrá dejarse sin efecto cumpliendo con las mismas formalidades que requiere paa su constitución, siempre que haya cesado la causa para la cual fue constituido.

Artículo 23.- El ex - cónyuge, el cónyuge separado de hecho y el padre o madre natural de hijos reconocidos o declarados tales o adoptante, que tenga la tenencia de una persona con discapacidad o la curatela en su caso, podrá solicitar para la persona con discapacidad el derecho real de habitación sobre el bien hasta que persista la incapacidad. Si el cónyuge o cualquiera de los padres naturales o adoptantes de la persona con discapacidad se negare a prestar el consentimiento, éste será suplido de acuerdo al literal b) del artículo 6° del Decreto-Ley N° 15.597, de 19 de julio de 1984.

Artículo 24.- El inmueble que habitan los discapacitados severos, sea de su propiedad o de sus familiares, independientemente que se haya constituido o no como bien de familia, así como los bienes muebles de cualquier naturaleza existentes en dicho inmueble, no afectarán en ningún caso el derecho de las personas con discapacidades severas (físicas, sensoriales y mentales) a las prestaciones servidas por el Banco de Previsión Social o por cualquier otro organismo del Estado. De igual forma, tampoco afectarán ese derecho los ingresos de núcleo familiar derivados de sueldo o de remuneración por empleo público o privado.

CAPITULO IV

ASISTENCIA PERSONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES SEVERAS

Artículo 25.- Facúltase al Poder Ejecutivo a crear en el Banco de Previsión Social, el "Programa de asistentes personales para personas con discapacidades severas".

Artículo 26.- A través del Programa mencionado en el artículo anterior, facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar un monto a los efectos de la contratación de asistentes personales a quienes acrediten la necesidad de asistencia personal para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria.

Artículo 27.- A los efectos de la presente ley, se entenderán:

A) Actividades básicas de la vida diaria: levantarse de la cama, higiene, vestido, alimentación, moviliza-ción y desplazamiento, trabajo y recreación, entre otras.

B) Asistentes personales: personas capacitadas para desarrollar las tareas de asistencia directa y personal a las personas mencionadas en el artículo precedente.

Para ser asistente personal es imprescindible la obtención de certificado habilitante, expedido por la entidad o entidades que determine la reglamentación.

Artículo 28.- La existencia de la discapacidad a que refiere el presente Capítulo, será evaluada por el Ministerio de Salud Pública en acuerdo con la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la presente ley.

Artículo 29.- A los efectos de la administración del Programa creado por el artículo 25, el Banco de Previsión Social, deberá:

a) Registrar al beneficiario.

b) Administrar los recursos del programa.

c) Hacer efectivo el pago de las partidas.

Artículo 30.- El monto de la prestación a percibir, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la presente ley, así como el ejercicio del contralor correspondiente a los efectos del cumplimiento de los fines para los que dicho beneficio es estatuido, será establecido por la reglamentación.

CAPITULO V

PREMIO NACONAL A LA INTEGRACION

Artículo 31.- Créase el ‘Premio Nacional a la Integración’ con la finalidad de distinguir a toda persona que de acuerdo al artículo 2° de la presente ley, sea considerada como persona con discapacidad y que, a través de su esfuerzo personal haya desempeñado un papel destacado en beneficio de la sociedad.

Artículo 32.- El premio al que se refiere el artículo anterior consistirá en el pago de una suma de dinero equivalente a diez salarios mínimos nacionales, con cargo a Rentas Generales y un diploma de honor, los que serán entregados anualmente en acto público al que serán invitadas las máximas autoridades nacionales.

Artículo 33.- A los efectos de este Capítulo, se establecen las tres categorías siguientes:

1) Personas con discapacidad motriz.

2) Personas con discapacidad sensorial.

3) Personas con discapacidad intelectual.

Se otorgará un máximo de tres (3) distinciones anuales dentro de cada categoría, de las cuales al menos una se destinará a una niña, niño o adolescente.

Artículo 34.- La selección de los postulantes y la adjudicación de los premios serán realizadas por un jurado. Sus miembros serán designados anualmente por la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado y sus funciones serán las establecidas en la reglamentación correspondiente.

CAPITULO VI

SALUD

Artículo 35.- La prevención de la deficiencia y de la discapacidad es un derecho y un deber de todo ciudadano y de la sociedad en su conjunto y formará parte de las obligaciones prioritarias del Estado en el campo de la salud pública y de la seguridad social, ocupacional o industrial.

Artículo 36.- El Estado deberá implementar estrategias para apoyar y contribuir a la prevención de la deficiencia y de la discapacidad a través de:

a) Promoción y educación para la salud física y mental.

b) Educación del niño y del adulto en materia de prevención de situaciones de riesgo y de accidentes.

c) Asesoramiento genético e investigación de las enfermedades metabólicas y otras para prevenir las enfermedades genéticas y las malformaciones congénitas.

d) Atención adecuada del embarazo, del parto, del puerperio y del recién nacido.

e) Atención médica correcta del individuo para recuperar su salud.

f) Detección precoz, atención oportuna y declaración obligatoria de las personas con enfermedades discapacitantes, cualquiera sea su edad.

g) Lucha contra el uso indebido de sustancias adictivas.

h) Asistencia social oportuna a la familia.

i) Contralor del medio ambiente y lucha contra la contaminación ambiental.

j) Contralor de productos químicos de uso doméstico e industrial y de los demás agentes agresivos.

k) Promoción y desarrollo de una conciencia nacional de la seguridad en salud.

Artículo 37.- El Ministerio de Salud Pública en acuerdo con la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado:

a) Certificará la existencia de discapacidad, su naturaleza y su grado. La certificación que se expida justificará plenamente la discapacidad en todos los casos en que sea necesario invocarla.

b) Ampliará y reorganizará el Registro creado por la Ley N° 13.711, de 29 de noviembre de 1968, declarándose al efecto obligatoria la denuncia de toda persona con diagnóstico de discapacidad. El Registro proveerá a los servicios públicos que la necesiten, la información necesaria para el mejor cumplimiento de los cometidos de la presente ley.

c) Desarrollará, desde el Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública, acciones coordinadas tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Dichas acciones se impulsarán desde la óptica de la rehabilitación integral apoyado en la comunidad.

d) Creará servicios de rehabilitación en los centros de su jurisdicción considerando su grado de complejidad y áreas de influencia.

e) Promoverá la creación de hogares con internación total o parcial para personas con discapacidad, cuya atención sea imposible a través del grupo familiar y reglamentará y controlará su funcionamiento.

f) Supervisará servicios de terapia ocupacional y talleres protegidos terapéuticos y tendrá a su cargo la habilitación y registro.

g) Coordinará las medidas a adoptar respecto a la participación de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva en los distintos aspectos relacionados con la atención de las personas con discapacidad.

Las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, no podrán hacer discriminación en la afiliación ni limitación en la asistencia a las personas amparadas por la presente ley.

Artículo 38.- Toda persona con discapacidad tendrá derecho a obtener las prótesis, las ayudas técnicas, y la medicación especial que necesite, con recursos proporcionados por quien la reglamentación lo disponga, a los efectos de adquirir o de recuperar la capacidad de llevar una vida integrada en la sociedad.

CAPITULO VII

EDUCACION Y PROMOCION CULTURAL

Artículo 39.- El Ministerio de Educación y Cultura en coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública facilitará y suministrará al niño, la niña, el adolescente o el adulto con discapacidad en forma permanente y sin límite de edad, en materia educativa, física, recreativa, cultural y social -de acuerdo a sus necesidades- los elementos o medios científicos, técnicos o pedagógicos necesarios para que desarrolle al máximo sus potencialidades intelectuales, artísticas, deportivas y sociales.

Artículo 40.- La equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad desde la educación inicial en adelante determina que su integración a las aulas comunes se organice sobre la base del reconocimiento de la diversidad como factor educativo, de forma que apunte al objetivo de una educación para todos.

Artículo 41.- Las personas con discapacidad tienen derecho a la educación, reeducación y formación profesional orientada hacia la inclusión laboral.

Artículo 42.- A las personas cuyas limitaciones les impidan iniciar o concluir la fase de escolaridad obligatoria y hayan quedado debidamente comprobadas, se les otorgará una capacitación que les permita obtener una ocupación adecuada a su vocación y posibilidades.

A estos efectos, el Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública, establecerá la orientación y ubicación de los Talleres de Habilitación Ocupacional, atendidos por docentes especializados y equipados con tecnología adecuada.

Artículo 43.- Se facilitará a toda persona con discapacidad que haya aprobado la fase de instrucción obligatoria la posibilidad de continuar sus estudios.

Artículo 44.- El Ministerio de Educación y Cultura en coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública en todos los programas y niveles de capacitación profesional promoverá la inclusión en los temarios de los cursos regulares la información y el estudio de la discapacidad en relación a la materia de que se trate y la importancia de la habilitación y rehabilitación así como la necesidad de la prevención.

Artículo 45.- Se promoverá la sensibilización y la educación de la comunidad sobre el significado y la conducta adecuada ante las diferentes discapacidades, así como la necesidad de prevenir la discapacidad, a través de las distintas instituciones o cualquier agrupamiento humano organizado.

Artículo 46.- Los centros de recreación, educativos, deportivos, sociales o culturales, no podrán discriminar en el ingreso a las personas amparadas por la presente ley.

Artículo 47.- Las personas que sean calificadas como aquellas con discapacidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la presente ley, estarán exoneradas del pago de cualquier derecho de admisión en todos los conciertos, muestras, obras teatrales, exposiciones, actividades deportivas y cualquier otra actividad ejecutada por organismos públicos.

Asimismo se exonerará a un acompañante cuando la asistencia del mismo sea necesaria.

Las condiciones para generar el derecho de admisión antes mencionado, se establecerán en la reglamentación.

CAPITULO VIII

TRABAJO

SECCION I

Responsabilidad en el fomento del trabajo

Artículo 48.- La orientación y la rehabilitación laboral y profesional deberán dispensarse a todas las personas con discapacidad según su vocación, posibilidades y necesidades y se procurará facilitarles el ejercicio de una actividad remunerada.

La reglamentación determinará los requisitos necesarios para acceder a los diferentes niveles de formación.

Artículo 49.- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatales, están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción mínima no inferior al 4% (cuatro por ciento) de sus vacantes. Las personas con discapacidad que ingresen de esta manera gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos a las mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de la aplicación de normas diferenciadas cuando ello sea estrictamente necesario.

La obligación antedicha refiere al menos a la cantidad de cargos y funciones contratadas, sin perjuicio de ser aplicable también al monto del crédito presupuestario correspondiente a las mismas.

En el primer caso el cálculo del 4% (cuatro por ciento) de las vacantes a ocupar por personas con discapacidad se determinará sobre la suma total de las que se produzcan en las distintas unidades ejecutoras, reparticiones y escalafones que integran cada uno de los organismos referidos en el inciso primero del presente artículo. Cuando por aplicación de dicho porcentaje resultare una cifra inferior a la unidad, pero igual o mayor a la mitad de la misma, se redondeará a la cantidad superior.

El Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dentro de sus competencias, deberán remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil la información que resulte de sus registros relativa a la cantidad de vacantes que se produzcan en los organismos y entidades obligados por el inciso primero.

La Oficina Nacional del Servicio Civil solicitará cuatrimestralmente informes a los organismos y entidades obligadas, incluidas las personas de derecho público no estatales -quienes deberán proporcionarlos- sobre la cantidad de vacantes que se hayan generado y provisto en el año. Dichos organismos deberán indicar también el número de personas con discapacidad ingresadas, con precisión de la discapacidad que padecen y el cargo ocupado. La Oficina Nacional del Servicio Civil, en los primeros noventa días de cada año, comunicará a la Asamblea General el resultado de los informes recabados, tanto de los obligados como del Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, expresando el total de vacantes de cada uno de los obligados, la cantidad de personas con discapacidad incorporadas en cada organismo, con precisión de la discapacidad que padecen y el cargo ocupado e indicando, además, aquellos organismos que incumplen el presente artículo (artículo 768 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996).

Las personas que presenten discapacidad -de acuerdo a lo referido en el artículo 2° precedente- que quieran acogerse a los beneficios de la presente ley, deberán inscribirse en el Registro de Discapacitados que funciona en la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (artículo 768 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996).

A dichos efectos el Ministerio de Salud Pública deberá certificar la discapacidad. La evaluación se realizará con un Tribunal integrado por al menos un médico, un psicólogo y un asistente social, los cuales contarán con probada especialización. En dicho dictamen deberá precisarse la discapacidad que padece la persona, con indicación expresa de las tareas que pueda realizar, así como aquellas que no puede llevar a cabo. Dicha certificación expresará si la discapacidad es permanente y el plazo de validez de la certificación. Al vencimiento de la misma deberá hacerse una nueva evaluación. A efectos de realizar la certificación, el Ministerio de Salud Pública podrá requerir de los médicos e instituciones tratantes de las personas discapacitadas

-quienes estarán obligados a proporcionarlos- los informes, exámenes e historias clínicas de las mismas. Los profesionales intervinientes, tanto en la expedición del certificado, como los tratantes de las personas discapacitadas, actuarán bajo su más seria responsabilidad. En caso de constatarse que la información consignada no se ajusta a la realidad, serán responsables civil, penal y administrativamente, según corresponda.

Artículo 50.- En caso de suprimida una vacante en el Estado, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales, el 4% (cuatro por ciento) del crédito se transferirá a un único objeto del gasto, con destino exclusivo a rehabilitar cargos o funciones contratadas a ser provistos con personas con discapacidad.

El jerarca del inciso o del organismo o entidad obligada propiciará ante el Poder Ejecutivo -previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación- la rehabilitación de los cargos o funciones contratadas a que refiere el inciso anterior, y la trasposición de los respectivos créditos existentes en el objeto del gasto a nivel de programa y unidad ejecutora.

La Contaduría General de la Nación en coordinación con la Oficina Nacional del Servicio Civil velará por el cumplimiento de esta obligación, no pudiendo demorarse más de ciento ochenta días el proceso de rehabilitación de esta clase de cargos o funciones contratadas. El plazo se contará a partir de la supresión de la vacante.

Lo dispuesto en los incisos anteriores será de aplicación, en lo pertinente, a las personas públicas no estatales.

Artículo 51.- A efectos de dar cumplimiento a la obligación contenida en los dos artículos precedentes se establece que:

A) Se consideran vacantes a todas aquellas situaciones originadas en cualquier circunstancia que determinen el cese definitivo del vínculo funcional. Esta disposición no incluye los provenientes de lo dispuesto en los artículos 32, 723, 724 y 727 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, ni las originadas en los escalafones "K" Militar, "L" Policial, "G", "H" y "J" Docentes y "M" Servicio Exterior.

B) El incumplimiento en la provisión de vacantes, de acuerdo a lo preceptuado en el inciso primero del artículo 49 de la presente ley, aparejará la responsabilidad de los jerarcas de los organismos respectivos, pudiéndose llegar a la destitución y cesantía de los mismos por la causal de omisión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, leyes y reglamentos respectivos. Esta disposición será aplicable a quienes representen al Estado en los organismos directivos de las personas de derecho público no estatales.

C) El Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil será responsable por el incumplimiento de los contralores cometidos a dicha Oficina, pudiéndose llegar a la destitución y cesantía del mismo por la causal de omisión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, leyes y reglamentos respectivos.

D) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá elaborar un proyecto de reglamentación de la presente ley en el plazo de sesenta días a partir de su promulgación, que elevará al Poder Ejecutivo, éste dispondrá a su vez de un plazo de treinta días para su aprobación.

En la reglamentación se preverá la forma en que los organismos deberán cubrir las vacantes, los requisitos de idoneidad para desempeñar los cargos y el régimen sancionatorio para los infractores de la misma, estableciéndose que la omisión en el cumplimiento de la ley, será pasible de destitución o cesantía.

E) El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatales deberán dictar sus reglamentos a efectos de la aplicación de la presente ley, en un plazo máximo de sesenta días, contado a partir del día siguiente al de aprobación del dictado por el Poder Ejecutivo, debiendo remitirlos, una vez aprobados, a la Oficina Nacional del Servicio Civil para su conocimiento.

F) Al momento de cubrir las vacantes los organismos referidos en el literal anterior deberán especificar claramente la descripción y los perfiles necesarios de los cargos a ser cubiertos, debiendo, en todo caso, remitir dicha información a la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado. Esta estudiará la información y en un plazo máximo de sesenta días podrá asesorar y aconsejar al organismo las medidas convenientes en todos aquellos aspectos que se le planteen respecto a la información que se le envíe y proponer las adaptaciones que estime necesarias para llevar adelante las pruebas en caso de selección por concurso.

El organismo deberá atender en cada llamado las recomendaciones realizadas por dicha Comisión.

G) El organismo obligado, en coordinación con la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, deberá dar al llamado la más amplia difusión posible.

H) Deberá crearse un dispositivo en cada organismo público que vele por la adecuada colocación de la persona con discapacidad en el puesto de trabajo, contemplando a tales efectos las adaptaciones necesarias para el adecuado desempeño de las funciones, así como la eliminación de barreras físicas y del entorno social, que puedan ser causantes de actitudes discriminatorias.

I) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá impartir los instructivos y directivas para el efectivo cumplimiento del presente artículo.

Artículo 52.- Los sujetos enumerados en el artículo 49 de la presente ley, deberán priorizar, en igualdad de condiciones la adquisición de insumos y provisiones de empresas que contraten a personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada, de acuerdo a lo que se establezca por la reglamentación.

Artículo 53.- Siempre que se conceda y otorgue el uso de bienes del dominio público o privado del Estado o de los Gobiernos Departamentales, para la explotación de pequeños emprendimientos comerciales o de servicios, se dará prioridad a las personas con discapacidad que estén en condiciones de desempeñarse en tales actividades en la forma y con los requisitos que determine el Poder Eejcutivo.

Será nula toda concesión o permiso otorgado si se verifica que no ha sido observada la prioridad establecida en el inciso primero del presente artículo.

Artículo 54.- En caso de disponerse la privatización total o parcial de Entes del Estado o la tercerización de servicios prestados por los mismos, en los respectivos pliegos de condiciones se establecerán normas que permitan asegurar las preferencias y beneficios previstos por la presente ley.

Artículo 55.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, podrá establecer incentivos y beneficios para las entidades paraestatales y del sector privado que contraten personas con discapacidad en calidad de trabajadores, y para las que contraten producción derivada de Talleres de Producción Protegida.

Artículo 56.- El Ministerio de Industria, Energía y Minería, a través de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME), en coordinación con la Comisión Nacional del Discapacitado (CNHD), del Ministerio de Salud Pública, deberá realizar dentro del plazo de ciento ochenta días de la entrada en vigencia de la presente ley, un inventario de:

1) lugares disponibles a los efectos de lo dispuesto en el artículo 53;

2) adjudicatarios de los mismos;

3) aspirantes a utilizarlos.

Dicha información deberá ser actualizada mensualmente.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería, a través de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME), en coordinación con la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (CNHD) del Ministerio de Salud Pública, tendrá a su cargo el dictado de cursos destinados a proporcionar a quienes desarrollen pequeños emprendimientos, los conocimientos necesarios.

Artículo 57.- Corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre otros, los siguientes cometidos:

a) Contralor de los trabajadores y de los ambientes de trabajo y estudio de medidas a tomar en situaciones específicas, horarios de trabajo, licencias, instrucción especial de los funcionarios, equipos e instalaciones adecuadas para prevenir accidentes y otros.

b) Reglamentar e inspeccionar el funcionamiento de los Talleres de Producción Protegida.

Artículo 58.- Las personas cuya discapacidad haya sido certificada por las autoridades competentes tendrán derecho a los beneficios del empleo selectivo que la reglamentación regulará, pudiendo a tal fin entre otras medidas:

A) Establecer la reserva, con preferencia absoluta de ciertos puestos de trabajo.

B) Señalar las condiciones de readmisión por las empresas de sus propios trabajadores una vez terminada su readaptación o rehabilitación profesional.

Artículo 59.- En la reglamentación se establecerán los medios necesarios para completar la protección a disponer a las personas con discapacidad en proceso de rehabilitación. Esta protección comprenderá:

A) Medios y atención para facilitar o salvaguardar la realización de su tarea, así como el acondicionamiento de los puestos de trabajo que ellos ocupen.

B) Medidas de fomento o contribución directa para la organización de Talleres de Producción Protegida.

C) Créditos para el establecimiento como trabajador independiente.

Artículo 60.- Toda trabajadora o trabajador que tenga o adopte un hijo o hija afectada por el Síndrome de Down, parálisis cerebral u otras discapacidades físicas o intelectuales severas y mientras lo tenga a su cuidado, tendrá derecho a solicitar licencia extraordinaria sin goce de sueldo por un período de seis meses, adicional al correspondiente a la licencia por maternidad o paternidad.

La comunicación al empleador de dicha circunstancia deberá ser efectuada dentro del plazo de diez (10) días de verificado el nacimiento o la adopción, y ser acompañada de un certificado médico que acredite la configuración de la causal.

Artículo 61.- En caso de que la madre o el padre no puedan tener al niño o la niña bajo su cuidado, la licencia establecida en el artículo anterior podrá ser solicitada por la persona que lo tenga a su cargo.

Artículo 62.- Institúyese en la actividad pública y privada el empleo a tiempo parcial, de acuerdo con la capacidad de cada individuo, para aquellas personas con discapacidad que no puedan ocupar un empleo a tiempo completo.

Artículo 63.- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del pago de los aportes patronales de carácter jubilatorio correspondientes a las personas con discapacidad que sean contratadas por empresas industriales, agropecuarias, comerciales o de servicios, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 55 de la presente ley.

Se tendrán en cuenta, no sólo las personas con discapacidad que presten servicios directamente en las instalaciones de la empresa del empleador sino también aquellas que realicen trabajo a domicilio, siempre que éstas sean dependientes de la empresa objeto de la exoneración.

Artículo 64.- Los empleadores que participen del régimen establecido en el artículo precedente, deberán inscribirse previamente en el Registro Nacional de Empleadores de Personas con Discapacidad, el que estará a cargo de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La reglamentación establecerá la forma y condiciones de dicho Registro.

Artículo 65.- Los programas sociales o laborales financiados con fondos del Estado, deberán otorgar acceso a personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al previsto por el artículo 49 de la presente ley.

SECCION II

Talleres de Producción Protegida

Artículo 66.- Se consideran Talleres de Producción Protegida, aquellas instituciones u organizaciones sin fines de lucro que cuenten con personería jurídica, y que produzcan bienes o presten servicios, con el objetivo de capacitar y ocupar laboralmente a personas con discapacidad en condiciones especiales, que no estén, actualmente, en situación de integrarse al mercado laboral.

Artículo 67.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de Programas Especiales -sean éstos centralizados o descentralizados- prestará la asistencia técnica necesaria para que los Talleres de Habilitación Ocupacional puedan adaptar su funcionamiento a la modalidad de Talleres de Producción Protegida. Asimismo prestará asistencia técnica a estos últimos a los efectos de optimizar su funcionamiento.

Igualmente y sin perjuicio de los cometidos establecidos en el artículo 57, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le corresponde promover, dentro del ámbito de sus competencias y a través del estudio de necesidades sectoriales, la creación y puesta en marcha de Talleres de Producción Protegida, prestando asistencia técnica a los efectos de optimizar su funcionamiento.

Se encargará también, de controlar, de forma periódica y rigurosa, que en ellos las personas con discapacidad sean empleadas en condiciones de trabajo adecuadas.

El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para que los Ministerios con competencia en la materia presten a los Talleres de Producción Protegida la máxima colaboración y facilidades para el cumplimiento de sus cometidos. El Poder Ejecutivo establecerá la naturaleza y alcance de dichas medidas dentro del plazo de ciento veinte días de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 68.- La actividad de los Talleres de Producción Protegida se dirige a personas de ambos sexos, que encontrándose en edad laboral, padezcan de alguna alteración funcional -permanente o prolongada, física o mental- que implicare trastornos considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral siempre que la discapacidad haya sido debidamente certificada.

Artículo 69.- La estructura, organización y gestión de los Talleres de Producción Protegida, serán establecidas por la correspondiente reglamentación, sin perjuicio de asumir condiciones similares a las adoptadas por las empresas ordinarias, con las características que hacen a los particulares objetivos a que deben su existencia.

Entre ellos se destacan: asegurar un empleo remunerado, la prestación de servicios de adaptación laboral y social que requieran sus trabajadores y trabajadoras y la integración del mayor número de trabajadores/as con discapacidad al régimen de trabajo convencional.

Artículo 70.- Los talleres protegidos terapéuticos y los talleres de habilitación ocupacional, a que refieren respectivamente el literal f) del artículo 31 y el artículo 36 de la presente ley, no serán considerados Talleres de Producción Protegida.

Los Talleres de Habilitación Ocupacional también se inscribirán en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 71.- Para acceder a los incentivos y beneficios que dispone la presente ley, los Talleres de Producción Protegida deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de Instituciones que atienden personas con discapacidad creado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Para que pueda realizarse la inscripción deberá justificar la viabilidad económica a mediano y largo plazo teniendo en cuenta el cumplimiento de sus fines, mediante un estudio económico-financiero, elaborado por contador público.

Artículo 72.- La plantilla de trabajadores de los Talleres de Producción Protegida, deberá contar con un mínimo de setenta y cinco por ciento (75%) de personas con discapacidad, acreditada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 literal a) y 49 de la presente ley.

Las personas con discapacidad que desempeñen tareas en el marco de un proceso de formación o participen de actividades con la finalidad exclusiva de integrarse socialmente, no percibirán remuneración salarial alguna y no serán considerados a los efectos del porcentaje establecido en el inciso anterior.

Artículo 73.- Las personas con discapacidad que desempeñen actividad como trabajadores dependientes o como aprendices, en los Talleres de Producción Protegida, en las entidades paraestatales y del sector privado, tendrán derecho a una remuneración que no podrá ser inferior al mínimo salarial de la categoría correspondiente al sector de actividad en el que se desempeñan.

En todos los casos deberán estar cubiertos por el seguro de accidentes de trabajo establecido por la Ley N° 16.074, de 10 de octubre de 1989.

Artículo 74.- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la producción derivada de los Talleres de Producción Protegida, en función de lo establecido en el artículo 69 de la Constitución de la República.

El Poder Ejecutivo podrá otorgarles los beneficios previstos para las cooperativas sociales (artículo 7° de la Ley N° 17.978, de 26 de junio de 2006).

Artículo 75.- Extiéndese a los Talleres de Producción Protegida, lo establecido en el artículo 63 de la presente ley.

CAPITULO IX

ARQUITECTURA Y URBANISMO

Sección I

Disposiciones generales

Artículo 76.- Las instituciones que gobiernen los espacios y edificios de carácter público, así como otros organismos que puedan prestar asesoramiento técnico en la materia, se ocuparán coordinadamente de formular un cuerpo de reglamentaciones que permita ir incorporando elementos y disposiciones que sean útiles para el desenvolvimiento autónomo de la persona con discapacidad.

Artículo 77.- La construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad pública o privada, destinados a un uso que implique concurrencia de público, así como la planificación y urbanización de las vías públicas, parques y jardines de iguales características, se efectuará de forma tal que todas las personas puedan acceder, ingresar, usar y egresar, especialmente en situaciones de emergencia, en condiciones de seguridad, equidad, confort y con la mayor autonomía posible.

Artículo 78.- Las Intendencias Municipales deberán incluir normas sobre el tema y en sus respectivos Planes Reguladores o de Desarrollo Urbano, las disposiciones necesarias, con el objeto de adaptar las vías públicas, parques, jardines y edificios a las normas aprobadas con carácter general.

Artículo 79.- Los organismos públicos vinculados a la construcción o cuyas oficinas técnicas elaboran proyectos arquitectónicos, deberán igualmente cumplir con las normas que se establezcan en este Capítulo.

Artículo 80.- En todos aquellos pliegos de licitación para la construcción de edificios públicos por parte de organismos del Estado, Gobiernos Departamentales y personas públicas no estatales, deberá establecerse una cláusula que establezca la obligatoriedad de crear los mecanismos de accesibilidad previstos en la presente ley, así como en la normativa internacional ratificada por el país en la materia.

El incumplimiento de esta norma traerá aparejado la nulidad de los mismos.

Artículo 81.- Las instalaciones, edificios, calles, parques y jardines existentes, cuya vida útil sea aún considerable, serán adaptados gradualmente, de acuerdo con el orden de prioridades que reglamentariamente se determine.

Artículo 82.- Los Entes Públicos habilitarán en sus presupuestos las asignaciones necesarias para la financiación de esas adaptaciones en los inmuebles que de ellos dependen.

Artículo 83.- En todos los proyectos de viviendas, se programarán alojamientos cuyo diseño arquitectónico sea adecuado para facilitar el acceso y el total desenvolvimiento de las personas con discapacidad y su integración al núcleo en que habiten.

Artículo 84.- El Estado otorgará a través de la institución que corresponda, préstamos para refaccionar y acondicionar de acuerdo a las normas de accesibilidad (UNIT) la vivienda en la cual vive o va a vivir la persona con discapacidad.

Sección II

Accesibilidad de personas con movilidad reducida o limitación sensorial

Artículo 85.- En cumplimiento de los artículos 76 y 77 de la presente ley, establécese como prioridad la supresión de barreras físicas con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida o limitación sensorial mediante las normas contenidas en este Capítulo en:

a) Los ámbitos urbanos arquitectónicos y de transporte que se creen, en los existentes o en los que sean remodelados o sustituidos en forma total o parcial sus elementos constitutivos.

b) Los edificios de uso público e inmuebles con concurrencia pública.

c) Las áreas sin acceso al público en general o las correspondientes a edificios industriales y comerciales.

d) Las viviendas individuales.

e) Las viviendas colectivas.

Subsección I

Definiciones

Artículo 86.- A los fines de la presente ley entiéndese por:

a) Accesibilidad para las personas con movilidad reducida o limitación sensorial: la posibilidad de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de la actividad de la vida diaria sin restricciones derivadas del ámbito urbano, arquitectónico o del transporte, para su integración y equiparación de oportunidades.

b) Barreras físicas urbanas: las existentes en las vías, espacios públicos e inmuebles con concurrencia pública.

c) Barreras arquitectónicas: aquellos obstáculos físicos que impiden que personas con movilidad reducida o limitación sensorial puedan llegar, acceder o moverse por edificios de uso público, inmuebles con concurrencia pública o destinados a viviendas.

d) Adaptabilidad: implica la posibilidad de modificar en el tiempo el medio físico con el fin de hacerlo completa y fácilmente accesible a las personas con movilidad reducida o limitación sensorial.

e) Practicabilidad: implica la adaptación efectiva a requisitos mínimos de los espacios físicos de uso habitual por personas con movilidad reducida o limitación sensorial.

f) Visitabilidad: refiere estrictamente al ingreso y uso de los espacios comunes y servicios higiénicos por parte de personas con movilidad reducida o limitación sensorial.

Subsección II

Normas para el cumplimiento de la Sección I

Artículo 87.- A los efectos de la aplicación del artículo 85 de la presente ley se establecen las siguientes normas para la aplicación de los ámbitos descriptos en el literal a):

1) Itinerarios peatonales: contemplarán una anchura mínima en todo su recorrido que permita el paso de dos personas, una de ellas en silla de ruedas. Los pisos serán antideslizantes sin resaltos ni aberturas que permitan el tropiezo de personas con bastones o sillas de ruedas.

Los desniveles de todo tipo tendrán un diseño, grado e inclinación que permita la transitabilidad, utilización y seguridad de las personas con movilidad reducida o limitación sensorial.

2) Escaleras y rampas: las escaleras deberán ser de escalones cuya dimensión vertical y horizontal facilite su utilización por personas con movilidad reducida o limitación sensorial, estarán dotadas de pasamanos. Las rampas tendrán las características señaladas para los desniveles en el numeral 1).

3) Parques, jardines, plazas y espacios libres: deberán observar en sus itinerarios, peatonales las normas establecidas para los mismos en el numeral 1). Los baños públicos deberán ser accesibles y utilizables por personas con movilidad reducida o limitación sensorial.

4) Estacionamientos: tendrán zonas reservadas y señalizadas, cercanas a los accesos peatonales, para vehículos que transporten personas con movilidad reducida o limitación sensorial.

5) Señales verticales y elementos urbanos varios: las señales de tránsito, semáforos, postes de iluminación o cualquier otro elemento vertical de señalización o de mobiliario urbano, se dispondrán de forma que no constituyan obstáculo para los no videntes y para las personas que se desplacen en sillas de ruedas.

6) Obras en la vía pública: estarán señalizadas y protegidas por vallas estables y continuas y luces rojas permanentes, disponiendo los elementos de manera que los no videntes puedan detectar a tiempo la existencia del obstáculo. En las obras que reduzcan la sección transversal de la acera se deberá construir un itinerario peatonal alternativo con las características señaladas en el numeral 1).

Respecto de los edificios descriptos en el literal b) del artículo 85 de la presente ley:

1) Deberán observar la accesibilidad y la posibilidad de su uso en todas sus partes por personas con movilidad reducida o limitación sensorial.

2) Deberán contar con estacionamientos reservados señalizados para vehículos que transporten a dichas personas cercanos a los accesos peatonales.

3) Deberán contar con espacios de circulación horizontal y de comunicación vertical que permitan el desplazamiento y la maniobra de dichas personas mediante elementos constructivos o mecánicos.

4) Deberán contar con zonas reservadas señalizadas y adaptadas a los efectos de ser utilizadas por personas que se desplazan en sillas de ruedas.

5) Deberán contar con servicios higiénicos adaptados a las necesidades de dichas personas.

A los efectos de las áreas descriptas en el literal c) del artículo 85 de la presente ley, se deberán concretar los grados de adaptabilidad a las personas con movilidad reducida o limitación sensorial.

A los efectos de las viviendas descriptas en el literal d) del artículo 85 de la presente ley, se observarán las disposiciones de esta ley y su reglamentación en materia de diseño, ejecución y remodelación.

A los efectos de las viviendas descriptas en el literal e) del artículo 85 de la presente ley, deberán desarrollarse condiciones de adaptabilidad y practicabilidad en los grados y plazos que establezca la reglamentación para los conjuntos ya existentes, respetándose para las nuevas las disposiciones de esta ley.

Artículo 88.- Las prioridades, requisitos y plazos de las adecuaciones establecidas en los artículos 85 y 87 de la presente ley, relativas a barreras urbanas y en edificios de uso público serán determinadas por la reglamentación, pero su ejecución total no podrá exceder un plazo de cinco (5) años desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente fijará el orden de prioridad para el desarrollo de las obras pertinentes.

En toda obra nueva o de remodelación de edificios de vivienda, la aprobación de los planes requerirá imprescindiblemente la inclusión en los mismos de las normas establecidas en el artículo 87 numeral 2) de la presente ley, su reglamentación y las respectivas disposiciones municipales en la materia.

Artículo 89.- Las personas con discapacidad que utilicen para su desplazamiento animales especialmente adiestrados, podrán ingresar acompañadas por éstos a todos los lugares abiertos al público, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 90.- A los efectos de la presente ley, se adopta como indicador universal el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), aprobado en el XI Congreso Mundial de la Comisión Internacional sobre la Tecnología y Accesibilidad (ICTA), en setiembre de 1969.

CAPITULO X

TRANSPORTE

Artículo 91.- A los efectos de la presente ley constituyen barreras en los transportes aquéllas existentes en el acceso y utilización de los medios de transporte público terrestre, aéreo y acuático de corta, media y larga distancia y aquéllas que dificulten el uso de medios propios de transporte por las personas con movilidad reducida o limitación sensorial a cuya supresión se tenderá por la observancia de los siguientes criterios:

A) Vehículos de transporte público: tendrán dos asientos reservados señalizados y cercanos a la puerta por cada coche para personas con movilidad reducida o limitación sensorial. Los coches contarán con piso antideslizante y espacio para ubicación de bastones, muletas, sillas de ruedas y otros elementos de utilización por tales personas. En los transportes aéreos deberá privilegiarse la asignación de ubicaciones próximas a los accesos para pasajeros con movilidad reducida o limitación sensorial.

B) Estaciones de transportes: contemplarán un itinerario peatonal con las características señaladas en el artículo 87 numeral 1) de la presente ley en toda su extensión; bordes de andenes de textura reconocible y antideslizantes; piso alternativo o molinetes; sistema de anuncios por parlantes y servicios sanitarios adaptados. En los aeropuertos se preverán sistemas mecánicos de ascenso y descenso de pasaje con movilidad reducida o limitación sensorial en el caso que no hubiera métodos alternativos.

C) Transportes propios: las personas con movilidad reducida o limitación sensorial tendrán derecho a libre tránsito y estacionamiento de acuerdo a lo que establezcan las respectivas disposiciones municipales. Estos vehículos serán reconocidos por el distintivo de la identificación -símbolo internacional de acceso- mencionado en el artículo 90 de la presente ley.

Artículo 92.- Todas las empresas de transporte colectivo nacional terrestre de pasajeros están obligadas a transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en las condiciones que regulará la reglamentación.

Artículo 93.- Se otorgarán franquicias de estacionamiento a los vehículos de las personas con discapacidad, debidamente identificados.

Artículo 94.- Las empresas de transporte colectivo terrestre deberán dar publicidad suficiente, en forma legible y entendible, a las frecuencias de las unidades accesibles para personas con movilidad reducida o limitación sensorial, y un servicio de consulta telefónica respecto de esta información.

La información acerca de este servicio deberá exhibirse en las unidades, terminales y principales paradas de los recorridos de las empresas de transporte colectivo terrestre.

Todas las oficinas de información turística, dependientes del Ministerio de Turismo o de las Intendencias Municipales, deberán poseer la información sobre las frecuencias y un número telefónico de referencia.

Artículo 95.- Las adecuaciones establecidas en el transporte público, por el literal a) del artículo 91 deberán ejecutarse en un plazo máximo de dos (2) años y las esta-blecidas en el literal d), en un plazo máximo de cinco (5) años.

En ambos casos, los plazos se computarán a partir de la reglamentación de la presente ley.

Artículo 96.- Incorpórase al artículo 365 del Código Penal, el siguiente numeral:

"17.- El que ocupare los lugares reservados para las personas con discapacidad en los estaciona-mientos de vehículos sin tener la condición de tal".

CAPITULO XI

NORMAS TRIBUTARIAS

Artículo 97.- Facúltase al Poder Ejecutivo, en las condiciones que éste reglamente, a otorgar a las personas con discapacidad que no cuenten con los ingresos suficientes o a las instituciones encargadas de su atención, la exoneración del pago de la totalidad de los derechos arancelarios y demás gravámenes a las importaciones de las siguientes ayudas técnicas, siempre que no se produzcan en el país:

1) Prótesis auditivas, visuales y físicas.

2) Ortesis.

3) Equipos, medicamentos y elementos necesarios para la terapia y rehabilitación de personas con discapacidad.

4) Equipos, maquinarias y útiles de trabajo especialmente diseñados o adaptados para ser usados por personas con discapacidad.

5) Elementos de movilidad, cuidado e higiene personal necesarios para facilitar la autonomía y la seguridad de las personas con discapacidad.

6) Elementos especiales para facilitar la comunicación, la información y la señalización para personas con discapacidad.

7) Equipos y material pedagógico especiales para educación, capacitación y recreación de las personas con discapacidad.

Se consideran ayudas técnicas todos aquellos elementos necesarios para el tratamiento de la deficiencia o discapacidad, con el objeto de lograr su recuperación o rehabilitación, o para impedir su progresión o derivación en otra discapacidad. Asimismo, se consideran ayudas técnicas las que permiten compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o cognitivas de la persona con discapacidad, con el propósito de permitirle salvar las barreras de comunicación y movilidad y de posibilitar su plena integración en condiciones de normalidad.

Artículo 98.- La discapacidad que padezcan las personas que soliciten los beneficios previstos en el artículo anterior, deberá ser acreditada de acuerdo a lo establecido en los artículos 28 y 37 literal a) de la presente ley, sin cuyo cumplimiento no se autorizará su importación.

Artículo 99.- A los efectos de acceder a los beneficios establecidos en este Capítulo, las personas con discapa-cidad destinatarias de las ayudas técnicas deberán estar inscriptas en el Registro Nacional de la Discapacidad.

Artículo 100.- Quedan comprendidos en la Ley N° 13.102, de 18 de octubre de 1962, las personas con discapacidad intelectual.

CAPITULO XII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGACIONES Y ADECUACIONES

Artículo 101.- Los derechos consagrados en la presente ley, no podrán dejar de ser aplicados por ausencia de reglamentación.

Artículo 102.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de ciento ochenta días a partir de la fecha de su promulgación.

Artículo 103.- Deróganse las Leyes Nos. 16.095, de 26 de octubre de 1989; 16.169, de 24 de diciembre de 1990; 16.592, de 13 de octubre de 1994; 17.216, de 24 de setiembre de 1999; 18.094, de 9 de enero de 2007; Decreto N° 431/999, de 22 de diciembre de 1999 y los artículos 1° literal d) de la Ley N° 16.127, de 7 de agosto de 1990; 9° y 546 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001 y 2° de la Ley N° 17.378, de 25 de julio de 2001.

Artículo 104.- Efectúanse las siguientes adecuaciones en la normativa vigente:

a) La remisión efectuada por los artículos 12 de la Ley N° 16.226, de 29 de octubre de 1991 y 768 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, al artículo 42 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, debe entenderse realizada al artículo 49 de la presente ley.

b) La remisión efectuada por el artículo 3° del Decreto N° 442/991, de 22 de agosto de 1991 a la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, debe entenderse realizada a la presente ley.

c) La remisión efectuada por el artículo 2° del Decreto N° 564/005, de 26 de diciembre de 2005 al artículo 9° de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001, debe entenderse realizada al artículo 50 de la presente ley.

Sala de la Comisión, a 11 de junio de 2007.

Ruperto Long, Miembro Informante; Juan Justo Amaro, Enrique Antía, Susana Dalmás, Luis A. Heber, Eduardo Lorier, Margarita Percovich, Jorge Saravia, Mónica Xavier. Senadores.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Población,

Desarrollo e Inclusión

ACTA N° 50

En Montevideo, el día veintiocho de mayo de dos mil siete, a la hora catorce y cinco minutos, se reúne la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores.

Asisten los señores Senadores Miembros de la Comisión Juan Justo Amaro, Susana Dalmás, Luis Alberto Heber, Ruperto Long, Eduardo Lorier, Margarita Percovich, Jorge Saravia y Mónica Xavier.

Falta con aviso el señor Senador Enrique Antía.

Preside el señor Senador Ruperto Long, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría, la señora Lydia El Helou, asistida por la señora Jefa de Departamento, Teresa Paredes.

ASUNTO ENTRADO: Carpeta N° 814/2007. MIGRACION. Se determinan normas. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido N° 1641/2007.

ORDEN DEL DIA:

1) CARPETA N° 289/2005. PROTECCION INTEGRAL A PERSONAS DISCAPACITADAS. Se establecen normas. Proyecto de ley sustitutivo presentado por el señor Senador Ruperto Long. Distribuido N° 1100/2006.

- Propuesta con modificaciones a la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, elaborada por la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado. Distribuido N° 1227/2006.

2) CARPETA N° 169/2005. REGISTRO ESPECIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES FISICAS. Creación y determinación de normas para su inscripción en Oficinas Electorales. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor Senador Gustavo Penadés. Distribuido N° 1142/2006; y,

CARPETA N° 150/2005. REGISTRO DE CIUDADANOS DISCAPACITADOS MOTRICES. Se crea un padrón especial para su inscripción cívica. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por varios señores Senadores. Distribuido N° 1165/2006.

El señor Presidente pone a consideración el proyecto de ley a estudio en una propuesta de ordenamiento que realizara en forma conjunta con la Senadora Percovich, en la que se señala el origen del texto.

En consideración el Capítulo I - Normas Generales.

Artículo 1°.- (Ley N° 16.095). Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 2°.- (Ley N° 16.095). Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 3°.- (Ley N° 16.095). Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 4°.- (Ley N° 16.095). Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 6°.- (Leyes Nos. 16.095 y 17.378). Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 7°.- (Ley N° 16.095). Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 8°.- (Ley N° 16.095). Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 9°.- (Ley N° 16.095). Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

En consideración el Capítulo II - Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado. Sus cometidos.

Artículo 10.- (CNHD Art. 2°). Se reconsidera: 7 en 7. Se vota con modificaciones. 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 11.- (Ley N° 16.095). Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 12.- (Ley N° 16.095 y CNHD Art. 4°). Se reconsidera: 7 en 7. Se vota con modificaciones. 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 13.- (CNHD Art. 3°). Se reconsidera: 7 en 7. Se vota con modificaciones. 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 14.- (Ley N° 16.095). Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

En consideración el Capítulo III - Políticas Especiales.

Artículo 15.- (Ley N° 16.095). Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 16.- (Ley N° 16.095 y CNHD, Arts. 5°, 6° y 7°). Se reconsidera: 7 en 7. Se vota con modificaciones. 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 17.- (Ley N° 16.095). Se vota con modificaciones. 8 en 8. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 18.- (Ley N° 16.095). Se vota: 8 en 8. AFIRMATIVA. Unanimidad.

En consideración el Capítulo IV - Constitución del bien de familia y derecho de habitación.

Artículo 19.- (Ley N° 16.095). Se vota: 8 en 8. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 20.- (Ley N° 16.095). Se vota: 8 en 8. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 21.- (Ley N° 16.095). Se vota con modificaciones. 8 en 8. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 22.- (Ley N° 16.095).- Se vota con modificaciones. 8 en 8. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 23.- (Ley N° 16.095). Se vota con modificaciones. 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 23/1.- (Ley N° 16.592 interpretativa). Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

En consideración el Capítulo V - Políticas Sociales.

Artículo 24.- (Ley N° 16.095). Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 25.- (Ley N° 16.095). Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 26. (Ley N° 16.095). Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 27.- (Ley N° 16.095). Se aplaza. La Presidencia efectuará consultas con el Banco de Previsión Social y la Comisión Honoraria del Discapacitado.

Artículo 28.- (Ley N° 16.095). Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

En consideración el Capítulo VI - Asistencia personal para personas con discapacidades severas.

Artículo 28/1.- (Sen. Long Art. 7°). Se reconsidera: 7 en 7. Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 28/2.- (Sen. Long Art. 8°). Se reconsidera: 7 en 7. Se vota con modificaciones. 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 28/5.- (Sen. Long Art. 11). Se reconsidera: 7 en 7. Se vota con modificaciones. 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

En consideración el Capítulo VII - Premio Nacional a la Integración.

Artículo 28/7.- (Sen. Long Art. 3°). Se reconsidera: 7 en 7. Se vota con modificaciones. 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 28/9.- (Sen. Long Art. 5°). Se reconsidera: 7 en 7. Se vota con modificaciones. 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

En consideración el Capítulo VIII - Salud.

Artículo 29.- (Ley N° 16.095). Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 32.- (Ley N° 16.095). Se vota con modificaciones. 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

En consideración el Capítulo IX - Educación y Promoción Cultural.

Artículo 33.- (CNHD Art. 10). Se vota con modificaciones. 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 34.- (CNHD Art. 11). Se vota con modificaciones. 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 35.- (Ley N° 16.095). Se vota: 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 36.- (CNHD Art. 12). Se vota con modificaciones. 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Los artículos aprobados, quedan redactados de la siguiente manera:

CAPITULO I - Normas Generales.

