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Nº 144 - TOMO 441 - 28 DE MARZO DE 2007

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

TERCER PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

5ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR SEÑOR SANTIAGO GONZALEZ BARBONI

Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3 y 14) Asuntos entrados

4) Proyecto presentado

- Los señores Senadores Julio María Sanguinetti, Juan Justo Amaro e Isaac Alfie presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley sobre bienestar animal.

- A la Comisión de Educación y Cultura.

5 y 13) Pedidos de informes

- El señor Senador José Korzeniak solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, con destino a la Dirección Nacional de Correos, relacionado con reparaciones realizadas a vehículos pertenecientes a dicha repartición.

- Oportunamente fue tramitado.

- El señor Senador Julio Lara solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, referido a la tramitación de carnés de asistencia en el Hospital de Pando.

- Oportunamente será tramitado.

6) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Rubio y Penadés.

- Concedidas.

7 y 9) Solicitud de consentimiento del señor Senador Rubio para ocupar la Dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y su renuncia a la Banca en el Senado

- Manifestaciones de varios señores Senadores.

- Por moción de varios señores Senadores, el Senado resuelve conceder la autorización prevista en el inciso primero del artículo 122 de la Constitución de la República y, simultáneamente, aceptar la renuncia presentada.

8) Integración del Cuerpo

- El doctor José Bayardi Lozano presenta nota de desistimiento comunicando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo.

10) Exposición escrita

- El señor Senador Gallinal, solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas con destino al CODICEN, referida al aumento desmedido del Impuesto de Primaria.

11 y 17) Solicitud de Acuerdo para destituir de su cargo a dos funcionarios de la Cámara de Senadores

- Por moción del señor Senador Ríos, el Senado resuelve declarar urgente la consideración de este asunto e incluirlo en el orden del día de esta sesión.

- En sesión secreta, el Senado prestó su acuerdo para destituir de sus cargos a dos funcionarios de la Cámara de Senadores.

12) Unidad Nacional de Seguridad Vial

- Proyecto de ley por el que se crea la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) y se determinan sus objetivos y competencias.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

15) Abastecimiento Vitivinícola Nacional

- Proyecto de ley por el que se faculta al Poder Ejecutivo a fijar una reserva de garantía a efectos de asegurar el abastecimiento vitivinícola nacional.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

16) Protocolo de Enmienda al Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela para la Cooperación en la Mejora de la Infraestructura Edilicia y de Equipamiento del Hospital Universitario (Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela), suscrito en la ciudad de Montevideo, el 4 de noviembre de 2006

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

18) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 26 de marzo de 2007.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria el próximo miércoles 28 de marzo, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) por el que se crea la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) y se determinan sus objetivos y competencias.

Carp. Nº 706/06 - Rep. Nº 423/07

2º) por el que se faculta al Poder Ejecutivo a fijar una reserva de garantía a efectos de asegurar el abastecimiento vitivinícola nacional.

Carp. Nº 756/07 - Rep. Nº 428/07

3º) por el que se aprueba el Protocolo de Enmienda al Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, para la Cooperación en la Mejora de la Infraestructura Edilicia y de Equipamiento del Hospital Universitario de la República Oriental del Uruguay (Hos-pital de Clínicas Dr. Manuel Quintela), suscrito en la ciudad de Montevideo, el 4 de noviembre de 2006.

Carp. Nº 744/07 - Rep. Nº 427/07

Claudia Palacio Prosecretaria - Santiago González Barboni Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abdala, Abreu, Alfie, Amaro, Antía, Baráibar, Bentancor, Breccia, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Fernández Huidobro, Heber, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Penadés, Percovich, Ríos, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Rubio y Sanguinetti; y con aviso, el señor Senador Gallinal.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 10 minutos)

-Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se procura resolver la incompatibilidad dispuesta por el artículo 32 de la Ley Nº 11.923, de 27 de marzo de 1953, relativa a la ocupación de dos empleos públicos rentados simultáneos, habilitando la acumulación de empleos y sueldos a las personas incluidas en las disposiciones de los artículos 272, 283 y 293 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

El Poder Ejecutivo remite mensajes:

- Solicitando:

- venia para destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

- venias para conferir los ascensos al grado de Coronel del Ejército Nacional, con fecha 1º de febrero de 2007, a varios señores Tenientes Coroneles.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

- y comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se designa "Villa Cosmópolis" el liceo Nº 61 del departamento de Montevideo y se autoriza la colocación de una placa con la inscripción "Señor Antonio Montero".

- por el que se autoriza la salida del país del Buque Escuela ROU 20 "Capitán Miranda" y su tripulación, a efectos de realizar el XXVI Viaje de Instrucción.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

El Tribunal de Cuentas remite respuesta al pedido de informes solicitado por el señor Senador Isaac Alfie, relacionado con los informes técnicos producidos por este órgano, referentes a la carta de garantía otorgada por el Ministerio de Economía y Finanzas a favor del Banco de la República Oriental del Uruguay.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR ALFIE.

La Presidencia del Senado remite:

- Resolución Nº 197/07, mediante la cual se dispone la conformación de los Tribunales de Concursos para los próximos llamados a concurso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento de Calificaciones y Concursos.

- TENGASE PRESENTE.

- Resoluciones Nos. 198/07 y 199/07, referidas a los sumarios administrativos instruidos a dos funcionarios de la Cámara de Senadores.

- TENGANSE PRESENTES. PASEN A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

La Cámara de Representantes:

- remite aprobado el proyecto de ley por el que se aprueba la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, suscrita en Caracas, República de Venezuela, el 31 de diciembre de 1998.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- comunica que ha sancionado los siguientes proyectos de ley:

- por el que se concede una pensión graciable a la señora Blanca Victoria Arocha Camejo.

- Por el que se declara el 5 de octubre de cada año "Día Uruguayo del Tango".

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

- y envía copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante Nacional Jaime Trobo, referidas a los daños ocasionados al transporte de carga y a la producción nacional, por el corte de los puentes sobre el Río Uruguay.

- A LA COMISION DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

El señor Senador Francisco Gallinal, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 172 del Reglamento de la Cámara de Senadores, solicita el envío de una exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas y al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, referida al aumento desmedido del Impuesto de Primaria.

- REPARTASE. SE VA A VOTAR LUEGO DE LEIDOS LOS ASUNTOS ENTRADOS.

La Comisión de Transporte y Obras Públicas remite aprobado el proyecto de ley por el que se crea la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) y se determinan sus objetivos y competencias.

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca eleva informado el proyecto de ley por el que se faculta al Poder Ejecutivo a fijar una reserva de garantía a efectos de asegurar el abastecimiento vitivinícola nacional.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informado un proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo de Enmienda al Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, para la Cooperación en la Mejora de la Infraestructura Edilicia y de Equipamiento del Hospital Universitario de la República Oriental del Uruguay (Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela), suscrito en la ciudad de Montevideo, el 4 de noviembre de 2006.

- HAN SIDO REPARTIDOS. ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se sustituye el artículo 217 del Código Penal, referido al atentado contra la regularidad de las telecomunicaciones.

- por el que se modifica el artículo 354 del Código Penal, referido al delito de usurpación.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba el Convenio Marco entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y la República Popular China, sobre Crédito Preferencial otorgado por China a Uruguay, suscrito en Montevideo, el 4 de setiembre de 2006.

- por el que se aprueba el Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica suscrito entre los Gobiernos de los Estados Parte del MERCOSUR y el Gobierno de la República del Perú, suscrito en Montevideo, el 30 de noviembre de 2005.

- por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación en Materia de Tecnologías de la Información, Industria de Software, Equipamiento Informático y Comunicaciones, entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Montevideo, el 9 de diciembre de 2005.

- por el que se aprueba el Protocolo V sobre los Restos Explosivos de Guerra a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, de 10 de octubre de 1980, y la Enmienda al artículo 1º de la referida Convención, realizada por la Segunda Conferencia de Examen, adoptada en diciembre de 2001.

- por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Cultural y Científica entre el Gobierno de la Repú-blica Oriental del Uruguay y el Gobierno de Rumania, suscrito en Bucarest, el 17 de setiembre de 2004.

- por el que se aprueba el Convenio Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Nicaragua, suscrito en Montevideo, el 14 de agosto de 1998.

- REPARTANSE E INCLUYANSE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION DEL SENADO.

La Junta Departamental de Canelones remite nota adjuntando copia de las palabras pronunciadas por el señor Edil Julián Ferreiro, relacionadas con el tema "Banco de Células Madres".

La Junta Departamental de Artigas remite nota comu-nicando la designación como Presidente de dicha Junta, hasta julio de 2007, del señor Edil doctor Carlos Raúl Silveira.

La Junta Departamental de Salto remite nota adjuntando copia de las palabras pronunciadas por el señor Edil Armando Aguirre, relacionadas con problemas en la ciudad de Salto ocasionados por las lluvias.

- TENGANSE PRESENTES."

4) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Los señores Senadores Julio María Sanguinetti, Juan Justo Amaro e Isaac Alfie presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley referido al bienestar animal.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA."

"EXPOSICION DE MOTIVOS

Este Proyecto de Ley procura la creación de un marco jurídico general que regule la relación de los seres humanos con los animales, procurando el bienestar tanto de estos últimos como de la sociedad considerada en forma integral.

Desde el readvenimiento de la Democracia han existido, múltiples intentos para lograr la aprobación de una ley sobre el particular, siendo el primero de ellos el que presentara en 1985 el Representante Nacional Oscar Gestido. Luego se sucedieron distintos proyectos presentados en ambas Cámaras, sin que ninguno de ellos lograra completar el trámite legislativo para transformarse en ley.

El que venimos a presentar ahora reconoce como antecedentes directos al Proyecto enviado por el Poder Ejecutivo el 17 de junio de 1997, cuya redacción correspondió al Grupo de Trabajo constituido por Resolución del Poder Ejecutivo 440/995, que presidió el Dr. Ronald Pais y que estuvo integrado por representantes de los Ministerios de Educación y Cultura; de Ganadería, Agricultura y Pesca; de Salud Pública y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; al Proyecto con idéntico texto presentado por el entonces Senador Ronald Pais el 2 de abril de 1998 y el Decreto 82/2000 del Poder Ejecutivo, de 29 de febrero de 2000, que intentó recoger por vía reglamentaria aquellos aspectos que no requerían la jerarquía de la ley.

Finalmente y sobre esas bases, el antecedente más reciente fue el Proyecto que mereció la sanción por la Cámara de Representantes el 17 de diciembre de 2001, cuya redacción final surgió del trabajo de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de esa Cámara y recogió el voto unánime de todos los partidos políticos allí representados en aquel momento.

Uruguay fue, a principios de siglo, un país de avanzada en legislación sobre esta materia, no pensando en la sola protección de los animales que de por sí es importante, sino en la formación de hombres y mujeres que entiendan que una mejor calidad de vida estará íntimamente relacionada con la forma en que tratemos y nos relacionemos con los animales.

Esa es la razón por la que hemos preferido el término "Bienestar" al término "Protección". Para empezar porque tiene un sentido más amplio que resulta recogido por las legislaciones más modernas, incluyendo la protección como un aspecto pero no el único que la norma abarca. Además, porque los efectos del bienestar que aportan las acciones perseguidas por la ley benefician tanto a los animales como a los humanos que con ellos conviven.

Somos concientes que, en la medida en que la norma incursiona sobre actividades que hasta ahora no han tenido regulación, será inevitable que los titulares de determinados intereses combatan su aprobación.

No obstante, a la luz del intenso trabajo realizado con anterioridad, entendemos que es absolutamente imperioso e impostergable establecer un marco general que permita: a)

Afirmar los principios generales sobre los que deberá desarrollarse una actividad reglamentaria ulterior, b) Consagrar la tenencia responsable de animales con sus derechos y obligaciones correlativas, c) Crear una entidad que dedique sus esfuerzos a avanzar en esta materia, con objetivos y competencias claros, d) Aportar los medios de financiación para una actividad de esta naturaleza, los que deben provenir, esencialmente de quienes obtienen un lucro por actividades directamente relacionadas con los animales y e) Sancionar efectivamente los actos de maltrato y crueldad contra animales, los que, hasta ahora y por falta de normas adecuadas han permanecido impunes.

Las Sociedades Protectoras de Animales de nuestro país y de otros, gustan de citar a Mahatma Gandhi cuando expresó: "La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por el modo en el que se trata a sus animales."

Creemos que es una cita adecuada para recordarnos que no debemos dilatar más la aprobación de una ley sobre esta materia.

Julio María Sanguinetti, Juan Justo Amaro, Isaac Alfie. Senadores.

BIENESTAR ANIMAL

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Esta ley y sus disposiciones, serán consideradas de interés general:

Reconoce la vida y la integridad de los animales, en condiciones de dignidad y decoro, conforme a las características de cada especie, como una cualidad esencial de los mismos que amerita su protección.

Atiende los aspectos necesarios del bienestar de los animales dentro del territorio de la República, sin perjuicio de las normas ya existentes.

Regula la tenencia de animales a efectos de que sea compatible con la seguridad de las personas, bienes y otros animales.

Artículo 2º.- La expresión "animales" comprende a los vertebrados sean silvestres, bravíos o salvajes; a los domésticos; a los domesticados; a los domésticos o domesticados de renta; a los de compañía y a los de experimentación, de investigación o de docencia, entendiéndose por:

A) Animales silvestres, bravíos o salvajes, a los pertenecientes a todas las especies zoológicas que generalmente se han criado sin intervención humana y habitualmente tienden a vivir libres e independientes de los seres humanos, aun cuando se encuentren en cautiverio.

B) Animales domésticos, a los que perteneciendo a especies que viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre han sido criados o se mantienen en compañía de él.

C) Animales domesticados, a los que perteneciendo a especies que ordinariamente no viven bajo la dependencia del hombre, han sido criados o se mantienen en compañía de él.

D) Animales domésticos o domesticados de renta los que son dedicados o destinados para obtener una utilidad o beneficio por parte de una persona física o jurídica.

E) Animales de compañía, a los domésticos o domesticados que mantenidos igualmente por una persona física o jurídica los alberga sin intención lucrativa y reciben de ésta atención, protección, alimento y cuidados sanitarios.

F) ProsecretariaAnimales de experimentación, de investigación o de docencia, a los que son utilizados o destinados a cualquiera de estas actividades.

Artículo 3º.- Esta ley tiene por objeto:

A) Promover la salud y el bienestar de los animales, asegurándoles higiene, sanidad y condiciones apropiadas de existencia.

B) Regular las relaciones entre los seres humanos y los animales con el fin de promover la salud y el bienestar de ambos.

C) Desarrollar programas de educación e información que promuevan el respeto y el cuidado de los animales.

D) Propiciar el respeto y la consideración a los seres vivos.

E) Prevenir y tratar el dolor o sufrimiento de los animales.

F) Compatibilizar las actividades de aprovechamiento sustentable de los animales con un trato humanitario y sensible hacia ellos.

G) Determinar las responsabilidades que le correspondan a los propietarios y tenedores de animales a cualquier título, sin perjuicio de las demás disposiciones existentes en la materia.

H) Regular en los casos de animales utilizados para experimentación, que a éstos se les brinden los cuidados adecuados, que no se les cause innecesariamente dolor, sufrimiento o lesión prolongada, evitando toda duplicación inútil de experimentos y que el número de animales utilizados se reduzca al mínimo.

I) Erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales.

J) Crear ámbitos de coordinación, propuesta y control de políticas estatales para lograr los objetivos referidos precedentemente.

Artículo 4º.- Quedan exceptuados del reconocimiento a la vida y a la integridad, establecidos por el artículo 1º de esta ley, los animales:

A) Que sean declarados plagas o de riesgo para la salud humana o de otros animales.

B) Los que, por resolución de la autoridad competente y previo dictamen de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, sean objeto de control en el número de individuos por superpoblación, control biológico de las especies o medidas de prevención y erradicación de enfermedades.

C) Los destinados a la producción de alimentos o a la generación de insumos industriales, cuya explotación esté expresamente autorizada por la autoridad competente.

D) Aquellos respecto de los cuales se autorice la caza deportiva o comercial en los períodos anuales que establezca la reglamentación, para cada una de las especies de que se trate.

E) Los comprendidos en el literal F) del artículo 2º, con los fines y requisitos que establezca esta ley y su reglamentación.

Las excepciones establecidas en el presente artículo, no autorizan la realización de actos de maltrato y crueldad, según se define en esta ley.

En todos los casos, la caza, sacrificio o muerte de los animales, deberá tener lugar mediante técnicas que tiendan a infligirles el menor sufrimiento y aflicción posibles.

Artículo 5º.- Queda expresamente prohibido, sin perjuicio de otras disposiciones que esta ley y las normas vigentes determinan:

A) El maltrato y las lesiones con ánimo cruel de los animales.

B) Dar muerte a un animal en un lugar público, salvo por motivos de fuerza mayor o peligro.

C) Dar muerte por envenenamiento, ahorcamiento u otros procedimientos que le causen sufrimientos innecesarios o una agonía prolongada.

Se exceptúa de esta disposición el empleo de plaguicidas o productos similares utilizados para combatir animales dañinos o plagas domésticas o agrícolas, siempre y cuando la aplicación se realice al amparo de la normativa vigente.

D) Suministrar a animales drogas o medicamentos perjudiciales para su salud e integridad, o forzarlos más allá de su capacidad.

E) El uso de animales vivos para la práctica de tiro al blanco.

F) La cría, la hibridación, el adiestramiento o cualquier manipulación genética de animales con el propósito de aumentar su peligrosidad.

G) Promover las peleas entre animales.

H) Las riñas entre gallos, corridas de toros, novilladas o parodias en que se mate u hostilice a animales.

I) En los circos o zoológicos públicos o privados, ofrecer a los animales cualquier tipo de alimentos u objetos cuya ingestión pueda causarles daño o enfermedad.

J) Alimentar a animales con otros animales vivos, con excepción de las especies que, por sus particularidades y por sus hábitos necesiten de los mismos como su única forma de supervivencia.

Artículo 6º.- No se considera maltrato de animales a las prácticas o actividades, pacífica y generalmente admitidas por la sociedad, que forman parte de espectáculos tradicionales o deportes y que se realicen sin ánimo cruel.

Artículo 7º.- Las intervenciones quirúrgicas sobre animales sólo pueden ser practicadas por veterinario con título habilitante.

Se exceptúa de lo dispuesto en el inciso anterior:

A) Las intervenciones quirúrgicas con fines educativos, las que deberán ser supervisadas por el docente a cargo.

B) La marcación, señalado, castración de machos, descorne, descole y otras maniobras sobre animales que el Poder Ejecutivo incluya en la reglamentación.

Artículo 8º.- Podrá prohibirse por la autoridad competente, la tenencia de animales a las personas:

A) Que hayan sido sancionadas o condenadas por dos o más transgresiones a esta ley a juicio de dicha autoridad.

B) Que hayan sido declaradas absolutamente incapaces.

Para salvaguardar la integridad de los animales sometidos a condiciones de maltrato o crueldad, los mismos podrán ser confiscados por la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal creada por el artículo 21 de esta ley o puestos transitoriamente por dicha Comisión en custodia de otras personas físicas o jurídicas, hasta tanto no exista decisión por la autoridad competente sobre su destino.

Artículo 9º.- Se reconoce a la fauna silvestre, sin perjuicio de lo que dispongan las normas jurídicas específicas sobre la misma, como parte integrante del patrimonio nacional, siendo obligación de todos los habitantes de la República colaborar en su protección, conservación, fomento y aprovechamiento racional sostenible.

Artículo 10.- Los circos y jardines zoológicos públicos y privados deberán mantener a los animales en condiciones que contemplen las necesidades básicas de espacio y medio ambiente de la especie de que se trata.

Los titulares de los establecimientos referidos en el inciso anterior deberán cumplir, además, con las obligaciones preceptuadas por el artículo 15 de esta ley.

Artículo 11.- El transporte de animales por arreo o por cualquier tipo de vehículo, se realizará de acuerdo a lo que dispongan las normas legales y reglamentarias específicas en la materia.

En todos los casos se deberán emplear procedimientos que no impliquen ánimo cruel.

Artículo 12.- La faena de animales para consumo, incluidos los destinados para fines religiosos, deberá realizarse observando las leyes y reglamentos aplicables en la materia.

Artículo 13.- Toda actividad rentada con utilización de animales vivos, estará sujeta a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo y a la supervisión de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal.

Por razones relevantes de conservación de las especies, el Poder Ejecutivo regulará o prohibirá la importación, exportación y tránsito de animales, pudiendo incluir en sus prescripciones a los productos de origen animal.

Artículo 14.- Las personas con capacidades diferentes que utilicen para sus desplazamientos animales especialmente adiestrados, podrán acceder acompañados por éstos, a todos los lugares abiertos al público.

TITULO II

DE LOS ANIMALES DOMESTICOS Y DE COMPAÑIA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 15.- Todo tenedor de un animal, a cualquier título, está obligado a:

A) Mantenerlo en condiciones físicas y sanitarias adecuadas, inmunizándolo contra las enfermedades transmisibles y combatir las que ya padezca.

B) Proporcionarle alojamiento, alimento y abrigo en cantidad y calidad suficientes a las características de su especie o raza.

C) Prestarle trato adecuado a su especie o raza.

D) Abonar los tributos que correspondan por la posesión del animal.

E) No dejarlo suelto en lugares públicos o de libre acceso, ni abandonarlo.

F) Permitir el acceso a las autoridades competentes a los efectos de la fiscalización y contralor de la tenencia del animal.

Artículo 16.- Todo tenedor de un animal deberá declararlo ante la autoridad competente, de acuerdo a la reglamentación que se dicte, a efectos estadísticos, sanitarios, identificatorios y de responsabilidad que pudiera corresponderle, derivado de la tenencia de un animal.

CAPITULO II

DEL ABANDONO

Artículo 17.- Todo tenedor de un animal que lo abandone deliberadamente seguirá siendo responsable del mismo y de los perjuicios que pudiere ocasionar a terceros, conforme a las previsiones legales existentes, además de ser sancionado administrativamente en los términos establecidos en esta ley y su reglamentación.

Artículo 18.- El Poder Ejecutivo podrá reglamentar el remate, la esterilización, el sacrificio u otro destino de animales confiscados.

El producido resultante de la venta de estos animales será devuelto a su propietario, luego de la deducción de los gastos ocasionados.

El sobrante de la venta de un animal que no tenga o se desconozca su propietario se destinará al Fondo de Protección Animal creado por el artículo 26 de esta ley.

CAPITULO III

DEL SACRIFICIO DE LOS ANIMALES

Artículo 19.- El sacrificio de un animal no destinado al consumo humano, sólo podrá realizarse previa opinión fundada favorable de profesional veterinario:

A) Para poner fin a intensos sufrimientos producidos por lesión grave, enfermedad incurable o cualquier otra causa física irreversible.

B) Por incapacidad; impedimento grave debido a pérdida anatómica; disfunción de un órgano o miembro o por deformidad grave y permanente.

C) Por vejez extrema.

D) Por razones sanitarias o cuando el animal implique riesgos para la población o para otros animales.

E) Cuando el animal haya sido sometido a experimentación, en las circunstancias y condiciones que establecen las disposiciones de esta ley para esos casos.

Artículo 20.- Quedan exceptuados de lo dispuesto por el artículo 19 de esta ley:

A) Cuando se obre en legítima defensa actual o inminente, propia o de un tercero.

B) Cuando el destino del animal sacrificado sea el consumo por otros animales, previa autorización de la autoridad competente y en observancia de las reglamentaciones sanitarias específicas.

C) Por cumplimiento de un deber legal o de orden legítima de autoridad competente.

TITULO III

COMISION NACIONAL HONORARIA DE BIENESTAR ANIMAL

CAPITULO I

CREACION

Artículo 21.- Créase la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, con carácter de persona jurídica de derecho público no estatal, que estará integrada por nueve miembros que serán designados:

A) Uno por el Poder Ejecutivo, que la presidirá.

B) Uno por el Ministerio de Salud Pública.

C) Uno por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

D) Uno por el Ministerio de Educación y Cultura.

E) Uno por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

F) Uno por el Ministerio del Interior.

G) Uno por el Congreso de Intendentes.

H) Uno por la Universidad de la República.

I) Uno por las sociedades protectoras de animales con personería jurídica.

La Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal elegirá de su seno un Vicepresidente y un Secretario.

La representación legal de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal será ejercida por su Presidente y Secretario, actuando conjuntamente.

Artículo 22.- Los integrantes de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal serán designados por el Poder Ejecutivo, a propuesta de las instituciones respectivas, de conformidad con lo establecido por el artículo 21 de esta ley y por un período de cuatro años. Podrán ser reelectos y se mantendrán en el ejercicio de sus cargos hasta tanto sean nombrados quienes deban sustituirlos.

Si las mencionadas instituciones no realizaran las propuestas en el plazo que a tales efectos fije la reglamentación, el Poder Ejecutivo podrá proceder directamente a la designación.

Artículo 23.- La Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, dentro de los primeros noventa días de su instalación, deberá aprobar su reglamento interno.

CAPITULO II

COMETIDOS Y FACULTADES

Artículo 24.- Son cometidos de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, además de los dispuestos en esta ley:

A) Asesorar al Poder Ejecutivo, previa y preceptivamente, sobre las políticas y los programas que estime necesarios o convenientes para el cumplimiento de los fines de esta ley.

B) Planificar, organizar, dirigir, evaluar y colaborar en la ejecución de los programas que se coordinen con el Poder Ejecutivo.

C) Informar al Poder Ejecutivo en materia de compromisos internacionales concernientes a los animales y velar por el cumplimiento de los mismos.

D) Realizar o fomentar investigaciones y estudios relacionados con la situación de los animales, su comportamiento y su protección.

E) Organizar, dirigir y coordinar los programas de información que coadyuven a una más armónica y sana convivencia de los seres humanos con los animales.

F) Controlar las condiciones de aprovechamiento sustentable de los animales, haciendo las recomendaciones que crea del caso para evitar abusos y una irracional utilización de los mismos.

G) Recepcionar las denuncias sobre actos de maltrato y crueldad contra los animales o de otras infracciones a la presente ley, requiriendo la intervención de las autoridades públicas competentes, a los efectos de prevenir tales situaciones o sancionar a los responsables.

H) Controlar a las personas físicas o jurídicas, cualesquiera que sean sus fines, que utilicen animales, supervisando que las condiciones en que éstos sean mantenidos y utilizados respondan a las previsiones de esta ley y su reglamentación, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia tengan asignados los organismos estatales.

I) Organizar y administrar el registro de Prestadores de Servicios Animales, creado por el artículo 27 de esta ley.

J) Promover y someter a reconocimiento en el plano nacional e internacional a las pruebas y procedimientos que permitan renunciar a experimentos sobre animales o reducir el número de animales utilizados en los mismos.

K) Crear o promover refugios públicos o privados para animales sin dueños, abandonados o extraviados.

L) Designar comisiones asesoras, a efectos de cumplir los cometidos de carácter permanente o transitorio, pudiendo acudir a las personas físicas o jurídicas que estimen conveniente.

Artículo 25.- La Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, a los efectos del cumplimiento de los cometidos asignados por esta ley y demás normas concordantes o complementarias, podrá:

A) Administrar y disponer los recursos que se establezcan legalmente, a fin de aplicarlos a sus respectivos programas.

B) Contratar el personal o los servicios que considere necesarios.

C) Comunicarse directamente con todas las reparticiones públicas, las que tendrán la obligación de prestar su más amplia cooperación a la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal. Se considerará falta administrativa grave el ocultamiento de información o la obstaculización no justificada al accionar de dicha Comisión.

D) Firmar convenios de intercambio técnico, de apoyo financiero o de desarrollo de programas.

E) Recibir herencias, legados y donaciones, y administrar esos recursos dando cuenta anualmente al Poder Ejecutivo.

F) Confiscar aquellos animales sujetos a maltrato o crueldad por parte de sus tenedores a cualquier título, tomando las medidas más adecuadas a las circunstancias del caso.

G) Encomendar o autorizar la esterilización o la eutanasia de animales sin dueños, abandonados o extraviados.

H) Aplicar y cobrar las multas establecidas en esta ley.

I) Recurrir al auxilio de la fuerza pública, cuando sea necesario, para el cumplimiento de sus cometidos.

CAPITULO III

FONDO DE PROTECCION ANIMAL

Artículo 26.- Créase el Fondo de Protección Animal que será administrado por la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal y que se integrará con los siguientes recursos:

A) El producto de toda clase de ingresos que deriven de la gestión de las áreas y bienes afectados a la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal.

B) El producto percibido por la aplicación de las multas y por remate de decomisos aplicados por infracciones a las disposiciones de esta ley.

C) El producto de la Tasa de Registro de Prestadores de Servicios Animales, creada por el artículo 28 de esta ley y otros tributos cuyo producido se le asigne.

D) Los fondos procedentes de préstamos y demás financiamientos que se concedan.

E) Las herencias, legados y donaciones que reciba.

F) Contraprestaciones de servicios prestados por la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal.

G) El producto de colectas públicas, sorteos y espectáculos a beneficio.

El Fondo de Protección Animal estará exceptuado de la limitación en la titularidad y disponibilidad de fondos dispuestas en el artículo 589 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

El Fondo de Protección Animal tendrá por finalidad atender inversiones y gastos, enmarcado en los planes y programas que deberá elaborar la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, tendientes a contribuir a un mayor bienestar de los animales, teniendo como prioridad a los animales errantes o abandonados, así como el funcionamiento de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal.

Los recursos correspondientes serán depositados en una cuenta especial en el Banco de la República Oriental del Uruguay, denominada Fondo de Protección Animal.

CAPITULO IV

REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS ANIMALES

Artículo 27.- Créase el Registro de Prestadores de Servicios Animales en el que deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas que:

A) Presten servicios para animales de compañía.

B) Comercialicen animales de compañía o productos para animales de compañía.

C) Utilicen animales para el desarrollo de actividades de renta con fines recreativos o de carga.

D) Sean incluidos por la reglamentación.

