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Nº 135 - TOMO 439 - 20 DE DICIEMBRE DE 2006

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

60ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Y LA SEÑORA SENADORA SUSANA DALMAS Segunda Vicepresidenta

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Levantamiento del receso

4 y 13) Asuntos entrados

5) Pedido de informes

- El señor Senador Ruperto Long, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, relacionado con la licitación que UTE efectuará en el mes de diciembre de 2006 a los efectos de la interconexión del sistema eléctrico uruguayo con el sistema eléctrico brasilero.

- Oportunamente fue tramitado.

6 y 14) Proyectos presentados

- El señor Senador Ruperto Long presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen normas para la Promoción del Voluntariado Social.

- A la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión.

- Las señoras Senadoras Percovich, Xavier, Dalmás y Topolansky, los señores Senadores Saravia, Fernández Huidobro, Korzeniak, Rubio, Michelini, Vaillant, Couriel, Breccia, Cid, Lorier, Ríos y el señor Presidente del Senado Nin Novoa presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se crea la Institución Nacional de Derechos Humanos y se establecen normas para su funcionamiento.

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

7) Solicitudes de licencia

- Las solicitan los señores Senadores Nicolini y Larrañaga.

- Concedidas.

8) Integración del Cuerpo

- Nota de desistimiento. La presenta el doctor Juan Andrés Ramírez, comunicando que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.

9) Prima por edad para los jubilados del Banco de Previsión Social

- Proyecto de ley por el que se establece una prima por edad para los jubilados del Banco de Previsión Social que perciben menores ingresos e integran hogares de escasos recursos.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

10 y 12) Agrocombustibles

- Proyecto de ley por el que se fomenta y regula su producción, comercialización y utilización.

- Por moción del señor Senador Michelini, el Senado resuelve postergar la consideración de este tema hasta la próxima sesión.

11) Acuerdo de Sede entre la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

- Por moción del señor Senador Couriel, el Senado resuelve incluir este proyecto en el Orden del Día de la próxima sesión.

15) Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE)

- Proyecto de ley por el que se crea un servicio descentralizado con el nombre de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

16) Turismo Enológico

- Proyecto de ley por el que se declara de interés turístico nacional y se dictan normas sobre la realización del Día de la Vendimia.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) Solicitud de Acuerdo del Poder Ejecutivo para designar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Reino de España y solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar miembro del Consejo Directivo Central de la ANEP y Subdirectora Nacional de Educación Pública

- Por moción del señor Senador Baráibar, el Senado resuelve comunicar a la Comisión Permanente que asume jurisdicción sobre estos temas, e incluirlos en el Orden del Día de la próxima sesión.

18) Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Paises Iberoamericanos, suscrito en Madrid, el 7 de octubre de 1992

- Proyecto de ley por el que se solicita la aprobación del Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, suscrito en Madrid, el 7 de octubre de 1992.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

19) Mecanismo para el Ejercicio Profesional Temporario adoptado por Decisión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR Nº 25/03, hecha en Montevideo, el 15 de diciembre de 2003

- Proyecto de ley por el que se aprueba el Mecanismo para el Ejercicio Profesional Temporario, adoptado por Decisión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR Nº 25/03, adoptado en Montevideo, el 15 de diciembre de 2003.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

20) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 19 de diciembre de 2006.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, mañana miércoles 20 de diciembre, a la hora 15, a fin de hacer cesar el receso, informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) Por el que se regula la producción, comercialización y la utilización de agrocombustibles.

Carp. Nº 591/06

2º) Por el que se declara de interés turístico nacional el Turismo Enológico y se dictan normas sobre la realización del Día de la Vendimia.

Carp. Nº 717/06

3º) Discusión única del proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se reduce el plazo durante el cual deberán permanecer depositadas las armas remitidas al Servicio de Material y Armamento por disposición judicial.

Carp. Nº 194/05 - Rep. Nº 394/06

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

4º) por el cual se solicita la aprobación del Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, suscrito en Madrid, el 7 de octubre de 1992.

Carp. Nº 704/06 - Rep. Nº 396/06

5º) por el que se aprueba el Mecanismo para el Ejercicio Profesional Temporario, adoptado por Decisión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR Nº 25/03, adoptado en Montevideo, el 15 de diciembre de 2003.

Carp. Nº 660/06 - Rep. Nº 395/06

6º) Por el que se crea un servicio descentralizado con el nombre de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Carp. Nº 598/06

7º) Discusión única del proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes por el que se crean disposiciones a efectos de facultar a los gobiernos departamentales a implementar nuevas formas de actuación, de conformidad con lo establecido en el inciso 5º. del artículo 262 de la Constitución de la República.

Carp. Nº 275/05

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

8º) Por el que se establece una prima por edad para los jubilados del Banco de Previsión Social que perciben menores ingresos y además integran hogares de escasos recursos económicos.

Carp. Nº 698/06

9º) Por el que se crea el Fondo Integrado de Salud de la Seguridad Social (FISASS).

Carp. Nº 669/06

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Aguirre, Alfie, Amaro, Antía, Baráibar, Breccia, Cid, Couriel, Da Rosa, Fernández Huidobro, Gallinal, Heber, Iturralde, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Lorier, Michelini, Moreira, Penadés, Percovich, Ríos, Rubio, Sanguinetti, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Larrañaga, Long y Nicolini.

3) LEVANTAMIENTO DEL RECESO

SEÑOR PRESIDENTE.- Está abierto el acto.

(Es la hora 15 y 21 minutos)

- El Senado ha sido convocado para que se levante el receso y se consideren los asuntos que figuran en el Orden del Día.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 21 minutos)

4) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"El Poder Ejecutivo remite mensaje y proyecto de ley modificativo al remitido con fecha 20 de noviembre de 2006, por el que se establece una prima por edad a los jubilados del Banco de Previsión Social.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

El Poder Ejecutivo comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- Por el que se prorroga lo dispuesto en la Ley Nº 17.841, de 15 de octubre de 2004, hasta la entrada en vigencia de una nueva ley orgánica de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

- Por el que se concede una pensión graciable al señor Juan Antonio Iglesias Villar.

- Por el que se concede una pensión graciable, al señor Elgar Alfredo Baeza.

- Por el que se autoriza la salida del país de la Plana Mayor y Tripulantes del ROU 26 "Vanguardia", a efectos de concurrir a la Base de Submarinos de la Armada de la República Argentina, en Mar del Plata, entre los días 12 y 15 de diciembre de 2006.

- Por el que se establece el Estatuto del Refugiado.

- Por el que se exonera de tributos a los juicios tramitados por consultorios jurídicos gratuitos que atienden a poblaciones carenciadas y que se gestionen a través de instituciones sin fines de lucro.

- Por el que se aprueba el Acuerdo en el Ambito del Desarrollo del Programa VENESAT 1 (Sistema Sate-lital Simón Bolívar) entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Oriental del Uruguay, suscrito en la ciudad de Caracas, el 14 de marzo de 2006.

- Por el que se faculta al Ministerio de Salud Pública a adquirir los bienes inmuebles, muebles y accesorios, excepto los bienes funerarios, de la Asociación Civil Sociedad Hospital Sanatorio Español.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite respuesta al pedido de informes solicitado por el señor Senador Isaac Alfie, relacionado con los índices de pobreza e indigencia.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADO AL SEÑOR SENADOR ALFIE.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- Por el que se designa ‘Villa Cosmópolis’ el Liceo Nº 61, del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública), y se autoriza a colocar una placa con la inscripción ‘Señor Antonio Montero’.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

- Por el que se establece el alcance de los derechos del paciente terminal y se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico.

- A LA COMISION DE SALUD PUBLICA.

- Por el que se establecen normas sobre igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

- LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

- Por el que se otorga un tratamiento tributario especial a los fideicomisos financieros estructurados de acuerdo con el Reglamento del Programa de Crédito Global Multisectorial III dictado por el Banco Central del Uruguay.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

- Por el que se determinan los plazos de prescripción para los créditos o prestaciones laborales originados en la relación de trabajo.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

- Por el que se dictan normas para la protección de los derechos de los trabajadores ante los procesos de descentralización empresarial.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

- Por el que se autoriza la salida del territorio nacional del buque ROU 04 ‘General Artigas’, su plana mayor, tripulación y alumnos aspirantes de la Escuela Naval, a efectos de realizar las Operaciones ‘Antarkos XXIII’ y ‘Esnal II’, entre el 27 de diciembre de 2006 y el 14 de febrero de 2007.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

- y comunica:

- que ha aprobado un proyecto de ley por el que se crea el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera y se establecen normas para su regulación.

- y que acepta las modificaciones introducidas al proyecto de ley por el que se establece una modificación integral del sistema tributario.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- Por el que se aprueba el Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, suscrito en Madrid, el 7 de octubre de 1992.

- Por el que se aprueba el Mecanismo para el Ejercicio Profesional Temporario adoptado por Decisión del Consejo del Mercado Común del Mercosur Nº 25/03, en Montevideo, el 15 de diciembre de 2003.

La Comisión de Salud Pública eleva informado un proyecto de ley por el que se crea un Servicio Descentralizado denominado Administración de los Servicios de la Salud del Estado (ASSE) y se dictan normas para su funcionamiento.

La Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- Por el que se regula la producción, comercialización y utilización de agrocombustibles.

- Por el que se declara de interés turístico nacional el Turismo Enológico y se dispone la realización del Día de la Vendimia.

- HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTAN INCLUIDOS EN LA SESION DE HOY.

La Junta Departamental de Colonia remite nota manifestando su apoyo a la iniciativa presentada por su similar de Paysandú, relacionada con la posibilidad de que UTE considere a las Intendencias, grandes consumidores de energía.

La Junta Departamental de Paysandú remite versión taquigráfica de las palabras del señor Edil Prof. Walter Caraballo, relacionadas con el proyecto de ley sobre Titularidad del Derecho de Propiedad de Inmuebles Rurales.

La Junta Departamental de Flores remite copia de la versión taquigráfica de las palabras del señor suplente Edil Darío Camirotti, referidas al carácter honorario de la función de Edil.

- TENGANSE PRESENTES."

5) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Ruperto Long, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, relacionado con la licitación que UTE efectuará en el mes de diciembre de 2006 a los efectos de la interconexión del sistema eléctrico uruguayo con el sistema eléctrico brasileño."

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 13 de diciembre de 2006.

Sr. Presidente Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente.

De mi mayor consideración:

Cúmpleme elevar a Ud. la presente solicitud de Pedido de Informes de acuerdo a lo establecido por el artículo 118 de la Constitución de la República.

Solicítese al Ministerio de Industria, Energía y Minería información relativa a la licitación que UTE efectuará en el mes de diciembre de 2006 a los efectos de la interconexión del sistema eléctrico uruguayo con el sistema electrónico brasileño.

Se pretende conocer:

1. ¿Por qué es UTE la que licita esta interconexión y no ADME?

2. ¿Es una ampliación de la Red de Transmisión y una nueva Interconexión Internacional?

3. ¿Quién es el responsable por la habilitación de la interconexión?

4. De no ser ADME, ¿a qué se debe que no sea ésta la responsable?

5. De las alternativas en consideración de acuerdo con la documentación pertinente, ¿a qué se debe la elección que según la información de que disponemos, podría ser una de las más onerosas?

6. ¿Cuál es la capacidad real de la interconexión?

7. Esta elección es interconexión con Brasil:

a) ¿Implica reactivar y/o incrementar Candiota?

b) En caso afirmativo, ¿está opción no podría implicar un aumento de la contaminación?

8. El artículo 27 de la Ley Nº 16.832 - Ley de Marco Regulatorio-, establece:

"Ningún agente del mercado mayorista de energía eléctrica podrá realizar contratos de abastecimiento de energía eléctrica con generadores nucleares ni con generadores extranjeros cuyas plantas contaminen el territorio nacional".

¿Cómo se compatibiliza el texto legal citado con la realización de la interconexión que motiva estos obrados?

9. ¿Cuál será el costo del MWh y cómo se va a comprar?

¿Se va a pagar por energía al firme todos los meses?

10. ¿A quién se le va a comprar, a empresas estatales o inversores privados?

Sin otro particular, saludo muy atentamente,

Ing. Ruperto E. Long. Senador."

6) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Ruperto Long presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen normas para la Promoción del Voluntariado Social."

- A LA COMISION DE POBLACION, DESARROLLO E INCLUSION.

(Texto del proyecto presentado:)

"PROYECTO DE LEY

PROMOCION DEL VOLUNTARIADO SOCIAL

TITULO I

DEL AMBITO DE APLICACION Y DEL VOLUNTARIADO

Capítulo 1

Ambito de aplicación

Artículo 1º. Ambito de aplicación.

La presente ley será de aplicación a la actividad de voluntarios en el ámbito de las acciones diseñadas, coordinadas o ejecutadas por Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 13 de la presente.

Artículo 2º. Objeto de la ley.

La presente ley tiene por objeto el reconocimiento y la promoción de la acción voluntaria como instrumento de la participación responsable, solidaria, pacífica y plural así como también fomentar la participación de la sociedad en organizaciones sin ánimo de lucro.

Artículo 3º. Definición de Voluntariado.

Se consideran organizaciones de voluntariado las personas jurídicas legalmente constituidas en organizaciones civiles sin fines de lucro, que desarrollan actividades en áreas sociales en forma ordinaria, estable y permanente.

Artículo 4º. Definición de Voluntariado.

Se considera voluntario a la persona física que por su libre elección ofrece su tiempo, su trabajo y sus competencias, en forma puntual o periódica, con fines del bien común, individualmente o dentro del marco de organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, oficialmente reconocidas o no, o de entidades públicas nacionales o internacionales, sin percibir remuneración alguna a cambio.

Artículo 5º. Definición de Organizaciones de la Sociedad Civil.

Son organizaciones de la sociedad civil las personas jurídicas sin fines de lucro, cualquiera sea su forma jurídica, que participan de manera directa o indirecta en programas o proyectos de desarrollo social local, nacional o internacional, que persiguen finalidades, u objetos propios del bien común y de interés general y que pueden recibir o no apoyo a subvención en convenio con el Estado.

Capítulo 2

De los derechos y obligaciones del Voluntario y su marco de actuación.

Artículo 6º. Marco de actuación de los Voluntarios.

Las actividades del voluntariado social comprendidas en la presente ley, son las que se desarrollan en el marco de los fines, los programas y proyectos de las organizaciones de la sociedad civil definidas en el artículo precedente.

Los servicios de los voluntarios no podrán ser utilizados para sustituir empleos formales o evadir obligaciones con los trabajadores y su prestación es ajena al ámbito de la relación laboral y de la seguridad social.

Artículo 7º. De los derechos del Voluntario.

Los voluntarios tienen los siguientes derechos:

A) Recibir la información, la formación, la orientación, el apoyo y los recursos necesarios para el ejercicio de las funciones que se le asignen, desde el momento de su ingreso a la tarea y durante el desarrollo de su actividad voluntaria.

B) El respeto a su libertad, dignidad, intimidad, creencias y al tratamiento sin discriminación alguna.

C) La colaboración activa de la organización, la elaboración, el diseño, la ejecución y la evaluación de las actividades a desarrollar en la entidad en la que se inserte, de acuerdo con sus estatutos o normas de funcionamiento.

D) Disponer de una identificación que acredite su condición de voluntario, emitida por la institución u organización respectiva en la que se desempeñe.

E) Realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene en función de la naturaleza y características de la tarea.

F) Estar cubierto por un seguro de accidente en el desarrollo de sus tareas, a cargo de la organización o de la institución que lo recibe como voluntario. A tales efectos el Banco de Seguros del Estado instrumentará una línea especial con carácter promocional, en virtud del interés público de la actividad que es objeto de la presente ley.

G) El reconocimiento por el valor social de su contribución.

H) La certificación de su actuación.

I) La jornada de actividad no podrá superar las seis horas en el caso de servicio voluntario realizado por los niños, las niñas y los adolescentes.

Artículo 8º. De las obligaciones del Voluntario.

Son deberes de los voluntarios:

A) Cumplir los compromisos adquiridos con la organización o con las instituciones públicas con las que se relacionen, respetando los fines y la normativa de las mismas.

B) Rechazar cualquier contraprestación por parte del beneficiario o de otras personas relacionadas con su acción.

C) Respetar los derechos, la libertad, la dignidad, la intimidad y las creencias de las personas o grupos a los que dirige su actividad.

D) Dar el consentimiento expreso y por escrito para el examen psicofísico previo, cuando la naturaleza de las actividades a realizar lo demande.

E) Participar en las actividades formativas previstas por la institución u organización en las que actúe tales como la capacitación para cumplir las funciones cometidas, y las que se requieran con carácter permanente para mantener la calidad de los servicios que se presten.

F) Utilizar adecuadamente los recursos materiales que ponga a su disposición la institución u organización a la que se vincula y efectuar la rendición de cuentas correspondiente al finalizar la tarea asignada.

G) Informar a la entidad, con la antelación que acordaren, su inasistencia a las actividades, o su decisión de renunciar a sus tareas, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para evitar un perjuicio en la labor encomendada.

H) Cumplir las obligaciones que surjan del acuerdo de colaboración al que se refiere el artículo 9 de la presente ley y del resto del ordenamiento jurídico.

Artículo 9º. Del convenio de Voluntariado.

La relación de los voluntarios con las organizaciones de la sociedad civil, deberá formalizarse por escrito en un acuerdo o compromiso de colaboración que contemple el alcance de la acción a desempeñar y el nombre del sujeto voluntario.

Tratándose de menores, deberá constar en el mismo el consentimiento expreso de los representantes legales de los niños, niñas y adolescentes quienes siempre deberán tener más de 13 (trece) años de edad.

El referido acuerdo podrá ser dejado sin efecto por cualquiera de las partes en forma escrita.

TITULO II

DE LA PROMOCION Y CONTRALOR DEL VOLUNTARIADO

Capítulo 3

Artículo 10º. De la promoción del Voluntariado por el Estado.

El Estado promoverá la acción voluntaria de las personas, mediante campañas de información, divulgación y reconocimiento de las acciones del voluntariado social e implementará programas de asistencia técnica, para la ejecución de proyectos de aprendizaje a través del servicio solidario a la comunidad, en las distintas ramas de la Enseñanza, ya sea ésta formal o no formal.

Artículo 11º. De la promoción del Voluntariado por los particulares.

Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar de tributos a las personas jurídicas físicas o colectivas - cualquiera fuera su naturaleza - de toda prestación o aporte que tenga como fin actividades de Voluntariado.

El tipo y alcance de las exoneraciones citadas, las establecerá la normativa que se dicte a tal efecto.

Los voluntarios que intervengan en las acciones referidas deberán estar siempre inscriptos en el registro referido en el artículo 12 de la presente.

Artículo 12º. Del contralor de las actividades de Voluntariado.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá a su cargo el debido contralor de la actividad del Voluntariado.

A tales efectos se llevará un registro en el que toda persona que ejerza actividades de Voluntariado, en forma continua por más de dos meses deberá estar inscripto de acuerdo a lo que la reglamentación respectiva establezca. Dicha inscripción operará como mera presunción de su calidad de tal.

La Reglamentación deberá contemplar, en régimen de excepción, aquellas organizaciones que en sus Estatutos establezcan la necesaria confidencialidad de sus integrantes.

Capítulo 4

Artículo 13º. De la práctica ocasional de actividades de Voluntariado.

La presente ley reconoce aquellas actividades que revistiendo todas las características de Voluntariado, son realizadas en forma ocasional, exonerándolas de los requisitos de registro creados por el presente u otra legislación.

Capítulo 5

Artículo 14º. Disposiciones transitorias.

Las organizaciones de la sociedad civil previstas en el artículo 1º. de la presente ley que a la fecha de su promulgación desarrollen actividades con voluntarios, dispondrán de un plazo de ciento ochenta días para ajustarse a lo previsto por la misma, a contar desde la apertura efectiva del registro respectivo.

RupertoLong. Senador.

PROYECTO DE LEY

PROMOCION DEL VOLUNTARIADO SOCIAL

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el ámbito del quehacer humano, constituye un importante elemento a considerar la iniciativa personal y la actitud de disposición en relación con el Bien Común.

Este principio, que es el núcleo de la acción del conjunto social, implica la tarea constante y sostenida, asumida como compromiso ciudadano de toda persona, en apoyo al desarrollo de sus semejantes.

La tarea de promoción de otros se ha asumido siempre, por un mayor o menor número de personas. En las últimas décadas ha adquirido un valor creciente, denominándose de una forma nueva, y dinamizándose con una profesionalización guiada por el valor del "mejor quehacer".

El Voluntariado es, por tanto, una tarea sostenida en el tiempo, en favor de la necesidad de otros, motivada por un sentir gratuito, y asumida con compromiso hacia la sociedad en que nos toca vivir.

En el ámbito del Derecho es una actividad de la realidad social que necesita regulación con un sustento normativo adecuado, de allí el tratamiento del tema en el ámbito legislativo.

La tarea del Voluntario se encuentra actualmente reglada en nuestro Orden Jurídico en el ámbito de sus relaciones con el Estado; dada la enorme tarea asumida por el Voluntariado de nuestro país en relación con organizaciones de la sociedad civil, es que se ha elaborado un Proyecto de Ley en tal sentido, que ahora sometemos a consideración del cuerpo.

Cabe recordar que en oportunidad de la aprobación de la Ley de Voluntariado, la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión así como el Senado de la República, por parte de sus sectores manifestaron el compromiso a aprobar oportunamente una iniciativa legal que contemplara la modalidad de Voluntariado en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil. Recogiendo dicho compromiso, es que nos hemos permitido presentar esta iniciativa tratando de reforzar el entramado social, en el proyecto legislativo que nos ocupa, se combina la iniciativa personal, comunitaria y de organizaciones de la sociedad civil de distinta naturaleza y del Estado.

En este último caso se prevé su intervención no sólo como contralor de las relaciones generadas sino como sujeto generador y potenciador del Voluntariado por medio de la facilitación de dichas actividades en el ámbito privado.

En la elaboración del Proyecto de Ley de referencia se ha tenido en cuenta la armonización de éste con la ley que regula el Voluntariado a nivel de las relaciones de los voluntarios con el Estado, Ley .De este modo, situaciones análogas en el perfil del agente y la tarea, tienen una regulación similar.

Se ha considerado - en todo lo posible- la dinámica de las organizaciones de la sociedad civil en toda su amplitud, tratando de compatibilizar la gestión de las mismas con una formalidad adecuada en su relación con el Voluntariado.

La necesidad de prestar las suficientes seguridades al voluntario y su tarea, justifica la adopción de determinados requisitos mínimos para esa actuación, a saber: contratación de seguro, inscripción en registro, otorgamiento de un acuerdo, etc.

El haz obligacional del acuerdo se cierra en debida forma desde la asunción por parte del Voluntario de la tarea con detalle y precisión de labor, horario, condiciones de desempeño, etc.

La tarea de Voluntariado por ser tal no implica que la realización de la misma quede acotada en su desempeño a la simple voluntad de esta persona, de allí el convenio que sella el compromiso de la tarea.

Finalmente, considero importante destacar que el presente Proyecto de Ley ha sido elaborado con la activa participación de un calificado equipo multidisciplinario, entre quienes me permito destacar a la Esc. María Sara Corbelle, el Dr. Raúl Gamarra, la Esc. Giselle Grien, el Lic. Selso Lima y la Lic. Eugenia Puglia.

Ruperto Long. Senador."

7) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Nicolini solicita licencia entre los días 20 y 22 de diciembre de 2006".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 19 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a usted tenga a bien gestionar licencia por enfermedad entre los días 20 y 22 de diciembre de 2006.

Sin otro particular, le saluda atentamente:

Leonardo Nicolini. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 15 en 16. Afirmativa.

En consecuencia, queda convocado el señor Senador Breccia, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontrara en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Larrañaga solicita licencia por los días 20 y 21 del corriente".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, diciembre de 2006.

Sr. Presidente del Senado

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo se me otorgue 2 días de licencia a partir del día 20 de diciembre y se convoque a mi suplente correspondiente, de conformidad con la Ley 17.827, Artículo 1º, Literal D.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente,

Jorge Larrañaga. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 16 en 17. Afirmativa.

8) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una nota de desistimiento.

(Se da de la siguiente:)

"El doctor Juan Andrés Ramírez comunica que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto."

- Por lo tanto, queda convocado el señor Senador Aguirre, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontrara en antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

9) PRIMA POR EDAD PARA LOS JUBILADOS DEL BANCO DE PREVISION SOCIAL

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del Orden del Día

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- La intención es solicitar al Cuerpo que acompañe una modificación del Orden del Día previsto. Concretamente, proponemos que se trate como primer punto del Orden del Día el proyecto de ley por el que se establece una prima por edad para los jubilados del Banco de Previsión Social que perciben menores ingresos y además integran hogares de escasos recursos económicos.

El motivo de esta solicitud es que si sancionamos esta iniciativa ahora - todo hace pensar que así será, porque en Comisión fue aprobada por unanimidad- y la enviamos de inmediato a la Cámara de Representantes, existe un compromiso político para que sea tratada allí, a los efectos de que sea sancionada y pueda aplicarse a partir del 1º de enero, tal como estaba previsto.

Por otra parte, formulo moción para que el proyecto de ley que figuraba en primer término del Orden del Día, referente a la producción, comercialización y utilización de agrocombustibles, se trate en segundo término y, en tercer lugar, se considere el sexto punto del Orden del Día, que consiste en un proyecto de ley por el que se crea un servicio descentralizado con el nombre de Administración de los Servicios de Salud del Estado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

- 17 en 18. Afirmativa.

El Senado pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se establece una prima por edad para los jubilados del Banco de Previsión Social que perciben menores ingresos y además integran hogares de escasos recursos económicos (Carp. Nº 698 /06)."

(Antecedentes:)

"CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º. (Prima por Edad).- Establécese, a partir del 1º de enero de 2007, con la gradualidad a que refiere el artículo 4º, una prima por edad para las personas que se encuentren en el goce de una jubilación servida por el Banco de Previsión Social y cumplan con las condiciones reguladas en la presente ley y en la reglamentación.

Artículo 2º. (Beneficiarios).- Son beneficiarios de la prima por edad, en las condiciones previstas en el artículo 4º de la presente ley, las personas jubiladas que tengan setenta o más años de edad y que cumplan los siguientes requisitos:

a) que sus ingresos no superen las tres bases de prestaciones y contribuciones (Ley Nº 17.856, de 20 de diciembre de 2004);

b) que integren hogares donde el promedio total de ingresos por persona no supere las tres bases de prestaciones y contribuciones.

Artículo 3º. (Monto).- El monto de la prima será equivalente al valor vigente de la prima de edad creada por la Ley Nº 12.761, de 23 de agosto de 1960, modificativas y concordantes, en los términos que surgen del artículo siguiente.

Dicho monto se reajustará conforme al procedimiento del artículo 67 de la Constitución de la República.

Artículo 4º. (Incorporación gradual).- La prima por edad que se establece por la presente ley tendrá la siguiente gradualidad:

a) para los jubilados de ochenta o más años de edad, a partir del 1º de enero de 2007, se devengará y abonará una tercera parte (1/3) del valor referido en el artículo anterior, incrementándose a razón de una tercera parte (1/3) más cada 1º de enero de los subsiguientes años 2008 y 2009, hasta alcanzar la totalidad del valor citado;

b) para los jubilados de setenta o más años de edad, pero menores de ochenta, a partir del 1º de enero de 2007, se devengará y abonará una quinta parte (1/5) del valor referido en el artículo anterior, incrementándose a razón de una quinta parte (1/5) más cada 1º de enero de los subsiguientes años 2008, 2009, 2010 y 2011, hasta alcanzar la totalidad del valor citado.

Artículo 5º. (Iniciación y suspensión del servicio de la prima).- La prima por edad se devengará a partir del primer día del mes siguiente al cumplimiento de la edad y condiciones dispuestas en la presente ley y en el decreto reglamentario.

Si las condiciones antedichas dejaran de verificarse, la prima por edad se suspenderá a partir del primer día del mes siguiente a ese cambio de situación.

Artículo 6º. (Incompatibilidad).- En ningún caso podrá acumularse más de una prima por edad, independientemente de la normativa a cuyo amparo haya sido otorgada.

Artículo 7º. (Efectos sobre prestaciones).- El beneficio que se establece no se considerará para determinar el mínimo jubilatorio, ni a los efectos previstos en el artículo 186 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995. Tampoco se incluirá en el cálculo del sueldo básico de pensión.

Sala de la Comisión, a 20 de diciembre de 2006.

Víctor Vaillant, Miembro Informante; Isaac Alfie, Susana Dalmás, Eduardo Lorier, Francisco Gallinal, con salvedades; Eduardo Ríos. Senadores"

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Vaillant.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: este proyecto de ley aspira a atender las pasividades más sumergidas del Banco de Previsión Social, restableciendo la prima por edad avanzada que originalmente había sido creada en el año 1960 por la Ley Nº 12.761 y que luego fuera derogada por el acto institucional Nº 9 en el año 1979.

Esta iniciativa que pretende recomponer este beneficio abarca a aquellos jubilados de 70 años o más cuyos ingresos no superen las tres Bases de Prestaciones y Contribuciones e integren hogares donde el promedio total de ingresos por persona no sobrepase dicho monto.

En síntesis, y para no ser extensos, de lo que se trata es de devolver a los jubilados, después de más de veinte años, un beneficio que tenían y del que fueran despojados por el acto institucional Nº 9 del gobierno dictatorial.

Naturalmente, el otorgamiento de este beneficio para los jubilados se fundamenta en consideraciones sociales, teniendo en cuenta los crecientes gastos que deben afrontar los pasivos a medida que envejecen y las dificultades económicas que trae aparejadas, especialmente para los de menores ingresos.

Como es conocido, los aumentos diferenciales para los sectores más sumergidos forman parte de la política de pasividades de la actual Administración. Como antecedente inmediato de dicha política cabe mencionar los incrementos adicionales de 6% otorgados a jubilados y pensionistas de bajos ingresos durante el último año, que permitirán a las pasividades más bajas recuperar con mayor celeridad lo perdido durante el período 2000 - 2004.

Sin embargo, las múltiples inversiones realizadas por el Gobierno en el campo social -muchas de ellas dirigidas a jubilados y pensionistas- y los diversos compromisos financieros en otras áreas, sólo permiten el establecimiento de esta prima en forma gradual. La iniciativa originalmente proponía que esa gradualidad estuviera distribuida en cinco años; los pasivos beneficiarios irían accediendo a ella a razón de un quinto acumulativo por año para, en el 2011, completar el monto en principio establecido por la ley que luego fuera derogada.

En la consideración de este proyecto de ley en Comisión, luego de escuchar a los sectores involucrados, particularmente a las organizaciones de jubilados, a todos - es decir, a los Senadores de todos los partidos políticos-, nos pareció atendible diferenciar a quienes son mayores de 70 años, en particular, de aquellos que tienen más de 80 años. Devolver este beneficio en forma gradual y progresiva acumulativa durante cinco años a quienes tienen más de 70 años tiene un sentido, pero cuando se trata de quienes han superado los 80 años, naturalmente el sentido es otro y las urgencias son distintas. Eso fue lo que motivó que Legisladores de todos los partidos políticos hiciéramos gestiones frente al Poder Ejecutivo para realizar algunas modificaciones en ese sentido, que fueron aceptadas. El Poder Ejecutivo envió un Mensaje complementario por el cual, para aquellos pasivos que tienen más de 80 años, la gradualidad de este beneficio se establece en tres años en lugar de cinco. Por lo tanto, comenzarán a cobrar a partir del 1º de enero del año que viene una tercera parte -con lo cual el beneficio es acumulativo por año-, hasta completarlo totalmente a los tres años.

Me importa señalar que este proyecto de ley logró aprobarse rápidamente en la Comisión en función de la colaboración que tuvimos de los otros sectores políticos que integran este Cuerpo, el Partido Colorado y el Partido Nacional, que no sólo accedieron a que se celebrara una sesión extraordinaria para tratarlo ahora sino que, además, tuvieron la gentileza de considerar una modificación del Poder Ejecutivo cuando formalmente todavía no había entrado.

Insisto en que este proyecto de ley fue votado por unanimidad, por lo que es esperable que el Senado en pleno lo apruebe a fin de que de inmediato sea enviado a la Cámara de Representantes, en donde, de acuerdo con compromisos políticos asumidos, termine siendo sancionado de forma inmediata.

Muchas gracias.

SEÑOR LARA GILENE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARA GILENE.- Señor Presidente: muchas veces hemos escuchado decir aquí en el Senado que el Presidente de la República iba a gobernar con la Constitución de la República en una mano y con el programa de gobierno del Frente Amplio en la otra. Ahora bien, si ustedes leen el programa, allí se habla claramente de reducir de 70 a 65 años la prima por edad avanzada. Esto es claro; es así. Aquí había planteado el Directorio del Banco de Previsión Social subirla a 80 años, que es de lo que estamos hablando ahora.

Creemos que lo poco que podamos hacer, sobre todo si estamos hablando del Banco de Previsión Social, es positivo y por ello es que vamos a apoyar este proyecto de ley. Pero no podemos dejar de puntualizar -para que quede constancia en la versión taquigráfica- que las organizaciones de jubilados están en total desacuerdo con esta iniciativa, como lo han manifestado en distintas reuniones que hemos mantenido. Obviamente, esto no era lo que ellos estaban reclamando.

Por otra parte hay que decir que, tanto con la ley vigente como con el proyecto de ley que hoy estamos analizando, son 109.728 jubilados los que van a quedar afuera. De cualquier manera, esto no deja de ser un paso importante. Muchas veces, cuando se habla de la situación de los jubilados y sus reclamos -que son sumamente válidos-, no profundizamos en el déficit de casi U$S 1.200:000.000 anuales que hoy tenemos y que pagamos todos, a través de Rentas Generales.

Queremos, entonces, dejar sentado que esto no era lo que venía planteando el gobierno, que las organizaciones de jubilados están totalmente en contra de esta iniciativa, pero que de todos modos no deja de ser positivo en la medida en que se trata de algo que, aunque sea gradualmente, hoy se les está otorgando.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR AMARO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMARO.- Señor Presidente: sin dejar de reconocer las razones expuestas por el señor Senador Lara Gilene en cuanto a lo que todos deseamos, en el sentido de bajar la edad para el cobro de este beneficio - y que fuera uno de los compromisos del Partido de gobierno-, vamos a dar nuestro voto por entender que se trata de un paso muy importante en una temática que involucra a los jubilados.

En consecuencia, en nombre de mi Partido, anunciamos que, en principio, acompañaremos con nuestro voto esta iniciativa, pero que seguiremos insistiendo en que la prima se establezca a partir de los 65 años.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 1º (Prima por Edad).- Establécese, a partir del 1º de enero de 2007, con la gradualidad a que refiere el artículo 4º, una prima por edad para las personas que se encuentren en el goce de una jubilación servida por el Banco de Previsión Social y cumplan con las condiciones reguladas en la presente ley y en la reglamentación."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: por las mismas razones que expuse anteriormente -es decir, porque este proyecto de ley fue votado por la unanimidad de los integrantes de la Comisión-, mociono para que, salvo que algún señor Senador plantee lo contrario con relación a algún artículo, se suprima la lectura del resto del articulado del proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Vaillant en el sentido de que se suprima la lectura de los artículos.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

SEÑOR VAILLANT.- ¿Me permite, señor Presidente?

Simplemente, es para solicitar que se tomen las providencias para que de inmediato este proyecto de ley sea enviado a la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ese mecanismo no existe; pero veremos de qué manera se procederá.

10) AGROCOMBUSTIBLES

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con lo resuelto, el Senado ingresa a la consideración del asunto que figura en primer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se regula la producción, comercialización y la utilización de agrocombustibles. (Carp. Nº 591/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 591/06

Rep. Nº 399/06

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Industria, Energía,

Comercio, Turismo y Servicios

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto el fomento y la regulación de la producción, la comercialización y la utilización de agrocombustibles correspondientes a las categorías definidas en el segundo y tercer incisos del artículo 12.

Asimismo, tiene por objeto reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los términos del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobados por la Ley Nº 17.279, de 23 de noviembre de 2000, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

También tendrá por objetivo dicha producción de agrocombustibles el fomento de las inversiones; el desarrollo de tecnología asociada a la utilización de insumos y equipos de origen nacional; el fortalecimiento de las capacidades productivas locales, regionales y de carácter nacional; la participación de pequeñas y medianas empresas de origen agrícola o industrial; la generación de empleo, especialmente en el interior del país; el fomento de un equilibrio entre la producción y el cuidado del medio ambiente asociados a criterios de ordenamiento territorial; y la seguridad del suministro energético interno.

Artículo 2º.- Interprétase que la expresión "carburante nacional" a que hace mención la Ley Nº 8.764, de 15 de octubre de 1931, comprende los agrocombustibles líquidos y, en particular, el alcohol carburante y el biodiesel.

Artículo 3º.- Quedan excluidas del monopolio establecido por la Ley Nº 8.764, de 15 de octubre de 1931, la producción y la exportación de alcohol carburante y de biodiesel.

Artículo 4º.- Autorízase la comercialización interna de la producción de alcohol carburante y biodiesel, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 6º, 7º, 14 y 15 de la presente ley.

Artículo 5º.- La producción de alcohol carburante o biodiesel para el consumo en particular, general o final dentro del país, será de materia prima nacional y producidos en el territorio nacional.

El Poder Ejecutivo podrá, por razones de interés general o del cumplimiento de los objetivos determinados en el primer artículo de la presente ley, eximir temporalmente, total o parcialmente, de los requerimientos del presente artículo.

Artículo 6º.- Encomiéndase a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) a incorporar alcohol carburante producido en el país con materias primas nacionales, en una proporción de hasta un 5% (cinco por ciento) sobre el volumen total de la mezcla entre dicho producto y las naftas (gasolinas) de uso automotivo que se comercialicen internamente hasta el 31 de diciembre de 2014.

Dicha proporción constituirá un mínimo obligatorio a contar de la fecha referida en el inciso precedente.

Artículo 7º.- Encomiéndase a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) a incorporar biodiesel (B100) producido en el país con materias primas nacionales, en una proporción de hasta un 2% (dos por ciento) sobre el volumen total de la mezcla entre dicho producto y el gasoil de uso automotivo que comercialice internamente hasta el 31 de diciembre de 2008.

Dicha proporción constituirá un mínimo obligatorio a contar de la fecha referida en el inciso precedente y hasta el 31 de diciembre de 2011. Ese mínimo obligatorio se elevará a 5% (cinco por ciento) a partir del 1º de enero de 2012.

Artículo 8º.- La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) realizará la mezcla para obtener BXX y la mezcla de alcohol carburante con nafta (gasolina), a ser comercializadas a consumidores en general.

Artículo 9º.- Los costos resultantes de las incorporaciones estipuladas en los artículos 6º y 7º serán transferidos a tarifas, en tanto el Poder Ejecutivo no estipule otros mecanismos de compensación.

Artículo 10.- El Poder Ejecutivo podrá modificar las metas definidas en los artículos 6º y 7º de la presente ley, por razones fundadas en los criterios establecidos en el artículo 1º, o bien en las limitaciones cuantitativas y cualitativas de la producción nacional de alcohol y biodiesel, así como en las magnitudes de sus costos.

Artículo 11.- Agrégase al artículo 482 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por los artículos 653 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, 738 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, 6º de la Ley Nº 17.088, de 30 de abril de 1999, 27 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, 186 y 429 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005 y 26 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006, el siguiente literal:

"U) La adquisición de biodiesel y alcohol carburante por parte de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP), de conformidad con la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. Las impugnaciones o recursos que en tales circunstancias se interpusieren, en cualquier etapa del procedimiento, no tendrán efecto suspensivo, salvo que así lo resuelva el jerarca del ente público contratante.

El ordenador, por razones fundadas, podrá exonerar a los oferentes o adjudicatarios, del depósito de garantías, o variar los porcentajes establecidos por el artículo 503 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 653 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990".

Artículo 12.- A los efectos de la presente ley, son de aplicación las definiciones que se presentan a continuación:

a) Agrocombustible: combustible líquido renovable de origen agropecuario o agroindustrial, que comprende entre otros, al alcohol carburante y al biodiesel.

b) Alcohol carburante: alcohol etílico carburante producido para ser utilizado en motores de combustión. Comprende al alcohol etílico anhídro carburante y al alcohol etílico hidratado carburante. La especificación de calidad de estos productos será objeto de la reglamentación de la presente ley.

c) Biodiesel (B100): combustible para motores, compuesto de ésteres mono alquílicos de ácidos grasos de cadena larga, derivados de aceites vegetales o grasas animales, designado como biodiesel (B100) que cumple con las previsiones contenidas en la Norma UNIT Nº 1100 y sus futuras actualizaciones.

d) BXX: combustible que constituye una mezcla de biodiesel (B100) con gasoil derivado de petróleo, donde XX designa el porcentaje en volumen de biodiesel (B100) en la mezcla.

e) Flota cautiva: conjunto de vehículos y maquinarias con cuyo propietario, o persona física o jurídica que la explota, el productor de biodiesel mantiene un vínculo contractual por el cual tiene el abastecimiento exclusivo de la misma.

f) Productor de biodiesel (B100): persona física o jurídica, autorizada a producir biodiesel para comercializar con la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP), con flotas cautivas, para exportar o para autoconsumo.

g) Productor de alcohol carburante: persona física o jurídica, autorizada a producir alcohol carburante para comercializar con la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) o exportar.

Artículo 13.- La actividad de producción de agro-combustibles requerirá, además de las habilitaciones que correspondan, la autorización del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), que llevará el registro de las autorizaciones.

Artículo 14.- Las plantas de producción de biodiesel podrán producir para abastecer a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP), o para la exportación, pudiendo utilizar hasta 4.000 (cuatro mil) litros por día para autoconsumo y flotas cautivas.

El Poder Ejecutivo podrá, por razones fundadas, modificar el límite estipulado en el inciso precedente, dando aviso con 6 (seis) meses de anticipación.

Cuando el biodiesel se destine a abastecer a una o varias flotas cautivas, tal hecho deberá reflejarse mediante la suscripción del contrato de comercialización que corresponda en el cual se individualizarán los componentes de la flota.

Artículo 15.- La mezcla de biodiesel con gasoil sólo podrá ser realizada por el propietario o persona física o jurídica que explota la flota cautiva, prohibiéndose la comercialización de dicha mezcla a terceros.

La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) y el Estado no serán responsables por los daños y perjuicios emergentes asociados a esta modalidad de comercialización.

Artículo 16.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 de la presente ley, las plantas de alcohol carburante podrán producir sin limitación de volumen tanto para abastecer a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) como para la exportación.

Artículo 17.- El uso de agrocombustibles en vehículos, maquinarias o equipos, con fines experimentales, de ensayo o de investigación, deberá ser informado al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y será el mínimo imprescindible para los fines buscados. Esta información tendrá carácter reservado.

Artículo 18.- El Poder Ejecutivo podrá requerir un permiso especial para la exportación de agrocombustibles producidos en territorio nacional, por razones de seguridad de suministro interno o de interés general.

Artículo 19.- La comercialización de biodiesel y alcohol carburante, y sus respectivas mezclas, con destino a consumidores en general, se realizará de acuerdo con la normativa de distribución de combustibles derivados de petróleo vigentes, según el procedimiento establecido para los productos monopolizados por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP), en el literal F) del artículo 3º de la Ley Nº 8.764, de 15 de octubre de 1931, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.312, de 20 de agosto de 1982.

La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) y el Estado no serán responsables por los daños y perjuicios emergentes asociados a estas modalidad de comercialización.

Artículo 20.- El biodiesel tendrá el régimen tributario vigente para el gasoil y el alcohol carburante tendrá el régimen tributario de las naftas (gasolinas).

Artículo 21.- Se faculta al Poder Ejecutivo a exonerar total o parcialmente a los agrocombustibles nacionales de los tributos que recaigan sobre los mismos. Dicha exoneración deberá estar fundada en criterios enumerados en el tercer inciso del artículo 1º de la presente ley.

Artículo 22.- Sin perjuicio de lo estipulado en los artículos 20 y 21, precedentes, queda exonerado el biodiesel nacional del Impuesto Específico Interno (IMESI) por un período de 10 (diez) años, a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 23.- Las empresas productoras de biodiesel y alcohol carburante que integren el registro previsto en el artículo 13 de la presente ley, podrán acceder a los siguientes beneficios, sin perjuicio de los que les correspondan por la aplicación de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998:

a) exoneración del Impuesto al Patrimonio de los bienes de activo fijo comprendidos en los literales A) a E) del artículo 7º de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, adquiridos a partir de la vigencia de la presente ley. Los referidos bienes se considerarán como activo gravado a los efectos de la deducción de pasivos. La presente exoneración no operará en el caso de que los bienes referidos deban valuarse en forma ficta;

b) exoneración del 100% (cien por ciento) del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (IRIC) a partir de la inscripción en el registro señalado en el artículo 13 de la presente ley y por un período de 10 (diez) años.

Artículo 24.- El Poder Ejecutivo determinará los mecanismos y los plazos para regularizar la situación de las plantas que ya estuvieren instaladas a la entrada en vigencia de la presente ley. La reglamentación podrá fijar, transitoriamente, estándares de calidad intermedios para las plantas que produzcan exclusivamente con destino a flotas cautivas y autoconsumo referidas en el artículo 14 de la presente ley.

Artículo 25.- Incorpórase al artículo 1º de la Ley Nº 17.598, de 13 de diciembre de 2002, el siguiente literal:

"f) las referidas a la importación, exportación, producción y comercialización de agrocombustibles".

Artículo 26.- Modifícase el acápite del literal "C" del artículo 15 de la Ley Nº 17.598, de 13 de diciembre de 2002, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"C) En materia de petróleo, de combustibles, de otros derivados de hidrocarburos y agrocombustibles".

Artículo 27.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 180 (ciento ochenta) días contados a partir de su promulgación.

Sala de la Comisión, a 18 de diciembre de 2006.

Susana Dalmás, Miembro Informante; Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro, Rafael Michelini. Senadores.

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 31 de julio de 2006.

Sr. Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, el Proyecto de Ley referente a la regulación de la producción, la comercialización y la utilización de agrocombustibles.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La disponibilidad y el abastecimiento de la energía para un mayor desarrollo de los pueblos es un tema de principal importancia, tanto para los países productores como para los demandantes. La voluntad de aumentar dicho desarrollo socioeconómico pasa por diversos aspectos básicos, como el incremento del uso de recursos materiales y tecnológicos autóctonos, la explotación racional de los recursos naturales, la capacitación de la fuerza laboral en todos sus niveles, la expansión de oportunidades y la descentralización territorial, la diversidad y la seguridad de consumos y suministros, la integración regional, todo en un marco de crecimiento sostenible desde una perspectiva ambiental.

En este marco general, no puede plantearse un real desarrollo socioeconómico sin un acceso acorde a la energía. Dicho desarrollo consiste en una tarea participativa, con activo papel de los estados y los agentes, conformando - entre otros aspectos-, mercados más comprometidos con la sociedad. La política energética se elabora, entonces, con un enfoque sistémico, llegando a los ámbitos sectoriales previo análisis transversal de aspectos generales de la realidad nacional.

Con las medidas planteadas en el proyecto de ley que se presenta, se refuerzan eslabones sustanciales de la política energética, como la diversificación de fuentes y el acceso a un suministro sostenible a largo plazo, impulsando a la vez un tejido agroindustrial de importancia estratégica para Uruguay, con indudables posibilidades de proyección exterior, contribuyendo a la cohesión socioeconómica y generando externalidades positivas desde el punto de vista ambiental.

Nuestro país no dispone de los recursos fósiles de explotación comercial, como el petróleo, el gas natural y el carbón mineral. Pero aún en el caso de que Uruguay identificara y explotara alguno de estos energéticos, o se concretaran proyectos regionales que atenúen en parte nuestra dependencia, se considera de fundamental importancia mantener una visión de país basada en una matriz energética diversificada y con fuerte participación de las energías autóctonas y renovables.

El petróleo es la fuente principal de la energía consumida en el Uruguay, representando actualmente alrededor del 60 por ciento del total de las fuentes primarias. Dada la situación mundial con respecto a dichos recursos externos no renovables y sus perspectivas de evolución, la dependencia del sistema energético nacional refuerza la decisión de tomar medidas que tiendan a atenuar la vulnerabilidad de cualquier proyecto de desarrollo. La dimensión del problema conduce a una estrategia de solución consistente en administrar correctamente las fuentes disponibles en la actualidad y continuar la investigación y el desarrollo, tanto de fuentes convencionales como de nuevas tecnologías.

Una relación muy importante entre energía y desarrollo es la posibilidad de generar tecnología y capacidades nacionales, reforzando las cadenas agroindustriales asociadas a algunas fuentes autóctonas.

Las biomasas representan una de nuestras mayores reservas energéticas autóctonas. En particular, el etanol y el biodiesel son combustibles líquidos que derivan de alguna o algunas biomasas. La promoción de estos recursos energéticos autóctonos estimularán el desarrollo de tecnología y de capacidades nacionales, además de aplicar conocimientos ya disponibles en nuestro país.

En este sentido, representa un hito importante la Ley Nº 17.567, de 20 de octubre de 2002, que declara "de interés nacional la producción en todo el territorio del país, de combustibles alternativos, renovables y sustitutivos de los derivados del petróleo, elaborados con materia nacional de origen animal o vegetal".

Las diversas actividades vinculadas a la producción, la distribución y el consumo de los agrocombustibles, supone el manejo de sustancias peligrosas y altamente inflamables, así como la generación de desechos tóxicos. Además, estas actividades exigen un uso intensivo de los recursos naturales del país. Por lo tanto, se hace imprescindible la regulación de la actividad de producción para salvaguadar el interés general y la sostenibilidad de la actividad a largo plazo.

En este sentido, el presente proyecto de ley establece los mecanismos de incorporación de agrocombustibles de producción nacional a la matriz energética. La necesidad de la regulación legal de la actividad se ve fortalecida por la enorme cantidad de interesados en realizar inversiones de gran porte, y por la existencia de un número importante de plantas en el país que están produciendo agrocombustibles con diversos orígenes y composiciones.

El proyecto plantea, entonces, dotar de un marco legal a la producción y la comercialización de agrocombustibles, definiendo normas de calidad que permitan proteger a los consumidores. Desde esta perspectiva, la aprobación en diciembre de 2005 de la norma de calidad UNIT 1100 sobre biodiesel representa un hecho de singular relevancia al respecto, dando un marco de referencia nacional al respecto.

Saluda al Sr. Presidente con la mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori, José Mujica, Azucena Berrutti, Jorge Lepra, Héctor Lescano, Reinaldo Gargano, Víctor Rossi, Mariano Arana, María Julia Múñoz, Marina Arismendi, Eduardo Bonomi, Jorge Brovetto, José Díaz.

PROYECTO DE LEY

ARTICULO 1º.- La presente ley tiene por objeto el fomento y la regulación de la producción, la comercialización y la utilización de agrocombustibles correspondientes a las categorías definidas en el segundo y el tercer incisos del artículo 7º.

ARTICULO 2º.- Interprétase que la expresión "carburante nacional" a que hace mención la Ley Nº 8.764, de 15 de octubre de 1931, comprende los agrocombustibles líquidos y, en particular, el alcohol carburante y el biodiesel producidos en el territorio nacional.

ARTICULO 3º.- Quedan excluidas del monopolio, establecido por la Ley Nº 8.764, de 15 de octubre de 1931, la producción y la exportación de alcohol etílico hidratado carburante y de biodiesel, que estarán reguladas por las disposiciones de la presente ley y su reglamentación.

ARTICULO 4º.- Encomiéndase a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) a incorporar alcohol carburante producido en el país en una proporción de hasta un 5% (cinco por ciento) sobre el volumen total de la mezcla entre dicho producto y las naftas (gasolinas) de uso automotivo que se comercialicen internamente hasta el 31 de diciembre de 2014.

Dicha proporción constituirá un mínimo obligatorio a contar de la fecha referida en el inciso precedente, facultándose al Poder Ejecutivo a fijar metas intermedias a alcanzar durante el transcurso del lapso comprendido entre la promulgación de la presente ley y esa fecha.

ARTICULO 5º.- Encomiéndase a ANCAP a incorporar biodiesel (B100) producido en el país en una proporción de hasta un 2% (dos por ciento) sobre el volumen total de la mezcla entre dicho producto y el gasoil de uso automotivo que se comercialice internamente hasta el 31 de diciembre de 2008.

Dicha proporción constituirá un mínimo obligatorio a contar de la fecha referida en el inciso precedente y hasta el 31 de diciembre de 2011. Ese mínimo obligatorio se elevará a 5% (cinco por ciento) a partir del 1º de enero de 2012.

ARTICULO 6º.- El Poder Ejecutivo podrá modificar las metas definidas en los artículos 4º y 5º de la presente ley, por razones fundadas en los criterios establecidos por el artículo 24, o bien en las limitaciones cuantitativas y cualitativas de la producción nacional de alcohol carburante y biodiesel, así como en las magnitudes de sus costos. ANCAP fijará las condiciones comerciales para la adquisición de los productos mencionados a los efectos de proceder a las mezclas referidas precedentemente, quedando facultada para adquirir dichos productos en forma directa a empresas en las que tenga participación en carácter de controlante. Los costos resultantes de las incorporaciones estipuladas en los artículos 4º y 5º de la presente ley serán transferidos a tarifas, en tanto no se estipulen otros mecanismos de compensación.

ARTICULO 7º.- A los efectos de la presente ley, son de aplicación las definiciones que se presentan a continuación:

A) Agrocombustible: combustible líquido renovable de origen agropecuario o agroindustrial que comprende, entre otros, al alcohol carburante y al biodiesel.

B) Alcohol carburante: alcohol etílico carburante producido para ser utilizado en motores de combustión. Comprende al alcohol etílico anhídro carburante y al alcohol etílico hidratado carburante. La especificación de calidad de estos productos será objeto de la reglamentación de la presente ley.

C) Biodiesel (B100): combustible para motores, compuesto de éteres mono alquílicos de ácidos grasos de cadena larga, derivados de aceites vegetales o grasas animales, designado como Biodiesel (B100) que cumple con las previsiones contenidas en la Norma UNIT Nº 1100 y sus futuras actualizaciones.

D) BXX: combustible que constituye una mezcla de Biodiesel (B100) con gasoil derivado de petróleo, donde XX designa el porcentaje en volumen de Biodiesel (B100) en la mezcla.

E) Flota cautiva: conjunto de vehículos y maquinarias con cuyo propietario o persona física o jurídica que la explota, el productor de Biodiesel mantiene un vínculo contractual por el cual tiene el abastecimiento exclusivo de la misma.

F) Productor de Biodiesel (B100): persona física o jurídica, autorizado a producir Biodiesel para comercializar a terceros o para su propia utilización (autoconsumo).

ARTICULO 8º.- La actividad de producción de agrocombustibles requerirá -además de las habilitaciones que corresponda según otras normas y habida cuenta de la competencia de ANCAP en la materia- la Autorización Ambiental Previa del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la autorización del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

ARTICULO 9º.- El Poder Ejecutivo a través del MIEM autorizará la producción de biodiesel, con destino al abastecimiento de flotas cautivas o autoconsumo, a plantas con una capacidad máxima de producción de 4.000 (cuatro mil) litros por día. No se incluye en esta limitación, la producción de Biodiesel destinada a abastecer a ANCAP o la exportación.

El Poder Ejecutivo podrá, por razones fundadas, modificar la capacidad máxima estipulada en el inciso precedente.

ARTICULO 10.- Además de los requerimientos establecidos por la presente ley y su reglamentación, la autorización de la producción de biodiesel con destino a flotas cautivas requerirá la declaración de interés departamental.

Cuando el biodiesel se destine a abastecer a una o varias flotas cautivas, se suscribirá el contrato de comercialización que corresponda, en el cual se individualizarán los componentes de la flota (vehículos o maquinaria).

ARTICULO 11.- El MIEM podrá autorizar la producción de otros agrocombustibles líquidos con fines de investigación, previo informe escrito de los promotores y con una limitación de cantidad que estipulará la reglamentación de la presente ley. El consumo de otros agrocombustibles líquidos requerirá la aprobación de las correspondientes normas de calidad.

ARTICULO 12.- Además de los requerimientos establecidos por la presente ley y su reglamentación, la exportación de agrocombustibles requerirá de un permiso especial, que será otorgado por decreto del Poder Ejecutivo, considerará los criterios contenidos en el artículo 24 de la presente ley y establecerá los plazos y los volúmenes máximos de las operaciones de exportación.

ARTICULO 13.- La mezcla de biodiesel con gasoil sólo podrá ser realizada por el propietario o persona física o jurídica que explota la flota cautiva, prohibiéndose la comercialización de dicha mezcla a terceros.

ARTICULO 14.- ANCAP realizará la mezcla para obtener BXX y la mezcla de alcohol carburante con nafta (gasolina) a ser comercializado a consumidores en general.

ARTICULO 15.- La comercialización de BXX y la mezcla de nafta con alcohol carburante con destino a consumidores en general, se realizará de acuerdo con la normativa de distribución de combustibles derivados de petróleo vigentes, según el procedimiento establecido, para los productos monopolizados por ANCAP, en el literal F) del artículo 3º de la Ley Nº 8.764, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.312, de 20 de agosto de 1982.

ARTICULO 16.- La comercialización del biodiesel tendrá el régimen tributario vigente para el gasoil y la de alcohol carburante tendrá el régimen tributario de las naftas (gasolinas).

ARTICULO 17.- Se faculta al Poder Ejecutivo a exonerar total o parcialmente a los agrocombustibles nacionales de los tributos que recaigan sobre los mismos. Dicha exoneración deberá estar fundada en los criterios establecidos en el segundo inciso del artículo 24 de la presente ley.

ARTICULO 18.- Sin perjuicio de lo estipulado en los artículos 16 y 17 precedentes, queda exonerado el biodiesel nacional del impuesto específico interno (IMESI) por un período de 5 (cinco) años a partir de la promulgación de la presente ley.

ARTICULO 19.- Créase un registro de empresas productoras de biodiesel y alcohol carburante en la órbita del MIEM, que determinará los requisitos técnicos necesarios para su confección.

ARTICULO 20.- Las empresas productoras de biodiesel y alcohol carburante que integren el registro previsto en el artículo precedente, podrán acceder a los siguientes beneficios sin perjuicio de los que les correspondan por la aplicación de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998:

a) exoneración del Impuesto al Patrimonio de los bienes de activo fijo comprendidos en los literales A) a E) del artículo 7º de la Ley Nº 16.906 ya referida, adquiridos a partir de la vigencia de la presente ley. Los referidos bienes se considerarán como activo gravado a los efectos de la deducción de pasivos. La presente exoneración no operará en el caso de que los bienes referidos deban valuarse en forma ficta;

b) exoneración del 100% (cien por ciento) del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (IRIC) a partir de la inscripción en el registro previsto por el artículo 19 de la presente ley y por un período de 5 (cinco) años;

c) exoneración del 50% (cincuenta por ciento) del IRIC a partir del sexto año transcurrido desde su inscripción en el registro previsto en el artículo 19 de la presente ley, y hasta el décimo año (inclusive) transcurrido desde su inscripción.

ARTICULO 21.- El Poder Ejecutivo determinará los mecanismos y los plazos para regularizar la situación de las plantas que ya estuvieren instaladas a la entrada en vigencia de la presente ley. La reglamentación podrá fijar normas intermedias de calidad para las plantas que cumplan con la capacidad máxima de producción establecida en el artículo 9º de la presente ley.

ARTICULO 22.- Incorpórase al artículo 1º de la Ley Nº 17.598, de 13 de diciembre de 2002, el siguiente literal:

"f) las referidas a la importación, exportación, producción y comercialización de agrocombus-tibles".

ARTICULO 23.- Modifícase el acápite del literal "C" del artículo 15 de la Ley Nº 17.598, de 13 de diciembre de 2002, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"C) En materia de petróleo, de combustibles, de otros derivados de hidrocarburos y agrocombusti-bles".

ARTICULO 24.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 180 (ciento ochenta) días contados a partir de su promulgación. Dicha reglamentación y las autorizaciones previstas precedentemente, deberán ase-gurar la adecuación de la producción, la comercialización y la utilización de agrocombustibles a las políticas ener-gética, ambiental, agrícola, industrial y de ordenamiento territorial que el país defina y ponga en vigencia, así co-mo establecer los mecanismos de control que correspondan.

En particular, se considerará especialmente el fomento de las inversiones y los insumos de origen nacional; el desarrollo local o regional; el fortalecimiento de las capacidades productivas nacionales; la participación de pequeñas y medianas empresas agrícolas; la generación de empleo, y la seguridad del suministro interno.

Danilo Astori, José Mujica, Jorge Lepra, Héctor Lescano, Azucena Berrutti, Reinaldo Gargano, Víctor Rossi, Jorge Brovetto, María Julia Muñoz, Eduardo Bonomi, Marina Arismendi, José Díaz, Mariano Arana.

DISPOSICIONES CITADAS

LEY Nº 8.764,

de 15 de octubre de 1931

CREACION DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE

COMBUSTIBLES, ALCOHOL Y PORTLAND (ANCAP)

Artículo 1º.- Créase un Ente industrial del Estado que se denominará "Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland" con el cometido de explotar y administrar el monopolio del alcohol y carburante nacional y de importar, rectificar y vender petróleo y sus derivados y de fabricar Pórtland.

Ley Nº 16.753, de 27 de junio de 1996

ARTICULO 1º.- Derógase el monopolio de alcoholes y bebidas alcohólicas establecido en beneficio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP), por la Ley Nº 8.764, de 15 de octubre de 1931.

La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland continuará ejerciendo en concurrencia con la actividad privada, los cometidos de fabricación, comercialización, importación y exportación de alcoholes y bebidas alcohólicas destiladas.

ARTICULO 2º.- Los controles y sanciones establecidos en la presente ley, a excepción de aquellos encomendados al Poder Ejecutivo y al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), serán de competencia de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP).

Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001

Artículo 231.- Derógase el monopolio que el artículo 1º de la Ley Nº 8.764, de 15 de octubre de 1931, estableció, en cuanto refiere a la importación y venta del asfalto y sus derivados.

A tal fin se declara de utilidad pública el derecho exclusivo a favor del Estado:

A) A la importación y exportación de alcoholes, su fabricación rectificación desnaturalización y venta, así como la de carburantes nacionales en todo el territorio de la República. Esta disposición alcanza total o parcialmente a las bebidas alcohólicas destiladas, cuando el Ente Industrial lo crea oportuno.

B) A la importación y refinación de petróleo crudo y sus derivados en todo el territorio de la República.

C) A la importación y exportación de carburantes líquidos, semilíquidos y gaseosos, cualesquiera sea su estado y su composición, cuando las refinerías del Estado produzcan por los menos el 50% de la nafta que consuma el país.

Artículo 2º.- Se declaran también de utilidad pública, las expropiaciones que solicite este Ente Industrial del Estado para la instalación y funcionamiento de sus fábricas y oficinas, o a las que dé lugar el cumplimiento de los monopolios que se le confían.

Las expropiaciones se harán por los órganos judiciales competentes y por el procedimiento ordinario; o por vía amistosa, con aprobación del Consejo Nacional, no pudiéndose pagar lucros cesantes.

Artículo 3º.- Este Ente industrial del Estado funcionará como Ente Autónomo a cargo de un Directorio integrado por cinco miembros, nombrados por el Consejo Nacional de Administración, que cesarán en sus funciones cuando estén designados o electos, conforme a las normas respectivas, quienes hayan de sucederlos, y tendrán como remuneración la que fije el Consejo Nacional de Administración, hasta que el Presupuesto del Ente reciba sanción legislativa. Competen al Directorio todas las operaciones industriales y comerciales que exijan las funciones que se le confían y por lo tanto le corresponden:

FUENTE: Ley Nº 10.310, de 8 de enero de 1943, artículo 1º (se fija en cinco el número de miembros de los entes autónomos comerciales e industriales del Estado y del Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal.

