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Nº 154 - TOMO 442 - 5 DE JUNIO DE 2007

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

15ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LOS PROSECRETARIOS, ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyecto presentado

- Los señores Senadores Jorge Larrañaga, Carlos Camy, Carlos Moreira, Pablo Iturralde y Jor-ge Romero presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se crea la Agencia de Desarrollo Regional y Descentralización.

- A la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión.

5) Genocidio por hambre contra el pueblo ucraniano. Proyecto de declaración

- Los señores Senadores Eleuterio Fernández Huidobro, Francisco Gallinal e Isaac Alfie presentan, con exposición de motivos, un proyecto de declaración relacionado con "El genocidio por hambre contra el pueblo ucraniano en los años 1932 y 1933".

- A la Comisión de Asuntos Internacionales.

6) Pedidos de informes

- El señor Senador Gallinal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionado con la aplicación de lo establecido por la Ley Nº 18.092, de 27 de diciembre de 2006.

- Oportunamente fue tramitado.

- El señor Senador Camy, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionado con el arrendamiento de un predio, dispuesto por el Directorio del Instituto Nacional de Colonización, en la 3ª Sección del Departamento de San José.

- Oportunamiento fue tramitado.

7) Inasistencias

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

8, 10, 12 y 20) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Penadés, Lara Gilene, Fernández Huidobro, Alfie y Ríos.

- Concedidas

9, 11 y 21) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento.

- Las presentan los señores Ambrosio Rodríguez, Héctor Tajam, Eduardo Muguruza, Saúl Posada y León Lev, informando que por esta única vez no aceptan la convocatoria de la que han sido objeto.

13) Día Mundial del Medio Ambiente

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras, a la Presidencia de la República, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a la DINAMA, a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas de todo el país.

14) Formación de una Comisión para regular la cota de las aguas de los embalses de las represas del país

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras, a la Presidencia de la República, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a los Ministerios de Industria, Energía y Minería, Ganadería, Agricultura y Pesca y Transporte y Obras Públicas, a la Dirección de Hidrografía, a UTE y a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas de todo el país.

15) Referencia a un fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Penal

- Manifestaciones del señor Senador Breccia.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras, a los familiares del señor Senador Michelini, especialmente a su señora madre y a su señora hermana.

16) Cierre del canal "Radio Caracas Televisión"

- Manifestaciones del señor Senador Long.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras, a la Presidencia de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Secretaría Permanente del MERCOSUR, a las Embajadas de Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Bolivia, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, al Parlamento Europeo, a su Presidente, Hans-Gert Pöttering, y al Vicepresidente, Alejo Vidal-Quadras Roca, a la Sociedad Interamericana de Prensa, a todas las Juntas Departamentales de nuestro país, al Presidente de RCTV, doctor Marcel Granier, y a los Partidos Social Cristiano, Primero Justicia, Movimiento V República y Acción Democrática de Venezuela.

17) Déficit de viviendas con respecto a las necesidades de la población

- Manifestaciones de la señora Senadora Percovich.

- Por moción de la señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras, a las Intendencias Municipales del Interior y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

18) Día Internacional de acción por la salud de las mujeres

- Manifestaciones de la señora Senadora Xavier.

- Por moción de la señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras, a los Ministerios de Salud Pública y del Interior.

19 y 23) Cierre del canal "Radio Caracas Televisión". Proyecto de Declaración

- El señor Senador Alfie solicita se reparta un proyecto de declaración enviado a la Mesa por parte de los tres señores Senadores del Partido Colorado y se declare urgente su consideración.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve incluir este tema como primer punto del Orden del Día de la sesión ordinaria del miércoles 6 de junio.

22) Miembros de órganos de contralor interno que representen a Entes Autónomos o Servicios Descentralizados en emprendimientos o asociaciones con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras

- Proyecto de ley por el que se los reputa funcionarios públicos y se consagra su responsabilidad funcional.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

24) Suspensión de la sesión ordinaria del miércoles 13 de junio y convocatoria a una sesión extraordinaria para ese mismo día

- Por moción del señor Senador Gallinal, el Senado resuelve suspender la sesión del miércoles 13 de junio y convocar a una sesión extraordinaria para ese mismo día, a fin de tratar la solicitud de desafuero del señor Senador Amaro.

25) Salarios, jubilaciones y pensiones que se pagan a través de instituciones de intermediación financiera

- Proyecto de ley por el que se los protege.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

26) Importación por parte del Ministerio de Salud Pública y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, de equipos e instrumental médico y de equipos, instrumental y material odontológico

- Proyecto de ley por el que se la exonera de gravámenes impuestos por el literal H) del artícu-lo 71 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

27) Acuñación de monedas de diferentes valores

- Proyecto de ley por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder en ese sentido.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

28) Delitos Electorales (numeral 4º del artículo 77 de la Constitución de la República)

- Proyecto de ley por el que se acuerda amnistía a los funcionarios que se determina.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

29) "Barros Blancos" (22ª Seccion Judicial del Departamento de Canelones)

- Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre la ciudad actualmente denominada Capitán Juan Antonio Artigas.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

30) Inmueble Empadronado con el Nº 717 (antes en mayor área Nº 190), ubicado en la 3ra. Sección Judicial del Departamento de Rivera - Localidad Catastral de Tranqueras

- Proyecto de ley por el que se lo transfiere a título gratuito del patrimonio del Estado -Ministerio de Salud Pública- al de la Administración Nacional de Educación Pública, con destino a la construcción de una escuela urbana.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

31) Instituto Nacional del Adulto Mayor

- Proyecto de ley por el que se procede a su creación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

32) Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en el área de vivienda, suscrito en Caracas el 14 de marzo de 2006

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

33) Acuerdo sobre exención de traducción de documentos administrativos para efectos de inmigración entre los Estados Partes del MERCOSUR

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

34) Convenio para el Desarrollo Social entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Montevideo el 9 de diciembre de 2005

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

35) "Capitán Manuel Antonio Artigas". Designación de la Escuela Nº 95 de San José

- Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre la Escuela Nº 95, Especial para Discapacitados Intelectuales, del departamento de San José.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

36) "Maestro Técnico Sergio González Olaizola". Designación de la Escuela Técnica de Bella Unión

- Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre a la Escuela Técnica de Bella Unión, departamento de Artigas.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

37) Numeral decimocuarto del Orden del Día. Postergación

- Por moción de la señora Senadora Xavier, el Senado resuelve postergar la consideración de este asunto para la sesión ordinaria del miércoles 6 de junio.

38) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 1º de junio de 2007.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 5 de junio, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1) por el cual se consagra la responsabilidad funcional de los miembros de los órganos de control interno que representen a Entes Autónomos o Servicios Descentralizados, en emprendimientos o asociaciones con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

Carp. Nº 666/06 - Rep. Nº 472/07

2) por el que se establecen normas para la protección de los salarios, jubilaciones y pensiones que se pagan a través de instituciones de intermediación financiera.

Carp. Nº 738/06 - Rep. Nº 470/07

3) por el que se exonera de los gravámenes impuestos por el literal H) del artículo 71 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004, a la importación de todo tipo de equipo e instrumental médico y de equipo, instrumental y material odontológico, por parte del Ministerio de Salud Pública y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

Carp. Nº 786/07 - Rep. Nº 471/07

4) por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas de diferentes valores.

Carp. 784/07 - Rep. Nº 469/07

5) por el que se acuerda la amnistía a funcionarios policiales que hayan incurrido en delitos electorales previstos en el numeral 4º del artículo 77 de la Constitución de la República, en ocasión de realizarse las Elecciones Internas de los Partidos Políticos del 27 de junio de 2004.

Carp. Nº 815/07 - Rep. Nº 455/07

6) por el que se designa "Barros Blancos" la actual ciudad Capitán Juan Antonio Artigas, ubicada en la 22ª Sección Judicial del departamento de Canelones.

Carp. Nº 739/07 - Rep. Nº 456/07

7) por el que se transfiere a título gratuito, del patrimonio del Estado -Ministerio de Salud Pública- al de la Administración Nacional de Educación Pública, con destino a la construcción de una escuela urbana, el inmueble Padrón Nº 717, ubicado en la 3ª Sección Judicial del departamento de Rivera -Localidad Catastral Tranqueras-.

Carp. Nº 808/07 - Rep. Nº 453/07

8) por el que se crea el Instituto Nacional del Adulto Mayor.

Carp. Nº 100/05 - Rep. Nº 454/07

9) por el cual de aprueba el Convenio de Cooperación en el Área de la Vivienda, entre la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Caracas, el 14 de marzo de 2006.

Carp. Nº 498/06 - Rep. Nº 460/07

10) por el cual se aprueba el Acuerdo sobre Exención de Traducción de Documentos Administrativos para efectos de inmigración entre los Estados Parte del MERCOSUR, suscrito en Florianópolis, República Federativa del Brasil, el 15 de diciembre de 2000.

Carp. Nº 459/06 - Rep. Nº 461/07

11) por el cual se aprueba el Convenio para el Desarrollo Social, entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Montevideo, el 9 de diciembre de 2005.

Carp. Nº 476/06 - Rep. Nº 462/07

12) por el que se designa "Capitán Manuel Antonio Artigas" la Escuela Nº 95, Especial, para discapacitados intelectuales, del departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. Nº 789/07 - Rep. Nº 463/07

13) por el que se designa "Maestro Técnico Sergio González Olaizola" la Escuela Técnica de Bella Unión, del departamento de Artigas.

Carp. Nº 760/07 - Rep. Nº 464/07

14) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo, a efectos de designar como Director del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) al psicólogo Jorge Luis Ferrando Gutiérrez.

Carp. Nº 812/07 - Rep. Nº 457/07

Santiago Gonzalez Barboni Secretario - Hugo Rodriguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alfie, Amaro, Antía, Baráibar, Bentancor, Breccia, Cardoso, Castro, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gallinal, Korzeniak, Lapaz, Larrañaga, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Percovich, Ríos, Romero, Sanguinetti, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Fernández Huidobro, Lara Gilene y Penadés, y con aviso, el señor Senador Heber.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 9 minutos)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

- por el que se establece el fomento, la regulación, la promoción y el desarrollo de la producción láctea como cadena productiva integrada.

- A LA COMISION DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.

- por el que se sustituyen los artículos 43 y 45, y se deroga el artículo 46 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, referida a la ‘Administración de las Viviendas para Jubilados y Pensionistas’.

- A LA COMISION DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

- por el que se modifica el artículo 147 del Decreto-Ley Nº 14.157 (Orgánico de las Fuerzas Armadas), de 21 de febrero de 1974, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 15.808, de 7 de abril de 1986.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

- por el que se regula la situación generada en el cobro del Impuesto de Enseñanza Primaria en todo el país, relativa a deudas anteriores al ejercicio fiscal 2007.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

El Poder Ejecutivo remite los siguientes Mensajes solicitando:

- venia para designar en el Directorio del Banco de Seguros del Estado, en calidad de Miembro, a la Economista María Alejandra Dufrechou Casal.

- venia para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura.

- venia para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Salud Pública.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

- venia para conferir el ascenso al grado de General del Ejército Nacional, con fecha 1º de febrero de 2007, por el Sistema de Selección, al señor Coronel don Neris Mauro Corbo López del Arma de Caballería.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería remite respuesta a los siguientes pedidos de informes:

- del señor Senador Isaac Alfie, relacionado con las últimas variaciones en las tarifas de combustibles, energía eléctrica y agua potable.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR ISAAC ALFIE.

- del señor Senador Washington Abdala, vinculado a las publicaciones realizadas en el Semanario Brecha sobre el Fondo Bolívar - Artigas.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR WASHINGTON ABDALA.

El Ministerio de Relaciones Exteriores remite las respuestas a los siguientes pedidos de informes:

- del señor Senador Francisco Gallinal, sobre el estado de las negociaciones para reabrir las exportaciones de carne al mercado mexicano.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR FRANCISCO GALLINAL.

- del señor Senador Julio M. Sanguinetti, referido al Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones suscrito con los Estados Unidos de América.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR JULIO MARIA SANGUINETTI.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se establece el 28 de abril de cada año como ‘Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo’.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

- por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por un plazo de hasta ciento ochenta días, el subsidio por desempleo de los trabajadores mozos de cordel.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

- y aprobados en nueva forma los siguientes proyectos de ley:

- por el que se regulan los mecanismos de importación en admisión temporaria, toma de stock y régimen devolutivo.

- A LA COMISION DE INDUSTRIA, ENERGIA, COMERCIO, TURISMO Y SERVICIOS.

- por el que se establece la obligatoriedad de la educación inicial, la educación primaria y los tres primeros años de la educación media.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

La Cámara de Representantes remite las siguientes notas, adjuntando:

- copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante Rubén Martínez Huelmo, referidas a un proyecto de ley a estudio del Senado, referente al uso de energía de origen nuclear en el territorio nacional.

- copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante Álvaro Delgado, referidas a la importancia de contar con una política nacional en materia de biocombustibles.

- A LAS COMISIONES DE INDUSTRIA, ENERGIA, COMERCIO, TURISMO Y SERVICIOS Y DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

La Comisión de Educación y Cultura solicita se curse al Ministerio de Educación y Cultura el correspondiente pedido de asesoramiento, requerido por el artículo 202 de la Constitución de la República, a efectos de que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) informe respecto de las siguientes designaciones:

- el Liceo Nº 13 del departamento de Montevideo, con el nombre ‘Doctor Baltasar Brum’.

- La Escuela Técnica de la ciudad de Rosario, departamento de Colonia, con el nombre ‘Maestro Álvaro Bustos Spinelli’.

- La Escuela Nº 95 de la ciudad capital del departamento de Maldonado, con el nombre ‘España’.

- La Escuela Nº 83 de la ciudad de San José de Mayo, departamento de San José, con el nombre ‘Reino de España’.

- La Escuela Nº 52 de la ciudad de La Paloma, departamento de Rocha, con el nombre ‘Maestro Rosalío A. Pereira’.

- El Instituto de Formación Docente del departamento de Treinta y Tres, con el nombre ‘Maestro Julio Macedo’.

- OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS."

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- Por el que se acuerda la amnistía a funcionarios policiales que hayan incurrido en delitos electorales previstos en el numeral 4º del artículo 77 de la Constitución de la República, en ocasión de realizarse las Elecciones Internas de los Partidos Políticos del 27 de junio de 2004.

- Por el que se designa ‘Barros Blancos’ la actual ciudad Capitán Juan Antonio Artigas, ubicada en al 22ª Sección Judicial del departamento de Canelones.

- Por el que se transfiere a título gratuito, del patrimonio del Estado -Ministerio de Salud Pública- al de la Administración Nacional de Educación Pública, con destino a la construcción de una escuela urbana, el inmueble Padrón Nº 717 ubicado en la 3ª Sección Judicial del departamento de Rivera -Localidad Catastral Tranqueras-.

- Por el que se consagra la responsabilidad funcional de los miembros de órganos de contralor interno que representen a Entes Autónomos o Servicios Descentralizados, en emprendimientos o asociaciones con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informada la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a efectos de designar como Director del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) al psicólogo Jorge Luis Ferrando Gutiérrez.

La Comisión de Salud Pública eleva informado un proyecto de ley por el que se crea el Instituto Nacional del Adulto Mayor.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- Por el cual se aprueba el Convenio de Cooperación entre la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en el Área de la Vivienda, suscrito en Caracas, el 14 de marzo de 2006.

- Por el cual se aprueba el Acuerdo sobre Exención de Traducción de Documentos Administrativos para efectos de inmigración entre los Estados Parte del MERCOSUR, suscrito en Florianópolis, República Federativa del Brasil, el 15 de diciembre de 2000.

- Por el cual se aprueba el Convenio para el Desarrollo Social entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Montevideo, el 9 de diciembre de 2005.

La Comisión de Hacienda eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas de diferentes valores.

- por el que se establecen normas para la protección de los salarios, jubilaciones y pensiones que se pagan a través de instituciones de intermediación financiera.

- por el que se exonera de los gravámenes impuestos por el literal H) del artículo 71 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004, a la importación de todo tipo de equipo e instrumental médico y de equipo, instrumental y material odontológico, por parte del Ministerio de Salud Pública y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- Por el que se designa ‘Capitán Manuel Antonio Artigas’ la Escuela Nº 95, Especial, para discapacitados intelectuales, del departamento de San José.

- Por el que se designa ‘Maestro Técnico Sergio González Olaizola’ la Escuela Técnica de Bella Unión, del departamento de Artigas.

- HAN SIDO REPARTIDOS. ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Junta Departamental de Rivera remite copia del proyecto de normativa nacional presentado por el señor Edil Dr. Gerardo Amarilla, referente al ‘Fomento de la Producción Citrícola en el departamento de Rivera’.

- A LA COMISION DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA."

4) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

- "Los señores Senadores Jorge Larrañaga, Carlos Camy, Carlos Moreira, Pablo Iturralde y Jorge Romero presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se crea la Agencia de Desarrollo Regional y Descentralización.

- A LA COMISION DE POBLACION, DESARROLLO E INCLUSIÓN."

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"EXPOSICION DE MOTIVOS

Agencia de Desarrollo Regional y Descentralización

El pronunciado desequilibrio en recursos, ingresos, niveles de vida y oportunidades que se registra entre la capital y sus zonas circundantes con relación al resto del país, reclama el diseño y aplicación de un conjunto de políticas de descentralización y acondicionamiento poblacional en el territorio, dirigidas al objetivo de alcanzar una auténtica integración nacional. Ello permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos nacionales, materiales y humanos, una más justa distribución del ingreso, y la efectiva vigencia del principio de igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.

Se hace impostergable encontrar un nuevo enfoque que impulse el desarrollo nacional y ese enfoque requiere ante todo la articulación de las estrategias de desarrollo local. En otras palabras, un enfoque que rescate la identidad local con sus rasgos culturales propios, y al mismo tiempo renueve los mecanismos de fomento y financiamiento que faciliten la conformación de redes empresariales y fortalezcan el tejido social en el plano territorial. Los proyectos locales deberán adecuarse a las metas nacionales. Dentro de esta lógica, es necesario compatibilizar los objetivos de maximización del producto bruto interno con la minimización de las disparidades.

En este sentido es imperativo contar con agentes e instituciones de desarrollo que pongan a disposición de los actores locales los instrumentos y las herramientas necesarias para que dinamicen sus actividades, sean éstas económicas, sociales o culturales. Es imprescindible la elaboración de una estrategia común y consistente, validada financieramente por la institucionalización de fórmulas de co-financiación público - privadas. El desarrollo local pasa necesariamente por el fortalecimiento del tejido social y empresarial local, por el aprovechamiento de los recursos intrínsecos de la región, por la eliminación de las desigualdades territoriales y por la movilización de los ciudadanos a través de nuevas fórmulas participativas.

Las herramientas para poder llevar a la práctica lo mencionado anteriormente deben ser las Agencias de Desarrollo Regional y Descentralización. Estas buscarán la interacción entre el sector público y el privado, entre el gobierno departamental y el nacional, encauzando recursos humanos y económicos en pos de lograr los objetivos referidos. Es decir promover el desarrollo integral en las distintas áreas de actividad económica que por sus características sean de prioridad departamental y/o regional y conlleven a una mejor calidad de vida de la población. Potenciando los recursos regionales y locales favoreciendo la creación de plazas de empleos y una mejora económica en los recursos de las Intendencias y la población en general, favoreciendo el uso de los recursos económicos en actividades de Desarrollo Local y Departamental pero fomentando a la vez inversiones de capitales tanto nacionales como extranjeros.

A través de la integración del directorio de la Agencia de Desarrollo se busca la interacción entre el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y el sector privado. El Presidente será designado por el Congreso Nacional de Intendentes, el Vicepresidente por el Poder Ejecutivo, y los vocales serán designados por el Poder Ejecutivo con la anuencia del Congreso Nacional de Intendentes, de ternas propuestas por el sector empresarial privado, las agrupaciones gremiales representativas de los trabajadores y las agrupaciones académicas, de conformidad a la reglamentación que se dictará al respecto. Buscando de esta forma potenciar la Agencia, ya que sus miembros tendrán dife-rentes visiones y perspectivas de las actividades a desarrollar.

Las Agencias Regionales serán los agentes de desarrollo que estarán insertos en una realidad local, por lo tanto, deberán tener un mecanismo de consulta, monitoreo y de participación social para el diseño de planes y proyectos con enfoque local y regional. Es un instrumento para aglutinar diferentes propuestas y visiones sobre un proyecto necesariamente colectivo y de la sociedad local, como así también serán los instrumentos para sentar en una misma Mesa de Trabajo a varios Municipios, ya sea por una temática común (sector productivo, conglomerado), o por un enfoque territorial (cuenca hidrográfica, zona socio económica similar).

Jorge Larrañaga, Carlos Camy, Carlos Moreira, Pablo Iturralde, Jorge Romero. Senadores.

PROYECTO DE CREACION DE LA AGENCIA DE DESARROLLO REGIONAL Y DESCENTRALIZACION

Artículo 1º.- (Creación). Créase la Agencia de Desarrollo Regional y Descentralización como persona jurídica de derecho público no estatal.

Artículo 2º.- (Cometidos). Los cometidos de la Agencia de Desarrollo Regional y Descentralización serán:

1) Identificar, evaluar y otorgar prioridad a los proyectos económicamente viables y que se adecuen a las políticas económicas nacionales y regionales;

2) Detectar necesidades y coordinar con los organismos competentes la creación o modernización de las infraestructuras que contribuyan al desarrollo o reconvención de las regiones;

3) Promover acciones de investigación y desarrollo;

4) Asesorar a los peticionantes en lo relativo a la preparación, financiación y ejecución de proyectos de interés regional;

5) Realizar el seguimiento del proceso de implementación de los proyectos promovidos y el análisis de los resultados;

6) Coordinar las actividades de los principales actores públicos y privados competentes en la preparación, financiación y ejecución de los proyectos;

7) Orientar a los potenciales inversores que se interesen en realizar inversiones en regiones de nuestro país;

8) Asesorar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) acerca de sus posibilidades de exportar sus productos, así como en la organización como consorcios y otros instrumentos que faciliten dicha actividad;

9) Asesorar a la Comisión Sectorial prevista en el literal B del artículo 230 de la Constitución de la República y, especialmente, en lo relativo al destino del fondo presupuestal establecido en el numeral 2 del artículo 298 de dicha norma;

10) Asesorar a las Intendencias Municipales en Planes y Proyectos de Desarrollo Regional, Local y Microrregional, con la participación de por lo menos dos departamentos, ya sea por una temática común o por una unidad de territorio;

11) Promover que diversas corporaciones y entidades públicas cooperen en actividades de interés general bajo técnicas jurídicas de colaboración administrativa: consorcios, corporaciones, colegios, cámaras, consejos, cooperativas y círculos.

Artículo 3º.- (Organización). La Agencia de Desarrollo Regional y Descentralización se compondrá de los siguientes órganos:

a) el Directorio; y

b) las Agencias Regionales.

Artículo 4º.- (Directorio). El Directorio tendrá a su cargo los cometidos asignados a la persona jurídica así como, entre otros, los siguientes poderes jurídicos:

A) Dictar el reglamento general del Organismo.

B) Dictar el estatuto de sus funcionarios.

C) Designar a sus funcionarios y destituirlos. En ambos casos se requerirá la mayoría absoluta de votos del Directorio.

D) Celebrar los actos civiles y comerciales, dictar los actos de administración interna, celebrar los contratos y realizar todas las operaciones materiales inherentes a sus poderes generales de administración, con arreglo a los cometidos y dentro del giro que preceptivamente le asigne esta ley.

Artículo 5º.- (Agencias Regionales). Se establecen cinco Agencias Regionales las que estarán dirigidas por un Gerente y actuarán, cada una de ellas, por delegación del Directorio en las regiones que determinará la reglamentación.

Artículo 6º.- (Integración). El Directorio se compondrá de 5 miembros. El Presidente será designado por el Congreso Nacional de Intendentes, el Vicepresidente por el Poder Ejecutivo, y los vocales serán designados por el Poder Ejecutivo con la anuencia del Congreso Nacional de Intendentes, de ternas propuestas por el sector empresarial privado, las agrupaciones gremiales representativas de los trabajadores y las agrupaciones académicas, de conformidad a la reglamentación que se dictará al respecto.

Los Gerentes serán designados por el Directorio por unanimidad de sus integrantes.

Las designaciones de los Directores así como de los gerentes deberán recaer en individuos de reconocida competencia en materia de descentralización y/o económica - comercial y será por el término de cinco años.

La remuneración de los directores será la equivalente a la de los Directores de los Entes Autónomos.

Artículo 7º.- (Participación ciudadana). Las Agencias Regionales promoverán la participación ciudadana consultiva generando mesas de diálogos o grupos de trabajo con los actores locales (públicos y privados) de la zona, para la planificación y evaluación del Desarrollo Regional y Local. La Agencia invitará a participar al actor político administrativo, al económico - productivo y al socio - cultural en régimen de plenario y de delegación.

Artículo 8º.- (Incompatibilidades). Los integrantes del Directorio tendrán las incompatibilidades establecidas en el artículo 200 de la Constitución de la República.

Artículo 9º.- (Recursos humanos y materiales). La infraestructura será provista por la Intendencia del Departamento en el cual se instale la Agencia Regional y los recursos humanos serán suministrados por organismos del Estado.

Artículo 10.- (Patrimonio). La Agencia se financiará con un porcentaje de los impuestos que se recauden en el interior del país, el cobro de los servicios que preste a los interesados, los recursos provenientes de la cooperación internacional y donaciones.

Artículo 11.- (Régimen Jurídico). La Agencia se regirá en sus actuaciones, con las excepciones establecidas en esta ley, por el derecho privado.

Artículo 12.- (Contralor Administrativo). El contralor administrativo de la Agencia será ejercido por el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores en la forma y con el alcance dispuesto en los artículos 197 y 198 de la Constitución de la República.

No será de aplicación lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 198 de la Constitución, ni se podrá destituir al miembro del Directorio que represente al sector empresarial privado.

Artículo 13.- (Auditorías). La Agencia tendrá las audi-torías internas y externas necesarias para el control de la legalidad y eficiencia de su gestión.

Artículos 14.- (Publicidad). La Agencia publicará anualmente un balance con la intervención del Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de la presentación periódica de otros informes que reflejen claramente su estado financiero (ar-tículo 191 de la Constitución de la República). La regla-mentación determinará la forma y la periodicidad de los mismos.

Artículo 15.- (Peticiones). La Agencia de Desarrollo Regional y Descentralización está obligada a decidir sobre cualquier petición que le formule el titular de un interés legítimo, dentro del término de 150 (ciento cincuenta) días, contados a partir del día siguiente de presentada la misma. Se entenderá desechada la petición si no se resuelve dentro del término previsto.

Las resoluciones, expresas o fictas, podrán ser impugnadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 16.- (Impugnaciones). Los actos dictados por el Directorio podrán ser impugnados, por razones de legitimidad o de mérito, mediante el recurso de revocación ante dicho órgano, dentro del término de 20 (veinte) días hábi-les a partir de la notificación del acto o en cualquier momento si el acto no fuere notificado personalmente al interesado.

El Directorio tendrá 50 (cincuenta) días para instruir y resolver dicho recurso. En el caso de no hacerse lugar al recurso, el recurrente tendrá 60 (sesenta) días a partir de la notificación del acto o, habiendo transcurrido el término para resolver sin haberse pronunciado dicho órgano, a partir del día siguiente al vencimiento de dicho plazo, para interponer la demanda de anulación, por razones de legitimidad, para ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de turno dentro del término de 20 (veinte) días.

El Tribunal dará traslado de la demanda a la Agencia, la que deberá evacuarlo con la remisión de los antecedentes administrativos relativos al caso, siguiéndose el procedimiento estatuido por los artículos 338 a 343 del Código General del Proceso.

El Tribunal fallará en única instancia confirmando o anulando total o parcialmente la resolución impugnada.

17 de mayo de 2007.

Jorge Larrañaga, Carlos Camy, Carlos Moreira, Pablo Iturralde, Jorge Romero. Senadores."

5) GENOCIDIO POR HAMBRE CONTRA EL PUEBLO UCRANIANO. PROYECTO DE DECLARACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto de declaración.

(Se da del siguiente:)

- "Los señores Senadores Eleuterio Fernández Huidobro, Francisco Gallinal e Isaac Alfie presentan, con exposición de motivos, un proyecto de declaración relacionado con ‘El Genocidio por hambre contra el pueblo ucraniano en los años 1932 - 1933’."

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

(Texto del proyecto de declaración:)

"EXPOSICION DE MOTIVOS

El Genocidio por hambre contra el pueblo ucraniano en los años 1932 - 1933

En la tormentosa historia del Siglo XX el Holodomor (Hambruna) de lo años 1923-33, llevado a cabo contra el pueblo ucraniano, ocupa un lugar especial. Esta acción terrorista global, llevada a cabo por el régimen comunista contra la población pacífica , no debe tener prescripción ni olvido. Al menos diez millones de ucranios fueron muertos por hambre organizada para lograr un objetivo político criminal - el debilitamiento y exterminio de los campesinos ucranios libres - base social de la nación, de sus tradiciones, su fundamento moral y autenticidad.

Según el conocido científico estadounidense James Mace: "La colectivización forzada fue una tragedia para todo el campesinado soviético, pero para los ucranianos fue una tragedia en particular. Tomando en cuenta la casi total destrucción de las elites urbanas, la colectivización representaba su aniquilamiento como organismo social y factor político, quedando relegados a una situación que los alemanes denominan "naturfolk" ("pueblo primitivo")".

El hambre de 1932-1933 se extendió prácticamente a todas las regiones de Ucrania que en aquel entonces era parte integrante de la URSS. No fue un fenómeno natural sino una acción administrativa cínica, ejecutada en forma conciente, como lo atestiguan los documentos de la época. En el país se disponía de suficiente cantidad de trigo, pero este fue vendido al exterior. Por órdenes del Gobierno estaba vedado cualquier comercio en zonas rurales, se prohibió abastecer las aldeas de alimentos, fueron perseguidos y condenados a 10 años de cárcel, inclusive a fusilamiento, a todos aquellos que usaban el trigo para el pago de salarios. Estos hechos están documentados en los archivos oficiales de los organismos del Gobierno de entonces.

Los investigadores mencionan diversas cantidades de muertos por el Holodomor: 5, 7, 9 y 10 millones de personas. Sea cual fuere el caso se trata de millones de inocentes víctimas. Y si tomamos en cuenta las por causas derivadas (como el agotamiento físico total, tifus, envenenamientos gastro -intestinales, represiones, suicidios debido al desorden psíquico y colapso social), un cómputo aproximado arroja la cifra de 14 millones de personas que perdieron su vida por este motivo.

Evidentemente, el criterio de apreciación de la magnitud de la tragedia no está sólo en la cantidad, sino en la capacidad de cada persona de tomar el dolor ajeno como suyo propio. Al respecto, la conocida poetisa ucraniana Lina Kostenko, decía que "el Holodomor se encuentra más allá de las fronteras del dolor". La universalidad de esta catástrofe nacional sólo puede ser entendida con la profundidad de la conmoción interna de todo aquel que se considere una persona civilizada.

Por su direccionamiento antiucraniano y por la magnitud en su aplicación, el Holodomor de los años 1932-33 se reveló como el arma más terrible de destrucción masiva y de esclavización social de los campesinos, utilizada por el régimen totalitario existente.

Sin un adecuado análisis de esta más cínica forma de terrorismo político, en sus aspectos históricos, sociológicos, legales y políticos es imposible, hoy día, imaginar la historia de la Europa del Siglo XX y comprender la esencia misma del totalitarismo. Con todo fundamento se puede hablar de una catástrofe social-humanitaria global en la historia de la humanidad y no sólo en la de Ucrania.

A juzgar por los informes de1 la época enviados por los representantes diplomáticos a sus respectivos países, los Jefes de Estado conocían las condiciones y el alcance de la Hambruna en Ucrania. El Prof. O. Shulhin, Jefe de Gobierno de la República Democrática de Ucrania (UNR), exiliado en París, dirigió una nota a la Liga de las Naciones y a la Cruz Roja Internacional sobre las horrendas consecuencias del hambre allí organizado. Sin embargo, los círculos políticos y empresariales de los países extranjeros observaban, en silencio, el desarrollo de la tragedia o simplemente no la querían ver, engañados por la efectiva propaganda del régimen estalinista.

Recién gracias a los esfuerzos de la emigración ucraniana fue formada una Comisión del Congreso de los EE.UU. de Norteamérica, encabezada por el científico James Mace, a cuyas instancias, en el año 1986, el Holodomor de 1932-33 en Ucrania fue denominado genocidio.

Poco tiempo después, en noviembre del año 1989, una Comisión de eminentes juristas, presidida por el prestigioso profesor de la Universidad de Stockholm, Dr. Jacob Sandberg, dictaminó que la hambruna, organizada en 1932-33 por el régimen soviético, fue un genocidio contra el pueblo ucraniano.

El 14 de mayo del año 2003, al conmemorarse el 70 Aniversario del Holodomor, fue convocada una Sesión especial de la Verjovna Rada (Parlamento) de Ucrania. Los integrantes de esta Sesión aprobaron una proclama al pueblo ucraniano, donde reconocen que "…El Holodomor fue concientemente organizado por el régimen estalinista y debe ser públicamente condenado por la sociedad ucraniana y la comunidad internacional, debido a la cantidad de víctimas, como uno de los más grandes genocidios de la historia mundial".

Ese mismo año, en la 58 a Sesión de la Asamblea General de la ONU, por primera vez en la historia de esta alta Organización Internacional, hubo una declaración conjunta de las delegaciones de los Estados miembros que designó, al Holodomor de los años 1932-33 como una tragedia nacional del pueblo ucraniano, declaró los pésames a sus victimas y apeló a todos los Estados miembros de la Organización, a sus entidades especializadas, a las organizaciones regionales e internacionales, a los fondos y asociaciones civiles, tributar homenaje a la memoria de todos aquellos que fallecieron en este trágico período de la historia.

Los Parlamentos de diez países reconocieron a este acto de terror como genocidio contra el pueblo ucraniano. Sólo mencionaremos aquí la declaración del homenaje a las victimas del Holodomor en Ucrania de los años 1932-33, aprobado por el Senado de la República Argentina el 23 de setiembre de 2003; la Resolución del Senado Canadiense, del 19 de junio de 2003, apelando a su Gobierno a reconocer al Holodomor en Ucrania de los años 1932-33 y condenar cualquier tipo de intento de la verdad histórica sobre el hecho de esta tragedia no fue otra cosa que un genocidio; la Resolución de la Cámara de Representantes del Congreso de los EE.UU. de Norteamérica N° 356 del 20 de octubre del año 2003 y también la reciente aprobación de una Resolución permitiendo la construcción, en un predio de la ciudad de Washington, del monumento a las victimas del Holodomor-genocidio.

En la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General de la ONU del 15 de setiembre de 2005, el actual Presidente de Ucrania Víctor Yushchenko, en su alocución a los Jefes de Estado presentes, apeló "en nombre de una Nación que ha perdido 10 millones de personas por el Holodomor-genocidio" a conocer toda la verdad sobre los crímenes contra la humanidad y, para así, tener la seguridad que la indiferencia no estimulará a los criminales.

El día 25 de setiembre pasado, en la Sesión de la 61 Asamblea General de la ONU, el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania Dr. Boris Tarasyuk, como representante de un país miembro del Consejo de Derechos Humanos, al referirse sobre el próximo 60 Aniversario de la Convención sobre la prevención y el castigo del crimen del genocidio mencionó que, una y media década antes de su aprobación, el pueblo ucraniano ya era víctima de genocidio. "Deliberadamente organizado por el régimen totalitario comunista y con el propósito de destruir el centro vital del, amante de libertad, pueblo ucraniano, su campesinado, el urdido Holodomor de los años 1932-33 causó en Ucrania la muerte de siete a diez millones de inocentes hombres, mujeres y niños que representaban, entonces, el 25% de su población"…"Ucrania apela a las Naciones Unidas, como al portador colectivo de la comunidad internacional, contribuir a la conmemoración del 60 Aniversario de la Convención reconociendo al Holodomor como acto de genocidio contra el pueblo ucraniano".

Recientemente, el día 28 de noviembre de 2006, la Verjovna Rada (Parlamento) de Ucrania aprobó la Ley "Sobre el Holodomor en Ucrania de los años 1932-33", propuesta por el Presidente de Ucrania Víctor Yushchenko. Según esta Ley, el Holodomor en Ucrania de los años 1932 -1933 es declarado genocidio contra el pueblo ucranio. En su preámbulo se incluye la definición del genocidio, de acuerdo a la jurisprudencia internacional aceptada. Asimismo, la propia Ley establece que, "la negación pública de la existencia del Holodomor de los años 1932-33 en Ucrania se considera una burla a la memoria a los millones de victimas de la tragedia, una humillación a la dignidad del pueblo ucraniano y es ilegal".

Esto ayudará a renovar la justicia histórica, recordar a las víctimas y advertir una vez más sobre las horrorosas consecuencias de actividades de regímenes totalitarios de cualquier signo y color, tanto en el pasado como en el futuro.

EN FUNCION DE LOS FUNDAMENTOS EXPRESADOS

EL SENADO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DECLARA

Su homenaje a los millones de hombres, mujeres y niños que perdieron sus vidas como consecuencia de la privación deliberada de su sustento básico motivando genocidio por hambruna generalizada contra el pueblo ucraniano, en los años 1932 y 1933.

Su rechazo a toda política de estado que viole los derechos humanos.

Apela a la buena voluntad de la comunidad internacional para dar máxima difusión a este trágico acontecimiento y apoyar la propuesta de Ucrania, ante la Asamblea de las Naciones Unidas, declarando el Holodomor un genocidio.

Eleuterio Fernández Huidobro, Francisco Gallinal, Isaac Alfie. Senadores."

6) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

- "El señor Senador Francisco Gallinal, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionado con la aplicación de lo establecido por la Ley Nº 18.092, de 27 de diciembre de 2006.

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO."

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo,17 de mayo de 2007.

Sr. Presidente del Senado

de la República

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi consideración:

En uso de la facultad que me otorga el Art. 118 de la Constitución de la República, solicito se curse el presente pedido de informes con destino al Poder Ejecutivo, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca:

Conforme a las disposiciones de la Ley Nº 18.092, de 27 de diciembre de 2006, "Titularidad del derecho de propiedad sobre inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias", y en aplicación de artículo 1º, inciso tercero: "El Poder Ejecutivo, a instancia de parte, podrá disponer que tanto la titularidad de inmuebles rurales, así como de explotaciones agropecuarias, sea ejercida por sociedades anónimas o por sociedades en comandita por acciones, en ambos casos con capital accionario representado por acciones al portador, cuando el número de accionistas o la índole de la empresa impida que el capital accionario estuviera representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas. La autorización del Poder Ejecutivo indicará los inmuebles rurales concretos que comprende, y deberá volverse a solicitar cada vez que se aumente la superficie de tenencia o se sustituyan los inmuebles comprendidos en ella."

La información que se solicita es la siguiente:

1.- ¿Cuántas solicitudes se han presentado a la fecha ante el Poder Ejecutivo, y quiénes han sido los promotores, al amparo de lo dispuesto en el texto normativo citado?

2.- Fundamento de las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo, en virtud del que se hizo lugar o se desestimó las solicitudes para que la titularidad de inmuebles rurales sea ejercida por capital accionario representado por acciones al portador.

3.- Copia de las resoluciones referidas en el numeral anterior.

4.- Si se ha hecho por esa Secretaría de Estado alguna evaluación de la incidencia que ha tenido la normativa referida en el sector.

Sin otro particular, lo saluda atte.