"Artículo 1°. (Objeto de la ley).- Establécese un sistema de protección integral a las personas con discapacidad, tendiente a asegurarles su atención médica, su educación, su rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional y su cobertura de seguridad social, así como otorgarles los beneficios, las prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca y les dé oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas.

Artículo 2°. (Concepto de discapacidad).- Se considera con discapacidad, a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.

Artículo 3°. (Concepto de prevención).- Prevención es la aplicación de medidas destinadas a impedir la ocurrencia de discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o, si éstas han ocurrido, evitar que tengan consecuencias físicas, psicológicas o sociales negativas.

Artículo 4°. (Concepto de rehabilitación).- Rehabilitación integral es el proceso total, caracterizado por la aplicación coordinada de un conjunto de medidas médicas, sociales, educativas y laborales, para adaptar o readaptar al individuo, y que tiene por objeto lograr el más alto nivel posible de capacitación y de integración social de las personas con discapacidad, así como también las acciones que tiendan a eliminar las desventajas del medio en que se desenvuelven para el desarrollo de dicha capacidad.

Se entiende por rehabilitación profesional la parte del proceso de rehabilitación integral en que se suministran los medios, especialmente orientación profesional, formación profesional y colocación selectiva, para que las personas con discapacidad puedan obtener y conservar un empleo adecuado.

Artículo 6°. (Amparo del Estado).- El Estado prestará a las personas con discapacidad el amparo de sus derechos en la medida necesaria y suficiente, que permita su más amplia promoción y desarrollo individual y social.

Dicho amparo se hará extensivo además y en lo pertinente:

1°) A las personas de quienes ellos dependan o a cuyo cuidado estén.

2°) A las entidades de acción social con personería jurídica, cuyos cometidos específicos promuevan la prevención, desarrollo e integración de las personas con discapacidad.

3°) A las instituciones privadas con personería jurídica, que les proporcionen los mismos servicios que prestan a sus afiliados en general.

4°) A las actividades de investigación, enseñanza y difusión de la Lengua de Señas Uruguaya.

Artículo 7°.- El Estado velará permanentemente por prevenir la discapacidad cualquiera sea el tipo de ella y fomentará los programas encaminados a erradicar las deficiencias e incapacidades susceptibles de evitarse.

Artículo 8°.- Declárase de Interés nacional la rehabilitación integral de las personas con discapacidad.

Artículo 9°.- La amplitud de las medidas que se adopten en relación con las personas con discapacidad será ajustada en todos los casos, a la naturaleza y al grado de la discapacidad.

CAPITULO II - Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado. Sus cometidos.

Artículo 10.- Créase la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, organismo que funcionará en la jurisdicción del Ministerio de Salud Pública y que se integrará de la siguiente forma:

- Por el Ministerio de Salud Pública, que será su Presidente, o un delegado de él, que tendrá igual función.

- Un delegado del Ministerio de Educación y Cultura.

- Un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

- Un delegado de la Facultad de Medicina.

- Un delegado del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.

- Un delegado del Congreso de Intendentes.

- Un delegado de la Facultad de Odontología.

- Un delegado del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

- Un delegado del Banco de Previsión Social.

- Un delegado del Banco de Seguros del Estado.

- Un delegado de cada una de las organizaciones más representativas de personas con discapacidad.

Tendrá personería jurídica y domicilio legal en Montevideo y será renovada cada cinco años, correspondiendo la iniciación y término de dicho lapso con los del período constitucional de gobierno. Sin perjuicio de ello sus integrantes durarán en sus funciones hasta que tomen posesión los sustitutos.

Artículo 11.- Corresponde a la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado la elaboración, estudio, evaluación y aplicación de los planes de política nacional de promoción, desarrollo, rehabilitación e integración social de la persona con discapacidad, a cuyo efecto deberá procurar la coordinación de la acción del Estado en sus diversos servicios, creados o a crearse, a los fines establecidos en la presente ley.

Artículo 12.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado deberá específicamente:

A) Estudiar, proyectar y aconsejar al Poder Ejecutivo y Gobiernos Departamentales todas las medidas necesarias para hacer efectiva la aplicación de la presente ley.

B) Apoyar y coordinar la actividad de las entidades privadas sin fines de lucro que orienten sus acciones a favor de las personas con discapacidad.

C) Estimular a través de los medios de comunicación el uso efectivo de los recursos y servicios existentes, así como propender al desarrollo del sentido de solidaridad social en esta materia.

D) Elaborar un proyecto de reglamentación de la presente ley que elevará al Poder Ejecutivo. Este dispondrá de un plazo de ciento ochenta días para su aprobación.

A los efectos de dar cumplimiento a los cometidos asignados, facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas a destinar una partida anual complementaria.

Artículo 13.- En cada departamento de la República habrá una Comisión Departamental Honoraria del Discapacitado que se integrará de la siguiente manera:

- Un delegado del Ministerio de Salud Pública, que la presidirá.

- Un delegado del Ministerio de Educación y Cultura.

- Un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

- Un delegado del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.

- Un delegado de la Intendencia Municipal.

- Un delegado del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

- Un delegado del Banco de Previsión Social.

- Un delegado del Banco de Seguros del Estado.

- Dos delegados de las Organizaciones de personas con discapacidad del departamento.

Podrán crearse también Comisiones regionales y Subcomisiones locales, integradas en la forma que fijen, respectivamente, la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado y las Comisiones Departamentales Honorarias del Discapacitado.

Artículo 14.- Las Comisiones Regionales, Departamentales y Subcomisiones Locales tendrán dentro de su jurisdicción, los siguientes cometidos:

1°) Hacer efectiva la aplicación de los programas formulados por la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado.

2°) Evaluar la ejecución de los mismos y formular recomendaciones al respecto.

3°) Ejecutar las demás actividades que por reglamentación se le confieran.

CAPITULO III - Políticas especiales.

Artículo 15.- La protección de la persona con discapacidad de cualquier edad se cumplirá mediante acciones y medidas en orden a su salud, educación, seguridad social y trabajo.

Artículo 16.- El Estado prestará asistencia coordinada a las personas con discapacidad, que carezcan de alguno o todos los beneficios a que refieren los literales siguientes, a fin de que puedan desempeñar en la sociedad un papel equivalente al que ejercen las demás personas.

A tal efecto, tomará las medidas correspondientes en las áreas que a continuación se mencionan, así como en toda otra que la ley establezca:

A) Atención médica, psicológica y social.

B) Rehabilitación integral.

C) Programas de seguridad social.

D) Programas tendientes a la educación en la diversidad propendiendo a su integración e inclusión.

E) Formación laboral o profesional.

F) Prestaciones o subsidios destinados a facilitar su actividad física, laboral e intelectual.

G) Transporte público.

H) Formación de personal especializado para su orientación y rehabilitación.

I) Estímulos para las entidades que les otorguen puestos de trabajo.

J) Programas educativos de y para la comunidad en favor de las personas con discapacidad.

K) Adecuación urbana y edilicia.

L) Accesibilidad a la informática, incorporando los avances tecnológicos existentes.

Artículo 17.- La Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado creará un Servicio de Asesoramiento para dar:

1) Información sobre los derechos de las personas con discapacidad y de los medios de rehabilitación.

2) Orientación terapéutica, educacional o laboral.

3) Información sobre mercado de trabajo.

4) Orientación y entrenamiento a padres, tutores, familiares y colaboradores.

Artículo 18.- Los Ministerios, Intendencias Municipales y otros organismos involucrados en el cumplimiento de la presente ley quedan facultados para proyectar en cada presupuesto las partidas necesarias para cubrir los gastos requeridos por la ejecución de las acciones a su cargo.

CAPITULO IV - Constitución del bien de familia y derecho de habitación.

Artículo 19.- Podrá constituirse el Bien de Familia a favor de un hijo con discapacidad por todo el tiempo que ésta persista y siempre que no integre su patrimonio otro bien inmueble. El inmueble deberá ser la casa-habitación habitual del beneficiario.

Artículo 20.- Modifícase el artículo 1° del Decreto-Ley N° 15.597, de 19 de julio de 1984, que quedará redactado de la siguiente forma:

'ARTICULO 1°.- Toda persona capaz de contratar puede constituir en Bien de Familia un inmueble de su propiedad, con sujeción a las condiciones establecidas en la presente.'

Artículo 21.- Modifícase el literal c) del artículo 6° del Decreto-Ley N° 15.597, de 19 de julio de 1984, que quedará redactado de la siguiente forma:

‘c) Por el cónyuge o concubino sobreviviente y por el cónyuge o los cónyuges divorciados o separados de hecho, a favor de los hijos del matrimonio o unión concubinaria menores de edad o con discapacidad, sobre los bienes propios pertenecientes al constituyente o los gananciales indivisos, conforme al literal b).’

Artículo 22.- El Bien de Familia podrá dejarse sin efecto cumpliendo con las mismas formalidades que requiere para su constitución, siempre que haya cesado la causa para la cual fue constituido.

Artículo 23.- El ex - cónyuge, el cónyuge separado de hecho y el padre o madre natural de hijos reconocidos o declarados tales o adoptante, que tenga la tenencia de una persona con discapacidad o la curatela en su caso, podrá solicitar para la persona con discapacidad el derecho real de habitación sobre el bien hasta que persista la incapacidad. Si el cónyuge o cualquiera de los padres naturales o adoptantes de la persona con discapacidad se negare a prestar el consentimiento, éste será suplido de acuerdo al literal B) del artículo 6° del Decreto-Ley N° 15.597, de 19 de julio de 1984.

Artículo 23/1.- El inmueble que habitan los discapacitados severos, sea de su propiedad o de sus familiares, independientemente que se haya constituido o no como bien de familia, así como los bienes muebles de cualquier naturaleza existentes en dicho inmueble no afectarán en ningún caso el derecho de las personas con discapacidades severas (físicas, sensoriales y mentales) a las prestaciones servidas por el Banco de Previsión Social o por cualquier otro organismo del Estado. De igual forma, tampoco afectarán ese derecho los ingresos del núcleo familiar derivados de sueldo o de remuneración por empleo público o privado.

CAPITULO V - Políticas sociales.

Artículo 24.- La asistencia social integrará todos los planes de atención de la salud de las personas con discapacidad.

Artículo 25.- La Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado con el apoyo de los Ministerios de Educación y Cultura, Salud Pública y la Universidad de la República, auspiciará la investigación científica sobre prevención, diagnóstico y tratamiento médico de las distintas formas de discapacidad física o mental.

Se investigarán igualmente los factores sociales que causan o agravan una discapacidad, para prevenirlos y poder programar las acciones necesarias para disminuirlos o eliminarlos.

Artículo 26.- Se impulsará un proceso dinámico de integración social, con participación de la persona con discapacidad, su familia y la comunidad.

Artículo 28.- Se fomentará la colaboración de las organizaciones de voluntarios y de las organizaciones de personas con discapacidad en el proceso de rehabilitación integral de éstos y la incorporación del voluntariado organizado en los equipos multidisciplinarios de atención.

CAPITULO VI - Asistencia personal para personas con discapacidades severas.

Artículo 28/1.- Facúltase al Poder Ejecutivo a crear en el Banco de Previsión Social, el ‘Programa de asistentes personales para personas con discapacidades severas’.

Artículo 28/2.- A través del Programa mencionado en el artículo anterior, facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar un monto a los efectos de la contratación de asistentes personales a quienes acrediten la necesidad de asistencia personal para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria.

Artículo 28/3.- A los efectos de la presente ley, se entenderán:

A) Actividades básicas de la vida diaria: levantarse de la cama, higiene, vestido, alimentación, movilización y desplazamiento, trabajo y recreación, entre otras.

B) Asistentes personales: personas capacidades para desarrollar las tareas de asistencia directa y personal a las personas mencionadas en el artículo precedente.

Para ser asistente personal es imprescindible la obtención de certificado, habilitante, expedido por la entidad o entidades que determine la reglamentación.

Artículo 28/5.- A los efectos de la administración del programa creado por el artículo 28/1, el Banco de Previsión Social, deberá:

a) Registrar al beneficiario.

b) Administrar los recursos del programa.

c) Hacer efectivo el pago de las partidas.

CAPITULO VII - Premio Nacional a la Integración.

Artículo 28/7.- Créase el ‘Premio Nacional a la Integración’ con la finalidad de distinguir a toda persona que de acuerdo al artículo 2° de la presente ley, sea considerada como persona con discapacidad y que, a través de su esfuerzo personal haya desempeñado un papel destacado en beneficio de la sociedad.

Artículo 28/9.- A los efectos de este capítulo, se establecen las tres categorías siguientes:

1) Personas con discapacidad motriz.

2) Personas con discapacidad sensorial.

3) Personas con discapacidad intelectual.

Se otorgará un máximo de tres (3) distinciones anuales dentro de cada categoría, de las cuales al menos una se destinará a una niña, niño o adolescente.

CAPITULO VIII - SALUD

Artículo 29.- La prevención de la deficiencia y de la discapacidad es un derecho y un deber de todo ciudadano y de la sociedad en su conjunto y formará parte de las obligaciones prioritarias del Estado en el campo de la salud pública y de la seguridad social, ocupacional o industrial.

Artículo 32.- Toda persona con discapacidad tendrá derecho a obtener las prótesis, las ayudas técnicas, y la medicación especial que necesite, con recursos proporcionados por quien la reglamentación lo disponga, a los efectos de adquirir o de recuperar la capacidad de llevar una vida integrada en la sociedad.

CAPITULO IX - Educación y Promoción Cultural.

Artículo 33.- El Ministerio de Educación y Cultura en coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública facilitará y suministrará al niño, la niña, el adolescente o el adulto con discapacidad en forma permanente y sin límite de edad, en materia educativa, física, recreativa, cultural y social, -de acuerdo a sus necesidades-, los elementos o medios científicos, técnicos o pedagógicos necesarios para que desarrolle al máximo sus potencialidades intelectuales, artísticas, deportivas y sociales.

Artículo 34.- La equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad desde la educación inicial en adelante determina que su integración a las aulas comunes se organice sobre la base del reconocimiento de la diversidad como factor educativo, de forma que apunte al objetivo de una educación para todos.

Artículo 35.- Las personas con discapacidad tienen derecho a la educación, reeducación y formación profesional orientada hacia la inclusión laboral.

Artículo 36.- A las personas cuyas limitaciones les impidan iniciar o concluir la fase de escolaridad obligatoria y hayan quedado debidamente comprobadas, se les otorgará una capacitación que les permita obtener una ocupación adecuada a su vocación y posibilidades.

A estos efectos, el Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con la Administración Nacional de Educación Física, establecerá la orientación y ubicación de los talleres de Habilitación Ocupacional, atendidos por docentes especializados y equipados con tecnología adecuada".

RESOLUCIONES:

1) Continuar con la consideración del proyecto de ley a estudio, el próximo lunes cuatro de junio, a la hora catorce.

A la hora dieciséis, se levanta la sesión.

De lo actuado, se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 1686/2007, que forma parte de la presente Acta.

Para constancia, se labra la presente Acta que firman el señor Presidente y la señora Secretaria.

Ruperto E. Long Presidente

Lydia El Helou Secretaria.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Población,

Desarrollo e Inclusión

ACTA N° 51

En Montevideo, el día cuatro de junio de dos mil siete, a la hora catorce y dieciséis minutos, se reúne la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores.

Asisten los señores Senadores Miembros de la Comisión Juan Justo Amaro, Enrique Antía, Susana Dalmás, Ruperto Long, Eduardo Lorier, Margarita Percovich, Jorge Saravia y Mónica Xavier.

Falta con aviso el señor Senador Luis Alberto Heber.

Preside el señor Senador Ruperto Long, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría, la señora Lydia El Helou, asistida por la señora Jefa de Departamento, Teresa Paredes.

ASUNTO ENTRADO: Nota de 1° de junio del corriente año, remitida por el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana, integrado por la Iglesia Anglicana del Uruguay, Iglesia Evangélica del Río de la Plata, Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, Arzobispado de Montevideo de la Iglesia Católica Romana, Asociación Cristiana de Jóvenes, Fundación Centro de Investigación y Promoción Franciscano y Ecológico (CIPFE), y la Iglesia Metodista del Uruguay como miembro fraternal, por la que solicitan audiencia a efectos de exponer las consideraciones que el proyecto de ley sobre migración les merece.

ORDEN DEL DIA:

1) CARPETA N° 289/2005. PROTECCION INTEGRAL A PERSONAS DISCAPACITADAS. Se establecen normas. Proyecto de ley sustitutivo presentado por el señor Senador Ruperto Long. Distribuido N° 1100/2006.

- Propuesta con modificaciones a la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, elaborada por la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado. Distribuido N° 1227/2006.

El señor Presidente pone a consideración los artículos pendientes de aprobación en su nuevo ordenamiento; se señala el origen respectivo.

Capítulo IX - Educación y Promoción Cultural.

Artículo 37.- (Ley N° 16.095). Se vota. 8 en 8. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 38.- (CNHD Art. 13). Se vota con modificaciones. 8 en 8. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 39.- (Ley N° 16.095). Se vota. 8 en 8. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 40.- (Ley N° 16.095 c/m Sen. Percovich). Se vota. 8 en 8. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 40/1.- (Sen. Long Art. 1°). Se reconsidera: 8 en 8. Se vota con modificaciones. 8 en 8. AFIRMATIVA. Unanimidad.

40/2 (Sen. Long Art. 2º). Se reconsidera: 8 en 8. Se vota. 0 en 8. NEGATIVA. Suprimido.

Luego de un intercambio de opiniones de varios señores Senadores, la señora Senadora Dalmás propone que se reconsidere el artículo 40/1 aprobado y se incorpore en su texto la admisión del acompañante de la persona con discapacidad, exonerándola del pago en su totalidad.

Artículo 40/1.- (Sen. Long Art. 1°). Se reconsidera: 8 en 8. Se vota con modificaciones. 8 en 8. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Capítulo X - Trabajo.

Sección I - Actividad en la órbita pública.

Artículo 41.- (Ley N° 16.095). Se vota. 8 en 8. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 42.- (Ley N° 18.094). Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 48/1.- (Sen. Long Art. 15). Se reconsidera: 8 en 8. Se vota con modificaciones. 8 en 8. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 48/2.- (Sen. Long Art. 16). Se reconsidera. 8 en 8. Se vota con modificaciones. 8 en 8. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 48/3.- (Sen. Long Art. 17). Se vota. 0 en 8. NEGATIVA. Suprimido.

Artículo 44.- (Ley N° 16.095). Se vota con modificaciones. 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 47.- (Ley N° 16.095). Se vota: 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 48.- (Ley N° 16.095). Se vota. 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 42/1.- (Aditivo fuente: Ley N° 18.094). Se vota. 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 42/2.- (Aditivo fuente: Ley N° 18.094). Se vota. 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Sección II - Fomento del empleo de personas con discapacidad.

Artículo 46.- (Sen. Percovich). Se vota. 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 41/16.- (Sen. Long Art. 20). Se reconsidera. 6 en 6. Se vota con modificaciones. 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Sección III - Del acceso de las personas con discapacidad a programas sociales y laborales financiados con fondos públicos.

Artículo 41/18.- (Sen. Long Art. 23). Se reconsidera. 6 en 6. Se vota con modificaciones 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Capítulo XI - Arquitectura y Urbanismo.

Sección I (aditivo) - Disposiciones Generales.

Artículo 49.- (Ley N° 16.095). Se vota. 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 50.- (CNHD Art. 27).- Se vota. 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 51.- (CNHD Art. 27). Se vota. 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 52.- (Ley N° 16.095). Se vota con modificaciones. 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 52/2.- (Sen. Long Art. 41). Se vota con modificaciones. 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 53.- (Ley N° 16.095). Se vota con modificaciones. 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 54.- (Ley N° 16.095). Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 55.- (Ley N° 16.095). Se vota. 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 55/1.- (CNHD Art. 30). Se vota con modificaciones. 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 50/2.- (Sen. Long Art. 39). Se reconsidera. 7 en 7. Se vota con modificaciones. 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Sección I - Accesibilidad de personas con movilidad reducida o limitación sensorial.

Capítulo XII - Transporte.

Artículo 56.- (Ley N° 16.095). Se vota. 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 57. (Ley N° 16.095). Se vota. 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 57/3.- (Sen. Long Art. 47). Se vota. 0 en 6. NEGATIVA. Suprimido.

Capítulo XIV (Aditivo) - Disposiciones Transitorias.

Artículo 58/5.- (Aditivo) (Sen. Long). Se vota con modificaciones. 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 58/6.- (Aditivo) (Sen. Long). Se vota. 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Los artículos aprobados, quedan redactados de la siguiente manera:

"CAPITULO IX - Educación y promoción cultural

Artículo 37.- Se facilitará a toda persona con discapacidad que haya aprobado la fase de instrucción obligatoria la posibilidad de continuar sus estudios.

Artículo 38.- El Ministerio de Educación y Cultura en coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública en todos los programas y niveles de capacitación profesional promoverá la inclusión en los temarios de los cursos regulares la información y el estudio de la discapacidad en relación a la materia de que se trate y la importancia de la habilitación y rehabilitación así como la necesidad de la prevención.

Artículo 39.- Se promoverá la sensibilización y la educación de la comunidad sobre el significado y la conducta adecuada ante las diferentes discapacidades, así como la necesidad de prevenir la discapacidad, a través de las distintas instituciones o cualquier agrupamiento humano organizado.

Artículo 40.- Los centros de recreación, educativos, deportivos, sociales o culturales, no podrán discriminar en el ingreso a las personas amparadas por la presente ley.

Artículo 40/1.- Las personas que sean calificadas como aquéllas con discapacidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la presente ley, estarán exoneradas del pago de cualquier derecho de admisión en todos los conciertos, muestras, obras teatrales, exposiciones, actividades deportivas y cualquier otra actividad ejecutada por los organismos públicos.

Asimismo, se exonerará a un acompañante cuando la asistencia del mismo sea necesaria.

Las condiciones para generar el derecho de admisión antes mencionado, se establecerán en la reglamentación.

CAPITULO X - TRABAJO

SECCION I - Actividad en la órbita pública.

Artículo 41.- La orientación y la rehabilitación laboral y profesional deberán dispensarse a todas las personas con discapacidad según su vocación, posibilidades y necesidades y se procurará facilitarles el ejercicio de una actividad remunerada.

La reglamentación determinará los requisitos necesarios para acceder a los diferentes niveles de formación.

Artículo 42.- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatales, están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción mínima no inferior al 4% (cuatro por ciento) de sus vacantes. Las personas con discapacidad que ingresen de esta manera gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos a las mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de la aplicación de normas diferenciadas cuando ello sea estrictamente necesario.

La obligación antedicha refiere al menos a la cantidad de cargos y funciones contratadas, sin perjuicio de ser aplicable también al monto del crédito presupuestario correspondiente a las mismas.

En el primer caso el cálculo del 4% (cuatro por ciento) de las vacantes a ocupar por personas con discapacidad se determinará sobre la suma total de las que se produzcan en las distintas unidades ejecutoras, reparticiones y escalafones que integran cada uno de los organismos referidos en el inciso primero del presente artículo. Cuando por aplicación de dicho porcentaje resultare una cifra inferior a la unidad, pero igual o mayor a la mitad de la misma, se redondeará a la cantidad superior.

El Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dentro de sus competencias, deberán remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil la información que resulte de sus registros relativa a la cantidad de vacantes que se produzcan en los organismos y entidades obligados por el inciso primero.

La Oficina Nacional del Servicio Civil solicitará cuatrimestralmente informes a los organismos y entidades obligadas, incluidas las personas de derecho público no estatales -quienes deberán proporcionarlos- sobre la cantidad de vacantes que se hayan generado y provisto en el año. Dichos organismos deberán indicar también el número de personas con discapacidad ingresadas, con precisión de la discapacidad que padecen y el cargo ocupado. La Oficina Nacional del Servicio Civil, en los primeros noventa días de cada año, comunicará a la Asamblea General el resultado de los informes recabados, tanto de los obligados como del Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, expresando el total de vacantes de cada uno de los obligados, la cantidad de personas con discapacidad incorporadas en cada organismo, con precisión de la discapacidad que padecen y el cargo ocupado e indicando, además, aquellos organismos que incumplen el presente artículo (artículo 768 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996).

Las personas que presenten discapacidad -de acuerdo a lo definido en el artículo 2° precedente- que quieran acogerse a los beneficios de la presente ley, deberán inscribirse en el Registro de Discapacitados que funciona en la órbita de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (artículo 768 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996).

A dichos efectos el Ministerio de Salud Pública deberá certificar la discapacidad. La evaluación se realizará con un Tribunal integrado por al menos un médico, un psicólogo y un asistente social, los cuales contarán con probada especialización. En dicho dictamen deberá precisarse la discapacidad que padece la persona, con indicación expresa de las tareas que pueda realizar, así como aquellas que no puede llevar a cabo. Dicha certificación expresará si la discapacidad es permanente y el plazo de validez de la certificación. Al vencimiento de la misma deberá hacerse una nueva evaluación. A efectos de realizar la certificación, el Ministerio de Salud Pública podrá requerir de los médicos e instituciones tratantes de las personas discapacitadas -quienes estarán obligados a proporcionarlos- los informes, exámenes e historias clínicas de las mismas. Los profesiones intervinientes, tanto en la expedición del certificado, como los tratantes de las personas discapacitadas, actuarán bajo su más seria responsabilidad. En caso de constatarse que la información consignada no se ajusta a la realidad, serán responsables civil, penal y administrativamente, según corresponda.

Artículo 42/1.- En caso de suprimida una vacante en el Estado, los Entes Autónomos, los Servicios Descentra-lizados y Gobiernos Departamentales, el 4% (cuatro por ciento) del crédito se transferirá a un único objeto del gas-to, con destino exclusivo a rehabilitación cargos o funciones contratadas a ser provistos con personas con discapacidad.

El jerarca del Inciso o del organismo o entidad obligada propiciará ante el Poder Ejecutivo -previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación, la rehabilitación de los cargos o funciones contratadas a que refiere el inciso anterior, y la trasposición de los respectivos créditos existentes en el objeto del gasto a nivel de programa y unidad ejecutora.

La Contaduría General de la Nación en coordinación con la Oficina Nacional del Servicio Civil velará por el cumplimiento de esta obligación, no pudiendo demorarse más de ciento ochenta días el proceso de rehabilitación de esta clase de cargos o funciones contratadas. El plazo se contará a partir de la supresión de la vacante.

Lo dispuesto en los incisos anteriores será de aplicación, en lo pertinente, a las personas públicas no estatales.

Artículo 42/2.- A efectos de dar cumplimiento a la obligación contenida en los dos artículos precedentes se establece que:

A) Se consideran vacantes a todas aquellas situaciones originadas en cualquier circunstancia que determinen el cese definitivo del vínculo funcional. Esta disposición no incluye las provenientes de lo dispuesto en los artículos 32, 723, 724 y 727 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, ni las originadas en ls escalafones "K" Militar, "L" Policial, "G", "H" y "J" Docentes y "M" Servicio Exterior.

B) El incumplimiento en la provisión de vacantes, de acuerdo a lo preceptuado en el inciso primero del artículo 42 de la presente ley, aparejará la responsabilidad de los jerarcas de los organismos respectivos, pudiéndose llegar a la destitución y cesantía de los mismos por la causal de omisión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, leyes y reglamentos respectivos.

Esta disposición será aplicable a quienes representen al Estado en los organismos directivos de las personas de derecho público no estatales.

C) El Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil será responsable por el incumplimiento de los contralores cometidos a dicha Oficina, pudiéndose llegar a la destitución y cesantía del mismo por la causal de omisión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, leyes y reglamentos respectivos.

D) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá elaborar un proyecto de reglamentación de la presente ley en el plazo de sesenta días a partir de la promulgación de la presente ley, que elevará al Poder Ejecutivo, éste dispondrá a su vez de un plazo de treinta días para su aprobación.

En la reglamentación se preverá la forma en que los organismos deberán cubrir las vacantes, los requisitos de idoneidad para desempeñar los cargos y el régimen sancionatorio para los infractores de la misma, estableciéndose que la omisión en el cumplimiento de la ley, será pasible de destitución o cesantía.

E) El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatales deberán dictar sus reglamentos a efectos de la aplicación de la presente ley, en un plazo máximo de sesenta días, contado a partir del día siguiente al de aprobación del dictado por el Poder Ejecutivo, debiendo remitirlos, una vez aprobados, a la Oficina Nacional del Servicio Civil para su conocimiento.

F) Al momento de cubrir las vacantes los organismos referidos en el literal anterior deberán especificar claramente la descripción y los perfiles necesarios de los cargos a ser cubiertos, debiendo, en todo caso, remitir dicha información a la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (artículo 10). Esta estudiará la información y en un plazo máximo de sesenta días podrá asesorar y aconsejar al organismo las medidas convenientes en todos aquellos aspectos que se le planteen respecto a la información que se le envíe y proponer las adaptaciones que estime necesarias para llevar adelante las pruebas en caso de selección por concurso.

El organismo deberá atender en cada llamado las recomendaciones realizadas por dicha Comisión.

G) El organismo obligado, en coordinación con la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, deberá dar al llamado la más amplia difusión posible.

H) Deberá crearse un dispositivo en cada organismo público que vele por la adecuada colocación de la persona con discapacidad en el puesto de trabajo, contemplando a tales efectos las adaptaciones necesarias para el adecuado desempeño de las funciones, así como la eliminación de barreras físicas y del entorno social, que puedan ser causantes de actitudes discriminatorias.

I) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá impartir los instructivos y directivas para el efectivo cumplimiento del presente artículo.

Artículo 48/1.- Los sujetos enumerados en el artículo 42 de la presente ley, deberán priorizar, en igualdad de condiciones la adquisición de insumos y provisiones de empresas que contraten a personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada, de acuerdo a lo que se establezca por la reglamentación.

Artículo 48/2.- Siempre que se conceda y otorgue el uso de bienes del dominio público o privado del Estado o de los Gobiernos Departamentales, para la explotación de pequeños emprendimientos comerciales o de servicios, se dará prioridad a las personas con discapacidad que estén en condiciones de desempeñarse en tales actividades en la forma y con los requisitos que determine el Poder Ejecutivo.

Será nula toda concesión o permiso otorgado si se verifica que no ha sido observada la prioridad establecida en el inciso primero del presente artículo.

Artículo 44.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, podrá establecer incentivos y beneficios para las entidades paraestatales y del sector privado que contraten personas con discapacidad en calidad de trabajadores y para las que contraten producción derivada de talleres protegidos.

Artículo 47.- Las personas cuya discapacidad haya sido certificada por las autoridades competentes tendrán derecho a los beneficios del empleo selectivo que la reglamentación regulará, pudiendo a tal fin entre otras medidas:

A) Establecer la reserva, con preferencia absoluta de ciertos puestos de trabajo.

B) Señalar las condiciones de readmisión por las empresas de sus propios trabajadores una vez terminada su readaptación o rehabilitación profesional.

Artículo 48.- En la reglamentación se establecerán los medios necesarios para completar la protección a dispensar a las personas con discapacidad en proceso de rehabilitación. Esta protección comprenderá:

A) Medios y atención para facilitar o salvaguardar la realización de su tarea, así como el acondicionamiento de los puestos de trabajo que ellos ocupen.

B) Medidas de fomento o contribución directa para la organización de talleres protegidos.

C) Créditos para el establecimiento como trabajador independiente.

SECCION II - Fomento del empleo de personas con discapacidad.

Artículo 46.- Institúyese en la actividad pública y privada el empleo a tiempo parcial, de acuerdo con la capacidad de cada individuo, para aquellas personas con discapacidad que no puedan ocupar un empleo a tiempo completo.

Artículo 41/16.- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del pago de los aportes patronales de carácter jubilatorio correspondientes a las personas con discapacidad que sean contratadas por empresas industriales, agropecuarias, comerciales o de servicios, sin perjuicio de lo establecido por el artículo... de la presente ley.

Se tendrán en cuenta, no sólo las personas con discapacidad que presten servicios directamente en las instalaciones de la empresa del empleador sino también aquéllas que realicen trabajo a domicilio, siempre que éstas sean dependientes de la empresa objeto de la exoneración.

SECCION III - Del acceso de las personas con discapacidad a programas sociales y laborales financiados con fondos públicos.

Artículo 41/18.- Los programas sociales o laborales financiados con fondos del Estado, deberán otorgar acceso a personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al previsto por el artículo ... de la presente ley.

CAPITULO XI - ARQUITECTURA Y URBANISMO

SECCION I - Disposiciones generales.

Artículo 49.- Las instituciones que gobiernen los espacios y edificios de carácter público, así como otros organismos que puedan prestar asesoramiento técnico en la materia, se ocuparán coordinadamente de formular un cuerpo de reglamentaciones que permita ir incorporando elementos y disposiciones que sean útiles para el desenvolvimiento autónomo de la persona con discapacidad.

Artículo 50.- La construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad pública o privada, destinados a un uso que implique concurrencia de público, así como la planificación y urbanización de las vías públicas, parques y jardines de iguales características, se efectuará de forma tal que todas las pesronas puedan acceder, ingresar, usar y egresar, especialmente en situaciones de emergencia, en condiciones de seguridad, equidad, confort y con la mayor autonomía posible.

Artículo 51.- Las Intendencias Municipales deberán incluir normas sobre el tema y en sus respectivos Planes Reguladores o de Desarrollo Urbano, las disposiciones necesarias, con el objeto de adaptar las vías públicas, parques, jardines y edificios a las normas aprobadas con carácter general.

Artículo 52.- Los organismos públicos vinculados a la construcción o cuyas oficinas técnicas elaboran proyectos arquitectónicos, deberán igualmente cumplir con las normas que se establezcan en este Capítulo.

Artículo 52/2.- En todos aquellos pliegos de licitación para la construcción de edificios públicos por parte de orga-nismos del estado, gobiernos departamentales y perso-

nas públicas no estatales, deberá establecerse una cláu-sula que establezca la obligatoriedad de crear los mecanismos de accesibilidad previstos en la presente ley, así como en la normativa internacional ratificada por el país en la materia.

El incumplimiento de esta norma traerá aparejado la nulidad de los mismos.

Artículo 53.- Las instalaciones, edificios, calles, parques y jardines existentes, cuya vida útil sea aún considerable, serán adaptados gradualmente, de acuerdo con el orden de prioridades que reglamentariamente se determine.

Artículo 54.- Los Entes Públicos habilitarán en sus pre-supuestos las asignaciones necesarias para la financiación de esas adaptaciones en los inmuebles que de ellos dependen.

Artículo 55.- En todos los proyectos de viviendas, se programarán alojamientos cuyo diseño arquitectónico sea adecuado para facilitar el acceso y el total desenvolvimiento de las personas con discapacidad y su integración al núcleo en que habiten.

SECCION II . NORMAS A APLICAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SECCION I.

Artículo 50/2.- A los efectos de la aplicación del artículo 50/1 de la presente ley se establecen las siguientes normas para la aplicación de los ámbitos descriptos en el literal a).

1) Itinerarios peatonales: contemplarán una anchura mínima en todo su recorrido que permita el paso de dos personas, una de ellas en silla de ruedas. Los pisos serán antideslizantes sin resaltos ni aberturas que permitan el tropiezo de personas con bastones o sillas de ruedas.

Los desniveles de todo tipo tendrán un diseño, grado e inclinación que permita la transitabilidad, utilización y seguridad de las personas con movilidad reducida o limitación sensorial.

2) Escaleras y rampas: las escaleras deberán ser de escalones cuya dimensión vertical y horizontal facilite su utilización por personas con movilidad reducida o limitación sensorial, estarán dotadas de pasamanos. Las rampas tendrán las características señaladas para los desniveles en el 1).

3) Parques, jardines, plazas y espacios libres: deberán observar en sus itinerarios peatonales las normas establecidas para los mismos en el numeral 1). Los baños públicos deberán ser accesibles y utilizables por personas con movilidad reducida o limitación sensorial.

4) Estacionamientos: tendrán zonas reservadas y señalizadas, cercanas a los accesos peatonales, para vehículos que transporten personas con movilidad reducida o limitación sensorial.

5) Señales verticales y elementos urbanos varios: las señales de tránsito, semáforos, postes de iluminación o cualquier otro elemento vertical de señalización o de mobiliario urbano se dispondrán de forma que no constituyan obstáculo para los no videntes y para las personas que se desplacen en sillas de ruedas.

6) Obras en la vía pública: estarán señalizadas y protegidas por vallas estables y continuas y luces rojas permanentes, disponiendo los elementos de manera que los no videntes puedan detectar a tiempo la existencia del obstáculo. En las obras que reduzcan la sección transversal de la acerca se deberá construir un itinerario peatonal alternativo con las características señaladas en el numeral 1).

Respecto de los edificios descriptos en el literal b), del artículo 50/1 de la presente ley:

1) Deberán observar la accesibilidad y la posibilidad de su uso en todas sus partes por personas con movilidad reducida o limitación sensorial;

2) Deberán contar con estacionamientos reservados señalizados para vehículos que transporten a dichas personas cercanos a los accesos peatonales;

3) Deberán contar con espacios de circulación horizontal y de comunicación vertical que permitan el desplazamiento y la maniobra de dichas personas mediante elementos constructivos o mecánicos.

4) Deberán contar con zonas reservadas señalizadas y adaptadas a los efectos de ser utilizadas por personas que se desplazan en sillas de ruedas;

5) Deberán contar con servicios higiénicos adaptados a las necesidades de dichas personas.

A los efectos de las áreas descriptas en el literal c) del artículo 50/1 de la presente ley, se deberán concretar los grados de adaptabilidad a las personas con movilidad reducida o limitación sensorial.

A los efectos de las viviendas descriptas en el literal d) del artículo 50/1 de la presente ley, se observarán las disposiciones de esta ley y su reglamentación en materia de diseño, ejecución y remodelación.

A los efectos de las viviendas descriptas en el literal e) del artículo 50/1 de la presente ley, deberán desarrollarse condiciones de adaptabilidad y practicabilidad en los grados y plazos que establezca la reglamentación para los conjuntos ya existentes, respetándose para las nuevas las disposiciones de esta ley.

Artículo 55/1.- El Estado otorgará a través de la institución que corresponda, préstamos para refaccionar y acondicionar de acuerdo a las normas de accesibilidad (UNIT) la vivienda en la cual vive o va a vivir la persona con discapacidad.

CAPITULO XII - TRANSPORTE

Artículo 56.- Todas las empresas de transporte colectivo nacional terrestre de pasajeros están obligadas a transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en las condiciones que regulará la reglamentación.

Artículo 57.- Se otorgarán franquicias de estacionamiento a los vehículos de las personas con discapacidad, debidamente identificados.

CAPITULO XIV - DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 58/5.- Los derechos consagrados en la presente ley, no podrán dejar de ser aplicados por ausencia de reglamentación.

Artículo 58/6.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de ciento ochenta días a partir de la fecha de su promulgación."

RESOLUCIONES:

Continuar con la consideración del proyecto de ley a estudio, el próximo lunes once, a la hora catorce: analizar el Capítulo sobre Talleres de Producción Protegida, el ordenamiento general y las disposiciones derogatorias.

Incluir como primer punto del Orden del Día, una vez finalizado el tratamiento del proyecto de ley a estudio, la Carpeta N° 814/2007. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se determinan normas sobre Migración.

A la hora quince y cuarenta y cinco minutos, se levanta la sesión.

De lo actuado, se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 1693/2007, que forma parte de la presente Acta.

Para constancia, se labra la presente Acta que firman el señor Presidente y la señora Secretaria.

Ruperto E. Long Presidente

Lydia El Helou Secretaria.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Población,

Desarrollo e Inclusión

ACTA N° 52

En Montevideo, el día once de junio de dos mil siete, a la hora catorce y veinte minutos, se reúne la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores.

Asisten los señores Senadores Miembros de la Comisión Enrique Antía, Ruperto Long, Eduardo Lorier, Margarita Percovich, Jorge Saravia y Mónica Xavier.

Faltan con aviso los señores Senadores Juan Justo Amaro, Susana Dalmás y Luis Alberto Heber.

Preside el señor Senador Ruperto Long, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría, la señora Lydia El Helou, asistida por la señora Jefe de Departamento, Teresa Paredes.

ASUNTO ENTRADO: Carpeta N° 827/2007. AGENCIA DE DESARROLLO REGIONAL Y DESCENTRALIZACION. Se crea como persona jurídica de Derecho Público No Estatal. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores Senadores Daniel Camy, Pablo Iturralde, Jorge Larrañaga, Carlos Moreira y Jorge Romero. Distribuido N° 1711/2007.

ORDEN DEL DIA:

1) CARPETA N° 289/2005. PROTECCION INTEGRAL A PERSONAS DISCAPACITADAS. Se establecen normas. Proyecto de ley sustitutivo presentado por el señor Senador Ruperto Long. Distribuido N° 1100/2006.

- Propuesta con modificacines a la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, elaborada por la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado. Distribuido N° 1227/2006.

El señor Presidente pone a consideración, los artículos pendientes de aprobación, en su nuevo ordenamiento, correspondientes a Talleres de Producción Protegida, el ar-tículo que establece las derogaciones correspondientes y el ordenamiento general del proyecto de ley sustitutivo.

La señora Senadora Percovich propone la reconsideración de los artículos 7°, 8°, 9° y 24, a efectos de su eliminación. El señor Senador Long propone incluir el texto del artículo 8° como inciso final del artículo 6°.

Artículo 7°.- Se reconsidera: 6 en 6. Se vota: 0 en 6. NEGATIVA. Suprimido.

Artículo 6°.- Se reconsidera: 6 en 6. Se vota con modificaciones. 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 8°.- Se reconsidera: 6 en 6. Se vota: 0 en 6. NEGATIVA. Suprimido.

Artículo 9°.- Se reconsidera: 6 en 6. Se vota: 0 en 6. NEGATIVA. Suprimido.

Artículo 24.- Se reconsidera: 6 en 6. Se vota: 0 en 6. NEGATIVA. Suprimido.

En consideración el artículo 27, oportunamente aplazado.

Artículo 27.- Se vota: 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

La señora Senadora Xavier se excusa y se retira de Sala.

El señor Presidente pone a consideración el ordenamiento general del proyecto de ley e invita a la señora Senadora Percovich a informar sobre su propuesta.

La señora Senadora Percovich explica que el ordenamiento responde a la intención de organizar los textos en función de la temática y propone como denominación para el Capítulo I, "Objeto de la ley, Definiciones y Responsabilidad del Estado". Asimismo, sugiere incorporar a este Capítulo los artículos 15, 16, 18, 26, 27 y 28 del Capítulo V - "Políticas Sociales", por referirse a la responsabilidad del Estado; incorporar el artículo 25 al texto del artículo 12 del Capítulo II, Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado; y, agregar al final de este Capítulo, el artículo 17.

El señor Presidente pone a consideración el Capítulo I, con la denominación y el ordenamiento propuesto por la señora Senadora Percovich. Se vota: 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 12.- Se reconsidera: 5 en 5. Se vota con modificaciones. 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 25.- Se reconsidera: 5 en 5. Se vota: 0 en 5. NEGATIVA. Suprimido.

El señor Presidente pone a consideración la propuesta de la señora Senadora Percovich respecto al Capítulo "Trabajo", en el sentido de incluir una Sección "Responsabilidad en el Fomento del Trabajo" que incluye los artículos 41, 42,

42/1, 42/2, 48/1, 48/2, 48/4, 44, 41/15, 41/14, 41/18, 47 y 48; artículos 48/5 y 48/6, 41/16 y 41/17. A su vez, se eliminan la Sección II "Fomento del Empleo de Personas con Discapacidad" y la Sección III "Del acceso de las Personas con Discapacidad a Programas Sociales Laborales financiados con fondos públicos".

Capítulo - Trabajo; Sección I - Responsabilidad en el fomento del trabajo, en el ordenamiento arriba señalado. Se vota: 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

En consideración el Capítulo - Talleres de Producción Protegida.

La señora Senadora Percovich solicita la reconsideración de los artículos 41/1, 41/4, 41/9, a efectos de presentar redacciones alternativas.

Artículo 41/1.- Se reconsidera: 5 en 5. Se vota con modificaciones. 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 41/2.- Varios señores Senadores intercambian opiniones y se decide no reconsiderar el texto ya aprobado por la Comisión.

Artículo 41/4.- Se reconsidera: 5 en 5. Se vota con modificaciones. 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

La señora Senadora Percovich propone que se integre el artículo 41/6, pendiente de aprobación, como segundo inciso del artículo 41/9.

Artículo 41/9.- Se reconsidera: 5 en 5. Se vota con modificaciones. 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

El señor Senador Long propone votar negativamente el artículo 41/7.

Artículo 41/7.- Se vota: 0 en 5. NEGATIVA. Suprimido.

La señora Senadora Percovich propone reconsiderar el artículo 41/8, a efectos de presentar una redacción alternativa.

Artículo 41/8.- Se reconsidera: 5 en 5. Se vota con modificaciones. 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

La señora Senadora Percovich propone reconsiderar el artículo 41/11, a efectos de presentar una redacción modificativa.

Artículo 41/11.- Se reconsidera: 5 en 5. Se vota con modificaciones. 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

La señora Senadora Percovich propone que se reconsidere el artículo 41/12, a efectos de que se considere una redacción alternativa.

Artículo 41/12.- Se reconsidera: 5 en 5. Se vota con modificaciones. 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

La señora Senadora Percovich propone unificar la denominación de los talleres en todas las disposiciones, en "Talleres de Producción Protegida". Los señores Senadores manifiestan su acuerdo en adoptar tal denominación.

El señor Presidente pone a consideración los artículos 58/7 y 58/8 en los que se establecen las derogaciones y las adecuaciones, respectivamente; e incluirlos en el Capítulo final.

Consecuentemente, propone que la Sección - "Disposiciones Transitorias" pase a llamarse "Disposiciones Transitorias, Derogaciones y Adecuaciones".

Artículo 58/7.- Se considera y se vota: 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Artículo 58/8.- Se considera y se vota: 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

La señora Senadora Percovich propone que se adopte como criterio general la no inclusión de nomen juris en los artículos. Se vota: 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

A propuesta de la señora Senadora Percovich, los señores Senadores designan como Miembro Informante verbal al señor Senador Long.

Los artículos aprobados, quedan redactados de la siguiente manera, en el orden que se expresa:

"CAPITULO I

OBJETO DE LA LEY, DEFINICIONES Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Artículo 1°.- Establécese un sistema de protección integral a las personas con discapacidad, tendiente a asegurarles su atención médica, su educación, su rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional y su cobertura de seguridad social, así como otorgarles los beneficios, las prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca y les dé opor-tunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas.

Artículo 2°.- Se considera con discapacidad, a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.

Artículo 3°.- Prevención es la aplicación de medidas destinadas a impedir la ocurrencia de discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o, si éstas han ocurrido, evitar que tengan consecuencias físicas, psicológicas o sociales negativas.

Artículo 4°.- Rehabilitación integral es el proceso total, caracterizado por la aplicación coordinada de un conjunto de medidas médicas, sociales, educativas y laborales, para adaptar o readaptar al individuo, y que tiene por objeto lograr el más alto nivel posible de capacitación y de integración social de las personas con discapacidad, así como también las acciones que tiendan a eliminar las desventajas del medio en que se desenvuelven para el desarrollo de dicha capacidad.