Esta ley de creación de ANCAP disponía originalmente que su Directorio estuviera integrado por siete miembros, que duraban seis años en sus funciones, renovándose por terceras partes cada dos años).

Ley Nº 15.740, de 8 de abril de 1985, artículo 1º (modifica el número de miembros de los Directorios de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, manteniendo ANCAP el número de cinco).

Con respecto a la duración de los miembros del Directorio en sus funciones, la Ley Nº 10.917, de 31 de julio de 1947, establecía en su artículo 1º:

"Por vía de interpretación declárase que el mandato de los miembros de los Consejos o Directorios de los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados (artículo 180 de la Constitución), terminará necesariamente con el período constitucional de Gobierno dentro del cual hubieran sido designados, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 1º, parte final del artículo 185 de la Constitución"

La Constitución de 1952, en su artículo 196, establecía: "Los miembros de los Consejos o Directorios cesarán en sus funciones cuando el Consejo Nacional de Gobierno que sustituya al que los nombró, efectúe las designaciones para un nuevo período. Podrán ser reelectos..."

La Constitución actual dispone, en el inciso primero de su artículo 192, que "Los miembros de los Directorios o Directores Generales cesarán en sus funciones cuando estén designados o electos, conforme a las normas respectivas, quienes hayan de sucederlos".

A) La fabricación, rectificación, desnaturalización y venta de alcoholes.

B) La importación, previa autorización del Consejo Nacional, de las materias primas alcoholígenas cuando se hayan agotado éstas dentro del país.

C) La importación de alcoholes mientras el Ente no lo produzca. Si la producción no alcanzare a cubrir las necesidades del consumo, podría importar las cantidades necesarias para satisfacerlo.

D) La instalación de nuevas fábricas de alcoholes. Estas deberán ubicarse en las mismas zonas productoras de materias primas.

E) Estudiar y preparar carburantes nacionales que resulten beneficiosos para la economía nacional.

F) Fijar los precios de venta de los productos monopolizados con aprobación del Poder Ejecutivo. Tratándose de productos no monopolizados que expenda la Empresa, los precios de los mismos serán fijados directamente por el Directorio, en cuyo caso lo comunicará inmediatamente al Poder Ejecutivo acompañando la información correspondiente al acto adoptado. El Poder Ejecutivo dentro de los treinta días de recibida dicha comunicación podrá mediante decisión fundada, modificar para el futuro dichos precios.

FUENTE: Decreto-Ley Nº 15.312,

de 20 de agosto de 1982,

artículo 1º.

G) Instalar, cuando lo juzgue oportuno, las refinerías de petróleo, previo concurso de proyectos entre las casas especializadas.

H) Contratar, mientras no se realice el monopolio de importación (artículo 1º, inciso C), la importación o aprovisionamiento de combustibles destinados a los servicios públicos, a la preparación de carburantes nacionales o a la venta al público.

I) Contratar o adquirir los transportes que juzgue necesarios para los fines de la industria de la refinería. En el caso de adquirir barcos sólo se utilizará para su tripulación, a los marinos uruguayos.

J) Procurar la fabricación e importación de combustibles, baratos, destinados al funcionamiento de motores y máquinas agrícolas. Esos combustibles estarán libres de toda clase de impuestos y patentes de importación o internos. El Directorio tomará o solicitará del Consejo Nacional de Administración las medidas necesarias para asegurar que el precio reducido favorezca únicamente a los agricultores.

K) Refinar petróleos crudos o sus derivados, preparar y vender todos los productos propios de esta industria.

L) Instalar las fábricas de Pórtland y productos afines para proveer la realización de obras públicas. Estas fábricas se ubicarán en sitios estratégicos en relación con las materias primas y con la circulación de los productos.

M) Participar en el exterior en las diversas fases de la operación petrolera -prospección, exploración, producción y comercialización- sea directamente o mediante asociación con otras empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

Estarán comprendidas en esa competencia las actividades, negocios y contrataciones, en todas sus formas, que se estime necesario realizar en el exterior para el cumplimiento de esos cometidos.

Los contratos que se proyecten, requerirán la autorización del Poder Ejecutivo.

Fuente: Ley Nº 15.903,

de 10 de noviembre de 1987,

artículo 178 (agrega literal)

Ley Nº 12.376, de 31 de enero de 1957

ARTICULO 163.- A partir de la fecha de la promulgación de esta ley, el Instituto de Química Industrial pasará a depender de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland.

ARTICULO 164.- Encomiéndase a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, la realización de todos los cometidos atribuidos al Instituto de Química Industrial por su ley de creación de fecha 22 de octubre de 1912 y leyes y decretos posteriores, debiendo prestar preferente atención a la fabricación e importación de productos básicos para las industrias agrícola, ganadera y manufacturera, tales como fertilizantes químicos, específicos contra las plagas, sulfato de cobre, sarnifugos, ácido sulfúrico, clorhídrico, nítrico, alumbre, sulfatos, etc. A ese efecto transfiérese a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland todas las atribuciones, etc. que las leyes y decretos vigentes reconocen a dicho Instituto, así como todos sus bienes, recursos y obligaciones.

ARTICULO 165.- Todo el personal del Instituto de Química Industrial pasará a depender de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, con las asignaciones fijadas por la Ley Nº 11.923, de 27 de marzo de 1953, más los aumentos que le correspondan por esta ley y mantendrán su jerarquía funcional, sin perjuicio de las atribuciones del Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland para organizar los servicios de acuerdo con su autonomía constitucional.

ARTICULO 166.- Ninguna de las entidades industriales que integran la jurisdicción orgánica del Instituto de Química Industrial y que entrarán en la competencia de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, tendrá el carácter de explotación exclusiva.

Artículo 4º.- Todas las importaciones y exportaciones que realice el Ente Industrial del Estado estarán libres de derechos, de impuestos y patentes aduaneras e internas. En cambio, el Directorio verterá a Rentas Generales, trimestralmente, el importe de los que actualmente rigen o en adelante se crearen.

Artículo 5º.- Los alambiques que destilan vinos, orujos y frutas producidas en el país, autorizados para hacerlo al sancionarse esta ley, podrán continuar su actividad con el solo objeto de producir flemas de graduación y en las condiciones que determine el Directorio del Ente y producidas por materias alcoholígenas obtenidas en el mismo establecimiento.

El Directorio podrá autorizar, con la aprobación del Consejo Nacional de Administración, la instalación de nuevos alambiques en las condiciones anteriormente indicados.

Las flemas producidas por estos alambiques serán adquiridas por el Directorio a precios que guarden relación con su valor alcoholígeno.

Los poseedores de alcoholes, a cualquier título que lo sean al sancionarse esta ley, deberán declarar dentro de los diez días de su promulgación en el Departamento de Montevideo y de veinte días en los demás, ante la Dirección de Impuestos Internos o de las respectivas Administraciones de Rentas. Los contratos que hubiere pendientes de cumplimiento sobre importación o fabricación, gozarán de un plazo de seis meses para llevarse a efecto, debiendo denunciarse y probarse su existencia dentro de los diez días de promulgada esta ley.

La cantidad importada o fabricada en ese plazo no podrá ser mayor a la que en igual período vencido correspondió al mismo contratante.

Las disposiciones del precedente parágrafo se aplicarán en lo que sea pertinente, si hubiere necesidad en la oportunidad de aplicarse la disposición del artículo 1º, inciso C) para el petróleo y demás combustibles.

Artículo 6º.- El Directorio deberá proceder por licitación pública para la realización de toda obra, compra o arrendamiento que importe más de $ 1.000.000. Serán aplicadas en lo pertinente, las disposiciones de los artículos 3º, 4º, 5º, 28, 38, inciso B), 39, 44 y 45 de la ley de 21 de octubre de 1912 (Usinas Eléctricas del Estado).

En toda cuestión que necesite el asesoramiento o colaboración de otras oficinas del Estado, el Directorio lo solicitará al Consejo Nacional de Administración, para que ordene su cumplimiento a la que corresponda. Para toda cuestión referente al funcionamiento y organización de los servicios que se le confieren al Ente, no prevista en esta ley, se aplicarán las disposiciones pertinentes que rigen para las Usinas Eléctricas del Estado.

Artículo 7º.- El directorio en colaboración con el Director de Impuestos Internos elevará al Consejo Nacional de Administración para su aprobación y remisión al Parlamento, un proyecto de contralor y penalidades para las disposiciones e infracciones de esta ley.

Mientras no se sancione se aplicarán por la Dirección de Impuestos Internos las que rigen actualmente para las materias comprendidas en esta ley.

Artículo 8º.- Para el cumplimiento de esta ley autorízase al Consejo Nacional de Administración a emitir en tres series anuales de dos millones de pesos cada una, un empréstito interno que se denominará "Deuda Industrial del Uruguay" con un interés del 6% anual servido trimestralmente y uno por ciento de amortización acumulativa, la que se hará a la puja cuando la deuda se cotice por encima de ella. La colocación no podrá realizarse a menos de cuatro puntos por debajo del tipo promedial de cotización en el mes anterior de las deudas internas ya colocadas que tengan igual servicio de interés.

La colocación se hará por el Banco de la República quedando autorizado el Directorio del Ente Industrial del Estado para caucionarla total o parcialmente.

El Ente industrial del Estado entregará al terminar cada año de gestión a la Tesorería General el importe de servicios correspondientes a los títulos emitidos.

Queda autorizado el Directorio del Ente para contratar con el Banco de la República u otro Banco del país un crédito hasta un millón de pesos para giro de las industrias que comprende esta ley.

Artículo 9º.- Para las contrataciones en el extranjero a que dé lugar esta ley, el Directorio tendrá en cuenta, siempre que no sea oneroso para la industria, la conveniencia de preferir a los países que acepten reciprocidad comercial o reciban en pago productos uruguayos.

Artículo 10.- Los yacimientos de petróleo y demás hidrocarburos, sólidos, pastosos, líquidos y gaseosos, existentes en el país, que hayan sido descubiertos o puedan descubrirse son de propiedad exclusiva del Estado.

Artículo 11.- Sólo por orden del Estado podrán hacerse cateos, sondajes, estudios de terreno y exploraciones en búsqueda de los yacimientos que comprende el artículo 9º.

La explotación de los yacimientos que se encuentren, será hecha por el Ente Industrial del Estado.

Artículo 12.- Comuníquese, etc.

LEY Nº 15.903,

de 10 de noviembre de 1987

SECCION 2

De los contratos del Estado

Artículo 482.- Todo contrato se celebrará mediante el procedimiento de la licitación pública, cuando del mismo se deriven gastos de funcionamiento o de inversión o salidas para el Estado y por remate o licitación pública cuando se deriven entradas o recursos.

No obstante podrá contratarse:

1) Por licitación abreviada cuando el monto de la operación no exceda de N$ 40.000.000 (nuevos pesos cuarenta millones).

2) Directamente cuando el monto de la operación no exceda de N$ 2.000.000 (nuevos pesos dos millones).

3) Directamente o por el procedimiento que el ordenador determine por razones de buena administración, en los siguientes casos de excepción:

A) Entre organismos o dependencias del Estado, o con personas públicas no estatales.

B) Cuando la licitación pública, abreviada o remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas válidas o admisibles o que las mismas sean manifiestamente inconvenientes.

La contratación deberá hacerse con bases y especificaciones idénticas a las del procedimiento fracasado y, en su caso, con invitación a los oferentes originales, además de los que estime necesarios la Administración.

C) Para adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, o que sólo sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por elementos similares. La marca de fábrica no constituye por sí causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre que no hay sustitutos convenientes. De todas estas circunstancias se dejará constancia en el expediente respectivo.

D) Para adquirir, ejecutar o restaurar obras de arte, científicas o históricas, cuando no sea posible el concurso de méritos o antecedentes o deban confiarse a empresas o personas especializadas o de probada competencia.

E) Las adquisiciones de bienes que no se produzcan o suministren en el país y que convenga efectuar por intermedio de organismos internacionales a los que esté adherida la Nación.

F) Las reparaciones de maquinarias, equipos o motores cuyo desarme, traslado o examen previo resulte oneroso en caso de llamarse a licitación. Esta excepción no podrá aplicarse a las reparaciones comunes de mantenimiento, periódicas, normales o previsibles.

G) Los contratos que deban celebrarse necesariamente en países extranjeros.

H) Cuando las circunstancias exijan que la operación deba mantenerse en secreto.

I) Cuando medien probadas razones de urgencia no previsibles o no sea posible la licitación o remate público o su realización resienta seriamente el servicio.

J) Cuando exista notoria escasez de los bienes o servicios a contratar.

K) La adquisición de bienes que se realicen en remates públicos. El precio máximo a pagar será el que surja de la tasación previamente efectuada.

L) La compra de semovientes por selección, cuando se trate de ejemplares de características especiales.

M) La venta de productos destinados al fomento económico o a la satisfacción de necesidades sanitarias, siempre que la misma se efectúe directamente a los usuarios o consumidores.

N) La adquisición de material docente o bibliográfico del exterior, cuando el mismo se efectúe a editoriales o empresas especializadas en la materia.

Ñ) La adquisición de víveres frescos existentes en mercados, ferias o directamente a los productores.

O) La adquisición en el exterior de petróleo crudo y sus derivados, aceites básicos, aditivos para lubricantes y sus respectivos fletes.

P) Las adquisiciones que se realicen en el marco de acuerdos intergubernamentales o con entidades estatales extranjeras que involucren un intercambio compensado con productos nacionales de exportación.

Q) Para adquirir, ejecutar, reparar bienes o contratar servicios destinados a la investigación científica por parte de la Universidad de la República, hasta un monto anual de U$S 2.000.000 (dos millones de dólares de los Estados Unidos de América).

R) Las compras que realice la Presidencia de la República para el Sistema Nacional de Emergencias a efectos de atender situaciones de emergencia, crisis y desastres excepcionales, dando cuenta a la Asamblea General.

S) La contratación de bienes o servicios, cualquiera sea su modalidad, por parte de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), destinada a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

Las impugnaciones o recursos que en tales casos se interpusieran, en cualquier etapa del procedimiento, no tendrán efecto suspensivo, salvo que así lo resuelva el jerarca de la empresa contratante.

T) La compraventa por parte de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, de la energía generada por otros agentes en territorio nacional, de conformidad con la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. Las impugnaciones o recursos que en tales circunstancias se interpusieren, en cualquier etapa del procedimiento, no tendrán efecto suspensivo, salvo que así lo resuelva el jerarca del ente público contratante.

El ordenador, por razones fundadas, podrá exonerar a los oferentes o adjudicatarios, del depósito de garantías, o variar los porcentajes establecidos por el artículo 503 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 653 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Las contrataciones directas indicadas en las excepciones precedentes deberán ser autorizadas por los ordenadores primarios quienes podrán delegar en los ordenadores secundarios dicha competencia en los casos que determinen fundadamente.

Las contrataciones referidas en el literal A), no podrán incluir la participación, directa o indirecta de empresas privadas.

Las realizadas al amparo del literal I), deberán contar con la certificación del Ministerio de Economía y Finanzas, tanto de la configuración de los extremos que habilitan la causal, como los precios y condiciones que corresponden al mercado.

Para el Poder Judicial y Universidad de la República e Intendencias Municipales, dicha certificación la realizará el Tribunal de Cuentas.

Las contrataciones que contravengan esta disposición son nulas (artículo 8º del Código Civil).

FUENTE: Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, ar-tículo 653;

Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, artículo 738;

Ley Nº 17.088, de 30 de abril de 1999, artículo 6º;

Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, artículo 27;

Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, artículo 186;

Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006, artículo 26.

Artículo 503.- Los oferentes deberán garantizar el mantenimiento de su oferta y el cumplimiento del contrato mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor equivalente al 1% (uno por ciento) o 5% (cinco por ciento) del valor de la oferta o adjudicación respectivamente. El organismo licitante, por razones fundadas, podrá aumentar dichos porcentajes o establecer un criterio diverso en el pliego respectivo para la determinación del monto o establecer o aceptar otras formas de garantía equivalentes.

No se exigirán garantías de mantenimiento de ofertas por aquellas inferiores al tope de la licitación abreviada establecido en el numeral 1) del artículo 482 precedente ni se exigirán garantías de fiel cumplimiento de contrato por montos inferiores al 40% (cuarenta por ciento) de dicho tope.

Las garantías que no corresponda retener se devolverán de oficio por los funcionarios autorizados a ello.

FUENTE: Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, artículo 111;

Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, artículo 653.

LEY Nº 16.906,

de 7 de enero de 1998

DECLARANSE DE INTERES NACIONAL LA PROMOCION Y LA PROTECCION DE LAS INVERSIONES REALIZADAS POR INVERSORES NACIONALES Y EXTRANJEROS EN EL

TERRITORIO NACIONAL

CAPITULO II

ESTIMULOS DE ORDEN GENERAL PARA LA INVERSION

Sección I

Ambito de aplicación

Artículo 6º. (Alcance subjetivo).- Son beneficiarios de las franquicias establecidas en este Capítulo, los contribuyentes del Impuesto a las Renas de la Industria y Comercio, del Impuesto a las Rentas Agropecuarias y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, que realicen actividades industriales o agropecuarias.

Los beneficios establecidos en el presente Capítulo y los que otorgue el Poder Ejecutivo, en aplicación de las facultades legales que se le confieren en el mismo, operarán en forma general y automática para todos los sujetos a que refiere el inciso anterior.

Artículo 7º. (Alcance objetivo).- Se entiende por inversión a los efectos de este Capítulo, la adquisición de los siguientes bienes destinados a integrar el activo fijo o el activo intangible:

A) Bienes muebles destinados directamente al ciclo productivo.

B) Equipos para el procesamiento electrónico de datos.

C) Mejoras fijas afectadas a las actividades industriales y agropecuarias.

D) Bienes inmateriales tales como marcas, patentes, modelos industriales, privilegios, derechos de autor, valores llave, nombres comerciales y concesiones otorgadas para la prospección, cultivos, extracción o explotación de recursos naturales.

E) Otros bienes, procedimientos, invenciones o creaciones que incorporen innovación tecnológica y supongan transferencia de tecnología, a criterio del Poder Ejecutivo.

Sección II

Beneficios fiscales

Artículo 8º. (Beneficios fiscales).- Otorgase a los sujetos a que refiere el artículo 6º, los siguientes beneficios:

A) Exoneración del Impuesto al Patrimonio de los bienes de activo fijo comprendidos en los literales A) y B) del artículo 7º, adquiridos a partir de la vigencia de la presente ley. Los referidos bienes se considerarán como activo gravado a los efectos de la deducción de pasivos.

La presente exoneración no operará en el caso de que los bienes referidos deban valuarse en forma ficta.

B) Exoneración de los Impuestos al Valor Agregado y Específico Interno, correspondientes a la importación de los bienes a que refiere el literal anterior, y devolución del Impuesto al Valor Agregado incluido en las adquisiciones en plaza de los mismos.

Artículo 9º. (Beneficios fiscales).- Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar en forma general, para los sujetos definidos en el artículo 6º, los siguientes beneficios:

A) Exoneración del Impuesto al Patrimonio, en las condiciones establecidas en el literal A) del artículo anterior, a los bienes comprendidos en los literales C) a E) del artículo 7º.

B) Establecimiento, a los efectos de los Impuestos a las Rentas de la Industria y Comercio, a las Rentas Agropecuarias y al Patrimonio, de un régimen de depreciación acelerada, para los bienes comprendidos en los literales A) a E) del artículo 7º.

Artículo 10.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995, facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir hasta tres puntos de la alícuota de aportes patronales a la seguridad social a la industria manufacturera.

CAPITULO III

ESTIMULOS RESPECTO A INVERSIONES ESPECIFICAS

Sección I

Ambito de aplicación y órganos competentes

Artículo 11. (Actividades y empresas promovidas).- Podrán acceder al régimen de beneficios que establece este Capítulo, las empresas cuyos proyectos de inversión sean declarados promovidos por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley.

Asimismo, la declaratoria promocional podrá recaer en una actividad sectorial específica, entendiéndose por tal, el conjunto de emprendimientos conducentes a producir, comercializar o prestar, según corresponda, determinados bienes o servicios.

Se tendrán especialmente en cuenta a efectos del otorgamiento de los beneficios, aquellas inversiones que:

A) Incorporen progreso técnico que permita mejorar la competitividad.

B) Faciliten el aumento y la diversificación de las exportaciones, especialmente aquellas que incorporen mayor valor agregado nacional.

C) Generen empleo productivo directa o indirectamente.

D) Faciliten la integración productiva, incorporando valor agregado nacional en los distintos eslabones de la cadena productiva.

E) Fomenten las actividades de las micro, las pequeñas y las medianas empresas, por su capacidad efectiva de innovación tecnológica y de generación de empleo productivo.

F) Contribuyan a la descentralización geográfica y se orienten a actividades industriales, agroindustriales y de servicios, con una utilización significativa de mano de obra e insumos locales.

Artículo 12. (Asesoramiento).- A los efectos del otorgamiento de las franquicias previstas en el presente Capítulo, el Poder Ejecutivo actuará asesorado por una Comisión de Aplicación, integrada por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, que la coordinará, así como por representantes del Ministerio de Industria, Energía y Minería, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Comisión de Descentralización prevista en el artículo 230 de la Constitución de la República, pudiendo, en casos especiales, integrarse con miembros de otros Ministerios u organismos con competencia en el sector de actividad del solicitante.

En el caso de proyectos de inversión, los mismos se presentarán a la Comisión de Aplicación la que determinará cuál será el Ministerio u organismo al que corresponda su evaluación, en función de la naturaleza del proyecto y de la actividad al que éste corresponda.

La citada evaluación, conjuntamente con un informe en el que se detallarán los beneficios que se entiende corresponde otorgar, será elevada por el Ministerio u organismo designado a la Comisión a la que refiere el inciso primero. La reglamentación fijará los procedimientos y los plazos máximos en los que deberá expedirse el Ministerio y organismo referido.

La Comisión de Aplicación establecerá las correspondientes recomendaciones respecto al caso de que se trate. En la citada recomendación, de corresponder, se expresará además cuál será el Ministerio u organismo encargado de seguimiento de otorgamiento, total o parcial, de la exoneración establecida en este Capítulo.

Artículo 13. (Uniformidad de procedimientos).- Los procedimientos administrativos previstos en el artículo anterior serán, asimismo, aplicables a los beneficios que se otorguen en el marco de los Decretos-Leyes Nº 14.178, de 28 de marzo de 1974, y Nº 14.335, de 23 de diciembre de 1974, y sus normas modificativas y complementarias. A tales efectos, facúltase al Poder Ejecutivo a modificar los cometidos y funciones o a suprimir las Comisiones asesoras creadas en virtud de las referidas disposiciones.

Artículo 14. (Incumplimiento).- En todos los casos, el Poder Ejecutivo podrá requerir las garantías que entienda pertinentes, en relación al efectivo cumplimiento por parte de los beneficiarios de las obligaciones vinculadas al otorgamiento de las franquicias, sin perjuicio de la reliquidación de tributos, multas y recargos que puedan corresponder en caso de verificarse el incumplimiento.

Sección II

Beneficios fiscales

Artículo 15. (Beneficios fiscales).- Se entenderán aplicables a las actividades o proyectos de inversión comprendidos en lo dispuesto por el artículo 11, las facultades conferidas al Poder Ejecutivo de otorgar los beneficios fiscales establecidos en el Decreto-Ley Nº 14.178, de 28 de marzo de 1974, y sus normas modificativas y complementarias.

No se incluye en la citada extensión de facultades, el otorgamiento de exoneraciones arancelarias que contravengan los compromisos asumidos por el país en el marco de los acuerdos del MERCOSUR.

Artículo 16. (Situaciones especialmente beneficiadas).- En el caso de proyectos o actividades declaradas promovidas en virtud de la importancia de su aporte al proceso de descentralización geográfica de la actividad económica, los beneficios a otorgar de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior serán superiores en plazo a cuantía a los otorgados a proyectos equivalentes o actividades similares localizados en el departamento de Montevideo.

Asimismo, podrán otorgarse beneficios especiales en lo relativo a la determinación de los tributos a exonerar y al plazo y cuantía de las franquicias a las inversiones que, estando comprendidas en la definición del inciso tercero del artículo 11, alcancen un monto de $ 500.000.000 (quinientos millones de pesos uruguayos) en el plazo previsto en el plan de inversión respectivo. Esta cifra será actualizada anualmente por el Poder Ejecutivo en base a la variación operada en el Indice de Precios al Consumo que fija el Instituto Nacional de Estadística.

Artículo 17. (Impuesto al Patrimonio).- Si por aplicación de lo dispuesto en el presente Capítulo, se otorgaran exoneraciones del Impuesto al Patrimonio, los bienes objeto de la exención se considerarán activos gravados a los efectos del cálculo del pasivo computable para la determinación de patrimonio gravado.

Sección III

Régimen de especialización productiva

Artículo 18.- Créase un régimen de aceleración de la adecuación, destinado a facilitar la reconversión de las empresas en el marco del proceso de integración regional.

De acuerdo a dicho régimen, las empresas podrán importar exoneradas del Impuesto Aduanero Unico a la Importación y de recargos, bienes originarios de los Estados Miembros del MERCOSUR, de la misma naturaleza y con el mismo destino económico que aquellos cuya producción discontinúan o reducen. Dicha exoneración estará sujeta al cumplimiento de un programa de exportación por parte de las beneficiarias.

Encomiéndase al Poder Ejecutivo la reglamentación del régimen que se crea y el otorgamiento, total o parcial, de la exoneración establecida en este artículo, de acuerdo a las siguientes bases:

A) El beneficio podrá otorgarse a aquellas empresas que discontinuado o reduciendo la producción de bienes alcanzados por el régimen de adecuación a la unión aduanera del MERCOSUR presenten un proyecto de aumento de exportaciones de otros bienes que produzcan.

B) El Poder Ejecutivo podrá otorgar la exoneración parcial o total de los tributos a la importación de bienes originarios de los Estados Parte del MERCOSUR para un bien o bienes de la misma naturaleza y con el mismo destino económico que aquéllos cuya producción se reduce y con monto máximo de importaciones determinado por dicha reducción.

Los industriales beneficiados por esta exoneración no podrán, durante la vigencia de la misma, incrementar el volumen de importaciones de los bienes mencionados por el régimen tributario común que realicen al 1º de enero de 1998.

C) Los beneficiarios de este régimen deberán someter el Proyecto de Reconversión Productiva a consideración de la Comisión de Aplicación creada por el artículo 12 de la presente ley, la que previa consulta con las cámaras del sector empresario dará el asesoramiento correspondiente al Poder Ejecutivo para su aprobación.

Será tenida especialmente en cuenta a los efectos del referido asesoramiento, entre otros criterios, la estabilidad en la plantilla de trabajadores.

LEY Nº 17.279,

de 23 de noviembre de 2000

Artículo Unico.- Apruébase el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, suscrito en Kyoto, el 11 de diciembre de 1997.

LEY Nº 17.567,

de 20 de octubre de 2002

COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS, RENOVABLES Y SUSTITUTIVOS DE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO ELABORADOS CON MATERIA PRIMA NACIONAL DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL

Se declara de interés nacional su producción

Artículo 1º.- Declárese de interés nacional la producción en todo el territorio del país, de combustibles alternativos, renovables y sustitutivos de los derivados del petróleo, elaborados con materia nacional de origen animal o vegetal.

Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, junto a representantes de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, analizará la viabilidad, los requerimientos, exigencias y el régimen jurídico aplicable para el desarrollo de la producción, distribución y el consumo de biodiesel en nuestro país.

Artículo 3º.- Se faculta al Poder Ejecutivo a exonerar total o parcialmente, de todo tributo que grave a los combustibles derivados del petróleo, al cien por ciento (100%) del combustible alternativo elaborado por derivados de materia prima nacional de origen animal o vegetal.

LEY Nº 17.598,

de 13 de diciembre de 2002

UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGIA Y AGUA (URSEA) CREACION, INTEGRACION Y COMETIDOS

Artículo 1º.- Créase como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, sin perjuicio de la facultad de avocación de este último, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA).

La competencia de control de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), se extenderá a las siguientes actividades:

A) Las referidas a la energía eléctrica, en el marco de lo dispuesto en la Ley Nº 16.832, de 17 de junio de 1997, y sus normas modificativas y concordantes. La generación en cualquiera de sus modalidades estará comprendida en aquellos aspectos y circunstancias que afecten el funcionamiento competitivo del mercado.

B) Las referidas a la importación de gas natural, el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas - cualquiera sea su origen- por redes.

C) Las referidas a la aducción y distribución de agua potable a través de redes en forma regular o permanente en cuanto se destine total o parcialmente a terceros, y la producción de agua potable, entendida como la captación y tratamiento de agua cruda y su posterior almacenamiento, en cuanto su objeto sea la posterior distribución.

D) Las referidas a la recolección de aguas servidas a través de redes, la evacuación de éstas y sus tratamiento, en cuanto sean prestadas total o parcialmente a terceros en forma regular o permanente.

E) Las referidas a la importación, refinación, transporte, almacenamiento y distribución de petróleo, combustibles y otros derivados de hidrocarburos.

Artículo 15.- Asimismo la Unidad Reguladora de Servicio de Energía y Agua (URSEA) dispondrá de los siguientes cometidos y poderes jurídicos específicos:

A) En materia de energía eléctrica:

1) Velar por el cumplimiento de las normas sectoriales específicas.

2) Ejecer los cometidos y poderes atribuidos por el artículo 3º de la Ley Nº 16.832, de 17 de junio de 1997.

B) En materia de gas:

1) Velar por el cumplimiento de las normas sectoriales específicas.

2) Formular regulaciones en materia de calidad y seguridad de los productos y servicios así como de los materiales, instalaciones y dispositivos a utilizar en las diversas actividades que comprende la industria del gas.

3) Fijar los requisitos necesarios para la autorización de la prestación con seguridad de los servicios comprendidos en la industria del gas, tanto por entidades públicas como por empresas privadas controlando su cumplimiento.

4) Determinar reglas y procedimientos técnicos de medición y facturación de los consumos, así como de control y uso de medidores y reconexión de servicios.

5) Fijar reglas y patrones industriales que aseguren el libre acceso a las redes de los agentes, así como el correcto y seguro funcionamiento de las conexiones, controlando su cumplimiento.

C) En materia de petróleo, combustibles y otros derivados de hidrocarburos:

1) Velar por el cumplimiento de las normas sectoriales específicas.

2) Formular regulaciones en materia de calidad y seguridad de los productos y servicios, así como de los materiales, instalaciones y dispositivos a utilizar.

3) Fijar las condiciones mínimas para la autorización de la prestación con seguridad de actividades del sector, tanto por entidades públicas como por empresas privadas, controlando su cumplimiento.

4) Regular el mercado conforme a las políticas que le encomiende el Poder Ejecutivo.

D) En materia de agua potable y saneamiento:

1) Velar por el cumplimiento de las normas sectoriales específicas.

2) Formular regulaciones en materia de calidad y seguridad de los productos y servicios así como de los materiales, instalaciones y dispositivos a utilizar.

3) Determinar reglas y procedimientos técnicos de medición y facturación de los consumos, así como de control y uso de medidores y reconexión de servicios.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Industria, Energía,

Comercio, Turismo y Servicios

ACTA Nº 37

En Montevideo, el día dieciocho de diciembre de dos mil seis, a la hora diez y treinta y dos minutos se reúne, en sesión extraordinaria, la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros señores Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro y Rafael Michelini.

Faltan con aviso los señores Senadores Isaac Alfie, Luis Alberto Heber y Pablo Iturralde.

Concurren, especialmente invitados, los asesores de la Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear del Ministerio de Industria, Energía y Minería ingeniero Alejandro Gutiérrez y economista Daniel Larrosa.

Preside la señora Senadora Susana Dalmás, Vicepresidenta de la Comisión.

Actúan en Secretaría la señora Raquel Suárez Coll, Secretaria de la Comisión, y el Jefe de Departamento señor César González.

Abierto el acto se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada figura en el Distribuido Nº 1443/2006, que forma parte de este documento.

ASUNTO ENTRADO:

- Carpeta Nº 717/2006. TURISMO ENOLOGICO. Se declara de interés turístico nacional y se designa "Día de la Vendimia". Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1435/2006.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1) Carpeta Nº 717/2006, referida como asunto entrado.

Se consideran y se aprueban los cuatro artículos que integran el proyecto de ley por 4 votos en 4 señores Senadores presentes. Unanimidad de presentes.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Rafael Michelini (informe verbal).

2) Carpeta Nº 591/2006. AGROCOMBUSTIBLES. Fomento y regulación de su producción, comercialización y utilización. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1081/2006.

Se considera en particular la totalidad del proyecto de ley, según se detalla a continuación:

ARTICULO 1º.- Se vota su reconsideración: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 1º SUSTITUTIVO (presentado por los señores Senadores Dalmás, Fernández Huidobro y Michelini).- Se vota: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 2º.- Se vota su reconsideración: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 2º SUSTITUTIVO.- (presentado por los señores Senadores Dalmás, Fernández Huidobro y Michelini).- Se vota: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 3º.- Se vota su reconsideración: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 3º SUSTITUTIVO (presentado los señores Senadores Dalmás, Fernández Huidobro y Michelini).- Se vota: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 3/1 ADITIVO.- Se vota: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 3/2 ADITIVO.- Se vota: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 4º.- Se vota su reconsideración: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 4º SUSTITUTIVO (presentado por los señores Senadores Dalmás, Fernández Huidobro y Michelini).- Se vota: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 5º.- Se vota su reconsideración: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 5º SUSTITUTIVO (presentado por los señores Senadores Dalmás, Fernández Huidobro y Michelini).- Se vota: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 5/1 (presentado por los señores Senadores Dalmás, Fernández Huidobro y Michelini, que corresponde al artículo 14 del Poder Ejecutivo).- Se vota: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 6º SUSTITUTIVO (presentado por los señores Senadores Dalmás, Fernández Huidobro y Michelini).- Se vota: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 6/1 (presentado por los señores Senadores Dalmás, Fernández Huidobro y Michelini).- Se vota: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 6/2 (presentado por los señores Senadores Dalmás, Fernández Huidobro y Michelini).- Se vota: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 7º SUSTITUTIVO (presentado por los señores Senadores Dalmás, Fernández Huidobro y Michelini).- Se vota: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 8º SUSTITUTIVO.- (presentado por los señores Senadores Dalmás, Fernández Huidobro y Michelini).- Se vota: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 9º SUSTITUTIVO (correspondiente a los artículos 9º y 10 del Poder Ejecutivo).- Se vota: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 9/1 (que corresponde al artículo 13 del proyecto de ley del Poder Ejecutivo).- Se vota su reconsideración: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 9/2 ADITIVO (propuesto por los señores Senadores Dalmás, Fernández Huidobro y Michelini).- Se vota: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 11 SUSTITUTIVO (presentado por los señores Senadores Dalmás, Fernández Huidobro y Michelini).- Se vota: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 12 SUSTITUTIVO (presentado por los señores Senadores Dalmás, Fernández Huidobro y Michelini).- Se vota: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 15.- Se vota su reconsideración: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 15 SUSTITUTIVO (presentado por los señores Senadores Dalmás, Fernández Huidobro y Michelini).- Se vota: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 16.- Aprobado el día seis de diciembre (Acta Nº 35), por 5 en 5. Afirmativa. Unanimidad. Aprobado con modificaciones.

ARTICULO 17.- Se vota su reconsideración: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 17 SUSTITUTIVO (presentado por los señores Senadores Dalmás, Fernández Huidobro y Michelini).- Se vota: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 18.- Se vota su reconsideración: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 18 SUSTITUTIVO (presentado por los señores Senadores Dalmás, Fernández Huidobro y Michelini).- Se vota: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 20.- Se vota su reconsideración: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 20 SUSTITUTIVO (presentado por los señores Senadores Dalmás, Fernández Huidobro y Michelini).- Se vota: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad.

ARTICULO 21.- Aprobado con modificaciones el día seis de diciembre (Acta Nº 35), por 4 en 4. Unanimidad.

ARTICULOS 22 Y 23.- Fueron aprobados sin modificaciones el día seis de diciembre (Acta Nº 35), por 4 votos en 4 señores Senadores presentes.

ARTICULO 24 SUSTITUTIVO.- Fueron aprobados en la sesión del pasado seis de diciembre (Acta Nº 35), por 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Susana Dalmás, quien lo hará en forma verbal.

El proyecto de ley aprobado tiene la redacción que se transcribe seguidamente.

"PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto el fomento y la regulación de la producción, la comercialización y la utilización de agrocombustibles correspondientes a las categorías definidas en el segundo y tercer incisos del artículo 7º.

Asimismo tiene por objeto reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los términos del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobados por la Ley Nº 17.279, de 23 de noviembre de 2000, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

También tendrá por objetivo dicha producción de agrocombustibles el fomento de las inversiones; el desarrollo de tecnología asociada a la utilización de insumos y equipos de origen nacional; el fortalecimiento de las capacidades productivas locales, regionales y de carácter nacional; la participación de pequeñas y medianas empresas de origen agrícola o industrial; la generación de empleo, especialmente en el interior del país; el fomento de un equilibrio entre la producción y el cuidado del medio ambiente asociados a criterios de ordenamiento territorial; y la seguridad del suministro energético interno.

Artículo 2º.- Interprétase que la expresión "carburante nacional" a que hace mención la Ley Nº 8.764, de 15 de octubre de 1931, comprende los agrocombustibles líquidos y, en particular, el alcohol carburante y el biodiesel.

Artículo 3º.- Quedan excluidas del monopolio establecido por la Ley Nº 8.764, de 15 de octubre de 1931, la producción y la exportación de alcohol carburante y de biodiesel.

Artículo 3/1.- Autorízase la comercialización interna de la producción de alcohol carburante y biodiesel, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 4º, 5º, 9º y 9/1 de la presente ley.

Artículo 3/2.- La producción de alcohol carburante o biodiesel para el consumo en particular, general o final dentro del país, será de materia prima nacional y producidos en el territorio nacional.

El Poder Ejecutivo podrá, por razones de interés general o del cumplimiento de los objetivos determinados en el primer artículo de la presente ley, eximir temporalmente, total o parcialmente, de los requerimientos del presente artículo.

Artículo 4º.- Encomiéndase a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) a incorporar alcohol carburante producido en el país con materias primas nacionales, en una proporción de hasta un 5% (cinco por ciento) sobre el volumen total de la mezcla entre dicho producto y las naftas (gasolinas) de uso automotivo que se comercialicen internamente hasta el 31 de diciembre de 2014.

Dicha proporción constituirá un mínimo obligatorio a contar de la fecha referida en el inciso precedente.

Artículo 5º.- Encomiéndase a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) a incorporar biodiesel (B100) producido en el país con materias primas nacionales, en una proporción de hasta un 2% (dos por ciento) sobre el volumen total de la mezcla entre dicho producto y el gasoil de uso automotivo que comercialice internamente hasta el 31 de diciembre de 2008.

Dicha proporción constituirá un mínimo obligatorio a contar de la fecha referida en el inciso precedente y hasta el 31 de diciembre de 2011. Ese mínimo obligatorio se elevará a 5% (cinco por ciento) a partir del 1º de enero de 2012.

Artículo 5/1.- La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) realizará la mezcla para obtener BXX y la mezcla de alcohol carburante con nafta (gasolina), a ser comercializadas a consumidores en general.

Artículo 6º.- Los costos resultantes de las incorporaciones estipuladas en los artículos 4º y 5º serán transferidos a tarifas, en tanto el Poder Ejecutivo no estipule otros mecanismos de compensación.

Artículo 6/1.- El Poder Ejecutivo podrá modificar las metas definidas en los artículos 4º y 5º de la presente ley, por razones fundadas en los criterios establecidos en el artículo 1º, o bien en las limitaciones cuantitativas y cualitativas de la producción nacional de alcohol y biodiesel, así como en las magnitudes de sus costos.

Artículo 6/2.- Agrégase al artículo 482 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por los artículos 653 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, 738 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, 6º de la Ley Nº 17.088, de 30 de abril de 1999, 27 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, 186 y 429 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005 y 26 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006, el siguiente literal:

"U) La adquisición de biodiesel y alcohol carburante por parte de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP), de conformidad con la reglamenación que dicte el Poder Ejecutivo. Las impugnaciones o recursos que en tales circunstancias se interpusieren, en cualquier etapa del procedimiento, no tendrán efecto suspenviso, salvo que así lo resuelva el jerarca del ente público contratante.

El ordenador, por razones fundadas, podrá exonerar a los oferentes o adjudicatarios, del depósito de garantías, o variar los porcentajes establecidos por el artículo 503 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 653 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990".

Artículo 7º.- A los efectos de la presente ley, son de aplicación las definiciones que se presentan a continuación.

a) Agrocombustible: combustible líquido renovable de origen agropecuario o agroindustrial, que comprende entre otros, al alcohol carburante y al biodiesel.

b) Alcohol carburante: alcohol etílico carburante producido para ser utilizado en motores de combustión. Comprende al alcohol etílico anhidro carburante y al alcohol etílico hidratado carburante. La especificación de calidad de estos productos será objeto de la reglamentación de la presente ley.

c) Biodiesel (B100): combustible para motores, compuesto de ésteres mono alquílicos de ácidos grasos de cadena larga, derivados de aceites vegetales o grasas animales, designado como biodiesel (B100) que cumple con las previsiones contenidas en la Norma UNIT Nº 1100 y sus futuras actualizaciones.

d) BXX: combustible que constituye una mezcla de biodiesel (B100) con gasoil derivado de petróleo, donde XX designa el porcentaje en volumen de biodiesel (B100) en la mezcla.

e) Flota cautiva: conjunto de vehículos y maquinarias con cuyo propietario, o persona física o jurídica que la explota, el productor de biodiesel mantiene un vínculo contractual por el cual tiene el abastecimiento exclusivo de la misma.

f) Productor de biodiesel (B100): persona física o jurídica, autorizada a producir biodiesel para comercializar con la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP), con flotas cautivas, para exportar o para autoconsumo.

g) Productor de alcohol carburante: persona física o jurídica autorizada a producir alcohol carburante para comercializar con la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) o exportar.

Artículo 8º.- La actividad de producción de agrocombustibles requerirá, además de las habilitaciones que correspondan, la autorización del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), que llevará el registro de las autorizaciones.

Artículo 9º.- Las plantas de producción de biodiesel podrán producir para abastecer a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) o para la exportación, pudiendo utilizar hasta 4.000 (cuatro mil) litros por día para autoconsumo y flotas cautivas.

El Poder Ejecutivo podrá, por razones fundadas, modificar el límite estipulado en el inciso precedente, dando aviso con 6 (seis) meses de anticipación.

Cuando el biodiesel se destine a abastecer a una o varias flotas cautivas, tal hecho deberá reflejarse mediante la suscripción del contrato de comercialización que corresponda, en el cual se individualizarán los componentes de la flota.

Artículo 9/1.- La mezcla de biodiesel con gasoil sólo podrá ser realizada por el propietario o persona física o jurídica que explota la flota cautiva, prohibiéndose la comercialización de dicha mezcla a terceros.

La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) y el Estado no serán responsables por los daños y perjuicios emergentes asociados a esta modalidad de comercialización.

Artículo 9/2.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 de la presente ley, las plantas de alcohol carburante podrán producir sin limitación de volumen tanto para abastecer a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) como para la exportación.

Artículo 11.- El uso de agrocombustibles en vehículos, maquinarias o equipos, con fines experimentales, de ensayo o de investigación, deberá ser informado al Ministerio de Industria, Energía y Minería y será el mínimo imprescindible para los fines buscados. Esta información tendrá carácter reservado.

Artículo 12.- El Poder Ejecutivo podrá requerir un permiso especial para la exportación de agrocombustibles producidos en territorio nacional, por razones de seguridad de suministro interno o de interés general.

Artículo 15.- La comercialización de biodiesel y alcohol carburante, y sus respectivas mezclas, con destino a consumidores en general, se realizará de acuerdo con la normativa de distribución de combustibles derivados de petróleo vigentes, según el procedimiento establecido para los productos monopolizados por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP), en el literal F) del artículo 3º de la Ley Nº 8.764, de 15 de octubre de 1931, en la redacción dada por el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.312, de 20 de agosto de 1982.

Artículo 16.- El biodiesel tendrá el régimen tributario vigente para el gasoil y el alcohol carburante tendrá el régimen tributario de las naftas (gasolinas).

Artículo 17.- Se faculta al Poder Ejecutivo a exonerar total o parcialmente a los agrocombustibles nacionales de los tributos que recaigan sobre los mismos. Dicha exoneración deberá estar fundada en criterios enumerados en el tercer inciso del artículo 1º de la presente ley.

Artículo 18.- Sin perjuicio de lo estipulado en los artículos 16 y 17, precedentes, queda exonerado el biodiesel nacional del Impuesto Específico Interno (IMESI) por un período de 10 (diez) años, a partir de promulgación de la presente ley.

Artículo 20.- Las empresas productoras de biodiesel y alcohol carburante que integren el registro previsto en el inciso segundo del artículo 8º de la presente ley, podrán acceder a los siguientes beneficios, sin perjuicio de los que les correspondan por la aplicación de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998:

a) exoneración del Impuesto al Patrimonio de los bienes de activo fijo comprendidos en los literales A) a E) del artículo 7º de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, adquiridos a partir de la vigencia de la presente ley. Los referidos bienes se considerarán como activo gravado a los efectos de la deducción de pasivos. La presente exoneración no operará en el caso de que los bienes referidos deban valuarse en forma ficta;

b) exoneración del 100% (cien por ciento) del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (IRIC) a partir de la inscripción en el registro señalado en el artículo 8º de la presente ley y por un período de 10 (diez) años.

Artículo 21.- El Poder Ejecutivo determinará los mecanismos y los plazos para regularizar la situación de las plantas que ya estuvieren instaladas a la entrada en vigencia de la presente ley. La reglamentación podrá fijar, transitoriamente, estándares de calidad intermedios para las plantas que produzcan exclusivamente con destino a flotas cautivas y autoconsumo referidas en el artículo 9º de la presente ley.

Artículo 22.- Incorpórase al artículo 1º de la Ley Nº 17.598, de 13 de diciembre de 2002, el siguiente literal:

"f) las referidas a la importación, exportación, producción y comercialización de agrocombustibles".

Artículo 23.- Modifícase el acápite del literal "C" del artículo 15 de la Ley Nº 17.598, de 13 de diciembre de 2002, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"C) En materia de petróleo, de combustibles, de otros derivados de hidrocarburos y agrocombustibles".

Artículo 24.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 180 (ciento ochenta) días contados a partir de su promulgación".

A la hora once y treinta y dos minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman la señora Vicepresidenta y la señora Secretaria de la Comisión.

Susana Dalmás Vicepresidenta

Raquel Suárez Coll Secretaria.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: a modo de introducción de este proyecto de ley sobre agrocombustibles, debemos decir que nos encontramos en tiempos en los que se presentan inflexiones históricas asociadas a cambios en las matrices tecnológicas, tanto de equipos como de fuentes.

El dinamismo que se observa en el desarrollo tecnológico es vertiginoso. El impresionante desarrollo económico de la sociedad moderna en los últimos cien años, sin lugar a dudas, ha estado fuertemente vinculado con el petróleo y el invento de Ford. La energía, el desarrollo, las nuevas fuentes energéticas, pero por sobre todas las cosas, los avances tecnológicos, son elementos conceptuales que se entrecruzan en forma permanente.

En las primeras décadas del novecientos, Uruguay, su gente, sus intelectuales, los actores sociales y sus representantes políticos, seguían muy de cerca los avances tecnológicos en el mundo.

En aquellos tiempos -y dadas las circunstancias históricas, los intereses nacionales y petroleros mediante-, en 1931, se crea la Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland, ANCAP. El suministro de energía a nuestro país -en particular de derivados del petróleo- ha estado asegurado desde esa fecha, más allá de ciertas coyunturas difíciles. En un país pequeño como el nuestro, hasta ahora sin disponibilidad de recursos energéticos fósiles, se propuso disponer de una destilería estatal y asegurar la distribución de combustibles en tiempo y forma.

Desde que se creó ANCAP los uruguayos de la época pensaban e intercambiaban ideas vinculadas al carburante nacional que se menciona en la propia ley de creación. Hace setenta y cinco años, en el Parlamento se escuchaban reflexiones sobre el carburante nacional como la siguiente, extraída de las actas de la época: "En grandes líneas, los productos sustitutivos de la nafta son los siguientes: los derivados de la hulla, primero; entre ellos el benzol, utilizado por Alemania, Polonia, Inglaterra, Checoslovaquia, es decir, por todos los países que poseen grandes yacimientos de carbón… Ahora bien; todos estos productos deben ser elaborados y utilizados en los países donde existe materia prima, es decir, carbón mineral y sus derivados, aceites vegetales, etcétera; productos que yo creo por el momento no pueden constituir una base para la elaboración económica, en nuestro país. En cambio, la aplicación del alcohol, estudiada principalmente en Francia, es una conquista indiscutible pues este constituye un combustible líquido cuya producción depende únicamente de la capacidad agrícola del país".

En el Uruguay del Siglo XXI podemos decir que, en principio, no tenemos petróleo pero, sin embargo, dado los cambios tecnológicos y la disminución en las reservas de los recursos fósiles a nivel mundial, nuestro país está muy bien posicionado en el sentido de sus recursos naturales. Uruguay dispone de esos recursos, los cuales deberá administrar para lograr un desarrollo sustentable. La tierra, que es su principal riqueza, su cálido sol y los ríos nos permitirán obtener combustibles líquidos. Nuestra creciente y excesiva dependencia energética del exterior, la necesidad de asegurar un desarrollo productivo sostenible y el objetivo de preservar el medio ambiente -tema no menor-, obligan al fomento de recursos energéticos autóctonos renovables y, también, al desarrollo de tecnología. Las energías renovables son una mezcla de recursos naturales y tecnologías de punta, que cada vez más son investigación, innovación y desarrollo. Para que un país sea realmente independiente debe desarrollar y manejar sus recursos con tecnología endógena. En 2002 se aprobó, en el Parlamento, un proyecto de ley impulsado por el señor Senador Larrañaga, en el que se declara de interés general la producción de agrocombustibles. Se estableció la necesidad de realizar un estudio de viabilidad de su desarrollo y su posterior legislación. No fue sino hasta 2005, luego de que el Frente Amplio asumiera el Gobierno, que se conformó una Comisión Interinstitucional integrada por los Ministerios de Industria, Energía y Minería, de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y ANCAP, con el objetivo de cumplir con aquella ley y estudiar la viabilidad de desarrollar agrocombustibles en el Uruguay. Esta Comisión designó un equipo técnico ad hoc que elaboró dos informes, uno técnico con las Facultades de Agronomía y Química, y también ANCAP, y otro financiero a partir de una Comisión de seguimiento creada por el Ministerio de Economía y Finanzas. Sobre estas bases, la Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear comenzó a elaborar el proyecto de ley a ser enviado al Parlamento, tomando en cuenta los siguientes criterios. En primer lugar, es necesario llenar algunos vacíos existentes en la normativa en lo que se refiere a la producción, comercialización, tributación, normalización de calidad y cuidado del medio ambiente del carburante nacional -me refiero a la Ley de Creación de ANCAP de 1931 y a la actualización de la Ley Nº 17.598, de diciembre de 2002-, más aún cuando ya se encuentran en funcionamiento varios emprendimientos que están produciendo -o lo harán próximamente- diversos agrocombustibles de distintos orígenes y diferentes productos finales. Probablemente, el más conocido y difundido sea el proyecto supraalcoholero de ALUR en Bella Unión, pero hay otros numerosos desarrollos de producción de biodiesel para autoconsumo o flotas cautivas. Los más notorios son los de la Intendencia Municipal de Paysandú y de la empresa de transporte CUTCSA, y el más grande es el de la empresa Masoil a partir del sebo animal. El segundo criterio fue la necesidad de excluir del monopolio de ANCAP la producción y la exportación de agrocombustibles para permitir el desarrollo de esta actividad. Por último, se tomaron en cuenta las conclusiones de los estudios técnicos de factibilidad realizados por esta Comisión ad hoc a la que referí anteriormente.

A continuación pondremos a consideración del Cuerpo un proyecto de ley que marcará un nuevo rumbo en el Uruguay. En este caso no sólo se trata de abastecimiento energético, sino del desarrollo del país y de sus cadenas agroindustriales. En esta iniciativa se propone introducir porcentajes mínimos obligatorios de biodiesel en el gasoil y de alcohol en las naftas. Se plantea llegar a una mezcla del 5% de biodiesel en el gasoil para el año 2012 y del 5% de alcohol en las naftas en 2014, proporciones que constituirán mínimos obligatorios a partir de las respectivas fechas. También se propone liberar, como dijimos anteriormente, el monopolio de la producción y exportación de estos combustibles. Entonces, es de sumo interés dejar consolidado un marco legal estable que asegure el flujo de las inversiones, tanto de origen nacional como del exterior. ANCAP asegurará el flujo de mezclas así como ha venido asegurando el suministro de derivados del petróleo en todo el territorio nacional y con estándares de calidad incuestionables, activo este que siempre deberemos cuidar al máximo como un valor nacional.

A través del desarrollo de plantas que abastezcan a flotas cautivas, definidas específicamente en el texto del proyecto de ley, se asegura el desarrollo descentralizado de esta actividad en todo el territorio nacional. Entendemos que la exigencia de calidad planteada por esta iniciativa es un requisito indispensable que asegurará que los agrocombustibles puedan ser consumidos con el respaldo de los controles que ejercerá el Estado.

Estamos haciendo historia en materia de legislación en el Uruguay y, sin dudas, los efectos de este texto legal se verán en el corto plazo. Habremos de estar atentos a las ventajas así como también a las dificultades que puedan surgir para actuar en consecuencia y modificar lo que sea necesario para mejorar, si es que hay que hacerlo.

En el Gobierno se está trabajando con paso firme en esta temática. Este marco legal surge de un trabajo interdisciplinario en el cual intervinieron distintos ministerios, instituciones académicas y de investigación, lo que ha sido fundamental ya que se ha logrado articular el conocimiento y las capacidades humanas disponibles en el país. Se han generado distintas instancias coordinadas por el Ministerio de Industria, Energía y Minería en las cuales las opiniones y aportes, tanto del sector empresarial como de representaciones gremiales y sindicales, han sido incorporadas al marco legal que hoy se está presentando a consideración del Senado. Estuvo a disposición de los colegas de la Comisión y, por supuesto, también del Senado -debo aclarar esto- el estudio que realizó esta Comisión interministerial respecto al impacto en la generación de valor agregado y el flujo de divisas. Allí se puede valorar el cuantioso aporte a la economía nacional que puede incorporar -y sin duda lo hará- la producción nacional de agrocombustible. El Gobierno, sin embargo, no se detuvo en el envío de este proyecto de ley que hoy estamos analizando, ya que el jueves 14 de diciembre se hizo el lanzamiento de convocatoria a proyectos de agrocombustibles a partir de Fondos PDT del BID. En el país esperamos poder financiar proyectos que nos orienten en la introducción de nuevas variedades, nuevos procesos y nuevas oportunidades. Entendemos que llegó el momento de que las apuestas del Uruguay en esta temática se concreten, y un paso previo ante cualquier proyecto de inversión de porte es dotar al país de un marco legal estable, claro y orientado a la promoción de estas actividades.

Los agrocombustibles se enmarcan en la estrategia de país productivo. En este caso, no sólo nos orientamos a asegurar el suministro a largo plazo, sino que entendemos la energía como una oportunidad para el desarrollo de tecnología.

Quisiera informar al Cuerpo algo más sobre los antecedentes del proyecto de este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que reconoce un claro antecedente en el presentado en el 2002 por el señor Senador Jorge Larrañaga y aprobado por el Senado por unanimidad en mayo de ese año. En su texto, de carácter general, se declaraba de interés general la producción de combustibles alternativos renovables y sustitutivos de los derivados del petróleo, aspirando a una futura reglamentación del Poder Ejecutivo para hacerla viable. De alguna manera se viene a concretar ahora en este nuevo proyecto a estudio. Tanto en la fundamentación de motivos como en el informe de aquel proyecto inicial se evaluaba la indudable importancia de esta producción para el desarrollo sustentable tanto en la agricultura como en la energía, el aporte al mejoramiento de la calidad ambiental a nivel nacional y de todo el planeta y el necesario equilibrio entre lo elevado de sus costos de producción y sus indudables aportes a los objetivos de desarrollo del país.

Asimismo, se fundamentaba en el proyecto del señor Senador Larrañaga la necesidad de intervención del Estado a través de los Ministerios involucrados, por ser esto parte de una nueva forma energética y de actividad industrial, tema que se verá reflejado en el articulado del proyecto que estamos estudiando.

En el tratamiento de aquel proyecto también se remarcaba la necesidad de aprender, a la hora de reglamentar o legislar, de la experiencia vivida por otros países y, en especial, por nuestros vecinos, Argentina y Brasil, habida cuenta de los errores cometidos y haciendo hincapié en las exigencias que será necesario establecer por parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Esta sería la introducción a este importantísimo proyecto de ley. A continuación pasaríamos a hacer una breve y rápida descripción del articulado que, creo, va a ahorrar algunas aclaraciones que tal vez haya que hacer en ocasión de la discusión particular.

El proyecto sustitutivo que los señores Senadores podrán apreciar en el comparativo que obra en sus bancas y que fue aprobado en Comisión consta de 27 artículos. Ingresó a la Comisión de Industria y Energía el 6 de setiembre de 2006 y fue analizado y discutido en aproximadamente nueve reuniones en forma exhaustiva y atendiendo todas las opiniones tanto del Ministerio de Industria, Energía y Minería como de su Dirección Nacional de Energía y del Ministerio de Economía y Finanzas que, en definitiva, fueron los coautores del Mensaje original del Poder Ejecutivo, así como de otros actores fundamentales en el tema, tales como las Cooperativas Agrarias Federadas, la Federación ANCAP y una delegación de la empresa Masoil, emprendimiento concreto de producción de agrocom-bustible.

En el proceso de discusión de la Comisión existieron acuerdos fundamentales, así como algunas divergencias. A esta altura debo expresar que lamento la ausencia en Sala en el día de hoy del señor Senador Long que, además de ser un experto en estos temas, trabajó como Presidente de la Comisión con total dedicación y muchísimo entusiasmo en la confección de este proyecto sustitutivo. Sobre el final del tratamiento del proyecto tuvo que ausentarse y viajar a Europa para cumplir con un compromiso que tenía contraído, pero quiero decir que habría sido importante contar con su presencia en el día de hoy. Por otra parte, quisiera también agradecer en forma muy calurosa a los asesores del Ministerio de Industria, Energía y Minería que estuvieron presentes prácticamente en todas las reuniones de la Comisión, por supuesto sin participar, pero sí a requerimiento de los señores Senadores y haciendo aclaraciones técnicas pertinentes para llevar adelante este complejo proyecto. Estoy hablando del ingeniero Alejandro Gutiérrez, el economista Daniel Larrosa y la ingeniera agrónoma Olga Otegui.

Como decía, pienso que podríamos pasar a describir el articulado del proyecto.

En el artículo 1º se especifica el objeto de la ley: el fomento, la regulación, la comercialización y la utilización de agrocombustibles definidos científicamente en el artículo 12. En el segundo inciso se establece la reducción de emisión de gases de efecto invernadero en los términos estipulados en el Protocolo de Kyoto, contribución ésta al medio ambiente que mencionamos como muy importante. Por último, en el tercer inciso se hace referencia al fomento de las inversiones, al desarrollo de la tecnología y a todos los demás elementos que los señores Senadores podrán observar. Inicialmente, estos puntos no figuraban en este artículo, sino al final del proyecto; sin embargo, entendimos conveniente incorporarlos en los objetivos de la ley. De ahí, la diferencia que se puede apreciar con respecto al artículo original.

En el artículo 2º se interpreta el concepto "carburante nacional" que utiliza la ley de creación de ANCAP de l931 y se reafirma, entonces, el actual monopolio de ese Ente, salvo para las actividades enumeradas en el artículo 3º que veremos a continuación.

En el artículo 3º se especifica lo que queda excluido, por aplicación de este proyecto de ley, del monopolio de ANCAP, que es la producción y exportación de alcohol carburante y biodiesel.

En el artículo 4º se aclara que se autoriza la comercialización de agrocombustibles para lo establecido en los artículos 6º, 7º, 14 y 15 de la ley, o sea, para que ANCAP pueda comprar biodiesel y alcohol carburante para incorporarlo a las mezclas, a fin de que las plantas de producción privadas puedan exportar y mezclar y abastecer directamente a flotas cautivas.

En el artículo 5º se establece que para abastecer al mercado interno, el biodiésel y el alcohol carburante utilizados serán producidos en el país y con materia prima nacional. En el segundo inciso se determina la excepción a la exigencia anterior para casos en que se deban tomar otras medidas como válvulas de escape para situaciones extremas en las cuales se debe continuar observando el interés general del país.

En el artículo 6º se encomienda a ANCAP la incorporación de alcohol carburante producido en el país con materias primas nacionales en hasta un 5% sobre el volumen total de la mezcla entre éste y las naftas de uso automotivo de consumo interno hasta el 31 de diciembre de 2014; luego de esa fecha se convierte en un mínimo obligatorio. Con respecto a este artículo hubo diversos planteos de los señores Senadores acerca de lo bajo de este porcentaje; incluso, algunos productores nos plantearon por qué no se establecía un cien por ciento, como ya se está haciendo en algunos países. La fundamentación de lo que estipula este proyecto de ley está en la necesaria cautela y gradualidad que debe tener el país cuando se apresta a introducirse en una actividad que está dentro de lo que es el sistema de los combustibles y de la energía -como se nos ha dicho por parte de los técnicos- y no constituye un bien cualquiera. Se debe ir introduciendo de manera gradual para llegar a estándares de calidad aceptables y, en definitiva, para ver cómo funciona.

En el artículo 7º se establece la incorporación de hasta un 2% de biodiesel B100, también producido en el país y con materias primas nacionales, que se comercializará internamente hasta el 31 de diciembre de 2008. Luego, también se convertirá en un mínimo obligatorio hasta el 31 de diciembre de 2011, y a partir del 1º de enero de 2012 se elevará al 5%. En la discusión de este artículo nuevamente surgieron dudas sobre el porcentaje y la lentitud en la gradualidad y en su elevación.

En el artículo 8º se define que las mezclas antes referidas, para ser comercializadas a consumidores en general, serán realizadas exclusivamente por ANCAP. Se hace esta especificación respecto a los consumidores en general, porque luego se verá que esto no operará de la misma manera para el autoconsumo o el abastecimiento de las flotas cautivas. Por eso se aclara que es exclusivamente para el caso de ser comercializadas en general.

En el artículo 10 se da la potestad al Poder Ejecutivo para modificar las metas de los artículos 6º y 7º de este proyecto de ley por razones fundadas de diversa índole. Esto puede darse por desequilibrios de los objetivos generales del proyecto, por no haber suficiente cantidad de agrocombustible nacional o por sus costos. Puede darse el caso de que sea deseable y factible la aceleración del proceso de incorporación, atendiendo la marcha del mismo y, por lo tanto, aumentando los porcentajes, o puede ser necesario realizar lo contrario. Por eso hemos puesto la palabra "modificar".

El artículo 11 sustituye la segunda parte del artículo 6º del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo -figura en la columna de la izquierda del comparativo- por una redacción que entendimos más adecuada. La redacción enviada por el Poder Ejecutivo decía: "ANCAP fijará las condiciones comerciales para la adquisición de los productos mencionados a los efectos de proceder a las mezclas referidas precedentemente". Sin embargo, algunos miembros de la Comisión entendieron que de esta manera se posibilitaba la compra directa de los agrocombustibles por parte de ANCAP de una forma absolutamente discrecional. Por lo tanto, entendimos que, para incentivar la producción de agrocombustibles, deberíamos habilitar la compra directa en las mismas condiciones en que en la pasada Rendición de Cuentas habilitamos a UTE la compra directa de energía de empresarios privados y de pequeños emprendimientos, agregando un ítem al artículo 33 del TOCAF. Por esa razón creímos adecuado agregar el ítem U) -que es parte del artículo 33 del TOCAF- en el que se admite la adquisición en forma directa de biodiesel y alcohol carburante por parte de ANCAP, de conformidad con la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. Es decir que ANCAP no va a fijar por sí sola sus precios. Luego se agrega una frase que es de carácter estrictamente jurídico, que dice: "Las impugnaciones o recursos que en tales circunstancias se interpusieren, en cualquier etapa del procedimiento, no tendrán efecto suspensivo, salvo que así lo resuelva el jerarca del ente público contratante.