Dr. Francisco Gallinal. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

- "El señor Senador Carlos Camy, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, relacionado con el arrendamiento de un predio, dispuesto por el Directorio del Instituto Nacional de Colonización, en la 3ª Sección del Departamento de San José.

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO."

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 17 de mayo de 2007.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle se remita el presente pedido de informes al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por su intermedio al Directorio del Instituto Nacional de Colonización, de conformidad con el Art. 118 de la Constitución de la República en referencia a los siguientes puntos:

1º) Si por Resolución del 28/03/07 el Directorio del INC dispuso arrendar un predio en la 3ª Sección del Departamento de San José a un particular para ser adjudicado al solicitante de tierra Sr. Gabriel Arrieta.

2º) Si ya se ha concretado la referida operación.

3º) Si antes de seleccionar el predio y aceptar el precio se hizo en forma previa un llamado público a oferentes en medios de información nacionales o departamentales.

4º) Si para adjudicar el predio se abrió previamente el correspondiente registro de interesados a los efectos de realizar la mejor selección del adjudicatario.

5º) Si el adjudicatario Sr. Gabriel Arrieta es la misma persona que en octubre del año 2006 ocupó en forma ilegítima por 24 horas la Fracción Nº 14 de la Colonia "Galland", debiendo intervenir la Seccional Policial y el Juzgado correspondiente para que la mencionada persona desocupara la misma.

6º) Si el Informe Técnico del mencionado solicitante tuvo en cuenta este antecedente. Solicitamos se nos remita copia del mismo.

7º) Si se ha adjudicado en la presente Administración alguna otra Fracción sin la previa apertura del correspondiente registro de interesados en el Departamento de San José.

8º) Si de futuro el Directorio procederá siempre a realizar un llamado a interesados cuando existan Fracciones libres o en algunas ocasiones realizará adjudicaciones directas. ¿En qué circunstancias se realizarán las adjudicaciones directas?

Carlos Daniel Camy. Senador."

7) INASISTENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias, en el caso de que existieran.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"En la sesión ordinaria del día 15 de mayo faltaron, con aviso, el señor Senador Ríos y el señor Presidente Nin Novoa y, sin aviso, la señora Senadora Topolansky.

En lo que respecta a las inasistencias de los señores Senadores a sus respectivas Comisiones, cabe informar que:

- A la sesión de la Comisión Especial de Deporte del 15 de mayo faltaron, con aviso, los señores Senadores Alfie y Baráibar.

- A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 15 de mayo, faltó con aviso el señor Senador Ríos; a la del 22 de mayo, faltó con aviso el señor Senador Ríos; y a la del 29 de mayo, faltaron con aviso los señores Senadores Abreu y Breccia.

- A la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del 16 de mayo, faltó con aviso el señor Senador Romero.

- A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 16 de mayo, faltaron con aviso los señores Senadores Iturralde y Sanguinetti; y a la del 23 de mayo, faltaron con aviso la señora Senadora Percovich y los señores Senadores Cid y Penadés.

- A la sesión de la Comisión de Hacienda del 16 de mayo, faltó con aviso el señor Senador Larrañaga; a la del 23 de mayo, faltaron con aviso los señores Senadores Abreu y Alfie; y a la del 30 de mayo, faltaron con aviso los señores Senadores Abreu, Alfie, Breccia, Heber y Larrañaga.

- A la sesión de la Comisión de Salud Pública integrada con Hacienda del 17 de mayo, faltaron con aviso los señores Senadores Alfie, Larrañaga y Michelini; a la del 24 de mayo, faltaron con aviso la señora Senadora Percovich y los señores Senadores Abreu y Alfie; y a la del 31 de mayo, faltaron con aviso los señores Senadores Abreu, Alfie, Antía, Baráibar, Breccia, Da Rosa, Heber, Larrañaga y Vaillant.

- A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 17 de mayo, faltaron con aviso los señores Senadores Bentancor, Larrañaga y Michelini.

- A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 17 de mayo, faltaron con aviso los señores Senadores Alfie y Romero.

- A la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del 23 de mayo, faltó con aviso el señor Senador Michelini.

- A la sesión de la Comisión de Medio Ambiente del 23 de mayo, faltó con aviso la señora Senadora Xavier.

- A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 28 de mayo, faltó con aviso el señor Senador Antía; y a la del 4 de junio, faltó con aviso el señor Senador Heber.

- A la sesión de la Comisión Especial para el Estudio del Funcionamiento de los Partidos Políticos del 30 de mayo, faltaron con aviso la señora Senadora Percovich y los señores Senadores Breccia, Gallinal, Heber, Korzeniak y Sanguinetti.

- A la sesión de la Comisión de Transporte y Obras Públicas del 30 de mayo, faltaron con aviso los señores Senadores Fernández Huidobro y Ríos.

- A la sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del 4 de junio, faltaron con aviso los señores Senadores Lara y Long".

8) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Penadés solicita licencia los días 4 y 5 de junio inclusive."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 1 de junio de 2007

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores,

D. Rodolfo Nin Novoa.

Presente

De mi mayor consideración:

A través de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Ud., para solicitarle Licencia, los días 4 y 5 de junio del año en curso, inclusive.

Motiva dicha solicitud, tener que concurrir a la Sesión, en la ciudad de Buenos Aires, de la Comisión Redactora del Reglamento del Parlamento del MERCOSUR.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Gustavo C. Penadés. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica al Cuerpo que el señor Ambrosio Rodríguez ha presentado nota de desistimiento informando que por esta única vez no acepta la convocatoria al Cuerpo, por lo que se invita a pasar a Sala al señor Senador José Carlos Cardoso, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

10) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Lara Gilene solicita licencia los días 5, 6, 7, 12, 13 y 14 de junio, inclusive".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 4 de junio de 2007.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores.

Don Rodolfo Nin Novoa.

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente, me dirijo a usted a los efectos de solicitar licencia por motivos personales los días 5, 6, 7, 12, 13 y 14 de junio del corriente inclusive.

Sin más, saluda a Ud. muy atentamente,

Julio C. Lara Gilene. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 14 en 17. Afirmativa.

Se invita a pasar a Sala al señor Jorge Romero, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Fernández Huidobro solicita licencia desde el 5 hasta el 19 del corriente".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, junio 5 de 2007.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito Licencia por Enfermedad de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 16.465, desde el día 5 hasta el día 19 del corriente inclusive.

A esos efectos adjunto certificado médico correspondiente.

Sin otro particular, le saluda atentamente:

Eleuterio Fernández Huidobro. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 15 en 18. Afirmativa.

11) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica al Cuerpo que los señores Héctor Tajam, Eduardo Muguruza y Saúl Posada han presentado notas de desistimiento informando que por esta única vez no aceptan la convocatoria al Cuerpo, por lo que se invita a pasar a Sala a la señora Nora Castro, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

12) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Alfie solicita licencia desde el 2 al 13 de julio inclusive".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 22 de mayo de 2007

At.: Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a usted se sirva autorizar al suscrito a hacer uso de licencia reglamentaria por el período comprendido entre los días 2 al 13 de julio inclusive.

Por tanto, solicito a su vez se convoque, oportunamente, a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

Isaac Alfie. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 15 en 18. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

13) DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Muchas gracias, señor Presidente.

Hoy quiero abrir mi exposición refiriéndome a la celebración en la fecha del Día Mundial del Medio Ambiente, si bien quisiera que honráramos a este planeta que nos alberga en cada acto de nuestras vidas. Somos Naturaleza y podemos vivir en armonía con todo lo vivo e inorgánico que nos rodea, haciendo el infinito Universo, cuyos misterios apenas comenzamos a descubrir.

Además de ese mínimo que pomposamente llamamos "adelantos", sabemos preguntarnos, interrogarnos, y ese es el gran logro de la ciencia moderna, trampolín desde el cual llegamos a creernos omnipotentes. Pero la Naturaleza se enojó, y en su ira y nuestra sorpresa llegamos a sentirnos rivales.

Jornadas como la de hoy son parte de una ansiada conciliación, que la civilización actual pretendió impulsar desde la resolución 2994 del 15 de diciembre de 1972, cuando, consciente de esos significados, la Asamblea General de la ONU designó el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente para dar a conocer mejor la necesidad de conservar y mejorar el medio ambiente.

Se eligió tal fecha porque ese día se había iniciado la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, a raíz de la cual se creó el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la cual se reunieron los países para adoptar las decisiones necesarias para reavivar las esperanzas que había infundido la Conferencia de 1972 y a hacer frente al desafío de lograr un equilibrio viable y equitativo entre medio ambiente y desarrollo. También diría entre hombre y lo que no es mundo humano, pero se involucra en él cuando el buen hombre se convierte en devastador y llega a perpetrar el mayor crimen de la historia natural: la contaminación, que también es muerte.

El PNUMA, organismo encargado de coordinar las actividades del Día Mundial del Medio Ambiente, ha logrado convertir este día en un acontecimiento de carácter popular con ocasión del cual gobiernos, particulares y grupos comunitarios organizan un sinnúmero de actividades para mejorar su medio ambiente. En muchos países, la celebración sirve para aumentar la atención que se presta a nivel político a los problemas del medio ambiente y poner de relieve las actividades que se cumplen para lograr esa definitiva conciliación.

Jefes de Estado, primeros ministros y ministros de medio ambiente pronuncian discursos y se comprometen a cuidar de la Tierra. También se contraen compromisos más importantes que son el primer paso para el establecimiento de estructuras gubernamentales permanentes que se ocupan de la ordenación del medio ambiente y de la planificación económica, además de ofrecer la oportunidad para firmar o ratificar convenios internacionales sobre el cuidado del ambiente.

Pero, modestamente advierto que esa verdad "incómoda" o "inconveniente" como define Al Gore -ex Vicepresidente y candidato presidencial en EE.UU.- sólo puede ser enunciada con certeza cuando la llamada "conciencia ecológica" sea parte de nuestra psiquis, de nuestro pensar, de nuestra acción y -por qué no decirlo- de nuestra emoción.

Debemos respetar al ambiente hasta enamorarnos de él, y en ese momento dejaremos de cometer esos pequeños delitos que atentan contra su estabilidad y continuidad.

Solicito que mis palabras pasen a: la Presidencia de la República, OPP, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a la DINAMA, y a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas de todo el país.

14) FORMACION DE UNA COMISION PARA REGULAR LA COTA DE LAS AGUAS DE LOS EMBALSES DE LAS REPRESAS DEL PAIS

SEÑOR PRESIDENTE.- Para ocuparse de otro asunto, tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: En segundo lugar, quiero plantear la necesidad de instalar un organismo o comisión que se encargue de establecer los niveles a que debe regularse la cota de las aguas en los embalses de las represas que tiene el país. Elevaré un proyecto de ley con ese contenido en las próximas semanas.

Sin duda, esto tiene que ver con mi experiencia personal como habitante de Mercedes, ex Intendente Municipal de Soriano y ante lo ocurrido hace poco con las inundaciones que afectaron mi departamento, por lo que siento la necesidad de explicar algunos elementos de esa propuesta, que parte del hecho que la ciudadanía se expidió en el sentido de que el agua es un bien muy importante para el Uruguay, tanto cuando escasea como cuando sobra, por lo que la decisión acerca de su manejo debe abarcar a más sectores implicados de la sociedad.

En ese ámbito, pienso que deberán estar representados los Ministerios de Industria, Energía y Minería (al que se debe UTE), Transporte y Obras Públicas (Dirección de Hidrografía), Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y Ganadería, Agricultura y Pesca; y las Intendencias Municipales involucradas.

Señor Presidente: a mi pedido, el Directorio de UTE compareció ante la Comisión de Medio Ambiente de esta Cámara Alta. No quedé conforme con las explicaciones, no se aclaró por qué se trabaja en la represa Constitución de Palmar con una cota de 40 metros, siendo posible la operación con una mucho más baja, en un embalse cuyo caudal medio oscila entre 36 y 40 metros, como señaló UTE.

Esa represa comenzó a funcionar en 1982, no sólo para generar energía sino también para prevenir las crecientes aguas abajo, y la utilización de la cota máxima sólo se puede explicar en la pretensión de generar más energía.

Tampoco se explicó por qué el 1º de mayo último, la cota estaba en 40,21 metros y no la bajó lo suficiente -abriendo las compuertas antes de que lloviera- para acumular luego más agua en el lago y así aliviar la crecida en Mercedes. Es previsible que en otoño e invierno haya abundancia de precipitaciones, escurrimientos mayores y evaporaciones menores, y que la lluvia colme más rápidamente los embalses, por lo que no se justifica trabajar con 40 metros. Además, si está plenamente superada la crisis energética y en régimen hidráulico de generación, ¿por qué no se partió de un nivel más bajo de aguas en el lago? Creo que UTE sólo tiene en cuenta su interés económico, por más que es una empresa del Estado y debe, ante todo, velar por los intereses de la población. Entonces, ¿quién se ocupa de regular el nivel de las aguas de la represa?

Por otro lado, acerca de por qué no se toman en cuenta los pronósticos del tiempo, la empresa indicó que de no cumplirse, se pueden dar resultados contraproducentes; es decir, no los utilizan por si se equivocan. Con ese argumento, tampoco debería tenerse en cuenta cuando anuncian sequía; sin embargo, son utilizados para aumentar las tarifas, como ocurrió en enero pasado.

También se argumentó que la Dirección Nacional de Meteorología recién emitió un alerta de lluvias el viernes 4 de mayo a las 16 y 30, pero, hasta ese momento, ¿con qué elementos de juicio se manejó UTE? Incluso, el Gerente General del organismo aseguró que los informes se brindan con una anticipación de 48 horas. Es de suponer que tales avisos tienen una base científica, pero entre sábado y domingo indicaron que el Río Negro frente a Mercedes llegaría a 7,63 metros y llegó a 9,58.

En todo caso, lo que ha quedado en claro es que los protocolos internacionales en materia de manejo de compuertas de las represas no abarcan todos los casos puntuales y, me parece muy obvio, sólo están basados en soportes técnicos; no tienen en cuenta que ese manejo pueda llegar a provocar inundaciones que afecten a poblaciones. Y eso fue lo que le pasó otra vez a Mercedes.

Sin entrar en más comentarios, señor Presidente, creo que es pertinente mi propuesta de crear un organismo nacional y convenientemente descentralizado que maneje estos casos asumiendo sus elementos técnicos y sociales, teniendo en cuenta todas sus aristas y tratando de evitar catástrofes como la que acabo de describir y dejan tantos daños, incluso morales, sobre todo si sabemos que pudieron evitarse o reducirse sus efectos.

Pido que la versión taquigráficas de mis palabras en este segundo tema sea enviada a la Presidencia de la República, a la OPP, a los Ministerios de Industria, Energía y Minería, Ganadería, Agricultura y Pesca, Transporte y Obras Públicas, a la Dirección de Hidrografía, a UTE y a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas de nuestra nación.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar los trámites solicitados.

(Se votan:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

15) REFERENCIA A UN FALLO DEL TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO PENAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Breccia.

SEÑOR BRECCIA.-Señor Presidente: en el día de hoy queremos referirnos a un episodio reciente, que afectó especialmente nuestra sensibilidad y la de muchos uruguayos y uruguayas dado su carácter público, potenciado además por ese vehículo de amplificación de conductas como es la televisión y, fundamentalmente, por el manejo que determinadas personas -protagonistas políticos o periodísticos de la vida del país- realizaron de él.

(Parte de esta exposición ha sido eliminada en aplicación del artículo 170 del Reglamento del Cuerpo)

- Nos estamos refiriendo al triste episodio que protagonizara el doctor Bordaberry hijo con uno de los miembros de esta Cámara, ocasión en que se le imputó públicamente la consideración agraviante de "mentiroso", a partir de una grabación clandestina que realizara de una conversación por ellos mantenida. Esta conducta espuria fue realizada, en reiteración real y con similares características, con el Secretario de la Presidencia de la República.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador está haciendo alusiones y le recuerdo que eso no está permitido en la hora previa.

SEÑOR BRECCIA.- Simplemente estoy relatando hechos. En todo caso, solicito al señor Presidente que me permita terminar con mis expresiones y luego evalúe si entiende que ellas contienen alusiones o no.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Breccia.

SEÑOR BRECCIA.- Gracias, señor Presidente.

En esa oportunidad, evaluamos en forma absolutamente personal y frente a nuestra propia conciencia, la evntual formulación de un planteo de fueros frente a esta Cámara, en la medida en que hechos a nuestro entender de suma gravedad aparecían afectando, de manera solapada y artera, la imagen de uno de sus integrantes.

Sin embargo, la consideración de la eventual interpretación que de ello pudiera realizarse en el sentido de aparecer, de alguna manera, afectando la independencia del Poder Judicial -en cuanto éste se encontraba realizando, en vías de uno de sus principales órganos de alzada, la evaluación de las circunstancias contenidas en la referida grabación-, nos convenció de abstenernos de tal actitud.

Hace muy pocos días se conoció el fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno, que confirmó por unanimidad el procesamiento del dictador y de su Ministro de Relaciones Exteriores por los delitos de homicidio especialmente agravado en las personas de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw. En el dictamen, y en cuanto nos interesa para nuestra intervención, el Tribunal no solamente ratifica los procesamientos sino que, enfatizando aun más uno de los argumentos de la Fiscalía y del propio Juez para solicitar y dictar el procesamiento, manifiesta, en cuanto al ex dictador, que no solamente debía saber o tenía necesariamente que saber acerca de lo sucedido; el ex Presidente sabía, señalan los Ministros, porque él mismo lo dijo. Nada de lo que ocurría en el Uruguay le era ajeno y hay prueba abundante de ello. El órgano de alzada establece claramente que si el Gobierno uruguayo no estaba detrás del operativo que derivó en los cuatro asesinatos, es incomprensible la absoluta inacción gubernamental luego de producidos los secuestros, en virtud de la repercusión internacional que tuvieron.

Los Ministros concluyen -y nosotros agregamos que de manera terminante- que la prueba tiene la potencialidad para desvirtuar la presunción de inocencia y es suficiente, más bien holgada, como para formar la convicción de la participación de los justiciables en el reato investigado.

Estas afirmaciones del Tribunal son de una elocuencia y claridad tales, que tenemos la convicción de que no cabría sino el silencio y la indignación: silencio, para no correr el riesgo de desvirtuarlas en manera alguna; indignación, en cuanto significan la confirmación evidente de lo que, para muchos, es una verdad inocultable, o sea, la responsabilidad intelectual en los asesinatos efectuados. Pero sucede, señor Presidente, que el manejo público con fines espurios, el afán de audiencia y la búsqueda de quién sabe qué tipo de réditos, sacaron este tema de la serena consideración de los magistrados y lo colocaron a la luz pública y, lo que es más grave, transformaron a una de las víctimas directas en acusado, agraviando su imagen y, por si ello fuera poco, por elevación, subrepticiamente y en mérito a las preposiciones transitivas que tan frecuentemente se realizan en estos casos, atacaron la propia institución parlamentaria de la que el "acusado" forma parte, por aquello tan sencillo de que si uno mintió, todos son mentirosos.

El señor Senador Michelini -y no se considere esto como una alusión de las prohibidas en el Reglamento por cuanto su mención es inevitable y, por otro lado y en todo caso, no se trata de una alusión de carácter político- no mintió cuando manifestó, aun en forma privada frente al hijo de quien tanto daño causó a su familia y en actitud de diálogo que lo enaltece, que el dictador no había tenido participación directa en los hechos. No dijo sino aquello que parece evidente para cualquier persona bienintencionada: esto es, que el dictador no manipuló personalmente ninguno de los instrumentos del tormento infligido ni disparó personalmente a las víctimas indefensas, pero ratificó, por oposición -y por oposición que adivinamos casi respetuosa de un sentimiento filial compartido con el hijo del victimario-, que el dictador sí compartió desde lo intelectual la autoría del bárbaro crimen.

Lamentablemente, esa actitud respetuosa del señor Senador Michelini no recibió la condigna reciprocidad. Es por eso, señor Presidente, que frente a este categórico pronunciamiento de los Tribunales, no podemos menos que expresar nuestra doble satisfacción. Primero, porque el tiempo, ese invencible componedor, ha puesto las cosas en su lugar y, segundo, porque el episodio supuso asimismo una conducta especialmente cuidadosa de este Parlamento, de todos los colegas Senadores, de esta Bancada de Gobierno y de cada uno de sus Legisladores que, aún presos de la indignación producida por actitudes francamente incalificables, optaron por el respeto más absoluto de las instituciones responsables del juzgamiento de los hechos.

Solicitamos, señor Presidente, que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada a los familiares del señor Senador Michelini, especialmente a su señora madre y a su señora hermana, a las que sabemos particularmente afectadas por los hechos que han motivado nuestra intervención.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 20 en 23. Afirmativa.

La Mesa desea aclarar que la versión taquigráfica será revisada y se retirará de ella lo que la Presidencia considere como alusión.

16) CIERRE DEL CANAL "RADIO CARACAS TELEVISION"

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente del Senado: hemos asistido con creciente preocupación a las violaciones a la libertad de expresión que se están produciendo en la República Bolivariana de Venezuela.

En el año 2005, en ocasión de que se discutiera en la Comisión de Educación y Cultura del Senado la posible incorporación de nuestro país al canal de propaganda del Gobierno de Venezuela, denominado TELESUR, señalamos que la inconveniencia de dicha decisión residía, entre otras razones, en el contundente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que llamaba la atención sobre el notorio deterioro de la libertad de expresión en el país caribeño.

Posteriormente, llamamos la atención del Senado de la República por la condena a 16 años de prisión al Presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega, por haber impulsado una huelga que, dicho sea de paso, no tenía por objeto el retiro del Presidente Chávez, así como ningún planteo político similar. ¡Fíjense que se impuso una condena de 16 años por haber ejercido el derecho de huelga! ¡Una verdadera vergüenza para nuestro continente!

Los ataques a la libertad de expresión han continuado y han sido reiteradamente denunciados por organizaciones de defensa de los derechos humanos; pero el hecho reciente, que ha desbordado la copa, radica en el cierre del canal "Radio Caracas Televisión", uno de los pioneros de la televisión en dicho país, con alcance nacional y que posee una audiencia del 36% del total de la población. Lo más grave del hecho es que dicho cierre no se produce como consecuencia de un proceso judicial por presuntos delitos que pudiera haber cometido dicho medio, con todo el cuidado que aún en ese caso habría que tener por tratarse de un medio de comunicación, sino que se basa en la simple voluntad del Coronel Chávez por considerar a "Radio Caracas Televisión" como el principal medio de comunicación que se ha opuesto a sus políticas, lo que ha sido declarado por él mismo y a los cuatro vientos.

Semejante atropello a la libertad de expresión ha sido condenado por organizaciones de enorme prestigio a nivel de todo el mundo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo -y leo textualmente- "un llamado al Estado venezolano para que proteja, dentro de los perímetros del Derecho Internacional de los derechos humanos, tanto la expresión favorable a sus políticas y objetivos, como la crítica divergente. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una sociedad democrática".

Por su parte, el Parlamento Europeo recordó a Venezuela que -y también leo textualmente- "es su obligación respetar y hacer respetar la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad de prensa". Luego de calificar la actitud de Chávez como "un precedente alarmante para la libertad de expresión en el país" instó "al diálogo entre el Gobierno y los medios de comunicación privados, aunque lamenta profundamente la nula predisposición al diálogo mostrada por las autoridades venezolanas". Reitero que estas son expresiones de la declaración del Parlamento Europeo, y así podríamos seguir.

Esto no termina aquí, ya que también se han pronunciado Parlamentos soberanos de América del Sur, colegas nuestros, como el Senado de Chile y el de Brasil. En el primer caso, el Senado de Chile se refiere "a la transgresión de la libertad de pensamiento y de expresión que se pretende consumar en la República de Venezuela […] por el solo hecho de mantener una editorial e informativa distinta al pensamiento del actual gobierno". Ante esto, el Coronel Chávez contestó: "el Senado de Chile, dominado por la derecha, ha elevado ante OEA una solicitud para que a Venezuela le apliquen la Carta Interamericana por estar violando la libertad de expresión [...] Esa es la misma derecha que apoyó el golpe contra Allende"; "es la extrema derecha fascista que apoyó los golpes de Estado […] las desapariciones, los asesinatos y los genocidios". Cabe recordar que esta resolución del Senado de Chile contó con el voto favorable de varios de los partidos de Gobierno, entre ellos, la Democracia Cristiana, de Soledad Alvear, y el PPD, de Ricardo Lagos, que difícilmente califiquen como integrantes de la derecha fascista. Vale decir que el Presidente del Senado, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, recalcó que "se podrán argumentar distintos resquicios legales para terminar con esa libertad de expresión pero todos los síntomas de lo que estamos viendo es volver al pasado, cuando en América Latina había Gobiernos que en definitiva tomaban control total del poder, y ya sabemos los resultados".

En cuanto al Senado de Brasil, podemos decir que en resolución de la semana pasada señaló: "Entendemos es de fundamental importancia para el mantenimiento de las relaciones democráticas del pueblo venezolano que tal diversidad de voces tenga garantizada la libertad de elección y expresión a través del medio televisivo privado representado por RCTV. Siendo así, solicitamos que sea reconsiderada la decisión de no renovar la licencia de funcionamiento de la emisora".

La respuesta del Coronel Chávez ante estas expresiones de preocupación consistió en calificar al Senado de Brasil de "papagayo que repite todo lo que dice Estados Unidos" y a los Senadores de "peones del imperio". Esto constituye una inaceptable falta de respeto hacia nuestros colegas latinoamericanos y ha derivado, entre otras consecuencias, en que el Presidente del Senado de Brasil, Renán Calheiros, manifestara: "Un Jefe de Estado que no sabe convivir con una manifestación democrática y en defensa de la democracia, es porque probablemente esté caminando en dirección contraria a la democracia".

Quiero señalar que Chile y Brasil son ejemplos de la forma en que actúan países con dignidad, que no venden su rico patrimonio al bajo precio de la necesidad.

Por tal motivo, y porque estos hechos nos recuerdan los pasos previos a la instalación de la terrible dictadura que se implantara en nuestro país algunas décadas atrás y que aún tenemos tan fresca en nuestra memoria, es que el Partido Nacional, en el seno del Parlamento del MERCOSUR, en su próxima sesión, radicará una denuncia sobre la situación de la libertad de expresión en la República de Venezuela, porque a nuestro juicio en dicho país se están violando principios esenciales del MERCOSUR, particularmente la exigencia de que solamente podrán integrar el bloque regional aquellos países que respeten en plenitud los principios democráticos, tal como lo establece el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la República; al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, a la Secretaría Permanente del MERCOSUR, a las Embajadas de Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Bolivia, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, al Parlamento Europeo, a su Presidente, Hans-Gert Pöttering y al Vicepresidente, Alejo Vidal-Quadras Roca, a la Sociedad Interamericana de Prensa, a todas las Juntas Departamentales de nuestro país, al Presidente de RCTV, doctor Marcel Granier, y a los Partidos Social Cristiano, Primero Justicia, Movimiento V República y Acción Democrática de Venezuela.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 16 en 21. Afirmativa.

17) DEFICIT DE VIVIENDAS CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE LA POBLACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra la señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Quiero hacer algunas reflexiones en esta hora previa en un día que, como señalaba el señor Senador Lapaz, se festeja el Día Internacional del Medio Ambiente. Pero deseo formular una reflexión más compleja sobre un tema reiterado, que manejamos en nuestro país, que tiene que ver con el déficit de viviendas que existe aquí con respecto a las necesidades de la gente. Esa especie de desfase se da en un país que no crece en población aunque de todos modos presenta déficit de cupo habitacional.

En una publicación muy rica de datos sobre las características del Uruguay desde el punto de vista de la población y el desarrollo, con equipos de investigadores muy interesantes en todos los elementos que constituyen estos temas -tal como lo definió la Conferencia de El Cairo de 1994, a la que llevamos un buen documento país con una buena fotografía-, se profundizan datos que nos faltaban, tanto desde el punto de vista de la fecundidad y sus cambios, como en lo que tiene que ver con el envejecimiento, la migración y la constitución de los hogares en el Uruguay. Resulta interesante tener en cuenta que en nuestro país, a pesar de ese estancamiento en la reproducción de su población, ha habido un aumento sistemático de la cantidad de hogares -por las características socioculturales que se han dado en los últimos años, donde hay un ritmo de crecimiento superior al de la población-, en el que tienen influencia factores como la mayor longevidad de las personas, las diferencias de mortalidad por sexo, el aumento de la disolución de las uniones, la nueva forma de conformación de las parejas y la emancipación temprana de los jóvenes; esto es lo que en gran parte presiona sobre la demanda de las viviendas.

Ahora bien, es necesario identificar esas demandas, porque son distintas. Los programas que se han venido diseñando para el país, en realidad, no dan respuesta a esa diversidad, y desde los sectores de menores ingresos hasta los de ingresos medios, correspondientes a U$S 1.000 para abajo, se concentran las mayores dificultades de acceso a la vivienda. Por lo tanto, en el MVOTMA se están llevando a cabo algunas investigaciones muy interesantes sobre las características de esa demanda y de esa población, con el objetivo, además, de una reubicación del tejido urbano -es-to implicará mucho esfuerzo, porque son procesos que demandan mucho tiempo-, evitando así esa dispersión y, sobre todo, la estratificación en el Uruguay, fundamentalmente en sus centros urbanos y en sectores sociales que se denominan vulgarmente "excluidos" o "marginados", de menores ingresos. A veces -y es la característica de los procesos de los últimos años-, éstos no solamente responden a menores niveles educativos, sino, simplemente, a un problema que consiste en poder sustentar un alquiler o una cuota de la vivienda propia. Allí también hay un elemento cultural, ya que en el Uruguay parecería que si no somos propietarios, hay algo que falla en nuestra identidad como uruguayos.

La necesaria densificación del tejido urbano de todo nuestro país nos obliga a una batalla cultural que empiece a considerar el alquiler de las viviendas. Este debate surge muchas veces con el gran sector de los jubilados, que aportaron específicamente para un fondo de vivienda y requieren la construcción de la misma para sí cuando es corto el período de vida que les queda y seguramente harán usufructo de ella sus descendientes.

En lo que tiene que ver con las personas más carenciadas es necesaria una discusión ambiental, que se refiere a las características de permanencia que tengan los sectores que no acceden al costo de una vivienda. La vivienda debe ser siempre de calidad, porque constituye una inversión mejor, sobre todo en un país con nuestras características demográficas. Hay que conectar las características de la vivienda con las dimensiones de la vida de las personas y de las familias y con sus posibilidades de educación, trabajo, ingreso, transporte y el tejido urbano de su entorno, e ir modificando la situación de quienes viven con mayores carencias económicas, en el sentido de que no se desconecten o que se reconecten con un tejido urbano y con redes sociales educativas y de servicios universales que impidan el deterioro de esas familias y de las nuevas generaciones.

Este es un tema central para nuestro país y hay que pensarlo en el largo plazo. Actualmente, por suerte se está discutiendo, tanto en nuestra Universidad como en el complejo y desafiante Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, trabajando en conjunto y transversalmente con los otros sectores del Estado, que tienen responsabilidades en estas áreas y con los cuales hay que pensar respuestas conjuntas porque, de lo contrario, los déficit habitacionales, considerados sólo en forma cuantitativa, nunca darán respuesta en un país donde los ingresos medios del 85% de la población no alcanzan el promedio que, desde el punto de vista bancario, es necesario para pagar un alquiler o una cuota para adquirir una vivienda.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida a las Intendencias del interior, que trabajan en conjunto con las instituciones que tienen que ver con los tres planos del ordenamiento territorial -por suerte ahora estamos discutiendo el proyecto de ley de ordenamiento territorial y medio ambiente- y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, para que vean que los Legisladores también nos preocupamos por estos temas en el Día del Ambiente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 17 en 19. Afirmativa.

18) DIA INTERNACIONAL DE ACCION POR LA SALUD DE LAS MUJERES

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra la señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Desde hace veinte años, cada 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. La Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos no sólo reconoció la necesidad de reflexionar y discutir sobre las políticas y programas en torno a la salud de las mujeres, sino que resaltó la importancia de proponer acciones a favor de la salud de la población femenina mundial. Por ese motivo, no podemos dejar pasar esta fecha sin referirnos a la necesidad de que nuestro Parlamento aporte a la realización de estas acciones efectivas por la salud de las mujeres en el Uruguay.

En nuestro país, a través de diferentes programas y tareas, se han vuelto políticamente visibles los invisibles. Cada vez más se incluyen quienes estaban marginados de nuestra sociedad en diferentes formas. También las políticas de género han ganado espacios por el esfuerzo y la lucha cotidiana de las mujeres y los hombres que no cejan no sólo en reivindicar los derechos de las mujeres, sino también en desplegar sus potencialidades y capacidades.

Sin embargo, en pleno siglo XXI hay pocas voces que ponen en cuestión el derecho de las mujeres a defenderse y a exigir que no se les impongan maneras de vivir tanto con respecto a su sexualidad como a su salud reproductiva. Las mujeres, como los hombres, tenemos el derecho inalienable de decidir sobre nuestro propio cuerpo. ¿Quién, si no? Que se cercenen las libertades de la mujer en cuanto a su vida sexual y reproductiva implica claramente que otros están decidiendo por nosotras, aunque estos otros aparezcan desdibujados en su capacidad de decidir por nosotras.

No escondamos estas responsabilidades tras el nombre de la naturaleza o de la ciencia. El señor Presidente reconocerá en esta expresión el sentir de las mujeres y de muchos hombres que asumen la necesidad y la responsabilidad de exigir y proponer la defensa de la salud sexual y reproductiva. El Parlamento de nuestro país no debe ni puede ser ajeno a la búsqueda de las mejores maneras de implementación de estos derechos. Por motivos anatómicos y fisiológicos, las consecuencias de las acciones en este ámbito reproductivo recaen mayoritariamente en los cuerpos de las mujeres, mientras que por motivos culturales las decisiones sobre estas consecuencias no las pueden tomar las mismas mujeres que lo sufren en su cuerpo. ¡Extraña paradoja que no podemos dejar de plantear en este día!

Hablar de fundamentos basados en la naturaleza o en la ciencia, en contra de que la mujer decida sobre su propio cuerpo, escamotearía la exigencia de que un tema tan complejo alcance todas las dimensiones que abarca, entre ellas la política y la ética. Un científico que marcó el rumbo de la ciencia en el siglo XX, Albert Einstein, señaló con total justeza que es mucho más sencillo disolver un átomo que un prejuicio. Defender la salud sexual y reproductiva de las mujeres es poner en la agenda de discusión del Parlamento todos los prejuicios y tabúes adheridos a la sexualidad. Por esos motivos, las mujeres hemos sido acusadas de brujas, a la vez que se nos pone en el lugar de diosas cuando se trata de la maternidad. ¿Cómo salir de esa falsa dicotomía que nos ha marcado a través de los siglos? Sabemos que, dada la complejidad y sensibilidad del tema -que ha despertado y despierta en todo el mundo profundas controversias y movilizaciones-, el respeto y la visibilidad de las diferentes posiciones será fundamental para producir un debate que nos enriquezca y muestre lo mejor de nuestras tradiciones laicas, democráticas y en defensa de los derechos de las mujeres a nivel del Estado.

Muy lejos estamos de pretender estigmatizar las diferencias en la manera de analizar la salud sexual y reproductiva, así como en las acciones que apuntan a mejorarla. Ya muchos estigmas hemos cargado sobre nuestras espaldas y en nuestros vientres como para facilitar desviar el debate hacia esos campos, entre otros la estigmatización del embarazo en la madre soltera -el que se produce sin pareja estable-, de la madre adolescente y de la que decide interrumpir su embarazo. Hoy queremos resaltar sólo algunos de esos ejes sobre los que buscaremos dar el debate una vez más en torno a la salud sexual y reproductiva, ya que hemos comenzado a tratar el proyecto de ley.

Sin embargo, esta no es la única problemática que nos preocupa en torno a la salud de las mujeres en nuestro país. Cuando se trata de definir el tema para las acciones de las que nos ocuparemos en el año 2007, en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, conmemorado el 28 próximo pasado, no podemos dejar de resaltar la problemática del suicidio en nuestro país. Si las tasas alcanzadas en el 2002 han descendido, aún no se ha llegado a los niveles previos a los años 90, que ya eran elevados. Desde una perspectiva estadística, el suicidio de mujeres en nuestro país alcanza a un 0,5% de la población femenina. La frialdad de las cifras no permite ver el sufrimiento de las mujeres que ya no soportan su vida, ni tampoco el de los lazos afectivos que cada una de esas mujeres tenía. Una vez más hemos escuchado estigmatizar a quienes culpabilizan a la persona que se quitó la vida o a la familia que no la contuvo. ¿No será tiempo de preguntarnos si hemos hecho el mayor esfuerzo para comprender el lenguaje mudo de la agresividad contra sí mismo y los más cercanos?

La sordera muchas veces invade la sociedad frente a ese sufrimiento y pretende dejar en el ámbito estrictamente privado una problemática que lo desborda. Basta, como triste y lamentable ejemplo, con el brutal aumento de las estadísticas de suicidio en el año 2002 en nuestro país, que pasó de 10 a 20 personas cada 100.000 habitantes. La ruptura de las redes sociales de contención, producto de la terrible crisis financiera que vivió nuestro país, se vio cla-ramente reflejada en la duplicación del número de suici-dios.

El suicidio implica múltiples y complejos factores que han de ser analizados en su pluralidad, tanto individuales como sociales, pero al igual que la problemática de la salud sexual y reproductiva anteriormente señalada, estamos ante un problema que enfrenta a la sociedad y a cada uno de nosotros con uno de sus tabúes más arraigados: la muerte. Sexualidad y muerte han sido los grandes temas tabúes de la humanidad, y quizás por eso se nieguen con tanta obstinación las condiciones de riesgo a las que se somete a las mujeres que han de abortar en la clandestinidad. La muerte de muchas de esas mujeres parecería, por momentos, no existir o no alcanzar el nivel necesario de preocupación de parte de quienes podrían ayudar a evitarla.

Para terminar, queremos resaltar que ambas problemáticas -salud sexual y reproductiva en las mujeres, y suicidio- contienen una gran complejidad, imposible de resumir en una exposición. De todos modos, deseábamos reafirmar nuestro compromiso de continuar aportando acciones efectivas para la prevención del suicidio. Un paso fue la aprobación de la Ley Nº 18.097, de prevención del suicidio, y el seguimiento de su implementación para atender las redes de prevención. En la misma línea, buscamos desarrollar acciones que apunten a la prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y los hombres de esta sociedad, así como a minimizar los riesgos de muerte innecesaria por este motivo a través del proyecto de ley de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva que hemos comenzado a tratar.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Salud Pública y del In-terior.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 18 en 19. Afirmativa.

19) CIERRE DEL CANAL "RADIO CARACAS TELEVISION". PROYECTO DE DECLARACION

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Solicito que se reparta y se declare urgente la consideración de un proyecto de declaración enviado a la Mesa por parte de los tres Senadores del Partido Colorado.

SEÑOR PRESIDENTE.- En primer lugar lo distribuiremos y luego votaremos la urgencia solicitada.

20) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Ríos solicita licencia los días 12 y 13 de junio de 2007".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 5 de junio de 2007.

Presidente del Senado de la República

Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo que Usted preside, licencia los días 12 y 13 de junio de 2007, para participar con la delegación parlamentaria del MERCOSUR de las reuniones sobre Comisión de Reglamento Interno en la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil.

Asimismo, solicito que se cite a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, lo saluda atte,

Dr. Eduardo Ríos. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

21) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo llegado a la Mesa la nota de desistimiento del señor León Lev, se consultará a la Corte Electoral para la convocatoria del suplente respectivo.

