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Nº 156 - TOMO 442 - 12 DE JUNIO DE 2007

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

17ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Y LA SENADORA DOCTORA MONICA XAVIER Segunda Vicepresidenta

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Inasistencias

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

5) Solicitud de licencia

- El señor Senador Fernández Huidobro solicita prórroga de la licencia que ya le fuera concedida.

- Concedida.

6) Diferentes planteamientos relacionados con Nueva Palmira y sus inmediaciones

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, de Economía y Finanzas y de Salud Pública, a la Dirección Nacional de Vialidad, a la Administración Nacional de Puertos, a ANCAP y a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales de Colonia y Soriano

7) Desabastecimiento de supergás en Montevideo.

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a los Ministerios de Industria, Energía y Minería y de Economía y Finanzas, a ANCAP, al diario ‘El Telégrafo’ y a la Organización de Prensa del Interior.

8) Vacuna para prevenir el cáncer de útero

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a los Ministerios de Salud Pública, de Educación y Cultura, de Desarrollo Social y de Economía y Finanzas, a la Organización Mundial de la Salud y al Instituto Nacional de la Mujer.

9) Rosa Luna. Homenaje a su memoria a realizarse el 12 de julio

- Manifestaciones del señor Senador Long.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a Mundo Afro, a Cuareim 1080, a DAEPCU, a la Asociación Cultural Tangó, a Serpentina, al Ministerio de Educación y Cultura, a las Juntas Departamentales de todo el país y a su familia.

10) Impuesto al uso de armamentos

- Manifestaciones del señor Senador Korzeniak.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Cancillería y al Consejo de Ministros.

11) Mala calidad del gasoil. Repercusiones en motores con sistema HDI

- Manifestaciones del señor Senador Penadés.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Economía y Finanzas, a ASCOMA, a la Liga de Defensa Comercial, a la Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor y a la Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Pórtland.

12) Trabajo infantil

- Manifestaciones de la señora Senadora Percovich.

- Por moción de la propia señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

13) Desempeño del contingente uruguayo en Haití.

- Exposición del señor Presidente del Senado relacionada con la República de Haití y el desempeño del contingente de las Fuerzas Armadas Uruguayas en dicho país, en el marco de la Misión de Estabilización y Paz de las Naciones Unidas.

- Manifestaciones de varios señores Senadores.

- Por moción de varios señores Senadores, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de las palabras vertidas en Sala a los Ministerios de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea, y a las Comisiones de Defensa Nacional de ambas Cámaras.

14 y 16) Promoción y defensa de la competencia.

- Proyecto de ley por el que se dictan normas.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15) Sesión extraordinaria

- Por moción de la señora Senadora Dalmás, el Senado resuelve realizar una sesión extraordinaria el martes 26 de junio.

17) Acuerdo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes del MERCOSUR, suscrito en la ciudad de Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, el 16 de diciembre de 2004

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

18) Acuerdo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en la ciudad de Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, el 16 de diciembre de 2004

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

19) Convenio para la Protección, Conservación, Recuperación y Devolución de Bienes Culturales, Arqueológicos, Artísticos e Históricos Robados, Exportados o Transferidos Ilícitamente entre la República Oriental del Uruguay y la República del Perú, suscrito en Montevideo, el 4 de noviembre de 2002

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

20) Convenio de Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos y el Acuerdo Administrativo para la Implementación del Convenio de Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos, suscritos en la ciudad de Montevideo, el día 11 de octubre de 2005

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

21) "Islas Baleares"

- Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre la Escuela Nº 317 del departamento de Montevideo.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

22, 25, 27 y 30) Numerales octavo, noveno, duodécimo, decimocuarto y decimosexto del Orden del Día. Su postergación

- Por moción de los señores Senadores Cid, Penadés y Michelini, el Senado resuelve postergar la consideración de estos temas.

23) Eduardo Víctor Haedo

- Proyecto de ley por el que se designa con su nombre el Liceo Nº 4 de la ciudad de Maldonado.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

24) Protector de los Pueblos Libres

- Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre el Liceo de Chapicuy, del departamento de Paysandú.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

26) "Isla de las Palomas"

- Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre el Liceo Rural de La Paloma, departamento de Durazno.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

28) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

- Por moción del señor Senador Penadés, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de la sesión hasta concluir con la consideración del Orden del Día.

29) Doctor Jorge Luis Jure Arnoletti. Solicitud de venia para acreditarlo en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República, ante el Gobierno de la República Libanesa

- Proyecto de resolución por el que se concede la venia solicitada.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

31) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 8 de junio de 2007.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 12 de junio, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Exposición del señor Presidente del Senado, por el término de 20 minutos, relacionada con la República de Haití y el desempeño del contingente de las Fuerzas Armadas Uruguayas en dicho país, en el marco de la Misión de Estabilización y Paz de las Naciones Unidas.

Carp. Nº 841/07

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2) por el que se crean normas para la promoción y defensa de la competencia.

Carp. Nº 493/06 - Rep. Nº 468/07 y Anexo I

3) por el cual se aprueba el Acuerdo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Parte del MERCOSUR, suscrito en Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, el 16 de diciembre de 2004.

Carp. Nº 794/07 - Rep. Nº 474/07

4) por el cual se aprueba el Acuerdo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, el 16 de diciembre de 2004.

Carp. Nº 793/07 - Rep. Nº 475/07

5) por el cual se aprueba el Convenio para la Protección, Conservación, Recuperación y Devolución de Bienes Culturales, Arqueológicos, Artísticos e Históricos Robados, Exportados o Transferidos Ilícitamente, entre la República Oriental del Uruguay y la República del Perú, suscrito en Montevideo, el 4 de noviembre de 2002.

Carp. Nº 752/07 - Rep. Nº 473/07

6) por el cual se aprueban el Convenio de Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos y el Acuerdo Administrativo para la Implementación del Convenio de Seguridad Social, entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos, suscritos en la ciudad de Montevideo, el 11 de octubre de 2005.

Carp. Nº 792/07 - Rep. Nº 476/07

7) por el que se designa "Islas Baleares" la Escuela Nº 317 del departamento de Montevideo, jurisdicción Este, dependiente del Consejo Nacional de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. Nº 802/07 - Rep. Nº 466/07

8) por el que se designa "Profesor Julio Fernández" el Jardín de Infantes Nº 88 del departamento de Treinta y Tres, dependiente del Consejo Nacional de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. Nº 803/07 - Rep. Nº 467/07

9) por el que se designa "General Aparicio Saravia", el Liceo Rural de Villa Masoller, del departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. Nº 501/06 - Rep. Nº 480/07

10) por el que se designa "Eduardo Víctor Haedo", el Liceo Nº 4 de la ciudad de Maldonado, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. Nº 529/06 - Rep. 481/07

11) por el que se designa "Protector de los Pueblos Libres", el Liceo de Chapicuy, del departamento de Paysandú, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. Nº 606/06 - Rep. 482/07

12) por el que se designa "Maestro Ruben Lena", la Escuela Nº 3, de Villa María Isabel (Isla Patrulla), del departamento de Treinta y Tres, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. 646/06 - Rep. 483/07

13) por el que se designa "Isla de las Palomas", el Liceo Rural de La Paloma, departamento de Durazno, dependiente del Consejo Nacional de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. Nº 790/07 - Rep. Nº 465/07

14) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo, a efectos de designar como Director del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) al psicólogo Jorge Luis Ferrando Gutiérrez.

Carp. Nº 812/07 - Rep. Nº 457/07

15) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de Acuerdo del Poder Ejecutivo a efectos de acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Libanesa, al doctor Jorge Luis Jure Arnoletti.

Carp. 820/07 - Rep. 484/07

16) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo, a fin de destituir de sus cargos a:

- una funcionaria del Ministerio de Salud Pública - "Administración de los Servicios de Salud del Estado" (ASSE). (Plazo constitucional vence el 26 de julio de 2007).

Carp. Nº 810/07 - Rep. Nº 459/07

- un funcionario del Ministerio de Salud Pública - "Hospital Pasteur". (Plazo constitucional vence el 10 de julio de 2007).

Carp. Nº 783/07 - Rep. Nº 458/07

- un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas - Dirección General Impositiva. (Plazo constitucional vence el 2 de agosto de 2007).

Carp. Nº 817/07 - Rep. Nº 478/07

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alfie, Amaro, Antía, Baráibar, Bentancor, Breccia, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gallinal, Heber, Korzeniak, Lapaz, Larrañaga, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Oliver, Penadés, Percovich, Romero, Sanguinetti, Saravia, Topolansky y Vaillant.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Fernández Huidobro, Lara Gilene y Ríos; y con aviso, la señora Senadora Castro.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 20 minutos)

-Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"El Poder Ejecutivo remite mensaje solicitando venia para destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

- y comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se designa ‘Capitán Manuel Antonio Artigas’ la Escuela Nº 95, Especial para Discapacitados Intelectuales, del departamento de San José.

- por el que se aprueba el Acuerdo sobre Exención de Traducción de Documentos Administrativos para Efectos de Inmigración entre los Estados Partes del MERCOSUR.

- por el que se deroga el Decreto-Ley Nº 14.538, de 25 de junio de 1976, y se designa ‘Barros Blancos’ la actual ciudad denominada Capitán Juan Antonio Artigas, ubicada en la 22ª Sección Judicial del departamento de Canelones.

- por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas de diferentes valores.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se designa ‘Maestra María Teresa Macri’ la Escuela Nº 49 de la localidad de Piedra Sola, departamento de Paysandú, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración de Educación Pública (ANEP).

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

- por el que se dictan normas para la utilización del espectro radioeléctrico y la libertad de expresión a través de los medios de radiodifusión comunitarios.

- A LA COMISION DE POBLACION, DESARROLLO E INCLUSION.

La Cámara de Representantes remite nota comunicando la exposición escrita presentada por el señor Representante Jaime Mario Trobo, referente a la situación del fútbol en el interior.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva los informes elaborados con relación a la solicitud de desafuero del señor Senador de la República Juan Justo Amaro (Artícu-lo 114 de la Constitución de la República).

- REPARTASE. SE ENCUENTRA EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA DE MAÑANA.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- Por el que se designa ‘Maestro Ruben Lena’ la Escuela Nº 3 de Villa María Isabel (Isla Patrulla), departamento de Treinta y Tres, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- Por el que se designa ‘Protector de los Pueblos Libres’ el Liceo de Chapicuy, departamento de Paysandú, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- Por el que se designa ‘Eduardo Víctor Haedo’ el Liceo Nº 4 de la ciudad de Maldonado, dependiente del Consejo Nacional de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- Por el que se designa ‘General Aparicio Saravia’ el Liceo Rural de la Localidad de Masoller, departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informada la solicitud de Acuerdo remitida por el Poder Ejecutivo, a efectos de acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Libanesa, al doctor Jorge Luis Jure Arnoletti.

- HAN SIDO REPARTIDOS. ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Comisión de Defensa Nacional eleva la solicitud de venia del Poder Ejecutivo, a efectos de conferir el ascenso al grado de General del Ejército Nacional, por el Sistema de Selección, al señor Coronel Neris Mauro Corbo López.

- REPARTASE E INCLUYASE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION ORDINARIA.

La Junta Departamental de Colonia remite nota comunicando su apoyo al Proyecto de Resolución remitido por su similar de Treinta y Tres, tendiente a la instrumentación de la enseñanza del lenguaje de señas como materia curricular en las escuelas públicas, y a que en todos los organismos estatales haya funcionarios capacitados para la atención de personas sordas.

La Junta Departamental de Maldonado remite nota adjuntando iniciativa del señor Edil Javier Sena, referente a la implementación por parte del Gobierno Nacional de una rebaja en los porcentajes de cobro de alcantarillado domiciliario.

La Junta Departamental de Durazno remite copia de las palabras vertidas en Sala por los señores Ediles con relación al planteamiento efectuado por los señores integrantes del CSEU, filial Durazno, y solicita el apoyo de esta Cámara al tema de Rendición de Cuentas y Ley de Educación.

- TENGANSE PRESENTES."

4) INASISTENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias, en el caso de que existieran.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

A la sesión ordinaria del día 6 de junio, faltó con aviso el señor Senador Heber.

En lo que respecta a las inasistencias de los señores Senadores a sus respectivas Comisiones, cabe informar que:

- A la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del 6 de junio, faltó con aviso el señor Senador Heber.

- A la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del mismo día, faltó con aviso el señor Senador Ríos.

- A la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del mismo día, faltó con aviso el señor Senador Moreira.

- A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del mismo día, faltaron con aviso los señores Senadores Breccia y Lorier.

- A la sesión de la Comisión de Presupuesto del mismo día, faltó con aviso, por asistir a otra Comisión, el señor Senador Vaillant.

- A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 7 de junio, faltaron con aviso los señores Senadores Abreu, Heber y Larrañaga.

- A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del mismo día, faltaron con aviso los señores Senadores Da Rosa y Gallinal.

- A la sesión de la Comisión de Salud Pública integrada con Hacienda del mismo día, faltaron con aviso los señores Senadores Heber, Larrañaga y Semproni.

- A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del mismo día, faltaron con aviso los señores Senadores Gallinal y Romero.

- A la Comisión de Defensa Nacional del mismo día, faltó con aviso el señor Senador Moreira.

5) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa informa que el señor Senador Fernández Huidobro ha presentado un certificado médico donde consta que se le recomienda hacer reposo durante treinta días, por lo que solicita prórroga de la licencia que ya le fuera concedida por este Cuerpo, a partir del día 20 de junio y hasta el 4 de julio inclusive.

Se va a votar si se amplía la licencia concedida.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) DIFERENTES PLANTEAMIENTOS RELACIONADOS CON NUEVA PALMIRA Y SUS INMEDIACIONES

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Muchas gracias, señor Presidente.

Hoy voy a plantear asuntos de diversa índole pero todos de interés para la comunidad y que hacen a consolidar su desarrollo.

En primer lugar, Nueva Palmira tiene hoy el segundo puerto del Uruguay. Es la salida al mar hacia todos los puertos del mundo de las mercaderías de los países de la Cuenca del Plata, de la inmensa mayoría de los granos nacionales de exportación. La naturaleza proyectó a Nueva Palmira.

Tres puertos, más otros en proyecto. Doce firmas con depósitos de granos o mercaderías en tránsito, más ampliaciones y nuevos depósitos, están "en bandeja de salida" para un futuro cercano. La producción nacional de granos y la que baja por la Hidrovía, de países como Paraguay y Bolivia, han colapsado las capacidades de almacenaje.

Una ciudad que creció en el comercio mercantil, pero quedó en el ayer en infraestructura y servicios.

La mayoría de los operadores portuarios y los vecinos opinan que tienen el principal puerto granelero del país y el segundo nacional, pero la ciudad como tal se quedó en el tiempo. El gran reclamo es que la ciudad no siga colapsada en capacidad de depósitos de granos, en falta de puertos, de rutas y servicios apropiados.

A fines de 2004 comenzaron los trabajos de reconstrucción de la mitad del tramo de la Ruta 21, entre Nueva Palmira y Dolores en una primera etapa, por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de la empresa Alvaro Palenga.

Las tareas durarían 18 meses pero, señor Presidente, han pasado 30 meses, un año más, y las mismas están muy lejos de finalizar, restando aún entre seis y nueve meses más de trabajo, y para peor se paralizaron, sí escucharon bien, están detenidas y con la incertidumbre de no conocerse fecha de reanudación.

La empresa a comienzos de este mes retiró parte de las maquinarias, y no todas, porque los obreros ocuparon el obrador y no permitieron que se las llevaran.

La firma aduce falta de pagos del Gobierno Nacional que no le permite hacer frente a los gastos que origina la obra, entre ellos los salarios del personal que reclama incumplimiento de la empresa Palenga.

Lo cierto es que existe una enorme preocupación en la región por este hecho.

A su vez el estado del pavimento de balasto es lamentable. Dos puentes fueron derribados y por ahora se pasa por el costado, pero cuando se produzcan lluvias superiores a 50 milímetros, se desbordarán los arroyos, desaparecerán los improvisados puentecitos y la Ruta 21 quedará cortada.

Esta situación ocasiona graves perjuicios para los productores, los camioneros, los vecinos, los estudiantes, los docentes, el transporte de pasajeros, etcétera, en una Ruta 21 que tiene cada vez más tránsito entre Dolores y Nueva Palmira.

Urge que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas encuentre pronto las soluciones para reanudar la ejecución de los trabajos que ya estaban atrasados, y hoy detenidos por las circunstancias que les he relatado, esperando que pronto culmine este calvario.

(Ocupa la Presidencia la doctora Mónica Xavier)

- A su vez la gente de la región también reclama por la reconstrucción total de la Ruta 21, entre Nueva Palmira y Dolores, la reconstrucción de la Ruta 12, la construcción de nuevos accesos evitando el pasaje de camiones por las plantas urbanas de Dolores y Nueva Palmira, la reconstrucción del puente del Sauce, el primero de hormigón del país, que cumple cien años en diciembre.

En Nueva Palmira impulsan la construcción de una nueva playa de estacionamiento para camiones y terminación de la actual, instalación de una estación de combustible fuera de la ciudad, y otros servicios incluidos los de primeros auxilios, en las proximidades del área portuaria. También ampliación urgente del muelle oficial y preparar una sala de emergencia hospitalaria para cubrir emergencias de magnitud.

Haciéndome eco de los reclamos de productores agrícola-ganaderos, industriales, prestadores de servicios, operadores portuarios y vecinos, pido que en bien de la región suroeste del país y de esta ciudad puerto en particular sean atendidas estas necesidades prontamente.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, de Economía y Finanzas y de Salud Pública, a la Dirección Nacional de Vialidad, a la Administración Nacional de Puertos, a ANCAP y a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales de Colonia y Soriano.

7) DESABASTECIMIENTO DE SUPERGAS EN MONTEVIDEO

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Para referirse a otro tema, continúa en el uso de la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Segundo punto. Preocupado por el tema, me voy a permitir leer un editorial del diario ‘El Telégrafo’ de Paysandú, cuyo contenido compartimos totalmente.

Este fin de semana el aumento de la demanda por las bajas temperaturas y el retraso de un barco agotaron el stock de supergás en Montevideo, generando una crisis de abastecimiento.

Las empresas de distribución indicaron que en mayo los pedidos crecieron entre un 20% y un 40%, lo que es normal si se considera que la demanda de supergás tiene directa relación con las necesidades de calefacción en nuestro país. Como es de suponer que crezca la demanda en estos meses, es habitual que ANCAP refuerce la producción de la refinería de La Teja, pero este año no fue posible porque está cerrada, en etapa de mantenimiento desde el 16 de abril.

El Director de ANCAP, Germán Riet, argumentó que el mantenimiento de la refinería era necesario, ya que debe realizarse cada dos años y hacía cuatro que no se cumplía, por lo que se procurará el arribo de otros cargamentos de gas de Petrobrás Argentina para evitar nuevos desabastecimientos.

La repercusión se sintió en Montevideo, ya que en el interior los distribuidores -considerando las habituales demoras por traslados y distancia- cuentan con un stock propio en cada departamento.

Que las garrafas en los domicilios estén un día sin reponerse no es la peor catástrofe en nuestro país, porque con un poco más de abrigo o una estufa eléctrica se resiste. Sin embargo, lo que resulta triste es la confirmación de que la previsión no es una de nuestras características como país. Cuando las cosas funcionan, no es mérito de nadie sino sencillamente arte de la casualidad, y cuando hay una contingencia -aunque sea pequeña- primero sufrimos las consecuencias y después la "emparchamos" hasta que dure, y la famosa frase "lo atamos con alambre" de la canción de Ignacio Copani parece tener cada vez mayor actualidad.

¿Por qué sabiendo que la refinería no está operativa se demora la solicitud del cargamento? Estas son preguntas obvias que surgen al presentarse esta situación, pero resta conocer el impacto que, en los costos para ANCAP y en los servicios básicos para muchos uruguayos, éstas maniobras implican.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ministerios de Industria, Energía y Minería, y de Economía y Finanzas, a ANCAP, al diario "El Telégrafo" y a la Organización de Prensa del Interior.

8) VACUNA PARA PREVENIR EL CANCER DE UTERO

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Para referirse a otro tema, continúa en el uso de la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Tercer punto. La vacuna que protege a las mujeres del cáncer de útero, de amplia difusión en el mundo, se utiliza en Argentina, Brasil, Europa y Estados Unidos, evitando -con un porcentaje del 100%- este terrible mal que mata a casi 150 mujeres por año en Uruguay.

El Ministerio de Salud Pública ha argumentado que está estudiando su efectividad en los uruguayos, como si ‘uruguayo’ fuera una etnia o un grupo humano específico.

El otro argumento es que debe analizarse el costo.

En nuestro país, desde siempre, la vacunación es gratis -de polio, tétano, difteria, varicela o gripe-; sin embargo el Ministerio dice que está estudiando el tema. No puede argumentar razones de quién es el proveedor, porque la vacuna la compra la Organización Mundial de la Salud y luego la distribuye a los Estados.

Estamos hablando de tres dosis por año a quince mil niñas que no hayan tenido relaciones sexuales, a un costo por persona de US$ 360, o sea, US$ 5:400.000 por año. Este es el asunto. Con ello 150 mujeres por año dejarán de morir por cáncer de útero, y dejarán el penoso vía crucis de la radioterapia.

Es hora de que las autoridades asuman la responsabilidad, porque la actitud del Gobierno solo afecta a los pobres, porque los que tienen recursos van al exterior un fin de semana con sus hijas y las vacunan.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a la Presidencia de la República, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a los Ministerios de Salud Pública, de Educación y Cultura, de Desarrollo Social y de Economía y Finanzas, a la Organización Mundial de la Salud y al Instituto Nacional de la Mujer.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Se van a votar los trámites solicitados por el señor Senador con relación a sus tres intervenciones.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) ROSA LUNA. HOMENAJE A SU MEMORIA A REALIZARSE EL 12 DE JULIO

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: en este mes se cumplen años del nacimiento -el 20 de junio- y de la muerte -el 13 de junio- de una gran mujer uruguaya, que debe ser recordada por muchas razones: me refiero a Rosa Luna.

En el caso de su cumpleaños, si hoy nos estuviera acompañando físicamente, estaríamos celebrando sus setenta años. Ello nos hace pensar que en aquel aciago 1993, cuando partió a tierras lejanas, tenía solamente 55 años. ¡Qué temprano se nos fue esta gran mujer!

Evocar a Rosa Luna es evocar el conventillo del "Medio Mundo" -"el caserón de chocolate" como lo definiera Carlos Páez Vilaró-, donde naciera y mamara el sabor del candombe, entre otros, de su padre Alberto "Fino" Carballo; ese templo de la cultura popular que, como tantas otras cosas, arrasó la dictadura.

Sus inicios como vedette se desarrollan allá por los años cincuenta, en las épocas en que "la diosa Gularte plumereaba su reinado", como bien dicen los versos de mi coterráneo "El Sabalero".

No era fácil destacarse cuando Martha Gularte era el referente a alcanzar. En su libro "Sin tanga y sin tongo" -título más que ocurrente-, Rosa Luna refleja muy bien este particular momento: "Es interesante separar colegas de rivales. Colegas tuve y tengo un millón. Rival, una sola: Martha Gularte". Por ello, cuando alcanza su apogeo e instala su reinado, lo que ocurre por los años sesenta, no solamente es un triunfo de su arte y de la estética voluptuosa de su cuerpo, sino también la consagración del arte de raíces negras en el Uruguay, su definitiva integración como nuestro arte, como nuestras raíces, es decir, de todos los uruguayos. A partir de ese momento, muchos artistas le tributan su homenaje, entre otros, Carlos Páez Vilaró, Horacio Guaraní, Washington "Canario" Luna y José Carbajal, "El Sabalero".

Esto es una victoria sobre la discriminación y sobre los guetos para una raza, en un país como el nuestro, que tiene tantas cosas maravillosas pero que a veces exhibe también una maravillosa hipocresía y un doble discurso que no reconoce inhibiciones, el cual se ha manifestado en esa orgullosa afirmación de que nadie es más que nadie, que a veces -más de las que debería- se estrella contra la realidad.

Por esta razón, homenajear a Rosa Luna, tal como lo estamos haciendo en la tarde de hoy, es también una forma de expresar nuestro compromiso con las minorías postergadas de nuestro pueblo y nuestra solidaridad con aquellos que sufren discriminación por causa de su raza o de su religión y con aquellos de quienes ni siquiera reconocemos su existencia, como acontece con los descendientes de nuestros indígenas o con quienes discriminamos por tener alguna discapacidad.

No podríamos finalizar esta breve semblanza de esta gran mujer, que supo lucir su arte con "Morenada", "Serenata Africana", "Marabunta" y "Palán Palán", sin mencionar dos de sus amores: uno de ellos es el fútbol, y dentro de este deporte, su querido Nacional, que acompañó desde la Amsterdam, con sol y con lluvia, para deleite de sus hinchas, entre los que me encontraba; y el otro, Wilson, nuestro gran caudillo, del que dijo: "Yo creo que a los elegidos como Wilson que actúan buscando el bien de la sociedad, sólo un Dios puede juzgarlo. Y cualquiera sea el fallo, no dudo que la historia lo mantendrá en su total dimensión".

Su fallecimiento se produce un 13 de junio -por lo que mañana se cumplirán catorce años- en Toronto, Canadá, donde se encontraba de gira. Cuando su cuerpo fue traído a Montevideo, el recibimiento popular fue inolvidable.

El 12 de julio vamos a realizar un homenaje a Rosa Luna en una de las Salas de este emblemático Palacio Legislativo y confiamos que otros Legisladores y numerosos uruguayos, en general, nos estarán acompañando. Esto es inspirador para los uruguayos que queremos construir una sociedad mejor y además para nosotros es un placer seguir evocando "la danza de Rosa Luna en el antiguo empedrado".

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a Mundo Afro, a Cuareim 1080, a DAEPCU, a la Asociación Cultural Tangó, a Serpentina, al Ministerio de Educación y Cultura, a las Juntas Departamentales de todo el país y, por supuesto, a su familia.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) IMPUESTO AL USO DE ARMAMENTOS

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Continuando con la hora previa tiene la palabra el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señora Presidenta: me propongo desarrollar en diez minutos el esbozo de una utopía que, con otras características pero con la misma esencia, habíamos presentado en alguna Legislatura anterior.

Se basa en lo que se conoció en el mundo -sobre todo en el de la economía y, quizás, en el de la filosofía- como la Tasa Tobin, aquella especie de impuesto mínimo que gravaría todos los movimientos financieros predominantemente especulativos con el cual, en los cálculos que este genial hombre hacía, se eliminaba prácticamente la pobreza de todos los niños del mundo.

Recuerdo que en varios países se formó un movimiento de apoyo; en el Uruguay existe y tiene, sin duda, como finalidad ir contra la pobreza, estar a favor de la paz e impregnado de un gran universalismo. Dicho movimiento tuvo alguna vinculación -como ocurre en nuestro país- con la época en que se difundió una gran idea -¡que vaya a saber por qué razones ha sido totalmente abandonada!- que consistía en establecer el esperanto como idioma universal que contribuyera a unir a todos los pueblos del mundo y a hacer ver al ser humano que pertenece a una especie y que toda la humanidad sería una integración más que regional, es decir, la más importante de todas, siendo, finalmente, el país la humanidad.

Me consta que en determinados momentos, con todos los problemas domésticos y cotidianos que tenemos, puede pensarse que plantear cuestiones de esta naturaleza no deja de ser una utopía, pero es saludable que de vez en cuando lo hagamos. Personalmente -por razones ideológicas y algunas otras que quizás tienen que ver con mi propia biología-, tengo esas etapas de pensamientos universalistas que me atrapan y me incitan a decir lo que estoy expresando. Con una osadía intelectual que reconozco -podríamos decir, casi un atrevimiento intelectual-, diría que, inspirado en esas ideas del genial Tobin, mi propuesta de hoy es distinta.

Llevando el tema al idioma cotidiano del Derecho Financiero, diría que habría que hacer una variación en el mundo actual del hecho imponible del que hablaba Tobin, que eran los movimientos especulativos financieros en el mundo, el cero y pico por mil que él ponía como impuesto sobre esos movimientos. Teniendo en cuenta en la actualidad la cantidad de billones de dólares que en los últimos diez años se han gastado en armamentos -me refiero a billones tanto en el sentido en que lo usan los norteamericanos, que son los mil millones, como los millones de millones, que es como lo entendemos nosotros-, ese impuesto estaría concebido -para que la utopía sea tal- en un 2 por mil sobre lo que se gasta en la producción y venta de armamentos, pero propondría que fuera de un 4 por mil de lo que se gasta en el uso de armamentos. Estoy pensando en hacer todos los esfuerzos posibles para que el Uruguay plantee esta propuesta en todos los ámbitos internacionales donde actúa. El sujeto pasivo de esto -bajando al lenguaje cotidiano del Derecho Financiero- serían todos los países del planeta, sin excepciones, es decir, los ricos, los pobres, los pacifistas y los guerreristas.

Reitero que el armamento sería el hecho imponible. Desde luego, esta idea central es una ilusión, pero basta realizar dos o tres operaciones -que hasta yo podría hacer, porque no son difíciles- para darse cuenta de que si eso se pudiera establecer en un planeta civilizado, la pobreza en el mundo prácticamente desaparecería, sobre todo para los niños, lo que significaría que dentro de unos años no existiría.

En una publicación muy completa del Instituto Internacional para la Investigación sobre la Paz se divulgaron hace poco algunas cifras de lo que cada país gasta en armamento, ya sea en su producción, compra, fabricación o uso. Por ejemplo, en el año 2006, el 46% de los armamentos los gastó, los usó y los fabricó Estados Unidos, al que siguen, en porcentajes mucho menores, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, China y Japón.

Es verdad que en una primera impresión la idea aparece como una utopía tan irrealizable que cae descolgada en una sesión del Senado uruguayo; pero cuando alguien planteó la idea del voto universal -que se llevó a cabo en países muy pequeños de Europa- por primera vez en un pueblito de Alemania -según mis modestas investigaciones-, era algo impensable y la famosa democracia ateniense de la Edad Media que siempre se citaba era un ejemplo democrático a pesar de que tenía un 20% de ciudadanos y un 80% de esclavos. Sin embargo, se sigue hablando de la democracia ateniense y hoy en día constituye una utopía que se ha hecho realidad.

También la clasificación de las formas de gobierno que hizo Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, distinguiendo entre gobiernos puros e impuros según los gobernantes actuaran en interés propio o del pueblo, constituía una utopía para esa época. Era algo totalmente impensable en ese momento; sin embargo, actualmente está más vigente que nunca. De modo que hay muchas utopías que se han alcanzado.

El Uruguay, por mil razones que no tengo tiempo de explicar pero que me gustaría contarles algún día, está en condiciones de que no lo miren con sonrisas irónicas cuando realice este planteo en todos los ámbitos en que sea necesario si lo hace con claridad y con crudeza, dada la cantidad de blasones que tiene en materia de cumplimiento del Derecho Internacional. Me refiero, por ejemplo, a las Naciones Unidas, sobre todo en el Consejo Económico y Social, en las Comisiones de Derechos Humanos, en la Asamblea General y en cualquier organismo universal o regional en el que no haya derecho de veto, porque este sería un síntoma de que no tenemos la posibilidad de veto en los organismos internacionales. Por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas todos se reirían si alguien planteara algo así. A lo mejor muchos se ríen ahora también al plantearlo en este ámbito; personalmente, no me río.

Voy a solicitar que la versión taquigráfica de estas palabras sea remitida a la Cancillería y al Consejo de Ministros, ofreciendo aportar algunas ideas para que el planteo se concrete por Uruguay a todos los niveles internacionales que sea posible. Se trata de un tema que, por razones comprensibles de pertenencia partidaria, he conversado hace muchos años con el señor Canciller y también con el señor Presidente de la República, de manera que no les va a sorprender que les lleguen estas palabras. Seguramente me pedirán que concrete de inmediato alguna propuesta estableciendo cuál sería el órgano encargado del control de la recaudación y de la distribución del impuesto, cuáles los criterios para dicha distribución y qué pasaría si dos o tres potencias dijeran que, se resuelva lo que se resuelva, no van a hacer caso.

Termino con la siguiente reflexión: ¡qué puede representar para los países que gastan tanto en armamento un 2 por mil sobre los gastos y cuántos beneficios aparejaría para la humanidad!

Solicito nuevamente que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al Consejo de Ministros y a la Cancillería del Uruguay.

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 15 en 16. Afirmativa.

11) MALA CALIDAD DEL GASOIL. REPERCUSIONES EN MOTORES CON SISTEMA HDI

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Señora Presidenta: en la tarde de hoy queremos referirnos a una situación que se viene dando con relación a los vehículos con motor a gasoil que tienen el sistema HDI.

Como consecuencia de la pésima calidad del gasoil que produce actualmente ANCAP, estos vehículos están teniendo serios problemas que realmente le ocasionan perjuicios en su funcionamiento y que lleva a que, a la mitad de los kilómetros en que estaba previsto, deban hacer mantenimiento y correcciones, producto del deterioro que produce el exceso de azufre del combustible que está refinando ANCAP hoy en día.

El perjuicio económico que se está ocasionando a miles de compatriotas que invirtieron no poco dinero en la compra de su vehículo es impresionante. Varias marcas han anunciado ya que han dejado de importar y que no pondrán más a la venta en el mercado nacional vehículos con este sistema de motor, debido a que no quieren hacerse responsables de los daños que la pésima calidad del gasoil uruguayo les ocasiona. Sin embargo, el daño no repercute solamente en el motor, señora Presidenta, sino también en el bolsillo de los ciudadanos que invirtieron sus recursos en comprar estos vehículos y que hoy se ven tremendamente perjudicados.

Repito que estos vehículos fueron pensados para recibir los primeros mantenimientos de alto nivel cuando han recorrido más de 300.000 kilómetros, pero en muchos de ellos ha debido abrirse el motor a los 150.000 kilómetros o menos. ¿Quién paga dicho perjuicio? El pobre ciudadano que tuvo la mala idea de hacer una inversión no menor en dólares con una enorme presión tributaria para comprar estos vehículos.

La pregunta que uno se plantea es quién defiende a estos ciudadanos. ¿Quién hace que la inversión en algo que se ha deteriorado, se les resarza de alguna manera, que la puedan recuperar o, en todo caso, que el vehículo pueda seguir manteniendo su valor? Estos ciudadanos hoy se ven perjudicados por algo que no ha sido responsabilidad de ellos, que es el refinamiento de un pésimo combustible.

Creo que este tipo de situaciones que afecta a no pocas personas sino a miles de uruguayos, deberían ser consideradas por el Gobierno con mucha atención. Asimismo, pensamos que instituciones como la Liga de Defensa Comercial o las que defienden al consumidor, deberían tomar cartas en el asunto exigiendo la inmediata atención de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland en el sentido de mejorar de inmediato la calidad del gasoil que produce o de pensar en la importación de gasoil refinado, que en la región se produce con mejores estándares de calidad. Tomando estas medidas se dejaría de perjudicar a tantos orientales que hoy, lamentablemente, se ven afectados por una razón absolutamente exógena a sus responsabilidades.

En razón de lo expuesto, señora Presidenta, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase al Ministerio de Economía y Finanzas, a ASCOMA, a la Liga de Defensa Comercial, a la Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor y a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland.

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) TRABAJO INFANTIL

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Continuando con la hora previa, tiene la palabra la señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señora Presidenta: no quería que pasara este 12 de junio, día en que reflexionamos internacionalmente sobre el trabajo infantil, sin referirme al tema, ya que los Legisladores y las Legisladoras todavía tenemos una deuda de adecuación de estos capítulos en el Código de la Niñez y la Adolescencia.

En un país donde lamentablemente hay demasiados niños y adolescentes que más que trabajar diría que desarrollan estrategias de sobrevivencia, creo que las autoridades que cumplen un rol rector con relación a las obligaciones para con esos niños, cuyo principal derecho es no tener que abandonar el sistema educativo y sí poder completarlo y, por supuesto, también poder jugar y crecer con la mayor cantidad de posibilidades, tienen una responsabilidad especialmente importante al respecto.

En el actual Código se deben introducir algunas modificaciones -más allá de que el capítulo es bastante completo- con relación a las tareas y condiciones nocivas de trabajo. En ese sentido, pienso que debemos incorporar algo que no quedó aprobado en ocasión de la sanción del Código en el año 2004, y tiene relación con que no es sólo el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay el que debe definir el listado de tareas que podrían no ser nocivas en caso de que las cumplieran, sobre todo, adolescentes; habría que introducir, además, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque es bueno que el organismo encargado de esta responsabilidad tenga una mirada específica sobre la niñez y la adolescencia, ya que los inspectores deben ser capacitados en esta área. Es de señalar que a lo largo de estos años los Legisladores y las Legisladoras hemos recibido denuncias de algunas infracciones con relación a que los niños cumplan, a veces con sus familias, algunas tareas que ciertamente no son para su edad.

Otro elemento que nos parece que también debemos debatir -son todos temas muy discutibles, pero para eso estamos los Legisladores- es la posibilidad de la habilitación del trabajo artístico y deportivo. La tendencia de discusión del comité específico que existe en el Uruguay -que se ha reunido sistemáticamente durante años al respecto y que integran el INAU, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y organizaciones no gubernamentales que trabajan en los temas de la niñez y la adolescencia- es la prohibición de ese trabajo. Sin embargo, hay un reclamo real a nivel cultural, como por ejemplo la participación, sobre todo de los adolescentes en la época de Carnaval, en algunas actividades que requerirían, por lo menos, un control del INAU y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como la existencia de normas claras al respecto. Nos parece que allí, en general, hay una atención de distintos organismos del Estado que debería estar mejor reglamentada que en el actual Código.

Por último, pensamos que también habría que modificar y afinar el artículo 167 del actual Código, que tiene que ver con el carné que tendrían los niños y adolescentes habilitados para poder cumplir alguna tarea. Nos parece que allí habría que profundizar un poco los pasos que corresponden al INAU y las formas en que debería entregarse ese carné, cómo debe renovarse, así como los plazos y las condiciones específicas a exigir para el examen médico. Creemos que este es todo un tema de cambio de cultura, específicamente en los ámbitos de la salud, y que, muchas veces, da lugar a malas interpretaciones del sistema médico, así como con relación a la posibilidad de la habilitación correspondiente. Muchas veces hemos recibido denuncias de adolescentes que al ir a buscar ese apoyo desde los organismos del Estado vinculados a la salud, si no concurren acompañados por un mayor, no pueden retirar la habilitación médica correspondiente. Consideramos que la protección de la salud y el seguimiento de ese adolescente es una responsabilidad que no podemos rehuir de ninguna manera y, además, es algo que está habilitado por los primeros artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia que, justamente, recoge los derechos y obligaciones que tienen los niños, las familias, la comunidad y el Estado a ese respecto.

Por lo expuesto, solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras pase -que es un adelanto de la discusión que deberemos tener, entre otros, en este ámbito legislativo- al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que son dos de los organismos implicados en este tema.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Se va a votar el trámite solicitado por la señora Senadora Percovich.

(Se vota:)

- 15 en 17. Afirmativa.

13) DESEMPEÑO DEL CONTINGENTE URUGUAYO EN HAITI

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- El Senado ingresa al Orden del Día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Exposición del señor Presidente del Senado, por el término de 20 minutos, relacionada con la República de Haití y el desempeño del contingente de las Fuerzas Armadas Uruguayas en dicho país, en el marco de la Misión de Estabilización y Paz de las Naciones Unidas (Carp. Nº 841/07)".

Tiene la palabra el señor Presidente del Senado.

SEÑOR NIN NOVOA.- La verdad es que este viaje a Haití que realizamos en el mes de mayo, autorizados por este Cuerpo, me ha motivado para compartir con los señores Senadores las experiencias vividas durante cinco días en ese país.

Naturalmente, como dice el título de la presentación, el motivo fundamental de este viaje fue acompañar a los soldados de nuestras Fuerzas Armadas que se están desempeñando en el marco de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). Lo hicimos acompañados por el señor Comandante en Jefe del Ejército, Teniente General Jorge Rosales, que por cierto nos honró con su compañía durante toda la misión. Asimismo, quiero destacar que fui acompañado por el Embajador del Uruguay ante la República Dominicana, que es Embajador concurrente en la República de Haití, señor Duncan Croce.

No quiero ofender la inteligencia ni el conocimiento de los señores Senadores, pero me parece imprescindible hacer una brevísima referencia geofísica sobre la República de Haití para ubicarnos con algunos datos, porque la sola mención de los números puede causar alguna impresión.

Haití tiene una superficie aproximada de 25.000 kilómetros cuadrados, similar a la de los departamentos de Cerro Largo y Paysandú juntos. Ambos departamentos del Uruguay tienen, sumados, unos 220.000 ó 230.000 habitantes aproximadamente, mientras que en Haití, en esa misma superficie, viven unos 8:500.000 de personas, de las cuales el 95% son negros y el 5% restante mulatos. Sin lugar a dudas, componen una de las sociedades más pobres del hemisferio occidental y, también, del mundo, con una renta per cápita de U$S 510 por año, lo que habla claramente de las necesidades y de las vicisitudes a las cuales está sometido ese pueblo.

La llegada a Puerto Príncipe, su capital, con 2:000.000 de habitantes, resulta altamente impactante. Da la sensación de que la gente vive en la calle, come en la calle, se asea en la calle y cocina en la calle; creo que solamente entra a sus casas para dormir, en la noche. Es un gran mercado permanente donde todo se intercambia en la acera pública. Allí se hace el pan, se cocina, se vende la mandioca y el carbón, que es el sistema de cocción de más del 90% de los haitianos.

Hace unos días, estuve leyendo el libro "Una verdad inconveniente", de Al Gore -lo recomiendo y tuve el honor de presentarlo en el Uruguay-, que tiene una muestra fotográfica formidable. Trae una foto -lo pude comprobar directamente- de la línea divisoria entre Haití y la República Dominicana: cuando uno la traspasa, ve claramente el momento en que deja un país e ingresa al otro, por el desarrollo de la vegetación de la República Dominicana en contraste con la realidad de Haití. Cuando uno recorre sus calles y ve, básicamente en Puerto Príncipe, cómo las mujeres haitianas salen todos los días con una chismosa a comprar uno o dos kilos de carbón vegetal, entiende el drama de la deforestación. No tienen otro sistema de cocción más que el de quemar carbón en una especie de parrillero donde hacen sus comidas diarias.

Sólo el 4% de los haitianos tiene una canilla que les habilita a tomar agua potable; el resto tiene que procurársela a través de algunas canillas públicas y, básicamente, de las lluvias. Es muy común ver a la gente bañándose en las veredas, en donde desaguan las canaletas en los días de lluvia. Prácticamente no existen calles asfaltadas, ni mucho menos carreteras; todas las calles son de piedra, de tierra, de tosca, de balasto. También hay un problema muy grande con la luz, puesto que no hay energía eléctrica, cosa que se repite en República Dominicana, en donde los apagones duran cuatro, cinco, seis, siete u ocho horas, por lo que la mayoría de las casas tiene -obviamente, eso no sucede en Haití porque el nivel de ingresos no lo permite- sus propios equipos generadores.

Digo que la historia de Haití es una historia por el poder entre negros y mulatos. Haití, ubicado entre Cuba y Puerto Rico, que ocupa el tercio oeste de la isla La Española -que, como todos sabemos, fue a la que arribó Colón en 1492-, mientras que el resto pertenece a la República Dominicana, fue un centro muy importante de tráfico de esclavos. De manera que eso explica esta población, esta raza, esta etnia de 95% de negros en este país.

Esta lucha entre negros y mulatos también deviene de una lucha por la emancipación, por la liberación y por la abolición de la esclavitud. Haití fue uno de los primeros países -si no el primero- que proclamó su independencia, como recordábamos hoy, en otro ámbito, con el ex Presi-dente Sanguinetti. En 1791, el héroe nacional, un negro llamado Toussaint L’Ouverture, fue el que por medio de una revuelta de los negros abolió la esclavitud, impulsado naturalmente por las tendencias y las ideas liberales de la Revolución Francesa, que proclamaban ya la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pero una vez que los franceses supieron que L’Ouverture quería implantar en Haití una república negra, inmediatamente, en 1802, lo hicieron prisionero, muriendo en cautiverio en el año 1803. Lo sucede el señor Jean-Jacques Dessalines, que expulsa a los franceses en 1804, proclama la independencia de toda la isla La Española -quedando toda ella con el nombre Haití- y se convierte en el emperador Jacques I, siendo asesinado en 1806.

En 1843, el este hizo una secesión definitiva y pasó a ser República de Santo Domingo, hoy República Dominicana, y el oeste pasó a ser Haití. En 1844, Faustine Soulouque impulsó una revolución agraria llamada "de los piquets", se proclamó emperador Faustine I y lanzó una severa represión contra los mulatos, reinando despiadada y brutalmente durante diez años. Fue destronado en 1859 por un mulato, Nicolás Geffrard, que restauró la república y gobernó hasta 1867.

Hasta 1910 el país fue gobernado exclusivamente por los mulatos y tuvo un período de relativa prosperidad y desarrollo. Fue entonces que los Estados Unidos empezaron a interesarse en esta prometedora isla y terminaron ocupándola militarmente en 1915, permaneciendo en ella durante casi veinte años, hasta 1934. Bajo la ocupación norteamericana se sucedieron, como los señores Senadores pueden imaginar, innumerables revueltas sociales que propiciaron la llegada al poder del ejército. Diversas juntas militares se fueron sucediendo en el poder hasta que, en 1957, llegó el más conocido de todos los presidentes y tiranos de Haití: François Duvalier, llamado "Papa Doc". Apoyado en una milicia paramilitar denominada "Voluntarios de la Seguridad Nacional", conocidos como "tonton-macoutes", sembró el temor y sofocó cualquier clase de resistencia. François Duvalier fue electo Presidente, pero en 1961 disolvió el Parlamento, en 1964 se declaró Presidente vitalicio y, con los "tonton-macoutes", impulsó una campaña sangrienta contra los opositores. En el año 1967 se realizaron en Haití dos mil fusilamientos, es decir, casi siete por día.

En enero de 1971, la Asamblea Nacional enmendó la Constitución para permitir a Duvalier designar a su hijo Jean Claude como su sucesor. Una vez muerto su padre, quien todos recuerdan como "Baby Doc" asumió a los diecinueve años de edad, y gobernó igual que aquél hasta que, en 1986, fue derrocado por un levantamiento popular.

Por cierto que el fin de la era Duvalier no significó sin embargo el fin de la dictadura. Se sucedieron golpes de Estado entre militares que se derrocaban unos a otros hasta que en 1990 Jean Bertrand Aristide, un sacerdote católico que se había hecho abogado de los pobres, obtuvo una victoria electoral aplastante, no obstante lo cual fue derrocado en 1991 por un golpe militar que las Naciones Unidas y la OEA se apresuraron a condenar y a decretar sanciones contra el régimen de Raúl Cedrás. El país fue sometido a un bloqueo económico a partir de 1993 y, finalmente, los Estados Unidos decidieron una intervención militar en setiembre de 1994. El Presidente Aristide fue restablecido en sus funciones en octubre de ese año, cuando su mandato llegaba a su fin.

En diciembre de 1995, y debido a sus éxitos económicos, su Primer Ministro, René Préval, fue elegido Presidente, con un 88% de apoyo. En este sentido, hay que destacar que en Haití vota aproximadamente un 30% de los habilitados, por razones hasta de imposibilidad de transporte y de movilización. Al sustituir a Aristide, Préval se transforma en el único Presidente electo en reemplazar a otro Presidente electo en doscientos años; es decir que había que remontarse doscientos años para encontrar un Presidente que hubiera sido sustituido por otro Presidente democrático.

Luego lo sucedió nuevamente Aristide en el año 2001, quien al restablecer relaciones diplomáticas con Cuba y acercarse políticamente a Venezuela, se granjeó la antipatía de los Estados Unidos, que alentó un golpe militar en 2004 que lo derrocó, secuestró y deportó a la República Centroafricana, llevado por el Ejército de aquel país.

A partir del derrocamiento de Aristide, el país se sumergió en la anarquía total y resurgieron episodios violentísimos protagonizados básicamente por bandas armadas que venían de la liquidación de los ejércitos y de la policía. Precisamente, el hecho de que hubieran quedado armadas, constituye uno de los gravísimos problemas que hasta el día de hoy tiene esta República porque, además, se dedicaban a controlar las operaciones de contrabando, de tráfico de armas y de drogas, la trata de personas, etcétera. Estos episodios violentísimos culminaron con la intervención en Haití de los Cascos Azules de las Naciones Unidas. Naturalmente que la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas ya habían comenzado su participación en febrero de 1993, cuando desplegaron una operación conjunta por mandato del Consejo de Seguridad.

Es decir que no hay una irrupción de un día para otro, sino que se trata de un proceso continuo de descaecimiento de la calidad de vida en el país, que obligó a los organismos internacionales a ir tomando, muchas veces a pedido del propio Presidente, como vamos a ver ahora, acciones en ese sentido. Cuando el 29 de febrero de 2004 Aristide fue derrocado, asumió el Presidente de la Corte Suprema, y entonces presentó una solicitud autorizando la entrada de tropas de las Naciones Unidas a Haití. En respuesta a esa solicitud, el Consejo aprobó una resolución autorizando el despliegue de la Fuerza Multinacional Provisional -así se llamaba en un inicio- que, en consulta con el Presidente interino y el Primer Ministro, formaron un gobierno de transición compuesto de trece miembros. Este gobierno logró un amplio consenso con los representantes de los partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil, que firmaron el llamado "Pacto de Consenso sobre la Transición Política", por el cual se celebrarían elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales en 2005, además de adoptar medidas en materia de seguridad, desarrollo, lucha contra la impunidad y la corrupción, descentralización, reforma judicial, consolidación institucional de los partidos políticos y de las organizaciones de la sociedad civil, así como también que los firmantes entablaran conversaciones con las Naciones Unidad con respecto al Estatuto de la Fuerza Multinacional Provisional y el seguimiento de la operación de mantenimiento de la paz.

Estos Acuerdos permiten que el Secretario General de las Naciones Unidas recomiende el establecimiento de una operación de estabilización multidimensional, que se denominará "Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití", MINUSTAH. El 30 de abril de 2004, el Consejo de Seguridad aprueba la Resolución Nº 1.542, en la que se establece que la MINUSTAH tiene tres mandatos o cometidos específicos: en primer lugar, crear un entorno seguro y estable; en segundo término, apoyar el proceso político que se está desarrollando en Haití y, por último, trabajar en materia de derechos humanos.

En ese marco es que Uruguay está participando en esta misión, y también en este marco fue que nosotros visitamos al contingente uruguayo que hoy está compuesto por 1.147 efectivos. Es el segundo contingente -después de Brasil, que tiene 1.211- dentro de una fuerza que es, básicamente, centro y sudamericana, ya que sólo cuatro países no son americanos: Sri Lanka, Jordania, Nepal y uno más que no recuerdo en este momento.

Las bases militares del Uruguay están desplegadas en ocho lugares estratégicos de Haití -ocupan todo el país- y, sobre este tema, tendríamos que destacar varios elementos. En primer lugar, que nuestros soldados -por ser, además, una fuerza multidimensional- están llevando adelante una tarea que trasciende lo estrictamente militar pero, en todo caso, después hablaremos sobre este tema. Las Naciones Unidas son las que suministran el alojamiento básico, que es muy cómodo -cabe decir que Haití es un lugar muy difícil para vivir por su clima tropical y sus altas temperaturas-, ya que todos los dormitorios y gran parte de las instalaciones cuentan, por ejemplo, con aire acondicionado. Dicho organismo también suministra el alimento de estos soldados -en lo que significa un despliegue de organización realmente importante, porque no sólo abarca las tropas uruguayas, sino también las demás, integradas por alrededor de 8.000 soldados-, tomando en cuenta las características y culturas alimentarias de cada uno de los contingentes de esos países. Por ejemplo, nuestros efectivos reciben yerba brasileña para tomar mate.

Por otro lado, tengo que decir que nuestros soldados tienen un prestigio realmente destacable y eso es lo que más me llamó la atención. Además, visitar a los soldados en mi carácter de Vicepresidente de la República y acompañado, además, por el señor Comandante en Jefe del Ejército, resultó -y así nos lo hicieron saber- un apoyo muy importante para los propios efectivos militares. Nos pareció que el Gobierno no debía olvidar a aquellos que están desempeñando esa misión en aquel país, en una República latinoamericana que sentimos muy lejana, quizás por condiciones étnicas y hasta lingüísticas que no nos son muy afines. Sin lugar a dudas, debe existir un compromiso latinoamericano para hacer sentir a ese sufrido pueblo que podemos y estamos en condiciones de darle una mano, en la medida de las posibilidades que tenga cada uno.

El principal drama que tiene Haití es que no tiene Estado. Visité el puerto de Puerto Príncipe y pude apreciar que la sede de la Aduana está absolutamente bombardeada y prendida fuego. Los barcos llegan allí, desembarcan en chalanas, nadie controla nada y, en consecuencia, hay tareas para hacer por parte de la comunidad internacional. Todos los puertos son iguales: no hay control alguno; se bajan armas, drogas, personas -por lo tanto hay tráfico de gente-, y la población casi no paga impuestos. Haití vive, prácticamente, de la ayuda internacional y de las remesas que mandan los haitianos que están en el exterior -como consecuencia de tantas guerras, revoluciones y represiones-, básicamente en Estados Unidos, Jamaica y otros países. De modo que en ese país las remesas se constituyen en un fenómeno creciente, en la misma proporción que lo es la corriente migratoria, y hoy representan el segundo ingreso del país.

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Ha llegado a la Mesa una moción en el sentido de que se prorrogue el tiempo de que dispone el señor Presidente del Senado.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 26. Afirmativa.

Puede continuar el señor Presidente del Senado.

SEÑOR NIN NOVOA.- Muchas gracias, señora Presidenta y señores Senadores.

Quiero hacer una autocrítica eminentemente personal, que no involucra a nadie más que a mí. Cuando esta Operación comenzó a delinearse en el año 2004 y Uruguay fue llamado para integrarla, recuerdo que nuestra fuerza política -y yo, particularmente-no votó la autorización. Aclaro que hablo exclusivamente a título personal. Creo que no lo hice porque nos faltaban datos y había una circunstancia que para nosotros representaba, de alguna manera, una luz amarilla en cuanto a la seguridad de nuestros hombres. Históricamente, Uruguay ha integrado las fuerzas de paz bajo el Capítulo VI de la definición que hacen las Naciones Unidas, pero esta misión se iba a hacer bajo el Capítulo VII. Allí se indica, de algún modo -para decirlo de una manera más sencilla-, que una cosa es el mantenimiento de la paz, y otra la imposición de la paz. En aquel momento Haití estaba asolado por las bandas armadas que provenían del ejército en disolución y de la policía, y hay que considerar que ese país tiene 1.500 policías para 8:000.000 de habitantes. Los señores Senadores imaginarán lo que es el sistema judicial, las cárceles y la violación de los derechos humanos. Por lo tanto, los peligros a los que podían estar sometidos nuestros compatriotas cambiaban radicalmente.

Una vez que uno va a Haití o a una misión de paz de estas características y se interioriza de las condiciones en las que desarrollan su labor nuestras fuerzas armadas, no tiene otro camino que reconocer, en primer lugar, su profesionalismo, producto, además, de órdenes inequívocas desde el punto de vista de las reglas para el uso de la fuerza. Quiero leer algunas, porque me parece que estas disposiciones, incorporadas al quehacer diario por gente con formación y con calidad humana como la que tenemos los uruguayos, hacen superlativo ese relacionamiento con la sociedad, así como la apreciación de la sociedad en relación con estos integrantes.

Las reglas generales para el uso de la fuerza establecen que se aplicará en todo tiempo y en toda circunstancia el principio de fuerza mínima y de proporcionalidad. Asimismo, disponen que siempre que la situación operativa lo permita, se harán todos los esfuerzos razonables para controlar una situación mediante medidas que excluyan el uso de la fuerza, incluyendo el contacto personal y la negociación. Dichas medidas incluyen indicaciones mediante la voz y visuales, medios de comunicación por radio u otros medios electrónicos, maniobras, cargado de armas, disparos de advertencia u otros medios que no incluyan la aplicación de la fuerza. Al mismo tiempo, estas reglas dicen que se apelará al uso de la fuerza, incluyendo una fuerza letal, únicamente en caso de que fracasen todos los demás medios para controlar la situación, o en caso de que un ataque sea tan inesperado que un instante de demora podría producir la muerte o heridas graves a uno mismo o a otros efectivos designados. También se establece que toda fuerza debe ser limitada en su intensidad y duración y estar de acuerdo con el nivel de la amenaza. En este sentido, se dice que en algunos casos es posible que la urgencia operativa obligue al uso inmediato de una fuerza letal. Además, se debe utilizar la fuerza únicamente cuando sea imprescindible para lograr su objetivo inmediato, para proteger a sus soldados, personal de la ONU u otros efectivos, instalaciones, equipos, etcétera. La decisión de abrir fuego se tomará, únicamente, en cumplimiento de una orden del Comandante presente en el lugar de los hechos y bajo su control, a menos que no haya tiempo suficiente para obtener dicha orden. A su vez, antes de abrir fuego hay que dar una advertencia final: "Alto o disparo", por lo menos tres veces, en francés, lo que se enseña a todos los soldados que allí están. El fuego debe ser dirigido y controlado; solamente se abrirá fuego como último recurso. Si es posible, deberá dirigirse un único disparo contra partes no vitales del cuerpo para evitar producir una muerte. No se permite el fuego indiscriminado y el fuego para producir un efecto determinado no debe durar más de lo necesario para obtener el objetivo inmediato.

Deseo destacar que todos aquellos con quienes tuvimos oportunidad de hablar, como el Primer Ministro -porque el Presidente estaba en Estados Unidos-, el representante especial del Secretario General de Naciones Unidas -luego nos referiremos a las autoridades de la MINUSTAH-, los Senadores y Diputados, y el Comandante en Jefe de las Fuerzas de Paz, hicieron hincapié en el profesionalismo de los uruguayos para el uso de estos elementos que hemos leído. Aclaro que no sucede lo mismo con otras Fuerzas Armadas que también forman parte de esta misión. Algunos, acuciados por el nerviosismo, o quizás por el temor, muchas veces tienden a reaccionar mucho más allá de lo aconsejable en función de la situación que están viviendo, lo que ha generado hechos desagradables.

¿Por qué digo que uno palpa el prestigio de las Fuerzas Armadas uruguayas en esta misión? Tengamos en cuenta que se trata de una fuerza multidimensional, es decir, se trata de una operación de las llamadas de cuarta generación, que trasciende lo estrictamente militar. Una de las tareas de nuestras Fuerzas Armadas tuvo que ver con el apoyo al proceso eleccionario. Como sabemos, las elecciones en Haití fueron complejas, votó aproximadamente el 30% de los habilitados y, en muchos casos, las urnas debieron ser trasladadas por efectivos uruguayos a lomo de burro por las montañas. He tenido oportunidad de ver fotos de soldados uruguayos tirando de un burrito con seis o siete urnas. Además, como parte de las fuerzas integrantes de la misión de paz, nuestros soldados organizaron el día de la elección, custodiaron las urnas y las mesas, y repartieron las listas. Quiere decir que realizaron un gran despliegue en apoyo a ese proceso electoral. Al igual que muchos países, Haití tiene instaurado el balotaje o segunda vuelta. Hete aquí que, en esas condiciones tan adversas desde el punto de vista físico y geográfico, entre otros, el hoy Presidente Préval no alcanzó al 50%, sino que llegó al 49%. Por tal motivo, a nivel de Naciones Unidas se dio una gran discusión en cuanto a la conveniencia de celebrar nuevas elecciones en Haití. Como en este mundo está todo inventado, por suerte apareció la solución belga que consiste en contar los votos estrictamente válidos, descartando los votos en blanco y los anulados, que eran muchos. De esa manera, Préval pasó del 49% al 54% y, en base a una solución realmente sabia, lo impusieron como Presidente de la República.

