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N° 3394 - 14 DE DICIEMBRE DE 2006

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

72ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES DOCTOR JULIO CARDOZO FERREIRA Presidente
Y RUBÉN MARTÍNEZ HUELMO 1er. Vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR MARTI DALGALARRONDO AÑÓN Y DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO Y
LOS PROSECRETARIOS DOCTORA MARGARITA REYES GALVÁN Y DOCTOR GUSTAVO SILVEIRA

 

Texto de la citación

 

Montevideo, 13 de diciembre de 2006.

 

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión extraordinaria, mañana jueves 14, a la hora 16, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA –

 

 

1º.- Derechos de los trabajadores. (Se establecen normas para su protección ante los procesos de descentralización empresarial). (Carp. 603/005). (Informado). Rep. 469 y Anexo I

2º.- Créditos o prestaciones laborales originados en la relación de trabajo. (Se determinan los plazos de prescripción). (Carp. 1388/006). (Informado). Rep. 829 y Anexo I

3º.- Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera. (Creación). (Carp. 1451/006). (Informado). Rep. 852 y Anexo I

4º.- Fideicomisos financieros estructurados de acuerdo con el Reglamento del programa de Crédito Global Multisectorial III dictado por el Banco Central del Uruguay. (Se les otorga un régimen tributario especial). (Carp. 1413/006). (Informado). Rep. 841 y Anexo I

5º.- Joaquín Torres García. (Designación al edificio de la Torre de las Comunicaciones dependiente de la Administración Nacional de Telecomunicaciones). (Carp. 1047/006). (Informado).  Rep. 674 y Anexo I

 

 

 

MARTI DALGALARRONDO AÑÓN    JOSÉ PEDRO MONTERO

S e c r e t a r i o s

 

 

S U M A R I O

 

1.- Asistencias y ausencias

2 y 9.- Asuntos entrados

10.- Proyectos presentados

3 y 5.- Exposiciones escritas

4.- Inasistencias anteriores

CUESTIONES DE ORDEN

6, 11, 13 y 19.- Integración de la Cámara

23.- Levantamiento de la sesión

6, 11, 13 y 19.- Licencias

17.- Sesiones extraordinarias

15.- Urgencias

ORDEN DEL DÍA

7.- Voluntad anticipada. (Se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico y se establece su alcance).

(Ver 71ª sesión)

— Se resuelve reconsiderar el proyecto.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

8, 12 y 14.- Derechos de los trabajadores. (Se establecen normas para su protección ante los procesos de descentralización empresarial).

Antecedentes: Rep. Nº 469, de noviembre de 2005, y Anexo I, de diciembre de 2006. Carp. Nº 603 de 2005. Comisión de Legislación del Trabajo.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

16 y 18.- Igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República. (Normas).

Antecedentes: Rep. Nº 472, de noviembre de 2005, y Anexo I, de noviembre de 2006. Carp. Nº 605 de 2005. Comisión Especial de Género y Equidad.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

20.- Créditos o prestaciones laborales originados en la relación de trabajo. (Se determinan los plazos de prescripción).

Antecedentes: Rep. Nº 829, de noviembre de 2006, y Anexo I, de diciembre de 2006. Carp. Nº 1388 de 2006. Comisión de Legislación del Trabajo.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

21.- Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera. (Creación).

Antecedentes: Rep. Nº 852, de noviembre de 2006, y Anexo I, de diciembre de 2006. Carp. Nº 1451 de 2006. Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

22.- Fideicomisos financieros estructurados de acuerdo con el Reglamento del programa de Crédito Global Multisectorial III dictado por el Banco Central del Uruguay. (Se les otorga un régimen tributario especial).

Antecedentes: Rep. Nº 841, de noviembre de 2006, y Anexo I, de diciembre de 2006. Carp. Nº 1413 de 2006. Comisión de Hacienda.

— Aprobación. Se comunica al Senado

— Texto del proyecto aprobado

 

1.-      Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Pablo Abdala, Pablo Álvarez López, José Amorín Batlle, Beatriz Argimón, Roque Arregui, Alfredo Asti, Manuel María Barreiro, Luis Batalla, Juan José Bentancor, Gustavo Bernini, José Luis Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Sergio Botana, Eduardo Brenta, Juan José Bruno, Irene Caballero, Alfredo Cabrera, Rodolfo Caram, José Carlos Cardoso, Ana Cardozo, Julio Cardozo Ferreira, Alberto Casas, Raúl Casás, Nora Castro, Hebert Clavijo, Carlos Corujo, Beatriz Costa, Mauricio Cusano, Javier Chá, Richard Charamelo, Luis Da Rosa, Ana de Armas (1), José Di Paulo, David Doti Genta, Carlos Enciso Christiansen, Julio César Fernández, Martín Fernández, Jorge Gabito Mira, Luis Gallo Cantera, Carlos Gamou, Nora Gauthier, Carlos González Álvarez, Rodrigo Goñi Romero, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani, Uberfil Hernández, Marcelo Inzaurralde, Luis Alberto Lacalle Pou, Fernando Longo Fonsalías, Jorge Machiñena Fassi, José Carlos Mahía, Daniel Mañana, Rubén Martínez Huelmo, Carlos Maseda, Jorge Mazzulo, Mario Mesa, Eloísa Moreira, Jorge Mutio, Pablo Naya, Edgardo Ortuño, Jorge Pandolfo, Ivonne Passada, Jorge Patrone, Daniela Payssé, Adriana Peña Hernández, Aníbal Pereyra, Mario Pérez, Pablo Pérez González, Alicia Pintos, Iván Posada, Jorge Pozzi, Roque Ramos, Juan A. Roballo, Edgardo Rodríguez, Gustavo Rombys, Javier Salsamendi, Tomás Sánchez, Carlos Saravia, Pedro Soust, Juan C. Souza, Héctor Tajam, Roxana Tejera, Hermes Toledo Antúnez, Daisy Tourné, Mónica Travieso, Jaime Mario Trobo, Carlos Varela Nestier, Homero Viera y Jorge Zás Fernández.

Con licencia: Álvaro Alonso, Miguel Asqueta Sóñora, Bertil Bentos, Daniel Bianchi, Diego Cánepa, Germán Cardoso, Federico Casaretto, Alba M. Cocco Soto, Roberto Conde, Silvana Charlone, Álvaro Delgado, Juan José Domínguez, Gustavo A. Espinosa, Luis José Gallo Imperiale, Jorge Gandini, Javier García, Daniel García Pintos, Doreen Javier Ibarra, Pablo Iturralde Viñas, Álvaro F. Lorenzo, Guido Machado, Carlos Mazzulo, Jorge Menéndez, Gonzalo Mujica, José Quintín Olano Llano, Jorge Orrico, Daniel Peña Fernández, Alberto Perdomo Gamarra, Enrique Pintado, Nelson Rodríguez Servetto, Luis Rosadilla, Víctor Semproni, Álvaro Vega Llanes y Horacio Yanes.

Faltan con aviso: Washington Abdala, Julio Basanta, Sandra Etcheverry, Gonzalo Novales y Jorge Romero Cabrera.

Sin aviso: Ruben Amaro, Alma Gallup, Fernando García, Carlos Signorelli y Diego Trujillo.

Observaciones:

(1) Cesa en sus funciones en virtud que su titular, el Sr. Rep. Gustavo Espinosa presentara un proyecto de ley; a la hora 18:10 ante una nueva solicitud de licencia del titular antes mencionado, vuelve a ingresar a Sala.

2.-     Asuntos entrados.

"Pliego Nº 156

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Hacienda se expide sobre el proyecto de ley relacionado con el pago de salarios, jubilaciones y pensiones a través de instituciones de intermediación financiera. C/877/006

La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social se expide sobre el proyecto de ley por el que se declara el 17 de julio de cada año "Día Nacional para la Prevención del Suicidio". C/1237/006

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca se expide sobre el proyecto de ley por el que se crea el Fondo Lechero y se establecen normas para su regulación. C/1451/006

-     Se repartieron con fecha 13 de diciembre

La Comisión de Hacienda aconseja el archivo del proyecto de ley por el que se aumenta la tasa máxima del IMESI a los vehículos a gas oil, se prohíbe la conversión de motores de ciclo Otto a motores de ciclo diesel y la importación de motores de ciclo diesel y kits de conversión de motores. C/1345/006

-     Si no se observa, así se procederá

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Relaciones Exteriores acusa recibo de los siguientes asuntos:

-     A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante José Quintín Olano Llano solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con los proyectos de inversión que se estarían radicando en nuestro país. C/1509/006

-    Se cursó con fecha 13 de diciembre".

3.-     Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 40)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou solicita se curse una exposición escrita a la Intendencia Municipal de Canelones, sobre la necesidad de dotar de rampas para sillas de ruedas a las dependencias de esa Comuna. C/22/005

El señor Representante Jaime Mario Trobo solicita se curse una exposición escrita a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Montevideo, y por su intermedio al Centro Comunal Zonal Nº 9 y a la Junta Local Nº 9; al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y al Consejo Vecinal del Zonal 9, relacionada con la posibilidad de designar "José Luis Acosta" una calle de esa zona del departamento. C/22/005

El señor Representante Roque Arregui solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, acerca de los problemas técnicos permanentes del servicio Ruralcel para los usuarios de la localidad de Agraciada, en el departamento de Soriano. C/22/005"

——Se votarán oportunamente.

4.-      Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión ordinaria realizada el día 13 de diciembre de 2006:

Con aviso: Sandra Etcheverry y Martín Fernández.

Sin aviso: David Fernández.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Miércoles 13 de diciembre

ASUNTOS INTERNOS

Con aviso: Raúl Casás.

EDUCACIÓN Y CULTURA

Sin aviso: David Fernández Gordillo.

INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Con aviso: Mauricio Cusano.

ESPECIAL PARA EL DEPORTE

Con aviso: Gustavo Guarino, Jaime Mario Trobo, José Carlos Cardoso y Juan José Bentancor.

Sin aviso: Julio César Fernández".

5.-     Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou a la Intendencia Municipal de Canelones, sobre la necesidad de dotar de rampas para sillas de ruedas a las dependencias de esa Comuna.

"Montevideo, 13 de diciembre de 2006. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Julio Cardozo Ferreira. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Intendencia Municipal de Canelones. Días pasados, el periódico 'El Corresponsal' publicó una interesante nota que hacía referencia a la inexistencia de rampas para las sillas de ruedas, en distintas dependencias públicas del departamento de Canelones. Allí se hacía referencia a la falta de infraestructura apropiada en la Intendencia Municipal de Canelones, para el buen desplazamiento de las personas que tienen que circular en sillas de ruedas. Es, a partir de esa inquietud, que cursamos la solicitud de que, en forma urgente, se realicen las obras necesarias en la Comuna Municipal de Canelones, en las Juntas Locales y en las demás dependencias principales, a los efectos de brindar igualdad de oportunidades, a quienes necesiten trasladarse o circular en las referidas condiciones. Esperamos una pronta y efectiva respuesta. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones".

2) Exposición del señor Representante Jaime Mario Trobo a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Montevideo, y por su intermedio al Centro Comunal Zonal Nº 9 y a la Junta Local Nº 9; al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y al Consejo Vecinal del Zonal 9, relacionada con la posibilidad de designar "José Luis Acosta" una calle de esa zona del departamento.

"Montevideo, 13 de diciembre de 2006. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Julio Cardozo Ferreira. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Intendencia Municipal de Montevideo y, por su intermedio, al Departamento de Descentralización, al Centro Comunal Zonal Nº 9, a su Concejo Vecinal y a la Junta Local Nº 9; a la Junta Departamental de Montevideo y al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Es habitual en nuestra sociedad, encontrar hombres y mujeres que brindan sus mejores esfuerzos a la comunidad, para mejorar su calidad de vida. Lo hacen guiados por convicciones personales que muchas veces se vinculan con lo religioso, lo político o, simplemente, por un espíritu de solidaridad bien entendido. Conocemos muchos casos de ciudadanos que, superando dificultades personales, familiares y económicas, sobrellevan su peripecia agregando preocupaciones a su vida que son de la comunidad. Preocupaciones frente a las cuales actúan sin complacencia, organizando a las personas, gestionando soluciones, golpeando puertas de entidades públicas y privadas, para lograr que se preste atención a una realidad que debe resolverse. Uno de esos compatriotas fue José Luis Acosta -a quien sus vecinos y amigos apodaban 'Chiquito'-, quien no escatimó esfuerzos para tomar contacto con la realidad a diario, aun a costa de sus ingresos y bienes personales. Conoció las necesidades de la comunidad, tras la solución de las cuales trabajaba incansablemente. Tanto en el departamento de Montevideo como en el de Canelones, innumerables problemas de vecinos de origen humilde y de trabajadores, vieron su solución por la acción tenaz de 'Chiquito Acosta', quien es recordado en muchos barrios. Vinculado al Partido Colorado, en el que militó toda su vida, supo ganarse la simpatía de funcionarios y jerarcas de diferentes partidos políticos, a quienes acudía cada vez que conocía un problema, en búsqueda de ayuda para solucionarlo. En nuestro caso, recordamos que la primera invitación que recibimos, al asumir como Ediles en la Junta Departamental de Montevideo, a la salida de la dictadura, fue una cursada por la Asociación de Vecinos del Teatro Bella Italia, conducida por Acosta. En dicha ocasión reclamaba, de la novel Junta Departamental, la atención a la realidad de aquel barrio. Un promotor social honorario y autodidacta, dedicado de lleno a la práctica de la solidaridad con sus compatriotas, como lo fue José Luis Acosta, merece ser reconocido públicamente y, es por ello, que pedimos que se preste atención a su trabajo incansable, que debería ser tomado como ejemplo. En razón de sus antecedentes, particularmente ligados al barrio Bella Italia, Punta de Rieles y zonas aledañas, un merecido homenaje sería que una calle de esa zona lleve su nombre. Hemos recibido de sus familiares y de vecinos de la calle Perseo el interés en torno a que esa vía de tránsito, ubicada en un barrio por el que Acosta desarrolló ingentes esfuerzos para su regularización territorial y provisión de servicios, lleve su nombre. Aspiramos a que este propósito pueda ser dispuesto como consecuencia del análisis que deberá realizar el Gobierno Departamental de Montevideo. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo".

3) Exposición del señor Representante Roque Arregui al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, acerca de los problemas técnicos permanentes del servicio Ruralcel para los usuarios de la localidad de Agraciada, en el departamento de Soriano.

"Montevideo, 13 de diciembre de 2006. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Julio Cardozo Ferreira. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL). El servicio telefónico a los usuarios de ANTEL en pueblo Agraciada, del departamento de Soriano, lo presta Ruralcel. Dicho servicio presenta serios problemas, puesto que no funciona en determinados momentos, casi diariamente, lo que genera problemas de comunicación a los vecinos. Nos informan, a su vez, los pobladores del lugar, que en Agraciada está tendida una línea madre para el sistema convencional que permitiría sustituir la modalidad de Ruralcel. Es conocida la ventaja que tiene el sistema de telefonía convencional, motivo por el cual solicitamos que se analice la posibilidad de pasar a dicho sistema, o a cualquier otro mejor que el actual. En el caso de que los vecinos tengan que permanecer bajo el sistema Ruralcel, solicitamos que ANTEL se haga cargo de su atención y mantenimiento, para lograr la necesaria eficiencia del servicio. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ROQUE ARREGUI, Representante por Soriano".

6.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Bertil Bentos, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de diciembre de 2006, convocándose al suplente siguiente, señor Carlos Saravia Martínez.

Del señor Representante Luis José Gallo Imperiale, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por los días 14 y 15 de diciembre de 2006, convocándose al suplente siguiente, señor Luis Enrique Gallo.

Del señor Representante Jorge Gandini, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 14 de diciembre de 2006, convocándose a la suplente siguiente, señora Irene Caballero.

En virtud de la convocatoria a la Cámara de Senadores del señor Representante Pablo Iturralde, por el período comprendido entre los días 18 y 22 de diciembre de 2006, se convoca al suplente siguiente, señor Alfredo Cabrera.

Del señor Representante Darío Pérez, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por los días 14 y 15 de diciembre de 2006, convocándose al suplente siguiente, señor Carlos Corujo.

Del señor Representante Horacio Yanes, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 20 de diciembre de 2006. Habiéndose agotado la nómina de suplentes solicítase a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

Del señor Representante Pablo Iturralde, sin expresión de causa, inciso cuarto del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 14 de diciembre de 2006, convocándose al suplente siguiente, señor Alfredo Cabrera.

Del señor Representante Federico Casaretto, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 14 de diciembre de 2006, convocándose al suplente siguiente, señor Diego Trujillo

Del señor Representante José Quintín Olano Llano, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por los días 14 y 15 de diciembre de 2006, convocándose al suplente siguiente, señor Ruben José Amaro Machado.

Del señor Representante Daniel Bianchi, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de diciembre de 2006, convocándose al suplente siguiente, señor José Di Paulo".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas, y se oficiará a la Corte Electoral en el caso pertinente.

(ANTECEDENTES:)

"Paysandú, 14 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Julio Cardozo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a usted licencia por el día 15 de diciembre del corriente por razones particulares, por lo cual y de conformidad al inciso tercero de la Ley Nº 17.827, se proceda a convocar al suplente correspondiente Sr. Carlos Saravia.

Sin otro particular le saluda con la más alta consideración.

BERTIL BENTOS
Representante por Paysandú".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Paysandú, Bertil Bentos.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de diciembre de 2006.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 15 de diciembre de 2006, al señor Representante por el departamento de Paysandú, Bertil Bentos.

2) Convóquese por Secretaría por el día 15 de diciembre de 2006, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2004 del Lema Partido Nacional, señor Carlos Saravia Martínez.

Sala de la Comisión, 14 de diciembre de 2006.

ALBERTO PERDOMO, NORA GAUTHIER, PABLO NAYA".

 

"Montevideo, 13 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

Por la presente solicito licencia por motivos personales por el día 14 de diciembre de 2006.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

LUIS J. GALLO IMPERIALE
Representante por Canelones".

 

"Montevideo, 13 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

Por la presente solicito licencia por motivos personales por el día 15 de diciembre de 2006.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

LUIS J. GALLO IMPERIALE
Representante por Canelones".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Luis José Gallo Imperiale.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los días 14 y 15 de diciembre de 2006.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y por el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por los días 14 y 15 de diciembre de 2006, al señor Representante por el departamento de Canelones, Luis José Gallo Imperiale.

2) Convóquese por Secretaría, para integrar la referida representación por los días 14 y 15 de diciembre de 2006, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Luis Enrique Gallo.

Sala de la Comisión, 14 de diciembre de 2006.

ALBERTO PERDOMO, NORA GAUTHIER, PABLO NAYA".

 

"Montevideo, 14 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo

Presente
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, solicito se me conceda el uso de licencia por motivos personales por el día 14 de diciembre de 2006.

Sin otro particular, saluda a usted con la seguridad de su consideración más distinguida.

JORGE GANDINI
Representante por Montevideo".

 

"Montevideo, 14 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo

Presente
De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta única vez, no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante Jorge Gandini.

Sin otro particular, saluda a usted con la seguridad de su consideración más distinguida.

Álvaro Viviano".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Gandini.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 14 de diciembre de 2006.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Álvaro Viviano.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 14 de diciembre de 2006, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Gandini.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, ha presentado el suplente correspondiente siguiente, señor Álvaro Viviano.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 14 de diciembre de 2006, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2004 del Lema Partido Nacional, señora Irene Caballero.

Sala de la Comisión, 14 de diciembre de 2006.

ALBERTO PERDOMO, NORA GAUTHIER, PABLO NAYA".

 

"Montevideo, 14 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

Por la presente, comunico a usted que he sido convocado por el Senado, entre los días 18 y 22 del corriente.

Agradeciendo la convocatoria a mi suplente respectivo, lo saluda atentamente.

PABLO ITURRALDE VIÑAS
Representante por Montevideo".

 

"Montevideo, 14 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

Por la presente, comunico a usted que, no voy a aceptar la convocatoria que se me realizara entre los días 18 y 22 del corriente para asumir como Representante Nacional, por motivos personales.

Sin otro particular, y agradeciendo desde ya la convocatoria al suplente respectivo, le saluda muy atentamente.

Carmen Sánchez".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: I) Que el señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo Iturralde, se incorporará a la Cámara de Senadores por el período comprendido entre los días 18 y 22 de diciembre de 2006.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto la suplente siguiente, señora Carmen Sánchez.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, y en el artículo cuarto de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Acéptase por esta única vez, la renuncia presentada por la suplente siguiente, señora Carmen Sánchez.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de Montevideo, por el período comprendido entre los días 18 y 22 de diciembre de 2006, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2004, del Lema Partido Nacional, señor Alfredo Cabrera.

Sala de la Comisión, 14 de diciembre de 2006.

ALBERTO PERDOMO, NORA GAUTHIER, PABLO NAYA".

 

"Montevideo, 13 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Julio Cardozo.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia en el período comprendido entre el día 14 y el día 15 de diciembre de 2006, por motivos personales.

Atentamente.

DARIO PÉREZ
Representante por Maldonado".

"Maldonado, 13 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Julio Cardozo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Habiendo sido convocada para actuar como Representante Nacional los días 14 y 15 de diciembre del corriente, me dirijo a usted a efectos de comunicarle que por esta oportunidad no asumiré el cargo.

Le saluda atentamente.

María del Carmen Salazar".

 

"Maldonado, 13 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Julio Cardozo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente declino por esta única vez, a la convocatoria para integrar la Cámara de Representantes en ocasión de la licencia solicitada por el Representante Nacional Dr. Darío Pérez.

Atentamente.

Julio Bonilla".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Maldonado, Darío Pérez.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por los días 14 y 15 de diciembre de 2006.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señora María del Carmen Salazar y señor Julio Bonilla.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por los días 14 y 15 de diciembre de 2006, al señor Representante por el departamento de Maldonado, Darío Pérez.

2) Acéptase, por esta vez, las renuncias presentadas por los suplentes siguientes, señora María del Carmen Salazar y señor Julio Bonilla.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 181370890 del Lema Partido Encuentro Progresista – Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Carlos Corujo.

Sala de la Comisión, 14 de diciembre de 2006.

ALBERTO PERDOMO, NORA GAUTHIER, PABLO NAYA".

 

"Montevideo, 14 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito se sirva concederme el uso de licencia el día 20 de diciembre de 2006, por motivos personales.

Sin más, saluda atentamente.

HORACIO YANES
Representante por Canelones".

 

"Montevideo, 14 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Comunico la no aceptación por esta única vez de la convocatoria a suplir al Representante Nacional Don Horacio Yanes.

Saluda a usted muy atentamente.

Diego Moizo".

 

"Montevideo, 14 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no he de aceptar la convocatoria, de la cual he sido objeto en virtud de la licencia presentada por el Representante Nacional Don Horacio Yanes.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

José Olivera".

 

"Montevideo, 14 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no he de aceptar la convocatoria, de la cual he sido objeto en virtud de la licencia presentada por el Representante Nacional Don Horacio Yanes.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

Edgardo Duarte".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Horacio Yanes.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 20 de diciembre de 2006.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señores Diego Moizo, José Olivera y Edgardo Duarte.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 20 de diciembre de 2006, al señor Representante por el departamento de Canelones, Horacio Yanes.

2) Acéptanse, por esta única vez, las renuncias presentadas por los suplentes siguientes, señores Diego Moizo, José Olivera y Edgardo Duarte de la hoja de votación Nº 99000 del lema Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría.

3) Ofíciese a la Corte Electoral.

Sala de la Comisión, 14 de diciembre de 2006.

ALBERTO PERDOMO, NORA GAUTHIER, PABLO NAYA".

 

"Montevideo, 14 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

Me dirijo a usted a efectos de solicitar licencia por el día de hoy, sin expresión de causa.

Sin otro particular, lo saluda atentamente.

PABLO ITURRALDE VIÑAS
Representante por Montevideo".

 

"Montevideo, 14 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

Por la presente, comunico a usted que, no voy a aceptar la convocatoria que se me realizara para el día jueves 14 del corriente para asumir como Representante Nacional, por motivos personales.

Sin otro particular, y agradeciendo desde ya la convocatoria al suplente respectivo, le saluda muy atentamente.

Carmen Sánchez".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia sin goce de remuneración del señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo Iturralde.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 14.de diciembre de 2006

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto la suplente siguiente, señora Carmen Sánchez.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso cuarto del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia sin goce de remuneración por el día 14 de diciembre de 2006, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo Iturralde.

2) Acéptase, por esta única vez la denegatoria presentada por la suplente siguiente, señora Carmen Sánchez

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el día 14 de diciembre de 2006, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2004, del Lema Partido Nacional, señor Alfredo Cabrera.

Sala de la Comisión, 14 de diciembre de 2006.

ALBERTO PERDOMO, NORA GAUTHIER, PABLO NAYA".

 

"Montevideo, 14 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo

Presente.
De mi mayor consideración.

Por la presente solicito a usted licencia durante el día 14 de diciembre del corriente año por motivos personales. De la misma manera solicito a usted tenga a bien convocar a mi suplente respectivo.

Sin otro particular lo saludo muy atentamente,

FEDERICO CASARETTO
Representante por Maldonado".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Maldonado, Federico Casaretto.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 14 de diciembre de 2006

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 14 de diciembre de 2006, al señor Representante por el departamento de Maldonado, Federico Casaretto.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 14 de diciembre de 2006, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 22 del Lema Partido Nacional, señor Diego Trujillo.

Sala de la Comisión, 14 de diciembre de 2006.

ALBERTO PERDOMO, NORA GAUTHIER, PABLO NAYA".

 

"Montevideo, 13 de diciembre de 2006.

Sr. Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito licencia por motivos personales por los días 14 y 15 de diciembre.

Sin otro particular, atentamente,

JOSÉ QUINTÍN OLANO LLANO
Representante por Treinta y Tres".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Treinta y Tres, José Quintín Olano Llano.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los días 14 y 15 de diciembre de 2006.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por los días 14 y 15 de diciembre de 2006, al señor Representante por el departamento de Treinta y Tres, José Quintín Olano Llano.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 504 del Lema Partido Nacional, señor Ruben José Amaro Machado.

Sala de la Comisión, 14 de diciembre de 2006.

ALBERTO PERDOMO, NORA GAUTHIER, PABLO NAYA".

 

"Montevideo, 14 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 17.827, convocando a mi suplente respectivo durante el día 15 de diciembre.

Saluda a usted muy atentamente,

DANIEL BIANCHI
Representante por Colonia".

 

"Colonia, 14 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

Por intermedio de la presente, comunico a usted que por esta única vez no acepto la convocatoria que me hiciera ese Cuerpo con motivo de la licencia del Diputado Daniel Bianchi.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente,

Claudia Allietti".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Colonia, Daniel Bianchi.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 15 de diciembre de 2006.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto, la suplente siguiente, señora Claudia Allietti.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 15 de diciembre de 2006, al señor Representante por el departamento de Colonia, Daniel Bianchi.

2) Acéptase, por esta única vez, la denegatoria presentada por la suplente siguiente, señora Claudia Allietti.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el día 15 de diciembre de 2006, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2015 del Lema Partido Colorado, señor José Di Paulo.

Sala de la Comisión, 14 de diciembre de 2006.

ALBERTO PERDOMO, NORA GAUTHIER, PABLO NAYA".

7.-      Voluntad anticipada. (Se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico y se establece su alcance).

SEÑOR BORSARI BRENNA.- Pido la palabra.

——Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BORSARI BRENNA.- Señor Presidente: vamos a pedir la reconsideración del proyecto de ley sobre voluntad anticipada que se votara en el día de ayer, según el derecho que nos confiere el artículo 85 del Reglamento de la Cámara, por el cual puede volverse sobre una votación por esta vía. El fundamento, señor Presidente, no es cuestionar a nadie -ni a la Mesa, ni a ningún funcionario-, sino que consideramos que en el día de ayer hubo un error al proclamar la votación.

Por lo tanto, para la claridad del procedimiento, aquí terminamos el fundamento de nuestra solicitud.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar la reconsideración solicitada por el señor Diputado Borsari Brenna.

(Se vota)

——Sesenta en sesenta y tres: AFIRMATIVA.

Tiene cinco minutos para fundamentar su moción, si lo desea.

SEÑOR BORSARI BRENNA.- No, señor Presidente, ya la he fundamentado.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

SEÑOR TROBO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PEREYRA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Cuando se está fundando el voto no se pueden conceder interrupciones. Permitiremos al señor Diputado fundar el voto y después daremos lugar a la solicitud del señor Diputado Pereyra.

Tiene la palabra el señor Diputado Trobo.

SEÑOR TROBO.- Señor Presidente: como fundamento de voto, quiero dejar constancia de mi voto negativo.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: cuando en la coordinación interpartidaria el Partido Nacional planteó la necesidad que tenía de reconsiderar este tema, nuestra bancada dejó constancia de que ayer, durante el tratamiento de la sesión, había quedado muy claro cuál era la postura de muchos legisladores del Partido Nacional.

Hoy habilitamos esta reconsideración en la actitud política de no complicar la discusión de los temas en la Cámara. Nuestro compromiso es aprobar los proyectos que teníamos planteados. Cuando se hacen los acuerdos, no se puede prohibir que los legisladores funden el voto -estamos de acuerdo-, pero nuestra fuerza política cumplió con los compromisos acordados y nosotros queremos que quede constancia de ello en la versión taquigráfica.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Léase el sustitutivo del artículo 1º.

SEÑOR PEREYRA.- Mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos, se desglose el artículo 8º, y se vote en bloque el resto de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- La votación se está haciendo igual que en el día de ayer, en que había sustitutivos. Por eso tenemos que dar los mismos pasos que ayer.

SEÑOR ROBALLO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ROBALLO.- Señor Presidente: como tenemos que reconsiderar el asunto y se han presentado algunos sustitutivos, solicito que se voten en bloque todos los artículos del proyecto, excepto el 1º, 2º, 4º y 8º.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar lo solicitado por el señor Diputado Roballo.

(Se vota)

——Sesenta y siete en setenta: AFIRMATIVA.

Se van a votar en bloque todos los artículos, excepto el 1º, el 2º, el 4º y el 8º.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en setenta y uno: AFIRMATIVA.

Léase el artículo 1º sustitutivo.

(Se lee:)

"Toda persona mayor de edad y psíquicamente apta, en forma voluntaria, consciente y libre, tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y/o procedimientos médicos que prolonguen su vida con dolor, angustia o daño, si se encontrare en el estado terminal de una patología incurable e irreversible.- Se exceptúa de lo anterior, el derecho de los pacientes a recibir los cuidados paliativos que correspondieren.- De igual forma podrá manifestar su voluntad en contrario a lo establecido en el inciso primero de este artículo, con lo que no será de aplicación en estos casos lo dispuesto en el artículo 8º de la presente ley".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º sustitutivo.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en setenta y tres: AFIRMATIVA.

Léase el artículo 2º sustitutivo.

(Se lee:)

"El derecho a que alude el artículo 1º de la presente ley se consagrará previo consentimiento escrito -denominado voluntad anticipada a los efectos de esta norma-, otorgado bajo firma, impresión dactilar por el titular y dos testigos mayores de edad, impresión dactilar por el titular y firma a ruego por parte de uno de los dos testigos, o firma a ruego por parte de uno de los dos testigos, esta última en los casos en que no pueda configurarse ninguna de las causales anteriores.- También podrá manifestarse ante escribano público, documentándose en escritura pública o acta notarial.- Cualquiera de las hipótesis que se consagre deberá ser incorporada a la historia clínica del paciente".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º sustitutivo.

(Se vota)

——Cincuenta y nueve en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

SEÑOR BOTANA.- ¡Que se rectifique la votación!

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

——Sesenta en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

SEÑOR BOTANA.- ¡Que se rectifique la votación!

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a rectificar nuevamente la votación.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en setenta y dos: AFIRMATIVA.

Léase el artículo 4º sustitutivo.

(Se lee:)

"La voluntad anticipada puede ser revocada de forma oral o escrita en cualquier momento por el titular".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º sustitutivo.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en setenta y tres: AFIRMATIVA.

Léase el artículo 8º sustitutivo.

(Se lee:)

"En el caso que el paciente en estado terminal de una patología, incurable e irreversible, no haya expresado su voluntad conforme al artículo 2º, y se encuentre incapacitado de expresarla, la suspensión de los tratamientos o procedimientos que implica el ejercicio del derecho reconocido en el artículo 1º, será una decisión del cónyuge, concubino estable o familiares en primer grado de consanguinidad, a propuesta y con el aval del médico tratante, la que deberá cumplir con las formalidades del artículo 5º.- En caso de concurrencia entre los familiares referidos, se requerirá unanimidad en la decisión y para el caso de incapaces lo deberá pronunciar su representante legal".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en setenta y cuatro: AFIRMATIVA.

SEÑOR MASEDA.- Pido la palabra una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MASEDA.- Señor Presidente: en el día de ayer no hicimos uso de la palabra en el plenario y hoy quería destacar, como delegado de sector, el muy serio y responsable trabajo de los cuatro integrantes titulares de la Comisión, los señores Diputados Gallo Imperiale, Vega Llanes, Olano Llano y Asqueta Sóñora, que hoy no se encuentran presentes.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señor Presidente: en función de que, muchas veces, parecería que los acuerdos admiten excepciones -como toda regla, aunque se supone que los acuerdos deben hacerse para cumplirse- y de la fisura que se ha producido, quiero aprovechar también para dejar una constancia y decir que hemos votado con todo énfasis en forma negativa el artículo 8º.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR ROBALLO.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en setenta y tres: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto aprobado:)

"Artículo 1º.- Toda persona mayor de edad y psíquicamente apta, en forma voluntaria, consciente y libre, tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y/o procedimientos médicos que prolonguen su vida con dolor, angustia o daño, si se encontrare en el estado terminal de una patología incurable e irreversible.

Se exceptúa de lo anterior, el derecho de los pacientes a recibir los cuidados paliativos que correspondieren.

De igual forma podrá manifestar su voluntad en contrario a lo establecido en el inciso primero de este artículo, con lo que no será de aplicación en estos casos lo dispuesto en el artículo 8º de la presente ley.

Artículo 2º.- El derecho a que alude el artículo 1º de la presente ley se consagrará previo consentimiento escrito, denominado voluntad anticipada a los efectos de esta norma, otorgado bajo firma, impresión dactilar por el titular y dos testigos mayores de edad, impresión dactilar por el titular y firma a ruego por parte de uno de los dos testigos, o firma a ruego por parte de uno de los dos testigos, ésta última en los casos en que no pueda configurarse ninguna de las causales anteriores.

También podrá manifestarse ante escribano público, documentándose en escritura pública o acta notarial.

Cualquiera de las hipótesis que se consagre deberá ser incorporada a la historia clínica del paciente.

Artículo 3º.- No podrán ser testigos:

A) Los relacionados por consanguinidad, matrimonio o concubinato estable con el titular.

B) Aquellos pasibles a una parte de la herencia del titular.

C) El médico tratante, un empleado del médico tratante o un funcionario de la institución de salud en la cual el titular sea paciente.

D) La persona designada como sustituto de acuerdo al artículo 6º de la presente ley, y los relacionados por consanguinidad o matrimonio con el mismo.

Artículo 4º.- La voluntad anticipada puede ser revocada de forma oral o escrita en cualquier momento por el titular.

Artículo 5º.- El diagnóstico del estado terminal de una enfermedad crónica, incurable e irreversible, deberá ser certificado por el médico tratante y ratificado por un segundo médico en la historia clínica del paciente. Para el segundo profesional médico regirán las mismas incompatibilidades que para la calidad de testigo según el artículo 3º, excepto la de calidad de funcionario de la institución de salud de la cual el titular de la voluntad anticipada, sea paciente.

Artículo 6º.- En el documento de expresión de voluntad anticipada a que se alude en el artículo 2º, se deberá incluir el nombramiento de una persona denominada representante, mayor de edad, para que vele por el cumplimiento de esa voluntad, en caso de que el titular se vuelva incapaz de tomar decisiones por sí mismo.

Artículo 7º.- No podrán ser representantes quienes estén retribuidos como profesionales para desarrollar actividades sanitarias realizadas a cualquier título con respecto al titular, a menos que se trate del cónyuge, concubino estable o familiar en primer grado de consanguinidad.

Artículo 8º.- En el caso que el paciente en estado terminal de una patología, incurable e irreversible, no haya expresado su voluntad conforme al artículo 2º, y se encuentre incapacitado de expresarla, la suspensión de los tratamientos o procedimientos que implica el ejercicio del derecho reconocido en el artículo 1º, será una decisión del cónyuge, concubino estable o familiares en primer grado de consanguinidad, a propuesta y con el aval del médico tratante, la que deberá cumplir con las formalidades del artículo 5º.

En caso de concurrencia entre los familiares referidos, se requerirá unanimidad en la decisión y para el caso de incapaces lo deberá pronunciar su representante legal.

Artículo 9º.- En todos los casos de suspensión de tratamiento que trata esta ley, el médico tratante deberá comunicarlo a la Comisión de Bioética de la institución donde el paciente se asiste, debiendo ésta resolver en un plazo de 24 horas de recibida esta comunicación. En caso de no pronunciamiento en dicho plazo se considerará tácitamente aprobada la suspensión del tratamiento.

De tratarse de pacientes que no se asisten en ninguna institución, la comunicación será remitida a la Comisión de Bioética del Ministerio de Salud Pública, bajo los mismos preceptos que en el caso anterior.

Artículo 10.- De existir objeción de conciencia por parte del médico tratante ante el ejercicio del derecho del paciente, objeto de esta ley, la misma será causa de justificación suficiente para que le sea admitida su subrogación por el profesional que corresponda.

Artículo 11.- A los efectos de dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo precedente, en todas las instituciones públicas y privadas de prestación de servicios de salud, deberá existir una Comisión de Bioética. El Ministerio de Salud Pública reglamentará sobre los criterios de integración, cometidos y funcionamiento de las mismas en un plazo no mayor de ciento ochenta días.

Artículo 12.- Las instituciones públicas y privadas de prestación de servicios de salud deberán:

A) Garantizar el cumplimiento de la voluntad anticipada del paciente, expresada en el documento escrito a que alude el artículo 2º, e incorporarlo a su historia clínica.

B) Proveer programas educativos para su personal y usuarios, sobre los derechos del paciente que estipula la presente ley.

Artículo 13.- Las instituciones públicas y privadas de prestación de servicios de salud no condicionarán la provisión del servicio ni discriminarán a sus usuarios basándose en si éstos han documentado o no su voluntad anticipada".

8.- Derechos de los trabajadores. (Se establecen normas para su protección ante los procesos de descentralización empresarial).

——Se entra al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Derechos de los trabajadores. (Se establecen normas para su protección ante los procesos de descentralización empresarial)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 469

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 24 de octubre de 2005.

Señor Presidente de la Asamblea General

El Poder Ejecutivo, tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, a fin de remitir para su consideración el proyecto de ley que se acompaña, mediante el cual se busca crear una protección adecuada del trabajador frente a los procesos de descentralización empresarial.

Como lo han señalado numerosos estudios sobre la temática, el fenómeno de la tercerización responde a causas económicas, tecnológicas, organizativas, laborales y filosóficas entre otras, generando un fuerte impacto tanto en el Estado, las empresas como en los trabajadores.

La doctrina y la jurisprudencia iuslaboralista nacional, en ausencia de una normativa moderna, ha construido soluciones jurídicas sobre la base de los principios clásicos del derecho del trabajo, como el protector, de irrenunciabilidad, de buena fe y de primacía de la realidad, no obstante lo cual resulta necesario su complementación a fin de cumplir con el mandato constitucional de brindar al trabajo una protección especial (artículo 53 de la Constitución de la República).

A su vez concurre con el objetivo señalado, otra meta estratégica compartida por todos los actores políticos y sociales de la vida nacional, como lo es sin duda la lucha contra el informalismo, fenómeno que afecta a los sectores formales de la economía, al sistema de seguridad social, a las finanzas públicas y en última instancia a la sociedad en su conjunto.

En definitiva el proyecto que se remite, a partir de las experiencias del derecho comparado, busca modernizar la escasa legislación existente, promoviendo vínculos productivos, comerciales o de servicios con responsabilidad, otorgando garantías de cobro al trabajador y a los organismos de previsión social, por sus respectivos créditos. A su vez concede garantías a las empresas que subcontratan servicios en forma genuina, facultándoles a realizar controles sobre las empresas subcontratadas, deslindando de ese modo su responsabilidad.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

RODOLFO NIN NOVOA, EDUARDO BONOMI.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Toda empresa que contrate, subcontrate o utilice intermediarios bajo cualquier modalidad, para ejecutar trabajos o prestar servicios correspondientes a su giro o sus giros en caso de tener más de uno, en cualquier área de su establecimiento, inclusive los trabajos o servicios de carácter periférico, desarrollados dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratadas, subcontratadas o intermediarias el adecuado cumplimiento de las normas laborales y de la seguridad social vigentes, en virtud de lo cual éstas deberán exhibir a la empresa contratante las constancias de pago, tanto de las remuneraciones de los trabajadores comprendidos como de las contribuciones a la seguridad social y prima de accidentes de trabajo y enfermedad profesional obligatoria dispuesta por la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989.

Artículo 2º.- Los trabajadores contratados por empresas contratadas, subcontratadas e intermediarias tendrán derecho a exigir a la empresa contratante de éstas que retenga y pague directamente lo adeudado en concepto de remuneraciones u otros derechos apreciables en dinero provenientes de la relación laboral, mediante la intervención de la Inspección General de Trabajo, según procedimiento que se reglamentará. Dicho pago oficiará como carta de pago y cancelación del crédito de las contratadas, subcontratadas o intermediarias contra la empresa contratante, así como del crédito laboral de los trabajadores contratados por las empresas contratadas, subcontratadas o intermediarias.

Artículo 3º.- En los casos en que la empresa contratante no efectúe los controles establecidos en el artículo 1º y no retenga lo determinado y notificado acorde a lo dispuesto por el artículo 2º, será solidariamente responsable por los rubros salariales e indemnizatorios así como por los aportes a la seguridad social y primas del Banco de Seguros del Estado adeudados.

Artículo 4º.- En los casos de suministro de mano de obra temporal, cualquiera sea el acto o estipulación que al efecto concierten los terceros contratantes y la empresa para la cual los trabajadores presten o hayan prestado servicios, ambas empresas responderán solidariamente de todas las obligaciones emergentes de la relación laboral y de las que se deriven del régimen de seguridad social y primas del Banco de Seguros del Estado, devengadas en el lapso de prestación de servicio en la empresa cliente.

La remuneración de estos trabajadores no podrá ser inferior al salario mínimo que rija para la categoría en la actividad en la cual se encuentren prestando servicios.

Montevideo, 24 de octubre de 2005.

EDUARDO BONOMI".

Anexo I al
Rep. Nº 469

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Legislación del Trabajo

INFORME EN MAYORÍA

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Legislación del Trabajo eleva a consideración de la Cámara de Representantes, el presente proyecto de ley, que va dirigido a actualizar la legislación uruguaya en materia de responsabilidad empresarial en aquellas situaciones promovidas por los cambios en el modo de organizar la producción y el trabajo.

Se trata de dar cuenta del juego de responsabilidades existente en casos de empleo de trabajo en régimen de subcontratación, intermediación y suministro de mano de obra temporal, modalidades que desde la Organización Internacional del Trabajo se han calificado como "Relaciones de Trabajo Triangulares".

Las mudanzas producidas en el mundo del trabajo han determinado que en la actualidad el trabajador no preste su energía de trabajo para un sólo empleador, como ocurría en el pasado. En concreto, en las modalidades referidas en el proyecto de ley, el trabajador establece una serie de vínculos que distan de constituir la relación lineal y unívoca del pasado. Las nuevas formas de organizar la producción implican que un sujeto lo contrate e incluya en su planilla, pero ha de laborar en el local de otro sujeto, quien en definitiva será quien se beneficie del trabajo.

La diversidad de sujetos que aparecen como empleadores (uno contrata y paga el salario; el otro ejerce el poder de dirigir el trabajo y se beneficia del mismo) hace que el trabajador se vea sometido a un juego confuso de relaciones que a veces tienen un exclusivo carácter de elusión o evasión de las responsabilidades laborales y previsionales.

Ante esta constatación, la justicia laboral en muchos casos ha hecho responsables solidarios de los créditos laborales al empleador directo y al que resulta beneficiario del trabajo, mediante una figura creada jurisprudencialmente como la del "empleador complejo".

Por otra parte, debe reconocerse que la legislación uruguaya recoge la responsabilidad de tipo subsidiario en el artículo 3º de la Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 1943.

Ambas soluciones son insuficientes y crean un marco de inseguridad jurídica.

En concreto, la figura del "empleador complejo", que hace responsables a todos los sujetos que contratan o se benefician del trabajo, no deja de ser una corriente jurisprudencial, que queda a cargo de la posición individual que cada juez pueda tener al respecto.

La solución de la Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 1943, por su parte, no es suficiente como para evitar el empleo fraudulento de estas modalidades, ya que el trabajador debe hacer un vía crucis (demandar primero al empleador directo, y luego recién en caso de resultar insolvente, recurrir a reclamar a la llamada "empresa usuaria") para acceder finalmente al cobro de sus créditos laborales, situación que difícilmente llegue a concretar por razones obvias (tiempo que demora la tramitación judicial, costos de traslado e insumo de tiempo, obtención de testigos, etcétera).

En definitiva, se ha entendido que la consagración de una responsabilidad de tipo solidario entre el empleador directo y quien emplee subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, es la solución más transparente y que evitará la utilización de estas modalidades para insolventarse y evadir las obligaciones laborales o previsionales, o para rebajar sustantivamente el salario y las condiciones laborales de los trabajadores.

Por último, cabe dejar expresa constancia que el proyecto que se presenta ha recogido muchos de los aportes y observaciones realizados por las delegaciones que fueron invitadas por la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados a efectos de hacer conocer su opinión, en especial, los artículos 1º y 2º son tomados de sugerencias de la Cátedra de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y otras disposiciones reconocen también aportes de delegaciones empresariales y de trabajadores.

Con la fundamentación precedente vuestra Asesora, se permite aconsejar al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley modificativo, del que fuera remitido con iniciativa del Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 29 de noviembre de 2006.

JUAN JOSÉ BENTANCOR, Miembro Informante, IVONNE PASSADA, JORGE POZZI, MANUEL MARÍA BARREIRO, con, salvedades que expondrá en Sala., JUAN ANDRÉS ROBALLO, según lo, establecido en el inciso 2º del artículo 132 del, Reglamento de la Cámara de Representantes, y el sector al cual representa, acompaña el, Informe en Mayoría.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Todo patrono o empresario que utilice subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, será responsable solidario de las obligaciones laborales de éstos hacia los trabajadores contratados, así como del pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda, de la prima de accidente de trabajo y enfermedad profesional, y de las sanciones y recuperos que se adeuden al Banco de Seguros del Estado en relación a esos trabajadores.

El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los Organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República, las Intendencias Municipales, las Juntas Departamentales, y las personas públicas no estatales, cuando utilicen personal mediante algunas de las modalidades previstas en el inciso anterior, quedan incluidos en el régimen de responsabilidad solidaria regulado por esta ley.

La responsabilidad solidaria queda limitada a las obligaciones devengadas durante el período de subcontratación, intermediación o suministro de mano de obra.

Artículo 2º.- Los deudores solidarios de obligaciones laborales pueden establecer por contrato la forma en que las obligaciones asumidas se dividen entre ellos, así como exigirse las garantías que estimen convenientes.

Dichos pactos o contratos no son oponibles a los acreedores quienes podrán demandar indistintamente a cualquiera de los codeudores solidarios por el total de las obligaciones referidas en el artículo 1º.

Artículo 3º.- En ningún caso podrán emplearse las modalidades de contratación referidas en el artículo 1º de la presente ley para reemplazar trabajadores que se encuentren amparados al subsidio por desempleo por la causal de suspensión parcial o total de trabajo, o en conflicto colectivo, sin perjuicio de las disposiciones especiales que rigen los servicios esenciales.

Artículo 4º.- Todo trabajador contratado mediante algunas de las modalidades previstas por esta norma será informado previamente por escrito sobre sus condiciones de empleo, su salario y, en su caso, la empresa o institución para la cual prestará servicios.

Artículo 5º.- Los trabajadores provistos por empresas suministradoras de empleo temporal, no podrán recibir beneficios laborales inferiores a los establecidos por laudos de los Consejos de Salarios, Convenios Colectivos o Decretos del Poder Ejecutivo para la categoría que desempeñen y que corresponda al giro de actividad de la empresa donde los mismos prestan sus servicios.

Artículo 6º.- La presente ley es de aplicación inmediata y de orden público.

Artículo 7º.- Las contribuciones especiales de seguridad social relativas a la industria de la construcción continuarán rigiéndose por la normativa específica de la actividad.

Sala de la Comisión, 29 de noviembre de 2006.

JUAN JOSÉ BENTANCOR, Miembro Informante, IVONNE PASSADA, JORGE POZZI, MANUEL MARÍA BARREIRO, con, salvedades que expondrá en Sala.

Comisión de Legislación del Trabajo

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

La Comisión de Legislación del Trabajo, ha analizado el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se dictan normas para la protección de los trabajadores ante los procesos de descentralización empresarial.

El Partido Nacional comparte la necesidad de legislar para regular el fenómeno de la subcontratación e intermediación en el ámbito laboral, estableciendo un marco jurídico que proteja el trabajo e impida las prácticas fraudulentas de tercerización que sólo buscan abatir costos laborales a expensas de los derechos de los trabajadores, creando una ficción de relacionamiento entre empresas, que no se compadece con la realidad subyacente.

No obstante, considera que debe abordarse esta problemática sin afectar el relacionamiento válido entre empresas, y sin manifestar una posición contraria al fenómeno de la tercerización empresarial, al que considera lícito y provechoso para el desenvolvimiento económico nacional.

No se comparten los alcances y mecanismos de la solución propuesta por el proyecto de ley a consideración del Cuerpo por la bancada oficialista, los que a nuestro juicio, no logran el necesario equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y el desenvolvimiento lícito de la actividad empresarial.

La regulación de las tercerizaciones en el derecho comparado es un tema de relevante complejidad al grado que la OIT no ha podido consensuar hasta la fecha la sanción de un convenio internacional sobre trabajo en régimen de subcontratación pese a que desde 1986 ha venido tratando este tema en sus servicios técnicos. A lo sumo, en junio de este año acaba de aprobarse una recomendación internacional sobre la relación de trabajo que lateralmente hace algunas referencias a estos fenómenos.

El proyecto de la bancada de gobierno establece una solución sumamente amplia por la cual se crea una responsabilidad solidaria objetiva para todo patrono o empresario que subcontrate o utilice intermediarios, por las obligaciones laborales y tributarias de seguridad social, de estos últimos para con sus empleados.

Se da una solución única y general para situaciones distintas, y éste es a nuestro juicio, su principal defecto.

Como afirmó ante la Comisión de Legislación del Trabajo el profesor Rosenbaum la realidad nos permite distinguir tres situaciones desde el punto de vista técnico-jurídico.

La primera es el fenómeno de la externalización o tercerización que se da como una patología, esto es, donde hay una intermediación, una interposición en el mercado de trabajo que, jurídicamente, debe calificarse como fraude, un engaño o una forma disfrazada. Por lo tanto, deben ser tratadas como tales. La consecuencia jurídica en estos casos es que la relación laboral debe imputarse directamente al verdadero empleador, que es el comitente principal.

Una segunda situación se vincula con casos o hipótesis de intermediación laboral fundamentada en fines empresariales lícitos. Se refiere a aquellas empresas usuarias que no buscan evitar su responsabilidad laboral sino que, por motivos muy diversos: técnicos, organizativos, de especialización, económicos, recurren a la externalización del trabajo. En estos casos, del estudio de las legislaciones comparadas surge que tienden también a señalar la existencia de una responsabilidad de la empresa usuaria pero apelando a una suerte de graduación. Es decir: lo hacen a través de un grado menor de adjudicación de responsabilidad con respecto del caso anterior, porque, de lo contrario, se estaría equiparando el trato de interposición con la llamada intermediación ilícita o fraudulenta referida primeramente.

Hay una tercera situación de externalización de las operaciones que, básicamente, responde a la subcontratación de empresas auténticas, independientes, que cuentan con recursos propios. Este fenómeno, que hoy aparece como moderno, en realidad, en términos temporales, es sumamente conocido. Se pueden mencionar ejemplos como la construcción, la industria textil, la industria de la vestimenta, sectores que han apelado históricamente a la subcontratación de empresas auténticas, de talleres de façon, de prestadores de servicios especializados, y lo han hecho fuera de cualquier intención de fraude o de escapar a los ámbitos de reclamo de créditos laborales o, eventualmente, de la propia seguridad social a través de las aportaciones que pueden no realizarse.

A nuestro juicio, la distinción precedente es plenamente compartible y no debe legislarse afectando negativamente a ciertas formas de organización empresarial que son legítimas y que representan en definitiva, un acompasar de las realidades del mundo, de las nuevas tecnologías y de la especialización productiva.

El proyecto a consideración no distingue entre ambas situaciones, igualándolas en la solución propuesta, lo que a nuestro juicio es un grave error que afectará las relaciones entre empresas auténticas, ya que las trata de la misma manera que debería tratarse un caso de tercerización fraudulenta.

El Partido Nacional presentó en Comisión una propuesta por la que se establecía la responsabilidad solidaria acotada a aquellos casos en que la subcontratación refería a las tareas atinentes al giro principal del comitente, o en caso de que, aún siendo tareas periféricas, el subcontrato se realizara en un régimen de exclusividad, logrando de esta manera, una protección adicional para los trabajadores, aún cuando se tratara de dos empresas independientes auténticas, pero acotada a determinados casos. Esta solución, es la que en líneas generales recogen las legislaciones de Argentina, Austria, España, Panamá, Venezuela, Brasil, Australia, entre otras.

El principio general que orienta la solución propuesta, es que si las empresas son auténticas e independientes, y la empresa auxiliar utiliza su propia infraestructura y recursos, no debe haber responsabilidad laboral, salvo en determinados casos.

En la misma línea de razonamiento, el Partido Nacional propuso establecer una presunción de fraude en la tercerización, cuando la empresa subcontratista no se encontraba registrada ante los organismos de seguridad social o la Dirección General Impositiva, como forma de combatir la utilización de empresas "fantasmas" bajo la figura de la tercerización.

El proyecto de la bancada oficialista tampoco utiliza una buena técnica legislativa al regular con la misma solución las hipótesis de subcontratación y las hipótesis de intermediación del trabajo, dado que se trata de instrumentos similares, pero diferentes, ya que la primera refiere a la externalización de operaciones productivas y la segunda a la externalización de mano de obra.

Prueba de ello es el artículo 4º del proyecto de la mayoría, que establece una obligación de información para con el trabajador, que tiene sentido para los casos de intermediación en el trabajo o suministro de mano de obra, pero que carece de relevancia alguna en los casos de subcontrataciones, ya que el trabajador es contratado por una empresa y prestará sus servicios, sólo para ella, más allá de que el destinatario final de su trabajo, sea la empresa comitente que ha contratado el subcontrato.

A nuestro juicio, debe legislarse en forma distinta para cada una, tratando con mayor rigor a la segunda que a la primera y en tal sentido, el Partido Nacional comparte el establecimiento de la responsabilidad solidaria para los casos de intermediación en el trabajo.

Tampoco se comparte la técnica legislativa de utilizar el término "obligaciones laborales" para individualizar la materia objeto de la responsabilidad solidaria, ya que el mismo, incluye además de los rubros salariales e indemnizatorios, una serie de obligaciones de tipo formal, instrumental o administrativo, respecto a las cuales no tiene sentido, hacer responsable a la empresa principal, y que sólo generarán confusión en su aplicación práctica.

En definitiva, el proyecto propuesto por la mayoría, iguala en su tratamiento los casos de buena tercerización de los casos fraudulentos, lo que afectará relaciones empresariales legítimas y auténticas, con los consiguientes problemas que este hecho ocasionará, cuando se pudo haber alcanzado el mismo objetivo buscado por todos, creando soluciones legislativas diferentes para situaciones diferentes tal como propuso el Partido Nacional, distinguiendo en el texto de la ley, los procesos de tercerización legítimos de aquellos realizados para perjudicar a los trabajadores.

Por lo expuesto, el Partido Nacional, no acompañará el proyecto propuesto por la bancada oficialista, ni en general ni en particular.

Sala de la Comisión, 29 de noviembre de 2006.

ALFREDO CABRERA, Miembro Informante, PABLO ABDALA, según lo establecido en el, inciso 2º del artículo 132 del Reglamento de, la Cámara de Representantes y el sector al, cual representa, acompaña el Informe en, Minoría elaborado por el Diputado Alfredo, Cabrera Casas, en virtud de tratarse de la, posición del Partido Nacional en dicho tema., ÁLVARO DELGADO, según lo establecido, en el inciso 2º del artículo 132 del Reglamento de, la Cámara de Representantes y el sector al cual, representa, acompaña el Informe en Minoría, elaborado por el Diputado Alfredo Cabrera Casas, en virtud de tratarse de la posición del Partido, Nacional en dicho tema.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Todo patrono o empresario, público o privado, que utilice subcontratistas para la realización de tareas atinentes a su giro principal será responsable solidario de las obligaciones salariales e indemnizatorias de éstos hacia los trabajadores contratados que se devenguen durante el período de la subcontratación.