22) MIEMBROS DE ORGANOS DE CONTRALOR INTERNO QUE REPRESENTEN A ENTES AUTONOMOS O SERVICIOS DESCENTRALIZADOS EN EMPRENDIMIENTOS O ASOCIACIONES CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES O EXTRANJERAS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del asunto que figura en primer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el cual se consagra la responsabilidad funcional de los miembros de los órganos de control interno que representen a Entes Autónomos o Servicios Descentralizados, en emprendimientos o asociaciones con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. (Carp. Nº 666/06 - Rep. Nº 472/07)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 666/06

Rep. Nº 472/07

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

TEXTO SUSTITUTIVO DE LA COMISION

Artículo único.- Los miembros de los órganos de contralor interno que representen a los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados del dominio industrial o comercial del Estado en los emprendimientos o asociaciones con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, a que refiere el artículo 7º de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, serán reputados funcionarios públicos y están alcanzados a los efectos de la responsabilidad civil o tributaria resultante del ejercicio de sus cargos, por lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República.

El Ente Autónomo o Servicio Descentralizado que los haya designado será responsable frente a la persona jurídica titular de la asociación o emprendimiento, sus accionistas, socios y terceros, incluida la administración tributaria, por las obligaciones que derivasen de su gestión o de sus actos.

Exclúyese de lo dispuesto a las empresas de auditoría contratadas específicamente para desarrollar las tareas de control interno por lo Entes Autónomos o Servicios Descentralizados.

Sala de la Comisión, el 22 de mayo de 2007.

Alberto Breccia, Miembro Informante; Francisco Gallinal, José Korzeniak, Rafael Michelini, Margarita Percovich, Eduardo Ríos. Senadores.

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Los miembros de los órganos de contralor interno que representen a los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado en los emprendimientos o asociaciones con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, a que refiere el artículo 7º de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, serán reputados funcionarios públicos y están alcanzados a los efectos de la responsabilidad civil o tributaria resultante del ejercicio de sus cargos, por lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República.

El Ente Autónomo o Servicios Descentralizados que los haya designado será responsable frente a la persona jurídica titular de la asociación o emprendimiento, sus accionistas, socios y terceros, incluida la administración tributaria, por las obligaciones que derivasen de su gestión o de sus actos, salvo culpa grave o dolo.

Exclúyese de lo dispuesto a las empresas de auditoría contratadas específicamente para desarrollar las tareas de control interno por los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 17 de octubre de 2006.

Rubén Martínez Huelmo 1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME

Señoras y señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha considerado el proyecto de ley por el que se consagra la responsabilidad funcional de los miembros de órganos de contralor interno que representen a Entes Autónomos o Servicios Descentralizados en emprendimientos o asociaciones con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, recomendando al Cuerpo su aprobación.

Este proyecto de ley, que consta de un artículo único, fue remitido por el Poder Ejecutivo (Ministerios de Industria, Energía y Minería y de Economía y Finanzas), con el fin de terminar con el vacío legal existente, y motivado por la eliminación de la injusticia y la falta de equidad a la que llevaba la existencia del referido vacío legal.

El artículo 748 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, dispuso que los miembros de los directorios de las sociedades anónimas designados por el Estado, un ente autónomo o un servicio descentralizado se reputan funcionarios públicos, a los efectos de la responsabilidad civil o tributaria resultante del ejercicio de sus cargos, aplicándoseles consecuentemente lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Constitución.

Asimismo dispone que salvo culpa grave o dolo, la persona jurídica que los haya designado es responsable frente la propia sociedad, los accionistas y los terceros, incluida la administración tributaria, por las obligaciones que derivasen de su gestión o de sus actos.

Se ha tornado necesario adoptar la misma solución para el caso de quienes ocupen cargos en los órganos de contralor interno de las mismas en función de lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001.

La solución que es de estricta justicia, aspira a eliminar la asimetría legal existente en la materia entre los miembros de los directorios y los de dichos órganos de contralor.

Por lo expuesto, existen motivos suficientes para aconsejar al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley que se informa.

Sala de la Comisión, 24 de mayo de 2006.

Diego Cánepa, Miembro Informante; Alvaro Alonso, Gustavo Borsari Brenna, Orlando Lerete, Jorge Orrico, Nelson Rodríguez Servetto, Javier Salsamendi, Daisy Tourné.

DISPOSICION CITADA

Ley Nº 17.292, de

25 de enero de 2001

SECCION II

FISCALIZACION DE SOCIEDADES COMERCIALES EN LAS QUE PARTICIPEN LOS ENTES AUTONOMOS Y SERVICIOS DESCENTRALIZADOS

Artículo 7º.- Los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado autorizados legalmente al efecto, sólo podrán participar en emprendimientos o asociaciones con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, cuando el consorcio o sociedad a constituir admita jurídicamente la existencia de un órgano de contralor interno, integrado por sus representantes y en forma proporcional a su participación.

Los mencionados organismos deberán informar al Poder Ejecutivo, sobre la configuración de tales extremos, con una antelación no menor a treinta días de la proyectada formalización del emprendimiento o asociación.

Asimismo, deberán informar anualmente al Poder Ejecutivo sobre la gestión de la sociedad o emprendimiento respectivo y remitirle toda otra documentación de carácter contable, jurídico o empresarial que sea sometida a su consideración, en un plazo no mayor los treinta días de recibida la misma.

La Auditoría Interna de la Nación establecerá las normas técnicas generales a las que deberán someter su actuación los representantes de los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado que integren los órganos de contralor internos previstos en el inciso primero de este artículo.

Lo establecido en el presente artículo es sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley Nº 17.040, de 20 de noviembre de 1998.

 

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 19 de setiembre de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General.

Presente.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo la exposición de motivos y el proyecto de ley por el cual se pretende consagrar la responsabilidad funcional de los miembros de los órganos de control interno de sociedades anónimas designadas por el Estado, un Ente Autónomo o un Servicio Descentralizado, conforme a lo dispuesto por el Art. 7 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, a fin de eliminar el vacío legal existente.

EXPOSICION DE MOTIVOS

A partir de que el Art. 748 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 dispuso que los miembros de los directorios de las sociedades anónimas designados por el Estado, un Ente Autónomo o un Servicio Descentralizado se reputan funcionarios públicos a los efectos de la responsabilidad civil o tributaria resultante del ejercicio de sus cargos, y que salvo culpa grave o dolo, la persona jurídica que los haya designado es responsable frente a la propia sociedad, los accionistas y los terceros, incluida la administración tributaria, por las obligaciones que derivasen de su gestión o de sus actos, se ha tornado necesario hacer lo propio con quienes ocupen cargos en los órganos de contralor interno de las mismas en función de lo dispuesto por el Art. 7 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001.

La solución que es de estricta justicia, aspira así a eliminar la asimetría legal existente en la materia entre los miembros de los directorios y los de dichos órganos de contralor.

Saludan al señor Presidente con la mayor consideración,

RODOLFO NIN NOVOA, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia; Jorge Lepra, Danilo Astori.

Ministerio de Industria, Energía y Minería

LEY

Artículo Unico.- Los miembros de los órganos de contralor interno que representen a los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado en los emprendimientos o asociaciones con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras a que refiere el artículo 7º de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, serán reputados funcionarios públicos y están alcanzados a los efectos de la responsabilidad civil o tributaria resultante del ejercicio de sus cargos, por lo dispuesto en los Arts. 24 y 25 de la Constitución de la República.

El Ente Autónomo o Servicio Descentralizado que los haya designado será responsable frente a la persona jurídica titular de la asociación o emprendimiento, sus accionistas, socios y terceros, incluida la administración tributaria, por las obligaciones que derivasen de su gestión o de sus actos, salvo culpa grave o dolo.

Exclúyese de lo dispuesto a las empresas de auditoría contratadas específicamente para desarrollar las tareas de control interno por los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados.

Danilo Astori, Jorge Lepra.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

ACTA Nº 92

En Montevideo, el veintidós de mayo de dos mil siete, a la hora catorce y cuarenta minutos, se reuné la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, la señora Senadora Margarita Percovich y los señores Senadores Washington Abdala, Sergio Abreu, Alberto Breccia, Francisco Gallinal, José Korzeniak, Rafael Michelini y Carlos Moreira.

Falta con aviso el señor Senador Eduardo Ríos, quien remite Nota justificando su inasistencia.

Preside su titular, el señor Senador Francisco Gallinal.

Actúa en Secretaría la señora Josefina Reissig, Secretaria de la Comisión con la colaboración de la funcionaria Gloria Mederos.

ASUNTOS ENTRADOS:

- Solicitud de audiencia del Secretariado Ejecutivo y el Departamento de Género y Equidad del PIT-CNT, a efectos de considerar temas relativos a maltrato infantil y violencia doméstica. Se resuelve remitir Nota, solicitando el envío de las propuestas referidas y coordinando la concurrencia a la Comisión.

ASUNTOS TRATADOS.

- CARPETA Nº 666/2006. MIEMBROS DE ORGANOS DE CONTRALOR INTERNO QUE REPRESENTEN A ENTE AUTÓNOMOS O SERVICIOS DESCENTRALIZADOS EN EMPRENDIMIENTOS O ASOCIACIONES CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES O EXTRANJERAS. Se reputan funcionarios públicos y se consagra la responsabilidad funcional. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Informe de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes. Disposición citada. Distribuido Nº 1284/2006. Texto con modificaciones del señor Senador Alberto Breccia. En consideración. Intervención de los señores Senadores Alberto Breccia, José Korzeniak y Sergio Abreu. Se vota: 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Alberto Breccia, quien lo hará en forma verbal.

El proyecto de ley aprobado con modificaciones queda redactado de la siguiente forma:

"Artículo único.- Los miembros de los órganos de contralor interno que representen a los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados del dominio industrial o comercial del Estado en los emprendimientos o asociaciones con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, a que refiere el artículo 7º de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, serán reputados funcionarios públicos y están alcanzados a los efectos de la responsabilidad civil o tributaria resultante del ejercicio de sus cargos, por lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República.

El Ente Autónomo o Servicio Descentralizado que los haya designado será responsable frente a la persona jurídica titular de la asociación o emprendimiento, sus accionistas, socios y terceros, incluida la administración tributaria, por las obligaciones que derivasen de su gestión o de sus actos.

Exclúyese de lo dispuesto a las empresas de auditoría contratadas específicamente para desarrollar las tareas de control interno por los entes autónomos o servicios descentralizados."

- CARPETA Nº 686/2006. DERECHOS INHERENTES A LA CALIDAD DE SOCIO. Se sustituye el artículo único de la Ley Nº 18.034, de 16 de octubre de 2006 (modificativa del artículo 308 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989). Proyecto de ley con exposición de motivos del señor Senador Luis Alberto Heber. En consideración. El señor Presidente comunica a los señores Senadores miembros que, a efectos de poner en conocimiento de los mismos, incorporará las consultas realizadas a los doctores Gonzalo Aguirre y Carlos Delpiazzo. El señor Senador Rafael Michelini propone consultar con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Uruguay. Intervención de los señores Senadores Alberto Breccia, Sergio Abreu y Washington Abdala. Se resuelve solicitar opinión al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Central del Uruguay.

- CARPETA Nº 615/2006. CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Se modifican disposiciones relativas a adopción. Proyecto de ley con exposición de motivos de los señores Senadores integrantes de la Bancada del Frente Amplio. Distribuido Nº 1125/2006. Texto sustitutivo de la señora Senadora Margarita Percovich. En consideración. Se resuelve postergar el tema.

- CARPETA Nº 455/2006. PARTIDOS POLITICOS. Se declara de interés general la promoción de la participación equitativa de ambos sexos en sus órganos de dirección; integración del Poder Legislativo; Juntas Departamentales y de las Juntas Locales de carácter electivo. Proyecto de ley con exposición de motivos de los señores Senadores integrantes de la Bancada del Frente Amplio. Distribuido Nº 728/2006. En consideración. Intervención de la señora Senadora Margarita Percovich y de los señores Senadores José Korzeniak, Rafael Michelini, Washington Abdala, Alberto Breccia, Carlos Moreira y del señor Presidente. Se resuelve la redacción de textos alternativos.

Finalizadas las intervenciones a la hora dieciséis y diez minutos queda levantada la sesión.

De lo actuado se procede a la toma versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en los Distribuidos Nos. 1673, 1674 y 1675 del año 2007, que forman parte integrante del Acta.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secre-taria.

Francisco Gallinal Presidente

Josefina Reissig Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Breccia.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: prometo no aludir para que usted no me reprenda.

En el informe de este proyecto de ley podemos ser brevísimos o breves; hemos optado por ser breves dado que es un tema que, a pesar de su escaso porte literal, tiene algunas complejidades.

El proyecto de ley que se informa corresponde a un sustitutivo del aprobado en la Cámara de Representantes. La única diferencia entre el proyecto aprobado por vuestra Comisión y el que venía de la Cámara de Diputados consiste en la supresión que se ha efectuado, al final del inciso segundo del proyecto anterior, de la expresión "salvo culpa grave o dolo" contenida en aquél.

Para explicar el significado de esta supresión, que parece absolutamente menor pero, como veremos, no lo es, debemos remontarnos al origen mismo de este proyecto de ley, esto es, al texto enviado por el Poder Ejecutivo, Ministerio de Industria, Energía y Minería, en el cual dicha expresión -"salvo culpa grave o dolo"- ya estaba contenida.

En la exposición de motivos que acompañó oportunamente el proyecto original y que luce agregada en el distribuido a consideración de los señores Senadores en la página 15, ya se padecía error al respecto en cuanto se establecía textualmente que el artículo 748 de la Ley de Presupuesto, Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, "dispuso que los miembros de los directorios de las sociedades anónimas designados por el Estado, un Ente autónomo o un Servicio Descentralizado se reputan funcionarios públicos a los efectos de la responsabilidad civil o tributaria resultante del ejercicio de sus cargos, y que salvo culpa grave o dolo, la persona jurídica que los haya designado es responsable frente a la propia sociedad, los accionistas y los terceros, incluida la administración tributaria".

En la exposición de motivos que acompañó al proyecto de ley para su aprobación por la Cámara de Representantes, y que luce agregada a fojas 5 del repartido, se reitera la misma consideración con relación al artículo 748 de la Ley Nº 16.736, manifestándose allí textualmente que dicho artículo "dispone que salvo culpa grave o dolo, la persona jurídica que los haya designado es responsable frente a la propia sociedad, los accionistas y los terceros", etcétera.

Ahora bien; ambas exposiciones de motivos y, en consecuencia, la redacción del propio artículo único de que consta el presente proyecto de ley, antes de la supresión que se efectúa por vuestra Comisión, padecían un severo error de interpretación del artículo aludido, o sea, del 748 de la Ley Nº 16.736, que llevaba, incluso, a que dicha redacción contrariara, a partir de dicho error, claras normas constitucionales también referidas en la exposición de motivos realizada en la Cámara de Representantes. En efecto, el artículo 748 de la Ley Nº 16.736 establece en su texto: "Los miembros de directorios de sociedades anónimas que representen al Estado, a un Ente Autónomo o a un Servicio Descentralizado, serán reputados funcionarios públicos, a los efectos de la responsabilidad civil o tributaria resultante del ejercicio de sus cargos, aplicándoseles al efecto lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República.

El Estado, Ente Autónomo o Servicio Descentralizado que, en su caso representen, será responsable frente a la sociedad anónima, a los accionistas y ante los terceros, incluida la administración tributaria, por las obligaciones que derivasen de la gestión o de los actos de sus representantes en el Directorio de la sociedad anónima, y éstos solamente responderán en caso de haber obrado con culpa grave o dolo".

En consecuencia, lo que el claro tenor literal de este artículo significa es, ni más ni menos, la aplicación "in totum" a los miembros de Directorios de sociedades anónimas que representen al Estado, Entes Autónomos o Servicios Descentralizados, del régimen de responsabilidad establecido en los artículos 24 y 25 de la Constitución. Al respecto, el artículo 24 dice: "El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección". Por su parte, el artículo 25 establece: "Cuando el daño haya sido causado por sus funcionarios, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, en caso de haber obrado con culpa grave o dolo, el órgano público correspondiente podrá repetir contra ellos, lo que hubiere pagado en reparación".

Esto significa que el Estado responde siempre, aun en caso de culpa grave o dolo del funcionario, pero cuando se da esta última hipótesis -esto es, culpa grave o dolo del funcionario-, puede repetir contra el funcionario lo que haya abonado por reparación.

Por lo tanto, no debió establecerse en la exposición de motivos, y mucho menos en el texto del artículo -tal como se dispone en el proyecto original y se mantiene en el aprobado por la Cámara de Representantes-, que la persona jurídica que los haya designado será responsable por la gestión de los miembros de contralor interno que los representen en los emprendimientos que allí refiere "salvo culpa grave o dolo", ya que esto contraría claramente, no sólo el texto de la norma que se toma como antecedente, sino el propio régimen de responsabilidad del Estado establecido en la Constitución.

En consecuencia, la supresión efectuada por vuestra Comisión tiende a reparar el error cometido y en ese entendido es que estamos recomendando al Cuerpo la aprobación de este proyecto sustitutivo.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- El último inciso del artículo único excluye a las empresas de auditoría contratadas específicamente para desarrollar la tarea de control interno de los Entes Autónomos. Creo que es absolutamente innecesario establecer esto, porque las empresas de auditoría no son designadas como miembros del órgano de contralor interno o de la sindicatura; en todo caso, son designadas para hacer auditorías y, por lo tanto, la ley de por sí las excluye. Por lo tanto, no tiene ningún sentido incluir este último inciso, motivo por el cual vamos a proponer votar el artículo solamente con los dos primeros.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Solicito que se vote por incisos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el inciso primero del artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo único.- Los miembros de los órganos de contralor interno que representen a los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados del dominio industrial o comercial del Estado en los emprendimientos o asociaciones con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, a que refiere el artículo 7º de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, serán reputados funcionarios públicos y están alcanzados a los efectos de la responsabilidad civil o tributaria resultante del ejercicio de sus cargos, por lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el inciso segundo.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"El Ente Autónomo o Servicio Descentralizado que los haya designado será responsable frente a la persona jurídica titular de la asociación o emprendimiento, sus accionistas, socios y terceros, incluida la administración tributaria, por las obligaciones que derivasen de su gestión o de sus actos".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el inciso tercero.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Exclúyese de lo dispuesto a las empresas de auditoría contratadas específicamente para desarrollar las tareas de control interno por los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 24. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

23) CIERRE DEL CANAL "RADIO CARACAS TELEVISION". PROYECTO DE DECLARACION

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Estamos en condiciones de votar la moción de orden presentada por los señores Senadores del Partido Colorado?

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: luego de conversar con los colegas Senadores, convinimos en solicitar que este tema se incluya como primer punto del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana. Hago moción en ese sentido.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para referirse a la moción, tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: justamente, este fue uno de los temas que conversamos en la coordinación interpartidaria en el día de hoy. En la medida en que todas las Bancadas estuvimos contestes en que si un sector lo planteaba, habilitaríamos la discusión, hemos sugerido al sector proponente que hoy nos aboquemos al Orden del Día, que es extenso, y que mañana incluyamos como primer punto del Orden del Día esta temática.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el señor Senador Alfie en el sentido de incluir este tema como primer punto del Orden del Día de la sesión de mañana.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

24) SUSPENSION DE LA SESION ORDINARIA DEL MIERCOLES 13 DE JUNIO Y CONVOCATORIA A UNA SESION EXTRAORDINARIA PARA ESE MISMO DIA

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: en nombre de la Comisión de Constitución y Legislación, y de acuerdo con lo que conversamos en la mañana de hoy en la reunión de coordinación que mantuvimos con el señor Presidente, queremos plantear al Senado que suspenda la sesión ordinaria del próximo miércoles 13 de junio y convoque a una sesión extraordinaria a fin de tratar la solicitud de desafuero promovida oportunamente al señor Senador Amaro como único punto del Orden del Día.

A la vez, quiero señalar que la Comisión designó un Miembro Informante en mayoría y otro en minoría. Quizás sería de orden que en esa sesión el señor Senador Amaro disponga de tiempo libre para expresarse, los miembros informantes del tiempo que les corresponda, y los demás Senadores de los tiempos que fija normalmente el Reglamento. Se trata simplemente de una sugerencia, porque creo que sería bueno conocer de antemano las condiciones en las que vamos a sesionar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada por el señor Senador Gallinal en el sentido de suspender la sesión ordinaria del 13 de junio y realizar una sesión extraordinaria para considerar la solicitud de desafuero del señor Senador Amaro, estableciendo, a su vez, que dicho Senador cuente con tiempo libre para expresar lo que considere necesario.

(Se vota:)

- 24 en 25. Afirmativa.

25) SALARIOS, JUBILACIONES Y PENSIONES QUE SE PAGAN A TRAVES DE INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se establecen normas para la protección de los salarios, jubilaciones y pensiones que se pagan a través de instituciones de intermediación financiera. (Carp. Nº 738/06 - Rep. Nº 470/07)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 738/06

Rep. Nº 470/07

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- La suspensión de actividades o la liquidación de instituciones de intermediación financiera (Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982 y sus modificativas) no impedirán en ningún caso:

A) El cumplimiento de las órdenes previas de afectación de dinero entregado a la institución o de saldos existentes en una cuenta, realizadas con la finalidad específica de pagar salarios, pensiones, jubilaciones o toda otra prestación emergente de la existencia de una relación laboral o de seguridad social.

B) El pago a los respectivos beneficiarios de las sumas que les sean acreditadas en sus cuentas individuales en cumplimiento de lo dispuesto en el literal precedente, así como toda suma que por concepto de salarios, pensiones, jubilaciones o toda otra prestación emergente de la existencia de una relación laboral o de seguridad social que le hubiesen sido acreditadas dentro del término de treinta días previo a que se dispusiera la suspensión de actividades o la liquidación de la institución.

C) Los pagos por concepto de remuneraciones o prestaciones realizadas directamente por caja, con habitualidad y en el marco de programas de desarrollo social nacionales o departamentales, debiéndose realizar los pagos según los plazos previstos por el artículo 719 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y concordantes.

Artículo 2º.- Las autoridades estatutarias, el interventor o, en su caso, el liquidador deberán habilitar todas las operaciones necesarias para el cumplimiento sin dilaciones de los pagos a los que refiere el artículo anterior, con cargo a los recursos de la institución. En el caso que la institución no dispusiera de recursos líquidos suficientes, el Banco Central del Uruguay, con la finalidad de mantener la continuidad y la liquidez de la cadena de pagos, podrá proveerlos mediante la compra de valores públicos o precios de mercado o el uso de los instrumentos de asistencia financiera previstos por la ley para las empresas de intermediación financiera en actividad.

Artículo 3º.- A los efectos del conocimiento de la existencia de las operaciones relacionadas en el artículo 1º de la presente ley, de forma fehaciente e inmediata, las instituciones de intermediación financiera deberán llevar un registro de toda operación descripta en el citado artículo, detallando fecha, origen y destino de los fondos, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 4º.- Los importes a los que refiere el artículo 1º de la presente ley serán considerados salarios a todos los efectos de protección y preferencia de los mismos en el orden jurídico vigente.

Artículo 5º.- Los saldos en las cuentas personales de los beneficiarios, que no correspondan ser abonados por lo dispuesto en la presente ley, quedarán al amparo de lo establecido en los artículos 45 a 49 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002.

Artículo 6º.- El Poder Ejecutivo previo asesoramiento del Banco Central del Uruguay reglamentará la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 27 de diciembre de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Toda orden de afectación de saldos existentes en una cuenta y toda operación por la que se le entrega una suma de dinero a una institución de intermediación financiera, por la cual la institución actúe por cuenta y orden de su cliente o por mandato de éste bajo la modalidad del contrato de comisión u otra figura contractual análoga, y que tenga como finalidad específica el pago de remuneraciones personales, sean salarios, pensiones o jubilaciones, no será considerada depósito bancario, por lo cual esos recursos no forman parte del patrimonio de la institución financiera y en su caso tampoco lo serán del patrimonio de la liquidación.

Artículo 2º.- En situaciones extrordinarias de suspensión de actividades, intervención o proceso de liquidación de una institución, los pagos por cuenta y orden referidos en el artículo 1º deberán ser depositados en cuentas personales, existentes o a crearse, en la misma u otra institución que a esos efectos determine el Banco Central del Uruguay (BCU), a nombre de los beneficiarios, con la fecha del momento mismo de la autorización del pago, mediante la entrega de la nómina que determinó los montos a pagar individualmente.

Los beneficiarios podrán retirar de sus cuentas hasta el monto transferido, correspondiente a la remuneración de ese mes, en similares condiciones a las de la operativa bancaria normal dentro del plazo establecido por la reglamentación.

Artículo 3º.- Cuando los fondos establecidos en el artículo 1º de la presente ley ya hayan sido acreditados en las cuentas personales de los beneficiarios; de acuerdo a una nómina previamente entregada, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por la institución con anterioridad a la suspensión de actividades, intervención o proceso de liquidación, el monto transferido no será considerado depósito bancario, hasta transcurrido el plazo establecido por la reglamentación.

Dentro de ese plazo los beneficiarios podrán retirar de sus cuentas hasta el monto transferido, correspondiente a la remuneración de ese mes, en similares condiciones a las de la operativa bancaria normal.

Artículo 4º.- En los pagos por concepto de remuneración realizados directamente por caja con habitualidad y en el marco de programas de desarrollo social nacionales o departamentales, será de aplicación lo dispuesto en los artículos precedentes, debiéndose realizar los pagos según los plazos previstos en el artículo 719 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y concordantes.

Artículo 5º.- Los importes que se acrediten por lo dispuesto en la presente ley serán considerados salarios a todos los efectos de protección y preferencia de los mismos en el orden jurídico vigente.

Los saldos en las cuentas personales de los beneficiarios, que no correspondan ser abonados por lo dispuesto en la presente ley, serán considerados depósitos bancarios a los efectos de todos los derechos establecidos en los casos de aplicación de lo dispuesto por los artículos 45 a 49 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002.

Artículo 6º.- El Banco Central del Uruguay (BCU), reglamentará la presente ley.

Montevideo, 4 de abril de 2006.

Alfredo Asti, Representante por Montevideo; Diego Cánepa, Representante por Montevideo, Liliám Kechichián, Representante por Montevideo; Edgardo Ortuño, Representante por Montevideo; José Carlos Mahía, Representante por Canelones; Víctor Semproni, Representante por Canelones; Pablo Alvarez López, Representante por Montevideo; Doreen Javier Ibarra, Representante por Montevideo; José Luis Blasina, Representante por Montevideo.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley que ponemos en consideración refiere a la protección de los salarios, jubilaciones y pensiones que se pagan a través de instituciones de intermediación financiera.

Esta forma de pago de remuneraciones es una realidad, que ganó generalidad en la última década, con aceptación por los usuarios y ventajas de distinto orden. Entre otras podríamos referirnos a ventajas económicas para la empresa, de seguridad ciudadana y comodidad para los usuarios.

Luego de la crisis del año 2002, con las repercusiones sufridas por toda la sociedad, el sistema de intermediación financiera ha emprendido una rápida recuperación en uno de los factores más importantes, la confianza. Desde aquel año a la fecha el país ha emprendido un proceso de cambio en la conducción económica que incluye también el rol del sistema financiero. A modo de ejemplo podemos mencionar la puesta en práctica del seguro de depósitos, producto de la mencionada crisis, pero sin reglamentar hasta el año pasado, y elemento generador de confianza para quienes depositan su dinero en los bancos.

Lamentablemente en dos oportunidades hemos vivido en esta Legislatura la crisis de una institución de mucho arraigo, sumada a la ya mencionada crisis 2002 en casi todo el sistema. Por tanto, entendemos necesario establecer un cuerpo normativo que brinde respaldo y seguridad al sistema de pago de retribuciones a través de los bancos por las ventajas ya mencionadas, diluyendo cualquier duda o incertidumbre sobre el cobro de los salarios, jubilaciones o pensiones en casos de suspensión de actividades, intervención o proceso de liquidación de una institución de intermediación financiera.

Es claro que el efecto de la ley es dar certezas y trasmitir confianza, en un sistema que demuestra por sí solo seguridad. En ese sentido, pasadas situaciones concretas y sin ningún horizonte de riesgo, es que hoy proponemos legislar, fortaleciendo el funcionamiento del sistema. Por lo expuesto, los objetivos centrales son:

1) Evitar el rechazo a cobrar bajo esta modalidad, basado en dudas o miedo.

2) La protección de los salarios, jubilaciones y pensiones pagados dentro de los plazos legales (hasta cinco y diez días según el caso), alejando la natural inseguridad de quedarse sin cobrar por un período superior de tiempo.

3) Fortalecimiento de la confianza de quienes cobran por dichas instituciones. Por ende, evitar una caída en la bancarización de los pagos, con los problemas adicionales que esto acarrearía.

Para dar cumplimiento a los objetivos buscados por el presente proyecto de ley se legisla en el sentido de determinar con claridad que los fondos que recibe la institución de intermediación financiera, con el fin de satisfacer el pago de remuneraciones personales (salarios, jubilaciones o pensiones), no será considerado depósito bancario y por tanto no forma parte del patrimonio de la institución.

El proyecto prevé tanto la situación en la cual los fondos destinados al pago de remuneraciones ya se encuentran acreditados en las cuentas de los beneficiarios, como así también la hipótesis de que al momento de la suspensión de actividades, intervención o proceso de liquidación, el dinero se encuentre en la institución, pero la operación material de acreditar el mismo en las cuentas individuales aún no haya sido realizada.

El proyecto cuida armonizar sus disposiciones con la normativa legal vigente (ejemplo fondo de garantía de depósitos bancarios) como así también con el proyecto de ley a estudio del Senado sobre la reforma de la carta orgánica del BCU y los aportes que en ese sentido nos brindaran profesionales de dicha institución.

Montevideo, 4 de abril de 2006.

Alfredo Asti, Representante por Montevideo; Diego Cánepa, Representante por Montevideo, Liliám Kechichián, Representante por Montevideo; Edgardo Ortuño, Representante por Montevideo; José Carlos Mahía, Representante por Canelones; Víctor Semproni, Representante por Canelones; Pablo Alvarez López, Representante por Montevideo; Doreen Javier Ibarra, Representante por Montevideo; José Luis Blasina, Representante por Montevideo.

Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

Ponemos en consideración del Plenario el presente proyecto de ley que vuestra Comisión de Hacienda ha aprobado por unanimidad. El mismo refiere a la protección de los salarios, jubilaciones y pensiones que se pagan a través de instituciones de intermediación financiera.

Quienes hayan leído la exposición de motivos que acompañaba el proyecto, recordarán los objetivos perseguidos:

1) La protección de los salarios, jubilaciones y pensiones que deben ser pagados dentro de los plazos legales, evitando el drama de la inseguridad de los beneficiarios de quedarse sin cobrar por un período superior de tiempo.

2) Evitar cualquier rechazo a cobrar bajo esta modalidad, basado en dudas o miedo sobre la efectividad del mismo en caso de crisis.

3) Fortalecimiento de la bancarización de los pagos, con la confianza de quienes cobran por dichas instituciones evitando la caída de la misma, con los problemas adicionales que esto acarrearía.

En aquel momento (abril 2006), ya lejos de la crisis del 2002 y habiendo superado la situación generada en una institución, con un sistema financiero en recuperación y una nueva conducción económica (que entre otras medidas reglamentó el seguro de depósitos), entendimos que se daban las condiciones objetivas para presentar un proyecto de protección del pago de salarios, jubilaciones y pensiones a través de instituciones de intermediación financiera.

Los proponentes pensamos, en aquel momento, que un proyecto de estas características daría certeza jurídica, apoyaría la seguridad de la continuidad de la cadena de pagos y afirmaría la recuperación de la confianza en el sistema bancario, uno de los factores más difíciles de obtener y más fácil de perder.

Para lograrlo, el proyecto original legislaba en el sentido de determinar con claridad que los fondos que recibe la institución de intermediación financiera, con el fin de satisfacer el pago de remuneraciones personales (salarios, jubilaciones o pensiones), no sería considerado depósito bancario y por tanto no formaría parte del patrimonio de la institución. Esta definición pretendía estar en armonía con el proyecto de ley a estudio del Senado sobre la reforma de la carta orgánica del Banco Central del Uruguay (BCU) y los aportes que en ese sentido nos brindaran profesionales de dicha Institución.

Con el proyecto ya en discusión en Comisión, pero ante las diferentes visiones que se daban dentro del propio BCU, quien promoviera el proyecto prefirió dejar de lado el alcance de la definición de depósito bancario, y al mismo tiempo evitar innecesarios procedimientos rutinarios de duplicación de cuentas y registros en todos los casos de operativas normales, creando una legislación exclusivamente para las situaciones excepcionales de crisis en una Institución, que impliquen la suspensión de actividades o la liquidación de la misma.

Esta nueva alternativa fue aceptada por las autoridades del Banco Central en la Comisión, al mismo tiempo que sugirieron cambios en la redacción para adecuarla mejor a la realidad bancocentralista, manteniendo incambiados los principios, objetivos y efectos del proyecto original.

Sobre esta nueva versión trabajó la Comisión complementando y aprobando definitivamente este texto que ponemos a consideración de la Cámara.

El proyecto prevé entonces que ante el caso de una suspensión, intervención o eventual liquidación de una institución de intermediación financiera, se mantendrá la obligación por parte de las autoridades de la institución, su interventor o liquidador de cumplir, sin dilación, con las órdenes de pago recibidas con anterioridad a la situación de crisis, tanto en los casos en que los fondos destinados al pago de remuneraciones ya se encuentren acreditados en las cuentas de los beneficiarios, como así también la hipótesis de que al momento de la suspensión de actividades, intervención o proceso de liquidación, el dinero se encuentre en la institución pero la operación material de acreditar el mismo en las cuentas individuales aún no haya sido realizada.

Asimismo, en el caso que la Institución no dispusiera de recursos líquidos suficientes, el Banco Central del Uruguay, con la finalidad de mantener la continuidad y la liquidez de la cadena de pagos los proveerá haciendo uso de los instrumentos de asistencia financiera que correspondan según la legislación vigente.

Para asegurar el conocimiento en forma fehaciente e inmediata, las instituciones de intermediación financiera deberán llevar un registro de todas las operaciones comprendidas en esta norma, detallando fecha, origen y destino de los fondos, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Por todo lo expuesto, vuestra asesora por unanimidad ha entendido necesario establecer un cuerpo normativo que brinde respaldo y seguridad al sistema de pago de retri-buciones a través de los Bancos por las ventajas ya men-cionadas, diluyendo cualquier duda o incertidumbre so-

bre el cobro de los salarios, jubilaciones o pensiones en casos de suspensión de actividades, intervención o proceso de liquidación de una institución de intermediación financiera.

El presente proyecto de ley dará certezas y trasmitirá confianza, en un sistema que demuestra por sí solo seguridad. En ese sentido, pasadas situaciones concretas y sin ningún horizonte de riesgo, es que hoy proponemos aprobar el texto propuesto.

Sala de la Comisión, 6 de diciembre de 2006.

Alfredo Asti, Miembro Informante; Eduardo Brenta, Roberto Conde, Javier Cha, Jorge Gandini, Carlos González Alvarez, Mary Pacheco, Gabriel Pais, Gonzalo Pessi, Iván Posada.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- La suspensión de actividades o la liquidación de instituciones de intermediación financiera (Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982 y sus modificativas) no impedirán en ningún caso:

A) El cumplimiento de las órdenes previas de afectación de dinero entregado a la institución o de saldos existentes en una cuenta, realizadas con la finalidad específica de pagar salarios, pensiones, jubilaciones o toda otra prestación emergente de la existencia de una relación laboral o de Seguridad Social.

B) El pago a los respectivos beneficiarios de las sumas que le sean acreditadas en sus cuentas individuales en cumplimiento de lo dispuesto en el literal precedente, así como toda suma que por concepto de salarios, pensiones, jubilaciones o toda otra prestación emergente de la existencia de una relación laboral o de Seguridad Social que le hubiesen sido acreditadas dentro del término de 30 (treinta) días previo a que se dispusiera la suspensión de actividades o la liquidación de la institución.

C) Los pagos por concepto de remuneraciones o prestaciones realizadas directamente por caja, con habitualidad y en el marco de programas de desarrollo social nacionales o departamentales, debiéndose realizar los pagos según los plazos previstos en el artículo 719 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y concordantes.

Artículo 2º.- Las autoridades estatutarias, el interventor, o en su caso el liquidador, deberán habilitar todas las operaciones necesarias para el cumplimiento sin dilaciones de los pagos a los que refiere el artículo anterior, con cargo a los recursos de la institución. En el caso que la institución no dispusiera de recursos líquidos suficientes, el Banco Central del Uruguay, con la finalidad de mantener la continuidad y la liquidez de la cadena de pagos podrá proveerlos mediante la compra de valores públicos a precio de mercado o el uso de los instrumentos de asistencia financiera previstos por la ley para las empresas de intermediación financiera en actividad.

Artículo 3º.- A los efectos del conocimiento de la existencia de las operaciones relacionadas en el artículo 1º de la presente ley, de forma fehaciente e inmediata, las instituciones de intermediación financiera deberán llevar un registro de toda operación descripta en el citado artículo, detallando fecha, origen y destino de los fondos, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 4º.- Los importes a los que refiere el artículo 1º de la presente ley serán considerados salarios a todos los efectos de protección y preferencia de los mismos en el orden jurídico vigente.

Artículo 5º.- Los saldos en las cuentas personales de los beneficiarios, que no correspondan ser abonados por lo dispuesto en la presente ley, quedarán al amparo de lo establecido en los artículos 45 a 49 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002.

Artículo 6º.- El Poder Ejecutivo previo asesoramiento del Banco Central del Uruguay reglamentará la presente ley.

Sala de la Comisión, 6 de diciembre de 2006.

Alfredo Asti, Miembro Informante; Eduardo Brenta, Roberto Conde, Javier Cha, Jorge Gandini, Carlos González Alvarez, Mary Pacheco, Gabriel Pais, Gonzalo Pessi, Iván Posada.

DISPOSICIONES CITADAS

LEY Nº 15.322, DE 17 DE SETIEMBRE DE 1982

Artículo 1º.- Toda persona pública no estatal o privada que realice intermediación financiera quedará sujeta a las disposiciones de esta ley, a los reglamentos y a las normas generales e instituciones particulares, que dicte el Banco Central del Uruguay para su ejecución.

A los efectos de esta ley, se considera intermediación financiera la realización habitual y profesional de operaciones de intermediación o mediación entre la oferta y la demanda de títulos valores, dinero o metales preciosos.

Artículo 2º.- Las instituciones estatales que por la índole de sus operaciones queden comprendidas en esta ley, estarán igualmente sujetas a sus disposiciones, a los reglamentos y a las normas generales e instrucciones particulares que dicte el Banco Central del Uruguay.

Para la aprobación o modificación de las cartas orgánicas y demás normas que rijan la actividad de las instituciones financieras del Estado, se oirá previamente al Banco Central del Uruguay.

LEY Nº 16.170, DE 28 DE DICIEMBRE DE 1990

Artículo 719.- Sustitúyese el literal A) del artículo 31 de la Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 1943, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.159, de 12 de febrero de 1974, por el siguiente:

"A) Si el pago es mensual, dentro de los cinco primeros días hábiles y nunca después de los diez primeros días corridos del mes siguiente al que corresponda abonar".

LEY Nº 17.613, DE 27 DE DICIEMBRE DE 2002

Artículo 45. (Creación).- Créase un Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, que constituirá un patrimonio de afectación independiente, sin personería jurídica, gestionado por la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario, la que ejercerá las facultades de dominio sin ser propietaria, para cumplir los cometidos asignados en esta ley.