Por otra parte, los soldados uruguayos llevan a cabo un cúmulo de actividades en materia de acciones civiles y ayuda humanitaria. De las ocho bases uruguayas pudimos visitar seis, en las cuales tuvimos la oportunidad de estar en contacto con los oficiales superiores y con todos los efectivos allí asignados. Tanto el Comandante en Jefe como yo les hablamos de los valores que estaban defendiendo y, en definitiva, procuramos darles una inyección de ánimo y de estímulo. Tengamos en cuenta que estaban en el período de hacer el recambio. Sin duda, en los últimos días la ansiedad por volver a la patria va creciendo, y se necesita una palabra de apoyo y de estímulo; no sabemos si las nuestras fueron útiles pero esperamos que sí. Al respecto, con el Comandante en Jefe habíamos llegado a la conclusión de que esto era importante.

En una de las bases, Fort Liberté, al noreste de Haití, dos días antes de nuestra llegada había habido un gran tornado, justo sobre la frontera con República Dominicana. Cabe destacar que ambos países están separados por el Río Masacre, cuyo nombre se debe a una terrible batalla que otrora se dio en ese lugar. Allí hay un puente de características muy especiales, puesto que está cerrado tres días a la semana y solamente se abre los fines de semana. Entonces, la gente está esperando que se abra para ir de un lado al otro a los efectos de intercambiar, comerciar, etcétera. En esa localidad, llamada Ouanaminthe, en la frontera con República Dominicana, este tornado había tirado árboles, roto puentes y destrozado casas. Cuando se supo que iba a llegar el Vicepresidente del Uruguay, el Alcalde y el Consejo local nos pidieron que los soldados uruguayos siguieran haciendo esas tareas de ayuda que consistían, por ejemplo, en el arreglo de puentes, poda de árboles, traslado de la gente, etcétera. A los dos días el Presidente de República Dominicana también concurrió a ese lugar porque, naturalmente, del otro lado había una ciudad que había sufrido los efectos del tornado.

Debo decir que uno se siente muy orgulloso cuando encapsulado en esas caravanas militares, con cuatro blindados adelante y cuatro atrás, recorre las calles de Puerto Príncipe y ve un blindado con la bandera uruguaya y a nuestros efectivos distribuyendo agua potable entre los vecinos, donando alimentos, limpiando las playas, entregando materiales en las escuelas o limpiando los mercados, que son en la calle. Imaginen en qué estado quedan éstas luego de que miles de haitianos van allí a intercambiar productos, comida y ropa, ya que no existen organizaciones locales -como nuestros Municipios- que se encarguen de dejar en condiciones el lugar.

No todos saben que hay misiones del Ministerio de Salud Pública, misiones de policías -hay policías trabajando para la reorganización de la policía haitiana- y que también interviene la OSE con sus plantas potabilizadoras. Al respecto, cabe señalar que hay muchas plantas potabilizadoras donadas a un pueblo que no cuenta con agua potable.

En definitiva, estas son las condiciones por las cuales uno ve el prestigio que tienen los uruguayos y siente con admiración y satisfacción el testimonio de todas las autoridades. La MINUSTAH es la primera fuerza de paz bajo la dirección política y militar de personalidades de origen sudamericano. El Embajador Edmond Mulet, que es un guatemalteco, es el representante directo especial del Secretario General de las Naciones Unidas, y el señor Luiz Carlos Da Costa, de Brasil, es el representante especial adjunto. El Comandante de la Fuerza es el General Carlos Alberto Dos Santos Cruz, que es brasileño, y el Segundo Comandante de la Fuerza es el General Raúl Gloodtdofsky, uruguayo, que hasta hace poco tiempo estuvo desempeñándose en la Casa Militar y que en un llamado abierto de Naciones Unidas para integrar este Comando fue el mejor calificado y, por lo tanto, el que accedió al cargo.

Podemos extraer las siguientes conclusiones. Visto hoy con una perspectiva distinta, las misiones de paz son muy importantes para el Uruguay, no solamente en este caso de Haití -al que doy una trascendencia más importante porque se trata, además, de una patria latinoamericana que tenemos demasiado lejos y que habría que incorporar-, sino también para el resto. No solamente son muy importantes por el hecho de que se recojan de Naciones Unidas buenas sumas de dinero para llevar adelante estas tareas, que permiten la renovación del armamento del Ejército y la mejor remuneración de los efectivos que allí están, sino también porque estamos involucrándonos en una operativa de carácter mundial con una nueva modalidad, como son estas misiones de cuarta generación, multidimensionales. Ya no se trata únicamente de mandar efectivos militares a controlar situaciones en países donde hay problemas, sino que se trata de tener en algunos países ayudas más integrales, como aquí hemos descrito.

A nivel de nuestras Fuerzas Armadas, esta es la primera vez que se integra una unidad conjunta de varias ramas de las Fuerzas Armadas, pero también de civiles, como el caso de la gente de OSE. Yo creo que nuestros hombres contribuyen eficazmente a proyectar la imagen de nuestro país en el ámbito internacional, porque además hay una motivación que también quiero compartir con ustedes. Cuando se prepara el contingente que saldrá a las misiones de paz, uno puede suponer que entre los principales estímulos para que los soldados quieran ir se encuentra la remuneración económica, que es buena y les permite satisfacer muchas necesidades. Eso es verdad, pero cuando se estudia el perfil psicológico de quienes van a estas misiones, la motivación económica es mencionada en primer lugar sólo por el 4% de los entrevistados; pero lo que hace que nuestros hombres quieran ir a esas misiones de paz es, fundamentalmente, la posibilidad de una superación profesional y de estar en un campo práctico donde aplicar sus conocimientos teóricos.

Entre las muestras que nos dieron de situaciones que se vivieron en algunos barrios de Puerto Príncipe, sobre todo en uno llamado Cité Soleil, que es un barrio muy complejo en el que hay muchos robos y secuestros -la representación de Uruguay no estaba en Puerto Príncipe, pero se le pidió que fuera allí a tratar, justamente, de combatir a una de las bandas más peligrosas que había en esa ciudad-, cabe señalar la que tuvo lugar en un operativo realizado en las calles, donde uno de los blindados, maniobrando bajo fuego enemigo, quedó atascado entre dos casas y no podía salir. Imaginen ustedes un vehículo blindado, de origen checoslovaco, con una gran cobertura de hierro, atascado y bajo fuego, con el conductor adentro, que sólo tiene una mirilla de unos veinte centímetros por diez -o treinta por veinte- hacia delante y otra en el costado, sin otra salida que la escotilla, que está en la parte superior, o por atrás, aunque en esa posición estaban los soldados que cargan el vehículo, recibiendo el impacto de quince balas en esa mirilla, sin poder moverse y rezando -si creía en algo- para que a esa mirilla no le fallara el blindaje. Efectivamente, el blindaje no le falló y luego, cuando los soldados uruguayos rescataron el transporte blindado -al que, por supuesto, le habían robado las ametralladoras y demás-, lo dejaron como un trofeo para mostrar la calidad de los blindados, pero también para describir las circunstancias bajo las cuales tienen que actuar.

Además de ese episodio de Cité Soleil -que yo recuerdo porque fue muy impactante escucharlo; naturalmente, nosotros no lo vimos-, un conjunto de hombres integrado por fuerzas uruguayas, bolivianas y brasileñas, tuvo que entrar bajo fuego en ese barrio para sacar de una escuela a una banda que allí estaba y que, inclusive, tenía un francotirador apostado en una torre de agua. En esas operaciones siempre aparece la Cruz Roja y organizaciones de derechos humanos, que de alguna manera tratan de poner un poco de orden. Lo cierto es que había que tratar de bajar al francotirador de la torre de agua -ustedes imaginarán que con otro francotirador-, pero las organizaciones de derechos humanos decían que a las torres de agua no se les puede tirar. Claro que en este caso mediaba una circunstancia especialísima que obligaba a ello.

Lo descrito muestra la valentía y el arrojo con que están actuando en ese lugar nuestros soldados uruguayos. Estos testimonios que nosotros hemos recogido del Embajador Edmond Mulet -que me apresuro a decir que estará en nuestro país en el mes de junio, oportunidad en que también irá a Brasil, Argentina y Chile, y ya solicito que las Comisiones de Defensa Nacional, y quizás también las de Asuntos Internacionales de ambas Cámaras, lo reciban, porque es una persona con la que resulta muy interesante conversar, y además quiere hacerlo-, así como también del Primer Ministro, los Comandantes de la fuerza militar, los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, e incluso de los intelectuales haitianos -con algunos de los cuales pudimos mantener contacto en la casa del Cónsul honorario uruguayo en Haití, que es un francés-, hablan de la calidad de los recursos humanos uruguayos.

Quería compartir estas palabras y estas experiencias con ustedes, en primer lugar porque ustedes me autorizaron a viajar a ese país y, en segundo término, porque nosotros y la Cámara de Representantes somos los que autorizamos a nuestras Fuerzas Armadas a salir en estas misiones; quería compartir un testimonio de primera mano con ustedes, mi testimonio acerca de la importancia que para nosotros, los uruguayos, tienen estas operaciones, y el orgullo y la satisfacción que debemos sentir por la especialización, el profesionalismo, el arrojo y la valentía de estos soldados que están dejando bien en alto, por cierto, los prestigios del país.

Era cuanto quería decirles y agradezco mucho a las señoras Senadoras, a los señores Senadores y a la Presidencia.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- En primer lugar, corresponde agradecer al Presidente del Senado la posibilidad de que, con el relato que acaba de finalizar y que ha sido tremendamente exhaustivo y esclarecedor de la situación que se está padeciendo en Haití, nos permita hablar en la tarde de hoy del tema de las misiones de paz.

Si me permite la señora Presidenta, quisiera hacer una primera sugerencia en forma amigable y en nombre del Partido Nacional, en cuanto a que en las próximas visitas de este tenor el señor Vicepresidente de la República pueda ser acompañado por una representación política. Si bien nos sentimos plenamente representados por la presencia del Presidente del Cuerpo, entendemos que es bueno crear la posibilidad de que todas las fuerzas políticas puedan participar de este tipo de visitas para transmitir a las tropas orientales, acantonadas en las diferentes misiones de paz que nuestro país lleva adelante, el respeto y la consideración que nos merecen.

En segundo lugar, queremos reconocer con satisfacción que el Presidente del Senado recordara -esto habla de una muy buena honestidad intelectual- que el Frente Amplio votó en contra de esta misión de paz, así como lo ha hecho respecto de otras misiones. Como se sabe, fundamentó fuertemente en contra de esta misión de paz, por lo que manifestamos nuestra satisfacción por la hidalguía de reconocerlo en la tarde de hoy. Además, esperamos que ese reconocimiento abra una instancia futura sobre el rol, la trascendencia y la importancia estratégica que para el Uruguay tienen las misiones de paz.

No voy a hablar sobre la situación de Haití, a la que con tanta claridad se refirió el Presidente del Senado, sino relatar y recordar en estos breves minutos que Uruguay participó en misiones de paz y en misiones de observación militar desde la década de los cuarenta, y se retomó la táctica de llevar adelante las misiones de paz como un elemento de importancia estratégica en la política de defensa nacional durante el gobierno del Partido Nacional de 1990.

También quiero decir que lo que el Presidente del Senado pudo recoger en esta visita a Haití -me refiero al reconocimiento internacional, a la profesionalidad, al amor por la causa, a la vocación de servicio, a eso que nos hace ser orientales- ha sido reconocido en todas las misiones de paz que el Uruguay ha llevado adelante en todos los continentes. Desde la presencia uruguaya en Camboya, hasta la actual en el Congo, pasando por la de Eritrea, oficiales y personal subalterno de las Fuerzas Armadas Uruguayas han sido permanentemente reconocidos por su valor y por su profesionalidad. En estos momentos recuerdo una carta enviada por el Secretario General de las Naciones Unidas, señor Butros Butros-Gali, al entonces Presidente, doctor Julio María Sanguinetti -ahora presente en el Senado-, reconociendo y felicitando a los oficiales orientales que participaban en las misiones de paz desplegadas en aquella época en Africa.

Me permito tributar homenaje, señora Presidenta, a los oficiales y al personal subalterno que murieron en las misiones de paz y a quienes han sufrido daños irreparables. Ahora recuerdo a un Capitán del Ejército Nacional que en un proceso de "desminado" perdiera una pierna, al intentar desactivar una mina antipersonal, que son las que han causado y causan estragos en civiles, fundamentalmente niños, en muchas partes del mundo.

Aprovechando la oportunidad de que hoy el Presidente del Senado trae el tema, digo que falta el análisis estratégico que Uruguay le debe dar a las misiones de paz. Es cierto que el cambio del Capítulo VI al Capítulo VII se ha venido dando y también lo es que han cambiado las misiones de paz denominadas tradicionales por las de imposición de paz, así como también que hoy se está analizando lo que se conoce como las operaciones de estabilidad, que no es un tema menor y que va a ameritar una definición política del gobierno uruguayo para la posible participación en futuras misiones de paz de nuestras Fuerzas Armadas.

También me permito decir que Uruguay debería insistir sobre la posibilidad de ingresar en las operaciones logísticas de paz, que son las que le van a permitir al Uruguay, no sólo el despliegue de personal, sino el despliegue de lo que implica el suministro a las tropas, de lo que hoy participan, como club muy exclusivo, fundamentalmente los países que financian las misiones de paz y a las Naciones Unidas. Nunca hemos entendido, señora Presidenta, cómo el Uruguay no puede -pero debería hacerlo- llevar adelante una política estratégica para lograr que las carnes, el arroz y el agua puedan ser vendidos por nuestros empresarios. Muchas veces hemos dicho que a las misiones de paz les ha faltado la sustentabilidad del aparato del Estado. Cuando Brasil participa en las misiones de paz, Itamaratí es la primera línea detrás de la presencia de las Fuerzas Armadas en los despliegues que ese país decide.

Señora Presidenta: el Secretario General de las Naciones Unidades, el señor Butros Butros Gali, planteó en el año 2000 el desafío de replantear las misiones de paz, y en junio de 2006 ya se constituyó en las Naciones Unidades una Comisión para operaciones de construcción de la paz. Asimismo, en los Estados Unidos se llevó adelante un debate -el señor Senador Moreira y quien habla, junto con otros Representantes, escuchamos sobre el tema en el Departamento de Estado y en el Pentágono- sobre las operaciones de estabilidad, que no sólo refieren al mantenimiento de la paz sino, por ejemplo, a la que se está llevando en Haití, que como bien decía el Presidente del Senado en su informe, es la reconstrucción absoluta de esos Estados. Entonces, ya no sólo se participa en las operaciones de mantenimiento de la paz, sino además en la reconstrucción del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como también en operaciones que permiten, ya no el despliegue de las Fuerzas Armadas, sino de fuerzas policiales. En este sentido, hemos visto con acierto el despliegue de un agregado policial en las Naciones Unidas por parte de nuestra República.

No quiero cansar más al Senado, pero en nombre del Partido Nacional quería levantar mi voz saludando el informe del Presidente y teniendo presente el reconocimiento de la política llevada adelante por el Uruguay desde hace largo tiempo, participando de estas operaciones de paz que hoy reúnen el consenso de todos los partidos políticos y no sólo del Partido Nacional y del Partido Colorado, como sucedía en el pasado. También me permito pedir que pongan especial atención quienes están redactando el proyecto de ley de defensa nacional que próximamente enviará el Poder Ejecutivo al Parlamento, porque tiene un artículo en el que se define la participación -o la posible participación- en las misiones de paz y allí se utilizan conceptos pasados de moda en relación a lo que se habla en las Naciones Unidas, que son las nuevas operaciones de construcción de la paz u operaciones de estabilidad. Si esa definición no se modifica en el Ministerio de Defensa Nacional o en el Parlamento, se podría poner en peligro la presencia de Uruguay en tan importante escenario mundial, como es el de las operaciones de paz. Las Fuerzas Armadas Uruguayas -el Ejército Nacional primero, por haber sido la avanzada, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional- han cumplido un rol de destaque en todos los lugares donde han sido desplegadas. En cuanto al personal civil, aquí se hizo un reconocimiento a la OSE por las usinas potabilizadoras de agua. Recuerdo que durante la Presidencia del señor Amaro en dicho Organismo, hubo varios anuncios de donaciones y del envío del personal de OSE para la instalación de esa estrategia comercial que reclamábamos y que se llevó adelante en la Administración anterior. Digo esto para los que a veces piensan que todo lo que se hizo antes estuvo mal.

Es así, entonces, que creo que este informe que con tanta altura y autoridad ha dado el señor Presidente, nos permite reflexionar sobre estos temas y sobre definiciones de carácter estratégico en política exterior. Esta tiene un componente en las Fuerzas Armadas y en la política de defensa nacional que en su momento iniciamos, que hoy nos congratulamos de que sea reconocido y que nos permite elevar nuestra voz desde el Senado, saludando al personal hoy desplegado no solamente en Haití, sino en todas las misiones de paz que el Uruguay lleva adelante en todo el globo terrestre. El Uruguay es el país que tiene más Fuerzas Armadas per cápita desplegadas fuera de su territorio nacional y creo que eso habla de la profesionalidad, de la vocación de servicio y, fundamentalmente, de los desafíos de su política exterior. Creo que se debe trabajar para que estas cosas no queden solamente en los reconocimientos, sino que empiecen a ser la construcción de una política de Estado en cuanto a la defensa nacional y a la política exterior, que deberíamos concretar a la brevedad.

Es todo lo que tenía que decir, señora Presidenta.

Muchas gracias.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señora Presidenta: en breves palabras quiero agradecer a nuestro Presidente por la exposición que ha hecho, felicitarlo por su misión y reconocer que de su intervención surge un amplio consenso, no sobre la existencia misma de las misiones de paz, sino sobre sus objetivos y sus lineamientos hacia el futuro. Creo que esto es importante.

Esta misión de Haití, sobre la cual él mismo revierte una vieja posición personal, tuvo una particularidad y es que fue una misión estrictamente latinoamericana; fue una iniciativa muy fuerte del Brasil, que asumió el comando de la operación militar y que le dio, en consecuencia, un tinte, una coloración muy significativa y muy valiosa que, felizmente, hoy vemos en este país tan infortunado como es Haití. Es el primero que declaró su independencia y el que, desgraciadamente, sigue siendo el más pobre. Alejo Carpentier comienza su famoso libro "El Siglo de las Luces" con la descripción de la llegada de la guillotina a nuestro hemisferio como expresión de la Revolución Francesa que arribaba; triste destino, realmente.

El Uruguay, como se ha señalado, tiene una larga tradición en esto, que en continuidad comienza en 1948 en Cachemira, pero ya había habido una misión al Chaco del General Campos, quien produjo un informe hasta hoy recordado. Por lo tanto, es una política de muy largo aliento que el país ha desarrollado. Quizás una de las misiones más importantes que el Uruguay ha llevado a cabo, fue la de Camp David, que no se hizo bajo la bandera de las Naciones Unidas, sino por un acuerdo internacional y, desde entonces, el Uruguay ha tenido un contingente muy importante en la península del Sinaí.

De modo que sólo cabe complacernos por la exposición que hemos oído; creo que esto nos abre caminos a todos. En nuestro país la política exterior siempre ha sido un capítulo fundamental y lo seguirá siendo. Además, el tema seguirá evolucionando, como necesariamente lo están requiriendo las nuevas actuaciones internacionales. Simplemente, expresamos nuestro reconocimiento a la exposición y nuestra complacencia por poder coincidir todos en esta orientación y en este capítulo clave de nuestra política exterior y de nuestro tributo a la paz mundial, que hemos sostenido desde siempre, desde las primeras conferencias internacionales hace, justamente, cien años.

Muchas gracias.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señora Presidenta: fue muy exhaustiva e interesante la exposición que nos brindó el señor Presidente del Senado, por lo que lo felicitamos individualmente y públicamente en este momento.

No voy a hablar de las misiones de paz -y lo voy a hacer brevemente-, sino de algo que manifestó permanentemente: lo valioso que son los soldados uruguayos en Haití, su profesionalismo, su vocación y su capacidad. Esto me lleva, necesariamente, a una experiencia que tuve durante mucho tiempo, cuando viví en muchos países de América Latina, y es que los uruguayos siempre se destacan. Tuve esta experiencia hace exactamente 43 años, cuando hice un curso del ILPES en Santiago de Chile, porque los uruguayos en todos los cursos eran los mejores. Recuerdo que en cierta ocasión alguien me preguntó si un concepto que estaba exponiendo lo había aprendido allí y le respondí que no, que me lo había enseñado mi profesor, Luis Aquiles Faroppa, que acaba de cumplir 91 años y al que fui a saludar, como correspondía, porque fue el que me formó, básicamente, como economista. Aclaro, por supuesto, que él no tiene ninguna responsabilidad por lo que yo pueda decir, bien o mal, en materia económica.

Entonces, desde ese punto de vista, lo que uno siente es que el Uruguay tiene un sistema educativo que ayudó enormemente a esta diferenciación de los uruguayos. En ese sentido, recuerdo que Germán Rama decía que la diferencia del Uruguay con el resto de los países latinoamericanos está en la enseñanza primaria y, dentro de ésta, en la pública. Este no es un hecho menor, porque a mí, por lo menos, en la enseñanza primaria me enseñaron a pensar, a reflexionar y a enfrentar problemas nuevos. Es por eso que los uruguayos tienen una capacidad de adaptación a nivel internacional, que no se percibe en otros países latinoamericanos.

También me tocó trabajar en el Perú y allí conocí América Latina, porque allí conocí la pobreza y los problemas indígenas y sociales que, en ese caso, eran básicamente raciales. Entonces, también entendí que el Uruguay tenía unas madres bien alimentadas, lo que permitía que sus hijos tuvieran una evolución completamente distinta a la de otros países latinoamericanos.

Probablemente algunos de estos elementos se han deteriorado pero, sin duda, el hecho de que el Uruguay siga siendo el país de América Latina con mejor distribución del ingreso también es fruto de su historia, de su sistema educativo y, a mi entender, fundamentalmente, del estado de bienestar que viene desde principios del siglo pasado. Entonces, este también es un reconocimiento al país. Permanentemente, nuestro Presidente del Senado quería mostrar la alegría que él sentía cuando, en todos lados, le decían que los uruguayos son fantásticos. Simplemente, quiero resaltar que algunos elementos por los cuales los uruguayos se diferencian siempre del resto del mundo son: su capacidad, su posibilidad de adaptación, su información y su formación. Básicamente, esto es el sistema educativo uruguayo, y, personalmente, sigo estando muy contento de que sigamos teniendo un sistema estupendo, pese a los deterioros que ha tenido en los últimos tiempos.

SEÑOR DA ROSA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Señora Presidenta: en muchas oportunidades hemos tenido ocasión de ver a los soldados que han cumplido misiones en el exterior dentro del programa de las llamadas misiones de paz, transmitir a sus familias y a su entorno social sus vivencias que, sin duda son extraordinarias, más allá del escenario, de las circunstancias o de lo apartado del mundo en que se desarrollen. Siempre he valorado positivamente este proceso, incluso en tiempos en que esto era discutido. Recuerdo que, en más de una oportunidad, se señalaba a estas misiones de paz como comprometedoras de la soberanía nacional o que no respondían al interés nacional. He podido ver, en muchos casos, cómo esa experiencia de varios soldados termina siendo enriquecedora, no sólo en cuanto a lo monetario o a lo económico estrictamente dicho, sino por lo que significa esa experiencia de vida como ser humano, que generalmente las personas que van a cumplir esa clase de misiones traen y trasmiten a su familia y al entorno social. Por eso me parece muy importante y sumamente interesante que el señor Vicepresidente de la República haya traído este tema al seno de este Cuerpo; creo que es de los temas que hacen al país real, a lo que vive nuestra gente y a las experiencias que se desarrollan en la vida militar, de las cuales muchas veces los políticos o los hombres públicos nos ocupamos poco o sabemos poco.

Considero que esto también da lugar a lo que recién mencionaba el señor Senador Penadés, en cuanto a que va generando el ámbito necesario y adecuado para que un país pequeño como el Uruguay, que se precia de su gran estabilidad democrática a lo largo de su vida independiente y que se precia de su nivel de educación -al cual recién hacía especial referencia el señor Senador Couriel-, vaya pensando seriamente en los nuevos tiempos, en el porvenir, pues un país pequeño como el nuestro debe necesariamente tener políticas de Estado, es decir, políticas que verdaderamente generen consenso a nivel de los partidos políticos. Más allá del Gobierno circunstancial, o sea, de quien ocupe circunstancialmente la conducción del Poder Ejecutivo y, por tanto, el Comando de las Fuerzas Armadas, estos temas necesariamente deben ser de todos los uruguayos y de todo el sistema político.

Ya que se ha anunciado en más de una oportunidad la posibilidad de tener un próximo debate sobre una ley de defensa nacional, creo que esta es una buena instancia para discutir en torno a estos temas y para generar un ámbito donde todos podamos construir políticas de Estado. Quiero enfatizar esto especialmente porque todos debemos coincidir en cuanto a la necesidad de que estos asuntos estén por fuera y más allá de enfoques y de situaciones circunstanciales en las que gobierne una u otra corriente política o de pensamiento.

Por consiguiente, señora Presidenta, me congratulo por el informe que ha presentado el señor Presidente del Senado. Creo que es realmente muy interesante y enriquecedor para todos conocer estas experiencias que están viviendo uruguayos que están representando al país, haciendo un esfuerzo y realizando un aporte, volcando lo mucho que este país tiene y lo mucho que ha dado a la paz en lugares donde, lamentablemente, no existe ese beneficio del cual gozamos. Me refiero a distintas regiones del mundo que son castigadas por la conflictividad, por los enfrentamientos armados o por los potenciales conflictos armados que se plantean.

En consecuencia, señora Presidenta, creo que esta es una muy feliz circunstancia. ¡Ojalá que este clima y este enfoque que todos los partidos políticos han transmitido hoy con respecto a este tema, se materialicen y se configuren en una política de Estado y de consenso nacional en torno al papel de las Fuerzas Armadas y de la defensa nacional, que tiene que ser instrumentado y desarrollado en el país para muchos años!

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- En similar sentido a lo expresado por varios señores Senadores de todas las colectividades políticas, quiero señalar mi beneplácito por las expresiones que se han vertido en Sala. Destaco la actitud de amplitud, de reconocimiento y de autocrítica que ha tenido el señor Vicepresidente de la República, pues ha cambiado su óptica en cuanto a lo que representan para el Uruguay, para las Fuerzas Armadas y para todo el sistema político, estas delegaciones que configuran misiones de paz. Creo que no existe mejor momento que este año para plantear este tema, puesto que el Parlamento va a analizar el proyecto de ley de defensa nacional, que va a redefinir puntos muy importantes para el futuro de la defensa del país y de nuestras Fuerzas Armadas. Destacar la importancia de estas misiones de paz me parece un hecho muy positivo y alentador. ¡Ojalá que el mismo consenso que tenemos en cuanto a la relevancia, importancia y significación de estas misiones de paz lo tengamos, también, para la aprobación de la nueva ley de defensa nacional, dado que es un instrumento legal de suma importancia!

Consideramos que estas misiones de paz son de las embajadas que tiene el país que más lo honran y que más reconocimiento internacional le han permitido ganar. El hecho de que las Fuerzas Armadas uruguayas estén en una misión tan primordial como el reestablecimiento y la preservación de las instituciones democráticas, de que estén llevando a cabo acciones que no son sólo militares sino que también entran en el terreno de lo civil, que muchas veces tienen que ver con el decoro y la dignidad de las condiciones de vida que -como tan gráficamente se expresara- son tan duras en la República de Haití, es no sólo para las Fuerzas Armadas, como delegación representativa de la democracia uruguaya, sino para todos quienes integramos este Cuerpo, algo que nos llena de satisfacción.

Francamente, nos gustó mucho escuchar la versión que nos dio el señor Vicepresidente de la República acerca de su experiencia vivida allí. Tal como decía el señor Senador Penadés, en la Comisión de Defensa Nacional recibiremos al Comisionado que nos visitará, y ojalá que nosotros también podamos repetir la valiosa y fructífera experiencia que vivió el señor Presidente visitando las misiones de paz en la República de Haití.

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Puede continuar el señor Presidente del Senado.

SEÑOR NIN NOVOA.- Sé que ha llegado una moción a la Mesa para que, al igual que se procede en la hora previa, se envíe la versión taquigráfica de estas palabras a la señora Ministra de Defensa Nacional y a los Comandantes en Jefe de la Fuerza Aérea, del Ejército y de la Armada Nacional. Como creo que todos estamos con un ánimo muy positivo -creo que las palabras aquí vertidas servirán para ese debate que todos pensamos dar, y el Gobierno es el primero de todos los actores que abre la posibilidad de hacerlo-, sugeriría que la versión taquigráfica de lo que aquí se dijo fuera también remitida a las Comisiones de Defensa Nacional de ambas Cámaras, ya que serán los ámbitos naturales donde se va a analizar lo que aquí se ha expresado.

Por último, quiero decir que este reconocimiento que he hecho, y que ha causado cierto grado de sorpresa con respecto a mi posición personal sobre la autorización para que nuestras Fuerzas Armadas salgan del país en misiones de paz, también lo manifesté en una de las bases que están en Haití, frente a doscientos soldados y a todos los Oficiales Superiores. Esa fue la primera expresión de ese sentimiento que fue producto, precisamente, de los cuatro días anteriores en que recorrí y vi la realidad de la República de Haití y la realidad uruguaya en aquel país.

De manera que agradezco a los señores Senadores to-dos los aportes que han hecho y los conceptos que han vertido. Reitero que me gustaría ampliar la moción en el sentido de remitir también la versión taquigráfica de estas palabras a las Comisiones de Defensa Nacional de ambas Cámaras.

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Léase la moción completa, agregando también al Ministerio de Relaciones Exteriores como otro destinatario.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Mocionamos para que el informe realizado por parte del Sr. Vicepresidente y las palabras de los Senadores se envíen a los Ministerios de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea y a las Comisiones de Defensa Nacional de ambas Cámaras".

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) PROMOCION Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- El Senado ingresa a la consideración del asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se crean normas para la promoción y defensa de la competencia. (Carp. Nº 493/06 - Rep. Nº 468/07 y Anexo I)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 493/06

Rep. Nº 468/07

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

APROBADO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. (Objeto).- La presente ley es de orden público y tiene por objeto fomentar el bienestar de los actuales y futuros consumidores y usuarios, a través de la promoción y defensa de la competencia, el estímulo a la eficiencia económica y la libertad e igualdad de condiciones de acceso de empresas y productos a los mercados.

Artículo 2º. (Principio general).- Todos los mercados estarán regidos por los principios y reglas de la libre competencia, excepto las limitaciones establecidas por ley, por razones de interés general.

Se prohíbe el abuso de posición dominante, así como todas las prácticas, conductas o recomendaciones, individuales o concertadas, que tengan por efecto u objeto, restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado relevante.

A efectos de valorar las prácticas, conductas o recomendaciones indicadas en el párrafo que antecede, el órgano de aplicación podrá tomar en cuenta si esas prácticas, conductas o recomendaciones generan ganancias de eficiencia económica de los sujetos, unidades económicas y empresas involucradas, la posibilidad de obtener las mismas a través de formas alternativas, y el beneficio que se traslada a los consumidores. La conquista del mercado resultante del proceso natural fundado en la mayor eficiencia del agente económico en relación con sus competidores, no constituye una conducta de restricción de la competencia.

El ejercicio de un derecho, facultad o prerrogativa excepcional otorgada o reconocida por ley no se considerará práctica anticompetitiva ni abuso de posición dominante.

Artículo 3º. (Ambito subjetivo).- Todas las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, que desarrollen actividades económicas con o sin fines de lucro, en el territorio uruguayo, están obligadas a regirse por los principios de la libre competencia.

Quedan también obligados en idénticos términos, quienes desarrollen actividades económicas en el extranjero, en tanto éstas desplieguen total o parcialmente sus efectos en el territorio uruguayo.

Artículo 4º. (Prácticas prohibidas).- Las prácticas que se indica a continuación, se declaran expresamente prohibidas, en tanto configuren alguna de las situaciones enunciadas en el artículo 2º de la presente ley.

La enumeración que se realiza es a título enunciativo.

A) Concertar o imponer directa o indirectamente precios de compra o venta u otras condiciones de transacción de manera abusiva.

B) Limitar, restringir o concertar de modo injustificado la producción, la distribución y el desarrollo tecnológico de bienes, servicios o factores productivos, en perjuicio de competidores o consumidores.

C) Aplicar injustificadamente a terceros condiciones desiguales en el caso de prestaciones equivalentes, colocándolos así en desventaja importante frente a la competencia.

D) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de obligaciones complemenarias o suplementarias que, por su propia naturaleza o por los usos comerciales, no tengan relación con el objeto de esos contratos.

E) Coordinar la presentación o abstención a licitaciones o concursos de precios, públicos o privados.

F) Impedir el acceso de competidores a infraestructuras que sean esenciales para la producción, distribución o comercialización de bienes, servicios o factores productivos.

G) Obstaculizar injustificadamente el acceso al mercado de potenciales entrantes al mismo.

H) Establecer injustificadamente zonas o actividades donde alguno o algunos de los agentes económicos operen en forma exclusiva, absteniéndose los restantes de operar en la misma.

I) Rechazar injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios.

J) Las mismas prácticas enunciadas, cuando sean resueltas a través de asociaciones o gremiales de agentes económicos.

Artículo 5º. (Mercado relevante).- A efectos de evaluar si una práctica afecta las condiciones de competencia, deberá determinarse cuál es el mercado relevante en el que la misma se desarrolla. Esto implica analizar, entre otros factores, la existencia de productos o servicios sustitutos, así como el ámbito geográfico comprendido por el mercado, definiendo el espacio de competencia efectiva que corresponda. El órgano de aplicación establecerá los criterios generales para la determinación del mercado relevante.

Artículo 6º. (Abuso de posición dominante).- A efectos de lo previsto en el artículo 2º se entiende que uno o varios agentes gozan de una posición dominante en el mercado cuando pueden afectar sustancialmente las variables relevantes de éste, con prescindencia de las conductas de sus competidores, compradores o proveedores.

Se considera que existe abuso de posición dominante cuando el o los agentes que se encuentran en tal situación actúan de manera indebida, con el fin de obtener ventajas o causar perjuicios a otros, los que no hubieran sido posibles de no existir tal posición de dominio.

Artículo 7º. (Notificación de concentraciones).- Todo acto de concentración económica deberá ser notificado al órgano de aplicación diez días antes de la celebración del mismo por las empresas participantes cuando se dé por lo menos una de las condiciones siguientes:

A) Cuando como consecuencia de la operación se alcance una participación igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del mercado relevante.

B) Cuando la facturación bruta anual en el territorio uruguayo del conjunto de los participantes en la operación, en cualquiera de los últimos tres ejercicios contables, sea igual o superior a UI 750:000.000 (setecientos cincuenta millones de unidades indexadas).

A los efectos de la interpretación del presente artículo, se considerarán posibles actos de concentración económica aquellas operaciones que supongan una modificación de la estructura de control de las empresas partícipes me-diante: fusión de sociedades, adquisición de acciones, de cuotas o de participaciones sociales, adquisición de establecimientos comerciales, industriales o civiles, adquisiciones totales o parciales de activos empresariales, y toda otra clase de negocios jurídicos que importen la transferencia del control de la totalidad o parte de unidades económicas o empresas.

El órgano de aplicación reglamentará la forma y el contenido de las notificaciones requeridas, así como las sanciones correspondientes en concordancia con lo dispuesto por los artículos 17, 18 y 19 de la presente ley. Asimismo, podrá requerir información periódica a las empresas involucra-das a efectos de realizar un seguimiento de las condiciones de mercado en los casos en que entienda conveniente.

Artículo 8º.- La obligación de notificación a que hace referencia el artículo anterior no corresponde cuando:

a) la adquisición de empresas en las cuales el comprador ya tenía al menos un 50% (cincuenta por ciento) de las acciones de la misma;

b) las adquisiciones de bonos, debentures, obligaciones, cualquier otro título de deuda de la empresa, o acciones sin derecho a voto;

c) la adquisición de una única empresa por parte de una única empresa extranjera que no posea previamente activos o acciones de otras empresas en el país;

d) adquisiciones de empresas, declaradas en quiebra o no, que no haya registrado actividad dentro del país en el último año.

Artículo 9º. (Autorización de concentración monopó-lica).- En los casos en que el acto de concentración económica implique la conformación de un monopolio de hecho, dicho proceso deberá ser autorizado por el órgano de aplicación. El análisis de estos casos deberá incorporar, entre otros factores, la consideración del mercado relevante, la competencia externa y las ganancias de eficiencia. Si el órgano de aplicación no se expidiera en un plazo de noventa días desde la notificación correspondiente, se dará por autorizado el acto.

La autorización expresa o tácita por parte del órgano de aplicación, de una concentración monopólica de hecho, de ninguna forma constituirá un monopolio de origen legal de acuerdo con lo establecido en el numeral 17) del artículo 85 de la Constitución de la República. Dicha autorización no podrá limitar el ingreso de otros agentes al mercado, a los cuales les serán de aplicación las disposiciones de la presente ley.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACION Y SANCION DE PRACTICAS PROHIBIDAS

Artículo 10. (Competencia).- El órgano de aplicación será competente para desarrollar los procedimientos tendientes a investigar, analizar y sancionar las prácticas prohibidas por la presente ley. Podrá actuar de oficio y por denuncia.

Artículo 11. (Medidas preparatorias).- Antes de iniciar formalmente una investigación, el órgano de aplicación podrá requerir información de cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que le permita tomar conocimiento de actos o hechos relativos a la conformación de los mercados y a las prácticas que se realizan en los mismos.

Asimismo, si lo estimare oportuno, el órgano de aplicación podrá requerir ante la Justicia ordinaria la realización de medidas probatorias con carácter reservado y sin noticia de los eventuales investigados o terceros, tales como la exhibición y obtención de copias de documentos civiles y comerciales, libros de comercio, libros de actas de órganos sociales, bases de datos contables y correspondencia.

A tales efectos serán competentes los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Civil de Montevideo y los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior, según corresponda.

Artículo 12. (Presentación de la denuncia).- Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, puede denunciar la existencia de prácticas prohibidas por la presente ley.

La denuncia deberá presentarse por escrito ante el órgano de aplicación, conteniendo la identificación del denunciante y la descripción precisa de la conducta presuntamente anticompetitiva que está siendo desarrollada, acompañando en la misma oportunidad todos los medios probatorios que disponga a ese respecto.

Sin perjuicio de que el denunciante deberá identificarse en todos los casos, podrá solicitar del órgano de aplicación, por motivos fundados, que mantenga reserva acerca de su identidad.

De la denuncia formulada se deberá conferir vista a los denunciados, salvo que se la considerara manifiestamente improcedente.

Si el órgano de aplicación entendiere que, además de los sujetos denunciados expresamente, pudieran existir otras personas que también fueran presuntamente infractores de los preceptos de esta ley, también conferirá vista a las mismas, conforme a lo preceptuado por el artículo 66 de la Constitución de la República.

Artículo 13. (Cese preventivo).- En cualquier momento del procedimiento el órgano de aplicación podrá expedirse acerca de las posibles consecuencias dañosas de la conducta objeto de los procedimientos.

En caso que la misma fuese capaz de producir daños graves, podrá disponer el cese preventivo de esa conducta.

Artículo 14. (Prueba).- Toda persona física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, queda sujeta al deber de colaboración con el órgano de aplicación y estará obligada a proporcionar a requerimiento de éste, en un plazo de diez días corridos contados desde el siguiente al que le fuere requerida, toda la información que conociere y todo documento que tuviere en su poder. En caso que la información fuera requerida del o de los involucrados en la conducta que se investiga, su omisión en proporcionarla deberá entenderse como una presunción en su contra.

Los deberes establecidos en este artículo en ningún caso significan la obligación de revelar secretos comerciales, planos "como hacer", inventos, fórmulas y patentes.

Artículo 15. (Medidas cautelares).- Sin perjuicio de la posibilidad de disponer el cese preventivo de las prácticas investigadas a que refiere el artículo 13 de la presente ley, el órgano de aplicación está facultado para solicitar a la Justicia ordinaria las medidas cautelares que considere pertinentes, con carácter reservado y sin noticia, antes de iniciar las actuaciones administrativas o durante el transcurso de las mismas.

A tales efectos serán competentes los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Civil de Montevideo y los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior, según corresponda, y se aplicarán, en cuanto fuera pertinente, las soluciones del artículo 311 y siguientes del Código General del Proceso, excepto en lo que se refiere a la prestación de contracautela, de la cual queda exonerado el órgano de aplicación.

Asimismo, en lo que respecta a la previsión del artículo 311.2 del Código General del Proceso se interpretará la misma en el sentido de que las medidas cautelares caducarán si el órgano de aplicación no iniciara las actuaciones administrativas dentro del plazo de treinta días corridos contados desde que se hicieron efectivas aquéllas.

Artículo 16. (Compromisos de cese y conciliación).- El órgano de aplicación podrá suspender las actuaciones, por un término no mayor a diez días corridos, a efectos de acordar con el presunto infractor un compromiso de cese o modificación de la conducta investigada, salvo que la ilegitimidad de la misma y la identidad de quien lo realizó fueren evidentes.

También podrá suspender las actuaciones por idéntico plazo, por solicitud conjunta de denunciante y denunciado, a efectos de considerar la posible conciliación, siempre que la conducta investigada consista en la situación prevista por el artículo 6º de esta ley y el único perjudicado por la misma sea el denunciante.

Artículo 17. (Sanciones).- Cuando las actuaciones administrativas concluyeran con la consideración de que se desarrollaron prácticas anticompetitivas, el órgano de aplicación deberá ordenar su cese inmediato y de los efectos de las mismas que aún subsistieren, así como sancionar a sus autores y responsables.

Las sanciones consistirán en:

A) Apercibimiento.

B) Apercibimiento con publicación de la resolución, a costa del infractor, en dos diarios de circulación nacional.

C) Multa que se determinará entre una cantidad mínima de UI 100.000 (cien mil unidades indexadas) y una cantidad máxima del que fuere superior de los siguientes valores:

1) 20:000.000 UI (veinte millones de unidades indexadas).

2) El equivalente al 10% (diez por ciento) de la facturación anual del infractor.

3) El equivalente a tres veces el perjuicio causado por la práctica anticompetitiva, si fuera determinable.

Las sanciones podrán aplicarse independiente o conjuntamente según resulte de las circunstancias del caso.

A efectos de su determinación, se tomará en cuenta: la entidad patrimonial del daño causado; el grado de participación de los responsables; la intencionalidad; la condición de reincidente; y la actitud asumida durante el desarrollo de las actuaciones administrativas.

Estas sanciones también podrán aplicarse a aquellos que incumplan las obligaciones dispuestas por el artículo 14 de esta ley.

En el caso de prácticas concertadas entre competidores, se considerará como especial atenuante la denuncia realizada por uno de los miembros del acuerdo o el aporte que éste brinde para la obtención de pruebas suficientes para la sanción de los restantes infractores.

Artículo 18. (Publicación).- Las resoluciones del órgano de aplicación serán publicadas en su página electrónica institucional. Asimismo, este podrá dar una descripción detallada de los casos analizados.

Artículo 19. (Sanciones a Administradores, Directores y Representantes de Personas Jurídicas, y a Sociedades Controlantes).- Además de las sanciones que el órgano de aplicación imponga a las personas jurídicas que realicen conductas prohibidas por esta ley, también podrán imponer multas a los integrantes de sus órganos de administración y representación que hayan contribuido activamente en el desarrollo de la práctica.

Las conductas desarrolladas por una persona jurídica controlada por otra, serán también imputables a la controlante. De la misma manera, las responsabilidades que pudieren corresponder a los integrantes de los órganos de administración y representación de la sociedad controlada, podrán también ser imputadas a quienes cumplen las mismas funciones en la sociedad controlante.

Artículo 20. (Título Ejecutivo).- El testimonio de la resolución firme que imponga pena de multa constituirá título ejecutivo.

CAPITULO III

ORGANO DE APLICACION

Artículo 21. (Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia).- El órgano de aplicación de las disposiciones de la presente ley será la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que funcionará como órgano desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas.

El funcionamiento de la Comisión se ajustará a lo que disponga el reglamento que la misma habrá de dictar, que contendrá como mínimo del régimen de convocatoria, deliberación, votación y adopción de resoluciones.

Artículo 22.- La Comisión estará integrada por tres miembros designados por el Poder Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros, entre personas que, por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento de la materia, aseguren independencia de criterio, objetividad e imparcialidad en su desempeño.

Los miembros de la Comisión tendrán dedicación exclusiva, con excepción de la actividad docente y de investigación. Si al momento de la designación ocuparan otros cargos públicos, quedarán suspendidos en los mismos a partir de la toma de posesión de dicho cargo y por todo el tiempo que actúen como integrantes de la Comisión, de acuerdo con lo establecido por el artículo 21 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Su mandato durará seis años y podrán ser designados nuevamente.

Las renovaciones se realizarán de a un miembro cada dos años; a efectos de hacer posible dicho sistema de renovación, los tres primeros miembros que se designen tendrán, respectivamente, mandatos de dos, cuatro y seis años de duración.

Artículo 23.- La representación del Organo de aplicación será ejercida por su Presidente.

La Presidencia de la Comisión será ejercida por todos sus integrantes por espacio de dos años, en forma rotativa. En el caso de la primera integración de la Comisión, la Presidencia será ejercida, en primer término, por el miembro designado con mandato de dos años; y en segundo término, por el miembro designado con mandato de cuatro años.

Artículo 24.- Los integrantes de la Comisión podrán ser destituidos por el Presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, en cualquiera de los siguientes casos:

A) Negligencia o mal desempeño en sus funciones.

B) Incapacidad sobreviniente.

C) Condena por delito doloso.

D) Comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio del órgano.

Los miembros de la Comisión serán suspendidos preventivamente en sus funciones, en caso de ser procesados por delito doloso o padecer impedimento físico momentáneo para desempeñar la función. La suspensión se verificará de pleno derecho, por el dictado del auto de procesamiento, inde-pendientemente de que el mismo sea objeto de recursos.

Artículo 25.- En caso de destitución, renuncia o fallecimiento, la duración del mandato de quien lo sustituya, será igual al tiempo que restare del mandato original.

Artículo 26. (Funciones y facultades).- Compete a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia:

A) Emitir normas generales e instrucciones particulares que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

B) Realizar los estudios e investigaciones que considere pertinentes, a efectos de analizar la competencia en los mercados.

C) Requerir de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, la documentación y colaboración que considere necesarias. Los datos e informaciones obtenidos sólo podrán ser utilizados para las finalidades previstas en esta ley, sujeto a las limitaciones establecidas en el artículo 14 de la presente ley.

D) Realizar investigaciones sobre documentos civiles y comerciales, libros de comercio, libro de actas de órganos sociales y bases de datos contables.

E) Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de promoción y políticas de competencia.

F) Emitir recomendaciones no vinculantes, dirigidas al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Gobiernos Departamentales, y entidades y organismos públicos, relativos al tratamiento, protección, regulación, restricción o promoción de la competencia en leyes, reglamentos, ordenanzas municipales y actos administrativos en general. Estas recomendaciones se realizarán respecto de leyes, reglamentos, ordenanzas municipales y otros actos administrativos vigentes o a estudio de cualquiera de los organismos señalados.

G) Emitir recomendaciones no vinculantes, de carácter general o sectorial, respecto de las modalidades de la competencia en el mercado.

H) Emitir dictámenes y responder consultas que le formule cualquier persona física o jurídica, pública o privada, acerca de las prácticas concretas que realiza o pretende realizar, o que realizan otros sujetos.

I) Mantener relaciones con otros órganos de defensa de la competencia, nacionales o internacionales, y participar en los foros internacionales en que se discutan o negocien temas relativos a la competencia.

Artículo 27. (Sectores regulados).- En los sectores que están sometidos al control o superintendencia de órganos reguladores especializados, tales como el Banco Central del Uruguay, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, la protección y fomento de la competencia estarán a cargo de dichos órganos.

El alcance de la actuación de los mismos incluirá actividades que tengan lugar en mercados vertical u horizontalmente relacionados con los mercados bajo control y regulación, en la medida en que afecten las condiciones competitivas de los mercados que se encuentran bajo sus respectivos ámbitos de actuación regulatoria.

En el desarrollo de este cometido, los órganos reguladores deberán cumplir con todas y cada una de las disposiciones de la presente ley, pudiendo, en caso de entenderlo conveniente, efectuar consultas no vinculantes a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 28. (Prescripción).- Las acciones que tienen su origen en la realización de prácticas prohibidas por la presente ley, prescribirán a los cinco años de verificadas las mismas, tanto en lo que respecta a la potestad pública de investigar y sancionar a los responsables, como al derecho de los perjudicados directamente por las mismas a obtener el resarcimiento de los daños padecidos.

La prescripción se interrumpe con el acto que dispone la iniciación de un procedimiento de oficio o en el acto que ordena dar vista de la denuncia al presunto responsable.

Artículo 29. (Remisión).- En todo lo no previsto en esta ley o en su derecho reglamentario, relativo al procedimiento para la investigación y sanción de prácticas prohibidas, se aplicarán las soluciones del Decreto Nº 500/991, de 27 de setiembre de 1991, sus modificativos y concordantes.

Artículo 30. (Derogaciones).- Se derogan los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, los artículos 157 y 158 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, y el artículo 699 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 31. (Modificaciones).- Se modifica el artículo 65 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 65.- Toda iniciativa en materia de tasas a ser percibidas por las unidades ejecutoras de la Administración Central por concepto de trámites, servicios o similares requerirá informe previo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la que actuará de conformidad con los criterios establecidos en los artículos 700 a 702 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996".

Artículo 32. (Reglamentación).- La presente ley será reglamentada en lo pertinente por el Poder Ejecutivo dentro de los ciento veinte días contados a partir de su promulgación.

Sala de la Comisión, a 16 de mayo de 2007.

Alberto Breccia, Miembro Informante; Isaac Alfie (con salvedades); Milton Antognazza, Juan José Bentancor, Carlos Daniel Camy (con salvedades); Alberto Couriel, Luis Alberto Heber (con salvedades); Rafel Michelini.

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. (Objeto).- La presente ley es de orden público y tiene por objeto fomentar el bienestar de los actuales y futuros consumidores y usuarios, a través de la promoción y defensa de la competencia, el estímulo a la eficiencia económica y la libertad e igualdad de condiciones de acceso a los mercados.

Artículo 2º. (Principio general).- Todos los mercados estarán regidos por los principios y reglas de la libre competencia, excepto las limitaciones establecidas por ley, por razones de interés general.

Se prohíbe el abuso de posición dominante, así como todas las prácticas, conductas o recomendaciones, individuales o concertadas, que tengan por efecto u objeto, restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado relevante.

El ejercicio de un derecho, facultad o prerrogativa excepcional otorgada o reconocida por ley no se considerará práctica anticompetitiva ni abuso de posición dominante.

A efectos de valorar su legitimidad o ilegítimidad, el órgano de aplicación podrá tomar en cuenta si esas prácticas, conductas o recomendaciones generan ganancias de eficiencia económica de los sujetos, unidades económicas y empresas involucradas, la posibilidad de obtener las mismas a través de formas alternativas, y el beneficio que se traslada a los consumidores.

Artículo 3º. (Ambito subjetivo).- Están obligadas a regirse por los principios y reglas de la libre competencia todas las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, que desarrollen, actividades económicas con o sin fines de lucro, en el territorio uruguayo.

Quedan también obligados en idénticos términos, quienes desarrollen actividades económicas en el extranjero, en tanto las mismas desplieguen total o parcialmente sus efectos en el territorio uruguayo.

Artículo 4º. (Prácticas prohibidas).- Se declaran expresamente prohibidas, en tanto configuren alguna de las situaciones enunciadas en el artículo 2º de la presente ley, las prácticas que se indican a continuación.

La enumeración que se realizará es a título enunciativo.

A) Concertar o imponer directa o indirectamente precios de compra o venta u otras condiciones de transacción de manera abusiva.

B) Limitar, restringir o concertar de modo injustificado la producción, la distribución y el desarrollo tecnológico de bienes, servicios o factores productivos, en perjuicio de competidores o de consumidores.

C) Aplicar injustificadamente a terceros condiciones desiguales en el caso de prestaciones equivalentes, colocándolos así en desventaja importante frente a la competencia.

D) Subordinar la celebración de contratos o la aceptación de obligaciones complementarias o suplementarias que, por su propia naturaleza o por los usos comerciales, no tengan relación con el objeto de esos contratos.

E) Coordinar la presentación o abstención a licitaciones o concursos de precios, públicos o privados.

F) Impedir el acceso de competidores a infraestructuras que sean esenciales para la producción, distribución o comercialización de bienes, servicios o factores productivos.

G) Obstaculizar injustificadamente el acceso al mercado de potenciales entrantes al mismo.

H) Establecer injustificadamente zonas o actividades donde alguno o algunos de los agentes económicos operen en forma exclusiva, absteniéndose los restantes de operar en la misma.

I) Las mismas prácticas ya enunciadas, cuando sean resueltas a través de asociaciones o gremiales de agentes económicos.

Artículo 5º. (Mercado relevante).- A efectos de evaluar si una práctica afecta las condiciones de competencia, deberá determinarse cuál es el mercado relevante en el que la misma se desarrolla. Esto implica analizar, entre otros factores, la existencia de productos o servicios sustitutos, así como el ámbito geográfico comprendido por el mercado, definiendo el espacio de competencia efectiva que corresponda. El órgano de aplicación establecerá los criterios generales para la determinación del mercado relevante.

Artículo 6º. (Abuso de posición dominante).- Se entiende que una o varias empresas gozan de una posición dominante en el mercado cuando pueden afectar sustancialmente las va-riables relevantes del mismo, con prescindencia de las conductas de sus competidores, compradores, clientes o proveedores.

Se considera que existe abuso de posición dominante cuando la o las empresas que se encuentran en tal situación actúan de manera indebida, con el fin de obtener ventajas o causar perjuicios a otros, los que no hubieran sido posibles de no existir tal posición de dominio.

Artículo 7º. (Notificación de concentraciones).- Todo acto de concentración económica deberá ser notificado al órgano de aplicación por las empresas participantes cuando se dé por lo menos una de las condiciones siguientes:

A) Cuando como consecuencia de la operación se alcance una participación igual o superior al 60% (sesenta por ciento) del mercado relevante.

B) Cuando la facturación bruta anual en el territorio uruguayo del conjunto de los participantes en la operación, en cualquiera de los últimos tres ejercicios contables, sea igual o superior a UI 1.000:000.000 (mil millones de unidades indexadas).

A los efectos de la interpretación del presente artículo, se considerarán posibles actos de concentración económica aquellas operaciones que supongan una modificación de la estructura de control de las empresas partícipes mediante: fusión de sociedades, adquisición de opciones, de cuotas o de participaciones sociales, adquisición de establecimientos comerciales, industriales o civiles, adquisiciones totales o parciales de activos empresariales, y toda otra clase de negocios jurídicos que importen la transferencia del control de la totalidad o parte de unidades económicas o empresas.

Las notificaciones requeridas deberán presentarse en forma previa o en un plazo no mayor a los treinta días de efectuadas las operaciones correspondientes. El órgano de aplicación reglamentará la forma y el contenido de las notificaciones requeridas, así como las sanciones correspondientes en concordancia con lo dispuesto por los artículos 16, 17 y 18 de la presente ley. Asimismo, podrá requerir información periódica a las empresas involucradas a efectos de realizar un seguimiento de las condiciones de mercado en los casos en que entienda conveniente.

Artículo 8º. (Autorización de concentración monopólica).- en los casos en que el acto de concentración económica implique la conformación de un monopolio de hecho, dicho proceso deberá ser autorizado por el órgano de aplicación. El análisis de esos casos deberá incorporar, entre otros factores, la consideración del mercado relevante, la competencia externa y las ganancias de eficiencia. Si el órgano de aplicación no se expidiera en un plazo de noventa días desde la notificación correspondiente, se dará por autorizado el acto.

En caso de autorización expresa o tácita por parte del órgano de aplicación, de una concentración monopólica de hecho, de ninguna forma constituirá un monopolio de origen legal de acuerdo con lo establecido en el numeral 17) del artículo 85 de la Constitución de la República. Dicha autorización no podrá limitar el ingreso de otros agentes al mercado, a los cuales les serán de aplicación las disposiciones de la presente ley.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACION Y SANCION DE PRACTICAS PROHIBIDAS

Artículo 9º. (Competencia).- El órgano de aplicación será competente para desarrollar los procedimientos tendientes a investigar, analizar y sancionar las prácticas prohibidas por la presente ley. Podrá actuar de oficio o por denuncia.

Artículo 10. (Medidas preparatorias).- Antes de iniciar formalmente una investigación, el órgano de aplicación podrá requerir información de cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que le permita tomar conocimiento de actos o hechos relativos a la conformación de los mercados y a las prácticas que se realizan en los mismos.

Asimismo, si lo estimare oportuno, el órgano de aplicación podrá requerir ante la Justicia ordinaria la realización de medidas probatorias con carácter reservado y sin noticia de los eventuales investigados o terceros, tales como la exhibición y obtención de copias de documentos civiles y comerciales, libros de comercio, libros de actas de órganos sociales, bases de datos contables y correspondencia.

A tales efectos serán competentes los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Civil de Montevideo y los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior, según corresponda.

Artículo 11. (Presentación de la denuncia).- Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, puede denunciar la existencia de prácticas prohibidas, sin necesidad de acreditar interés legítimo o derecho subjetivo.

La denuncia deberá presentarse por escrito ante el órgano de aplicación, conteniendo la identificación del denunciante y la descripción precisa de la conducta presuntamente anticompetitiva que está siendo desarrollada o se planea desarrollar, acompañando en la misma oportunidad los medios probatorios que dan mérito a la misma.

Sin perjuicio de que el denunciante deberá identificarse en todos los casos, podrá solicitar al órgano de aplicación, por motivos fundados, que mantenga reserva acerca de su identidad.

De la denuncia formulada se deberá conferir vista a los denunciados.

Si el órgano de aplicación entendiere que, además de los sujetos denunciados expresamente por el denunciante, pudieran existir otras personas que también fueran presuntamente infractores de los preceptos de esta ley, también conferirá vista a las mismas, de acuerdo con los artículos 66 y 72 de la Constitución de la República, con idénticos propósitos y consecuencias que si hubieren sido denunciados.

El órgano de aplicación podrá iniciar la investigación de oficio cuando considere que pudieran estar desarrollándose prácticas prohibidas.

Artículo 12. (Cese preventivo).- En cualquier momento del procedimiento el órgano de aplicación podrá expedirse acerca de las posibles consecuencias dañosas de la conducta objeto de los procedimientos.

En caso de que la misma fuese capaz de producir daños graves, o ya los estuviere produciendo, podrá disponer el cese preventivo de esa conducta.