Se entiende por rehabilitación profesional la parte del proceso de rehabilitación integral en que se suministran los medios, especialmente orientación profesional, formación profesional y colocación selectiva, para que las personas con discapacidad puedan obtener y conservar un empleo adecuado.

Artículo 5°.- Sin perjuicio de los derechos que establecen las normas nacionales vigentes y convenios internacionales del trabajo ratificados, los derechos de las personas con discapacidad serán los establecidos en las Declaraciones de los Derechos de los Impedidos y de los Retrasados Mentales proclamados por las Naciones Unidas con fecha 9 de diciembre de 1975 y 20 de diciembre de 1971, respectivamente.

Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos sin excepción alguna y sin distinción ni discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra circunstancia, tanto si se refiere personalmente a ellas como a su familia.

A esos efectos se reconoce especialmente el derecho:

A) Al respeto a su dignidad humana, cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y deficiencias.

B) A disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena que sea posible.

C) A la adopción de medidas destinadas a permitirle lograr la mayor autonomía.

D) A recibir atención médica, odontológica, psicológica, social y funcional, incluidos los aparatos de prótesis y ortopedia, a la readaptación médica y social, a la educación, en todos sus niveles, formación, adaptación y readaptación profesionales y a su inserción laboral.

E) A la seguridad económica y social y a un nivel de vida decoroso.

F) A vivir en el seno de su familia o de un hogar sustituto.

G) A ser protegido contra toda explotación, toda reglamentación o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante.

H) A contar con el beneficio de una asistencia letrada competente, cuando se compruebe que esa asistencia es indispensable para la protección de su persona y bienes. Si fuere objeto de una acción judicial deberá ser sometido a un procedimiento adecuado a sus condiciones físicas y mentales.

Artículo 6°.- El Estado prestará a las personas con discapacidad el amparo de sus derechos en la medida necesaria y suficiente, que permita su más amplia promoción y desarrollo individual y social.

Dicho amparo se hará extensivo además y en lo pertinente:

1°) A las personas de quienes ellos dependan o a cuyo cuidado estén.

2°) A las entidades de acción social con personería jurídica, cuyos cometidos específicos promuevan la prevención, desarrollo e integración de las personas con discapacidad.

3°) A las instituciones privadas con personería jurídica, que les proporcionen los mismos servicios que prestan a sus afiliados en general.

4°) A las actividades de investigación, enseñanza y difusión de la Lengua de Señas Uruguaya.

Declárase de interés nacional la rehabilitación integral de las personas con discapacidad.

Artículo 7°.- La protección de la persona con discapacidad de cualquier edad se cumplirá mediante acciones y medidas en orden a su salud, educación, seguridad social y trabajo.

Artículo 8°.- El Estado prestará asistencia coordinada a las personas con discapacidad, que carezcan de alguno o todos los beneficios a que refieren los literales siguientes, a fin de que puedan desempeñar en la sociedad un papel equivalente al que ejercen las demás personas.

A tal efecto, tomará las medidas correspondientes en las áreas que a continuación se mencionan, así como en toda otra que la ley establezca:

A) Atención médica, psicológica y social.

B) Rehabilitación integral.

C) Programas de seguridad social.

D) Programas tendientes a la educación en la diversidad propendiendo a su integración e inclusión.

E) Formación laboral o profesional.

F) Prestaciones o subsidios destinados a facilitar su actividad física, laboral e intelectual.

G) Transporte público.

H) Formación de personal especializado para su orientación y rehabilitación.

I) Estímulos para las entidades que les otorguen puestos de trabajo.

J) Programas educativos de y para la comunidad a favor de las personas con discapacidad.

K) Adecuación urbana y edilicia.

L) Accesibilidad a la informática, incorporando los avances tecnológicos existentes.

Artículo 9°.- Los Ministerios, Intendencias Municipales y otros organismos involucrados en el cumplimiento de la presente ley quedan facultados para proyectar en cada presupuesto las partidas necesarias para cubrir los gastos requeridos por la ejecución de las acciones a su cargo.

Artículo 10.- Se impulsará un proceso dinámico de integración social, con participación de la persona con discapacidad, su familia y la comunidad.

Artículo 11.- Se promoverá la progresiva equiparación en las remuneraciones que perciban las personas con discapacidad, beneficiarios del régimen de Asignación Familiar, ya sea pública o privada al área de actividad laboral en que se desempeñen sus padres, tutores u otros representantes legales que corresponda.

Artículo 12.- Se fomentará la colaboración de las organizaciones de voluntarios y de las organizaciones de personas con discapacidad en el proceso de rehabilitación integral de éstos y la incorporación del voluntariado organizado en los equipos multidisciplinarios de atención.

CAPITULO II

COMISION NACIONAL HONORARIA DEL DISCAPACITADO

Creación y cometidos

Artículo 13.- Créase la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, organismo que funcionará en la jurisdicción del Ministerio de Salud Pública y que se integrará de la siguiente forma:

Por el Ministerio de Salud Pública, que la presidirá, o un delegado de él, que tendrá igual función.

Un delegado del Ministerio de Educación y Cultura.

Un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Un delegado de la Facultad de Medicina.

Un delegado del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.

Un delegado del Congreso de Intendentes.

Un delegado de la Facultad de Odontología.

Un delegado del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

Un delegado del Banco de Previsión Social.

Un delegado del Banco de Seguros del Estado.

Un delegado de cada una de las organizaciones más representativas de personas con discapacidad.

Tendrá personería jurídica y domicilio legal en Montevideo y será renovada cada cinco años, correspondiendo la iniciación y término de dicho lapso con los del período constitucional de gobierno. Sin perjuicio de ello sus integrantes durarán en sus funciones hasta que tomen posesión los sustitutos.

Artículo 14.- Corresponde a la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado la elaboración, estudio, evaluación y aplicación de los planes de política nacional de promoción, desarrollo, rehabilitación e integración social de la persona con discapacidad, a cuyo efecto deberá procurar la coordinación de la acción del Estado en sus diversos servicios, creados o a crearse, a los fines establecidos en la presente ley.

Artículo 15.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado deberá específicamente:

A) Estudiar, proyectar y aconsejar al Poder Ejecutivo y Gobiernos Departamentales todas las medidas necesarias para hacer efectiva la aplicación de la presente ley.

B) Apoyar y coordinar la actividad de las entidades privadas sin fines de lucro que orienten sus acciones a favor de las personas con discapacidad.

C) Estimular a través de los medios de comunicación el uso efectivo de los recursos y servicios existentes, así como propender al desarrollo del sentido de solidaridad social en esta materia.

D) Elaborar un proyecto de reglamentación de la presente ley que elevará al Poder Ejecutivo. Este dispondrá de un plazo de ciento ochenta días para su aprobación.

A los efectos de dar cumplimiento a los cometidos asignados, facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas a destinar una partida anual complementaria.

La Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado con el apoyo de los Ministerios de Educación y Cultura, Salud Pública y la Universidad de la República, auspiciará la investigación científica sobre prevención, diagnóstico y tratamiento médico de las distintas formas de discapacidad física o mental. Se investigarán igualmente los factores sociales que causan o agravan una discapacidad, para prevenirlos y poder programar las acciones necesarias para disminuirlos o eliminarlos.

Artículo 16.- La Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado creará un Servicio de Asesoramiento para dar:

1) Información sobre los derechos de las personas con discapacidad y de los medios de rehabilitación.

2) Orientación terapéutica, educacional o laboral.

3) Información sobre mercado de trabajo.

4) Orientación y entrenamiento a padres, tutores, familiares y colaboradores.

Artículo 17.- En cada departamento de la República habrá una Comisión Departamental Honoraria del Discapacitado que se integrará de la siguiente manera:

- Un delegado del Ministerio de Salud Pública, que la presidirá.

- Un delegado del Ministerio de Educación y Cultura.

- Un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

- Un delegado del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.

- Un delegado de la Intendencia Municipal.

- Un delegado del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

- Un delegado del Banco de Previsión Social.

- Un delegado del Banco de Seguros del Estado.

- Dos delegados de las Organizaciones de personas con discapacidad del departamento.

Podrán crearse también Comisiones regionales y Subcomisiones locales, integradas en la forma que fijen, respectivamente, la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado y las Comisiones Departamentales Honorarias del Discapacitado.

Artículo 18.- Las Comisiones Regionales, Departamentales y Subcomisiones Locales tendrán dentro de su jurisdicción, los siguientes cometidos:

1°) Hacer efectiva la aplicación de los programas formulados por la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado.

2°) Evaluar la ejecución de los mismos y formular recomendaciones al respecto.

3°) Ejecutar las demás actividades que por reglamentación se le confieran.

CAPITULO III

CONSTITUCION DE BIEN DE FAMILIA Y DERECHO DE HABITACION

Artículo 19.- Podrá constituirse el Bien de Familia a favor de un hijo con discapacidad por todo el tiempo que esta persista y siempre que no integre su patrimonio otro bien inmueble. El inmueble deberá ser la casa-habitación habitual del beneficiario.

Artículo 20.- Modifícase el artículo 1° del Decreto-Ley N° 15.597, de 19 de julio de 1984, que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 1°.- Toda persona capaz de contratar puede constituir en Bien de Familia un inmueble de su propiedad, con sujeción a las condiciones establecidas en la presente".

Artículo 21.- Modifícase el literal c) del artículo 6° del Decreto-Ley N° 15.597, de 19 de julio de 1984, que quedará redactado de la siguiente forma:

"c) Por el cónyuge o concubino sobreviviente y por el cónyuge o los cónyuges divorciados o separados de hecho, a favor de los hijos del matrimonio o unión concubinaria menores de edad o con discapacidad, sobre los bienes propios pertenecientes al constituyente o los gananciales indivisos, conforme al literal b)."

Artículo 22.- El Bien de Familia podrá dejarse sin efecto cumpliendo con las mismas formalidades que requiere para su constitución, siempre que haya cesado la causa para la cual fue constituido.

Artículo 23.- El ex - cónyuge, el cónyuge separado de hecho y el padre o madre natural de hijos reconocidos o declarados tales o adoptante, que tenga la tenencia de una persona con discapacidad o la curatela en su caso, podrá solicitar para la persona con discapacidad el derecho real de habitación sobre el bien hasta que persista la incapacidad. Si el cónyuge o cualquiera de los padres naturales o adoptantes de la persona con discapacidad se negare a prestar el consentimiento, éste será suplido de acuerdo al literal b) del artículo 6° del Decreto-Ley N° 15.597, de 19 de julio de 1984.

Artículo 24.- El inmueble que habitan los discapacitados severos, sea de su propiedad o de sus familiares, independientemente que se haya constituido o no como bien de familia, así como los bienes muebles de cualquier naturaleza existentes en dicho inmueble, no afectarán en ningún caso el derecho de las personas con discapacidades severas (físicas, sensoriales y mentales) a las prestaciones servidas por el Banco de Previsión Social o por cualquier otro organismo del Estado. De igual forma, tampoco afectarán ese derecho los ingresos del núcleo familiar derivados de suelo o de remuneración por empleo público o privado.

CAPITULO IV

ASISTENCIA PERSONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES SEVERAS

Artículo 25.- Facúltase al Poder Ejecutivo a crear en el Banco de Previsión Social, el "Programa de asistentes personales para personas con discapacidades severas".

Artículo 26.- A través del Programa mencionado en el artículo anterior, facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar un monto a los efectos de la contratación de asistentes personales a quienes acrediten la necesidad de asistencia personal para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria.

Artículo 27.- A los efectos de la presente ley, se entenderán:

A) Actividades básicas de la vida diaria: levantarse de la cama, higiene, vestido, alimentación, movilización y desplazamiento, trabajo y recreación, entre otras.

B) Asistentes personales: personas capacitadas para desarrollar las tareas de asistencia directa y personal a las personas mencionadas en el artículo precedente.

Para ser asistente personal es imprescindible la obtención de certificado habilitante, expedido por la entidad o entidades que determine la reglamentación.

Artículo 28.- La existencia de la discapacidad a que refiere el presente Capítulo, será evaluada por el Ministerio de Salud Pública en acuerdo con la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la presente ley.

Artículo 29.- A los efectos de la administración del Programa creado por el artículo 25, el Banco de Previsión Social, deberá:

a) Registrar al beneficiario.

b) Administrar los recursos del programa.

c) Hacer efectivo el pago de las partidas.

Artículo 30.- El monto de la prestación a percibir, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la presente ley, así como el ejercicio del contralor correspondiente a los efectos del cumplimiento de los fines para los que dicho beneficio es estatuido, será establecido por la reglamentación.

CAPITULO V

PREMIO NACONAL A LA INTEGRACION

Artículo 31.- Créase el ‘Premio Nacional a la Integración’ con la finalidad de distinguir a toda persona que de acuerdo al artículo 2° de la presente ley, sea considerada como persona con discapacidad y que, a través de su esfuerzo personal haya desempeñado un papel destacado en beneficio de la sociedad.

Artículo 32.- El premio al que se refiere el artículo anterior consistirá en el pago de una suma de dinero equivalente a diez salarios mínimos nacionales, con cargo a Rentas Generales y un diploma de honor, los que serán entregados anualmente en acto público al que serán invitadas las máximas autoridades nacionales.

Artículo 33.- A los efectos de este Capítulo, se establecen las tres categorías siguientes:

1) Personas con discapacidad motriz.

2) Personas con discapacidad sensorial.

3) Personas con discapacidad intelectual.

Se otorgará un máximo de tres (3) distinciones anuales dentro de cada categoría, de las cuales al menos una se destinará a una niña, niño o adolescente.

Artículo 34.- La selección de los postulantes y la adjudicación de los premios serán realizadas por un jurado. Sus miembros serán designados anualmente por la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado y sus funciones serán las establecidas en la reglamentación correspondiente.

CAPITULO VI

SALUD

Artículo 35.- La prevención de la deficiencia y de la discapacidad es un derecho y un deber de todo ciudadano y de la sociedad en su conjunto y formará parte de las obligaciones prioritarias del Estado en el campo de la salud pública y de la seguridad social, ocupacional o industrial.

Artículo 36.- El Estado deberá implementar estrategias para apoyar y contribuir a la prevención de la deficiencia y de la discapacidad a través de:

a) Promoción y educación para la salud física y mental.

b) Educación del niño y del adulto en materia de prevención de situaciones de riesgo y de accidentes.

c) Asesoramiento genético e investigación de las enfermedades metabólicas y otras para prevenir las enfermedades genéticas y las malformaciones congénitas.

d) Atención adecuada del embarazo, del parto, del puerperio y del recién nacido.

e) Atención médica correcta del individuo para recuperar su salud.

f) Detección precoz, atención oportuna y declaración obligatoria de las personas con enfermedades discapacitantes, cualquiera sea su edad.

g) Lucha contra el uso indebido de sustancias adictivas.

h) Asistencia social oportuna a la familia.

i) Contralor del medio ambiente y lucha contra la contaminación ambiental.

j) Contralor de productos químicos de uso doméstico e industrial y de los demás agentes agresivos.

k) Promoción y desarrollo de una conciencia nacional de la seguridad en salud.

Artículo 37.- El Ministerio de Salud Pública en acuerdo con la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado:

a) Certificará la existencia de discapacidad, su naturaleza y su grado. La certificación que se expida justificará plenamente la discapacidad en todos los casos en que sea necesario invocarla.

b) Ampliará y reorganizará el Registro creado por la Ley N° 13.711, de 29 de noviembre de 1968, declarándose al efecto obligatoria la denuncia de toda persona con diagnóstico de discapacidad. El Registro proveerá a los servicios públicos que la necesiten, la información necesaria para el mejor cumplimiento de los cometidos de la presente ley.

c) Desarrollará, desde el Programa Nacional de Disca-pacidad del Ministerio de Salud Pública, acciones coordinadas tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Dichas acciones se impulsarán desde la óptica de la rehabilitación integral apoyado en la comunidad.

d) Creará servicios de rehabilitación en los centros de su jurisdicción considerando su grado de complejidad y áreas de influencia.

e) Promoverá la creación de hogares con internación total o parcial para personas con discapacidad, cuya atención sea imposible a través del grupo familiar y reglamentará y controlará su funcionamiento.

f) Supervisará servicios de terapia ocupacional y talleres protegidos terapéuticos y tendrá a su cargo la habilitación y registro.

g) Coordinará las medidas a adoptar respecto a la participación de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva en los distintos aspectos relacionados con la atención de las personas con discapacidad.

Las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, no podrán hacer discriminación en la afiliación ni limitación en la asistencia a las personas amparadas por la presente ley.

Artículo 38.- Toda persona con discapacidad tendrá derecho a obtener las prótesis, las ayudas técnicas, y la medicación especial que necesite, con recursos proporcionados por quien la reglamentación lo disponga, a los efectos de adquirir o de recuperar la capacidad de llevar una vida integrada en la sociedad.

CAPITULO VII

EDUCACION Y PROMOCION CULTURAL

Artículo 39.- El Ministerio de Educación y Cultura en coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública facilitará y suministrará al niño, la niña, el adolescente o el adulto con discapacidad en forma permanente y sin límite de edad, en materia educativa, física, recreativa, cultural y social -de acuerdo a sus necesidades- los elementos o medios científicos, técnicos o pedagógicos necesarios para que desarrolle al máximo sus potencialidades intelectuales, artísticas, deportivas y sociales.

Artículo 40.- La equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad desde la educación inicial en adelante determina que su integración a las aulas comunes se organice sobre la base del reconocimiento de la diversidad como factor educativo, de forma que apunte al objetivo de una educación para todos.

Artículo 41.- Las personas con discapacidad tienen derecho a la educación, reeducación y formación profesional orientada hacia la inclusión laboral.

Artículo 42.- A las personas cuyas limitaciones les impidan iniciar o concluir la fase de escolaridad obligatoria y hayan quedado debidamente comprobadas, se les otorgará una capacitación que les permita obtener una ocupación adecuada a su vocación y posibilidades.

A estos efectos, el Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública, establecerá la orientación y ubicación de los Talleres de Habilitación Ocupacional, atendidos por docentes especializados y equipados con tecnología adecuada.

Artículo 43.- Se facilitará a toda persona con discapacidad que haya aprobado la fase de instrucción obligatoria la posibilidad de continuar sus estudios.

Artículo 44.- El Ministerio de Educación y Cultura en coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública en todos los programas y niveles de capacitación profesional promoverá la inclusión en los temarios de los cursos regulares la información y el estudio de la discapacidad en relación a la materia de que se trate y la importancia de la habilitación y rehabilitación así como la necesidad de la prevención.

Artículo 45.- Se promoverá la sensibilización y la educación de la comunidad sobre el significado y la conducta adecuada ante las diferentes discapacidades, así como la necesidad de prevenir la discapacidad, a través de las distintas instituciones o cualquier agrupamiento humano organizado.

Artículo 46.- Los centros de recreación, educativos, deportivos, sociales o culturales, no podrán discriminar en el ingreso a las personas amparadas por la presente ley.

Artículo 47.- Las personas que sean calificadas como aquellas con discapacidad de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la presente ley, estarán exoneradas del pago de cualquier derecho de admisión en todos los conciertos, muestras, obras teatrales, exposiciones, actividades deportivas y cualquier otra actividad ejecutada por organismos públicos.

Asimismo se exonerará a un acompañante cuando la asistencia del mismo sea necesaria.

Las condiciones para generar el derecho de admisión antes mencionado, se establecerán en la reglamentación.

CAPITULO VIII

TRABAJO

SECCION I - Responsabilidad en el fomento del trabajo

Artículo 48.- La orientación y la rehabilitación laboral y profesional deberán dispensarse a todas las personas con discapacidad según su vocación, posibilidades y necesidades y se procurará facilitarles el ejercicio de una actividad remunerada.

La reglamentación determinará los requisitos necesarios para acceder a los diferentes niveles de formación.

Artículo 49.- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatales, están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción mínima no inferior al 4% (cuatro por ciento) de sus vacantes. Las personas con discapacidad que ingresen de esta manera gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos a las mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de la aplicación de normas diferenciadas cuando ello sea estrictamente necesario.

La obligación antedicha refiere al menos a la cantidad de cargos y funciones contratadas, sin perjuicio de ser aplicable también al monto del crédito presupuestario correspondiente a las mismas.

En el primer caso el cálculo del 4% (cuatro por ciento) de las vacantes a ocupar por personas con discapacidad se determinará sobre la suma total de las que se produzcan en las distintas unidades ejecutoras, reparticiones y escalafones que integran cada uno de los organismos referidos en el inciso primero del presente artículo. Cuando por aplicación de dicho porcentaje resultare una cifra inferior a la unidad, pero igual o mayor a la mitad de la misma, se redondeará a la cantidad superior.

El Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dentro de sus competencias, deberán remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil la información que resulte de sus registros relativa a la cantidad de vacantes que se produzcan en los organismos y entidades obligados por el inciso primero.

La Oficina Nacional del Servicio Civil solicitará cuatrimestralmente informes a los organismos y entidades obligadas, incluidas las personas de derecho público no estatales -quienes deberán proporcionarlos- sobre la cantidad de vacantes que se hayan generado y provisto en el año. Dichos organismos deberán indicar también el número de personas con discapacidad ingresadas, con precisión de la discapacidad que padecen y el cargo ocupado. La Oficina Nacional del Servicio Civil, en los primeros noventa días de cada año, comunicará a la Asamblea General el resultado de los informes recabados, tanto de los obligados como del Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, expresando el total de vacantes de cada uno de los obligados, la cantidad de personas con discapacidad incorporadas en cada organismo, con precisión de la discapacidad que padecen y el cargo ocupado e indicando, además, aquellos organismos que incumplen el presente artículo (artículo 768 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996).

Las personas que presenten discapacidad -de acuerdo a lo referido en el artículo 2° precedente- que quieran acogerse a los beneficios de la presente ley, deberán inscribirse en el Registro de Discapacitados que funciona en la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (artículo 768 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996).

A dichos efectos el Ministerio de Salud Pública deberá certificar la discapacidad. La evaluación se realizará con un Tribunal integrado por al menos un médico, un psicólogo y un asistente social, los cuales contarán con probada especialización. En dicho dictamen deberá precisarse la discapacidad que padece la persona, con indicación expresa de las tareas que pueda realizar, así como aquellas que no puede llevar a cabo. Dicha certificación expresará si la discapacidad es permanente y el plazo de validez de la certificación. Al vencimiento de la misma deberá hacerse una nueva evaluación. A efectos de realizar la certificación, el Ministerio de Salud Pública podrá requerir de los médicos e instituciones tratantes de las personas discapacitadas -quienes estarán obligados a proporcionarlos- los informes, exámenes e historias clínicas de las mismas. Los profesionales intervinientes, tanto en la expedición del certificado, como los tratantes de las personas discapacitadas, actuarán bajo su más seria responsabilidad. En caso de constatarse que la información consignada no se ajusta a la realidad, serán responsables civil, penal y administrativamente, según corresponda.

Artículo 50.- En caso de suprimida una vacante en el Estado, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales, el 4% (cuatro por ciento) del crédito se transferirá a un único objeto del gasto, con destino exclusivo a rehabilitar cargos o funciones contratadas a ser provistos con personas con discapacidad.

El jerarca del inciso o del organismo o entidad obligada propiciará ante el Poder Ejecutivo -previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación- la rehabilitación de los cargos o funciones contratadas a que refiere el inciso anterior, y la trasposición de los respectivos créditos existentes en el objeto del gasto a nivel de programa y unidad ejecutora.

La Contaduría General de la Nación en coordinación con la Oficina Nacional del Servicio Civil velará por el cumplimiento de esta obligación, no pudiendo demorarse más de ciento ochenta días el proceso de rehabilitación de esta clase de cargos o funciones contratadas. El plazo se contará a partir de la supresión de la vacante.

Lo dispuesto en los incisos anteriores será de aplicación, en lo pertinente, a las personas públicas no estatales.

Artículo 51.- A efectos de dar cumplimiento a la obligación contenida en los dos artículos precedentes se establecen que:

A) Se consideran vacantes a todas aquellas situaciones originadas en cualquier circunstancia que determinen el cese definitivo del vínculo funcional. Esta disposición no incluye los provenientes de lo dispuesto en los artículos 32, 723, 724 y 727 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, ni las originadas en los escalafones "K" Militar, "L" Policial, "G", "H" y "J" Docentes y "M" Servicio Exterior.

B) El incumplimiento en la provisión de vacantes, de acuerdo a lo preceptuado en el inciso primero del artículo 49 de la presente ley, aparejará la responsabilidad de los jerarcas de los organismos respectivos, pudiéndose llegar a la destitución y cesantía de los mismos por la causal de omisión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, leyes y reglamentos respectivos. Esta disposición será aplicable a quienes representen al Estado en los organismos directivos de las personas de derecho público no estatales.

C) El Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil será responsable por el incumplimiento de los contralores cometidos a dicha Oficina, pudiéndose llegar a la destitución y cesantía del mismo por la causal de omisión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, leyes y reglamentos respectivos.

D) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá elaborar un proyecto de reglamentación de la presente ley en el plazo de sesenta días a partir de su promulgación, que elevará al Poder Ejecutivo, éste dispondrá a su vez de un plazo de treinta días para su aprobación.

En la reglamentación se preverá la forma en que los organismos deberán cubrir las vacantes, los requisitos de idoneidad para desempeñar los cargos y el régimen sancionatorio para los infractores de la misma, estableciéndose que la omisión en el cumplimiento de la ley, será pasible de destitución o cesantía.

E) El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatales deberán dictar sus reglamentos a efectos de la aplicación de la presente ley, en un plazo máximo de sesenta días, contado a partir del día siguiente al de aprobación del dictado por el Poder Ejecutivo, debiendo remitirlos, una vez aprobados, a la Oficina Nacional del Servicio Civil para su conocimiento.

F) Al momento de cubrir las vacantes los organismos referidos en el literal anterior deberán especificar claramente la descripción y los perfiles necesarios de los cargos a ser cubiertos, debiendo, en todo caso, remitir dicha información a la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado. Esta estudiará la información y en un plazo máximo de sesenta días podrá asesorar y aconsejar al organismo las medidas convenientes en todos aquellos aspectos que se le planteen respecto a la información que se le envíe y proponer las adaptaciones que estime necesarias para llevar adelante las pruebas en caso de selección por concurso.

El organismo deberá atender en cada llamado las recomendaciones realizadas por dicha Comisión.

G) El organismo obligado, en coordinación con la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, deberá dar al llamado la más amplia difusión posible.

H) Deberá crearse un dispositivo en cada organismo público que vele por la adecuada colocación de la persona con discapacidad en el puesto de trabajo, contemplando a tales efectos las adaptaciones necesarias para el adecuado desempeño de las funciones, así como la eliminación de barreras físicas y del entorno social, que puedan ser causantes de actitudes discriminatorias.

I) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá impartir los instructivos y directivas para el efectivo cumplimiento del presente artículo.

Artículo 52.- Los sujetos enumerados en el artículo 49 de la presente ley, deberán priorizar, en igualdad de condiciones la adquisición de insumos y provisiones de empresas que contraten a personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada, de acuerdo a lo que se establezca por la reglamentación.

Artículo 53.- Siempre que se conceda y otorgue el uso de bienes del dominio público o privado del Estado o de los Gobiernos Departamentales, para la explotación de pequeños emprendimientos comerciales o de servicios, se dará prioridad a las personas con discapacidad que estén en condiciones de desempeñarse en tales actividades en la forma y con los requisitos que determine el Poder Eejcutivo.

Será nula toda concesión o permiso otorgado si se verifica que no ha sido observada la prioridad establecida en el inciso primero del presente artículo.

Artículo 54.- En caso de disponerse la privatización total o parcial de Entes del Estado o la tercerización de servicios prestados por los mismos, en los respectivos pliegos de condiciones se establecerán normas que permitan asegu-rar las preferencias y beneficios previstos por la presente ley.

Artículo 55.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, podrá establecer incentivos y beneficios para las entidades paraestatales y del sector privado que contraten personas con discapacidad en calidad de trabajadores, y para las que contraten producción derivada de Talleres de Producción Protegida.

Artículo 56.- El Ministerio de Industria, Energía y Minería, a través de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME), en coordinación con la Comisión Nacional del Discapacitado (CNHD), del Ministerio de Salud Pública, deberá realizar dentro del plazo de ciento ochenta días de la entrada en vigencia de la presente ley, un inventario de:

1) lugares disponibles a los efectos de lo dispuesto en el artículo 53;

2) adjudicatarios de los mismos;

3) aspirantes a utilizarlos.

Dicha información deberá ser actualizada mensualmente.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería, a través de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME), en coordinación con la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (CNHD) del Ministerio de Salud Pública, tendrá a su cargo el dictado de cursos destinados a proporcionar a quienes desarrollen pequeños emprendimientos, los conocimientos necesarios.

Artículo 57.- Corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre otros, los siguientes cometidos:

a) Contralor de los trabajadores y de los ambientes de trabajo y estudio de medidas a tomar en situaciones específicas, horarios de trabajo, licencias, instrucción especial de los funcionarios, equipos e instalaciones adecuadas para prevenir accidentes y otros.

b) Reglamentar e inspeccionar el funcionamiento de los Talleres de Producción Protegida.

Artículo 58.- Las personas cuya discapacidad haya sido certificada por las autoridades competentes tendrán derecho a los beneficios del empleo selectivo que la reglamentación regulará, pudiendo a tal fin entre otras medidas:

A) Establecer la reserva, con preferencia absoluta de ciertos puestos de trabajo.

B) Señalar las condiciones de readmisión por las empresas de sus propios trabajadores una vez terminada su readaptación o rehabilitación profesional.

Artículo 59.- En la reglamentación se establecerán los medios necesarios para completar la protección a disponer a las personas con discapacidad en proceso de rehabilitación. Esta protección comprenderá:

A) Medios y atención para facilitar o salvaguardar la realización de su tarea, así como el acondicionamiento de los puestos de trabajo que ellos ocupen.

B) Medidas de fomento o contribución directa para la organización de Talleres de Producción Protegida.

C) Créditos para el establecimiento como trabajador independiente.

Artículo 60.- Toda trabajadora o trabajador que tenga o adopte un hijo o hija afectada por el Síndrome de Down, parálisis cerebral u otras discapacidades físicas o intelectuales severas y mientras lo tenga a su cuidado, tendrá derecho a solicitar licencia extraordinaria sin goce de sueldo por un período de seis meses, adicional al correspondiente a la licencia por maternidad o paternidad.

La comunicación al empleador de dicha circunstancia deberá ser efectuada dentro del plazo de diez (10) días de verificado el nacimiento o la adopción, y ser acompañada de un certificado médico que acredite la configuración de la causal.

Artículo 61.- En caso de que la madre o el padre no puedan tener al niño o la niña bajo su cuidado, la licencia establecida en el artículo anterior podrá ser solicitada por la persona que lo tenga a su cargo.

Artículo 62.- Institúyese en la actividad pública y privada el empleo a tiempo parcial, de acuerdo con la capacidad de cada individuo, para aquellas personas con discapacidad que no puedan ocupar un empleo a tiempo completo.

Artículo 63.- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del pago de los aportes patronales de carácter jubilatorio correspondientes a las personas con discapacidad que sean contratadas por empresas industriales, agropecuarias, comerciales o de servicios, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 55 de la presente ley.

Se tendrán en cuenta, no sólo las personas con discapacidad que presten servicios directamente en las instalaciones de la empresa del empleador sino también aquellas que realicen trabajo a domicilio, siempre que éstas sean dependientes de la empresa objeto de la exoneración.

Artículo 64.- Los empleadores que participen del régimen establecido en el artículo precedente, deberán inscribirse previamente en el Registro Nacional de Empleadores de Personas con Discapacidad, el que estará a cargo de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La reglamentación establecerá la forma y condiciones de dicho Registro.

Artículo 65.- Los programas sociales o laborales financiados con fondos del Estado, deberán otorgar acceso a personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al previsto por el artículo 49 de la presente ley.

SECCION II - Talleres de Producción Protegida

Artículo 66.- Se consideran Talleres de Producción Protegida, aquellas instituciones u organizaciones sin fines de lucro que cuenten con personería jurídica, y que produzcan bienes o presten servicios, con el objetivo de capacitar y ocupar laboralmente a personas con discapacidad en condiciones especiales, que no estén, actualmente, en situación de integrarse al mercado laboral.

Artículo 67.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de Programas Especiales -sean éstos centralizados o descentralizados- prestará la asistencia técnica necesaria para que los Talleres de Habilitación Ocupacional puedan adaptar su funcionamiento a la modalidad de Talleres de Producción Protegida. Asimismo prestará asistencia técnica a estos últimos a los efectos de optimizar su funcionamiento.

Igualmente y sin perjuicio de los cometidos establecidos en el artículo 57, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social le corresponde promover, dentro del ámbito de sus competencias y a través del estudio de necesidades sectoriales, la creación y puesta en marcha de Talleres de Producción Protegida, prestando asistencia técnica a los efectos de optimizar su funcionamiento.

Se encargará también, de controlar, de forma periódica y rigurosa, que en ellos las personas con discapacidad sean empleadas en condiciones de trabajo adecuadas.

El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para que los Ministerios con competencia en la materia presten a los Talleres de Producción Protegida la máxima colaboración y facilidades para el cumplimiento de sus cometidos. El Poder Ejecutivo establecerá la naturaleza y alcance de dichas medidas dentro del plazo de ciento veinte días de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 68.- La actividad de los Talleres de Producción Protegida se dirige a personas de ambos sexos, que encontrándose en edad laboral, padezcan de alguna alteración funcional -permanente o prolongada, física o mental- que implicare trastornos considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral siempre que la discapacidad haya sido debidamente certificada.

Artículo 69.- La estructura, organización y gestión de los Talleres de Producción Protegida, serán establecidas por la correspondiente reglamentación, sin perjuicio de asumir condiciones similares a las adoptadas por las empresas ordinarias, con las características que hacen a los particulares objetivos a que deben su existencia.

Entre ellos se destacan: asegurar un empleo remunerado, la prestación de servicios de adaptación laboral y social que requieran sus trabajadores y trabajadoras y la integración del mayor número de trabajadores/as con discapacidad al régimen de trabajo convencional.

Artículo 70.- Los talleres protegidos terapéuticos y los talleres de habilitación ocupacional, a que refieren respectivamente el literal f) del artículo 31 y el artículo 36 de la presente ley, no serán considerados Talleres de Producción Protegida.

Los Talleres de Habilitación Ocupacional también se inscribirán en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 71.- Para acceder a los incentivos y beneficios que dispone la presente ley, los Talleres de Producción Protegida deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de Instituciones que atienden personas con discapacidad creado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Para que pueda realizarse la inscripción deberá justificar la viabilidad económica a mediano y largo plazo teniendo en cuenta el cumplimiento de sus fines, mediante un estudio económico-financiero, elaborado por contador público.

Artículo 72.- La plantilla de trabajadores de los Talleres de Producción Protegida, deberá contar con un mínimo de setenta y cinco por ciento (75%) de personas con discapacidad, acreditada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 literal a) y 49 de la presente ley.

Las personas con discapacidad que desempeñen tareas en el marco de un proceso de formación o participen de actividades con la finalidad exclusiva de integrarse socialmente, no percibirán remuneración salarial alguna y no serán considerados a los efectos del porcentaje establecido en el inciso anterior.

Artículo 73.- Las personas con discapacidad que desempeñen actividad como trabajadores dependientes o como aprendices, en los Talleres de Producción Protegida, en las entidades paraestatales y del sector privado, tendrán derecho a una remuneración que no podrá ser inferior al mínimo salarial de la categoría correspondiente al sector de actividad en el que se desempeñan.

En todos los casos deberán estar cubiertos por el seguro de accidentes de trabajo establecido por la Ley N° 16.074, de 10 de octubre de 1989.

Artículo 74.- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la producción derivada de los Talleres de Producción Protegida, en función de lo establecido en el artículo 69 de la Constitución de la República.

El Poder Ejecutivo podrá otorgarles los beneficios previstos para las cooperativas sociales (artículo 7° de la Ley N° 17.978, de 26 de junio de 2006).

Artículo 75.- Extiéndese a los Talleres de Producción Protegida, lo establecido en el artículo 63 de la presente ley.

CAPITULO IX

ARQUITECTURA Y URBANISMO

Sección I - Disposiciones generales

Artículo 76.- Las instituciones que gobiernen los espacios y edificios de carácter público, así como otros organismos que puedan prestar asesoramiento técnico en la materia, se ocuparán coordinadamente de formular un cuerpo de reglamentaciones que permita ir incorporando elementos y disposiciones que sean útiles para el desenvolvimiento autónomo de la persona con discapacidad.

Artículo 77.- La construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad pública o privada, destinados a un uso que implique concurrencia de público, así como la planificación y urbanización de las vías públicas, parques y jardines de iguales características, se efectuará de forma tal que todas las personas puedan acceder, ingresar, usar y egresar, especialmente en situaciones de emergencia, en condiciones de seguridad, equidad, confort y con la mayor autonomía posible.

Artículo 78.- Las Intendencias Municipales deberán incluir normas sobre el tema y en sus respectivos Planes Reguladores o de Desarrollo Urbano, las disposiciones necesarias, con el objeto de adaptar las vías públicas, parques, jardines y edificios a las normas aprobadas con carácter general.

Artículo 79.- Los organismos públicos vinculados a la construcción o cuyas oficinas técnicas elaboran proyectos arquitectónicos, deberán igualmente cumplir con las normas que se establezcan en este Capítulo.

Artículo 80.- En todos aquellos pliegos de licitación para la construcción de edificios públicos por parte de organismos del Estado, Gobiernos Departamentales y personas públicas no estatales, deberá establecerse una cláusula que establezca la obligatoriedad de crear los mecanismos de accesibilidad previstos en la presente ley, así como en la normativa internacional ratificada por el país en la materia.

El incumplimiento de esta norma traerá aparejado la nulidad de los mismos.

Artículo 81.- Las instalaciones, edificios, calles, parques y jardines existentes, cuya vida útil sea aún considerable, serán adaptados gradualmente, de acuerdo con el orden de prioridades que reglamentariamente se determine.

Artículo 82.- Los Entes Públicos habilitarán en sus presupuestos las asignaciones necesarias para la financiación de esas adaptaciones en los inmuebles que de ellos dependen.

Artículo 83.- En todos los proyectos de viviendas, se programarán alojamientos cuyo diseño arquitectónico sea adecuado para facilitar el acceso y el total desenvolvimiento de las personas con discapacidad y su integración al núcleo en que habiten.

Artículo 84.- El Estado otorgará a través de la institución que corresponda, préstamos para refaccionar y acondicionar de acuerdo a las normas de accesibilidad (UNIT) la vivienda en la cual vive o va a vivir la persona con discapacidad.

Sección II - Accesibilidad de personas con movilidad reducida o limitación sensorial

Artículo 85.- En cumplimiento de los artículos 76 y 77 de la presente ley, establécese como prioridad la supresión de barreras físicas con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida o limitación sensorial mediante las normas contenidas en este Capítulo en:

a) Los ámbitos urbanos arquitectónicos y de transporte que se creen, en los existentes o en los que sean remodelados o sustituidos en forma total o parcial sus elementos constitutivos.

b) Los edificios de uso público e inmuebles con concurrencia pública.

c) Las áreas sin acceso al público en general o las correspondientes a edificios industriales y comerciales.

d) Las viviendas individuales.

e) Las viviendas colectivas.

Subsección I - Definiciones

Artículo 86.- A los fines de la presente ley entiéndese por:

a) Accesibilidad para las personas con movilidad reducida o limitación sensorial: la posibilidad de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de la actividad de la vida diaria sin restricciones derivadas del ámbito urbano, arquitectónico o del transporte, para su integración y equiparación de oportunidades.

b) Barreras físicas urbanas: las existentes en las vías, espacios públicos e inmuebles con concurrencia pública.

c) Barreras arquitectónicas aquellos obstáculos físicos que impiden que personas con movilidad reducida o limitación sensorial puedan llegar, acceder o moverse por edificios de uso público, inmuebles con concurrencia pública o destinados a viviendas.

d) Adaptabilidad: implica la posibilidad de modificar en el tiempo el medio físico con el fin de hacerlo completa y fácilmente accesible a las personas con movilidad reducida o limitación sensorial.

e) Practicabilidad: implica la adaptación efectiva a requisitos mínimos de los espacios físicos de uso habitual por personas con movilidad reducida o limitación sensorial.

f) Visitabilidad: refiere estrictamente al ingreso y uso de los espacios comunes y servicios higiénicos por parte de personas con movilidad reducida o limitación sensorial.

Subsección II - Normas para el cumplimiento de la Sección I

Artículo 87.- A los efectos de la aplicación del artículo 85 de la presente ley se establecen las siguientes normas para la aplicación de los ámbitos descriptos en el literal a):

1) Itinerarios peatonales: contemplarán una anchura mínima en todo su recorrido que permita el paso de dos personas, una de ellas en silla de ruedas. Los pisos serán antideslizantes sin resaltos ni aberturas que permitan el tropiezo de personas con bastones o sillas de ruedas.

Los desniveles de todo tipo tendrán un diseño, grado e inclinación que permita la transitabilidad, utilización y seguridad de las personas con movilidad reducida o limitación sensorial.

2) Escaleras y rampas: las escaleras deberán ser de escalones cuya dimensión vertical y horizontal facilite su utilización por personas con movilidad reducida o limitación sensorial, estarán dotadas de pasamanos. Las rampas tendrán las características señaladas para los desniveles en el numeral 1).

3) Parques, jardines, plazas y espacios libres: deberán observar en sus itinerarios, peatonales las normas establecidas para los mismos en el numeral 1). Los baños públicos deberán ser accesibles y utilizables por personas con movilidad reducida o limitación sensorial.

4) Estacionamientos: tendrán zonas reservadas y señalizadas, cercanas a los accesos peatonales, para vehículos que transporten personas con movilidad reducida o limitación sensorial.

5) Señales verticales y elementos urbanos varios: las señales de tránsito, semáforos, postes de iluminación o cualquier otro elemento vertical de señalización o de mobiliario urbano, se dispondrán de forma que no constituyan obstáculo para los no videntes y para las personas que se desplacen en sillas de ruedas.

6) Obras en la vía pública: estarán señalizadas y protegidas por vallas estables y continuas y luces rojas permanentes, disponiendo los elementos de manera que los no videntes puedan detectar a tiempo la existencia del obstáculo. En las obras que reduzcan la sección transversal de la acera se deberá construir un itinerario peatonal alternativo con las características señaladas en el numeral 1).

Respecto de los edificios descriptos en el literal b) del artículo 85 de la presente ley:

1) Deberán observar la accesibilidad y la posibilidad de su uso en todas sus partes por personas con movilidad reducida o limitación sensorial.

2) Deberán contar con estacionamientos reservados señalizados para vehículos que transporten a dichas personas cercanos a los accesos peatonales.

3) Deberán contar con espacios de circulación horizontal y de comunicación vertical que permitan el desplazamiento y la maniobra de dichas personas mediante elementos constructivos o mecánicos.

4) Deberán contar con zonas reservadas señalizadas y adaptadas a los efectos de ser utilizadas por personas que se desplazan en sillas de ruedas.

5) Deberán contar con servicios higiénicos adaptados a las necesidades de dichas personas.

A los efectos de las áreas descriptas en el literal c) del artículo 85 de la presente ley, se deberán concretar los grados de adaptabilidad a las personas con movilidad reducida o limitación sensorial.

A los efectos de las viviendas descriptas en el literal d) del artículo 85 de la presente ley, se observarán las disposiciones de esta ley y su reglamentación en materia de diseño, ejecución y remodelación.

A los efectos de las viviendas descriptas en el literal e) del artículo 85 de la presente ley, deberán desarrollarse condiciones de adaptabilidad y practicabilidad en los grados y plazos que establezca la reglamentación para los conjuntos ya existentes, respetándose para las nuevas las disposiciones de esta ley.

Artículo 88.- Las prioridades, requisitos y plazos de las adecuaciones establecidas en los artículos 85 y 87 de la presente ley, relativas a barreras urbanas y en edificios de uso público serán determinadas por la reglamentación, pero su ejecución total no podrá exceder un plazo de cinco (5) años desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente fijará el orden de prioridad para el desarrollo de las obras pertinentes.

En toda obra nueva o de remodelación de edificios de vivienda, la aprobación de los planes requerirá imprescindiblemente la inclusión en los mismos de las normas establecidas en el artículo 87 numeral 2) de la presente ley, su reglamentación y las respectivas disposiciones municipales en la materia.

Artículo 89.- Las personas con discapacidad que utilicen para su desplazamiento animales especialmente adiestrados, podrán ingresar acompañadas por éstos a todos los lugares abiertos al público, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 90.- A los efectos de la presente ley, se adopta como indicador universal el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), aprobado en el XI Congreso Mundial de la Comisión Internacional sobre la Tecnología y Accesibilidad (ICTA), en setiembre de 1969.

CAPITULO X

TRANSPORTE

Artículo 91.- A los efectos de la presente ley constituyen barreras en los transportes aquéllas existentes en el acceso y utilización de los medios de transporte público terrestre, aéreo y acuático de corta, media y larga distancia y aquéllas que dificulten el uso de medios propios de transporte por las personas con movilidad reducida o limitación sensorial a cuya supresión se tenderá por la observancia de los siguientes criterios:

A) Vehículos de transporte público: tendrán dos asientos reservados señalizados y cercanos a la puerta por cada coche para personas con movilidad reducida o limitación sensorial. Los coches contarán con piso antideslizante y espacio para ubicación de bastones, muletas, sillas de ruedas y otros elementos de utilización por tales personas. En los transportes aéreos deberá privilegiarse la asignación de ubicaciones próximas a los accesos para pasajeros con movilidad reducida o limitación sensorial.

B) Estaciones de transportes: contemplarán un itinerario peatonal con las características señaladas en el artículo 87 numeral 1) de la presente ley en toda su extensión; bordes de andenes de textura reconocible y antideslizantes; piso alternativo o molinetes; sistema de anuncios por parlantes y servicios sanitarios adaptados. En los aeropuertos se preverán sistemas mecánicos de ascenso y descenso de pasaje con movilidad reducida o limitación sensorial en el caso que no hubiera métodos alternativos.

D) Transportes propios: las personas con movilidad reducida o limitación sensorial tendrán derecho a libre tránsito y estacionamiento de acuerdo a lo que establezcan las respectivas disposiciones municipales. Estos vehículos serán reconocidos por el distintivo de la identificación -símbolo internacional de acceso- mencionado en el artículo 90 de la presente ley.

Artículo 92.- Todas las empresas de transporte colectivo nacional terrestre de pasajeros están obligadas a transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en las condiciones que regulará la reglamentación.

Artículo 93.- Se otorgarán franquicias de estacionamiento a los vehículos de las personas con discapacidad, debidamente identificados.

Artículo 94.- Las empresas de transporte colectivo terrestre deberán dar publicidad suficiente, en forma legible y entendible, a las frecuencias de las unidades accesibles para personas con movilidad reducida o limitación sensorial, y un servicio de consulta telefónica respecto de esta información.

La información acerca de este servicio deberá exhibirse en las unidades, terminales y principales paradas de los recorridos de las empresas de transporte colectivo terrestre.

Todas las oficinas de información turística, dependientes del Ministerio de Turismo o de las Intendencias Municipales, deberán poseer la información sobre las frecuencias y un número telefónico de referencia.