Cuando el subcontratista brinde sus servicios al contratista en forma exclusiva, éste será solidariamente responsable de las obligaciones laborales del subcontratista para con sus empleados, cualquiera sea la naturaleza de las actividades contratadas.

Artículo 2º.- Todo patrono o empresario, público o privado, que utilice intermediarios o suministradores de mano de obra, será responsable solidario de las obligaciones salariales e indemnizatorias de éstos hacia los trabajadores contratados que se devenguen durante el período del suministro o intermediación. Será también responsable solidario del pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda.

La responsabilidad solidaria queda limitada a las obligaciones devengadas durante el período de subcontratación, intermediación o suministro de mano de obra.

Artículo 3º.- Los deudores solidarios de obligaciones laborales pueden establecer por contrato la forma en que las obligaciones asumidas se dividen entre ellos, así como exigirse las garantías que estimen convenientes. Dichos pactos o contratos no son oponibles a los acreedores quienes podrán demandar indistintamente a cualquiera de los codeudores solidarios por el total de las obligaciones referidas en los artículos 1º y 2º.

Artículo 4º.- En ningún caso podrán emplearse las modalidades de contratación referidas en la presente ley para reemplazar trabajadores que se encuentren amparados al subsidio por desempleo por la causal de suspensión parcial o total de trabajo, o en conflicto colectivo, sin perjuicio de las disposiciones especiales que rigen los servicios esenciales.

Artículo 5º.- Los trabajadores provistos por empresas suministradoras de empleo temporal, no podrán recibir beneficios laborales inferiores a los establecidos por laudos de los Consejos de Salarios, Convenios Colectivos o Decretos del Poder Ejecutivo para la categoría que desempeñen y que corresponda el giro de actividad de la empresa donde los mismos presten sus servicios.

Artículo 6º.- Se presume la existencia de tercerización fraudulenta cuando la empresa subcontratada no se encuentre registrada en el BPS y la DGI, o cuando encontrándose registrada no se encuentre al día en el pago de sus obligaciones.

Artículo 7º.- Las contribuciones especiales de seguridad social relativas a la industria de la construcción continuarán rigiéndose por la normativa específica de la actividad.

Artículo 8º.- Derógase el artículo 3º de la Ley Nº 10.449, de 12 de noviembre de 1943.

Sala de la Comisión, 29 de noviembre de 2006.

ALFREDO CABRERA, Miembro Informante".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante en mayoría, señor Diputado Bentancor.

SEÑOR BENTANCOR.- Señor Presidente: el proyecto de ley que hoy ponemos a consideración del plenario de la Cámara de Diputados sobre normas relativas a la responsabilidad de quienes utilicen subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra y fijación de condiciones mínimas de trabajo para el personal contratado en las modalidades indicadas, representa, a nuestro juicio, un paso muy trascendente en la protección de los derechos de las personas que trabajan y en la transparencia del mercado de trabajo. Estas normas, que han sido aprobadas en la Comisión de Legislación del Trabajo, tienen precisamente esa doble virtud, en tanto se dirigen a reconstituir la trama de derechos de los trabajadores, que muchas veces se desempeñan en condiciones de precariedad y, a la vez, modifica el juego de responsabilidades de las empresas que han tercerizado sus actividades, que hasta ahora eran alcanzadas únicamente por el artículo 3º de la Ley Nº 10.449, de 1943.

Vamos a explicar, entonces, la significación que tiene el proyecto, en el doble sentido que hemos señalado. En primer lugar, hemos de ubicarnos en el proceso de producción flexible que se ha instalado en nuestras economías y que ha determinado un cambio muy importante en los modos de trabajar, en las relaciones laborales y hasta en la identificación misma del empleador.

La denominada producción flexible persigue, como se sabe, acelerar la capacidad de respuesta de las empresas en mercados cada vez más inestables y competitivos, marcados por la incertidumbre. Se trata así de mejorar la productividad y la calidad del producto a través de la elevación de los niveles de eficiencia, modificando de esta manera la organización de la producción y del trabajo. Los modos de organizar el trabajo y la producción pasan a constituirse en factores de la posición competitiva de las empresas. La externalización de los procesos productivos ocupa un lugar privilegiado como instrumento para alcanzar esas metas. El fenómeno es variado y las palabras "externalización", "tercerización", "subcontratación", "intermediación", y "outsourcing", son empleadas a veces en forma indistinta y sin adecuado rigor técnico.

En su participación en la Comisión de Legislación del Trabajo, la delegación de la cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ensayó una distinción diciendo textualmente: "Debe distinguirse entre una externalización de mano de obra, que en Uruguay llamamos intermediación del trabajo, o una externalización de operaciones, que técnicamente llamamos subcontratación.- En el caso de la externalización de mano de obra, estamos en presencia de cesión, préstamo, arriendo, suministro o colocación de mano de obra por parte de una empresa intermediaria en otra que utiliza el trabajo por lo que se la llama usuaria.- La otra situación es la de la externalización de operaciones, que técnicamente se puede calificar como subcontratación. La diferencia con la intermediación de mano de obra es que en este caso hay un encargo que realiza una empresa comitente a otra empresa auxiliar o subcontratista para que realice una obra o preste un servicio". Así termina la cita de la cátedra de Derecho del Trabajo a que hacíamos referencia.

Pese a que técnicamente es posible diferenciar las modalidades, en lo medular podemos encontrar varias claves identificatorias, siguiendo en este aspecto un estudio de Consuelo Iranzo y Jacqueline Richter, investigadoras de la Universidad Central de Venezuela, que establecen tres aspectos comunes en estos procesos de descentralización empresarial: "1. Se trata de una parte del proceso productivo que antes efectuaba directamente la empresa matriz y ahora se entrega a otra empresa. En los casos de procesos informáticos de reciente data, probablemente la empresa no los desarrollaba antes y pudiese pensarse que nacen externalizados, pero, si analizamos con detenimiento, veremos que procesos similares sí se realizaban internamente.- 2. Otro elemento clave es que puede identificarse una empresa matriz y varias 'satélites' que efectúan diversos trabajos para la primera, algunas con alto grado de independencia y otras que, están absolutamente subordinadas técnica y económicamente a la matriz.- 3. Por último" -señalan estas autoras- "lo que es central para nuestro análisis, son procesos que implican romper la relación de trabajo directa con el beneficiario final del producto. Todas estas formas de organización de la producción significan la prestación de servicios a través de terceros. En términos jurídicos son relaciones triangulares. El contratista y otras formas de intermediación, como lo son las empresas de trabajo temporal (ETT), las empresas de servicios complementarios y especializados, y las cooperativas de trabajo asociado, se expanden como nunca dentro de las relaciones de trabajo". Todo esto ha sido leído en forma textual de la obra de las autoras de referencia.

Así, la empresa tradicional, que concentraba la totalidad de la producción y los servicios en forma directa, se ha ido descentralizando, se ha ido desmembrando progresivamente, desprendiéndose de parte de su actividad a favor de empresas que asumen en principio tareas periféricas de la firma principal pero que, en algunos casos, alcanzan segmentos del giro principal de esa empresa.

El profesor español Antonio Martín Valverde describe la descentralización productiva como dirigida a "la obtención de los objetivos productivos de una empresa principal, no por la incorporación de trabajadores a su planilla, sino por la combinación o coordinación de aportaciones parciales llevadas a cabo por empresas auxiliares o por colaboradores externos. La descentralización productiva se manifiesta, así, en el encargo a terceros de la realización bien de partes en operaciones singulares del ciclo productivo de una empresa, bien de aquellas actividades complementarias que no corresponden a dicho ciclo productivo, pero que son indispensables en su marcha ordinaria".

Sin embargo, las virtudes que para la empresa de gran porte tiene la descentralización de la producción, tan publicitada por los estudios gerenciales, son vividas de manera muy diferente por el trabajador involucrado y por las empresas que se ubican en los eslabones no privilegiados de la cadena de producción.

El proyecto en consideración trata, precisamente, de actualizar nuestra legislación para evitar la informalidad y la precariedad laboral, emergente de muchos de estos emprendimientos.

Pero antes de ingresar a los aspectos puramente laborales, permítaseme abundar sobre la faz negativa que ha tenido la descentralización laboral en orden al funcionamiento del mercado de trabajo. En efecto, ha sido posible ver que la descentralización se ha convertido en un mecanismo de competencia interempresarial por la baja de los costos laborales o directamente por la informalidad y la evasión tributaria.

Por otra parte, tampoco las supuestas mejoras de la eficiencia y productividad parecen ser realidades tan obvias como se las presenta como justificadoras de cualquier tipo de descentralización. La eficiencia empresarial no debe, a nuestro juicio, perseguirse a cualquier precio, sino que debe cuidar mucho las condiciones de trabajo.

Un estudio reciente de la OIT señala que la eficiencia es una condición necesaria pero no suficiente para describir completamente el concepto de productividad y competitividad. Agrega: "A las empresas no solo les interesa hacer negocio en un momento dado o por un breve período; lo que les preocupa es mantener sus negocios en el largo plazo. Por tanto, al concepto de eficiencia es necesario añadirle el de eficacia, es decir, considerar el resultado o impacto que lo producido por la empresa pueda tener en los consumidores finales. Cuando esta dimensión se incorpora, entramos al terreno de la satisfacción del cliente y de la calidad. Es decir, cuando el empresario no solo se interesa en producir al menor costo, sino que también incorpora el criterio de calidad, está pensando en negocios a largo plazo. Por ello, empieza a cuidar la calidad de sus insumos y de sus factores de producción, entre ellos el trabajo". El comentario de la OIT termina diciendo: "Eficiencia y eficacia, por tanto, se combinan en las interpretaciones modernas del concepto de productividad. En esta perspectiva, no solo se trata de producir más, sino, principalmente, de producir mejor, esto es, se trata de hacer bien las cosas, al menor costo posible, con la mayor calidad posible y con el mayor nivel de satisfacción de clientes y de trabajadores".

La productividad y la búsqueda de la necesaria competitividad no deben ir en desmedro de los derechos de las personas que trabajan, ni deben privilegiar ni amparar a las empresas que compiten a través de la evasión y la explotación del trabajo, ya que se trata de prácticas que el profesor Plá Rodríguez ha calificado de patológicas. El término "patológico" designa bien una fórmula fraudulenta de emplear el fenómeno de la descentralización. Pero el término empleado por Plá Rodríguez es también útil para destacar que así como existe una práctica desviada, patológica, también hay, por oposición, un empleo normal y real de la descentralización, que resulta beneficioso para las empresas en determinadas coyunturas o ciclos de producción y que resulta también beneficioso para el trabajador desde el punto de vista de la generación del empleo. Por ello, no se trata de limitar o de prohibir la llamada tercerización, sino que se procura evitar la utilización del mecanismo como medio de explotación laboral o evasión tributaria.

Desde el punto de vista de las relaciones de trabajo, la descentralización introduce profundos cambios en la visión tradicional de la forma de organizar el trabajo, con consecuencias ostensibles aun en aspectos tan básicos como la identificación misma del sujeto empleador. En efecto, la subcontratación y el trabajo en empresas suministradoras de mano de obra ha provocado que en muchos casos el trabajador sea contratado por un sujeto pero desempeñe su labor para otro, que es quien dirige el trabajo. Desde la Organización Internacional del Trabajo se ha denominado a esta modalidad como relaciones triangulares del trabajo, en tanto la persona es contratada por un sujeto, que la incluye en su planilla y le paga el salario pero, en definitiva, trabaja para otro en su local y se somete a la dirección y disciplina de la empresa contratante, que es la que se beneficia del trabajo. Entonces, así se pone en duda quién es el verdadero empleador, y esa falta de precisión tiene consecuencias inocultables en el plano de la responsabilidad, puesto que el trabajador podrá reclamar únicamente a su empleador directo, que frecuentemente es una pequeña empresa, insolvente, y no a la empresa que se benefició en forma directa del trabajo efectuado. Ante situaciones como esta, muchas veces los Jueces han creado la figura del empleador complejo. Esta figura creada por los Jueces apunta a hacer responsable también a la empresa principal.

El fenómeno, por cierto, no es único, no se da solo en el Uruguay. Por el contrario, ha venido creciendo sustantivamente en los sistemas de relaciones laborales. El trabajo para un solo empleador -una de las características básicas del modelo tradicional de empleo- ha dejado de ser totalmente hegemónico y hoy muchos trabajadores deben someterse a trabajar en estas relaciones triangulares de trabajo. La subcontratación y el empleo de empresas suministradoras de personal forman parte de la llamada flexibilización laboral.

El proceso flexibilizador en nuestro país no necesitó una gran reforma laboral desreguladora para imponerse. Bastó que desde la legislación laboral no se regulara con rigor estas formas "descentralizadas" de prestar el trabajo para producir un efecto nocivo para las condiciones laborales imperantes.

Algunos sociólogos, como Marcos Supervielle y Pablo Guerra, calificaron esta situación como una "desregularización velada", que dejó al trabajador, en la mayoría de los casos, expuesto a una reducción inadmisible de sus condiciones de trabajo, no solo con relación a las prestaciones mínimas, como el salario o los derechos básicos como la libertad sindical, sino en lo referente a las deficientes condiciones de seguridad y de salud que debió soportar.

No resulta ajeno a este cuadro, según ya se dijo, las consideraciones que deben hacerse sobre aquellos casos de insolvencia patronal, que en la práctica impiden al trabajador acceder al cobro de su crédito laboral y a los organismos de seguridad social las obligaciones tributarias. El trabajo informal prolifera también en estas modalidades, con la consiguiente evasión a la seguridad social y los perjuicios emergentes de la inexistencia de aportes a la historia laboral del trabajador.

Con todo, la descentralización empresarial en alguna de sus modalidades no es un fenómeno nuevo. Lo novedoso es su proliferación, y en ocasiones su empleo abusivo. Las respuestas que ha dado el derecho del trabajo han sido diversas a lo largo de su evolución.

Un estudio sobre el tema da cuenta de que "En América Latina, la regulación jurídica de las relaciones triangulares ha pasado por tres etapas bien diferenciadas. Una primera se caracterizó por profundizar las restricciones patronales en el uso de estas figuras y reforzar las responsabilidades, tanto de quien contrataba al trabajador como de quien recibía el servicio. En la mayoría de las legislaciones se prohibieron las agencias lucrativas de colocación de trabajadores, que pueden ser consideradas como un antecedente de las empresas de trabajo temporal. En este período, se construyó un Derecho del Trabajo de fuerte carácter protector. En el segundo período se abren las puertas para un uso ilimitado de estas figuras, pues se permite su funcionamiento, se facilita la utilización de las cooperativas de trabajo asociado para escapar del ámbito de aplicación de la legislación del trabajo y se disminuyen las responsabilidades patronales. Este es el período de la flexibilización laboral. El Derecho del Trabajo deja de tener como finalidad exclusiva la protección del trabajador para pasar a incorporar entre sus objetivos la productividad, la competitividad y la generación de empleo. En la tercera etapa que hemos denominado de tensión entre protección y flexibilización, se comienza a retroceder en la flexibilización y se recuperan espacios para la protección. En los últimos años, varias legislaciones laborales de la región empiezan a poner límites a las formas más perversas de tercerización o externalización, como lo son las empresas de trabajo temporal, las cooperativas de trabajo asociado y las empresas de servicios especializados. Además, las reformas vuelven a limitar las contrataciones temporales o por tiempo determinado, con lo que también se trata de frenar la expansión de la precarización".

En el caso uruguayo en la actual etapa, y siguiendo la tendencia mencionada, corresponde ajustar ciertos instrumentos legales para permitir que la descentralización empresarial funcione de acuerdo con las necesidades reales de las empresas y no se emplee en forma patológica, como ya tuve oportunidad de decir.

El presente proyecto de ley sobre normas que regulan la responsabilidad de quienes utilicen subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, y fijan condiciones mínimas de trabajo para el personal contratado en las modalidades referidas, da cuenta de este problema central en las actuales formas de organizar la producción.

Bueno es decir desde ya que el proyecto no efectúa ningún tipo de distinción, y por tanto regula la responsabilidad empresarial en casos de subcontratación, intermediación o suministro de trabajadores temporales en sectores centrales y/o en sectores periféricos de la producción y el trabajo.

La legislación uruguaya se había mostrado insuficiente y obsoleta en este punto, y solo contó con el dispositivo del artículo 3º de la Ley Nº 10.449, que hacía responsables subsidiarios por los salarios mínimos a los empresarios o patronos que utilizaran subcontratistas o intermediarios. La aceleración y profundización de los cambios en los modos de organizar la producción requieren un marco normativo que adecue esta normativa de 1943.

Otro punto en el que conviene detenerse, que mejora y actualiza la legislación laboral, consiste en que el proyecto cumple en reglamentar, aunque sea parcialmente, el Convenio Nº 181 de la OIT, ratificado por nuestro país.

El Convenio Nº 181 comprende como agencias de empleo, tanto a las que intermedian vinculando ofertas y demandas de empleo, como a aquellos servicios consistentes en emplear trabajadores con el fin de ponerlos a disposición de una tercera persona física o jurídica, que determine sus tareas y supervise su ejecución -esto lo establece el literal b) del artículo 1º-, o sea, comprende también a las empresas suministradoras de personal. En cuanto a la responsabilidad, el Convenio Internacional remite a lo que pueda disponer la legislación o la práctica nacional, y es precisamente en este aspecto que se reglamenta el Convenio a partir de la aprobación -si así lo determina la Cámara- del presente proyecto.

Por otra parte, entendemos que el proyecto se dirige a dar seguridad jurídica en torno a la responsabilidad y las condiciones de empleo del trabajo prestado en régimen de subcontratación, intermediación o suministro de mano de obra, mediante el establecimiento de una responsabilidad de tipo solidario en todos los casos, terminando así con cierta incertidumbre existente en la práctica judicial y en la interpretación doctrinaria.

Resulta de vital importancia señalar que el proyecto cambió sustancialmente respecto al que en origen se había presentado.

En concreto, debe destacarse que el conjunto de disposiciones que conforman el proyecto recoge observaciones y aportes recibidos por la Comisión de Legislación del Trabajo a partir de las reuniones mantenidas con organizaciones de empleadores, de trabajadores y del sector académico.

De más está señalar -pero es bueno decirlo y reconocerlo- que en el acuerdo o la diferencia, esta iniciativa también recoge en gran escala los aportes realizados por todos los miembros de la Comisión, independientemente de que estuvieran a favor, en contra o tuvieran algunos matices con el proyecto que la mayoría hoy presenta aquí.

Debemos decir que asistimos -tal como ocurre en nuestra Comisión- a un permanente aprendizaje; aun en el desacuerdo o en la discrepancia hemos aprendido mucho, reconociendo a los compañeros que han trabajado en este tema y a los técnicos, que a cada uno de nosotros nos han ayudado, en especial a los integrantes de la Comisión pertenecientes a nuestra bancada y a sus respectivos técnicos.

En concreto -reitero-, debe destacarse que el conjunto de disposiciones que conforman el proyecto recoge observaciones y aportes recibidos en reuniones mantenidas con todas estas organizaciones, sin desconocer que lo central en el proyecto es adoptar un margen de regulación del trabajo prestado en régimen de subcontratación, intermediación y trabajo temporal. Reconociendo esa necesidad, la cátedra de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, en su visita a la Comisión expresó lo siguiente: "Indudablemente existe una clara convicción acerca de la conveniencia y hasta de la necesidad de contar con un marco legal sobre responsabilidad en caso de relaciones triangulares, para adecuarlo a lo que es la nueva coyuntura de la descentralización".

Por último conviene, a los efectos ilustrativos, realizar comentarios sobre las principales disposiciones e innovaciones que contiene el proyecto.

Voy a abreviar la lectura de los artículos, que todos tienen sobre su banca, y voy a hacer algunos comentarios sobre cada uno de ellos.

El artículo 1º varió en forma sustancial respecto del original, recogiendo casi íntegra y textualmente la opinión de la cátedra de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Se trataba de una de las disposiciones más criticadas del proyecto original, por considerársela ambigua. Ahora se toma partido por adoptar la redacción propuesta por los profesores Osvaldo Mantero y Juan Raso Delgue, presentada en oportunidad de su participación en la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo. En definitiva, se tomó como base la redacción del artículo 3º de la Ley de Consejos de Salarios Nº 10.449, de 1943, que establece la responsabilidad subsidiaria, sustituyéndola por la solidaridad y realizando otros ajustes menores. En esa oportunidad, el profesor Mantero dijo: "Si yo fuera legislador y entendiendo que el artículo 3º de la Ley Nº 10.449 es insuficiente, lo reformularía cambiando la palabra 'subsidiariamente' por 'solidariamente' y 'salarios mínimos' por 'salarios', porque este artículo se aplica a todas las situaciones en las que no hay ni conjunto de empresas ni fraude; se aplica a las empresas corrientes, normales".

Por otra parte, el inciso tercero del artículo limita la responsabilidad de las empresas que utilicen subcontratistas, intermediarios o suministradores de personal, otro de los reclamos que algunas de las delegaciones empresariales efectuaron en su comparecencia a la Comisión. El texto de este inciso tercero no recabará el acuerdo de todas las delegaciones, es cierto, pero sin duda aclara que la responsabilidad del empresario principal queda limitada y acotada a créditos laborales generados por el trabajador en el período en que efectivamente desempeñó tareas en ella. Así habían expresado representantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, que textualmente dijeron: "El otro elemento necesario es que se limite el monto de la responsabilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que establece el artículo 1º, que 'La responsabilidad solidaria queda limitada a las obligaciones devengadas durante el período de contratación, subcontratación, suministro de personal o intermediación [...]', y tiene que quedar limitada a los salarios mínimos de la categoría profesional del sector en el que se desarrolla la actividad". Estas apreciaciones fueron recogidas en los artículos 1º y 5º del proyecto, según se verá más adelante.

Como podrá advertirse, la redacción actual del artículo 1º da cuenta entonces del interés de las distintas delegaciones empresariales en mejorar la redacción original del texto, cuestión que hemos atendido en la medida de lo compatible con el tenor general que desde nuestro punto de vista tiene el proyecto.

En cuanto al artículo 2º, debemos decir que se trata de una disposición nueva, que también fue propuesta por el profesor Mantero, de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y que la Comisión consideró razonable, que posibilita que en el juego de la autonomía contractual las empresas contratantes pacten entre sí la distribución de la carga de las responsabilidades que deben tener frente al trabajador, acuerdo que obviamente no será oponible al trabajador. Los miembros de la Comisión recordarán que se decía que hoy en día eso puede hacerse pero que no está establecido, como queda a partir de ahora en una norma.

En el caso del artículo 3º nuevamente se modifica el texto original, agregando el término 'colectivo' a la palabra 'conflictos' y, por tanto, aclarando que se trata de medidas de huelga, etcétera, y no de conflictos individuales de trabajo. Asimismo, al final se agrega la referencia a los servicios esenciales dado que, en esos casos, sí podría eventualmente sustituirse trabajadores permanentes por subcontratados o temporales, para el caso de incumplimiento en el acatamiento de los turnos de emergencia resueltos debidamente por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Se trata así de salvar observaciones hechas por algunas delegaciones empresariales y por la propia cátedra de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que había expresado: "debería agregársele la aclaración de que se trata de un conflicto colectivo, pero si no, frente a un conflicto individual también se podría dar esta situación y no creo que sea ese el objetivo o la finalidad que persigue el proyecto". Claramente no lo era, y por eso se modificó la redacción de la manera en que lo explicamos.

El artículo 4º dice: "Todo trabajador contratado mediante algunas de las modalidades previstas por esta norma será informado previamente por escrito sobre sus condiciones de empleo, su salario y, en su caso, la empresa o institución para la cual prestará servicios". En este caso se agrega una obligación al empleador subcontratista, intermediario o suministrador de personal en cuanto a informar debidamente al trabajador acerca de las condiciones de empleo y del lugar donde efectivamente desempeñará tareas, dada la naturaleza triangular de la relación de trabajo.

El artículo 5º también se ha modificado en algún aspecto. Esta es una de las disposiciones que más se modificó en la Comisión de Legislación del Trabajo, como consecuencia de los aportes de las delegaciones y las representaciones que comparecieron. El texto se ha modificado en dos aspectos. En primer lugar, la referencia es a una sola de las modalidades contractuales del proyecto -empresas suministradoras de personal- y no a la generalidad de la subcontratación e intermediación, por entenderse que la disposición es solo de aplicación al trabajo temporal. En segundo término, se limita la equiparación a las condiciones laborales mínimas establecidas por el Consejo de Salarios u otra modalidad de negociación y no a la generalidad de las condiciones de remuneración del trabajador titular sustituido. Se había reclamado que un trabajador de una empresa tercerizada fuera con el laudo de la categoría correspondiente a la rama salarial del Consejo que le corresponde; no necesariamente tenía que ser el mismo salario del trabajador que estuviera sustituyendo en forma temporal. Se recoge así una disposición similar adoptada en el ámbito tripartito del Consejo de Salarios y propuesta además por la Cámara de Empresas Suministradoras de Personal.

La Cámara de Industrias del Uruguay también había criticado fuertemente el proyecto original, que abarcaba todas las condiciones que regían la contratación en la empresa principal, observando que no debía hacerse una generalización que comprendiera todas las remuneraciones de los trabajadores.

Por su parte, la Cámara de Empresas Suministradoras de Personal había señalado: "En lo que respecta a nuestro sector, no tenemos mayores observaciones. Lo único que podemos plantear tiene que ver con el artículo 3º" -ahora artículo 5º-, "que exige un salario y condiciones de empleo que no pueden ser inferiores a las de la gente que está actualmente trabajando. Eso fue largamente discutido en los Consejos de Salarios en los que participamos y lo que entendimos es que la parte sindical se dio por satisfecha si al menos se respetaba el laudo de la actividad o el ramo que le correspondiera al trabajador".

Atendiendo la observación de la Cámara, el texto actual no acuerda una total equiparación de los trabajadores temporales respecto de los trabajadores de la empresa principal, sino que tan solo deberán cumplirse los beneficios mínimos acordados para la rama de actividad, para la categoría correspondiente en los Consejos de Salarios o en la negociación colectiva.

La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay señaló similares preocupaciones cuando expresó: "Nos preocupa muchísimo el artículo 3º" -hoy artículo 5º- "porque determina la imposibilidad de contratar personal con salarios inferiores a los de quienes se encuentren desempeñando iguales o similares tareas [...]. Si se aceptara como válido este concepto, parecerían no tener razón de ser los Consejos de Salarios, que establecen que la negociación de distintas actividades se realiza por especialidad". Esto fue también tenido en cuenta.

Por último, la Cámara de la Construcción del Uruguay había manifestado: "Como expresamos que se trata de un sector que ha negociado y que ha tenido convenios colectivos vigentes desde 1985 a la fecha, lo que más podríamos decir es que se pueda contratar personal con los salarios mínimos vigentes a la fecha, pero si, por ejemplo, hay trabajadores que por su antigüedad puedan tener derecho a una prima especial o a un premio por su desempeño por encima de los salarios mínimos, allí estaríamos creando un problema más que una solución". La redacción actual del artículo 5º impide que se generen dificultades como las que señalaba la Cámara de la Construcción del Uruguay.

Por último, la cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República también había tenido una opinión crítica acerca del texto anterior, hoy modificado. Decía: "El proyecto parecería consagrar la equiparación absoluta, con lo cual las condiciones laborales y de empleo de los trabajadores de la empresa intermediaria o suministradora, pero también de la empresa subcontratista, deberían ser exactamente idénticas o iguales a las de la empresa comitente o usuaria. En principio, pensamos que esto puede generar muchas dificultades en la práctica, en primer lugar, por cómo se hace para establecer esa equiparación"

En definitiva, siguiendo el criterio de las organizaciones empresariales y de la Universidad de la República, advertimos que el proyecto no establece la equiparación absoluta, sino solo la aplicación de las condiciones mínimas de empleo y, por otra parte, solo es de aplicación a las empresas suministradoras de personal.

El artículo 6º, referido a la naturaleza de orden público de la ley, ha sido también mejorado, haciendo que la norma no pueda ser objeto de modificación por acuerdo entre trabajadores y empleadores con el fin de disminuir las condiciones de trabajo.

Por último, el artículo 7º resguarda y mantiene vigente la legislación sobre contribuciones especiales de seguridad social relativas a la industria de la construcción, por entender que se trata de un sistema consolidado y eficaz en la práctica y, por tanto, digno de ser conservado.

En definitiva, señor Presidente, se trata de un proyecto que actualiza nuestra legislación en materia de responsabilidad empresarial ante casos de subcontratación, intermediación y suministro de personal, protegiendo por un lado al trabajador y asegurando por otra parte una competencia entre las empresas que se desprenda de prácticas fundadas en la informalidad y el incumplimiento pertinaz de las normas laborales y tributarias de seguridad social, comportándose así como un instrumento dirigido a dar transparencia al mercado laboral.

Estas son leyes que le sirven al trabajador y también al empresario, porque, de alguna manera, lo resguardan de una competencia desleal, obvia, debido a aquellos que no cumplen con los derechos e intereses de los trabajadores.

Terminamos nuestra intervención y reiteramos el agradecimiento a todos los que de una u otra manera han trabajado en esto, en especial a los compañeros miembros de la Secretaría de la Comisión de Legislación del Trabajo, siempre prestos a solucionarnos los problemas de nuestras tareas, a nuestros queridos compañeros de bancada y a nuestros compañeros asesores. También quiero destacar un trabajo realizado entre los legisladores de esta bancada y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el que permanentemente hemos estado en contacto y al que creemos representar cabalmente en este momento, porque fue el que dio el puntapié inicial en este tema y el que acogió otras propuestas presentadas en legislaciones anteriores. Entre todos creemos que hicimos un esfuerzo y, por cierto, la vida dirá -la obra humana nunca es perfecta- si estamos haciendo algo útil; no creemos estar haciendo algo para siempre, se irá viendo y sobre la marcha se constatarán las bondades de esta ley y las mejoras que, a nuestro entender, van a ser sustanciales para las relaciones de trabajo en nuestro país.

Muchas gracias.

9.-     Asuntos entrados fuera de hora.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por la señora Diputada Payssé y por los señores Diputados Bernini, Bruno y Amorín Batlle.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se dé cuenta de los asuntos entrados fuera de hora".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y ocho en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora.

(Se lee:)

"PROYECTOS PRESENTADOS

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se crea la Institución Nacional de Derechos Humanos. C/1510/006

-     A la Comisión de Derechos Humanos".

10.-      Proyectos presentados.

"INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. (Creación).

Capítulo I

Creación

Artículo 1º. (Creación).- Créase la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), como una institución del Poder Legislativo, la que tendrá por cometido, en el ámbito de competencias definido por esta ley, la defensa, promoción y protección en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional.

Artículo 2º (Autonomía).- La INDDHH no se hallará sujeta a jerarquía y tendrá un funcionamiento autónomo no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad.

Capítulo II

Competencia

Artículo 3º. (Efectos de las resoluciones).- Las resoluciones de la INDDHH tendrán el carácter de recomendaciones y, consecuentemente, no podrán modificar ni anular actos administrativos o jurisdiccionales.

Artículo 4º. (Competencia).- La INDDHH será competente para:

A) Proponer la suscripción, aprobación, ratificación, adhesión e implementación de tratados internacionales relacionados con derechos humanos.

B) Proponer la denuncia de tratados internacionales que a juicio de la INDDHH sean violatorios de los derechos humanos.

C) Promover la adopción de las medidas que considere adecuadas para que el ordenamiento jurídico y las prácticas administrativas e institucionales, se armonicen con los instrumentos internacionales relacionados con derechos humanos en los que el Estado sea parte.

D) Emitir opiniones y recomendaciones sobre los informes que el Estado se proponga presentar o que hubiere presentado a los órganos encargados del contralor internacional de las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de tratados internacionales relacionados con derechos humanos y sobre las observaciones que dichos órganos internacionales de contralor hubieran emitido respecto de los informes del Estado.

E) Colaborar con las autoridades competentes en los informes que el Estado deba presentar a los órganos encargados del contralor internacional de las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de tratados internacionales relacionados con los derechos humanos.

F) Realizar, con el alcance y extensión que considere pertinente, estudios e informes sobre la situación nacional, departamental o zonal, relacionados con los derechos humanos; sobre derechos humanos especialmente considerados y sobre cuestiones específicas relacionadas con los derechos humanos.

G) Recomendar y proponer la adopción, supresión o modificación de prácticas institucionales, prácticas o medidas administrativas y criterios utilizados para el dictado de actos administrativos o resoluciones, que a su juicio redunden en una mejor protección de los derechos humanos.

H) Emitir opiniones, recomendaciones y propuestas sobre proyectos de ley o propuestas de reformas constitucionales relacionados con los derechos humanos.

I) Recomendar a las autoridades competentes, la aprobación, derogación o modificación de las normas del ordenamiento jurídico que a su juicio redunden en una mejor protección de los derechos humanos.

J) Conocer e investigar presuntas violaciones a los derechos humanos, a petición de parte o de oficio, de acuerdo al procedimiento que se establece en la presente ley.

K) Proponer a las autoridades competentes la adopción de las medidas que considere pertinentes para poner fin a la violación de derechos humanos que haya constatado, establecer el plazo en el cual deberán ser cumplidas y sugerir las medidas reparatorias que estime adecuadas, sin perjuicio de realizar recomendaciones generales para eliminar o prevenir situaciones similares o semejantes.

L) Proponer a las autoridades competentes, en el curso de una investigación que esté realizando de oficio o a denuncia de parte, la adopción de las medidas provisionales de carácter urgente que considere pertinentes para que cese la presunta violación de los derechos humanos, impedir la consumación de perjuicios, el incremento de los ya generados o el cese de los mismos.

M) Cooperar, para la promoción y protección de los derechos humanos, con los órganos internacionales encargados del contralor internacional de las obligaciones contraídas por el Estado; con instituciones u organizaciones internacionales regionales o instituciones nacionales, que sean competentes en la promoción y protección de los derechos humanos.

N) Colaborar con las autoridades competentes en la educación en derechos humanos en todos los niveles de enseñanza y, especialmente, colaborar con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura en los programas generales y especiales de formación y capacitación en derechos humanos destinados a los funcionarios públicos, particularmente en los previstos en el artículo 30 de la Ley Nº 18.026.

O) Informar y difundir de la forma más amplia posible, a la opinión pública, los derechos humanos, las normas nacionales e internacionales que los regulan y los mecanismos de protección nacional e internacional.

Artículo 5º. (Alcance).- La competencia de la INDDHH, con las excepciones que expresamente se establecen, se extiende a todos los Poderes y organismos públicos cualesquiera sea su naturaleza jurídica y función, sea que actúen en el territorio nacional o en el extranjero.

Quedan comprendidas en la competencia de la INDDHH las entidades paraestatales, sociedades de economía mixta, personas públicas no estatales y entidades privadas que presten servicios públicos o sociales.

La competencia de la INDDHH en relación con personas privadas se entenderá con los organismos públicos de su contralor y supervisión, conforme a los procedimientos establecidos en la presente ley.

Artículo 6º. (Inhibición).- La INDDHH no tendrá competencia en asuntos que se encuentren en trámite de resolución en la vía jurisdiccional ante los organismos competentes o ante el Contencioso Administrativo. En caso de denuncias, procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 19. Sin perjuicio, la INDDHH tendrá competencia para efectuar propuestas sobre aspectos generales y realizar informes o emitir opiniones en relación con la función administrativa de los organismos con función jurisdiccional y su organización.

Artículo 7º. (Impugnabilidad).- Las resoluciones de la INDDHH que correspondan al ámbito de las competencias establecido en el artículo 4º, deberán ser fundadas y no admitirán recurso; los demás actos administrativos podrán ser impugnados con los recursos y acciones previstos en la Constitución de la República.

Artículo 8º. (Difusión pública de resoluciones).- Cuando la INDDHH emita recomendaciones, opiniones o propuestas sin haber mediado solicitud previa de los organismos involucrados en las mismas y considere que no se verifican situaciones graves o urgentes a resolver, dichas recomendaciones, opiniones o propuestas se comunicarán a las autoridades u organismos involucrados sin que la INDDHH le dé difusión pública durante el plazo que ésta determine para cada caso.

Lo dispuesto precedentemente no aplicará ante supuestos de denuncias que se regularán por el procedimiento correspondiente, ni cuando la INDDHH sesione en Asamblea Nacional de Derechos Humanos o cuando se trate de brindar informes anuales o especiales a la Asamblea General.

Artículo 9º. (Principio de buena fe).- La INDDHH y sus miembros deberán actuar de buena fe. La violación del principio de buena fe implicará falta grave a los deberes inherentes al cargo.

Los miembros de la INDDHH estarán impedidos de emitir en forma pública y a título personal, opiniones, recomendaciones o propuestas sobre temas que sean competencia específica de la INDDHH sin expresa autorización previa de la INDDHH. La prohibición no aplicará respecto de casos en que la INDDHH hubiere adoptado resoluciones que sean públicas, cuando la INDDHH funcione en régimen de Asamblea Nacional de Derechos Humanos o en el supuesto previsto en el artículo 69 inciso tercero.

La violación de la prohibición establecida en el inciso precedente se considerará falta grave a los deberes inherentes al cargo.

Artículo 10. (Coordinación).- El Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, los Defensores del Vecino y demás instituciones similares que se establezcan en el futuro, coordinarán sus funciones con las de la INDDHH y para el caso en que reciban denuncias sobre violaciones a los derechos humanos las comunicarán a la INDDHH.

Capítulo III

Procedimiento de denuncias

Artículo 11. (Legitimación activa).- Las denuncias de parte por presuntas violaciones a los derechos humanos, podrán formularse a la INDDHH por cualquier persona física o jurídica, sin limitación alguna, incluidos los órganos estatales. Especialmente, podrán formular denuncias a la INDDHH, las Comisiones Parlamentarias, las respectivas Cámaras legislativas, la Asamblea General y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura.

No constituirá impedimento para formular denuncias, la minoría de edad, la discapacidad intelectual, la nacionalidad o la vinculación jerárquica o funcional con el Estado en cualquiera de sus dependencias.

Artículo 12. (Reserva).- Se le garantizará al denunciante la reserva de su identidad excepto cuando exista dispensa expresa del denunciante, requerimiento judicial o corresponda que la INDDHH ponga en conocimiento de la justicia la violación de los derechos humanos involucrados.

Artículo 13. (Forma y requisitos).- La presentación de las denuncias a la INDDHH se podrá hacer por escrito fundado y firmado sin otras formalidades especiales, debiendo contener los datos de nombre y domicilio del denunciante, o bien en forma oral en las oficinas de la INDDHH; en este último caso el funcionario que la reciba labrará un acta con la constancia de nombre y domicilio la que será firmada por el denunciante y el receptor. Si el denunciante no supiere o no pudiere firmar, se dejará constancia de ello en el acta respectiva. En defecto del domicilio del denunciante, se consignará el lugar donde pueda ser contactado o ubicado.

Cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos o el denunciante no pueda trasladarse por cualquier razón, las denuncias podrán dirigirse a la INDDHH por cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de ser ratificadas por el denunciante de conformidad a lo previsto en el artículo precedente.

No se admitirán denuncias anónimas, sin perjuicio de las facultades de la INDDHH para proceder de oficio.

El trámite será gratuito y no requerirá asistencia letrada.

La INDDHH recibirá las denuncias cualquiera fuera la hora de su presentación, aún fuera de horarios de oficinas o en días inhábiles.

Artículo 14. (Plazo).- El plazo para la presentación de las denuncias o para la actuación de oficio, será de seis meses contado a partir de haberse tomado conocimiento de los actos o hechos que la motivan.

En casos debidamente fundados y cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, dicho plazo podrá ser ampliado por la INDDHH.

Cuando se trate de violaciones a los derechos humanos que puedan ser consideradas genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, no existirá limitación de plazo para la presentación de las denuncias.

Artículo 15. (Protección de la comunicación).- Queda prohibida la detención, demora, registro, examen, intercepción, censura, violación, alteración o destrucción de cualquier comunicación de o hacia la INDDHH. Tampoco podrán ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones personales, telefónicas o de cualquier otro tipo, entre la INDDHH y las personas.

Su violación será considerada de acuerdo a lo previsto en el artículo 296 del Código Penal y demás normas concordantes y complementarias.

Artículo 16. (Efectos de la presentación de denuncias).- La presentación de una denuncia ante la INDDHH no será obstativa para el ejercicio de las demás vías legales que el ordenamiento jurídico pone a disposición del denunciante.

La presentación de denuncias ante la INDDHH no suspenderá, ni interrumpirá los términos de prescripción o caducidad de plazos para el ejercicio de las demás acciones legales correspondientes. Tales circunstancias deberán ser puestas en conocimiento del denunciante.

Artículo 17. (Rechazo de denuncias).- La INDDHH rechazará sin más trámite la denuncia cuando la misma fuera presentada fuera de los plazos previstos en el artículo 14 inciso 1 o sea notoriamente improcedente por incompetencia, inadmisibilidad manifiesta, falta de fundamentos o evidente mala fe.

Artículo 18. (Formalidades del rechazo).- La INDDHH notificará de inmediato al denunciante la resolución que rechaza la denuncia o las limitaciones para su intervención ante el supuesto previsto en el artículo precedente y le brindará información para que acuda ante los organismos correspondientes la cual se consignará en la resolución.

En el caso de que la denuncia sea rechazada por falta de fundamentos, la INDDHH otorgará al denunciante un plazo razonable para su fundamentación.

Artículo 19. (Casos en trámite).- Cuando la denuncia refiera a hechos que estén en trámite de resolución jurisdiccional ante los organismos competentes o ante el Contencioso Administrativo, la INDDHH no intervendrá en el caso concreto, pero ello no impedirá la investigación sobre los problemas generales planteados en la denuncia. La INDDHH velará porque los órganos con función jurisdiccional, el Contencioso Administrativo o la Administración, en su caso, resuelvan expresamente, en tiempo y forma, las demandas, denuncias o recursos que hayan sido formuladas o interpuestas.

Artículo 20. (Sustanciación).- Admitida la denuncia, la INDDHH realizará una investigación inmediata de carácter sumario, informal y reservada, tendiente a esclarecer los hechos denunciados.

Cuando la INDDHH resuelva actuar de oficio ante presuntas violaciones de los derechos humanos, procederá de acuerdo a las normas previstas en este capítulo en cuanto sean de aplicación.

La INDDHH labrará acta de todas sus actuaciones cuando las circunstancias así lo requieran.

Artículo 21. (Relacionamiento con el organismo denunciado).- En todos los casos, la INDDHH se pondrá en contacto en un plazo máximo de cinco días hábiles con las máximas autoridades del organismo o entidad involucrado en la denuncia. La INDDHH estará facultada además, si lo estima pertinente, para comunicarse e informar el motivo de su intervención a las personas denunciadas o involucradas en la denuncia, quienes con asistencia letrada obligatoria, podrán efectuar descargos, aportar pruebas y articular defensas. Las autoridades del organismo al cual pertenezcan las personas denunciadas o involucradas en la denuncia, no podrán prohibir a los funcionarios denunciados o involucrados, responder o entrevistarse con la INDDHH.

Las máximas autoridades del organismo o entidad involucrado en la denuncia, deberán informar por escrito a la INDDHH sobre la materia objeto de la investigación, proporcionando fundamentos, motivaciones y demás elementos relacionados con el asunto, remitiendo, además, copia de todos los antecedentes. Asimismo, podrá informar a la INDDHH sobre las medidas correctivas que se proponga adoptar en relación con la violación de los derechos humanos denunciada.

El plazo para informar será determinado por la INDDHH en función de la gravedad de los hechos, pudiendo conceder prórrogas cuando exista fundamento razonable para las mismas; dicho plazo, incluidas las prórrogas, nunca excederá de treinta días hábiles.

Artículo 22. (Respuesta al denunciante).- La INDDHH comunicará al denunciante las respuestas que diere el organismo o entidad involucrado en la denuncia. El denunciante estará facultado a realizar las observaciones que convengan a su interés.

Artículo 23. (Negativa de colaboración).- La negativa a presentar el informe o su omisión, podrá ser considerada por la INDDHH como una obstrucción en el cumplimiento de sus funciones y, sin perjuicio de las responsabilidades legales de la autoridad respectiva y de las personas involucradas, la INDDHH podrá dar la más amplia publicidad al hecho con mención expresa de los nombres y cargos de las autoridades y otros funcionarios que hayan adoptado tal actitud. El incumplimiento será incluido en el Informe Anual o especial, independientemente de que la INDDHH prosiga investigando la denuncia por las vías que considere adecuadas.

Artículo 24. (Medidas provisionales urgentes).- En cualquier instancia del trámite, la INDDHH podrá proponer a los organismos o entidades involucrados en la denuncia, la adopción de medidas provisionales de carácter urgente con el fin de que cese la presunta violación a los derechos humanos objeto de la investigación, impedir la consumación de perjuicios o el incremento de los ya generados o el cese de los mismos. Si la autoridad respectiva omitiera adoptar las medidas de urgencia recomendadas, la INDDHH podrá proceder de conformidad a lo previsto en el artículo anterior. Sin perjuicio, la INDDHH estará facultada, en cualquier momento, para recurrir ante el Poder Judicial a efectos de solicitar las medidas cautelares que entienda del caso, interponer recursos de amparo o de habeas corpus.

Artículo 25. (Medidas definitivas).- Finalizada la investigación, si existiera mérito, la INDDHH propondrá a las autoridades competentes la adopción de las medidas que considere pertinentes para poner fin a la violación de derechos humanos que hubiere constatado y establecerá el plazo en el cual deberán ser cumplidas, sugiriendo las medidas reparatorias que estime adecuadas.

Artículo 26. (Alcance de recomendaciones y propuestas).- Las recomendaciones y propuestas de la INDDHH se referirán al objeto concreto de la denuncia, pero, además, la INDDHH podrá realizar recomendaciones generales para eliminar o prevenir situaciones iguales o semejantes a las que motivaron la denuncia.

Artículo 27. (Archivo de las actuaciones).- En caso de no existir mérito para la denuncia, se procederá a su archivo, comunicándolo al denunciante, a las autoridades respectivas y a los funcionarios denunciados o involucrados en la denuncia si los mismos hubiesen sido contactados por la INDDHH o comparecido en las actuaciones.

Si en el curso de la investigación se lograra una solución satisfactoria por la cual el organismo o entidad involucrado se obliga a adoptar medidas que a juicio de la INDDHH puedan subsanar la violación de los derechos humanos denunciada, se consignará en acta por escrito y la INDDHH archivará las actuaciones, sin perjuicio de controlar el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas. En ningún caso el acuerdo será obstativo para la reapertura de la investigación por incumplimiento o por reiteración de los hechos denunciados. El acuerdo se comunicará al denunciante y a los funcionarios denunciados o involucrados si los mismos hubiesen sido contactados por la INDDHH o comparecido en las actuaciones.

Artículo 28. (Publicidad de los incumplimientos).- Si las autoridades respectivas incumplen las obligaciones que habían asumido, no aceptan las propuestas de la INDDHH o incumplen total o parcialmente su implementación en los plazos establecidos, la INDDHH dará la más amplia difusión pública al texto de las recomendaciones efectuadas y sus antecedentes o, en su caso, a las obligaciones que las autoridades habían asumido, todo con mención expresa de los nombres y cargos de las autoridades y otros funcionarios que hayan adoptado tal actitud y sin perjuicio de su inclusión en el Informe Anual o, en su caso, en el Informe Especial que resuelva presentar.

Artículo 29. (Relación con personas no estatales).- Si las denuncias se relacionaran con servicios prestados por personas públicas no estatales o por personas privadas, las actuaciones y las recomendaciones se entenderán con las autoridades competentes para su contralor y supervisión, a quienes la INDDHH podrá instar el ejercicio de las facultades de inspección y sanción que pudieran corresponder.

Artículo 30. (Denuncia penal).- Cuando por la naturaleza de los hechos denunciados o en virtud de sus investigaciones, la INDDHH considere que se verificaría un supuesto presumiblemente delictivo, lo deberá poner en conocimiento de la justicia competente.

Artículo 31. (Suspensión de la intervención).- Cuando estando en curso la investigación de una denuncia, el caso se someta a resolución jurisdiccional ante los organismos competentes o ante el Contencioso Administrativo, la INDDHH suspenderá su intervención en el asunto comunicándoselo al denunciante, al organismo o entidad denunciado o involucrado en la denuncia y a los funcionarios denunciados o involucrados si los mismos hubiesen sido contactados por la INDDHH o comparecido en las actuaciones. Sin perjuicio, la INDDHH proseguirá la investigación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 19.

Artículo 32. (Criterio para adoptar resoluciones).- Las resoluciones de la INDDHH se adoptarán en base a elementos de convicción suficientes considerando la totalidad de los elementos probatorios del caso.

Artículo 33. (Registro estadístico).- La INDDHH llevará un registro estadístico de todas las denuncias que reciba, los casos en que intervenga de oficio y las resoluciones que adopte.

Artículo 34. (Protección a los denunciantes).- Ninguna autoridad ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción alguna contra una persona u organización por haber comunicado a la INDDHH cualquier información, resulte verdadera o falsa, y ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá perjuicios de ningún tipo por este motivo.

Capítulo IV – Facultades

Artículo 35. (Facultades).- En ejercicio de sus funciones, la INDDHH tiene facultades para:

A) Efectuar, con o sin previo aviso, visitas de inspección a cualquier lugar o sector de actividad de los organismos y entidades objeto de su competencia, pudiendo concurrir con peritos, asesores o con quien estime del caso, estando habilitada a registrar la inspección o visita por los medios y con los soportes tecnológicos que estime pertinentes.

B) Entrevistarse con cualquier autoridad, pedir informes, examinar expedientes, archivos y todo tipo de documento, realizar interrogatorios o cualquier otro procedimiento razonable, todo ello sin sujeción a las normas de procedimiento que rigen la producción de la prueba siempre que no afecte los derechos esenciales de las personas.

C) Entrevistarse con cualquier persona y solicitarle el aporte de informes o documentación que fuere necesaria para dilucidar el asunto en el cual intervenga y realizar todas las demás acciones tendientes al esclarecimiento de los hechos.

D) Solicitar, ante quien corresponda, la adopción de cualquier medida cautelar con el fin de impedir la consumación de perjuicios, el incremento de los ya generados o el cese de los mismos.

E) Presentar denuncias penales e interponer recursos de habeas corpus o amparo, sin perjuicio de solicitar otras medidas judiciales cautelares que considere pertinentes.

F) Ingresar, con o sin previo aviso a los lugares de detención, hospitales, establecimientos militares y cualquier otro establecimiento en que existan personas privadas de libertad o en régimen de internación.

G) Mantener contacto y suscribir acuerdos de cooperación con comités u organismos encargados del contralor internacional de las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de tratados de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales de defensa y promoción de los derechos humanos, organizaciones académicas, organizaciones sociales y con expertos independientes, todo para el mejor ejercicio de sus funciones.

H) Suscribir convenios con las Juntas Departamentales, Juntas Locales o con las Intendencias Departamentales en todo lo que sea necesario para el mejor desempeño de sus funciones.

I) Adoptar e interpretar las resoluciones y reglamentos que entienda pertinentes para el mejor funcionamiento interno de la INDDHH.

Capítulo V – Estructura de la INDDHH

Artículo 36. (Composición).- La INDDHH será un órgano que se integrará con cinco miembros procurando asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, conforme a los principios de equidad de género y no discriminación.

Artículo 37. (Sistema de elección).- Los miembros de la INDDHH serán elegidos por dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General especialmente convocada al efecto. Si no se obtuviera ese número de sufragios en dos votaciones sucesivas, se citará a la Asamblea General a una nueva sesión dentro de los veinte días corridos siguientes, en la cual los miembros de la INDDHH serán electos por mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Asamblea General, pudiendo celebrarse hasta dos votaciones sucesivas.

A los efectos de la votación: a) se marcará claramente, en la nómina de los candidatos habilitados, aquellos por quienes se vota, hasta el número de cargos que deban elegirse; b) será obligatorio, al marcar candidatos en la nómina, respetar la representación equilibrada de mujeres y hombres.

Serán nulos los votos que se emitan en contravención con lo dispuesto en el inciso precedente.

Si realizado el escrutinio aún restan para elegir miembros de la INDDHH, se procederá de acuerdo al inciso primero para los pendientes, eliminándose los candidatos que no hubieran superado un quinto del total de votos de componentes de la Asamblea General. Sin perjuicio, se mantendrán para la votación sucesiva, por lo menos, los diez candidatos más votados, no rigiendo a su respecto la eliminación prevista en el inciso precedente.

Artículo 38. (Elección de la totalidad de cargos).- No se admitirá la elección parcial. Resultarán electos como miembros de la INDDHH los candidatos que hubieren recibido el número de votos requerido según la votación que se trate, siempre y cuando se hubieren obtenido las mayorías para cubrir la totalidad de los cargos elegibles.

Si finalizado el proceso de elección, no se hubiesen obtenido las mayorías para cubrir la totalidad de los cargos elegibles aunque algún candidato hubiere obtenido el número de votos requerido, no resultará electo ningún miembro para la INDDHH, debiendo procederse de conformidad a lo previsto en el artículo 44.

Artículo 39. (Proposición de candidatos).- Podrán proponer candidatos a la Asamblea General las organizaciones sociales habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH.

Los candidatos deberán aceptar por escrito su postulación, declarando si tienen o no incompatibilidades para el ejercicio del cargo. Para el caso en que sí tuvieran incompatibilidades, las detallarán y manifestarán su voluntad de hacerlas cesar si resultan electos.

Los candidatos podrán ser propuestos hasta veinte días hábiles antes de la primera sesión de la Asamblea General convocada para la elección.

Artículo 40. (Comisión especial).- Para la elección de los miembros de la INDDHH, la Asamblea General designará una Comisión especial con integrantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria.

La Comisión especial recibirá la postulación de candidatos y eliminará los que no reúnan los requisitos exigidos por el artículo 45. Las resoluciones en la Comisión se adoptarán por mayoría de votos de sus miembros y no serán susceptibles de recurso alguno.

La Comisión especial elaborará la nómina de candidatos habilitados, la que será comunicada a la Presidencia de la Asamblea General, hasta cinco días hábiles antes de la primera sesión de la Asamblea General convocada para la elección.

Artículo 41. (Duración del mandato).- Los miembros de la INDDHH serán elegidos para un período de cinco años y podrán ser reelectos para el inmediato sucesivo.

Si hubiesen sido reelectos de conformidad a lo dispuesto en el inciso precedente, para volver a ser miembro de la INDDHH se requerirá que hayan transcurrido cinco años desde la fecha de su cese.

En ocasión de la renovación de los miembros de la INDDHH, se procurará que algunos sean reelectos a los efectos de garantizar continuidad en la experiencia de gestión de la INDDHH.

Artículo 42. (Oportunidad de la elección).- La elección de los miembros de la INDDHH se llevará a cabo dentro de los primeros cinco meses del tercer período legislativo de cada Legislatura.

Cuando sea necesario llenar una vacante, la elección se llevará a cabo dentro de los cuarenta y cinco días corridos siguientes a la fecha en que se haya producido, salvo que la misma se haya verificado en el período de seis meses previo a la fecha de la elección ordinaria, en cuyo caso se resolverá en ésta.

El miembro que resulte electo para cubrir una vacante, lo será hasta finalizar el período quinquenal que estuviese corriendo. Si el lapso fuese menor a la mitad del período no será impedimento para la posterior elección y reelección sucesiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 41.

Artículo 43. (Posesión de cargos).- Los miembros de la INDDHH asumirán funciones dentro de los cuarenta y cinco días corridos posteriores a su elección. Los que terminan su mandato, continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que asuman los sustitutos.

Artículo 44. (Segunda elección).- Si no hubiesen sido elegidos los nuevos miembros de la INDDHH o cubierto una vacante por no haberse obtenido las mayorías requeridas y sin perjuicio de que los miembros de la INDDHH que terminan su mandato continúen en el ejercicio de sus funciones hasta que asuman los sustitutos, el proceso de elección recomenzará conforme a lo previsto en los artículos 37 a 40, transcurridos cuarenta y cinco días corridos desde la finalización del proceso de elección que le haya precedido.

Artículo 45. (Requisitos para ser miembro de la INDDHH).- Los miembros de la INDDHH deberán reunir los siguientes requisitos:

A) Ser personas de alta autoridad moral.

B) Contar con experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos.

C) Ser ciudadanos uruguayos, naturales o legales. En este último caso deberán tener un mínimo de diez años de ciudadanía.

D) Estar en el pleno goce de los derechos cívicos.

E) No haber desempeñado cargos públicos electivos o de particular confianza política durante dos años anterior a su designación. Exceptúense los cargos electivos de la Universidad de la República.

Artículo 46. (Incompatibilidades).- El cargo de miembro de la INDDHH es incompatible con:

A) El ejercicio de actividades que pudieran afectar su independencia, su imparcialidad o la dignidad o prestigio de la INDDHH.

B) El ejercicio de otra actividad remunerada, pública o privada, salvo la docencia, la investigación académica y actividades de capacitación en materia de INDDHH.

C) El ejercicio de funciones o cargos directivos o de asesoramiento en partidos políticos, sindicatos, comisiones, asociaciones, sociedades civiles o comerciales, fundaciones o similares.

D) La actividad política partidaria y gremial o sindical, con excepción del voto.

Artículo 47. (Cese de incompatibilidades).- Si la persona designada como miembro de la INDDHH estuviera afectada por alguna de las incompatibilidades referidas en el artículo precedente, no podrá tomar posesión del cargo hasta tanto haga cesar la actividad que determina la incompatibilidad.