Artículo 13. (Prueba).- Toda persona, física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, queda sujeta al deber de colaboración con el órgano de aplicación y estará obligada a proporcionar a requerimiento de éste, en un plazo de diez días corridos contados desde el siguiente al que le fuere requerida, toda la información que conociere y todo documento que tuviere en su poder.

Artículo 14. (Medidas cautelares).- Sin perjuicio de la posibilidad de disponer el cese preventivo de las prácticas investigadas a que refiere el artículo 12 de la presente ley, el órgano de aplicación está facultado para requerir a la Justicia ordinaria la realización de todas las medidas cautelares que considere pertinentes, con carácter reservado y sin noticia, antes de iniciar las actuaciones administrativas o durante el transcurso de las mismas.

A tales efectos serán competentes los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Civil de Montevideo y los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior, según corresponda, y se aplicarán, en cuanto fuera pertinente, las soluciones del artículo 311 y siguientes del Código General del Proceso, excepto en lo que se refiere a la prestación de contracautela, de la cual queda exonerado el órgano de aplicación.

Asimismo, en lo que respecta a la previsión del artículo 311.2 del Código General del Proceso se interpretará la misma en el sentido de que las medidas cautelares caducarán si el órgano de aplicación no iniciara las actuaciones administrativas dentro del plazo de treinta días corridos contados desde que se hicieron efectivas aquéllas.

Artículo 15. (Compromisos de cese y conciliaciones).- El órgano de aplicación podrá suspender las actuaciones, en cualquier estado en que se hallaren, por espacio no mayor a diez días corridos, a efectos de acordar con el presunto infractor un compromiso de cese o modificación de la conducta investigada, salvo que la ilegitimidad de la misma y la identidad de quien la realizó fueren evidentes.

También podrá suspender las actuaciones por idéntico plazo, por solicitud conjunta de denunciante y denunciado, y a efectos de considerar posibles conciliaciones, siempre que la conducta investigada consista en la situación prevista por el artículo 6º de esta ley y el único perjudicado por la misma sea el denunciante.

Artículo 16. (Sanciones).- Cuando las actuaciones administrativas concluyeran con la constatación de que se desarrollaron prácticas anticompetitivas, el órgano de aplicación deberá ordenar su cese inmediato y de los efectos de las mismas que aún subsistieren, así como sancionar a sus autores y responsables.

Las sanciones consistirán en:

A) Apercibimiento.

B) Apercibimiento con publicación de la resolución, a costa del infractor, en dos diarios de circulación nacional.

C) Multa que se determinará entre una cantidad mínima de UI 100.000 (cien mil unidades indexadas) y una cantidad máxima del que fuere superior de los siguientes valores:

1) 20:000.000 UI (veinte millones de unidades indexadas).

2) El equivalente al 10% (diez por ciento) de la facturación anual del infractor.

3) El equivalente a tres veces el perjuicio causado por la práctica anticompetitiva, si fuera determinable.

Las sanciones podrán aplicarse independientemente o conjuntamente según resulte de las circunstancias del caso.

A efectos de su determinación, se tomará en cuenta: la entidad patrimonial del daño causado; el grado de participación de los responsables; la intencionalidad; la condición de reincidente; y la actitud asumida durante el desarrollo de las actuaciones administrativas.

Estas sanciones también podrán aplicarse a aquellos que incumplan las obligaciones dispuestas por el artículo 12 de esta ley.

En el caso de prácticas concertadas entre competidores, se considerará como especial atenuante la denuncia realizada por uno de los miembros del acuerdo o el aporte que éste brinde para la obtención de pruebas suficientes para la sanción de los restantes infractores.

Artículo 17. (Publicación).- Una descripción de los casos analizados y las resoluciones correspondientes serán publicadas en la página institucional del órgano de aplicación.

Artículo 18. (Sanciones a Administradores, Directores y Representantes de Personas Jurídicas, y a Sociedades Controlantes).- Además de las sanciones que corresponda imponer a las personas jurídicas que realicen conductas prohibidas por esta ley, también podrán imponer multas a los integrantes de sus órganos de administración y representación que hayan contribuido activamente en el desarrollo de la práctica.

Las conductas desarrolladas por una persona jurídica controlada por otra, serán también imputables a la controlante. De la misma manera, las responsabilidades que pudieren corresponder a los integrantes de los órganos de administración y representación de la sociedad controlada, también se aplicarán a quienes cumplen las mismas funciones en la sociedad controlante.

Artículo 19. (Título Ejecutivo).- El testimonio de la resolución firme que imponga pena de multa constituirá título ejecutivo.

CAPITULO III

ORGANO DE APLICACION

Artículo 20. (Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia).- El órgano de aplicación de las disposiciones de la presente ley será la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que funcionará como órgano desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas.

La Comisión estará integrada por tres miembros designados por el Poder Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros, entre personas que, por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento de la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño.

Al menos uno de los integrantes deberá ser abogado y otro economista, con más de cinco años en el ejercicio de la profesión. Los miembros de la Comisión tendrán dedicación exclusiva, con excepción de la actividad docente y de investigación. Si al momento de la designación ocuparan otros cargos públicos, quedarán suspendidos en los mismos a partir de su aceptación y por todo el tiempo que actúen como integrantes de la Comisión, de acuerdo con lo establecido por el artículo 21 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Su mandato durará seis años y podrán ser designados nuevamente.

Las renovaciones se realizarán de a un miembro cada dos años; a efectos de hacer posible dicho sistema de renovación, los tres primeros miembros que se designen tendrán, respectivamente, mandatos de dos, cuatro y seis años de duración.

El Presidente de la Comisión tendrá a su cargo la representación del órgano.

La Presidencia de la Comisión será ejercida por espacio de dos años, en forma rotativa, de manera que todos sus integrantes tengan la oportunidad de ocupar dicho cargo. En el caso de la primera integración de la Comisión, la Presidencia será ejercida, en primer término, por el miembro designado con mandato de dos años; y en segundo término, por el miembro designado con mandato de cuatro años.

Los integrantes de la Comisión podrán ser destituidos por el Presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, en cualquiera de los siguientes casos:

A) Negligencia o mal desempeño de sus funciones.

B) Incapacidad sobreviniente.

C) Condena por delito doloso.

D) Comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio del órgano.

Los miembros de la Comisión serán suspendidos preventinamente en sus funciones, en caso de ser procesados por delito doloso o impedimento físico momentáneo para desempeñar la función. La suspensión se verificará de pleno derecho, por el dictado del auto de procesamiento, independientemente de que el mismo sea objeto de recursos.

En caso de destitución, la duración del mandato de quien sea designado para ocupar el lugar del miembro removido, será igual al tiempo que restare a este último para terminar el suyo.

El funcionamiento de la Comisión se ajustará a lo que disponga el reglamento que la misma habrá de dictar, que contendrá como mínimo el régimen de convocatoria, deliberación, votación y adopción de resoluciones.

Artículo 21. (Funciones y facultades).- Compete a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia:

A) Dar cumplimiento a las disposiciones de la presente ley.

B) Emitir normas generales e instrucciones particulares que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

C) Realizar los estudios e investigaciones que considere pertinentes, a efectos de analizar la competencia en los mercados.

D) Requerir de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, la documentación y colaboración que considere necesarias.

E) Realizar investigaciones sobre documentos civiles y comerciales, libros de comercio, libros de actas de órganos sociales, bases de datos contables y correspondencia.

F) Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de promoción y políticas de competencia.

G) Emitir recomendaciones no vinculantes, dirigidas al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Gobiernos Departamentales, y entidades y organismos públicos, relativos al tratamiento, protección, regulación, restricción o promoción de la competencia en leyes, reglamentos, ordenanzas municipales y actos administrativos en general. Estas recomendaciones se realizarán respecto de leyes, reglamentos, ordenanzas municipales y otros actos administrativos vigentes o a estudio de cualquiera de los organismos señalados.

H) Emitir recomendaciones no vinculantes, de caráctergeneral o sectorial, respecto de las modalidades de la competencia en el mercado.

I) Emitir dictámenes y responder consultas que le formule cualquier persona física o jurídica, pública o privada, acerca de la legitimidad o ilegitimidad de prácticas concretas que pretende realizar, o que realizan otros sujetos.

J) Mantener relaciones con otros órganos de defensa de la competencia, nacionales o internacionales, y participar en todos los foros internacionales en que se discutan o negocien temas relativos a la competencia.

Artículo 22. (Sectores regulados).- En los sectores que están sometidos al control o superintendencia de órganos reguladores especializados, tales como el Banco Central del Uruguay, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, la protección y fomento de la competencia estarán a cargo de los órganos reguladores especializados.

El alcance de la actuación de los mismos incluirá actividades que tengan lugar en mercados vertical u horizontalmente relacionados con los mercados bajo control y regulación, en la medida en que afecten las condiciones competitivas de los mercados que se encuentran bajo sus respectivos ámbitos de actuación regulatoria.

En el desarrollo de este cometido, los órganos reguladores deberán cumplir con todas y cada una de las disposiciones de la presente ley.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 23. (Prescripción).- Las acciones que tienen su origen en la realización de prácticas prohibidas por la presente ley, prescribirán a los cinco años de verificadas las mismas, tanto en lo que respecta a la potestad pública de investigar y sancionar a los responsables, como el derecho de los perjudicados directamente por las mismas a obtener el resarcimiento de los daños padecidos.

La prescripción se interrumpe con el acto que dispone la iniciación de un procedimiento de oficio o con el acto que ordena dar vista de la denuncia al presunto responsable, o por la comisión de nuevas conductas prohibidas.

Artículo 24. (Remisión).- En todo lo no previsto en esta ley o en su decreto reglamentario, relativo al procedimiento para la investigación y sanción de prácticas prohibidas, se aplicarán las soluciones del Decreto Nº 500/991, de 27 de setiembre de 1991.

Artículo 25. (Derogaciones).- Se derogan los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, los artículos 157 y 158 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, y el artículo 699 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 26. (Modificaciones).- Se modifica el artículo 65 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 65.- Toda iniciativa en materia de tasas a ser percibidas por las unidades ejecutoras de la Administración Central por concepto de trámites, servicios o similares requerirá informe previo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la que actuará de conformidad con los criterios establecidos en los artículos 699 a 702 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996".

Artículo 27. (Reglamentación).- La presente ley será reglamentada en lo pertinente por el Poder Ejecutivo dentro de los noventa días contados a partir de su publicación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 2 de mayo de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

DISPOSICIONES CITADAS

Artículo referente

Artículo 25

Ley Nº 17.243, de

29 de junio de 2000

CAPITULO IV

NORMAS SOBRE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Artículo 13.- Las empresas que desarrollen actividades económicas, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, están sujetas a las reglas de la competencia, sin perjuicio de las limitaciones que se establecieren por ley y por razones de interés general (artículos 7º y 36 de la Constitución de la República) o que resulten del carácter de servicio público de la actividad de que se trate.

Artículo 14.- Prohíbense los acuerdos y las prácticas concertadas entre los agentes económicos, las decisiones de asociaciones de empresas y el abuso de la posición dominante de uno o más agentes económicos que tengan por efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia y el libre acceso al mercado de producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios, tales como:

A) Imponer en forma permanente, directa o indirectamente, precios de compra o venta u otras condiciones de transacción de manera abusiva para los consumidores.

B) Restringir, de modo injustificado, la producción, la distribución y el desarrollo tecnológico, en perjuicio de empresas o de consumidores.

C) Aplicar injustificadamente a terceros contratantes condiciones desiguales en el caso de prestaciones equivalentes, colocándolos así en desventaja importante frente a la competencia.

D) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de obligaciones complementarias o suplementarias que, por su propia naturaleza o por los usos comerciales, no tengan relación con el objeto de esos contratos, en perjuicio de los consumidores.

E) En forma sistemática, vender bienes o prestar servicios a precio inferior al costo, sin razones fundadas en los usos comerciales, incumpliendo con las obligaciones fiscales o comerciales.

La aplicación de estas normas procede cuando la distorsión en el mercado genere perjuicio relevante al interés general.

Artículo 15.- El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones del presente Capítulo y dispondrá las medidas pertinentes para la aplicación de dichas disposiciones.

Toda contienda que se suscite que refiera a la materia regulada en este Capítulo podrá ser sometida por las partes a arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en el Título VIII del Libro II del Código General del Proceso (Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988). La reglamentación promoverá la habilitación de centros especializados a tales efectos.

Ley Nº 17.296, de

21 de febrero de 2001

Artículo 157.- La reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo establecerá a qué repartición del Estado se le asigna competencia en el control de los actos y conductas prohibidos por el artículo 14 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, que serán sancionados de la siguiente forma:

A) Apercibimiento.

B) Apercibimiento con publicación a costa del infractor.

C) Orden de cese definitivo de los actos o conductas prohibidos y la remoción de sus efectos.

D) Multa de 500 UR (quinientas unidades reajustables) hasta 20.000 UR (veinte mil unidades reajustables) según que la infracción se califique de leve, grave o muy grave.

Las sanciones podrán aplicarse independiente o conjuntamente según resulte de las circunstancias del caso. En el caso de que la gravedad de la infracción lo amerite, podrá ordenarse el cese provisorio de los actos o conductas prohibidos, sin perjuicio de la iniciación del proceso administrativo que corresponda.

Los criterios que se tendrán en consideración para determinar la gravedad de la infracción serán el daño causado, la modalidad y alcance de la restricción de la competencia, la participación del infractor en el mercado, la duración de la práctica prohibida y la reincidencia o antecedentes del infractor.

Artículo 158.- El órgano de aplicación de las normas contenidas en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, tendrá las siguientes funciones y facultades:

A) Requerir a las autoridades nacionales o municipales y a los particulares, la documentación, información y colaboración que juzgue necesarias a los efectos de cumplir con sus cometidos y en especial, con los estudios e investigaciones de mercado que considere pertinentes.

B) Habilitar los centros especializados a que refiere el artículo 15 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000.

C) Emitir opinión en los asuntos que se sometan a su consideración o que analice en el marco de su competencia e informar y asesorar respecto de acuerdos, prácticas restrictivas, decisiones de empresas y demás cuestiones relativas a la defensa de la competencia.

D) Imponer las sanciones establecidas en la presente ley.

E) Dispondrá de las más amplias facultades de investigación y fiscalización, pudiendo requerir de los organismos especializados la colaboración necesaria a los efectos de la realización de inspecciones, investigaciones, pericias, controles y comprobaciones. Podrá asimismo, requerir la comparecencia de los investigados y de terceros a los efectos de proporcionar información. Los datos e informaciones obtenidos solo podrán ser utilizados para las finalidades previstas en esta ley.

F) Solicitar en forma fundada, al Juez competente, las medidas cautelares que estime pertinentes, procedimiento en el que estará exonerado de prestar contra cautela.

G) Proyectar y someter a la consideración del Poder Ejecutivo el procedimiento pertinente, a los efectos de la constatación de la realización de los actos o las prácticas prohibidas y la aplicación de sanciones, ya sea de oficio o por denuncia de parte interesada y legitimada al respecto, garantizándose al denunciado o investigado el ejercicio del derecho de defensa.

H) Promover la celebración de acuerdos, conciliaciones o compromisos de cese, en los asuntos sometidos a su consideración.

Ley Nº 16.736, de

5 de enero de 1996

Artículo 669.- Sustitúyese el artículo 8º del Título 14 (PAT) del Texto Ordenado 1991, por el siguiente:

"ARTICULO 8º.- Para la determinación del monto imponible no se computarán en el activo de títulos de Deuda Pública, Nacional o Municipal, valores emitidos por el Banco Hipotecario del Uruguay, por el Banco Central del Uruguay, Bonos y Letras de Tesorería, acciones de la Corporación Nacional para el Desarrollo y participaciones en el patrimonio de los sujetos pasivos comprendidos en los literales B) y C) del artículo 1º. Al solo efecto de la determinación ficta del valor del ajuar y muebles de la casa habitación se computarán:

A) Saldos de precio que deriven de importaciones, préstamos y depósitos en moneda extranjera, de personas físicas y jurídicas extranjeras domiciliadas en el exterior.

B) Obligaciones o debentures, títulos de ahorro u otros similares sujetos al pago de este Impuesto por vía de retención.

C) Depósitos en instituciones bancarias o cajas populares, cuyos titulares sean personas físicas.

D) Acciones de sociedades comprendidas en el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982".

Artículo referente

Artículo 26

Ley Nº 17.296, de

21 de febrero de 2001

Artículo 65.- Toda iniciativa en materia de regulaciones y restricciones administrativas que afecten la competencia entre particulares o la competitividad, así como en materia de tasas, a ser percibidas por las unidades ejecutoras de la Administración Central por concepto de trámites, servicios o similares, requerirá informe previo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto actuará de conformidad con los criterios establecidos en los artículos 699 a 702 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Exceptúase de lo dispuesto en los incisos precedentes, toda iniciativa en materia de regulaciones y restricciones administrativas que afecten la competencia entre particulares o la competitividad, que fuere evaluada por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) o por la Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica (UREE).

Carp. Nº 298/05

Anexo I al

Rep. Nº 322/06

Marzo de 2006

Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Hacienda recomienda al Cuerpo aprobar el presente proyecto de ley referente a la promoción y defensa de la competencia.

Analizando el proyecto presentado con la firma de varios Legisladores, y a su vez, teniendo otra iniciativa por parte del Poder Ejecutivo, la Comisión trabajó escuchando distintos actores de la sociedad y la academia intercambiando opiniones y contando, además, con la presencia del economista Mario Bergara (Subsecretario) y asesores del Ministerio de Economía y Finanzas.

Luego de un pormenorizado estudio en varias reuniones de la Comisión, se concluye hoy con el voto favorable a la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, con modificaciones realizadas al mismo en la búsqueda del mayor respaldo al presente proyecto de ley.

Las políticas de competencia en términos generales, están integradas por un conjunto de leyes o disposiciones que buscan asegurar que la competencia en el mercado no se restrinja, en el sentido de reducir el bienestar. El presente proyecto de ley pone el acento en el bienestar de los consumidores y usuarios actuales y futuros, siendo éste su objeto, mientras que la promoción y defensa de la competencia, es el medio por el cual se resguarda aquélla, conjuntamente con el estímulo a la eficiencia y la libertad e igualdad de acceso a los mercados.

En la exposición de motivos que nos remitiera el Poder Ejecutivo, se hace referencia a los objetivos del proyecto de ley y se manifiesta que "la existencia de mercados competitivos permite que los ciudadanos dispongan del mayor número de bienes y servicios al menor precio posible, crea los estímulos para la constante búsqueda de la calidad de los mismos y para la innovación, que las empresas asignen sus recursos escasos en forma eficiente y todo ello redunde en beneficio para el consumidor".

En este análisis no podemos dejar de tener en cuenta dos variables, las dimensiones de la economía nacional y por consiguiente las economías de escala necesarias para la inserción local, regional e internacional y el principio de libertad que consagra y protege nuestra Constitución. "En términos generales, las empresas operan en Uruguay en un régimen de economía de mercado, basado en la libertad de actuación tanto de oferentes como de demandantes" y este proyecto tiende a regular por ley las relaciones entre éstos, evitando los abusos que la falta de reglamentación permite, con las consecuencias que ello genera en la parte más débil de la relación.

Por tanto, este proyecto tiende a habilitar la participación del Estado, bajo reglas claras para los operadores económicos, consagrando los principios y reglas de la libre competencia en los mercados, sancionando acciones o conductas llevadas a cabo por agentes económicos en violación de ciertas normas.

Dicha sanción recae sobre conductas o prácticas consideradas anticompetitivas que en términos generales se clasifican en explotativas y exclusorias. Los principales tipos, sancionados corrientemente en el mundo son las prácticas de colusión (conducta explotativa concertada entre competidores que tiene por objeto limitar o eliminar la competencia entre ellos), las prácticas de obstaculización a la entrada y de depredación (prácticas exclusorias que tienen por objeto la eliminación de competidores actuales o potenciales) y las prácticas llamadas de "abuso de posición dominante" (de carácter explotativo, como tipos de discriminación de precios, ventas atadas).

El artículo 2º del proyecto establece el principio general y enuncia las prácticas o conductas prohibidas "...el abuso de posición dominante, así como todas las prácticas, conductas o recomendaciones, individuales o concertadas, que tengan por efecto u objeto, restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado relevante".

Complementariamente, se agrega, también a nivel de principio, la facultad de tomar en consideración para valorar la legitimidad o ilegítimidad de éstos actos si "generan ganancias de eficiencia económica..., la posibilidad de obtener las mismas a través de formas alternativas y el beneficio que se traslada a los consumidores".

Se está priorizando el uso de la regla de la razón, es decir un análisis que evalúe y sopese argumentos de ejercicio de poder de mercado y argumentos de eficiencia, lo cual resulta crucial. No todo ejercicio de poder de mercado, no todos los acuerdos entre empresas son anticompetitivos. Diversas prácticas que "ex ante" parecen limitar la competencia es posible que tengan su justificación y solucionen problemas. Se deben contemplar las ganancias de eficiencia que producen y los beneficios a los usuarios o consumidores.

El proyecto define en sus siguientes artículos prácticas prohibidas a título enunciativo, los conceptos de mercado relevante, posición dominante y abuso de posición dominante.

Con referencia al tema de las Concentraciones el proyecto de ley no prevé un proceso de autorización previo o posterior de las operaciones de concentración, salvo en el caso extremo de un proceso de concentración que da lugar a un monopolio de hecho. No obstante, se introduce un mecanismo de notificación que permitirá al órgano de la Competencia el seguimiento de las conductas y comportamientos de aquellas concentraciones o fusiones que sobrepasen en conjunto un determinado umbral de participación del mercado relevante o determinado monto de ventas anuales (artículo 7º). La obligación de notificación proveerá una base de datos al órgano de aplicación a partir de la cual éste tendrá elementos para tomar ciertas acciones como solicitar mayor información, seguir con más atención el mercado donde se está produciendo un proceso de concentración y eventualmente actuar de oficio ante una conducta anticompetitiva. La ley deja para el órgano de aplicación la reglamentación y el contenido de las notificaciones.

La característica de economía abierta y pequeña de nuestro país requiere niveles de concentración más o menos altos por temas de escala mínima eficiente. Del punto de vista conceptual se entiende que las formas de estructura de mercados no determinan de manera causal conductas o resultados anticompetitivos. Una concentración económica no es en sí misma ni buena ni mala, existiendo principalmente dos motivos que la inducen: la obtención de un mayor poder de mercado conjunto con la posibilidad de aumentar precios, y el incremento de eficiencia económica con el resultado de disminuir costos. El primer motivo genera efectos negativos y el segundo beneficios para la sociedad. A priori entonces es difícil saber cuál va a ser el factor predominante. De todas maneras, si las prácticas resultantes de procesos de concentraciones fueran dañinas, serían sancionadas como conductas anticompetitivas.

En el proyecto de ley se entendió no obstante, que una concentración extrema requería otro tipo de control más exigente, y se introduce el artículo 8º que contiene un control de tipo estructural, donde se requiere autorización para el caso de un proceso de fusión o adquisición que implique la conformación de un monopolio (monopsonio). Complementariamente se introducen criterios para evaluar en forma integral los beneficios o perjuicios que una concentración monopólica pueda acarrear; el análisis del mercado relevante, la competencia externa y las ganancias de eficiencia.

Por tanto, este proyecto, que ponemos a vuestra consideración, "introduce una serie de mecanismos que permiten ejercer un control sobre aquellas conductas anticompetitivas que implican un perjuicio para los habitantes, además de instrumentar y desarrollar el necesario asesoramiento que permita orientar los mercados hacia ámbitos más competitivos. Con ello, se busca enfatizar el aspecto educativo con el objetivo de crear una mayor conciencia entre la ciudadanía y los empresarios de los beneficios de la competencia, fomentando el desarrollo de una cultura en la materia, sin descuidar el aspecto represivo de las conductas que contravengan lo establecido en la normativa".

Este proyecto contribuye a mejorar el clima de inversión. Las políticas de competencia garantizan reglas de juego y la seguridad que éstas dan alientan procesos de inversión, con su consecuente impacto sobre el empleo y el crecimiento económico.

El análisis, control y sanción de conductas y prácticas prohibidas serán desarrollados por una Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia que funcionará como órgano colegiado desconcentrado en la órbita del MEF, con la necesaria independencia y transparencia de su actuación.

El proyecto establece un sistema de proceso con las debidas garantías e intervención de la justicia ordinaria en los casos que corresponda.

En síntesis, "se busca dotar de un instrumento adicional en la búsqueda de la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la República y, a la vez, de fomento y desarrollo de empresas más eficientes, a través de la creación de un órgano de aplicación específico e independiente con co-metidos tanto de represión como de evaluación y asesoramiento".

Por los argumentos expuestos, proponemos al Cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 15 de marzo de 2006.

Alfredo Asti, Miembro Informante; Eduardo Brenta, Gonzalo Mujica, Rosa Quintana, Pablo Pérez González, José Amorín, con salvedades que expresará en Sala. José Carlos Cardoso, con salvedades que expresará en Sala; Jorge Gandini, con salvedades que expresará en Sala; Iván Posada, con las siguientes salvedades.

1. Antecedentes

En la pasada Legislatura, a instancias de los Diputados del Frente Amplio Víctor Rossi, Ruben Obispo y Artigas Barrios se creó la Comisión Especial para el Estudio de Soluciones Legislativas referentes a la Libertad de Comercio en el Uruguay. Después de un largo período de trabajo, la Comisión resolvió solicitar al Catedrático de Derecho Comercial Grado V de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Dr. Siegbert Rippe la redacción de un proyecto de ley que estableciera un cuerpo normativo tendiente a regular la Libertad de Comercio y la Defensa de la Competencia. Finalmente el proyecto fue redactado, en trabajo conjunto, por el referido catedrático y el Profesor Agregado Grado IV de Técnica Notarial II y de Comercio Internacional de la Facultad de Derecho Dr. Daniel Hargain. Dicho proyecto, presentado por los integrantes de la Comisión Especial, tómo estado parlamentario, y luego de un estudio detenido en el que recibimos a diversas delegaciones -entre ellas representantes del Poder Ejecutivo1 de entonces- aprobamos el mismo, con algunas escasas modificaciones. Posteriormente, la Cámara de Representantes por una amplísima mayoría, le dio media sanción al proyecto.

En las jornadas de trabajo en la Comisión Especial, la principal objeción planteada por los representantes del Poder Ejecutivo encabezado por el Dr. Jorge Batlle, fue la referida al Control de Concentraciones, Capítulo III del proyecto, donde se establecía el control previo de las concentraciones económicas. De hecho, este fue el punto central del debate en la Comisión Especial que por mayoría circunstancial conformada por los representantes del Frente Amplio y del Partido Independiente terminó laudando la discusión del tema manteniendo el capítulo en cuestión.

En la consideración en el plenario de la Cámara, los capítulos del proyecto -excepto el Capítulo III- recogieron aprobación unánime o por amplísima mayoría. El Capítulo III fue aprobado por amplia mayoría, recogiendo el apoyo de las Bancadas del Frente Amplio y el Partido Independiente y de algunos Diputados del Partido Colorado (el Diputado Ricardo Molinelli por ejemplo) y del Partido Nacional. En suma, el proyecto de ley fue aprobado tal como había sido elevado a consideración de la Cámara.

Al comienzo del nuevo período legislativo, promovimos junto a Diputados de todos los Partidos Políticos, la presentación del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes en la pasada Legislatura, procurando una rápida aprobación de la iniciativa, en función de los antecedentes que mencionamos en párrafos anteriores.

Sin embargo, algunos meses después, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley, que si bien toma como base el aprobado en la Legislatura anterior, elimina el control previo de las concentraciones económicas e introduce otras modificaciones que juzgamos inconvenientes. Lo novedoso es que la ahora Bancada mayoritaria fundamente la eliminación del Capítulo III tomando prestado los argumentos expresados por los representantes del Gobierno del Dr. Batlle.

2. Salvedades al proyecto de ley

2.1 Salvedades de carácter general

En primer lugar, cabe expresar que acompañamos con nuestro voto el pase a la discusión particular del presente proyecto, en tanto supone incorporar un cuerpo normativo que regula la libertad de comercio y defensa de la competencia, aún cuando sigue dejando un vacío respecto al control de las concentraciones económicas.

A nuestro juicio el principal déficit de este proyecto de ley refiere a la inexistencia de disposiciones que regulen las concentraciones económicas. Quienes respaldan la exclusión de normas que prevean el control previo de las concentraciones expresan que las mismas restrinjan las inversiones.

Nuestro país tiene por cierto una tasa de inversión muy baja, y al legislar a este respecto hay que tener especial cuidado. En todo caso, importan las posiciones filosóficas que los distintos partidos políticos tenemos respecto a la relación entre Estado y mercado. Quienes adherimos a la visión de la socialdemocracia, compartimos la vigencia de las palabras de ese gran representante social demócrata que fue Willy Brandt: "tanto mercado como sea posible, tanta intervención del Estado como sea necesaria". Vale decir que mientras el mercado asigne adecuadamente los recursos, bueno es dejar que éste actúe, pero cuando no cumple con esa función, cuando se producen distorsiones en su funcionamiento, bueno es que el Estado intervenga para corregirlas.

Compartimos plenamente que los sistemas de regulación de la defensa de la competencia permiten cada vez más las concentraciones económicas como parte del proceso de globalización de la economía, y que muchas veces esos procesos permiten mayor eficiencia a través de economías de escala e incorporación de nuevas tecnologías. Negar que tal proceso existe sería no ser la realidad que nos circunda, pero eso no obsta a que se prevea un mecanismo que nos permita impedir situaciones indeseadas. La ausencia del control previo de concentraciones económicas determinará que aún cuando se verifiquen distorsiones en el funcionamiento del mercado, nada podrá hacerse.

A este respecto, nos importa compartir con los señores Representantes la reflexión del Dr. Siegbert Rippe en la sesión de la Comisión de Hacienda, del 22 de febrero del corriente año: "Quiero aprovechar la oportunidad para reflexionar en voz alta parte de esta temática. Comparto que definitivamente pueda haber un cambio a nivel de la legislación global sobre permitir o facilitar las concentraciones y, eventualmente, observar si hay o no abuso de posición dominante cuando esa concentración se da dentro de la economía globalizada. Pero también presiento que cuando Estados Unidos o los países de la Unión Europea avanzan en este desarrollo, hay toda una historia detrás; son décadas y décadas de desarrollo económico. Entonces, uno se plantea si este país, partiendo de cero, debe llegar a la posición extrema que se está dando en el mundo. En nuestra opinión y en el marco de la región, en Uruguay hay todavía un camino por andar. Una cosa es que ciertas concentraciones se puedan realizar porque mejoran la eficiencia y no necesitan autorización previa porque no están dentro de los patrones requeridos por la ley, y otra cosa diferente es sostener que en este país no debería haber un sistema de control previo de concentraciones cuando se cumplen determinadas pautas. Nosotros manejamos ciertos conceptos -algunos fueron recogidos- en cuanto a que toda concentración empresarial o societaria que implicara tener una participación mayor con un determinado porcentaje en el mercado o cuando hubiera una facturación anual de determinadas Unidades Indexadas, debería existir por lo menos la intervención del órgano de contralor a los efectos de autorizar o no tal proceso concentrativo. ¿Cómo se modifica esto? Sin perjuicio de mantener los dos criterios, el Poder Ejecutivo hace lo siguiente. En lugar del 40% del sector acepta que sea el 60%. Por otro lado, mantiene las mismas Unidades Indexadas en materia de prerrequisitos para que una concentración requiera modificación. La diferencia conceptual está en que mientras en el proyecto original, si se daban ciertas pautas, había que tener autorización previa en el marco del Poder Ejecutivo, ahora solo se requiere una notificación. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo está aceptando que se produzca la concentración. Entonces, si se produce la concentración, ¿cómo puede hacer el órgano de aplicación de esta normativa para controlar si hay o no abuso de posición dominante o si hay o no suficiente poder de mercado? Una vez que yo acepto la concentración, es mucho más fácil prevenir que reprimir. En nuestra muy personal opinión, a veces es difícil aplicar ciertas medidas preventivas en una economía como la nuestra, que debería ser lo más competitiva posible. Pero téngase presente que es lo menos competitiva que ustedes puedan imaginar, porque en este país los acuerdos provisorios implícitos o explícitos dominan el mercado; prácticamente no debe de haber sector de nuestra economía en donde no haya acuerdos implícitos en materia de precios, división de mercados, oferta de productos, etcétera.

Es muy difícil pensar que pueda haber una real, efectiva e independiente competencia en nuestro país, y es uno de los temas que hay que atacar. Me gustaría invitarlos a reflexionar nuevamente sobre si es conveniente aceptar que se produzcan tales concentraciones y que haya una limitante para notificar. ¿Pero después, qué? ¿Cómo hago yo si una empresa toma el 60% del mercado? ¿Cómo hago yo si una empresa toma el 94% o el 96% del mercado, como ocurre con algunas empresas en este país? ¿Cómo hago para deshacer lo que permití que se construyera? Personalmente -esto lo he manejado de manera abierta-, entiendo que debería reflexionarse sobre si no sería conveniente evitar determinadas situaciones con una política preventiva flexible y no con una política represiva que quizá sea imposible aplicar después. Una vez que haya una concentración, ¿cómo hago para volver atrás si hay una posición dominante? ¿Cómo hago divisiones de sociedades o de empresas? ¿Cómo vuelvo atrás un acto empresarial que yo, poder público, permití que se produjera? Ese es, para mí, un tema particularmente delicado. En algunas concentraciones producidas en este país no me consta que se haya podido estudiar el fenómeno, reprimirlo ni lograr una marcha atrás, porque yo lo avalé con mi prescindencia respecto de ese proceso de concentración.

Invitaría nuevamente a la reflexión. Creo que es mejor prevenir que reprimir en su momento. Insisto y estoy de acuerdo con el doctor Hargain: es un tema de definición de política de Estado. ¿Quiero concentaciones? ¿No quiero concentraciones? ¿Quiero prevenirlas? ¿Me alcanza con que sea notificado? Yo pregunto lo siguiente. Acá se dice: "Notifíquese". ¿Y? ¿Qué hago yo con la notificación? ¿Me doy por enterado de que se ha producido tal o cual proceso? Es más: nos enteramos de los procesos de concentración por la prensa; ni siquiera somos notificados de absolutamente nada. La prensa nos informa permanentemente sobre los procesos de concentración empresarial que en este país se están dando.

Entonces, uno se pregunta: ¿qué hago yo con la notificación? ¿Qué va a hacer el Tribunal de Defensa de la Competencia una vez notificado? Si además no se da suficiente infraestructura humana, técnica y financiera a ese Tribunal, obviamente no podrá cumplir ninguno de sus cometidos. Y evidentemente esta no es una ley presupuestal, sino una ley de creación de tal órgano, con tales cometidos. Luego habrá necesidad de una ley presupuestal -vía Presupuesto o Rendición de Cuentas- que le dé los recursos necesarios para que esto pueda funcionar. Y como están las cosas, uno no sabe si eso se va a dar o no.

Insisto: reflexiónese sobre si se debe prevenir o reprimir, sobre cuán posible es una cosa o la otra.

En segundo lugar, lo que ha hecho el Poder Ejecutivo es decir: "bueno, diferente es el caso del monopolio de hecho". Claro, no toma en cuenta el oligopolio. Sin entrar en teoría económica, hay diferentes grados de concentración empresarial. El monopsonio es el último grado en la escala de concentración empresarial. El tema es cómo detecto yo que hay un monopolio. ¿Cómo se hace para detectar preventivamente que se va a producir un monopolio? Se dice que si hay un monopolio de hecho, entonces se requiere previa autorización. ¿Cómo se va a poder detectar por parte del Poder Ejecutivo la existencia de tales monopolios de hecho? ¿Y qué pasa si hay un monopolio de hecho y no se denuncia por las partes? ¿Cómo se hace para investigar? Si yo no obligo preventivamente a que a mí se me informe y se me pida autorización para generar el monopolio o la concentración empresarial, no tengo formas instrumentales, yo, como Poder Ejecutivo o Tribunal de Defensa de la Competencia, para investigar si hay o no un monopolio.

A mí me da la impresión -muy sobria y muy modestamente- de que no debería hablarse de esto y que debería revisarse nuevamente toda la concepción vinculada con concentraciones empresariales, aceptando una vez más y de entrada que esto es un tema de política de Estado: si quiero o no quiero esto que está ocurriendo".

A este mismo respecto, el ex Diputado y actual Intendente de Rocha expresaba en oportunidad de la discusión en Sala de este tema: "Creo que este capítulo es el corazón de la ley, porque mal podemos arreglar las cosas estableciendo penalidades para determinadas actitudes o conductas, si en definitiva estamos permitiendo que se generen las condiciones previas a la adopción de esas conductas. Difícilmente puede darse una actitud de abuso de la posición dominante en el mercado si no se produce una concentración muy fuerte de poder económico en alguno de los actores o agentes económicos de determinado sector. Por eso pienso que es el corazón de la ley. Si sacamos eso, la ley seguirá valiendo, pero valdrá mucho menos. Seguramente, va a haber muchas más dificultades en la aplicación posterior y, si no incluimos este capítulo, quizás nos lleguemos a convencer en el futuro de la necesidad de volver a legislar en la materia".

Lamentablemente, en el seno de vuestra asesora ha primado la idea sostenida en general por la doctrina neoliberal que recoge el viejo principio del pensamiento liberal económico: "laissez faire, laissez passer".

2.2 Salvedades en particular

Sin perjuicio de otras salvedades que expresaremos en Sala, queremos realizar los siguientes comentarios respecto a los artículos que a continuación se mencionan. En relación al artículo 1º, el proyecto incorpora como objeto de la proyectada ley "el bienestar de los actuales y futuros consumidores y usuarios..." Creemos que el artículo así redactado pierde de vista que el objeto fundamental de esta ley debe ser como se establecía en el proyecto aprobado por esta Cámara en la Legislatura anterior: "la promoción y defensa de la competencia, la promoción de la eficiencia económica, la libertad de iniciativa, la apertura de los mercados, la desconcentración del poder económico, así como evitar los usos indebidos de poder de mercado". Como bien lo expresaba el Dr. Hargain en su comparecencia en la Comisión: "La normativa de defensa de la competencia trata de mejorar el sistema de mercado y no a uno de los sectores que conforman los sujetos económicos, que son por un lado, las empresas, por otro los consumidores y por otro, el Estado. En general, la doctrina económica suele dividir así a los sujetos que operan en el mercado. Aquí no se trata de apuntar a un grupo, de favorecer a los consumidores y desproteger a los otros sujetos que operan en el mercado. Me permito sugerir esta modificación porque tiene consecuencias prácticas muy importantes. Tanto en Estados Unidos como en Europa los organismos de defensa de la competencia siempre están tratando de equilibrar los intereses de los productores con los de los consumidores a la hora de aplicar las políticas y las normas de defensa de la competencia". Y agregaba más adelante: "Lo que tiene que hacer el organismo de defensa de la competencia es proteger el buen funcionamiento del mercado y no aquel que funciona incluso distorsionalmente, siempre y cuando favorezca a un grupo de sujetos que interactúan en el mercado, como son los consumidores".

Respecto al artículo 2º, el proyecto del Poder Ejecutivo, en el inciso segundo, deja de lado el concepto que se planteaba en el proyecto aprobado en la pasada Legislatura. En efecto, el inciso segundo del citado proyecto establecía: "Se prohíbe en general el abuso de posición de mercado...". El concepto de abuso de posición de mercado es más adecuado que el recogido por el proyecto en consideración: abuso de posición dominante. Al respecto el Dr. Hargain expresa: "En el proyecto que redactamos con el doctor Rippe preferimos hablar del abuso de poder de mercado y no del abuso de poder dominante. ¿Por qué? Porque el poder dominante, de acuerdo a como es definido en general, sólo puede tener un sujeto en el mercado, que es quien se comporta en forma independiente, fija precios, condiciones de contratación y no tiene en cuenta a la competencia. En el caso de los supermercados -vuelvo al supermercadismo porque es el ejemplo más vívido que podemos utilizar- no hay nadie que tenga poder dominante; nadie domina el mercado del supermecadismo. ¿Por qué? Porque hay, por lo menos, dos grandes operadores en ese sector - Tienda Inglesa, y el conglomerado Disco, Devoto y Geant- y ninguno se comporta en forma independiente del otro ni puede hacer lo que quiera y no tener en cuenta las decisiones del otro. Al contrario, entre ellos se produce lo que en economía se llama la "teoría de los juegos"; cada vez que uno actúa, está pensando en lo que el otro va a hacer y viceversa. Entonces, no hay nadie que tenga poder dominante. Sin embargo, tienen un poder económico sustancial que les permite, usándolo abusivamente, obtener ventajas enormes en detrimento de otros sectores de la economía". Compartiendo este razonamiento creemos que es mejor la propuesta contenida en el artículo 2 en el proyecto de la pasada Legislatura (Repartido 167).

Asimismo, consideramos muy importante incorporar el último inciso del artículo 2º del proyecto del repartido 167: "La conquista del mercado resultante de la mayor eficiencia en relación con los competidores, no constituye restricción de la competencia".

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

ACTA Nº 67

En Montevideo, el dieciséis de mayo de dos mil siete, a la hora dieciséis y veintiséis minutos, se reúne la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

Presiden los señores Senadores Luis Alberto Heber, y Juan José Bentancor, Presidente y Vicepresidente de la Comisión respectivamente. Asisten los señores Senadores, Isaac Alfie, Milton Antognazza, Alberto Breccia, Carlos Daniel Camy, Alberto Couriel y Rafael Michelini.

Falta con aviso el señor Jorge Larrañaga, quién remite nota justificando su inasistencia.

Actúa en Secretaría, el Secretario de Comisión señor Rodolfo Caimi con la colaboración de la funcionaria Verónica Cantero.

La Comisión tiene a consideración el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Nota de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza solicitando entrevista en relación a la Rendición de Cuentas.

2) Nota de la Junta Departamental de Maldonado adjuntando la versión taquigráfica de las manifestaciones del Edil José María Juan, relacionadas con la próxima implantación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.

3) Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el que se exonera del Impuesto al Valor Agregado, del impuesto a las Rentas de las actividades económicas y del impuesto a las rentas de los no residentes, a los artistas extranjeros (Carpeta Nº 780/2007. Distribuido Nº 1576/2007).

4) Proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas de diferentes valores (Carpeta Nº 784/2007. Distribuido Nº 1593/2007)

5) Proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se exonera de los gravámenes impuestos por el Literal H) del artículo 71 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004 a la importación por parte del Ministerio de Salud Pública y de la administración de los Servicios de Salud del Estado, de todo tipo de equipo e instrumental médico y de equipo, instrumental y material odontológico. (Carpeta Nº 786/2007. Distribuido Nº 1592/2007).

2º) Elección de Vicepresidente. Es electo el señor Senador Juan José Bentancor por seis votos en siete señores Senadores presentes (Artículo 151 del Reglamento de la Cámara de Senadores).

3º) Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes relativo a la Promoción y Defensa de la Competencia. Régimen. Carpeta Nº 493/2006.

Se consideran los siguientes artículos:

Artículo 12. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 21. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 22. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Con modificaciones.

Artículo 23. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Con modificaciones

Artículo 24. Se desglosa el último inciso a efectos de hacer un nuevo artículo. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Con modificaciones.

Artículo 24/1. Aditivo. Era el último inciso del artículo 24 y pasa ser el artículo 25. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Con modificaciones.

Artículo 26. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Con modificaciones.

Artículo 27. Se vota: 4 en 5. Afirmativa.

Artículo 28. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 29. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 30. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 31. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 32. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Con modificaciones.

El señor Senador Breccia solicita la reconsideración de los artículos 2º y 14. Se vota su reconsideración: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 2º. Se vota: 4 en 6. Afirmativa. Con modificaciones.

Artículo 14. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Con modificaciones.

El señor Senador Michelini pide la reconsideración del artículo 12. Se vota su reconsideración: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO APROBADO:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º. (Objeto).- La presente ley es de orden público y tiene por objeto fomentar el bienestar de los actuales y futuros consumidores y usuarios, a través de la promoción y defensa de la competencia, el estímulo a la eficiencia económica y la libertad e igualdad de condiciones de acceso de empresas y productos a los mercados.

ARTICULO 2º. (Principio general).- Todos los mercados estarán regidos por los principios y reglas de la libre competencia, excepto las limitaciones establecidas por ley, por razones de interés general.

Se prohíbe el abuso de posición dominante, así como todas las prácticas, conductas o recomendaciones, individuales o concertadas, que tengan por efecto u objeto, restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado relevante.

A efectos de valorar las prácticas, conductas o recomendaciones indicadas en el párrafo que antecede, el órgano de aplicación podrá tomar en cuenta si esas prácticas, conductas o recomendaciones generan ganancias de eficiencia económicas de los sujetos, unidades económicas y empresas involucradas, la posibilidad de obtener las mismas a través de formas alternativas, y el beneficio que se traslada a los consumidores. La conquista del mercado resultante del proceso natural fundado en la mayor eficiencia del agente económico en relación con sus competidores, no constituye una conducta de restricción de la competencia.

El ejercicio de un derecho, facultad o prerrogativa excepcional otorgada o reconocida por ley no se considerará práctica anticompetitiva ni abuso de posición dominante.

ARTICULO 3º. (Ambito subjetivo).- Todas las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, que desarrollen actividades económicas con o sin fines de lucro, en el territorio uruguayo, están obligadas a regirse por los principios de la libre competencia.

Quedan también obligados en idénticos términos, quienes desarrollen actividades económicas en el extranjero, en tanto éstas desplieguen total o parcialmente sus efectos en el territorio uruguayo.

ARTICULO 4º. (Prácticas prohibidas).- Las prácticas que se indica a continuación, se declaran expresamente prohibidas, en tanto configuren alguna de las situaciones enunciadas en el artículo 2º de la presente ley.

La enumeración que se realiza es a título enunciativo.

A) Concertar o imponer directa o indirectamente precios de compra o venta u otras condiciones de transacción de manera abusiva.

B) Limitar, restringir o concertar de modo injustificado la producción, la distribución y el desarrollo tecnológico de bienes, servicios o factores productivos, en perjuicio de competidores o de consumidores.

C) Aplicar injustificadamente a terceros condiciones desiguales en el caso de prestaciones equivalentes, colocándolos así en desventaja importante frente a la competencia.

D) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de obligaciones complementarias o suplementarias que, por su propia naturaleza o por los usos comerciales, no tengan relación con el objeto de esos contratos.

E) Coordinar la presentación o abstención a licitaciones o concursos de precios, públicos o privados.

F) Impedir el acceso de competidores a infraestructuras que sean esenciales para la producción, distribución o comercialización de bienes, servicios o factores productivos.

G) Obstaculizar injustificadamente el acceso al mercado de potenciales entrantes al mismo.

H) Establecer injustificadamente zonas o actividades donde alguno o algunos de los agentes económicos operen en forma exclusiva, absteniéndose los restantes de operar en la misma.

I) Rechazar injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios.

J) Las mismas prácticas enunciadas, cuando sean resueltas a través de asociaciones o gremiales de agentes económicos.

ARTICULO 5º. (Mercado relevante).- A efectos de evaluar si una práctica afecta las condiciones de competencia, deberá determinarse cuál es el mercado relevante en el que la misma se desarrolla. Esto implica analizar, entre otros factores, la existencia de productos o servicios sustitutivos, así como el ámbito geográfico comprendido por el mercado, definiendo el espacio de competencia efectiva que corresponda. El órgano de aplicación establecerá los criterios generales para la determinación del mercado relevante.

ARTICULO 6º. (Abuso de posición dominante).- A efectos de lo previsto en el artículo 2º se entiende que uno o varios agentes gozan de una posición dominante en el mercado cuando pueden afectar sustancialmente las variables relevantes de éste, con prescindencia de las conductas de sus competidores, compradores, o proveedores.

Se considera que existe abuso de posición dominante cuando el o los agentes que se encuentran en tal situación actúan de manera indebida, con el fin de obtener ventajas o causar perjuicios a otros, los que no hubieran sido posibles de no existir tal posición de dominio.

ARTICULO 7º. (Notificación de concentraciones).- Todo acto de concentración económica deberá ser notificado al órgano de aplicación diez días antes de la celebración del mismo por las empresas participantes cuando se dé por lo menos una de las condiciones siguientes:

A) Cuando como consecuencia de la operación se alcance una participación igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del mercado relevante.

B) Cuando la facturación bruta anual en el territorio uruguayo del conjunto de los participantes en la operación, en cualquiera de los últimos tres ejercicios contables, sea igual o superior a UI 750:000.000 (setecientos cincuenta millones de unidades indexadas).

A los efectos de la interpretación del presente artículo, se considerarán posibles actos de concentración económica aquellas operaciones que supongan una modificación de la estructura de control de las empresas partícipes mediante: fusión de sociedades, adquisición de acciones, de cuotas o de participaciones sociales, adquisición de establecimientos comerciales, industriales o civiles, adquisiciones totales o parciales de activos empresariales, y toda otra clase de negocios jurídicos que importen la transferencia del control de la totalidad o parte de unidades económicas o empresas.

El órgano de aplicación reglamentará la forma y el contenido de las notificaciones requeridas, así como las sanciones correspondientes en concordancia con lo dispuesto por los artículos 17, 18 y 19 de la presente ley. Asimismo, podrá requerir información periódica a las empresas involucradas a efectos de realizar un seguimiento de las condiciones de mercado en los casos en que entienda conveniente.

ARTICULO 8º.- La obligación de notificación a que hace referencia el artículo anterior no corresponde cuando:

a) la adquisición de empresas en las cuales el comprador ya tenía al menos un 50% (cincuenta por ciento) de las acciones de la misma;

b) las adquisiciones de bonos, debentures, obligaciones, cualquier otro título de deuda de la empresa, o acciones sin derecho a voto;

c) la adquisición de una única empresa por parte de una única empresa extranjera que no posea previamente activos o acciones de otras empresas en el país;

d) adquisiciones de empresas, declaradas en quiebra o no, que no hayan registrado actividad dentro del país en el último año.

ARTICULO 9º. (Autorización de concentración monopólica).- En los casos en que el acto de concentración económica implique la conformación de un monopolio de hecho, dicho proceso deberá ser autorizado por el órgano de aplicación. El análisis de estos casos deberá incorporar, entre otros factores, la consideración del mercado relevante, la competencia externa y las ganancias de eficiencia. Si el órgano de aplicación no se expidiera en un plazo de noventa días desde la notificación correspondiente, se dará por autorizado el acto.

La autorización expresa o tácita por parte del órgano de aplicación, de una concentración monopólica de hecho, de ninguna forma constituirá un monopolio de origen legal de acuerdo con lo establecido en el numeral 17) del artículo 85 de la Constitución de la República. Dicha autorización no podrá limitar el ingreso de otros agentes al mercado, a los cuales les serán de aplicación las disposiciones de la presente ley.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACION Y SANCION DE PRACTICAS PROHIBIDAS

ARTICULO 10. (Competencia).- El órgano de aplicación será competente para desarrollar los procedimientos tendientes a investigar, analizar y sancionar las prácticas prohibidas por la presente ley. Podrá actuar de oficio o por denuncia.

ARTICULO 11. (Medidas preparatorias).- Antes de iniciar formalmente una investigación, el órgano de aplicación podrá requerir información de cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que le permita tomar conocimiento de actos o hechos relativos a la conformación de los mercados y a las prácticas que se realizan en los mismos.

Asimismo, si lo estimare oportuno, el órgano de aplicación podrá requerir ante la Justicia ordinaria la realización de medidas probatorias con carácter reservado y sin noticia de los eventuales investigados o terceros, tales como la exhibición y obtención de copias de documentos civiles y comerciales, libros de comercio, libros de actas de órganos sociales, bases de datos contables y correspondencia.

A tales efectos serán competentes los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Civil de Montevideo y los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior, según corresponda.

ARTICULO 12. (Presentación de la denuncia).- Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, puede denunciar la existencia de prácticas prohibidas por la presente ley.

La denuncia deberá presentarse por escrito ante el órgano de aplicación, conteniendo la identificación del denunciante y la descripción precisa de la conducta presuntamente anticompetitiva que está siendo desarrollada, acompañando en la misma oportunidad todos los medios probatorios que disponga a ese respecto.

Sin perjuicio de que el denunciante deberá identificarse en todos los casos, podrá solicitar del órgano de aplicación, por motivos fundados, que mantenga reserva acerca de su identidad.

De la denuncia formulada se deberá conferir vista a los denunciados, salvo que se la considerara manifiestamente improcedente.

Si el órgano de aplicación entendiere que, además de los sujetos denunciados expresamente, pudieran existir otras personas que también fueran presuntamente infractores de los preceptos de esta ley, también conferirá vista a las mismas, conforme a lo preceptuado por el artículo 66 de la Constitución de la República.

ARTICULO 13. (Cese preventivo).- En cualquier momento del procedimiento el órgano de aplicación podrá expedirse acerca de las posibles consecuencias dañosas de la conducta objeto de los procedimientos.

En caso que la misma fuese capaz de producir daños graves, podrá disponer el cese preventivo de esa conducta.

ARTICULO 14. (Prueba).- Toda persona física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, queda sujeta al deber de colaboración con el órgano de aplicación y estará obligada a proporcionar a requerimiento de éste, en un plazo de diez días corridos contados desde el siguiente al que le fuere requerida, toda la información que conociere y todo documento que tuviere en su poder. En caso que la información fuera requerida del o de los involucrados en la conducta que se investiga, su omisión en proporcionarla deberá entenderse como una presunción en su contra.

Los deberes establecidos en este artículo en ningún caso significan la obligación de revelar secretos comerciales, planos, "como hacer", inventos, fórmulas y patentes.

ARTICULO 15. (Medidas cautelares). Sin perjuicio de la posibilidad de disponer el cese preventivo de las prácticas investigadas a que refiere el artículo 13 de la presente ley, el órgano de aplicación está facultado para solicitar a la Justicia ordinaria las medidas cautelares que considere pertinentes, con carácter reservado y sin noticia, antes de iniciar las actuaciones administrativas o durante el transcurso de las mismas.

A tales efectos serán competentes los Jueces Letrados de Primer Instancia en lo Civil de Montevideo y los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior, según corresponda, y se aplicarán, en cuanto fuera pertinente, las soluciones del artículo 311 y siguientes del Código General del Proceso, excepto en lo que se refiere a la prestación de contracautela, de la cual queda exonerado el órgano de aplicación.

Asimismo, en lo que respecta a la previsión del artículo 311.2 del Código General del Proceso se interpretará la misma en el sentido de que las medidas cautelares caducarán si el órgano de aplicación no iniciara las actuaciones administrativas dentro del plazo de treinta días corridos contados desde que se hicieron efectivas aquéllas.

ARTICULO 16. (Compromisos de cese y conciliación).- El órgano de aplicación podrá suspender las actuaciones, por un término no mayor a diez días corridos, a efectos de acordar con el presunto infractor un compromiso de cese o modificación de la conducta investigada, salvo que la ilegitimidad de la misma y la identidad de quien la realizó fueren evidentes.

También podrá suspender las actuaciones por idéntico plazo, por solicitud conjunta de denunciante y denunciado, a efectos de considerar la posible conciliación, siempre que la conducta investigada consista en la situación prevista en el artículo 6º de esta ley y el único perjudicado por la misma sea el denunciante.

ARTICULO 17. (Sanciones).- Cuando las actuaciones administrativas concluyeran con la constatación de que se desarrollaron prácticas anticompetitivas, el órgano de aplicación deberá ordenar su cese inmediato y de los efectos de las mismas que aún subsistieren, así como sancionar a sus autores y responsables.

Las sanciones consistirán en:

A) Apercibimiento.

B) Apercibimiento con publicación de la resolución, a costa del infractor, en dos diarios de circulación nacional.

C) Multa que se determinará entre una cantidad mínima de UI 100.000 (cien mil unidades indexadas) y una cantidad máxima del que fuere superior de los siguientes valores:

1) UI 20:000.000 (veinte millones de unidades indexadas).

2) El equivalente al 10% (diez por ciento) de la facturación anual del infractor.

3) El equivalente a tres veces el perjuicio causado por la práctica anticompetitiva, si fuera determinable.

Las sanciones podrán aplicarse independiente o conjuntamente según resulte de las circunstancias del caso.

A efectos de su determinación, se tomará en cuenta, la entidad patrimonial del daño causado; el grado de participación de los responsables; la intencionalidad; la condición de reincidente; y la actitud asumida durante el desarrollo de las actuaciones administrativas.

Estas sanciones también podrán aplicarse a aquellos que incumplan las obligaciones dispuestas por el artículo 14 de esta ley.

En el caso de prácticas concertadas entre competidores, se considerará como especial atenuante la denuncia realizada por uno de los miembros del acuerdo o el aporte que éste brinde para la obtención de pruebas suficientes para la sanción de los restantes infractores.

ARTICULO 18. (Publicación).- Las resoluciones del órgano de aplicación serán publicadas en su página electrónica institucional. Asimismo, este podrá dar una descripción detallada de los casos analizados.

ARTICULO 19. (Sanciones a Administradores, Directores y Representantes de Personas Jurídicas, y a Sociedades Controlantes).- Además de las sanciones que el órgano de aplicación imponga a las personas jurídicas que realicen conductas prohibidas por esta ley, también podrán imponer multas a los integrantes de sus órganos de administración y representación que hayan contribuido activamente en el desarrollo de la práctica.

Las conductas desarrolladas por una persona jurídica controlada por otra, serán también imputables a la controlante. De la misma manera, las responsabilidades que pudieren corresponder a los integrantes de los órganos de administración y representación de la sociedad controlada, podrán también ser imputadas a quienes cumplen las mismas funciones en la sociedad controlante.

ARTICULO 20. (Título Ejecutivo).- El testimonio de la resolución firme que imponga pena de multa constituirá título ejecutivo.

CAPITULO III

ORGANO DE APLICACION

ARTICULO 21. (Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia).- El órgano de aplicación de las disposiciones de la presente ley será la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia que funcionará como órgano desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas.

El funcionamiento de la Comisión se ajustará a lo que disponga el reglamento que la misma habrá de dictar, que contendrá como mínimo el régimen de convocatoria, deliberación, votación y adopción de resoluciones.

ARTICULO 22.- La Comisión estará integrada por tres miembros designados por el Poder Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros, entre personas que, por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento de la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño.

Los miembros de la Comisión tendrán dedicación exclusiva, con excepción de la actividad docente y de investigación. Si al momento de la designación ocuparan otros cargos públicos, quedarán suspendidos en los mismos a partir de la toma de posesión de dicho cargo y por todo el tiempo que actúen como integrantes de la Comisión, de acuerdo con lo establecido por el artículo 21 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Su mandato durará seis años y podrán ser designados nuevamente.

Las renovaciones se realizarán de a un miembro cada dos años; a efectos de hacer posible dicho sistema de renovación, los tres primeros miembros que se designen tendrán, respectivamente, mandatos de dos, cuatro y seis años de duración.

ARTICULO 23.- La representación del Organo de aplicación será ejercida por su Presidente.

La Presidencia de la Comisión será ejercida por todos sus integrantes por espacio de dos años, en forma rotativa. En el caso de la primera integración de la Comisión, la Presidencia será ejercida, en primer término, por el miembro designado con mandato de dos años; y en segundo término, por el miembro designado con mandato de cuatro años.

ARTICULO 24.- Los integrantes de la Comisión podrán ser destituidos por el Presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, en cualquiera de los siguientes casos:

A) Negligencia o mal desempeño en sus funciones.