El ordenador, por razones fundadas, podrá exonerar a los oferentes o adjudicatarios, del depósito de garantías, o variar los porcentajes establecidos por el artículo 503 de la Ley Nº 15.903". Estos porcentajes y estos depósitos de garantías se constituían en un obstáculo para el desarrollo de pequeñas empresas generadoras de energías alternativas; por eso lo incorporamos en el caso de UTE y ahora para el tema de los agrocombustibles.

En el artículo 12 constan las definiciones científicas imprescindibles que se utilizan en todo el proyecto. Se define agrocombustible, alcohol carburante, biodiesel (B100), BXX, flota cautiva, productor de biodiesel (B100) y productor de alcohol carburante.

En el artículo 13 se establece que la actividad requerirá las habilitaciones que correspondan a cualquier industria. Y aquí aclaramos que, en general, se repiten, como la del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la autorización del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es obvio que va a estar. A su vez, se establece que se permitirá la confección de un registro de todas las empresas que ingresen en la actividad de producción.

Como dije antes, a la hora de hablar del registro de empresas productoras de agrocombustibles es bueno recordar que es muy importante que el Ministerio del ramo esté informado. El mismo debe conocer y controlar todo lo que está ocurriendo en el país en esa área, porque forma parte del sistema energético global del Uruguay.

En el artículo 14 se establece que las plantas productoras de biodiesel podrán producir sin limitaciones para vender a ANCAP o para exportar. No obstante ello, sólo podrán utilizar hasta 4.000 litros por día para el autoconsumo y las flotas cautivas. Además, deberán celebrar un contrato con el abastecedor, individualizando los componentes de la flota cautiva de la que estamos hablando. Este límite de 4.000 litros por día podrá ser cambiado por el Poder Ejecutivo por razones fundadas y con aviso de seis meses de anticipación. Dicho límite -como los señores Senadores comprenderán- fue uno de los temas cruciales y más discutidos en la Comisión.

El señor Subsecretario de Industria, Energía y Minería nos comentó la fundamentación por la cual el Poder Ejecutivo plantea ese límite de 4.000 litros y nos dijo que si alguno de los grandes operadores, tanto de la producción como del consumo, pudieran efectuar acuerdos parciales con su sistema interno de comercialización y distribución, en realidad, estaríamos distorsionando las posibilidades del resto. Sin perjuicio de los márgenes de decisión que existen, no queremos habilitar la posibilidad de un acuerdo parcial que pueda sustituir un sistema de control de los organismos pertinentes del Estado. Si este sistema se impusiera, quienes logren cerrar con determinada ficha privada estarán estableciendo datos demasiado fuertes sobre el conjunto de la economía, en un tema que no es poca cosa, ya que no estamos hablando de productos normales sino de combustibles.

El economista Larrosa, también perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Minería, nos decía que la cantidad total de gasoil consumido por cada departamento representa volúmenes más importantes que los que se proponen en el propio proyecto de ley. En este último caso se establece, concretamente, un 5% y un 2%, porcentajes que son superados en casi todos los departamentos del interior, que son los que tienen más posibilidades de hacer biodiesel local. Si pensamos que se trata de un grupo de productores que se reúne a fin de elaborar biodiésel para su propio consumo, esos 4.000 litros por día representan 5.500 hectáreas de arroz, 30.000 hectáreas de soja, siempre que estemos pensando en un consumo de un cien por ciento de biodiesel y no en una mezcla que eventualmente puedan hacer.

Luego del relevamiento que hicieron en la Comisión, informada por el Ministerio, se llegó a la conclusión de que para evitar la posibilidad de la formación de ese circuito cerrado por fuera del control de los órganos del Estado, había que fijar un límite de 4.000 litros por día. Para las empresas más importantes del transporte colectivo - según nos informan los asesores- esta producción de 4.000 litros por día les implicaría un 5% de incorporación de biodiesel. Quiere decir que también se consideraron los consumos de las principales empresas nacionales a la hora de determinar el límite de los 4.000 litros.

Asimismo, buscamos una modalidad de flota cautiva donde el consumidor tuviera que especificar claramente el parque automotor en el cual se está utilizando ese agrocombustible que no pasa por una distribuidora sino que va directamente del productor a la flota cautiva. Es aquí donde la responsabilidad del Ministerio es superior. Esto significa que en definitiva estamos planteando el cuidado del consumidor y la calidad del combustible.

En Brasil - país que fue uno de los referentes en la idea de esta ley- no existe la figura de la flota cautiva, salvo para los casos estrictamente de investigación. En consecuencia, en este proyecto de ley, también estamos liberalizando de alguna manera este concepto, sabiendo que en el momento actual hay emprendimientos que están funcionando.

En el artículo 15 se establece que la mezcla de biodiesel con gasoil destinada a la flota cautiva deberá ser realizada por el propietario o persona física o jurídica que explota esa producción, y se prohíbe comercializar esa mezcla a terceros. Además, en otro inciso se dice que ANCAP y el Estado, obviamente, deslindan responsabilidades en cuanto a su calidad. Esto se debe a que desde el momento en que estamos permitiendo que sea una mezcla en forma privada y que se comercialice a una flota cautiva, corremos el riesgo de que circule combustible que luego produzca daños que le generen alguna consecuencia a ANCAP.

En el artículo 16 se dispone que las plantas de biodiesel podrán producir sin limitación de volumen para abastecer a ANCAP o para la exportación, sin perjuicio de lo que establece un artículo posterior, que fija algún reaseguro para el Estado.

En el artículo 17 se dice que cuando el uso de agrocombustibles se haga con fines experimentales, de ensayo o de investigación, deberá ser informado al Ministerio de Industria, Energía y Minería y será el mínimo imprescindible para los fines buscados. Aclaro a los señores Senadores que también esta disposición fue motivo de una larga discusión porque se entendía que esta reglamentación por parte del Ministerio y del Poder Ejecutivo podría coartar, de alguna manera, la posibilidad de investigar, dado que el investigador a menudo no desea que los datos de lo que está investigando sean conocidos en algún ámbito público. Por esa razón y reconsiderando la redacción original, introdujimos la frase: "Esta información tendrá carácter reservado". Con la redacción de este artículo se quiere evitar que se venda combustible que supuestamente se está fabricando para experimentación.

Según el artículo 18 - ya lo mencioné antes cuando dije que se puede producir sin limitaciones para la exportación- el Poder Ejecutivo asegura que para casos excepcionales se podrá requerir un permiso especial para la exportación de agrocombustibles producidos en territorio nacional. Esto podría suceder si ocurriera una situación en la que no hay suficiente agrocombustible para el suministro interno o por alguna otra razón de interés general.

En el artículo 19 se establece que la comercialización de biodiesel y alcohol carburante y sus respectivas mezclas se hará de acuerdo con la normativa vigente, según la Ley Nº 8.764, de 15 de octubre de 1931.

En el artículo 20 se define, en líneas generales, cuál será el régimen tributario para los agrocombustibles y establece que el biodiesel tendrá el régimen tributario vigente para el gasoil y que el alcohol carburante tendrá el régimen tributario de las naftas.

Por el artículo 21 se faculta al Poder Ejecutivo, en forma también general, a exonerar los tributos que recaigan sobre los agrocombustibles nacionales, o sea, aquellos que se produzcan dentro del país. Dicha exoneración deberá estar fundamentada por los criterios del artículo 1º de la presente Ley, los cuales ya fueron informados.

En el artículo 22 se exonera el biodiesel nacional del Impuesto Específico Interno por un período de diez años a partir de la promulgación de la presente ley. En este sentido, quiero realizar algunas precisiones. La primera de ellas es un detalle, y es que en el comparativo realizado por Secretaría -que, dicho sea de paso, también ha trabajado en forma excelente- hay un pequeño error, ya que allí se dice: "Ar-tículo 22.- Sin perjuicio de lo estipulado en los artículos 16 y 17", cuando, en realidad, ahora se trata de los artículos 20 y 21. Sin embargo, debo aclarar que en el proyecto de ley sustitutivo esto está correcto; donde aparece el error es en el comparativo.

Cabe informar al Cuerpo que en Comisión se realizaron varios planteos sobre la forma en que operarían estas exoneraciones por un plazo que originariamente era de cinco años. Incluso, algunos Senadores dudaban de que ese plazo fuera suficiente para que se pudiera cumplir el objetivo que es, en definitiva, incentivar o fomentar la producción de agrocombustibles. Siempre se trata de una exoneración a término pero debe ser lo suficientemente importante como para que realmente produzca el efecto deseado. En este sentido, fuimos informados de que el Partido Nacional, en una delegación que, por lo menos, integraba el señor Senador Long, planteó formalmente al Ministerio de Industria, Energía y Minería una serie de temas en esta materia, pero lo que aquí interesa son las consecuencias legislativas concretas en lo que refiere al tema del plazo de las exoneraciones. En ese intercambio de ideas que acabo de mencionar, el citado Ministerio consideró de recibo el planteo y en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas se entendió que tanto la propuesta formulada por el señor Senador Long en el sentido de extender a diez años el plazo de exoneración del Impuesto Específico Interno, como todas las demás, eran de recibo, por ser posibles y deseables. Por esto, los señores Senadores podrán advertir que en el texto del proyecto sustitutivo ya figura como plazo el período de diez años.

En el artículo 23 se enumeran los beneficios concretos que tendrán las empresas productoras de biodiesel y alcohol carburante. Aquí también vale hacer una aclaración. Dábamos por sentado que toda empresa industrial de producción de agrocombustibles, si cumplía las exigencias fijadas, podía acceder a los beneficios establecidos en la Ley de Promoción de Inversiones del año 1998. Pero en algunos casos existían algunas dudas, como las que planteó en su momento, por ejemplo, el señor Senador Alfie, quien incluso presentó otro proyecto de ley estableciendo que las empresas productoras de agrocombustibles se beneficiarían de la mencionada ley de inversiones. El Ministerio de Economía y Finanzas nos aclaró que eso iba de suyo, pero, por si la duda persistiera, señalamos que en el artículo 23 se establece específicamente que los beneficios a recibir se agregarán a los que se deriven de lo establecido en la ley de inversiones. En este caso, los beneficios son los siguientes: por un lado, la exoneración del Impuesto al Patrimonio de los bienes de activo fijo comprendidos en los literales A) a E) del artículo 7º de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, adquiridos a partir de la vigencia de la presente ley y, por otro, la exoneración del 100% del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio a partir de la inscripción en el registro señalado en el artículo 13 de la presente ley y por un período de diez años, tal como había sido solicitado, por entenderlo conveniente.

A esta altura, quiero decir, señor Presidente, que se nos presentó una duda acerca de la exoneración del IRIC, porque es un impuesto que estará vigente hasta el 1º de julio de 2007. No sería una buena señal dar una exoneración de un impuesto que todos sabemos no operará a partir del 1º de enero de 2007. Así, pues, consultamos a un compañero jurista de primer nivel, quien nos informó que podríamos agregar un inciso al literal b) que dijera que esta exoneración regirá respecto del IRAE a partir de la entrada en vigencia de la ley de reforma tributaria. En este sentido, existen antecedentes -que tal vez en su momento sean mencionados por este jurista-, pues, sabiendo que una determinada disposición va a dejar de tener vigencia en un plazo ya sancionado, se puede agregar a la redacción un texto que ayude a dar una buena señal a los inversores acerca de que la exoneración realmente operará en forma efectiva.

A través del artículo 24 se determinan los mecanismos y plazos para regularizar la situación de las plantas que ya estuvieren instaladas. Obviamente, además de que habrá una etapa de transición, obligatoriamente también se establecerán estándares de calidad intermedios. Ya hay una norma técnica de calidad, pero ella no necesariamente puede ser cumplida desde el pique por las empresas que hoy están produciendo. Ellas se van a adaptar a esta norma técnica en forma gradual. Por ello, aquí se hace referencia al tema de la reglamentación.

En los artículos 25 y 26 se incorpora esta actividad a los cometidos de la unidad reguladora respectiva, que es la URSEA.

Por el artículo 27 se establece que el Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 180 días contados a partir de su promulgación.

Finalizada la descripción del articulado, quiero decir que no nos cabe ninguna duda de que a partir de la sanción de esta norma se presentarán innumerables proyectos para producir agrocombustibles, tanto de capitales nacionales como de empresas internacionales.

El término "agro", según la Real Academia Española, quiere decir "tierra de labranza", de manera que serán combustibles que se obtengan de la labranza de nuestra tierra; en definitiva, estamos hablando de algo que es producto del trabajo. Luego, como combustibles líquidos, serán requeridos para generar más trabajo y mayor riqueza.

Nuestro recurso histórico, la tierra, nos sigue dando gratas sorpresas a los uruguayos. Gracias al avance de la tecnología, podremos mover nuestra producción y trasladarnos en base al trabajo de nuestra gente de campo.

En definitiva, señoras y señores Senadores, sería una muy buena noticia de fin de año que la ley de agrocombustibles, largamente esperada, tuviera media sanción y fuera aprobada -tal como lo recomienda la Comisión- por la Cámara de Senadores en la tarde de hoy.

Es cuanto quería informar.

11) ACUERDO DE SEDE ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR)

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: en la Comisión de Asuntos Internacionales tratamos el proyecto de ley relativo a la Sede de la Comisión Parlamentaria del MERCOSUR, con carácter transitorio, por sesenta días, hasta que el Parlamento del MERCOSUR designe su Sede. En el momento en que tratamos el tema no teníamos claro algunos aspectos, razón por la cual no fue incluido en el Orden del Día de esta sesión. Zanjadas las dudas, solicitamos que se incluya en el Orden del Día de la próxima reunión la Carpeta Nº 688/06, Distribuido Nº 1336/06, correspondiente al proyecto de ley denominado "Acuerdo de Sede entre la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para el funcionamiento en el territorio de la República de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR y su Secretaría Administrativa Permanente, suscrito en Montevideo, el 8 de diciembre de 2005".

Queremos dejar constancia de que este tema ingresó al Senado y pasó a Comisión el 14 de noviembre de 2006. En virtud de que reviste cierto grado de urgencia, solicitamos que sea incluido en el Orden del Día de la próxima sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción planteada por el señor Senador Couriel.

(Se vota:)

- 24 en 26. Afirmativa.

SEÑOR BARAIBAR.- Solicitamos que el Senado pase a cuarto intermedio por 15 minutos a fin de considerar algunos temas atinentes al trámite de la presente sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada por el señor Senador Baráibar.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por 15 minutos.

(Así se hace. Es la hora 16 y 37 minutos)

(Vueltos a Sala)

12) AGROCOMBUSTIBLES

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 17 y 6 minutos)

- Continúa la consideración del proyecto de ley por el que fomenta y regula la producción, comercialización y utilización de agrocombustibles.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: en principio, debo señalar que el Partido Colorado tiene la idea de apoyar en general el proyecto de ley en consideración, relativo a agrocombustibles, además de algunos artículos, no obstante lo cual queremos manifestar lo siguiente. Tal como está redactada esta iniciativa, mucho nos hace temer que no tenga ningún efecto o que, en todo caso, el único efecto sea que ANCAP haga compras directas con algunas empresas subsidiarias o de cuyo capital le pertenezca el 100%, de modo tal que el Ente pueda dedicarse a plantar soja, maíz dulce y sorgo, intención que al parecer está detrás de algunos artículos.

El proyecto de ley como tal mantiene in totum el monopolio de ANCAP, ya no sólo sobre los derivados del petróleo, sino ahora también sobre los subproductos de este combustible de origen vegetal. Pero no sólo mantiene el monopolio sobre el combustible, sino que también mantiene el régimen de comercialización y distribución actual, y todos sabemos que eso es como si fuera un monopolio, pues todos los aspectos están regulados, inclusive los márgenes de utilidad.

A su vez, se establece -y nadie entiende por qué- que para el abastecimiento interno, la única materia prima que se puede utilizar para este tipo de combustibles es la nacional. Si la industria nacional se puede desarrollar, será sólo para la exportación. En mi opinión, difícilmente las industrias se desarrollan primero para la exportación y luego para el mercado doméstico; reitero, difícilmente pase esto.

Además, ANCAP tiene el monopsonio, o sea, la exclusividad en la compra del biodiesel que se produzca en determinadas plantas, y puede fijar las condiciones para ello. Por lo tanto, el Ente tiene en sus manos el destino de los productores. A este respecto, si se me permite, voy a leer el artículo 18, que contiene un impedimento legal para la exportación de este producto. Dice textualmente: "El Poder Ejecutivo podrá requerir un permiso especial para la exportación de agrocombustibles producidos en territorio nacional, por razones de seguridad de suministro interno o de interés general". Pensamos que con una prohibición de exportar como la que aquí se dispone, el precio interno fácilmente puede desarbitrar con el precio internacional. En los hechos, en lugar de incluir la palabra "detracción" o "impuesto a la exportación" -que parece prohibida a esta altura del partido, pero que a muchos igual le gusta-, directamente se opta por prohibir la exportación.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ALFIE.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: el señor Senador Alfie tiene todo el derecho de expresar lo que siente y de decir lo que quiera sobre el proyecto de ley; sin embargo, allí no se dice lo que él está planteando. Concretamente, para que hoy se pueda generar o producir agrocombustible o biodiesel, se requiere un subsidio implícito, es decir, que no se cobren impuestos y que de alguna forma ANCAP lo compre; esto, más allá de las flotas cautivas, que tampoco podrían utilizarse si se les aplicara el impuesto.

Por otra parte, la industrialización de este producto requiere muy poca gente; el sector que involucra más gente es el de la siembra y la cosecha del producto, y si nos proponemos subsidiar para generar una buena experiencia -que creo es interesante para todos-, no es con destino a los productores de grano argentinos, sino para que quede aquí. Es más, no existe ningún impedimento para que alguien produzca biodiesel, pero no queremos que ello se realice mediante un subsidio que luego termine subvencionando a los productores de granos argentinos.

Ahora bien; si se va a exportar - el señor Senador Alfie sabe muy bien que originalmente esto estaba mucho más acotado-, como gran parte de esta industria se lleva a cabo en función del subsidio, deben considerarse situaciones puntuales de suministro. Entonces, como estas son las reglas de juego, debe quedar establecido que ante algunas circunstancias fundadas, por razones de seguridad, de suministro o de interés general, el Poder Ejecutivo podrá requerir un permiso especial para la exportación. De manera que la intención no es evitar la exportación o prohibirla; si así fuera, se hubiera establecido a texto expreso.

Entonces, se podrá decir muchas cosas de este proyecto de ley y se podrá plantear diferentes filosofías, pero respecto a la exportación se ha pretendido la mayor apertura posible, salvo circunstancias de suministro o de interés general que, naturalmente, van a tener que ser fundadas y excepcionalísimas, y no la regla común.

Muchas gracias por la interrupción, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Gracias, señor Presidente.

El artículo es tan claro que me exime de comentarios, pues dice: "podrá" … "por razones de seguridad de suministro interno o de interés general". Un texto tan vago como éste me hace pensar que podría haber muchas razones para esgrimir.

En el fondo, lo que se hace con esta disposición es afectar a los productores, pues no creo que haya muchos que quieran arriesgarse; esa es la pura verdad.

Por otra parte, el articulado de este proyecto de ley mantiene para ANCAP el monopolio de mezclar -o sea, el biodiesel con el diesel, y el alcohol con la nafta-, lo que significa que nadie puede hacer la mezcla. Aunque apareciera alguien en condiciones de hacer la mezcla, ya sea porque puede instalar una fábrica o una mezcladora más eficiente que la del sector público, según lo que dispone este proyecto de ley no puede hacerlo, porque es tan limitativo y tan consagratorio del monopolio que, en los hechos, no nos deja con muchas esperanzas, salvo que el precio de los combustibles lo impulse o los subsidios sean tan importantes que igualmente alguien arriesgue.

De manera que todos tenemos que saber que este proyecto de ley implica que se va a proteger a la materia prima nacional y, por lo tanto, que se va a pagar más cara. Si se hace algo que se paga más caro y que el mercado no valida, al final estamos haciendo algo cuya remuneración, y por ende la de los factores que la producen -es decir, el trabajo, el capital y la tierra-, no tiene futuro porque no puede crecer y va a vivir absolutamente pendiente del sector público. Esa es la lógica de siempre. Entonces, podemos decir que se genera trabajo, pero a la vez se puede estar destruyendo producto valorado a precio de mercado, de lo que en el Uruguay tenemos experiencia y aún hoy la hay, como es la producción de autos, donde el subsidio es mayor -desde épocas pasadas- al valor agregado. Por lo tanto, cada vez que se hace un auto, se destruye producto en lugar de generarlo, por más que haya gente que trabaje.

El proyecto de ley como tal, más allá de la regulación extrema y del mantenimiento del monopolio, tiene algunos artículos -aunque en la discusión particular se va a plantear el tema- que realmente llaman la atención. Por ejemplo, en el artículo 11 se agrega un literal al artículo 33 del TOCAF. En este caso se reitera algo que ya se hizo con UTE, lo cual es absolutamente inconveniente porque no deja ninguna condición de garantía, y vamos a reiterar el comentario.

En el literal U), se dice: "Las impugnaciones o recursos que en tales circunstancias se interpusieren, en cualquier etapa del procedimiento, no tendrán efecto suspensivo, salvo que así lo resuelva el jerarca del ente público contratante". El procedimiento normal es al revés, pero en este caso el jerarca, y no por ley, debe "jugarse" y decir que no tiene efecto suspensivo. Además, hay que fundamentar; siempre es así.

SEÑOR AGUIRRE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ALFIE.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR AGUIRRE.- Señor Presidente: por razones obvias, no voy a estar en Sala cuando se analice en particular este proyecto de ley, por lo que aprovecho la incursión del señor Senador Alfie en esta disposición para decir algo sobre el punto que él está considerando.

No se entiende por qué en esta disposición se dice que las impugnaciones o recursos no tendrán efecto suspensivo "en cualquier etapa del procedimiento". Si la compra es directa, no hay procedimiento. Sin embargo, si se establece otro procedimiento - posibilidad que habilita la disposición del artículo 33 del TOCAF-, podría haber actos dentro del mismo que fueran impugnables. La regla general es que los recursos administrativos no tienen efecto suspensivo, salvo aquéllos por los cuales se dispone la adjudicación de licitación. Es el único caso en que una disposición legal establece el efecto suspensivo de los recursos administrativos. Eso no impide que el recurrente pida la suspensión de la ejecución del acto y, excepcionalmente, la Administración lo dispone así. Realmente, a mi juicio esta segunda oración que se incluye en el que sería el literal U) del artículo 482 de la Ley Nº 15.903, no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: el señor Senador Aguirre ha sido bastante más elocuente que quien habla y más experto para expresarse.

Es más, el segundo inciso, aun en la eventualidad que fuera, claramente dice: "El ordenador, por razones fundadas, podrá exonerar a los oferentes o adjudicatarios, del depósito de garantías, o variar los porcentajes establecidos", y luego sigue el texto. Allí no se hace referencia a ninguna etapa, cuando esto tiene que ser ex ante, ya que si lo hace en una instancia posterior está violando la transparencia y quitando garantías al procedimiento.

SEÑOR AGUIRRE.- Apoyado.

SEÑOR ALFIE.- Necesariamente tiene que ser antes porque, de lo contrario, no hay igualdad de oferentes.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ALFIE.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: estamos haciendo un procedimiento sobre el que dejamos que una parte la arregle el Poder Ejecutivo y, la otra, la estamos reglando por ley. Independientemente de lo que es la normativa jurídica actual, este es un procedimiento puntual, específico y regulado por este literal U). A través de éste facultamos la reglamentación al Poder Ejecutivo, pero le decimos que hay algunos límites aquí expresados, entre ellos lo que en él se dice sobre el efecto suspensivo. Si la oración terminara en donde dice "la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo", podría determinarla o aplicar el efecto del inciso segundo. Pedimos que el Poder Ejecutivo reglamente este tema, pero incluimos algunas acotaciones. Naturalmente, siempre estamos dispuestos a recibir textos alternativos, pero no queremos que cuando el jerarca haga la compra -que tiene parecidos a las compras de petróleo, que también están reguladas en forma especial-, en la medida en que le estamos pidiendo el cumplimiento de normas y porcentajes a la mezcla que ANCAP va a llevar adelante, diga que no puede llevar dicha mezcla porque tiene un procedimiento para el petróleo y uno para el biodiesel, que no tienen nada que ver uno con otro. Quizás no se esté de acuerdo con la filosofía del tema, pero lo cierto es que si no se arregla un mecanismo especial, tal vez nos encontremos con una situación de inoperancia. Digo esto, porque le pedimos a ANCAP que realice una mezcla de un equis por ciento, pero resulta que después no puede hacerla porque no tiene un mecanismo de compra que lo habilite.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: lo que dice el señor Senador Michelini es correcto en el sentido de que hay que habilitar el procedimiento, pero no así en las dos observaciones de fondo que se hacen y que tienen que ver con la igualdad de oferentes y la transparencia de procedimiento, así como la forma de recursar. Si entendí bien, son cosas diferentes.

Siguiendo con el análisis de este proyecto de ley, debo decir que este tiene, además de lo que ya se ha manifestado, aspectos que van contra su esencia.

El inciso tercero del artículo 1º es una verdadera exposición de motivos; lo propio ocurre con su inciso segundo y realmente no podría admitirlo dentro del articulado de un proyecto de ley. Se lo incluye en el articulado de un proyecto de ley y no en la exposición de motivos. En este caso hay objetivos diversos, diferentes y que en algún momento pueden colisionar e ir para un lado y para otro. Es lo más seguro que eso ocurra en algún momento y que, finalmente, se anulen los efectos. Nos parece claro que con un solo instrumento no se puede apuntar, básicamente, a un objetivo. Los demás tienen condiciones de segundo o de tercer orden, pero no implican un efecto directo, sino que son secundarios o laterales. Insisto en que hay un efecto directo y primario de la ley, y que éste es uno solo: tratar de desarrollar un combustible alternativo renovable. Si se quiere hacer todo lo demás, podemos hacer un zafarrancho bien grande y no saber en qué terminamos. Lo más seguro es que eso ocurra.

Estoy repasando el proyecto de ley, porque fue objeto de varios cambios y sigo sin entender por qué se requiere una autorización del Ministerio de Industria, Energía y Minería -que lleva un registro- para la producción de agrocombustibles y no se exige para otro tipo de producción. Parecería, que el gran tema tiene que ver con el medio ambiente. Sin duda, se va a requerir una autorización medioambiental como ocurre con toda industria, pero, después que ésta esté funcionando, no sé para qué se debe hacer el registro. Ni siquiera sabemos en qué va a consistir la autorización ni qué se va a requerir a las empresas para que comiencen a funcionar, más allá del cumplimiento de las normas medioambientales.

Después está el tema del autoconsumo, de las flotas cautivas y de los límites correspondientes. Al respecto, hay dos opiniones muy claras: la del Poder Ejecutivo -que dijo que esto no hace de límite o de frontera en la actualidad- y la que expresaron productores y algunas federaciones agropecuarias en el sentido de que el límite es muy bajo y que, por tanto, querían uno mayor y más libertad. Lo cierto es que, por filosofía, no considero que sea bueno que haya un límite y tampoco sé si en realidad este opera o no. El Poder Ejecutivo dice que este límite no opera y que, por lo tanto, igual funge como si se tratara de un libre mercado.

Por último está el tema de las exoneraciones, no sólo en materia de impuestos generales como son el Impuesto al Patrimonio y el Impuesto a la Renta, donde se da una exoneración al amparo de la ley de inversiones y se trata de una exoneración objetiva que opera directamente, sin que sea necesaria la presentación de un proyecto, sino también en lo que tiene que ver con el IMESI. Obviamente no hay una exoneración del IVA. Entonces, actualmente y debido al IMESI, la única diferencia entre el gasoil y el biodiesel - no entre el alcohol y las naftas- es de poco más de un peso. Lo que va a suceder, y parecería que ya se trata de un proyecto de ley, es que el IMESI al gasoil será sustituido por IVA, por lo que directamente esta exoneración no tiene sentido. Ahora bien; acá no lo exoneramos, sin embargo vale la pena analizar lo que dice el artículo 9º: "Los costos resultantes de las incorporaciones estipuladas en los artículos 6º y 7º" -se refiere, tanto a biodiesel como a alcohol carburante- "serán transferidos a tarifas, en tanto el Poder Ejecutivo no estipule otros mecanismos de compensación". Es cierto que alguien tiene que pagar el subsidio, si es que lo hay, pero si lo pagamos en las tarifas, termina pagándolo el propio productor, es decir que afecta a la producción. Por lo tanto, de estos subsidios tiene que hacerse cargo Rentas Generales si es que no queremos afectar a la producción directamente. En realidad, vamos a subir las tarifas que son, básicamente, de producción y de transporte, lo que significa un costo directo de la producción en todos los casos. Me parece que deberíamos sacar esto de las tarifas y dejar que lo asuma Rentas Generales, porque le puede poner un límite. De lo contrario, estaríamos cargando a la producción para generar otra producción artificial lo que, por cierto, es bastante malo. En general, los subsidios no son buenos, aunque algunos sí lo son en la medida en que los pague la sociedad en su conjunto y no el mismo sector que produce. Reitero que entiendo que esta forma de pagar no es correcta.

Por todos estos argumentos se advertirá que, en general, compartimos la idea. Se trata de un proyecto de la Administración anterior y, aunque existen dificultades para su implementación -no lo pudimos hacer nosotros y esta Administración prácticamente en dos años tampoco lo logró- y somos conscientes de ello, tal como está creemos que no tiene ningún efecto, además de los defectos que marcamos y que vamos a seguir detallando en la discusión particular, pero que son más que nada de redacción. Además, el Partido Colorado entiende que este proyecto de ley fue discutido durante mucho tiempo en la Comisión, con dificultades, con idas y venidas y no pensamos que haya faltado un trabajo por parte del Poder Ejecutivo o que no se haya escuchado a nadie. Reitero que como compartimos la idea vamos a votar en general este proyecto de ley y luego, en la discusión particular, votaremos algunos artículos y otros no.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Iturralde.

SEÑOR ITURRALDE.- Conocido es el interés del Partido Nacional por este tema que consiste en desgravar el biodiesel. Desde el período anterior el señor Senador Larrañaga ha venido planteando iniciativas en este sentido, por lo que ante todo queremos dar la bienvenida a esta iniciativa del Poder Ejecutivo, donde nuestro Partido ha estado trabajando durante todo este tiempo tratando de mejorar el proyecto y realizar aportes consistentes que redondeen una política sobre este tema que pueda servirnos a todos.

En este caso creemos que la política energética debe ser una política de Estado y de largo plazo, que reúna consensos, que busque la mayor cantidad de apoyos y, en ese sentido, hemos venido dialogando e intentando procesar esta temática, al punto tal que este fue uno de los temas que estuvo en la conversación del Presidente de nuestro Partido con el señor Presidente de la República. Allí se aceptaron algunas de las sugerencias vinculadas a la tributación del diesel en general y que, indirectamente, afectan a este proyecto en particular, tal como se lo señalaba a la señora Senadora Dalmás antes del cuarto intermedio, en el sentido de que si hoy eliminamos el IMESI y pasamos al mismo régimen que tiene el gasoil común, estaremos aumentando la tributación. Por consiguiente, no vemos razones para realizar este cambio.

Asimismo tenemos reparos con un tema harto discutido en este Parlamento, vinculado a la delegación de potestades tributarias en el Poder Ejecutivo. Ese tema también se discutió durante el tratamiento de la reforma tributaria. Entendemos que las exoneraciones y tributos deben fijarse con todas sus características a texto expreso y no delegarlos en el Poder Ejecutivo; es una discusión que hemos dado y lo seguiremos haciendo porque es algo que no compartimos.

Además, en este caso, tenemos la dificultad de que el Presidente de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios, quien se ha preocupado y ha estado trabajando tanto por este tema, no se encuentra presente, razón por la cual solicitamos a la Bancada oficialista que este punto pueda ser trasladado para la semana próxima. Se nos ha manifestado que quizás se podría votar en general y desglosar algunos artículos. Precisamente, queremos pedir que se vote en general el proyecto de ley y que la discusión en particular se aborde la semana que viene, ya que van a ser muchos los artículos que queremos señalar como objeto de desglose. En definitiva, manifestamos la voluntad de acompañar un proyecto de este tipo que ayude a la producción del biodiesel, y no voy a reiterar los argumentos que se han dado desde la exposición de motivos hasta la discusión en la Comisión, porque notoriamente esto favorece al país, ya que hay importaciones que nos afectan sustancialmente debido a los precios internacionales. Toda esta temática ayuda a la producción y mueve al país; es cierto que tenemos diferencias de enfoque y de filosofía acerca de cuál es el papel que debe jugar el Estado, si debe ser tan protagónico como se plantea aquí o debe ser diferente, más subsidiario, donde simplemente regule algunos temas y participe cuando no lo puedan hacer los particulares. De todas formas, si no es posible que este tema vuelva a Comisión, queremos solicitar que se vote en general y que nos demos un tiempo para buscar algunos consensos, a efectos de que se apruebe. Estas son las señales que, según entendemos, deben darse al país, sobre todo cuando se trata de temas tan sensibles como la política energética. El diálogo entre el Poder Ejecutivo y la oposición, entre el Gobierno y la oposición, siempre es fructífero; tenemos que intentar que ese diálogo se traslade a los hechos para no apurar decisiones en estos temas y en algunos otros que señalaremos en el correr de la tarde, ya que estamos convencidos de que fin de año no significa fin del mundo y hay cosas que requieren otra mesura para encarar su tratamiento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: haremos unas reflexiones de carácter general, porque creemos que las que puntualmente han realizado los señores Senadores Alfie e Iturralde son de recibo por parte de toda la oposición. En ese sentido, nos unimos a las observaciones que se han manifestado en Sala.

Lo primero que queremos decir es que, al igual que el señor Senador Iturralde, saludamos la iniciativa. Nos parece bien que tengamos una norma de este tipo, que apunta a pensar en alternativas al combustible que usa el Uruguay, derivado del petróleo, del que somos dependientes y que es finito. Pienso que en este tema también llegamos tarde. Hay países que están mucho más avanzados que nosotros y que ya han desarrollado una industria al respecto. Bienvenido sea el hecho de que ahora podamos unirnos en un tema del que depende nuestro propio desarrollo.

Ya se han manifestado algunas observaciones a este proyecto de ley, con las que coincidimos. Queremos plantearlo con la discusión debida. Para definirlo de alguna manera, nos da la sensación de que, tal como siempre lo ha hecho el Estado uruguayo, por temor a perderse en el camino, se corta las piernas. No nos parece que este proyecto de ley sea realmente una herramienta eficaz para el desarrollo de los agrocombustibles. Repito que tengo temor no sé a qué y muchas veces no comprendo este tipo de proyectos de ley complicados, en los que se establecen normas especiales. En este caso, está claro que se da más monopolio a ANCAP, que ahora tendrá el de la mezcla. Nosotros cuestionamos el monopolio de ANCAP y, a ese respecto, hemos sido opositores, incluso, en compañía de sectores de izquierda. ¿O no recordamos cuando aquí se votó un proyecto de ley de asociación de ANCAP con capitales privados, donde la línea divisoria pasaba por el medio de la izquierda y ya no del espectro del país y en el que, naturalmente, se cuestionaba el rol de una empresa del Estado que refina combustibles importados? Muy bien, se llevó a cabo un plebiscito, sabemos lo que pasó, cuáles fueron las armas que se utilizaron, no se aprobó la asociación con ANCAP y ahora el Gobierno nos plantea la posibilidad de tener más ANCAP. ¿No nos alcanza con conocer todos los impedimentos y prejuicios que existen en la sociedad uruguaya cada vez que planteamos la derogación de un monopolio? ¿No sabemos acaso los problemas que tiene la sociedad uruguaya para avanzar en ese sentido, que ahora le damos más monopolio? Eso es lo que me desespera. Insisto en que no bajo los brazos en cuanto a tratar de convencer de que los monopolios existentes no son buenos para la sociedad uruguaya y que debemos hacer un gran esfuerzo. Creo que esta empresa pública, con 75 años de monopolio en el país, tiene pantalones largos para poder competir. ¿Con 75 años, esta empresa pública uruguaya no cuenta con mayoría de edad para animarse a competir?

Por otra parte, existen proyectos que la oposición reclama conocer. Ese fue un tema sobre el que estuvieron conversando el líder y Presidente del Partido Nacional y el Presidente de la República, en una instancia de diálogo que espero no se frustre por desconexiones, ya que siempre es bueno y aclaratorio hacerlo. En esa oportunidad, estuvo arriba de la mesa uno de los asuntos que serán motivo de discusión durante el año 2007, que es la reforma del Estado. Se anuncia una iniciativa interesante para reformar el Estado. Nosotros suponemos que, quizás producto de preconceptos que existen en la izquierda nacional, no se animen a ir hasta el hueso en la reforma del Estado. Tenemos el temor de obtener un gran título, con un gran envase y muy poco contenido, que solamente considere el tema de los funcionarios, que se quede en la cáscara, que no se aproveche la oportunidad que tiene el país actualmente, con la izquierda en el Gobierno, para hacer una buena reforma del Estado. He escuchado voces -no en el Plenario, sino en Comisión- de caracterizados Senadores oficialistas, que han puesto arriba de la mesa temas que se vienen discutiendo desde hace mucho tiempo en el Uruguay y me alegro de ello. Este Gobierno cuenta con Senadores que anuncian problemas endémicos que tiene el Estado, burocráticos y corporativistas. Sin ofender a nadie, podría afirmar que las empresas públicas uruguayas no son de los uruguayos, sino de los funcionarios; las dominan y las manejan los funcionarios, las dirigen sus gerentes y, muchas veces, los directores de los Partidos Políticos poco y nada inciden a lo largo de la vida útil de las mismas. Es más, en diversas oportunidades hemos visto algo que se reitera en todos los Gobiernos: cuando los dirigentes políticos, técnicos o técnico-políticos -no importa su carácter- llegan a las empresas públicas, se mimetizan con ellas, tratando de ver al país a través de las mismas y no considerándolas como un instrumento o una herramienta para el progreso nacional. En el pasado, muchos Ministros han tenido enfrentamientos con los directores de las empresas públicas. Al Partido Nacional le ha ocurrido que, en reiteradas ocasiones, los directores de una empresa pública pertenecientes a nuestro partido, tuvieron fuertes discusiones con los Ministros que establecen las políticas. Muchas veces hemos visto, hasta con desesperación, frustrarse un proyecto en esa discusión, cuando la burocracia siempre gana y se mantiene lo que ella quiere, que es tener más empresas públicas, más ramificaciones y más Estado. Creo que ha llegado el momento -quizás no sea en la discusión de este proyecto de ley, pero ojalá lo fuera- de tener una franca discusión en cuanto a si vamos a exigirles eficiencia o no a las empresas del Estado y si la eficiencia pasa por sacarlas del Derecho Público e incorporarlas al Derecho Privado, sin tocar la propiedad. ¡Válgame Dios que toquemos la propiedad de la empresa y pongamos un 10% o un 20% de socios privados! Parecería que estuviéramos ante un tabú nacional, cuando el país realmente tiene problemas de soberanía y no cuenta con la energía propia necesaria para autoabastecerse y atraer inversiones. Si mañana vinieran -¡ojalá sea así!- cuatro o cinco empresas de la dimensión de Botnia, el Uruguay no tendría capacidad energética como para que pudieran funcionar. Ese es un tema que no lo hemos puesto sobre la mesa. Si bien aún no he leído el libro escrito por el señor Senador Fernández Huidobro, estoy seguro -sin leerlo- de que no todos, pero sí muchos de los conceptos que allí se dicen, deben ser temas de discusión parlamentaria. Si no tenemos un diseño energético a largo plazo, muy poco o nada podemos hacer en el corto plazo. No sabemos adónde vamos. Algún señor Senador oficialista podrá decir: "este es un tema viejo y ustedes lo saben"; pero terminemos con los reproches hacia atrás. No estoy haciendo un reproche a la actual Administración; es más, le estoy diciendo que hoy tiene planteadas condiciones inmejorables para hacer una verdadera reforma del Estado, pero el temor es que nos quedemos con el nombre y sin la reforma.

Respecto del proyecto sucroalcoholero que el Gobierno viene impulsando en Bella Unión, y del que ha hecho una gran propaganda por la televisión, tenemos que revisar sus números, que es nuestra obligación como Senadores. Hay técnicos que han señalado en distintos medios de prensa que es la producción más cara que el Uruguay ha emprendido en los últimos tiempos y que a la sociedad uruguaya le está costando una enorme cantidad de dinero. Quizá esté justificada; quizá el Gobierno nos diga: "Sí, es cara, pero hay un proyecto social y un proyecto productivo que están naciendo con una perspectiva de futuro que hace que tal vez valga la pena gastar en ellos". Sin embargo, no me parece que sea esa la forma como está actuando el Gobierno y me parece de recibo lo que ha dicho muchas veces el señor Ministro, con su particular lenguaje, en los enfrentamientos que ha tenido en estos dos años con la sociedad de Bella Unión -que quería que se le diera todo y ya-, en el sentido de que "Bella Unión es un barril sin fondo". No podemos continuar invirtiendo esas sumas de dinero allí; pero seguimos invirtiéndolas. Personalmente, me resulta hasta curioso escuchar la crítica y ver, al mismo tiempo, la inacción. Cuando uno ve en la televisión que el Gobierno se critica a sí mismo y critica el estado de la situación, se dice: "Bueno, por fin se abre una puerta o una rendija a una discusión verdadera, profunda, sobre el tema energético y el de los errores que hemos cometido en el pasado, que se han dado en Bella Unión desde antes de la dictadura". En la dictadura se acrecentaron con el famoso "vértice del noroeste", como decían las Fuerzas Conjuntas, las Fuerzas Armadas, que hablaban de aquél y también de proyectos voluntaristas. Supongo que no vamos a caer en el mismo pecado. ¿Vamos a tener la producción de azúcar más cara del mundo? La tenemos; pero, además, ¿quién paga esa cuenta, como planteaba el señor Senador Alfie? Si la sociedad uruguaya se plantea subsidiar un proyecto de desarrollo porque cree que, no a corto, pero sí a mediano o a largo plazo puede dar resultado, tenemos que poner subsidios explícitos. Digamos claramente: "esto es para subsidiar este proyecto", para que de esa manera la sociedad uruguaya pueda saber cuánta plata está gastando. Pero no me parece correcto que con la "sombrilla" de ANCAP estemos cobrándole a la sociedad impuestos en el gasoil o en la nafta para subsidiar este tipo de proyectos en los que no sabemos cuánta plata se está yendo. También esto es transparencia; transparencia no es solamente que existan buenos procederes en la Administración. ¡Ojalá siempre los tengamos!, ¡ojalá nunca tengamos dudas sobre los administradores que están al frente de los organismos! y ¡ojalá se respeten las garantías del TOCAF que, como decía el señor Senador Alfie, en uno de los artículos de este proyecto de ley están muy cuestionadas! La transparencia también es saber cuánto vamos a gastar los uruguayos en ese proyecto. No lo sabemos; no hay números.

El subsidio al boleto metropolitano es un asunto que también tenemos que analizar con sinceridad, porque todos estamos de acuerdo con que haya un boleto barato para acercar a la gente a los centros de estudio y de trabajo, en Montevideo. Pero la cuestión es que lo subsidiamos por medio del combustible. ¿Por qué? ¿Acaso no es mejor tener un subsidio explícito o decir que la sociedad uruguaya va a subsidiar el boleto metropolitano, pero no a partir del precio del combustible, elemento que la producción necesita a diario, tratando de que este último sea, inclusive, más barato, habida cuenta de los subsidios que tienen los países vecinos, que compiten deslealmente con nosotros?

En el enfrentamiento a que me refería anteriormente, el Gobierno criticó duramente a los camioneros, y adelanto que no voy a entrar en las discusiones y afirmaciones de carácter político que se hicieron en aquel momento. No obstante, los camioneros nos están diciendo que si a las empresas nacionales no les bajamos los impuestos, no podrán competir. Si no lo hacen, van a seguir entrando al Uruguay los camioneros y las industrias brasileñas y argentinas que compiten, muchas veces, deslealmente con las empresas de transporte nacional.

Creo, entonces, señor Presidente, que lo que nos está faltando es pensar, no en el Uruguay hacia adentro, sino en el Uruguay hacia fuera. No estamos mirando los costos que pueden significar para un camión los impuestos municipales. Lo que hoy los Municipios están cobrando de patente a los camiones nacionales, ya nos saca de competencia y por si eso fuera poco, tenemos el combustible más caro de la región que, reitero, además subsidia el boleto metropolitano y también proyectos de desarrollo, porque es de allí de donde salen los dineros para el proyecto sucroalcoholero, que quizá sea bueno. No lo conozco como para decir si es o no malo, pero sí para afirmar que es caro, que le está resultando caro a la sociedad uruguaya. No podemos disfrazar las cosas cuando gastamos en este sentido, sin establecer claramente cuáles son los recursos que le estamos destinando al proyecto. Eso es parte de la transparencia que un Gobierno con mayoría absoluta debe cuidar más que nunca; no debe desconocer la información que la oposición, que no está presente en los Entes -no voy a entrar en esa discusión, ya que es un tema cerrado-, necesita. ¿Por qué? Porque puede suceder que mañana venga otra Administración y decida desandar el camino, lo cual me parece que le haría mal al Uruguay. Hay que tener cuidado con lo que el Gobierno está haciendo hoy porque, por encima del hecho de que legalmente cuenta con mayorías operativas para llevar adelante una cantidad de proyectos, debe asegurar su continuidad. De lo contrario, pondrá en riesgo la oportunidad de operatividad que tiene en este tiempo, habida cuenta de que cuenta con una mayoría que lo puede respaldar.

SEÑOR ABREU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: por economía procesal no vamos a ingresar a la discusión total del proyecto de ley, pero sí tenemos alguna preocupación en el mismo sentido que lo hacía el señor Senador Heber, en lo que tiene que ver con una de las disposiciones del articulado. En realidad, está referida a la filosofía con que miramos la participación de un ente autónomo monopólico en la actividad económica y comercial del país.

En el último inciso del artículo 15 se establece -y no vemos la explicación desde el punto de vista legal ni comercial- que ni ANCAP ni el Estado serán responsables por los daños y perjuicios emergentes asociados a esta modalidad de comercialización.

SEÑOR MICHELINI.- Por la mezcla que hagan otros.

SEÑOR ABREU.- Al parecer, el señor Senador Michelini tiene un síndrome de la interrupción. Si me permite terminar el razonamiento, se la concederé con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- No puede hacerlo, señor Senador, porque usted está en uso de una interrupción.

SEÑOR ABREU.- Más allá de que la hagan otros, entre otras cosas, la mezcla está atribuida a la ANCAP en una actividad muy específica. Por ejemplo, el artículo 8º establece que la ANCAP realizará la mezcla para obtener BXX y la mezcla de alcohol carburante con nafta, gasolina. Es decir que realiza una actividad en el proceso productivo que es importante, pero resulta que después en la modalidad de la comercialización se dice que el Estado no es responsable ni tampoco lo es ANCAP. ¿Y el artículo 24 de la Constitución de la República? Entonces, me pregunto si no es que estamos yendo un poco más allá de lo que significa la aplicación del monopolio estatal -sin perjuicio de las opiniones que se tengan sobre este tema- y que la responsabilidad del Estado al eximirse, junto con la de ANCAP, de alguna manera, extiende un mensaje de incertidumbre sobre la actividad de los actores en todo este proceso de comercialización. Más allá de este sentido oportunista de decir "No voy a ser responsable de una cosa o de la otra", creo que la administración pública y, en particular, un ente autónomo y monopólico, también deben mantener su responsabilidad en esta modalidad de comercialización. No olvidemos -y vamos a decir la verdad- que sin la participación de la ANCAP en esta modalidad de comercialización no se podría dar este sistema ni el funcionamiento de este proyecto de ley. Entonces, sería bueno que no buscáramos tantas excepciones en las responsabilidades y que, entre otras cosas, incentiváramos a la ANCAP para que, al cumplir con sus cometidos, tuviera en cuenta que aun con esta modalidad de comercialización y la participación que tiene, debería hacerse responsable de aquellas acciones u omisiones que pudieran suscitarse con determinados actores de la economía nacional.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber, a quien le restan siete minutos.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Seguramente, su intervención será para contestar las afirmaciones del señor Senador Abreu y, en tal sentido, se la voy a conceder más adelante porque me gustaría que se terminara de ver todo el panorama que estamos planteando.

Debe quedar claro que nos importa que aquí se hagan bien las cosas. Nosotros hablábamos de la necesidad de mirar este asunto en otro marco. Quizás los Senadores de la Bancada de Gobierno conozcan mejor que yo cómo será la reforma del Estado que se anuncia; por ahora, solamente tenemos titulares. Me preocupa, señor Presidente, que vayamos expandiendo las empresas públicas para luego terminar con una reforma que no reforme nada. En el período pasado se manejó la necesidad de tener una usina de ciclo combinado para UTE para disponer de suficiente energía. Al respecto, me gustaba la propuesta del Presidente de la República en el sentido de llamar a interesados privados, de modo tal que con el tiempo y el uso que se le diera, fuéramos pagando y no tuviéramos que desembolsar cifras importantes para su construcción a través de este organismo del Estado. Tengo la convicción -y el señor Senador Abreu lo ha dicho en Sala en más de una oportunidad cuando discutimos el tema energético- de que la burocracia de UTE trató de torpedear toda posibilidad de interés privado para establecer una usina de ciclo combinado en el Uruguay. En aquel entonces, se advirtió que el llamado había sido declarado desierto. De todos modos, me quedó la sensación de que el aparato burocrático estatal impidió la posibilidad de que aquellos que mostraron interés, realmente lo tuvieran a la hora de invertir en el Uruguay. ¡Qué absurdo razonamiento! Estaba mal que viniera un privado a establecer una usina en el Uruguay, pero estaba bien que la UTE comprara energía a una empresa privada de la Argentina. En ese caso, estaba bien; no había problema. Y esto se hacía, en ocasiones, sin licitación, a través de reuniones en las cuales el Gerente General y el Presidente compraban por cifras multimillonarias en el exterior, con contratos que después no se respetaron. Reitero que esto generó el absurdo de que gente uruguaya se opusiera dentro de esta misma empresa a que capitales privados invirtieran en el Uruguay, pero que aceptaran que se comprara energía a empresas argentinas o a privados que están instalados en la Argentina, porque no sé si son argentinos.

Por lo expuesto, señor Presidente, temo que se dé una expansión de las empresas públicas que nos lleve a la discusión absurda que siempre hemos mantenido -plebiscitos mediante- en cuanto a mirar al país por el país mismo. Todos queremos tener empresas nacionales vigorosas, fuertes y competitivas. Entonces, el oficialismo debe tomar esta preocupación que manifiesto frente a este proyecto de ley. No quiero comprar un problema. No creo que nadie en el Uruguay, hoy por hoy, niegue que necesitamos -en la integración, cuando hablamos del MERCOSUR- empresas públicas desmonopolizadas. Si esa discusión no existe más, caminemos hacia la desmonopolización y no hacia "más monopolización".

¿Por qué le interesa a ANCAP hacer la mezcla? ¿Por qué no pone un inspector a controlar la mezcla? Digo más; ni siquiera lo tendría que hacer ANCAP, sino el Ministerio de Industria, Energía y Minería. ¿Por qué lo tiene que hacer ANCAP? ¿Cuál es la razón? ¿No nos da garantía el hecho de tener inspectores para verificar si la mezcla está bien realizada? ¿Cómo vamos a tener un solo comprador? ¿Qué garantías va a tener un productor de que no haya otro que tire abajo su precio porque tiene otra explotación y se subsidia a sí mismo para destruir la competencia?

SEÑOR PRESIDENTE.- Perdón, señor Senador, pero ha llegado a la Mesa una moción presentada por el señor Senador Moreira en el sentido de que se prorrogue el término de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Más monopolio y más ANCAP. En una conferencia celebrada en Soriano - lamentablemente hoy no está presente el señor Senador Long- se escuchó decir a directivos y técnicos de ANCAP que el ente tenía intenciones de plantar. Lástima que no está aquí presente el señor Senador Long, que lo escuchó de los propios técnicos de ANCAP, que en una Conferencia en Soriano dijeron que la intención del Gobierno y del propio Ente era plantar lo que sería el Espinillar 5, es decir que ya no tendríamos uno sino cinco Espinillares, o sea, cinco problemas. Los representantes del Gobierno en Sala dicen que no con la cabeza, que no es así. Sin embargo, los directivos de los Partidos Políticos siempre perdieron porque siempre ganó la burocracia. Cuando el doctor Batlle quería hacer la planta de privados, perdió, y ganó la burocracia de UTE. ¿Cuál es la experiencia que tenemos? Es una experiencia corporativa y me alegro de que muchos Senadores del oficialismo hoy lo denuncien detrás del mostrador, señalando el poder del sello de goma y de la burocracia. Pero, ¿cuál es la solución? ¿Más monopolio y más burocracia? Eso es lo que cuestiono de este proyecto, aunque me gustaría llegar a un entendimiento - que no está lejos- con el oficialismo, pero que tendría que dar más garantías.

Uno de los temas que el señor Senador Alfie mencionaba - y quiero subrayarlo- es el siguiente. ¿Por qué la prohibición de exportación? El artículo 18 dice claramente que por razones de seguridad de suministro interno o de interés general…

SEÑOR MICHELINI.- ¿Dónde está la palabra "prohibición"?

SEÑOR HEBER.- El proyecto dice que el Poder Ejecutivo podrá requerir un permiso especial para la exportación de agrocombustibles. Me pregunto por qué. ¿Cuál es la razón para tener que pedir un permiso para exportar? ¿Que haya desabastecimiento de combustible? En ese caso, se importaría; de lo contrario, lo compraría el propio Estado, si es el único comprador que hay. Quiere decir que quien mañana plante con fines agroindustriales va a tener solamente una puerta en la que le van a decir que le van a pagar tanto, y si le sirve, bien; y si no, que exporte. Sin embargo, después tendrá que pedir permiso. ¿Y si no le dan permiso? Entonces, no le puede vender a ANCAP y no puede exportar. Es impresionante. ¿Quién va a plantar con esos riesgos? Volvemos a lo del principio: me corto las piernas por tener temor a perderme en el camino, y lo que pasa en el Uruguay es que nos tenemos que perder en el camino y no nos tenemos que cortar más las piernas.

Basta de controles sobre controles. Liberemos a la gente. Es lo mismo que hizo UTE recientemente en relación al tema energético, cuando con grandes anuncios establecía la posibilidad de que privados pudieran emprender proyectos energéticos para vender a UTE y después los topeaban, por ejemplo, hasta cinco megavatios y si la energía es eólica, hasta veinte, en un plazo en que primero le paga tanto y después le va bajando los precios. ¿Qué sentido tiene poner techo y precio a las fuerzas internas del Uruguay que quieren invertir en materia energética, cuando ese precio va cayendo y no está acorde con el mercado? En realidad, no liberaron nada. Dictaron un decreto que dice que va a liberar pero que no libera, sino que genera temores. Ahora bien, me pregunto a qué. ¿Cuál es el temor del Poder Ejecutivo a dejar que la gente ponga una represa, que le venda a UTE y que la pague menos de lo que le salen las usinas aeroderivadas más caras del mundo, que hemos comprado y hecho? Se me dirá que es otro tema, pero no lo es; es el mismo tema y el mismo criterio. Están cometiendo los mismos errores en que se cayó en la década del cincuenta en el Uruguay. Ese es el temor. Se libera para no liberar y esa es una concepción gatopardista, es decir, cambiar para no cambiar, liberar para no liberar. Liberemos a las fuerzas nacionales para que inviertan en molinos de viento todo lo que quieran. Si el negocio es de ellos y si mañana les va mal, se funden y se terminó. Son empresarios que tienen que cerrar y punto. ¿Por qué la tutoría del Estado les dice que el límite son cinco o diez megavatios? ¿Por qué esa restricción? ¡Si UTE no la hace! ¿Por qué ANCAP tiene que mezclar? Ahora también quiere competir en el tema del gas comprando una empresa distribuidora de gas. Entonces, ¿qué reforma viene del Gobierno en esta materia? ¿Cuál es la reforma? No quiero que con estos temas detengamos el proyecto de agrocombustibles. Creo en el agrocombustible, aunque pienso que hay que subsidiarlo y liberarlo, dando más garantías a los productores para que planten porque, de lo contrario, no lo van a hacer y vamos a hacer biodiesel únicamente del sebo -como me decía recién el señor Senador Moreira-, que es el más barato. Nosotros queremos que haya plantaciones. Y ahí está el artículo 22 que refiere al IMESI y el 20 que establece la paridad de los diferentes combustibles, pues dice que el biodiesel tendrá el régimen tributario vigente del gasoil y el alcohol carburante tendrá el régimen tributario de las naftas y gasolinas.

Ahora bien, ¿cuánto más IVA nos va a dar una hectárea plantada de soja? ¿Es lo mismo para el Gobierno importar un barril de petróleo y refinarlo que una hectárea plantada? ¿Es lo mismo? Si no es así, ¿cómo lo vamos a tratar igual? ¿No tenemos más IVA y más trabajo? Son las preguntas que el Partido Nacional se hace. ¿Por qué la paridad de impuestos? ¿No es el momento para bajar los impuestos, aflojarle a la sociedad y dar la posibilidad de que haya producción o, justamente, plantación de girasol y de soja para producir biodiesel? ¿Habrá un proyecto supraalcoholero? Ojalá que sí y ojalá retorne el costo alto que hoy tenemos en el norte, pero eso va a suceder si detrás contamos con genuinas elaboraciones.

Nosotros no estamos en contra del proyecto supraalco-holero, sino del derroche que significa no mirar los números, no exigir eficiencia y tener una baja producción de caña de azúcar. Según hemos sido informados, este año hemos tenido costos muy altos y cosechas muy bajas. Entonces, señor Presidente, se nos enciende una luz amarilla, no roja pero casi anaranjada, que nos lleva a preguntarnos qué están haciendo en Bella Unión. Hagamos las cosas bien. Dicen que se invirtieron U$S 25:000.000 en el proyecto supraalcoholero; quizá sea una cifra disparatada, pero no lo sé. ¿Qué retorno tiene la sociedad uruguaya? De acuerdo con lo que dice el Gobierno, no lo va a tener ahora, sino a diez o quince años en un proyecto de desarrollo agropecuario o agroindustrial. Me sirve estudiarlo, pero veamos bien los números. No podemos estar regalando dinero para después tener los problemas que hemos experimentado en Bella Unión, justamente por regalar. Por lo menos, no cometan el mismo error que los militares cometieron en el pasado.

El señor Senador Michelini me ha solicitado varias interrupciones, por lo que, con mucho gusto, le concedo el uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: el señor Senador Heber, al referirse a varios artículos de este proyecto, reiteradamente pregunta por qué. En principio creí que íbamos a tratar este tema el próximo miércoles y a dar la discusión ese día. En lo personal, mi propuesta perdió, ya que había planteado que este tema se discutiera en el día de hoy. Sin embargo, ahora veo que igual estamos discutiendo, a pesar de que el tema va a terminar de tratarse el próximo miércoles.

De todos modos, se han nombrado algunas disposiciones, entre ellas el artículo 18, sobre el que se pregunta por qué el Poder Ejecutivo va a pedir un permiso especial y se afirma que vamos a prohibir la exportación. Aquí no se dice nada de que vamos a prohibir la exportación.

Ahora bien, no somos tontos y si el Estado uruguayo durante diez años otorga subsidios para que una industria se mantenga, cuando el precio internacional del crudo sube -reitero que durante diez años se dejó que esa empresa permaneciera en el mercado, porque si le dábamos libertad pero no subsidio no podía mantenerse- corresponde compartir con el Estado uruguayo. Luego de que durante diez años el Estado o la sociedad uruguaya estuvo subsidiando a esa empresa, no puede venir a decirnos que no, que nos embromemos, que ahora se va al mercado internacional porque paga más. Eso no me parece justo; yo quiero defender los dineros públicos. Si estoy subvencionando durante diez años, desde un principio quiero tener herramientas para que los que nos piden subsidios, en el momento en que el precio internacional sube, permitan que la sociedad uruguaya reciba los beneficios.

Esa es la explicación de esta iniciativa; no estamos prohibiendo nada, señor Presidente, sino poniendo un ejemplo.

En este sentido, también podemos mencionar lo que ha dicho el señor Senador Abreu con respecto al artículo 15. Quiero que quede claro que aquí se hacen dos mezclas. Una es la que hace ANCAP, que no tiene nada que ver con el monopolio, y la otra es la que se hace para las flotas cautivas. De la mezcla que una empresa hace para su flota cautiva -al respecto, el señor Senador Breccia me decía que la disposición no está bien redactada, pero podemos modificarla- ANCAP no tiene por qué ser responsable. Si se hace mal la mezcla, ¿por qué tiene que ser responsable ANCAP? El responsable de esa mezcla es el que la hace y no ANCAP. Nosotros queremos que la mezcla la haga ANCAP; quizás en el futuro la puedan hacer otros, pero no hay que mezclar el desarrollo de esta industria incipiente -y que me escuche el señor Senador Heber- con lo que significa velar por los consumidores. Los consumidores en el Uruguay tienen un buen producto y no tienen problemas en sus motores. Hay un buen producto que está técnicamente controlado y no se producen roturas de motores por la producción que hace el Estado uruguayo a través de ANCAP.

SEÑOR HEBER.- Sí hay.

SEÑOR MICHELINI.- Bueno, si las hay, es responsabilidad de ANCAP. El Estado uruguayo, en esta industria incipiente, va a dar un subsidio y quiere cuidar a los consumidores. Si alguien quiere mezclar, elaboremos un artículo que habilite la mezcla, pero que no se le pidan subsidios al Estado uruguayo, porque hay una Ley, la Nº 17.567, votada el 20 de octubre de 2002, que consta de tres artículos y ya habilitaba las energías alternativas. ¿Por qué hasta este momento esas energías no se han desarrollado? Porque se necesitan subsidios.

SEÑOR HEBER.- Por el monopolio de ANCAP.

SEÑOR MICHELINI.- No tiene nada que ver el monopolio de ANCAP, porque hay una ley que establece esa habilitación.

SEÑOR HEBER.- ¿Y quién compra?

SEÑOR MICHELINI.- Creo que, en definitiva, lo que se quiere es que compre ANCAP, es decir, que el Estado subsidie y luego termine comprando ANCAP. En realidad, si no se subvenciona y no hay situación de escala, esta iniciativa no da resultado, salvo que se eliminen todos los impuestos. Cuando se eliminan todos los impuestos y se produce en negro es cuando esto sirve porque incluso con un barril caro como el de ahora, el petróleo resulta más barato que el biodiesel y el alcohol.

Es cuanto quería decir por ahora; cuando llegue el momento de mi intervención profundizaré más en este tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: en realidad, creo que no nos vamos a entender porque la mentalidad monopolista defiende esa concepción. El Estado va a desarrollar una actividad; sin embargo, "como yo te desarrollé, vas a estar preso y vas a tener que devolver". No es así, señor Presidente; la actividad se desarrolla o no se desarrolla; queremos o no queremos que se produzcan biodiesel y agrocombustible. No podemos estar cobrando de por vida porque durante diez años se dio un subsidio. Si la decisión de desarrollar es nuestra, ¿cómo después vamos a cobrar o a decir que aunque el precio internacional es mejor, igual hay que seguir vendiéndole a ANCAP? No; se trata de una actividad que se desarrolló, que creció, y si mañana los que la llevaron a cabo exportan, también el Estado uruguayo tiene la posibilidad de importar biodiesel.