El Poder Ejecutivo reglamentará las actividades comprendidas, los requisitos y las condiciones para la habilitación de los prestadores de servicios animales, correspondiendo su supervisión y control a la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal.

Los prestadores de servicios animales tendrán un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la reglamentación de esta ley para proceder a su inscripción so pena de ser pasibles de la aplicación de la multa correspondiente.

El Registro de Prestadores de Servicios Animales dependerá de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal.

CAPITULO V

TASA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS ANIMALES

Artículo 28.- Créase la Tasa de Registro de Prestadores de Servicios Animales.

Serán contribuyentes las personas físicas o jurídicas que deban inscribirse en el referido registro de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27 de esta ley.

Quedan exonerados del pago de la tasa, no así de su inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios Animales, los profesionales veterinarios que actúen en el ejercicio de la profesión, las sociedades protectoras de animales y las personas físicas o jurídicas que determine la reglamentación.

El valor de la tasa será fijado anualmente por el Poder Ejecutivo.

Artículo 29.- El cobro de la tasa y la aplicación y cobro de las multas se harán por intermedio de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal y el Ministerio del Interior, en la forma que determine la reglamentación respectiva.

CAPITULO VI

DE LOS RECURSOS

Artículo 30.- Contra las resoluciones de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal procederá el recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación al interesado.

Una vez interpuesto el recurso, la Comisión dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver el asunto y se configurará denegatoria ficta por la sola circunstancia de no dictarse resolución dentro de dicho plazo.

Denegado el recurso de reposición el recurrente podrá interponer únicamente por razones de juridicidad, demanda de anulación del acto impugnado ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil del turno que corresponda según la fecha en que dicho acto fue dictado.

La interposición de esta demanda deberá hacerse dentro del término de veinte días de notificada la denegatoria expresa o en su defecto, del momento en que se configure la denegatoria ficta.

La demanda de anulación sólo podrá ser interpuesta por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto impugnado.

La sentencia del Tribunal no admitirá recurso alguno.

CAPITULO VII

DEL PERSONAL

Artículo 31.- El personal de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal se regirá por las normas del derecho privado.

CAPITULO VIII

SANCIONES

Artículo 32.- Las infracciones a las disposiciones de esta ley, contenidas en los Títulos II y III, serán sancio-nadas por la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, teniendo en cuenta su gravedad, de la siguiente forma:

A) Multa de 5 UR (cinco unidades reajustables) a 1.000 UR (mil unidades reajustables).

B) Comiso de animales vivos.

C) Suspensión o cancelación de autorizaciones, habilitaciones o inscripciones.

TITULO IV

CAPITULO I

EXPERIMENTACION

CAPITULO I

DE LOS ANIMALES DE EXPERIMENTACION Y DOCENCIA

Artículo 33.- El uso de animales en experimentos, prácticas de diagnóstico y entrenamiento profesional se realizará únicamente cuando esté justificado ante la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal que tal uso es imprescindible para el estudio y avance de la ciencia o la formación profesional, y siempre y cuando esté demostrado:

A) Que los resultados deseados no puedan obtenerse por otros procedimientos o técnicas alternativas.

B) Que las experiencias o prácticas son necesarias para el control, la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades que afecten al hombre o a los animales.

Artículo 34.- Antes de la manipulación de un animal que pueda resultar dolorosa, deberá brindársele sedación, analgesia o anestesia, según las prácticas veterinarias mayoritariamente aceptadas.

Artículo 35.- Al final del experimento o durante él, si es necesario se le dará muerte bajo anestesia general al animal que, de quedar con vida, padeciera dolores agudos o crónicos, trastornos, molestias o discapacidades irreversibles.

Artículo 36.- Se prohíbe la reiteración de cirugías ablasivas con carácter experimental sobre un mismo animal, salvo que se hagan sucesivamente en el mismo acto quirúrgico o se trate de actos de cirugía menor.

Artículo 37.- Las instituciones y los responsables de los actos experimentales con animales quedan obligados a instaurar tratamientos médicos destinados a la recuperación y analgesia de los que no deban ser sacrificados como consecuencia de maniobras experimentales.

Artículo 38.- Para cada experimento sobre animales que esté debidamente autorizado por la autoridad competente, debe establecerse un proceso o protocolo, consignando el objetivo, modo de ejecución, los anestésicos que eventualmente se autorizarán, así como la especie y número de animales a utilizar.

Los protocolos serán conservados durante tres años y estarán a disposición de la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal.

Artículo 39.- Los animales utilizados para la experimentación científica o demás actividades establecidas en el artículo 33 que sean objeto de cirugía, vivisección u otras manipulaciones, serán mantenidos con:

A) Transporte, condiciones ambientales de alojamiento, alimentación y agua potable en forma, cantidad y calidad suficientes para sus necesidades y para conservar la salud.

B) Servicio de atención veterinaria con fines de vigilancia sanitaria, prevención de enfermedades y cuidado de animales enfermos o lesionados.

Artículo 40.- Los bioterios y laboratorios de experimentación serán dirigidos por personal capacitado en la materia.

Artículo 41.- Los experimentos que no se ajusten a esta ley y a su reglamento, podrán ser denunciados por cualquier persona física o jurídica, ante la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal.

CAPITULO II

LOCALES DE EXPERIMENTACION

Artículo 42.- El Poder Ejecutivo reglamentará los requisitos mínimos que deberán cumplir para su funcionamiento los locales donde se efectúen experimentaciones en animales y se alojen los mismos.

CAPITULO III

SANCIONES

Artículo 43.- Las infracciones a las disposiciones de esta ley, contenidas en el Título IV, serán sancionadas por la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, teniendo en cuenta su gravedad, de la siguiente forma:

A) Multa de 5 UR (cinco unidades reajustables) a 1.000 UR (mil unidades reajustables).

B) Comiso de animales vivos.

C) Cierre temporal o clausura de locales de experimentación.

D) Suspensión o cancelación de autorizaciones, habilitaciones o inscripciones.

TITULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 44.- El que maltratare, torturare, lesionare o matare a un animal, fuera de las excepciones previstas en esta ley, será castigado con multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 100 UR (cien unidades reajustables).

En caso de imposibilidad del pago, hecho que deberá constatarse fehacientemente, o cuando el Juez de la causa, por razones fundadas entendiere pertinente, dispondrá en sustitución de la multa, la aplicación de medidas alternativas las que deberán estar orientadas al cumplimiento de las finalidades de esta ley.

Artículo 45.- Se considerarán agravantes y serán castigados con pena de tres a nueve meses de prisión, si los hechos fueren cometidos:

A) Omitiendo contumazmente alimentar en calidad y cantidad suficientes a los animales domésticos o cautivos.

B) Azuzando al animal para el trabajo mediante instrumentos que siendo de simple estímulo, le provoquen innecesarios castigos o padecimientos dolorosos.

C) Haciendo trabajar al animal en jornadas excesivas sin proporcionarle descanso adecuado, según las estaciones climáticas, estado físico o fisiológico.

D) Esforzando a trabajar a un animal que no se halle en estado físico o fisiológico para hacerlo.

E) Suministrando al animal drogas sin fines terapéuticos.

F) Utilizando al animal para el tiro de vehículos o transporte de carga que excedan notoriamente sus fuerzas.

G) Encerrando, amarrando, encadenando al animal causando sufrimiento innecesario entendiendo por tal cualquier lugar que no esté debidamente ventilado, alumbrado, protegido, o que no tenga suficiente espacio o protección al calor, frío o las inclemencias del tiempo.

H) Utilizando animales para exhibiciones, publicidad, filmaciones o fines análogos de forma que resulte manifiestamente doloroso para ellos o les ocasione malos tratos o daños.

I) Experimentando con animales sin haber cumplido con los requisitos establecidos en el Título IV de esta ley.

J) Interviniendo quirúrgicamente animales sin anestesia o sin poseer título de profesional veterinario, salvo los casos de urgencia debidamente comprobados.

K) Matando animales grávidos, cuando sea notorio tal estado, salvo el caso de industrias legalmente establecidas que se dediquen a la explotación del nonato o cuando dicha muerte se realice por razones sanitarias o en situaciones de catástrofe.

L) Como parte de un espectáculo público.

M) Abandonando a sus propios medios a los animales que se hubieren utilizado anteriormente en experimentaciones.

N) Si mediare alguna de las circunstancias previstas en los incisos tercero y cuarto del artículo 5º del Código Penal.

El Juez de la causa podrá sustituir la pena de prisión por medidas alternativas, las que deberán estar orientadas al cumplimiento de las finalidades de esta ley.

Artículo 46.- Se considerarán agravantes especiales y serán castigados con pena de seis meses a un año de prisión, si los hechos fueren cometidos:

A) Mutilando al animal.

B) Con impulso de brutal ferocidad o sevicia.

C) Como parte de un juego de apuestas.

D) Si los hechos se cometieren contra animales cautivos o expuestos al público en circos, parques zoológicos y establecimientos comerciales, incluyendo ferias y puestos callejeros o destinados al servicio público o de utilidad, defensa o beneficencia públicas.

Artículo 47.- Agrégase al inciso primero del artículo 1º del Título 11 del Texto Ordenado de las normas tributarias de competencia de la Dirección General Impositiva (DGI), el siguiente numeral:

"19) Raciones balanceadas, complementos alimenticios y alimentos preparados para perros y gatos, hasta el 3% (tres por ciento)".

El producido por la aplicación de lo dispuesto en el numeral que se agrega será destinado a la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal.

Artículo 48.- Facúltase a la Comisión Nacional Honoraria de Lucha contra la Hidatidosis a destinar hasta el veinticinco por ciento (25%) de lo recaudado por concepto de Patente de Perro, para realizar o solventar, en coordinación con la Comisión Nacional Honoraria de Bienestar Animal, campañas masivas de esterilización de perros errantes o abandonados.

Artículo 49.- Todo documento que imponga la aplicación de una multa por infracciones a las disposiciones contenidas en esta ley, constituirá título ejecutivo a todos sus efectos.

DISPOSICION TRANSITORIA

Artículo 50.- El Poder Ejecutivo reglamentará dentro de los primeros ciento ochenta días siguientes a la promulgación de esta ley, las disposiciones de la misma.

Podrá establecer normas específicas a las que se ajustarán la crianza, los locales especialmente destindos a la atención clínica veterinaria, el pensionado, el adiestramiento y el entrenamiento de los animales de compañía; la fabricación, introducción al territorio nacional y comercialización de alimentos para dichos animales; la fabricación, introducción al territorio nacional y comercialización de productos para los mismos, con la excepción de los específicos veterinarios; las actividades e instalaciones de sociedades protectoras de animales y el trabajo con utilización de animales de compañía.-

Julio María Sanguinetti, Juan Justo Amaro, Isaac Alfie. Senadores."

5) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"De conformidad con lo establecido por el artículo 118 de la Constitución de la República, el señor Senador José Korzeniak solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, con destino a la Dirección Nacional de Correos, relacionado con reparaciones realizadas a vehículos pertenecientes a dicha repartición.

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO."

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 22 de marzo de 2007.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a Ud. eleve al Ministerio de Educación y Cultura para que por su intermedio curse a la Dirección Nacional de Correos el siguiente pedido de informes:

1.- Si durante el año 1987 vehículos del correo eran llevados para su reparación al taller del Sr. Fernando Martínez, en las inmediaciones de las calles San Martín y Bulevar Artigas.

2.- En caso afirmativo, cuál era el procedimiento por el que esa Dirección escogió dicho Taller para las reparaciones de los mismos.

José Korzeniak. Senador."

6) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Rubio solicita licencia el día 28 de marzo".

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Sr. Santiago González Barboni).-

"Montevideo, 27 de marzo de 2007.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi consideración:

Por este medio solicito licencia al Cuerpo que usted preside, para el día 28 de marzo de 2007, por motivos personales.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

Prof. Enrique Rubio. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Gustavo Penadés solicita licencia del 9 al 17 de abril".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Sr. Santiago González Barboni).-

"Montevideo, 28 de marzo de 2007.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente

De mi mayor consideración:

A través de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Ud., con el fin de solicitarle licencia, por motivos personales, desde el 9 al 17 de abril del año en curso, inclusive.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Gustavo C. Penadés. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 18 en 19. Afirmativa.

Queda convocado a partir del 9 de abril el señor Senador Ambrosio Rodríguez.

7) SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR SENADOR RUBIO PARA OCUPAR LA DIRECCION DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y SU RENUNCIA A LA BANCA EN EL SENADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una nota llegada a la Mesa.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Sr. Santiago González Barboni).-

"Montevideo, 27 de marzo de 2007.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito al Cuerpo el consentimiento previsto en el artículo 122 inciso primero de la Constitución de la República, en virtud que el Señor Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, me ha propuesto ocupar la Dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Asimismo presento renuncia a la Banca como Senador titular electo para el período legislativo 2005-2010 de conformidad con el resultado de las elecciones realizadas el 31 de octubre de 2004.

Es muy importante el desafío que se me plantea, pero sepan todos que después de doce años cumpliendo funciones en el Parlamento Nacional, mi afecto con quienes pertenecen a esta Casa continuará en todos sus términos y que trabajaremos juntos por los mejores destinos del país.

Saluda muy cordialmente,

Enrique Rubio. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: lo que voy a proponer es una resolución.

El señor Senador Rubio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, cumple lo que allí se dice en el sentido de que para aceptar otro cargo rentado del Estado necesita autorización de la Cámara a la que pertenece. Simultáneamente, presenta renuncia a su cargo de Senador.

Por lo tanto, propongo que el Senado dicte una resolución que diga que se concede la autorización prevista en el inciso primero del artículo 122 de la Constitución de la República y, simultáneamente, que se acepta la renuncia presentada en los términos solicitados en la carta de 27 de marzo de 2007.

Creo que eso es lo que hay que hacer desde el punto de vista resolutivo. Es, en definitiva, una propuesta de resolución del Senado.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Queremos solicitar un cuarto intermedio de quince minutos porque tenemos algunas dudas de carácter institucional sobre la aplicación del inciso primero del artículo 122. Nosotros hemos interpretado que aquí se produce directamente la renuncia por parte del señor Senador y que no estaría incluida en el inciso primero y, muchos menos, en el inciso segundo dadas las características especiales que reviste. Pero, como todavía no tenemos una posición definida, solicitamos el cuarto intermedio para formular algunas consultas.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Temo que de pronto la propuesta que hice no se captó en toda su plenitud. Hablo del inciso primero del artículo 122, no del segundo que -obviamente- se refiere a los Ministros y este no es un cargo de Ministro. Cuando un Legislador va a aceptar un empleo rentado del Estado tiene que pedir -así lo dice la Constitución- autorización a la Cámara a la que pertenece. No puede renunciar sin pedir autorización cuando es para recibir un empleo rentado del Estado, porque el texto lo establece claramente. Ahora bien, simultáneamente -y, entonces sí, se despejan todas las dudas sobre qué quiere decir "vacante", si es definitiva y demás- el señor Senador Rubio renuncia y, por lo tanto, aunque todos tenemos derecho a dudar de todos, la propuesta me parece elemental. Repito que es probable que el carácter tan contundente de una renuncia haga pensar a alguno para qué pide autorización a la Cámara si renuncia. Eso es así porque lo dice la Constitución. Puede ocurrir -y se ha hecho- que haya personas que renunciaron a sus respectivas Cámaras, después de incorporados para recibir un empleo rentado, sin pedir autorización. Esta situación se extiende, incluso, un año más después de que las personas cesen en el cargo, pero aquí se quiere cumplir escrupulosamente.

No sé si había quedado claro cuál era el texto que proponía en el sentido de que se autorice a aceptar el cargo y, simultáneamente, se acepte la renuncia.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia estima que tanto la nota del señor Senador Rubio como la propuesta del señor Senador Korzeniak son claras. Sin embargo, es de estilo acceder al pedido de cuarto intermedio cuando alguna de las Bancadas lo solicita.

En consecuencia, se va a votar la solicitud formulada por el señor Senador Abreu.

(Se vota:)

- 23 en 26. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio.

(Así se hace. Es la hora 16 y 22 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 16 y 35 minutos)

-Dese cuenta de una moción llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Sr. Santiago González Barboni).-

"Concédese la autorización prevista en el Art. 122 inciso primero de la Constitución de la República y simultáneamente acéptase la renuncia presentada por el señor Senador Enrique Rubio en nota de fecha 27/03/07". Firman los señores Senadores Lorier, Xavier, Dalmás, Percovich, Ríos, Bentancor, Baráibar, Vaillant, Korzeniak, Breccia, Michelini, Gamou y Cid.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una nota de desistimiento llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Sr. Santiago González Barboni).-

"Montevideo, 28 de marzo de 2007

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente comunico que por esta vez no acepto la convocatoria a integrar la Cámara por usted presidida.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,

Doctor José Bayardi Lozano".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, se convoca al señor Juan José Bentancor, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

9) SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR SENADOR RUBIO PARA OCUPAR LA DIRECCION DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Y SU RENUNCIA A LA BANCA EN EL SENADO

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Obviamente, ni para mí ni para los compañeros del sector del ex-Senador Rubio ha sido agradable votar la renuncia a este Cuerpo de quien ha sido un puntal de esta Bancada de Legisladores en el ejercicio del Gobierno. Sin embargo, esperamos que sus dotes y capacidad constituyan un nuevo aporte en el ámbito del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, damos la bienvenida al compañero Juan José Bentancor -quien hasta hoy ocupaba una banca en la Cámara de Representantes- que seguramente aportará otro perfil a nuestra Bancada.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: el ex-Senador Rubio -cuya renuncia aceptamos- no se aleja de la actividad política, no se retira de la fuerza política que integra y tampoco de su sector, sino que asume un enorme desafío que, además, implica menores recursos económicos. La vida dirá si el desempeño que le quepa en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto está acorde con la expectativa del Poder Ejecutivo.

Quiero destacar que asumió un desafío, el más importante, el de realizar obras, luego de haber estado muchos años en esta Casa. Creo que no sólo es un orgullo para toda su fuerza política y para el propio Poder Ejecutivo, sino también para muchos de los señores Senadores que estamos hace años aquí, que alguien diga que está dispuesto a asumir en política este desafío que la vida le ha impuesto.

Por el país, por el Gobierno, por su fuerza política y por su sector, así como por el reconocimiento que hacia él tenemos y por la amistad que mantenemos, le deseamos mucha suerte. Consideramos que con su actitud hará historia; quizás, en otra oportunidad y con otros Gobiernos, también haya quienes asuman responsabilidades sin tomar en cuenta los costos ni el riesgo.

Por último, queremos saludar al compañero Bentancor, quien seguramente pondrá todo su talento y energía a la orden de este Senado.

SEÑOR CID.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: hemos aceptado la renuncia presentada por el ex-Senador Rubio a este Cuerpo, con un sentimiento encontrado. Por un lado, sentimos satisfacción por el hecho de que el ex-Senador Rubio haya sido convocado por el señor Presidente de la República para ocupar un cargo importante y trascendente en la vida nacional pero, por otro, nos provoca cierto dolor el perder a un compañero que ha sido muy importante en el ámbito legislativo, por su seriedad, por su meticulosidad y por el estudio profundo que hacía de todos los temas que han sido considerados en este Senado, con sus matices y singularidades.

Por eso, repito, la Bancada del oficialismo sentirá su ausencia. Todos hemos sido testigos de la brillantez con que ha informado proyectos de ley sumamente complejos, como la Rendición de Cuentas, la Reforma Tributaria o la Ley de Usura.

En definitiva, lo felicito por aceptar un desafío -al haber sido reconocida su labor por el Presidente de la República- novedoso en su trayectoria política, ya que se trata de un Legislador nato, que oportunamente integró la Cámara de Representantes y luego pasó al Senado. Hoy tiene por delante una tarea totalmente diferente, y en mitad de esta Legislatura el ex-Senador Rubio acepta el desafío, de lo cual me congratulo. Hemos podido leer sus declaraciones como futuro responsable de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en las que dio un enfoque novedoso, distinto y enérgico a la forma en que debe procesarse la reforma del Estado, cosa que saludamos con beneplácito porque ese es el matiz que, entendemos, debe tener ese proyecto.

En consecuencia, con mucho afecto, respeto y cariño, vaya nuestro reconocimiento a su labor. Quiero destacar que esto se lo hemos hecho saber personalmente, al igual que le hemos trasmitido que sentiremos mucho su ausencia.

Por último, quiero saludar a mi nuevo vecino, un viejo compañero de batallas, ex-integrante de la Federación de ANCAP. Recuerdo que cuando estábamos en el Sindicato Médico del Uruguay tuvimos oportunidad de colaborar con dicha Federación en distintas lides, y allí pudimos reconocer en el compañero Bentancor a una persona ponderada, seria, severa y preocupada por la defensa de los desposeídos. Me viene a la memoria aquella huelga de hambre de los cañeros en la Iglesia Matriz, cuando compartimos con ellos esa lucha cuyo objetivo hoy se está concretando en la realidad nacional. Bienvenido compañero, vecino y amigo.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- En nombre del Partido Nacional, aceptamos la renuncia del ex-Senador Rubio, no sólo porque lo dispone la Constitución de la República, sino también porque obedece a una decisión voluntaria para ocupar una función tan importante como lo es la Dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Al mismo tiempo, debemos reconocer el esfuerzo y el aporte que ha realizado durante todo este tiempo. Algunos Senadores han compartido con él más de una Legislatura, y si bien en nuestro caso personal solamente lo hemos hecho durante estos dos años, podemos decir que sentimos el gusto y el placer por trabajar con un Senador que ha defendido con fuerza y convicción sus ideas y posiciones, manteniendo un respeto permanente por las distintas opiniones. Más allá de las divergencias y diferencias, debemos reconocer que ha contribuido a fortalecer las instituciones y la banca de Senador que, obviamente, es representativa de la soberanía nacional.

Por lo tanto, señor Presidente, en nombre del Partido Nacional le deseamos, por el país, la mayor de las suertes en su nueva tarea a desarrollar, a la vez que damos la bienvenida al señor Senador Bentancor.

Muchas gracias.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: queremos sumarnos a este reconocimiento con la alegría y el orgullo que significa que el compañero Rubio pase a desempeñar esta nueva responsabilidad. También nos enorgullece la nitidez con que desde el primer momento nos dijo que no discutiéramos posibles interpretaciones de la Constitución, porque ésta es muy clara y que, en todo caso, su actitud iba a ser la de dejar meridianamente clara su opinión de que, simultáneamente con la solicitud concreta de autorización, debía plantear la renuncia y su sustitución por otro compañero de su sector, a quien le damos la bienvenida. Se trata de un hombre de esta Casa, que ya nos ha acompañado. De todos modos, vamos a extrañar al señor Senador Rubio, sobre todo en vísperas de un debate, como el de la Rendición de Cuentas, en el que siempre hacía un esfuerzo especial y estaba en la primera línea de discusión y de aportes. Por lo tanto, deseo la mejor de las suertes a ambos.

Muchas gracias.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: además de sumarme, por supuesto, a las expresiones que en nombre de todos nosotros realizó el señor Senador Abreu, como compañero de lugar y de preocupaciones comunes -como las relativas a la Comisión de Ciencia y Tecnología, que hemos presidido alternadamente estos dos últimos años-, quiero señalar mi reconocimiento por su aporte al Senado y a la Comisión antes mencionada.

Si bien, como debe suceder en una democracia, hemos coincidido y hemos discrepado, y más allá de que el señor Senador Rubio es una persona que defiende sus posiciones con mucha energía -como debe ser-, esas coincidencias y discrepancias siempre se han dado en un marco de gran respeto y de espíritu constructivo. Además de expresar ese reconocimiento, quiero desearle lo mejor en su nueva función, para bien del país.

Por supuesto, damos la bienvenida al señor Senador Bentancor, que será a quien tendremos ahora a nuestra diestra.

SEÑOR AMARO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMARO.- Señor Presidente: quiero dar la bienvenida al señor Senador Bentancor, a quien conocemos por las tareas que ambos hemos desempeñado. Como gremialista de un organismo que mucho quiero, que es ANCAP, desarrolló una excelente labor. Quiero reconocer esto en la tarde de hoy, cuando él toma posesión de un cargo trascendental en la vida del país, como es el de Senador de la República. Por lo tanto, de corazón le deseo lo mejor, y sé que va a tener suerte porque tiene condiciones para desempeñar el cargo.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: no seríamos nosotros si no actuáramos con la hidalguía que en una ocasión de estas características se necesita para reconocer en el ex-Senador Enrique Rubio a un hombre de esfuerzo y de trabajo. Con él hemos compartido casi siete años en el Senado de la República, y por encima de los enfrentamientos políticos, de distintas posiciones, de todo lo que hace al escenario de la política del país, siempre hemos sostenido -y lo seguimos haciendo- que existe un enorme diferencial en el sistema político de nuestro país. Es por eso que, como Senador de la República, como representante del Partido Nacional, queremos desear al señor Senador Rubio la mejor de las suertes en una gran tarea. Así se lo hemos expresado de manera personal, porque entendemos que cuando los distintos actores políticos están convocados a realizar una tarea en beneficio de todos los uruguayos, el mejor deseo es que tengan el mayor de los éxitos, porque en el medio está la situación del país.

En consecuencia, para la memoria de este Cuerpo, vaya nuestro saludo al Senador renunciante y el mejor deseo para el señor Senador Bentancor, quien ya ha estado en este Cuerpo y que seguramente estará a su altura para contribuir en la común construcción del destino de todos los uruguayos.

SEÑOR DA ROSA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: en estos dos años y algo que llevamos en este Cuerpo, en más de una oportunidad hemos podido aquilatar el nivel intelectual y la calidad personal del señor Senador Rubio. Por ello es que no tenemos dudas de que, a partir de hoy, desde el punto de vista intelectual y político este Senado se verá privado de la capacidad que el señor Senador Rubio ha aportado a los debates y a las decisiones de este Cuerpo, aun en la polémica y en las diferencias, a veces profundas y francas, planteadas con nuestro partido.

El señor Senador Rubio es llamado a cumplir otra tarea que, sin duda, es importante y difícil, en la que seguramente pondrá la misma capacidad y el mismo nivel intelectual al servicio del Gobierno de su partido y, al mismo tiempo, de la función pública que deberá desempeñar.

Al mismo tiempo, creemos oportuna la circunstancia para saludar al señor Senador Bentancor, a quien conocemos desde hace años, no sólo como Diputado, sino también como dirigente sindical a través de su extensa trayectoria en ANCAP y desearle la mayor de las suertes en este Cuerpo, en función del concepto de que, más allá de las discrepancias o las diferencias que podamos tener sobre muchos temas, siempre ha de primar la franqueza y el reconocimiento a los valores de los compañeros que integran este Cuerpo, a su valía intelectual y calidad personal.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: quiero suscribir las expresiones vertidas en Sala, tanto por los integrantes de la coalición de Gobierno y compañeros, como por los pares del señor Senador Rubio que pertenecemos a los partidos de la oposición.

Mientras escuchaba estas expresiones pensaba que esta es una forma de reivindicar la actividad política. Todos los integrantes de este Cuerpo, pertenezcamos a la colec-tividad política que sea, estamos hoy reconociendo las virtudes de alguien que ocasionalmente es un adversario pero que, sustancialmente, está participando de la misma tarea en la que estamos todos comprometidos y en la que nos puso la ciudadanía: la de controlar a un Gobierno y la de legislar. Sin duda, el señor Senador Rubio fue un adversario duro en la polémica, pero también un hombre inteligente y que siempre guardó el estilo, y creo que es bueno que todos los que estamos acá hagamos gala de similares virtudes.

Más allá de los enfrentamientos que a veces nos ocupan, hoy tenemos que destacar las virtudes, la inteligencia, el estilo y el aporte a una gran causa nacional, porque es compromiso de todos hacerlo. A pesar de que no estamos en el Gobierno y de que formamos parte de la oposición, queremos destacar el comportamiento que ha tenido el Senador Rubio y la coherencia en su accionar, al tiempo que recibimos con mucho beneplácito al nuevo Senador, el señor Bentancor, con quien compartiremos acuerdos y desacuerdos, confrontaciones y discusiones, pero con el espíritu de tolerancia que nos debe animar a todos los que nos sentamos en estas bancas en las que nos puso el pueblo.

SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: en más de una oportunidad he sufrido algún fuerte ataque político de parte del Senador Rubio que me llegaron al estómago y al corazón. Por eso me pareció muy bien lo que dijo el señor Senador Michelini en el sentido de que es un hombre que ahora asume esta responsabilidad sin protección, con la convicción que hay que tener para ocupar la Dirección de Planeamiento y Presupuesto, que es la cabeza económica de la Presidencia de la República, así como la Secretaría de la Presidencia es su cabeza jurídica.

Me parece muy bueno que un ciudadano pueda estar allí entregando todo de sí, todo su tiempo, con una dedicación exclusiva a la actividad de Gobierno y no a otras actividades, porque eso es lo que jerarquiza a la política.

De manera que deseo saludar al ciudadano Rubio, con quien he tenido fuertes discrepancias -algunas me han dolido, y mucho- porque creo que es bueno que lleve adelante una tarea útil para el país dada su visión ideológica.

Por otro lado, quiero dar la bienvenida al "Cholo", yo que tengo una especie de pase en comisión permanente de una Cámara a la otra.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: aprovecho el fundamento de voto para plegarme a las palabras que aquí se han vertido, pero también para mandar un saludo al querido compañero Rubio, con quien pude hablar fugazmente luego de que fuera designado para el cargo que ocupará. De modo que le quiero mandar un estrecho saludo a él, a sus compañeros más directos y dar la bienvenida, al mismo tiempo, al compañero Bentancor, con quien nos esperan muchas jornadas de arduo trabajo en este Cuerpo.

SEÑOR BENTANCOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BENTANCOR.- Señor Presidente: para nosotros es un enorme honor, en primer lugar, escuchar las consideraciones que ha merecido a este Cuerpo el pasaje de un compañero entrañable como lo es Enrique Rubio, a quien vamos a tratar de suplir con lo mejor de nuestro esfuerzo.