El patrimonio del Fondo no responde por las deudas del Banco Central del Uruguay ni de los aportantes y es inembargable.

Los acreedores del Fondo no podrán hacer efectivos sus créditos contra los aportantes, cuya responsabilidad se limita a sus aportaciones.

Artículo 46. (Recursos del Fondo).- El Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios se constituirá con los siguientes recursos:

1) El aporte que realizarán los Bancos y cooperativas de intermediación financiera de conformidad con lo previsto en el artículo siguiente, cuyo pago en una sola partida o en varias periódicas determinará el Directorio.

2) Los frutos y reintegros de las colocaciones que realice la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario en el cumplimiento de sus cometidos legales.

3) El producido de los préstamos o empréstitos que para el cumplimiento de sus cometidos celebre la Superin-tendencia con recursos del Fondo o para obtenerlos, con entidades financieras nacionales, extranjeras o internacionales.

4) Las utilidades líquidas de la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario en cada ejercicio anual.

Artículo 47. (Aportes de los Bancos y las cooperativas de intermediación financiera).- El aporte a que se refiere el numeral 1) del artículo anterior será fijado por el Poder Ejecutivo, a propuesta fundada de la Superintendencia, entre el 1 o/oo (uno por mil) y el 30 o/oo (treinta por mil) del promedio anual de los depósitos garantizados del sector no financiero de cada institución bancaria o cooperativa de intermediación financiera comprendida en la garantía en función del rango de los distintos riesgos a que esté expuesta cada una de ellas. La Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario ubicará fundadamente a cada entidad en el rango de riesgos asumidos que le corresponda aplicando los criterios técnicos generalmente admitidos. El Poder Ejecutivo podrá exonerar del aporte a aquellas instituciones que presenten un seguro suficiente, o respaldo de otras instituciones o casas matrices. También podrán fijar diferentes tarifas en atención a la moneda de constitución de las obligaciones. Las porciones del aporte determinadas por moneda se pagarán efectivamente en las respectivas monedas.

El Poder Ejecutivo, a propuesta fundada de la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario, fijará el máximo de reserva en cada moneda con que estará formado el Fondo de Garantía. Los aportes en las respectivas monedas se suspenderán cuando el Fondo de Garantía alcance el máximo establecido para cada una, y se reanudarán cuando caigan por debajo del máximo.

Si se requirieran erogaciones del Fondo que por su importancia lo justifiquen, la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario podrá exigir a las instituciones aportantes el adelanto de la integración de sus aportes, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 48. (Garantía de depósitos).- El Poder Ejecutivo, a propuesta fundada del Banco Central del Uruguay, establecerá los montos máximos a ser reintegrados en ejecución de la garantía de depósitos. Los montos máximos se establecerán por persona acreedora, por institución deudora y por moneda adeudada según sea nacional o cualquiera extranjera, determinando también en este último caso los criterios para los arbitrajes que sean necesarios.

Los montos máximos sólo se modificarán cuando ocurran cambios de importancia en las variables económicas que se consideren relevantes a tales efectos, para nuevas situaciones de crisis que ocurran en el futuro y a propuesta fundada de la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario.

Artículo 49. (Garantía. Efectividad).- Al disponerse la liquidación o la suspensión de actividades de intermediario financiero, la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario hará efectiva la garantía de los depósitos en las condiciones a que refiere el artículo 48 de la presente ley, procediendo al pago de los créditos cubiertos por la garantía conforme a lo allí previsto.

La recepción por los acreedores de las sumas desembolsadas con los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos, importa la subrogación de pleno derecho a favor de ese Fondo en los derechos del acreedor. Los recursos que se recuperen en virtud de esa subrogación retornarán al Fondo.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

ACTA Nº 68

En Montevideo, el veintitrés de mayo de dos mil siete, a la hora dieciséis y veintiséis minutos, se reúne la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

Preside el señor Senador Luis Alberto Heber, Presidente de la Comisión.

Asisten los señores Senadores, Carlos Baráibar, Juan José Bentancor, Alberto Breccia, Alberto Couriel, Jorge Larrañaga y Rafael Michelini.

Faltan con aviso los señores Senadores Sergio Abreu e Isaac Alfie.

Actúa en Secretaría, el Secretario de Comisión señor Rodolfo Caimi con la colaboración de la funcionaria Verónica Cantero.

La Comisión tiene a consideración el siguiente:

ORDEN DEL DIA.

1º) Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Represen-tantes por el que se establecen normas para la protección de los salarios, jubilaciones y pensiones, que se pagan a través de instituciones de intermediación financiera (Carpeta Nº 738/2006. Distribuido Nº 1475/2007).

Se votan conjuntamente los seis artículos del proyecto de ley. 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Carlos Baráibar, quien lo hará en forma verbal.

Texto del proyecto de ley aprobado:

ARTICULO 1º.- La suspensión de actividades o la liquidación de instituciones de intermediación financiera (Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982 y sus modificativas) no impedirán en ningún caso:

A) El cumplimiento de las órdenes previas de afectación de dinero entregado a la institución o de saldos existentes en una cuenta, realizadas con la finalidad específica de pagar salarios, pensiones, jubilaciones o toda otra prestación emergente de la existencia de una relación laboral o de seguridad social.

B) El pago a los respectivos beneficiarios de las sumas que les sean acreditadas en sus cuentas individuales en cumplimiento de lo dispuesto en el literal precedente, así como toda suma que por concepto de salarios, pensiones, jubilaciones o toda otra prestación emergente de la existencia de una relación laboral o de seguridad social que le hubiesen sido acreditadas dentro el término de treinta días previo a que se dispusiera la suspensión de actividades o la liquidación de la institución.

C) Los pagos por concepto de remuneraciones o prestaciones realizados directamente por caja, con habitualidad y en el marco de programas de desarrollo social nacionales o departamentales, debiéndose realizar los pagos según los plazos previstos por el artículo 719 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y concordantes.

Artículo 2º.- Las autoridades estatutarias, el interventor o, en su caso, el liquidador deberán habilitar todas las operaciones necesarias para el cumplimiento sin dilaciones de los pagos a los que refiere el artículo anterior, con cargo a los recursos de la institución. En el caso que la institución no dispusiera de recursos líquidos suficientes, el Banco Central del Uruguay, con la finalidad de mantener la continuidad y la liquidez de la cadena de pagos, podrá proveerlos mediante la compra de valores públicos a precio de mercado o el uso de los instrumentos de asistencia financiera previstos por la ley para las empresas de intermediación financiera en actividad.

Artículo 3º.- A los efectos del conocimiento de la existencia de las operaciones relacionadas en el artículo 1º de la presente ley, de forma fehaciente e inmediata, las instituciones de intermediación financiera deberán llevar un registro de toda operación descripta en el citado artículo, detallando fecha, origen y destino de los fondos, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 4º.- Los importes a los que refiere el artículo 1º de la presente ley serán considerados salarios a todos los efectos de protección y preferencia de los mismos en el orden jurídico vigente.

Artículo 5º.- Los saldos en las cuentas personales de los beneficiarios, que no correspondan ser abonados por lo dispuesto en la presente ley, quedarán al amparo de lo establecido en los artículos 45 a 49 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002.

Artículo 6º.- El Poder Ejecutivo previo asesoramiento del Banco Central del Uruguay reglamentará la presente ley.

2º) Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas de diferentes valores (Carpeta Nº 784/2007. Distribuido Nº 1593/2007).

Se votan conjuntamente los cuatro artículos del proyecto de ley: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Rafael Michelini, quien lo hará en forma verbal.

Texto del proyecto de ley aprobado:

Artículo 1º.- Autorízase al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas, con las características y especificaciones que se determinan en los artículos siguientes; facutándosele para sustituir el requisito de la licitación pública por el llamado a precios entre casas acuñadoras oficiales.

Artículo 2º.- El Banco Central del Uruguay podrá acuñar hasta un monto de $ 3.700:000.000 (tres mil setecientos millones de pesos uruguayos) en piezas con los valores, números de unidades, diámetros y pesos que, en cada caso, seguidamente se indican, facutándosele a optar por metales sólidos o tecnología de electrochapeado, atendiendo en cada caso a razones de costo, oportunidad y conveniencia.

A) Monedas de $ 10 (diez pesos uruguayos).

Hasta doscientos millones de piezas con núcleo dorado y el anillo exterior plateado. Se admitirá una tolerancia por aleación de un 2% (dos por ciento). Tendrá hasta 10,40 g (diez gramos con cuarenta centigramos) de peso y 28 mm (veintiocho milímetros) de diámetro total. El diámetro del núcleo central será de 18,5 mm (dieciocho milímetros y medio). La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar.

B) Monedas de $ 5 (cinco pesos uruguayos).

Hasta doscientos millones de piezas de color dorado. Se admitirá una tolerancia por aleación de un 2% (dos por ciento). Tendrá hasta 6,30 g (seis gramos con treinta centigramos) de peso y 26 mm (veintiséis milímetros) de diámetro. La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar.

C) Monedas de $ 2 (dos pesos uruguayos).

Hasta doscientos millones de piezas de color dorado. Se admitirá una tolerancia por aleación de un 2% (dos por ciento). Tendrá hasta 4,50 g (cuatro gramos con cincuenta centigramos) de peso y 23 mm (veintitrés milímetros) de diámetro. La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar.

D) Monedas de $ 1 (un peso uruguayo).

Hasta doscientos millones de piezas de color dorado. Se admitirá una tolerancia por aleación de un 2% (dos por ciento). Tendrá hasta 3,50 g (tres gramos con cincuenta centigramos) de peso y 20 mm. (veinte milímetros) de diámetro. La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar.

E) Monedas de $ 0,50 (cincuenta centésimos de pesos uruguayos).

Hasta doscientos millones de piezas de color plateado. Se admitirá una tolerancia por aleación de un 2% (dos por ciento). Tendrá hasta 3 g (tres gramos) de peso y 21 mm (veintiúm milímetros) de diámetro. La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar.

Artículo 3º.- El Banco Central del Uruguay determinará los elementos ornamentales que constituirán el anverso y reverso de las monedas.

Artículo 4º.- Todas las monedas serán circulares con canto liso.

3º) Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se exonera de los gravámenes impuestos por el literal H) del artículo 71 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004, a la importación por parte del Ministerio de Salud Pública y de la administración de los Servicios de Salud del Estado de todo tipo de equipo e instrumental médico y de equipo, instrumental y material odontológico (Carpeta Nº 786/2007. Distribuido Nº 1592/2007).

Se vota el artículo único: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Alberto Couriel, quien o hará en forma verbal.

Texto del proyecto de ley aprobado:

Artículo Unico.- Exonérase de los gravámenes impuestos por el literal H) del artículo 71 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004, a la importación, por parte del Ministerio de Salud Pública y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, de todo tipo de equipo e instrumental médico y de equipo, instrumental y material odontológico.

4º) Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el que se exonera del Impuesto al valor agregado, del impuesto a las rentas de las actividades económicas y del impuesto a las rentas de los no residentes, a los artistas extranjeros (Carpeta Nº 780/2007. Distribuido Nº 1576/2007).

La Comisión resuelve realizar consultas al Ministerio de Economía y Finanzas en relación al proyecto a estudio.

5º) Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se dispone el establecimiento anual de un plan de seguros agrícolas. (Carpeta Nº 80/2005. Distribuido Nº 4/2007).

La Comisión resuelve realizar consultas al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, adjuntando el informe del Banco de Seguros del Estado.

6º) Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores Senadores Alfie y Aguirrezabala, relativo al "trámite tributario de los fondos de recuperación del pa-trimonio bancario. (Carpeta Nº 277/2005. Distribuido Nº 319/2005).

La Comisión posterga su tratamiento.

7º) Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifica la carta orgánica del Banco Central y se crea la Corporación de Protección del Ahorro Bancario (COPAB). (Carpeta Nº 443/2006. Distribuido Nº 692/2006).

La Comisión resuelve incluirlo en el primer punto del Orden del Día, de la próxima sesión.

8º) Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor Senador Luis Alberto Heber por el que se exonera a las empresas en el giro relacionado al armado, fabricación y comercialización de equipos de computación de los impuestos nacionales, salvo el impuesto a la renta. (Carpeta Nº 521/2006. Distribuido Nº 907/2006).

La Comisión resuelve realizar consultas al Ministerio de Economía y Finanzas en relación al proyecto a estudio.

9º) Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor Senador Gustavo Penadés por el que se establecen exoneraciones a las empresas contribuyentes del impuesto a las rentas de industria y comercio (IRIC), impuesto al patrimonio e impuesto a la renta agropecuaria (IRA) cuando efectúen donaciones a determinadas fundaciones o asociaciones civiles (Carpeta Nº 657/2006. Distribuido Nº 1262/2006).

La Comisión resuelve realizar consultas al Ministerio de Economía y Finanzas en relación al proyecto a estudio.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en los Distribuidos Nos. 1683/2007 y Nº 1684/2007 que forman parte integrante de la presente Acta. Siendo la hora diecisiete, se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Luis Alberto Heber Presidente

Rodolfo Caimi Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: el proyecto en consideración proviene de la Cámara de Representantes y fue presentado por Legisladores de varios partidos políticos. Luego de su discusión, fue aprobado en el Plenario de la Cámara de Representantes por unanimidad, al igual que en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

Esta iniciativa refiere a la protección de los salarios, jubilaciones y pensiones que deben ser pagados dentro de los plazos legales, evitando el drama de la inseguridad de los beneficiarios de quedarse sin cobrar por un período superior de tiempo. Asimismo, con esto se intenta evitar cualquier rechazo a cobrar bajo esta modalidad, debido a dudas o miedo sobre la efectividad del sistema en caso de crisis. Por otro lado, se busca el fortalecimiento de la bancarización de los pagos, con la confianza de quienes cobran por dichas instituciones, evitando la caída de éstas, con los problemas adicionales que ello acarrearía.

El proyecto de ley prevé, en caso de suspensión, intervención o eventual liquidación de una institución de intermediación financiera, que se mantenga la obligación, por parte de las autoridades de la institución, su interventor o su liquidador, de cumplir sin dilación con las órdenes de pago recibidas con anterioridad a la situación de crisis, tanto en los casos en que los fondos destinados al pago de remuneraciones ya se encuentren acreditados en las cuentas de los beneficiarios como también en la hipótesis de que al momento de la suspensión de actividades, de la intervención o del proceso de liquidación, el dinero se encuentre en la institución aunque la operación material de acreditarlo en las cuentas individuales todavía no se haya realizado. Asimismo, establece que en los casos en que la institución no dispusiera de recursos líquidos suficientes, el Banco Central, con la finalidad de mantener la continuidad y la liquidez de la cadena de pagos, los proveerá haciendo uso de los instrumentos de asistencia financiera que posee, de acuerdo con la legislación vigente.

Al mismo tiempo, para asegurar el conocimiento de la existencia de las operaciones relacionadas con el artículo 1º de forma fehaciente e inmediata, propone que las instituciones de intermediación financiera deberán llevar un registro de las operaciones comprendidas en este proyecto de ley detallando fecha, origen y destino de los fondos, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

En síntesis, este es el proyecto de ley que tenemos a consideración, que consta de seis artículos y que, como dije, fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 20 en 23. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 19 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 22. Afirmativa.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

26) IMPORTACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO, DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL Y MATERIAL ODONTOLOGICO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se exonera de los gravámenes impuestos por el literal H) del artículo 71 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004, a la importación de todo tipo de equipo e instrumental médico y de equipo, instrumental y material odontológico, por parte del Ministerio de Salud Pública y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Carp. Nº 786/07 - Rep. Nº 471/07)."

(Antecedentes:)

"Carp.Nº 786/07

Rep. Nº 471/07

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Exonérase de los gravámenes impuestos por el literal H) del artículo 71 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004, a la importación, por parte del Ministerio de Salud Pública y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, de todo tipo de equipo e instrumental médico y de equipo, instrumental y material odontológico.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 10 de abril de 2007.

Enrique Pintado Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

PODER EJECUTIVO

Montevideo, 27 de noviembre de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a efectos de remitirle adjunto un proyecto de ley relacionado conla exoneración de los gravámenes impuestos por el literal H) del artículo 71 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004.

La misma aprobó la Ley Orgánica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, creada por la Ley Nº 12.128, de 13 de agosto de 1954.

Entre los recursos indirectos que se establecieron a favor de la referida Caja por el citado artículo 71, se dispuso que la importación de instrumental médico se gravará con una prestación del 2% CIF y que tratándose de instrumental, equipos o material odontológico, la prestación ascenderá al 10% del valor.

Siendo de interés nacional lograr un abaratamiento de los insumos referidos a importarse por parte del Ministerio de Salud Pública o de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, resulta indispensable la exoneración de dichas entidades en lo referente a los gravámenes precitados.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; José E. Díaz, Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Azucena Berrutti, Jorge Brovetto, Víctor Rossi, Jorge Lepra, Eduardo Bonomi, María J. Muñoz, José Mujica, Héctor Lescano, Mariano Arana, Marina Arismendi.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Exonérase de los gravámenes impuestos por el literal H) del artículo 71 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004 a la importación por parte del Ministerio de Salud Pública y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, de todo tipo de equipos e instrumental médico y de equipos, instrumental y material odontológico.

Montevideo, 27 de noviembre de 2006.

José E. Díaz, Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Azucena Berrutti, Jorge Brovetto, Víctor Rossi, Jorge Lepra, Eduardo Bonomi, María J. Muñoz, José Mujica, Héctor Lescano, Mariano Arana, Marina Arismendi.

Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Hacienda, ha considerado el proyecto de ley por el cual se exonera al Ministerio de Salud Pública o a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, de los gravámenes impuestos por el literal H) del artículo 71 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004.

Dicho literal, refiere a la importación de instrumental médico que estará gravado con 2% sobre valor CIF, y a la importación de instrumental, equipos o material odontológico que lo estará con el 10% sobre valor CIF.

Ambas recaudaciones, se destinan por lo dispuesto en la Ley Nº 17.738, a recursos indirectos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, como lo establece el citado artículo 71.

El Poder Ejecutivo establece en su exposición de motivos, que es de interés nacional, lograr un abaratamiento de los insumos referidos a importarse por el MSP y ASSE, y consultada la CJPU manifiesta, con fecha 21/12/2006, que no tiene objeciones que formular relativas a este proyecto de ley.

Por lo expuesto, vuestra asesora recomienda al Plenario la aprobación del artículo único de la iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo y que fuera aprobada por unanimidad en la misma.

Sala de la Comisión, 7 de marzo de 2007.

Roberto Conde, Miembro Informante; José Amorín, Hugo Arambillete, Alfredo Asti, Irene Caballero, José Carlos Cardoso, Carlos González Alvarez, Luis González Ríos, Gonzalo Mujica, Pablo Pérez González.

DISPOSICION CITADA

LEY Nº 17.738, DE 7 DE ENERO DE 2004

Artículo 71.- (Recursos).- Los recursos indirectos de la Caja estarán conformados por lo que ésta reciba en función de lo dispuesto en los literales siguientes:

Inciso A) Cada escrito o acta otorgado por un profesional en el ejercicio de su profesión que se presente o formule ante órganos públicos estatales o no, y tribunales arbitrales, estará gravado con una prestación de $ 38 (pesos uruguayos treinta y ocho).

Corresponderá un timbre de $ 100 (pesos uruguayos cien) en todo documento otorgado por los profesionales ingenieros agrónomos, químicos industriales, veterinarios, ingenieros químicos e ingenieros industriales.

Los demás documentos otorgados por un profesional en el ejercicio de su profesión estarán gravados por una prestación cuya cuantía será determinada por la reglamentación y no será menor de $ 6 (pesos uruguayos seis) ni mayor de $ 480 (pesos uruguayos cuatrocientos ochenta).

En el libro recetario se devengarán por concepto de la prestación establecida en este inciso $ 570 (pesos uruguayos quinientos setenta) por mes.

Exceptúanse los documentos expedidos por escribanos en ejercicio amparado por la Caja Notarial de Seguridad Social, así como los profesionales que en su actuación se encuentren amparados por el Banco de Previsión Social - Régimen Civil, salvo aquellos que actúen en relación de dependencia en organismos del artículo 185 de la Constitución.

Inciso B) Todas las instancias de cada procedimiento de jurisdicción contenciosa o voluntaria o penal, arbitraje o consultoría, generará una prestación para la Caja del 5% (cinco por ciento) de los honorarios que corresponderían por el trabajo de los profesionales universitarios intervinientes, según arancel vigente a la fecha de la regulación.

Los datos que permitan esa regulación deberán expresarse en la documentación respectiva, y en lo que concierne a los abogados o procuradores, figurarán en la primera actuación, junto con la cual se abonará el gravamen estimado provisionalmente en carácter de pago a cuenta.

La regulación de los honorarios fictos no podrán ser inferior al importe de tres salarios mínimos nacionales.

A continuación de la firma de cada sentencia interlocutoria o definitiva o providencia que importe la clausura de los procedimientos, o paralizados éstos por más de seis meses, el tribunal regulará los honorarios fictos en providencia que notificará en el mismo acto de notificación de la providencia a la cual acceda, y solo será susceptible del recurso de reposición.

Los interesados no podrán obtener testimonios, certificados o desgloses, mientras adeuden las costas comprendidas en el apartado A), o en el presente apartado B) de este artículo.

Si dichas costas alcanzaren cinco Unidades Reajustables (Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968) y permanecieren insatisfechas por más de sesenta días corridos, el tribunal ante quien pendan los autos decretará de oficio y sin más trámite embargo a favor de la Caja y librará oficio al Registro pertinente, que se entregará a la Caja acreedora.

A los efectos del cobro de las prestaciones referidas en el presente literal, será válido el domicilio real o el domicilio constituido en los procedimientos que generaron el gravamen.

La parte condenada en costas es responsable de su pago ante la Caja, aunque no fuese contribuyente en el caso concreto.

El abogado patrocinante, sea o no apoderado de la parte, será solidariamente responsable del pago de dichas costas.

Inciso C) Cada intervención de cirugía mayor o tratamiento médico sustitutivo o de importancia similar, generará una prestación de $ 950 (pesos uruguayos novecientos cincuenta), las restantes intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos, de $ 480 (pesos uruguayos cuatrocientos ochenta).

Se exceptúan las intervenciones o tratamientos de beneficiarios de asistencia gratuita de servicios de salud pública del Estado, y a los afiliados o socios permanentes de instituciones de asistencia médica colectiva, efectuados en cumplimiento de obligaciones legales, reglamentarias o estatutarias o pactadas en afiliaciones colectivas.

Cada parto que se produzca en sanatorio o clínica o instituciones de asistencia médica colectiva, estará gravado con una prestación de $ 95 (pesos uruguayos noventa y cinco).

Se exceptúan los partos cuya asistencia se preste por disposición del Banco de Previsión Social.

Inciso D) La venta de específicos de uso humano estará gravada con una tasa del 2% (dos por ciento) aplicable sobre el precio de venta neto del fabricante o importador a los distribuidores. Su percepción se hará mediante timbres o liquidaciones mensuales, en la forma que establezca la reglamentación.

Inciso E) Los planos presentados ante dependencias estatales y que estén relacionados con la ejecución de obras de arquitectura o ingeniería pública o privadas realizadas por particulares, estarán gravados con el 4% del monto de mano de obra correspondiente por aplicación del Decreto-Ley Nº 14.411 de 7 de agosto de 1975, si dicha obra es principalmente de arquitectura, o con el 2% en los demás casos.

Lo dispuesto en el presente apartado figurará en los pliegos generales de obras de todas las entidades públicas, y se recaudará conjuntamente con el Aporte Unificado de la Construcción (artículos 1º y 5º del Decreto-Ley Nº 14.411).

Inciso F) Cada plano de mensura que se presente ante cualquier autoridad nacional o departamental suscrito por agrimensor, estará gravado con el 1º/oo (uno por mil) del valor real del inmueble a los efectos fiscales.

Tratándose de planos de fraccionamiento de tierras o de reparcelamiento, la prestación aumentará en un 6% (seis por ciento) por cada parcela resultante.

Si se tratase de planos de edificios en régimen de propiedad por pisos o departamentos, o de incorporación a tal régimen, la prestación se calculará sobre el valor real del inmueble considerado como un bien único, aunque dicho valor no tenga aún validez a los efectos tributarios.

La cuantía será de 1.5º/oo (uno y medio por mil) en los casos de incorporación de un edificio al régimen de propiedad por pisos o departamentos y del 0,5º/oo (medio por mil) en los demás casos.

La Dirección Nacional de Catastro no dará curso a las gestiones en que se presenten planos comprendidos en este apartado hasta que se acredite el pago de esta prestación.

En ocasión de solicitarse la inscripción de traslaciones de dominio de inmuebles que se hagan con referencia a un plano de mensura, se devengará una prestación del 5% (cinco por ciento) del Impuesto a las transmisiones patrimoniales, cuya aplicación controlará el Registro de la Propiedad, sección inmobiliaria.

Inciso G) Cada solicitud de inspección contable, de avaluación o de certificado referente a tributos, y cada presentación de estados contables, estados de responsabilidad o declaraciones juradas ante oficinas públicas o instituciones de intermediación financiera generará una prestación de $ 38 (pesos uruguayos treinta y ocho).

Exceptúense las declaraciones juradas que deban presentar ante instituciones de seguridad social sus afiliados pasivos, así como las que deban incluirse en facturas.

Cada certificación de libro de comercio que realice el Registro Público de Comercio o intervención que haga las veces de aquélla, generará una prestación de $ 190 (pesos uruguayos ciento noventa).

Igual prestación se aplicará en caso de presentación de registros contables ante organismos públicos.

El activo fiscalmente ajustado según las normas del impuesto al patrimonio, estará gravado con una prestación del 0,01% (un centésimo por ciento), fijándose como importe máximo la suma de $ 1.900 (pesos uruguayos mil novecientos), cuya aplicación controlará la Dirección General Impositiva en ocasión de la presentación de la Declaración Jurada del Impuesto, excluyendo el de las Personas Físicas, Núcleos Familiares, Sucesiones Indivisas y Cuentas Bancarias con denominación impersonal.

Las oficinas ante las que se presenten las solicitudes, libros y demás documentos referidos, controlarán el cumplimiento de estas normas, según los valores vigentes a la fecha de presentación.

Inciso H) La importación de instrumental médico, estará gravada con una prestación del 2% (dos por ciento) del valor CIF.

Tratándose de instrumental, equipos o material odontológico la prestación ascenderá al 10% (diez por ciento) del mencionado valor.

El pago de esta prestación será controlado por la Dirección Nacional de Aduanas en ocasión del respectivo despacho.

La venta por su fabricante de los bienes mencionados en los apartados primero y segundo, estará gravada con una prestación del 1% (uno por ciento) o 5% (cinco por ciento) respectivamente.

Todos los timbres mencionados en este artículo serán emitidos por la Caja y su venta estará a cargo de la misma o de los agentes por ella designados. Dichos timbres podrán ser sustituidos por comprobantes de depósito en dinero que a esos efectos extienda la Caja.

Las cantidades fijas referidas en este artículo, o determinadas en disposiciones reglamentarias, serán actualizadas para cada año civil conforme a la variación del Indice General de los Precios al Consumo determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas.

En el primer semestre de cada año, regirá un valor resultante de multiplicar el valor vigente en el primer semestre del año anterior, por el coeficiente de variación del referido índice en el intervalo de doce meses inmediatos anteriores al día 31 de julio del año civil precedente.

En el segundo semestre del año civil, regirá un valor incrementado en la mitad del porcentaje de incremento sufrido por el respectivo valor entre el primer semestre del año anterior y el primer semestre del año corriente.

Los nuevos valores así determinados, se redondean reduciendo a cero las cifras posteriores a la que siga a la primera cifra significativa, si la primera cifra así reducida a cero hubiese sido superior a cuatro, la que le precede se elevará en una unidad y en todos los casos regirá sin fracciones de la unidad monetaria.

La Caja publicará oportunamente en el Diario Oficial, los resultados de los referidos ajustes y redondeos."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: este proyecto de ley consta de un solo artículo, ha sido aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes y también viene aprobado por unanimidad de la Comisión de Hacienda del Senado.

En esencia y muy brevemente, se trata de exonerar al Ministerio de Salud Pública y a la Administración de los Servicios de Salud del Estado de un impuesto de 2% a las importaciones de instrumental médico y de instrumentales, equipos y material odontológico, que en este momento estaban pagando un 10% sobre el valor CIF. Esto tiene que ver con mecanismos de financiamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y de allí se plantearon estos impuestos a las importaciones al Ministerio de Salud Pública y a ASSE. Como ambas recaudaciones iban a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, esta fue consultada con fecha 21 de diciembre de 2006 y contestó que no tenía objeciones que formular a este proyecto de ley.

Por otro lado, estamos partiendo de la base de que estamos en plena discusión de una reforma de la salud donde se vuelven muy importantes las nuevas funciones de rectoría del Ministerio de Salud Pública y, sobre todo, la descentralización de ASSE porque, sin duda, la gestión del sector público dentro de esta reforma, tendrá que ser muy importante. Por lo tanto, lo único que estamos haciendo es abaratar costos a ASSE a los efectos de que pueda cumplir con mayor eficiencia sus tareas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 20 en 22. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción para que se suprima la lectura del artículo único.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo único.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 22. Afirmativa.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

27) ACUÑACION DE MONEDAS DE DIFERENTES VALORES

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas de diferentes valores (Carp. Nº 784/07 - Rep. Nº 469/07)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 784/07

Rep. Nº 469/07

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Autorízase al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas, con las características y especificaciones que se determinan en los artículos siguientes; facultándosele para sustituir el requisito de la licitación pública por el llamado a precios entre casas acuñadoras oficiales.

Artículo 2º.- El Banco Central del Uruguay podrá acuñar hasta un monto de $ 3.700.000.000 (tres mil setecientos millones de pesos uruguayos) en piezas con los valores, números de unidades, diámetros y pesos que, en cada caso, seguidamente se indican, facultándosele a optar por metales sólidos o tecnología de electrochapeado, atendiendo en cada caso a razones de costo, oportunidad y conveniencia.

A) Monedas de $ 10 (diez pesos uruguayos).

Hasta doscientos millones de piezas con núcleo dorado y el anillo exterior plateado. Se admitirá una tolerancia por aleación de un 2% (dos por ciento). Tendrá hasta 10,40 g (diez gramos con cuarenta centigramos) de peso y 28 mm (veintiocho milímetros) de diámetro total. El diámetro del núcleo central será de 18,5 mm (dieciocho milímetros y medio). La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar.

B) Monedas de $ 5 (cinco pesos uruguayos).

Hasta doscientos millones de piezas de color dorado. Se admitirá una tolerancia por aleación de un 2% (dos por ciento). Tendrá hasta 6,30 g (seis gramos con treinta centigramos) de peso y 26 mm (veintiséis milímetros) de diámetro. La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar.

C) Monedas de $ 2 (dos pesos uruguayos).

Hasta doscientos millones de piezas de color dorado. Se admitirá una tolerancia por aleación de un 2% (dos por ciento). Tendrá hasta 4,50 g (cuatro gramos con cincuenta centigramos) de peso y 23 mm (veintitrés milímetros) de diámetro. La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar.

D) Monedas de $ 1 (un peso uruguayo).

Hasta doscientos millones de piezas de color dorado. Se admitirá una tolerancia por aleación de un 2% (dos por ciento). Tendrá hasta 3,50 g (tres gramos con cincuenta centigramos) de peso y 20 mm (veinte milímetros) de diámetro. La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar.

E) Monedas de $ 0,50 (cincuenta centésimos de pesos uruguayos).

Hasta doscientos millones de piezas de color plateado. Se admitirá una tolerancia por aleación de un 2% (dos por ciento). Tendrá hasta 3 g (tres gramos) de peso y 21 mm (veintiún milímetros) de diámetro. La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar.

Artículo 3º.- El Banco Central del Uruguay determinará los elementos ornamentales que constituirán el anverso y reverso de las monedas.

Artículo 4º.- Todas las monedas serán circulares con canto liso.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 10 de abril de 2007.

Enrique Pintado Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 5 de marzo de 2007.

Sr. Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, el Proyecto de Ley referente a la acuñación de monedas por el Banco Central del Uruguay.

Saluda al Sr. Presidente con la mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Banco Central del Uruguay propicia el Proyecto de Ley adjunto a fin de acuñar monedas de acuerdo con determinadas características y especificaciones que se describen en el mismo.

Las monedas a acuñar son de $ 10,00, $ 5,00, $ 2,00, $ 1,00 y $ 0,50.

El motivo de propiciar esta nueva Ley responde a la necesidad de adecuar la Legislación vigente en materia de acuñación de monedas, a las nuevas tecnologías vigentes en el mercado mundial, las cuales apuntan a la utilización de la tecnología del acero electrochapeado con una o varias capas de níquel, cobre o zinc.

De esta manera se lograría reducir, no sólo el peso de la moneda, sino también, el costo de producción en forma considerable, manteniendo inalteradas la duración y el aspecto exterior.

Por tanto, se entiende necesario otorgar al Banco Central del Uruguay la potestad de acuñar su cono monetario utilizando tecnología de avanzada y optar por materiales tradicionales o no tradicionales, atendiendo a razones de costo, oportunidad y conveniencia.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Autorízase al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas, con las características y especificaciones que se determinan en los artículos siguientes; facultándosele para sustituir el requisito de la licitación pública por el llamado a precios entre casas acuñadoras oficiales.

Artículo 2º.- El Banco Central del Uruguay podrá acuñar hasta un monto de $ 3.700:000.000,oo (tres mil setecientos millones de pesos uruguayos) en piezas con los valores números de unidades, diámetros y pesos que, en cada caso, seguidamente se indican, facultándosele a optar por metales sólidos o tecnología de electrochapeado, atendiendo en cada caso a razones de costo, oportunidad y conveniencia.

A.- Monedas de $ 10 (diez pesos uruguayos)

Hasta doscientos millones de piezas con núcleo dorado y el anillo exterior plateado. Se admitirá una tolerancia por aleación de un 2% (dos por ciento). Tendrá hasta 10,40 gramos (diez gramos con cuarenta centésimas) de peso y 28 mm (veintiocho milímetros) de diámetro total. El diámetro del núcleo central será de 18.5 mm (dieciocho milímetros y medio). La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar.

B.- Monedas de $ 5 (cinco pesos uruguayos)

Hasta doscientos millones de piezas de color dorado. Se admitirá una tolerancia por aleación de un 2% (dos por ciento). Tendrá hasta 6,30 g. (seis gramos con treinta centésimas) de peso y 26 mm (veintiséis milímetros) de diámetro. La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar.

C.- Monedas de $ 2 (dos pesos uruguayos)

Hasta doscientos millones de piezas de color dorado. Se admitirá una tolerancia por aleación de un 2% (dos por ciento). Tendrá hasta 4,50 g. (cuatro gramos con cincuenta centésimas) de peso y 23 mm (veintitrés milímetros) de diámetro. La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar.

D.- Monedas de $ 1 (un peso uruguayo)

Hasta doscientos millones de piezas de color dorado. Se admitirá una tolerancia por aleación de un 2% (dos por ciento). Tendrá hasta 3,50 g. (tres gramos con cincuenta centésimas) de peso y 20 mm (veinte milímetros) de diámetro. La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar.

E.- Monedas de $ 0,50 (cincuenta centésimos de pesos uruguayos)

Hasta doscientos millones de piezas de color plateado. Se admitirá una tolerancia por aleación de un 2% (dos por ciento). Tendrá hasta 3 g. (tres gramos) de peso y 21 mm (veintiún milímetros) de diámetro. La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar.

Artículo 3º.- El Banco Central del Uruguay determinará los elementos ornamentales que constituirán el anverso y reverso de las monedas.

Artículo 4º.- Todas las monedas serán circulares con canto liso.

Danilo Astori.

Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Hacienda recomienda, por unanimidad de presentes, la aprobación del presente proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo por el cual se autoriza al Banco Central del Uruguay la acuñación de monedas de $ 0.50, $ 1.00, $ 2.00, $ 5.00 y $ 10.00 con la finalidad de completar el denominado "Cono Monetario".

Según se expresa en la exposición de motivos, en esta nueva acuñación de moneda, se adecuará a las nuevas tecnologías vigentes en el mercado mundial. Al Parlamento le corresponde aprobar la legislación correspondiente para que, en esta nueva acuñación de moneda, el Banco Central del Uruguay "utilice tecnología de avanzada y optar por materiales tradicionales o no tradicionales, atendiendo a razones de costo, oportunidad y conveniencia".

Las cantidades, características y especificaciones están determinadas en el texto legal que recomendamos sancionar.

En consecuencia, vuestra asesora aconseja la aprobación del presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 21 de marzo de 2007.

Alfredo Asti, Miembro Informante; José Amorín, José Carlos Cardoso, Jorge Gandini, Carlos González Alvarez, Miguel Guzmán, Gonzalo Mujica, Pablo Pérez González."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: este proyecto de ley ya cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes y refiere a la habilitación que el Banco Central necesita para acuñar monedas de diferentes valores. Los valores serían de $ 0.50, $ 1, $ 2, $ 5 y $ 10, y la finalidad sería completar el denominado "Cono Monetario".

El objetivo de esta iniciativa es permitir que el Banco Central, que ya está habilitado a acuñar monedas en el circulante, utilice tecnología de avanzada y opte por materiales tradicionales o no tradicionales, atendiendo razones de costos, oportunidad y conveniencia. Como todos sabemos, en lo que respecta a las monedas, se han encontrado nuevas aleaciones y demás; es así que hoy son más livianas porque incluyen otros materiales, como capas de níquel, cobre o zinc, lo que antes no se podía hacer y ahora, efectivamente, sí se hace, a través de la tecnología del acero electrochapeado. Todo esto figura en la exposición de motivos del proyecto de ley.

Cabe acotar que se establece un tope de $ 3.700:000.000 y, a su vez, en todas las disposiciones de la iniciativa se va especificando, en cada uno de los valores de las monedas, cual será el diámetro, el núcleo y demás.

Por último, señalamos que el proyecto de ley tiene media sanción de la Cámara de Representantes y, en opinión de la Comisión de Hacienda, no merece ningún tipo de reparo.

Es por todo esto que aconsejamos al Cuerpo su aprobación en la tarde de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 19 en 21. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción para que se suprima la lectura del articulado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador.

(Se vota:)

- 18 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 21. Afirmativa.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

28) DELITOS ELECTORALES (NUMERAL 4º DEL ARTICULO 77 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA)

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se acuerda la amnistía a funcionarios policiales que hayan incurrido en delitos electorales pre-vistos en el numeral 4º del artículo 77 de la Constitución de la República, en ocasión de realizarse las Elecciones Internas de los Partidos Políticos del 27 de junio de 2004. (Carp. Nº 815/07 - Rep. Nº 455/07)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 815/07

Rep. Nº 455/07

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Acuérdase amnistía a los funcionarios policiales incursos en el delito electoral previsto en el numeral 4º del artículo 77 de la Constitución de la República cometido en ocasión de realizarse las Elecciones Internas de los Partidos Políticos el día 27 de junio de 2004.

Artículo 2º.- Dispónese que el Ministerio del Interior, en vísperas de las Elecciones Internas de los Partidos Políticos; de las Elecciones Nacionales; de la eventual segunda elección entre las dos candidaturas más votadas a Presidente y Vicepresidente de la República; de las Elecciones Departamentales, y de los actos de plebiscito y referéndum que puedan llevarse a cabo, difunda por medio de los servicios correspondientes y entre los funcionarios policiales de todas las categorías, el contenido y alcance del numeral 4º del artículo 77 de la Constitución de la República.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.