B) Incapacidad sobreviniente.

C) Condena por delito doloso.

D) Comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio del órgano.

Los miembros de la Comisión serán suspendidos preventivamente en sus funciones, en caso de ser procesados por delito doloso o padecer impedimento físico momentáneo para desempeñar la función. La suspensión se verificará de pleno derecho, por el dictado del auto de procesamiento, independientemente de que el mismo sea objeto de recursos.

ARTICULO 25.- En caso de destitución, renuncia o fallecimiento, la duración del mandato de quien lo sustituya, será igual al tiempo que restare del mandato original.

ARTICULO 26. (Funciones y facultades).- Compete a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia:

A) Emitir normas generales e instrucciones particulares que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

B) Realizar los estudios e investigaciones que considere pertinentes, a efectos de analizar la competencia en los mercados.

C) Requerir de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, la documentación y colaboración que considere necesarias. Los datos e informaciones obtenidos sólo podrán ser utilizados para las finalidades previstas en esta ley, sujeto a las limitaciones establecidas en el artículo 14 de la presente ley.

D) Realizar investigaciones sobre documentos civiles y comerciales, libros de comercio, libros de actas de órganos sociales y bases de datos contables.

E) Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de promoción y políticas de competencia.

F) Emitir recomendaciones no vinculantes, dirigidas al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Gobiernos Departamentales, y entidades y organismos públicos, relativos al tratamiento, protección, regulación, restricción o promoción de la competencia en leyes, reglamentos, ordenanzas municipales y actos administrativos en general. Estas recomendaciones se realizarán respecto de leyes, reglamentos, ordenanzas municipales y otros actos administrativos vigentes o a estudio de cualquiera de los organismos señalados.

G) Emitir recomendaciones no vinculantes, de carácter general o sectorial, respecto de las modalidades de la competencia en el mercado.

H) Emitir dictámenes y responder consultas que le formule cualquier persona física o jurídica, pública o privada, acerca de las prácticas concretas que realiza o pretende realizar o que realizaran otros sujetos.

I) Mantener relaciones con otros órganos de defensa de la competencia, nacionales o internacionales, y participar en los foros internacionales en que se discutan o negocien temas relativos a la competencia.

ARTICULO 27. (Sectores regulados).- En los sectores que están sometidos al control o superintendencia de órganos reguladores especializados, tales como el Banco Central del Uruguay, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, la protección y fomento de la competencia estarán a cargo de dichos órganos.

El alcance de la actuación de los mismos incluirá actividades que tengan lugar en mercados vertical u horizontalmente relacionados con los mercados bajo control y regulación, en la medida en que afecten las condiciones competitivas de los mercados que se encuentran bajo sus respectivos ámbitos de actuación regulatoria.

En el desarrollo de este cometido, los órganos reguladores deberán cumplir con todas y cada una de las disposiciones de la presente ley, pudiendo, en caso de entenderlo, efectuar consultas no vinculantes a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 28. (Prescripción).- Las acciones que tienen su origen en la realización de prácticas prohibidas por la presente ley, prescribirán a los cinco años de verificadas las mismas, tanto en lo que respecta a la potestad pública de investigar y sancionar a los responsables, como al derecho de los perjudicados directamente por las mismas a obtener el resarcimiento de los daños padecidos.

La prescripción se interrumpe con el acto que dispone la iniciación de un procedimiento de oficio o con el acto que ordena dar vista de la denuncia al presunto responsable.

ARTICULO 29. (Remisión).- En todo lo no previsto en esta ley o en su decreto reglamentario, relativo al procedimiento para la investigación y sanción de prácticas prohibidas, se aplicarán las soluciones del Decreto Nº 500/991, de 27 de setiembre de 1991, sus modificativos y concordantes.

ARTICULO 30. (Derogaciones).- Se derogan los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, los artículos 157 y 158 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, y el artículo 699 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 31. (Modificaciones).- Se modifica el artículo 65 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 65.- Toda iniciativa en materia de tasas a ser percibidas por las Unidades Ejecutoras de la Administración Central por concepto de trámites, servicios o similares requerirá informe previo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la que actuará de conformidad con los criterios establecidos en los artículos 700 a 702 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996".

ARTICULO 32. (Reglamentación).- La presente ley será reglamentada en lo pertinente por el Poder Ejecutivo dentro de los ciento veinte días contados a partir de su promulgación.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1666/2007, que forma parte integrante de la presente Acta.

Siendo la hora dieciocho, se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Luis Alberto Heber Presidente

Rodolfo Caimi Secretario.

SEÑORA PRESIDENTA (Dra. Mónica Xavier).- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Breccia.

SEÑOR BRECCIA.- Señora Presidenta: el proyecto de ley a consideración del Cuerpo encuentra como antecedente inmediato un proyecto elaborado en la pasada Legislatura por la denominada "Comisión Especial para el Estudio de Soluciones Legislativas referentes a la Libertad de Comercio en el Uruguay", que fuera creada a instancias de Legisladores del Frente Amplio. Esta Comisión, luego de un largo período de trabajo, resolvió hacer suya una iniciativa de los doctores Rippe y Hargain, la que luego fuera elevada al pleno de la Cámara de Representantes y aprobada con los votos de Representantes de todas las Bancadas, fundamentalmente, del Frente Amplio, del Partido Independiente y de algunos Diputados del Partido Nacional y del Partido Colorado.

Ese proyecto, que recibiera media sanción en la Cámara de Representantes, fue presentado en esta Legislatura por Representantes de las distintas fuerzas que la integran y, posteriormente, se le sumó una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.

Más adelante, en el detalle del articulado del presente proyecto de ley veremos que la referencia a los antecedentes mencionados de ninguna manera resultan gratuitos, por cuanto algunas modificaciones que se le han realizado por parte de la Comisión de Hacienda no hacen sino reimplantar aspectos sustanciales de aquel proyecto original, para salvaguardar la esencia de la norma. Esos aspectos habían sido eliminados tanto en el proyecto aprobado en la Cámara de Representantes como en el que fuera enviado por el Poder Ejecutivo.

Atento a lo expresado y a efectos de ilustrar al Cuerpo sobre los contenidos del presente proyecto de ley -vaya esto como tardío pero merecido homenaje a sus autores-, hemos tomado una parte importante de la exposición de motivos que sobre aquel proyecto se manejara tanto en la Cámara de Representantes como en diversas publicaciones.

(Ocupa la Presidencia el señor Rodolfo Nin Novoa)

- En aquel entonces, en consideraciones que son de plena aplicación para el actual proyecto de ley, se decía que tenía la finalidad de promover y defender la competencia, así como "amparar en sus derechos a amplísimas capas de nuestra población; en primer lugar a los consumidores y usuarios" actuales y futuros, a través de la promoción y defensa de la competencia, el estímulo de la eficiencia económica y la libertad e igualdad de condiciones de acceso a los mercados. También se señalaba: "Este es el objetivo de la ley cuya sanción se promueve: la libertad de iniciativa, la apertura de los mercados, la participación justa y equitativa de medianas, pequeñas y microempresas, la desconcentración del poder económico y la prevención de monopolios, oligopolios y usos indebidos de posiciones de dominio económico y comercial". Se agregaba un concepto que entendemos particularmente claro: "El derecho a elegir la oferta más conveniente está íntimamente ligado al derecho a comerciar de quienes ofrecen esos bienes y servicios. Nada de esto se logra si se constituyen monopolios, oligopolios o hay empresas que abusan de sus posiciones dominantes en el mercado".

A continuación, vamos a hacer una breve reseña de Derecho comparado. En el resto del mundo, la defensa de la competencia ha sido resuelta desde hace años. El propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte -NAFTA, en su sigla en inglés-, en el capítulo sobre política en materia de competencia, monopolios y empresas del Estado, consagra en el artículo 1501 la legislación en materia de competencia. La primera parte del numeral 1 dice: "Cada una de las Partes adoptará o mantendrá medidas que prohíban prácticas de negocios contrarias a la competencia y emprenderá las acciones que procedan al respecto". Al comienzo del numeral 2, se expresa lo siguiente: "Cada una de las Partes reconoce la importancia de la cooperación y la coordinación entre sus autoridades para impulsar la aplicación efectiva de la legislación en materia de competencia en la zona de libre comercio".

En los Estados Unidos es conocida la Ley Sherman de 1890 que, incluso, establece: "Toda persona que monopolice […] una rama cualquiera de la industria o del comercio […] será considerada culpable de un delito". Por su parte, la Ley Clayton, de 1914, diseñada para fortalecer y hacer explícita la intención de la Ley Sherman, establece, en su Sección 2 que se considera ilegal la discriminación de precios entre compradores cuando ésta no es justificada con base en diferencias de costos. En su Sección 3, prohíbe la exclusividad o contratos "condicionados" mediante los cuales un productor venda un determinado bien solamente con la condición de que el comprador adquiera otros productos del mismo vendedor y no de los competidores. En la Sección 7 prohíbe la adquisición de acciones de sociedades anónimas competidoras cuando el resultado reduzca la competencia. En la Sección 8 prohíbe la formación de Juntas Directivas con miembros compartidos, es decir, condena la situación en la cual el director de una empresa es también miembro de la Junta Directiva de otra empresa competidora.

Junto con los Estados Unidos, ha sido en Europa donde este tema de la defensa de los mercados competitivos más se ha tratado, legislado y estudiado. Por ejemplo, el Tratado de Roma de 1957 de la hoy Unión Europea, en los artículos 85 a 90 contiene disposiciones similares a las hoy existentes en nuestro país, tendientes a evitar que la competencia del mercado se restrinja, se impida o se falsee. Toda la legislación comunitaria europea, y la concordante existente en los países miembros de la Unión Europea, la de aquellos países europeos que todavía no la integran, así como también la de Japón, Australia, Nueva Zelanda, Israel y otros, y aun la de países americanos como, por ejemplo, Venezuela, Perú, Chile y otros, adoptada en la década de los noventa, presentan sin excepción como denominador común lo siguiente: "La prohibición de todos aquellos actos o conductas que limiten, restrinjan o distorsionen la competencia o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado", así como "La necesidad de que las fusiones o concentraciones empresariales relevantes sean aprobadas por un organismo o tribunal estatal;" y "La imposición de duras sanciones a las conductas que pongan en peligro la libertad de la competencia".

En la región, la situación es la siguiente. El Protocolo de Defensa de la Competencia del MERCOSUR, de 17 de diciembre de 1996, suscrito en Fortaleza y su Anexo, suscrito en Río de Janeiro el 10 de diciembre de 1998, en su artículo 3º consagra que "Es de competencia exclusiva de cada Estado Parte la regulación de los actos practicados en su respectivo territorio por persona física o jurídica de derecho público o privado u otra entidad domiciliada en él y cuyos efectos sobre la competencia a él se restrinjan". En su artículo 4º establece que constituyen infracciones a esta normativa, "independientemente de la culpa, los actos individuales concertados, de cualquier forma manifestados, que tengan por objeto o efecto, limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado, o que constituyan abuso de posición dominante en el mercado relevante de bienes o servicios en el ámbito del MERCOSUR y que afecten al comercio entre los Estados Partes".

Los artículos siguientes del Protocolo enumeran una serie de conductas consideradas prácticas restrictivas de la competencia y consagran el compromiso para los países miembros de adoptar normas similares en el plazo de dos años.

El proyecto a estudio de este Cuerpo consagra soluciones en muchos casos prácticamente iguales a las del mencionado Protocolo y una técnica legislativa que se corresponde, asimismo, con la del instrumento de referencia.

Cabe simplemente agregar que en el artículo 8º de dicho Protocolo se establece, con relación a sus órganos de aplicación -Comisión de Comercio del MERCOSUR y Comité de Defensa de la Competencia- que este último, al cual se define como órgano de naturaleza intergubernamental, "estará integrado por los órganos nacionales de aplicación del presente Protocolo en cada Estado parte", con lo cual cobran especial relevancia las disposiciones contenidas en el presente proyecto, referidas al órgano de aplicación que se crea en la misma.

Nuestros socios del MERCOSUR hace años que cuentan con leyes para impedir las distorsiones en el libre funcionamiento de los mercados competitivos. En la República Argentina rige la Ley Nº 25.156, de 16 de setiembre de 1999, y en el Brasil la Ley Nº 8.158, del año 1991, denominada Ley de Defensa de la Concurrencia. Lo llamativo es que ambos socios del MERCOSUR aprobaron estas disposiciones en pleno vigor de las corrientes desregulatorias, y ello es así porque todos los teóricos de estas tendencias aconsejan que a medida que los mercados se abren, se deben adoptar férreos marcos legales que prohíban y sancionen todas las patologías que distorsionan la efectividad de la competencia.

En nuestro país, pese a las previsiones establecidas en el Protocolo de Defensa de la Competencia del MERCOSUR, transcurrieron cuatro años hasta que se sancionó la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, denominada Ley de Urgencia, que incluye un Capítulo IV titulado "Normas de Defensa de la Competencia", que cuenta apenas con tres artículos. Entonces, con bastante retraso en cuanto a la región y al resto del mundo, en nuestro país se aprueban tres escasos artículos de normas de defensa de la competencia, que además adolecen de dos carencias importantes: la falta de un régimen sancionatorio y la renuncia del poder público a fiscalizar este tema.

En todas las legislaciones conocidas existen claras y duras sanciones aplicables a los infractores. Además, en esos países existe una repartición pública que realiza el seguimiento, recibe las denuncias, autoriza las concentraciones empresariales y dicta resoluciones. Sin embargo, esto no existe en los tres artículos comentados.

En oportunidad de tratarse el anterior proyecto, del que hemos dado cuenta, se decía en palabras totalmente aplicables al que se informa ahora que, justamente, la importancia del mismo como la del actual, deriva del hecho de que el primero nos deja a la altura que ya han alcanzado nuestros socios del MERCOSUR y en otras partes del mundo.

En cuanto a decisiones y acciones gubernamentales, tenemos que, por otra parte, el proyecto que se informa se inscribe en el marco de una serie de decisiones y acciones, que tanto el anterior Gobierno como el actual han venido adoptando y llevando a cabo en el mismo sentido del proyecto de ley que nos ocupa. Ya en el Plan Operativo Anual, noviembre 2003, de la Dirección General de Comercio, Programa de Apoyo a la Defensa de la Competencia y del Consumidor, se establecía que en el marco del proceso de apertura y competencia de los mercados aparece la necesidad de que el Estado asuma una política activa en la promoción y defensa nacional de la competencia en el ámbito regional e internacional. Luego de mencionar los avances obtenidos, en ese sentido, a través de la ya citada Ley Nº 17.243 y de la Ley Nº 17.250, de Defensa del Consumidor, se plantea allí: "Si bien ha habido avances en cuanto a la formulación de las políticas y normas relacionadas con la defensa de la competencia y del consumidor, se percibe que los mercados aún continúan adoleciendo de falta de competitividad y ausencia de condiciones de competencia".

Por su parte, y ya con la actual Administración, en el "Compromiso Nacional por el Empleo, los Ingresos y las Responsabilidades", del 14 de diciembre de 2005, se establecía como uno de los problemas que enfrenta la creación de un adecuado clima de negocios, la escasa competencia entre empresas en diversos sectores de la economía originada, básicamente, a su vez y dentro de dicho diagnóstico, por dos circunstancias: una de ellas es el hecho de que la promoción y la defensa de la competencia se encuentran relegadas como áreas de interés de la política económica, y la otra tiene que ver con una normativa escasa y de dificultosa aplicación.

A partir de dicho análisis, el Compromiso Nacional por el Empleo, los Ingresos y las Responsabilidades se fijó como objetivo: "Promover la competencia y mejorar la eficiencia económica, defender los intereses y el bienestar de los usuarios y consumidores actuales y futuros y garantizar un sistema de reglas de juego que estimule la competencia, evitando la proliferación de prácticas abusivas, utilizando como instrumento para tal objetivo la aprobación de un nuevo marco legal que establezca nuevas reglas para la promoción y defensa de la competencia". Esto nos trae directamente al proyecto que nos ocupa.

El señor Subsecretario de Economía y Finanzas, economista Mario Bergara, el 7 de diciembre de 2005, decía: "Aquí no se plantea solamente la competencia de castigar prácticas anticompetitivas sino que se plantea la necesidad de promover la competencia en los mercados. Esto no ha sido una prioridad política en el pasado. La normativa de la defensa de la competencia en Uruguay es casi vergonzosa y de muy difícil aplicación. La ubicación y la fortaleza institucional de la autoridad de competencia son absolutamente inadecuadas. A su vez, hay competencias difusas entre el órgano de aplicación, la autoridad de competencia y los organismos reguladores sectoriales tanto en áreas de servicios públicos: energía, agua, comunicaciones y también en el sistema financiero". Además, manifestaba algo que nos parece particularmente ilustrativo con respecto a la apreciación que de este tema de la competencia se tiene a nivel de la sociedad uruguaya y, fundamentalmente, de aquellos que son sus protagonistas. Decía el economista Bergara: "Con respecto a la cultura competitiva en el Uruguay, lo que va a pasar de aquí en más va a parecer de otro mundo, pero es la realidad de la cultura empresarial con respecto a los aspectos de competencia. Es muy fácil escuchar elementos que critican los monopolios y la actitud monopólica del sector público. Déjenme pasar revista a unos resultados que arrojó una encuesta que contrató el Ministerio de Economía y Finanzas y que terminó hace escasos tres o cuatro meses" -estamos hablando de mediados del año 2005, es decir, hace escasos dos años- "que incluyó a casi 900 empresarios de todo el país. Casi el 80% de los empresarios nunca escuchó hablar de la legislación de competencia, sólo el 15% declara estar bien informado y el 70% cree que el objetivo es defender a las empresas o a los competidores. Partimos bastante mal pero acá viene lo peor. La mitad de los empresarios de este país cree que la fijación coordinada de precios entre empresas no es una conducta anticompetitiva. La mitad cree que el reparto acordado del mercado entre empresas, no es una conducta anticompetitiva. Y un tercio cree que firmar contratos de exclusividad con todos los proveedores o clientes minoristas nunca es anticompetitivo". Es decir que aquí pusimos tres caricaturas de lo que son prácticas anticompetitivas en todas partes del mundo. En nuestro país, los uruguayos pensamos que fijar los precios con los competidores y repartirse el mercado son prácticas lícitas desde el punto de vista competitivo y, por lo tanto, lo que pauta esto es que aquí no se trata solamente de defender la competencia y castigar prácticas anticompetitivas, sino también de un trabajo de promoción, de educación y de cultura en materia de competencia a nivel empresarial.

En dicha oportunidad, el economista Bergara decía acerca del proyecto que se informa: "no es sólo un proyecto de defensa sino también de promoción de la competencia".

Ingresamos ahora, señor Presidente, al análisis exegético del proyecto de ley que se informa. Vemos que el artículo 1º, con relación al objeto de la norma, establece dos consideraciones importantes: en primer lugar, expresa que ésta es de orden público, o sea que no puede ser dejada de lado en mérito a ningún acuerdo que se celebre entre particulares y, en segundo término, dice que su objetivo es fomentar el bienestar de los actuales y futuros consumidores y usuarios, a través de los mecanismos que allí se establecen, esto es, la promoción y defensa de la competencia, el estímulo a la eficiencia económica y la libertad e igualdad de condiciones en el acceso de las empresas y los productos a los mercados.

Se establece en el artículo 2º el principio general de que todos los mercados estarán regidos por la libre competencia, salvo las limitaciones establecidas por ley y por razones de interés general, contemplándose en consecuencia a los monopolios legalmente constituidos. Se prohíbe expresamente el abuso de posición dominante y todas las demás conductas allí enumeradas genéricamente y que afecten en cualquier forma la competencia actual o futura en el mercado relevante, y se establece, a efectos de valorar dichas conductas, la posibilidad del órgano de aplicación de evaluarlas a la luz de la ganancia en eficiencia económica que ellas generen y el beneficio que se traslada al consumidor.

El artículo 3º establece el ámbito subjetivo de la norma permitiendo, a través del inciso segundo, en lo que entendemos un evidente acierto de redacción, abarcar no solamente a aquellas personas de cualquier naturaleza que desarrollan actividad en territorio nacional, sino también a aquellas que, desarrollando su actividad en el extranjero, desplieguen sus efectos en el territorio nacional, como por ejemplo, prácticas de precios concertados entre empresas extranjeras que puedan presentarse en licitaciones llamadas a surtir efecto en territorio uruguayo.

El artículo 4º realiza una enumeración de las prácticas prohibidas, en la medida en que éstas ingresen en la definición establecida en el artículo 2º. Debe tenerse presente que la enumeración se realiza a título enunciativo, esto es, a vía de ejemplo, dejándose en consecuencia al criterio del órgano de aplicación la determinación de si las conductas que pudieran ser sometidas a su examen ingresan o no en el elenco de las prohibidas. Cabe señalar, asimismo, que se optó por no configurar la nulidad de pleno derecho de dichas prácticas, dejando su apreciación librada al criterio del órgano de aplicación, quitándole quizás un poco de agilidad al procedimiento administrativo de defensa de la competencia, pero ganando en términos de justicia.

El artículo 5º proporciona una definición técnica adecuada de mercado relevante, a los efectos de apreciar si las prácticas que se examinen a la luz de la norma se encuentran dentro de aquellas prohibidas por ésta.

El artículo 6º establece las definiciones de cuándo se considera -para la norma- que existe una posición dominante de mercado y en su inciso segundo establece cuándo existe abuso de tal posición. No se sanciona la posición dominante; lo que se sanciona es el abuso que desde dicha posición se ejerza, norma que está inspirada en el artículo 82 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

El artículo 7º introduce lo que a nuestro entender significa una de las modificaciones sustanciales que vuestra Comisión de Hacienda ha realizado al proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. En efecto, recogiendo una observación realizada al respecto por el Director de la Comisión Sectorial para el MERCOSUR, economista Manuel Quijano, con la colaboración de la doctora Andrea Barrios, el Senador Couriel propuso a la Comisión, y ésta votó de conformidad, una enmienda al proyecto venido de Diputados en el sentido de establecer, en las hipótesis de concentración de empresas allí previstas, que la notificación de dicha concentración al órgano de aplicación deberá ser efectuada en forma previa a su realización, dejándose librado a la reglamentación el establecer la forma y el contenido de la notificación requerida así como las sanciones correspondientes que deberán ser establecidas de conformidad a lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 19 de la misma ley.

En documento aportado a la Comisión, el economista Quijano fundamenta las razones que hacen conveniente, para el caso de determinadas concentraciones de empresas, una notificación ex ante y así como aquellas que fundamentan en dichos casos la realizada ex post. Vuestra Comisión optó por modificar el proyecto a estudio estableciendo la notificación ex ante, disminuyendo el plazo previo previsto en la propuesta del economista Quijano de 30 a 10 días y elevando los mínimos de participación en el mercado relevante o de facturación anual, en su caso, que tornan obligatoria esa notificación anticipada de la concentración, habiéndose llegado en consecuencia a lo que entendemos es una solución que equilibra armoniosamente las necesidades de contralor con las de agilidad de la operativa a realizarse.

El artículo 8º establece, como consecuencia de una sugerencia efectuada por el señor Senador Alfie, algunas excepciones a la notificación previa prevista en el artículo anterior.

El artículo 9º establece que para el caso de una concentración monopólica, además de la notificación correspondiente, se debe solicitar autorización -obviamente previa- al órgano de aplicación, el que deberá pronunciarse expresa o tácitamente en el término de 90 días, y para ello deberá considerar el mercado relevante, la competencia externa y las ganancias de eficiencia.

En el Capítulo II del proyecto, artículos 10 a 20 inclusive, se establecen normas procedimentales tendientes a la aplicación práctica de la norma, definiéndose al órgano competente para la investigación y sanción de las conductas anticompetitivas (artículo 10), las medidas preparatorias posibles (artículo 11) y las formalidades de presentación de la denuncia (artículo 12). En este último artículo se ha introducido una modificación de cierta trascendencia al venido de Diputados, en cuanto se establece, en la última oración del párrafo cuarto, la posibilidad del órgano de aplicación de considerar la denuncia "manifiestamente improcedente" -facultad similar a la otorgada a los magistrados del Poder Judicial en ciertos casos-, y con ello se evita el tener que tramitar obligatoriamente, mediante el procedimiento de la vista, todas y cada una de las denuncias formuladas.

En el artículo 13 se otorga al órgano de aplicación la posibilidad de disponer el cese preventivo de las conductas investigadas, facultad de gran trascendencia en las situaciones cuya prevención y sanción se persigue mediante el proyecto que se informa.

Por el artículo 14, se impone la obligación de colaboración con el órgano de aplicación por parte de cualquier sujeto requerido a tales efectos. En este último aspecto, y también recogiendo una sugerencia del economista Quijano, la Comisión incluyó en el texto venido de Diputados, al final del primer inciso del artículo en examen, una presunción en contrario derivada del hecho de no proporcionar información, en caso de que dicha negativa provenga del o de los involucrados en la conducta que se investiga. Asimismo, vuestra Comisión agregó en este artículo un inciso segundo, que establece limitaciones a los deberes contenidos en el mismo, para el caso específico de tratarse de los documentos allí enunciados -esto es, secretos comerciales, planos, "cómo hacer", inventos, fórmulas y patentes-, siendo esta enumeración de las excepciones al deber de colaboración establecido en el mismo artículo, de carácter taxativo. Quiere decir que fuera de éstas, siempre existe el deber de colaboración.

El artículo 15 establece la facultad de solicitar y obtener de la Justicia la adopción de medidas cautelares, posibilidad también de suma importancia para prevenir o disminuir en su caso los efectos nocivos que las conductas prohibidas por la norma puedan producir.

El artículo 16 otorga al órgano de aplicación la posibilidad de realizar compromisos de cese o modificación de la conducta investigada.

El artículo 17 da cuenta de las sanciones pasibles de ser impuestas en caso de constatarse las conductas prohibidas, que van desde el apercibimiento a multas equivalentes a tres veces el perjuicio causado por la práctica anticompetitiva.

En el artículo 18 se mantiene la obligación de publicación de las resoluciones del órgano de aplicación tal cual venía en el proyecto aprobado en la Cámara de Representantes, pero se modifican las formas de dicha publicación, estableciéndose que la misma se realice en la página electrónica institucional del órgano, evitándose así los costos de una publicación impresa, y facultándolo asimismo a dar una descripción detallada de los casos en cuestión, con lo que se tiende a alcanzar una de las finalidades de la ley, esto es, la promoción de la competencia a través del mejor conocimiento de lo que puedan suponer prácticas anticompetitivas.

En el artículo 19 se otorga al órgano de aplicación la posibilidad de imponer sanciones a los administradores, directores y representantes de las personas jurídicas infractoras y a las sociedades controlantes, así como también a los administradores, directores o representantes de estas últimas.

Por último, en el artículo 20 se establece la configuración del título ejecutivo a partir de las resoluciones firmes del órgano de aplicación en caso de que se imponga pena de multa, disposición que repite normas que se encuentran habitualmente en el derecho tributario, así como en el de la previsión social, y que tiende a agilitar en grado sumo la posibilidad de cobro de las sanciones que se impongan en vía administrativa.

Los artículos 21 a 25 del proyecto aprobado en Comisión sustituyen, sin variantes sustanciales, al artículo 20 venido de la Cámara de Representantes, habiéndose modificado en lo formal por entenderse contrario a los principios de buena técnica legislativa el incluir en un solo artículo todo lo relativo a determinación del órgano de aplicación de la norma, funcionamiento e integración del mismo, forma de nombramiento y condiciones necesarias de sus miembros, duración de su mandato, renovación, representación, rotación en los cargos y casos de destitución, suspensión, renuncia y fallecimiento.

El artículo 26 establece las funciones y facultades del órgano de aplicación, y vuestra Comisión ha introducido en el mismo, concretamente, dos modificaciones con relación al proyecto venido de la Cámara de Representantes. En primer lugar, se ha eliminado el inciso "A", en cuanto se entiende que establecer expresamente como función del órgano el "dar cumplimiento a las disposiciones de la ley" resulta absolutamente sobreabundante. En segundo término, en el inciso "C" se ha agregado una limitación al uso a dar por parte del órgano de contralor a los datos que pueda requerir de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, estableciendo que sólo podrán ser usados con las finalidades previstas por esta ley.

El artículo 27 establece claramente que el órgano que se crea por esta ley no tendrá facultades para controlar aquellos sectores que se encuentran sometidos al control o regulación de órganos especializados, tales como el Banco Central del Uruguay, URSEA y URSEC, aprovechando para establecer el alcance de la actuación de éstos.

Los artículos 28 a 32 constituyen disposiciones relativas a la prescripción de las acciones originadas en la presente ley y establecen las remisiones, derogaciones y modificaciones pertinentes, así como la reglamentación de la norma que se informa.

Es por las razones expuestas en el prólogo de nuestra exposición y por el análisis que hemos efectuado de sus artículos, que estamos recomendando la aprobación de este proyecto de ley.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agradecemos el informe que nos ha presentado el señor Senador Breccia

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: vamos a tratar de ser lo más breve posible por algunas dificultades protocolares que tenemos.

Estamos hablando de un proyecto de ley de suma importancia para el país. Diría que este es uno de los temas que con más agudeza se han abordado en los últimos tiempos, fundamentalmente a través de los procesos de integración.

Como bien se ha dicho aquí, en el Uruguay hay antecedentes legislativos a este respecto. Tenemos la Ley Nº 17.243, que dispone la competencia de la Dirección de Comercio y que se va adelantando en aspectos vinculados, precisamente, a la competencia. Pero es importante, señor Presidente, que así como vamos a aprobar un proyecto de ley a nivel de legislación nacional, también tengamos en cuenta cómo funciona la legislación a nivel regional, salvo que a esta altura del proceso de integración hayamos decidido recorrer simplemente su camino político, olvidándonos de los aspectos comerciales que hacen a su naturaleza.

Las leyes de competencia están vinculadas, básica y fundamentalmente, a la coordinación y complementación de normas jurídicas en el estado de unión aduanera, no en las zonas de libre comercio. Es decir que cuando los países deciden ingresar en un concepto de unión aduanera -o sea, en un estadio más profundo de integración- dejando de lado la zona de libre comercio, las normas comunes a la competencia son de esencia de esa unión aduanera. Debo decir que ésta no es sólo la concreción del arancel externo común; si bien este último es el requisito indispensable para conformarla, no es suficiente porque necesita, entre otras cosas, políticas comerciales y normas comunes para, de alguna manera, asegurar que la competencia en ese proceso de integración no esté sometida a conductas de carácter comercial, estatales o privadas, en particular, de las economías más grandes. Estas son las que van fijando las reglas y, justamente, las que determinan, entre otras cosas, aquellas conductas que restringen el acceso al mercado, que es el principal objetivo que persigue un país pequeño cuando se incorpora a un proceso de integración.

Es bueno que legislemos en este sentido, pero también es cierto que en la Comisión hemos discutido -como bien lo ha dicho el señor Miembro Informante en la minuciosa información que ha brindado-, que hoy hay una norma de carácter regional que es, nada menos, que el Protocolo de Fortaleza, Decisión 18, de 1996. Esta norma se llama "Protocolo de Defensa de la Competencia en el MERCOSUR" y, como dije, es de 1996; quiere decir que tiene once años y aun después de todos esos esfuerzos que se han realizado en el ámbito de la integración, resulta que esta Decisión, que necesita un proceso de internalización jurídica de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Protocolo de Ouro Preto, no ha sido realmente puesta en efecto porque hoy no está ratificada, ni los países han suscrito esta norma antes de aprobar legislaciones de carácter nacional.

Quiere decir que en el ámbito de la integración se ha renunciado, con voluntad consentida o no, a regular o a legislar en forma común sobre un tema tan importante como la competencia. Sin regulación de carácter uniforme de la competencia, más allá de las normas de carácter nacional o de las que cada Estado vaya aprobando, estamos renunciando también -y, en particular, las economías pequeñas- a aquellos escudos jurídicos que nos permitan funcionar en un régimen de competencia normal.

¿Qué es lo que sucede hoy? Como hemos discutido en la propia Comisión, lo que ocurre es que los distintos Estados van legislando; faltaba que lo hicieran Uruguay y Paraguay. Argentina y, obviamente, Brasil ya lo han hecho. Este último país -miren ustedes qué casualidad- aprobó esta norma en 1994, pocos meses antes del Protocolo de Ouro Preto. Quiere decir que cuando nosotros estábamos buscando una definición de carácter común, Brasil ya adelantaba sus criterios para evitar someterse a una conducta de carácter comunitario que lo limitara en sus expresiones. Esto fue así de tal forma, que el Protocolo de 1996 -cuando ya se inicia el proceso de unión aduanera- queda condicionado por las normas que Brasil establecía, y que siguen vigentes, entre otras cosas porque -vuelvo a insistir- el Protocolo del MERCOSUR no está vigente en el ámbito regional.

Estos temas, señor Presidente, tienen que ver con la esencia de nuestra posibilidad de subsistir en el ámbito regional. Aquí el señor Miembro Informante ha analizado, con mucho detalle, la legislación comparada de Sherman y la de Clayton, y en todos estos casos las normas son de esencia del sistema capitalista, porque éste trató, desde el punto de vista comercial, de evitar que la posición dominante -los monopolios o los oligopolios- limitara la competencia, que es uno de los elementos claves de la economía de mercado. Esto fue trasmitiéndose a las respectivas legislaciones, pero Brasil y Argentina han aprobado normas distintas a las nuestras.

Hemos discutido en la Comisión, con bastante precisión, algunos aspectos y normas que venían aprobadas de la Cámara de Representantes. Allí se había incluido otro procedimiento, sin desnaturalizar la esencia del concepto "competencia", en algunas normas particularmente referidas a los artículos 7º y 8º, que tienen que ver con la concentración o con la notificación de funciones que se dan en el área comercial. En esto también nos estamos apartando de las legislaciones del MERCOSUR, porque más allá de los argumentos bien explicitados en el informe del economista Quijano -que fue convocado por la Comisión-, donde desarrolla claramente los argumentos a favor y en contra de la notificación en cuanto a si corresponde que sea ex ante o post facto, se modifican las normas que existen en la región. En las legislaciones de Argentina y Brasil se establece que la notificación debe hacerse post facto, es decir, con posterioridad a la concertación o al acuerdo que se realice entre las empresas. Vuelvo a insistir -y está claro- que estamos hablando de notificación y no de autorización, es decir, de una notificación previa o de una notificación posterior. Brasil y Argentina, repito, obligan a que la notificación sea posterior. O sea que en este aspecto estaríamos legislando con un criterio distinto, insisto, al de nuestros colegas del MERCOSUR.

Obviamente, señor Presidente, voy a ahorrar al Senado la discusión en torno a los argumentos a favor o en contra de una notificación previa o de una notificación posterior; pero, evidentemente, esta notificación de alguna forma supone una señal de alerta respecto del funcionamiento del Mercado, en particular de aquellos elementos que lo alteran, de los cuales los más importantes son, como quedó claro en la Comisión, el precio y la cantidad.

En fin, el hecho concreto es que estamos actuando en forma distinta. Nuestro razonamiento es: bueno, muy bien, tenemos inversiones en el ámbito del MERCOSUR, queremos que haya más y necesitamos inversiones no sólo de carácter nacional, sino también extranjeras. Aquí no estamos distinguiendo entre distintas inversiones; se trata de la inversión. Quien decide invertir en un mercado pequeño va a concentrarse, obviamente, en las actividades que tienen mayores posibilidades en general y, en particular, mayores posibilidades de conectarse en cadena de producción. De acuerdo con los criterios que estamos manejando y con la notificación previa, cada decisión empresarial que se realice en el país va a tener que ir a una notificación previa. Uno de los argumentos que se esgrime a nivel internacional -más allá de que se pueda asegurar la eficiencia de la burocracia, de su pronunciamiento, aun incluyendo el pronunciamiento tácito- es que esto puede significar un retardo o una señal de cierta obstrucción a las necesidades de las inversiones por parte de empresas nacionales o extranjeras en algunas áreas sustanciales.

La notificación se puede hacer con posterioridad, como lo definen Brasil y Argentina, y también está sujeta a un análisis. Claramente, por un lado, el articulado distingue una serie de elementos sobre prácticas prohibidas; y, por otro, según lo establecen los artículos 6º, 7º y 8º, la definición de abuso de posición dominante, la notificación de las concentraciones y la autorización de concentración monopólica. Nosotros legislamos en todas estas áreas ahora con un criterio de notificación previa. Creemos que esto, en primer lugar, se aparta de la legislación comparada del MERCOSUR y, en segundo término, puede tener elementos retardatarios respecto de la agilidad de las inversiones y de la necesidad de ir creando condiciones para que no haya limitaciones. El control se va a realizar igual, pero cuando se pregunte cuáles son las normas vigentes, se puede decir simplemente que hay una notificación previa. Entonces, de por sí, con las dificultades que tiene un mercado pequeño como el uruguayo, se va a agregar un elemento burocrático que puede desalentar la inversión. Hablo de que puede desalentar, porque no digo que en forma irreversible va a producir un efecto de esta naturaleza.

Esa es nuestra percepción, nuestra discrepancia con la modificación que se ha hecho a la norma aprobada por la Cámara de Representantes e ingresada al Senado, que ha derivado de un asesoramiento que incorporó determinadas informaciones sobre cómo se van manejando los distintos criterios a nivel internacional y, en particular, que los que aplican Brasil y Argentina no son los que se siguen en el Uruguay en esta oportunidad.

Para ir avanzando en el tema, quiero decir que no vamos a acompañar el criterio de modificar la norma aprobada por la Cámara de Representantes, sino que nos quedamos con lo que su mayoría decidió, en consonancia con los criterios a nivel regional.

En distintas partes del articulado -no quiero entrar al análisis particular, cosa que sí ha hecho el Miembro Informante-, como podrán observar, hay procedimientos muy claros para la investigación y sanción de las prácticas prohibidas. Tan es así que si evitáramos esa notificación previa, de todas maneras queda librado a cualquier persona física o jurídica -y escuchen bien para ver el alcance que esto tiene-, pública o privada, nacional o extranjera, la denuncia de la existencia de prácticas prohibidas por la presente ley. Inclusive, la denuncia que se presenta ante el órgano de aplicación puede mantener en reserva la identidad del denunciante si así lo entiende aquel. Es decir que estamos en un procedimiento en el que, como decía el Miembro Informante, si bien es cierto que existe una presunción respecto a que si no se facilitan determinadas informaciones es porque puede tratarse de una práctica prohibida, se trata de un procedimiento que establece garantías más allá de profundidades o de minuciosidades que creemos excesivas, sobre todo cuando la norma, además, se somete y remite a la futura reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo.

Todos estos procedimientos -que inclusive suponen la aplicación de medidas cautelares en caso de que estén debidamente fundadas, y el cese inmediato de esa conducta prohibida dictada por el propio órgano de aplicación-, de por sí, tienen una regulación importante y detallada que se agrega a las normas que establecen la notificación previa de las concentraciones y de las funciones.

Estamos de acuerdo con lo que se plantea respecto a los monopolios, porque se trata de una actividad más importante que lo que son las concentraciones; es más, aquí se habla de autorización de concentración monopólica. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso debe ser autorizado por el órgano de aplicación. Es bueno pensar y seguir insistiendo en que en este tema de los monopolios también deberíamos reflexionar sobre los monopolios públicos, que en la economía pequeña de nuestro país realmente distorsionan y crean situaciones inmanejables en materia de competencia. Con esto no queremos decir que estamos en contra de las empresas públicas; estamos en contra de los monopolios públicos. Los monopolios son a la economía lo que la dictadura a la política: restricciones a la libertad. Bien podríamos haber aprovechado las instancias del tratamiento de un tema como este de la competencia, precisamente para asegurar competencias incluyendo a las empresas públicas, de forma tal que su participación monopólica no termine limitando o estableciendo excepciones que impliquen una salida lateral a muchos aspectos que quiere regular la norma.

Por todos estos motivos, señor Presidente, y sin entrar en mayores detalles particulares, anunciamos que vamos a votar afirmativamente en general este proyecto de ley que entendemos importante, pero con esas reservas, en particular a lo que refiere a las notificaciones previas. También podremos hacer también algún tipo de consideración o comentario durante el transcurso del debate con respecto a otros artículos.

Muchas gracias.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: hemos escuchado el muy detallado y minucioso informe del señor Miembro Informante, que nos ilustraba acerca de la historia de este tipo de leyes, señalando que la primera se aprobó en 1890. El tema es que las condiciones económicas en el mundo han cambiado mucho; el mundo actual no tiene nada que ver, ya no con el de 1890, sino con el de treinta años atrás. El acceso a la información, el desarrollo de los llamados "mecanismos de señales" -de acuerdo con la literatura económica-, que aseguran determinada calidad y prestaciones de los productos -que brindan informaciones adicionales a la siempre asimétrica información que existe entre el que vende y el que compra-, y la caída de las barreras arancelarias ocurrida a lo largo de los últimos años, ya sea por rondas generales de comercio o por acuerdos bilaterales, hacen que, en los hechos, la competencia -que es lo que quiere promover esta ley y que me parece bien correcto- haya mejorado notoriamente, a tal punto que son muy poco frecuentes, en países con economías de mercado, las situaciones de monopolio, oligopolio o restricciones a la competencia.

El Partido Colorado va a acompañar en general el proyecto de ley. Creemos haber hecho un aporte al análisis del texto en la Comisión y hemos trabajado conjuntamente con todos los Legisladores que la integran para mejorar la redacción, de modo de entender las situaciones que pretende regular cada artículo y la mejor forma de resolverlas. Vamos a acompañar este proyecto de ley en el entendido de que la legislación uruguaya, que empezó como todas las cosas, en forma embrionaria, es insuficiente y tiene que ir progresando y adecuándose a los nuevos tiempos.

Dicho esto, quiero ser bien franco y honesto conmigo mismo. En general, la literatura económica demuestra que estas leyes son inútiles, inclusive con el establecimiento de multas. Normalmente, la multa funciona como un adicional al Impuesto a la Renta y salvo que ese adicional sea tan grande que anule la actividad, igual los agentes se comportan de manera oligopólica, en caso de que sea la única manera de ingresar al mercado o de que el mercado funcione.

Ahora, si bien vamos a votar en general el proyecto de ley, hay algunos artículos que no acompañaremos y las razones las voy a señalar someramente, ya que dichos artículos fueron discutidos en la Comisión. Es cierto que en muchos aspectos el Miembro Informante nos dio la razón y, en otros, reconoció que no tenía argumentos para oponerse a nuestras propuestas, pero lo concreto es que la decisión del Poder Ejecutivo era adoptar una posición distinta a la nuestra, en ese caso. Debemos decir que en algunos casos no existe una única posición en esta materia y que no se ha llegado a un consenso internacional en el tema. Algunos prefieren adoptar una posición y otros se inclinan por una diferente pero, en todo caso, nos parece razonable que la mayoría diga cuál es la posición que va a acompañar y que aquellos que piensan que la misma no es correcta, no la acompañen, y nada más que eso. Aquí no se trata de discusiones filosóficas sino, básicamente, de mérito y prácticas.

En primer lugar, adelanto que no vamos a acompañar el artículo 5º, porque habla de "mercado relevante", que consideramos es una definición bien imprecisa. En realidad, si bien en la segunda frase el artículo expresa: "Esto implica analizar, entre otros factores, la existencia de productos o servicios sustitutos, así como el ámbito geográfico", es muy difícil saber, por ejemplo, cuál es el mercado relevante de las mandarinas. Podemos incluir sólo las mandarinas, o agregar las naranjas y todos sus injertos o derivados, o incluir también las manzanas y las bananas, porque son frutas de la misma estación. En consecuencia, hubiéramos preferido evitar esa definición tan ambigua, justamente porque genera problemas con el tema de la notificación previa. No tendríamos inconveniente en votar el artículo tal como está si hubiera una notificación posterior. La notificación previa, precisamente, da lugar a toda esta suerte de discusiones y se pueden trabar los procesos, tal como decía el señor Senador Abreu.

Tampoco vamos a votar el artículo 7º porque, de acuerdo con la experiencia práctica, nos parece más razonable la notificación posterior, pese a que quizás la lógica indique que la notificación previa sea más adecuada. No sólo Argentina y Brasil tienen notificación posterior y, de hecho, en más de una década de aplicación en esos países creo que hay un solo caso -a lo sumo dos- en el que realmente opera la cláusula en que se rechaza la fusión o adquisición de las empresas. Recordemos que los casos en los que hay que hacer la notificación son cuando una empresa se fusiona con otra o adquiere otra, pasando a tener una participación relevante en el mercado.

Por las razones expuestas, no votaremos los artículos 5º ni 7º.

La redacción del artículo 8º fue propuesta por nosotros y creo que la Comisión recogió todos los artículos que sugerimos.

El artículo 9º es correcto conceptualmente, salvo la definición de monopolio que, tal como está redactada, adolece de un error -esto ya lo discutimos en la Comisión-, no desde el punto de vista teórico, pero sí en cuanto a su aplicación práctica. Tal como está redactado el artículo, se entiende por monopolio el tener el 100% del mercado, y todos sabemos que puede haber monopolios sin que se cumpla esa condición. Pretendíamos que se dijera que se entiende por monopolio a los efectos de esta ley cuando una sola empresa concentra más de determinado porcentaje del mercado. Con la definición tal como está, nunca hay monopolio, salvo el monopolio legal público. Además, con libertad de importación en materia de bienes, la existencia de monopolios en las condiciones planteadas por la ley es, realmente, casi imposible.

El último artículo que no vamos a apoyar es el 27, que refiere a los sectores regulados. Entendemos que el regulador no puede decir por sí mismo si hay competencia, si no la hay, o si ejerció bien o mal, y estábamos dispuestos a apoyarlo sólo para el caso del Banco Central, por su notoria especialización y los marcados conocimientos específicos que tiene en la materia, para un mercado tan chico.

El caso de las agencias reguladoras nos parece que refiere a situaciones que cualquier órgano de defensa de la competencia puede dirimir perfectamente. Además, en este caso se condice con las normas internacionales. Normalmente, los órganos de defensa de la competencia tienen facultades sobre las unidades reguladoras para los aspectos que ésta regula. Entonces, no nos parece adecuado que en los servicios de telefonía -en el caso de la energía no hay casi competencia, aunque podría haberla en el mercado mayorista de generación- y, en un futuro, en el mercado de los combustibles y, quizás, en el del agua, el propio órgano que hace la regulación y dicta las normas, establezca si son lo suficientemente buenas para promover la competencia, o si alguna de las empresas autorizadas por el mismo órgano practica o no una conducta anticompetitiva o de abuso de posición. A nuestro juicio, no es algo razonable en estos casos, y por tal motivo tampoco votaremos el artículo 27.

Hechas estas salvedades, acompañaremos el resto del articulado, aunque podemos tener algunas diferencias menores con respecto a la redacción, lo que en definitiva no hace al fondo del mismo. Es más, el artículo referente al deber de información, a propuesta nuestra, deja afuera el "saber cómo", "los planos" y demás. En este aspecto, nosotros pretendíamos que se incluyera una frase, que fue excluida porque era un poco vaga -y lo reconocemos- y podía dejar abierta una puerta demasiado grande. Sin embargo, no encontramos una redacción alternativa y, por lo tanto, vamos a apoyar el artículo tal como está, porque seguramente la práctica nos dirá cómo modificarlo.

En definitiva, con estas salvedades -si no me equivoco, se trata de cuatro artículos-, vamos a apoyar el proyecto de ley, reiterando que en general nos parece una norma mejor que la que está vigente, más moderna, que adecua la legislación luego de los primeros pasos que se dieron creo que en el año 2000.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley sustitutivo aprobado por la Comisión.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Por la vía de fundamento de voto, quisiera agradecer a la Comisión que me hiciera el alto honor de entender que podía fungir como Miembro Informante de este proyecto de ley. Por otra parte, deseo destacar el espíritu con el que se trabajó en dicha Comisión donde, como bien señaló el señor Senador Alfie, todos hicimos esfuerzos para que esta iniciativa tuviera la mejor redacción posible.

15) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Quiero aprovechar el quórum que tenemos en este momento y hacer una solicitud.

La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado, después de haber trabajado arduamente durante más de un año en un extenso proyecto de ley sobre personas con discapacidad, que establece un marco legal muy completo, ha llegado a un acuerdo y lo ha votado por unanimidad. Es nuestra intención, entonces, que esta iniciativa sea considerada por el Senado antes de finalizar el mes de junio ya que, como sabemos, en julio ingresará el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y se nos hará más difícil sesionar.

Por lo tanto, todos los miembros de la referida Comisión solicitamos que se estudie la posibilidad de celebrar una sesión extraordinaria antes de finalizar el mes, incluyendo este tema en primer lugar del Orden del Día ya que, como bien me acota el señor Senador Michelini, pueden haber otros asuntos de importancia que también se desee considerar. Cabe destacar que esa sesión puede ser convocada por el señor Presidente en el momento que lo crea conveniente.

SEÑOR PRESIDENTE.- En ese caso, podríamos fijarla para el martes 26 de junio.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de la señora Senadora Dalmás en el sentido de realizar una sesión extraordinaria el martes 26 de junio, incluyendo como primer punto del Orden del Día el proyecto de ley relativo a personas con capacidades diferentes.

(Se vota)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

16) PROMOCION Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado continúa con la consideración del asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se crean normas para la promoción y defensa de la competencia".

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Solicito que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque el proyecto de ley, con excepción de aquellos artículos cuyo desglose sea solicitado o haya sido pedido por algún señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, quedarían desglosados los artículos 5º, 7º, 9º y 27.

SEÑOR BRECCIA.- Propongo que también se desglosen los artículos 6º, 8º y 11, en los cuales plantearemos pequeñas modificaciones en la redacción. Deseo señalar que éstas fueron acordadas a nivel de la Comisión pero, sin embargo, no fueron votadas.

SEÑOR KORZENIAK.- Solicito que también se desglose el artículo 24.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor Senador Korzeniak en el sentido de que se suprima la lectura y se voten en bloque el proyecto de ley, con excepción de los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 11, 24 y 27.

(Se vota:)

- 17 en 19. Afirmativa.

Se va a votar en bloque el proyecto de ley, exceptuando los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 11, 24 y 27.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 6º.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Al comienzo de este artículo, luego de donde dice "A efectos de lo previsto en el artículo 2º", proponemos que se agregue "de la presente ley".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 6º con el agregado sugerido por el señor Senador Breccia.

(Se vota:)

- 18 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 8º.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Con relación a este artículo, luego de donde dice "La obligación de notificación a que hace referencia el artículo anterior no corresponde cuando", sugerimos que se agregue "la operación consista en:", y luego se mantendría su redacción actual.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 8º con la modificación propuesta por el señor Senador Breccia.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 9º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 11.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Habíamos convenido en la Comisión que de este artículo se suprimieran los términos finales del segundo inciso, es decir, las palabras "y correspondencia", por lo cual dicho párrafo quedaría redactado en sus últimas líneas, de la siguiente manera: "libros de comercio, libros de actas de órganos sociales y bases de datos contables".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 11 con la supresión de los términos "y correspondencia", de acuerdo con la propuesta del señor Senador Breccia.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 24.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: el artículo 24 se refiere a la posibilidad de destitución de los miembros de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Estos miembros son funcionarios públicos e integran un órgano desconcentrado. Para ser funcionario público se requiere tener la ciudadanía en ejercicio, y esta se suspende, según el artículo 80 de la Constitución, por un procesamiento del que pueda resultar pena de penitenciaría y, en todo caso, de condena aplicada, sea el delito doloso o no.

En consecuencia, para adecuar el artículo a la Constitución, sugiero que en el literal C) se sustituya el texto "Condena por delito doloso", por "Procesamiento por delito del que pueda resultar pena de penitenciaría o aplicación de sentencia de condena penal", que son los dos casos -los numerales 2º y 4º- del artículo 80. Por lo tanto, después del literal D), la frase que sigue diría: "Los miembros de la Comisión serán suspendidos preventivamente por padecer impedimento físico", etcétera, y se eliminaría, después de "serán suspendidos preventivamente", "en sus funciones, en caso de ser procesados por delito doloso". Si tienen un impedimento físico momentáneo, se les suspende, pero hay que sacar lo del delito doloso, que es un caso en que hay que destituirlos. No es una destitución; técnicamente es un cese por descaecimiento de una de las condiciones necesarias para ser funcionario público, que es no estar condenado por un delito, sea doloso o no.

En síntesis, la última parte diría: "Los miembros de la Comisión serán suspendidos preventivamente por padecer impedimento físico", etcétera, quitándose entonces la referencia al delito. Por su parte, el literal C) contempla la situación del delito.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 24 con las modificaciones sugeridas por el señor Senador Korzeniak.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 27.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 18. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que vuelve a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º. (Objeto).- La presente ley es de orden público y tiene por objeto fomentar el bienestar de los actuales y futuros consumidores y usuarios, a través de la promoción y defensa de la competencia, el estímulo a la eficiencia económica y la libertad e igualdad de condiciones de acceso de empresas y productos a los mercados.

ARTICULO 2º. (Principio general).- Todos los mercados estarán regidos por los principios y reglas de la libre competencia, excepto las limitaciones establecidas por ley, por razones de interés general.

Se prohíbe el abuso de posición dominante, así como todas las prácticas, conductas o recomendaciones, individuales o concertadas, que tengan por efecto u objeto, restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado relevante.

A efectos de valorar las prácticas, conductas o recomendaciones indicadas en el párrafo que antecede, el órgano de aplicación podrá tomar en cuenta si esas prácticas, conductas o recomendaciones generan ganancias de eficiencia económica de los sujetos, unidades económicas y empresas involucradas, la posibilidad de obtener las mismas a través de formas alternativas, y el beneficio que se traslada a los consumidores. La conquista del mercado resultante del proceso natural fundado en la mayor eficiencia del agente económico en relación con sus competidores, no constituye una conducta de restricción de la competencia.

El ejercicio de un derecho, facultad o prerrogativa excepcional otorgada o reconocida por ley no se considerará práctica anticompetitiva ni abuso de posición dominante.

ARTICULO 3º. (Ambito subjetivo).- Todas las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, que desarrollen actividades económicas con o sin fines de lucro, en el territorio uruguayo, están obligadas a regirse por los principios de la libre competencia.

Quedan también obligados en idénticos términos, quienes desarrollen actividades económicas en el extranjero, en tanto éstas desplieguen total o parcialmente sus efectos en el territorio uruguayo.

ARTICULO 4º. (Prácticas prohibidas).- Las prácticas que se indican a continuación, se declaran expresamente prohibidas, en tanto configuren alguna de las situaciones enunciadas en el artículo 2º de la presente ley.

La enumeración que se realiza es a título enunciativo.

A) Concertar o imponer directa o indirectamente precios de compra o venta u otras condiciones de transacción de manera abusiva.

B) Limitar, restringir o concertar de modo injustificado la producción, la distribución y el desarrollo tecnológico de bienes, servicios o factores productivos, en perjuicio de competidores o de consumidores.

C) Aplicar injustificadamente a terceros condiciones desiguales en el caso de prestaciones equivalentes, colocándolos así en desventaja importante frente a la competencia.

D) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de obligaciones complementarias o suplementarias que, por su propia naturaleza o por los usos comerciales, no tengan relación con el objeto de esos contratos.

E) Coordinar la presentación o abstención a licitaciones o concursos de precios, públicos o privados.

F) Impedir el acceso de competidores a infraestructuras que sean esenciales para la producción, distribución o comercialización de bienes, servicios o factores productivos.

G) Obstaculizar injustificadamente el acceso al mercado de potenciales entrantes al mismo.

H) Establecer injustificadamente zonas o actividades donde alguno o algunos de los agentes económicos operen en forma exclusiva, absteniéndose los restantes de operar en la misma.

I) Rechazar injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios.

J) Las mismas prácticas enunciadas, cuando sean resueltas a través de asociaciones o gremiales de agentes económicos.

ARTICULO 5º. (Mercado relevante).- A efectos de evaluar si una práctica afecta las condiciones de competencia, deberá determinarse cuál es el mercado relevante en el que la misma se desarrolla. Esto implica analizar, entre otros factores, la existencia de productos o servicios sustitutos, así como el ámbito geográfico comprendido por el mercado, definiendo el espacio de competencia efectiva que co-rresponda. El órgano de aplicación establecerá los crite-rios generales para la determinación del mercado relevante.

ARTICULO 6º. (Abuso de posición dominante).- A efectos de lo previsto en el artículo 2º de la presente ley se entiende que uno o varios agentes gozan de una posición dominante en el mercado cuando pueden afectar sustancialmente las variables relevantes de éste, con prescindencia de las conductas de sus competidores, compradores, o proveedores.

Se considera que existe abuso de posición dominante cuando el o los agentes que se encuentran en tal situación actúan de manera indebida, con el fin de obtener ventajas o causar perjuicios a otros, los que no hubieran sido posibles de no existir tal posición de dominio.

ARTICULO 7º. (Notificación de concentraciones).- Todo acto de concentración económica deberá ser notificado al órgano de aplicación diez días antes de la celebración del mismo por las empresas participantes cuando se dé por lo menos una de las condiciones siguientes:

A) Cuando como consecuencia de la operación se alcance una participación igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del mercado relevante.

B) Cuando la facturación bruta anual en el territorio uruguayo del conjunto de los participantes en la operación, en cualquiera de los últimos tres ejercicios contables, sea igual o superior a UI 750:000.000 (setecientos cincuenta millones de unidades indexadas).

A los efectos de la interpretación del presente artículo, se considerarán posibles actos de concentración económica aquellas operaciones que supongan una modificación de la estructura de control de las empresas partícipes mediante: fusión de sociedades, adquisición de acciones, de cuotas o de participaciones sociales, adquisición de establecimientos comerciales, industriales o civiles, adquisiciones totales o parciales de activos empresariales, y toda otra clase de negocios jurídicos que importen la transferencia del control de la totalidad o parte de unidades económicas o empresas.

El órgano de aplicación reglamentará la forma y el contenido de las notificaciones requeridas, así como las sanciones correspondientes en concordancia con lo dispuesto por los artículos 17, 18 y 19 de la presente ley. Asimismo, podrá requerir información periódica a las empresas involucradas a efectos de realizar un seguimiento de las condiciones de mercado en los casos en que entienda conveniente.

ARTICULO 8º.- La obligación de notificación a que hace referencia el artículo anterior no corresponde cuando la operación consista en:

a) la adquisición de empresas en las cuales el comprador ya tenía al menos un 50% (cincuenta por ciento) de las acciones de la misma;

b) las adquisiciones de bonos, debentures, obligaciones, cualquier otro título de deuda de la empresa, o acciones sin derecho a voto;

c) la adquisición de una única empresa por parte de una única empresa extranjera que no posea previamente activos o acciones de otras empresas en el país;

d) adquisiciones de empresas, declaradas en quiebra o no, que no hayan registrado actividad dentro del país en el último año.

ARTICULO 9º. (Autorización de concentración monopólica).- En los casos en que el acto de concentración económica implique la conformación de un monopolio de hecho, dicho proceso deberá ser autorizado por el órgano de aplicación. El análisis de estos casos deberá incorporar, entre otros factores, la consideración del mercado relevante, la competencia externa y las ganancias de eficiencia. Si el órgano de aplicación no se expidiera en un plazo de noventa días desde la notificación correspondiente, se dará por autorizado el acto.

