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Nº 136 - TOMO 439 - 27 DE DICIEMBRE DE 2006

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

61ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Y LA SEÑORA SENADORA SUSANA DALMAS Segunda Vicepresidenta

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Levantamiento del receso

- El Senado resuelve levantar el receso y considerar los asuntos que figuran en el Orden del Día.

4 y 8) Asuntos entrados

5) Solicitudes de licencia

- Las solicitan el señor Presidente del Senado y el señor Senador Larrañaga.

- Concedidas.

6) Operaciones "Antarkos XXIII" y "Esnal II"

- Proyecto de ley por el que se autoriza la salida del territorio nacional del Buque ROU 04 "General Artigas", su Plana Mayor, Tripulación y alumnos Aspirantes de la Escuela Naval, a efectos de realizar ambas operaciones, entre el 27 de diciembre de 2006 y el 14 de febrero de 2007.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

7) Titularidad del derecho de propiedad de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias

- Proyecto de ley por el que se establecen normas relativas a la titularidad del derecho de propiedad de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

9) Proyecto presentado

- Los señores Senadores José Korzeniak y Leonardo Nicolini presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley referido a la comunicación a la Asamblea General de las excepciones que se establezcan en relación con las acciones de sociedades propietarias de inmuebles rurales y de explotaciones agropecuarias.

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

10) Alteración del Orden del Día

- Por moción del señor Senador Vaillant, el Senado resuelve que el tercer y cuarto puntos del Orden del Día pasen al penúltimo y último lugar respectivamente, y se considere de inmediato el que figura en quinto término.

11, 14 y 16. Régimen de trabajo

- Por moción del señor Senador Michelini, complementada por otros señores Senadores, el Senado resuelve retirar del Orden del Día de esta sesión los asuntos que figuran en los numerales 3º y 11, incluyéndolos en el de la sesión a celebrarse el día 10 de enero de 2007 a la hora 10, y el que figura en el 12, incluyéndolo en el Orden del Día de la sesión a celebrarse el día 7 de febrero de 2007 a la hora 10. Asimismo, resolvió celebrar sesión extraordinaria, de acuerdo con el inciso final del artículo 26 del Reglamento, en el día de hoy a la hora 21 y 15, para tratar los asuntos aprobados por la Cámara de Representantes a los que se dio entrada en esta sesión.

12) Solicitud de Acuerdo del Poder Ejecutivo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Reino de España, al señor Ricardo González Arenas

- Concedida.

13) Acuerdo de Sede entre la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para el funcionamiento en el territorio de la República de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur y su Secretaría Administrativa Permanente, suscrito en Montevideo, el 8 de diciembre de 2005

- Proyecto de ley por el que se solicita su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15) Solicitud de Venia del Poder Ejecutivo para designar como Miembro del Consejo Directivo Central de la ANEP y como Subdirectora Nacional de Educación Pública, a la Química Farmacéutica Marisa García Zamora

- Concedida.

17) Armas que fueran remitidas al servicio de material y armamento del ejército

- Proyecto de ley, aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se reduce el plazo de depósito dispuesto judicialmente.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

18) Gobiernos Departamentales

- Proyecto de ley, aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se faculta la gestión de acuerdos de organización y la prestación de servicios.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

19) Créditos o prestaciones laborales originados en la relación de trabajo

- Proyecto de ley por el que se determinan los plazos de prescripción.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

20) Fondo Nacional de Salud (FONASA)

- Proyecto de ley por el que se lo crea.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

21) Rectificación de trámite

- Por moción de la señora Senadora Xavier, el Senado resuelve pasar la Carpeta Nº 729/06, de la Comisión de Constitución y Legislación, a la de Población, Desarrollo e Inclusión.

22) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 26 de diciembre de 2006.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, mañana miércoles 27 de diciembre, a la hora 15, a fin de hacer cesar el receso, informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) Por el que se autoriza la salida del territorio nacional del Buque ROU 04 "General Artigas", su Plana Mayor, Tripulación y alumnos Aspirantes de la Esuela Naval, a efectos de realizar las Operaciones "Antarkos XXIII" y "Esnal II", entre el 27 de diciembre de 2006 y el 14 de febrero de 2007.

Carp. Nº 730/06

2º) Por el que se establecen normas relativas a la titularidad del derecho de propiedad de inmuebles rurales y de las explotaciones agropecuarias.

Carp. Nº 721/06

3º) Por el que se modifica la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay.

Carp. Nº 682/06

4º) Por el que se crea el Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Carp. Nº 669/06. - Rep. Nº 401/06 y Anexo I

5º) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo a efectos de acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Reino de España, al señor Ricardo González Arenas.

Carp. Nº 712/06

6º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo a efectos de designar como miembro del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y como Subdirectora Nacional de Educación Pública, a la señora Químico Farmacéutica Marisa García Zamora.

Carp. Nº 710/06

7º) Discusión única del proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se reduce el plazo durante el cual deberán permanecer depositadas las armas remitidas al Servicio de Material y Armamento por disposición judicial.

Carp. Nº 194/05 - Rep. Nº 394/06

8º) Discusión única del proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes por el que se crean disposiciones a efectos de facultar a los gobiernos departamentales a implementar nuevas formas de actuación, de conformidad con lo establecido en el inciso 5º. del artículo 262 de la Constitución de la República.

Carp. Nº 275/05 - Rep. Nº 400/06

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

9º) Por el que se aprueba el Acuerdo de Sede entre la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), para el funcionamiento en el territorio de la República de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR y su Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente, suscrito en Montevideo, el 8 de diciembre de 2005.-

Carp. Nº 688/06

10) Por el que se determinan los plazos de prescripción para los créditos o prestaciones laborales originados en la relación de trabajo

Carp. Nº 727/06

11) Por el que se dictan normas para la protección de los derechos de los trabajadores ante los procesos de descentralización empresarial.

Carp. Nº 723/06

12) Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se regula la producción, comercialización y la utilización de agrocombustibles.

Carp. Nº 591/06 - Rep. Nº 399/06 y Anexo I

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Alfie, Amaro, Antía, Baráibar, Camy, Cid, Couriel, Fernández Huidobro, Gallinal, Heber, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Nicolini, Penadés, Percovich, Ríos, Rubio, Sanguinetti, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.

FALTA: con licencia, el señor Senador Larrañaga; con aviso, el señor Senador Abreu.

3) LEVANTAMIENTO DEL RECESO

SEÑOR PRESIDENTE.- Está abierto el acto.

(Es la hora 15 y 18 minutos)

- El Senado ha sido convocado para que se levante el receso y se consideren los asuntos que figuran en el Orden del Día.

Se va a votar si se levanta el receso.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD

Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 18 minutos)

4) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Cámara de Representantes:

- remite aprobado un proyecto de ley por el que se crea un seguro obligatorio que cubra los daños que sufran terceras personas como consecuencia de accidentes causados por vehículos automotores.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

- y comunica que ha aprobado un proyecto de ley por el que se establece la naturaleza jurídica, se regulan las bases de funcionamiento orgánico y se desarrollan los cometidos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.

- AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVESE.

La Comisión de Hacienda eleva informado el proyecto de ley por el que se crea el Fondo Integrado de Salud de la Seguridad Social (FISASS), en el marco de la denominada "Ley de ampliación de la cobertura de Salud a través de la Seguridad Social".

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- Por el que se modifica la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay.

- Por el que se establecen normas relativas a la titularidad del derecho de propiedad de inmuebles rurales y de las explotaciones agropecuarias

- HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY."

5) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Larrañaga solicita licencia por el día de la fecha".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Diciembre de 2006

Sr. Presidente del Senado

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo se me otorgue 1 día de licencia a partir del día 27 de diciembre y se convoque a mi suplente correspondiente, de conformidad con la Ley 17.827, Artículo 1º, Literal D.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente

Jorge Larrañaga. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 16 en 17. Afirmativa.

Queda convocado el suplente respectivo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Presidente del Senado solicita licencia del 13 al 17 de enero de 2007."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 27 de diciembre de 2006.

Arq. Hugo Rodríguez Filippini

Secretario del Senado

Presente

De mi consideración:

Por la presente le comunico al Cuerpo que del día 13 y hasta el 17 de enero viajaré a la República de Ecuador, para representar al Gobierno de nuestro país en la asunción de su Presidente, Ec. Rafael Correa Delgado.

Por este motivo solicito se me conceda licencia por estos días de acuerdo al literal c) de la Ley Nº 17.827.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente,

Rodolfo Nin Novoa

Presidente."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 15 en 16. Afirmativa.

6) OPERACIONES "ANTARKOS XXIII" Y "ESNAL II"

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se autoriza la salida del territorio nacional del Buque ROU 04 ‘General Artigas’, su Plana Mayor, Tripulación y alumnos Aspirantes de la Escuela Naval, a efectos de realizar las Operaciones ‘Antarkos XXIII’ y ‘Esnal II’, entre el 27 de diciembre de 2006 y el 14 de febrero de 2007. (Carp. Nº 730/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 730/06

Rep. Nº 407/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Autorízase la salida del territorio nacional del Buque ROU 04 "General Artigas", su plana mayor, tripulación y alumnos aspirantes de la Escuela Naval, a efectos de realizar las Operaciones "Antarkos XXIII" y "Esnal II", entre el 27 de diciembre de 2006 y el 14 de febrero de 2007, efectuando escalas en los puertos de Ushuaia (República Argentina) y Punta Arenas (República de Chile).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 20 de diciembre de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Mensaje 66/06

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones exteriores

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo cumple en remitir el adjunto proyecto de ley, acorde a lo dispuesto por el numeral 7) del artículo 168 de la Constitución de la República, a los efectos que ese Cuerpo autorice la salida del país, conforme con lo dis-puesto en el numeral 12 del artículo 85 del referido texto constitucional, del ROU 04 "General Artigas", su Plana Mayor, Tripulantes y Alumnos Aspirantes de la Escuela Naval, entre el 27 de diciembre de 2006 y el 14 de febrero de 2007, a fin de realizar las Operaciones "Antarkos XXIII" y "Esnal II".

La realización de la Campaña Antártica con el aporte de un buque de la Armada Nacional, constituye uno de los eventos tradicionales dentro de las actividades de nuestra Base Antártica. Año a año, la Armada Nacional procura incrementar el alistamiento del buque que concurra, a fin de cumplir en forma óptima la noble misión de dar apoyo logístico a nuestros compatriotas en la Base Científica "General Artigas".

Importantes recursos son asignados a estos buques, realizándose un gran esfuerzo para mantener el alto grado de alistamiento de la tripulación.

Durante su navegación hacia y desde la Antártica, también se participa en actividades de control de la contaminación y preservación del medio ambiente dentro del área operativa y una vez arribado a la Base, su tripulación, proporciona apoyo a la investigación científica que allí se desarrolla.

La preparación de una Campaña Antártica requiere de importantes coordinaciones con organismos nacionales y las Armas de otros países. La presencia de uno de nuestros buques en la Base Científica Antártica "General Artigas", constituye una verdadera necesidad para los compatriotas que cumplen su labor a miles de kilómetros de nuestra Patria y que esperan la llegada de las provisiones, equipos y repuestos que les permitirán seguir desarrollando su trabajo.

El medio marítimo permite el transporte hacia y desde la Base, de materiales en cantidades y calidades tales que hacen imposible su desplazamiento por otros medios a costos comparables.

Sumado a las actividades detalladas, este año por primera vez, Alumnos Aspirantes de la Escuela Naval realizarán su viaje de adiestramiento en el mar, a efectos de aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas, poniendo a prueba su vocación e incorporando una enriquecedora experiencia profesional y cultural.

Por los fundamentos expuestos, se solicita la atención de ese Cuerpo al Proyecto de Ley que se acompaña, cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General, atentamente.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Azucena Berrutti, Reinaldo Gargano, José Díaz.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Autorízase la salida del territorio nacional, del Buque ROU 04 "General Artigas", su Plana Mayor, Tripulación y Alumnos Aspirantes de la Escuela Naval, a efectos de realizar las Operaciones "Antarkos XXIII" y "Esnal II", entre el 27 de diciembre 2006 y el 14 de febrero de 2007, efectuando escalas en los puertos de Ushuaia (República Argentina) y Punta Arenas (República de Chile).

Azucena Berrutti, Reinaldo Gargano, José Díaz."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: el pasado 20 de diciembre, la Cámara de Representantes aprobó este proyecto de ley, por el que se autoriza la salida del Buque ROU 04 "General Artigas", a los efectos de cumplir una misión anual y habitual de apoyo a nuestra base antártica, donde también se estudia la temática ambiental del mar, cuyos datos se manejan con carácter científico.

Por otro lado, cabe destacar que esta iniciativa no presenta dificultades de orden político y es acompañada por todos los partidos.

En consecuencia, proponemos al Senado la aprobación de este proyecto de ley a los efectos de que quede sancionado y expedito para su cumplimiento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

SEÑORA XAVIER.- Solicito que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se suprime la lectura.

(Se vota:)

- 14 en 16. Afirmativa.

En consideración el artículo único.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

7) TITULARIDAD DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE INMUEBLES RURALES Y EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se establecen normas relativas a la titularidad del derecho de propiedad de inmuebles rurales y de las explotaciones agropecuarias. (Carp. Nº 721/06)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 721/06

Rep. Nº 402/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase de interés general que los titulares del derecho de propiedad sobre los inmuebles rurales y las explotaciones agropecuarias sean personas físicas, sociedades personales comprendidas en la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, sociedades agrarias y asociaciones agrarias comprendidas en la Ley Nº 17.777, de 21 de mayo de 2004, cooperativas agrarias comprendidas en el Decreto-Ley Nº 15.645, de 17 de octubre de 1984, sociedades de fomento rural comprendidas en el Decreto-Ley Nº 14.330, de 19 de diciembre de 1974, personas públicas estatales y personas públicas no estatales. Se exceptúan de las disposiciones de la presente ley los inmuebles rurales afectados a actividades ajenas a las definidas por el artículo 3º de la Ley Nº 17.777.

Las sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones comprendidas en la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, podrán ser titulares de los inmuebles rurales y de las explotaciones agropecuarias siempre que la totalidad de su capital accionario estuviere representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas.

El Poder Ejecutivo, a instancia de parte, podrá disponer que tanto la titularidad de inmuebles rurales, así como de explotaciones agropecuarias, sea ejercida por sociedades anónimas o por sociedades en comandita por acciones, en ambos casos con capital accionario representado por acciones al portador, cuando el número de accionistas o la índole de la empresa impida que el capital accionario estuviera representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas. La autorización del Poder Ejecutivo indicará los inmuebles rurales concretos que comprende, y deberá volverse a solicitar cada vez que se aumente la superficie de tenencia o se sustituyan los inmuebles comprendidos en ella.

Artículo 2º.- Las actuales sociedades anónimas y en comandita por acciones, cuyo capital accionario estuviere representado por acciones al portador y que fueren titulares de inmuebles rurales o explotaciones agropecuarias, dispondrán del término de dos años a contar de la promulgación de la presente ley, para adecuar el capital accionario de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1º.

Vencido dicho plazo sin haber sustituido la totalidad de su capital accionario por acciones nominativas, las sociedades se considerarán disueltas de pleno derecho a todos los efectos legales, no siendo de aplicación la norma de interpretación establecida por el artículo 165 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

Las adjudicaciones de inmuebles, de semovientes y de toda clase de bienes que se hagan a los socios y accionistas de las sociedades a que refiere este artículo, como consecuencia de la disolución y liquidación referida en el inciso anterior, se hallan exoneradas de todo tributo.

Artículo 3º.- La constitución o transmisión de los derechos reales que graven las acciones nominativas, las acciones escriturales, las acciones endosables y los certificados provisorios emitidos por las sociedades anónimas y por las sociedades en comandita por acciones, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Comercio, sin perjuicio respecto de las primeras del cumplimiento del artículo 305 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 12 de diciembre de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 19 de julio de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General.

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, el adjunto proyecto de ley, relativo a la titularidad de derecho de propiedad de inmuebles rurales, así como de las explotaciones agropecuarias.

Las actividades agroindustriales son esenciales para la economía nacional siendo responsables de las ¾ partes de las exportaciones nacionales, y para ello es de fundamental importancia el desempeño del sistema agropecuario.

Este se integra de 50.000 unidades de producción de distintas naturaleza jurídica, que en general se definen a partir de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 16.060.

El sector agropecuario tiene particularidades derivadas de su propia naturaleza económica social y geográfica, que ha conducido al Legislador a cuestionar la carencia de formas jurídicas propias, dado que las sociedades existentes tanto civiles como comerciales, sus fines, sus formas de financiamiento, sus modalidades de instrumentos de inversión, no son, en todos los casos, las más adecuadas para el sector primario de nuestra economía.

Así es que a iniciativa de la cátedra de Derecho Agrario de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y con la participación de calificados especialistas, las gremiales de Abogados, Escribanos y Agrónomos, y la participación de representantes de productores, se crearon nuevas formas jurídicas específicas para el medio agrario, como la Ley Nº 17.777.

Entre las Sociedades Comerciales definidas en la Ley Nº 16.060, están las Sociedades Anónimas con acciones al portador, que se autorizaron para la explotación y propiedad de inmuebles rurales, a partir de la Ley Nº 17.124, de 25 de junio de 1999.

Anteriormente la legislación nacional definía como inconveniente que la explotación agropecuaria se hiciera por medio de Sociedades Anónimas con acciones al portador, con el fundamento de que la tierra en el Uruguay es un bien sujeto a propiedad privada pero con un uso regulado legalmente, de acuerdo al interés social prioritario derivado de su naturaleza intrínseca y el papel que cumple en nuestra economía, historia y cultura.

Sin decirlo explícitamente, pero expresándolo en ocasión del debate parlamentario de diversos temas, la jurisprudencia nacional otorga a la tierra una función prioritaria de producción sobre otros fines como puede ser el comercial y la actividad especulativa. A su vez, las leyes y los Legisladores no han considerado al suelo como una simple mercancía y siempre que las distintas actividades conducen a un enriquecimiento de productores o propietarios, lo es por una multiplicación productiva del capital por la vía de aumentar la riqueza de la Sociedad y no por el atesoramiento o la especulación.

Actualmente existen formas jurídicas suficientes que permiten acumular el capital necesario para las inversiones imprescindibles a toda explotación moderna, sin necesidad de anonimato, que es un inconveniente para la determinación del responsable de una porción de suelo, así como para la identificación tributaria de los contribuyentes.

La discusión de este tema no es nueva en el País, y hubieron varias iniciativas de prohibir la propiedad y explotación de inmuebles rurales por Sociedades con acciones al portador, por parte del Sr. Ministro de Ganadería y Agricultura, Sr. Carlos Puig en 1962, del Consejero de Gobierno Dr. Fernández Crespo en 1964, del Ministro de Ganadería y Agricultura, Don Wilson Ferreira en 1967, del Senador Carlos Julio Pereyra en 2000 y de un grupo de Legisladores del Frente Amplio en el 2002.

La Legislación comparada nos brinda muchos ejemplos de países en que la tierra es objeto de propiedad y explotación exclusiva de trabajadores en forma individual o asociativa, y si hay sociedades, las mismas deben ser nominativas.

Tal es el caso de la Constitución de Colombia que lo establece en su Art. 64.

Por su parte, la Constitución de Ecuador establece que: ‘el Estado garantiza la propiedad de la tierra directa y eficazmente trabajada por sus propietarios’. Asimismo, se indica que: ... "se proscribe el acaparamiento de la tierra y el latifundio; se propenderá a la integración de las unidades de producción y a su concentración, mediante la eliminación del minifundio, que se estimula la producción comunitaria y cooperativa y que se organiza y fomenta la colonización para ampliar la frontera agrícola, a fin de obtener el reasentamiento equilibrado de la población en el territorio nacional". Esto significa que se prioriza el factor poblador sobre cualquier otro.

Continuando con un somero análisis de la Legislación comparada, corresponde también aludir a la Constitución Mexicana, la cual en su artículo 27 edita que: "la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde, originalmente, a la Nación". Más adelante, agrega que la Nación tendrá, en todo tiempo, el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Además, deberá regular el beneficio social; el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública; cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y mejorar las condiciones de vida de la población rural y urbana. A tales efectos, "se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos".

En Gran Bretaña, las acciones deben ser siempre nominativas, salvo alguna excepción.

Las sociedades con acciones al portador en explotaciones de este tipo están prohibidas, entre otros, en los siguientes países: España, Grecia, Italia, Mónaco, Noruega y Suecia.

Es dable destacar que en los últimos años, producto de la legislación vigente ha habido inconvenientes para identificar los bienes rurales de grupos dirigidos por autores de maniobras delictivas, así como los de grupos dedicados al narcotráfico en virtud que sus bienes revertían la forma jurídica de titularidad bajo el régimen de Sociedades con acciones al portador. La Legislación moderna en materia de actividades empresariales avanza hacia la cristalinidad, la mayor información y el control en el cumplimiento de las normas, en detrimento del anonimato y del ocultamiento patrimonial y de responsabilidades.

El presente proyecto consta de tres artículos: el primero realiza una declaración de interés general sobre la titularidad del derecho de propiedad de inmuebles rurales, así como de las explotaciones agropecuarias, las que serán propiedad o bien de personas físicas o bien de las sociedades allí descriptas. Exceptuando de esas disposiciones a los inmuebles rurales afectados a actividades ajenas a las que define la Ley Nº 17.777 en su artículo tercero.

Por su parte el inciso segundo autoriza a que las sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones puedan ser titulares de inmuebles rurales así como de explotaciones agropecuarias, siempre y cuando la totalidad de su capital accionario estuviera representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas.

El segundo artículo establece un plazo perentorio para que las mencionadas sociedades de capital se adecuen a lo prescripto en el artículo primero, estableciendo la respectiva consecuencia para el caso de incumplimiento.

Y el tercer artículo propuesto establece la obligación que ciertos actos sean inscriptos en el Registro Público de Comercio, a efectos de la publicidad de la propiedad de las respectivas acciones.

Por lo expuesto precedentemente, se entiende necesario la aprobación del proyecto ley adjunto.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; José Mujica, Jorge Lepra, Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, Danilo Astori, Héctor Lescano, Mariano Arana, Jorge Brovetto, Marina Arismendi, Víctor Rossi, José Díaz, Miguel Fernández Galeano, Eduardo Bonomi.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase de interés general que los titulares del derecho de propiedad sobre los inmuebles rurales y las explotaciones agropecuarias sean personas físicas, sociedades personales comprendidas en la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, sociedades agrarias y asociaciones agrarias comprendidas en la Ley Nº 17.777, del 21 de mayo de 2004, cooperativas agrarias comprendidas en el Decreto-Ley Nº 15.645, de 17 de octubre de 1984, sociedades de Fomento Rural comprendidas en el Decreto-Ley Nº 14.330, de 19 de diciembre de 1974, personas públicas estatales y personas públicas no estatales. Se exceptúan de las disposiciones de la presente ley los inmuebles rurales afectados a actividades ajenas a las definidas por el Art. 3º de la Ley Nº 17.777.

Las sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones comprendidas en la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, podrán ser titulares de los inmuebles rurales y de las explotaciones agropecuarias siempre que la totalidad de su capital accionario estuviere representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas.

Artículo 2º.- Las actuales sociedades anónimas y en comandita por acciones, cuyo capital accionario estuviere representado por acciones al portador y que fueren titulares de inmuebles rurales o explotaciones agropecuarias, dispondrán del término de dos años a contar de la promulgación de la presente ley, para adecuar el capital accionario de acuerdo al inciso 2º del artículo 1º de esta ley.

Vencido dicho plazo sin haber sustituido la totalidad de su capital accionario por acciones nominativas, las sociedades se considerarán disueltas de pleno derecho a todos los efectos legales, no siendo de aplicación la norma de interpretación establecida por el artículo 165 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

Las adjudicaciones de inmuebles, semovientes y de toda clase de bienes que se hagan a los socios y accionistas de las sociedades a que refiere este artículo, como consecuencia de la disolución y liquidación referida en el inciso anterior, se hallan exoneradas de todo tributo.

Artículo 3º.- La constitución o transmisión de los derechos reales que graven las acciones nominativas, las acciones escriturales, las acciones endosables y los certificados provisorios emitidos por las sociedades anónimas y por las sociedades en comandita por acciones, deberán inscribirse en el Registro Público de Comercio, sin perjuicio respecto de las primeras del cumplimiento del artículo 305 de la Ley Nº 16.060.

José Mujica, Jorge Lepra, Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, Danilo Astori, Héctor Lescano, Mariano Arana, Jorge Brovetto, Marina Arismendi, Víctor Rossi, José Díaz, Miguel Fernández Galeano, Eduardo Bonomi.

CAMARA DE REPRESENTANTES

Carp. Nº 1138/06

Anexo I al

Rep. Nº 717/06

Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME EN MAYORIA

Señoras y señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración aconseja, en mayoría, la aprobación del siguiente proyecto de ley sobre Titularidad del Derecho de Propiedad sobre Inmuebles Rurales y Explotaciones Agropecuarias.

El referido proyecto recoge, en lo esencial, el texto enviado en su momento por el Poder Ejecutivo, con un agregado realizado en la Comisión, cuyo alcance se explicitará.

Las actividades agroindustriales son esenciales para la economía nacional siendo responsables de las tres cuartas partes de las exportaciones nacionales, y para ello es de fundamental importancia el desempeño del sistema agropecuario. Este se integra de 50.000 unidades de producción de distinta naturaleza jurídica, que en general se definen a partir de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 16.060.

El sector agropecuario tiene particularidades derivadas de su propia naturaleza económica, social y geográfica, que ha conducido al Legislador a cuestionar la carencia de formas jurídicas propias, dado que las sociedades existentes tanto civiles como comerciales, sus fines, sus formas de financiamiento, sus modalidades de instrumentos de inversión, no son, en todos los casos, las más adecuadas para el sector primario de nuestra economía. Así es que a iniciativa de la Cátedra de Derecho Agrario de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y con la participación de calificados especialistas, las gremiales de abogados, escribanos y agrónomos, y la participación de representantes de productores, se crearon nuevas formas jurídicas específicas para el medio agrario, como la Ley Nº 17.777.

Entre las sociedades comerciales definidas en la Ley Nº 16.060, están las sociedades anónimas con acciones al portador, que se autorizaron para la explotación y propiedad de inmuebles rurales, a partir de la Ley Nº 17.124, de 25 de junio de 1999.

Anteriormente, la Legislación Nacional definía como inconveniente que la explotación agropecuaria se hiciera por medio de sociedades anónimas con acciones al portador, con el fundamento de que la tierra en el Uruguay es un bien sujeto a propiedad privada pero con, un uso regulador legalmente, de acuerdo al interés social prioritario derivado de su naturaleza intrínseca y el papel que cumple en nuestra economía, historia y cultura. Sin decirlo explícitamente la jurisprudencia nacional otorga a la tierra una función prioritaria de producción sobre otros fines como puede ser el comercial y la actividad especulativa. A su vez, las leyes y los Legisladores no han considerado al suelo como una simple mercancía y siempre que las distintas actividades conducen a un enriquecimiento de productores o propietarios, lo es por una multiplicación productiva del capital por la vía de aumentar la riqueza de la sociedad y no por el atesoramiento o la especulación.

Actualmente existen formas jurídicas suficientes que permiten acumular el capital necesario para las inversiones imprescindibles a toda explotación moderna, sin necesidad del anonimato, que es un inconveniente para la determinación del responsable de una porción de suelo, así como para la identificación tributaria de los contribuyentes.

La discusión de este tema no es nueva en el país, y existieron numerosas iniciativas de prohibir la propiedad y explotación de inmuebles rurales por Sociedades con acciones al portador, por parte del señor Ministro de Ganadería y Agricultura, Carlos Puig en 1962, el Consejero de Gobierno doctor Fernández Crespo en 1964, del Ministro de Ganadería y Agricultura, don Wilson Ferreira en 1967, del Senador Carlos Julio Pereyra en 2000 y de un grupo de Legisladores del Frente Amplio en el 2002. Asimismo, en la presente Legislatura, representantes, pertenecientes al Partido Nacional han presentado iniciativas respecto al tema, las que continúan, con variantes y adecuaciones, la línea sustentada en las iniciativas antes mencionadas.

La Legislación comparada nos brinda muchos ejemplos de países en que la tierra es objeto de propiedad y explotación exclusiva de trabajadores en forma individual o asociativa, y si hay sociedades, las mismas deben ser nominativas.

Sin pretender estigmatizar a un sector de actividad ni generalizar innecesariamente, solamente constatando hechos, es dable destacar que en los últimos años, producto de la legislación vigente ha habido inconvenientes para identificar los bienes rurales de grupos dirigidos por autores de maniobras delictivas, así como los de grupos dedicados al narcotráfico en virtud que sus bienes revertían la forma jurídica de titularidad bajo el régimen de sociedades con acciones al portador. La Legislación moderna en materia de actividades empresariales avanza hacia la cristalinidad, la mayor información y el control en el cumplimiento de las normas, en detrimento del anonimato y del ocultamiento patrimonial y de responsabilidades.

El presente proyecto consta de tres artículos: el primero realiza una declaración de interés general sobre la titularidad del derecho de propiedad de inmuebles rurales, así como de las explotaciones agropecuarias, las que serán propiedad o bien de personas físicas o bien de las sociedades allí descriptas. Exceptuando de esas disposiciones a los inmuebles rurales afectados a actividades ajenas a las que define la Ley Nº 17.777 en su artículo tercero.

Por su parte, el inciso segundo autoriza a que las sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones puedan ser titulares de inmuebles rurales así como de explotaciones agropecuarias, siempre y cuando la totalidad de su capital accionario estuviera representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas.

Esta Comisión recibió en su seno a destacados representantes de organizaciones gremiales de empresarios vinculados directamente a las actividades que por este proyecto se regulan, quienes realizaron sus valoraciones y aportes, fruto de lo cual, entre otros aspectos analizados, se resolvió, a instancias de una iniciativa del MGAP, la inclusión de un inciso 3º que autoriza al Poder Ejecutivo a analizar la pertinencia de establecer fundadas excepciones al régimen general. Así, a instancia de parte -se excluye expresamente la posible actuación de oficio- este "...podrá disponer que tanto la titularidad de inmuebles rurales, así como de explotaciones agropecuarias sea ejercido por Sociedades Anónimas o por Sociedades en Comandita por acciones, en ambos casos con capital accionario representado por acciones al portador, cuando el número de accionistas o la índole de la empresa impida que el capital accionario estuviera representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas. La autorización del Poder Ejecutivo, indicará los inmuebles rurales concretos que comprende, y deberá volvese a solicitar cada vez que se aumente la superficie de tenencia o se sustituyan los inmuebles comprendidos en ella".

El segundo artículo establece un plazo perentorio para que las mencionadas sociedades de capital se adecuen a lo prescripto en el artículo primero, estableciendo la respectiva consecuencia para el caso de incumplimiento y el tercer artículo propuesto establece la obligación que ciertos actos sean inscriptos en el Registro Público de Comercio, a efectos de la publicidad de la propiedad de las respectivas acciones.

Por todo lo expuesto precedentemente, y como fuera dicho, esta Comisión, en mayoría, aconseja al Cuerpo la aprobación del siguiente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2006.

Javier Salsamendi, Miembro Informante; Artigas Melgarejo, Edgardo Ortuño, Jorge Zas Fernández.

INFORME EN MINORIA

Señoras y señores Representantes:

Los abajo firmantes recomendamos a la Cámara de Representantes votar negativamente el Proyecto de Ley a estudio.

El proyecto original presentado por el Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, contraviene la política de Estado llevada a cabo en los últimos años, que ha generado fuerte inversión privada donde no la había.

Hay en nuestro país hoy, cientos de emprendimientos que actúan bajo la forma jurídica de sociedad anónima al portador, que de aprobarse hoy este proyecto vería su situación convertida en un caos.

La pregunta que hacemos al abordar estos temas es la siguiente:

¿Es preferible que la tierra esté en manos de una persona que por alguna razón no la trabaja o es mejor que esta persona pueda conformar con otros socios una persona jurídica y así obtener recursos para trabajar?

¿Es mejor un campo que sabemos de quien es, lleno de chilcas o un campo arado, plantado, con praderas, con una cantidad de dueños que desconocemos?

En Comisión, el oficialismo ha traído una supuesta solución intermedia, que trae por tierra toda la argumentación filosófica del Gobierno y es además un artículo hecho a medida de empresas con nombre y apellido.

Por supuesto que rechazamos el mencionado artículo también, por otorgar una excesiva discrecionalidad al Poder Ejecutivo.

Por lo expuesto, es que reiteramos nuestro rechazo al proyecto.

Sala de la Comisión, 11 de octubre de 2006.

Luis Alberto Lacalle Pou, Miembro Informante; Gustavo Borsari Brenna, Nelson Rodríguez Servetto.

DISPOSICIONES CITADAS

Artículo referente

ARTICULO 1º

Ley Nº 16.060, de

4 de setiembre de 1989

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

SECCION I

De la existencia de la sociedad comercial

Artículo 1º. (Concepto).- Habrá sociedad comercial cuando dos o más personas, físicas o jurídicas, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos al ejercicio de una actividad comercial organizada, con el fin de participar en las ganancias y soportar las pérdidas que ella produzca.

Ley Nº 17.777, de

21 de mayo de 2004

Artículo 1º. (Objeto).-

1.1. Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación civil y comercial, los productores rurales podrán constituir sociedades entre sí o con otras personas físicas y/o jurídicas de acuerdo a las disposiciones de la presente ley, a los efectos de ejercer la actividad agraria en sus diversas modalidades y con referencia a cualquiera de las etapas del ciclo productivo animal o vegetal.

1.2. Los productores rurales, podrán crear los tipos sociales previstos en esta ley, con la finalidad, además, de realizar cualesquiera de los siguientes objetos sociales:

A) Prestación de servicios parciales o totales, incluso de apoyo técnico para la actividad agraria de los socios o de terceros, así como el aprovechamiento individual de los bienes sociales con la finalidad de lograr economías de escala.

B) Efectuar o facilitar todas o algunas de las operaciones concernientes a la producción, conservación, industrialización, comercialización y en general todas las realizadas a los efectos de incorporar -directa o indirectamente- un valor agregado a la producción animal o vegetal de sus socios, sin perjuicio de hacerlo accesoriamente respecto a terceros.

C) Conservación, aprovechamiento y mejora de los recursos naturales renovables, así como la promoción respecto al agro, de soluciones y mejoras materiales y sociales para el medio rural, incluyendo aquellos paisajísticos, de recreo natural o turismo rural.

Se entiende por productores rurales los que ejercen la actividad agraria a nombre propio y también aquellos en cuyo nombre se ejerce.

1.3. Las formas societarias o asociativas a que se refiere esta ley, no podrán unir a su objeto social, otro u otros que no se encuentren comprendidos en las actividades precedentes.

1.4. A los efectos del cumplimiento de su objeto estarán dotadas de las más amplias facultades de derecho, pudiendo realizar toda clase de operaciones, actos y negocios.

Artículo 3º. (Actividad agraria).- A los efectos de esta ley se reputan agrarias las actividades destinadas a la producción animal o vegetal y sus frutos, con fines de su comercialización o industria, así como también las de manejo y usos con fines productivos de los recursos naturales renovables.

Se consideran comprendidas en ella, las actividades realizadas por los productores rurales de manera directamente conexa o accesoria, sea para sostén de su explotación, o como complemento o prolongación de sus actos de producción o servicio.

Decreto-Ley Nº 15.645, de

17 de octubre de 1984

CAPITULO I

Definición y Objeto

Artículo 1º.- Las Cooperativas Agrarias son personas jurídicas que, basadas en el esfuerzo propio y en la ayuda mutua de sus miembros, se constituyen con el objeto explicitado en el artículo 2º.

Decreto-Ley Nº 14.330, de

19 de diciembre de 1974

Artículo 1º.- Las Sociedades de Fomento Rural a que se refieren las Leyes Nº 6.192, de 16 de julio de 1918 y 8.317, de 18 de octubre de 1928, que tengan personería jurídica y estén afiliados a la Comisión Nacional de Fomento Rural, podrán distribuir entre sus socios toda clase de insumos agropecuarios y recibir, acopiar, clasificar, conservar, envasar y elaborar los productos de las explotaciones de los mismos.

Lo dispuesto en el inciso precedente es sin perjuicio del desarrollo de las demás actividades de interés público comprendidas en el objeto social según lo establezcan los respectivos estatutos sociales.

Artículo referente

ARTICULO 2º

Ley Nº 16.060, de

4 de setiembre de 1989

Artículo 165. (Normas de interpretación).- En caso de duda sobre la existencia de una causal de disolución se estará en favor de la subsistencia de la sociedad.

Artículo referente

ARTICULO 3º

Ley Nº 16.060, de

4 de setiembre de 1989

Artículo 305. (Trasmisibilidad).- La transmisión de las acciones será libre.

El contrato social podrá limitar la trasmisibilidad de las acciones nominativas, o de las escriturales siempre que no implique la prohibición de su transferencia. La limitación deberá constar en el título o en el Libro de Registro de Acciones Escriturales, en su caso.

La trasmisión de las acciones nominativas de las escriturales, y la constitución o trasmisión de los derechos reales que las graven deberán notificarse a la sociedad por escrito e inscribirse en sus respectivos registros de acciones. Surtirán efectos respecto de la sociedad y de los terceros desde esa inscripción.

Las acciones endosables se trasmitirán por una cadena ininterrumpida de endosos y para el ejercicio de sus derechos el endosatario solicitará el registro.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

ACTA Nº 79

En Montevideo, el veintiuno de diciembre de dos mil seis, a la hora quince y quince minutos, se reúne la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Asisten los señores Senadores miembros Sergio Abreu, Gonzalo Aguirre Ramírez, Francisco Gallinal, José Korzeniak, Leonardo Nicolini, Margarita Percovich, Eduardo Ríos y Julio M. Sanguinetti.

Falta el señor Senador Rafael Michelini, quien remite Nota justificando su inasistencia.

Asisten especialmente invitados: Subsecretario y Jefe de la Asesoría de Macroeconomía del Ministerio de Economía y Finanzas, economista Mario Bergara y economista Fernando Lorenzo, respectivamente; por la Sociedad de Productores Forestales, Alberto Rodríguez, Alvaro Molinari y Edgardo Cardozo; y, por la Asociación Rural, ingeniero Guzmán Telechea, Presidente y doctor Ignacio Irureta, asesor letrado.

Preside su titular el señor Senador Leonardo Nicolini.

Actúa en Secretaría la señora Josefina Reissig, Secretaria de la Comisión con la colaboración de la funcionaria Gloria Mederos.

ASUNTOS TRATADOS:

- CARPETA Nº 721/2006. TITULARIDAD DEL DERECHO DE PROPEIDAD DE INMUEBLES RURALES Y EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS. Normas. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1441/2006. En consideración. La Comisión recibe a los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Sociedad de Productores Forestales y de la Asociación Rural del Uruguay, quienes exponen sobre el proyecto de ley a estudio. Intervención de varios señores Senadores.

Finalizadas las intervenciones, se retiran de Sala los invitados.

A continuación se pasa a la votación del proyecto de ley. Se vota: 4 en 7. Afirmativa. Se designa Miembro Informante al señor Senador Leonardo Nicolini, quien lo hará en forma verbal.

A la hora dieciséis y treinta y cinco minutos se levanta la sesión.

De lo actuado se procede a la toma de la versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1458/2006, que forma parte integrante del Acta.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria.

Leonardo Nicolini Presidente

Josefina Reissig Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Nicolini.

SEÑOR NICOLINI.- La Comisión de Constitución y Legislación aconseja la aprobación de este proyecto de ley, que cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes y que fue aprobado por mayoría en el seno de la Comisión. Este proyecto de ley recoge lo esencial del texto enviado por el Poder Ejecutivo, más un agregado que se introdujo en la Cámara de Representantes.

Las actividades agroindustriales son esenciales para la economía nacional, siendo responsables de las tres cuartas partes de las exportaciones. Por tanto, es de fundamental importancia el desempeño del sistema agropecuario, que está integrado por 50.000 unidades de producción de distinta naturaleza jurídica que, en general, se definen a partir de la Ley Nº 16.060, de Sociedades Comerciales.

El sector agropecuario tiene particularidades derivadas de su propia naturaleza económica, social y geográfica, y ha conducido al Legislador a cuestionar la carencia de formas jurídicas propias, dado que los fines, así como la forma de financiamiento, modalidad e instrumentos de inversión de las sociedades existentes, tanto civiles como comerciales, no son en todos los casos los más adecuados para un sector primario de nuestra economía. Es así que a iniciativa de la Cátedra de Derecho Agrario de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, junto a la de calificados especialistas, de las gremiales de abogados, escribanos y agrónomos, así como a la participación de representantes de los productores, se crearon nuevas formas jurídicas específicas para el medio agrario, como es la Ley Nº 17.777.

Entre las sociedades comerciales definidas en la ley a la que recién hacíamos referencia, se encuentran las sociedades anónimas con acciones al portador que se autorizaron para la explotación y propiedad de inmuebles rurales a partir de la Ley Nº 17.124, de 25 de junio de 1999. Anteriormente, la legislación nacional definía como inconveniente que la explotación agropecuaria se hiciera por medio de sociedades anónimas con acciones al portador, fundamentando que la tierra en el Uruguay es un bien sujeto a propiedad privada, pero con un uso regulado legalmente de acuerdo con el interés social prioritario derivado de su naturaleza intrínseca y con el papel que cumple en nuestra economía, historia y cultura.

Sin decirlo explícitamente, la jurisprudencia nacional le otorga a la tierra una función prioritaria de producción sobre fines tales como el comercial y la actividad especulativa. A su vez, las leyes y los Legisladores no han considerado al suelo como una simple mercancía, y siempre que las distintas actividades conducen a un enriquecimiento de productores o propietarios, lo es por la multiplicación productiva del capital por la vía de aumentar la riqueza de la sociedad, y no por el atesoramiento o la especulación.

Actualmente existen formas jurídicas suficientes que permiten acumular el capital necesario para las inversiones imprescindibles para toda explotación moderna, sin necesidad del anonimato, que es un inconveniente para determinar quién es el responsable de una porción de suelo, a fin de identificar a los contribuyentes.

La discusión del tema no es nueva en el país, y puedo decir que existieron numerosas iniciativas para prohibir la propiedad y explotación de inmuebles rurales por sociedades anónimas con acciones al portador, como por ejemplo la del entonces Ministro de Ganadería y Agricultura Carlos Puig, en 1962, la del Consejero de Gobierno, doctor Fernández Crespo, en 1964, la del Ministro de Ganadería y Agricultura, Wilson Ferreira Aldunate, la del señor Senador Carlos Julio Pereyra en el año 2000 y la de un grupo de Legisladores de la Bancada del Frente Amplio en el año 2002. Ahora, en esta Legislatura, Legisladores pertenecientes al Partido Nacional presentaron iniciativas respecto a este tema que continúan, con variantes y adecuaciones, la línea sustentada en las iniciativas anteriormente mencionadas.

La legislación comparada nos brinda muchos ejemplos de países en los que la tierra es objeto de propiedad y de explotación exclusiva de los trabajadores, en forma individual o asociativa, y si hay sociedades, éstas deben ser nominativas.

Sin pretender estigmatizar a un sector de la actividad ni generalizar, es de destacar que como producto de la legislación vigente, en los últimos años ha habido inconvenientes para identificar los bienes rurales de grupos dirigidos por gente que realiza maniobras delictivas, así como los de aquellos que se dedican al narcotráfico quienes, en virtud de sus bienes, revertían las formas jurídicas de titularidad bajo el régimen de sociedades con acciones al portador.

La legislación moderna en materia de actividades empresariales avanza hacia la cristalinidad, la mayor información y el control en el cumplimiento de las normas, en detrimento del anonimato y del ocultamiento patrimonial.

Este proyecto de ley que en el día de hoy tiene a su consideración el Plenario, consta de tres artículos. Por el artículo 1º se declara de interés general y se establece que la titularidad del derecho de propiedad sobre los inmuebles rurales y las explotaciones agropecuarias deberá estar en manos de personas físicas o de determinados tipos societarios. Se trata de una fórmula que ya se estableció en la Ley Nº 13.318, elaborada por el entonces Ministro de Ganadería y Agricultura, don Wilson Ferreira Aldunate, y por la Ley de Emergencia Nº 13.608, del 8 de setiembre de 1967, que limitó el alcance de la antes mencionada, referente a la prohibición absoluta a cualquier tipo de sociedades anónimas para actuar en el sentido que expresamos precedentemente. Sin embargo, establecía excepcionalidades en ambos casos y comenzaba su articulado con esta forma que hace a las garantías y a los procedimientos a llevar adelante.

En el artículo 1º están exceptuados de las disposiciones de esta ley, los inmuebles rurales afectados a actividades ajenas a las definidas en el artículo 3º de la Ley Nº 17.777. Dicha disposición -me refiero a la Ley Nº 17.777- define la actividad agraria de la siguiente manera: "A los efectos de esta ley se reputan agrarias las actividades destinadas a la producción animal o vegetal y sus frutos, con fines de su comercialización o industria, así como también las de manejo y uso con fines productivos de los recursos naturales renovables.

Se consideran comprendidas en ella, las actividades realizadas por los productores rurales de manera directamente conexa o accesoria, sea para sostén de su explotación, o como complemento o prolongación de sus actos de producción o servicio".

El inciso segundo del proyecto dispone que las sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones comprendidas en la Ley Nº 16.060, de Sociedades Comerciales, podrán ser titulares de los inmuebles rurales y de las explotaciones agropecuarias, siempre que la totalidad de su capital accionario estuviere representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas.

Finalmente, el referido artículo 1º establece que el Poder Ejecutivo, a instancia de parte, podrá autorizar la titularidad de la actividad a sociedades anónimas o en comandita por acciones, con capital accionario al portador, cuando el número de accionistas o el tipo de empresa impida que el capital esté representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas. El Poder Ejecutivo deberá indicar los inmuebles rurales que comprende y se deberá volver a solicitar nueva autorización cada vez que aumente la superficie de tenencia o se sustituyan los inmuebles comprendidos en ella.

Este agregado hecho en la Cámara de Representantes al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo ha recibido numerosas críticas, fundamentalmente de la oposición, relacionadas con la discrecionalidad que se le otorga al Gobierno en este sentido. Cabe mencionar que, insisto, las leyes anteriores a ésta, como la Ley Nº 13.318 en la que intervino Wilson Ferreira Aldunate y la Nº 13.608, establecían que el Poder Ejecutivo podía tener algún tipo de excepciones a esta norma. Es más, durante muchos años funcionaron en nuestro país empresas agropecuarias, exceptuadas por el Poder Ejecutivo, que tenían acciones, ya fuera cotizando en Bolsa o por distintas razones societarias. Este tipo de funcionamiento existió, lo cual no es una novedad que incorpore este proyecto de ley; en realidad, esto recoge un funcionamiento que existió durante más de 35 años en nuestro país y, en este sentido, hay ejemplos de empresas realmente muy importantes.

Asimismo, en el artículo 2º se establece que las adjudicaciones de bienes que se produzcan como consecuencia de la disolución, serán exoneradas de todo tributo.

Por último, en el artículo 3º se prevé que la constitución o transmisión de los derechos reales que graven las acciones nominativas, escriturales, endosables y los certificados provisorios emitidos por las sociedades anónimas y por las sociedades en comandita por acciones, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Comercio, y las sociedades anónimas deberán cumplir con lo establecido en el artículo 305 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

Señor Presidente: consideramos que la tierra es parte esencial de nuestro territorio. Vivimos en un mundo que lleva precisamente ese nombre. La tierra es un fin finito. Treinta centímetros de tierra productiva llevan un proceso estimado mayor a los 6.000 años. La tierra es un bien irreproducible y su cantidad es limitada; puede ser degradada y también puede ser destruida. Tal como decíamos al comienzo de este informe, las tres cuartas partes de nuestra producción y de nuestras exportaciones están vinculadas, precisamente, a este recurso. Consideramos algunas observaciones que se han hecho sobre las distintas posibilidades de discriminación a un sector de la actividad, precisamente por estas razones que hemos dado, ya que se trata de un bien que en nuestro país tiene características muy particulares, no sólo a nivel territorial sino también mundial. La mayoría de los países están cambiando en lo que respecta a la forma de funcionamiento de las sociedades anónimas, no sólo desde el punto de vista de la posesión o tenencia de la tierra -en este sentido, los países más desarrollados han eliminado la posibilidad de que este bien esté en acciones al portador, porque no se puede identificar a sus titulares-, sino también en lo que refiere a todo tipo de sociedades anónimas. En general, se busca eliminar la falta de cristalinidad y de transparencia. Hoy este mismo Parlamento está considerando proyectos tales como el del derecho a la información a todos los niveles del Estado. Justamente, la cristalinidad y la transparencia constituyen elementos fundamentales hacia los que debe caminar no sólo nuestro país sino todo el mundo, y en este campo en particular, agregamos todos los aspectos económicos que a ello hacen.

Señor Presidente: en la Comisión recibimos a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas que, obviamente, como firmantes del proyecto de ley, se manifestaron a favor de él. Simplemente, nos resta agregar que ante la redacción que emergió de la Cámara de Representantes -me refiero al agregado sobre la posibilidad de excepcionar por parte del Poder Ejecutivo-, la visión de dicho Ministerio fue positiva y favorable.

Asimismo, recibimos en Comisión a la Asociación Rural, que tiene una visión negativa de este proyecto de ley, pues entiende que gran parte de la inversión que recibió nuestro país en los últimos años se debió, fundamentalmente, a este tipo de legislación, que ha permitido una inversión extranjera favorable. Obviamente se trata de una posición bastante discutible desde nuestra óptica.

Finalmente, recibimos a la Sociedad de Productores Forestales. Por mi parte, quisiera detallar un poco más este aspecto, debido a la discusión que se puede generar con respecto a si se ha logrado una mayor o una menor inversión, dado que desde el año 1999 está vigente la posibilidad de que las empresas, las sociedades anónimas con acciones al portador, puedan ser titulares de predios en este sentido. La referida Sociedad, cuando la recibimos, nos adjuntó un documento, del que creemos importante extraer algún tipo de conclusión teniendo en cuenta la visión que tiene la Asociación Rural, que mencioné anteriormente. Es muy discutible que se haya logrado una mayor inversión, una mayor rentabilidad o un mayor precio de los campos en nuestro país debido al tipo de normas que están vigentes. En realidad, no hay ningún elemento que demuestre esa teoría. Sin embargo, sin duda en los últimos años en nuestro país hay un ejemplo emblemático, que es el de la forestación. En este sentido, voy a dar un ejemplo, relacionado con el material que se nos ha aportado.

En la exposición que se hace, se considera positiva la norma que estaba vigente, debido a que en el año 1988 había 26.000 hectáreas forestadas, mientras que en 2006 llegaron a ser 740.000. Esta norma está vigente desde el año 2000. Si analizamos el período comprendido entre 1988 y 2000, nos encontramos con que hubo, aproximadamente, 50.000 hectáreas forestadas por año, llegando a 580.000. A la vez, en el año 2006 se llega a 740.000, lo que muestra una merma en la cantidad de hectáreas forestadas, ya que si hubiera seguido el mismo ritmo de crecimiento, tendría que haber unas 300.000 hectáreas más, y sin embargo sólo hay 160.000 más. Lo mismo ocurre con respecto al número de explotaciones forestales: en el año 1988 había 178 y en 2006, 1.186, pero en 2000 había 1.015. Esto significa que se estaban incorporando a esta actividad unos 70 predios por año, por lo que desde la sanción de la ley que habilitó las sociedades anónimas al portador, tendría que haber aumentado en unos 420 predios más, y sólo se hizo en 178.

La conclusión de este documento que entregó la Asociación Forestal es que hubo un incremento mucho mayor en el período en el que no estaba vigente esta ley que en el que sí lo estaba. Por lo tanto, más allá de que es uno de los sectores agropecuarios donde se ha registrado mayor actividad, tratando de dar una contestación lo más objetiva posible y con números precisos, se llega a la conclusión de que esta ley que habilitaba a que las sociedades anónimas tuvieran acciones al portador, no ha servido precisamente para lograr una mayor inversión en el campo uruguayo.

En líneas generales, esto es cuanto queríamos exponer para fundamentar nuestro voto afirmativo a este proyecto de ley.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: el Partido Colorado va a votar en contra de este proyecto de ley por considerar que, claramente, atenta contra la modernidad del sector. Es más, creo que los hechos de los últimos años apuntan en ese sentido.

Además, consideramos que el daño en que va a hacer incurrir este proyecto en caso de que se apruebe, no va a ser menor ni podrá ser subsanado rápidamente por una ley que derogue esta que estamos analizando y que vuelva a poner en vigencia la del año 1999, ya que este tipo de políticas en los países deben tener tiempo, previsibilidad y durabilidad.