Luego de escuchar las consideraciones de los señores Senadores, se ahonda mi preocupación por la responsabilidad, porque no es fácil suplir a un compañero de características tan importantes como las de Enrique Rubio.

Por lo tanto, agradezco en nombre de Enrique Rubio y también agradezco a todos los señores Senadores que me han dado su bienvenida esperando estar a la altura de la situación.

10) EXPOSICION ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado va a votar la exposición escrita presentada por el señor Senador Gallinal distribuida oportunamente.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita:)

"Montevideo, 22 de marzo de 2007.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores,

Don Rodolfo Nin Novoa.

De mi mayor consideración:

Por la presente y atento a la facultad que me confiere el artículo 172 del Reglamento del Cuerpo, solicito se curse con carácter de urgente, la presente exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas y al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, respecto al aumento desmedido del Impuesto de Primaria, adjuntándose a tales efectos copia del escrito presentado ante el citado Ministerio suscripta por los representantes legales del Colegio de Abogados y Asociación de Escribanos del departamento de Colonia.

De acuerdo al testimonio de cientos de contribuyentes y vecinos, fundamentalmente de las ciudades de Carmelo, Rosario, Colonia y Nueva Helvecia se produjeron aumentos que oscilan entre un 50% y un 200% o más del Impuesto de Primaria, lo que denota nuevamente un afán recaudatorio excesivo, teniéndose presente que este impuesto sigue vigente y no fue derogado por la Ley Nº 18.083, de Reforma Tributaria.

Entendemos que el Poder Ejecutivo podrá enmendar el rumbo, subsanando la omisión en la redacción del Decreto Nº 535/005 del 26 de diciembre de 2005, incluyendo al Impuesto de Primaria, en la redacción del artículo 1º del decreto citado, devolviéndose a los contribuyentes lo recaudado incorrectamente.

Con el fin de ampliar los detalles adjuntamos varias fotocopias de las peticiones de los ciudadanos y ciudadanas del departamento de Colonia que permiten ilustrar mejor la situación denunciada.

Solicitamos asimismo se remita el texto de la presente exposición escrita al Sr. Intendente de Colonia, a la Junta Departamental del mismo departamento y a las Juntas Locales de las ciudades de Colonia, Nueva Helvecia, Rosario y Carmelo.

A la espera de una pronta solución a la situación denunciada, sin otro particular saluda al Sr. Presidente con la consideración de siempre.

Francisco Gallinal Nieto. Senador."

11) SOLICITUD DE ACUERDO PARA DESTITUIR DE SUS CARGOS A DOS FUNIONARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES

SEÑOR RIOS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIOS.- Señor Presidente: la Comisión de Asuntos Administrativos hoy resolvió, por mayoría, traer al Cuerpo con carácter urgente dos venias de destitución de funcionarios de esta Casa. En ese sentido, solicitamos que este tema se incorpore al Orden del Día, previa distribución de los Repartidos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la urgencia solicitada para el tratamiento del tema.

(Se vota:)

- 22 en 27. Afirmativa.

Se incorporará al final del Orden del Día y se tratará en sesión secreta porque se trata de la destitución de dos funcionarios del Senado.

12) UNIDAD NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en primer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se crea la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) y se determinan sus objetivos y competencias. (Carp. Nº 706/06 - Rep. Nº 423/07)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 706/06

Rep. Nº 423/07

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Unidad Nacional de Seguridad Vial).- Créase como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV).

La UNASEV se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Artículo 2º.- A los efectos de su funcionamiento, la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) actuará en la órbita de la Presidencia de la República y tendrá autonomía técnica, pudiendo comunicarse directamente con los entes autónomos, servicios descentralizados y demás órganos del Estado.

El funcionamiento de la UNASEV se ajustará a lo que disponga el reglamento que ella dicte, el cual contendrá como mínimo el régimen de convocatoria de sus miembros, así como los regímenes de deliberación, votación y de adopción de resoluciones.

Artículo 3º. (Comisión Directiva).- La Unidad Nacional de Seguridad Vial estará dirigida por una Comisión Directiva integrada por tres miembros designados por el Presidente de la República actuando con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, entre personas que por sus antecedentes personales y profesionales, y conocimientos en la materia, aseguren independencia de criterios, eficiencia, eficacia, objetividad e imparcialidad en sus funciones.

Sus miembros durarán cinco años en ejercicio de sus funciones, pudiendo ser nuevamente designados únicamente por un nuevo período consecutivo.

El Presidente tendrá la representación del órgano y será designado por acuerdo entre los integrantes de la Comisión Directiva, en su primera reunión ordinaria.

Artículo 4º.- Los miembros de la Comisión Directiva de la Unidad Nacional de Seguridad Vial podrán ser cesados en sus cargos por el Presidente de la República actuando con el Consejo de Ministros.

Artículo 5º. (Objetivos).- Son objetivos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, la regulación y el control de las actividades relativas al tránsito y la seguridad vial en todo el territorio nacional, conforme a los siguientes criterios:

A) Promover a uniformizar y homogeneizar las normas generales de tránsito, para la creación de una política nacional de seguridad vial.

B) Promover pautas y recomendaciones para una óptima regulación del tránsito y para la correcta aplicación de la presente ley.

C) Coordinar con organismos oficiales y privados de los sistemas formales y no formales de la educación, la aplicación de programas educativos en materia de tránsito y seguridad vial; evaluar los resultados de esa aplicación; y asesorar y participar en la capacitación y educación para el correcto uso de la vía pública.

D) Analizar las causas de los siniestros de tránsito y demás aspectos referidos a éstos y propiciar la utilización de las estadísticas para ser aplicados a la elaboración de actualización de la normativa relativa al tránsito y la seguridad vial.

Artículo 6º. (Competencia).- La Unidad Nacional de Seguridad Vial tendrá competencia para:

A) Asesorar en materia de tránsito a todas las personas públicas o privadas.

B) Contribuir a la unificación de criterios a nivel nacional en materia de seguridad vial y ordenamiento del tránsito.

C) Estudiar, proyectar y promover programas de acción aconsejando al Poder Ejecutivo las medidas necesarias para combatir la siniestralidad en las vías de tránsito.

D) Sugerir y ejecutar pautas de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública en coordinación con los organismos oficiales y privados.

E) Coordinar las tareas que cumplen las entidades dedicadas a preservar la salud y seguridad públicas en el uso de las vías de tránsito de todo el territorio nacional, participando en esas actividades.

F) Contribuir al adiestramiento de los cuerpos técnicos de fiscalización, nacionales y departamentales, de los organismos competentes en materia de tránsito y seguridad vial.

G) Supervisar el Registro Nacional Unico de Conductores, Vehículos, Infracciones e Infractores creado por la Ley Nº 16.585, de 22 de setiembre de 1994, el que deberá operar interconectado con el Registro Nacional de Vehículos Automotores dependiente de la Dirección General de Registros, con el objeto de unificar la información, sin perjuicio de sus funciones específicas.

H) Supervisar el Registro Obligatorio de Fallecidos y Lesionados como consecuencia de accidentes de tránsito, creado por el Decreto Nº 173/002, de 14 de mayo de 2002, como sistema nacional único de relevamiento de información sobre los accidentes de tránsito y los aspectos de interés referidos a éstos, con sujeción a las normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud en materia de lesiones, determinando la forma de procesamiento y utilización de los datos.

I) Propiciar el intercambio de información, así como la comunicación y el relacionamiento directo con los organismos nacionales e internacionales especializados en materia de tránsito y seguridad vial, y el adiestramiento de los respectivos cuerpos técnicos.

J) Proponer los reglamentos relativos al tránsito y la seguridad vial.

K) Administrar los fondos presupuestales y extrapresupuestales que se le asignen con el fin de atender sus cometidos.

L) Supervisar la aplicación uniforme y rigurosa de las normas y procedimientos de señalización vial establecidas por el Manual Interamericano de Dispositivos de Control del Tránsito de Calles y Carreteras, formulando las observaciones, recomendaciones y directivas pertinentes.

M) Promover, apoyar y coordinar la formación de Unidades Departamentales de Apoyo a la Seguridad Vial, las que estarán conformadas por personas y autoridades públicas, entidades sociales, culturales y empresariales de los departamentos. Sus funciones y cometidos serán establecidos por la reglamentación que se dicte al respecto.

N) Celebrar acuerdos, contratos, convenios y alianzas estratégicas bilaterales o multilaerales para el cumplimiento de sus cometidos con personas o instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales.

Artículo 7º. (Organos Asesores).- Es también competencia de la Unidad Nacional de Seguridad Vial: Constituir Cámaras Asesoras con carácter permanente o transitorio, que tendrán carácter técnico y se integrarán con especialistas en las diversas disciplinas relativas al tránsito y a la seguridad vial, así como con representantes de organismos públicos, y personas jurídicas y privadas.

Artículo 8º. (Atribuciones y competencias).- El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 174 de la Constitución de la República, reglamentará los demás aspectos relativos al funcionamiento de la Unidad Nacional de Seguridad Vial.

Artículo 9º. (Recursos).- Constituirán recursos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial las asignaciones presupuestales que le fijen las leyes, los frutos civiles y naturales de los bienes que le pertenezcan, los bienes que reciba por testamento, donación o cualquier otra contribución, los préstamos que obtenga y el producto de los tributos que la ley destine a la misma.

Artículo 10. (Derogaciones).- Derógase el Título I de la Ley Nº 16.585, de 22 de setiembre de 1994.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 30 de noviembre de 2006.

Rubén Martínez Huelmo

1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario.

INFORMES

de la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Representantes

Comisión de Transporte,

Comunicaciones y Obras Públicas

INFORME EN MINORIA

Señores Representantes:

Se presenta a consideración de la Cámara de Representantes, un proyecto de ley que es una cara aspiración de la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas, el que dispone la creación de la "Unidad Nacional de Seguridad Vial".

Desde la Legislatura anterior hemos trabajado incansablemente en esta asesora buscando una solución legislativa al problema del tránsito y la seguridad vial, a sus terribles consecuencias en términos de pérdidas materiales y humanas para nuestra sociedad.

Los proyectos que se ponen hoy a consideración de esta Cámara, refieren ambos a la misma problemática, pero esta Comisión entendió conveniente separar la parte institucional de la normativa. Con este temperamento, se realizó el tratamiento de los dos textos, uno referido a la creación de un organismo en la esfera del Poder Ejecutivo, la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV) y el otro que contiene normas relativas al tránsito y la seguridad vial, aplicables en todo el territorio nacional.

La consideración de dos textos diferentes no significa que se trate de dos problemas distintos, por el contrario, siempre entendimos que ambos textos eran complementarios, sólo por razones metodológicas se resolvió encarar el trabajo de esa manera.

Es necesario hacer un poco de historia con respecto a la concreción de los proyectos que nos ocupan. La misma es muy rica en aportes, trabajo, dedicación por parte de la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Representantes, del Ministerio correspondiente de la administración anterior y de varias instituciones que, necesariamente, debemos mencionar aún pecando de omitir la mención de alguna de ellas por involuntarios errores de memoria.

En este proceso, que comenzó en la Legislatura pasada, participaron además de la Comisión y el Ministerio de la época, el Sindicado Médico del Uruguay, la Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito (CONATRAN), creada por la Ley Nº 16.585, de 22 de setiembre de 1994, la Policía Caminera, la Junta Nacional Antidroga, la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT), Intendencias Municipales a través de sus Departamentos de Tránsito y Transporte, el Congreso de Intendentes, el Congreso Nacional de Ediles, entre otros. De ese fecundo intercambio de ideas surgió el texto que hoy nos disponemos a sancionar.

El pasado 20 de octubre el Poder Ejecutivo envió el Mensaje al Parlamento con el proyecto de ley caratulado "Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV). Creación". Este texto es el fruto del trabajo mancomunado del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la Sociedad Civil, todos realizaron su aporte, sus sugerencias, sus críticas, hasta que finalmente llegamos a un texto definitivo. En tiempos en que el debate sobre los grandes temas nacionales es puesto a veces en tela de juicio, es importante resaltar que a pesar de diferencias políticas, de diferencias de enfoque en algunos temas, este debate fue franco, abierto a todos los actores y por sobre todo fue, finalmente, fructífero.

Consecuencias en vidas humanas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el 25% (veinticinco por ciento) de todas las muertes debidas a lesiones son el resultado de daños causados por accidentes de tránsito en calles y carreteras. Según las proyecciones de esta organización, para el año 2020, las lesiones causadas por accidentes de tránsito podrían llegar a ocupar el tercer lugar entre las causas de muerte y discapacidad, superando a enfermedades como la malaria, la tuberculosis y VIH. Por eso hace un momento hablábamos de una pandemia con efectos devastadores.

A nivel regional, hay treinta mil muertos y trescientos mil heridos por accidentes de tránsito por año. El MERCOSUR tiene casi la misma cantidad de muertos por accidentes de tránsito que Europa, a pesar de tener muchos menos habitantes y vehículos. Tomando el indicador de víctimas fatales por cantidad de vehículos, podemos ver que en el MERCOSUR hay diez muertos cada diez mil ve-hículos, el más alto índice de los países europeos es de Portugal con cuatro muertos cada diez mil vehículos y España tiene tres muertos cada diez mil vehículos.

A nivel internacional, también existe un indicador de accidentalidad con respecto a las personas fallecidas en accidentes de tránsito medido en cantidad de kilómetros. De acuerdo a este indicador, en Estados Unidos hay 0,91 muertos cada cien millones de kilómetros recorridos por un vehículo, en Alemania hay aproximadamente 1,5 muertos cada cien millones de kilómetros, en Uruguay, en la última evaluación realizada en 1998, había 9,6 muertos cada cien millones de kilómetros recorridos, como podrán ver, señores Legisladores, estamos frente a un problema muy serio.

En nuestro país los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en personas de entre 5 y 34 años, en el que existen más de 500.000 automóviles y una cantidad similar de motos, en el que hay un millón de licencias de conducir, muchas veces otorgadas luego de un examen con mínimas exigencias, por no decir nulas. Promedialmente, dos uruguayos fallecen a diario en accidentes de tránsito y otros cinco quedan con secuelas para el resto de su vida. Los lesionados son más de 20.000 al año, la mitad de los cuales son considerados graves.

Esta realidad, como a todos los uruguayos, nos preocupa enormemente, pero no solamente por las pérdidas humanas y materiales, nos preocupa porque el 95% (noventa y cinco por ciento) de los accidentes de tránsito son ocasionados por errores humanos, es decir por incorrecta aplicación o por inobservancia de las normas de tránsito.

La respuesta a esta problemática debe ser inmediata por parte del Estado, se debe ejercer una acción directa y concreta para enfrentar este problema. Esta acción del Estado involucra a varios actores, institucionales y de la sociedad civil. No es suficiente la existencia de una evolucionada, moderna y completa normativa en materia de tránsito y seguridad vial, si la misma no es aplicada y si esas normas no son respetadas por los ciudadanos.

Las leyes basan su éxito en su eficacia, no en su perfeccionismo técnico-jurídico. El desafío que tenemos por delante es, además de crear buenas normas en materia de tránsito y seguridad vial, hacer que éstas sean eficaces y esa tarea nos compete no sólo a los Legisladores, sino a todos los actores sociales. El principal objetivo es cambiar el comportamiento de conductores y peatones para reducir al mínimo posible la incidencia de los errores humanos entre las causas de los accidentes de tránsito.

Consecuencias económicas. Pero volvamos a los datos estadísticos, y en este caso veamos la incidencia que la siniestralidad en el tránsito tiene en nuestra economía. Tomemos como base un estudio realizado en octubre del año 2001 por la Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito (CONATRAN). La elección no es casual, se trata de un completísimo estudio sobre la incidencia económica de los accidentes de tránsito, en el cual se mide el costo que significan las pérdidas de vida en esos siniestros en términos económicos. Queremos además, a través de la presentación de los datos de este estudio, homenajear a la CONATRAN, que a pesar de tratarse de una Comisión Honoraria, con dificultades para funcionar, realizó un enorme esfuerzo en todos estos años por aportar a la prevención y el control de la siniestralidad en el tránsito.

El estudio toma la edad promedio de las víctimas de accidentes de tránsito, fallecidos y lesionados, y en base a ello establece los costos que ocasionan por pérdida de generación de producto. Además, incorpora los costos de atención médica, pérdidas salariales de las víctimas y sus acompañantes y las pérdidas materiales. Sintetizando, esa estimación de costos da un total de US$ 908.100.000 (novecientos ocho millones cien mil dólares) anuales.

Esta cifra equivale al 4,3% (cuatro con tres por ciento) del Producto Bruto Interno de nuestro país y al 50% (cincuenta por ciento) de lo que produce anualmente el sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones.

Nuestro gasto en accidentes de tránsito es superior a los ingresos que el país obtiene anualmente por turismo.

Cada trabajador o empresario uruguayo paga, directa o indirectamente, alrededor del equivalente a US$ 50 (cincuenta dólares) anuales por concepto de costos de los accidentes de tránsito.

Consecuencias Psicológicas. Existen a nivel internacional estudios sobre el impacto psicológico que se produce en las víctimas y sobrevivientes de accidentes de tránsito. En nuestro país no se han desarrollado demasiado esos estudios, pero de acuerdo a los técnicos que hemos consultado se pueden extraer algunas conclusiones. Por ejemplo, de la investigación realizada sobre conductores, las causas más directas de los siniestros pueden atribuirse a ignorancia, impericia, imprudencia, irresponsabilidad, inconciencia e intolerancia. Por su parte, las consecuencias principales afectan al entorno familiar y al propio individuo y éstas son: asunción de nuevos roles en el núcleo familiar, trastornos de conducta, consecuencias emocionales, escolares, laborales, sociales, etcétera.

Esta reseña estadística, que pretendió abarcar los distintos aspectos de la siniestralidad en el tránsito y sus consecuencias, nos revela la importancia que tiene este tema para nuestra sociedad y nos introduce finalmente en el análisis de los principales aspectos del proyecto de ley que nos proponemos sancionar en la Cámara de Representantes.

El pasado día 10 de mayo de 2006, la Comisión de Transporte recibió al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas para tratar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que creaba la UNASEV. En esa oportunidad el señor Ministro expresaba que se trataba de "...una necesidad principal que tiene esta materia pendiente de la sociedad uruguaya, que es cómo establecemos un ámbito responsable, con capacidad ejecutora para desarrollar, promover y coordinar políticas en materia de seguridad de tránsito...".

A su vez, respresentantes de la Asociación de Ingenieros del Uruguay, expresaban a la Comisión, también tratando este tema, que el problema era la falta de "Gestión del Tránsito". Con esta ley pretendemos que el Estado tome para sí, con firmeza y responsabilidad la gestión del tránsito en todo el territorio nacional, a través de la creación de la UNASEV (Unidad Nacional de Seguridad Vial), y a través de las normas que adquieren hoy fuerza de ley en todo el territorio nacional.

El proyecto crea la Unidad Nacional de Seguridad Vial, un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo que se vincula con éste a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

A los efectos de su funcionamiento, actuará en el ámbito de la Presidencia de la República con autonomía técnica.

Entre sus cometidos fundamentales están los de asesorar, coordinar acciones, elaborar programas de acción, en todo lo relativo al tránsito y la seguridad vial, velar por el cumplimiento de las normas, asesorar y elaborar políticas únicas sobre la materia y fundamentalmente, supervisar el Registro Unico Nacional de Conductores, Vehículos, Infracciones e Infractores creado por la Ley Nº 16.585, de 22 de setiembre de 1994 y el Registro Obligatorio de Fallecidos y Lesionados como consecuencia de Accidentes de Tránsito creado por el Decreto Nº 173, de 14 de mayo de 2002.

Se hacía necesaria la creación de una Unidad Ejecutora de estas características, dependiente del poder político, con autonomía técnica y fundamentalmente con capacidad ejecutiva. La actual Comisión Honoraria creada por la Ley Nº 16.585 se volvía inoperante por carecer de esa posición institucional y capacidad de ejecución, a pesar del aporte inmenso que realizó durante todos estos años en materia de tránsito y seguridad vial, y de la indudable buena voluntad y capacidad técnica de sus integrantes.

En definitiva, la sanción de este proyecto será el primer gran paso para comenzar a enfrentar este mal de la siniestralidad en el tránsito que catalogamos de "pandemia" y que afecta duramente a nuestra sociedad.

La eficacia de esta norma dependerá del control de su aplicación, de la tarea de la Unidad creada por la presente ley y del compromiso de la sociedad toda en asumir con seriedad la realidad del tránsito y la seguridad vial.

Por lo expuesto, solicitamos al Cuerpo la aprobación del mencionado proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 7 de noviembre de 2006.

Juan José Domínguez, Miembro Informante; Julio César Fernández.

Comisión de Transporte,

Comunicaciones y Obras Públicas

INFORME EN MINORIA

Señores Representantes:

El Partido Nacional tiene la más alta preocupación por las inconmensurables pérdidas que cada año genera el tránsito vehicular en nuestro país. Ese medio millar de muertos y los miles de lesionados amén de las pérdidas de índole material, pueden ser medidos por el número de víctimas o por los costos económicos que ello supone, pero nunca pueden ser valorados de este modo. Cada muerte o cada pérdida de capacidades son pérdidas humanas y para eso no existen unidades de medida.

El Partido ha puesto al servicio de la solución de esta cuestión todo el concurso de sus técnicos en materia de tránsito y seguridad vial, sus juristas, la experiencia de los directores y funcionarios del área de tránsito de las Intendencias Municipales, Ediles con intervención en el área, médicos, con especialización en el tema, ingenieros de diferentes disciplinas, y pidió, además, asesoramiento a integrantes de la policía técnica, a técnicos de las compañías de seguros, a instituciones no gubernamentales preocupadas por el asunto, y a grupos de ciudadanos que conforman comisiones para entender en el tránsito. La vastedad del asunto, sus múltiples aristas y sus enormes consecuencias así lo ameritaban.

La dimensión del problema se aprecia con facilidad desde esas cifras popularmente conocidas: medio millar de muertes cada año, algunos miles de lesionados de entidad, costos materiales situados en el orden de los U$S 200.000.000 (doscientos millones de dólares) al año y pérdidas medidas en términos de pérdidas de valor agregado, esperado futuro, del orden de los novecientos millones de dólares cada año. Las consideraciones del inicio, sumadas a estas cifras, obligan a construir una bateria de soluciones para abatir estos costos. No tenemos derecho a no atender el tema, y tampoco tenemos derecho a equivocarnos. Enmendar cualquier error supone tiempo, y el tiempo cuesta vidas.

La actualidad. Las soluciones que se ofrecen en la actualidad obedecen a la preocupación que las consecuencias de los accidentes desencadenan. No responden a un estudio de situación comprensivo y acabado. No presentan, por tanto, la debida sistematización.

Los municipios han encarado.

A) La creación de normas.

B) La expedición y registro de autorizaciones de conductores y vehículos.

C) Las funciones de contralor y el registro de multas.

D) Los registros automotores.

E) La señalización vial.

F) Las obras de infraestructura vial.

La policía aporta:

A) Contralor en rutas.

B) Seguridad vial en circunstancias de riesgo especial.

C) Dictámenes técnicos en casos de siniestros.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas:

A) Habilitación y registro de vehículos de transporte de pasajeros y carga.

B) Control de vehículos de pasajeros y carga.

C) Obras de infraestructura vial de circulación nacional.

D) Señalización e iluminación de rutas y caminos de circulación nacional.

El Ministerio de Salud Pública aporta la atención de accidentados en sus centros de todo el país.

El Banco de Seguros del Estado y luego las compañías privadas de seguros han desarrollado formas de determinar culpabilidades y de medir los costos materiales de los accidentes, a la vez que han implantado el control del estado de los vehículos, han incentivado el uso de elementos de seguridad y la buena conducta en la conducción, a través de descuentos en las primas de seguros.

Con responsabilidad, diferentes organismos han encarado actividades con el fin de contribuir a la disminución de las malas consecuencias del tránsito vehicular. No ha sido suficiente. De cualquier modo, los esfuerzos no han sido en vano.

El panorama actual es de desorden normativo, ausencia de regulaciones en algunas áreas, escasa dedicación de los jerarcas de primer nivel con competencia en el área, fallas de contralor, defectos registrales, carencia de recursos, ausencia de compensadores en caso de daño a terceros y escasa base de conciencia por parte de conductores y peatones participantes en la circulación.

Se detecta la convivencia de múltiples legislaciones no uniformes y la ausencia de regulaciones en algunos campos. El Reglamento Nacional de Circulación Vial de 1984 ha constituido un interesante esfuerzo de coordinación. Ha sido adoptado por múltiples comunas, con lo que constituyó un interesante aporte. Su no adopción general y la imposibilidad de actualización permanente por vía legal impidieron una correcta respuesta normativa a los nuevos problemas surgidos.

Los requisitos que deben cumplir las escuelas de conductores y sus planes de enseñanza, las condiciones psico-físicas y de conocimiento que deben cumplir los responsables del contralor del tránsito, la ausencia de sanciones para los que incumplen en el mantenimiento de los registros o que cometen faltas vinculadas a los mismos, como la expedición de licencias a ciudadanos a los que les fue retirada la misma, la no uniformidad en la obligatoriedad de inspección vehicular periódica y la escasa rigidez en los exámenes a conductores, la no aprobación previa de los elementos de seguridad, son algunas de las principales carencias que en materia de regulaciones se observan.

De los jerarcas con competencia en la materia, ninguno puede dedicar a la circulación vial más que una ínfima parte de su tiempo. Los Ministros con competencia parcial en el tema no pueden dedicar más que un centésimo de su tiempo y de sus recursos a las tareas de supervisión, control y diseño de estrategias de prevención. Con los Intendentes pasa en menor medida algo similar. Si bien dedican más horas a esta cuestión, deben concomitantemente resolver temas de igual importancia en los diversos órdenes bajo su competencia. Se reconoce la labor de las Divisiones de Tránsito en los municipios. En resumen, un problema nacional de primer orden sin una jerarquía con alta dedicación a su resolución.

Las fallas en el contralor en alguna medida son consecuencia de ausencias normativas, así como de dudas de criterio y falta de constante dedicación por parte de los jerarcas involucrados. En general, se concentran en ser controles expost y no de previa aplicación, con lo que desaparece su carácter preventivo. Es mejor revisar las condiciones de un vehículo que lamentar las consecuencias de sus fallas. La escasa severidad de las actividades inspectivas resulta ser fuente de inconvenientes, como lo es también la alta dependencia del juicio y la voluntad de la persona que ejerce la función de inspeccionar ante la carencia de registros electrónicos de faltas o fallas no pasibles de manipulación humana.

Las fallas registrales son de actualización, no de carencia de programas informáticos y equipos para desarrollarlos. El país pagó cientos de miles de dólares para obtener las herramientas que permitieran generar y mantener un Registro Unico de Conductores, Infractores y Vehículos. No creó paralelamente medidas que compensaran la tarea de los que hacían el esfuerzo del registro y el mantenimiento. Tampoco creó sanciones para aquellos que incurrieran en el riesgo de otorgar licencias a personas a las que les hubiera sido retirada su habilitación, por no cumplir con su obligación del mantenimiento de los registros que permiten la detección oportuna de la falta.

Los recursos que se aplican al contralor de tránsito son mayoritariamente los otorgados por los presupuestos de los diferentes niveles de gobierno, y eventualmente los recaudados por multas aplicadas a los infractores. No existen recursos genuinos ni premios en función de resultados.

No existe aún un seguro obligatorio para todos los vehículos y conductores que compense los daños provocados por aquellas situaciones que no se evitaron. Su aprobación traerá aparejada la aplicación de un más estricto contralor del estado de los vehículos.

Lo más importante y grave: una sociedad que ha perdido valores y educación. Que muestra su permanente falta de respeto a la vida propia y ajena queriendo pasar primero, llegar más rápido y no atendiendo los riesgos que la circulación supone.

La solución que se requiere: sus características. El Partido Nacional entiende que la solución a aplicar debe conjugar al menos lo siguiente:

1) La existencia de un organismo con dedicación absoluta al tema de la circulación vial.

2) El otorgamiento de potestades a ese organismo para crear normativa regulatoria.

3) Recursos no dependientes de la voluntad presupuestal. En ausencia de accidentes o graves daños provocados por el tránsito muchas veces se recortan recursos para las tareas de inspección y control, de allí la importancia de independizar los recursos de la decisión política circunstancial.

4) Ese organismo debe estar institucionalmente ubicado en el ámbito municipal y tener jurisdicción nacional.

5) Se deben establecer normas únicas y generales para los conductores (habilitaciones), para los vehículos (condiciones para su habilitación), para las escuelas de conducción, los inspectores de tránsito, para la circulación, para la señalización. Asimismo, se deberá poner bajo la égida de este organismo toda la actividad del Registro Unico de Conductores, Vehículos, Infractores e Infracciones y la aprobación de elementos de seguridad.

6) Se deben aplicar recursos a la educación vial y a la creación de conciencia en la materia.

Es impensable que un tema de tanta importancia y complejidad, con crecientes innovaciones técnicas, se pueda solucionar sin una organización que le dedique toda su atención y su tiempo. El número de fallecimientos y lesiones que se producen cada año amerita la creación institucional. Los costos materiales anuales y el lucro cesante provocado justifican económicamente la opción.

El organismo creado debe tener poder suficiente para reglamentar la circulación en todo el país. La necesidad de otorgar poderes deviene de la imposibilidad que tiene la ley de acompasar los cambios provocados por la permanente evolución del sector de actividad. Nuevos vehículos, mayores velocidades de circulación, nuevos elementos de seguridad o de control, innovaciones de la ciencia médica, obligan a responder de manera rápida para que la prevención sea eficaz. El Legislador siempre tendrá reservada la potestad de legislar para enmendar excesos o malas prácticas. Pero pretender que todo sea regulado por ley, supone el enorme riesgo de la pérdida de actualización y, por lo tanto, la aplicación de medidas no efectivas, o no eficientes, sobrecostos, imprevisiones y soluciones creativas aprovechando los vacíos legales y reglamentarios.