Si ocupara algún cargo público, quedará comprendido en lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

En caso de que durante la vigencia del mandato del miembro de la INDDHH surgieren incompatibilidades supervinientes, deberá renunciar al cargo o hacer cesar la incompatibilidad en el plazo de diez días hábiles durante el cual se abstendrá de participar en la INDDHH.

Artículo 48. (Decisión sobre incompatibilidades).- En caso de que no se procediera de acuerdo a lo previsto en el inciso final del artículo precedente, la INDDHH con el voto afirmativo de la mayoría absoluta de sus miembros, determinará si existe una situación de incompatibilidad, sin perjuicio de las facultades de destitución de la Asamblea General.

La INDDHH antes de tomar una decisión, oirá al miembro al que se le atribuye la incompatibilidad.

La decisión sobre incompatibilidad, con todos sus antecedentes, será remitida al Presidente de la Asamblea General a los efectos previstos en el artículo 52 literal f.

Artículo 49. (Declaración jurada).- Los miembros de la INDDHH, quien ejerza la dirección de la Unidad Técnica-Administrativa y los funcionarios rentados de carácter no administrativo de la INDDHH, deberán presentar declaraciones juradas de bienes en los términos requeridos por la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

Artículo 50. (Inhibición posterior al cese).- Los miembros de la INDDHH no podrán, hasta transcurridos tres años desde la fecha del cese, ocupar cargos públicos de particular confianza política, ser candidatos a cargos públicos electivos o asesores de personas que hubieran estado involucradas en denuncias ante la INDDHH, como denunciantes o denunciados.

Artículo 51. (Actuación independiente).- Los miembros de la INDDHH no estarán sujetos a mandato imperativo, ni recibirán instrucciones de ninguna autoridad, debiendo desempeñar sus funciones con plena autonomía, de acuerdo a su criterio y bajo su responsabilidad.

Artículo 52. (Cese del cargo).- El cargo de miembro de la INDDHH cesará por:

A) Expiración del plazo de su nombramiento, sin perjuicio de los casos en que se extienda hasta que asuma un nuevo miembro.

B) Fallecimiento.

C) Incapacidad superviniente.

D) Renuncia aceptada.

E) Por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso; durante el procesamiento quedará automáticamente suspendido en sus funciones.

F) Destitución por dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General en sesión especial convocada al efecto, procediendo la misma en los siguientes casos:

(i) Por asumir una conducta que lo hiciere indigno de su investidura.

(ii) Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo.

(iii) Por haber incurrido en falta grave a los deberes inherentes al cargo.

(iv) Por incompatibilidad superviniente en caso de que no hubiera presentado renuncia o dejado sin efecto la misma.

En caso de renuncia la misma deberá presentarse a la INDDHH quien, de aceptarla, la comunicará a la Presidencia de la Asamblea General.

En cualquiera de las hipótesis de cese se procederá a designar un sustituto de conformidad al procedimiento previsto para cubrir vacantes y hasta tanto no se produzca la designación, la INDDHH funcionará con el número de miembros restante.

Artículo 53. (Remuneración).- La remuneración del miembro de la INDDHH será igual a la establecida para los Ministros de Estado.

Artículo 54. (Presidencia de la INDDHH).- La INDDHH designará de entre sus miembros, por mayoría absoluta de votos, al Presidente de la INDDHH quien tendrá las funciones señaladas en esta ley y en el Reglamento de la INDDHH.

Si para la elección resultare necesario efectuar más de una votación, se eliminarán sucesivamente los nombres que reciban menor número de votos.

El Presidente de la INDDHH durará en sus funciones un año y su cargo será de rotación obligatoria entre los miembros de la INDDHH.

Si el Presidente renunciare al cargo o dejare de ser miembro de la INDDHH, ésta elegirá en la primera sesión que celebre con posterioridad a la fecha de la renuncia o vacancia, a un sucesor para desempeñar el cargo, por el tiempo que reste de mandato. Si dicho período fuese inferior a tres meses, podrá ser reelecto para el período ordinario sucesivo.

Artículo 55. (Atribuciones del Presidente).- Son atribuciones del Presidente de la INDDHH:

A) Representar a la INDDHH.

B) Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la INDDHH, de conformidad con la presente ley y el Reglamento de la INDDHH.

C) Dirigir las sesiones de la INDDHH, someter a su consideración las materias que figuren en el orden del día, conceder el uso de la palabra y decidir las cuestiones de orden que se susciten durante las sesiones de la INDDHH.

D) Hacer cumplir las decisiones de la INDDHH.

E) Ejercer cualquiera otras funciones que le sean conferidas por esta ley o por el Reglamento de la INDDHH.

Artículo 56. (Unidad Técnica Administrativa).- Los servicios de secretaría de la INDDHH estarán a cargo de una Unidad Técnica-Administrativa especializada. Esta unidad dispondrá de los recursos y del personal necesario para cumplir las tareas de la INDDHH.

Capítulo VI – Funcionamiento de la INDDHH

Artículo 57. (Sesiones Ordinarias).- La INDDHH se reunirá en sesiones ordinarias las veces que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones, conforme al Reglamento que la propia INDDHH adopte por mayoría absoluta de votos. Las reuniones serán privadas, a menos que la INDDHH determine lo contrario.

Artículo 58. (Quórum para sesionar).- Para constituir quórum para sesionar será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de la INDDHH.

Artículo 59. (Quórum para adoptar resoluciones).- Las resoluciones de la INDDHH se adoptarán por el voto de la mayoría de los miembros presentes, con excepción del supuesto previsto en el artículo 69 inciso tercero o de los casos en que la presente ley exija mayoría absoluta.

Artículo 60. (Actas).- De toda sesión se levantará un acta resumida en la que constará día y hora en que la misma se celebró, los nombres de los miembros presentes, los asuntos tratados, los acuerdos adoptados, los nombres de los que votaron a favor y en contra y cualquier declaración especialmente hecha para que conste en acta.

Artículo 61 (Voto fundado).- Los miembros, estén o no de acuerdo con las decisiones de la mayoría, tendrán derecho a presentar el fundamento de su voto por escrito, el cual deberá incluirse a continuación de la resolución. Si la decisión versare sobre un informe, propuesta o recomendación, se incluirá a continuación de dicho informe, propuesta o recomendación. Cuando la decisión no conste en un documento separado, se transcribirá en el acta de la sesión, a continuación de la decisión de que se trate.

Artículo 62 (Excusación).- Los miembros de la INDDHH no podrán participar en la discusión, investigación, deliberación o decisión de una denuncia sometida a consideración de la INDDHH en el caso en que tuvieran un interés particular en el asunto o que previamente hubieran participado o actuado como asesores o representantes del denunciante o del organismo o institución involucrada en la denuncia o hubieran ocupado un cargo jerárquico en el mismo. Cualquier miembro de la INDDHH podrá solicitar la inhibición de otro miembro. La INDDHH decidirá si es procedente la inhibición.

Artículo 63 (Sesiones Extraordinarias – Asamblea Nacional de Derechos Humanos).- La INDDHH estará facultada, en cualquier momento, para convocar períodos de sesiones extraordinarias y públicas de la INDDHH, en las cuales participarán con voz pero sin derecho a voto, las organizaciones sociales y organismos gubernamentales, en la forma y condiciones que determina la presente ley y el Reglamento de la INDDHH.

Los períodos de sesiones extraordinarias de la INDDHH se denominarán "Asamblea Nacional de Derechos Humanos".

Artículo 64 (Periodicidad de Sesiones Extraordinarias).- La INDDHH, celebrará, por lo menos, un período de sesiones extraordinarias en el año. Sin perjuicio, estará además obligada a convocar a otro período de sesiones extraordinarias en el año, cuando así se lo solicite por escrito, con indicación del temario a tratar, una mayoría superior al 20% (veinte por ciento) del total de las organizaciones sociales habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH.

El derecho de las organizaciones sociales a solicitar la convocatoria de un período sesiones extraordinario de la INDDHH sólo podrá ejercerse una vez por año y transcurrido el primer año de funcionamiento de la INDDHH.

Artículo 65 (Organizaciones sociales).- Estarán habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH:

A) Las organizaciones sociales nacionales que estén afiliadas a una organización internacional con estatuto consultivo ante organismos internacionales del sistema Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos o del MERCOSUR.

B) Las organizaciones sociales nacionales, excluidas los partidos políticos, que reúnan acumulativamente los siguientes requisitos:

(i) reconocida reputación y trayectoria en su esfera particular de competencia, especialmente aquellas cuya finalidad sea la defensa y promoción de los derechos humanos;

(ii) sin finalidad de lucro, no siendo indispensable la personería jurídica;

(iii) no estén comprendidas en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 80 numeral 6 de la Constitución de la República.

C) Sin perjuicio, podrán igualmente participar aquellas organizaciones sociales que sin contar con alguno de los requisitos enunciados en los numerales (i) y (ii) del literal precedente, sean especialmente autorizadas por la INDDHH; su participación se limitará a los términos que disponga la INDDHH.

Las organizaciones sociales que deseen participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH deberán registrarse ante la INDDHH de la forma y con la antelación que establezca el Reglamento de la INDDHH.

La INDDHH podrá denegar en forma fundada y por mayoría absoluta de votos, la participación de una organización social que hubiere solicitado su registro.

Artículo 66 (Organismos gubernamentales y otras entidades).- Todos los organismos y entidades objeto del contralor de la INDDHH sean o no de carácter estatal, estarán habilitados a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH, si conviniera a su interés hacerlo, de conformidad a lo que establezca el Reglamento. No se requerirá autorización de la INDDHH. Estarán facultados para participar, especialmente, representantes de las Comisiones parlamentarias, Comisionados parlamentarios y Defensores del Vecino.

Artículo 67 (Orden del día de Sesiones Extraordinarias).- El orden del día y programa de trabajo de los períodos de sesiones extraordinarios será el establecido por la INDDHH. Para las sesiones extraordinarias convocadas a solicitud de las organizaciones sociales, el programa de trabajo deberá comprender el temario presentado en la solicitud de convocatoria.

Artículo 68 (Período entre sesiones extraordinarias).- Durante el período entre sesiones extraordinarias, la INDDHH preparará:

A) El Programa de Trabajo que será tratado en la próxima sesión extraordinaria, el cual difundirá a la ciudadanía con antelación suficiente a la misma.

B) Los proyectos de informes, relatorías, propuestas, recomendaciones, estudios y otros trabajos que estime pertinentes, pudiendo designar al efecto expertos independientes o Grupos de Trabajo integrados por miembros de la INDDHH que los presidirán, representantes de organizaciones sociales, de organismos o instituciones estatales o de objeto del contralor de la INDDHH, en cuanto correspondan por la temática a la que se refieran.

Artículo 69 (Funcionamiento especial de la INDDHH en recepción e instrucción de denuncias).- La INDDHH designará dos de sus miembros titulares excluido el Presidente, quienes, alternadamente, en régimen de turnos mensuales y de acuerdo a lo que determine el Reglamento de la INDDHH, tendrán a su cargo la recepción e instrucción de las denuncias conforme al procedimiento dispuesto en esta ley.

Sin perjuicio del régimen de turnos que se establece, los miembros de la INDDHH que tendrán a cargo la recepción e instrucción de denuncias, actuarán en forma coordinada o conjunta cuando las circunstancias lo requieran o lo establezca expresamente el Reglamento.

Cuando, de acuerdo a lo previsto en la presente ley, se deban recomendar medidas provisionales de carácter urgente o comparecer ante el Poder Judicial para solicitar medidas cautelares, deducir recursos de amparo o de habeas corpus, y no fuere posible tomar resolución en sesión de la INDDHH, cualquier miembro de la misma que haya participado en la recepción o instrucción de la denuncia, estará facultado para resolver y actuar en nombre de la INDDHH.

Cuando proceda de acuerdo al inciso precedente, el miembro de la INDDHH dará noticia inmediata al Presidente de la INDDHH.

Artículo 70 (Informe Anual).- La INDDHH presentará un Informe Anual a la Asamblea General dentro de los primeros ciento veinte días de cada año. A tales efectos, la INDDHH será recibida y escuchada en sesión especial de la Asamblea General.

Artículo 71 (Contenido del Informe Anual).- El Informe Anual contendrá:

A) Recomendaciones, propuestas, opiniones, estudios, relatorías e informes que la INDDHH entienda pertinente en relación con cualquiera de los temas de su competencia.

B) Memoria de las Asambleas Nacionales de Derechos Humanos celebradas en el año, sus resoluciones, recomendaciones, propuestas y conclusiones en relación con estudios, informes y relatorías.

C) Detalle circunstanciado de las resoluciones adoptadas por la INDDHH en todos los ámbitos de su competencia durante el año al que refiera el informe, de las actividades realizadas durante el período y las planificadas para el año siguiente.

D) Detalle y análisis estadístico de las denuncias recibidas durante el año al que refiera el informe y sus características, incluyendo las denuncias que fueron rechazadas y sus causas, las que fueron objeto de investigación y su resultado, y las que se encuentren en trámite y su estado. No se incluirán datos personales de los denunciantes.

E) Detalle circunstanciado de los casos en que existió negativa a presentar informes a la INDDHH (artículo 23); omisión en adoptar medidas de urgencia solicitadas por la INDDHH (artículo 24); no se hayan aceptado propuestas de la INDDHH o se constate incumplimiento, total o parcial, de obligaciones asumidas por las autoridades (artículo 28); o se hubiese negado acceso a documentación invocando el carácter secreto o reservado (artículo 74 inciso 3).

F) Detalle circunstanciado de las recomendaciones y propuestas de la INDDHH que hayan sido cumplidas.

G) Cualquier otro tema relacionado con aspectos de funcionamiento interno de la INDDHH, de relacionamiento institucional o de modificaciones legales a su régimen vigente.

Artículo 72 (Informes Especiales).- Sin perjuicio del Informe Anual, la INDDHH podrá presentar a la Asamblea General, en cualquier momento, los informes especiales que entienda pertinente.

Artículo 73 (Publicidad).- El Informe Anual será publicado de forma tal que se asegure su más amplia difusión nacional. Sin perjuicio, la INDDHH podrá ordenar, además, la publicación y amplia difusión de informes especiales, comunicados, propuestas, recomendaciones, opiniones, relatorías o cualquier otro tema relativo a su actividad o competencia, salvo en los casos en que la presente ley disponga lo contrario.

Artículo 74 (Obligación de colaborar con la INDDHH).- Todos los funcionarios de organismos objeto de la competencia de la INDDHH, tienen la obligación de colaborar con la INDDHH.

A los efectos previstos en el inciso anterior, todos los organismos e instituciones públicas harán conocer entre sus funcionarios la presente obligación y harán efectiva la responsabilidad disciplinaria para el caso de incumplimiento. Asimismo deberá comunicarse idéntica obligación a las empresas de servicios públicos tercerizados o concesionarios en el acto mismo del contrato a celebrarse, debiendo constar a texto expreso en los documentos que se suscriban.

Los organismos públicos sólo podrán negarse a la exhibición de aquellos documentos que hubiesen sido calificados como secretos, reservados o confidenciales, mediante resolución expresa y fundada del jerarca máximo del organismo.

La INDDHH pondrá este hecho en conocimiento inmediato de la Asamblea General a través de su Presidente e incluirá la relación de la situación planteada en su Informe Anual o en informe especial producido a esos efectos.

Artículo 75 (Funcionamiento permanente).- La actividad de la INDDHH no se verá interrumpida por el receso de las Cámaras, ni por su disolución de acuerdo al mecanismo previsto en la Sección VIII de la Constitución de la República. En tales casos la relación de la INDDHH con el Poder Legislativo se realizará a través de la Comisión Permanente. Tampoco interrumpirá su actividad en los casos de suspensión de la seguridad individual (artículo 31 de la Constitución de la República) o de adopción de medidas prontas de seguridad (artículo 168 numeral 17 de la Constitución de la República).

Capítulo VII - Presupuesto

Artículo 76 (Principio General).- El presupuesto de la INDDHH deberá ser el adecuado para garantizar su funcionamiento autónomo y deberá asegurar la infraestructura y dotación de personal necesaria para el buen desempeño de la INDDHH en todos los ámbitos de su competencia.

Artículo 77 (Presupuesto - Procedimiento).- La INDDHH elaborará su proyecto de presupuesto el que será puesto a consideración de la Cámara de Diputados dentro de los primeros noventa días de haber asumido la nueva dirección de la INDDHH.

La Cámara de Diputados no podrá modificar el proyecto de presupuesto, salvo en disminuir su monto con el voto conforme de dos tercios de sus integrantes.

Si transcurridos treinta días corridos desde que el día en que el proyecto de presupuesto fue puesto a consideración de la Cámara de Diputados sin que ésta hubiese alcanzado la mayoría de votos para su disminución, se considerará fictamente aprobado el proyecto de presupuesto propuesto por la INDDHH, el cual deberá ser incluido y aprobado en la consideración del presupuesto quinquenal de dicha Cámara o de sus modificaciones, según la instancia más próxima, considerando lo dispuesto en el artículo 108 incisos 1 y 2 de la Constitución de la República.

Artículo 78 (Rendición de Cuentas).- La INDDHH rendirá cuentas anuales a la Cámara de Diputados.

Las partidas presupuestadas anualmente no gastadas en el año, se acumularán y quedarán disponibles para el año siguiente.

En ocasión de la rendición de cuentas anual, la INDDHH podrá solicitar ampliación presupuestal para lo cual se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 77.

Artículo 79 (Otros Recursos).- La INDDHH podrá obtener recursos provenientes de convenios de asistencia y cooperación de organizaciones internacionales u extranjeras en tanto correspondan al ámbito de sus competencias, dando cuenta inmediata a la Asamblea General, al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

La INDDHH podrá recibir donaciones, herencias o legados, dando cuenta inmediata a la Asamblea General, quien dispondrá lo pertinente para que el producido de dichos bienes sea en beneficio de la INDDHH.

Capítulo VIII - Disposiciones Transitorias y Especiales

Artículo 80.- Para la primera elección de miembros de la INDDHH, las organizaciones sociales que podrán proponer candidatos serán las que, a juicio de la Comisión Especial prevista en el artículo 40, reúnan los requisitos establecidos en el artículo 65 literales a) y b).

Artículo 81.- Los miembros de la primera INDDHH deberán ser electos antes de los ciento veinte días siguientes a la promulgación de esta ley. El mandato de los miembros de la primera INDDHH será hasta el tercer período legislativo del período de gobierno siguiente.

Artículo 82.- Serán de cargo de rentas generales los recursos necesarios para la instalación de la INDDHH hasta tanto resulte aprobado y disponible su presupuesto. El Poder Ejecutivo afectará, como sede de la INDDHH, un inmueble emblemático y simbólico para la naturaleza de la función que desarrollará.

Artículo 83.- Dentro de los treinta días corridos desde de la aprobación de la presente ley, la Asamblea General llamará a concurso de oposición y méritos entre funcionarios públicos, preferentemente especializados en derechos humanos, para cubrir hasta veinte cargos administrativos y tres cargos técnicos que se integrarán a la unidad administrativa prevista en el artículo 56 de la presente ley.

Sin perjuicio y además, la INDDHH dispondrá de la facultad de solicitar en comisión hasta diez funcionarios públicos de cualquier dependencia o poder del Estado, todo de acuerdo a lo que establece el artículo 67 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, no rigiendo la prohibición establecida en el artículo 507 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 84.- La INDDHH celebrará, durante su primer año de funcionamiento, por lo menos dos períodos de sesiones extraordinarias.

Artículo 85.- Cualquier reglamentación de la presente ley requerirá de la opinión favorable de la INDDHH.

Montevideo, 14 de diciembre de 2006.

JULIO CARDOZO FERREIRA, Representante por Tacuarembó, BEATRIZ ARGIMÓN, Representante por Montevideo, IVÁN POSADA, Representante por Montevideo, DANIELA PAYSSÉ, Representante por Montevideo, GUSTAVO BERNINI, Representante por Montevideo, GUSTAVO A. ESPINOSA, Representante por Canelones, UBERFIL HERNÁNDEZ, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución histórica del Derecho Internacional, fundamentalmente a partir de la segunda guerra mundial, consolidó, como derechos humanos, las condiciones necesarias e indispensables para la plena realización de la persona y el desarrollo integral de las sociedades y los pueblos.

El sistema de los derechos humanos, como una indivisible e interdependiente unidad dinámica y en evolución, ha adquirido, entre otras, una dimensión jurídica-normativa que necesariamente obliga a los Estados y a la comunidad internacional, a realizar y mantener esfuerzos continuos y permanentes para su efectiva vigencia. Los Estados, en cuanto responsables de garantizar que las personas bajo su jurisdicción gocen plenamente de los derechos humanos, son los principales obligados por su mandato jurídico, el cual exige una real y adecuada implementación.

La evolución histórica, normativa e institucional del Uruguay, incorporó -desde la primera hora- los derechos humanos como principios esenciales de su ordenamiento jurídico, en consonancia con la evolución del derecho internacional. Sin embargo, en las últimas décadas, fundamentalmente a raíz del quiebre institucional en 1973 y de la dictadura, se evidenció un estancamiento -que no ha sido aun definitivamente superado- en el proceso de incorporación de los avances del derecho internacional de los derechos humanos.

Actualmente, los actores políticos y sociales han adquirido un avanzado grado de consenso sobre la necesidad de reafirmar y profundizar el ideal de los derechos humanos como principio rector de la convivencia social y de la actuación pública. Este convencimiento en que la cultura de los derechos humanos debe ser un ideal común de la sociedad, genera la necesidad de introducir reformas en el modelo institucional del Estado para garantizar su efectiva realización.

En tal sentido, recogiendo la experiencia internacional, la creación de una Institución Nacional de Derechos Humanos -en adelante INDDHH-, concebida como un órgano independiente del gobierno, con autonomía jurídica, operacional y financiera, cuya función se defina concretamente para la protección y promoción de los derechos humanos, significaría un instrumento adicional a los mecanismos ya existentes, coadyuvante para otorgar mayores garantías a las personas en el goce de sus derechos humanos y para que las leyes, prácticas administrativas y políticas públicas, se desarrollen en consonancia con los mismos. Los Principios Relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales (Principios de París), adoptados por la Resolución 48/134 de la Asamblea General de las NNUU de 20 de diciembre de 1993, constituyen una guía indicativa en cuanto estándar internacional comprobado.

En América del Sur, solamente Brasil, Chile y Uruguay no disponen de una INDDHH. Se tendrá especialmente presente que la posibilidad de establecer una INDDHH en el Uruguay fue recomendada por el Comité sobre los Derechos del Niño en 1996, cuando sugirió que se den los pasos necesarios para asegurar una coordinación institucional para la protección y promoción de los derechos humanos de los niños y que el Gobierno considerara el establecimiento de un órgano consultivo independiente competente en materia de derechos del niño.

No debe escapar al análisis que desde 1985 se han sucedido, desde diversos sectores políticos, propuestas para establecer la figura del "Defensor del Pueblo" como un organismo de competencia nacional para la protección del ciudadano frente a la estructura estatal, orientado, básicamente, a controlar los abusos de la burocracia en la relación "administración pública-administrado". Si bien ninguno de dichos proyectos resultó aprobado, sí se han sancionado normativas que incorporan órganos de alcance sectorial restringidos a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad y al contralor de la gestión municipal -Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Ley Nº 17.684; Defensor del Vecino en Montevideo, Maldonado y Rocha-.

Es de hacer notar que desde una perspectiva histórica comparativa, las instituciones de "Ombudsman" y de "Defensor del Pueblo", surgen asociadas a la idea principal de vigilar la legalidad y equidad del quehacer del Estado, protegiendo los derechos de los particulares que se consideran víctimas de actos injustos por parte de la administración pública. Posteriormente, acompasando el desarrollo y evolución del derecho internacional de los derechos humanos, la necesidad de su implementación en los órdenes jurídicos internos y la conciencia de los actores sociales en exigir la responsabilidad del Estado, dichas instituciones han asumido, con frecuencia cada vez mayor, competencias en la esfera de promoción y protección de los derechos humanos.

En consonancia con dicha tendencia, el estadio actual del debate en Uruguay constata la necesidad de dar un salto cualitativo respecto del nivel de las propuestas históricas en relación con las competencias de un "Defensor del Pueblo", superando las tradicionales funciones de defensa de los derechos de los administrados, por un especial énfasis en la promoción y protección de todos los derechos humanos y, especialmente, en el seguimiento de las obligaciones que los derechos humanos imponen al Estado.

El convencimiento absoluto en la matriz conceptual de los derechos humanos, determina, en definitiva, la necesidad de concebir una INDDHH como una institución del Poder Legislativo, autónoma, independiente y separada del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, con atribuciones y funciones adecuadas para la protección de los derechos humanos en toda su extensión, de alcance nacional, con funcionamiento permanente y sin limitaciones temáticas o sectoriales, dentro del marco constitucional.

Al mantener su distancia real del gobierno, puede aportar una contribución excepcional a los esfuerzos del país por proteger las libertades fundamentales de sus habitantes y por crear una cultura integral de respeto, promoción y plena vigencia de los derechos humanos, en su concepción de un todo interdependiente e indivisible -derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales-. Teniendo como cometidos fundamentales observar y controlar la realización efectiva de los derechos humanos en el plano nacional mediante el examen sistémico de la política de derechos humanos de todo el quehacer estatal y, además, intervenir en denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, implica una expansión de las salvaguardas existentes.

La INDDHH no sustituye ni desplaza las competencias originales de los diversos poderes del Estado. En ningún caso la INDDHH ejercería función jurisdiccional ni tendría facultades para revocar actos administrativos; no desempeñaría funciones ejecutivas, ni legislativas. Sus cometidos se acotarían a sugerir medios correctivos, efectuar recomendaciones no vinculantes e intervenir en denuncias por violaciones a los derechos humanos, sin interferir con las funciones jurisdiccionales, ejecutivas o legislativas que a los respectivos poderes correspondan.

En relación con la intervención en las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, es muy importante insistir en que no se trata de sustituir al Poder Judicial, ni de afectar la autonomía de su función jurisdiccional. El Poder Judicial, en una sociedad democrática, es una estructura básica para la protección de los derechos humanos y no puede ser reemplazado por la INDDHH. La institucionalización de un órgano independiente al Poder Judicial con facultades para recibir denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, no implica ignorar la competencia natural del Poder Judicial. La INDDHH satisface necesidades que el Poder Judicial no puede. En tal sentido, la experiencia internacional comparada resalta que una INDDHH posibilita un mecanismo mediador, disuasivo y conciliador de comprobada eficacia por sus respuestas ágiles, informales, rápidas y sin costo.

En el entendido que nuestra sociedad se encuentra en condiciones de madurez para incorporar una INDDHH con las características propuestas, no existen obstáculos jurídicos para su creación, la cual puede establecerse por ley o mediante reforma constitucional.

Tengamos presente que desde 1934, nuestra Constitución estableció órganos constitucionalmente independientes de los tres poderes esenciales del Estado, con funciones claramente definidas, optimizando las garantías ciudadanas y los mecanismos de contralor del sistema democrático -Corte Electoral, Tribunal de Cuentas y Tribunal de lo Contencioso Administrativo-. Por lo tanto, nada obstaría a que la INDDHH tuviera una jerarquía similar.

Si bien el rango constitucional potenciaría la independencia de la INDDHH, garantizaría su existencia a largo plazo, jerarquizaría los derechos humanos, permitiría una mejor adecuación de sus funciones en relación con las competencias constituciones de otros poderes u organismos autónomos y le otorgaría mayor legitimidad popular, es notorio y evidente que dicha opción resulta inconveniente desde el momento que dilatará el proceso de creación.

Consecuentemente, siendo posible establecer la INDDHH mediante ley, resulta preferible esta vía; no obstante, no debe excluirse para el futuro y en cuanto resulte oportuno, su consolidación normativa a nivel constitucional, en el entendido que para lograr un cambio significativo se requiere, muchas veces, de pasos sucesivos.

Por lo expuesto, se somete a vuestra consideración el presente proyecto de ley para la creación de una Institución Nacional de Derechos Humanos la que tendrá por cometido, la defensa, promoción y protección en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional.

El proyecto consta de ochenta y cinco artículos divididos en siete capítulos. El capítulo I refiere a la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos como una institución del Poder Legislativo con funcionamiento autónomo, no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad. El capítulo II establece sus competencias. El capítulo III refiere al procedimiento de denuncias. El capítulo IV enumera las facultades de la Institución. El capítulo V da cuenta de su estructura y del mecanismo de elección de sus miembros. El capítulo VI regula el funcionamiento de la INDDHH, previendo sesiones extraordinarias en "Asamblea Nacional de Derechos Humanos" con amplia participación de la sociedad civil. El capítulo VII regula el presupuesto y recursos de la institución. Finalmente, el capítulo VIII prevé disposiciones transitorias y especiales relacionadas, fundamentalmente, con la instalación de la primera INDDHH.

Creemos que la pronta aprobación del presente proyecto de ley será un paso trascendente en la construcción de una cultura integral de los derechos humanos en el Uruguay.

Montevideo, 14 de diciembre de 2006.

JULIO CARDOZO FERREIRA, Representante por Tacuarembó, BEATRIZ ARGIMÓN, Representante por Montevideo, IVÁN POSADA, Representante por Montevideo, DANIELA PAYSSÉ, Representante por Montevideo, GUSTAVO BERNINI, Representante por Montevideo, GUSTAVO A. ESPINOSA, Representante por Canelones, UBERFIL HERNÁNDEZ, Representante por Montevideo".

11.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Alberto Perdomo, por enfermedad, literal A) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 14 de diciembre de 2006, convocándose al suplente siguiente, señor Raúl Casás

Del señor Representante Hermes Toledo, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 20 de diciembre de 2006, convocándose al suplente siguiente, señor Víctor Barragán.

Del señor Representante Daniel García Pintos, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 15 de diciembre de 2006, convocándose a la suplente siguiente, señora Roxana Tejera".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 14 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a usted a los efectos de hacer uso de licencia por el día de la fecha, por motivos de enfermedad. A esos efectos adjunto certificado médico.

Al saludarlo muy atentamente le ruego se sirva convocar a mi suplente respectivo.

ALBERTO PERDOMO
Representante por Canelones".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad del señor Representante por el departamento de Canelones, Alberto Perdomo.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 14 de diciembre de 2006, y adjunta certificado médico.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el literal A) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por enfermedad, por el día 14 de diciembre de 2006, al señor Representante por el departamento de Canelones, Alberto Perdomo.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día 14 de diciembre de 2006, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 20004, del Lema Partido Nacional, señor Raúl Casás.

Sala de la Comisión, 14 de diciembre de 2006.

NORA GAUTHIER, PABLO NAYA".

 

"Montevideo, 14 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo

Presente.
De mi mayor consideración:

Solicito a usted licencia por motivos particulares el día 20 de diciembre del 2006 (un día).

Pido sea convocado mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente,

HERMES TOLEDO
Representante por Treinta y Tres".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Treinta y Tres, Hermes Toledo.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 20 de diciembre de 2006.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 20 de diciembre de 2006, al señor Representante por el departamento de Treinta y Tres, Hermes Toledo.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 20 diciembre de 2006, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 4090 del Lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Víctor Barragán.

Sala de la Comisión, 14 de diciembre de 2006.

NORA GAUTHIER, RAÚL CASÁS, PABLO NAYA".

 

"Montevideo, 14 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de solicitar licencia al Cuerpo, por razones de índole personal, por el día de mañana, viernes 15/12/2006 .

Saluda a usted muy atentamente,

DANIEL GARCÍA PINTOS
Representante por Montevideo".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Daniel García Pintos.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el días 15 de diciembre de 2006.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 15 de diciembre de 2006, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Daniel García Pintos.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el día 15 de diciembre de 2006, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 15 del Lema Partido Colorado, señora Roxana Tejera.

Sala de la Comisión, 14 de diciembre de 2006.

NORA GAUTHIER, RAÚL CASÁS, PABLO NAYA".

12.-     Derechos de los trabajadores. (Se establecen normas para su protección ante los procesos de descentralización empresarial).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor Diputado Cabrera.

SEÑOR CABRERA.- Señor Presidente: quiero empezar este informe haciendo referencia a algo que ya fue dicho por el miembro informante en mayoría. Me refiero al proceso que se vivió en la Comisión, que empezó con un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y que termina hoy con dos proyectos, uno en mayoría y otro en minoría, recogiendo aspectos de los tres. Esto llevaría a presuponer que ha sido un proceso de desencuentro y, sin embargo, ojalá se diera así en muchos otros proyectos que se tratan en este plenario, ya que se produjo una discusión madura, sólida, con asesoramiento externo y con intercambio de opiniones.

En las oportunidades en que he ingresado como suplente a este Cuerpo me ha tocado participar de discusiones relativas a que no nos escuchamos entre nosotros, y en este caso debo decir que no fue así, más allá de que no estuvimos de acuerdo al final. Me parece que vale destacar esto y que en muchos casos debería ser modelo para otros procesos legislativos.

Dejando hecha esta salvedad, quiero hacer referencia a que tanto la bancada de Gobierno como la oposición comparten el objetivo de proteger el trabajo. Tal vez eso permitió que la discusión haya tenido madurez.

Quedó claro a lo largo de todo el proceso -y está claro hoy, porque lo digo expresamente- que el Partido Nacional comparte la necesidad de legislar para regular el fenómeno de la subcontratación y la intermediación en el ámbito laboral, estableciendo un marco jurídico que proteja el trabajo y que impida las prácticas fraudulentas de tercerización, que solo buscan abatir costos laborales a expensas de los derechos de los trabajadores, creando una fricción en el relacionamiento entre las empresas que no se compadece con la realidad subyacente. No obstante esto, creemos que con el proyecto que propone la mayoría no se logra el objetivo, o que se consigue a expensas de otros valores que también es necesario preservar para que el mercado de trabajo funcione de la mejor manera posible. Me refiero al relacionamiento válido entre las empresas independientes y las auténticas.

A nuestro juicio, el principal defecto que tiene el proyecto de la bancada de Gobierno -vamos a desarrollarlo a lo largo de nuestra exposición- es que iguala situaciones distintas y establece una única solución, cuando, en realidad, debería haber soluciones distintas para situaciones jurídicas y de hecho también diferentes.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Martínez Huelmo)

——No es un tema fácil el de la subcontratación y la intermediación en el trabajo ajeno. Es más: técnicamente ni siquiera es el mismo tema; una cosa es la subcontratación y otra la intermediación en el trabajo ajeno. Tal vez hubiese sido bueno contar con dos proyectos distintos, porque creo que conceptualmente una de las formas, la de la intermediación en el trabajo ajeno, merece un tratamiento mucho más duro que el de la subcontratación, ya que tiene en juego valores distintos.

El tema tiene una complejidad llamativa; la tiene a nivel teórico y, sobre todo, en la vida real, en el mundo del trabajo, en el funcionamiento de las empresas, donde la casuística respecto a las situaciones de subcontratación o tercerización siempre tienen límites mucho más difusos y complejos que los que el legislador puede plasmar en el texto de la ley. No en vano no existe un convenio específico sobre subcontrataciones, pese a que desde el año 1986 la Organización Internacional del Trabajo intenta conciliar y crear un texto único sobre este tema. Posiblemente, luego de que se apruebe el proyecto de ley que lleva adelante la bancada de Gobierno veremos todas las discusiones que se van a dar por parte de los Jueces a la hora de su aplicación concreta -tal vez no, pero tengo el convencimiento de que sí- y tal vez en el futuro estemos buscando modificaciones al texto que hoy se presenta.

¿Cuáles son los casos que tenemos en el mundo del trabajo, de subcontratación o de tercerización? Básicamente, son tres. En cierta forma, ya se ha referido a ellos el señor miembro informante en mayoría.

El primer caso es aquel en el que la subcontratación o la tercerización de la mano de obra solo es un fraude. Ese es el caso que todos tenemos en la cabeza al momento de legislar. Como decía el señor miembro informante en mayoría, esta es la patología del funcionamiento del instituto de la subcontratación. Hay una intermediación, una interposición de una empresa con la única finalidad de generar una apariencia -fraudulenta- de existencia de una empresa independiente que en los hechos no existe, y de esta forma perjudicar al trabajador mediante un abatimiento de los costos laborales sobre la base de medrar con los ingresos a los cuales legítimamente tiene derecho.

Me detengo en esta forma. Esta es la que ha tenido presente la bancada de Gobierno para legislar sobre todas las demás y, en todo caso, esa es la principal diferencia que me hace aconsejar no votar el proyecto. Esta es una forma, pero es la patológica. Existen dos formas más, válidas o patológicas según como se desarrollen.

La siguiente forma es la hipótesis de interpretación laboral fundamentada en fines empresariales lícitos. El proceso de la tercerización refiere a los procesos de especialización productiva, de desarrollo de áreas de trabajo que comienzan en desarrollos internos de las empresas para luego exceder sus marcos y llevar a procesos productivos que incorporan más de una empresa sobre la base de mayor productividad por mayor especialización. Hay mil formas de tercerización y no tiene sentido hacer mayor hincapié en ellas, porque todos las conocemos en la vida diaria. Cada vez más la gente y las empresas dejan de hacer lo que no saben hacer o no lo hacen bien y contratan empresas reales que se dedican a hacer bien lo que otras empresas no pueden hacer. Esta, que es una relación entre dos empresas auténticas, es de tipo civil; es un contrato civil entre dos empresas: una que requiere de un servicio y otra que ofrece ese servicio a cambio de un precio.

La tercera forma es cuando lo que se terceriza son las operaciones de una empresa. Se busca una empresa para que realice sus propias operaciones en determinadas áreas.

Las dos últimas formas, con relación a la primera, tienen la diferencia esencial en la causa. En una la causa es ilícita o al menos fraudulenta y en las otras dos la causa es lícita y responde a un fin empresarial válido.

Creo que este proyecto, en la medida en que iguala todas las situaciones, beneficia a las malas empresas y perjudica a las que actúan correctamente.

El proyecto que hoy llega, a cargo de la mayoría, tiene una variación sustancial -entre otras- con el remitido por el Poder Ejecutivo. El proyecto inicial permitía que quien subcontrataba se exonerara de la responsabilidad solidaria mediante la exigencia de determinada documentación, con lo cual ponía una carga y un comportamiento debido a quien subcontrataba de exigir la responsabilidad de la empresa subcontratada. Eso desapareció en el proceso de discusión, y hoy la responsabilidad solidaria opera "erga omnes", con efectos generales y para todos los casos, con lo cual, que un subcontrato sea bueno o malo no tiene ninguna importancia para quien sale a buscar el proveedor. En ambos casos, con el bueno o con el malo, va a responder solidariamente. Creo que eso va a impactar negativamente en el funcionamiento. No puedo establecer de qué forma ni cómo, pero creo que necesariamente se tenderá a reducir los subcontratos en los procesos productivos porque genera una responsabilidad solidaria que no siempre va a poder ser controlada.

A efectos de establecer el ámbito de aplicación de este proyecto, la generalidad cuestionable de la iniciativa que presenta el Poder Ejecutivo tiene dos ámbitos. El primero es el que acabo de explicar: que no se tiene ninguna posibilidad de exonerar de responsabilidad, aun cuando la empresa haya tenido la mayor diligencia.

El segundo es el contenido de la responsabilidad solidaria. En el proyecto del Gobierno la referencia textual es que se es responsable de las obligaciones laborales. Este término -entre otras cosas, pero puntualmente en lo que refiere a obligaciones laborales- se define en alguna doctrina como un concepto jurídico indeterminado. ¿Cuál es el concepto de obligaciones laborales? Es un concepto con límites imprecisos, con algunos elementos que están integrados, como el pago de salarios, de rubros indemnizatorios, pero que comprende necesariamente otras obligaciones, que no tienen por qué ser económicas, que no refieren a rubros indemnizatorios ni salariales y, sin embargo, se está estableciendo una responsabilidad solidaria respecto a ellos, como, por ejemplo, en el caso de las obligaciones de tipo documental, que creemos que va a generar problemas prácticos. No es sustancial, no es importante en sí mismo; va a ser importante en la puesta en marcha de esta legislación porque va a generar inconvenientes de tipo práctico para las empresas.

Es importante recalcar que este es un proyecto que se aplica en el sector público y en el privado. ¡Está muy bien! Parece razonable que cuando el Estado actúa como empleador tenga las mismas obligaciones y responsabilidades que el empleador privado. No obstante ello, la generalidad y amplitud de la solución posiblemente acarree responsabilidades pecuniarias muy importantes para el Estado, que muchas veces va a terminar pagando sueldos, salarios, despidos de empresas contratadas que van a desaparecer porque van a ser empresas fantasmas. No siempre son los particulares los que contratan empresas que no son serias. Muchas veces, el propio Estado -lo hemos podido observar más de una vez- no toma las previsiones necesarias cuando realiza los procesos licitatorios y se encuentra con subcontratos de muy mala calidad, y ahora deberá responder por ellos. Insisto en que está bien que lo haga, pero esto puede generar al Estado un problema económico de envergadura.

¿Qué hizo el Partido Nacional en esta discusión?

Hemos propuesto un proyecto alternativo que, a nuestro juicio, corrige los defectos que acabo de mencionar del proyecto del Poder Ejecutivo y de la bancada de Gobierno y, a su vez, permite seguir protegiendo al trabajador de las tercerizaciones fraudulentas.

¿En qué basamos el proyecto? En las soluciones más aceptadas a nivel de derecho comparado respecto a las subcontrataciones.

Cuando el profesor Castello, perteneciente a la cátedra de Derecho Laboral, visitó la Comisión, se le preguntó cómo se trata la subcontratación en el mundo según la legislación comparada. Decía que la tendencia general es que no tiene repercusiones en el ámbito de la responsabilidad laboral, siempre que estemos hablando de empresas que son legítimas y auténticas, salvo algunas excepciones. Legislaciones como la de Argentina, Austria, Croacia, España, Panamá, Venezuela, Brasil y Australia establecen responsabilidades solidarias o subsidiarias con excepciones.

Nosotros recogimos ese modelo, que nos parece atinado, y propusimos: "Todo patrono o empresario, público o privado, que utilice subcontratistas para la realización de tareas atinentes a su giro principal será responsable solidario de las obligaciones salariales e indemnizatorias de estos hacia los trabajadores contratados que se devenguen durante el período de la subcontratación". Estamos manteniendo la responsabilidad solidaria, pero acotando el ámbito de la responsabilidad solidaria a cuando las tareas sean referentes al giro principal de la empresa, esto es, cuando el trabajador y la subcontratista están haciendo el trabajo de la empresa, lo que determina que esa empresa tenga razón de ser y sea su giro principal. Nos parece que es un caso en el que necesariamente debe existir la responsabilidad solidaria, porque en los hechos está haciendo el trabajo por el cual la empresa existe.

Y agregamos un segundo inciso, en el que establecemos la responsabilidad también solidaria aun cuando no sean tareas principales y sean tareas periféricas, cuando el régimen se brinde en términos de exclusividad. Aun sabiendo que en algunos casos puede resultar injusto, de esta forma se da mayores garantías a la creación de una empresa de un mismo grupo económico con una forma jurídica distinta.

Tenemos así que para el caso de subcontratos, distinguimos subcontratación auténtica de subcontratación fraudulenta. A la auténtica, le damos dos variantes: el subcontrato que refiere al giro principal o el que se presta en régimen de exclusividad.

Respecto a la tercerización fraudulenta, establecemos una presunción en el texto legal que permita que la sentencia de condena al empresario principal tenga una base legal: "Se presume la existencia de tercerización fraudulenta cuando la empresa subcontratada no se encuentre registrada en el BPS y la DGI, o cuando encontrándose registrada no se encuentre al día en el pago de sus obligaciones".

Nos parece que en el juego de ambos artículos tenemos una disposición negativa hacia la utilización fraudulenta del instituto, generando una presunción de tipo legal que deberá ser rebatida en juicio con pruebas suficientes como para dar vuelta esta presunción y, al mismo tiempo, acotamos la responsabilidad solidaria a los casos en que, por las particularidades del trabajo, así conviene. Pero permitimos que haya relaciones civiles entre empresas que se complementen y que no necesariamente una tenga que responder por la otra por los salarios impagos de los trabajadores de la subcontratista.

Además, en nuestra propuesta hacemos otra cosa que no aparece en el proyecto del Poder Ejecutivo, que es derogar el artículo 3º de la Ley Nº 10.449. Hoy, tal como está redactado el texto que viene informado por la mayoría, van a coexistir dos regímenes de responsabilidad: uno de responsabilidad solidaria -el que se crea por esta norma para cualquier tipo de obligación y, además, para obligaciones tributarias-, y el otro, el que preveía históricamente el artículo 3º de la Ley Nº 10.449, subsidiario para los casos de salarios.

Nos parece que esto provocará confusión y generará dificultades en la aplicación a nivel judicial, porque, razonablemente, el intérprete se puede preguntar por qué el legislador dejó vigente un régimen preexistente y creó otro contradictorio, sin derogar aquel. Entonces, buscará un ámbito de aplicación para estas posibilidades; creo que así va a suceder, aunque me puedo equivocar. En nuestro modelo, directamente derogamos el artículo 3º de la Ley Nº 10.449, de forma de establecer un único régimen.

Tampoco compartimos el artículo 7º, que establece: "Las contribuciones especiales de seguridad social relativas a la industria de la construcción continuarán rigiéndose por la normativa específica de la actividad". Nos parece que es un texto confuso y no queda claro si refiere a la forma de aportación prevista por la Ley Nº 14.411 o si está haciendo mención a que no habrá responsabilidad solidaria por contribuciones de seguridad social cuando se trate de la industria de la construcción. Nos parece que es otra norma que va a dar lugar a interpretaciones contradictorias y que va a generar problemas en su aplicación práctica.

En nuestro proyecto tenemos concordancia con varios de los artículos propuestos por la bancada de Gobierno, básicamente los que refieren a niveles salariales y al plazo para devengar las obligaciones que quedan comprendidas en la solidaridad.

No compartimos que la ley sea de orden público. Nos parece que las leyes de orden público son de otra época y no necesariamente se vuelven más eficaces o son más leyes porque establezcamos a texto expreso que son de orden público. Generalmente, las leyes tienen un elemento psicológico, de convencimiento de que deben ser respetadas y cumplidas, y las que implican un gran convencimiento ideológico son las que efectivamente son muy respetadas o muy cumplidas, más allá de que las titulemos de orden público.

En definitiva, vamos a aconsejar votar en contra de este proyecto de ley por los motivos que hemos expuesto y por algunos otros que iremos desarrollando cuando ingresemos al análisis de los artículos concretos.

En resumen, nos parece que es un mal proyecto, inspirado en buenas razones.

Creo que el origen, la ratio de esta norma es compartible -y la compartimos-, pero la estructuración definitiva, la vigencia y la regulación que dará a las relaciones laborales, y más que a estas, a las relaciones empresariales -porque este proyecto otorga valor a los contratos civiles entre empresas con relación a un tercero-, va a afectar el funcionamiento del mercado de trabajo y, a mediano plazo, tendrá un efecto contrario al que se busca con la aprobación de la norma. Sin embargo, el objetivo podría haber sido alcanzado si se hubiera tomado en consideración el proyecto propuesto por el Partido Nacional.

Muchas gracias, señor Presidente.

13.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Gustavo Espinosa, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por los días 14 y 15 de diciembre de 2006, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Ana De Armas".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en cuarenta y siete: AFIRMATIVA.

En consecuencia, queda convocada la correspondiente suplente y se le invita a ingresar a Sala.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 14 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo

Presente.
De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por los días 14 y 15 de diciembre.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

GUSTAVO ESPINOSA
Representante por Canelones".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Gustavo Espinosa.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los días 14 y 15 de diciembre de 2006.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por los días 14 y 15 de diciembre de 2006, al señor Representante por el departamento de Canelones, Gustavo Espinosa.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por los días 14 y 15 de diciembre de 2006, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2005 del Lema Partido Colorado, señora Ana De Armas.

Sala de la Comisión, 14 de diciembre de 2006.

NORA GAUTHIER, RAÚL CASÁS, PABLO NAYA".

14.-     Derechos de los trabajadores. (Se establecen normas para su protección ante los procesos de descentralización empresarial).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado Barreiro.

SEÑOR BARREIRO.- Señor Presidente: vamos a ser muy breves.

Tal como se desprende de nuestra firma al pie del informe en mayoría de la Comisión, vamos a acompañar este proyecto y aconsejamos su votación. Creemos que es una buena solución en el marco legal que se da a este tipo de relaciones laborales, en el que existe una subcontratación, una intermediación o un suministro de mano de obra. Mantiene y seguramente mejora, o por lo menos hace más eficiente, el espíritu de la Ley Nº 10.449, del año 1943.

Nuestra intervención se va a limitar simplemente a señalar una pequeña salvedad en cuanto a la redacción del artículo 1º, que no invalida nuestra posición a favor y que coincide en este caso con el informe en minoría que ha realizado el legislador que me precedió en el uso de la palabra. Se trata del objeto de la responsabilidad. Nos hubiera gustado que ese objeto de la responsabilidad no solo se acotara a obligaciones laborales en el sentido general, sino que se refiriera a aquellos rubros salariales indemnizatorios, como corresponde. Sabemos que ese es en realidad el concepto, pero una mención explícita en el artículo habría sido beneficiosa.

Hecha esta salvedad, simplemente digo que vamos a acompañar los artículos de este proyecto.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el señor Diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señor Presidente: vamos a votar en contra, tal como ha adelantado el señor miembro informante en minoría, nuestro compañero el señor Diputado Cabrera, quien ha hecho un informe categórico y contundente de los argumentos que sostuvo el Partido Nacional en la Comisión, en el sentido que se ha indicado.

En sustancia y en resumen, nuestra principal objeción a los términos de este proyecto de ley tiene que ver con su exagerada generalidad, con su amplitud ilimitada y, por lo tanto, por esa vía, con un efecto que esta característica produce, que es el de igualar de una manera inconveniente, el de emparejar al honesto con el deshonesto, al que cumple sus obligaciones con el que no las cumple a la hora de la subcontratación y de la intermediación en materia laboral.

El instituto de la tercerización es positivo desde el punto de vista del mercado de trabajo, de las relaciones económicas y de la actividad productiva, y nos tememos que en alguna medida -aunque me consta que, por supuesto, no es la intención de quienes presentaron e impulsaron este proyecto de ley- con estas soluciones estemos poco menos que demonizando este instituto o, en algún sentido, promoviendo su regulación por la vía de la desconfianza. La regla es la desconfianza y el incumplimiento; la excepción, en todo caso, es el que actúa con honestidad y cumple con sus obligaciones.

En el meollo de esta solución, nuestra principal objeción tiene que ver con el traslado que se produce de facultades, competencias y poderes jurídicos que son cometidos del Estado a los particulares, que no solo no tienen la obligación desde el punto de vista de la previsión legal, sino que no están en situación de cumplirlos. Básicamente, estamos hablando de las facultades de contralor y de fiscalización que corresponden al Estado -por ejemplo, a la Inspección de Trabajo como policía laboral y a organismos recaudadores, como el Banco de Previsión Social o, en su defecto, el Banco de Seguros del Estado-, en una solución sui géneris que verdaderamente no compartimos y que va a implicar sin ninguna duda una fuente de inequidad, de informalidad -porque creo que esto va a tender a un mayor informalismo en el mercado laboral, y eso es, sin ninguna duda, una consecuencia que todos tenemos que procurar evitar- y un aumento de los costos para aquellos que concretan inversiones, tienen el afán de superarse, de aumentar su giro industrial o comercial y, por lo tanto, de crecer desde el punto de vista económico y mejorar su competitividad.

Bastante peor era la versión original de este proyecto, que fue remitida por el Poder Ejecutivo, en que no solo se exigía a las empresas contratantes, por la vía de los hechos, controlar a las empresas contratadas, sino que, además, se les imponía la obligación de la retención y del pago de las obligaciones laborales. Creo que eso era llevar demasiado lejos esa solución. Más allá de que eso ya se ha atemperado, por supuesto que entendemos que la solución sigue siendo insatisfactoria y por eso no la vamos a acompañar.

El señor Diputado Cabrera hacía referencia con claridad y elocuencia a la participación o a la concepción del Estado en esta solución como obligado por los alcances de este proyecto de ley. Por supuesto, en su condición de empleador, es razonable que el Estado -como él bien lo expresaba- tenga las mismas obligaciones que cualquier otro empleador y que los empleadores privados, pero también es verdad que vincular esa condición con la que acabamos de señalar, de la amplitud y de la universalidad indiscriminada que este proyecto contiene, evidentemente va a llevar a la consecuencia de que, en última instancia, todos los ciudadanos, todos los integrantes de la sociedad, tengamos que asumir los costos de las obligaciones incumplidas por empresas deshonestas que violaron el derecho laboral, que no pagaron en tiempo y forma los salarios o los haberes de carácter laboral. Después, por esa vía, como el Estado somos todos, todos vamos a tener que hacer frente a esas obligaciones y a la socialización de los costos que provengan de esa situación, cuando en realidad lo que habría que hacer es comprometer al Estado solidariamente pero acotar su responsabilidad, como el Partido Nacional en su proyecto oportunamente promovió.

Nos planteamos también en qué medida es necesario o indispensable pasar de lo que tenemos hoy vigente en el derecho positivo a una solución de estas características, con la generalidad que conlleva. Creo que el artículo 3º de la Ley de Consejos de Salarios no es poco, ya que establece la responsabilidad subsidiaria. Además, hay que vincular esa previsión legal con algunos pronunciamientos jurisprudenciales que, de hecho -más allá de lo que prevé la ley en la condición de fuente supletoria del derecho que tiene la jurisprudencia-, muchas veces han determinado la responsabilidad directa de las empresas contratantes, más allá de que sea solidaria o subsidiaria. Directamente han responsabilizado en determinadas situaciones a empresas concretas, contratantes y no contratadas, en el marco de estas prácticas de tercerización de las actividades y de contratación de mano de obra temporal.

Desde ese punto de vista, creo que se ha pegado un salto demasiado grande, que habría sido razonable meditar y acotar y no dejarlo librado -reitero- a una amplitud tan desmesurada que, sin ninguna duda, va a terminar generando injusticias a quien nunca se las debería generar, que es, precisamente, aquel que cumple puntualmente con sus obligaciones y actúa con honestidad en cumplimiento de la legislación laboral.

Creo, además, que el proyecto está contaminado de una serie de imprecisiones importantes. Al haberse legislado en esta materia habría sido la oportunidad de zanjar una discusión doctrinaria a la que hacía referencia el señor Diputado Cabrera. No está demasiado claro para la doctrina si subcontrato e intermediación son la misma cosa o cosas diferentes. Hay opiniones doctrinarias distintas. Este proyecto no lo define. Creo que habría sido bueno que abordáramos esa cuestión y la hubiéramos definido, a los efectos de proporcionar la necesaria certeza jurídica que en materia laboral, como en pocas, es indispensable; se perdió, sin duda, una oportunidad de hacerlo.

Estas son las consideraciones más o menos generales o particulares que queríamos formular con relación al texto del proyecto de ley que estamos analizando.

Ahora queremos hacer algún comentario sobre el contexto del proyecto, que, por cierto, también lo tiene. Es evidente que esta solución se enmarca en la línea de la política laboral que el Gobierno sigue desde el 1º de marzo de 2005 -lo hemos dicho en forma reiterada y lo queremos repetir hoy, porque este es un debate de carácter político, no estricta o exclusivamente técnico; es una decisión esencialmente política la que estamos adoptando-, con una serie de decisiones que, desde nuestro punto de vista, en su gran mayoría -no digo todas- han sido equivocadas, sobre todo en lo que tiene que ver con lo que mencionábamos hace un rato, que es la necesidad de establecer reglas de juego claras.

No estoy diciendo -porque sería un expediente facilista; podría sostenerse, como alguna vez se ha sostenido desde mi Partido- que este Gobierno, más que equilibrar la balanza, lo que ha querido es desnivelarla hacia una de las partes de la relación laboral en detrimento de la otra. Yo no voy a hablar de ese aspecto porque creo que abriríamos una tangente de discusión y de debate que podría llevarnos a una confrontación a esta altura innecesaria. No obstante, sí digo que a la hora de buscar los equilibrios, de otorgar las certezas y de establecer, precisamente, reglas de juego previsibles para las dos partes -y no para una en detrimento de la otra, o no para una en una posición de privilegio con respecto a la otra parte-, para el país, para el mercado de trabajo y para su sistema de relaciones laborales, evidentemente el Gobierno -a eso atribuimos la equivocación- no ha sido eficaz. No ha acertado, reitero, a la hora de establecer un sistema de relaciones laborales que otorgue certezas.

Como se sabe, hemos sido críticos de la interpretación extensiva del derecho de huelga que el Gobierno hizo con relación a las ocupaciones de los lugares de trabajo; en su momento cuestionamos la ley de fuero sindical, y reitero que no quiero tirar leña al fuego o, en todo caso, generar una confrontación que tendríamos que evitar, pero estas opiniones no corresponden solo al Partido Nacional. Hace pocos días, el señor Subsecretario de Industria, Energía y Minería, ingeniero Martín Ponce de León, habló concretamente y en nombre del Gobierno -por lo menos así se le atribuyó- acerca de la falta de garantías que la realidad del país exhibe en materia laboral, de que el Gobierno tiene un debe importante con el sector industrial. Esto lo dijo frente a los industriales, pero se lo expresó al país. No le hago el agravio al ingeniero Martín Ponce de León de decir que tiene dos discursos, o más de uno, que cuando habla con los industriales dice una cosa y cuando se dirige a los sindicatos dice otra. No. Es un hombre serio y responsable, de manera que tomo por válido lo que dijo y, además, por representativo del sentir, por lo menos, de sectores muy importantes de la actual conducción política del país.