Como es de conocimiento de todos los señores Senadores, esta es una ley que resultó fundamental para el desarrollo del agro, para que vinieran fondos de inversión a varios sectores y para que muchos productores agropecuarios que estaban endeudados, pudieran salir de sus deudas vendiendo parte de su tierra y capitalizándose al mismo tiempo. Con tantas sociedades que existen en este momento, esta marcha atrás nos parece un error y un retroceso muy importante. Repito que aunque luego se dé marcha atrás y esta ley se derogue en algún momento cercano, sus consecuencias no podrán ser subsanadas. Precisamente, estas cosas son las que los agentes externos -que son los que tienen dinero e invierten más- toman en cuenta.

Asimismo, creo que se está cometiendo un error al hablar de una ley de la década del sesenta, de Wilson Ferreira Aldunate y de otros insignes políticos nacionales, así como de un acuerdo que hubo en el país sobre determinadas políticas. Justamente, si de algo se podían preciar estas personas, era de su inteligencia, de su realismo y de su visión sobre el mundo moderno, y no creo que ninguna de ellas, teniendo en cuenta lo que sucedió y el desarrollo que ha tenido el sector a partir de la ley vigente, hubiera dado marcha atrás, sino que seguramente iban a seguir el mismo trillo.

Por otra parte, no creemos que la naturaleza jurídica haga a la cosa. Si se sigue el criterio de que las sociedades anónimas con acciones al portador son malas porque pueden esconder a personas siniestras o que realicen actividades reñidas con la ley, tal vez sería conveniente que no estuvieran en otros lugares, pero se los puede dejar en un bien que no se puede trasladar por excelencia -no es una construcción; es un bien inmueble natural- y que va a estar indefectiblemente allí. En ese sentido, tenemos ejemplos cercanos de lo que pueden hacer estafas que poco menos pueden hacer quebrar al país, y en esos casos sí hay sociedades anónimas pero no hay ningún problema; es más, a veces son sociedades anónimas globales. Sin embargo, la tierra no se puede mover y no es provechoso usarla de manera inconveniente.

Muchas veces se habla de la depredación, pero, cuando estas sociedades anónimas vienen a invertir -en su mayoría son fondos de inversión bien grandes-, en realidad quieren obtener la máxima rentabilidad, y para ello le quieren sacar el máximo provecho social, la máxima creación de valor a nivel de la sociedad.

A modo de ejemplo, voy a citar que hace diez o quince días una empresa que está instalada en el Uruguay, con inversiones importantes en Tacuarembó y que se dedica a hacer productos de la madera, pasó toda la parte forestal a un fondo de inversión para concentrarse en la parte industrial, y como consecuencia de ello las acciones subieron un 18% en dos o tres días. Esto muestra que es una manera más eficiente de hacer las cosas, ya que nadie paga más por una acción si no tiene un retorno esperado mayor.

Por lo tanto, señor Presidente, se trata de una ley que probó su eficiencia y su eficacia y, entre otras cosas, es bien importante para atraer inversiones, para modernizar el campo -y con eso al país- y ampliar la producción. Es más, nos ha permitido que hoy estemos disfrutando de todos los récords de producción agropecuaria. Entonces, hacer una ley en sentido inverso, que va en sentido opuesto a la modernidad, nos parece francamente inconveniente.

Por otro lado, hay que ver cómo es la inversión en el campo. La Ley Forestal de 1987, entre otras cosas -como los subsidios, los incentivos-, permitió que la forestación se hiciera mediante sociedades anónimas y luego vino el boom forestal. Después, cuando permitimos otras cosas a las sociedades anónimas -no por el anonimato, básicamente, sino por las necesidades de capital, es decir, de lograr un manejo profesional independiente con un amplio capital atrás-, vino el resto del desarrollo ganadero, agrícola, lechero, etcétera.

No son válidos los argumentos que dicen que a partir de esta ley general la parte forestal perdió dinamismo o tasas de crecimiento. Me parece obvio que todos los procesos de crecimiento tienen determinada progresión, lo que matemáticamente se denomina "asíntota". "Asíntota" es un límite; uno llega hasta determinado nivel y hay una recta que limita una curva. Es evidente que el desarrollo se da hasta donde se tienen las tierras económicamente rentables; luego, llega un momento en el que la inversión requerida no es rentable desde el punto de vista del mercado, o lo es menos y, por lo tanto, cada vez va a recibir menos.

Esos no son argumentos válidos; más bien todo lo contrario. Lo que nos dice la historia del Uruguay es que todos los sectores en los que el campo permitió este tipo de sociedades se desarrollaron rápida y fuertemente. Esta iniciativa nos está diciendo que vamos a tener un daño de mediano y largo plazo. Además, nos muestra que la discrecionalidad del Poder Ejecutivo es absolutamente enorme. El hecho de que el Poder Ejecutivo pueda disponer -no deba, sino pueda- de sociedades anónimas u otro tipo de actores con capital al portador, cuando el número de accionistas o la índole de la empresa -por ejemplo, un fondo de inversión o fideicomiso- impida que el capital accionario esté representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas, es de una discrecionalidad tan imponente que, además, es absolutamente inconveniente.

No es posible que un país se maneje por la discrecionalidad de una resolución dictada por algunos burócratas que entiendan que tal o cual sociedad cumple o no con las condiciones; o que, además, se decida por tal sector, persona -según la cara que tenga- o por quien la representa, es decir, todos factores subjetivos que indefectiblemente se manejan en la vida de los seres humanos. No creo que sea conveniente que ellos decidan si se puede o no instalar una sociedad anónima para realizar determinada explotación de índole agropecuaria.

Por lo tanto, señor Presidente, entendemos que este es un retroceso grave para el país, pues, como sucede en estos casos, no se ve a corto plazo sino que se advierte mucho después. Se trata, más bien, de "retrocesos en dosis homeopáticas"; y al final, esto se siente y mucho.

Por lo expuesto, el Partido Colorado va a votar en contra de este proyecto de ley, tanto en su discusión general como en la particular.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: hoy tenemos un Orden del Día bastante interesante; diría que bastante cargado. Creo que con cuatro o cinco de los proyectos de ley que lo integran tendríamos un buen tiempo de sesiones de esta Cámara, porque hay temas de enorme relevancia que merecerían una discusión mucho más profunda. Incluso, producto de esa discusión profunda, seguramente se ameritarían entendimientos o mayorías superiores a las que algunos de estos proyectos de ley van a recibir en el día de hoy. Se ha decidido imprimir un ritmo vertiginoso a la acción del Senado, lamentablemente en desmedro de la calidad de los proyectos de ley; proyectos que merecen algunos cambios, aunque quizás ello no sea posible en este proyecto de ley que es muy interesante y que, a nuestro juicio, merecía otro debate, aunque vemos que la mayoría viene decidida a aprobarlo sin modificaciones.

Vamos a señalar algunos errores conceptuales muy graves que tiene esta iniciativa que, necesariamente, dado que hoy no se acepta cambiarla, van a terminar en una nueva ley que la modifique. Lamentablemente, esto se está convirtiendo en una costumbre de no estudiar los proyectos y de no darles el trámite que merecen, desdeñando además el sistema bicameral. Al menos en lo que a esta iniciativa respecta, se trató en Comisión y se recibieron delegaciones. Allí se aprobó con informe verbal y, como consecuencia de ello, integra el Orden del Día de la sesión de hoy. No pasó lo mismo con otros proyectos de ley, que han sido incluidos para hoy sin informe ni resolución de las Comisiones respectivas, con lo cual se está violando el Reglamento, pero eso lo dejamos para la instancia en que se llegue a su consideración.

El Orden del Día de esta sesión incluye doce puntos y, además, se está anunciando un decimotercero, que no sería parte de esta sesión porque no lo permite la Constitución de la República pero que, eventualmente, sería parte de otra que se estaría convocando para las próximas horas o para el día de mañana. Todo porque se viene fin de año, con un apuro cuya justificación hasta el momento no ha sido expresada.

Ahora bien, el proyecto de ley referido a la titularidad del derecho de propiedad de los inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias tiene como antecedente la derogación, que se realizó en el año 1999, de una norma jurídica de características similares a la que hoy se va a incorporar a partir de la sanción de esta iniciativa. Sin lugar a dudas, ese es un primer elemento que genera una señal negativa en un área fundamental de la economía nacional, como el sector agropecuario y, en particular, el sector forestal, que es, hoy por hoy, uno de los de mayor auge. Obviamente, un cambio de esta magnitud en las reglas de juego, que además incluye un artículo que expresamente vuelve retroactiva la modificación de la titularidad de la propiedad de los inmuebles rurales, no es un elemento que, por cierto, ofrezca nuevos atractivos para el inversor. Por el contrario, lo ahuyenta en tanto, además, tiene otras oportunidades en la región donde realizar inversiones de las mismas características. Más aún cuando la anterior prohibición tuvo una vigencia -como se ha señalado- de 35 años y obedecía a razones que tenían una particular trascendencia en la década de 1960. En esa época, existía una preocupación fundamental por el proceso de despoblación de la campaña, por la forma en que se acrecentaba también el otro proceso relativo a la concentración de la tierra y, también, por lo que refiere a la extranjerización de la titularidad de inmuebles rurales. Ninguno de estos tres elementos, circunstancias agravantes o fundamentos que determinaron la aprobación en aquellos tiempos de esa norma que rigió hasta el año 1999, se detuvieron, frenaron o paralizaron, sino todo lo contrario; muchos de ellos se vinieron incrementando, porque sus causas no obedecían a los instrumentos de titularidad de la propiedad de los inmuebles, sino a otros motivos, que son realidad en el mundo entero y contra los cuales se intenta poner en acción otros instrumentos que no pasan precisamente por el que hoy estamos considerando.

De todas maneras, señor Presidente, no voy a abundar demasiado en el cuestionamiento al fundamento del proyecto de ley, porque sinceramente entiendo que existen argumentos a favor de una y otra de las filosofías que han imperado en el país.

Creo que hay elementos que pueden dar razón a la necesidad de exigir que se acredite fehacientemente y se conozca quién es efectivamente el titular de determinados derechos de propiedad y, más aún, para otros que no son precisamente los vinculados a los inmuebles rurales, pero cuyo valor económico es significativamente superior al de aquéllos.

Reitero que no voy a discutir la filosofía del proyecto de ley, porque creo que durante su vigencia no hizo daño. Es más, tengo entendido que se recibieron algunos beneficios a partir de la derogación de la ley en el año 1999, pero que no fueron de la magnitud que se esperaba en el momento en que se aprobó aquella norma. Creo que hoy el cambio puede tener algunos efectos favorables en lo que tiene que ver con lo que mencionaba en el sentido de conocer efectivamente quiénes son los titulares de esos derechos, particularmente los de propiedad, pero en definitiva el elemento verdaderamente negativo es el cambio en las reglas de juego, es la mala señal que, como venimos de señalar, se le da al inversionista que, en el mundo -pero especialmente en la región- dispone de otras opciones para llevar sus capitales.

No voy a entrar en esa discusión, porque creo que han sido suficientemente explícitas las diferentes exposiciones que se han realizado en distintos ámbitos -en el transcurso de los últimos tiempos- por parte de las delegaciones que concurrieron a la Comisión, así como los fundamentos de los proyectos de ley que se han presentado respecto a este tema.

Me parece del caso señalar que alguno de los objetivos que plantea el Gobierno en su exposición de motivos, cuando remite la iniciativa a través del Poder Ejecutivo, y especialmente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, son atendibles en lo que tiene que ver con la titularidad de los inmuebles rurales, pero también deberían serlo en cuanto a la de otros bienes. En la exposición de motivos del proyecto de ley se habla del interés social prioritario o de la función social de la tierra. Allí se dice que el derecho de propiedad agraria debe estar subordinado a las necesidades de la nación y del bien común que, sin duda, deben primar sobre aquellas de índole económica. Puedo señalar, en primera instancia, que comparto el criterio en cuanto al interés o a la función social que la tierra y los bienes de capital deben cumplir en una sociedad. Lo comparto en lo que refiere al derecho de propiedad subordinado a las necesidades de la nación y del bien común, pero también en tanto se sepa de antemano o se puedan establecer a priori los límites en función de los cuales determinados derechos puedan estar condicionados y en tanto no signifique un cuestionamiento al derecho de propiedad que, por ahora al menos, ni siquiera se ha esbozado.

En el caso de la tierra, su función social es absolutamente indiscutible. Es precisamente la responsabilidad primera del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, cuidar esos altos intereses nacionales en el ejercicio de las facultades y de las potestades de las que ya dispone y en virtud de las cuales puede hacer absolutamente compatible ese criterio de dar una definición muy clara al interés social prioritario y a la función social de la tierra, estableciendo reglas y condiciones que obliguen a sus titulares a darle el uso debido, preservar su valor, utilizar fertilizantes de primer nivel o reproductores de primera calidad.

No creo válido el argumento que refiere a la identificación del contribuyente a los efectos fiscales. En todos los países en donde existen empresas de este tipo, se han montado sistemas fiscales -y deben montarse también en el Uruguay; en algunos existen- que garanticen la justicia en materia tributaria y que permiten, a través de la intervención del Poder Judicial, desde luego, la posible identificación de los titulares de las tierras.

Lo propio cabe señalar con respecto a lo que se señala sobre las dificultades para identificar en los bienes rurales a los autores de maniobras delictivas, en tanto se utilicen las formas de sociedades anónimas con acciones al portador. En todo caso, este es un razonamiento válido, tanto para los bienes de carácter rural como para todos los demás. Sin embargo, no hemos visto que se incorpore una nueva legislación que permita en los demás casos la identificación a efectos de prevenir la maniobra delictiva.

Finalmente, en lo que tiene que ver con la extranjerización de la tierra como afectación de nuestra soberanía -que es otro elemento que se maneja en la exposición de motivos-, cabe indicar que existen algunos proyectos que, en su mayoría, han sido presentados por integrantes del Partido Nacional a lo largo de diferentes Legislaturas, que podrían ser una respuesta directa para una problemática de estas características y no como la que se plantea, que pretende corregir algo que, en definitiva, no se solucionó durante 35 años -porque es un hecho notorio cómo ha evolucionado el proceso de extranjerización de los inmuebles rurales durante todos estos años- ni se solucionará en el transcurso de los próximos, porque si para algo no sirve este proyecto de ley es precisamente para eso.

Dicho esto, quiero manifestar algunas discrepancias con la redacción del proyecto de ley. A mi juicio, amerita cambios que deberían devolverlo a la Cámara de Representantes para hacerle la corrección correspondiente, si es que ello es de recibo en el ámbito del Senado, aunque a juzgar por la actitud que se ha tenido en el transcurso de los últimos días en el estudio de todos los proyectos de ley, advierto que no será de recibo aun cuando el texto contenga errores importantes, como lo vamos a señalar. Entonces, lamentablemente vamos a terminar en una práctica que es de las peores en que puede caer un Parlamento, ésta de aprobar un proyecto de ley con el convencimiento de que tiene errores y ya ir preparando uno nuevo que corrija el que estamos aprobando en el día de hoy. En realidad, sería mucho más saludable para el sistema jurídico y hasta por razones de economía procesal, por cuestiones de jerarquía y de seriedad -que para eso existe el sistema bicameral-, que si verdaderamente advertimos que los proyectos de ley tienen errores importantes, los corrijamos ahora y no estemos recorriendo el camino de leyes de fe de erratas que enmienden leyes aprobadas en un lapso por demás corto.

El artículo 1º -que supuestamente es la columna vertebral del proyecto de ley-, el que fija las normas de ahora en adelante respecto a quién podrá ser titular de inmuebles rurales y de explotaciones agropecuarias en el país, no dice absolutamente nada. Simplemente, señala: "Declárase de interés general que los titulares del derecho de propiedad sobre los inmuebles rurales y las explotaciones agropecuarias sean personas físicas, sociedades personales comprendidas en la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, sociedades agrarias y asociaciones agrarias comprendidas en la Ley Nº 17.777, de 21 de mayo de 2004, cooperativas agrarias comprendidas en el Decreto-Ley Nº 15.645, de 17 de octubre de 1984, sociedades de fomento rural comprendidas en el Decreto-Ley Nº 14.330, de 19 de diciembre de 1974, personas públicas estatales y personas públicas no estatales", y luego sigue su texto.

¿Qué quiere decir "de interés general"? No sé; al menos en el Uruguay no existe una definición jurídica de la declaración de interés general. Como consecuencia, no surge tampoco del artículo 1º la obligatoriedad de quien adquiera inmuebles rurales o quien realice explotaciones agropecuarias de tenerlas bajo la forma jurídica que se determina en el mismo. Además, ni siquiera se establece una sanción para quien no proceda conforme a lo que allí se establece. La declaración de interés general -que tiene sus adeptos y sus explicaciones en distintas obras jurídicas publicadas o en la expresión de muchos autores- nunca ha sido recogida por nuestro sistema jurídico. O sea que de aquí no surge ninguna consecuencia, así como tampoco ninguna obligación, ni mucho menos se establece una sanción. Si por lo menos se estableciera, junto con la definición, la sanción de quien no proceda conforme a lo que dispone el artículo 1º, se estaría determinando la obligación correspondiente.

El inciso tercero del artículo 1º -ya lo expresó el señor Senador Alfie, pero me parece que vale la pena detenerse nuevamente en él- tira abajo todo el proyecto de ley. Todo lo razonable, lo bienvenido y lo saludable que podía aspirarse a obtener de este proyecto, cae con el inciso tercero del artículo 1º; una disposición que otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad, la potestad, la facultad, borrando con el codo lo que se escribió con la mano, de no aplicar la ley, pues se establece que todos tendrán la obligación -aparentemente, aunque en realidad se declara de interés general- de ser titulares de derecho de propiedad sobre inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias a través de los instrumentos que se establecen en el inciso primero, menos aquellos que el Poder Ejecutivo diga que no. Como me señala el señor Senador Antía, no se trata de que el señor Presidente de la República, en acuerdo con el señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca o con el señor Ministro de Economía y Finanzas, decidan por resolución expresa algunas exclusiones, o al menos no solamente de eso, sino que probablemente será también lo que se le ocurra a algún burócrata en cuanto a buscar la excusa para excepcionar o liberar a quien el gobierno de turno, o el burócrata se le antoje.

SEÑOR NICOLINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Además, lo dice en una expresión de gran laxitud por lo que, seguramente, mañana lo estaremos discutiendo nuevamente. Creo que es un gran error que comete el Gobierno al atribuirse a sí mismo -porque es lo que está haciendo, a través de las mayorías legítimas que tiene en el Parlamento- la facultad de derogar la ley. Ésta tiene o debería tener una vigencia de carácter general, nacional, aunque creo que no es tan así porque la redacción del primer inciso del artículo 1º no lo establece, sino que meramente declara "de interés general", y en realidad no sabemos lo que eso significa y tampoco está legislado. Pero aun cuando lo estuviera …

SEÑOR NICOLINI.- Si me permite una interrupción, señor Senador, puedo explicarle.

SEÑOR GALLINAL.- Tranquilícese, señor Senador, porque con mucho gusto ya voy a concederle la interrupción, cuando lo considere oportuno, en tanto yo pueda seguir expresando mi opinión; de todos modos, ya tuvo ocasión de hacerlo como Miembro Informante.

Ocurre que cuando se crea que la ley no se debe aplicar porque el número de accionistas o la índole de la empresa impiden que el capital accionario esté representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas, o por cualquier otra razón, porque en definitiva eso es lo que lamentablemente va a pasar, entonces, como Gobierno se decide que la ley no rige. Entonces, quien ya ha invertido o va a hacerlo, no va a venir tranquilo porque aquí ya no lo protegen las leyes, con todo su rigor, sino que está atado a la voluntad y el estado de ánimo del Poder Ejecutivo, porque éste puede, si quiere, facultarlo a ser titular de inmuebles rurales bajo determinadas modalidades que no son precisamente las que surgen de la declaración de interés general; o sea que ni tan interés, ni tan general. ¡Vaya facultad la que se reserva el Gobierno!

Concedo una interrupción al señor Senador Nicolini.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR NICOLINI.- Gracias, señor Senador, por la gentileza y por la impertinencia.

Noto una forma de razonar un poco particular. El señor Senador preopinante expresa que este artículo 1º no dice nada, al establecer "Declárase de interés general que los titulares del derecho de propiedad sobre los inmuebles rurales y las explotaciones agropecuarias", etcétera; sin embargo, la ley de 1964, cuyo autor fue Wilson Ferreira Aldunate, dice exactamente lo mismo, ya que comienza expresando: "Declárase de interés general que el derecho de propiedad sobre inmuebles rurales y las explotaciones agropecuarias", etcétera. Por su parte, la ley de 1967, cuando estaba en el poder un Gobierno colorado, comienza diciendo lo mismo. Entonces, resulta que si el Gobierno era blanco, esto servía; si era colorado, también servía, pero si es frenteamplista y elabora un articulado con esta misma redacción, no sirve para nada. Es más; la ley de 1964 sirvió durante tres años y la de 1967 estuvo vigente casi 35 años y ambas sirvieron con esta redacción; sin embargo, lo hace el Frente Amplio y no sirve; es un país bicéfalo. Había discrecionalidad en el artículo 10 de la ley de Wilson Ferreira Aldunate, ya que establecía que el Poder Ejecutivo podía hacer excepciones, y también en la de 1967; pero para los señores Senadores Alfie y Gallinal, si el Gobierno del Frente Amplio establece discrecionalidad, es algo terrible.

Reitero que esto podía hacerlo un Gobierno blanco o uno colorado, pero si la excepcionalidad la establece el Frente Amplio, es catastrófico, terrible y en nuestro país pasa cualquier cosa. Me parece que son dos formas de pensar totalmente raras.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Creo que el señor Senador Nicolini se apresura en sus apreciaciones porque ya se va a dar cuenta de lo distintas que son las leyes y de que los alcances son diferentes, porque todavía tenemos muchos aspectos para comentar con respecto al proyecto de ley que estamos considerando.

Señalaba, señor Presidente, que aquí se le otorga al Poder Ejecutivo una facultad, aparentemente con carácter excepcional, con un alcance o una dimensión demasiado amplia, con un gran margen de discrecionalidad. Con seguridad esta misma excepción terminará colocando al propio Poder Ejecutivo en el centro del problema el día que la otorgue y tenga que explicar los motivos. Porque por más que tenga la facultad de hacerlo, el Poder Ejecutivo tendrá que explicar al país y en particular a los inversores y a los propietarios de inmuebles rurales, por qué autoriza a unos pero no a otros a utilizar instrumentos diferentes. La propia vaguedad de la definición es de una amplitud tal que caemos en el terreno de la discrecionalidad el cual, bajo la clara vigencia de determinadas normas jurídicas, es peligroso, por supuesto, para quienes pueden ser víctimas de decisiones de esas características, pero también lo es para el propio Poder Ejecutivo al momento de tener que tomar sus decisiones, porque va a tener que explicar, va a tener que justificar, va a tener que rendir cuentas.

Expresaba que el artículo 1º, en tanto establece simplemente una declaración de interés general, sin establecer sanciones de ninguna naturaleza, prácticamente es inocuo e ineficaz para cumplir con los objetivos que se persiguen, excepto -obsérvese la paradoja y la contradicción del proyecto- para quienes actualmente son titulares de inmuebles rurales a través de sociedades anónimas o en comandita por acciones. ¿Por qué? Por lo que surge del artículo 2º, que dispone que quienes actualmente son propietarios de inmuebles rurales a través de sociedades anónimas y en comandita por acciones, tienen la obligación, en un plazo máximo de dos años a contar a partir de la promulgación de la ley, de adecuar el capital accionario de acuerdo con lo surge del inciso segundo del artículo 1º. En este caso, sí se establece la obligación, con la sanción correspondiente, como veremos a continuación.

El segundo inciso del artículo 2º establece: "Vencido dicho plazo sin haber sustituido la totalidad de su capital accionario por acciones nominativas, las sociedades se considerarán disueltas de pleno derecho a todos los efectos legales, no siendo de aplicación la norma de interpretación establecida por el artículo 165 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989". Quiere decir que en la aplicación retroactiva de la norma -si se puede llamar así-, es decir, para ser más claros, en la aplicación de la norma para quienes actualmente son titulares de inmuebles rurales a través de sociedades anónimas o en comandita por acciones, si en el plazo de dos años no cumplen con las disposiciones del artículo 1º, las sociedades se considerarán disueltas de pleno derecho a todos los efectos legales, y, obviamente, en caso de ser por paquetes accionarios, pasan a convertirse, en forma inmediata, por acciones nominativas.

Más adelante -y este es un punto que merecería una corrección, porque de lo contrario va a ocurrir lo que venimos anunciando, que van a tener que aprobar una nueva ley en un corto plazo-, en el inciso tercero del artículo 2º se agrega: "Las adjudicaciones de inmuebles, de semovientes y de toda clase se bienes que se hagan a los socios y accionistas de las sociedades a que refiere este artículo, como consecuencia de la disolución y liquidación referida en el inciso anterior, se hallan exoneradas de todo tributo".

Esto quiere decir que si quien actualmente es propietario de inmuebles rurales o de explotaciones agropecuarias a través de sociedades anónimas o en comandita por acciones, y aprobada la ley no cumple con lo dispuesto en el artículo 2º en un plazo de dos años, automáticamente se declaran disueltas las sociedades y pasan a un régimen de titularidad de su patrimonio de naturaleza diferente, pero se le exonera de todo tributo, es decir que no tiene la obligación de gastar un peso por esa traslación de propiedad que se realiza de una persona jurídica a otra. Ahora bien, quien lo haga voluntariamente, quien decida acompañar la declaración de interés general y adaptarse a la fórmula establecida en el artículo 1º, ese sí tiene que pagar; no está exento de ningún tributo, porque solamente por ley se puede exonerar y esta refiere exclusivamente a quienes en un plazo de dos años a partir de la vigencia de la ley no den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º. Esos incumplidores, esas personas que no hacen la transformación correspondiente, van a gozar de la exoneración de todo tributo, pero quienes dispongan hacerlo en cumplimiento del artículo 2º no tienen en este proyecto ningún régimen de exoneración y, en consecuencia, deberán cargar con todos los tributos, a pesar de que en el año 1999 se los había autorizado, por otra ley, a actuar por un régimen diferente. Es decir que no son responsables directos de una situación de estas características; simplemente tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias.

Advierto que se ha agotado el término del que dispongo y además quiero ahorrarle tiempo al Senado, de manera que voy a finalizar diciendo que, más allá de la filosofía que se pueda tener respecto a la necesidad de incorporar o no normas de estas características al sistema jurídico uruguayo en materia de titularidad de la propiedad de inmuebles rurales, por lo menos me detendría a corregir estos errores que tienen los artículos 1º y 2º, a fin de facilitar el tránsito de un sistema a otro, que es, obviamente, lo que el Gobierno pretende a partir de la aprobación de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: por mi parte tengo poca experiencia parlamentaria, pero realmente he quedado asombrado porque recibimos la convocatoria a esta sesión del Senado ayer a la hora 17 y los repartidos recién en la mañana de hoy. De manera que quienes no integramos las Comisiones donde se tratan estos temas no estábamos muy enterados del contenido de los proyectos, y tuvimos que leer velozmente los repartidos, a pesar de que en mi caso ya tenía algún conocimiento de este asunto.

En definitiva, estamos tratando este proyecto sobre tenencia de la tierra y más adelante vamos a considerar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay, la creación de la Agencia Nacional de Vivienda, la creación de un nuevo servicio descentralizado, la regulación de las empresas tercerizadas -un tema que considero especialmente discutible-, la extensión del término de prescripción de los créditos laborales y la designación del Embajador en España. Es decir que vamos a considerar una gran cantidad de proyectos en muy poco tiempo.

Me parece que, aunque aquí haya mayorías que impongan su voluntad -que es fruto del voto popular, como siempre decimos-, no es serio que se traten temas tan relevantes un 27 de diciembre, cuando la gente está pensando en levantar la copa de champagne. Por nuestra parte estamos dispuestos a dedicar mucho tiempo a la consideración de estos temas, pero no creemos que sea posible tratarlos en una sola sesión. Creemos que merecen una discusión mucho más acabada, aun cuando predomine, como siempre, la mayoría absoluta del Partido de Gobierno.

Por lo tanto, discrepo con el procedimiento. Considero que, por consideración a quienes representamos también a la ciudadanía, estos asuntos deberían ser objeto de una discusión un poco más larga. Quería dejar esta constancia, porque en el día de ayer no sabía qué temas se iban a tratar en la sesión de hoy y me he encontrado con una batería enorme de asuntos que a mi juicio, reitero, deberían ser discutidos con mayor profundidad.

Con respecto a este tema en particular, adhiero a lo expresado por el señor Senador Gallinal que, con lujo de detalles, se ha referido a este proyecto de ley. Incluso, mi discrepancia con esta iniciativa es mucho más radical que la del señor Senador Gallinal; creo que aprobar esto es un error. Además, este proyecto se suma a otras disposiciones que hemos aprobado recientemente en este Cuerpo. Hace un mes votamos un adicional al Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales para los inmuebles rurales de determinadas características, es decir que aprobamos un nuevo gravamen sobre la adquisición de bienes agropecuarios; hace una semana votamos una reforma tributaria que daba discrecionalidad al Poder Ejecutivo para determinar qué régimen tributario se iba a aplicar a los productores rurales -si iban a pagar el IMEBA o el IRAE- y restablecía los aportes patronales al agro, y ahora nos estamos despachando con estas prohibiciones, que me parece que en las actuales circunstancias no se justifican. Lo decía el señor Senador Gallinal: la transparencia y la cristalinidad valen para las exportaciones agropecuarias, pero también para las comerciales o las industriales. Mañana quizás tengamos un proyecto de ley para que en el supermercadismo, que prácticamente es monopólico en el Uruguay, tampoco pueda haber sociedades anónimas con acciones al portador, y podría ser fundada una solicitud de este tipo. ¿Por qué en este caso sí y en los otros sectores no?

Además vamos a decir las cosas como son: el proyecto del Poder Ejecutivo no incluía el inciso tercero del artículo 1º, que permite exonerar algunas explotaciones. La voluntad primigenia del Poder Ejecutivo era gravar con efecto retroactivo a todas las sociedades con acciones al portador, ya sean en comandita o anónimas. Esta fue una modificación que se introdujo en el trámite parlamentario en la Cámara de Representantes, de manera que la voluntad del Poder Ejecutivo era que no hubiera dentro de algunos años ninguna sociedad anónima con acciones al portador. Por supuesto, cuando escucharon a la Sociedad de Productores Forestales y a la Asociación Rural, comprendieron que habría sido un error imperdonable barrer con todo; por eso se establece esta disposición discrecional, que se suma a otras tantas que se han votado aquí a favor del Poder Ejecutivo, como las contenidas en la reforma tributaria que fue aprobada la semana pasada y que en muchos casos tienen, como hemos señalado aquí, una nota de inconstitucionalidad.

He leído rápidamente las versiones taquigráficas en las que constan las manifestaciones de representantes de las asociaciones de productores y de la Sociedad de Productores Forestales del Uruguay, y me parecieron muy convincentes. Por lo que he visto, no hay datos precisos en cuanto a cómo es la concentración y la distribución de la tierra; lo que sí es cierto es que estamos en presencia del sector más dinámico de la economía, que ha sido la locomotora que sacó al país de la crisis del año 2002. También es cierto que en un sector dinámico como este, no vemos ninguna razón para realizar una modificación de esta naturaleza en aras de una transparencia que, en muchos casos, no se va a ver reflejada acá, porque el Poder Ejecutivo va a establecer excepciones a la norma general con total libertad. Como no nos gustan las excepciones a la norma general, no creemos que valga la pena modificar un régimen que estaba funcionando muy bien en un sector dinámico al que se había incorporado tecnología y donde no se había producido la compra especulativa de tierras.

Como ciudadano de Colonia, recuerdo algunas épocas del país en que los argentinos compraban tierras en ese departamento y las dejaban sin explotar hasta que subieran de precio. Pero, normalmente, en el Uruguay ha ocurrido que extranjeros y también algunos uruguayos han hecho inversiones a través de sociedades anónimas con valor agregado, incorporación de tecnología, generación de mano de obra y desarrollo. De modo que, sinceramente, no estamos de acuerdo con esto ni entendemos cuáles son el fundamento y el motivo para realizarlo. Tal como señalaba el señor Senador Gallinal, no se trata de una razón tributaria, ya que van a seguir tan gravados como antes, por lo que no se van a ver diferencias. Puede haberlas para desalentar la inversión en la tierra que, repito, no solamente la están llevando a cabo los extranjeros, sino también muchos uruguayos bajo esta forma societaria que no implica ocultar a narcotraficantes ni a vendedores de armas ni nada que se le parezca. A veces se imaginan películas de terror con estos casos, que no son ciertas. Generalmente, esto circula más por los ámbitos financieros que por la explotación de la tierra, que incorpora tecnología, capital y trabajo. Quienes realizan lavado de dinero no lo invierten en cien mil hectáreas de tierra para forestar a fin de establecer posteriormente la cadena agroindustrial, instalando industrias en esos campos. Repito que la experiencia nacional demuestra todo lo contrario. Este ha sido un factor que permitió sacar al campo de la enorme crisis que padeció en el año 2002, y sinceramente no comprendo los motivos por los cuales ahora estamos modificando esto, salvo que se trate de reivindicar viejos principios o programas.

SEÑOR ALFIE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- El señor Senador Moreira decía que no conoce casos de gente que compre tierra para especular esperando una suba de precios. Es evidente que este tipo de instrumentos genera estas cosas, porque produce demanda de tierras y, desde el momento en que esta sube, aumenta el precio. Nadie paga -se ha visto a algunos fondos de inversión pagar hasta U$S 16:000.000 o U$S 20:000.000 por algunos miles o hasta decenas de miles de hectáreas de campo- por tierras que no rinden. Justamente, esto tiene el deber fiduciario de hacer rendir determinado interés mejor que el promedio del mercado. Por lo tanto, la idea es precisamente la contraria. Ahora bien; cuando no hay inversores, baja el precio de la tierra y es cuando más se presta para especular sobre este bien que, como se sabe, es finito.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- De acuerdo con ese razonamiento, acá no sólo se prohíbe una forma de tenencia, sino también una manera de explotar la tierra, y esto impide la asociación de capital para la explotación. Quiere decir que hay una prohibición para ser propietario y para explotar la tierra. En definitiva, se trata de una limitación. Recuerdo que en oportunidad de concurrir al Plenario el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, una de las cosas que se sostuvieron fue que la valorización del precio de la tierra permitió la refinanciación de muchos productores rurales, ya que quienes tenían U$S 50.000 de garantía, ahora tienen U$S 300.000 o U$S 350.000. Así se salvaron muchos productores rurales que han podido reinsertarse en el mercado de crédito en función de esa valorización, que también es consecuencia de esta forma de tenencia y de explotación. Por ejemplo, la compra de tierras para la forestación, sin duda, ha provocado -lo saben quienes viven en ciertos departamentos del país que tienen grandes espacios dedicados a la forestación- una valorización que las elevó a un valor cinco veces mayor. Me pregunto si es malo que la tierra haya aumentado su valor cinco veces; por el contrario, creo que es muy bueno, tanto para el Banco de la República como para el que vende, el que hipoteca, para el país y para todos. A su vez, sube el PBI, es decir, la riqueza nacional.

Por lo tanto, no entiendo en aras de qué estamos estableciendo esta limitación cuando presenciamos, quizás, la mejor época de la agropecuaria nacional. ¿Por qué estamos limitando, en definitiva, una forma de inversión legítima? Reitero que quienes tienen dinero mal habido generalmente no invierten en tierras; tal vez construyen hoteles cinco estrellas, pero no compran campos para plantar árboles, que son inversiones a veinte, treinta o cuarenta años, que en muchos casos posteriormente se integran a una cadena industrial que le da valor agregado a esa producción. Asimismo, tenemos el caso de Botnia o el de Ence, que aparentemente se instalaría en Colonia. Se habla de unos 250.000 accionistas que no se pueden identificar. Seguramente esta excepción está pensada para ese tipo de explotaciones. ¿Por qué no dejamos establecido esto para todo el mundo y permitimos que juegue libremente como se ha hecho hasta ahora en forma por demás positiva? ¿Por qué en el mejor momento de la agropecuaria ponemos otro freno de mano? Filosóficamente discrepo con esto porque, al margen de que hubo un proyecto de ley del Partido Nacional, también es cierto que los hombres, las sociedades y la economía evolucionan y lo que fue bueno en el año 1967 no lo es en el 2006, porque el mundo cambió y todos lo sabemos. Aunque haya habido un proyecto de ley de un insigne blanco como Wilson Ferreira Aldunate, el mundo cambió y tenemos que adaptarnos. Ahora gobierna la izquierda, y nosotros no pensamos que eso fuera a ocurrir, pero el mundo cambió. A los señores Senadores del oficialismo les parece que está bien, pero a nosotros no. Sin embargo, no importa; el pueblo lo resolvió de esa manera. Reitero que el mundo cambió, pero no entiendo por qué venimos con estos viejos temas a frenar la locomotora que es la agropecuaria nacional, poniéndole trabas. En definitiva, esta no es más que una nueva traba estableciendo no sé qué cosas, en aras de una transparencia que no entiendo, una cristalinidad que comprendo menos y que, al visualizar el error cometido por el Poder Ejecutivo por haberlo enviado sin excepciones, se decide que hay que modificarlo y fijar una excepción por la vía de la discrecionalidad. Esta no es una buena vía, ni da garantías, porque hoy hay un Poder Ejecutivo y mañana puede haber otro. Me pregunto por qué no dejamos esto en el campo estricto de la ley y lo regulamos bien como se debe hacer en un Estado de Derecho.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- No pensaba intervenir, pero debo decir con mucha franqueza que un proyecto parecido a este fue planteado hace unos años por el señor Senador Carlos Julio Pereyra, que dio lugar a una discusión exactamente igual a la que estamos escuchando ahora. La verdad es que me resulta un poco fatigoso participar de una discusión de este tipo con todos los argumentos que se pueden esgrimir de una y otra parte. Es cierto que el mundo cambia, pero personas que integraban el Partido Nacional presentaron este tema nuevamente. Recuerdo que su principal contradictor fue el doctor Batlle que, sentado en la banca que ahora ocupa el señor Senador Saravia, dijo: "El agro ya fue en el país; no hay que defender el agro" y esto consta en la versión taquigráfica y fue la única frase distinta a lo que hoy estoy escuchando. El doctor Batlle manifestó esto para oponerse a un proyecto de ley similar a este en el cual se detectaron por parte del Frente Amplio -que lo apoyaba- algunos aspectos que figuran en esta iniciativa.

Quiero decir que este proyecto de ley se inspira en la idea de que esas excepciones -esto fue muy estudiado en la Cámara de Representantes- se producen a pedido de parte cuando existen empresas que tienen acciones al portador, que realizan inversiones muy importantes y que tienen un prestigio que permite al país decir que debido a dicho prestigio, al respaldo con que cuentan y a que no se les han encontrado pruebas de estafa en ningún lado, se les hará una excepción.

Creo que en el Uruguay todos somos seres reales -a menos que esté viviendo en otro mundo- y hay algunos casos de enormes extensiones de tierras que, a raíz de algunas estafas -que ahora no voy a mencionar ni a describir- cometidas por sus dueños, no se pudieron cobrar, ya que éstos no figuraban y, por lo tanto, cuando el alguacil fue a hacer los embargos respectivos, tuvo que volver a su casa. Conozco un caso, que por supuesto denuncié al Banco Central, en el que esta institución pidió un embargo muy grande que no pudo llevar a cabo, ya que el titular de las deudas no era el que figuraba como propietario, sino que aparecía una sociedad anónima con acciones al portador como dueña de una tremenda extensión de tierra. Quiero aclarar que denuncié ese caso no por persecuciones, sino porque el veterinario de esa estancia, que es amigo mío, hace catorce años que trabaja allí y cobra su sueldo mensual en la oficina de quien era el verdadero dueño del establecimiento.

Entonces, vamos a no mirar un mundo idílico, pero tampoco podemos desconfiar de todos. Por eso la intención es declarar esto de interés general y que se conozca todo, reconociendo que hay situaciones especiales de inversiones de determinadas empresas, que hacen incluir la excepción del Poder Ejecutivo.

Simplemente quería dejar esta constancia y pido a los señores Senadores que no me exijan que dé los nombres. Por supuesto que los podría dar, pero no quisiera generar una dura discusión política en este ámbito. Es evidente que esto es así; ¿acaso hay alguien que no lo cree? ¿Por cuál tesis debemos inclinarnos? ¿Por la que dice que todos son buenos o por la que cree que todos son malos? No, por ninguna de las dos; debemos buscar una regla general que considere el tema de interés nacional pero que dé la posibilidad de excepciones a los efectos de lograr un equilibrio.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Quien habla, que también tiene una vasta experiencia judicial en el interior del país, se ha encontrado con infinidad de situaciones en las que algunos paisanos no le han pagado a nadie. Por ejemplo, también sé de arrendatarios que han dejado a los peones …, y no quiero mencionar el término. De modo que esta conducta no es un atributo de las sociedades anónimas con acciones al portador; este tipo de fenómenos se ha dado muchas veces, como también ha ocurrido con el tema del endeudamiento del agro, donde hay gente que nunca pagó y otros que han hecho enormes esfuerzos para cumplir. O sea que en esto hay casuística de toda naturaleza y no creo que tenga que ver la forma societaria de las sociedades anónimas con acciones al portador con el incumplimiento de las obligaciones laborales o contractuales. Reitero, podemos encontrar una enorme casuística, y yo que he estado "changando" como abogado en mi pueblo de Colonia Suiza, lo sé muy bien.

De manera que este hecho no cambia la situación, sino que en este momento muy especial lo único que hace es frenar la inversión.

He escuchado en reiteradas oportunidades al señor Ministro Astori hablar de la importancia de la inversión en el Uruguay y ha dicho que sin inversión externa es imposible tener un Uruguay desarrollado. Lo he escuchado decir eso hasta el cansancio y filosóficamente estoy de acuerdo con él, pero no comparto estas cosas que van por el camino equivocado, tal como dijimos cuando discutimos sobre la reforma tributaria. Creemos que en esta oportunidad también se está yendo por el camino equivocado, porque esto no alienta a la inversión, sino que, justamente, la desalienta.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: sinceramente, no sé qué le ha sucedido a la Bancada oficialista con el Orden del Día de hoy; supongo que habrá tenido algún "tirón de orejas" desde el Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Senador: remítase al punto que estamos considerando, que es un proyecto de ley sobre sociedades anónimas.

SEÑOR HEBER.- Como decía, probablemente el Poder Ejecutivo le haya dado un "tirón de orejas" a la Bancada oficialista por no haber trabajado lo suficiente. Realmente, no creo que nos dé el tiempo para poder considerar todos los proyectos de ley que figuran en el Orden del Día, que son todos muy importantes.

Con respecto al tema que estamos considerando, tengo una serie de preguntas para hacer a los representantes del Gobierno, sus Legisladores, que supongo me podrán responder cuál es el criterio o la razón para incluir este proyecto de ley en el Orden del Día. He efectuado otras preguntas que quedarán en los ecos de los mármoles de esta Casa, sin respuesta, pero creo que la opinión pública también juzga cuando no se contesta. No es el Senador Heber ni la Bancada del Partido Nacional, sino la opinión pública la que quiere saber la razón de este proyecto de ley. Esa es la interrogante que surge luego de leer el contenido de este proyecto y de escuchar los argumentos de quienes lo defienden. En tal sentido, participo de todas las opiniones que acaban de dar los señores Senadores Moreira y Gallinal, que me parecen son de total recibo.

Concretamente, lo que uno se pregunta para generar quizás una respuesta es, a razón de qué se incluyó este proyecto de ley con carácter de urgente. ¿Por qué se empieza a considerar el día 27 de diciembre en forma urgente el tema de las sociedades anónimas? ¿Está pasando algo? ¿Ha habido muchas sociedades anónimas en el campo últimamente? No debemos olvidar que estamos levantando el receso en el mes de diciembre para poder aprobar este proyecto de ley. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede corregir la redacción si tiene defectos? ¿Cuál es el apuro del Poder Ejecutivo? ¿Está ocurriendo algo en el país que haga que deba votarse rápidamente este proyecto de ley antes de fin de año? ¿No se puede disponer del tiempo suficiente como para leer la versión taquigráfica de las sesiones de las Comisiones a las que concurrieron los interesados, es decir, los representantes de los sectores agropecuarios? Confieso que no he tenido tiempo de hacerlo. ¿Sirvió o no esta experiencia realizada durante los últimos años? Esta es una pregunta básica cuya respuesta debiéramos conocer o, por lo menos, tener la posibilidad de leerla, porque supongo que habrán hablado de ello en el seno de la Comisión.

Si uno lee el artículo 1º de este proyecto de ley, y analiza lo que dicen sus primeros incisos así como el tercero, tal como ha señalado el señor Senador Gallinal, es claro que se borra con el codo lo que se escribe con la mano. La pregunta es por qué. Porque la concepción de la izquierda, a mi juicio, viene atrasada desde hace 40 años -¡pavada de atraso!- y hace referencia a un proyecto de ley que presentó el Partido Nacional en la década del sesenta. ¡Tal es el atraso ideológico que viene teniendo la izquierda que ahora piensa como lo hicimos nosotros hace 40 años!

SEÑOR KORZENIAK.- Hace seis años, señor Senador.

SEÑOR HEBER.- ¡Cuarenta años! Es más, otro de los puntos del Orden del Día se refiere a la extensión del monopolio de ANCAP, que tiene 75 años en el país, y ahora estamos considerando un proyecto de ley de la izquierda que, a mi juicio, no solamente es vetusto, antiguo, viejo, de otros tiempos, de otro mundo, de otras circunstancias, sino que también es poco eficaz. ¿Por qué digo esto? Porque mediante el tercer inciso se da la potestad al Poder Ejecutivo, y lo que se hace, simplemente, es "cumplir con la tribuna". Ésta quiere un proyecto de ley sobre sociedades anónimas y acá está el proyecto, pero si después se presentan diez inversores nuevos, el Poder Ejecutivo les dará un permiso para crear sociedades anónimas.

Lo que no he encontrado hasta ahora es el sustento filosófico de todo esto. Acá se dice que la tierra es un bien finito y que se quiere ver la titularidad. Si fuera así, estaría bien, pero entonces, ¿por qué se incluye el inciso tercero? Si el concepto es que este es un bien finito y necesariamente en el Uruguay se tiene que saber la titularidad, habría que derogar ese inciso. ¿Por qué el Poder Ejecutivo va a tener potestad para dar a unos sí y a otros no la posibilidad de tener sociedades anónimas con acciones al portador? ¿Existe alguna realidad económica que esté determinando que el Poder Ejecutivo deba tener esa potestad? No. Entonces, lo que está haciendo el Poder Ejecutivo es un saludo a la bandera. Este proyecto de ley es urgente; entonces, levantamos el receso para saludar y cumplir con la tribuna, para decir que acá está el proyecto de ley sobre sociedades anónimas.

Realmente, el argumento que se está planteando se contradice solo, ya en el artículo 1º, que hace referencia a proyectos antiguos. Por otra parte, no es un argumento válido hablar por boca de gente que ya no está en este mundo o que no integra el Parlamento, porque no sé qué hubiera pensado Wilson Ferreira Aldunate, ni sé qué hubiera pensado mucha gente de la izquierda de este país que en su momento no lo apoyó cuando estaba al frente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Si alguna cosa quedó clara es que, quizá, en la década del sesenta la izquierda uruguaya estaba pensando como en la década del veinte -o incluso más atrás-, y que todavía no entendieron lo que era válido para el Partido Nacional en aquel entonces, cuando se daba una situación de concentración de la tierra que requería la adopción de algún tipo de medida. Incluso, la única reforma agraria que se planteó en serio en el Uruguay fue propuesta por el Partido Nacional, y recordemos que no contó con el apoyo de la izquierda uruguaya, que en sus eslóganes llegó a acusar a Wilson de terrateniente -a este respecto hay anécdotas muy ricas- por el hecho de tener tres mil o cuatro mil hectáreas; reitero, se lo acusaba de terrateniente. Bueno, admito que estas fueron discusiones de la década del sesenta.

La cuestión es que ahora viene este proyecto de ley al Senado para ser tratado con carácter urgente y uno se pregunta qué opina la gente vinculada al tema, qué dijeron los productores sobre este cambio. ¿Vinieron a la Comisión y dijeron "queremos que se liquide esta fórmula jurídica"? No; por el contrario -aclaro que esto me lo comunicaron mis compañeros de Bancada, porque no tuve tiempo de leer la versión taquigráfica debido al apuro que el Gobierno tiene en este tema-, señalaron que la actual es una herramienta válida, porque generó la posibilidad de que hubiera socios en el campo -lo que hasta ese momento no ocurría, tal como señaló el señor Senador Moreira-, por ejemplo, entre el sector médico. Es verdad que de un tiempo a esta parte por ese medio ha generado riquezas y que muchos médicos del interior utilizaron la sociedad anónima como un mecanismo de inversión, como una forma fácil de hacer ingresar capital y para vender e irse, si tenían necesidad de hacerlo.

Alguno podrá decir que el hecho de que sean acciones nominativas o acciones al portador, no cambia mucho el asunto; es verdad, pero también es cierto que la realidad indica que se utiliza más el mecanismo de las sociedades anónimas con acciones al portador y no tanto con acciones nominativas. ¿Por qué ocurre esto? ¡Vaya uno a saber por qué! ¿Cuál es la razón de que los médicos uruguayos -aclaramos que no estamos hablando de extranjeros- elijan las sociedades anónimas con acciones al portador como fórmula para tener explotaciones que quizás son mucho más importantes que el simple hecho de la tenencia de la tierra? Recordemos que este último aspecto ha sido motivo de una vieja discusión en el Uruguay.

Me hubiera gustado mucho más que el Gobierno nos hubiera presentado un proyecto de ley que buscara la mayor productividad del bien común, mucho más que éste referido a la tenencia. Si estamos hablando de un bien común, lo mejor es que sea bien explotado y no preocuparse tanto de quién lo hace. Para un país que tiene ese bien como riqueza es importante que, además de cuidarlo, se lo explote con sentido de preservación.

Cuando fui Diputado en representación del norte del país -quizá el señor Presidente me comprenda mejor que otros señores Senadores-, tuve oportunidad de comprobar que había productores rurales que, aun cuando se dedicaban a criar ganado por el sistema de ciclo completo, quizá producto de la lejanía de los centros de venta, de los propios frigoríficos -los que estamos en la zona de Vichadero tenemos uno en Melo y otro en Tacuarembó-, e incluso teniendo grandes extensiones de tierra, vivían austeramente. Recuerdo que me asombró, cuando vinieron los brasileños, el cambio sustancial que provocó la llegada del arroz a las zonas de Vichadero, en particular, en lo que hace a la mentalidad de muchos de estos productores. Fue así que empezaron a construirse pequeñas represas para contener el agua de riego y se comenzó a producir mejor y a sacar un mayor rendimiento en esos cultivos. Muchos de esos productores brasileños -que nos enseñaron- vinieron como arrendatarios y otros quedaron como propietarios.

Hoy el señor Senador Korzeniak recordaba la discusión que se produjo cuando mi entonces compañero de Bancada el ex Senador Carlos Julio Pereyra sostuvo los dos proyectos, no solamente el de eliminación de las sociedades anónimas, sino también el que establecía la prohibición de compra de tierras por parte de extranjeros en una franja de la zona fronteriza. Debo decir, con todo respeto y cariño -porque si algo tengo en la vida es agradecimiento y admiración-, que en aquel entonces me oponía a ambos conceptos, precisamente por la propia experiencia que había tenido como Diputado de frontera. Reitero que vi a los extranjeros enseñar -¡y vaya si enseñaron!- a los productores uruguayos a plantar arroz y pude comprobar el desarrollo que esto trajo aparejado en la zona de Vichadero, que ha sido realmente asombroso. Aprovecho la oportunidad para invitar a algún señor Senador que no conozca la zona para que la visite y compruebe lo que estoy diciendo, porque es importante el desarrollo que estos cultivos han logrado en la región. Precisamente, fueron las sociedades anónimas con acciones al portador las herramientas que permitieron que esto ocurriera en el Uruguay.

Señor Presidente: las herramientas, herramientas son, y serán buenas o malas, pero no tienen ideología. Eso es lo que quiero hacer entender al Gobierno: que no hay ideología en las herramientas, que de lo que se trata es de que se aplican bien o se aplican mal. Un cuchillo de cocina sirve para cortar, pero también se puede utilizar para matar, y no por ello dejamos de tener cuchillos en nuestras casas.

El señor Senador Korzeniak daba como argumento a favor de este proyecto de ley una serie de ejemplos de cómo se podía esconder patrimonio por medio de las sociedades anónimas. Con ese criterio, tendríamos también que eliminar las sociedades anónimas en los supermercados, en los aeropuertos, las sociedades anónimas financieras; en fin, tendríamos que eliminarlas a todas. Si el tema es que tenemos desconfianza de que alguien pueda estafar por este medio, esto no va a ser más o menos grave si ocurre en el campo o en el comercio, y tengamos en cuenta que muchas veces es mayor el capital de un comercio o de una industria que el que se puede invertir en un pedazo de tierra.