Artículo 95.- Las adecuaciones establecidas en el transporte público, por el literal a) del artículo 91 deberán ejecutarse en un plazo máximo de dos (2) años y las establecidas en el literal d), en un plazo máximo de cinco (5) años.

En ambos casos, los plazos se computarán a partir de la reglamentación de la presente ley.

Artículo 96.- Incorpórase al artículo 365 del Código Penal, el siguiente numeral:

"17°.- El que ocupare los lugares reservados para las personas con discapacidad en los estacionamientos de vehículos sin tener la condición de tal".

CAPITULO XI

NORMAS TRIBUTARIAS

Artículo 97.- Facúltase al Poder Ejecutivo, en las condiciones que éste reglamente, a otorgar a las personas con discapacidad que no cuenten con los ingresos suficientes o a las instituciones encargadas de su atención, la exoneración del pago de la totalidad de los derechos arancelarios y demás gravámenes a las importaciones de las siguientes ayudas técnicas, siempre que no se produzcan en el país:

1) Prótesis auditivas, visuales y físicas.

2) Ortesis.

3) Equipos, medicamentos y elementos necesarios para la terapia y rehabilitación de personas con discapacidad.

4) Equipos, maquinarias y útiles de trabajo especialmente diseñados o adaptados para ser usados por personas con discapacidad.

5) Elementos de movilidad, cuidado e higiene personal necesarios para facilitar la autonomía y la seguridad de las personas con discapacidad.

6) Elementos especiales para facilitar la comunicación, la información y la señalización para personas con discapacidad.

7) Equipos y material pedagógico especiales para educación, capacitación y recreación de las personas con discapacidad.

Se consideran ayudas técnicas todos aquellos elementos necesarios para el tratamiento de la deficiencia o discapacidad, con el objeto de lograr su recuperación o rehabilitación, o para impedir su progresión o derivación en otra discapacidad.

Asimismo, se consideran ayudas técnicas las que permiten compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o cognitivas de la persona con discapacidad, con el propósito de permitirle salvar las barreras de comunicación y movilidad y de posibilitar su plena integración en condiciones de normalidad.

Artículo 98.- La discapacidad que padezcan las personas que soliciten los beneficios previstos en el artículo anterior, deberá ser acreditada de acuerdo a lo establecido en los artículo 28 y 37 literal a) de la presente ley, sin cuyo cumplimiento no se autorizará su importación.

Artículo 99.- A los efectos de acceder a los beneficios establecido en este Capítulo, las personas con discapacidad destinatarias de las ayudas técnicas deberán estar inscriptas en el Registro Nacional de la Discapacidad.

Artículo 100.- Quedan comprendidos en la Ley N° 13.102, de 18 de octubre de 1962, las personas con discapacidad intelectual.

CAPITULO XII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGACIONES Y ADECUACIONES

Artículo 101.- Los derechos consagrados en la presente ley, no podrán dejar de ser aplicados por ausencia de reglamentación.

Artículo 102.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de ciento ochenta días a partir de la fecha de su promulgación.

Artículo 103.- Deróganse las Leyes Nos. 16.095, de 26 de octubre de 1989; 16.169, de 24 de diciembre de 1990; 16.592, de 13 de octubre de 1994; 17.216, de 24 de setiembre de 1999; 18.094, de 9 de enero de 2007; Decreto N° 431/999, de 22 de diciembre de 1999 y los artículos 1° literal d) de la Ley N° 16.127, de 7 de agosto de 1990; 9° y 546 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001 y 2° de la Ley N° 17.378, de 25 de julio de 2001.

Artículo 104.- Efectúanse las siguientes adecuaciones en la normativa vigente:

a) La remisión efectuada por los artículos 12 de la Ley N° 16.226, de 29 de octubre de 1991 y 768 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, al artículo 42 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, debe entenderse realizada al artículo 49 de la presente ley.

b) La remisión efectuada por el artículo 3° del Decreto N° 442/991, de 22 de agosto de 1991 a la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, debe entenderse realizada a la presente ley.

c) La remisión efectuada por el artículo 2° del Decreto N° 564/005, de 26 de diciembre de 2005 al artículo 9° de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001, debe entenderse realizada al artículo 50 de la presente ley."

RESOLUCIONES:

Sesionar el próximo lunes 25, a la hora 14:00, a efectos de considerar el primer punto que figura en el Orden del Día: Carpeta N° 814/2007, Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se determinan normas sobre Migración. Distribuido N° 1641/2007.

A la hora quince y cincuenta y nueve minutos, se levanta la sesión.

De lo actuado, se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 1732/2007, que forma parte de la presente Acta.

Para constancia, se labra la presente Acta que firman el señor Presidente y la señora Secretaria.

Ruperto E. Long Presidente

Lydia El Helou Secretaria.

Carp. N° 289/05

Rep. N° 488/07

Anexo I

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I

PROMOCION CULTURAL

Artículo 1°.- Las personas que sean calificadas como discapacitadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley N° 16.095, de fecha 26 de octubre de 1989, estarán exoneradas del pago de cualquier derecho de admisión en to-dos los conciertos, muestras, obras teatrales, exposiciones y cualquier otra actividad ejecutada por organismos públicos.

Artículo 2°.- Establécese, asimismo, una bonificación equivalente al cincuenta por ciento (50%) del importe de la correspondiente entrada para el acompañante de la persona discapacitada.

CAPITULO II

CREACION DEL PREMIO NACIONAL A LA INTEGRACION

Artículo 3°.- Créase el "Premio Nacional a la Integración" con la finalidad de distinguir a toda persona que de acuerdo al artículo 2° de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, sea considerada discapacitada y que, a través de su esfuerzo personal superare los obstáculos de su situación, desempeñando un papel destacado en beneficio de la sociedad.

Artículo 4°.- El premio al que se refiere el artículo anterior consistirá en el pago de una suma de dinero equivalente a diez salarios mínimos nacionales, con cargo a Rentas Generales y un diploma de honor, los que serán entregados anualmente en acto público al que será invitado el Señor Presidente de la República.

Artículo 5°.- A los efectos de esta ley, se establecen las tres categorías siguientes:

1) Discapacitados motores.

2) Discapacitados sensoriales.

3) Discapacitados mentales.

Se otorgará un máximo de tres (3) distinciones anuales dentro de cada categoría, de las cuales al menos una se destinará a un menor de edad.

Artículo 6°.- La selección de los postulantes y la adjudicación de los premios será realizada por una Comisión Especial Honoraria, cuyos miembros serán designados anualmente por el Poder Ejecutivo, y cuya integración y funciones serán establecidas en la reglamentación correspondiente.

CAPITULO III

SALUD

SECCION I - PROGRAMA DE ASISTENTES PERSONALES PARA DISCAPACITADOS SEVEROS

Artículo 7°.- Créase en la órbita del Banco de Previsión Social, el "Programa de asistentes personales para discapacitados severos".

Artículo 8°.- A través de este programa quienes acrediten la necesidad de asistencia personal para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria, percibirán del Estado un monto a los efectos de la contratación de asistentes personales.

Artículo 9°.- A los efectos de la presente ley, se consideran:

A) Actividades básicas de la vida diaria: levantarse de la cama, higiene, vestido, alimentación, movilización y desplazamiento y trabajo, entre otras.

B) Asistentes personales: personas capacitadas al efecto que desarrollan tareas de asistencia directa y personal a las personas mencionadas en el artículo 8°.

Para ser asistente personal es imprescindible la obtención de certificado habilitante, expedido por la entidad o entidades que determine la reglamentación.

Artículo 10.- El organismo responsable de la administración del programa creado por el artículo 7°, será el Banco de Previsión Social, el que deberá:

A) Determinar la discapacidad severa.

B) Determinar al beneficiario.

C) Administrar los recursos del programa.

D) Hacer efectivo el pago de las partidas.

Artículo 11.- La existencia de la discapacidad a que refiere el presente Capítulo, será evaluada en cada caso concreto, a los efectos del acceso a este beneficio, por el Area de Medicina Laboral del Banco de Previsión Social, teniendo en consideración lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 16.095, de fecha 26 de octubre de 1989.

Artículo 12.- Declarada la discapacidad de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, se hará efectivo el pago de la prestación correspondiente, en la persona del beneficiario o de la persona autorizada por éste, mediante poder con certificación notarial, el que deberá asimismo renovarse semestralmente por la escribanía del Banco de Previsión Social, lo que será efectuado en forma gratuita.

Artículo 13.- El monto de la prestación a percibir, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la presente ley, así como el ejercicio del contralor correspondiente a los efectos del cumplimiento de los fines para los que dicho beneficio es estatuido, será establecido por la reglamentación.

CAPITULO IV

TRABAJO

SECCION I - ACTIVIDAD EN LA ORBITA PUBLICA

Artículo 14.- La proporción mínima de vacantes establecida en el artículo 42 de la Ley N° 16.095, de fecha 26 de octubre de 1989, será de siete por ciento (7%).

Artículo 15.- Los sujetos enumerados en el artículo 42 de la Ley mencionada en el artículo anterior, deberán priorizar, respecto de igualdad de costo la adquisición de insumos y provisiones de empresas que contraten a personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada, de acuerdo a lo que se establezca por la reglamentación.

Artículo 16.- Siempre que se conceda y otorgue el uso de bienes del dominio público o privado del Estado o de los Gobiernos Departamentales, para la explotación de pequeños comercios, se dará prioridad a los discapacitados que estén en condiciones de desempeñarse en tales actividades en la forma y con los requisitos que determine el Poder Ejecutivo.

Artículo 17.- Será nula toda concesión o permiso otorgado sin observar la prioridad establecida en el artículo anterior.

Artículo 18.- En caso de disponerse la privatización total o parcial de Entes del Estado o la tercerización de servicios prestados por los mismos, en los respectivos pliegos de condiciones se establecerán normas que permitan asegurar las preferencias y beneficios previstos por la presente ley.

Artículo 19.- El Ministerio de Industria, Energía y Minería deberá realizar dentro del plazo de ciento ochenta días de la entrada en vigencia de la presente ley, un inventario de:

1) Lugares disponibles a los efectos de lo dispuesto en el artículo 16;

2) Adjudicatarios de los mismos;

3) Aspirantes a utilizarlos.

Dicha información deberá ser actualizada mensualmente.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería tendrá a su cargo el dictado de cursos destinados a proporcionar a quienes aspiren a instalar pequeños comercios, los conocimientos necesarios para que los mismos puedan iniciar y desarrollar sus actividades.

SECCION II - FOMENTO DEL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 20.- Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar una deducción especial en los aportes patronales que los empleadores que contraten a personas discapacitadas deben cumplir por éstas, el Banco de Previsión Social, equivalente al setenta por ciento (70%) del monto que correspondiere abonar.

Se tendrán en cuenta, no sólo las personas discapacitadas que presten servicios directamente en las instalaciones de la empresa del empleador sino también aquéllas que realicen trabajo a domicilio.

Artículo 21.- Los empleadores que participen de este sistema, deberán inscribirse previamente en el Registro Nacional de Empleadores de Personas con Discapacidad, el que estará a cargo de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La reglamentación establecerá la forma y condiciones de funcionamiento del mismo.

SECCION III - DEL ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A PROGRAMAS SOCIO LABORALES FINANCIADOS CON FONDOS PUBLICOS

Artículo 22.- Los programas socio laborales financiados con fondos del Estado, deberán otorgar acceso a personas discapacitadas en un porcentaje no inferior al siete por ciento (7%) del total.

SECCION IV - TALLERES DE PRODUCCION PROTEGIDA

Artículo 23.- A los efectos de la presente ley se consideran Talleres de Producción Protegida a las instituciones u organizaciones sin fines de lucro que contando con personería jurídica ejecuten actividades que impliquen la producción de bienes o la prestación de servicios, con la finalidad de otorgar capacitación y generar puestos de trabajo, para personas con discapacidad en condiciones especiales, por encontrarse sin posibilidades de ingresar al mercado laboral abierto.

Artículo 24.- La actividad de los Talleres de Producción Protegida se dirige a personas de ambos sexos, que encontrándose en edad laboral, padezcan de alguna alteración funcional -permanente o prolongada, física o mental- que implicare trastornos considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral siempre que la discapacidad haya sido debidamente certificada.

Artículo 25.- La estructura, organización y gestión de los Talleres de Producción Protegida, serán establecidos por la correspondiente reglamentación, sin perjuicio de asumir condiciones similares a las adaptadas por las empresas ordinarias, con las características que hacen al particular objetivo al que deben su existencia.

Artículo 26.- A los efectos del acceso a los incentivos y beneficios establecidos en la presente ley, será obligación de los Talleres de Producción Protegida, la inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad así como la presentación de un plan de negocios que verifique su sustentabilidad.

Artículo 27.- Al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de los trabajadores que desempeñen funciones en los Talleres de Producción Protegida, deberán ser discapacitados, lo que será acreditado de acuerdo a los criterios establecidos en la Ley N° 16.095 y concordantes.

Artículo 28.- No se considerará a los efectos del porcentaje establecido en el artículo anterior, a aquellas personas discapacitadas que ejecuten actividades en el marco de un proceso de formación o participen de actividades con la finalidad exclusiva de integrarse socialmente.

Artículo 29.- Sin perjuicio de lo anterior, toda empresa industrial, comercial o de servicios que contrate personas discapacitadas en un porcentaje igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) del personal ocupado, podrá ser exonerada por el Poder Ejecutivo del pago de los aportes patronales correspondientes a todo su personal.

Artículo 30.- Las empresas que no alcancen el porcentaje previsto en el artículo precedente, podrán ser exoneradas por el Poder Ejecutivo, del pago de esos aportes, solamente en relación a las personas discapacidades que ocupen.

Artículo 31.- El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para que los Ministerios con competencia en la materia presten a los Talleres de Producción Protegidos la máxima colaboración y facilidades para el cumplimiento de sus cometidos. El Poder Ejecutivo establecerá la naturaleza y alcance de dichas medidas dentro del plazo de sesenta días de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 32.- Aquellas personas con discapacidad que desarrollen actividades como trabajadores dependientes o como aprendices, en los Talleres de Producción Protegida, para los organismos paraestatales y/o para el sector privado, percibirán su correspondiente salario, el que no podrá ser inferior al mínimo salarial de la categoría correspondiente al sector de actividad de que se trate.

SECCION V - LICENCIA DE LA MADRE TRABAJADORA POR NACIMIENTO DEL HIJO CON SINDROME DE DOWN

Artículo 33.- Toda trabajadora que dé a luz un hijo o hija afectada por el Síndrome de Down y mientras lo tenga a su cuidado, tendrá derecho a solicitar licencia extraordinaria sin goce de sueldo por un período de seis meses, adicional al correspondiente a la licencia por maternidad.

La comunicación al empleador de dicha circunstancia deberá ser efectuada dentro del plazo de 10 días de verificado el nacimiento, y ser acompañada de un certificado médico que acredite la configuración de la causal.

Artículo 34.- Durante el desarrollo de dicha licencia la trabajadora tendrá derecho a la percepción de un subsidio especial que será igual al setenta y cinco por ciento (75%) del salario que habría percibido si se encontrare en actividad.

Artículo 35.- La prestación establecida en el artículo precedente será percibida en las mismas condiciones y con los mismos requisitos que corresponden al subsidio por maternidad.

CAPITULO V

ARQUITECTURA Y URBANISMO

SECCION I - ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Artículo 36.- Establécese como prioridad la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte que se creen, en los existentes o en los que sean remodelados o sustituidos en forma total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida y mediante la aplicación de las normas contenidas en el presente Capítulo.

A los fines de la presente ley, entiéndese por accesibilidad la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de la actividad de la vida diaria sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte, para su integración y equiparación de oportunidades.

Entiéndese por barreras físicas urbanas las existentes en las vías y espacios libres públicos a cuya supresión se tenderá por el cumplimiento de los siguientes criterios:

A) Itinerarios peatonales: contemplarán una anchura mínima en todo su recorrido que permita el paso de dos personas, una de ellas en silla de ruedas. Los pisos serán antideslizantes sin resaltos ni aberturas que permitan el tropiezo de personas con bastones o sillas de ruedas.

Los desniveles de todo tipo tendrán un diseño, grado e inclinación que permita la transitabilidad, utilización y seguridad de las personas con movilidad reducida.

B) Escaleras y rampas: las escaleras deberán ser de escalones cuya dimensión vertical y horizontal facilite su utilización por personas con movilidad reducida y estarán dotadas de pasamanos. Las rampas tendrán las características señaladas para los desniveles en el apartado A).

C) Parques, jardines, plazas y espacios libres: deberán observar en sus itinerarios peatonales las normas establecidas para los mismos en el apartado A). Los baños públicos deberán ser accesibles y utilizables por personas con movilidad reducida.

D) Estacionamientos: tendrán zonas reservadas y señalizadas para vehículos que transporte personas con movilidad reducida cercanas a los accesos peatonales; señales verticales y elementos urbanos varios: las señales de tráfico semáforos, postes de iluminación y cualquier otro elemento vertical de señalización o de mobiliario urbano se dispondrán de forma que no constituyan obstáculo para los no videntes y para las personas que se desplacen en silla de ruedas.

E) Obras en la vía pública: estarán señalizadas y protegidas por vallas estables y continuas y luces rojas permanentes, disponiendo los elementos de manera que los no videntes puedan detectar a tiempo la existencia del obstáculo. En las obras que reduzcan la sección transversal de la acera se deberá construir un itinerario peatonal alternativo con las características señaladas en el apartado A).

Artículo 37.- A los efectos de la presente ley, se entiende por barreras arquitectónicas aquéllas existentes en los edificios de uso público y en los edificios de vivienda a cuya supresión se tenderá por la observancia de los criterios contenidos en el presente artículo.

Adaptabilidad implica la posibilidad de modificar en el tiempo, el medio físico con el fin de hacerlo completa y fácilmente accesible a las personas con movilidad reducida.

Practicabilidad implica la adaptación limitada a condiciones mínimas de los ámbitos básicos para ser utilizados por las personas con movilidad reducida.

Visitabilidad implica accesibilidad estrictamente limitada al ingreso y uso de los espacios comunes y un local sanitario que permita la vida de relación de las personas con movilidad reducida.

Edificios de uso público:

a) Deberán observar en general la accesibilidad, posibilidad de uso en todas sus partes por personas de movilidad reducida y en particular la existencia de estacionamientos reservados y señalizados para vehículos que transporten a dichas personas cercanos a los accesos peatonales; por lo menos un acceso al interior del edificio desprovisto de barreras arquitectónicas, espacios de circulación horizontal que permitan el desplazamiento y maniobra de dichas personas al igual que comunicación vertical accesible y utilizable por las mismas mediante elementos constructivos o mecánicos y servicios sanitarios adaptados.

b) Los edificios destinados a espectáculos deberán tener zonas reservadas, señalizadas y adaptadas al uso por personas con sillas de ruedas.

c) Los edificios en que se garanticen plenamente las condiciones de accesibilidad serán identificados con un símbolo indicativo de tal hecho, en su exterior.

d) Las áreas sin acceso de público o las correspondientes a edificios industriales y comerciales tendrán los grados de adaptabilidad a las personas con movilidad reducida en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.

Viviendas individuales.

En materia de diseño y ejecución o remodelación, los códigos de edificación observarán las disposiciones de la presente ley y su reglamentación.

Viviendas colectivas.

En las viviendas colectivas existentes a la fecha de sanción de la presente ley, deberán desarrollarse condiciones de adaptabilidad y practicabilidad en los grados y plazos que establezca la reglamentación.

Artículo 38.- Las prioridades y plazos de las adecuaciones establecidas en los artículos 36 y 37 relativas a barreras urbanas y en edificios de uso público serán determinadas por la reglamentación, pero su ejecución total no podrá exceder un plazo de tres (3) años desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

En toda obra nueva o de remodelación de edificios de vivienda, la aprobación de los planos requerirá imprescindiblemente la inclusión en los mismos de las normas establecidas en el artículo 36 apartado B), su reglamentación y las respectivas disposiciones municipales en la materia.

CAPITULO VI

TRANSPORTE

Artículo 39.- A los efectos de la presente ley constituyen barreras en los transportes aquéllas existentes en el acceso y utilización de los medios de transporte público terrestres, aéreos y acuáticos de corta, media y larga distancia y aquéllas que dificulten el uso de medios propios de transporte por las personas con movilidad reducida a cuya supresión se tenderá por la observancia de los siguientes criterios:

A) Vehículos de transporte público: tendrán dos asientos reservados señalizados y cercanos a la puerta por cada coche, para personas con movilidad reducida. Los coches contarán con piso antideslizante y espacio para ubicación de bastones, muletas, sillas de ruedas y otros elementos de utilización por tales personas. En los transportes aéreos deberá privilegiarse la asignación de ubicaciones próximas a los accesos para pasajeros con movilidad reducida.

B) Estaciones de transportes: contemplarán un itinerario peatonal con las características señaladas el ar-tículo 36 apartado A) en toda su extensión; bordes de andenes de textura reconocible y antideslizantes; piso alternativo o molinetes; sistema de anuncios por parlantes y servicios sanitarios adaptados. En los aeropuertos se preverán sistemas mecánicos de ascenso y descenso de pasaje con movilidad reducida en el caso que no hubiera métodos alternativos.

C) Transportes propios: las personas con movilidad reducida tendrán derecho a libre tránsito y estacionamiento de acuerdo a lo que establezcan las respectivas disposiciones municipales. Estos vehículos serán reconocidos por el distintivo de la identificación - símbolo internacional de acceso, aprobado por la Asamblea de Rehabilitación Internacional, en setiembre de 1969.

Artículo 40.- Las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad hacia el destino al que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social.

La reglamentación establecerá las comodidades que deben otorgarse a las mismas, las características de la documentación que deberán exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas en caso de incumplimiento.

Este beneficio será extensivo al acompañante en caso de probada necesidad.

Artículo 41.- Las empresas de transporte colectivo terrestre deberán dar publicidad suficiente, en forma legible y entendible, a las frecuencias de las unidades accesibles para personas con movilidad reducida y una indicación telefónica para la recepción de consultas respecto de esta información.

Artículo 42.- La publicación señalada en el artículo anterior, deber exhibirse en las unidades, terminales y principales paradas de los recorridos que las empresas de transporte colectivo terrestre efectúen.

Artículo 43.- Todas las oficinas de información turística, dependientes del Ministerio de Turismo y/o de las Intendencias Municipales, deberán poseer la información sobre las frecuencias y el número telefónico establecido en el artículo 41.

Artículo 44.- Las adecuaciones establecidas en el transporte público por el artículo 39 apartados a) y b) deberán ejecutarse en un plazo máximo de un año a partir de reglamentada la presente ley. Su incumplimiento podrá determinar la cancelación del servicio.

Artículo 45.- Incorpórase al artículo 365 del Código Penal, el siguiente numeral:

"17.- El que ocupare los lugares reservados para los discapacitados en los estacionamientos de vehícu-los sin tener la condición de tal".

CAPITULO VII

NORMAS TRIBUTARIAS

Artículo 46.- Facúltese al Poder Ejecutivo a exonerar el pago del derecho de importación y de las tasas por servicios portuarios, a las importaciones para consumo de medicamentos y demás bienes que no se produzcan en el país y que sean necesarios para uso personal de las personas con discapacidad a los efectos de su tratamiento y/o proceso de rehabilitación y/o capacitación.

Artículo 47.- Facúltese al Poder Ejecutivo a exonerar el pago del derecho de importación y de las tasas por servicios portuarios, a las asociaciones que tengan por objeto la satisfacción de necesidades de las personas con discapacidad y que importen medicamentos y demás bie-nes que no se produzcan en el país y que sean de uso indispensable para el tratamiento y/o proceso de rehabilitación y/o capacitación de dichas personas, con destino a su posterior distribución entre sus asociados, sin fines de lucro.

Artículo 48.- Establécese un sistema de reintegro de la totalidad de los gravámenes aduaneros que se paguen por la importación de las siguientes ayudas técnicas:

1) Prótesis auditivas, visuales y físicas.

2) Ortesis.

3) Equipos, medicamentos y elementos necesarios para la terapia y rehabilitación de personas con discapacidad.

4) Equipos, maquinarias y útiles de trabajo especialmente diseñados o adaptados para ser usados por personas con discapacidad.

5) Elementos de movilidad, cuidado e higiene personal necesarios para facilitar la autonomía y la seguridad de las personas con discapacidad.

6) Elementos especiales para facilitar la comunicación, la información y la señalización para personas con discapacidad.

7) Equipos y material pedagógico especiales para educación, capacitación y recreación de las personas con discapacidad.

Se consideran ayudas técnicas todos aquellos elementos necesarios para el tratamiento de la deficiencia o discapacidad, con el objeto de lograr su recuperación o rehabilitación, o para impedir su progresión o derivación en otra discapacidad. Asimismo, se consideran ayudas técnicas las que permiten compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o cognitivas de la persona con discapacidad, con el propósito de permitirle salvar las barreras de comunicación y movilidad y de posibilitar su plena integración en condiciones de normalidad.

Artículo 49.- La discapacidad que padezcan las personas que soliciten las exenciones tributarias previstas en los artículos anteriores, deberá ser acreditada mediante certificado médico expedido por profesionales de las instituciones hospitalarias de todo el país, sin cuyo cumplimiento no se autorizará su importación.

Artículo 50.- A los efectos de ser beneficiarios de los beneficios establecidos en este Capítulo, tanto las personas físicas con discapacidad, destinatarias de las ayudas técnicas, cuanto las personas jurídicas a que se refieren los artículos anteriores deberán estar inscriptas en el Registro Nacional de la Discapacidad.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 51.- Sustitúyese el inciso 2°, del numeral 9) del artículo 1° del Título 11 del Texto Ordenado 1996 por el siguiente:

"El Poder Ejecutivo podrá incrementar esta tasa hasta un máximo de setenta y dos por ciento (72%) a efectos de financiar las erogaciones derivadas de la creación del Premio Nacional a la Integración y el Programa de Asistentes Personales para Discapacitados Severos, previstos en los Capítulos II y III de la presente ley. Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar tasas diferenciales para los tabacos elaborados para el consumo en los departamentos de frontera terrestre."

Artículo 52.- Comuníquese, publíquese, etc.

Montevideo, agosto 16 de 2005.

Ruperto Long. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley N° 16.095 de fecha 26 de octubre de 1989, determinó un hito en el tratamiento del tema de la discapacidad en el Uruguay. Hasta ese momento, los principios de humanismo y solidaridad sustentados por la sociedad uruguaya, no estaban reflejados por la legislación nacional, en relación con este grupo de personas.

Por tanto, su promulgación marcó un punto muy importante en el desarrollo legislativo nacional, a la que siguieron luego múltiples iniciativas, de las cuales solamente algunas pocas se concretaron en normas jurídicas. Sin embargo, la ausencia de reglamentación de esta Ley, impidió en muchos casos el efectivo goce de los derechos allí consagrados.

Ahora bien, quince años han pasado desde su sanción y el devenir de la sociedad determina la necesidad de adecuación de las normas en ella contenidas. De esta forma se buscará concretar por un lado derechos establecidos pero de difícil ejercicio y por otro adaptar la legislación a las experiencias internacionales existentes en el tratamiento de este tema.

Las personas que experimentan alguna discapacidad física o psíquica, constituyen una importante proporción de nuestros compatriotas, realizando muchas de ellas una labor relevante que con frecuencia pasa desapercibida.

En efecto, gran parte de dichas personas cumplen tareas o desarrollan acciones relevantes y útiles para la sociedad, superando las limitaciones derivadas de su situación, en un esfuerzo diario que debería ser reconocido y alentado por la sociedad.

A los inconvenientes que enfrentan en razón de su propia discapacidad, se suma con frecuencia la incomprensión de algunos y el desinterés de otros, derivado muchas veces de la ignorancia respecto de lo que son y hacen estos uruguayos cuya manera de encarar la vida debería servir de ejemplo para todos.

No cabe duda de que en una sociedad democrática y participativa, la plena vigencia del principio de igualdad no podrá ser asegurada si no se atiende adecuadamente la situación de las personas discapacitadas, mediante normas especiales que contemplen diferencias que no siempre se pueden evitar pero que pueden ser total o parcialmente contrarrestadas mediante acciones públicas y privadas orientadas a ese fin.

Las limitaciones de orden físico y/o psíquico no deben ser un impedimento para la plena integración social de todos los uruguayos.

Es imprescindible entonces adoptar medidas y establecer incentivos que permitan eliminar o reducir los inconvenientes que puede producir la discapacidad, considerando que si bien existen normas y programas referidos al tema, los mismos han resultado insuficientes.

Nuestro país debería abordar este tema tan trascendente de una manera integral. Es probablemente por no haberlo hecho que los resultados no han sido satisfactorios.

Constituye pues un deber inexcusable el de realizar todas las acciones posibles que tiendan a evitar que las limitaciones de orden físico y/o psíquico se conviertan en un impedimento para el desarrollo de una vida plena por parte de quienes las sufren, o en un obstáculo para su completa incorporación a la obra compartida que realizan día a día todos los miembros de la comunidad nacional.

Tal es así que se proponen, normas relativas al fomento de la cultura y el empleo, facilidades para el transporte, mejoramientos en términos de urbanismo, concesión de incentivos tributarios, entre otras.

Por el artículo primero del presente proyecto de ley se pretende la incorporación de un Capítulo, cuyas normas hacen a la promoción cultural, y por tanto el acceso de las personas discapacitadas a los espectáculos públicos que, con el patrocinio de los diferentes organismos del Estado, se ejecuten.

En este sentido, se prevé la exoneración de pago de derechos de admisión de toda índole para la persona discapacitada, así como una bonificación porcentual equivalente al cincuenta por ciento del valor normal que debiere abonarse por el acompañante.

Estas normas se enmarcan claramente en el espíritu de integración a la cultura, como un componente más de su inserción efectiva en las actividades de la sociedad.

Las normas contenidas en el Capítulo II crean el Premio Nacional a la Integración.

Estas fueron concebidas en el marco de lo establecido por la Ley N° 16.095 de fecha 26 de octubre de 1989, modificativas y concordantes, y con el mismo espíritu que inspiró a quienes las promovieron y aprobaron, refiere a las personas discapacitadas que, mediante su esfuerzo personal, hayan logrado superar las dificultades derivadas de su situación, y realizar un aporte de significación a la comunidad.

En efecto, resulta necesario apoyar e incentivar a las personas con discapacidad que ejecuten acciones dignas de destaque en el medio social, lo que además de constituir un justo y merecido reconocimiento a su labor, contribuirá seguramente a mejorar su integración en todos los ámbitos en los que actúan.

Se pretende entonces efectuar una contribución al más completo desenvolvimiento de las capacidades, talentos y virtudes de las personas discapacitadas, que representará sin duda un avance en el camino del progreso moral y material de nuestra comunidad.

En el Capítulo III se prevé la creación del Programa de Asistntes Personales para Discapacitados Severos.

A tales efectos es pertinente, considerar lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, en relación con la clasificación generada a partir de la gravedad de las discapacidades: sin ninguna dificultad, con dificultad moderada, con dificultad grave e imposibilidad de realizar la actividad. Las últimas dos son sin dudas las que implican el mayor grado de gravedad y pueden constituirse en ver-daderos impedimentos para aquellas personas que las padecen a los efectos de su desenvolvimiento en la vida dia-ria y el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, lo que se vincula indudablemente con altos grados de dependencia.

La referencia a discapacitados severos, incluye a todas aquellas personas que no pueden cambiar las posiciones de su cuerpo, levantarse y acostarse, moverse dentro de su casa, asearse y alimentarse, entre otras actividades, por si mismas, y que por lo tanto necesitan ayuda de distinto orden. Estas ayudas son de carácter personal y no ayudas técnicas.

La imposibilidad de desarrollar actividades por cuenta propia, hace imprescindible la asistencia de personas calificadas que faciliten el cumplimiento de las necesidades básicas, pero que también colaboren a los efectos de obtener su integración y participación de forma activa en la sociedad.

Es pertinente establecer que el discapacitado severo, con la ayuda de un asistente personal, puede estudiar y/o trabajar, con la consiguiente carga de interacción e integración social que esto implica.

Hasta el momento -con excepción de lo establecido por la Ley N° 16.095 no se han logrado articular políticas específicamente dirigidas a abordar la discapacidad, sino que siempre se efectúen una serie de actuaciones parciales no siempre acompañadas de los recursos suficientes.

Para este amplio y heterogéneo colectivo, el grado de limitación para la realización de las actividades básicas e instrumentales alrededor de las cuales se organiza la cotidianeidad, es muy importante. Así lo han entendido las legislaciones de diferentes países latinoamericanos y de los países de la Unión Europea, los que desarrollan amplios planes en este sentido.

El siguiente Capítulo denominado Trabajo, estará subdividido y se comprondrá de cinco Secciones cuya unidad temática será el empleo.

Una primera Sección, estructurada bajo el nombre de "Actividad en la órbita pública", contendrá normas destinadas a la promoción del trabajo de las personas con discapacidad en concordancia con lo que oportunamente se estableciera en la Ley N° 16.095, en su redacción original.

Ahora bien, la modificación establecida para el artículo 42 de la Ley N° 16.095 se vincula con la proporción mínima de vacantes que deben ser ocupadas por personas impedidas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo. Así, se ha establecido que el porcentaje debe ser aumentado a un SIETE por ciento.

No se trata de una elevación caprichosa, sino que la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, cuyo informe final fue presentado en el mes de diciembre de 2004, muestra que los índices de discapacidad en el Uruguay alcanzan "al 7.6% de la población total residente en hogares particulares urbanos de localidades de 5.000 habitantes o más". En la misma encuesta se establece que: "En cifras absolutas la población con al menos una discapacidad se estima en 210.400 personas."

Por su parte, el propuesto artículo 15 prevé una norma tendiente a dar estímulo a quienes contraten personas con discapacidad, en tanto, se establece que los diferentes organismos del Estado, frente a igual costo para la adquisición de bienes e insumos, deberán priorizar empresas cuyas plantillas funcionariales incluyan discapacitados.

Los siguientes artículos 16 a 19, establecen un sistema de concesión de permisos de utilización de bienes de dominio público, en los cuales se otorgará prioridad a las personas discapacitadas, en lo que respecta a la explotación de pequeños comercios.

Una segunda Sección de este Capítulo IV, se encuentra estructurada en dos artículos bajo la descripción: "Fomento del empleo de personas con discapacidad".

La determinación que se establece en estos artículos implica una modificación importante del régimen vigente. Con ella se incentiva a los empleadores mediante la reducción en los aportes al Banco de Previsión Social que debieran hacer efectivos por los trabajadores que fueren discapacitados y les prestaren servicios subordinados.

Esta norma promueve la contratación de personas que presentan discapacidades, y que, igualmente estén en condiciones de efectuar las tareas respectivas, en condiciones similares a las de una persona que no las padece. A los efectos de que este beneficio pueda ser concedido los empleadores que cuenten entre sus empleados a personas con discapacidad y pretendan beneficiarse de esta deducción especial, se deberán inscribir en el Registro Nacional de Empleadores de Personas con Discapacidad, el que se estructurará de acuerdo a lo que la reglamentación establezca.

La tercera Sección de este Capítulo está dada por la obligación expresa de admitir acceso a personas discapacitadas en un porcentaje equivalente al 7%, en todos aquellos programas socio laborales que se estructuren con fondos públicos (Programa PANES, por ejemplo).

La Sección cuatro, se estructura bajo el nombre de Talleres de Producción Protegida. Estos talleres son una alternativa para el grupo de personas discapacitadas que transitoria o permanentemente no se encuentran en condiciones de ingresar al mercado laboral competitivo.

El objetivo final es la adaptación de las personas con discapacidad al mercado laboral protegido y no protegido, por lo que resulta de trascendental interés la promoción e incentivo de éstos, a los efectos de habilitar a estos talleres un óptimo cumplimiento de su finalidad tanto económica como social.

En el derecho comparado, se otorga mucha importancia a la orientación e inclusión laboral y profesional de las personas con discapacidad. Ejemplos de lo antedicho, son las legislaciones y reglamentaciones de países como la República Argentina, los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, cuya regulación otorga beneficios para estas modalidades de contratación e integración social, entre las que se incluyen además, no únicamente incentivos fiscales, sino incluso subsidios.

Se considera, en función de lo expuesto, que constituye un aspecto muy importante, la generación de un marco jurídico adecuado, en el cual se establezcan los derechos y las obligaciones que le corresponden a los contratados y a los contratantes, en tanto los Talleres de Producción Protegida, se erigen como un instrumento de la política de empleo activa. El Estado debe, en función de los objetivos a cumplir por éstos, promover el desenvolvimiento y el fortalecimiento de los Talleres de Producción Protegida, dado el rol social fundamental que cumplen en el proceso de rehabilitación integral de las personas con discapacidad.

En la Sección V se consagra el derecho a una licencia especial para la madre trabajadora frente al nacimiento de su hijo con Síndrome de Down.

El nacimiento de un niño o niña con Síndrome de Down, además del impacto emocional que representa para sus progenitores, demanda a éstos y en especial, al menos en la práctica, a la madre, la dedicación de mucho tiempo en atención al recién nacido, así como de adaptación a la nueva forma de vida que dicha situación genera.

Es natural entonces que entre otras medidas de protección, deba pensarse en la necesidad de otorgar a la madre una licencia más extensa que la que la legislación vigente concede a las madres en general.

En la legislación comparada, tanto de la Unión Europea como de América Latina, se han establecido diferentes sistemas de protección y garantía para las madres trabajadoras con hijos Down.

En este sentido, cabe mencionar la legislación vigente en la República del Perú que extiende la licencia generada en virtud del nacimiento del niño/a Down, no sólo de la madre sino también del padre.

En nuestro país, y hasta el día de la fecha, la situación mencionada no ha sido contemplada. Mediante la incorporación de estas normas se busca entonces subsanar dicha omisión, aun en el entendido que no es la única situación que debería contemplarse; sin embargo, se ha optado por esta previsión con la aspiración de en un futuro incorporar otras situaciones que revisten igual complejidad.

Según surge del Primer Relevamiento Nacional de Personas con Síndrome de Down 2000 (http://www.ops.org.uy/pdf/down.pdf - acceso verificado con fecha 4/08/2005): "En Uruguay no existe un registro preciso de las personas con Síndrome de Down que nacen por año. La Dirección de Estadística del Ministerio de Salud Pública no lo tiene, ya que no se anota dicha anomalía en la partida de nacimiento, ni tampoco en las fichas del Sistema Informático Perinatal del Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP, de OPS/OMS). El Instituto Nacional de Estadística tampoco releva esta discapacidad en particular, ni en el Censo Nacional de población ni en la Encuesta Continua de Hogares que se realiza en forma regular a una muestra de la población. En ésta se indaga si en la casa hay alguna persona con discapacidad y sólo se desagrega la discapacidad en tres grandes categorías: física, intelectual y psíquica.

Pese a estas carencias de información se estima que nacen aproximadamente 90 a 100 niños Down por año (de acuerdo a las informaciones proporcionadas por los médicos contactados por la ADDU), y se desconoce cuál es su expectativa real de vida (aunque se estima que hoy es cercana a los 60 años)".

Por otra parte el Dr. Agustín Serés de la Fundación Catalana de Síndrome de Down, ha establecido que la misma situación se da en España y que antes había un Síndrome de Down cada 600 nacidos vivos y ahora la tendencia es inferior a 1/1.500, con tenencia a la reducción del número de nacimientos.

En lo que respecta al Capítulo V, sin perjuicio de las normas programáticas previstas en la original Ley N° 16.095, se han agregado normas específicas destinadas a la concreción de la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. Estas han sido estructuradas de la forma propuesta, dado que es lo que se está verificando usualmente en la Legislación comparada de países como la República Argentina y la República de Chile, que han efectuado el mismo tipo de adecuación legislativa.

El Capítulo VI, se refiere al Transporte, dada la importancia que la movilidad reviste y las dificultades, que en la actualidad, los discapacitados experimentan para acceder a los medios de transporte.

La mayoría de las previsiones establecidas en este Capítulo necesitarán de la reglamentación del Poder Ejecutivo, a los efectos de asegurar concreción al ejercicio de estos derechos.

En este sentido, la gratuidad del transporte para las personas que presentan discapacidad, la obligación de presentar opciones de viaje especiales para personas con movilidad reducida, así como la obligatoriedad de dar a publicidad sus frecuencias, son algunas de las previsiones establecidas.

Por otra parte, se plantea el otorgamiento de facilidades para las empresas que realicen acciones a los efectos de dar concreción a las medidas propuestas.

Asimismo, se plantea una incorporación al Código Penal, en el Capítulo de Faltas, estableciéndose que serán castigados con la aplicación de una multa equivalente de 10 a 100 Unidades Reajustables o prisión equivalente, quienes sin tener la condición de discapacitados ocupen en los estacionamientos de vehículos lugares reservados para éstos.

Finalmente en lo que hace al Capítulo VIII, éste se estructura bajo el nomen iuris de Normas Tributarias.

La Constitución de la República prevé en su artículo 133 que sólo el Poder Ejecutivo podrá proponer exoneraciones tributarias. Por tal motivo, en este proyecto se faculta al Poder Ejecutivo para disponer las exoneraciones previstas, las que constituirán un elemento facilitador a los efectos de la obtención de las diferenes ayudas técnicas que éstos necesitan para su actividad diaria.

Montevideo, agosto 16 de 2005.

Ruperto Long. Senador.

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

PRESENTADO POR EL SEÑOR SENADOR ING. RUPERTO LONG

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I

PROMOCION CULTURAL

Artículo 1°. - Las personas que sean calificadas como discapacitadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 16.095, de fecha 26 de octubre de 1989, estarán exoneradas del pago de cualquier derecho de admisión en todos los conciertos, muestras, obras teatrales, exposiciones, actividades deportivas y cualquier otra actividad ejecutada por organismos públicos.

Artículo 2°.- Establécese, asimismo, una bonificación equivalente al cincuenta por ciento (50%) del importe de la correspondiente entrada para el acompañante de la persona discapacitada.

CAPITULO II

CREACION DEL PREMIO NACIONAL A LA INTEGRACION

Artículo 3°.- Créase el "Premio Nacional a la Integración" con la finalidad de distinguir a toda persona que de acuerdo al artículo 2° de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, sea considerada discapacitada y que, a través de su esfuerzo personal superare los obstáculos de su situación, desempeñando un papel destacado en beneficio de la sociedad.

Artículo 4°.- El premio al que se refiere el artículo anterior consistirá en el pago de una suma de dinero equivalente a diez salarios mínimos nacionales, con cargo a Rentas Generales y un diploma de honor, los que serán entregados anualmente en acto público al que será invitado el señor Presidente de la República.

Artículo 5°.- A los efectos de este capítulo, se establecen las tres categorías siguientes:

1) Discapacitados motores.

2) Discapacitados sensoriales.

3) Discapacitados mentales.

Se otorgará un máximo de tres (3) distinciones anuales dentro de cada categoría, de las cuales al menos una se destinará a un menor de edad.

Artículo 6°.- La selección de los postulantes y la adjudicación de los premios será realizada por una Comisión Especial Honoraria, cuyos miembros serán designados anualmente por el Poder Ejecutivo, y cuya integración y funciones serán las establecidas en la reglamentación correspondiente.

CAPITULO III

SALUD

SECCION I

PROGRAMA DE ASISTENTES PERSONALES PARA DISCAPACITADOS SEVEROS

Artículo 7°.- Créase en la órbita del Banco de Previsión Social, el "Programa de asistentes personales para discapacitados severos".

Artículo 8°.- A través de este programa quienes acrediten la necesidad de asistencia personal para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria, percibirán del Estado un monto a los efectos de la contratación de asistentes personales.

Artículo 9°.- A los efectos de la presente ley, se consideran:

A) Actividades básicas de la vida diaria: levantarse de la cama, higiene, vestido, alimentación, movilización y desplazamiento, trabajo y recreación, entre otras.

B) Asistentes personales: personas capacitadas para desarrollar las tareas de asistencia directa y personal a las personas mencionadas en el artículo 8°.

Para ser asistente personal es imprescindible la obtención de certificado habilitante, expedido por la entidad o entidades que determine la reglamentación.

Artículo 10.- El organismo responsable de la administración del programa creado por el artículo 7°, será el Banco de Previsión Social, el que deberá:

A) Determinar la discapacidad severa.

B) Determinar al beneficiario.

C) Administrar los recursos del programa.

D) Hacer efectivo el pago de las partidas.

Artículo 11.- La existencia de la discapacidad a que refiere el presente Capítulo, será evaluada en cada caso concreto, a los efectos del acceso a este beneficio, por el Area de Medicina Laboral del Banco de Previsión Social, teniendo en consideración lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989.

Artículo 12.- Declarada la discapacidad de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, se hará efectivo el pago de la prestación correspondiente, en la persona del beneficiario o de la persona autorizada por éste, mediante poder con certificación notarial, el que deberá asimismo renovarse semestralmente por la escribanía del Banco de Previsión Social, lo que será efectuado en forma gratuita.

Artículo 13.- El monto de la prestación a percibir, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° de la presente ley, así como el ejercicio del contralor correspondiente a los efectos del cumplimiento de los fines para los que dicho beneficio es estatuido, será establecido por la reglamentación.

CAPITULO IV

TRABAJO

SECCION I

ACTIVIDAD EN LA ORBITA PUBLICA

Artículo 14.- La proporción mínima de vacantes establecida en el artículo 42 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, será de siete por ciento (7%).

Artículo 15.- Los sujetos enumerados en el artículo 42 de la Ley mencionada en el artículo anterior, deberán priorizar, respecto de igualdad de costo la adquisición de insumos y provisiones de empresas que contraten a personas con discapacidad (artículo 20), situación que deberá ser fehacientemente acreditada, de acuerdo a lo que se establezca por la reglamentación.

Artículo 16.- Siempre que se conceda y otorgue el uso de bienes del dominio público o privado del Estado o de los Gobiernos Departamentales, para la explotación de pequeños comercios, se dará prioridad a los discapacitados que estén en condiciones de desempeñarse en tales actividades en la forma y con los requisitos que determine el Poder Ejecutivo.

Artículo 17.- Será nula toda concesión o permiso otorgado sin observar la prioridad establecida en el artículo anterior.

Artículo 18.- En caso de disponerse la privatización total o parcial de Entes del Estado o la tercerización de servicios prestados por los mismos, en los respectivos pliegos de condiciones se establecerán normas que permitan asegurar las preferencias y beneficios previstos por la presente ley.

Artículo 19.- El Ministerio de Industria, Energía y Minería deberá realizar dentro del plazo de ciento ochenta días de la entrada en vigencia de la presente ley, un inventario de:

1) lugares disponibles a los efectos de lo dispuesto en el artículo 16;

2) adjudicatarios de los mismos;

3) aspirantes a utilizarlos.

Dicha información deberá ser actualizada mensualmente.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería tendrá a su cargo el dictado de cursos destinados a proporcionar a quienes aspiren a instalar pequeños comercios, los conocimientos necesarios para que los mismos puedan iniciar y desarrollar sus actividades.

SECCION II

FOMENTO DEL EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 20.- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del pago de los aportes patronales correspondientes a todo su personal, a toda empresa industrial, comercial o de servicios que contrate personas discapacitadas en un porcentaje igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) del personal ocupado.