El ingeniero Ponce de León dijo que hoy no hay garantías suficientes que ofrezcan tranquilidad a todas las partes de la relación laboral, a trabajadores y empleadores. Entonces, esto no es un capricho, una exageración ni una actitud presumida de la oposición; por lo menos, está claro que esta visión, que esta perspectiva de las cosas en determinados sectores del Gobierno o en algunos de sus principales actores encuentra buena compañía.

Me parece que algunos otros signos, no de opiniones políticas o subjetivas, sino más bien de estadísticas que indica la realidad, abonan en la misma dirección. La conflictividad ha aumentado en el Uruguay. Es verdad que en 2005 tuvimos niveles de conflictividad considerablemente bajos, con seguridad atribuibles al cambio político que se producía en el país, a la euforia que naturalmente deviene del hecho de que asuma un Gobierno de un partido que lo hace por primera vez en la historia del Uruguay, a las expectativas que genera cualquier cambio de Gobierno, inclusive cuando la Administración queda en manos del mismo partido político. Realmente, todos asumimos que hubo un cambio político importante y sustantivo. Algunos dirán que fue para bien o para muy bien, y otros diremos que estamos más bien insatisfechos con el curso que están tomando los acontecimientos. No obstante, objetiva y sociológicamente, nadie puede negar que hubo un cambio político importante. Supongo que eso habrá coadyuvado a que el año pasado se descomprimieran las tensiones, a que se abriera una carta de crédito y que la conflictividad fuera baja. Pero al mismo tiempo el Gobierno iba delineando su política laboral, emprendiendo acciones, de alguna manera marcando referencias con relación a los derechos laborales, a las ocupaciones, al derecho de huelga. No olvidemos que se aprobó la ley de fuero sindical. Creo que esto derivó en la realidad que tuvimos en 2006, en la que el nivel de ocupaciones se superó ampliamente -el año todavía no terminó-; en setiembre ya se había superado con respecto al año pasado, y los niveles de conflictividad en general fueron mayores al año anterior.

Además, creo que es necesario analizar el factor inversión. Se me dirá, estoy seguro, que la inversión estadísticamente aumentó; tal vez exista alguna estadística que maneja el Gobierno que establezca que la inversión en términos generales aumentó, pero probablemente con relación a los años de la recesión y de la crisis fenomenal que vivió el país a partir de 2002. Sin embargo, recientemente se han publicado encuestas con relación a las expectativas del sector empresarial. Una de ellas fue realizada por una institución que me consta goza del reconocimiento y del respeto del propio Gobierno, que es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, desde donde hace muy pocos días el señor Ministro de Economía y Finanzas le habló al país e hizo un balance económico de lo ocurrido en el año que termina y se refirió a las perspectivas del año que está por comenzar. Esta institución realizó una encuesta entre los empresarios y quienes desde el punto de vista de los emprendimientos privados generan las alternativas de crecimiento y de fuentes de trabajo en el Uruguay, y el resultado fue francamente pesimista, y no estamos hablando de las multinacionales ni de las grandes empresas, sino de las pequeñas y medianas. Aproximadamente el 80% de las empresas encuestadas dijeron que postergaron o dejaron en suspenso nuevas inversiones que pretendían encarar. ¿Qué quiere decir esto? Significa un empleado menos que se incorpora al proceso productivo, una mejora menos, un crecimiento que se retrae, que se posterga, ¿y eso por qué? Por razones de confianza. Y las razones de confianza, ¿en qué se sustentan? En muchas cosas, por supuesto, pero entre otras en las reglas de juego en materia laboral, que son esenciales para la inversión, que son absolutamente indispensables.

Por lo tanto, cuando decimos que la política laboral que se ha llevado adelante no es la más indicada, creo que no nos equivocamos y, por lo menos, debe asumirse que lo decimos con sensatez, que no es pura política, que no es una constancia partidaria y que esta afirmación se sustenta en argumentos muy concretos.

Antes de conceder una interrupción al señor Diputado Botana, que me la ha solicitado, por último quiero decir que el Gobierno debe entender que las decisiones en materia de relaciones laborales como, por ejemplo, la que adoptaremos hoy, tienen que sustentarse en el consenso; no en el consenso político. Hay otras decisiones que es importante que tengan consenso político suficiente, la más amplia base de apoyo del sistema político y del Parlamento, como hemos reclamado para aprobar el Parlamento del MERCOSUR o la incorporación de Venezuela -por supuesto, sin mucho éxito-, pero en el caso de las relaciones laborales, más allá de que hoy votemos por mayoría, unanimidad o por una mayoría más o menos ajustada, el consenso social es indispensable. El mínimo entendimiento entre trabajadores y empresarios es indispensable para que el sistema de relaciones laborales pueda construirse sobre bases sanas, sensatas y razonables.

En ese sentido, advierto una contradicción enorme. Me parece que la aprobación de este proyecto de ley estará marcando una contradicción enorme con relación a lo que acabo de decir. Hoy se aprobará esta iniciativa, que mereció la oposición sistemática de las cámaras empresariales, por lo pronto, de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay y de la Cámara de Industrias del Uruguay, que se opusieron en forma radical. ¿Esto quiere decir que el proyecto no debe aprobarse? No. El Parlamento es soberano, el Gobierno gobierna y toma las decisiones que debe adoptar y después somete su actividad al juicio de los conciudadanos, cuando lleguen las instancias democráticas que correspondan. Pero está claro que hay un sector de la discusión que dijo que no, que este proyecto no le servía. Sin embargo, el Gobierno, al mismo tiempo que aprueba este proyecto, ayer hizo una convocatoria al compromiso nacional sobre inversión, producción y empleo, y convocó a un pacto social para el desarrollo. El señor Ministro interino de Trabajo y Seguridad Social -sabemos que el señor Ministro Bonomi está en el exterior-, doctor Bruni, habló de la necesidad de crear un marco de paz social -esto figura en la prensa de hoy; no es una noticia vieja, sino de ayer, y lo registra la prensa de hoy-, y que cualquier estrategia nacional de desarrollo tiene en los acuerdos entre empresarios y trabajadores una condición esencial. Eso no se está cumpliendo en el proyecto que estaremos aprobando hoy. Yo no hablo de doble discurso porque no califico intenciones, pero que el Gobierno dice una cosa y hace otra y que el Gobierno hace una cosa y después hace otra diferente, me parece que a esta altura ha quedado absolutamente demostrado.

Concedo ahora al señor Diputado Botana la interrupción que me solicitara.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BOTANA.- Señor Presidente: Uruguay tiene -y todos lo sabemos- un problema importante de competitividad de producción en los mercados internacionales, y eso no tiene otra razón que los costos de los factores económicos altos que presenta: la energía cara; el transporte caro; el combustible como consumo energético caro; el agua cara; las comunicaciones caras; caras en relación a los que compiten con nosotros.

También tenemos una mano de obra relativamente cara, y no porque nuestros trabajadores ganen bien. Tenemos una mano de obra relativamente cara porque el Estado, desde hace muy buen tiempo, armó el sistema de previsión social -que es un gran sistema y le debemos mucho-, que se financia casi exclusivamente del factor económico trabajo. El sistema de seguridad social hace encarecer el costo del factor económico trabajo sin permitir que el trabajador gane bien y hace incurrir a las empresas en dos tipos de costos. Uno es el que deviene del monto de las aportaciones y el otro deviene del momento de las aportaciones, porque los aportes a la seguridad social se hacen mes a mes, haya vendido o no la producción la empresa de que se trate. Entonces, son un costo fijo que implica un costo de financiamiento adicional. Es más: implica muchas veces el grave impedimento de producir para vender. Y si, además, la producción es cara en sí misma, a menos producción, menos trabajo. En eso no hay vuelta.

¿Por qué Uruguay quiere traer a los inversores? Porque atrás de la inversión, de algunos tipos de inversión, viene el empleo. Pero en esta forma de financiamiento, en esta estructura de financiamiento del gasto público lo que sucede es que solo le conviene venir al país a la inversión intensiva en capital, a esa que desplaza mano de obra o a esa que, por lo menos, no ocupa mano de obra nacional. Esa es la única inversión a la que le conviene venir al país.

La reforma tributaria sigue el mismo camino de encarecer el factor económico trabajo. Todo esto lo digo porque el proyecto de ley que está en consideración vino a ser tratado porque estamos prisioneros de esa realidad.

Acá hay dos tipos de subcontrataciones, por lo menos que yo reconozca. Una es la que deviene de la especialización laboral, de la especialización productiva. ¿Para qué me voy a meter a hacer lo que no sé hacer? ¿Para qué voy a hacer aquello para lo que otro está más preparado que yo tecnológicamente o por la organización de su producción? ¿Para qué lo voy a hacer? Esa es una razón de la subcontratación. La otra es esta, la que trata de evitar este proyecto, que es la disminución de los costos laborales, que es la elusión de algún tipo de costos laborales. Pero el tema que está en la base es que si el Estado no aprende a que no debe financiarse del incremento en el costo a los trabajadores, un día sí y otro también vamos a tener sobre la mesa este tipo de proyectos; un día sí y otro también vamos a tener que considerar este tipo de soluciones donde lo que estamos haciendo es, sencillamente, dificultando todavía más los procesos de producción en el país.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Ya termino, señor Presidente.

Ya no se podrá utilizar tranquilamente la especialización productiva; por las empresas privadas ni qué hablar, que van a tener que nombrar un inspector adentro de la empresa subcontratada para ver si cumple con todos los laudos, con las liquidaciones, etcétera. Pero, ¿y el Estado? ¿Y el riesgo para el Estado? ¿El Estado uruguayo también tiene que inspeccionar a cada una de las empresas con las que subcontrata? A pesar de que siga los procesos debidos de licitación, a pesar de que siga los debidos procesos de compra, a pesar de que cumpla con todas las leyes, ¿está obligado además a ejercer el control? ¿Saben lo qué es esto? Este proyecto termina siendo una gran vía de contratación de nuevos funcionarios públicos en el ámbito privado, porque los funcionarios de empresas que contraten con el Estado tendrán que trabajar bajo el régimen estatal y van a tener todos los beneficios del Estado pero, a su vez, el Estado no se va a beneficiar del beneficio de la especialización productiva, porque ella se va a ver limitada.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Vaya redondeando, señor Diputado.

SEÑOR BOTANA.- Voy a terminar con una pregunta. Cuando un funcionario del Estado contrata mal, cuando contrata una empresa sin el proceso de licitación debido y esa empresa, obviamente, contrata con sus trabajadores en el largo plazo, en ese caso, ¿el Estado sigue siendo responsable? Caso Satenil S.A., empresa contratada por la Intendencia Municipal de Maldonado, y el Tribunal de Cuentas dice que no es legal la contratación. Se va a anular la contratación; se termina anulando, pero esa empresa tiene obligaciones con sus trabajadores. ¿Las va a pagar el pueblo de Maldonado? ¿Las va a pagar el departamento de Maldonado? ¿Ese es el que va a terminar pagando estos costos, cuando hubo una contratación indebida por parte de un funcionario del Estado?

Pongo este ejemplo porque es el que está en los diarios todos los días, pero en la actualidad puedo dar veinte más y puedo encontrar en la historia cincuenta más. No lo estoy poniendo acá como un tema simplemente político; estoy mostrando cómo hacemos al Estado incurrir...

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Ha finalizado su tiempo, señor Diputado.

Puede continuar el señor Diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el señor Diputado Pozzi.

SEÑOR POZZI.- Señor Presidente: anteayer, en oportunidad de tratarse el proyecto sobre la tenencia de la tierra, que obtuvo media sanción en esta Cámara y que como bancada del Nuevo Espacio votamos y compartimos totalmente su filosofía, el señor Diputado Lorenzo -lamentablemente no está en Sala, pero lo voy a citar porque no es para aludirlo- terminó su alocución diciendo que la bancada de Gobierno cada vez que presentaba un proyecto de ley creía que transformaba radicalmente todas las cosas de este país o que atendía cosas que de alguna manera habían estado sin atención o que habían sido olvidadas por gobiernos anteriores. A mí me desafió esa intervención del señor Diputado Lorenzo a pensar si esto que estábamos haciendo era así o no.

Yo creo, francamente, que es posible que tengamos que hacer una autocrítica, porque seguramente no todos los proyectos de ley que presentamos como bancada de Gobierno transformen el país radicalmente, de un día para otro.

Digo esto porque creo que también la oposición debería hacerse una autocrítica y debería preguntarse si todos los proyectos de ley que presentamos como bancada de Gobierno realmente liquidan el país que está armado desde hace años. Es una reflexión que hago a partir de una interesante exposición que hizo el señor Diputado Lorenzo en oportunidad de votarse ese proyecto de ley, que me desafió y me llevó a preguntarme si todos en el Parlamento no deberíamos pensar en esto: nosotros, si realmente estamos transformando, dando vuelta el mundo con cada ley que hacemos, y la oposición, si cada ley que presentamos realmente liquida la historia de este país o lo va a sumir en la miseria más absoluta. Como yo creo que no es ni lo uno ni lo otro, ya que probablemente nosotros no tengamos toda la razón pero tampoco la oposición la debe de tener, es que me atrevo a decir que no voy a hablar de los problemas jurídicos de este proyecto de ley, puesto que muchos compañeros que hay aquí en la Cámara seguramente lo puedan hacer con una solvencia infinitamente mayor. Voy a hablar de algo a lo que ya hice referencia en oportunidad de tratarse el proyecto de fuero sindical. Voy a hablar -capaz que brevemente- del espíritu de esta Cámara. Y no me cabe la menor duda de que el espíritu de esta Cámara al discutir largamente este proyecto de ley que pusimos a consideración, el espíritu de todas las fuerzas políticas que discutimos esto es atender una problemática que realmente existe en el mundo del trabajo.

A nosotros, las intervenciones del señor Diputado Cabrera nos hicieron reflexionar de tal manera que el proyecto de ley que traíamos para discutir y llevar adelante lo desechamos y pasamos a una discusión que llevó un mes y medio hasta llegar finalmente a lo que hoy ponemos a consideración. Porque el señor Diputado Cabrera nos desafió; el señor Diputado Cabrera nos cuestionó; el señor Diputado Cabrera nos hizo ver que estábamos equivocados en lo que estábamos trayendo. Fue así que se abrió una larga instancia de debate en nuestra fuerza política, en nuestra fuerza política con nuestros asesores y, luego, hubo una instancia de debate con las cámaras empresariales, con los trabajadores y una instancia de discusión entre las fuerzas políticas que integramos la Comisión de Legislación del Trabajo. Fue así porque nos desafiaron y lo hicieron con razones; y tuvimos que entender. Pero esas razones con las cuales nos desafiaron no pasaban por decir "Acá no existe un problema", por decirnos "No, no no, ¿qué están trayendo, si es una fantasía que todo esto existe?". ¡No!, eran las razones de decir: "Lo que ustedes están haciendo en ese articulado no está bien para solucionar el problema que existe. Hay que hacer otra cosa diferente, y nosotros tenemos una idea diferente. No estamos de acuerdo con la idea que tienen ustedes como bancada de Gobierno y vamos a presentar un proyecto distinto". Está muy bien que sea así y estuvieron perfecto en lo que hicieron.

También estuvo perfecto lo que hizo el señor Diputado Barreiro, diciendo "Con algunas cosas estoy de acuerdo y con otras no y, por lo tanto, voy a presentar salvedades"; está muy bien lo que hizo la Comisión y está muy bien lo que venimos hablando hoy en esta Cámara. Hay un espíritu en esta Cámara de Diputados en cuanto a decirle a la sociedad y, en parte, a los empresarios: "Señores, hay algunas cosas que no se pueden hacer más", porque todos sabemos que las hacían.

Y no es que acá sean solamente la bancada de Gobierno, el Poder Ejecutivo o el Gobierno en su conjunto los que llevan adelante la solución de ese problema. No, no. Estaremos de acuerdo o no con lo que se va a votar, pero sí puedo afirmar hoy que la Cámara de Diputados de mi país está de acuerdo con que tiene que dar solución a un problema que realmente existe, y es el problema de las tercerizaciones -en contra de las cuales no estamos- que han sido mal usadas por malos empresarios, simplemente para degradar el trabajo de gente que lo hacía porque de pronto no tenía otro lugar en donde estar.

Y van a ver más cosas; voy avisando, porque también nos estamos encontrando con otras perlitas, y vamos a presentar cosas. Por ejemplo -sépanlo, compañeros de esta Cámara-, conocemos empresarios que sufren clausuras por la Inspección General de Trabajo porque no cumplen con sus trabajadores, y después vienen riéndose y dicen: "Inspectora, vaya a levantarme, que ya puse todo lo que usted me pidió, pero vaya sabiendo que voy a importar máquinas y voy a echar a los trabajadores". ¿Vamos a estar de acuerdo con eso? ¿Vamos a estarlo? Pues, nosotros, vamos a presentar cosas al respecto, porque esas cosas no pueden suceder. ¿Es posible que sucedan?

Es posible que, de repente, digan: "Estos muchachos están demasiado pasados para el lado de los trabajadores". Se dice, se conversa. Y bueno, pero mírennos. ¡Mírennos! ¿Yo le puedo pedir al Partido Nacional que no defienda a la gente del agro? Si pelearon guerras, si dieron batallas y se les murió gente por eso, ¡qué les voy a decir que no defiendan a la gente del agro! Está bien lo que hacen, porque es parte de su sentimiento, de su espíritu, es parte de lo que llevan dentro. ¿Qué nos van a pedir a nosotros que hagamos? ¿Cuáles son nuestros muertos? ¿Cuál es la gente por la que hemos luchado? ¿Quiénes son los que dejaron su vida, sus familias y muchas cosas más para que hoy nosotros estemos sentados acá? ¿Quiénes son? No son los empresarios, seguramente, contra los cuales no estamos. Varios legisladores de la oposición que están hoy presentes aquí me han escuchado decir infinidad de veces que si no hay empresarios, no hay trabajadores, y si no hay trabajadores, no hay sindicatos. Ahora: estamos con los empresarios que actúan bien, que hacen las cosas correctamente, sean multinacionales o sean nacionales. Porque yo he visto empresarios de multinacionales que actúan mal y también he visto empresarios nacionales que son peores, mucho peores que los otros.

Entonces, estamos a favor de los empresarios que hacen las cosas bien. ¡Cómo no vamos a estar! Pero acá lo que estamos tratando de corregir, aquello sobre lo cual esta Cámara se está expresando se relaciona con el problema generado por los que están utilizando mal mecanismos que lícitamente se crearon en algún momento como forma de generar más productividad, diciéndole a las empresas que se dedicaran a su rubro específico, que agregaran valor a lo que saben hacer y dejaran que otros hicieran otras cosas; algo que es muy lindo en la teoría y en los libros, que funciona si se aplica bien, pero que algunos lo utilizan solamente para perjudicar al trabajador y defraudar al Estado. ¿O no es así, compañeros? ¿O no es así, queridos compañeros legisladores? ¿No hay empresas que utilizan todo esto para embromar a los trabajadores y defraudar al Estado? ¡Las hay! Por eso estamos hablando de todo eso hoy acá.

Yo, señor Presidente, quería hacer referencia a esto, que es lo que a mí más me impulsa en el día de hoy: el espíritu de esta Cámara. No me preocupo por estar en desacuerdo con la bancada del Partido Nacional en este tema. No me preocupa para nada, porque yo, ahí, veo hombres y mujeres que me han dicho que saben que hay un problema que se debe corregir. No me preocupa que la bancada del Partido Colorado me esté diciendo: "Algunas cosas te las llevo y otras no te las llevo". Porque me están diciendo también: "Aquí hay cosas que yo sé que están mal y que las tengo que corregir". Eso es lo que yo voy a rescatar de esta sesión de la Cámara. ¡Eso es lo que realmente vale! La sociedad entera del Uruguay va a decir: "La Cámara de Representantes de mi país está dispuesta, en un conjunto, en un todo, a atacar un problema que existe, y tendrán matices en cómo lo atacan". Y nosotros -sépanlo- estamos con los oídos abiertos para recibir las propuestas para que las cosas sean mejores en algún momento y para cambiar lo que haya que cambiar, siempre, porque no somos rígidos. Si hay cosas que están mal, las vamos a analizar, y si ustedes nos traen el planteo, veremos su funcionamiento, lo estudiaremos y trataremos de cambiarlas.

Pero hoy creo que lo que realmente vale es que todos los que integramos esta Cámara vamos derecho a intentar solucionar un problema que existe en la sociedad. Yo voy a estar escuchando nuevamente lo que me diga el señor Diputado Cabrera, si algún día viene y me dice: "Mirá, Jorge, que viene mal la cosa; todo lo que están haciendo va mal por esto, por eso y por esto" y -¡cómo no!- van a encontrar acá receptividad para cambiar lo que haya que cambiar.

SEÑOR ROBALLO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR POZZI.- No sé cuánto tiempo me queda, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Le restan diecinueve minutos.

SEÑOR POZZI.- Sí, señor Diputado, se la concedo después de que redondee mi pensamiento.

Estas son las cosas que hoy mi sentimiento me mueve a expresar.

Creo que en más de uno de los problemas que tiene la sociedad estamos de acuerdo con la oposición; a veces no coincidimos en la forma de solucionarlos. Tal vez nos falta inteligencia a ambas partes en ceder un poquito para tratar de dar unanimidad a las cosas. Pero no hay duda de que en este tema, como en su momento sucedió con la ley de fuero sindical, le estamos dando a la sociedad una señal inequívoca de lo que pensamos, una señal inequívoca en el sentido de que, de aquí en adelante, los malos empresarios tienen que deponer su actitud y, de lo contrario, serán sujetos pasivos de todas las sanciones que la ley les aplique.

Ahora concedo la interrupción al señor Diputado Roballo.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ROBALLO.- Señor Presidente: muy brevemente quisiera hacer algunas aclaraciones.

Los procesos de tercerización son vistos con sospecha por la legislación comparada y por la Organización Internacional del Trabajo. Si uno lee los textos, los antecedentes de esas legislaciones y los problemas que hay en el ámbito internacional para legislar sobre este asunto, ello queda en evidencia. La competencia desleal se ve favorecida por el sistema que tenemos actualmente, donde existen malos empresarios que se sirven de subcontratistas para evadir responsabilidades -en general, empresas irresponsables o fantasmas-, y el empresario cumplidor de sus obligaciones se ve entonces ante un esquema de competencia desleal. Creemos que este proyecto contribuye a evitar eso en forma definitiva.

De acuerdo con la normativa vigente, concretamente el artículo 3º de la Ley Nº 10.449, el empresario comitente, el que encarga el trabajo a otra empresa, tiene una responsabilidad subsidiaria: solo responde por los rubros salariales, siempre y cuando el responsable principal -el que contrató al trabajador- no se haga cargo de esas obligaciones. Y ello ocurre no sin antes pasar el trabajador por un largo periplo de procesos judiciales, teniendo que disponer de recursos, de tiempo, de prueba, testigos, documentos, etcétera, porque ningún empresario o ningún empleador que tenga una responsabilidad subsidiaria se hace cargo espontáneamente de las obligaciones que le cabrían. La práctica, la realidad demuestra que antes de que el trabajador pueda hacer efectivo el cobro de los rubros salariales, debe transitar por un proceso judicial, con todo lo que ello implica, y, en realidad, la mayoría queda por el camino.

Creemos que ante este proyecto de ley, en todo caso, el artículo 3º de la Ley Nº 10.449 queda derogado tácitamente. Esa es la interpretación que hacemos; quizás por eso no se incluyó en el proyecto de ley, pero nos parece que no van a subsistir dos regímenes diferentes.

Es muy importante, señor Presidente, la cualificación de la ley como de orden público ya que, entre otras cosas, impide que los acuerdos entre las partes -muchos de ellos disfrazados de convenios colectivos- dispongan la afectación de derechos que son irrenunciables. Estas reglas, ahora claras y garantistas, van a contribuir con la baja de la conflictividad, con la disminución de la cantidad de juicios, ya que no serán necesarios para probar las tercerizaciones fraudulentas o para hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria. Por lo tanto, entendemos que desde ese punto de vista el proyecto también está contribuyendo de una manera importante.

La disminución de los costos laborales en los últimos años siempre ha pesado sobre los hombros de los trabajadores, con un deterioro del salario real y de las condiciones de trabajo. Por eso, nosotros apoyamos con mucho fervor este proyecto de ley; lo vamos a votar con mucho gusto, porque constituye un avance importante e imprescindible en la regulación del contrato de trabajo y todas sus posibilidades, influyendo, sí, en la contratación civil entre las empresas, porque la relación laboral, el trabajo humano, los derechos del trabajador -la parte más débil del contrato de trabajo- incluyen rubros salariales de naturaleza alimentaria e indemnizatorios -además de los referidos a la seguridad social y a la seguridad de las condiciones de trabajo-, que están por encima de la contratación entre empresas.

Ello es así por un imperativo ético, por una serie de principios que informan esta materia y por un imperativo jurídico, ya que la norma de mayor jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución de la República, en su artículo 53, declara que el trabajo está bajo la protección especial de la ley, lo cual, al mismo tiempo, constituye un mandato al legislador, que lo debe hacer efectivo. Eso es precisamente lo que estamos haciendo con la elaboración y posterior sanción del presente proyecto de ley.

Agradezco al señor Diputado Pozzi por haberme concedido la interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Puede continuar el señor Diputado Pozzi.

SEÑOR POZZI.- ¿De cuánto tiempo dispongo, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- De doce minutos, señor Diputado.

SEÑOR BERNINI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR POZZI.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BERNINI.- Señor Presidente: yo estaba anotado para hacer uso de la palabra, pero creo que el debate se está dando de tal forma que vale la pena ahorrar tiempo; por eso opté por el camino de solicitarle al compañero un poco del suyo.

Simplemente quería enmarcar un poco mi visión sobre el tema. Si bien integro la Comisión como delegado de sector, no he podido participar de la misma manera que el resto de los Diputados que me precedieron en el uso de la palabra, fundamentalmente porque coincide con las sesiones de Comisiones en las que soy titular. De todas maneras, quiero volver a destacar el intercambio que allí se dio, lo productivo que fue y cómo se arribó a esta Cámara a partir de un aprendizaje por parte de todos. Porque algunos, dependiendo de dónde provenimos, tenemos la tendencia a ver las cosas solo desde un lugar, y debemos entender que, como parte de un Parlamento que representa al conjunto de la sociedad, tenemos que aprender -también nosotros- unos de otros.

Mi valoración respecto del tema es más que positiva, de apoyo al proyecto elaborado e informado por el compañero Diputado Bentancor.

Creo que debemos asumir cuál es el punto de partida que nos permitió llegar a este proyecto de ley. No solo en nuestro país, sino también en la región, en el continente y yo diría que universalmente, estamos saliendo de un proceso de absoluta desregulación del mercado laboral -que tuvo su esplendor sobre todo en la década del noventa-, en el que la flexibilidad laboral era un principio prácticamente incontrastable, porque en ese momento pasó a ser hegemónico hasta en el discurso; y, sin duda, el tema de las tercerizaciones -para utilizar un concepto amplio- era una de las señas de identidad más claras respecto a la desregulación y la flexibilidad laboral.

Los fundamentos que traía consigo esta visión de lo que debía ser el mundo del trabajo se basaban, sobre todo, en que a partir de ella se iba a lograr mayor productividad, se iba a ganar a nivel de la competitividad, sobre todo en el exterior, y de alguna manera con ella prevalecía el concepto del mercado como autorregulador también en materia de derecho laboral y en las relaciones del trabajo y el capital. Los datos objetivos de la realidad -porque tenemos la capacidad de saber leerlos en el transcurso de estos años, cuando esto prevaleció- muestran que las consecuencias de la aplicación de ese modelo fueron todo lo contrario de lo que estaba planteado originalmente.

En primer lugar, se provocó una desocupación objetiva de mano de obra, cuando lo que se pretendía era generar más empleo a partir de la flexibilidad y la desregulación laboral. En segundo término, sin duda que también es un dato objetivo de la realidad que se llega a un nivel dramático de precarización del empleo, en función de estas modalidades que se utilizaron en la producción y en las relaciones de trabajo. Obviamente que esto significó una baja de salarios estrepitosa, lo que también surge de los datos objetivos de la aplicación de estos conceptos. Asimismo, se generó una competencia desleal entre las propias empresas, a partir de quién iba más allá en cuanto a estas formas de contratación de trabajadores; desde el punto de vista objetivo se desregulaba el mercado, en una competencia que necesariamente debe tener ciertos parámetros para que no exista deslealtad entre las empresas. También es indudable que era un factor determinante en la evasión a la seguridad social, a los tributos y a los impuestos. Asimismo, significó una mayor precariedad en la tarea en lo que respecta a las posibilidades de accidentes de trabajo, porque había formas de evadir el cumplimiento de normas en ese sentido.

En general podemos constatar que existió una proliferación, desde mi punto de vista, en cuanto a la sobreexplotación del trabajador.

Creo que con este proyecto -comparto sobre todo el tono que trasuntó el señor Diputado Pozzi- logramos aunar tres ejes fundamentales. El primero tiene que ver con la responsabilidad solidaria, que para mí es un factor determinante y uno de los ejes fundamentales del proyecto. El segundo hace al derecho a la información del trabajador que, en definitiva, tendrá derecho a saber no solo cuánto va a ganar, en qué condiciones y con qué horario, sino también para quién trabaja en segunda o tercera instancia. El tercer concepto fundamental es que se va a poder llevar adelante el tema del salario mínimo de la rama o actividad, como uno de los elementos determinantes. En definitiva, lo que se logra con esto es un viejo principio, que para mí está vigente, en cuanto a que a igual tarea se cobre igual remuneración.

Estos son los tres ejes fundamentales que respaldo totalmente y que de alguna manera son contrapuestos a lo que acabo de subrayar acerca de un modelo que se ha terminado y que no ha dado buenos resultados.

¿Qué consecuencias puede tener la aplicación de esta ley? En primer lugar, dignifica el trabajo, y creo que este es un objetivo fundamental, que debe ser el norte de la aplicación de este tipo de leyes. De alguna manera favorece las reglas de juego para la competencia entre empresas; al regular las formas, también regula la competencia, evita la competencia desleal o por lo menos la acota, lo que ya de por sí es un hecho muy importante.

Creo que también regula el propio mercado de las empresas suministradoras de mano de obra. Yo leí la versión taquigráfica correspondiente, porque no pude participar ese día, y comprobé que estas no están en contra de la regulación de este tema porque, entre otras cosas, evita que haya empresas fantasmas suministradoras de mano de obra, como las hay, que lo único que tenían era un teléfono y cuando acumulaban deudas con el BPS, debían impuestos y robaban el salario de los trabajadores, lo que hacían era desaparecer. Armaban otra sociedad de responsabilidad limitada, ponían otro teléfono y salían adelante.

Por tanto, esto sirve a la seriedad que deben tener las empresas suministradoras de mano de obra.

Como decía el señor Diputado Pablo Abdala -lo comparto totalmente-, esta ley forma parte de un objetivo, de una concepción y de un programa de este Gobierno, defendido por más de treinta años en la fuerza política y que hoy estamos tratando de desarrollar, a partir de la mayoría que hemos logrado gracias al voto popular. ¡Claro que sí! Claro que forma parte de una visión y un objetivo muy claro respecto al tema, que está enmarcado dentro de lo que ha sido la negociación colectiva a través de los Consejos de Salarios, la ley de libertades sindicales y la búsqueda del diálogo social. Al contrario de lo manifestado por algunos Diputados que me precedieron en el uso de la palabra, creo que esto no es contradictorio. Uno de los objetivos fundamentales del próximo año, a través del compromiso nacional, es llegar, entre otras cosas, a una ley de convenios colectivos y de negociación colectiva que de alguna manera facilite reglas de juego que disminuyan la conflictividad y aumenten la productividad; hay que armonizar lo que deben ser reglas de juego y relaciones laborales adecuadas.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Yo voy a ir terminando. Simplemente, a modo de titulares, quiero decir que representa un gran avance: la dignificación del trabajo. Se va a mejorar la producción y se va a profundizar en la profesionalización del trabajador. Sin duda, este tipo de herramientas mal utilizadas, como hasta ahora, atentaban contra la necesaria capacitación y profesionalización del trabajador.

Es un elemento de distribución del ingreso, en la medida en que, inexorablemente, se van a mejorar las condiciones de trabajo y el salario. Y esto está muy bien. Se apunta y se avanza en los equilibrios sociales imprescindibles entre el capital y el trabajo, que es uno de los objetivos fundamentales, a partir de asumir que el punto de partida era, objetivamente dicho, un desequilibrio brutal entre el capital y el trabajo, en detrimento de este último.

Por todo lo expuesto, sin dudas se continuará aumentando la inversión, como ha pasado en estos últimos veintidós meses; se seguirá bajando el desempleo -como también indican las estadísticas-; se seguirá aumentando el salario real -son todos datos objetivos de la realidad- y, sobre todo, se entrará en una línea universal, pues el modelo desregulador, que supone que el mercado lo regula todo y el utilizar el salario y el trabajo como una mercancía más, está de vuelta en el mundo, y está muy bien que así ocurra.

Yo creo que vamos en camino a la descripción de tareas, a las competencias laborales, a la categorización, a la capacitación, a la dignificación del trabajador. Vamos hacia un objetivo que es el primario, el primigenio de cualquier sociedad, que es, precisamente, el de un desarrollo digno.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Puede continuar el señor Diputado Pozzi.

SEÑOR POZZI.- ¿Cuántos minutos me quedan, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Dos minutos, señor Diputado.

SEÑOR POZZI.- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señor Presidente: voy a contestar la alusión por la vía de formular una aclaración.

En ningún momento, quienes desde la bancada del Partido Nacional hemos hecho uso de la palabra hasta ahora -los señores Diputados Botana, Cabrera y quien habla- hemos cuestionado la legitimidad de la decisión. En ningún momento hemos dicho que el Gobierno no tenga derecho a impulsar esta solución y a aprobar este proyecto de ley. Ahora bien: por contundente que haya sido el mandato que recibió el Frente Amplio y por legítima que haya sido su victoria electoral -no hay duda de que lo fue-, no quiere decir que todos tengamos que decir amén. Por supuesto que se puede estar a favor o en contra, tener un grado de coincidencia mayor, menor o nulo con relación a las decisiones que el Gobierno ha adoptado, de la misma forma, señor Presidente, que tampoco discrepamos totalmente con el diagnóstico. Por cierto que advertimos que hay un problema, que debe ser encarado y solucionado y que se deben arbitrar medidas para evitar la explotación -por decirlo mal y pronto- en aquellas situaciones en que la hay. ¡Por supuesto! Pero sostener que estos son los mejores instrumentos también es materia opinable, y creo que ha quedado demostrado a lo largo de este debate. Y aún más: el tenor de las soluciones, la esencia de las soluciones que contiene este proyecto de ley y también el que fue redactado por el señor Diputado Cabrera, tampoco están tan distantes desde el punto de vista deontológico, por decirlo así. Nosotros marcamos en Sala desde el comienzo que la discrepancia fundamental tiene que ver con el alcance, con las imprecisiones, con las indefiniciones. Con esos aspectos tiene que ver antes que nada, y son muy importantes, porque, como hemos dicho, en materia de relaciones laborales la certeza jurídica deviene en una cuestión esencial.

Finalmente, también queremos aclarar muy específicamente que el Partido Nacional no es el Partido del agro, como aquí se dijo -sé que no se quiso decir, pero puede llegar a interpretarse-: fue, sigue siendo y, sobre todo lo será en el futuro, el Partido de la reivindicación de los derechos de los trabajadores, porque la historia del siglo XX en este país es lo que demuestra.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el señor Diputado Martín Fernández.

SEÑOR FERNÁNDEZ (don Martín).- Señor Presidente: voy a ser sumamente breve, porque creo que las palabras de los señores Diputados Cabrera y Pablo Abdala sintetizan la posición del Partido Nacional. Simplemente, quiero dejar constancia, en nombre de mi sector político, Correntada Wilsonista, de algunas precisiones que queríamos formular en la jornada de hoy.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Cardozo Ferreira)

——Compartimos plenamente el espíritu de este proyecto de ley en discusión. La protección necesaria del trabajador ante circunstancias como la subcontratación y otras formas de tercerización de la mano de obra hacen que debamos legislar ante un fenómeno que se ha desarrollado en forma permanente. Como bien decía el señor Diputado Cabrera, no necesariamente tenemos que poner los ojos sobre las patologías de este sistema. También debemos reconocer que estos procesos han permitido un desarrollo muchas veces mayor a organizaciones empresariales, pues esto les ha permitido dedicarse a lo que es el nudo de sus tareas; con la subcontratación han podido desarrollar otras tareas que son conexas al área principal de actividad. Esto ha sido reconocido por todas las bancadas, es decir que ante estos procesos, así como ante lo que se denomina la globalización, no tiene sentido ponerse en contra. No se puede tapar el Sol con las manos; tenemos que tratar de actuar para que algunas circunstancias que se dan en función de eso no tengan el impacto que, lamentablemente, están teniendo sobre algunos ciudadanos.

Lo que no compartimos de este proyecto es que se parta de un concepto o de una idea errónea, en la presunción de que estas formas jurídicas de descentralización empresarial son creadas para eludir responsabilidades laborales o previsionales, porque no tiene que ser irremediablemente así. Por eso entendíamos que con la intención de proteger los créditos de los trabajadores y de atacar el verdadero problema, que es la empresa aparente o fantasma, el proyecto debería haber puesto énfasis en el giro principal de la empresa que subcontrata y en el de la empresa subcontratada, para establecer un grado de mayor responsabilidad, como es la responsabilidad solidaria, o bien cuando el subcontratista presta un servicio en forma exclusiva. Esto permite establecer diferentes situaciones que nos podrían indicar o aconsejar la responsabilidad que se establece para esas empresas. Cuando estamos ante estas empresas que subcontratan por sobre el giro principal en el que desarrollan su actividad, o que contratan empresas que dan un servicio en forma exclusiva, allí deberíamos estar poniendo el ojo, para poder atacar el verdadero problema que desencadena esta forma jurídica de descentralización laboral.

Por eso, señor Presidente, y redondeando -porque dijimos que íbamos a ser muy breves y queremos cumplir-, nos habría gustado salir de esta Sala habiendo acompañado un proyecto que estableciera mayores garantías y seguridades para los trabajadores en las situaciones que estamos tratando. No obstante, tratamos de aconsejar a esta Cámara acerca de que estos no son los instrumentos precisos, no son las herramientas que entendíamos fundamentales para atacar el problema, y por eso se han presentado soluciones alternativas.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado Arregui.

SEÑOR ARREGUI.- Señor Presidente: voy a ser muy breve, pero en esta oportunidad quiero decir que este proyecto va a llenar un vacío legal que es sumamente importante llenar. En ese sentido, quiero felicitar y destacar a los compañeros Diputados que han elaborado el informe en mayoría de la Comisión, que viene a dar respuestas, precisamente, a situaciones muy difíciles.

No voy a hablar desde el punto de vista de la doctrina, que nunca es neutra porque siempre defiende determinados intereses, unos u otros. Voy a hablar desde el punto de vista de algunas realidades concretas que me ha tocado vivir muy de cerca, que me ha tocado observar y en las que he podido participar. En ese sentido, quiero relatar a los colegas del Cuerpo dos experiencias que viví muy de cerca: una relativa a trabajadores forestales y otra a trabajadores tercerizados que trabajaban para una Intendencia; no importa cuál, porque aquí no interesa el tema político-partidario.

Con relación a la primera experiencia, hace nueve años y defendiendo el interés de trabajadores forestales que estaban viviendo en condiciones de semiesclavitud, recurrí al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que en aquel momento respondió excelentemente bien, y lo quiero decir. No era de mi Partido quien estaba al frente, pero respondió excelentemente bien. Concurrieron inspectores de trabajo a una explotación forestal y ¿con qué se encontraron? Con que los trabajadores tenían como vivienda unos nailon precarios; que sufrían una aguda escasez de comida y de agua potable; que no tenían las mínimas condiciones higiénicas para permanecer semanas y semanas trabajando de la forma en que se hace en un emprendimiento forestal; que estaban todos en negro respecto al BPS y en cuanto a las condiciones del seguro; que percibían retribuciones irrisorias que, por supuesto, no respetaban el mínimo que correspondía; que carecían totalmente de elementos de seguridad y que había menores trabajando. Precisamente, nos encontramos con que en ese momento uno de ellos se había cortado una pierna con un hacha y como ni siquiera había botiquín ni se lo trasladó al centro de salud más cercano, se creyó desinfectarle la herida echándole nafta y se le cosió la pierna con una aguja y una piola. Así vivían estos trabajadores forestales, en condiciones de semiesclavitud, hace nueve años, y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en ese momento actuó de acuerdo con la normativa correspondiente para defenderlos. Cuando llegó el momento de reclamar responsabilidades a quienes los habían contratado, se comprobó que era otra persona totalmente insolvente, que lo único que ganaba era un vintén más que el resto y que trabajaba a la par de ellos. Entonces, desde hace nueve años ha habido un largo periplo de pleitos y juicios, pero hasta el momento ninguno de esos trabajadores se ha podido resarcir en lo más mínimo de lo que le correspondía, porque faltaba, precisamente, una norma que hiciese responsable en forma clara al dueño de la explotación forestal para que se hiciera cargo de esos trabajadores que estaban trabajando en su provecho.

Entonces, ¡vaya si será necesario crear esta normativa y vaya si las doctrinas que surgen a partir de esta van a defender el interés de los trabajadores!

Esto, señor Presidente, va a permitir cubrir muchas situaciones, como el caso de una Intendencia -como decía, no importa cuál ni de qué período- que, para cumplir servicios de vigilancia y de limpieza, tercerizaba a través de otra empresa que tenía en negro a sus trabajadores, a quienes no se les pagaba los salarios correspondientes. ¡El propio Estado haciendo esto! Creo que cuando este proyecto se convierta en ley va a haber, necesariamente, una mayor responsabilidad empresarial ante los derechos de los trabajadores.

En los procesos de producción y en los de generación de bienes y servicios intervienen, por una parte, aspectos materiales, como locales y máquinas, pero también trabajadores, y son personas, son seres humanos a quienes se les debe respetar en todos sus derechos, más allá de la forma bajo la cual se los contrate. Entonces, ¡vaya si será necesario aprobar este tipo de normativas!

Quiero hacer referencia a unas expresiones vertidas por el señor Diputado Pablo Abdala -lástima que no se encuentre en Sala- cuando se refirió al pacto social que se promueve desde el Gobierno con los empresarios y los trabajadores. Yo soy un firme partícipe de ello; creo que es sumamente necesario un pacto social para garantizar la producción y el trabajo, un pacto social que garantice los derechos elementales a los trabajadores y a los empresarios, reglas claras de juego para su accionar. Digo que en este pacto social que se está impulsando se está en la misma línea de lo que se va a aprobar en el día de hoy en esta Cámara.

SEÑOR BATALLA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ARREGUI.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BATALLA.- Señor Presidente: antes que nada, agradezco al compañero que estaba haciendo uso de la palabra que me haya permitido esta breve intervención.

Nosotros estamos contentos con que se haya elaborado este proyecto, y lo vamos a votar gustosamente porque es algo poco menos que imprescindible ante las cosas que han venido sucediendo en este país desde que se dio la modalidad de la subcontratación y la tercerización.

Refiriéndose a la forestación, el señor Diputado Arregui describía la situación en algunos lugares. Nosotros también debemos referirnos brevemente a ese tema. Hemos ido a lugares donde contratan gente para que subcontrate trabajadores que ni siquiera son uruguayos, los traen de otro país. Será porque en ese país se explota de mejor forma que acá. Yo vi por lo menos a uno de esos señores con un "pau de fogo" muy grande en la cintura, por lo menos calibre 44, por si algún trabajador -supongo yo- se sublevaba y no se quería avenir a esa forma infame de explotación a que esos contratistas los sometían.

Se llegó, en una instancia, a hacer una denuncia, porque era muy flagrante la explotación, y cuando iba algún inspector los trabajadores tenían orden de esconderse en los montes para que no los encontraran, y había quien daba aviso a los contratistas de cuándo iban a ir. Esto no debe sorprendernos, porque por allá se hizo una denuncia al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre estas cosas que estoy diciendo, y ¡vaya sorpresa!, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social era quien defendía a la empresa que los trabajadores organizados denunciaban para que terminara la explotación por parte de los que tercerizaban.

Pero esto no se da solo en la forestación sino también, por ejemplo, en la citricultura, donde se paga lo que se quiere, hasta ahora, porque cuando se apruebe este proyecto de ley, como decía el señor Diputado Arregui, se va a terminar. En estos casos es muy difícil contar con algo para poder hacer la denuncia, porque el temor del trabajador de que lo despidan es mayor que la necesidad que tiene de que le paguen lo que deben.

Me parece que con este proyecto se va a obligar a los que contratan a otras personas por una tercerización a que se averigüe de antemano si se cuenta con medios para hacer frente a cualquier evento que pueda producirse. ¿Por qué digo esto? Porque también el Estado ha contratado, fundamentalmente el Banco de Previsión Social. Ha contratado a empresas para hacer viviendas para jubilados "e ainda mais" y, ¿qué ha pasado? El contratado hizo las viviendas en terrenos que no eran suyos. Sin embargo, se le adelantó plata como si lo fueran, y las viviendas nunca pudieron ser entregadas. Hoy las han usurpado. Por lo menos, en Salto ha ocurrido así. Gente que no tenía dónde vivir se metió, en la que tenía puerta, con puerta, y lo otro, como quedó al libre albedrío del que pasara, se lo robaron. Las viviendas están siendo ocupadas por usufructuarios, por gente que no tenía dónde meterse.

Esto es triste: que el Estado de este país, el Banco de Previsión Social de este país, que debe velar por los intereses de la gente, haya caído en manos de estos delincuentes, que firman sin ningún problema y se hacen cargo -supongo que después de esto no va a pasar más-, y después, por el simple hecho de declararse insolventes no pasa nada, ni siquiera con el aporte de los trabajadores al Banco de Previsión Social. Por lo menos eso tenía que haber hecho el Banco de Previsión Social: asegurarse de que el que contrataba la obra tuviera a sus trabajadores regularizados. No pasaba nada, y hoy, esa gente anda desesperada buscando años para poder jubilarse y se encuentra con que, en el mejor de los casos, en un mes les pasaban seis días de trabajo. Y después del 1º de enero de 1997 no se arregla nada en el Banco de Previsión Social mediante la presentación de testigos. Los jorobaron y chau.

Por último, escuché que un patrón dijo que si le exigen mucho va a tecnificar la cosa y a prescindir de los trabajadores. Ya lo están haciendo. Antes, una trilla de trigo o de girasol ocupaba una docena o un poco más de trabajadores, porque la situación así lo requería. Hoy, con uno que maneje la máquina y otro el camión se está haciendo la trilla; con dos personas, tres a lo sumo, y los otros no tienen trabajo. Es gente que vivía en el campo y que hoy viene a engrosar los cinturones de desocupados de cualquier ciudad de este país. Y nosotros decimos que si cumplir con lo que dice este proyecto de ley va a implicar que algunos patrones tecnifiquen al máximo para prescindir de los trabajadores, el Gobierno o el Parlamento tendrán que ocuparse de que los impuestos que se saquen de esa fábrica hagan que la ganancia no vaya solo al bolsillo o a la cuenta del patrón. De ahí van a salir impuestos para poder pagar a esta gente que va a quedar desocupada y no se debe morir de hambre, porque la función del Gobierno es evitar que esto pase, y también la función de los legisladores. Por lo tanto, ya les estamos avisando: "Tecnifiquen todo, pero van a tener que pagar para que los desocupados no se mueran de hambre.

Muchas gracias, compañero Diputado Arregui. Ya he dicho lo que tenía que decir.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede continuar el señor Diputado Arregui.

SEÑOR ARREGUI.- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: compartimos plenamente la preocupación existente con respecto a las consecuencias que han tenido -primero, a partir de la aprobación de un par de decretos en el último año del Gobierno que encabezó el doctor Luis Alberto Lacalle y, con posterioridad, luego de su incorporación como artículo 178 de la Ley Nº 16.713, de reforma previsional- las distintas normas que permitieron las tercerizaciones.

Compartimos la preocupación. No compartimos que el proyecto de ley que está a estudio sea ciertamente una solución para ese problema. Porque, en todo caso, está actuando sobre las consecuencias del problema y no sobre sus causas.

El señor Diputado Bernini hacía un estado de situación de las consecuencias que había tenido esta normativa. Es cierto, y desde nuestro punto de vista tuvo muy negativas consecuencias el hecho de permitir, por ejemplo, la tercerización de parte de los procesos productivos donde, notoriamente, de pronto un empleado administrativo se hacía cargo de la contratación de trabajadores, formaba una empresa y arrendaba los servicios de esos trabajadores, que seguían trabajando en la propia empresa en una situación que determinaba, al fin y al cabo, un deterioro de las condiciones de trabajo. Deterioro porque se les pagaba menos, deterioro porque después no se cumplía con las obligaciones contraídas, deterioro porque muchas veces no se aportaba al Banco de Previsión Social y se daban las situaciones que aquí se han denunciado, es decir, que luego se declaraban de alguna manera insolventes, formaban otra empresa u otra sociedad de responsabilidad limitada y seguían adelante.

El régimen del artículo 178 de la Ley Nº 16.713, que es el que permite las empresas unipersonales y que constituyó la incorporación a la ley de lo que había sido un decreto, establecía algunas posibilidades de contralor que, en los hechos, no se efectivizaron. El "nomen juris" del artículo 178 es "Empresas unipersonales" y dice que "Las contribuciones especiales de seguridad social generadas por las empresas unipersonales se regirán por las siguientes reglas [...]", y, entre ellas, en el numeral 4) menciona lo siguiente: "El Banco de Previsión Social podrá formular, de manera fundada, observaciones a dichos contratos, cuando entienda que ellos implican una clara relación de dependencia encubierta, en cuyo caso la materia gravada estará constituida por las retribuciones percibidas por concepto de servicios prestados. En tales casos, la obligación de pago de las contribuciones especiales de seguridad social existirá a partir del primer día del mes siguiente al de la notificación, sin perjuicio de los recursos administrativos que pudieren corresponder". Y en el numeral 5) se establece: "Las retribuciones por concepto de servicios prestados por empresas unipersonales constituirán materia gravada, en caso de que no exista contrato escrito o de que el mismo no haya sido debidamente registrado, y siempre que la Administración compruebe que la relación contractual ha sido establecida con la finalidad de evitar el pago de contribuciones especiales de seguridad social.- Se presumirá que no existe finalidad de evitar el pago de contribuciones especiales de seguridad social cuando se trate de empresas unipersonales formadas por ex trabajadores de la co-contratante," -aspecto que dio lugar a todo este tipo de situaciones que recién mencionábamos- "cuando la relación contractual sea consecuencia de una reestructura de esta, acordada con su personal".

Como veíamos, había algún tipo de controles previstos, que en los hechos no se efectivizaron y, en realidad, el último numeral que leí fue, de alguna manera, la ventana por la cual se colaron todas estas situaciones. Estas normas son el origen de las consecuencias de las que han hablado varios señores Diputados, en cuyo impacto negativo todos acordamos.

Ahora bien: para enmendar un error no hay que cometer otro. Yo no creo que se deba actuar sobre las consecuencias; estoy convencido de que debemos actuar sobre la causa; estoy convencido de que debemos actuar regulando todo lo que tiene que ver con las tercerizaciones. Para empezar, señor Presidente, creo que no es concebible que en un proceso productivo existan tercerizaciones. No creo en las tercerizaciones de los procesos productivos, en ninguna actividad. Las tercerizaciones tienen, sí, sentido cuando se trata de servicios auxiliares. No forma parte del proceso productivo, por ejemplo, la contratación de los servicios de limpieza; no forma parte de los procesos productivos otro tipo de servicios que son pasibles de ser subcontratados, pues son auxiliares de lo que es el proceso de producción de cualquier empresa.

Entonces, me parece que deberíamos ir al origen del problema y no generar -como plantea este proyecto de ley- una solución que atiende las consecuencias pero produce nuevos efectos negativos. Cito uno como ejemplo, que me parece realmente muy claro y, de alguna manera, demuestra por qué esta normativa que se plantea por parte del oficialismo y del Partido Colorado no contribuye a dar una solución al problema. Por ejemplo, el caso -que estaba incluido en el artículo 1º- de los servicios auxiliares que se contratan por parte de las comisiones de fomento de las escuelas. Por lo que establece el artículo 1º, las comisiones de fomento y sus integrantes pasan a ser solidariamente responsables de los aportes que no se viertan al Banco de Previsión Social y de las deudas que eventualmente se puedan generar por las empresas que presten servicios de limpieza en las escuelas, contratadas por las comisiones de fomento. Como consecuencia de una situación de esta naturaleza, mucha gente que desinteresadamente presta su servicio y su esfuerzo para colaborar con la escuela pública, no va a participar.

Idéntica situación se vive en las administraciones que los vecinos hacen en los edificios; en ese caso también se contratan servicios de limpieza o de otra naturaleza que, eventualmente, pueden quedar contemplados en el artículo 1º, y los integrantes de las comisiones administradoras de los distintos edificios pasarán a ser solidariamente responsables por los aportes a la seguridad social y por los eventuales adeudos que haya con los trabajadores.

A mí me parece que, claramente, hay un contrasentido con lo que se busca solucionar. Sigo pensando que, en realidad, hay que establecer una normativa que modifique el artículo 178 de la Ley Nº 16.713; sigo creyendo que por ahí está verdaderamente el camino para atender y, sobre todo, para establecer una regulación sobre las tercerizaciones, a partir de la idea que señalábamos: que los procesos productivos no pueden ser objeto de tercerización en ningún caso.

Es todo cuanto queríamos decir.

SEÑOR CABRERA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR CABRERA.- Señor Presidente: manteniendo el tono de mi primera intervención, quiero ser muy claro al contestar algunas cosas que se han afirmado a lo largo de este debate.

La primera es que yo sí creo en las tercerizaciones y en los procesos productivos que se pueden dar a partir de una tercerización. Luego de la intervención del señor Diputado Bernini y, en gran medida ahora, de la del señor Diputado preopinante, se ha planteado una ubicación del problema en el tiempo y en el espacio y una génesis en leyes flexibilizadoras del Gobierno del Partido Nacional.

Yo fui un orgulloso integrante del Gobierno del Partido Nacional y, además, ocupé funciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; a muchos legisladores de la bancada de Gobierno los conozco de cuando negociábamos en ese ámbito.

Naturalmente, cada política es compartida o no, y no quiero convencer a quien cree que la tercerización es mala; mis razones tengo para pensar que es buena. Pero, recogiendo el guante que arrojó el señor Diputado Pozzi en el sentido de cuestionar, de pensar, de volver a analizar las cosas, quiero hacer un par de puntualizaciones. La primera es que ese Gobierno que se tilda de flexibilizador y de tercerizador también consagró en este ámbito normas de brutal importancia y protección para los trabajadores. Por ejemplo, el Decreto Nº 89/95, que por primera vez en la historia del Uruguay estableció los servicios de seguridad para la construcción, terminando con una larga cadena de muertes en ese rubro que, en aquella época, llegaba a trece o catorce personas por año. Además, ese decreto fue negociado en forma tripartita con representantes de la Cámara de la Construcción, del SUNCA y del Ministerio, y ha tenido vigencia a partir de esa fecha.

La Ley Nº 16.713, que determinó la regulación de las empresas unipersonales, también estableció las multas sumamente gravosas para los casos de documentación falsificada por subdeclaración o falta de aportación, por documentación dolosa, que hoy aplica el Banco de Previsión Social y que, entre otras cosas, determina que el denunciante reciba un incentivo económico como una forma de fomentar las denuncias.

El problema no es la tercerización o el trabajo dependiente. Así planteadas las cosas, no existirían problemas en el trabajo dependiente en la empresa principal, pero todos sabemos que existen; no es una oposición entre dependiente y no dependiente o entre la empresa principal y empresa tercerizada. La oposición, tal como lo plantea la OIT, es entre trabajo decente y trabajo no decente, en el ámbito de la empresa principal o de la empresa subcontratista. Plantearlo de otra manera desfocaliza el punto de atención. Siempre hay que proteger a la parte más débil, sin perjudicar a la parte empleadora, cualquiera sea la forma jurídica utilizada. La forma no es el problema, sino el fraude a la forma.

Las empresas unipersonales figuraban en el proyecto original del Poder Ejecutivo, y expresamente se quitó la referencia porque en la Comisión analizamos -coincidimos, en la medida en que no figura en el proyecto presentado por la mayoría- que refería a una forma, la de la empresa unipersonal, pero que no necesariamente comprendía otras formas que también pueden ser tercerizables, como por ejemplo las sociedades anónimas o las sociedades de responsabilidad limitada.