Los recursos deberán tener independencia de la decisión política circunstancial. La experiencia muestra que el tema del tránsito es atendido con recursos cuando se han producido graves accidentes. En otras circunstancias no se le dedican ni dinero ni tiempo. De allí la necesidad de independencia presupuestal. Nuestro Partido sugiere que los recursos estén constituidos por el 10% (diez por ciento) de lo recaudado por concepto del seguro obligatorio por lesiones o muerte, y como contrapartida, la inspección de dicho seguro recaiga en el organismo creado. La medida conseguiría el abaratamiento del seguro en el largo plazo, por cuanto la inversión en contralor es disminutiva del riesgo de accidentes. Este modo de financiamiento es un modo inteligente de asegurar recursos, control de las condiciones de seguridad de los vehículos, control de la circulación y baja en el número y la gravedad de los accidentes. Paralelamente, entendemos del caso diseñar mecanismos de premios a las Intendencias y los cuerpos inspectivos que en sus comunidades exhiban bajos niveles de accidentabilidad y una permanente disminución del número de siniestros.

Entendemos que por una cuestión de orden y eficiencia el organismo a cargo debe tener jurisdicción nacional, y por razones de efectividad y también por incuestionable legitimidad debe ubicarse en el ámbito municipal. Un organismo con jurisdicción nacional ubicado en el ámbito del Congreso Nacional de Intendentes, en uso de la solución institucional prevista en la Constitución de 1996, artículo 262, inciso 5º, sería además de un interesante aporte en materia de desarrollo institucional al proceso descentralizador del Uruguay, una aplicación eficaz para la solución del tema de la inseguridad vial. Sumado a esto, este camino respeta la legitimidad de la competencia municipal que explicaremos más adelante; y pone al único instrumento institucional con solvencia en la materia y presente en todos los rincones del territorio, al servicio del contralor del tránsito.

Las normas tienen que comprender las condiciones que deben cumplir los diferentes elementos (conductores, vehículos y vías), el ordenamiento que deben seguir, y las condiciones que deben cumplir quienes enseñan y quienes juzgan conductas.

La administración de los registros debe ser de quien es responsable de su mantenimiento, y quien a la vez, es el principal interesado en su utilización.

Finalmente, es necesario invertir recursos en formar conciencia acerca de los riesgos de la circulación vial, los modos correctos de hacerla y fundamentalmente los valores que deben presidir la convivencia de los ciudadanos. La escuela es el principal instrumento para inculcar valores y trasmitir conocimientos. Allí se deben diseñar y ejecutar planes con estos fines. Paralelamente, la inversión en campañas recordatorias de buen diseño resultan contributivas al objetivo de mantener la permanente atención en el tema.

Los municipios: legitimidad y efectividad. Los municipios han elaborado toda la base normativa para reglamentar la circulación vial y han desempeñado las funciones de contralor del cumplimiento de la misma. Cada municipio ha actuado con independencia, pero reconozcámoslo, de manera altamente abarcativa y con singular coherencia entre las normas aprobadas por las distintas Juntas Departamentales. Las diferencias más importantes han sido las que regulan los modos de circulación en lo atinente a preferencias en los derechos de paso por la fijación de arterias preferenciales y rotondas, o lugares y modos de estacionamiento, o faja por la que deben circular bicicletas, motos y ciclomotores, además de sus lugares de estacionamiento.

En lo que refiere a habilitaciones de conductores y vehículos, registros, señalización vial, velocidades permitidas, etc. la base normativa es casi común. La normativa existente es en su inmensa mayoría de origen municipal.

El municipio hace y mantiene la infraestructura vial. El ordenamiento de la circulación está indisolublemente ligado a esa función. Las vías se construyen para facilitar los flujos de personas y cosas en una ciudad, y para hacerlo en condiciones de seguridad. No se podría concebir que un organismo estableciera por dónde y de qué manera se debe circular y que otro fuera el responsable de aprontar las vías. Seguramente, esta descoordinación provocaría sobrecostos para el gobierno municipal por utilización insuficiente de vías de tránsito, o costos por sobre utilización de pavimentos no preparados para soportar determinadas cargas o velocidades. Infraestructura vial y tránsito constituyen una unidad indisoluble.

Pero también el tema es municipal, porque es el municipio el que está presente en cada rincón del territorio para ejercer la función de controlar el respeto a las normas, y hacerlo de manera preventiva. La Intendencia y la Policía son las únicas presencias del Estado en todos los lugares del territorio. No existen otras. La policía en la campaña debe concentrarse en otras funciones. Los únicos que pueden efectivamente controlar de modo preventivo son los municipios.

Finalmente, las Intendencias tienen y mantienen los registros de vehículos en todo el territorio. Lo han hecho desde siempre, y de manera encomiable. Han registrado y controlado en los tiempos en que el desarrollo de estas tareas reposaba en el orden y la sistematización de los funcionarios afectados al área. Alcanzado el tiempo de la informática, debemos señalar que son pocos los errores y faltas que se detectan. Lo que es medida clara de la honradez y dedicación de los cuerpos afectados a la función. Las Intendencias han hecho bien el registro y mejor la función de contralor. Esto debido a su responsabilidad frente a los vecinos, pero también porque son las patentes de vehículos una fuente de creciente participación relativa en la financiación de gastos e inversiones municipales. Los registros son por uso de naturaleza municipales.

La propuesta del Gobierno. El Poder Ejecutivo pone en consideración dos proyectos de ley por los que crea una Unidad de Seguridad Vial (UNASEV), con jurisdicción nacional, independencia funcional, actuante en la órbita de Presidencia de la República y coordinada con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y aprueba un conjunto de normas para reglamentar la circulación vial de carácter general y aplicación obligatoria en todo el territorio nacional.

El organismo propuesto funciona en la órbita del Poder Ejecutivo, en una mezcla poco conveniente, en la medida que el funcionamiento se produce en Presidencia de la República, pero la responsabilidad política es del Ministro de Transporte y Obras Públicas. El organismo se crea con potestades generales de coordinar con diferentes órganos del Estado, y por esa razón se lo coloca en el espacio central que constituye la Presidencia de la República. Como Presidencia de la República es un órgano denominado cerrado, que no puede adquirir ni ejercer otras potestades que las que taxativamente la ley le ha otorgado, igual se le asigna a la tarea pero se carga al Ministro de Transporte y Obras Públicas con la responsabilidad de una función fuera del ámbito de su competencia. Esto dificulta la función de contralor para el propio Ministro y para los demás poderes del Estado.

Las potestades otorgadas al organismo creado son de asesoramiento y promoción. En los numerales relativos a las competencias no se otorgan potestades de ejecución al organismo creado. Tampoco se incluyen exigencias de intervención preceptiva para el establecimiento de normas por los organismos con competencia en el tema. Por otra parte se establece de manera imprecisa en su alcance que el Poder Ejecutivo relgamentará aspectos relativos al funcionamiento de la UNASEV.

Los recursos previstos son los que fijen las disposiciones presupuestales y los naturales de cualquier organismo.

En los artículos 11 a 13 del Proyecto de Normas de Tránsito se define el rol de los Gobiernos Departamentales. Se les obliga a adoptar las medidas adecuadas para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley en su territorio y se les reserva el derecho de establecer normas de vigencia en su territorio, siempre y cuando las mismas no contradigan las disposiciones de la presente ley. Finalmente se obliga al conductor de un vehículo a cumplir la normativa nacional y la vigente en el departamento por el que circule.

La ley establece un conjunto de disposiciones que constituyen una base normativa mínima y uniforme para todo el país. El texto establece normas para la circulación, indica que no se debe circular a velocidades excesivamente altas o bajas, en una regulación poco precisa, indica condiciones que deben cumplir conductores y vehículos, entre los que deja abierta la posibilidad de retiro de la licencia de conducir y establece el uso obligatorio del casco y el cinturón de seguridad, criterios de señalización, seguro obligatorio de responsabilidad civil por daños a terceros, alcohol en sangre máximo permitido, delitos de tránsito, se determinan los delitos, se establecen penas, y se establecen agravantes.

El texto no incluye disposiciones relativas a los requisitos que deben cumplir las escuelas de enseñanza de conductores, ni las condiciones psicofísicas y de conocimiento que deben cumplir los responsables de la inspección y control del tránsito.

La posición frente a las leyes propuestas. El Partido Nacional no acompañará los proyectos en general ni en particular.

Muchos nos gustaría poder votar una ley que contribuya a dar solución a los temas del tránsito. No es ésta.

En la propuesta del gobierno, el organismo creado para entender en la materia sólo propone pero no dispone. Aquí se precisan soluciones y no conversación.

Tampoco está dotado de recursos propios que le permitan acción permanente y en todos lados. Ni se prevén recursos para la educación y creación de conciencia.

No tiene clara ubicación jerárquica, lo que dificultará su accionar en lo que hace a la coordinación y el control.

Desconoce la realidad de que las Intendencias son las únicas que pueden efectivamente controlar por estar en todos lados, no atiende la unidad que circulación e infraestructura vial presentan, desconoce la autonomía y desincentiva la participación municipal.

Respecto de la construcción del articulado, el conjunto presentado es en artículos detallista (nivel de alcohol tolerado en sangre, modo de hacer detener un vehículo) y en otros deja todo librado a las reglamentaciones (velocidades de circulación, toda la normativa ambiental como emisión de contaminantes o niveles de ruido). Omite el tratamiento de lo vinculado a las escuelas de conductores y a las condiciones que deben cumplir los inspectores de tránsito.

Debemos expresar una posición contraria al retiro de la licencia por parte de los inspectores así como nos oponemos al uso del cepo y el guinche como elementos para la inmovilización y el secuestro de vehículos. Alternativamente estamos convencidos de lo adecuada que resulta la práctica de la denominada licencia por puntos, que evita la arbitrariedad del inspector y la violencia del conductor. El descuento de puntos es junto a la obligatoriedad de asistir a cursos de conducción con nuevos exámenes, una útil manera de evitar excesos. Alguien puede restar importancia a lo que tenga que pagar, pero nadie resta importancia a la libertad de utilización de su tiempo.

Los recursos de cepo y guinche pueden ser sustituidos por multas, cursos y descuentos de puntos. Todo con el objetivo de crear conciencia duradera y de premiar a los conductores de buena conducta con descuentos en sus seguros y eventualmente de costo de las patentes de los vehículos que siempre estacionan en los lugares adecuados.

La propuesta gubernamental elimina la CONATRAN (Comisión Nacional de Tránsito) creada por la Ley Nº 16.585, para sustituirla por un organismo de similares características, de asesoramiento, sin recursos propios y sin potestades ejecutivas.

El proyecto de ley no soluciona el problema. Nos duele no poder acompañarlo más allá de reafirmar la firme voluntad de encontrar una solución. Este articulado supone una pérdida de tiempo. Los resultados obligarán a su corrección. Lamentablemente estos resultados se miden en muertos y lesionados, que de aprobarse este proyecto alcanzarán el mismo número cada año. Sentimos la enorme frustración de no haber encontrado la manera de hacer comprender al Gobierno el tipo de respuestas institucionales que se imponen para dar solución al grave asunto de la seguridad vial en el país.

Sala de la Comisión, 7 de noviembre de 2006.

Sergio Botana, Miembro Informante; David Doti Genta, Jaime Mario Trobo, según lo establecido en el inciso 2º del artículo 132 del Reglamento de la Cámara de Representantes, y el sector al cual representa acompaña el Informe en Minoría elaborado por el Diputado Sergio Botana, en virtud de tratarse de la posición del Partido Nacional en dicho tema.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Créase el Consejo Nacional Federal de Seguridad Vial (CONASEV) que tendrá competencia y jurisdicción nacional en materia de tránsito.

Artículo 2º.- Se integrará por cinco miembros (Presidente, Secretario, Tesorero y dos Vocales) designados por el Congreso Nacional de Intendentes que durarán en sus funciones hasta que sean sustituidos por el propio Congreso. Para el nombramiento se requiere el acuerdo de los dos tercios del cuerpo.

Artículo 3º.- El Presidente representará al Consejo, presidirá sus sesiones, firmará con el Secretario las decisiones adoptadas por aquélla y las comunicaciones pertinentes, y tendrá a su cargo la administración de los recursos humanos y financieros, así como las demás funciones que le acordare el reglamento interno.

Artículo 4º.- Las decisiones se adoptarán por mayoría de miembros.

Artículo 5º.- El régimen de funcionamiento, las tareas de los Consejeros, sus retribuciones, la organización y los cargos necesarios para el funcionamiento, las inspecciones y toda cuestión no prevista en la presente, será fijado por la reglamentación que en un plazo de 180 días aprobará el Congreso Nacional de Intendentes.

Artículo 6º. (Comisiones Asesoras).- Se crearán dos Comisiones Asesoras. Una de primer nivel, integrada por un delegado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, uno del Ministerio de Salud Pública, uno del Ministerio del Interior y dos delegados de las Intendencias. La otra, de segundo nivel, integrada por las siguientes organizaciones: Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Intendencia Municipal de Montevideo, Congreso Nacional de Intendentes, Banco de Seguros del Estado, Cámara de Transporte del Uruguay y Federación Obrera del Transporte.

El Congreso Nacional de Intendentes, asimismo, designará un delegado titular y su correspondiente alterno entre los candidatos propuestos por el Centro Automovilista del Uruguay, el Automóvil Club del Uruguay, el Centro Protección de Choferes de Montevideo y la Federación Uruguaya de Choferes.

Artículo 7º. (Competencia).- La CONASEV tendrá las siguientes atribuciones:

A) Establecer los requisitos que deben cumplir las personas para la obtención de la habilitación nacional para conducir.

B) Indicar la normativa que deben cumplir los vehículos para circular en cualquier punto del territorio nacional.

C) Dictar las normas de circulación con alcance nacional.

D) Disponer la reglamentación aplicable a las escuelas de enseñanza de conductores.

E) Establecer las normas que deben cumplir los inspectores de tránsito en lo referente a su formación, aptitudes mínimas y ejercicio de su función.

F) Estará a su cargo la señalización vial en rutas nacionales, caminos departamentales y centros poblados.

G) Gestionar el Registro Unico de Conductores, Infractores y Vehículos, mantenerlo actualizado y aplicar las sanciones correspondientes.

H) Encargarse del Registro de accidentes.

I) Controlar que todos los vehículos que circulen en el territorio nacional tengan vigente el seguro obligatorio por responsabilidad civil por lesiones o muerte contra terceros.

J) Aportar a las autoridades de la Educación los elementos conceptuales y materiales para la enseñanza de valores, normas, hábitos y usos tendientes a asegurar niveles aceptables de seguridad vial.

K) Implementar campañas de comunicación pública con el objeto de elevar los niveles de seguridad vial.

L) Aprobar cualquier tipo de elemento de seguridad a ser utilizado por las personas o vehículos involucrados.

Artículo 8º. (Recursos).- El Consejo se financiará con el monto correspondiente al 10% (diez por ciento) del seguro obligatorio por responsabilidad civil por lesiones o muerte contra terceros.

Artículo 9º. (Delegación).- El Consejo podrá delegar atribuciones, actuar en acuerdo con las Intendencias Municipales, con los Ministerios en el ámbito de su competencia y con organizaciones representativas del sector.

Sala de la Comisión, 7 de noviembre de 2006.

Sergio Botana, Miembro Informante; David Doti Genta.

MENSAJE Y PROYECTO DE LEY DEL PODER EJECUTIVO

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y

Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 26 de octubre de 2006.

Sr. Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el alto honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de remitir el adjunto Proyecto de Ley, sustitutivo del remitido con fecha 20 de junio, con el cual se pretende sancionar una Ley que determine la regulación institucional en materia de tránsito y seguridad vial, estableciendo las autoridades y sus competencias.

Unidad Nacional de Seguridad Vial - Creación

I - Se crea como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, relacionándola con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

De acuerdo a nuestro régimen constitucional, el órgano desconcentrado integra el Poder Ejecutivo y está sometido a su jerarquía. El Poder Ejecutivo, de acuerdo al Art. 149 de la Constitución es ejercido por el Presidente de la República actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros. Por esta razón debe vincularse a uno o más Ministerios relativos a las competencias de la Unidad que se crea. En órganos de naturaleza jurídica similar como la URSEC y la URSEA, esta vinculación se estableció posteriormente por vía de decreto. Sin perjuicio de lo anterior, en el uso de las potestades de atribución de competencias que la Constitución adjudica al Poder Ejecutivo, se prevé en el Art. 8º proyectado que el Poder Ejecutivo pueda reglamentar otros aspectos relativos a la UNASEV.

II - En materia de Objetivos y Competencias se reordenan unos y otros en el entendido que existía cierta confusión por su ubicación en una u otra categoría.

Asimismo se elimina el objetivo relativo a la promoción de una ley de seguro obligatorio, en virtud de que la aprobación de la misma está muy avanzado.

Tránsito y Seguridad Vial en el Territorio Nacional

I - Se declara en el Art. 1º que se trata de una ley de orden público, en lugar de "interés público" como dice la ley proyectada. Doctrinariamente se entiende que una ley es de orden público cuando responde a un interés general, colectivo, por oposición a las cuestiones de orden privado, en las que sólo juega un interés particular. Por eso las leyes de orden público son irrenunciables, imperativas: por el contrario las de orden privado son renunciables, permisivas y confieren a los interesados la posibilidad de apartarse de sus disposiciones y sustituirlas por otras. Concretamente el proyecto habla en sus Arts. 1º y 2º de valores tales como "...la vida y la seguridad personal..." y establece entre sus fines el de "...proteger la vida humana y la integridad psicofísica de las personas y contribuir a la preservación del orden y la seguridad públicos...". Por la naturaleza de los bienes jurídicos tutelados (la vida, la integridad física de los ciudadanos) se entiende que esta ley debería declararse de Orden Público.

II - En el Capítulo "Principios Rectores del Tránsito" se eliminan los artículos 9 y 10 de proyecto original, considerados superabundantes en la medida que sus disposiciones surgen de los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico.

III - Se incorporan cuatro normas (Arts. 30 a 34 actuales) que establecen la obligatoriedad de: -uso de luces bajas en forma permanente (proyecto a estudio de la Comisión), -uso de casco en bicicletas y motocicletas, -uso de señales luminosas a vehículos y conductores en caso de bicicletas y vehículos a tracción a sangre, -uso de cinturón de seguridad a los ocupantes de vehículos automotores (en este caso se elimina además el numeral Ñ del Art. 31 del proyecto original).

IV - En el Capítulo "Medidas de Prevención y Control" se elimina la parte final del primer inciso del Art. 46 del proyecto original (47 actual), en el entendido que la norma establece dos hipótesis completamente diferentes para incurrir en infracción: -la presencia de alcohol en sangre en los conductores de determinados vehículos durante el

desempeño de su función; y -la presencia de alcohol en sangre para los conductores de esos vehículos en cualquier circunstancia. Se interpreta que la voluntad es penar a aquel cuya conducta se enmarca en la primera hipótesis.

V - En el Capítulo "Delitos, Infracciones y Sanciones..." se incorpora un inciso al Art. 53 del proyecto original (54 actual). El artículo incorpora una norma penal, describiendo una conducta y sus elementos causantes con muy poca precisión, se entiende necesario precisar los conceptos de "estado de alteración" y "drogas psicoativas" al momento de imponer una pena de seis meses a dos años de prisión. La solución propuesta, encomendar esa precisión a la reglamentación, puede no ser técnicamente la mejor, pero al menos da garantías al procesado, y marco de referencia al aplicador de la norma.

VI - Finalmente, se elimina el Art. 63 del proyecto original por entenderse superabundante de acuerdo a los principios de nuestro ordenamiento jurídico. Se incorpora un artículo (64 actual), se sugiere la derogación a texto expreso del Título VII de la Ley Nº 16.585, y del artículo 284 de la Ley Nº 17.296, (prueba de alcohol en sangre y retiro de documentación por fiscalizadores).

Saludamos al Sr. Presidente de la Asamblea General con las seguridad de nuestra más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Héctor Lescano, Azucena Berrutti, Danilo Astori, Reinaldo Gargano, José Mujica, Víctor Rossi, Marina Arismendi, José Díaz, María Julia Muñoz, Mariano Arana, Eduardo Bonomi, Jorge Brovetto, Martín Ponce de León.

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y

Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 26 de octubre de 2006.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Unidad Nacional de Seguridad Vial).- Créase como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV).

La UNASEV se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Artículo 2º.- A los efectos de su funcionamiento, la UNASEV actuará en la órbita de la Presidencia de la República y tendrá autonomía técnica, pudiendo comunicarse directamente con los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y demás órganos del Estado.

El funcionamiento de la UNASEV se ajustará a lo que disponga el reglamento que ella dicte, el cual contendrá como mínimo el régimen de convocatoria de sus miembros, así como los regímenes de deliberación, votación y de adopción de resoluciones.

Artículo 3º. (Comisión Directiva).- La UNASEV estará dirigida por una Comisión Directiva integrada por tres miembros designados por el Presidente de la República actuando con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, entre personas que por sus antecedentes personales y profesionales, y conocimientos en la materia, aseguren independencia de criterios, eficiencia, eficacia, objetividad e imparcialidad en sus funciones.

Sus miembros durarán cinco años en ejercicio de sus funciones, pudiendo ser nuevamente designados únicamente por un nuevo período consecutivo.

El Presidente tendrá la representación del órgano y será designado por acuerdo entre los integrantes de la Comisión Directiva, en su primera reunión ordinaria.

Artículo 4º.- Los miembros de la Comisión Directiva de la UNASEV podrán ser cesados en sus cargos por el Presidente de la República actuando con el Consejo de Ministros.

Artículo 5º. (Objetivos).- Son objetivos de la UNASEV, la regulación y el control de las actividades relativas al tránsito y la seguridad vial en todo el territorio nacional, conforme a los siguientes criterios:

A - Promover a uniformizar y homogeneizar las normas generales de tránsito, para la creación de una Política Nacional de Seguridad Vial.

B - Promover pautas y recomendaciones para una óptima regulación del tránsito, y para la correcta aplicación de la presente ley.

C - Coordinar con organismos oficiales y privados de los sistemas formales y no formales de la educación, la aplicación de programas educativos en materia de tránsito y seguridad vial; evaluar los resultados de esa aplicación y asesorar y participar en la capacitación y educación para el correcto uso de la vía pública.

D - Analizar las causas de los siniestros de tránsito y demás aspectos referidos a éstos y propiciar la utilización de las estadísticas para ser aplicados a la elaboración o actualización de la normativa relativa al tránsito y la seguridad vial.

Artículo 6º. (Competencia).- La UNASEV tendrá competencia para:

A - Asesorar en materia de tránsito a todas las personas públicas o privadas.

B - Contribuir a la unificación de criterios a nivel nacional en materia de seguridad vial y ordenamiento del tránsito.

C - Estudiar, proyectar y promover programas de acción aconsejando al Poder Ejecutivo las medidas necesarias para combatir la siniestralidad en las vías de tránsito.

D - Sugerir y ejecutar pautas de educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública en coordinación con los organismos oficiales y privados.

E - Coordinar las tareas que cumplen las entidades dedicadas a preservar la salud y seguridad públicas en el uso de las vías de tránsito de todo el territorio nacional, participando en esas actividades.

F - Contribuir al adiestramiento de los cuerpos técnicos de fiscalización, nacionales y departamentales, de los organismos competentes en materia de tránsito y seguridad vial.

G - Supervisar el Registro Unico Nacional de Conductores, Vehículos, Infracciones e Infractores (RUCVII) creado por la Ley Nº 16.585, el que deberá operar interconectado con el Registro Público de Vehículos Automotores dependiente de la Dirección General de Registros Públicos, con el objeto de unificar la información, sin perjuicio de sus funciones específicas.

H - Supervisar el Registro Obligatorio de Fallecidos y Lesionados como consecuencia de Accidentes de Tránsito, creado por el Decreto Nº 173/002, como sistema nacional único de relevamiento de información sobre los accidentes de tránsito y los aspectos de interés referidos a éstos, con sujeción a las normas internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia de lesiones, deter-minando la forma de procesamiento y utilización de los datos.

I - Propiciar el intercambio de información, así como la comunicación y el relacionamiento directo con los organismos nacionales e internacionales especializados en materia de tránsito y seguridad vial, y el adiestramiento de los respectivos cuerpos técnicos.

J - Proponer los reglamentos relativos al tránsito y la seguridad vial.

K - Administrar los fondos presupuestales y extrapresu-puestales que se le asignen con el fin de atender sus cometidos.

L - Supervisar la aplicación uniforme y rigurosa de las normas y procedimientos de señalización vial establecidas por el manual interamericano de Dispositivos de Control del tránsito de calles y carreteras, formulando las observaciones, recomendaciones y directivas pertinentes.

M - Promover, apoyar y coordinar la formación de Unidades Departamentales de Apoyo a la Seguridad Vial, las que estarán conformadas por personas y autoridades públicas, entidades sociales, culturales y empresariales de los departamentos. Sus funciones y cometidos serán establecidos por la reglamentación que se dicte al respecto.

N - Celebrar acuerdos, contratos, convenios y alianzas estratégicas bilateriales o multilaterales para el cumplimiento de sus cometidos con personas o instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales.

Artículo 7º. (Organos Asesores).- Es también competencia de la UNASEV:

Constituir Cámaras Asesoras con carácter permanente o transitorio, que tendrán carácter técnico y se integrarán con especialistas en las diversas disciplinas relativas al tránsito y a la seguridad vial, así como con representantes de organismos públicos, y personas jurídicas y privadas.

Artículo 8º. (Atribuciones y Competencias).- El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 174 de la Constitución de la República, reglamentará los demás aspectos relativos al funcionamiento de la UNASEV.

Artículo 9º. (Recursos).- Constituirán recursos de la UNASEV las asignaciones presupuestales que le fijen las leyes, los frutos civiles y naturales de los bienes que le pertenezcan, los bienes que reciba por testamento, donación o cualquier otra contribución, los préstamos que obtenga y el producto de los tributos que la ley destine a la misma.

Artículo 10. (Derogaciones).- Derógase el Título I de la Ley Nº 16.585, de 22 de setiembre de 1994.

Danilo Astori, José Mujica, Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, Héctor Lescano, Víctor Rossi, Marina Arismendi, José Díaz, María Julia Muñoz, Mariano Arana, Eduardo Bonomi, Jorge Brovetto, Martín Ponce de León.

DISPOSICIONES CITADAS

Ley Nº 16.585,

de 22 de setiembre de 1994

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- Créase una Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito que será honoraria y que estará integrada por un delegado titular y un delegado alterno de los siguientes organismos públicos e instituciones privadas: Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que la presidirá, Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación y Cultura, Intendencia Municipal de Montevideo, Banco de Seguros del Estado, Cámara de Transporte del Uruguay y Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte, así como un delegado titular y uno alterno designados por los Intendentes del interior.

El Poder Ejecutivo, asimismo, designará dos delegados y sus correspondientes alternos entre los candidatos propuestos por el Centro Automovilista del Uruguay, el Automóvil Club del Uruguay, Centro Protección de Choferes, Confederación Uruguaya de Transporte Automotor y otras instituciones del sector que el mismo Poder Ejecutivo designe. Funcionará en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas como organismo desconcentrado con los cometidos específicos que la ley determine.

Fuente: Ley Nº 16.736,

de 5 de enero de 1996,

artículo 318.

Artículo 2º.- La Comisión Nacional que se crea por la presente ley, tendrá como finalidad coordinar y participar en las tareas que cumplen diferentes entidades con el objeto de preservar la salud y seguridad públicas en el uso de las vías de tránsito de todo el territorio nacional.

Fuente: Ley Nº 16.736,

de 5 de enero de 1996,

artículo 318.

Artículo 3º.- Compete a la Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito:

A) Dictar pautas y formular recomendaciones para la correcta aplicación de las disposiciones de la presente ley.

B) Contribuir al logro de la seguridad y ordenamiento del tránsito.

C) Estudiar, proyectar y promover programas de acción aconsejando al Poder Ejecutivo medidas necesarias para combatir la accidentalidad en el tránsito.

D) Dictar pautas y participar en la educación y capacitación para el correcto uso de la vía pública.

E) Supervisar y coordinar programas educativos con organismos oficiales y privados (docentes, sanitarios, profesionales, científicos, sindicales, empresariales, sociales, de investigación u otros), a fin de obtener mayor eficacia. Dichos organismos deberán condicionar sus acciones a las pautas establecidas por la Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito.

F) Organizar y supervisar un sistema nacional único de relevamiento de información e investigación de causas de accidentes de tránsito y demás aspectos referidos a éstos, su forma de procesamiento y su utilización, propiciando el intercambio con los organismos nacionales e internacionales especializados en el tema y el adiestramiento de los respectivos cuerpos técnicos.

G) Proponer medidas para evitar la contaminación del medio ambiente.

H) Proponer la reglamentación que establezca la variación admisible de los valores que surgen de las pruebas y análisis que puedan corresponder a procesos biológicos, errores de medición y otras causas.

I) La administración de los fondos adjudicados o que se le adjudicaren en el futuro con el fin de atender su desenvolvimiento.

Fuente: Ley Nº 16.736,

de 5 de enero de 1996,

artículo 318.

Artículo 4º.- La referida Comisión estará facultada para requerir de los organismos públicos, así como de los privados, la información y la colaboración necesarias para el correcto cumplimiento de los cometidos que le asigna la presente ley.

Artículo 5º.- La Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito tendrá autonomía técnica para el cumplimiento de sus cometidos.

Artículo 6º.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito serán designados por los organismos correspondientes, con notificación al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pudiendo ser sustituidos en la misma forma.

Fuente: Ley Nº 17.736,

de 5 de enero de 1996,

artículo 318.

Artículo 7º.- Constituyen recursos de la Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito las asignaciones que le fije la Ley de Presupuesto Nacional y sus modificativas.

Fuente: Ley Nº 16.736,

de 5 de enero de 1996,

artículo 318.

Artículo 8º.- Sancionada la presente Ley y dentro del plazo de noventa días, el Poder Ejecutivo dotará el organismo de los recursos humanos y materiales necesarios para su puesta en funcionamiento y reglamentará la Ley, a propuesta del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el asesoramiento de la citada Comisión.