Se tendrán en cuenta, no sólo las personas discapacitadas que presten servicios directamente en las instalaciones de la empresa del empleador sino también aquellas que realicen trabajo a domicilio, siempre que éstas sean dependientes de la empresa objeto de la deducción.

La deducción establecida en el inciso primero se restringe a los aportes de carácter jubilatorio.

Artículo 21.- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del pago de los referidos aportes, a aquellas empresas que no alcancen el porcentaje previsto en el artículo precedente, únicamente en relación a las personas discapacitadas que ocupen.

Artículo 22.- Los empleadores que participen de este sistema, deberán inscribirse previamente en el Registro Nacional de Empleadores de Personas con Discapacidad, el que estará a cargo de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La reglamentación establecerá la forma y condiciones de funcionamiento del mismo.

SECCION III

DEL ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A PROGRAMAS SOCIALES Y LABORALES

FINANCIADOS CON FONDOS PUBLICOS

Artículo 23.- Los programas sociales o laborales financiados con fondos del Estado, deberán otorgar acceso a personas discapacitadas en un porcentaje no inferior al siete por ciento (7%) del total.

SECCION IV

TALLERES DE PRODUCCION PROTEGIDA

Artículo 24.- A los efectos de la presente ley se consideran Talleres de Producción Protegida a las instituciones u organizaciones sin fines de lucro que contando con personería jurídica ejecuten actividades que impliquen la producción de bienes o la prestación de servicios, con la finalidad de otorgar capacitación y generar puestos de trabajo para personas con discapacidad en condiciones especiales, por encontrarse sin posibilidades de ingresar al mercado laboral abierto.

Artículo 25.- La actividad de los Talleres de Producción Protegida se dirige a personas de ambos sexos, que encontrándose en edad laboral, padezcan de alguna alteración funcional -permanente o prolongada, física o mental- que implicare trastornos considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral siempre que la discapacidad haya sido debidamente certificada.

Artículo 26.- La estructura, organización y gestión de los Talleres de Producción Protegida, serán establecidas por la correspondiente reglamentación, sin perjuicio de asumir condiciones similares a las adoptadas por las empresas ordinarias, con las características que hacen al particular objetivo al que deben su existencia.

Artículo 27.- A los efectos del acceso a los incentivos y beneficios establecidos en la presente ley, será obligación de los Talleres de Producción Protegida, la inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad así como la presentación de un plan de negocios que verifique su sustentabilidad.

Artículo 28.- Al menos el setenta y cinco por ciento (75%) de los trabajadores que desempeñen funciones en los Talleres de Producción Protegida, deberán ser discapacitados, lo que será acreditado de acuerdo a los criterios establecidos en la Ley N° 16.095 y concordantes.

Artículo 29.- No se considerará a los efectos del porcentaje establecido en el artículo anterior, a aquellas personas discapacitadas que ejecuten actividades en el marco de un proceso de formación o participen de actividades con la finalidad exclusiva de integrarse socialmente.

Artículo 30.- El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para que los Ministerios con competencia en la materia presten a los Talleres de Producción Protegida la máxima colaboración y facilidades para el cumplimiento de sus cometidos. El Poder Ejecutivo establecerá la naturaleza y alcance de dichas medidas dentro del plazo de sesenta días de la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo 31.- Aquellas personas con discapacidad que desarrollen actividades como trabajadores dependientes o como aprendices, en los Talleres de Producción Protegida, para los organismos paraestatales y/o para el sector privado, percibirán su correspondiente salario, el que no podrá ser inferior al mínimo salarial de la categoría correspondiente al sector de actividad de que se trate.

Artículo 32.- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto al Valor Agregado a la producción derivada de los Talleres de Producción Protegida, en función de lo establecido en el artículo 69 de la Constitución de la República.

Artículo 33.- Extiéndese a los Talleres de Producción Protegida, lo establecido en el artículo 20 de la presente ley.

SECCION V

LICENCIA DE LA MADRE TRABAJADORA POR NACIMIENTO DE HIJOS CON DISCAPACIDADES SEVERAS QUE REQUIERAN LOS CUIDADOS ESPECIALES DE ESTA

Artículo 34.- Toda trabajadora que dé a luz o adopte un hijo o hija afectada por el Síndrome de Down, parálisis cerebral u otras discapacidades físicas o intelectuales severas y mientras lo tenga a su cuidado, tendrá derecho a solicitar licencia extraordinaria sin goce de sueldo por un período de seis meses, adicional al correspondiente a la licencia por maternidad.

La comunicación al empleador de dicha circunstancia deberá ser efectuada dentro del plazo de diez (10) días de verificado el nacimiento, y ser acompañada de un certificado médico que acredite la configuración de la causal.

Artículo 35.- En caso de que la madre no pueda tener al niño bajo su cuidado, la licencia establecida en el artículo anterior podrá ser solicitada por la persona que lo tenga a su cargo.

Artículo 36.- Durante el desarrollo de dicha licencia la trabajadora tendrá derecho a la percepción de un subsidio especial que será igual al setenta y cinco por ciento (75%) del salario que habría percibido si se encontrare en actividad.

Artículo 37.- La prestación establecida en el artículo precedente será percibida en las mismas condiciones y con los mismos requisitos que corresponden al subsidio por maternidad.

CAPITULO V

ARQUITECTURA Y URBANISMO

SECCION I

ACCESIBILIDAD DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Artículo 38.- Establécese como prioridad la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte que se creen, en los existentes o en los que sean remodelados o sustituidos en forma total o parcial sus elementos constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con movilidad reducida y mediante la aplicación de las normas contenidas en el presente Capítulo.

A los fines de la presente ley, entiéndese por accesibilidad la posibilidad de las personas con movilidad reducida de gozar de las adecuadas condiciones de seguridad y autonomía como elemento primordial para el desarrollo de la actividad de la vida diaria sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o del transporte, para su integración y equiparación de oportunidades.

Entiéndese por barreras físicas urbanas las existentes en la vías y espacios libres públicos a cuya supresión se tenderá por el cumplimiento de los siguientes criterios:

A) Itinerarios peatonales: contemplarán una anchura mínima en todo su recorrido que permita el paso de dos personas, una de ellas en silla de ruedas. Los pisos serán antideslizantes sin resaltos ni aberturas que permitan el tropiezo de personas con bastones o sillas de ruedas.

Los desniveles de todo tipo tendrán un diseño, grado e inclinación que permita la transitabilidad, utilización y seguridad de las personas con movilidad reducida.

B) Escaleras y rampas: las escaleras deberán ser de escalones cuya dimensión vertical y horizontal facilite su utilización por personas con movilidad reducida y estarán dotadas de pasamanos. Las rampas tendrán las características señaladas para los desniveles en el apartado A).

C) Parques, jardines, plazas y espacios libres: deberán observar en sus itinerarios peatonales las normas establecidas para los mismos en el apartado A). Los baños públicos deberán ser accesibles y utilizables por personas con movilidad reducida.

D) Estacionamientos: tendrán zonas reservadas y señalizadas para vehículos que transporten personas con movilidad reducida cercanas a los accesos peatonales; señales verticales y elementos urbanos varios: las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación y cualquier otro elemento vertical de señalización o de mobiliario urbano se dispondrán de forma que no constituyan obstáculo para los no videntes y para las personas que se desplacen en silla de ruedas.

E) Obras en la vía pública: estarán señalizadas y protegidas por vallas estables y continuas y luces rojas permanentes, disponiendo los elementos de manera que los no videntes puedan detectar a tiempo la existencia del obstáculo. En las obras que reduzcan la sección transversal de la acera se deberá construir un itinerario peatonal alternativo con las características señaladas en el apartado A).

Artículo 39.- A los efectos de la presente ley, se entiende por barreras arquitectónicas aquéllas existentes en los edificios de uso público y en los edificios de vivienda a cuya supresión se tenderá por la observancia de los criterios contenidos en el presente artículo.

Adaptabilidad implica la posibilidad de modificar en el tiempo, el medio físico con el fin de hacerlo completa y fácilmente accesible a las personas con movilidad reducida.

Practicabilidad implica la adaptación limitada a condiciones mínimas de los ámbitos básicos para ser utilizados por las personas con movilidad reducida.

Visitabilidad implica accesibilidad estrictamente limitada al ingreso y uso de los espacios comunes y un local sanitario que permita la vida de relación de las personas con movilidad reducida.

Edificios de uso público:

a) Deberán observar en general la accesibilidad, posibilidad de uso en todas sus partes por personas de movilidad reducida y en particular la existencia de estacionamientos reservados y señalizados para vehículos que transporten a dichas personas cercanos a los accesos peatonales; por lo menos un acceso al interior del edificio desprovisto de barreras arquitectónicas, espacios de circulación horizontal que permitan el desplazamiento y maniobra de dichas personas al igual que comunicación vertical accesible y utilizable por las mismas mediante elementos constructivos o mecánicos y servicios sanitarios adaptados.

b) Los edificios destinados a espectáculos deberán tener zonas reservadas, señalizadas y adaptadas al uso por personas con sillas de ruedas.

c) Los edificios en que se garanticen plenamente las condiciones de accesibilidad serán identificados con un símbolo indicativo de tal hecho en su exterior.

d) Las áreas sin acceso de público o las correspondientes a edificios industriales y comerciales tendrán los grados de adaptabilidad a las personas con movilidad reducida en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.

Viviendas individuales.

En materia de diseño y ejecución o remodelación, los códigos de edificación observarán las disposiciones de la presente ley y su reglamentación.

Viviendas colectivas.

En las viviendas colectivas existentes a la fecha de sanción de la presente ley, deberán desarrollarse condiciones de adaptabilidad y practicabilidad en los grados y plazos que establezca la reglamentación.

Artículo 40.- Las prioridades y los plazos de las adecuaciones establecidas en los artículos 38 y 39 relativas a barreras urbanas y en edificios de uso público serán determinados por la reglamentación, pero su ejecución total no podrá exceder un plazo de tres (3) años desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

En toda obra nueva o de remodelación de edificios de vivienda, la aprobación de los planos requerirá imprescindiblemente la inclusión en los mismos de las normas establecidas en el artículo 38 apartado b), su reglamentación y las respectivas disposiciones municipales en la materia.

Artículo 41.- En todos aquellos pliegos de licitación para la construcción de edificios públicos por parte de organismos del estado, gobiernos departamentales y personas públicas no estatales, deberá establecerse una cláusula que establezca la obligatoriedad de crear los mecanismos de accesibilidad previstos en la presente ley.

El incumplimiento de esta norma traerá aparejado la nulidad de los mismos.

Artículo 42.- Las personas discapacitadas que utilicen para su desplazamiento animales especialmente adiestrados, podrán ingresar acompañadas por éstos a todos los lugares abiertos al público.

CAPITULO VI

TRANSPORTE

Artículo 43.- A los efectos de la presente ley constituyen barreras en los transporte aquéllas existentes en el acceso y utilización de los medios de transporte público terrestre, aéreo y acuático de corta, media y larga distancia y aquellas que dificulten el uso de medios propios de transporte por las personas con movilidad reducida a cuya supresión se tenderá por la observancia de los siguientes criterios:

A) Vehículos de transporte público: tendrán dos asientos reservados señalizados y cercanos a la puerta por cada coche para personas con movilidad reducida. Los coches contarán con piso antideslizante y espacio para ubicación de bastones, muletas, sillas de ruedas y otros elementos de utilización por tales personas. En los transportes aéreos deberá privilegiarse la asignación de ubicaciones próximas a los accesos para pasajeros con movilidad reducida.

B) Estaciones de transportes: contemplarán un itinerario peatonal con las características señaladas en el artículo 37 apartado A) en toda su extensión; bordes de andenes de textura reconocible y antideslizantes: piso alternativo o molinetes; sistema de anuncios por parlantes y servicios sanitarios adaptados. En los aeropuertos se preverán sistemas mecánicos de ascenso y descenso de pasaje con movilidad reducida en el caso que no hubiera métodos alternativos.

C) Transportes propios: las personas con movilidad reducida tendrán derecho a libre tránsito y estacionamiento de acuerdo a lo que establezcan las respectivas disposiciones municipales. Estos vehículos serán reconocidos por el distintivo de la identificación - símbolo internacional de acceso, aprobado por la Asamblea de Rehabilitación Internacional, en setiembre de 1969.

Artículo 44.- Las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad hacia el destino al que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social.

La reglamentación establecerá las comodidades que deben otorgarse a las mismas, las características de la documentación que deberá exhibir y las sanciones aplicables a los transportistas en caso de incumplimiento.

Este beneficio será extensivo al acompañante en caso de probada necesidad.

Artículo 45.- Las empresas de transporte colectivo terrestre deberán dar publicidad suficiente, en forma legible y entendible, a las frecuencias de las unidades accesibles para personas con movilidad reducida y una indicación telefónica para la recepción de consultas respecto de esta información.

Artículo 46.- La publicación señalada en el artículo anterior, debe exhibirse en las unidades, terminales y principales paradas de los recorridos que las empresas de transporte colectivo terrestre efectúen.

Artículo 47.- Todas las oficinas de información turística, dependientes del Ministerio de Turismo y/o de las Intendencias Municipales, deberán poseer la información sobre las frecuencias y el número telefónico establecido en el artículo 45.

Artículo 48.- Las adecuaciones establecidas en el transporte público por el artículo 43 apartados a) y b) deberán ejecutarse en un plazo máximo de un año a partir de reglamentada la presente ley. Su incumplimiento podrá determinar la cancelación del servicio.

Artículo 49.- Incorpórase al artículo 365 del Código Penal, el siguiente numeral:

"17°.- El que ocupare los lugares reservados para los discapacitados en los estacionamientos de vehículos sin tener la condición de tal".

CAPITULO VII

NORMAS TRIBUTARIAS

Artículo 50.- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar el pago del derecho de importación y de las tasas por servicios portuarios, a las importaciones para consumo de medicamentos y demás bienes que no se produzcan en el país y que sean necesarios para uso personal de las personas con discapacidad a los efectos de su tratamiento y/o proceso de rehabilitación y/o capacitación.

Artículo 51.- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar el pago del derecho de importación y de las tasas por servicios portuarios, a las asociaciones que tengan por objeto la satisfacción de necesidades de las personas con discapacidad y que importen medicamentos y demás bienes que no se produzcan en el país y que sean de uso indispensable para el tratamiento y/o proceso de rehabilitación y/o capacitación de dichas personas, con destino a su posterior distribución entre sus asociados, sin fines de lucro.

Artículo 52.- Establecése un sistema de reintegro de la totalidad de los gravámenes aduaneros que se paguen por la importación de las siguientes ayudas técnicas, siempre que no se produzcan en el país:

1) Prótesis auditivas, visuales y físicas.

2) Ortesis.

3) Equipos, medicamentos y elementos necesarios para la terapia y rehabilitación de personas con discapacidad.

4) Equipos, maquinarias y útiles de trabajo especialmente diseñados o adaptados para ser usados por personas con discapacidad.

5) Elementos de movilidad, cuidado e higiene personal necesarios para facilitar la autonomía y la seguridad de las personas con discapacidad.

6) Elementos especiales para facilitar la comunicación, la información y la señalización para personas con discapacidad.

7) Equipos y material pedagógico especiales para educación, capacitación y recreación de las personas con discapacidad.

Se consideran ayudas técnicas todos aquellos elementos necesarios para el tratamiento de la deficiencia o discapacidad, con el objeto de lograr su recuperación o rehabilitación, o para impedir su progresión o derivación en otra discapacidad. Asimismo, se consideran ayudas técnicas las que permiten compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o cognitivas de la persona con discapacidad, con el propósito de permitirle salvar las barreras de comunicación y movilidad y de posibilitar su plena integración en condiciones de normalidad.

Artículo 53.- La discapacidad que padezcan las personas que soliciten las exoneraciones tributarias previstas en los artículos anteriores, deberá ser acreditada mediante certificado médico expedido por profesionales de las instituciones hospitalarias de todo el país, sin cuyo cumplimiento no se autorizará su importación.

Artículo 54.- A los efectos de ser beneficiarios de los beneficios establecidos en este Capítulo, tanto las personas físicas con discapacidad, destinatarias de las ayudas técnicas, cuanto las personas jurídicas a que se refieren los artículos anteriores deberán estar inscriptas en el Registro Nacional de la Discapacidad.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 55.- Sustitúyese el inciso 2°, del numeral 9) del artículo 1° del Título 11 del Texto Ordenado 1996 por el siguiente:

"El Poder Ejecutivo podrá incrementar esta tasa hasta un máximo del setenta y dos por ciento (72%) a efectos de financiar las erogaciones derivadas de la creación del Premio Nacional a la Integración y el Programa de Asistentes Personales para Discapacitados Severos, previstos en los Capítulos II y III de la presente ley. Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar tasas diferenciales para los tabacos elaborados para el consumo en los departamentos de frontera terrestre".

ANTEPROYECTO MODIFICATIVO DE LA LEY N° 16.095, DE 26 DE OCTUBRE DE 1989, ELABORADO POR LA COMISION HONORARIA DEL DISCAPACITADO

Artículo 1°.- Sustitúyese el literal d) del artículo 5 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, por el siguiente:

"d) a recibir atención médica, odontológica, psicológica, social y funcional, incluidos los aparatos de prótesis y ortopedia, a la readaptación médica y social, a la educación, en todos sus niveles, formación, adaptación y readaptación profesionales y a su inserción laboral;"

Artículo 2°.- Sustitúyese el artículo 10 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, en la redacción dada por la Ley N° 16.169, de 24 de diciembre de 1990, complementado por el artículo 546 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001, por el siguiente:

"ARTICULO 10. Créase la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, organismo que funcionará en la jurisdicción del Ministerio de Salud Pública y que se integrará de la siguiente forma:

- Por el Ministerio de Salud Pública, que será su Presidente, o un delegado de él, que tendrá igual función.

- Un delegado del Ministerio de Educación y Cultura.

- Un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

- Un delegado de la Facultad de Medicina.

- Un delegado del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.

- Un delegado del Consejo de Intendentes.

- Un delegado de la Facultad de Odontología.

- Un delegado del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

- Un delegado del Banco de Previsión Social.

- Un delegado del Banco de Seguros del Estado.

- Un delegado de cada una de las organizaciones más representativas de discapacitados.

Tendrá personería jurídica y domicilio legal en Montevideo y será renovada cada cinco años, correspondiendo la iniciación y término de dicho lapso con los del período constitucional de gobierno. Sin perjuicio de ello sus integrantes durarán en sus funciones hasta que tomen posesión los sustitutos".

Artículo 3°.- Sustitúyese el artículo 13 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, complementado por el artículo 546 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001, por el siguiente:

"ARTICULO 13. En cada departamento de la República habrá una Comisión Departamental Honoraria del Discapacitado que se integrará de la siguiente manera:

- Un delegado del Ministerio de Salud Pública, que la presidirá:

- Un delegado del Ministerio de Educación y Cultura.

- Un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

- Un delegado del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.

- Un delegado de la Intendencia Municipal.

- Un delegado del Instituto del Niño y Adolescentes del Uruguay.

- Un delegado del Banco de Previsión Social.

- Un delegado del Banco de Seguros del Estado.

- Dos delegados de las Organizaciones de Discapacitados del departamento.

Podrán crearse también Comisiones regionales y Subcomisiones locales, integradas en la forma que fijen, respectivamente, la Comisión Nacional Honoraria y las Comisiones Departamentales Honorarias".

Artículo 4°.- Agréguese el literal e) al artículo 12 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989:

"e) A los efectos de dar cumplimiento a los cometidos asignados por artículo, el Ministerio de Economía y Finanzas destinará una partida anual complementaria.

Artículo 5°.- Sustitúyese el literal c) del artículo 16 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, por el siguiente:

"c) programas de seguridad social;"

Artículo 6°.- Sustitúyese el literal d) del artículo 16 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, por el siguiente:

"d) programas tendientes a la educación en la diversidad propendiendo a la integración e inclusión de las personas con discapacidad;"

Artículo 7°.- Agréguese el literal k) al artículo 16 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989;

"k) Accesibilidad a la informática, incorporando los avances tecnológicos existentes".

Artículo 8°.- Sustitúyese el artículo 30 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 30. El Estado deberá implementar estrategias de prevención de la deficiencia y de la discapacidad a través de:

a) Promoción y educación para la salud física y mental.

b) Educación del niño y del adulto en materia de prevención de situaciones de riesgo y de accidentes.

c) Asesoramiento genético e investigación de las enfermedades metabólicas y otras para prevenir las enfermedades genéticas y las malformaciones congénitas.

d) Atención adecuada del embarazo, del parto, del puerperio y del recién nacido.

e) Atención médica correcta del individuo para recuperar su salud.

f) Detección precoz, atención oportuna y declaración obligatoria de las personas con enfermedades discapacitantes, cualquiera sea su edad.

g) Lucha contra el uso indebido de sustancias adictivas.

h) Asistencia social oportuna a la familia.

i) Contralor del medio ambiente y lucha contra la contaminación ambiental.

j) Contralor de productos químicos de uso doméstico e industrial y de los demás agentes agresivos.

k) Promoción y desarrollo de una conciencia nacional de la seguridad en salud".

Artículo 9°.- Sustitúyese el artículo 31 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 31. El Ministerio de Salud Pública en acuerdo con la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado:

a) Certificará la existencia de discapacidad, su naturaleza y su grado. La certificación que se expida justificará plenamente la discapacidad en todos los casos en que sea necesario invocarla.

b) Ampliará y reorganizará el Registro creado por la Ley N° 13.711 de 29 de noviembre de 1968, declarándose al efecto obligatoria la denuncia de toda persona con diagnóstico de discapacidad. El Registro proveerá a los servicios públicos que la necesiten, la información necesaria para el mejor cumplimiento de los cometidos de la presente ley.

c) Desarrollará, desde el Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública, acciones coordinadas tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de las personas discapacitadas. Dichas acciones se impulsarán desde la óptica de la rehabilitación integral apoyado en la comunidad.

d) Creará servicios de rehabilitación en los centros de su jurisdicción considerando su grado de complejidad y áreas de influcencia.

e) Promoverá la creación de hogares con internación total o parcial para personas con discapacidad, cuya atención sea imposible a través del grupo familiar y reglamentará y controlará su funcionamiento.

f) Supervisará servicios de terapia ocupacional y talleres protegidos terapéuticos y tendrá a su cargo la habilitación y registro.

g) Coordinará las medidas a adoptar respecto a la participación de las Instituciones de Asistencias Médicas Colectivas en los distintos aspectos relacionados con la atención de las personas con discapacidad.

Las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, no podrán hacer discriminación en la afiliación ni limitación en la asistencia a las personas amparadas por la presente ley".

Artículo 10.- Sustitúyese el artículo 33 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 33. El Ministerio de Educación y Cultura en coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública facilitará y suministrará al niño, la niña, el adolescente o el adulto con discapacidad en forma permanente y sin límite de edad, en materia educativa, física, recreativa, cultural y social, los elementos o medios científicos, técnicos o pedagógicos necesarios para que desarrolle al máximo sus potencialidades intelectuales, artísticas, deportivas y sociales".

Artículo 11. Sustitúyese el artículo 34 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 34. La equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad desde la educación inicial en adelante determina que su integración a las aulas comunes se organice sobre la base del reconocimiento de la diversidad como factor educativo, de forma que apunte al objetivo de una "educación para todos".

Artículo 12.- Sustitúyese el artículo 36 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 36.- A las personas cuyas limitaciones le impidan iniciar o concluir la fase de escolaridad obligatoria y haya quedado debidamente comprobada, se les otorgará una capacitación que les permita obtener una ocupación adecuada a su vocación y posibilidades.

A estos efectos, el Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública establecerán la orientación y ubicación de los talleres de Habilitación Ocupacional, atendidos por docentes especializados y equipados con tecnología adecuada".

Artículo 13.- Sustitúyese el artículo 38 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 38.- El Ministerio de Educación y Cultura en todos los programas y niveles de capacitación profesional promoverá la inclusión en los temarios de los cursos regulares la información y el estudio de la discapacidad en relación a la materia de que se trate y la importancia de la habilitación y rehabilitación así como la necesidad de la prevención."

Artículo 14.- Sustitúyese el artículo 42 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, con las modificaciones introducidas por el artículo único de la Ley N° 17.216, de 24 de setiembre de 1999, por el siguiente:

"ARTICULO 42.- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatales, están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción mínima no inferior al 4% (cuatro por ciento) de sus vacantes. Las personas con discapacidad que ingresen de esta manera gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos a las mismas obligaciones que prevé la legislación, sin perjuicio de la aplicación de normas diferenciadas cuando ello sea estrictamente necesario.

La obligación de ocupar personas con discapacidad refiere a la cantidad de cargos y funciones contratadas, o al monto del crédito presupuestario correspondiente a las mismas, si fuere más beneficioso para las personas amparadas por la presente ley, en cuyo caso suprimida una vacante, el 4% (cuatro por ciento) del crédito se transferirá a un único objeto de gasto, con destino exclusivo a rehabilitar cargos o funciones contratadas a ser provistas con personas con discapacidad.

De aplicarse el 4% (cuatro por ciento) de las vacantes a ocupar por personas con discapacidad, dicho porcentaje se determinará sobre la suma total de las que se produzcan en las distintas unidades ejecutoras, reparticiones y escalafones que integran cada uno de los organismos referidos en el inciso primero del presente artículo. Cuando de la aplicación de dicho porcentaje resultare una cifra inferior a la unidad, pero igual o mayor a la mitad de la misma, se redondeará a la cantidad superior.

El Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dentro de sus competencias, deberán remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil la información que resulte de sus registros relativa a la cantidad de vacantes que se produzcan en los organismos y entidades obligados por el inciso primero.

La Oficina Nacional del Servicio Civil solicitará cuatrimestralmente informes a los organismos y entidades obligadas, incluidas las personas de derecho público no estatales -quienes deberán proporcionarlos- sobre la cantidad de vacantes que se hayan generado y provisto en el año. Dichos organismos deberán indicar también el número de personas con discapacidad ingresadas, con precisión de la discapacidad que presentan y el cargo ocupado. La Oficina Nacional del Servicio Civil, en los primeros noventa días de cada año, comunicará a la Asamblea General el resultado de los informes recabados, tanto de los obligados como del Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, expresando el total de vacantes de cada uno de los obligados, la cantidad de personas incorporadas en cada organismo, con precisión de la discapacidad que presentan y el cargo ocupado e indicando, además, aquellos organismos que incumplen el presente artículo (artículo 768 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996).

Las personas que presenten discapacidad -de acuerdo a lo definido en el artículo 2° de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989- que quieran acogerse a los beneficios de la presente ley, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad que funciona en el ámbito de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (artículo 768 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996).

A dichos efectos el Ministerio de Salud Pública deberá certificar la discapacidad. La evaluación se realizará con un Tribunal integrado como mínimo por un médico, un psicólogo y un trabajador social, los cuales deberán contar con probada especialización. En dicho dictamen deberá precisarse la discapacidad que presenta la persona, con indicación expresa de las tareas que pueda realizar, así como aquellas que no puede llevar a cabo. Dicha certificación expresará si la discapacidad es permanente y el plazo de validez de la certificación. A efectos de realizar la certificación, el Tribunal, podrá requerir de los médicos e instituciones tratantes de las personas con discapacidad los informes, exámenes e historias clínicas de los mismos. Los profesionales intervinientes estarán obligados a proporcionar la información requerida; y deberán actuar bajo su más seria responsabilidad. En caso de constatarse que la información consignada no se ajusta a la realidad, serán responsables civil, penal y administrativamente, según corresponda."

Artículo 15. Sustitúyese el artículo 9° de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001, por el siguiente:

"ARTICULO 9°.- En caso de suprimida una vacante en el Estado, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales, el 4% (cuatro por ciento) del crédito se transferirá a un único objeto del gasto, con destino exclusivo a rehabilitar cargos o funciones contratadas a ser provistos con personas con discapacidad.

El jerarca del organismo o entidad obligada propiciará ante el Poder Ejecutivo -previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación, la rehabilitación de los cargos o funciones contratadas a que refiere el inciso anterior, y la trasposición de los respectivos créditos existentes en el objeto del gasto a nivel de programa y unidad ejecutora.

La Contaduría General de la Nación en coordinación con la Oficina Nacional del Servicio Civil velará por el cumplimiento de esta obligación, no pudiendo demorarse más de ciento ochenta días el proceso de rehabilitación de los cargos o funciones contratadas a ser ocupadas por la persona con discapacidad. El plazo se contará a partir de la supresión de la vacante.Lo dispuesto en los incisos anteriores será de aplicación, en lo pertinente, a las personas públicas no estatales".

Artículo 16.- A efectos de dar cumplimiento a la obligación contenida en los dos artículos precedentes se establece que:

a) Se consideran vacantes a todas aquellas situaciones originadas en cualquier circunstancia que determinen el cese definitivo del vínculo funcional. Esta disposición no incluye las provenientes de lo dispuesto en los artículos 32, 723 y 724 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, ni las originadas en los escalafones: "K" Militar; "L" Policial; "G", "H" y "J" Docentes y "M" Servicio Exterior.

b) El incumplimiento en la provisión de vacantes, de acuerdo a lo preceptuado en el inciso primero del presente artículo, aparejará la responsabilidad de los jerarcas de los organismos respectivos, pudiéndose llegar a la destitución y cesantía de los mismos por la causal de omisión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, leyes y reglamentos respectivos. Esta disposición será aplicable a quienes representen al Estado en los organismos directivos de las personas de derecho público no estatales.

c) El Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil será responsable por el incumplimiento de los contralores cometidos a dicha Oficina, pudiéndose llegar a la destitución o cesantía del mismo por la causal de omisión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, leyes y reglamentos respectivos.

d) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá elaborar un proyecto de reglamentación del presente artículo en el plazo de sesenta días a partir de la promulgación de la presente ley, que elevará al Poder Ejecutivo; éste dispondrá a su vez de un plazo de treinta días para su aprobación. En la reglamentación se preverá la forma en que los organismos deberán cubrir las vacantes, los requisitos de idoneidad para desempeñar los cargos y el régimen sancionatorio para los infractores de la misma, estableciéndose que la omisión en el cumplimiento de la ley, será pasible de destitución o cesantía.

e) El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatales deberán dictar sus reglamentos a efectos de la aplicación del presente artículo, en un plazo máximo de sesenta días, contados a partir del día siguiente al de aprobación del dictado por el Poder Ejecutivo, debiendo remitirlos, una vez aprobados, a la Oficina Nacional del Servicio Civil para su conocimiento.

f) Al momento de cubrir las vacantes los organismos referidos en el literal anterior deberán especificar claramente la descripción y los perfiles necesarios de los cargos a ser cubiertos, debiendo en todo caso remitir dicha información a la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (artículo 10 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989). Esta estudiará la información y en un plazo máximo de sesenta días podrá asesorar y aconsejar al organismo las medidas convenientes en todos aquellos aspectos que se le planteen respecto a la información que se les envíe y proponer las adaptaciones que estime necesarias para llevar adelante las pruebas en caso de selección por concurso.

El organismo deberá atender en cada llamado las recomendaciones realizadas por dicha Comisión.

g) El organismo obligado, en coordinación con la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, deberá dar al llamado la más amplia difusión posible.

h) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá impartir los instructivos y directivas para el efectivo cumplimiento del presente artículo.

Cada organismo público deberá asegurar la adecuada inserción de la persona con discapacidad en el puesto de trabajo, contemplando a tales efectos las adaptaciones y los apoyos necesarios para el desempeño de las tareas inherentes al mismo.

Artículo 17.- Sustitúyese el artículo 44 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 44.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas establecerá incentivos y beneficios para las entidades paraestatales y del sector privado que contraten personas con discapacidad en calidad de trabajadores, y para las que contraten producción derivada de talleres protegidos, como asimismo facilitará y disminuirá los gravámenes para la exportación de tal producción.

A efectos de promover la contratación laboral de personal con discapacidad, por parte de entidades paraestatales y del sector privado, se faculta al Poder Ejecutivo a reducir el aporte jubilatorio patronal al Banco de Previsión.

Artículo 18.- Se consideran Talleres Protegidos de Producción, aquellas instituciones u organizaciones sin fines de lucro que cuenten con personería jurídica, y que produzcan bienes o presten servicios, con el objetivo de capacitar y ocupar laboralmente a personas con discapacidad en condiciones especiales, que no estén, actualmente, en situación de integrase al mercado laboral abierto.

Artículo 19.- La estructura, organización y gestión de los Talleres Protegidos de Producción, serán similares a las adoptadas por las empresas ordinarias, sin perjuicio de sus peculiares características y del objetivo que están llamados a cumplir.

Artículo 20.- Los talleres protegidos terapéuticos y los talleres de habilitación ocupacional, a que refieren respectivamente el literal f) del artículo 31 y el artículo 36 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, no serán considerados Talleres Protegidos de Producción.

Los Talleres de Habilitación Ocupacional también se inscribirán en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 21.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a tavés de Programas Especiales, prestará la asistencia técnica necesaria para que los Talleres de Habilitación Ocupacional puedan adaptar su funcionamiento a la modalidad de Talleres Protegidos de Producción. Asimismo prestará asistencia técnica a estos últimos a los efectos de optimizar su funcionamiento.

Artículo 22.- La plantilla de trabajadores de los Talleres Protegidos de Producción, deberá contar con un mínimo de setenta y cinco por ciento (75%) de personas con discapacidad, acreditada de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 31 (del presente anteproyecto) y al procedimiento establecido por el artículo 42 de la citada ley.

Artículo 23.- Las personas con discapacidad que desempeñen tareas en el marco de un proceso de formación o participen de actividades con la finalidad exclusiva de integrarse socialmente, no percibirán remuneración salarial alguna y no serán considerados a los efectos del porcentaje establecido en el artículo anterior.

Artículo 24.- Exonérase a los Talleres Protegidos de Producción de impuestos nacionales correspondientes a las actividades derivadas directamente de los mismos. Dicha exoneración quedará supeditada a la vigencia de la Inscripción en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que determine la reglamentación.

Artículo 25.- Las personas con discapacidad que desempeñen actividad como trabajadores dependientes o como aprendices, en los Talleres Protegidos de Producción, en las entidades paraestatales y del sector privado, tendrán derecho a una remuneración que no podrá ser inferior al mínimo salarial de la categoría correspondiente al sector de actividad en el que se desempeña.

Artículo 26.- Sustitúyese el artículo 45 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 45. Corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre otros, los siguientes cometidos:

a) Contralor de los trabajadores y de los ambientes de trabajo y estudio de medidas a tomar en situaciones específicas, horarios de trabajo, licencias, instrucción especial de los funcionarios, equipos e instalaciones adecuadas para prevenir accidentes y otros.

b) Reglamentar e inspeccionar el funcionamiento de los talleres protegidos de producción."

Artículo 27.- Sustitúyese el artículo 50 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 50. La construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad pública o privada, destinados a un uso que implique concurrencia de público, así como la planificación y urbanización de las vías públicas, parques, jardines de iguales características, se efectuará de forma tal que todas las personas puedan acceder, ingresar, usar y egresar, especialmente en situaciones de emergencia, en condiciones de seguridad, equidad, confort y con la mayor autonomía posible".

Artículo 28.- Sustitúyese el artículo 51 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 51.- Las Intendencias Municipales deberán incluir normas sobre el tema y en sus respectivos Planes Reguladores o de Desarrollo Urbano, las disposiciones necesarias, con el objeto de adaptar las vías públicas, parques, jardines y edificios a las normas aprobadas con carácter general".

Artículo 29.- En los pliegos de licitación para la construcción de edificios por parte de organismos del Estado, deberá incluirse una cláusula que establezca el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales sobre accesibilidad al medio físico.

Artículo 30.- El Estado otorgará a través de la institución que corresponda, préstamos para refaccionar y/o acondicionar de acuerdo a las normas de accesibilidad (UNIT) la vivienda en la cual vive o va a vivir la persona con discapacidad. De la misma manera podrá ser para la institución que otorgue rehabilitación. Se regulará el monto a adjudicar."

"Carp. N° 289/05

Rep. N° 488/07

Anexo III

Ley N° 18.094,

de 9 de enero de 2007

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 42 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, en la redacción dada por la Ley N° 17.216, de 24 de setiembre de 1999, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 42.- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatales, están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción mínima no inferior al 4% (cuatro por ciento) de sus vacantes. Las personas con discapacidad que ingresen de esta manera gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos a las mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de la aplicación de normas diferenciadas cuando ello sea estrictamente necesario.

La obligación antedicha refiere al menos a la cantidad de cargos y funciones contratadas, sin perjuicio de ser aplicable también al monto del crédito presupuestario correspondiente a las mismas.

En el primer caso el cálculo del 4% (cuatro por ciento) de las vacantes a ocupar por personas con discapacidad se determinará sobre la suma total de las que se produzcan en las distintas unidades ejecutoras, reparticiones y escalafones que integran cada uno de los organismos referidos en el inciso primero del presente artículo. Cuando por aplicación de dicho porcentaje resultare una cifra inferior a la unidad, pero igual o mayor a la mitad de la misma, se redondeará a la cantidad superior.

El Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dentro de sus competencias, deberá remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil la información que resulte de sus registros relativa a la cantidad de vacantes que se produzcan en los organismos y entidades obligados por el inciso primero.

La Oficina Nacional del Servicio Civil solicitará cuatrimestralmente informes a los organismos y entidades obligadas, incluidas las personas de derecho público no estatales -quienes deberán proporcionarlos- sobre la cantidad de vacantes que se hayan generado y provisto en el año. Dichos organismos deberán indicar también el número de personas con discapacidad ingresadas, con precisión de la discapacidad que padecen y el cargo ocupado. La Oficina Nacional del Servicio Civil, en los primeros noventa días de cada año, comunicará a la Asamblea General el resultado de los informes recabados, tanto de los obligados como del Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, expresando el total de vacantes de cada uno de los obligados, la cantidad de personas con discapacidad incorporadas en cada organismo, con precisión de la discapacidad que padecen y el cargo ocupado e indicando, además, aquellos organismos que incumplen el presente artículo (artículo 768 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996).

Las personas que presenten discapacidad -de acuerdo a lo definido en el artículo 2° precedente- que quieran acogerse a los beneficios de la presente ley, deberán inscribirse en el Registro de Discapacitados que funciona en la órbita de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (artículo 768 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996).

A dichos efectos el Ministerio de Salud Pública deberá certificar la discapacidad. La evaluación se realizará con un Tribunal integrado por al menos un médico, un psicólogo y un asistente social, los cuales contarán con probada especialización. En dicho dictamen deberá precisarse la discapacidad que padece la persona, con indicación expresa de las tareas que pueda realizar, así como aquellas que no puede llevar a cabo. Dicha certificación expresará si la discapacidad es permanente y el plazo de validez de la certificación. Al vencimiento de la misma deberá hacerse una nueva evaluación. A efectos de realizar la certificación, el Ministerio de Salud Pública podrá requerir de los médicos e instituciones tratantes de las personas discapacitadas -quienes estarán obligados a proporcionarlos- los informes, exámenes e historias clínicas de las mismas. Los profesionales intervinientes, tanto en la expedición del certificado, como los tratantes de las personas discapacitadas, actuarán bajo su más seria responsabilidad. En caso de constatarse que la información consignada no se ajusta a la realidad, serán responsables civil, penal y administrativamente, según corresponda".

Artículo 2°.- Modifícase el artículo 9° de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 9°.- En caso de suprimida una vacante en el Estado, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales, el 4% (cuatro por ciento) del crédito se transferirá a un único objeto del gasto, con destino exclusivo a rehabilitar cargos o funciones contratadas a ser provistos con personas con discapacidad.

El jerarca del Inciso o del organismo o entidad obligada propiciará ante el Poder Ejecutivo -previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General del a Nación-, la rehabilitación de los cargos o funciones contratadas a que refiere el inciso anterior, y la trasposición de los respectivos créditos existentes en el objeto del gasto a nivel de programa y unidad ejecutora.

La Contaduría General de la Nación en coordinación con la Oficina Nacional del Servicio Civil velará por el cumplimiento de esta obligación, no pudiendo demorarse más de ciento ochenta días el proceso de rehabilitación de esta clase de cargos o funciones contratadas. El plazo se contará a partir de la supresión de la vacante.

Lo dispuesto en los incisos anteriores será de aplicación, en lo pertinente, a las personas públicas no estatales".

Artículo 3°.- A efectos de dar cumplimiento a la obligación contenida en los dos artículos precedentes se establece que:

A) Se consideran vacantes a todas aquellas situaciones originadas en cualquier circunstancia que determinen el cese definitivo del vínculo funcional. Esta disposición no incluye las provenientes de lo dispuesto en los artículos 32, 723, 724 y 727 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, ni las originadas en los escalafones: "K" Militar; "L" Policial; "G", "H" y "J" Docentes y "M" Servicio Exterior.

B) El incumplimiento en la provisión de vacantes, de acuerdo a lo preceptuado en el inciso primero del artículo 42 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989 en la redacción dada por el artículo primero de la presente ley aparejará la responsabilidad de los jerarcas de los organismos respectivos, pudiéndose llegar a la destitución y cesantía de los mismos por la causal de omisión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, leyes y reglamentos respectivos. Esta disposición será aplicable a quienes representen al Estado en los organismos directivos de las personas de derecho público no estatales.

C) El Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil será responsable por el incumplimiento de los contralores cometidos a dicha Oficina, pudiéndose llegar a la destitución o cesantía del mismo por la causal de omisión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, leyes y reglamentos respectivos.

D) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá elaborar un proyecto de reglamentación de la presente ley en el plazo de sesenta días a partir de la promulgación de la presente ley, que elevará al Poder Ejecutivo; éste dispondrá a su vez de un plazo de treinta días para su aprobación. En la reglamentación se preverá la forma en que los organismos deberán cubrir las vacantes, los requisitos de idoneidad para desempeñar los cargos y el régimen sancionatorio para los infractores de la misma, estableciéndose que la omisión en el cumplimiento de la ley, será pasible de destitución o cesantía.

E) El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatales deberán dictar sus reglamentos a efectos de la aplicación de la presente ley, en un plazo máximo de sesenta días, contado a partir del día siguiente al de aprobación del dictado por el Poder Ejecutivo, debiendo remitirlos, una vez aprobados, a la Oficina Nacional del Servicio Civil para su conocimiento.

F) Al momento de cubrir las vacantes los organismos referidos en el literal anterior deberán especificar claramente la descripción y los perfiles necesarios de los cargos a ser cubiertos, debiendo, en todo caso, remitir dicha información a la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (artículo 10 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989). Esta estudiará la información y en un plazo máximo de sesenta días podrá asesorar y aconsejar al organismo las medidas convenientes en todos aquellos aspectos que se le planteen respecto a la información que se le envíe y proponer las adaptaciones que estime necesarias para llevar adelante las pruebas en caso de selección por concurso.

El organismo deberá atender en cada llamado las recomendaciones realizadas por dicha Comisión.

G) El organismo obligado, en coordinación con la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, deberá dar al llamado la más amplia difusión posible.

H) Deberá crearse un dispositivo en cada organismo público que vele por la adecuada colocación de la persona con discapacidad en el puesto de trabajo, contemplando a tales efectos las adaptaciones necesarias para el adecuado desempeño de las funciones, así como la eliminación de barreras físicas y del entorno social, que puedan ser causantes de actitudes discriminatorias.

I) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá impartir los instructivos y directivas para el efectivo cumplimiento del presente artículo.

Ley N° 17.978,

de 26 de junio de 2006

Artículo 7°. (Fomento).- Se declara de interés general el fomento de las cooperativas sociales. Las mismas quedan exoneradas de todo tributo nacional. Asimismo, estarán exoneradas de todo aporte patronal a la Seguridad Social, incluido el correspondiente al aporte complementario al Seguro de Enfermedad.

Ley N° 17.378

de 25 de julio de 2001

Artículo 1°.- Se reconoce a todos los efectos a la Lengua de Señas Uruguaya como la lengua natural de las personas sordas y de sus comunidades en todo el territorio de la República. La presente ley tiene por objeto la remoción de las barreras comunicacionales y así asegurar la equiparación de oportunidades para las personas sordas e hipoacústicas.

Referencia: Ley N° 17.535 de 21/08/2002 artículos 1° y 2°

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 432 del Código Civil, el que quedará redactado con el siguiente texto:

"ARTICULO 432.- Están sujetos a curaduría general los incapaces mayores de edad. Hallándose en este caso los dementes, aunque tengan intervalos lúcidos y las personas sordomudas que no puedan darse a entender por escrito ni mediante lengua de señas según lo establecido en la Ley N° 17.378, de 25 de julio de 2001. En este último caso, la intervención del intérprete de lengua de señas será preceptiva para decidir la curatela".

Artículo 2°.- Modifícase el artículo 1279 del Código Civil, el que quedará redactado con el siguiente texto:

"ARTICULO 1279.- Son absolutamente incapaces los impúberes, los dementes y las personas sordomudas que no puedan darse a entender por escrito ni mediante lengua de señas, según lo establecido en la Ley N° 17.378, de 25 de julio de 2001. En este último caso, la intervención del intérprete de lengua de señas será preceptiva para decidir la curatela".

Artículo 2°.- Modifícase el artículo 1279 del Código Civil, el que quedará redactado con el siguiente texto:

"ARTICULO 1279.- Son absolutamente incapaces los impúbres, los dementes y las personas sordomudas que no puedan darse a entender por escrito ni mediante lengua de señas, según lo establecido en la Ley N° 17.378, de 25 de julio de 2001. En este último caso la intervención del interpréte de lengua de señas es preceptiva para decidir la incapacidad. Los actos en que intervengan personas incapaces no producen ni aun obligaciones naturales y no admiten caución".

Artículo 2°.- En aplicación del artículo 6° de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, el Estado apoyará las actividades de investigación, enseñanza y difusión de la Lengua de Señas Uruguaya.

Referencia: Ley N° 17.535 de 21/08/2002 artículos 1° y 2°

Artículo 3°.- El Estado promoverá la creación de la carrera de interpréte de Lengua de Señas Uruguaya, de nivel terciario, y los mecanismos necesarios para validar los certificados expedidos o que se expidan por parte de instituciones privadas con relación a esta carrera, tanto como en las condiciones de habilitación de los formadores de docentes de Lengua de Señas Uruguaya.

Referencia: Ley N° 17.535 de 21/08/2002 artículos 1° y 2°

Artículo 4°.- El Estado asegurará a las personas sordas e hipoacústicas el efectivo ejercicio de su derecho a la información, implementando la intervención de intérpretes de Lengua de Señas Uruguaya en programas televisivos de interés general como informativos, documentales, programas educacionales y mensajes de las autoridades nacionales o departamentales a la ciudadanía. Cuando se utilice la Cadena Nacional de Televisoras será preceptiva la utilización de los servicios de Intérprete de Lengua de Señas Uruguaya.

Referencia: Ley N° 17.535 de 21/08/2002 artículos 1° y 2°

Artículo 5°.- El Estado asegurará a todas las personas sordas e hipoacústicas que lo necesiten el acceso a los servicios de Intérpretes de Lengua de Señas Uru-guaya en cualquier instancia en que no puedan quedar dudas de contenido en la comunicación que deba establecerse.

Referencia: Ley N° 17.535 de 21/08/2002 artículos 1° y 2°

Artículo 6°.- El Estado facilitará a todas las personas sordas e hipoacústicas el acceso a todos los medios técnicos necesarios para mejorar su calidad de vida.