En consecuencia, la pregunta que uno hace al oficialismo es cuál es la razón de la urgencia que se ha dado a este proyecto de ley. ¿Acaso muchas sociedades anónimas con acciones al portador están comprando campo? ¿Se están registrando muchos casos de esos en este momento? No lo sé y no vamos a tener esa respuesta, porque estoy seguro de que no la tienen siquiera los señores Senadores del oficialismo. De todos modos, hay urgencia y no entiendo el motivo.

La otra pregunta que me planteo es cuál es la razón de traer a consideración del Senado un proyecto de ley que tuvo treinta y cinco años de vida y que se derogó, cuando ahora los interesados quieren que siga derogado y que no se apruebe nuevamente algo similar. Pero parece que el Gobierno sabe más que los propios productores y les impone una medida, cuando ellos consideran que lo que hasta ahora hay son herramientas para captar inversiones, ya que las sociedades anónimas con acciones al portador se pueden utilizar simplemente para comprar un ganado y ponerlo en el campo o para buscar negocios alternativos como el del arroz. Entonces, si tienen sociedades anónimas en la tierra, quizás utilicen las mismas herramientas. Ante esto nos preguntamos por qué las herramientas que sirven para el ganado y para el arroz no pueden utilizarse en el caso de la tierra. ¿Por qué esta herramienta es buena para el comercio y la industria, y no lo es para el campo? ¿Por el tema de la tenencia de la tierra? ¿Por la titularidad? Ese argumento es viejo, antiguo. ¡Por favor, que la izquierda venga con argumentos más modernos a exigir la productividad sin importar que los dueños sean uruguayos, argentinos, brasileños o norteamericanos! El principal deber de quien posee tierra en el Uruguay es producir. Sin embargo, no hay iniciativas que empujen en ese sentido.

Coincido con el análisis que realizaba el señor Senador Alfie en cuanto a que a mayor valor de la tierra, menos especulación, porque si alguien invierte una cifra millonaria -en función de su valor actual, sobre todo en el litoral- no va a ser para tenerla improductiva; por el contrario, va a producir. Por lo que tengo entendido, la gran mayoría de las sociedades anónimas y extranjeros que están viniendo al litoral -obviamente, no podemos hablar de todos-, por suerte, hacen estudios de suelo -cosa que ningún productor uruguayo ha hecho- para saber qué necesitan para poder producir mejor. Esto es gracias, por ejemplo, a la alta tecnología que tienen los argentinos, lamentablemente muy superior a la uruguaya. Así como pasó en Vichadero y en la zona Este del departamento de Rivera -de lo que fui testigo-, ojalá que esa tecnología sirva para enseñar a producir mejor.

Por lo tanto, no es tan importante saber quién tiene la titularidad de la tierra -es decir, si es una sociedad anónima con acciones al portador, una sociedad anónima con acciones nominativas, o una persona física-, sino que produzca y sea cuidada. Al respecto, hemos visto verdaderos estragos que han hecho extranjeros y uruguayos arrendatarios de campos. Por eso entiendo que para el Estado uruguayo es imprescindible cuidar al arrendatario porque, generalmente, planta como quiere, se va y no cuida el bien; incluso, muchas veces los propietarios que arriendan ese campo tampoco tienen la intención de cuidarlo. He visto mucho campo mal plantado y mal cuidado, por lo general, por parte de arrendatarios -extranjeros y nacionales-, que no sienten la preocupación de conservar el suelo. Recuerdo que existía una vieja línea de crédito en el Banco de la República que preveía la fiscalización de la tierra por parte de técnicos. Realmente, siempre me pareció que era una buena oferta que ofrecía el Banco pero, lamentablemente, creo -no estoy muy seguro- que esas líneas de crédito desaparecieron. Repito que cuando se otorgaba un crédito, los técnicos del Banco de la República iban a fiscalizar cómo se plantaba y cuidaba la tierra, que es un bien común, y no únicamente del propietario.

Es vieja y antigua la discusión que solamente mira quién es el titular del campo. El tema es cómo se produce mejor, con qué tecnología y qué insecticidas se van a utilizar, sobre todo en aquellas plantaciones en que se pueden generar mayores daños, no sólo al suelo, sino también a los ríos. Estamos hablando, básicamente, del arroz. Sin embargo, el Gobierno trae este proyecto de ley que, a nuestro juicio, no tiene razón de ser. Se trata de una propuesta vieja, antigua, que recuerda la opinión de los blancos en la década del sesenta; pero hoy los blancos estamos en el año 2006. Por lo tanto, cuando dentro de 40 años vuelva a ganar la izquierda, quizás diga lo mismo que yo estoy señalando esta tarde; 40 años atrasados, señor Presidente, es mucho tiempo para un país.

Lo que siempre procuramos es sacudir a todo aquél que, a nuestro modo de ver, está preso ideológicamente y presenta proyectos para cumplir con no sé qué tribuna. Esto es un saludo a la tribuna, que lo único que busca es decir "cumplimos". Estamos seguros de que no tendrá efecto y de que el Poder Ejecutivo seguirá generando permisos a sociedades anónimas con acciones al portador, porque así se lo exigirá la propia realidad, y no los inversores extranjeros.

Confieso que me da bronca que se diga que, de alguna manera, el interés general pueda estar limitado o condicionado a la existencia de un capital extranjero muy grande, en cuyo caso el Poder Ejecutivo otorgaría el permiso. A mi juicio, señor Presidente, hay capitales nacionales que quizá no sean tan grandes, pero que son igualmente válidos como para generar sociedades anónimas como las actuales, que son herramientas para trabajar e invertir en el campo. Desde el momento en que se permitieron las sociedades anónimas con acciones al portador, muchos uruguayos que antes no podían hacerlo, invirtieron en el campo. Incluso, muchos han formado una suerte de cooperativa a través de una sociedad anónima para tener un negocio en común y así poder explotar el campo. He visto que varios titulares productores agropecuarios con muchos años en la tierra, debido a que el endeudamiento los ha expulsado y las crisis económicas los han castigado, han tenido que venderla; sin embargo, permanecen en el campo contratados por la sociedad anónima y no emigran a la ciudad para no saber qué hacer, como lamentablemente ha ocurrido en el caso de muchos otros.

En razón de ello, señor Presidente, esta iniciativa no nos parece eficaz y consideramos que se quita una herramienta más al campo. Al parecer, en el sector financiero y en el de servicios sí sirve esta herramienta. Entendemos que discutir nuevamente el tema de la tenencia, de la titularidad, es volver a la década del sesenta; ya dimos esa discusión, elaboramos una ley y también la derogamos para poder abrir mayores horizontes a quienes explotan la tierra. En ese sentido, lo más importante para el Uruguay es que la exploten bien, sin fijarnos tanto en quién lo hace. Insisto en que al Estado le debe preocupar más el rendimiento, los frutos y el trabajo que da la tierra y no quién es el titular de cada uno de los predios de nuestro país.

Repito, señor Presidente, que nos parece un mal proyecto que quita una herramienta, que desanda un camino y que envía una mala señal. Habrá inversores que frente a la posibilidad de hacer dinero en nuestra sociedad, se van a inclinar hacia la industria, el comercio o el sector financiero, que volverá a tener sus ahorros, pero no hacia la tierra, como queremos, ya que poco y nada de crédito dan los bancos, producto de la crisis que tuvimos en el año 2002. El refugio de financiación que podrían tener muchos de los productores del sector agropecuario era esta herramienta de las sociedades anónimas a fin de captar dinero y sustituir el crédito faltante, que muchas veces el sistema financiero nacional no otorga.

Estas preguntas quedarán, una vez más, rebotando en los mármoles de este Palacio, sin respuesta, porque es muy difícil que se nos puedan contestar argumentos tan fáciles y lógicos como los que hemos planteado esta tarde. Quiero decir que vamos a votar en contra este proyecto de ley por considerarlo inútil, ineficaz y antiguo como herramienta para el futuro del campo en nuestro país.

Muchas gracias.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: no iba a hablar sobre este tema porque fue hartamente discutido y creo que es de fondo; no podemos hablar sólo de la tenencia o de las sociedades anónimas vinculadas a la tierra. Sin embargo, no puedo dejar pasar esta oportunidad ya que, de lo contrario, algún arrocero amigo -aunque la producción de arroz en el Uruguay no tiene nada que ver con esto- se va a calentar conmigo porque lo que se ha afirmado sólo se puede decir cuando nunca se plantó el culo arriba de un tractor o se aró una chacra en este país.

El crecimiento económico del arroz en el Uruguay se basa en un desarrollo de productores nacionales -que se dio en la década del sesenta-, que investigaron al respecto. Es más; los brasileños vinieron debido a dos condiciones; una es que producimos un arroz de grano largo de alta calidad, estudiado en La Estanzuela y en el INIA que a ellos les servía para ingresar al Brasil y competir con los mercados norteamericanos, y la otra es que los gobiernos les permitían ingresar maquinaria en admisión temporaria, porque en ese país cuesta la mitad de lo que vale en el Uruguay. Esa fue la razón de que vinieran los brasileños al Uruguay; vinieron a aprender con nosotros, que somos grandes investigadores con respecto al arroz de grano largo y duro, que es el único que compite con los Estados Unidos en el mercado mundial.

Pido las disculpas del caso, pero no podía dejar pasar estas cosas, como tampoco el hecho de que se diga que las sociedades anónimas no sirvieron para "currar". ¡Cómo que no!

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SARAVIA.- Después se la voy a conceder, señor Senador.

Hay 130 carpetas que son las carteras pesadas del Banco Central, que suponen más de U$S 300:000.000, que fueron vaciadas en los últimos tiempos por sociedades anónimas con acciones al portador; de ellas, el 70% corresponden a tierras. Incluso, el lavado del Cartel de Cali que se llevó a cabo en el Uruguay, también se hizo a través de tierras. Lo mismo sucedió con el lavado del último Cartel de narcotráficos que se capturó y donde están involucrados algunos cambios nacionales, porque la mayoría del dinero también se lavó con tierras. Esto es algo que las sociedades anónimas ocultan en la tierra.

Lo cierto es que el tema no está por ahí, sino que es histórico, de discusión filosófica. A propósito de esto, comulgo con el primer concepto que acá se tuvo de la tierra y que fue el de José Batlle y Ordóñez en 1925, cuando dijo que la tierra debía ser del Estado. Los ingleses dicen lo mismo y no son ningunos atrasados, como tampoco lo son los mexicanos que lo prevén en el artículo 27 de su Constitución, porque la tierra es asiento de la soberanía.

Insisto en que se trata de un tema filosófico, de fondo: la tierra no es de nosotros, sino de nuestros nietos y, como tal, se la debemos devolver en el futuro porque en ella están las riquezas, los minerales y los recursos de la Nación. No se trata de que las sociedades anónimas tengan o no acciones al portador en la tierra porque ésta no es un bien transable común como puede ser, por ejemplo, una industria, un comercio, etcétera. Entonces, si bien este tema se contempla en el proyecto de ley, habrá que profundizar más porque, en este sentido, la iniciativa es bastante tibia.

Ahora sí le concedo la interrupción al señor Senador Heber.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: cuando estamos en el Parlamento, lo que hay que contestar son los argumentos que el otro propone, no otra cosa. No dije que el proceso arrocero uruguayo dependía de lo que nos habían enseñado los brasileños -y lo podrán constatar en la versión taquigráfica- sino que señalé que cuando fui Diputado pude ver en la zona de Vichadero cómo los brasileños nos enseñaron a trabajar el arroz, y eso nadie me lo puede discutir. Ahora bien; el proceso del grano rojo, si se puede o no plantar y la admisión temporaria, son otros temas. Lo cierto es que no estoy hablando del arroz, sino de lo que hicieron los extranjeros en una zona de nuestro país y de lo que vi. Me refiero a la zona este del departamento de Rivera, más precisamente a La Coronilla, que supongo que el señor Senador Saravia conoce bien. Desde hace mucho tiempo ha habido allí brasileños, algunos llamados Saraiva y otros Saravia porque, ¿qué era ser oriental o brasileño en esta zona? Por ejemplo, hace 200 años que los Sarmiento están en la zona de Cerrillada y son más uruguayos que yo, pero tienen cédula y campos en Bagé. ¿Les van a decir que son extranjeros después de tener campos en nuestras tierras durante 200 años?

Por otro lado, no tengo que sentarme en ninguna cosa para poder hablar porque para ello no es necesario sentarse en ningún tractor; sólo se tiene que pensar y saber. Sería bueno que se me conteste por lo menos lo que dije. Reitero que no estoy hablando del proceso del arroz en el Uruguay; estoy hablando de la zona donde vi cómo se fue progresando con los extranjeros y con las sociedades anónimas que le dieron socios a quien no tenía e inversiones a quien no podía. Esto es algo que nadie me podrá discutir porque no necesito sentarme arriba de un tractor para saberlo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Saravia.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: creo que algunos arroceros que mencionó el señor Senador, tanto de apellidos Saravia como Sarmiento, hace años que plantan arroz en esa zona y no precisaron de las sociedades anónimas para hacerlo. Además, si se conocen sus nombres es porque no estaban en ninguna sociedad anónima.

Por otra parte, el proceso de las sociedades anónimas no sirvió para que vinieran arroceros brasileños a plantar al Uruguay. Lo que influyó es lo que mencioné antes: el arroz de calidad que produce nuestro país, los estudios científicos que se han hecho y algunos beneficios que les daban para que vinieran.

De todas formas me parece que este no es el tema. Creo que tal vez no se planta arroz solamente en Vichadero; también tuve algún pedazo de campo en La Coronilla como para saberlo, ya que conozco bien la zona.

Decía hoy que este es un tema filosófico de fondo y mencioné a José Batlle y Ordóñez porque en 1925 defendía el tema de la tierra como una concesión del Estado, que debía ser regulada y su usufructo y tenencia se debía dar a los particulares. Este tema está instalado en nuestro país y, si no recuerdo mal, en la Legislatura pasada el profesor Carlos Julio Pereyra -no hace 30 ni 40 años- lo mencionó muy claramente junto al de la extranjerización de la tierra, pero también con relación a la tenencia y uso de la tierra, como una concesión a futuro de lo que es el proyecto nacional de país. Creo que las sociedades anónimas con acciones al portador no benefician la estrategia de un país a largo plazo porque hay una concepción de fondo que dice -ya lo mencioné antes- que la tierra no es de nosotros, sino de nuestros nietos y, por lo tanto, hay que devolverla en las condiciones en que la recibimos.

Muchas gracias.

SEÑOR NICOLINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR NICOLINI.- Señor Presidente: aquí se ha manifestado por parte de algunos señores Senadores que este es un proyecto que tiene defectos, que ha sido legislado a las apuradas y que la Bancada oficialista no tiene intenciones de enviarlo a la Cámara de Representantes para modificarlo por un problema de tiempo.

Quiero aclarar que eso no es así, señor Presidente; se trata, simplemente, de que algunos señores Senadores consideran que este proyecto de ley puede tener algún error, pero es una opinión; la Bancada de Gobierno piensa que no los tiene. Hemos estudiado y trabajado intensamente sobre el proyecto de ley, por lo que consideramos que no tiene errores.

A propósito de esto voy a leer lo siguiente: "Desde el punto de vista del análisis del articulado" -procedo de esta forma porque el hecho de que algunos opinen que esto puede tener errores, en mi opinión, es una interpretación- "y respecto a algunas observaciones del señor Senador Gallinal, quiero hacer alguna precisión. En mi concepto, la declaración de interés general que hace el artículo 1º, aunque aparentemente no tiene de por sí efecto alguno, porque no hay en nuestro ordenamiento jurídico una regulación acerca de qué consecuencia tiene que algo o que algún instituto, negocio jurídico o actividad, sean declarados de interés general -que, además, es un concepto jurídico típicamente indeterminado-, a mi juicio, sí tiene el efecto de salvar -o de pretender hacerlo- la tacha de inconstitucionalidad que se podría hacer al proyecto, en tanto limita, en más de una forma, el ejercicio de ciertos derechos garantidos en la Constitución. Como sabemos, el artículo 7º de la Constitución y algunas otras normas de su Sección II establecen que la limitación de derechos de rango constitucional se puede hacer por leyes inspiradas o fundadas en el interés general.

Para mí, esta declaración tiene ese sentido, y si no fue ese el ánimo de quien redactó la norma, sirve a esos efectos". Esto está dicho en forma contundente.

Continúo leyendo: "En cuanto a cuál sería la situación" -esto tiene que ver con otra de las salvedades que hacían otros señores Senadores, fundamentalmente, el señor Senador Gallinal- "de las nuevas sociedades que se conformen o de los negocios jurídicos celebrados por sociedades anónimas constituidas por acciones al portador o en comandita por acciones de igual carácter, debo decir que, a mi juicio, la ley implícitamente las prohíbe. Entonces, cuando el señor Senador Gallinal pregunta cuál es la sanción, debemos tener en cuenta que la sanción es la que resulta de los principios generales de nuestro orden jurídico, es decir, acarrea la nulidad del negocio jurídico, de acuerdo a los principios del Código Civil y del Código de Comercio. En definitiva, me parece que la consecuencia es esa, aunque es cierto que no está dicho explícitamente en la ley."

Lo que acabo de leer corresponde a la opinión que fuera vertida por el señor Senador Gonzalo Aguirre, miembro de la Bancada del Partido Nacional, en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación, en oportunidad de discutirse intensamente este proyecto de ley.

La Bancada de Gobierno tiene una interpretación muy clara sobre el tema, pero, dentro de la Bancada del Partido Nacional, hay otras interpretaciones distintas. Por lo tanto, este es un problema de interpretación. Aceptamos que, desde el punto de vista filosófico, pueda haber diferencias sobre este proyecto de ley, pero desde la óptica jurídica, no merece ninguna duda. Con esto, queremos dejar finiquitado el tema de que se legisló con apuro, de que esta Bancada lo hizo corriendo a través de la planicie, con algún interés oculto o de que se cometieron graves errores de redacción.

Gracias, Señor Presidente.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: he escuchado atentamente lo que acaba de señalar el señor Senador Nicolini, quien ha traído a Sala la opinión del doctor Gonzalo Aguirre quien, además, no está presente.

Este tipo de actitud se ha vuelto una costumbre en el señor Senador, quien, como no tiene opinión propia, siempre trae la de los demás o cita las versiones taquigráficas del 66 o los proyectos de ley de otros, del 62 o del 67. Esta es una modalidad, una forma de actuar, a la que el señor Senador tiene derecho. En algún momento le surgirá una capacidad creativa que le permita traer algo propio, y entonces ahí sí podremos discutir con mayor placer.

Si se analizan las expresiones del doctor Gonzalo Aguirre -aun cuando, obviamente, intentó contradecir mi opinión-, se puede constatar que termina señalando lo que dije. Me refiero a que acepta que en el Derecho uruguayo, en nuestro sistema jurídico, en nuestra legislación, no está definida la declaración de interés general. Entonces, este aspecto es de libre interpretación y, lo que es más grave, no tiene consecuencias jurídicas. La declaración de interés general que se realiza a través del presente proyecto de ley no tiene consecuencias jurídicas y, además, no se establece ningún tipo de sanción. En consecuencia, los titulares del derecho de propiedad, con las características que están descritas en el proyecto de ley, no tienen la obligación de incorporarse al nuevo sistema, porque no está así específicamente determinado con las sanciones correspondientes.

Por otra parte, esta iniciativa presenta un error importante en su artículo 2º -al cual ya hice referencia cuando me tocó hacer uso de la palabra-, que volveré a plantear cuando se ingrese en la discusión particular. En ese momento, quedará claramente de manifiesto si la Bancada oficialista está o no dispuesta a introducir modificaciones al proyecto de ley. Sé que no lo está, porque así se expresó en la Comisión, donde se habló de un nuevo proyecto de ley para corregir algunos defectos del presente. Por ejemplo, se señaló expresamente que esa facultad que se da al Poder Ejecutivo de establecer excepciones en cuanto al régimen que se define por el artículo 1º, cuando se ejerza, deberá ser comunicada a la Asamblea General. En esa oportunidad se me trasmitió que, ya que se iba a presentar un proyecto -o que podía llegar a presentarse- estableciendo la necesidad de comunicar a la Asamblea General las excepciones, podía agregarse también las consecuencias en lo que refiere a la declaración de interés general.

Por lo tanto, señor Presidente, cuando se ingrese en la discusión del artículo 2º, propondremos una modificación para corregir un error muy grosero y evidente que tiene este proyecto de ley y, en función de las apreciaciones que se han realizado por parte del Miembro Informante, esperamos que las acompañen.

SEÑOR NICOLINI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NICOLINI.- Señor Presidente: lamento que el Senado no tome en cuenta las brillantes consideraciones del jurisconsulto Gallinal, pero, aparentemente, esta es la opinión del Senado. Creo que el señor Senador se enoja más con el doctor Gonzalo Aguirre que conmigo; en todo caso, es un problema de su Bancada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 17 en 24. Afirmativa.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: se ha señalado que este proyecto de ley ingresó en junio de este año, es decir que hace unos cuantos meses que está siendo considerado en el Parlamento. También con acierto se dijo aquí que esta discusión relacionada con el tema de la tierra se ha venido dando desde hace muchísimos años, desde la época de la fundación del Instituto Nacional de Colonización. La discusión se renueva en cada Legislatura, y por algo será; seguramente, porque es un tema muy importante como para que no esté presente en todos los períodos. Probablemente va a seguir estando, ya que no será este el único gesto que este Gobierno tendrá con relación al tema de la tierra, sino que vendrán otros.

En realidad, el tema de las sociedades anónimas hace a los grandes propietarios, ya que en los pequeños fraccionamientos -40, 50, 100 ó 200 hectáreas- no se ve esta figura jurídica. No obstante, lo que quería exponer como fundamento de voto es lo que dice nuestro programa, ya que en base a él hicimos nuestra campaña electoral, se lo dimos a conocer a la población y ésta nos votó. Nuestro programa dice lo siguiente: "Pretendemos que el funcionamiento económico obtenga el mayor aprovechamiento posible de los recursos humanos, materiales, naturales, tecnológicos y financieros del país, lo que significa evitar su subutilización. Esto es particularmente importante en lo referente a la utilización de la tierra, cuya forma de tenencia y explotación deberá guardar coherencia con los objetivos del proyecto. Se garantizará un uso de la tierra como bien social, ya que es patrimonio de todos los uruguayos. Entendemos que la producción agropecuaria y su industrialización son de carácter estratégico para el país en su conjunto.

La transformación de la Estructura Agraria del País constituye un pilar fundamental del nuevo modelo y logrará un desarrollo sustentable si garantiza la seguridad alimentaria de toda la población, preserva los recursos naturales y logra que ‘los mas infelices sean los más privilegiados’.

Se propone en tal sentido la redistribución de la tierra, para lo cual, impedir la extranjerización y concentración es una condición necesaria. Para ello se derogará la ley que habilita la propiedad y explotación de la tierra a Sociedades Anónimas, siguiendo el legado Artiguista del Reglamento Provisional para el Fomento de la Campaña".

Esta es la razón de fondo por la que este proyecto, ya expuesto en nuestro Programa, fue enviado a consideración del Parlamento por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR CID.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: quiero señalar que esta fundamentación de voto es absolutamente a título personal y no involucra a mi sector ni a mi fuerza política.

Si bien este proyecto de ley viene firmado por todo el Consejo de Ministros, tengo algunas objeciones sobre su contenido. En concreto, anuncio al Cuerpo que no voy a votar el artículo 2º porque creo que legisla retroactivamente, lo que está en contra de lo que considero debe ser el país productivo y el estímulo a la inversión. En la medida en que se cambian las reglas de juego, se inestabiliza la posibilidad de inversión y, por lo tanto, creo que este artículo 2º es altamente inconveniente.

En líneas generales, he acompañado este proyecto de ley pese a que no participo de legislar solamente sobre las explotaciones agropecuarias e inmuebles rurales. Si queremos tener sociedades anónimas al portador, deberían ser para todas las actividades productivas del país y no creo que un sector que se ha dinamizado y valorizado, y que ha duplicado y triplicado sus bienes productivos agropecuarios, deba contar con una regulación con carácter retroactivo. En la anterior Legislatura, a iniciativa del Poder Ejecutivo de la época, este Cuerpo votó en forma unánime, con todos los sectores políticos, normas que daban un marco jurídico de seguridad, ya que se anunció que no se iban a fijar impuestos a las exportaciones, al estilo de lo que sucedió en la República Argentina. En ese momento de crisis, todos los sectores políticos que integramos este Cuerpo acompañamos ese proyecto de ley y creo que, en realidad, el artículo 2º va en contra de la certeza que quisimos dar al sector productivo.

En definitiva, más allá de alguna discrepancia filosófica de señalizar sólo a un sector productivo y no a todos los que integran el país -estoy de acuerdo con que las acciones sean al portador, pero no solamente para un sector-, he votado en general el proyecto. No obstante, el artículo 2º me genera un conflicto intelectual muy importante, por lo que no lo voy a acompañar con mi voto.

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

(Esta intervención ha sido eliminada de la versión taquigráfica, en aplicación del inciso final del artículo 104 del Reglamento del Cuerpo)

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: creo que con este proyecto de ley se hace un esfuerzo por encontrar una salida a este punto. Sin duda, tendrá que ser acompañado por un texto que establezca que cada vez que el Poder Ejecutivo haga una excepción, como ya ha sucedido, se debe comunicar a la Asamblea General por razones de transparencia. Posiblemente se trate de un proyecto separado, a los efectos de no demorar el trámite.

Creo que en la sociedad contemporánea se discriminan -porque a veces se está 40 años atrasado, pero otras tantas, 120- tres tipos de bienes y servicios: los que no tienen reproducción, como la tierra; los que sí la tienen, como los usuales en la producción industrial, y aquellos que ingresaron ahora, que pueden ser usados, no se agotan y se multiplican, como todos los bienes intangibles que dominan cada vez más. Los tres cuentan con regulaciones distintas y la propiedad ha cambiado sustancialmente según los bienes y servicios a los cuales se refiere. El que no entiende esto, no comprende el debate del mundo de hoy y no el de hace 40 años.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: vengo estudiando este tema hace muchos años, a raíz de una consulta jurídica que me hizo el ex Senador Carlos Julio Pereyra cuando presentó su primer proyecto. Para corregir fechas, diré que en la penúltima Legislatura volvió a presentar un proyecto similar a este, por lo que el tema no es tan antiguo.

Uno de los puntos que me convencieron -además de las cuestiones filosóficas e ideológicas que siempre existen en política- es que en el Uruguay, desde que se creó el Banco Central -donde trabajé-, se estableció que las acciones de las sociedades anónimas que tengan bancos, son nominativas. Esto generó la circunstancia intelectual de que podría darse el hecho -que se ha dado- de que banqueros que desarrollan su actividad con sociedades nominativas, trasladen -esto sucedió en nuestro país, reitero, cuando era empleado del Banco Central e, incluso, hicimos varios juicios y acciones paulianas, algunas de las cuales ganamos- lo que otros consideran exceso de ganancia a lugares donde las acciones sean al portador. En lo personal, he tenido en cuenta este equilibrio al hacer opciones sobre la materia y me parece que tiene alguna validez.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se rectifica la votación.

(Se vota:)

- 18 en 27. Afirmativa.

Se va a votar nuevamente en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 18 en 27. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR PENADES.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 25 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: en la exposición de la discusión en general señalamos un defecto notorio de este artículo, que merece ser tenido en cuenta.

Esta disposición establece la obligatoriedad de las actuales sociedades anónimas y en comandita por acciones, cuyo capital accionario estuviere representado por acciones al portador, de adecuar su capital accionario en función de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1º, dentro del plazo de dos años a contar desde la promulgación de la ley. Las que en ese lapso de dos años no lo hagan, van a ser consideradas disueltas pero, a su vez, como consecuencia de esa disolución, se van a adjudicar los inmuebles, semovientes y toda clase de bienes que forman parte de ellas.

El tercer inciso del artículo establece expresamente que esas adjudicaciones de inmuebles, semovientes y de toda clase de bienes que se hagan a los socios accionistas de las sociedades que no cumplan en el plazo de dos años con lo dispuesto en el primer inciso del artículo 2º, están exoneradas de todo tributo; sin embargo, quienes cumplan sin que sus sociedades se disuelvan, no están exoneradas de él, y sería de toda lógica, justicia y equidad que sí se les otorgara el beneficio. No es consecuencia de su obrar que tengan que hacer esa traslación de dominio. En consecuencia, lo que correspondería realizar para solucionar este problema es lo siguiente. El primer inciso del artículo 2º expresa: "Las actuales sociedades anónimas y en comandita por acciones, cuyo capital accionario estuviere representado por acciones al portador y que fueren titulares de inmuebles rurales o explotaciones agropecuarias, dispondrán del término de dos años a contar de la promulgación de la presente ley, para adecuar el capital accionario de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1º", y ahí debería agregarse: "Las adecuaciones que se hagan en el cumplimiento del presente inciso estarán exoneradas de todo tributo". De esta forma, se haría justicia con lo que a continuación se dispone para las que obligatoriamente van a ser condenadas a la disolución y a las adjudicaciones a otras titulares.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: quiero defender con total convicción este artículo 2º tal como está redactado.

A su vez, deseo aclarar que esta disposición tiene tres incisos bien separados. El primero de ellos refiere al mandato legal, que es el que responde como consecuencia de lo establecido en el artículo 1º. Es la clarísima consecuencia jurídica, el mandato legal por el cual las actuales sociedades que sean con acciones al portador y propietarias de inmuebles rurales o establecimientos agropecuarios, adecuen su forma jurídica a las acciones no al portador. Esa es la consecuencia de no estar en consonancia con lo que el artículo 1º ordena.

Por otro lado, este artículo no tiene absolutamente nada que ver con la retroactividad. Precisamente, la retroactividad es un concepto sobre el cual al pueblo uruguayo le gusta hablar mucho, ya que siempre lo hace, pero si se tomara como concepto de retroactividad la idea de que la ley se aplica a situaciones ya existentes, no habría ninguna norma en el país que no fuera retroactiva; no habría ninguna desde 1830 a la fecha. Por ejemplo, la ley que fija los 18 años como capacidad civil -que antes correspondía a los 21 años- sería retroactiva. ¿Por qué? Porque se aplica a los muchachos que tienen 15 y existían al momento de la ley. Entonces, esto está claro: es retroactiva. La norma constitucional que adecuó el sistema de ajuste jubilatorio agregando un inciso -como se recordará- en el plebiscito de 1989, y que en una Disposición Transitoria dice expresamente que empieza a regir el 1º de enero siguiente -es decir que es evidente que no es retroactiva-, también se aplicaba a los que ya estaban jubilados. Si se crea un impuesto, se aplica a las personas que ya viven, y no sólo a las que nazcan después de la ley. De manera que ese concepto de retroactividad de la ley es silvestre, no correcto, porque significa que los efectos de la norma, operando lo que los abogados dicen en latín la restitución in integrum, van hacia atrás. Sería retroactiva si, por ejemplo, dijera que a las actuales sociedades anónimas al portador les vamos a aplicar una sanción por ser o haber sido hasta ahora. Eso sería retroactivo. Ahora bien, establecer en un inciso que se otorga un plazo de dos años para que adecue su forma jurídica, no tiene absolutamente nada que ver con la retroactividad.

Desde luego que las palabras pueden utilizarse en el sentido del diccionario o del uso común, pero cuando estamos hablando de un problema jurídico relativo a la retroactividad de la ley, que consiste en aplicar un principio legal y no constitucional -pues surge del Código Civil- de que las leyes no tienen efecto retroactivo, hay que usar la expresión "retroactivo" en el sentido que la ciencia o arte -como dice el Código Civil, que en este caso es el Derecho- dan al término. Si no se pone un concepto técnico, no existe una ley que no sea retroactiva. El caso de una ley que dijera que se crea un impuesto para los que nazcan con posterioridad a ella, a lo mejor tiene algo de retroactividad, porque incluiría a las madres embarazadas y a los niños que van a nacer. No existen las leyes que no tengan algún efecto jurídico sobre situaciones anteriores.

Este concepto está muy trabajado y estudiado en el campo del Derecho. Admito que así como se habla de otras palabras y se les da el sentido común o el del diccionario, el término puede ser usado en otro sentido, lo cual está muy bien.

Con respecto al segundo inciso, debo decir que no establece una exención tributaria para quienes cumplan con la adecuación en los dos años. ¿Por qué no lo establece? ¿Cuál es el sentido lógico sistemático que tiene esto? Tiene el sentido de que la propiedad, si se hace la adecuación dentro de dos años, sigue perteneciendo a la misma persona jurídica que es esa sociedad anónima -aunque hay otros casos, tomemos este ejemplo-, hoy por acciones, que es la titular y propietaria, pero que en el futuro será con acciones nominativas. Estamos hablando de la misma sociedad. Entonces, no se necesita decir que está exonerada del traspaso que, por ejemplo, pudiera ocurrir por casualidad. Se trata de la misma sociedad o persona jurídica titular de un derecho de propiedad que no lo transfiere a nadie. Por lo tanto, no habrá impuestos ni por la venta. Incluso, creo que ni siquiera tendrán que llamar a un escribano, aunque sí lo precisarían para la escritura según la que, a partir de tal fecha, la sociedad en lugar de ser por acciones al portador, pasará a ser por acciones nominativas.

Luego, con respecto al último inciso -no me estoy refiriendo al segundo-, se podría plantear la objeción de que al incumplidor se le está dando una ventaja, precisamente porque, por serlo, no paga impuestos. Debo decir que esto está muy pensado y busca el equilibrio al que me referí anteriormente, cuando hablé de varios de ellos. Aquí lo que se busca es el equilibrio entre las potestades que toma el Estado uruguayo a partir de este inciso. Me refiero nada menos que a declarar de pleno derecho -ipso jure, según los términos usados por los abogados- la disolución, la que tiene lugar como sanción.

Todos sabemos que en materia de sociedades anónimas el término "disolución" equivale a la quiebra para el comerciante que no opera como sociedad anónima. Como se establece en el Código de Comercio, esto lo determina un Juez, que pide la disolución. Aquí la ley está dando facultades al Estado -en la práctica, equivale a darle esas facultades al Gobierno- para declarar que ya no existe más esa sociedad anónima, que está disuelta; y declarar que se disolvió una persona jurídica implica una sanción de tal gravedad en el sentido tradicional del Derecho, que requiere un atenuante, un equilibrio. Es verdad: la sociedad no va a existir más, porque es de interés público y nacional que las sociedades que son propietarias de tierras no tengan acciones al portador -así lo determina el artículo 1º-, pero a cambio de eso y debido a que se aplica semejante sanción, se le otorga una especie de reparación que consiste en que no se le va a cobrar impuestos, porque, ahí sí, tendría que haber traslado dominial. ¿Por qué? Porque la sociedad no existe más y los bienes estaban a su nombre; por lo tanto, habría que ir a los Registros y habría que pagar impuestos. Todo esto es así.

En definitiva, este es el equilibrio que creo que plantea el proyecto de ley.

Quiero reconocer -y me gustaría que no sólo fuera reconocido por nuestra Bancada- que cuando el ex Senador Carlos Julio Pereyra presentó un proyecto de ley parecido al que estamos considerando, hace pocos años -estoy hablando de la penúltima Legislatura, cuando el doctor Batlle era Senador-, la expresión "interés nacional" ya estaba incluida en la propuesta, como también estaba en el proyecto -que luego se transformó en ley- de Wilson Ferreira Aldunate. Me parece que todo el mundo tendría el deber de recordar lo que el señor Senador Nicolini manifestó hace un rato en este sentido.

Asimismo, recuerdo que integraba nuestra Bancada el actual Ministro de Economía y Finanzas, quien formuló objeciones, no en cuanto al fondo del proyecto de ley, pero igualmente importantes. Una de ellas tenía que ver con la retroactividad, por cuanto en aquel proyecto no existía un mecanismo parecido al que ahora se establece.

El entonces Senador Astori también señaló que había que buscar algún mecanismo por el cual, en circunstancias muy especiales de inversiones, controlables hasta por el prestigio del inversor y las cantidades en juego, se planteara alguna salida para que esas inversiones no se desalentaran. Debo decir que esto también está contemplado en el proyecto de ley, e implica una posibilidad del Poder Ejecutivo en ese sentido.

Aclaro que esto no está en el artículo 2º, por lo que estoy fuera del tema, pues ya fue votado.

De modo que esta iniciativa recoge muchos de los equilibrios que han sido planteados por señores Senadores de distintas Bancadas.

En definitiva, me parece que el artículo 2º debe ser votado tal como está.

SEÑOR CID.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador para contestar una alusión inadvertida, por lo menos, para quien habla.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: lamento que esta discusión se haya transformado en un debate público dentro de la Bancada de Gobierno. Traté de realizar una exposición lo más prudente posible respecto a la postura mayoritaria de nuestra Bancada, pero no puedo dejar pasar por alto el hecho de que algunos de los elementos que manejé, como el de la retroactividad que marca el artículo 2º, sea contestado públicamente por un compañero.

Más allá de los aspectos jurídicos que se puedan manejar por gente que es constitucionalista, de gran fuste y con una trayectoria política y pública destacada, cuando se lee el artículo 2º, que dice que los poseedores de acciones dispondrán de un término de dos años a partir de la promulgación de esta ley para adecuar el capital accionario, es evidente que estamos hablando de dos años para atrás. No estamos hablando de dos años para adelante. ¿Esto no tiene retroactividad? ¿No plantea falta de certeza jurídica lo que estamos votando en el artículo 2º? Realmente me llama a sorpresa que se pueda leer de otra forma.

SEÑOR GALLINAL.- Son siete años.

SEÑOR CID.- Es posible, pero la ley dice que son dos años

SEÑOR GALLINAL.- Para adelante.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa recuerda que está en uso de la palabra el señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Si yo, como sociedad anónima, compré un predio hace tres años, a partir de la promulgación de esta ley estoy obligado a ser una sociedad anónima con títulos nominativos. Y esto es retroactivo, señor Presidente; no queda lugar a dudas. Repito que me llama la atención que se quiera interpretar de otra forma, porque la ley es realmente explícita en ese sentido. La intención del artículo 2º del proyecto de ley es que sea retroactivo; no hay otra intención prevista en este artículo.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: creo que aquí se presenta una confusión importante y que el señor Senador Gallinal, básicamente, está en lo cierto. ¿Qué dice el inciso segundo del artículo? Lo único que dice es que se puede adecuar la sociedad anónima con acciones al portador en una sociedad con acciones nominativas. Es cierto que no cambia la persona jurídica, pero esto tampoco sucede si se transforma en una sociedad de responsabilidad limitada, y aquí la única forma societaria en la que se le permite transformarse es en una sociedad anónima con acciones nominativas y no en una SRL. En nuestra vida diaria sucede infinidad de veces que una sociedad anónima se transforme en una SRL y viceversa.

Pero, ¿qué pasa? Si se quisiera transformar en cualquier otro tipo de sociedad que no sea una SRL, es decir, con responsabilidad total de sus socios y con todo su patrimonio -no sería de hecho sino de derecho, una persona sin limitación de su patrimonio-, ahí sí pagaría impuestos. Solamente no paga impuestos si se transforma en una sociedad anónima con acciones nominativas. Es decir que la ley sólo le admite dos posibilidades: transformarse en una sociedad anónima con acciones nominativas para no pagar impuestos, o dejar que se disuelva o se liquide. Ahora, ¿cómo sabemos quiénes son los socios o accionistas de una sociedad anónima con acciones al portador? En los hechos, lo que va a pasar es que se tendrá que esperar esos dos años para adjudicársela, sin pagar impuestos, a quienes dicen ser los accionistas. Además, puede darse el caso de que se le venda a alguien sin pagar el impuesto. Esto es lo que se está diciendo aquí y es lo que sucede en una sociedad anónima, en la que se pueden transferir acciones sin pagar los impuestos a la compraventa de tierras, como tampoco los de transmisión patrimonial, ni ninguno que se le parezca.

Por lo tanto, a mi juicio y compartiendo -en esencia- lo manifestado por el señor Senador Gallinal, considero que estamos haciendo algo que es absolutamente incorrecto. Me parece que lo que tiene que decir el proyecto, directamente, es que en dos años, cualquiera sea la transformación o la enajenación -porque la adjudicación va a tener lugar luego de una enajenación previa y, si se quiere, a alguien que no necesariamente es socio-, no se cobran impuestos, y se acabó el asunto. Lo que aquí se establece son dos posibilidades: o se transforma en una sociedad anónima con acciones nominativas -y en ninguna otra forma societaria- para no pagar impuestos, o espera dos años y, siendo socio o no, alguien se quedará con esa titularidad sin pagar impuestos.

Esta es mi interpretación del artículo 2º, cuya redacción me parece que contiene errores.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

(Parte de esta exposición ha sido eliminada de la versión taquigráfica, en aplicación del inciso final del artículo 104 del Reglamento del Cuerpo)

SEÑOR GALLINAL.- Creo que en la mayoría de los casos, quienes decidan -en cumplimiento del artículo 2º, que los obliga- adecuarse a los requerimientos de la nueva ley, van a pagar impuestos. Inclusive, la sociedad anónima con acciones al portador que se convierta en sociedad anónima con acciones nominativas, necesariamente es otra persona jurídica aun cuando pueda no exigírsele el pago de determinados tributos. Pero dejemos de lado esta situación, porque la ley da libertad para transformarse en lo que quiera. ¡Bueno sería que además de decirle que no puede ser una sociedad anónima con acciones al portador, estableciera que tiene que ser una sociedad de determinadas características! Eso no lo dice. Para cumplir la ley basta con que adecue su personería jurídica, o la forma de su presentación, a los requerimientos de la ley, con lo que, en la mayoría de los casos, va a cambiar la persona jurídica. ¡Ni que hablar si decide, lisa y llanamente, poner el inmueble a nombre de una persona física! En esos casos tiene que pagar, entre otros impuestos, el que corresponde a las transmisiones patrimoniales, que además, ahora, para quien en esta operación haga las veces de comprador, ya no es solamente el 2% del valor del aforo, sino el 2% más el 5%, de acuerdo con la ley que se aprobara con nuestro voto en contra pocas semanas atrás.

El artículo 2º no es una consecuencia natural de lo que se dispone en el artículo 1º. Este último expresa que de ahora en adelante corresponde que la titularidad, en el caso de adquisiciones, se establezca de la manera en que se hace, y el artículo 2º rige para atrás, como muy bien señalaba el señor Senador Cid. Hablé de siete años, porque desde 1999 hasta la fecha se autorizó por ley la titularidad en la forma en que hoy se está llevando adelante. Por ello, señor Presidente, sería de toda lógica exonerarlo de los tributos correspondientes, pero si no quieren dar el brazo a torcer, quien va a salir perjudicado es, precisamente, quien cumpla de buena fe con las disposiciones de la ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º tal como fue aprobado en Comisión.

(Se vota:)

- 16 en 24. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Quiero hacer una aclaración que me interesa.

(Esta intervención ha sido eliminada de la versión taquigráfica, en aplicación del inciso final del artículo 104 del Reglamento del Cuerpo)

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 24. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

8) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de tres asuntos entrados fuera de hora.

(Se da de los siguientes:)

"La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se deroga el Timbre de Infraestructura Judicial.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

- por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender el subsidio por desempleo a los trabajadores de la empresa RILOMAN S.A.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

9) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Los señores Senadores José Korzeniak y Leonardo Nicolini presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley referido a la comunicación a la Asamblea General de las excepciones que se establezcan en relación con las acciones de sociedades propietarias de inmuebles rurales y de explotaciones agropecuarias".

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

(Texto del proyecto presentado:)

"PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Cuando el Poder Ejecutivo otorgue autorizaciones excepcionales, que permitan ser titulares de inmuebles rurales y de explotaciones agropecuarias a sociedades con acciones al portador, deberá comunicar las resoluciones respectivas a la Asamblea General, dentro de los quince días de adoptadas.

José Korzeniak, Leonardo Nicolini. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto procura que el Poder Legislativo se entere, de manera rápida y auténtica, de las excepcines que el Poder Ejecutivo pueda autorizar a la regla genérica según la cual las acciones deben ser nominativas cuando se trata de sociedades propietarias de inmuebles rurales y de explotaciones agropecuarias.

José Korzeniak, Leonardo Nicolini. Senadores."

10) ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Queremos proponer al Senado que los puntos que figuran en tercer y cuarto término del Orden del Día pasen al penúltimo y último lugar respectivamente, para comenzar de inmediato con el quinto punto del Orden del Día.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) REGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Justamente, quisiéramos tener claro cuál sería el método de trabajo a seguir en adelante, porque en más de tres horas de sesión hemos aprobado solamente los dos primeros puntos del Orden del Día. Como estas son épocas complejas y todos tenemos que adecuarnos para que el trabajo del Cuerpo salga mejor, me gustaría saber si el espíritu es continuar en el día de hoy hasta terminar con todos los puntos, o a determinada hora solicitar un cuarto intermedio y finalizar mañana. Solicito que esto se defina en forma clara y contundente.

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARAIBAR.- La observación que ha realizado el señor Senador Long es de recibo. En algún momento de la sesión pensábamos hacer una recapitulación sobre la discusión de los distintos temas. De todos modos, son las 18 horas y las sesiones normalmente duran hasta las 20; si a partir de ahora avanzamos rápidamente, podemos pensar en extender la jornada de hoy para terminar con los puntos que figuran en el Orden del Día, pero si vemos que la jornada tiende a extenderse mucho, pensaríamos en una sesión para mañana. Reitero que esto lo tendremos claro alrededor de las 20 horas, cuando casi hayamos completado la jornada de trabajo.

SEÑOR PENADES.- Las sesiones extraordinarias pueden durar hasta la medianoche.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se hará lo que resuelva el Cuerpo. El espíritu de la Presidencia, al igual que el de varios señores Senadores, es tratar de no sesionar nuevamente en el día de mañana.

(Dialogados)

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Quisiera consultar si la prórroga para extender el subsidio por desempleo a los trabajadores de la empresa RILOMAN S.A., que fuera enviada por la Cámara de Representantes al Senado, debe votarse en el día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- Acabamos de dar entrada a este asunto, pero como no está en el Orden del Día de hoy y las sesiones extraordinarias sólo pueden considerar aquellos puntos que figuran en él, la alternativa que tendríamos sería citar para una sesión extraordinaria dentro de cinco horas.

SEÑORA XAVIER.- Creo que deberíamos hacerlo.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Varios señores Senadores sentían la inquietud de tratar el proyecto de ley que elimina el Timbre de Infraestructura Judicial, recientemente aprobado por la Cámara de Representantes, a lo que ahora se agrega esto. A fin de convocar a una nueva sesión dentro de cinco horas, se aplicaría el inciso final del artículo 26 del Reglamento de la Cámara de Senadores, debiéndose determinar por 16 votos si se trata de un tema urgente. En ese sentido, hubo una consulta a Senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado, quienes nos trasmitieron que, en principio no tenían inconveniente en hacerlo.

SEÑOR HEBER.- No he sido consultado.

SEÑOR MICHELINI.- No puedo consultar a todos, pero conversé con varios colegas del señor Senador Heber y la aspiración era convocar a esa reunión, por lo que formulamos moción en tal sentido.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: creo que de esta manera no es como se hacen las cosas. Si hay voluntad por parte del oficialismo para votar una serie de proyectos de ley, que algunos de ellos en realidad no sabemos en qué consisten, deberíamos solicitar un pequeño cuarto intermedio, citar a los coordinadores, hablar allí -tal como corresponde- e intercambiar opiniones. Un señor Senador manifestó que había consultado sobre estos proyectos con Legisladores del Partido Nacional, y en este momento aquí hay cuatro Senadores que no sabemos de qué tratan y otro contestó negativamente. Entonces, si hay intención de citar a una sesión extraordinaria dentro de cinco horas para considerar dos temas, por lo menos nos merecemos saber en qué consisten y, además, conocer cuál es la intención de la Bancada de Gobierno sobre el Orden del Día de esta sesión. Reitero que solicito un cuarto intermedio para ordenar la sesión, a fin de reunirnos como corresponde, es decir, cambiando opiniones entre todos.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Creo que el señor Senador Heber tiene toda la razón.

Hay dos temas de fondo que nuestra Bancada tiene interés en considerar en el día de hoy, mañana o el 2 de enero: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario y la creación del Fondo Nacional de Salud. Estos son los dos temas que tienen mayor peso, porque los demás no son de tanta importancia. Entonces, si se quiere hacer un cuarto intermedio para acelerar el trámite de aquellos puntos que no son sustanciales, en lo personal no tenemos inconveniente.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: solicito que si vamos a pasar a cuarto intermedio sea después de que se traten los puntos cinco y nueve del Orden del Día, que tienen cierta urgencia. Uno de ellos es el nombramiento de un Embajador en el Reino de España y el otro es el relativo a la sede del Parlamento del MERCOSUR.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si hay acuerdo, así se hará.

Se va a votar la moción de pasar a cuarto intermedio después de considerar los puntos cinco y nueve.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

12) SOLICITUD DE ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO PARA ACREDITAR EN CALIDAD DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA REPUBLICA ANTE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA, AL SEÑOR RICARDO GONZALEZ ARENAS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: "Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo a efectos de acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Reino de España, al señor Ricardo González Arenas (Carp. Nº 712/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 712/06

Rep. Nº 408/06

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 6 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, con el fin de solicitar su conformidad, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, para acreditar en calidad de Embajador de la República, al señor Ricardo González Arenas.

La capacidad y eficiencia que el señor Ricardo González Arenas ha puesto de manifiesto en las actividades desarrolladas a lo largo de su carrera profesional, según se manifiesta en el currículum vitae que se adjunta, constituye a juicio del Poder Ejecutivo, un factor evidente de idoneidad para las responsabilidades que el Gobierno de la República se propone asignarle como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Reino de España.

El Poder Ejecutivo confía en que ese Cuerpo habrá de manifestar su conformidad con el propósito antes expuesto, accediendo a la solicitud que se le formula por el presente Mensaje.

El Poder Ejecutivo saluda a la Cámara de Senadores con su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano.

CURRICULUM VITAE

Ricardo González Arenas

DATOS PERSONALES

Nacido en Montevideo, el 18 de noviembre de 1955.

Divoricado, dos hijos. María Rocío (15 años) e Ignacio (11 años)

ESTUDIOS CURSADOS

1982 Doctorado en Diplomacia, Universidad de la República. Montevideo.

1978-1982 Estudios de Derecho y Relaciones Internacionales. Universidad de la República. Montevideo.

Otros: Diversos cursos de especialización en Derecho Internacional, Integración Regional, Políticas Agrícolas y Negociaciones Internacionales.

IDIOMAS

Español (lengua materna), inglés y francés.

CARRERA DIPLOMATICA

2005 Embajador, Representante Permanente Adjunto del Uruguay ante la Oficina de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ginebra.

2003 Ministro, Representación Permanente del Uruguay ante la Oficina de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ginebra.

2002 Ascenso por concurso de oposición al gradode Ministro Consejero del Servicio Exterior del Uruguay.

2000-2003 Director General Adjunto para Asuntos Económicos Internacionales. Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay. Montevideo.

1994-2000 Ministro Consejero en la Misión del Uruguay ante las Comunidades Europeas, el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo, Bruselas.

1991-1994 Director de Organismos Económicos Internacionales. Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay. Montevideo.

1986-1991 Primer Secretario en la Misión Permanente del Uruguay ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros organismos especializados con sede en Ginebra.

1983 Ingreso por concurso de oposición y méritos al Servicio Exterior del Uruguay.

BREVE RESUMEN DE LAS RESPONSABILIDADES DESEMPEÑADAS

Años 2003-2006

- Representante del Uruguay ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Ginebra, 2006)

- Integrante del equipo negociador del Uruguay en las negociaciones comerciales multilaterales de la OMC, Ronda Doha (2003-2006)

- Negociador uruguayo en las discusiones bilaterales para la adhesión de Argelia, Vietnam y Rusia a la OMC (2003-2005).

- Presidente de la Delegación uruguaya a la Cumbre Mundial de Jefes de Estado y de Gobierno para la Sociedad de la Información (Túnez, noviembre 2005) y Jefe negociador durante su proceso preparatorio (Ginebra, 2003-2005).

- Seguimiento de las actividades de diversos organismos internacionales especializados con sede Ginebra: Organización Internacional del Trabajo (OIT) Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), entre otros, y en el área del derecho humanitario.

Años precedentes

- Dirección estratégica de las actividades de inserción internacional del Uruguay en el ámbito multilateral y bilateral (2000-2003).

- Segundo negociador principal del Tratado de Libre Comercio entre Mexico y Uruguay (2003).

- Integrante de la delegación presidencial uruguaya a la Segunda Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y la Unión Europea (Madrid, mayo 2002).

- Responsable a nivel nacional de las negociaciones Unión Europea-MERCOSUR para la celebración de un Acuerdo de Asociación Interregional Económica y Política (2000-2003).

- Representante uruguayo en el equipo negociador del MERCOSUR en Bruselas durante las discusiones con la Comisión Europea y el Consejo de la UE para la celebración de un Acuerdo entre la UE y el MERCOSUR (1994-2000).