Los empresarios no son presos; no tienen que estar dentro del Estado y agradecidos de por vida o por generaciones porque durante cinco años el Estado los ayudó a caminar y a desarrollar su actividad. No es así; el Estado cree que es importante que la actividad se desarrolle y eso es lo que hacen los empresarios. Después ellos caminan solos.

En definitiva, ese es el error en el que incurre una mentalidad monopolista que muchas veces percibo a través de ciertas reflexiones.

SEÑOR ALFIE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: en el mismo sentido en que se ha expresado el señor Senador Heber, quiero decir que, a mi juicio, el error es de concepto y radica en la forma en que se analiza la historia. ¿Cuántos subsidios se dieron para la cuenca arrocera en el Uruguay? ¿Cuánto costó la electrificación de la cuenca lechera? Estas actividades se subsidiaron invirtiendo centenas de millones de dólares. En esos casos se trató de subsidios para la infraestructura, y en este también hay que generar un subsidio para algo. Mientras tengan subsidio las empresas no van a ganar y si ganan será apenas un poquito. Ahora bien, si algún día el destino depara que puedan ganar muy bien, ya se les va a aplicar el Impuesto a la Renta, porque las empresas toda la vida pagaron ese tributo. También se les va a aplicar el Impuesto al Patrimonio y otros más. De esta manera, lo que estamos haciendo es decir a las empresas que siempre van a estar bajo la decisión administrativa del Estado y que no van a ser libres porque dependerán de que algún burócrata, un político, les dé una mano. En definitiva, se les está diciendo "Háganse amigos del Juez". Eso es lo que dice este artículo y ahí radica el error de concepto, ya que si fuera así tampoco exportaríamos arroz o leche, porque total para qué vamos a exportar si vamos a tener esos productos mucho más baratos aquí adentro. Si así fuera, en vez de aceite haríamos aceite con manteca, de tanta leche que tendríamos.

SEÑOR PRESIDENTE.-Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: voy a continuar con las reflexiones porque creo que son las que nos ayudan a entender este tipo de proyectos. No quiero ingresar a la discusión particular y digo esto porque el señor Senador Michelini llamó la atención sobre el hecho de que yo había mencionado dos o tres artículos del proyecto. Efectivamente, así lo hice porque esos artículos son los que nos chocan y los que definen esta situación. Insisto en imaginar - lástima que el señor Senador Michelini se retiró de Sala- que el día de mañana ANCAP puede llegar a competir con un socio importante, uno económicamente importante, que se seleccione por ser el mejor y no a dedo; estoy pensando en un socio que pueda liberar y hacer competir a ANCAP. Ahora bien, si ANCAP tuviera que competir, ¿subsidiarían el boleto metropolitano? No, no lo harían porque tiene que competir. Si tuviera que competir, ¿estaría poniendo plata en el proyecto sucroalcoholero, a veces con cifras millonarias sin retorno? No, porque si no le ganan Petrobrás, Repsol y PDVSA. Entonces, es importante competir porque da transparencia.

¿De dónde vamos a sacar los recursos? Algunos dirán: "Por eso mismo queremos el monopolio, porque queremos hacer el proyecto sucroalcoholero"; pero es un error, porque el subsidio para ese proyecto o para el boleto tiene que salir del Estado central y no de la empresa pública. Eso se tiene que votar acá y no encubrirlo para no saber a dónde va. Es mejor incluirlo en el Presupuesto; entonces muchos votaríamos el subsidio de Rentas Generales, de lo que paga la sociedad uruguaya, si los Legisladores y el pueblo saben cuánto se va a destinar por año para este proyecto y cuánto se va a gastar en el boleto metropolitano. Aclaro que queremos el subsidio al boleto metropolitano, pero no de esta manera, porque no se sabe cuánto dinero se necesita. Acá no se está discutiendo si queremos o no los subsidios, sino cómo estructurarlos.

SEÑOR LORIER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR LORIER.- Sin duda alguna esta discusión es interesante, pero me surge una pregunta para el señor Senador Heber acerca del papel que le otorga al Estado. Estoy observando que el señor Senador Heber da un paso interesante en el sentido de que ya no ve al Estado solamente como orientador, guiador y planificador de grandes políticas, sino que le parece bien -concretamente, en este proyecto de los agrocombustibles- que intervenga, que subsidie, que colabore y que estimule. Esto es muy importante; es un avance frente a las concepciones neoliberales que ven al Estado como juez y gendarme, con algún papel en infraestructura y en otros aspectos. Reitero que considero interesante que en este proyecto sobre agrocombustibles - así como en otros- vean al Estado en un rol más avanzado.

Por otro lado, en su momento accedimos -nos parece importante que esto se dirima, frente a las aseveraciones que ha hecho el señor Senador Heber- a algunos cálculos vinculados a ANCAP, que nos parecen muy serios. Precisamente, apoyamos el proyecto sucroalcoholero porque no es solamente azucarero sino, como lo dice su nombre, sucroalcoholero. Entonces, en la globalidad del proyecto, que refiere a la producción de azúcar y etanol, las rentabilidades a las que hemos podido acceder son importantes porque este no es un proyecto a pérdida, no es un subsidio en donde no existan las tasas de retorno adecuadas.

También es importante saber que existen apoyos vinculados a PDVSA y una inversión de entre U$S 7:000.000 y U$S 12:000.000 que está respaldando esta actividad.

Reitero que es interesante la intervención del señor Senador Heber en cuanto a que más allá del papel tan clásico del Estado en el neoliberalismo, ve un rol más importante en la vida productiva del país, por parte tanto del Estado como de sus empresas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: aclaro que me gusta mucho la discusión política. Es verdad que el señor Senador quizás esté viendo una evolución de los que antes éramos tachados como neoliberales y hoy se nos ve muy cercanos a los socialistas; de la misma forma, a otros que eran socialistas ahora se los ve como neoliberales. En realidad, se está entreverando el mazo, que es lo bueno en esta actividad. Hoy nos estamos pechando todos en el centro; ahí hay un amontonamiento de gente impresionante. Después, empezamos con los de centro-izquierda, centro-izquierda- izquierda y centro-derecha-izquierda; sin embargo, el señor Senador Lorier se mantiene firme en su posición.

Vuelvo a decir que me tienta la discusión de carácter político, pero me gustaría seguir la discusión en la línea de razonamiento que estaba haciendo. Me interesa que cuando el Partido Nacional gane en el próximo período no tengamos que modificar este proyecto. Es importante que podamos hacer un proyecto que perdure en el tiempo, porque es una gran herramienta. Precisamente, lo que nos preocupa es esa confusión que tenemos con las empresas que son propiedad del Estado que, a mi juicio, ya están con edad suficiente para competir. Lo demostró el Banco de Seguros del Estado, ¿o no es así? En aquel momento decían que el Banco de Seguros se iba a fundir. Hoy todavía falta desmonopolizar seguros, y debemos encarar muchas cosas más, como los seguros obligatorios, porque mucha gente está desamparada en caso de accidentes al no haber una ley sobre seguros obligatorios. De cualquier manera, ese es otro tema. Pero, ¿qué pasaba? ¿Qué decían? Se venía el infierno, pero no sucedió nada y el Banco de Seguros está compitiendo, muchas veces con éxito y otras con subsidios encubiertos, porque todavía tiene monopolios; aún no hemos terminado de hacer el trabajo.

¿Qué hicimos cuando se aprobó la Ley de Puertos? Se redujeron los costos y se hizo competitivo, a pesar de que venía hecho un desastre. ¿Qué pasó con la playa de contenedores? También se decía que iba a ser un desastre; sin embargo, ahí está. Estamos orgullosos de nuestro puerto, porque es competitivo. Incluso, las actuales autoridades frentistas del puerto festejaron el otro día -aunque con bandera ajena- haber alcanzado una cifra a la que nunca se había llegado antes. No importa, todos somos la continuidad de este proceso, donde no se toca ni una coma, como también ocurre con el Banco de Seguros, en el que tenemos que seguir trabajando. ¿Más ANCAP? No; más libertad. Me gusta una frase que escuché de un Senador oficialista, quien dijo que era libertario; me encantó, yo también soy libertario, me gusta la libertad, provengo de un Partido que quiere, que ama la libertad, y también la igualdad, que no va en su desmedro. Me refiero a la igualdad hacia arriba, no hacia abajo, hacia los $ 6.400. Este es el tipo de igualdad que queremos. Hay que liberar y dejar hacer porque, de lo contrario, la gente hace y después viene el Estado a controlar y a maniatar lo que la gente emprendió por sí sola.

Si hago la mezcla en mi casa, soy responsable de lo que le estoy poniendo a mi auto. Por supuesto que no quiero romper mi auto, pero tampoco deseo tener ningún Estado que me diga lo que tengo que hacer.

¿Por qué solamente las flotas cautivas pueden mezclar y un particular no? ¿Estará en riesgo el motor? Puede ser, pero yo no quiero romper el motor de mi auto. Entonces, ¿por qué tiene que venir "papá Estado" a decir qué es lo que tengo que hacer? Es más; no solamente dice, sino que además hace y me vende la mezcla, y es el único que compra. Creo que esto no debe ser así.

Estamos en un buen momento para adelantarnos a lo que viene. ¿No viene una reforma del Estado? En ese caso, podemos ir haciendo proyectos acordes a ella y no estableciendo más monopolios. Por eso, señor Presidente, creo que es una buena oportunidad para darnos unos días y hacer algunas correcciones al proyecto que puedan generar ese país libertario e igualitario que todos queremos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Algunos señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra discuten otro proyecto de ley y no el que está arriba de la mesa; discuten el tema de la energía eólica, que no es lo que estamos tratando. Si se quiere discutir el tema del monopolio de ANCAP, se tiene que presentar un proyecto en el Senado, que se podrá votar o no; pero repito que no tiene nada que ver con esta cuestión. Si hoy se quita el monopolio y se dice: "Señores, el que quiera hacer biodiesel, que lo haga; la carga tributaria para el combustible es tanto", entonces el biodiesel no se venderá, dado que el combustible resultará más barato, porque todavía el precio del petróleo es menor.

Lamento que el señor Senador Heber se vaya de Sala, cuando nosotros lo hemos escuchado con mucha atención. Realmente, con sinceridad digo que lo lamento, porque el señor Senador pregunta, pregunta y pregunta; en todo caso, podríamos pedir un cuarto intermedio, el señor Senador sale a fumar y después volvemos todos, pero lo cierto es que, reitero, después de haber preguntado mucho, no se queda a escuchar las respuestas.

SEÑOR HEBER.- Está bien; el señor Senador Michelini tiene razón. Me quedo a escuchar.

SEÑOR MICHELINI.- Aquí se han dicho varias cosas; se ha hablado, por ejemplo, del tema de la mezcla. Por mi parte, reitero lo siguiente: podrá gustar o no el hecho de que la mezcla la haga ANCAP, pero lo cierto es que cuando la hace, el organismo es el responsable; sin embargo, cuando la hace otro, es evidente que el responsable será ese otro.

Si se avanza en el tema del biodiesel, quizás podrá haber modificaciones a la ley en el futuro. Personalmente, creo que esto constituye justamente eso, un avance.

Que no se nos venga a decir, señor Presidente, que el que hace 4.000 litros por día hace muy poco, cuando constituye el 5% de la mezcla; estamos hablando del combustible de ocho camiones de cisterna por día. Si la mezcla se hiciera al 10%, por ejemplo, ya estaríamos hablando de cuatro camiones cisterna por día, pero, además, debemos tener presente que se trata del consumo total. En este último caso estaríamos hablando de que el artículo 14 permitiría 4.000 litros de biodiesel por día que, mezclados con el combustible, serían cuatro camiones cisterna. Recuerdo a los señores Senadores que estamos hablando de una mezcla hecha al 10% y no al 5%, aunque admito que en algunas circunstancias el porcentaje podría superar el 10% e incluso, en algunos climas muy cálidos, puede llegar a más de un 20%.

Además se agrega: "El Poder Ejecutivo podrá, por razones fundadas, modificar el límite estipulado en el inciso precedente". Quiere decir que una persona puede presentarse y decir que necesita consumir seis camiones cisterna por día porque tiene una flota inmensa, y si el Poder Ejecutivo lo autoriza, lo puede hacer. Reitero: si ANCAP mezcla, es el responsable, pero si mezcla otro, ese otro será el responsable. Si se quiere presentar un proyecto con el fin de aumentar el tope de 4.000 litros también es posible hacerlo.

El objetivo de la ley es comenzar a hacer experiencia. Si el mercado estuviera liberado, independientemente de la tasa impositiva, el biodiesel no tendría mercado, y menos aún lo tendría el alcohol; es decir que nadie mezclaría, porque hoy el precio del combustible es más barato. Estas experiencias se están haciendo porque en el futuro el precio del petróleo seguramente va a aumentar, y si coincidimos en que el tema energético es esencial, no tener experiencias energéticas puede ser fatal para la economía uruguaya. Pero para llevar a cabo estas experiencias, hay que subvencionarlas de dos formas: pagando y generando el consumo. Es decir, tiene que haber alguien que las compre.

Otro artículo establece que los costos resultantes de las incorporaciones estipuladas son transferidos a tarifas, pero el Poder Ejecutivo puede buscar otros mecanismos. De manera que se puede optar por llevar el costo a las tarifas, a Rentas Generales o buscar una solución intermedia: que una parte sea asumida por la flota global de combustible y otra por el conjunto de la sociedad. Tampoco sería bueno que en el caso de los vehículos de paseo el costo termine siendo subvencionado por toda la sociedad, incluso por los que no tienen auto.

En este caso, se trata de una experiencia que está siendo subvencionada, ya sea porque no se cobran los impuestos o porque el consumidor es ANCAP y lo carga en el conjunto de los costos. Si hoy ANCAP no comprara -salvo en algunas flotas importantes- y no se hiciera una cuestión de escala, estas experiencias no podrían llevarse a cabo.

La experiencia de Bella Unión es costosa, pero lo es en función de aquello con lo que se la compare. Si el precio del barril de petróleo crece mucho, seguramente la inversión que se está haciendo será muy fructífera, pero si se derrumbara -lo que parece muy poco probable en la medida en que se trata de un bien finito, aunque puede haber adelantos tecnológicos que hoy no conocemos- naturalmente que el peso de esa experiencia en la sociedad uruguaya va a ser más importante. Por mi parte, creo que hay que hacer esa experiencia: hay que destinar recursos a ella y luego evaluarla. A su vez, hay que tratar de concretar un desarrollo técnico de tal magnitud que nos permita optimizar los recursos sucroalcoholeros que se están haciendo allí, porque si el precio del petróleo sube - como, insisto, todo indica que va a suceder-, las experiencias de energías alternativas serán muy provechosas para el país, además de que por esta vía se podrán desarrollar polos de acción que, de otra manera, no tendríamos.

Otro artículo refiere al tema de la exportación, que no se prohíbe. La idea es no utilizar esa disposición como ocurre, por ejemplo, con los seguros, que se contratan para no usarlos. Si se desarrolla una industria que se basa en el subsidio y en un consumo de escala, naturalmente es necesario poner algunas contrapartidas. Quizás algunas son muy rígidas, pero otras seguramente son muy provechosas para la actividad privada como, por ejemplo, la de asegurar un comprador. Justamente, el gran problema de un privado es conseguir un consumidor para sus productos, es tener quien le compre. Es más, aprovecharse de la imagen de ANCAP es muy importante; incluso, si llegado el caso no se incluyeran algunos de los artículos, el consumidor va a buscar el sello de ANCAP o de alguna distribuidora que le compre al Ente, porque notoriamente no va a arriesgar su vehículo, a diferencia del señor Senador Heber que dice que hará la mezcla en el garaje de su casa. Seguramente, el consumidor pensará que es mejor recurrir a alguien especializado que la hará mejor que él y, además, va a ser garante del producto.

Como el objetivo es que la experiencia sucroalcoholera y del biodiesel se desarrolle, hay que garantizar el consumo. Esta iniciativa es como un niño que empieza a caminar; antes tuvimos que poner mucho -por decirlo así- en el desarrollo y ahora tenemos que tomar las previsiones para que no se genere en la sociedad uruguaya una suerte de mala prensa por el hecho de que cualquiera venda cualquier combustible en cualquier circunstancia sin hacerse responsable de nada. Creo que la experiencia de que el Uruguay tenga energías alternativas es más importante que generar la posibilidad de que cualquiera mezcle, y si el motor se le rompe, es problema de él. En este sentido, en la Argentina hay experiencias de estaciones-plantas -no por responsabilidad del Partido Nacional, naturalmente- donde se generaron situaciones complejas, en un mercado mucho más grande y competitivo, lo que permite que actúe como debe actuar. Hay localidades donde, si se dejara todo librado al mercado, no habría ninguna estación, ni siquiera de ANCAP. Entonces, cuando al Estado se le pide que tenga presencia, hay que darle alguna contrapartida.

De la Bancada, seguramente, no soy el más proclive a que el Estado se meta en todo, pero también digo, señor Presidente, que si a los privados, como en este caso, se les dan subvenciones y seguridades, vía contratos de compra, deben tener contrapartida. Además, si ANCAP y el Estado uruguayo hacen las mezclas correspondientes y nosotros vamos a ser los responsables de ellas, démosle a ese organismo algunas reglas para que el mercado no se distorsione de tal manera que esta experiencia se frustre. Digo esto porque la experiencia, señor Presidente, no tiene que ver con discutir la ley monopólica -aunque lo podemos hacer- o analizar si alguien hace o no mezcla en su casa. El proyecto de ley apunta a que existan energías alternativas. En otras circunstancias podemos discutir lo relativo al monopolio, pero pretender tener energías alternativas y que con un instrumento se solucionen todos los problemas filosóficos que ha planteado el señor Senador Heber, no es la intención del Gobierno ni de esta Bancada. No se llega a este proyecto de ley para solucionar el tema del monopolio; nunca estuvo planteado así. Lo que aquí se ha planteado es la posibilidad de generar energías alternativas, y adelanto que habrá subvenciones, como sucede en todas las experiencias de este tipo.

Muchos se han reído de la experiencia del Brasil; todavía subvenciona el alcohol, pero tiene una industria alcoholera y una independencia energética enorme. Además, también está logrando algo similar con respecto al petróleo. Estamos hablando de un país muy grande, que ha tenido una importante visión estratégica que ojalá pudiera tener un país más pequeño. Quizás, el camino que ha seguido el Brasil no sea el nuestro, porque no se puede comparar un país de alrededor de ciento setenta millones de personas con uno de tres millones. Sin embargo, el Brasil tiene una visión a largo plazo y, en función de ella, dispone sus recursos. Naturalmente, demanda contrapartidas a los privados. Hoy en día, las compras de biodiésel de Petrobras son inmensas pero también, repito, se estipulan contrapartidas a quienes están produciendo ese biodiesel. Tanto en el Brasil como en cualquier parte del mundo, cuando se larga el biodiesel al mercado, está absolutamente subvencionado, salvo que se le quite todo tipo de impuesto.

También se habla del tema del IVA. Aquí hay una referencia en el sentido de que estos combustibles son asimilables al gasoil y a la gasolina o nafta, como se le quiera llamar. A este respecto, señor Presidente, quiero decir que cuando venga la iniciativa que transfiere ese IMESI en IVA, independientemente de que ese proyecto de ley pueda incluir algún artículo específico que haga referencia al tema, esto estará equiparado a ello.

Ahora bien, se dice que como el IMESI se saca, quedaría el IVA. Como sabemos, el IVA se descuenta; no estamos hablando de una persona que hace biodiesel, sino de empresas que lo hacen para ANCAP o para su propia flota. Si en esa circunstancia no llegamos a un IVA neutro, seguramente la ley que vendrá -esto se está debatiendo en el Poder Ejecutivo- incluirá, precisamente, un Impuesto al Valor Agregado neutro, es decir que equilibre lo que se cobra con lo que se paga, con el fin de no generar grandes bolsones de defraudación, como los que todavía tenemos. Estoy hablando de que al aplicar un IVA neutro se evitan las defraudaciones. Esta es una discusión que está pendiente, por lo que no deberíamos activarla ahora.

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: quizás no nos podamos entender acerca de lo que estamos discutiendo hoy. ANCAP es el que mezcla, ¿eso no lo puede hacer Petrobras? ¿Por qué no? ¿Acaso no está instalada? ¿No le compra el combustible a ANCAP? Sí y también le tiene que comprar la mezcla; porque Petrobras no puede hacer la mezcla. ¿No tenemos inspectores del Ministerio y de la URSEA que puedan fiscalizar que se cumpla con las directivas? Sin embargo, no; no se puede.

Cuando el señor Senador Michelini comenzó sus palabras, habló de tal manera que se podía entender que ANCAP era una maravilla en cuanto a los combustibles, pero está mal informado. El gasoil que nosotros estamos produciendo es nocivo para los motores gasoleros de última generación que se están haciendo en Europa. Tiene un alto componente de azufre y está destruyendo los camiones. Tan es así que algunas marcas ya no pueden traer al Uruguay motores armados debido a nuestro atraso en este sentido y tienen que seguir elaborando los motores viejos porque son los que pueden absorber nuestro gasoil, y ello es así porque están rompiendo autos. Si el señor Senador quiere, podemos llamar a la Comisión a los importadores que nos han afirmado esto.

Entonces, ¿ha sido beneficioso el monopolio? ¿Tenemos el mejor y el más barato gasoil del mundo? Bueno, si tuviéramos el mejor y más barato gasoil del mundo, no me quejaría; pero no es así, sino que tenemos el peor gasoil del mundo, el más caro y, además, subsidia encubiertamente otras cosas, y no nos animamos a votarlo en la ley.

¿Saben cuál fue la ley que incluyó específicamente el subsidio que daba la sociedad uruguaya? La Ley Forestal. Allí se dijo: "se subsidia esto y se exonera aquello", de tal manera que después se pudiera eliminar ese subsidio, cosa que se hizo, y lo mismo sucede con las exoneraciones, que expresa y legalmente se eliminarán en la reforma tributaria.

Entonces, cuando se habla de ANCAP se tiene que hacer referencia a la ANCAP real: no es buena; lamentablemente, es la peor de las empresas que tenemos, y le estamos agregando más cosas a una ANCAP que no es eficiente. Ese organismo tiene condenado al Uruguay, a la producción nacional, a usar el combustible más caro de la región. ANCAP no nos lanza hacia arriba, sino que nos tira hacia abajo, porque los números tienen que cerrarle a ANCAP y no al país.

En consecuencia, estamos hablando del peor de los egoísmos, porque es una empresa monopólica y dice que se desarrolla en función del Estado pero, en realidad, lo hace en pro de los funcionarios, que son sus dueños, ya que ni siquiera los uruguayos somos los propietarios de ella. ¿Por qué no la sacamos del Derecho Público y la pasamos al Derecho Privado, a competir? Así podría empezar a caminar sola para, precisamente, competir en el mercado.

Este no es un tema filosófico, señor Senador; no hay filosofía, simplemente estamos hablando de eficacia: rinde o no. Hace mucho tiempo que todo lo de ANCAP nos está costando muy caro. El señor Senador Rubio podrá hablar de las inversiones en la Argentina; éstas también se hicieron mal porque queríamos mantener una refinería y el empleo que ella generaba. Cuando el Presidente del Directorio de ANCAP de aquel momento habló con el Presidente de la fuerza política que hoy está en el Gobierno, todos estuvieron de acuerdo en no cerrar la refinería por los empleos que ella implica. Este fue el error, señor Presidente; hubiera sido mucho mejor cerrar la refinería e importar combustible más barato, porque eso hubiera generado mucho más empleo, no en ANCAP sino en el país. Creo que esta es la anteojera que tenemos cuando analizamos este tema.

ANCAP es más grande en lo que puede y no en lo que no puede. Todos tenemos los números, todos estudiamos la ley de asociación de ANCAP y sabíamos que no era factible hacer la inversión que hicimos en la refinería si no teníamos más bocas de salida. Digo esto porque no alcanzan las bocas de salida del país; todos sabemos esto.

Muchas gracias.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: utilizo esta vía un poco elíptica para preguntarle a la Mesa cuál es la previsión sobre el desarrollo de esta sesión, ya que tenemos nueve puntos en el Orden del Día y recién estamos considerando el primero.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa también quisiera saberlo, señor Senador.

Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: la idea era agotar el Orden del Día en la sesión de hoy pero, ya que ha dado lugar a la discusión, aspiraríamos a votar este proyecto de ley en general. De todos modos, por ahora ya hay una decisión de Bancada en este aspecto.

Como decía anteriormente, si el señor Senador Heber quiere discutir el tema del monopolio, que presente un proyecto de ley en ese sentido, pero ese tema no tiene nada que ver con este que estamos considerando. Acá lo importante no es quién hace la mezcla, sino que la misma efectivamente se haga. Si Petrobras quisiera hacerla, le cobraría al Estado uruguayo; en ese caso, además de subvencionar al que hace el biodiesel y al productor, estaríamos subvencionando también al que hace la mezcla. No entiendo que se quiera seguir y seguir aportando con los recursos públicos.

En este caso, tenemos dos actores que hacen la mezcla y por lo tanto habrá que evaluar la ley. Luego habrá que evaluar a un actor que hace la mezcla, que es el que tiene flota cautiva o flota propia y, al otro, que es ANCAP. Ahora bien, supongamos que se diga: ANCAP hace la mezcla para sus estaciones de servicio y Petrobras hace la mezcla para las suyas; esta empresa puede preguntarse por qué la debe hacer. Si se le dice que la tiene que hacer porque así lo establece la ley, necesariamente va a reclamar que se le pague por ello, ya que debe montar una mezcladora. Se puede argumentar que la ley dice que la empresa tiene que mezclar para sus clientes, pero Petrobras tiene una distribuidora y, tal como lo establecen las leyes vigentes, puede sacar el combustible de "La Tablada" y venderlo a sus consumidores. Sin embargo, se le exige que lleve ese combustible a otro lado y que haga la mezcla, o que directamente la elabore en cada estación. Eso es de una falta de eficiencia tremenda.

Otro caso sería si no estuviera el monopolio, ya que se podría importar, refinar, etcétera, pero es otro tema el que discute el señor Senador Heber y no esta iniciativa que estamos considerando ahora. Este proyecto de ley implica una experiencia de subvención vinculada al alcohol y al biodiesel. Hoy mismo, ANCAP está haciendo un llamado o una precalificación para modificar la planta de azufre -la podría haber hecho el Gobierno anterior-, con un plazo que vence en 2008 o en 2009. Queremos destacar que hace diez años que este tema está pendiente, por lo que ya se podría haber concretado. De todos modos, reitero, no se hizo.

Cuando expresé la preocupación del Estado uruguayo y, particularmente, de ANCAP, para brindar un buen combustible, lo hice en el sentido de que la empresa se haría responsable de ese objetivo. Aquí no hemos tenido las experiencias de la Argentina de esas estaciones "blancas" que hacen cualquier cosa y que rompen decenas de motores. Se me podrá decir que los consumidores y los usuarios aprenden, pero ¿a qué costo?

También se podría plantear un proyecto de ley que regule la distribución, las formas de contrato entre las estaciones y las distribuidoras, etcétera, y capaz que coincidimos en muchos casos pero, reitero, esa no es la materia de esta iniciativa. Tampoco lo era en la Ley Nº 17.567, de 20 de octubre de 2002, que no funcionó -esta sí va a funcionar- porque no se estableció por ley que ANCAP incorporara los porcentajes de alcohol y de biodiesel a la mezcla. En ese momento el combustible iba a ser subvencionado, al igual que lo será con esta ley, aunque en este caso, si el barril de petróleo sube mucho de precio se empiezan a generar beneficios que quedan en el Uruguay. Naturalmente, los adelantos tecnológicos en el exterior y la experiencia propia que se viva en el país pueden ir identificando el nivel de biodiesel que se puede incorporar, con las medidas correspondientes, que quizás no sea de un 5%, sino de un 10% o 20%, y si el barril de petróleo está muy caro, se puede hacer una mezcla. Me han señalado que en determinadas zonas del trópico los niveles de porcentaje en la mezcla son incluso mucho más altos que los que estamos manejando ahora.

Termino señalando que, si bien los proyectos de ley siempre se pueden hacer mucho mejor, defiendo a este en particular porque va a hacer funcionar estas experiencias energéticas. Dentro de unos años, con la experiencia correspondiente, podremos modificar muchas cosas. La ley que se votó en el año 2002 no nos ha aportado ninguna experiencia y, salvo casos puntuales, no posibilitó que surgieran combustibles alternativos. En consecuencia, creo que estas medidas van a caminar y aspiraría a que, por lo menos, se pudiera votar en general en el día de hoy.

SEÑOR AGUIRRE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGUIRRE.- Señor Presidente: voy a tratar de ser breve, entre otras razones, porque tomé conocimiento de que se iba a considerar este proyecto de ley y de su articulado, cuando, hace algo más de dos horas, ocupé esta banca, que tan gratos recuerdos me trae de mi anterior actuación legislativa.

Me voy a referir fundamentalmente a los aspectos jurídicos de este proyecto de ley, quizás por deformación profesional pero, sobre todo, porque no voy a tener otra oportunidad de hacerlo cuando se discuta el articulado. En consecuencia, voy a aprovechar esta instancia para formular algunas reflexiones y observaciones de ese carácter.

Si se votara ahora en general el proyecto de ley lo acompañaría porque comparto los objetivos que señala el artículo 1º en su primer inciso, al decir que la presente ley tiene por objeto el fomento y la regulación de la producción y la utilización de agrocombustibles. Me parece muy bien que ese sea el objeto, pero me temo que este proyecto de ley tenga más de regulación que de fomento. De todas maneras, eso lo dirá la experiencia cuando la ley entre en vigor y se aplique.

En primer lugar, quiero hacer notar que este proyecto de ley, como se ha dicho en Sala por parte de los señores Senadores Alfie y Heber, establece un nuevo monopolio de ANCAP, es decir, ensancha ese monopolio. El artículo 2º, establece que se interpreta que la expresión "carburante nacional" comprende los agrocombustibles líquidos, en particular, el alcohol carburante y el biodiesel, por lo que está incluyendo dentro del sistema de la ley que creó a ANCAP - que es una ley monopólica- a este tipo de producción agrocombustible. Es decir, dicho esto por el artículo 2º, los monopolios de ANCAP funcionan respecto de la producción y de la comercialización de estos agrocombustibles. Y tanto funcionan esos monopolios, que el artículo 3º tiene que establecer expresamente que, respecto de la producción y exportación de los mismos, los monopolios no funcionan, por lo que quedan excluidos del monopolio de ANCAP. Así lo establece el artículo 3º que contrario sensu está determinando que el monopolio funciona en to-do el resto de la actividad de producción y comercialización.

Entonces, lo que quiero hacer notar es que como este es un monopolio que se establece a favor de un Ente Autónomo, de acuerdo con el numeral 17 del artículo 85 de la Constitución de la República, para aprobar estas disposiciones legislativas -concretamente, la del artículo 2º de este proyecto de ley- se requiere una mayoría de dos tercios del total de componentes de cada Cámara. Dice esta disposición que conceder monopolios es una de las atribuciones de la Asamblea General -que naturalmente se ejerce por ley-, "requiriéndose para ello dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara".

(Intervención del señor Senador Korzeniak que no se escucha)

- No escucho al señor Senador Korzeniak, por lo que puedo concederle una interrupción si así lo desea.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: la interrupción es para invitar al señor Senador Aguirre a que siga leyendo el artículo porque en su segunda parte dice que para establecer monopolios a favor del Estado basta la mayoría absoluta.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE.- Señor Presidente: es lo que iba a decir, porque no me he olvidado de la disposición y, además, sé leer. Efectivamente, dice que para instituir en favor del Estado -la persona pública mayor- o de los Gobiernos Departamentales, se requerirá la mayoría absoluta, pero ANCAP no es el Estado ni un Gobierno Departamental, sino un ente autónomo, como todos sabemos. Entonces, la regla general del artículo es que para instituir monopolios se requieren dos tercios del total de votos. Las únicas personas jurídicas que están exceptuadas, son: el Estado central -reitero, la persona pública mayor- y los Gobiernos Departamentales. Si la expresión "Estado" fuera omnicomprensiva de todas las personas jurídicas estatales, no habría una referencia expresa en esta disposición a los Gobiernos Departamentales. Pero, en fin, eso se resolverá en su momento y, quizás, exista la mayoría y el monopolio de ANCAP se agrande por esa vía.

En segundo lugar, quiero señalar que el proyecto de ley recae en la pésima costumbre legislativa -no inaugurada por esta Legislatura, sino que viene de larga data desde que terminó la dictadura- de ampliar el campo de las delegaciones de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo. Estas delegaciones son absolutamente inconstitucionales porque el principio en esta materia es que las facultades de los Poderes del Gobierno les han sido delegadas por la Nación y, por lo tanto, no pueden, a su vez, delegarlas, salvo las excepciones que contiene expresamente la Constitución a favor del Poder Ejecutivo, de las Intendencias Municipales y de los Ministros, desde la reforma de 1967.

Hay una clara y flagrante delegación inconstitucional en el artículo 21 del proyecto de ley que, a mi juicio, debe eliminarse. Allí se faculta al Poder Ejecutivo a exonerar total o parcialmente a los agrocombustibles nacionales de los tributos que recaigan sobre los mismos. Al margen de que a renglón seguido en los artículos subsiguientes se consagran determinadas exoneraciones en forma expresa, entiendo que si se quiere exonerar hay que hacerlo en la ley. En realidad, no es que yo lo entienda, sino que es lo que resulta del sistema constitucional. Esto surge, entre otras disposiciones, del artículo 133 de la Constitución, que le comete iniciativa exclusiva al Poder Ejecutivo para todo proyecto de ley que determine exoneraciones tributarias. ¿Qué quiere decir esto? Que las exoneraciones se establecen por ley y la iniciativa no la pueden tener los Legisladores porque sólo la tiene el Poder Ejecutivo. De esto resulta muy claro -y además lo dice el artículo 2º del Código Tributario- que las exoneraciones deben estar establecidas en las leyes y esta facultad es absolutamente indelegable y disponer lo contrario es incurrir en una flagrante inconstitucionalidad. Pero, además, el proyecto de ley contiene otras disposiciones que transfiere -"delega", dicho en la jerga técnica- facultades legislativas -es decir, temas que regula la ley- al Poder Ejecutivo, o sea, a modificar lo que se está disponiendo en la ley. Eso ocurre en el inciso segundo del artículo 5º, respecto a la disposición que dice que la producción deberá ser de materia prima nacional y con insumos producidos en el territorio nacional. En el artículo 10, se permite al Poder Ejecutivo modificar las metas definidas en los artículos 6º y 7º de la presente ley respecto de las mezclas de las que tanto nos habló hace unos minutos el señor Senador Michelini. En el artículo 14 se faculta al Poder Ejecutivo, por razones fundadas, a modificar el límite estipulado en el inciso precedente del propio artículo 14, con el único requisito de dar aviso con seis meses de anticipación. Estas disposiciones están en el proyecto de ley y tienen un determinado carácter imperativo por lo que es imposible que las modifique luego el Poder Ejecutivo. Si son asuntos de resorte legislativo, no pueden regularse por decreto. La facultad legislativa, en ningún caso es delegable en el Poder Ejecutivo.

En otro orden de cosas, quiero analizar el tema de la exoneración de responsabilidad en favor del Estado y de ANCAP, que establece el inciso segundo del artículo 15. Todos conocemos -o quizás tengo la ilusión de que así sea- la disposición del artículo 24 de la Constitución que establece, en definitiva, lo que es un axioma republicano de Gobierno. En el sistema republicano de Gobierno todas las autoridades son elegibles, tienen un mandato temporal a término y son responsables por lo que hacen en ejecución de los mandatos que les confiere el Cuerpo Electoral. Como reflejo o consecuencia de ese principio general, el artículo 24 de la Constitución -desde la reforma de 1952- establece que el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección. Sin embargo, tenemos aquí una disposición -el inciso segundo del artículo 15- que dice que ANCAP y el Estado no serán responsables por los daños y perjuicios emergentes asociados a esta modalidad de comercialización. Ninguna ley puede contener una disposición como ésta porque si se trata de una actividad estatal en sentido amplio o de una actividad específicamente desarrollada por otro ente público, en el caso de ANCAP el principio es la responsabilidad, que está establecido de modo terminante en la Constitución. Entonces, una ley no puede decir lo contrario sin incurrir en un vicio flagrante de inconstitucionalidad.

Ahora bien, el señor Senador Michelini dice que no es ese el sentido de la disposición. Leyendo con detenimiento el inciso primero, quizás podemos llegar a su conclusión. En él se establece: "La mezcla de biodiesel con gasoil sólo podrá ser realizada por el propietario o persona física o jurídica que explota la flota cautiva" -es decir, un empresario privado- "prohibiéndose la comercialización de dicha mezcla a terceros". Entonces, la famosa mezcla en cuestión, la utiliza hasta determinado límite de producción en su flota cautiva o la vende a ANCAP. Es un negocio jurídico que se efectúa entre el particular y ANCAP, previa realización de una actividad productiva por el particular. Es obvio que como esa actividad no es del Estado ni tampoco de ANCAP, no va a haber responsabilidad de ambos porque no habría un nexo causal entre la actividad dañosa, entre el perjuicio eventualmente sufrido por el particular y una actividad que ni el Estado ni ANCAP van a realizar, sino que lo hará un particular.

SEÑOR BRECCIA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR AGUIRRE.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: quiero trasmitir al señor Senador preopinante lo mismo que resultó hoy con la intervención del señor Senador Abreu, en el sentido de que en el inciso primero del artículo 15 hay un problema de redacción porque no queda claro que refiere a la mezcla de biodiesel con gasoil destinada al abastecimiento de la flota cautiva. Consultamos a los señores Senadores que más estuvieron trabajando en este proyecto de ley -con el que, aclaro, tuve un contacto ocasional- me aseguraron que eso efectivamente es así. Esto corrobora la interpretación que estaba realizando el señor Senador Aguirre en el sentido de que, obviamente, el inciso segundo hasta podría ser innecesario por cuanto no existe el nexo causal entre el evento dañoso y el perjuicio causado. De todas maneras, lo que abunda no daña, no sé si es un buen principio de técnica legislativa, pero creo que hay que dejar absolutamente excluida a ANCAP de cualquier responsabilidad por la utilización de esas mezclas en las flotas cautivas.

Tengo preparada una propuesta de modificación de redacción a los efectos de que quede absolutamente claro que lo que requiere el artículo es que la mezcla de biodiesel con gasoil es para el abastecimiento de la flota cautiva.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE.- Señor Presidente: iba a decir algo muy parecido a lo que acaba de manifestar el señor Senador Breccia. Es decir que si no se trata de una actividad estatal ni del ente autónomo ANCAP, es obvio que no puede haber responsabilidad de uno ni de otro. Por lo tanto, a mi juicio, el segundo inciso sobra, porque su inclusión lo que hace es, en una lectura rápida, generar la impresión de que se está estableciendo, en violación flagrante del artículo 24 de la Constitución, una irresponsabilidad del Estado y de un ente autónomo que, de ninguna manera, puede ser tal. Entonces, con una redacción más clara del primer inciso del artículo 15 o sin ella, la segunda parte del artículo sobra y habría que suprimirla.

Por último, si bien pienso, como los señores Senadores Heber y Alfie, que no es bueno extender los monopolios de ANCAP -y sin entrar en la discusión acerca de si estamos a tiempo de suprimir los tradicionales monopolios del Ente en materia de refinación y venta de los derivados del petróleo-, pregunto lo siguiente: si se le diera este nuevo cometido, ¿cómo lo ejercería? Evidentemente, esto lo tiene que determinar ANCAP. Pero al establecerse en la ley disposiciones que indican al Ente cómo tiene que producir este nuevo combustible, esta mezcla, y en qué proporciones, fijándole, además, límites y topes en los artículos 6º y 7º, y obligándolo luego, en el artículo 9º, a transferir a sus tarifas los costos resultantes de las mezclas -puesto que dice: "incorporaciones estipuladas en los artículos 6º y 7º"-, es como si a un ente autónomo de enseñanza le dijéramos cuáles tienen que ser los programas de las asignaturas, o como si le indicáramos a OSE qué productos químicos debe utilizar para limpiar las cañerías y para que el agua se pueda consumir.

En este Senado, en el año 1928, hubo un célebre debate sobre la autonomía universitaria, porque había un proyecto de ley que quería establecer la cantidad de períodos de exámenes a lo largo del año en la Facultad de Derecho. Los doctores José Pedro Massera, Raúl Jude y Juan Andrés Ramírez demostraron en su informe que eso era violar la autonomía del servicio. ¿Qué tiene que hacer el Directorio de un Ente Autónomo sino, ante todo, autodeterminar la política del servicio? ¿Cómo lo gestiona? ¿Es la ley la que tiene que establecer cómo se dirigen OSE, UTE y cómo debe hacer ANCAP sus procesos de producción y de comercialización? No; realmente es un exceso que en la ley se diga esto, por más que quizás el señor Senador Michelini me pida una interrupción para aclararme que si la mezcla se hace de otra manera puede ser nociva o destrozar los motores. Pero esto ya lo sabrán los técnicos de ANCAP. ¿O son tan incompetentes que no saben que si la proporción no es esa, la cosa funciona mal?

Me parece que si le damos este cometido a ANCAP, tenemos que dejar que lo ejerza, porque eso es propio de su autonomía. Las leyes no pueden establecer la forma de producir energía eléctrica, ni cómo se hace la mezcla de biodiésel con gasoil o con otro hidrocarburo, porque eso es propio de la especialización técnica del servicio y para eso está el Directorio de ANCAP. ¿O el Parlamento le va a decir al Directorio de ANCAP cómo tiene que dirigir el servicio?

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR AGUIRRE.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- El problema es que aquí hay una exoneración implícita. Entonces, se podrá discutir si exonera el Poder Ejecutivo o el Parlamento, o si cuando el Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley solicitando una facultad y el Parlamento se la da, es constitucional o no. Pero los porcentajes de mezcla hay que establecerlos, porque esa mezcla está exonerada; si eso no se establece y, por ejemplo, ANCAP resuelve cualquier tipo de mezcla, quien termina resolviendo las exoneraciones es el Ente, lo que parecería que no debería ser. Por lo tanto, hay algunos detalles que es necesario establecer, porque tienen consecuencias económicas y específicas.

Este es el comentario que quería hacer con respecto a lo que manifestaba -si no entendí mal- el señor Senador preopinante.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE.- Señor Presidente: me sorprende un poco la observación del señor Senador Michelini porque, en realidad, creo que quiere tutelar por ley los intereses generales del Erario y establecer que no se puede mezclar más, porque de esa forma se cobran menos impuestos por concepto del otro tipo de combustible. Quizás tenga razón y desde el punto de vista económico esto pueda resultar así. Pero, de todas maneras, es entrar en un detallismo técnico en la ley, que no corresponde, porque no se utiliza en ninguna materia. Las leyes deben prescribir por vía general y no entrar en especificaciones técnicas porque, inclusive, por más que los Legisladores nos informemos, no estamos capacitados para decir si la mezcla se debe hacer con un 1% o un 2% más o menos. Entiendo que de esta manera el Directorio de ANCAP pierde toda libertad para producir estas mezclas como entienda que técnicamente correspondan. Por ejemplo, si mañana, por adelantos tecnológicos, por evolución de la ciencia, se descubre que las mezclas deben ser en otra proporción, resulta que va a haber que venir al Parlamento a solicitar una modificación de la ley, porque esta no lo permite. Me parece que eso no corresponde y, reitero, es propio de la autonomía de un Ente Autónomo establecer de qué manera ejerce sus cometidos, tanto en lo técnico como en su política comercial, por lo que este aspecto no debe establecerse en la ley.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Fernández Huidobro.

SEÑOR FERNÁNDEZ HUIDOBRO.- Voy a tratar de mantenerme en el tratamiento del proyecto de ley, tal como lo ha hecho el señor Senador Aguirre, porque anteriormente habíamos andado por varias otras leyes, inclusive algunas de ellas plebiscitadas y derogadas, y por varios otros temas, entre los que hasta se mencionó mi libro; eso no tenía absolutamente nada que ver con lo que estamos considerando. Se nota la ausencia del señor Senador Long, a quien tendremos que esperar para poder entrar en el tema, con la salvedad que hice en cuanto a los análisis jurídicos muy concretamente referidos a este proyecto de ley. Ya habrá tiempo para discutir los demás interesantísimos temas, muchos de ellos apasionantes.

Sospecho fuertemente que soy medio anarquista y, en ese sentido, propugno la disolución del Estado -creo que el señor Senador Lorier, a lo largo de los años, anda por mi camino-, por lo que supongo que el ataque al aparato burocrático estatal que se ha hecho aquí, fue endilgado al Partido Colorado; porque el Partido Nacional gobernó nada más que tres veces en nuestro país desde la época de Berro, y ¡la FIFA no organizó el aparato estatal en el Uruguay y tampoco pudo haberlo hecho la izquierda, ya que hace muy poco que ocupa el Gobierno! Entonces, supongo que se trata de un ataque furibundo al Partido Colorado. Aquí hay un progreso porque se ataca, inclusive, al derecho de propiedad, y me refiero al caso de ANCAP. En realidad, soy partidario de la propiedad privada, pero totalmente generalizada.

Además, quiero decir que las "sopas" de combustible -así se las denomina en Argentina- han hecho estragos e, inclusive, afectaron a ANCAP, porque aun teniendo sello -esto lo recuerdo de la memorable Comisión Investigadora-, nos vendieron "sopas" y las víctimas de las "sopas" que despachamos en nuestras estaciones de servicio nos reclamaron; vino hasta la Policía y estuvimos a punto de caer presos. En Argentina es absolutamente libre que cualquiera mezcle, y como uruguayos ya hemos sufrido las consecuencias de esa libertad.

Sin embargo, a fuer de libertario, yo creo que en estas consideraciones filosóficas, con relación a un tema muy particular como el de los combustibles -que son apenas una parte de la energía de nuestro país- nos hemos comido la cuestión nacional, el nacionalismo. ¡Vaya paradoja de la que me voy a ocupar! Creo que se puede ser muy libre, liberal o libertario en muchísimas cosas, pero mientras haya escasez seguirá habiendo economistas, porque la economía es la ciencia de la escasez, y el día que no la haya, esa ciencia desaparecerá. Asimismo, mientras haya escasez, debe haber Estado y Estado nacional.

Con respecto a este tema, lo mejor sería importar biodiesel de Argentina, que debe ser el más barato del mundo. Este país tiene el grano subsidiado a la altura del 23%; el biodiesel subsidiado a la altura del 5%; el fenómeno por todos conocido que produce el impuesto de las retenciones, y subsidios específicos. De acuerdo con los datos proporcionados a la Comisión por ingenieros de la Asociación Rural, la planta de biodiesel en Argentina es gratis para el industrial. Así es que podríamos no votar este proyecto de ley, comprarle el biodiesel a uno de los graneros del mundo y uno de los complejos oleaginosos más grandes de la Tierra; nos resultaría barato y andaríamos fenómeno. Todo eso mientras nos lo vendan. Y, entonces, ahí, el mercado deja de funcionar y aparece la bendita o maldita cuestión nacional. El personaje de "Un día en la vida de Iván Denisovich" de Solzhenitsyn, admirando al evangélico que en el campo de exterminio de los Gulag compartía la comida, decía: "El día que todos sean como el evangélico, yo también voy a ser como el evangélico". Entonces, queda claro por qué protegemos el mercado interno.

Esta ley es un regalo de Navidad o de Año Nuevo para el país y constituye un antes y un después. Va a tener un fortísimo impacto en el campo, en los sistemas industriales, en la generación de trabajo, en resucitar chacras muertas, en promover nuevos nidos y la migración de gente al campo del Uruguay; insisto, del Uruguay, no de otro país.

Uno de los artículos, que fue muy criticado, dice que en ciertas circunstancias de seguridad de suministro -nada más ni nada menos-, el Gobierno podrá exigir permisos de exportación. Se está refiriendo a casos que se pueden dar como una gran sequía o el fracaso de una cosecha, es decir, a un tema estratégico y básico, nada menos que a la seguridad de suministro de los combustibles.

En el año 1941, existiendo ANCAP, el Comité de Países Aliados administrador del petróleo y de los petroleros de este lado de la batalla, cuando los nazis que administraban lo mismo del otro lado iban ganando, les comunicó por nota a mis padres y abuelos que, a partir de determinado día -digamos la semana siguiente- el Uruguay iba a recibir nada más que el 32% del petróleo que precisaba. Últimamente ha ocurrido algo parecido con el gas, con la energía eléctrica y con los puentes. ¡Como para no darle al Gobierno esa facultad en esta ley!

En realidad, la pelea que se inaugura con esta iniciativa refiere, en primer lugar, al tema de la energía, vital para cualquier sueño -blanco, colorado, frenteamplista o independiente- de este país. Se trata de la pelea por la independencia, por lo menos en el abastecimiento de los energéticos. Eso, al precio que sea; en este tema, no se puede hacer cuentas de mercado como un almacenero -con el respeto que ellos me merecen-, y es por eso que se subsidia. No importa que el precio del petróleo suba o baje; hay un tema que es anterior.

Creo que esto se debió hacer mucho antes en el Uruguay y, en realidad, puedo decir que se hizo. Para que no pasara más lo que ocurrió entre 1941 y 1945, preclaros hombres -no precisamente de mi Partido- crearon el Departamento de Alcoholes de ANCAP, El Espinillar y la destilería de Paysandú. No se producía alcohol para tomar -aunque tengo amigos que lo toman- sino para utilizarlo como carburante, y en mala hora se abandonó ese profético camino; cometimos un error estratégico. Como aquí se dijo, no vamos a pasar boleta, pero la historia debe quedar clara. El Uruguay fue pionero en este tema, pero luego se abandonó ese camino. Antes del precio y de los valores de mercado está la independencia, la seguridad de suministro de energía que hoy está puesta en duda en todos los países pequeños y también en los medianos y en los grandes.

Esa es una situación que estamos observando ahora. Hay problemas con los caños que traen gas. Ucrania se enojó con Rusia y casi deja sin gas a toda Europa. Las peleas que se dan en torno al Caspio y en Afganistán se deben a los gasoductos, mientras que las de Medio Oriente son por el petróleo. Para mirar el futuro, no hacemos nada mal en tratar de sacar nuestro petróleo con el sudor de la tierra. Ese barro, que es muy generoso, da independencia y tiene propiedades combustibles.

La gente del agro que nos visitó dijo que se trataba de una ley muy tímida y que tendríamos que apostar a un porcentaje mayor, porque con la mitad de la soja ya se llega al 5%, con la mitad del girasol, hoy alcanzamos el 5%, y con el sebo vacuno que exportamos también llegamos hoy a ese porcentaje. Los brasileños y la ESSO decían: "Ponga un tigre en su motor"; nosotros deberíamos proclamar: "Ponga una vaca en su motor". Yo no sabía que las vacas eran una fuente de energía; cada una de ellas produce 15 kilos de sebo de mala calidad -el bueno se destina a la repostería-, y cada kilo es un litro de gasoil. Es decir que cada vaca produce 15 litros; si faenamos 50.000 novillos por semana, -o sea, 200.000 por mes-, tendríamos 3:000.000 de litros de biodiesel producidos por las vacas que llegan a los frigoríficos. Eso es gracias a nuestro pasto y nuestras colinas. Asimismo, del suero de la leche se obtienen metanol e hidrógeno. Quiere decir que tenemos vacas lecheras que no son vacas cualesquiera porque, además de leche merengada, producen combustible por las tetas. Personalmente, creo que solo con eso se podría hacer funcionar "a vaca" varias centrales térmicas que hoy nos están pasando por el carburador, para que otra vez se oigan mugidos en La Tablada cuando se prendan los generadores. Además, todo el dinero que se obtiene queda dando vueltas aquí, en el país, mes a mes, día a día, y no se nos va a lontananza. Este proyecto de ley es de los que inaugura este camino. Estoy seguro de que este país puede producir mucho más de lo necesario para mezclar por encima del 5%. Brasil está mezclando al 20%, pero en Tacuarembó, donde suceden maravillas - nació Gardel y tienen un hospital que es de Primer Mundo; se puede ser alemán, pero en materia de hospitales, de Tacuarembó-, hay una empresa que está mezclando al 100%. O sea que desde hace un año y medio echa nada más que biodiesel a su flota cautiva, y marcha mejor que con el gasoil de ANCAP.

Entonces, creo que este país puede. Pero además puede hacer otra maravilla, que tiene que ver mucho con la mezcla: este proyecto de ley inaugura un camino en el sentido de que existan nuevos campos oleaginosos y nuevos campos agrícolas en lugares del país en donde no se podía plantar porque estaban lejos de los puertos y había un problema de costos en materia de fletes. Si ANCAP coloca mezcladoras bien elegidas junto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en campos que hoy no se plantan porque están muy lejos de los puertos, se podrá también sacar biodiesel de esas lejanías inaugurando una nueva frontera agrícola en el Uruguay con la sencilla disposición de estas letritas negras que pusimos sobre un papel blanco y que obliga a que todos los uruguayos -por lo menos, la gente que viva aquí, en el país- deban consumir gasolinas y gasoil mezclados con alcohol y biodiesel.

Me da cierta lástima este debate, porque en la Comisión se trabajó intensamente; lo hicieron las compañeras y compañeros del Frente Amplio, y los colegas Senadores del Partido Colorado y del Partido Nacional. Este proyecto de ley está lleno de modificaciones introducidas por partidos de la oposición. La última, la que exonera, no por 5 años, sino por 10 años -un logro que yo creí que iba a ser imposible-, se debe a gestiones del Partido Nacional ante los Ministerios de Industria, Energía y Minería y de Economía y Finanzas. Entonces, sería una ley para festejar, para colgar en el arbolito o para ponerla en el pesebre.

Sustantivamente, este proyecto de ley habla de lo que señalábamos. Ojalá esta iniciativa augural, que va a hacer que el país abra esas tranqueras y que cometamos muchos errores y recojamos muchos aprendizajes, sea la piedra fundamental de una gran producción de agrocombustibles. Brasil dice, sin equivocarse y sin exagerar, que es la Arabia Saudita de la biomasa; es verdad, lo es. Bueno, con la potencia y experiencia tecnológica que tiene ese vecino, vamos a tratar de abrir nuestros propios pozos petroleros.

SEÑOR ITURRALDE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Iturralde.

SEÑOR ITURRALDE.- Señor Presidente: por lo que dice el señor Senador Fernández Huidobro -muchos de los conceptos son compartibles-, me temo que por momentos estamos discutiendo sobre cosas distintas, porque desde aquí nadie dijo que no quería reglamentar este tema y llevar adelante este tipo de combustibles.

El señor Senador se lamentaba por la ausencia del señor Senador Long, y también lo lamenta el Partido Nacional, a tal punto que pidió que la consideración de este tema se pospusiera hasta la semana que viene, para que él, es decir, el Presidente de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios, pudiera estar presente. Simplemente, y por el apuro que hubo por tratar hoy el proyecto de ley, el señor Senador Long no pudo asistir a esta sesión.

Por consiguiente, siguiendo el criterio que se plantea sobre la presencia del señor Senador Long, de lo que conversaron Diputados y Senadores del Partido Nacional con el señor Ministro de Industria, Energía y Minería y con el Presidente de ANCAP y de acuerdo con lo que hablaron el Presidente del Directorio del Partido Nacional con el Presidente de la República para tratar de elaborar esto más a fondo, voy a solicitar que este proyecto de ley sea analizado la semana que viene, tal como se había planteado inicialmente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Fernández Huidobro.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: creía que en la Bancada del Frente Amplio habíamos resuelto que hoy se votaría en general y por lo tanto se accedería a lo que pide el señor Senador Iturralde.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así es, señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: quiero dejar algunas constancias, porque puede haber alguna interpretación -por cierto equivocada- de que el que no dice nada, está consintiendo, y no es así. El que calla cuando debe y puede hablar, otorga; pero no estoy de acuerdo con aquello de que "el que calla otorga", aunque en un lenguaje un poco de boliche, algunos creen que es así.

Como no voy a intervenir en la discusión en general de un proyecto de ley que me parece que en su primera discusión va a tener una votación muy generalizada -por lo tanto, no va a haber problemas de mayorías-, quiero dejar sentado lo siguiente. Primero: cuando se crearon todos los Entes Autónomos del Uruguay -todos, sin excepción- y todos los Servicios Descentralizados industriales o comerciales, nunca se planteó como tesis que no estuvieran comprendidos en la mayoría absoluta que prevé la Constitución para dar los monopolios; eso nunca sucedió en toda la historia del Uruguay.

Segunda constancia: interpreto que el artículo 2º no crea un nuevo monopolio ni extiende un monopolio de ANCAP. Este tema del alcance de la expresión "carburantes nacionales" viene discutiéndose en el Uruguay desde 1931, que fue cuando se creó la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland. En las clases que se daban en la Facultad de Derecho sobre esa ley, ya se discutía hasta dónde iba la expresión "carburantes nacionales". Está en el Tratado de Sayagués Laso, que tiene una concepción más bien expansiva; está en los libros que ha escrito Daniel Hugo Martins, que tiene una concepción opuesta; y también está muy tratado desde el punto de vista sociológico y político por Vivián Trías, en una colección llamada "Los monopolios de ANCAP", en la que aparece la opinión de todos los juristas. Quiere decir que sobre este punto unos opinaban una cosa y otros, otra.

Lo que hace este artículo 2º es interpretar el alcance de la expresión "carburantes nacionales". Desde luego que si esa interpretación fuera un invento, si nunca se hubiera sostenido, yo admitiría en la realidad -y por la vía de interpretar- que se está violando o extendiendo el monopolio. Me corrijo: violando no porque como el monopolio es de origen legal, otra ley lo puede ampliar o disminuir.

Reitero que desde 1931 se está discutiendo el alcance de esta expresión y por eso aquí se puso -no integré la Comisión, pero me parece que fue por esa razón- la palabra "Interprétase". Creo que ninguno lo debe haber hecho sin haber consultado o sin saber que esto ha sido fruto de una larguísima discusión.

Eran las constancias que quería dejar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Fernández Huidobro.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: creo que todos los señores Senadores que hoy han hecho uso de la palabra, salvo alguna interpretación de orden jurídico, han coincidido por lo menos en una cosa: que la filosofía que inspira a este proyecto de ley es buena. Es decir, que ampliar y diversificar la matriz energética del Uruguay es una buena cosa, atento a que muchas veces escuchamos que los combustibles fósiles están en vías de agotamiento o de extinción y que es conveniente que cada país, a los efectos de asegurar su soberanía y su independencia en materia energética -que en ocasiones se puede ver seriamente amenazada-, cuente con recursos propios. Y si esto le cuesta mucho al Estado -en definitiva, a los contribuyentes-, creo que el fin perseguido justifica los medios, porque vaya si este es un instrumento hábil para cualquier desarrollo productivo que se quiera tentar. La duda que tenemos refiere al sistema ideado aunque, por cierto, no ignoramos la dificultad de introducir esto, habida cuenta de la diferencia de costos existentes entre este tipo de agrocombustible y los combustibles fósiles que siguen siendo, aun a U$S 68, aparentemente más baratos, tal como señalan los entendidos en este tema. De cualquier manera entendemos que la sociedad uruguaya debe abrir un camino en esta materia. Hay una ley vigente desde 2002 que declara de interés general abrir el cauce de estos agrocombustibles.

Respecto de los artículos 6º y 7º tenemos dudas en cuanto a lo que refiere al alcohol para mezclarlo con las naftas porque, a nuestro juicio, establecen un plazo excesivamente largo, hasta 2014. Allí se encomienda a ANCAP a adquirir combustible en un porcentaje de hasta un 5% para mezclarlo con las naftas.

El artículo 7º, que es el que refiere a la mezcla de biodiesel con gasoil, prevé un triple cronograma: uno del 2% hasta el 31 de diciembre de 2008, luego un mínimo obligatorio hasta el 31 de diciembre de 2011, que se eleva a un 5% a partir del 1º de enero de 2012. Nos parece, repito, que el plazo es excesivamente largo.

El señor Senador Michelini ha hablado recurrentemente de que aquí habrá un subsidio de la sociedad pero no sabemos -salvo lo vinculado con las exoneraciones impositivas que contiene el proyecto de ley- si va a estar contemplado en el precio. No sabemos qué precio le van a pagar a quienes produzcan, es decir, a los agricultores, y a quienes instalen una planta.

A pesar de que en la Exposición de Motivos se dice: "La necesidad de la regulación legal de la actividad se ve fortalecida por la enorme cantidad de interesados en realizar inversiones de gran porte, y por la existencia importante de plantas en el país que están produciendo agrocombusti-bles con diversos orígenes y composiciones", no tenemos conocimiento de que haya demasiadas plantas; sólo sa-bemos de la existencia de dos o tres. Estuve leyendo la versión taquigráfica y me consta que hay una planta en la vieja fábrica Bao ubicada en el barrio La Teja, otra en la Intendencia Municipal de Paysandú y otra en Tacuarembó, a la que hacía referencia el señor Senador Fernández Huidobro.

Al mismo tiempo que se establece este cronograma y esta limitación en cuanto a la mezcla, se determina una importante limitación de 4.000 litros diarios en lo que refiere al autoabastecimiento y a la venta a flotas cautivas. Aquí se ha hablado recurrentemente del 2% y del 5%, pero el señor Senador Fernández Huidobro decía que en el departamento de Tacuarembó -incluso, también lo leí en las versiones taquigráficas de la Comisión- no mezclan a ese porcentaje, sino que lo usan al 100% en verano y al 50% en invierno. Entonces, me pregunto si en esto no nos habremos quedado muy cortos porque las experiencias en otros países muchas veces refieren a que los productores rurales -ya sea en forma individual o agrupados en cooperativas- son quienes plantan para abastecerse con su propio combustible y no tener que ir a comprarlo a una estación de servicio. De esa manera, los costos son distintos porque lo producen en sus propios campos. Por ejemplo, en Tacuarembó lo hacen con el sebo del Frigorífico Tacuarembó y por lo que dicen estos productores el resultado de la experiencia es muy conveniente. Entonces, repito, ¿no nos estaremos quedando cortos con los 4.000 litros, limitando innecesariamente esa posibilidad? Si pensamos en lo que ha señalado el señor Senador Fernández Huidobro, no vamos a exportar ni un litro de biodiesel. Si en Argentina está subsidiado al 28% y tiene la producción agrícola más grande del mundo -mejor dicho, la segunda después de los Estados Unidos- no vamos a exportar ni un litro. Por lo tanto, me pregunto si alguien va a instalar alguna planta de biodiesel en las condiciones que prevé este proyecto de ley porque va a tener la duda de si ANCAP le va a comprar o no ya que el Ente, en los primeros años, no tiene obligación de hacerlo. Hago esta consulta porque en la iniciativa se habla de encomendar a ANCAP a mezclar hasta determinado porcentaje, de modo que queda librado a su discrecionalidad porque puede comprar un 0.3.