La autorización expresa o tácita por parte del órgano de aplicación, de una concentración monopólica de hecho, de ninguna forma constituirá un monopolio de origen legal de acuerdo con lo establecido en el numeral 17) del artículo 85 de la Constitución de la República. Dicha autorización no podrá limitar el ingreso de otros agentes al mercado, a los cuales les serán de aplicación las disposiciones de la presente ley.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACION

Y SANCION DE PRACTICAS PROHIBIDAS

ARTICULO 10. (Competencia).- El órgano de aplicación será competente para desarrollar los procedimientos tendientes a investigar, analizar y sancionar las prácticas prohibidas por la presente ley. Podrá actuar de oficio o por denuncia.

ARTICULO 11. (Medidas preparatorias).- Antes de iniciar formalmente una investigación, el órgano de aplicación podrá requerir información de cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que le permita tomar conocimiento de actos o hechos relativos a la conformación de los mercados y a las prácticas que se realizan en los mismos.

Asimismo, si lo estimare oportuno, el órgano de aplicación podrá requerir ante la Justicia ordinaria la realización de medidas probatorias con carácter reservado y sin noticia de los eventuales investigados o terceros, tales como la exhibición y obtención de copias de documentos civiles y comerciales, libros de comercio, libros de actas de órganos sociales y bases de datos contables.

A tales efectos serán competentes los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Civil de Montevideo y los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior, según corresponda.

ARTICULO 12. (Presentación de la denuncia).- Cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, puede denunciar la existencia de prácticas prohibidas por la presente ley.

La denuncia deberá presentarse por escrito ante el órgano de aplicación, conteniendo la identificación del denunciante y la descripción precisa de la conducta presuntamente anticompetitiva que está siendo desarrollada, acompañando en la misma oportunidad todos los medios probatorios que disponga a ese respecto.

Sin perjuicio de que el denunciante deberá identificarse en todos los casos, podrá solicitar del órgano de aplicación, por motivos fundados, que mantenga reserva acerca de su identidad.

De la denuncia formulada se deberá conferir vista a los denunciados, salvo que se la considerara manifiestamente improcedente.

Si el órgano de aplicación entendiere que, además de los sujetos denunciados expresamente, pudieran existir otras personas que también fueran presuntamente infractores de los preceptos de esta ley, también conferirá vista a las mismas, conforme a lo preceptuado por el artículo 66 de la Constitución de la República.

ARTICULO 13. (Cese preventivo).- En cualquier momento del procedimiento el órgano de aplicación podrá expedirse acerca de las posibles consecuencias dañosas de la conducta objeto de los procedimientos.

En caso que la misma fuese capaz de producir daños graves, podrá disponer el cese preventivo de esa conducta.

ARTICULO 14. (Prueba).- Toda persona, física o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, queda sujeta al deber de colaboración con el órgano de aplicación y estará obligada a proporcionar a requerimiento de éste, en un plazo de diez días corridos contados desde el siguiente al que le fuere requerida, toda la información que conociere y todo documento que tuviere en su poder. En caso que la información fuera requerida del o de los involucrados en la conducta que se investiga, su omisión en proporcionarla deberá entenderse como una presunción en su contra.

Los deberes establecidos en este artículo en ningún caso significan la obligación de revelar secretos comerciales, planos, "como hacer", inventos, fórmulas y patentes.

ARTICULO 15. (Medidas cautelares).- Sin perjuicio de la posibilidad de disponer el cese preventivo de las prácticas investigadas a que refiere el artículo 13 de la presente ley, el órgano de aplicación está facultado para solicitar a la Justicia ordinaria las medidas cautelares que considere pertinentes, con carácter reservado y sin noticia, antes de iniciar las actuaciones administrativas o durante el transcurso de las mismas.

A tales efectos serán competentes los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Civil de Montevideo y los Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior, según corresponda, y se aplicarán, en cuanto fuera pertinente, las soluciones del artículo 311 y siguientes del Código General del Proceso, excepto en lo que se refiere a la prestación de contracautela, de la cual queda exonerado el órgano de aplicación.

Asimismo, en lo que respecta a la previsión del artículo 311.2 del Código General del Proceso se interpretará la misma en el sentido de que las medidas cautelares caducarán si el órgano de aplicación no iniciara las actuaciones administrativas dentro del plazo de treinta días corridos contados desde que se hicieron efectivas aquéllas.

ARTICULO 16. (Compromisos de cese y conciliación).- El órgano de aplicación podrá suspender las actuaciones, por un término no mayor a diez días corridos, a efectos de acordar con el presunto infractor un compromiso de cese o modificación de la conducta investigada, salvo que la ilegitimidad de la misma y la identidad de quien la realizó fueren evidentes.

También podrá suspender las actuaciones por idéntico plazo, por solicitud conjunta de denunciante y denunciado, a efectos de considerar la posible conciliación, siempre que la conducta investigada consista en la situación prevista por el artículo 6º de esta ley y el único perjudicado por la misma sea el denunciante.

ARTICULO 17. (Sanciones).- Cuando las actuaciones administrativas concluyeran con la constatación de que se desarrollaron prácticas anticompetitivas, el órgano de aplicación deberá ordenar su cese inmediato y de los efectos de las mismas que aún subsistieren, así como sancionar a sus autores y responsables.

Las sanciones consistirán en:

A) Apercibimiento.

B) Apercibimiento con publicación de la resolución, a costa del infractor, en dos diarios de circulación nacional.

C) Multa que se determinará entre una cantidad mínima de UI 100.000 (cien mil unidades indexadas) y una cantidad máxima del que fuere superior de los siguientes valores:

1) 20:000.000 UI (veinte millones de unidades indexadas).

2) El equivalente al 10% (diez por ciento) de la facturación anual del infractor.

3) El equivalente a tres veces el perjuicio causado por la práctica anticompetitiva, si fuera determinable.

Las sanciones podrán aplicarse independiente o conjuntamente según resulte de las circunstancias del caso.

A efectos de su determinación, se tomará en cuenta: la entidad patrimonial del daño causado; el grado de participación de los responsables; la intencionalidad; la condición de reincidente; y la actitud asumida durante el desarrollo de las actuaciones administrativas.

Estas sanciones también podrán aplicarse a aquellos que incumplan las obligaciones dispuestas por el artículo 14 de esta ley.

En el caso de prácticas concertadas entre competidores, se considerará como especial atenuante la denuncia realizada por uno de los miembros del acuerdo o el aporte que éste brinde para la obtención de pruebas suficientes para la sanción de los restantes infractores.

ARTICULO 18. (Publicación).- Las resoluciones del órgano de aplicación serán publicadas en su página electrónica institucional. Asimismo, éste podrá dar una descripción detallada de los casos analizados.

ARTICULO 19. (Sanciones a Administradores, Directores y Representantes de Personas Jurídicas, y a Sociedades Controlantes).- Además de las sanciones que el órgano de aplicación imponga a las personas jurídicas que realicen conductas prohibidas por esta ley, también podrán imponer multas a los integrantes de sus órganos de administración y representación que hayan contribuido activamente en el desarrollo de la práctica.

Las conductas desarrolladas por una persona jurídica controlada por otra, serán también imputables a la controlante. De la misma manera, las responsabilidades que pudieren corresponder a los integrantes de los órganos de administración y representación de la sociedad controlada, podrán también ser imputadas a quienes cumplen las mismas funciones en la sociedad controlante.

ARTICULO 20. (Título Ejecutivo).- El testimonio de la resolución firme que imponga pena de multa constituirá título ejecutivo.

CAPITULO III

ORGANO DE APLICACION

ARTICULO 21. (Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia).- El órgano de aplicación de las disposiciones de la presente ley será la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que funcionará como órgano desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas.

El funcionamiento de la Comisión se ajustará a lo que disponga el reglamento que la misma habrá de dictar, que contendrá como mínimo el régimen de convocatoria, deliberación, votación y adopción de resoluciones.

ARTICULO 22.- La Comisión estará integrada por tres miembros designados por el Poder Ejecutivo actuando en Consejo de Ministros, entre personas que, por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento de la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño.

Los miembros de la Comisión tendrán dedicación exclusiva, con excepción de la actividad docente y de investigación. Si al momento de la designación ocuparan otros cargos públicos, quedarán suspendidos en los mismos a partir de la toma de posesión de dicho cargo y por todo el tiempo que actúen como integrantes de la Comisión, de acuerdo con lo establecido por el artículo 21 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

Su mandato durará seis años y podrán ser designados nuevamente.

Las renovaciones se realizarán de a un miembro cada dos años; a efectos de hacer posible dicho sistema de renovación, los tres primeros miembros que se designen tendrán, respectivamente, mandatos de dos, cuatro y seis años de duración.

ARTICULO 23.- La representación del órgano de aplicación será ejercida por su Presidente.

La Presidencia de la Comisión será ejercida por todos sus integrantes por espacio de dos años, en forma rotativa. En el caso de la primera integración de la Comisión, la Presidencia será ejercida, en primer término, por el miembro designado con mandato de dos años; y en segundo término, por el miembro designado con mandato de cuatro años.

ARTICULO 24.- Los integrantes de la Comisión podrán ser destituidos por el Presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, en cualquiera de los siguientes casos:

A) Negligencia o mal desempeño en sus funciones.

B) Incapacidad sobreviniente.

C) Procesamiento por delito del que pueda resultar pena de penitenciaría o aplicación de sentencia de condena penal.

D) Comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio del órgano.

Los miembros de la Comisión serán suspendidos preventivamente por padecer impedimento físico momentáneo para desempeñar la función. La suspensión se verificará de pleno derecho, por el dictado del auto de procesamiento, independientemente de que el mismo sea objeto de recursos.

ARTICULO 25.- En caso de destitución, renuncia o fallecimiento, la duración del mandato de quien lo sustituya, será igual al tiempo que restare del mandato original.

ARTICULO 26. (Funciones y facultades).- Compete a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia:

A) Emitir normas generales e instrucciones particulares que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la presente ley.

B) Realizar los estudios e investigaciones que considere pertinentes, a efectos de analizar la competencia en los mercados.

C) Requerir de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, la documentación y colaboración que considere necesarias. Los datos e informaciones obtenidos sólo podrán ser utilizados para las finalidades previstas en esta ley, sujeto a las limitaciones establecidas en el artículo 14 de la presente ley.

D) Realizar investigaciones sobre documentos civiles y comerciales, libros de comercio, libros de actas de órganos sociales y bases de datos contables.

E) Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de promoción y políticas de competencia.

F) Emitir recomendaciones no vinculantes, dirigidas al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Gobiernos Departamentales, y entidades y organismos públicos, relativos al tratamiento, protección, regulación, restricción o promoción de la competencia en leyes, reglamentos, ordenanzas municipales y actos administrativos en general. Estas recomendaciones se realizarán respecto de leyes, reglamentos, ordenanzas municipales y otros actos administrativos vigentes o a estudio de cualquiera de los organismos señalados.

G) Emitir recomendaciones no vinculantes, de carácter general o sectorial, respecto de las modalidades de la competencia en el mercado.

H) Emitir dictámenes y responder consultas que le formule cualquier persona física o jurídica, pública o privada, acerca de las prácticas concretas que realiza o pretende realizar, o que realizan otros sujetos.

I) Mantener relaciones con otros órganos de defensa de la competencia, nacionales o internacionales, y participar en los foros internacionales en que se discutan o negocien temas relativos a la competencia.

ARTICULO 27. (Sectores regulados).- En los sectores que están sometidos al control o superintendencia de órganos reguladores especializados, tales como el Banco Central del Uruguay, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, la protección y fomento de la competencia estarán a cargo de dichos órganos.

El alcance de la actuación de los mismos incluirá actividades que tengan lugar en mercados vertical u horizontalmente relacionados con los mercados bajo control y regulación, en la medida en que afecten las condiciones competitivas de los mercados que se encuentran bajo sus respectivos ámbitos de actuación regulatoria.

En el desarrollo de este cometido, los órganos re-guladores deberán cumplir con todas y cada una de las disposiciones de la presente ley, pudiendo, en caso de entenderlo conveniente, efectuar consultas no vinculan-tes a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 28. (Prescripción).- Las acciones que tienen su origen en la realización de prácticas prohibidas por la presente ley, prescribirán a los cinco años de verificadas las mismas, tanto en lo que respecta a la potestad pública de investigar y sancionar a los responsables, como al derecho de los perjudicados directamente por las mismas a obtener el resarcimiento de los daños padecidos.

La prescripción se interrumpe con el acto que dispone la iniciación de un procedimiento de oficio o con el acto que ordena dar vista de la denuncia al presunto responsable.

ARTICULO 29. (Remisión).- En todo lo no previsto en esta ley o en su decreto reglamentario, relativo al procedimiento para la investigación y sanción de prácticas prohibidas, se aplicarán las soluciones del Decreto Nº 500/991, de 27 de setiembre de 1991, sus modificativos y concordantes.

ARTICULO 30. (Derogaciones).- Se derogan los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, los artículos 157 y 158 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, y el artículo 699 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 31. (Modificaciones).- Se modifica el artículo 65 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 65.- Toda iniciativa en materia de tasas a ser percibidas por las unidades ejecutoras de la Administración Central por concepto de trámites, servicios o similares requerirá informe previo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la que actuará de conformidad con los criterios establecidos en los artículos 700 a 702 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996".

ARTICULO 32. (Reglamentación).- La presente ley será reglamentada en lo pertinente por el Poder Ejecutivo dentro de los ciento veinte días contados a partir de su promulgación."

17) ACUERDO CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE BELO HORIZONTE, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EL 16 DE DICIEMBRE DE 2004

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al asunto que figura en tercer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes del MERCOSUR, suscrito en Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, el 16 de diciembre de 2004. (Carp. Nº 794/07 - Rep. Nº 474/07)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 794/07

Rep. Nº 474/07

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Montevideo, 28 de marzo de 2007.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 numeral 7 y 168 numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Acuerdo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes del MERCOSUR, suscrito en la ciudad de Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, el día 16 de diciembre del año 2004.

I. INTRODUCCION.

Es importante destacar la trascendencia actual de las migraciones, en tanto constituyen una realidad que comprende millones de personas en muchos Estados de la comunidad internacional y, por tanto, de la región. En una importante cantidad de casos, este fenómeno involucra situaciones de tránsito clandestino y otros problemas, entre los que se encuentra el empleo frecuente de trabajadores no documentados o en situación irregular por parte de empresas que pretenden obtener beneficios mediante el ofrecimiento a los migrantes de condiciones de trabajo menos favorables que las de otros trabajadores.

El tráfico de seres humanos constituye en la actualidad, el negocio de más rápido crecimiento para el crimen organizado, estimándose que cada año, más de setecientas mil personas son víctimas de tráfico con el propósito de explotarlas sexualmente y de realizar trabajos forzados, por lo que puede considerarse una modalidad moderna de la esclavitud. Por ese motivo, se hace necesario fortalecer la respuesta de la justicia penal y de los órganos competentes en estas áreas, a efectos de combatir este fenómeno delictivo no sólo a través de medidas legislativas y educativas, sino también a través de la cooperación nacional, regional e internacional.

Como antecedente de este Acuerdo debe tenerse presente que, en junio de 2001, los Ministros del Interior del MERCOSUR, Bolivia y Chile, profundamente preocupados por las situaciones que deben enfrentar las víctimas de organizaciones delictivas que lucran con el tráfico de personas, declararon su condena a dicha conducta, su voluntad de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes y sus familias y su propósito de establecer mecanismos de cooperación regional en materia de asistencia técnica y capacitación para la investigación y detección de las organizaciones que se dedican al tráfico de personas, así como su disposición a adoptar medidas efectivas para impedir que sus países se utilicen como rutas de tráfico de personas hacia otros Estados.

Reafirmando la "Declaración de Asunción sobre Tráfico de Personas y de Migrantes", la suscripción del Instrumento sujeto a aprobación parlamentaria en el marco del MERCOSUR, viene a complementar la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y su Protocolo Adicional en materia de Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, de los que la República es Parte.

Dado que las acciones para prevenir y combatir eficazmente el tráfico ilícito de migrantes requieren la cooperación, intercambio de información y la actuación conjunta de los Estados de la región, a la vez que se hace necesario contar con un procedimiento común para actuar en esta materia a través de la participación coordinada de las fuerzas de seguridad y/o policiales y otros organismos de control, los Estados Partes del MERCOSUR han suscrito el presente Acuerdo, como forma de adoptar medidas para prevenir, detectar y penalizar el tráfico de personas y migrantes.

II. FINALIDAD.

Los fines principales perseguidos por el Acuerdo que hoy se somete a consideración de ese Cuerpo son la prevención y el combate del tráfico ilícito de migrantes. A dichos efectos, se propone la promoción de la cooperación e intercambio de información entre los Estados Partes (artículo 1).

III. DEFINICIONES

Para facilitar su aplicación y al mismo tiempo evitar interpretaciones divergentes, el artículo 2 del Acuerdo incluye la definición de algunos términos esenciales:

a) tráfico ilícito de migrantes: esta figura está determinada por una conducta: la facilitación de la entrada en forma ilegal de una persona en un Estado Parte del cual no sea nacional o residente; y una finalidad: la obtención, directa o indirecta, de un beneficio financiero o material;

b) entrada ilegal: la entrada se considerará ilegal cuando el ingreso tenga lugar sin cumplirse los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado Parte receptor; y

c) documento de identidad o de viaje falso: para que un documento de viaje o de identidad sea considerado falso, este deberá estar afectado por alguna de las siguientes características: haber sido elaborado, expedido en forma fraudulenta o alterado materialmente por quien no esté legalmente autorizado para otorgar el correspondiente documento en nombre de un Estado Parte; haber sido expedido u obtenido mediando una declaración falsa, corrupción u otra forma ilegal; o haber sido utilizado por quien no sea su titular legítimo.

IV. AMBITO DE APLICACION.

Según el artículo 3, este Acuerdo se aplica a la cooperación, prevención e investigación de los ilícitos penales tipificados de conformidad con el artículo 4 cuando tengan carácter transnacional, así como a la protección de los derechos de los migrantes que hayan sido objeto de tales ilícitos. Si bien este Instrumento no define en qué consiste la "transnacionalidad" del delito, teniendo en cuenta el vínculo ya señalado con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, parece adecuado acudir al concepto que brinda la misma en el párrafo 2 del artículo 3, esto es, si se comete en más de un Estado; si se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro; si se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; si se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro.

V. PENALIZACION.

El párrafo 1 del artículo 4 constituye una norma programática, por cuanto los Estados Partes asumen el compromiso de adoptar las medidas legislativas, reglamentarias y administrativas que sean necesarias para tipificar como ilícito penal las siguientes conductas, cuando medie intencionalidad y cuando su finalidad sea obtener, directa o indirectamente algún beneficio financiero o material: el tráfico ilícito de migrantes, la creación de un documento de viaje o de identidad falso, la facilitación, suministro o la posesión de tal documento; la habilitación de un migrante para permanecer en el territorio de un Estado Parte sin haber cumplido los requisitos legales exigidos por el mismo, todo ello cuando se realice con el fin de posibilitar el tráfico ilícito de migrantes; la tentativa de comisión de alguno de los ilícitos tipificados en el presente párrafo; la participación como cómplice o encubridor; o bien la organización de otras personas para la comisión de alguno de los ilícitos penales tipificados de conformidad con el presente Acuerdo.

Se consideran circunstancias agravantes el uso de violencia, la intimidación o el engaño, el abuso de una situación de necesidad de la víctima, la circunstancia de poner en peligro su vida, su salud o su integridad personal, la condición de menor de edad de la víctima o el hecho de que los autores de las conductas actúen prevaleciéndose de su condición de autoridad o funcionario público (párrafo 2).

VI. RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MIGRANTES.

Según prevé el artículo 5, los migrantes estarán exentos de responsabilidad penal cuando sean víctimas de las conductas tipificadas en el artículo 4, sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes y de la potestad de enjuiciamiento penal de los Estados Partes.

VII. MEDIDAS DE PREVENCION Y COOPERACION.

Los Estados Partes del presente Acuerdo que tengan fronteras comunes o estén situados en las rutas del tráfico ilícito de migrantes, intercambiarán información sobre asuntos tales como: lugares de embarque y de destino, rutas, transportistas y medios de transporte a los que puedan recurrir los grupos delictivos; identidad y métodos utilizados por las organizaciones o los grupos delictivos organizados involucrados o sospechosos de las conductas tipificadas según lo enunciado en el artículo 4.

La información a intercambiar también versará sobre la autenticidad y la debida forma de los documentos de viaje expedidos por los Estados Partes, medios utilizados para ocultar y transportar personas, así como experiencias legislativas, prácticas y medidas de prevención y combate de las conductas mencionadas (artículo 6, párrafo 1).

De acuerdo con lo previsto en el párrafo 2 del artículo 6, cada Estado parte deberá designar en un plazo de noventa días contados a partir de la aprobación de este Acuerdo, el Organismo que centralizará la información transmitida desde los otros Estados Partes y desde los organismos nacionales con competencia en la materia.

A su vez, cada Estado considerará la necesidad de reforzar la cooperación entre los organismos de control fronterizo, estableciendo y manteniendo conductos de comunicación directa. Los Estados que estén siendo utilizados como rutas de tráfico de migrantes, se obligan a emprender investigaciones sobre esta conducta delictiva a la brevedad posible, adoptando medidas para reprimirla, promoviendo la comunicación de inmediato al Estado Parte de destino de esos migrantes (artículo 6, párrafos 3 y 4).

En caso de que un Estado Parte detecte que nacionales de otro Estado Parte son víctimas de tráfico en su territorio, deberá comunicarlo inmediatamente a las autoridades consulares correspondientes, informando las medidas migratorias que respecto de esas personas pretende adoptar. Asimismo, esta información será comunicada al organismo de enlace nacional respectivo (artículo 6, párrafo 6).

Conforme lo previsto en el párrafo 7 del artículo 6, los Estados Partes se comprometen a realizar campañas de prevención en los lugares de entrada y salida de sus respectivos territorios, entregando información relativa a documentos de viaje, requisitos para solicitar residencia y toda otra información que resulte conveniente.

VIII. SEGURIDAD Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS.

El Acuerdo dedica el artículo 7 a la seguridad y al control de los documentos de viaje o de identidad, previendo la necesidad de que cada Estado Parte adopte las medidas necesarias para garantizar la calidad de dichos documentos, de manera que no puedan utilizarse indebidamente, falsificarse, adulterarse, reproducirse o expedirse de forma ilícita. Asimismo deberán adoptar medidas para garantizar la integridad y la seguridad de los documentos de viaje o de identidad que expidan e impedir su creación, expedición y utilización ilícita.

Por otra parte cuando lo solicite un Estado Parte, "se verificará a través del organismo de enlace nacional, dentro de un plazo razonable, la legitimidad y validez de los documentos de viaje o de identidad expedidos o presuntamente expedidos y sospechosos de ser utilizados para los fines de las conductas enunciadas en el artículo 4".

IX. CAPACITACION Y COOPERACIÓN TÉCNICA.

Uno de los aspectos fundamentales para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes es la capacitación de los funcionarios vinculados al control migratorio. En virtud de ello, de acuerdo con el artículo 8, los Estados Partes asumen el compromiso de impartir o bien reforzar la capacitación especializada en la prevención de las conductas previstas en el artículo 4 y en el trato humano de los migrantes que sean víctimas de las mismas, de conformidad con las normas de derecho nacional e internacional.

La capacitación incluirá, entre otros aspectos, el reconocimiento y la detección de los documentos de viaje o de identidad falsificados o adulterados; información relativa a la identificación de los grupos delictivos organizados involucrados o sospechosos de estar involucrados en las conductas enunciadas en el artículo 4; los métodos utilizados para transportar a los migrantes objeto de dicho tráfico; la utilización indebida de documentos de viaje o de identidad y los medios de ocultación utilizados para estos fines.

Los Estados Partes que tengan conocimientos especializados en la materia coordinarán, a través del organismo de enlace nacional, la prestación de asistencia técnica a los Estados Partes que sean frecuentemente países de origen o de tránsito de personas que hayan sido objeto de las conductas tipificadas de conformidad a lo enunciado en el artículo 4.

X. CLAUSULA DE SALVAGUARDIA.

El párrafo 1 del artículo 9 consagra que nada de lo dispuesto en el Acuerdo afectará los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados Partes y de las personas con arreglo al derecho internacional, comprendidos el derecho internacional humanitario y la normativa internacional sobre derechos humanos y en particular, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como el principio de non refoulement consagrado en dichos instrumentos.

Las medidas previstas en el presente Acuerdo se interpretarán y aplicarán en forma no discriminatoria para los migrantes por el hecho de ser víctimas del tráfico ilícito. La interpretación y aplicación de esas medidas estarán en consonancia con los principios de no discriminación internacionalmente reconocidos.

XI. RELACION CON LA CONVENCION CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SU PROTOCOLO.

Tal como se señalara, el presente Acuerdo complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se debe interpretar en forma conjunta con dicha Convención y con su Protocolo Adicional sobre Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, de los que la República es Parte (artículo 10).

XII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Las diferencias que surjan sobre la interpretación, la aplicación o el no cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo, serán resueltas de conformidad con el régimen establecido paa la solución de controversias en el MERCOSUR.

Por los motivos antes expuestos, el Poder Ejecutivo considera de fundamental importancia la aprobación del Acuerdo que hoy se somete a la aprobación de la Asamblea General por cuanto representa un nuevo esfuerzo a nivel regional en la lucha contra el tráfico ilegal de personas, problema creciente y grave que sólo puede resolverse por medio de una estrecha cooperación internacional.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Daisy Tourné.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Montevideo, 28 de marzo de 2007.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes del MERCOSUR, suscrito en la ciudad de Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, el día 16 de diciembre del año 2004.

Reinaldo Gargano, Daisy Tourné.

ACUERDO CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR

Los Gobiernos de la República Argentina, de la Repú-blica Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR.

CONSIDERANDO que las acciones para prevenir y combatir eficazmente el tráfico ilícito de migrantes, requieren la cooperación, intercambio de información y la actuación conjunta de los Estados de la región;

REAFIRMANDO los términos de Declaración de Asunción sobre "Tráfico de Personas y de Migrantes";

CONVENCIDOS de la necesidad de adoptar medidas para prevenir, detectar y penalizar el tráfico de personas y migrantes;

REITERANDO la voluntad de contar con un procedimiento común para actuar en esa materia a través de la participación coordinada de las Fuerzas de Seguridad y/o Policiales y demás organismos de control;

RECORDANDO los términos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos adicionales.

ACUERDAN:

Artículo 1

Finalidad

El propósito del presente Acuerdo es prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, así como promover la cooperación e intercambio de información entre los Estados Partes con ese fin.

Artículo 2

Definiciones

Para los fines del presente Acuerdo, se entenderá por:

1. "Tráfico ilícito de migrantes": la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del presente Acuerdo del cual no sea nacional o residente con el fin de obtener, directa o indirectamente, algún beneficio financiero o material;

2. "Entrada ilegal": el ingreso sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado Parte receptor;

3. "Documento de identidad o de viaje falso": cualquier documento de viaje o de identidad que sea:

a. elaborado o expedido de forma fraudulenta o alterado materialmente por cualquiera que no sea la persona o entidad legalmente autorizada para producir o expedir el documento de viaje o de identidad en nombre de un Estado Parte del presente Acuerdo;

b. expedido u obtenido indebidamente mediante declaración falsa, corrupción, coacción o de cualquier otra forma ilegal; o

c. utilizado por una persona que no sea su titular legítimo.

Artículo 3

Ambito de Aplicación

El presente Acuerdo se aplicará a la cooperación, prevención e investigación de los ilícitos penales tipificados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, cuando los mismos sean de carácter transnacional, así como a la protección de los derechos de los migrantes que hayan sido objeto de tales ilícitos.

Artículo 4

Penalización

1. Las Partes del presente Acuerdo adoptarán las medidas legislativas, reglamentarias y administrativas que sean necesarias para tipificar como ilícito penal las siguientes conductas, cuando se cometan intencionalmente y con el fin de obtener, directa o indirectamente algún beneficio financiero o material:

a. el tráfico ilícito de migrantes;

b. cuando se cometa con el fin de posibilitar el tráfico ilícito de migrantes:

1) la creación de un documento de viaje o de identidad falso;

2) la facilitación, suministro o la posesión de tal documento;

3) la habilitación de un migrante para permanecer en el territorio de un Estado Parte sin haber cumplido los requisitos legales exigidos por dicho Estado Parte.

c. la tentativa de comisión de un ilícito penal tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo ;

d. la participación como cómplice o encubridor en la comisión de un ilícito penal tipificado con arreglo al presente Acuerdo;

e. la organización de otras personas para la comisión de un ilícito penal tipificado con arreglo al presente Acuerdo.

2. Constituirán circunstancias agravantes de la responsabilidad penal:

a. cuando se emplee violencia, intimidación o engaño en las conductas tipificadas en el presente Acuerdo;

b. cuando en la comisión del ilícito penal se hubiere abusado de una situación de necesidad de la víctima, se hubiere puesto en peligro su vida, su salud o su integridad personal;

c. cuando la víctima sea menor de edad;

d. cuando los autores de los hechos actúen prevaliéndose de su condición de autoridad o funcionario público.

Artículo 5

Responsabilidad penal de los migrantes

En los términos del presente Acuerdo, los migrantes estarán exentos de responsabilidad penal cuando sean víctimas de las conductas tipificadas en el artículo 4, sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes y de la potestad de enjuiciamiento penal de los Estados Partes.

Artículo 6

Medidas de prevención y cooperación

1. Los Estados Partes del presente Acuerdo que tengan fronteras comunes o estén situados en las rutas del tráfico ilícito de migrantes, intercambiarán información pertinente sobre asuntos tales como:

a. lugares de embarque y de destino, así como las rutas, los transportistas y los medios de transporte a los que, según se sepa o se sospeche, recurran los grupos delictivos organizados involucrados en las conductas enunciadas en el artículo 4;

b. la identidad y los métodos de las organizaciones o los grupos delictivos organizados involucrados o sospechosos de las conductas tipificadas de conformidad a lo enunciado en el artículo 4;

c. la autenticidad y la debida forma de los documentos de viaje expedidos por los Estados Partes del presente Acuerdo, así como todo robo y/o concomitante utilización ilegítima de documentos de viaje o de identidad en blanco;

d. los medios y métodos utilizados para la ocultación y el transporte de personas, la adulteración, reproducción o adquisición ilícita y cualquier otra utilización indebida de los documentos de viaje o de identidad empleados en las conductas tipificadas de conformidad a lo enunciado en el artículo 4, así como las formas de detectarlos;

e. experiencias de carácter legislativo, así como prácticas y medidas conexas para prevenir y combatir las conductas tipificadas de conformidad a lo enunciado en el artículo 4;

f. cuestiones centíficas y tecnológicas de utilidad para el cumplimiento de la ley, a fin de reforzar la capacidad respectiva de prevenir, detectar e investigar a: conductas tipificadas de conformidad a lo enunciado en el artículo 5 y de enjuiciar a las personas implicadas en ellas.

2. En un plazo de noventa (90) días desde la aprobación del presente Acuerdo, cada Estado Parte deberá designar, informando a los demás Estados Partes, el organismo que centralizará la información transmitida desde los otros Estados Partes y desde los organismos Nacionales con competencia en la materia.

3. El Estado Parte del presente Acuerdo receptor de información a través del organismo de enlace nacional dará cumplimiento a toda solicitud del Estado Parte que lo haya facilitado, en cuanto a las restricciones de su utilización.

4. Cada Estado Parte considerará la necesidad de reforzar la cooperación entre los organismos de control fronterizo, estableciendo y manteniendo conductos de comunicación directa.

5. Los Estados Partes del presente Acuerdo que estén siendo utilizados como rutas de tráfico de migrantes, emprenderán, a la brevedad posible, investigaciones sobre esta conducta delictiva, adoptando medidas para reprimirla, promoviendo la inmediata comunicación al Estado Parte de destino de los migrantes víctimas del tráfico.

6. Cuando un Estado Parte detecte que nacionales de otro Estado Parte del presente Acuerdo estén siendo objeto de tráfico en su territorio, en los términos del presente Acuerdo, deberá comunicarlo en forma inmediata a las autoridades consulares correspondientes, informando de las medidas migratorias que respecto de esas personas pretende adoptar. Del mismo modo, se comunicará esta información al organismo de enlace nacional respectivo.

7. Los Estados Partes del presente Acuerdo realizarán campañas de prevención, tanto en los lugares de entrada como de salida de sus respectivos territorios, entregando información respecto de los documentos de viaje, los requisitos para solicitar residencias, y toda otra información que resulte conveniente.

Artículo 7

Seguridad y control de los documentos

1. Cada Estado Parte del presente Acuerdo adoptará las medidas necesarias para:

a. garantizar la calidad de los documentos de viaje o de identidad que expida, a fin de evitar que puedan ser utilizados indebidamente, falsificados, adulterados, reproducidos o expedidos de forma ilícita; y

b. garantizar la integridad y seguridad de los documentos de viaje o de identidad que expida e impedir la creación, expedición y utilización ilícita de dichos documentos.

2. Cuando lo solicite un Estado Parte del Presente Acuerdo, se verificará a través del organismo de enlace nacional, dentro de un plazo razonable, la legitimidad y validez de los documentos de viaje o de identidad expedidos o presuntamente expedidos y sospechosos de ser utilizados para los fines de las conductas enunciadas en el artículo 4.

Artículo 8

Capacitación y cooperación técnica

1. Los Estados Partes del presente Acuerdo impartirán a los funcionarios de Migración y a otros funcionarios pertinentes, capacitación especializada en la prevención y erradicación de las conductas que serán tipificadas de conformidad a lo enunciado en el artículo 4 y en el trato humanitario de los migrantes objeto de esas conductas, respetando al mismo tiempo sus derechos reconocidos conforme al derecho nacional e internacional.

2. La capacitación incluirá, entre otras cosas:

a. el reconocimiento y la detección de los documentos de viaje o de identidad falsificados o adulterados;

b. información, respecto a la identificación de los grupos delictivos organizados involucrados o sospechosos de estar involucrados en las conductas enunciadas en el artículo 4; los métodos utilizados para transportar a los migrantes objeto de dicho tráfico; la utilización indebida de documentos de viaje o de identidad para tales fines; y los medios de ocultación utilizados en el tráfico ilícito de migrantes;

c. la mejora de los procedimientos para detectar a los migrantes objeto de tráfico ilícito en puntos de entrada y salida convencionales y no convencionales;

d. el trato humano de los migrantes afectados y la protección de sus derechos reconocidos conforme al derecho internacional.

3. Los Estados Partes del presente Acuerdo que tengan conocimientos especializados pertinentes coordinarán, a través del organismo de enlace nacional, la prestación de asistencia técnica a los Estados Partes del presente Acuerdo que sean frecuentemente países de origen o de tránsito de personas que hayan sido objeto de las conductas tipificadas de conformidad a lo enunciado en el artículo 4.

Artículo 9

Cláusula de salvaguardia

1. Lo dispuesto en el presente Acuerdo no afectará los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados Partes del presente Acuerdo y las personas con arreglo al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y la normativa internacional sobre derechos humanos y, en particular, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como el principio de non-refoulement consagrado en dichos instrumentos.

2. Las medidas previstas en el presente Acuerdo se interpretarán y aplicarán de forma que no sea discriminatoria para los migrantes por el hecho de ser víctimas del tráfico ilícito. La interpretación y aplicación de esas medidas estarán en consonancia con los principios de no discriminación internacionalmente reconocidos.

Artículo 10

Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

El presente Acuerdo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con dicha Convención y su Protocolo Adicional en materia de "Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire".

Artículo 11

Solución de Controversias

Las controversias que surjan sobre la interpretación, la aplicación o el no cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo se resolverán por el sistema de solución de controversias vigentes en el MERCOSUR.

Artículo 12

Vigencia

El presente Acuerdo entrará en vigencia treinta días (30) después al depósito del instrumento de ratificación por los cuatro Estados Partes del MERCOSUR.

La República de Paraguay será depositaria del presente Acuerdo y de los respectivos instrumentos de ratificación, debiendo notificar a las Partes la fecha de los depósitos de esos instrumentos y de la entrada en vigencia del Acuerdo, así como enviarles copia debidamente autenticada del mismo.

Firmado en Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, a los dieciséis días del mes de diciembre del año de dos mil cuatro, en dos ejemplares originales, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

ASESORIA DE POLITICA COMERCIAL

Montevideo, 30 de enero de 2007.

I) Viene a consideración de esta Asesoría, en carácter de refrenda, el Mensaje del Poder Ejecutivo dirigido a la Asamblea General y el Proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Acuerdo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes del MERCOSUR, suscrito en la ciudad de Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, el día 16 de diciembre de 2004.

II) El artículo 149 de la Constitución de la República expresa que el "Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente de la República actuando con el Ministro o Ministros respectivos...".

El Decreto 574/974 de 12 de julio de 1974 establece la "correspondencia racional entre la denominación dada a los diversos Ministerios por la Constitución de la República y las leyes -y de lo que permite inferirse de ella- y la competencia en razón de materia a adjudicarse a las Secretarías de Estado".

De la norma constitucional que establece una correspondencia material en la formación de la voluntad de Poder Ejecutivo (Ministro o Ministros respectivos) y la competencia en razón de materia imputadas al Ministerio de Economía y Finanzas por el artículo 4º de la norma reglamentaria citada, no se advierte que esta Secretaría de Estado deba intervenir en la refrenda del Proyecto de Ley recibido.

III) En función de lo expuesto, salvo mejor opinión, debería remitirse el Mensaje del Poder Ejecutivo dirigido a la Asamblea General y el Proyecto de Ley adjunto, al Ministerio de Relaciones Exteriores, sin la refrenda solicitada.

Elévese a consideración de la Dirección General.

ACUERDO CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR

Los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR.

CONSIDERANDO que las acciones para prevenir y combatir eficazmente el tráfico ilícito de migrantes, requieren la cooperación, intercambio de información y la actuación conjunta de los Estados de la región;

REAFIRMANDO los términos de la Declaración de Asunción sobre "Tráfico de Personas y de Migrantes";

CONVENCIDOS de la necesidad de adoptar medidas para prevenir, detectar y penalizar el tráfico de personas y migrantes;

REITERANDO la voluntad de contar con un procedimiento común para actuar en esa materia a través de la participación coordinada de las Fuerzas de Seguridad y/o Policiales y demás organismos de control;

RECORDANDO los términos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos adicionales.

ACUERDAN:

Artículo 1

Finalidad

El propósito del presente Acuerdo es prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, así como promover la cooperación e intercambio de información entre los Estados Partes con ese fin.

Artículo 2

Definiciones

Para los fines del presente Acuerdo, se entenderá por:

1. "Tráfico ilícito de migrantes": la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del presente Acuerdo del cual no sea nacional o residente con el fin de obtener, directa o indirectamente, algún beneficio financiero o material;

2. "Entrada ilegal": el ingreso sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado Parte receptor;

3. "Documento de identidad o de viaje falso": cualquier documento de viaje o de identidad que sea;

a. elaborado o expedido de forma fraudulenta o alterado materialmente por cualquiera que no sea la persona o entidad legalmente autorizada para producir o expedir el documento de viaje o de identidad en nombre de un Estado Parte del presente Acuerdo;

b. expedido u obtenido indebidamente mediante declaración falsa, corrupción, coacción o de cualquier otra forma ilegal; o

c. utilizado por una persona que no sea su titular legítimo.

Artículo 3

Ambito de Aplicación

El presente Acuerdo se aplicará a la cooperación, prevención e investigación de los ilícitos penales tipificados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, cuando los mismos sean de carácter transnacional, así como a la protección de los derechos de los migrantes que hayan sido objeto de tales ilícitos.

Artículo 4

Penalización

1. Las Partes del presente Acuerdo adoptarán las medidas legislativas, reglamentarias y administrativas que sean necesarias para tipificar como ilícito penal las siguientes conductas, cuando se cometan intencionalmente y con el fin de obtener, directa o indirectamente algún beneficio financiero o material:

a. el tráfico ilícito de migrantes;

b. cuando se cometa con el fin de posibilitar el tráfico ilícito de migrantes:

1) la creación de un documento de viaje o de identidad falso;

2) la facilitación, suministro o la posesión de tal documento;

3) la habilitación de un migrante para permanecer en el territorio de un Estado Parte sin haber cumplido los requisitos legales exigidos por dicho Estado Parte.

c. la tentativa de comisión de un ilícito penal tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo;

d. la participación como cómplice o encubridor en la comisión de un ilícito penal tipificado con arreglo al presente Acuerdo;

e. la organización de otras personas para la comisión de un ilícito penal tipificado con arreglo al presente Acuerdo.

2. Constituirán circunstancias agravantes de la responsabilidad penal:

a. cuando se emplee violencia, intimidación o engaño en las conductas tipificadas en el presente Acuerdo;

b. cuando en la comisión del ilícito penal se hubiere abusado de una situación de necesidad de la víctima, se hubiere puesto en peligro su vida, su salud o su integridad personal;

c. cuando la víctima sea menor de edad;

d. cuando los autores de los hechos actúen prevaliéndose de su condición de autoridad o funcionario público.

Artículo 5

Responsabilidad penal de los migrantes

En los términos del presente Acuerdo, los migrantes estarán exentos de responsabilidad penal cuando sean víctimas de las conductas tipificadas en el artículo 4, sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes y de la potestad de enjuiciamiento penal de los Estados Partes.

Artículo 6

Medidas de prevención y cooperación

1. Los Estados Partes del presente Acuerdo que tengan fronteras comunes o estén situados en las rutas de tráfico ilícito de migrantes, intercambiarán información pertinente sobre asuntos tales como:

a. lugares de embarque y de destino, así como las rutas, los transportistas y los medios de transporte a los que, según se sepa o se sospeche, recurran los grupos delictivos organizados involucrados en las conductas enunciadas en el artículo 4;

b. la identidad y los métodos de las organizaciones o los grupos delictivos organizados involucrados o sospechosos de las conductas tipificadas de conformidad a lo enunciado en el artículo 4;

c. la autenticidad y la debida forma de los documentos de viaje expedidos por los Estados Partes del presente Acuerdo, así como todo robo y/o concomitante utilización ilegítima de documentos de viaje o de identidad en blanco;

d. los medios y métodos utilizados para la ocultación y el transporte de personas, la adulteración, reproducción o adquisición ilícita y cualquier otra utilización indebida de los documentos de viaje o de identidad empleados en las conductas tipificadas de conformidad a lo enunciado en el artículo 4, así como las formas de detectarlos;

e. experiencias de carácter legislativo, así como prácticas y medidas conexas para prevenir y combatir las conductas tipificadas de conformidad a lo enunciado en el artículo 4;

f. cuestiones científicas y tecnológicas de utilidad para el cumplimiento de la ley, a fin de reforzar la capacidad respectiva de prevenir, detectar e investigar a conductas tipificadas de conformidad a lo enunciado en el artículo 5 y de enjuiciar a las personas implicadas en ellas.

2. En un plazo de noventa (90) días desde la aprobación del presente Acuerdo, cada Estado Parte deberá designar, informado a los demás Estados Partes, el organismo que centralizará la información transmitida desde los otros Estados Partes y desde los organismos Nacionales con competencia en la materia.

3. El Estado Parte del presente Acuerdo receptor de información a través del organismo de enlace nacional dará cumplimiento a toda solicitud del Estado Parte que la haya facilitado, en cuanto a las restricciones de su utilización.

4. Cada Estado Parte considerará la necesidad de reforzar la cooperación entre los organismos de control fronterizo, estableciendo y manteniendo conductos de comunicación directa.

5. Los Estados Partes del presente Acuerdo que estén siendo utilizados como rutas de tráfico de migrantes, emprenderán, a la brevedad posible, investigaciones sobre esta conducta delictiva, adoptando medidas para reprimirla, promoviendo la inmediata comunicación al Estado Parte de destino de los migrantes víctimas del tráfico.

6. Cuando un Estado Parte detecte que nacionales de otro Estado Parte del presente Acuerdo estén siendo objeto de tráfico en su territorio, en los términos del presente Acuerdo, deberá comunicarlo en forma inmediata a las autoridades consulares correspondientes, informando de las medidas migratorias que respecto de esas personas pretende adoptar. Del mismo modo, se comunicará esta información al organismo de enlace nacional respectivo.

7. Los Estados Partes del presente Acuerdo realizarán campañas de prevención, tanto en los lugares de entrada como de salida de sus respectivos territorios, entregando información respecto de los documentos de viaje, los requisitos para solicitar residencias, y toda otra información que resulte conveniente.

Artículo 7

Seguridad y control de los documentos

1. Cada Estado Parte del presente Acuerdo adoptará las medidas necesarias para:

a. garantizar la calidad de los documentos de viaje o de identidad que expida, a fin de evitar que puedan ser utilizados indebidamente, falsificados, adulterados, reproducidos o expedidos de forma ilícita; y

b. garantizar la integridad y seguridad de los documentos de viaje o de identidad que expida e impedir la creación, expedición y utilización ilícita de dichos documentos.

2. Cuando lo solicite un Estado Parte del Presente Acuerdo, se verificará a través del organismo de enlace nacional, dentro de un plazo razonable, la legitimidad y validez de los documentos de viaje o de identidad expedidos o presuntamente expedidos y sospechosos de ser utilizados para los fines de las conductas enunciadas en el artículo 4.

Artículo 8

Capacitación y cooperación técnica

1. Los Estados Partes del presente Acuerdo impartirán a los funcionarios de Migración y a otros funcionarios pertinentes, capacitación especializada en la prevención y erradicación de las conductas que serán tipificadas de conformidad a lo enunciado en el artículo 4 y en el trato humanitario de los migrantes objeto de esas conductas, respetando al mismo tiempo sus derechos reconocidos conforme al derecho nacional e internacional.

2. La capacitación incluirá, entre otras cosas:

a. el reconocimiento y la detección de los documentos de viaje de identidad falsificados o adulterados;

b. información, respecto a la identificación de los grupos delictivos organizados involucrados o sospechosos de estar involucrados en las conductas enunciadas en el artículo 4; los métodos utilizados para transportar a los migrantes objeto de dicho tráfico; la utilización indebida de documentos de viaje o de identidad para tales fines; y los medios de ocultación utilizados en el tráfico ilícito de migrantes;

c. la mejora de los procedimientos para detectar a los migrantes objeto de tráfico ilícito en puntos de entrada y salida convencionales y no convencionales;

d. el trato humano de los migrantes afectados y la protección de sus derechos reconocidos conforme al derecho internacional.

3. Los Estados Partes del presente Acuerdo que tengan conocimientos especializados pertinentes coordinarán, a través del organismo de enlace nacional, la prestación de asistencia técnica a los Estados Partes del presente Acuerdo que sean frecuentemente países de origen o de tránsito de personas que hayan sido objeto de las conductas tipificadas de conformidad a lo enunciado en el artículo 4.

Artículo 9

Cláusula de salvaguardia

1. Lo dispuesto en el presente Acuerdo no afectará los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados Partes del presente Acuerdo y las personas con arreglo al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y la normativa internacional sobre derechos humanos y, en particular, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como el principio de "non-refoulement" consagrado en dichos instrumentos.

2. Las medidas previstas en el presente Acuerdo se interpretarán y aplicarán de forma que no sea discriminatoria para los migrantes por el hecho de ser víctimas del tráfico ilícito. La interpretación y aplicación de esas medidas estarán en consonancia con los principios de no discriminación internacionalmente reconocidos.

Artículo 10

Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

El presente Acuerdo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con dicha Convención y su Protocolo Adicional en materia de "Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire".

Artículo 11

Solución de Controversias

Las controversias que surjan sobre la interpretación, la aplicación o el no cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo se resolverán por el sistema de solución de controversias vigentes en el MERCOSUR.

Artículo 12

Vigencia

El presente Acuerdo entrará en vigencia treinta días (30) después al depósito del instrumento de ratificación por los cuatro Estados Partes del MERCOSUR.

La República de Paraguay será depositaria del presente Acuerdo y de los respectivos instrumentos de ratificación, debiendo notificar a las Partes la fecha de los depósitos de esos instrumentos y de la entrada en vigencia del Acuerdo, así como enviarles copia debidamente autenticada del mismo.

Firmado en Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, a los dieciséis días del mes de diciembre del año de dos mil cuatro, en dos ejemplares originales, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

El tráfico de migrantes sería un delito contra el Estado, implicando actividades como de creación de un documento de viaje o de identidad falsos; la facilitación, el suminsitro o la posesión de tal documento; o la habilitación de una persona que no sea nacional o residente permanente en el Estado interesado sin haber cumplido los requisitos para permanecer legalmente en ese Estado, en cambio, la trata de personas es, sustancialmente, un delito contra el individuo, aun cuando puedan concurrir delitos de otra naturaleza.

El migrante que entró ilegalmente a otro país tras haber dado su consentimiento puede no ser tratado como delincuente, por lo menos en principio, pero es potencialmente sujeto de deportación; a una persona que fue objeto de la trata, en cambio, se la considera en todos los casos víctima del delito, no existe su consentimiento o, en su caso, el mismo estaría viciado por encontrarse sujeta a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción. Aquí los gobiernos, en lugar de procurar su inmediata expulsión, deberían adoptar medidas que permitan a las víctimas permanecer en su territorio temporal o permanentemente, como forma de protegerlos.

Los acuerdos en análisis, independientemente de la referencia hecha a la explotación sexual o a los trabajos forzados, tienen como finalidad específica la prevención y el combate al trámite ilícito de migrantes y en tal marco deben considerarse sus disposiciones.

En el Preámbulo del reseñado Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes se señala acertadamente que no basta con las medidas de control sino que el tema requiere un enfoque amplio que conlleve la cooperación, el intercambio de información y la adopción de otras medidas apropiadas en un plano nacional, regional e internacional, incluidas las de índole socioeconómica. El texto citado pone énfasis, además, en la necesidad de dar un trato digno a los migrantes y de proteger plenamente sus derechos humanos.

Los primeros artículos de los Acuerdos cuya aprobación recomienda el Poder Ejecutivo refieren, justamente, a promover la cooperación e intercambio de información entre los Estados firmantes con el fin de combatir el tráfico ilícito de migrantes y, luego de proporcionar una definición de algunos términos esenciales a la hora de realizar una interpretación, se establece expresamente que además de aplicar el Acuerdo a la cooperación, prevención e investigación de los ilícitos penales tipificados, el mismo procurará también la protección de los derechos de los migrantes que hayan sido objeto de tales ilícitos.

La tipificación de tales ilícitos como delitos para cada país se inserta en una norma programática a través de la cual los Estados Partes asumen el compromiso de adoptar las medidas legislativas, reglamentarias y administrativas que sean necesarias para que las conductas allí descriptas puedan obtener tal calificación.

Como medidas concretas de prevención y cooperación entre los Estados que tengan fronteras comunes o su territorio sea utilizado como vía del tráfico ilícito que se procura combatir, se establecen las siguientes:

a. intercambio de información en temas tales como:

- lugares de embarque y destino, rutas, transportistas y medios a los que puedan recurrir los grupos delictivos;

- identidad y métodos utilizados por las organizaciones grupos involucrados o sospechosos de traficar migrantes;

- autenticidad y debida forma de los documentos de viaje expedidos por los Estados Partes;

- experiencias legislativas, prácticas y medidas de prevención y combate de las conductas mencionadas;

b. reforzamiento de la cooperación entre los organismos de control fronterizo, estableciendo y manteniendo conductos de comunicación directa;

c. comunicación inmediata al Estado Parte que corresponda cuando se detecte que nacionales del mismo están siendo objeto de tráfico en otro territorio;

d. realización de campañas de prevención en las entradas y salidas de sus respectivos territorios, fundamentalmente informando sobre los documentos de viaje y requisitos para solicitar residencias.

Los Acuerdos contienen también disposiciones referidas a la seguridad y control de los documentos de viaje o de identidad, estableciendo que cada Estado Parte deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la calidad de dichos documentos, de manera que dificulten su uso indebido así como su falsificación. También se prevé la generación de mecanismos ágiles entre los Estados, a través del organismo de enlace nacional, para verificar la legitimidad y validez de los documentos de viaje o de identidad sospechosos de ser utilizados para el tráfico ilícito de migrantes.

Por último, en materia de actividades a promover, se entiende como un aspecto fundamental el relativo a la capacitación de los funcionarios vinculados al control migratorio, tanto en lo que refiere a la prevención de las conductas previstas como ilícitas, como en el trato humano a dar a los migrantes víctimas de las mismas.

Se prevé también la asistencia técnica a brindar por los Estados Partes que pudieren tener conocimientos especializados en la materia, la que se coordinará a través del organismo de enlace nacional.

Finalmente se establecen cláusulas de salvaguardia en las que se consagra que nada de lo dispuesto afectará derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados Partes y de las personas con arreglo al derecho internacional y se establece que la interpretación y aplicación de los acuerdos se realizará en forma no discriminatoria para los migrantes. Asimismo se explicita la relación de los Acuerdos con la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo Adicional sobre Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire estableciéndose, en un artículo final, los mecanismos de solución de controversias.

Según puede inferirse de la síntesis realizada, las disposiciones en análisis implican la adopción de múltiples medidas en un sentido recomendado por las Naciones Unidas en diferentes disposiciones; en función de ello esta Comisión manifiesta su opinión favorable en cuanto a la aprobación de los proyectos de ley puestos a su consideración.

Sala de la Comisión, 24 de mayo de 2007.

Rafael Michelini, Miembro Informante; Sergio Abreu, Carlos Baráibar, José Bentancor, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, José Korzeniak, Jorge Larrañaga. Senadores.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA Nº 58

En Montevideo, el día veinticuatro de mayo del año dos mil siete, a la hora diecisiete y diez minutos se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros los señores Senadores Carlos Baráibar, José Bentancor, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, José Korzeniak, Jorge Larrañaga y Rafael Michelini.

Falta por estar en uso de licencia el señor Senador Julio María Sanguinetti.

Preside el señor Senador Sergio Abreu, Presidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría el señor Secretario de Comisión Julio Durán y el funcionario señor Fabio Rodríguez.

De lo actuado se tomó versión taquigráfica cuya copia dactilográfica luce en el Distribuido Nº 1685/2007 y forma parte ntegrante de la presente Acta.

Abierto el acto, se pasa a considerar el;

ORDEN DEL DIA:

ASUNTOS ENTRADOS:

1.- El Ministerio de Relaciones Exteriores remite informe sobre el "Estado de situación de los casos Uruguay ante la Comi-sión Interamericana de Derechos Humanos (18 de mayo 2007)."

2.- Nota de la Embajada de la República de Turquía a la cual se adjunta un artículo de la prensa argentina publicada en el diario La Nación el día 25 de abril de 2007 sobre la posición turca en los eventos de 1915.

3.- CARPETA Nº 820/2007. DOCTOR JORGE LUIS JURE ARNOLETTI. Solicitud de acuerdo, para acreditarlo en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Libanesa. Mensaje del Poder Ejecutvo. Distribuido Nº 1679/2007.

El señor Presidente da cuenta que por Secretaría se coordinará la concurrencia del señor Embajador a través de la Oficina de Relaciones Institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1.- CARPETA Nº 793/2007. ACUERDO CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR, LA REPUBLICA DE BOLIVIA Y LA REPUBLICA DE CHILE, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE BELO HORIZONTE, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EL 16 DE DICIEMBRE DE 2004. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 1596/2007.

2.- CARPETA Nº 794/2007. ACUERDO CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE BELO HORIZONTE, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EL 16 DE DICIEMBRE DE 2004. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 1594/2007.

Informa sobre los referidos Convenios el señor Senador Rafael Michelini.

3.- CARPETA Nº 752/2007. CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACION, RECUPERACION Y DEVOLUCION DE BIENES CULTURALES, ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS ROBADOS, EXPORTADOS O TRANSFERIDOS ILICITAMENTE, CON LA REPUBLICA DEL PERU SUSCRITO EN MONTEVIDEO, EL 4 DE DICIEMBRE DE 2002. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo aprobado por la Cámara de Representantes. Texto del Convenio.

Informa sobre el referido Convenio el señor Senador José Bentancor.

4.- CARPETA Nº 792/2007. CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL REINO DE LOS PAISES BAJOS Y EL ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL REINO DE LOS PAISES BAJOS, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 11 DE OCTUBRE DE 2005. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1595/2007.

Informa sobre el referido Convenio el señor Senador Sergio Abreu.

5.- El señor Senador Abreu reitera la solicitud realizada oportunamente por los señores Senadores del Partido Nacional en relación a la remisión por parte del Poder Ejecutivo del Marco del Acuerdo de Comercio e Inversiones con Estados Unidos (TIFA).

En el mismo sentido el señor Senador Larrañaga hace referencia a una reunión que oportunamente mantuviera en su calidad de Presidente del Directorio del Partido Nacional con el Presidente de la República doctor Tabaré Vázquez, en donde se consideró la remisión de dicho Tratado.

El señor Senador Heber manifiesta estar pendiente una reunión conjunta de las Comisiones de Asuntos Internacionales y de Hacienda con la concurrencia de los Ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda y Ganadería, Agricultura y Pesca con motivo de la reciente visita al Uruguay del Presidente de los Estados Unidos de América, George W. Busch.

El señor Senador Korzeniak expresa en relación al Tratado (TIFA) que el mismo debe ser remitido al Parlamento luego de culminadas las negociaciones por parte de los representantes del Poder Ejecutivo, no habiendo plazo para su envío.

En el mismo sentido intervienen los señores Senadores Baráibar y Couriel en cuanto a que la diferencia radica en la oportunidad del envío.

El señor Senador Abreu plantea los motivos por los cuales el mismo debió ser remitido al Parlamento y entiende oportuno incluir en la agenda con el Poder Ejecutivo los temas del MERCOSUR haciendo referencia a la reunión que en ese ámbito se realizara recientemente en Asunción del Paraguay.

RESOLUCIONES:

1.- CARPETA Nº 793/2007. ACUERDO CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR, LA REPUBLICA DE BOLIVIA Y LA REPUBLICA DE CHILE, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE BELO HORIZONTE, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EL 16 DE DICIEMBRE DE 2004. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 1596/2007.

Se vota: 8 en 8. Afirmativa. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Rafael Michelini.

2.- CARPETA Nº 794/2007. ACUERDO CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE BELO HORIZONTE, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EL 16 DE DICIEMBRE DE 2004. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 1594/2007.

Se vota: 8 en 8. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Rafael Michelini.

El señor Senador Michelini solicita que se consideren en el Orden del Día del Senado primero la Carpeta Nº 794/2007 y luego la Carpeta Nº 793/2007.

3.- CARPETA Nº 752/2007. CONVENIO PARA LA PROTECCION, CONSERVACION, RECUPERACION Y DEVOLUCION DE BIENES CULTURALES, ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS ROBADOS, EXPORTADOS O TRANSFERIDOS ILICITAMENTE, CON LA REPUBLICA DEL PERU SUSCRITO EN MONTEVIDEO, EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2002. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo aprobado por la Cámara de Representantes. Texto del Convenio.

Se vota: 8 en 8. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador José Bentancor.

4.- CARPETA Nº 792/2007. CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL REINO DE LOS PAISES BAJOS Y EL ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL REINO DE LOS PAISES BAJOS, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 11 DE OCTUBRE DE 2005. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1595/2007.

Se vota: 8 en 8. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Sergio Abreu.

A la hora dieciocho, se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman el señor Presidente y el señor Secretario.

Sergio Abreu Presidente

Julio Durán Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: tanto el tercer punto del Orden del Día como el cuarto refieren a la misma temática. Se trata de acuerdos consagrados por la República, el primero con todos los miembros del MERCOSUR, y el segundo de todo el MERCOSUR con Bolivia y Chile. Los dos fueron suscritos el mismo día, el 16 de diciembre de 2004, en Belo Horizonte.