- Coordinación del equipo negociador uruguayo en las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT (1991-1993). Integrante de la delegación uruguaya a la reunión ministerial de Marrakech (1994), en la que culminó la Ronda Uruguay del GATT.

- Coordinador y negociador uruguayo en los Grupos de Trabajo del MERCOSUR en materia de propiedad intelectual e inversiones.

- Responsable en la Misión Permanente en Ginebra de diversos grupos de negociación en el marco de la Ronda Uruguay del GATT (1987-1991).

PUBLICACIONES

2002 "Las negociaciones con la Unión Europea"

Artículo sobre la institucionalidad europea y competencias comunitarias en materia de negociación externa, destinado a los cursos de formación para diplomáticos organizados por la Organización de Estados Americanos (OEA).

2005 "En las puertas de la Sociedad de la Información"

Artículo publicado en la revista de Política Exterior del servicio diplomático del Uruguay.

Otras colaboraciones individuales y colectivas en diversas publicaciones en materia de política internacional.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA Nº 46

En Montevideo, el día catorce de diciembre del año dos mil seis, a la hora diecisiete y diez minutos se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros los señores Senadores, Milton Antognazza, José Korzeniak, Rafael Michelini, Enrique Rubio y Julio María Sanguinetti.

Faltan con aviso los señores Senadores Sergio Abreu, Luis Alberto Heber y Jorge Larrañaga.

Preside el señor Senador Alberto Couriel, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría el señor Secretario de Comisión Julio Durán, con la colaboración del Oficial II, señor Fabio Rodríguez.

De lo actuado se tomó versión taquigráfica cuya copia dacilográfica luce en el Distribuido Nº 1442/2006 que forma parte integrante de la presente Acta.

Abierto el acto, se pasa a considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.- ASUNTOS ENTRADOS:

1.1.- CARPETA Nº 712/2006. RICARDO GONZALEZ ARENAS. Solicitud de acuerdo para acreditarlo en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República, ante el Gobierno del Reino de España. Mensaje y Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1428/2006.

1.2.- CARPETA Nº 714/2006. CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL Y CIENTIFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE RUMANIA, SUSCRITO EN BUCAREST, RUMANIA, EL 17 DE SETIEMBRE DE 2004. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1429/2006.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Enrique Rubio.

2.- ASUNTOS CONSIDERADOS:

2.1.- CARPETA Nº 712/2006. RICARDO GONZALEZ ARENAS. Solicitud de acuerdo para acreditarlo en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República, ante el Gobierno del Reino de España. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1428/2006.

Informa sobre la misma el señor Senador Alberto Couriel.

2.2.- CARPETA Nº 660/2006. MECANISMO PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL TEMPORARIO ADOPTADO POR DECISION DEL CONSEJO DEL MERCADO COMUN DEL MERCOSUR Nº 25/03, HECHA EN MONTEVIDEO, E 15 DE DICIEMBRE DE 2003. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1272/2006.

Informa sobre el referido asunto el señor Senador Alberto Couriel.

2.3.- CARPETA Nº 704/2006. TRATADO CONSTITUTIVO DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAISES IBEROAMERICANOS, SUSCRITO EN MADRID, EL 7 DE OCTUBRE DE 1992. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Tratado.

Informa sobre el referido Tratado el señor Senador José Korzeniak.

RESOLUCIONES:

1.- CARPETA Nº 712/2006. RICARDO GONZALEZ ARENAS. Solicitud de acuerdo para acreditarlo en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República, ante el Gobierno del Reino de España. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1428/2006.

Se vota: 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador Alberto Couriel.

Se transcribe el texto del proyecto de resolución aprobado:

"Artículo Unico.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Reino de España al señor Ricardo González Arenas."

2.- CARPETA Nº 660/2006. MECANISMO PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL TEMPORARIO ADOPTADO POR DECISION DEL CONSEJO DEL MERCADO COMUN DEL MERCOSUR Nº 25/03, HECHA EN MONTEVIDEO, EL 15 DE DICIEMBRE DE 2003. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1272/2006.

Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador Alberto Couriel.

3.- CARPETA Nº 704/2006. TRATADO CONSTITUTIVO DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAISES IBEROAMERICANOS, SUSCRITO EN MADRID, EL 7 DE OCTUBRE DE 1992. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Tratado.

Se vota: 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador José Korzeniak.

A la hora diecisiete y treinta minutos se levanta a sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman el señor Presidente y el señor Secretario.

Alberto Couriel Presidente

Julio Durán Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase.

(Se lee)

- En consideración.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: se trata de la solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Reino de España al señor Ricardo González Arenas, que contó con la unanimidad de los presentes en la Comisión de Asuntos Internacionales, y además, sectores del Partido Nacional y del Partido Colorado expresaron que lo acompañaban.

No recuerdo conocer personalmente al señor Ricardo González -lamentablemente, en el momento en que tratamos este tema en Comisión el señor González todavía estaba en Ginebra; se ofreció a participar en la Comisión de Asuntos Internacionales, pero no tuvimos ni la oportunidad ni el tiempo para ello-, de manera que voy a realizar una fundamentación basada únicamente en su currículo. Seguramente algún señor Senador que tenga mayor conocimiento de él, podrá aportar más elementos.

El señor Ricardo González está doctorado en Diplomacia y tiene estudios de Derecho y Relaciones Internacionales en la Universidad de la República. Además, ha realizado diversos cursos de especialización en Derecho Internacional, Integración Regional, Políticas Agrícolas y Negociaciones Internacionales. Da la sensación de que es un experto en este tema de las negociaciones internacionales, porque ha tenido muchísima participación en ello en la sede de Ginebra.

En 1983 ingresó por concurso de oposición y méritos al Servicio Exterior del Uruguay. Luego, entre 1986 y 1991 fue Primer Secretario en la Misión Permanente del Uruguay ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros organismos especializados con sede en Ginebra. Entre 1994 y 2000 fue Ministro Consejero en la Misión del Uruguay ante las Comunidades Europeas, el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo, en Bruselas. Posteriormente fue Director General Adjunto para Asuntos Económicos Internacionales y en el año 2003 fue Ministro en la Representación Permanente del Uruguay ante la Oficina de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio, en Ginebra. Durante el año 2005 fue Embajador Representante Permanente Adjunto del Uruguay ante la Oficina de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio.

Por otro lado, me gustaría destacar que entre los años 2003 y 2006 fue integrante del equipo negociador del Uruguay en las negociaciones comerciales multilaterales de la OMC, en la Ronda de Doha. Además, dio seguimiento a las actividades de diversos organismos internacionales especializados con sede en Ginebra. Esto incluye la OIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entre otros, y el área del derecho humanitario.

También me gustaría destacar que en el año 2002 publicó un artículo sobre "Las negociaciones con la Unión Europea" y en el año 2005 otro en la revista de Política Exterior del servicio diplomático del Uruguay, denominado "En las puertas de la Sociedad de la Información".

Todas las personas con las que tuve oportunidad de conversar me han expresado una posición extremadamente favorable a la historia y a la capacidad de representar al país que tiene el señor Ricardo González.

Por todos estos motivos proponemos su designación como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Reino de España.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: quiero complementar el informe hecho por el señor Miembro Informante, porque tengo conocimiento directo del señor Ricardo González. Incluso, con el Vicepresidente estuvimos reunidos con él en Ginebra, donde nos brindó un invalorable apoyo y demostró la capacidad que tiene como negociador y, además, como ayudante de la delegación uruguaya frente a la OMC, que quiero destacar muy especialmente.

Por fin designamos el Embajador en España; hace tiempo que deberíamos haberlo hecho, porque nos ha costado en algo no tenerlo, y esperemos que el diplomático que vamos a designar en el día de hoy, el señor Ricardo González, encuentre el campo fértil como para restablecer la vinculación entre el Reino de España y Uruguay, que en estos momentos especialmente tiene tanta importancia para los intereses nacionales. No solamente corroboramos todo lo que ha mencionado el señor Senador Couriel, sino que además le deseamos suerte en una difícil tarea como es la delicada situación que hoy tenemos con la República Argentina, que muchas veces se pilotea desde España.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Brevemente, sin ánimo de alargar este punto pero siendo justos, queremos reconocer en este nombramiento las capacidades del doctor González, que realmente hemos podido conocer en cada una de las idas a Ginebra. Este propio currículo refleja su competencia e idoneidad, y en todos los temas hemos tenido una apoyatura tanto de él -porque lo estamos considerando en este momento-, como del resto de la Misión. Sin duda muestra una gran capacidad de trabajo, una capacitación muy importante en los más diversos temas. A su vez, nos estaba representando excelentemente en el Consejo de Derechos Humanos, donde Uruguay había tenido la posibilidad de llevar adelante ese sitio por un buen tiempo; también hemos tenido un reconocimiento de la tarea llevada adelante en Doha. Sin duda este currículo avala una responsabilidad y un trabajo muy importantes, como el que se puede realizar en el Reino de España.

Por todo ello, confío en que va a ser un excelente representante de nuestro país y me congratulo de votar en la tarde de hoy esta designación.

Muchas gracias.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- El Partido Colorado votó esta venia en Comisión y ahora reitera su apoyo. El candidato propuesto pertenece a una generación hija del concurso y de un proceso de profesionalización muy importante en Relaciones Exteriores, que no siempre ha sido suficientemente valorizado. La carrera del señor González Arenas ha estado fundamentalmente referida a la negociación comercial y al mundo multilateral. Esta es la primera vez que encara una misión bilateral y representa un gran desafío, ya que el Reino de España es un país complejo para cualquier Embajador latinoamericano, y más para el nuestro dadas las circunstancias actuales. No tengo dudas de que desem-peñará su tarea con gran dedicación y también con eficacia.

De modo que reiteramos nuestro voto favorable.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Adhiero a los conceptos vertidos sobre la designación del señor Ricardo González Arenas, pues me parecen todos muy válidos. Asimismo deseo destacar que, tal como señaló el señor Senador Heber, efectivamente la Misión en España tiene una enorme importancia, ya que se van adicionando otros temas como el de la Argentina, el del Tratado de 1870 y muchos otros que tienen que ver con el comercio. Estamos designando a un Embajador de carrera, tal como ya lo hemos hecho en algunos casos anteriores. Me parece que por la vía de los hechos, en virtud de las afirmaciones realizadas al comienzo de esta Administración por algún jerarca del Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto a que el Uruguay no poseía suficientes personas de confianza para estas designaciones -lo que motivara un muy equivocado decreto, a mi juicio, por el cual se elevaron de diez a veinte las personas que podían ser designadas para estos cargos de particular confianza-, ha quedado demostrado que las personas están y son muchas, porque hemos votado cantidad de venias de este tipo. Además, se trata de gente calificada que ha seguido el proceso de profesionalización en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que incluye, entre otras cosas, ingresos y ascensos por concurso, capacitación permanente, etcétera, que si bien de pronto es imperfecto, como todas las cosas que se pueden hacer, de todos modos constituye una base importante que ha generado avances en la materia.

En el día de hoy, al votar esta designación, de alguna forma estamos reconociendo el proceso mencionado. Me parece importante destacar esto no solamente por el señor González Arenas, sino también por los muchos funcionarios de carrera, algunos Embajadores y otros ocupando cargos menos reconocidos, que también tienen una gran capacidad.

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARAIBAR.- Hemos tenido ocasión de conocer al Embajador Ricardo González Arenas y coincidimos con las apreciaciones hechas por los señores Senadores que tuvieron oportunidad de trabajar más estrechamente con él. Celebramos que sea designado ante el Reino de España un Embajador de carrera, porque sin entrar en detalles -que de ninguna manera corresponden-, recuerdo muy variadas experiencias de pasados recientes y más lejanos donde la representación diplomática del Uruguay en España no estuvo a la altura de las circunstancias. Creemos que esto tal vez enmiende actuaciones anteriores y, como bien se señaló, ayude a resolver situaciones complejas.

Por otra parte, quiero referirme a algo que no se puede dejar pasar por alto. Cuando el año pasado, al comienzo de este Gobierno, se sostuvo que era necesario ampliar la nómina de cargos políticos para ocupar cargos diplomáticos, en ningún momento la razón fue que el personal diplomático de carrera no fuera idóneo ni técnicamente bien capacitado, sino que había gran cantidad de personas bien calificadas. Sin embargo, debemos decir que hay de todo y hemos tenido experiencias de todo tipo. Sabíamos que había muchísima gente bien calificada y que a ella le iba a llegar el momento en función de los procesos de designación y de cumplimiento de los plazos para ocupar determinados cargos.

Queremos fundamentar que un gobierno nuevo tiene derecho a considerar que, en determinadas representaciones diplomáticas, además de idoneidad técnica tiene que haber confianza política, en función de experiencias vividas anteriormente. No recuerdo exactamente, pero tengo entendido que en el año 1985 también se amplió el número de cargos diplomáticos de designación política en virtud de la realidad que se vivía. En aquel momento se salía de la dictadura a la democracia, mientras que ahora la asunción del Frente Amplio requería en algunos casos muy específicos -creo que no llegan a ser una decena- que además de idoneidad y profesionalización en el cargo se tenga la necesaria confianza política que exige la representación. Todos los que han ocupado un cargo diplomático saben que hay Embajadas particularmente sensibles y que la relación entre el Gobierno y el Embajador es imprescindible para el buen desempeño de la función.

En Embajadas de primer nivel, donde las responsabilidades son importantes, se ha respetado la designación en muchos casos de funcionarios muy capacitados y de carrera que han cumplido y siguen cumpliendo su función, a pesar de que notoriamente su filiación política no siempre es frenteamplista. Sin embargo, conozco estos aspectos -esta apreciación corre por mi cuenta- y en distintas instancias en que he tenido ocasión de hablar con ellos, debo reconocer que esa filiación político partidaria no frenteamplista en ningún momento significó un sesgo para no cumplir con la función diplomática ni con la defensa de los intereses generales del país.

SEÑOR LONG.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BARÁIBAR.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR LONG.- El señor Senador Baráibar contestó claramente la interrogante que nosotros habíamos planteado al decir que esos casos no llegaban a una decena. El decreto anterior establecía que eran diez cargos y la nueva Administración elaboró un decreto en el que pasaban de diez a veinte. Ese fue el cambio, y nosotros estuvimos en contra de él en su momento.

Para terminar la discusión, quiero señalar que la expresión utilizada fue que no eran personas de confianza política del Gobierno. Creo que esa expresión fue corregida posteriormente y se dijo que en realidad debían ser personas de confianza del país y lo mencionó la misma persona que había empleado la primera expresión. Pensé que ya habíamos zanjado esta discusión y me preocupa que surjan nuevamente los mismos argumentos que, a mi juicio, eran totalmente equivocados.

SEÑOR PRESIDENTE.- Personalmente, me preocupa que reiteradamente nos desviemos del tema en consideración. Estamos hablando de una venia y no de los criterios para designar cargos de confianza, que ya fueron tratados hace un año en este Parlamento. En consecuencia, propongo que volvamos al tema que se está debatiendo.

Puede continuar el señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARAIBAR. Quiero aclarar que de los veinte cargos a los que hice referencia, diez fueron designados en representación diplomática y creo que no se han llegado a ocupar los veinte.

Nosotros también creíamos que la discusión ya estaba zanjada porque la vida lo había resuelto de buena manera, pero en aras de la intervención del señor Senador Long, me pareció necesario hacer la precisión del caso.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la solicitud de acuerdo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Reino de España, al señor Ricardo González Arenas.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) ACUERDO DE SEDE ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) PARA EL FUNCIONAMIENTO EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE LA COMISION PARLAMENTARIA CONJUNTA DEL MERCOSUR Y SU SECRETARIA ADMINISTRATIVA PERMANENTE, SUSCRITO EN MONTEVIDEO, EL 8 DE DICIEMBRE DE 2005

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en noveno término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de Sede entre la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), para el funcionamiento en el territorio de la República de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR y su Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente, suscrito en Montevideo, el 8 de diciembre de 2005. (Carp. Nº 688/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 688/06

Rep. Nº 406/06

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 6 de noviembre de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168 numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Acuerdo de Sede entre la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para el funcionamiento en el territorio de la República de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR y su Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente, suscrito en Montevideo, el 8 de diciembre de 2005.

I. ANTECEDENTES.

El Tratado de Asunción, al establecer el marco jurídico para el MERCOSUR, previó una instancia parlamentaria en el proceso de integración. Es así que en el inciso primero del artículo 24 se expresa: "Con el objeto de facilitar el avance hacia la conformación del Mercado Común se establecerá una Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR".

En el Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del MERCOSUR (Protocolo de Ouro Preto) de 17 de diciembre de 1994, se concreta la inclusión de la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC) órgano representativo de los Parlamentos de los Estados Partes en el ámbito del MERCOSUR.

Posteriormente, los artículos 30 y 34 del Reglamento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR disponen la creación y las funciones de la Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente de la Comisión Parlamentaria Conjunta, con sede en la ciudad de Montevideo.

En consecuencia, se hizo necesario convenir el respectivo Acuerdo de Sede entre la República Oriental del Uruguay y el MERCOSUR para facilitar el desarrollo de las actividades de la Comisión Parlamentaria Conjunta y de su Secretaría Administrativa, delimitando su estatuto en el Estado donde se radican y fijando las prerrogativas que se le conceden. En tal sentido, el Consejo del Mercado Co-

mún del MERCOSUR, por Decisión Nº 34/05 aprobó el texto del respectivo Acuerdo de Sede, que fue suscripto por las Partes, en la ciudad de Montevideo, el 8 de diciembre de 2005.

II. EL ACUERDO.

II.1. Ambito de aplicación.

En el Capítulo I se determina que el Acuerdo rige, en el territorio de la República Oriental del Uruguay, lo relativo a las funciones y actividades de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR y de su Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente en la República Oriental del Uruguay (artículo 1º).

II.2. Definiciones

El Capítulo II contiene los conceptos genéricos de las expresiones a que se refiere el Acuerdo, tales como "las Partes", "República", "Gobierno", "Secretaría", "bienes", "territorio de la República", "sede" y "archivos" (artículo 2º).

II.3. Estatuto.

En el Capítulo III se prevé:

a. Capacidad. La Comisión Parlamentaria Conjunta y su Secretaría gozarán, en el territorio de la República, de la capacidad jurídica de derecho interno para el ejercicio de sus funciones (artículo 3º). Esta disposición expresa, asimismo, que en ejercicio de los derechos atribuidos por ella, la Comisión Parlamentaria Conjunta ni su Secretaría podrán ser sometidas a fiscalizaciones, reglamentos u otras medidas respectivas por parte del Gobierno, sin perjuicio de la atención y cooperación que puedan prestar a cualquier petición que al respecto le formule el Gobierno.

b. Inmunidad de jurisdicción y renuncia a la misma. El MERCOSUR gozará de inmunidad de jurisdicción en todo lo que sea pertinente para el funcionamiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta y su Secretaría, la que podrá ser renunciada por aquél, para cada caso específico (artículos 4º y 5º).

c. Inviolabilidad. La sede de la Comisión Parlamentaria Conjunta y su Secretaría y sus archivos son inviolables. Los bienes de la Comisión Parlamentaria Conjunta y de su Secretaría, estarán exentos de registro, confiscación, expropiación y cualquier otra forma de intervención, sea cual sea el lugar donde se encuentren (artículo 6º).

d. Exenciones tributarias. La Comisión Parlamentaria Conjunta, su Secretaría y sus bienes estarán exentos en el territorio de la República de determinados tributos, no estándolo de las tasas, tarifas o precios que constituyan una remuneración por servicios de utilidad pública efectivamente prestados (artículo 7º).

e. Facilidades en materia de comunicaciones. Para sus comunicaciones oficiales, la Comisión Parlamentaria Conjunta y su Secretaría, gozarán de facilidades no menos favorables que las otorgadas por la República a las misiones diplomáticas permanentes, no siendo objeto de censura la correspondencia u otras comunicaciones oficiales de la Secretaría. Además, se otorga a la correspondencia por correos o valijas el mismo estatuto de prerrogativas que el concedido a los correos y valijas diplomáticas. Las Partes podrán acordar medidas apropiadas en materia de seguridad (artículo 8º).

II.4. Disposiciones generales.

El Capítulo IV (Disposiciones generales) contiene un solo artículo que refiere a la vigencia del Acuerdo. El artículo 9º prevé que entrará en vigor a los quince días de la comunicación que efectuará la República al MERCOSUR, notificando el cumplimiento de los requisitos constitucionales pertinentes y estará vigente hasta sesenta días después de que entre en vigor el Acuerdo de Sede del Parlamento del MERCOSUR.

En conclusión, el Acuerdo de Sede, al establecer las condiciones y prerrogativas que regirán las funciones y actividades de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR y su Secretaría Administrativa en la República, resulta esencial para el funcionamiento de dichos órganos, y por ende, para el funcionamiento del Organismo Internacional del que forman parte.

A efectos de lograr la entrada en vigor de dicho Acuerdo, el Poder Ejecutivo entiende de importancia su pronta ratificación, para lo cual se solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, Danilo Astori, Jorge Brovetto, Eduardo Bonomi, Juan Faroppa.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 6 de noviembre de 2006.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo de Sede entre la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para el funcionamiento en el territorio de la República de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR y su Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente, suscrito en Montevideo, el 8 de diciembre de 2005.

Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, Danilo Astori, Jorge Brovetto, Eduardo Bonomi, Juan Faroppa.

ACUERDO DE SEDE ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) PARA EL FUNCIONAMIENTO EN EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE LA COMISION PARLAMENTARIA CONJUNTA DEL MERCOSUR Y SU SECRETARIA ADMINISTRATIVA PARLAMENTARIA PERMANENTE

La República Oriental del Uruguay y el MERCOSUR;

Teniendo presente:

Que el Tratado de Asunción estableció las bases para la constitución del Mercado Común del Sur;

Que conforme al Artículo 1 del Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del MERCOSUR (Protocolo de Ouro Preto) la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR (CPC) constituye uno de los órganos del MERCOSUR.

Que los artículos 30, 34 y 35 del Reglamento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR, disponen la creación y las funciones de la Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR con sede en la ciudad de Montevideo;

Que el "Acuerdo de Sede entre la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para el funcionamiento de la Secretaría Administrativa del MERCOSUR" aprobado por Ley Nº 16.829, de 29 de mayo de 1997, establece modalidades de la cooperación entre las Partes;

Que a fin de facilitar el desarrollo de las actividades de la CPC y su Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente en el territorio de la República Oriental del Uruguay es necesario establecer las modalidades de cooperación entre las Partes, determinando las condiciones y prerrogativas que facilitarán el desempeño de las funciones de la CPC y de la Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente de la CPC;

ACUERDAN:

CAPITULO I

AMBITO DE APLICACION

Artículo 1. Ambito material

El presente Acuerdo regirá el estatuto en cuyo marco se desarrollarán las funciones y actividades de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR y de su Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente en el territorio de la República.

CAPITULO II

DEFINICIONES

Artículo 2. Definición de términos empleados

A los efectos del presente Acuerdo,

a) La expresión "las Partes" significa las Partes del presente Acuerdo (por un lado la República Oriental del Uruguay y por el otro el MERCOSUR).

b) La expresión "República" significa República Oriental del Uruguay.

c) La expresión "Gobierno" significa el Gobierno de la República Oriental del Uruguay.

d) La expresión "Secretaría" significa Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente de la CPC.

e) La expresión "bienes" comprende los inmuebles, muebles, derechos, fondos en cualquier moneda, metales preciosos, haberes, ingresos, publicaciones, y en general, todo lo que constituya el patrimonio de la Secretaría.

f) La expresión "territorio de la República", significa el territorio de la República Oriental del Uruguay.

g) La expresión "sede" significa los locales donde la CPC y su Secretaría desempeñan sus funciones.

h) La expresión "archivos" o "archivos de la CPC" o "archivos de la Secretaría" comprende la correspondencia, manuscritos, fotografías, grabaciones y, en general, todos los documentos y datos almacenados por cualquier medio, incluidos los electrónicos, que estén en poder de la CPC o de la Secretaría, sean o no de su propiedad.

CAPITULO III

ESTATUTO

Artículo 3. Capacidad

La CPC y su Secretaría gozarán, en el territorio de la República, de la capacidad jurídica de derecho interno para el ejercicio de sus funciones.

A dichos efectos, podrán:

a) Tener en su poder fondos en cualquier moneda, metales preciosos, etc., en instituciones bancarias o similares y mantener cuentas de cualquier naturaleza y en cualquier moneda;

b) Remitir o recibir libremente dichos fondos dentro del territorio, así como hacia y desde el exterior y convertirlos en otras monedas o valores.

En ejercicio de los derechos atribuidos por este artículo, la CPC ni su Secretaría podrán ser sometidas a fiscalizaciones, reglamentos u otras medidas restrictivas por parte del Gobierno. No obstante, la CPC y su Secretaría prestarán la debida atención y cooperarán con toda petición que a dicho respecto le formule el Gobierno, en la medida que estime atenderla sin detrimento de sus intereses.

Artículo 4. Inmunidad de jurisdicción

El MERCOSUR gozará de inmunidad de jurisdicción en todo lo que sea pertinente para el funcionamiento de la CPC y su Secretaría.

Artículo 5. Renuncia a la inmunidad de jurisdicción

El MERCOSUR podrá renunciar, para el caso específico, a la inmunidad de jurisdicción de que goza.

Dicha renuncia no comprenderá la inmunidad de eje-cución, para la que se requerirá un nuevo pronunciamien-to.

Artículo 6. Inviolabilidad

La sede de la CPC y su Secretaría y sus archivos, cualquiera sea el lugar donde éstos se encuentren, son inviolables.

Los bienes de la CPC y su Secretaría, estén o no en poder de la CPC o la Secretaría y cualquiera sea el lugar donde se encuentren, estarán exentos de registro, confiscación, expropiación y toda otra forma de intervención, sea por vía de acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa.

Artículo 7. Exenciones tributarias

1. La CPC, su Secretaría y sus bienes estarán exentos, en el territorio de la República:

a) de los impuestos directos.

b) de los derechos de aduana y de las restricciones o prohibiciones a la importación, respecto de los bienes que importe la Secretaria para su uso oficial. Los artículos importados bajo este régimen no podrán ser vendidos en el territorio de la República sino conforme a las condiciones vigentes actualmente o a aquellas más favorables que se establezcan;

c) de los impuestos al consumo y a las ventas;

d) del impuesto al valor agregado incluido en las adquisiciones en plaza de bienes y servicios que realice con destino a la construcción, reciclaje o equipamientos de sus locales, así como en la de aquellos bienes y servicios que se adquieran en el marco de la cooperación con otros organismos internacionales.

Las autoridades competentes del Gobierno podrán disponer, si lo estiman pertinente, que dicha exención sea sustituida por la devolución del impuesto al valor agregado.

2. No estarán exentos de la CPC, la Secretaría ni sus bienes, de las tasas, tarifas o precios que constituyan una remuneración por servicios de utilidad pública efectivamente prestados.

Artículo 8. Facilidades en materia de comunicaciones

1. La CPC y su Secretaría gozarán, para sus comunicaciones oficiales, de facilidades no menos favorables que las otorgadas por la República a las misiones diplomáticas permanentes, en cuanto a prioridades, contribuciones, tarifas e impuestos sobre correspondencia, cables, telegramas, radiogramas, telefotos, teléfonos, facsímiles, redes informáticas y otras comunicaciones, así como en relación a las tarifas de prensa escrita, radial o televisiva.

No serán objeto de censura la correspondencia u otras comunicaciones oficiales de la CPC y su Secretaría.

2. La CPC y su Secretaría podrán remitir y recibir su correspondencia por correos o valijas, los cuales gozarán del mismo estatuto de prerrogativas que el concedido a los correos y valijas diplomáticas, en aplicación de las normas en vigor.

3. Lo dispuesto en este artículo no obstará a que cualquiera de las Partes solicite a la otra la adopción de medidas apropiadas de seguridad, las que serán acordadas por ambas cuando lo estime necesario.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 9. Vigencia

El presente Acuerdo entrará en vigor al 15º día de la comunicación que deberá efectuar el Estado Sede a la otra Parte, notificando que se cumplieron los requisitos constitucionales pertinentes.

Este Acuerdo tendrá vigencia hasta sesenta días después de que entre en vigor el Acuerdo de Sede del Parlamento del MERCOSUR.

Hecho en Montevideo, a los 8 días del mes de diciembre de 2005, en dos ejemplares originales, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Este es un acuerdo muy especial, ya que es de carácter transitorio. Se trata del Acuerdo de Sede entre la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para el funcionamiento en el territorio de la República de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR y su Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente.

En esencia, nosotros votamos el Parlamento del MERCOSUR. Allí hay una disposición que tiene que ver con el artículo 21, donde se plantea que la sede del Parlamento será la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. El MERCOSUR firmará con la República Oriental del Uruguay un Acuerdo de Sede que definirá las normas relativas a los privilegios, las inmunidades y las exenciones del Parlamento, de los parlamentarios y demás funcionarios, de acuerdo con las normas del Derecho Internacional vigentes. Como esto aún no se ha concretado, se está planteando este acuerdo que tiene un carácter transitorio tal que en sus disposiciones generales explicita que refiere a la vigencia del acuerdo. Así, el artículo 9º prevé que entrará en vigor a los quince días de la comunicación que efectuará la República al MERCOSUR, notificando el cumplimiento de los requisitos constitucionales pertinentes, y estará vigente hasta sesenta días después de que entre en vigor el Acuerdo de Sede del Parlamento del MERCOSUR.

Quiere decir que este es un Acuerdo de carácter transitorio que tiene sus limitaciones y, por supuesto, en él se plantea el ámbito de aplicación, las definiciones, el estatuto, las inmunidades, la inviolabilidad, las exenciones tributarias, los elementos presupuestales y demás.

Teniendo en cuenta lo antedicho y dada la preocupación manifestada en el sentido de que si no aprobamos esto de inmediato algún otro país podría aprovechar la circunstancia para llevar la sede fuera de la República Oriental del Uruguay, estamos proponiendo la urgencia de este proyecto de ley a los efectos de poder aprobar de inmediato este Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y el MERCOSUR.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 18 en 21. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo de Sede entre la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para el funcionamiento en el territorio de la República de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR y su Secretaría Administrativa Parlamentaria Permanente, suscrito en Montevideo, el 8 de diciembre de 2005".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 23. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

- Tal como fuera votado hace unos minutos, el Senado pasa a cuarto intermedio por el término de quince minutos.

(Así se hace. Es la hora 18 y 33 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Finalizado el cuarto intermedio, continúa la sesión.

(Es la hora 19 y 25 minutos)

14) REGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Luego de varias consultas con diferentes Senadores, las Bancadas acordaron retirar del Orden del Día de la sesión de hoy los temas que figuran en tercer lugar, por el que se modifica la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay; y en undécimo término, relativo a las normas para la protección de los derechos de los trabajadores ante procesos de descentralización empresarial, los cuales serán considerados en una sesión a celebrarse el próximo 10 de enero a la hora 10. Asimismo, se convino retirar del Orden del Día el asunto que figura en último lugar, vinculado con la regulación de la producción, comercialización y utilización de agrocombustibles y analizarlo el 7 de febrero a la hora 16. Cabe destacar que se asumió el compromiso de votar todos los demás asuntos que figuran en el Orden del Día y estar presentes en Sala en la sesión extraordinaria del día de hoy que comenzará a la hora 23 y 30.

SEÑOR PRESIDENTE.- En realidad, la solicitud de sesión extraordinaria fue presentada a la hora 16 y 15 minutos, motivo por el cual estamos en condiciones de convocarla para la hora 21 y 15 minutos.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el señor Senador Michelini, con la corrección efectuada por la Mesa.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

15) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESIGNAR COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ANEP Y COMO SUBDIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA, A LA QUIMICA FARMACEUTICA MARISA GARCIA ZAMORA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del sexto punto del Orden del Día: "Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo a efectos de designar como miembro del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y como Subdirectora de Educación Pública, a la señora Química Farmacéutica Marisa García Zamora. (Carp. Nº 710/06)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 710/06

Rep. Nº 409/06

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y

Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 4 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores:

El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Constitución de la República y artículos 8º y 9º de la Ley Nº 15.739, de 28 de marzo de 1985, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 16.115, de 3 de julio de 1990, a los efectos de solicitar la venia para designar como Miembro del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública a la señora Química Farmacéutica Marisa García Zamora y además solicitar la venia para designarla en calidad de Subdirectora Nacional de Educación Pública.

De la profesional propuesta se destaca su visión estratégica y renovadora, coincidente con el espíritu de la política educativa actual y reafirmada por una independencia técnica indiscutible.

Los antecedentes con las condiciones personales, reconocida solvencia y méritos relevantes en los asuntos de educación general, se adjuntan al presente Mensaje.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, Héctor Lescano, José Mujica, Danilo Astori, Víctor Rossi, Mariano Arana, Jorge Brovetto, Eduardo Bonomi, José Díaz, Marina Arismendi, Martín Ponce de León, María Julia Muñoz.

CURRICULUM VITAE

Nombre: Marisa García Zamora.

Fecha de nacimiento: 20 de abril de 1941.

Domicilio: San José 1466 Ap. 802

Teléfono: (5982) 411 70 20

C.I.: 851.659-4 C.C. BEA 6126

1. TITULOS

- Profesora de Química. Egresada del IPA en 1962.

- Química Farmacéutica. Egresada de la Facultad de Química en 1979.

2. CARGOS DESEMPEÑADOS

- Profesora de Química en Educación Secundaria, de 1962 hasta 1988.

- Inspectora de Química en Educación Secundaria, desde 1988 hasta 1993, año en que se jubiló.

- Profesora del IPA en los Departamentos de Física, Química y Matemática, desde 1978 hasta 1993, año en que se jubiló.

- Docente de la Cátedra de Fisicoquímica de la Facultad de Química, de la Universidad de la República, desde 1969 (Aspirante a Ayudante Honorario), hasta 1988 (año en que renunció, como Profesor Agregado, grado 4).

- Decana interina de la Facultad de Química, de la Universidad de la República, del 7 de agosto al 6 de octubre de 1985.

- Asistente Académica de la Facultad de Química de la Universidad de la República, en el área de Enseñanza, de junio de 1993 hasta abril de 1998.

- Coordinadora del Departamento de Química de la Escuela Integral Hebreo Uruguaya, de febrero de 1995 hasta diciembre de 1997.

- Consultora en Desarrollo Curricular para la implementación del Bachillerato Tecnológico en Química Industrial, contrato firmado con la UNESCO en julio de 1996 en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Educación Técnica, de UTU-BID.

- Idem para la Carrera de Tecnólogo Químico.

- Consultora de la UNESCO para la realización de Proyectos de Investigación Didáctica, en un equipo multidisciplinario, en los años 1997, 1998 y 2000.

- Profesora Agregada de la Facultad de Ingeniería, Encargada de la Unidad de Enseñanza, de 1998 hasta el 2001.

3. CONCURSOS

- Concurso de Méritos entre Egresados del IPA para dictar clases de Química en Educación Secundaria.

- Concurso de Oposición y Méritos para acceder al cargo de Inspectora de Química de Educación Secundaria, habiendo obtenido el primer puesto.

- Concurso para acceder a la efectividad en Química General en el IPA habiendo obtenido el primer puesto.

En la Facultad de Química y en la Facultad de Ingeniería, todos los cargos fueron ocupados previo llamado a aspirantes y estudio de méritos por Comisiones Asesoras. Lo mismo ocurrió con los cargos desempeñados en el IPA a partir de 1986.

4. PASANTIAS

- Pasantía post doctoral en el Instituto de Química de la Escuela Nacional Superior de Química de Estrasburgo, Francia, en 1983,

- Pasantía post doctoral en el Instituto de Química del Departamento de Enseñanza de las Ciencias en el Instituto Weizmann en Israel, en 1988,

- Pasantía en la Universidad de Minnesota, EE.UU., en 1995, para realizar un Seminario de Capacitación de Administradores Universitarios, como parte de un proyecto entre la Universidad de la República y la Universidad de Minnesota.

5. ELABORACION DE PROPUESTAS TENDIENTES A MEJORAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA EN LA FACULTAD DE QUIMICA.

- Se elaboró un proyecto sobre Carreras Cortas que fue presentado como Proyecto Institucional a la Comisión Sectorial de Enseñanza en 1996 y que no obtuvo financiación. En este mismo sentido fue creada la carrera de Tecnólogo Químico en el 2001.

- Integró durante cuatro años la Comisión de Enseñanza de la Facultad de Química.

- Impulsó la creación de la Opción Educación en la carrera de Magister en Química, vigente desde 1996. Como innovaciones, cabe destacar que:

- se permite la inscripción en esta carrera no sólo de los estudiantes de la Facultad de Química, sino también de los Egresados en Química de Institutos de Formación Docente.

- los cursos vinculados con temas de educación se realizan fuera de la Facultad de Química.

- Elaboración de una propuesta de actividades ANEP- Facultad de Química con el objetivo de apoyar la formación en servicio de docentes de Enseñanza Media. Este proyecto fue apoyado por el CODICEN en 1994, sólo llegaron a concretarse algunas actividades por el cambio en la integración de ese organismo.

- Propuesta de pasantías de estudiantes de Educación Secundaria con un grupo de investigación científica de la Facultad. Se realizaron durante dos años, con evaluaciones muy favorables, tanto de los estudiantes como de los docentes que los recibieron en sus laboratorios. Las pasantías fueron suspendidas por dificultades con el Consejo de Educación Secundaria.

6. ORGANIZACION DE ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA ENSEÑANZA DE LA QUIMICA.

Se organizaron acciones con distintas poblaciones objetivo: egresados de la Universidad, docentes de Educación Media, Maestros de Educación Primaria y alumnos de Educación Media.

- La suscripta tuvo a su cargo la organización, puesta en marcha y funcionamiento de la Unidad de Educación Permanente de la Facultad de Química desde 1994 hasta abril de 1998, fecha en que cesó. Se realizaron 20 a 25 cursos por año, habiéndose contratado a un elevado número de docentes extranjeros, y con una elevada participación de egresados, población objetivo de estas actividades.

- Formación de docentes de Enseñanza Media.

- Integrante del equipo de Dirección de las actividades de Asistencia en Servicio para Profesores de Educación Media, de marzo a diciembre de 1991, en seis Centros del Interior y en Montevideo, organizado por la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. La suscripta era la encargada del área Química. Se trabajó con un equipo de 8 Profesores Formadores con una dedicación de 16 horas por mes y por Centro. A los participantes que aprobaron la evaluación final se les otorgó la titulación.

- Participación en el Plan Operativo del Proyecto "Mejoramiento de la calidad de la Enseñanza Media, mediante Formación y Capacitación del Personal Docente" en 1992, consistente en la realización de cuatro Seminarios de 40 horas cada uno, en Minas, Paysandú y Montevideo, organizado por la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente. La suscripta propuso los temas y seleccionó a los docentes (de la Facultad de Química y de la ANEP).

- Integración del equipo de Dirección de las actividades de Asistencia en Servicio a Profesores interinos de Educación Media, en 1993, consistentes en acciones de 64 horas cada una en diez Centros del Interior del país, previa realización de jornadas de sensibilización en cada Centro. Se trabajó con un equipo de once Profesores Formadores.

- Integración del Grupo de Capacitación creado en el marco del Convenio CODICEN-UNESCO sobre innovaciones pedagógicas en el área de las Ciencias Experimentales, en 1992. Se coordinó y corrigió materiales impresos preparados para los docentes de Ciencias Físicas y Biología de primer y segundo año del Ciclo Básico.

- Organización de varios ciclos de conferencias sobre "La incidencia de la Química en el Mundo Actual", en la Cátedra Alicia Goyena.

- Organización de actividades de Extensión. Se instrumentaron varios Cursos de Verano, organizados por el Departamento de Extensión Universitaria destinados a docentes de Educación Media y a Maestros, en Montevideo y en Tacuarembó, sobre temas científicos y metodológicos. Estos cursos fueron atendidos por equipos de docentes de la Facultad de Química y del sistema ANEP, obteniéndose resultados muy interesantes de esta interacción.

- Actividades realizadas con alumnos de Educación Media, Integración de la Comisión encargada de la elaboración, coordinación y corrección de las pruebas del Triatlón de Ciencias, en el área de ciencias experimentales, en el año 1992.

7. PUBLICACIONES Y TRABAJOS PRESENTADOS EN CONGRESOS

Todos los trabajos han sido realizados en coautoría.

- Trabajos científicos. Se presentaron 6 trabajos sobre Catálisis Heterogénea en Congresos Internacionales.

- Trabajos didácticos.

- Publicación de material para los cursos teóricos y prácticos en la Facultad de Química.

- Publicación de libros de texto para los cursos de Secundaria.

- Presentación de trabajos en Congresos Internacionales de Educación.

- Presentación de trabajos y conferencias en los Congresos Internacionales organizados por los Profesores de Química de nuestro país. Se realizan anualmente desde 1986 en distintos Departamentos de la República y la suscripta ha colaborado siempre en la organización de los mismos.

- Trabajos de investigación didáctica financiados por la UNESCO, presentados en Congresos.

8. PARTICIPACION EN CURSILLOS, TALLERES, JORNADAS, CONGRESOS, ENCUENTROS, SEMINARIOS.

Se realizaron múltiples actividades de perfeccionamiento, algunas en el área de la Química, otras en el área de la Educación, orientadas hacia la Educación en Ciencias.

9. REALIZACION DE CURSOS, CURSILLOS Y TALLERES.

Además de las tareas inherentes a los cargos desempeñados, la suscripta tuvo a su cargo varios Cursillos o Talleres vinculados con temas de formación química o con temas educativos, destinados fundamentalmente a docentes de Educación Media.

10. GESTION UNIVERSITARIA.

Formación en Gestión Universitaria, participando en diversas actividades vinculadas con el tema.

Participación en la Evaluación Institucional del Area Tecnológica de la Universidad.

11. CREACION DEL BACHILLERATO TECNOLOGICO DE QUIMICA DEL CONSEJO DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL Y LA CARRERA DE TECNOLOGO QUIMICO.

La suscripta tuvo a su cargo, junto con la Dra. M. A. Grompone la creación del Bachillerato Tecnológico en Química Básica e Industrial dependiente del Consejo de Educación Técnico Profesional, que comenzó a funcionar en 1997. Previamente realizamos una encuesta entre Empresarios y Técnicos de la Industria Química con objeto de determinar necesidad y contenidos de un Bachillerato Tecnológico en Química. Fuimos contratadas para coordinar todas las actividades vinculadas a la creación, puesta en marcha y seguimiento de dicho Bachillerato. Asimismo diseñamos y pusimos en funcionamiento la carrera terciaria de Tecnólogo Químico, compartida entre la Facultad de Química y el CETP, de dos años de duración, que empezó a funcionar en el 2001.

12. OTROS

- Consejera Docente de la Facultad de Química de 1994 a 1998.

- Integrante de Grupos de Trabajo y de varias Comisiones de la Facultad de Química.

- Integrante de varias Comisiones Centrales, en especial delegada del Area Básica en la Comisión Sectorial de Educación Permanente durante tres años.

- Integrante de varios tribunales de concurso para la provisión de cargos jerárquicos a nivel de Educación Media (Inspectores Docentes, Dirección del IPA, Dirección de la Cátedra Alicia Goyena).

- Integrante de varias Comisiones en Educación Secundaria.

- Presidenta de la Sala de Inspectores de Educación Secundaria desde su creación (1990) hasta la jubilación de la suscripta.

13. Actividades en la Unidad de Enseñanza de la Facultad de Ingeniería.

Relacionamiento con los institutos encargados de los cursos en los primeros semestres de la carrera, organización de Seminarios, realización de reuniones de docentes de Matemática de Educación Media con docentes universitarios de la asignatura. Relevamiento del avance de los estudiantes con el nuevo Plan de Estudios de la Facultad de Ingeniería, implementado en 1997. Se organizaron Cursos-Talleres sobre temas vinculados con la Didáctica, organización de Jornadas de Enseñanza, integración del Grupo que organizó la Actividad Introductoria, actividades vinculadas con Educación distancia.

14. Proyecto Institucional "Proyectos conjuntos con ANEP"

Desde el año 2003 se está trabajando en la Subcomisión de la Comisión Sectorial de Enseñanza de la Universidad, y desde el año 2005 en la Subcomisión Mixta de Interfase ANEP-Universidad. Se está trabajando en este momento en el tema Orientación Vocacional y Ocupacional."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase.

(Se lee)

- En consideración.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- El Poder Ejecutivo envía esta solicitud de venia para designar como miembro del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y como Subdirectora Nacional de Educación Pública a la Química Farmacéutica Marisa García Zamora. Del estudio de los antecedentes remitidos, estimamos que esta profesora es adecuada para integrar el CODICEN, tanto por la calidad de su formación como por los cargos desempeñados. Al respecto, cabe señalar que en determinado momento fue Decana interina de la Facultad de Química y también fue consultora de la UNESCO en una serie de materias muy importantes que tienen que ver con la implementación del Bachillerato Tecnológico y con proyectos de investigación didáctica. Además, fue encargada de la Unidad de Enseñanza de la Facultad de Ingeniería. Sin duda, estos elementos resultan muy interesantes en un momento en que estamos discutiendo los nuevos programas para nuestra Educación.

En lo que tiene que ver con su capacitación, a mi juicio hay dos elementos a destacar. Me refiero a su pasantía post doctoral en el Instituto Weizmann en el Departamento de Enseñanza de las Ciencias, como así también a su pasantía en la Universidad de Minnesota para realizar un seminario de Capacitación de Administradores Universitarios. Estimo que son dos materias sumamente importantes para incorporar en el CODICEN.

En cuanto a los proyectos que ha presentado, podemos decir que tuvo una participación muy activa en la reforma de 1996 a nivel de la Comisión Sectorial de Enseñanza. Precisamente, ha elevado propuestas sobre la formación de los docentes de enseñanza media y sobre la investigación científica de la Facultad de Química. A su vez, ha organizado una gran cantidad de actividades con estas características tecnológicas y cuenta con una serie de publicaciones, de las cuales destaco los libros de texto para la educación secundaria.

Por otro lado, en cuanto a la gestión universitaria destaco que participó en la evaluación institucional del Area Tecnológica de la Universidad y concretó la creación del Bachillerato Tecnológico de Química.

En función de las características que he reseñado, entiendo que su designación aportará conocimientos administrativos y de metodología pedagógica, con un fuerte acento en la capacitación tecnológica, lo cual está en línea con las necesidades que nuestra enseñanza media requiere para retener a nuestros adolescentes y prepararlos para integrarse en el mundo de hoy.

En consecuencia, señor Presidente, solicitamos que se acepte la venia enviada por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la venia solicitada.

(Se vota:)

- 20 en 23. Afirmativa.

SEÑOR DA ROSA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: nuestro sector, Alianza Nacional, actúa acorde con la conducta que ha tenido en casos anteriores en que se han votado venias para integrar los Directorios de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, pese a que no participamos de ellos, ni del CODICEN, por razones de público conocimiento que no vamos a discutir ni analizar en estos momentos. Siempre hemos tenido la conducta de facilitar que se voten las venias para que no se llegue a la situación de que dentro de 60 días el Poder Ejecutivo tenga que remitir otro Mensaje reiterando la propuesta de designación. Por tanto, coherentes con la postura que hemos tenido para la integración de los demás Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, sostuvimos la misma posición en la tarde de hoy y queríamos dejar expresa constancia de ello.

16) REGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: algunos compañeros me trasmitieron que el acuerdo era que la sesión de febrero comenzara a las 10 de la mañana. Por tanto, espero que la Mesa realice las correcciones del caso a fin de que cumplir con lo acordado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se hará, señor Senador.

17) ARMAS QUE FUERAN REMITIDAS AL SERVICIO DE MATERIAL Y ARMAMENTO DEL EJERCITO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del Orden del Día: "Discusión única del proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se reduce el plazo durante el cual deberán permanecer depositadas las armas remitidas al Servicio de Material y Armamento por disposición judicial. (Carp. Nº 194/05 - Rep. Nº 394/06)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 194/05

Rep. Nº 394/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Los titulares de las armas remitidas al Servicio de Material y Armamento del Ejercito por disposición de la Justicia, antes de que se cumplan tres años de su ingreso al depósito judicial deberán proceder a su regularización documental y retiro, acreditando previamente en forma fehaciente estar habilitados para ello por decisión judicial o, en su defecto, proporcionando prueba documental que acredite no poder disponer del arma por haberlo denegado el Juzgado competente o por mantenerse la misma aún a disposición del mismo.

Artículo 2º.- Con las armas que no hayan sido retiradas o regularizada su situación de la manera indicada en el artículo anterior, se procederá por parte del Servicio de Material y Armamento del Ejército de la siguiente manera:

A) Aquellas que por sus características, condiciones de uso y estado sean factibles de integrar la cadena de abastecimiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, serán reacondicionadas y puestas a disposición del Ministerio correspondiente.

B) Las que por sus características o antigüedad, sean catalogadas como piezas de colección, serán puestas a disposición del Comando General del Ejército para ser integradas a las colecciones de los museos de sus dependencias.

C) Las armas a las que por sus características o estado de conservación no pueda dársele alguno de los destinos precedentemente previstos, serán destruidas.

El Servicio de Material y Armamento del Ejército dará cuenta de lo actuado al Poder Judicial.

Artículo 3º.- Los actuales titulares de las armas que se encuentren comprendidos en lo previsto por el artículo 1º de la presente ley, dispondrán de un plazo de ciento ochenta días a partir de la vigencia de la misma para su regularización documental.

Vencido dicho plazo, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de la presente ley.

Artículo 4º.- Derógase la Ley Nº 16.145, de 9 de octubre de 1990, y todas las normas que directa o indirectamente se opongan a lo establecido en la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 8 de noviembre de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

CAMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

ARTICULO 1º.- Los titulares de las armas remitidas al Servicio de Material y Armamento del Ejército por disposición de la Justicia, antes de que se cumplan tres años de su ingreso al depósito judicial deberán proceder a su regularización documental y retiro, acreditando previamente en forma fehaciente estar habilitados para ello por decisión judicial o, en su defecto, proporcionando prueba documental que acredite no poder disponer del arma por haberlo denegado el Juzgado competente o por mantenerse la misma aún a disposición del mismo.

ARTICULO 2º.- Con las armas que no hayan sido re-tiradas o regularizada su situación de la manera indicada en el artículo anterior, se procederá por parte del Servicio de Material y Armamento del Ejército de la siguiente manera:

A) Aquellas que por sus características, condiciones de uso y estado sean factibles de integrar la cadena de abastecimiento del Ejército, serán reacondicionadas y puestas a disposición del Comando General del Ejército.

B) Las que por sus características o antigüedad, sean catalogadas como piezas de colección, serán puestas a disposición del Comando General del Ejército para ser integradas a las colecciones de los museos de sus dependencias.

C) Las armas a las que por sus características o estado de conservación no pueda dársele alguno de los destinos precedentemente previstos, serán destruidas.

ARTICULO 3º.- Los actuales titulares de las armas que se encuentren comprendidos en lo previsto por el artículo 1º de la presente ley, dispondrán de un plazo de ciento ochenta días a partir de la vigencia de la misma para su regularización documental.

Vencido dicho plazo, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de la presente ley.

ARTICULO 4º.- Derógase el Decreto-Ley Nº 15.430, de 22 de julio de 1983, y la Ley Nº 16.145, de 9 de octubre de 1990, y todas las normas que directa o indirectamente se opongan a lo establecido en la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 11 de julio de 2006.

Rodolfo Nin Novoa Presidente

Hugo Rodríguez Filippini Secretario.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Defensa Nacional

ACTA Nº 38

En Montevideo, el día once de diciembre del año dos mil seis, a la hora diecisiete y tres minutos, se reúne la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, señores Senadores, Eleuterio Fernández Huidobro, José Korzeniak, Carlos Moreira, Gustavo Penadés y Jorge Saravia.

Preside el señor Senador Carlos Moreira, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría el señor Julio Durán, Secretario de la Comisión, asistido por la señora María José Morador.

ORDEN DEL DIA:

CARPETA Nº 194/2006. ARMAS QUE FUERAN REMITIDAS AL SERVICIO DE MATERIAL Y ARMAMENTO DEL EJERCITO. Se reduce el plazo de depósito dispuesto judicialmente. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes en nueva forma. Distribuido Nº 1368/2006. Se pone a consideración y se vota: 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad. Se designa al señor Senador Penadés Miembro Informante -verbal-.

A la hora diecisiete y diez minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que firman los señores Presidente y Secretario de la Comisión.

Carlos Moreira Presidente

Julio Durán Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: quiero informar al Cuerpo que se aceptan las modificaciones que la Cámara de Representantes le ha hecho a este proyecto de ley que oportunamente fuera sancionado por el Senado. Las modificaciones refieren a que las armas que se requisan no tienen que ser enviadas exclusivamente al Ejército Nacional, sino que también pueden ir a la Armada Nacional. En consecuencia, recomendamos la aprobación de dicho proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

18) GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del Orden del Día: "Discusión única del proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes por el que se crean disposiciones a efectos de facultar a los gobiernos departamentales a implementar nuevas formas de actuación, de conformidad con lo establecido en el inciso 5º del artículo 262 de la Constitución de la República. (Carp. Nº 275/05 - Rep. Nº 400/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 275/05

Rep. Nº 400/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Facúltase a los Gobiernos Departamentales, conforme a lo dispuesto por el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución de la República, a adoptar todas las formas jurídicas necesarias para acordar entre sí, o con el Poder Ejecutivo, entes autónomos o servicios descentralizados, la organización y prestación de servicios y actividades propias y comunes, tanto en sus respectivos territorios como en la forma regional o interdepartametnal.