Washington Abdala, Sergio Abreu, Nora Castro, Francisco Gallinal, José Korzeniak, Rafael Michelini, Carlos Moreira, Margarita Percovich, Eduardo Ríos.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I) En muchas oportunidades el Legislador decretó la amnistía de los delitos electorales tipificados en la ley como tales toda vez que a los imputados no se les hubiese probado la intención delictiva en los respectivos procesos. Esas leyes de amnistía encontraron un sólido fundamento en el hecho notorio de que las conductas punibles en muy raras oportunidades han estado determinadas por la intención de delinquir y, en cambio, fueron el resultado de la ignorancia manifiesta de las personas involucradas en tales delitos que, sin embargo, debieron ser procesadas por virtud de lo ordenado en los textos legales correspondientes (artículo 194 de la Ley Nº 7.690, de 9 de enero de 1924 y 191 de la Ley Nº 7.812, de 16 de enero de 1925).

II) El hecho de que en esta instancia se trate de delitos previstos en el numeral 4º del artículo 77 de la Constitución de la República no es obstáculo para que el Legislador mantenga la misma actitud de benevolencia que cuando se trata de delitos electorales tipificados por la ley, máxime mediando las siguientes circunstancias: a) casi todos los imputados integran los grados inferiores del escalafón policial, lo que exterioriza, por una parte, la relativa incidencia sobre el bien jurídico tutelado, la libertad del elector, ya que normalmente dicha libertad sólo puede ser coaccionada por los jerarcas, quienes cuentan con numeroso personal a sus órdenes, y no por los agentes de los últimos grados; y por otra parte, el bajo nivel de conocimientos y consiguiente aumento de dificultades de los referidos imputados para apreciar las consecuencias derivadas de sus conductas; b) ellos no encabezaron las listas de candidatos ni estaban en posición relevante en las mismas y algunos ni siquiera votaron en las Elecciones Internas de los Partidos Políticos realizadas el 27 de junio de 2004; c) por último, la gravedad de la pena constitucionalmente establecida y el tiempo transcurrido, también aconsejan la solución que se procura.

III) El artículo 2º del proyecto de ley persigue asegurar el conocimiento de la disposición constitucional que tipifica el delito electoral de referencia, como forma de evitar en el futuro su comisión por parte de funcionarios policiales.

IV) Por los motivos expuestos, se propone la sanción del adjunto proyecto de ley.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

ACTA Nº 90

En Montevideo, el quince de mayo de dos mil siete, a la hora catorce y cuarenta minutos, se reúne la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, la señora Senadora Margarita Percovich y los señores Senadores Alberto Breccia, Daniel Camy, Francisco Gallinal, José Korzeniak, Rafael Michelini, Carlos Moreira y Julio M. Sanguinetti.

Falta con aviso el señor Senador Eduardo Ríos, quien remite nota justificando su inasistencia.

Preside su titular, el señor Senador Francisco Gallinal.

Actúa en Secretaría la señora Josefina Reissig, Secretaria de la Comisión con la colaboración de la funcionaria Gloria Mederos.

ASUNTOS ENTRADOS:

- CARPETA Nº 814/2007. MIGRACION. Se determinan normas. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1641/2007. Disposiciones citadas. Distribuido Nº 1650/2007.

- CARPETA Nº 815/2007. DELITOS ELECTORALES (numeral 4º del artículo 77 de la Constitución de la República). Se acuerda amnistía a los funcionarios que se determinan. Proyecto de ley con exposición de motivos de las señoras Senadoras Nora Castro y Margarita Percovich y de los señores Senadores Washington Abdala, Sergio Abreu, Francisco Gallinal, José Korzeniak, Rafael Michelini, Carlos Moreira y Eduardo Ríos. Distribuido Nº 1642/2007.

- Notas de la Presidencia del Senado:

1) adjuntando el Oficio Nº 210/2007 de la Junta Departamental de Maldonado con las palabras del señor Edil suplente Walter Urrutia sobre trasplantes de intenstino. Se resuelve remitirlo a la Comisión de Salud Pública.

2) adjuntando nota de la Intendencia Municipal de Canelones relacionada con la elevación a la categoría de pueblo de la actual Villa "Colonia Nicolich". Se resuelve remitir los antecedentes a la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial.

ASUNTOS TRATADOS:

- CARPETA Nº 815/2007. DELITOS ELECTORALES (numeral 4º del artículo 77 de la Constitución de la República). Se acuerda amnistía a los funcionarios que se determinan. Proyecto de ley con exposición de motivos de las señoras Senadoras Nora Castro y Margarita Percovich y de los señores Senadores Washington Abdala, Sergio Abreu, Francisco Gallinal, José Korzeniak, Rafael Michelini, Carlos Moreira y Eduardo Ríos. Distribuido Nº 1642/2007. En consideración. Intervención de los señores Senadores José Korzeniak y Julio M. Sanguinetti. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador José Korzeniak, quien lo hará en forma verbal.

- CARPETA Nº 739/2007. BARROS BLANCOS (22ª SECCION JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE CANELONES). Se designa con su nombre a la actual ciudad Capitán Juan Antonio Artigas. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Informe de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1479/2007. En consideración. Intervención de los señores Senadores Rafael Michelini, Julio M. Sanguinetti, Alberto Breccia, Daniel Camy y de la señora Senadora Margarita Percovich. Se vota: 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Rafael Michelini, quien lo hará en forma verbal.

- CARPETA Nº 807/2007. ABUSO DE FUNCIONES EN CASOS NO PREVISTOS ESPECIALMENTE POR LA LEY. Se deroga el artículo 162 del Código Penal. Proyecto de ley con exposición de motivos del señor Senador Julio M. Sanguinetti. Disposición citada. Distribuido Nº 1626/2007. En consideración. Intervención de los señores Senadores Julio M. Sanguinetti, José Korzeniak, Rafael Michelini, Carlos Moreira, Alberto Breccia, de la señora Senadora Margarita Percovich y del señor Presidente. Se resuelve facultar al señor Presidente a coordinar una convocatoria de la Comisión encargada de la Reforma del Código Penal, creada en el artículo 22 de la Ley Nº 17.897, de 14 de setiembre de 2005 (Humanización del Sistema Carcelario).

Finalizadas las intervenciones a la hora dieciséis queda levantada la sesión.

De lo actuado se procede a la toma de versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en los Distribuidos Nos. Nos. 1654, 1655, 1656 y 1657 de 2007, que forman parte integrante de la presente Acta.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria.

Francisco Gallinal Presidente

Josefina Reissig Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: este proyecto de ley consiste en una propuesta de amnistía respecto de algunos delitos electorales, probable o presuntamente cometidos durante las elecciones internas de los partidos políticos llevadas a cabo el 27 de junio de 2004.

Quienes habrían cometido estos delitos son algunos funcionarios policiales que figuraron en las listas de dichas elecciones internas, cuyo nivel sociocultural hace presumir de manera vehemente que no sabían que estaban violando una disposición constitucional, concretamente, el numeral 4º del artículo 77 de nuestra Carta Magna. En esta disposición se dice que los Directores de Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, los jueces y los funcionarios militares y policiales no podrán formar parte de clubes políticos, autorizar el uso de sus nombres y, en general, no podrán hacer ningún acto político, salvo el voto. Esto significa la prohibición, para los funcionarios policiales, de participar en elecciones, salvo en la votación, que es un acto secreto. Recordemos que en este caso se trataba de elecciones internas.

La Corte Electoral, por razones probablemente vecinales -porque esto ocurrió en el interior- recibió esta denuncia, por lo que se le planteó el hecho objetivo de que en las listas figuraban esos funcionarios policiales, pertenecientes a la categoría más baja en el escalafón, constando además que habían suscrito la autorización para figurar en esas listas.

La Constitución de la República, en este mismo artículo 77, numeral 4º, establece que la Corte Electoral es juez de esos delitos y señala, además, que la pena que se aplica es la destitución y la inhabilitación hasta por diez años para desempeñar empleos públicos, esto sin perjuicio del posterior pase del caso a la Justicia, por si hubiera habido algún delito de otra índole que no fuera electoral.

En el ámbito de la Corte Electoral, que es plural, dos miembros del organismo se encargaron de estudiar el tema -por división de trabajo interno de la Corte- y a ellos se les planteó de inmediato una sensación de piedad hacia estas personas que, por un desconocimiento notorio de las normas vigentes relacionadas con las prohibiciones, habían autorizado o firmado y terminaron figurando en hojas de votación de las elecciones internas. Si no recuerdo mal, se trata de siete u ocho casos.

En un caso, la Corte Electoral, en una indagación, logró averiguar algo que se convirtió en una prueba fehaciente, y es el hecho de que el funcionario en cuestión había firmado creyendo que estaba adhiriendo a una especie de grupo religioso de un pastor a quien, efectivamente, ese funcionario policial seguía. En este caso concreto, se dictó una sentencia absolutoria estableciéndose que no hubo delito electoral porque la persona desconocía a qué efectos había firmado, ya que se le había arrancado la firma de una forma muy aviesa, con una estratagema vecinal, pero estratagema al fin.

En los demás casos, según la información de que todos disponemos en la Comisión, no hay elementos como para poder probar que las personas firmaron por razones similares a la recién señalada, en cuyo caso las sentencias podrían ser perfectamente absolutorias. En realidad, se presume que la Corte Electoral no tendrá más remedio que condenar a los demás funcionarios policiales -todos ellos muy humildes-, destituirlos e inhabilitarlos.

No olvidemos algo que es muy importante. Por supuesto, no ignoro -ni nadie en este Senado lo hace- el principio de que la ignorancia de la norma no sirve de excusa. Sin embargo, no debemos olvidar que ese principio está en pleno reestudio, incluso por sentencias muy buenas, donde se dice, por ejemplo, que esto es así dentro de un contexto mínimo de nivel como para que la persona no pueda haber actuado por ignorancia, por engaño o porque la indujeron a firmar. Estas razones determinaron que a dos miembros de la Corte Electoral, que no pertenecen al mismo partido político, se les ocurriera la idea de conversar con algunos Legisladores a los efectos de no tener que adoptar semejante decisión -es decir, la condena y la expulsión de estos funcionarios de sus cargos-, a todas luces injusta, si bien no antijurídica. Precisamente, quien habla fue uno de los Legisladores con los que hablaron.

Por mi parte, trasmití dicha conversación a los señores Senadores integrantes de la Comisión y todos ellos, sin excepción, se manifestaron proclives a votar una amnistía. Sin embargo, por razones casi elementales, se decidió primero pedir a la Corte Electoral que concurriera a la Comisión a los efectos de plantearle el tema. Diplomáticamente y con corrección jurídica, la Corte Electoral dijo que no se podía pronunciar -este es el resumen- porque tenía los expedientes para sentenciar. No olvidemos que esta Corte ejerce función jurisdiccional y, por lo tanto, se trataría de un prejuzgamiento. Personalmente, no estoy tan convencido de que esto fuera así, pero esta es la actitud que también adopta la Suprema Corte de Justicia cuando la llamamos para consultarle sobre alguna ley, no obstante lo cual, no dijeron estar en contra de que se dicte una amnistía; lo que hicieron fue contar que en un caso habían logrado una sentencia absolutoria.

Pasada esa circunstancia, todos los miembros de la Comisión, por unanimidad, entendimos -luego de indagar que, para la Corte Electoral, era poco menos que imposible absolver a los demás- que el Parlamento, en un acto de perdón, de gracia, como es la amnistía, efectivamente la otorgara a estos funcionarios humildes, porque era justo. Como es sabido, la Constitución, por ley, autoriza al Parlamento a otorgar la amnistía y no le exige que esté fundada en razones de derecho, como podría ser el hecho de olvidar que la ignorancia de la norma no sirve de excusa. Por el contrario, permite al Parlamento otorgar la amnistía por un acto de gracia parecido al indulto, aunque en este caso se refiere a los condenados y debe decidirlo la Asamblea General en reunión de ambas Cámaras y no por ley, como sucede en la amnistía.

Por otro lado, el proyecto no sienta precedente, y debo agregar que la redacción de su texto estuvo a cargo de dos miembros neutrales de la Corte Electoral -aunque sabemos a qué fuerzas políticas pertenecen-, así como la elaboración de la exposición de motivos. Por tanto, la Comisión está totalmente convencida de la justicia de esta amnistía que, como es sabido, en materia electoral ha sido bastante frecuente. Precisamente, la amnistía por los delitos electorales, como por ejemplo no votar o participar en algún acto político, ha sido frecuente en la historia parlamentaria del Uruguay.

Por estas razones, la Comisión, por unanimidad, aconseja que en el artículo 1º se acuerde la amnistía, concretamente para referirse a esos funcionarios. Se trata de ese principio donde suele decirse que la amnistía extingue el delito; es una frase muy didáctica pero que a un despistado lo puede hacer pensar que el delito no existe más. Sin embargo, el delito sigue existiendo, está previsto en la Constitución y en el Código y se extingue para quienes están comprendidos por la amnistía, pero nada más.

En el artículo 2º, y para cubrir esa posibilidad de que por ignorancia la gente incurra en este tipo de violaciones, se dice que el Ministerio del Interior, en vísperas de todas las elecciones -las internas de los partidos políticos y las nacionales-, de los actos de plebiscito y de referéndum, debe difundir, por medio de los servicios correspondientes y entre los funcionarios policiales de todas las categorías, el contenido y alcance del numeral 4º) del artículo 77 de la Constitución de la República. En esas condiciones y con una difusión de ese alcance, podría tener alguna lógica la aplicación del principio de que la ignorancia de la ley o de la norma -porque en este caso estaríamos hablando de ignorancia de una norma constitucional y no legal- no sirve de excusa.

En consecuencia, por estas razones la Comisión aconseja al Plenario votar este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 19 en 20. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑOR BRECCIA.- Formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 19 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 21. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

29) "BARROS BLANCOS" (22ª SECCION JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE CANELONES)

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se designa ‘Barros Blancos’ la actual ciudad Capitán Juan Antonio Artigas, ubicada en al 22ª Sección Judicial del departamento de Canelones. (Carp. Nº 739/07 - Rep. Nº 456/07)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 739/07

Rep. Nº 456/07

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Derógase el Decreto-Ley Nº 14.538, de 25 de junio de 1976.

Artículo 2º.- Desígnase "Barros Blancos" la actual ciudad denominada Capitán Juan Antonio Artigas, ubicada en la 22ª Sección Judicial del departamento de Canelones.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 20 de diciembre de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME

Señoras y señores Representantes:

Vuestra asesora procedió a la consideración del proyecto de ley por el cual se reestablece el nombre de Barros Blancos a la ciudad Juan Antonio Artigas.

Sin perjuicio de reconocer la valía de quien fue el abuelo de nuestro prócer, consideramos conveniente revisar este acto.

El 16 de junio de 1976, el Consejo de Estado aprobó el cambio de nombre de lo que hasta entonces se denominaba Pueblo de Barros Blancos por el de Capitán Juan Antonio Artigas.

Su nombre, Barros Blancos, fue tomado por la conformación de su suelo, pues a principios del Siglo XX, cuando los carretones que iban por el Camino Real hacia Maldonado arribaban a destino, el comentario era: "cruzaste los Barros Blancos", ya que el tipo de barro, mezclado con arcilla adherido a las ruedas, al secarse tomaba ese color.

Con el correr de los años y a partir de una de las más fuertes explosiones demográficas en la historia de nuestro país, la localidad fue elevada a la categoría de pueblo en el año 1963. El 13 de diciembre de 1994 se le otorga la categoría de ciudad, según Ley Nº 16.670.

La denominación impuesta durante el gobierno de facto nunca fue aceptada por sus pobladores, quienes siguen llamando a su ciudad por su nombre original al punto que habiendo transcurrido treinta años desde ese 16 de junio, aún hoy, ancianos, adultos, jóvenes y niños al ser consultados sobre el lugar donde viven, dicen con orgullo: "yo soy de Barros Blancos".

En la actualidad se ubica en la 22ª Sección Judicial del departamento de Canelones, teniendo como límites: al Oeste en el kilómetro 22 de la Ruta Nacional Nº 8 el departamento de Montevideo, al Este en el kilómetro 30.200 de la Ruta Nacional Nº 8 la separa de la ciudad de Pando el arroyo Frasquito, al Sur su límite es la Ruta Nacional Nº 101, Capitán Juan Antonio Artigas y al Norte limita con la localidad de Joaquín Suárez.

Más allá del significado histórico, está el sentir de la gente que allí reside, aproximadamente 50.000 habitantes distribuidos en sesenta villas, treinta asentamientos, chacras y quintas. Los centros de educación con que cuentan sus habitantes están superpoblados, los espacios de esparcimiento de uso colectivo formalmente establecidos son por demás escasos. Hay mucho para hacer en esta ciudad, pero qué mejor que empezar por devolverle su identidad con la cual todos sus pobladores se sienten identificados.

Entendemos que resulta de estricta justicia el reestablecer el nombre original de Barros Blancos a esta ciudad, por lo que recomendamos a la Cámara de Representantes la aprobación de este proyecto de ley.

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración teniendo en cuenta los motivos expuestos, aconseja a la Cámara de Representantes la aprobación del siguiente proyecto de ley por el cual se le da el nombre de Barros Blancos a la ciudad de Juan Antonio Artigas.

Sala de la Comisión, 12 de julio de 2006.

Alvaro Alonso, Miembro Informante; Gustavo Borsari Brenna, Diego Cánepa, Beatriz Costa, Edgardo Ortuño, Nelson Rodríguez Servetto, Daisy Tourné.

Comisión de Vivienda, Territorio

y Medio Ambiente

Rep. Nº 91/05

Carp. Nº 86/05

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Desígnase "Barros Blancos" la actual ciudad denominada "Capitán Juan Antonio Artigas", ubicada en la 7ª Sección Judicial del departamento de Canelones.

Artículo 2º.- Derógase la Ley Nº 14.538, de 25 de junio de 1976, la cual le dio la denominación de "Capitán Juan Antonio Artigas".

Montevideo, 30 de marzo de 2005.

Mauricio Cusano, Representante por Canelones; Alberto Perdomo, Representante por Canelones.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la Sala de Sesiones del Consejo de Estado, en Montevideo, el 16 de junio de 1976, se aprobó cambiarle el nombre al entonces pueblo "Barros Blancos", por "Capitán Juan Antonio Artigas" (dicho Capitán es homenajeado por esta localidad, pues la Ruta Nacional Nº 101, que es el límite sur lleva su nombre). Esta denominación hecha en el período del gobierno de facto no va de acuerdo con la historia, pero muy especialmente no va de acuerdo con el sentir de la población que la habita.

Por esto consideramos pertinente retornarle el nombre de "Barros Blancos", que tiene su origen a principios del Siglo XX, cuando las carretas que circulaban por los caminos de esta localidad dejaban sus huellas blancas por el tipo de tierra que este suelo posee, en donde el trajinar de los carretones tirado por bueyes formaba ese barro blanco de donde toma su nombre, pues era común en la época que quienes realizaban estos viajes comentaban a los lugareños "voy a cruzar los barros blancos". Pero más allá del significado histórico, está el de la identidad de la gente con su lugar de origen. No hay un solo habitante de esta ciudad que la llame "Capitán Juan Antonio Artigas", sino que para todos y a pesar de que su denominación cambió hace ya veintinueve años sigue siendo "Barros Blancos".

Montevideo, 30 de marzo de 2005.

Mauricio Cusano, Representante por Canelones; Alberto Perdomo, Representante por Canelones.

DISPOSICIONES CITADAS

Decreto-Ley Nº 14.538, de

25 de junio de 1976

Artículo 1º.- Desígnase con el nombre de "Capitán Juan Antonio Artigas" al actual pueblo denominado "Barros Blancos" ubicado en la 7ª Sección Judicial del departamento de Canelones.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.

Ley Nº 16.670, de

13 de diciembre de 1994

Artículo Unico.- Elévase a la categoría de ciudad al pueblo Capitán Juan Antonio Artigas, ubicado en la 7ª Sección Judicial del departamento de Canelones."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: el proyecto de ley que tenemos a consideración ya viene con media sanción de la Cámara de Representantes y se trata, en cierta medida, de una reivindicación histórica que hacen los vecinos del pueblo Barros Blancos. Precisamente, esta era la categoría que se le había dado en el año 1963 y luego alcanzó la categoría de ciudad, según la Ley Nº. 16.670, del 13 de diciembre de 1994.

Cuando decimos "Barros Blancos", no hay dudas de que nos estamos refiriendo a la 22ª Sección Judicial del departamento de Canelones, que queda a ambos lados de la Ruta Nacional Nº 8, desde el kilómetro 22 hasta el 30,200, que está separado de la ciudad de Pando por el arroyo Frasquito, que tiene la Ruta Nacional 101 "Capitán Juan Artigas" al Sur y que limita al Norte con la localidad Joaquín Suárez.

Me refiero a Barros Blancos como ciudad, porque ahora cuenta con 50.000 habitantes, y esto hace que los centros de educación no alcancen, que los espacios de esparcimiento sean muy escasos. Hay mucho por hacer en esa ciudad que cuenta con más de sesenta villas, treinta asentamientos, chacras, quintas y demás lugares que albergan a sus pobladores. En realidad, Barros Blancos era el nombre original surgido a raíz de que después que pasaban las carretas por allí, el barro o la arcilla tan especial quedaban adheridos a sus ruedas y cuando se secaba adquiría ese color casi blanco.

El 16 de junio de 1976 el Consejo de Estado aprobó su cambio de nombre por el de "Capitán Juan Antonio Artigas". Lo que vamos a hacer en el día de hoy -si el Poder Ejecutivo lo promulga antes del 16 de junio próximo- es que antes de que se cumplan los 31 años del cambio de denominación, se pueda volver al nombre original. Por otra parte, es algo que los propios lugareños reclaman; no hay nadie en Barros Blancos que diga que vive en la ciudad Capitán Juan Antonio Artigas.

La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores demoró algunos días más en elevar este proyecto de ley porque, justamente, la denominación de Capitán Juan Antonio Artigas se debía al abuelo de nuestro prócer, quien tenía su propia historia y trayectoria. Sin duda esto llevó a una reflexión colectiva en el seno de la Comisión y, en la medida en que la propia Ruta Nacional Nº 101 -que es muy concurrida- ya lleva el nombre de Capitán Juan Antonio Artigas, nos pareció legítimo devolver el nombre original a la ciudad de Barros Blancos ya que, por otra parte, como dije, es algo que todos los vecinos reclaman.

Por otro lado, pretendíamos revocar una decisión del Consejo de Estado que en su momento se tomó en contra de lo que pensaban los vecinos de lugar; y, finalmente, queríamos lograr que esa Ruta Nacional recuperara la memoria del Capitán Juan Antonio Artigas, abuelo del prócer.

Quiero finalizar mis palabras aconsejando al Cuerpo que vote este proyecto de ley -que reitero ya cuenta con media sanción-, para restablecer lo que nunca se debió haber sacado y que nuevamente se denomine a esta ciudad, creada por ley el 13 de diciembre de 1994, con el nombre Barros Blancos. De esta manera logramos que todo vuelva a su marco natural. A la vez, en la medida en que votamos este proyecto de ley, creo que todos estamos haciendo un acto de justicia para con los vecinos de la zona que hasta ahora se seguían llamando ciudadanos de Barros Blancos.

Es todo lo que tenía que decir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción para que se suprima la lectura del articulado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 21 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 24. Afirmativa.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

30) INMUEBLE EMPADRONADO CON EL Nº 717 (ANTES EN MAYOR AREA NUMERO 190), UBICADO EN LA 3ra. SECCION JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE RIVERA - LOCALIDAD CATASTRAL DE TRANQUERAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se transfiere a título gratuito, del patri-monio del Estado -Ministerio de Salud Pública- al de la Administración Nacional de Educación Pública, con destino a la construcción de una escuela urbana, el inmueble Padrón Nº 717, ubicado a la 3ª Sección Judicial del departamento de Rivera -Localidad Catastral Tranqueras-. (Carp. Nº 808/07 - Rep. Nº 453/07)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 808/07

Rep. Nº 453/07

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 17 de abril de 2007.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a efectos de remitirle adjunto Proyecto de Ley relacionado con la transferencia a título gratuito del patrimonio del Ministerio de Salud Pública -al de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), con destino a la construcción de una Escuela Urbana, del inmueble empadronado con el Nº 717 (antes en mayor área Nº 190), ubicado en la 3ª Sección Judicial del Departamento de Rivera- Localidad Catastral Tranqueras.

En el mismo la ANEP construirá una Escuela Urbana. La población se verá beneficiada, especialmente los nuevos escolares residentes en la zona de los Barrios MEVIR III y IV de la precitada localidad.

El Ministerio de Salud Pública da su conformidad para que el mencionado Padrón Nº 717, con una superficie de 3.520 m2 sea utilizado por la Administración Nacional de Educación Pública para el fin referido ut-supra.

El Estado tiene entre sus objetivos básicos lograr la disminución del anafalbetismo en los educandos de toda la República, por lo que contar con un predio para la construcción de una escuela redundará en beneficio de centenares de familias de la localidad citada, evitando la superpoblación de otros centros escolares.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

Mensaje Nº 8/2007

Ref. 001-721/2004

001-1239/2005

SML

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; María Julia Muñoz, Jorge Brovetto.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Transfiérase a título gratuito del patrimonio del Estado -Ministerio de Salud Pública- al de la Administración Nacional de Educación Pública, con destino a la construcción de una Escuela Urbana, el inmueble empadronado con el Nº 717 (antes en mayor área Nº 190), ubicado en la 3ª Sección Judicial del departamento de Rivera - Localidad Catastral Tranqueras-, que cuenta con una superficie de 3.524 m2, 22 dm2, que se describe, según plano de Mensura del Ingeniero Agrimensor Rafael Roda, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro - Oficina Delegada de Rivera - con el Nº 9935, el 12 de setiembre de 2006, y que se deslinda así: al Sur-Este 70 m, 46 cm de frente a la calle Treinta y Tres, al Sur-Oeste 50 metros lindando con padrón 884, al Nor-Oeste 70 m 52 cm, lindando con padrón 693 y al Nor-Este 50 metros de frente, lindando con área a ser librada al uso público (prolongación calle San Juan).

Artículo 2º.- La presente ley operará como título y modo de dicha traslación de domino, bastando para su inscripción en el respectivo registro de la Propiedad Inmueble de Rivera, un testimonio de la presente disposición.

Artículo 3º.- Publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.

María Julia Muñoz, Jorge Brovetto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Transfiérese a título gratuito del patrimonio del Estado -Ministerio de Salud Pública- al de la Administración Nacional de Educación Pública, con destino a la construcción de una Escuela Urbana, el inmueble empadronado con el Nº 717 (antes en mayor área Nº 190), ubicado en la 3ª Sección Judicial del departamento de Rivera - Localidad Catastral Tranqueras -, que cuenta con una superficie de 3524 m2, 22 dm2, que se describe, según plano de Mensura del Ingeniero Agrimensor Rafael Roda, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro - Oficina Delegada de Rivera - con el Nº 9935, el 12 de setiembre de 2006, y que se deslinda así: al Sur-este 70 m, 46 de frente a la calle Treinta y Tres, al Sur-oeste 50 metros lindando con padrón 884, al Nor-oeste 70 m, 52 lindando con padrón 693 y al Nor-este 50 metros de frente, lindando con área a ser librada al uso público (prolongación calle San Juan).

Artículo 2º.- La presente ley operará como título y modo de dicha traslación de dominio, bastando para su inscripción en el respectivo Registro de la Propiedad Inmueble de Rivera, un testimonio de la presente disposición.

Ministerio de Salud Pública

Montevideo, de noviembre de 2006.

VISTO. Estos antecedentes, relacionados con la necesidad de ANEP, de contar con un inmueble, para la construcción de una Escuela Urbana, en la localidad de Tranqueras, departamento de Rivera.

RESULTANDO: I) Que el Ministerio de Salud Pública, es propietario del inmueble Padrón Nº 717, ubicado en Tranqueras, departamento de Rivera, apropiado para esa finalidad, afectado al uso de la Policlínica de Tranqueras.

CONSIDERANDO:

I) Que la Policlínica de Tranqueras, esta emplazada en un inmueble de mayor superficie, permitiendo su ampliación en el futuro;

II) Que la construcción de una escuela urbana en Tranqueras, redundará en beneficio de la población del lugar, en especial los nuevos Barrios MEVIR III y IV de Tranqueras;

Atento: I) Que el inmueble sigue siendo propiedad del Estado -Ministerio de Salud Pública-, que solo se desprende del uso del mismo;

II) A lo dispuesto en el artículo 526 de la Ley Nº 15.903, numeral 1º.

LA MINISTRO DE SALUD PUBLICA

RESUELVE

1º. Otórgase a la ANEP, con destino a la construcción de una Escuela Urbana, el uso del inmueble Padrón Nº 717, ubicado en la localidad de Tranqueras -departamento de Rivera-, que se describe en el plano de Mensura del Ingeniero Agrimensor Rafael Roda, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro, con el Nº 9935, el 12 de setiembre de 2006, según el cual consta de una superficie de 3.524 mc., 22 dm., con 70 m, 46 cm, de frente al Sur-Este a la calle Treinta y Tres, 50 m al Sur-Oeste lindando con Padrón 884, 70 m, 52 cm, al Nor-Oeste lindando con Padrón 693 y al Nor-Este 50 m de frente, lindando con área a ser librada al uso público (prolongación calle San Juan) y 50 m.

2º. Publíquese.

Montevideo, 29 de noviembre de 2006.

Sr. DIRECTOR

Esc. Fernando Carrera

Informo a Ud. Que de acuerdo a la reglamentación vigente y en virtud de ser la ANEP un Ente Autónomo, y tratarse además de la donación de un predio (contrato gratuito), correspondería el dictado de una ley a los efectos de transferir la propiedad del inmueble; se adjunta el proyecto. (Arts. 482 (nal. 3 literal A), 526 y 527 de la Ley Nº 15.903).

Se tuvo presente lo dispuesto en el artículo 428 de la Ley Nº 17.930, que transfiere de pleno derecho a la ANEP, los inmuebles del Estado que hubieren sido adquiridos u ocupados por el Ente; estableciendo además que dicha disposición se aplicará a los inmuebles del Estado que se afecten en el futuro a la ANEP. La citada disposición a juicio de la suscrita, permite regularizar a futuro, las situaciones en las que se afecte el uso de un inmueble a la ANEP; este criterio no fue compartido por el Departamento Notarial del Organismo.

Dadas las razones de excepción que motivan la donación del predio, -necesidad urgente de construir una escuela próxima a los nuevos barrios de MEVIR- edificados en Tranqueras, y la demora que el trámite de la ley puede llevar, es posible entregar el uso del inmueble en forma inmediata lo que puede hacerse mediante el dictado de una resolución administrativa; se adjunta el proyecto.

Correspondería el pase de estos obrados a la Dirección General de Secretaría, a sus efectos.

Es cuanto corresponde informar.

Beatriz S. Vila Guerra

Escribana

Departamento Notarial

M.S.P.

 

 

Ministerio de Salud Pública

Montevideo, 10 de abril de 2007.

VISTO: estos antecedentes, relacionados con la necesidad de la Administración Nacional de Educación Pública, de contar con un inmueble, para la construcción de una Escuela Urbana, en la localidad de Tranqueras, departamento de Rivera;

RESULTANDO: que esta Secretaría de Estado, es propietaria del inmueble Padrón Nº 717, ubicado en Tranqueras, departamento de Rivera, apropiado para esa finalidad:

CONSIDERANDO: I) que la construcción de una escuela urbana en Tranqueras, redundará en beneficio de la población del lugar, especialmente en los nuevos Barrios MEVIR III y IV de Tranqueras;

II) que el inmueble sigue siendo propiedad del Estado, Ministerio de Salud Pública, que solo se desprende del uso del mismo;

ATENTO: a lo dispuesto en el numeral 1º del Artículo 526 de la Ley Nº 15.903;

LA MINISTRA DE SALUD PUBLICA

RESUELVE:

1º) Otórgase a la Administración Nacional de Educación Pública con destino a la construcción de una Escuela Urbana, el uso del inmueble Padrón Nº 717, ubicado en la localidad de Tranqueras, departamento de Rivera, inscripto en la Dirección Nacional de Catastro con el Nº 9935, el 12 de setiembre de 2006, que consta de una superficie de 3.524 m2, 22 dm, 70 m 46 cm de frente al Sur-Este a la calle Treinta y Tres, 50 m al Sur - Oeste lindando con Padrón 884, 70 m, 52 cm, al Nor-Este. lindando con el Padrón Nº 693 y al Nor-Este 50 m, de frente lindando con área a ser librada al uso público (Prolongación calle San Juan).

2º) Comuníquese. Cumplido, archívese.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

ACTA Nº 89

En Montevideo, el ocho de mayo de dos mil siete, a la hora catorce y cuarenta minutos, se reúne la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, la señora Senadora Margarita Percovich y los señores Senadores Francisco Gallinal, José Korzeniak, Rafael Michelini, Carlos Moreira y Julio M. Sanguinett.

Faltan con aviso los señores Senadores Sergio Abreu, Alberto Breccia y Eduardo Ríos, quienes remiten Nota justificando sus inasistencias.

Preside su titular, el señor Senador Francisco Gallinal.

Actúa en Secretaría la señora Josefina Reissig, Secretaria de la Comisión con la colaboración de la funcionaria Gloria Mederos.

ASUNTOS ENTRADOS:

- CARPETA Nº 807/2007. ABUSO DE FUNCIONES EN CASOS NO PREVISTOS ESPECIALMENTE POR LA LEY. Se deroga el artículo 162 del Código Penal. Proyecto de ley con exposición de motivos del señor Senador Julio M. Sanguinetti. Disposición citada. Distribuido Nº 1626/2007.

- CARPETA Nº 808/2007. INMUEBLE EMPADRONADO CON EL Nº 717 (ANTES EN MAYOR AREA CON EL Nº 190). UBICADO EN LA 3ª SECCION JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE RIVERA - LOCALIDAD CATASTRAL DE TRANQUERAS. Se transfiere a título gratuito del patrimonio del Estado - Ministerio de Salud Pública al de la Administración Nacional de Educación Pública, con destino a la construcción de una escuela urbana. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1625/2007.

ASUNTOS TRATADOS:

- CARPETA Nº 739/2007. BARROS BLANCOS (22ª SECCION JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE CANELONES). Se designa con su nombre a la actual ciudad Capitán Juan Antonio Artigas. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Informe de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1479/2007. El señor Senador Rafael Michelini solicita que este asunto figure en el Orden del Día de la próxima sesión.

- El señor Presidente solicita que, además, se incluya en el Orden del Día, un proyecto de ley por el que se declara el 16 de junio "Día del departamento de Lavalleja - Tierra del Libertador, del que es autor y que se dará entrada en el Plenario, en la sesión de la fecha.

- CARPETA Nº 807/2007. ABUSO DE FUNCIONES EN CASOS NO PREVISTOS ESPECIALMENTE POR LA LEY. Se deroga el artículo 162 del Código Penal. Proyecto de ley con exposición de motivos del señor Senador Julio M. Sanguinetti. Disposición citada. Distribuido Nº 1626/2007. El señor Senador Julio M. Sanguinetti solicita, a su vez, la inclusión en este asunto.

- CARPETA Nº 808/2007. INMUEBLE EMPADRONADO CON EL Nº 717 (ANTES EN MAYOR AREA CON EL Nº 190). UBICADO EN LA 3ª SECCION JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE RIVERA - LOCALDAD CATASTRAL DE TRANQUERAS. Se transfiere a título gratuito del patrimonio del Estado - Ministerio de Salud Pública al de la Administración Nacional de Educación Pública, con destino a la construcción de una escuela urbana. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1625/2007. En consideración. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Francisco Gallinal, quien lo hará en forma verbal.

- AUTORIZACION A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES A INGRESAR A PREDIOS PRIVADOS BALDIOS EN OCASION DE EVENTOS EXTRAORDINARIOS. Se modifica la Ley Nº 17.922, de 25 de noviembre de 2005. La señora Senadora Margarita Percovich manifiesta la necesidad de redactar un proyecto de ley en ese sentido ante los acontecimientos de notoriedad. En consideración. Luego de un intercambio de opiniones se resuelve redactar un texto y darle el trámite reglamentario correspondiente, a efectos de solicitar su consideración grave y urgente en el Plenario.

- CARPETA Nº 757/2007. "NUNCA MAS DICTADURA". Se declara su conmemoración el 30 de noviembre de cada año. Proyecto de ley con exposición de motivos del señor Senador Francisco Gallinal. Distribuido Nº 1498/2007. En consideración. Intervención de los señores Senadores José Korzeniak, Julio M. Sanguinetti, Rafael Michelini, Carlos Moreira y del señor Presidente. Se resuelve facultar al señor Presidente a coordinar en próximas fechas la concurrencia de los profesores Gerardo Gaetano y Romeo Pérez.

- CARPETA Nº 272/2005. LOCALES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y SIMILARES, CENTROS DE ENSEÑANZA Y DE ASISTENCIA MEDICA, Y ORGANISMOS PUBLICOS OCUPADOS POR PERSONAS VINCULADAS O NO A LOS MISMOS. Se dispondrá el ingreso de la fuerza pública. Proyecto de ley con exposición de motivos del señor Senador Julio M. Sanguinetti; y, CARPETA Nº 286/2005. LOCALES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y SIMILARES OCUPADOS POR EMPLEADOS, OBREROS O CUALQUIER OTRA PERSONA. Se determinan medidas para su desocupación. Proyecto de ley con exposición de motivos de los señores Senadores Enrique Antía y Francisco Gallinal. El señor Presidente informa que se está coordinando la concurrencia de la señora Ministra del Interior, Daisy Tourné a la Comisión. El señor Senador Carlos Moreira sugiere ampliar la convocatoria con algún otro tema.

Por su parte la señora Senadora Margarita Percovich que, en caso que la señora Ministra del Interior no concurriera, se podrían considerar los proyectos de ley relativos a adopción (CARPETA Nº 615/2006) y sobre miembros de órganos de contralor (CARPETA Nº 666/2006).

Finalizadas las intervenciones a la hora dieciséis queda levantada la sesión.

De lo actuado se procede a la toma de la versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en los Distribuidos Nos. 1637 y 1638 ambos de 2007, que forman parte integrante de la presente Acta.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria.

Francisco Gallinal Presidente

Josefina Reissig Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- El presente proyecto de ley es una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo en la que se propone la transferencia a título gratuito de un inmueble, desde el patrimonio del Ministerio de Salud Pública al de la Administración Nacional de Educación Pública, con destino a la construcción de una escuela urbana en la localidad de Tranqueras, en la 3ª Sección Judicial del departamento de Rivera.

La intención, como acabo de señalar, es construir una escuela urbana en una población que ha crecido en los últimos tiempos y que se ha desarrollado en una zona en la que se construyeron los MEVIR III y IV, por lo que hay nuevos escolares en condiciones de acceder a esta escuela pública.

Por estos motivos, la Comisión de Constitución y Legislación, por unanimidad, aconseja al Senado la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR BRECCIA.- Formulo moción para que se suprima la lectura del articulado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 22 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado.)

31) INSTITUTO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se crea el Instituto Nacional del Adulto Mayor. (Carp. Nº 100/05 - Rep. Nº 454/07)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 100/05

Rep. Nº 454/07

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Salud Pública

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO DE LA COMISION

INSTITUTO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR

Artículo 1º. (Institucionalidad).- Créase, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional del Adulto Mayor (INAM), que será presidido por un Director designado por el Presidente de la República, entre profesionales, técnicos o personalidades reconocidamente expertas en el tema.