Referencia: Ley N° 17.535 de 21/08/2002 artículos 1° y 2°

Artículo 7°.- Todo establecimiento o dependencia del Estado y de los Municipios con acceso al público, deberá contar con señalización, avisos, información visual y sistemas de alarmas luminosas aptos para su reconocimiento por personas sordas o hipoacústicas.

Referencia: Ley N° 17.535 de 21/08/2002 artículos 1° y 2°

Ley N° 17.296,

de 23 de febrero de 2001

SECCION II

FUNCIONARIOS

CAPITULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 9°.- Interprétase que el término vacantes, en el artículo 42 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, en la redacción dada por la Ley N° 17.216, de 24 de setiembre de 1999, y que resultan de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 16.462, de 11 de enero de 1994, refiere al monto del crédito presupuestario correspondiente a las mismas y no a la cantidad de cargos y funciones contratadas.

Suprimida una vacante, el 4% (cuatro por ciento) del crédito se transferirá a un único objeto del gasto, con destino exclusivo a rehabilitar cargos o funciones contratadas a ser provistos con personas discapacitadas.

Facúltase al jerarca del Inciso, a propiciar ante el Poder Ejecutivo -previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación-, la rehabilitación de los cargos o funciones contratadas a que refiere el inciso anterior, adecuados a los requerimientos de las unidades ejecutoras de su Inciso, y la transposición de los respectivos créditos existentes en el objeto del gasto a nivel de programa y unidad ejecutora.

La presente norma regirá para las vacantes generadas a partir del 1° de enero de 2000.

Lo dispuesto será de aplicación, en lo pertinente, a los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales y personas públicas no estatales.

SECCION VI

ORGANISMOS DEL ARTICULO 220 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

INCISO 27

INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR

Artículo 546.- Agrégase al artículo 10 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, que crea la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado un delegado del Instituto Nacional del Menor. Dispónese, en relación al artículo 13 de la citada ley, se integre también a la Comisión Departamental Honoraria del Discapacitado un delegado del Instituto Nacional del Menor.

Ley N° 17.216,

de 24 de setiembre de 1999

Artículo Unico.- Sustitúyese el inciso final del artículo 42 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, por los siguientes:

"El Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dentro de sus competencias, deberán remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil la información que resulte de sus registros relativa a la cantidad de vacantes que se produzcan en los organismos y entidades obligados por el inciso anterior.

La Oficina Nacional del Servicio Civil solicitará cuatrimestralmente informes a los organismos y entidades obligadas, incluidas las personas de derecho público no estatales -quienes deberán proporcionarlos- sobre la cantidad de vacantes que se hayan generado y provisto en el año. Dichos organismos deberán indicar también el número de personas impedidas ingresadas, con precisión de la discapacidad que padecen y el cargo ocupado. La Oficina Nacional del Servicio Civil, en los primeros noventa días de cada año, comunicará a la Asamblea General el resultado de los informes recabados, tanto de los obligados como el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, expresando el total de vacantes de cada uno de los obligados, la cantidad de personas impedidas incorporadas en cada organismo, con precisión de la discapacidad que padecen, y el cargo ocupado, e indicando, además, aquellos organismos que incumplen el presente artículo (artículo 768 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996).

Las personas que presenten discapacidad -de acuerdo a lo definido en el artículo 2° precedente- que quieran acogerse a los beneficios de la presente ley, deberán inscribirse en el Registro de Discapacitados que funciona en la órbita de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (artículo 768 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996).

A dichos efectos el Ministerio de Salud Pública deberá certificar la discapacidad. La evaluación se realizará con un Tribunal integrado por tres médicos de probada especialización, sin perjuicio de que se disponga la integración con psicólogos, asistentes sociales u otros profesionales. En dicho dictamen deberá precisarse la discapacidad que padece la persona, con indicación expresa de las tareas que pueda realizar, así como aquellas que no pueden llevar a cabo. Dicha certificación expresará si la discapacidad es permanente y el plazo de validez de la certificación. Al vencimiento de la misma deberá hacerse una nueva evaluación. A efectos de realizar la certificación, el Ministerio de Salud Pública podrá requerir de los médicos e instituciones tratantes de las personas discapacitadas -quienes estarán obligados a proporcionarlos- los informes, exámenes e historias clínicas de los mismos. Los profesionales intervinientes, tanto en la expedición del certificado, como los tratantes de las personas discapacitadas, actuarán bajo su más seria responsabilidad; en caso de constatarse que la información consignada no se ajusta a la realidad, serán responsables civil, penal y administrativamente, según corresponda.

A efectos de dar cumplimiento a la obligación contenida en el presente artículo se establece que:

A) Se consideran vacantes a todas aquellas situaciones originadas en cualquier circunstancia, que determinen el cese definitivo del vínculo funcional. Esta disposición no incluye las provenientes de lo dispuesto en los artículos 32, 723, 724 y 727 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, ni las originadas en los escalafones: ‘K’ Militar, ‘L’ Policial, ‘G’, ‘H’ y ‘J’ Docentes y ‘M’ Servicio Exterior.

B) El incumplimiento en la provisión de vacantes, de acuerdo a lo preceptuado en el inciso primero del presente artículo, aparejará la responsabilidad de los jerarcas de los organismos respectivos, pudiéndose llegar a la destitución y cesantía de los mismos por la causal de omisión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, leyes y reglamentos respectivos. Esta disposición será aplicable a quienes representen al Estado en los organismos directivos de las personas de derecho público no estatales.

C) El Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil será responsable por el incumplimiento de los contralores cometidos a dicha Oficina, pudiéndose llegar a la destitución o cesantía del mismo por la causal de omisión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, leyes y reglamentos respectivos.

D) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá elaborar un proyecto de reglamentación del presente artículo en el plazo de sesenta días a partir de la promulgación de la presente ley, que elevará al Poder Ejecutivo; éste dispondrá a su vez de un plazo de treinta días para su aprobación. En la reglamentación se preverá la forma en que los organismos deberán cubrir las vacantes, los requisitos de idoneidad para desempeñar los cargos y el régimen sancionatorio para los infractores de la misma, estableciéndose que la omisión en el cumplimiento de la ley, será pasible de destitución o cesantía.

E) El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatales deberán dictar sus reglamentos a efectos de la aplicación del presente artículo, en un plazo máximo de sesenta días, contados a partir del día siguiente al de aprobación del dictado por el Poder Ejecutivo, debiendo remitirlos, una vez aprobados, a la Oficina Nacional del Servicio Civil para su conocimiento.

F) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá impartir los instructivos y directivas para el efectivo cumplimiento del presente artículo.

El cálculo del 4% (cuatro por ciento) de las vacantes a ocupar por personas impedidas se determinará sobre la suma total de las que se produzcan en las distintas unidades ejecutoras, reparticiones y escalafones que integran cada uno de los organismos referidos en el inciso primero del presente artículo. Cuando por aplicación de dicho porcentaje resultare una cifra inferior a la unidad, pero igual o mayor a la mitad de la misma, se redondeará a la cantidad superior".

Ley N° 16.736,

de 5 de enero de 1996

Artículo 32.- A todos aquellos funcionarios de los Incisos 02 y 05 al 14 que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad antes del 1° de enero de 1997, se les concederá un incentivo en el caso en que, no habiéndose declarado excedentario su cargo, opten por renunciar a la función pública en el lapso de seis meses después de promulgada la presente ley o cumplida dicha edad.

El incentivo será equivalente a quince meses de las retribuciones que hubiera percibido en el mes inmediato anterior al de su renuncia, con una disminución de tres de las mismas por cada año mayor a los sesenta y cinco años de edad que tenga el funcionario, cumplidos al 1° de enero de 1997.

Aquellos funcionarios que tuvieran sesenta y cinco años de edad o más a la misma fecha y estuvieran comprendidos en el artículo 722 de la presente ley, podrán optar por acogerse al régimen, en el plazo establecido en el inciso primero de este artículo, en el período de tres meses de aprobada la reestructura y antes de la realización del ordenamiento requerido por dicho artículo para la provisión de los cargos. En este caso, recibirán los incentivos previstos en este artículo.

El Poder Ejecutivo reglamentará estos incentivos en el término de treinta días a partir de la promulgación de la presente ley, sobre la base de que los cargos que resulten vacantes una vez realizadas las promociones se suprimirán. 1

CAPITULO II

REFORMULACION DE ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE LOS INCISOS

Artículo 723.- Los funcionarios presupuestados o contratados para la función pública que hayan sido declarados disponibles por reestructura, pasarán a redistribución por un lapso de doce meses, durante el cual mantendrán todos los derechos emergentes de su situación funcional y percibirán su sueldo base, beneficios sociales, compensación por antigüedad y por ocho horas, y compensaciones extraordinarias que perciban hasta el mes inmediato anterior al de su cambio de situación funcional quedando eximidos en su obligación de asiduidad.

Una vez vencido dicho plazo, y para el caso de no ocupar un nuevo cargo o función contratada, el funcionario podrá optar por abandonar definitivamente la función pública. Ante tal situación, aquellos funcionarios presupuestados o contratados para funciones públicas que tengan más de dos años de antigüedad en la función pública, recibirán una compensación, equivalente a seis meses de la retribución establecida en el inciso anterior, aumentada en un mes por cada año continuo de antigüedad en la función pública, hasta un tope máximo de doce meses. En el caso que el funcionario no optase por abandonar definitivamente la función pública, recibirá como única retribución la establecida en la tabla básica de sueldos, más la compensación máxima del grado incluida la prima de antigüedad y beneficios sociales. A quienes ocupen un nuevo cargo, a los efectos del ascenso en la oficina de destino, se les computará como antigüedad en el cargo la que tuviere el funcionario menos antiguo en el escalafón, serie y grado, salvo que la correspondiente al cargo de origen resultase menor que aquélla, en cuyo caso se tomará la antigüedad del funcionario que se transfiere.

Artículo 724.- Todos aquellos funcionarios que tuviesen al menos sesenta años de edad al 1° de enero de 1997, que tuvieran causal de disponibilidad por reestructura y causal jubilatoria configurada a dicha fecha, podrán optar entre la compensación de doce meses establecida en el inciso segundo del artículo 723 y el cobro de dieciocho meses de compensación en caso que opten por jubilarse, con una disminución de un mes por cada año mayor a los sesenta de edad del funcionario, pagaderos mensualmente a partir de la fecha de su egreso.

Artículo 727.- El crédito presupuestal correspondiente a las vacantes netas de cargos o funciones contratadas no previstas, aunque correspondieren a declaraciones de excedencia, producidas en los escalafones A, B, C, D, E, F y R de los Incisos 02 al 14 desde el 1° de marzo de 1995 y hasta el plazo máximo de ciento ochenta días establecido en el artículo 709 de la presente ley podrá ser utilizado de igual modo y en los mismos porcentajes que las economías producidas por reestructura a que refiere la presente ley. Lo establecido precedentemente es sin perjuicio de la supresión de las referidas vacantes en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 16.462, de 11 de enero de 1994. La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos respectivos una vez aprobada la reestructura del Inciso correspodiente.

Artículo 768.- A efectos de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 42 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, créase en la órbita de la Comisión Nacional Honoraria de Discapacitados, un Registro de Discapacitados. No será de aplicación para estos casos el régimen previsto en el artículo 32 de la Ley N° 16.697, de 25 de abril de 1995. La Oficina Nacional del Servicio Civil, remitirá anualmente al Parlamento un informe detallando los organismos que incumplen con este artículo.

Ley N° 16.592,

de 13 de octubre de 1994

DISCAPACITADOS SEVEROS

INTERPRETANSE DISPOSICIONES DE LA LEY N° 16.095

Artículo 1°.- Interprétanse los artículos 1°, 5° literal e) y 19 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, en el sentido que el inmueble que habitan los discapacitados severos, sea de su propiedad o de sus familiares, independientemente que se haya constituido o no como bien de familia, así como los bienes muebles de cualquier naturaleza existentes en dicho inmueble, no afectarán en ningún caso el derecho de las personas con discapacidades severas (físicas, sensoriales y mentales) a las prestaciones servidas por el Banco de Previsión Social o por cualquier otro organismo del Estado. De igual forma, interprétanse las citadas normas en el sentido que tampoco afectarán ese derecho los ingresos del núcleo familiar derivados de sueldo o de remuneración por empleo público o privado.

1 Reglamentado por: Decreto N° 41/996 de 01/02/1996.

Artículo 2°.- Lo dispuesto por el artículo precedente se reglamentará, en lo pertinente, en el término de treinta días.

Ley N° 16.462,

de 11 de enero de 1994

CAPITULO II

ESCALAFONES Y RACIONALIZACION ADMINISTRATIVA

Artículo 11.- A partir del 1° de enero de 1994 los cargos vacantes presupuestados existentes y las vacantes que se generen serán suprimidos, salvo aquéllos que deban ser provistos por las reglas del ascenso.

Serán, asimismo, suprimidas las funciones contratadas asimiladas a las vacantes del último grado, en la misma forma prevista en el inciso anterior.

Las unidades ejecutoras dispondrán de un plazo máximo de un año, a partir del vencimiento de cada Ejercicio, para realizar los ascensos que correspondan o disponer las modificaciones contractuales que se entiendan indispensables, de acuerdo con los artículos 8° y 9° del Decreto-Ley N° 14.985, de 28 de diciembre de 1979.

Vencido dicho plazo serán suprimidas las vacantes de cargos presupuestados y funciones contratadas, así como la totalidad del crédito respectivo.

Exceptúanse de lo dispuesto en el presente artículo los siguientes cargos presupuestados y funciones contratadas:

1) Electivos, políticos, de particular confianza, incluidos en la nómina del artículo 7° de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992, militares, policiales, docentes y del Servicio Exterior.

2) Aquéllos cuyos titulares ejerzan la función jurisdiccional.

3) Directores de unidades ejecutoras que no integren los escalafones referidos en el numeral 1).

4) Los cargos del Ministerio de Salud Pública correspondientes a los escalafones A, B, D, E y F.

5) Los cargos del Instituto Nacional del Menor.

6) La totalidad de las vacantes existentes y las que en el futuro se produzcan, para atender el quehacer artístico de la Orquesta Sinfónica, Cuerpo de Baile, Coro Oficial y servicios técnicos de radio y televisión del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE).

7) Los cargos de la Procuraduría del Estado en lo Contencioso Administrativo.

8) Las vacantes a que se hace referencia en el artículo 12, de la Ley N° 16.226, de 29 de octubre de 1991.

9) Los cargos de magistrados y técnicos (abogados) del Ministerio Público y Fiscal.

No se suprimirán los cargos presupuestados y funciones contratadas en el caso que deban proveerse por concurso, cuando se haya determinado la persona a la cual le corresponda la designación por acto definitivo del Tribunal correspondiente.

Derógase el artículo 12 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992.

Ley N° 16.226,

de 29 de octubre de 1991

CAPITULO II

Escalafón y racionalización administrativa

Artículo 12.- Exceptúase de las supresiones de vacantes establecidas en el artículo 39 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990, a los efectos del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, la cantidad de vacantes que respondan al 4% (cuatro por ciento), del total existente en cada unidad ejecutora.

Dicha cantidad se adjudicará por unidad ejecutora en las vacantes de los últimos grados de todos los escalafones, grados y series. Si el número de estas vacantes no fuere suficiente para cubrir el 4% (cuatro por ciento), referido, se deberán realizar previamente las promociones respectivas, para luego proceder a la adjudicación.

Cométese al Poder Ejecutivo la reglamentación de lo establecido precedentemente.

Ley N° 16.169,

de 24 de diciembre de 1990

Artículo 1°.- Sustitúyese el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, por el siguiente:

"Por el Ministerio de Salud Pública, que será su Presidente, o un delegado de él, que tendrá igual función.

Un delegado del Ministerio de Educación y Cultura.

Un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Un delegado de la Facultad de Medicina.

Un delegado de la Facultad de Odontología.

Un delegado del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.

Un delegado del Congreso de Intendentes.

Un delegado de cada una de las organizaciones más representativas de discapacitados".

Ley N° 16.127,

de 7 de agosto de 1990

FUNCIONARIOS PUBLICOS

CAPITULO I

SELECCION Y DESIGNACION DEL PERSONAL

Artículo 1°.- La designación de personal presupuestado o contratado del Poder Ejecutivo, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados en los Escalafones "A" (Técnico Profesional), "B" (Técnico), "C" (Administrativo), "D" (Especializado), "E" (Oficios), "F" (Servicios Auxiliares) y "R" (Personal no incluido en los Escalafones anteriores), o similares deberá realizarse cualquiera fuere el origen de los fondos empleados para ello, previo pronunciamiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil, y recaer en personas que ya sean funcionarios públicos, con las excepciones prescriptas a continuación:

A) El organismo designante comunicará previamente a la Oficina Nacional del Servicio Civil las necesidades de personal que motivan la solicitud, así como la descripción y requisitos del cargo o función a ser provisto;

B) Dentro de los noventa días de recibida dicha solicitud, la Oficina Nacional del Servicio Civil informará si en el registro de personal a redistribuir existen funcionarios que reúnan los requisitos solicitados. En caso afirmativo, propondrá la redistribución de ese personal, la que se realizará de conformidad con las normas vigentes;

Vencido dicho plazo sin que la Oficina Nacional del Servicio Civil se haya expedido o si ésta manifestara no contar en sus registros con personal apto, el organismo solicitante quedará en liberad de designar para ese caso a personas que no sean funcionarios públicos, a razón de una designación por cada dos vacantes generadas a partir del 31 de diciembre de 2005, requiriendo informe previo favorable del Ministerio de Economía y Finanzas.

Los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados podrán designar personas que no sean funcionarios públicos, sin limitación de vacantes efectivamente generadas, requiriéndose para ello el cumplimiento previo de proyectos de reformulación de sus estructuras organizativas, en la forma y condiciones previstas por el inciso primero del artículo 6° de la presente ley.

Fuente: Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, artículo 11.

C) Sin perjuicio de lo estipulado anteriormente, la Oficina Nacional del Servicio Civil podrá previamente realizar estudios para pronunciarse sobre el fundamento de necesidad que motiva la solicitud, informando su parecer al organismo solicitante y al Poder Ejecutivo. En este caso, lo comunicará al Organismo interesado y el plazo del apartado B) se extenderá a ciento ochenta días.

D) En las designaciones se dará cumplimiento a lo estipulado por el artículo 42 de la Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989.

E) No podrán realizarse designaciones de nuevos funcionarios dentro de los doce meses anteriores a la finalización de cada período de gobierno.

F) La Contaduría General de la Nación, las Contadurías Centrales de los Ministerios y demás organismos comprendidos por esta ley, no podrán incluir en las planillas presupuestales las erogaciones resultantes de las designaciones efectuadas, sin haber dado cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

G) La Oficina de Servicio Civil publicará en forma semestral, en dos diarios de circulación nacional, la cantidad de designaciones y cese de funcionarios realizados en el período, así como el número total de los mismos. A tales efectos, queda facultada para requerir directamente, a todos los organismos comprendidos en la presente ley, la información necesaria a tales efectos, la que deberá serle proporcionada.

Fuente: Ley N° 16.197, de 25 de abril de 1995, artículo 30.

Ley N° 16.074,

de 10 de octubre de 1989

CAPITULO I

Principios Generales

Artículo 1°.- Declárase obligatorio el seguro sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales previsto en la presente ley.

Artículo 2°.- Todo patrono es responsable civilmente de los accidentes o enfermedades profesionales que ocurran a sus obreros y empleados a causa del trabajo o en ocasión del mismo, en la forma y condiciones que determinan los artículos siguientes.

Artículo 3°.- A los efectos de la presente ley, entiéndese por patrono toda persona, de naturaleza pública, privada o mixta, que utilice el trabajo de otra, sea cuál fuere su número: y por obrero o empleado, a todo aquel que ejecute un trabajo habitual u ocasional, remuerado, y en régimen de subordinación.

No se consideran obreros o empleados a quienes practiquen cualquier actividad deportiva o sean actores en espectáculos artísticos, sin perjuicio de los seguros especiales que se contrataren.

Artículo 4°.- La presente ley será aplicable además:

a) A los aprendices y personal a prueba, con o sin remuneración;

b) A quienes trabajen en su propio domicilio por cuenta de terceros;

c) A los serenos, vareadores, jockeys, peones, capataces y cuidadores ocupados en los hipódromos y studs.

Las instituciones que explotan los hipódromos cuando los accidentes ocurran dentro de los mismos, serán considerados patronos.

Artículo 5°.- El Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y demás Organismos Públicos, están obligados a asegurar en el Banco de Seguros del Estado, a todo su personal, cualquiera sea el tipo de tarea que realice. Esta obligación se mantiene aun cuando distintos tipos de reglamentaciones les otorguen el derecho a licencia con goce de sueldo mientras no se reintegren al trabajo.

El personal asegurado recibirá durante el período de asistencia por incapacidad temporaria y mientras ella dure, la indemnización fijada por la presente ley, y directamente de los organismos mencionados, la diferencia de remuneración que pueda corresponderles según las leyes o reglamentos a que están sometidos.

Texto derogado.

Fuente: Ley N° 16.134,

de 24/09/990 (Art. 3°)

Artículo 6°.- Toda persona que fuera de su actividad habitual utilice ocasionalmente los servicios de otra, no está comprendida en la presente ley.

Artículo 7°.- Las personas amparadas por la presente ley, y en su caso, sus derecho-habientes, no tendrán más derechos como consecuencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que los que la presente ley les acuerda, a no ser que en estos haya mediado dolo por parte del patrono o culpa grave en el incumplimiento de normas sobre seguridad y prevención. En este caso además el Banco podrá aplicar las sanciones correspondientes (Pérdida del seguro, recuperaciones de gastos y multas).

Acreditada por el patrono la existencia del seguro obligatorio establecido por la presente ley, la acción deberá dirigirse directamente contra el Banco de Seguros del Estado, quedando eximido el patrono asegurado de toda responsabilidad y siendo aplicables por tanto las disposiciones del derecho común. Todo ello sin perjuicio de la excepción establecida en el inciso anterior.

Artículo 8°.- El Banco de Seguros del Estado prestará asistencia médica y abonará las indemnizaciones que correspondieran a todos los obreros y empleados comprendidos por la presente ley, con independencia de que sus patronos hayan cumplido o no con la obligación de asegurarlos. Ello sin perjuicio de las sanciones y recuperos a que hubiere lugar.

Las indemnizaciones que abonará el Banco a siniestrados dependientes de patronos no asegurados se calcularán tomando como base un salario mínimo nacional.

A aquellos funcionarios públicos dependientes de Organismos que no estén al día en el pago de las primas o no hayan asegurado a sus funcionarios, sólo se les brindará asistencia médica.

El Banco de Seguros del Estado deberá exigir en todos los casos del patrono no asegurado, la constitución de capital necesario para el servicio de renta y el reembolso de los gastos correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el artículo 36.

Constituido el capital correspondiente y pagados los demás gastos anexos por el patrono, o convenida con el Banco de Seguros del Estado una fórmula de pago, se efectuarán las reliquidaciones que correspondan.

Artículo 9°.- Los siniestrados y en su caso los causahabientes, mantienen el derecho a la indemnización aun cuando el accidente se haya producido mediante culpa leve o grave de parte de aquéllos, o por caso fortuito o fuerza mayor, pero lo pierden en el caso de haberlo provocado dolosamente.

También pierde el siniestrado todo derecho a indemnización, cuando intencionalmente agrave las lesiones, o se niegue a asistirse o prolongue el período de su curación.

Artículo 10.- El trabajador lesionado por accidente de trabajo o afectado por enfermedad profesional deberá someterse obligatoriamente a la asistencia que le suministre el Banco de Seguros del Estado, salvo que se la procure particularmente, con autorización previa del Banco, en cuyo caso mantiene éste el derecho al control de su evolución.

El Banco también podrá exigir la internación hospitalaria de los accidentados o víctimas de enfermedades profesionales a efectos de evaluar su incapacidad permanente o la agravación o atenuación de la misma, debiendo compensar la pérdida de salarios que pueda derivarse de tal internación.

Durante el período de asistencia, el trabajador no podrá realizar tareas remuneradas sin la previa autorización del Banco de Seguros del Estado. En caso de que dicha autorización fuere otorgada, el trabajador perderá el derecho a la indemnización diaria establecida por el artículo 19 por todo el tiempo que realice dichas tareas remuneradas.

El incumplimiento de las obligaciones que este artículo pone a cargo del trabajador, dará derecho al Banco de Seguros del Estado a disponer la suspensión o el cese del pago de la indemnización diaria o renta, sin perjuicio de la acción legal que correspondiera.

Artículo 11.- La asistencia del siniestrado, que se prestará en el país de acuerdo con sus adelantos técnicos, comprende los gastos médicos, odontológicos y farmacéuticos así como también el suministro de aparatos ortopédicos, renovación normal de los accesorios necesarios para garantizar el éxito del tratamiento o alivio de las consecuencias de las lesiones.

Están asimismo comprendidos los gastos de transporte del lugar del siniestro al de asistencia y en caso necesario, de éste al domicilio y viceversa, y los de sepelio. En este último caso, no excederán del importe de seis sueldos mínimos nacionales.

Artículo 12.- En cuanto exceda de la indemnización que la presente ley pone a cargo del Banco de Seguros del Estado o del patrono no asegurado, correspondiente a la incapacidad laboral padecida, el trabajador siniestrado, o sus causahabientes, conservan el derecho a reclamar contra los terceros causantes de los demás daños derivados del evento, de acuerdo a las disposiciones del Código Civil, así como la parte de indemnizaciones no cubierta por el Banco de Seguros del Estado.

Se entiende por tercero, todas las personas, exceptuados el patrono y sus empleados y obreros.

La indemnización de la incapacidad laboral que se obtuviere de terceros, en virtud de lo dispuesto en este artículo, exonerará al patrono de su obligación hasta la suma equivalente a dichos daños.

Esta indemnización será servida por el Banco de Seguros del Estado en la forma prevista en los artículos 25 y siguientes de la presente ley, mediante la constitución del capital correspondiente para servirla.

El Banco de Seguros del Estado, se subrogará en los derechos de la víctima o sus causahabientes con referencia a la incapacidad laboral indemnizada y gastos anexos.

Artículo 13.- La presente ley es de orden público. Todo contrato, acuerdo o renuncia que tenga por objeto liberar al patrono de las obligaciones y responsabilidades que ella impone o que sea derogatorio de sus disposiciones; es absolutamente nulo.

Artículo 14.- No será considerado accidente del trabajo el que sufra un obrero o empleado en el trayecto al o del lugar de desempeño de sus tareas, salvo que medie alguna de las siguientes circunstancias:

a) que estuviere cumpliendo una tarea específica ordenada por el patrono;

b) que éste hubiera tomado a su cargo el transporte del trabajador.

c) que el acceso al establecimiento ofrezca riesgos especiales.

Artículo 15.- Cuando el obrero o empleado trabaje en su domicilio o fuera de él, para varios patronos, a los efectos de determinar el salario básico para liquidación de las indemnizaciones o rentas, se tendrán en cuenta todos los ingresos que obtengan por aquel concepto.

Este régimen se aplicará también en el caso de que realice más de una actividad para un mismo patrono.

Artículo 16.- Las rentas de indemnización por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales se pagarán mensualmente. Todas las indemnizaciones que fija la presente ley serán incedibles, inembargables e irrenunciables.

No obstante ello, la renta por incapacidad permanente que el accidentado reciba del Banco de Seguros del Estado podrá servir de garantía para préstamos de entidades bancarias oficiales, en el mismo carácter que los sueldos o jubilaciones de funcionarios públicos.

El Banco de Seguros del Estado podrá retener, expresamente autorizado por el afiliado, de cada renta que sirva, el importe de la cuota social de la asociación con personería jurídica que representa a los rentistas y pensionistas vitalicios del Banco.

Artículo 17.- Las indeminizaciones que establece la presente ley se determinarán de acuerdo a la remuneración real que perciba el trabajador, la que nunca será considerada menor al salario mínimo nacional.

Artículo 18.- Los salarios que sirvan de base para las indemnizaciones no tendrán límite máximo, salvo el que entendiera conveniente fijar el Poder Ejecutivo por razones de interés general, previo informe del Banco de Seguros del Estado. En este último caso, ese límite no podrá ser nunca inferior a quince salarios mínimos nacionales.

CAPITULO II

De las indemnizaciones temporarias

Artículo 19.- Las indemnizaciones temporarias por accidentes del trabajo, correspondientes a la presente ley, se regularán por las siguientes disposiciones:

I) El siniestrado tendrá derecho a una indemnización diaria calculada sobre las 2/3 partes del jornal o sueldo mensual que se le pagaba en el momento del accidente. Las indemnizaciones serán diarias y se abonarán las que correspondan a los días festivos;

II) Si la víctima trabaja en forma irregular o a destajo, la indemnización diaria será igual a las 2/3 partes del salario diario que resulte de dividir por ciento cincuenta el salario semestral;

III) Para los trabajadores que realicen tareas de "zafra", el cálculo del jornal resultará del promedio actualizado de lo percibido durante la zafra y fuera de ella, en la forma establecida en el artículo 29 del Capítulo III de la presente ley;

IV) En el caso de los trabajadores rurales, se tendrán en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones mínimas, los jornales establecidos en las normas pertinentes;

V) El accidentado percibirá la indemnización temporaria establecida precedentemente, a partir del cuarto día de ausencia provocada por el accidente.

Artículo 20.- Si el salario de un trabajador está fijado por día o por hora, pero hay factores que pueden hacerlo variar, como lo son por ejemplo las circunstancias de que el trabajo se realice de día o de noche, en día de labor o en día festivo, que las sustancias o artículos manipulados sean de determinada clase, las indemnizaciones por incapacidad temporaria originadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales se liquidarán sobre la base del salario medio que resulte de dividir por ciento cincuenta el importe total de los salarios ganados por la víctima durante los seis anteriores.

Artículo 21.- Si en el caso previsto en el artículo anterior al producirse la incapacidad temporaria no hubiesen transcurrido todavía seis meses desde que el obrero o empleado empezara a trabajar para el patrono, o si, por cualquier motivo, no fuese posible determinar el salario básico en la forma dispuesta, se tomará como base para liquidar la indemnización temporaria, el salario medio ganado durante el expresado lapso por los trabajadores similares en el mismo establecimiento o, en su defecto, en algún establecimiento o actividad afines.

Artículo 22.- Se considera como sueldo o salario, todo ingreso que en forma regular y permanente, sea en dinero (inclusive propinas) o en especie, susceptible de expresión pecuniaria, perciba el trabajador en relación de dependencia.

Artículo 23.- El salario o remuneración que sirva de base para el cálculo de la indemnización temporal fijada en el artículo 19 de la presente ley, se actualizará como mínimo cada cuatro meses, de acuerdo al índice medio salarial de la Dirección General de Estadística y Censos, correspondiente al mes anterior al que ocurrió el accidente y al mes anterior a la fecha en que corresponde la actualización.

Artículo 24.- La indemnización por incapacidad temporal cesa en el momento de la cura completa o consolidación de la lesión. En este último caso, si hay incapacidad permanente indemnizable se establecerá de inmediato el monto de la renta.

CAPITULO III

De las Rentas por incapacidades permanentes

Artículo 25.-

I. La incapacidad permanente no dará lugar a indemnización alguna si la reducción de la capacidad profesional no alcanza al 10% (diez por ciento). No obstante el trabajador que haya sido víctima de sucesivos accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, tendrá derecho a indemnización aun por aquellos que sólo le hayan causando una incapacidad permanente inferior a ese porcentaje, siempre que la reducción de su capacidad de trabajo originada por los diversos infortunios laborales sufridos, alcance globalmente a ese mínimo y a partir de ese momento. La indemnización correspondiente a cada accidente o enfermedad profesional será liquidada por separado sobre la base del salario que la víctima ganaba al sufrirlo.

II. En caso de accidentes o enfermedades profesionales que originen una incapacidad permanente igual o superior al 10% (diez por ciento), y no mayor del 20% (veinte por ciento) a solicitud de la víctima y previa conformidad del Banco de Seguros del Estado, el siniestrado recibirá como indemnización un pago único equivalente a treinta y seis veces la reducción mensual que la incapacidad haya, originado en el sueldo o salario. El Banco de Seguros del Estado tendrá en cuenta para dar su conformidad, el tipo de lesión y la posibilidad existente sobre la evolución de la incapacidad que lleve a ésta a superar en el futuro el citado porcentaje del 20% (veinte por ciento). De no darse los presupuestos citados de solicitud de obrero y conformidad del Banco, se procederá en la misma forma establecida en el numeral III de este artículo.

III. En caso de incapacidades permanentes superiores al 20% (veinte por ciento), se abonará una renta igual a la reducción que la incapacidad haya hecho sufrir al sueldo o salario. En caso de que el incapacitado por la entidad de sus lesiones no pudiera subsistir sin la ayuda permanente de otras personas la renta se elevará al 115% (ciento quince por ciento) del sueldo o salario.

IV. En caso de que un siniestrado haya percibido la suma establecida en el numeral II, y que sufriera una nueva incapacidad (o un agravamiento de la anterior), que en conjunto con la inicial superará el 20% (veinte por ciento), se procederá de la siguiente forma:

a) Si hubieran transcurrido tres años o más desde la fecha en que se generó el derecho a la indemnización, liquidada de acuerdo a lo establecido en el numeral II, el siniestrado tendrá derecho al cobro de rentas por todas las incapacidades, en la forma establecida en el numeral III, desde la fecha del alta del accidente del trabajo o enfermedad profesional que originó la última incapacidad;

b) Si no hubiera pasado dicho período de tres años se liquidará la nueva incapacidad (o el aumento de incapacidad), en la forma establecida en el numeral III.

Al finalizar dicho período de tres años se procederá en igual forma con la incapacidad inicial.

V. En circunstancias excepcionales, cuando se juzgue que el capital se utilizará de manera particularmente ventajosa para la integridad física del trabajador, de acuerdo a informes técnicos terminantes en establecer una salvaguardia de la vida o mejoramiento de la incapacidad a solicitud del beneficiario, el Banco de Seguros del Estado podrá cancelar hasta el 50% (cincuenta por ciento) de la renta, abonando el equivalente actuarial de los pagos periódicos.

Tal resolución requerirá cinco votos conformes del Directorio.

Artículo 26.- La renta deberá calcularse tomando por base la remuneración anual que la víctima del accidente hubiera recibido a título de sueldo o salario lo que se hará multiplicando por veinticuatro el promedio del salario medio quincenal ganado en el último semestre anterior al accidente, siempre que haya trabajado por lo menos ciento cincuenta días durante ese semestre.

En caso de no haber llegado a trabajar ciento cincuenta días en el semestre anterior, se aplicará el criterio establecido en el artículo siguiente.

Artículo 27.- Si la víctima no ha tenido ocupación en el establecimiento durante seis meses con anterioridad al accidente del trabajo o en la fecha de abandono en caso de enfermedad profesional, en las condiciones indicadas en el artículo anterior, el salario anual será determinado multiplicando por veinticuatro el cociente que resulte de dividir la suma total que haya ganado en las quincenas trabajadas en los últimos seis meses, por el número de quincenas que haya permanecido en el establecimiento, durante ese período.

Si la víctima ha ingresado al establecimento en la quincena en que se produjo el accidente de trabajo o fecha de abandono en caso de enfermedad profesional, se tomará como base para calcular la indemnización, el salario medio de los trabajadores similares del establecimiento, y si no los hubiera, de establecimientos afines.

Artículo 28.- Si el siniestrado trabajara a destajo, el cálculo del salario anual se hará multiplicando por trescientos el salario diario medio en el último trimestre anterior al accidente o fecha de abandono en caso de enfermedad profesional.

En caso de ser imposible esta determinación se tomará como base el salario de los operarios válidos similares del establecimiento, y si no los hubiera, de establecimientos afines.

Artículo 29.- Para quienes realicen trabajos de zafra, el cálculo del salario anual se efectuará multiplicando el número de quincenas que dure la zafra por el salario medio quincenal correspondiente a ese período y agregando el producto del número de quincenas que falte para llegar a veinticuatro por el salario quincenal medio ganado por los trabajadores válidos de su categoría fuera de la época de zafra. Esta regla se aplicará tanto si el accidente o abandono en caso de enfermedad profesional, ocurriera durante el período de la zafra, como si tuviere lugar durante el resto del año.

La cantidad resultante se actualizará de acuerdo a los índices de salarios de la Dirección General de Estadísticas y Censos correspondientes al mes de la fecha del accidente o abandono en caso de enfermedad profesional y seis meses antes.

Artículo 30.- Los aprendices y trabajadores menores de veintiún años que no gocen de remuneración o cuando ésta sea inferior a la de los demás trabajadores ordinarios, tendrán derecho, en caso de incapacidad permanente, a una indemnización que se calculará tomando como base el producto de la multiplicación por trescientos del salario diario más bajo de los trabajadores ordinarios válidos, empleados en el mismo establecimiento o análogos, y en la misma localidad.

Por trabajador ordinario válido se entiende el que, sin constituir una especialidad en su género, goza de plenitud de sus aptitudes profesionales.

Artículo 31.- A los efectos de la determinación de los montos considerados en este Capítulo rige lo dispuesto en los artículos 19 a 23 inclusive.

Artículo 32.- El siniestrado que recibe renta por incapacidad permanente deberá suministrar por escrito al Banco de Seguros del Estado, los datos que éste le solicite sobre el trabajo o actividad remunerada a que se dedica, género de la misma, salarios que percibe y nombre de su patrón, pudiendo el Banco suspender el pago de las rentas hasta tanto el trabajador no le proporcione dicha información.

Si en ella se consignaren hechos falsos y hubiera medido dolo de parte del trabajador en la adulteración de los datos suministrados, podrá el Banco decretar la cesación definitiva de la renta, sin perjuicio de la denuncia penal correspondiente.

Cuando la renta sea servida por otro Organismo, tendrá éste la misma facultad.

Artículo 33.- Si las personas amparadas por la presente ley se radicaren en otro país, sin designar apoderado en forma, se les suspenderá el pago de la renta. Dicho pago se reiniciará, conjuntamente con los atrasos, cuando aquéllas propongan otra forma de cobro de las mencionadas obligaciones aceptadas por el Banco de Seguros del Estado.

De existir convenios de previsión social con algún país, se estará a lo que se establezcan en los mismos.

Sin embargo, los derecho-habientes de trabajadores fallecidos que viviesen en el extranjero a la época de producirse el accidente o la enfermedad profesional que provocó la muerte del trabajador, pero que luego vinieron a domiciliarse al Uruguay, tendrán derecho a percibir renta de acuerdo a lo establecido en los artículos 46 y 47 de la presente ley, sólo a partir de la fecha de su radicación en el país y mientras dure su permanencia en el mismo.

Artículo 34.- El salario anual que sirve de base para el cálculo de las indemnizaciones establecidas en el artículo 25, se actualizará una sola vez de acuerdo al índice medio salarial de la Dirección General de Estadística y Censos correspondiente al mes anterior al que ocurrió el accidente o se diagnosticó la enfermedad profesional y al mes anterior a la fecha de inicio de la renta.

Artículo 35.- El Banco de Seguros del Estado ajustará como mínimo una vez al año las rentas que sirve por incapacidad permanente o muerte, en los casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Ese ajuste se realizará en función exclusiva del índice medio de salarios establecido por la Dirección General de Estadística y Censos.

En caso de ajuste anual, el mismo se realizará en el mes de enero de cada año y a los efectos del cálculo se considerará el período de doce meses que finaliza en el mes de setiembre anterior al del ajuste.

Para las rentas que comenzaren a servirse en el transcurso del año, se considerarán a los efectos de su ajuste, los índices correspondientes al mes de setiembre anterior al del ajuste y a cuatro meses antes del mes en que se inició la renta.

En caso de ajuste en un plazo inferior al año se procederá en una forma similar. A los efectos del cálculo en este caso se considerarán los índices correspondientes a cuatro meses antes de la fecha del ajuste anterior y a cuatro meses antes de la fecha del nuevo ajuste.

Las rentas que sirva el Banco de Previsión Social por incapacidad permanente o muerte a los trabajadores rurales, las ajustará en la misma forma, de acuerdo a los índices aplicados por el Banco de Seguros del Estado.

Artículo 36.- En el caso de rentas correspondientes a trabajadores cuyos patronos no estuvieran asegurados a la fecha de los accidentes o enfermedades profesionales, dichos patronos deberán constituir en el Banco de Seguros del Estado el capital de la renta que se origine, el que se establecerá en la forma que se indica a continuación.

Se tomará como base la suma necesaria para servir la renta, evaluada a la fecha de inicio de la misma, calculada según las tablas del Banco de Seguros del Estado, la que se reajustará por el artículo 57 de la presente ley.

Artículo 37.- La renta anual por incapacidad permanente o muerte es íntegramente compatible con las jubilaciones o pensiones atendidas por los Organismos de Previsión Social.

CAPITULO IV

De las enfermedades profesionales

Artículo 38.- Se considera enfermedad profesional la causada por agentes físicos, químicos o biológicos, utilizados o manipulados durante la actividad laboral o que estén presentes en el lugar del trabajo.

Artículo 39.- Para que una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando aquéllos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico.

Artículo 40.- Las enfermedades profesionales indemnizadas son aquellas enumeradas por el Decreto 167/981, de 8 de abril de 1981.

Artículo 41.- El trabajador o en su caso el patrono podrán acreditar ante el Banco de Seguros del Estado el carácter profesional de alguna enfermedad que no estuviera aceptada como tal, estando a la resolución que al respecto adopte dicho organismo.

Artículo 42.- La inclusión de nuevas enfermedades profesionales o declaración de tales, fuera de las que se acepten en cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por el país, así como la interpretación y aplicación de su listado, se hará por el Banco de Seguros del Estado, dando cuenta al Poder Ejecutivo.

Artículo 43.- Serán obligatorios los exámenes preventivos de acuerdo al riesgo laboral: los pre-ocupacionales clínicos y paraclínicos específicos, los periódicos para los ya ingresados al trabajo, así como cualesquiera otro que determine el Poder Ejecutivo por vía de reglamentación de las leyes sobre prevención de enfermedades profesionales.

El patrono que no exija al trabajador el cumplimiento de los exámenes a que se hace referencia en este artículo asumirá la responsabilidad del riesgo.

Si el trabajador se niega a someterse a los mencionados exámenes será suspendido en el trabajo hasta que desista de esa actitud.

Artículo 44.- Las indemnizaciones temporales por enfermedades profesionales se liquidarán de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de la presente ley, salvo en lo que respecta a la indemnización diaria que se calculará sobre la base de la totalidad del jornal o sueldo mensual que percibía el siniestro en el momento en que se diagnostique su enfermedad y a partir del día siguiente del abandono de sus tareas.

Artículo 45.- Las rentas por incapacidades permanentes originadas por enfermedades profesionales se liquidarán en la forma establecida en el Capítulo III de la presente ley. Mientras el Estado no funde escuelas de reeducación profesional y se reglamenten los derechos y obligaciones de los egresados, el concepto de incapacidad total y permanente se establecerá en función directa del oficio o labor desempeñado por el beneficiario, sin tenerse en cuenta sus posibilidades de readaptación para ejercer otro trabajo.

CAPITULO V

De los derecho-habientes

Artículo 46.- En caso de accidente o enfermedad profesional que haya producido la muerte del siniestrado, sus derecho-habientes tendrán derecho a una renta, de acuerdo con las siguientes normas:

a) Una renta vitalicia igual al 50% (cincuenta por ciento) del salario o remuneración anual para el cónyuge sobreviviente no divorciado o separado de hecho, a condición de que el matrimonio se haya celebrado con anterioridad a la fecha en que ocurrió el siniestro, o que el celebrado posteriormente tenga una duración de más de un año. Igual renta vitalicia corresponderá a la concubina o concubino del siniestrado que demuestre fehacientemente la vida en común por un plazo de más de un año, a la fecha del fallecimiento.

En el caso de que el único con derecho a percibir rentas de manera permanente sea el cónyuge o concubino sobreviviente, el porcentaje se elevará a las dos tercias partes del salario o remuneración anual.

b) Una renta que se determinará con arreglo a las disposiciones que siguen, para los menores de dieciocho años y hasta esa edad; y a los mayores de dieciocho años discapacitados que vivían a expensas del trabajador sea cual fuere el lazo jurídico que éste los uniere, siempre que se justifique este hecho aun sumariamente.

No será necesaria esa justificación cuando los menores o discapacidades fueren hijos legítimos o naturales del trabajador fallecido, así como otros descendientes o colaterales de hasta el cuarto grado que hubiesen vivido en su misma morada. A los efectos de acreditar la calidad de derecho-habiente se presentarán las partidas del estado civil pertinentes y se practicará la información testimonial administrativa correspondiente.

c) La renta, si los menores o incapaces concurren con el cónyuge o concubino sobreviviente, será del 20% (veinte por ciento) del salario anual si no hay más que uno; del 35% (treinta y cinco por ciento) si hay dos; del 45% (cuarenta y cinco por ciento) si hay tres y del 55% (cincuenta y cinco por ciento) si hay cuatro o más.

d) Si no hay cónyuge o concubino sobreviviente, la renta de los menores o incapaces se elevará al 50% (cincuenta por ciento) del salario anual para cada uno de ellos, con el límite fijado en el artículo siguiente.

De no concurrir los beneficiarios mencionados en el literal d), tendrán derecho a renta los ascendientes del siniestrado, siempre que vivieran a sus expensas. La misma será equivalente al 20% (veinte por ciento) del salario anual para cada uno de ellos, con el límite fijado en el artículo siguiente.

Artículo 47.- La renta anual, que se acuerda con arreglo al artículo anterior a las personas en él mencionadas, no podrá en ningún caso exceder del 100% (cien por ciento) del salario anual, dentro del límite máximo fijado con carácter general. Si las sumas de las rentas excedieran ese porcentaje cada una de ellas será reducida proporcionalmente.

CAPITULO VI

Procedimientos

Artículo 48.- En los casos de accidentes de trabajo ocurridos a obreros o empleados asegurados en el Banco de Seguros del Estado o al tener conocimiento de enfermedades profesionales, los patronos deberán dar cuenta de los mismos en su Sede Central o Sucursales o Agencias del Interior dentro de las setenta y dos horas de que el hecho se produjera en Montevideo y en un plazo de cinco días hábiles, por un medio fehaciente, cuando se trate de los demás departamentos.

En caso de que los patronos, sin causa justificada, no hicieren la denuncia en los términos indicados, incurrirán en una multa equivalente a 50 UR (cincuenta Unidades Reajustables) y a 100 UR (cien Unidades Reajustables) en caso de reincidencia.

Artículo 49.- El obrero o empleado víctima del accidente o sus representantes, podrán también denunciarlo ante el Banco, Sucursales o Agencias, dentro del plazo de quince días continuos.

Artículo 50.- La denuncia debe indicar el nombre y domicilio del patrono, lugar en que se halla situado el establecimiento, día y hora en que se produjo el accidente, su naturaleza, las circunstancias en que el hecho se haya producido, salario diario, edad y estado civil de la víctima y el nombre y domicilio de los testigos.

Artículo 51.- Recibida la denuncia, si el Banco entendiere que no debe aceptarla o abrigase dudas sobre el carácter del accidente, deberá presentar dentro del plazo de veinte días, exposición escrita ante la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, fundamentando su posición. De esta exposición deberá darse noticia al patrono, al trabajador o a sus derecho-habientes.