Artículo 2º.- La gestión e implementación de los acuerdos de carácter departamental, interdepartamental o regional, que se celebren conforme con lo dispuesto en el artículo precedente, podrá ser realizada por empresas públicas o por personas públicas no estatales, creadas por ley nacional y en cuyos directorios podrán estar representados además de las entidades nacionales o departamentales que las promuevan, representantes de entidades privadas vinculadas notoriamente a las áreas que constituyen la materia objeto de la gestión.

Artículo 3º.- Las Intendencias, con acuerdo de la respectiva Junta Departamental otorgado por mayoría absoluta de sus miembros, en materias de su competencia departamental, podrán participar en la ejecución de contratos o asociaciones con personas jurídicas que promuevan el desarrollo departamental, interdepartamental o regional, cuando concurra para ello el libre consentimiento de las partes y bajo las condiciones que se convengan previamente.

La atribución otorgada en el presente artículo solo se considerará vigente a partir de la autorización concedida por la ley en cada caso, a iniciativa del respectivo Gobierno Departamental.

Artículo 4º.- Sin perjuicio de los controles constitucionales o legales que correspondieren, la iniciativa a elevar al Parlamento por los Gobiernos Departamentales respecto a las operaciones a que refiere el artículo 3º de la presente ley, deberá especificar los controles contables y de gestión que se establezcan para las mismas.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 29 de noviembre de 2006.

Ruben Martínez Huelmo 1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

CAMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

ARTICULO 1º.- Facúltase a los Gobiernos Departamentales, conforme a lo dispuesto por el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución de la República, a adoptar todas las formas jurídicas necesarias para acordar entre sí, o con el Poder Ejecutivo, Entes Autónomos o Servicios Descentralizados, la organización y prestación de servicios y actividades propias y comunes, tanto en sus respectivos territorios como en la forma regional o interdepartamental.

ARTICULO 2º.- La gestión e implementación de los acuerdos de carácter departamental, interdepartamental o regional, que se celebren conforme a lo dispuesto en el artículo precedente, podrá ser realizada por empresas públicas o por personas públicas no estatales, creadas por ley nacional y en cuyos directorios podrán estar representados además de las entidades nacionales o departamentales que las promuevan, representantes de entidades privadas vinculadas notoriamente a las áreas que constituyen la materia objeto de la gestión.

ARTICULO 3º.- Las Intendencias, con acuerdo de la respectiva Junta otorgada por mayoría absoluta de componentes, en materia de su competencia departamental, podrán participar en la ejecución de contratos o asociaciones con personas jurídicas, cuando concurra para ello el libre consentimiento de las partes y bajo las condiciones que se convengan previamente.

La atribución otorgada en el presente artículo sólo se considerará vigente a partir de la autorización concedida por la ley en cada caso, a iniciativa del respectivo Gobierno Departamental.

ARTICULO 4º.- Sin perjuicio de los controles constitucionales o legales que correspondieren, la iniciativa a elevar al Parlamento por los Gobiernos Departamentales respecto a las operaciones a que refiere el artículo 3º de la presente ley, deberá especificar los controles contables y de gestión que se establezcan para las mismas.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 9 de mayo de 2006.

Rodolfo Nin Novoa Presidente

Hugo Rodríguez Filippini Secretario.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

ACTA Nº 78

En Montevideo, el diecinueve de diciembre de dos mil seis, a la hora catorce y veinte minutos, se reúne la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Asisten los señores Senadores miembros Sergio Abreu, Francisco Gallinal, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini, Margarita Percovich y Eduardo Ríos.

Falta el señor Senador Julio María Sanguinetti, quien remite Nota justificando su inasistencia.

Concurre el señor Representante Nacional Gustavo Bernini.

Asisten por haber solicitado audiencia por la Asociación de Bancarios del Uruguay, Carlos Márquez, Presidente; Hugo Pío, Carmen Rivarola, Ariel Kyruchanski, Julio Pereyra, Alberto Bonacimento y Diego López.

Preside su titular el señor Senador Leonardo Nicolini.

Actúa en Secretaría la señora Josefina Reissig, Secretaria de la Comisión con la colaboración de la funcionaria Gloria Mederos.

ASUNTOS ENTRADOS:

- CARPETA Nº 275/2005. GOBIERNOS DEPARTAMENTALES. Se faculta la gestión de acuerdos y la prestación de servicios (inciso quinto del artículo 262 de la Constitución de la República). La Cámara de Representantes remite el proyecto de ley aprobado en nueva forma. Distribuido Nº 1431/2006.

- CARPETA Nº 700/2006. JUEGO DE APUESTAS MUTUAS SOBRE RESULTADO DE CARRERAS DE CABALLOS EN EL HIPODROMO DE ROCHA. Se autoriza al Gobierno Departamental de Rocha a convocar a licitación pública para su explotación. Proyecto de ley con exposición de motivos del señor Senador José Carlos Cardoso. Distribuido Nº 1409/2006.

- CARPETA Nº 702/2006. GOBIERNOS DEPARTAMENTALES PROPIETARIOS DE HIPODROMOS ACTUALMENTE O EN EL FUTURO. Se les otorgan las facultades legales establecidas para el Gobierno Departamental de Canelones respecto del Hipódromo de Las Piedras. Proyecto de ley con exposición de motivos de los señores Senadores integrantes de la Bancada del Frente Amplio. Distribuido Nº 1410/2006.

- CARPETA Nº 718/2006. CIRCUITO HISTORICO RELACIONADO CON LA GESTA DEL GENERAL LEANDRO GOMEZ. Se declara de interés nacional su creación en la ciudad de Paysandú. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1342/2006.

- CARPETA Nº 719/2006. REVENTA DE ENTRADAS PARA ESPECTACULOS PUBLICOS. Se tipifica como falta. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1433/2006.

- CARPETA Nº 721/2006. TITULARIDAD DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE INMUEBLES RURALES Y EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS. Normas. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1441/2006.

- El Banco Central del Uruguay remite la respuesta sobre la consulta efectuada en relación al proyecto de ley sobre "Deudores Alimentarios Morosos".

ASUNTOS TRATADOS.

- CARPETA Nº 275/2005. GOBIERNOS DEPARTAMENTALES. Se faculta la gestión de acuerdos y la prestación de servicios (inciso quinto del artículo 262 de la Constitución de la República). La Cámara de Representantes remite el proyecto de ley aprobado en nueva forma. Distribuido Nº 1431/2006. En consideración las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Rafael Michelini, quien lo hará en forma verbal.

- CARPETA Nº 719/2006. REVENTA DE ENTRADAS PARA ESPECTACULOS PUBLICOS. Se tipifica como falta. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1433/2006. En consideración. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador José Korzeniak, quien lo hará en forma verbal.

- CARPETA Nº 718/2006. CIRCUITO HISTORICO RELACIONADO CON LA GESTA DEL GENERAL LEANDRO GOMEZ. Se declara de interés nacional su creación en la ciudad de Paysandú. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1342/2006. En consideración. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Jorge Larrañaga, quien lo hará en forma verbal.

- CARPETA Nº 721/2006. TITULARIDAD DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE INMUEBLES RURALES Y EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS. Normas. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1441/2006. En consideración. El señor Senador José Korzeniak realiza una exposición sobre el proyecto de ley y de su discusión en la Cámara de Representantes. El señor Senador Jorge Larrañaga solicita que se postergue el tema y se reciban las opiniones del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Asociación Rural, de la Federación Rural y de las agremiaciones forestales. Se resuelve sesionar el próximo jueves 21, a la hora 15 y proceder a invitar a las delegaciones mencionadas.

- CARPETA Nº 702/2006. GOBIERNOS DEPARTAMENTALES PROPIETARIOS DE HIPODROMOS ACTUALMENTE O EN EL FUTURO. Se les otorgan las facultades legales establecidas para el Gobierno Departamental de Canelones respecto del Hipódromo de Las Piedras. Proyecto de ley con exposición de motivos de los señores Senadores integrantes de la Bancada del Frente Amplio. Distribuido Nº 1410/2006. En consideración. Intervención de los señores Senadores Rafael Michelini y Jorge Larrañaga. Se resuelve que el señor Senador Rafael Michelini redacte un texto aditivo al artículo único, conjuntamente con el señor Senador Francisco Gallinal.

CARPETA Nº 682/2006. BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY. Se modifican disposiciones de su Carta Orgánica y se crea la Agencia Nacional de Vivienda. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Disposiciones citadas. Distribuido Nº 1314/2006. En consideración. Intervención de la señora Senadora Margarita Percovich, quien presenta textos modificativos al articulado, y de los señores Senadores Eduardo Ríos, José Korzeniak y del señor Presidente. Se vota el texto con las modificaciones propuestas: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Queda aprobado un texto sustitutivo que se adjunta a esta Acta. Se designa Miembro Informante al señor Senador Eduardo Ríos, quien lo hará en forma verbal.

A continuación ingresan a Sala los señores Representantes de la Asociación de Bancarios del Uruguay, quienes exponen sobre el articulado del proyecto de ley referido a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay y proporcionan a los señores Senadores material que contiene las consideraciones generales sobre este proyecto de ley.

Finalizadas las intervenciones, a la hora dieciséis y diez minutos se levanta la sesión.

De lo actuado se procede a la toma de la versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en los Distribuidos Nos. 1446/2006 y 1447/2006, que forman parte integrante del Acta.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria.

Leonardo Nicolini Presidente

Josefina Reissig Secretaria.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Nicolini.

SEÑOR NICOLINI.- Señor Presidente: si mal no recuerdo, este proyecto fue aprobado en el Senado por unanimidad y luego tuvo una pequeña modificación en la Cámara de Representantes. Concretamente, en el artículo 2º, se diría: "que se celebren conforme con lo dispuesto en el artículo precedente", donde antes se decía: "que se celebren conforme a lo dispuesto en el artículo precedente".

Por otra parte, en el artículo 3º, se decía: "Las Intendencias, con acuerdo de la respectiva Junta otorgada por mayoría absoluta de componentes," y ahora diría: "Las Intendencias, con acuerdo de la respectiva Junta Departamental otorgado por mayoría absoluta de sus miembros,".

En el mismo artículo y luego de "personas jurídicas", se agregaría: "que promuevan el desarrollo departamental, interdepartamental o regional,".

Estas serían las modificaciones introducidas en la Cámara de Representantes.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR NICOLINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: junto con el señor Senador Nicolini hemos estado detrás de este proyecto de ley. La idea es que las Intendencias puedan conjugar esfuerzos con el mundo privado pero, según algunos juristas, con el texto anterior -no lo entendemos así los integrantes de la Bancada oficialista de la Comisión de Constitución y Legislación- podría darse el caso de que cualquier acuerdo con privados, incluso para una cooperación con una ONG, tuviera implícito, digamos, tener que venir al Parlamento.

Por eso, lo que se agrega refiere a contratos o asociaciones con personas jurídicas que promuevan el desarrollo departamental, interdepartamental o regional, es decir que estamos hablando de empresas de gran entidad y de una coparticipación de lo privado con lo público. Esas sí requerirán, en cada caso, de una ley votada por el Parlamento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Nicolini.

SEÑOR NICOLINI.- Gracias, señor Presidente.

Por mi parte, sólo me resta decir que la Comisión pro-pone que el proyecto de ley sea aprobado por este Senado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 23. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

19) CREDITOS O PRESTACIONES LABORALES ORIGINADOS EN LA RELACION DE TRABAJO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en décimo lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se determinan los plazos de prescripción para los créditos o prestaciones laborales originados en la relación de trabajo. (Carp. Nº 727/06)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 727/06

Rep. Nº 405/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Orien-

tal del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Las acciones originadas en las relaciones de trabajo prescriben al año, a partir del día siguiente a aquél en que haya cesado la relación laboral en que se fundan.

Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo previsto en la disposición anterior, los créditos o prestaciones laborales prescriben a los cinco años, contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles.

Artículo 3º.- La sola presentación del trabajador o su representante ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, solicitando audiencia de conciliación prevista en el artículo 10 del Decreto-Ley Nº 14.188, de 5 de abril de 1974, interrumpe la prescripción.

Artículo 4º.- Los plazos de prescripción previstos en la presente ley también se interrumpen con la mera presentación de la demanda o cualquier otra gestión jurisdiccional del interesado tendiente a proteger o preparar el cobro del crédito, ante el tribunal competente, sin necesidad de trámite posterior alguno.

Artículo 5º.- Quedan incluidas en el régimen de prescripción establecido en los artículos 1º y 2º, las relaciones laborales vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma legal.

Artículo 6º.- Derógase el artículo 29 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 14 de diciembre de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

PROYECTO DE LEY CON EXPOSICION DE MOTIVOS PRESENTADO POR VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Las acciones originadas en las relacio-

nes de trabajo prescriben al año, a partir del día siguiente a aquél en que haya cesado la relación laboral en que se fundan.

Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo previsto en la disposición anterior, los créditos o prestaciones laborales prescriben a los cinco años, contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles.

Artículo 3º.- La sola presentación del trabajador o su representante, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, solicitando audiencia de conciliación prevista en el artículo 10 del Decreto-Ley Nº 14.188, de 5 de abril de 1974, interrumpe la prescripción.

Artículo 4º.- Los plazos de prescripción previstos en la presente ley, también se interrumpen con la mera presentación de la demanda ante el tribunal competente, sin necesidad de trámite alguno posterior.

Artículo 5º.- Quedan incluidas en el régimen de prescripción establecido en los artículos 1º y 2º, las relaciones laborales vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma legal.

Artículo 6º.- Derógase el artículo 29 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998.

Montevideo, 1º de noviembre de 2006.

Javier Cha, Representante por Montevideo; Ivonne Passada, Representante por Montevideo; Gustavo Bernini, Representante por Montevideo, Juan José Bentancor, Representante por Montevideo.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El proyecto propone derogar el artículo 29 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998 (conocida como ley de inversiones), y establece un nuevo régimen de prescripción de las acciones originadas en una relación laboral.

Antes del artículo 29, casi diríamos que a partir del advenimiento de la democracia luego del período dictatorial y durante 11 años, la ley vigente en materia de prescripción de los créditos laborales era la Ley Nº 15.837, de 28 de diciembre de 1986. Esta ley consagraba dos plazos de prescripción, uno de dos años para interponer el reclamo ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en vía judicial, y el otro de diez años que señalaba el tiempo que se podía recorrer hacia atrás pretendiendo dar satisfacción a créditos incumplidos en ese período.

La Ley Nº 16.906 fue concebida por sus promotores como una ley para facilitar y estimular las inversiones y al artículo 29 debía responder a esa lógica, dando una certeza jurídica a las relaciones laborales de la que carecía la ley vigente hasta entonces, según se dijo. Sin embargo no existen indicios de que el referido artículo haya contribuido en modo alguno a tal fin, y sin embargo abundan las situaciones de enriquecimiento injusto de quienes no cumplieron con sus obligaciones al tiempo que se generaron y como consecuencia de esa ley tampoco cumplieron tardíamente. El trabajador perdió y perdió también el empresario cumplidor con un marco legal que autorizaba así la competencia desleal.

Por otra parte, a poco de aprobado el artículo 29 la jurisprudencia se encontró dividida en relación a la interpretación que hacían del mismo. Por lo que la anunciada certeza jurídica se veía desvirtuada en cada fallo judicial por la ambigüedad del texto.

Este proyecto aspira a dar una solución más acorde y de mayor justicia al tema, reconociendo el nuevo marco en el que se desarrollan las relaciones laborales en nuestro país, a la vez que procura evitar que el texto pueda dar lugar a diferentes interpretaciones a la hora de que los jueces deban aplicarlo al caso concreto.

Por un lado, se entendió que el plazo de prescripción de un año a partir del cese de la relación laboral, es un tiempo suficiente para que el trabajador pueda hacer valer sus derechos laborales. El trabajador que deja pasar un año aparentemente revela una falta de interés en hacer efectivos los créditos que le pudieran adeudar. Así lo recoge el artículo 1º de la norma proyectada.

Por otro lado, el artículo 2º establece un plazo, también de prescripción, de cinco años contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles los créditos y demás prestaciones laborales. Si bien este plazo no es tan favorable a los trabajadores como lo era el de diez años previsto en la Ley 15.837 tampoco es tan exiguo y por lo mismo gravoso para el trabajador como el que se deroga de tan solo dos años, y que en la práctica pocas veces superaba el año y medio.

Cabe advertir que con la legislación laboral aún vigente, durante la relación de trabajo, los trabajadores de la actividad privada carecen de garantías (estabilidad relativa o absoluta) en el empleo para el caso que intenten reclamar un beneficio impago o mal liquidado. En la mayoría de los casos, un reclamo significa la pérdida del empleo en un país donde está permitido a las empresas despedir sin expresión de causa. El único obstáculo legal que se impone en tal sentido a las empresas es el de la Ley Nº 17.940, de 4 de enero de 2006 sobre protección y promoción de la libertad sindical. Esta ley sumada a la convocatoria de los Consejos de Salarios como ámbito para dirimir salarios y categorías laborales, entre otras cosas, han sido un factor determinante para el crecimiento de la organización sindical lo que hace presumir que los intereses y derechos individuales pasan a estar más y mejor defendidos por el colectivo lo que permite pensar que cinco años como plazo de prescripción del crédito laboral, de naturaleza alimentaria, es un tiempo prudencial que otorga las necesarias garantías a las partes.

En definitiva, todos los plazos tienen algo de arbitrarios y esto explica la gran diversidad que tiene nuestro orden jurídico en materia de prescripciones de distinto origen o naturaleza. Así las acciones reales prescriben a los treinta años (artículo 1215 del Código Civil), en tanto las acciones personales se extinguen a los veinte años (artículo 1216 del Código Civil), la ejecución de acciones personales prescriben a los diez años (artículo 1217 del Código Civil), mientras que el pago de obras y algunos impuestos se extinguen a los cinco años (artículo 1221 del Código Civil). Además, existen un régimen de prescripciones cortas de cuatro años para alquileres, pensiones, etcétera (artículo 1222 del Código Civil), de dos años para los honorarios de abogados, es-cribanos, médicos, etcétera. (artículo 1223 del Código Civil).

Los plazos de prescripción previstos en el proyecto, de conformidad con lo que se dispone en los artículos 3º y 4º respectivamente, se interrumpen con la sola presentación del trabajador o su representante solicitando audiencia de conciliación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y también con la presentación de la demanda ante el tribunal competente sin necesidad de trámite posterior alguno.

El artículo 5º resuelve con claridad que el régimen aplicable a las relaciones vigentes al tiempo en que entre en vigencia esta ley es el que surge del nuevo texto.

Finalmente, por el artículo 6º, se deroga el artículo 29 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, expresión de un proceso de flexibilización y desregulación laboral inadmisible frente a las normas tuitivas de nuestra Constitución y de aquellos principios admitidos pacíficamente por doctrina y jurisprudencia laboralista.

Montevideo, 1º de noviembre de 2006.

Javier Cha, Representante por Montevideo, Ivonne Passada, Representante por Montevideo; Gustavo Bernini, Representante por Montevideo; Juan José Bentancor, Representante por Montevideo.

INFORMES DE LA COMISION DE LEGISLACION DEL TRABAJO DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de

Legislación del Trabajo

INFORME EN MAYORIA

Señores Representantes:

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, eleva a consideración del Cuerpo, el proyecto de ley sobre "créditos o prestaciones laborales originados en la relación de trabajo", determinando los plazos de prescripción de los mismos presentado por iniciativa de varios señores Representantes.

El proyecto propone derogar el artículo 29 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998 (conocida como Ley de Inversiones), y establece un nuevo régimen de prescripción de las acciones originadas en una relación laboral.

Antes del referido artículo 29, casi diríamos que a partir del advenimiento de la democracia luego del período dictatorial y durante once años, la ley vigente en materia de prescripción de los créditos laborales era la Nº 15.837, de 28 de diciembre de 1986. Esta ley consagraba dos plazos de prescripción, uno de dos años para interponer el reclamo ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en la vía judicial; el otro de diez años, que señalaba el tiempo que se podía recorrer hacia atrás pretendiendo dar satisfacción a créditos incumplidos en ese período.

La Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, fue concebida por sus promotores como una ley para facilitar y estimular las inversiones. Por lo tanto su artículo 29 debía responder a esa lógica, dando una certeza jurídica a las relaciones laborales, certidumbre de la que carecía la ley vigente hasta entonces. Sin embargo no existen indicios de que el referido artículo haya contribuido en modo alguno a tal fin. Por otra parte abundan las situaciones de enriquecimiento injusto, de quienes no cumplieron con sus obligaciones al tiempo que se generaron. Como consecuencia de esa ley, tampoco cumplieron tardíamente. El trabajador perdió, y perdió también el empresario atento de las normas legales, en virtud de que este nuevo marco legal, autorizaba de hecho la competencia desleal.

Por otra parte, a poco de aprobado, la jurisprudencia se encontró dividida en relación a la interpretación que hacían del mismo. Por lo que la anunciada certeza jurídica, se veía desvirtuada en cada fallo judicial por la ambigüedad del texto.

Este proyecto aspira a dar una solución más acorde y de mayor justicia al tema, reconociendo un nuevo marco en el que se desarrollan las relaciones laborales en nuestro país. A su vez, se procura evitar que la norma pueda dar lugar a diferentes interpretaciones.

Se entiende que el plazo de prescripción de un año a partir del cese de la relación laboral, es un tiempo suficiente para que el trabajador pueda hacer valer sus derechos laborales. El trabajador que deja pasar un año, aparentemente revela una falta de interés en hacer efectivos los créditos que le pudieran adeudar. Así lo recoge el artículo 1º de la norma proyectada.

El artículo 2º establece un plazo -también de prescripción- de cinco años contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles los créditos y demás prestaciones laborales. Si bien este plazo no es tan favorable a los trabajadores como lo era el de diez años -previsto en la Ley Nº 15.837, de 28 de diciembre de 1986- tampoco es tan exiguo y gravoso para el trabajador como el que se deroga, de tan sólo dos años, que en la práctica pocas veces superaba el año y medio.

Cabe advertir que con la legislación laboral aún vigente -durante la relación laboral- los trabajadores de la actividad privada, carecen de garantías (estabilidad relativa o absoluta) en el empleo, en caso de reclamar un beneficio impago o mal liquidado. En la mayoría de las situaciones, un reclamo significa la pérdida del empleo en un país donde está permitido a las empresas despedir sin expresión de causa. El único obstáculo legal que se impone en ese sentido a las empresas es la Ley Nº 17.940, de 4 de enero de 2006, sobre Protección y Promoción de la Libertad Sindical. Sumada a la convocatoria de los Consejos de Salarios, como ámbito para dirimir salarios y categorías laborales, ha sido un factor determinante para el crecimiento de la organización sindical. Lo que hace presumir que los intereses y derechos individuales pasan a estar más y mejor defendidos por el colectivo lo que permite pensar que cinco años como plazo de prescripción del crédito laboral, de naturaleza alimentaria, es un tiempo prudencial que otorga las necesarias garantías a las partes.

En definitiva, todos los plazos tienen algo de arbitrarios y esto explica la gran diversidad que tiene nuestro orden jurídico en materia de prescripciones de distinto origen o naturaleza. Así las acciones reales prescriben a los treinta años (artículo 1215 del Código Civil), en tanto las acciones personales se extinguen a los veinte años (artículo 1216 del Código Civil), la ejecución de acciones personales prescriben a los diez años (artículo 1217 del Código Civil), mientras que el pago de obras y algunos impuestos se extinguen a los cinco años (artículo 1221 del Código Civil). Además, existe un régimen de prescripciones cortas de cuatro años para alquileres, pensiones (artículo 1222 del Código Civil), de dos años para los honorarios de abogados, escribanos, médicos (artículo 1223 del Código Civil).

Los plazos de prescripción previstos en el proyecto, de conformidad con lo que se dispone en los artículos 3º y 4º respectivamente, se interrumpen con la sola presentación del trabajador o su representante solicitando audiencia de conciliación, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo interrumpe el plazo de prescripción cualquier gestión jurisdiccional ante tribunal competente, como puede ser la propia demanda, intimación de pago, solicitud de diligencia preliminar o medida cautelar, sin necesidad de trámite posterior alguno. Así queda absolutamente clara la intención del Legislador de que es la actividad del trabajador por sí misma la que interrumpe el plazo, sin importar cuál sea el trámite posterior en vía administrativa o judicial, ni el tiempo que demore la contraparte en ser notificada de tales acciones.

El artículo 5º resuelve con claridad el régimen aplicable a las relaciones vigentes, a partir de la sanción de la presente ley.

Finalmente por el artículo 6º, se deroga el artículo 29 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, expresión de un proceso de flexibilización y desregulación laboral inadmisible frente a las normas de nuestra Constitución de la República y de aquellos principios admitidos pacíficamente por doctrina y jurisprudencia laboralista.

Por las consideraciones precedentes, vuestra Asesora se permite aconsejar al Cuerpo, la aprobación del proyecto de ley adjunto.

Sala de la Comisión, 30 de noviembre de 2006.

Ivonne Passada, Miembro Informante; Juan José Bentancor, Jorge Pozzi, Manuel María Barreiro, con salvedades que expondrá en Sala; Juan Andrés Roballo, según lo establecido en el inciso 2º del Artículo 132 del Reglamento de la Cámara de Representantes y el sector al cual representa, acompaña el Informe en Mayoría.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Las acciones originadas en las relaciones de trabajo prescriben al año, a partir del día siguiente a aquél en que haya cesado la relación laboral en que se fundan.

Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo previsto en la disposición anterior, los créditos o prestaciones laborales prescriben a los cinco años, contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles.

Artículo 3º.- La sola presentación del trabajador o su representante, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, solicitando audiencia de conciliación prevista en el artículo 10 del Decreto-Ley Nº 14.188, de 5 de abril de 1974, interrumpe la prescripción.

Artículo 4º.- Los plazos de prescripción previstos en la presente ley, también se interrumpen con la mera presentación de la demanda o cualquier otra gestión jurisdiccional del interesado tendiente a proteger o preparar el cobro del crédito, ante el tribunal competente, sin necesidad de trámite posterior alguno.

Artículo 5º.- Quedan incluidas en el régimen de prescripción establecido en los artículos 1º y 2º, las relaciones laborales vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma legal.

Artículo 6º.- Derógase el artículo 29 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998.

Sala de la Comisión, 30 de noviembre de 2006.

Ivonne Passada, Miembro Informante; Juan José Bentancor, Jorge Pozzi, Manuel María Barreiro, con salvedades que expondrá en Sala.

Comisión de

Legislación y Trabajo

INFORME EN MINORIA

Señores Representantes:

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, ha analizado el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se dictan normas que determinan los plazos de prescripción de los créditos o prestaciones laborales originados en la relación de trabajo.

El Partido Nacional no acompañará la votación en particular del proyecto de ley referido por no compartir el articulado propuesto, y en tal sentido ha presentado en el seno de la Comisión artículos sustitutivos y aditivos al proyecto, que a nuestro juicio, mejoran sensiblemente la iniciativa a consideración.

Si bien se comparte en términos generales la extensión del plazo de prescripción de dos a cinco años, no se comparte el resto del articulado de la norma proyectada.

En tal sentido, se propone que el plazo de inicio de la prescripción previsto en el Artículo 2º del proyecto, comience su cómputo desde la fecha de la interposición de la demanda correspondiente, de manera tal de mejorar la técnica legislativa del proyecto dando mayor certeza al inicio del cómputo del plazo.

Asimismo, se propone una redacción sustitutiva al Artículo 3º que establece la forma de interrupción de la prescripción, ya que a nuestro juicio tal como está redactado este artículo, la sola presentación del trabajador o su representante ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no confiere la certeza necesaria que el instituto requiere. El artículo sustitutivo que proponemos en cambio, otorga certeza a la interrupción ya que se propone mantener el actual régimen, por el cual, la misma se produce por la realización de la audiencia de conciliación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, siempre que sea seguida de demanda judicial interpuesta dentro de los treinta días calendario, siguientes a la fecha del acta o del testimonio de la no comparecencia del citado. Este es, en definitiva, el régimen actual, que parte de la base de que existe documento público que indica con claridad que se realizó una audiencia de inútil tentativa de conciliación, o a que el citado no concurrió a la misma. En el texto que se ha votado por la mayoría, la mera solicitud de audiencia, sin necesidad de trámite posterior alguno, es el acto jurídico que hace interrumpir la prescripción.

Respecto al Artículo 4º el Partido Nacional tiene una posición opuesta a la que prevé el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, considerando que la interrupción del plazo debe operar cuando medie emplazamiento judicial notificado al deudor, conforme indica el Artículo 1235 del Código Civil. Se toma partido de esta manera, por una de las dos posiciones que hoy se reflejan en la jurisprudencia laboral, optándose por aquella que establece una misma forma de interrupción tanto para las obligaciones civiles como laborales. Nos parece que de esta forma se establece una única solución para un mismo instituto, más allá de la materia de que se trate, otorgándose generalidad a las soluciones no jurídicas positivas.

Por lo tanto, sin tomar partido porque una sea mejor que la otra, nos inclinamos por manejar el emplazamiento ju-dicial al deudor que iguala el ámbito laboral con el ámbito civil y genera un solo régimen de interrupción de la prescripción.

Respecto al Artículo 5º, el Partido Nacional ha presentado un artículo sustitutivo que establece que las disposiciones de la presente ley, serán aplicables a los créditos que nazcan a partir de la entrada en vigencia y que se aplicará a los créditos ya devengados, el régimen del artículo 29 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998.

Se busca de esta manera, que la norma no tenga efectos retroactivos, como forma de otorgar seguridad y certeza al marco jurídico positivo.

Sala de la Comisión, 30 de noviembre de 2006.

Alfredo Cabrera, Miembro Informante; Pablo Abdala, según lo establecido en el inciso 2º del Artículo 132 del Reglamento de la Cámara de Representantes y el sector al cual representa, acompaña el Informe en Minoría elaborado por el Diputado Alfredo Cabrera Casas, en virtud de tratarse de la posición del Partido Nacional en dicho tema, Alvaro Delgado, según lo establecido en el inciso 2º del Artículo 132 del Reglamento de la Cámara de Representantes y el sector al cual representa, acompaña el Informe en Minoría elaborado por el Diputado Alfredo Cabrera Casas, en virtud de tratarse de la posición del Partido Nacional en dicho tema.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Las acciones originadas en las relacio-

nes de trabajo prescriben al año, a partir del día siguiente a aquél en que haya cesado la relación laboral en que se fundan.

Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo previsto en la disposición anterior, los créditos o prestaciones laborales prescriben a los 5 años, contados desde la fecha de la interposición de la demanda correspondiente.

Artículo 3º.- La audiencia de tentativa de conciliación, interrumpirá la prescripción, siempre que sea seguida de demanda judicial interpuesta dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha del acta o del testimonio de la comparecencia del citado.

Artículo 4º.- Los plazos de prescripción previstos por la presente ley, también se interrumpen con el emplazamiento judicial notificado al deudor.

Artículo 5º.- Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a los créditos que nazcan a partir de su entrada en vigencia, aplicándose a los ya devengados, el régimen del artículo 29 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998.

Artículo 6º.- Derógase el artículo 29 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998.

Sala de la Comisión, 30 de noviembre de 2006.

Alfredo Cabrera

Miembro Informante.

DISPOSICIONES CITADAS

DECRETO-LEY Nº 14.188,

de 5 de abril de 1974

Artículo 10.- Ante los Juzgados Letrados de Trabajo de Montevideo no podrá iniciarse juicio en materia laboral, sin la constancia que acredite haberse tentado la conciliación previa ante el Centro de Asistencia y Asesoramiento Jurídico del Trabajador, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En los demás departamentos esta exigencia se hará efectiva una vez que se instale el mencionado Servicio.

En cualquier estado de los procedimientos judiciales, en primera o segunda instancia, y hasta la citación para sentencia, los Jueces podrán tentar la conciliación y tomar de oficio o a pedido de parte, todas las medidas cautelares que estimen del caso.

En los juicios a que se refiere esta disposición no será necesario llenar el requisito de la previa conciliación (artículo 255 de la Constitución de la República).

LEY Nº 16.906,

de 7 de enero de 1998

CAPITULO IV

NORMAS DE APLICACION GENERAL

Sección II

Disposiciones varias

Artículo 29. (Prescripción y aplicabilidad de la misma).- Las acciones originadas en las relaciones de trabajo prescriben al año, a partir del día siguiente a aquél en que haya cesado la relación laboral en que se fundan.

La audiencia de tentativa de conciliación, con presencia del citante, interrumpirá la prescripción, siempre que sea seguida de demanda judicial interpuesta dentro de los treinta días calendario siguientes a la fecha del acta o del testimonio de la no comparecencia del citado.

En ningún caso podrán reclamarse créditos o prestaciones laborales que se hubieran hecho exigibles con más de dos años de anticipación a la fecha en que se presente la demanda judicial correspondiente.

Las disposiciones anteriores serán aplicables a los créditos o prestaciones existentes a la fecha de promulgación de la presente ley, salvo que en un plazo de sesenta días calendario contados a partir de la mencionada fecha se hubiere presentado demanda judicial válida."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Ríos.

SEÑOR RIOS.- Señor Presidente: trataremos de ser breves, en mérito a la jornada que hemos tenido en el día de hoy. Al mismo tiempo, seremos muy pragmáticos al hablar de lo que contiene esta iniciativa, que no es poca cosa.

El proyecto de ley que está a consideración del Senado propone derogar el artículo 29 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998 y establece un nuevo régimen de prescripción de las acciones originadas en una relación laboral y el período por el cual se puede reclamar.

A continuación, vamos a analizar cómo se daba la prescripción de estos créditos laborales antes de la aplicación de este artículo 29.

La ley vigente en materia de prescripción de dichos créditos era la Nº 15.837, de 28 de diciembre de 1986, que consagraba dos plazos de prescripción: uno de dos años para interponer el reclamo ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en la vía judicial, y el otro de diez años, que señalaba el tiempo que se podía recorrer hacia atrás pretendiendo dar satisfacción a créditos incumplidos en ese período.

La Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, fue concebida por sus promotores como una ley para facilitar y estimular las inversiones. Por lo tanto, su artículo 29 debía responder a esa lógica, dando una certeza jurídica a las relaciones laborales, certidumbre de la que carecía la ley vigente hasta entonces, en la lectura de sus creadores. Sin embargo, no existen indicios de que el referido artículo haya contribuido en modo alguno a tal fin. Por otra parte, abundan las situaciones de enriquecimiento injusto de quienes no cumplieron con sus obligaciones al tiempo que se generaron. Como consecuencia de esa ley, tampoco cumplieron tardíamente. El trabajador perdió, y perdió también el empresario, atento cumplidor de las normas legales, en virtud de que este nuevo marco legal autorizaba, de hecho, la competencia desleal, en la medida en que se podía reclamar solamente un año hacia atrás.

Por otra parte, a poco de aprobado, la jurisprudencia se encontró dividida con relación a la interpretación que hacían al respecto. Por lo tanto, la anunciada certeza jurídica se veía desvirtuada en cada fallo judicial, por la ambigüedad del texto y el Turno que tocaba a la reclamación correspondiente. La doctrina uruguaya en materia laboral es muy rica y hay muchos textos escritos en este sentido.

Este proyecto de ley aspira a dar una solución más acorde y de mayor justicia al tema, reconociendo un nuevo marco en el que se desarrollan las relaciones laborales en nuestro país. A su vez, se procura evitar que la norma pueda dar lugar a diferentes interpretaciones.

La fuerza de Gobierno también ha entendido que debemos preocuparnos por aquellos empresarios fieles cumplidores que, cuando los plazos de prescripción son muy dilatados, se ven en competencia desleal frente a aquellos otros que van escondiendo sus incumplimientos en el transcurso del tiempo.

El artículo 1º de la norma proyectada establece el plazo de prescripción de un año a partir del cese de la relación laboral. Entendemos que es un tiempo suficiente para que el trabajador pueda hacer valer sus derechos laborales; se trata de un período sumamente razonable, que ya existía. Hoy el mundo de las relaciones de trabajo es muy amplio y los sindicatos tienen una fuerte vigencia. Un trabajador que tiene interés en reclamar, tiene sus lugares para hacerlo. Por lo tanto, creemos que este es un tiempo suficiente para que el trabajador pueda hacer valer sus derechos laborales. El trabajador que deja pasar un año, aparentemente revela una falta de interés en hacer efectivo los créditos que le pudieran adeudar, y perdería su derecho a reclamar.

El artículo 2º establece un plazo -también de prescripción- de cinco años contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles los créditos y otras prestaciones laborales. El trabajador se presenta dentro del año y puede reclamar cinco años hacia atrás, si hubo incumplimiento. Si bien este plazo no es tan favorable a los trabajadores como lo era el de diez años -previsto en la Ley Nº 15.837, de 28 de diciembre de 1986-, tampoco es tan exiguo y gravoso para el trabajador como el que intenta derogar -establecido en el artículo 29 de la Ley de Inversiones-, de tan solo dos años, que en la práctica pocas veces superaba el año y medio.

Cabe advertir que, con la legislación laboral aún vigente, durante la relación laboral, los trabajadores de la actividad privada carecen de garantías -estabilidad relativa o absoluta- en el empleo, en caso de reclamar un beneficio impago o mal liquidado. En la mayoría de las situaciones, un reclamo significa la pérdida del empleo, en un país en el que se le permite a las empresas despedir sin expresión de causa, como lo establece el orden jurídico. El único obstáculo legal que se impone en ese sentido a las empresas es la Ley Nº 17.940, de 4 de enero de 2006, sobre Protección y Promoción de la Libertad Sindical; pero cuando no se dan esos supuestos de actividad sindical, no hay ninguna protección para el trabajador. Sumada a la convocatoria de los Consejos de Salarios, como ámbito para dirimir salarios y categorías laborales, ha sido un factor determinante para el crecimiento de las organizaciones sindicales. Esto hace presumir que los intereses y derechos individuales pasan a estar más y mejor defendidos por el colectivo, lo que permite pensar que cinco años como plazo de prescripción de un crédito laboral, de naturaleza alimentaria, es un tiempo prudencial que otorga las necesarias garantías a las partes.

En definitiva, todos los plazos tienen algo de arbitrario, y eso explica la gran diversidad que tiene nuestro orden jurídico en materia de prescripciones de distinto origen o naturaleza. Así, las acciones reales prescriben a los 30 años, por el artículo 1215 del Código Civil; las acciones personales se extinguen a los 20 años, por el artículo 1216 del Código Civil; la ejecución de acciones personales prescriben a los 10 años, por el artículo 1217 del Código Civil, mientras que el pago de obras y algunos impuestos tienen otros períodos de prescripción, todos subjetivos y sin una base determinada.

Los plazos de prescripción previstos en este proyecto de ley, de conformidad con lo que se dispone en los artículos 3º y 4º respectivamente, se interrumpen con la sola presentación del trabajador o su representante solicitando audiencia de conciliación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, interrumpe el plazo de prescripción cualquier gestión jurisdiccional ante un tribunal competente, como puede ser la propia demanda, intimación de pago, solicitud de diligencia preliminar o medida cautelar, sin necesidad de trámite posterior alguno. Así, queda absolutamente clara la intención del Legislador de que es la actividad del trabajador por sí misma la que interrumpe el plazo, sin importar cuál sea el trámite posterior en la vía administrativa o judicial, ni el tiempo que demore la contraparte en ser notificada de tales acciones; de alguna manera este aspecto ha motivado la mayoría de los diferendos de las sentencias que han existido hasta la fecha.

Lo que pretendemos con los plazos previstos es equilibrar el universo de las relaciones laborales, contemplando los derechos de los trabajadores que, con la anterior ley eran prácticamente nulos con relación a sus empleadores. Efectivamente, a través de la Ley del año 1998, se otorgó evidente preferencia a la certeza jurídica, en detrimento del trabajo como un bien jurídico y como un derecho reconocido en el artículo 53 de la Constitución de la República.

Queremos dar seguridad jurídica al mundo del trabajo. Nos preocupan los empleadores y buscamos también dar certeza jurídica a todos aquellos que cumplen con la ley y las reglamentaciones vigentes, desalentando el informalismo y el trabajo en negro de empresarios que lucraron con la ley anterior. Verdaderamente, estamos convencidos de que la norma anterior estimulaba el incumplimiento, mientras que el proyecto de ley que hoy está a consideración del Senado hace lo contrario.

El artículo 5º resuelve con claridad el régimen aplicable a las relaciones vigentes, a partir de la sanción de la presente ley.

Finalmente, por el artículo 6º se deroga el artículo 29 de la Ley Nº 16.906 de 7 de enero de 1978, ya que emerge de una expresión de un proyecto de flexibilización y de desregulación laboral inadmisibles frente a las normas de nuestra Constitución de la República y de aquellos principios del Derecho Laboral admitidos pacíficamente por la doctrina y jurisprudencia laboralistas.

Por estas consideraciones, señor Presidente, nos permitimos solicitar al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: en Comisión nosotros votamos a favor de este proyecto de ley que hoy está considerando el Cuerpo, pero lo hicimos con salvedades por dos razones. En primer lugar -así lo manifestamos en la Comisión-, lo hicimos por una cuestión de carácter formal. El Parlamento tiene sus plazos para legislar y, muchas veces, tiene urgencias en función de las cuales debe actuar. En ese sentido, hemos tenido experiencias de ese tipo en el transcurso de los últimos años; algunas de ellas refieren a situaciones críticas, pero creo que todos nos sentimos complacidos por la forma en que el Parlamento fue capaz de responder rápidamente a los requerimientos de la sociedad, mientras que hay otros temas que, necesariamente, deben pasar por el trabajo de las Comisiones, por recibir delegaciones interesadas en expresar su opinión y, de esa manera, ir conformando una posición definitiva en el Parlamento nacional. Además, el sistema parlamentario uruguayo es bicameral, a pesar de lo cual lamentablemente en el transcurso de esta legislatura se ha aprobado un conjunto de leyes con trámites muy breves en alguna de las Cámaras y a veces en ambas, lo que conspira contra la calidad de la producción parlamentaria. Precisamente, con este proyecto de ley, así como con el otro que integra el Orden del Día y que ahora se ha decidido su postergación -el que refiere a las tercerizaciones-, se ha actuado prescindiendo del sistema bicameral. La Comisión de Asuntos Laborales se reunió hoy a las 14 horas por primera vez para considerar estos dos proyectos y allí se les dio aprobación, perdiéndose la posibilidad de recibir a los sectores involucrados y de consultar a los especialistas en Derecho Laboral, sobre todo para evitar problemas de futuro. Nosotros hicimos estas consideraciones especialmente en lo que tiene que ver con el proyecto de ley sobre tercerizaciones, pero también respecto a este que estamos considerando, aun cuando podamos tener coincidencias de carácter general no menores.

Quería hacer referencia a ese aspecto formal en señal de protesta -si se puede definir así-, porque me parece necesario hacerlo. Creo que debemos llamarnos la atención a nosotros mismos como Cuerpo en cuanto a la necesidad de darle a algunos temas el tiempo, la relevancia y la consideración que merecen, sobre todo cuando se trata de materia laboral y de defender los derechos de los trabajadores. Esto último significa, no solamente buscar formas, instrumentos y plazos en los que se pueda hacer valer sus pretensiones, sino también defender las fuentes de trabajo y proteger el salario, y a veces, algunas de las medidas que se toman conspiran contra esos derechos, aunque se crea o considere lo contrario.

El proyecto que hoy tenemos a consideración, en su parte fundamental -que es el artículo 1º-, mantiene el año como término de prescripción dentro del cual, culminada una relación laboral, el trabajador tiene derecho a promover las acciones que entienda pertinentes para demandar lo que se le debe. Eso ya es así al día de hoy y no se introducen cambios de ninguna naturaleza. Es una norma inteligente que toma como punto de partida el cese de la relación laboral. Está bien que así lo haga porque, tal como expresábamos en la Comisión, muchas veces sucede que el trabajador que ve cercenados algunos de sus derechos -que no recibe la paga que le corresponde, que no se le acredita correctamente el cumplimiento de determinadas horas extras o que no se le hace lugar al goce de las licencias que pudo haber generado-, durante el transcurso de la relación laboral se le hace muy difícil reclamar a la patronal el cumplimiento de lo que le corresponde, porque podrá lograr su objetivo a través de una acción judicial, pero corre el riesgo de perder su fuente de trabajo. Entonces, una manera de proteger esos derechos es a través de la organización sindical que lo defiende y protege -que hoy tiene una vigencia especial y particular y que no debe ser ajena a la consideración de temas de estas características- y otra es ésta, que ya tiene años en nuestro Derecho Laboral y que tiene que ver con el hecho de que el término de la prescripción de la acción correspondiente empiece a correr a partir del momento del cese de la relación laboral.

En definitiva, estamos totalmente de acuerdo con el artículo 1º, que no hace más que reiterar las soluciones que hoy rigen nuestro Derecho Laboral y nuestra justicia laboral.

Los cambios que se introducen en este proyecto refieren, en primer lugar, a cuáles son las acciones que interrumpen la prescripción. En ese sentido, se flexibiliza la interrupción de la prescripción en tanto la sola presentación del trabajador o su representante ante el Ministerio de Trabajo es un acto hábil para causar el efecto de la interrupción. Es decir que no se exige que se cumpla la audiencia sino que basta con que se solicite. Tampoco se exige -tal como lo hace la norma vigente que se va a derogar a través de este proyecto- que la demanda se interponga dentro de los 30 días de concretada la audiencia de conciliación o la tentativa de conciliación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A su vez, a través del artículo 8º, se hace extensiva la interrupción de la prescripción a otros actos del proceso, como pueden ser las medidas preparatorias, medidas de intimación o medidas cautelares.

Todo esto es compartido ampliamente por nosotros y creo que no genera mayores problemas, porque facilita al reclamante. Además, pone fin a una discusión en la doctrina que sostiene que, si no interpone la demanda dentro de los 30 días de cumplida la audiencia, el actor, de todas maneras, tiene el régimen de la prescripción del Código Civil que, en esos casos, actuaba como norma residual. A partir de la promulgación de esta ley, el Código Civil dejará de actuar como norma residual en esta materia y será de aplicación directa lo que se dispone en los artículos 3º y 4º del presente proyecto de ley. Esto nos parece beneficioso, de derecho, equitativo y justo.

El gran cambio que se introduce en el proyecto de ley tiene que ver con la posibilidad de reclamar créditos o prestaciones laborales con una antigüedad de hasta cinco años. Hoy es hasta dos, pero hasta el año 1998 era hasta diez años. Esta es una de las grandes modificaciones que se introdujo en la Ley de Inversiones que en su artículo 29 estableció este régimen de dos años; artículo 29 que fue objeto de un proceso de recolección de firmas para intentar derogarlo a través de un eventual referéndum o plebiscito que debía practicarse en el caso de que efectivamente se consiguieran las firmas. Éstas no se consiguieron y la norma permaneció vigente durante estos 8 años. Este no es un tema menor y no quiere decir que se trate de un impedimento para que se pueda modificar el régimen. Reitero: este no deja de ser un tema menor en un tiempo en el que, como señalábamos cuando discutíamos el proyecto de ley referido a las Sociedades Anónimas en el agro y como vamos a plantear cuando se discuta el proyecto de ley de "derogación de las tercerizaciones" -así lo denominamos nosotros- o de "descentralización", como efectivamente se titula, lo importante es defender las fuentes de trabajo.

Creo que defender el derecho de los trabajadores significa defender la inversión, la generación de fuentes de trabajo y las posibilidades de que efectivamente el trabajador trabaje -valga la redundancia-, que es lo más importante, percibiendo un salario y una compensación dignos.

Estos cambios no son buenas señales para la inversión, ni para una economía que está en franco proceso de reactivación y que necesita determinadas fortalezas para que esto deje de ser cíclico y se transforme en un período de estabilidad económico-laboral de carácter permanente.

Me parece que hay muy buenos argumentos que permiten sostener la posibilidad de que los créditos laborales prescriban a los dos, cinco y diez años. No me parece que por ello debamos establecer una diferencia fundamental que haga que unos estemos de un lado del río y otros del otro. En consecuencia, no tendría mayores problemas en votar un artículo que lleve esto a cinco años, básicamente, en función del argumento que di cuando hablaba de la prescripción de los créditos laborales. Efectivamente, creo que el trabajador durante su relación laboral, muchas veces tiene enormes dificultades para poder reclamar lo que se le debe o una parte de ese monto, por lo que con esto se logra una mayor justicia. Para ello es fundamental -¡y en estos tiempos vaya si tiene vigencia e importancia!- la acción de los sindicatos. Por todo esto, me parece que hay que tener mucho cuidado con estos temas y considero que cambiar los plazos cada poco tiempo no le hace bien ni siquiera a los trabajadores.

Además, creo que el artículo 5º, en tanto establece una retroactividad, también genera importantes dificultades. Digo esto porque si el régimen vigente establece que los créditos o prestaciones laborales prescriben a los dos años, desde la fecha en que pudieron ser exigibles, y si el artículo 5º estipula que en el régimen de prescripción establecido en los artículos 1º y 2º quedan incluidas las relaciones laborales vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma legal, los créditos o prestaciones laborales que hoy están prescriptos, porque han pasado más de dos años, recobran su vigencia en función de lo dispuesto, precisamente, por el artículo 5º, que lleva el plazo a cinco años.

En definitiva, señor Presidente, adelantamos que vamos a acompañar con nuestro voto el proyecto de ley en general, aunque no así algunos artículos de la discusión particular, como por ejemplo el 5º, en función de las referencias que acabamos de realizar. Me parece que es lógico que nos marquemos por lo menos dos aspiraciones: en primer lugar, tratar de lograr una cierta estabilidad en las normas de carácter laboral, sobre todo en lo que tiene que ver con la prescripción tanto de las acciones como de los créditos o de las prestaciones laborales, y en segundo término, intentar en todo tiempo que cuando temas de esta dimensión lleguen a estudio de las diferentes Comisiones, tengamos la posibilidad de convocar a las partes y de darnos la discusión que los asuntos merecen, de manera tal de alumbrar desde este Parlamento leyes justas, eficaces y adecuadas a la realidad económica, social y laboral que el país vive en estos tiempos.

Muchas gracias.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: no vamos a reiterar argumentos que ya hemos escuchado. En algunos aspectos, el proyecto de ley es opinable, en especial en lo que tiene que ver con el aumento de dos a cinco años de la posibilidad de reclamo de los créditos laborales, es decir, del tiempo en que éstos prescriben.

El efecto económico de esta norma es bien claro. Aquí lo que se establece es un aumento del pasivo contingente de las empresas. Un contador me decía: "yo firmo los balances, pero no sé si lo que firmo es verdad, porque tengo un pasivo y una pérdida que no conozco". Al final, eso se traslada al mercado y de una manera u otra al salario corriente. Además, cuando las empresas trasladan, siempre tienen que cubrir esos montos, porque no hay un seguro que los cubra. Tienen que protegerse con un autoseguro, y si optan por la media y les toca el peor de los casos, van a salir perdiendo. Por eso, cuando negocian determinadas condiciones, son bastante más complicadas y duras. De una manera u otra, eso se va a trasladar a las condiciones corrientes de contratación. Eso siempre es así y, en general, los buenos trabajadores terminan pagando por los que no son tan buenos, y lo mismo sucede con los buenos empresarios. Lamentablemente, esto es así. De todas maneras y como bien se dijo, el cambio del plazo de dos a cinco años es arbitrario y claramente aumenta el pasivo contingente de las empresas, así como cambia las previsiones que deberán tomar. Además todo esto se ajustará en función del mercado. No nos parece que este sea un punto de mayor relevancia práctica de aquí en adelante.

Sí es evidente que a través del artículo 5º se cambian algunas de las condiciones actuales y se hacen renacer créditos que estaban prescriptos, lo que modifica sustancialmente las reglas de juego bajo determinadas condiciones de contratación.

Por su parte, el artículo 1º repite el inciso primero del artículo 29 de la Ley de Inversiones, y estamos de acuerdo con ello; pero queremos hacer especial hincapié en el artículo 3º, pues pensamos que la solución que en él se plantea no es adecuada en materia de introducción de la prescripción, ya que alcanza con la sola presentación del trabajador o de su representante solicitando audiencia de conciliación. Nos parece que la solución es la de la ley original y si ésta genera dificultades, habría que corregirlas para que la jurisprudencia no interprete subsidiariamente otras cosas. Reitero que la solución original es mucho más acertada porque se refiere a la audiencia tentativa y a la ratificación de la demanda del crédito por parte del trabajador; si éste no comparece, la demandada -que es la empresa- igual interrumpe la prescripción. Nos parece que esta forma tan ligera puede dar lugar a diversos tipos de "jueguitos". Todos sabemos que hay abogados que se dedican a estas cosas y que, por las dudas, reciben un poder para ser representantes de alguna persona y presentar una demanda, solicitando una audiencia de conciliación para ver qué sucede después.