Artículo 2º. (Competencias).- El Instituto Nacional del Adulto Mayor (INAM) tendrá como competencias:

a) La promoción integral de los adultos mayores, entendiéndose por tales todas las personas que en el momento de alcanzar la edad de sesenta y cinco años, tengan residencia permanente y fehacientemente demostrable en el país, independientemente de su nacionalidad o ciudadanía, según lo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 17.796, de 9 de agosto de 2004;

b) La planificación, el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas nacionales relativas al adulto mayor, promoviendo programas y actividades que logren su desarrollo pleno e integración social y económica;

c) La coordinación y coejecución con los organismos estatales y privados de la aplicación efectiva de las políticas de salud integral, educación, capacitación, recreación, apoyo e integración social;

d) El asesoramiento a los organismos del Estado sobre los derechos de los adultos mayores establecidos en la Plataforma de Acción de la Convención de Población y Desarrollo de 1994, ratificada por nuestro país, cuyo ejercicio debe incorporarse en las acciones y programas dirigidos a esta población;

e) La realización de convenios con los organismos internacionales de cooperación técnica y financiera;

f) La elaboración de un Plan Nacional de Promoción que encare orgánicamente las necesidades del adulto mayor en todos los planos de la vida individual y colectiva para el cumplimiento de sus derechos como persona y sujeto social;

Artículo 3º. (Coordinación).- Créase un Consejo Consultivo integrado por el Ministerio de Salud Pública, el Banco de Previsión Social, la Cátedra de Geriatría de la Facultad de Medicina, el Congreso de Intendentes y hasta tres organizaciones de la sociedad civil que representen los intereses de los adultos mayores jubilados, pensionistas y de sus intereses culturales a los efectos de dar cumplimento a las competencias asignadas al Instituto Nacional del Adulto Mayor (INAM), quien presidirá dicho Consejo.

Los organismos del Estado integrantes del mismo deberán prestar aporte técnico y económico con destino a la ejecución de políticas.

Artículo 4º. (Principios rectores).- Para dar cumplimiento a lo establecido en el literal f) del artículo 2º de la presente ley, además de cualesquiera otros elementos que puedan ser agregados como materia de regulación para la promoción integral del adulto mayor por parte del Consejo Consultivo del Adulto Mayor, el Plan Nacional de Promoción del Adulto Mayor deberá contemplar los siguientes principios:

1) Promover el acceso a la atención integral de su salud en la prevención, asistencia y eventuales procesos de rehabilitación, tanto en la esfera pública como privada, siguiendo el modelo de "cuidados progresivos". Para ello se privilegiará la atención con base comunitaria creando alternativas a la instituciona-lización y generando condiciones de apoyo para la atención en el ámbito familiar.

2) Promover que el sistema de salud tanto en el ámbito público como en el privado asegure la medicación básica para uso gerontológico, al costo más bajo posible;

3) Colaborar con el Ministerio de Salud Pública fijando las bases sobre las cuales éste controlará las condiciones básicas de funcionamiento de los establecimientos de atención, inserción familiar y residencia del adulto mayor, sean públicos o privados, dando así cumplimiento a la Ley Nº 17.066, de 24 de diciembre de 1998.

4) Coordinar las políticas sociales y los programas de asistencia en alimentación y vivienda a los efectos de que contemplen las necesidades de los adultos mayores que requieran dicho apoyo;

5) Fomentar programas de capacitación y formación de los técnicos, profesionales y funcionarios que estén en relación con los adultos mayores haciendo conocer los derechos específicos de esta etapa etaria;

6) Promover la incorporación en los programas de educación componentes relativos a la adopción de estilos de vida apropiados encaminados a lograr una vejez saludable;

7) Estimular la participación activa del adulto mayor en actividades de recreación, promoviendo la accesibilidad en el transporte, en la eliminación de barreras arquitectónicas y en el desplazamiento;

8) Facilitar al adulto mayor el acceso al sistema educativo como medio de mantener su inserción social en la comunidad, al tiempo de satisfacer sus requerimientos vocacionales y permitirle la actualización y enriquecimiento de su acervo cultural individual;

9) Proporcionar al adulto mayor oportunidades de transmitir a los jóvenes la experiencia adquirida en el campo laboral durante su vida activa, tanto en el ámbito de la educación técnica como empresarial o por acuerdos con los gremios de cada sector;

10) Incluir en las políticas habitacionales nacionales normas que garanticen el acceso a una solución habitacional digna y decorosa, de costos accesibles y de ambientes agradables y seguros con destino a los adultos mayores, incluyendo aquellos que padecen diversos grados de pérdida de autonomía y discapacidad;

11) Estimular la creación de instituciones que agrupen al adulto mayor, a fin de mantener niveles de integración social que permitan vivir la etapa plenamente;

12) Promover la introducción en los planes educativos de las tres ramas de la enseñanza la valoración del adulto mayor tanto en la sociedad como en las familias;

13) Promover la capacitación en prevención de la violencia hacia el adulto mayor tanto en la comunidad como en el ámbito doméstico, haciendo conocer sus derechos legales al respecto;

14) Reglamentar los procedimientos de retiro gradual y progresivo de la actividad laboral, incorporando formas parciales de trabajo que se desarrollen en actividades similares o diferentes a las originalmente desempeñadas por el trabajador.

Artículo 5º.- Derógase la Ley Nº 17.796, de 19 de agosto de 2004.

Sala de la Comisión, a 8 de mayo de 2007.

Margarita Percovich, Miembro Informante; Enrique Antía, Alberto Cid, Luis Rosadilla.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Salud Pública

INFORME

Al Senado:

El presente proyecto de ley expresa la voluntad de los Legisladores integrantes de la Comisión de Población y Desarrollo de promover la creación de una entidad estatal que coordine el Programa Nacional del Adulto Mayor definido en la Ley Nº 17.796.

La iniciativa presentada en el ámbito de esta Asesora por el Senador Julio Lara recibió los aportes de todos los Senadores y Senadoras preocupados por dar cumplimiento a una necesidad que el país requiere por sus particulares características demográficas.

La Comisión entendió que la creación de un ámbito de referencia estatal para efectivizar los objetivos del Programa Nacional del Adulto Mayor, debían ubicarse en el Ministerio de Desarrollo Social, institución del Estado que hoy tiene por competencia coordinar las políticas sociales y transversalizar los intereses y derechos de los distintos sectores de la población. Es bajo su órbita que se inscriben el Instituto de la Niñez y Adolescencia, el Instituto de la Juventud y el Instituto Nacional de las Mujeres.

Por ello, y con el solo ánimo de la coordinación de todas las instituciones o áreas del Estado y de la sociedad civil con responsabilidad sobre la población adulta mayor, se crea la figura de Instituto cuyo director tendrá la responsabilidad de la coordinación del PRONAM ya aprobado por el Parlamento en la Legislatura pasada. Fue voluntad de esta Asesora que el cargo de dirección de este Instituto fuera de alta especialización, pero al retrasarse la aprobación del presente proyecto y no existir plazos para la creación del cargo en esta Legislatura, quedará como compromiso para el próximo plantel de parlamentarios.

Al asignarle las competencias a esta nueva figura, se retornan las asignadas al PRONAM por la Ley Nº 17.796, por lo que después de actualizarlas en el proyecto que ponemos a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, corresponde derogar dicha ley.

El PRONAM, cuya aplicación y desarrollo tendrá la responsabilidad de ejecutar el Instituto del Adulto Mayor, se dirige a un universo de casi 500.000 personas que representan un 15% de la población del país. Un 70% de ellas son mujeres, la gran mayoría es autoválida, un 20% viven solas, el 60% tiene educación primaria y un 30% educación secundaria. El 13% se encuentra bajo la línea de pobreza y se han extendido las responsabilidades económicas de los adultos mayores sobre las familias de sus hijos.

Las cuatro Areas establecidas por la Ley: Salud, Integración y condiciones de vida, Asesoramiento y protección legal y Seguridad Social actúan transversalmente, compartiendo responsabilidades en zonas comunes. Tres de las Areas (Salud, Legal y Seguridad Social) son sectoriales, actúan sobre problemas específicos de la población objetivo. El área social, en la medida en que promueve la integración social y familiar, la organización de grupos e instituciones, la educación permanente, el intercambio intergeneracional y busca incidir en el reconocimiento social y fortalecimiento de la autoestima de la persona adulta mayor, en una población mayoritariamente autoválida, recursos humanos, financieros y de infraestructura, reduciendo impactos y comprometiendo resultados.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los adultos mayores es autoválida el énfasis de la acción estará dirigido a garantizar su calidad de vida, particularmente "el desempeño de roles significativos y la participación en la vida cotidiana como ciudadanos de pleno derecho". La vida en familia, el grupo de amigos, la pertenencia a una comunidad, actualizar conocimientos, dar testimonio de la historia vivida, convivir y compartir experiencias con otras generaciones, son componentes importantes de lo cotidiano que no solo aportan a la calidad de vida, sino también al fortalecimiento de la autoestima.

El enfoque desde la globalidad incluye las respuestas a las particularidades. Las necesidades específicas de los adultos mayores con problemas de enfermedad, discapacidad, nutrición, seguridad social, exclusión social tendrán, desde los institutos especializados públicos y privados y en el marco de las políticas sociales, la atención especializada.

La cobertura nacional del PRONAM se facilita a través de una adecuada coordinación de los recursos existentes humanos, financieros y de infraestructura, regulada por convenios, del sector público entre sí y con privados, a nivel nacional, departamental y local, con participación de los adultos mayores a través de sus organizaciones.

Sala de la Comisión, a 8 de mayo de 2007.

Margarita Percovich, Miembro Informante; Enrique Antía, Alberto Cid, Luis Rosadilla.

Carp. Nº 100/05

Distr. 31/05

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Créase dentro de la órbita del Ministerio de Salud Pública el INSTITUTO NACIONAL DE LA ANCIANIDAD que tendrá como cometidos:

a. Planificar, diseñar, ejecutar y evaluar las políticas nacionales relativas al adulto mayor y la familia, promoviendo programas y actividades que integren a las personas.

b. Coordinar y coejecutar con los organismos estatales dichas políticas, a través de la articulación de acciones y de la capacitación de los recursos humanos necesarios para la consecución de los mismos.

c. Resolver el problema de la soledad, promoviendo integración familiar e impulsando el aprendizaje.

d. Informarles sobre sus derechos y deberes.

e. Asesorar a los organismos estatales sobre los temas del adulto mayor y la familia, tanto a nivel nacional como departamental.

f. Coordinar y supervisar las actividades de sus dependencias.

g. Realizar convenios con los organismos internacionales de cooperación técnica y financiera.

Artículo 2º.- A los efectos de reglamentar el funcionamiento y para la consecución de los cometidos del INSTITUTO NACIONAL DE LA ANCIANIDAD, se conformará un directorio el que se integrará de la siguiente manera: deberá estar presidida por un delegado del Ministerio de Salud Pública, asimismo deberá integrarse con un delegado del Banco de Previsión Social, un representante de la cátedra de Geriatría de la Facultad de Medicina.

Artículo 3º.- Se considerarán incluidas dentro de la denominación adulto mayor a las personas mayores de sesenta y cinco años de edad.

Montevideo, 14 de marzo de 2005.

Julio C. Lara. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La problemática socio-jurídica de la ancianidad es ya un fenómeno mundial. La modificación en la estructura demográfica; una tasa de mortalidad decreciente y un mejor nivel de sanidad e higiene, traen como consecuencia la existencia cada vez más de personas longevas. En los setenta y cinco años de edad que van de 1950 a 2025, la población anciana del mundo habrá aumentado de doscientos millones a mil millones, es decir del 8% al 14% del total de la población mundial.

Nuestro país no es ajeno al problema, lo padece aunque claro esta con características propias.

A principios de siglo el Uruguay presentaba sustanciales incrementos en la esperanza de vida al nacer, debido a los altos niveles de calidad de vida de sus habitantes. Estos datos reflejaban cifras similares a países tales como, Estados Unidos, Suiza, Francia y Alemania, para el tramo etario entre los cuarenta y siete y los cincuenta y cinco años. Sin embargo, al no rebasar el límite de edad establecido para el ingreso a la tercera edad, la proporción de individuos que alcanzaban etapas avanzadas de vida, en esa época, no gravitaban en la población global.

Actualmente nuestro país registra un cambio significativo en su estructura poblacional y un aumento del peso relativo de los adultos mayores en la misma, configurando un caso atípico en el concierto mundial, dado que siendo un país en desarrollo presenta una pirámide población de país desarrollado.

En Uruguay las personas mayores de sesenta y cinco años de edad son cerca de 500.000, cifra equivalente al 16% de la población, este porcentaje es uno de los más altos de América Latina y el mundo. Asimismo la Dirección General de Estadística y Censo, arribó a la conclusión de que para el año 2010 habrá en el país aproximadamente unos 522.000 ancianos.

Ahora bien, partiendo de la idea que el adulto mayor no es solamente un sujeto a asistir, o un problema sino una realidad a integrar, es que venimos a presentar este proyecto que busca crear un marco jurídico que sistematice la definición de políticas y rumbos en relación a la denominada tercera edad, que preferimos llamar la etapa del adulto mayor. En este sentido, se han presentado en el parlamento tres proyectos de ley: 1. En julio de 1994, sobre regulación del funcionamiento de las casas de salud y otros tipos de establecimiento similares, 2. En noviembre de 1995, sobre alojamientos privados para adultos mayores y 3. Con fecha 9 de marzo de 2005, hemos presentado un proyecto propiciando una rebaja del 50% de las tarifas de los servicios públicos a los establecimientos de ancianos sin fines de lucro (hogares) cuyas plantillas de internados estén conformadas en un mínimo de un 35% por ancianos cuyas jubilaciones o pensiones no superen los dos salarios mínimos nacionales.

Entendemos necesario aludir someramente al contexto normativo en el que se inserta el presente proyecto. Nuestro ordenamiento jurídico cuenta actualmente con la Ley Nº 17.066 y su Decreto Reglamentario 320/999, las disposiciones de ambos apuntan principalmente a la regulación de los establecimientos privados de vivienda permanente o transitoria de los adultos mayores. Por mandato de estas normas la situación de los adultos mayores ha quedado en la órbita del Ministerio de Salud Pública principalmente, siendo loable su esfuerzo institucional a través del Programa Nacional de Solidaridad del Adulto Mayor; así también la Dirección Nacional de Promoción Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es designada por mandato legal para fiscalizar estos establecimientos.

De aprobarse el presente proyecto, y en la eventualidad de la creación del Instituto Nacional de la Ancianidad es que proponemos, deberían integrarse plenamente a sus actividades, representantes de estos Ministerios, principalmente del Ministerio de Salud Pública, puesto que durante años han hecho de este problema un cometido de relevancia, así también deberán integrarlo representantes del Banco de Previsión Social y de la Cátedra de Geriatría de la Facultad de Medicina.

El Instituto tendrá como finalidad, contribuir al logro de la plena igualdad de derechos y oportunidades en el proceso de desarrollo social, económico, político y cultural del país, valorizando y jerarquizando el aporte conjunto de jóvenes, adultos y adultos mayores, tanto en el sector público como privado, fortaleciendo y actualizando los valores de la familia y cada uno de sus miembros.

En definitiva, el objetivo buscado sería crear las condiciones para hacer más felices y dotarlos de mayores y mejores posibilidades. Como expresara el ex presidente francés François Mitterand: "no es necesario preocuparse por dar más años a la vida, porque de eso se encarga la ciencia- sino que debemos ocuparnos de dar más vida a los años.

La creación de este Instituto nace en el marco de una búsqueda por racionalizar y dar mayor eficiencia al Estado uruguayo, el Instituto operará como organismo permeador de políticas públicas; tanto sociales como económicas, en los distintos niveles de planificación, formulación, ejecución y evaluación de los mismos, incorporando dimensiones diferenciales, específicamente la dimensión etaria.

Montevideo, 14 de marzo de 2005.

Julio Lara. Senador.

Carp. Nº 100/05

Dist. 848/05

CAMARA DE SENADORES

PROYECTO SUSTITUTIVO

INSTITUTO DEL ADULTO MAYOR

Artículo 1º. (Institucionalidad).- Créase, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional del Adulto Mayor (INAM), que será presidido por un Director designado al amparo del régimen dispuesto por la Ley Nº 16.736 en los artículos 713 y subsiguientes, para cargos de alta especialización.

Artículo 2º. (Competencias).- El INAM tendrá como competencias:

a) La promoción integral de los adultos mayores, entendiéndose por tales todas las personas que en el momento de alcanzar la edad de sesenta y cinco años, tengan residencia permanente y fehacientemente demostrable en el país, independientemente de su nacionalidad o ciudadanía. (Art. 1º Ley Nº 17.796).

b) La planificación, el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas nacionales relativas al adulto mayor, promoviendo programas y actividades que logren su desarrollo pleno e integración social y económica;

c) La coordinación y coejecución con los organismos estatales y privados de la aplicación efectiva de las políticas de salud integral, educación, capacitación, recreación, apoyo e integración social;

d) El asesoramiento a los organismos del Estado sobre los derechos de los adultos mayores establecidos en la Plataforma de Acción de la Convención de Población y Desarrollo de 1994, ratificada por nuestro país, cuyo ejercicio debe incorporarse en las acciones y programas dirigidos a esta población;

e) La realización de convenios con los organismos internacionales de cooperación técnica y financiera;

f) La elaboración de un Plan Nacional de Promoción que encare orgánicamente las necesidades del adulto mayor en todos los planos de la vida individual y colectiva para el cumplimiento de sus derechos como persona y sujeto social;

Artículo 3º. (Coordinación).- Créase un Consejo Consultivo integrado por el MSP, el BPS, la Cátedra de Geriatría de la Facultad de Medicina, el C. de Intendentes y hasta tres organizaciones de la sociedad civil que representen los intereses de los adultos mayores jubilados, pensionistas y de sus intereses culturales a los efectos de dar cumplimiento a las competencias asignadas al INAM, quien presidirá dicho Consejo.

Los organismos del Estado integrantes del mismo deberán prestar aporte técnico y económico con destino a la ejecución de políticas.

Artículo 4º. (Principios rectores).- Para dar cumplimiento a lo establecido en el literal f) del artículo segundo de esta ley, además de cualesquiera otros elementos que puedan ser agregados como materia de regulación para la promoción integral del adulto mayor por parte del Consejo Consultivo del Adulto Mayor, el Plan Nacional de Promoción del Adulto Mayor deberá contemplar los siguientes principios:

1) Promover el acceso a la atención integral de su salud en la prevención, asistencia y eventuales procesos de rehabilitación, tanto en la esfera pública como privada, siguiendo el modelo de "cuidados progresivos". Para ello se privilegiará la atención con base comunitaria creando alternativas a la institucio-nalización y generando condiciones de apoyo para la atención en el ámbito familiar;

2) Promover que el sistema de salud tanto en el ámbito público como en el privado asegure la medicación básica para uso gerontológico, al costo más bajo posible;

3) Colaborar con el MSP fijando las bases sobre las cuales este controlará las condiciones básicas de funcionamiento de los establecimientos de atención o residencia del adulto mayor, sean públicos o privados, dando así cumplimiento a la Ley Nº 17.066 de 24/12/98;

4) Coordinar las políticas sociales y los programas de asistencia en alimentación y vivienda a los efectos de que contemplen las necesidades de los adultos mayores que requieran dicho apoyo;

5) Fomentar programas de capacitación y formación de los técnicos, profesionales y funcionarios que estén en relación con los adultos mayores haciendo conocer los derechos específicos de esta etapa etaria;

6) Promover la incorporación en los programas de educación componentes relativos a la adopción de estilos de vida apropiados encaminados a lograr una vejez saludable.

7) Estimular la participación activa del adulto mayor en actividades de recreación, promoviendo la accesibilidad en el transporte, en la eliminación de barreras arquitectónicas y en el desplazamiento,

8) Facilitar al adulto mayor el acceso al sistema educativo como medio de mantener su inserción social en la comunidad, al tiempo de satisfacer sus requerimientos vocacionales y permitirle la actualización y enriquecimiento de su acervo cultural individual;

9) Proporcionar al adulto mayor oportunidades de transmitir a los jóvenes la experiencia adquirida en el campo laboral durante su vida activa, tanto en el ámbito de la educación técnica como empresarial o por acuerdos con los gremios de cada sector;

10) Incluir en las políticas internacionales nacionales normas que garanticen el acceso a una solución habitacional digna y decorosa, de costos accesibles y de ambientes agradables y seguros con destino a los adultos mayores, incluyendo aquellos que padecen diversos grados de pérdida de autonomía y discapacidad;

11) Estimular la creación de instituciones que agrupen al adulto mayor, a fin de mantener niveles de integración social que permitan vivir la etapa plenamente;

12) Promover la introducción en los planes educativos de las tres ramas de la enseñanza la valoración del adulto mayor tanto en la sociedad como en las familias;

13) Promover la capacitación en prevención de la violencia hacia el adulto mayor tanto en la comunidad como en el ámbito doméstico, haciendo conocer sus derechos legales al respecto,

14) Reglamentar los procedimientos de retiro gradual y progresivo de la actividad laboral, incorporando formas parciales de trabajo que se desarrollen en actividades similares o diferentes a las originalmente desempeñadas por el trabajador.

Artículo 5º.- Derógase la Ley Nº 17.796, de 9 de agosto de 2004.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley expresa la voluntad de los Legisladores integrantes de la Comisión de Población y Desarrollo de promover la creación de una entidad estatal que coordine el Programa Nacional del Adulto Mayo definido en la Ley Nº 17.796.

La iniciativa presentada en el ámbito de esta Asesora por el Senador Julio Lara recibió los aportes de todos los Senadores y Senadoras preocupadas por dar cumplimiento a una necesidad que el país requiere por sus particulares características demográficas.

La Comisión entendió que la creación de un ámbito de referencia estatal para efectivizar los objetivos del Programa Nacional del Adulto Mayor, debían ubicarse en el Ministerio de Desarrollo Social, institución del Estado que hoy tiene por competencia coordinar las políticas sociales y transversalizar los intereses y derechos de los distintos sectores de la población. Es bajo su órbita que se inscriben el Instituto de Niñez y Adolescencia, el Instituto de la Juventud y el Instituto Nacional de las Mujeres.

Por ello, y con el sólo ánimo de la coordinación de todas las instituciones o áreas del Estado y de la sociedad civil con responsabilidad sobre la población adulta mayor, se crea la figura de Instituto y se dota de un cargo de alta especialización para ejercer la responsabilidad de la coordinación del PRONAM ya aprobado por el parlamento en la Legislatura pasada.

Al asignarle las competencias a esta nueva figura, se retoman las asignadas al PRONAM por la Ley Nº 17.796, por lo que después de actualizarlas en el proyecto que ponemos a consideración del pleno de la Cámara de Senadores, corresponde derogar dicha ley.

El PRONAM, cuya aplicación y desarrollo tendrá la responsabilidad de ejecutar el Instituto del Adulto Mayor, se dirige a un universo de casi 500.000 personas que representan un 15% de la población del país. Un 70% de ellas son mujeres, la gran mayoría es autoválida, un 20% viven solas, el 60% tiene educación primaria y un 30% educación secundaria. El 13% se encuentra bajo la línea de pobreza y se han extendido las responsabilidades económicas de los adultos mayores sobre las familias de sus hijos.

Las cuatro Areas establecidas por la Ley: Salud, Integración y condiciones de vida, Asesoramiento y protección legal y Seguridad Social actúan transversalmente, compartiendo responsabilidades en zonas comunes. Tres de las Areas (Salud, Legal y Seguridad Social) son sectoriales, actúan sobre problemas específicos de la población objetivo. El área social, en la medida en que promueve la integración social y familiar, la organización de grupos e instituciones, la educación permanente, el intercambio intergeneracional y busca incidir en el reconocimiento social y fortalecimiento de la autoestima de la persona adulta mayor, en una población mayoritariamente autoválida, recursos humanos, financieros y de infraestructura, reduciendo impactos y comprometiendo resultados.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los adultos mayores es autoválida el énfasis de la acción estará dirigido a garantizar su calidad de vida, particularmente "el desempeño de roles significativos y la participación en la vida cotidiana como ciudadanos de pleno derecho". La vida en familia, el grupo de amigos, la pertenencia a una comunidad, actualizar conocimientos, dar testimonio de la historia vivida, convivir y compartir experiencias con otras generaciones, son componentes importantes de lo cotidiano que no solo aportan a la calidad de vida, sino también al fortalecimiento de la autoestima.

El enfoque desde la globalidad incluye las respuestas a las particularidades. Las necesidades específicas de los adultos mayores con problemas de enfermedad, discapacidad, nutrición, seguridad social, exclusión social tendrán, desde los institutos especializados públicos y privados y en el marco de las políticas sociales, la atención especializada.

La cobertura nacional del PRONAM se facilita a través de una adecuada coordinación de los recursos existentes humanos, financieros y de infraestructura, regulada por convenios, del sector público entre sí y con privados, a nivel nacional, departamental y local, con participación de los adultos mayores a través de sus organizaciones.

DISPOSICIONES CITADAS

Ley Nº 17.796, de 9 de agosto de 2004

Artículo 1º.- La presente ley tiene como objetivo la promoción integral de los adultos mayores, entendiéndose por tales todas las personas que en el momento de alcanzar la edad de sesenta y cinco años tengan residencia permanente, fehacientemente demostrable, en el país, independientemente de su nacionalidad o ciudadanía.

Artículo 2º.- Declárase que son derechos del adulto mayor:

A) La integración activa en la familia y en la comunidad y el goce de un trato digno y sin ninguna clase de discriminaciones, en todos los órdenes de su vida.

B) Alcanzar una vejez digna en la que prevalezcan el bienestar físico, psíquico y socioeconómico.

C) Contar con asistencia médica y sanitaria integral y coordinada, incluida la odontológica.

D) Tener acceso a la educación, a una vivienda adecuada, así como a alimentación y abrigo suficientes.

E) Tener acceso al esparcimiento, al transporte y a las comunicaciones en todo el territorio nacional.

F) Tener la seguridad de su integridad psicofísica e intelectual en un marco de justicia y equidad.

Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud Pública, de acuerdo a las potestades que les confiere el artículo 1º de la Ley Nº 17.066, de 24 de diciembre de 1998, en materia de ancianidad, deberán estructurar un Plan Nacional que encare orgánicamente las necesidades del adulto mayor en todos los planos de la vida individual y colectiva, en particular en los aspectos que en el artículo precedente se consagran como sus derechos.

La Dirección General de la Salud de dicho Ministerio coordinará los trabajos tendientes a estructurar el mencionado plan, con un plazo no mayor de un año a partir de la publicación del decreto reglamentario de la presente ley.

Artículo 4º.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, el Poder Ejecutivo constituirá un grupo de trabajo de apoyo a la mencionada Dirección General, en el que además del Ministerio de Salud Pública deberán tener representación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los organismos del Estado que tengan injerencia en cualesquiera de los aspectos que se contemplan en el artículo 2º de la presente ley.

Podrán integrar además dicho grupo entidades privadas, organizaciones no gubernamentales y cualquier otro tipo de instituciones cuyos cometidos estén orientados a fines compatibles con los objetivos de la presente ley, de la manera y en las condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 5º.- Además de cualesquiera otros elementos que puedan ser agregados como materia de regulación para la promoción integral del adulto mayor por el cuerpo encargado de estructurar el Plan Nacional objeto de la presente ley, serán tomados en cuenta, necesariamente, los siguientes que deberán ser contemplados en el cuerpo final del plan a elaborarse:

A) Salud:

i) Garantizando al adulto mayor acceso a atención integral de su salud, en su prevención, en su asistencia y en eventuales procesos posteriores de rehabilitación, tanto en la esfera pública como en la privada. En esta materia, deberá seguirse el modelo de "cuidados progresivos" privilegiando la atención con base comunitaria, creando alternativas a la hospitalización y generando, además, condiciones que permitan que, cuando fuere posible, la atención se lleve a cabo en el ámbito familiar.

ii) Garantizando al adulto mayor que tanto el sistema de salud público como el privado dispondrán en todo momento de medicación básica para uso gerontológico, al costo más bajo posible, procurando liberarla de todo gravamen fiscal.

iii) Asegurando, mediante un sistema de contralor adecuado, condiciones decorosas en los establecimientos de atención o residencia del adulto mayor (Ley Nº 17.066, de 24 de diciembre de 1998).

iv) Creando programas que beneficien al adulto mayor de menores recursos, dándoles acceso a una alimentación de buena calidad.

v) Estableciendo condiciones de formación profesional y capacitación para investigadores y médicos especializados en temas relacionados con el envejecimiento, a fin de contar con condiciones de vida sanitariamente adecuadas para el adulto mayor.

vi) Promoviendo la incorporación en los programas de educación para la salud componentes relativos a la adopción de estilos apropiados de vida encaminados a lograr una vejez saludable.

B) Integración social y condiciones de vida:

i) Estimulando la participación activa del adulto mayor en actividades de recreación, educación y vocacionales, mediante la aplicación de descuentos en el acceso a las mismas y en el costo de transporte colectivo, y eliminando además, barreras arquitectónicas o edilicias. Asimismo, en el caso de impedimentos para su desplazamiento, proporcionándole franquicias para la adquisición de ayudas funcionales.

ii) Facilitando al adulto mayor acceso al sistema educativo existente como medio de mantener su inserción social en la comunidad, al tiempo de satisfacer sus requerimientos vocacionales y permitirle la actualización y enriquecimiento de su acervo cultural individual.

iii) Proporcionando al adulto mayor oportunidades de trasmitir a los jóvenes la experiencia adquirida en el campo laboral durante su vida activa, tanto en el ámbito de la educación técnica pública y privada como en el empresarial, por acuerdos con los gremios de cada sector.

iv) Introduciendo en la política habitacional normas que garanticen al adulto mayor el acceso a una vivienda decorosa y digna, a costo reducido, y en ambientes agradables y seguros.

v) Estimulando la creación de instituciones que agrupen al adulto mayor, a fin de mantener en esa etapa de la vida niveles de integración social y actividad que le permitan gozarla plenamente.

vi) Promoviendo la introducción en los planes educativos de las tres ramas de la enseñanza pública y privada el tema del adulto mayor y su valoración y respeto en la sociedad y la familia.

C) Asesoramiento y protección legal. Creando condiciones que garanticen la protección legal del adulto mayor, particularmente cuando ha sido víctima de discriminación o violencia.

D) Seguridad social:

i) Implementando los planes necesarios para que todos los adultos mayores tengan acceso al sistema previsional nacional, lo cual les garantizará el respaldo económico que les permita satisfacer sus necesidades de manera digna.

ii) Reglamentando procedimientos de retiro gradual y progresivo de la actividad laboral. A tal fin, deberán incorporarse formas parciales de trabajo que puedan desarrollarse en actividades similares o diferentes a las originalmente desempañadas por el trabajador.

Artículo 6º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta días de su publicación.

Ley Nº 17.066, de 24 de diciembre de 1998

CAPITULO I - DE LA COMPETENCIA DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 1º.- Corresponde al Poder Ejecutivo determinar la política general en materia de ancianidad.

El Ministerio de Salud Pública, en el ejercicio de sus competencias, ejecutará las políticas específicas correspondientes y coordinará su aplicación con otras instituciones públicas.

CAPITULO II - DE LA CLASIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Artículo 2º.- Los establecimientos privados a que refiere la presente ley son aquellos que ofrecen a adultos mayores vivienda permanente o transitoria así como alimentación y otros servicios de acuerdo con el estado de salud de los beneficiarios.

A estos efectos se considera adulto mayor, a toda persona que haya cumplido sesenta y cinco años de edad.

Artículo 3º. (Concepto de hogares).- Dichos establecimientos se denominarán "hogares" cuando, sin perseguir fines de lucro, ofrezcan vivienda permanente, alimentación y servicios tendientes a promover la salud integral de los adultos mayores.

Artículo 4º. (Concepto de residencias).- Se denominarán "residencias", los establecimientos privados con fines de lucro que ofrezcan vivienda permanente, alimentación y atención geriátrico-gerontológica tendiente a la recuperación, rehabilitación y reinserción del adulto mayor a la vida de interrelación.

Artículo 5º. (Concepto de centros diurnos y refugios nocturnos).- Se denominarán "centros diurnos y refugios nocturnos", aquellos establecimientos privados con o sin fines de lucro, que brinden alojamiento de horario parcial (diurno o nocturno), ofreciendo servicios de corta estadía, recreación, alimentación, higiene y atención psicosocial.

Artículo 6º. (De los servicios de inserción familiar).- Los "servicios de inserción familiar" para adultos mayores son los ofrecidos por un grupo familiar que alberga en su vivienda a personas mayores autoválidas, en número no superior a tres, no incluyendo aquéllas a quienes se deben obligaciones alimentarias (artículos 118 a 120 del Código Civil).

Para brindar este servicio las familias deberán operar como núcleo familiar continente, estar dotadas de sólidas condiciones morales y estabilidad, procurando el desarrollo de la vida del adulto mayor con salud y bienestar.

CAPITULO III - DE LA INSTALACION DE SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS

Artículo 7º. (Habilitación y registro).- Todas las residencias, hogares, centros y demás servicios para adultos mayores, autoválidos o discapacitados, deberán contar con la habilitación del Ministerio de Salud Pública y estar inscriptos en el Registro Unico Nacional a cargo de dicho Ministerio, quien a la vez tendrá a su cargo el control sobre dichos establecimientos.

La reglamentación determinará las condiciones necesarias a los fines de la habilitación a que hace referencia el inciso anterior, la forma mediante la cual se ejercerá el control de los mencionados establecimientos así como la periodicidad de las inspecciones, cuya realización, el Ministerio de Salud Pública podrá coordinar con el Banco de Previsión Social en el marco de los cometidos que le asigna el inciso segundo del artículo 1º de la presente ley.

Artículo 8º. (Contenido de los registros).- Los registros deberán incluir la naturaleza del establecimiento y las características del servicio con identificación de sus representantes o responsables, los recursos humanos y materiales disponibles para su instalación y funcionamiento, sin perjuicio de otros requerimientos que establezca la reglamentación.

Artículo 9º. (Condiciones mínimas de funcionamiento).- Los establecimientos deberán contar, como mínimo, con una planta física iluminada y aireada naturalmente, provista de todos los servicios necesarios para el cuidado de la salud integral, la higiene y la seguridad de los residentes.

Artículo 10. (Del referente médico).- Los establecimientos, a excepción del servicio de inserción familiar, deberán contar con un referente médico geriatra-gerontólogo, responsable de la salud de las personas alojadas.

En caso de no contar con médicos con esa especialidad, la función podrá ser desempeñada por un médico general cuyos cometidos y responsabilidades serán determinados por la reglamentación.

Artículo 11.- Los representantes legales de los establecimientos con fines de lucro declararán, de acuerdo con la reglamentación de la presente ley, las modalidades de pago y los montos establecidos en los contratos verbales o escritos, que celebren terceros o alojados, con los representantes mencionados.

Artículo 12.- Cuando los alojados en establecimientos con fines de lucro incumplieran con su obligación de pago se producirá la extinción del contrato, y los representantes legales de esos establecimientos procurarán retornar a los alojados a sus parientes. Si ello no fuera posible los internarán en un establecimiento estatal acorde a su estado de salud, el que deberá recibirlos, sin perjuicio de que el alojado pueda internarse en el establecimiento privado que lo admitiese.

CAPITULO IV - DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 13.- El Ministerio de Salud Pública podrá adoptar, en caso de incumplimiento y atendiendo a la gravedad de las faltas, las acciones que a continuación se estipulan:

A) Observación.

B) Apercibimiento.

C) Sanciones pecuniarias que podrán fijarse entre 1 UR (una unidad reajustables) y 50 UR (cincuenta unidades reajustables) por cada adulto mayor alojado en el establecimiento.

D) Suspensión de actividades.

E) Clausura definitiva.

Las sanciones no serán acumulables y no serán aplicables a los establecimientos indicados en el artículo 6º de la presente ley, las sanciones de los literales C) y E).

CAPITULO V - DE LA COMISION HONORARIA

Artículo 14.- Créase una Comisión Honoraria de asesoramiento en la materia prevista por la presente ley, que funcionará en la órbita del Ministerio de Salud Pública y estará integrada por cinco miembros: un representante del Ministerio de Salud Pública, que la presidirá; un delegado de la Facultad de Medicina que tendrá la calidad de médico con posgrado en geriatría y gerontología; un representante del BPS; un delegado designado por los hogares privados sin fines de lucro a que refiere la presente ley y un representante de las Asociaciones de Jubilados y Pensionistas que integran los Registros Nacionales respectivos del Programa de Ancianidad del BPS.

Artículo 15.- Los integrantes de la referida Comisión Honoraria deberán contar con antecedentes en el campo de la gerontología o geriatría y durarán como máximo cinco años en sus funciones.

Artículo 16. (De los cometidos de la Comisión Honoraria).- Serán cometidos de la Comisión Honoraria:

A) El asesoramiento al Ministerio de Salud Pública y a los establecimientos privados sobre las condiciones requeridas para su habilitación y funcionamiento, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo III de la presente ley.

B) Proponer al Ministerio de Salud Pública la gestión ante los organismos competentes procurando se otorguen líneas de crédito aptas para la compra o habilitación de locales idóneos para cumplir con los fines de la presente ley, preferentemente establecidos en áreas rurales.

C) Los demás cometidos que le asigne el Ministerio de Salud Pública.

CAPITULO VI - DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 17.- Dentro del plazo de los noventa días siguientes a la fecha de publicación de la reglamentación, todos los establecimientos que alojen adultos mayores, deberán inscribirse en la forma y condiciones previstas legal y reglamentariamente.

Vencido dicho plazo quedarán sin efecto de pleno derecho las autorizaciones o habilitaciones de funcionamiento existentes.

Artículo 18. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo, dentro del plazo de los ciento veinte días siguientes a la fecha de publicación de la presente ley, la reglamentará.

Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996

SECCION VIII - NORMAS DE DESREGULACION Y REFORMA ADMINISTRATIVA

CAPITULO II - REFORMULACION DE ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE LOS INCISOS

Artículo 713.- Facúltase al Poder Ejecutivo para que, conjuntamente con la aprobación de la nueva estructura interna de los Incisos, proceda a reasignar los créditos presupuestales de los programas para adecuarlos a los nuevos programas, estructuras y unidades ejecutoras, dando cuenta a la Asamblea General.

Las modificaciones de las estructuras escalafonarias de puestos de trabajo, no podrán causar lesión de derechos funcionales.

La reasignación de las autorizaciones presupuestales que no hubieran sido comprometidas, sólo podrá ser realizada por el Poder Ejecutivo, dando cuenta a la Asamblea General, siempre que ello no implique un incremento en el total de las asignaciones presupuestales de los programas sujetos a reestructuración, ni en sus dotaciones de personal.

Artículo 714.- A efectos de establecer un sistema de alta gerencia y fortalecer la capacidad de la Administración Central para cumplir con sus cometidos sustanciales, los Incisos 02 al 14 podrán designar funcionarios contratados al amparo del régimen dispuesto por el artículo 22 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974, para el desempeño de funciones de alta especialización en puestos técnicos o de asesoramiento, inmediatamente dependientes del Director de una unidad ejecutora.

Artículo 715.- Sólo se habilitarán funciones de alta especialización en el caso de que los puestos de trabajo correspondientes hubieran sido previstos en la estructura organizativa de las unidades ejecutoras del Inciso, aprobada de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 716.- Los recursos para financiar el costo que generen las designaciones a efectuar al amparo del régimen de alta especialización deberán provenir de las economías generadas por la reestructura respectiva.

La Contaduría General de la Nación podrá habilitar créditos suplementarios por hasta el 30% (treinta por ciento) resultante de las economías efectivamente producidas generadas de acuerdo al artículo 726 de la presente ley.

Artículo 717.- A fin de garantizar la aplicación de criterios homogéneos para la retribución de este tipo de funciones y contemplar las excepciones a las que refiere el artículo anterior, la Comisión creada por el artículo 22 del Decreto-Ley Nº 14.189, de 30 de abril de 1974, emitirá un dictamen proponiendo la remuneración correspondiente a cada función.