El tema de la migración ilegal nos preocupa y nos compete. En el informe que estamos presentando por escrito decimos que el solo intercambio de información de los temas correspondientes, el reforzamiento de la cooperación de los organismos de control fronterizo, la comunicación inmediata de cada Estado Parte o la realización de campañas de prevención en las entradas y salidas de sus respectivos territorios, ya sería un avance de nuestros países. Pero el proyecto de Tratado que tenemos en consideración, tanto en la versión sólo del MERCOSUR como en la del MERCOSUR con Chile y Bolivia, trae un concepto distinto y nuevo con respecto a los migrantes, en la medida en que los migrantes ilegales no son cualquier tipo de migrantes. Incluso, hay una serie de consideraciones para tratarlos de esa manera.

No hay que olvidar que cuando hay una persona migrante ilegal del tipo que se conoce, se la manda rápidamente al país de origen. En este caso, cuando son migrantes por tráfico, tiene lugar un Protocolo muy distinto. Por ejemplo, si hay trata de mujeres y se las envía al país de residencia, quizás estamos cometiendo un daño adicional, o en el caso de niños, si no se establece contacto con la familia. Hay, entonces, una serie de aspectos que ayudan a ver este tratamiento de la migración y del tráfico de la migración de manera diferente al de la inmigración y de la inmigración ilegal. Por eso, señor Presidente, lo que se considera diferente en este tratamiento, es que los países que producen este tráfico de migrantes, no mandarían a las víctimas a su país de origen sin una serie de garantías que se especifican directamente en el Protocolo.

Por consiguiente, como es un avance, estamos promoviendo la votación de este artículo único en el primero de los Tratados, relativo al tráfico de migrantes para todos los Estado parte del MERCOSUR. Asimismo, me ahorro idéntico informe para el cuarto punto del Orden del Día, que refiere al tráfico de migrantes para el MERCOSUR, más Chile y Bolivia.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa hace notar al Cuerpo que estamos con el quórum justo. Si somos más breves en los informes, podremos adelantar la consideración de este temario, que está desde hace algunas semanas en el Orden del Día.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes del Mercosur, suscrito en la ciudad de Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, el día 16 de diciembre del año 2004."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

18) ACUERDO CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR, LA REPUBLICA DE BOLIVIA Y LA REPUBLICA DE CHILE, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE BELO HORIZONTE, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EL 16 DE DICIEMBRE DE 2004

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, el 16 de diciembre de 2004. (Carp. Nº 793/07 - Rep. Nº 475/07)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 793/07

Rep. Nº 475/07

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Asuntos Nº 88a/2007

Montevideo, 28 de marzo de 2007.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 numeral 7 y 168 numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Acuerdo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en la ciudad de Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, el día 16 de diciembre del año 2004.

I. INTRODUCCION

Es importante destacar la trascendencia actual de las migraciones, en tanto constituyen una realidad que comprende millones de personas en muchos Estados de la comunidad internacional y, por tanto, de la región. Este fenómeno involucra en una importante cantidad de casos, situaciones de tránsito clandestino y otros problemas, entre los que se encuentra el empleo frecuente de trabajadores no documentados o en situación irregular por parte de empresas que pretenden obtener beneficios mediante el ofrecimiento a los migrantes en condiciones de trabajo menos favorables que las de otros trabajadores.

El tráfico de seres humanos constituye en la actualidad el negocio de mas rápido crecimiento para el crimen organizado, estimándose, que cada año, más de setecientas mil personas son víctimas de tráfico con el propósito de explotarlas sexualmente y de realizar trabajos forzados, por lo que puede considerarse una modalidad moderna de la esclavitud. Por ese motivo, se hace necesario fortalecer la respuesta de la justicia penal y órganos competentes en esas áreas a efectos de combatir este fenómeno delictivo no solo a través de medidas legislativas y educativas, sino también a través de la cooperación nacional, regional e internacional.

Como antecedente de este Acuerdo debe tenerse presente que, en junio, los Ministros del Interior del MERCOSUR, Bolivia y Chile, profundamente preocupados por las situaciones que deben enfrentar las víctimas de organizaciones delictivas que lucran con el tráfico de personas declararon su condena a dicha conducta, su voluntad de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes y sus familias y su propósito de establecer mecanismos de cooperación regional en materia de asistencia técnica y capacitación para la investigación y detección de las organizaciones que se dedican al tráfico de personas, así como su disposición a adoptar medidas efectivas para impedir que sus países se utilicen como rutas de tráfico de personas hacia otros Estados.

Reafirmando la "Declaración de Asunción sobre Tráfico de Personas y de Migrantes", la suscripción del instrumento sujeto a aprobación parlamentaria en el marco del MERCOSUR, viene a complementar la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo Adicional en materia de Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, de los que la República es Parte.

Dado que las acciones para prevenir y combatir eficazmente el tráfico ilícito de migrantes requiere la cooperación, intercambio de información y la actuación conjunta de los Estados de la región, a la vez que se hace necesario contar con un procedimiento común para actuar en esta materia a través de la participación coordinada de las fuerzas de seguridad y/o policiales y otros organismos de control, los Estados partes del MERCOSUR y los Estados Asociados, han suscrito el presente Acuerdo, como forma de adoptar medidas para prevenir, detectar y penalizar el tráfico de personas y migrantes.

II. FINALIDAD.

Los fines principales perseguidos por el Acuerdo que hoy se somete a consideración de ese Cuerpo son la prevención y el combate del tráfico ilícito de migrantes. A dichos efectos, se propone la promoción de la cooperación e intercambio de información entre los Estados Partes del Acuerdo (artículo 1).

III. DEFINICIONES.

Para facilitar su aplicación y al mismo tiempo evitar interpretaciones divergentes, el artículo 2 del Acuerdo incluye la definición de algunos términos esenciales:

a) tráfico ilícito de migrantes: esta figura está determinada por una conducta: la facilitación de la entrada en forma ilegal de una persona en un Estado Parte del presente Acuerdo del cual no sea nacional o residente; y una finalidad: la obtención, directa o indirecta, de un beneficio financiero o material;

b) entrada ilegal: la entrada se considerará ilegal cuando el ingreso tenga lugar sin cumplirse los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado Parte receptor;

c) documento de identidad o de viaje falso: para que un documento de viaje o de identidad sea considerado falso, éste deberá estar afectado por alguna de las siguientes características: haber sido elaborado, expedido en forma fraudulenta o alterado materialmente por quien no esté legalmente autorizado para otorgar el correspondiente documento en nombre de un Estado Parte del Acuerdo; haber sido expedido u obtenido mediando una declaración falsa, corrupción u otra forma ilegal o haber sido utilizado por quién no sea su titular legítimo.

IV. AMBITO DE APLICACION

Según el artículo 3, este Acuerdo se aplica a la cooperación, prevención e investigación de los ilícitos penales tipificados de conformidad con el Artículo 4, cuando tengan carácter transnacional, así como a la protección de los deberes de los migrantes que hayan sido objeto de tales ilícitos. Si bien este instrumento no define en qué consiste la "transnacionalidad" del delito, teniendo en cuenta el vínculo ya señalado con la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, parece adecuado acudir al concepto que brinda la misma en el párrafo 2 del artículo 3, esto es, si se comete en más de un Estado, si se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro, si se comete dentro de un solo Estad pero entraña la participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado; o si se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro.

V. PENALIZACION.

El párrafo 1 del artículo 4 constituye una norma programática, por cuanto los Estados Partes del presente Acuerdo asumen el compromiso de adoptar las medidas legislativas, reglamentarias y administrativas que sean necesarias para tipificar como ilícito penal las siguientes conductas, cuando medie intencionalidad y cuando su finalidad sea obtener, directa o indirectamente algún beneficio financiero o material, el tráfico ilícito de migrantes; la creación de un documento de viaje o de identidad falso, la facilitación, suministro o la posesión de tal documento; la habilitación de un migrante para permanecer en el territorio de un Estado Parte del Acuerdo sin haber cumplido los requisitos legales exigidos por el mismo, todo ello cuando se realice con el fin de posibilitar el tráfico ilícito de migrantes; la tentativa de comisión de alguno de los ilícitos tipificados en el presente párrafo; la participación como cómplice o encubridor; o bien la organización de otras personas para la comisión de alguno de los ilícitos penales tipificados de conformidad con el presente Acuerdo.

Se consideran circunstancias agravantes el uso de violencia, la intimidación o el engaño, el abuso de una situación de necesidad de la víctima, la circunstancia de poner en peligro su vida, su salud o su integridad personal, la condición de menor de edad de la víctima o el hecho de que los autores de las conductas actúen prevaleciéndose de su condición de autoridad o funcionario público (párrafo 2).

VI. RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MIGRANTES.

Según prevé el artículo 5, los migrantes estarán exentos de responsabilidad penal cuando sean víctimas de las conductas tipificadas en el artículo 4, sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes y de la potestad de enjuiciamiento penal de los Estados Partes del Acuerdo.

VII. MEDIDAS DE PREVENCION Y COOPERACION.

Los Estados Partes del presente Acuerdo que tenga fronteras comunes o estén situados en las rutas del tráfico ilícito de migrantes, intercambiarán información sobre asuntos tales como: lugares de embarque y de destino, rutas, transportistas y medios de transporte a los que puedan recurrir los grupos delictivos; identidad y métodos de las organizaciones o los grupos delictivos organizados involucrados o sospechosos de las conductas tipificadas según lo enunciado en el artículo 4.

La información a intercambiar también versará sobre la autenticidad y la debida forma de los documentos de viaje expedidos por los Estados Partes, medios utilizados para ocultar y transportar personas, así como experiencias legislativas, prácticas y medidas de prevención y combate de las conductas mencionadas (artículo 6, párrafo 1).

De acuerdo con lo previsto en el párrafo 2 del artículo 6, cada Estado Parte deberá designar en un plazo de noventa días contados a partir de la aprobación de este Acuerdo, el organismo que centralizará la información transmitida desde los otros Esados Partes y desde los organismos nacionales con competencia en la materia.

A su vez, cada Estado considerará la necesidad de reforzar la cooperación entre los organismos de control fronterizo, estableciendo y manteniendo conductos de comunicación directa. Los Estados Partes del Acuerdo que estén siendo utilizados como rutas de tráfico de migrantes, se obligan a emprender investigaciones sobre esta conducta delictiva a la brevedad posible, adoptando medidas para reprimirla, promoviendo la comunicación de inmediato al Estado Parte de destino de esos migrantes (artículo 6, párrafos 3 y 4).

En caso de que un Estado Parte del Acuerdo detecte que nacionales de otro son víctimas de tráfico en su territorio, deberá comunicarlo inmediatamente a las autoridades consulares correspondientes, informando las medidas migratorias que respecto de esas personas pretende adoptar. Asimismo, esta información será comunicada al organismo de enlace nacional respectivo (artículo 6, párrafo 6).

Conforme lo previsto en el párrafo 7 del artículo 6, los Estados Partes del presente Acuerdo se comprometen a realizar campañas de prevención en los lugares de entrada y salida de sus respectivos territorios, entregando información relativa a documentos de viaje, requisitos para solicitar residencias y toda otra información que resulte conveniente.

VIII. SEGURIDAD Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS.

El Acuerdo dedica este artículo a la seguridad y al control de los documentos de viaje o de identidad, previendo la necesidad de que cada Estado Parte adopte las medidas necesarias para garantizar la calidad de dichos documentos, de manera que no puedan utilizarse indebidamente, falsificarse, adulterarse, reproducirse o expedirse de forma ilícita. Asimismo, deberá adoptar medidas para garantizar la integridad y la seguridad de los documentos de viaje o de identidad que expidan e impedir su creación, expedición y utilización ilícita.

Por otra parte, cuando lo solicite un Estado Parte del Acuerdo, "se verificará a través del organismo de enlace nacional, dentro de un plazo razonable, la legitimidad y validez de los documentos de viaje o de identidad expedidos o presuntamente expedidos y sospechosos de ser utilizados para los fines de las conductas enunciadas en el artículo 4".

IX. CAPACITACION Y COOPERACION TECNICA.

Uno de los aspectos fundamentales para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes es la capacitación de los funcionarios vinculados al control migratorio. En virtud de ello, de acuerdo con el artículo 8, los Estados Partes del Acuerdo asumen el compromiso de impartir o bien reforzar la capacitación especializada en la prevención de las conductas previstas en el artículo 4 y en el trato humano de los migrantes que sean víctimas de las mismas, de conformidad con las normas de derecho nacional e internacional.

La capacitación incluirá, entre otros aspectos, el reconocimiento y la detección de los documentos de viaje o de identidad falsificados o adulterados; información relativa a la identificación de los grupos delictivos organizados involucrados o sospechosos de estar involucrados en las conductas enunciadas en el artículo 4; los métodos utilizados para transportar a los migrantes objeto de dicho tráfico; la utilización indebida de documentos de viaje o de identidad y los medios de ocultación utilizados para estos fines.

Los Estados Partes de este Acuerdo que tengan conocimientos especializados en la materia coordinarán, a través del organismo de enlace nacional, la prestación de asistencia técnica a los Estados Partes que sean frecuentemente países de origen o de tránsito de personas que hayan sido objeto de las conductas tipificadas de conformidad a lo enunciado en el artículo 4.

X. CLAUSULA DE SALVAGUARDIA.

El párrafo 1 del artículo 9 consagra que nada de lo dispuesto en el Acuerdo afectará los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados Partes en el mismo y las personas con arreglo al derecho Internacional, comprendidos el derecho internacional humanitario y la normativa internacional sobre derechos humanos y en particular, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como el principio de non refoulement consagrado en dichos instrumentos.

Las medidas previstas en el presente Acuerdo se interpretarán y aplicarán en forma no discriminatoria para los migrantes por el hecho de ser víctimas del tráfico ilícito. La interpretación y aplicación de esas medidas estarán en consonancia con los principios de no discriminación internacionalmente reconocidos.

XI. RELACION CON LA CONVENCION CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SU PROTOCOLO.

Tal como se señalara, el presente Acuerdo complementa la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se debe interpretar en forma conjunta con dicha Convención y con su Protocolo Adicional en materia de Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, de los que la República es Parte (artículo 10).

XII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Las diferencias que surjan sobre el alcance, interpretación y aplicación del Acuerdo serán resueltas según el mecanismo que se encuentre vigente en el momento de presentarse la situación antes mencionada y que hubiere sido consensuado entre los Estados Partes del primero.

Por los motivos antes expuestos, el Poder Ejecutivo considera de fundamental importancia la aprobación del Acuerdo que hoy se somete a la aprobación de la Asamblea General, por cuanto representa un nuevo esfuerzo a nivel regional en la lucha contra el tráfico ilegal de personas, problema creciente y grave que sólo puede resolverse por medio de una estrecha cooperación internacional.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Daisy Tourné.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Montevideo, 28 de marzo de 2007.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en la ciudad de Belo Horizonte, Repú-

blica Federativa del Brasil, el día 16 de diciembre del año 2004.

Reinaldo Gargano, Daisy Tourné.

ASESORIA DE POLITICA COMERCIAL

Montevideo, 30 de enero de 2007.

I) Viene a consideración de esta Asesoría, en carácter de refrenda, el Mensaje del Poder Ejecutivo dirigido a la Asamblea General y el Proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Acuerdo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en la ciudad de Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, el día 16 de diciembre de 2004.

II) El artículo 149 de la Constitución de la República expresa que el "Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente de la República actuando con el Ministro o Ministros respectivos...".

El Decreto 574/974 de 12 de julio de 1974 establece la "correspondencia racional entre la denominación dada a los diversos Ministerios por la Constitución de la República y las leyes -y de lo que permita inferirse de ella- y la competencia en razón de materia a adjudicarse a las Secretarías de Estado".

De la norma constitucional que establece una correspondencia material en la formación de la voluntad de Poder Ejecutivo (Ministro o Ministros respectivos) y la competencia en razón de materia imputadas al Ministerio de Economía y Finanzas por el artículo 4º de la norma reglamentaria citada, no se advierte que esta Secretaría de Estado deba intervenir en la refrenda del Proyecto de Ley recibido.

III) En función de lo expuesto, salvo mejor opinión, debería remitirse el Mensaje del Poder Ejecutivo dirigido a la Asamblea General y el Proyecto de Ley adjunto, al Ministerio de Relaciones Exteriores, sin la refrenda solicitada.

Elévese a consideración de la Dirección General.

ACUERDO CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE MIGRANTES ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR, LA REPUBLICA DE BOLIVIA Y LA REPUBLICA DE CHILE

Los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR y los Gobiernos de la República de Bolivia y de la República de Chile, Estados Asociados del MERCOSUR, en adelante denominados Estados Partes del presente Acuerdo.

CONSIDERANDO que las acciones para prevenir y combatir eficazmente el tráfico ilícito de migrantes, requieren la cooperación, intercambio de información y la actuación conjunta de los Estados de la región;

RECORDANDO que en la Declaración de Asunción sobre "Tráfico de Personas y de Migrantes", los Estados Partes de MERCOSUR y los Estados Asociados destacarán, por unanimidad, la necesidad de adoptar medidas para prevenir, detectar y penalizar esa conducta delictiva.

REAFIRMANDO la voluntad de contar con un procedimiento común para actuar en esa materia a través de la participación coordinada de las Fuerzas de Seguridad y/o Policiales y demás organismos de control;

CONSIDERANDO los términos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos adicionales.

ACUERDAN:

Artículo 1

Finalidad

El propósito del presente Acuerdo es prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, así como promover la cooperación e intercambio de información entre los Estados Partes con ese fin.

Artículo 2

Definiciones

Para los fines del presente Acuerdo, se entenderá por:

1. "Tráfico ilícito de migrantes": la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del presente Acuerdo del cual no sea nacional o residente con el fin de obtener, directa o indirectamente, algún beneficio financiero o material;

2. "Entrada ilegal": el ingreso sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado Parte receptor;

3. "Documento de identidad o de viaje falso": cualquier documento de viaje o de identidad que sea:

a. elaborado o expedido de forma fraudulenta o alterado materialmente por cualquiera que no sea la persona o entidad legalmente autorizada para producir o expedir el documento de viaje o de identidad en nombre de un Estado Parte del presente Acuerdo;

b. expedido u obtenido indebidamente mediante declaración falsa, corrupción, coacción o de cualquier otra forma ilegal; o

c. utilizado por una persona que no sea su titular legítimo.

Artículo 3

Ambito de Aplicación

El presente Acuerdo se aplicará a la cooperación, prevención e investigación de los ilícitos penales tipificados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, cuando los mismos sean de carácter transnacional, así como a la protección de los derechos de los migrantes que hayan sido objeto de tales ilícitos.

Artículo 4

Penalización

1. Las Partes del presente Acuerdo adoptarán las medidas legislativas, reglamentarias y administrativas que sean necesarias para tipificar como ilícito penal las siguientes conductas, cuando se cometan intencionalmente y con el fin de obtener, directa o indirectamente algún beneficio financiero o material:

a. el tráfico ilícito de migrantes;

b. cuando se cometa con el fin de posibilitar el tráfico ilícito de migrantes:

1) la creación de un documento de viaje o de identidad falso;

2) la facilitación, suministro o la posesión de tal documento;

3) la habilitación de un migrante para permanecer en el territorio de un Estado Parte sin haber cumplido los requisitos legales exigidos por dicho Estado Parte.

c. la tentativa de comisión de un ilícito penal tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo;

d. la participación como cómplice o encubridor en la comisión de un ilícito penal tipificado con arreglo al presente Acuerdo;

e. la organización de otras personas para la comisión de un ilícito penal tipificado con arreglo al presente Acuerdo.

2. Constituirán circunstancias agravantes de la responsabilidad penal:

a. cuando se emplee violencia, intimidación o engaño en las conductas tipificadas en el presente Acuerdo;

b. cuando en la comisión del ilícito penal se hubiere abusado de una situación de necesidad de la víctima, se hubiere puesto en peligro su vida, su salud o su integridad personal;

c. cuando la víctima sea menor de edad;

d. cuando los autores de los hechos actúen prevaliéndose de su condición de autoridad o funcionario público.

Artículo 5

Responsabilidad penal de los migrantes

En los términos del presente Acuerdo, los migrantes estarán exentos de responsabilidad penal cuando sean víctimas de las conductas tipificadas en el artículo 4, sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes y de la potestad de enjuiciamiento penal de los Estados Partes.

Artículo 6

Medidas de prevención y cooperación

1. Los Estados Partes del presente Acuerdo que tengan fronteras comunes o estén situados en las rutas de tráfico ilícito de migrantes, intercambiarán información pertinente sobre asuntos tales como:

a. lugares de embarque y de destino, así como las rutas, los transportistas y los medios de transporte a los que, según se sepa o se sospeche, recurran los grupos delictivos organizados involucrados en las conductas enunciadas en el artículo 4;

b. la identidad y los métodos de las organizaciones o los grupos delictivos organizados involucrados o sospechosos de las conductas tipificadas de conformidad a lo enunciado en el artículo 4;

c. la autenticidad y la debida forma de los documentos de viaje expedidos por los Estados Partes del presente Acuerdo, así como todo robo y/o concomitante utilización ilegítima de documentos de viaje o de identidad en blanco;

d. los medios y métodos utilizados para la ocultación y el transporte de personas, la adulteración, reproducción o adquisición ilícita y cualquier otra utilización indebida de los documentos de viaje o de identidad empleados en las conductas tipificadas, de conformidad a lo anunciado en el artículo 4, así como las formas de detectarlos;

e. experiencias de carácter legislativo, así como prácticas y medidas conexas para prevenir y combatir las conductas tipificadas de conformidad a lo anunciado en el artículo 4;

f. cuestiones científicas y tecnológicas de utilidad para el cumplimiento de la ley, a fin de reforzar la capacidad respectiva de prevenir, detectar e investigar a conductas tipificadas de conformidad a lo anunciado en el artículo 5 y de enjuiciar a las personas implicadas en ellas.

2. En un plazo de noventa (90) días desde la aprobación del presente Acuerdo, cada Estado Parte deberá designar, informando a los demás Estados Partes, el organismo que centralizará la información transmitida desde los otros Estados Partes y desde los organismos Nacionales con competencia en la materia.

3. El Estado Parte del presente Acuerdo receptor de información a través del organismo de enlace nacional dará cumplimiento a toda solicitud del Estado Parte que la haya facilitado, en cuanto a las restricciones de su utilización.

4. Cada Estado Parte considerará la necesidad de reforzar la cooperación entre los organismos de control fronterizo, estableciendo y manteniendo conductos de comunicación directa.

5. Los Estados Partes del presente Acuerdo que estén siendo utilizados como rutas de tráfico de migrantes, emprenderán, a la brevedad posible, investigaciones sobre esta conducta delictiva, adoptando medidas para reprimirla, promoviendo la inmediata comunicación al Estado Parte de destino de los migrantes víctimas del tráfico.

6. Cuando un Estado Parte detecte que nacionales de otro Estado Parte del presente Acuerdo estén siendo objeto de tráfico en su territorio, en los términos del presente Acuerdo, deberá comunicarlo en forma inmediata a las autoridades consulares correspondientes, informando de las medidas migratorias que respecto de esas personas pretende adoptar. Del mismo modo, se comunicará esta información al organismo de enlace nacional respectivo.

7. Los Estados Partes del presente Acuerdo realizarán campañas de prevención, tanto en los lugares de entrada como de salida de sus respectivos territorios, entregando información respecto de los documentos de viaje, los requisitos para solicitar residencias, y toda otra información que resulte conveniente.

Artículo 7

Seguridad y control de los documentos

1. Cada Estado Parte del presente Acuerdo adoptará las medidas necesarias para:

a. garantizar la calidad de los documentos de viaje o de identidad que expida, a fin de evitar que puedan ser utilizados indebidamente, falsificados, adulterados, reproducidos o expedidos de forma ilícita; y

b. garantizar la integridad y seguridad de los documentos de viaje o de identidad que expida e impedir la creación, expedición y utilización ilícita de dichos documentos.

2. Cuando lo solicite un Estado Parte del presente Acuerdo, se verificará a través del organismo de enlace nacional, dentro de un plazo razonable, la legitimidad y validez de los documentos de viaje o de identidad expedidos o presuntamente expedidos y sospechosos de ser utilizados para los fines de las conductas enunciadas en el artículo 4.

Artículo 8

Capacitación y cooperación técnica

1. Los Estados Partes del presente Acuerdo impartirán a los funcionarios de Migración y a otros funcionarios pertinentes, capacitación especializada en la prevención y erradicación de las conductas que serán tipificadas de conformidad a lo enunciado en el artículo 4 y en el trato humanitario de los migrantes objeto de esas conductas, respetando al mismo tiempo sus derechos reconocidos conforme al derecho nacional e internacional.

2. La capacitación incluirá, entre otras cosas:

a. el reconocimiento y la detección de los documentos de viaje o de identidad falsificados o adulterados;

b. información, respecto a la identificación de los grupos delictivos organizados involucrados o sospechosos de estar involucrados en la conducta enunciadas en el artículo 4; los métodos utilizados para transportar a los migrantes objeto de dicho tráfico; la utilización indebida de documentos de viaje o de identidad para tales fines; y los medios de ocultación utilizados en el tráfico ilícito de migrantes;

c. la mejora de los procedimientos para detectar a los migrantes objeto de tráfico ilícito en puntos de entrada y salida convencionales y no convencionales;

d. el trato humano de los migrantes afectados y la protección de sus derechos reconocidos conforme al derecho internacional.

3. Los Estados Partes del presente Acuerdo que tengan conocimientos especializados pertinentes coordinarán, a través del organismo de enlace nacional, la prestación de asistencia técnica a los Estados Partes del presente Acuerdo que sean frecuentemente países de origen o de tránsito de personas que hayan sido objeto de las conductas tipificadas de conformidad a lo anunciado en el artículo 4.

Artículo 9

Cláusula de salvaguardia

1. Lo dispuesto en el presente Acuerdo no afectará los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados Partes del presente Acuerdo y las personas con arreglo al derecho internacional, incluidos el derecho internacional humanitario y la normativa internacional sobre derechos humanos y, en particular, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como el principio de non-reloulement consagrado en dichos instrumentos.

2. Las medidas previstas en el presente Acuerdo se interpretarán y aplicarán de forma que no sea discriminatoria para los migrantes por el hecho de ser víctimas del tráfico ilícito. La interpretación y aplicación de esas medidas estarán en consonancia con los principios de no discriminación internacionalmente reconocidos.

Artículo 10

Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

El presente Acuerdo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con dicha Convención y su Protocolo Adicional en materia de "Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire".

Artículo 11

Interpretación y Aplicación

Los conflictos que se originen en el alcance, interpretación y aplicación del presente Acuerdo se solucionarán de conformidad al mecanismo que se encuentre vigente al momento de presentarse el problema y que hubiere sido consensuado entre los Estados Partes del presente Acuerdo.

Artículo 12

Vigencia

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la última comunicación por los Estados Partes a la República del Paraguay informando que se ha dado cumplimiento a las formalidades internas necesarias para la entrada en vigencia del presente instrumento.

Artículo 13

Depósito

La República de Paraguay será depositaria del presente Acuerdo y de las notificaciones de los demás Estados Partes en cuanto a la vigencia.

La República de Paraguay enviará copia debidamente autenticada del presente Acuerdo a los demás Estados Partes.

Firmado en Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, a los dieciséis días del mes de diciembre del año de dos mil cuatro, en dos (2) originales, en los idiomas portugués y español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

Se remite a Ud. la opinión de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado en torno a dos proyectos de ley, oportunamente remitidos por el Poder Ejecutivo, a través de los cuales se propone la aprobación del "Acuerdo contra el tráfico ilícito de migrantes entre los Estados Partes del MERCOSUR" y el "Acuerdo contra el tráfico ilícito de migrantes entre los Estados Partes del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile", suscritos ambos en la ciudad de Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, el día 16 de diciembre del año 2004.

Previo al tratamiento del tema resulta necesario aclarar que se ha optado por informar ambos proyectos conjuntamente en virtud de que se trata prácticamente del mismo texto con las únicas diferencias que surgen de la calidad de Estado Parte o de Estado Asociado al MERCOSUR, las que básicamente tienen relación con la solución de controversias y la interpretación o aplicación de las disposiciones acordadas.

Millones de personas se ven involucradas a nivel mundial en el denominado fenómeno de la migración, ya sea porque abandonaron su país de origen en forma permanente, o se encuentran en otro país en carácter de refugiados o asilados, o simplemente su traslado obedece a razones laborales temporarias. Según un informe de Naciones Unidas, del año 2004, la proporción de migrantes internacionales con respecto al total de la población mundial se situaba en un 2,9% en el año 2000.

Al tiempo que aumentaban las migraciones podía observarse también un fuerte crecimiento en los movimientos irregulares, apoyados fundamentalmente por grupos organizados de traficantes.

En años recientes, la migración irregular se ha tomado en una de las preocupaciones principales de los estados de expulsión, de recepción y de tránsito, por igual; convirtiéndose en una amenaza potencial para sus relaciones y promoviendo, principalmente en los estados receptores, percepciones negativas acerca de los migrantes mismos.

El mencionado incremento del tráfico de migrantes ha permitido que se tome conciencia sobre la dimensión real del problema así como de los costos sociales, económicos y políticos que el mismo conlleva y, como consecuencia de esto, a percibir la necesidad de encontrar soluciones.

El 15 de noviembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire (que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional), a través del cual se sugieren medidas para prevenir y combatir eficazmente el tráfico ilícito de migrantes.

En el Mensaje del Poder Ejecutivo, que acompaña la iniciativa, se destaca la trascendencia actual de las migracinse en la medida que afecta a millones de personas en muchos Estados de la comunidad internacional.

También se señala allí que en una importante cantidad de casos este fenómeno involucra situaciones de tránsito clandestino y otros problemas, entre los que se encuentra el empleo de trabajadores no documentados o en situación irregular, quienes trabajan en condiciones menos favorables que los otros trabajadores.

Asimismo se hace referencia al tráfico de seres humanos, actividad que constituye en la actualidad el negocio de más rápido crecimiento para el crimen organizado, estimándose que cada año, más de setecientas mil personas son víctimas de tráfico con el propósito de explotarlas sexualmente y de realizar trabajos forzados.

Quizás valga la pena detenerse en esta última afirmación para realizar algunas precisiones en torno a esta temática.

Fundamentalmente dos tipos de actividad delictiva tienen que ver con el movimiento ilegal de personas a través de fronteras internacionales: la trata de personas y el tráfico de migrantes.

La trata de personas y el tráfico de migrantes son actividades similares y quizás en algún caso puedan hasta confundirse, pero tanto los acuerdos internacionales como las legislaciones nacionales establecen distinciones entre ellas.

Según la definición del Protocolo antes referido, se entenderá por tráfico ilícito de migrantes "la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente para obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material".

Una primera diferencia entre trata de personas y tráfico de migrantes se da justamente porque este último es siempre de naturaleza transnacional, ya que supone necesariamente el paso de una frontera y la entrada de una persona en un país del cual no es nacional ni residente, sin haber cumplido los requisitos establecidos por el mismo. La trata de personas, en cambio, puede darse tanto en el ámbito internacional como en el ámbito interno.

El tráfico de migrantes sería un delito contra el Estado, implicando actividades como la creación de un documento de viaje o de identidad falsos; la facilitación, el suministro o la posesión de tal documento; o la habilitación de una persona que no sea nacional o residente permanente en el Estado interesado sin haber cumplido los requisitos para permanecer legalmente en ese Estado, en cambio, la trata de personas es, sustancialmente, un delito contra el individuo, aún cuando puedan concurrir delitos de otra naturaleza.

El migrante que entró ilegalmente a otro país tras haber dado su consentimiento puede no ser tratado como delincuente, por lo menos en principio, pero es potencialmente sujeto de deportación; a una persona que fue objeto de la trata, en cambio, se la considera en todos los casos víctima del delito, no existe su consentimiento o, en su caso, el mismo estaría viciado por encontrarse sujeto a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción. Aquí los gobiernos, en lugar de procurar su inmediata expulsión, deberían adoptar medidas que permitan a las víctimas permanecer en su territorio temporal o permanentemente, como forma de protegerlas.

Los acuerdos en análisis, independientemente de la referencia hecha a la explotación sexual o a los trabajos forzados, tienen como finalidad específica la prevención y el combate al trámite ilícito de migrantes y en tal marco deben considerarse sus disposiciones.

En el Preámbulo del reseñado Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes se señala acertadamente que no basta con las medidas de control sino que el tema requiere un enfoque amplio que conlleve la cooperación, el intercambio de información y la adopción de medidas apropiadas en un plano nacional, regional e internacional, incluidas las de índole socioeconómica. El texto citado pone énfasis, además, en la necesidad de dar un trato digno a los migrantes y de proteger plenamente sus derechos humanos.

Los primeros artículos de los Acuerdos cuya aprobación recomienda el Poder Ejecutivo refieren, justamente, a promover la cooperación e intercambio de información entre los Estados firmantes con el fin de combatir el tráfico ilícito de migrantes y, luego de proporcionar una definición de algunos términos esenciales a la hora de realizar una interpretación, se establece expresamente que además de aplicar el Acuerdo a la cooperación, prevención e investigación de los ilícitos penales tipificados, el mismo procurará también la protección de los derechos de los migrantes que hayan sido objeto de tales ilícitos.

La tipificación de tales ilícitos como delitos para cada país se inserta en una norma programática a través de la cual los Estados Partes asumen el compromiso de adoptar las medidas legislativas, reglamentarias y administrativas que sean necesarias para que las conductas allí descriptas puedan obtener tal calificación.

Como medidas concretas de prevención y cooperación entre los Estados que tengan fronteras comunes o su territorio sea utilizado como vía de tráfico ilícito que se procura combatir, se establecen las siguientes:

a. intercambio de información en temas tales como:

- lugares de embarque y destino, rutas, transportistas y medios a los que puedan recurrir los grupos delictivos;

- identidad y métodos utilizados por las organizaciones, grupos involucrados o sospechosos de traficar migrantes;

- autenticidad y debida forma de los documentos de viaje expedidos por los Estados Partes;

- experiencias legislativas, prácticas y medidas de prevención y combate de las conductas mencionadas;

b. reforzamiento de la cooperación entre los organismos de control fronterizo, estableciendo y manteniendo conductos de comunicación directa;

c. comunicación inmediata al Estado Parte que corresponda cuando se detecte que nacionales del mismo están siendo objeto de tráfico en otro territorio;

d. realización de campañas de prevención en las entradas y salidas de sus respectivos territorios, fundamentalmente informando sobre los documentos de viaje y requisitos para solicitar residencias.

Los Acuerdos contienen también disposiciones referidas a la seguridad y control de los documentos de viaje o de identidad, estableciendo que cada Estado Parte deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la calidad de dichos documentos, de manera que dificulten su uso indebido así como su falsificación. También se prevé la generación de mecanismos ágiles entre los Estados, a través del organismo de enlace nacional, para verificar la legitimidad y validez de los documentos de viaje o de identidad sospechosos de ser utilizados para el tráfico ilícito de migran-tes.

Por último, en materia de actividades a promover, se entiende como un aspecto fundamental el relativo a la capacitación de los funcionarios vinculados al control migratorio, tanto en lo que refiere a la prevención de las conductas previstas como ilícitas, como en el trato humano a dar a los migrantes víctimas de las mismas.

Se prevé también la asistencia técnica a brindar por los Estados Partes que pudieren tener conocimientos especializados en la materia, la que se coordinará a través del organismo de enlace nacional.

Finalmente se establecen cláusulas de salvaguardia en las que se consagra que nada de lo dispuesto afectará derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados Partes y de las personas con arreglo al derecho internacional y se establece que la interpretación y aplicación de los acuerdos se realizará en forma no discriminatoria para los migrantes. Asimismo se explicita la relación de los acuerdos con la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo Adicional sobre Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire estableciéndose, en un artículo final, los mecanismos de solución de controversias.

Según puede inferirse de la síntesis realizada, las disposiciones en análisis implican la adopción de múltiples medidas en un sentido recomendado por las Naciones Unidas en diferentes disposiciones; en función de ello esta Comisión manifiesta su opinión favorable en cuanto a la aprobación de los proyectos de ley puestos a su consideración.

Sala de la Comisión, 24 de mayo de 2007.

Rafael Michelini, Miembro Informante; Sergio Abreu, Carlos Baráibar, José Bentancor, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, José Korzeniak, Jorge Larrañaga. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Este punto ya fue informado por el señor Senador Michelini.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

- 16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito en la ciudad de Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, el día 16 de diciembre del año 2004".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

19) CONVENIO PARA LA PROTECCION, CONSERVACION, RECUPERACION Y DEVOLUCION DE BIENES CULTURALES, ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS ROBADOS, EXPORTADOS O TRANSFERIDOS ILICITAMENTE ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA DEL PERU, SUSCRITO EN MONTEVIDEO, EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2002

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el cual se aprueba el Convenio para la Protección, Conservación, Recuperación y Devolución de Bienes Culturales, Arqueológicos, Artísticos e Históricos Robados, Exportados o Transferidos Ilícitamente, entre la República Oriental del Uruguay y la República del Perú, suscrito en Montevideo, el 4 de noviembre de 2002. (Carp. Nº 752/07 - Rep. Nº 473/07)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 752/07

Rep. Nº 473/07

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Convenio para la Protección, Conservación, Recuperación y Devolución de Bienes Culturales, Arqueológicos, Artísticos e Históricos Robados, Exportados o Transferidos Ilícitamente entre la República Oriental del Uruguay y la República del Perú, suscrito en Montevideo, el 4 de noviembre de 2002.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 14 de febrero de 2007.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

José Pedro Montero Secretario.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El robo y la exportación ilícita de objetos pertenecientes al patrimonio de un país configuran no sólo una pérdida de bienes culturales, sino un grave daño a sitios de interés histórico-cultural.

El presente Convenio entre Uruguay y Perú recoge elementos de convenios anteriores de intercambio cultural (1983), como del Acuerdo de Abril de 1987 que establecía la protección, conservación y recuperación de bienes arqueológicos, históricos y culturales.

En el entendido de que ambos países coinciden en la necesidad de adecuar las normas a la realidad actual del tráfico ilícito de bienes culturales, arqueológicos, artísticos e históricos, el presente Convenio suscrito en Montevideo el 4 de noviembre de 2002, establece básicamente la prohibición del ingreso a ambos países de dichos bienes cuando no se hayan seguido los procedimientos legales para la salida del país de origen.

El artículo 2º detalla lo que se consideran bienes culturales, arqueológicos, artísticos e históricos, y una exhaustiva nómina de los datos que deberá suministrar el país requirente con la información descriptiva que permita identificar los objetos robados.

Le siguen luego disposiciones referidas a los medios legales conducentes para recuperar y devolver los bienes robados, exportados y transferidos ilícitamente del territorio de la parte requirente.

El procedimiento deberá canalizarse a través de Interpol y formalizarse por la vía diplomática.

La Comisión de Asuntos Internacionales recomienda al Senado su aprobación por parte de la Cámara.

Sala de la Comisión, 24 de mayo de 2007.

José Bentancor, Miembro Informante; Sergio Abreu, Carlos Baráibar, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini. Senadores.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 26 de junio de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República,a fin de someter a su consideración, el Proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Convenio para la Protección, Conservación, Recuperación y Devolución de Bienes Culturales, Arqueológicos, Artísticos e Históricos Robados, Exportados o Transferidos Ilícitamente entre la República Oriental del Uruguay y la República del Perú, suscrito en Montevideo, el 4 de noviembre de 2002.

Las Partes Contratantes han suscrito este Convenio, conscientes del perjuicio que representa el robo, la exportación, importación y transferencia ilícitas de objetos pertenecientes a su patrimonio cultural, tanto por la pérdida de los bienes culturales como por el daño que se infringe a sitios y yacimientos arqueológicos y otros lugares de interés histórico-cultural.

Los bienes culturales, arqueológicos, artísticos e históricos pertenecientes al patrimonio de cada país, son objeto de un negocio delictivo que trasciende los límites de las fronteras nacionales, para enriquecer las redes internacionales de comercio ilegal. El hurto, saqueo, vandalismo, las excavaciones clandestinas, las falsificaciones y el tráfico ilícito, constituyen amenazas constantes para la preservación de aquellos bienes, lo que hace imprescindible frenar los actos delictivos que atentan contra el patrimonio cultural.

Los bienes culturales forman parte integrante de la memoria colectiva, contribuyen al fortalecimiento de la identidad, son el vínculo entre el pasado, el presente y el futuro, por lo que reiterando lo estipulado en el Convenio de Intercambio Cultural suscrito con la República del Perú el 23 de marzo de 1983 y en el Acuerdo para la Difusión, Protección, Conservación y Recuperación de Bienes Arqueológicos, Históricos y Culturales, suscrito por notas reversales del 10 de abril de 1987, las Partes Contratantes reconocen la importancia de proteger y conservar su patrimonio cultural, de conformidad con los principios y normas establecidas en la Convención de la UNESCO celebrada en París en 1970 sobre las medidas a adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales y la Convención de la UNESCO de 1972 sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural.

El Convenio no pretende resolver la problemática que gira en torno al tráfico y comercialización ilícita de bienes culturales, arqueológicos, artísticos e históricos, pero se convierte en un instrumento tendiente a lograr una eficaz cooperación institucional, concientización, control y vigilancia para disminuir los peligros de hurto y tráfico ilegal de dichos bienes, con el objetivo de optimizar la acción de protección del patrimonio cultural, recuperando los bienes robados o exportados ilícitamente, para devolverlos a su país de origen.

Los fundamentos expuestos justifican el interés en solicitar la aprobación del Convenio.

El Poder Ejecutivo, hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Da-nilo Astori, Jorge Brovetto, José Díaz.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 26 de junio de 2006.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Convenio para la Protección, Conservación, Recuperación y Devolución de Bienes Culturales, Arqueológicos, Artísticos e Históricos Robados, Exportados o Transferidos Ilícitamente entre la República Oriental del Uruguay y la República del Perú, suscrito en Montevideo, el 4 de noviembre de 2002.

Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Jorge Brovetto, José Díaz.

CONVENIO PARA LA PROTECCION, CONSEVACION, RECUPERACION Y DEVOLUCION DE BIENES CULTURALES, ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS ROBADOS, EXPORTADOS O TRANSFERIDOS ILICITAMENTE ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA DEL PERU

La República Oriental del Uruguay y la República del Perú, en adelante denominadas las Partes;

CONSCIENTES del grave perjuicio que representa para ambos países el robo y la exportación ilícita de objetos pertenecientes a su patrimonio cultural, tanto por la pérdida de los bienes culturales como por el daño que se infringe a sitios y yacimientos arqueológicos y otros lugares de interés histórico-cultural;

REITERANDO lo estipulado en el "Convenio de Intercambio Cultural entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay", del 23 de Marzo de 1983, así como el "Acuerdo para la Difusión, Protección, Conservación y Recuperación de Bienes Arqueológicos, Históricos y Culturales", suscrito por Notas Reversales del 10 de Abril de 1987;

RECONOCIENDO la importancia de proteger y conservar su patrimonio cultural, de conformidad con los principios y normas establecidas en la Convención de la UNESCO de 1970 sobre las medidas a adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales y la Convención de la UNESCO de 1972 sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural;

SEGUROS de que una colaboración entre ambas Partes para la recuperación de bienes culturales robados, importados, exportados o transferidos ilícitamente, constituye un medio eficaz para proteger y reconocer el derecho del propietario originario de cada Parte sobre sus bienes culturales respectivos;

DESEOSOS de establecer normas comunes que permitan la recuperación de los referidos bienes, en los casos que éstos hayan sido robados o exportados ilícitamente, así como su protección y conservación;

RECONOCIENDO que el patrimonio cultural de cada país es único y propio y que no puede ser objeto de comercio;

SIENDO conveniente la adecuación de ambos países a los requerimientos que impone la realidad actual del tráfico ilícito de bienes culturales, arqueológicos, artísticos e históricos;

Han acordado lo siguiente:

ARTICULO 1

Ambas Partes prohibirán e impedirán el ingreso en sus respectivos territorios de bienes culturales, arqueológicos, artísticos e históricos provenientes de la otra Parte, que no hayan seguido los procedimientos legales para su salida del país, o hayan excedido el plazo otorgado, o no se encuentren inscriptos como bienes culturales en el Registro Nacional correspondiente, por los organismos estatales competentes, de acuerdo a la normatividad de cada país.

ARTICULO 2

A los efectos del presente Convenio, se entenderán por bienes culturales, arqueológicos, artísticos e históricos a los siguientes:

a) Los objetos de arte y artefactos de las culturas precolombinas de ambas Partes, incluyendo elementos arquitectónicos, esculturas, piezas de cerámica, trabajos de metal, textiles y otros vestigios de la actividad humana, o fragmentos de estos;

b) Las colecciones y ejemplares raros de zoología, botánica, mineralogía, anatomía y los objetos de interés paleontológicos, clasificados o no clasificados;

c) Los objetos de arte y artefactos religiosos de las épocas precolombina, virreinal y republicana de ambos países, o fragmentos de los mismos;

d) Los bienes relacionados con la historia, con inclusión de la historia de las ciencias y de las técnicas, la historia militar y la historia social, así como con la vida de los dirigentes, pensadores, sabios y artistas nacionales y con los acontecimientos de importancia nacional;

e) El producto de las excavaciones (tanto autorizadas como clandestinas) o de los descubrimientos arqueológicos;

f) Los elementos procedentes de la desmembración de monumentos artísticos o históricos y de lugares de interés arqueológico;

g) Los documentos provenientes de los archivos oficiales de gobiernos centrales, estatales o municipales o de sus agencias correspondientes, de acuerdo a las leyes de cada Parte o con una antigüedad superior a los cincuenta años, que sean propiedad de éstos o de organizaciones religiosas a favor de los cuales ambos gobiernos están facultados para actuar;

h) Antigüedades que tengan más de cien años, tales como monedas, inscripciones y sellos grabados;

i) Bienes de interés artístico, como cuadros, pinturas y dibujos hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte y en cualquier material, producción de originales de arte estatutario y de escultura en cualquier material, grabados, estampados y litografía originales, conjuntos y montajes artísticos originales en cualquier material;

j) Manuscritos raros e incunables, libros, documentos y publicaciones antiguos de interés histórico, artístico, científico o literario, sean sueltos o en colecciones;

k) Sellos de correo, sellos fiscales y análogos, sueltos o en colecciones;

l) Archivos, incluidos los fonográficos, fotográficos y cinematográficos;

m) Muebles y/o mobiliario, equipos e instrumentos de trabajo, incluidos instrumentos de música, de interés histórico y cultural, que tengan más de cien años;

n) El material etnológico, clasificado o no clasificado, incluyendo el material de grupos étnicos de la Amazonia en peligro de extinción;

o) El patrimonio cultural subacuático;

Quedan igualmente incluidos aquellos bienes culturales y documentales de propiedad privada que cada Parte estime necesario por sus especiales características, y que estén debidamente registrados y catalogados por la respectiva autoridad cultural competente.

ARTICULO 3

1. A solicitud expresa de una de las Partes, la otra empleará los medios legales a su alcance para recuperar y devolver, desde su territorio, los bienes culturales, arqueológicos, artísticos e históricos que hubieran sido robados, exportados o transferidos ilícitamente del territorio de la Parte requirente debidamente verificados como pertenecientes a su patrimonio cultural, de conformidad con su legislación y los convenios internacionales vigentes.

2. El intercambio de información, los pedidos de recuperación y devolución de bienes culturales, arqueológicos, artísticos e históricos específicos, deberán canalizarse por la vía de la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL, a modo de adelanto y a través de las respectivas Oficinas Centrales Nacionales, lo cual deberá formalizarse por la vía diplomática.

3. Los gastos inherentes a la recuperación y devolución mencionados en el artículo anterior serán sufragados por la Parte requirente.

ARTICULO 4

1. Cada Parte deberá informar a la Otra, de los robos de bienes culturales, arqueológicos, artísticos e históricos de que tenga conocimiento y de la metodología empleada, cuando exista razón para creer que dichos objetos serán probablemente introducidos en el comercio internacional.

2. Con este propósito, y en base a la investigación policial realizada para tal efecto, deberá presentarse a la otra Parte suficiente información descriptiva que permita identificar los objetos e igualmente a quienes hayan participado en el robo, venta, importación/exportación ilícita y/o conductas delictivas conexas; así como esclarecer el modo operativo empleado por los delincuentes.

3. Asimismo, las Partes difundirán entre sus respectivas autoridades aduaneras y policiales de puertos, aeropuertos y fronteras, información relativa a los bienes culturales que hayan sido materia de robo y tráfico ilícito, con el fin de facilitar su identificación y la aplicación de las medidas cautelares y coercitivas correspondientes.

ARTICULO 5

Ambas Partes liberarán de derechos aduaneros y demás impuestos a los bienes culturales, arqueológicos, artísticos e históricos que sean recuperados y devueltos en aplicación de lo dispuesto en el presente Convenio.

ARTICULO 6

El presente Convenio podrá ser modificado por acuerdo de las Partes, a petición de cualquiera de ellas. Dichas modificaciones podrán ser oficializadas mediante intercambio de Notas Diplomáticas o por otro procedimiento que las Partes acuerden.

ARTICULO 7

El presente Convenio regirá desde el canje de las ratificaciones y es de carácter indefinido, salvo que una de las Partes comunique a la Otra, con aviso previo de un año, su intención de darlo por terminado.

Hecho en la ciudad de Montevideo, a los cuatro días del mes de noviembre de 2002 en dos originales igualmente auténticos."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Bentancor.

SEÑOR BENTANCOR.- Señor Presidente: el presente Convenio refiere al robo y a la exportación ilícita de objetos pertenecientes al patrimonio de un país, lo que configura no sólo una pérdida de bienes culturales, sino también un grave daño a sitios de interés histórico cultural.

Uruguay y Perú recogen elementos de convenios anteriores -uno efectuado en 1983 y otro en abril de 1987- en los que ya se establecía la protección, conservación y recuperación de bienes artísticos, arqueológicos, históricos y culturales. En el entendido de que ambos países coinciden en la necesidad de adecuar sus normas a la realidad actual del tráfico ilícito de bienes culturales, arqueológicos, artísticos e históricos, este Convenio, que se suscribió el 4 de noviembre de 2002 en Montevideo, establece básicamente la prohibición del ingreso de dichos bienes a ambos países cuando no se hayan seguido los procedimientos legales para la salida del país de origen.

En su artículo 2º se realiza una extensa enumeración de los bienes culturales, arqueológicos, artísticos e históricos y siguen disposiciones que tienen que ver con los medios legales conducentes para recuperar esas obras y devolverlas a sus países.

Teniendo en cuenta el pedido del señor Presidente, en cuanto a la brevedad del informe, esto sería todo. Entiendo que es muy clara la intención que se persigue, por lo que la Comisión aconseja que se vote el proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo único.- Apruébase el Convenio para la Protección, Conservación, Recuperación y Devolución de Bienes Culturales, Arqueológicos, Artísticos e Históricos Robados, Exportados o Transferidos Ilícitamente entre la República Oriental del Uruguay y la República del Perú, suscrito en Montevideo, el 4 de noviembre de 2002".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

20) CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL REINO DE LOS PAISES BAJOS Y EL ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL REINO DE LOS PAISES BAJOS, SUSCRITOS EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2005

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el cual se aprueban el Convenio de Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos y el Acuerdo Administrativo para la Implementación del Convenio de Seguridad Social, entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos, suscritos en la ciudad de Montevideo, el 11 de octubre de 2005. (Carp. Nº 792/07 - Rep. Nº 476/07)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 792/07

Rep. Nº 476/07

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo,

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85, numeral 7 y 168 numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, por el cual se aprueba el Convenio de Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos y el Acuerdo Administrativo para la Implementación del Convenio de Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos, suscritos en la ciudad de Montevideo, el día 11 de octubre de 2005.

El Convenio, como otros similares firmados en la materia, atiende y soluciona la problemática que se plantea a las personas que estén o hayan estado sujetas a la legislación de una o ambas Partes Contratantes, así como a aquellas a quienes deriven sus derechos. Esta situación es de vital importancia para la protección de los derechos de los trabajadores dado el fenómeno migratorio que se ha producido en las últimas décadas.

Es indudable por tanto, que dos países unidos por fuertes lazos de amistad y cooperación no podían permanecer indiferentes a esta realidad. Por ese motivo, la suscripción de este tipo de instrumentos es especialmente alentada por los órganos competentes en la materia en el entendido de que el derecho a la seguridad social es un derecho inalienable de los trabajadores.

I. El Convenio.

Dividido en cuatro Títulos y treinta artículos, el Convenio que se remite para su aprobación establece las normas que regularán, una vez ratificado, las relaciones entre ambos países en materia de seguridad social. Su finalidad es permitir a las personas mencionadas en el mismo, beneficiarse de las cotizaciones que han efectuado en ambos países y así, mantener una continuidad en su historia previsional, hecho que, en definitiva, les permitirá percibir las prestaciones de la seguridad social en forma integra, pasando a ser éstas un fiel reflejo de la actividad laboral de los trabajadores en el territorio de cada Parte Contratante.

En el artículo 1, se definen las expresiones y términos más utilizados, a fin de establecer una interpretación unívoca que permita la aplicación adecuada del Convenio. A efectos de mayor ilustración se destacan las siguientes:

a) se designa como "Autoridad Competente" en la República Oriental del Uruguay al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o una Entidad Delegada, mientras que en el Reino de los Países Bajos ese rol lo cumple el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales;

b) se entiende por "Entidad Gestora" la entidad o el organismo responsables, en cada caso, de la aplicación de la legislación a que alude el Artículo 2. En la República Oriental del Uruguay lo será el Banco de Previsión Social o cualquier organización autorizada para llevar a cabo cualquier función que actualmente sea ejercida por esa entidad; en relación al Reino de los Países Bajos, el organismo será el Instituto de los Seguros para los Trabajadores o el Banco de los Seguros Sociales, según sea la clase de beneficio recibido;

c) el "Organismo de Enlace" es el organismo a cargo de la coordinación e información entre las Entidades Gestoras de ambas Partes Contratantes que intervengan en la aplicación del Convenio y en la información a las partes interesadas sobre derechos y obligaciones derivadas del mismo. En la República Oriental del Uruguay será el Banco de Previsión Social, en el Reino de los Países Bajos, el Instituto de los Seguros para Trabajadores o cualquier cuerpo autorizado para llevar a cabo cualquier función que actualmente sea ejercida pr la citada entidad o el Banco de los Seguros Sociales, según sea la categoría de beneficio recibido.

En lo que se refiere al ámbito de aplicación material, es decir, en lo relativo a las prestaciones reconocidas, el artículo 2 indica que el Convenio se aplicará: en Uruguay, a la legislación relativa a las prestaciones contributivas de seguridad social referidas a los regímenes de jubilaciones y pensiones basados en reparto y capitalización individual. En el caso de los Países Bajos, se aplicará a la legislación concerniente a prestaciones de enfermedad y maternidad, invalidez para trabajadores asalariados y autónomos, pensiones de vejez, prestaciones de supervivencia, subsidios familiares y a efectos del Título II, también se aplicará a la legislación sobre prestaciones de desempleo.

Desde el punto de vista personal, el Convenio se aplicará a las persona que estén o hayan sido sujetas a la legislación de una o ambas Partes Contratantes, así como a los miembros de su familia y a sus supervivientes siempre que éstos últimos deriven derechos de esas personas (artículo 3).

El Convenio introduce el principio de igualdad de trato, conforme al cual las personas mencionadas en el artículo 4 (nacionales de una Parte Contratante, refugiados y miembros de sus familias y supervivientes -con independencia de su nacionalidad- que residan o permanezcan en el territorio de una de las Partes Contratantes) tendrán los mismos derechos y obligaciones bajo la legislación de esa Parte Contratante que los nacionales de esta última. El pago de prestaciones se encuentra regulado en el artículo 5.

El Título II (artículos 6 a 8) recoge las disposiciones sobre la legislación aplicable. Como regla general, el artículo 6 establece que las personas a las que se aplique esta parte del Convenio, estarán sometidas únicamente a la legislación de una Parte Contratante, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 7 y 8 (numeral1), mientras en sus numerales 2 y 3 señala el régimen que se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, a los efectos de la ley aplicable.

Por su parte, el artículo 7 desarrolla el régimen especial de algunos trabajadores, destacándose -entre otros- el aplicable a los miembros de la tripulación de naves y aeronaves y a los miembros de misiones diplomáticas u oficinas consulares. El artículo 8 permite a las Partes Contratantes establecer excepciones para trabajadores dependientes o por cuenta propia sin establecer las pautas con que las mismas se harán efectivas.

En lo que respecta a las disposiciones sobre el pago de pensiones (Título III), es de suma importancia el principio que consagra el artículo 9 sobre totalización de períodos de seguros o continuidad previsional internacional, que es el mecanismo en virtud del cual los períodos de seguro cumplidos en una de las Partes Contratantes, se consideran para la concesión de las pensiones establecidas en el Convenio, de conformidad con la legislación de la otra Parte Contratante, siempre que no se superpongan. En los artículos 10 y 11 se determina el régimen a aplicar al pago de pensiones por invalidez y supervivencia, el que será establecido de acuerdo con la legislación de la Parte Contratante a la que el asegurado o beneficiario se hallare sometido en el momento de producirse la contingencia.

Para determinar el grado de incapacidad laboral del solicitante o beneficiario, las Entidades Gestoras de cualquiera de las Partes se valdrán de los informes médicos y datos administrativos provistos por éstas. Lo relacionado con los costos de los exámenes médicos se encuentra determinado en los numerales 2 y 3 del artículo 11 y en el Acuerdo administrativo.

En el Capítulo 3 del Título III se contemplan los siguientes aspectos vinculados con la aplicación de la legislación uruguaya; régimen de pago de pensiones (artículo 12), determinación del derecho a las pensiones y su liquidación (artículo 13), suma de períodos de cotización en regímenes especiales o bonificados (artículo 14) y actualización del pago de pensiones (artículo 15).

Por su parte, el Capítulo 4 regula la aplicación de la legislación de los Países Bajos, refiriéndose en su artículo 16 a las normas sobre prestaciones de vejez, supervivencia e invalidez.

Los datos personales que las Autoridades Competentes o las Entidades Gestoras se comuniquen, estarán sometidos a la legislación sobre protección de datos de la Parte que comunique. El almacenamiento, alteración o destrucción de los mismos estarán sometidos a la legislación de la Parte Contratante receptora (artículo 17).

Las solicitudes y recursos que deban presentarse en un plazo determinado por las Entidades Gestoras o Autoridades de una Parte Contratante a efectos de la aplicación de su legislación, se considerarán presentados ante ellas si se presentan dentro del mismo plazo ante la Entidad Gestora o la autoridad de la otra Parte Contratante. Las solicitudes de pagos de pensiones presentadas en virtud de la legislación de una Parte Contratante, también se considerarán solicitudes para una pensión similar en virtud de la legislación de la otra Parte Contratante (artículo 18).

En el artículo 19 se prevé la ayuda administrativa entre las Autoridades Competentes, las Entidades Gestoras y los Organismos de Enlace de ambas Partes. Los mencionados organismos podrán solicitarse en cualquier momento reconocimientos médicos, comprobaciones de hechos y actos de los que pueda derivarse la adquisición, modificación, suspensión, reducción, extinción supresión o conservación del derecho al pago de pensiones. Los gastos que puedan ocasionar estos procedimientos serán reintegrados sin demora por la Entidad Gestora que solicitó el reconocimiento o la comprobación, cuando reciba los justificativos detallados de dichos gastos.