Tratándose de accidentes ocurridos fuera del departamento de Montevideo el plazo será de treinta días.

El Banco de Seguros del Estado se pronunciará dentro del término de noventa días. La resolución del Banco deberá comunicarse al patrono, al accidentado y a la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social dentro de los diez días siguientes. De existir oposición de parte de cualquiera de éstos, la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social deberá remitir los antecedentes al juzgado que corresponda.

Artículo 52.- Si el Banco no presentase exposición dentro de los términos expresados, se entenderá que acepta la denuncia. En este caso, estando las partes de acuerdo, se liquidará la indemnización labrándose las actas que correspondieren.

Artículo 53.- En todos los casos el Asesor Letrado de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social o los Fiscales Letrados Departamentales, según corresponda, podrán solicitar al Banco los antecedentes que juzguen necesarios y controlar la determinación y cumplimiento de las indemnizaciones.

Artículo 54.- El siniestrado o el Banco podrán solicitar la revisión de la renta permanente que se sirve, siempre que haya transcurrido un año de su fijación o revisión anterior.

Artículo 55.- Toda controversia originada por la fijación del salario o de la renta, aumento o disminución de la capacidad o cualquiera otra suscitada por aplicación de la presente ley será resuelta judicialmente siguiéndose el procedimiento vigente en materia laboral.

La Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social asesorará al Juzgado en lo pertinente.

Sin perjuicio del trámite judicial establecido cuando la controversia radique en el grado de incapacidad permanente a adjudicar al damnificado, con carácter previo a la decisión jurisdiccional, el Banco de Seguros del Estado abonará una renta al siniestrado según el grado de incapacidad que determine por mayoría simple el Tribunal Médico integrado por tres médicos: dos designados por el Banco de Seguros del Estado y el otro por el siniestrado.

Este Tribunal, que funcionará en el Banco de Seguros del Estado, recibirá los antecedentes sobre los que se expedirán en un plazo máximo de treinta días.

En el ínterin el Banco servirá la renta correspondiente al grado de incapacidad adjudicado por sus servicios técnicos.

CAPITULO VII

Disposiciones tendientes a garantir el pago de las indemnizaciones

Artículo 56.- El patrono que no haya cumplido con la obligación de asegurar a su personal establecida en el artículo 1° de la presente ley, sin perjuicio de la responsabilidad frente al Banco de Seguros del Estado, podrá ser sancionado con una multa que impondrá el Banco, igual al doble de las primas de los seguros que haya omitido la primera vez y del cuádruplo de dicha cantidad por las omisiones siguientes. Esta multa, como mínimo, será equivalente al importe de 50 UR (cincuenta Unidades Reajustables) la primera vez y de 200 UR (doscientas Unidades Reajustables) en cada reincidencia.

Sin perjuicio de la acción judicial de cobro de multa correspondiente, cuando se trate de establecimientos industriales o comerciales, se faculta al Banco a solicitar su clausura al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hasta que se acredite haber cumplido con la obligación de asegurar.

Serán considerados como no asegurados aquellos patronos a quienes el Banco decrete la caducidad de la póliza por no haber abandonado su premio en tiempo y forma.

Artículo 57.- Las liquidaciones que practique el Banco de Seguros del Estado por capitales necesarios para servicios de rentas, indemnizaciones temporarias, gastos de asistencia médica, primas de pólizas y adicionales, multas y cualquier otro crédito contra el patrono generado por la aplicación de la presente ley constituirán título ejecutivo de acuerdo a lo establecido en el artículo 353 del Capítulo IV, Sección II del Código General del Proceso y se reajustarán de acuerdo al Decreto-Ley N° 14.500, de 8 de marzo de 1976.

Los créditos de la víctima o de los derecho-habientes contra patronos no asegurados, gozarán del privilegio del numeral 4°, del artículo 2369 del Código Civil y numeral 4° del artículo 1732 del Código de Comercio.

Artículo 58.- Los patronos deberán exhibir toda la documentación que les sea requerida a los efectos de determinar los jornales pagos y cualquier otro aspecto conexo con la presente ley. De no hacerlo así, el Banco podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de las liquidaciones de oficio que practique.

El patrono que formule falsa declaración en perjuicio del Banco o del Trabajador siniestrado, incurrirá en el delito de "falsificación ideológica por particular" tipificado en el artículo 239 del Código Penal.

Artículo 59.- No obstante el derecho del siniestrado o sus causahabientes a procurar por medios propios su defensa, la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social les asesorará y proporcionará la defensa que requieren para comparecer ante el Banco de Seguros del Estado o en juicio.

En el interior del país y mientras no se designen funcionarios especialmente encargados del mismo asesoramiento, la defensa del obrero que lo requiera estará a cargo de los Fiscales Letrados.

Artículo 60.- Sobre los bienes, derechos y acciones de los patronos que no hayan cumplido con la obligación de asegurar podrán adoptarse medidas cautelares a solicitud fundada del Banco, del siniestrado o sus causahabientes. El Juez podrá decretar las medidas cautelares sin más trámite, prescindiendo de la contra cautela prescripta en el numeral 5° del Artículo 313 del Código General del Proceso y la constancia del monto de la deuda será sustituida por una estimación de la misma realizada por el Banco de Seguros del Estado.

Artículo 61.- Será necesaria la exhibición de la documentación que acredite el cumplimiento de la presente ley para importar, exportar, intervenir en las licitaciones públicas, reforma de estatutos, liquidación o disolución total o parcial de establecimientos comerciales o industriales y distribución de utilidades o dividendos.

Artículo 62.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el Banco de Seguros del Estado deberá remitir a las instituciones de crédito, públicas o privadas, nómina de las personas y empresas omisas en el cumplimiento de la presente ley, a los efectos de que se supedite la concesión de préstamos a la regularización de la situación de incumplimiento. La Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social pondrán a disposición del Banco de Seguros del Estado, la información de sus registros de contribuyentes para un completo relevamiento de las actividades comerciales e industriales.

CAPITULO VIII

Disposiciones Generales

Artículo 63.- Los médicos, el Ministerio de Salud Pública y demás entidades de asistencia médica, están obligados a informar a las autoridades judiciales o administrativas y al Banco de Seguros del Estado, sobre todas las cuestiones vinculadas con la presente ley, en que hayan tenido participación.

Artículo 64.- Los inspectores del Banco de Seguros del Estado, de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social y los funcionarios que designe el Poder Ejecutivo, tendrán libre entrada, con excepción del hogar a todos los lugares de trabajo, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones sobre prevención de accidentes y enfermedades profesionales, teniendo la facultad de requerir el auxilio de la fuerza pública a estos fines.

Artículo 65.- Serán competentes para entrar en las acciones ejecutivas previstas en el artículo 57 y en las demás controversias que se susciten por aplicación de la presente ley, los Jueces Letrados de Primera Instancia del Trabajo o el Juez Letrado de Primera Instancia en los departamentos donde no los hubiere, quienes podrán requerir los medios de prueba que estimen necesarios.

Artículo 66.- Las acciones por cobro de primas de seguros correspondientes a la presente ley por constitución de capitales necesarios para el servicio de rentas, y demás obligaciones a cargo de los patronos o del Banco, prescribirán a los diez años contados desde el día en que las obligaciones se hicieran exigibles, ya sean ellas deducidas por el Banco o por el Trabajador según el caso.

La interposición por el interesado de cualquier recurso administrativo o jurisdiccional, suspenderá el curso de la prescripción hasta la resolución definitiva o sentencia ejecutoriada.

Artículo 67.- El Banco de Seguros del Estado fijará las primas de Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, las que deberá revisar periódicamente, haciéndolo por lo menos una vez cada dos años. Las primeras podrán variar en función de la peligrosidad del riesgo para las diversas actividades, laborales y aun para los diversos establecimientos dentro de cada actividad, pero en ningún caso la prima aplicada a un establecimiento podrá ser más de cuatro veces el promedio de las primas de los establecimientos similares. Para medir la peligrosidad del riesgo se tendrán en cuenta primordialmente los resultados del seguro en años anteriores. Además se apreciarán las medidas de prevención adoptadas en accidentes del trabajo o enfermedades profesionales, las posibilidades de siniestros catastróficos y toda otra información que técnicamente corresponda.

Para la financiación de las rentas el Banco de Seguros del Estado empleará el método de capitalización y constituirá la respectiva reserva matemática de acuerdo con sus tablas. Los aumentos de las obligaciones que se originen por la aplicación del régimen de actualización de rentas previsto en la presente ley, no determinarán en cambio la constitución de reserva temática, rigiéndose por los principios del método de reparto empleado en materia de seguros sociales. Las reservas técnicas originadas por el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales podrán invertirse de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica del Banco de Seguros del Estado, de manera de asegurar una rentabilidad adecuada al mantenimiento de los valores.

El beneficio neto de la explotación del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales no podrá ser mayor del 10% (diez por ciento) de las primas totales percibidas en esta Cartera por el Banco de Seguros del Estado. A los efectos del cálculo de ese beneficio se tomarán en consideración:

- Las indemnizaciones por incapacidad temporaria;

- Las reservas matemáticas;

- Las rentas por incapacidad permanente o muerte;

- Las cantidades a pagar por actualización de rentas;

- Las erogaciones derivadas de la prestación de asistencia médica;

- La provisión para reservas de siniestros en trámite y riesgos no corridos;

- Las reservas para morosos;

- Las reservas de emergencia y catástrofe;

- Los gastos administrativos e impuestos; y

- Una partida de hasta 1% (uno por ciento) de los premios del año anterior, destinada a prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se incluirá en el Presupuesto Operativo del Banco.

El Banco de Seguros del Estado podrá deducir del beneficio neto de cada Ejercicio que supere el 10% (diez por ciento) de las primas recibidas, la pérdida actualizada sufrida en la misma Cartera de Seguros en ejercicios anteriores. Esta compensación podrá operarse hasta el quinto año siguiente a aquel en que tuvo lugar la pérdida.

Artículo 68.- Si después de proceder en la forma prevista en el artículo anterior se obtuviere en el balance anual un beneficio mayor al 10% (diez por ciento) de dichas primas, con el excedente el Banco constituirá un fondo especial denominado "Fondo de Fomento de la Rehabilitación de Trabajadores Discapacitados por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales".

Este fondo sólo podrá ser utilizado por las finalidades indicadas en su denominación como ser:

a) Subvencionar a instituciones públicas o privadas que fomenten la rehabilitación de trabajadores discapacitados por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

b) Instituir becas para el estudio de la rehabilitación de discapacitados.

c) Financiar cursos, material de divulgación y campañas publicitarias sobre rehabilitación.

Artículo 69.- El trabajador, víctima de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, si así lo solicita, deberá ser readmitido en el mismo cargo que ocupaba, una vez comprobada su recuperación. Si el trabajador queda con una incapacidad permanente parcial, tendrá derecho a solicitar su reincorporación al cargo que ocupaba, si está en condiciones de desempeñarlo, o a cualquier otro compatible con su capacidad limitada.

Readmitido el trabajador, no podrá ser despedido hasta que hayan transcurrido por lo menos ciento ochenta días a contar de su reingreso, salvo que el empleador justifique notoria mala conducta o causa grave superviniente.

El trabajador deberá presentarse a la empresa para desempeñar sus tareas dentro de los quince días de haber sido dada de alta. Si la empresa no lo readmitiera dentro de los quince días siguientes a su presentación tendrá derecho a una indemnización por despido equivalente al triple de lo establecido por las leyes laborales vigentes.

Artículo 70.- No podrá imputarse al goce de licencia el tiempo no trabajado por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Artículo 71.- Las rentas que actualmente sirve el Banco por muerte o por incapacidades permanentes iguales o mayores al 60% (sesenta por ciento) (artículo 25), se reajustarán a la fecha de vigencia de la presente ley, tomando como salario base mínimo nacional en todos aquellos casos en que la renta percibida sea inferior a la que correspondería a dicho salario mínimo.

Ninguna renta por incapacidad permanente que se haya otorgado y servido con anterioridad a la vigencia de la presente ley, podrá tener un monto inferior a un 15% (quince por ciento) del salario mínimo nacional.

Los mencionados reajustes se efectuarán en cuanto las disponibilidades financieras del Banco así lo permitan, pero en todo caso no más allá del plazo de un año contado desde la vigencia de la presente ley.

Artículo 72.- Deróganse las Leyes Nos. 10.004, de 28 de febrero de 1941 y 12.949, de 23 de noviembre de 1961, así como todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Artículo 73.- La presente ley comenzará a regir a los noventa días de publicada en el "Diario Oficial".

Ley N° 13.711, de

29 de noviembre de 1968

Artículo 1°.- Declárase obligatoria la denuncia ante el Ministerio de Salud Pública, de todo menor con diagnóstico de retardo mental. La denuncia se efectuará por el facultativo interviniente, con noticia de la persona que tenga a su cargo al denunciado, y dentro de los tres días de haber formado convicción o presunción racional de tal diagnóstico.

Artículo 2°.- Hecha la denuncia, se dispondrá por la autoridad sanitaria oficial pertinente, el examen médico respectivo, que se efectuará por uno o varios médicos según el caso lo requiera. Confirmado el diagnóstico, se resolverá la inscripición del denunciado en un Registro en que se insertará el nombre y apellido del retardado mental; el de sus padres o encargados; domicilio, edad y demás antecedentes que el Ministerio fije para tales inscripciones. Todo con noticia de dichos padres o encargado.

Artículo 3°.- El Poder Ejecutivo reglamentará el funcionamiento de dicho Registro, que contendrá lo referente a la organización de los servicios médicos, educacionales, de rehabilitación y de internación necesarias para la asistencia integral de los retardados, fiscalización exigible consiguiente, estadísticas y demás informaciones útiles relativas a dichos menores.

Artículo 4°.- Queda garantido el secreto del Registro. La comunicación o divulgación de datos personales referentes a las inscripciones efectuadas, salvo su utilización con fines de investigación o docencia, será considerada como un delito contra la inviolabilidad del secreto, previsto en el Capítulo III del Título XI, por los artículos 296 y siguientes del Código Penal.

Artículo 5°.- Duplícase el monto de la asignación familiar para los beneficiarios con diagnóstico de retardo mental, cualquiera sea el sueldo del tenedor. Dicho beneficio se adquirirá a partir de la fecha de la inscripción en el Registro, lo que deberá acreditarse fehacientemente.

Los beneficiarios de asignaciones familiares que padezcan otras formas de invalidez del aparato locomotor y huesos, viscerales, sensoriales o mentales que impidan su incorporación a todo tipo de tarea remunerada también percibirán asignación familiar duplicada.

Artículo 6°.- La infracción de cualquiera de los deberes médicos establecidos por esta ley, será castigada con multa de $ 1.000.00 (mil pesos), a $ 10.000.00 (diez mil pesos) sin perjuicio de la indemnización que por daños y perjuicios puede corresponder al menor, y de las responsabilidades administrativas que procedan.

Artículo 7°.- Si llegado el menor a la mayoría de edad, continuara afectado por el retardo mental en forma que pudiera comprometer su capacidad civil, los parientes allegados o el Ministerio Público adoptarán las providencias previstas por el Título XI del Código Civil.

Artículo 8°.- Los únicos efectos del diagnóstico de retardo mental son los previstos en esta ley.

Ley N° 13.102,

de 18 de octubre de 1962 1

Artículo 1°.- Se permite a las personas lisiadas la importación directa para uso personal, de todo tipo de vehículos automotores especiales nuevos o usados, de sistema de adaptación para su manejo, así como de cualquier elemento auxiliar que facilite el desplazamiento.

Referencia:

Ley N° 17.453, de 28/02/2002, artículo 22.

Artículo 2°.- A los efectos de esta ley, se considerará lisiado a quien adolezca de alguna deficiencia importante y definitiva o transitoria que pueda prolongarse por un lapso aproximado de cinco años, en la funcionalidad de sus extremidades.

Referencias:

Ley N° 17.453, de 28/02/2002, artículo 22.

Decreto N° 276/964, de 31/07/1964

Artículo 3°.- Los beneficios que se acuerden por la presente ley sólo alcanzarán a quienes importen de acuerdo a ella y a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, en que deberá tenerse en cuenta: la importancia de la dolencia, la situación económica de los interesados y la urgencia de proveerles de los elementos a importar, a fin de facilitarles el ejercicio de su trabajo habitual o la realización de estudios o actividades que propendan a su integral rehabilitación.

Artículo 4°.- Las unidades que se introduzcan al país que no podrán ser más de una por interesado, de conformidad con esta ley, no podrán ser enajenadas a título oneroso o gratuito, transferidas, prendadas, embargadas ni modificadas en sus adaptaciones, en este caso, sin la autorización previa pertinente, por el término de seis años de haberlas recibido sus propietarios, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 8°.

Quedan exceptuados los casos de muerte del titular, en que podrán transferirse en favor de personas lisiadas y mediante autorización previa del Ministerio de Hacienda en cada situación.

Si los sucesores quisieran enajenarlas y transferidas a personas no lisiadas, podrán hacerlo, previa aprobación del Ministerio de Hacienda y pago de las cargas fiscales y aduaneras de las que se hubiera eximido la importación original, siempre que no hubiera transcurrido el lapso de seis años referido en el inciso primero de este artículo, en cuyo caso, las unidades consideradas entrarán en la libre comercialización.

Si los sucesores quisieran tener el coche para uso personal, podrán hacerlo siempre que obtengan la autorización pertinente del Ministerio de Hacienda.

Artículo 5°.- Las unidades importadas al amparo de este régimen solamente podrán circular conducidas por sus propietarios. Quedan exceptuados los casos en que por agravación de la dolencia o por circunstancias especiales sea conveniente o necesario permitir el manejo de los coches por otras personas, debiendo reglamentar el Poder Ejecutivo las condiciones que se exigirán para ello.

Artículo 6°.- Los coches que se importen por esta ley, llevarán un distintivo especial en la chapa de matrícula.

Artículo 7°.- Anualmente antes del mes de marzo, el Poder Ejecutivo fijará el precio máximo dentro del cual podrán importarse vehículos especiales el que no podrá ser superior al precio de catálogo menor que se obtenga por la comparación de los de todos los vehículos que se importen al país con motores de seis cilindros. No se computarán en ese precio máximo el costo de los elementos de adaptación pertinente. Igualmente, en la misma época indicada se establecerá el número de unidades que se permitirá importar, debiendo reglamentarse las condiciones con que se determinará el grado de prioridad entre los solicitantes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3°.

Artículo 8°.- Se autoriza al Banco de la República Oriental del Uruguay a otorgar préstamos a las personas que los necesiten para ampararse a los beneficios que conceden ley, de acuerdo a las condiciones más favorables que rigen en dicha Institución para la concesión de créditos.

Como garantía de su pago, se prendarán a favor del Banco los elementos importados, asegurándolos, en el caso que corresponda, en el Banco de Seguros del Estado contra todo riesgo.

En caso de ejecución, el Banco acreedor y el propietario se reembolsarán el monto de la deuda con sus acrecidas y lo que hubiera pagado respectivamente y el excedente se entregará al Ministerio de Salud Pública con destino a la realización de obras en beneficio de la rehabilitación de los lisiados.

1 Reglamentada por:

Decreto N° 241/999 de 04/08/1999.

Decreto N° 534/986 de 08/08/1986,

Decreto N° 466/983 de 24/11/1983,

Decreto N° 293/964 de 13/08/1964.

Artículo 9°.- Si al vencimiento del término de seis años establecido en el artículo 4°, los interesados quisieran importar una nueva unidad, deberán cumplir nuevamente todas las exigencias establecidas para la importación anterior.

Artículo 10.- Los vehículos de hasta 1500 cc de cilindrada y los elementos a importar o adquirirse en plaza, considerados, por la presente ley, estarán exonerados de todos los tributos nacionales, derechos, aranceles y demás gravámenes a la importación, venta o circulación vehicular, o aplicables en ocasión de las mismas.

Las reglamentaciones que establezca el Poder Ejecutivo podrá autorizar vehículos de mayor cilindrada, estableciendo límites de valor y características de los mismos, en atención a las particularidades de la discapacidad.

Las disposiciones de la presente ley también son aplicables a los vehículos automotores fabricados en el país.

Artículo 11.- La enajenación del vehículo, realizada contra lo dispuesto en el artículo 4°, dará lugar, sin perjuicio será vendido en pública subasta en beneficio del Ministerio de Salud Pública, quien deberá destinar las sumas así percibidas a la rehabilitación de lisiados.

En dicho caso el infractor no podrá volver a utilizar los beneficios establecidos en esta ley.

Artículo 12.- El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4°, 5° y 13 de la presente ley dará lugar a una multa equivalente a 20 UR, (veinte Unidades Reajustables), la primera vez, 50 UR (cincuenta Unidades Reajustables), en la segunda ocasión y 100 UR (cien Unidades Reajustables), en la tercera oportunidad.

En estos casos la infracción traerá aparejada, además de la incautación del vehículo, que quedará retenido hasta que se pague la multa pendiente, el 50% (cincuenta por ciento), de la cual corresponderá al funcionario denunciante y el otro 50% (cincuenta por ciento), se entregará al Ministerio de Salud Pública con el destino indicado en el artículo 8°.

El importe total será distribuido en la forma establecida en el inciso segundo.

Serán solidariamente responsables de la multa establecida precedentemente los profesionales que intervengan en las operaciones a que refiere el artículo 4° y que dieran lugar al incumplimiento de la prohibición establecida.

Fuente: Ley N° 16.226,

de 29/10/1991 (Art. 486)

Artículo 13.- Anualmente deberán ser inspeccionados los vehículos especiales, considerados por esta ley y sus sistemas de adaptación, debiendo los propietarios presentarse ante la dependencia del Ministerio del Interior que señale la reglamentación.

Artículo 14.- Son competentes para entender en los procedimientos relacionados con la constatación de infracciones, los funcionarios dependientes de la policía fiscal (Ministerio de Hacienda), administrativa (Ministerio del Interior) y policía municipal (Concejos Departamentales). Tendrá competencia para aplicar las sanciones, contenidas en el artículo 12, el Ministerio de Hacienda, ante quien elevarán los funcionarios autorizados por el inciso anterior, las actuaciones realizadas.

Artículo 15.- Los procedimientos vinculados con la infracción prevista por el artículo 1º, serán realizadas ante la autoridad judicial a quien deberán elevarse las acotaciones administrativas respectivas.

Será competente el Juez Letrado de Hacienda de Turno en la capital o el Juez Letrado Departamental de 1ª Instancia correspondiente, quien actuará ante la elevación del expediente, efectuado por la autoridad administrativa, en juicio en que será parte del Ministerio Fiscal y se reglará en sus procedimientos de acuerdo a lo establecido por la ley en la dilucidación de los contrabandos.

Artículo 16.- Las disposiciones de la presente ley se extenderán a aquellas unidades nuevas o usadas adquiridas en plaza y adaptadas en la forma pertinente, cuyos propietarios reúnan las condiciones establecidas en el artículo 2° y manifiesten su voluntad de acogerse a la misma.

Igualmente regirá a las personas que hubieren importado al amparo del decreto de 17 de mayo de 1955.

Artículo 17.- No podrán acogerse a los beneficios de esta ley, por un plazo mínimo de seis años a contar desde la fecha de la transferencia, las personas que se hubieran amparado al Decreto de 5 de mayo de 1960 y hubieran enajenado sus automóviles.

Decreto-Ley N° 15.597,

de 19 de julio de 1984

Artículo 1°.- Toda persona capaz de contratar puede constituir en Bien de Familia un inmueble de su propiedad, con sujeción a las condiciones establecidas en la presente ley. El emancipado o habilitado requerirá autorización judicial.

Fuente: Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, artículo 20.

Artículo 2°.- El bien de familia lo constituye una casa habitación o una casa con tienda o taller, o una finca rústica; en cada caso ocupada y explotada por las personas que componen aquélla.

También puede constituirse en bien de familia un inmueble que reúna las condiciones requeridas por la Ley N° 10.751, de 25 de junio de 1946, sus modificativas y concordantes.

Artículo 3°.- El bien de familia no puede constituirse sobre un inmueble en estado de indivisión.

Artículo 4°.- Nadie puede ser propietario de más de un bien de familia. No obstará empero a su constitución, la circunstancia de tener derechos eventuales como hilo de familia sobre parte de otro inmueble, anteriormente constituido como tal.

Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento del Banco Hipotecario del Uruguay, fijará anualmente el valor que debe alcanzar como máximo el bien de familia, según se trate de casa-habitación o finca rústica, en función de la formalidad perseguida por esta ley. Estos valores podrán fijarse por zonas de la República y mientras no se actualicen seguirán rigiendo los anteriores.

El valor que se fija al inmueble al constituirse en bien de familia, no se considerará alterado a los efectos de esta ley, por el mayor valor que adquiera posteriormente en razón de las variaciones del mercado inmobiliario.

Artículo 6°.- La constitución de bien de familia puede hacerse:

a) Por el marido o la mujer sobre sus bienes propios, en beneficio de ambos cónyuges o sus descendientes.

b) Por ambos cónyuges conjuntamente sobre un bien ganancial, con idéntica formalidad. Si uno de ellos se negare a prestar su consentimiento será suplido por el Juez de Familia en la Capital o el Juez Letrado de Primera Instancia, en el Interior, con conocimiento de causa.

c) Por el cónyuge sobreviviente y por el cónyuge o los cónyuges divorciados o separados de hecho, a favor de los hijos del matrimonio menores de edad o discapacitados, sobre los bienes personales pertenecientes al constituyente o los gananciales indivisos, conforme al literal b) del artículo 6° del Decreto-Ley N° 15.597.

Fuente: Ley N° 16.095, de 26 de octubre de 1989, artículo 21.

d) Por el padre o la madre natural o por ambos conjuntamente, en beneficio de los hijos menores naturales, reconocidos o declarados tales, en la proporción fijada para los casos de herencia.

e) Por toda persona en beneficio de otra, en la medida que ello no afecte la porción legitimaria de los herederos forzosos del constituyente.

Artículo 7°.- No pueden constituirse en bien de familia, los inmuebles hipotecados, dados en anticresis o afectados de cualquier otra manera al pago de una obligación.

Exceptúase de lo dispuesto en el inciso anterior, los bienes hipotecados en favor del Banco Hipotecario del Uruguay o a favor de un tercero, cuando, en este segundo caso, el gravamen se hubiera constituido para hacer posible la adquisición del bien.

Artículo 8°.- La constitución del bien de familia, deberá ajustarse a las siguientes formalidades:

a) Por escritura pública o testamento acompañado en cada caso de la tasación que del inmueble efectúe el Banco Hipotecario del Uruguay, debiendo determinarse el bien con todos los detalles que lo individualicen y distingan. Si el interesado no aceptara la tasación practicada por el Banco Hipotecario del Uruguay, se establecerá el valor por peritos designados: uno por el Banco, otro por el reclamante y el tercero por los peritos ya designados en el caso de discordia.

b) Publicarse en el Diario Oficial y en un diario local durante diez días; a falta de diario en la localidad se publicará en uno de la Capital.

c) Inscribirse en el Registro de Propiedad, Sección Inmobiliaria, (Ley N° 15.514, de 29 de diciembre de 1983 artículo 14, numeral 14).

La falta de cumplimiento de los requisitos b) y c) determinará la no oponibilidad a terceros.

Artículo 9°.- La inscripción produce los siguientes efectos:

1) El bien de familia no será embargable por deudas contraídas con posterioridad a su constitución ni podrá ejecutarse aún en casos de concurso o quiebra del titular.

2) Tampoco serán embargables sus frutos en un 60% (sesenta por ciento) de la producción anual.

3) El bien no podrá enajenarse, sino en los casos y en las condiciones admitidas en esta ley.

Artículo 10.- El propietario no puede vender el bien de familia en todo o en parte, mientras existan hijos menores o cónyuges beneficiados con su constitución.

Podrá hacerlo, con el consentimiento de su cónyuge y venia judicial, a los efectos de proceder con el precio obtenido en la venta, a la adquisición de otro inmueble con igual destino y calidad.

El precio de la venta será inembargable a cuyo fin se depositará, convertido en Unidades Reajustables, a la orden del Juzgado, en el Banco Hipotecario del Uruguay y en sus respectivas sucursales del Interior hasta que se adquiera el bien que ha de sustituir al enajenado.

Sólo podrá gravarse con el consentimiento del cónyuge y venia judicial, para atender necesidades urgentes de la familia o causas graves que así lo determinen.

El bien de famita no podrá ser arrendado a terceras personas mientras exista cónyuge o hijos menores que lo ocupen.

Artículo 11.- Puede permutarse un bien de familia por otro inmueble con idéntico destino previa venia judicial fundada en la necesidad o conveniencia de la permuta.

Artículo 12.- En caso de siniestro o expropiación, la suma que se abone por uno u otro concepto se invertirá en otro bien de familia, quedando entre tanto ésta depositada en las condiciones establecidas en el artículo 10 de la presente ley, en este caso, el Banco Hipotecario del Uruguay verificará directamente la utilización de ese depósito. Dicha suma será inembargable.

Artículo 13.- Las condiciones relativas al bien de familia, no se alteran por la muerte de uno de los cónyuges. Su administración, en tal caso, pasará al cónyuge supérstite.

En caso de fallecimiento de ambos cónyuges, el bien se mantendrá en la indivisión bajo la administración de un tutor, hasta que todos los hijos alcancen la mayoría de edad.

En caso de divorcio o separación de hecho, las condiciones del bien de familia permanecerán inalterables, y su administración y ocupación se le concederá al cónyuge a quien se le confiera judicialmente la guarda de los hijos, y hasta la mayoría de edad de éstos.

Artículo 14.- De ocurrir la muerte del padre natural que dejara hijos menores, el bien de familia permanecerá en la indivisión, bajo la administración del otro progenitor natural, siempre que éste ejerciera la patria potestad o, en su defecto de un tutor, hasta que los hijos alcancen la mayoría de edad.

Artículo 15.- En caso de fallecimiento de uno de los cónyuges, el cónyuge supérstite podrá obtener cuando éste fuera de carácter ganancial, la adjudicación íntegra del bien de familia, por el valor de tasación aprobado judicialmente, abonando en dinero la cuota parte que le corresponda, a quienes fuesen herederos.

Artículo 16.- Las tasaciones y certificados que expida el Banco Hipotecario del Uruguay, los certificados de los Registros Públicos, las publicaciones en el Diario Oficial y las inscripciones en el Registro de la propiedad, serán gratuitas.

Artículo 17.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público.

Artículo 18.- Derógase la Ley N° 9.770, de 5 de mayo de 1938, así como toda disposición que se oponga a la presente ley.

Disposición transitoria

Artículo 19.-

Dentro de los treinta días siguientes a la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 5°, procederá a establecer el valor máximo a que puede alcanzar en el primer año, el bien de familia.

DECRETO N° 442/991,

de 22 de agosto de 1991

Artículo 1°.- Créase en la Dirección Nacional de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Registro Nacional de Instituciones que atiendan personas con discapacidad.

Artículo 2°.- Quedan obligados a inscribirse en el Registro referido, aquellas instituciones que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que hayan obtenido la personería jurídica;

b) Que atiendan personas con discapacidad, de 14 años de edad y más;

c) Que a través de sus talleres desarrollen actividades laborales remuneradas o no, o se orienten hacia la rehabilitación laboral de las personas con discapacidad.

Artículo 3°.- La Dirección Nacional de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estará facultada a solicitar a las instituciones toda la información necesaria, a los efectos de dar cumplimiento a los objetivos previstos en la Ley N° 16.095.

Artículo 4°.- Las instituciones gozarán de un plazo de 60 días a partir de la promulgación del presente decreto, para proceder a su inscripción en el registro.

Artículo 5°.- Vencido el plazo establecido en el artículo anterior la Dirección Nacional de Recursos Humanos sólo procederá a inscribir:

a) Las nuevas instituciones que se creen, las cuales dispondrán de un plazo de 90 días, contados a partir de la obtención de la personería jurídica correspondiente;

b) Aquellas instituciones que justifiquen debidamente las causas de su inscripción fuera de plazo.

Artículo 6°.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en dos diarios de la capital.

Decreto N° 431/999,

de 22 de diciembre de 1999

Artículo 1

Los organismos del Estado, así como las personas de derecho público no estatales, a efectos de proceder a la provisión de vacantes de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley N° 16.095 de 26 de octubre de 1989 en la redacción dada por el artículo único de la Ley N° 17.216, de 24 de setiembre de 1999, deberán realizar un llamado a aspirantes, en el que sólo podrán participar aquellas personas que acrediten estar inscriptas en el Registro de Discapacitados que funciona en la órbita de la Comisión Honoraria de Discapacitados (artículo 768 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996), al 30 de abril del año correspondiente a dicho llamado.

Artículo 2

El Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, deberán comunicar a la Oficina Nacional del Servicio Civil, antes del 15 de febrero de cada año, la nómina de vacantes existentes en la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. De igual forma deberán proceder las personas de derecho público no estatales, respecto de sus respectivas vacantes.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el inciso precedente, el Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil deberá informar al Poder Ejecutivo y a la Asamblea General de la situación de incumplimiento generada, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo establecido, así como la Institución que la ha generado.

Artículo 3

El Ministerio de Salud Pública deberá mantener designados -de acuerdo con cada tipo de discapacidad a evaluar- los profesionales médicos especialistas en el tratamiento de las mismas que integrarán los respectivos Tribunales, a efectos de certificar dichas discapacidades.

Artículo 4

El mecanismo para la provisión de las vacantes al amparo de lo dispuesto por la ley que se reglamenta, será el concurso de méritos y antecedentes, de oposición y méritos o el sorteo, según las características del cargo a proveer y previo pronunciamiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Decreto N° 564/005 de 26/12/2005

Artículo 5

En cada oportunidad en que se proceda a la provisión de vacantes al amparo de la presente normativa, los organismos deberán remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil, conjuntamente con la documentación requerida, la nómina de habilitados para concursar, acompañada de la documentación que acredite dicho extremo.

Artículo 6

Los requisitos de idoneidad para cada puesto de trabajo, serán establecidos en las bases incluidas en el llamado a concurso o sorteo, previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Decreto N° 564/005 de 26/12/2005

Artículo 7

Cada organismo deberá publicar en dos diarios de difusión nacional durante tres días y con una antelación de treinta días de la fecha de su realización, las bases o requisitos del procedimiento de provisión de vacantes de que se trate, una vez aprobados los mismos por la Oficina Nacional del Servicio Civil.

El primer y último ejemplar de dichas publicaciones deberá ser adjuntado por el organismo respectivo al expediente por medio del cual se tramita la autorización de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Artículo 8

En caso de constatarse el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones establecidas en la ley que se reglamenta, la Oficina Nacional del Servicio Civil remitirá un informe circunstanciado de ello a la Asamblea General.

Los jerarcas incluidos en el literal B del artículo único de la Ley N° 17.216, de 24 de setiembre de 1999, que incurran en omisión en el cumplimiento de sus disposiciones, serán pasibles de sanción disciplinaria, pudiéndose llegar a su destitución o cesantía.

Artículo 9

A los efectos de lo dispuesto en el literal E de la citada ley, se exhorta a los organismos allí incluidos a adoptar las normas contenidas en el presente reglamento.

Decreto N° 564,

de 26 de diciembre de 2001

Artículo 1.- Rehabilitar cuatro funciones contratadas de

el texto en consideración, la Comisión adoptó la decisión de avanzar hacia la consolidación de los textos legales, de modo de proponer una única ley que recogiera las nuevas propuestas, así como los artículos que quedaran vigentes de las leyes anteriores, por entender que ello contribuiría sustancialmente a la adecuada comprensión y aplicación de la nueva ley por parte de los interesados. Por lo tanto, el proyecto de ley que se propone sustituye a la histórica Ley Nº 16.095 que, casi veinte años atrás, marcara un hito en la conquista de los derechos de las personas con discapacidad, así como otras normas, razón por la cual los colegas verán que en el último artículo se incluyen las derogaciones correspondientes.

En la Comisión se compartió el criterio de que la Ley Nº 16.095 en muchos casos no había rendido los resultados esperados por contener disposiciones de carácter general, que dependían en demasía de la reglamentación, por lo que, como un concepto general, se optó por elaborar normas que tuvieran un mayor grado de especificidad, sin perjuicio de que la reglamentación igualmente jugará un papel muy importante. Por esa razón, el Parlamento deberá estar atento a efectos de que dicha reglamentación sea dictada dentro del plazo de 180 días establecido en la ley.

Esta iniciativa surge de la constatación de que, en el Uruguay, las personas con discapacidad se encuentran en una situación de notoria postergación e injusticia y no poseen apoyo suficiente para su efectiva integración. Entonces, la filosofía que la anima es que la persona con discapacidad lo único que requiere es el restablecimiento del principio de igualdad de oportunidades. Por lo tanto, este no es un proyecto de ley asistencialista o paternalista, sino que propugna la inclusión y la integración sobre la base de que, con los apoyos adecuados, la persona con discapacidad se integrará plenamente a la sociedad por sus propios medios. En tal sentido, me apresuro a decir que si bien se introduce un avance realmente considerable en la materia, este proyecto representa solamente un paso que, más temprano que tarde, deberá ser seguido por otros.

Durante mucho tiempo se pudo afirmar que por falta de información cuantitativa se desconocía la verdadera situación de las personas con discapacidad en el Uruguay. Finalmente, la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, realizada por el Instituto Nacional de Estadística en coordinación con la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, cuyo informe final corresponde al año 2004, nos da un panorama de la inadmisible situación de rezago en que se encuentran las personas con discapacidad en nuestro país. Dicho informe proporciona una muy valiosa información para comprender la situación actual y diseñar las soluciones correspondientes. De éste se desprende que la cantidad de personas con al menos una discapacidad alcanza a 210.400 habitantes, es decir, el 7,6% de la población total. En cuanto a su situación, a modo de ejemplo podemos señalar lo siguiente. En materia educativa, el alto porcentaje de personas con discapacidad de 25 años o más de edad que carecen o tienen muy bajo nivel de instrucción es el 37,7%, que contrasta con el observado para la población sin discapacidad, que es el 12,6%. En lo que tiene que ver con el empleo, solamente un 16,5% de la población económicamente activa con alguna discapacidad, está empleada, porcentaje que contrasta con el observado para la población sin discapacidad que en aquel momento era del 53,4%. En términos de ingresos personales, se afirma que el promedio de ingresos por trabajo de la población con discapacidad es del 37%, es decir, casi un 40% inferior al que percibe por este concepto la población restante.

El proyecto de ley a consideración del Senado aborda muchos de estos temas, aunque no todos, por lo que reitero que el compromiso con nuestros compatriotas con discapacidad deberá reflejarse en nuevas iniciativas.

En cuanto a su desarrollo, esta iniciativa está estructurada en doce capítulos que organizan un sistema integrado de protección a las personas con discapacidad e incluyen la regulación sobre un variado número de temas -cuya regulación era escasa o inexistente a la fecha-, sin desconocer la normativa vigente en la República y sin pretender agotar, como ya hemos dicho, el elenco de la temática sobre la discapacidad.

El Capítulo I se denomina "Objeto de la Ley, Definiciones y Responsabilidad del Estado" y pretende lo siguiente. En primer lugar, con la sanción del presente proyecto de ley, denominado "Protección Integral a las Personas con Discapacidad", se busca una aproximación a los objetivos perseguidos por los integrantes de la Comisión, a los efectos del "otorgamiento de los beneficios, prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca", tal como se establece en el artículo 1º.

En segundo término, se efectúan una serie de definiciones relacionadas con la temática de la discapacidad tendientes a dar unicidad a la terminología para que se adecue a la normativa internacional vigente en la materia, así como a los conceptos que se utilizan desde la promulgación de la Ley Nº 16.095, de octubre de 1989. Estos puntos se desarrollan en los artículos 2º a 4º y se fijan las implicancias de los términos discapacidad, prevención y rehabilitación integral.

En tercer lugar, se intenta reconocer y determinar, pero no en forma taxativa, una serie de derechos a que deben tener acceso aquellas personas con discapacidad, así como establecer específicamente el principio de no discriminación consagrado en el artículo 5º de nuestra norma fundamental.

Finalmente, desde el artículo 6º al 12, se fija la responsabilidad del Estado en el amparo y promoción de los derechos de las personas con discapacidad, y se establece en forma específica una serie de previsiones a adoptar por éste, a los efectos de procurar el desarrollo personal y social de estas personas.

El Capítulo II, que se extiende entre los artículos 13 y 18, determina la existencia, composición y competencias de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, efectuándose una unificación de las diferentes normas posteriores a la Ley Nº 16.095 en lo que respecta a la integración de la misma, así como una adecuación a sus competencias, las que se ven ampliadas en el contexto de la norma en estudio.

El Capítulo III, denominado "Constitución de bien de familia y derecho de habitación", proviene directamente de la ley madre en la materia y se pretende mantener vigente su contenido normativo, incorporando el texto interpretativo de la Ley Nº 16.592, efectuándose adecuaciones a los efectos de dar unidad en el entorno del ordenamiento jurídico nacional.

El Capítulo IV se desarrolla a través de los artículos 25 a 30, habiendo sido denominado "Asistencia personal para personas con discapacidades severas".

A tales efectos, es pertinente considerar lo establecido por la Organización Mundial de la Salud con relación a la clasificación generada a partir de la gravedad de las discapacidades: sin ninguna dificultad, con dificultad moderada, con dificultad grave e imposibilidad de realizar la actividad. Las últimas dos son sin dudas las que implican el mayor grado de gravedad y pueden constituirse en verdaderos impedimentos para aquellas personas que las padecen a los efectos de su desenvolvimiento en la vida diaria y el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, lo que se vincula indudablemente con altos grados de dependencia.

La referencia a personas con discapacidad severa incluye a todas aquellas que no pueden cambiar las posiciones de su cuerpo, levantarse y acostarse, moverse dentro de su casa, asearse y alimentarse, entre otras actividades, por sí mismas y que por lo tanto necesitan ayudas de distinto orden. Estas ayudas son de carácter personal y no ayudas técnicas, lo que se aborda en los respectivos capítulos.

La imposibilidad de desarrollar actividades por cuenta propia hace imprescindible la asistencia de personas calificadas -que posean el certificado habilitante- que faciliten el cumplimiento de las necesidades básicas, pero que también colaboren a los efectos de obtener su integración y participación en forma activa en la sociedad.

Es pertinente establecer que el discapacitado severo con la ayuda de un asistente personal puede estudiar y/o trabajar con la consiguiente carga de interacción e integración social que esto implica.

Hasta el momento, para este tipo de situaciones, no se han logrado articular políticas específicas para abordar la discapacidad, sino que se han efectuado una serie de actuaciones parciales y no siempre acompañadas de los recursos suficientes. Para este amplio y heterogéneo colectivo, el grado de limitación para la realización de las actividades básicas e instrumentales alrededor de las cuales se organiza la cotidianidad es muy importante. Así lo han entendido también las legislaciones de diferentes países latinoamericanos y de la Unión Europea, los que desarrollan amplios planes en este sentido.

De esta forma, luego de facultarse al Poder Ejecutivo la creación del "Programa de asistentes personales para personas con discapacidades severas", se establecen una serie de previsiones que enmarcan el tema, partiendo de la definición de la población objetivo a que se dirige la norma, la certificación a determinar por el Ministerio de Salud Pública, en tanto órgano competente en la materia, y las obligaciones a cumplir por el Banco de Previsión Social, en tanto administrador del programa. Los aspectos operativos del funcionamiento del programa serán establecidos por la reglamentación de la norma.

Por el Capítulo V se regula la creación del "Premio Nacional a la Integración". Los artículos 31 a 34 establecen la posibilidad de obtener un premio por parte de personas con discapacidad que mediante su esfuerzo personal hayan logrado superar las dificultades derivadas de su situación y realizar un aporte de significación a la comunidad.

En efecto, resulta necesario apoyar e incentivar a las personas con discapacidad a que ejecuten acciones dignas de destaque en el medio social, lo que además de constituir un justo y merecido reconocimiento a su labor, contribuirá a mejorar su integración en todos los ámbitos en los que actúan.

Se pretende, así, efectuar una contribución al más completo desenvolvimiento de las capacidades, talentos y virtudes de las personas con discapacidad, lo que representará un avance en el camino del progreso moral y material de nuestra comunidad.

De este modo, se pretende contribuir a combatir uno de los problemas característicos de los sectores postergados: su "invisibilidad" ante el resto de la comunidad, que a menudo no percibe los logros y avances de sus integrantes, a la vez que a evidenciar ante las demás personas con discapacidad la existencia de referentes de lo que es posible lograr en materia de integración.

El Capítulo VI "Salud", recorre los artículos 35 a 38 y regula aspectos vinculados a políticas públicas a ser implementadas desde los diferentes órganos del Estado para apoyar la prevención y la recuperación integral de las personas con discapacidad.

En este proyecto se amplían las competencias de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, con relación a las previsiones de la ley original, estableciéndose todo un elenco de acciones que en coordinación con el Ministerio de Salud Pública deberá ejecutar (artículo 37), así como se establece el derecho a las personas con discapacidad a obtener las prótesis, ayudas técnicas y medicación especial en caso de necesitarlo.

Por el Capítulo VII se regulan aspectos vinculados a la "Educación y la promoción cultural", efectuándose en los artículos 39 a 47 una serie de previsiones tendientes a los siguientes objetivos.

a) A facilitar, por parte del Ministerio de Educación y Cultura, el acceso a medios y elementos científicos y técnicos pedagógicos necesarios para el desenvolvimiento pleno de las personas con discapacidad que lo necesiten.

b) A ejecutar planes tendientes a la equiparación de oportunidades.

c) A concluir sus estudios y obtener una capacitación acorde a sus posibilidades, para lo que se habilitarán talleres de habilitación ocupacional atendidos por personal especializado.

d) A facilitar oportunidades para continuar las fases de estudios posteriores a la educación obligatoria.

e) A desarrollar planes que promuevan la sensibilización y educación de la comunidad con relación a la temática de la discapacidad.

f) A la facilitación del acceso a los diversos espectáculos públicos -conciertos, muestras, obras teatrales, exposiciones, actividades deportivas- efectuados con el patrocinio de los diferentes órganos del Estado, mediante la exoneración del pago del derecho de admisión por parte de la persona con discapacidad, y su acompañante en caso de necesitarlo.

Estas normas se enmarcan en el espíritu de integración a la cultura como un componente más de su inserción efectiva en las actividades de la sociedad.

El Capítulo VIII, "Trabajo", se encuentra estructurado en los artículos 48 a 75 a partir de dos secciones a saber: la Sección I, "Responsabilidad en el Fomento del Trabajo", y la Sección II, "Talleres de Producción Protegida".

En la Sección I se han establecido normas tendientes a fomentar el trabajo de las personas con discapacidad, desarrollándose una serie de previsiones de diversa índole.

Se han incorporado las previsiones de la Ley Nº 18.094, relativas al empleo en el Estado de personas con discapacidad, manteniéndose los porcentajes para el cubrimiento de las vacancias que se produzcan así como los procedimientos para la verificación de cumplimiento y las responsabilidades correspondientes en caso de incumplimiento, en los artículos 49 a 51. Este porcentaje también debe ser aplicado a los programas sociales o laborales que sean financiados con fondos públicos, a los efectos de la inclusión de personas con discapacidad en los beneficios otorgados por éstos, según lo que dispone el artículo 65.