Artículo 718.- La idoneidad de los candidatos propuestos para desempeñar funciones de alta especialización, será evaluada por la Comisión a que refiere el artículo precedente, sobre la descripción del respectivo puesto. Dicha descripción deberá realizarse dentro de los ciento ochenta días de prevista la función de alta especialización y publicarse en el Diario Oficial, no pudiendo variarse la misma, sin disposición legal que lo autorice.

La provisión de dichas funciones se realizará mediante los procedimientos objetivos aplicables a todos los ciudadanos de la República que disponga la reglamentación, la que tendrá en cuenta como antecedente el desempeño de funciones en la Administración. No se tendrá en cuenta como antecedente, las funciones desempeñadas en cargos políticos o de particular confianza.

En el caso de que las personas designadas para desempeñar funciones de alta especialización fueran funcionarios públicos, percibirán la retribución que se asigne a dichas funciones y estarán comprendidos en el beneficio de reserva del cargo, establecido en el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.622, de 24 de diciembre de 1976, por el período de su contratación.

Artículo 719.- Dispónese el régimen de excedencia de cargos y funciones contratadas de los funcionarios de la Administración Central, en virtud de su disponibilidad resultante de reestructuras, de acuerdo a lo previsto en los artículos siguientes y sus concordantes.

Artículo 720.- Los jerarcas de los Incisos podrán declarar, por acto fundado, los cargos y funciones contratadas que resulten excedentes como consecuencia de la reestructura y racionalización del Inciso respectivo, sin necesidad de obtener la conformidad de los funcionarios que ocupen dichos cargos y funciones. Se entenderá por reestructura toda supresión, fusión o modificación de unidades ejecutoras dentro de un Inciso, así como toda modificación de la estructura de cargos y funciones contratadas del mismo.

Artículo 721.- Será personal disponible por reestructura aquel cuyo cargo haya sido declarado excedentario por motivo de reestructura. Esta declaración no afectará los derechos del funcionario a la carrera administrativa en el mismo organismo, mientras se encuentre en condición de disponibilidad por reestructura.

Artículo 722.- Cuando exista más de un cargo o función del mismo escalafón, grado, denominación y serie, susceptible de ser declarado excedente y se plantee la supresión parcial de un número de éstos dentro de una unidad ejecutora, la elección del subconjunto de cargos o funciones a ser declarados excedentarios se fundará en los siguientes criterios: el ordenamiento de los funcionarios que ocupen dichos cargos y que resulte de una prueba de idoneidad técnica o, en su defecto por el ordenamiento resultante de la evaluación del desempeño preexistente más reciente o el concurso más reciente, si lo hubiera, a juicio del jerarca del Inciso. El empleo de estos criterios no será necesario en el caso en que los funcionarios titulares de los cargos del mismo escalafón, grado, denominación y serie se acojan voluntariamente a la jubilación o a los mecanismos de reinserción previstos en esta ley.

Artículo 723.- Los funcionarios presupuestados o contratados para la función pública que hayan sido declarados disponibles por reestructura, pasarán a redistribución por un lapso de doce meses, durante el cual mantendrán todos los derechos emergentes de su situación funcional y percibirán su sueldo base, beneficios sociales, compensación por antigüedad y por ocho horas, y compensaciones extraordinarias que perciban hasta el mes inmediato anterior al de su cambio de situación funcional quedando eximidos en su obligación de asiduidad.

Una vez vencido dicho plazo, y para el caso de no ocupar un nuevo cargo o función contratada, el funcionario podrá optar por abandonar definitivamente la función pública. Ante tal situación, aquellos funcionarios presupuestados o contratados para funciones públicas que tengan más de dos años de antigüedad en la función pública, recibirán una compensación equivalente a seis meses de la retribución establecida en el inciso anterior, aumentada en un mes por cada año continuo de antigüedad en la función pública, hasta un tope máximo de doce meses.

En el caso que el funcionario no optase por abandonar definitivamente la función pública, recibirá como única retribución la establecida en la tabla básica de sueldos, más la compensación máxima del grado incluida la prima de antigüedad y beneficios sociales.

A quienes ocupen un nuevo cargo, a los efectos del ascenso en la oficina de destino, se les computará como antigüedad en el cargo la que tuviere el funcionario menos antiguo en el escalafón, serie y grado, salvo que la correspondiente al cargo de origen resultase menor que aquella, en cuyo caso se tomará la antigüedad del funcionario que se transfiere.

Artículo 724.- Todos aquellos funcionarios que tuviesen al menos sesenta años de edad al 1º de enero de 1997, que tuvieran causal de disponibilidad por reestructura y causal jubilatoria configurada a dicha fecha, podrán optar entre la compensación de doce meses establecida en el inciso segundo del artículo 723 y el cobro de dieciocho meses de compensación en caso que opten por jubilarse, con una disminución de un mes por cada año mayor a los sesenta de edad del funcionario, pagaderos mensualmente a partir de la fecha de su egreso.

Artículo 725.- Las retribuciones del personal que resulte disponible por causa de reestructura de acuerdo a lo establecido en el artículo 723 serán atendidas con cargo a una planilla especial, pudiendo el jerarca de la unidad ejecutora o del Inciso, según corresponda, disponer de hasta el 20% (veinte por ciento) de las economías anuales que se generen por el pasaje a esta planilla, para atender aquellas necesidades que se vinculen con el pago de los premios por desempeño excelente y muy bueno y el incremento de salarios para atender las necesidades del personal de mayor responsabilidad y especialización.

Artículo 726.- Una vez que se concrete el efectivo cese del funcionario cuyo cargo o función haya sido declarado excedentario, el jerarca del inciso podrá disponer de hasta 50% (cincuenta por ciento) de las economías efectivamente producidas. Un 30% (treinta por ciento) de éstas se destinará a la atención de necesidades salariales del Inciso, tendiendo a corregir las inequidades de remuneración existentes entre aquellos que desempeñen tareas de similar responsabilidad y de acuerdo a las estructuras aprobadas. El restante 20% (veinte por ciento) se destinará a la financiación del sistema de alta gerencia y fortalecer la capacidad de la Administración Central para cumplir con sus cometidos sustanciales a que refieren los artículos 714 y siguientes de la presente ley.

Artículo 727.- El crédito presupuestal correspondiente a las vacantes netas de cargos o funciones contratadas no provistas, aunque correspondieren a declaraciones de excedencia, producidas en los escalafones A, B, C, D, E, F, y R de los Incisos 02 a 14 desde el 1º de marzo de 1995 y hasta el plazo máximo de ciento ochenta días establecido en el artículo 709 de la presente ley podrá ser utilizado de igual modo y en los mismos porcentajes que las economías producidas por reestructura a que refiere la presente ley.

Lo establecido precedentemente es sin perjuicio de la supresión de las referidas vacantes en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 d la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos respectivos una vez aprobada la reestructura del Inciso correspondiente.

Artículo 728.- Las compensaciones previstas en este Capítulo constituirán materia gravada a los efectos de la realización de aportes de seguridad social.

Artículo 729.- Todos aquellos funcionarios cuyos cargos hayan sido declarados excedentarios y que no hubiesen optado por abandonar la función pública, quedarán eximidos en su obligación de asiduidad.

Artículo 730.- Los proyectos de reformulación de estructuras organizativas funcionales de los Incisos 02 al 14 que sean aprobados por el Poder Ejecutivo con el dictamen favorable de CEPRE, serán informados a la Asamblea General, no pudiendo comenzar la ejecución de los mismos hasta que no hayan transcurrido treinta días de esa remisión.

Artículo 731.- Los demás Incisos comprendidos en el Presupuesto Nacional podrán reformular sus estructuras organizativas funcionales de conformidad con lo establecido en el presente capítulo, en lo pertinente, mediante decisión fundada del jerarca respectivo, previo dictamen favorable de CEPRE y comunicación a la Asamblea General, no pudiendo comenzar su ejecución hasta que no hayan transcurrido treinta días de su remisión.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Salud Pública

ACTA Nº 64

En Montevideo, el día ocho de mayo del año dos mil siete, a la hora doce y cincuenta minutos, se reúne la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores.

Asisten la señora Senadora Margarita Percovich y los señores Senadores Enrique Antía, Alberto Cid y Luis Rosadilla.

Concurre por haber sido invitado especialmente para el tratamiento del segundo punto del Orden del Día el señor Senador Julio C. Lara Gilene.

Faltan con aviso la señora Senadora Mónica Xavier y los señores Senadores Isaac Alfie y Eber Da Rosa, quienes remiten nota justificando su inasistencia.

Preside el señor Senador Enrique Antía, Presidente -ad hoc- de la Comisión.

Actúa en Secretaría el señor Secretario Alberto Martínez Payssé con la colaboración de la funcionaria Susana Rodríguez.

ORDEN DEL DIA.

1º) ASUNTOS ENTRADOS. Por Secretaría se da cuenta del siguiente:

- Nota remitida por la Junta Departamental de Maldonado, adjuntando copia de las manifestaciones del señor Edil Pablo Lotito, relacionadas con la venta indiscriminada de medicamentos en comercios que no tienen la habilitación correspondiente par su expendio.

2º) ASUNTOS TRATADOS.

Carpeta Nº 100/2005. Instituto Nacional de la Ancianidad. Creación en la órbita del Ministerio de Salud Pública y se determinan sus cometidos. Distribuidos Nos. 31/2005 y 848/2006.

La señora Senadora Percovich distribuye en Sala el texto sustitutivo del proyecto de ley a estudio (Distribuido

Nº 848/2007) al que le ha realizado modificaciones a su artículo 1º. En consideración. Se vota en general: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En particular. Artículo 1º. Se vota: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 2º. Se vota: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 3º. Se vota: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 4º. El señor Senador Cid propone una modificación en el numeral 3 del presente artículo. Se vota con la modificación propuesta. 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 5º. Se vota: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich, quien lo hará en forma escrita.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO.

Artículo 1º. (Institucionalidad).- Créase, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional del Adulto Mayor (INAM), que será presidido por un Director designado por el Presidente de la República entre profesionales, técnicos o personalidades reconocidamente expertas en el tema.

Artículo 2º. (Competencias).- El Instituto Nacional del Adulto Mayor (INAM) tendrá como competencias:

a) La promoción integral de los adultos mayores, entendiéndose por tales todas las personas que en el momento de alcanzar la edad de sesenta y cinco años, tengan residencia permanente y fehacientemente demostrable en el país, independientemente de su nacionalidad o ciudadanía, según lo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 17.796, de 9 de agosto de 2004;

b) La planificación, el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas nacionales relativas al adulto mayor, promoviendo programas y actividades que logren su desarrollo pleno e integración social y económica;

c) La coordinación y coejecución con los organismos estatales y privados de la aplicación efectiva de las políticas de salud integral, educación, capacitación, recreación, apoyo e integración social;

d) El asesoramiento a los organismos del Estado sobre los derechos de los adultos mayores establecidos en la Plataforma de Acción de la Convención de Población y Desarrollo de 1994, ratificada por nuestro país, cuyo ejercicio debe incorporarse en las acciones y programas dirigidos a esta población;

e) La realización de convenios con los organismos internacionales de cooperación técnica y financiera;

f) La elaboración de un Plan Nacional de Promoción que encare orgánicamente las necesidades del adulto mayor en todos los planos de la vida individual y colectiva para el cumplimiento de sus derechos como persona y sujeto social,

Artículo 3º. (Coordinación).- Créase un Consejo Consultivo integrado por el Ministerio de Salud Pública, el Banco de Previsión Social, la Cátedra de Geriatría de la Facultad de Medicina, el Congreso de Intendentes y hasta tres organizaciones de la sociedad civil que representen los intereses de los adultos mayores jubilados, pensionistas y de sus intereses culturales a los efectos de dar cumplimiento a las competencias asignadas al Instituto Nacional del Adulto Mayor (INAM), quien presidirá dicho Consejo.

Los organismos del Estado integrantes del mismo deberán prestar aporte técnico y económico con destino a la ejecución de políticas.

Artículo 4º. (Principios rectores).- Para dar cumplimiento a lo establecido en el literal f) del artículo 2º de la presente ley, además de cualesquiera otros elementos que puedan ser agregados como materia de regulación para la promoción integral del adulto mayor por parte del Consejo Consultivo del Adulto Mayor, el Plan Nacional de Promoción del Adulto Mayor deberá contemplar los siguientes principios:

1) Promover el acceso a la atención integral de su salud en la prevención, asistencia y eventuales procesos de rehabilitación, tanto en la esfera pública como privada, siguiendo el modelo de "cuidados progresivos". Para ello se privilegiará la atención con base comunitaria creando alternativas a la institucionalización y generando condiciones de apoyo para la atención en el ámbito familiar;

2) Promover que el sistema de salud tanto en el ámbito público como en el privado asegure la medicación básica para uso gerontológico, al costo más bajo posible;

3) Colaborar con el Ministerio de Salud Pública fijando las bases sobre las cuales éste controlará las condiciones básicas de funcionamiento de los establecimientos de atención, inserción familiar y residencia del adulto mayor, sean públicos y privados, dando así cumplimiento a la Ley Nº 17.066, de 24 de diciembre de 1998.

4) Coordinar las políticas sociales y los programas de asistencia en alimentación y vivienda a los efectos de que contemplen las necesidades de los adultos mayores que requieran dicho apoyo;

5) Fomentar programas de capacitación y formación de los técnicos, profesionales y funcionarios que estén en relación con los adultos mayores haciendo conocer los derechos específicos de esta etapa etaria;

6) Promover la incorporación en los programas de educación componentes relativos a la adopción de estilos de vida apropiados encaminados a lograr una vejez saludable;

7) Estimular la participación activa del adulto mayor en actividades de recreación, promoviendo la accesibilidad en el transporte, en la eliminación de barreras arquitectónicas y en el desplazamiento,

8) Facilitar al adulto mayor el acceso al sistema educativo como medio de mantener su inserción social en la comunidad, al tiempo de satisfacer sus requerimientos vocacionales y permitirle la actualización y enriquecimiento de su acervo cultural individual;

9) Proporcionar al adulto mayor oportunidades de transmitir a los jóvenes la experiencia adquirida en el campo laboral durante su vida activa, tanto en el ámbito de la educación técnica como empresarial o por acuerdos con los gremios de cada sector;

10) Incluir en las políticas habitacionales nacionales normas que garanticen el acceso a una solución habitacional digna y decorosa, de costos accesibles y de ambientes agradables y seguros con destino a los adultos mayores, incluyendo aquellos que padecen diversos grados de pérdida de autonomía y discapacidad.

11) Estimular la creación de instituciones que agrupen al adulto mayor, a fin de mantener niveles de integración social que permitan vivir la etapa plenamente.

12) Promover la introducción en los planes educativos de las tres ramas de la enseñanza la valoración del adulto mayor tanto en la sociedad como en las familias;

13) Promover la capacitación en prevención de la violencia hacia el adulto mayor tanto en la comunidad como en el ámbito doméstico, haciendo conocer sus derechos legales al respecto;

14) Reglamentar los procedimientos de retiro gradual y progresivo de la actividad laboral, incorporando formas parciales de trabajo que se desarrollen en actividades similares o diferentes a las originalmente desempeñadas por el trabajador.

Artículo 5º.- Derógase la Ley Nº 17.796, de 19 de agosto de 2004.

Carpeta Nº 526/2006. Defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores Senadores Dalmás, Percovich, Xavier, Couriel, Korzeniak, Lorier, Michelini, Nicolini, Ríos, Rubio, Saravia y Vaillant. Distribuido Nº 904/2006.

En consideración. El señor Senador Cid propone invitar para una próxima reunión a la Comisión Encargada a Nivel Docente del CODICEN de la Enseñanza de la Salud Sexual y al Grupo de Apoyo en Salud Femenina del Sindicato Médico del Uruguay, así como también al Ministerio de Salud Pública, la señora Senadora Percovich propone invitar además a la Comisión Asesora en Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública. Así se resuelve por unanimidad de presentes.

RESOLUCIONES.

La Comisión acuerda considerar como único punto del Orden del Día de la próxima sesión fijar régimen de trabajo.

De lo actuado se toma versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1634/2007, que forma parte integrante de la presente Acta.

A la hora trece y veinticinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente -ad hoc- y el señor Secretario de la Comisión.

Enrique Antía

Presidente -ad hoc-

Alberto Martínez Payssé

Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Se trata de un proyecto de ley que fue considerado en la Comisión de Salud Pública, fundamentalmente en el año 2006, a partir de una iniciativa presentada por el señor Senador Lara Gilene -lamento que no esté en Sala en este momento para aportar su opinión- al comienzo de esta Legislatura.

Este proyecto de ley propone la creación de una coordinación de instituciones, es decir, de un Consejo Honorario, que trate todas las políticas relativas a los adultos mayores. Uruguay ha firmado una serie de compromisos internacionales a partir de la Conferencia de Población y Desarrollo, justamente, por lo que señalaba en la hora previa de esta sesión en cuanto a que somos el primer país de América Latina que hace la transición demográfica y que tiene una población de adultos mayores muy grande. Por suerte, dentro de esa población no hay un porcentaje muy alto con problemas de movilidad o de salud mental, pero en la medida en que tenemos el porcentaje más alto de población mayor de 85 años, este es un tema que siempre ha estado en la consideración de los uruguayos y de algunos de sus organismos, fundamentalmente del Banco de Previsión Social. Es así que este ha desarrollado programas específicos, lo que se suma a la acción del Ministerio de Salud Pública, que tiene encomendada por ley la responsabilidad del control de las instituciones de salud -o de las mal llamadas "casas de salud"-, que cumplen con una tarea que los hogares uruguayos de la actualidad no pueden cubrir. Tal como señalábamos en la hora previa cuando hablamos del grado de evolución que han tenido las familias uruguayas, estas se han achicado y han pasado a vivir en espacios más reducidos, o se han fragmentado, por lo que, al no existir familias extendidas como las que había en otros momentos, que habitaban grandes casas o quintas, etcétera, en algunos casos se hace muy difícil incluir al adulto mayor. Además, por la calidad que la salud ha adquirido en el Uruguay, se vive mucho tiempo, y esto ha dejado en evidencia algunos problemas que trae la edad, tanto físicos -de movilidad, etcétera- como mentales, que hacen difícil que a veces se logre la integración del adulto mayor en la familia.

Hasta ahora, Uruguay carecía de un organismo que coordinara las políticas dirigidas hacia los adultos mayores, que llevan adelante algunas de las instituciones del Estado. Todos los Senadores y Senadoras integrantes de la Comisión compartíamos que los adultos mayores de este país tienen mucha actividad deportiva, cultural, de vida saludable, etcétera, a lo que se suman las acciones emprendidas por las fuertes organizaciones de pasivos. Por lo tanto, los temas relativos a los adultos mayores no corresponden únicamente a la salud pública. Debemos tener en cuenta que por ser un adulto mayor, la persona no necesariamente tiene que estar enferma. Por lo tanto, esta población requiere la misma coordinación de políticas que se implementa para otros segmentos de la población, mediante institutos especializados que se han creado con ese fin.

Este es el objetivo de este proyecto de ley, que propone la creación del Instituto Nacional del Adulto Mayor en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, ya que este es el que, a partir de esta Administración, concentra las políticas sociales de todos los sectores de la población. Además, dentro de los cometidos de su creación, se encuentra la coordinación de las políticas sociales y, por lo tanto, este nuevo Instituto tendría allí un excelente medio para cumplir con las competencias que se le asignan. Dentro de esas competencias hemos incorporado las sugeridas por el señor Senador Lara Gilene, las que ya fueran votadas a fines de la Legislatura anterior con la creación del Programa Nacional del Adulto Mayor, PRONAM, en la Ley Nº 17.796. Hemos adecuado esas competencias y actualizado su forma de expresión, adjudicándoselas al Instituto Nacional del Adulto Mayor.

Este proyecto de ley que estamos presentando en el Pleno del Senado, que viene aprobado por la totalidad de los miembros de la Comisión, en sus escasos artículos define la creación de la institucionalidad -la que va a estar presidida por un Director que deberá tener una alta especialización en este tema- y las competencias del PRONAM -que será el encargado de cumplirlas-; crea un ámbito de coordinación para la transversalidad de las políticas que tienen que ver con los adultos mayores; mantiene algunos principios rectores, que eran los que anteriormente inspiraban al Programa Nacional del Adulto Mayor y deroga la ley que votamos en la Legislatura anterior, que establecía la creación del Programa, ya que todas las competencias pasarán a ser ejecutadas por el Instituto Nacional del Adulto Mayor.

Por todo lo expuesto, espero que el resto de los Senadores y Senadoras aprueben esta buena iniciativa que ha sido aprobada en Comisión por el conjunto de Senadores y Senadoras de todos los partidos políticos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Salvo que haya opinión en contrario, formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se suprime la lectura del articulado

(Se vota:)

- 24 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 25. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

32) CONVENIO DE COOPERACIN ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN EL AREA DE VIVIENDA, SUSCRITO EN CARACAS EL 14 DE MARZO DE 2006

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en noveno término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de Cooperación en el Área de la Vivienda, entre la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Caracas, el 14 de marzo de 2006. (Carp. Nº 498/06 - Rep. Nº 460/07)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 498/06

Rep. Nº 460/07

Ministerio de

Relaciones Exteriores

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento

Territorial y Medio Ambiente

Montevideo, 2 de mayo de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en los ar-tículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración, el proyecto de ley adjunto por el cual se aprueba el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en el Area de Vivienda, suscrito en Caracas, el 14 de marzo de 2006.

El Preámbulo del referido Acuerdo pone su acento en el derecho a la vivienda digna como objetivo primordial en los planes de desarrollo de ambos Estados, en tanto derecho inherente a la condición humana.

Tal como surge del artículo I, el objeto del instrumento que se somete a consideración de ese Alto Cuerpo es la creación de mecanismos de cooperación en el área de la construcción de viviendas. Dicha cooperación se fomentará a través de la realización de gestiones y acciones de los organismos competentes de cada Estado (el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en Uruguay y el Ministerio de Vivienda y Hábitat en Venezuela), tendientes a considerar la posibilidad de contratar la construcción de viviendas de origen venezolano y uruguayo, necesarias para el cumplimiento de los planes de suministro habitacional de los dos Gobiernos.

Como parte de la cooperación las Partes se obligan a intercambiar, sin costo alguno, la transferencia de tecnología, asistencia técnica y formación del personal nacional para la construcción de viviendas, de lo cual se dejará constancia en los contratos de obra que suscriban las Partes, de conformidad con la legislación interna de ambos Estados (Artículo III).

Otras modalidades de cooperación previstas en el Acuerdo son: el estudio, preparación y ejecución de proyectos conjuntos; el intercambio de experiencias en materia de erradicación de la vivienda insalubre; la organización de eventos sobre temas relativos a la vivienda y la promoción del desarrollo y el intercambio de alternativas de construcción basados en la autogestión de la población en sectores que se consideren prioritarios (Artículo IV).

A fin de evaluar los diseños, la ejecución y culminación de las obras que puedan ejecutarse en el marco del Convenio, las Partes han previsto la constitución de una Comisión Técnica.

El Poder Ejecutivo destaca la importancia del instrumento bilateral cuya aprobación solicita, por cuanto resulta altamente beneficioso para el fortalecimiento de las relaciones de colaboración entre las Partes.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

RODOLFO NIN NOVOA, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia; Reinaldo Gargano, Mariano Arana.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Vivienda,

Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Montevideo, 2 de mayo de 2006.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en el Area de Vivienda, suscrito en Caracas, el 14 de marzo de 2006.

Reinaldo Gargano, Mariano Arana.

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN EL AREA DE VIVIENDA

La República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, en adelante denominados "las Partes";

CONSIDERANDO las excelentes relaciones de amistad y cooperación existentes entre las Partes;

TOMANDO en cuenta el interés de ambos Estados en priorizar las áreas de vital interés para el logro del desarrollo humano integral;

TENIENDO presente que el derecho a una vivienda digna es inherente a la condición humana y como tal constituye un objetivo primordial en los planes de desarrollo de ambos Estados;

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO I

El presente Convenio tiene por objeto crear mecanismos de cooperación entre las Partes en el área de la construcción de viviendas. En tal sentido ambas Partes fomentarán dicha cooperación, a través de la realización de gestiones y acciones de sus organismos competentes, conforme a sus legislaciones internas, a fin de que estudien la posibilidad de contratar la construcción de viviendas de origen venezolano y uruguayo, necesarias para los planes de suministro habitacional de los dos Gobiernos.

ARTICULO II

Las Partes designan como organismos nacionales competentes, encargados de la ejecución del presente Convenio, en la República Bolivariana de Venezuela al Ministerio de Vivienda y Hábitat y en la República Oriental del Uruguay, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

ARTICULO III

En el marco de la cooperación establecida en el presente Convenio, la República Bolivariana de Venezuela y la República Oriental del Uruguay, intercambiarán sin costo alguno, la transferencia de tecnología, asistencia técnica y formación del personal nacional para la construcción de viviendas. Dicha contribución deberá ser detallada en los contratos de obras respectivos que suscriban los órganos ejecutores que designen las Partes, todo ello de conformidad con la legislación interna de ambos países.

ARTICULO IV

Asimismo las Partes establecerán mecanismos de cooperación enmarcados en las siguientes modalidades:

1. el estudio, preparación y ejecución de proyectos conjuntos;

2. el intercambio de experiencias en programas tendientes a la erradicación de la vivienda insalubre;

3. la organización de seminarios, talleres y otras reuniones sobre temas vinculados a la vivienda;

4. la promoción del desarrollo y el intercambio de alternativas de construcción basados en la autogestión de la población, en sectores que se definan como prioritarios para avanzar en el desarrollo de un hábitat digno.

ARTICULO V

Las Partes constituirán una Comisión Técnica para evaluar los diseños, la ejecución y culminación de las obras que pudieran ejecutarse en aplicación del presente Convenio.

ARTICULO VI

Cualquier duda o controversia que pueda surgir de la interpretación o aplicación del presente Convenio, se resolverá por la vía diplomática, a través de la negociación directa entre las Partes.

ARTICULO VII

El presente Convenio, entrará en vigor en la fecha de la última de las notificaciones, por las que las Partes se comuniquen el cumplimiento de sus requisitos internos para tal fin. El mismo permanecerá vigente por cinco (5) años, renovables automáticamente por períodos iguales, a menos que una de las Partes comunique a la otra su intención de denunciarlo, con una antelación mínima de seis (6) meses a la fecha que desee ponerle término.

La denuncia del presente Convenio no implicará la terminación de los proyectos acordados durante su vigencia, los cuales se ejecutarán hasta su culminación, salvo que las Partes acuerden lo contrario.

El presente Convenio podrá ser enmendado por mutuo consentimiento de las Partes, las enmiendas entrarán en vigor en la forma en que las Partes acuerden.

Hecho en Caracas, el 14 de marzo de 2006, en dos ejemplares del mismo tenor y redactados en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

 

 

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

Este instrumento comienza destacando en su "Preámbulo" (o parte expositiva), el "derecho a la vivienda digna", como inherente a la condición humana (Constitución uruguaya, Arts. 45 y 72).

A tal efecto, el artículo I establece que el objeto del Convenio consiste en "crear mecanismos de cooperación entre las partes en el área de la construcción de viviendas", a través de la actividad de los organismos competentes de cada Estado. Y el artículo II indica cuáles son esos organismos en cada Estado.

El artículo III consagra las características de la cooperación especificando que será un intercambio "sin costo alguno". El mismo comprenderá: "transferencia de tecnología, asistencia técnica y formación de personal, para la construcción de viviendas".

El artículo IV enumera las cuatro modalidades por las cuales se llevarán a la práctica los mecanismos de cooperación.

De conformidad con el artículo V del Convenio, las Partes constituirán una Comisión Técnica para evaluar los diseños, la ejecución y la culminación de las obras que se realicen en aplicación del mismo. Queda librado a las partes la forma de composición de esa Comisión Técnica.

El artículo VI dispone que las dudas o controversias que se susciten en aplicación del Convenio, se resolverán "por la vía diplomática, a través de la negociación directa entre las partes". Al igual que sucede en el artículo IV del "Convenio para el desarrollo social...", (pero en este caso bajo el título "Solución de Controversias"), se excluye el arbitraje para resolver las controversias, con la variante de que en este convenio relativo al área de vivienda se alude concretamente a la "negociación". Para esa prescindencia del arbitraje, privilegiado por el Art. 6º de la Constitución nacional, vale la explicación expuesta al informar el otro convenio: ese precepto constitucionales refiere específicamente a "los tratados internacionales que celebre la República", y acá estamos ante un "convenio", especie de instrumento internacional diferenciable de los tratados, inclusive en nuestro texto constitucional.

El artículo final regula lo concerniente a la entrada en vigor del Convenio, su vigencia por períodos renovables de cinco años, excepto que una de las partes decida denunciarlo, no menos de seis meses antes de la fecha "en que desee ponerle término". En el inciso siguiente se aclara que la denuncia (o sea, disolución del Convenio), "no implicará la terminación de los proyectos acordados durante su vigencia", los cuales deberán culminar. Y en el inciso tercero de este artículo VII dispone que el Convenio "podrá ser enmendado por mutuo consentimiento de las Partes".

Sala de la Comisión, 17 de mayo de 2007.

Milton Antognazza, Miembro Informante, Carlos Camy, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Julio María Sanguinetti.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA Nº 57

En Montevideo, el día diecisiete de mayo del año dos mil siete, a la hora diecisiete y diez minutos se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros los señores Senadores Milton Antognazza, Carlos Camy, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber y Julio María Sanguinetti.

Faltan con aviso los señores Senadores José Bentancor, Jorge Larrañaga y Rafael Michelini.

Preside el señor Senador José Korzeniak, Vicepresidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría el señor Secretario de Comisión Julio Durán y el funcionario señor Fabio Rodríguez.

De lo actuado se tomó versión taquigráfica cuya copia dactilográfica luce en el Distribuido Nº 1671/2007 y forma parte integrante de la presente Acta.

Abierto el acto, se pasa a considerar el;

ORDEN DEL DIA:

ASUNTOS ENTRADOS:

1.- CARPETA Nº 800/2007. ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL BANCO MUNDIAL, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA DE REPRESENTACION DEL CITADO ORGANISMO EN NUESTRO PAIS, SUSCRITO EN EL MES DE ABRIL DE 2005. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1635/2007.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Alberto Couriel.

2.- CARPETA Nº 801/2007. CONVENIO COMPLEMENTARIO AL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, DE 1º DE DICIEMBRE DE 1997, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE SEGOVIA, REINO DE ESPAÑA, EL 8 DE SETIEMBRE DE 2005. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1636/2007.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Luis Alberto Heber.

3.- Nota de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, invitando a concurrir a la reunión que realizará el próximo 22 de mayo, a la hora 17:00, en la Sala 15 del Edificio "José Artigas", a fin de recibir al Presidente del consejo Ash-shura del Reino de Arabia Saudita, doctor Saleh Bin Abdullah Bin Mamad Bin Mamd Bin Homaed.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1.- CARPETA Nº 459/2006. ACUERDO SOBRE EXENCION DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EFECTOS DE INMIGRACION ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR. Medidas tendientes a facilitar el tránsito de los nacionales de los Estados Parte. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 730/2006.

Informa sobre el referido Acuerdo el señor Senador Luis Alberto Heber.

El señor Presidente, informa que han sido distribuidos con la citación los informes realizados por el señor Senador Carlos Baráibar sobre los siguientes asuntos que figuran en el Orden del Día:

2.- CARPETA Nº 476/2006. CONVENIO PARA EL DESARROLLO SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, SUSCRITO EN MONTEVIDEO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2005. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 783/2006.

3.- CARPETA Nº 498/2006. CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN EL AREA DE VIVIENDA, SUSCRITO EN CARACAS EL 14 DE MARZO DE 2006. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Convenio. Distribuido Nº 842/2006.

RESOLUCIONES:

1.- CARPETA Nº 459/2006. ACUERDO SOBRE EXENCION DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EFECTOS E INMIGRACION ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR. Medidas tendientes a facilitar el tránsito de los nacionales de los Estados Partes. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 730/2006.

Se vota: 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Luis Alberto Heber.

2.- CARPETA Nº 476/2006. CONVENIO PARA EL DESARROLLO SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, SUSCRITO EN MONTEVIDEO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2005. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 783/2006.

Se vota: 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Milton Antognazza.

3.- CARPETA Nº 498/2006. CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN EL AREA DE VIVIENDA, SUSCRITO EN CARACAS EL 14 DE MARZO DE 2006. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Convenio. Distribuido Nº 842/2006.

Se vota: 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Milton Antognazza.

A la hora diecisiete y cuarenta minutos, se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman el señor Presidente y el señor Secretario.

José Korzeniak Vicepresidente

Julio Durán Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: el proyecto de ley que estamos presentando a consideración del Senado refiere al Convenio de Cooperación entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, en el área de vivienda, suscrito en Caracas el 14 de marzo de 2006, y fue votado por unanimidad de los presentes en la Comisión de Asuntos Internacionales.

Este Convenio de Cooperación, en su artículo I crea los mecanismos de cooperación entre las Partes en el área de construcción de viviendas, a través de la acción de los organismos competentes del Estado, lo que en nuestro caso compete al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

En el artículo III establece que el programa de cooperación es sin costo y que comprenderá la transferencia de tecnología, asistencia técnica y formación de personal para la construcción de viviendas.

El artículo IV prevé cuatro modalidades por las cuales se llevarán a la práctica los mecanismos de cooperación, que son los siguientes: 1. el estudio, preparación y ejecución de proyectos conjuntos; 2. intercambio de experiencias en programas tendientes a la erradicación de la vivienda insalubre; 3. la organización de seminarios, talleres y otras reuniones sobre temas vinculados a la vivienda; y 4. la promoción del desarrollo y el intercambio de alternativas de construcción basados en la autogestión de la población, en sectores que se definan como prioritarios para avanzar en el desarrollo de un hábitat digno.

Para llevar a la práctica y hacer el seguimiento del proyecto, el artículo V establece que se crea una Comisión Técnica a los efectos de evaluar los diseños, la ejecución y la culminación de las obras que se realicen en aplicación del presente Convenio.

Por su parte, el artículo VI refiere a la solución de controversias y, en este caso, no se prevé un arbitraje, sino la negociación directa entre las Partes.

El artículo VII habla del período de vigencia del Convenio, que será de cinco años, renovable por otros tantos años, si ninguna de las partes resuelve denunciarlo.

En consecuencia, la Comisión de Asuntos Internacionales propone al Senado la aprobación de este proyecto de ley, que consta de un Artículo Único y fuera votado por unanimidad en Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el informe presentado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Apruébase el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en el Área de Vivienda, suscrito en Caracas, el 14 de marzo de 2006."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 22. Afirmativa.

Ha queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

33) ACUERDO SOBRE EXENCION DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EFECTOS DE INMIGRACION ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en décimo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo sobre Exención de Traducción de Documentos Administrativos para Efectos de Inmigración entre los Estados Partes del MERCOSUR, suscrito en Florianópolis, República Federativa del Brasil, el 15 de diciembre de 2000. (Carp. Nº 459/2006 - Rep. Nº 461/2007)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 459/06

Rep. Nº 461/07

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo sobre Exención de Traducción de Documentos Administrativos para Efectos de Inmigración entre los Estados Partes del MERCOSUR.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 8 de marzo de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 17 de octubre de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Acuerdo sobre Exención de Traducción de Documentos Administrativos para efectos de Inmigración entre los Estados Partes del MERCOSUR.

La política de Estado de la República Oriental del Uruguay tiende a una mejor y mayor integración de los Estados Partes del MERCOSUR. En ese sentido es indudable la importancia que significa promover e impulsar el libre tránsito y la permanencia de los ciudadanos de los Estados Partes, facilitando para ello el trámite administrativo migratorio eximiendo de la necesidad de traducir los pasaportes, cédulas de identidad, certificados de nacimiento y casamiento, y certificados de buena conducta.

Por lo expuesto resulta conveniente promover los instrumentos jurídicos apropiados a dichos fines, como es el caso del presente Acuerdo.

El Poder Ejecutivo manifiesta su interés en la aprobación legislativa del Acuerdo, haciendo propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

RODOLFO NIN NOVOA, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia; Reinaldo Gargano, José Díaz, Jorge Brovetto.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 17 de octubre de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Apruébase el Acuerdo sobre Exención de Traducción de Documentos Administrativos para Efectos de Inmigración entre los Estados Partes del MERCOSUR.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.

Reinaldo Gargano, José Díaz, Jorge Brovetto.

MERCOSUL MERCOSUR

ACUERDO SOBRE EXENCION DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EFECTOS DE INMIGRACION ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, denominadas en lo sucesivo "Estados Partes",

CONSIDERANDO el Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto;

REAFIRMANDO el deseo de los Estados Partes del MERCOSUR de fortalecer los fraternales vínculos existentes entre ellos y de aumentar la fluidez de la circulación de los beneficiarios del presente Acuerdo;

ENFATIZANDO la importancia de promover, en instrumentos jurídicos de cooperación, el libre tránsito y la permanencia de los ciudadanos de los Estados Partes del presente Acuerdo, mediante la facilitación del trámite migratorio;

CONSIDERANDO la Decisión del CMC Nº 12/91, que motivara oportunamente la instrumentación de medidas tendientes a facilitar el tránsito de los nacionales de los Estados Partes;

TENIENDO EN CUENTA la voluntad de los Estados democráticos de avanzar en mecanismos tendientes a la eliminación gradual de los trámites de entrada, salida y estadía en los Estados Partes,

ACUERDAN:

ARTICULO 1º

El presente Acuerdo se aplicará a los documentos presentados a efectos de trámites migratorios referentes a solicitud de visa, renovación de plazo de estadía y concesión de permanencia.

ARTICULO 2º

Los nacionales de cualquiera de los Estados Partes quedan dispensados, en los trámites administrativos migratorios señalados en el Artículo 1º, de la existencia de traducción de los siguientes documentos:

1) Pasaporte 2) Cédula de Identidad 3) Testimonios de Partidas o Certificados de Nacimiento y de Matrimonio 4) Certificado de Ausencia de Antecedentes Penales.

ARTICULO 3º

La exención de traducción de documentos establecida por el presente Acuerdo no dispensa a sus beneficiarios del cumplimiento de las demás leyes y reglamentos en materia migratoria, vigentes en cada uno de los Estados Partes.

ARTICULO 4º

Existiendo dudas fundadas en cuanto al contenido del documento presentado, el país de ingreso podrá, excepcionalmente, exigir la traducción del respectivo documento.

ARTICULO 5º

1. El presente Acuerdo entrará en vigor, con relación a los dos primeros Estados Partes que lo ratifiquen, o notifiquen la incorporación a sus ordenamientos jurídicos internos, treinta (30) días después de la fecha en que el segundo de dichos Estados Partes deposite su instrumento de ratificación o de su notificación. Para los demás Estados Partes, entrará en vigor el trigésimo día posterior al del depósito de su respectivo instrumento de ratificación o de su notificación.

2. El presente Acuerdo no restringirá los otros que sobre la materia pudieran existir entre los Estados Partes, en la medida que no se opongan al mismo.

3. La República del Paraguay será depositaria del presente Acuerdo y de los instrumentos de ratificación y notificaciones y enviará copia debidamente autenticada de los mismos a los demás Estados Partes.

4. La República del Paraguay notificará a los demás Estados Partes la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y la fecha de depósito de los instrumentos de ratificación y de las notificaciones.

5. Cualquier Estado Parte podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación escrita a las demás Partes. La denuncia surtirá efecto 6 (seis) meses después de la fecha de notificación.