TITULO II

DE LAS ESCUELAS DE CONDUCTORES

Artículo 9º.- La Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito reglamentará el aprendizaje que impartan los centros de enseñanza de conducción de vehículos automotores, así como también las características de los equipos y vehículos destinados a este fin.

Artículo 10.- La Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito determinará las condiciones requeridas para ejercer la docencia de dichos centros.

Artículo 11.- Las Intendencias Municipales llevarán un registro de los centros de enseñanza de conducción de vehículos radicados en su departamento y controlarán el cumplimiento de las normas que los regulan adoptando las sanciones del caso, comunicándolas a la Comisión.

TITULO III

DE LA EDUCACION EN EL TRANSITO

Artículo 12.- El Ministerio de Educación y Cultura, a través de los organismos competentes, propiciará la incorporación a los programas de educación primaria, a todos los niveles, temas destinados a lograr que el niño asuma un rol protagónico seguro en el tránsito.

Artículo 13.- Propiciará, asimismo, la inclusión en los programas de educación secundaria, técnico-profesional y de la Universidad de la República temas referidos a seguridad en el tránsito, vinculándolos con los contenidos curriculares.

Artículo 14.- El Ministerio de Educación y Cultura requerirá, a los fines precedentes, la colaboración y la asistencia de la Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito.

TITULO IV

DE LAS HABILITACIONES PARA CONDUCIR

Artículo 15.- La Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito con el asesoramiento del Ministerio de Salud Pública establecerá normas de calificación de aptitud psicofísica para el otorgamiento de las habilitaciones para conducir, en sus diferentes categorías, las que serán únicas y aplicables en todo el territorio nacional.

Artículo 16.- La Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito establecerá las normas de calificación para la evaluación de la idoneidad de los aspirantes a conductores, cualquiera sea el medio, para el otorgamiento de las habilitaciones para las diferentes categorías, las que serán únicas y aplicables en todo el territorio nacional.

Artículo 17.- Las habilitaciones para conducir serán otorgadas por las Intendencias Municipales en las ciudades capitales y en aquellas localidades que tuvieren los elementos técnicos exigidos para la obtención de las mismas, las que tendrán validez nacional.

TITULO V

DE LOS REGISTROS

Artículo 18.- Créase el Registro Nacional Unico de Conductores, Vehículos, Infracciones e Infractores, el que estará a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Artículo 19.- De acuerdo a sus cometidos específicos y en lo pertinente, quedan obligadas a remitir información las Intendencias Muncipales y las dependencias de los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional.

Artículo 20.- El Ministerio de Transporte y Obras Públicas coordinará con las Intendencias Municipales y demás organismos públicos las formas y los plazos para el suministro de la información necesaria para el funcionamiento del Registro Nacional Unico de Conductores, Vehículos, Infracciones e Infractores.

Artículo 21.- Los datos de dicho Registro deberán ser suministrados a requerimiento del Juez competente, de la Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito y de los demás organismos oficiales vinculados a la prevención de accidentes.

TITULO VI

DE LAS SANCIONES

Artículo 22.- La Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito propondrá a las autoridades competentes un sistema común de sanciones a los infractores de las disposiciones referentes al tránsito, el que se aplicará en todo el territorio nacional por los órganos y autoridades competentes dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones.

Sin perjuicio de lo establecido, cada órgano o autoridad nacional o municipal podrá dictar, dentro del ámbito de su jurisdicción, sanciones complementarias en función de las características de cada caso.

Artículo 23.- Dicho sistema considerará, sin perjuicio de lo dispuesto por el Título VII de la presente Ley:

A) Sanciones superiores, cuando se trate de conductor profesional.

B) Como agravante, el exceso de velocidad según se supere la velocidad máxima autorizada.

C) Como infracción severamente sancionada, la conducción con falta de habilitación.

D) Como agravante, la reiteración dentro del término de doce meses de faltas indicadas precedentemente, lo que determinará la duplicación de la última sanción aplicada.

E) Que la severidad de la sanción sea proporcional al riesgo generado por la falta.

F) Que las sanciones pecuniarias sean establecidas en unidades reajustables.

G) Severamente sancionable la situación de animales sueltos en la vía pública.

TITULO VII

DE LA PRUEBA DE ALCOHOL EN LA SANGRE

Artículo 24.- Se considerará que se encuentra inhabilitado para conducir vehículos de cualquier tipo que se desplacen por la vía pública, cuando la concentración de alcohol en la sangre al momento de conducir el vehículo sea superior a ocho decigramos de alcohol por litro de sangre o su equivalente en términos de espirometría.

Artículo 25.- A partir de la vigencia de la presente Ley los funcionarios del Ministerio del Interior, especialmente habilitados después de ser debidamente capacitados, podrán investigar en cualquier persona que conduzca un vehículo en zonas urbanas, suburbanas o rurales del territorio nacional la eventual presencia y concentración de alcohol u otras drogas en su organismo a través de procedimientos de espirometría.

Al conductor que fuere hallado conduciendo en transgresión de los límites indicados en el artículo 24 se le retendrá la libreta de conducir y se le aplicará, en caso de tratarse de una primera infracción, una suspensión de dicha habilitación para conducir entre seis meses y un año y, en caso de reincidencia, se extenderá dicha sanción hasta el término de dos años. En caso de nueva reincidencia, podrá cancelarse la libreta de conductor.

Al conductor que se rehusare a los exámenes antes referidos se le retendrá la libreta de conductor y se le advertirá:

A) Que la negativa supone presunción de culpabilidad.

B) Que la autoridad competente podrá aplicar oportunamente una sanción que implicará la inhabilitación para conducir entre seis meses y un año de constituida la primera infracción y, en el supuesto caso de reincidencia, la misma podrá extenderse hasta un máximo de dos años.

La inspección a que refiere este artículo sólo podrá efectuarse en las áreas y dentro de los horarios en que el Ministerio de Salud Pública garantice poder realizar el análisis a que refiere el artículo 30 de la presente Ley.

Artículo 26.- El conductor de un vehículo destinado al transporte colectivo de pasajeros, que sea sometido a los exámenes precedentemente establecidos, incurrirá en transgresión si de los mismos surge la presencia de alcohol en la sangre en cualquier proporción, por mínima que ella fuere.

Artículo 27.- Cuando ocurran accidentes de tránsito con víctimas -accidentados o fallecidos- se someterá a los conductores de los vehículos involucrados a los exámenes que permitan determinar el grado de eventual embriaguez alcohólica de los mismos.

A tales efectos, podrá recurrir, de ser posible, a la prueba de espirometría y en su defecto a la sangre y orina.

Artículo 28.- Cuando un conductor deba someterse, de conformidad con la disposición anterior, a un análisis de sangre para determinar la concentración de alcohol en su organismo, la correspondiente extracción sólo podrá realizarse por médico, enfermero u otro técnico habilitado y en condiciones sanitarias acordes con las pautas establecidas por el Ministerio de Salud Pública.

Artículo 29.- A solicitud del conductor de un vehículo que ha sido sometido a los exámenes aludidos en las disposiciones precedentes, el funcionario actuante deberá extenderle un recaudo en el cual deberá constar fecha, hora y lugar en que se realiza la prueba y sus resultados claramente consignados.

Artículo 30.- La persona que sea sometida a exámenes de espirometría, sangre u orina, en los términos establecidos precedentemente, podrá solicitar inmediatamente de las autoridades competentes del Ministerio de Salud Pública que uno de los técnicos habilitados a esos efectos efectúe otros exámenes que permitan revisar los resultados de aquellos.

Artículo 31.- Los resultados de las pruebas efectuadas en los términos indicados en las disposiciones precedentes, constituirán pruebas idóneas en juicios de carácter civil o penal.

En los casos en que la persona afectada por la ejecución de los exámenes a que refiere el presente Título considere que se han violado sus derechos y garantías, podrá ocurrir ante la sede jurisdiccional competente para que resuelva si el procedimiento utilizado ha sido o no ajustado a derecho.

TITULO VIII

DE LAS UNIDADES DE RESCATE

Artículo 32.- El Ministerio de Salud Pública reglamentará todo lo referido al procedimiento de realización de pruebas o análisis previstos por los artículos precedentes.

Artículo 33.- El Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, organizará y tendrá a su cargo el servicio de unidades de rescate de los accidentados en el tránsito.

TITULO IX

DE LA SEGURIDAD GENERAL

Artículo 34.- Las Intendencias Municipales están obligados dentro del ámbito de su competencia, a fiscalizar el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto-Ley Nº 15.011, de 13 de mayo de 1980.

DECRETO Nº 173/002,

de 14 de mayo de 2002

Ministerio de Salud Pública

Ministerio del Interior

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 14 de mayo de 2002.

VISTO: la problemática presentada por los accidentes de tránsito en nuestro país;

RESULTANDO: I) que estos accidentes ocupan el primer lugar como razón de morbimortalidad en todo el territorio nacional, siendo la primera causa de muerte en la población joven, de uno a treinta y cuatro años;

II) que una evaluación mensurada elaborada por la Comisión Nacional de Prevención de Accidentes de Tránsito ubica en un costo anual para el país, como resultado de este tipo de accidentes, una cifra superior a los U$S 900:000.000 lo que hace, aproximadamente un 4,5% del PBI;

III) que lo expuesto en el numeral anterior indica que nuestro país tiene un costo aproximado de U$S 300 per capita destinado a atender los efectos de los accidentes de tránsito, destacándose en cuanto a la evaluación de los costos relacionados al Sector Salud, que los mismos giran en el entorno de la cifra de U$S 500:000.000, en la atención médica;

CONSIDERANDO: I) que en el año 1978 en la Reunión Interamericana de Carreteras, llevada a cabo en la ciudad de Caracas, República de Venezuela, se definió la importancia de contar en cada país, con un Registro Nacional Unico de Lesionados por Accidentes de Tránsito confeccionándose por el representante de nuestro país el primer Formulario en tal sentido;

II) que en 1991 el Programa de Accidentes de Tránsito del Ministerio de Salud Pública, tomado como modelo el referido Formulario confeccionó el Formulario Prueba para la recolección de datos en los Centros de Asistencia de Salud Pública y Privada, aplicándose en forma progresiva en todo el país en los Sectores mencionados;

III) que el resultado de la aplicación del Formulario mencionado al presente y la evaluación del procedimiento de Registro implementado demuestra la insuficiencia del sistema, a lo cual han coadyuvado una sumatoria de causas, entre las cuales se destaca la falta de obligatoriedad del referido Registro;

IV) que lo mencionado fundamenta adecuadamente la necesidad de cometer al Ministerio de Salud Pública la implementación de un Registro obligatorio al respecto, con el objetivo de conocer el número de muertos y lesionados por accidentes de tránsito, sus características y distribución, con la finalidad de utilizar usos datos como indicadores para la evaluación de las medidas dirigidas a la disminución de dichos accidentes y al cálculo de costos, basados en las necesidades asistenciales y de rehabilitación de los lesionados y su permanencia en servicios de diferente complejidad;

V) lo preceptuado por los artículos 7º de la Constitución de la República, en cuanto a garantizar el derecho de todo habitante del país a ser protegido en el goce de su vida, libertad y seguridad y 44 de la misma en cuanto establece la obligación del Estado de legislar en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del territorio nacional y lo establecido por los artículos 2º y concordantes de la Ley Nº 9.202, del 12 de enero de 1934 Orgánica de Salud Pública, el artículo 26.2 del Decreto Nº 118/894 de 23 de marzo de 1984 y los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 16.585 de 22 de setiembre de 1994;

VI) lo informado por la División Jurídico Notarial del Ministerio de Salud Pública;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DECRETA

Artículo 1º.- Cométese al Ministerio de Salud Pública la implementación de un Registro Obligatorio de Fallecidos y Lesionados como consecuencia de accidentes de tránsito.

Artículo 2º.- El Ministerio de Salud Pública será considerado como Organismo de referencia en la coordinación primaria de accidentes al respecto.

Artículo 3º.- Todas las Instituciones de Asistencia Médica Pública y Privada, quedan obligadas a proporcionar los datos que el Ministerio de Salud Pública les requiera.

Artículo 4º.- El incumplimiento de lo precedentemente expuesto por parte de las Instituciones de Asistencia Médica Públicas o Privadas, será considerado falta grave la cual será sancionada de conformidad con la normativa vigente en la materia.

Artículo 5º.- Cométese al Ministerio de Salud Pública la confección de un Formulario Tipo a los fines referidos.

Artículo 6º.- Los datos del Registro que se crea en el presente Decreto se canalizarán y coordinarán a través de la Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito a través del delegado del Ministerio de Salud Pública en la misma, a los efectos que la Ley Nº 16.585 establece.

Artículo 7º.- Comuníquese, publíquese.

Batlle, Alfonso Varela, Guillermo Stirling, Lucio Cáceres, Alvaro Alonso.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

SECCION X

DE LOS MINISTROS DEL ESTADO

CAPITULO I

Artículo 174.- La ley, por mayoría absoluta de componentes de cada Cámara y a iniciativa del Poder Ejecutivo, determinará el número de Ministerios, su denominación propia y sus atribuciones y competencias en razón de materia, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 181.

El Presidente de la República actuando en Consejo de Ministros, podrá redistribuir dichas atribuciones y competencias.

El Presidente de la República adjudicará los Ministerios entre ciudadanos que, por contar con apoyo parlamentario, aseguren su permanencia en el cargo.

El Presidente de la República podrá requerir de la Asamblea General un voto de confianza expreso para el Consejo de Ministros. A tal efecto éste comparecerá ante la Asamblea General, la que se pronunciará sin debate, por el voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes y dentro de un plazo no mayor de setenta y dos horas que correrá a partir de la recepción de la comunicación del Presidente de la República por la Asamblea General. Si ésta no se reuniese dentro del plazo estipulado o, reuniéndose, no adoptase decisión, se entenderá que el voto de confianza ha sido otorgado.

Los Ministros cesarán en sus cargos por resolución del Presidente de la República sin perjuicio de lo establecido en la Sección VIII.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Transporte y Obras Públicas

ACTA Nº 29

En Montevideo, a los diecinueve días del mes de marzo del año dos mil siete, a la hora trece y cuarenta y dos minutos se reúne, en sesión extraordinaria, la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros señores Senadores Juan Justo Amaro, Eleuterio Fernández Huidobro, Rafael Michelini, Carlos Moreira, Luis Oliver y Víctor Vaillant.

Falta con aviso el señor Senador Enrique Antía.

Actúan en Secretaría la señora Secretaria de Comisión Lydia El Helou y el señor César González.

Abierto el acto se pasa a considerar la elección de Presidente para el presente período legislativo.

El señor Senador Eleuterio Fernández Huidobro propone para ocupar dicho cargo al señor Senador Víctor Vaillant, quien es electo por cinco votos en seis y pasa a ocupar la Presidencia.

Seguidamente se considera el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se crea la Uni-dad de Seguridad Vial. (Carpeta Nº 706/2006, Distribuido Nº 1421/2006).

El proyecto de ley resulta aprobado, según se detalla a continuación:

Artículo 1º.- Cuatro votos en seis señores Senadores presentes. Afirmativa.

Artículo 2º.- Cuatro en seis. Afirmativa.

Artículo 3º.- Cuatro en seis. Afirmativa.

Artículo 4º.- Cuatro en seis. Afirmativa.

Artículo 5º.- Cuatro en seis. Afirmativa.

Artículo 6º.- Cuatro en seis. Afirmativa.

Artículo 7º.- Cuatro en seis. Afirmativa.

Artículo 8º.- Cuatro en seis. Afirmativa.

Artículo 9º.- Cuatro en seis. Afirmativa.

Artículo 10.- Cuatro en seis. Afirmativa.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Rafael Michelini, quien lo hará en forma verbal.

Finalmente, se resuelve:

1. Invitar al señor Ministro de Transporte y Obras Públicas para el próximo lunes veintiséis, con el objeto de escuchar la opinión de dicho Secretario de Estado sobre el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se establecen normas para tránsito y seguridad vial (Carpeta Nº 715/2006 - Distribuido Nº 1434/2006).

2. Invitar para el miércoles veintiocho al Congreso de Intendentes, para que sus autoridades opinen sobre el proyecto de ley sobre tránsito y seguridad vial arriba mencionado (Carpeta Nº 751/2006 - Distribuido Nº 1434/2006) y recibir, en segundo lugar, a representantes de la Coordinadora Intersectorial de Políticas sobre Alcohol, que han solicitado audiencia para referirse al mismo tema.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1508/2007 que integra este documento.

A la hora catorce y treinta y seis minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la Secretaria de la Comisión.

Víctor Vaillant Presidente

Lydia El Helou Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: como primer punto del breve informe que queremos hacer sobre este proyecto de ley queremos decir que todos somos conscientes de la problemática vial, de los accidentes que ocurren a diario y de la voluntad que tiene el Parlamento, y el Gobierno en general, para solucionar este tema. Quiero agregar, además, que estamos abocados a este trabajo de tal manera que pensamos que bien valdría el esfuerzo si, al menos, consiguiéramos salvar una sola vida a partir de la legislación y del trabajo que hagamos en esta Sala. Si bien creo en estas afirmaciones, no puedo trasmitir al conjunto de los integrantes de este Cuerpo que ellas sean completamente ciertas. En primer lugar, porque en el tema vial venimos retrasados.

En segundo término, porque el Gobierno nacional el año pasado envió un proyecto, que luego dividimos en dos que fueron votados por la Cámara de Representantes y ahora la Comisión respectiva del Senado trae uno de ellos para que se haga ley, mientras que el otro sería enviado en abril, por lo que su aprobación demoraría un mes más. Por otro lado, hay un proyecto vinculado a seguro obligatorio contra terceros que estaría faltando en este tema. Nos acabamos de enterar que uno de los proyectos que impacta más en la cultura de la responsabilidad en el tránsito -porque advierte a través de la publicidad, a los ciudadanos que ingieren alcohol, que combinarlo con el acto de manejar puede traer graves consecuencias y que un alto porcentaje de accidentes está vinculado a su consumo- fue presentado en la Legislatura anterior y hoy está archivado. Al respecto, solicitaría que nos comprometamos para que ese texto, o uno similar que se puede trabajar en Comisión, se incorpore al proyecto que vamos a traer en abril, que refiere a normas vinculadas al tránsito vial.

Por lo tanto, hay una toma de conciencia, un esfuerzo sobre este tema y una energía dirigida a tratar de reglamentar las normas de tránsito vial, pero insisto en que estamos notoriamente demorados. Lamentablemente, Uruguay ocupa uno de los primeros lugares, entre los países de América Latina que sufren accidentes de tránsito a causa de la ingesta de alcohol. Si no somos los primeros, tenemos el dudoso honor de ser el segundo país con más accidentes por esa causa; por lo tanto, mucho tenemos que hacer al respecto.

Sin embargo, como todo vaso que está medio lleno o medio vacío, hay algunos aspectos que queremos destacar. Antes de referirnos a cada uno de los artículos, debo decir que esta iniciativa no viene de la cúpula o es obra de un Ministro iluminado, es un proyecto que fue estudiado por muchas personas -aunque todavía son muy pocas- que saben del tema. Se trata de asesores de la Intendencia, de personas vinculadas a organizaciones no gubernamentales, a entidades de salud de los Ministerios respectivos y a instituciones privadas o mutualistas del país, así como de personalidades que están relacionadas, técnica y humanamente, con el problema. Esta génesis no es menor, porque si hay algo que nosotros podemos hacer a favor de la toma de conciencia del tema, es consultar y hacer participar a quienes desde hace muchos años vienen trabajando en soledad.

Si este proyecto de ley fuera un reconocimiento a los que han trabajado todo este tiempo en solitario ya estaríamos dando un gran paso. En el momento en que se vote el proyecto en el día de hoy o cuando el Presidente de la República lo promulgue -que, efectivamente, lo va a hacer- o cuando se instale la Unidad Nacional de Seguridad Vial, muchos que en soledad han trabajado -pertenecientes a distintos partidos políticos- o que han sido afectados de una forma directa o indirecta por los accidentes de tránsito, se han metido en el problema de la seguridad vial y se han encontrado con que en el Uruguay la mitad de los accidentes se podrían evitar si los conductores no ingirieran alcohol, van a sentir que su lucha, su esfuerzo, su energía y su gesta no han sido en vano.

Naturalmente que hay mucho para hacer, pero la Unidad que estamos creando no es menor, es un paso importante. El Ente que va a regular todos estos temas va a ser una Unidad de consulta permanente de las Intendencias, del Gobierno nacional, de ambas Cámaras y del conjunto de las entidades privadas vinculadas al asunto. Creo que su dictamen va a ser muy importante a la hora, por ejemplo, de conformar los seguros. Comentábamos con algún compañero que Uruguay está atrasado, incluso, en la utilización de los colores que deben tener los vehículos de servicio y transporte público de pasajeros, ya sea colectivo o individual. Algunos colores están desaconsejados porque afectan la visibilidad del vehículo, arriesgando así a los pasajeros. Asimismo, la propaganda exhibida en algunos medios de transporte hace perder metros de visibilidad, tanto de los vehículos como de los peatones que recorren por el territorio nacional.

Esta Unidad va a estar vinculada al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tal como lo determina el artículo 1º. Va a tener autonomía de funcionamiento, va a ajustarse a lo que diga el Reglamento que ella dicte y, naturalmente, dicha autonomía técnica la va a poder volcar a los integrantes de diferentes institutos, organizaciones de la sociedad y al Parlamento.

Va a estar conformada por una Comisión Directiva con todas sus potestades. En el artículo 3º se determina la integración de sus miembros; en el artículo 4º, la calidad del cese de los mismos y en el 5º, sus objetivos. En el artículo 6º, que es largo y es, quizá, el de mayor discusión, figuran todas las competencias de la Unidad Nacional de Seguridad Vial y es ahí donde va a poder aconsejar, en reiteradas oportunidades, con normas que tengan rango de decreto, porque serán departamentales y nacionales, o rango de resoluciones o de ley porque aconsejarán a este Parlamento. En definitiva, a través de todas estas competencias, va a poder aconsejar qué se puede hacer para evitar los accidentes.

Los artículos 7º y 8º refieren a las competencias y atribuciones con respecto al Poder Ejecutivo y al asesoramiento. El artículo 9º se refiere a los recursos y el 10 deroga una Comisión que figura en la Ley Nº 16.585, de 22 de diciembre de l994, y que es, quizá, su principal y más cercano antecedente.

Algunos se preguntarán por qué no se vota el otro proyecto; otros, dirán, además -porque esto es público-, que el otro proyecto va a tener alguna modificación por lo que se enviará a la Cámara de Representantes; otros cuestionarán por qué no se avanza en el tema de los seguros y en el de la publicidad. Pero a lo que aspiro es a que este primer paso que estamos dando hoy, este compromiso que asume el Parlamento, sirva para avanzar en el tema de los seguros, de las normas de tránsito y de la publicidad y que dentro de algunos meses, en cualquier círculo nacional o internacional, se hable con orgullo de la legislación y las normas uruguayas porque estarán en la primera línea a nivel internacional. No pretendemos que nuestra legislación sea la más moderna o que esté a la cabeza a nivel nacional e internacional producto del orgullo de tener buenas normas, sino a causa de la sensibilidad que compartimos acerca de un tema que cobra vidas, sobre todo, de jóvenes. Obviamente, el daño que se le hace a las familias de nuestro país es enorme y por ello todos los uruguayos tenemos la responsabilidad de tomar conciencia de que este es un mal evitable. No hay excusas para no avanzar en este campo. A veces, se producen accidentes por una catástrofe, por una situación climática u otros inconvenientes sobre los que el ser humano nada puede hacer. En esos casos sólo resta atender a los heridos, a las personas damnificadas y compensar el daño que la naturaleza ha causado. En este caso, el daño que se hace a las familias, a las personas, a los terceros, producto del mal manejo y del alto porcentaje de incidencia que tiene el consumo de alcohol, es previsible, evitable y, a través de todas estas normas, corregible.

En nuestro país, a nadie se le ocurriría -en otros países la norma es inversa- andar en auto en sentido contrario, es decir, por la izquierda. El tránsito tiene normas y códigos, y si no son respetados se puede generar todo tipo de accidentes. Por ejemplo, hay que respetar la luz roja, el cartel de pare, las cebras y los niveles de velocidad. No obstante, hay un elemento que no está incorporado a la cultura del manejo y la conducción en la sociedad uruguaya; me refiero a la ingesta de alcohol. Pienso que esta primera iniciativa, así como la relativa a las normas de tránsito vial en el Uruguay -por medio de la publicidad y de la aprobación del tema de los seguros-, y el hecho de que en los próximos cuatro o cinco meses tendremos una batería de proyectos, ideas e iniciativas legislativas permitirán, tanto al Gobierno Nacional como a los Departamentales, hacer un esfuerzo tendiente a evitar pérdidas humanas.

Resta, entonces, desearles a estas iniciativas el porcentaje de suerte que deben tener cuando incursionamos en estos cambios a nivel de la cultura. Los uruguayos hemos aceptado desafíos y, en ese sentido, podemos afirmar que con respecto al consumo de tabaco se ha avanzado muchísimo. Hemos hecho cambios culturales que el conjunto de la sociedad ha aceptado y hoy, precisamente, estamos apelando a esa veta cultural uruguaya.

Si mis palabras pudieran agregar a este proyecto de ley -o a los que van a venir- el cambio cultural a texto expreso, así lo haríamos, pero es imposible, no lo puede hacer un Legislador, la mayoría del Cuerpo ni el Parlamento entero. El cambio cultural tiene que ser ayudado por todos y debe llegar hasta el último de los ciudadanos.

Por eso, señor Presidente, luego de votado este proyecto de ley y los que estaremos aprobando en el correr de los próximos meses, apelo a que todos seamos voceros de un manejo mucho más racional y de un apego a las normas, evitando la ingesta de alcohol a la hora de conducir por las calles de nuestro país.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR AMARO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMARO.- Señor Presidente: con respecto a las leyes de tránsito y seguridad vial y a la creación de una Unidad Nacional de Seguridad Vial, me parece que todos estamos de acuerdo con la necesidad de aprobar este tipo de normas; es una obligación. No obstante, creemos que estos proyectos de ley son objeto de dos iniciativas separadas, que perfectamente pueden ser analizadas en un bloque porque son disposiciones complementarias. No dudamos de las intenciones que tienen ambos proyectos en lo que hace a su contenido, pues apuntan a la disminución de los accidentes de tránsito, entre otras metas, lo que constituye un flagelo para la sociedad uruguaya. El buen orden en el funcionamiento del tránsito no es un asunto menor. Si bien estoy de acuerdo con la intención, no parece que este sea el camino correcto o el más adecuado a seguir.

En cuanto al tema de las competencias, podemos decir que el tránsito constituye un asunto en el que, de acuerdo con las normas jurídicas vigentes, varios organismos públicos tienen competencias concurrentes. Me refiero, por ejemplo, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a los Gobiernos Departamentales y a las Comisiones creadas por ley. No vamos a entrar en disquisiciones jurídicas, pero creo que con estas leyes podríamos tener algún inconveniente en tanto el artículo 262 de la Constitución de la República, que forma parte de la Sección XVI "Del Gobierno y de la Administración de los Departamentos", dice: "El Gobierno y la Administración de los Departamentos, con excepción de los servicios de seguridad pública, serán ejercidos por una Junta Departamental y un Intendente. Tendrán sus sedes en la capital de cada Departamento e iniciarán sus funciones sesenta días después de su elección".

Más adelante expresa: "Habrá un Congreso de Intendentes, integrado por quienes fueren titulares de ese cargo o lo estuvieren ejerciendo, con el fin de coordinar las políticas de los Gobiernos Departamentales. El Congreso, que también podrá celebrar los convenios a que refiere el inciso precedente, se comunicará directamente con los Poderes del Gobierno".

Puede entenderse que, según la Constitución de la República, los temas relativos al tránsito y muchos otros serían competencia de los Gobiernos Departamentales, en grado mayor, a excepción de la seguridad pública.

Creo que la labor de unificación de criterios en torno al tránsito necesariamente debe pasar por el Congreso de Intendentes. Este órgano es nombrado en la Constitución y tiene por objeto reunir a todos los Intendentes para planificar, entre otras importantes funciones, la política de desarrollo del interior. No sé a cuántos Intendentes Municipales y Juntas Departamentales se les consultó sobre estos proyectos de ley. Tampoco sé si están de acuerdo, pero me parece que -según los comentarios que he recibido- no lo están. Me pregunto cómo se va a aplicar todo esto si los órganos encargados de su puesta en marcha no están convencidos. Creo que estas iniciativas deben pasar primero por los Gobiernos Departamentales que, además, son los competentes en la materia.

Por otro lado, en esta iniciativa se propone la creación de un organismo desconcentrado -UNASEV-, muy parecido a un Servicio Descentralizado en cuanto a las formalidades, a la designación de sus miembros y a otras características.

Nos parece que la Comisión Honoraria creada por la Ley Nº 16.585, es un órgano apropiado para realizar la labor de coordinación entre los institutos públicos encargados del tránsito y para plantear nuevas propuestas. Creo que esta iniciativa va a aumentar el gasto público a través de la creación de organismos nuevos que necesitarán más recursos presupuestales.

Por las razones expuestas, señor Presidente, el Partido Colorado no va a votar el proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: en primer término, señalo que coincidimos con la preocupación manifestada por el Miembro Informante de la mayoría, en cuanto a la importancia de esta temática y al alto costo que la elevada siniestralidad del Uruguay representa en vidas humanas, lesiones personales y pérdidas materiales. Estamos de acuerdo en que es preciso avanzar, mejorando los instrumentos normativos en esta materia. El Miembro Informante hizo gran hincapié en el tema del consumo de alcohol como causa predominante de la alta siniestralidad, pero debemos decir que ésta tiene infinidad de componentes que pasan por la educación vial, la vetustez del parque automotor, la mala calidad de las vías de tránsito, la impericia de muchos conductores, el hecho de no centralizar la información y la falta de contralores adecuados en muchos aspectos, es decir, infinidad de causas que concurren en esta temática. Quienes hemos tenido responsabilidades constitucionales por haber sido intendentes municipales, conocemos bien la complejidad de este fenómeno, la multitud de causas que lo provocan y las diferentes maneras de atacar este mal endémico del Uruguay. Hoy escuchamos decir a los especialistas que estamos segundos en América del Sur en cuanto al número de siniestros, situándonos en diecisiete fallecimientos por accidentes de tránsito cada cien mil habitantes. Sólo nos supera la República Argentina -que siempre suele superar en las cosas malas a los demás países sudamericanos-, que tiene más de veinte fallecidos por accidentes de tránsito cada cien mil habitantes.