Tal como leí en la versión taquigráfica, instalar una planta de hasta 50.000 litros por día cuesta € 700.000. Entonces, ¿alguien va a abrir una planta sin conocer las condiciones? ¿Bastará con que le digan que va a estar exonerado del IRIC, luego del IRAE, del IMESI y del Impuesto al Patrimonio sobre los activos fijos? No he escuchado aquí hablar de números en esta materia; por esa razón me asalta la duda de que tal vez esto sea un papel que nunca llegue a efectivizarse porque no se dé la ecuación económica como para que algún uruguayo o un inversor extranjero quiera invertir U$S 700.000, U$S 1:000.000 o U$S 2:000.000 para instalar una planta importante. No he visto los números pero sí he leído la opinión de la gente especializada de los Ministerios de Industria, Energía y Minería y de Economía y Finanzas, así como de los productores rurales. ¿No estaremos teorizando y corriendo el riesgo de que suceda lo que muchas veces pasa en muchos entes autónomos uruguayos que creen que son islas, en Intendencias y en algunos organismos públicos que arriman agua para su molino y no defienden los altos intereses estratégicos de la nación porque piensan que el mundo se termina en ellos? Esto ha ocurrido en el Uruguay. Las burocracias estatales se enamoran de su rol fundamental en el funcionamiento de la economía y me temo que esto también pueda pasar aquí, y que a ANCAP le siga sirviendo mucho más comprar petróleo a Venezuela -a la que pagamos un 75% y el 25% restante no- y no ofrezca condiciones como para que alguien piense en hacer una inversión importante por no saber lo que va a pasar. Es verdad que las exoneraciones impositivas ayudan, pero no lo son todo. Las inversiones son importantes y hay que tener materia prima. No sólo debemos pensar en la planta, sino en el que plante. En el momento actual en que se encuentra la agricultura, quiero ver qué productor de soja, con los precios internacionales actuales, se la va a vender a la planta que se instale. Este es otro problema adicional, que no es menor. Hoy la agricultura anda bien y todos estos bienes valen mucho dinero. Por lo tanto, tal vez terminemos produciendo sólo con sebo porque hoy también la industria frigorífica está al tope y el sebo es más barato que la soja. Este panorama no es fácil.

Estoy de acuerdo con los subsidios y con las políticas sectoriales cuando hay que apoyar sectores de la economía nacional. Pero la verdad es que respecto a la arquitectura del proyecto -cuyos objetivos por supuesto compartimos- tenemos nuestras dudas en cuanto a que cierren los números, a que ANCAP dé el tratamiento que esta normativa merece y a que no se fijen metas más altas que las que aquí se proponen.

SEÑORA DALMAS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA DALMÁS.- Señor Presidente: quiero realizar algunas precisiones respecto de las inquietudes que se manifiestan.

En primer lugar, es verdad que ANCAP, como cualquier ente autónomo, tiene autonomía para operar en el ramo en el que lo hace, pero también es cierto que es una empresa del Estado que necesariamente está enmarcada en la política diseñada por el Poder Ejecutivo en términos generales y, en particular, por el Ministerio de Industria, Energía y Minería que ha resuelto -y lo plasma de alguna forma en todos los artículos de este proyecto de ley- comenzar a incorporar alcohol carburante y biodiesel a las naftas y al gasoil, respectivamente. Quiere decir que la duda planteada sobre el término "Encomiéndase", en el sentido de que esto no se va a realizar, es absolutamente injustificada.

En segundo término, según nos han informado, estos porcentajes de mezcla que se establecen en los artículos 6º y 7º provienen de varios factores de análisis y de un estudio muy pormenorizado que realizó una Comisión Interministerial junto a las Facultades de Química y Agronomía. Pero, además, viene de la observación de las incipientes experiencias nacionales, que no están reguladas pero existen, y también de las experiencias de los vecinos, fundamentalmente de Brasil. Por lo tanto, no son arbitrarias.

Por último, quiero decir que pasa a ser un carburante nacional marca ANCAP; ya no es Masoil que hace un biodiesel, sino que es un carburante nacional marca ANCAP. Como decíamos hoy en el informe, esto tiene un valor enorme, porque el prestigio de la calidad de los combustibles ANCAP a nivel nacional e internacional es muy importante. Por lo tanto, es un valor que tenemos que cuidar.

Estos porcentajes tienen su explicación racional. Por si fuera poco, el artículo 10, que no está por casualidad, dice que "El Poder Ejecutivo podrá modificar las metas definidas en los artículos 6º y 7º". El término "modificar" fue incluido expresamente; no se dice "disminuir" ni "aumentar" para que exista la flexibilidad de ir estudiando cómo se pone en práctica esto y cómo es el mercado. Probablemente, en un comienzo la materia más importante sea el sebo, que es lo que tenemos disponible o a precio más razonable. Más allá, el Poder Ejecutivo podrá modificar, lo que le da la flexibilidad de ser cauteloso y responsable, y de cuidar la marca ANCAP, a la vez de tener la posibilidad de acelerar el proceso de incorporación si todo se va dando bajo determinadas condiciones y parámetros. Estoy convencida de que eso es lo que va a ocurrir, porque ANCAP está operando con autonomía, pero es una empresa del Estado y son el Gobierno y el Ministerio de Industria, Energía y Minería los que diseñan las políticas en general mientras que ANCAP las ejecuta en la parte que le corresponde.

Tal como se ha dicho aquí repetidas veces, se ha decidido incursionar en la producción de biocombustibles, de agrocombustibles, para todos los objetivos que se marcaron, y eso se va a producir. Hoy se ha mencionado que si uno quiere poner en su auto cualquier mezcla, es bajo su propia responsabilidad y está absolutamente permitido; si quiero, puedo ponerle "Jugolín". La situación que se ha referido se puede dar en cualquier hipótesis, y cada uno hará las locuras que quiera en su propio vehículo.

ANCAP va a ser la encargada -eso es lo quiere decir la palabra "Encomiéndase"- de liderar y comenzar, porque es la empresa líder productora de combustibles.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Respeto la opinión de la señora Senadora Dalmás, pero no participo de su amor por ANCAP en cuanto a la calidad de los combustibles. El señor Senador Heber dijo que el gasoil es espantoso; los autos diesel sofisticados, por ejemplo, no pueden venir más al Uruguay porque no aguantan el gasoil de ANCAP, que es de bajísima calidad y, además, tiene un precio alto.

No encuentro la razón por la cual no podría la ley plantearse objetivos más ambiciosos que los ya establecidos. ¿Por qué dejarlo librado al Poder Ejecutivo, como lo establece el artículo 10? Quizás fuera un estímulo para que alguien resolviera hacer una fuerte inversión, porque cuanto más bajos son los objetivos, menores van a ser las inversiones. Como uruguayo, me gustaría mucho más ver, por ejemplo, un combustible marca Cooperativa Sociedad de Fomento de Tarariras, lugar de donde es oriunda la señora Senadora Dalmás, que el combustible marca ANCAP. Me parece mucho más innovador y, por otra parte, así es en el mundo.

Además, el porcentaje de la mezcla en el Brasil - lo dijo el señor Senador Fernández Huidobro- es de un 20%. Quiere decir que en el arranque de Uruguay, lo que sucede en un país como Brasil -que es considerado el abanderado en la materia, mientras Argentina debe andar cerca- marca una diferencia diez veces mayor. ¿Por qué, entonces, no fijamos metas más ambiciosas y elevamos la posibilidad? Ya que en Tacuarembó lo usan puro, podríamos elevar esos 4.000 litros. Total, ¿qué problema hay? No sé cuál es el riesgo que se corre elevando ese mínimo. Al contrario; la Sociedad de Fomento Rural y las Cooperativas Agropecuarias, que a veces juntan doscientos productores, pueden perfectamente concertar un plan estratégico para darse su propio combustible, y de pronto 4.000 litros no es escala suficiente como para realizar una inversión de esa naturaleza.

SEÑOR MICHELINI.- 4.000 litros por día.

SEÑOR MOREIRA.- Sí, señor Senador, por día, pero junte usted a los productores en época de zafra y vea si no hay 4.000 litros por día. ¡Otra que 4.000 por día! Muchos más. Vaya a Colonia a ver cuántos tambores de combustible se gastan por día en época de siembra y de cosecha. Además, ¿qué dificultad habría en elevarlo?

Planteo esas preocupaciones coincidiendo con el objetivo y manteniendo discrepancias con algunos aspectos, sin perjuicio de lo cual nos parece que es un camino que hoy se empieza a recorrer y que, sin ninguna duda, es bueno hacerlo. Creo que los entes autónomos fueron creados para que actúen con independencia de gestión y de criterio, pero a veces no se afilian ni se alinean con los planes estratégicos de los gobiernos de turno y defienden su chacrita mucho más allá de lo que la gente -que, en definitiva, es la que los banca- reclama.

SEÑOR ITURRALDE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Iturralde.

SEÑOR ITURRALDE.- Creo que estamos entrando en el meollo del asunto. La materia legal que debería tratarse en esta iniciativa es, por ejemplo, la fijación de la exoneración que debería hacerse en forma clara y no dejándola librada al Poder Ejecutivo. En cambio, toda esta otra materia, que tiene mucho más que ver con la política energética, sí se debería dejar librada al Poder Ejecutivo. Es en eso que nos estamos equivocando.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Miembro Informante.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: ya se han contestado todas las anotaciones que he hecho y las preguntas que se han formulado en Sala. Sin embargo, quiero decir que una de las que más me preocupaba fue aclarada por el señor Senador Korzeniak al manifestar que de ninguna manera se está ensanchando el monopolio de ANCAP, sino que el proyecto se limita a determinar que los agrocombustibles son carburantes nacionales.

Es todo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: de acuerdo con algunas consultas que los integrantes de la Comisión hemos realizado, la idea consiste en suprimir la lectura de los artículos, desglosar aquellos que así se ha pedido -que son unos cuantos- y votar el resto en bloque.

En consecuencia, formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- El Partido Nacional nos hizo llegar la lista de los artículos que pretende desglosar, que serían: 1º, 3º, 4º, 6º,7º, 8º, 9º, 11, 13,15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.

SEÑOR ALFIE.- Solicito que también se desglose el artículo 12, porque hay errores en la redacción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quedarían para considerar los artículos 2º, 5º, 10, 14, 16, 24, 25, 26 y 27.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Formulo moción en el sentido de que se voten en bloque.

SEÑOR ALFIE.- Nosotros vamos a votar algunos a favor y otros en contra.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Entonces, retiro la moción.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 10.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 14.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 16.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 24.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 25.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 26.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 27.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que cuando se arme el Orden del Día de la próxima sesión se tenga en cuenta este proyecto para terminar de votarlo.

13) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de dos asuntos entrados fuera de hora.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establecen modificaciones en la tributación que grava a las enajenaciones de gasoil.

- A LA COMISION DE HACIENDA."

14) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Las señoras Senadoras Percovich, Xavier, Dalmás y Topolansky, los señores Senadores Saravia, Fernández Huidobro, Korzeniak, Rubio, Michelini, Vaillant, Couriel, Breccia, Cid, Lorier, Ríos y el señor Presidente del Senado Nin Novoa presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se crea la Institución Nacional de Derechos Humanos y se establecen normas para su funcionamiento.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION."

(Texto del proyecto presentado:)

"PROYECTO DE LEY

INSTITUCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Capítulo I - Creación

Artículo 1 (Creación).- Créase la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), como una institución del Poder Legislativo, la que tendrá por cometido, en el ámbito de competencias definido por esta ley, la defensa, promoción y protección en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional.

Artículo 2 (Autonomía).- La INDDHH no se hallará sujeta a jerarquía y tendrá un funcionamiento autónomo no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad.

Capítulo II - Competencia

Artículo 3 (Efectos de las resoluciones).- Las resoluciones de la INDDHH tendrán el carácter de recomendaciones y, consecuentemente, no podrán modificar ni anular actos administrativos o jurisdiccionales.

Artículo 4 (Competencia).- La INDDHH será competente para:

a) Proponer la suscripción, aprobación, ratificación, adhesión e implementación de tratados internacionales relacionados con derechos humanos.

b) Proponer la denuncia de tratados internacionales que a juicio de la INDDHHH sean violatorios de los derechos humanos.

c) Promover la adopción de las medidas que considere adecuadas para que el ordenamiento jurídico y las prácticas administrativas e institucionales, se armonicen con los instrumentos internacionales relacionados con derechos humanos en los que el Estado sea parte.

d) Emitir opiniones y recomendaciones sobre los informes que el Estado se proponga presentar o que hubiere presentado a los órganos encargados del contralor internacional de las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de tratados internacionales relacionados con derechos humanos y sobre las observaciones que dichos órganos internacionales de contralor hubieran emitido respecto de los informes del Estado.

e) Colaborar con las autoridades competentes en los informes que el Estado deba presentar a los órganos encargados del contralor internacional de las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de tratados internacionales relacionados con los derechos humanos.

f) Realizar, con el alcance y extensión que considere pertinente, estudios e informes sobre la situación nacional, departamental o zonal, relacionados con los derechos humanos; sobre derechos humanos especialmente considerados y sobre cuestiones específicas relacionadas con los derechos humanos.

g) Recomendar y proponer la adopción, supresión o modificación de prácticas institucionales, prácticas o medidas administrativas y criterios utilizados para el dictado de actos administrativos o resoluciones, que a su juicio redunden en una mejor protección de los derechos humanos.

h) Emitir opiniones, recomendaciones y propuestas sobre proyectos de ley o propuestas de reformas constitucionales relacionados con los derechos humanos.

i) Recomendar a las autoridades competentes, la aprobación, derogación o modificación de las normas del ordenamiento jurídico que a su juicio redunden en una mejor protección de los derechos humanos.

j) Conocer e investigar presuntas violaciones a los derechos humanos, a petición de parte o de oficio, de acuerdo al procedimiento que se establece en la presente ley.

k) Proponer a las autoridades competentes la adopción de las medidas que considere pertinentes para poner fin a la violación de derechos humanos que haya constatado, establecer el plazo en el cual deberán ser cumplidas y sugerir las medidas reparatorias que estime adecuadas, sin perjuicio de realizar recomendaciones generales para eliminar o prevenir situaciones similares o semejantes.

l) Proponer a las autoridades competentes, en el curso de una investigación que esté realizando de oficio o a denuncia de parte, la adopción de las medidas provisionales de carácter urgente que considere pertinentes para que cese la presunta violación de los derechos humanos, impedir la consumación de perjuicios, el incremento de los ya generados o el cese de los mismos.

m) Cooperar, para la promoción y protección de los derechos humanos, con los órganos internacionales encargados del contralor internacional de las obligaciones contraídas por el Estado, con instituciones u organizaciones internacionales regionales o instituciones nacionales, que sean competentes en la promoción y protección de los derechos humanos.

n) Colaborar con las autoridades competentes en la educación en derechos humanos en todos los niveles de enseñanza y, especialmente, colaborar con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura en los programas generales y especiales de formación y capacitación en derechos humanos destinados a los funcionarios públicos, particularmente en los previstos en el artículo 30 de la Ley Nº 18.026.

o) Informar y difundir de la forma más amplia posible, a la opinión pública, los derechos humanos, las normas nacionales e internacionales que los regulan y los mecanismos de protección nacional e internacional.

Artículo 5 (Alcance).- La competencia de la INDDHH, con las excepciones que expresamente se establecen, se extiende a todos los Poderes y organismos públicos cualesquiera sea su naturaleza jurídica y función, sea que actúen en el territorio nacional o en el extranjero.

Quedan comprendidas en la competencia de la INDDHH las entidades paraestatales, sociedades de economía mixta, personas públicas no estatales y entidades privadas que presten servicios públicos o sociales.

La competencia de la INDDHH en relación con personas privadas se entenderá con los organismos públicos de su contralor y supervisión, conforme a los procedimientos establecidos en la presente ley.

Artículo 6 (Inhibición).- La INDDHH no tendrá competencia en asuntos que se encuentren en trámite de resolución en la vía jurisdiccional ante los organismos competentes o ante el Contencioso Administrativo. En caso de denuncias, procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 19. Sin perjuicio, la INDDHH tendrá competencia para efectuar propuestas sobre aspectos generales y realizar informes o emitir opiniones en relación con la función administrativa de los organismos con función jurisdiccional y su organización.

Artículo 7 (Impugnabilidad).- Las resoluciones de la INDDHH que correspondan al ámbito de las competencias establecido en el artículo 4, deberán ser fundadas y no admitirán recurso, los demás actos administrativos podrán ser impugnados con los recursos y acciones previstos en la Constitución de la República.

Artículo 8 (Difusión pública de resoluciones).- Cuando la INDDHH emita recomendaciones, opiniones o propuestas sin haber mediado solicitud previa de los organismos involucrados en las mismas y considere que no se verifican situaciones graves o urgentes a resolver, dichas recomendaciones, opiniones o propuestas se comunicarán a las autoridades u organismos involucrados sin que la INDDHH le dé difusión pública durante el plazo que ésta determine para cada caso.

Lo dispuesto precedentemente no se aplicará ante supuestos de denuncias que se regularán por el procedimiento co-rrespondiente, ni cuando la INDDHH sesione en Asamblea Nacional de Derechos Humanos o cuando se trate de brindar informes anuales o especiales a la Asamblea General.

Artículo 9 (Principio de buena fe).- La INDDHH y sus miembros deberán actuar de buena fe. La violación del principio de buena fe implicará falta grave a los deberes inherentes al cargo.

Los miembros de la INDDHH estarán impedidos de emitir en forma pública y a título personal, opiniones, recomendaciones o propuestas sobre temas que sean competencia específica de la INDDHH sin expresa autorización previa de la INDDHH. La prohibición no aplicará respecto de casos en que la INDDHH hubiere adoptado resoluciones que sean públicas, cuando la INDDHH funcione en régimen de Asamblea Nacional de Derechos Humanos o en el supuesto previsto en el artículo 69 inciso tercero.

La violación de la prohibición establecida en el inciso precedente se considerará falta grave a los deberes inherentes al cargo.

Artículo 10 (Coordinación).- El Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, los Defensores del Vecino y demás instituciones similares que se establezcan en el futuro, coordinarán sus funciones con las de la INDDHH y para el caso en que reciban denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, las comunicarán a la INDDHH.

Capítulo III - Procedimiento de denuncias

Artículo 11 (Legitimación activa).- Las denuncias de parte por presuntas violaciones a los derechos humanos, podrán formularse a la INDDHH por cualquier persona física o jurídica, sin limitación alguna, incluidos los órganos estatales. Especialmente, podrán formular denuncias a la INDDHH, las Comisiones Parlamentarias, las respectivas Cámaras legislativas, la Asamblea General y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura.

No constituirá impedimento para formular denuncias, la minoría de edad, la discapacidad intelectual, la nacionalidad o la vinculación jerárquica o funcional con el Estado en cualquiera de sus dependencias.

Artículo 12 (Reserva).- Se le garantizará al denunciante la reserva de su identidad excepto cuando exista dispensa expresa del denunciante, requerimiento judicial o corresponda que la INDDHH ponga en conocimiento de la justicia la violación de los derechos humanos involucrados.

Artículo 13 (Forma y requisitos).- La presentación de las denuncias a la INDDHH se podrá hacer por escrito fundado y firmado sin otras formalidades especiales, debiendo contener los datos de nombre y domicilio del denunciante, o bien en forma oral en las oficinas de la INDDHH; en este último caso el funcionario que la reciba labrará un acta con la constancia de nombre y domicilio la que será firmada por el denunciante y el receptor. Si el denunciante no supiere o no pudiere firmar, se dejará constancia de ello en el acta respectiva. En defecto del domicilio del denunciante, se consignará el lugar donde pueda ser contactado o ubicado.

Cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos o el denunciante no pueda trasladarse por cualquier razón, las denuncias podrán dirigirse a la INDDHH por cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de ser ratificadas por el denunciante de conformidad a lo previsto en el artículo precedente.

No se admitirán denuncias anónimas, sin perjuicio de las facultades de la INDDHH para proceder de oficio.

El trámite será gratuito y no requerirá asistencia letrada.

La INDDHH recibirá las denuncias cualquiera fuera la hora de su presentación, aun fuera de horarios de oficina o en días inhábiles.

Artículo 14 (Plazo).- El plazo para la presentación de las denuncias o para la actuación de oficio, será de seis meses contado a partir de haberse tomado conocimiento de los actos o hechos que la motivan.

En casos debidamente fundados y cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, dicho plazo podrá ser ampliado por la INDDHH.

Cuando se trate de violaciones a los derechos humanos que puedan ser consideradas genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, no existirá limitación de plazo para la presentación de las denuncias.

Artículo 15 (Protección de la comunicación).- Queda prohibida la detención, demora, registro, examen, intercepción, censura, violación, alteración o destrucción de cualquier comunicación de o hacia la INDDHH. Tampoco podrán ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones personales, telefónicas o de cualquier otro tipo, entre la INDDHH y las personas.

Su violación será considerada de acuerdo a lo previsto en el artículo 296 del Código Penal y demás normas concordantes y complementarias.

Artículo 16 (Efectos de la presentación de denuncias).- La presentación de una denuncia ante la INDDHH no será obstativa para el ejercicio de las demás vías legales que el ordenamiento jurídico pone a disposición del denunciante.

La presentación de denuncias ante la INDDHH no suspenderá, ni interrumpirá los términos de prescripción o caducidad de plazos para el ejercicio de las demás acciones legales correspondientes. Tales circunstancias deberán ser puestas en conocimiento del denunciante.

Artículo 17 (Rechazo de denuncias).- La INDDHH rechazará sin más trámite la denuncia cuando la misma fuera presentada fuera de los plazos previstos en el artículo 14 inc. 1 o sea notoriamente improcedente por incompetencia, inadmisibilidad manifiesta, falta de fundamentos o evidente mala fe.

Artículo 18 (Formalidades del rechazo).- La INDDHH notificará de inmediato al denunciante la resolución que rechaza la denuncia o las limitaciones para su intervención ante el supuesto previsto en el artículo precedente y le brindará información para que acuda ante los organismos correspondientes la cual se consignará en la resolución.

En el caso de que la denuncia sea rechazada por falta de fundamentos, la INDDHH otorgará al denunciante un plazo razonable para su fundamentación.

Artículo 19 (Casos en trámite).- Cuando la denuncia refiera a hechos que estén en trámite de resolución jurisdiccional ante los organismos competentes o ante el Contencioso Administrativo, la INDDHH no intervendrá en el caso concreto, pero ello no impedirá la investigación sobre los problemas generales planteados en la denuncia. La INDDHH velará porque los órganos con función jurisdiccional, el Contencioso Administrativo o la Administración, en su caso, resuelvan expresamente, en tiempo y forma, las demandas, denuncias o recursos que hayan sido formuladas o interpuestas.

Artículo 20 (Sustanciación).- Admitida la denuncia, la INDDHH realizará una investigación inmediata de carácter sumario, informal y reservada, tendiente a establecer los hechos denunciados.

Cuando la INDDHH resuelva actuar de oficio ante presuntas violaciones de los derechos humanos, procederá de acuerdo a las normas previstas en este capítulo en cuanto sean de aplicación.

La INDDHH labrará acta de todas sus actuaciones cuando las circunstancias así lo requieran.

Artículo 21 (Relacionamiento con el organismo denunciado).- En todos los casos, la INDDHH se pondrá en contacto en un plazo máximo de cinco días hábiles con las máximas autoridades del organismo o entidad involucrado en la denuncia. La INDDHH estará facultada además, si lo estima pertinente, para comunicarse e informar el motivo de su intervención a las personas denunciadas o involucradas en la denuncia, quienes con asistencia letrada obligatoria, podrán efectuar descargos, aportar pruebas y articular defensas. Las autoridades del organismo al cual pertenezcan las personas denunciadas o involucradas en la denuncia, no podrán prohibir a los funcionarios denunciados o involucrados, responder o entrevistarse con la INDDHH.

Las máximas autoridades del organismo o entidad involucrado en la denuncia, deberán informar por escrito a la INDDHH sobre la materia objeto de la investigación, proporcionando fundamentos, motivaciones y demás elementos relacionados con el asunto, remitiendo, además, copia de todos los antecedentes. Asimismo, podrá informar a la INDDHH sobre las medidas correctivas que se proponga adoptar en relación con la violación de los derechos humanos denunciada.

El plazo para informar será determinado por la INDDHH en función de la gravedad de los hechos, pudiendo conceder prórrogas cuando exista fundamento razonable para las mismas; dicho plazo, incluidas las prórrogas, nunca excederá de treinta días hábiles.

Artículo 22 (Respuesta al denunciante).- La INDDHH comunicará al denunciante las respuestas que diere el organismo o entidad involucrado en la denuncia. El denunciante estará facultado a realizar las observaciones que convengan a su interés.

Artículo 23 (Negativa de colaboración).- La negativa a presentar el informe o su omisión, podrá ser considerada por la INDDHH como una obstrucción en el cumplimiento de sus funciones y, sin perjuicio de las responsabilidades legales de la autoridad respectiva y de las personas involucradas, la INDDHH podrá dar la más amplia publicidad al hecho con mención expresa de los nombres y cargos de las autoridades y otros funcionarios que hayan adoptado tal actitud. El incumplimiento será incluido en el Informe Anual o especial, independientemente de que la INDDHH prosiga investigando la denuncia por las vías que considere adecuadas.

Artículo 24 (Medidas provisionales urgentes).- En cualquier instancia del trámite, la INDDHH podrá proponer a los organismos o entidades involucrados en la denuncia, la adopción de medidas provisionales de carácter urgente con el fin de que cese la presunta violación a los derechos humanos objeto de la investigación, impedir la consumación de perjuicios o el incremento de los ya generados o el cese de los mismos. Si la autoridad respectiva omitiera adoptar las medidas de urgencia recomendadas, la INDDHH podrá proceder de conformidad a lo previsto en el artículo anterior. Sin perjuicio, la INDDHH estará facultada, en cualquier momento, para recurrir ante el Poder Judicial a efectos de solicitar las medidas cautelares que entienda del caso, interponer recursos de amparo o de habeas corpus.

Artículo 25 (Medidas definitivas).- Finalizada la investigación, si existiera mérito, la INDDHH propondrá a las autoridades competentes la adopción de las medidas que considere pertinentes para poner fin a la violación de derechos humanos que hubiere constatado y establecerá el plazo en el cual deberán ser cumplidas, sugiriendo las medidas reparatorias que estime adecuadas.

Artículo 26 (Alcance de recomendaciones y propuestas).- Las recomendaciones y propuestas de la INDDHH se referirán al objeto concreto de la denuncia, pero, además, la INDDHH podrá realizar recomendaciones generales para eliminar o prevenir situaciones iguales o semejantes a las que motivaron la denuncia.

Artículo 27 (Archivo de las actuaciones).- En caso de no existir mérito para la denuncia, se procederá a su archivo, comunicándolo al denunciante, a las autoridades respectivas y a los funcionarios denunciados o involucrados en la denuncia si los mismos hubiesen sido contactados por la INDDHH o comparecido en las actuaciones.

Si en el curso de la investigación se lograra una solución satisfactoria por la cual el organismo o entidad involucrado se obliga a adoptar medidas que a juicio de la INDDHH puedan subsanar la violación de los derechos humanos denunciada, se consignará en acta por escrito y la INDDHH archivará las actuaciones, sin perjuicio de controlar el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas. En ningún caso el acuerdo será obstativo para la reapertura de la investigación por incumplimiento o por reiteración de los hechos denunciados. El acuerdo se comunicará al denunciante y a los funcionarios denunciados o involucrados si los mismos hubiesen sido contactados por la INDDHH o comparecido en las actuaciones.

Artículo 28 (Publicidad de los incumplimientos).- Si las autoridades respectivas incumplen las obligaciones que habían asumido, no aceptan las respuestas de la INDDHH o incumplen total o parcialmente su implementación en los plazos establecidos, la INDDHH dará la más amplia difusión pública al texto de las recomendaciones efectuadas y sus antecedentes o, en su caso, a las obligaciones que las autoridades habían asumido, todo con mención expresa de los nombres y cargos de las autoridades y otros funcionarios que hayan adoptado tal actitud y sin perjuicio de su inclusión en el Informe Anual o, en su caso, en el Informe Especial que resuelva presentar.

Artículo 29 (Relación con personas no estatales).- Si las denuncias se relacionaran con servicios prestados por personas públicas no estatales o por personas privadas, las actuaciones y las recomendaciones se entenderán con las autoridades competentes para su contralor y supervisión, a quienes la INDDHH podrá instar el ejercicio de las facultades de inspección y sanción que pudieran corresponder.

Artículo 30 (Denuncia penal).- Cuando por la naturaleza de los hechos denunciados o en virtud de sus investigaciones, la INDDHH considere que se verificaría un supuesto presumiblemente delictivo, lo deberá poner en conocimiento de la justicia competente.

Artículo 31 (Suspensión de la intervención).- Cuando estando en curso la investigación de una denuncia, el caso se someta a resolución jurisdiccional ante los organismos competentes o ante el Contencioso Administrativo, la INDDHH suspenderá su intervención en el asunto comunicándoselo al denunciante, al organismo o entidad denunciado o involucrado en la denuncia y a los funcionarios denunciados o involucrados si los mismos hubiesen sido contactados por la INDDHH o comparecido en las actuaciones. Sin perjuicio, la INDDHH proseguirá la investigación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 19.

Artículo 32 (Criterio para adoptar resoluciones).- Las resoluciones de la INDDHH se adoptarán en base a elementos de convicción suficientes considerando la totalidad de los elementos probatorios del caso.

Artículo 33 (Registro estadístico).- La INDDHH llevará un registro estadístico de todas las denuncias que reciba, los casos en que intervenga de oficio y las resoluciones que adopte.

Artículo 34 (Protección a los denunciantes).- Ninguna autoridad ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción alguna contra una persona u organización por haber comunicado a la INDDHH cualquier información, resulte verdadera o falsa y ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá perjuicios de ningún tipo por este motivo.

Capítulo IV - Facultades

Artículo 35 (Facultades).- En ejercicio de sus funciones, la INDDHH tiene facultades para:

a) Efectuar, con o sin previo aviso, visitas de inspección a cualquier lugar o sector de actividad de los organismos y entidades objeto de su competencia, pudiendo concurrir con peritos, asesores o con quien estime del caso, estando habilitada a registrar la inspección o visita por los medios y con los soportes tecnológicos que estime pertinentes.

b) Entrevistarse con cualquier autoridad, pedir informes, examinar expedientes, archivos y todo tipo de documento, realizar interrogatorios o cualquier otro procedimiento razonable, todo ello sin sujeción a las normas de procedimiento que rigen la producción de la prueba siempre que no afecte los derechos esenciales de las personas.

c) Entrevistarse con cualquier persona y solicitarle el aporte de informes o documentación que fuere necesaria para dilucidar el asunto en el cual intervenga y realizar todas las demás acciones tendientes al esclarecimiento de los hechos.

d) Solicitar, ante quien corresponda, la adopción de cualquier medida cautelar con el fin de impedir la consumación de perjuicios, el incremento de los ya generados o el cese de los mismos.

e) Presentar denuncias penales e interponer de habeas corpus o amparo, sin perjuicio de solicitar otras medidas judiciales cautelares que considere pertinentes.

f) Ingresar, con o sin previo aviso a los lugares de detención, hospitales, establecimientos militares y cualquier otro establecimiento en que existan per-sonas privadas de libertad o en régimen de internación.

g) Mantener contacto y suscribir acuerdos de cooperación con comités u organismos encargados del contralor internacional de las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de tratados de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales de defensa y promoción de los derechos humanos, organizaciones académicas, organizaciones sociales y con expertos independientes, todo para el mejor ejercicio de sus funciones.

h) Suscribir convenios con las Juntas Departamentales, Juntas Locales o con las Intendencias Departamentales en todo lo que sea necesario para el mejor desempeño de sus funciones.

i) Adoptar e interpretar las resoluciones y reglamentos que entiende pertinentes para el mejor funcionamiento interno de la INDDHH.

Capítulo V - Estructura de la INDDHH

Artículo 36 (Composición).- La INDDHH será un órgano que se integrará con cinco miembros procurando asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, conforme a los principios de equidad de género y no discriminación.

Artículo 37 (Sistema de elección).- Los miembros de la INDDHH serán elegidos por dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General especialmente convocada al efecto. Si no se obtuviera ese número de sufragios en dos votaciones sucesivas, se citará a la Asamblea General a una nueva sesión dentro de los veinte días corridos siguientes, en la cual los miembros de la INDDHH serán electos por mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Asamblea General, pudiendo celebrarse hasta dos votaciones sucesivas.

A los efectos de la votación: a) se marcará claramente, en la nómina de los candidatos habilitados, aquellos por quienes se vota, hasta el número de cargos que deban elegirse; b) será obligatorio, al marcar candidatos en la nómina, respetar la representación equilibrada de mujeres y hombres.

Serán nulos los votos que se emitan en contravención con lo dispuesto en el inciso precedente.

Si realizado el escrutinio aún restan para elegir miembros de la INDDHH, se procederá de acuerdo al inciso primero para los pendientes, eliminándose los candidatos que no hubieran superado un quinto del total de votos de componentes de la Asamblea General. Sin perjuicio, se mantendrán para la votación sucesiva, por lo menos, los diez candidatos más votados, no rigiendo a su respecto la eliminación prevista en el inciso precedente.

Artículo 38 (Elección de la totalidad de cargos).- No se admitirá la elección parcial. Resultarán electos como miembros de la INDDHH los candidatos que hubieren recibido el número de votos requerido según la votación que se trate, siempre y cuando se hubieren obtenido las mayorías para cubrir la totalidad de los cargos elegibles.

Si finalizado el proceso de elección, no se hubiesen obtenido las mayorías para cubrir la totalidad de los cargos elegibles aunque algún candidato hubiere obtenido el número de votos requerido, no resultará electo ningún miembro para la INDDHH, debiendo procederse de conformidad a lo previsto en el artículo 44.

Artículo 39 (Proposición de candidatos).- Podrán proponer candidatos a la Asamblea General las organizaciones sociales habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH.

Los candidatos deberán aceptar por escrito su postulación, declarando si tienen o no incompatibilidades para el ejercicio del cargo. Para el caso en que sí tuvieran incompatibilidades, las detallarán y manifestarán su voluntad de hacerlas cesar si resultan electos.

Los candidatos podrán ser propuestos hasta veinte días hábiles antes de la primera sesión de la Asamblea General convocada para la elección.

Artículo 40 (Comisión especial).- Para la elección de los miembros de la INDDHH, la Asamblea General designará una Comisión especial con integrantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria.

La Comisión especial recibirá la postulación de candidatos y eliminará los que no reúnan los requisitos exigidos por el artículo 45. Las resoluciones en la Comisión se adoptarán por mayoría de votos de sus miembros y no serán susceptibles de recurso alguno.

La Comisión especial elaborará la nómina de candidatos habilitados, la que será comunicada a la Presidencia de la Asamblea General, hasta cinco días hábiles antes de la primera sesión de la Asamblea General convocada para la elección.

Artículo 41 (Duración del mandato).- Los miembros de la INDDHH serán elegidos para un período de cinco años y podrán ser reelectos para el inmediato sucesivo.

Si hubiesen sido reelectos de conformidad a lo dispuesto en el inciso precedente, para volver a ser miembro de la INDDHH se requerirá que hayan transcurrido cinco años desde la fecha de su cese.

En ocasión de la renovación de los miembros de la INDDHH se procurará que algunos sean reelectos a los efectos garantizar continuidad en la experiencia de gestión de INDDHH.

Artículo 42 (Oportunidad de la elección).- La elección de los miembros de la INDDHH se llevará a cabo dentro de los primeros cinco meses del tercer período legislativo de cada Legislatura.

Cuando sea necesario llenar una vacante, la elección se llevará a cabo dentro de los cuarenta y cinco días corridos siguientes a la fecha en que se haya producido, salvo que la misma se haya verificado en el período de seis meses previo a la fecha de la elección ordinaria, en cuyo caso se resolverá en ésta.

El miembro que resulte electo para cubrir una vacante, lo será hasta finalizar el período quinquenal que estuviese corriendo. Si el lapso fuese menor a la mitad del período no será impedimento para la posterior elección y reelección sucesiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 41.

Artículo 43 (Posesión de cargos).- Los miembros de la INDDHH asumirán funciones dentro de los cuarenta y cinco días corridos posteriores a su elección. Los que terminan su mandato, continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que asuman los sustitutos.

Artículo 44 (Segunda elección).- Si no hubiesen sido elegidos los nuevos miembros de la INDDHH o cubierto una vacante por no haberse obtenido las mayorías requeridas y sin perjuicio de que los miembros de la INDDHH que terminan su mandato continúen en el ejercicio de sus funciones hasta que asuman los sustitutos, el proceso de elección recomenzará conforme a lo previsto en los artículos 37 a 40, transcurridos cuarenta y cinco días corridos desde la finalización del proceso de elección que le haya precedido.

Artículo 45 (Requisitos para ser miembro de la INDDHH).- Los miembros de la INDDHH deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser personas de alta autoridad moral.

b) Contar con experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos.

c) Ser ciudadanos uruguayos, naturales o legales. En este último caso deberán tener un mínimo de diez años de ciudadanía.

d) Estar en el pleno goce de los derechos cívicos.

e) No haber desempeñado cargos públicos electivos o de particular confianza política durante dos años anterior a su designación. Exceptúense los cargos electivos de la Universidad de la República.

Artículo 46 (Incompatibilidades).- El cargo de miembro de la INDDHH es incompatible con:

a) El ejercicio de actividades que pudieran afectar su independencia, su imparcialidad o la dignidad o prestigio de la INDDHH.

b) El ejercicio de otra actividad remunerada, pública o privada, salvo la docencia, la investigación académica y actividades de capacitación en materia de INDDHH.

c) El ejercicio de funciones o cargos directivos o de asesoramiento en partidos políticos, sindicatos, comisiones, asociaciones, sociedades civiles o comerciales, fundaciones o similares.

d) La actividad política partidaria y gremial o sindical, con excepción del voto.

Artículo 47 (Cese de incompatibilidades).- Si la persona designada como miembro de la INDDHH estuviera afectada por alguna de las incompatibilidades referidas en el artículo precedente, no podrá tomar posesión del cargo hasta tanto haga cesar la actividad que determina la incompatibilidad.

Si ocupara algún cargo público, quedará comprendido en lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

En caso de que durante la vigencia del mandato del miembro de la INDDHH surgieren incompatibilidades supervinientes, deberá renunciar al cargo o hacer cesar la incompatibilidad en el plazo de diez días hábiles durante el cual se abstendrá de participar en la INDDHH.

Artículo 48 (Decisión sobre incompatibilidades).- En caso de que no se procediera de acuerdo a lo previsto en el inciso final del artículo precedente, la INDDHH con el voto afirmativo de la mayoría absoluta de sus miembros, determinará si existe una situación de incompatibilidad, sin perjuicio de las facultades de destitución de la Asamblea General.

La INDDHH antes de tomar una decisión, oirá al miembro al que se le atribuye la incompatibilidad.

La decisión sobre incompatibilidad, con todos sus antecedentes, será remitida al Presidente de la Asamblea General a los efectos previstos en el artículo 52 literal f.

Artículo 49 (Declaración jurada).- Los miembros de la INDDHH, quien ejerza la dirección de la Unidad Técnica-Administrativa y los funcionarios rentados de carácter no administrativo de la INDDHH, deberán presentar declaraciones juradas de bienes en los términos requeridos por la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

Artículo 50 (Inhibición posterior al cese).- Los miembros de la INDDHH no podrán, hasta transcurridos tres años desde la fecha del cese, ocupar cargos públicos de particular confianza política, ser candidatos a cargos públicos electivos o asesores de personas que hubieran estado involucrados en denuncias ante la INDDHH, como denunciantes o denunciados.

Artículo 51 (Actuación independiente).- Los miembros de la INDDHH no estarán sujetos a mandato imperativo, ni recibirán instrucciones de ninguna autoridad, debiendo desempeñar sus funciones con plena autonomía, de acuerdo a su criterio y bajo su responsabilidad.

Artículo 52 (Cese del cargo).- El cargo de miembro de la INDDHH cesará por:

a) Expiración del plazo de su nombramiento, sin perjuicio de los casos en que se extienda hasta que asuma un nuevo miembro.

b) Fallecimiento.

c) Incapacidad superviniente.

d) Denuncia aceptada.

e) Por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso; durante el procesamiento quedará automáticamente suspendido en sus funciones.

f) Destitución por dos tercios de votos de total de componentes de la Asamblea General en sesión especial convocada al efecto, procediendo la misma en los siguientes casos:

(i) Por asumir una conducta que lo hiciere indigno de su investidura.

(ii) Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo.

(iii) Por haber incurrido en falta grave a los deberes inherentes al cargo.

(iv) Por incompatibilidad superviniente en caso de que no hubiera presentado renuncia o dejado sin efecto la misma.

En caso de renuncia la misma deberá presentarse a la INDDHH quien, de aceptarla, la comunicará a la Presidencia de la Asamblea General.

En cualquiera de las hipótesis de cese se procederá a designar un sustituto de conformidad al procedimiento previsto para cubrir vacantes y hasta tanto no se produzca la designación, la INDDHH funcionará con el número de miembros restante.

Artículo 53 (Remuneración).- La remuneración del miembro de la INDDHH será igual a la establecida para los Ministros del Estado.

Artículo 54 (Presidencia de la INDDHH).- La INDDHH designará de entre sus miembros, por mayoría absoluta de votos, al Presidente de la INDDHH quien tendrá las fundones señaladas en esta ley y en el Reglamento de la INDDHH.

Si para la elección resultare necesario efectuar más de una votación, se eliminarán sucesivamente los nombres que reciban menor número de votos.

El Presidente de la INDDHH durará en sus funciones un año y su cargo será de rotación obligatoria entre los miembros de la INDDHH.

Si el Presidente renunciare al cargo o dejare de ser miembro de la INDDHH, ésta elegirá en la primera sesión que celebre con posterioridad a la fecha de la renuncia o vacancia, a un sucesor para desempeñar el cargo, por el tiempo que reste de mandato. Si dicho período fuese inferior a tres meses, podrá ser reelecto por el período ordinario sucesivo.

Artículo 55 (Atribuciones del Presidente).- Son atribuciones del Presidente de la INDDHH:

a) Representar a la INDDHH.

b) Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la INDDHH, de conformidad con la presente ley y el Reglamento de la INDDHH.

c) Dirigir las sesiones de la INDDHH, someter a su consideración las materias que figuren en el Orden del Día, conceder el uso de la palabra y decidir las cuestiones de orden que se susciten durante las sesiones de la INDDHH.

d) Hacer cumplir las decisiones de la INDDHH.

e) Ejercer cualquiera otras funciones que le sean conferidas por esta ley o por el Reglamento de la INDDHH.

Artículo 56 (Unidad Técnica Administrativa).- Los servicios de secretaría de la INDDHH estarán a cargo de una Unidad Técnica-Administrativa especializada. Esta unidad dispondrá de los recursos y del personal necesario para cumplir las tareas de la INDDHH.

Capítulo VI - Funcionamiento de la INDDHH

Artículo 57 (Sesiones Ordinarias).- La INDDHH se reunirá en sesiones ordinarias las veces que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones, conforme al Reglamento que la propia INDDHH adopte por mayoría absoluta de votos. Las reuniones serán privadas, a menos que la INDDHH determine lo contrario.

Artículo 58 (Quórum para sesionar).- Para constituir quórum para sesionar será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de la INDDHH.

Artículo 59 (Quórum para adoptar resoluciones).- Las resoluciones de la INDDHH se adoptarán por el voto de la mayoría de los miembros presentes, con excepción del supuesto previsto en el artículo 69 inciso tercero o de los casos en que la presente ley exija mayoría absoluta.

Artículo 60 (Actas).- De toda sesión se levantará un acta resumida en la que constará día y hora en que la misma se celebró, los nombres de los miembros presentes, los asuntos tratados, los acuerdos adoptados, los nombres de los que votaron a favor y en contra y cualquier declaración especialmente hecha para que conste en acta.

Artículo 61 (Acto fundado).- Los miembros, estén o no de acuerdo con las decisiones de la mayoría, tendrán derecho a presentar el fundamento de su voto por escrito, el cual deberá incluirse a continuación de la resolución. Si la decisión versare sobre un informe, propuesta o recomendación, se incluirá a continuación de dicho informe, propuesta o recomendación. Cuando la decisión no conste en un documento separado, se transcribirá en el acta de la sesión, a continuación de la decisión de que se trate.

Artículo 62 (Excusación).- Los miembros de la INDDHH no podrán participar en la discusión, investigación, deliberación o decisión de una denuncia sometida a consideración de la INDDHH en el caso en que tuvieran un interés particular en el asunto o que previamente hubieran participado o actuado como asesores o representantes del denunciante o del organismo o institución involucrada en la denuncia o hubieran ocupado un cargo jerárquico en el mismo. Cualquier miembro de la INDDHH podrá solicitar la inhibición de otro miembro. La INDDHH decidirá si es procedente la inhibición.

Artículo 63 (Sesiones Extraordinarias - Asamblea Nacional de Derechos Humanos).- La INDDHH estará facultada, en cualquier momento, para convocar períodos de sesiones extraordinarias y públicas de la INDDHH, en las cuales participarán con voz pero sin derecho a voto, las organizaciones sociales y organismos gubernamentales, en la forma y condiciones que determina la presente ley y el Reglamento de la INDDHH.

Los períodos de sesiones extraordinarias de la INDDHH se denominarán "Asamblea Nacional de Derechos Humanos".

Artículo 64 (Periodicidad de Sesiones Extraordinarias).- La INDDHH, celebrará, por lo menos, un período de sesiones extraordinarias en el año. Sin perjuicio, estará además obligada a convocar a otro período de sesiones extraordinarias en el año, cuando así se lo solicite por escrito, con indicación del temario a tratar, una mayoría superior al veinte por ciento del total de las organizaciones sociales habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH.

El derecho de las organizaciones sociales a solicitar la convocatoria de un período sesiones extraordinaria de la INDDHH, sólo podrá ejercerse una vez por año y transcurrido el primer año de funcionamiento de la INDDHH.

Artículo 65 (Organizaciones sociales).- Estarán habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH:

a) Las organizaciones sociales nacionales que estén afiliadas a una organización internacional con estatuto consultivo ante organismos internacionales del sistema Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos o del MERCOSUR.

b) Las organizaciones sociales nacionales, excluidas los partidos políticos, que reúnan acumulativamente los siguientes requisitos:

(i) reconocida reputación y trayectoria en su esfera particular de competencia, especialmente aquellas cuya finalidad sea la defensa y promoción de los derechos humanos;

(ii) sin finalidad de lucro, no siendo indispensable la personería jurídica;

(iii) no estén comprendidas en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 80 numeral 6 de la Constitución de la República.

c) Sin perjuicio, podrán igualmente participar aquellas organizaciones sociales que sin contar con alguno de los requisitos enunciados en los numerales (i) y (ii) del literal precedente, sean especialmente autorizadas por la INDDHH; su participación se limitará a los términos que disponga la INDDHH.

Las organizaciones sociales que deseen participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH deberán registrarse ante la INDDHH de la forma y con la antelación que establezca el Reglamento de la INDDHH.

La INDDHH podrá denegar en forma fundada y por mayoría absoluta de votos, la participación de una organización social que hubiere solicitado su registro.

Artículo 66 (Organismos gubernamentales y otras entidades).- Todos los organismos y entidades objeto del contralor de la INDDHH sean o no de carácter estatal, estarán habilitados a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH, si conviniera a su interés hacerlo, de conformidad a lo que establezca el Reglamento. No se requerirá autorización de la INDDHH. Estarán facultados para participar, especialmente, representantes de las Comisiones parlamentarias, Comisionados parlamentarios y Defensores del Vecino.

Artículo 67 (Orden del Día de Sesiones Extraordinarias).- El Orden del Día y programa de trabajo de los períodos de sesiones extraordinarios será el establecido por la INDDHH. Para las sesiones extraordinarias convocadas a solicitud de las organizaciones sociales, el programa de trabajo deberá comprender el temario presentado en la solicitud de convocatoria.

Artículo 68 (Período entre sesiones extraordinarias).- Durante el período entre sesiones extraordinarias, la INDDHH preparará:

a) El Programa de Trabajo que será tratado en la próxima sesión extraordinaria, el cual difundirá a la ciudadanía con antelación suficiente a la misma.

b) Los proyectos de informes, relatorías, propuestas, recomendaciones, estudios y otros trabajos que estime pertinentes, pudiendo designar al efecto expertos independientes o Grupos de Trabajo integrados por miembros de la INDDHH que los presidirán, representantes de organizaciones sociales, de organismos o instituciones estatales o de objeto de contralor de la INDDHH, en cuanto correspondan por la temática a la que se refieran.

Artículo 69 (Funcionamiento especial de la INDDHH en recepción e instrucción de denuncias).- La INDDHH designará dos de sus miembros titulares excluido el Presidente, quienes, alternadamente, en régimen de turnos mensuales y de acuerdo a lo que determine el Reglamento de la INDDHH, tendrán a su cargo la recepción e instrucción de las denuncias conforme al procedimiento dispuesto en esta ley.

Sin perjuicio del régimen de turnos que se establece, los miembros de la INDDHH que tendrán a cargo de recepción e instrucción de denuncias, actuarán en forma coordinada o conjunta cuando las circunstancias lo requieran o lo establezca expresamente el Reglamento.

Cuando, de acuerdo a lo previsto en la presente ley, se deban recomendar medidas provisionales de carácter urgente o comparecer ante el Poder Judicial para solicitar medidas cautelares, deducir recursos de amparo o de habeas corpus, y no fuere posible tomar resolución en sesión de la INDDHH, cualquier miembro de la misma que haya participado en la recepción o instrucción de la denuncia, estará facultado para resolver y actuar en nombre de la INDDHH.

Cuando proceda de acuerdo al inciso precedente, el miembro de la INDDHH dará noticia inmediata al Presidente de la INDDHH.

Artículo 70 (Informe Anual).- La INDDHH presentará un Informe Anual a la Asamblea General dentro de los primeros ciento veinte días de cada año. A tales efectos, la INDDHH será recibida y escuchada en sesión especial de la Asamblea General.

Artículo 71 (Contenido del Informe Anual).- El Informe Anual contendrá:

a) Recomendaciones, propuestas, opiniones, estudios, relatorías e informes que la INDDHH entienda pertinente en relación con cualquiera de los temas de su competencia.

b) Memoria de las Asambleas Nacionales de Derechos Humanos celebradas en el año, sus resoluciones, recomendaciones, propuestas y conclusiones en relación con estudios, informe y relatorías.

c) Detalle circunstanciado de las resoluciones adoptadas por la INDDHH en todos los ámbitos de su competencia durante el año al que refiera el informe, de las actividdes realizadas durante el período y la planificadas para el año siguiente.

d) Detalle y análisis estadístico de las denuncias recibidas durante el año al que refiera el informe y sus características, incluyendo las denuncias que fueron rechazadas y sus causas, las que fueron objeto de investigación y su resultado, y las que se encuentren en trámite y su estado. No se incluirán datos personales de los denunciantes.

e) Detalle circunstanciado de los casos en que existió negativa a presentar informes a la INDDHH (artícu-lo 23); omisión en adoptar medidas de urgencia solicitadas por la INDDHH (artículo 24); no se hayan aceptado propuestas de la INDDHH o se constate incumplimiento, total o parcial, de obligaciones asumidas por las autoridades (artículo 28); o se hubiese negado acceso a documentación invocando el carácter secreto o reservado (artículo 74 inciso 3).

f) Detalle circunstanciado de las recomendaciones y propuestas de la INDDHH que hayan sido cumpli-das.

g) Cualquier otro tema relacionado con aspectos de funcionamiento interno de la INDDHH, de relaciona-miento institucional o de modificaciones legales a su régimen vigente.

Artículo 72 (Informes Especiales).- Sin perjuicio del Informe Anual, la INDDHH podrá presentar a la Asamblea General, en cualquier momento, los informes especiales que entienda pertinente.

Artículo 73 (Publicidad).- El Informe Anual será publicado de forma tal que se asegure su más amplia difusión nacional. Sin perjuicio, la INDDHH podrá ordenar, además, la publicación y amplia difusión de informes especiales, comunicados, propuesas, recomendaciones, opiniones, relatorías o cualquier otro tema relativo a su actividad o competencia, salvo en los casos en que la presente ley disponga lo contrario.

Artículo 74 (Obligación de colaborar con la INDDHH).- Todos los funcionarios de organismos objeto de la competencia de la INDDHH, tienen la obligación de colaborar con la INDDHH.

A los efectos previstos en el inciso anterior, todos los organismos e instituciones públicas harán conocer entre sus funcionarios la presente obligación y harán efectiva la responsabilidad disciplinaria para el caso de incumplimiento. Asimismo deberá comunicarse idéntica obligación a las empresas de servicios públicos tercerizados o concesio-narios en el acto mismo del contrato a celebrarse, debiendo constar a texto expreso en los documentos que se suscriban.

Los organismos públicos sólo podrán negarse a la exhibición de aquellos documentos que hubiesen sido calificados como secretos, reservados o confidenciales, mediante resolución expresa y fundada del jerarca máximo del organismo.

La INDDHH pondrá este hecho en conocimiento in-mediato de la Asamblea General a través de su Presidente e incluirá la relación de la situación planteada en su Informe Anual o en informe especial producido a esos efectos.

Artículo 75 (Funcionamiento permanente).- La actividad de la INDDHH no se verá interrumpida por el receso de las Cámaras, ni por su disolución de acuerdo al mecanismo previsto en la Sección VIII de la Constitución de la República. En tales casos la relación de la INDDHH con el Poder Legislativo se realizará a través de la Comisión Permanente. Tampoco interrumpirá su actividad en los casos de suspensión de la seguridad individual (artículo 31 de la Constitución de la República) o de adopción de medidas prontas de seguridad (artículo 168 numeral 17 de la Constitución de la República).

Capitulo VII - Presupuesto

Artículo 76 (Principio General).- El presupuesto de la INDDHH deberá ser el adecuado para garantizar su fun-cionamiento autónomo y deberá asegurar la infraestruc-tura y dotación de personal necesaria para el buen desempeño de la INDDHH en todos los ámbitos de su competencia.

Artículo 77 (Presupuesto . Procedimiento).- La INDDHH elaborará su proyecto de presupuesto el que será puesto a consideración de la Cámara de Diputados, dentro de los primeros noventa días haber asumido la nueva dirección de la INDDHH.

La Cámara de Diputados no podrá modificar el proyecto de presupuesto, salvo en disminuir su monto con el voto conforme de dos tercios de sus integrantes.

Si transcurridos treinta días corridos desde el día en que el proyecto de presupuesto fue puesto a consideración de la Cámara de Diputados sin que ésta hubiese alcanzado la mayoría de votos para su disminución, se considerará fictamente aprobado el proyecto de presupuesto propuesto por la INDDHH, el cual deberá ser incluido y aprobado en la consideración del presupuesto quinquenal de dicha Cámara o de sus modificaciones, según la instancia más próxima, considerando lo dispuesto en el artículo 108 incisos 1 y 2 de la Constitución de la República.

Artículo 78 (Rendición de Cuentas).- La INDDHH rendirá cuentas anuales a la Cámara de Diputados.

Las partidas presupuestales anualmente no gastadas en el año, se acumularán y quedarán disponibles para el año siguiente.

En ocasión de la Rendición de Cuentas anual, la INDDHH podrá solicitar ampliación presupuestal para lo cual se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 77.

Artículo 79 (Otros Recursos).- La INDDHH podrá obtener recursos provenientes de convenios de asistencia y cooperación de organizaciones internacionales o extranjeras en tanto correspondan al ámbito de sus competencias, dando cuenta inmediata a la Asamblea General, al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

La INDDHH podrá recibir donaciones, herencias o legados, dando cuenta inmediata a la Asamblea General, quien dispondrá lo pertinente para que el producido de dichos bienes sea en beneficio de la INDDHH.

Capítulo VIII - Disposiciones Transitorias y Especiales

Artículo 80.- Para la primera elección de miembros de la INDDHH, las organizaciones sociales que podrán proponer candidatos serán las que, a juicio de la Comisión Especial prevista en el artículo 40, reúnan los requisitos establecidos en el artículo 65 literales a) y b).

Artículo 81.- Los miembros de la primera INDDHH deberán ser electos antes de los ciento veinte días siguientes a la promulgación de esta ley. El mandato de los miembros de la primera INDDHH será hasta el tercer período legislativo del período de gobierno siguiente.

Artículo 82.- Serán de cargo de rentas generales los recursos necesarios para la instalación de la INDDHH hasta tanto resulte aprobado y disponible su presupuesto. El Poder Ejecutivo afectará, como sede de la INDDHH, un inmueble emblemático y simbólico para la naturaleza de la función que desarrollará.

Artículo 83.- Dentro de los treinta días corridos desde la aprobación de la presente ley, la Asamblea General llamará a concurso de oposición y méritos entre funcionarios públicos, preferentemente especializados en derechos humanos, para cubrir hasta veinte cargos administrativos y tres cargos técnicos que se integrarán a la unidad administrativa prevista en el artículo 56 de la presente ley.

Sin perjuicio y además, la INDDHH dispondrá de la facultad de solicitar en comisión hasta diez funcionarios públicos de cualquier dependencia o poder del Estado, todo de acuerdo a lo que establece el artículo 67 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, no rigiendo la prohibición establecida en el artículo 507 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 84.- La INDDHH celebrará, durante su primer año de funcionamiento, por lo menos dos períodos de sesiones extraordinarias.

Artículo 85.- Cualquier reglamentación de la presente ley requerirá de la opinión favorable de la INDDHH.

Montevideo, 14 de diciembre de 2006.

Jorge Saravia, Margarita Percovich, Eleuterio Fernández Huidobro, Susana Dalmás, Victor Vaillant, Rafael Miche-lini, José Korzeniak, Enrique Rubio, Alberto Couriel, Eduardo Ríos, Enrique Rubio, Lucía Topolansky. Mónica Xavier, Alberto Breccia, Alberto Cid, Rodolfo Nin Novoa. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La evolución histórica del Derecho Internacional, fundamentalmente a partir de la segunda guerra mundial, consolidó, como derechos humanos, las condiciones nece-sarias e indispensables para la plena realización de la persona y el desarrollo integral de las sociedades y los pueblos.

El sistema de los derechos humanos, como una indivisible e interdependiente unidad dinámica y en evolución, ha adquirido, entre otras, una dimensión jurídica-normativa que necesariamente obliga a los Estados y a la comunidad internacional, a realizar y mantener esfuerzos continuos y permanentes para su efectiva vigencia. Los Estados, en cuanto responsables de garantizar que las personas bajo su jurisdicción gocen plenamente de los derechos humanos, son los principales obligados por su mandato jurídico, el cual exije una real y adecuada implementación.

La evolución histórica, normativa e institucional del Uruguay, incorporó -desde la primera hora- los derechos humanos como principios esenciales de su ordenamiento jurídico, en consonancia con la evolución del derecho internacional. Sin embargo, en las últimas décadas, fundamentalmente a raíz del quiebre institucional de 1973 y de la dictadura, se evidenció un estancamiento -que no ha sido aun definitivamente superado- en el proceso de incorporación de los avances del derecho internacional de los derechos humanos.

Actualmente, los actores políticos y sociales han adquirido un avanzado grado de consenso sobre la necesidad de reafirmar y profundizar el ideal de los derechos humanos como principio rector de la conveniencia social y de la actuación pública. Este convencimiento en que la cultura de los derechos humanos debe ser un ideal común de la sociedad, genera la necesidad de introducir reformas en el modelo institucional del Estado para garantizar su efectiva realización.

En tal sentido, recogiendo la experiencia internacional, la creación de una Institución Nacional de Derechos Humanos -en adelante INDDHH-, concebida como un órgano independiente del gobierno, con autonomía jurídica, operacional y financiera, cuya función se defina concretamente para la protección y promoción de los derechos humanos, significaría un instrumento adicional a los mecanismos ya existentes, coadyuvante para otorgar mayores garantías a las personas en el goce de sus derechos humanos y para que las leyes, prácticas administrativas y políticas públicas, se desarrollen en consonancia con los mismos. Los Principios Relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales (Principios de París), adoptados por la Resolución 48/134 de la Asamblea General de las NNUU de 20 de diciembre de 1993, constituyen una guía indicativa en cuanto estándar internacional comprobado.

En América del Sur, solamente Brasil, Chile y Uruguay no disponen de una INDDHH. Se tendrá especialmente presente que la posibilidad de establecer una INDDHH en el Uruguay fue recomendada por el Comité sobre los Derechos del Niño en 1996, cuando sugirió que se den los pasos necesarios para asegurar una coordinación institucional para la protección y promoción de los derechos humanos de los niños y que el Gobierno considerara el establecimiento de un órgano consultivo independiente competente en materia de derechos del niño.

No debe escapar al análisis que desde 1985 se han sucedido, desde diversos sectores políticos, propuestas para establecer la figura del "Defensor del Pueblo" como un organismo de competencia nacional para la protección del ciudadano frente a la estructura estatal, orientado, básicamente, a controlar los abusos de la burocracia en la relación "administración pública- administrado". Si bien ninguno de dichos proyectos resultó aprobado, sí se ha sancionado normativas que incorporan órganos de alcance sectorial restringidos a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad y al contralor de la gestión municipal -Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Ley 17.684; Defensor del Vecino en Montevideo, Maldonado y Rocha-.

Es de hacer notar que desde una perspectiva histórica comparativa, las instituciones de "Ombusman" y de "Defensor del Pueblo", surgen asociadas a la idea principal de vigilar la legalidad y equidad del quehacer del Estado, protegiendo los derechos de los particulares que se consideran víctimas de actos injustos por parte de la administración pública. Posteriormente, acompasando el desarrollo y evolución del derecho internacional de los derechos humanos, la necesidad de su implementación en los órdenes jurídicos internos y la conciencia de los actores sociales en exigir la responsabilidad del Estado, dichas instituciones han asumido, con frecuencia cada vez mayor, competencias en la esfera de promoción y protección de los derechos humanos.

En consonancia con dicha tendencia, el estadio actual del debate en Uruguay constata la necesidad de dar un salto cualitativo respecto del nivel de las propuestas históricas en relación con las competencias de un "Defensor del Pueblo", superando las tradicionales funciones de defensa de los derechos de los administrados, por un especial énfasis en la promoción y protección de todos los derechos humanos y, especialmente, en el seguimiento de las obligaciones que los derechos humanos imponen al Estado.

El convencimiento absoluto en la matriz conceptual de los derechos humanos, determina, en definitiva, la necesidad de concebir una INDDHH como una institución del Poder Legislativo, autónoma, independiente y separada del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, con atribuciones y funciones adecuadas para la protección de los derechos humanos en toda su extensión, de alcance nacional, con funcionamiento permanente y sin limitaciones temáticas o sectoriales, dentro del marco constitucional.

Al mantener su distancia real del gobierno, puede aportar una contribución excepcional a los esfuerzos del país por proteger las libertades fundamentales de sus habitantes y por crear una cultura integral de respeto, promoción y plena vigencia de los derechos humanos, en su concepción de un todo interdependiente e indivisible -derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales-. Teniendo como cometidos fundamentales observar y controlar la realización efectiva de los derechos humanos en el plano nacional mediante el examen sistémico de la política de derechos humanos de todo el quehacer estatal y, además, intervenir en denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, implica una expansión de las salvaguardas existentes.

La INDDHH no sustituye ni desplaza las competencias originales de los diversos poderes del Estado. En ningún caso la INDDHH ejercería función jurisdiccional ni tendría facultades para revocar actos administrativos, no desempeñaría funciones ejecutivas, ni legislativas. Sus cometidos se acotarían a sugerir medios correctivos, efectuar recomendaciones no vinculantes e intervenir en denuncias por violaciones a los derechos humanos, sin interferir con las funciones jurisdiccionales, ejecutivas o legislativas que a los respectivos poderes correspondan.

En relación con la intervención en las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, es muy importante insistir en que no se trata de sustituir al Poder Judicial, ni de afectar la autonomía de su función jurisdiccional. El Poder Judicial, en una sociedad democrática, es una estructura básica para la protección de los derechos humanos y no puede ser reemplazado por la INDDHH. La institucionalización de un órgano independiente al Poder Judicial con facultades para recibir denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, no implica ignorar la competencia natural del Poder Judicial. La INDDHH satisface necesidades que el Poder Judicial no puede. En tal sentido, la experiencia internacional comparada resalta que una INDDHH posibilita un mecanismo mediador, disuasivo y conciliador de comprobada eficacia por sus respuestas ágiles, informales, rápidas y sin costo.

En el entendido que nuestra sociedad se encuentra en condiciones de madurez para incorporar una INDDHH con las características propuestas, no existen obstáculos jurídicos para su creación, la cual puede establecerse por ley o mediante reforma constitucional.