Nos parece que esta no es la solución adecuada y que sí lo era la otra, es decir, la que tiene que ver con la ratificación posterior. En caso de que no se presentara la empresa, quedaría interrumpida la prescripción. De la misma manera, creo que lo previsto en el artículo 4º estaba planteado también en la ley anterior. Digamos que se trata de una forma de disociar el segundo inciso del artículo 29 de la Ley de Inversiones.

Por lo tanto, señor Presidente, como ya hemos expresado, vamos a acompañar en general este proyecto de ley, pero no sus artículos 3º y 5º con sus actuales redacciones, por los argumentos esgrimidos.

SEÑOR RIOS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Ríos.

SEÑOR RIOS.- La verdad es que me parece bien que la discusión esté muy centrada, por lo menos, en los puntos que la doctrina ha debatido permanentemente. En mi corta experiencia personal como asesor de empresas, nunca vi, ni me mostraron, la cotización y la admisión de un incumplimiento como un costo. Me parece que cuando se presenta una licitación, están dentro las obligaciones, pero no el incumplimiento de éstas. Se debe tener presente que en este caso lo único que puede reclamar el trabajador es un incumplimiento, pero un empresario no incorpora en su estructura de costos la posibilidad de incumplimiento que se pueda llegar a generar, por ejemplo, por una mala liquidación, como a veces sucede.

No creo, pues, que estas deudas formen parte del costo porque, como he dicho, no se puede usar ese criterio. Desde mi humilde punto de vista lo veo así, pero estoy firmemente convencido de que no debe ser de ese modo.

No sería honesto si no dijera al Cuerpo que el mundo del Derecho Laboral evoluciona. Con respecto al principio protector -que es el que coloca en minoría o deja indefenso al trabajador individual frente al empleador-, debo decir que lo he estudiado y he advertido que, desde el momento en que el trabajador se sindicaliza y actúa con un gremio de un lado y, de otro, una organización empresarial o un empresario, dicho principio protector se relativiza. Por ese motivo, en sesiones anteriores decía que el Derecho Laboral debe ser visto no sólo desde el punto de vista colectivo con soluciones autónomas, sino también desde la óptica individual con soluciones heterónomas, pero que se van entrelazando para poder determinar un sistema completo y complejo de relaciones laborales, en donde los ejemplos y los equilibrios hacen que las partes puedan llevar a cabo -como decían los señores Senadores Gallinal y Alfie- el crecimiento y el desarrollo sin que nadie deje por el camino derechos adquiridos ni sea un peso para otros.

A mi juicio, este proyecto de ley guarda equilibrio porque respeta el derecho de los trabajadores y el de los empresarios cumplidores, así como también da un plazo prudente para la reclamación. Es más, creo que con la perfección que somos capaces de lograr los hombres, en el momento en que las relaciones que estamos intentando crear vayan "tomando carne dura" y "teniendo pantalones largos", es imposible que un sistema no vaya mutando en sí mismo en una cantidad de aspectos. Desearíamos que no fueran necesarias normas como esta, lo que significaría la no existencia de empresarios incumplidores y, por ende, de reclamos de los trabajadores. Lo que más me preocupa de estas normas es que hay empresarios que incumplen normas y hacen necesario que se busque, mediante una ley, el equilibrio que se rompe en la relación laboral permanente.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 19 en 23. Afirmativa.

En discusión particular.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 15 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 15 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 24. Afirmativa.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

20) FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA)

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se crea el Fondo Nacional de Salud (FONASA). (Carp. Nº 669/06 - Rep. Nº 401/06 y

Anexo I)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 669/06

Rep. Nº 401/06

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

ARTICULO 1º.- Créase el Fondo Nacional de Salud (FONASA) el que será administrado por el Banco de Previsión Social y financiará el régimen de prestación de asistencia médica de los beneficiarios del Seguro de Enfermedad del Banco de Previsión Social, de los jubilados del Banco de Previsión Social que hicieran la opción prevista por el artículo 187 de la Ley Nº 16.713, de 1º de setiembre de 1995, de los funcionarios públicos y de otros dependientes del Estado, con el alcance y en los términos previstos en la presente ley.

ARTICULO 2º.- Quedarán incluidos en el régimen establecido en la presente ley:

a) las personas comprendidas en lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975 y los artículos 186 y 187 de la Ley Nº 16.713, de 1º de setiembre de 1995.

b) Los funcionarios de la Administración Central, del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

c) Las cuidadoras del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

d) Los contratados a término.

Exceptúase del presente régimen a los funcionarios por los cargos que ocupen en los Incisos 03 "Ministerio de Defensa Nacional", 04 "Ministerio del Interior" y 12 "Ministerio de Salud Pública", que tuvieran derecho a otras coberturas, los que continuarán manteniendo los regímenes especiales de asistencia médica de cada Inciso.

El presente régimen no será aplicable tampoco a becarios y pasantes.

ARTICULO 3º.- El Fondo creado se integrará con los siguientes recursos:

a) un aporte de los funcionarios de un 3% (tres por ciento) que se calculará sobre el total de las retribuciones sujetas a montepío;

b) un aporte a cargo del organismo empleador del 5% (cinco por ciento) sobre las mismas remuneraciones establecidas en el literal anterior;

c) un aporte del Banco de Previsión Social equivalente al monto total que debe abonar dicho organismo a las prestadoras de servicios de salud a la fecha de vigencia de la presente ley por concepto de cuotas mensuales de prepago de los comprendidos en el artículo 8º del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975 y en los artículos 186 y 187 de la Ley Nº 16.713, de 1º de setiembre de 1995 y de cuotas correspondientes al Fondo Nacional de Recursos. Dichos aportes serán ajustados por la variación del valor de las cuotas, y por las altas y bajas que se vayan produciendo.

ARTICULO 4º.- El aporte referido en el literal a) del artículo anterior, para los beneficiarios de los organismos públicos comprendidos en el artículo 2º, será inicialmente de cargo de Rentas Generales o quien haga sus veces.

A partir de la fecha que determine el Poder Ejecutivo y coincidiendo con la aplicación del ajuste de recuperación salarial, los funcionarios aportarán a razón de un 1% (uno por ciento) acumulativo anual hasta alcanzar el porcentaje del 3% (tres por ciento). La diferencia entre el aporte personal descontado y el 3% será de cargo de Rentas Generales.

Los trabajadores comprendidos en lo dispuesto en el literal B) del artículo 8º del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975 citado quedarán excluidos de lo previsto en el inciso anterior.

A efectos de hacer frente a las erogaciones que demanda el presente artículo, así como el aporte de cargo del empleador establecido en el literal b) del artículo precedente, la Contaduría General de la Nación realizará las trasposiciones y habilitaciones de créditos presupuestales necesarios en cada Inciso y Unidad Ejecutora.

ARTICULO 5º.- Los beneficiarios que ingresen al Fondo Nacional de Salud con posterioridad a la aprobación de la presente ley podrán optar, de acuerdo con lo que determine la reglamentación, por su afiliación a las instituciones de Asistencia Médica Colectiva contratadas por el Banco de Previsión Social o a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en cuyo caso se realizará bajo las condiciones que se establezcan entre ambas instituciones. Exceptúase de dicha afiliación a quienes amparados en otros regímenes, le asegure la cobertura asistencial en un nivel no inferior al que tendrían derecho por el sistema que se crea en la presente ley. En ningún caso será admitida la doble cobertura de la asistencia médica al amparo de este sistema. No obstante en todos los casos el funcionario deberá realizar el aporte previsto en el artículo 3º. El Poder Ejecutivo reglamentará las equivalencias de cobertura asistencial.

Facúltase al Poder Ejecutivo a determinar la fecha en que dicha opción se hará para los beneficiarios del literal a) del artículo 2º de la presente ley.

ARTICULO 6º.- Quienes se encuentren amparados simultáneamente por el presente régimen y por el establecido por el Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975 u otras coberturas particulares, deberán optar por una única afiliación, manteniendo en las actividades comprendidas por la norma precedentemente citada los derechos y obligaciones correspondientes.

ARTICULO 7º.- El Banco de Previsión Social abonará una cuota uniforme a todas las prestadoras de asistencia médica por las que hubieran optado los beneficiarios. Dicha cuota podrá estar asociada a la edad y sexo de los beneficiarios e incluir pagos por el cumplimiento de metas asistenciales. La fijación de la cuota se realizará por el Poder Ejecutivo en acuerdo con los Ministerios de Economía y Finanzas y de Salud Pública, tomando en consideración las economías derivadas de costos de cobranza, financieros, gestión de cobro y otros costos de gestión. Abonará asimismo al Fondo Nacional de Recursos las cuotas correspondientes por la totalidad de los beneficiarios incluidos en la presente ley.

ARTICULO 8º.- Se destinará a financiar la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) el importe de las cuotas que perciba así como el excedente que surja de los aportes realizados por aplicación de la presente ley luego de abonar la totalidad de las cuotas establecidas en el artículo 7º.

El monto determinado por aplicación del inciso precedente constituirá Recursos de Afectación Especial con titularidad y disponibilidad de la referida Administración, y no se computará como base de cálculo de ninguna retribución, comisión o cualquier otro complemento de naturaleza salarial o no salarial, establecida por otras disposiciones legales.

A efectos de la habilitación de los créditos que se financian con los recursos establecidos en el presente artículo, será de aplicación el artículo 43 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001. Dichos créditos se distribuirán por Unidad Ejecutora para gastos de funcionamiento e inversiones de acuerdo con lo que determine la Dirección General de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

ARTICULO 9º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a incluir a los funcionarios de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) así como al Poder Judicial, en el régimen creado en la presente ley. La aportación progresiva hasta alcanzar el 3%, establecida en el artículo 7º, no podrá significar reducción de salario líquido.

Facúltase al Poder Ejecutivo, a extender el régimen creado en la presente ley, a funcionarios de otros organismos públicos nacionales.

ARTICULO 10.- En caso de producirse las incorporaciones autorizadas en el artículo precedente u otras que se dieran en el futuro, los créditos habilitados para los regímenes de asistencia médica de cada organismo, pasarán 1a financiar los aportes previstos en los literales a) y b) del artículo 3º de la presente ley.

ARTICULO 11.- Tipifícase el delito de intermediación lucrativa en la captación de socios, afiliados o beneficiarios para las Instituciones de Asistencia Médica Privada o Pública, la actividad realizada por una o más personas, en forma individual o concertada, tendiente a lograr la captación de los mismos, que incluya la entrega o promesa de entrega a éstos de dinero u otra ventaja equivalente, a excepción de mejoras en las prestaciones asistenciales.

El que, indistintamente, ejecutare dichas actividades, será castigado con una pena de cuatro a veinticuatro meses de prisión.

Los Directivos, Directores y Administradores de las Instituciones, que por cualquier medio, facilitaren, propiciaren, aceptaren o ejecutaren actos tendientes a tales fines, serán considerados coautores.

Constituyen circunstancias agravantes de este delito:

a) el carácter de funcionario público del agente;

b) el grado de jerarquía funcional del coautor.

ARTICULO 12.- En caso de que el Ministerio de Salud Pública o el Banco de Previsión Social, comprobaren que en virtud de las conductas referidas en el artículo precedente se hayan visto beneficiadas Instituciones, podrán aplicar sanciones pecuniarias de hasta 1.000 UR (mil unidades reajustables) pudiendo duplicarse dicho monto en caso de reincidencia y retener las transferencias por concepto de cuotas de afiliación al sistema que administra el Banco de Previsión Social.

ARTICULO 13.- Facúltase al Poder Ejecutivo a crear una Comisión de Seguimiento para la aplicación de la presente ley.

ARTICULO 14.- Derógase lo dispuesto por la Ley Nº 17.946, de 6 de enero de 2006, el artículo 14 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 con la redacción dada por los artículos 11 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988 y 21 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y toda disposición que establezca otro régimen de cobertura asistencial a los beneficiarios del régimen creado en la presente ley.

Sala de la Comisión, a 21 de diciembre de 2006.

Enrique Rubio, Miembro Informante; Sergio Abreu (con salvedades); Isaac Alfie (con salvedades); Carlos Baráibar, Alberto Breccia, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber (con salvedades); Rafael Michelini.

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 18 de octubre de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a efecto de remitirle adjunto al presente Mensaje el Proyecto de Ley denominada: "LEY DE AMPLIACION DE LA COBERTURA DE SALUD A TRAVES DE LA SEGURIDAD SOCIAL".

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Antecedentes.

En la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005 de presupuesto quinquenal 2005-2009, se estableció la conformación del Sistema Nacional Integrado de Salud y el Seguro Nacional de Salud.

Así constaba en los artículos aprobados:

ARTICULO 264. El Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública" implementará un Sistema Nacional Integrado de Salud con el objetivo de establecer la atención integral de todos los habitantes residentes en el país, garantizando su cobertura equitativa y universal.

Dicho sistema se articulará sobre la base de la complementación público-privada y tendrá como estrategia global la atención primaria en salud, privilegiando el primer nivel de atención, las acciones de promoción, prevención y rehabilitación.

El sistema complementará los servicios públicos y privados de forma de alcanzar la atención integral y de calidad adecuada a todos los habitantes.

ARTICULO 265.- El Sistema Nacional Integrado de Salud será financiado por un Seguro Nacional de Salud, el que se creará por ley según lo dispuesto en el artículo 67 y en la disposición transitoria letra V)** de la Constitución de la República y contará con un Fondo Público Unico y Obligatorio constituido por los aportes del Estado, aportes de las empresas públicas y privadas y el aporte universal de los hogares beneficiarios del Sistema Nacional Integrado de Salud.

El aporte del Estado provendrá de la asignación presupuestal al financiamiento del sistema de salud.

El aporte de las empresas públicas y privadas será proporcional a la nómina de sus trabajadores.

El aporte de los hogares será un porcentaje de sus ingresos de manera de contribuir a la equidad en el aporte al financiamiento de la salud, en tanto las normas tributarias fijarán la forma y porcentaje de dichos aportes.

El reembolso a los prestadores integrales públicos y privados de salud se hará de acuerdo a cápitas ajustadas por riesgo y metas de prestación de servicios en cada nivel de atención.

La reglamentación fijará los valores de las cápitas integrales ajustadas por riesgo, los mecanismos de ajuste de las mismas y las metas de prestación por nivel de atención.

2.- Objetivos Generales del Proyecto

2.1. Instrumentación de su finalidad

El proyecto de ley constituye una etapa fundamental en la obtención del objetivo del Sistema Nacional Integrado de Salud. Y ello porque dicho sistema tiene por finalidad brindar asistencia médica integral a todos los habitantes residentes en el país. Al servicio de esta finalidad, el proyecto promovido, al amparar a todos los trabajadores activos, tanto públicos como privados, así como a un grupo muy importante de los jubilados, representa una etapa decisiva para alcanzar ese propósito.

2.2 Creación y administración del FISASS

Así como el Sistema Nacional Integrado de Salud será financiado por el Seguro Nacional de Salud, el régimen creado en este proyecto de ley será financiado por el Fondo Integrado de Salud de la Seguridad Social (FISASS), el cual, en definitiva, ha de significar la mayor contribución para la constitución de aquél.

El Banco de Previsión Social, como administrador del FISASS, proporcionará toda su infraestructura y capacidad de gestión para hacer efectivo el objetivo perseguido.

2.3. Nivel de calidad y fortalecimiento sector público.

Si bien la salud como derecho humano fundamental, constituye un problema multisectorial, lo cierto es que el Ministerio de Salud Pública como máxima autoridad sanitaria del país y el Banco de Previsión Social como instituto rector en materia de seguridad social, tienen a su cargo en esta etapa de transición, un rol preponderante en la instrumentación de la actividad a desarrollar. Así, la cobertura asistencial integral, podrá ser brindada mediante la utilización de efectores de salud privados y públicos para lo cual, ambos sectores, deberán contar con un nivel similar de calidad asistencial, todo lo cual implica un gradual fortalecimiento de las instituciones públicas. Esto es más importante luego de 15 años de rebajas presupuestales y casi inexistencia de inversiones en dicho sector público. Precisamente para lograr dicho fortalecimiento se propone que el excedente de los aportes de los funcionarios y de los organismos empleadores, respecto al costo de sus cuotas de salud, se transfiera a Administración de los Servicios de Salud del Estado para aumentar sus recursos y contribuir a la nivelación de la asistencia médica pública-privada.

Como consecuencia de lo expuesto, se integra la citada Administración como prestadora de asistencia médica para todas aquellas personas que reciban el beneficio de prestación de salud por intermedio del Banco de Previsión Social, recibiendo la misma por ello el valor cuota asignada a cada beneficiario.

A dichos efectos, los beneficiarios actualmente amparados por dicha prestación, los amparados por el presente proyecto y todos los que en el futuro queden comprendidos en el mismo, podrán ejercer la opción de recibirla.

2.4. Equidad en la fijación de la cuota

Los efectores de salud públicos y privados deben necesariamente equilibrar costos e ingresos. Para lograrlo se estima pertinente facultar al Poder Ejecutivo a determinar el monto de las cuotas a abonarles, en función de las condiciones demográficas de edad y sexo en el más breve plazo que sea posible. Con ello, seguramente se contribuirá a la estabilidad económica de aquellos.

3. ANALISIS PARTICULAR DE CADA ARTICULO.

Artículo 1.- Se crea el Fondo Integrado de Salud de la Seguridad Social (FISASS) el que será administrado por el Banco de Previsión Social, con la finalidad de financiar el sistema de salud a que refiere el proyecto.

El FISASS ha de constituirse en el antecedente del futuro fondo nacional de salud que integrará el Seguro Nacional de Salud.

Artículo 2º.- Refiere al colectivo amparado por el proyecto, el que incluye a los actuales beneficiarios del sistema de salud administrado por el Banco de Previsión Social, a los funcionarios de la Administración Central con las excepciones referidas en el inciso final, del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay. Incluye además a quienes en los organismos mencionados sean contratados a término de acuerdo con la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, a las cuidadoras del INAU y a los restituidos del escalafón K Militar.

Artículo 3º.- Hace referencia a la integración del FISASS. El mismo se integrará con aportes de los funcionarios (3% sobre el total de las remuneraciones sujetas a montepío), de los organismos empleadores (5% sobre el mismo monto) y del Banco de Previsión Social. Este último resulta equivalente al monto que dicho organismo abona a los efectores privados de salud por concepto de cuotas mensuales prepagas, para brindar asistencia médica, quirúrgica y medicamentos a los beneficiarios del sistema de salud administrado por el mismo.

Artículo 4º.- Como parte del proceso de acuerdo con COFE se propone que el 3% a cargo de los funcionarios sea desde el inicio a cargo de Rentas Generales y en cada oportunidad de ajuste salarial se traslade al funcionario un 1% hasta completar el 3%. El artículo no define la fecha de inicio del descuento quedando facultado el Poder Ejecutivo para determinar la misma. Los empleados de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ya gozan del sistema de salud administrado por el Banco de Previsión Social por lo que ya pagan el 3%.

Artículo 5º.- Se establece la opción, para todo el colectivo amparado en el proyecto, de afiliarse a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva contratadas por el Banco de Previsión Social o a la Administración de los Servicios de Salud del Estado. No se admite la doble cobertura asistencial. En consecuencia, si algún funcionario comprendido en el proyecto ya goza de aquella en un nivel similar a la brindada por éste, no podrá hacer uso de la opción. No obstante resultar excluido, deberá el funcionario realizar el aporte previsto en el Art. 3º.

Artículo 6º.- Constituye una especificación de doble cobertura asistencial.- Por consiguiente, en dicho supuesto, el funcionario deberá efectuar la opción.

Artículo 7º.- La cuota a abonar por el Banco de Previsión Social a los efectores de salud públicos y privados será uniforme pero podrá el Poder Ejecutivo fijar su monto en función de la edad y sexo de los beneficiarios. Asimismo, para determinarla, se tendrán en consideración las economías fijadas en dicho artículo.

Artículo 8º.- Como forma de nivelar la asistencia médica pública-privada, se intenta fortalecer el sistema público mediante un aumento de recursos. Por consiguiente, la Administración de los Servicios de Salud del Estado no sólo recibirá el importe de las cuotas que le abone el Banco de Previsión Social por cada beneficiario que hubiere optado por recibir su asistencia, sino además el excedente resultante de lo que perciba el FISASS por aplicación de los literales a) y b) del Art. 3º, luego de abonar la totalidad de las cuotas mensuales de prepago por los funcionarios públicos amparados en esta ley.

Artículo 9º.- En el supuesto de que el Poder Ejecutivo haga uso de dicha facultad se extenderá el régimen previsto en el proyecto a todos los funcionarios públicos. Por consiguiente se hará efectivo el principio de equidad en la medida que todos los trabajadores públicos y privados, así como los jubilados, puedan gozar de una asistencia médica integral igualitaria, la que será financiada, en parte, por los mismos beneficiarios.

Artículo 10.- Complementando el artículo que antecede, se pretende que toda incorporación al régimen a que refiere el proyecto, sea verificada con su correspondiente financiación.

Artículo 11.- Dada la realidad imperante a nivel de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva y Particular definidas por el Decreto-Ley Nº 15.181 en cuanto a la proliferación de la intermediación lucrativa en la captación de socios o afiliados, resulta necesario adoptar medidas tendientes a contrarrestar dicha práctica.

En tal sentido y como primer escalón surge lógico que se le devuelva a dicha actividad el carácter de delito tal como fuera establecido tanto por el artículo 369 de la Ley Nº 17.296 como por la Ley Nº 17.549.

Artículo 12.- Tales conductas podrán ser sancionadas vía administrativa con la aplicación de multas y aún con la retención de los pagos correspondientes a las cuotas de afiliación.

Artículo 13.- Se faculta al Poder Ejecutivo a crear una Comisión de Seguimiento para la aplicación de la ley cuyos cometidos e integración serán definidos por vía reglamentaria.

Artículo 14.- Se derogan todas las normas que establecían coberturas asistenciales totales o parciales al colectivo previsto en el proyecto.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Azucena Berrutti, Héctor Lescano, José Mujica, María Julia Muñoz, Marina Arismendi, José Díaz, Jorge Brovetto, Mariano Arana, Eduardo Bonomi, Víctor Rossi, Martín Ponce de León.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Créase el Fondo Integrado de Salud de la Seguridad Social (FISASS) el que será administrado por el Banco de Previsión Social y financiará el régimen de prestación de asistencia médica de los beneficiarios del Seguro de Enfermedad del Banco de Previsión Social, de los jubilados del Banco de Previsión Social que hicieran la opción prevista por el Art. 187 de la Ley Nº 16.713, de 1º de setiembre de 1995, de los funcionarios públicos y de otros dependientes del Estado, con el alcance y en los términos previstos en la presente ley.

Artículo 2º.- Quedarán incluidos en el régimen establecido en la presente Ley -además de los comprendidos en lo dispuesto en el Artículo 8º del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975 y los Artículos 186 y 187 de la Ley Nº 16.713, de 1º de setiembre de 1995- los funcionarios de la Administración Central, del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay.

Quedarán asimismo comprendidas en el régimen de la presente Ley las cuidadoras del instituto Nacional del Adolescente del Uruguay.

Exceptúase del presente régimen a los funcionarios por los cargos que ocupen en los Incisos 03 "Ministerio de Defensa Nacional", 04 "Ministerio del Interior" y 12 "Ministerio de Salud Pública", que tuvieran derecho a otras coberturas, los que continuarán manteniendo los regímenes especiales de asistencia médica de cada Inciso.

El presente régimen no será aplicable tampoco a los funcionarios de los Escalafones P y Q, becarios, pasantes y contratados a término.

Artículo 3º.- El Fondo creado se integrará con los siguientes recursos:

a) un aporte de los funcionarios de un 3% (tres por ciento) que se calculará sobre el total de las retribuciones sujetas a montepío;

b) un aporte a cargo del organismo empleador del 5% (cinco por ciento) sobre las mismas remuneraciones establecidas en el literal anterior.

c) un aporte del Banco de Previsión Social equivalente al monto total que debe abonar dicho organismo a las prestadoras de servicios de salud a la fecha de vigencia de la presente ley por concepto de cuotas mensuales de prepago de los comprendidos en el Artículo 8 del Decreto-Ley Nº 14.407 de 22 de julio de 1975 y en los Artículos 186 y 187 de la Ley Nº 16.713, de 1º de setiembre de 1995 y de cuotas correspondientes al Fondo Nacional de Recursos. Dichos aportes serán ajustados por la variación del valor de las cuotas, y por las altas y bajas que se vayan produciendo.

Artículo 4º.- El aporte referido en el Literal a) del Artículo anterior, para los beneficiarios de los organismos públicos comprendidos en el artículo 2º, será inicialmente de cargo de Rentas Generales o quien haga sus veces.

A partir de la fecha que determine el Poder Ejecutivo y coincidiendo con la aplicación de ajuste de recuperación salarial, los funcionarios aportarán a razón de un 1% (uno por ciento) acumulativo anual hasta alcanzar el porcentaje del 3%. La diferencia entre el aporte personal descontado y el 3% será de cargo de Rentas Generales.

Los trabajadores comprendidos en lo dispuesto en el Literal B) del Artículo 8º del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975 citado quedarán excluidos de lo previsto en el inciso anterior.

A efectos de hacer frente a las erogaciones que demanda el presente artículo, así como el aporte de cargo del empleador establecido en el Literal b) del artículo precedente, la Contaduría General de la Nación realizará las trasposiciones y habilitaciones de créditos presupuestales necesarios en cada Inciso y Unidad Ejecutora.

Artículo 5º.- Los beneficiarios enumerados en el Artículo 2º podrán optar de acuerdo con lo que determine la reglamentación, por su afiliación a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva contratadas por el Banco de Previsión Social o a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en cuyo caso se realizará bajo las condiciones que se establezcan entre ambas instituciones. Se exceptúa de dicha afiliación en el caso que ya se encuentren amparados a otros regímenes que aseguren la cobertura asistencial en un nivel no inferior al que tendrían derecho por el sistema que se crea en la presente Ley. En ningún caso será admitida la doble cobertura de asistencia médica al amparo de este sistema. No obstante en todos los casos el funcionario deberá realizar el aporte previsto en el Artículo 3º. El Poder Ejecutivo reglamentará las equivalencias de cobertura asistencial.

Artículo 6º.- Quienes se encuentren amparados simultáneamente por el presente régimen y por el establecido por el del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975 u otras coberturas particulares, deberán optar por una única afiliación, manteniendo en las actividades comprendidas por la norma precedentemente citada los derechos y obligaciones correspondientes.

Artículo 7º.- El Banco de Previsión Social abonará una cuota uniforme a todas las prestadoras de asistencia médica por las que hubieran optado los beneficiarios. Dicha cuota podrá estar asociada a la edad y sexo de los beneficiarios e incluir pagos por el cumplimiento de metas asistenciales. La fijación de la cuota se realizará por el Poder Ejecutivo en acuerdo con los Ministerios de Economía y Finanzas y de Salud Pública, tomando en consideración las economías derivadas de costos de cobranza, financieros, gestión de cobro y otros costos de gestión. Abonará asimismo al Fondo Nacional de Recursos las cuotas correspondientes por la totalidad de los beneficiarios incluidos en la presente ley.

Artículo 8º.- Se destinará a financiar la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) el importe de las cuotas que perciba así como el excedente que surja de los aportes realizados por aplicación de la presente Ley luego de abonar la totalidad de las cuotas establecidas en el artículo 7º.

El monto determinado por aplicación del inciso precedente constituirán Recursos de Afectación Especial con titularidad y disponibilidad de la referida Administración, y no se computará como base de cálculo de ninguna retribución, comisión o cualquier otro complemento de naturaleza salarial o no salarial, establecida por otras disposiciones legales.

A efectos de la habilitación de los créditos que se financian con los recursos establecidos en el presente artículo, será de aplicación el artículo 43 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001. Dichos créditos se distribuirán por Unidad Ejecutora para gastos de funcionamiento e inversiones de acuerdo con lo que determine la Dirección General de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Artículo 9º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a incluir a los funcionarios de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) así como al Poder Judicial, en régimen creado en la presente Ley. La aportación progresiva hasta alcanzar el 3%, establecida en el artículo 7º, no podrá significar reducción de salario líquido.

Facúltase al Poder Ejecutivo, a extender el régimen creado en la presente Ley, a funcionarios de otros organismos públicos nacionales.

Artículo 10.- En caso de producirse las incorporaciones autorizadas en el artículo precedente u otras que se dieran en el futuro, los créditos habilitados para los regímenes de asistencia médica de cada organismo, pasarán a financiar los aportes previstos en los literales a) y b) del artículo 3º de la presente ley.

Artículo 11.- Tipifícase el delito de intermediación lucrativa en la captación de socios y/o afiliados para las Instituciones de Asistencia Médica Privada, sean éstas Colectivas o Particulares, definidas en el Decreto-Ley Nº 15.181 de 21 de agosto de 1981, entendiéndose por tal aquella actividad realizada por una o más personas, en forma individual o concertada, tendiente a lograr afiliaciones para las citadas Instituciones, percibiendo a cambio una retribución, precio o beneficio, sea éste económicamente cuantificable o de cualquier otra naturaleza.

Asimismo, se prohíbe la actividad de promoción para la captación de socios y/o afiliados, que incluya la entrega o promesa de entrega a éstos de dinero u otra ventaja equivalente.

El que, indistintamente, ejecutare dichas actividades, será castigado con una pena de cuatro a veinticuatro meses de prisión.

Los Directivos, Directores o Directores Generales y Administradores de las Instituciones, que por cualquier medio, facilitaren, propiciaren, aceptaren o ejecutaren actos tendientes a tales fines, serán considerados coautores.

Constituyen circunstancias agravantes de este delito:

a) el carácter de funcionario público del agente.

b) El grado de jerarquía funcional del coautor.

Artículo 12.- En caso de que el Ministerio de Salud Pública o el Banco de Previsión Social, comprobaren que en virtud de las conductas referidas en el artículo precedente se hayan visto beneficiadas Instituciones, podrán aplicar sanciones pecuniarias de hasta 1.000 UR (mil unidades reajustables) pudiendo duplicarse dicho monto en caso de reincidencia y retener las transferencias por concepto de cuotas de afiliación al sistema que administra el Banco de Previsión Social.

Artículo 13.- Facúltase al Poder Ejecutivo a crear una Comisión de Seguimiento para la aplicación de la presente ley.

Artículo 14.- Derógase el artículo 14 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 con la redacción dada por los artículos 11 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988 y 21 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y toda disposición que establezca otro régimen de cobertura asistencial a los beneficiarios del régimen creado en la presente ley.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República, Danilo Astori, Azucena Berrutti, Héctor Lescano, Reinaldo Gargano, José Mujica, María Julia Muñoz, Marina Arismendi, José Díaz, Jorge Brovetto, Mariano Arana, Eduardo Bonomi, Víctor Rossi, Martín Ponce de León.

DISPOSICIONES CITADAS

Decreto-Ley Nº 14.407

ADMINISTRACION DE LOS SEGUROS SOCIALES POR ENFERMEDAD SE CREA COMO SERVICIO

DESCENTRALIZADO Y SE LE ASIGNAN COMETIDOS

El Consejo de Estado ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I

Creación y Organización

Artículo 1º.- Créase como servicio descentralizado, la Administración de los Seguros Sociales por Enfermedad. Dicho organismo tendrá su domicilio legal en Montevideo, será persona jurídica y podrá denominarse con las siglas ASSE (Administración de los Seguros Sociales por Enfermedad).

Artículo 2º.- Todos los bienes propiedad de la Administración de los Seguros Sociales por Enfermedad son inembargables.

Artículo 3º.- La Administración de los Seguros Sociales por Enfermedad, por todas las actuaciones y operaciones que realice estará exonerada de impuestos, tasas, contribuciones y en general, de toda clase de tributos cualquiera fuere su género o especie o su forma de pago. Dicha exoneración se extiende a las comisiones por custodia de valores en los Bancos del Estado, las tarifas postales, comprendiendo éstas la correspondencia franca o recomendada, y las tarifas y proventos portuarios.

CAPITULO II

Cometidos

Artículo 4º.- La Administración de los Seguros Sociales por Enfermedad tendrá los siguientes cometidos:

A) Asegurar, por intermedio del Ministerio de Salud Pública, la prestación de la asistencia médica completa por las instituciones o dependencias asistenciales privadas u oficiales habilitadas para la prestación de tales servicios.

B) Subsidiar económicamente al afiliado durante el período de enfermedad o invalidez temporal, en las condiciones establecidas en el numeral 2) del artículo 13.

C) Propiciar y coordinar con el Ministerio de Salud Pública o los servicios especializados que éste indique, un servicio de medicina preventiva y de rehabilitación de los trabajadores amparados por la presente ley.

CAPITULO III

De la Administración

Artículo 5º.- La Dirección y Administración de ASSE estará a cargo de un Directorio compuesto por tres miembros designados en la forma prevista por el artículo 187 de la Constitución de la República.

Artículo 6º.- Es de competencia del Directorio de ASSE.

A) Representar al Organismo, por intermedio de su Presidente, pudiendo otorgar los mandatos que en su caso corresponda.

B) Disponer el pago de las cuotas de asistencia médica y de los subidios por enfermedad una vez comprobada debidamente la misma.

C) Celebrar convenios con otras personas públicas o privadas para el cumplimiento de sus fines.

D) Administrar el patrimonio del Organismo.

E) Fiscalizar y vigilar todos los servicios a cargo de ASSE y dictar las normas y reglamentos necesarios.

F) Ejercer la potestad disciplinaria sobre los funcionarios.

G) Disponer las inspecciones y evaluaciones que crea necesarias para el cumplimiento de sus fines.

H) Proyectar el presupuesto de ASSE de acuerdo al artículo 220 de la Constitución de la República.

I) Dar y tomar en arrendamiento cualquier clase de bienes muebles o inmuebles.

J) Adquirir, gravar, permutar y enajenar bienes inmuebles, a cuyos efectos se requerirá:

a) El voto de la mayoría de los componentes del Directorio.

b) Autorización del Poder Ejecutivo.

K) Designar las comisiones que crea necesarias para el mejor cumplimiento de sus fines.

L) Establecer servicios en el interior del país a los efectos del contralor de la aplicación de las obligaciones que se le asigne.

LL) Llevar a consideración del Poder Ejecutivo el Balance y Proyecto de Memoria Anual.

CAPITULO IV

Actividades comprendidas

Artículo 7º.- Están comprendidos en el régimen de esta ley los sectores de actividades a que se refieren las Leyes 12.839, de 22 de diciembre de 1960; 13.096, de 11 de octubre de 1962; 13.244, de 20 de febrero de 1964; 13.288, de 24 de setiembre de 1964; 13.488, de 18 de agosto de 1966; 13.490, de 18 de agosto de 1966; 13.504, de 4 de octubre de 1966; 13.560, de 26 de octubre de 1966; 13.561, de 26 de octubre de 1966; 13.965, de 27 de mayo de 1971; 14.064, de 20 de junio de 1972; 14.065, de 20 de junio de 1972 y 14.066, de 20 de junio de 1972 y sus modificativas y concordantes, siendo ASSE sucesora de los seguros de enfermedad creados por tales normas pudiendo, en el futuro, incluirse otros sectores de actividades mediante resolución del Poder Ejecutivo a iniciativa de ASSE.

CAPITULO V

Del asegurado

Artículo 8º.- Son asegurados:

A) Los trabajadores incluidos en las actividades previstas en el artículo anterior que en forma permanente o accidental estén en una relación de trabajo remunerado.

B) Los trabajadores de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

C) Con las limitaciones que se establecerán, los trabajadores acogidos al Seguro de Desocupación, los pre-jubilados y los jubilados de las actividades emprendidas en esta ley.

CAPITULO VI

Obligaciones del asegurado

Artículo 9º.- Para tener derecho al cobro del subsidio por enfermedad, el asegurado deberá haber aportado al Fondo Especial que prevé esta ley, a cotización correspondiente a setenta y cinco jornales o tres meses en su caso como mínimo dentro de los doce meses inmediatos anteriores a la fecha de la denuncia de la enfermedad.

Artículo 10.- Durante el lapso en que el asegurado esté percibiendo el subsidio continuará obligado al pago del aporte al seguro como si estuviera trabajando, el que será descontado por ASSE en el momento del pago.

Artículo 11.- Para los asegurados de la industria de la construcción y ramas anexas se estará a lo que establezca la legislación pertinente.

Artículo 12.- Todos los asegurados en la presente ley deberán tener carnet de salud en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

CAPITULO VII

Derechos del asegurado

Artículo 13.- Los asegurados tendrán los siguientes derechos:

1) Asistencia médica

A) Asistencia médica, quirúrgica y medicación en la forma y condiciones que determine el Directorio de ASSE. Esta prestación tendrá lugar desde la fecha de ingreso del trabajador en las actividades comprendidas en el Capítulo IV de esta ley o su ampliación por el Poder Ejecutivo, y mientras continúe la relación del trabajo.

B) Los trabajadores amparados por la presente ley que se acojan a los beneficios del adelanto pre-jubilatorio o la jubilación en su caso, seguirán afiliados a ASSE al sólo efecto de la asistencia médica, quirúrgica y medicación. En tales casos, el importe de la cuota de afiliación será establecido en la reglamentación.

C) Afiliar a sus padres, cónyuge, hijos, hermanos y hermanas que estén a su cargo y que integren el núcleo familiar a las instituciones de asistencia colectivizada que presten asistencia médica, quirúrgica y medicación a los beneficiarios siendo de cargo del mismo la cuota correspondiente que deberá ser de un monto no superior a la cuota que paga ASSE por la asistencia médica contratada. Este derecho de los integrantes del núcleo familiar será ejercido directamente sin que ASSE tenga otra intervención que la de exigir su cumplimiento en la forma que establezca la reglamentación.

2) Subsidio

Un subsidio en todo caso que el asegurado no pueda desempeñar su empleo por causa de una enfermedad o accidente, justificado por el servicio médico que designe ASSE, equivalente al 70% (setenta por ciento) de su sueldo o jornal básico o habitual. El sueldo o jornal básico es el que corresponde a su cargo o categoría excluidas las partidas por locomoción, viáticos, habilitación, quebrantos de caja, horas extras y retribuciones especiales.

El salario mensual de subsidio será de veinticinco jornales para los jornaleros y un mes para los que perciben remuneración mensual. Para el caso de que se trate de trabajadores que perciban remuneraciones por producción, será el promedio actualizado del total de lo percibido en los ciento ochenta días anteriores a la fecha de la enfermedad o accidente.

Artículo 14.- El beneficiario percibirá el subsidio establecido en el artículo 13, numeral 2) a partir del cuarto día de ausencia provocada por enfermedad o accidente con un plazo máximo de un año que podrá ser extendido hasta en un año más por votación unánime y fundada de los integrantes del directorio de ASSE.

En los casos que el beneficiario haya sido hospitalizado no habrá período de pérdida del subsidio, a partir de la internación.

Los beneficiarios en uso de licencia médica por períodos mayores de tres meses deberán ser sometidos cada noventa días a reconocimiento por un Tribunal Médico del Servicio de Certificaciones Médicas de ASSE, salvo que el beneficiario sea declarado física o intelectualmente imposibilitado para el desempeño de su empleo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17.

Artículo 15.- Cuando el asegurado perciba el subsidio por enfermedad durante varios períodos dentro de un lapso de cuatro años, como consecuencia de una unidad de dolencia, esos períodos podrán ser acumulados a los efectos de computar los plazos máximos del subsidio.

Artículo 16.- Si al término de los plazos referenciados en los dos artículos anteriores la enfermedad que padece el asegurado no le permite volver a ejercer sus actividades laborales, cesarán sus derechos a los beneficios del organismo, pudiendo ser dado de baja por la empresa, sin indemnización, sin perjuicio de la cobertura que le corresponda por su invalidez o desocupación forzosa (Servicio de Mano de Obra y Empleo, Seguro de Desocupación o Banco de Previsión Social).

El asegurado continuará afiliado a la institución asistencial privada que cubra el servicio, a condición de hacerse cargo de la cuota que corresponda.

Artículo 17.- El beneficiario podrá en cualquier momento ser declarado física o intelectualmente imposibilitado para el desempeño de su empleo por la Junta Médica del Servicio de Certificaciones Médicas de ASSE. En ese caso ASSE seguirá pagando el subsidio por un término de hasta ciento ochenta días contados desde la fecha del respectivo dictamen. Una vez establecidos en forma definitiva los beneficios que pudieran corresponderle, de acuerdo con las disposiciones que rigen al instituto jubilatorio, dicho adelanto será de contado de la primera liquidación correspondiente. Si quedare algún saldo deudor deberá ser descontado de su jubilación en cuotas mensuales que no podrán ser mayores al 10% (diez por ciento) del valor nominal del beneficio obtenido. Dentro del plazo de ciento ochenta días establecido en este artículo el beneficiario deberá ser sometido a examen por los Servicios Médicos del Banco de Previsión Social, para determinar la situación de inhabilitación. De no existir acuerdo entre el dictamen de la Junta Médica del Servicio de Certificaciones de ASSE y los Servicios Médicos del Banco, decidirá en forma definitiva e irrecurrible un Tribunal Médico formado por un médico designado por ASSE, otro por el Banco de Previsión Social y un tercero designado por el Ministerio de Salud Pública, que actuará como Presidente. Este Tribunal Médico será promovido por ASSE y deberá expedirse dentro de un plazo de treinta días a partir de la fecha de la convocatoria pudiendo dictaminar por mayoría.

En los casos en que este Tribunal Médico determine que no se configura el grado de incapacidad exigible conforme al derecho jubilatorio, deberá establecer en su fallo si el afiliado puede reintegrarse al ejercicio de su actividad, lo que de ser afirmativo, determinará que este Tribunal Médico extienda el alta correspondiente.

Si vencidos los plazos establecidos en el presente artículo, no existiese pronunciamiento de los Servicios Médicos del Banco de Previsión Social por causas no imputables al beneficiario, el Banco de Previsión Social comenzará a servir un adelanto pre jubilatorio, cuyo monto será el 80% (ochenta por ciento) del subsidio, sin perjuicio de lo que corresponda una vez producido el dictamen del Tribunal Médico.

Artículo 18.- En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional ASSE se hará cargo de la diferencia entre lo que abone el Banco de Seguros del Estado y el subsidio establecido en el artículo 13, numeral 2). Estos pagos se seguirán realizando mientras se sirvan las mencionadas indemnizaciones con los límites de uno o dos años establecidos en esta ley, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14.

Artículo 19.- Cuando ASSE considere que un peticionante de subsidio tiene derecho a percibir la indemnización del Banco de Seguros del Estado, acreditado el rechazo por dicho Ente, servirá en forma provisional el subsidio correspondiente.

De no existir acuerdo entre el dictamen de la Junta Médica de ASSE y los Servicios Médicos del Banco de Seguros del Estado respecto a quién es el obligado a pagar la indemnización, decidirá en forma definitiva e irrecurrible un Tribunal Médico formado con un médico designado por el Banco de Seguros, otro por ASSE y un tercero por el Ministerio de Salud Pública que actuará como Presidente. Este Tribunal Médico será promovido por ASSE pudiendo dictaminar por mayoría, debiendo expedirse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la convocatoria realizada.

En caso de que se resuelva que el pago de la indemnización no es de cargo del Banco de Seguros del Estado, ASSE continuará sirviendo el subsidio hasta los límites legales. Si por el contrario el Tribunal Médico dictamina que la indemnización es de cargo del Banco de Seguros, éste deberá reintegrar a ASSE las sumas que hubiere abonado por tal concepto.

Artículo 20.- Los trabajadores que se acojan al Seguro por desocupación durante el período por el que las leyes acuerdan dicho beneficio, sólo tendrán derecho a la asistencia y demás prestaciones médicas y farmacéuticas previstas por la presente ley. En este caso el aporte patronal a ASSE estará a cargo del Fondo Nacional del Seguro por Desocupación creado por la Ley Nº 14.312, de 10 de diciembre de 1974 y el aporte obrero será deducido de la prestación que percibe el trabajador.

A los efectos indicados en el inciso anterior las autoridades del Seguro por Desocupación harán las deducciones correspondientes en las planillas de pagos y verterán el monto total a la orden de ASSE en la forma establecida dentro de los veinte días siguientes.

Artículo 21.- El tiempo que el trabajador no pudiera prestar servicios por razones de enfermedad, será computado como si realmente hubiera trabajado para la aplicación de las normas del derecho de trabajo de que sea titular, salvo en cuanto al derecho de licencia y sumas para mejor goce de la misma que se obtendrán y percibirán, respectivamente, en forma proporcional al período trabajado.

No obstante el Poder Ejecutivo a propuesta de ASSE y en función de sus posibilidades económico-financieras, podrá determinar un concepto distinto para la liquidación de la licencia y sumas para el mejor goce de la misma.

Artículo 22.- Los aportes patronales que corresponda verter al Banco de Previsión Social durante el período de enfermedad serán de cargo de ASSE en la forma que establezca la reglamentación. El aporte del trabajador le será descontado el subsidio en el momento del pago.

Artículo 23.- Las empresas no podrán despedir ni suspender al trabajador que esté ausente por razones de enfermedad si ha cumplido los requisitos que establece esta ley y su reglamentación quedando obligadas a reincorporarlo a sus tareas habituales toda vez que haya sido dado de alta por ASSE. El trabajador dado de alta no podrá ser despedido antes de que transcurran treinta días de su reincorporación a la empresa.

La violación de esta obligación traerá aparejado que el pago de la indemnización por despido sea el doble de la normal, salvo que el empleador demuestre la notoria mala conducta del trabajador o que el despido no esté directa o indirectamente vinculado con la enfermedad o accidente de trabajo.

Las empresas no estarán obligadas a pagar indemnización al trabajador que hubiere ingresado en sustitución de un obrero enfermo y que fuera despedido por el reingreso de aquél al haberse recuperado.

En la toma del personal a que se refiere este artículo, el patrono le notificará las condiciones de admisión. En los casos de este artículo se comunicará la admisión temporaria del obrero a la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social y al Servicio Nacional de Empleo (SENADEMP), y, en su caso, el despido por reintegro del trabajador recuperado.

Artículo 24.- Los subsidios que perciban los beneficiarios de ASSE serán inembargables aplicándose como excepciones las mismas normas referentes a la inembargabilidad de los sueldos.

Artículo 25.- El subsidio no es acumulable al Seguro de Desocupación, ni a retribución de actividad, ni al adelanto prejubilatorio, ni a otros subsidios por enfermedad o accidente.

Artículo 26.- Los rentistas del Banco de Seguros del Estado con incapacidades mayores del 50% (cincuenta por ciento) podrán ser declarados en cualquier momento incapacitados física o intelectualmente. En estos casos ASSE se hará cargo de la diferencia entre lo que abone el Banco de Seguros del Estado y el subsidio a que tiene derecho de acuerdo con esta ley, sujeto a lo dispuesto en los artículos 7º y 19.

Artículo 27.- En ningún caso ASSE pagará un subsidio mensual superior al triple del monto del salario mínimo nacional en su valor nominal.

Artículo 28.- El beneficiario tendrá derecho a percibir una parte proporcional del aguinaldo por el tiempo que este cobrando subsidio, el que será liquidado y pagado por ASSE en la forma que establezca la reglamentación.

Artículo 29.- En caso de fallecimiento de un beneficiario del sistema, sin necesidad de que se promueva apertura judicial de la sucesión y siguiendo el orden de llamamiento que se expresará, sus derecho-habientes percibirán un subsidio por fallecimiento, por una sola vez, equivalente a cincuenta jornales o dos sueldos en su caso.

Este subsidio será otorgado en un plazo no mayor de treinta días a contar de la respectiva solicitud.

En caso de que el trabajador no tenga derecho a jubilación ASSE podrá extender el monto del subsidio hasta el equivalente de doscientos jornales u ocho sueldos en su caso.

El monto de este subsidio no podrá ser superior a quince veces el monto del salario mínimo nacional en su valor nominal.

El orden de llamamiento será el siguiente:

1) Los hijos menores de dieciocho años y los mayores de esa edad incapacitados para el trabajo y el cónyuge supérstite.

2) Los hijos mayores de dieciocho años, el padre, la madre y las hermanas siempre que hubieran estado a la fecha de su fallecimiento a cargo del causante. Las referencias a padres, hijos, nietos o hermanos, comprenden cualquiera sea su sexo tanto a los legítimos como naturales, adoptivos o adoptantes.

Si fueren varios los llamados en el mismo orden, el subsidio se dividirá en partes iguales entre los que concurran. Solamente a falta de los llamados en un orden heredan los del siguiente.

La ex-cónyuge que percibe pensión alimenticia del causante a la fecha del fallecimiento tendrá derecho a percibir la parte proporcional correspondiente al tiempo que duró el vínculo matrimonial.

Artículo 30.- El asegurado no tiene derecho a percibir ningún otro beneficio que los expresamente previstos en esta ley. Tampoco le corresponderá ninguna prestación o beneficio fuera del territorio nacional.

Artículo 31.- Perderán total o parcialmente los derechos al subsidio por enfermedad, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera corresponderles mediante resolución fundada de ASSE, los trabajadores que:

1) No cumplan las prescripciones médicas y que no se sometan a los reconocimientos y exámenes médicos que se consideren necesarios simulen, provoquen o mantengan intencionalmente la incapacidad por enfermedad o accidente.

2) Contraigan enfermedad o sufran accidentes en trabajos remunerados realizados fuera de la industria o, estando percibiendo el subsidio, realicen tareas remuneradas o usen medicamentos inconvenientes.

3) Estén inhabilitados para trabajar, por enfermedad física a consecuencia de actos ilícitos penales, siempre que mediante sentencia ejecutoriada se establezca su responsabilidad, por embriaguez o por uso de estupefacientes. Estas dos últimas causales serán determinadas por el Cuerpo Médico del Organismo.

4) Se sometan a operaciones de cirugía estética sin consentimiento de las autoridades del seguro, así como también, cuando contraigan enfermedades que se deriven de estas operaciones, salvo en los casos en que sean impuestas por accidente.

Lo dispuesto en el presente inciso no comprende la cirugía reparadora.

5) Interrumpan voluntariamente su embarazo salvo que medie indicación médica.

6) Estén en uso de licencia anual remunerada o cumpliendo una sanción disciplinaria y durante el lapso de las mismas.

7) Se ausenten, sin autorización de ASSE, del lugar donde se domicilian mientras perciban subsidio.

Artículo 32.- Las empresas deberán comunicar a ASSE en los plazos y formas que establezca la reglamentación, los movimientos de altas y bajas de su personal remunerado. La omisión de tal comunicación podrá ser sancionada con una multa de hasta diez veces el monto de los aportes obreros y patronales que deba realizar la empresa por el período omitido, sin perjuicio de las demás responsabilidades correspondientes.

CAPITULO VIII

Recursos Financieros

Artículo 33.- Para atender las obligaciones resultantes de la aplicación de esta ley, se dispondrá de los siguientes recursos:

A) Un aporte patronal que no exceda del 5% (cinco por ciento) sobre el total de las remuneraciones que perciben sus trabajadores.

B) Una contribución a cargo de los trabajadores proporcional a las sumas percibidas por remuneraciones o subsidios, que no podrá exceder del 3% (tres por ciento) del total de dicha suma.

Las Cooperativas aportarán como patrones y los socios cooperativistas, como trabajadores.

C) Los aportes y contribuciones del Estado a favor de los Seguros de Enfermedad a que se hace referencia en las Leyes Nº 13.053, de 10 de mayo de 1962 y Nº 13.893, de 19 de octubre de 1970.

D) Queda exenta de la aportación a que se refieren los literales A) y B) de este artículo la parte de remuneraciones que supere el monto de ocho salarios mínimos nacionales en su valor nominal.

Artículo 34.- Antes del 30 de noviembre de cada año, ASSE propondrá al Poder Ejecutivo las tasas correspondientes a los literales A) y B) del artículo anterior y solicitará las contribucines a cargo del Estado. El Poder Ejecutivo deberá fijar dentro de los treinta días de recibida la propuesta las tasas y contribuciones de referencia; si transcurrido dicho plazo no lo hiciera entrarán en vigencia las tasas propuestas por ASSE.

Artículo 35.- ASSE propondrá al Poder Ejecutivo el procedimiento de recaudación de los aportes que determinan los artículos anteriores y pago de los beneficios respectivos a los asegurados de acuerdo a las características de cada empresa o giro, volumen de actividad, organización, contable y personal empleado.

Las empresas de las actividades comprendidas en la presente ley deberán enviar a ASSE dentro de los quince primeros días de cada mes la documentación que ésta requiera para el cumplimiento de sus fines, en la forma y condiciones que determine la reglamentación.