A su vez, los Organismos de Enlace de ambas Partes intercambiarán datos estadísticos relativos a pagos de pensiones concedidas a los beneficiarios de una Parte Contratante que residan en el territorio de la otra.

Para hacer menos gravosos y ágiles los procedimientos de pago de pensiones en uno y otro país, se los ha eximido del pago de impuestos y derechos, así como del requisito de la legalización, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 del presente instrumento. Las modalidades y garantías del pago de las pensiones se encuentran establecidas en el artículo 21.

A los efectos del seguimiento del presente Convenio y del Acuerdo Administrativo, se ha previsto el funcionamiento de una Comisión Mixta de Expertos designados por las Autoridades Competentes (artículo 22 numeral 2).

Asimismo, las controversias que puedan suscitarse sobre la interpretación o aplicación del Convenio y del Acuerdo Administrativo, se resolverán de mutuo acuerdo por las Autoridades Competentes de ambas Partes Contratantes (artículo 23). Las Autoridades Competentes y las Entidades Gestoras podrán comunicarse entre sí en idioma inglés. Asimismo se destaca que no se rechazará ningún documento por el único motivo de haber sido redactado en el idioma oficial de una de las Partes Contratantes (artículo 24).

El Capítulo 2 contiene disposiciones transitorias, entre las que se desarrollan normas sobre cómputo de períodos anteriores a la vigencia de este Convenio y otras relacionadas con los hechos causantes anteriores a su vigencia.

De estas disposiciones surge que los períodos de seguro cumplidos de acuerdo a la legislación de cada una de las Partes Contratantes antes de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio, serán tomados en consideración para determinar el derecho a los pagos de pensiones que se reconozcan conforme al mismo.

Si bien no se efectuará el pago de ninguna pensión por períodos anteriores a la entrada en vigor del Convenio, su aplicación otorgará derecho al pago de pensiones por contingencias acaecidas con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor. Los pagos de pensiones que hayan sido realizados por una o ambas Partes o los derechos de pago de pensiones que hayan sido denegados antes de la entrada en vigor del Convenio, serán revisados a petición de la persona interesada o de oficio, sólo si la solicitud de revisión se presenta en el plazo establecido en el artículo 26 numeral 2.

El Convenio y su Acuerdo Administrativo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a aquél en el que haya tenido lugar la última comunicación por la que las Partes se informen el cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales y legales de aprobación, entendiendo que para el Reino de los Países Bajos, el artículo 5 entrará en vigor de forma retroactiva, a partir del 1 de enero de 2003 y aplicará este artículo y el Acuerdo Administrativo de forma provisional desde el primer día del segundo mes, a contar desde la fecha en que se firmó el Convenio.

El presente Convenio y su Acuerdo Administrativo, se aplicarán para el Reino de los Países Bajos, únicamente en el territorio del Reino en Europa.

2. El Acuerdo Administrativo.

A fin de poner en funcionamiento las disposiciones del Convenio, las Partes Contratantes suscribieron en la misma fecha, un Acuerdo Administrativo, el que también se adjunta a los efectos de su aprobación.

El Acuerdo Administrativo para la Implementación del Convenio establece en su artículo 2 que las Entidades Gestoras de la República Oriental del Uruguay serán las Entidades u Organismos de seguridad social, públicos, paraestatales y privados, responsables de aplicar la legislación relacionada con el régimen de jubilaciones y pensiones basados en el sistema de reparto y capitalización individual. Por su parte, en los Países Bajos lo serán las Instituciones designadas en los literales a) a c) del numeral 2 del Artículo 2.

En cuanto al régimen de trabajadores trasladados temporalmente a que alude el Acuerdo Administrativo, se acordó que en el caso de los trabajadores que son enviados al territorio de otro Estado, el Organismo de Enlace de la Parte Contratante en la que está estableciendo el empleador (en Uruguay, el Banco de Previsión Social y en los Países Bajos, el Banco de Seguros Sociales) expedirá, a solicitud del empleador o del empleado, un certificado donde conste que durante su ocupación temporal en el territorio de la otra Parte Contratante, la persona empleada permanecerá sujeta a la legislación de la primera, debiendo remitir copia del citado certificado al Organismo de Enlace de la otra Parte Contratante.

El Acuerdo también establece las normas respecto al régimen de prórroga del período de traslado temporal de trabajadores. En efecto, según el artículo 5, las solicitudes de prórroga deberán gestionarse ante el Organismo de Enlace de la Parte Contratante donde el empleador que envía al empleado tenga su sede y deberán presentarse antes del vencimiento del período de trabajo temporal concedido. De no ser así, el trabajador quedará sujeto -automáticamente- a partir del vencimiento del período original, a la legislación de la Parte Contratante donde continua prestando servicios.

El resto del articulado contenido en los Capítulos III y IV incluye los requisitos necesarios que deben exigirse para que se haga efectivo el pago de las personas correspondientes. A estos efectos se destacan las normas relacionadas con el procesamiento de las solicitudes, transmisión de datos a los efectos de establecer el derecho del solicitante al pago de la pensión, formularios, identificación de los beneficiarios, verificación de las solicitudes y pagos, verificación de información en caso de enfermedad e invalidez e intercambio de estadísticas.

Por tanto, entendiendo que es de interés para la República, la entrada en vigor de este Convenio y su Acuerdo Administrativo los cuales recogen soluciones jurídicas ya aceptadas por los principales sistemas de seguridad social, cimentadas en la idea de justicia e igualdad social, pilares de nuestros sistemas democráticos, el Poder Ejecutivo solicita a esa Corporación la aprobación parlamentaria correspondiente.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Eduardo Bonomi.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 28 de marzo de 2007.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Convenio de Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos y el Acuerdo Administrativo para la Implementación del Convenio de Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos, suscritos en la ciudad de Montevideo, el día 11 de octubre de 2005.

Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Eduardo Bonomi.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

Carpeta Nº 792/2007

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha enviado para la aprobación de este Cuerpo el Convenio de Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos y el Acuerdo Administrativo para la implementación del Convenio de Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos, suscritos en la ciudad de Montevideo, el 11 de Octubre de 2005.

El Convenio y el Acuerdo Administrativo tienen por finalidad regular las relaciones entre los dos países signatarios en materia de Seguridad Social, de manera tal que las personas amparadas por dichos tratados puedan beneficiarse de las cotizaciones que han realizado en ambos países, manteniendo una continuidad en su historia previsional. Esto les permitirá percibir las prestaciones de la seguridad social de forma íntegra siendo las mismas una representación fidedigna de sus aportes en el territorio de cada parte signataria.

Este Convenio encuentra antecedentes en otros numerosos Convenios similares celebrados por la República con diversos países (Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Bolivia, Grecia, Portugal, Suiza, Venezuela, Italia, España, Israel, Ecuador, Costa Rica y Canadá, entre otros que están en curso de negociación).

En la medida en que el presente Convenio recoge en lo esencial varias de las disposiciones de los referidos acuerdos ya aprobados por este Cuerpo, nos limitaremos a la exposición de los aspectos medulares del articulado de este Convenio y del Acuerdo Administrativo que a nuestro entender deben destacarse de manera especial.

En primer lugar, en referencia al Convenio, el ámbito de aplicación material del mismo, previsto en su artículo 2, indica que el mismo se aplicará, para el Uruguay, a la legislación relativa a las prestaciones contributivas de seguridad social referidas a los regímenes de jubilaciones y pensiones basados en el sistema de reparto y de capitalización individual. Para los Países Bajos, se aplicará a la legislación concerniente a los siguientes rubros de la seguridad social: prestaciones de enfermedad o maternidad, invalidez para trabajadores asalariados y autónomos, pensiones de vejez, prestaciones de supervivencia, subsidios familiares, y a los efectos del Título II del Convenio (Legislación aplicable) también se aplicará a la legislación sobre prestaciones de desempleo.

En segundo lugar el ámbito de aplicación personal (artículo 3 del Convenio) establece que el mismo se aplicará a las personas que estén o hayan estado sujetas a la legislación de una o ambas Partes Contratantes, así como a los miembros de su familia y a sus supervivientes siempre que éstos últimos deriven derechos de esas personas.

En los restantes artículos de este Título el Convenio menciona al principio de igualdad de trato (artículo 4) y el pago de las prestaciones (artículo 5).

El Título II del Convenio se refiere a la legislación aplicable. Se establece el régimen general en el artículo 6 en donde se menciona que las personas estarán sometidas únicamente a la legislación de una Parte Contratante.

Luego se establece un régimen especial para ciertas categorías de trabajadores, como los miembros de la tripulación de naves y aeronaves o los miembros de misiones diplomáticas u oficinas consulares.

El Título III del Convenio está destinado a las disposiciones relativas al pago de las pensiones. En el Capítulo 1 (artículo 9) se establece el principio básico conocido como de la totalización de períodos de seguro, que permite que se computen los períodos de seguro cumplidos en cada Parte Contratante a los efectos de la concesión de las pensiones establecidas en el Convenio, siempre que éstos no se superpongan.

También se establecen en el Capítulo 2 disposiciones relativas al pago de pensiones por invalidez y supervivencia (artículo 10) y a la determinación de la incapacidad (artículo 11).

El Capítulo 3 de este Título prevé la aplicación de la legislación uruguaya al régimen del pago de pensiones, la determinación del derecho a las pensiones y su liquidación, la suma de períodos de cotización en regímenes especiales o bonificados y la actualización del pago de pensiones. Por su parte el Capítulo 4 determina la misma situación respecto de los Países Bajos, que aplicará su legislación en lo referido a las normas sobre prestaciones de vejez, supervivencia, e invalidez.

El Título IV del Convenio contiene disposiciones diversas, transitorias y finales. Las primeras, contenidas en el Capítulo 1, están referidas a la protección y confidencialidad de los datos personales; a los efectos recíprocos de la presentación de la documentación requerida para una solicitud de pago de pensión; a la necesidad de cooperación administrativa entre las Autoridades Competentes de ambas Partes y a la exención de impuestos, derechos y requisitos de legalización de la que beneficiarán los certificados y documentos que se expidan por las Autoridades Competentes en aplicación del presente Convenio.

Para el seguimiento y cumplimiento del Convenio y del Acuerdo Administrativo que lo acompaña, se establece la creación de una Comisión Mixta de Expertos designados por las Autoridades Competentes. Los restantes artículos de este Capítulo se refieren al arreglo de las controversias y a los idiomas de comunicación entre las Partes, donde se autoriza el uso del idioma inglés.

El Capítulo 2 de este Título, referido a las disposiciones transitorias, menciona que los períodos de seguro cumplidos antes de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio serán tomados en consideración para determinar el derecho a los pagos de pensiones. Si bien se aclara que no se efectuarán el pago de ninguna pensión por períodos anteriores a la entrada en vigor del Convenio.

El Capítulo 3, por su parte, contiene las disposiciones finales habituales en este tipo de tratados. Debe remarcarse que para los Países Bajos el artículo 5 (referido al pago de las prestaciones), entrará en vigor de forma retroactiva a partir del 1º de enero de 2003.

El Convenio es acompañado por un Acuerdo Administrativo que se suscribe en la misma fecha que el Convenio, con la finalidad de implementar las disposiciones del mismo.

Dicho Acuerdo detalla aspectos vinculados con la aplicación del Título II del Convenio (legislación aplicable y regímenes especiales de trabajadores trasladados temporalmente); establece cuáles habrán de ser las Entidades Gestoras en cada país y regula la forma de procesamiento de una solicitud referida al pago de una pensión bajo el régimen que se establece en el Convenio.

En ese marco, incluye la descripción de los formularios y procedimientos necesarios a tales efectos, la identificación del beneficiario y el procedimiento de verificación de las solicitudes y de los pagos, así como de la información necesaria en caso de enfermedad o invalidez.

Por todo lo expuesto, se considera que la aprobación del presente Convenio y del Acuerdo que lo acompaña son de interés para la República, en particular por atender la protección de los derechos de los trabajadores en un contexto de movimientos migratorios que ha caracterizado a nuestra región en los últimos años.

Sala de la Comisión, 24 de mayo de 2007.

Sergio Abreu, Miembro Informante; Carlos Baráibar, José Bentancor, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini. Senadores.

CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL REINO DE LOS PAISES BAJOS

La República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos,

animados por el deseo de regular sus relaciones en el área de la Seguridad Social

han convenido lo siguiente

TITULO I

DISPOSCIONES GENERALES

Artículo 1

Definiciones

1. Las expresiones y los términos descritos en el siguiente párrafo tienen, en relación con este Convenio, el siguiente significado:

a) "Partes Contratantes" designa la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos;

b) "Territorio" designa respecto del Reino de los Países Bajos, el territorio del Reino en Europa;

c) "Legislación" designa la Constitución, las leyes, los reglamentos y las disposiciones en materia de Seguridad Social indicadas en el artículo 2º de este Convenio;

d) "Autoridad Competente" designa, respecto de la República Oriental del Uruguay, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o una Entidad Delegada y respecto del Reino de los Países Bajos, el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de los Países Bajos;

e) "Entidad Gestora", designa la entidad o el organismo responsable, en cada caso, de la aplicación de la legislación a que alude el artículo 2 del presente Convenio. Con relación al Reino de los Países Bajos respecto a los rubros de la seguridad social mencionados en los subapartados a, b, c y g del párrafo 1 B) del artículo 2; el "Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen" (Instituto de los seguros para trabajadores) y, respecto a los rubros de la seguridad social mencionados en los subapartados d, e y f del párrafo 1 B) del artículo 2: el "Sociale verzekenngsbank" (Banco de los Seguros Sociales); con respecto a la República Oriental del Uruguay, el Banco de Previsión Social o cualquier organización autorizada para llevar a cabo cualquier función que actualmente sea ejercida por las citadas entidades.

f) "Organismo de Enlace", organismo a cargo de la coordinación e información entre las Entidades Gestoras de ambas Partes Contratantes que intervengan en la aplicación de este Convenio y en la información a las partes interesadas sobre derechos y obligaciones derivados del mismo. En Uruguay será el Banco de Previsión Social y en el Reino de los Países Bajos será, respecto a los rubros de la seguridad social mencionados en los subapartados a, b, c y g del párrafo 1 B) del artículo 2 el "Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen" (Instituto de los serguros para trabajadores) o cualquier cuerpo autorizado para llevar a cabo cualquier función que actualmente sea ejercida por la citada entidad, y respecto a los rubros de la seguridad social mencionados en los subapartados d, e y f del párrafo 1B) del artículo 2, el "Sociale Verzekeringsbank" (Banco de los Seguros Sociales) o cualquier organización autorizada para llevar a cabo cualquier función que actualmente sea ejercida por los citados organismos.

g) "Beneficiario" designa la persona que tiene derecho a una prestación.

h) "Período de seguro" o "período de cotización" designa todo período reconocido como tal por la legislación bajo la cual se haya cumplido, así como cualquier período considerado por dicha legislación como equivalente a un período de seguro o de cotización.

i) "Prestación" designa cualquier pago o asignación en dinero o en especie, que esté previsto en la legislación mencionada en el artículo 2 del presente Convenio, incluyendo suplementos, incrementos o actualizaciones en virtud de esta legislación.

2. Los demás términos o expresiones utilizados en este Convenio, tienen el significado que les atribuye la legislación aplicable.

Artículo 2

Ambito de aplicación material

1. El presente Convenio se aplicará:

A) Respecto de Uruguay, a la legislación relativa a las prestaciones contributivas de la Seguridad Social en lo que se refiere a los regímenes de jubilaciones y pensiones basados en el sistema de reparto y de capitalización individual.

B) Respecto de los Países Bajos, a la legislación concerniente a los siguientes rubros de la seguridad social;

a) prestaciones de enfermedad y maternidad;

b) prestaciones de invalidez para trabajadores asalariados;

c) prestaciones de invalidez para trabajadores autónomos;

d) pensiones de vejez;

e) prestaciones de supervivencia;

f) subsidios familiares;

y, a efectos del Título II del Convenio, también se aplicará a la legislación sobre

g) prestaciones de desempleo

2. El presente Convenio se aplicará igualmente a las leyes y reglamentos que en el futuro complementen o modifiquen las señaladas en el párrafo 1.

Artículo 3

Ambito de aplicación personal

El presente Convenio se aplicará a las personas que estén o hayan estado sujetas a la legislación de una o ambas Partes Contratantes, así como a los miembros de su familia y a sus supervivientes siempre que éstos últimos deriven derechos de esas personas.

Artículo 4

Igualdad de trato

Salvo que se disponga otra cosa en este Convenio, las personas mencionadas a continuación, que residan o permanezcan en el territorio de una de las Partes Contratantes, tendrán los mismos derechos y obligaciones bajo la legislación de esa Parte Contratante que sus propios nacionales.

a) nacionales de la otra Parte Contratante

b) refugiados

c) miembros de la familia y supervivientes -independientemente de su nacionalidad- de las personas mencionadas en a) y b) en relación con los derechos que ellos deriven de esas personas.

Artículo 5

Pago de prestaciones

1. Salvo que se estipule de otro modo en este Convenio, cualquier legislación que restringa el pago de una prestación sólo porque el beneficiario o miembro de su familia resida o permanezca fuera del territorio de una u otra Parte Contratante, no se aplicará a los beneficiarios o miembros de su familia que residan o permanezcan en el territorio de la otra Parte Contratante.

2. El párrafo 1 no afectará a la legislación neerlandesa que introduzca restricciones al pago de subsidios familiares con respecto a los hijos que residan o permanezcan fuera del territorio del Reino de los Países Bajos o que excluyan el citado pago.

3. En lo que respecta a los Países Bajos, el apartado primero no será de aplicación a las prestaciones concedidas en virtud de la Ley de Complementos neerlandesa ("Toeslagenwet"), ley de 6 de noviembre de 1986.

TITULO II

DISPOSICIONES SOBRE LA LEGISLACION APLICABLE

Artículo 6

Regla general

1. Las personas a las que se les aplique las disposiciones de esta parte del Convenio, estarán sometidas únicamente a la legislación de una Parte Contratante, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 7 y 8.

2. Un trabajador por cuenta ajena que trabaje en el territorio de una Parte Contratante, estará sujeto a la legislación de esa Parte Contratante, aunque resida en el territorio de la otra Parte Contratante o aunque su empleador o el centro de trabajo de su empleador se encuentren en el territorio de la otra Parte Contratante.

3. Un trabajador por cuenta propia que realice sus actividades en el territorio de una u otra Parte Contratante, estará sujeto a la legislación de esa Parte Contratante, aunque resida en el territorio de la otra Parte Contratante.

4. Una persona que esté sometida a la legislación de los Países Bajos de acuerdo con las disposiciones de esta Parte, será considerada como residente en el territorio de los Países Bajos.

Artículo 7

Disposiciones especiales

1. Una persona que esté empleada en el territorio de una u otra Parte Contratante que haya sido destinada a trabajar para su empleador en el territorio de la otra Parte Contratante, estará sometida únicamente, con respecto a esas actividades, a la legislación de la primera Parte Contratante como si ese trabajo se hubiera realizado en su territorio y, siempre que el desplazamiento no supere los 24 meses y la persona interesada no esté además empleada por otro empleador diferente ubicado en ese territorio.

2. El miembro de la tripulación aérea de una compañía que se dedique al transporte internacional aéreo de pasajeros o de mercancías, que trabaje en el territorio de ambas Partes, estará sometido a la legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio se encuentren las oficinas centrales de la compañía. En caso de que esa persona resida en el territorio de la otra Parte Contratante y la empresa tenga una sucursal o una representación permanente de la citada compañía en el territorio de esa Parte Contratante, estará sometida a la legislación de la última Parte Contratante.

3. El trabajador por cuenta ajena que trabaje a bordo de una embarcación que enarbole la bandera de una Parte Contratante y que sea remunerado por el citado empleo por una compañía o por una persona cuya oficina registrada o centro de trabajo se encuentre en el territorio de la otra Parte Contratante, estará sujeto a la legislación de este último Estado Contratante si reside en el territorio de ese Estado Contratante.

4. Los nacionales de una Parte Contratante que son enviados por el Gobierno de esa Parte Contratante al territorio de la otra Parte Contratante como miembros de una misión diplomática o de una oficina consular, estarán sometidos a la legislación de la primera Parte Contratante.

5. La persona que trabaje en una misión diplomática u oficina consular de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante, estará sometida a la legislación de la última Parte Contratante.

6. Si la misión diplomática o la oficina consular de una de las Partes Contratantes emplea a personas que, conforme al párrafo 5 de este artículo están sometidas a la legislación de la otra Parte Contratante, la misión u oficina cumplirá con las obligaciones que la legislación de esa Parte Contratante impone a los empleadores.

7. Las disposiciones de los párrafos 5 y 6 de este artículo se aplicarán igualmente al personal de servicio que trabaje únicamente para una de las personas mencionadas en el párrafo 4 de este artículo. En ese caso, la persona física que emplee al personal de servicio cumplirá con las obligaciones que impone a los empleadores la legislación de la Parte Contratante donde se realice la actividad laboral.

8. Las disposiciones de los párrafos 4 y 7 de este artículo no se aplicarán a los miembros honorarios de una oficina consular o a las personas que estén al servicio privado de dichas personas.

Artículo 8

Excepciones

Las Autoridades Competentes de ambas Partes Contratantes podrán, de común acuerdo, establecer excepciones para trabajadores dependientes o por cuenta propia.

TITULO III

DISPOSICIONES RELATIVAS AL PAGO DE LAS PENSIONES

CAPITULO 1

TOTALIZACIÓN

Artículo 9

Totalización de períodos de seguro

Cuando la legislación de una Parte Contratante subordine la adquisición, conservación o recuperación del derecho al pago de pensiones al cumplimiento de determinados períodos de seguro, la Entidad Gestora tendrá en cuenta a tal efecto, cuando sea necesario, los períodos de seguro cumplidos en este régimen con arreglo a la legislación de la otra Parte Contratante, como si se tratara de perídos cumplidos con arreglo a su propia legislación, siempre que no sean simultáneos.

CAPITULO 2

DERECHO Y LIQUIDACION DE LAS PENSIONES

Artículo 10

Pago de pensiones por invalidez y supervivencia

El derecho al pago de pensiones por invalidez y su-pervivencia será determinado de acuerdo con la legisla-ción de la Parte Contratante a la que el asegurado o beneficiario se hallare sujeto en el momento de producirse la contigencia.

Artículo 11

Determinación de la incapacidad

1. A fin de determinar el grado de incapacidad laboral del solicitante o beneficiario, las Entidades Gestoras de cualquiera de las Partes Contratantes se valdrán de los informes médicos y los datos administrativos provistos por la Entidad Gestora de la otra Parte Contratante. No obstante, la Entidad Gestora de la primera Parte Contratante podrá solicitar al beneficiario que se someta a un examen médico por un médico elegido por aquélla o un examen médico en su territorio.

2. Los costos de los exámenes serán sufragados por la Entidad Gestora a cuyo pedido se efectúa el examen.

3. El Acuerdo Administrativo determinará la forma en que se efectuará el reembolso de los exámenes adicionales entre cada Parte Contratante.

CAPITULO 3

APLICACION DE LA LEGISLACION DE URUGUAY

Artículo 12

Régimen del pago de pensiones

1. Los trabajadores afiliados a una Administración de Fondos de Ahorro Previsional, en Uruguay, financiarán el pago de sus pensiones con el importe acumulado en sus cuentas de capitalización individuales.

2. Los pagos de pensiones otorgados por un régimen de capitalización, se adicionarán a los pagos de pensiones derivados de un régimen de solidaridad, cuando el trabajador reúna los requisitos establecidos por la legislación vigente, aplicándose en caso de resultar necesario, la totalización de períodos de seguro.

Artículo 13

Determinación del derecho a y liquidación de pensiones

El trabajador que haya estado sucesiva o alternativamente sometido a la legislación de una o ambas Partes Contratantes, tendrá derecho al pago de las pensiones reguladas en este Capítulo de acuerdo con las condiciones siguientes:

1. La Entidad Gestora de una Parte Contratante determinará el derecho y calculará el pago de la pensión, teniendo en cuenta únicamente los períodos de seguro acreditados por dicha Parte Contratante.

2. Asimismo, la Entidad Gestora determinará el derecho al pago de pensión totalizando dentro de sus propios períodos de seguro los períodos cubiertos en la legislación de la otra Parte Contratante. Cuando se haya efectuado la totalización y se tenga derecho al pago de la pensión, para calcular el importe a pagar, se aplicarán las siguientes reglas:

a) El importe del pago de la pensión a que tiene derecho la Parte Contratante interesada será calculado como si todos los períodos de seguro totalizados hubieran sido cubiertos bajo su propia legislación (pensión teórica).

b) El importe del pago de la pensión se establecerá aplicando a la pensión teórica, calculada según su propia legislación, la misma proporción existente entre el período de seguro cubierto en una Parte Contratante y la totalidad de los períodos de seguros cubiertos en ambas Partes Contratantes (pensión prorrata).

3. La persona con derecho a pensión tendrá derecho al importe superior de entre los calculados conforme a lo estipulado en los puntos 1 y 2.

Artículo 14

Suma de períodos de cotización en regímenes especiales o bonificados

1. Si la legislación de una Parte Contratante condiciona el derecho o la concesión de determinadas prestaciones al cumplimiento de períodos de seguro en una actividad sometida a un régimen Especial o Bonificado, en una actividad o empleo determinado, los períodos cumplidos bajo la legislación de la otra Parte Contratante sólo se tendrán en cuenta para la concesión de tales pagos de pensiones o prestaciones, si hubieran sido acreditados al amparo de un régimen de igual naturaleza o, a falta de éste, en la misma actividad o en un trabajo de características similares.

2. Si, teniendo en cuenta los períodos así cumplidos, la persona interesada no satisface las condiciones requeridas para beneficiarse del pago de una pensión de un Régimen Especial o Bonificado, estos períodos serán tenidos en cuenta para la concesión del pago de pensiones del Régimen General o de otro Régimen Especial o Bonificado en el que el interesado pueda acreditar su derecho.

Artículo 15

Actualización del pago de pensiones

Los pagos de las pensiones reconocidas en aplicación de las disposiciones del Título III del presente Convenio, se actualizarán periódicamente en importes idénticos a los pagos de las pensiones reconocidas al amparo de la legislación interna.

Sin embargo, cuando se trate de pagos de pensiones calculadas bajo la fórmula "prorrata temporis" prevista en el párrafo 2 del artículo 13, la actualización se podrá evaluar aplicándose la misma regla de proporcionalidad que se haya aplicado para establecer el importe de la pensión.

CAPITULO 4

APLICACION DE LA LEGISLACION DE LOS PAISES BAJOS

Artículo 16

Prestaciones de vejez, supervivencia e invalidez

1. La Entidad Gestora de los Países Bajos fijará la prestación de vejez basándose directa y exclusivamente en los períodos de seguro cumplidos al amparo de la Ley General Neerlandesa de Pensiones de Vejez.

2. La Entidad Gestora de las Países Bajos determinará la prestación de supervivencia basándose directa y exclusivamente en la Ley General Neerlandesa de Supervivencia.

3. La Entidad Gestora de los Países Bajos determinará la prestación de invalidez basándose directa y exclusivamente en la Ley Neerlandesa de Incapacidad Laboral o en la Ley Neerlandesa de Incapacidad Laboral para trabajadores por cuentra propia.

TITULO IV

DISPOSICIONES DIVERSAS, TRANSITORIAS Y FINALES

CAPITULO 1

DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 17

Protección de datos

1. Cuando, en virtud del presente Convenio, las Autoridades Competentes o las Entidades Gestoras comuniquen datos personales a las Autoridades Competentes o a las Entidades Gestoras, a los organismos competentes de la otra Parte Contratante, esa comunicación estará sometida a la legislación sobre protección de datos de la Parte Contratante que comunica los datos. Cualquier transmisión subsiguientes, así como el almacenamiento, la alteración o la destrucción de datos quedará sometida a las disposiciones de la legislación sobre protección de datos de la Parte Contratante receptora.

2. El uso de datos personales para fines distintos de los de la seguridad social quedará sujeto al consentimiento de la persona afectada o se hará de acuerdo con otras garantías previstas por la legislación nacional.

Artículo 18

Efectos de la presentación de documentos

1. Las solicitudes y recursos que, a efectos de la aplicación de la legislación de una Parte Contratante, deban ser presentados en un plazo determinado por las Entidades Gestoras o Autoridades de esa Parte Contratante, se considerarán como presentados ante ella si se presentan dentro del mismo plazo ante la Entidad Gestora o la autoridad de la otra Parte Contratante.

2. Las solicitudes de pagos de pensiones presentadas en virtud de la legislación de una Parte Contratante, también se considerarán solicitudes para una pensión similar en virtud de la legislación de la otra Parte Contratante.

3. La fecha en que dichas solicitudes y recursos hayan sido presentados ante una Parte Contratante, será considerada como la fecha de presentación ante la otra Parte Contratante.

Artículo 19

Ayuda administrativa

1. Para la aplicación del presente Convenio, las Autoridades Competentes, las Entidades Gestoras y los Organismos de Enlace de ambas Partes podrán solicitarse en cualquier momento, reconocimientos médicos, comprobaciones de hechos y actos de los que pueda derivarse la adquisición, modificación, suspensión, reducción, extinción, supresión o conservación del derecho a pagos de pensiones. Los gastos que puedan ocasionar estos procedimientos serán reintegrados sin demora por la Entidad Gestora que solicitó el reconocimiento o la comprobación, cuando reciba los justificantes detallados de tales gastos.

2. Los Organismos de Enlace de ambas Partes intercambiarán los datos estadísticos relativos a los pagos de pensiones concedidos a los beneficiarios de una Parte Contratante que residan en el territorio de la otra Parte Contratante. Estos datos contendrán el número de beneficiarios y el importe total de los pagos de pensiones satisfechos por año natural.

3. La información contenida en los formularios de solicitud o enlace y otros documentos necesarios así como cualquier otra información que las Autoridades Competentes consideren de interés para la aplicación del presente Convenio, podrá ser intercambiada entre los Organismos de Enlace de cada Parte Contratante, de forma electrónica o por otro medio de información acordado que garantice el acceso limitado y la confidencialidad.

4. Las Partes Contratantes a efectos de la implementación de este Convenio, detallarán los contenidos de la ayuda mutua en un Acuerdo Administrativo.

Artículo 20

Exención de impuestos, derechos y requisitos de legalización

1. Las excenciones correctas de registros, de documentos, de timbre y de tasas consulares y similares previstos en la legislación de cada una de las Partes Contratantes, se extenderán a los certificados y documentos que se expidan por las Entidades Gestoras de la otra Parte Contratante en aplicación del presente Convenio.

2. Todos los actos administrativos y documentos expedidos al aplicar el presente Convenio estarán exentos de los requisitos de legalización y demás formalidades similares cuando vayan a ser presentados a las Entidades Gestoras de la otra Parte Contratante.

Artículo 21

Modalidades y garantías del pago de las pensiones

1. Las Entidades Gestoras de cada una de las Partes Contratantes quedarán liberadas de los pagos que se realicen en aplicación del presente Convenio, cuando éstos se efectúen en la moneda de su país y conforme a la fecha y forma que determine cada Parte Contratante.

2. En el caso de que una de las Partes Contratantes imponga restricciones sobre divisas ambas Partes adoptarán de inmediato las medidas necesarias para garantizar la ejecución de los derechos derivados del presente Convenio.

Artículo 22

Atribuciones de las autoridades competentes

1. Las Autoridades Competentes de las dos Partes Contratantes:

a) Establecerán el Acuerdo Administrativo necesario para la aplicación del presente Convenio.

b) Se comunicarán las medidas adoptadas en el plano interno para la aplicación del presente Convenio.

c) Se notificarán recíprocamente las disposiciones legislativas y reglamentarias que modifiquen las mencionadas en el artículo 2.

d) Se asistirán mutuamente en sus asuntos y se ofrecerán la más amplia cooperación técnica y administrativa posible.

2. A efectos del seguimiento del presente Convenio y del Acuerdo Administrativo, funcionará una Comisión Mixta de Expertos designados por las Autoridades Competentes.

La Comisión Mixta de Expertos se reunirá periódicamente y de forma alternativa en uno y otro país y podrá ser convocada en cualquier momento por las Autoridades Competentes.

Artículo 23

Arreglo de controversias

Las Autoridades Competentes de ambas Partes Contratantes harán todos los esfuerzos razonables para resolver de mutuo acuerdo las diferencias de interpretación o de aplicación del presente Convenio y de su Acuerdo Administrativo.

Artículo 24

Idioma

1. A efectos de la aplicación del presente Convenio, las Autoridades Competentes y las Entidades Gestoras de las Partes Contratantes podrán comunicarse directamente entre sí en el idioma inglés.

2. No se rechazará ningún documento únicamente por haber sido redactado en un idioma oficial de una de las Partes Contratantes.

CAPITULO 2

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 25

Cómputo de períodos anteriores a la vigencia de este Convenio

Los períodos de seguro cumplidos de acuerdo a la legislación de cada una de las Partes Contratantes antes de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio, serán tomados en consideración para determinar el derecho a los pagos de pensiones que se reconozcan conforme al presente Convenio.

Artículo 26

Hechos causantes anteriores a la vigencia de este Convenio

1. La aplicación del presente Convenio, otorgará derechos al pago de pensiones por contingencias acaecidas con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor. Sin embargo, no se efectuará el pago de ninguna pensión por períodos anteriores a la entrada en vigor del Convenio.

2. Los pagos de las pensiones que ya hayan sido realizados por una o ambas Partes o los derechos al pago de pensiones que hayan sido denegadas antes de las entrada en vigor del Convenio, serán revisadas a petición de la persona interesada o de oficio, teniendo en cuenta las presentes disposiciones, sólo si la solicitud de revisión se presenta en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Convenio. El derecho se adquirirá desde la fecha de la solicitud, salvo cuando exista una disposición más favorable en la legislación de esa Parte Contratante. No se revisarán los pagos de pensiones que hayan consistido en una cantidad única.

3. Las normas sobre prescripción y caducidad vigentes en cada una de las Partes Contratantes podrán aplicarse a los derechos previstos en este artículo siempre que las partes interesadas presenten la solicitud dos años después de la fecha de entrada en vigor de este Convenio, salvo que exista una disposición más favorable en la legislación de la Parte Contratante ante la cual se formula la petición. El monto del pago de la pensión resultante de este nuevo cálculo no podrá ser inferior al del pago de la pensión inicial.

CAPITULO 3

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 27

Duración del presente Convenio

1. El presente Convenio tendrá una duración indefinida, salvo denuncia por una de las Partes Contratantes, que surtirá efectos a los seis meses de su notificación a la otra Parte Contratante. El Acuerdo Administrativo, regulará la forma y condiciones en que deberá esta notificación.

2. En caso de finalización del presente Convenio por denuncia o por mutuo acuerdo y, no obstante las disposiciones restrictivas que cada una de las Partes Contratantes pueda prever para los casos de residencia de un beneficiario en otro país del extranjero, las disposiciones del presente Convenio serán aplicables a los derechos adquiridos al amparo de este Convenio.

3. Las Partes Contratantes acordarán las disposiciones que garanticen los derechos en adquisición derivados de los períodos de seguro o equivalentes, cumplidos con anterioridad a la fecha de terminación del presente Convenio.

Artículo 28

Aprobación y entrada en vigor

1. El presente Convenio y el Acuerdo Administrativo serán aprobados de acuerdo con la legislación interna de cada una de las Partes Contratantes y entrarán en vigor el primer día del mes siguiente a aquél en el que haya tenido lugar la última comunicación entre las Partes informándose del cumplimiento de sus respectivos requisitos constitucionales y legales de aprobación, entendiendo que para el Reino de los Países Bajos, el artículo 5 entrará en vigor de forma retroactiva, a partir del 1 de enero de 2003.

2. El Reino de los Países Bajos aplicará el artículo 5 de este Convenio y el Acuerdo Administrativo de forma provisional desde el primer día del segundo mes, a contar desde la fecha en que se firmó el Convenio.

Artículo 29

Aplicación territorial

Respecto al Reino de los Países Bajos, este Convenio y el Acuerdo Administrativo se aplicarán únicamente en el territorio del Reino en Europa.

Artículo 30

Denuncia

Este Convenio podrá denunciarse en cualquier momento por notificación escrita a la otra Parte Contratante. En caso de denuncia, este Convenio seguirá estando en vigor hasta la expiración del año natural siguiente a aquél en que la notificación de la denuncia fue recibida por la otra Parte Contratante.

ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL REINO DE LOS PAISES BAJOS

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22, párrafo 1, subapartado a) del Convenio de Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos, firmado en Montevideo el 11 de octubre de 2005, las Autoridades Competentes;

por la República Oriental del Uruguay, el Banco de Previsión Social y por el Reino de los Países Bajos, el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

Han acordado lo siguiente para la implementación del Convenio:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Definiciones

1. En relación con este Acuerdo Administrativo:

a) "Convenio" significa el Convenio de Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos;

b) "Acuerdo", se refiere al presente Acuerdo Administrativo;

2. Cualquier otro término tendrá el significado asignado al mismo en el artículo 1 del Convenio.

3. Este Acuerdo también se aplicará a la legislación neerlandesa de asistencia social.

Artículo 2

Entidades Gestoras

Las Entidades Gestoras a que refiere el artículo 1, párrafo 1, subapartado e) del Convenio serán:

1. En Uruguay, las Entidades u Organismos de seguridad social, públicos, paraestatales y privados, responsables de aplicar la legislación indicada en el artículo 2, párrafo 1, subapartado A del Convenio.

2. En los Países Bajos:

a. en cuanto a las prestaciones de invalidez: el "Uitvoeringsintituut werknemersverzekeringen" (Instituto de Seguros para Trabajadores).

b. en cuanto a las pensiones de vejez y prestaciones de supervivientes; el "Sociale Verzekeringsbank (Banco de los Seguros Sociales);

c. respecto de la legislación en materia de asistencia social: el organismo designado a tal efecto por la Autoridad Competente de los Países Bajos.

CAPITULO II

APLICACION DEL TITULO II DEL CONVENIO

Artículo 3

Organismos de Enlace

El Organismo de Enlace para la aplicación a los trabajadores traslados temporalmente, en virtud del artículo 7, párrafo 1 y artículo 8 del Convenio es:

a) en relación con el Reino de los Países Bajos: el "Sociale verzekeringsbank" (Banco de Seguros Sociales)

b) en relación con la República Oriental del Uruguay: el "Banco de Previsión Social"

Artículo 4

Trabajadores traslados temporalmente

En el caso de los trabajadores que son enviados al territorio de otro Estado, previsto por el artículo 7, párrafo 1 del Convenio, el Organismo de Enlace de la Parte Contratante en la que está establecido el empleador, expedirá a solicitud del empleador o del empleado, un certificado donde conste que durante su ocupación temporal en el territorio de la otra Parte Contratante, la persona empleada permanecerá sujeta a la legislación de la primera, debiendo remitir copia del citado certificado al Organismo de Enlace de la otra Parte Contratante. El certificado se expedirá conforme al modelo que se haya acordado.

Artículo 5

Prórroga para los trabajadores traslados temporalmente

En caso de prórroga del período de traslado temporal, según lo previsto en el artículo 7, párrafo 1 del Convenio, las solicitudes de prórroga serán asimismo gestionadas ante el Organismo de Enlace de la Parte Contratante en que tiene su sede el empleador que envía al empleado, y deberán ser presentadas con anterioridad al vencimiento del período de trabajo temporal que se hubiere concedido.

En caso contrario, el trabajador quedará automáticamente sujeto, a partir del vencimiento del período original, a la legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio continúa prestando servicios.

El Organismo de Enlace que reciba la solicitud de prórroga comunicará al Organismo de Enlace de la otra Parte Contratante la decisión adoptada por la Autoridad Competente o el cuerpo designado por dicha autoridad.

CAPITULO III

DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS PAGOS DE PENSIONES

Artículo 6

Procesamiento de una solicitud

1. El asegurado que solicite el pago de una pensión con arreglo a las disposiciones del Título III del Convenio, deberá presentar la respectiva solicitud ante la Entidad Gestora de la Parte Contratante donde resida o haya realizado su última actividad, en la que deberá aparecer necesariamente un documento oficial identificatorio del solicitante.

2. El Organismo de Enlace, al recibir la solicitud, enviará sin demora la solicitud al Organismo de Enlace de la otra Parte Contratante, indicando la fecha en la cual se ha recibido la solicitud.

3. Junto con la solicitud, el Organismo de Enlace de la primera Parte Contratante transmitirá los datos disponibles que pudieran ser necesarios para la Entidad Gestora de la otra Parte Contrante a los efectos de establecer el derecho del solicitante al pago de la pensión.

4. Los datos personales contenidos en la solicitud serán certificados por el Organismo de Enlace de la primera Parte Contratante, la transmisión del formulario certificado de esta forma exonerará al Organismo de Enlace de enviar los documentos probatorios. Los Organismos de Enlace acordarán el tipo de información que deberá incluirse en la aplicación de este párrafo.

5. Además de la solicitud y la documentación a que hacen referencia los párrafos 1 y 3 de este artículo, el Organismo de Enlace de la primera Parte Contratante enviará al Organismo de Enlace de la otra Parte Contratante un formulario de correlación indicando, en especial, los períodos cubiertos bajo la legislación de la primera Parte Contratante.

6. Posteriormente, la Entidad Gestora de la otra Parte Contratante determinará el derecho del solicitante y a través de los Organismos de Enlace, se notificará a la Entidad Gestora de la primera Parte Contratante, los pagos de pensiones otorgados al interesado, en caso de existir.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 7

Formularios y Procedimientos

1. Los Organismos de Enlace y las Entidades Gestoras de las Partes Contratantes, acordarán los formularios y los procedimientos detallados necesarios para la aplicación del Convenio, incluidos los formularios necesarios para el reembolso de los costos de exámenes médicos adicionales de conformidad con las disposiciones del Convenio.

2. El Organismo de Enlace o la Entidad Gestora de una Parte Contratante podrá negarse a aceptar una solicitud de pago de una prestación bajo la legislación de la otra Parte Contratante si la solicitud no es presentada en el formulario acordado.

Artículo 8

Identificación

1. A efectos de determinar el derecho a las prestaciones y la legitimidad de los pagos al amparo de la legislación uruguaya o neerlandesa, el beneficiario, el solicitante y los miembros de su familia o de la unidad familiar, compren-didos en el ámbito del Convenio se identificarán debidamente ante las Entidades Gestoras en cuyo territorio residan o permanezcan, presentando una prueba oficial de identidad.

2. Prueba oficial de identidad, se considera un documento emitido por el Organismo de identificación en cuyo territorio resida o permanezca esa persona o el pasaporte de su país de origen.

3. La Entidad Gestora en cuestión deberá informar a la Entidad Gestora de la otra Parte Contratante, que la identidad del beneficiario, el solicitante o el miembro de su familia o de la unidad familiar ha sido declarada o verificada, mediante el envío de una copia certificada del documento identificativo o correspondiente.

4. A los efectos de este artículo "la unidad familiar" no incluye el personal de servicio doméstico.

Artículo 9

Verificación de solicitudes y pagos

1. Para la aplicación de este artículo la "información" deberá, a lo menos, incluir los datos concernientes a identidad, domicilio, unidad familiar, trabajo, educación, ingresos, estados de salud, fallecimiento, detención y cualquier otro dato relevante para la implementación de este Acuerdo, en base a la información proveniente de las entidades públicas o privadas que correspondan.

2. Respecto a la solicitud o la legitimidad del pago de prestaciones, la Entidad Gestora de una Parte Contratante verificará, a pedido de la Entidad Gestora de la otra Parte Contratante, la información acerca del beneficiario, el solicitante o los miembros de su familia o la unidad familiar. Si es necesario, la Entidad Gestora enviará a la Entidad Gestora de la otra Parte Contratante una declaración de la verificación, adjuntando copia de los documentos relevantes.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo, la Entidad Gestora de una Parte Contratante deberá, sin solicitud previa y en la medida de lo posible, informar a la Entidad Gestora de la otra Parte Contratante, acerca de cualquier cambio en la información relativa al beneficiario, el solicitante o el miembro de su familia o de la unidad familiar.

4. Las Entidades Gestoras de las Partes Contratantes o sus representantes, podrán comunicarse directamente entre sí, así como con los beneficiarios, los solicitantes y los miembros de sus familias o unidades familiares.

5. A los fines de implementar el presente Convenio, las agencias brindarán sus buenos oficios y actuarán como si se tratara de la implementación de su propia legislación. La asistencia administrativa provista por las agencias será gratuita. No obstante, las Autoridades Competentes de las Partes Contratantes podrán acordar el reintegro de ciertos gastos.

6. A los efectos de este artículo "la unidad familiar" no incluye el personal de servicio doméstico.

Artículo 10

Verificación de información en caso de enfermedad e invalidez

1. A fin de determinar el grado de incapacidad laboral del solicitante, el beneficiario o el miembro de su familia, las Entidades Gestoras de cualquiera de las Partes Contratantes se valdrán de los informes médicos y los datos administrativos provistos por la Entidad Gestora de la otra Parte Contratante. No obstante, la Entidad Gestora de la primera Parte Contratante podrá solicitar al beneficiario, el solicitante o el miembro de su familia que se someta a un examen médico por un médico elegido por aquélla o un examen médico en su territorio.

2. A pedido de la Entidad Gestora de una Parte Contratante, el examen médico del beneficiario, el solicitante o el miembro de su familia que resida o permanezca en el territorio de la otra Parte Contratante, será realizado por la Entidad Gestora de la última Parte Contratante.

3. El beneficiario, el solicitante, o el miembro de su familia deberá cumplir con los requerimientos indicados en los párrafos 1 y 2 de este artículo, presentándose a los exámenes médicos que se soliciten. Si la persona a la que se ha pedido que se someta a un examen médico considera que, por razones médicas, no está en condiciones de viajar al territorio de la otra Parte Contratante, deberá informarlo a la Entidad Gestora de esa Parte Contratante de inmediato. En tal caso, deberá presentar una constancia expedida por un médico nombrado a ese fin por la Entidad Gestora en cuyo territorio resida o permanezca. Dicha constancia deberá incluir las razones médicas de su imposibilidad pa-ra viajar así como la duración estimada de dicha circunstancia.

4. Los costos de los exámenes a que refiere el presente artículo y, según sea el caso, los gastos de viaje y estadía, serán sufragados por la Entidad Gestora a cuyo pedido se efectúa el examen.

Artículo 11

Intercambio de Estadísticas

Las Entidades Gestoras de las Partes Contratantes intercambiarán estadísticas relativas a los pagos que cada Parte Contratante ha realizado bajo este Convenio, sobre una base anual. Estas estadísticas incluirán datos sobre el número de beneficiarios y el monto total de pagos de pensiones, por clase de prestación.

Artículo 12

Entrada en vigencia

Este Acuerdo Administrativo comenzará a regir en la fecha de entrada en vigencia del Convenio, y tendrá el mismo período de duración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

El señor Senador Abreu, que era el Miembro Informante, no se encuentra presente. De todos modos, la Mesa comunica que hay un informe escrito recomendando la aprobación de este Convenio.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Apruébase el Convenio de Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos y el Acuerdo Administrativo para la Implementación del Convenio de Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos, suscrito en la ciudad de Montevideo, el día 11 de octubre de 2005".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

21) "ISLAS BALEARES"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se designa ‘Islas Baleares’ la Escuela Nº 317 del departamento de Montevideo, jurisdicción Este, dependiente del Consejo Nacional de Educación Prima-

ria, Administración Nacional de Educación Pública. (Carp. Nº 802/07 - Rep. Nº 466/07)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 802/07

Rep. Nº 466/07

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cultura

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO DE LA COMISION

Artículo Unico.- Desígnase "Islas Baleares" la Escuela Nº 317, departamento de Montevideo, Jurisdicción Este, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Sala de la Comisión, a 16 de mayo de 2007.

Gustavo Penadés, Miembro Informante; Alberto Breccia, Alberto Cid, Eduardo Lorier, Margarita Percovich. Senadores.

Ministerio de

Educación y Cultura

Montevideo, 12 de abril de 2007.

Sr. Presidente de la

Asamblea General.

Don Rodolfo Nin Novoa.

Mensaje Nº 04/07

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo con el fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley que se acompaña, por el cual se designa la Escuela Nº 317, del departamento de Montevideo, Jurisdicción Este, con el nombre de "Islas Baleares".

La propuesta efectuada por la Comisión Directiva del Centro Balear del Uruguay, cuenta con el apoyo de la Dirección, Comisión Fomento y personal docente del centro escolar, y con el informe favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente, y por su intermedio al resto de los integrantes de ese Alto Cuerpo, con mi mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Jorge Brovetto.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Desígnase la Escuela Nº 317, del departamento de Montevideo, Jurisdicción Este, con el nombre de "Islas Baleares".

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, archívese.

Jorge Brovetto.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cultura

ACTA Nº 45

En Montevideo, el día dieciséis de mayo del año dos mil siete, a la hora catorce y diez minutos se reúne la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores.

Asisten la señora Senadora Margarita Percovich y los señores Senadores Alberto Breccia, Alberto Cid, Eduardo Lorier y Gustavo Penadés.

Faltan con aviso los señores Senadores Pablo Iturralde y Julio María Sanguinetti, quienes remiten nota justificando su inasistencia.

Preside el señor Senador Gustavo Penadés, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría el señor Secretario Alberto Martínez Payssé, con la colaboración de la funcionaria Susana Rodríguez.

ORDEN DEL DIA.

ASUNTOS ENTRADOS. Por Secretaría se da cuenta de los siguientes:

- CARPETA Nº 753/2007. EJERCICIO DE LA PROFESION DE PSICOLOGO. Modificación del artículo 3º de la Ley Nº 17.154, de 17 de agosto de 1999. Proyecto de ley apro-bado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1511/2007.

- CARPETA Nº 759/2007. "GLADIS NOTAROBERTO DE FLORES". Se designa el Jardín de Infantes Nº 246 del departamento de Montevideo. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores Senadores Percovich, Gallinal y Sanguinetti. Distribuido Nº 1510/2007.

- CARPETA Nº 760/2007. "MAESTRO TECNICO SERGIO GONZALEZ OLAIZOLA". Se designa la Escuela Técnica de Bella Unión, departamento de Artigas. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1509/2007.

- CARPETA Nº 770/2007. "BIENESTAR ANIMAL". Se establecen normas y se crea una Comisión Nacional Honoraria. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores Senadores Isaac Alfie, Juan Justo Amaro y Julio María Sanguinetti. Distribuido Nº 1562/2007.

- CARPETA Nº 785/2007. "MAESTRO ALVARO BUSTOS SPINELLI". Se designa la Escuela Técnica de la ciudad de Rosario, departamento de Colonia. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

- CARPETA Nº 787/2007. "DOCTOR BALTASAR BRUM". Se designa el Liceo Nº 13 del departamento de Montevideo. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

- CARPETA Nº 788/2007. "ESPAÑA". Se designa la Escuela Nº 95, de la ciudad capital del departamento de Maldonado, dependiente del Consejo de Educación Primaria. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

- CARPETA Nº 789/2007. "CAPITAN MANUEL ANTONIO ARTIGAS". Se designa la Escuela Nº 95, Especial para Discapacitados Intelectuales, del departamento de San José. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

-CARPETA Nº 790/2007. "ISLAS DE LAS PALOMAS". Se designa el Liceo Rural de La Paloma, departamento de Durazno. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

- CARPETA Nº 795/2007. "MAESTRO ROSALIO A. PEREIRA". Se designa la Escuela Nº 52, de la ciudad de La Paloma, del departamento de Rocha. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

- CARPETA Nº 797/2007. SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS. Creación. Proyecto de ley con exposición de motivos de las señoras Senadoras Percovich, Castro, Dalmás, Topolansky y Xavier y los señores Senadores Korzeniak, Breccia, Saravia, Vaillant, Baráibar, Bentancor, Cid, Couriel, Oliver, Lorier y Fernández Huidobro.

- CARPETA Nº 802/2007. "ISLAS BALEARES". Se designa la Escuela Nº 317 del departamento de Montevideo, jurisdicción Este. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1627/2007.

- CARPETA Nº 803/2007. "PROF. JULIO FERNANDEZ". Se designa el Jardín de Infantes Nº 88 del departamento de Treinta y Tres. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1628/2007.

- CARPETA Nº 805/2007. "MAESTRO JULIO MACEDO". Se designa el Instituto de Formación Docente del departamento de Treinta y Tres. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1629/2007.

- CARPETA Nº 806/2007. "REINO DE ESPAÑA". Se designa la Escuela Nº 83 de la ciudad de San José de Mayo, departamento de San José. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor Senador Carlos Daniel Camy. Nº 1630/2007.

- Nota remitida por la Asociación Nacional de Protección Animal (ANPA) solicitando audiencia en relación con los proyectos presentados por los señores Senadores Alber-to Cid y Gustavo Penadés (Protección y/o Bienestar Animal).

- Nota remitida por la Junta Departamental de Rivera adjuntando el planteamiento efectuado por el señor Edil Javier Utermark, relacionado con el proyecto de ley presentado al Parlamento sobre Descentralización y Creación de la Universidad Pública en el Interior del País, el mismo cuenta con el apoyo de los Ediles presentes en la sesión ordinaria de fecha 25 de abril de 2007.

- Nota remitida por el señor Presidente de la Cámara de Senadores adjuntando versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante Nacional Pablo Alvarez López, referidas a la posibilidad de que las personas privadas de libertad acceden a la educación universitaria.

- Fax remitido por la Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de Educación Primaria solicitando audiencia en relación con la Rendición de Cuentas.

- Memorándum adjuntando proyecto remitido por los profesores de Educación Física y Entrenadores Deportivos egresados de ISEF.

- Nota solicitando audiencia remitida por la Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI) en relación con la Ley del Artista.

- E-mail remitido por la señora Rosario Beisso comunicando el trámite de los expedientes enviados por esta Comisión a fin de obtener la autorización para las designaciones.

- Nota remitida por los señores Helene M. Sarli y Rafael Garat relacionada con un caso de Discriminación por Salud Mental.

- Nota remitida por el Señor Presidente del Senado adjuntando proyecto de resolución y complementario presentado por el Edil Pablo Chalar de la Junta Departamental de Treinta y Tres proponiendo la instrumentación de la enseñanza del lenguaje de señas como materia curricular en las escuelas públicas.

- Nota remitida por el señor Presidente del Senado adjuntando versión taquigráfica con las palabras pronunciadas por el señor Senador Lapaz Correa, relacionadas con la conmemoración del Grito de Asencio.

- Nota invitación a los integrantes de la Comisión para el homenaje conmemoratorio del aniversario del natalicio de José P. Varela, remitida por el señor Director de Protocolo y Relaciones Públicas del Poder Legislativo.

- Nota invitación para el Seminario sobre "Tenencia responsable de mascotas".

- Nota solicitando audiencia remitida por la Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura, Coordinadora de Sindicatos del MEC, a fin de poner en conocimiento de la Comisión la situación en que se encuentra el Ministerio de Educación y Cultura.

- Nota remitida por la Junta Departamental de Cerro Largo, adjuntando palabras del Edil William Bordachar relacionadas con el reciente fallecimiento del cantautor Eduardo Darnauchans.

- El Grupo de Viaje 2007 de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración remiten dos ejemplares de la publicación "Nuestro país, Nuestra Universidad, Nuestra Facultad". (Se encuentran en poder de la Secretaría de la Comisión).

- Informe final de la Comisión Organizadora del Debate Educativo (CODE). (Un ejemplar en poder de la Secretaría de la Comisión).

ASUNTOS TRATADOS.

Por Secretaría se informa que las Carpetas Nos. 760, 789, 790, 802 y 803/2007, cuentan con la aprobación de la ANEP. En consideración.

- CARPETA Nº 760/2007. "MAESTRO TECNICO SERGIO GONZALEZ OLAIZOLA". Se designa la Escuela Técnica de Bella Unión, departamento de Artigas. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1509/2007.

Se vota el proyecto de ley sustitutivo: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Alberto Cid, quien lo hará en forma verbal.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO.

Artículo Unico.- Desígnase "Maestro Técnico Sergio González Olaizola" la Escuela Técnica de Bella Unión, departamento de Artigas, Administración Nacional de Educación Pública.

- Carpeta Nº 789/2007. "Capitán Manuel Antonio Artigas". Se designa la Escuela Nº 95, Especial para Discapacitados Intelectuales, del departamento de San José. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

Se vota: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Gustavo Penadés, quien lo hará en forma verbal.

- Carpeta Nº 790/2007. "Isla de las Palomas". Se designa el Liceo Rural de La Paloma, departamento de Durazno. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

Se vota: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Gustavo Penadés, quien lo hará en forma verbal.

- Carpeta Nº 802/2007. "ISLAS BALEARES". Se designa la Escuela Nº 317 del departamento de Montevideo, Jurisdicción Este. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1627/2007.

Se vota proyecto de ley sustitutivo: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Gustavo Penadés, quien lo hará en forma verbal.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO.

Artículo Unico.- Desígnase "Islas Baleares" la Escuela Nº 317, departamento de Montevideo, Jurisdicción Este, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- Carpeta Nº 803/2007. "PROF. JULIO FERNANDEZ". Se designa el Jardín de Infantes Nº 88 del departamento de Treinta y Tres. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1628/2007.

Se vota el proyecto de ley sustitutivo: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Alberto Cid, quien lo hará en forma verbal.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO.

Artículo Unico.- Desígnase "Prof. Julio Fernández" el Jardín de Infantes Nº 88, departamento de Treinta y Tres, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

RESOLUCIONES.

REGIMEN DE TRABAJO.

La Comisión resuelve sesionar los días miércoles a la hora 14 y 30.

Conceder las audiencias solicitadas: Como primer punto del Orden del Día de la próxima sesión, la Federación Uruguaya de Magisterio; como segundo punto a la Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI); y como tercer punto a la Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura, Coordinadora de Sindicados del MEC. Se les concederá 20 minutos a cada delegación.

Acto seguido, la Comisión acuerda invitar a la Directora General del Archivo General de la Nación para la sesión a realizarse el miércoles 30, a fin de escuchar su opinión sobre la Carpeta Nº 797/2007. SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS y como segundo punto continuar con la consideración de la Carpeta Nº 541/2007. ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

De lo actuado se procede a la toma de versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1664/2007, que forma parte integrante de la presente Acta.

A la hora catorce y cuarenta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Gustavo Penadés Presidente

Alberto Martínez Payssé Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: este proyecto, que establece la designación de la Escuela Nº 317 con el nombre "Islas Baleares", viene informado por el Poder Ejecutivo, y la Comisión de Educación y Cultura ha entendido oportuno proceder a su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Desígnase ‘Islas Baleares’ la Escuela Nº 317, departamento de Montevideo, Jurisdicción Este, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

22) NUMERALES OCTAVO, NOVENO, DUODECIMO, DECIMOCUARTO, DECIMOSEXTO DEL ORDEN DEL DIA. SU POSTERGACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde pasar a considerar el asunto que figura en octavo término del Orden del Día.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: estaría solicitando al Cuerpo postergar la consideración de este proyecto de designación porque, dada la importancia que tiene el profesor Julio Fernández, me gustaría realizar una exposición un poco más detallada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción del señor Senador Cid.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde pasar a considerar el asunto que figura en noveno término del Orden del Día.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra para una consulta.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: quisiera consultar si la sesión del Senado del día de mañana es ordinaria o extraordinaria.