Tengamos presente que desde 1934, nuestra Constitución estableció órganos constitucionalmente independientes de los tres poderes esenciales del Estado, con funciones claramente definidas, optimizando las garantías ciudadanas y los mecanismos de contralor del sistema democrático -Corte Electoral, Tribunal de Cuentas y Tribunal de lo Contencioso Administrativo-. Por lo tanto, nada obstaría a que la INDDHH tuviera una jerarquía similar.

Si bien el rango constitucional potenciaría la independencia de la INDDHH, garantizaría su existencia a largo plazo, jerarquizaría los derechos humanos, permitiría una mejor adecuación de sus funciones en relación con las competencias constitucionales de otros poderes u orga-nismos autónomos y le otorgaría mayor legitimidad popular, es notorio y evidente que dicha opción resulta inconveniente desde el momento que dilatará el proceso de creación.

Consecuentemente, siendo posible establecer la INDDHH mediante ley, resulta preferible esta vía; no obstante, no debe excluirse para el futuro y en cuanto resulte oportuno, su consolidación normativa a nivel constitucional, en el entendido que para lograr un cambio significativo se requiere, muchas veces, de pasos sucesivos.

Por lo expuesto, se somete a vuestra consideración el presente proyecto de ley para la creación de una Institución Nacional de Derechos Humanos la que tendrá por cometido, la defensa, promoción y protección en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional.

El proyecto consta de ochenta y cinco artículos divididos en siete capítulos. El capítulo I refiere a la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos como una institución del Poder Legislativo con funcionamiento autónomo, no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad. El Capítulo II establece sus competencias. El Capítulo III refiere al procedimiento de denuncias. El Capítulo IV enumera las facultades de la Institución. El Capítulo V da cuenta de su estructura y del mecanismo de elección de sus miembros. El Capítulo VI regula el funcionamiento de la INDDHH, previendo sesiones extraordinarias en "Asamblea Nacional de Derechos Humanos" con amplia participación de la sociedad civil. El Capítulo VII regula el presupuesto y recursos de la institución. Finalmente, el Capítulo VIII prevé disposiciones transitorias y especiales relacionadas, fundamentalmente, con la instalación de la primera INDDHH.

Creemos que la pronta aprobación del presente proyec-to de ley será un paso trascendente en la construcción de una cultura integral de los derechos humanos en el Uruguay.

Montevideo, 14 de diciembre de 2006.

Jorge Saravia, Margarita Percovich, Eleuterio Fernández Huidobro, Susana Dalmás, Victor Vaillant, Rafael Miche-lini, José Korzeniak, Enrique Rubio, Alberto Couriel, Eduardo Ríos, Enrique Rubio, Lucía Topolansky. Mónica Xavier, Alberto Breccia, Alberto Cid, Rodolfo Nin Novoa. Senadores."

15) ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE)

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con lo resuelto oportunamente, se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se crea un servicio descentralizado con el nombre de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). (Carp. Nº 598/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 598/06

Rep. Nº 397/06

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Salud Pública

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO DE LA COMISION

Artículo 1º.- (Creación, personería y domicilio).- Créase, con el nombre de Administración de los Servicios de Salud del Estado (en adelante ASSE) un servicios descentralizado que se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública.

Este servicio descentralizado sustituye al órgano desconcentrado de igual denominación. Es persona jurídica y tendrá su domicilio principal en la ciudad de Montevideo sin perjuicio de las dependencias instaladas o que se instalen en todo el país.

Artículo 2º.- (Dirección y administración).- ASSE será dirigida y administrada por un directorio compuesto de cinco miembros, todos los cuales serán designados de conformidad con el artículo 187, inciso primero de la Constitución.

Cuando el Poder Ejecutivo elabore la propuesta de directores tendrá especialmente en cuenta como condiciones personales de dos de los cinco miembros que sean representativos de los usuarios y trabajadores de ASSE.

Dentro de los seis meses contados desde la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo reglamentará la forma en que los usuarios y los trabajadores formularán sus respectivas propuestas.

Durante los primeros tres años de su funcionamiento, ASSE podrá ser dirigida y administrada por los otros tres miembros del Directorio.

El Presidente del Directorio representará al organismo y tendrá las demás facultades que establezca el Reglamento General, que será aprobado por el Poder Ejecutivo a propuesta de ASSE.

Artículo 3º.- (Competencias).- Las competencias de ASSE son de carácter nacional y se integran con los cometidos y poderes jurídicos que se establecen en los dos artículos siguientes.

Artículo 4º.- (Cometidos).- Son cometidos de ASSE:

a) Organizar y gestionar los servicios destinados al cuidado de la salud en su modalidad preventiva y el tratamiento de los enfermos.

b) Ejercer la coordinación con los demás organismos estatales que prestan servicios de atención de la salud, procurando al máximo accesibilidad a los servicios de salud y su mejor calidad.

c) Formar parte del Sistema Nacional Integrado de Salud previsto en el artículo 264 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, al que contribuirá en su implementación.

d) Ejercer las actividades de salud establecidas en la Ley Nº 9.202, de 12 de enero de 1934, que regula servicios prestados por el Ministerio de Salud Pública y que hasta la vigencia de la presente ley eran cumplidos por el órgano desconcentrado ASSE.

e) Desarrollar al máximo posible el cumplimiento de los derechos en materia de salud que tienen los habitantes de la República, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, dentro del marco de los programas nacionales elaborados por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública.

f) Cumplir los cometidos previstos en el literal anterior, a través de una organización que cubra y coordine adecuadamente el nivel nacional y los niveles departamentales y locales, y que abarque las diversas etapas de la atención integral en materia de sa-lud, contribuyendo a la promoción de programas, diagnóstico precoz, tratamiento preventivo oportuno, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos.

g) Efectuar y mantener actualizado un diagnóstico sobre el estado de salud de sus usuarios, y las circunstancias socio-económicas y culturales que puedan condicionar sus niveles, elaborando las estrategias más adecuadas para la superación de los mismos.

h) Contribuir, mediante planes adecuados de difusión, al cambio voluntario de las prácticas, actitudes y estilos de vida, que ponen en riesgo la salud.

Artículo 5º.- (Poderes Jurídicos).- El Directorio de ASSE tendrá los siguientes poderes jurídicos:

a) Fijar aranceles y contraprestaciones por sus servicios con aprobación del Poder Ejecutivo.

b) Efectuar designaciones, promociones y cesantías de funcionarios sin perjuicio de lo dispuesto en el ar-tículo 8º de la presente ley. Las designaciones requerirán la aprobación del Poder Ejecutivo.

c) Suscribir con otros servicios de salud, públicos o privados, compromisos de gestión concertada, evitando siempre la superposición innecesaria de servicios y la insuficiente utilización de los recursos humanos y materiales.

d) Disponer -dentro de los límites que establezca el Reglamento General- la descentralización interna o las delegaciones que estime convenientes, para el más eficaz y eficiente cumplimiento de los cometidos del organismo.

e) Dictar sus reglamentos internos y en general, realizar todos los actos jurídicos y operaciones materiales destinados al buen cumplimiento de sus cometidos.

Artículo 6º.- (Consejos Asesores Honorarios).- Habrá un Consejo Asesor Honorario Nacional y Consejos Asesores Honorarios Departamentales o Locales, que se integrarán en la forma que establezca el Reglamento General de ASSE, el que asegurará la participación de sus usuarios y sus trabajadores.

Estos Consejos Honorarios tendrán actividades de asesoramiento, proposición y evaluación, en sus respectivos ámbitos geográficos. Todos sus informes serán presentados al Directorio de ASSE pero no tendrán carácter vinculante.

Artículo 7º.- (Patrimonio).- El Patrimonio de ASSE se integrará de la siguiente manera:

a) Con los activos y pasivos de cualquier naturaleza del órgano desconcentrado ASSE, que se transfieren de pleno derecho al Servicio Descentralizado creado por esta ley. El Ministerio de Salud Pública realizará todas las operaciones necesarias a efectos de registrar las mutuaciones dominiales o transferencias respectivas.

b) Con el producido de sus proventos.

c) Con las donaciones o legados que reciba.

d) Con un Fondo de Mejoramiento y Ampliación de Servicios, que ASSE proyectará y enviará al Poder Ejecutivo dentro de los tres meses siguientes a la instalación de su Directorio.

e) Con las asignaciones que resulten de su presupuesto, que se elaborará y tramitará según las reglas del artículo 220 y concordantes de la Constitución.

f) Con los aportes que se establezcan, en función de la población atendida por ASSE.

Artículo 8º.- (Recursos Humanos).- ASSE tendrá el personal que actualmente pertenece o está afectado a las unidades ejecutoras del órgano desconcentrado que lleva la misma denominación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5º, literal b) de la presente ley.

El ingreso de personal de cualquier categoría se regirá por las normas generales del Estatuto del Funcionario Público, sin perjuicio de las reglas especiales que se dicten en atención a la índole de sus cometidos (artículo 59, literal E), de la Constitución).

Dentro de los 120 días, contados desde la vigencia de la presente ley, deberá quedar definido por el Poder Ejecutivo el personal que pertenece a ASSE, en este plazo se atenderá la situación particular de los funcionarios que no pertenecen a la planilla funcional de ASSE.

Artículo 9º.- (Expropiaciones y servidumbres).- Declárase de utilidad pública la expropiación y uso de los bienes necesarios para el cumplimiento de la presente ley (artículo 32 de la Constitución y artículo 4º de la Ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912).

Las designaciones de bienes que hubieren de realizarse en los trámites a que alude la citada ley, serán realizadas por el Poder Ejecutivo a propuesta de ASSE.

Sala de la Comisión, a 19 de diciembre de 2006.

Víctor Vaillant, Miembro Informante; Isaac Alfie, (Discorde); Enrique Antía, Alberto Cid, Eber Da Rosa, Margarita Percovich, Mónica Xavier. Senadores.

Ministerio de Salud Pública

Montevideo, 7 de agosto de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a efectos de remitirle adjunto al presente Mensaje el Proyecto de Ley denominado "PROYECTO DE LEY DE DESCENTRALIZACION DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE) COMO UN SERVICIO DESCENTRALIZADO."

EXPOSICION DE MOTIVOS

Esta ley se inscribe en el proceso de construcción de un SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE SALUD.

El Sistema Nacional Integrado de Salud es el conjunto de servicios de salud del Estado, comunitarios y privados sin fin de lucro:

- Integrados en forma de red en una estructura común de organización.

- Que apliquen una estrategia sanitaria común, políticas de salud articuladas, programas y planes nacionales y locales.

- Con niveles de atención, definidos e interrelacionados.

- Con niveles de administración regionales y locales descentralizados.

- Que convoque y asegure la participación activa de la comunidad organizada y los trabajadores de la salud, ambos como sujetos de gestión, en todos los niveles del sistema.

- Con el propósito común esencial de asegurar:

- Cobertura universal

- Equidad en las prestaciones y su financiamiento

- Eficacia y eficiencia económica y social

- Una atención integral a la salud

El Sistema Nacional Integrado de Salud debe estar basado en un conjunto de principios fundamentales:

- Universalidad

- Continuidad

- Integralidad

- Equidad

- Calidad y Etica

- Eficacia

- Eficiencia Social y económica

- Atención Humanitaria

- Participación Social

- Administración democrática.

Un Sistema Nacional de Salud constituye un instrumento fundamental para llevar a cabo una profunda transformación de la atención a la salud en nuestro país, llevando a la práctica una estrategia de Atención Primaria de Salud, y contribuyendo a la acción intersectorial que permita mejorar sustantivamente la situación de salud de la población, y por lo tanto su calidad de vida.

El sistema de participación deberá abarcar todos los niveles de gestión y servicios en que se organice el sistema y deberá promoverse desde el inicio del proceso de transformaciones.

Sus mecanismos y modalidades se irán perfeccionando en el propio proceso de construcción del sistema.

La participación de usuarios y trabajadores en la conducción de cada una de las Instituciones de Salud y en el conjunto del Sistema Nacional de Salud será uno de los criterios generales a desarrollar y profundizar.

Un elemento fundamental en esta perspectiva será el desplegar un intenso proceso de capacitación comunitaria y de los integrantes del equipo de salud para actuar sobre las fortalezas y las debilidades existentes para la construcción del modelo de atención planteado.

El Consejo Asesor Honorario es una instancia de esa participación múltiple concebida como herramienta esencial del proceso de cambios.

En esa misma dirección está planteada la conformación de un movimiento representativo de los usuarios de los sistemas de salud públicos y privados, articulando la riqueza de organizaciones comunitarias involucradas en los temas de salud. La creación de Asambleas Representativas en cada zona, convocadas por instancias comunitarias reconocidas como son los Consejos Vecinales en el caso de Montevideo, son parte fundamental de ese proceso.

De esta forma se facilitar la participación de la comunidad en la gestión de ASSE y para actuar sobre los factores del entorno y los hábitos que son determinantes de la situación de salud.

La concepción de la salud como un derecho humano a ejercer por parte de la población, como una responsabilidad del Estado, como un proceso dinámico salud - enfermedad, y la valoración de los factores múltiples que inciden en ella coloca fuertemente su interrelación con los determinantes sociales. En ese sentido el Sistema de Salud, en consecuencia, es interdependiente y está interrelacionado, con todos los demás sectores del desarrollo económico social.

No es una responsabilidad exclusiva del sector salud, sino que implica la participación multisectorial y participación social hacia la construcción de ciudadanía.

La coordinación intersectorial a nivel nacional y también en el plano zonal de los efectores de salud con las instituciones educativas, municipales, de seguridad social y de desarrollo social, es un elemento sustantivo del nuevo Modelo de Atención. En tal sentido se concibe la integralidad de las políticas sociales.

La misión de un Sistema Nacional de Salud es proporcionar cobertura universal para que todos los habitantes del país tengan acceso a una atención integral. Abarca tres aspectos fundamentales:

a) Mantener y mejorar la salud de la población cubierta de modo de permitir que los individuos mantengan durante el mayor tiempo posible, el mayor nivel de salud permisible por su potencial genético.

b) Asegurar la capacidad reactiva del Sistema, es decir su capacidad de diagnosticar precozmente y tratar oportunamente la enfermedad, recuperar la salud y rehabilitar secuelas.

Un Sistema de Salud debe proteger al conjunto de habitantes de los riesgos sanitarios, y asume también la responsabilidad de vigilar que las personas sean tratadas con respeto y de conformidad a los derechos humanos.

c) Controlar y evaluar la calidad de los servicios, de los programas y su impacto así como la formación y capacitación de los recursos humanos y de la comunidad mediante la conformación, entre otros, de organismos regulatorios de: Etica y Calidad, Tecnología y Medicamentos, Educación de la comunidad y del equipo de salud y desarrollo continuo del mismo.

En el marco doctrinario y programático anteriormente expuesto el proceso de descentralización de ASSE adquiere un doble significado:

Por un lado el de carácter estructural y organizacional UN SERVICIO DESCENTRALIZADO en tanto procura separar la labor de brindar en forma integral servicios de atención de todo el sector público de la salud, de la responsabilidad de gobierno del sector que es competencia exclusiva del Ministerio de Salud Pública.

Por otro lado el de contribuir al proceso de construcción del Sistema Nacional de Salud de carácter mixto y que sea realmente capaz de llevar adelante un nuevo modelo de atención integral, de cobertura universal al servicio de todos los habitantes del País.

Mensaje Nº 11/2006

Ref. Nº 001-2435/2006

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; María Julia Muñoz.

SE CREA UN SERVICIO DESCENTRALIZADO CON EL NOMBRE DE ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO ASSE

PROYECTO DE LEY

ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE)

Denominación, personería y domicilio

Artículo 1º.- Créase, con el nombre de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), un servicio descentralizado del Ministerio de Salud Pública.

Artículo 2º.- Esta entidad está dotada de personería jurídica y tiene su domicilio en la capital de la República, sin perjuicio de las dependencias que se instalen en el interior.

Competencia, cometidos y atribuciones

Artículo 3º.- Corresponde a la Administración de los Servicios de Salud del Estado:

1. La organización, administración y funcionamiento de los servicios destinados al cuidado de la salud y tratamiento de enfermos y la administración de los establecimientos destinados a la protección de incapaces, de acuerdo a lo establecido por el artículo 269 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987 en la redacción dada por el artículo 283 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

2. También le corresponde ejercer la coordinación con los demás organismos del Estado que tienen servicios de atención a la salud, para consolidar un nuevo modelo de atención que contemple estándares de accesibilidad por extensión territorial de servicios y parámetros universales de calidad, a los cuales deberán ajustarse los servicios públicos.

3. Contribuir a la implementación del Sistema Nacional de Salud del cual forma parte.

Artículo 4º.- A tales fines, le compete específicamente:

1º Ejercer los cometidos y atribuciones que en materia de asistencia eran confiados hasta ahora al Ministerio de Salud Pública en el marco de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 9.202, de 12 de enero de 1934 y que estaban a cargo del órgano desconcentrado ASSE a quien sustituye.

2º Asegurar a la población que prevé el artículo 44 de la Constitución de la República así como a quienes se comprometa a brindar atención integral o parcial según convenios para lo que está habilitada, brindando cobertura por sí o por terceros, con la calidad adecuada para satisfacer las necesidades de su población usuaria y administrar en forma eficiente los recursos económicos disponibles.

3º A esos efectos privilegiará una organización descentralizada y propenderá a constituirse en una organización ágil, centrada en el usuario y su participación de forma que este se sienta seguro, confiado de recibir y participar de las acciones de salud en tiempo, lugar, cantidad y calidad adecuadas.

4º Ejecutar proyectos de promoción y protecciòn de la salud como parte de la atención integral en correspondencia con los programas nacionales dictados por el Ministerio de Salud Pública. A tal fin brindará acciones de atención integral que incluye la promoción, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, recuperación y rehabilitación de la salud de sus usuarios, incluyendo los cuidados paliativos.

5º Formular políticas y estrategias en el ámbito nacional, para la mejor administración de sus recursos sanitarios, incluyendo la regulación y el establecimiento de sus costos como referencia.

6º Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de las políticas, planes, programas y normas vinculadas a su red de atención, proponiendo modificaciones a la legislación sanitaria existente, para el mejor cumplimiento de su fin primordial.

7º Contribuir a la evaluación de la situación de la salud, a través de los indicadores que defina en comple-mentación del Ministerio de Salud Pública.

8º Efectuar y mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población objetivo y de sus entorno físico y social así como de las necesidades en salud existentes en la población del país.

9º Ejecutar, en el ámbito de su fin específico, las estrategias más eficaces, eficientes y equitativas en la difusión del conocimiento actualizado a la población en general y en especial a los grupos de riesgo con el fin de contribuir al cambio voluntario de las prácticas, actitudes y estilos de vida saludables.

10 Prever situaciones de riesgo o problemas que puedan afectar la salud de su población objetivo y anticipar las acciones más eficaces y eficientes para su resolución.

11 Facúltase a participar en la investigación científica en materia de salud de su interés.

12 Asegurar la conformación de un sistema de atención en el primer nivel conformando sistemas locales de salud, basados en la coordinación de efectores públicos y privados en las delimitaciones territoriales que se definan.

13 Articular un adecuado vínculo entre el primer nivel de atención y los demás niveles, así como promover y controlar la implementación en el Sistema Nacional de Salud.

14 Promover la coordinación intersectorial de las políticas de salud con el conjunto de las políticas so-ciales que aseguren la calidad de vida para la población.

Artículo 5º.- Son cometidos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado:

1º La definición de las políticas específicas a aplicar, en función de la situación de salud de sus beneficiarios, en orden a los problemas prioritarios detectados, al modelo de atención sanitaria y a las políticas del Ministerio de Salud Pública.

2º Identificar a sus beneficiarios con el fin de obtener la información necesaria sobre sus características demo-epidemiológicas, sociales, y de acceso a los servicios para definir los servicios de salud a brindar.

3º Asegurar la oferta de servicios integrales de salud, que permita brindar cobertura y satisfacer las necesidades de atención a la salud de la población a su cargo en forma eficaz y eficiente, debiendo asumir su construcción y velar por el desempeño de un nuevo modelo de atención y el establecimiento de estándares de accesibilidad, así como los parámetros de calidad.

4º Evaluar la oferta de servicios propuesta por las unidades dependientes, para lo cual llevará un registro de las existentes en cada una de las regiones y niveles de complejidad en que organizará su red de atención.

5º Promover la adopción de hábitos saludables de vida, y las acciones que correspondan sobre los problemas del entorno determinantes de la salud, coordinando dichas políticas con el sistema educativo y demás instancias institucionales y sociales.

6º Establecer un sistema de información continua en la materia de su incumbencia, dirigida a su población objetivo, propiciando la participación de la comunidad en las estrategias definidas, para la promoción de la salud y prevención de enfermedades.

7º Concertar con los servicios de salud públicos y/o privados, los términos de relacionamiento que se concertará en la firma de Compromisos de Gestión, Convenios de Gestión u otro tipo de acuerdos.

8º Administrar, planificar sus actividades y controlar la gestión de los recursos económico-financieros, materiales, humanos y asistenciales de las unidades de atención médica dependientes, de forma de mejorar su eficacia y eficiencia.

9º Promover la delegación de atribuciones de gestión hacia las unidades asistenciales de su dependencia, para mejorar la calidad del servicio, la eficiencia y la productividad.

10 Monitorear y controlar que se cumplan los términos y condiciones establecidos en los Compromisos de Gestión, Convenios de Gestión u otros tipos de acuerdos.

Artículo 6º.- Son atribuciones de la Administración de los Servicios de Salud del Estado:

1º Dirigir y coordinar la ejecución de las actividades destinadas al cumplimiento de sus cometidos, pudiendo convenir con efectores públicos y/o privados la compra o venta de servicios, para cubrir con las mismas servicios integrales.

2º Desarrollar e implantar la planificación, con orientación estratégica como base de la gestión, asegurando que se cumplan sistemáticamente las actividades necesarias para ello y realizar su seguimiento.

3º Administrar eficaz y eficientemente la red de sus unidades asistenciales.

4º Administrar los recursos humanos, materiales y financieros, para la ejecución de los cometidos a su cargo.

5º Coordinar con las dependencias y organismos públicos que posean establecimientos y servicios de atención de salud, todo lo relativo a su funcionamiento para evitar la superposición de sevicios y la subutilización de recursos.

6º Aprobar anualmente la planificación de las necesidades de servicios complementarios a contratar para asegurar, la equidad en el acceso y la calidad del servicio a la población objetivo.

7º Aprobar anualmente las necesidades financieras para solventar los servicios de salud contratados o a ser contratados, en carácter de apoyo, para el cumplimiento de sus cometidos.

8º Establecer negociaciones con los servicios de salud públicos o privados que sean menester, en orden a sus cometidos.

9º Realizar auditorías o inspecciones administrativas o médicas en el marco de su red de servicios.

10 Adoptar las medidas correctivas en los casos en que se detecten errores en la información contenida en la base de datos nacional de identificación de beneficiarios.

11 Disponer la creación, modificación, supresión, sustitución u otras medidas atinentes a los servicios de salud de los establecimientos de atención médica en su ámbito.

12 Aprobar la evaluación del cumplimiento de los Compromisos de Gestión, Convenios de Gestión u otros tipos de acuerdo.

13 Aprobar su presupuesto, ordenar gastos o inversiones en relación con las disposiciones vigentes.

14 Promover la capacitación y el adiestramiento de los funcionarios a su cargo con el fin de optimizar el nivel de los servicios.

15 Aprobar las acciones que sirvan de base para realizar el seguimiento de la gestión administrativa y económico-financiera de las unidades ejecutoras.

16 Definir las políticas, estrategias y desarrollo de tecnologías de la información.

Administración

Artículo 7º.- La Administración de los Servicios de Salud del Estado será ejercida por un Directorio que integrarán cinco miembros, tres designados por el Poder Ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 187 de la Constitución de la República, uno de ellos a propuesta del Ministerio de Salud Pública que presidirá el Directorio; un representante de los usuarios y otro de los funcionarios de ASSE los que serán elegidos mediante el procedimiento que asegure la selección democrática del representante respectivo.

Artículo 8º.- Al Presidente, o al Vice-Presidente en su caso, le corresponde:

a. Ejecutar las resoluciones del Directorio.

b. Tomar medidas que entienda necesaria para el cumplimiento de los cometidos del Servicio, así como las urgentes, dando cuenta al Directorio en la primera sesión y estándose a lo que éste resuelva. Para modificar las decisiones adoptadas en ejercicio de esta potestad, será necesario el voto de por lo menos tres miembros del Directorio.

c. Presidir las sesiones del Directorio y representar a la institución.

d. Firmar con el miembro del Directorio o con el funcionario que éste designare, todos los actos y contratos en que intervenga el organismo.

Artículo 9º.- Corresponde al Directorio:

a) Administrar el patrimonio del Organismo.

b) Fijar los aranceles y contraprestaciones por sus servicios, con la aprobación del Poder Ejecutivo.

c) Fiscalizar y vigilar todos los servicios y dictar normas y reglamentos necesarios.

d) Ejercer la potestad disciplinaria sobre todo el personal.

e) Aprobar la planificación anual de las acciones de salud del organismo, en función de lo dispuesto en los Arts. 3 y 4 de la presente ley.

f) Proyectar el presupuesto del Organismo, el que será elevado al Poder Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas de la República a los efectos dispuestos por el artículo 220 de la Constitución de la República.

g) Proponer al Poder Ejecutivo, en el momento que resulte necesario, las designaciones, promociones y cesantías del personal presupuestado del Organismo, de acuerdo a las normas que establece la Ley.

h) Resolver las demás cuestiones que el Presidente o cualquiera de sus miembros someta a su consulta o a su decisión.

i) Mantener relaciones con organismos internacionales de salud, y proponer al Poder Ejecutivo la realización o asistencia a reuniones, así como designar a sus delegados.

Artículo 10.- Para la realización de las actividades referidas en los artículos 3º, 4º, 5º y 6º, el Directorio podrá definir en su estructura, las unidades organizativas necesarias destinadas al cumplimiento de sus fines, acordándoles las atribuciones que entienda pertinente.

Artículo 11.- Existirá un Consejo Asesor Honorario, que se integrará en la forma que la reglamentación determine asegurando la presencia de delegados de los usuarios y trabajadores de ASSE, los que serán elegidos mediante el procedimiento que asegure la selección democrática del representante respectivo.

Dicho Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

1. Asesorar sobre los proyectos de resoluciones, anteproyectos de disposiciones de carácter general, planificación de las actividades anuales que someta a su consideración el Presidente del Organismo.

2. Emitir opinión de oficio respecto del cumplimiento de las normas vinculadas a las competencias de ASSE.

3. Evaluar periódicamente el funcionamiento de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, incluyendo los servicios destinados al cuidado de la salud y tratamiento de enfermos, proponiendo al Directorio los correctivos que entienda del caso.

Podrán constituirse Consejos Asesores Honorarios Departamentales con competencias específicas en el Departamento asiento de los mismos.

Artículo 12.- El Directorio podrá sesionar con tres de sus miembros pero las resoluciones en materias comprendidas en los artículos 4º, 5º y 6º deberán tomarse por mayoría absoluta de sus componentes, incluyendo el voto conforme del Presidente del organismo o quien ejerza dichas funciones. De no obtenerse ésta, el Presidente o quien ocupe sus funciones podrá adoptar resolución, la que deberá ser ratificada por el Poder Ejecutivo.

Patrimonio

Artículo 13.- El patrimonio de la entidad estará compuesto:

1º) Por todos los bienes a que se refiere el artículo siguiente.

2º) Por los fondos específicamente asignados en esta ley.

3º) Por el producido de sus proventos.

4º) Por los legados y donaciones.

Artículo 14.- Se incorporan como patrimonio original del Organismo los bienes inmuebles, muebles, créditos y derechos afectados a las actividades desarrolladas por el Ministerio de Salud Pública a través del órgano desconcentrado "Administración de los Servicios de Salud del Estado", a cuyo efecto el Ministerio de Salud Pública efectuará las operaciones materiales tendientes a la mutación dominial correspondiente a favor del organismo que se crea por la presente ley. La reglamentación a dictarse establecerá qué bienes quedarán excluidos de la mutuación dominial, en función del ejercicio común del uso de determinados bienes por parte del Ministerio de Salud Pública.

Artículo 15.- La Administración de los Servicios de Salud del Estado tomará a su cargo todas las deudas y obligaciones contraídas, así como sus servicios, recibiendo los fondos o recursos afectados a los mismos, por la actividad llevada a cabo por la actual "Administración de los Servicios de Salud del Estado". Además recibirá los aportes que se definan luego de implantado el Sistema Nacional Integrado de Salud, en función de la población cubierta por el Servicio.

Artículo 16.- Para el mejor desarrollo de su gestión la entidad que se crea por esta ley contará con un fondo de mejoramiento y ampliación de servicios. Con tal fin proyectará y elevará al Poder Ejecutivo las disposiciones que considere oportunas.

Del personal

Artículo 17.- La Administración de los Servicios de Salud del Estado se integrará con el personal actualmente afectado a las unidades ejecutoras del órgano desconcentrado "Administración de los Servicios de Salud del Estado".

Artículo 18.- El ingreso de todo el personal, técnico, semi-técnico, administrativo y de servicios, se regirá por las normas generales de ingreso a la función pública, sin perjuicio de las particularidades que resuelva el Directorio.

Expropiaciones y servidumbres

Artículo 19.- Declárase de utilidad pública y, por consiguiente, comprendidos en lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912 y sus modificaciones, los bienes necesarios para el cumplimiento de esta ley.

Disposiciones transitorias

Artículo 20.- Hasta tanto no se sancione el primer presupuesto para este organismo regirán los que a la fecha de promulgación de la presente ley tenía el Ministerio de Salud Pública con destino al funcionamiento de su órgano desconcentrado "Administración de los Servicios de Salud del Estado", incluyéndose la totalidad de los créditos presupuestales, cualquiera sea su naturaleza.

Artículo 21.- A partir de la fecha de promulgación de la presente ley el órgano desconcentrado "Administración de los Servicios de Salud del Estado" continuará denominándose con el mismo nombre, bajo la figura de servicio descentralizado, pudiendo utilizar indistintamente la sigla ASSE.

Artículo 22.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 17 facúltase al Ministerio de Salud Pública y a la Administración de Servicios de Salud del Estado a definir el personal afectado a cada uno de dichos organismos en un plazo de 120 días a partir de la vigencia de la presente ley.

María Julia Muñoz.

DISPOSICIONES CITADAS

Ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912

EXPROPIACIONES

Artículo 4º.- Declárase de utilidad pública la expropiación de los siguientes bienes:

1º) La de los inmuebles necesarios para la apertura, ensanche o rectificación de las calles, plazas y plazuelas comprendidas dentro del amanzanamiento oficial de los centros urbanos de la República y de los caminos y puentes cuyo trazado se haya previa y debidamente autorizado.

Amplíase el inciso 1º del artículo 4º de la Ley de 28 de marzo de 1912, en el sentido de que queden comprendidos entre los inmuebles expropiados los necesarios para la construcción de galerías y aperturas de pasajes.

FUENTE:

Ley Nº 7.409, de 5 de setiembre de 1921

Artículo 1º.

2º) La expropiación de terrenos y edificios necesarios para la apertura y ensanche de las avenidas, plazas, ramblas, jardines o paseos públicos existentes o que se proyecten abrir o construir en las ciudades y villas de la República.

3º) La expropiación de los inmuebles contiguos a las avenidas, plazas, ramblas o paseos públicos a que se refiere el inciso anterior, para la construcción de edificios de arquitectura y ubicación especial en armonía con la avenida o paseo de que se trate.

La faja a expropiarse no será mayor que el ancho de la rambla o el de la avenida a uno y otro costado de la misma. El Poder Ejecutivo determinará en cada caso el ancho de la faja a expropiarse contigua a las plazas.

Amplíase el inciso 3º del mismo artículo en el sentido de autorizar la expropiación de las fajas adyacentes a las galerías o pasajes, las que se podrán vender en subasta pública, quedando sujeto el comprador a la reglamentación especial de orden arquitectónico que se sancione sobre el particular.

FUENTE:

Ley Nº 7.409, de 5 de setiembre de 1921

Artículo 2º.

Si se tratare de la apertura o ensanche de paseos públicos, el Poder Ejecutivo, previo informe de la Intendencia respectiva podrá autorizar la expropiación además de lo necesario para la obra, de una faja circundante que no exceda de 80 metros de fondo en la línea paralela a la del contorno del paseo, rambla, playa o ribera.

Si la expropiación de las propiedades colindantes se decretase sobre ramblas, plazas, avenidas o paseos ya librados al servicio público, los propietarios tendrán derecho de mantener la propiedad de sus inmuebles, obligándose a efectuar las construcciones que determine la Municipalidad dentro del plazo prudencial que se les señale al efecto. Vencido ese plazo sin haberse verificado la construcción se procederá a la expropiación sin más trámite.

4º) La de los inmuebles necesarios para completar hasta 20 metros de fondo a las propiedades nacionales o municipales que con motivo de la apertura, ensanche, rectificación o nuevo trazado de calles, plazas y avenidas, quedaren interpuestas entre la línea de edificación o de separación del dominio o uso público y dichos inmuebles particulares.

5º) La de los inmuebles necesarios para la apertura y explotación de canteras y otros yacimientos de materiales para la construcción y mantenimiento de obras públicas.

Declárase incluidos en el artículo 4º de la Ley Nº 3.958, de fecha 28 de marzo de 1912, en un fondo menor o igual a 500 metros, medidos a partir del eje de la carretera, los campos que hayan quedado o quedaren con frente a una carretera, con motivo de la apertura de ésta.

Destínase para la adquisición de esta clase de tierras, una partida de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000,00) del rubro que para expropiaciones de Vialidad se autoriza en el artículo 2º Apartado "A" Grupo "d" de la presente ley.

FUENTE:

Ley Nº 10.589, de 23 de diciembre de 1944

Artículo 15

Declárase incluida en el artículo 4º de la Ley Nº 3.958, de fecha 28 de marzo de 1912, la expropiación de los terrenos y edificios necesarios para la construcción de locales destinados a servicios del Estado o de los Gobiernos Departamentales.

FUENTE:

Ley Nº 10.589, de 23 de diciembre de 1944

Artículo 21

Decláranse de utilidad pública e incluidos en el artículo 4º de la Ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912 y sus modificaciones, los bienes necesarios para la construcción y explotación de obras de saneamiento, quedando por tanto sujetos a expropiación y gravados con servidumbres de estudio; paso; búsqueda; extracción y depósito de materiales; pastoreo; ocupación temporaria con campamentos de trabajo; desagües superficiales o subterráneos e instalación de cañerías de agua corriente en todas las propiedades del país, en las condiciones establecidas en las leyes vigentes.

FUENTE:

Ley Nº 10.690, de 20 de diciembre de 1945

Artículo 9º

Decláranse de utilidad pública y comprendidos en el artículo 4º de la Ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912, y sus modificaciones, los bienes necesarios para la realización de los fines que se cometen al Ente que se crea, quedando por tanto sujetos a expropiación. Asimismo, quedan gravados con servidumbres de estudio, paso, búsqueda, extracción y depósito de materiales, pastoreo, ocupación temporaria con campamentos de trabajo, desagües superficiales o subterráneos e instalación de cañerías de agua corriente, todas las propiedades del país, en las condiciones establecidas en las leyes vigentes.

FUENTE:

Ley Nº 11.907, de 19 de diciembre de 1952

Artículo 4º

6º) La de los inmuebles necesarios para la instalación o ampliación de los servicios de la Asistencia Pública Nacional.

FUENTE:

Ley Nº 4.949, de 20 de julio de 1914

Artículo 1º.

7º) Los inmuebles necesarios para la construcción de cuarteles y obras de carácter similar.

FUENTE:

Ley Nº 5.348, de 12 de noviembre de 1915

Artículo 1º.

8º) La de los edificios y terrenos necesarios para los establecimientos oficiales de enseñanza, ya sea ésta primaria, secundaria o superior, así como para su construcción.

Fuente:

Ley Nº 5.560, de 31 de marzo de 1917

Artículo 1º.

8º) Los terrenos necesarios para la construcción de depósitos, talleres, viveros y alojamientos de camineros para la conservación de puentes y carreteras.

FUENTE:

Ley Nº 5.616, de 13 de diciembre de 1917

Artículo 1º.

9º) La de los terrenos y edificios necesarios para la construcción de cementerios en las ciudades, villas y pueblos.

FUENTE:

Ley Nº 6.953, de 9 de setiembre de 1919

Artículo 1º.

Los inmuebles necesarios para la ejecución de prgramas de vivienda o la formación de centros de industrias o poblados a crearse por iniciativa nacional o departamental.

Los inmuebles necesarios para la urbanización de las áreas ubicadas dentro de las zonas urbanas y suburbanas, con arreglo a los planes oficiales de amanzanamiento, remodelación o parcelamiento.

FUENTE:

Ley Nº 13.229, de 31 de diciembre de 1963

Artículo 9º.

Los inmuebles necesarios para ser afectados a los servicios policiales del Ministerio del Interior.

FUENTE:

Ley Nº 14.307, de 10 de diciembre de 1974

Artículo 1º.

Ley Nº 9.202, de 12 de enero de 1934

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - LEY ORGANICA

CAPITULO I

Artículo 1º.- Compete al Poder Ejecutivo por intermedio de su Ministerio de Salud Pública, la organización y dirección de los servicios de Asistencia e Higiene.

En materia administrativa, el Ministerio de Salud Pública se regirá por lo dispuesto en esta Ley y en el Decreto Orgánico de los Ministerios, en cuanto fuera aplicable.

Artículo 2º.- En materia de Higiene, el Ministerio de Salud Pública ejercerá los siguientes cometidos:

1º.- La adopción de todas las medidas que estime necesario para mantener la salud colectiva y su ejecución por el personal a sus órdenes, dictando todos los reglamentos y disposiciones necesarias para ese fin primordial.

2º.- En caso de epidemia o de serias amenazas de invasión de enfermedades infecto-contagiosas, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes a mantener indemne el país o disminuir los estragos de la infección. En este caso, el Poder Ejecutivo dispondrá la intervención de la fuerza pública, para garantizar el cumplimiento de las medidas dictadas.

3º.- Determinará, cuando fuere necesario, por intermedio de sus oficinas Técnicas, el aislamiento y detención de las personas que por sus condiciones de salud, pudieran constituir un peligro colectivo.

4º.- La determinación de las condiciones higiénicas que deben observarse en los establecimientos públicos o privados o habitaciones colectivas, tales como cárceles, asilos, salas de espectáculos públicos, escuelas públicas o privadas, talleres, fábricas, hoteles y todo local de permanencia en común, etc.; disponer su inspección y la vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto. El Ministerio de Salud Pública ejercerá sobre los Municipios superintendencia en materia sanitaria.

5º.- Difundir el uso de las vacunas o sueros preventivos como agentes de inmunización, imponer su uso en casos necesarios y vigilar el cumplimiento de las leyes que imponen la obligatoriedad de vacunación y revacunación antivariólica. El Ministerio de Salud Pública controloreará la preparación oficial y privada de sueros y vacunas.

6º.- Reglamentar y contralorear el ejercicio de la Medicina, la Farmacia y profesiones derivadas, y los es-tablecimientos de asistencia y prevención privados.

7º.- Ejercer la policía higiénica de los alimentos y atender y contralorear el saneamiento y abastecimiento de agua potable en el país.

8º.- Adoptar las medidas necesarias para evitar la propagación de los males venéreo-sifilíticos.

9º.- Propender por todos los medios a la educación sanitaria del pueblo.

Sustituido por Ley Nº 15.903, Art. 266.

10.- El Ministerio de Salud Pública debe ser siempre consultado en la conclusión de tratados o convenciones internacionales que interesen a la salud pública. Las leyes aprobatorias de estos tratados serán refrendadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Salud Pública.

11.- Corresponde al MSP, hacer formar y mantener la estadística sanitaria nacional.

12.- El MSP podrá nombrar Comisiones de asesoramiento y cooperación.

Artículo 3º.- En materia de Asistencia, compete al MSP, la organización, administración y funcionamiento de los servicios destinados al cuidado y tratamiento de enfermos y la administración de los establecimientos destinados a la protección de incapaces y menores desamparados, que no quedaren sujetos al Ministerio de Protección a la Infancia.

Artículo 4º.- Todo habitante del país tiene la obligación de someterse a las medidas profilácticas o de asistencia que se le impongan cuando su estado de salud estime necesario, la denuncia y tratamiento obligatorio de las afecciones que por su naturaleza o el género de ocupaciones a que se dedica la persona que la padezca, pueda tener una repercusión sobre la sociedad.

Artículo 5º.- El obligado a someterse a tratamiento podrá hacerlo en los establecimientos públicos, con sujeción a las condiciones que se le impongan o privadamente, con el contralor de la autoridad, salvo el caso en que se disponga del aislamiento o la internación en un establecimiento o lugar determinado.

Artículo 6º.- Las Intendencias Municipales coadyuvarán dentro de sus respectivas jurisdicciones, al cumplimiento de las decisiones tomadas por los organismos centrales de Salud Pública.

Artículo 7º.- Los servicios de asistencia prestados por el Estado cuando fueran solicitados por los interesados o impuestos por la Autoridad Sanitaria, obligarán a la compensación pecuniaria de quien reciba los beneficios o de las personas obligadas a prestarlos en razón del parentesco en proporción a su estado de fortuna.

Unicamente serán gratuitos en los casos de pobreza notoria. El MSP, al reglamentar la presente ley, establecer el procedimiento a seguirse para justificar las condiciones económicas del beneficiado.

Artículo 8º.- Facúltase al Poder Ejecutivo para establecer en sus Reglamentos Administrativos sobre salud pública, penas hasta de quinientos pesos de multa, para el caso de omisión o incumplimiento de las disposiciones que tome en materia de salubridad y asistencia pública.

Artículo 9º.- Igualmente se podrá disponer de la facultad de clausurar cualquier establecimiento que por sus condiciones de insalubridad pueda constituir un peligro.

CAPITULO II:

DE LA SANIDAD MARITIMA, AEREA Y DE FRONTERAS

Artículo 10.- El MSP, velará por intermedio de sus oficinas respectivas, del cumplimiento fiel de los Tratados, Convenciones y Acuerdos Internacionales relativos a sanidad pública, y dispondrá las medidas necesarias para facilitar su cumplimiento o para intervenir en los casos no previstos por acuerdos internacionales.

Artículo 11.- Le corresponde también intervenir por vía de reglamentación para fijar las condiciones de salud de las personas que pretendan ingresar al país sean o no inmigrantes.

Artículo 12.- En materia de inmigración le corresponde al MSP, por intermedio de sus Oficinas Técnicas, disponer el rechazo de los inmigrantes que no se ajusten a las condiciones de salud fijadas por las leyes vigentes o por las disposiciones que se tomen en lo sucesivo.

CAPITULO III:

DE LA POLICIA DE LA MEDICINA Y PROFESIONES DERIVADAS

Artículo 13.- Nadie podrá ejercer la profesión de Médico-cirujano, Farmacéutico, Odontólogo y Obstétrico, sin inscribir previamente el título que lo habilite para ello, en las Oficinas del MSP.

Artículo 14.- Corresponde al MSP reglamentar y vigilar el ejercicio de las profesiones mencionadas en el artículo anterior, y de todas las auxiliares de la medicina. También le corresponde reglamentar y vigilar el funcionamiento de las Instituciones Privadas de Asistencia, de las Sociedades Mutualistas y de las instituciones de carácter científico y gremial cuando se refiere a los profesionales mencionados en este capítulo.

Artículo 15.- Ejercer ilegalmente la medicina el que, careciendo de título regularmente expedido o revalidado de acuerdo con las leyes de la Nación, se dedicare al tratamiento de las enfermedades ejerciendo actos reservados a las personas habilitadas por el Estado para tal fin.

Artículo 16.- Se considera también ejercicio ilegal de la medicina, a los efectos de esta ley, la atribución de condiciones para curar enfermedades por cualquier medio aun cuando no sean los habitualmente empleados por la ciencia.

Artículo 17.- En que teniendo un título legalmente expedido para ejercer la medicina o cualquiera de los ramos anexos del arte de curar, lo utilizare para cohonestar o encubrir las actividades de un curandero o para sustraerlo de la aplicación de las sanciones de esta ley, será pasible de la aplicación de esas mismas sanciones.

Artículo 18.- No caen dentro de lo dispuesto en los Artículos anteriores, las actividades de practicantes de medicina y enfermeros, que serán reglamentados por la Autoridad Sanitaria.

CAPITULO IV:

POLICIA DE LOS ALIMENTOS

Artículo 19.- La determinación de las condiciones que deben llenar los alimentos puestos en el comercio y las normas que fijen su calidad y su pureza, compete exclusivamente al Ministerio de Salud Pública. La fiscalización y contralor se ejerce por los funcionarios del Ministerio encargados de ese cometido, sin perjuicio de la intervención municipal y de las oficinas de la aduana que corresponda.

Artículo 20.- Las mismas atribuciones tendrá el Ministerio de Salud Pública para fijar, contralorear y fiscalizar las drogas y todo producto medicamentoso que se ponga en el comercio, atribuyéndosele propiedades curativas.

Artículo 21.- A los efectos consignados en el artículo anterior, entiéndase por alimento, además de todos los productos que se usan para la alimentación del hombre, las bebidas, dulces y condimentos habituales.

CAPITULO V:

POLICIA DE LA PROSTITUCION Y DE LOS VICIOS SOCIALES

Artículo 22.- En materia de prostitución, el Poder Ejecutivo establecerá la sustitución del régimen actual de reglamentación, por otro basado en la supresión del prostíbulo, la denuncia y el tratamiento obligatorio de las enfermedades venéreo-sifilíticas de acuerdo con la facultad asignada en el inciso 3º del Artículo 2º de esta ley, y propondrá al Parlamento, el establecimiento del delito de contagio intersexual y nutricio.

Artículo 23.- Extender la acción profiláctica en mate-

ria de prostitución, a los vicios sociales en general, que disminuyen la capacidad de los individuos o atenten contra la salud, tales como las toxicomanías, el alcoholismo, etc.

CAPITULO VI:

DE LA COMISION DE SALUD PUBLICA

Artículo 24.- En el Ministerio de Salud Pública, funcionará la Comisión de Salud Pública, de carácter honorario, que ser presidida por el Ministro y constituida por quince miembros, que serán designados por el Poder Ejecutivo, aplicando la proporcionalidad fijada para la elección de miembros de servicios descentralizados.

Artículo 25.- Corresponde a la Comisión:

a) Dictaminar sobre todas las cuestiones técnicas y administrativas relacionadas con la Asistencia e Higiene Pública, que le sean sometidas por el Ministerio de Salud Pública.

b) Proponer al Ministro de Salud Pública Ordenanzas de carácter sanitario.

Artículo 26.- Corresponde también a esta Comisión, constituida en tribunal disciplinario, juzgar y reprimir las faltas cometidas por los médicos y los que ejercen profesiones anexas en el ejercicio de su profesión, cuando éstos se aparten del cumplimiento de las normas generales que determinen las Ordenanzas y Reglamentos.

Artículo 27.- La Comisión ejerce también la función de reprimir el ejercicio ilegal de la medicina, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III de esta ley.

Artículo 28.- La averiguación de las faltas previstas en esta Ley se llevara a cabo por intermedio de las oficinas técnicas del Ministerio de Salud Pública, y la aplicación de las sanciones correspondientes, es del resorte de la Comisión de Salud Pública.

Contra las decisiones que dicte esa autoridad, sólo podrá interponerse el recurso de apelación para ante el Ministro de Salud Pública, dentro del plazo de cinco días previa consagración y garantía suficiente, de la multa impuesta.

Artículo 29.- La Comisión de Salud Pública queda facultada para solicitar las medidas tendientes a la averiguación de las faltas a que se refiere esta ley. Terminando el sumario administrativo, la Comisión de Salud Pública lo eleva al Ministerio de Salud Pública, el cual dará vista en la Oficina, al o a los inculpados quienes en el plazo de ocho días evacuarán la vista o solicitar en la ampliación de las pruebas producidas.

Artículo 30.- Los inspectores en quienes se delegue la averiguación de los hechos castigados por esta Ley, podrán inspeccionar los consultorios y establecimientos donde se preste asistencia médica, o los lugares donde se presume que se cometan infracciones castigadas por ésta disposición.

Artículo 31.- Los que cometieren las faltas previstas en los Artículos 1º, 15, 16 y 17 de esta Ley, ser llamados por la primera vez ante la Comisión de Salud Pública, para ser apercibidos siempre que de la investigación practicada no resultare haberse producido algún daño en la salud de terceras personas; en caso de reincidencia, incurrirán en la pena de 100 a 500 pesos (Cien a quinientos pesos) de multa. La Comisión de Salud Pública podrá disponer, además de la multa, la publicación de la resolución con mención del infractor y de la pena impuesta, todo a costa del infractor.

Artículo 32.- Toda vez que, al realizarse el procedimiento fijado en los Artículos precedentes, se sospechare la comisión de algún hecho delictuoso previsto por las leyes penales, se suspenderá el procedimiento y se formulará sin más trámite la denuncia correspondiente a la Justicia del Crimen.

Artículo 33.- Corresponde también a la Comisión de Salud Pública proceder a la tasación de los honorarios reclamados judicialmente por los profesionales mencionados en el Artículo 13. Los Jueces de la República remitirán a la Comisión, una vez dictada sentencia definitiva en los asuntos de esta naturaleza los respectivos expedientes, para que este organismo proceda a la tasación de los servicios reconocidos en la sentencia judicial.

CAPITULO VII:

DE LOS FUNCIONARIOS DE SALUD PUBLICA

Artículo 34.- En el personal del Ministerio de Salud Pública se distinguirán tres categorías:

a) Personal técnico.

b) Personal administrativo.

c) Personal secundario especializado.

Artículo 35.- El ingreso a un cargo técnico por vacancia de éste se realizará mediante concurso de oposición entre los aspirantes. Entiéndase por cargo técnico a los efectos de esta Ley, aquél para cuyo ejercicio necesite el aspirante poseer un título universitario que lo habilite para desempeñarlo y los cargos que sin ser desempeñados por profesionales, exigen por naturaleza, una preparación científica adecuada, como el de ayudante técnico.

Artículo 36.- Vacante un cargo de esta naturaleza, el Ministerio de Salud Pública designar un tribunal técnico para recibir la prueba de los aspirantes, mediante el concurso de oposición.

Artículo 37.- El ascenso dentro de esta categoría, se realizará mediante concurso de méritos o de oposición, entre los funcionarios que aspiren al ascenso.

Artículo 38.- La provisión de los cargos administrativos se hará con sujeción a los siguientes principios, sin perjuicio de lo establecido expresamente en el Artículo 41:

a) El ingreso a la Administración Sanitaria se realizará por la jerarquía inferior;

b) Se deberá acreditar en todos los casos, prueba de moralidad y buena conducta.

Artículo 39.- Los ascensos del personal administrativo, se efectuarán de la jerarquía inferior a la inmediata superior, previa la realización del concurso de méritos o de oposición. En los ascensos se tendrán en cuenta las condiciones de aptitud demostradas en el desempeño del cargo inferior.

Artículo 40.- Con la designación del personal secundario especializado, se comprenden los que desempeñan aquellas funciones dentro de la Administración Sanitaria, para las que es preciso acreditar condiciones de idoneidad en materia hospitalaria o de profilaxis: nurses, enfermeras, visitadores, así como todos los cargos que tengan relación con el servicio sanitario y social. Los cargos de esta naturaleza, serán provistos mediante pruebas de suficiencia, en las condiciones que fije el Ministerio, y mediando también la justificación de poseer el peticionante condiciones de moralidad y buena conducta, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 41.

Artículo 41.- Créase en el Ministerio de Salud Pública, una Escuela de Sanidad Pública y Servicio Social.

Los aspirantes a cualquier cargo en la Administración Sanitaria deberán presentar certificados de suficiencia, mediante pruebas realizadas en esa escuela.

El Ministerio podrá disponer que los funcionarios de su dependencia realicen cursos de revisión y perfeccionamiento.

El funcionamiento de la Escuela de Sanidad Pública y Servicio Social no debe importar aumento de ninguna clase en el presupuesto estatal.

Artículo 42.- El Ministerio de Salud Pública no admitirá de ninguna manera el ingreso a un cargo de la Administración Sanitaria de cualquier naturaleza que sea, si no es con sujeción a los principios contenidos en los Artículos de esta ley.

Artículo 43.- Los actuales empleados de Salud Pública mantendrán su posición jerárquica dentro del Ministerio de Salud Pública, y seguirán desempeñando sus funciones en las condiciones en lo que hacen actualmente, pero quedarán sujetos a lo prescripto en esta Ley.

Artículo 44.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley.

Artículo 45.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Artículo 46.- Comuníquese, etc.

Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005

INCISO 12

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Artículo 264.- El Inciso 12 "Ministerio de Salud Pública" implementará un Sistema Nacional Integrado de Salud con el objetivo de establecer la atención integral de todos los habitantes residentes en el país, garantizando su cobertura equitativa y universal.

Dicho sistema se articulará sobre la base de la complementación público-privada y tendrá como estrategia global la atención primaria en salud, privilegiando el primer nivel de atención, las acciones de promoción, prevención y rehabilitación.

El sistema complementará los servicios públicos y privados de forma de alcanzar la atención integral y de calidad adecuada a todos los habitantes.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

Artículo 32.- La propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad públicas, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación, incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda.

Artículo 44.- El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país.

Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes.

Artículo 59.- La ley establecerá el Estatuto del Funcionario sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario.

Sus preceptos se aplicarán a los funcionarios dependientes:

A) Del Poder Ejecutivo, con excepción de los militares, policiales y diplomáticos, que se regirán por leyes especiales.

B) Del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, salvo en lo relativo a los cargos de la Judicatura.

C) Del Tribunal de Cuentas.

D) De la Corte Electoral y sus dependencias, sin perjuicio de las reglas destinadas a asegurar el contralor de los partidos políticos.

E) De los Servicios Descentralizados, sin perjuicio de lo que a su respecto se disponga por leyes especiales en atención a la diversa índole de sus cometidos.

Artículo 187.- Los miembros de los Directorios y los Directores Generales que no sean de carácter electivo, serán designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas, por un número de votos equivalente a tres quintos de los componentes elegidos conforme al artículo 94, inciso primero.

Si la venia no fuese otorgada dentro del término de sesenta días de recibida su solicitud, el Poder Ejecutivo podrá formular propuesta nueva, o reiterar su propuesta anterior, y en este último caso deberá obtener el voto conforme de la mayoría absoluta de integrantes del Senado.

La ley por tres quintos de votos del total de componentes de esta Cámara podrá establecer otro sistema de designación.

Artículo 220.- El Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, con excepción de los comprendidos en el artículo siguiente, proyectarán sus respectivos presupuestos y los presentarán al Poder Ejecutivo, incorporándolos éste al proyecto de presupuesto. El Poder Ejecutivo podrá modificar los proyectos originarios y someterá éstos y las modificaciones al Poder Legislativo.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Salud Pública

ACTA Nº 53

En Montevideo, el día diecinueve de diciembre del año dos mil seis, a la hora nueve y quince minutos, se reúne en sesión extraordinaria la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores.

Asisten las señoras Senadoras Margarita Percovich y Mónica Xavier y los señores Senadores Isaac Alfie, Enrique Antía, Alberto Cid, Eber Da Rosa y Víctor Vaillant.

Presiden los señores Senadores Isaac Alfie y Margarita Percovich, Presidente y Vicepresidenta de la Comisión.

Actúa en Secretaria el señor Secretario Alberto Martínez Payssé con la colaboración de la funcionaria Susana Rodríguez.

ORDEN DEL DIA.

CARPETA Nº 598/2006. ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE). Descentralización. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Disposiciones citadas. Distribuido Nº 1088/2006.

La señora Vicepresidenta propone comenzar la votación del proyecto de ley sustitutivo.

Artículo 1º. Se vota con modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 2º. Se vota con modificaciones: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El señor Senador Vaillant solicita la reconsideración del artículo 1º. Se vota la reconsideración: 6 en 6. Afirmativa. Unanimidad.

Artículo 1º. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 3º. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 4º. Se excluye el literal c) que se posterga. Se vota con modificaciones. 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 5º. Se vota con modificaciones: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 6º. Se vota con modificaciones: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 7º. Se vota con modificaciones: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 8º. Se vota con modificaciones: 4 en 7. Afirmativa.

Artículo 9º. Se vota: 6 en 7. Afirmativa.

Artículo 4º. Literal c). Se vota con modificaciones: 6 en 7. Afirmativa.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Víctor Vaillant, quien lo hará en forma verbal.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO:

Artículo 1º.- (Creación, personería y domicilio).- Créase, en el nombre de Administración de los Servicios de Salud del Estado (en adelante ASSE) un servicio descentralizado que se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública.

Este servicio descentralizado sustituye al órgano descon-centrado de igual denominación. Es persona pública y tendrá su domicilio principal en la ciudad de Montevideo sin perjuicio de las dependencias instaladas o que se instalen en todo el país.

Artículo 2º.- (Dirección y administración).- ASSE será dirigida y administrada por un directorio compuesto de cinco miembros, todos los cuales serán designados de conformidad con el artículo 187, inciso primero de la Constitución.

Cuando el Poder Ejecutivo elabore la propuesta de Directores tendrá especialmente en cuenta como condiciones personales de dos de los cinco miembros que sean representativos de los usuarios y trabajadores de ASSE.

Dentro de los seis meses contados desde la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo reglamentará la forma en que los usuarios y los trabajadores formularán sus respectivas propuestas.

Durante los primeros tres años de su funcionamiento, ASSE podrá ser dirigida y administrada por los otros tres miembros del Directorio.

El Presidente del Directorio representará al organismo y tendrá las demás facultades que establezca el Reglamento General, que será aprobado por el Poder Ejecutivo a propuesta de ASSE.

Artículo 3º.- (Competencias).- Las competencias de ASSE son de carácter nacional y se integran con los cometidos y poderes jurídicos que se establecen en los dos artículos siguientes.

Artículo 4º.- (Cometidos).- Son cometidos de ASSE:

a) Organizar y gestionar los servicios destinados al cuidado de la salud en su modalidad preventiva y el tratamiento de los enfermos.

b) Ejercer la coordinación con los demás organismos estatales que prestan servicios de atención de la salud, procurando al máximo accesibilidad a los servicios de salud y su mejor calidad.

c) Formar parte del Sistema Nacional Integrado de Salud previsto en el artículo 264 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, al que contribuirá en su implementación.

d) Ejercer las actividades de salud establecidas en la Ley Nº 9.202, de 12 de enero de 1934, que regula servicios prestados por el Ministerio de Salud Pública y que hasta la vigencia de la presente ley eran cumplidos por el órgano desconcentrado ASSE.

e) Desarrollar al máximo posible el cumplimiento de los derechos en materia de salud que tienen los habitantes de la República, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, dentro del marco de los programas nacionales elaborados por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública.

f) Cumplir los cometidos previstos en el literal anterior, a través de una organización que cubra y coordine adecuadamente el nivel nacional y los niveles departamentales y locales, y que abarque las diversas etapas de la atención integral en materia de salud, contribuyendo a la promoción de programas, diagnóstico precoz, tratamiento preventivo oportuno, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos.

g) Efectuar y mantener actualizado un diagnóstico sobre el estado de salud de sus usurarios, y las circunstancias socio-económicas y culturales que puedan condicionar sus niveles, elaborando las estrategias más adecuadas para la superación de los mismos.

h) Contribuir, mediante planes adecuados de difusión, al cambio voluntario de las prácticas, actitudes y estilos de vida, que ponen en riesgo la salud.

Artículo 5º.- (Poderes Jurídicos).- El Directorio de ASSE tendrá los siguientes poderes jurídicos:

a) Fijar aranceles y contraprestaciones por sus servicios con aprobación del Poder Ejecutivo.

b) Efectuar designaciones, promociones y cesantías de funcionarios sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8º de la presente ley. Las designaciones requerirán la aprobación del Poder Ejecutivo.

c) Suscribir con otros servicios de salud, públicos o privados, compromisos de gestión concertada, evitando la superposición innecesaria de servicios y la insuficiente utilización de los recursos humanos y materiales.

d) Disponer -dentro de los límites que establezca el Reglamento General- la descentralización interna o las delegaciones que estime convenientes, para el más eficaz y eficiente cumplimiento de los cometidos del organismo.

e) Dictar sus reglamentos internos y en general, realizar todos los actos jurídicos y operaciones materiales destinados al buen cumplimiento de sus cometidos.

Artículo 6º.- (Consejos Asesores Honorarios).- Habrá un Consejo Asesor Honorarioa Nacional y Consejos Asesores Honorarios Departamentales o Locales, que se integrarán en la forma que establezca el Reglamento General de ASSE, el que asegurará la participación de sus usuarios y sus trabajadores.

Estos Consejos Honorarios tendrán actividades de asesoramiento, proposición y evaluación, en sus respectivos ámbitos geográficos. Todos sus informes serán presentados al Directorio de ASSE, pero no tendrán carácter vinculante.

Artículo 7º.- (Patrimonio).- El Patrimonio de ASSE se integrará de la siguiente manera:

a) Con los activos y pasivos de cualquier naturaleza del órgano desconcentrado ASSE, que se transfieren de pleno derecho al Servicio Descentralizado creado por esta ley. El Ministerio de Salud Pública realizará todas las operaciones necesarias a efectos de registrar las mutaciones dominiales o transferencias respectivas.

b) Con el producido de sus proventos.

c) Con las donaciones o legados que reciba.

d) Con un Fondo de Mejoramiento y Ampliación de Servicios, que ASSE proyectará y enviará al Poder Ejecutivo dentro de los tres meses siguientes a la instalación de su Directorio.

e) Con las asignaciones que resulten de su presupuesto, que se elaborará y tramitará según las reglas del artículo 220 y concordantes de la Constitución.

f) Con los aportes que se establezcan, en función de la población atendida por ASSE.

Artículo 8º.- (Recursos Humanos).- ASSE tendrá el personal que actualmente pertenece o está afectado a las unidades ejecutoras del órgano desconcentrado que lleva la misma denominación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5º, literal b) de la presente ley.

El ingreso de personal de cualquier categoría se regirá por las normas generales del Estatuto del Funcionario Público, sin perjuicio de las reglas especiales que se dicten en atención a la índole de sus cometidos (artículo 59, literal E) de la Constitución.

Dentro de los 120 días, contados desde la vigencia de la presente ley, deberá quedar definido por el Poder Ejecutivo el personal que pertenece a ASSE, en este plazo se atenderá la situación particular de los funcionarios que no pertenecen a la plantilla funcional de ASSE.

Artículo 9º.- (Expropiaciones y servidumbres).- Declárase de utilidad pública la expropiación y uso de los bienes necesarios para el cumplimiento de la presente ley (artículo 32 de la Constitución y artículo 4º de la Ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912).

Las designaciones de bienes que hubieren de realizarse en los trámites a que alude la citada ley, serán realizadas por el Poder Ejecutivo a propuesta de ASSE.

De lo actuado se toma versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1445/2006, que forma parte integrante de la presente Acta.

A la hora doce y veinte minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Isaac Alfie Presidente

Alberto Martínez Payssé Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Vaillant.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: este es un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que ingresó al Senado en el mes de agosto y fue derivado a la Comisión de Salud Pública, donde lo analizaron los Senadores que la integran en nombre de sus respectivas Bancadas. Allí se recibieron propuestas y modificaciones que fueron recogidas en el texto que hoy traemos a consideración del Senado.

Me parece oportuno comenzar la presentación reconociendo el trabajo, no sólo de los Senadores que integramos la Bancada oficialista, sino también de quienes forman parte de la Bancada opositora, por la participación en el debate, por el análisis, por las propuestas y, especialmente, por haber planteado la necesidad de recurrir a algunas opiniones externas y convocado para ello a destacadas personas. En particular, me refiero al hoy casualmente ocupante de una banca, señor Senador Gonzalo Aguirre, y también al doctor Delpiazzo. Debo hacer este reconocimiento porque en nuestro apuro por querer sancionar rápidamente este proyecto tal vez no vimos la importancia que podían tener esas consultas, que nos aportaron elementos significativos que luego se tradujeron en modificaciones al texto original.