Termino diciendo que conceptualmente hay una diferencia con algunos de los legisladores preopinantes y que en la bancada del Partido Nacional creemos en el trabajo dependiente y también en el trabajo independiente. Yo no creo en la glorificación del trabajo dependiente como forma superior, en desmedro de pequeñas o microempresas integradas por personas que hasta ese momento fueron trabajadores dependientes. Es más: cuando la regulación de las empresas unipersonales fue bien aplicada permitió -así lo pedía la norma- que se generaran procesos de creación de nuevas empresas reales, auténticas, que salieron al mercado y que todavía existen.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

SEÑOR BENTANCOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor miembro informante en mayoría.

SEÑOR BENTANCOR.- Señor Presidente: con el objetivo de avanzar más rápidamente, damos por entendido -salvo que se plantee lo contrario, situación que respetaríamos mucho- que sería conveniente votar en bloque, excepto los desgloses que se propongan.

Como hay dos proyectos distintos -más allá de que puede haber un hilo conductor que compartimos, hay diferencias-, entiendo que sería conveniente votarlos por separado.

Pienso que tanto en nuestro proyecto como en el de los compañeros -si están de acuerdo- sería bueno suprimir la lectura y votar en bloque, pues ayudaría mucho a la agilidad de esta sesión. Creo que todos pensamos en esa dirección.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señor Presidente: estamos de acuerdo con el tenor de lo sugerido por el señor Diputado Bentancor, pero vamos a solicitar el desglose de los artículos 2º, 3º, 5º y 7º -que el Partido Nacional va a votar afirmativamente- del proyecto presentado por la mayoría de la Comisión. También estamos de acuerdo con que se suprima la lectura y el resto se vote en bloque

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar si se suprime la lectura de los artículos 1º, 4º y 6º y se votan en bloque.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión los artículos 1º, 4º y 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en sesenta: AFIRMATIVA.

Se va a votar si se suprime la lectura de los artículos 2º, 3º, 5º y 7º y se votan en bloque.

(Se vota)

——Cincuenta y nueve en sesenta: AFIRMATIVA.

En discusión los artículos 2º, 3º, 5º y 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y nueve en sesenta: AFIRMATIVA

SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Señor Presidente: estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado mi Partido en la sesión del día de hoy, en el convencimiento de que es necesaria esta reglamentación y poner sobre la mesa algunos aspectos de este tema que hemos vivido, inclusive, en el Parlamento. La subcontratación de empresas a veces provoca que muchas personas tengan un régimen laboral muy difícil.

En el entendido de que el Partido Nacional ha realizado algunas explicaciones y ha adoptado una posición muy especial al respecto, no hemos votado el proyecto que el Poder Ejecutivo ha enviado a Sala. Nos hubiera gustado que en el artículo 1º no se estableciera que quien contrata quedará incluido en el régimen de responsabilidad solidaria, debido a las dificultades que eso va a traer.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR BENTANCOR.- Mociono para que el proyecto se comunique de inmediato.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta en sesenta y uno: AFIRMATIVA

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado en mayoría).

15.-     Urgencias.

——Dese cuenta de una moción presentada por la señora Diputada Peña Hernández y los señores Diputados Blasina, Pereyra, Borsari Brenna y Ortuño.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley 'Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres en la República'".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta en sesenta y uno: AFIRMATIVA.

16.-     Igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República. (Normas).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República. (Normas)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 472

"PODER EJECUTIVO

Montevideo, 26 de setiembre de 2005.

Señor Presidente

de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a los efectos de remitir el presente proyecto de ley sobre igualdad de oportunidades y derechos de la República Oriental del Uruguay.

"... el logro de la igualdad entre la mujer y el hombre es una cuestión de derechos humanos y una condición para la justicia social, y no debe encararse aisladamente como un problema de la mujer. La potenciación del papel de la mujer y la igualdad entre la mujer y el hombre son condiciones indispensables para lograr la seguridad política, social, económica, cultural y ecológica entre todos los pueblos. Únicamente después de alcanzados esos objetivos se podrá instaurar una sociedad viable, justa y desarrollada".

Esta afirmación, contenida en la Declaración y Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer reunida en Beijing en 1995, mantiene su frescura y validez, después de diez años.

Nuestro país debe abordar los cambios imprescindibles para que el ejercicio de la ciudadanía sea una realidad tangible para cada uno de los uruguayos y uruguayas. Se trata de saldar la deuda que la democracia tiene con las mujeres uruguayas. El Estado uruguayo puede y debe dar señales inequívocas respecto a su voluntad de aportar en este sentido.

La discriminación que sufren las mujeres uruguayas afecta los derechos humanos de toda la población; la imprescindible búsqueda de justicia social requiere la aplicación efectiva del principio de equidad. Las diferencias notorias en la distribución de poder entre mujeres y hombres, provocan un déficit democrático y afectan el ejercicio de la ciudadanía. El desarrollo sostenido necesita del capital humano de toda la población y de la mejora en la calidad de vida de las mujeres y los hombres, lo que requiere transformaciones profundas en las pautas culturales.

A pesar de la existencia de normas de carácter nacional y numerosos instrumentos internacionales -que de manera implícita o explícita se refieren a la equidad de género y al principio de no discriminación por razones de sexo- las investigaciones realizadas y los datos estadísticos revelan claramente que las mujeres en Uruguay se encuentran en desventaja en muchos aspectos vinculados al pleno ejercicio de sus derechos.

Algunos datos

El Uruguay ha tenido bajas tasas de analfabetismo, y entre las mujeres éstas son menores que para los hombres. En la educación inicial y primaria, la asistencia escolar es similar para ambos sexos. Es en la enseñanza media que aparecen diferencias entre hombres y mujeres, favorables a estas últimas; y a nivel de estudios terciarios, existe también una mayor presencia de mujeres que se mantiene a lo largo de la última década. De acuerdo al Censo Universitario del año 2001, el 63% del estudiantado que concurre a la Universidad de la República son mujeres, mientras que la relación entre mujeres y hombres en 1988 era 1,4, en el 2001 es de 1,6 mujeres por cada hombre.

Sin embargo, para las uruguayas que constituyen el 46% de la población activa del país urbano, persiste la segregación laboral y de discriminación salarial. La mayoría de las mujeres se ubican en el sector de los servicios, y particularmente en el servicio doméstico. Un gran número de uruguayas trabajan en condiciones de informalidad y precariedad.

La segregación horizontal y vertical del mercado de trabajo perjudica a las trabajadoras uruguayas, que continúan encerradas en algunas ocupaciones de baja calidad: permanecen al margen de los cuadros gerenciales y mantienen -fundamentalmente en el sector privado- diferencias salariales con los hombres que realizan las mismas tareas.

La integración femenina al mundo laboral ha sido sistemática y sostenida, con un importante incremento en las últimas décadas. Pero la incorporación al mercado de trabajo no las ha eximido de sus roles tradicionales vinculados a la reproducción social. De esta manera, a pesar de su menor carga horaria promedio en los puestos remunerados, una importante cantidad de mujeres cumple con dos jornadas laborales, una de las cuales no posee remuneración. Esta doble jornada constituye un obstáculo para la equidad.

Una de las formas más flagrantes de la subordinación de las mujeres es la de la violencia doméstica, que se cobra la vida de una mujer cada nueve días. Las consecuencias de este fenómeno repercuten en toda nuestra sociedad. La aprobación de la Ley de Violencia Doméstica, que declara de interés general las actividades orientadas a su prevención, detección temprana, atención y erradicación, es uno de los instrumentos para su combate.

Por último, la proporción de mujeres en los tres poderes del Estado es muy baja, siendo en este campo donde el país presenta las mayores debilidades en lo que respecta a la equidad de género, y esta situación no ha cambiado significativamente con respecto a décadas pasadas. En lo que refiere al Poder Ejecutivo, en 1995-1999 hubo solo una mujer en un cargo ministerial; actualmente se alcanzó a 3 mujeres con rango ministerial, lo que implica un récord que no nos puede dejar satisfechos.

En el Parlamento, las primeras mujeres ingresaron en el año 1942 pero ello no significó el inicio de una integración sostenida y creciente. En la actualidad son sólo 13 mujeres en un total de 130 miembros del Parlamento. Puede decirse que Uruguay se encuentra rezagado en la integración de las mujeres a la vida parlamentaria tanto en términos comparativos como absolutos.

La participación femenina en el Poder Judicial ha mostrado una tendencia creciente. Pero la inserción es altamente estratificada por sexo: no hay mujeres en la Corte Suprema de Justicia, son una tercera parte de los Ministros de los Tribunales de Apelaciones mientras que representan algo más de la mitad de los jueces letrados. En otros ámbitos, como los partidos políticos y los sindicatos, las mujeres son absolutamente minoritarias en las direcciones.

Algunos puntos de partida

El compromiso adquirido por el país en el escenario internacional a través de Conferencias como:

- México, 1975: Primera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Año

Internacional de la Mujer.

- Copenhague, 1980: Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer.

- Viena, 1993: Conferencia Mundial de Derechos Humanos.

- El Cairo, 1994: Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo.

- Beijing, 1995: Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.

- New York, 2000: Declaración del Milenio.

- Durban, 2001: Conferencia Mundial contra el Racismo.

Las Convenciones, requieren la transformación en acciones legislativas y de gobierno para su efectivo cumplimiento.

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, es fruto del trabajo de años realizado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que fue creada en 1946 por la ONU. Dicha Comisión, basándose en la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de Naciones Unidas de 1967, comienza a preparar la CEDAW en 1974. La Asamblea General de Naciones Unidas finalmente la aprobó el 18 de diciembre de 1979. Nuestro país por Ley Nº 15.164, de 4 de agosto de 1981, aprueba la CEDAW. Luego por Ley Nº 17.338, de 18 de mayo de 2001, aprueba el Protocolo Facultativo de la CEDAW.

Recordemos que la Convención tiene un carácter jurídicamente vinculante, y enuncia los principios aceptados internacionalmente sobre los derechos de la mujer que se aplican a todas las mujeres en todos los ámbitos. Por lo expuesto se deben tomar las medidas para asegurar que las mujeres puedan gozar de los derechos que les asisten.

El Comité creado en virtud del artículo 17 de la Convención -al cual se le ha confiado la vigilancia de la aplicación de la Convención por los Estados Partes- ha realizado señalamientos a nuestro país por sus incumplimientos.

La elaboración de la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades es el marco necesario a nivel nacional que permite elaborar una política pública de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, implementada desde el Instituto Nacional de la Familia y la Mujer, en articulación con los distintos organismos del Estado y con la activa participación de los actores institucionales y sociales, previéndose desde ya su seguimiento y la evaluación de sus logros y resultados.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo, con su mayor consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ, MARINA ARISMENDI, JOSÉ E. DÍAZ, REINALDO GARGANO, DANILO ASTORI, AZUCENA BERRUTTI, JORGE BROVETTO, VÍCTOR ROSSI, JORGE LEPRA, JORGE BRUNI, MARÍA J. MUÑOZ, JOSÉ MUJICA, HÉCTOR LESCANO, MARIANO ARANA.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Se declaran de interés general las actividades orientadas a la Igualdad de Derechos y Oportunidades entre hombres y mujeres en la República Oriental del Uruguay.

Artículo 2º.- El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el diseño, elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas públicas de manera que integren la perspectiva de género, contando con el marco general y orientador de esta Ley de Igualdad de Oportunidades y Derechos.

Artículo 3º.- El Instituto Nacional de la Familia y la Mujer creado por el artículo 234 de la Ley Nº 16.226 de 29 de octubre de 1991, modificado por Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, que le cambia el nombre por el actual, y el artículo 348 de la Ley Nº 16.736 que le agrega al artículo 234 de sus competencias, el literal F) asesorar sobre la forma de prevenir la violencia doméstica, se incorpora al Ministerio de Desarrollo Social por el artículo 6º de la Ley Nº 17.866, de 21 de marzo de 2005, y con el artículo 337 del Proyecto de Ley de Presupuesto cambia el nombre por "Instituto Nacional de las Mujeres". Dicho Instituto tendrá el cometido de diseñar el Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos que dé cumplimiento a los compromisos contraídos por el país en los instrumentos ratificados o firmados en el ámbito de las Naciones Unidas relativos a la no discriminación de las personas en función de su sexo, raza, etnia, condición social, orientación sexual o creencia religiosa.

Artículo 4º.- El Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos deberá integrar los siguientes objetivos:

a) Garantizar el respeto y vigilancia de los Derechos Humanos de las mujeres conceptualizados como Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, aplicando y desarrollando una legislación igualitaria.

b) Promover la ciudadanía plena, garantizando la inclusión social, política, económica y cultural de las mujeres, así como su participación activa en el proceso de desarrollo sostenible y equitativo.

c) Promover el reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos y sociales y su participación en los espacios públicos y de toma de decisiones.

d) Garantizar la equidad en el trabajo, el empleo y la seguridad social, adoptando medidas apropiadas para eliminar las prácticas discriminatorias de los empleadores contra las mujeres por su condición de madres, por su raza, generación, etcétera.

e) Fortalecer los aspectos preventivos y un enfoque integral de la salud, que considere a las mujeres en sus diversas dimensiones: física, mental, generacional, racial, social, cultural, en todo el ciclo vital; integrando los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, en el sistema de salud.

f) Promover la equidad en el Sistema Educativo, creando un entorno educativo y social que asegure el respeto a la diversidad, alentando a las niñas y niños y adolescentes a alcanzar su pleno potencial.

g) Promover el acceso a las nuevas tecnologías en niñas y niños y adolescentes con contenidos que fomenten la igualdad de derechos y deberes para ambos sexos.

h) Aportar a un cambio cultural a través de un manejo respetuoso y equilibrado de la imagen y valoración de mujeres y hombres, eliminando los estereotipos de género.

i) Incluir a las mujeres en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente que promuevan una ética ambiental mediante el uso sostenible de los recursos.

Artículo 5º.- Las acciones propuestas por el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos se implementarán a través de los distintos organismos ejecutores del Estado de acuerdo a los objetivos establecidos en los artículos precedentes, convocando a la más amplia participación de la sociedad civil

Artículo 6º.- El INFM deberá promover la coordinación y transversalidad en la aplicación de las políticas del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, basándose en los principios de integralidad, descentralización, participación, inclusión y promoción de los derechos humanos.

Artículo 7º.- Créase en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social el Consejo Rector de Políticas Públicas de Igualdad de Género, presidido por el Instituto Nacional de la Familia y la Mujer que será integrado por:

- Dos representantes de las máximas jerarquías de los Ministerios.

- Dos Ministros de la Suprema Corte de Justicia.

- Dos integrantes del Congreso de Intendentes.

- Tres representantes de la Sociedad Civil.

- Seis vocales, designados por la Presidencia del Consejo Rector, entre personas con acreditada trayectoria personal o profesional en favor de la igualdad de derechos entre ambos sexos.

Artículo 8º.- El Consejo podrá crear comisiones Departamentales o Regionales, reglamentando su integración y funcionamiento.

Artículo 9º.- El Consejo, cuya competencia es nacional, tendrá los siguientes fines:

1. Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de su competencia

2. Velar por el cumplimiento de esta ley y su reglamentación.

3. Promover la elaboración de Planes de Igualdad de Derechos y Oportunidades a nivel departamental

4. Aprobar el Plan anual de actuación del Organismo, que será presentado por el Instituto Nacional de las Mujeres.

5. Aprobar la memoria anual sobre gestión y funcionamiento del Organismo.

Artículo 10.- El Consejo dictará un reglamento interno de funcionamiento dentro de un plazo de 120 días a partir de su instalación.

Artículo 11.-. En un plazo no mayor de 160 días a partir de su instalación, el Consejo elaborará y elevará a consideración del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Social, el Primer Plan Nacional de Igualdad de Derechos y Oportunidades.

Artículo 12.- El Consejo podrá convocar a las sesiones y consultar a representantes de Organismos Públicos y a personas no estatales que entienda que pueden aportar en las distintas áreas del Plan.

Montevideo, 26 de setiembre de 2005.

MARINA ARISMENDI, JOSÉ E. DÍAZ, REINALDO GARGANO, DANILO ASTORI, AZUCENA BERRUTTI, JORGE BROVETTO, VÍCTOR ROSSI, JORGE LEPRA, JORGE BRUNI, MARÍA J. MUÑOZ, JOSÉ MUJICA, HÉCTOR LESCANO, MARIANO ARANA".

Anexo I al
Rep. Nº 472

"Comisión Especial de género y equidad

INFORME

Señores Representantes:

El Estado uruguayo ha suscrito y ratificado los diferentes instrumentos internacionales que consagran la vigencia y protección de los derechos humanos y establecen compromisos ineludibles para aquél respecto de su protección, de la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas.[i] Sin embargo, al realizar una somera lectura de la realidad encontramos que la inequidad entre los géneros es un componente aún presente en nuestra sociedad. Baste aportar aquí algunos ejemplos:

En el mercado laboral, el desempleo impacta de forma diferente a hombres y mujeres siendo la tasa de desempleo total de 12.2%, mientras que para los hombres es de 9.5% para las mujeres es de 15.3%, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Encuesta Continua de Hogares 2005. La relación entre la remuneración media por hora de trabajo de mujeres y hombres por tipo de ocupación demuestra claramente la brecha salarial. Es así que, para el personal directivo la relación es 58.3%; para los profesionales y técnicos 81.3%; para los empleados de oficina 77.1% (datos INE- Uruguay: indicadores de género).

En la participación política, la representación parlamentaria es un claro espejo del estado de situación. En su integración el 89.2% son hombres y el 10.8% mujeres: catorce mujeres - tres Senadoras y once Diputadas.

En lo social, es desproporcionado el peso de la tarea reproductiva de la sociedad sobre las mujeres. El cuidado, atención y educación de los hijos e hijas, la responsabilidad de la tarea doméstica, el cuidado de los enfermos y las personas mayores recaen mayoritariamente sobre la población femenina. También sigue siendo alarmante la proporción de mujeres entre las víctimas de violencia doméstica. Cada nueve días muere una mujer a causa de la violencia de género en nuestro país.

Este breve panorama deja claro que la discriminación de las mujeres, tal cual la define la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en su artículo 1º "Discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o civil o en cualquier otra esfera"; es un existente real en nuestra sociedad contemporánea.

Lamentablemente, la declaración formal de la igualdad de hombres y mujeres respecto a sus derechos y oportunidades, en muchos casos, se ha quedado en eso: declaración formal. No se puede tratar "formalmente" igual a los desiguales, hacerlo sería perpetuar un estado de desigualdad de derechos y de oportunidades.

Se hace, pues, imprescindible tomar medidas específicas, temporales y eficaces para acelerar la igualdad de hecho, tal cual lo recomienda la CEDAW en su artículo 4º: "La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato".

Es el objetivo central de este proyecto que el Estado uruguayo tome las medidas pertinentes, diseñando políticas públicas integrales que concreten los compromisos que en materia de igualdad de oportunidades ya ha asumido. Esa igualdad formal, que se encuentra asentada en la ley, es necesario hacerla substancial, es decir, real y efectiva en los resultados.

Así es que, en su artículo 1º, el proyecto formula la declaración de interés general hacia las actividades orientadas a la Igualdad de Derechos y Oportunidades entre hombres y mujeres en la República Oriental del Uruguay, plasmando explícitamente la voluntad política de llevar adelante todas las acciones pertinentes para ir progresivamente erradicando la discriminación contra la mujer en las esferas política, civil, laboral, económica, social, educativa o privada; jerarquizando las mismas y obligando al Estado a asumirlas. Complementa este artículo el 2º, donde de forma taxativa dispone la elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas públicas de manera que integren la perspectiva de género, única garantía del tratamiento diferenciado como forma de ir acortando la brecha generada por la discriminación.

Para que estos extremos se confirmen el proyecto propone la elaboración de un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos encomendándose la responsabilidad de su diseño al Instituto Nacional de las Mujeres (artículo 3º). El mismo deberá ajustarse a los siguientes objetivos (artículo 4º):

1) Garantizar el respeto y vigilancia de los Derechos Humanos de las mujeres conceptualizados como Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, aplicando y desarrollando una legislación igualitaria.

2) Promover la ciudadanía plena, garantizando el ejercicio igualitario de los derechos; la inclusión social, política, económica y cultural de las mujeres, así como su participación activa en los procesos de desarrollo.

3) Promover cambios culturales que permitan compartir en condiciones de igualdad, el trabajo productivo y las relaciones familiares y aseguren el acceso equitativo de hombres y mujeres a los procesos de innovación, ciencia y tecnología en los planes de desarrollo.

Resulta fácilmente comprensible que, para alcanzar estos objetivos, se hace imprescindible la participación protagónica de los distintos organismos ejecutores del Estado y de la población en general. Asimismo, debemos tener presente que el éxito del Plan radicará en el impulso de acciones coordinadas que impacten integralmente nuestra sociedad. No se trata de promover acciones focalizadas y disociadas de un contexto general, pues de esta manera no se estimularán los cambios necesarios para un avance cualitativo. La opción de desarrollar políticas públicas integrales de promoción de derechos humanos, coordinadas efectivamente queda claramente recogida en la redacción de los artículos 5º, 6º y 7º de este proyecto de ley.

La decisión de erradicar progresivamente la discriminación hacia las mujeres debe ser sostenida en el tiempo, sujeta a evaluaciones periódicas y a reformulaciones sucesivas de las acciones a llevar adelante. Garantizando estos postulados es que se crea el Consejo Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género (Capítulo II artículos 8º, 9º, 10, 11 y 12).

Su integración pretende garantizar la más alta representación en cuanto a los organismos involucrados así como a la jerarquía de los actores. De esa manera se contemplan los diferentes Ministerios integrantes del Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia, el Congreso Nacional de Intendentes, la sociedad civil organizada en sus múltiples expresiones y la Universidad de la República. Explícitamente se hace mención al criterio de la máxima jerarquía en la nominación de los diferentes integrantes, pues la vocación de la Comisión ha sido la de garantizar, no sólo niveles de representatividad sino de capacidad de decisión y ejecución efectiva de los compromisos que allí se efectúen.

Se dota al Consejo Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género de cometidos específicos:

Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de su competencia.

Velar por el cumplimiento de esta ley y su reglamentación.

Promover la elaboración de Planes de Igualdad de Derechos y Oportunidades a nivel departamental.

Aprobar el Plan anual de actuación del Organismo, que será presentado por el Instituto Nacional de las Mujeres.

Aprobar la memoria anual sobre gestión y funcionamiento del Organismo.

Se le otorgan potestades para garantizar la efectividad y pertinencia de su accionar. Es así que podrá crear Comisiones Departamentales o Regionales, convocar a sus sesiones a representantes de organismos públicos o a cualquier otra persona de forma de obtener todo el asesoramiento e información que contribuya al cumplimiento de sus objetivos.

Por último, el artículo 13 establece la obligatoriedad de rendir cuentas a la Asamblea General en forma anual de los avances en la ejecución del Plan. Este aspecto recogido en el proyecto a vuestra consideración viene a dar cuenta de lo planteado por las distintas organizaciones de mujeres que se hicieron presentes en la Comisión Especial de Género y Equidad en virtud de su consideración. La preocupación unánime -compartida por los y las integrantes de esta asesora- fue dar mayor transparencia y asegurar el debido contralor por los representantes de la ciudadanía de forma que las acciones que este proyecto de ley propone no queden reducidos a un cúmulo de buenas intenciones. Conteste al objetivo central del proyecto de ley se propone que dicha rendición de cuentas deba realizarse en el marco de las actividades del 8 de marzo, "Día Internacional de la Mujer".

Sala de la Comisión, 7 de setiembre de 2006.

DAISY TOURNÉ, Miembro Informante, WASHINGTON ABDALA, DANIELA PAYSSÉ, JUAN ANDRÉS ROBALLO, BEATRIZ ARGIMÓN, con salvedades que expondrá en Sala, SANDRA ETCHEVERRY, con salvedades que expondrá en Sala, ADRIANA PEÑA HERNÁNDEZ, con salvedades, que expondrá en Sala.

NOTA

· [i] La Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 7º.

· Ley Nº 13751 del año 1969: Pacto Internacional y Protocolo Facultativo de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 26. y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Artículo 3º.

· Decreto-Ley Nº 15.164 del año 1979. Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer - CEDAW.

· Ley Nº 16.137 del año 1990. Convención sobre los Derechos del Niño.

· CEDAW, Declaración para Eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, año 1993.

· Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Artículo 2º.

· Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

· Ley Nº 16.519 del año 1994. Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador", Artículo 3º. y "Pacto de San José de Costa Rica" Artículo 1.1 y 2º.

· Ley Nº 16.735 del año 1996. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, "Convención de Belem Do Para".

· Convenio Internacional del Trabajo (OIT), Nº 100 Artículo 3º, Nº 111 Artículo 1 y Nº 156

PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Artículo 1º.- Se declaran de interés general las actividades orientadas a la Igualdad de Derechos y Oportunidades entre hombres y mujeres en la República Oriental del Uruguay.

Artículo 2º.- El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el diseño, elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas públicas de manera que integren la perspectiva de género, contando con el marco general y orientador de esta Ley de Igualdad de Oportunidades y Derechos.

Artículo 3º.- Encomiéndase al Instituto Nacional de las Mujeres (Artículo 377 de la Ley Nº 17.930, de 23 de diciembre de 2005), el diseño del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos que dé cumplimiento a los compromisos contraídos por el país en los instrumentos ratificados o firmados en el ámbito internacional de las Naciones Unidas, OEA y MERCOSUR, relativos a la no discriminación de las personas en función del género.

Artículo 4º.- El Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos deberá:

a) Garantizar el respeto y vigilancia de los Derechos Humanos de las mujeres conceptualizados como Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, aplicando y desarrollando una legislación igualitaria.

b) Promover la ciudadanía plena, garantizando el ejercicio igualitario de los derechos; la inclusión social, política, económica y cultural de las mujeres, así como su participación activa en los procesos de desarrollo.

c) Promover cambios culturales que permitan compartir en condiciones de igualdad el trabajo productivo y las relaciones familiares y aseguren el acceso equitativo de hombres y mujeres a los procesos de innovación, ciencia y tecnología en los planes de desarrollo.

Artículo 5º.- Las acciones propuestas por el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos se implementarán a través de los distintos organismos ejecutores del Estado, de acuerdo a los principios rectores establecidos en los artículos precedentes, convocando a la más amplia participación de la sociedad civil.

Artículo 6º.- El Instituto Nacional de las Mujeres deberá promover la coordinación y articulación de las instituciones y de las políticas públicas para la aplicación de las políticas de Igualdad de Oportunidad y Derechos, basándose en los principios de integralidad, descentralización, participación, inclusión y promoción de los derechos humanos.

Artículo 7º.- El primer Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos deberá ser elevado al Poder Ejecutivo dentro de los ciento ochenta días de aprobada esta ley.

CAPÍTULO II

DEL CONSEJO NACIONAL COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO

Artículo 8º.- Créase en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género, presidido por un representante del Instituto Nacional de las Mujeres, que estará integrado por:

- Un representante de cada Ministerio designado por el Ministro respectivo.

- Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia o quien ésta designe.

- Dos integrantes del Congreso de Intendentes o quienes éste designe.

- Cuatro representantes de la Sociedad Civil: dos designados por la Asociación Nacional de ONGs (ANONG), uno por el PIT - CNT y uno por las Cámaras Empresariales.

- Un representante de la Universidad de la República.

Para las designaciones, en todos los casos, se seguirá el criterio de la máxima jerarquía.

Artículo 9º.- Tendrá los siguientes fines:

1. Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de su competencia.

2. Velar por el cumplimiento de esta ley y su reglamentación.

3. Promover la elaboración de Planes de Igualdad de Derechos y Oportunidades a nivel departamental.

4. Aprobar el plan anual de actuación del Organismo, que será presentado por el Instituto Nacional de las Mujeres.

5. Aprobar la memoria anual sobre gestión y funcionamiento del Organismo.

Artículo 10.- Podrá crear Comisiones Departamentales o Regionales, reglamentando su integración y funcionamiento.

Artículo 11.- Dictará un reglamento interno de funcionamiento dentro de un plazo de ciento veinte días a partir de su instalación.

Artículo 12.- Podrá convocar a las sesiones y consultar a representantes de Organismos Públicos y a personas no estatales que entienda que pueden aportar en las distintas áreas del Plan.

Artículo 13.- Será obligatoria la rendición de cuentas anual ante la Asamblea General, respecto de los avances en la ejecución del Plan, a realizarse en el marco de las actividades del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Sala de la Comisión, 7 de setiembre de 2006.

DAISY TOURNÉ, Miembro Informante, WASHINGTON ABDALA, DANIELA PAYSSÉ, JUAN ANDRÉS ROBALLO, BEATRIZ ARGIMÓN, con salvedades que expondrá en Sala, SANDRA ETCHEVERRY, con salvedades que expondrá en Sala, ADRIANA PEÑA HERNÁNDEZ, con salvedades que expondrá en Sala".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante, señora Diputada Tourné.

SEÑORA TOURNÉ.- Señor Presidente: el proyecto que vamos a considerar a continuación es una iniciativa del Poder Ejecutivo enviada a esta Cámara en el año 2005. Como muy bien lo ilustra la fundamentación del proyecto que realiza el Poder Ejecutivo, su objetivo político central es concretar la infinidad de convenios internacionales, declaraciones, etcétera, que a lo largo de las décadas nuestro país ha venido ratificando en todas las oportunidades. No creo que exista convenio o convención sobre la no discriminación que el Poder Ejecutivo y este país no hayan ratificado y, sin embargo, la inequidad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres sigue siendo una realidad.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo expresa en su fundamentación, citando textualmente parte de la Declaración y Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer reunida en Beijing en 1995: "...el logro de la igualdad entre la mujer y el hombre es una cuestión de derechos humanos y una condición para la justicia social, y no debe encararse aisladamente como un problema de la mujer". Esto es algo que aún nos cuesta mucho hacer a los uruguayos y a las uruguayas. En general, cuando se tratan estos proyectos se dice que es el proyecto de las mujeres, y no el proyecto de una sociedad que pretende ser más democrática.

El Poder Ejecutivo dice, y nosotros repetimos y citamos, una verdad evidente, pero creo que aún no asumida en su totalidad: "Nuestro país debe abordar los cambios imprescindibles para que el ejercicio de la ciudadanía sea una realidad tangible para cada uno de los uruguayos y uruguayas. Se trata de saldar la deuda que la democracia tiene con las mujeres uruguayas. El Estado uruguayo puede y debe dar señales inequívocas respecto a su voluntad de aportar en este sentido". Es obvio decir, señor Presidente, que esta fundamentación está bajo la firma del señor Presidente de la República y de todos los Ministros de Estado.

Como lo decía, el objetivo es que se haga efectiva, real, concreta, y ya no solamente formal y declarativa, la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las personas por razones de género.

No voy a aburrir a mis queridos colegas citando realidades por todos conocidas. Quizás puedo dar algún ejemplo aislado que tiene que ver con una idea muy arraigada entre nosotros y cualquiera en esta banca estaría dispuesto a decir que es así: a igual función, igual remuneración. Sin embargo, la brecha salarial actual entre hombres y mujeres, censada por el Instituto Nacional de Estadística, derriba esa idea de lo que nosotros creemos que existe: hay diferencias, del 40%, del 58% y hasta del 70% en el mismo cargo, con el mismo trabajo, según si uno es varón o si una es mujer.

No me voy a referir a lo que es la carga del trabajo doméstico, que sigue absolutamente depositado en las mujeres de este país, sean de la clase que sean, ya sea porque contratan a otra mujer para que se haga cargo de esa tarea o porque la asumen además del otro trabajo que tienen afuera.

Por razones obvias, y para no ofender la inteligencia de los colegas, no me voy a referir a la brutal subrepresentación política que tenemos las mujeres en esta Casa; basta mirar no más, y veremos que en todo el Parlamento somos apenas catorce entre Senadoras y Diputadas.

Por lo tanto, además de las declaraciones hay que tomar medidas concretas y cumplir con nuestros compromisos internacionales. La mejor manera de hacerlo es cumplir, por ejemplo, con el artículo 4º del Convenio sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de las Mujeres que este país tiene ratificado desde el año 1979. El artículo 4º dice que debe haber adopción por los Estados parte de medidas especiales de carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, y que esto no es considerado como discriminación, como algunos aluden; lo dice la propia Convención que ratificamos. Este es el objetivo y la finalidad de este proyecto.

Muy brevemente, voy a exponer en qué consiste el proyecto porque estoy muy segura de que todos los legisladores y las legisladoras lo han estudiado con responsabilidad y en profundidad. Por lo tanto, no pretendo aburrirlos. Digamos que la médula del proyecto es declarar de interés general -tal como lo hace en el artículo 1º- todas las actividades orientadas a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Esto, que parece declarativo, no es un hecho menor; obliga al Estado a tomar medidas. Se refuerza esta declaración en el artículo 2º, donde se establece que el Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el diseño, elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas públicas -subrayo lo de las políticas públicas- de manera de que integren la perspectiva de género.

Estas cosas, que parecen muy abstractas, son, por ejemplo, lo que determinó hace poco el Ministerio de Salud Pública en su Ordenanza Nº 402: pasan a ser gratuitos los exámenes de Papanicolau y de mamografía, para atacar la primera causa de mortalidad de las mujeres en el Uruguay. Eso es una política de género. La mujer que tenía suerte de poder pagar una mutualista abonaba entre $ 400 y $ 500 para hacerse una mamografía. Entonces, por más que hubiésemos votado en este mismo Parlamento una licencia para que las mujeres se hicieran ese estudio, no lo podían pagar. Y una política de género que cumpliría con lo que manda esta ley es la Ordenanza Nº 402 del Ministerio de Salud Pública -que acabo de citar-, como tantas otras medidas que se hacen imprescindibles.

Ese es, entonces, el gran objetivo: medidas concretas, medidas que traten de corregir la inequidad, medidas que incorporen la concepción de género, que no siempre significa medidas hacia las mujeres; el género es bastante más amplio que esa estrecha visión.

Para esto el proyecto propone un segundo objetivo central, que es la elaboración del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos.

Quiero comentar a los señores legisladores que el próximo 16 de diciembre en Paso de los Toros se van a reunir todas las mujeres del país que participaron -algunos tal vez no se hayan enterado- en la elaboración de dicho Plan a partir del 8 de marzo pasado. Es más: recuerdo a la Cámara -sé que lo sabe, pero quiero recordarlo- que en esta Casa, en este Parlamento, hace muy poco hubo un encuentro enorme de Edilas de todos los partidos políticos, de todos los departamentos del país, quienes contribuyeron señalando lo que sentían que era necesario incluir en este Plan. Las más diversas organizaciones de mujeres, hasta de los pueblitos más chiquitos, han participado durante todo el año diciendo qué piensan que es necesario establecer para sentirse incluidas, para sentir que sus derechos son respetados. Y este 16 de diciembre, reitero, se reúnen en Paso de los Toros.

Fíjese la Cámara -y lo digo de verdad-: se trata de miles de mujeres que pertenecen a todos los partidos políticos y hay algunas que no tienen partido. Y van a estar allí recibiendo las conclusiones de un Plan elaborado descentralizadamente, participativamente, a lo largo de todo el año.

Tal vez estas no sean cosas demasiado sensacionales, pero en ellas pusieron el esfuerzo miles de mujeres, de la mayoría de las cuales no sabemos ni el nombre, pero sí que tienen el mismo derecho que algunas connotadas señoras. Sería una muy buena noticia ese 16 de diciembre comunicar que esta Cámara aprobó el proyecto por unanimidad.

Por supuesto que tratar de corregir inequidades e injusticias que tienen cientos de años no es fácil y requiere una actividad prolongada en el tiempo, que sea paulatina, que se vaya organizando y coordinando en todas las instituciones del Estado. Por este motivo, esta iniciativa prevé también que exista un Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género con una integración absolutamente plural, donde estarán representados los Ministerios, la Suprema Corte de Justicia, el Congreso de Intendentes, las organizaciones de mujeres, el PIT-CNT, las organizaciones empresariales, todas en la máxima jerarquía posible, para que se trate de políticas públicas integrales y no de aspectos aislados que no nos ayudan a avanzar.

Además, hubo algo que se debatió mucho -no voy a analizar artículo por artículo porque lo haremos en la discusión particular-, que preocupaba mucho a los Diputados y Diputadas que integran la Comisión Especial de Género y Equidad y a las delegaciones que la visitaron para dar su punto de vista. Me refiero a que este no fuera un proyecto de ley declarativo o programático y punto, que no nos quedáramos, otra vez, en las buenas intenciones. Por lo tanto, el último artículo prevé taxativamente que el Consejo Consultivo deberá hacer una rendición de cuentas anual del cumplimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos ante los representantes del pueblo; por ello se establece que rinda cuentas ante la Asamblea General. En mi opinión, que se rindan cuentas ante la Asamblea General es un avance sustantivo porque, de lo contrario, a veces las leyes corren el riesgo de quedar en normas programáticas de muy buena intención y de difícil cumplimiento.

Esto es lo sustantivo.

Lo más importante -además de su aprobación en el día de hoy, si fuera posible- es que este Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos se aplique, que los legisladores y legisladoras que votemos este proyecto luego ejerzamos los controles correspondientes para que efectivamente la ley sea aplicada y para que cumplamos con lo que en los discursos todas y todos incorporamos con mucha facilidad, en esta Cámara y en otros espacios políticos: que la inequidad no se compadece con la democracia que tanto solemos defender.

Este es mi informe en general. Luego -lo adelanto para que los colegas lo tengan en cuenta- tendríamos que considerar la posibilidad de hacer algunas pequeñas correcciones, fundamentalmente de redacción, que se nos han escapado en el proyecto en cuestión. Creo que podríamos hacerlas en la discusión particular, simplemente analizando artículo por artículo, porque se trata de pequeñas correcciones que en absoluto hacen a la sustancia de la iniciativa que acabo de fundamentar.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra la señora Diputada Peña Hernández.

SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Señor Presidente: voy a ser breve, empezando por algo que me importa destacar muy profundamente.

Este proyecto viene del Poder Ejecutivo y en gran parte ha sido armado por el Instituto Nacional de la Familia y la Mujer. Ha llegado a la Comisión para su estudio y quiero resaltar que todas y todos quienes la integramos hemos estado de acuerdo con la necesidad de que se convierta en ley. Insisto pues quiero rescatar eso especialmente, ya que realizamos un trabajo conjunto, con matices mínimos que vamos a detallar en instantes. Es importante porque da a la cuestión de fondo la real dimensión que debe tener.

La Comisión está integrada por hombres y mujeres y quiero destacarlo, puesto que absolutamente todos hicimos nuestros aportes.

Este proyecto de ley, en primer lugar cumple con el artículo 8º de la Constitución, que dice: "Todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes". Aquí, en esta iniciativa, se refleja que nosotras, las mujeres, no reclamamos por las mujeres sino por toda la sociedad. Se trata de un proyecto de equidad, y es posible que en algunos temas la mujer sea la que esté rezagada en sus derechos con respecto al hombre y en otros sea el hombre el que lo esté con respecto a la mujer.

En este sentido, me gustaría leer apenas unos párrafos que figuran en la revista del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Allí se dice: "Igualdad y equidad entre hombres y mujeres: Los costos de la discriminación por motivos de género son más altos para los países de bajos ingresos y, dentro de un mismo país, para los pobres. Las mujeres constituyen una gran proporción de la fuerza laboral y desempeñan un papel de importancia central en las economías rurales y en la producción alimentaria. Asimismo, son las principales fuentes de cuidados para la próxima generación. La discriminación por motivos de género despilfarra capital humano utilizando ineficientemente las capacidades individuales y, por ende, limitando la contribución de las personas. También menoscaba la eficacia de las políticas de desarrollo". Y quiero resaltar esto: "menoscaba la eficacia de las políticas de desarrollo".

El texto continúa así: "Cuando se eliminan las sobrecargas resultantes de la discriminación, aumentan la capacidad de las mujeres y sus posibilidades de obtener ingresos. Además, las mujeres tienden a reinvertir esas ganancias en el bienestar de sus hijos y sus familias, multiplicando sus contribuciones al desarrollo nacional".

Esto lo vemos día a día, es decir, cómo los hogares monoparentales son los que mantienen esta sociedad en la cual vivimos. Por lo tanto, dar posibilidades a la mujer o al hombre que sostiene su familia es ayudar a que esta sociedad sea más justa, pero más que nada significa que esta sociedad avance económica y socialmente, sobre todo desde el punto de vista sanitario, mental y físico.

Más adelante se comenta: "Además de administrar el hogar y obtener y preparar alimentos, muchas realizan tareas agrícolas o trabajan en fábricas, mercados, minas, oficinas o talleres donde se explota a los obreros. [...] Aun cuando va en aumento el número de mujeres que ingresan en la fuerza laboral, ellas corren el riesgo de ser despedidas si quedan embarazadas [...]". ¡Cuán real es esto, aun en nuestro país, donde nos creemos más evolucionados! Y continúa: "y, en general, tienen menos ingresos y menos seguridad en el empleo que los hombres".

Este plan intenta concientizar a toda la población acerca de cómo nuestra sociedad puede ir avanzando si buscamos una equidad. Lo que pretendimos todas y todos en la Comisión es que este tema fuera calando en la sociedad; sabemos que esto no es de un día para el otro. Es un plan de equidad que parte de la misma mujer cuando enseña y cría a sus hijos y les dice que más allá de sus diferencias físicas, el hombre y la mujer son iguales. Y digo "más allá de las diferencias físicas" porque yo sí creo que hay tareas que la mujer no puede desempeñar. No soy feminista y nunca lo he sido. Creo que hay que dar oportunidades en todas las ramas laborales, pero sí soy consciente de que hay tareas que la mujer no va a poder desempeñar nunca, por su capacidad muscular, por su capacidad de fuerza, o que requieran un determinado tipo de desempeño. Y no me creo menos; me creo capaz de hacer cosas mucho mejor que el hombre en otras actividades. Por eso, en este documento del Fondo de Población se establece que: "El apoyo bien orientado" -en políticas de equidad- "puede posibilitar que las mujeres obtengan mejores empleos y puede alentar a los hombres a asumir una mayor proporción de las responsabilidades concernientes a la salud reproductiva y la crianza de los hijos. Esto, a su vez, probablemente contribuirá al crecimiento económico y la reducción de la pobreza".

Hace unos días, escuchábamos en una radio cómo en un país de Europa los hombres pedían al Gobierno que pusiera cambiadores de niños en los baños masculinos. Esa es la realidad de la sociedad de este mundo actual, en la que los hombres piden cada vez más participar de la crianza de los hijos y no tener que estar ausentes, no tener que estar fuera de su casa trabajando para poder llevar el sustento a su hogar; piden que se repartan las tareas para poder participar en la crianza de sus hijos y que su rol no se vea limitado solamente a acercar dinero para el sustento de su familia.

Todo esto representa un cambio de mentalidad, señor Presidente y señores Diputados, compañeros, y este cambio de mentalidad lo tenemos que hacer todos, por lo que alguien tiene que empezar a incluir este tema en los programas educativos, transversalizándolo dentro de todas y cada una de las instituciones públicas, y sancionar leyes para que este programa de equidad entre hombres y mujeres no quede solamente en un deseo.

Este proyecto de ley tiene aspectos muy positivos, como el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos. Ya desde el inicio del trabajo todos los compañeros de la Comisión acordamos cambiar el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género, un objetivo totalmente inalcanzable, por un Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos que el Instituto Nacional de la Familia y la Mujer puede desarrollar con total ejecutividad, que es lo que queremos para cada una de las leyes.

Ahora, ¿cuáles son nuestras salvedades con respecto a este plan? Simplemente son dos muy pequeñas, que no van en detrimento del resto del proyecto que se ha presentado hoy. Una de ellas es que este Consejo Nacional tiene las mismas deficiencias que el relativo a la violencia doméstica; su integración es muy numerosa y va a tener dificultades de conformación. Por eso se decidió que el Plan lo realizara el Instituto Nacional de la Familia y la Mujer.

La otra salvedad es que creemos que esa representación, al ser tan numerosa, es poco ejecutiva. Me hago eco de un planteamiento realizado por la señora Diputada Argimón -que no se encuentra presente por problemas laborales- en cuanto a que, ya que hay un representante de la Universidad de la República, también debería haber un representante de las universidades privadas -lo cual cuenta con nuestro consenso-, a fin de escuchar a todo el espectro de la educación terciaria o superior de nuestro país.

Esas son nuestras dos pequeñas diferencias, que no nos van a llevar a bajar la mano y a no votar este proyecto de ley; lo vamos a apoyar y lo vamos a votar con todas nuestras ganas.

También quiero dejar sentado que la señora Diputada Etcheverry está en todo de acuerdo con este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra la señora Diputada Castro.

SEÑORA CASTRO.- Señor Presidente: en principio, quiero hacer dos precisiones conceptuales, para luego pasar a referirme a otro aspecto de este proyecto.

Ya he planteado con anterioridad -con relación a otras discusiones e intercambio de ideas que se han dado en el pleno- mi marcada diferencia, discrepancia con el concepto de equidad. En realidad, quienes queremos plantear políticas a favor de la mejora de una realidad social en la que están incidiendo la discriminación y otros aspectos que se han descrito en Sala en profundidad y con amplitud -no solo hoy, sino también en otros momentos-, tendemos -por lo menos algunos- a avanzar en términos de justicia social, no de equidad. Pero esa es una diferencia conceptual propia; estoy hablando a título pura y exclusivamente personal.

Voy a ratificar otra expresión conceptual que es compartida acá y se ha planteado por parte de varias señoras legisladoras y varios señores legisladores, pero siento la necesidad de reiterarla. Pienso que cuando uno llega al punto de elaborar una normativa, una ley, es porque alguna o varias colectividades políticas o sociales han detectado un determinado problema y sienten la necesidad de aportar desde el punto de vista de la norma. Ahora, claro está, desde mi óptica, siendo la norma absolutamente imprescindible, no agota el marco de las soluciones. Si uno analiza la historia de este país, en que venimos caminando con bastante atraso en estas problemáticas y que desde el punto de vista social podemos decir que tenemos unos veintipocos jóvenes años de movilización social en torno a estos temas, en realidad, los avances a nivel jurídico, fuera de la ratificación de los convenios internacionales o regionales, no han sido muchos.

Cuando hace un momento la compañera Diputada Tourné ponía el acento en la necesidad de ir hacia soluciones concretas, en un acuerdo de toda la bancada, creo que estábamos pensando en que la herramienta jurídica y formal es precisamente eso: una herramienta imprescindible; pero de ninguna manera podemos esperar los resultados deseados si no va con el impulso de los cambios culturales que necesita esta sociedad.

Hechas estas dos precisiones, creo que uno de los aspectos importantes que tiene el proyecto es que esta fuerza de Gobierno -reitero, con el acuerdo de la bancada femenina-, por lo que señala el artículo 2º, da la responsabilidad al Estado de llevar adelante las políticas públicas en este sentido; me refiero al Estado como tal. Me parece que este es un avance importante en el sentido de tomar una medida que tiene que contribuir a la democratización de la sociedad.

Hoy por hoy no deben existir colectividades políticas en este país que, por lo menos en la palabra, dejen de compartir el principio de que mientras exista discriminación y explotación en el seno de nuestra sociedad, evidentemente seguiremos teniendo debes en materia de vida democrática. Por lo tanto, todos los pasos que podemos dar avanzando en este sentido son positivos.

Voy a poner cuatro ejemplos con relación a por qué creo que esto tiene que ver con la profundización de la vida democrática.

Cuando salimos y estamos en contacto con nuestro propio vecindario y cuando ello se refleja en los grandes medios de comunicación, lamentablemente, nos "shockeamos" -entre comillas- ante ese tema, que confiere trágica relevancia a las víctimas de violencia doméstica. Muchas veces se oculta esta problemática cuando se vive en familias cercanas o en la propia y se da poco apoyo real y efectivo, salvo en los llamados grupos "feministas" -entre comillas- y en algunas otras organizaciones sociales y jornadas que se han hecho desde este Parlamento, en las que no hemos visto involucrado a todo el mundo. Hay un porcentaje muy grave que demuestra que esta violencia recae sobre las mujeres y, a su vez, sobre la prole. En los últimos tiempos, también está recayendo sobre las abuelas de los niños y sobre los propios niños. La cifra de una muerte cada nueve días es escalofriante.

El otro ejemplo que mencionaba la señora Diputada Tourné es el de la participación política que uno puede vivir en el ámbito institucional en esta Casa; debemos tener en cuenta que entre el Senado y la Cámara de Diputados solo somos catorce mujeres.

Por otra parte, también quiero traer a la memoria la situación que, en general, vivimos los 8 de marzo. Si las compañeras Diputadas y los compañeros Diputados tienen buena memoria, les recuerdo que los 8 de marzo vivimos esa trágica situación en que muchos compañeros varones convocan a su Diputada suplente y solo ese día la dejan participar de la banca. Con todos los respetos, me parece que caemos en un no sinceramiento, y eso implica barrernos la cabeza.

Tenemos que trabajar sobre ese tema tanto hombres como mujeres, pero no solo acá, sino en el seno de nuestras organizaciones políticas. ¿Qué es lo que pasa en los directorios de nuestras organizaciones políticas, en los comités centrales, en los directorios ejecutivos, etcétera? Seguramente, a nivel de las bases, de las seccionales, de los clubes o cualquiera sea la estructura organizativa de cada una de nuestras organizaciones o partidos, cuando uno recorre encuentra una gran cantidad de uruguayas participando, a quienes, en términos generales, se le derivan dos tareas: la administración de las finanzas y, a veces -no tanto-, la organizativa. Casi siempre, por cierta prolijidad de las mujeres, se les deriva la tarea de la administración de las finanzas. Ahí sí se le admite como prolongación de la tarea doméstica, pero que no intente incurrir en las tareas económicas y los asuntos económicos del país, porque en ese caso no está habilitada.

Cuando se llega a los niveles de las organizaciones políticas en que, como decimos los uruguayos, se corta el bacalao a nivel de las decisiones, ahí sí escasea; el embudo tiene un filtro de género.

Por otro lado, el propio informe de este proyecto plantea la alta participación de las mujeres en las tareas reproductivas de la sociedad; como es obvio, eso recae principalmente en las mujeres.

Quiero traer acá una situación que está relacionada con esto, que refiere a las mujeres rurales. En el campo uruguayo, en ese interior profundo, como les gusta decir a algunos, las mujeres que aún permanecen allí tienen más de cuarenta o cuarenta y cinco años y, en general, por voluntad "propia" -entre comillas- han expulsado a sus propias hijas porque, a confesión de parte, dicen que no tienen futuro. Pero aun en el caso de quienes han formado grupos de trabajo asociado o algunas cooperativas y tienen trabajo no de un año ni de dos, sino de quince o de dieciocho, y de alguna manera se han constituido como grupos humanos muy eficientes en la tarea productiva y se sienten liberadas de esta opresión, no dejan de plantear que más de una vez, cuando se reúnen -en esa charla y en esa característica que tenemos las mujeres, que podemos entendernos en turnos simultáneos en el diálogo- una le puede plantear a la otra: "Estoy bárbaro aquí, pero ¿sabés? Dejé los platos sin lavar". ¿A qué me estoy refiriendo? A cierto sentimiento de culpa que aun en esos casos invade a la mujer. Para eso creo que tenemos que continuar trabajando -no arrancamos de cero- en el cambio cultural.

El segundo punto que quiero plantear es que la característica de este proyecto es que establece la necesidad y la obligatoriedad de planificar -¡oh, magna tarea en este Uruguay!-, y le da esa responsabilidad y la de su implementación a distintos organismos ejecutores del Estado. Pero no se queda ahí: convoca a una amplia diversidad de organizaciones sociales. Me parece que esto también contribuye a la democratización de la vida nacional.

El tercer aspecto que quiero exponer es la creación de este Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género. Por aquí se señaló alguna diferencia en el sentido de que se temía o se pensaba que podía ser poco eficiente por la excesiva cantidad de componentes. Hace muchos años que estoy convencida de que la eficiencia no se gana con el número exiguo de integrantes de un colectivo, porque si estuviera convencida de eso coordinaría con el espejo que tengo en mi casa. Creo que la eficiencia pasa por otros canales: por cómo se organiza el trabajo, qué parámetros o variables se toman, si se evalúa o no y de qué manera se coloca uno ante el trabajo. Entonces, me parece que en realidad eso no es lo pertinente.

Por otro lado, en la integración de este Consejo están considerados todos los aspectos. No me voy a extender en eso, pero se ha planteado la diferencia con relación a que si bien se integra la Universidad de la República, no se ha tomado en cuenta la integración de las universidades privadas que existen en nuestro país, que tienen una gran diversidad. En realidad, creo que esta situación refiere al carácter que está fijando el propio artículo 2º. La responsabilidad se confiere al Estado, que diseña las políticas públicas estatales. Entonces, la contribución de la sociedad civil a través de las distintas organizaciones está habilitada, y en esa convocatoria están abiertos los canales.

En este tercer aspecto quiero señalar la importancia de este Consejo, en el que está señalada la descentralización, concepto que todas las colectividades políticas de este país han rescatado prácticamente siempre en toda su historia y que en las campañas políticas es algo así como un "leit motiv" a lo largo y a lo ancho del país. Aquí se rescatan y se concretan los mecanismos de participación en esa descentralización.

El cuarto aspecto que quiero destacar, que creo que tiene que ver mucho con las características de la temática que aborda, es lo que se plantea en el artículo 13, acerca de la obligatoriedad de la rendición de cuentas anual ante la Asamblea General, concretamente sobre los avances en la ejecución del plan, y fija la fecha alrededor del 8 de marzo.

Recuerdo que en el año 2004 -si no tengo mala memoria- la propia bancada femenina hizo una rendición de cuentas que causó un poco de sorpresa, porque no era de uso. Ahora que lo podemos institucionalizar y llevar a nivel de una ley, vamos a evaluar, todos y todas, cómo funciona y si da los resultados que esperamos. Creo que es algo a emular y a tener en cuenta. Es muy bueno que las políticas públicas -sin tener, como claramente plantea el proyecto, un concepto de que es focalizada, sino que debe responder a la integración de las políticas públicas-, sean evaluadas nada más y nada menos que por la Asamblea General.

Por todo estas razones, creo que este es un muy buen proyecto, esperado, necesario, que obviamente reitera el compromiso de todos los que estamos en esta Casa de seguir actuando, no solamente dentro de ella en estas temáticas, sino en nuestras propias colectividades políticas y en nuestra condición de tales, para promover los cambios institucionales y culturales imprescindibles para llegar a buen puerto.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra la señora Diputada Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor Presidente: cuando me anoté para hacer uso de la palabra me dijeron que hasta ese momento se habían anotado solo las mujeres. Esto es señal de algo. Pero seremos ejecutivas, pragmáticas y trataremos de trasmitir rápidamente al Cuerpo algunos elementos sobre los que queremos reflexionar de manera conjunta, no solo relativos al proyecto sino sobre el porqué del proyecto.

No voy a reiterar, entonces, algunas cosas que decía la compañera Diputada Tourné, miembro informante de este proyecto, cuando hablaba de la declaración y plataforma de acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, pero quiero recordar que esa plataforma tiene once años y parecería haber sido escrita y tener la misma vigencia hoy que en aquella época.

A pesar de que las mujeres son aproximadamente el 46% de la población económicamente activa, sufrimos segregación laboral y discriminación salarial. A pesar de ser aproximadamente el 65% del estudiantado terciario, constituimos un porcentaje bajísimo de los puestos de decisión, tanto en lo público como en lo privado. Estas situaciones no se dan solas, pero afectan el ejercicio integral de la ciudadanía y, a nuestro juicio, requieren transformaciones.

Es por eso que nuestro Poder Ejecutivo, nuestro Gobierno, decidió y se comprometió en marzo de 2005 a hacer los mayores esfuerzos para cambiar estos patrones culturales, que consideramos se deben modificar. No solo envió este proyecto de ley al Parlamento sino que, además -ya me he referido a esto en alguna media hora previa, pero lo quiero traer a colación nuevamente, porque me parece que las políticas no son solo las herramientas legislativas que podemos elaborar acá, sino que deben tener una globalidad, una coordinación y una integración-, en marzo de 2006, a un año de haber asumido ese compromiso, los distintos Ministros hicieron su primera rendición de cuentas en el Edificio Libertad, actividad que fue muy importante porque rendir cuentas implica poner en conocimiento de los otros y de las otras qué se está haciendo, en este caso, con respecto a este tema.

Así, se dio cuenta de algunas transformaciones que se estaban llevando adelante, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, en cuanto al reclutamiento y a la formación equitativa, asignación de tareas según competencia y aptitudes, y políticas de prevención e información sobre políticas de igualdad entre géneros. Lo más gráfico de esto fue haber terminado con el PF, Policía Femenina, que hacía la distinción entre los integrantes del Ministerio.

El Ministerio de Economía y Finanzas presentó un avance sobre una investigación exhaustiva e importante que mandó realizar acerca de las condiciones de género en el área económica, que básicamente hacían referencia a la situación de las mujeres vinculadas con la seguridad social.

En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se dio cuenta de la implementación de políticas para la incorporación de las mujeres al mercado laboral.

En la Cancillería -Ministerio de Relaciones Exteriores- se dieron a conocer iniciativas, a partir de un grupo ad hoc para cuestiones de género, participando en las tareas de seguimiento, consulta y elaboración de informes para los organismos internacionales, vigilándose así el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los propios compromisos que el país asumió.