Artículo 36.- A los efectos de este Capítulo se entiende por remuneración el sueldo o salario incluyendo lo que correspondiere por trabajo extraordinario, suplementario o a destajo, comisiones, sobresueldos, honorarios o cualquier otro ingreso que perciba el trabajador que tenga carácter normal en la industria o servicio y que en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo nacional en su valor nominal.

Artículo 37.- Son fondos de ASSE:

1) Los que tuvieran acumulados hasta la fecha los Seguros de Enfermedad e Invalidez a quienes sucede ASSE.

2) Los aportes referenciados en los artículos anteriores.

3) El producto de las multas y sanciones que imponga así como los recargos e intereses.

4) El aporte del ½% (medio por ciento) del total de la recaudación de las Cajas de Auxilio, Fondos de Asistencia o Seguros Convencionales que se mantengan vigentes.

5) Cualquier otro que fije la ley o le asigne el Poder Ejecutivo.

CAPITULO IX

De los funcionarios

Artículo 38.- Los funcionarios serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de ASSE, tendrán el carácter de amovibles y su destitución será resuelta por el Poder Ejecutivo, previo sumario.

Artículo 39.- Los actuales funcionarios de los Seguros de Enfermedad que sucede ASSE, cualquiera sea la naturaleza de su relación funcional, serán incorporados a este Organismo, conservando todos sus derechos funcionales, incluidos el ascenso y los de carácter económico no aplicándose a dichos funcionarios la incompatibilidad para el desempeño de cargo o funciones en otras actividades públicas o privadas en que trabajen a la fecha, los que mantendrán también con todos sus derechos funcionales y la percepción de los correspondientes ingresos así como de las pasividades.

Artículo 40.- Dentro de los ciento ochenta días de vigencia de la presente ley, ASSE formulará y elevará al Poder Ejecutivo el Estatuto del funcionario.

CAPITULO X

Cajas de Auxilio o Seguros Convencionales

Artículo 41.- Podrán constituirse Cajas de Auxilio o Seguros Convencionales de Enfermedad por convenio colectivo entre empresas o conjuntos de empresas y, por lo menos, los dos tercios de sus trabajadores siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1º) Que el convenio suponga la creación de una persona jurídica sin finalidad de lucro, en cuyo órgano directivo estén paritariamente representados empresarios y trabajadores. El mencionado órgano directivo deberá estar investido de todas las facultades y competencias necesarias para el buen funcionamiento del Instituto (Artículo 6º de la presente ley).

2º) Las prestaciones que se sirvan no deberán ser inferiores a las que establece la ley.

3º) Las tasas de aportación de los trabajadores no podrán ser superiores a las máximas establecidas en el artículo 33, y serán determinadas y aplicadas conforme a lo previsto en la presente ley.

4º) Los fondos del seguro se contabilizarán y administrarán con total independencia de la administración de las empresas y de los sindicatos de trabajadores eventualmente comprendidos.

5º) Los convenios colectivos deberán negociarse entre las empresas y los representantes del personal elegidos por voto secreto y deberán ser aprobados por mayoría de dos tercios de los trabajadores interesados.

Cumplidas dichas exigencias y previo informe de ASSE, el Poder Ejecutivo podrá homologar el convenio, teniendo en cuenta especialmente su oportunidad o conveniencia y una vez registrado en la repartición respectiva, y publicado en "Diario Oficial", adquirirá fuerza obligatoria para la totalidad del personal involucrado.

Artículo 42.- Las actuales Cajas de Auxilio y Seguros Convencionales tendrán un plazo de ciento veinte días desde la vigencia de esta ley para modificar el convenio o estatuto a los efectos de ajustarse a los requisitos establecidos en el artículo anterior.

Artículo 43.- Si por falta de renovación o por denuncia de los convenios o acuerdos a los que se refiere la presente ley, u otras razones, cesarán de funcionar los servicios que de ellos dependen, los recursos existentes a esa fecha en los respectivos fondos deberán ser vertidos en ASSE.

En tal caso los derechos y obligaciones de los asegurados con ASSE comenzarán desde esa fecha y en las mismas condiciones establecidas por la presente ley.

Artículo 44.- Los Fondos de Asistencia, Cajas de Auxilio o Seguros Convencionales, términos que se consideran equivalentes a los efectos de esta ley, aportarán mensualmente a ASSE el equivalente al ½% (medio por ciento) del total de la recaudación que perciben.

Artículo 45.- Contra las decisiones ilegales o antiesta-tutarios dictadas por el órgano de administración del Seguro Convencional, procederá el recurso de apelación, que deberá interponerse en subsidio conjuntamente con el de revocación, dentro del plazo de diez días a contar del siguiente al de su notificación al interesado.

El recurso se franqueará para ante la Administración de los Seguros Sociales por Enfermedad.

Artículo 46.- Las empresas y los trabajadores comprendidos en el régimen de Seguros Convencionales, Cajas de Auxilio y Fondos de Asistencia, no estarán obligados a servir los aportes a que se refiere el artículo 34 de esta ley, ni comprendidos tampoco, en, ninguno de los beneficios que se establecen en los artículos 13 a 32 de la misma.

Artículo 47.- Cuando el Poder Ejecutivo considere conveniente o ilegal la gestión o los actos de los Seguros Convencionales de Enfermedad, podrá hacerles las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados.

En caso de ser desatendidas las observaciones, o cuando así lo solicitare el 20% (veinte por ciento), por lo menos, de los afiliados obreros o patronales, el Poder Ejecutivo podrá intervenir los Organismos mencionados.

La intervención sólo se decretará cuando se configure riesgo cierto para el servicio, por grave irregularidad imputable a sus autoridades; y no podrá extenderse por más de noventa días, prorrogables por otros tantos en caso de necesidad justificada por motivos graves.

Artículo 48.- La intervención se dispondrá con las siguientes finalidades:

1º) Investigar las causas de los hechos que la motivaron y deslindar las responsabilidades ocurrentes.

2º) Renovar las autoridades naturales del ente, de acuerdo con el Convenio Orgánico del Servicio. Mientras ello no ocurra, continuarán al frente del Organismo las autoridades encargadas de la intervención.

CAPITULO XI

Disposiciones Generales, Procedimientos.

Infracciones y Sanciones

Artículo 49.- Las empresas comprendidas en el régimen de esta ley, sin la presentación del certificado expedido por ASSE que acredite su situación regular con la misma no podrán:

A) Enajenar total o parcialmente, liquidar, clausurar o fusionar sus establecimientos.

B) Hacer efectivo el cobro de las cantidades que les corresponde percibir en licitaciones, pedidos o concursos de precios de Organismos Públicos (Artículo 1º de la Ley Nº 14.372, de 8 de marzo de 1975).

C) Reformar sus estatutos o contratos sociales.

D) Enajenar vehículos automotores.

E) Inscribir actos o contratos en los registros públicos.

F) Tramitar permisos de importación.

La omisión de este requisito, comporta de pleno derecho la solidaridad del adquirente respecto a la deuda impositiva del enajenante a la fecha de la operación, solidaridad que se extiende a los profesionales que hubieren intervenido.

A los efectos de determinar si el otorgante de cualquiera de los actos previstos en los literales A), C), D) y E) son empresas obligadas por la presente ley, se estará a su declaración haciéndose exigible el certificado a que se refiere esta disposición, siempre que no se formule declaración negativa de la que se dejará constancia en el instrumento respectivo.

Esta norma deroga todas las anteriores similares de contralor contenidas en las leyes a que se refiere el artículo 7º de la presente ley.

Artículo 50.- Decláranse aplicables, en lo pertinente, las normas de procedimientos, infracciones, sanciones, prescripción, caducidad, etc., que rigen para el régimen tributario de la Administración Central.

CAPITULO XII

Disposiciones transitorias

Artículo 51.- El patrimonio perteneciente a las Comi-siones Honorarias Tripartitas creadas por las leyes cita-

das en el artículo 7º, modificativas y concordantes, pasarán a integrar el patrimonio de ASSE creado por la presente ley.

Los bienes, derechos y acciones a que se refiere este artículo se titularán e inscribirán a nombre de ASSE.

Los certificados que se labren con relación a los inventarios y documentos oficiales que se conservan en cada entidad serán suficientes para la determinación o inscripción de la propiedad en los registros correspondientes.

Artículo 52.- Los procedimientos judiciales y administrativos en trámite continuarán hasta su terminación, de acuerdo con su anterior competencia.

Los interesados que hubieran interpuesto recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, de acuerdo con el artículo 454 de la Ley Nº 13.892, de 19 de octubre de 1970, deberán interponer dentro del plazo de treinta días desde la vigencia de esta ley, el recurso de nulidad para ante el Poder Ejecutivo en todos los casos en que no hubiera asumido competencia el respectivo Tribunal de Apelaciones bajo la pena de quedar firme el acto impugnado.

Si el Tribunal de Apelaciones hubiera recibido el expediente con el recurso deberá dictar sentencia.

Artículo 53.- Los funcionarios de los actuales Seguros de Enfermedad o Invalidez a los que sucede ASSE podrá interponer ante el Directorio de este organismo los recursos de revocación y en su caso, subsidiariamente, el de anulación (artículo 317 de la Constitución de la República), contra todos los actos dictados por las anteriores autoridades de los referidos Seguros, dentro de los ciento ochenta días de la promulgación de la presente ley, así como deducir contra las resoluciones que los decidan la acción anulatoria para ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 54.- Hasta tanto el Poder Ejecutivo designe a las autoridades que regirán ASSE (artículo 5º) la Dirección del Organismo continuará a cargo de una Comisión Interventora con las facultades y obligaciones que se establecen en esta ley.

Artículo 55.- Mientras no entre en plena vigencia el Plan Nacional de Salud, ASSE, queda habilitada para la contratación de los servicios médicos asistenciales a que se refiere el inciso A) del artículo 4º de esta ley, con la intervención del Ministerio de Salud Pública a los efectos que correspondiere.

Artículo 56.- El Poder Ejecutivo con el asesoramiento del Banco de Previsión Social, Consejo Central de Asignaciones Familiares y ASSE, convendrá en el término de tres meses un ajuste de sus respectivas deudas y reintegros por los servicios que se prestan mutuamente, debiendo a partir de esa fecha llevarse una cuenta corriente con saldos al día de las deudas reales.

Artículo 57.- Facúltase al Directorio de ASSE o a la Comisión a que se refiere el artículo 54, a arbitrar las normas necesarias en materia presupuestal que permitan la organización administrativa y funcional del Organismo y contemple la absorción de los distintos Seguros de Enfermedad.

Artículo 58.- La presente ley tendrá vigencia a partir del 1º de setiembre de 1975.

Artículo 59.- Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones del Consejo de Estado, en Montevideo, a 15 de julio de 1975.

Alberto Demicheli, Presidente. Nelson Simonetti, Manuel María de la Bandera, Secretarios.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria y Energía

Ministerio de Salud Pública

Montevideo, 22 de julio de 1975.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.

Bordaberry, José E. Etcheverry Stirling, Alejandro Vegh Villegas, Eduardo Crispo Ayala, Adolfo Cardoso Guani, Justo M. Alonso Leguisamo.

Decreto-Ley Nº 15.181

SE ESTABLECEN NUEVAS NORMAS PARA LA ASISTENCIA MEDICA COLECTIVA Y PRIVADA

El Consejo de Estado ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- El Estado establecerá una cobertura de atención médica para todos los habitantes de la República como esencial componente de la seguridad social, a través de organismos públicos y privados.

El Ministerio de Salud Pública deberá asegurar la normalidad de las prestaciones asistenciales.

Artículo 2º.- La asistencia médica solamente podrá ser prestada en el ámbito de sus competencias específicas por médicos, odontólogos y obstétricas con título otorgado o revalidado por la Universidad de la República, o bajo la dirección y responsabilidad de dichos profesionales, conforme a las normas de esta ley y las demás que tutelan la salud pública.

Artículo 3º.- La asistencia médica podrá ser brindada en forma privada, ya sea particular o colectiva, y en forma pública a través de los organismos respectivos:

A) Se entiende por asistencia médica privada particular la que brindan a sus pacientes los profesionales mencionados en el artículo 2 actuando individualmente, en equipo o a través de entidades. Esta forma de asistencia puede ser parcial o total y abarcar todos los aspectos técnicamente posibles y se regulará por los acuerdos que se celebren al respecto mediante el régimen de libre contratación. Los sanatorios y clínicas privados podrán ofrecer seguros individuales de internación, parciales o totales, en régimen de libre elección de asistencia profesional;

B) Se entiende por asistencia médica privada colectiva la que brinden a sus socios o afiliados las instituciones que se organicen y funcionen según las disposiciones de la presente ley;

C) Se entiende por asistencia médica prestada en forma pública, aquella que realizan las personas jurídicas públicas.

Artículo 4º.- Los profesionales, equipos o entidades que brindan asistencia médica privada particular podrán convenir con las instituciones de asistencia médica colectiva y con los organismos públicos, con conocimiento del Ministerio de Salud Pública, distintas prestaciones específicas a sus asociados, usuarios y beneficiarios en las condiciones técnico - administrativas y arancelarias que acuerden o que determinare en casos especiales dicho Ministerio.

Artículo 5º.- Sin perjuicio de la responsabilidad personal de los profesionales que trabajen en entidades de asistencia médica, éstas responderán por acciones u omisiones que violen las disposiciones legales y reglamentarias que regulan su actividad.

Artículo 6º.- Las instituciones privadas de asistencia médica colectiva serán de los siguientes tipos:

A) Asociaciones Asistenciales, las que inspiradas en los principios de mutualismo y mediante seguros mutuos otorguen a sus asociados asistencia médica y cuyo patrimonio esté afectado exclusivamente a ese fin;

B) Cooperativas de Profesionales las que proporcionen asistencia médica a sus afiliados y socios y en las que el capital social haya sido aportado por los profesionales que trabajen en ellas;

C) Servicios de Asistencia creados y financiados por empresas privadas o de economía mixta para prestar, sin fines de lucro, atención médica al personal de dichas empresas y eventualmente, a los familiares de aquél.

Artículo 7º.- Las instituciones de asistencia médica colectiva deberán suministrar a sus asociados, afiliados o usuarios, con prescindencia de los recursos económicos de éstos, los medios para la prestación de una cobertura de asistencia médica, de acuerdo a las pautas técnicas establecidas por el Ministerio de Salud Pública.

Cuando las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) ofrezcan coberturas parciales no lo podrán hacer en un número superior al diez por ciento del total de sus afiliados.

Los derechos y obligaciones de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) y de los asociados, afiliados o usuarios serán determinados por la reglamentación de la presente ley.

Artículo 8º.- Las instituciones de los tipos A) y B) deberán contar con un número mínimo de asociados o afiliados, con recursos suficientes de infraestructura, equipamiento y capacidad de hospitalización y destinar un porcentaje de sus ingresos a la creación y mantenimiento de un Fondo de Inversiones.

La reglamentación respectiva establecerá la dimensión de estos requisitos para el departamento de Montevideo y para los departamentos del interior del país.

El Poder Ejecutivo podrá autorizar, en casos especiales debidamente justificados y por un plazo no mayor de dieciocho meses para la capital y de tres años para el interior, a partir de la publicación de la reglamentación de esta ley, el funcionamiento de instituciones que no reúnan dichas exigencias.

Artículo 9º.- Las entidades de asistencia médica colectiva que se creen a partir de la publicación de la presente ley deberán ajustar sus estatutos a las disposiciones del "Estatuto Tipo" que establezca el Poder Ejecutivo y sus registros contables a las normas que éste dicte; obtener la personería jurídica, registrarse en el Ministerio de Salud Pública y obtener de éste la autorización para funcionar acreditando haber cumplido todos los requisitos exigidos en esta ley.

Artículo 10.- Las instituciones de asistencia médica colectiva, además de los órganos de gobierno que les establezca el "Estatuto Tipo", deberán contar con un Director Técnico Médico como autoridad responsable ejecutiva en el plano técnico ante la institución y ante el Ministerio de Salud Pública.

Las instituciones del tipo A) y B) deberán contar además con un Consejo Técnico Asesor integrado por profesionales vinculados a la labor asistencial de las mismas.

Artículo 11.- El Ministerio de Salud Pública, a través de una Dirección con estos fines específicos ejercerá la inspección, fiscalización y control en los aspectos técnicos, administrativos, contables y técnico - laborales del funcionamiento de entidades de asistencia médica colectiva.

Artículo 12.- El Ministerio de Salud Pública de oficio, por recomendación de las autoridades competentes o a solicitud fundada de los asociados, afiliados, usuarios u órganos de gobierno de las entidades de asistencia médica colectiva en la forma y condiciones que establece esta ley y que determine la reglamentación respectiva, podrá:

A) Realizar o disponer investigaciones de los hechos que por su gravedad lo requieran, compulsar o retirar toda clase de documentos que se consideren necesarios y efectuar intimaciones bajo apercibimiento de las sanciones o medidas que correspondan;

B) Agotada la investigación, cuando medien graves irregularidades que pongan en riesgo el cumplimiento de los fines o la existencia de la institución, proponer al Poder Ejecutivo, mediante resolución fundada, la intervención de dichas entidades por un plazo de seis meses prorrogable por una vez por igual período. La intervención será a los efectos de investigar las causas, determinar las responsabilidades resultantes, dando intervención a la justicia ordinaria si se comprobare la comisión de delitos y promover la renovación parcial o total de autoridades debiendo en todos los casos, asegurar el cumplimiento del fin específico de la institución;

C) Disponer la aplicación de multas, la suspensión parcial o total de actividades, la que no podrá exceder de seis meses y la clausura definitiva de locales. Las sanciones financieras oscilarán entre N$ 2.000 (nuevos pesos dos mil) y N$ 200.000 (nuevos pesos doscientos mil); su graduación deberá hacerse por resolución fundada y de acuerdo con las circunstancias de cada caso y los montos serán actualizados según lo establecido en el artículo 99 del Código Tributario.

Artículo 13.- Las instituciones de asistencia médica colectiva estarán exoneradas de toda clase de tributos nacionales y departamentales con excepción de los aportes a los organismos de seguridad social que correspondan. También estarán exentos de tales tributos los bienes de capital que éstas adquieran, importen o reciban con excepción del Impuesto al Valor Agregado cuando corresponda. Las donaciones efectuadas a nombre de las instituciones de referencia, estarán exoneradas en todo caso.

Artículo 14.- Las instituciones de asistencia médica colectiva deberán recabar autorización del Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud Pública, con fundamentos debidamente documentados, para:

A) Crear, clausurar, suspender, ceder, constituir derecho de uso en favor de otras entidades de asistencia o arrendar servicios de atención médica;

B) Adquirir, enajenar, arrendar o prendar equipos sanitarios;

C) Adquirir, enajenar o hipotecar bienes inmuebles y construir, reformar o ampliar plantas físicas para la atención médica.

Artículo 15.- Los asociados o afiliados de las instituciones de asistencia médica colectiva de los tipos A) y B) asegurarán su derecho a la asistencia médica básica, completa e igualitaria, mediante el pago de cuotas mensuales que se adecuen al costo del servicio.

La demanda y prestaciones de servicios se regularán en lo económico por el pago de tasas moderadoras y, cuando así lo resolviere el Poder Ejecutivo, por aranceles.

Entiéndese por cobertura de asistencia médica básica, completa e igualitaria, la que en lo asistencial, incluye la aplicación de las siguientes actividades fundamentales: medicina ginecotocología, cirugía y pediatría, como asimismo, sus especialidades complementarias.

Artículo 16.- Las entidades de asistencia médica colectiva del tipo C), podrán prestar, en forma sucesiva o simultánea desde su inicio, las siguientes coberturas:

1) Atención médica sanitaria.

2) Atención médica laboral, cubriendo entre ambas la prevención de los riesgos propios de su actividad.

3) Asistencia médica básica completa e igualitaria a su personal y eventualmente a sus familiares.

Artículo 17.- Las instituciones de asistencia médica colectiva no podrán:

A) Mantener ningún tipo de dependencia con instituciones gremiales, políticas o similares;

B) Realizar afiliaciones de carácter vitalicio, entendiéndose por tales aquellas que representen un aporte fijo, definitivo, distinto a la cuota social o variable en el tiempo, sin consideración al costo real del servicio; esta disposición no afecta los derechos adquiridos en mérito a contratos celebrados antes del 14 de marzo de 1974;

C) Utilizar cualquier tipo de intermediación lucrativa en la obtención de nuevos socios o afiliados.

Artículo 18.- Los servicios de atención médica a cargo de organismos públicos y personas de derecho público no estatales existentes o a crearse, adecuarán su actuación con el Ministerio de Salud Pública, ajustándose en lo técnico a las normas que éste dicte.

Además de las prestaciones que actualmente brindan a sus beneficiarios, deberán incluir los servicios indicados en el artículo 16, numerales 1 y 2, cubriendo así la prevención de los riesgos propios de su actividad y cuando corresponda, la rehabilitación de sus beneficiarios.

Dichos organismos podrán contratar y coordinar servicios sanitarios y asistenciales con instituciones de asistencia médica colectiva de tipos A) y B) y con el Ministerio de Salud Pública.

Artículo 19.- A los efectos del cumplimiento de la presente ley dentro de los dieciocho meses de la publicación de su reglamentación, las instituciones de asistencia médica colectiva existentes deberán, cuando corresponda, fusionarse o transformar su tipo y en todos los casos, reformar sus estatutos de acuerdo con las normas del "Estatuto Tipo", adicionar a su nombre o denominación la tipificación que corresponda y ajustar sus registros contables a las normas que dicte el Poder Ejecutivo. Las fusiones se realizarán bajo el régimen de trasmisión de patrimonio a título universal.

Las fusiones, transformaciones y reformas de estatutos que se cumplan dentro de dicho plazo, estarán exoneradas del pago de toda clase de tributos y exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 473 del Código de Comercio.

Artículo 20.- Cuando una institución de asistencia médica colectiva quedare disuelta y existiere la previsión estatutaria de que, en caso de disolución, sus bienes pasaren a instituciones públicas asistenciales, el Poder Ejecutivo queda facultado para afectar el uso y destino de dichos bienes en el modo que estime más conveniente para asegurar la continuidad y regularidad de la asistencia a los asociados o usuarios en la prosecución de los fines asistenciales para los cuales la institución había sido creada.

Artículo 21.- En todos los casos de transformación de tipo, fusión, tramitación de personería jurídica y modi-ficación de estatutos de las entidades de asistencia médi-ca colectiva, deberá ser oído el Ministerio de Salud Pú-blica.

Artículo 22.- Deróganse el Decreto-Ley Nº 10.384, de 13 de febrero de 1943 y la Ley Nº 14.164, de 7 de marzo de 1974. Todos los convenios colectivos de trabajo, suscritos por las instituciones de asistencia médica colectiva, que estuvieron vigentes, quedarán sin efecto a partir de la publicación de la reglamentación de la presente ley.

Artículo 23.- Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones del Consejo de Estado, en Montevideo, a 18 de agosto de 1981.

Hamlet Reyes, Presidente; Nelson Simonetti, Julio A. Waller, Secretarios.

Ministerio de Salud Pública

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria y Energía

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Agricultura y Pesca

Ministerio de Justicia

Montevideo, 21 de agosto de 1981.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.

Aparicio Méndez, Antonio Cañellas, General Yamandú Trinidad, Estanislao Valdes Otero, Valentín Arismendi, Walter Rabenna, Daniel Darracq, Eduardo J. Sampson, Francisco D. Tourreilles, Ramón N. Malvasio Laxague, W. Nogueira Irigoyen, Fernando Bayardo Bengoa.

Ley Nº 16.713

SEGURIDAD SOCIAL CREASE EL SISTEMA PREVISIONAL QUE SE BASA EN EL PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD Y COMPRENDE EN FORMA INMEDIATA Y OBLIGATORIA A TODAS LAS ACTIVIDADES AMPARADAS POR EL BANCO DE PREVISION SOCIAL

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

TITULO X - DISPOSICIONES ESPECIALES

Artículo 186

(De la cuota mutual, su generación y condiciones del derecho). Los afiliados pasivos jubilados como trabajadores dependientes en actividades amparadas en el Banco de Previsión social, tendrán derecho a partir del 1º de enero de 1997, al beneficio de la cuota mutual a cargo del mismo, siempre que sus ingresos totales incluyendo las prestaciones por pasividad o retiro no superen a partir del 1º de enero de 1997 la cantidad de $ 1.050 (mil cincuenta pesos uruguayos) y a partir del 1º de enero de 1998 en adelante la suma de $ 1.250 (mil doscientos cincuenta pesos uruguayos), ambas tomadas a valores de mayo del año 1995.

El beneficio aquí establecido se generará y mantendrá a partir de las fechas mencionadas siempre que por lo menos una de las Administradoras de Fondos de Ahorro Provisional esté operando y los regímenes tanto de jubilaciones como de financiación previstos por la presente ley se encuentren vigentes.

Esta prestación es incompatible con ingresos derivados de cualquier actividad remunerada, que en su conjunto superen con las jubilaciones los valores establecidos en el inciso primero de este artículo.

Artículo 187

(Opción). Los jubilados del Banco de Previsión Social amparados por el artículo anterior, que sean beneficiarios de la cobertura de salud por otro régimen, podrán optar por el beneficio establecido por la presente ley en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

Ley Nº 17.296

APRUEBASE EL PRESUPUESTO NACIONAL PARA EL ACTUAL PERIODO DE GOBIERNO

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

CAPITULO II

FONDOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD

Artículo 43.- Los gastos que se atienden con los fondos de libre disponibilidad se financiarán con cargo a los créditos presupuetales aprobados, siempre y cuando exista disponibilidad en las respectivas cuentas corrientes.

El Poder Ejecutivo podrá, al amparo de lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto-Ley Nº 14.754, de 5 de enero de 1978, en la redacción dada por el artículo 56 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y el artículo 50 de la presente ley, reforzar los créditos presupuestales de gastos de funcionamiento e inversión y retribuciones personales que se atienden con cargo a estos fondos, si correspondiere. Previamente, se acreditará su necesidad y conveniencia, teniendo en cuenta la disponibilidad del Tesoro Nacional y de acuerdo con lo que disponga la reglamentación.

(*) Texto corregido por Decreto 170/001

Cuando por razones de política de administración de recursos disminuya la recaudación, y en consecuencia, no se pueda atender los gastos con cargo a estos fondos, el Poder Ejecutivo podrá autorizar su pago con cargo a Rentas Generales.

DEROGACIONES

Ley Nº 16.002

SE APRUEBAN PARA LOS INCISOS 02 AL 13 LAS MODIFICACIONES AL PLAN DE INVERSIONES

PUBLICAS PARA EL PERIODO 1988-1989

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

CAPITULO II

Normas sobre funcionarios y Retribuciones

Artículo 11.- Sustitúyanse, a partir del 1º de enero de 1989, los literales a) y b) del artículo 14 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por los siguientes:

"a) Para los que perciban una asignación mensual de hasta dos salarios y medio mínimos nacionales, N$ 2.700 (nuevos pesos dos mil setecientos) mensuales;

b) Para los que superen dos y medio y hasta cinco salarios mínimos nacionales, N$ 1.800 (nuevos pesos un mil ochocientos) mensuales".

Los montos fijados precedentemente son a valores de 1º de enero de 1988.

Declárase con carácter interpretativo que esta contribución no podrá exceder, en ningún caso, el importe mensual que dichos funcionarios deban pagar a las instituciones médicas de asistencia colectiva.

Declárase asimismo que el citado beneficio se extenderá a las Amas y Cuidadoras del Instituto Nacional del Menor, a partir de la vigencia del referido artículo 14, sin que ello signifique reconocerles la calidad de funcionario público.

Ley Nº 16.170

PRESUPUESTO NACIONAL DE SUELDOS, GASTOS E INVERSIONES

SE APRUEBA EL PRESENTE, QUE ENTRARA EN VIGENCIA EL 1º DE ENERO DE 1991

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

SECCION II

FUNCIONARIOS

CAPITULO I

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

Artículo 21.- Agrégase al inciso final del artículo 14 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, lo siguiente:

"El Poder Ejecutivo podrá optar por reajustar dichos montos en base a la variación registrada en las cuotas de las instituciones médicas de asistencia colectiva".

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

ACTA Nº 58

En Montevideo, el catorce de diciembre de dos mil seis, a la hora diez y veintidós minutos, se reúne la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

Preside ad hoc, el señor Senador Rafael Michelini, y asisten los señores Senadores, Isaac Alfie, Milton Antognazza, Alberto Brescia y Alberto Couriel.

Faltan con aviso los señores Senadores, Sergio Abreu, Luis Alberto Heber, Jorge Larrañaga y Enrique Rubio, quienes remiten nota justificando su inasistencia.

Actúa en Secretaría, el Secretario de la Comisión señor Rodolfo Caimi con la colaboración de la señora Verónica Cantero.

La Comisión tiene a consideración el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1º) Asuntos Entrados.

Nota de los Trabajadores de Marketing y Promotores de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.

2º) Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el que se crea el Fondo Integrado de Salud, de la Seguridad Social (FISASS) Carpeta Nº 669/2006. Distribuido Nº 1321/2006).

Para considerar el tema se reciben a las siguientes delegaciones:

A) En representación de la Federación Médica del Interior (FEMI), asisten su Presidente, doctor Yamandú Fernández, el Asesor, doctor Alvaro Eguren, y el Vocal, doctor Eber Machado.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1436/2006 que forma parte integrante de esta Acta.

B) Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), asisten su Presidente Pablo Cabrera, encargado de finanzas Leonel Revelese, Secretario de la Organización, Ricardo Barboza y el Secretario del Interior, Bismarck Larrosa.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1437/2006 que forma parte integrante de esta Acta.

C)Plenario de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, asisten en representación los doctores Antonio Durán (Presidente), Julio Spiess (Vicepresidente), Daniel Sica (Tesorero), Elbio Milano (Vocal), doctor-escribano Antonio Kamaíd (Asesor Jurídico) y el contador José Luis Zales (Asesor Financiero)

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1438/2006 que forma parte integrante de esta Acta.

Siendo la hora once y cincuenta y cinco minutos se levanta la sesión, para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el seños Secretario de la Comisión.

Rafael Michelini

Presidente ad hoc

Rodolfo Cami

Secretario.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

ACTA Nº 59

En Montevideo, el diecinueve de diciembre de dos mil seis, a la hora dieciséis y diez minutos, se reúne la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

Preside el señor Senador Carlos Baraibar, Presidente de la Comisión, asisten los Senadores Miembros, Sergio Abreu, Isaac Alfie, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini y Enrique Rubio.

Faltan con aviso los señores Senadores, Luis Alberto Heber y Alberto Couriel, quienes remiten nota justificando su inasistencia.

Concurren los señores Senadores Enrique Antía, Alberto Cid, Eber Da Rosa, Mónica Xavier, Margarita Percovich, Víctor Vaillant y el Diputado Luis José Gallo.

Asiste además el señor Prosecretario del Senado, doctor Ernesto Lorenzo.

Actúa en Secretaría, el Secretario de la Comisión, señor Rodolfo Caimi con la colaboración de la señora Verónica Cantero.

La Comisión tiene a consideración el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA.

1º) Asuntos Entrados.

2º) Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el que se crea el Fondo Integrado de Salud, de la Seguridad Social (FISASS) Carpeta Nº 669/2006. Distribuido Nº 1264/2006).

Para considerar el tema asisten especialmente invitados por el Ministerio de Salud Pública, el Subsecretario doctor Miguel Fernández Galeano, economista Daniel Olesker, Director General, y el escribano Julio Martínez.

Por el Ministerio de Economía y Finanzas, Subsecretario economista Mario Bergara, economista Fernando Lorenzo, Director de la Asesoría Macroeconómica y la Asesora, contadora Susana Díaz.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1448/2006 que forma parte integrante de esta Acta.

Siendo la hora dieciocho y quince minutos se levanta al sesión, para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Carlos Baraibar Presidente

Rodolfo Caimi Secretario.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

ACTA Nº 60

En Montevideo, el veintiuno de diciembre de dos mil seis, a la hora diez y cinco minutos, se reúne la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

Preside el Senador Carlos Baraibar, presidente de la Comisión y asisten los señores Senadores Sergio Abreu, Isaac Alfie, Alberto Breccia, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, Rafael Michelini y Enrique Rubio.

Falta con aviso el señor Senador Gonzalo Aguirre Ramírez, quien remite nota justificando su inasistencia.

Concurre la Señora Senadora Mónica Xavier.

Actúa en Secretaría, el Secretario de la Comisión señor Rodolfo Caimi con la colaboración de la señora Verónica Cantero.

La Comisión tiene a consideración el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Asuntos Entrados.

2º) Proyecto por el que se establecen normas para la Promoción y Defensa de la Competencia (Carpeta Nº 493/2006. Distribuido Nº 1264/2006).

3º) Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo denominado: "Ley de ampliación de la cobertura de salud a través de la seguridad social" (FISASS) (Carpeta Nº 669/2006. Distribuido Nº 1321/2006).

Para el tratamiento de dichos Proyectos concurren especialmente invitados las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, Subsecretario, economista Mario Bergara, economista Fernando Antía, Director General de Comercio; economista Leonardo Zipitría, Asesor; economista Luis Porto, Unidad de Desarrollo del Sector Privado.

ASUNTOS TRATADOS:

1º) El Senador Couriel propone que el proyecto de ley por el que se establecen normas para la Promoción y Defensa de la Competencia, continúe a estudio de la Comisión.

De lo actuado se toma versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1457 que es parte integrante de la presente Acta.

2º) La Comisión considera el Proyecto de Ley sustitutivo presentado por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas, por el que se crea el Fondo Nacional de Salud (FONASA).

Se pasa a votar por artículo.

Artículo 1º. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 2º. Se vota: 5 en 7. Afirmativa.

Artículo 3º. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 4º. Se vota: 6 en 7. Afirmativa.

Artículo 5º. Con modificaciones. Se vota: 5 en 7. Afirmativa.

Artículo 6º. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 7º. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 8º. Se vota: 5 en 7. Afirmativa.

Artículo 9º. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 10. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 11. Se vota: 5 en 7. Afirmativa.

Artículo 12. Se vota: 5 en 7. Afirmativa.

Artículo 13. Con modificaciones. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 14. Se vota: 4 en 6. Afirmativa.

Se designa Miembro Informante (Verbal), al Senador Enrique Rubio.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO APROBADO.

ARTICULO 1º.- Créase el Fondo Nacional de Salud (FONASA), el que será administrado por el Banco de Previsión Social y financiará el régimen de prestación de asistencia médica de los beneficiarios del Seguro de Enfermedad del Banco de Previsión Social, de los jubilados del Banco de Previsión Social que hicieran la opción prevista por el artículo 187 de la Ley Nº 16.713, de 1º de setiembre de 1995, de los funcionarios públicos y de otros dependientes del Estado, con el alcance y en los términos previstos en la presente ley.

ARTICULO 2º.- Quedarán incluidos en el régimen establecido en la presente ley:

a) Las personas comprendidas en lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975 y los artículos 186 y 187 de la Ley Nº 16.713, de 1º de setiembre de 1995.

b) Los funcionarios de la Administración Central, del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

c) Las cuidadoras del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

d) Los contratos a término.

Exceptúase del presente régimen a los funcionarios por los cargos que ocupen en los Incisos 03 "Ministerio de Defensa Nacional", 04 "Ministerio del Interior" y 12 "Ministerio de Salud Pública", que tuvieran derecho a otras coberturas, los que continuarán manteniendo los regímenes especiales de asistencia médica de cada Inciso.

El presente régimen no será aplicable tampoco a becarios y pasantes.

ARTICULO 3º.- El Fondo creado se integrará con los siguientes recursos:

a) un aporte de los funcionarios de un 3% (tres por ciento) que se calculará sobre el total de las retribuciones sujetas a montepío;

b) un aporte a cargo del organismo empleador del 5% (cinco por ciento) sobre las mismas remuneraciones establecidas en el literal anterior;

c) un aporte del Banco de Previsión Social equivalente al monto total que debe abonar dicho organismo a las prestadoras de servicios de salud a la fecha de vigencia de la presente ley por concepto de cuotas mensuales de prepago de los comprendidos en el artículo 8º del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975 y en los artículos 186 y 187 de la Ley Nº 16.713, de 1º de setiembre de 1995 y de cuotas correspondientes al Fondo Nacional de Recursos. Dichos aportes serán ajustados por la variación del valor de las cuotas, y por las altas y bajas que se vayan produciendo.

ARTICULO 4º.- El aporte referido en el literal a) del artículo anterior, para los beneficiarios de los organismos públicos comprendidos en el artículo 2º, será inicialmente de cargo de Rentas Generales o quien haga sus veces.

A partir de la fecha que determine el Poder Ejecutivo y coincidiendo con la aplicación del ajuste de recuperación salarial, los funcionarios aportarán a razón de un 1% (uno por ciento) acumulativo anual hasta alcanzar el porcentaje del 3% (tres por ciento). La diferencia entre el aporte personal descontado y el 3% será de cargo de Rentas Generales.

Los trabajadores comprendidos en lo dispuesto en el literal B) del artículo 8º del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975 citado quedarán excluidos de lo previsto en el inciso anterior.

A efectos de hacer frente a las erogaciones que demanda el presente artículo, así como el aporte de cargo del empleador establecido en el literal b) del artículo precedente, la Contaduría General de la Nación realizará las trasposiciones y habilitaciones de créditos presupuestales necesarios en cada Inciso y Unidad Ejecutora.

ARTICULO 5º.- Los beneficiarios que ingresen al Fondo Nacional de Salud con posterioridad a la aprobación de la presente ley podrán optar, de acuerdo con lo que determine la reglamentación, por su afiliación a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva contratadas por el Banco de Previsión Social o a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en cuyo caso se realizará bajo las condiciones que se establezcan entre ambas instituciones. Exceptúase de dicha afiliación a quienes amparados en otros regímenes, le asegure la cobertura asistencial en un nivel no inferior al que tendrían derecho por el sistema que se crea en la presente ley. En ningún caso será admitida la doble cobertura de la asistencia médica al amparo de este sistema. No obstante en todos los casos el funcionario deberá realizar el aporte previsto en el artículo 3º. El Poder Ejecutivo reglamentará las equivalencias de cobertura asistencial.

Facúltase al Poder Ejecutivo a determinar la fecha en que dicha opción ser hará para los beneficiarios del literal a) del artículo 2º de la presente ley.

ARTICULO 6º:- Quienes se encuentren amparados simultáneamente por el presente régimen y por el establecido por el Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975 u otras coberturas particulares, deberán optar por una única afiliación, manteniendo en las actividades comprendidas por la norma precedentemente citada los derechos y obligaciones correspondientes.

ARTICULO 7º.- El Banco de Previsión Social abonará una cuota uniforme a todas las prestadoras de asistencia médica por las que hubieran optado los beneficiarios. Dicha cuota podrá estar asociada a la edad y sexo de los beneficiarios e incluir pagos por el cumplimiento de metas asistenciales. La fijación de la cuota se realizará por el Poder Ejecutivo en acuerdo con los Ministerios de Economía y Finanzas y de Salud Pública, tomando en consideración las economías derivadas de costos de cobranza, financieros, gestión de cobro y otros costos de gestión. Abonará asimismo al Fondo Nacional de Recursos las cuotas correspondientes por la totalidad de los beneficiarios incluidos en la presente ley.

ARTICULO 8º.- Se destinará a financiar la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) el importe de las cuotas que perciba así como el excedente que surja de los aportes realizados por aplicación de la presente ley luego de abonar la totalidad de las cuotas establecidas en el artículo 7º.

El monto determinado por aplicación del inciso precedente constituirá recursos de Afectación Especial con titularidad y disponibilidad de la referida Administración, y no se computará como base de cálculo de ninguna retribución, comisión o cualquier otro complemento de naturaleza salarial o no salarial, establecida por otras disposiciones legales.

A efectos de la habilitación de los créditos que se financian con los recursos establecidos en el presente artículo, será de aplicación el artículo 43 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001. Dichos créditos se distribuirán por Unidad Ejecutora para gastos de funcionamiento e inversiones de acuerdo con lo que determine la Dirección General de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Facúltase al Poder Ejecutivo, a extender el régimen creado en la presente ley, a funcionarios de otros organismos públicos nacionales.

ARTICULO 9º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a incluir a los funcionarios de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), así como al Poder Judicial, en el régimen creado en la presente ley. La aportación progresiva hasta alcanzar el 3%, establecida en el artículo 7º, no podrá significar reducción de salario líquido.

Facúltase al Poder Ejecutivo, a extender el régimen creado en la presente ley, a funcionarios de otros organismos públicos nacionales.

ARTICULO 10.- En caso de producirse las incorporaciones autorizadas en el artículo precedente u otras que se dieran en el futuro, los créditos habilitados para los regímenes de asistencia médica de cada organismo, pasarán a financiar los aportes previstos en los literales a) y b) del artículo 3º de la presente ley.

ARTICULO 11.- Tipifícase el delito de intermediación lucrativa en la captación de socios, afiliados o beneficiarios para las Instituciones de Asistencia Médica Privada o Pública, la actividad realizada por una o más personas, en forma individual o concertada, tendiente a lograr la captación de los mismos, que incluya la entrega o promesa de entrega a éstos de dinero u otra ventaja equivalente, a excepción de mejoras en las prestaciones asistenciales.

El que, indistintamente, ejecutare dichas actividades, será castigado con una pena de cuatro a veinticuatro meses de prisión.

Los Directivos, Directores y Administradores de las Instituciones, que por cualquier medio, facilitaren, propiciaren, aceptaren o ejecutaren actos tendientes a tales fines, serán considerados coautores.

Constituyen circunstancias agravantes de este delito:

a) el carácter de funcionario público del agente;

b) el grado de jerarquía funcional del coautor.

ARTICULO 12.- En caso de que el Ministerio de Salud Pública o el Banco de Previsión Social, comprobaren que en virtud de las conductas referidas en el artículo precedente se hayan visto beneficiadas Instituciones, podrán aplicar sanciones pecuniarias de hasta 1.000 UR (mil unidades reajustables) pudiendo duplicarse dicho monto en caso de reincidencia y retener las transferencias por concepto de cuotas de afiliación al sistema que administra el Banco de Previsión Social, pudiendo duplicarse dicho monto en caso de reincidencia y retener las transferencias por concepto de cuotas de afiliación al sistema que administra el Banco de Previsión Social.

ARTICULO 13.- Facúltase al Poder Ejecutivo a crear una Comisión de Seguimiento para la aplicación de la presente ley.

ARTICULO 14.- Derógase lo dispuesto por la Ley Nº 17.946, de 6 de enero de 2006, el artículo 14 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 con la redacción dada por los artículos 11 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988 y 21 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y toda disposición que establezca otro régimen de cobertura asistencial a los beneficiarios del régimen creado en la presente ley.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1456/2006 que forma parte integrante de esta Acta.

Siendo la hora trece y diez minutos se levanta la sesión, para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Carlos Baraibar Presidente

Rodolfo Caimi Secretario.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: solicito que se reparta un material que tiene algunas modificaciones y un comparativo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se hará, señor Senador.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: el material al que alude el señor Senador Michelini -que ha sido fotocopiado y se repartirá tal como se lo habíamos adelantado a la Secretaría- tiene que ver con modificaciones de redacción menores que hacen a la prolijidad del texto, pero que son varias. Además, en la Comisión habíamos acordado pasar en consulta un par de artículos relativos al tema de la intermediación lucrativa, el cual tiene modificaciones de texto que abarcan a la mayor parte del artículo.

En mi informe trataré de referirme a las cuestiones centrales del proyecto de ley.

Este proceso de reforma de la salud es uno de los dos o tres más importantes que va a impulsar el Gobierno en este Período. Diría que, por su impacto social, es más importante que el de la reforma tributaria, entre otros, y complementario de algunos. Pienso que el impacto que va a tener la reforma tributaria en algunos de los sectores de la población de ingresos medios y medio altos, pero que se consideran de capas medias, es compensado ampliamente por la reforma de la salud. De modo que soy partidario de acelerarla por razones de equidad y porque este es un tema terriblemente postergado en la sociedad uruguaya.

Debemos reconocer que Ministros de las Administraciones anteriores han procurado llevar a cabo reformas en este tema, pero no lo lograron y fracasaron sistemáticamente. Todos sabemos que, sin duda, ésta es un área de enorme complejidad, en donde existen conflictos de intereses cruzados de todo tipo y naturaleza. O sea que este es un campo de muchas tensiones y de experimentación para la política, por lo que sus problemáticas se irán modificando y mejorando durante su propio desarrollo.

En primer lugar, este proyecto de ley inicia un proceso de cambio estructural del sistema de la salud, porque afecta la forma de acceso y financiamiento para los afiliados de la seguridad social. En ese sentido, es el punto inicial de un proceso que pretende abarcar a toda la población del país.

En segundo término, reorienta los recursos de los sistemas y sus capacidades. Este es el punto de partida de una cuestión sistémica, pero tomando en cuenta, con mucho cuidado, los activos generados en la historia de este país en materia de atención a la salud.

En tercer lugar, creo que este es el resultado notorio de un esfuerzo por obtener consensos, que ha insumido más de un año y medio. Debemos saber que en el proceso de generación del Consejo Consultivo -que se anunció el 15 de marzo de 2005- se empezó a hablar de este tema y de que el nuevo sistema incluiría una forma de financiamiento a través de un Fondo que volcaría recursos a las instituciones públicas y privadas, que operaría de manera integrada y que lo haría de acuerdo a parámetros de edad y sexo, tal como se hace en otros países. No estamos innovando, ya que hay una amplia experiencia en este sentido; estamos incorporando un sistema que para el Uruguay es novedoso, pero que a nivel mundial está muy desarrollado.

También debo decir que desde hace mucho tiempo los actores estaban en conocimiento de que iba a venir al Parlamento un proyecto de esta naturaleza, que se completará a mediados del año 2007 con un proyecto global que toma este punto de partida y lo generaliza, también por etapas. Hemos partido de un archipiélago de instituciones a nivel público y privado, con características, financiamientos y prestaciones totalmente diferentes. Sólo en el Estado, si comparamos los distintos Entes Autónomos con los Ministerios y otros lugares, vemos que hay una heterogeneidad de situaciones sólo explicables por la historia política y social de este país. Si a ello le agregamos la diversidad que hay en el sector privado, llegamos a la conclusión de que existe, por lo menos, una cuarentena de situaciones distintas.

En cuarto término, creo que este mecanismo, tal como lo ha realizado el Ministerio de Salud Pública -que tiene un equipo con el que se puede estar en discrepancia, pero no decir que no sea un equipo técnicamente potente-, se propone en un momento en el que el sistema mutual se encuentra en una situación de estabilidad y crecimiento. Aquí no se está intentando realizar un cambio cuando hay instituciones en bancarrota. Varias de ellas se han intervenido y se lograron nivelar sus ingresos y egresos operativos y si bien no se absorbió el pasivo que tenían, se pudo nivelarlas e, incluso, algunas de ellas, en pocos meses, tuvieron superávit. Por otra parte, en este momento está aumentando la masa de afiliados -que es el punto clave para el desarrollo del sistema-, como resultado de la recuperación económica de nuestro país. Actualmente, en las instituciones de asistencia médica colectiva hay 150.000 afiliados más que en marzo de 2005, es decir, más que hace un año y medio. Entonces, además de la recuperación económica, este es el resultado de la formalización del empleo, porque alrededor del 80% -es decir, 125.000 personas- se afiliaron por la vía de la ex DISSE. Repito, pues, que es el resultado de la formalización del empleo.

En quinto lugar, este proyecto de ley avanza en la cobertura poblacional, porque incorpora sectores que no estaban en el sistema. Hay 26.612 trabajadores públicos no cubiertos en materia de salud, que pasarán a estarlo.

Asimismo, esta iniciativa unifica, en uno solo, todos los Fondos de la seguridad social que están destinados a financiar servicios de salud de asalariados privados -que son la inmensa mayoría- cubiertos por la ex DISSE, de trabajadores públicos y de todos los pasivos que, por tener muy bajos ingresos, optaron -de acuerdo con la posibilidad que les brindó la ley de 1996- por acogerse al sistema. En este último caso, de 130.000 potenciales afiliados, 50.000 optaron por hacerlo; los 80.000 restantes podrían estar cubiertos, pero no lo hacen por el costo que suponen los tiques y las órdenes de las mutualistas, como las denomina la gente.

En sexto término, hay dos conceptos que creo no se distinguen bien en la discusión. Una cosa es el Fondo y otra son las personas incorporadas a él que ahora tienen derecho a optar, o bien por la asistencia en instituciones médicas de atención colectiva privada o con fines públicos, o bien por ASSE, es decir, el sistema que rige en la órbita del Ministerio de Salud Pública. Reitero que los que pueden realizar esta opción son los nuevos afiliados pero, en realidad, el Fondo abarca todos los aportes que recibe el Banco de Previsión Social por el concepto de asalariados públicos y privados, y pasivos.

En séptimo término, de acuerdo con el objetivo que se persigue, es un logro en sí mismo la constitución del Fondo y la separación dentro del BPS de otro Fondo que atiende, por ejemplo, el seguro que cubre el ingreso del trabajador mientras está en situación de enfermedad.

En octavo lugar, comienza la incorporación de los trabajadores del Estado a mecanismos de la seguridad social. En realidad, una parte de ellos ya recibe un financiamiento mínimo o, como en el caso de los docentes, una cuota mutual, que es algo distinto a esto. Acá estamos hablando de la incorporación a un sistema de -para decirlo de una manera clara- la extensión de DISSE. Esto implica transparentar los aportes del Estado para el cuidado de la salud, y no representa -ni lo va a hacer en ningún caso- la pérdida de derechos adquiridos. Como se prevé en algunos de los artículos, el financiamiento de los trabajadores que están en otra modalidad se volcará a cubrir el que requiere este sistema, cuando se incorporen en el futuro; a los que estén en esa situación, no se les va a exigir un nuevo financiamiento.

En noveno término, se incorpora a ASSE como una nueva opción asistencial, punto que es clave, porque aumenta las opciones que tienen los beneficiarios. En el Uruguay, desde que yo recuerdo -por lo menos, en la memoria mediana-, se está hablando de la descentralización de ASSE, y si bien ya fue votada, esto le da una base financiera para poder llevarla adelante. Creo que este es un punto ampliamente compartido en este país, por lo que, en este caso, sí podemos decir que se trata de una política de Estado.

Por otro lado, y como se va a ver después, por este sistema se obtiene un canal adicional de financiamiento para los servicios de ASSE; aquí hay un superávit que se genera por el nuevo método de cobertura, y los recursos resultantes se destinan a mejorar a ASSE. Es decir que, por este camino, la sociedad va a hacer un esfuerzo para levantar los hospitales públicos, pero al mismo tiempo les va a demandar eficiencia y contrapartidas. Esto es muy importante, y sólo es posible por un mecanismo de descentralización que permita determinar qué servicios funcionan y cuáles no.

En décimo lugar, se prohíbe la doble cobertura de seguros de salud, de manera que si una persona se asiste, por ejemplo, en el Hospital Militar y también en una unidad de asistencia médica colectiva, tendrá que optar por uno de los dos.

En undécimo término, se uniformizan las cuotas de salud que paga el Banco de Previsión Social, que son distintas según los convenios y los acuerdos; esto es parte del archipiélago al que hacía referencia hace unos momentos.

En duodécimo lugar, se genera un excedente económico de unos U$S 7:000.000 anuales en el punto de partida. Los trabajadores públicos que ingresan en este sistema, en forma progresiva -con lo cual nunca van a perder en términos líquidos-, y en varios años, van a aportar el 3% de sus ingresos nominales y del 5% restante se hará cargo el Estado. De acuerdo con el perfil etario y la distribución por sexos de los funcionarios públicos que ingresan, la capitación que paga el Fondo a las entidades que les brindan el servicio de salud, arroja una diferencia; y, precisamente, esa masa de recursos se vuelca a la mejora del sistema público.

Decimotercero: se reincorpora el delito de intermediación lucrativa con pena de prisión. Aquí se cometió un error; lo cometió nuestro Gobierno, y las cosas hay que decirlas. La intermediación lucrativa tiene un alto costo; según el doctor Miguel Fernández Galeano, Subsecretario de Salud Pública, implica alrededor de U$S 3:000.000. Como se verá, es un muy buen negocio, pero tiene consecuencias muy negativas para el sistema y para los usuarios. Anteriormente existía una ley que establecía pena de prisión para este delito, y luego se sustituyó por una sanción económica, pero lo que sucedió fue que se reprodujo la práctica. Entonces, ahora se está proponiendo volver a la legislación anterior, aunque haciéndole algunos cambios técnicos.

En decimocuarto lugar, estos 26.612 trabajadores más la población potencial compuesta de 80.000 jubilados que no optaron, suman algo más de 100.000 personas. Al introducirse el sistema de pago por parte del Fondo a la unidad de ASSE o a la mutualista que atienda a la persona, y al aparecer el concepto de capitación -es decir que la cantidad de recursos que se vuelcan es diferente según la edad y el sexo-, el monto total va a ser mucho más importante si los usuarios son pasivos o tienen, por decirlo de una manera, una edad avanzada. Desde ese punto de vista, esto pasa a ser rentable. Hasta ahora los pasivos que perciben alrededor de $ 4.500 mensuales no pueden pagar los tiques ni las órdenes; a su vez, las instituciones no están interesadas en esta población, por el alto costo que significa para ellas. A partir de este momento -es decir, luego de aprobada la ley-, al recibir una cantidad mucho mayor de recursos, cambia la ecuación, lo que va a llevar a que las instituciones procuren captar esta población de pasivos e incorporarlas al sistema. Como resultado de la competencia, seguramente se va a producir una rebaja de los tiques y las órdenes, que actualmente supone un costo indirecto muy importante.