SEÑOR PRESIDENTE.- Es extraordinaria, señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Entonces, como el señor Senador Romero, que en estos momentos no se encuentra en Sala, estaba muy interesado en informar este proyecto, propongo que se postergue el asunto y se considere la semana que viene.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor Senador Penadés.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

23) EDUARDO VICTOR HAEDO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en décimo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se designa ‘Eduardo Víctor Haedo’, el Liceo Nº 4 de la ciudad de Maldonado, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública. (Carp. Nº 529/06 - Rep. 481/07)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 529/06

Rep. Nº 481/07

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase con el nombre de "Eduardo Víctor Haedo" el Liceo Nº 4 de la ciudad de Maldonado, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 17 de mayo de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Comisión de

Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura aconseja al Cuerpo aprobar el proyecto de ley, por el cual se designa "Eduardo Víctor Haedo" el Liceo Nº 4 de la ciudad de Maldonadoe

Eduardo Víctor Haedo nace en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano, el 28 de julio de 1901.

Realiza sus estudios primarios en la escuela pública y luego en el Colegio San Miguel de los Padres Salesianos. Sus estudios secundarios fueron cursados en la misma ciudad, para luego realizar estudios terciarios en la Universidad de la República.

Desde su temprana juventud ejerce el periodismo, colaborando asiduamente en varios de los más importantes diarios locales. En Montevideo, escribe en "La Mañana", en "La Democracia" y, posteriormente, realiza relatos políticos y de asuntos internacionales en "El Debate", órgano del Partido Nacional (desde 1931).

Se dedica entonces al periodismo y a la enseñanza trabajando también como administrativo en la Dirección General de Impuestos Directos, interrumpiendo sus estudios.

Realiza diferentes críticas literarias y filosóficas que comienzan a darle nombradía intelectual.

Vinculado extensamente a los deportes integra el Consejo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, siendo uno de los más eficaces colaboradores de la construcción del gran estadio y del campeonato del mundo realizado en 1930, en Montevideo.

En 1931 fue electo Diputado Nacional por el departamento de Soriano, hasta 1933, pasando entonces a integrar la Asamblea Deliberante constituida ese año con funciones legislativas. En ese momento es electo Constituyente por el mismo departamento, respondiendo a las inspiraciones del doctor Herrera.

En el Parlamento integra las Comisiones de Asuntos Internacionales, de Presupuesto, de Instrucción Pública y de Hacienda.

Realiza varias publicaciones: "El Partido Nacional frente a la Situación"; "La caída de un régimen", dividido en dos tomos: el primero relacionado con la "Crisis del Partido Nacional" y el segundo con la "Revolución del 31 de marzo"; "Los cursos interamericanos de vacaciones"; "La ley de derechos de autor"; "La creación de la Facultad de Humanidades y Ciencias"; "La defensa de la soberanía"; "El Uruguay y la Ley de Holding", "Las relaciones diplomáticas con España"; "Artigas y San Martín"; "El Uruguay y los empréstitos extranjeros"; "Reconocimiento del Gobierno de Bolivia" y "El Río Uruguay".

Ostenta los cargos de Ministro de Instrucción Pública y Previsión Social y Ministro Interino de Industrias y Trabajo.

Fue el creador de la "Revista Nacional" de la Facultad de Humanidades y Ciencias, del Salón de Bellas Artes, de la Ley de Derechos de Autor, de los cursos de vacaciones y de las escuelas auxiliares.

Desde 1938 integra el Senado de la República, siendo reelecto como Senador en cuatro períodos consecutivos hasta 1966.

Dicta conferencias en Londres, Berlín, Madrid, París, Bruselas, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil.

Fue un experto en Asuntos Internacionales, particularmente en lo referente al continente americano.

Se le consideró el intérprete más autorizado de los ideales políticos del doctor Luis Alberto de Herrera.

Obtuvo el título de "Doctor ad-honoris causa" de la Universidad de San Marco, Lima (Perú). Condecorado con las insignias de las Ordenes: "Cruceiro do Sul", "Gran Cruz de Isabel la Católica", de España; "Gran Oficial al Mérito", de Italia y "Gran Cruz" de Bolivia y de Paraguay.

El 1º de marzo de 1959, ingresa al Consejo Nacional de Gobierno, en su carácter de tercer titular de la lista triunfante en los comicios realizados el 30 de noviembre de 1958.

Este hombre ilustre fallece el 15 de noviembre de 1970.

Sala de la Comisión, 7 de diciembre de 2005.

Juan José Bruno, Miembro Informante; Pablo Alvarez López, Roque Aregui, Sandra Etcheverry, Nora Gauthier, Tabaré Hackenbruch Legnani, José Carlos Mahía.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cultura

ACTA Nº 47

En Montevideo, el día seis de junio del año dos mil siete, a la hora catorce y cuarenta minutos se reúne la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores.

Asisten la señora Senadora Margarita Percovich y los señores Senadores Washington Abdala, Alberto Cid, Ruperto Long y Gustavo Penadés.

Faltan con aviso los señores Senadores Alberto Breccia y Eduardo Lorier, quienes remiten nota justificando su inasistencia.

Concurre por haber sido invitada especialmente la Directora General del Archivo General de la Nación, Profesora Alicia Casas de Barrán.

Preside el señor Senador Gustavo Penadés, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría la señora Secretaria Josefina Reissig Flores, con la colaboración de la funcionaria Susana Rodríguez.

ORDEN DEL DIA.

ASUNTOS ENTRADOS. Por Secretaría se da cuenta de los siguientes.

- Reiteración de la solicitud de audiencia remitida el 6 de marzo del corriente año por varios señores Fiscales Letrados a fin de plantear problemas que los afectan.

- Solicitud de audiencia remitida por el Dr. Alberto Quintela en relación con la Carpeta Nº 753/2007. EJERCICIO DE LA PROFESION DE PSICOLOGO.

- Nota remitida por el Arq. Ellen Cardozo en representación de la Comisión de Patrimonio de La Paloma (Rocha) solicitando se designe la Escuela Nº 52 de La Paloma con el nombre "Doña María Escardó", que fue su primera Directora.

ASUNTOS TRATADOS.

Por Secretaría se informa que las Carpetas Nos. 501/2006, "General Aparicio Saravia"; 529/2006, "Eduardo Víctor Haedo"; 606/2006, "Protector de los Pueblos Libres" y 646/2006, "Maestro Ruben Lena" cuentan con la aprobación de la ANEP. En consideración.

Se vota: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designan Miembros Informantes a los señores Senadores Penadés (Carp. 501 y 529/2006), Percovich (Carp. 606/2006) y Cid (Carp. 646/2007), quienes lo harán en forma verbal.

A continuación el señor Presidente le da la bienvenida a la señora Directora del Archivo General de la Nación y le concede el uso de la palabra.

Intervienen varios señores Senadores. Siendo la hora quince y diez minutos se retira de Sala la señora Directora General del Archivo General de la Nación.

RESOLUCIONES.

REGIMEN DE TRABAJO.

La Comisión resuelve conceder la audiencia solicitada a los señores Fiscales Letrados el próximo miércoles trece a la hora 14 y 30, como primer punto del Orden del Día; y como segundo punto continuar con la consideración de la Carpeta Nº 797/2007. SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS.

Asimismo se resuelve conceder la audiencia solicitada por el Dr. Alberto Quintela una vez la Comisión comience con la consideración de la Carpeta Nº 753/2007, Ejercicio de la Profesión de Psicólogo, así como las otras audiencias pendientes relacionadas a este tema.

De lo actuado se procede a la toma de versión taquigráfica, cuyas copias dactilografiadas lucen en los Distribuidos Nº 1702 y 1705/2007, que forman parte integrante de la presente Acta.

A la hora quince y quince minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Gustavo Penadés Presidente

Josefina Reissig Flores Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: mediante este proyecto, se designa el Liceo Nº 4 de la ciudad de Maldonado con el nombre "Eduardo Víctor Haedo". Hablar de don Eduardo Víctor Haedo es hablar de una de las partes más ricas de la vida democrática del Uruguay y, por qué no decirlo, de la vida de nuestro Partido, el Partido Nacional.

Don Eduardo Víctor Haedo, oriundo de la ciudad de Mercedes, de un origen muy humilde, llegó a ostentar las responsabilidades más altas de nuestro país. Estamos hablando de un hombre cuya personalidad la podríamos reconocer en la figura de un "cicerone" italiano del Renacimiento; de un hombre que de todo sabía: arte, política, cultura. Un hombre que enterado de que tenía que dar una conferencia en la Universidad de Salamanca en su viaje hacia España, la dio de tal altura que inmediatamente se lo designó Doctor Honoris Causa de dicha Casa de Estudios.

Fue Ministro de Instrucción Pública y a él se le debe la Ley de Derechos de Autor. Fue Senador y, como tal, un parlamentario de fuste. Puede decirse que hasta el día de hoy suena en las paredes de este Senado la interpelación llevada adelante contra el entonces Ministro de Relaciones Exteriores oponiéndose a la instalación de bases norteamericanas en la Laguna del Sauce, departamento de Maldonado.

Un hombre que se puede insertar en la expresión de un tiempo, del tiempo del Senado de tarde, del café del Tupí Nambá, donde sus magistrales conferencias lograron enseñar y educar a varias generaciones de orientales.

Un hombre que llegó a ser Presidente del Consejo Nacional de Gobierno al haber integrado el primer Colegiado blanco que en 1958 ganara las elecciones.

Un hombre que podía caminar por su Mercedes natal del brazo de don Arturo Frondizi, ambos en calidad de Presidentes: uno del Uruguay y otro de la Argentina. Para él eso tenía, nada más ni nada menos, que la importancia de haber sido hijo de una lavandera del departamento de Soriano, de la ciudad de Mercedes.

La anécdota ha tapado la figura de Haedo y todos tienen una para contar. Algunas buenas y otras no tanto, las que calculo no están inscriptas en la realidad.

También podemos decir que fue un escritor espectacular. Entre los varios que escribió puedo resaltar uno que es un placer leer llamado "Herrera, caudillo oriental", donde personifica e ilustra su relación de más de cuarenta años con don Luis Alberto de Herrera. Muchos dicen que varias de las cosas que allí se dicen las inventó, pero son de una magistralidad tal y es tan espectacular la forma como las relata que vale la pena que sean ciertas.

A su vez, don Eduardo Víctor Haedo terminó pintando y lo hizo bien.

Por tanto, que en Maldonado y al lado de su casa, el Liceo lleve su nombre, es un acto de justicia. Tengamos presente que en "La Azotea" se reunía con personalidades tales como el "Che" Guevara. Además, Haedo fue quien se propuso, con aquel gran empresario de Maldonado, el señor Litman, llevar adelante los encuentros de cine del Cantegril Country Club. Hizo que Punta del Este fuera conocida por la primera reunión de aquella idea que fue la Alianza para el Progreso y que se contara con la presencia -también por primera vez- de un Presidente de los Estados Unidos, entre tantos otros de Latinoamérica. Todo esto hace de esta figura, un personaje entrañable desde todo punto de vista.

Por haber sido un hombre combatiente y combativo en sus ideas y por haber sido un gran oriental, creo que el Parlamento Nacional y las autoridades de la educación, que han dado su beneplácito para que este liceo lleve su nombre, están haciendo un acto de justicia. Estoy seguro de que en estos minutos, todos, en nuestro íntimo fuero, hemos recordado alguna anécdota de don Eduardo Víctor Haedo y su descollante personalidad al servicio de nuestro país.

Por todas estas razones, la Comisión de Educación y Cultura recomienda la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo unico.- Desígnase con el nombre de ‘Eduardo Víctor Haedo’ el Liceo Nº 4 de la ciudad de Maldonado, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

24) PROTECTOR DE LOS PUEBLOS LIBRES

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en undécimo lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se designa ‘Protector de los Pueblos Libres’, el Liceo de Chapicuy, del departamento de Paysandú, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública (Carp. Nº 606/06 - Rep. Nº 482/07)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 606/06

Rep. Nº 482/07

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase con el nombre de "Protector de los Pueblos Libres" el Liceo de Chapicuy, en el departamento de Paysandú, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 22 de agosto de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Comisión de

Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura aconseja al Cuerpo aprobar el proyecto de ley por el cual se designa "Protector de los Pueblos Libres", al Liceo de Chapicuy, departamento de Paysandú.

Chapicuy está ubicada en el kilómetro 463, de la Ruta Nacional Nº 3 "General José Gervasio Artigas", zona de producción agrícola-ganadera y citrícola, ocupando mano de obra en un centro poblado de alrededor de mil habitantes, que se ha ido incrementando en los últimos diez años junto con la creación de dos grupos de MEVIR, compuestos por cincuenta y cuatro viviendas cada uno.

Chapicuy fue creada por el Banco Hipotecario del Uruguay en el año 1944, con emigrantes de diferentes regiones europeas, de origen alemán, ruso, polaco, italiano, argentino y de otros departamentos y localidades de nuestro país: Tacuarembó, Soriano y Colonia Concordia.

Este suelo fue en principio el corazón de la patria, "Tiemblen los tiranos al paso majestuoso de los pueblos libres" aclamaba el Jefe de los Orientales, quien gobernó por el sistema federal los destinos de los Pueblos Libres de su Protectorado, desde Purificación del Hervidero.

A pocos kilómetros se erige el busto al General José Artigas, en lo que se conoce como la Meseta de Artigas y donde anualmente, desde hace diez años, se realiza el denominado "Encuentro con el Patriarca", coincidiendo en el mes de setiembre con el aniversario de la muerte del Prócer, donde escolares, liceales, sociedades nativistas, público y, fundamentalmente, fuerzas vivas de Chapicuy realizan su homenaje con actividades de carácter nativista.

Los estudiantes del Liceo de Chapicuy difunden esta actividad teniendo un rol preponderante.

En este mismo lugar fueron esparcidas las cenizas del General Líber Seregni, colocándose una placa recordatoria al fundador del Frente Amplio.

Por lo expuesto, solicitamos al plenario la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 5 de octubre de 2005.

Juan José Bruno, Miembro Informante; Roque Arregui, Pablo Alvarez López, Nora Gauthier, José Carlos Mahía."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: este proyecto de ley también refiere a la designación de un liceo, en este caso del pueblito de Chapicuy, que está asentado en esas tierras tan ilustres y tan históricas por donde pasó el Exodo de la Banda Oriental y donde nuestro Prócer, el creador de nuestra nacionalidad, pensó, negoció y organizó el sistema del Protectorado de los Pueblos Libres. Este pueblito, que tiene dos grupos de MEVIR, fue creado a mediados del siglo pasado por el Banco Hipotecario. Su comunidad, que es muy pujante, seguramente recogiendo toda la historia de la zona, ha propuesto la designación de este Liceo -a pesar de que Chapicuy tiene una población muy reducida, vive allí mucha gente joven y, por lo tanto, se ofrece todo el servicio educativo- con el precioso nombre de "Protector de los Pueblos Libres".

Por supuesto que hemos acompañado esta iniciativa, que ya fue votada por la Cámara de Representantes, y estamos proponiendo que el Senado, a su vez, le dé su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Desígnase con el nombre de ‘Protector de los Pueblos Libres’ el Liceo de Chapicuy, en el departamento de Paysandú, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública)".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

25) NUMERALES OCTAVO, NOVENO, DUODECIMO, DECIMOCUARTO Y DECIMOSEXTO DEL ORDEN DEL DIA. SU POSTERGACION

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: observo que faltan siete minutos para la hora de finalización de la sesión y que el siguiente punto del Orden del Día refiere a un proyecto de ley por el que se designa una escuela con el nombre de "Maestro Ruben Lena", cuyo Miembro Informante es el señor Senador Cid. Teniendo en cuenta la trascendencia que seguramente le quiere dar al tema, voy a proponer que se levante la sesión y que este asunto se incluya como primer punto del Orden del Día de la sesión del próximo martes.

SEÑOR CID.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- En el mismo sentido que el señor Senador Penadés, formulo moción en el sentido de que se postergue el tratamiento de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 16 en 17. Afirmativa.

26) "ISLA DE LAS PALOMAS"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en decimotercer lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se designa ‘Isla de las Palomas’, el Liceo Rural de La Paloma, departamento de Durazno, dependiente del Consejo Nacional de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública (Carp. Nº 790/07 - Rep. Nº 465/07)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 790/07

Rep. Nº 465/07

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Isla de las Palomas", el Liceo Rural de La Paloma, departamento de Durazno, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 10 de abril de 2007.

Enrique Pintado Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Comisión de

Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley, mediante el cual se designa "Isla de las Palomas" al Liceo Rural de La Paloma, departamento de Durazno.

"De Humilde Origen y Honesto Proceder" nace el pueblo de "La Paloma", que debe su nombre a la cantidad de esas aves que albergan sus montes. Sus orígenes, como núcleo de población, deben ubicarse dentro del proceso de modernización rural a mediados de la década de 1870, donde su fundación podría situarse alrededor del año 1884, cuando el Teniente Coronel Parallada, dueño del paraje "La Paloma", comienza a vender pequeñas fracciones de terrenos.

Situada en la 7ª Sección del departamento de Durazno, sobre Ruta Nº 42, al noroeste del departamento, y a trescientos kilómetros de Montevideo por la Ruta Nacional Nº 6 "Joaquín Suárez" y a ciento setenta kilómetros de la capital departamental.

Su población actual es de mil trescientos setenta y tres habitantes, zona preferentemente ganadera, con emprendimientos citrícolas por la aptitud de sus suelos. Si ahondamos un poco en la historia de este pueblo, si nos atenemos a los documentos, la zona en la que hoy está asentado se denominó tadicionalmente "Isla de la Paloma", lugar al que se refieren varios testigos como sitio donde estarían los restos de los primeros estancieros. Así se llamaba uno de los tres cementerios que había en la zona.

Este lugar tiene un importante desarrollo forestal, sus principales atractivos turísticos naturales son formaciones geológicas que dan lugar a "La llorona", una gruta permanentemente húmeda, muy fresca en el verano, con abundante vegetación de helechos y culandrillos. Al entrar a su entorno la vegetación nos transporta a paraísos tropicales, en el frente de la gruta, hacia la base, se ven distintos médanos de arena media a fina.

Existe otra vertiente de agua, es el sitio denominado "El Chorro", con caudal escaso pero constante. También está "El Perao", curioso afloramiento de piedras, arenisca y conglomerados con estructura de canal, la segmentación de las rocas sedimentarias y la erosión meteórica ha generado formas abruptas y pequeñas cuevas.

La cuchilla sobre la que está la "isla" se le denomina "Chuchilla de las Palomas", todas las tardes las mujeres de La Paloma solían ir a lavar la ropa a la gruta, por lo que ésta se convirtió en el punto obligado de reunión y en el centro de información de todo lo sucedido y por suceder.

Las mujeres iban con sus hijos, quienes aprovechaban la oportunidad para jugar en el espeso follaje de la isla, en la parte baja de la misma corre una cañada que tiene origen en el "chorro" y la "gruta".

Muchos de los habitantes de la zona fueron indígenas, otro tanto de origen brasilero, los cuales, según declaraciones de la época, escapaban de una guerra. Aún hoy hay vecinos con acento "abrasilerado" y se mantienen palabras en el uso diario con ese origen.

La Paloma siempre estuvo ligada de alguna manera a las revoluciones, en el año 1897, Benito Lamas acampó al este del pueblo, sobre una cañada, en un lugar hoy descampado, pero en aquel momento era una gran "isla". Luego del año 1904, se instaló otro regimiento pero en este caso en el pueblo mismo, procedente de Montevideo.

Desde la época en que surgió el poblado fue progresando poco a poco, pero podemos decir que a partir de 1920 es cuando ese progreso se comienza a notar más, sin embargo, si tuviéramos que elegir un período de mayor esplendor sería el que va desde 1949 hasta 1963.

En el año 1984, por Ley Nº 15.542, de 3 de mayo de 1984, se eleva a la categoría de pueblo la localidad con el nombre de "La Paloma", también se consiguió que la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) denominara "Isla de la Paloma" a la estación que se conocía como kilómetro doscientos noventa y seis.

En setiembre del mismo año se consigue que un conocido artista duraznense realizara un proyecto, con ideas aportadas por los vecinos del lugar, de lo que sería el escudo oficial del pueblo.

El escudo en sí ha sido dividido en tres campos, uno de ellos contiene una visión estilizada de la "Isla de la Paloma", esa isla está compuesta por flora autóctona y entre ellas se han mezclado citrus, como naranjas y limones, que si bien no existen en la realidad significan la riqueza del futuro del pueblo. Sobre la isla se ven volar las palomas como en la época de antaño, pero también constituyen un simbolismo de libertad y de paz.

En el cuadrante izquierdo hay otro campo que tiene tres ranchos sobre fondo verde, éstos están vinculados al origen del pueblo y su relación con el Brasil.

A la derecha encontramos "el chorro" que significa lo turístico de "La Paloma", el agua además genera energía que se transforma y genera trabajo humano.

Por lo expuesto y en el afán de mantener viva nuestra historia autóctona, recomendamos al plenario la aprobación del proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 17 de mayo de 2006.

Jorge Lladó, Miembro Informante; Pablo Alvarez López, Roque Arregui, Federico Casaretto, Tabaré Hackenbruch Legnani, José Carlos Mahía."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Por este proyecto de ley, que también es enviado por la Comisión de Educación y Cultura, se propone que se designe con el nombre de "Isla de las Palomas" el Liceo Rural de La Paloma, departamento de Durazno. Este pueblo fue fundado en la década de 1870, cuando el Teniente Coronel Parallada, dueño del Paraje "La Paloma", donó los terrenos para su fundación. Se trata de una zona muy linda del interior de nuestro país, que ha sufrido en los últimos tiempos el cierre de la estación de ferrocarril y, por ende, una disminución de su población.

Creemos que es justo que este liceo lleve ese nombre, por lo cual estamos recomendando la aprobación del proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Desígnase ‘Isla de las Palomas’ el Liceo Rural de La Paloma, departamento de Durazno, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

27) NUMERALES OCTAVO, NOVENO, DUODECIMO, DECIMOCUARTO Y DECIMOSEXTO DEL ORDEN DEL DIA. SU POSTERGACION

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción en el sentido de que se postergue el asunto que figura como punto 14) del Orden del Día.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

28) PRORROGA DE FINALIZACION DE LA HORA DE LA SESION

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Formulo moción en el sentido de que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta concluir con la consideración del Orden del Día.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

29) DOCTOR JORGE LUIS JURE ARNOLETTI. SOLICITUD DE VENIA PARA ACREDITARLO EN CALIDAD DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA REPUBLICA, ANTE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA LIBANESA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en decimoquinto término del Orden del Día: "Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo a efectos de acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Libanesa, al doctor Jorge Luis Jure Arnoletti. (Carp. Nº 820/07 - Rep. Nº 484/07)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 820/07

Rep. Nº 484/07

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo Unico.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Libanesa, al señor Jorge Luis Jure Arnoletti.

Sala de la Comisión, 7 de junio de 2007.

José Korzeniak, Miembro Informante; Washington Abdala, Carlos Baráibar, José Bentancor, Alberto Couriel, Rafael Michelini.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 9 de mayo de 2007.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, con el fin de solicitar su conformidad, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, para acreditar en calidad de Embajador de la República, al Doctor Jorge Luis Jure Arnoletti.

La capacidad y eficiencia que el Doctor Jorge Luis Jure Arnoletti ha puesto de manifiesto en las actividades desarrolladas a lo largo de su carrera profesional, según se manifiesta en el currículum vitae que se adjunta, constituye a juicio del Poder Ejecutivo, un factor evidente de idoneidad para las responsabilidades que el Gobierno de la República se propone asignarle como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Libanesa.

El Poder Ejecutivo confía en que ese Cuerpo habrá de manifestar su conformidad con el propósito antes expuesto, accediendo a la solicitud que se le formula por el presente Mensaje.

El Poder Ejecutivo saluda a la Cámara de Senadores con su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano.

CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES:

Nombres y apellidos: Jorge Luis Jure Arnoletti.

Lugar y fecha de nacimiento: Montevideo, 30 de junio de 1955.

Filiación: Hijo de Jorge Jure (h), uruguayo, comerciante (fallecido) e Iris Arnoletti, uruguaya, docente-fonoaudióloga.

Domicilio: Javier Barrios Amorín 1485, apto. 601, Montevideo.

Estado civil: Soltero

Profesión: Diplomático

FORMACION PROFESIONAL:

Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Universidad de la República) en 1978 como Doctor en Diplomacia.

1980 - cursó y aprobó el Curso de Derecho Internacional Público y Privado dictado por el Comité Jurídico Interamericano de OEA, en la Fundación Getulio Vargas, Río de Janeiro.

En el mismo año finalizó el Curso 1978-1980 de formación del Instituto Artigas del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

1987 - Curso GATT/ALADI sobre la Ronda Uruguay.

Seminario BID/INTAL sobre técnicas de negociación internacional (1ª Parte).

1989 - Seminario sobre negociación internacional (2ª parte).

1992 - Diploma de 3er. Nivel en Marketing, Relaciones Públicas y Publicidad, otorgado por la London Chamber of Comerse and Industry, obtenido "con honores" (examen profesional rendido en Londres, preparado en el Cavendish College de dicha ciudad).

1993 - Diploma de 3er. Nivel en Administración otorgado por la London Chamber of Comerse and Industry, Londres.

1995-97 - Curso de actualización en el Instituto Artigas del Servicio Exterior, Ministerio de Relaciones Exteriores.

2005 - Curso de Política Comercial OMC-ALADI, Montevideo.

2006 - Curso de especialización en Derecho Internacional Público y Privado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, seleccionado por un tribunal internacional y becado por el Gobierno suizo.

2005-06 - Diploma de posgrado en estudios internacionales, sistema internacional e integración. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República.

IDIOMAS:

Inglés y francés (escrito y hablado).

CARRERA PROFESIONAL:

1974 - técnico en administración y en Organización y Métodos en UTE (ingreso por concurso, como becario de UTU);

1977 - cargo profesional en Relaciones Públicas en ANCAP (ingreso por concurso, como becario de la Universidad de la República);

1978 - ingreso por concurso de oposición y méritos como 3er. Secretario del Servicio Exterior, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Funciones en la Dirección de Tratados;

1980 - ascenso a 2º Secretario;

1982-1987 - Cónsul Adscripto al Consulado General en Nueva York. A partir de 1983, Cónsul de Distrito en Nueva York. Entre octubre de 1984 y diciembre de 1985, Encargado del Consulado General en Nueva York. Colabora con la organización de varias instituciones de la Colectividad uruguaya e hispano-parlante (escuelas, clubes sociales, culturales, deportivos, etc.); inaugura una actividad cultural continua desde el Consulado, incluyendo la creación de un espacio de exposiciones plásticas y publica un boletín periódico de actividades uruguayas en el área; inicia y continúa vinculado por doce años al proyecto de instalación de una estatua de Artigas en Nueva York;

1986 - ascenso al 1er. Secretario;

1987 - Jefe de Departamento de Organismos Económicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores;

1987-1990 - Funcionario de Enlace entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República. Participa en la organización de numerosas misiones presidenciales al exterior y la recepción de visitas presidenciales a Uruguay, así como de eventos especiales preparados desde la Presidencia de la República, tales como la visita de S.S. Juan Pablo II a Florida, Melo y Salto y la Reunión Presidencial del Grupo de los Ocho en Punta del Este. Participa en la creación de la Junta Nacional de Drogas;

1990-1995 - Cónsul y 1er. Secretario (Consejero, desde 1994) en la Embajada en Londres, Reino Unido. Desarrolla fuertes vínculos con la Colectividad uruguaya y la Asociación de amistad británico-uruguaya (The British-Uruguayan Society); presenta un gran número de artistas uruguayos. A cargo de la cooperación británica. Realiza un estudio general de oportunidades comerciales en el Reino Unido que presenta en un seminario dedicado al sector empresarial en Montevideo, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Representante Permanente Alterno ante la Organización Marítima Internacional;

1994 - ascenso a Consejero;

1995 - Subdirector de Tratados, Ministerio de Relaciones Exteriores;

1996-1997 - Coordinador por el Gobierno uruguayo de las siguientes conferencias internacionales, que tuvieron lugar en Montevideo, auspiciadas por la Presidencia de la República; Administración de Justicia (organizada por el BID); Derecho de Asilo; y Aplicación Directa del Derecho Comunitario en la Unión Europea y el MERCOSUR (organizada conjuntamente entre el Colegio de Abogados de Italia y la Facultad de Derecho de la Universidad de la República);

1996-1997 - Consejero de la Delegación Permanente del Uruguay ante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Participa en las negociaciones de los Acuerdos MERCOSUR-Chile y MERCOSUR-Bolivia;

1997-1998 - Asesor de la Presidencia de la República. Funciones en la Prosecretaría de la Presidencia de la República y en la Junta Nacional de Drogas;

1998-2004 - Ministro Consejero (Encargado de Negocios a.i. en varias oportunidades) en la Embajada en París, Francia. Realiza actividades culturales y de promoción comercial, iniciando una serie de estudios de mercado que se prolonga por varios años, una sala de exposiciones de artes plásticas, la participación permanente en los festivales de tango, misiones comerciales a París y ciudades de Provincia y participa activamente en la iniciativa tendiente a la instalación del Instituto Pasteur de investigaciones biológicas en Montevideo. Representante ante el Buró Internacional de Exposiciones y la Organización Internacional de la Viña y el Vino;

1999 - ascenso por concurso a Ministro Consejero;

2004 al presente - Ministro de la Delegación Permanente del Uruguay ante ALADI y MERCOSUR. Participa en la creación del Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR y en la reestructura de la ALADI.

INFORMACION ADICIONAL:

Recibió diplomas y distinciones de la Municipalidad de Nueva York (diploma de honor), de la ciudad de Orange, Nueva Jersey, de la Pan American Society of the United States (parte de la Americas Society, miembro de honor), del Desfile de la Hispanidad y de varias instituciones de la Colectividad uruguaya en el área de Nueva York: Comisión 25 de Agosto, Escuelas José Pedro Varela, Artigas-Washington y Uruguay-USA;

Luego de su regreso a Montevideo, en 1988, fue invitado especial de la Colectividad uruguaya en Nueva York-Nueva Jersey para participar en la celebración del 25 de Agosto en N.York;

Miembro fundador de la Sociedad de Amigos del Teatro Solís,en 1988;

Electo en carácter personal miembro del Comité Ejecutivo de la British-Uruguayan Society de Londres, en 1994 y 1995;

En 1997 fue nuevamente invitado a Nueva York por la Colectividad uruguaya, en ocasión de la inauguración de la estatua de Artigas en esa ciudad;

Medalla de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, por su contribución jurídica a la creación de la nueva estructura del organismo (2004);

Integrante del grupo de trabajo interministerial de redacción del informe a la OCDE sobre sistema tributario uruguayo, Montevideo (2004);

Funcionario de enlace con la Comitiva de la Casa Real española a la Cumbre Iberoamericana, Montevideo (2006);

Miembro de honor del Concurso de piano Ciudad de Montevideo Eliane Richepin, Montevideo (2006).

Abril, 2007.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA Nº 59

En Montevideo, el día siete de junio del año dos mil siete, a la hora diecisiete y diez minutos se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros los señores Senadores Washington Abdala, Carlos Baráibar, José Bentancor, Alberto Couriel, José Korzeniak y Rafael Michelini.

Faltan con aviso los señores Senadores Sergio Abreu, Luis Alberto Heber y Jorge Larrañaga.

Preside el señor Senador José Korzeniak, Vicepresidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría el señor Secretario de Comisión Julio Durán y el funcionario señor Fabio Rodríguez.

De lo actuado se tomó versión taquigráfica cuya copia dactilográfica luce en el Distribuido Nº 1722/2007 y forma parte integrante de la presente Acta.

Abierto el acto, se pasa a considerar el;

ORDEN DEL DIA:

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1.- CARPETA Nº 820/2007. DOCTOR JORGE LUIS JURE ARNOLETTI. Solicitud de acuerdo para acreditarlo en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Libanesa. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1679/2007.

Se recibió al doctor Jorge Luis Jure Arnoletti, a bien de informar sobre los lineamientos de trabajo en esa misión diplomática.

Luego de la exposición realizada por la visita y la intervención de todos los señores Senadores, se pasa a un cuarto intermedio a bien de votar el acuerdo solicitado.

RESOLUCIONES:

1.-CARPETA Nº 820/2007. DOCTOR JORGE LUIS JURE ARNOLETTI. Solicitud de acuerdo para acreditarlo en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Libanesa. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1679/2007.

Se recibió al doctor Jorge Luis Jure Arnoletti, a bien de informar sobre los lineamientos de trabajo en esa misión diplomática.

Se pone a consideración la solicitud de acuerdo.

Se vota: 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador José Korzeniak.

Se transcribe el texto del proyecto de resolución aprobado:

Artículo Unico.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Libanesa, al señor Jorge Luis Jure Arnoletti.

A la hora dieciocho, se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman el señor Presidente y el señor Secretario.

José Korzeniak Vicepresidente

Julio Durán Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Libanesa, al doctor Jorge Luis Jure Arnoletti".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- La Comisión de Asuntos Internacionales recibió la visita del doctor Jure y su informe satisfizo con creces a todos sus miembros. Además, allí tuvimos oportunidad de analizar su largo y profesional currículum, en el que queda demostrado un conocimiento muy extenso de la labor diplomática. Por consecuencia, se aconseja al Plenario que se apruebe el acuerdo para designarlo como Embajador de nuestro país en el Líbano.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: propongo que la versión taquigráfica de las palabras vertidas en la Comisión de Asuntos Internacionales por sus distintos integrantes a propósito de esta venia de designación se incorpore al Diario de Sesiones correspondiente al día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Couriel.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de resolución.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de resolución, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de resolución aprobado por ser igual al considerado)

(Texto de la versión taquigráfica de la Comisión de Asuntos Internacionales que se resolvió incluir:)

"SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 8 minutos)

La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado tiene el placer de recibir al doctor Jorge Luis Jure Arnoletti, para que exponga sus propósitos, sus planes y haga una síntesis de cómo piensa desarrollar la labor en su calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República, ante el Gobierno de la República Libanesa, hacia el cual seguramente irá, con el apoyo de esta Comisión y también del Plenario del Senado.

SEÑOR JURE.- Muchas gracias, señor Presidente, señores Senadores y funcionarios de la Cámara de Senadores aquí presentes.

Está de más decir que, en lo personal, es un honor y también lo es, en general, para los funcionarios del Servicio Exterior, poder venir a la Comisión de Asuntos Internacionales de esta Cámara para poder conversar, presentarnos y también para hablar un poco del país a donde vamos a ir y mencionar especialmente nuestros planes de trabajo. Es un gran placer y un gusto ver a los señores Senadores.

Reitero -porque así es- que además del honor profesional y de Cuerpo por estar aquí con ustedes, manifiesto el gusto de encontrarnos con muchos distinguidos Legisladores, con quienes hemos tenido la posibilidad de compartir momentos del pasado, pues algunos de ellos han sido profesores nuestros en las numerosas clases de la Facultad de Derecho.

Dicho esto, me voy a referir a las funciones que nos ha encomendado el Poder Ejecutivo en la República Libanesa.

Seguramente muchos de los Senadores aquí presentes conocen ese país o forman parte de la Comisión de Amistad con el Líbano y probablemente algunos sean descendientes de libaneses como el señor Senador Washington Abdala, que se encuentra aquí. Personalmente, soy nieto de libaneses.

Me parece interesante destacar el origen y el carácter de las relaciones diplomáticas que tenemos con el Líbano. Digo esto porque, en muchas ocasiones, he escuchado preguntar por qué el Líbano, qué pasa en ese país y en qué situación se encuentran las relaciones con un país que ha sufrido tantos conflictos y que, de alguna manera, los sigue padeciendo. Creo que en el origen de la relaciones entre el Uruguay y el Líbano hay dos o tres grandes vectores.

Uno de esos vectores es justamente la existencia de una importante colectividad de descendientes de libaneses en el Uruguay. El Embajador del Líbano en el Uruguay manifestó que al día de hoy se calculan unas 60.000 personas con algún parentesco o consanguinidad en segundo grado con libaneses. Esas personas tienen por lo menos uno de los cuatro abuelos libanés. Es una colectividad numerosa y tradicional.

Como seguramente sabrán los señores Senadores, los primeros libaneses comenzaron a llegar aquí a fines del siglo XIX. Es interesante destacar que, en virtud de esa inmigración efectuada durante el Imperio Otomano, muchos se instalaron como pequeños comerciantes, algunos como profesionales y la mayoría se asentaron en el interior de la República y en la Ciudad Vieja de Montevideo, cuya calle Sarandí era una pléyade, una parada de comercios de origen judío y libanés y, a veces, judío - libanés y libanés - judío, ya que no fueron pocos los judíos que vinieron del Líbano. Si alguno proviene del interior del país, sabrá que la colectividad libanesa se instaló principalmente en la zona este y noreste del país. Con el Vicepresidente de la República siempre recordamos a los turcos de Cerro Largo, Treinta y Tres y Lavalleja, donde a principios del siglo XX se instalaron mis abuelos Jorge Jure y Ema Joen con los hijos que traían del Líbano.

Ese es un primer vector de las relaciones con el Líbano.

El segundo, es la caracterización que aún hoy se hace de ese país como una gran puerta de entrada desde Occidente al Medio Oriente y, a su vez, a Europa y a Occidente para los países árabes. Es muy interesante ver como está el Líbano aún ahora, después de los grandes conflictos y de esa guerra que yo digo que fue una guerra civil internacional. Así como tuvimos la "Guerra Grande" uruguaya, desde 1975 a 1990 la tuvieron en el Líbano. Fue una guerra civil internacional, donde los Partidos y los sectores -no solamente confesionales, sino políticos-, se entrelazaron con sus vecinos y con potencias mundiales -como por ejemplo, Francia y Estados Unidos-, haciendo alianzas y contra alianzas dentro del país. A pesar de esa guerra y de la que ocurrió el año pasado, entre el Estado de Israel y Hezbollah, con las enormes pérdidas humanas y la gran emigración que ella significó, aún hoy las reservas bancarias del Líbano se siguen incrementando. Es decir que, a pesar de que el Líbano sigue en un colapso comercial y de consumo y en una crisis de crecimiento -no hay crecimiento desde hace tres años-, mantiene el récord en sus reservas bancarias. Según datos sacados de estadísticas francesas, hay U$S 12.600:000.000 en La Banque du Liban -que es el Banco de la República Libanesa- y U$S 76.200:000.000 en la banca privada. Es obvio que esos depósitos en el Líbano tienen hoy una procedencia mayoritariamente árabe, saudí y kuwaití -también de otros países del Golfo-, mientras que por años, antes de la guerra, el Líbano se posicionaba como un centro financiero y turístico para los países europeos. Era muy interesante ver a Beirut, antes de la guerra de 1975, como un gran centro del "jet set" y del lujo europeo, al mismo nivel de la Costa Azul francesa, para los europeos de todos los países de Europa -sobre todo de Europa Occidental-, mientras que hoy esa oferta turística y financiera -estamos mencionando aquí a dos de los principales servicios que ofrece este país y, por lo tanto, a sectores principales de su economía-, está orientada a los países árabes. A pesar de eso, el Líbano continúa concitando como principales inversores a países occidentales. Estados Unidos ahora desplazó a Italia y Francia sigue estando en segundo lugar como inversor extranjero. Podemos preguntarnos en qué invierten estos países; pues básicamente lo hacen en productos de lujo. El Líbano se ha ido especializando en productos de lujo que antes ofrecía a Occidente; ahora lo ofrece a los países árabes y continúa siendo esa puerta rotatoria en dos sentidos, tanto para Oriente como para Occidente lo que, precisamente, es de interés para Uruguay. Como decíamos, el hecho de que el Líbano sea un centro comercial y financiero, es un segundo vector o camino de interés para el Uruguay, además de esas relaciones entre la colectividad libanesa en nuestro país y sus familiares en el Líbano.

Pese a que resulte obvio decirlo, quiero señalar que el Líbano, para bien o para mal -seguramente para mal de muchos de los libaneses que lo sufren-, desde hace muchos años es el epicentro de los conflictos en Medio Oriente. Entonces, para el mundo el Líbano es un centro de atención y de información invalorable cuando se tiene que evaluar la situación del Medio Oriente. Es de gran importancia para nuestra Cancillería recibir la información proveniente de la representación diplomática uruguaya en el Líbano por todo lo que ello significa en cuanto a la evaluación del conflicto en Medio Oriente y, por tanto, también la toma de posición frente a él, tanto para las relaciones bilaterales como para los vínculos a nivel de los organismos internacionales, principalmente de las Naciones Unidas.

Este es un pantallazo sobre la importancia del Líbano para el Uruguay, con el que mantiene antiguas relaciones diplomáticas. Sabido es que después de finalizada la Primera Guerra Mundial, el Líbano -que ya era el Monte Líbano y después el Gran Líbano, con la costa, el norte y la planicie de la Bekaa agregada-, junto con algunas provincias que luego constituyeron Siria, quedaron bajo mandato francés. Aun en esa época, en 1924, el Uruguay nombró un Cónsul en Beirut. Recién en 1926 es promulgada la Constitución libanesa y el 22 de noviembre de 1943 se declara su independencia. A poco menos de dos años, el 25 de octubre de 1945 -cuando ejercía la Presidencia del Uruguay don Juan José de Amézaga- se dicta un decreto por el que se dice que, en reconocimiento de los vínculos tradicionales con el Líbano y a la numerosa y laboriosa colectividad de origen libanés, se instauran las relaciones diplomáticas. Allí se nombró a un descendiente libanés, José Manzour, que fue por años nuestro Ministro, hasta que esa legación se transformó en una Embajada. Tuvimos personas entrañables representándonos en ese país, como por ejemplo el señor Abdo Chelala -recientemente fallecido-, que estuvo por décadas en la Embajada uruguaya en el Líbano trabajando en diferentes cargos. Nuestro último Embajador también es un gran profesional, el señor Alberto Voss Rubio, quien acaba de finalizar sus funciones y que desarrolló sus tareas en todos los ámbitos, tanto comercial como político, tejiendo relaciones a nivel de cooperación, combinándolas incluso con algo muy simbólico, como fue hace pocos días -el 14 de mayo- la inauguración de un busto al Prócer José Artigas en Yunie, que es una población al lado de Beirut.

Redondeamos así lo que han sido las relaciones diplomáticas y la situación actual en el Líbano que, obviamente saben los señores Senadores, es de estancamiento económico, con un déficit estructural de su balanza comercial. El Líbano no tiene petróleo ni fuentes alternativas de energía. Casi el 30% de sus compras son de petróleo. Es un importador neto de muchos rubros, así como también de productos agrícolas, aunque es un buen productor agrícola para el consumo interno. A pesar de ello, las inversiones siguen llegando, sobre todo en el área inmobiliaria y el Uruguay ha visto mejorada y acrecentada su balanza comercial con el Líbano en el correr de los últimos años en forma vertiginosa. La balanza siempre es favorable a nuestro país como consecuencia de un tema estructural. El Líbano tiene una balanza comercial deficitaria prácticamente con todos sus socios comerciales y lo mismo ocurre -reitero- con el Uruguay. En el año 2004 se empezaron a vender productos lácteos y también pescado y el año pasado, ganado bovino lechero y reproductor en pie y ganado ovino en pie, destinado al consumo, con lo cual se aumentaron nuestras exportaciones a ese país. Nosotros exportamos hacia allí cerca de U$S 6:000.000 mientras que importamos menos de U$S 100.000 del Líbano. La balanza comercial es dificultosa, sobre todo en vista de la inestabilidad política. Hemos estado hablando, por ejemplo, con representantes del Centro de Comercio Internacional de la UNCTAD -que está haciendo estudios a través de "Uruguay XXI"- y vimos que hay posibilidades de aumentar la compra de productos en esos mismos rubros: ganado bovino lechero, reproductor, ganado ovino en pie para el consumo de su carne, pescado y lácteos. También hay posibilidades de aumentar la compra de madera y de piedras semipreciosas. El primer producto de exportación del Líbano son sus joyas. Posee una mano de obra muy calificada y, seguramente, si fuéramos a bienes y no a servicios, veríamos que su primer producto de exportación es su alta capacidad intelectual. Líbano es el gran hospital -precisamente, los hospitales libaneses tienen una gran fama en Medio Oriente-, el gran Banco, el gran centro de seguros para todo Medio Oriente, tiene centros de investigación muy importantes afiliados, por ejemplo -como ocurre ahora en nuestro país-, al Instituto Pasteur.

Hay posibilidades de investigar para ampliar nuestro comercio también en lo que tiene que ver con artículos y artesanías de lujo y con el cuero. Decimos que el Líbano es un mercado donde se comercializan productos de lujo, de alta calidad, para sectores europeos y árabes de gran exigencia y de importante poder adquisitivo.

En lo que tiene que ver con las inversiones, tenemos que decir lo siguiente. Básicamente, las inversiones libanesas en el exterior están radicadas en los Países Árabes, en Siria y algo en Francia. Los grandes capitales libaneses siguen buscando inversiones en propiedades inmobiliarias, en tierras para la producción de carnes destinada a su propio consumo. Como ustedes saben, desde la época de los cananeos y de los fenicios el Líbano es un muy buen productor de vinos que hoy gozan de gran reputación en Europa. Por ejemplo, los vinos libaneses son muy bien considerados en Francia.

Asimismo, dado lo exiguo de sus 10.000 kilómetros cuadrados para sus 4:000.000 de pobladores, los libaneses buscan tierras donde poder extender sus producciones.

Estas son algunas de las ideas que queríamos compartir con ustedes a nivel comercial.

A nivel político, habida cuenta de que en el Parlamento uruguayo existe una Comisión de Amistad con el Líbano y otra de parlamentarios de origen libanés, creemos que es de gran importancia incrementar la relación interparlamentaria con ese país.

En esta gran convulsión en la cual a veces se ve envuelto el Líbano, como un gran huracán con vientos que proceden de los cuatro puntos cardinales, el contacto extracontinental con países amigos como el Uruguay, con características hasta similares -porque es un país que comparte con el Líbano el hecho de estar inmerso en una región con la cual mantiene lazos con todos los países de su propia región-, es una de sus grandes ventajas y también una de sus grandes debilidades.

Sería muy importante que pudiéramos concretar la invitación a parlamentarios libaneses, cosa que ya ha sido planteada a nivel del Vicepresidente de la República y Presidente de la Asamblea General, para que puedan viajar dos o tres Legisladores. En el Líbano hay un sistema unicameral y adelanto que no habrá elecciones hasta el año 2009, por lo que la composición de la Cámara es estable -por decirlo de alguna manera- en este momento. En virtud de que ese país tiene un sistema de elecciones indirectas, habrá elecciones presidenciales en setiembre, lo que explica parte de los movimientos políticos que actualmente está viviendo. Esta invitación que está pendiente para los Diputados libaneses sería muy bienvenida. ¿Por qué? Porque sería una demostración de que el Uruguay sigue mirando al Líbano como un país que tiene esperanza.

Asimismo, será muy bienvenida la visita de distinguidos parlamentarios uruguayos al Líbano -que también ha sido conversada-, o de integrantes de esa Comisión de Amistad Bicameral o de la de descendientes de libaneses; en fin, eso queda a su alto criterio.

El sistema político libanés precisa de aire fresco y del intercambio que pueda venir de América Latina. Por eso a este punto le damos mucha importancia.

Otro asunto importante es el de las relaciones con las colectividades. En la medida en que la colectividad libanesa está relativamente unificada, porque no es tan antigua y hay muchos clubes libaneses, descendientes de libaneses en Montevideo y en Soriano, Flores, Salto y Rivera, creemos que estas personas deben estar deseosas de visitar el país de sus antepasados, por lo que pueden ser -y así lo hemos planteado en el Ministerio de Turismo- un excelente vehículo de difusión del Uruguay para atraer y traer consigo a esos familiares que están en el Líbano y que desean conocer la tierra de algunos de sus primos o tíos que vinieron a nuestro país. A nivel de la colectividad uruguaya de origen libanés, estamos conversando para que se organicen uno o varios viajes al Líbano, los que estarían acompañados de la tarea de promover el Uruguay y de convocar e invitar a los parientes que están allá a conocer nuestro país.

Por otra parte, hay otros temas que son más puntuales, como el hermanamiento de ciudades. La Intendencia de Montevideo está deseosa de poder firmar con otra de las pocas capitales sobre el mar, como es Beirut, un acuerdo de hermanamiento. Asimismo, en la ciudad de Pando de Canelones se ha radicado una colectividad que viene de Darbeshtar, un pueblo del norte del Líbano y en ese caso también se está hablando de un hermanamiento entre Pando y Darbeshtar. Este fue un punto planteado por el Embajador Voss, a quien ya tuve el gusto de nombrar.

Otro asunto en el que queremos seguir trabajando es en el de los medicamentos. El Líbano es un país importador de medicamentos. En ese sentido, Argentina y Chile exportan muchos medicamentos a ese país, pero Uruguay todavía debe realizar gestiones a nivel de autorizaciones sanitarias, para poder ingresar con una diversificación mayor.

Por otra parte, a nivel de la cooperación técnica, Uruguay ha ofrecido a la FAO los conocimientos de sus técnicos en agronomía y en veterinaria, para poder colaborar en la reconstrucción del Líbano.

Esta era la exposición que deseaba presentar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Agracemos al doctor Jure su exposición.

SEÑOR COURIEL.- Hemos recibido con mucho gusto una extensa y exhaustiva presentación del futuro Embajador de Uruguay ante el Gobierno de la República Libanesa. Se trató de una exposición de carácter profesional, pero, sobre todo, de carácter afectivo y eso lo quisiera marcar, porque me pareció algo novedoso y específico que está caracterizando la presencia del futuro Embajador en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

Por otra parte, acabo de leer su currículum y de allí surge que hace 30 años que ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores y tiene una proficua y larga tarea en esa área, con trabajos en Nueva York, en París y en muchos otros lados, que seguramente le deben haber dado una extraordinaria experiencia para cumplir de la mejor manera posible su futura tarea. Desde ese punto de vista me siento muy consustanciado con su presentación y experiencia, pero también con la cercanía que me provoca. Cuando el doctor Jure habla de los libaneses me siento cerca, porque mis padres sefardistas provienen de Smirna y cuando arribaron al Uruguay también pasaron por las calles Sarandí, Colón, Pérez Castellano y 25 de Mayo antes de ir a Juan Lacaze. Es por eso que me siento muy cercano a lo que nos mostró el doctor Jure de esa manera tan afectiva y emotiva.

Quisiera hacer una reflexión final.

En mi opinión, el Líbano atraviesa una situación política, sin duda, difícil: la influencia de Siria, la influencia de Irán, no son temas, por cierto, menores. Pero cada vez que pienso en aquella región me viene a la mente el concepto de democracia y el Uruguay. ¿Por qué la democracia? Porque, entre otras cosas, significa respeto y tolerancia. Lo que falta en aquella región es, precisamente, respeto y tolerancia y, por lo tanto, lo que falta es democracia.

Pienso en el Uruguay, porque este es un país de inmigrantes que, en base a la democracia, el respeto y la tolerancia, conseguimos una convivencia armónica y pacífica entre quienes vinieron desde múltiples nacionalidades del mundo.

Creo que si en el sistema educativo de aquella región no se encuentran salidas tendientes a incorporar este tipo de conceptos, o sea, el respeto y la tolerancia y se sigue enseñando que el que está enfrente es enemigo y hay que destruirlo, seguramente las posibilidades de paz se van a ver limitadas.

Sólo me resta decir que estamos a las órdenes para ayudarlo, con mucho gusto, en todo lo que sea necesario para su mejor actuación en representación del Uruguay, ¡qué ojalá sea muy buena!

SEÑOR BARAIBAR.- Muy brevemente, señor Presidente, quiero expresar que hemos escuchado con mucho interés la exposición del doctor Jorge Luis Jure, futuro Embajador de nuestro país en el Líbano, cuya venia votaremos con mucho gusto en la Comisión y en el Pleno del Senado.

El señor Senador Couriel prácticamente ha dicho todo lo que podemos decir, por lo que simplemente quiero señalar que lo comparto plenamente y que celebramos su designación. Le deseamos toda la suerte en su representación -porque va a estar en un lugar muy difícil- y desde ya descontamos que ello contribuirá en el estrechamiento de vínculos entre el Líbano y el Uruguay.

Simplemente, mucha suerte.

En virtud de que tengo que retirarme, dejo constancia de mi voto afirmativo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se toma debida nota de ello.

SEÑOR ABDALA.- Antes que nada, quiero disfrutar de este momento con la designación de este gran Embajador, que se dirige a un destino que, como todos hemos advertido, le es muy caro; no es un destino más. Inclusive, tal como señalaba el señor Senador Couriel, es importante revisar el currículum del doctor Jure, pues nos indica que es un hombre que ha tenido una gran solvencia en su gestión y que ha estado en destinos que pueden llegar a ser importantes para el país. Francamente, los lugares en los que ha estado el doctor Jure son importantísimos.

De pronto, alguien podría hacer una lectura incorrecta de la naturaleza del destino al que pronto arribará, pero luego de la versión que nos diera el futuro Embajador me siento muy satisfecho, porque entiendo que es uno de esos representantes del país que está para trabajar en aquellos lugares que lo hagan sentir bien afectivamente, donde el país lo necesite y con complicaciones o sin ellas.

Conozco el Líbano y sé que no es un destino sencillo. El doctor Jure sabe que tengo una lectura particular de ese país, pues estuve allí inclusive en momentos de conflictividad. Me parece importante para el Uruguay que ocupe esa Embajada alguien que entienda el mundo árabe. Realmente, éste es uno de los problemas que tiene la Cancillería -lo digo con todo respeto y me hago cargo de ello-pues hay ciertos universos a los que no ha podido adentrarse y que resulta imprescindible entenderlos, traducirlos y captar los hechos. Es verdad que hay varios Líbanos dentro de un mismo país: hay un Líbano con influencia iraní, otro con influencia siria, uno más que pelea por la autonomía -o sea, sin la influencia de Siria ni de Irán-, hay una sociedad con un grado de pujanza comercial y empresarial como pocas veces se puede imaginar -si se miran los indicadores de inversión externa se podrá observar que siguen siendo absolutamente apabullantes- y una obra pública descomunal, en la que los europeos tienen mucho que ver. En fin, creo que hay mucho por aprender, sobre todo, por esa combinación -que bien reseñó el futuro Embajador Jure- de Oriente y Occidente. Podríamos decir que el Líbano es el país bisagra de esas dos dimensiones. El mundo islámico allí convive perfectamente con la visión occidental. Por ejemplo, las horas de oración islámica conviven perfectamente bien con el casino y con los valores, a veces capitalistas, muy impresionantes e impactantes que uno puede llegar a ver en ese país.

En estos últimos tiempos, el Uruguay empezó -y el señor Presidente hizo algo muy interesante y, como tal, creo que hay que decirlo- a captar un poco los distintos mundos árabes y comenzó a tomar conciencia de ello a través de las misiones a Qatar y a Dubai, además del hecho de que no hace mucho nos visitó gente de Arabia Saudita. Parecería que estamos empezando a despertar y a mostrar interés por buena parte de lo que ocurre en esa parte del planeta. Sin embargo, debemos tener cuidado, porque esos son lugares donde uno no se puede equivocar con los códigos culturales.

Por lo tanto, me da una gran felicidad que el doctor Jure sea el hombre que va a estar afincado en Beirut. Digo esto, porque si mañana viene alguien al Río de la Plata o a Montevideo, no nos gustaría que confundiera el Uruguay con el Paraguay -como tan habitualmente sucede- o nuestro mate e idiosincrasia carnívora con otro tipo de costumbres de distinto rango.

Aunque parezca mentira, la clave para entrar a una sociedad es conocer sus códigos culturales y sus subculturas.

Por eso, reitero, es muy importante la designación del doctor Jure como Embajador, porque su sangre libanesa le hará, de alguna manera, el camino más expedito y, seguramente, nos lo allanará a los uruguayos, pues considero que tenemos una oportunidad.

El Líbano -esto es algo que el doctor Jure no lo puede decir, pero me animo a hacerlo yo- es útil por el Líbano y por el salto a la región. El Líbano es una plataforma de penetración en la región; seguramente la más cómoda por una mirada occidental. Ahí, uno habla con códigos occidentales, cosa que no se puede hacer, por ejemplo, en Riad, aunque sí un poco mejor en Kuwait. De todas formas, muchos países de la región son muy herméticos a la hora de interpretar el mundo y la vida. Esto es algo que no ocurre en el Líbano, porque este país triangula en la región con una gran influencia.

Por ejemplo, a quienes nos gusta mucho la Unión Interparlamentaria, podemos advertir que en ella el grupo libanés es el que nos traduce el mundo árabe. Cuando queremos hablar con el mundo árabe a nivel de la Unión Interparlamentaria, hablamos con los libaneses, porque son bisagra y tienen ese doble "switch" que les permite estar en los dos universos. Me parece que esto es algo realmente muy útil para nosotros y, seguramente, para el país.

Por último, quiero decir al doctor Jure que lo felicito y, como lo conocemos desde hace muchos años por su labor diplomática, sabemos de su capacidad para el desempeño de este cargo. Es un profesional ciento por ciento y ¡ojalá que el Uruguay tuviera más Embajadores como él!

SEÑOR MICHELINI.- El doctor Jure ha realizado una excelente exposición y tengo la sensación de que vamos a estar muy bien representados, porque nuestro futuro Embajador captó ese sentimiento de simpatía que el pueblo uruguayo tiene por la colectividad libanesa. Y más allá de que hay mucha gente que no tiene contacto con ella, se siente muy afín con el Líbano; siente que tenemos parecidos aunque, notoriamente, también tenemos muchas diferencias. Se trata de un país chico, con la misma cantidad de habitantes y con dificultades.

Creo que el doctor Jure ha captado esa simpatía, entre otras cosas, porque él quiere ir a ese país; quizás, hace muchos años que viene soñando con este desafío.

A mi juicio, si él lleva ese sentimiento afectivo -del que habló el señor Senador Couriel-, pienso que vamos a estar muy bien representados y, seguramente, podremos lograr muchas más cosas que podrían lograr otros -capaz que más calificados que todos los que estamos acá-, por el calor y el corazón que el doctor Jure está poniendo en esta tarea. ¡Y vaya que no es un desafío menor!

La suerte que tendrá él será la de todos nosotros.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa adhiere a todas las expresiones vertidas, le desea mucha suerte en su actividad al futuro Embajador y, de acuerdo con las formalidades, entraremos en cuarto intermedio para despedir a nuestro invitado y votar la designación aunque, como él muy bien sabe, la Comisión va a aconsejar al Plenario, por unanimidad, que se apruebe la moción.

Agradecemos la presencia de nuestro invitado".

30) NUMERALES OCTAVO, NOVENO, DUODECIMO, DECIMOCUARTO Y DECIMOSEXTO DEL ORDEN DEL DIA. SU POSTERGACION

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- En el caso de las solicitudes de venia que correspondería poner a consideración, falta todavía bastante tiempo para que venzan los plazos. Por lo tanto, propongo que se incorporen al Orden del Día de la sesión extraordinaria del día 26 de junio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

31) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 19 y 59 minutos, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Baráibar, Bentancor, Breccia, Cid, Couriel, Dalmás, Korzeniak, Lorier, Michelini, Oliver, Penadés, Percovich, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sr. Nelson Míguez Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.