Asimismo, quiero reconocer la participación de algún señor Senador que no perteneciendo a la Comisión de Salud Pública hizo aportes significativos. Concretamente, me estoy refiriendo a nuestro compañero de Bancada, señor Senador Korzeniak, quien hizo el resumen del texto que finalmente consideró la Comisión.

Hechas estas aclaraciones y reconocimientos, señor Presidente, quiero inscribir este proyecto en el marco de la política de salud que ha planteado nuestro Gobierno, es decir, dentro del Sistema Nacional de Salud y del Fondo Nacional de Salud, para su financiamiento, tal como fue establecido en el artículo 264 de la Ley de Presupuesto Nº 17.930. En ese proyecto de Sistema Nacional de Salud se establece con claridad la participación del sector público y el sector privado, por lo que ASSE pasará a ser un prestador de servicios dentro del mismo. Surgía, entonces, una necesidad a la que trata de dar respuesta este proyecto, que es la descentralización de ASSE del Ministerio de Salud Pública para que pueda cumplir con su rol rector y no sea a la vez juez y parte, es decir, controlador del nuevo sistema y brindador de servicios.

Por otro lado, resulta imprescindible colocar a ASSE en condiciones de competencia -que implican, naturalmente, acceder a niveles de eficiencia en los servicios que ofrece y que hoy no tiene-, que le permita brindar sus servicios y participar en el sistema. Aquí aparece un debate importante porque no todos los sectores y las orientaciones políticas tenemos la misma visión de cómo llegar a la eficiencia.

Más allá del respeto por todas las posiciones, podemos sintetizar que desde la visión progresista, amplia, la eficiencia está directamente vinculada con la descentralización y la participación. Desde una óptica distinta, conservadora, la eficiencia puede estar vinculada a otros principios, tales como el centralismo y la autoridad. Son visiones respetables pero, naturalmente, distintas. Nuestra fuerza política propone como elemento promotor de la eficiencia a la descentralización y a la participación; por eso para nosotros es muy importante este proyecto de ley, que pretende dar mayor eficiencia a ASSE a través de mecanismos de descentralización y participación.

Por otra parte, quiero agregar la importancia que en el futuro inmediato van a tener -más allá de la que hoy tienen- los servicios de salud brindados directamente por el Estado a través de ASSE. Pensemos que el objetivo de un Sistema Nacional Integrado de Salud de carácter nacional y universal, desde el punto de vista de los efectores del servicio, va a ser que en muchísimas partes del territorio nacional -por lo menos, en los primeros años- el único ofertante de estos servicios sea el sistema de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Entonces, que el Sistema Nacional Integrado de Salud llegue a los ciudadanos va a depender de la eficiencia con que ASSE pueda brindar sus servicios, pues, en muchísimos lugares es el único prestador, ya que no existen instituciones privadas de asistencia médica colectiva que puedan -por lo menos, en lo inmediato- ofrecer con eficiencia el servicio dentro del sistema que se pretende instalar.

Por estas razones se hace necesario contar con este proyecto de descentralización de ASSE, al que pretendemos dar media sanción en el día de hoy.

Para hacer un repaso rápido de su articulado, quiero señalar que en el artículo 1º se plantea la creación de la institución descentralizada, es decir, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, y se establece que este servicio descentralizado sustituye al órgano que hoy tiene el mismo nombre.

En el artículo 2º se crea el nuevo organismo de dirección de ASSE, que está constituido por un Directorio de cinco miembros, que serán electos de acuerdo con el artículo 187 de la Constitución, esto es, a propuesta de designación del Poder Ejecutivo y con la respectiva venia del Senado. Se agrega que dos de sus cinco miembros deberán tener la condición de ser representativos de los trabajadores y de los usuarios. Aquí hay un componente trascendente e importante en lo que tiene que ver con la participación, tal como lo señalábamos recién.

En los artículos 3º y 4º se establecen las competencias y cometidos que, naturalmente, son los mismos que hoy tiene ASSE, a los que se suman los que va a tener en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.

En el artículo 5º se disponen los poderes jurídicos.

En el artículo 6º se crean los Consejos Asesores Honorarios, el Nacional y también los Departamentales o Locales.

En el artículo 7º se fija lo relativo a su patrimonio y financiamiento.

En el artículo 8º se habla de los recursos humanos y el artículo 9º plantea lo que tiene que ver con las expropiaciones y servidumbres previstas.

Me importa señalar, señor Presidente, sin perjuicio de las aclaraciones que haremos en la discusión particular de este proyecto de ley, que esta iniciativa fue aprobada, en varios de sus artículos, por unanimidad de presentes en la Comisión. El artículo 1º fue votado 6 en 6; el artículo 2º, 5 en 5; el artículo 3º, 6 en 6; el artículo 4º, 6 en 7; el artículo 5º, 6 en 6; creo que el artículo 6º se votó en forma similar; el artículo 7º, también 6 en 6; el artículo 8º, 4 en 7 y el artículo 9º, 6 en 6.

Terminaría aquí la presentación del proyecto de ley en general; luego, si es necesario, abundaré en detalles cuando se trate artículo por artículo.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: me parece que el señor Senador Vaillant contó mal la votación de algunos artículos porque en ciertos casos estuve presente y no votamos ninguno.

El Partido Colorado va a votar en contra este proyecto de ley tanto en general como en particular. Lo cierto es que lamentamos profundamente votar en contra de esta iniciativa porque la idea no es sólo compartible sino que, en cierta manera, fue impulsada por el Partido Colorado en algunas oportunidades. Por más que se diga que el proyecto llegó en determinada fecha, realmente la Comisión no trató este tema como debía hacerlo. Además, la ley como tal adolece de carencias enormes, muchas de las cuales vamos a detallar. En ese sentido, cabe aclarar que los doctores Aguirre -que fue citado a la Comisión a propuesta de quien habla- y Delpiazzo concurrieron a la Comisión para dar sus opiniones. Sobre este punto, hubo una discusión en el sentido de que no se precisaba asesoramiento en el seno de la Comisión acerca de este proyecto de ley, pero luego quedó claro que sí se necesitaba. De hecho, la visita de ambos profesionales, en su carácter de técnicos especializados, finalmente se realizó por un hecho fortuito: a raíz del tratamiento de la reforma tributaria en la Comisión de Hacienda hubo que suspender una sesión de la Comisión de Salud Pública y eso nos dio el tiempo para alcanzar los calendarios y las agendas de estos dos prestigiosos abogados. Ahora bien; una vez conocidos los informes de estas dos personas, remitidos los antecedentes al Ministerio de Salud Pública y a la espera de que este organismo nos remitiera un nuevo proyecto de ley articulado, ordenado y demás, se nos contesta en respuesta a nuestra nota: "Luego de leer atentamente las versiones taquigráficas de la comparecencia de los doctores Delpiazzo y Aguirre, hemos entendido pertinente realizar modificaciones al proyecto que nos aseguren la unanimidad de las voluntades políticas y la mejor técnica legislativa. Por tal fin hemos contado con la colaboración del Senador José Korzeniak y serán presentadas en la Comisión de Salud Pública por los parlamentarios del Frente Amplio".

(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Susana Dalmás)

- Es obvio que por más y mejor colaboración que pueda ejercer algún Legislador y por más conocimiento que tenga, normalmente estas cosas tan específicas y detalladas requieren la intervención del Poder Ejecutivo en su órgano más especializado. Sin embargo, esto no ocurrió, por lo que, si bien el proyecto de ley que se presenta es mucho mejor que el anterior, lo cierto es que, a nuestro entender, sigue adoleciendo de un sinfín de defectos. Por ello, no nos parece serio votarlo, y lo decimos con pesar.

Por otra parte, tampoco entendemos el apuro que existe por votar esta iniciativa en estos momentos. En realidad, se está poniendo la carreta delante de los bueyes, porque recién hay un borrador de la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud y, en el fondo, el tema que hoy estamos considerando forma parte del mismo. Entonces, pensamos que nada habría cambiado si se hubiera optado por llevar adelante una discusión más detenida y detallada, donde además se hubiesen recogido, o al menos analizado, una cantidad de observaciones que no fueron estudiadas por falta de tiempo.

Sinceramente digo, señor Presidente, que el proyecto original -no me refiero al modificado que, como ya dijimos, creemos es mucho mejor- nos pareció de una improvisación y una ligereza impropias de un Poder Ejecutivo.

Este proyecto de ley se enmarca en una serie de iniciativas que apuntan a formar el Sistema Nacional Integrado de Salud, y el Servicio Descentralizado que se crea es el prestador público del servicio de salud. ¿Cuáles son las cosas que no nos parecen razonables, más allá de lo que será luego la discusión particular y donde habrá mucho para decir? Podríamos señalar como algo muy destacable el hecho de que en el artículo 7º se confunde patrimonio con recursos, se mezcla una cosa con la otra; una cosa es el patrimonio, es decir, la diferencia entre activo y pasivo, y otra, distinta, es el flujo de recursos. Reitero que aquí aparece todo mezclado, confundiéndose un concepto con otro. Evidentemente, las asignaciones presupuestales son recursos y no patrimonio.

A su vez, en ningún lugar se dice qué pasaría en caso de que este Servicio Descentralizado tuviera déficit o, por el contrario, superávit; nada se establece acerca de quién pondría la diferencia, adónde irían a parar los recursos o si quedarían en el patrimonio. En definitiva, la definición de "patrimonio" aparece básicamente en el literal a) del artículo 7º -ese es el patrimonio y el resto son todos recursos o, en todo caso, alguna donación modal que debe integrarse al patrimonio, pues puede haber legados en dinero, que son recursos-, pero faltaría incluir las utilidades acumuladas, que pasarían al patrimonio.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ALFIE.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Puede interrumpir el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señora Presidenta: a pesar de que no integro la Comisión, comparto la idea de que ahí debería incluirse como nomen juris la expresión "Patrimonio y recursos".

Ahora bien; en lo que respecta a las donaciones modales, destaco que aquí se establece que el patrimonio también se integrará "Con las donaciones o legados que reciba". Es claro que si en la ley no se hace ninguna distinción, todas las donaciones están comprendidas, tanto las modales como las no modales, y cuando la ley no distingue, el intérprete no debe hacerlo. Esta es la razón por la cual no advierto motivo alguno para efectuar una corrección.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Puede continuar el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Gracias, señora Presidenta.

Más allá de lo que acaba de señalar el señor Senador Korzeniak, quien habla separaba patrimonio y recursos e incluía en el patrimonio las donaciones modales y en los recursos, el resto de las donaciones. Esta era la separación que hacía.

A continuación, voy a formular algunas otras observaciones generales a este proyecto de ley.

Ante todo, comienzo por señalar algunas cosas que aquí están faltando y, para ello, me voy a basar en lo que dijeron quienes vinieron a la Comisión y también en el articulado que fuera presentado en su momento por el doctor Daniel Bianchi.

En lo que respecta a los cometidos, señalo que el artículo 4º del proyecto presentado por el doctor Bianchi tiene nueve numerales, los cuales, en algunos casos, son distintos a los que aparecen en la iniciativa que está a consideración del Senado. En realidad, habría que hacer una especie de fusión de ambos proyectos, teniendo en cuenta lo que falta porque, como bien se nos dijo -y como bien se sabe-, las personas de Derecho Público sólo pueden hacer lo que dice la ley; todo lo demás no lo pueden hacer. Por lo tanto, todo lo que no se establezca en la ley se podrá hacer a veces pero, obviamente, de manera no legal.

Esto mismo que acabamos de señalar sucede con determinadas atribuciones -hay una cantidad- y también con el reglamento. En el artículo 5º del proyecto de ley se habla de disponer -dentro de los límites que establezca el Reglamento General- la descentralización interna. Pero, ¿cuál es el Reglamento General? En el otro proyecto, al hablarse de esto, se hacía referencia al Reglamento General que se da el organismo y que debía ser aprobado. Sin embargo, aquí en ningún lado se establece que el organismo deba darse un Reglamento General, y ni siquiera se da tiempo para que lo haga.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ALFIE.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señora Presidenta: todos los entes autónomos y servicios descentralizados del Uruguay -absolutamente todos- tienen una ley orgánica, habitualmente llamada "Carta Orgánica"; así es como se la llama en la Constitución de la República. Luego, hay una tradición jurídica en el Uruguay, por la cual se dicta un reglamento general del organismo que, en realidad, no es aprobado por éste sino proyectado por él y aprobado por el Poder Ejecutivo, cosa que aquí está prevista. Desde el año 1931, todos lo tienen: ANCAP, el Banco Central, el Banco de la República, el Banco de Seguros del Estado, y precisamente eso es lo que se llama "reglamento general". A su vez, el Directorio de cada organismo tiene potestad reglamentaria interna, pero la materialización reglamentaria de los poderes de control del Poder Ejecutivo sobre las empresas públicas se realiza a través del llamado "Reglamento General".

Por eso, aquí se prevé un Reglamento General que todos los Entes tienen y que es aprobado por el Poder Ejecutivo. Conviene aclarar que no es obligatorio tenerlo, aunque sí es bueno y saludable y, de hecho, ha funcionado casi siempre y es lo que sucede en todos los servicios descentralizados y entes autónomos actuales. En ese Reglamento General se aprovecha para determinar, por ejemplo, qué cosas el Poder Ejecutivo observará en caso de incumplimiento.

Esta es la aclaración que quería hacer.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Puede continuar el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Gracias, señora Presidenta.

Sé que esto es exactamente como lo ha señalado el señor Senador Korzeniak; simplemente, no lo había advertido, cosa que atribuyo -nuevamente- a una redacción que me parece muy confusa. Cuando en el último inciso del artículo 2º se habla de quién representa al organismo y se dice que es el Presidente, en lugar de separar las cosas y poner bien en claro que habrá un Reglamento General -que se elaborará dentro de determinado plazo, a propuesta del servicio descentralizado y aprobado por el Poder Ejecutivo, como sucede siempre-, se mezcla todo. Sin embargo, reitero que me doy cuenta de que esto es tal como lo acaba de señalar el señor Senador Korzeniak. Pido disculpas por el error, pero creo que claramente es producto de un texto que no está redactado en los términos usuales ni adecuados.

Las facultades del Directorio aparecen en el artículo 5º, donde se habla de los poderes jurídicos. Por mi parte, creo que faltan algunas facultades como, por ejemplo, proyectar el presupuesto. En ningún lado se dice quién lo proyecta.

SEÑOR KORZENIAK.- Eso se establece en el artículo 220 de la Constitución.

SEÑOR ALFIE.- Pero, ¿quién dentro del artículo 220?

SEÑORA XAVIER.- Ello figura en el literal e) del artículo 7º.

(Dialogados)

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Solicito a los señores Senadores que no dialoguen, por favor.

Puede continuar el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- No voy a discutir, porque hay que leer los estatutos de los demás servicios descentralizados para darse cuenta de que claramente se habla de administrar el patrimonio o recursos, fijar los aranceles -en este caso se trata de fijar precios-, fiscalizar y vigilar sus servicios, dictar las normas y reglamentos necesarios, controlar la calidad de los servicios que contrata, ejercer potestades disciplinarias, proyectar el presupuesto y designar al personal, así como de otras atribuciones.

Más allá de todo esto y salvo que nuevamente esté equivocado, en ningún lugar se dice cuál es el quorum necesario para que funcione el Directorio.

(Intervención que no se escucha)

- Se me dice que ello figura en el Reglamento, pero mientras no lo tengamos, no sabemos cómo funciona el Directorio ni cuál es el quorum.

Tampoco se establecen las responsabilidades de los miembros del Directorio, tal como figura en otros lados. No se estipula cómo se remite la información al Poder Ejecutivo a través del Ministerio por el cual se relaciona, ni su periodicidad.

En ningún lugar se expresa si se van a publicar o no los estados financieros o contables.

SEÑORA XAVIER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ALFIE.- Si la señora Senadora me permite, quisiera terminar para luego concederle la interrupción.

Como ya dijimos, aquí no se establece quién soporta las pérdidas o adónde van las utilidades.

Luego, se dice que el personal de ASSE que actualmente pertenece o está afectado a las Unidades Ejecutoras pasará a este ente autónomo. No se sabe si el término "actualmente" corresponde a la fecha de sanción de la ley, la del decreto reglamentario o la de la publicación en el Diario Oficial.

Además, como bien nos decían los invitados, esto generaría algunos problemas con los funcionarios que revisten en otros organismos públicos o con personas que circunstancialmente se desempeñan en ASSE pero que podrían optar por otros destinos.

Tal como está redactado el artículo, podemos decir que esto nace sin organigrama; no hay estructura de cargos en el organismo, porque el nuevo sustituye al anterior y no lo transforma. Es obvio que se trata de un símil, pero no sé cómo funciona sin estructura de cargos. En ningún lugar se dice que dicha estructura deba ser remitida al Poder Ejecutivo para su aprobación. Tal vez, de alguna manera, sí se expresa, pero no se aclara que deba pasar -como sucede siempre- por la Contaduría General de la Nación, previo informe de ésta y de la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Llama la atención que este proyecto de ley no venga con la firma del Consejo de Ministros, como sucede con todas las iniciativas importantes. Ni siquiera cuenta con la firma del Ministerio de Economía y Finanzas, aun cuando genera un gasto por la existencia de, al menos, dos nuevos Directores.

A continuación, voy a reiterar una de las observaciones formuladas. Se realiza la declaración de utilidad pública y se plantea la expropiación y el uso de bienes necesarios. Se observó, en el sentido de que habría que delimitar concretamente la categoría de bienes a los que se está aludiendo. Al no delimitarlos, uno podría pensar que es posible expropiar cualquier cosa, obviamente, con las garantías constitucionales. Pero no parece razonable que se dé una potestad de expropiación total.

Hay otro artículo que figuraba en el proyecto de ley original y que no entendemos por qué no aparece en éste; me refiero al artículo 20. Este nuevo ente se vota sin presupuesto; no tiene recursos. Había un artículo denominado Disposición Transitoria que específicamente decía que: "Hasta tanto no se sancione el primer presupuesto para este organismo, regirán los que a la fecha de promulgación de la presente ley tenía el Ministerio de Salud Pública con destino al funcionamiento de su órgano desconcentrado ‘Administración de los Servicios de Salud del Estado’, incluyéndose la totalidad de los créditos presupuestales, cualquiera sea su naturaleza". Ello no está previsto aquí; por lo tanto, esto se crea sin recursos.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ALFIE.- Cuando termine, le concederé con mucho gusto la interrupción a la señora Senadora Xavier y al señor Senador Korzeniak.

Señora Presidenta: creemos que la manera de designar a dos de los cinco Directores de acuerdo al artículo 2º es una forma ingeniosa de burlar una mayoría especial requerida para personas que se van a elegir indirectamente por un método de elección. El propio artículo habla de los representantes de los trabajadores y de los usuarios, y establece que el Poder Ejecutivo reglamentará la forma en que los usuarios y los trabajadores formularán sus respectivas propuestas. Como se dijo en la Comisión, no precisamos poner esto en la ley, lo podemos hacer por vía de la reglamentación; ello puede ser, pero en el fondo, lo que se está diciendo es que primero va a haber un mecanismo de elección y que luego el Poder Ejecutivo va a elegir de alguna bolsa. Obviamente, lo hará en función del inciso primero del artículo 187 y lo enviará a este ámbito, donde será aprobado por las mayorías requeridas.

Claramente, lo que de una manera ingeniosa se está salteando es que estos Directores, en representación de la sociedad civil, precisan una ley especial para ser electos. Mejor dicho: la ley tiene una mayoría especial, lo que tiene que establecer es el mecanismo de elección. De esta manera, repito, elegante y creativa, se saltea ese mecanismo.

Ahora sí, con gusto, concedo una interrupción a la señora Senadora Xavier y luego al señor Senador Korzeniak.

SEÑORA XAVIER.- Muchas gracias, pero me voy a anotar para hacer uso de la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Entonces, ¿la señora Senadora no va a hacer uso de la interrupción?

SEÑORA XAVIER.- No, señora Presidenta.

SEÑOR ALFIE.- De ser así, le concedo una interrupción al señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Me pronunciaré con más tranquilidad cuando haga uso de la palabra la señora Senadora Xavier.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Tiene la palabra el señor Senador Da Rosa.

SEÑOR DA ROSA.- Señora Presidenta: en principio, quiero señalar que el Partido Nacional ha acompañado este proyecto de ley aprobado en Comisión e incluso ha participado activamente en la redacción de varias de las modificaciones y de los agregados que propusimos, conjuntamente con el señor Senador Antía, tendientes a mejorarlo y a hacerlo compatible para que lo pudiéramos apoyar.

Empiezo por señalar que el trámite y el procedimiento seguidos, evidentemente, no fueron los más adecuados, porque la redacción original enviada por el Ministerio de Salud Pública era, en verdad, mala, llena de confusiones y con artículos que se superponían unos a otros; entre las confusiones figuran la de los roles y las funciones entre el nuevo ente que se pretende crear y las atribuciones que corresponden al Ministerio y a otras dependencias estatales.

Consideramos que, en realidad, fue sumamente atinada la moción propuesta por el señor Senador Alfie, en el sentido de llamar a Comisión a destacados juristas como, por ejemplo, los doctores Delpiazzo y Aguirre, quienes expusieron su opinión respecto del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y dieron lugar a que fuera aprobado un proyecto sustitutivo, sustancialmente diferente al original. Es evidente que tampoco se cumplió con el objetivo que deseábamos los miembros de la Comisión, en el sentido de que el Ministerio de Salud Pública, a través de sus servicios jurídicos, evacuara las observaciones que habían sido realizadas por los juristas consultados. En realidad, la nota que se recibió de esa Cartera fue muy escueta y en ella la señora Ministra simplemente expresó que el tema estaba en manos de la Comisión de Salud Pública y que algunas sugerencias de modificaciones iban a ser formuladas por los Legisladores de la Bancada del Partido de Gobierno, con el asesoramiento de algunos juristas vinculados, naturalmente, a él. Sin embargo, no se cumplió con la aspiración que teníamos de que los abogados de la División Jurídica del Ministerio -que había redactado y remitido el proyecto de ley original a Comisión, en donde estaba siendo objeto de consideración- hicieran un análisis y evacuaran las observaciones correspondientes.

Indudablemente, todo esto hizo que el procedimiento que se siguió fuera bastante desprolijo y apresurado; esa es la verdad en cuanto a las observaciones que nos merece el procedimiento seguido.

Por otra parte, entendemos que el proyecto de ley sustitutivo elaborado en Comisión es sustancialmente diferente del enviado inicialmente por el Ministerio y recoge, en muchos aspectos, las observaciones realizadas por los juristas convocados a la Comisión, quienes formularon serias objeciones al texto original. Por ejemplo, se delimitaron claramente los cometidos de ASSE, a los efectos de solucionar la confusión que estaba planteada en la redacción inicial, que contenía una cantidad de incisos y de artículos que confundían los cometidos y atribuciones del ente descentralizado a crearse, con otras atribuciones, como la fijación de políticas de salud que, obviamente, corresponde que continúen en la órbita del Ministerio de Salud Pública y no pasen a estar en manos del nuevo ente descentralizado. Con la nueva redacción, a nuestro entender, este punto fue corregido en gran medida, pues se logró llegar a un texto más claro, coherente y acorde con los cometidos propios de un servicio descentralizado.

Por otro lado, en cuanto a la integración del Directorio, con la nueva redacción se establece en forma categórica que el servicio será dirigido y administrado por cinco miembros, los cuales serán todos designados de conformidad con el artículo 187, inciso primero, de la Constitución de la República. De manera que este es un elemento primario, categórico, fundamental, y significa que se tiene que seguir el procedimiento establecido, reitero, por el mencionado artículo de la Constitución para designar a los cinco miembros titulares del Directorio. No obstante, es cierto que se establece y se mantiene como criterio la idea contenida en el proyecto de ley, en el sentido de que el Poder Ejecutivo, al momento de hacer la propuesta al Parlamento de los nombres de los Directores, tendrá especialmente en cuenta, como condición personal de dos de ellos, que sean representativos de los usuarios y de los trabajadores de ASSE.

Luego, se dispone que dentro de los seis meses de promulgada la ley el Poder Ejecutivo reglamentará la forma en que los usuarios y los trabajadores le harán sus propuestas de nombres para que, en definitiva, las eleve al Parlamento.

A nuestro entender, esto es bastante diferente y mejora sustancialmente la fórmula inicial contenida en el proyecto de ley enviado por el Ministerio de Salud Pública, donde se hablaba de tres representantes propuestos por el Poder Ejecutivo y de dos más, uno de los cuales sería electo por los usuarios y otro por los trabajadores de ASSE. La diferencia radica en que en el texto original no se establecía con claridad que debía seguirse el mecanismo que dispone el artículo 187 de la Constitución de la República para designar a los miembros del Directorio de un servicio descentralizado. Como dije antes, esto mejora sustancialmente la redacción inicial enviada por el Ministerio de Salud Pública.

A continuación, me voy a referir a una serie de aspectos de redacción, algunos de los cuales incluso fueron propuestos por nuestro Partido, por ejemplo, el que tiene relación con la posibilidad de establecer en forma clara que los informes de los llamados "Consejos Asesores Honorarios" que sean presentados ante el Directorio de ASSE no tendrán carácter vinculante. Esto significa que no tendrán carácter obligatorio y que simplemente servirán como asesoramiento o base de análisis para el Directorio del organismo descentralizado.

En lo que tiene que ver con el patrimonio y con los recursos, estoy de acuerdo con la corrección o la crítica planteada por el señor Senador Alfie, así como con la modificación propuesta por el señor Senador Korzeniak, en el sentido de que el artículo 7º debería decir "patrimonio y recursos" porque, de lo contrario, sólo se refiere al patrimonio. De todos modos, queda claro que el actual patrimonio de ASSE -es decir, la Dirección desconcentrada perteneciente al Ministerio de Salud Pública- pasará a formar, de pleno derecho, el patrimonio del servicio descentralizado que se crea mediante este proyecto de ley. Esto nos parece muy claro, y el mismo concepto tenemos de la personería jurídica y de las funciones, temas sobre los cuales el artículo 1º establece que este organismo descentralizado sustituye al actual órgano desconcentrado que pertenece, reitero, al Ministerio de Salud Pública.

Además, en muchos aspectos nos inclinamos a favor de la descentralización. El Partido Nacional tiene una trayectoria en ese sentido de defensa de la descentralización, no solo la funcional -que aquí está prevista-, sino también la territorial. Lo hemos planteado en más de una oportunidad.

En lo que tiene que ver con la participación, tampoco tenemos una oposición acérrima ni una posición contraria, en la medida en que ella se canalice por las normas constitucionales correspondientes, tal como se dispone en el inciso primero del artículo 2º, en donde se señala que todos los miembros del Directorio serán designados de conformidad con el artículo 187 de la Constitución. Desde ese punto de vista, para nosotros esto constituye una garantía indudable por cuanto expone a que los procedimientos que establece la Constitución sean los que, en definitiva, canalicen o determinen la nominación de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar el Directorio del servicio descentralizado.

En términos generales, esas son las razones por las que, sin desconocer todo lo tortuoso, irregular y desprolijo que fue el procedimiento y las enormes carencias existentes en el proyecto original que vino del Ministerio de Salud Pública, entendemos que el proyecto de ley sustitutivo lo mejora considerablemente. Además, recoge en sustancia las más importantes observaciones realizadas por los juristas convocados con acierto a la Comisión de Salud Pública a los efectos de que dieran su opinión sobre la redacción original del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. En general, lleva a que en nuestra visión -repito, partidaria de la descentralización de los servicios y pensando, sobre todo, en la conveniencia de que ASSE sea un instrumento que resulte potenciado en lo que tiene que ver con la mejora de los servicios sanitarios de atención-, es mejor que esté a una mayor distancia desde el punto de vista jurídico de lo que está actualmente. Me refiero a que, en lugar de ser un organismo desconcentrado dentro de la estructura del Ministerio de Salud Pública, sea un servicio descentralizado que esté en una situación de mayor paridad de condiciones con los servicios de salud privados, reservándose para aquél las funciones de regulación y de fijación de las políticas, así como de los objetivos fundamentales en materia de salud. Este es un rol absoluta e indiscutiblemente insustituible del Ministerio de Salud Pública y del Poder Ejecutivo.

En esas condiciones el proyecto de ley cuenta con nuestra aprobación y por ello lo hemos votado en Comisión y haremos lo propio en esta Sala.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señora Presidenta: sin duda, este es un proyecto de ley que constituye uno de los tantos escalones que se deben subir para la conformación de un Sistema Nacional Integrado de Salud, que llevará varias acciones legislativas, pero, además, muchos esfuerzos pa-ra constituirse en el sentido que quiere darse a dicho sistema dual, que rescate lo mejor del sector público y del privado. Sin duda, cada uno tiene ventajas relativas para apuntar a una mejor atención sanitaria de la población.

Junto con lo que votamos en el Presupuesto Nacional con la inclusión de dos artículos en un carácter programático del Sistema y del Seguro Nacional, esta es la tercera instancia. Seguramente en pocos días estaremos votando una cuarta herramienta legislativa que va a permitir tener más claro ese camino sobre el cual todos tenemos incertidum-bre. En este país no ha existido una verdadera armonización de la riqueza que tiene en materia de recursos para la atención sanitaria. Efectores públicos, privados, comunitarios, una red de las más vastas de los países de América Latina actúan de manera descoordinada en donde no optimizamos un porcentaje no menor de los recursos que todos generamos y que van con destino a la salud, pero no redundan en la mejor calidad de atención de todos los usuarios.

Por tanto, para nosotros el tema es de enorme trascendencia. Quizás los señores Senadores recuerden que el año pasado hicimos una convocatoria especial a los Legisladores de todas las Bancadas para poder comenzar a discutir este tema, sobre la base de una presentación que hizo el Ministerio de Salud Pública, a la que muchos de los aquí presentes concurrieron. Allí quedó abierta la posibilidad del diálogo más fluido posible con relación a una reforma que, sin duda, más allá de que uno sabe que en las encuestas de opinión el tema principal es el del empleo y todos los demás están muy por debajo, cuando uno pierde la condición de salud o ello le ocurre a uno de nuestros familiares o del entorno cercano, considera que realmente este es un asunto que debe ocupar el primer lugar de reconocimiento de la población.

De modo que cuando llevamos a cabo esa acción el año pasado y a posteriori se planteó una mesa redonda en la que se nos pidió opinión a todos y ya estaba la formulación de este proyecto de ley, reclamábamos que este tema de la salud -que consideramos de enorme trascendencia porque entendemos que la salud es un derecho que no es de derecha ni de izquierda y que es una exigencia del Estado cubrirla, como dice la Constitución, en aquellos casos en que los ciudadanos no pueden tener acceso a una cobertura de manera paga- quedara claramente colocado en la agenda política. Sin duda, no lo ha estado en el grado en que las complejidades, las repercusiones y las deficiencias en materia de salud han ocurrido en los últimos tiempos.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA XAVIER.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Puede interrumpir el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señora Presidenta: quiero dejar sentadas tres o cuatro constancias.

En primer lugar, quiero decir que colaboré en conversaciones que mantuve con compañeros que integran la Comisión y también agregar que este proyecto de ley recoge todo lo que tenía el original enviado por el Poder Ejecutivo. Simplemente, venía con una redacción que, como se ha señalado, era repetitiva. Desde el punto de vista de la técnica legislativa dejaba que desear. Insisto en que lo que se incluye en este proyecto de ley sustitutivo figuraba en el texto original.

En segundo término, no acepto que se diga que la fórmula de integración del Directorio -lo dijo el señor Senador Alfie- es una manera de esquivar el mandato de la Constitución en el sentido de que, como sus miembros son electivos, haya que dictar una ley especial. Cabe aclarar que no hay que dictar ninguna ley especial para declarar electivos a los Directores.

SEÑOR ALFIE.- No dije eso, sino que hablé de mayoría especial.

SEÑOR KORZENIAK.- En eso estamos de acuerdo con el señor Senador; seguramente, hubo un error fonético de mi parte.

En virtud de que quien elaboró esta fórmula y sobre ella dialogó con los compañeros fue quien habla, no acepto lo que se ha dicho. El texto es muy claro. Nadie duda ni discute que hay aspiraciones de funcionarios y de usuarios en el sentido de estar representados. Lo que dice este texto es que, entre las condiciones personales, el Poder Ejecutivo tendrá especialmente en cuenta el grado de representatividad que le den, pero no dice que esté obligado a remitir eso. En un tono muy cordial y festivo, creo que eso no es esquivar la Constitución. Alguno de los señores Senadores presentes podrá recordar lo que voy a comentar, y aclaro que no voy a individualizar organismos ni nombres porque se trató de una sesión secreta. En este sentido, debo decir que esto es bastante más serio que cuando el Poder Ejecutivo anterior envió una propuesta para elegir Directores de entes autónomos donde, entre las condiciones personales, estaba haber dirigido las divisiones juveniles de Bella Vista o de Cerro -no lo recuerdo bien, aunque ambos son cuadros respetables, por supuesto-, haber estudiado guitarra o haber fundado dos clubes políticos. Es algo que leímos y realmente era asombroso. En este caso, el Poder Ejecutivo no está obligado aunque es cierto que la ley le ordena tener en cuenta esas condiciones que la Constitución enumera, es decir, condiciones personales, funcionales y técnicas. Tal vez el Poder Ejecutivo, si quiere, puede pedir un título universitario.

Deseo hacer una segunda aclaración con respecto a que hay una confusión muy grande -para los que no se dedican al Derecho- entre los cometidos y los poderes jurídicos de un organismo público. Aquí está perfectamente separado. La competencia se integra con dos elementos: por un lado, los cometidos, que son los temas que puede tratar, donde rige el principio de la especialidad -esto quiere decir que solo puede hacer lo que le encomienda el Derecho- y por otro, los poderes jurídicos, donde rige otro principio, que es el de los poderes implícitos. En Estados Unidos a estos últimos se les llama vías y medios para cumplir los cometidos expresos; el primero es restrictivo y el segundo es expansivo. Acá están bien separados y voy a decir una frase que está en todas las Cartas Orgánicas: "en general, realizar todos los actos jurídicos y operaciones materiales destinados al buen cumplimiento de sus cometidos". Reitero que se trata de poderes implícitos.

En tercer lugar, aquí no se dice "proyectar el presupuesto" porque el artículo 220 de la Constitución, al que se remite la ley, empieza diciendo que una serie de organismos, entre los que se encuentran los servicios descentralizados, con excepción de los comerciales e industriales, proyectarán sus respectivos presupuestos al Poder Ejecutivo. Entonces, ¿para qué repetir lo que dice la Constitución?

(Suena el timbre indicador de tiempo)

- Por último, me voy a referir al tema de los funcionarios, del que se dijo que no estaba -no sé cuál fue la palabra utilizada- la estructura funcional. En realidad, la estructura funcional se encuentra en esta ley, pero sucede que allí se dice que los funcionarios se rigen -así lo manda la Constitución en el artículo 59- por el Estatuto General de los Funcionarios Públicos, que es el Decreto-Ley de 1943, y se aplica a una cantidad de funcionarios, entre ellos, a los que trabajan en los servicios descentralizados. Sin embargo, el artículo 59 agrega que esto es sin perjuicio de las normas especiales debido a la especificidad de sus servicios, y aquí hay alguna norma especial.

Quería dejar estas constancias y reiterar que todo lo que plantearon los doctores Delpiazzo y Aguirre Ramírez está recogido en esta iniciativa. Lo único que no se ha incluido -y debo decir que leí muy bien las versiones taquigráficas- y que ellos no plantearon, aunque después de tanto instarlos -entre otros, el señor Senador Antía- al final lo admitieron, es la firma del señor Ministro de Economía y Finanzas. ¿Por qué sucedió esto? Porque el Poder Ejecutivo se expresa de tres maneras: el Presidente con un Ministro, el Presidente con varios Ministros o el Presidente con el Consejo de Ministros. Precisamente, la forma que se escogió fue la del Presidente con la Ministra de Salud Pública. Desde el punto de vista de la lógica me consta que el Ministerio de Economía y Finanzas fue consultado -lo consulté con mis compañeros- y a lo mejor esto podría haber venido con la firma del señor Ministro. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, el procedimiento está terminado.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Puede continuar la señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Voy a tratar de ser breve porque sé que todos tenemos la intención de discutir, pero tampoco queremos extender demasiado este debate. Creo que debe quedar medianamente clara la voluntad de esta Bancada en cuanto a lograr los mayores consensos y por eso, como decía el señor Senador Korzeniak, tratamos de que fueran recogidas todas las sugerencias de quienes concurrieron a la Comisión, así como también toda la redacción que se hizo en una jornada excelente. Quiero destacar la contribución y la mejora que en muchos de los artículos hicieron los señores Senadores del Partido Nacional. Tal vez algunos de los aspectos no han sido recogidos por todos los integrantes de la Comisión, pero efectivamente se hizo una tarea bien clara, de esas que reivindican el trabajo de las Comisiones en la posibilidad del intercambio y del enriquecimiento mutuo. Es nuestra voluntad política seguir contando con amplios consensos para esta reforma que nos dará mucho trabajo, para la cual no tenemos antecedentes y queremos que cada escalón sea lo suficientemente firme como para no tener que utilizar la marcha atrás de la que hablaba el señor Presidente del Senado en el día de ayer, aunque si nos equivocamos sin duda lo deberemos hacer.

Teóricamente todos tenemos la idea de que debemos generar un sistema de salud y que la descentralización es una necesidad, por eso me resulta difícil entender que compartiendo todo eso y habiendo hecho los esfuerzos que hicimos para integrar determinados elementos, no terminemos votando todos, pero la libertad es libre. En realidad me parece más difícil entender cuando un integrante de este Cuerpo, el señor Senador Alfie -que ha planteado que no votaría-, tiene un proyecto muy similar a este. Se trata de una propuesta que hace años está planteada y que para nosotros es importante en este período histórico y político, por el hecho de que se inscribe en la conformación de un Sistema Nacional Integrado de Salud.

(Ocupa la Presidencia el señor Rodolfo Nin Novoa)

- Creo que algunos de los aspectos planteados quedan meridianamente claros si leemos el texto.

En el artículo 1º se crea un servicio descentralizado que se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública. Esta es una de las reformulaciones donde se recogieron una serie de observaciones en una redacción sintética y clara.

Por su parte, en el artículo 5º, con respecto a dictar los reglamentos internos y en general realizar todos los actos jurídicos y operaciones materiales destinados al buen cumplimiento de sus cometidos, puedo decir que quedan bien claras algunas de las observaciones planteadas en Sala.

En el artículo 7º, como ya han dicho algunos colegas y el señor Senador Korzeniak -otros confirman lo que digo asintiendo-, donde se habla del patrimonio y de los recursos, el literal a) deja muy en claro que este servicio descentralizado se crea a partir de un servicio que hoy es desconcentrado pero que puede adquirir de ellos una serie de cuestiones como, por ejemplo, transferir de pleno derecho los activos y los pasivos.

El literal e) plantea el tema del artículo 220 y todas las reglas que no hay que repetir en cada uno de los artículos para definir y hacer la diferencia.

Sin embargo, agregaría en este artículo de patrimonio y recursos -nomen juris-, un literal g), que debería decir: "Las cantidades que puedan corresponder por integrar el Seguro Nacional de Salud, previsto en el artículo 265 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005". De igual manera que se hace referencia al Sistema Nacional Integrado de Salud en el literal c) del artículo 4º, donde se dice que ASSE forma parte de dicho Sistema y lo refiere al artículo votado en la Ley de Presupuesto, en este Capítulo debemos referir al Seguro Nacional de Salud.

Con relación al artículo 8º, Recursos Humanos, queda bien claro que ASSE tendrá el personal que actualmente pertenece o está afectado a las unidades ejecutoras del órgano desconcentrado que lleva la misma denominación. Incluso, a sugerencia de los señores Senadores del Partido Nacional, el señor Senador Cid elaboró una nueva redacción de la que se desprende que quedarán atendidas todas las situaciones complicadas de vínculo que no estén claramente definidas al momento en que esta ley se ponga en práctica.

Es bueno recordar que se trata de un Ministerio que tiene miles de funcionarios y que, desde el punto de vista administrativo, se encuentra en una situación terriblemente caótica por las mil y una formas de vinculación de esos funcionarios con la Cartera. Ya se ha comenzado la tarea de simplificar esto; sin duda todos recordarán nuestro compromiso con respecto a que las Comisiones de Apoyo Central se irán regularizando durante el quinquenio y que las Comisiones de Apoyo Locales y la situación de las cuidadoras quedarán regularizadas a partir del 1º de enero de 2007.

En el intento de ir simplificando y adaptando la estructura, no podemos anteponer una estructura definida que nos ate de manos en la ley cuando está claramente referenciado cuáles son las guías que se deben tener en cuenta para su concreción.

Con respecto a los aspectos jurídicos, ya se ha referido a ellos el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR ALFIE.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA XAVIER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Creo entender bastante bien el Derecho y trabajé como funcionario público durante muchos años como para saber separar bastante bien las cosas. Es evidente que los funcionarios están amparados por un Estatuto del Funcionario en el que se describen los cargos y demás, pero eso no tiene nada que ver con el organigrama y la estructura de los cargos. Me refiero exactamente al hecho de que haya un Jefe de División, un Jefe de Departamento o lo que sea, que por debajo de su cargo tenga 4, 5 ó 28 funcionarios. En ningún lugar se dice que hasta que se logre concretar una estructura, se mantendrá la que actualmente tiene el servicio desconcentrado ASSE. Además, el proyecto de ley dice que se sustituye y no que se transforma, lo que significa que se crea algo nuevo. Entonces, de alguna manera hay que aclararlo.

Personalmente, me podría remitir a las intervenciones del doctor Delpiazzo en Comisión cuando se refirió a los derechos de los funcionarios y demás, pero no lo voy a hacer.

En cuanto a por qué no vamos a votar el proyecto de ley, consideramos que el elaborado por el señor Representante Bianchi es esencialmente más completo que éste y contiene muchísimas más previsiones. Además, la diferencia central radica en la composición del Directorio, ubicando los dos cargos del Directorio en el control. Para nosotros existen diferencias, ya que pensamos que la transparencia está absolutamente en el control. Pero la razón fundamental para nosotros es la cantidad de previsiones de un articulado y otro, que es sustancialmente diferente. Todo lo que dije no ha sido salvado por las correcciones que se han ido realizando.

Por otra parte, esta estructura nace sin presupuesto. Tal como señalaba el artículo 20 original, en algún lugar hay que decir que los créditos se transfieren totalmente hasta que se formule el presupuesto. Al mismo tiempo, en ningún lugar se dice cómo se soportan las pérdidas y las ganancias de este servicio descentralizado. Hay demasiadas cosas que a uno se le ocurre mencionar al comparar ambos proyectos de ley, porque realmente el tema requeriría un estudio más profundo.

Por lo tanto, en lo que nosotros entendemos que es actuar responsablemente, decimos que no podemos votar el proyecto de ley así ahora aunque quisiéramos hacerlo, más allá de que se hayan contemplado algunas diferencias. Sin embargo, las restantes discrepancias son tan grandes que no podemos votarlo.

Es cierto que el artículo 220 de la Constitución señala que los organismos formulan su presupuesto, pero en todas sus cartas orgánicas dice que es el directorio el que lo elabora. Según la redacción de este proyecto de ley, nadie sabe en realidad quién va a tener la responsabilidad final de diseñar el presupuesto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Queda clarísimo que tenemos diferencias con relación a la concepción sobre cómo hacer políticas y políticas públicas. Para nosotros la participación de los protagonistas directos, de los usuarios y de los beneficiarios en un tema tan esencial como el de la salud es una marca de identidad, en la cual lógicamente tenemos diferencias con el Partido al que representa el señor Senador preopinante. En consecuencia, no nos extrañemos ni nos asustemos de las diferencias. Así es la democracia. Nosotros hacemos nuestras reivindicaciones y quedan claramente definidas una opinión y otra en relación a esta cuestión.

En ninguna de las leyes de creación del Banco de Seguros, de ANCAP y de los demás organismos, está detallada la estructuración que deben tener. Me parece importante la referencia al artículo 59 de la Constitución que hace el texto de este proyecto de ley, que dice que la ley establecerá el Estatuto del Funcionario sobre la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario, así como la cita del literal E), que señala a texto expreso: "De los Servicios Descentralizados, sin perjuicio de lo que a su respecto se disponga por leyes especiales en atención a la diversa índole de sus cometidos." Justamente, se menciona porque se trata de esta área con cometidos tan especiales.

Por lo expuesto, en aras de la brevedad y de que podamos debatir también sobre los otros puntos que figuran en el Orden del Día, concluyo aquí.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Antía.

SEÑOR ANTIA.- No voy a insistir sobre temas que ya han sido discutidos, pero quiero hacer alguna reflexión sobre la disconformidad con el procedimiento y la manera como se encaró el tratamiento de este tema, y la conformidad con la aceptación de las observaciones de errores y horrores que traía el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, tengo que reconocer que los integrantes de la mayoría de la Comisión aceptaron las observaciones que realizaron prestigiosos juristas en calidad de técnicos. Pero eso fue por casualidad, ya que inicialmente no era ese el concepto y el criterio del Partido de Gobierno en la Comisión. Digo que fue por casualidad porque inicialmente se trató de que no hubiera consultas y se las cuestionó; recuerdo claramente esa instancia. Posteriormente, como se estaba discutiendo la Reforma Tributaria, el debate sobre este tema se atrasó y dio el tiempo para que asistieran los especialistas, ocasiones en las que aparecieron las observaciones. De pronto este proyecto de ley hubiera salido de esta Cámara con horrores, inconstitucionalidades, ilegalidades varias y confusión de función.

SEÑOR RIOS.- Tuvimos suerte.

SEÑOR ANTIA.- Pero tienen suerte de no hacerle pasar un papelón a la señora Ministra, porque entendemos que hubiera sido muy bueno para el Gobierno que después de un año de discusión previa del proyecto de ley, de consultas y de un trabajo de dos o tres meses en la Comisión, hubiese llegado una iniciativa acorde a la importancia que tienen el Sistema Nacional Integrado de Salud y la descentralización de ASSE. Recuerdo haber trabajado en la Comisión ocho, diez o doce sesiones para llevar adelante un proyecto que impulsó durante dos años el señor Senador Cid, sobre los derechos de los pacientes, o un tiempo similar en otros proyectos que propició la señora Senadora Xavier, como el de fortificación de alimentos; pero este tema vino para ser tratado casi en una o dos sesiones. No estamos de acuerdo con el apuro y el impulso por aprobar un asunto de esta trascendencia, porque creemos que es necesario que se lo haga con el más amplio apoyo y no llevando a los empujones a los integrantes de este Parlamento. Me parece que ese no es el procedimiento adecuado. Por lo tanto, quiero dejar sentado que no fue feliz la manera en que se empezó a encarar este tema.

Esto forma parte del otro gran proyecto del sistema nacional de salud, que el Partido Nacional comparte como concepto. A este respecto, en el año 1985 la Bancada de Senadores de nuestro Partido presentó un proyecto de ley que explicitaba en detalle este tema, y aunque seguramente debe tener diferencias con lo que hoy plantea el Partido de Gobierno, coincide en la concepción general de lo que para el país significa integrar un sistema nacional de salud. En eso estamos de acuerdo, y también lo estamos en la descentralización necesaria para que la salud pública nacional pueda cumplir una eficaz y mejor función. Asimismo, estamos de acuerdo en que a nivel de los órganos de Dirección haya participación de usuarios y funcionarios. No podemos negar que a nivel de diferentes mutualistas, sobre todo las más exitosas que están funcionando en el ámbito de la asistencia médica colectiva, sus Directorios están integrados por usuarios y funcionarios. Existen mecanismos claros de selección, por elección secreta, como forma de respetar a los usuarios y a todos los funcionarios, desde los técnicos hasta los no técnicos.

Eso es un poco lo que queremos ver reflejado en esta nueva modalidad de asistencia pública a la salud. Nos gustaría que en la reglamentación del mecanismo por el cual se va a elegir a los representantes de los técnicos, de los no técnicos y de los usuarios -ya sea por medio de elección secreta o por algún otro mecanismo-, el Poder Ejecutivo dé transparencia y garantías suficientes de que efectivamente van a representar, en serio, a los actores principales en el tema salud.

No voy a entrar en las observaciones hechas por los doctores Delpiazzo y Aguirre, pero sí a decir que fueron trascendentes para que aquí viniera un proyecto completamente distinto. Este es, digamos, el proyecto de ley que representa la voluntad de los Senadores del Partido de Gobierno, pero no es el proyecto del Poder Ejecutivo. No me parece que en una iniciativa de estas características alcance con la carta de la señora Ministra diciendo que el señor Senador Korzeniak iba a hacer las transformaciones ne-cesarias y que aceptaban las importantes observaciones sugeridas por los doctores Delpiazzo y Aguirre. Nos hu-biera gustado que el Ministerio se expidiera con mayor detalle.

Hace pocos días participé en una convocatoria de la Federación Médica del Interior, en donde un representante del Ministerio se comprometió a dar la opinión oficial. Pero resulta que esa opinión oficial no vino; es una lástima. El apuro está llevando a cometer errores y el miedo que tengo -esta es una advertencia- es que esos errores de procedimiento lleven a que nazca mal un sistema nacional de salud.

Ayer participé como invitado en la sesión de la Comisión de Hacienda, en la que se hizo una presentación de otro proyecto chico que tiene que ver con dar cobertura asistencial a funcionarios del Estado que no la tenían, cosa que compartimos. Pero también se pretendió que ese proyecto de ley se votara en una sola sesión de discusión, y hoy ya sabemos que la semana próxima estará a consideración del Senado. Ese no es el procedimiento que quisiéramos para llevar adelante una ley de tanta importancia como esta. Pero, además, nuevamente se trata de un texto que viene con errores; en el mismo día de ayer cuando, repito, se estaba haciendo la presentación y se leía por primera vez, apareció una hoja con cinco o seis modificaciones, en la que se cambiaba hasta el nombre: ya no es más FISASS, sino el proyecto del FONASA.

Entonces, esa falta de estudio, esas inconsistencias, son las que nos generan dudas acerca de si se ha aprovechado o no el tiempo de elaboración del proyecto del Sistema Nacional Integrado de Salud, esto es, si no vendrá con la misma proporción de errores y horrores de los equipos técnicos que están trabajando en el Ministerio de Salud Pública. Nos quedan dudas inmensas sobre este procedimiento, porque también nos preguntamos por qué uno vino firmado por la señora Ministra de Salud Pública y no por el señor Ministro de Economía y Finanzas. Nosotros insistimos en la presencia en el Parlamento de este último, fundamentalmente cuando vimos que en el borrador aparecían números que nos preocupaban y que van a inquietar mucho a la población de nuestro país cuando vea que, efectivamente, los jubilados van a tener que hacer un pago adicional del 3% y, los trabajadores, de un 6% o un 8% sobre sus sueldos. Todo eso está incluido en el otro proyecto de ley que todavía no vino. Nos hubiera gustado que todo se nos remitiera en conjunto, como una gran modificación en el tema salud. Me parece que en un año y medio de Gobierno daba, no como para haber presentado el proyecto chico, el mediano y el grande en borrador, sino para haber generado un gran proyecto para que en este Senado de la República todos los Partidos dieran una gran discusión sobre una ley que pudiera significar una importante transformación en esta materia.

Eran las observaciones que quería hacer, y agrego que en todo lo demás comparto los planteos que, en nombre de nuestro Partido, hizo el señor Senador Da Rosa.

SEÑOR BARAIBAR.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ANTIA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: como Coordinador de Bancada y teniendo que actuar en aspectos prácticos y cuestiones de procedimiento, luego de escuchar al señor Senador Antía -en cuya intervención hay aspectos de procedimiento, conceptuales y de estrategia política-, quiero decir que en muchas de las cosas que ha dicho tiene razón. Pero seguramente también el señor Senador habrá podido observar que cuando nos hemos dado cuenta de que, por apresuramiento o por inexperiencia, hemos dado un paso incorrecto, lo desandamos y tomamos el camino correcto, inclusive escuchando la opinión del Partido Nacional, que tiene mucha más experiencia que nosotros.

No queremos plantear esto en términos de confrontación; simplemente se trata de un aspecto de procedimiento. Estamos aprendiendo, estamos experimentando y bienvenidas sean todas las opiniones para otear y encontrar el mejor sendero.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Antía.

SEÑOR ANTIA.- Señor Presidente: termino, por supuesto, reconociendo la actitud de los señores Senadores del Partido de Gobierno, pero también creo que es bueno dejar bien claro que la acción de nuestra fuerza política ha sido constructiva, que no está para decir siempre no y poner el palo en la rueda, sino que permanentemente ha estado -y está- actuando en positivo por el país.

Era la constancia que quería dejar.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: creo que cuando comenzamos nuestro informe lo primero que hicimos fue reconocer, justamente, la actitud y la participación constructiva de la oposición en la discusión de este proyecto de ley; así comenzamos la presentación, y lo hicimos porque lo sentimos sinceramente.

Ahora bien; tengamos claro que si bien es cierto que las modificaciones que se le introdujeron al proyecto de ley recogen la totalidad de las observaciones que formularon los invitados, también lo es que se tuvo en cuenta la de los propios Legisladores de la Bancada de Gobierno, alguna de las cuales coincidían con las que hicieron aquéllos.

En ningún instante estuvo planteado que el proyecto original debía votarse tal como estaba sino que, por el contrario, solicitamos que se discutiera el articulado para luego, entre otras cosas, introducir las modificaciones que ya habían sido discutidas y procesadas a nivel de nuestra Bancada e, incluso, conversado con el propio Ministerio. No me pareció necesario señalarlo al comienzo de mi informe, pero en la medida en que se han hecho determinadas afirmaciones, consideré imprescindible hacer estas aclaraciones.

En lo que tiene que ver con el procedimiento y con la convocatoria a la Comisión de determinadas personalidades, cabe recordar que no las escuchamos por casualidad porque en ese instante se estaba tratando la reforma tributaria, sino que diría que fue exactamente al revés: se planteó la posibilidad de que estos invitados asistieran a la Comisión y una vez que el tema fue resuelto se fijó la primera fecha para recibirlos. Sin embargo, en esa oportunidad no pudieron ser recibidos porque el Presidente de la Comisión -quien, entre otros, había planteado la necesidad de escuchar a estos invitados- estaba de viaje. Quiere decir que no sólo aceptamos recibir a estas personas, sino que también accedimos a postergar su presencia por una semana a los efectos de que el Presidente pudiera asistir a esa sesión, lo cual hicimos con gusto. Una vez que retornó y media hora antes de que los invitados llegaran, se suspendió la sesión no por decisión de los Legisladores del oficialismo, sino porque el Presidente de la Comisión estaba en ese momento -lo que es cierto- atendiendo a la Comisión de Hacienda que estaba tratando la reforma tributaria. Finalmente, a la tercera semana, pudimos escuchar los informes y las opiniones que estábamos en condiciones de recibir, si por el oficialismo fuera, tres semanas antes. Me importa señalar esto porque de ninguna manera ignoramos la presencia de los invitados y sus opiniones; por el contrario, expresamente dejamos claro que los habíamos recibido y que había sido positivo y constructivo que concurrieran. Del mismo modo, señalamos que teníamos urgencia por aprobar este proyecto de ley.

No he solicitado interrupciones, di un informe lo más breve posible y escuché todas las intervenciones que se realizaron en Sala, pero quiero decir que nos enfrentamos a distintos planteos que, a su vez, tienen diferentes razones. Es claro que hay diferencias que tienen que ver, sustancialmente, con las concepciones que cada uno de nosotros representamos. Tal como procuré plantear en el informe original, no todos tenemos la misma visión acerca de cómo lograr la eficiencia. En ese sentido, no voy a reiterar lo que dije. Hay diferencias filosóficas que están presentes en este debate. Nosotros representamos una corriente de pensamiento y, por lo tanto, tenemos nuestras concepciones filosóficas que tratamos de reflejar, en el acierto o en el error, en las distintas iniciativas que promovemos.

A esta fuerza política puede cuestionársele muchas cosas que tienen que ver con nuestros errores, pero la necesidad de un Sistema Nacional Integrado de Salud en este país está planteada desde hace cuarenta años. Muchos de nosotros empezamos a discutirla en la década del sesenta. Quienes están vinculados a la tarea de la salud desde aquella época saben que es así, y todo este tiempo ha pasado sin que esas modificaciones se realizaran. Nosotros ahora las estamos haciendo y, de repente, hasta con alguna desprolijidad. En todo caso, desprolijamente estamos haciendo lo que durante veinte años, prolijamente, otros no hicieron.

En definitiva, señor Presidente, me pareció imprescindible formular estas precisiones porque así como comencé mi exposición con un gran reconocimiento y respeto, exijo lo mismo para nuestra fuerza política.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR VAILLANT.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: la señora Ministra de Salud Pública -que no está presente, pero ha sido aludida varias veces- se comunicó en más de una oportunidad, informalmente, con el señor Senador Vaillant y con quien habla. Quiero decir que el gesto que tuvo en no enviar un nuevo proyecto es para que se tuviera clara la imagen de que el Parlamento le puede modificar artículos y proyectos de ley al Poder Ejecutivo y sus miembros no se sienten ofendidos por eso. Se trató de un gesto político que aprecio y aplaudo. Reitero que hago esta aclaración porque la señora Ministra fue aludida en varias oportunidades y, obviamente, no está presente. El señor Senador Vaillant conoce perfectamente lo que digo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR VAILLANT.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: en el relato que hizo el señor Senador preopinante omitió algunos detalles. Los invitados no pudieron concurrir a la Comisión ni la primera ni la segunda semana; recién lo hicieron el día en que se estaba analizando la reforma tributaria en la Comisión de Hacienda.

Advierto que en la semana anterior quisimos coordinar la presencia de los invitados en varias oportunidades, pero no fue posible porque no podían venir. Creo que vale la precisión porque, de otro modo, parecería que uno se fue de viaje por ahí -aunque no fue de paseo, sino a trabajar, pero no importa- y esa fue la razón por la cual no sesionó la Comisión. La verdad es que, repito, no los recibimos porque no podían venir.

Por otra parte, ni el mundo ni el Uruguay empezaron hace poco menos de dos años. Se dice que en nuestro país hay una necesidad imperiosa de cambiar el sistema de salud. Personalmente, entiendo que siempre hay necesidad de mejorar las cosas, porque eso hace a la vida de la gente. No olvidemos que el Uruguay tiene los mejores indicadores sanitarios de toda la región; los tuvo por muchísimo tiempo, sufrió un pequeño deterioro durante la crisis y luego los recuperó rápidamente. Incluso, hablamos de indicadores tan sensibles como el relativo a la mortalidad infantil.

Entonces, no podemos aceptar que se diga que no se hizo nada. Por el contrario se hizo muchísimo. Si se tienen formas diferentes de hacer las cosas, lo aceptamos, pero no pueden negarse los indicadores objetivos de salud. Entre otras cosas, el Uruguay fue el único país de América, junto con Canadá, que no tuvo cólera, y eso no sucedió por un regalo sino porque, quizás, había un buen sistema de salud. Lógicamente, influyó que tuviéramos agua y saneamiento, pero fueron fundamentales las barreras sanitarias porque del otro lado hay una muy extensa frontera seca y, de todos modos, el cólera no nos llegó.

Así que reitero, señor Presidente, que no se puede decir que no se hizo nada ni que antes no había nada y que ahora hay que empezar de cero a construir sobre la nada, porque entre otras cosas, cuando se defiende tanto lo que hace el sector público o las cosas buenas que dice tener, hay que recordar que, en realidad, están construidas desde antes, porque nada se puede innovar en tan poco tiempo.

Gracias señor Presidente y señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa en el uso de la palabra el señor Senador Vaillant.

SEÑOR VAILLANT.- He concluido, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

SEÑOR CID.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: es cierto que hemos analizado este proyecto con cierta urgencia en la Comisión, pero es la urgencia que merece un proyecto sumamente trascendente en todo este largo proceso de elaboración y de construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Este es un escalón más que comienza con la asunción del Ministerio de Salud Pública estableciendo un compromiso de gestión de sus Directores, fortaleciendo el primer nivel de atención de salud. Asimismo, se realiza el primer concurso de oposición y méritos en veinticinco años, luego de que fuera reclamado por el Sindicato Médico del Uruguay y todo el cuerpo médico nacional; se establece un criterio de recuperación salarial; se reforma el Hospital de Clínicas; se refuerza el equipamiento y el presupuesto a través de la Rendición de Cuentas; se recupera el Sanatorio Español y hoy se destaca la importancia de la descentralización de ASSE.

Más allá de este entorno de discusión que se ha dado, quiero señalar que en la Comisión de Salud Pública fue expresado -y hoy se expresa a través de los votos, no de todos, pero sí de la inmensa mayoría de este Cuerpo legislativo- el apoyo a la descentralización de ASSE. No es un tema menor. Filosóficamente, todo este Cuerpo comparte la descentralización de ASSE; incluso aquellos que informaron el proyecto -como el doctor Delpiazzo- en el seno de la Comisión de Salud Pública, expresaron su convencimiento de que la descentralización era un instrumento esencial para lograr la eficiencia en salud.

También quiero señalar, señor Presidente, que en esta Comisión de Salud Pública trabajamos todos para lograr lo mejor del proyecto; en algunas circunstancias no lo hemos conseguido -el señor Senador Alfie así lo ha expresado-, pero a través de la corrección de sus imperfecciones, alcanzamos una amplísima mayoría en este Cuerpo, que hoy se manifiesta en una votación casi unánime.

Por otra parte, hemos advertido un ánimo constructivo en la oposición por lograr un perfeccionamiento del proyecto, y eso hay que reconocerlo. Además, cuando en la Comisión de Salud Pública se definió el tratamiento por las consultas que la oposición propuso -y que aceptamos-, se estableció un compromiso de trabajo de todos sus integrantes, que también fue cumplido. Por lo tanto, son hitos importantes que nos conducen a la alegría de dar un paso más en este proceso de construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: este proyecto de ley no ha recibido votación unánime, pero sí un consenso muy extendido. Asimismo, es el puntapié inicial de una transformación, que creo que en este período de gobierno va a ser una de las dos o tres más importantes. Por él, se posibilita la creación de un sistema mucho más eficaz, eficiente y equitativo. Allí se incluye la mayor parte de las observaciones que fueron planteadas por la oposición e integra una iniciativa que, con la extensión del FONASA -es decir, lo que vamos a votar como proyecto inicial la semana que viene-, va a implicar una inversión pública, una vez que culmine el proceso por el lado del sector público, de no menos de U$S 300:000.000 que se vuelcan al Sistema Nacional de Salud del lado del aporte de la sociedad. Creo que esto va a tener un impacto tremendo en la mejora de la calidad de vida de los uruguayos y que, por lo tanto, estamos tomando las decisiones que había que tomar.

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 7º.

En este artículo se ha introducido una modificación. Léase.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

En el título, donde dice "Patrimonio", debe decir "Patrimonio y Recursos", y también se agrega un literal.

SEÑOR PRESIDENTE.- En primer lugar, vamos a considerar el título de este artículo y luego veremos el literal.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º con el agregado de "y Recursos" inmediatamente después de "Patrimonio".

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

Léase el inciso que se agrega.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"g) Las cantidades que puedan corresponder por integrar el Seguro Nacional de Salud previsto en el artículo 265 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005". Firma la señora Senadora Xavier.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el literal que se acaba de leer.

(Se vota:)

- 17 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 8º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 9º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 22. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO 1°. (Creación, personería y domicilio).- Créase, con el nombre de Administración de los Servicios de Salud del Estado (en adelante ASSE) un servicio descentralizado que se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Publica.