Se prevé, asimismo, una norma tendiente a dar estímulo a quienes contraten personas con discapacidad, en tanto se establece que los diferentes organismos del Estado frente a igual costo para la adquisición de bienes e insumos, deberán priorizar empresas cuyas plantillas funcionariales incluyan personas con discapacidad, artículo 52. Se establece además, un sistema de concesión de permisos de utilización de bienes de dominio público, en los cuales se otorgará prioridad a las personas con discapacidad, en lo que respecta a la explotación de pequeños emprendimientos comerciales o de servicios (artículos 53 al 59).

En lo que refiere a la protección del empleo de la madre trabajadora que ha dado a luz o ha adoptado un niño o niña con síndrome de Down, parálisis cerebral u otras discapacidades físicas o intelectuales similares, se ha previsto el otorgamiento a ella, pero con extensión al padre o tutor del menor con discapacidad, del beneficio de una licencia especial más extensa que la que la legislación vigente concede a las madres en general, a los efectos de facilitar la dedicación y adaptación a la nueva forma de vida que dicha situación genera en el entorno familiar (artículos 60 y 61).

En la legislación comparada, tanto de la Unión Europea cuanto de América Latina, existen desarrollos incipientes de sistemas de protección y garantía en este sentido.

Se prevé, asimismo, efectuar un incentivo a la contratación de personas con discapacidad por parte de empresas de cualquier ramo de actividad, a través de la exoneración de los aportes patronales al Banco de Previsión Social que debieren hacerse efectivos por aquellos funcionarios con discapacidad y que prestaren servicios en carácter de subordinación; se consideran a estos efectos no sólo a los empleados que trabajen directamente en las instalaciones de la empresa, sino también a aquellos que realicen trabajos a domicilio (artículos 63 y 64).

En la Sección II, se estructuran los Talleres de Producción Protegida, lo que se entiende constituyen una alternativa para el grupo de personas con discapacidad que transitoria o permanentemente no se encuentran en condiciones de integrarse al mercado laboral competitivo.

Se considera fundamental generar un marco jurídico adecuado a los efectos de establecer con claridad los derechos y las obligaciones que les correspondan a los contratados y a los contratantes en tanto estos se erigen como un instrumento de la política de empleo activa. El Estado debe, en función de los objetivos a cumplir por éstos, promover el desenvolvimiento y fortalecimiento de los mismos dado el rol social fundamental que cumplen en el proceso de rehabilitación integral de las personas con discapacidad.

En este sentido, se ha fijado su conceptuación, y su diferenciación con aquellos de habilitación ocupacional, las obligaciones a cumplir por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de Programas Especiales, las actividades con potencialidad de ejecución en su marco, la posibilidad de acceso a incentivos y beneficios, la necesidad de su inscripción en el registro creado a tales efectos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como la exoneración del Impuesto al Valor Agregado a su producción (artículos 66 a 75).

En el Capítulo IX se han fijado normas relativas a "Arquitectura y urbanismo" actualizándose aquellas contenidas en la Ley Nº 16.095 y estableciéndose el carácter de imprescindible de la obligación de fijar en los pliegos de licitación pública para la construcción de edificios públicos por parte de organismos del Estado, los Gobiernos Departamentales y las personas públicas no estatales, la necesidad de crear mecanismos de accesibilidad, previéndose la nulidad de éstas en caso de incumplimiento.

Asimismo, se efectúa una conceptuación importante de las diferentes definiciones que componen el tema a los efectos de facilitar la accesibilidad.

Se fija, también, que las prioridades, requisitos y plazos de las adecuaciones que deberán efectuarse en cumplimiento de esta norma en diferentes ámbitos urbanos, edificios, viviendas colectivas, entre otras, relativas a la eliminación de barreras urbanas, serán determinadas por la reglamentación pero no podrán excederse de un plazo de cinco años desde la entrada en vigencia de la norma, siendo el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente el encargado de la fijación de la prioridad en la ejecutoria de las obras de adecuación.

Se habilita por el artículo 89, a las personas con discapacidad, el desplazamiento con animales especialmente adiestrados y su ingreso a todos los lugares abiertos al público.

El Capítulo X, refiere al "Transporte" y se estructura en los artículos 91 a 96, fijándose la obligatoriedad del transporte gratuito a todas las personas con discapacidad así como el otorgamiento de franquicias de estacionamiento a los vehículos de personas con estas características, debidamente identificados.

Asimismo, las empresas de transporte deberán contar con unidades equipadas para el transporte de personas con discapacidad así como dar publicidad suficiente a los horarios de las unidades con estas facilidades incorporadas.

Se plantea, también, una incorporación al Código Penal en el Capítulo de Faltas, estableciéndose que serán castigados con la aplicación de una multa equivalente desde 10 a 100 Unidades Reajustables o prisión equivalente, quienes sin tener la condición de persona con discapacidad, ocupen en los estacionamientos de vehículos, lugares reservados para éstos.

En el Capítulo XI se hace una referencia a normas de carácter tributario, artículos 97 a 100. En la medida que la Constitución de la República en su artículo 133 prevé que sólo el Poder Ejecutivo podrá proponer exoneraciones tributarias, es que se faculta a éste para disponer las exoneraciones que se prevén, las que constituirán un elemento facilitador a los efectos de la obtención de las diferentes ayudas técnicas que estos necesitan para su actividad diaria. Dichas exoneraciones incluyen: a) las personas con discapacidad que no cuenten con los ingresos suficientes, o las instituciones encargadas de su atención, serán exoneradas del pago de aranceles y demás gravámenes por la importación de ayudas técnicas, siempre que no se produzcan en el país, esto incluye prótesis auditivas, visuales y físicas, equipos, medicamentos, elementos de movilidad, elementos especiales de comunicación, material pedagógico, etcétera, (artículos 97 al 99); b) las personas con discapacidad intelectual quedan comprendidas en la Ley Nº 13.102, de 18 de octubre de 1962.

Finalmente en el Capítulo XII, "Disposiciones transitorias, derogaciones y adecuaciones", se establecen algunas normas de procedimiento, una serie de derogaciones y de adecuaciones a los efectos de dar unidad a nuestro ordenamiento jurídico, manteniendo o eliminando remisiones de normativa posterior a la promulgación de la Ley Nº 16.095 que, por su importancia, deben mantener o terminar su vigencia.

Asimismo, se establece el plazo para la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo (artículo 102) y el principio de que los derechos consagrados en la presente ley no podrán dejar de ser aplicados por ausencia de la misma (artículo 101).

Por último, me corresponde agradecer a todos quienes colaboraron en este largo pero fructífero proceso de elaboración.

En primer lugar, a mis compañeras y compañeros de la Comisión, a su Vicepresidenta, la Senadora Margarita Percovich, quien conoce muy bien esta temática y colaboró activamente en este proceso con su invalorable aporte, a los integrantes actuales, Senadores Mónica Xavier, Susana Dalmás, Luis Alberto Heber, Enrique Antía, Juan Justo Amaro, Eduardo Lorier y Jorge Saravia, y a varios ex integrantes que también participaron de este proceso, como los Senadores Heber Da Rosa, Carlos Moreira y Víctor Vaillant. También es necesario mencionar, por los aportes que realizaron, al Senador Alberto Cid y al Diputado Pablo Alvarez.

Luego, a quienes colaboraron conmigo en la versión original del proyecto, doctores Eugenio Xavier de Mello, Emma Carozzi y Laura Nahabetian, al experto tributarista, contador Félix Abadi Pilosof, así como al Edil de Canelones Fernando Lúquez y a Luis Meseguer, autor de la obra "Amparo legal para la persona con discapacidad". También, en nombre de la Comisión, debo reconocer a la Secretaría de la misma por su dedicado y calificado aporte, así como a la División Estudios Legislativos, por su valiosa colaboración en los ajustes finales del texto.

Para culminar esta presentación deseo hacer una referencia de carácter personal. Hace mucho tiempo que me preocupa la situación de los compatriotas con discapacidad, pero en los últimos siete años he podido mantener un contacto permanente con los mismos, gracias a que tuve el honor de ser elegido, por las organizaciones vinculadas al tema, como Presidente del Comité Paralímpico Uruguayo. A través del mismo he conocido cientos de ejemplos de integración, que me han llenado de orgullo como oriental. En este momento quiero agradecerles por todo lo que me han enriquecido y manifestarles que también ellos han tenido mucho que ver con que este proyecto esté próximo a convertirse en realidad. Vaya mi saludo para el Vicepresidente Washington Chamorro -representante de los discapacitados motrices-, los neutrales Cristina Roselló y Maidán Caputti y los vocales Sergio Pérez -representante de los ciegos-, Nilda Rama -representante de los discapacitados intelectuales-, Cristián Goiburu -representante de los sordos-, Miguel Sluckis -representante de los transplantados-, y al fundador del Comité, Juan José Herrero, así como a los miles de deportistas con discapacidad, a los cuales saludo a través de quienes representaron a nuestro país en las tres últimas Paralimpíadas: Jorge Llerena, Paula Armesto, Henry Borges, Andrés Furtado y Alfredo Viera.

En agosto de 2005, cuando presenté el proyecto original a consideración de mis colegas y numerosas organizaciones vinculadas al tema de la discapacidad, en este mismo Palacio Legislativo -hecho que seguramente recuerde alguno de los participantes-, tuve el honor de tener de un lado al Presidente de mi Partido, Senador Jorge Larrañaga, y del otro al Vicepresidente de la República y Presidente del Senado, Rodolfo Nin Novoa, como forma de testimoniar que este es un tema nacional, que requiere políticas de Estado. Es con este mismo espíritu que hoy, dos años después, la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión está presentando este proyecto a consideración del Senado de la República.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor Senador.

8) ECONOMISTA MARIA ALEJANDRA DUFRECHOU CASAL. SOLICITUD DE VENIA PARA DESIGNARLA EN CALIDAD DE MIEMBRO DEL DIRECTORIO DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Mociono para que se declare urgente la solicitud de venia para designar como integrante del Directorio del Banco de Seguros del Estado a la Economista María Alejandra Dufrechou Casal. Sería conveniente que la Carpeta se repartiera para que podamos considerarla en el día de hoy.

9) "DIA DE PUNTA DEL ESTE"

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Como creo que el señor Senador Gallinal va a presentar una moción en el mismo sentido, luego de escucharlo votaríamos los dos pedidos al mismo tiempo.

SEÑOR GALLINAL.- Mociono para que se declare urgente y se considere el proyecto de ley que viene aprobado por la Cámara de Representantes, que establece un feriado o una fecha especial -el próximo 5 de julio- para el departamento de Maldonado, más concretamente para Punta del Este, en virtud de que cumple su primer centenario de vida.

Por este motivo, a continuación del tratamiento de la venia, pedimos que se trate este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar las urgencias solicitadas.

(Se votan:)

- 30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) VILLA CERRO CHATO

SEÑORA PERCOVICH.- En el mismo sentido que señalaba el señor Senador Gallinal, solicito que se declare urgente la consideración y se reparta la Carpeta Nº 848/07, que corresponde a la declaración de un feriado no laborable para el pueblo de Cerro Chato el próximo 3 de julio, con motivo de conmemorarse ochenta años de la realización del plebiscito donde votó por primera vez la mujer en el Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por la señora Senadora.

(Se vota:)

- 30 en 31. Afirmativa.

11) PROTECCION INTEGRAL A PERSONAS DISCAPACITADAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la discusión general del proyecto de ley por el que se establecen normas para la protección integral a personas discapacitadas, tiene la palabra el señor Senador Amaro.

SEÑOR AMARO.- Señor Presidente: antes de referirnos al proyecto de ley que nos convoca, debemos insistir, aunque parezca reiterativo, que filosóficamente participamos de la defensa, entre otros, de los valores de libertad e igualdad.

Adhiero especialmente a esta norma porque tiene en su espíritu un fundamento esencial: el de brindar protección integral a las personas con capacidades diferentes. Además, en nuestra función de legislador, no podemos perder de vista que este segmento de la sociedad representa casi un 8% del total de la población.

Puedo asegurar que durante el tratamiento de este proyecto en el seno de la Comisión, nos invadió a todos los integrantes, sin excepciones, el ánimo de brindar a estos ciudadanos oportunidades de trabajo, de acceso a la cultura, a la educación, a los medios de transporte, a los espectáculos públicos, etcétera.

En tal sentido, cabe recordar que el país tiene a lo largo de su historia y de los sucesivos Gobiernos, ejemplos claros acerca de la preocupación por este tema, cuestión que se evidencia a través de las leyes que se han aprobado.

En el Uruguay existe y ha existido un conjunto de normas legales que intentaron, desde siempre, defender los derechos de las personas con capacidades diferentes. Lo digo para que nadie crea que los Legisladores del partido que sea tienen intenciones ajenas a la verdadera protección de las personas con algún tipo de problema.

Para reafirmar esto, me he tomado el trabajo de recopilar leyes, algunas dictadas hace ya bastante tiempo, que otorgan beneficios o derechos a las personas con discapacidad.

Es interesante observar cómo a través del tiempo el Parlamento nacional, a medida que la ciencia y la conciencia sobre este problema avanzan, ha ido aprobando casi simultáneamente leyes en la materia. Quiero mencionar, por ejemplo, la Ley Nº 12.804, que proponía el establecimiento de tarifas diferenciales para los discapacitados; la Ley Nº 13.102, que posibilitó la adquisición de automóviles para lisiados; la Ley Nº 13.927, que estableció protecciones para la obtención de vivienda en familias integradas por personas con discapacidades; la Ley Nº 14.032, que favoreció la lucha antidiabética; la Ley Nº 15.739, que contiene normas para promover la igualdad de oportunidades para todos los educandos incluidas, naturalmente, las personas con discapacidades; la Ley Nº 15.878, por la que, aprobando convenios internacionales, se compromete al Estado en la readaptación profesional y empleo de personas inválidas; la Ley Nº 15.841, sobre pensiones a la vejez e invalidez; la Ley Nº 16.074, que legisla acerca de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; la Ley Nº 16.095, que es la que estamos mejorando en el día de hoy y cuyo tema central es el mismo de este proyecto, es decir, la protección integral a las personas discapacitadas; las Leyes Nos. 16.127 y 16.226, que son normas presupuestales que encierran algunos beneficios para las personas discapacitadas; la Ley Nº 16.320, relacionada con la enajenación de uni-dades automotrices importadas en régimen especial; la Ley Nº 16.592, que regula la discapacidad severa y sus prestaciones; la Ley Nº 16.713, que regula la protección de las personas con discapacidad del sistema de seguridad social; la Ley Nº 16.759, que concierne a las operaciones económicas con pensiones por vejez e invalidez; la Ley Nº 16.986, que mejoró la vieja Ley Nº 13.102, de automóviles para lisiados -concretamente, se agregan dos incisos al artículo 10 de esa ley-; la Ley Nº 17.106, sobre normas de pensión a la vejez o invalidez; la Ley Nº 17.216, sobre las posibilidades de cubrir vacantes en la Administración Pública; la Ley Nº 17.266, sobre la compatibilidad entre la actividad del discapacitado y la pensión por invalidez; la Ley Nº 17.296, sobre el Presupuesto Nacional, que contiene disposiciones relacionadas con vacantes en la Administración Pública, y la Ley Nº 17.556, sobre excepciones para el ingreso a la Administración Pública.

Lo que ocurre, a veces, es que sobre el tema se generan tantas perspectivas, tantas posibilidades para su enfoque, tantas demandas para resolver y comprender, que resulta muy difícil proporcionar una solución, no digo definitiva, pero sí estable, en cuanto a que el Estado y la sociedad civil le hagan sentir al discapacitado y su familia que existe en ellos la firme determinación de ayudar, de mitigar, de proporcionar los medios posibles para mejorar su situación.

El replanteo de las leyes en esta materia prueba que la sensibilidad de la sociedad y de los Legisladores que la representamos ahora y los que la representaron antes, siempre ha estado presente.

Reitero: quiero expresar mi satisfacción por el trabajo de la Comisión y, en especial, resaltar la labor realizada por el Senador ingeniero Ruperto Long, autor del proyecto que dio base para un estudio profundo y pormenorizado del tema. En esa instancia, conjuntamente con los demás integrantes de la Comisión, buscó armonizar e integrar varios textos y propuestas sobre la protección de las personas con discapacidad, para que hoy fuera posible tratar este proyecto que, a mi juicio, es muy positivo y constituye un avance para el país en la materia.

Existen en este proyecto definiciones legales en lo concerniente a la discapacidad y al rol de Estado en este asunto, como así también un glosario en la parte final para evitar confusiones en la interpretación y aplicación de la ley.

Se trata de una ley que intenta abarcar todos los aspectos de la discapacidad en forma orgánica y sistémica y definir las obligaciones que asumirá el Estado. Esto tal vez haga diferente a esta ley de las anteriores, que plantearon y resolvieron problemas puntuales, pero no en forma general como esta norma lo hace.

Por estas razones, señor Presidente, nuestro Partido Colorado dará su voto favorable para que se apruebe esta iniciativa.

12) ECONOMISTA MARIA ALEJANDRA DUFRECHOU CASAL. SOLICITUD DE VENIA PARA DESIGNARLA EN CALIDAD DE MIEMBRO DEL DIRECTORIO DEL BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar como miembro del Directorio del Banco de Seguros del Estado, a la economista María Alejandra Dufrechou Casal" (Carp. 830/2007. Rep. 491/2007).

(Antecedentes:)

"Carp. N° 830/07

Rep. N° 491/07

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 22 de mayo de 2007.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la Repú-blica y artículo 1° literal a) de la Ley N° 15.740, de 8 de abril de 1985, a los efectos de solicitar la venia para designar en el Directorio del Banco de Seguros del Estado, en calidad de Miembro, a la Economista María Alejandra Dufrechou Casal.

Los antecedentes con las condiciones personales, funcionales y técnicas de la persona precitada se adjuntan al presente Mensaje.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori, José Mujica, Reinaldo Gargano, Daisy Tourné, Azucena Berruti, Jorge Brovetto, Victor Rossi, Martín Ponce de León, Eduardo Bonomi, Miguel Angel Galeano, Héctor Lescano, Mariano Arana, Marina Arismendi.

CURRICULUM VITAE

I) ANTECEDENTES PERSONALES

Nombre: María Alejandra Dufrechou Casal

C.I. 1.571.306 - 8

Dirección: Canelones 963 apto. 502

Departamento: Montevideo

C.P. 11.100

País: Uruguay

Teléfono: (+598-2) 901 25 35

Celular: 096 449 010

E-mail particular: adufre@adinet.com.uy

E-mail trabajo: adufrechou@mtss.gub.uy

Otros Antecedentes:

- Inglés: Alianza Cultural Uruguay - EE.UU. Curso "On your way".

Nivel alcanzado: "Interlink" (completo)

- Otros Idiomas: Nociones de Francés, Italiano y Básico de Japonés.

- Computación:

- Escuela de Informática. Ciclo de Formación de Usuarios Profesionales de P.C. (Sistema Operativo DOS, Wordstar, Redes, Lotus 123, DBASE básico y avanzado, Relación entre paquetes informáticos).

- Quattro Pro, WordPerfect, Fox. Sistema operativo Windows.

- Office.

- Paquete estadístico SPSS para Dos y Windows.

- Dactilografía: Academias Pitman.

II) ANTECEDENTES CURRICULARES

1.- ESTUDIOS

1.1.- Universitarios:

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.

Título Obtenido: Economista Plan 80.

Otros estudios: Contador Público. 4° año, cursado. S/T

1.2. Maestrías:

Maestría en Economía, Desarrollo Industrial con Especialización en PyMEs. Beca otorgada por el Ministerio de Educación de la República Argentina y el Instituto de Industrias a estudiantes extranjeros para cursar la maestría en el período 2000-2001. Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS), San Miguel. Argentina. Tesis Maestría: "Industria del Software en el Uruguay".

1.3. Diplomas:

Training of Trainers for Enterprise Development Programme (Formación de Formadores para el Programa de Desarrollo Empresarial- Emprendedorismo). Idioma Inglés. ONUDI. Bahrain. 24/noviembre- 9/diciembre/2005.

Training Course in "Consultancy Service for Small and Medium Industries". (Servicios de Consultoría a pequeñas y medianas empresas). Idioma Inglés. Japan Internacional Cooperation Agency (JICA). Nagoya. Japón. 28/agosto - 29/Nov/1999.

2.- DOCENCIA.

2.1.- Docencia Curricular:

2.1.1. Universitarios: Facultad de Ciencias Económicas.

- Años 1993-1997. Cátedra Macroeconomía. Ayudante Grado 1.

- Años 1992-1995. Cátedra Microeconomía. Ayudante Grado 1.

2.1.2. Universidad del Trabajo del Uruguay.

- Años 1990-1992. Asignatura: Comercio Exterior.

2.1.3. Secundaria.

- Años 1978-1980. Liceo El Pinar. Canelones

Asignatura: Matemática 2° año.

2.2.- Docencia Extracurricular:

- Seminario "La modernización de los gobiernos locales. La experiencia de España". Presentación de la experiencia de DINAE en la descentralización de sus servicios. El papel de los Comités locales de Empleo en el desarrollo local. Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Cartagena de Indias. Colombia. 24-26/03/04.

- Jornadas Nacionales de Artesanía, organizadas por el Programa para el Fortalecimiento de las Artes, Artesanías y Oficios (PAOF): "La importancia de las redes en la generación de oportunidades de negocios". PAOF. Treinta y Tres. 9-12/12/03.

- Participación en el Seminario de Desarrollo Productivo Local. Colonia. 1-5/12/03. Ministerio de Industria - AECI (Agencia de Cooperación Española). El papel de las Agencias de Desarrollo en el escenario productivo local. En el mismo se presentó la experiencia del Centro de Desarrollo de Rafaela-Argentina.

- Talleres dirigidos a los Orientadores para la identificación de emprendedores e ideas. (Proyecto PAPPUM-MTSS). MTSS. 13-14/11/03.

- Presentación de la Ponencia "Fomento de la Empresarialidad desde la órbita de los Ministerios de Trabajo", en el V Encuentro de la Red Motiva. Instituto Tecnológico de Costa Rica. Costa Rica. 20-21/11/2002.

- Endeavor Argentina. Enseñanza del Entrepreneurship. 3-6/07/2001

- Séptima Jornada de Tecnología y Economía Pesquera. Comisión Técnico Mixta-Frente Marítimo. 5/12/91 - 6/12/91.

- Políticas Macroeconómicas Cinve-Cieplan (Banco Central 14/9/88).

3.- INVESTIGACION:

- 07/2000-12/2000.- Colaborador en las encuestas realizadas en la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS) para las siguientes investigaciones: "Entrepreneurship en Argentina" y "Factores condicionantes de la competitividad en las firmas exportadoras argentinas".

- 1/7/96-30/6/97 - Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Asistente en el Proyecto de confección de "Cuentas Nacionales para el período 1900-1955".

- 1991. Estudio de productividad en una empresa pesquera, con referencia especial a la velocidad y calidad del trabajador filetero en una planta procesadora.

Otras investigaciones:

- Características de los emprendedores y factores determinantes de la empresarialidad en el Uruguay.

- El papel de las incubadoras en el desarrollo empresarial.

- Angeles de Negocios. ¿Es posible su existencia en Uruguay?

- La búsqueda de la competitividad industrial a través del desarrollo de modelos de competitividad laboral.

4.- EXPERIENCIA LABORAL:

Sector Público

1/7/98 - hasta el presente.- Ingreso mediante concurso de méritos a la Dirección Nacional de Empleo (DINAE) para desarrollar funciones de asesoría en materia económica en la División Investigación.

1998-2000. Investigación y análisis del mercado de trabajo

- Asesoramiento vinculado al mercado de trabajo, especialmente en relación con la demanda de trabajo y las calificaciones necesarias para la reconversión de los puestos laborales en la industria manufacturera uruguaya.

- Coparticipación en la elaboración de informes regionales y departamentales relacionados con el mercado de trabajo. Elaboración de informes sectoriales.

- Elaboración de informes de demanda de trabajo y análisis correspondientes. Inclusión de la información de los avisos de prensa y de la información recabada a partir de los datos de agencias de colocación de personal.

- Asesoramiento y asistencia técnica a las Pequeñas y Medianas Empresas en relación a la reconversión de las actividades económicas, diagnóstico integral para cada situación particular. Colaboración con el programa CINCO desarrollado conjuntamente por el Ministerio de Industria (DINAPYME) y el Ministerio de Trabajo (DINAE) tendiente a clarificar y solucionar los problemas organizativos, productivos y de recursos humanos de un grupo de empresas industriales.

2000-2001. En el usufructo de licencia sin goce de sueldo por encontrarme cursando la maestría en Argentina.

2002 - 2005. Diseño de Políticas Activas de Empleo y otras actividades vinculadas al fortalecimiento de la trama productiva:

- Diseño de una "Política de Fomento y Desarrollo de la Empresarialidad" a través del desarrollo de programas que atienden a la creación de micro y pequeñas empresas, de asistencia de pequeñas y medianas empresas en actividad para la mejora de su competitividad y el desarrollo de redes, incluidas las financieras.

- Diseño de un Programa de Fomento para el Sector Artesanal con participación de los actores vinculados al sector.

- Contribución al diseño de un Programa de Incentivos para Trabajadores no amparados por el seguro de desempleo y en el delineamiento del programa destinado a los Trabajadores desocupados en el Seguro de Desempleo.

- Diseño de propuesta de creación de un observatorio de PyMEs en la DINAE.

- Definición y diseño de talleres dirigidos a orientar a potenciales emprendedores en el desarrollo de su idea de negocios y en la elaboración de su plan de empresa. Diseño del contenido de los módulos a desarrollarse en dichos talleres.

- Elaboración de una guía metodológica para la identificación y selección de ideas y emprendedores a realizarse por el servicio de Orientación Laboral de DINAE. Elaboración de los materiales didácticos necesarios para realizar dicha selección: Manual de autodiagnóstico, Cuestionario a cumplimentar por los potenciales emprendedores para el registro de su idea, Pautas de entrevista y de los materiales necesarios para su posterior utilización en los Talleres a emprendedores (Guía del Emprendedor).

- Organización de las Jornadas de talleres para orientadores (Taller de capacitación en Técnicas de investigación del Mercado de Trabajo y Taller de capacitación en Identificación y Selección de Ideas y Emprendedores), realizando contactos con colaboradores externos a DINAE. Participación en las exposiciones.

- Coparticipación con representantes de la JUNAE en la elaboración del programa destinado a apoyar la creación de pequeños y medianos emprendimientos (en la actualidad Emprende Uruguay).

- Participación de las Jornadas de Empleo realizadas en el Hotel Columbia con personal de la OIT y personal de DINAE, para la mejora y ajuste de los programas para atender a los desempleados no amparados en el Seguro de Desempleo, los amparados en el Seguro y Empleo Directo.

- Actuación como contraparte representante de DINAE-MTSS en varios proyectos de consultoría, entre ellos los relacionados con investigación de la industria metalmecánica, evaluación del Programa Proimujer y en la Consultoría de Crédito realizada por OIT.

- Investigación e informe correspondiente sobre exclusión e informalidad con manejo de microdatos provenientes de la encuesta de hogares.

- Definición y diseño de los servicios de desarrollo empresarial en el área de asistencia técnica y asesoramiento a emprendedores para la Oficina DINAE en el departamento de Florida.

- Representante por DINAE en el Consejo consultivo del PAOF. Contribución directa al programa PAOF con la elaboración del Manual para el Artesano conjuntamente con otras instituciones vinculadas al mismo.

2005-2006. Ultimas actividades realizadas

- Integrante de la Comisión de Seguimiento de los programas JUNAE: FOMYPES y Emprende Uruguay.

- Integrante de la Red de Apoyo a Proyectos Productivos (RAPP) en representación de DINAE.

- Diseño de un observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa en la unidad de servicio Observatorio del Mercado de Trabajo para la nueva estructura de DINAE.

- Integrante de la Comisión ad hoc encargada de diseñar la reestructura de la Dirección Nacional de Empleo con el cometido específico de diseñar una de las tres áreas programáticas a implementarse en DINAE: Emprendimientos Productivos.

- Representante de DINAE en el Programa REDEL (Recuperación del empleo a través del fortalecimiento de la trama productiva desde una perspectiva de desarrollo local) para la implementación de los Servicios de Apoyo Empresarial (SAE) en las zonas piloto del programa: departamentos de Treinta y Tres, Montevideo y Paysandú.

- Colaborador del Proyecto Fomento de la Actividad Empresarial (FAE). Onudi-Ministerio de Industria (DINAPYME).

1994-1998.- Instituto Nacional de Estadística.

Contrato de Asesoría Técnica para el desempeño de funciones de asesoría en el área de Estadísticas Económicas. Proyecto TAL.BIRF (1/94-12/94). Posteriormente contratada por el Instituto Nacional de Estadística.

Desarrollo de tareas de asesoría en el Departamento de Estadísticas Industriales de la División de Estadísticas Económicas.

- Análisis y comentarios de la Encuesta Industrial Anual.

- Estudio y actualización del marco muestral de la Encuesta Anual de Actividad Económica. Obtención y análisis de los principales indicadores de la Industria Manufacturera para los años 1991 y 1992.

- Diseño y construcción de los Indices de Horas Trabajadas, Personal Ocupado y Energía Eléctrica de la Encuesta Industrial Trimestral Nueva Base. Diseño de planillas de cálculo para la obtención de los mismos. Obtención y análisis de los índices para el período de la base y para los años 1993 y 1994. Diseño de la base correspondiente a la nueva muestra con relación a los índices antedichos.

- Apoyo a la Nueva Encuesta Nacional de Remuneraciones en la obtención del nuevo índice salarial. Diseño de planillas tendientes a obtener dicho índice para el sector privado. Estudio de la muestra y obtención de la base para el mismo.

- Análisis y modificación de los programas en SPSS confeccionados para la obtención de datos relacionados con las Encuestas Anuales.

- Comparación y evolución de los principales indicadores económicos de los distintos años sujetos a estudio. Conciliación de los datos obtenidos a través de distintas encuestas desarrolladas en el INE. Análisis de los mismos.

- Asistente de investigación para la implementación de la Encuesta de Especificación de Bienes y Servicios Homogéneos y Heterogéneos para la confección de la Nueva Canasta para el cálculo del Indice de Precios al Consumo. Determinación del tamaño de muestra por bien y confección de la muestra de establecimientos informantes.

- Implementación de las tareas iniciales para la posterior elaboración del Censo Económico.

Sector privado.

- 1997-2001. Servicios de Consultoría y asesoramiento a nivel económico a las pequeñas y medianas empresas con actividad en los departamentos de Cerro Largo, Colonia y Maldonado.

- 1988-1990. Estudio Contable. Ayudante de Contador. (Registraciones, Balances, Balancetes, Cuentas Corrientes, Conciliaciones Bancarias).

- 1992. Empresa A. Hernández Ltda.. Análisis integral de la empresa con la finalidad de ajustarse a los nuevos requerimientos del mercado. Elaboración de Balances, Conciliaciones, Importaciones, Diagnóstico de la situación financiera de la empresa y elaboración de informes finan-cieros. Formulación de Estados de fuentes y usos de fondos. Presentación de la documentación necesaria para la solicitud de un crédito con el fin de ampliación de la empresa.

Referencias profesionales

Dra. Sara Payssé. Directora Nacional de Empleo. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Tel. 916 57 73.

Cra. Susana Picardo. Directora División Estadísticas Económicas. Instituto Nacional de Estadística. Tel. 902 73 03 int. 1303.

Dra. Cristina Casiano. Asesor en Políticas de Empleo y Formación Profesional. Asesoría Técnica. DINAE. Tel. 094 775 996 - 916 37 34.

Referencias personales

Ec. Virginia Vechtas. Gerente Principal de Riesgo Financiero. Oficina de Políticas y Control de Riesgo, BROU. Profesor Agregado de la Universidad de la República. Tels. 916 59 25, 408 94 72.

Cra. Lilián Rodríguez Colman. Gerente presupuestal. Centro Auxiliar Hospital Río Branco. Tels. 0675 5108, Cel. 099 801 693.

Cra. Alba Porrini. Directora Departamento de Planificación y Presupuesto. Universidad de la República. Tels. 400 25 12; 711 35 95."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Tiene la palabra la señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: la solicitud del Poder Ejecutivo recae sobre una economista cuyo extenso currículum tenemos todos ante nuestra vista. Tiene maestrías y diplomas adquiridos en diferentes países; es especializada en desarrollo empresarial y pequeñas y medianas empresas, y también se ha especializado en el apoyo e identificación de iniciativas emprendedoras. Tiene una experiencia de trabajo en el sector público, en el Instituto Nacional de Estadística, contratada como asesora técnica, y luego ha entrado por concurso en la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Además, tiene especialización en políticas activas de empleo y fomento del sector artesanal y participó en la creación del observatorio de pequeñas y medianas empresas en la Dirección Nacional de Empleo.

Es cuanto quería informar. Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede la venia solicitada.

(Se vota:)

- 28 en 29. Afirmativa.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: queremos dejar constancia de que esta es una circunstancia excepcional en la que hemos accedido a votar la venia propuesta por el Poder Ejecutivo, en razón de que conocemos la necesidad de designar un nuevo Director por la infausta muerte del contador Young. Sabemos que hay decisiones de carácter específico que el Banco de Seguros puede tomar con el voto de tres Directores y por ese motivo, la Bancada del Partido Nacional, haciendo una excepción a la posición que viene tomando al respecto, ha accedido a votar esta venia para facilitar al Poder Ejecutivo y al Directorio del Banco de Seguros del Estado, la posibilidad de llevar adelante una correcta administración del instituto de los seguros en nuestro país.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se reconoce y se agradece.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: estamos votando esta venia, como lo hemos hecho en otras circunstancias, sin que ello importe un pronunciamiento específico sobre el tema de fondo, en el afán, simplemente, de facilitar la labor de la administración. No creemos que tenga ningún sentido prolongar inútilmente este tipo de decisiones y, por eso, así hemos procedido en ocasiones anteriores. En este caso, además, media la circunstancia de que, por la particular integración del Directorio, hay una necesidad perentoria.

Por estas razones, hemos votado afirmativamente la venia solicitada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se reconoce y se agradece también.

13) "DIA DE PUNTA DEL ESTE"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se declara feriado no laborable para la ciudad de Punta del Este, departamento de Maldonado, el día 5 de julio de 2007, con motivo de conmemorarse los 100 años de su fundación."

(Antecedentes:)

"CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Declárase feriado no laborable para la ciudad de Punta del Este, departamento de Maldonado, el día 5 de julio de 2007, con motivo de conmemorarse los 100 años de su fundación.

Artículo 2°.- Otórgase goce de licencia paga a los habitantes residentes y trabajadores que desempeñen sus tareas en dicha ciudad.

Artículo 3°.- Declárase el día 5 de julio de cada año como "Día de Punta del Este".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 20 de junio de 2007.

Enrique Pintado Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 1º.- Declárase feriado no laborable para la ciudad de Punta del Este, departamento de Maldonado, el día 5 de julio de 2007, con motivo de conmemorarse los 100 años de su fundación."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 2º.- Otórgase goce de licencia paga a los habitantes residentes y trabajadores que desempeñen sus tareas en dicha ciudad."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 26. Afirmativa.

Léase el artículo 3º.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 3º.- Declárase el día 5 de julio de cada año como ‘Día de Punta del Este’."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 26. Afirmativa.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

14) VILLA CERRO CHATO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el proyecto de ley cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el cual se declara feriado no laborable para la villa Cerro Chato, ubicada en la 6ª Sección Judicial del departamento de Treinta y Tres, 4ª Sección Judicial del departamento de Florida y 8ª Sección Judicial del departamento de Durazno, el día 3 de julio de 2007, con motivo de conmemorarse los ochenta años de la realización del plebiscito donde votó por primera vez la mujer en el Uruguay".

(Antecedentes:)

"CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Declárase feriado no laborable para la villa Cerro Chato, ubicada en la 6ª Sección Judicial del departamento de Treinta y Tres, 4ª Sección Judicial del departamento de Florida y 8ª Sección Judicial del departamento de Durazno, el día 3 de julio de 2007, con motivo de conmemorarse los ochenta años de la realización del plebiscito donde votó por primera vez la mujer en el Uruguay.

Artículo 2°.- Otórgase goce de licencia paga durante la fecha indicada en el artículo 1° de la presente ley a los trabajadores de la actividad pública o privada, nacidos o radicados en la 6ª Sección Judicial del departamento de Treinta y Tres, 4ª Sección Judicial del departamento de Florida y 8ª Sección Judicial del departamento de Durazno, a efectos de poder concurrir a los actos que se realizarán en Cerro Chato.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 20 de junio de 2007.

Enrique Pintado Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee:)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 1º.- Declárase feriado no laborable para la villa Cerro Chato, ubicada en la 6ª Sección Judicial del departamento de Treinta y Tres, 4ª Sección Judicial del departamento de Florida y 8ª Sección Judicial del departamento de Durazno, el día 3 de julio de 2007, con motivo de conmemorarse los ochenta años de la realización del plebiscito donde votó por primera vez la mujer en el Uruguay".

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de poner a consideración este artículo, la Presidencia quiere rectificar la votación en general del proyecto de ley en el sentido que se me ha indicado por parte de nuestros asistentes: el resultado fue: 24 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 25. Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 2º.- Otórgase goce de licencia paga durante la fecha indicada en el artículo 1º de la presente ley a los trabajadores de la actividad pública o privada, nacidos o radicados en la 6ª Sección Judicial del departamento de Treinta y Tres, 4ª Sección Judicial del departamento de Florida y 8ª Sección Judicial del departamento de Durazno, a efectos de poder concurrir a los actos que se realizarán en Cerro Chato".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 25. Afirmativa.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto de ley sancionado por ser igual al considerado)

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: he estado de acuerdo con el fondo de este proyecto de ley, razón por la cual lo he votado, pero sigo insistiendo en que las leyes deberían decir "pagada" y no "paga", aunque hasta el presente no he podido lograr que eso se tenga en cuenta.

Nada más. Muchas gracias.

15) OMC: RONDA DOHA Y LAS REPERCUSIONES EN EL URUGUAY

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Abreu solicita autorización para realizar una exposición de treinta minutos en la sesión ordinaria del próximo 17 de julio."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 25 de junio de 2007.

Señor Presidente del Senado

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente

Señor Presidente:

Al amparo de lo dispuesto por el artículo 171 del Reglamento del Cuerpo, solicito autorización para realizar una exposición por el término de treinta minutos sobre el tema OMC: Ronda Doha y las repercusiones en el Uruguay, en la Sesión Ordinaria del 17 de julio próximo.

Reitero al señor Presidente las seguridades de mi más alta consideración.

Sergio Abreu. Senador".

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la solicitud formulada.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

16) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una moción llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"Mocionamos para realizar una sesión extraordinaria el día 3 de julio del corriente, a las 17 horas, a los efectos de considerar las reformas al Reglamento de la Cámara de Senadores aprobadas por la Comisión de Asuntos Administrativos." Firman: Percovich, Antognazza, Lara Gilene y Ríos.

- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción aprobada por mayoría de la Comisión de Asuntos Administrativos.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

17) PROTECCION INTEGRAL A PERSONAS DISCAPACITADAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión general del proyecto de ley por el que se establecen normas para la protección integral a personas discapacitadas.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: poco más se puede agregar a la exposición hecha por el señor Senador Long. De todos modos quiero reafirmar lo que señalaba el señor Senador Amaro en el sentido de que este proyecto de ley va a reunificar la legislación muy dispersa que había al respecto, pues se derogan muchos decretos y normas que conformaban una maraña de disposiciones en este tema, en respuesta a las preocupaciones de este Parlamento y de la sociedad uruguaya.

También quiero recalcar que este proyecto de ley puede parecer -creo que lo es- demasiado detallista y reglamentario, y criticárselo por ello; pero debo recordar que por muchos años la Ley Nº 16.095 -que es la ley marco que protege a los discapacitados- no fue reglamentada por parte de los organismos correspondientes, problema que permanentemente se nos planteó a los legisladores de los distintos partidos políticos dadas las dificultades que tenía la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado para que cada uno de los organismos del Estado que debía definir sus políticas públicas de protección a la discapacidad pudiera ponerse de acuerdo en las acciones que tenían que llevar a cabo y los recursos con que debían contar para ello. Por lo tanto, en el seno de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión nos pareció oportuno tomar en cuenta el detallismo de las propuestas, de las acciones y de algunos de los artículos que son programáticos y que dan un marco muy general de protección a las personas con discapacidad de todas las edades.

Creemos que ese es un aporte que estamos haciendo al país y a la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, que nos hizo aportes importantes desde el comienzo. Incluso, aunque ya habíamos votado lo más importante, que era la reglamentación de la responsabilidad del Estado con relación a la inclusión de personas con discapacidad en sus planteles de trabajadores, volvimos a incluirla en este proyecto de ley -por eso es tan extenso- y derogamos la anterior que, reitero, ya habíamos aprobado.

Por lo tanto, me congratulo de este año de trabajo que tuvimos para ponernos de acuerdo y, además, porque hicimos todas las consultas necesarias para comprometer a los organismos del Estado que deberán implementar la ley.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: no hicimos uso de la palabra anteriormente porque en nuestra representación y como vocero de nuestro Partido actuó el señor Senador Ruperto Long.

Simplemente quiero destacar el engorroso trabajo que llevó a cabo la Comisión y el sano orgullo que, como miembro del Partido Nacional, me produce la dedicación, la entrega, el estudio y la seriedad con que, en nombre de nuestro Partido, trabajó el señor Senador Long. Lo destaco especialmente porque eso hace honor a lo que para nosotros es un trabajo parlamentario serio, y en ese sentido reitero que me siento plenamente orgulloso de quien, en definitiva, llevó la voz cantante de nuestro Partido en el seno de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: adhiero a las expresiones del señor Senador Heber y agrego que trabajé por unos meses en esa Comisión, lo que me permitió tomar contacto directo con su labor.

Estamos ante un proyecto de ley que cambia aspectos muy relevantes en materia de todas estas discapacidades, que son un flagelo que tiene la sociedad uruguaya.

Debemos destacar no sólo la tarea llevada a cabo por el señor Senador Long -quien presentó el proyecto de ley a pesar de no integrar la Comisión, aunque luego se incorporó a ella, siendo su actual Presidente-, sino también la de los restantes miembros de las otras Bancadas. El trabajo fue realizado en forma conjunta y primó el entendimiento, la tolerancia y la actitud abierta. El resultado es este magnífico proyecto de ley que en breves instantes ha de quedar aprobado y que contiene una serie de disposiciones realmente revolucionarias. De todos modos, debemos reconocer que va a implicar una enorme responsabilidad para todos los organismos públicos que tendrán la obligación de aplicarlo.

Este proyecto de ley contiene, reitero, disposiciones muy buenas, pero su aplicación práctica va a requerir de una labor proactiva por parte del Poder Ejecutivo, de las empresas públicas, de los Gobiernos Departamentales y de los agentes privados para que no quede en un magnífico texto legal que en la práctica no se haga efectivo, tal como ha sucedido con la ley anterior, que aunque no era tan buena como este proyecto, no se reglamentó ni se aplicó, llegando a que ese porcentaje de personas que el Estado debía ocupar no se cumplió.

En definitiva, pienso que el Parlamento debe estar alerta y poder decir que no sólo aprobó esta magnífica ley, sino también que vigila su cumplimiento, porque a veces los organismos públicos son un poco renuentes a ello.

Nada más, señor Presidente.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: también me congratulo por el excelente trabajo que llevó adelante la Comisión durante dos años. Sin duda, ha sido fundamental el aporte del señor Senador Long, de la señora Senadora Percovich y de sus secretarías, así como del señor Diputado Álvarez que verá, cuando este proyecto de ley llegue a la Cámara de Representantes, que recoge algunas iniciativas que tratamos de introducir para que tuviéramos una única norma que englobara, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de disposiciones.

Esta tarea ha sido muy difícil y tuvimos una gran preocupación, como la de derogar la Ley Nº 16.095, una ley madre que durante 17 años no fue reglamentada y cuyas disposiciones no se aplicaron, lo que esperamos no ocurra con este proyecto de ley que tendrá un pronto diligenciamiento en ambas Cámaras. Descontamos que los Ministerios elaborarán la reglamentación correspondiente, ya que su comparecencia y su involucramiento han sido muy importantes en los capítulos concernientes a cada uno de ellos.

Además, hubo una excelente labor de la Secretaría de la Comisión y de la sección Estudios Legislativos, que contribuyeron de manera importante y nos ayudaron a que no quedara excluida ninguna de esas disposiciones que se votan en las Rendiciones de Cuentas o en las leyes de Presupuesto.

Por otra parte, a la luz de las recientes encuestas realizadas sobre discriminación en el Uruguay, queda bien claro cómo se sienten muchos ciudadanos y cómo se los ha tratado durante tanto tiempo. Este es un compromiso muy importante y, como siempre hemos dicho, tenemos que empezar por esta Casa a mejorar una serie de disposiciones que hagan que ella sea de todos.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR CID.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: quienes hemos trabajado en el tema de la discapacidad e incluso hemos presidido algunas instituciones que persiguen esta finalidad, sentimos una total frustración desde hace trece años, en primer lugar, por lo que han argumentado algunos compañeros de este Cuerpo en lo que tiene que ver con la falta de reglamentación de las leyes y, en segundo término, porque hemos percibido una falta de disposición política para encauzar este tema. En ese sentido, hemos encontrado trabas de todo tipo, desde burocráticas hasta instrumentales, quedando en definitiva los discapacitados sintiéndose nuevamente como tales, no sólo por su discapacidad o incapacidad motora o psicológica, sino también porque los instrumentos orgánicos los han colocado en una zona difusa que ha hecho imposible ubicarlos en un nivel de igualdad con el resto de los ciudadanos.

Creo que tenemos un desafío por delante; éste es un buen proyecto de ley pero debemos establecer un sistema de vigilancia para que una vez transformado en ley y reglamentado, sea de aplicación práctica hacia los discapacitados, que integran un sector de la población muy importante que está realmente abandonado. Muchas veces su propio esfuerzo hace que puedan tener alguna inserción social de mayor relevancia, lo cual no debería ser así, pues tendría que ser la sociedad en su conjunto la que debería dar a nuestros conciudadanos que han sufrido peripecias por sus enfermedades particulares, una inserción digna. Asimismo, pienso que este Cuerpo, a partir de esta aprobación -que descarto va a ser unánime-, debe asumir ese compromiso de vigilar que esta ley se transforme en una realidad efectiva.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo 1º.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos y que éstos se voten en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Por consiguiente, si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los 104 artículos del proyecto de ley.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

18) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESTITUIR DE SUS CARGOS A VARIOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde que el Senado pase a sesión secreta para considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día.

(Así se hace. Es la hora 17 y 27 minutos.)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 17 y 33 minutos)

- Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

El Senado, en sesión secreta, ha concedido las venias para destituir al funcionario del Ministerio de Salud Pública, señor Gualdemar Roque Fernández Fuentes, y al funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, señor Fernando Abelenda Lain, y ha postergado una solicitud de venia para destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública.

19) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 17 y 33 minutos, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Amaro, Antognazza, Bentancor, Castro, Cid, Da Rosa, Dalmás, Gallinal, Heber, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Long, Percovich, Ríos, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier. )

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sr. Nelson Míguez Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.