(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Dalmás)

- En decimoquinto término, debo decir que actualmente hay muchos trabajadores que no tienen ninguna cobertura -más allá de que algunos puedan tener asistencia, porque la pagan con sus ingresos- y que por este proyecto de ley se incorporan al sistema; estamos hablando de parte de esas alrededor de 26.000 personas a las que hacía referencia. Para aquellos que pagaban una cuota mutual, esto significa un incremento de sus ingresos disponibles porque, por ejemplo, para un salario promedio, que en el Uruguay es de $ 10.000, el aporte del 3% significará $ 300. Es decir que quien estaba pagando $ 1.000 por la cuota mutual, pasará a pagar mucho menos; concretamente, para estos trabajadores, la aplicación del sistema representará un incremento de sus ingresos disponibles del orden del 7% real. Creemos, pues, que este es un efecto indirecto muy importante.

En decimosexto lugar, se establece la movilidad entre el sector público y el sector privado para todas las personas que ingresen al sistema ahora y en el futuro. El equipo que ha trabajado en el análisis del sistema piensa que esto va a reducir los costos de las órdenes y los tiques, porque introduce un mecanismo de competencia sobre una base equitativa. Vamos a decirlo claramente: con este sistema, la inmensa mayoría de las instituciones ganan y unas pocas pierden, pero no hay ninguna que vaya a quebrar por esta causa. Hay tres instituciones que van a tener un efecto negativo, y el Ministerio está analizando la forma de compensar esa situación, pero las 38 restantes van a ver aumentados sus ingresos. Esto, además, va a tener un efecto diferencial, porque no olvidemos que algunas instituciones se concentraron en captar a la población de menor riesgo -es decir, a la población masculina de entre 20 y 44 ó 45 años de edad-, lo que les proporcionó una ecuación de rentabilidad distinta a la de otras mutualistas. Por otro lado, al financiarse por este mecanismo, el sistema garantiza la solidaridad intergeneracional, y entre sanos y enfermos.

En vigésimo lugar, nos parece que en la medida en que este sistema es progresivo y va generalizando el mecanismo de cápitas por riesgo, o sea, por edad y por sexo, colocará a toda la población del país en una situación equitativa. Al mismo tiempo, premia los resultados en cuanto a metas prestacionales, o sea, a aquellas instituciones que atienden bien, tienen buenos resultados y usan adecuadamente sus recursos humanos y materiales, y castiga a las instituciones que no lo hacen. En la medida en que se propone esto y se lo instrumenta a través del mecanismo del financiamiento, se va a producir una mejora general del sistema con los mismos recursos o, en todo caso, ligeramente superiores. Este es un país que, como todos sabemos, asigna gran parte de su Producto -por encima del 10 %- a la salud, pero no obtiene resultados que estén en consonancia con ese aporte.

Finalmente, creo que recupera la equidad entre las instituciones, porque desaparece el problema de que algunas estén concentradas en ciertas poblaciones y otras no, por lo que los resultados económicos son muy diferentes. Además, no genera desestabilización de ninguna institución importante o que no pueda ser absorbida por el propio crecimiento. Lo interesante de esto es que, si se lo analiza dinámicamente, en la medida en que hubo un aumento de 150.000 personas a atender y que va a continuar habiendo crecimiento, el propio sistema que se crea genera la posibilidad de que algunas instituciones que van a ser tocadas puedan recuperarse rápidamente debido al crecimiento de la población. Como todos sabemos, hay una relación desigual entre los recursos humanos que usan las instituciones y la población que atienden, y ello depende de la historia de las diversas instituciones. En algunos casos, hay un trabajador cada diez afiliados y en otros, uno cada cincuenta; o sea que se observa todo tipo de realidades.

Estos son los fundamentos generales del proyecto de ley que ha sido distribuido, que fue analizado por la Comisión y que recibió un importante respaldo, más allá de algunos temas discutibles en los que no todos los integrantes de la Comisión tenemos el mismo punto de vista.

A continuación, me voy a referir al contenido y las modificaciones de cada uno de los artículos.

El artículo 1º crea el Fondo Nacional de Salud.

El artículo 2º establece quiénes quedarán incluidos en este régimen, además de los comprendidos en lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto - Ley 14.407 que fue el que, de alguna manera, creó DISSE. Se refiere a todos los asalariados privados, es decir, a quienes aportaban a aquel conjunto de Cajas que estaban en Asignaciones Familiares, de obreros de la bebida y de otros lugares y ramas, así como a los pasivos que fueron incluidos por la ley de reforma del sistema de seguridad social. De acuerdo con la nueva redacción, todas esas personas quedan comprendidas por el literal a). En el literal b) se incluye a los cerca de 27.000 nuevos funcionarios públicos. Aquí también escribimos el nombre de Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, tal como está establecido. En el literal c) se incluye a las cuidadoras del INAU y en el d) a los contratados a término.

El proyecto original del Poder Ejecutivo no incluía a los becarios y pasantes, por su situación transitoria, así como tampoco a los contratados a término. La Comisión optó por incluir a estos últimos, ya que ese régimen es una invención del período anterior y se refiere a contratos de función pública de doce meses renovables en los que las personas tienen determinados derechos y no otros, o sea que están "a caballo" del Derecho Público y del Privado, por decirlo de alguna manera. Durante cierto período tuvieron derecho a la asistencia por DISSE, luego lo perdieron y entendemos que no resulta justo que queden fuera del sistema cuando éste se está universalizando. Por ese motivo se los incluye, así como a los funcionarios de los Escalafones P y Q del sistema. Quiere decir que nosotros también vamos a tener que optar. Estas son las modificaciones principales; además, hicimos alguna otra corrección de redacción menor.

El artículo 3º establece los recursos del Fondo. Hemos hecho un reordenamiento, pero no realizamos modificaciones de concepto. Simplemente cambiamos el orden de los literales a), b) y c). Los literales a) y b) se referían en el proyecto del Poder Ejecutivo a los aportes para los nuevos y el c) a los aportes existentes de los trabajadores ya integrados al sistema de DISSE. Nosotros hemos cambiado el orden. El literal a) pasa a ser lo que era el c) y los otros dos comprenden las situaciones nuevas, ya que se había generado una confusión de interpretación con respecto a qué se refería el texto que, a mi juicio, finalmente no resultaba claro. Por lo tanto, el Fondo se integrará, de acuerdo con el nuevo orden que proponemos, con los aportes del Banco de Previsión Social tal como lo hace en la actualidad para toda la población comprendida por el sistema DISSE y los jubilados que hayan realizado esa opción. En el literal b) están incluidos los nuevos con un aporte del 3 %, que va a ser progresivo, y en el literal c) figura el aporte del 5 % que realiza el Estado para las mismas remuneraciones sobre los mismos montos, que son los nominales totales.

En el artículo 4º prácticamente no hicimos modificaciones, salvo que al cambiar el orden de los literales a), b) y c) se debe hacer la correlación y, para que no hubiera confusión, se agregó que cuando se refiere a un artículo de esta ley se exprese "de la presente ley". Esto es totalmente menor.

El artículo 5º establece que los beneficiarios que ingresen al Fondo Nacional de Salud con posterioridad a la aprobación de la presente ley podrán optar. En este caso, simplemente hicimos un par de agregados para que quedara claro que la opción es entre las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) o la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y que el convenio para el pago lo hace el Banco de Previsión Social con ASSE o con la Institución de Asistencia Médica Colectiva a la que ingresó la persona. Quiere decir que los convenios no son entre ASSE y las mutualistas, sino entre el Banco de Previsión Social y uno de los dos tipos de instituciones. Eso no quedaba muy nítido en el texto, aunque conceptualmente era así y por eso se hizo algún agregado menor.

El artículo 6º quedó tal como estaba. Se refiere a que quienes tienen más de una cobertura deberán optar por una única afiliación. Esto no se refiere a los nuevos, sino a los anteriores que pueden estar cubiertos, por ejemplo, por el Hospital Militar y una mutualista al mismo tiempo. El Fondo no puede funcionar haciendo un doble financiamiento y por eso tienen que hacer la opción.

El artículo 7º establece cómo va a pagar el Banco de Previsión Social y en qué parámetros se va a basar la cuota. Quiero aclarar -porque en algún caso se han planteado dudas- que son varios los países europeos en los que se ha instrumentado este sistema, por ejemplo, Francia, Inglaterra, Israel y Holanda, prácticamente casi toda Europa. Se trata del pago per cápita de una cuota diferenciada a las instituciones de salud, dependiendo de la edad y el sexo de la persona. Esto se basa en diversos estudios estadísticos que demuestran que existen compensaciones. Por ejemplo, es sabido que una persona mayor de 65 años de edad requiere una atención que supone determinada erogación económica; a ese grupo le siguen los niños, que es la otra parte de mayor requerimiento del sistema -quizás estos dos grupos etarios estén en niveles similares; de pronto eso me lo podrán aclarar el señor Senador Cid o la señora Senadora Xavier, ya que no soy idóneo en esta cuestión-; luego estarían las mujeres en edad fértil y en última instancia vendría el resto del pelotón, por decirlo de alguna manera.

Como ya mencioné, este sistema está muy extendido en el mundo y existe una amplia experiencia en la materia. Lo que está haciendo nuestro país es, simplemente, tomar todo lo que tiene, que es un gran capital, ordenarlo y así lograr un sistema que requiera los mismos recursos pero que brinde otra atención en salud, una atención realmente decorosa, más equitativa y universalizada.

Sabemos que este tema va a generar una batalla social muy fuerte -por lo menos así se vislumbra desde filas del Gobierno- y que va a haber intereses encontrados y en conflicto de todo tipo y naturaleza. Tal como me acota el señor Senador Moreira, sin duda que es así, pero yo agrego que ya empezó a notarse y se va a notar mucho más; pero para gobernar hay que asumir y decidir.

El artículo 8º, que no tiene modificaciones, se refiere al importe de las cuotas y los sobrantes constituirán Recursos de Afectación Especial, que se destinarán a fortalecer el sistema público en principio, que es el que está en peores condiciones.

El artículo 9º tampoco contiene modificaciones, salvo que se agrega la referencia "de la presente ley", tal como ocurre en otros varios artículos.

Por su parte, el artículo 10 queda con la misma redacción; solamente cambia la correlación debido a los cambios de orden que se hicieron en el artículo 5º.

Sí existen modificaciones en el artículo 11, en las que trabajó fundamentalmente el señor Senador Breccia para elaborar una redacción más adecuada, tomando exactamente la ley original en cuanto al delito de intermediación lucrativa. Se trata de volver a la Ley Nº 17.549, del 22 de agosto de 2002, que tipifica este delito, ya que esto también se rigió por la Ley Nº 17.897 de mejoramiento carcelario que derogó la anterior y sustituyó la pena de prisión por una de carácter económico. En definitiva, lo que propone el señor Senador Breccia es reimplantar el delito de intermediación lucrativa y, al mismo tiempo, elabora una redacción que mejora el texto del año 2002 en lo que tiene que ver con algunos aspectos técnicos. En realidad, se agrega un párrafo que dice que "Son nulas asimismo las deudas contraídas por las instituciones de asistencia médica por concepto de actos ejecutados de conformidad con lo previsto por el presente artículo". Esto fue introducido por la Ley Nº 17.946, de 21 de diciembre de 2005, que establece la nulidad de estas deudas de las instituciones con las personas que contrataban para hacer la intermediación lucrativa. Luego de este acto las instituciones quebraban y aparecían deudas multimillonarias. En realidad, la ley de 2005 declaró la nulidad de dichas deudas, pero como nosotros estamos anulando esa ley mediante este artículo y restableciendo la anterior, teníamos que hacer este agregado.

En cuanto al artículo 12, conceptualmente es exactamente igual; solamente hay algunos cambios en la redacción que lo mejoran.

El artículo 13 ya había sido modificado en Comisión y refiere a la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para crear una Comisión de Seguimiento para la aplicación de la presente ley.

Por último, el artículo 14 establece las leyes que se derogan.

Esta es, señora Presidenta, la sustancia de este proyecto de ley. Quedamos a la orden para lo que el Cuerpo determine.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señora Presidenta: el Miembro Informante nos ha ilustrado sobre una serie de beneficios y de números, pero nunca se me ocurrió pensar que un artículo pudiera tener tantos efectos beneficiosos colaterales. En realidad, me llama la atención la capacidad de imaginación que tiene el señor Miembro Informante en más de un aspecto.

Al igual que sucedió en ocasión de la discusión sobre la reforma tributaria, cuando se dijo que 66.000 personas iban a pagar más y el actual Miembro Informante mostró un cuadro en el que se veía que más de 90.000 pasivos iban a pagar más, no logro entender cómo puede ser que 38 instituciones de 42 vayan a verse beneficiadas con este cambio, cuando por la Comisión pasaron las dos organizaciones representativas de la mayor parte de las instituciones de asistencia médica -que son el Plenario y la FEMI- y dijeron que iban a verse perjudicadas con el cambio, y ni qué hablar de FECOMI, que es la otra organización que nuclea a las instituciones del interior.

Es bastante difícil pensar que 38 de 42 instituciones se van a ver beneficiadas cuando se conocen muy pocos números y en realidad no sabemos bien de dónde surgen, porque cuando vino el Ministerio de Economía y Finanzas le formulé no menos de siete u ocho preguntas de las cuales algunas no se respondieron y, en otros casos, se compartió el concepto de quien habla, por lo que dicho Ministerio se comprometió a buscar alguna alternativa, pero no llegaron las respuestas ni se contempló nada. De todos modos, eso puede ser a raíz de un problema interno en el Gobierno.

En definitiva, el único dato que se conoce -según una estimación del Gobierno- indica que las instituciones privadas actuales, o las mutualistas, por medio de este sistema van a entregar a Salud Pública, o a ASSE, $ 170:000.000 por año. Esto surge de la versión taquigráfica de la Comisión, y es el único número que allí figura. Parece bastante difícil que en ese volumen de dinero -es mucho dinero, muchísimo dinero- pueda haber tantos beneficios y tan pocos perjuicios; de esa manera, estas tres organizaciones se fundirían y no les quedaría nada, cosa que no creo.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ALFIE.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señora Presidenta: lamento que el Ministerio de Economía y Finanzas no haya contestado las preguntas del señor Senador Alfie, pero recordemos que la Comisión lo citó para tratar el proyecto de ley de defensa de la competencia y terminó siendo interrogado sobre el sistema de salud. De todos modos, es cierto que las autoridades que concurrieron dijeron que iban a aportar la información que requería el señor Senador. En consecuencia, por mi parte me ocupé de la inquietud que se había planteado y la respuesta que obtuve es que, en realidad, la diferencia de alrededor de $ 540:000.000 corresponde al 8% de la población nueva que aporta. Entonces, estimada la cápita que corresponde a dicha población, la cifra es superior en $ 170:000.000 a la masa de las cápitas que tiene que volcar el Fondo. Recordemos que el Fondo recibe el 8% de los salarios nominales de estos aproximadamente 27.000 trabajadores que se incorporan y que deben volcar a las instituciones -una vez que efectúen la opción- las cápitas correspondientes. Este proceso da una diferencia que surge del perfil de estos trabajadores y que llega a $ 170:000.000, que equivalen a alrededor de U$S 7:000.000.

Tenemos entonces -y me corrijo- una cifra de $ 450:000.000 que recibe el Fondo como masa global, a la que se debe restar el monto destinado al sistema, quedando así un saldo favorable de $ 170:000.000 que será volcado al mejoramiento de ASSE.

(Ocupa la Presidencia el señor Rodolfo Nin Novoa)

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: nos gustaría recibir los números discriminados por institución, pero nada de lo que solicitamos nos fue proporcionado. En cuanto a lo que señaló el señor Senador Rubio relativo a la convocatoria de la Comisión de Hacienda, es cierto que se debía tratar el proyecto de ley mencionado, pero en segundo término, ya que el primer punto del Orden del Día era, precisamente, este proyecto que estamos considerando. De todos modos, eso no viene al caso.

Otro número impactante a destacar sería el de los 150.000 nuevos afiliados que es cierto que existen, pero desde el 31 de diciembre de 2002 y no desde el 1º de marzo de 2005. Recordemos que desde el fondo de la crisis hasta enero de 2005 transcurrió una primera etapa en la que se habían recuperado 100.000 afiliados de los que se habían perdido y luego, en una segunda etapa, se recuperaron 50.000 más, producto, obviamente, del aumento del empleo y de la mejora de la economía.

Hay muchas cosas para decir con respecto a este proyecto de ley como, por ejemplo, lo que ocurre en Europa, más concretamente en Holanda, y los cambios que allí se introdujeron en esta materia. Cabe destacar que lo que señaló el señor Senador Rubio corresponde a la situación de Holanda hasta hace dos años, ya que desde ese entonces a ahora, ese país cambió radicalmente su modelo de subsidio al sistema de salud.

De todos modos, vamos a referirnos concretamente a lo que dispone este proyecto de ley. ¿Cuál es el punto más crítico, a nuestro juicio, de esta iniciativa, y el motivo por el cual no vamos a acompañar algunos de sus artículos? Adelantamos que no votaremos el artículo 7º ni el 8º, y en cuanto al resto del articulado, si bien pensamos que se puede acompañar, habría que estudiar los cambios que se introdujeron recientemente porque se redactaron artículos nuevos enteros y no sé si vamos a tener tiempo de estudiarlos, lo que complica bastante la toma de una posición al respecto.

El Poder Ejecutivo dice que habrá 26.000 nuevos beneficiarios del sector público. Es posible que los haya, pero también estamos seguros de que de esas 26.000 personas que hoy están afiliadas, efectivamente existen 20.000 ó 22.000. Esto se debe, entre otras cosas, a que los que hoy no reciben subsidio dentro del sector que no tiene cobertura completa, corresponden al grupo de sueldos más altos de la Administración y, en general, son profesionales. Digo esto con conocimiento de causa. Es decir que se trata de personas que ya están pagando y lo que va a haber es un cambio de fuente de financiamiento porque, reitero, no habrá un ingreso masivo de 26.000 nuevos afiliados. De todas maneras, cuando uno hace las cuentas de la cuota de DISSE por 26.000 personas -que es el costo que va a tener el Estado-, el número no da $ 450:000.000 sino, como les expresamos a los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, $ 289:200.000 por año. Esto surge de $ 927 de la cuota de DISSE por 26.000 funcionarios en doce meses que, reitero, da $ 289:200.000, cifra que nadie supo rebatir.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ALFIE.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: el cálculo que está haciendo el señor Senador corresponde a dos estimaciones distintas o, en todo caso, no comparables. El señor Senador se refiere a lo que se aporta por concepto de DISSE y lo compara con el 8% que se está sacando por otro lado. Estos son, reitero, dos números distintos. Aclaro que me ocupé de chequear las cifras, por lo que alguien debe de estar equivocado y no creo que sean los representantes del Ministerio de Salud Pública, que trabajó conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas durante mucho tiempo y llegó a la conclusión de que el 8% de los salarios nominales de los 27.000 funcionarios que ingresan a este sistema, da una cifra de $ 450:000.000.

En consecuencia, me parece que acá estamos hablando de distintas realidades y que no se están comparando los mismos conceptos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: las cuentas son muy sencillas. Si la cuota que hay que pagar actualmente es de $ 927 mensuales, se debe multiplicar por doce y por 26.000 funcionarios para llegar al costo que al Estado le significa anualmente. El dinero podrá entrar a uno u otro lado del Estado, pero el costo del sistema para éste siempre va a ser de $ 289:200.000, que es el gasto adicional.

Hasta aquí nos hemos referido a aspectos numéricos y en cierto modo laterales, ¿pero cuál es el punto central de lo que se crea básicamente en el artículo 7º? Allí se deroga un artículo -creo que es el 337 o el 332- de la Ley Nº 16.320 de manera implícita. ¿Qué decía ese artículo? Precisamente, indicaba la fórmula de cálculo por medio de la cual DISSE, a través del Banco de Previsión Social, les paga a las mutualistas por sus beneficiarios. Específicamente se establecía entre un mínimo de 85% y un máximo de un 90% de la cuota promedio de afiliación individual. Por medio de esta disposición que ahora se incorpora, se pasa a un concepto en el cual la discrecionalidad del Poder Ejecutivo es total y absoluta y no sólo en lo que refiere al monto a aplicar. En tal sentido, se expresa que se tomarán en cuenta las economías derivadas de los costos de cobranzas, financieros, de gestión de cobro y otros gastos de gestión. Eso se había tomado en cuenta para el 85% y el 90% que mencioné anteriormente y así fue calculado, estableciéndose un número preciso. Sin embargo, ahora se deja libre el criterio, lo que baja sustancialmente el valor de ese flujo a las mutualistas, que lo que hacen es securitizar o colateralizar ese monto, ofreciéndolo como una garantía con la que básicamente obtienen préstamos bancarios contra un flujo seguro establecido por ley. Ahora ese flujo se vuelve, en primer lugar, inseguro, lo que necesariamente baja el valor de la garantía y, en segundo término, dicha garantía disminuye aún más, porque ese flujo va a depender de la estructura etaria de las mutualistas -que es un factor variable- y del cobro de las famosas cápitas. Con respecto a estas últimas, está circulando un papelito enviado por el Ministerio de Salud Pública y otro que dice que esos valores no son definitivos. De este modo, queda en manos del poder administrador la decisión de cambiar las cápitas, el valor de lo que reciben las mutualistas. Desde mi punto de vista, es evidente que tenemos un problema no menor.

Un segundo inconveniente asociado a esta facultad en lo que tiene que ver con las cápitas, es que esto se aplica sobre un universo que no incluye el 100% de los afiliados al sistema y, por lo tanto, puede generar pérdidas o ganancias sobre los ingresos actuales. Lo que sucede es que, básicamente, se aplica sobre el universo de la población activa y una pequeña porción -menos de 50.000- de pasivos. Quiere decir que sobrará dinero del actual aporte, porque las cápitas en personas más jóvenes son más bajas que la cuota promedio, de forma de compensar a las más viejas. En consecuencia, se van a detraer recursos a las mutualistas, que si les compensara de otro lado en función de su estructura etaria promedio, estaría bien. El problema es que sólo se detraen y no hay ninguna compensación, con lo cual cabe preguntarse cómo van a compensar el gasto de su población mayor esas mutualistas que tienen menos ingresos. ¿Van a subir la cuota de afiliación individual al resto? Confieso que no veo otra manera de salir de esa situación. Al hacerlo, el resto deberá pagar más, y eso quiere decir que cuantas menos posibilidades tenga, más tendrá que pagar. Si esto se aplica sobre el universo, es una cosa, pero aplicado solamente sobre una parte, genera un problema.

Por tales motivos, señor Presidente, votamos en contra de estos artículos. Podemos discutir el tema de las cápitas porque, inclusive, nosotros propusimos un sistema parecido, aunque la forma de organización final era totalmente diferente y no se trataba de una estatización sino de una competencia regulada. Lógicamente, esa es otra discusión. Debemos reconocer que, al menos teóricamente, el concepto no es malo.

En definitiva, entendemos que esta iniciativa otorga total discrecionalidad al Poder Ejecutivo y detrae recursos al sector mutual para trasladarlos a ASSE. Al respecto, se ha hablado de $ 170:000.000 aunque, según nuestros cál-culos, en números redondos, esa cifra se elevaría a casi $ 300:000.000 que, casualmente, coinciden con los $ 289:000.000 del costo. Dejémoslo por ahí; en resumen, podemos decir que, en números gruesos, los ingresos que el sector mutual va a transferir al sector público para que, en definitiva, haga lo mismo que hoy y no tenga casi ningún afiliado más, ascienden a U$S 1:000.000 por año. Como señalamos anteriormente, los afiliados que van a ingresar tendrán una nueva financiación, pero no serán nuevos en el sistema. Creo que va a superar el 90% de los casos pero, en última instancia, va a estar fácilmente por encima del 70% o 75%.

Por lo tanto, señor Presidente, podemos hablar de incertidumbre, de menos garantías, de desfinanciamiento o problemas para unas cuantas instituciones y de una transferencia del sector privado al público para hacer lo mismo, como si se tratara de un impuesto implícito a las mutualistas.

También corresponde destacar que los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas -entre los que se encontraba el señor Subsecretario- coincidieron con nosotros en cuanto a que no tiene ningún sentido económico, teórico, desde el punto de vista del costo de la salud ni de nada, decir que en lo que se le cobra a una mutualista, se la va a premiar por cápita si cumple determinados indicadores que se establecen. La cápita debe reflejar el costo, como bien se dijo. Después, si el Gobierno quiere elaborar un programa como existió en la Administración anterior, llamado PROMOS -o como se quiera-, que consistía en el otorgamiento de un préstamo en condiciones preferenciales para que las mutualistas se adecuaran en base a determinado programa -si no cumplían con ello, no recibían el dinero, lo cual llevó a que algunas accedieran y otras no-, es otra cosa totalmente diferente. Son conceptos independientes que no pueden estar asociados al costo porque, de ese modo, puede ocurrir que se haga lo que al Ministerio de Salud Pública más o menos le parece y, entonces, se recibe más y hasta se puede llegar a tener una sobreutilidad. Las otras, ¿recibirán el precio justo? ¿Será que las que más o menos cumplen recibirán el precio justo y a las otras se las funde rápidamente? Es evidente que allí hay un problema de concepto que, reitero, fue reconocido por el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Es claro que aquí hay una autorización para hacer algo incorrecto desde todo punto de vista y, además, insisto, son mecanismos separados e independientes.

Por lo tanto, señor Presidente, no vamos a votar los dos artículos reseñados por estas razones de fondo. No se puede decir que se crea un Fondo general, cuando estamos tomando solamente una parte y dejamos estos agujeros, desfinanciaciones o transferencias indebidas, o el pago a otras personas de quienes no tendrán este beneficio.

Además, está bastante claro que si bien esto puede constituir un primer paso, el Gobierno no se animó a hacer lo que pensaba, por lo menos en el sector público, porque dejó afuera a todos aquellos que hoy tienen el beneficio de la cuota mutual, sin eliminar el 3% ni incluirlos aquí. Es así que quedaron fuera todos los regímenes especiales, las empresas públicas y yo qué sé cuánto más.

Por lo expuesto, entendemos que tal como está redactada, esta iniciativa debería ser votada sin los artículos 7º y 8º, los que se deberían pasar al proyecto relativo al Sistema Nacional de Salud, respecto del cual hay un borrador que en parte repite lo que establecen dichas normas. Es claro que esas disposiciones pertenecen a un sistema general e integral, mientras que aquí figuran como una forma de obtener financiamiento adicional para transferir más dinero a Salud Pública. En tal sentido, no nos parece apropiado establecer un impuesto implícito a las mutualistas o a sus afiliados sólo sobre un sector, para pasarle $ 170:000.000, según las cifras del Poder Ejecutivo, aunque para nosotros llega casi a los $ 300:000.000.

SEÑORA XAVIER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ALFIE.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- No podemos dejar flotando la idea de que la creación del sistema o del seguro es un acto único desde el punto de vista legislativo. Todos sabemos que la creación de un Sistema Nacional Integrado de Salud implica muchos años de construcción, sobre todo cuando venimos de un sistema tan fragmentado como el nuestro, con diversas opciones tanto a nivel del sector privado como en el ámbito estatal, donde las inequidades son extremas en la interna de cada uno de ellos. Partimos de la base de lo que puede implicar el costo anual de salud de alguien que se atiende en un hospital de ASSE con relación a quien tiene cubierta la cuota en un organismo como, por ejemplo, el Banco Central. De igual manera, esas inequidades se reflejan dentro del sector privado e, incluso, existen entre ambos sistemas.

Lo que propone el Sistema Nacional Integrado de Salud -se podrá compartir o no- es eliminar esas inequidades progresivamente, sin dejar al sector público al nivel de la población menos pudiente y el privado para quien tiene mayor poder adquisitivo porque, entre otras cosas, creemos que a nivel estatal hay ventajas relativas con relación al privado, como la extensión de la red sanitaria y de algunos servicios altamente especializados, que este no tiene. Nadie puede ocultar que el sector privado tiene una capacidad instalada, tanto desde el punto de vista "hotelero" -entre comillas y dicho sin menospreciar-, como en lo que tiene que ver con el mantenimiento, los recursos humanos y la tecnología, que supera el promedio de lo que puede tener ASSE. Para generar ese proceso por el que se obtendrá mayor equidad entre los dos subsectores y hacia la interna de ambos, debemos ir pasando por diferentes etapas; no podemos realizar todo en un solo acto sino que, por el contrario, debemos consolidarlos, no sólo desde el punto de vista de su financiamiento, dándole recursos, sino también equilibrando la situación financiera del sector privado, que nos preocupa. Siempre hemos sido categóricos y meridianamente claros en cuanto a que no nos interesa que se construya el futuro sistema nacional sobre los escombros de ningún subsector; queremos rescatar lo que se pueda, porque eso implica capacidad instalada que hemos pagado todos, incluso quienes no han podido aportar un peso, porque, por suerte, el artículo 44 de la Constitución les ha previsto la cobertura sanitaria. Nos importa redistribuir mejor a lo largo del país los recursos humanos y los puestos de trabajo, porque es notorio que no se tiene la misma oportunidad de ser atendido en tiempo, forma y calidad en el Centro de Montevideo que en el paraje Piedra Sola.

Creemos que esa serie de inequidades, que se reflejan en todos los aspectos y que uno puede esqueletizar del sistema nacional, las podremos ir subsanando en cada una de las etapas.

Puedo comprender la diferencia que plantea el señor Senador Alfie, pero aquí hay una cuestión filosófica: vamos a transferir fondos para el sector público, de forma tal que se mejore ese subsector y que haya verdadera complementariedad, porque no sería posible lograr esto si tenemos un ámbito absolutamente decaído.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: para terminar, quiero decir que siempre es buena cosa que se pueda optar.

He leído estudios y he podido apreciar que el concepto de que Salud Pública es muy mala proviene de quienes no son usuarios de este sistema; en general, los usuarios de Salud Pública tienen bastante buen concepto de ella, y esto no es de ahora, pues he visto "estudios de satisfacción del cliente" -como se les llama ahora- de hace no menos de 15 ó 16 años, y la amplísima mayoría estuvo siempre conforme con el servicio. Esto no impide mejorar los servicios, pero tampoco pensemos que son tan malos.

Desde el punto de vista de las inequidades en los beneficios dentro del propio sector público, por más que se nos hable de procesos, esto no va a cambiar nada, ni altera en lo más mínimo lo que sucede hasta el momento. Lo que decimos es que, por más que se trate de un proceso, esta parte es básicamente de financiamiento y no de atención, y está atada a un sistema general en el que opera como un impuesto a las mutualistas o a los afiliados de éstas para transferir dinero a Salud Pública. Así es como está operando y también como lo hará en función de este proyecto de ley. A nuestro modo de ver, si lo que se quiere es otorgar recursos, debería hacerse a través de un impuesto general y no por impuestos a determinada mutualista o a los afiliados de ciertas mutualistas, que van a cobrar menos en desmedro de otras.

Por otro lado, yendo a un aspecto más general, diré que se ha argumentado -lo he escuchado, aunque no aquí, por cierto- que se va a compensar en parte a algunas instituciones que tienen una población de mayor edad otorgándoseles recursos, y se van a compensar las pérdidas en que se les hizo incurrir debido a alguna normativa reciente del Ministerio de Salud Pública en el sentido de eliminar totalmente el costo de las tasas moderadoras. Aquí entraríamos en lo que siempre se hace: pretender corregir una distorsión con otra y no por medio de un mecanismo. Las tasas moderadoras, los tiques y órdenes, habían adquirido un valor exorbitante, por lo que en el año 2002 se empezó un proceso paulatino y selectivo de reducción que, como bien decía la señora Senadora Xavier, es precisamente eso: un proceso, pero en lugar de continuarlo, se lo elimina totalmente. Surge entonces el problema del sobreconsumo. En lugar de poner un tique reducido, de $ 40, con lo cual el 90% del sobreconsumo se eliminaría…

SEÑOR PRESIDENTE.- Disculpe, señor Senador, pero ha llegado a la Mesa una moción para que se le prorrogue el tiempo de que dispone. Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Se ha estudiado que de esta manera se elimina el 90% del sobreconsumo, y con ello se soluciona la mayor parte del problema.

En el Uruguay solemos poner nombres bonitos o que quedan bien a determinadas cosas y es así que al sistema mutual lo denominamos "sistema intergeneracional", en dos sentidos: de género y de edades. De hecho, se trata de un seguro de prima nivelada, y como eso hay que tratarlo, cuanto más general sea, mejor.

Nunca hablo de lo que hago, pero soy profesor Grado 5 de una materia en la que tratamos los temas de los seguros, y la clave para evitar que el seguro quiebre es, precisamente, poner el deducible. No podemos tratar de compensar a una institución que cuenta con una población más veterana induciéndola a un mayor gasto por exceso de consumo por no ponerle una moderación mínima; debemos compensarla con esto, sacándole a otros.

Me parece que todo esto es parte de algo integral; por eso entendemos que estos dos artículos no son convenientes. El resto del articulado lo vamos a votar en general, aunque habría que ver la redacción de algunos artículos, debido a ciertas interrogantes que se plantearon en la Comisión.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: solicito a la Mesa que nos ilustre, porque ha sido convocada una sesión extraordinaria para la hora 21 y 15 y no sé si no deberíamos hacer un cuarto intermedio para habilitar la otra sesión y, en todo caso, pedir un cuarto intermedio allí, o votar los dos asuntos y luego volver a esta sesión. Desconozco el mecanismo pero, en razón de la hora, parecería lógico comenzar la otra sesión.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Formulo moción en el sentido de que el Senado pase a cuarto intermedio en esta sesión a fin de tratar los asuntos que figuran en el Orden del Día de la sesión citada para la hora 21 y 15, retornando luego a ésta.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio.

(Así se hace. Es la hora 21 y 29 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 21 y 36 minutos)

- Continúa la consideración del proyecto de ley por el que se crea el Fondo Nacional de Salud (FONASA).

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: tengo una duda con respecto a la intervención del señor Senador Alfie. El régimen de las cápitas se va a aplicar a 700.000 personas de entrada …

SEÑOR ALFIE.- Así es, señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Creo que eso está claro, pero me quedó una duda en cuanto a la interpretación del artículo 7º. El régimen de las cápitas se aplica a todos, pero la opción se aplica sólo a 27.000. Esto es lo que surge de la correlación del artículo 2º con el artículo 7º.

SEÑOR ALFIE.- Correcto.

SEÑOR RUBIO.- Personalmente, creo que no va a haber consecuencias, aunque tal vez en algunos casos sí exista cierto sesgo, a favor o en contra.

A su vez, con la intervención de FEMI quedó claro que se aspira a un gradualismo en el sistema, pero que no existe una diferencia de fondo. Varias de las mutualistas más importantes no tienen objeciones a esto, y aunque algunas manifestaron que, a su entender, podrían verse perjudicadas, pensamos que habrá una compensación.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley, con las modificaciones propuestas por el Ministerio de Salud Pública.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR PENADES.- Formulo moción para que se suprima la lectura de todo el articulado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Solicito que se desglosen los artículos en los que puede haber debate y que el resto se vote en bloque.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Si el Senado resuelve votar en bloque el articulado, quisiéramos solicitar el desglose de los artículos 7º y 8º.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Creo que hay cambios en todos los artículos, salvo en el 7º y en el 8º. Por lo tanto, considero conveniente no votar en bloque, sino ir votando artículo por artículo.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Retiro la moción.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 2º.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: tengo una duda respecto de este artículo, cuando se dice quiénes quedan incluidos en el régimen. El literal d) del artículo 2º alude a los contratados a término, pero desconocemos a quiénes se refiere y no se nos explicó. No sabemos si se trata de los contratados permanentes, de los contratados bajo la Ley Nº 17.556 o de ambos. Seguramente, no refiere a los contratos de obra, porque no figuran con los otros funcionarios públicos, pero, reitero, no sabemos si se trata de los dos o sólo de los contratos permanentes.

La presunción o lo que dejó traslucir el Ministerio de Economía y Finanzas es que se trata sólo de los contratos permanentes, pero no debemos olvidar que existen los contratos de obra -que ahora se llaman de función pública- establecidos por la Ley Nº 17.556.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Desconozco cuál es la intención del artículo, pero en todo caso, como hay facultades para reglamentar los artículos, se podría aclarar. De todas maneras, existe una norma interpretativa que establece que si ambas categorías entran dentro de los contratos a término, donde la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo. Este es un principio y entrarían todos.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: en principio, la ley que define los contratos a término es la Nº 17.556, que en su Capítulo IV, "Régimen de contratos a término", estableció la calidad que tienen estos funcionarios, que es bastante "sui generis". En el artículo 37, donde se establecen sus derechos, se les concedió el derecho a los seguros sociales de enfermedad de la Ley de 1975. La Ley Nº 18.046, de Rendición de Cuentas, les quitó ese derecho a la cobertura por enfermedad, y lo que se hace acá es restablecerlo para el régimen de contratos a término, que es único. Reitero: se trata de un régimen único en el Estado, que fue introducido -si no recuerdo mal- en la Ley Nº 17.556 de setiembre de 2002. Se trata de una ley que está vigente pero que no cubre a estos funcionarios con el llamado seguro de enfermedad. Ahora se entiende que si el régimen de DISSE se va a universalizar, deben ser incluidos dentro de esta categoría.

SEÑOR ALFIE.- No son los únicos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: en la página 9 se establecen varias siglas, pero no la del Banco de Previsión Social, y creo que sería importante hacerlo porque podría generar dudas. Por lo tanto, entiendo que luego de "Banco de Previsión Social", habría que agregar "(BPS)".

Asimismo, me parece que -me podrán corregir el señor Presidente o el señor Senador Korzeniak- cuando se ponen entre paréntesis las tres denominaciones abreviadas, habría que separarlas por comas, sin "y" ni "o".

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: en realidad, los convenios sólo pueden ser realizados entre el BPS por una parte y cualquiera de las otras instituciones por otra, pero no entre ellas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 8º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 9º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 10.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 11.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Deseo hacer una pregunta. Alguien dijo -creo que fue el señor Miembro Informante- que en algún lugar se derogaba la ley del 2005 que estableció faltas en lugar de penas, pero, en realidad, no lo encuentro. Dado que no encuentro la derogación del artículo de esa ley del 2005, tal vez sería bueno ponerlo. De todas maneras, si ya se puso, simplemente estamos reiterando algo y no cambia la historia.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: no voy a responder la pregunta concreta, porque no conozco la intención de la Comisión debido a que no la integro. Lo que sí puedo decir es que en esa ley se había establecido que la sanción era multa y no un delito penal. Entonces, esa posibilidad de multar subsiste en el artículo 12. Si es igual al otro caso, no pasa nada, pero si es distinto, se deroga tácitamente. Precisamente, el artículo 11 tipifica como delito penal la intermediación e incluye algunas aclaraciones en el sentido de que las ventajas que se buscan constituyen delito cuando no son el anuncio de mejoras en las prestaciones asistenciales. Me parece que esto está muy bien tipificado. De manera que creo que no genera ningún problema el hecho de que no se diga que se deroga la ley tal, que fue fruto de ese error al que hoy hacía referencia el señor Senador Rubio, resultado del acuerdo de dos Ministerios que convinieron poner multas después de que se había derogado la norma, aunque luego se dieron cuenta de que ello no era bueno.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: en realidad tengo una duda, y por ello consulto al señor Senador Korzeniak. La ley relativa a la Humanización del Sistema Carcelario está mencionada en el artículo 14. Allí se dice: "Derógase lo dispuesto por la Ley Nº 17.946". Entonces, un artículo de esta ley fue el que hizo la modificación. Ahora no sé si habría que expresar que se deroga en lo pertinente o algo por el estilo, porque si no, estaríamos derogando la ley en su totalidad. Creo que, con esta iniciativa, el Ministerio de Salud Pública se extralimitó un poco. Precisamente, el artículo 14 hace referencia a la totalidad de esa norma, aunque creo que habría que aludir solamente a un artículo de la ley o, de lo contrario, se podría emplear la expresión "en lo pertinente".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 11.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: he votado este artículo, porque creo que la norma podría nacer renga sin él y toda la transformación podría estar erosionada. Creo que cuando hacemos estas modificaciones, lo peor que podemos hacer es quitarle recursos al sistema.

De cualquier manera no me conforma que la manera de evitar este tipo de prácticas sea tipificada como delito. Me parece que tendremos que hacer uso del ingenio, junto con el Poder Ejecutivo y las Comisiones respectivas, para encontrar mecanismos que permitan ir a un régimen que no implica tipificación de delito y que no afecte la libertad, que es un bien a conservar. En todo caso, ese será un desafío a futuro y lo tenemos planteado junto con el señor Senador Breccia. Precisamente, no queríamos que esta ley surgiera renga y con una falencia como esa.

Por ello, hemos votado este artículo en el entendido de que aspiramos a que en algún momento lo podamos modificar sabiendo que, de esa forma, fortalecemos el sistema y no lo debilitamos.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 12.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 13.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 14.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: sería conveniente consultar la ley. Creo que habría que expresar, por ejemplo, "Derógase lo dispuesto en la Ley Nº 17.946, de 6 de enero de 2006, en relación con la intermediación lucrativa". Insisto en que tendríamos que consultar la Ley de Humanización del Sistema Carcelario, precisamente, en lo que hace referencia a la intermediación lucrativa. También podría decirse "en lo que se oponga a la presente ley".

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: por la fecha a la que se está haciendo referencia, creo que no se trata de la Ley de Humanización Carcelaria. Me da la sensación de que se trata de la ley aprobada en diciembre de 2005, que fuera promulgada en enero de 2006 y que se refiere nada más que a la intermediación lucrativa. No se trata de una ley mayor de la que la intermediación lucrativa es parte, sino de la propia ley de intermediación lucrativa. Por lo tanto, me parece que la derogación sería correcta y a ello hacía referencia justamente el señor Senador Alfie.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: propongo que el Senado pase a cuarto intermedio por cinco minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el pedido de cuarto intermedio solicitado por el señor Senador Michelini.

(Se vota:)

- 17 en 23. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por cinco minutos.

(Así se hace. Es la hora 21 y 56 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 21 y 57 minutos)

- Continúa la consideración del proyecto de ley por el que se crea el Fondo Nacional de Salud (FONASA).

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: acabamos de corroborar que lo que se deroga es la ley de intermediación lucrativa en su totalidad.

SEÑOR KORZENIAK.- Solicito que se dé lectura a la ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 1º. (Configuración de la infracción).- Las personas físicas o jurídicas que por cualquier medio ejecutaren o encomendaren ejecutar actos de promoción, publicidad o similares, con la finalidad de captar socios o afiliados para las instituciones de asistencia médica privada, sean éstas colectivas o particulares, definidas en el Decreto-Ley Nº 15.181, de 21 de agosto de 1981, ofreciendo a cambio la entrega o promesa de entrega de dinero, bienes o servicios económicamente cuantificables, cualquiera sea el beneficiario, incurrirán en infracción siendo pasibles de las sanciones previstas en la presente ley".

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Mociono que se suprima la lectura del resto del articulado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción planteada por el señor Senador Fernández Huidobro.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 14.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO 1º.- Créase el Fondo Nacional de Salud (FONASA) el que será administrado por el Banco de Previsión Social y financiará el régimen de prestación de asistencia médica de los beneficiarios del Seguro de Enfermedad del Banco de Previsión Social, de los jubilados del Banco de Previsión Social que hicieran la opción prevista por el artículo 187 de la Ley N° 16.713, de 1° de setiembre de 1995, de los funcionarios públicos y de otros dependientes del Estado, con el alcance y en los términos previstos en la presente ley.

ARTICULO 2º.- Quedarán incluidos en el régimen establecido en la presente ley:

a) Las personas comprendidas en lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975 y los artículos 186 y 187 de la Ley Nº 16.713, de 1° de setiembre de 1995.

b) Los funcionarios de la Administración Central, del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay.

c) Las cuidadoras del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay.

d) Los contratados a término.

Exceptúase del presente régimen a los funcionarios de los Incisos 03 "Ministerio de Defensa Nacional", 04 "Ministerio del Interior" y 12 "Ministerio de Salud Pública", que tuvieran derecho a otras coberturas, los que continuarán manteniendo los regímenes especiales de asistencia médica de cada Inciso.

El presente régimen no será aplicable tampoco a becarios y pasantes.

ARTICULO 3º.- El Fondo creado se integrará con los siguientes recursos:

a) un aporte del Banco de Previsión Social equivalente al monto total que debe abonar dicho organismo a las prestadoras de servicios de salud a la fecha de vigencia de la presente ley por concepto de cuotas mensuales de prepago de las personas comprendidas en el artículo 8° del Decreto-Ley Nº 14.407, de 22 de julio de 1975 y en los artículos 186 y 187 de la Ley Nº 16.713, de 1° de setiembre de 1995 y de cuotas correspondientes al Fondo Nacional de Recursos. Dichos aportes serán ajustados por la variación del valor de las cuotas, y por las altas y bajas que se vayan produciendo;

b) un aporte de los funcionarios incluidos en los literales b), c), y d) del artículo 2° de la presente ley, de un 3% (tres por ciento) que se calculará sobre el total de las retribuciones sujetas a montepío;

c) un aporte a cargo del organismo empleador de los funcionarios incluidos en los literales b), c) y d) del artículo 2° de la presente ley, del 5% (cinco por ciento) sobre las mismas remuneraciones establecidas en el literal anterior.

ARTICULO 4º.- El aporte referido en el literal b) del artículo anterior, para los beneficiarios de los organismos públicos comprendidos en el artículo 2º de la presente ley, será inicialmente de cargo de Rentas Generales o quien haga sus veces.

A partir de la fecha que determine el Poder Ejecutivo y coincidiendo con la aplicación del ajuste de recuperación salarial, los funcionarios aportarán a razón de un 1% (uno por ciento) acumulativo anual hasta alcanzar el porcentaje del 3% (tres por ciento). La diferencia entre el aporte personal descontado y el 3% será de cargo de Rentas Generales.

Los trabajadores comprendidos en lo dispuesto en el literal B) del artículo 8º del decreto-ley N° 14.407, de 22 de julio de 1975 citado quedarán excluidos de lo previsto en el inciso anterior.

A efectos de hacer frente a las erogaciones que demanda el presente artículo, así como el aporte de cargo del empleador establecido en el literal c) del artículo precedente, la Contaduría General de la Nación realizará las trasposiciones y habilitaciones de créditos presupuestales necesarios en cada Inciso y Unidad Ejecutora.

ARTICULO 5º.- Los beneficiarios que ingresen al Fondo Nacional de Salud con posterioridad a la aprobación de la presente ley podrán optar, de acuerdo con lo que determine la reglamentación, por su afiliación a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) contratadas por el Banco de Previsión Social (BPS) o a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en cuyo caso se realizará bajo las condiciones que se establezcan entre dichas instituciones(BPS y IAMC o ASSE). Exceptúase de dicha afiliación a quienes se encuentren amparados en otros regímenes, que le aseguren la cobertura asistencial en un nivel no inferior al que tendrían derecho por el sistema que se crea en la presente ley. En ningún caso será admitida la doble cobertura de la asistencia médica al amparo de este sistema. No obstante en todos los casos el funcionario deberá realizar el aporte previsto en el artículo 3° de la presente ley. El Poder Ejecutivo reglamentará las equivalencias de cobertura asistencial.

Facúltase al Poder Ejecutivo a determinar la fecha en que dicha opción se hará para los beneficiarios del literal a) del artículo 2° de la presente ley.

ARTICULO 6º.- Quienes se encuentren amparados simultáneamente por el presente régimen y por el establecido por el Decreto-Ley N° 14.407, de 22 de julio de 1975 u otras coberturas particulares, deberán optar por una única afiliación, manteniendo en las actividades comprendidas por la norma precedentemente citada los derechos y obligaciones correspondientes.

ARTICULO 7º.- El Banco de Previsión Social abonará una cuota uniforme a todas las prestadoras de asistencia médica por las que hubieran optado los beneficiarios. Dicha cuota podrá estar asociada a la edad y sexo de los beneficiarios e incluir pagos por el cumplimiento de metas asistenciales. La fijación de la cuota se realizará por el Poder Ejecutivo en acuerdo con los Ministerios de Economía y Finanzas y de Salud Pública, tomando en consideración las economías derivadas de costos de cobranza, financieros, gestión de cobro y otros costos de gestión. Abonará asimismo al Fondo Nacional de Recursos las cuotas correspondientes por la totalidad de los beneficiarios incluidos en la presente ley.

ARTICULO 8º.- Se destinará a financiar la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) el importe de las cuotas que perciba así como el excedente que surja de los aportes realizados por aplicación de la presente ley luego de abonar la totalidad de las cuotas establecidas en el artículo 7º de la presente ley.

El monto determinado por aplicación del inciso precedente constituirá Recursos de Afectación Especial con titularidad y disponibilidad de la referida Administración, y no se computará como base de cálculo de ninguna retribución, comisión o cualquier otro complemento de naturaleza salarial o no salarial, establecida por otras disposiciones legales.

A efectos de la habilitación de los créditos que se financian con los recursos establecidos en el presente artículo, será de aplicación el artículo 43 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001. Dichos créditos se distribuirán por Unidad Ejecutora para gastos de funcionamiento e inversiones de acuerdo con lo que determine la Dirección General de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

ARTICULO 9º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a incluir a los funcionarios de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) así como al Poder Judicial, en el régimen creado en la presente ley. La aportación progresiva hasta alcanzar el 3%, establecida en el artículo 7º de la presente ley, no podrá significar reducción de salario líquido.

Facúltase al Poder Ejecutivo, a extender el régimen creado en la presente ley, a funcionarios de otros organismos públicos nacionales.

ARTICULO 10.- En caso de producirse las incorporaciones autorizadas en el artículo precedente u otras que se dieran en el futuro, los créditos habilitados para los regímenes de asistencia médica de cada organismo, pasarán a financiar los aportes previstos en los literales b) y c) del artículo 3º de la presente ley.

ARTICULO 11.- El que cualquier medio ejecutare o encomendare ejecutar actos de intermediación lucrativa, de promoción o publicidad, con la finalidad de captar socios o afiliados para las instituciones de asistencia médica pública o privada, sean éstas colectivas o particulares, entregando a cambio o prometiendo entregar a dichos socios o afiliados dinero u otra ventaja equivalente (a excepción de mejoras en las prestaciones asistenciales) será castigado con una pena de cuatro a veinticuatro meses de prisión.

Los directores y administradores de las instituciones que por cualquier medio ejecutaren, facilitaren, propiciaren o aceptaren tales actos serán considerados coautores del delito que se tipifica.

Constituyen circunstancias agravantes de este delito:

a) el carácter de funcionario público del agente;

b) el grado de jerarquía funcional del autor.

Son nulas asimismo las deudas contraídas por las instituciones de asistencia médica por concepto de actos ejecutados de conformidad con lo previsto por el presente ar-tículo.

ARTICULO 12.- El Ministerio de Salud Pública o el Banco de Previsión Social podrán aplicar sanciones pecuniarias de hasta 1.000 UR (un mil unidades reajustables) a aquellas instituciones que se hubieren beneficiado a consecuencia de las conductas referidas en el artículo precedente, pudiendo duplicarse el monto de la sanción en caso de reincidencia y retenerse las transferencias por concepto de cuotas de afiliación al sistema que administra el Banco de Previsión Social.

ARTICULO 13.- Facúltase al Poder Ejecutivo a crear una Comisión de Seguimiento para la aplicación de la presente ley.

ARTICULO 14.- Derógase lo dispuesto por la Ley N° 17.946, de 6 de enero de 2006, el artículo 14 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 con la redacción dada por los artículos 11 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988 y 21 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y toda disposición que establezca otro régimen de cobertura asistencial a los beneficiarios del régimen creado en la presente ley".

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: nos sentimos muy congratulados por lo que hemos aprobado. Creo que en este punto hemos votado lo correcto y, por eso, al derogar esta ley, se hacía lo propio con el artículo que declaraba nulas las deudas. Es por eso que el señor Senador Breccia hizo esa inclusión y le dio vigencia en un artículo anterior que votamos con relación al tema.

21) RECTIFICACION DE TRAMITE

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de rectificación de trámite.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Xavier solicita que la Carpeta Nº 729/06, que está en la Comisión de Constitución y Legislación desde el 20 de diciembre, pase a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión".

- Se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 22. Afirmativa.

22) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 22, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Antía, Baráibar, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Fernández Huidobro, Gallinal, Heber, Korzeniak, Lorier, Michelini, Moreira, Nicolini, Percovich, Ríos, Rubio, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sr. Nelson Míguez Jefe de Revisores del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.