En el Ministerio de Salud Pública se destacaron los desafíos que cotidianamente enfrenta esa Cartera para vencer las desigualdades que todos conocemos en materia de género. Ese 8 de marzo se mencionaron algunos compromisos; ahora ya otros compromisos han ido avanzando, vinculados a tomar medidas para promover la salud sexual y reproductiva. En ese sentido, se comentó que la Comisión de la Mujer del Ministerio de Salud Pública había terminado la elaboración de un documento para guía de los profesionales de la salud, que apunta a detectar víctimas de violencia doméstica. Parecen cosas menores, pero al hablar con agentes vinculados a la salud sorprende el desconocimiento que tiene el cuerpo médico de este tipo de cosas y la atención con que estas indicaciones fueron tomadas en cuenta por ellos, porque realmente habían pasado inadvertidas.

El Ministerio de Desarrollo Social, en cuyo seno está el Instituto de las Mujeres, tal cual lo establece el artículo 3º de este proyecto tendrá a su cargo el diseño del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos pero, al mismo tiempo, para llevarlo a la práctica -como bien decía alguna colega- deberá trabajar en forma descentralizada y coordinada con la sociedad civil, lo que consideramos imprescindible.

SEÑOR PATRONE.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑORA PAYSSÉ.- Sí, señor Diputado, pero al finalizar mi exposición.

Nos hemos propuesto enfrentar este problema de la igualdad de derechos y oportunidades y, como lo decíamos anteriormente, no con un solo instrumento, no con una sola herramienta, sino con una cantidad de elementos que debemos poner en práctica. Este proyecto tiene la virtud de que genera pautas para avanzar en lo que consideramos no puede seguir demorándose en materia de igualdad de oportunidades y derechos.

Como lo dije anteriormente, nuestro Gobierno se ha comprometido con este tema, pero no solo nuestro Gobierno sino, además, la sociedad civil, los parlamentarios y las parlamentarias integrantes de la Comisión Especial de Género y Equidad, que debatimos mucho y con seriedad sobre este tema, intercambiamos y tratamos de mejorar este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y armamos un equipo interesante de debate, que sería bueno que siguiera trabajando en esta Cámara y que no se limitara a ser un tema de mujeres, como parecería ser.

Considero que en este proceso deberemos pensar teniendo en cuenta algunos conceptos que nos parecen importantes. Debemos tratar este tema con integralidad, porque implica tener en cuenta todos los ámbitos que puedan estar vinculados al tema o los ámbitos en los cuales la desigualdad se manifieste.

Tendremos que analizar esto desde la óptica de la descentralización. Recién conversaba con el señor Diputado Patrone, quien me preguntaba qué tiene que ver la descentralización con este tema. La descentralización implica el traspaso de poder, de competencia, de funciones y de recursos; y me parece que en estos temas vinculados a la igualdad de oportunidades es muy importante trabajar en forma descentralizada.

La señora Diputada Tourné se refirió a la participación, a diferentes encuentros en los cuales participan mujeres de muchas organizaciones o mujeres que sienten la necesidad de aportar sobre este tema. La participación implica, por supuesto, tomar parte activa, no solo en la presencia sino también en la formulación y aplicación de lo que va a ser este Plan, que deberá ser llevado adelante como lo plantea la ley.

Se habla de inclusión, que implica prestar especial atención a los colectivos o personas que por diversas razones estén excluidos. Esto está unido a la no discriminación, porque de nada serviría incluir si después no garantizamos el ejercicio y el disfrute de condiciones de igualdad a todas las personas a las que pretendemos incluir.

Se trata, obviamente, de promover los derechos humanos, ya que esto implica garantizar a todos y a todas el pleno ejercicio de sus derechos.

La equidad -término que no le gusta mucho a la colega Castro- es un concepto que quiero plantear desde el punto de vista de lo que, a mi entender, es la búsqueda de la justicia social.

Entonces, en honor a la brevedad y para dejar sentado nada más que estos conceptos que me parece deben animarnos a todos y a todas para abordar políticas de igualdad de oportunidades, más que un proyecto específico de igualdad de oportunidades, quiero decir que no alcanza trabajar para que se reconozca la discriminación, sino que es necesario actuar específicamente en ella.

Le concedo ahora la interrupción al señor Diputado Patrone.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR PATRONE.- Gracias, señora Diputada.

Señor Presidente: me vi motivado a intervenir sobre todo después que se hizo referencia al mutismo masculino, lo cual yo lo situaría, fundamentalmente, en haber atendido con sumo respeto las exposiciones de nuestras colegas femeninas. Es decir, creo que en ningún caso se trató de una prescindencia, porque entendemos -y aquí viene el razonamiento- que ya en 1777, en la Constitución de los Estados Unidos de América se establecía que todos los hombres eran iguales ante la ley, en el entendido de que la expresión "hombres" refería a seres humanos, pero era una declaración que no comprendía, por ejemplo, a aquellos nacidos en África y transplantados a esa región. ¿Qué quiero decir con esto? Como decía la señora Diputada Peña Hernández, el artículo 8º de nuestra Constitución establece claramente la igualdad; no hay ninguna duda, pero es evidente que el diagnóstico al cual han hecho referencia las señoras Diputadas no refleja esa igualdad en un ciento por ciento. Y bueno, hacia allí se debe trabajar. Es cierto que en la legislación de nuestro país se atendió especialmente la situación de la mujer desde el punto de vista, por ejemplo, de la tenencia de los hijos, la ley de divorcio, la ley madre, el otorgamiento de licencia por maternidad y toda una serie de aspectos que tendían a mitigar la evidente desigualdad en el tratamiento de lo que se promueve superar a través de este proyecto de ley.

Entendemos que la iniciativa titulada "Igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República" es lo suficientemente abarcativa como para comprender no solo las discriminaciones de género sino cualquier otro tipo de discriminación, que es hacia donde debe tender la política de Estado con una concepción social.

Era esto lo que quería expresar. Agradezco a la señora Diputada por concederme esta interrupción.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede continuar la señora Diputada Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado Casás.

SEÑOR CASÁS.- Señor Presidente: quiero dejar claro que, al igual que el señor Diputado preopinante, esperaba que las firmantes del proyecto terminaran de hacer su exposición para volcar algunos elementos en la discusión que se plantea.

El hecho de que nuestro país tenga diferencias en las oportunidades para los hombres y para las mujeres es un tema que nadie puede decir que no es real. Es algo notorio y es una preocupación permanente de cualquiera que realmente tenga la sensibilidad necesaria para entender que acá no puede haber desigualdades. Digo esto con la convicción de que tenemos que trabajar en torno a lograr las oportunidades. Muchas veces, para lograr la equidad hay que plantear situaciones de inequidad con el fin de igualar situaciones anteriores de desventaja, que en este caso son de la mujer respecto al varón, en la obtención de oportunidades laborales y de otra índole.

Voy a votar este proyecto, aunque no tengo muy claro que sea el mecanismo adecuado. Más allá del título -que, obviamente, comparto-, de los fines que plantea -que también son absolutamente compartibles-, me parece que esta iniciativa va a generar una especie de macrocomisión, y en muchos de los casos en que se han votado a estas les ha costado ser operativas. Cuando ponemos muchas patas a un organismo y pedimos demasiados consensos, hacemos que el mecanismo sea lento y poco ejecutivo.

Entonces, tenemos que trabajar fuertemente en lo educativo, y espero que este Plan -al que damos la oportunidad a través de nuestro voto- lo genere. No hay manera de terminar con las inequidades en materia de género si no logramos que desde la educación, desde la temprana base, se cambien los conceptos mentales que hacen que en la mayoría de las sociedades del mundo, cuando nace un niño se le da un autito o un arma y cuando nace una chica se le da una muñeca para que juegue a darle de comer y vestirla, para hacerla ama de casa.

No vamos a cambiar la situación que estamos viviendo si no es con leyes más agresivas; no lo vamos a lograr con macrocomisiones ni con planes grandilocuentes si no logramos, en primer lugar, obtener una legislación mucho más agresiva en la búsqueda de oportunidades para las mujeres.

En segundo término, se debe trabajar en la educación en las etapas iniciales, en la escuela y en el liceo, para ir rompiendo de a poco ese concepto de que el sostén de la familia es el varón y que la mujer, con suerte, termina haciendo trabajos complementarios, lo cual en realidad no es así. La familia ha cambiado, ha evolucionado. Hoy en día, en buena parte de los casos la mujer es el único sustento que hay para los hijos, que la mayoría de las veces quedan con las madres cuando los padres se separan o se divorcian; y es a ella a la que se le niegan las oportunidades.

¿Por qué hay pocas mujeres en el Estado uruguayo ocupando cargos de confianza o de primera línea? ¿Por qué hay pocas mujeres en el Poder Ejecutivo o en el Parlamento? ¿Hay una discriminación del electorado hacia la mujer como candidata? No; lo que sucede es que no tienen tiempo, porque a las mujeres se las condena con las tareas de la casa y son pocos los varones, me corrijo, somos pocos los varones que asumimos el rol en situaciones igualitarias respecto al cuidado de la familia, de los chicos y a las tareas de la casa. Y acá no me duelen prendas; no hay cosa más absurda que el machismo mal entendido. Los "ismos" de cualquier índole son imperfectos.

Si no trabajamos con este concepto, si no logramos que las tareas sean repartidas educativa y culturalmente y que las condiciones del hombre y de la mujer sean similares, no vamos a tener más mujeres en el Parlamento, en altos cargos del Poder Judicial ni en el Poder Ejecutivo, salvo alguna honrosa excepción. ¿Por qué? Porque esos cargos, sobre todo los del Poder Ejecutivo y los del Parlamento, se generan a través de la participación de la mujer en instancias para las que hay que tener tiempo, y, lamentablemente, por todo lo nombrado, la mujer no lo tiene.

Entonces, debemos apuntar a que dentro de veinte años la mentalidad sea la correcta. No la vamos a cambiar en tres días; no hay manera de hacerlo porque es un fenómeno cultural. Para efectuar los ajustes necesarios ahora tenemos que hacer legislaciones mucho más fuertes, que defiendan el derecho de la mujer y el de otras condiciones -no todo pasa por el género masculino o femenino- que tampoco están contempladas.

Tenemos que trabajar en lo cultural para que dentro de veinte o treinta años la sociedad asuma, a partir de la educación inicial que podemos dar desde ahora, que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones. Todo lo demás, compañeros parlamentarios, a veces se queda en meras declaraciones muy bien intencionadas. Está bien, porque cada una de ellas es un grano de arena más que volcamos a esta causa, pero a veces tenemos proyectos que se quedan en la forma y no van realmente al fondo del asunto.

Entonces, el compromiso de trabajar por la igualdad de género tiene que ser asumido por cada uno de los noventa y nueve miembros de esta Cámara, como corresponde. Este proyecto contará con mi voto, más allá de las diferencias que tengo respecto de su contenido, porque entiendo que cada aporte que se haga es positivo pero, reitero, tenemos que ir más a fondo en esto. Tenemos que elaborar proyectos de ley mucho más fuertes y, repito una vez más, tenemos que trabajar en la educación de los pequeños; las autoridades de la enseñanza, entre otras, son las que tienen la primera palabra en todo esto.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado Roballo.

SEÑOR ROBALLO.- Señor Presidente: para mí es un gusto votar este proyecto de ley porque es un paso muy importante, a pesar de que -como ya se ha expresado- en algún sentido es un proyecto programático.

El último informe de UNICEF, "Estado mundial de la infancia 2007", presentado la semana pasada, es muy ilustrativo sobre el tema que hoy abordamos. El mismo lleva como título "La mujer y la infancia.- El doble dividendo de la igualdad de género". La explicación es que la igualdad redunda en dobles beneficios, ya que beneficia a la mujer y también a los niños. El hecho de que las mujeres cuenten con más posibilidades tiene una consecuencia directa en sus hijos, especialmente en una sociedad con un porcentaje altísimo de mujeres jefas de hogar como la que tenemos hoy. Hay repercusiones positivas en referencia a la alimentación, a la atención de los niños, la sanidad, la educación, etcétera. Pero va más allá de las consecuencias directas sobre la niñez.

Sin esta igualdad sería imposible crear un mundo donde impere la equidad, la tolerancia y la responsabilidad, por lo que es muy auspicioso para nuestro país votar hoy este proyecto: "Igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República". La igualdad es fundamental para la realización de los objetivos del milenio. La igualdad que pretendemos permitirá promover a la mujer y con ello la superación de la pobreza. Por esto es fundamental para el progreso humano promover esta igualdad. Esto es lo que, en definitiva, se pretende con este proyecto.

A pesar de la naturaleza arraigada de la desigualdad entre géneros, hay motivos de esperanza. La condición jurídica y social de la mujer ha mejorado desde que en 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Nuestro país, con este proyecto de ley y teniendo presente que es una norma con un contenido eminentemente programático, está dando un paso muy importante.

En estas horas se ha presentado también un libro que ha escrito el sociólogo Pablo Guerra, que se titula "¿Mujeres de vida fácil? Las condiciones de trabajo de la prostitución en el Uruguay". Este trabajo científico, que se basa en entrevistas y en testimonios que se registran en el libro, evidencia que hay una relación importante entre esta profesión que degrada a la mujer y la desigualdad de condiciones frente al hombre.

Esa es una razón más por la cual vamos a votar con mucho gusto este proyecto de ley, pero -como ya dije-, si bien es un paso importante, habrá que hacerle un seguimiento para que se lleven a cabo las proposiciones que allí se hacen para que luego se concreten, no solo en los cambios culturales, que -como bien decía el señor Diputado preopinante- son imprescindibles, sino también para que nuestro ordenamiento jurídico se adapte a esta igualdad que pretendemos.

Gracias, señor Presidente.

17.-    Sesiones extraordinarias.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Pereyra y Barreiro.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Cámara sea convocada a sesión extraordinaria el próximo martes 19, a la hora 10 y 30, a efectos de adoptar resolución respecto de la interrupción del receso parlamentario -inciso tercero del artículo 104 de la Constitución y literal C) del artículo 90 del Reglamento- a efectos de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar -previa declaración de grave y urgente- el siguiente orden del día:- 1º. 'Sistema tributario. (Se establece su modificación integral). (Modificaciones de la Cámara de Senadores)'. (Carpeta Nº 849/006, Repartido Nº 585 y Anexos I a VII).- 2º. 'Hechos acaecidos en dependencias del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay en la noche del 14 al 15 de junio de 2005, actuaciones posteriores y situación del organismo. (Investigación)'. Informado. (Carpeta Nº 358/005, Repartido Nº 363 y Anexo I)".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

Dese cuenta de otra moción de orden presentada por los señores Diputados Pereyra, Bruno y Barreiro.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Cámara sea convocada a sesión extraordinaria el próximo miércoles, 20 a la hora 10 y 30, a efectos de adoptar resolución respecto de la interrupción del receso parlamentario -inciso tercero del artículo 104 de la Constitución y literal C) del artículo 90 del Reglamento-, a efectos de tomar conocimiento de los asuntos entrados y considerar -previa declaración de grave y urgente- el siguiente orden del día: 1º. 'Responsabilidad civil por daños corporales causados a terceros por determinados vehículos de circulación terrestre y maquinarias. (Establecimiento de un seguro obligatorio)'. (Carpeta Nº 131/005, Repartido Nº 108 y Anexo I).- 2º. 'Agencia Nacional de Investigación e Innovación. (Se regulan las bases de su funcionamiento orgánico y se desarrollan sus cometidos'. (Carpeta Nº 1470/006, Repartido Nº 864).- 3º. 'Joaquín Torres García. (Designación al edificio de la Torre de las Comunicaciones, dependiente de la Administración Nacional de Telecomunicaciones)'. (Carpeta Nº 1047/006, Repartido Nº 674 y Anexo I).- 4º 'Barros Blancos. (Se designa a la actual ciudad Capitán Juan Antonio Artigas, departamento de Canelones)'. (Carpeta Nº 86/005, Repartido Nº 91 y Anexo I)".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA.- Unanimidad.

18.-      Igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República. (Normas).

——Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra la señora Diputada Pintos.

SEÑORA PINTOS.- Señor Presidente: pido disculpas a los parlamentarios porque yo no estaba preparada para hacer una exposición, pero me sentí estimulada a hablar en la Cámara cuando observé con sorpresa que mientras la señora Diputada Tourné, miembro informante, exponía sobre este proyecto de ley -que saludamos fervientemente, porque indica un principio de cambio en esta sociedad que en otras épocas no se promovía, pero que hoy vamos a aprobar casi por unanimidad, según lo que han dicho los legisladores de la oposición-, yo conté que había más mujeres que hombres en la Sala. Y dije: "¡Se nos dio! ¡Esta es la primera vez que en la Cámara hay más mujeres que hombres!".

Esto indica claramente que estos cambios que promovemos y que hoy vamos a votar, como son cambios culturales, cambios profundos, cuesta muchísimo realizarlos.

Yo lamento no ser historiadora y no manejar las cifras de las primeras mujeres que entraron a la universidad ni de la mayoría que hoy están en ella. Hoy las mujeres son mayoría, aunque cuando ocupan cargos de jerarquía profesional les pagan menos que a los hombres. Esas mismas mujeres, que son mayoría hasta en la Facultad de Ciencias Económicas, llevan adelante estudios importantísimos. A mí me gustaría desde esta banca, como suplente, hacer un desafío a los economistas, hombres y mujeres, para que pongan en nuestro conocimiento todo lo que aporta a la sociedad el trabajo no remunerado de las mujeres desde hace siglos.

(Murmullos.- Campana de orden)

——En las sociedades democráticas, profundamente democráticas, desde el comienzo de la vida misma, la división del trabajo se hacía por otras razones. Desde que esa división del trabajo responde a razones económicas, a las mujeres nos tocó, precisamente, la mayoría del trabajo no remunerado. Sería importante poner las cifras sobre la mesa porque, de repente, acelerarían los cambios culturales que las sociedades democráticas de hoy deben realizar.

Las compañeras y los compañeros que hicieron uso de la palabra dieron muchísimas cifras importantes, que tienen que ver con la desgracia que enfrentamos en esta época en la que las mujeres, las niñas y los niños, son los más perjudicados en esta sociedad. El compañero se refería a un libro, pero hay muchos otros que hablan de estas cosas.

La iniciativa que hoy vamos a votar hará posible que emprendamos acciones positivas para cambiar esta realidad. Por eso saludamos este proyecto de ley, así como la posibilidad de tener este plan de igualdad de oportunidades y derechos y, sobre todo, de que haya una evaluación y un control de esas acciones positivas que la sociedad va a llevar adelante. Esas acciones son las que van a hacer realidad lo que establece la Constitución: la igualdad para todos los miembros de esta sociedad.

Agradezco haber podido intervenir.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado Ortuño.

SEÑOR ORTUÑO.- Señor Presidente: a esta altura del debate y del año la mejor contribución que podríamos hacer en la discusión de este proyecto sería la brevedad de nuestras intervenciones, porque tenemos una agenda muy abultada y una acumulación de cansancio importante. Sin embargo, cuando hay temas relevantes también hay que encontrar el espacio para manifestar el respaldo y la voluntad política de trabajar apoyando el proyecto y, sobre todo el día después de su aprobación, con el desarrollo de políticas de equidad de género. Me parece que conviene que todos quienes representamos, más que a nosotros mismos, a organizaciones políticas, a ciudadanas y a ciudadanos, alcemos la voz para sumarla a la incorporación con mayor fuerza en la agenda política de estos temas que hacen a una cuestión fundamental, desde mi punto de vista -creo que interpreto al conjunto de mi fuerza política-: avanzar hacia una sociedad más justa, más humana, más solidaria y con relaciones más francas e igualdad de oportunidades para todos.

Entonces, quiero decir que en breve vamos a votar este proyecto de ley con mucha satisfacción, con mucho compromiso y con la convicción de que lo haremos en una jornada en la que el azar quiso que este Parlamento esté comprometiéndose con dos aspectos que son fundamentales a la hora de la construcción de una sociedad más justa. En el día de hoy hemos votado una iniciativa que aboga por los derechos de los trabajadores y ahora vamos a votar un proyecto de ley que crea un marco que, si bien no soluciona los problemas, significa un paso muy importante para avanzar hacia la equidad de género. Para mí esto es trascendente, no solo como parlamentario sino como militante de izquierda y progresista, que desde hace mucho tiempo viene planteando que la construcción de una sociedad más justa supone la superación de las desigualdades que tienen que ver con las relaciones de producción, con las relaciones de trabajo, con la justa reparación y la atención de las condiciones de vida de los trabajadores, de los estudiantes, de las cooperativas, de los sectores que tradicionalmente las han defendido, como movimientos sociales y como movimientos de izquierda, y también debe incluirse como aspectos fundamentales a otras desigualdades que responden a fenómenos más complejos y que durante mucho tiempo no atendimos como debimos y que hoy, que nuestro Partido es Gobierno, tenemos que incorporar.

Entonces, bienvenida la legislación que aumente, que profundice los derechos de las personas, que tenga sensibilidad social, que permita que una de las señas de identidad de los tiempos que vivimos sea la preocupación por los aspectos sociales, y que incorpore, como está haciendo en esta Legislatura, legislaciones como las que referíamos hace poco, que hacen a un aspecto que, sin duda, tenemos que trabajar y en el que hay mucho para hacer, como es el de los derechos sociales y laborales clásicos, por decirlo de alguna manera, que tradicionalmente preocuparon a muchos sectores políticos y sociales en el país. Y también se debe reconocer la importancia de que estos asuntos, que algunos estudiosos han denominado "la agenda de los nuevos actores sociales" o "los derechos humanos de última generación", no solo estén contemplados en el programa de nuestras fuerzas políticas -uso el plural porque creo que este debe ser uno de los temas de Estado y reunir grandes consensos- sino que también sean parte protagónica de la agenda parlamentaria.

Hace pocos días incorporamos también en la Cámara y en la agenda de este programa de equidad social que nuestro Gobierno quiere llevar adelante, los temas que tienen que ver con la equidad racial.

También hace poco tiempo, el compañero Diputado Álvarez López, con legisladores de todos los partidos, hizo algo muy positivo, en el sentido de jerarquizar los asuntos que tienen que ver con los derechos de las personas con capacidades diferentes, y hoy estamos incorporando aspectos relativos a la diversidad y al respeto de la necesaria igualdad y equidad de género entre todos nosotros. Y creo que en esta línea se seguirán sumando muchos proyectos, para que todos podamos concretar lo que, por lo menos para algunos de nosotros, es la razón de ser de nuestra militancia política y de nuestra presencia en estos ámbitos, que es, precisamente, el avance hacia una sociedad más solidaria, más humana y con igualdad de oportunidades para todas y para todos.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

SEÑORA TOURNÉ.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra la señora miembro informante.

SEÑORA TOURNÉ.- Señor Presidente: como hay algunas correcciones a la redacción, voy a tratar de adelantar el procedimiento que propondremos seguir. Creo que lo mejor que podríamos hacer es votar artículo por artículo; algunos no ameritan ninguna corrección, otros alguna pequeña y creo que sí tenemos discrepancias en el artículo 8º, sobre el que corresponde hacer alguna aclaración. Advierto que las correcciones fueron consultadas con los miembros de la Comisión.

Comenzamos con el Capítulo I: "Promoción de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República Oriental del Uruguay".

En el artículo 1º no hay ninguna corrección, por lo que propongo que se suprima su lectura y se vote.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar si se suprime la lectura del artículo 1º.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Léase el artículo 2º.

SEÑORA TOURNÉ.- Mociono para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra la señora miembro informante.

SEÑORA TOURNÉ.- El artículo 2º, que ya leí en Sala, termina así: "contando con el marco general y orientador de esta Ley de Igualdad de Oportunidades y Derechos". La corrección que estamos de acuerdo en hacer para que esto no sea redundante es que se establezca simplemente: " [...] contando con el marco general y orientador de esta Ley", y punto.

Como creo que esta sugerencia cuenta con el acuerdo de todos los miembros de la Comisión, si nadie manifiesta voluntad en contrario, propongo se vote con esa redacción.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º con las modificaciones señaladas por la señora Diputada Tourné.

(Se vota)

——Cincuenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Léase el artículo 3º.

SEÑORA TOURNÉ.- Mociono para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra la señora miembro informante.

SEÑORA TOURNÉ.- En este artículo hay un pequeño error. Dice: "Encomiéndase al Instituto Nacional de las Mujeres (Artículo 377 de la Ley Nº 17.930, de 23 de diciembre de 2005) [...]". El error se cometió al citar la fecha, que en realidad debe coincidir con la fecha de promulgación, es decir, el 19 de diciembre de 2005.

Al final del artículo también hay un detalle, que es absolutamente de redacción. Termina diciendo el artículo, "[...] a la no discriminación de las personas en función del género", cuando en puridad debería expresar: "por razones de género".

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º con las modificaciones señaladas por la señora Diputada Tourné.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Léase el artículo 4º.

SEÑORA TOURNÉ.- Mociono para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y seis en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra la señora miembro informante.

SEÑORA TOURNÉ.- Aquí hay una omisión, creo que involuntaria y de tipeo. Dice "El Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos", y debería decir: "El Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos".

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º con la modificación propuesta por la señora Diputada Tourné.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Léase el artículo 5º.

SEÑORA TOURNÉ.- Mociono para que se suprima la lectura de los artículos 5º y 6º y se voten en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra la señora miembro informante.

SEÑORA TOURNÉ.- Si bien no lo había percibido en un principio, en el artículo 5º se comete el mismo error. Donde dice "Plan de Igualdad" debería decir "Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos".

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 5º y 6º, con la modificación propuesta por la señora Diputada Tourné con respecto al artículo 5º.

(Se vota)

——Cincuenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Léase el artículo 7º.

SEÑORA TOURNÉ.- Mociono para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y seis en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra la señora miembro informante.

SEÑORA TOURNÉ.- Con relación a este artículo 7º tenemos dos sugerencias de cambio de redacción; una, es la misma que ya hemos hecho. Donde dice "Plan de Igualdad [...]" debe decir "Plan Nacional de Igualdad [...]". La otra sugerencia refiere a un pequeño error. Dice que dicho Plan "deberá ser elevado al Poder Ejecutivo dentro de los ciento ochenta días de aprobada esta ley", y es de estilo decir "ciento ochenta días de la promulgación de esta ley".

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º con la modificación propuesta por la señora Diputada Tourné.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

Se pasa a considerar el Capítulo II: "Del Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género".

Léase el artículo 8º.

SEÑORA TOURNÉ.- Mociono para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra la señora miembro informante.

SEÑORA TOURNÉ.- Aquí hay problemas de fondo, de diferencias. Perdóneme, señor Presidente. Quisiera ir rapidísimo, pero debo respetar la opinión y el acuerdo en cuanto a traer esta diferencia a Sala para que la resuelva la Cámara, aunque hay una propuesta.

Esto tiene que ver con la integración del Consejo consultivo, y en primer lugar quiero referirme a la cantidad de miembros que lo componen. Nosotros tenemos experiencias de consejos consultivos y asesores, como el Consejo Consultivo de la ley de violencia doméstica aprobada en esta Cámara, y la verdad es que fue difícil reunirlo. Por más que apostamos al trabajo en equipo y a la participación, no podemos no leer la realidad, que nos demuestra que cuanto mayor es la cantidad de personas que integran un consejo, más difícil es reunirlo. Eso lo vimos con el Instituto Nacional de la Familia y la Mujer y también en la Comisión. Por eso hicimos algunos cambios que recortaban la participación, sin quitar representatividad. El proyecto original proponía dos integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros bajamos ese número a uno, y así sucesivamente. Nos importa que ese Consejo sea efectivo, que se pueda reunir. Ahora, cuando la mayoría presentó la propuesta de integrarlo con un representante del Consejo de la Universidad de la República, no es solo por el artículo 2º, que habla del Estado, porque con ese criterio no integraríamos a las ONG: es porque, efectivamente, la Universidad de la República es la que ha aportado al tema. Los proyectos que hemos tratado acá han sido informados y asesorados en varias oportunidades por el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, que ha realizado investigaciones específicas sobre el tema.

Todos y todas acá conocemos a la doctora Niki Johnson, quien ha escrito libros sobre la participación política de las mujeres en representación del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Hay investigaciones entre los años 2001 y 2003 sobre la participación política de las mujeres, aportadas a la bancada bicameral femenina por las doctoras Constanza Moreira, Laura Gioscia, Inés de Torres y Niki Johnson, por la licenciada María Helena Laurnaga y por la asistente de investigación, licenciada Andrea Daverio. Desde el año 2001 a 2004 se llevó adelante una investigación muy profunda por el mismo equipo, coordinado responsablemente por la doctora Niki Johnson, acerca de género y legislación en el Uruguay. Entre los años 2004 y 2005 hubo un seguimiento electoral y un libro publicado.

Entonces, sin desmerecer para nada la participación democrática, hacemos una opción funcional: que participe quien realmente demostró que ha aportado a este tema desde el ámbito académico. Por eso hemos decidido que sea un representante de la Universidad de la República. Como muy bien decía la señora Diputada Peña Hernández, lo que se quiso hacer en este artículo fue una salvedad que para nada obsta al apoyo al proyecto.

Donde sí tenemos un problema -lo voy a dejar como una constancia; lo he conversado con las compañeras y con los compañeros integrantes de la Comisión- es en que establecimos -como en otros proyectos sobre otros tópicos- que la designación de los integrantes de la sociedad civil la hiciera ANONG, que es la asociación que nuclea a la gran mayoría de las ONG de este país. Lo que aclaro a todos los colegas es que muchas de las organizaciones de mujeres -tal vez las más participantes, las más activas- no están en la ANONG. Las mujeres nos están pidiendo que modifiquemos este texto y que pongamos que sean dos representantes de las organizaciones de mujeres, y luego ellas democráticamente dirimirán cuáles son esas organizaciones, de forma de no dejar fuera a organizaciones de importancia, como la Red de Organizaciones de Mujeres contra la Violencia, porque si le diéramos la representación a la ANONG quedarían absolutamente por fuera. Asimismo, mantendríamos la inclusión de un representante del PIT-CNT -el propio PIT-CNT lo pidió cuando concurrió a la Comisión- y la de un representante de las cámaras empresariales, buscando la más amplia participación.

En ese sentido, señor Presidente, la modificación que presentamos -y que acompañan las compañeras que he podido consultar- es que donde se habla de los cuatro representantes de la sociedad civil, en lugar de dos designados por la Asociación Nacional de ONG -ANONG- establezcamos dos designados por las organizaciones de mujeres, y ellas resolverán democráticamente.

Consulto a la señora Diputada Peña Hernández si solicitamos el desglose, para que puedan emitir su voto en contrario con relación al tema de la Universidad de la República, o si lo expresado era solamente una salvedad.

SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, señora Diputada Tourné: quiero hacer la salvedad de lo que nos planteaba la señora Diputada Argimón cuando manifestó en la Comisión su deseo de que pudiera participar la Universidad privada. A los efectos de que este proyecto salga con la mayor celeridad, debo decir que en el resto estoy de acuerdo con la señora Diputada Tourné y con lo que se dijo en la Comisión.

Me parece que incluir algo ahora y empezar a discutir sobre este tema no sería lógico en el día de hoy.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA TOURNÉ.- Señor Presidente: quiero reconocer el gesto de la señora Diputada Peña Hernández al colaborar con la aprobación de este proyecto.

Reitero que la única modificación que se tendría en cuenta sería que de los cuatro representantes de la sociedad civil, dos fueran designados por las organizaciones de mujeres; el resto quedaría exactamente como estaba.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar el artículo 8º con las modificaciones hechas en Sala por la señora Diputada Tourné.

(Se vota)

——Cincuenta y seis en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

SEÑOR ROBALLO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ROBALLO.- Señor Presidente: simplemente quiero dejar constancia de que acompañé el artículo con mucho placer, pero que me habría gustado que se diera lugar a la inclusión a la que la señora Diputada Peña Hernández hacía referencia.

SEÑOR CASÁS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR CASÁS.- Señor Presidente: quiero dejar constancia de que acompaño la votación de este artículo y de que no quise dar la discusión previa a los efectos de no interferir en la votación del proyecto. Comparto la opinión de la señora Diputada Peña Hernández con respecto a la inclusión de un representante de las universidades privadas.

No pretendo iniciar un debate ahora, pero me parece demasiado extensa la nómina de la Comisión y, quizás, por el lado de los Ministerios podríamos haber hecho algún recorte que nos diera un organismo mucho más ejecutivo que uno que está conformado por veinte miembros.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Léase el artículo 9º.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA TOURNÉ.- Señor Presidente: creo que en los artículos 9º, 10, 11 y 12 no existe ninguna modificación, por lo que se podría suprimir su lectura y votarlos en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar la supresión de la lectura y la votación en bloque de los artículos 9º, 10, 11 y 12.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar, en bloque, los artículos 9º, 10, 11 y 12.

(Se vota)

——Cincuenta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 13.

SEÑORA TOURNÉ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra la señora miembro informante.

SEÑORA TOURNÉ.- Señor Presidente: también en este artículo hay una simple omisión cuando se refiere al plan. Dice simplemente: "Plan", y debería decir: "Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos". Esa es la corrección.

Solicito que se suprima la lectura!

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar la supresión de la lectura del artículo 13.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑORA TOURNÉ.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto aprobado:)

"CAPÍTULO I

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Artículo 1º.- Se declaran de interés general las actividades orientadas a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República Oriental del Uruguay.

Artículo 2º.- El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el diseño, la elaboración, la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas de manera que integren la perspectiva de género, contando con el marco general y orientador de esta ley.

Artículo 3º.- Encomiéndase al Instituto Nacional de las Mujeres (artículo 377 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005), el diseño del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos que dé cumplimiento a los compromisos contraídos por el país en los instrumentos ratificados o firmados en el ámbito internacional de las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos y Mercado Común del Sur, relativos a la no discriminación de las personas por razones de género.

Artículo 4º.- El Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos deberá:

A) Garantizar el respeto y la vigilancia de los derechos humanos de las mujeres conceptualizados como derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, aplicando y desarrollando una legislación igualitaria.

B) Promover la ciudadanía plena, garantizando el ejercicio igualitario de los derechos; la inclusión social, política, económica y cultural de las mujeres, así como su participación activa en los procesos de desarrollo.

C) Promover cambios culturales que permitan compartir en condiciones de igualdad el trabajo productivo y las relaciones familiares y aseguren el acceso equitativo de hombres y mujeres a los procesos de innovación, ciencia y tecnología en los planes de desarrollo.

Artículo 5º.- Las acciones propuestas por el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos se implementarán a través de los distintos organismos ejecutores del Estado, de acuerdo a los principios rectores establecidos en los artículos precedentes, convocando a la más amplia participación de la sociedad civil.

Artículo 6º.- El Instituto Nacional de las Mujeres deberá promover la coordinación y articulación de las instituciones y de las políticas públicas para la aplicación de las políticas de igualdad de oportunidad y derechos, basándose en los principios de integralidad, descentralización, participación, inclusión y promoción de los derechos humanos.

Artículo 7º.- El primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos deberá ser elevado al Poder Ejecutivo dentro de los ciento ochenta días de promulgada esta ley.

CAPÍTULO II

DEL CONSEJO NACIONAL COORDINADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO

Artículo 8º.- Créase en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género, presidido por un representante del Instituto Nacional de las Mujeres, el que estará integrado además por:

- Un representante de cada Ministerio designado por el Ministro respectivo.

- Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia o quien ésta designe.

- Dos integrantes del Congreso de Intendentes o quienes éste designe.

- Cuatro representantes de la sociedad civil: dos designados por las organizaciones de mujeres, uno por el Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores y uno por las Cámaras Empresariales.

- Un representante de la Universidad de la República.

Para las designaciones, en todos los casos, se seguirá el criterio de la máxima jerarquía.

Artículo 9º.- Tendrá los siguientes fines:

1) Asesorar al Poder Ejecutivo en materia de su competencia.

2) Velar por el cumplimiento de esta ley y su reglamentación.

3) Promover la elaboración de Planes de Igualdad de Derechos y Oportunidades a nivel departamental.

4) Aprobar el plan anual de actuación del organismo, que será presentado por el Instituto Nacional de las Mujeres.

5) Aprobar la memoria anual sobre gestión y funcionamiento del organismo.

Artículo 10.- Podrá crear Comisiones Departamentales o Regionales, reglamentando su integración y funcionamiento.

Artículo 11.- Dictará un reglamento interno de funcionamiento dentro de un plazo de ciento veinte días a partir de su instalación.

Artículo 12.- Podrá convocar a las sesiones y consultar a representantes de organismos públicos y a personas no estatales que entienda que pueden aportar en las distintas áreas del Plan.

Artículo 13.- Será obligatoria la rendición de cuentas anual ante la Asamblea General, respecto de los avances en la ejecución del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, a realizarse en el marco de las actividades del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer".

19.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

——Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Daniel Bianchi, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por los días 19 y 20 de diciembre de 2006, convocándose al suplente siguiente, señor Edgardo Rostán".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

En consecuencia, queda convocado el suplente correspondiente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 14 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar licencia, al amparo de lo establecido en la Ley Nº 17.827, convocando a mi suplente respectivo durante los días 19 y 20 de diciembre.

Saluda a usted muy atentamente,

DANIEL BIANCHI
Representante por Colonia".

 

"Colonia, 14 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente
De mi consideración:

Por intermedio de la presente, comunico a usted que por esta única vez no acepto la convocatoria que me hiciera ese Cuerpo con motivo de la licencia del Diputado Daniel Bianchi.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente,

Claudia Allietti".

 

"Colonia, 14 de diciembre de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

Habiendo sido convocado en mi calidad de suplente del Diputado Daniel Bianchi, para integrar ese Cuerpo, comunico a usted que por esta única vez no acepto la referida convocatoria.

Saluda a usted atentamente.

José Di Paulo".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Colonia, Daniel Bianchi.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por los días 19 y 20 de diciembre de 2006.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto, los suplentes siguientes, señora Claudia Allietti y señor José Di Paulo.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por los días 19 y 20 de diciembre de 2006, al señor Representante por el departamento de Colonia, Daniel Bianchi.

2) Acéptanse, por esta única vez, las denegatorias presentadas por los suplentes siguientes, señora Claudia Allietti y José Di Paulo.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2015 del Lema Partido Colorado, señor Edgardo Rostán.

Sala de la Comisión, 14 de diciembre de 2006.

NORA GAUTHIER, RAÚL CASÁS, PABLO NAYA".

20.-     Créditos o prestaciones laborales originados en la relación de trabajo. (Se determinan los plazos de prescripción).

——Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Créditos o prestaciones laborales originados en la relación de trabajo. (Se determinan los plazos de prescripción)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 829

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Las acciones originadas en las relaciones de trabajo prescriben al año, a partir del día siguiente a aquél en que haya cesado la relación laboral en que se fundan.

Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo previsto en la disposición anterior, los créditos o prestaciones laborales prescriben a los cinco años, contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles.

Artículo 3º.- La sola presentación del trabajador o su representante, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, solicitando audiencia de conciliación prevista en el artículo 10 del Decreto-Ley Nº 14.188, de 5 de abril de 1974, interrumpe la prescripción.

Artículo 4º.- Los plazos de prescripción previstos en la presente ley, también se interrumpen con la mera presentación de la demanda ante el tribunal competente, sin necesidad de trámite alguno posterior.

Artículo 5º.- Quedan incluidas en el régimen de prescripción establecido en los artículos 1º y 2º, las relaciones laborales vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma legal.

Artículo 6º.- Derógase el artículo 29 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998.

Montevideo, 1º de noviembre de 2006.

JAVIER CHÁ, Representante por Montevideo, IVONNE PASSADA, Representante por Montevideo, GUSTAVO BERNINI, Representante por Montevideo, JUAN JOSÉ BENTANCOR, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto propone derogar el artículo 29 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998 (conocida como ley de inversiones), y establece un nuevo régimen de prescripción de las acciones originadas en una relación laboral.

Antes del artículo 29, casi diríamos que a partir del advenimiento de la democracia luego del período dictatorial y durante 11 años, la ley vigente en materia de prescripción de los créditos laborales era la Ley Nº 15.837, de 28 de diciembre de 1986. Esta ley consagraba dos plazos de prescripción, uno de dos años para interponer el reclamo ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en vía judicial, y el otro de diez años que señalaba el tiempo que se podía recorrer hacia atrás pretendiendo dar satisfacción a créditos incumplidos en ese período.

La Ley Nº 16.906 fue concebida por sus promotores como una ley para facilitar y estimular las inversiones y al artículo 29 debía responder a esa lógica, dando una certeza jurídica a las relaciones laborales de la que carecía la ley vigente hasta entonces, según se dijo. Sin embargo no existen indicios de que el referido artículo haya contribuido en modo alguno a tal fin, y sin embargo abundan las situaciones de enriquecimiento injusto de quienes no cumplieron con sus obligaciones al tiempo que se generaron y como consecuencia de esa ley tampoco cumplieron tardíamente. El trabajador perdió y perdió también el empresario cumplidor con un marco legal que autorizaba así la competencia desleal.

Por otra parte, a poco de aprobado el artículo 29 la jurisprudencia se encontró dividida en relación a la interpretación que hacían del mismo. Por lo que la anunciada certeza jurídica se veía desvirtuada en cada fallo judicial por la ambigüedad del texto.

Este proyecto aspira a dar una solución más acorde y de mayor justicia al tema, reconociendo el nuevo marco en el que se desarrollan las relaciones laborales en nuestro país, a la vez que procura evitar que el texto pueda dar lugar a diferentes interpretaciones a la hora de que los jueces deban aplicarlo al caso concreto.

Por un lado, se entendió que el plazo de prescripción de un año a partir del cese de la relación laboral, es un tiempo suficiente para que el trabajador pueda hacer valer sus derechos laborales. El trabajador que deja pasar un año aparentemente revela una falta de interés en hacer efectivos los créditos que le pudieran adeudar. Así lo recoge el artículo 1º de la norma proyectada.

Por otro lado, el artículo 2º establece un plazo, también de prescripción, de cinco años contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles los créditos y demás prestaciones laborales. Si bien este plazo no es tan favorable a los trabajadores como lo era el de diez años previsto en la ley 15.837 tampoco es tan exiguo y por lo mismo gravoso para el trabajador como el que se deroga de tan solo dos años, y que en la práctica pocas veces superaba el año y medio.

Cabe advertir que con la legislación laboral aún vigente, durante la relación de trabajo, los trabajadores de la actividad privada carecen de garantías (estabilidad relativa o absoluta) en el empleo para el caso que intenten reclamar un beneficio impago o mal liquidado. En la mayoría de los casos, un reclamo significa la pérdida del empleo en un país donde está permitido a las empresas despedir sin expresión de causa. El único obstáculo legal que se impone en tal sentido a las empresas es el de la Ley Nº 17.940, de 4 de enero de 2006 sobre protección y promoción de la libertad sindical. Esta ley sumada a la convocatoria de los Consejos de Salarios como ámbito para dirimir salarios y categorías laborales, entre otras cosas, han sido un factor determinante para el crecimiento de la organización sindical lo que hace presumir que los intereses y derechos individuales pasan a estar más y mejor defendidos por el colectivo lo que permite pensar que cinco años como plazo de prescripción del crédito laboral, de naturaleza alimentaria, es un tiempo prudencial que otorga las necesarias garantías a las partes.

En definitiva, todos los plazos tienen algo de arbitrarios y esto explica la gran diversidad que tiene nuestro orden jurídico en materia de prescripciones de distinto origen o naturaleza. Así las acciones reales prescriben a los treinta años (artículo 1215 del Código Civil), en tanto las acciones personales se extinguen a los veinte años (artículo 1216 del Código Civil), la ejecución de acciones personales prescriben a los diez años (artículo 1217 del Código Civil), mientras que el pago de obras y algunos impuestos se extinguen a los cinco años (artículo 1221 del Código Civil). Además, existe un régimen de prescripciones cortas de cuatro años para alquileres, pensiones, etcétera (artículo 1222 del Código Civil), de dos años para los honorarios de abogados, escribanos, médicos, etcétera. (artículo 1223 del Código Civil).

Los plazos de prescripción previstos en el proyecto, de conformidad con lo que se dispone en los artículos 3º y 4º respectivamente, se interrumpen con la sola presentación del trabajador o su representante solicitando audiencia de conciliación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y también con la presentación de la demanda ante el tribunal competente sin necesidad de trámite posterior alguno.

El artículo 5º resuelve con claridad que el régimen aplicable a las relaciones vigentes al tiempo en que entre en vigencia esta ley es el que surge del nuevo texto.

Finalmente, por el artículo 6º, se deroga el artículo 29 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, expresión de un proceso de flexibilización y desregulación laboral inadmisible frente a las normas tuitivas de nuestra Constitución y de aquellos principios admitidos pacíficamente por doctrina y jurisprudencia laboralista.

Montevideo, 1º de noviembre de 2006.

JAVIER CHÁ, Representante por Montevideo, IVONNE PASSADA, Representante por Montevideo, GUSTAVO BERNINI, Representante por Montevideo, JUAN JOSÉ BENTANCOR, Representante por Montevideo.

Anexo I al
Rep. Nº 829

"Comisión de Legislación del Trabajo

INFORME EN MAYORÍA

Señores Representantes:

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, eleva a consideración del Cuerpo, el proyecto de ley sobre "créditos o prestaciones laborales originados en la relación de trabajo", determinando los plazos de prescripción de los mismos presentado por iniciativa de varios señores Representantes.

El proyecto propone derogar el artículo 29 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998 (conocida como Ley de Inversiones), y establece un nuevo régimen de prescripción de las acciones originadas en una relación laboral.

Antes del referido artículo 29, casi diríamos que a partir del advenimiento de la democracia luego del período dictatorial y durante once años, la ley vigente en materia de prescripción de los créditos laborales era la Nº 15.837, de 28 de diciembre de 1986. Esta ley consagraba dos plazos de prescripción, uno de dos años para interponer el reclamo ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en la vía judicial; el otro de diez años, que señalaba el tiempo que se podía recorrer hacia atrás pretendiendo dar satisfacción a créditos incumplidos en ese período.

La Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, fue concebida por sus promotores como una ley para facilitar y estimular las inversiones. Por lo tanto su artículo 29 debía responder a esa lógica, dando una certeza jurídica a las relaciones laborales, certidumbre de la que carecía la ley vigente hasta entonces. Sin embargo no existen indicios de que el referido artículo haya contribuido en modo alguno a tal fin. Por otra parte abundan las situaciones de enriquecimiento injusto, de quienes no cumplieron con sus obligaciones al tiempo que se generaron. Como consecuencia de esa ley, tampoco cumplieron tardíamente. El trabajador perdió, y perdió también el empresario atento de las normas legales, en virtud de que este nuevo marco legal, autorizaba de hecho la competencia desleal.

Por otra parte, a poco de aprobado, la jurisprudencia se encontró dividida en relación a la interpretación que hacían del mismo. Por lo que la anunciada certeza jurídica, se veía desvirtuada en cada fallo judicial por la ambigüedad del texto.

Este proyecto aspira a dar una solución más acorde y de mayor justicia al tema, reconociendo un nuevo marco en el que se desarrollan las relaciones laborales en nuestro país. A su vez, se procura evitar que la norma pueda dar lugar a diferentes interpretaciones.

Se entiende que el plazo de prescripción de un año a partir del cese de la relación laboral, es un tiempo suficiente para que el trabajador pueda hacer valer sus derechos laborales. El trabajador que deja pasar un año, aparentemente revela una falta de interés en hacer efectivos los créditos que le pudieran adeudar. Así lo recoge el artículo 1º de la norma proyectada.

El artículo 2º establece un plazo -también de prescripción- de cinco años contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles los créditos y demás prestaciones laborales. Si bien este plazo no es tan favorable a los trabajadores como lo era el de diez años -previsto en la Ley Nº 15.837, de 28 de diciembre de 1986- tampoco es tan exiguo y gravoso para el trabajador como el que se deroga, de tan sólo dos años, que en la práctica pocas veces superaba el año y medio.

Cabe advertir que con la legislación laboral aún vigente -durante la relación laboral- los trabajadores de la actividad privada, carecen de garantías (estabilidad relativa o absoluta) en el empleo, en caso de reclamar un beneficio impago o mal liquidado. En la mayoría de las situaciones, un reclamo significa la pérdida del empleo en un país donde está permitido a las empresas despedir sin expresión de causa. El único obstáculo legal que se impone en ese sentido a las empresas es la Ley Nº 17.940, de 4 de enero de 2006, sobre Protección y Promoción de la Libertad Sindical. Sumada a la convocatoria de los Consejos de Salarios, como ámbito para dirimir salarios y categorías laborales, ha sido un factor determinante para el crecimiento de la organización sindical. Lo que hace presumir que los intereses y derechos individuales pasan a estar más y mejor defendidos por el colectivo lo que permite pensar que cinco años como plazo de prescripción del crédito laboral, de naturaleza alimentaria, es un tiempo prudencial que otorga las necesarias garantías a las partes.

En definitiva, todos los plazos tienen algo de arbitrarios y esto explica la gran diversidad que tiene nuestro orden jurídico en materia de prescripciones de distinto origen o naturaleza. Así las acciones reales prescriben a los treinta años (artículo 1215 del Código Civil), en tanto las acciones personales se extinguen a los veinte años (artículo 1216 del Código Civil), la ejecución de acciones personales prescriben a los diez años (artículo 1217 del Código Civil), mientras que el pago de obras y algunos impuestos se extinguen a los cinco años (artículo 1221 del Código Civil). Además, existe un régimen de prescripciones cortas de cuatro años para alquileres, pensiones (artículo 1222 del Código Civil), de dos años para los honorarios de abogados, escribanos, médicos (artículo 1223 del Código Civil).

Los plazos de prescripción previstos en el proyecto, de conformidad con lo que se dispone en los artículos 3º y 4º respectivamente, se interrumpen con la sola presentación del trabajador o su representante solicitando audiencia de conciliación, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo interrumpe el plazo de prescripción cualquier gestión jurisdiccional ante tribunal competente, como puede ser la propia demanda, intimación de pago, solicitud de diligencia preliminar o medida cautelar, sin necesidad de trámite posterior alguno. Así queda absolutamente clara la intención del legislador de que es la actividad del trabajador por sí misma la que interrumpe el plazo, sin importar cuál sea el trámite posterior en vía administrativa o judicial, ni el tiempo que demore la contraparte en ser notificada de tales acciones.

El artículo 5º resuelve con claridad el régimen aplicable a las relaciones vigentes, a partir de la sanción de la presente ley.

Finalmente por el artículo 6º, se deroga el artículo 29 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, expresión de un proceso de flexibilización y desregulación laboral inadmisible frente a las normas de nuestra Constitución de la República y de aquellos principios admitidos pacíficamente por doctrina y jurisprudencia laboralista.

Por las consideraciones precedentes, vuestra Asesora se permite aconsejar al Cuerpo, la aprobación del proyecto de ley adjunto.

Sala de la Comisión, 30 de noviembre de 2006.

IVONNE PASSADA, Miembro Informante, JUAN JOSÉ BENTANCOR, JORGE POZZI, MANUEL MARÍA BARREIRO, con salvedades, que expondrá en Sala, JUAN ANDRÉS ROBALLO, según lo establecido, en el inciso 2º del Artículo 132 del Reglamento, de la Cámara de Representantes y el sector, al cual representa, acompaña el, Informe en Mayoría.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Las acciones originadas en las relaciones de trabajo prescriben al año, a partir del día siguiente a aquél en que haya cesado la relación laboral en que se fundan.

Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo previsto en la disposición anterior, los créditos o prestaciones laborales prescriben a los cinco años, contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles.

Artículo 3º.- La sola presentación del trabajador o su representante, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, solicitando audiencia de conciliación prevista en el artículo 10 del Decreto-Ley Nº 14.188, de 5 de abril de 1974, interrumpe la prescripción.

Artículo 4º.- Los plazos de prescripción previstos en la presente ley, también se interrumpen con la mera presentación de la demanda o cualquier otra gestión jurisdiccional del interesado tendiente a proteger o preparar el cobro del crédito, ante el tribunal competente, sin necesidad de trámite posterior alguno.

Artículo 5º.- Quedan incluidas en el régimen de prescripción establecido en los artículos 1º y 2º, las relaciones laborales vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente norma legal.

Artículo 6º.- Derógase el artículo 29 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998.

Sala de la Comisión, 30 de noviembre de 2006.

IVONNE PASSADA, Miembro Informante, JUAN JOSÉ BENTANCOR, JORGE POZZI, MANUEL MARÍA BARREIRO, con salvedades, que expondrá en Sala.

Comisión de Legislación del Trabajo

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, ha analizado el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se dictan normas que determinan los plazos de prescripción de los créditos o prestaciones laborales originados en la relación de trabajo.

El Partido Nacional no acompañará la votación en particular del proyecto de ley referido por no compartir el articulado propuesto, y en tal sentido ha presentado en el seno de la Comisión artículos sustitutivos y aditivos al proyecto, que a nuestro juicio, mejoran sensiblemente la iniciativa a consideración.

Si bien se comparte en términos generales la extensión del plazo de prescripción de dos a cinco años, no se comparte el resto del articulado de la norma proyectada.

En tal sentido, se propone que el plazo de inicio de la prescripción previsto en el Artículo 2º del proyecto, comience su cómputo desde la fecha de la interposición de la demanda correspondiente, de manera tal de mejorar la técnica legislativa del proyecto dando mayor certeza al inicio del cómputo del plazo.

Asimismo, se propone una redacción sustitutiva al Artículo 3º que establece la forma de interrupción de la prescripción, ya que a nuestro juicio tal como está redactado este artículo, la sola presentación del trabajador o su representante ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no confiere la certeza necesaria que el instituto requiere. El artículo sustitutivo que proponemos en cambio, otorga certeza a la interrupción ya que se propone mantener el actual régimen, por el cual, la misma se produce por la realización de la audiencia de conciliación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, siempre que sea seguida de demanda judicial interpuesta dentro de los treinta días calendario, siguientes a la fecha del acta o del testimonio de la no comparecencia del citado. Este es, en definitiva, el régimen actual, que parte de la base de que existe un documento público que indica con claridad que se realizó una audiencia de inútil tentativa de conciliación, o a que el citado no concurrió a la misma. En el texto que se ha votado por la mayoría, la mera solicitud de audiencia, sin necesidad de trámite posterior alguno, es el acto jurídico que hace interrumpir la prescripción.

Respecto al Artículo 4º el Partido Nacional tiene una posición opuesta a la que prevé el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, considerando que la interrupción del plazo debe operar cuando medie emplazamiento judicial notificado al deudor, conforme indica el Artículo 1235 del Código Civil. Se toma partido de esta manera, por una de las dos posiciones que hoy se reflejan en la jurisprudencia laboral, optándose por aquella que establece una misma forma de interrupción tanto para las obligaciones civiles como laborales. Nos parece que de esta forma se establece una única solución para un mismo instituto, más allá de la materia de que se trate, otorgándose generalidad a las soluciones jurídicas positivas.

Por lo tanto, sin tomar partido porque una sea mejor que la otra, nos inclinamos por manejar el emplazamiento judicial al deudor que iguala el ámbito laboral con el ámbito civil y genera un sólo régimen de interrupción de la prescripción.

Respecto al Artículo 5º, el Partido Nacional ha presentado un artículo sustitutivo que establece que las disposiciones de la presente ley, serán aplicables a los créditos que nazcan a partir de la entrada en vigencia y que se aplicará a los créditos ya devengados, el régimen del artículo 29 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998.

Se busca de esta manera, que la norma no tenga efectos retroactivos, como forma de otorgar seguridad y certeza al marco jurídico positivo.

Sala de la Comisión, 30 de noviembre de 2006.

ALFREDO CABRERA, Miembro Informante, PABLO ABDALA, según lo establecido en el inciso 2º, del Artículo 132 del Reglamento de la Cámara de, Representantes y el sector al cual representa,, acompaña el Informe en Minoría elaborado, por el Diputado Alfredo Cabrera Casas,, en virtud de tratarse de la posición, del Partido Nacional, en dicho tema., ÁLVARO DELGADO, según lo establecido en el, inciso 2º del Artículo 132 del Reglamento de la, Cámara de Representantes y el sector al cual, representa, acompaña el Informe en Minoría elaborado, por el Diputado Alfredo Cabrera Casas,, en virtud de tratarse de la posición, del Partido Nacional, en dicho tema..

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Las acciones originadas en las relaciones de trabajo prescriben al año, a partir del día siguiente a aquél en que haya cesado la relación laboral en que se fundan.

Artículo 2º.- Sin perjuicio de lo previsto en la disposición anterior, los créditos o prestaciones laborales prescriben a los 5 años, contados desde la fecha de la interposición de la demanda correspondiente.

Artículo 3º.- La audiencia de tentativa de conciliación, interrumpirá la prescripción, siempre que sea seguida de demanda judicial interpuesta dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha del acta o del testimonio de la no comparecencia del citado.

Artículo 4º.- Los plazos de prescripción previstos por la presente ley, también se interrumpen con el emplazamiento judicial notificado al deudor.

Artículo 5º.- Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a los créditos que nazcan a partir de su entrada en vigencia, aplicándose a los ya devengados, el régimen del artículo 29 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998.

Artículo 6º.- Derógase el artículo 29 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998.

Sala de la Comisión, 30 de noviembre de 2006.

ALFREDO CABRERA, Miembro Informante".

——En discusión general.

Tiene la palabra la miembro informante en mayoría, señora Diputada Passada.

SEÑORA PASSADA.- Señor Presidente: como manifestaron algunos de los colegas cuando se trató el proyecto sobre los derechos de los trabajadores, la forma de trabajo de la Comisión y el abordaje de este proyecto de ley siguieron el mismo camino y tuvieron el mismo sentido.