Sin embargo, el tema que nos ocupa en el día de hoy no es el sistema de normas o la ley marco para regular la seguridad vial en el Uruguay. Hay dos proyectos de ley: el de creación de esta Unidad de Seguridad Vial y el de la ley marco que regula distintos aspectos de la seguridad vial. Como el Miembro Informante se introdujo en el segundo tema, no podemos sustraernos a la tentación de hacerlo nosotros también y, en tal sentido, adelantamos que el Partido Nacional tiene discrepancias con los dos proyectos. En especial tenemos diferencias con el segundo, en cuanto a las normas que disponen las sanciones penales que este prevé; consideramos que existe imprecisión en algunas de ellas y nos referimos a penas privativas de libertad que van desde los seis meses a los dos años y desde los seis meses a los tres años de penitenciaría -o sea que no son penas leves- para violaciones a determinadas normas. Además, allí se habla, por ejemplo, de la definición de "conducción con manifiesta temeridad", lo que nos parece de una imprecisión absoluta, máxime teniendo en cuenta la gravedad de la sanción que se estipula. Pero no quiero adentrarme en el estudio de este tema, porque vamos a considerarlo en próximas sesiones y la Comisión todavía no se ha pronunciado al respecto. Lo que ocurre es que están muy unidos porque en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo venía todo junto, por lo que reitero que no puedo sustraerme a la tentación de mencionarlo, tal como lo hizo el Miembro Informante por la mayoría.

El Partido Nacional ya ha expresado sus discrepancias en la Cámara de Representantes con respecto a la ubicación institucional de esta Unidad de Seguridad Vial. En ese sentido, tenemos aquí en Sala dos informes que se han solicitado, uno de ellos del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay y catedrático de la misma, doctor Martín Risso Ferrand, que hizo algunas consideraciones con respecto a los primeros artículos del proyecto de ley de creación de la UNASEV. El doctor Risso Ferrand dice: "Los artículos 2 y 3 del proyecto de ley que crea la Unidad Reguladora constituyen una remisión legal en blanco. Aquí la inconstitucionalidad es doble: (a) por un lado en la medida en que autoriza una regulación a un órgano administrativo sin justificación válida y sin dotar de contenido a la remisión /…/; y (b) se olvida lo dispuesto en el artículo 168 numeral 4 de la Constitución del que surge que la potestad reglamentaria de la ley es competencia del Poder Ejecutivo" -acuerdo con el Ministro respectivo o Consejo de Ministros-, "y no puede la ley alterar esta asignación de competencia." Más adelante dice el doctor Martín Risso Ferrand: "El artículo 2 también es claramente inconstitucional al colocar a la UNASEV en el ámbito de la Presidencia de la República. En forma sintética cabe decir al respecto: (a) la Presidencia de la República es un órgano de competencia constitucional cerrada, no abierta a la ley (sólo tiene aquellas competencias que surgen de la Constitución); (b) todo órgano dependiente del Poder Ejecutivo debe tener conexión a través de un Ministerio (‘acuerdo’ o Consejo de Ministros), que son los que pueden ser controlados por el Parlamento e incluso llamados a Sala o censurados (artículos 120, 147 y 148 de la Constitución); (c) el proyecto retoma una patética práctica de hace cuatro o cinco años y coloca órganos trascendentes fuera de la órbita de los ministros y bajo la égida del Presidente (irresponsable políticamente ante el Parlamento) con lo que altera el equilibro entre los dos Poderes políticos y sustrae indebidamente materias del contralor parlamentario. Si se quiere crear la Unidad," -concluye Risso- "su ubicación deberá estar, necesariamente, en la órbita de un Ministerio (o varios), como dependencia del mismo (que será responsable políticamente por la actuación de la Unidad)."

Esto mismo lo refería en el día de ayer el propio Ministro de Transporte y Obras Públicas, al señalar cómo él iba a asumir determinadas obligaciones o responsabilidades que por sí solo no podía administrar, en una confesión de impotencia con respecto a un tema que, tal como expresaba el señor Senador Amaro, ha sido materia compartida entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales. Claramente, los Gobiernos Departamentales tienen competencias en lo que hace a las vías de tránsito departamentales, llámense calles de villas, pueblos o ciudades o caminos departamentales. La responsabilidad de las competencias sobre los caminos nacionales la tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es una competencia que está desdoblada, y me parece que existe una zona muy gris que la divide en dos partes y siempre se torna muy riesgoso transitar por estos temas por la posibilidad de vulnerar competencias constitucionales originarias. Es evidente que los Gobiernos Departamentales tienen un accionar permanente, diario, de registro de vehículos, expedición de libretas, controles carreteros, sanciones y demás, por lo que son actores principales e ineludibles en esta materia y también a los efectos de su regulación.

Es cierto que las realidades son distintas en los diferentes departamentos y muchas veces las legislaciones deben respetarlas y tenerlas en cuenta. Un tema que ha sido muy polémico es el del uso del casco en las bicicletas y motocicletas y en varios departamentos -en Cerro Largo, en Colonia y en otros varios- ha llevado a pronunciamientos populares muy fuertes, ya que miles de ciudadanos manifestaron estar en contra de esto. Al respecto, la Cátedra de Derecho Internacional indica que es mucho mejor usar casco que no usarlo y podemos coincidir, pero lo cierto es que no es lo mismo imponer la obligatoriedad para circular por Avenida Italia y Luis Alberto de Herrera, que por el pueblito de Miguelete, donde viven pacíficamente 600 habitantes y donde la siniestralidad es prácticamente inexistente. Por lo tanto, no sé si no se deben respetar particularidades locales que quizás, sabiamente, el constituyente ha recogido. Muchas veces, tratar en forma diferente situaciones desiguales, es una prueba de sapiencia y de inteligencia. En ocasiones, no se consiguen los resultados debidos y se llega a la violación sistemática de las normas, cuando estas escapan de la realidad que las circunda. Digo esto como reflexión general y como explicación de por qué en muchas oportunidades la regulación de estos temas debe estar en el ámbito de las localidades o departamentos, es decir, en el ámbito municipal. Esto ha sido históricamente así en el Uruguay. Hay gran cantidad de normas que regulan estos términos, entre ellas, el Decreto Ley Nº 10.382 de 1943 y la Ley Orgánica Muncipal de 1935. Asimismo, contamos con opiniones de varios catedráticos como Sayagués y Pratt, que se refieren a las competencias departamentales originarias en esta materia.

En el mismo sentido, el doctor Daniel Hugo Martins, hablando del proyecto de ley de creación de la UNASEV, dice claramente que esta iniciativa se ajustaría a la Constitución si el órgano desconcentrado que se crea dependiera de algún Ministerio, por cuanto la competencia de la Presidencia no puede ser ampliada por ley. Y agrega que dicho proyecto de ley no lesionaría la autonomía de los departamentos si el mismo se refiriera a las carreteras de jurisdicción nacional. Concluye diciendo que el artículo 2º del mencionado proyecto de ley -creo que está hablando del artículo 5º-, en cuanto comete a la UNASEV la regulación y el control de todas las actividades relativas al tránsito y a la seguridad vial en todo el territorio nacional, también lesionaría la autonomía departamental.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: hemos escuchado con atención el razonamiento del señor Senador Moreira pero me parece que, por lo menos, deberíamos aceptar que esa materia es discutible. Fíjense en lo siguiente: supongamos -aunque esto no tiene que ver con el proyecto de ley que hoy estamos tratando- que una persona circula en motoneta llevando un acompañante a quien no le ha prestado un casco y ocurre un accidente en el que este último muere, y los Jueces -no ya el Parlamento- determinan que hay un homicidio culposo. Esto sería así porque la persona debió prever que podía ocurrir un accidente -circulando en una motoneta, las probabilidades de que esto ocurra no son escasas-, por lo que el acompañante debía llevar el casco y el conductor tenía que proveérselo. Hay que tener en cuenta que alguien podría decir que si esto hubiera ocurrido en una carretera nacional podría tratarse de un homicidio culposo, pero no si sucedía en una calle departamental. Pero es un homicidio culposo en cualquier circunstancia, o no lo es.

Aquí no pueden quedar dudas de que determinadas normas de seguridad van más allá del tema de los departamentos. Supongamos que el Gobierno de un departamento dijera que en él se circulará por la izquierda y no por la derecha; esto estaría en el ámbito departamental y el señor Senador Moreira tendría razón. Cuando el señor Senador asegura, con tanta fuerza, que las autonomías departamentales no se pueden tocar, yo tengo mis dudas al respecto y puedo decir que mi posición es distinta, pero acepto que hay ámbitos departamentales con los que hay que ser cuidadosos. No me sumo -ni quiero que lo haga el Senado-, señor Presidente, a la idea de que en cuestión de tránsito, todo es departamental y nada es nacional, cuando la realidad rompe los ojos en el sentido de que hay una serie de normas nacionales, como las relativas a las luces -a veces, ni siquiera son nacionales, sino que son internacionales-, que no se aplican a nivel departamental.

Quería contribuir con eso, señor Presidente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: veo al señor Senador Michelini incursionar en el Código Penal y en la figura del homicidio culposo con gran facilidad. Le pediría que no se adelantara hoy a tipificar delitos porque en los departamentos en los que no es obligatorio el uso del casco, no se comete ninguna infracción al no usarlo o al llevar algún acompañante sin él. Creo que el uso del casco es obligatorio, si mal no recuerdo, en cuatro departamentos del país; que después, como consecuencia de esta ley, pase a ser obligatorio, es otro tema, pero hoy por hoy, manejémonos con la realidad y no procesemos gente de antemano. Ex-preso esto porque a este proyecto de ley lo veo muy procesador.

Además, con respecto al ejemplo que puso el señor Senador de circular por la izquierda, pienso que eso puede suceder porque ha ganado el Frente Amplio, pero a nadie se le ocurriría. Aquí hay normas de alcance nacional que establecen determinadas obligaciones, así como una ley de tránsito de 1994 -que aquí se ha agregado como un elemento normativo- que ya creó una Comisión Nacional de Prevención y Control de Accidentes que ha funcionado y ha trabajado muy bien, con competencias bastante similares a las de la UNASEV. Si bien aquí tenemos consideraciones porque hay un artículo -creo que se trata del 5º- que establece los objetivos de la UNASEV, que serían la regulación y el control de las actividades relativas al tránsito y a la seguridad vial, cuando leemos el resto de la disposición, vemos que se utilizan expresiones tales como "promover", "coordinar", "estudiar", etcétera. Por un lado se habla de regular y por otro de acompañar y, en definitiva, no sé si no vamos a terminar con los mismos problemas que tenía la Comisión que creó la ley de Tránsito que está vigente.

En cuanto a lo demás, puedo decir que hay normas departamentales porque los Jefes comunales y las Juntas Departamentales no son tontos; a ningún departamento se le ocurriría hacer una ordenanza de tránsito que disponga que hay que circular por la izquierda porque eso provocaría una verdadera revolución. Lo que sucede es que al señor Senador Michelini no le gustan los Gobiernos Departamentales, pero ese es su problema; en lo que me es personal, puedo decir que me gustan mucho. Además, creo que se ha legislado y que se lo ha hecho muy bien en materia departamental. La misma preocupación que tenemos los Legisladores nacionales, naturalmente, también la tienen los Legisladores departamentales, que lo que pretenden es crear normas que protejan la vida de las personas y no que las dejen libradas a merced del destino.

De modo que creo que si alguien ha hecho mucho en torno a este tema, son los Gobiernos Departamentales; me parece que éstos, junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Policía nacional -que también tiene competencia en esta materia- han tenido una acción concurrente y coincidente. Si bien todavía no llegamos, evidentemente, a la suma de las coordinaciones de las coincidencias y a la armonización de todas las legislaciones, creo que se va en camino de ello. Según lo que recuerdo del Congreso de Intendentes, se han llevado a cabo innumerables reuniones con el fin de crear un sistema informático para centralizar la información respecto de conductores que tengan suspendidos sus permisos de conducir, para unificar las normas de expedición de libretas, etcétera. Es decir que se ha trabajado muchísimo en este terreno; sin duda que queda mucho por hacer, pero no creo conveniente que arranquemos por un camino que nos parece que no está dentro de los términos que manda la Constitución, dicho esto a la luz de los que no somos constitucionalistas. Seguramente el señor Senador Korzeniak va a contestar diciendo que esto es un apego brutal a la Constitución. Aclaro que estoy leyendo las opiniones de constitucionalistas, que son quienes opinan de esta manera.

SEÑOR KORZENIAK.- No atribuya intenciones, señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- No estoy atribuyendo intenciones; entonces, el señor Senador Korzeniak va a coincidir.

En definitiva, acá tenemos estas anotaciones que nos dejan fuera de todo el proyecto, porque si partimos de la base de que esta norma no se ajusta a la Constitución, mal podríamos luego votar sus artículos.

Además, quiero señalar otro aspecto que el otro día hicimos notar en la Comisión. Aquí se va a nombrar una Unidad que estará dirigida por una Comisión Directiva integrada por tres miembros designados por el Presidente de la República, actuando con el señor Ministro de Transporte y Obras Públicas. Esos miembros serían elegidos entre personas que, por sus aptitudes personales y profesionales y por sus conocimientos en la materia, aseguren una independencia de criterio, eficiencia, eficacia, etcétera. Me parece bien que se elija a personas idóneas y competentes en materia de seguridad vial; no podría ser un agente político el que integrara esta Comisión. Pero por qué -esto ya lo manifesté, a pesar de que objeto todo el tema-, en vez de que los tres miembros sean nombrados por el señor Presidente, no acordamos que uno o dos de esos integrantes sean propuestos por el Congreso de Intendentes que tiene existencia constitucional y, además, son quienes más actúan en esta materia, los que más facultades tienen, los que están en el terreno y en la lucha todos los días. No entiendo por qué se nos dice que esto se tendrá en cuenta en la designación; ¿por qué, si nos parece que eso está bien, no se establece en el proyecto de ley? Nada da mayor certeza, seguridad y estabilidad que el marco legal y no entiendo por qué se lo reserva como una facultad del Presidente de la República, que no sé qué idoneidad tiene en esta materia. Me parece que las funciones del Presidente son bastante más importantes como para estar pensando en proponer a tres personas idóneas en seguridad vial. Creo que el Congreso de Intendentes, que incesantemente analiza estos temas, podría ser un buen proponente de estas personas idóneas, capaces e interesadas en el tema de la seguridad vial.

Estas son algunas de las reflexiones que nos merece este proyecto de ley. Aquí hay una contradicción entre lo que se dice en el acápite del artículo 5º y lo que se señala después, en el mismo artículo 5º y en el 6º, en cuanto a las competencias. Tememos que esta Unidad carezca luego de los poderes jurídicos efectivos necesarios para llevar adelante políticas de Estado en esta materia. En consecuencia, me parece que, quizás, lo mejor sería recurrir al artículo 262 de la Constitución de la República y, por la vía de los acuerdos que allí se prevén entre el Congreso Nacional de Intendentes y otras instituciones, crear un ámbito diferente en el que podamos tener potestad resolutiva, un conocimiento mayor de este tema y efectuar las coordinaciones de políticas que sea menester, a los efectos de uniformizar las acciones. Lo que aquí se propone tampoco tiene que ver con una uniformidad total. Es más, en el otro proyecto de ley se habla de un marco mínimo de normas y deja un espacio como para que se establezcan las reglamentaciones departamentales en esta materia.

De modo que por vía de la ley no se va a regular -ni se puede- todo lo que concierne a estos temas, pues se debe manejar un marco mínimo y dejar un espacio librado a la acción de los Gobiernos Departamentales.

En síntesis, me parece que nos estamos moviendo en un terreno de imprecisión. Entonces, aun coincidiendo con el espíritu, con la necesidad de tener una regulación lo más precisa posible en esta materia y, especialmente, con que se debe preservar la autonomía que la Constitución de la República, desde el fondo de la historia, ha encomendado a los Gobiernos Departamentales, considero que esta Unidad que se crea no va a actuar en el ámbito más adecuado.

Por estas razones, dejamos constancia de nuestras objeciones y consideramos que sus fundamentos son de recibo.

Muchas gracias.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero decir que este proyecto de ley me parece un esfuerzo para tratar de disminuir un mal que tiene nuestro país: la falta de seguridad en materia vial, debido a la costumbre o a miles de causas que hacen que, para la cantidad de habitantes que somos, tengamos una cantidad impresionante de accidentes en las rutas nacionales y departamentales, en caminos vecinales y en las calles barriales. En lo que me es personal, puedo confesar que si tuviera un accidente se debería a que soy un pésimo chofer. Lo cierto es que, en general, son muchas las tragedias por accidentes en nuestro país. Por lo tanto, bienvenidas las normas que tienden a resolver esta situación.

En segundo término, me voy a referir muy especialmente al tema de la constitucionalidad. No es mi costumbre hacer referencia a este tema, salvo cuando es planteado por otros, pero ocurre que hay una especie de veta nacional por la que cuando a alguien no le gusta algo, la primera reacción es decir que es inconstitucional. A veces no le gusta porque no le conviene o lo perjudica personalmente o por un preconcepto. Podría decirse que en el mundo no existe ningún país que -ni de lejos- se acerque a las impugnaciones de inconstitucionalidad que se manejan en el Uruguay. También es de los países del mundo en donde la mayoría de los casos se pierden cuando se plantea un recurso de inconstitucionalidad. En los años que tengo como Senador he visto muchísimos anuncios de planteo de este recurso de inconstitucionalidad, es más, estoy haciendo una lista, y puedo decir que conozco un solo ejemplo de una sentencia en la que se haya establecido que, efectivamente, una ley era inconstitucional, pero ya cambió la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Esto sucedió, en dieciséis o diecisiete años en que ocupo la banca de Senador.

Leí con cuidado el informe del doctor Risso Ferrand, a quien conozco mucho y de quien puedo decir que es un hombre muy inteligente y estudioso. En la Facultad de Derecho, si no me equivoco, concursó hasta el Grado 1. Fue mi ayudante -brillante ayudante- cuando todavía no había ascendido a ese Grado. Creo que finalmente ascendió en la Universidad Católica. Más adelante, mediante un jurado que funcionó acá en el Palacio Legislativo, recomendamos la publicación de un libro suyo sobre Responsabilidad Judicial por Daños a Terceros; por cierto, un tema difícil al que nadie le hincaba el diente. Es más, por lo general, todo el mundo dice que el artículo 24 de la Constitución de la República tiene como alcance sólo actos administrativos, pero nadie se anima a decir que también abarca los errores judiciales. Se trata de un trabajo muy bien fundado y podemos decir, entonces, que se ha publicado un excelente libro. De modo que tengo un muy buen concepto de las condiciones intelectuales del doctor Risso.

Sin embargo, también debo señalar que pocas veces he visto un esfuerzo tan frustrado, como el que hace en este informe para tratar de demostrar que este proyecto es inconstitucional. Reitero, pocas veces he visto un caso como éste, sobre todo, en el ámbito de quienes se dedican al Derecho Constitucional. Claramente quiero decir que hay, más o menos, seis páginas tratando de buscar un elemento para sostener que lo que en este proyecto de ley se regula, atribuido a un órgano nacional, es materia departamental o local. No lo logra. A esos efectos, cita a diferentes autores como, por ejemplo, a los doctores Martins y Jiménez de Aréchaga, pero en ningún momento expresa que ellos digan que esto es materia municipal, como se decía antes. Por cierto, la Constitución se perfeccionó y ahora distingue lo nacional, de lo departamental y lo local; lo municipal es más local. Reitero, cita a los dos constitucionalistas, pero en ningún lado dice que ellos piensen eso y tampoco encuentra ningún artículo, ni en la Constitución ni en la ley, que avale su criterio. Por eso, invito a que se busque un artículo o un inciso de la Carta -los artículos claves son el 273, facultad de la Junta Departamental, el 274, facultad del Intendente y el 297, que habla de la lista de las potestades tributarias- que contenga una disposición en la que se establezca que este tema es materia municipal.

Quiero agregar, también, que me molestó que, en apoyo de su tesis -algún día lo voy a llamar para decírselo-, el doctor Risso me cite como si estuviera apoyándola. Por suerte, cuando sostengo una tesis en materia constitucional, lo documento por escrito. El doctor Risso hizo algo que no se debe: copió parte de un párrafo y no siguió trascribiendo. Precisamente, tengo el libro del cual cita una página: se trata del Curso de Derecho Público I, en base a cuyo texto dice que quien habla también opina que en materia municipal o departamental -como se diría ahora- la doctrina se ha basado en "cierta lógica histórica", es decir, sobre asuntos que siempre se consideraron municipales, por ejemplo, la seguridad vial. El doctor Risso cita ese trozo y al parecer después se le empañaron los lentes o miró para otro lado, porque en mi texto yo sigo hablando del tema y digo que, efectivamente, la doctrina ha elaborado ese concepto, de materia departamental, basándose en cierta lógica histórica, asuntos que siempre fueron resueltos por los municipios. Hasta aquí llegó el doctor Risso, pero el párrafo sigue diciendo: "con mayor rigor técnico en varias normas constitucionales y legales. Entre las primeras citemos como básicas el artículo 273, que enumera las competencias de la Junta Departamental y el artículo 274 que relata las competencias del Intendente". Pido disculpas al Senado por autocitarme, pero el doctor Risso toma parte de mi texto y da vuelta mi opinión. Más adelante, en mi libro sigo expresando: "Entre las normas de rango legal, la más significativa es la Ley Nº 9.515 de octubre de 1935", que, por supuesto, todos conocen, pues es la Ley Orgánica Municipal. En esa norma, por cierto muy larga, se habla de las competencias municipales en materia vial -no en la Constitución- y esto que estamos considerando es una ley. Por lo tanto, si hay una ley que dice A, otra ley puede decir B o agregar una B a la A y coordinar. Luego, en mi texto agrego otros conceptos que también debió transcribir el doctor Risso, aunque lo mejor hubiera sido que no me citara, porque puede ocurrir que se desconfíe de mi opinión en el entendido de que estoy a favor de este proyecto de ley y por eso defiendo la Constitución. Si fuera inconstitucional lo diría y todos saben que es así. Hace unos días en la Comisión de Constitución y Legislación claramente tuve esta actitud y siempre lo he hecho así. En mi texto, también digo que "La materia municipal (o mejor departamental)" -esto figura en la misma página que cita el doctor Risso-, "sin entrar en una enumeración exhaustiva sino ejemplificando con lo más típico, es la siguiente: alumbrado público de las ciudades y localidades, construcción y refacción de calles y caminería rural, limpieza y recolección de residuos, control de salubridad de productos, algunos cometidos sociales, y en general, fomento y estímulo de actividades que contribuyen al mayor bienestar de los habitantes del departamento". Esto lo establece el proyecto de ley.

Más adelante se refiere a las dificultades que suelen plantearse por la relación en el ejercicio de facultades de órganos nacionales y departamentales. Por ejemplo, el alumbrado público es materia departamental, municipal -lo es porque lo dice la Constitución y no porque le guste a alguien-, pero la energía para ese alumbrado y la instrumentación técnica son proporcionadas por UTE, organismo descentralizado nacional, Ente Autónomo. Entonces, lo que hay que demostrar cuando se establece por ley que algo es materia nacional es que eso se opone a una norma constitucional que dice que es materia departamental; pero no la hay, y los desafío a que lean toda la Constitución para comprobarlo. Para ahorrarles trabajo, ya mencioné los tres artículos donde aparecen las listas.

Por otra parte, quiero plantear mi queja por el hecho de habérseme citado de tal manera que a un lector desprevenido le puede parecer que estoy apoyando la tesis que se viene sosteniendo, cuando sucede todo lo contrario.

Quiero hacer otra aclaración. Hay una norma en la Constitución que expresamente dice que la seguridad en todos sus aspectos es materia nacional y que ello corresponde al Parlamento; por tanto, me parece que sostener la inconstitucionalidad de una ley que se refiere a la seguridad como esta no tiene sentido. Es bien claro el numeral 3º) del artículo 85 de la Constitución cuando establece que le corresponde al Poder Legislativo legislar sobre una cantidad de aspectos, entre los cuales está el de la seguridad. Como se sabe, la seguridad implica seguridad personal, seguridad en la locomoción, en el tránsito, en el hogar, etcétera. O sea que no hay una norma constitucional que diga que la materia de seguridad vial es departamental, mientras que sí hay una que establece que la materia de seguridad le corresponde a la ley nacional. Que después, por ley nacional, se pueda establecer una coordinación con los departamentos, ese es otro asunto y no habría ningún problema en ello; pero esta ley no lo hace así, y acá estamos debatiendo sobre si es o no constitucional.

Otro punto que quiero aclarar es el siguiente. El informe también habla de los órganos desconcentrados. En el Uruguay esta naturaleza jurídica es muy frecuente; por ejemplo, la Dirección General Impositiva y el Ministerio Público, entre otros, son órganos desconcentrados. Sucede que el concepto de desconcentración no es accesible a quien no está cerca del Derecho porque queda en el medio, entre la centralización y la descentralización. Cuando se quiere buscar un grado de autonomía funcional tal, se habla de desconcentración. En este sentido, nunca olvidaré la discusión que tuvimos en este ámbito cuando en OSE se creó una Comisión desconcentrada y se decía que se necesitaban dos tercios de votos, que iba a haber pleitos y demás, pero no hubo pleitos, no pasó nada ni existe ninguna inconstitucionalidad. Con esto sucede lo mismo. Este órgano desconcentrado, orgánicamente -y perdóneseme la redundancia-, está dentro del Poder Ejecutivo, y su funcionamiento está en la Presidencia de la República. Eso está muy claro. El artículo 1º dice que se crea como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, así que orgánicamente se crea en dicho ámbito. Menciono esto debido a las críticas de que se pone en la Presidencia, cuando es el funcionamiento el que va allí. Estos Directores no son designados por el Presidente de la República, sino por éste con un Ministro; eso es el Poder Ejecutivo, no el Presidente.

Aquí surge otro tema: la distinción entre Presidencia y Poder Ejecutivo, que el común de la gente no conoce. Los que estudiamos esta materia sabemos que en el Uruguay hay un órgano llamado Presidencia de la República, que es la Jefatura de Estado, y otro llamado Poder Ejecutivo, que es la Jefatura de Gobierno, que en los países europeos -donde no se juega al sistema parlamentario, sino que son parlamentarios- son dos personas diferentes: el Primer Ministro es el Jefe de Gobierno y el Presidente o el Rey es el Jefe de Estado. Acá, por las peculiaridades de nuestro sistema, el Presidente de la República es Jefe de Gobierno en el Poder Ejecutivo junto con los Ministros -sin Ministros no existe Poder Ejecutivo y no valen las resoluciones- y también es Jefe de Estado en la Presidencia de la República. Es claro que si un Ministro no firma lo que quiere el Presidente de la República lo puede sustituir por otro que sí lo haga, porque tiene preponderancia política.

En este informe también se habla de otro concepto que tampoco es conocido. ¿Qué quiere decir que la Presidencia tiene competencia cerrada? Técnicamente quiere decir que la Presidencia tiene las competencias que establece la Constitución -y me refiero a la Presidencia como órgano distinto del Poder Ejecutivo, al Presidente sin Ministros- y la ley no puede agregarle otras. ¿Y qué quiere decir que no le puede agregar competencias? ¿Acaso alguno de los señores Senadores no ha votado Comisiones que dependen de la Presidencia? ¿Hay alguno que no lo haya hecho? Yo conozco muchos casos.

Formulo todas estas preguntas porque hay una distinción que debería estar en el informe del doctor Risso, que si bien para algunos puede resultar un bizantinismo, es muy importante. Es costumbre decir, sin un estudio a fondo y con un criterio estándar muy viejo que data de principios del siglo XX, que los órganos públicos sólo pueden hacer aquello que expresamente les atribuye el Derecho y que, en cambio, los particulares pueden hacer todo lo que no les está prohibido, tal como reza el artículo 10 de la Constitución. A eso se le llama principio de la especialidad. Pero ese razonamiento está equivocado. ¿Por qué? Porque es cierto que un órgano público no puede entrar en materias que no son las suyas o que no le hayan sido atribuidas -por ejemplo, el Poder Ejecutivo no puede entrar técnicamente en materias comerciales e industriales, porque la Constitución dice que los servicios del dominio industrial y comercial del Estado serán desempeñados por Consejos de Directorios Autónomos, o sea, Entes Autónomos o Servicios Descentralizados-, pero una cosa son las materias de la competencia y otra los poderes jurídicos para cumplir esas competencias.

Perdonen los señores Senadores por esta explicación un tanto extensa, pero si no la hiciera seguiríamos hablando de los mismos conceptos equivocados. Entonces, reitero, una cosa es la materia de la competencia y otra los poderes jurídicos para cumplir con esas competencias. No hay leyes ni normas constitucionales que digan que el Poder Legislativo tiene competencia para limpiar sus alfombras, para arreglar sus ventanas cuando se rompen o para construir una pared cuando se cae, porque son poderes jurídicos necesarios para cumplir las materias de su competencia. Eso no se rige por el principio de la especialidad, sino por un principio expansivo, contrario, que se llama de los poderes implícitos. Esta distinción no la conoce casi nadie, a pesar de que para quienes estamos en esto nos resulta fácil.