Hecho en Florianópolis, República Federativa del Brasil, a los 15 días del mes de Diciembre de 2000, en un ejemplar original, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

 

 

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha enviado para la aprobación de este Cuerpo el Acuerdo sobre exención de traducción de documentos administrativos para los efectos de inmigración entre los Estados Partes del MERCOSUR, suscrito en la ciudad de Florianópolis, República Federativa del Brasil, el 15 de Diciembre de 2000.

El presente Acuerdo se inscribe en el marco de una mayor profundización del acuerdo de integración, MERCOSUR, del cual el país es parte desde 1991.

Este proceso tiene como objetivo central, tal como lo señala el Art. 1º del Tratado de Asunción, xxx

Asimismo, la Decisión 12/91 del CMC, señaló la necesidad de instrumentar medidas tendientes a facilitar el libre tránsito de los nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR.

A tal fin, una de las formas de promover e impulsar el libre tránsito, es eximiendo de la traducción de ciertos documentos requeridos a efectos del trámite migratorio, siendo estos objetivos los perseguidos por el instrumento jurídico sometido a aprobación de este Cuerpo.

Análisis del Acuerdo

El objetivo central de este Acuerdo, queda estipulado en su Artículo 2º, en donde se determina que los nacionales de los Estados Partes quedarán dispensados, en los trámites migratorios referentes a solicitud de visa, renovación de plazo de estadía y concesión de permanencia (tal como lo indica el Art. 1º), de la exigencia de traducir los siguientes documentos: Pasaporte, Cédula de Identidad, Partidas o Certificados de Nacimiento y Matrimonio, Certificado de Ausencia de Antecedentes Penales.

Asimismo el Acuerdo señala que esta exención no implica que no se deban cumplir con las demás leyes en materia migratoria (Art. 3º), pudiendo asimismo exigirse la traducción en caso que existan dudas fundadas en cuanto al contenido del documento (Art. 4º).

Finalmente se destaca una diferencia con el principio general de la entrada en vigor de la normativa MERCOSUR, ya que este Acuerdo no necesitará la ratificación de todos los Estados Partes para entrar en vigor, sino que estará vigente para los dos primeros Estados que lo ratifiquen a partir de los 30 días de depositado el segundo instrumento de ratificación, el mismo plazo se exigirá paa posteriores ratificaciones (Art. 5º).

Entendiendo que el Acuerdo en consideración reafirma los objetivos del MERCOSUR por considerarlo de interés para la República, se recomienda:

La aprobación del Acuerdo sobre exención de traducción de documentos administrativos para efectos de inmigración entre los Estados Partes del MERCOSUR.

Sala de la Comisión, 17 de mayo de 2007.

Luis Alberto Heber, Miembro Informante; Milton Antognazza, Carlos Camy, Alberto Couriel, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Julio María Sanguinetti. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

En virtud de que no se encuentra presente el señor Senador Heber, que era el Miembro Informante de este proyecto, no sé si el señor Senador Korzeniak podrá informar al respecto.

SEÑOR KORZENIAK.- No tengo inconveniente, porque es un Acuerdo muy sencillo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: se trata de un Tratado tendiente a evitar los trámites y costos innecesarios entre países vecinos, cuyos documentos administrativos no ofrecen dificultad de lectura a nadie. Por consiguiente, esta especie de exoneración de las traducciones está perfectamente justificada pero, además, tiene antecedentes en muchos otros casos.

En consecuencia, la Comisión aconseja la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo sobre Exención de Traducción de Documentos Administrativos para Efectos de Inmigración entre los Estados Partes del MERCOSUR."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

34) CONVENIO PARA EL DESARROLLO SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, SUSCRITO EN MONTEVIDEO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2005

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en undécimo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio para el Desarrollo Social, entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Montevideo, el 9 de diciembre de 2005. (Carp. Nº 476/2006 - Rep. Nº 462 /2007)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 476/06

Rep. Nº 462/07

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 31 de marzo de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en los artícu-los 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración, el proyecto de ley adjunto por el cual se aprueba el Convenio para el Desarrollo Social entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Montevideo, el 9 de diciembre de 2005.

Tal como lo señala su propio título, el Convenio pone su acento en el desarrollo social y está inspirado en el deseo de las Partes de establecer mecanismos de colaboración, con el objetivo de profundizar la integración política, económica y social entre ambas, enmarcando la colaboración mutua en la cooperación Sur-Sur.

El objeto del instrumento que se somete a consideración de ese Alto Cuerpo es -precisamente- la promoción de la colaboración con el fin de estrechar la cooperación en el área de la economía popular y desarrollo social, así como en la búsqueda de oportunidades de avances para los pueblos uruguayo y venezolano, mediante el intercambio de propuestas relacionadas con los sectores socio-productivos, financieros, de formación y capacitación (Artículo I).

Un aspecto fundamental del Convenio se centra en la cooperación en el ámbito socio-productivo. Es así que, a través del Artículo II, las Partes se comprometen a apoyar proyectos que fortalezcan el desarrollo local y la economía social, en todo lo que tiene que ver con la capacitación, asistencia técnica y financiamiento, a través de los mecanismos que poseen los Estados y que puedan utilizar de mutuo acuerdo.

En especial, se prevé el apoyo y colaboración de la República Bolivariana de Venezuela mediante el aporte de herramientas para la formación y capacitación de cooperativas, en el marco de programas e iniciativas tales como las Pequeñas Opciones Productivas (POP).

Asimismo, se conviene en el establecimiento de un Núcleo de Desarrollo Endógeno Binacional en el Pueblo Bolívar del departamento de Canelones. Los núcleos de Desarrollo Endógeno constituyen una experiencia ya desarrollada en la República Bolivariana de Venezuela, que se traduce en el intento de convertir los recursos naturales en productos que puedan ser consumidos, distribuidos y exportados a todo el mundo. Dicha experiencia se basa, entre otros valores, en el respeto al medio ambiente y las relaciones equitativas de producción, mediante la construcción de redes productivas que cuenten con una amplia participación en igualdad de condiciones y fácil acceso a la tecnología y el conocimiento. La experiencia original se ha desarrollado en diversos sectores: agrícola, turístico, industrial, de infraestructura y de servicios. En el caso de Pueblo Bolívar, el Núcleo se concentrará en la actividad agrícola y tendrá por finalidad fortalecer la economía social de ambos Estados.

Con el objetivo de hacer efectivo el funcionamiento del Núcleo, las Partes prevén la constitución e instalación en Pueblo Bolívar, de un Grupo de Trabajo integrado por técnicos venezolanos y uruguayos, que trabajarán junto a cooperativistas venezolanos por tres meses.

Para iniciar las acciones previstas y realizar un adecuado seguimiento de las propuestas acordadas, se establece el compromiso de las Partes de constituir una Comisión de Trabajo integrada por el Ministerio para la Economía Popular de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay.

El Poder Ejecutivo destaca la importancia del instrumental bilateral cuya aprobación solicita, por cuanto resulta altamente beneficioso para contribuir al fortalecimiento de las relaciones de colaboración entre los Estados Partes.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Marina Arismendi.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 31 de marzo de 2006.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Convenio para el Desarrollo Social entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Montevideo, el 9 de diciembre de 2005.

Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Marina Arismendi.

CONVENIO PARA EL DESARROLLO SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

La República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, denominada en adelante "las Partes";

GUIADAS por el deseo de establecer mecanismos de colaboración para profundizar los procesos de integración política, económica y social;

AUNADAS en la necesidad de intensificar las relaciones de colaboración entre ambas Partes, enmarcadas en la cooperación Sur-Sur;

ESTRECHANDO los lazos de amistad dirigidos al fortalecimiento de la cooperación, el intercambio y el crecimiento mutuo;

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO I

OBJETO

El objeto del presente Convenio es promover la colaboración entre las Partes, a fin de estrechar los lazos de cooperación en el área de la economía popular y desarrollo social, en la búsqueda de oportunidades para el avance de sus pueblos, a través del intercambio de propuestas concretas en los sectores socio-productivos, financieros, formación y capacitación, de conformidad con sus legislaciones internas vigentes y según los lineamientos que se especifican en el presente instrumento.

ARTICULO II

SECTOR SOCIO-PRODUCTIVO

Las Partes se comprometen a brindar el apoyo necesario a los proyectos socio-productivos generados entre ambos Estados, que fortalezcan el desarrollo local y la economía social, en materia de capacitación, formación, acompañamiento, asistencia técnica y financiamiento, a través de los mecanismos e instrumentos que los Estados poseen y que puedan utilizar de mutuo acuerdo.

La Parte venezolana apoyará y colaborará con los planes, programas e iniciativas del Gobierno uruguayo, como son las Pequeñas Opciones Productivas (POP), en la dotación de herramientas, capital de trabajo, para la formación y capacitación de cooperativas.

Las Partes convienen en establecer un Núcleo de Desarrollo Endógeno Binacional denominado Bolívar, ubicado en el Pueblo Bolívar en el departamento de Canelones (República Oriental del Uruguay), de potencial agrícola, con el fin de fortalecer la economía social de ambas Partes, brindando apoyo en las áreas de capacitación, formación, asistencia técnica y financiamiento.

Para ello, las Partes constituirán un Grupo de Trabajo, conformado por diez (10) técnicos venezolanos y diez (10) técnicos uruguayos, que se instalarán en dicha población junto a diez (10) cooperativistas venezolanos a partir del día 15 de enero del año 2006, por un período de tres (3) meses, a fin de concretar el Núcleo de Desarrollo Endógeno Binacional denominado Bolívar.

ARTICULO III

SEGUIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las Partes se comprometen a informar y facilitar a los organismos e instituciones correspondientes lo acordado en el presente Convenio, a fin de implementar las líneas de acción necesarias para la concreción de las propuestas que aquí se manifiestan.

Las Partes se comprometen a formar una Comisión de Trabajo, encabezada por el Ministerio para la Economía Popular por la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Desarrollo Social por la República Oriental del Uruguay, a fin de iniciar las acciones necesarias para la concreción de los objetivos que aquí se acuerdan y las Rondas que se generen de los respectivos proyectos derivados de este Convenio.

ARTICULO IV

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las Partes resolverán de mutuo acuerdo y en forma amistosa, las controversias que puedan surgir de la interpretación y aplicación del presente Convenio.

ARTICULO V

ENTRADA EN VIGOR, DURACION, MODIFICACION Y TERMINACIÓN

El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de la última comunicación mediante la cual las Partes se notifiquen el cumplimiento de los requisitos consti-tucionales y legales internos para tal fin y permane-

cerá vigente por tiempo indefinido a menos que una de

las Partes decida darlo por terminado, mediante comunicación escrita por vía diplomática dirigida a la Otra por lo menos seis (6) meses antes de la fecha en que desee ponerle fin.

La terminación del presente Convenio por cualquiera de las Partes no afectará los proyectos y programas de cooperación iniciados durante su vigencia, los cuales continuarán hasta su culminación, a menos que las Partes acuerden de otra manera.

 

 

Asesoría de Política Comercial

Montevideo, 24 de enero de 2006.

Viene para refrenda el Convenio para el Desarrollo Social entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Montevideo, el nueve de diciembre de 2005.

El Convenio tiene como objetivo fundamental, el desarrollo de mecanismos de cooperación, mediante acciones colectivas y coordinadas en materia de economía social que contribuyan a la reducción de la pobreza y a la generación de oportunidades y capacidades en beneficio directo de las comunidades.

Mediante el mismo, las Partes se comprometen a brindar el apoyo necesario a proyectos socio-productivos generados entre ambos Estados, mediante capacitación, formación, acompañamiento, asistencia técnica y financiamiento, a través de los mecanismos e instrumentos que los Estados poseen y que puedan utilizar de mutuo acuerdo.

La parte Venezolana apoyará y colaborará con los planes, programas e iniciativas del Gobierno uruguayo, en la dotación de herramientas, capital de trabajo para la formación y capacitación de cooperativas.

Se constituirá un Grupo de Trabajo conformado por 10 técnicos venezolanos y 10 técnicos uruguayos que se instalarán en Pueblo Bolívar (Canelones) que se instalarán en dicho pueblo junto a 10 cooperativistas venezolanos, por un período de 3 meses, a fin de concretar el Núcleo de Desarrollo Endógeno Binacional denominado Bolívar.

En función de la naturaleza del Convenio y los alcances del mismo, no estableciendo obligaciones en particular que puedan ser consideradas en función de los cometidos sustantivos de esta Asesoría, no hay observaciones que formular a la refrenda solicitada, más allá de que el mismo no prevé expresamente por la contraparte Uruguaya la financiación del mismo, si correspondiere.

Con no informado se eleva a sus efectos.

 

 

 

ASESORA JURIDICA

Montevideo, 1 de Febrero de 2006.

Señor Ministro:

ANTECEDENTES

Viene a refrendo de esta Secretaría de Estado un proyecto de ley y su correspondiente Mensaje, aprobando el Convenio para el Desarrollo Social suscrito entre nuestro país y la República Bolivariana de Venezuela, con fecha 9 de diciembre de 2005.

ANALISIS Y CONCLUSION

Dicho Convenio está inspirado en el deseo de las Partes, de establecer mecanismos de colaboración, con el objetivo de profundizar la integración política, económica y social entre ambas naciones.

En el mismo se prevé la constitución e instalación en Pueblo Bolívar, de un Grupo de Trabajo integrado por técnicos venezolanos y uruguayos.

Esta Asesoría estima que desde el punto de vista jurídico formal, se cumple con lo dispuesto por el artículo 85 numeral 7º y artículo 168 numeral 20 de la Constitución de la República.

Por lo expuesto, procedería el refrendo.

Saluda a Ud. Atentamente.

 

 

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El Convenio, según se desprende de la exposición de motivos (p. 2 del Distribuido Nº 783/2006), se bifurca en dos aspectos, uno de carácter más bien general, y otro específico (el referido al Pueblo Bolívar).

El primero, "se centra en la cooperación en el ámbito socio-productivo", en especial a través del apoyo de la República Bolivariana de Venezuela mediante el aporte de herramientas para la formación y capacitación de cooperativas, en iniciativas tales como las "Pequeñas Opciones Productivas (POP).

Así, el artículo I del Convenio define a su objeto como el de "promover la colaboración entre las Partes, a fin de estrechar los lazos de cooperación en el Area de la economía popular y desarrollo social". Y el artículo II en su inciso 1º, establece que "Las Partes se comprometen a brindar el apoyo necesario a los proyectos socio-productivos generados entre ambos Estados, que fortalezcan el desarrollo local y la economía social", volviendo a referirse a las POP promovidas por el gobierno uruguayo.

El segundo de los aspectos indicados en el numeral 1º, se encuentra en los incisos 2º y 3º del artículo II del Convenio. El mismo se refiere al establecimiento de "un Núcleo de Desarrollo Endógeno Binacional denominado Bolívar, ubicado en el Pueblo Bolívar en el departamento de Canelones, de potencial agrícola..." Por "desarrollo endógeno" se entiende interno, o que se origina en el interior del pueblo referido. Al respecto, en la exposición de motivos se consigna que los "Núcleos de Desarrollo Endógeno resultan de una experiencia venezolana que apunta a "convertir los recursos naturales en productos que puedan ser consumidos, distribuidos y exportados a todo el mundo". En el artículo III párrafo 3º, se entiende que la referencia a "financiamiento" que aparece al final, alude a aporte de Venezuela. Al "Núcleo de Desarrollo Endógeno" previsto en el mismo párrafo lo establecen ambas Partes.

El "Pueblo Bolívar" es un pequeño centro poblado, situado en el nordeste del departamento de Canelones, pasando Tala, cerca del Río Santa Lucía (límite con el departamento de Florida). Fundado en 1886, recibe ese nombre en homenaje al libertador Simón Bolívar. La población en 1996 era de 152 habitantes. Hay una escuela rural (Nº 22) que nuclea las actividades sociales de la zona. Servicios: Electricidad, recolección de residuos.

El artículo III ("Seguimiento de las propuestas"), establece la relación de las Partes con los "organismos e instituciones correspondientes". Toda la redacción de ese primer inciso resulta poco clara. De todos modos, es dable entender que esos "organismos" e "instituciones" son los pertenecientes a cada uno de los Estados Partes cuyos cometidos se vinculan con las diversas actividades socio-económicas incluidas en el artículo II.

De acuerdo al inciso 2º del mismo artículo III, habrá una Comisión de Trabajo bilateral, "encabezada" (o sea, que no la integran ellos solos), por el Ministerio para la Economía Popular de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Desarrollo Social por la República Oriental del Uruguay.

El artículo IV del Convenio prevé que la "solución de controversias" se hará mediante "mutuo acuerdo y en forma amistosa". En consecuencia, se establece una fórmula de negociación y no se tiene en consideración el arbitraje. En este sentido, cabe advertir que no hay apartamiento de la prevalencia que el Art. 6 de la Constitución nacional confiere al arbitraje, porque lo hace respecto de "los tratados internacionales que celebre la República", y en la especie se trata meramente de un "convenio" (claramente distinguidos de los tratados stricto sensu en al Art. 85 ord. 7º de la Constitución, aunque celebrándose entre Estados o Gobiernos nacionales requieran igualmente la aprobación parlamentaria).

Por último, el artículo IV regula la entrada en vigor, el tiempo de vigencia y la posibilidad de que una de las Partes decida terminar con el convenio.

Sala de la Comisión,17 de mayo de 2007.

Milton Antognazza, Miembro Informante; Carlos Camy, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Julio María Sanguinetti."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: este proyecto de ley que presentamos para la consideración del Senado refiere a un Convenio para el Desarrollo Social entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Montevideo, el 9 de diciembre de 2005, que fuera considerado en la Comisión de Asuntos Internacionales y votado por la unanimidad de los presentes.

Este proyecto de ley contempla dos aspectos diferenciados: uno de carácter general y otro de carácter específico relacionado con Pueblo Bolívar.

El primero de ellos se centra en la cooperación en el ámbito socio productivo, en especial, a través del apoyo de la República Bolivariana de Venezuela mediante el aporte de herramientas para la formación y capacitación de cooperativas, en iniciativas tales como las Pequeñas Opciones Productivas.

El Pueblo Bolívar es un pequeño centro poblado ubicado en el nordeste del departamento de Canelones, pasando Tala, cerca del río Santa Lucía, en el límite con el departamento de Florida. Fue fundado en 1886 y recibe ese nombre en homenaje al Libertador Simón Bolívar. Su población en 1996 era de 152 habitantes. Tiene una escuela rural que nuclea las actividades sociales de la zona, y allí se prestan los servicios de electricidad y recolección de residuos.

Precisamente, por su nombre y en homenaje a Simón Bolívar, este pueblo fue visitado por el Presidente Chávez, de Venezuela, en ocasión de una de las últimas visitas que efectuó al Uruguay.

Los incisos tercero y cuarto del artículo II del Convenio se refieren al establecimiento de "un Núcleo de Desarrollo Endógeno Binacional denominado Bolívar, ubicado en el Pueblo Bolívar en el departamento de Canelones (República Oriental del Uruguay), de potencial agrícola". Por "desarrollo endógeno" se entiende interno, o que se origina en el interior del pueblo referido. Al respecto, en la exposición de motivos se consigna que los Núcleos de Desarrollo Endógeno resultan de una experiencia venezolana que apunta a "convertir los recursos naturales en productos que puedan ser consumidos, distribuidos y exportados a todo el mundo".

Del inciso tercero del artículo II se desprende que la referencia a "financiamiento" que aparece al final, alude al aporte de Venezuela, mientras que el Núcleo de Desarrollo Endógeno previsto en el mismo párrafo lo establecen ambas Partes.

El artículo III, "Seguimiento de las propuestas", establece la relación de las Partes con los "organismos e instituciones correspondientes". Toda la redacción de ese primer inciso resulta poco clara. De todos modos, es dable entender que esos "organismos e instituciones" son los pertenecientes a cada uno de los Estados Parte.

Del inciso segundo del artículo III se desprende que habrá una Comisión de Trabajo bilateral "encabezada" -o sea que no está integrada solamente por ellos- "por el Ministerio para la Economía Popular por la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Desarrollo Social por la República Oriental del Uruguay".

El artículo IV del Convenio prevé la solución de controversias a través del método "de mutuo acuerdo y en forma amistosa".

En definitiva, este proyecto, que apunta a atender los sectores más sumergidos de la sociedad, en un intercambio de experiencias entre el Uruguay y Venezuela a través de un aporte a Pueblo Bolívar, tiene un claro contenido social y cultural y se inscribe en las múltiples iniciativas que se han ido aprobando en este Parlamento, que también expresan el relacionamiento en distintos planos de ambos países. Sin duda, todos ellos están inspirados por los más altos intereses en defensa, sobre todo, de aquellos sectores más postergados y de las necesidades más urgentes de la sociedad.

Como señalé, señor Presidente, este proyecto fue votado por la unanimidad de presentes en la Comisión de Asuntos Internacionales, que aconseja su aprobación por parte del Senado.

Es cuanto deseaba informar, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Apruébase el Convenio para el Desarrollo Social entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Montevideo, el 9 de diciembre de 2005".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 20. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

35) "CAPITAN MANUEL ANTONIO ARTIGAS". DESIGNACION DE LA ESCUELA Nº 95 DE SAN JOSE

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del asunto que figura en duodécimo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se designa ‘Capitán Manuel Antonio Artigas’ la Escuela Nº 95, Especial, para discapacitados intelectuales, del departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública. (Carp. Nº 789/07 - Rep. Nº 463/07)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 789/07

Rep. Nº 463/07

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase la Escuela Nº 95, Especial para Discapacitados Intelectuales del departamento de San José, con el nombre de "Capitán Manuel Antonio Artigas".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 10 de abril de 2007.

Enrique Pintado Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Comisión de

Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

Esta Comisión asesora le recomienda al plenario de la Cámara aprobar el proyecto de ley por el que se nomina a la Escuela Nº 95, Especial para Discapacitados Intelectuales, del departamento de San José, "Capitán Manuel Antonio Artigas".

Manuel Antonio Artigas nació el 28 de marzo de 1774 en Montevideo, hijo de don Esteban Artigas (tío del General José Artigas) y de doña Ana López. En su juventud se dedicó a las actividades comerciales y rurales en la chacra de sus padres.

El 1º de junio de 1797 contrajo matrimonio con doña María Ana Fernández en la ciudad de Minas. De dicho matrimonio nacieron sus cinco hijos.

En el año 1806 fue designado, por las autoridades del Virreinato, para el contralor del tráfico de cueros de la Banda Oriental.

En 1807 intervino en la defensa de San Felipe y Santiago de Montevideo, durante las Invasiones Inglesas.

En 1809 se pliega al Movimiento Revolucionario "Los Chisperos", formado por compatriotas y argentinos para luchar contra la dominación española, siendo de los iniciadores de la "Revolución de Mayo". Tuvo en ésta una importante participación, sumándose a las tropas del General French.

El 27 de junio de 1810 recibe el nombramiento de Capitán de la Sexta Compañía del "Regimiento de América" por disposición de la Junta Suprema de Buenos Aires. Ese mismo año es designado por el General Manuel Belgrano para realizar junto a él una marcha por las Provincias del Río de la Plata para instruir a sus pueblos en los principios de la Revolución de Mayo, enrolándose en filas del ejército expedicionario sobre el Paraguay. Se distinguió en la acción de Campichuelo, hallándose igualmente en las derrotas de Paraguay del 19 de enero de 1811 y Tacuarí del 9 de marzo del mismo año, con la que finalizó la expedición.

El 21 de abril de 1811 participa de la Batalla de Paso del Rey sobre el Río San José, donde las tropas al mando del Coronel Joaquín Gayón y Bustamante, vencen a las fuerzas españolas y las obligan a replegarse a la ciudad de San José de Mayo.

El Museo Departamental de San José se encuentra ubicado en nuestros días en la casa que, según cuenta la tradición oral, el Capitán Manuel Artigas ocupó y dirigió algunas tropas desde su mirador.

Cinco días más tarde conquistan la ciudad y en dicha batalla es herido en un pie, lo que cobrará lentamente con su vida. Fallece el 24 de mayo de 1811. Su nombre se encuentra inscripto en la Pirámide de Mayo que se levanta en la capital de la República Argentina.

Los 24 de mayo de cada año se conmemora en su honor "El Día del Soldado Oriental".

El 15 de marzo de 2004, la Junta Departamental de San José, resolvió homenajearlo nombrando la plaza ubicada en la intersección de la Ruta Nacional Nº 3, General José Artigas, Avenida Larriera y H. M. Artola, de la ciudad de San José de Mayo, con su nombre.

Sala de la Comisión, 17 de mayo de 2006.

Pablo Alvarez López, Miembro Informante; Roque Arregui, Federico Casaretto, Tabaré Hackenbruch Legnani, José Carlos Mahía.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cultura

ACTA Nº 45

En Montevideo, el día dieciséis de mayo del año dos mil siete, a la hora catorce y diez minutos se reúne la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores.

Asisten la señora Senadora Margarita Percovich y los señores Senadores Alberto Breccia, Alberto Cid, Eduardo Lorier y Gustavo Penadés.

Faltan con aviso los señores Senadores Pablo Iturralde y Julio María Sanguinetti, quienes remiten nota justificando su inasistencia.

Preside el señor Senador Gustavo Penadés, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría el señor Secretario Alberto Martínez Payssé, con la colaboración de la funcionaria Susana Rodríguez.

ORDEN DEL DIA.

ASUNTOS ENTRADOS. Por Secretaría se da cuenta de los siguientes:

- CARPETA Nº 753/2007. EJERCICIO DE LA PROFESION DE PSICOLOGO. Modificación del artículo 3º de la Ley Nº 17.154, de 17 de agosto de 1999. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1511/2007.

- CARPETA Nº 759/2007. "GLADYS NOTAROBERTO DE FLORES". Se designa el Jardín de Infantes Nº 246 del departamento de Montevideo. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores Senadores Percovich, Gallinal y Sanguinetti. Distribuido Nº 1510/2007.

- CARPETA Nº 760/2007. "MAESTRO TECNICO SERGIO GONZALEZ OLAIZOLA". Se designa a la Escuela Técnica de Bella Unión, departamento de Artigas. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1509/2007.

- CARPETA Nº 770/2007. "BIENESTAR ANIMAL". Se establecen normas y se crea una Comisión Nacional Honoraria. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores Senadores Isaac Alfie, Juan Justo Amaro y Julio María Sanguinetti. Distribuido Nº 1562/2007.

- CARPETA Nº 785/2007. "MAESTRO ALVARO BUSTOS SPINELLI". Se designa la Escuela Técnica de la ciudad de Rosario, departamento de Colonia. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

- CARPETA Nº 787/2007. "DOCTOR BALTASAR BRUM". Se designa el Liceo Nº 13 del departamento de Montevideo. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

- CARPETA Nº 788/2007. "ESPAÑA". Se designa la Escuela Nº 95, de la ciudad capital del departamento de Maldonado, dependiente del Consejo de Educación Primaria. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

- CARPETA Nº 789/2007. "CAPITAN MANUEL ANTONIO ARTIGAS". Se designa la Escuela Nº 95, Especial para Discapacitados Intelectuales, del departamento de San José. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

- CARPETA Nº 790/2007. "ISLA DE LAS PALOMAS". Se designa el Liceo Rural de La Paloma, departamento de Durazno. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

- CARPETA Nº 795/2007. "MAESTRO ROSALIO A. PEREIRA". Se designa la Escuela Nº 52, de la ciudad de La Paloma, del departamento de Rocha. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

- CARPETA Nº 797/2007. SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS. Creación. Proyecto de ley con exposición de motivos de las señoras Senadoras Percovich, Castro, Dalmás, Topolansky y Xavier y los señores Senadores Korzeniak, Breccia, Saravia, Vaillant, Baráibar, Bentancor, Cid, Couriel, Oliver, Lorier y Fernández Huidobro.

- CARPETA Nº 802/2007. "ISLAS BALEARES". Se designa la Escuela Nº 317 del departamento de Montevideo, jurisdicción Este. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1627/2007.

- CARPETA Nº 803/2007. "PROF. JULIO FERNANDEZ". Se designa el Jardín de Infantes Nº 88 del departamento de Treinta y Tres. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1628/2007.

- CARPETA Nº 805/2007. "MAESTRO JULIO MACEDO". Se designa el Instituto de Formación Docente del departamento de Treinta y Tres. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1629/2007.

- CARPETA Nº 806/2007. "REINO DE ESPAÑA". Se designa la Escuela Nº 83 de la ciudad de San José de Mayo, departamento de San José. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor Senador Carlos Daniel Camy. Distribuido Nº 1630/2007.

- Nota remitida por la Asociación Nacional de Protección Animal (ANPA) solicitando audiencia en relación con los proyectos presentados por los señores Senadores Alberto Cid y Gustavo Penadés (Protección y/o Bienestar Animal).

- Nota remitida por la Junta Departamental de Rivera adjuntando el planteamiento efectuado por el señor Edil Javier Utermark, relacionado con el proyecto de ley presentado al parlamento sobre Descentralización y Creación de la Universidad Pública en el Interior del País, el mismo cuenta con el apoyo de los Ediles presentes en la sesión ordinaria de fecha 25 de abril de 2007.

- Nota remitida por el señor Presidente de la Cámara de Senadores adjuntado versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante Nacional Pablo Alvarez López, referidas a la posibilidad de que las personas privadas de libertad acceden a la educación universitaria.

- Fax remitido por la Federación Uruguaya de Magisterio - Trabajadores de Educación Primaria solicitando audiencia en relación con la Rendición de Cuentas.

- Memorándun adjuntando proyecto remitido por los profesores de Educación Física y Entrenadores Deportivos egresados de ISEF.

- Nota solicitando audiencia remitida por la Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI) en relación con la Ley del Artista.

- E-mail remitido por la señora Rosario Beisso comunicando el trámite de los expedientes enviados por esta Comisión a fin de obtener la autorización para las designaciones.

- Nota remitida por los señores Helene M. Sarli y Rafael Garat relacionada con un caso de Discriminación por Salud Mental.

- Nota remitida por el Señor Presidente del Senado adjuntando proyecto de resolución y complementario presentado por el Edil Pablo Chalar de la Junta Departamental de Treinta y Tres proponiendo la instrumentación de la enseñanza del lenguaje de señas como materia curricular en las escuelas públicas.

- Nota remitida por el señor Presidente del Senado adjuntando versión taquigráfica con las palabras pronunciadas por el señor Senador Lapaz Correa, relacionadas con la conmemoración del Grito de Asencio.

- Nota invitación a los integrantes de la Comisión para el homenaje conmemoratorio del aniversario del natalicio de José P. Varela, remitida por el señor Director de Protocolo y Relaciones Públicas del Poder Legislativo.

- Nota invitación para el Seminario sobre "Tenencia responsable de mascotas".

- Nota solicitando audiencia remitida por la Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura, Coordinadora de Sindicatos del MEC, a fin de poner en conocimiento de la Comisión la situación en que se encuentra el Ministerio de Educación y Cultura.

- Nota remitida por la Junta Departamental de Cerro Largo, adjuntando palabras del Edil William Bordachar relacionadas con el reciente fallecimiento del cantautor Eduardo Darnauchans.

- El Grupo de Viaje 2007 de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración remiten dos ejemplares de la publicación "Nuestro país, Nuestra Universidad, Nuestra Facultad". (Se encuentran en poder de la Secretaría de la Comisión).

- Informe final de la Comisión Organizadora del Debate Educativo (CODE). (Un ejemplar en poder de la Secretaría de la Comisión).

ASUNTOS TRATADOS.

Por Secretaría se informa que las Carpetas Nos. 760, 789, 790, 802 y 803/2007 cuentan con la aprobación de la ANEP. En consideración.

- CARPETA Nº 760/2007. "MAESTRO TECNICO SERGIO GONZALEZ OLAIZOLA". Se designa a la Escuela Técnica de Bella Unión, departamento de Artigas. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1509/2007.

Se vota el proyecto de ley sustitutivo: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Alberto Cid, quien lo hará en forma verbal.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO.

Artículo Unico.- Desígnase "Maestro Técnico Sergio González Olaizola" a la Escuela Técnica de Bella Unión, departamento de Artigas, Administración Nacional de Educación Pública".

- Carpeta Nº 789/2007. "Capitán Manuel Antonio Artigas". Se designa la Escuela Nº 95, Especial para Discapacitados Intelectuales, del departamento de San José. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

Se vota: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Gustavo Penadés, quien lo hará en forma verbal.

- Carpeta Nº 790/2007. "Isla de las Palomas". Se designa el Liceo Rural de La Paloma, departamento de Durazno. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

Se vota: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Gustavo Penadés, quien lo hará en forma verbal.

- Carpeta Nº 802/2007. "ISLAS BALEARES". Se designa la Escuela Nº 317 del departamento de Montevideo, jurisdicción Este. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1627/2007.

Se vota proyecto de ley sustitutivo: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Gustavo Penadés, quien lo hará en forma verbal.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO.

Artículo Unico.- Desgínase "Islas Baleares" la Escuela Nº 317, departamento de Montevideo, Jurisdicción Este, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- Carpeta Nº 803/2007. "PROF. JULIO FERNANDEZ". Se designa el Jardín de Infantes Nº 88 del departamento de Treinta y Tres. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1628/2007.

Se vota proyecto de ley sustitutivo: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Alberto Cid, quien lo hará en forma verbal.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO.

Artículo Unico.- Desígnase "Prof. Julio Fernández" al Jardín de Infantes Nº 88, departamento de Treinta y Tres, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

RESOLUCIONES.

REGIMEN DE TRABAJO.

La Comisión resuelve sesionar los días miércoles a la hora 14 y 30.

Conceder las audiencias solicitadas: Como primer punto del Orden del Día de la próxima sesión, la Federación Uruguaya de Magisterio; como segundo punto a la Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI); y como tercer punto a la Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura, Coordinadora de Sindicatos del MEC. Se les concederá 20 minutos a cada delegación.

Acto seguido, la Comisión acuerda invitar a la Directora General del Archivo General de la Nación para la sesión a realizarse el miércoles 30, a fin de escuchar su opinión sobre la Carpeta Nº 797/2007. SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS y como segundo punto continuar con la consideración de la Carpeta Nº 541/2007. ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

De lo actuado se procede a la toma de versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1664/2007, que forma parte integrante de la presente Acta.

A la hora catorce y cuarenta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Gustavo Penadés

Presidente

Alberto Martínez Payssé

Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

El Miembro Informante de este proyecto es el señor Senador Penadés, pero como no se encuentra en Sala, lo va a informar la señora Senadora Percovich.

Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: esta es una de las tantas denominaciones de escuelas que viene elevada de la Comisión de Educación y Cultura. Precisamente, este proyecto de ley ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Representantes.

A veces, en la Comisión de Educación y Cultura demoramos un poco en denominar las escuelas porque antes de pronunciarnos le pedimos la opinión a la ANEP para que, a su vez, consulte a las localidades, a las comunidades y a la Dirección de la escuela sobre el nombre elegido. Digo esto porque en algunos casos los Legisladores queremos poner un nombre a una determinada escuela y la gente de la comunidad no está de acuerdo, pero en este caso -obviamente, por el nombre con el que se denomina a la escuela- el tema ya fue discutido en la comunidad y nosotros acompañamos esa propuesta que, además, como dije, ya fue aprobada por la Cámara de Representantes.

Es cuanto quería informar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 16 en 20. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Desígnase la Escuela Nº 95, Especial para Discapacitados Intelectuales del departamento de San José, con el nombre de ‘Capitán Manuel Antonio Artigas’."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 20. Afirmativa.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

36) "MAESTRO TECNICO SERGIO GONZALEZ OLAIZOLA". DESIGNACION DE LA ESCUELA TECNICA DE BELLA UNION

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del asunto que figura en decimotercer lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se designa ‘Maestro Técnico Sergio González Olaizola’ la Escuela Técnica de Bella Unión, del departamento de Artigas. (Carp. Nº 760/07 - Rep. Nº 464/07)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 760/07

Rep. Nº 464/07

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cultura

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO DE LA COMISION

Artículo Unico.- Desígnase "Maestro Técnico Sergio González Olaizola" a la Escuela Técnica de Bella Unión, departamento de Artigas, Administración Nacional de Educación Pública.

Sala de la Comisión, a 16 de mayo de 2007.

Alberto Cid, Miembro Informante; Alberto Breccia, Eduardo Lorier, Gustavo Penadés, Margarita Percovich.

Ministerio de Educación y Cultura

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Desígnase a la Escuela Técnica de Bella Unión, del departamento de Artigas, con el nombre de "Maestro Técnico Sergio González Olaizola".

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, archívese.

Exp. Nº 2006/0547

ER

Jorge Brovetto Ministro.

Montevideo, 27 de diciembre de 2006.

Sr. Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

Mensaje Nº 43/06

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo con el fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley que se acompaña, por el cual se designa a la Escuela Técnica de Bella Unión, del departamento de Artigas, con el nombre de "Maestro Técnico Sergio González Olaizola".

La propuesta efectuada por la Dirección del Centro de Ciclo Básico Tecnológico y por la Dirección de la Escuela Técnica de Bella Unión, cuenta con el apoyo de ex alumnos, docentes, amigos y vecinos de dicho centro, también cuenta con el informe favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

Igual solicitud fue remitida al Poder Legislativo con fecha 17 de mayo de 2006, proponiéndose el nombre de "Maestro Técnico Sergio Olaizola", omitiéndose el primer apellido "González".

Sin otro particular, saludo al Señor Presidente y por su intermedio al resto de los integrantes de ese Alto Cuerpo, con mi mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Jorge Brovetto, Ministro."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: la Comisión de Educación y Cultura propone al Cuerpo la designación de la Escuela Técnica de Bella Unión con el nombre "Maestro Técnico Sergio González Olaizola". Esta propuesta fue efectuada por la Dirección del Centro de Ciclo Básico Tecnológico y por la Dirección de la Escuela Técnica de Bella Unión y cuenta con el apoyo de ex alumnos, docentes, amigos y vecinos de dicho Centro, así como también con un informe favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

Una breve reseña indica que el Maestro Técnico Sergio González Olaizola fue Director desde el año 1978 del Centro Técnico Urbano de Bella Unión. En realidad, esa nominación fue teórica porque cuando arribó a esta ciudad comprobó que no existía tal Centro.

A pesar de no ser de la zona, González Olaizola se afincó allí y dirigió el Centro en forma muy destacada. En ese sentido, es interesante destacar que este Centro educativo se desarrolló con el préstamo que la Asociación Local de Plantadores de Caña de Azúcar le hiciera en el año 1979, momento a partir del cual comenzaron las obras que luego fueron manejadas y dirigidas por este Director.

La incansable labor del Director González Olaizola lo llevó a implantar en Bella Unión una institución que sigue brindando a la zona el beneficio de la formación y, por tanto, designar con su nombre a este instituto educativo cumple con el reconocimiento que la sociedad debe hacerle a este docente.

Es todo, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Desígnase ‘Maestro Técnico Sergio González Olaizola’ a la Escuela Técnica de Bella Unión, departamento de Artigas, Administración Nacional de Educación Pública".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

37) NUMERAL DECIMOCUARTO DEL ORDEN DEL DIA. POSTERGACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde pasar a considerar el punto que figura en decimocuarto término del Orden del Día.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR P RESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Solicito que el decimocuarto punto del Orden del Día pase para la sesión de mañana, a fin de hacer algunas consultas que todavía están pendientes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción de orden presentada por la señora Senadora Xavier.

(Se vota:)

- 18 en 19. Afirmativa.

38) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 18 y 24 minutos, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Abreu, Amaro, Antía, Bentancor, Castro, Cid, Couriel, Dalmás, Korzeniak, Long, Michelini, Moreira, Percovich, Romero, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sra. Raquel Rebufello Jefa de Revisores del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.