En ese proceso también se consultó, por escrito, a la Cámara de Industrias del Uruguay, a la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, a la Cámara de la Construcción del Uruguay, a la Asociación Rural del Uruguay, a la Federación Rural, al PIT-CNT y al Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de la República. El artículo 1º del proyecto fue acompañado por todos los sectores que integran la Comisión; el Partido Nacional presentará artículos sustitutivos y el Partido Colorado apoya la iniciativa, con salvedades que dejarán sentadas en Sala.

El proyecto propone derogar el artículo 29 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, conocida como Ley de Inversiones, y establece un nuevo régimen de prescripción de las acciones originadas en una relación laboral. Asimismo, destacamos que a partir del advenimiento de la democracia, luego del período dictatorial, la disposición vigente en materia de prescripción de los créditos laborales era la Ley Nº 15.837, de 28 de diciembre de 1986. Esta ley consagraba dos plazos de prescripción: uno de dos años, para interponer el reclamo ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la vía judicial, y otro de diez años, que señalaba el tiempo que se podía recorrer hacia atrás, pretendiendo dar satisfacción a créditos incumplidos durante ese período.

Queremos destacar que durante la década del noventa, en nuestro país y también en la región, se promovió cada vez más la subordinación de la política social a la política económica, por lo que precisamente son las medidas de tipo económico las que ejercen de mecanismo desregulador. El artículo que proponemos derogar favoreció -y favorece- la desregulación laboral. No fue, como se pretendía demostrar, un elemento para incentivar las inversiones extranjeras, motivo por el cual se había incluido en la ley porque se decía que de esa forma iban a aumentar los puestos de trabajo.

Más de una vez, al proponer algunos proyectos en materia laboral o que tienen que ver con la economía, escuchamos hablar en Sala del tema de las inversiones y de que estas no vendrían al país como consecuencia de regular este tema. Aquí veremos algunos índices y resultados obtenidos después de promulgada la ley en 1998. Tomaremos los datos obtenidos hasta 2001, precisamente para no considerar el año 2002, en el cual sufrimos los efectos de la crisis. En 1998, la desocupación era del 10,1%; en 1999, del 11,3%; en 2000, del 13,6%, y en 2001, del 15,3%. O sea que no se produjo la relación directa que se decía iba a existir entre la aprobación de esta ley y la creación de nuevos puestos de trabajo. No existen indicios de que el referido artículo haya contribuido en modo alguno a este fin; y a la vez debemos marcar que sí abundan situaciones de enriquecimiento injusto de quienes no cumplieron con sus obligaciones al tiempo que se generaron, y que como consecuencia de la aprobación de esa ley tampoco lo hicieron tardíamente.

Podemos demostrar también, con gráficas recogidas del propio INE, cómo entre 1999 y 2001 descendieron notablemente las inversiones extranjeras en nuestro país. En 1999, para tomar el punto más alto entre 1998 y 2000, estuvieron cerca de los US$ 150:000.000, y en 2000 bajaron, llegando a los niveles más críticos. Entonces, recalcamos que las expectativas no se cumplieron por dos lados: producto de la ley aprobada en 1998 no hubo creación de nuevos puestos de trabajo ni inversiones extranjeras nuevas.

Tanto en este proyecto como en el que aprobamos hace pocas horas hablamos de flexibilización laboral. En este período se produjeron hechos relevantes que dieron lugar a esa situación que hoy estamos corrigiendo con estos proyectos. Me refiero a la reforma jubilatoria, al decreto sobre las empresas unipersonales y a la Ley de Inversiones Nº 16.906, cuyo artículo 29 modifica las prescripciones de las acciones laborales originadas en una relación laboral.

Como decíamos, estas modificaciones se dieron en el campo del derecho laboral; se alentó la desregulación de este derecho, y eso dio como resultado la flexibilización laboral más preocupante que hayamos vivido en nuestro país en estos últimos años.

Manifestaban también otros colegas de la bancada cómo algunas cosas van cambiando en el Parlamento. También indicamos que algunas cosas se han ido modificando desde el 1º de marzo de 2005 a la fecha. Se han corregido varias de estas inequidades; hace pocos minutos aprobamos dos proyectos de ley que siguen esa lógica y continuaremos en el camino de corregir todo aquello que lesione los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas en materia laboral.

Fue significativo, en su momento, que este artículo se incluyera en una ley que estaba orientada hacia las inversiones, fundamentalmente extranjeras. Eso nos hace pensar que la inversión estaba guiada, sobre todo, por el cálculo maximizador, para que de esa forma el empleador pudiera cuantificar el riesgo que corría al dejar de cumplir con sus obligaciones, riesgo que se medía directamente a costa y a costo de los trabajadores y de las trabajadoras.

Esta lógica se promovía desde gobiernos del momento. Por esta vía se favorecía el incumplimiento, dejando en desventaja al patrón cumplidor de las normas frente al que no lo era, permitiendo y favoreciendo una competencia desleal y afectando a las trabajadoras y a los trabajadores en sus condiciones laborales.

Creemos que es bueno hacer un balance que no abarque solo el punto de vista técnico de la propuesta de derogación de este artículo, sino los perjuicios que este puede implicar desde el punto de vista de la sociología laboral y de la psicología laboral. Los trabajadores, en su momento, luego de la aplicación de este artículo, manifestaron un sentimiento de ruptura del resguardo del que hablábamos al principio, de la protección que tenían, y se expresaron manifestando su rechazo a la propuesta que los desregulaba. Debemos recordar todos que la propuesta fue plebiscitada sin que hubiera posibilidad de informar a la ciudadanía acerca de los riesgos que representaba su aprobación, porque la consulta se hizo en cortos plazos y -recordemos también- sin carácter obligatorio. Sin embargo, en ese corto período de instrumentación y posterior vigencia de la ley, los Juzgados Laborales se vieron desbordados por demandas en las que los trabajadores reclamaban sus derechos. Sí, señor Presidente, los trabajadores reclamaban los derechos que sabían que a los pocos días iban a ser cercenados.

La Ley Nº 16.906 fue concebida por sus promotores como una norma para facilitar las inversiones, y el artículo 29 debía responder a esa lógica, dando a las relaciones laborales una certeza jurídica de la que carecía la ley vigente hasta entonces, según se nos dijo.

Por otra parte, a poco de haberse aprobado el artículo 29, la propia jurisprudencia se encontró dividida con relación a su interpretación, por lo que la anunciada certeza jurídica se veía desvirtuada en cada fallo judicial por la ambigüedad del texto.

Este proyecto aspira a dar al tema una solución más acorde y de mayor justicia, reconociendo el nuevo marco en el que se desarrollan las relaciones laborales en nuestro país. A la vez, procura evitar que el texto pueda dar lugar a diferentes interpretaciones a la hora de que los Jueces deban aplicarlo al caso concreto. Por un lado, se entendió que el plazo de prescripción de un año a partir del cese de la relación era un tiempo suficiente para que el trabajador pudiera hacer valer sus derechos laborales. El trabajador que deja pasar un año, aparentemente revela una falta de interés en hacer efectivos los créditos que le pudieran adeudar. Por eso creímos conveniente presentar esta propuesta, que ha sido recogida en el artículo 1º de la norma proyectada, estableciendo el plazo de prescripción de las acciones originadas en las relaciones de trabajo.

Por otro lado, en el artículo 2º se establece un plazo, también de prescripción pero de los créditos y demás prestaciones laborales; es de cinco años, contados desde la fecha en que los mismos pudieron ser exigibles. Si bien este plazo no es tan favorable para los trabajadores como el de 10 años, previsto en la Ley Nº 15.837, tampoco es tan exiguo y, por lo mismo, tan gravoso para el trabajador como el que se derogará, de tan solo dos años y que, en la práctica, pocas veces superaba el año y medio.

Cabe advertir que con la legislación laboral vigente, durante la relación de trabajo los trabajadores de la actividad privada carecen de garantías, como la de estabilidad relativa o absoluta en el empleo, para el caso de que intenten reclamar un beneficio impago o mal liquidado.

En Sala se ha hablado de las condiciones lamentables de trabajo en las que están algunas mujeres uruguayas, pero están en esas mismas condiciones de trabajo mujeres y hombres a los que todavía no se ha podido satisfacer el ejercicio de sus derechos. En la mayoría de los casos, cuando se hace un reclamo de este tipo ello puede representar la pérdida del empleo; esto ocurre porque las empresas aún pueden despedir sin expresión de causa.

El único obstáculo legal que se impone en tal sentido a las empresas es el de la Ley Nº 17.940, de 4 de enero de 2006, que aprobó este Parlamento para la protección y promoción de la libertad sindical. Esa misma ley, sumada a la convocatoria de los Consejos de Salarios -para dirimir, entre otras cosas, salarios y categorías laborales- y a los ámbitos que el Poder Ejecutivo ha abierto en materia de relaciones laborales y diálogo social -a los que hoy se hacía referencia-, han sido un factor determinante para mejorar el relacionamiento con la sociedad, lo que hace presumir que los intereses y derechos individuales pasan a estar mejor defendidos por el colectivo. Y esto permite pensar que cinco años como plazo de prescripción del crédito laboral de naturaleza alimentaria, es un tiempo prudencial, que otorga las necesarias garantías a las partes.

Es importante destacar también que el artículo cuya derogación proponemos regula la prescripción de los créditos laborales en dos años y que, además, se le dio naturaleza de plazo de caducidad.

En definitiva, todos los plazos a veces tienen algo de arbitrario; esto explica la gran cantidad y diversidad de prescripciones de distinto origen y naturaleza que tiene nuestro orden jurídico. Por ejemplo, las acciones reales prescriben a los 30 años, en tanto que las acciones personales se extinguen a los 20 años, mientras la ejecución de acciones personales prescribe a los 10 años, y podríamos citar algunas otras que también demuestran que hay plazos que son arbitrarios. Pero los plazos de prescripción previstos en este proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3º y 4º, se interrumpen con la sola presentación del trabajador o su representante solicitando audiencia de conciliación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. También interrumpe el plazo de prescripción cualquier gestión jurisdiccional ante el Tribunal competente, como, entre otras, una demanda, una intimación de pago o una solicitud de diligencia preliminar o de medida cautelar, sin necesidad de trámite posterior alguno. Así queda absolutamente clara la intención del legislador de que es la actividad del trabajador, por sí misma, la que interrumpe el plazo, sin importar cuál sea el trámite posterior en vía administrativa o judicial ni el tiempo que demore la contraparte en ser notificada de tales acciones.

El artículo 5º resuelve con claridad que el régimen aplicable a las relaciones vigentes al tiempo en que entre en vigencia esta ley es el que surge del nuevo texto.

Finalmente, a través del artículo 6º, se deroga el artículo 29 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, expresión de un proceso de flexibilización y desregulación laboral inadmisible frente a las normas de nuestra Constitución y de aquellos principios pacíficamente admitidos por la doctrina y la jurisprudencia laboral.

Antes de finalizar, señor Presidente, quisiera que en la versión taquigráfica figurara la consulta que realizamos a la Facultad de Derecho, en particular al Instituto del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, para que nos diera su opinión sobre la derogación del artículo 29 de la Ley Nº 16.906 y nos aportara fundamentos para que la Comisión y el legislador, en el momento de legislar, tuvieran las máximas garantías. Ese documento está fechado en Montevideo el 1º de diciembre de 2006 y está dirigido a la Presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo. Dice así: "[...] Un fermental debate se ha propiciado en torno al mismo en nuestro encuentro semanal de los días viernes, llegando a una visión común de que el proyecto en consideración representa una mejora sustancial de la legislación vigente, por su técnica y mayor precisión, pero fundamentalmente porque consagra una solución más acorde con lo que aconseja el derecho comparado, procurando una mayor protección a los derechos de los trabajadores, a la vez que puede contribuir a desalentar la competencia desleal que se vale del incumplimiento de las obligaciones laborales para sacar provecho económico.- La ocasión fue propicia para sugerir algún cambio en esa misma línea de razonamiento, y a tales efectos se conformó una Comisión redactora de una propuesta concreta". Más adelante agrega que proponen modificar el artículo 4º, y continúa diciendo: "Consideramos que la nueva redacción incorpora una solución de mayor justicia en tanto prevé situaciones, muy comunes en la práctica, como el hecho de que el proceso judicial no se inicie con una demanda sino con una solicitud de medida cautelar, una diligencia preparatoria o una intimación, por ejemplo.- Finalmente, queremos agradecer, una vez más, que la opinión de la Universidad y en particular de nuestra Facultad de Derecho, a través del Instituto, sea requerida en oportunidad de considerar los cambios que nuestra legislación demanda".

Esta nota ha sido firmada por los doctores Jorge Rosenbaum, Jorge Seré y Alejandro Castello, integrantes del Instituto del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Antes de recomendar la derogación del artículo 29 de la Ley Nº 16.906, quiero decir que comentábamos con algunos compañeros que hoy todos nos vamos a ir con un sabor muy especial porque estamos legislando para regular derechos; hoy estamos legislando para que cientos de trabajadoras y de trabajadores en este país tengan condiciones laborales diferentes; hoy estamos legislando para el norte y para el sur, porque quizás en cualquier punto del país haya gente -en algunos casos con mayor profundidad, producto de la crisis y de la desregulación laboral- que tenga peores o diferentes condiciones de trabajo.

Recordemos siempre que los hombres y las mujeres tienen derechos y que también hay derecho a la existencia de estos como tales. Recordemos, además, para toda materia a legislar, que hombres y mujeres entregan a la economía de un país, de una sociedad, su energía de trabajo, único patrimonio con el cual venimos a este mundo, y que debemos ser respetuosos para que los derechos sean precisamente eso: derechos.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor Diputado Cabrera.

SEÑOR CABRERA.- Señor Presidente: en esta sesión tenemos a estudio un proyecto de ley que refiere a los plazos de prescripción de los créditos laborales. El Partido Nacional ha propuesto un proyecto alternativo, que si bien tiene coincidencias en cuanto al plazo de prescripción establecido en el proyecto de la mayoría del Gobierno, difiere en cuanto a la articulación y el funcionamiento de este instituto. Entendemos que el proyecto, tal como lo hemos redactado y presentado en la Comisión, otorga más certeza al régimen de prescripción que regirá a partir de la promulgación de la ley que se apruebe, dando seguridad no solo a los empresarios sino también a los trabajadores.

En la Comisión planteamos que esta no es una ley tuitiva de derechos sustanciales, sino una ley instrumental, una ley del instituto de la prescripción, tanto en su naturaleza extintiva -es el caso que nos ocupa- como adquisitiva, en otras variantes del derecho positivo, y busca simplemente que el tiempo opere como forma de perder o adquirir un derecho.

En la Comisión decíamos -creo que esto fue compartido por todos sus integrantes- que la legislación laboral tuitiva es la que busca que el derecho se disfrute y goce cuando debe ser gozado y disfrutado conforme a la ley, y no a posteriori. Todas las normas que nosotros podamos dictar, mejorar, derogar o reescribir que logren el cumplimiento efectivo del derecho del trabajador el día que se devenga, son normas protectoras. Las normas como estas, que establecen un plazo de prescripción, son instrumentales y utilizan un instituto de viejísima data a nivel del derecho comparado: hacen operar el tiempo como forma de extinguir o de adquirir un derecho.

Nosotros compartimos el plazo de cinco años partiendo de la afirmación realizada por la señora Diputada preopinante en el sentido de que cualquier plazo es, en sí mismo, opinable. No hay un plazo mejor que otro; simplemente hay que buscar un plazo que sea razonable a efectos de otorgar, por un lado, la garantía al trabajador que no reclamó respecto a que podrá hacerlo a posteriori, cuando haya finalizado la relación laboral y, por otro lado, la tranquilidad y la certeza a la empresa en el sentido de que, transcurrido determinado plazo, el sistema jurídico le dice que lo realizado estaba bien hecho o si no estaba bien, de cualquier manera precluyó la oportunidad de reclamarlo.

Partiendo de esta consideración de tipo general, voy a desarrollar las diferencias que tiene el proyecto del Partido Nacional con el presentado por la bancada del Partido de Gobierno. Como decía la señora miembro informante en mayoría, coincidimos en el artículo 1º respecto a mantener el plazo de un año luego de finalizada la relación laboral para poder ejercer el derecho al reclamo.

Con respecto al plazo de cinco años -que también planteamos en nuestro proyecto-, lo que difiere es la fecha desde la cual se comienza a contar. En nuestra iniciativa, los cinco años se comienzan a contar desde la fecha de la interposición de la demanda correspondiente que reclama el cobro de esos créditos. ¿Por qué desde la fecha de la interposición de la demanda? Porque queremos utilizar la presentación de un documento ante una oficina pública como forma de otorgar certeza, en un documento público a esa fecha, para lograr empezar a hacer el cómputo. Esto es: la demanda, una vez presentada, tendrá un sello de recibida por parte del Juzgado correspondiente, y esa pasa a ser una fecha cierta, determinada, fácilmente identificable, lo que nos parece una solución superior a la presentada en el proyecto mayoritario.

Los dos artículos siguientes refieren a cómo se interrumpe el plazo de prescripción. En el caso del artículo 3º, ambos proyectos refieren a cómo se interrumpe en vía administrativa. Mientras el proyecto mayoritario establece que la sola presentación del trabajador en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social opera para la interrupción del plazo de prescripción, el proyecto del Partido Nacional mantiene la solución vigente en la actualidad, es decir que la audiencia tentativa de conciliación interrumpe la prescripción siempre que sea seguida de demanda judicial interpuesta en los treinta días calendario siguientes a la fecha del acta o del testimonio de la no comparecencia del citado.

En este caso, la incertidumbre de la solución mayoritaria nos parece aún mayor; la presentación del trabajador ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es un acto voluntario, que puede repetirse en el tiempo. El trabajador puede concurrir un día y solicitar una audiencia; puede no asistir el día de la audiencia porque no tenía plata para el boleto o porque había paro de transporte, y puede volver a solicitar una audiencia. Inclusive, cabe la posibilidad de que esto ocurra más de una vez; no es algo fuera de lo común ni un caso de laboratorio; en los hechos, sucede habitualmente. Entonces, nos parece que con la utilización de este mecanismo se van a generar problemas en la práctica, porque vamos a tener discusiones a nivel de trámites judiciales respecto a cuál es el plazo y cada cual alegará que es el primero o el último, según la conveniencia del litigio de que se trate. En la solución propuesta por el Partido Nacional existe un acta labrada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la que queda claro que las partes estuvieron presentes, no se pusieron de acuerdo, se labró un acta de inútil tentativa de conciliación, o existe un testimonio expedido por la Cartera donde consta que el trabajador se presentó y no la empresa, por lo que queda habilitado a iniciar el juicio. Cualquiera de estos dos documentos son públicos y tienen una fecha cierta. La solicitud de audiencia también es un documento público, pero funciona solo a instancias del trabajador e, insisto, puede existir más de una con distintas fechas.

Respecto al artículo 4º también tenemos una diferencia, pero en este caso refiere a cómo se interrumpe la prescripción a nivel judicial. El proyecto de la bancada de Gobierno establece que la sola presentación de la demanda o de cualquier otra acción a nivel judicial de parte del trabajador interrumpe el plazo de prescripción. En cambio, el proyecto presentado por el Partido Nacional establece que los plazos de prescripción previstos por la presente ley también se interrumpen con el emplazamiento judicial notificado al deudor.

En realidad, cada proyecto recoge una corriente jurisprudencial que existe a nivel de los Juzgados de Trabajo en el Uruguay; el proyecto de la bancada de Gobierno recoge una y el del Partido Nacional, otra. En estos tema no creo que alguien pueda decir que una solución es mejor que la otra. La ventaja de la que estamos proponiendo es que establece la misma solución que dispone el Código Civil para todas las prescripciones ordinarias. Nosotros valoramos que exista una única forma de interrupción de la prescripción, tanto para una acción civil como para una acción laboral. Creemos que esto clarifica el ordenamiento jurídico, no solo en materia laboral sino en términos genéricos.

Por último, el artículo 5º refiere a los efectos de la norma en el tiempo. La propuesta del Partido Nacional establece que las disposiciones de la presente ley serán aplicables a los créditos que nazcan a partir de su entrada en vigencia, aplicándose a los ya devengados el régimen del artículo 29 de la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, esto es, el régimen vigente. Otra vez se aplica el criterio rector de las propuestas alternativas realizadas. Nos parece bueno que la ley tenga efectos hacia el futuro y no una incidencia de tipo retroactivo, que nunca ayuda a que el sistema y el ordenamiento tengan seguridad y certeza jurídica.

Termino afirmando que votaremos nuestro proyecto, que creemos atiende mejor en su mecánica la solución de un problema, aun cuando tanto oposición como Gobierno hemos compartido el plazo de la prescripción. Afirmamos una vez más que este es un proyecto instrumental, procesal; no es ni por asomo similar en su naturaleza al que tratamos como primer punto del orden del día, que fue un tema sustancial, ya que opinamos sobre la sustancia de las relaciones laborales y de los contratos de trabajo. Estamos aprobando un proyecto procesal, y tal vez otro Parlamento, en otro momento, vote uno distinto porque, entre otras cosas, eso tendrá que ver con la realidad y con la lógica de las relaciones laborales del momento.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado Roballo.

SEÑOR ROBALLO.- Señor Presidente: este proyecto de ley no solo extiende sin más los plazos, sino que resuelve cuestiones jurídicas, procesales, etcétera, que se agravaron con la sanción del artículo 29 de la Ley de Inversiones, que abrió la posibilidad a la aplicación de normas civiles, como el artículo 1236 del Código Civil, que habla del emplazamiento notificado para interrumpir la prescripción, cuando con el régimen anterior a esa ley esa posición no era de recibo. Es decir que fue una posición jurisprudencial que cobró mayor acogida por parte de la jurisprudencia recién a partir de la sanción de esa ley y progresivamente. Es decir que no estamos ante situaciones iguales. Este tipo de normas no se compadece con la materia laboral y los principios que la informan. Por lo tanto, entendemos que no debe aplicarse sin más; si bien el derecho civil es subsidiario del derecho laboral, no deben aplicarse sin más.

En el régimen actual los plazos son cortos, y además se agregan descuentos que generan inseguridad jurídica. Ahora eso se soluciona; es un imperativo ético, un deber, una necesidad en lo que tiene que ver con la coyuntura, en la que los despidos son libres y cualquier reclamación de un trabajador puede terminar con la relación laboral.

Me voy a referir a los alcances jurídicos de alguno de los artículos y también a las propuestas alternativas que han presentado los colegas del Partido Nacional. Ya hemos tenido un intercambio en la Comisión, pero quisiéramos dejar constancia de nuestra opinión, en virtud de que se han vuelto a plantear.

Entendemos que la fecha de interposición de la demanda como límite a los efectos de contar la prescripción, que es una de las propuestas, es un momento aleatorio, que muchas veces depende de la actividad del profesional, de la disponibilidad de los medios probatorios o de la actividad del Poder Judicial y su burocracia. Además, todos sabemos que en el ámbito judicial no alcanza solo con la interposición de la demanda para interrumpir la prescripción o caducidad -aunque hay algunas posiciones encontradas-, sino que debe existir también el emplazamiento notificado de esa demanda, que es parte de la otra proposición del Partido Nacional. A efectos de dar certeza y de ser más justos en este plazo de prescripción debe tomarse como fecha la exigibilidad de los créditos que están en cuestión. Eso es así porque si se exige el emplazamiento -que es el decreto del Juez que emplaza a la contraparte, al demandado a comparecer, a estar a derecho- y agregamos la notificación -puede ser un plazo cierto pero aleatorio- dejamos a merced de la dinámica del Juzgado y de la Oficina Central de Notificaciones -que es la que se encarga de hacer las notificaciones en el Poder Judicial- el plazo de prescripción. Entonces, lejos de dar certeza, se genera una situación de peligro para el correcto reclamo de los créditos laborales. Decíamos que nos oponemos también a esa propuesta de emplazamiento notificado porque precisamente eso es lo que no le da certeza jurídica y puede atentar contra el derecho de los trabajadores.

Queremos hacer referencia a que en el actual estado de importante incumplimiento por parte de los empleadores, en general de algunos rubros salariales, fundamentalmente en materia de horas extra y de la no inclusión de las incidencias en el despido, uno se encuentra con expresiones diferentes en cuanto al cumplimiento de esos rubros, así como el no aporte y la subaportación a los organismos previsionales.

Creo que este proyecto de ley no es uno más, sino que es muy positivo porque, como todos sabemos, la falta de organización de los trabajadores a raíz de la desregulación, la falta de convocatoria de los Consejos de Salarios -que se ha revertido en el último año- y la falta de una norma que proteja a los trabajadores cuando están negociando su salario o las condiciones de trabajo, hacía que no reclamaran lo que les correspondía por ley. Por lo tanto, se hace necesario extender ese plazo porque, como sabemos, una reclamación, una citación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podía terminar con un despido.

En resumen, nos parece importante que se tenga en cuenta el avance de esta norma, que resuelve algunas cuestiones prácticas que se daban y que otorga más certeza a la hora de ejercer las acciones. Resulta muy importante que los plazos de prescripción establecidos en los artículos 1º y 2º sean mantenidos como están planteados porque otorgan más certeza y seguridad para que los trabajadores puedan reclamar.

También nos parece muy importante que queden incluidas en el régimen de prescripciones establecido en estos artículos las relaciones laborales a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, a los efectos de que se cumpla con este imperativo ético que comentábamos al principio de nuestra exposición, a partir de lo que algunos en su momento denominamos "confiscación de los créditos de los trabajadores", luego de la sanción del artículo 29 de la Ley Nº 16.906.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- ¿Me permite, señor Presidente?

Propongo que se suprima la lectura y que se vote en bloque, desglosando los artículos 1º y 6º, que el Partido Nacional va a votar favorablemente.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Se va a votar la propuesta del señor Diputado Pablo Abdala.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión los artículos 2º, 3º, 4º y 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑORA PASSADA.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y seis en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado en mayoría).

21.-     Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera. (Creación).

—— Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera. (Creación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 852

"PODER EJECUTIVO

Montevideo, 14 de setiembre de 2006.

Señor Presidente de la Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, relativo al Fondo Lechero.

La actividad de la Agroindustria Lechera Nacional viene desarrollándose con una alta competitividad genuina manifestada en guarismos crecientes de producción, exportación, calidad de productos y precios competitivos, afincando familias en el medio rural e integrando la producción primaria con la industria.

En el año 2002 la lechería enfrentó dificultades muy severas derivadas de bajos precios internacionales de productos de exportación de la cadena, a lo que se sumó el endeudamiento del sector que obstaculizó las inversiones imprescindibles para mantenerse en actividad.

La Ley Nº 17.582, de 2 de noviembre de 2002, creó el marco legal que permitió el flujo de fondos derivados de la venta de leche consumo que a través de la securitización permitió atender deudas con el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) y un financiamiento parcial de actividades productivas, canalizando fondos de inversión de las AFAPs que tenían dificultades de aplicarse, debido a la crisis del sistema financiero.

La ley propuesta responde a una iniciativa de los representantes de las organizaciones de productores de leche que integran la Mesa de Gremiales Lecheras quienes conjuntamente con todos los sectores involucrados fueron consultados en el proceso de elaboración de este proyecto de ley.

Si bien ha mejorado notoriamente la situación de la producción lechera y de la economía en general, persisten algunos problemas, tanto a nivel del endeudamiento de productores como del crédito bancario tradicional, cuya disponibilidad es muy limitada. Por esta razón el fondo que se propone tiene como finalidad expresa financiar el desarrollo de la lechería y no solamente atender el problema del endeudamiento, tal como ocurrió con lo establecido por la Ley Nº 17.582.

El esquema de los fondos de financiamiento para la lechería hace necesaria la sanción de una ley, pese a que el Fondo se proyecta integrar con el aporte de inversores privados y que será pagado por los productores de leche beneficiados. De aprobarse la ley se otorgará el imprescindible marco de confianza y de seguridad jurídica al acuerdo entre las partes, que luego se concreta en una venta adelantada del flujo de fondos, administrada por un fideicomiso financiero.

El Poder Ejecutivo considera importante esta iniciativa respondiendo a un lineamiento fundamental como es el de desarrollar los instrumentos que permitan canalizar el flujo de ahorro privado a los sectores productivos.

Este Fondo Lechero es de carácter solidario al igual que el anterior. El mecanismo de cálculo y equivalencia se establece en el artículo 7º. El pago que realizarán los productores de leche se basará en la actualización del monto equivalente a la retención actual sobre el litro de leche al consumidor. Previendo lapsos de precios bajos, el proyecto de ley establece una retención máxima del 3% del precio promedio de la leche al productor. En esta eventualidad, se prolongaría el período de repago del fondo que se estima en unos 8 años y hasta un máximo de 15 años.

En algunos aspectos el Fondo Lechero creado en este proyecto de ley se diferencia con el Fondo creado por la Ley Nº 17.582. El Estado garantiza solamente el mantenimiento de las normas legales que puedan afectar al negocio (artículo 12), a diferencia del anterior en que comprometía una garantía del negocio de securitización, si no había cumplimiento en un plazo de 15 años. El nuevo Fondo, tiene un componente destinado a cancelar el saldo por el Fondo anterior aún vigente.

También se diferencia del Fondo anterior en la aplicación de la retención. En el Fondo anterior la retención (actualmente de 0.73 pesos por litro) grava al litro de leche fluida (pasteurizada o larga vida) que se vende al consumidor. En el nuevo Fondo que se propone en este proyecto de ley, la retención se aplicará a cada litro de leche que el productor remita a planta industrial. Este cambio tiene dos consecuencias importantes: en primer lugar, el mecanismo se transforma en un crédito sectorial de largo plazo que no afecta a los consumidores del producto; en segundo lugar esta retención permite incluir como beneficiarios del sistema a los remitentes a pequeñas plantas industriales, ubicados fuera del circuito de las grandes plantas pasteurizadoras de leche, los que no eran contemplados en el esquema anterior.

El monto que recibirán los productores por litro de leche, estará determinado por la relación entre el monto final de la operación, una vez cancelado el Fondo anterior, y la remisión, por lo cual se definirá en la reglamentación, pues no es posible realizar su cálculo hasta que no se verifican las etapas referidas en el artículo 10.

Existen además algunos aspectos relativos a la conveniencia del nuevo Fondo que deben ser señalados particularmente. El Fondo creado por la Ley ;Nº 17.582, nació en un momento crítico del país. Esto determinó que la cesión de los derechos a las AFAPs por un monto de 26 millones de dólares, se pactara a una tasa de interés del 11%, vinculada a la tasa que el Gobierno accedía al crédito en el 2002.

La cancelación del anterior Fondo habilitará una menor tasa de interés ya que ha descendido el nivel del riesgo país lo que significará una menor carga financiera para los productores de leche.

Por último, se plantea que el Fondo Lechero incluya dos tramos de inversión: uno cerrado para las AFAPs, ya que el nuevo negocio incluye la cancelación del anterior, y otro abierto mediante cotización bursátil, de modo de captar nuevos inversores. Esto permite al sector generar nuevos vínculos de inversión y cierta competencia entre los inversores que participan en el negocio. Estos detalles del negocio se concretarán en el contrato de cesión, una vez aprobada la ley.

El Fondo Lechero se crea como una Persona Jurídica de derecho Público No Estatal. Esto reporta varios beneficios y recoge la experiencia y procura solucionar algunas dificultades operativas que se verificaron con el Fondo anterior. Se podrá contratar los recursos humanos necesarios para el mejor desempeño de todas las funciones, incluidas las de carácter inspectivo y de contralor, permitiendo superar las dificultades originadas en los escasos recursos destinados por los Ministerios intervinientes. La administración y representación corresponderá a una Comisión Administradora Honoraria, con mayoría de representantes de entes estatales.

Se destaca en el artículo 1º del texto proyectado, los objetivos para el cumplimiento de los fines que se persiguen.

El Fondo Lechero sustituye en su totalidad al creado por la Ley Nº 17.582, de 2 de noviembre de 2002, previéndose que pueda exigir el cumplimiento de las obligaciones que no se hubieran cancelado a la fecha de entrada en vigencia de esta ley.

Por lo expuesto precedentemente se entiende necesaria la aprobación del proyecto de ley adjunto.

TABARÉ VÁZQUEZ, JOSÉ MUJICA, JUAN FAROPPA, REINALDO GARGANO, DANILO ASTORI, AZUCENA BERRUTTI, JORGE BROVETTO, VÍCTOR ROSSI, JORGE LEPRA, EDUARDO BONOMI, MARÍA J. MUÑOZ, HÉCTOR LESCANO, MARIANO ARANA, MARINA ARISMENDI.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Creación y objetivos).- Créase el Fondo Lechero como Persona Jurídica de Derecho Público No Estatal que sustituirá en forma total al Fondo creado por la Ley Nº 17.582, de 2 de noviembre de 2002, y que tendrá los siguientes objetivos:

(i) Financiar la actividad lechera de los productores persiguiendo los siguientes objetivos: aumentar la producción láctea; extender la actividad lechera; diversificar la obtención de productos lácteos; aumentar la ocupación de mano de obra en el sector y afincar grupos familiares en el campo.

(ii) Pagar deudas financieras de los productores que integren el Fondo Lechero, subrogándose en los derechos de los acreedores respectivos.

(iii) Cancelar deudas que fueran contraídas por el Fondo de Financiamiento de !a Actividad Lechera creado por la Ley Nº 17.582, de 2 de noviembre de 2002.

(iv) Financiar inversiones destinadas al buen manejo de los efluentes y al control de la contaminación de las fuentes de agua en los predios explotados por pequeños productores, concepto éste que será determinado por la reglamentación.

(v) Cancelar deudas que fueran contraídas para atender los objetivos anteriores. El Fondo Lechero coordinará su actuación con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Artículo 2º. (Dirección, administración y representación).- El Fondo Lechero será dirigido, administrado y representado por una Comisión Administradora Honoraria compuesta por un representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que la presidirá, un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante propuesto por las industrias lácteas y un representante propuesto por los productores de leche.

Los miembros de la Comisión Administradora Honoraria del Fondo Lechero serán designados por el Poder Ejecutivo por el plazo de tres años, pudiendo ser reelectos hasta la designación de sus sustitutos. Los miembros salientes permanecerán en sus funciones hasta que asuman los nuevos miembros designados, o hasta que sean cesados por resolución ministerial. Cada miembro de la actividad privada será designado con representante alterno que sustituirá automáticamente al titular en caso de ausencia de éste. Las entidades privadas deberán formalizar la propuesta de sus representantes dentro del plazo de 30 (treinta) días una vez de serle requerida. De no hacerse en el plazo indicado, el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca procederá a realizar las designaciones de dichos representantes, las que recaerán necesariamente en personas vinculadas al sector en cuestión.

El Poder Ejecutivo establecerá en la reglamentación lo relativo a sustituciones temporarias de los delegados del sector público.

La representación corresponderá al Presidente asistido de otro miembro en la forma y condiciones que determine la Comisión Administradora Honoraria del Fondo Lechero.

Artículo 3º. (Cometidos).- La Comisión Administradora Honoraria del Fondo Lechero podrá promover, formular y realizar todas aquellas actividades que sean necesarias para cumplir los objetivos previstos en esta ley, teniendo para ello los más amplios poderes de administración y disposición y en especial podrá:

1) Depositar, ceder, colocar, invertir, ofrecer en garantía o securitizar los fondos que se devenguen durante el transcurso del período en el que éstos queden afectados en la cuenta prevista en el artículo 9º de la presente ley.

2) Celebrar convenios de colaboración y de ejecución de tareas específicas con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras y con organismos internacionales.

3) Controlar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y aplicar las sanciones que en ella se establecen, creando la infraestructura técnica y administrativa que estime pertinente a tales efectos.

4) Contratar personal o tercerizar determinados servicios de administración o control, pudiendo los costos que se generen por dichas contrataciones ser deducidos de las sumas recaudadas. Los costos de administración del Fondo Lechero incluyendo los costos que se generen por la contratación de personal o tercerización de servicios, no podrán superar el 1,5% (uno con cinco por ciento) de lo recaudado por las prestaciones pecuniarias retenidas a los productores.

5) Exigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las empresas comprendidas en la Ley Nº 17.582, de 2 de noviembre de 2002 que no se hubieren cancelado a la fecha de vigencia de esta ley.

6) Asesorar y proponer al Poder Ejecutivo modificaciones en la reglamentación de esta ley en materia de recaudación, distribución de los beneficios entre los productores, contralor y aplicación de sanciones por incumplimientos de las obligaciones establecidas en la presente ley.

7) Denunciar ante la Justicia competente a los agentes de retención, en caso de que éstos no viertan al Fondo Lechero las sumas retenidas dentro del plazo previsto por el inciso 3º del artículo 9º de esta ley.

8) Exigir de los infractores el pago de las sanciones pecuniarias que hayan devenido firmes.

Artículo 4º. (Funcionamiento).- La Comisión Administradora Honoraria del Fondo Lechero sesionará periódicamente en forma ordinaria y en forma extraordinaria cuando la convoque el Presidente o tres de sus miembros. Asimismo, aprobará su reglamento orgánico y de funcionamiento, donde se regulará los quórum y las mayorías necesarias para adoptar resoluciones, teniendo el Presidente doble voto en caso de empate.

En lo no previsto por esta ley, su régimen de funcionamiento será el de la actividad privada, especialmente en cuanto a su contabilidad, estatuto del personal y contratos que celebre.

El Fondo Lechero estará exonerado de todo tipo de tributos nacionales exceptuadas las contribuciones especiales de seguridad social.

Sus bienes son inembargables y sus créditos, cualquiera sea su origen gozan del privilegio establecido por el numeral 6º del artículo 1732 del Código de Comercio.

Artículo 5º. (Contralor).- El Estado a través de sus organismos de contralor tendrá las más amplias facultades de fiscalización de los estados contables que reflejen la gestión económica y financiera del Fondo Lechero.

Artículo 6º. (Vías impugnativas).- Contra las resoluciones de la Comisión Administradora Honoraria del Fondo Lechero procederá el recurso de revocación, que deberá interponerse dentro de los diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la notificación del acto al interesado.

Una vez interpuesto el recurso, la Comisión Administradora Honoraria del Fondo Lechero dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver el asunto, y se configurará denegatoria ficta por la sola circunstancia de no dictarse resolución dentro de dicho plazo.

Denegado el recurso de revocación, podrá interponerse, únicamente por razones de juridicidad, demanda de anulación del acto impugnado, ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Turno a la fecha en que dicho acto fue dictado.

La interposición de esta demanda deberá hacerse dentro del término de veinte días hábiles de notificada la denegatoria expresa o, en su defecto, del momento en que se configure la denegatoria ficta.

La demanda de anulación solo podrá interponerse por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto impugnado.

La sentencia del Tribunal no admitirá recurso alguno.

Cuando la resolución emanare de algún órgano sometido a jerarquía de la Comisión Administradora Honoraria del Fondo Lechero conjunta y subsidiariamente con el recurso de revocación, podrá interponerse el recurso jerárquico ante dicha Comisión.

Este recurso de revocación deberá interponerse y resolverse en los plazos previstos en el presente artículo, los que también regirán en lo pertinente para la resolución del recurso jerárquico y para el posterior contralor jurisdiccional.

Artículo 7º. (Prestación pecuniaria).- A efectos de financiar el Fondo Lechero creado por la presente ley, y con destino al mismo, grávase con una prestación pecuniaria a favor del Fondo Lechero la primera enajenación a cualquier título del litro de leche fluida, efectuada por los productores a una planta industrializadora de leche que se hallare legalmente habilitada o a cualquier tercero, las importaciones de leche y de productos lácteos en todas sus modalidades, y las exportaciones de cualquier tipo de leche que sean realizadas directamente por los productores.

La citada prestación será equivalente al monto de la retención vigente del Fondo de Financiamiento de la Actividad Lechera (FFAL) creado por Ley Nº 17.582, de 2 de noviembre de 2002 y se calculará multiplicando dicho monto por el último cociente nacional establecido por el Artículo 4º, literal b) inciso 2º del Decreto Ley Nº 15.640, de 4 de octubre de 1984.

Dicho importe será reajustado semestralmente por el Poder Ejecutivo, en función de la variación entre la cotización del dólar interbancario comprador del último día hábil del mes anterior a la fecha del decreto por el que se establece la nueva fijación, y el utilizado en la determinación del valor vigente, no pudiendo sobrepasar el 3% del valor del precio promedio de la leche al productor determinado por la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Como base inicial se considerará la cotización del dólar interbancario comprador publicada por el Banco Central del Uruguay del día en que se realice la cesión de los derechos.

Artículo 8º. (Hecho generador).- Por enajenación se entenderá toda operación que tenga por objeto la entrega de leche con transferencia del derecho de propiedad o que dé a quien la recibe la facultad de disponer económicamente de ella como si fuera su propietario.

El hecho generador de la prestación pecuniaria creada en el artículo anterior se considerará configurado cuando el contrato o acto equivalente tenga ejecución mediante la entrega de la leche al fletero debidamente autorizado a recibirla por la planta industrializadora de leche que se hallare legalmente habilitada, la introducción de la leche y los productos lácteos a territorio aduanero nacional y en el caso de las exportaciones con el despacho del bien gravado.

Artículo 9º. (Contribuyentes y agentes de retención).- Serán contribuyentes de esta prestación pecuniaria las personas físicas o jurídicas productores remitentes de leche, productores de leche exportadores directos del producto y los importadores de leche y de productos lácteos en todas sus modalidades.

Se designa como agentes de retención de la prestación pecuniaria que deban abonar los remitentes, las plantas industrializadoras de leche que se hallaren legalmente habilitadas así como a cualquier tercero adquirente de leche fluida de los productores. Los referidos agentes de retención que no retengan las prestaciones pecuniarias serán solidariamente responsables con los contribuyentes de su pago.

La retención será vertida por las referidas plantas industrializadoras, los productores, los importadores o los terceros adquirentes según sea el caso, y depositadas en una cuenta especial que con el nombre "Fondo Lechero", se abrirá a tales efectos en una institución bancaria de plaza.

Las sumas retenidas por las plantas industrializadoras o los terceros adquirentes, deberán ser depositadas dentro del plazo de quince días corridos, luego de la finalización de cada mes.

En el caso de la exportación de leche realizada directamente por productores, la responsabilidad por el pago de la prestación pecuniaria será del productor y el mismo se hará efectivo previo a la exportación. La reglamentación establecerá los requisitos relacionados con el pago de la prestación pecuniaria indicada a los efectos de la expedición del Documento Único Aduanero por parte de la Dirección Nacional de Aduanas.

Artículo 10. (Beneficios).- Los productores lecheros recibirán los recursos del Fondo Lechero de acuerdo con el prorrateo que se realice teniendo en cuenta la venta de litros totales de los últimos doce meses previos a la fecha que la reglamentación oportunamente disponga, por los cuales los productores hayan pagado el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA).

La Comisión Administradora Honoraria del Fondo Lechero establecerá por resolución fundada el listado de productores beneficiarios y los respectivos montos a ser percibidos por éstos.

Los montos que reciban los productores lecheros serán considerados como un pasivo de los mismos a todos los efectos fiscales, el cual será cancelado con los importes correspondientes a la prestación pecuniaria abonada o que le fueran retenidos al productor en virtud de la presente ley.

Artículo 11. (Fideicomiso).- En caso que los activos o ingresos del Fondo Lechero sean cedidos o securitizados a favor de un fideicomiso financiero creado a tales efectos, dicho fideicomiso estará exonerado de todos los impuestos nacionales creados o a crearse, recibiendo los valores que el fideicomiso emita, el mismo tratamiento fiscal que reciban los títulos de deuda pública.

Artículo 12. (Garantía).- En caso que los activos o ingresos del Fondo Lechero sean cedidos, securitizados o afectados en garantía, el Estado garantiza bajo su responsabilidad la estabilidad de las normas legales que estuvieran vigentes al momento de suscribirse los contratos respectivos. La garantía se extinguirá simultáneamente con el cumplimiento total de las obligaciones derivadas de la operación realizada, con un máximo de 15 (quince) años de efectuada dicha operación.

Artículo 13. (Suspensión de registros y de certificados de estar al día).- Los productores de leche y los productores exportadores de leche, las plantas elaboradoras, los importadores de productos lácteos y los terceros adquirentes de leche fluida de los productores, que incumplan con las obligaciones establecidas en la presente ley, serán automáticamente suspendidos en los registros del Ministerio de Industria, Energía y Minería y de otros organismos de contralor que correspondan, habilitantes para ejercer las actividades que dan origen a la prestación pecuniaria volcada al Fondo Lechero, así como respecto de la vigencia del certificado único establecido por el artículo 80 del Título 1 del Texto Ordenado 1996 de Tributos recaudados por la Dirección General Impositiva.

La suspensión se mantendrá en vigencia hasta que los infractores satisfagan sus obligaciones para con el Fondo Lechero y abonen las multas y recargos establecidos en el artículo siguiente, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal prevista en el artículo 15 de esta ley.

La Comisión Administradora Honoraria del Fondo Lechero comunicará a la Dirección General Impositiva la nómina de incumplidores de la presente ley (productores, plantas elaboradoras, importadores, exportadores y otros terceros) para que suspenda respecto de los mismos, la emisión de los certificados establecidos en el artículo 80 del Título 1 del Texto Ordenado de 1996, hasta que los infractores satisfagan sus obligaciones con el Fondo Lechero y abonen las multas y recargos correspondientes. Dicha nómina será comunicada además, a los Ministerios intervinientes y a la Dirección Nacional de Aduanas.

Artículo 14. (Mora).- Las personas físicas o jurídicas productores remitentes de leche, productores de leche exportadores directos del producto y los importadores de leche y de productos lácteos en todas sus modalidades, que no extingan en el momento y lugar que corresponda las prestaciones pecuniarias establecidas en el artículo 7º de esta ley para el Fondo Lechero deberán abonar, además del monto no pagado, la multa y los recargos establecidos por el artículo 94 del Código Tributario.

En caso de que los activos del Fondo Lechero sean cedidos, afectados en garantía o securitizados, la multa y los recargos por mora serán abonados al cesionario o beneficiario de la garantía o de la securitización.

La multa por mora para los agentes de retención de las prestaciones pecuniarias designados en el inciso 2º del artículo 9º de esta ley será del 100% (cien por ciento) del monto retenido y no vertido al Fondo Lechero, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan de acuerdo a esta ley.

Artículo 15. (Sanciones).- Las sanciones previstas en el inciso 1º numerales 1 y 2 del artículo 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 podrán ser aplicadas por la Comisión Administradora Honoraria del Fondo Lechero, en caso de constatarse incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley.

Lo dispuesto precedentemente, es sin perjuicio de lo previsto en el artículo 351 del Código Penal, en relación con los agentes de retención, quienes en caso que no viertan las sumas retenidas dentro del plazo previsto, incurrirán en la respectiva conducta.

Artículo 16.- (Acciones tendientes al cobro).- Cuando los agentes de retención designados en la presente ley se encuentren en situación de concordato, quiebra, concurso, moratoria o liquidación judicial, el titular del Fondo Lechero o su cesionario, según corresponda, no estarán obligados a aguardar a sus resultas para ejercer las acciones tendientes al cobro o aseguramiento de los créditos emergentes como agente de retención de la prestación pecuniaria creada por la presente ley.

Artículo 17. (Recursos).- Para el cumplimiento de sus cometidos, el Fondo Lechero contará con los siguientes recursos de libre administración:

A) Los ingresos que obtenga por la prestación de servicios a terceros, tanto en el país como en el exterior.

B) Las donaciones y legados, modales o no, que pudiera recibir de particulares o instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras o internacionales.

C) Los valores o bienes que se le asignen a cualquier título.

D) Los fondos provenientes de convenios de préstamo que celebre con organismos de crédito sean nacionales o internacionales u otras entidades públicas o privadas.

E) El producido de las sanciones pecuniarias que aplique la Comisión Administradora Honoraria de conformidad con la presente ley.

Artículo 18. (Vigencia y sustitución).- Las disposiciones establecidas en esta ley con relación a las nuevas condiciones del Fondo Lechero entrarán en vigencia una vez que se concrete la cancelación de los valores que se emitieron en la securitización que se realizó por efecto del contrato de cesión firmado entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con Banco ACAC (actual Crédit Uruguay Banco), con fecha 18 de diciembre de 2002.

Una vez que entre en vigencia lo establecido en el inciso anterior, derógase la Ley Nº 17.582, de 2 de noviembre de 2002, sin perjuicio de que el monto equivalente a la retención establecida en el artículo 2º de la misma, será incorporado al precio base de la leche cuota al productor.

Artículo 19. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 30 (treinta) días de su promulgación, a propuesta de la Comisión Administradora Honoraria, estableciendo los mecanismos necesarios para la implementación del Fondo Lechero y la cancelación del Fondo creado por la Ley Nº 17.582, de 2 de noviembre de 2002.

Montevideo, 14 de setiembre de 2006.

JOSÉ MUJICA, JUAN FAROPPA, REINALDO GARGANO, DANILO ASTORI, AZUCENA BERRUTTI, JORGE BROVETTO, VÍCTOR ROSSI, JORGE LEPRA, EDUARDO BONOMI, MARÍA J. MUÑOZ, HÉCTOR LESCANO, MARIANO ARANA, MARINA ARISMENDI.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Creación y objetivos).- Créase el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera como Persona Jurídica de Derecho Público No Estatal, que tendrá los siguientes objetivos:

1) Financiar la actividad lechera de los productores para: aumentar la producción láctea; extender la actividad lechera; diversificar la obtención de productos lácteos; aumentar la ocupación de mano de obra en el sector y afincar grupos familiares en el campo.

2) Cancelar deudas que fueran contraídas por el Fondo de Financiamiento de la Actividad Lechera (FFAL) creado por la Ley Nº 17.582, de 2 de noviembre de 2002.

3) Crear un fondo de hasta U$S 1:000.000 (un millón de dólares de los Estados Unidos de América) destinado a financiar el tratamiento especial para los pequeños productores de leche y las inversiones destinadas al buen manejo de los efluentes y al control de la contaminación de las fuentes de agua en los predios explotados por dichos productores, concepto éste que será determinado por la reglamentación.

4) Cancelar deudas que fueran contraídas para atender los objetivos anteriores.

El presente Fondo coordinará su actuación con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Artículo 2º. (Dirección, administración y representación).- El Fondo será dirigido, administrado y representado por una Comisión Administradora Honoraria compuesta por un representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que la presidirá, un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante propuesto por la industria láctea y dos representantes propuestos por los productores de leche.

Los miembros de la Comisión Administradora Honoraria del Fondo serán mover, designados por el Poder Ejecutivo por el plazo de 3 (tres) años, pudiendo ser reelectos hasta la designación de sus sustitutos. Los miembros salientes permanecerán en sus funciones hasta que asuman los nuevos miembros designados, o hasta que sean cesados por resolución ministerial. Cada miembro de la actividad privada será designado con representante alterno que sustituirá automáticamente al titular en caso de ausencia de este. Las entidades privadas deberán formalizar la propuesta de sus representantes dentro del plazo de 30 (treinta) días una vez de serle requerida. De no hacerse en el plazo indicado, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca propondrá al Poder Ejecutivo las designaciones de dichos representantes, las que recaerán necesariamente en personas vinculadas al sector en cuestión.

El Poder Ejecutivo establecerá en la reglamentación Io relativo a sustituciones temporarias de los delegados del sector público.

La representación corresponderá al Presidente asistido de otro miembro en la forma y condiciones que determine la Comisión Administradora Honoraria del Fondo.

Artículo 3º. (Cometidos).- La Comisión Administradora Honoraria podrá promover, formular y realizar todas aquellas actividades que sean necesarias para cumplir los objetivos previstos en esta ley, teniendo para ello los más amplios poderes de administración y disposición y en especial podrá:

1) Depositar, ceder, colocar, invertir, ofrecer en garantía o titularizar los fondos que se devenguen durante el transcurso del período en el que estos queden afectados en la cuenta prevista en el artículo 9º de la presente ley.

2) Celebrar convenios de colaboración y de ejecución de tareas específicas con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras y con organismos internacionales.

3) Controlar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley y aplicar las sanciones que en ella se establecen, creando la infraestructura técnica y administrativa que estime pertinente a tales efectos.

4) Contratar personal o tercerizar determinados servicios de administración o control, pudiendo los costos que se generen por dichas contrataciones ser deducidos de las sumas recaudadas. Los costos de administración del Fondo incluyendo los costos que se generen por la contratación de personal o tercerización de servicios, no podrán superar el 1,5% (uno con cinco por ciento) de lo recaudado por las prestaciones pecuniarias retenidas a los productores.

5) Exigir el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las empresas comprendidas en la Ley Nº 17.582, de 2 de noviembre de 2002 que no se hubieren cancelado a la fecha de vigencia de esta ley.

6) Asesorar y proponer al Poder Ejecutivo modificaciones en la reglamentación de esta ley, especialmente en materia de recaudación, distribución de los beneficios entre los productores, contralor y aplicación de sanciones por incumplimientos de las obligaciones establecidas en la presente ley.

7) Denunciar ante la Justicia competente a los agentes de retención, en caso de que éstos no viertan al Fondo las sumas retenidas dentro del plazo previsto por el inciso 3º del artículo 9º de esta ley.

8) Exigir de los infractores el pago de las sanciones pecuniarias que hayan devenido firmes.

Artículo 4º. (Funcionamiento).- La Comisión Administradora Honoraria sesionará periódicamente en forma ordinaria y, en forma extraordinaria, cuando la convoque el Presidente o tres de sus miembros. Asimismo, aprobará su reglamento orgánico y de funcionamiento, donde se regularán los quórum y las mayorías necesarias para adoptar resoluciones, teniendo el Presidente doble voto en caso de empate.

En lo no previsto por la ley, su régimen de funcionamiento será el de la actividad privada, especialmente en cuanto a su contabilidad, estatuto del personal y contratos que celebre.

El Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera estará exonerado de todo tipo de tributos nacionales exceptuadas las contribuciones especiales de seguridad social.

Sus bienes son inembargables y sus créditos, cualquiera sea su origen, gozan del privilegio establecido por el numeral 6º del artículo 1732 del Código de Comercio.

Artículo 5º. (Contralor).- El Estado a través de sus organismos de contralor tendrá las más amplias facultades de fiscalización de los estados contables que reflejen la gestión económica y financiera del Fondo.

Artículo 6º. (Vías de impugnación).- Contra las resoluciones de la Comisión Administradora Honoraria procederá el recurso de revocación, que deberá interponerse dentro de los diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la notificación del acto al interesado.

Una vez interpuesto el recurso, la Comisión Administradora Honoraria dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver el asunto, y se configurará denegatoria ficta por la sola circunstancia de no dictarse resolución dentro de dicho plazo.

Denegado el recurso de revocación, podrá interponerse, únicamente por razones de juridicidad, demanda de anulación del acto impugnado, ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Turno a la fecha en que dicho acto fue dictado.

La interposición de esta demanda deberá hacerse dentro del término de veinte días de notificada la denegatoria expresa o, en su defecto, del momento en que se configure la denegatoria ficta.

La demanda de anulación solo podrá interponerse por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto impugnado.

La sentencia del Tribunal no admitirá recurso alguno.

Cuando la resolución emanare de algún órgano sometido a jerarquía de la Comisión Administradora Honoraria, conjunta y subsidiariamente con el recurso de revocación, podrá interponerse el recurso jerárquico ante dicha Comisión.

Este recurso de revocación deberá interponerse y resolverse en los plazos previstos en el presente artículo, los que también regirán en lo pertinente para la resolución del recurso jerárquico y para el posterior contralor jurisdiccional.

Artículo 7º. (Prestación pecuniaria).- A efectos de financiar el Fondo creado por la presente ley, y con destino al mismo, grávase con una prestación pecuniaria a favor del Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera la primera enajenación a cualquier título del litro de leche fluida, efectuada por los productores a una empresa industrializadora de leche que se hallare legalmente habilitada o a cualquier tercero, las importaciones de leche y de productos lácteos en todas sus modalidades, y las exportaciones de cualquier tipo de leche que sean realizadas directamente por los productores.

Quedarán gravadas asimismo, la afectación al uso propio para manufactura o la enajenación de leche fluida de su propia producción que realicen los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC) o del futuro impuesto a la renta que lo sustituya, excepto los casos de afectación al uso propio para manufactura que realicen productores artesanales, entendiendo por tales aquellos que elaboran productos lácteos con la leche producida en el predio exclusivamente.

La citada prestación será equivalente al monto de la retención vigente del Fondo de Financiamiento de la Actividad Lechera (FFAL) creado por la Ley Nº 17.582, de 2 de noviembre de 2002 y se calculará multiplicando dicho monto por el último cociente nacional establecido por el artículo 4º, literal b) inciso 2º del Decreto-Ley Nº 15.640, de 4 de octubre de 1984.

Dicho importe será reajustado semestralmente por el Poder Ejecutivo, en función de la variación entre la cotización del dólar interbancario comprador del último día hábil del mes anterior a la fecha del Decreto por el que se establece la nueva fijación, y el utilizado en la determinación del valor vigente, no pudiendo sobrepasar el 3,5% (tres con cinco por ciento) del precio promedio de la leche al productor determinado por la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Como base inicial se considerará la cotización del dólar interbancario comprador publicada por el Banco Central del Uruguay del día en que se realice la cesión de los derechos.

Artículo 8º.- (Configuración del hecho generador).- Por enajenación se entenderá toda operación que tenga por objeto la entrega de leche con transferencia del derecho de propiedad o que otorgue a quien la recibe la facultad de disponer económicamente de ella como si fuera su propietario.