De la misma manera, se simplifica cuando se dice "el que calla, otorga", lo cual es un disparate, porque el que calla cuando puede y debe hablar es el que otorga. Entonces, ¿a alguien se le puede ocurrir que no esté en los poderes jurídicos de cualquier gobernante -no sólo del Presidente de la República- el tema de la seguridad de la gente en el tránsito o en la vida? A nadie.

El artículo 85, que refiere al Poder Legislativo, a nuestro Parlamento, tiene una serie de numerales, pero carece de un inciso o numeral final -como sí hay en casi todas las Constituciones modernas y también en la de los Estados Unidos, que es vieja- que diga: "y además todas las otras que sean necesarias para cumplir los cometidos anteriores". Entonces, el Parlamento es un órgano de competencia cerrada. Sin embargo, esta misma disposición tiene un numeral 3º, que en pocas partes del mundo es tan amplio, que precisamente dice que a la Asamblea General compete "Expedir leyes relativas a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República, protección de todos los derechos individuales y fomento de la ilustración, agricultura, industria, comercio interior y exterior". Quiere decir que puede intervenir en cualquier materia. Si hubiera una norma en la Constitución -y sigo invitando a que la busquen- que dijera "la seguridad vial es materia departamental o local", el Poder Legislativo no podría dictar una ley en esa materia o tendría que coordinar con los Gobiernos Departamentales el ejercicio de esa competencia, como coordina UTE con los Municipios. La ley da a UTE competencia en materia de alumbrado de las ciudades, pero como ese organismo produce energía, hace convenios o busca la manera de coordinar.

Por lo tanto, este proyecto no tiene inconstitucionalidad. En primer lugar, está claro que por el artículo 1º se creó un órgano desconcentrado en el Poder Ejecutivo, tanto que su inciso segundo dice que esta Unidad se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Por qué no dice que depende de ese Ministerio? En primer lugar, porque al decir "depender" le quita cierta autonomía técnica y, en segundo término, porque también en los Entes Autónomos y en los Servicios Descentralizados se usa esta expresión. Este no es un Ente Autónomo, sino un órgano desconcentrado, pero se le quiere dar un matiz de independencia técnica, a la que se hace referencia más adelante en otro artículo.

¿Por qué se utiliza la expresión "a los efectos de su funcionamiento"? Porque, a lo mejor, necesita algún empleado que no tiene y hasta, de pronto, la Presidencia de la República podría darle un local para funcionar, pero no materias, porque éstas se las da la ley.

Entiendo que todo lo que está aquí es perfectamente compatible con la Constitución. El Banco de Seguros del Estado hace, por ley y a veces por reglamento, una cantidad de controles sobre seguridad vial, y cuando hace la suma del número de accidentes -hay un registro nacional- no toma en cuenta sólo los ocurridos en rutas nacionales, sino todos. Si en la ruta que va de La Paloma a Cabo Polonio, sobre la costa -que es preciosa-, se muere alguien por el vuelco de un vehículo, ese hecho se registra, y el Banco de Seguros lo toma en cuenta en sus cifras, aunque sus autoridades han confesado que el registro no lo llevan muy al día. Este proyecto de ley menciona ese registro de accidentes provocados en el tránsito que fue creado por decreto.

Fíjese, señor Presidente, que el Poder Ejecutivo, sin ley, en una reunión del Consejo de Ministros, podría nombrar una Comisión de tres miembros y decir: "le delegamos todas las atribuciones del Poder Ejecutivo"; pero en lugar de eso se hace una ley. ¿Por qué? Porque la propia Constitución ha previsto -lamentablemente, no se ha hecho- que haya una ley bien establecida -que seguramente va a dar mucho trabajo- que distinga lo nacional de lo departamental y lo local, y que haga las debidas coordinaciones. Eso está en el actual artículo 262 -lo dice también el doctor Risso-, en un inciso que se le agregó en el año 1996. Pero esa ley no se ha hecho y seguramente va a dar mucho trabajo elaborarla. Recuerden que en 1996 la Constitución creó institucionalmente -porque ya existía, pero no estaba previsto en la Carta Magna- el Congreso de Intendentes, pero todavía se está discutiendo si sus resoluciones obligan a los departamentos, ya que de lo contrario podría violarse la autonomía departamental, cosa que me ha parecido de un nivel realmente impresentable. Crear un organismo colectivo en la Constitución para que no pueda tomar decisiones, para que la ley no pueda establecer, por ejemplo, que la decisión que se toma por cuatro quintos obliga a todos, no tendría sentido. Decir que la Constitución supone que las resoluciones valen cuando se toman por unanimidad, es impresentable; se trataría de una norma que chocaría con el principio de la reducción, al absurdo.

Repito que ha sido difícil que el Congreso de Intendentes dicte un Reglamento para decir que las resoluciones que adopta por mayoría obligan a todos los departamentos. Se ha invocado la autonomía departamental, y por supuesto que es importante que sean autónomos. Precisamente, uno de los pilares de la fuerza política que integro con mucho gusto es el de la descentralización, pero no se puede hablar de autonomía departamental como si se tratara de diecinueve repúblicas. La materia nacional coexiste con la materia departamental en el territorio de cada departamento, ¿o, acaso, no es así? Lo único que la Constitución declara -ahí ya no hay dudas- es que en materia de seguridad pública, en el sentido de la seguridad personal, no hay servicios departamentales. Aquí no es como en las películas norteamericanas, en donde el policía del FBI se pelea con el local, que es más simpático y el otro más misterioso. No es así; en el Uruguay la Policía es nacional. Pero si el proyecto de ley fuera inconstitucional, por ejemplo, el Policía no podría cubrir un accidente en la ruta que va de La Paloma a Cabo Polonio porque esa no es una ruta nacional. Podría suceder, entonces, que se mataran cinco personas porque otra que pasó por al lado en su auto le pegó un tiro al conductor del primer vehículo. No se puede decir que ese es un tema departamental, no es sostenible; eso es impresentable jurídicamente.

Espero que algún día se haga una ley bien hecha -repito, es muy difícil de hacer-, reglamentando el artículo 262, que diga qué es lo nacional, qué lo departamental y qué lo local. Insisto en que no se ha podido elaborar el Reglamento del Congreso de Intendentes ni se ha podido redactar un ar-tículo -uno solo- para incluir en la ley de 1935. He ayudado mucho, pero no me han hecho mucho caso. ¡Se imaginan, entonces, lo difícil que va a ser establecer eso! Todos conocemos los problemas que ha habido en muchos departamentos por los acuerdos que ha hecho UTE con los Municipios por el tema del alumbrado.

No descarto, entonces, que una buena ley en materia de seguridad vial diga en un artículo que las competencias de aquella ley -ésta que aspiro que algún día se apruebe-, que están establecidas en lo nacional con un Consejo Desconcentrado, se coordinen con tales o cuales órganos departamentales. Sería muy bueno que un día se hiciera eso, pero mientras ello no sucede, no le veo ninguna inconstitucionalidad a lo que se propone en este proyecto de ley. Lo digo con todo respeto hacia opiniones dis-tintas.

Quiero señalar, además, que los autores citados en el informe del doctor Risso en ningún lugar dicen que el tema de la seguridad vial sea materia departamental ni local; lo que sostienen es lo que todo el mundo sabe. También los invito a que busquen en la Constitución si la patente de rodados es materia departamental, porque se van a encontrar con la sorpresa de que eso no está; pero históricamente ha sido así, e incluso la ley de 1935 tiene algún artículo que lo permite. Sin embargo, aquí estamos hablando de inconstitucionalidad, y la inconstitucionalidad no es un tema de si conviene o no conviene, de si es bueno o es malo, sino de si un artículo de una ley contradice una disposición o un principio de la Constitución. Es un asunto jurídico, que para tratarlo bien no debe mezclarse con lo que uno quiere hacer.

Después de esto, que fue muy largo, honestamente digo que no encuentro ninguna inconstitucionalidad en este proyecto de ley. Lo estudié antes de venir acá, pero escribí hace mucho tiempo sobre las relaciones entre la materia departamental y la materia nacional. Les iba a leer el comentario que este mismo curso tiene sobre el numeral 3º) del artículo 85, en donde concluyo que si bien no hay un numeral que le dé competencia abierta al Parlamento, es muy difícil encontrar en este país un tema que no pueda ser objeto de una ley. Realmente, es muy difícil; invito a que se me diga que con relación a este tema no se puede dictar una ley. En todo caso, exhorto a la reflexión.

Por otro lado, agrego que lo que estoy diciendo no lo he improvisado en el momento, ya que el señor Senador Michelini me facilitó el trámite que tuvo la discusión del tema y el informe correspondiente. A su vez, no creo que haya sido subjetivo por una circunstancia que señalé -por entender que era mi deber-, que es el haber sido citado y de una manera parcial, para que el lector desprevenido creyera que quien habla opinaba lo mismo que figuraba en ese informe.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: hemos escuchado una muy extensa exposición del señor Senador Korzeniak, por cierto fundada, ya que él es un constitucionalista.

El señor Senador dijo que, con todo respeto, se refería a su colega Martín Risso Ferrand, pero no dejó de recordar que dicho doctor es Grado 1; concretamente, manifestó que se fue siendo Grado 1, pero lo cierto es que ahora es profesor titular de la Universidad Católica y Decano de la Facultad de Derecho. Imagino que eso le da la capacidad académica como para tener una opinión de tanta relevancia en este ámbito, como la del señor Senador Korzeniak. Tal vez el hecho de que se lo citara en este informe causó algún tipo de ofensa al señor Senador. De cualquier manera, reitero que seguí con atención su exposición y escuché claramente cuando manifestó que no había ninguna prohibición constitucional expresa que estableciera la materia departamental. Sin embargo, el doctor Martín Risso así lo señala en su informe -si se lo lee atentamente, se advierte que habla de los casos en los cuales se delimitan bien las materias- donde, por ejemplo, cita a Cassinelli Muñoz aludiendo a aquellos casos en que la Constitución atribuye competencia a los órganos departamentales, como ocurre en el artículo 297 en cuanto a la potestad tributaria. Fuera de lo anterior queda lo que podía aparecer como una zona sin regulación expresa para casos concretos, como es este. No es que el doctor Risso diga que aquí hay una norma constitucional expresa, sino que esto debe interpretarse a la luz de otros principios. Es allí donde cita la opinión del señor Senador Korzeniak diciendo que reconoce la pertinencia de utilizar lo que denomina "cierta lógica histórica", lo que significa que los asuntos que siempre fueron resueltos por los Municipios constituirán su propia materia. No hay ninguna duda de que, básicamente, han sido los Municipios los que han regulado esta materia. Así se ha reconocido a través de muchas leyes y de todos los decretos dictados en el ámbito de los Gobiernos Departamentales.

El señor Senador ha señalado que, comparado esto con todas las acciones de inconstitucionalidad de las que se habla, en realidad aquí hay pocas. Por mi parte digo que tampoco he visto acciones de inconstitucionalidad respecto de esas leyes que atribuyen potestades a los Gobiernos Departamentales. Y como ejemplo cito la Ley Orgánica Municipal, las leyes posteriores y la última del año 1985, a través de la cual se crea este Registro.

En definitiva, veo que el doctor Risso opina de esta manera, al igual que el doctor Martins y otros distinguidos catedráticos. Por nuestra parte, nos quedamos con esas opiniones y no con las del señor Senador Korzeniak, aun admitiendo que la versación que tiene en el tema es muy superior a la nuestra.

De cualquier manera, en apoyo a nuestra posición, citamos lo que piensan el doctor Hugo Martins -¡quién puede discutir su trayectoria en esa materia!- y el doctor Martín Risso Ferrand, cuyos pensamientos coinciden en esta materia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-17 en 22. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción para que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque, desglosando únicamente aquellos artículos que fueran objeto de polémica o discusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor Senador Michelini.

(Se vota:)

-17 en 22. Afirmativa.

SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Simplemente quiero señalar que en el literal A) del artículo 5º referido a los objetivos se cometió un error de imprenta que afecta la redacción. Concretamente, donde se expresa "Promover a uniformizar y homogeneizar las normas generales de tránsito" debería decir "Propender a". Sin duda, debe tratarse de un error de imprenta que no implicará más que una simple corrección.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa comunica que se le acaba de informar que en el texto aprobado en la Cámara de Representantes figura el término "Promover", por lo que se sugiere dejar la redacción tal como está.

Si no hay ninguna solicitud de desglose de artículos, se va a votar en bloque el articulado del proyecto de ley.

(Se vota:)

-17 en 23. Afirmativa.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo a los efectos de su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

13) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"De conformidad con lo establecido por el artículo 118 de la Constitución de la República, el señor Senador Julio Lara solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, referido a la tramitación de carnés de asistencia en el Hospital de Pando.

- OPORTUNAMENTE SERA TRAMITADO."

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 28 de marzo de 2007.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Usted, para que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, se curse al Ministerio de Salud Pública el siguiente pedido de informes:

El pasado 26 de marzo del corriente año, en el Diario La República, se publicó una nota respecto a la tramitación en el Hospital de Pando de carnés de asistencia.

1º) ¿Es cierto que fueron otorgados los carnés de asistencia a favor de Ataliva Gilene, Marina González Núñez y Alejandra Gilene con fecha 12 de setiembre de 2003 en el Hospital de Pando?

2º) ¿A qué categoría pertenece cada uno de los carnés otorgados?

3º) ¿Se siguió el debido procedimiento para otorgar dichos carnés? ¿Los tres involucrados presentaron declaración jurada de bienes e ingresos tal como lo exige el Instructivo de ASSE?

4º) ¿Existe reglamentación que ampara a los ciudadanos mayores de 65 años de edad con independencia de sus ingresos para la obtención de un determinado tipo de carné bonificado?

5º) ¿Fueron utilizados estos carnés en algún Centro de Salud Pública?

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Julio C. Lara Gilene. Senador."

14) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente:)

"La señora Senadora Mónica Xavier, coordinadora de la Bancada del Frente Amplio, comunica que la señora Senadora Margarita Percovich sustituirá en la Comisión Especial de Partidos Políticos al ex Senador Enrique Rubio.

- TENGASE PRESENTE."

15) ABASTECIMIENTO VITIVINICOLA NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se faculta al Poder Ejecutivo a fijar una reserva de garantía a efectos de asegurar el abastecimiento vitivinícola nacional. (Carp. Nº 756/07 - Rep. Nº 428/07)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 756/07

Rep. Nº 428/07

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 01 de marzo de 2007.

Señor Presidente de la

Asamblea General.

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a fin de someter a su consideración, el adjunto proyecto de ley, a efectos de regularizar una situación que ha resultado insostenible para la política vitivinícola nacional.

En efecto, con el objetivo de evitar la obtención de vinos de baja calidad a partir de los orugas y borras, el Legislador de 1996 sancionó el artículo 292 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Así dicha norma establece que: "Cuando el vino se haya obtenido por vinificación directa de las uvas, la cantidad de alcohol contenido en dichos subproductos en relación al volumen de alcohol en el vino producido, deberá ser al menos igual al porcentaje mínimo que fije el Poder Ejecutivo a propuesta del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

En el caso de que no se alcance el porcentaje referido, el obligado deberá entregar una cantidad de vino de su propia producción, suficiente como para alcanzar dicho porcen-taje."

Esta normativa legal no fue reglamentada (por tanto no se aplicó) hasta el año 2005, donde por Decreto Nº 62/05, de 17 de febrero de 2005, se determinó en 17% el porcentaje mínimo de alcohol, según lo dispuesto por la norma legal. En el mismo sentido por Decreto Nº 166/06, de 5 de junio de 2006, se fijó dicho volumen en 27%.

Esta situación ha determinado la fijación de lo que en la práctica se le conoce como "prestaciones vínicas", la cuales en los hechos no han producido los objetivos esperados, que consistían en generar un volumen de reserva para la regulación del mercado interno, requiriéndoles a los subproductos un porcentaje de alcohol superior aun al contenido de la materia prima o el vino terminado.

Se hace necesario entonces, sancionar una nueva legislación que con el objetivo de regular el abastecimiento vitinivícola nacional, sin desnaturalizar los fundamentos de la precitada Ley Nº 16.736, en su Art. 292, permita continuar con la función de la mejora de la calidad de los vinos.

A la luz de los motivos esgrimidos, se pone a consideración de ese cuerpo legislativo, el proyecto de ley que se adjunta, el cual faculta al Poder Ejecutivo a que previo asesoramiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura, fije una Reserva de Garantía de Abastecimiento Vitivinícola, la cual no podrá ser comercializada en el mercado interno.

En función de lo expuesto se solicita la aprobación del presente proyecto de ley.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori, José Mujica, Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, Jorge Lepra, José Díaz, Víctor Rossi, Mariano Arana, Marina Arismendi, Eduardo Bonomi, María Julia Muñoz, Jorge Lepra, Liliám Kechichián.

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

PROYECTO DE LEY DE CREACION DE LA RESERVA DE GARANTIA DE ABASTECIMIENTO VITIVINICOLA

Artículo 1º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a fijar una Reserva de Garantía para asegurar el establecimiento vitivinícola nacional.

Artículo 2º.- A esos efectos, el Poder Ejecutivo tiene las facultades de establecer un volumen de vino que no podrá ser destinado a la comercialización en el mercado interno. Dicho volumen será determinado con el asesoramiento previo del Instituto Nacional de Vitivinicultura, quien tendrá en cuenta los análisis del stock de vino existente en bodegas y las previsiones de cosecha.

El mismo se fijará en forma progresional para cada rango de bodegas teniendo en cuenta el volumen de industrialización de las mismas.

Artículo 3º.- En dicha resolución, el Poder Ejecutivo deberá determinar el término de vigencia de la Reserva, y definir los destinos de la misma, todo ello con el asesoramiento preceptivo del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI).

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; José Mujica, Reinando Gargano, Danilo Astori, Jorge Lepra, Azucena Berrutti, José Díaz, Víctor Rossi, Mariano Arana, Marina Arismendi, Eduardo Bonomi, María Julia Muñoz, Jorge Lepra, Liliám Kechichián.

DISPOSICIONES CITADAS

Ley Nº 16.736, de

5 de enero de 1996

Artículo 292.- Toda persona física o jurídica que haya procedido a la vinificación deberá entregar los subproductos de dicha vinificación en la forma, plazo y condiciones que establezca la reglamentación a propuesta del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI). En caso de que el destino sea la destilación, el destilador deberá recibirlos.

Cuando el vino se haya obtenido por vinificación directa de las uvas, la cantidad de alcohol contenido en dichos subproductos en relación al volumen de alcohol en el vino producido, deberá ser al menos igual al porcentaje mínimo que fije el Poder Ejecutivo a propuesta del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

En el caso de que no se alcance el porcentaje referido, el obligado deberá entregar una cantidad de vino de su propia producción, suficiente como para alcanzar dicho porcentaje.

Facúltase al Poder Ejecutivo para determinar el grado alcohólico volumétrico natural mínimo de los vinos y subproductos para cada zafra vitivinícola.

Lo dispuesto en el presente artículo entrará en vigencia desde la fecha que establezca el Poder Ejecutivo. A partir de esa fecha quedará derogado el Decreto-Ley Nº 15.058, de 30 de setiembre de 1980, quedando facultado el Poder Ejecutivo, a propuesta del Instituto Nacional de Vitinicultura a establecer el porcentaje máximo del rendimiento de la uva en vino y demás productos de la vinificación.

Decreto Nº 9/007

de 05 de enero de 2007

VISTO: lo dispuesto por el artículo 292 de la Ley Nº 16.736, de 2 de enero de 1996, y decretos Nº 62/05, de 17 de febrero de 2005 y Nº 166/06, de 5 de junio de 2006;

RESULTANDO: I) dicha normativa estableció el volumen de las prestaciones vínicas para las zafras 2005 y 2006;

II) el Poder Ejecutivo está facultado para determinar en cada zafra el grado alcohólico volumétrico de los vinos y subproductos;

III) los actuales volúmenes de fijación de prestaciones vínicas no resultan adecuados con relación a la producción de cada viñedo;

IV) se considera inconveniente desde el punto de vista técnico el prensado o filtrado de la borra;

V) se entiende no apropiado el empleo de productos ajenos a la uva para la edulcoración de los vinos.

VI) la vinificación de uvas específicas de consumo en fresco no corresponde desde el punto de vista enológico;

CONSIDERANDO: I) que el volumen fijado de prestaciones vínicas no ha producido los objetivos esperados, que el mismo ha causado perjuicios económicos financieros a las empresas productoras y elaboradoras, y consecuentemente con ello corresponde su liberación parcial con las particularidades que se detallarán en el articulado.

Todo ello en procura de fijar las prestaciones vínicas en razón de los rendimientos de quilos por hectárea a diferencia de lo establecido a la fecha;

II) necesario adecuar el grado alcohólico mínimo tanto para los vinos de mesa, como para los de calidad preferente (VCP) regido por el Decreto 283/93, de fecha 16 de junio de 1993;

III) acordar nuevos volúmenes de fijación de prestaciones vínicas en relación a la producción de cada viñedo, mediante la fijación de topes de producción por hectárea;

IV) oportuno regular la edulcoración parcial de los vinos con azúcar propio de la uva;

V) necesaria la prohibición de la práctica de filtrado y prensado de la borra, así como de la vinificación de variedades específicas de uva de mesa a partir de la zafra 2007;

ATENTO: a lo expuesto, y a lo preceptuado por el literal b) del artículo 144 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987,

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DECRETA:

Artículo 1º.- Autorízase la comercialización en todo el territorio nacional de las prestaciones vínicas 2005 y 2006, establecidas por los Decretos Nº 62/05, de fecha 17 de febrero de 2005 y Nº 166/06, de fecha 5 de junio de 2006, respectivamente, para aquellas empresas que hayan agotado su stock de vino y para la venta exclusivamente fraccionada y hasta la liberación de la próxima zafra donde serán mantenidas como tal.

La liberación que se autoriza, estará condicionada a que previamente un porcentaje de dichas prestaciones haya sido destinado a la destilación, pudiéndose deducir de ese porcentaje lo destinado a la exportación, lo que deberá acreditarse mediante los respectivos contratos.

Los porcentajes a que se hace referencia en el inciso anterior serán los siguientes:

a) Para quienes hayan elaborado hasta 50.000 litros (rangos I) el 20%;

b) Para quienes hayan elaborado hasta 100.000 litros (rangos II) el 25%;

c) Para quienes hayan elaborado hasta 250.000 litros (rangos III) el 30%;

d) Para quienes hayan elaborado más de 250.000 litros (rangos IV, V y VI), el 35%.

Artcículo 2º.- El grado alcohólico mínimo para la circulación de todos los vinos de mesa fraccionados a partir de la liberación de la zafra 2007 será de 10,5% vol/vol.

Artículo 3º.- El grado alcohólico mínimo para la circulación de los Vinos de Calidad Preferente (VCP), será de 12% vol/vol, a partir de la liberación de la cosecha 2007, quedando sin efecto la graduación establecida en el artículo 4º del Decreto 283/93, de 16 de junio de 1993, sin perjuicio de las excepciones previstas en la referida norma.

Artículo 4º.- Para la vinificación de la cosecha 2007 se establece un tope de rendimiento de 18.000 kilos de uva por hectárea, con un 10% de tolerancia promedio total, por viñedo, manteniendo como referencia histórica la Declaración Jurada Efectiva de las dos últimas cosechas.

Toda producción mayor a lo establecido en el inciso anterior, pasará a ser prestación vínica, cuyo destino será exclusivamente la elaboración de jugo de uva, mosto sulfitado o concentrado, mistela, o la vinificación para la exportación, la destilación o la vinagrería.

Artículo 5º.- Salvo excepciones en casos puntuales que serán habilitados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) no se autorizará el prensado o filtrado de borras, debiendo las mismas ser remitidas a ulteriores procesos de industrialización.

Artículo 6º.- Solamente se autorizarán las correcciones enológicas de edulcoración de los vinos hasta 25 gr/litro mediante el empleo de mosto concentrado o sulfitado, mistela o productos similares elaborados a partir de uvas nacionales.

Cuando las edulcoraciones que se realicen, en sustitución de la sacarosa, mediante los productos anteriormente mencionados sean en una cantidad superior a la establecida (25 gr/litro), dicho volumen se podrá deducir de las prestaciones vínicas en la equivalencia correspondiente.

Artículo 7º.- A partir de la zafra 2007, no podrán vinificarse las variedades específicas de uva de mesa (Cardinal, Italia, Red Globe, Prima), quedando exceptuadas de esta disposición las uvas Moscateles.

Artículo 8º.- Publíquese, comuníquese, etc.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Ganadería,

Agricultura y Pesca

ACTA Nº 43

En Montevideo, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil seis, a la hora quince y cinco minutos, se reúne la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros la señora Senadora Lucía Topolansky y los señores Senadores Carlos Baráibar, Francisco Gallinal, Eduardo Lorier y Jorge Saravia. 

Faltan con aviso los señores Senadores Eber Da Rosa y Gustavo Lapaz. 

Actúa en Secretaría la señora Secretaria de Comisión Lydia El Helou con la colaboración de la funcionaria Gloria Mederos.

Abierto el acto, se procede a designar Presidente para el presente período legislativo, resultando electa, por 4 votos en 5, la señora Senadora Lucía Topolansky quien pasa a ocupar la Presidencia. 

La elección de Vicepresidente se posterga para la próxima reunión. 

Inmediatamente, por Secretaría se da cuenta del siguiente asunto entrado: Nota remitida por la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (FOICA) por la que solicita audiencia con la Comisión. 

A continuación, se pasa a considerar el Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se faculta al Poder Ejecutivo a fijar una reserva de garantía para el abastecimiento vitivinícola nacional. (Carpeta Nº 756/2007, Distribuido Nº 1496/2007).

Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Jorge Saravia. (Informe verbal).

Finalmente se adoptan las siguientes resoluciones:

1. Acordar con las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca la fecha en la que pueden asistir a la Comisión a fin de informar sobre la aplicación de la ley de trazabilidad del ganado bovino y sobre los resultados de la audiencia que se mantuvo con productores del departamento de Soriano por la instalación de la planta ISUSA.

2. Conceder para esa misma fecha, la audiencia solicitada.

A la hora quince y veinte minutos, se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman la señora Presidenta y la Secretaria de la Comisión.

Lucía Topolansky Presidenta

Lydia El Helou Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Saravia.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: el proyecto de ley que traemos a consideración refiere a un tema de actualidad y que atañe a un sector del aparato productivo nacional.

La Ley Nº 16.736, de 2 de enero de 1996, en su artículo 292, preveía una retención o reserva de vino en bodega que no podía ser comercializada para proteger el mercado y el abastecimiento internos, así como también el grado alcohólico y la calidad del vino. Dicha disposición no fue reglamentada hasta el año 2005, en que se generó determinada situación provocada por la reconversión de la viña. Llegado el año 2005, la reconversión de la viña estaba en su punto más alto y la producción por hectárea había aumentado, en la gran mayoría de los casos, hasta cinco veces. A partir de allí, se generó una retención de vino en bodega, que hoy conocemos como prestaciones vínicas, que en los hechos no dieron resultado en el 2005 ni en el 2006, pues no generaron lo deseado de acuerdo con el espíritu de la mencionada ley. En consecuencia, se dio la situación de los productores que se veían con vino retenido en bodega, que venía a ser capital de giro. Esta situación se fue agravando al llegar el año 2007.

La realidad es que en el Uruguay no hay un "sobrestock" de vino sino de uva, provocado por la reconversión de la vid. Esto ha sucedido en otros países del mundo, por ejemplo en Francia. En ese sentido, el Gobierno francés fue mucho más drástico que el nuestro, teniendo en cuenta los pasos que se pretende dar y que explicitaremos a continuación cuando expliquemos en detalle el contenido del proyecto de ley que está a consideración del Senado. En Francia, se prohibió visar para vino más de 7.000 kilos por hectárea, lo que se hizo directamente en la chacra. Eso provocó una mejora en la calidad del vino porque cuando se apuesta a controlar en la chacra la cantidad de viña o de uva que se genera por hectárea, lo que se hace es angostar los zarzos y eso, a su vez, provoca mayor luminosidad y mayor tamaño del racimo de uva, creando un mejor grado alcohólico a través del azúcar. Las uvas tannat y cabernet sauvignon hoy, en Francia, dan 17, 18 ó 19 grados en el racimo, lo cual hace que la graduación alcohólica de un vino tannat sea de 15 grados.

En esa situación, nos encontramos con un sector que ha sido golpeado por el precio interno de la uva, que es muy bajo, un precio internacional que no se logra y un "sobrestock" que hoy alcanza, en bodega, aproximadamente unos 30:000.000 de litros para la exportación. En este sentido, podemos decir que hay posibilidades de exportar 22:000.000 de litros al mercado ruso, a pesar de lo cual los valores están por debajo de los costos de producción.

En consecuencia, tenemos que encaminar este sector a una solución definitiva, ya que este año estamos en plena vendimia y la zafra se empieza a liberar en julio. Esperamos que a partir de 2008 este mercado se empiece a regular y la situación comience a mejorar. Como anticipo, en enero de este año, a partir de un decreto reglamentario, el Poder Ejecutivo fijó algunas prerrogativas que ya están vigentes, y la herramienta de la ley permitirá alcanzar mejores perspectivas. En ese decreto, el Poder Ejecutivo prohíbe el uso de azúcar para mejorar el grado alcohólico de la uva. Por lo tanto, como decíamos anteriormente, la calidad de la uva en el viñedo va a generar mayor cantidad de azúcar y, por consiguiente, mayor grado alcohólico.

Por otra parte, se van liberando escalonadamente las prestaciones vínicas, porque muchos de los productores que tienen vino en bodega tienen capital de giro retenido y lo necesitan, en este momento en que están en plena vendimia, para pagar al personal contratado para recoger la nueva cosecha; y se fijan rangos de calidad de alcohol en el vino que se destina al mercado interno y el que se exporta, que, si es de mesa, está en el volumen de 10,5 y si es VCP, en 12%.