Este servicio descentralizado sustituye al órgano desconcentrado de igual denominación. Es persona jurídica y tendrá su domicilio principal en la ciudad de Montevideo sin perjuicio de las dependencias instaladas o que se instalen en todo el país.

ARTICULO 2°. (Dirección y administración).- ASSE será dirigida y administrada por un directorio compuesto de cinco miembros, todos los cuales serán designados de conformidad con el artículo 187, inciso primero de la Constitución.

Cuando el Poder Ejecutivo elabore la propuesta de directores tendrá especialmente en cuenta como condiciones personales de dos de los cinco miembros que sean representativos de los usuarios y trabajadores de ASSE.

Dentro de los seis meses contados desde la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo reglamentará la forma en que los usuarios y los trabajadores formularán sus respectivas propuestas.

Durante los primeros tres años de su funcionamiento, ASSE podrá ser dirigida y administrada por los otros tres miembros del Directorio.

El Presidente del Directorio representará al organismo y tendrá las demás facultades que establezca el Reglamento General, que será aprobado por el Poder Ejecutivo a propuesta de ASSE.

ARTICULO 3°. (Competencias).- Las competencias de ASSE son de carácter nacional y se integran con los cometidos y poderes jurídicos que se establecen en los dos artículos siguientes.

ARTICULO 4°. (Cometidos).- Son cometidos de ASSE:

a) Organizar y gestionar los servicios destinados al cuidado de la salud en su modalidad preventiva y el tratamiento de los enfermos.

b) Ejercer la coordinación con los demás organismos estatales que prestan servicios de atención de la salud, procurando al máximo accesibilidad a los servicios de salud y su mejor calidad.

c) Formar parte del Sistema Nacional Integrado de Salud previsto en el artículo 264 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, al que contribuirá en su implementación.

d) Ejercer las actividades de salud establecidas en la Ley Nº 9.202, de 12 de enero de 1934, que regula servicios prestados por el Ministerio de Salud Pública y que hasta la vigencia de la presente ley eran cumplidos por el órgano desconcentrado ASSE.

e) Desarrollar al máximo posible el cumplimiento de los derechos en materia de salud que tienen los habitantes de la República, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, dentro del marco de los programas nacionales elaborados por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública.

f) Cumplir los cometidos previstos en el literal anterior, a través de una organización que cubra y coordine adecuadamente el nivel nacional y los niveles departamentales y locales, y que abarque las diversas etapas de la atención integral en materia de salud, contribuyendo a la promoción de programas, diagnóstico precoz, tratamiento preventivo oportuno, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos.

g) Efectuar y mantener actualizado un diagnóstico sobre el estado de salud de sus usuarios, y las circunstancias socio-económicas y culturales que puedan condicionar sus niveles, elaborando las estrategias más adecuadas para la superación de los mismos.

h) Contribuir, mediante planes adecuados de difusión, al cambio voluntario de las prácticas, actitudes y estilos de vida, que ponen en riesgo la salud.

ARTICULO 5°. (Poderes Jurídicos).- El Directorio de ASSE tendrá los siguientes poderes jurídicos:

Fijar aranceles y contraprestaciones por sus servicios con aprobación del Poder Ejecutivo.

Efectuar designaciones, promociones y cesantías de funcionarios sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8º de la presente ley. Las designaciones requerirán la aprobación del Poder Ejecutivo.

Suscribir con otros servicios de salud, públicos o privados, compromisos de gestión concertada, evitando siempre la superposición innecesaria de servicios y la insuficiente utilización de los recursos humanos y materiales.

Disponer -dentro de los límites que establezca el Reglamento General- la descentralización interna o las delegaciones que estime convenientes, para el más eficaz y eficiente cumplimiento de los cometidos del organismo.

Dictar sus reglamentos internos y en general, realizar todos los actos jurídicos y operaciones materiales destinados al buen cumplimiento de sus cometidos.

ARTICULO 6°. (Consejos Asesores Honorarios).- Habrá un Consejo Asesor Honorario Nacional y Consejos Asesores Honorarios Departamentales o Locales, que se integrarán en la forma que establezca el Reglamento General de ASSE, el que asegurará la participación de sus usuarios y sus trabajadores.

Estos Consejos Honorarios tendrán actividades de asesoramiento, proposición y evaluación, en sus respectivos ámbitos geográficos. Todos sus informes serán presentados al Directorio de ASSE pero no tendrán carácter vinculante.

ARTICULO 7°. (Patrimonio y Recursos).- El Patrimonio de ASSE se integrará de la siguiente manera:

a) Con los activos y pasivos de cualquier naturaleza del órgano desconcentrado ASSE, que se transfieren de pleno derecho al Servicio Descentralizado creado por esta ley. El Ministerio de Salud Pública realizará todas las operaciones necesarias a efectos de registrar las mutaciones dominiales o transferencias respectivas.

b) Con el producido de sus proventos.

c) Con las donaciones o legados que reciba.

d) Con un Fondo de Mejoramiento y Ampliación de ServIcios, que ASSE proyectará y enviará al Poder Ejecutivo dentro de los tres meses siguientes a la instalación de su Directorio.

e) Con las asignaciones que resulten de su presupuesto, que se elaborará y tramitará según las reglas del artículo 220 y concordantes de la Constitución.

f) Con los aportes que se establezcan, en función de la población atendida por ASSE.

g) Las cantidades que puedan corresponder por integrar el Seguro Nacional de Salud previsto en el ar-tículo 265 de la Ley N°17.930, de 19 de diciembre de 2005.

ARTICULO 8°. (Recursos Humanos).- ASSE tendrá el personal que actualmente pertenece o está afectado a las unidades ejecutoras del órgano desconcentrado que lleva la misma denominación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5º, literal b) de la presente ley.

El ingreso de personal de cualquier categoría se regirá por las normas generales del Estatuto del Funcionario Público, sin perjuicio de las reglas especiales que se dicten en atención a la índole de sus cometidos (artículo 59, literal E) de la Constitución).

Dentro de los 120 días, contados desde la vigencia de la presente ley, deberá quedar definido por el Poder Ejecutivo el personal que pertenece a ASSE, en este plazo se atenderá la situación particular de los funcionarios que no pertenecen a la plantilla funcional de ASSE.

ARTICULO 9°. (Expropiaciones y servidumbres).- Declárase de utilidad pública la expropiación y uso de los bienes necesarios para el cumplimiento de la presente ley (artículo 32 de la Constitución y artículo 4º de la Ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912).

Las designaciones de bienes que hubieren de realizarse en los trámites a que alude la citada ley, serán realizadas por el Poder Ejecutivo a propuesta de ASSE."

16) TURISMO ENOLOGICO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del asunto que figura en segundo lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se declara de interés turístico nacional el Turismo Enológico y se dictan normas sobre la realización del Día de la Vendimia. (Carp. Nº 717/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 717/06

Rep. Nº 398/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase de interés turístico nacional el Turismo Enológico.

Artículo 2º.- Desígnase "Día de la Vendimia", el segundo sábado de marzo de cada año.

Artículo 3º.- Se designa como organizadora de la Fiesta Nacional de la Vendimia una Comisión nombrada por el Consejo del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI). Esta Comisión podrá ser integrada por miembros del INAVI, representantes de las Intendencias Municipales, representantes de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles y gremiales representativas del sector.

Artículo 4º.- Se declara ciudad sede del desfile inaugural de la vendimia, de cada año, la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones, el cual se realizará una vez electa la Reina de la Vendimia Nacional.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 5 de diciembre de 2006.

Ruben Martínez Huelmo 1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Comisión de Turismo

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Turismo, habiendo tratado el presente proyecto de ley, aconseja su aprobación por parte del plenario en función de las siguientes consideraciones.

En su artículo 1º declara de interés turístico nacional el turismo enológico. Estimamos que este artículo distingue singularmente un segmento turístico en crecimiento, que se potencia aunando la gran cantidad de prestigiosas bodegas y la excelencia de los vinos uruguayos, que convocan cada vez más a turistas interesados en conocer las "Rutas del Vino" y su historia en el Uruguay. A nadie escapa que la industria vitivinícola tiene profundas raíces en nuestro pasado y ha sido parte de la historia de nuestra Nación, junto con la llegada de cientos de familias inmigrantes de los más diversos orígenes, en particular, canarios, vascos, asturianos e italianos después, que trajeron consigo sus hábitos, sus costumbres, su agricultura, y en particular el conocimiento del arte de cultivar la vid. A medida que estas familias se fueron asentando en nuestros suelos e integrándose con los criollos, comenzó a tener la vitivinicultura un permanente desarrollo, favorecido por la calidad de las tierras y nuestro clima al punto tal de transformarse hoy en una pujante industria nacional con más de nueve mil cuatrocientas hectáreas productivas, distribuidas en tres mil quinientos viñedos, habiendo ganado un merecido prestigio y reconocimiento internacional, siendo distinguidos nuestros vinos por su calidad en los certámenes más importantes del mundo.

El artículo 2º designa como "Día de la Vendimia" el segundo sábado del mes de marzo de cada año. Esta designación reconoce una tradición cultural que convoca no sólo a los productores, trabajadores y bodegas de las familias vinculadas a la industria, sino que se transformó en una auténtica fiesta popular a través de la cual los turistas se sienten también convocados a participar.

Asimismo, el artículo 3º confiere al Instituto Nacional de Vitivinicultura la responsabilidad de la designación de una Comisión encargada de la organización de la Fiesta Nacional de la Vendimia; que deberá integrarse con representantes del propio Instituto, Intendencias Departamentales y representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), dándole un marco adecuado y participativo a todos los sectores relacionados con la industria vitivinícola.

Por último, en su artículo 4º se declara la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones, como sede del desfile inaugural de la vendimia de cada año. En este artículo hay un merecido reconocimiento, en particular, a esta ciudad y al departamento en general.

En Canelones están radicados mil seiscientos quince viñedos (un 70.7% del total del país) particularmente ubicados en la zona sur del departamento; teniendo como epicentro la ciudad de Las Piedras. Esta realidad hace que dicha ciudad y su zona de influencia sea considerada el principal centro vitivinícola del país, lo cual se resalta con la instalación desde su creación en 1987, por la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la ciudad de Las Piedras, del Instituto Nacional de Vitivinicultura; siendo este organismo un factor fundamental en la mejora sustantiva del sector, a través del estudio, planificación y reconversión de viñedos y bodegas, que facilitó la inserción de los vinos uruguayos en el mercado internacional.

Es también lugar de ubicación de la Escuela Técnica de Vitivinicultura del Uruguay "Tomás Berreta", único centro de estudios especializados del país, emplazada desde 1939 en el paraje "El Colorado", a cuatro kilómetros de la ciu-

dad; cumpliendo un importante rol en la formación pro-fesional de los Técnicos en Enología, cuyos egresados se han constituido en un pilar esencial desde el aporte

del conocimiento científico y tecnológico para el desarro-llo del sector. Asimismo, es sede, desde el año 1932 del Centro de Vitivinicultores del Uruguay, entidad que nucleó desde sus inicios a los pioneros de la vitivinicultura en la región.

Por todo lo anteriormente expresado, entendemos que la aprobación del presente proyecto de ley contribuirá al reconocimiento y jerarquización de una industria de fuerte arraigo en nuestro país y con proyección internacio-

nal, que, además, está vinculada a la historia, a la cultura y a una industria tan necesaria e importante como lo es el turismo.

Sala de la Comisión, 6 de setiembre de 2006.

Juan C. Souza, Miembro Informante; Bertil R. Bentos, Germán Cardoso, Alba M. Cocco Soto, Alvaro F. Lorenzo, Juan Andrés Robillo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: este proyecto de ley que se ha incluido en el Orden del Día de la sesión de hoy tiene media sanción de la Cámara de Representantes. Concretamente, lo que se pretende es que, al momento en que se realicen los preparativos para el día de la vendimia a realizarse el segundo sábado de marzo de cada año, se tenga la certeza de que este proyecto esté aprobado, ya que declara que el día de la vendimia es de interés turístico, con lo cual se va a fomentar la Fiesta Nacional de la Vendimia. El artículo 3º de esta iniciativa crea una Comisión que trabajará en ese sentido.

Este proyecto de ley es sustitutivo de otro que contó con media sanción en la Cámara de Representantes, pero, posteriormente, en la Comisión de Constitución y Legislación, los representantes de los diferentes partidos vimos que no reflejaba el sentir nacional porque focalizaba el tema del vino y de la vendimia sólo en una parte del país. En definitiva, esta iniciativa recoge el pensamiento de los diferentes actores en este tema, cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo -y por ende del conjunto del Poder Ejecutivo- y, además, también ha recibido el apoyo de los diferentes sectores vinculados con la producción del vino y de la vendimia.

Es cuanto tenía para decir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 17 en 19. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 17 en 19. Afirmativa.

Ha llegado a la Mesa una moción para que se voten en bloque los artículos de este proyecto de ley.

Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 18 en 19. Afirmativa.

En consideración los artículos 1º, 2º, 3º y 4º, que componen el proyecto de ley.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero solicitar que el punto que figura en tercer lugar del Orden del Día se postergue y sea considerado en la sesión del próximo miércoles, en razón de que el miembro informante, señor Senador Penadés, no se encuentra en Sala.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: si votamos una sesión para la semana que viene en la que se van a tratar dos o tres temas, creo que vamos a complicarnos si además incorporamos más asuntos. Creo que lo mejor sería no votar la inclusión de más temas y permitir que el señor Presidente, al finalizar esta sesión, haga los arreglos correspondientes. Considero que no podemos fijar una sesión con determinados temas a considerar si, además, seguimos incorporando nuevos asuntos.

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra para otra cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARAIBAR.- Quiero solicitar, asimismo, que el punto que figura en séptimo lugar del Orden del Día de hoy se incluya en el de la sesión del próximo miércoles.

SEÑOR PRESIDENTE.- El punto al que se refiere el señor Senador Baráibar es el relativo a la discusión única del proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se crean disposiciones a efectos de facultar a los Gobiernos Departamentales a implementar nuevas formas de actuación, de conformidad con lo establecido en el inciso 5º del artículo 262 de la Constitución de la República. Se trata de la Carpeta No. 275/05. La Mesa entiende que este proyecto de ley, prácticamente, no requiere discusión.

SEÑOR BARAIBAR.- De todos modos, señor Presidente, solicito que no se trate ahora y se incluya en el Orden del Día de la próxima sesión.

Por último, solicito que el punto que figura en noveno término del Orden del Día, por el que se crea el Fondo Integrado de Salud de la Seguridad Social (FISASS), que va a ser considerado por la Comisión de Hacienda en el día de mañana, también sea incluido en el Orden del Día de la próxima sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar las tres mociones de orden formuladas por el señor Senador Baráibar en el sentido de postergar la consideración de los asuntos que figuran en tercer, séptimo y noveno lugar del Orden del Día.

(Se votan:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

17) SOLICITUD DE ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO PARA DESIGNAR EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA REPUBLICA ANTE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESIGNAR MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ANEP Y SUBDIRECTORA NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra para otra cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: voy a solicitar que el Senado asuma jurisdicción sobre las Carpetas Nº 31/06 y 32/06, que fueron remitidas a la Comisión Permanente para su consideración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución de la República. Concretamente, estas carpetas refieren a las venias para designar Embajador en España y para el nombramiento de un miembro del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y de la Directora Nacional de Educación Pública. Como dije, solicitamos que se comunique a la Comisión Permanente que el Senado asume jurisdicción sobre estos temas y que se incluyan en el Orden del Día de la próxima sesión. El inciso tercero del artículo 131 de la Constitución expresa los siguiente: "No obstante, interrumpido el receso y mientras dure el período de sesiones extraordinarias, la Asamblea General o la Cámara de Senadores podrán, cuando así lo resuelvan, asumir jurisdicción en los asuntos de su competencia que se encuentren a consideración de la Comisión Permanente, previa comunicación a este Cuerpo".

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Baráibar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

18) TRATADO CONSTITUTIVO DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAISES IBEROAMERICANOS, SUSCRITO EN MADRID, EL 7 DE OCTUBRE DE 1992

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el cual se solicita la aprobación del Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, suscrito en Madrid, el 7 de octubre de 1992 (Carp. Nº 704/06 - Rep. Nº 396/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 704/06

Rep. Nº 396/06

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 20 de noviembre de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 4 de mayo de 1999 que se adjunta, por el cual se solicita la aprobación parlamentaria del Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos suscrito en Madrid, el 7 de octubre de 1992.

Al continuar en vigencia para los intereses y el prestigio internacional de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Jorge Brovetto.

Montevideo, 20 de noviembre de 2006.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, suscrito en Madrid, el 7 de octubre de 1992.

Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Jorge Brovetto.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 4 de mayo de 1999.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 85, numeral 7 y el Artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, suscrito en Madrid, el 7 de octubre de 1992.

El texto que se adjunta destaca en su Preámbulo la importancia de los vínculos históricos y culturales que unen a los Estados Firmantes, al tiempo que reconoce la importancia de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Hispano-Luso-Americanos, instituida por el Acta de Madrid de 1970 y sus posteriores actuaciones.

A tales efectos, en los primeros Artículos queda constituida la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, con sede en Madrid, al tiempo que se establecen los objetivos de la misma. El Artículo 5º dispone que los Estados Miembros de la Conferencia estarán representados por sus Ministros de Justicia o equivalentes, siendo para el caso de la República el Ministerio de Educación y Cultura.

El Artículo 7º, por su parte, establece los órganos de la Conferencia, estipulando el Artículo 9º que la misma gozará de personalidad jurídica.

Finalmente, el Tratado establece en su Artículo 15 que su duración será ilimitada, mientras el Artículo 16 regula la entrada en vigor del instrumento.

La importancia de traducir los vínculos históricos de los países iberoamericanos en instrumentos jurídicos de cooperación, justifica el interés del Poder Ejecutivo en la pronta entrada en vigor del mismo, para lo cual se solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República; Roberto Rodríguez Pioli, Luis A. Mosca, Yamandú Fau.

Montevideo,

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, suscrito en Madrid, el 7 de octubre de 1992.

Roberto Rodríguez Pioli, Luis A. Mosca, Yamandú Fau.

TRATADO CONSTITUTIVO DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAISES

IBEROAMERICANOS LOS ESTADOS FIRMANTES DEL PRESENTE TRATADO

CONSCIENTES de los profundos vínculos históricos, culturales y jurídicos que les unen,

DESEANDO traducir tales vínculos en instrumentos jurídicos de cooperación,

RECONOCIENDO la importante contribución a esa tarea, realizada hasta el presente por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Hispano-Luso-Americanos, instituida por el Acta de Madrid de 1970,

DECIDIDOS a continuar tal obra, dotándose de un instrumento internacional adecuado,

CONSIDERANDO que la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Hispano-Luso-Americanos, en su reunión de Acapulco de 1988 recomendó la celebración de una Conferencia extraordinaria de Plenipotenciarios en España en 1992 con ocasión del Quinto Centenario, para adoptar tal instrumento,

HAN RESUELTO, adoptar un Tratado internacional constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos y a tal efecto han designado a sus respectivos plenipotenciarios, cuyos poderes han sido reconocidos en buena y debida forma, quienes a tal efecto han convenido las disposiciones siguientes:

CONSTITUCION

Artículo 1º.-

La Conferencia de Ministros de Justicia (en adelante la Conferencia) de los Países Iberoamericanos, es una organización de carácter intergubernamental procedente de la transformación de la Conferencia de Ministros de Justicia hispano-luso-americanos y Filipinas, instituida por el Acta de Madrid de 19 de setiembre de 1970.

SEDE

Artículo 2º.-

La Conferencia tiene su sede en Madrid.

FINES

Artículo 3º.-

1.- La Conferencia tiene por objeto el estudio y promoción de formas de cooperación jurídica entre los Estados miembros y a este efecto:

a) Elabora programas de cooperación y analiza sus resultados.

b) Adopta Tratados de carácter jurídico.

c) Adopta Resoluciones y formula Recomendaciones a los Estados.

d) Promueve consultas entre los países miembros sobre

cuestiones de naturaleza jurídica e interés común y designa Comités de Expertos.

e) Elige los miembros de la Comisión Delegada y al Secre-

tario General.

f) Lleva a cabo cualquier otra actividad tendiente a

conseguir los objetivos que le son propios.

2.- Para la mejor realización de sus fines, la Conferencia puede establecer relaciones con otras Organizaciones y especialmente con la Organización de Estados Americanos, el Consejo de Europa y la Comunidad Europea.

PRINCIPIO DE NO INJERENCIA

Artículo 4º.-

En ningún caso serán admitidas a consideración materias que, según el criterio del país afectado, supongan injerencia en sus asuntos internos.

MIEMBROS

Artículo 5º.-

1.- La Conferencia está abierta a todos los Estados integrantes de la Comunidad de los Países Iberoamericanos representados por los Ministros de Justicia o equivalentes. Cada Estado Parte dispondrá de un voto.

2.- La exclusión o la suspensión de un Estado Parte, sólo puede producirse por un voto de dos tercios de los Estados Parte.

IDIOMAS

Artículo 6º.-

Los idiomas oficiales y de trabajo de la Conferencia son el español y el portugués.

ORGANOS

Artículo 7º.-

Son órganos de la Conferencia, la Comisión Delegada y la Secretaría General Permanente.

QUORUM

Artículo 8º.-

1.- La Conferencia queda válidamente constituida con la mayoría de los Estados Parte.

2.- Las Recomendaciones dirigidas a los Estados Parte, la adopción de Tratados y la adopción del presupuesto y su liquidación, exigirá mayoría de dos tercios de Estados Parte presentes.

3.- Las restantes resoluciones exigirá mayoría simple de Estados Parte presentes.

PERSONALIDAD

Artículo 9º.-

La Conferencia tendrá personalidad jurídica.

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Artículo 10.-

La Conferencia gozará en todos los Estados Parte de los privilegios e inmunidades, conforme al Derecho Internacional, requeridos para el ejercicio de sus funciones. Dichos privilegios e inmunidades podrán ser definidos por Acuerdos concluidos por la Conferencia y el Estado Parte afectado.

FINANCIACION

Artículo 11.-

1.- El presupuesto de la Conferencia será financiado mediante contribuciones de los Estados Parte, según reglas de reparto establecidas por la Conferencia, atendiendo al nivel de desarrollo económico de cada uno de aquéllos.

2.- El presupuesto tendrá carácter trienal y será elaborado por la Secretaría General. La Conferencia aprueba el presupuesto así como su ejecución.

COMISION DELEGADA

Artículo 12.-

1.- La Comisión Delegada de la Conferencia está integrada por cinco miembros, elegidos en cada una de las Conferencias entre los participantes a la misma, por mayoría de la mitad más uno de los votos emitidos. Su mandato dura hasta la nueva elección y sus miembros pueden ser reelegidos.

FUNCIONES DE LA COMISION DELEGADA

Artículo 13.-

1.- La Comisión Delegada asume, cuando la Conferencia no está reunida, las funciones a ésta encomendadas en los apartados a), d) y f) del número 1 del artículo 3º, acuerda convocar la Conferencia, señalando el lugar y fecha de la reunión; elabora el proyecto de Orden del Día de acuerdo con las prioridades establecidas por la Conferencia y adopta los textos que han de ser sometidos a la decisión de la Conferencia.

SECRETARIA GENERAL PERMANENTE

Artículo 14.-

1.- La Secretaría General Permanente de la Conferencia está compuesta por un Secretario General elegido por la Conferencia.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 15.-

1.- El presente Tratado quedará abierto a la firma de los Estados miembros de la Comunidad de los países Iberoamericanos.

2.- La duración de este Tratado es ilimitada.

3.- Todo Estado contratante podrá denunciarlo enviando una notificación en tal sentido al Secretario General. La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha de la notificación.

4.- El presente Tratado será sometido a ratificación o adhesión, debiendo depositarse los respectivos instru-

mentos en la Secretaría General Permanente de la Conferencia.

5.- Hasta la entrada en vigor del presente Tratado continuará vigente el Acta Final de la Conferencia de Madrid de 19 de setiembre de 1970, así como el Reglamento adoptado por la Resolución Nº 4 de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países Hispano-Luso-Americanos y Filipinas.

Artículo 16.-

1.- El presente Tratado entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente a aquél en que se deposite el séptimo instrumento de ratificación o adhesión en la Secretaría General Permanente de la Conferencia.

2.- Con referencia a cada uno de los Estados que lo ratifiquen o se adhieran a él después de la fecha del depósito referido en el número anterior, el Tratado entrará en vigor a los noventa días, contados a partir del depósito del respectivo instrumento de ratificación o adhesión.

Artículo 17.-

1.- El Secretario General de la Conferencia notificará a los Estados que sean parte de este Tratado:

a) El depósito de los instrumentos de ratificación o adhesión.

b) La fecha de entrada en vigor del Tratado.

c) Cualquier denuncia del Tratado y la fecha en que

fuera recibida la respectiva notificación.

HECHO en Madrid a 7 de Octubre de mil novecientos noventa y dos, en dos ejemplares, en los idiomas español y portugués, cuyos textos son igualmente auténticos. En testimonio de lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados a ello por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Tratado.

ELABORADO en Madrid em 7 de Outubro de mil novecentos e noventa e dois, em duplicado, em dois idiomas, espanhol e portugués, cujos textos tém a mesma autenticidade. Em seus testemunho os Plenipotenciários abaixo assinados, autorizados para o efeito pelos sus respectivos Governos, assinaram o presente Tratado.

Montevideo, 25 de octubre de 2006.

ASESORA DE POLITICA COMERCIAL

Viene a informe de esta Asesoría el proyecto de ley que aprueba el Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, suscrito en Madrid, el 7 de octubre de 1992.

Corresponde señalar en primer término que el Tratado en cuestión fue aprobado hace más de catorce años.

En segundo término se advierte que el Mensaje que acompaña al proyecto de ley constituye una reiteración del que el Poder Ejecutivo remitiera a la Asamblea General con fecha 4 de mayo de 1999, agregándose una consideración relativa a la vigencia para los intereses y el prestigio internacional de la República de los fundamentos que en su oportunidad ameritaron el envío del proyecto en cuestión.

El Tratado que se pone a consideración de la Asamblea General, crea la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, con sede en Madrid, con el objetivo de estudiar y promover formas de cooperación jurídica entre los Estados miembros, las que en ningún caso supondrán injerencia en los asuntos internos de estos últimos.

Se otorga personalidad jurídica a la Conferencia, se establecen sus miembros, órganos, privilegios e inmunidades de las que gozará en los Estados Parte y su financiación.

Respecto de esta última se dispone que la misma se efectuará mediante contribuciones de los Estados Parte, según reglas de reparto establecidas por la Conferencia, atendiendo al nivel de desarrollo económico de cada uno de aquéllos.

El suscrito considera, a la luz del contenido del Tratado de referencia, que el proyecto de ley que obra en estas actuaciones no merece observaciones desde el punto de vista de la materia objeto de la competencia de esta Asesoría.

Con lo informado, elévese a la Dirección General de Secretaría, a sus efectos.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA Nº 46

En Montevideo, el día catorce de diciembre del año dos mil seis, a la hora diecisiete y diez minutos se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros los señores Senadores, Milton Antognazza, José Korzeniak, Rafael Michelini, Enrique Rubio y Julio María Sanguinetti.

Faltan con aviso los señores Senadores Sergio Abreu, Luis Alberto Heber y Jorge Larrañaga.

Preside el señor Senador Alberto Couriel, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría el señor Secretario de Comisión Julio Durán, con la colaboración del Oficial II, señor Fabio Rodríguez.

De lo actuado se tomó versión taquigráfica cuya copia dactilográfica luce en el Distribuido Nº 1442/2006, que forma parte integrante de la presente Acta.

Abierto el acto, se pasa a considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.- ASUNTOS ENTRADOS:

1.1.- CARPETA Nº 712/2006. RICARDO GONZALEZ ARENAS. Solicitud de acuerdo para acreditarlo en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Reino de España. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1428/2006.

1.2.- CARPETA Nº 714/2006. CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL Y CIENTIFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE RUMANIA, SUSCRITO EN BUCAREST, RUMANIA, EL 17 DE SETIEMBRE DE 2004. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1429/2006.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Enrique Rubio.

2.- ASUNTOS CONSIDERADOS:

2.1.- CARPETA Nº 712/2006. RICARDO GONZALEZ ARENAS. Solicitud de acuerdo para acreditarlo en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República, ante el Gobierno del Reino de España. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1428/2006.

Informa sobre la misma el señor Alberto Couriel.

2.2.- CARPETA Nº 660/2006. MECANISMO PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL TEMPORARIO ADOPTADO POR DECISION DEL CONSEJO DEL MERCADO COMUN DEL MERCOSUR Nº 25/03, HECHA EN MONTVIDEO, EL 15 DE DICIEMBRE DE 2003. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1272/2006.

Informa sobre el referido asunto el señor Senador Alberto Couriel.

2.3.- CARPETA Nº 704/2006. TRATADO CONSTITUTIVO DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAISES IBEROAMERICANOS, SUSCRITO EN MADRID EL 7 DE OCTUBRE DE 1992. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Tratado.

Informa sobre el referido Tratado el señor Senador José Korzeniak.

RESOLUCIONES:

1.- CARPETA Nº 712/2006. RICARDO GONZALEZ ARENAS. Solicitud de acuerdo para acreditarlo en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República, ante el Gobierno del Reino de España. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1428/2006.

Se vota: 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador Alberto Couriel.

Se transcribe el texto del proyecto de resolución aprobado:

"Artículo Unico.- Concédese al Poder Ejecutivo el Acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Reino de España al señor Ricardo González Arenas."

2.- CARPETA Nº 660/2006. MECANISMO PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL TEMPORARIO ADOPTADO POR DECISION DEL CONSEJO DEL MERCADO COMUN DEL MERCOSUR Nº 25/03, HECHA EN MONTEVIDEO, EL 15 DE DICIEMBRE DE 2003. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1272/2006.

Se vota: 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador Alberto Couriel.

3.- CARPETA Nº 704/2006. TRATADO CONSTITUTIVO DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAISES IBEROAMERICANOS, SUSCRITO EN MADRID, EL 7 DE OCTUBRE DE 1992. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Tratado.

Se vota: 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador José Korzeniak.

A la hora diecisiete y treinta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman el señor Presidente y el señor Secretario.

Alberto Couriel

Presidente

Julio Durán

Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: la Comisión de Asuntos Internacionales, por unanimidad, aconseja al Senado la aprobación de este Tratado, que refiere a una conferencia a la que el propio documento, a pesar de su nombre, le da el carácter de persona jurídica de Derecho Internacional Público, integrada por los Ministros de Justicia o, en el caso de Uruguay, por el Ministro de Educación y Cultura, que actúa como Ministro de Justicia. La conferencia realiza reuniones periódicas con el fin de ajustar las colaboraciones de los funcionamientos judiciales en los distintos países iberoamericanos y, asimismo, cuenta con dos órganos creados por el propio Tratado: una Secretaría y una Comisión delegada de cinco miembros para que mantenga una actuación más continua o periódica.

La Comisión no encontró ningún reparo en cuanto a este tema, por lo que aconseja al Plenario aprobar este Tratado. Aclaro que el Mensaje es una reiteración de uno anterior, para el que ya se había pedido su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Apruébase el Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, suscrito en Madrid, el 7 de octubre de 1992."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

19) MECANISMO PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL TEMPORARIO ADOPTADO POR DECISION DEL CONSEJO DEL MERCADO COMUN DEL MERCOSUR Nº 25/03, HECHA EN MONTEVIDEO, EL 15 DE DICIEMBRE DE 2003

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Mecanismo para el Ejercicio Profesional Temporario adoptado por Decisión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR Nº 25/03, hecha en Montevideo, el 15 de diciembre de 2003. (Carp. Nº 660/06 - Rep. Nº 395/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 660/06

Rep. Nº 395/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Mecanismo para el Ejercicio Profesional Temporario, adoptado por Decisión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR Nº 25/03, hecha en Montevideo, el 15 de diciembre de 2003.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 11 de octubre de 2006.

Rubén Martínez Huelmo

1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 2 de mayo de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 numeral 7 y 168 numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, por el cual se aprueba el Mecanismos para el Ejercicio Profesional Temporario, adoptado por Decisión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR Nº 25/03, hecha en Montevideo, el 15 de diciembre de 2003.

I. ANTECEDENTES

El Consejo del Mercado Común aprobó la Decisión mencionada en virtud de los principios, fines y objetivos enunciados en el Tratado de Asunción, firmado el 26 de marzo de 1991, el Protocolo de Ouro Preto sobre la estructura institucional del MERCOSUR suscrito el 17 de diciembre de 1994 y la Resolución Nº 36/00 del Grupo Mercado Común.

Se considera de interés consignar que la Decisión

Nº 25/03 nace por iniciativa del sector privado, cuando la CIAM, órgano de agrupaciones profesionales del MERCOSUR integrado por ingenieros, ingenieros agrónomos, arquitectos y agrimensores, presentó hace varios años una iniciativa en este sentido, basada en el artículo 11.2 del Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios, que alienta a las entidades profesionales a elaborar acuerdos de reconocimiento mutuo.

II. LA DECISION Nº 25/03

II.1. Acuerdos Marco de Reconocimiento Recíproco entre Entidades Profesionales

Considerando la necesidad de contar con normas relativas al otorgamiento de licencias temporarias a los prestadores de servicios profesionales dentro del contexto y objetivos del MERCOSUR, la Decisión Nº 25/03 aprueba los "Directrices para la Celebración de Acuerdos Marco de Reconocimiento Recíproco entre Entidades Profesionales y Elaboración de Disciplinas para el Otorgamiento de Licencias Temporarias" (Anexo I).

En primer lugar, es importante tener en cuenta la definición de "servicios profesionales" a los efectos de este documento. Según el artículo 1º del Anexo I se entiende por tales, los prestados por profesionales universitarios o de nivel superior y los profesionales de nivel técnico.

Las directrices para el otorgamiento de licencias temporarias deberán ser comunes para los Estados Partes. Para la elaboración de estas normas comunes, se prevé la constitución de Grupos de Trabajo que se integrarán por profesión o por agrupamiento de profesiones, debiendo solicitar su reconocimiento como tales al Grupo de Servicios del MERCOSUR.

Las propuestas elaboradas y consensuadas en los Grupos de Trabajo, serán puestas a consideración del Grupo de Servicios que evaluará su concordancia con el Protocolo de Montevideo y con la normativa MERCOSUR, y las pondrá a consideración del Grupo Mercado Común, para su aprobación.

Además, estos Grupos de Trabajo tienen el cometido de elaborar los Acuerdos Marco de Reconocimiento Recíproco entre Entidades Profesionales, de conformidad con las directrices establecidas en el Anexo I B de la Decisión Nº 25/03.

Los Acuerdos Marco serán elevados para la aprobación del Grupo Mercado Común (GMC), a través del Grupo de Servicios. Los referidos Acuerdos suscritos por las entidades profesionales, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 8 del Anexo 1 B, se aplicarán de conformidad con el Protocolo de Montevideo y las normas de los convenios existentes en materia de nacionalidad, residencia, domicilio, permiso de trabajo y migraciones. Su aplicabilidad estará sujeta a la existencia de organismos en cada Estado Parte de registro y fiscalización del ejercicio de las profesiones correspondientes a cada Acuerdo, a los cuales sea obligatoria la filiación de los profesionales de los respectivos Estados Partes.

Nuestro país, al igual que la República del Paraguay, ha quedado transitoriamente al margen de este mecanismo, debido a que no existen agrupaciones profesionales de carácter obligatorio (colegios), con atribuciones para ejercer la fiscalización y el control del ejercicio profesional, que serían las que, según está expresamente establecido en esta norma, podrían firmar dichos acuerdos.

No obstante, se participó en esta Decisión a efectos de no entorpecer los avances que puedan efectuar los otros Estados Partes, tomando en consideración el interés manifestado durante las consultas, por parte de la Agrupación Universitaria y los Colegios profesionales nacionales. Asimismo, se tuvo en cuenta que el Parlamento, desde larga data, tiene a consideración un proyecto de ley de colegiatura obligatoria.

Conforme lo establecido en la Decisión Nº 25/03, los Colegios de nuestro país podrán participar de los Grupos de Trabajo que elaborarán las disciplinas sobre licencias y matrículas y que trabajarán en los Acuerdos Marco de Reconocimiento Recíproco. Este punto es de vital interés para las agremiaciones profesionales nacionales en virtud de que, en caso de aprobarse el proyecto de ley referido, estarán en condiciones de adherir a estos Acuerdos, por lo que la posibilidad de participar en su elaboración permitirá que se contemplen los intereses nacionales en la materia.

Es importante destacar que, según las Directrices establecidas en el Anexo I B, para desarrollar una actividad profesional en otro Estado Parte del MERCOSUR, cada Acuerdo Marco deberá contemplar entre otros aspectos, los siguientes, contar con un contrato para desarrollar la actividad en el país receptor, requisitos comunes en los cuatro países para la inscripción en el Registro Profesional Temporario de la entidad de fiscalización profesional de la jurisdicción donde se ejercerá la profesión, equivalencias en la formación y experiencia mínima requerida, el reco-nocimiento expreso del profesional respecto de la juris-dicción disciplinaria, ética y técnica de la entidad fiscalizadora receptora, el procedimiento para la solución de controversias y el establecimiento de un mecanismo de sanciones.

II.2. Centros Focales de Información y Gestión.

La Decisión Nº 25/03 aprueba también las "Funciones y Atribuciones de los Centros Focales de Información y Gestión en cada país" (Anexo II).

Según el artículo 9 del Anexo I A, cada Estado Parte dispondrá de un Centro Focal por profesión o agrupamiento de profesiones, que será el centro de información sobre normativa y reglamentación nacional.

Según lo establecido en el Anexo II, los Centros Foca-les estarán integrados, en cada Estado Parte, por las entidades signatarias de los Acuerdos Marco, responsables de la fiscalización del ejercicio profesional en sus jurisdicciones.

El Anexo II enumera una serie de actividades mínimas que deberán desarrollar los Centros Focales. Entre ellas se encuentran el archivo de copias de los originales de la homologación del Acuerdo Marco efectuada por el Grupo Mercado Común y de las Adhesiones, mantener actualizada la información sobre legislaciones, reglamentaciones y procedimientos suministrados por las entidades del Estado adheridas al Acuerdo Marco y organizar y mantener actualizada como base de datos con información relativa al movimiento de profesionales temporarios.

Los costos que demande la creación y funcionamiento de los Centros Focales serán solventados por las entidades profesionales integrantes.

II.3. Mecanismo de Funcionamiento del Sistema.

Finalmente, la Decisión Nº 25/03 aprueba el "Mecanismo de Funcionamiento del Sistema" (Anexo III).

Según el artículo 1º del Anexo I A, el otorgamiento de licencias, matrículas o certificados para la prestación temporaria de ejercicios profesionales en el marco del Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios, deberá realizarse a través de los organismos profesionales responsables del control y la fiscalización del ejercicio profesional, conforme las normas de funcionamiento previstas en el Anexo III.

Según el referido Mecanismo, será requisito previo a la prestación de servicios profesionales temporarios, la inscripción del profesional en el Registro Profesional Temporario en la entidad fiscalizadora del Ejercicio Profesional, en cuya jurisdicción acredite un contrato de prestación de servicios. La entidad fiscalizadora será responsable por la aplicación del mecanismo y la inscripción en el Registro Temporario de los profesionales de los otros Estados Partes que así lo requieran y cumplan los requisitos acordados previamente.

A los efectos de incorporarse a cada Acuerdo Marco, las entidades de fiscalización del ejercicio profesional de los Estados Parte deberán hacer llegar una solicitud al Grupo Mercado Común a través del Grupo de Servicios. Dicha solicitud deberá estar acompañada de la documentación legal que acredite su condición de organismo responsable de la fiscalización del ejercicio en la jurisdicción correspondiente, copia de la legislación, reglamentación y procedimientos aplicados por las entidades para la fiscalización del ejercicio profesional en su jurisdicción y cualquier otra normativa aplicable al ejercicio profesional en esa jurisdicción. Asimismo, las entidades deberán contar con la aprobación del Grupo de Trabajo. El Grupo de Servicios deberá informar al Grupo Mercado Común, su conformidad con el pedido de adhesión. Las entidades que se adhieran deberán adecuarse a la normativa establecida para el otorgamiento del registro temporal.

Estará a cargo del Grupo de Servicios, la evaluación de la viabilidad y adecuación a la normativa vigente en el MERCOSUR, de los mecanismos de solución de controversias elaborados por los Grupos de Trabajo, según lo establecido en el artículo 4º del ítem A del Anexo I. El mecanismo de solución de controversias será único para todas las profesiones.

El Poder Ejecutivo considera que este instrumento multilateral constituye un avance en la eliminación de los obstáculos existentes para los servicios profesionales en el MERCOSUR, resultando necesario a efectos de transmitir a la sociedad en su conjunto, los beneficios concretos del nivel de integración alcanzado.

Al expresar su interés en la aprobación del Mecanismo para el Ejercicio Profesional Temporario, adoptado por Decisión Nº 25/03, del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, que contribuirá al fortalecimiento de los víncu-los y a la profundización del espíritu del Tratado de Asunción, el Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

RODOLFO NIN NOVOA, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia; Reinaldo Gargano, Eduardo Bonomi, Jorge Brovetto.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 2 de mayo de 2006.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Mecanismo para el Ejercicio Profesional Temporario, adoptado por Decisión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR Nº 25/03, hecha en Montevideo, el 15 de diciembre de 2003.

Reinaldo Gargano, Eduardo Bonomi, Jorge Brovetto.

MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 25/03

MECANISMO PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL TEMPORARIO

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, el Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios y la Resolución Nº 36/00 del Grupo Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que existe la necesidad de establecer normas de carácter cuatripartito dentro del contexto y objetivos del MERCOSUR, para otorgar licencias temporarias a los prestadores de servicios profesionales, en los Estados Partes.

Que el Protocolo de Montevideo contempla en su Ar-tículo XI el compromiso de los Estados Partes de alentar en sus respectivos territorios a las entidades competentes, gubernamentales así como a asociaciones y colegios profesionales, a desarrollar normas para el ejercicio de actividades profesiones para el otorgamiento de licencias y proponer recomendaciones al GMC sobre reconocimiento mutuo, considerando la educación, experiencia, licencias, matrículas o certificados obtenidos en el territorio de otro Estado Parte.

Que las referidas normas deben basarse en criterios y objetivos transparentes, que aseguren la calidad del servicio profesional, la protección al consumidor, el orden público, la seguridad y la salud de la población, el respeto por el medio ambiente y la identidad de los Estados Partes.

Que las disposiciones y recomendaciones no deben constituirse en barreras o restricciones a la prestación de un servicio profesional temporario.

Que se debe tender a que la armonización prevista minimice la modificación de la legislación vigente en los Estados Partes que cuenten con regulación sobre ejercicio profesional y propender a su establecimiento en los Estados Partes que no cuenten con dicha normativa.

Que se debe brindar a cada Estado Parte y a los profesionales los instrumentos adecuados ante el incumplimiento del mecanismo para el reconocimiento mutuo de matrículas para el ejercicio profesional temporario por parte de una entidad responsable del registro y fiscalización profesional de otro Estado Parte.

Que se debe tender a obtener beneficios preferenciales en el ejercicio profesional para los Estados Partes frente a otros países o bloques, manteniendo los criterios de transparencia, imparcialidad y eficiencia.

Que un número significativo de las entidades pro-fesionales de los Estados Partes se han agrupado en forma natural por disciplinas o agrupamiento de disciplinas y han estado realizando reuniones, intercambiando información y alcanzando consensos sobre los criterios y procedimientos comunes para un ejercicio profesional en la región.

EL CONSEJO MERCADO COMUN DECIDE:

Art. 1.- Aprobar las "Directrices para la Celebración de Acuerdos Marco de Reconocimiento Recíproco entre Entidades Profesionales y la Elaboración de Disciplinas para el Otorgamiento de Licencias Temporarias", que constan como Anexo I y forman parte de la presente Decisión.

Art. 2.- Aprobar las "Funciones y Atribuciones de los Centros Focales de Información y Gestión", que figuran como Anexo II y forman parte de la presente Decisión.

Art. 3.- Aprobar el "Mecanismo de Funcionamiento del Sistema", que figura como Anexo III y forma parte de la presente Decisión.

Art. 4.- La presente Decisión deberá ser incorporado a los ordenamientos jurídicos nacionales, de acuerdo a los procedimientos respectivos de cada Estado Parte.

ANEXO I

DIRECTRICES PARA LA CELEBRACION DE ACUERDOS MARCO DE RECONOCIMIENTO RECIPROCO ENTRE ENTIDADES PROFESIONALES Y ELABORACION DE DISCIPLINAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS TEMPORARIAS

A - DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1.- El otorgamiento de licencias, matrículas o certificados para la prestación temporaria de servicios profesionales en el marco del Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios, se realizará a través de los organismos profesionales responsables del control y la fiscalización del ejercicio profesional. El sistema funcionará conforme a lo establecido en el Anexo III.

A efectos de este documento, se entiende como servicios profesionales los prestados por profesionales universitarios o de nivel superior, y los profesionales de nivel técnico.

Art. 2.- Las normas y directrices para el otorgamiento de licencias temporarias deberán ser comunes para los Estados Partes. Para la elaboración de la normativa común, se conformará un Grupo de Trabajo por cada profesión o agrupamiento de profesiones.

Art. 3.- Cada Grupo de Trabajo estará conformado por las entidades responsables de la fiscalización del ejercicio de cada profesión o agrupamiento de profesiones, conforme a la legislación vigente en cada Estado Parte, o por la organización nacional que las comprenda. Cuando no exista fiscalización delegada en una entidad profesional, u organización nacional legalmente facultada que las comprenda, el Grupo de Servicios, Sección Nacional de cada Estado Parte designará a las entidades profesionales que conformarán el Grupo de Trabajo.

Art. 4.- Los Grupos de Trabajo tendrán como mandato la elaboración de las directrices y disciplinas para el otorgamiento de licencias o matrículas para el ejercicio profesional temporario y de los Acuerdos Marco de Reconocimiento Recíproco entre Entidades Profesionales, conforme a las Directrices que figuran en el ítem B de este Anexo.

Art. 5.- Las Entidades Profesionales, que deseen constituir un Grupo de Trabajo, solicitarán su reconocimiento como tales al Grupo de Servicios del MERCOSUR.

Se constituirá un Grupo de Trabajo por cada Profesión o profesiones afines reconociendo a tal fin a los ya existentes.

Art. 6.- Las propuestas elaboradas y consensuadas en los Grupos de Trabajos, serán puestas a consideración del Grupo de Servicios, que evaluará su consistencia con el Protocolo de Montevideo y con lo establecido en la presente Decisión, la viabilidad de su aplicación, y las pondrá a consideración del GMC para su aprobación.

Art. 7.- Para la implementación del mecanismo, las entidades de cada Estado Parte, responsables de la fiscalización del ejercicio en cada profesión, suscribirán los Acuerdos Marco de Reconocimiento Recíproco, que deberán ser elevados a través del Grupo de Servicios al GMC para su aprobación.

Art. 8.- Las Entidades Profesionales que suscriban el Acuerdo deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) ser legalmente responsables del otorgamiento de licencias y matrículas para el ejercicio profesional y de su fiscalización en sus respectivas jurisdicciones; b) abarcar todo el territorio del Estado Parte o una parte sustantiva del territorio de ese Estado Parte que sea considerada equitativa por las entidades de los otros Estados Partes.

Art. 9.- Cada Estado Parte dispondrá de un Centro Focal por profesión o agrupamiento de profesiones, que constituya el centro de información sobre normativa y reglamentación nacional y de cada una de las jurisdicciones que lo integran, cuyas funciones y atribuciones figura como Anexo II y forma parte de la presente Decisión.

Art. 10.- Los Acuerdos Marco suscriptos se aplicarán de conformidad con el Protocolo de Montevideo y las normas de los convenios existentes sobre nacionalidad, residencia, domicilio, permiso de trabajo, migraciones.

La aplicabilidad de los Acuerdos Marco suscriptos estará sujeta a la existencia de organismos en cada Estado Parte de registro y fiscalización del ejercicio de las profesiones correspondientes a cada Acuerdo Marco, a los cuales la filiación de los profesionales de los respectivos Estados Partes sea obligatoria.

Art. 11.- Cada Estado Parte se compromete a implementar los instrumentos necesarios para asegurar la plena vigencia con alcance nacional de los Acuerdos Marcos suscriptos, así como la armonización de la legislación vigente, para permitir la aplicación de los mismos.

Art. 12.- Cada Acuerdo Marco se pondrá en vigencia con la adhesión de entidades de fiscalización del ejercicio profesional de dos (2) de los Estados Partes. Una vez en vigor, el Acuerdo solamente se aplicará a los Estados Partes cuyas entidades de fiscalización del ejercicio profesional se hayan adherido al Acuerdo.

Art. 13.- A pedido de un Estado Parte el presente mecanismo podrá ser examinado y, de común acuerdo, modificado para su perfeccionamiento.

B - DIRECTRICES

Para que un profesional matriculado en un Estado Parte del MERCOSUR desarrolle una actividad profesional en otro Estado Parte, cada Acuerdo Marco deberá contemplar los aspectos mencionados a continuación:

a) la necesidad de contar con un contrato para desarrollar su actividad en el país receptor;

b) requisitos comunes en los cuatro países para su inscripción en el Registro Profesional Temporario de la entidad de fiscalización profesional de la jurisdicción donde va a ejercer la profesión;

c) los requisitos en materia de traducción de documentos para la inscripción;

d) los criterios de equivalencias en la formación y sus alcances o competencias y experiencias mínima requerida, a definir por comisiones cuatripartitas por profesión o agrupamiento de profesiones, pudiendo efectuarse tests de aptitud o exámenes de habilitación no discriminatorios y establecer requerimientos de educación permanente;

e) los procedimientos y plazos de comunicación entre las entidades profesionales de origen y receptora durante la inscripción y la fiscalización de la actividad;

f) las causales de denegación de inscripción y el procedimiento de recurso;

g) las competencias, derechos y obligaciones del profesional en ejercicio temporario, no pudiendo ser elector ni elegible en la entidad de fiscalización local;

h) el reconocimiento expreso del profesional respecto de la jurisdicción disciplinaria, ética y técnica de la entidad fiscalizadora receptora, respetando la misma y toda otra legislación local;

i) el compromiso del profesional de restringir su actividad exclusivamente a lo previsto en el contrato y compatible con su formación profesional siendo la violación a esta causal de anulación de la inscripción en el Registro Temporario;

j) la implementación de un código de ética común para cada profesión o agrupamiento de profesiones;

k) la aplicación de los procedimientos vigentes en la jurisdicción local y el compromiso por parte de la entidad fiscalizadora respectiva de un trato justo e igualitario entre los profesionales en ejercicio temporario y los de esa jurisdicción,

l) el registro temporario será de hasta dos años, prorrogable por igual período, vinculado a una prórroga del contrato;

m) no imponer evaluaciones sobre conocimiento local no vinculados al ejercicio profesional para el registro;

n) los requerimientos para asegurar la responsabilidad civil emergente del ejercicio profesional;

o) el procedimiento para la solución de controversias;

p) el establecimiento de un mecanismo de sanciones.

Cada Grupo de Trabajo, podrá constituir comisiones por profesión, cuando sea necesario, a fin de contribuir a la definición de los criterios de equivalencias en la forma-

ción y sus atribuciones, alcances o competencias y experiencia mínima requerida, las pruebas de aptitud o exámenes de habilitación y los requerimientos de educación permanente.

ANEXO II

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS CENTROS FOCALES DE INFORMACION Y GESTION

1.- El Centro Focal en cada Estado Parte estará formado por las entidades signatarias de los Acuerdos Marco, responsables de la fiscalización del ejercicio profesional en sus jurisdicciones, que además de centro de información y gestión establecerán su reglamento y coordinarán las reuniones y sus agendas.

2.- Cada Centro Focal de un Estado Parte realizará, como mínimo las siguientes actividades:

a) mantener actualizada la información sobre legislaciones, reglamentaciones y procedimientos que las entidades de ese Estado adheridas al Acuerdo Marco le hayan entregado;

b) archivar copia de los originales de la homologación del Acuerdo Marco efectuada por el GMC y de las Adhesiones e informar de las mismas, manteniendo actualizada la información respectiva;

c) organizar y mantener una base de datos con información actualizada en la que conste, entre otros, el movimiento de profesionales temporarios y las eventuales sanciones, sobre la base de la información provista por cada Entidad;

d) mantener comunicación con los Centros Focales correspondientes de los otros tres Estados Partes;

e) contar con un sitio en la web donde se mantendrá, la información requerida sobre legislaciones, reglamentaciones y procedimientos aplicables, así como toda otra información que el organismo cuatripartito considere conveniente al cumplimiento del objetivo del Centro Focal.

4. Los costos de creación y funcionamiento de los Centros Focales serán solventados por la entidades profesionales integrantes.

ANEXO III

FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO

a) Operación del Mecanismo

1. Para prestar servicios profesionales temporarios, el profesional debidamente registrado y habilitado en su país de origen, deberá solicitar su inscripción en el Registro Profesional Temporario en la entidad fiscalizadora del Ejercicio Profesional, en cuya jurisdicción acredite un contrato de prestación de servicios.

2. La entidad de fiscalización será la responsable por la aplicación del mecanismo y por la inscripción en el Registro Temporario a los profesionales de los otros Estados Partes que lo requieran y cumplan los requisitos previamente acordados.

3. Toda entidad adherida deberá informar al Centro Focal, periódicamente, las altas, bajas, sanciones y toda novedad en la normativa profesional vigente en su jurisdicción.

4. Los Grupos de Trabajo efectuarán un Informe Anual sobre el desarrollo de la actividad profesional en la región y lo enviarán al GMC, a través del Grupo de Servicios.

5. Los Grupos de Trabajo proseguirán efectuando las propuestas para el perfeccionamiento del sistema al GMC, a través del Grupo de Servicios.

b) Mecanismo de Adhesión a cada Acuerdo Marco

La incorporación a cada Acuerdo Marco de entidades de fiscalización del ejercicio profesional de un Estado Parte será solicitada al GMC, a través del Grupo de Servicios. A este efecto, deberá presentar la documentación legal que acredite su condición de Organismo responsable de la Fiscalización del ejercicio en la jurisdicción correspondiente, contar con la aprobación del Grupo de Trabajo y acompañar de copia de la legislación, reglamentación y procedimientos aplicados por dicha entidad en su jurisdicción para la fiscalización del ejercicio profesional, así como de toda otra normativa relacionada que se aplique al ejercicio profesional en esa jurisdicción. Las Entidades de Fiscalización que se adhieran deberán adecuarse a la normativa establecida para el otorgamiento del registro temporal.

El Grupo de Servicios informará al GMC su conformidad con el pedido de Adhesión.

c) Gestión de Solución de Controversias.

El GS evaluará la consistencia de los mecanismos de Solución de Controversias elaborado por los Grupos de Trabajo de conformidad al Artículo 4º del ítem A del Anexo I, con la normativa vigente en MERCOSUR y la viabilidad de su aplicación. Este mecanismo de Solución de Controversias será único para todas las profesiones.

CAMARA DE REPRESENTANTES

Carp. Nº 967/06

Anexo I al

Rep. Nº 636/06

Comisión de Asuntos

Internacionales

INFORME

Señores Representantes:

La Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, recomienda la aprobación del proyecto de ley enviado por parte del Poder Ejecutivo, mediante el cual se aprueba para su posterior ratificación, el "Mecanismo para el Ejercicio Profesional Temporario", que fuera adptado por la decisión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR Nº 25/03, en la ciudad de Montevideo, el 15 de diciembre de 2003.

ANTECEDENTES

La decisión Nº 25/03 puesta en consideración, tiene su iniciativa en las gestiones llevadas adelante por la CIAM, que es una organización gremial integrada por consejos, colegios y asociaciones profesionales del ámbito de la Agrimensura, Agronomía, Arquitectura, Geología e Ingeniería de los países firmantes del Tratado de Asunción, cuyo principal objetivo es propender a la libre circulación de sus profesionales y servicios asociados en el ámbito del MERCOSUR, y en ese sentido prsentó hace varios años una iniciativa tendiente a la formulación de acuerdos de reconocimiento mutuo entre las entidades profesionales, basándose en lo establecido en el artículo 11.2 del Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios, el que compromete a las entidades competentes de naturaleza gubernamental, así como asociaciones y colegios profesionales, en cooperación con entidades competentes de los otros Estados Partes, a desarrollar normas y criterios mutuamente aceptables para el ejercicio de las actividades y profesiones pertinentes en la esfera de los servicios, y para el reconocimiento mutuo.

A ese influjo se arribó en el seno del Consejo del Mercado Común a la decisión puesta hoy en consideración, a la que se le debe sumar 3 anexos que se consideran partes integrantes de la misma.

DECISION 25/03 Y ANEXOS I, II y III.

La decisión Nº 25/03 propiamente dicha consta de cuatro artículos de los cuales los primeros tres aprueban respectivamente los tres anexos que refieren el I a "Directrices para la Celebración de Acuerdos Marco de Reconocimiento Recíproco entre Entidades Profesionales y la Elaboración de Disciplinas para el Otorgamiento de Licencias Tem-porarias", el II relativo a las "Funciones y Atribuciones de los Centros Focales de Información y Gestión", y el III dedicado al "Mecanismo de Funcionamiento del Sistema". El último artículo de la decisión refiere a la necesidad de que cada Estado Parte incorpore la misma a su normativa nacional.

ANEXO I

Se establece que los encargados de otorgar las licen-cias, matrículas o certificados necesarios para la presta-ción temporaria de servicios profesionales, son los organismos profesionales, quienes tendrán además la responsabilidad de controlar y fiscalizar el ejercicio profesional, entendiéndose por tal los prestados por profesionales universitarios o de nivel superior y por los profesionales de nivel técnico.

Las normas y directrices para otorgar las licencias temporarias deberán ser comunes para todos los Estados Parte, y para elaborar esa normativa común se creará un Grupo de Trabajo para cada profesión o agrupamiento de profesiones, que estará integrada por las entidades responsables para su fiscalización de acuerdo a la normativa de cada Estado Parte.

En caso de que no existieran entidades profesionales con esos cometidos el Estado Parte designará a las entidades que conformarán el grupo. El resultado consensuado del trabajo será puesto a consideración del Grupo de Servicios quien analizará la compatibilidad con el Protocolo de Montevideo y con la propia decisión 25/03 así como también la viabilidad de su aplicación, para luego someter el resultado a la consideración del Grupo Mercado Común para su aprobación.

También deberá someterse al GMC a través del Grupo de Servicios, los Acuerdos Marco de Reconocimiento Recíproco que suscribirán las entidades responsables de la fiscalización de las profesiones en cada Estado Parte, que serán aplicables conforme a lo establecido en el Protocolo de Montevideo y a los convenios existentes en cuanto a naciona-lidad, residencia, migración y permiso de trabajo; y serán de aplicación para los Estados que hayan adherido al Acuerdo.

Podrán suscribir los referidos acuerdos las entidades profesionales, siempre que sean legalmente responsables de la matrícula de la profesión en todo el territorio del Estado Parte o en una parte suficientemente abarcativa de manera que sea equitativo con las entidades de los demás Estados Partes.

Los acuerdos marco deberán cumplir con una serie de directrices expresamente establecidas en el anexo como ser, contrato para la prestación de actividad, requisitos de traducción, causales de denegación, etc.

ANEXO II

Se establece la existencia de los llamados Centros Focales de Información y Gestión, que se formarán con la entidades fiscalizadoras y tendrán a su cargo mantener la actualización de la información normativa, llevar la base de datos del movimiento de profesionales y sus eventuales sanciones, mantener la comunicación con los demás centros focales de los demás Estados Parte, archivar la documentación original de homologación del Acuerdo y las adhesiones, y contar con una página web.

Los gastos de creación y de funcionamiento de los Centros Focales estarán a cargo de las entidades que los integren.

ANEXO III

En este anexo se establece la operativa del mecanismo, que se canaliza básicamente a través de las entidades de fiscalización quienes reciben la inscripción de los profesionales extranjeros y comunican al Centro Focal.

También se establece el mecanismo de adhesión a cada Acuerdo Marco y finalmente se dedica un literal a la forma de elaborar un mecanismo de solución de controversias que será común a todas las profesiones y deberá ser compatible con la normativa vigente del MERCOSUR.

APROBACION

En la actualidad la aprobación y puesta en vigencia de esta normativa respecto a nuestro país tiene efectos limitados, ya que al igual que la República del Paraguay, en Uruguay no existen entidades profesionales de carácter obligatorio que ejerzan la fiscalización y el control del ejercicio de las diferentes profesiones, y es en torno a ese tipo de organizaciones en que funcionaría todo el sistema propuesto.

No obstante esa situación, Uruguay participó en esta decisión a los efectos de no entorpecer los avances que en este tema pudieran hacer los demás Estados Parte, en el entendido de que la misma es consecuente con los principios, fines y objetivos del Tratado de Asunción de 1991 y el Protocolo de Ouro Preto de 1994, y teniendo en cuenta además que el tema de la colegiatura obligatoria no es ajeno al interés legislativo de nuestro país, ya que desde hace tiempo es un tema que está presente en la agenda legislativa, y de cristalizar ese interés en ley estaríamos en condiciones de integrar plenamente el mecanismo propuesto.

Asimismo es de tenerse en cuenta que si bien por nuestra propia situación en esta materia estaríamos transitoriamente en gran parte al margen del mecanismo propuesto, no lo estamos totalmente, ya que los Colegios de nuestro país podrán participar en los Grupos de Trabajo que elaborarán las disciplinas sobre licencias y matrículas, en la confección del los Acuerdos Marco de Reconocimiento Recíproco y adherir a los mismos, lo que permitirá que se tome en cuenta en la elaboración de esos acuerdos los intereses nacionales en la materia.

Por todo lo expuesto es que se recomienda la aprobación de este proyecto de ley en vistas a la ratificación de la decisión Nº 25/03 del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR y sus anexos I, II y III.

Sala de la Comisión, 20 de setiembre de 2006.

Silvana Charlone, Miembro Informante; Washington Abdala, Rubén Martínez Huelmo, Mario Pérez, Enrique Pintado, Jaime Mario Trobo. "

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Couriel. .

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: este proyecto de ley también fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Internacionales. Se trata de Acuerdos Marco de reconocimiento recíproco entre entidades profesionales y elaboración de disciplinas para el otorgamiento de licencias temporarias. Este otorgamiento en particular es de licencias, matrículas o certificados para la prestación temporaria de servicios profesionales que se realizarán a través de los organismos profesionales responsables del control y la fiscalización del ejercicio profesional.

Las normas y directrices para otorgar las licencias serán comunes para los Estados Partes y para su elaboración se conformará un grupo de trabajo por cada profesión.

En la Exposición de Motivos que envía el Poder Ejecutivo se plantea que en el Uruguay no existen entidades profesionales de carácter obligatorio. Esto hace que la puesta en marcha de la presente normativa tenga un alcance limitado. Sin embargo, su aprobación significa el no entorpecer los avances que puedan hacer en este sentido los demás Estados Partes. Desde este punto de vista, los Colegios que hoy existen en el Uruguay estarán en condiciones de participar en los grupos de trabajo.

Esta es la fundamentación para que sea aprobado por el Senado este mecanismo que tiene vinculación con el ejercicio profesional temporario.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Apruébase el Mecanismo para el Ejercicio Profesional Temporario, adoptado por Decisión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR Nº 25/03, hecha en Montevideo, el 15 de diciembre de 2003."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

20) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARAIBAR.- Mociono para que se levante la sesión en razón de que ha finalizado la consideración del Orden del Día previsto para el día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción del señor Senador Baráibar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se levanta la sesión.

El Senado entra nuevamente en receso.

(Así se hace, a la hora 22 y 8 minutos, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Baráibar, Breccia, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Iturralde, Korzeniak, Lorier, Michelini, Percovich, Ríos, Rubio, Topolansky, Vaillant y Xavier.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sra. Nelly Tavares Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.