Esta es una situación que ha hecho que el sector esté sufriendo muy fuertemente. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo envía al Parlamento este proyecto de ley, que es muy sencillo y que trata de reglamentar y regular el artículo 292, actualizándolo según la realidad y generando la posibilidad de que se instrumente una política a partir de la hectárea y no de la retención de uva vinificada, sino de uva para vinificar. En tal sentido, en el decreto de referencia se fijan unos 18.000 kilos por hectárea.

Como expresé, se trata de un proyecto sencillo que la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca aprobó por unanimidad, y en su artículo 1º se faculta al Poder Ejecutivo a fijar la reserva de garantías para asegurar el abastecimiento vitivinícola nacional.

Según el artículo 2º, el Poder Ejecutivo está facultado para establecer un volumen de vino para retener en bodega, si es necesario, de manera de generar destilado de alcohol para mejorar el grado alcohólico. En dicha resolución, el Poder Ejecutivo deberá determinar la vigencia de esa prestación o retención vínica para mejorar el grado alcohólico, para preservar el mercado interno y para ir regulando, desde la planta, la cantidad y el exceso de producción de uva que tiene el Uruguay o "sobrestock" que lo está perjudicando. En ese sentido, también va a mejorar la situación de los productores de uva relacionada con el bajo costo de ésta cuando tienen que comprarla y la diferencia que tiene que poner el Poder Ejecutivo, a través del INAVI, para completar un precio razonable para los productores, fondo que proviene de sus propios recursos.

Es cuanto quería informar.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: la impresión que tenemos es que el proyecto planteado abarca uno de los aspectos de un sector que está atravesando un estado crítico y problemático, tal como se reflejaba en la exposición de motivos del señor Senador Saravia. Se trata de un sector que tiene un importante "sobrestock" de vino -que ya se mencionó-, una caída del precio de la uva bastante dramática y una disminución en las hectáreas plantadas que no es espectacular pero sí sostenida, y podemos decir que esa disminución lleva varios años. Además, tenemos un precio unitario del litro de exportación que ha bajado, ese sí, dramáticamente, si bien se ha incrementado el número de litros exportados este último año. En fin, hay una serie de síntomas que nos hablan de un estado bastante complejo de este sector, que no es pequeño en cuanto a la cantidad de personas que involucra, ya que si bien de pronto no es uno de los sectores clave de la economía, incide sobre la calidad de vida de muchísima gente.

Entonces, nos parece que más allá de este proyecto de ley, tenemos que ver cuál es la situación de prospectiva en que nos encontramos; si estamos ante una crisis circunstancial, coyuntural, o ante un problema de mucha más gravedad. El mercado mundial de vinos y los valores se han incrementado.Detodasmaneras,¿cuál es nuestra ubicación en ese mercado? Si llegamos a la conclusión de que este es un sector que tiene un futuro en determinadas circunstancias, nos parece que debemos definir un conjunto de políticas de Estado, estables en el tiempo, que permitan alcanzar la posibilidad de ocupar ese nicho. Hoy, por lo pronto, estamos en una situación grave y delicada. Por supuesto que esto incluye, también, las medidas de corto plazo, como la que está incorporada en este proyecto de ley. Sin embargo, hay un conjunto de otras interrogantes que nos planteamos sobre el corto plazo. Por ejemplo, ¿en qué está el operativo de exportación de vino a granel que se ha mencionado reiteradamente? ¿Es algo que se ha concretado o que está en vías de concretarse? Dentro de ese operativo, ¿cuál es la situación de las posibles exportaciones a Rusia, que constituyen un tema relevante? Se ha sostenido que se van a aplicar determinados subsidios a los productores, que nos parecen indispensables en una visión de que esto pueda ser un hecho coyuntural. Por lo demás, aunque no fuera un hecho coyuntural, habría que dar espacio a un proceso de reconversión de mayor grado. Pero queremos saber cuáles son, eventualmente, los alcances de esos subsidios.

Por otra parte, nos gustaría saber por qué, en general, se habla de apoyo a los pequeños productores de, por ejemplo, hasta 6 hectáreas, afirmación que se ha utilizado en algún decreto, cuando esa franja abarca, en realidad, una muy pequeña parte de la producción, mientras que hay una gran cantidad de establecimientos que están soportando la misma situación. Pero, además, creo que el tema en este caso no es el daño puntual de un granizo del que hay que salvar a los pequeños productores, sino del sector. Entonces, si adoptamos alguna medida, creo que tiene que ser muy abarcativa de todo el conjunto.

También se ha vinculado el problema a la productividad y, en este sentido, pienso que hay que tener cuidado porque, de alguna forma, ello puede ser un desaliento para el que produce mucho.

Además, hay aspectos regulatorios que son de muy larga data y que mucha gente sostiene que deberían ser revisados.

Así, podríamos seguir planteando interrogantes que tienen que ver con este sector muy importante, tanto para el agro como para la industria.

En concreto, más allá del apoyo que podamos dar a este proyecto, nos gustaría plantear -y lo queremos adelantar, aprovechando que está presente en Sala la Presidenta de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios, señora Senadora Dalmás-, en nombre del señor Senador Heber y de quien habla -que la integramos- una convocatoria a la Comisión, en primera instancia al Ministro de Industria, Energía y Minería y al Subsecretario, para discutir todos estos aspectos con tiempo y en profundidad. De esa forma, podremos tener una idea de cual es la visión de mediano y largo plazo del Gobierno en lo que tiene que ver con la evolución del sector; y, además, en función de esa visión, saber cuáles son las medidas de largo plazo a nivel de políticas de Estado y de corto plazo, es decir, de coyuntura, de las cuales -reitero- esta es, a nuestro juicio, solamente una pequeña parte.

Quisiera terminar esta exposición con una reflexión final que me parece importante. Debemos darnos cuenta de que estos sectores tienen una problemática particular dentro de lo que es la agroindustria porque no pueden cambiar su producción si, por ejemplo, un año la cosecha no es buena, dado que tienen una plantación de muchos años, una tradición de producción, todo un proceso, gente especializada en la recolección y en la producción, etcétera. En ese sentido, es muy importante tener una visión de más largo plazo, sin perjuicio de las medidas coyunturales -como la de este proyecto de ley- que son válidas siempre y cuando exista, repito, una política a mediano y largo plazo. En estos días hemos participado en distintas reuniones de productores que se encuentran desorientados y, entonces, debemos darles elementos que permanezcan en el tiempo y que vayan más allá de una iniciativa puntual.

En definitiva, nuestra preocupación va en esa dirección y trataremos de actuar en consecuencia.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Efectivamente, este es un proyecto de ley puntual, breve, que atiende uno de los problemas ante la inminencia de la zafra de producción del vino. Cabe destacar que se trata de una problemática que se da a nivel mundial porque el avance tecnológico hizo que la vid produjera mucho más kilos por planta, que años atrás. Todos los países han ido adaptando sus normativas a los efectos de absorber esa especie de superproducción. El señor Senador Saravia ponía el ejemplo de Francia, pero podríamos decir lo mismo de casi todos los países del mundo. Esta situación ha provocado una superabundancia de producción, baja de precios y dificultades para su venta al exterior. Incluso, la colocación a granel tiene precios relativamente bajos. Actualmente, se está trabajando en la exportación de mostos pasteurizados y de otros productos de la viña, como pueden ser los jugos. Indudablemente, se trata de un plan más de fondo, mientras que por este proyecto de ley se procura solucionar un problema puntual.

Por otro lado, acepto la apuesta del señor Senador Long en el sentido de que las Comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Industria, Energía y Minería tengan oportunidad de discutir, junto con los dos Ministerios correspondientes, todo este proceso que nace en la tierra y termina en la industria, a los efectos de determinar qué otras medidas deben tomarse y cuál ha de ser la orientación a dar a los productores.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante.

SEÑOR SARAVIA.- Compartimos la propuesta de plantear este tema en las Comisiones respectivas, como una forma estratégica para salir adelante. Tengamos en cuenta que este sector da trabajo a mucha gente; en este momento hay 1.800 productores de uva y 249 bodegas que, anualmente, en promedio, generan 5.000 puestos de mano de obra. El Uruguay está exportando 1:500.000 litros de vino de calidad, VCP, que tienen muy buena aceptación a nivel de los mercados internacionales.

Por otro lado, tenemos la situación de los vinos a granel -a la que refería el señor Senador- y del "sobrestock" existente. El mercado interno consume entre 85:000.000 y 86:000.000 de litros de vino y no resiste más, aunque algunos quisieran tomar más vino. Este "sobrestock" de uva se ha generado a través de la gran producción, fruto de la reconversión de la viña. Hay productores que actualmente producen hasta 60.000 kilos por hectárea. Concretamente, tenemos un sobrante de vino anual de entre 30:000.000 y 40:000.000, al que hay que dar un destino porque no se puede volcar al mercado interno ni tampoco bajar su calidad. Tengamos en cuenta que a nivel del mercado internacional hay determinadas exigencias que deben cumplirse. Por ejemplo, los rusos -que son los que han estado detrás de la compra de vino a granel, adquiriendo 6:000.000 de litros este año y, quizás, lleguen a 22:000.000- exigen un grado alcohólico de 12º, que sí tienen los vinos chilenos y no los nuestros. Entonces, se hace necesario destilar vino para generar alcohol vínico y, así, mejorar la graduación alcohólica, no agregando azúcar porque baja su calidad, sino usando las micelas y los mostos concentrados. Por su parte, el mercado brasileño consume mucho jugo de uva pasteurizado y entendemos que estratégicamente debemos apuntar a él.

La prohibición de vinificar uvas de mesa ya fue incluida en un decreto de este año porque esa práctica distorsionaba el mercado, por lo cual hoy solamente pueden vinificar uvas vitiviníferas.

Es muy importante recalcar que la calidad de los vinos no radica en la cantidad que produce la hectárea sino en la calidad de la planta, del zarzo y de su angostura. Los vinos Tannat no pueden superar los 5.000 a 7.000 kilos por hectárea para tener una graduación alcohólica aceptable de manera que el azúcar de la uva produzca un vino que no baje de 12º y llegue al 15º, tal como exigen los mercados internacionales.

En definitiva, todos esos aspectos están en discusión. Esta iniciativa atiende un tema puntual que hace al nudo de la situación y se relaciona con un sector muy intensivo que genera mucha mano de obra y divisas para el país, por lo que todos debemos trabajar en conjunto.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- La versación del señor Senador Saravia en esta materia merece mi mayor elogio.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º

SEÑOR SARAVIA.- Mociono para que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

16) PROTOCOLO DE ENMIENDA AL ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PARA LA COOPERACION EN LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA Y DE EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO (HOSPITAL DE CLINICAS DR. MANUEL QUINTELA), SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2006

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo de Enmienda al Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, para la Cooperación en la Mejora de la Infraestructura Edilicia y de Equipamiento del Hospital Universitario de la República Oriental del Uruguay (Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela), suscrito en la ciudad de Montevideo el 4 de noviembre de 2006. (Carp. Nº 744/07 - Rep. Nº 427/07)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 744/07

Rep. Nº 427/07

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Salud Pública

Montevideo, 15 de enero de 2007.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en los ar-tículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Protocolo de Enmienda al Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela para la Cooperación en la Mejora de la Infraestructura Edilicia y de Equipamiento del Hospital Universitario (Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela) de la República Oriental del Uruguay, suscrito en la ciudad de Montevideo, el día cuatro de noviembre de dos mil seis.

A. ANTECEDENTES.-

1. En la ciudad de Montevideo, el día 8 de diciembre del año 2005, la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela suscribieron el Acuerdo para la Cooperación en la Mejora de la Infraestructura Edilicia y de Equipamiento del Hospital Universitario (Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela) de la República Oriental del Uruguay. A los efectos de que la República pueda obligarse por Instrumentos Internacionales con el señalado, el Poder Ejecutivo remitió al Poder Legislativo el correspondiente Mensaje y Proyecto de Ley solicitando su aprobación el 30 de mayo del año en curso, encontrándose actualmente a estudio de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes.

En el precitado Acuerdo, las Partes reafirmaron el propósito de fortalecer sus vínculos mediante la coo-peración y el intercambio de conocimientos, con el objetivo de hacer posible un desarrollo económico y social con equidad. En este sentido, se previó que la cooperación estaría destinada a mejorar la infraestructura edilicia y de equipamiento del Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela.

Por medio del referido Instrumento, la República Boliviariana de Venezuela se comprometió a otorgar una suma de veinte millones de dólares americanos integrados de la siguiente forma: diez millones de dólares ame-ricanos bajo la modalidad de donación y otros diez millones de dólares americanos como contrapartida de los cuales, la República Oriental del Uruguay asumió el compromiso de desarrollar un programa de cooperación en las áreas que ambas Partes establecerán de común acuerdo. (Artículo II):

2. El Ministerio de Salud Pública ha proyectado la construcción de cien camas de internación en el Instituto Nacional del Cáncer (INCA), para lo cual necesita contar con la suma de tres millones de dólares americanos.

En virtud de ello, las Partes en el Acuerdo antes mencionado, consideran conveniente llevar a cabo negociaciones tendientes a ampliar el mecanismo de cooperación originalmente previsto.

B. EL PROTOCOLO DE ENMIENDA.-

Culminadas las negociaciones, se arribó al texto cuya copia se adjunta, por el que se modifican los Artículos I y II del Acuerdo referido en el apartado A.

En el modificado artículo I se dispone que la cooperación venezolana de veinte millones de dólares americanos, destinada a apoyar los proyectos de mejora de infraestructura edilicia y equipamiento del Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela de la República Oriental del Uruguay, abarcará también la construcción de cien camas de internación en el Instituto Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud Pública. En total, el Hospital Universitario recibirá la suma de diecisiete millones de dólares americanos.

La modificación al artículo II prevé que de los diez millones de dólares americanos como contrapartida de los cuales, la República Oriental del Uruguay se compromete a desarrollar un programa integral de cooperación, tres millones de dólares americanos serán destinados al Instituto Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud Pública. Los restantes siete millones de dólares americanos se destinarán al Hospital Universitario (Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela).

Siendo de vital importancia para la República la entrada en vigor del presente Protocolo, que materializa una Enmienda al Acuerdo de Cooperación antes señalado, el Poder Ejecutivo solicita al Poder Legislativo la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General, las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Jorge Brovetto, María Julia Muñoz.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Salud Pública

Montevideo, 15 de enero de 2007.

PROYECTO DE LEY

ARTICULO UNICO.- Apruébase el Protocolo de Enmienda al Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela para la Cooperación en la Mejora de la Infraestructura Edilicia y de Equipamiento del Hospital Universitario (Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela) de la República Oriental del Uruguay, suscrito en la ciudad de Montevideo, el día cuatro de noviembre de dos mil seis.

Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Jorge Brovetto, María Julia Muñoz.

PROTOCOLO DE ENMIENDA AL ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PARA LA COOPERACION EN LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA Y DE EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO (HOSPITAL DE CLINICAS DR. MANUEL QUINTELA) DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

La República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, en adelante denominados "las Partes",

TENIENDO PRESENTE el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Ve-nezuela para la Cooperación en la Mejora de la Infraestructura Edilicia y de Equipamiento del Hospital Universitario (Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela) de la República Oriental del Uruguay, suscrito el 8 de diciembre de 2005;

CONSCIENTES de la necesidad de ampliar el mecanismo de cooperación en el Acuerdo antes mencionado, a fin de poder contribuir al mejoramiento de otras instituciones sanitarias uruguayas y de esta manera colaborar en la consecución del desarrollo económico y social equilibrado;

Han convenido en realizar, mediante este Protocolo, la enmienda del Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela para la Cooperación en la Mejora de la Infraestructura Edilicia y de Equipamiento del Hospital Universitario (Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela) de la República Oriental del Uruguay, suscrito el 8 de diciembre de 2005, en los términos siguientes:

PRIMERO. Se modifica el Artículo I, a fin de ampliar su alcance, quedando redactado como sigue:

ARTICULO I

La República Bolivariana de Venezuela otorgará de conformidad con su ordenamiento jurídico interno a la República Oriental del Uruguay, la cual acepta, la cantidad de veinte millones de dólares americanos (US$ 20.000.000,00), de los cuales, la suma de diecisiete millones de dólares americanos (US$ 17.000.000,00), estarán destinados a apoyar los planes y/o proyectos dirigidos a mejorar la infraestructura edilicia y de equipamiento del Hospital Universitario (Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela) de la República Oriental del Uruguay y la suma de tres millones de dólares americanos (US$ 3.000.000,00), se destinarán a la construcción de cien (100) camas de internación en el Instituto Nacional del Cáncer (INCA) del Ministerio de Salud Pública de la República Oriental del Uruguay.

SEGUNDO: Se modifica el Artículo II, a fin de ampliar su alcance, quedando redactado como sigue:

ARTICULO II

Ambas Partes acuerdan que la entrega de los recursos objeto del presente Acuerdo será realizada de la forma siguiente:

1.- La cantidad de diez millones de dólares americanos (US$ 10.000.000,00), bajo la modalidad de donación.

2.- La cantidad de diez millones de dólares americanos (US$ 10.000.000,00), como contrapartida de la cual, la República Oriental del Uruguay se compromete a desarrollar un programa integral de cooperación para la colaboración y complementariedad en las áreas que, de común acuerdo, establezcan las Partes, mediante documento escrito, que se considerará anexo al presente Acuerdo. La suma indicada se distribuirá de la manera siguiente:

a) Siete millones de dólares americanos (US$ 7.000.000,00) al Hospital Universitario (Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela) y;

b) Tres millones de dólares americanos (US$ 3.000.000,00), al Instituto Nacional del Cáncer (INCA) del Ministerio de Salud Pública de la República Oriental del Uruguay.

TERCERO: Los artículos del Acuerdo de Cooperación suscrito en Montevideo, el día 8 de diciembre de 2005, que no hayan sido modificados a través del presente instrumento continuarán vigentes y en iguales términos.

CUARTO: Este Protocolo de Enmienda entrará en vigor en la fecha de su firma, será sometido al cumplimiento de los requisitos legales internos y permanecerá vigente mientras el Acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Oriental del Uruguay para la Cooperación en la Mejora de la Infraestructura Edilicia y de Equipamiento del Hospital Universitario (Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela), de la República Oriental del Uruguay, suscrito el 8 de diciembre de 2005, permanezca en vigor.

Firmado en la ciudad de Montevideo, a los cuatro días del mes de noviembre de 2006, en dos ejemplares originales redactados en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

 

ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PARA LA COOPERACION EN LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA Y DE EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO (HOSPITAL DE CLINICAS DR. MANUEL QUINTELA) DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

La República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, en adelante denominadas "las Partes",

CONSIDERANDO los lazos de amistad y entendimiento entre ambas Partes;

TENIENDO PRESENTE los compromisos asumidos por los Gobiernos de ambos Estados, en fortalecer la integración en todas sus dimensiones: cultural, económica, científico-tecnológica, educativa y social;

CONSIDERANDO la necesidad de fortalecer un modelo relacional que permita la participación flexible y simétrica de las dos Naciones para hacer efectivos los intereses comunes de la política internacional, a través de modalidades de cooperación y de intercambio que nos permitan colocar nuestros conocimientos para enfrentar conjuntamente los problemas relacionados con el desarrollo económico y social con equidad;

CONSIDERANDO la importancia que tiene para el desarrollo armónico y sustentable de ambas Naciones la generación de conocimientos y la formación científica y tecnológica, para hacer frente a problemáticas vinculadas al desarrollo social, la seguridad y la producción alimentaria, el ambiente, biodiversidad, las tecnologías de información y comunicación, entre otras;

Han acordado lo siguiente:

ARTICULO I

La República Bolivariana de Venezuela otorgará a la República Oriental del Uruguay, la cual acepta, la cantidad de veinte millones de dólares americanos (US$ 20.000.000,00) destinados a apoyar los planes y/o proyectos dirigidos a mejorar la infraestructura edilicia y de equipamiento del Hospital Universitario (Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela) de la República Oriental del Uruguay.

ARTICULO II

Ambas Partes acuerdan que la entrega de los recursos objeto del presente Acuerdo, será realizada de la siguiente forma:

1.- La cantidad de Diez Millones de Dólares America-nos (US$ 10.000.000,00), bajo la modalidad de donación; y

2.- La cantidad de Diez Millones de Dólares Americanos (US$ 10.000.000,00), como contrapartida de la cual, la República Oriental del Uruguay se compromete a desarrollar un programa integral de cooperación para la colaboración y complementariedad en las áreas que de común acuerdo establecerán las Partes en documento definitivo.

ARTICULO III

Para el seguimiento, control y evaluación de los planes y/o proyectos objeto del presente Acuerdo, las Partes establecerán una Comisión Técnica Permanente, la cual se reunirá periódicamente en sedes alternas, de conformidad con un cronograma acordado entre ellas.

ARTICULO IV

Los recursos otorgados a través del presente Acuerdo, serán utilizados por la República Oriental del Uruguay exclusivamente para el objeto establecido en el presente instrumento.

ARTICULO V

Este Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, será sometido al cumplimiento de los requisitos legales internos y tendrá una duración de cinco (05) años, renovables automáticamente por períodos iguales y sucesivos.

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo, en cualquier momento mediante notificación escrita y por la vía diplomática, dirigida a la otra Parte. La denuncia tendrá efecto a los noventa (90) días de recibida por la otra Parte la comunicación correspondiente.

La denuncia del presente Acuerdo no afectará la realización de los planes y/o proyectos convenidos, los cuales seguirán ejecutándose hasta su culminación, salvo que las Partes acuerden lo contrario.

Firmando en la ciudad de Montevideo, a los ocho días del mes de diciembre del año 2005, en dos (2) originales en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

 

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Internacionales del Senado ha analizado el Protocolo de Enmienda al Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela para la cooperación en la Mejora de la Infraestructura Edilicia y de Equipamiento del Hospital Universitario (Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela) suscrito en nuestra capital el 4 de noviembre de 2006.

Por el Acuerdo original el país hermano otorgaba al mencionado hospital universitario la suma de diez millones de dólares bajo la modalidad de donación y otros diez millones de dólares como contrapartida del compromiso de desarrollar un programa de cooperación en áreas a determinar de común acuerdo por ambos países.

El presente Protocolo de enmienda dispone que parte de esta suma, tres millones de dólares, sea destinada a la construcción de cien camas de internación en el Instituto Nacional del Cáncer, dependiente del Ministerio de Salud Pública. Como vemos, se trata únicamente del redireccionamiento de una parte de la suma a recibir, para un fin específico y siempre en el campo de la atención sanitaria de la población.

Como no se le establece ninguna obligación adicional al Uruguay y según expresa el Poder Ejecutivo en su Mensaje, la entrada en vigor del Acuerdo es de vital importancia para la República, consideramos que se debe proceder a su aprobación legislativa.

Sala de la Comisión, 15 de marzo de 2007.

Enrique Rubio, Miembro Informante; Sergio Abreu, Carlos Baráibar, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, José Korzeniak, Julio María Sanguinetti. Senadores.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA Nº 48

En Montevideo, el día quince de marzo del año dos mil siete, a la hora diecisiete y diez minutos se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros los señores Senadores Carlos Baráibar, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, José Korzeniak, Enrique Rubio y Julio María Sanguinetti.

Faltan con aviso los señores Senadores Jorge Larrañaga y Rafael Michelini.

Preside el señor Senador Sergio Abreu, Presidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría el señor Secretario de Comisión Rodolfo Caimí y el funcionario señor Fabio Rodríguez.

De lo actuado se tomó versión taquigráfica cuya copia dactilográfica luce en el Distribuido Nº 1519/2006 que forma parte integrante de la presente Acta.

Abierto el acto, se pasa a considerar el;

ORDEN DEL DIA:

1.- Elección de Presidente.

Por Secretaría se da cuenta que de acuerdo al artículo 151 del Reglamento del Cuerpo, corresponde se elija Presidente para el presente Período.

El señor Senador Luis Alberto Heber propone para ocupar la Presidencia al señor Senador Sergio Abreu.

Se vota: 5 en 6. Afirmativa.

2.- ASUNTOS ENTRADOS:

2.1.- El señor Senador Heber en nombre del Presidente del Directorio del Partido Nacional, señor Senador Larrañaga plantea con motivo de la reciente visita del señor Presidente de los Estados Unidos de América George W. Bush, la solicitud de concurrencia de los Ministros de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores y Ganadería, Agricultura y Pesca a las Comisiones de Hacienda y Asuntos Internacionales.

Sobre el punto el señor Presidente informa que la Comisión de Hacienda ha resuelto invitar a la Comisión de Asuntos Internacionales en oportunidad de la concurrencia de las referidas Carteras.

2.2.- El señor Senador Heber realiza una exposición en relación al Acuerdo de Comercio e Inversiones (TIFA) solicitando el envío de dicho Tratado al Parlamento.

2.3.- CARPETA Nº 752/2007.- CONVENIO PARA LA PROTECCION, CONSERVACION, RECUPERACION Y DEVOLUCION DE BIENES CULTURALES, ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS ROBADOS, EXPORTADOS O TRANSFERIDOS ILICTAMENTE, CON LA REPUBLICA DEL PERU SUSCRITO EN MONTEVIDEO, EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2002. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo aprobado por la Cámara de Representantes. Texto del Convenio.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Enrique Rubio.

2.4.- CARPETA Nº 754/2007.- ACUERDO DE COOPERACION CULTURAL CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARMENIA, SUSCRITO EN MONTEVIDEO EL 23 DE MAYO DE 2000. Mensaje y proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Texto del Acuerdo.

Pasa a estudio del señor Senador Carlos Baráibar.

3.- ASUNTOS CONSIDERADOS:

3.1.- Por Secretaría se da cuenta que el señor Senador Enrique Rubio entregó en la presente sesión informes escritos correspondientes a los siguientes asuntos:

CARPETA Nº 590/2006.- ACUERDO DE COOPERACION EN MATERIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, INDUSTRIA DEL SOFTWARE, EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y COMUNICACIONES ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, DE 9 DE DICIEMBRE DE 2005. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1024/2006.

CARPETA Nº 689/2006. CONVENCION SOBRE PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES QUE PUEDEN CONSIDERARSE EXCESIVAMENTE NOCIVAS O EFECTOS INDISCRIMINADOS. Se aprueba el Protocolo V sobre los restos explosivos de guerra, de 28 de noviembre de 2003 y la enmienda al artículo I de la referida Convención. Mensaje y proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1351/2006.

CARPETA Nº 714/2006.- CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL Y CIENTIFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE RUMANIA, SUSCRITO EN BUCAREST, RUMANIA, EL 17 DE SETIEMBRE DE 2004. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1429/2006.

CARPETA Nº 744/2007. PROTOCOLO DE ENMIENDA AL ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PARA LA COOPERACION EN LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA Y DE EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO (HOSPITAL DE CLINICAS DR. MANUEL QUINTELA), SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2006. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Protocolo. Distribuido Nº 1485/2007.

El señor Senador Enrique Rubio informa sobre el referido Protocolo y solicita su aprobación.

3.2.- CONVENIO MARCO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GO-

BIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA, SOBRE EL CREDITO PREFERENCIAL OTORGADO POR CHINA A URUGUAY, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 4 DE SETIEMBRE DE 2006. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Convenio. Distribuido Nº 1461/2006.

Informa sobre el referido Convenio el señor Senador Julio María Sanguinetti.

RESOLUCIONES:

1.- Se elige como Presidente para el Tercer Período de la presente Legislatura al señor Senador Sergio Abreu.

2.- CARPETA Nº 744/2007.- PROTOCOLO DE ENMIENDA AL ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PARA LA COOPERACION EN LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA Y DE EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO (HOSPITAL DE CLINICAS DR. MANUEL QUINTELA), SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 4 DE NOVIEMBRE DE 2006. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Protocolo. Distribuido Nº 1485/2007.

Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante en forma escrita al señor Senador Enrique Rubio.

3.2.- CONVENIO MARCO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA, SOBRE EL CREDITO PREFERENCIAL OTORGADO POR CHINA A URUGUAY, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 4 DE SETIEMBRE DE 2006. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Convenio. Distribuido Nº 1461/2006.

Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante en forma escrita al señor Senador Julio María Sanguinetti.

A la hora diecisiete y cuarenta y cinco minutos, se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman el señor Presidente y el señor Secretario

Sergio Abreu Presidente

Rodolfo Caimí Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: el señor Senador Couriel me ha sugerido que no insuma más de un minuto y medio para explicar este proyecto de ley por el que se aprueba -con el acuerdo de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado- un Protocolo para enmendar un acuerdo anterior celebrado con Venezuela -abrevio el nombre sin ofender a nadie-, por el cual se nos otorgaba un préstamo para mejorar la infraestructura edilicia del Hospital Universitario. El acuerdo inicial hablaba de US$ 10:000.000 por donación y otros US$ 10:000.000 como contrapartida de un compromiso para desarrollar un programa de cooperación. En esta enmienda, lo único que se hace es destinar parte de esa suma, US$ 3:000.000, a la construcción de cien camas de internación en el Instituto Nacional del Cáncer. Quiere decir que lo que varía es el destino de una parte del préstamo o donación fijado en el acuerdo inicial. A su vez, se entiende que no existen obstáculos jurídicos, ni de oportunidad o conveniencia para oponerse, motivo por el cual se aconseja su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

SEÑOR KORZENIAK.- Mociono para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 18 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo único.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 20. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

17) SOLICITUD DE ACUERDO PARA DESTITUIR A DE SUS CARGOS A DOS FUNCIONARIOS DE LA CAMARA DE SENADORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde que el Senado pase a sesión secreta para considerar el informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de destitución de dos funcionarios de la Cámara de Senadores.

(Así se hace. Es la hora 18 y 46 minutos.)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 19)

- Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"El Senado, en sesión secreta, prestó su acuerdo pa-

ra la destitución de los funcionarios de la Cámara de Senadores, señores Ignacio Chápper Callorda e Ilario Rivero Bica."

18) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 19 y 1 minuto, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Abreu, Amaro, Antía, Baráibar, Bentancor, Breccia, Cid, Couriel, Dalmás, Fernández Huidobro, Heber, Korzeniak, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Percovich, Ríos, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Sr. Santiago González Barboni Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sra. Nelly Tavares Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.