El hecho generador de la prestación pecuniaria creada en el artículo anterior se considerará configurado en los siguientes casos:

a) cuando el contrato o acto equivalente tenga ejecución mediante la entrega de la leche al fletero debidamente autorizado a recibirla por la empresa industrializadora de leche que se hallare legalmente habilitada;

b) con la afectación al uso propio para manufactura de acuerdo a lo establecido en el artículo 7º de esta ley;

c) con la introducción de la leche y los productos lácteos a territorio aduanero nacional;

d) en el caso de las exportaciones con el despacho del bien gravado.

Artículo 9º. (Contribuyentes y agentes de retención).- Serán contribuyentes de esta prestación pecuniaria:

a) las personas físicas o jurídicas productores remitentes de leche;

b) los que afecten al uso propio para manufactura o enajenen leche fluida de su propia producción de acuerdo a lo establecido en el artículo 7º de esta ley;

c) los productores de leche exportadores directamente del producto;

d) los importadores de leche y de productos lácteos en todas sus modalidades.

Se designa como agentes de retención de la prestación pecuniaria que deban abonar los remitentes, las empresas industrializadoras de leche que se hallaren legalmente habilitadas así como a cualquier tercero adquirente de leche fluida de los productores. Los referidos agentes de retención que no retengan las prestaciones pecuniarias serán solidariamente responsables con los contribuyentes de su pago.

La retención será vertida por las referidas empresas industrializadoras, los productores, los importadores o los terceros adquirentes según sea el caso, y depositadas en una cuenta especial que con el nombre "Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera", se abrirá a tales efectos en una institución bancaria de plaza.

Las sumas retenidas por las empresas industrializadoras o los terceros adquirentes, deberán ser depositadas dentro del plazo de quince días corridos, luego de la finalización de cada mes.

En el caso de la exportación de leche realizada directamente por productores, la responsabilidad por el pago de la prestación pecuniaria será del productor y el mismo se hará efectivo previo a la exportación. La reglamentación establecerá los requisitos relacionados con el pago de la prestación pecuniaria indicada a los efectos de la expedición del Documento Único Aduanero por parte de la Dirección Nacional de Aduanas.

Artículo 10. (Beneficios).- Los recursos del Fondo derivados de la prestación pecuniaria creada por el artículo 7º de la presente ley y de su cesión o titularización, descontados los montos destinados a crear el fondo para atender a pequeños productores según se establece en el inciso 3º del precedente artículo 1º, la eventual cancelación anticipada establecida en el artículo 18 de esta ley y los gastos correspondientes a la cesión o titularización, serán distribuidos exclusivamente entre los productores lecheros y serán de libre disponibilidad para los mismos.

Los productores lecheros recibirán los recursos del Fondo de acuerdo con el prorrateo que se realice teniendo en cuenta la venta de litros totales de los últimos doce meses previos a la fecha que la reglamentación oportunamente disponga, por los cuales los productores hayan pagado el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA).

El monto mínimo a percibir por cada productor será de U$S 1.500 (dólares de los Estados Unidos de América mil quinientos) y será considerado como el tratamiento especial previsto en el inciso 3º del artículo 1º de esta ley.

La Comisión Administradora Honoraria establecerá por resolución fundada el listado de productores beneficiarios y los respectivos montos a ser percibidos por éstos.

Los montos que reciban los productores lecheros serán considerados como un pasivo de los mismos a todos los efectos fiscales, el cual será cancelado con los importes correspondientes a la prestación pecuniaria abonada o que le fueran retenidos al productor en virtud de la presente ley.

Artículo 11. (Fideicomiso).- En caso que los activos o ingresos del Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera sean cedidos o titularizados a favor de un fideicomiso financiero creado a tales efectos, dicho fideicomiso estará exonerado de todos los impuestos nacionales creados o a crearse, recibiendo los valores que el fideicomiso emita, el mismo tratamiento fiscal que reciban los títulos de deuda pública.

Artículo 12. (Garantía).- En caso que los activos o ingresos del Fondo sean cedidos, titularizados o afectados en garantía, el Estado garantiza bajo su responsabilidad la estabilidad de los contratos respectivos. La garantía se extinguirá simultáneamente con el cumplimiento total de las obligaciones derivadas de la operación realizada, con un máximo de 15 (quince) años de efectuada dicha operación.

Artículo 13. (Suspensión de registros y de certificados de estar al día).- Los productores de leche y los productores exportadores de leche, las empresas industrializadoras, los importadores de productos lácteos y los terceros adquirentes de leche fluida de los productores, que incumplan con las obligaciones establecidas en la presente ley, previa comunicación de la Comisión Administradora Honoraria, serán automáticamente suspendidos en los registros del Ministerio de Industria, Energía y Minería y de otros organismos de contralor que correspondan, habilitantes para ejercer las actividades que dan origen a la prestación pecuniaria volcada al Fondo Lechero, así como de la vigencia del certificado único establecido por el artículo 80 del Título 1 del Texto Ordenado 1996 de Tributos recaudados por la Dirección General Impositiva.

La suspensión se mantendrá en vigencia hasta que los infractores satisfagan sus obligaciones para con el Fondo y abonen las multas y recargos establecidos en el artículo siguiente, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal prevista en el artículo 15 de esta ley.

La Comisión Administradora Honoraria comunicará a la Dirección General Impositiva la nómina de incumplidores de la presente ley (productores, empresas industrializadoras, importadores, exportadores y otros terceros) para que suspenda respecto de los mismos, la emisión de los certificados establecidos en el artículo 80 del Título 1 del Texto Ordenado de 1996, hasta que los infractores satisfagan sus obligaciones con el Fondo y abonen las multas y recargos correspondientes. Dicha nómina será comunicada además, a los Ministerios intervinientes y a la Dirección Nacional de Aduanas.

Artículo 14. (Mora).- Las personas físicas o jurídicas productores remitentes de leche, productores de leche exportadores directos del producto y los importadores de leche y de productos lácteos en todas sus modalidades, que no extingan en el momento y lugar que corresponda las prestaciones pecuniarias establecidas en el artículo 7º de esta ley para el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera, deberán abonar, además del monto no pagado, la multa y los recargos establecidos por el artículo 94 del Código Tributario. En caso de que los activos del Fondo sean cedidos, afectados en garantía o titularizados, la multa y los recargos serán abonados al cesionario o beneficiario de la garantía o de la titularización.

La multa por mora para los agentes de retención de las prestaciones pecuniarias designados en el inciso 2º del precedente artículo 9º será del 100% (cien por ciento) del monto retenido y no vertido al Fondo, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan de acuerdo a esta ley.

Artículo 15. (Sanciones).- Las sanciones previstas en el inciso 1º numerales 1 y 2 del articulo 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, podrán ser aplicadas por la Comisión Administradora Honoraria, en caso de constatarse incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley.

Lo dispuesto precedentemente, es sin perjuicio de lo previsto en el artículo 351 del Código Penal, en relación con los agentes de retención, quienes en caso que no viertan las sumas retenidas dentro del plazo previsto, incurrirán en la respectiva conducta.

Artículo 16. (Acciones tendientes al cobro).- Cuando los agentes de retención designados en la presente ley se encuentren en situación de concordato, quiebra, concurso, moratoria o Iiquidación judicial, el titular del Fondo o su cesionario, según corresponda, se considerará acreedor privilegiado y no estará obligado a aguardar a sus resultas para ejercer las acciones tendientes al cobro o aseguramiento de los créditos emergentes como agente de retención del impuesto creado por ésta.

Artículo 17. (Recursos).- Para el cumplimiento de sus cometidos, el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera contará con los siguientes recursos de libre administración:

A) los ingresos que obtenga por la prestación de servicios a terceros, tanto en el país como en el exterior;

B) las donaciones y legados, modales o no, que pudiera recibir de particulares o instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras;

C) los valores o bienes que se le asignen a cualquier título;

D) los fondos provenientes de convenios de préstamo que celebre con organismos de crédito sean nacionales o internacionales u otras entidades públicas o privadas;

E) el producido de las sanciones pecuniarias que aplique la Comisión Administradora Honoraria de conformidad con la presente ley, excepto en el caso que los activos del Fondo sean cedidos, afectados en garantía o titularizados, en cuyo caso serán abonadas a los cesionarios o beneficiarios de la garantía de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de esta ley.

Artículo 18. (Vigencia y sustitución).- La prestación pecuniaria creada por el artículo 7º de esta ley a favor del Fondo, entrará en vigencia una vez que se concrete la cancelación de los valores que se emitieron en la titularización que se realizó por efecto del contrato de cesión firmado entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con Banco ACAC (actual Crédit Uruguay Banco S.A.), con fecha 18 de diciembre de 2002.

Una vez que entre en vigencia lo establecido en el inciso anterior, derógase la Ley Nº 17.582, de 2 de noviembre de 2002, sin perjuicio de que el monto equivalente a la retención establecida en el artículo 2º de la misma, será incorporado al precio base de la leche cuota al productor.

La referida prestación pecuniaria creada por el artículo 7º de esta ley, se mantendrá vigente hasta que se cancelen en forma total todas las obligaciones derivadas de la cesión o titularización que se realice de los ingresos del Fondo a un fideicomiso creado a tales fines, quedando en ese momento sin efecto la misma.

Artículo 19. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 30 (treinta) días de su promulgación, a propuesta de la Comisión Administradora Honoraria, estableciendo los mecanismos necesarios para la implementación del Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera y la cancelación del Fondo creado por la Ley Nº 17.582, de 2 de noviembre de 2002.

Artículo 20. (Disposición transitoria).- A efectos de solventar los gastos iniciales de funcionamiento del Fondo, derivados del cumplimiento de sus cometidos establecidos en esta ley, autorícese a los administradores del Fondo de Financiamiento de la Actividad Lechera (FFAL) creado por la Ley Nº 17.582, de 2 de noviembre de 2002, a transferir al Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera, los excedentes del 1% (uno por ciento) previsto por el artículo 4º de esta ley.

Mientras se mantenga vigente la Ley Nº 17.582, de 2 de noviembre de 2002, continuarán en funcionamiento la Comisión Técnica Asesora y la Comisión de Contralor creadas por dicha ley, las que dejarán de funcionar una vez derogada la misma.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 15 de noviembre de 2006.

ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO
Presidente

HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI
Secretario".

Anexo I al
Rep. Nº 852

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes aconseja al plenario la aprobación del adjunto proyecto de ley por el que se crea el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera, ya que el país y el sector lechero, en especial, tendrán una herramienta fundamental para su crecimiento productivo.

Es importante, además, porque apunta a un sector pujante, significativo en términos económicos y productivos, con un crecimiento a partir del año 2002 del 5% (cinco por ciento). Pero también es la lechería una actividad productiva trascendente desde el punto de vista de la estructura social, que cuenta con cinco mil tamberos y cincuenta mil personas que dependen de la dinámica del sector.

Nuestro país cuenta como antecedente de este Fondo, el que fuera creado en el año 2002, que respondió a la situación crítica que se vivió en el país y que afectó, también, al sector lácteo.

Se ha dicho, y con mucha razón, que hay un antes y un después del Fondo creado por la Ley Nº 17.582, de 2 de noviembre de 2002. Dicho Fondo ha sido una experiencia creativa de utilización de financiamientos no tradicionales, que se pensó básicamente para atender el problema del endeudamiento bancario en el medio de una crisis cuyas características todos conocemos, y para facilitar el acceso a recursos o fondos frescos de muchos productores que estaban imposibilitados de lograrlos.

Este Fondo, vigente, y conocido como FFAL 1, fue pensado para atender en forma urgente la crisis que se estaba viviendo. De esta forma se logró que un grupo de inversores, las AFAPs, otorgaran un anticipo de 26 millones de dólares a cuenta de la producción futura del sector, en base a la retención que se estableció sobre la venta de leche de consumo.

Las AFAPs recibieron por ese anticipo, sobre la retención, un Certificado de Inversión que garantizaba el retorno del dinero adelantado, con una tasa del 11% (once por ciento) en dólares, en un plazo dependiente de la acumulación de dinero en el mismo Fondo.

El FFAL ha sido valorado por los agentes del sector como una experiencia muy positiva, que ahora se pretende ampliar y profundizar, abarcando a productores antes no comprendidos, y atendiendo problemáticas en forma focalizada, fomentando la inversión productiva de manera solidaria porque toma en cuenta fundamentalmente al pequeño productor, dotándolo de mecanismos que posibiliten las inversiones necesarias para mejorar la producción y cuidar los cursos de agua evitando la contaminación del medio ambiente.

Se trata de un Fondo que servirá para financiar, aumentar, extender y diversificar la producción láctea, incrementando, además, la ocupación de la mano de obra del sector y el afincamiento de las familias productoras en el medio rural.

Este proyecto apunta a atender diversas cuestiones: la del endeudamiento del sector, la necesidad de realizar inversiones que lo adecuen a las necesidades actuales de la producción, y la de atender la situación de los pequeños productores, con el fin de que éstos estén en condiciones de realizar inversiones que aseguren un buen manejo de los efluentes de sus tambos, es decir, el tratamiento de las aguas residuales, que implica un proceso muy costoso que el pequeño productor no puede afrontar actualmente.

Los recursos del Fondo provendrán de una prestación pecuniaria que gravará la primera enajenación del litro de leche fluida, las importaciones de leche y de cualquier producto lácteo, así como la exportación que realicen directamente los productores.

Se grava, también, la afectación para uso propio para manufactura o la enajenación de leche fluida que efectúen los contribuyentes del actual IRIC o del futuro impuesto que lo sustituya, exceptuando el caso de afectación para uso propio de los productores artesanales.

Esas prestaciones pecuniarias servirán para amortizar un préstamo de aproximadamente 40 millones de dólares, a instrumentarse mediante fideicomiso a través de una licitación pública; procedimiento en el que posiblemente podrían interesarse el Banco de la República, las AFAPs y la Bolsa de Valores entre otros.

El interés de dicho préstamo se entiende que debe ser bastante inferior al de la experiencia del FFAL 1, por muchas razones: entre otras cosas porque la coyuntura ha variado notoriamente, los precios del mercado internacional - a donde se destina la inmensa mayoría de la producción- son buenos, y porque se ha extendido la prestación pecuniaria al quedar gravada las operaciones sobre leche industria y no sólo de consumo.

Actualmente el aporte, para el FFAL 1, se realiza sobre la leche de consumo, que representa el 17% (diecisiete por ciento) de la producción total.

Estos recursos se distribuirán entre los productores según los volúmenes de producción remitida en determinado período, y al margen de ello, se distribuirá un monto de 1 millón de dólares entre los pequeños productores.

Como este nuevo Fondo considera la producción total de leche, esto es la que ingresa no sólo a las plantas pasteurizadoras, sino a cualquier empresa o instalación formalmente constituida y autorizada.

De esta forma la alícuota de descuento, con destino al repago del Fondo, se reduce, al extenderse el producto considerado.

La idea, tal como lo expresaran los representantes de las gremiales lecheras que ilustraron a la Comisión, y según lo acordado por éstas con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, es no cambiar la ecuación al productor.

En cuanto a los beneficios que el Fondo podrá brindar a los productores, debe destacarse el espíritu solidario para con el pequeño productor. La lechería es un sector que tiene mayores dificultades para contar con crédito, y no se registra mucha inversión directa de capital, es decir de fondos frescos.

El sistema propuesto en este proyecto favorece fundamentalmente a los pequeños y medianos productores, que no cuentan con garantías y que no pueden acceder a préstamos con una tasa conveniente para volcar recursos a la inversión productiva.

Para el caso en que un pequeño productor, debido al volumen de la remisión realizada en los últimos doce meses que se consideren, no alcance a obtener del Fondo una cifra igual o superior a los 1.500 dólares, pagará al Fondo según el volumen remitido, pero percibirá como beneficio un mínimo de 1.500 dólares.

Se estima en un 20% (veinte por ciento) la cantidad de productores que tienen una remisión menor a los trescientos litros.

Esto se ha establecido así, como forma de lograr un sistema en el que todo el sector de la lechería aporte al funcionamiento y crecimiento de aquellos productores más pequeños, ya que se trata de un sistema obligatorio al que contribuyen todos los productores, y por ello mismo, asegura, garantiza, el repago.

Una vez concluido el repago del FFAL 1, comenzará la devolución del nuevo Fondo, hasta la cancelación total del mismo, que depende de la dinámica del sector, pero que se estima que se concretará en unos ocho años.

Haciendo un resumen general del proyecto en consideración, debemos destacar que se crea el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera, que tendrá la naturaleza de una Persona Jurídica de Derecho Público No Estatal (artículo 1º), pretendiendo así sortear obstáculos de distinta índole, básicamente en cuanto a cuestiones administrativas y presupuestales que limitarían esta iniciativa de estar circunscripta al ámbito de la Administración Central.

La Dirección, administración y representación del Fondo corresponderá a una Comisión Honoraria, integrada por representantes del sector público y privado (artículo 2º).

Se integrará con un representante de cada uno de los siguientes Ministerios: de Ganadería, Agricultura y Pesca -que ocupará la Presidencia del órgano-; de Industria, Energía y Minería y de Economía y Finanzas; y también por un representante propuesto por la industria láctea y dos representantes propuestos por los productores de leche.

Los representantes del sector privado propondrán también, junto al titular, a un alterno, que sustituirá en forma automática al titular en caso de ausencia.

Todos los integrantes de la Comisión se designarán por el Poder Ejecutivo y por un plazo de tres años.

La representación la ejercerá el Presidente de la Comisión actuando en forma conjunta con otro miembro, de acuerdo a las formas y condiciones que se establecerán por reglamentación interna del órgano.

En el artículo 3º se establecen como cometidos de la Comisión Honoraria la formulación y realización de todas las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 1º, y en especial se detallan algunos de ellos, a modo de ejemplo y en forma no taxativa: depósito, cesión, colocación, inversión, ofrecimiento en garantía y titularización de fondos que se devenguen; celebración de convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras y con organismos internacionales; contratación de personal, tercerización de servicios; entre otros cometidos indicados a título expreso.

El artículo 4º regula la forma de funcionamiento, que será en sesiones periódicas de la Comisión, con la posibilidad de sesionar en forma extraordinaria.

Se aplicará el régimen que rige la actividad privada, especialmente en cuanto a la contabilidad, el estatuto del personal y la celebración de contratos.

Se exonera al Fondo de todo tipo de tributos nacionales, excepto las contribuciones a la seguridad social. Los bienes serán inembargables, y sus créditos tendrán un régimen de privilegio de acuerdo a la normativa ya vigente en nuestro país.

Así como se establece un régimen de derecho privado para los principales aspectos de funcionamiento de la Comisión y del Fondo, también se establece en el artículo 5º el contralor del Estado a través de sus organismos de fiscalización de los estados contables.

Está previsto, además, en el artículo 6º, el régimen de recursos aplicables contra las resoluciones de la Comisión Honoraria, admitiéndose el recurso de revocación dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del acto al interesado. En caso de denegarse este recurso por parte de la Comisión, quedará habilitada la impugnación ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil.

También se establece la posibilidad de interponer, conjuntamente el recurso antedicho con el jerárquico, para el caso en que la resolución que se impugne provenga de un órgano sometido a jerarquía de la Comisión.

El artículo 7º refiere a las prestaciones pecuniarias con destino al Fondo. Para su financiamiento, se gravará la primera enajenación a cualquier título del litro de leche fluida, efectuada por los productores a una empresa industrializadora de leche o a cualquier tercero, así como las importaciones de leche y de productos lácteos, y las exportaciones que realicen directamente los productores.

Se gravará, también, la afectación para manufactura o la enajenación de leche fluida de su propia producción que realicen los contribuyentes del IRIC o del futuro Impuesto a la Renta, excepto cuando se trate de productores artesanales.

El artículo 8º refiere al hecho generador, definiendo el concepto de enajenación a los efectos de este proyecto.

En el artículo 9º se indican quiénes son los contribuyentes y los agentes de retención, así como la forma de volcar al Fondo los recursos que se establecen.

El artículo 10 señala los beneficios que recibirán los productores lecheros y la forma de su cálculo.

En el artículo 11 se establece la posibilidad de crear un fideicomiso financiero, exonerado de todos los impuestos nacionales presentes y futuros, que tendrá el mismo tratamiento fiscal que reciban los títulos de deuda pública.

La garantía del Estado respecto a los contratos de cesión, titularización y garantía que puedan constituirse en relación a los activos o ingresos del Fondo, queda expresada en el artículo 12.

Los artículos 13 a 16 refieren a la suspensión de registros, los certificados de estar al día, la mora en el cumplimiento de las prestaciones, las sanciones aplicables en caso de incumplimiento, y las acciones tendientes al cobro; estableciéndose un régimen de privilegio del acreedor respecto a los agentes de retención que se encuentren en situación de concordato, quiebra, concurso, moratoria o liquidación judicial.

En el artículo 18 se señala la vigencia de la prestación pecuniaria del artículo 7º.

El artículo 19 establece un plazo de treinta días para la reglamentación de la ley, computables a partir de su promulgación.

En el artículo 20, como Disposición Transitoria, se autoriza a los administradores del FFAL 1 a transferir recursos hacia el FFAL 2.

Para finalizar, es bueno tener presente que en nuestro país se producen aproximadamente 4 millones de litros de leche por día; y el 80% (ochenta por ciento) de la producción está destinada al mercado internacional, con una facturación -sólo en el mercado externo- de aproximadamente 300 millones de dólares.

Desde el punto de vista social, se trata de una actividad tradicional que tal vez sea de las más intensivas; empleando mucha mano de obra, básicamente familiar, de buena calificación y constituyendo no sólo un trabajo, un medio de sustento, sino también podría decirse que forma un estilo de vida a partir del primer eslabón de toda la cadena productiva.

Este proyecto, en su elaboración y estudio, contó con la fundamental presencia y participación de las gremiales lecheras. Los productores del sector tienen cifradas en este proyecto muchas esperanzas.

Así lo han expresado en ocasión de ser recibidos por la Comisión, y creemos y esperamos que realmente en la dinámica del funcionamiento proyectado, este Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera logre colmar esas expectativas y esperanzas, que no responden únicamente al sector involucrado en forma directa, sino al país productivo todo.

Por lo precedentemente expuesto, esta Asesora ha entendido la gran importancia de este proyecto, y es así que manifiesta la necesaria aprobación del mismo.

Sala de la Comisión, 5 de diciembre de 2006.

CARLOS ENCISO CHRISTIANSEN, Miembro Informante, ALBERTO CASAS, RICHARD CHARAMELO, GUSTAVO GUARINO, CARLOS MASEDA, ANÍBAL PEREYRA, HERMES TOLEDO ANTÚNEZ, HOMERO VIERA".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

El miembro informante, señor Diputado Enciso Christiansen. no se encuentra en Sala.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR BOTANA.- Señor Presidente: sinceramente, a mí me parece un grave error empezar a esta hora a tratar un proyecto de esta importancia para todo el sector lechero del país. Sinceramente, querría consultar a los integrantes de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara, si ellos creen que lo mejor es tratarlo en estas condiciones y en este momento. Si es así, no vamos a tener inconvenientes, por supuesto, y así será. Pero realmente nos parece que el trabajo que han elaborado tiene demasiada importancia como para que se trate en este marco.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- La Mesa aclara que este tema figura en el orden del día y que, por lo tanto, debe ser abordado ineludiblemente.

SEÑOR GUARINO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GUARINO.- Señor Presidente: quiero sugerir que como el informe...

Está ingresando a Sala el señor Diputado Enciso Christiansen, que es el miembro informante.

(Aplausos.- Hilaridad)

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Enciso Christiansen.

SEÑOR ENCISO CHRISTIANSEN.- Señor Presidente: agradezco la oportunidad de hacer uso de la palabra porque en este momento estábamos, como ha habido poco tiempo en el día de hoy, viendo algunos detalles finales de nuestro informe, en función de la creación del Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera.

En primer lugar, quiero agradecer a los legisladores de mi Partido y a todos los integrantes de la Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca por haberme designado como miembro informante de este proyecto para la creación del Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera, en mi carácter de Representante por el departamento de Florida, donde el sector lechero es un pilar fundamental de la actividad productiva.

En virtud de este proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción del Senado y que fuera aprobado por unanimidad en la Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca de esta honorable Cámara, el país todo y el sector lechero en especial tendrán una herramienta fundamental para su crecimiento productivo. Es importante, además, porque apunta a un sector pujante, significativo en términos económicos y productivos, con un crecimiento, a partir de 2002, del 5%. La lechería también es una actividad productiva trascendente desde el punto de vista de la estructura social, que cuenta con aproximadamente cinco mil tamberos y cincuenta mil personas que dependen de la dinámica del sector.

Nuestro país tiene, como antecedente de este Fondo -que fuera creado en 2002- el haber respondido a la situación crítica que se vivió en el país y que también afectó al sector lácteo. Se ha dicho -y con mucha razón- que hay un antes y un después del Fondo creado por la Ley Nº 17.582, del 2 de noviembre de 2002. Ha sido ese Fondo una experiencia creativa de utilización de financiamientos no tradicionales, que se pensó básicamente para atender el problema del endeudamiento bancario en medio de una crisis cuyas características todos conocemos, y para facilitar el acceso a recursos o fondos frescos de muchos productores que estaban imposibilitados de lograrlo. Ese Fondo, vigente y conocido como FFAL 1, fue pensado para atender en forma urgente la crisis que se estaba viviendo. De esta forma se logró que un grupo de inversores, las AFAP, otorgaran un anticipo de US$ 26:000.000 a cuenta de la producción futura del sector, debido a la retención que se estableció sobre la venta de leche de consumo. Las AFAP recibieron por ese anticipo sobre la retención un certificado de inversión que garantizaba el retorno del dinero adelantado, con una tasa del 11% en dólares, en un plazo dependiente de la acumulación de dinero en el mismo Fondo.

El FFAL ha sido valorado por los agentes del sector como una experiencia muy positiva, que ahora se pretende ampliar y profundizar, abarcando a productores antes no comprendidos y atendiendo problemáticas en forma focalizada, fomentando la inversión productiva de manera solidaria, porque toma en cuenta fundamentalmente al pequeño productor, dotándolo de mecanismos que posibiliten las inversiones necesarias para mejorar la producción y cuidar los cursos de agua, evitando la contaminación del medio ambiente. Se trata de un Fondo que servirá para financiar, aumentar, extender y diversificar la producción láctea, incrementando además la ocupación de la mano de obra del sector y el afincamiento de las familias productoras en el medio rural.

Este proyecto apunta a atender diversas cuestiones: endeudamiento del sector, necesidad de realizar inversiones que lo adecuen a los requerimientos actuales de la producción y de atender la situación de los pequeños productores, con el fin de que estos estén en condiciones de realizar inversiones que aseguren un buen manejo de los efluentes de sus tambos, es decir, el tratamiento de las aguas residuales, que implica un proceso muy costoso que no pueden afrontar actualmente. Los recursos del Fondo provendrán de una prestación pecuniaria que gravará la primera enajenación del litro de leche fluida, las importaciones de leche y de cualquier producto lácteo, así como la exportación que realicen directamente los productores.

También se grava la afectación para uso propio, para manufactura o para la enajenación de leche fluida que efectúen los contribuyentes del actual lRIC o del futuro impuesto que lo sustituya, exceptuando el caso de afectación para uso propio de los productores artesanales, por ejemplo, de los quesos artesanales. Esas prestaciones pecuniarias servirán para amortizar un préstamo de aproximadamente US$ 40:000.000 a instrumentarse mediante fideicomiso a través de una licitación pública, procedimiento en el que podría interesarse no solo el Banco República, sino varias AFAP y la Bolsa de Valores, entre otros.

El interés de dicho préstamo se entiende que debe ser bastante inferior al de la experiencia del FFAL 1, por muchas razones; entre otras cosas porque la coyuntura ha variado notoriamente, los precios del mercado internacional -a donde se destina la inmensa mayoría de la producción- son buenos, y porque se ha extendido la prestación pecuniaria al quedar gravadas las operaciones sobre leche industria y no solo de consumo. Actualmente, el aporte para el FFAL 1 se realiza sobre la leche de consumo, que representa el 17% de la producción total. Estos recursos se distribuirán entre los productores según los volúmenes de producción remitida en determinado período, y al margen de ello, se distribuirá un monto de US$ 1:000.000 entre los pequeños productores. Este nuevo Fondo considera la producción total de leche, esto es, la que ingresa no solo a las plantas pasteurizadoras, sino a cualquier empresa o instalación formalmente constituida y autorizada. De esta forma, la alícuota de descuento con destino al repago del Fondo se reduce, al extenderse el producto considerado. La idea, tal como lo expresaran los representantes de las gremiales lecheras que ilustraron a la Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca, y según lo acordado por estas con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, es no cambiar la ecuación al productor.

En cuanto a los beneficios que el Fondo podrá brindar a los productores, debe destacarse el espíritu solidario para con el pequeño productor. La lechería es un sector que tiene mayores dificultades para contar con crédito, y no se registra mucha inversión directa de capital, es decir de fondos frescos. El sistema propuesto en este proyecto favorece fundamentalmente a los pequeños y medianos productores, que no cuentan con garantías y que no pueden acceder a préstamos con una tasa conveniente para volcar recursos a la inversión productiva.

Para el caso de que un pequeño productor -debido al volumen de la remisión realizada en los últimos doce meses que se consideren- no alcance a obtener del Fondo una cifra igual o superior a los US$ 1.500, pagará al Fondo según el volumen remitido, pero percibirá como beneficio un mínimo de US$ 1.500. Se estima, en esta franja, en un 20% la cantidad de productores que tienen una remisión de menos de trescientos litros. Se ha establecido así como forma de lograr un sistema en el que todo el sector de la lechería aporte al funcionamiento y crecimiento de aquellos productores más pequeños, ya que se trata de un sistema obligatorio al que contribuyen todos los productores, y por ello mismo, asegura y garantiza el repago.

Una vez concluido el repago del FFAL 1, comenzará la devolución del nuevo Fondo, hasta la cancelación total del mismo, que depende de la dinámica del sector, pero que se estima que se concretará en unos ocho años.

Haciendo un resumen general del proyecto en consideración, debemos destacar que se crea el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera, que tendrá la naturaleza de una persona jurídica de derecho público no estatal -artículo 1º-, pretendiendo así sortear obstáculos de distinta índole, básicamente en cuanto a cuestiones administrativas y presupuestales que limitarían esta iniciativa de estar circunscripta al ámbito de la Administración Central.

La dirección, administración y representación del Fondo corresponderá -artículo 2º- a una Comisión Honoraria, integrada por representantes del sector público y privado. Se integrará con un representante de cada uno de los siguientes Ministerios: Ganadería, Agricultura y Pesca -que ocupará la Presidencia del órgano-, Industria, Energía y Minería y Economía y Finanzas, y también por un representante propuesto por la industria láctea y dos representantes propuestos por los productores de leche. Dichos representantes del sector privado propondrán también, junto al titular, un alterno, que sustituirá en forma automática al titular en caso de ausencia. Todos los integrantes de la Comisión serán designados por el Poder Ejecutivo por un plazo de tres años. La representación la ejercerá el Presidente de la Comisión actuando en forma conjunta con otro miembro, de acuerdo con las formas y condiciones que se establecerán por reglamentación interna del órgano.

En el artículo 3º se establecen como cometidos de la Comisión Honoraria la formulación y realización de todas las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 1º y, en especial, se detallan algunos de ellos, a modo de ejemplo y en forma no taxativa: depósito, cesión, colocación, inversión, ofrecimiento en garantía y titularización de fondos que se devenguen; celebración de convenios con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras y con organismos internacionales; contratación de personal, tercerización de servicios, entre otros cometidos indicados a título expreso.

El artículo 4º regula la forma de funcionamiento, que será en sesiones periódicas de la Comisión, con la posibilidad de sesionar en forma extraordinaria.

Se aplicará el régimen que rige la actividad privada, especialmente en cuanto a la contabilidad, el estatuto del personal y la celebración de contratos. Se exonera al Fondo de todo tipo de tributos nacionales, excepto las contribuciones a la seguridad social. Los bienes serán inembargables, y sus créditos tendrán un régimen de privilegio, de acuerdo con la normativa ya vigente en nuestro país.

Así como se establece un régimen de derecho privado para los principales aspectos de funcionamiento de la Comisión y del Fondo, también se establece en el artículo 5º el contralor del Estado a través de sus organismos de fiscalización de los estados contables.

Está previsto, en el artículo 6º, también el régimen de recursos aplicables contra las resoluciones de la Comisión Honoraria, admitiéndose el recurso de revocación dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación del acto al interesado. En caso de denegarse este recurso por parte de la Comisión, quedará habilitada la impugnación ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil.

También se establece la posibilidad de interponer conjuntamente el recurso antedicho con el jerárquico, para el caso en que la resolución que se impugne provenga de un órgano sometido a la jerarquía de la Comisión.

El artículo 7º refiere a las prestaciones pecuniarias con destino al Fondo. Para su financiamiento, se gravará la primera enajenación a cualquier título del litro de leche fluida efectuada por los productores a una empresa industrializadora de leche o a cualquier tercero, así como las importaciones de leche y de productos lácteos y las exportaciones que realicen directamente los productores.

Se gravará también la afectación para manufactura o la enajenación de leche fluida de su propia producción que realicen los contribuyentes del IRIC o del futuro impuesto a la renta, excepto cuando se trate de productores artesanales.

El artículo 8º refiere al hecho generador, definiendo el concepto de enajenación a los efectos de este proyecto.

En el artículo 9º se establece quiénes son los contribuyentes y los agentes de retención, así como la forma de volcar al Fondo los recursos que se establecen.

El artículo 10 determina los beneficios que recibirán los productores lecheros y la forma de su cálculo.

Se establece en el artículo 11 la posibilidad de crear un fideicomiso financiero, exonerado de todos los impuestos nacionales presentes y futuros, que tendrá el mismo tratamiento fiscal que reciben los títulos de deuda pública

La garantía del Estado respecto a los contratos de cesión, titularización y garantía que puedan constituirse con relación a los activos o ingresos del Fondo, queda expresada en el artículo 12.

Los artículos 13 a 16 refieren a la suspensión de registros, los certificados de estar al día, la mora en el cumplimiento de las prestaciones, las sanciones aplicables en caso de incumplimiento y las acciones tendientes al cobro, estableciéndose un régimen de privilegio del acreedor respecto a los agentes de retención que se encuentren en situación de concordato, quiebra, concurso, moratoria o liquidación judicial.

En el artículo 18 se señala la vigencia de la prestación pecuniaria del artículo 7º.

El artículo 19 establece un plazo de 30 días para la reglamentación de la ley, computables a partir de su promulgación.

Haciendo una acotación al margen, sabemos que en el sector y en los productores en general hay gran expectativa porque desde marzo o abril esperaban la aprobación de este proyecto, que seguramente será ley, con el apoyo de todas las bancadas.

En el artículo 20, como disposición transitoria, se autoriza a los administradores del FFAL 1, a transferir recursos hacia el FFAL 2.

Para finalizar, es bueno tener presente que en nuestro país se producen aproximadamente cuatro millones de litros de leche por día y que el 80% de la producción está destinada al mercado internacional, con una facturación -solo en el mercado externo- de aproximadamente US$ 300:000.000 anuales.

Desde el punto de vista social, se trata de una actividad tradicional socializadora que tal vez sea de las más intensivas, que emplea mucha mano de obra, básicamente familiar, de buena calificación, y constituye no solo un trabajo o un medio de sustento sino que podría decirse una forma o un estilo de vida a partir del primer eslabón de toda la cadena productiva.

Este proyecto, en su elaboración y estudio, contó con la fundamental presencia y participación de todas las gremiales lecheras. Los productores del sector tienen cifradas en este proyecto muchas esperanzas; así lo han expresado en ocasión de ser recibidos por la Comisión. Esperamos que en la dinámica del funcionamiento proyectado este Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera logre colmar esas expectativas, que no responden únicamente al sector involucrado en forma directa sino al país productivo todo.

En definitiva, el FFAL 2 da mayor transparencia, ya que prevé un llamado abierto a interesados para la faz financiera, mediante la licitación correspondiente.

Además, se prevé una gran capacidad de retorno de dicho préstamo, teniendo en cuenta la excelente garantía que constituye el propio producto de la leche industria. Además, hay que considerar el carácter solidario y la importancia de la libre disponibilidad del productor para el uso de este crédito.

Hoy por hoy, medio centavo de dólar por litro de leche -o sea, doce centésimos de peso-, es decir, la ecuación que se le va a descontar al productor, es óptima. Además, hay que tener en cuenta que es amortizable entre ocho y nueve años, como máximo.

Otra de las virtudes es el acceso al crédito de forma general, que llega a un 80% de productores pequeños y medianos que no tenían acceso a este, por lo que de alguna forma se rompe la lógica, a veces hasta perversa, de la intermediación financiera tradicional. En este caso, por el FFAL se logra vincular la producción real lechera con el capital de forma más genuina que lo tradicional.

El sector lácteo va a lograr una gran inyección económica, ya que tradicionalmente las inversiones importantes, sean nacionales o extranjeras, van a otros rubros como el forestal, el ganadero, el agrícola, pero no a la actividad lechera.

Este FFAL 2, a diferencia del anterior -de buena experiencia también-, apuntará más que nada a la inversión y no tanto a atacar el problema del endeudamiento, que fue el gran tema a resolver en el antecedente del año 2002 por el Fondo anterior.

Por estas consideraciones, y sin ninguna duda con algún otro aporte que los distinguidos colegas hagan a este proyecto, destacando además que fue elevado por el Poder Ejecutivo y mejorado en forma perceptible por el Parlamento, creemos que es un gran instrumento que se está dando a uno de los pilares del país productivo, como lo es la lechería.

En nombre de nuestro departamento de Florida, agradezco también la oportunidad de haber realizado esta presentación.

Gracias.

SEÑOR GUARINO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GUARINO.- Señor Presidente:...

SEÑOR SÁNCHEZ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GUARINO.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR SÁNCHEZ.- Señor Presidente: trataré de ser lo más breve posible, adelantando desde ya mi voto favorable a este proyecto, porque el tiempo apremia y el señor miembro informante ha sido muy claro.

En mi opinión, se continúa con este proyecto toda una serie de medidas a fin de cubrir errores o injusticias con uno de los sectores productivos más importantes del país.

No voy a aburrir a los señores legisladores con la lectura de cifras o de datos de censos en cuanto a lo que el sector agropecuario representa en el PBI del país o en el volumen de las exportaciones, no solo por lo que produce directamente sino por el encadenamiento de su producción con otros sectores. La importancia del sector agropecuario es muy grande y las dificultades son por todos conocidas. Simplemente voy a referirme a un hecho que demuestra cómo se ha ido retrocediendo en este sector. Tomando los años censales 1970 y 2000, nos encontramos con que los establecimientos agropecuarios en 1970 eran 77.163, mientras que en 2000 eran 57.131. Esto nos demuestra que hubo un descenso de alrededor de 20.000 establecimientos.

Si tomamos una familia rural tipo, de cuatro o cinco integrantes, eso significa que hay 100.000 personas que perdieron su fuente de trabajo. A eso deberíamos sumar todas aquellas personas que trabajan como empleados o que cumplen funciones zafrales, lo que representa que se ha perdido en nuestro país una cantidad importante de puestos de trabajo. Esto es aún más grave porque estas personas se han ido a la ciudad y allí son competencia en el momento de conseguir trabajo, teniendo en cuenta las dificultades que se plantean en ese aspecto.

Este descenso en la cantidad de establecimientos rurales se verifica, en su mayoría, en pequeños o medianos establecimientos. Todos sabemos que para el pequeño y el mediano establecimiento la producción significa mucho más que para el gran establecimiento rural, considerando la cantidad de personas que allí pueden trabajar.

Por lo tanto, este tipo de proyectos, con los cuales se favorece al pequeño y al mediano productor, indudablemente constituyen algo muy positivo a tener en cuenta para continuar adelante.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Puede continuar el señor Diputado Guarino.

SEÑOR GUARINO.- Señor Presidente: como bien se dice en el informe, hoy estamos votando la continuidad de un instrumento que se creó en la Legislatura pasada, a través de la Ley Nº 17.582, de noviembre de 2002. Del proceso que vivimos en aquel momento podemos sacar varias lecciones, así como de la aplicación de la ley y de lo que hoy va a ser su continuidad a través de este Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera.

En primer lugar, quiero reconocer la validez de la idea del anterior Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Aguirrezabala, y de su equipo técnico. En aquel entonces se vivía una situación crítica, particularmente en el sector lechero, que además de la situación general del país estaba pasando por un momento de bajos precios internacionales e internos. En el año 2002, gran parte de la producción de leche se volcaba al consumo interno, es decir que era menor la proporción de leche que se exportaba. Entonces, ellos tuvieron la idea de buscar un fondo que permitiera canalizar recursos de otros sectores y otros ahorros, con las suficientes garantías, lo que en aquel momento era muy difícil, como todos recordamos. Esa idea vino al Parlamento, donde se le incorporaron elementos, como ocurrió con este proyecto en el Senado.

Como decía, una primera lección es retomar la validez de esa idea. La segunda es la actividad positiva que hubo en aquel momento por parte del Frente Amplio, que era oposición. Habíamos estado duramente enfrentados a la política económica que llevaba adelante el Gobierno; sin embargo, lo apoyamos porque nos parecía que la idea servía y además porque veíamos que, aunque no había garantías de que sería exitosa, el país necesitaba buscar nuevos instrumentos. Entonces, tuvieron el apoyo de nuestra fuerza política.

Otra lección que dejó ese fondo es la validez del diálogo en medio de las situaciones complicadas. Siempre es importante el diálogo en las cadenas productivas, porque ese fondo se hizo con el apoyo de los productores, de los industriales, de los técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y, por supuesto, con el apoyo político que este Parlamento le dio. Se generó una experiencia en la creación de fondos, que luego permitió ir al fondo arrocero, que ahora también se está repitiendo, y por otra ley, que no tenía las mismas características pero sí tenía también la idea de fondo, se creó el fondo granjero.

Creo que este es un instrumento que tenemos que desarrollar mucho más en un futuro, porque los sistemas tradicionales de crédito bancario no parecen ser los más adecuados, en el corto y en el mediano plazo, para financiar actividades del sector productivo, por lo menos el agropecuario.

También hay muchas limitantes generadas por la crisis del año 2002. La mayoría de los depósitos están en plazos cortos, por lo que difícilmente las instituciones bancarias puedan dar créditos a mediano o largo plazo, como necesita el sector agropecuario, que precisa que las inversiones maduren. Además, fruto de esa misma situación crítica y del endeudamiento, muchos sectores de productores, particularmente medianos y chicos, quedaron marginados del sistema financiero tradicional. Entonces, la idea de fondos como el que hoy estamos votando debe ser desarrollada. Esta idea trabaja el concepto de cadena productiva, de sector, de sistema productivo, que hace que el sistema todo se haga responsable del crédito. Es un sistema solidario, lo que no es poca cosa. En momentos en que el liberalismo es tan duro en las relaciones económicas, es importante que el Uruguay demuestre que hay sistemas solidarios que pueden aportar soluciones al país productivo. Es solidario para el reparto del fondo, ya que se distribuye en proporción a lo que aporta cada uno en la producción, pero es también solidario en el repago, porque se paga entre todos. Inclusive, en este caso es doblemente solidario porque los productores pequeños, que como bien dijo el señor miembro informante son alrededor del 20% de los remitentes a CONAPROLE -aunque también hay pequeños productores en otras cuencas lecheras, como las de mi departamento-, van a recibir más de lo que les corresponde, puesto que en este nuevo fondo hay un mínimo de US$ 1.500 por productor y hay más de 470 productores a quienes no les hubiera tocado esa cantidad si nos ciñéramos estrictamente a lo que remiten a la planta.

El fondo genera condiciones de seguridad que permiten canalizar el ahorro, particularmente de las AFAP o del propio sistema financiero, que precisa condiciones de mucha seguridad para poder prestar. Asimismo, la fórmula de repago da una garantía porque descuenta de algo muy cautivo, como la remisión de leche a las plantas, y establece que no podrá exceder de un 3% del valor de la leche. Esto da una garantía al productor frente a situaciones imprevistas, que en la producción agropecuaria siempre están presentes. Una de ellas son los riesgos climáticos, que en nuestro país se reiteran particularmente. Otra garantía es la que da al productor frente a las crisis del mercado. Hoy estamos pasando por un buen momento, y todo indica que en el mediano plazo también la lechería y el resto de nuestros productos primarios seguirán teniendo buena demanda. Sin embargo, todos sabemos que estos fenómenos son muy cíclicos, y con este proyecto se garantiza que frente a una crisis de precio o de mercado, en un país tan dependiente como el nuestro, el productor sabrá que se estará afectando nada más que hasta un 3% de sus ingresos.

Quería resaltar estas importantes características de este nuevo sistema. Es más: creo que en el futuro tendremos que discutir y profundizar este concepto de fondo -seguramente no sea hoy, luego de esta larga jornada-, porque quizás haya que institucionalizarlo como una de las fundamentales fuentes de financiamiento del sector productivo y pensar en un fondo ganadero. Cuando se lanzó esta idea y después se concretó el fondo arrocero, en el Ministerio también se trabajó en un fondo ganadero, que nunca pudo concretarse debido a que presenta una complejidad bastante mayor, en primer lugar, porque el Fondo lechero involucra a unos miles de productores, mientras que en la ganadería hay 28.000 productores, que además tienen diversas fórmulas de comercialización, ya que no todos remiten a frigoríficos, por cuanto en algunos casos se comercializa entre los propios productores, se vende en ferias, etcétera. Es decir, no existe un canal casi único de remisión, como en el caso de la lechería o del arroz, y por eso el problema es mucho más complejo. Sin embargo, la complejidad no nos debe hacer desistir de la idea de trabajar en la creación de algún fideicomiso, que quizás no tenga que ser, como en este caso, obligatorio, porque podría ser para determinado tipo de productores; inclusive, en el sector ganadero no todos los productores están requiriendo créditos, ya que existen otras formas asociativas y de financiamiento que están funcionando. Pero el mediano productor sí necesita fondos, porque con los nuevos precios de la tierra -lo discutíamos el otro día- y de los arrendamientos, cada vez necesita hacer más intensiva su explotación, por lo que son necesarias medidas de mejoramiento extensivo de campo, en praderas, en empotreramientos y aguadas, y para eso a veces en el sistema tradicional no cuenta con ese financiamiento. Entonces, habrá que buscar formas por esta vía.

Quería enunciar esto porque se trata de un tema que seguramente el próximo año lo tendremos que trabajar; ya lo hablamos con el señor Ministro Mujica y con técnicos del Ministerio. Es un tema bastante más complejo y lo tendremos que analizar.

Más allá de lo esencial del proyecto, que ya fue muy bien expresado en el informe realizado por el señor Diputado Enciso Christiansen, quiero decir que el fondo lechero que discutimos y votamos en este Parlamento -tengo el gusto de haber participado en el debate y de haber votado el proyecto, que luego se transformó en la Ley Nº 17.582- tiene algunas diferencias con este nuevo fondo. En aquel momento, a través de un crédito de una institución financiera -ACAC- que generó el fondo, que luego se "securitizó" -o se titularizó, como se llama ahora en castellano- con una AFAP, se permitió canalizar US$ 26:000.000. En aquel momento, el 60% del fondo se destinó a cancelar deudas con el Banco de la República, lo que permitió que alrededor de US$ 15:000.000 ni siquiera salieran del Banco y se captaran como fondos frescos, cosa que no era despreciable en aquellos momentos de crisis, pero con una ventaja, ya que se estableció que US$ 1 pudiera canjearse por US$ 1,6 promedialmente, lo que ayudó mucho a achicar el endeudamiento del sector lechero. Solo el 40% de aquel fondo era de libre disponibilidad, y se retenía sobre la leche fluida vendida al consumo. Esas son algunas de las diferencias.

Este nuevo fondo, como ya se dijo, mantiene las mismas características en cuanto a la solidaridad, ya que todo el sistema se hace responsable por el productor; se basa en toda la leche que llega fluida a plantas y no solo en la que se destina a consumo. Me refiero no solo a las plantas pasteurizadoras, sino también a pequeñas plantas que estén en el sistema formal -en el interior hay unas cuantas-, que tendrán derecho al fondo y se les hará la retención correspondiente; es decir que se amplía la base de sustentación y la cantidad de productores que se beneficiarán.

Este fondo también será obligatorio, como el anterior, para todo el sistema, con la diferencia de que el nuevo fondo crea la figura de derecho público no estatal, que administrará, a través de una Comisión Administradora Honoraria, mientras que en el caso del fondo anterior de esto se encargaba la Administración Central por intermedio de una Comisión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Los objetivos son más o menos los mismos; fueron señalados en el informe y no abundaremos. La Comisión Administradora Honoraria -fue una modificación introducida en el Senado, y creo que es buena- estará integrada por un delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, quien la presidirá, otro del Ministerio de Economía y Finanzas y un tercero del Ministerio de Industria, Energía y Minería -es decir, tres representantes del Poder Ejecutivo-, uno de la industria y dos delegados de los productores. Estamos pensando en un monto del orden de los US$ 40:000.000; es decir que se va a captar un ahorro de ese entorno, de los que se destinará US$ 1:000.000 -también es una diferencia con el FFAL 1- a un fondo -dentro del fondo general- para asistir a los pequeños productores en el tratamiento de efluentes.

¿Qué es esto? El tratamiento de los efluentes es un problema medioambiental que se está volviendo crítico en nuestro sistema lechero, porque no existía una política al respecto. El tratamiento es caro. Hay que canalizar las aguas del lavado de los tambos, el orín y los desechos del tambo, no solo para producir mejor sino porque los mercados externos cada vez exigen más condiciones en el origen, y los organismos encargados de certificar están inspeccionando y exigen cada vez más que los tambos tengan esos tratamientos. Si un pequeño productor no cuenta con un financiamiento especial no podrá realizar ese tratamiento. Por esa razón, se destinan US$ 1:000.000 para que se administre específicamente, al margen de lo que corresponderá a cada productor, para fortalecer, junto con fondos que aportará el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el tratamiento de los efluentes de los tambos de los pequeños productores.

La forma de descuento ya fue descrita en el informe. De estos US$ 40:000.000 se descontará US$ 1:000.000 para tratamiento de efluentes y después US$ 1.500, que corresponderán a cada productor que esté por debajo, y el resto se prorratea según la remisión del último año, tomado a partir de la fecha que fije la reglamentación. Esto se financiará con ese descuento posterior del envío de leche fluida a las plantas.

¿Qué otra diferencia tiene este nuevo fondo con el FFAL 1? Con estos US$ 40:000.000 -así lo han expresado tanto los productores que vinieron a la Comisión como los propios técnicos y las autoridades del Ministerio- se lograrán tasas bastante inferiores a la del FFAL 1, en primer lugar porque la situación del país es otra -ya no estamos en la crisis de 2002; al contrario- y, en segundo término, porque habrá competencia e, inclusive, puja por colocar los recursos, porque se dan garantías para el buen funcionamiento de estos fondos y la seguridad del descuento, por cuanto no se dejará de consumir leche. Inclusive, el proyecto prevé que las importaciones de todos los productos lácteos estarán gravadas, y si mañana se exportara, es decir, si la leche no fuera a plantas uruguayas, también se gravará, y de esta manera se garantiza un marco de seguridad muy fuerte. Es decir: quienes están en el tema nos han dicho que es posible que se consigan tasas del orden del 7%, cuando en el caso del FFAL 1 fueron del 11%. Inclusive, existe la posibilidad de cotizar en Bolsa y de hacer una licitación para ver qué oferentes hay. Sabemos que el Banco de la República es uno de los posibles oferentes a conformar este fondo de US$ 40:000.000 o parte del mismo, de manera que seguramente habrá condiciones mucho más convenientes para los productores.

Cuando hablamos de estos fondos o de estas cosas, creo que nos referimos a las políticas que se reclamaban en el debate del otro día. Creo que son las señales que da el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en su política de apoyo al país productivo. Uno se pregunta: ¿se justifica crear un nuevo fondo? ¿Se necesita? Porque esto implica que el productor que no lo quiera tenga que tomarlo, porque después se le va a descontar. Es uno de los puntos complejos que tiene este tipo de fondos. Es más: si un productor se retira de la actividad lechera después de recibir el fondo, no va a quedar con la deuda; se va a llevar el fondo y se la van a pagar los otros. Lo mismo pasa con un productor que ingresa al sistema: tiene que saber que va a tener un descuento en el precio de su producción por un tiempo. Pero, bueno, es parte de la mecánica, de los riesgos, y la experiencia demostró que tanto en este como en el fondo arrocero estas limitantes no deben impedir el funcionamiento de estos mecanismos porque son casos excepcionales y no llegaron a afectarlo.

Yo me preguntaba si se justifica. Nosotros pensamos que sí. En la visión del Gobierno, el desarrollo de la cadena productiva de los lácteos es prioridad estratégica, no solo por la riqueza que genera la producción láctea, por las condiciones potenciales y naturales que tiene nuestro país para la producción lechera, casi que a cielo abierto, con uno de los costos más bajos del mundo. Hace un par de años vino una delegación de parlamentarios mexicanos en el momento en que CONAPROLE exportaba a México y venían convencidos de que aquí había un subsidio muy fuerte a la producción lechera; por lo tanto, desde México se estaba discutiendo trancar las importaciones. Ellos pudieron comprobar cómo se producía en pasturas naturales, en praderas y por un gran esfuerzo y, a veces, un gran sacrificio de los productores, que no veían la recompensa suficiente, pero sí les permitía producir una leche muy barata.

De modo que es generadora de riqueza, contribuye en gran medida a las exportaciones y es un sistema agroindustrial que además de ocupar a productores y asalariados que se radican en los tambos, ocupa en el sistema industrial varios miles de puestos de trabajo.

El Ministerio ha definido en este sentido una política estratégica. Se está estudiando una ley de lechería que retome todos los desafíos que tiene este sector en el país. Este fondo es parte de esa estrategia, además de esa ley que se está estudiando. También se están definiendo políticas para la quesería artesanal, porque otra debilidad que tiene este fondo es que los queseros artesanales, los productores de leche para la quesería artesanal, quedan fuera porque no tienen un punto en el que hacer con garantía y seguridad los descuentos y, por tanto, tenemos que hay más de dos mil productores de quesos artesanales que están afuera del sistema. No por esta razón sino porque la quesería artesanal tiene un gran potencial, es necesario formalizarla. Hoy es muy informal y hay que generar las condiciones de producción de calidad para que se pueda exportar, porque hay mercados en ese sentido.

La hora no es muy propicia, pero creo que es importante dejar constancia en la versión taquigráfica de algunos datos sobre la producción lechera que están sustentando el porqué de que se tomen medidas como la creación de estos fondos.

La remisión de leche a plantas pasteurizadoras en el Uruguay en el año 2006 va a totalizar los 1.379:000.000 de litros, más de un 9% superior a la de 2005, que ya fue muy importante. De esos casi 1.400:000.000 de litros, se destinan al consumo alrededor de 200:000.000 y el grueso, como comprenderán, más de 1.100:000.000 de litros se destinan a la industria, un 16% más de lo que se destinó en 2005. Por lo tanto, el grueso de la producción industrial, como ya dijo el señor miembro informante, se destina a la exportación.

Los precios de la leche en el Uruguay hoy andan en US$ 0,169 o US$ 0,17. Es un precio que ha bajado un poquito, pero está por encima de la media histórica. El costo anda en el orden de los US$ 0,12 o US$ 0,13. Hay una caída del margen; hay un alerta, una luz amarilla que se prende en cuanto a que los costos han subido por encima del aumento del precio, y si bien aún el ingreso neto del establecimiento lechero, según los datos de FUCREA, se mantiene en los US$ 204 por hectárea para el año 2006 -que es uno de los niveles más altos de una serie tomada desde 1977 a la fecha; son los niveles de rentabilidad por hectárea más altos-, ha empezado a mostrar algunos síntomas preocupantes, sobre todo por el aumento de algunos costos, como el costo de la tierra y de los arrendamientos.

De todos modos, los precios en el comercio exterior están al alza. La demanda está firme. La leche en polvo, que es uno de los principales productos que exporta Uruguay, hoy está batiendo los récords históricos, con un precio de alrededor de US$ 2.700 la tonelada de leche en polvo descremada y de US$ 2.375 la tonelada de leche en polvo entera. Estos precios son bastante más altos que los que históricamente han tenido estos productos.

Uruguay exporta alrededor de US$ 62:000.000 en leche en polvo. En el año 2006 exportó US$ 68:000.000 en quesos. La exportación total de productos lácteos va a terminar el año 2006 con US$ 203:000.000. Nuestro principal mercado es México; Venezuela, que desplazó a Brasil, está en segundo lugar, y Brasil está en el tercero. Nuestros principales destinos son esos y también en Europa hay cierta demanda.

Resumiendo, las perspectivas para 2007 son buenas. Existe preocupación por el aumento de los costos de arrendamiento, porque toda la producción lechera uruguaya tiene un componente importante de arrendamientos. Por eso mismo, como decía al principio, para poder intensificar la producción, para poder crecer hacia adentro de los establecimientos, para poder crecer en las inversiones se necesita financiamiento, y como se ha demostrado por la vía de este tipo de fondos, el financiamiento funciona. Por eso, como fuerza de Gobierno estamos promoviendo en el Parlamento este proyecto y, por supuesto, estamos complacidos de que por unanimidad vayamos a votar un instrumento tan importante para el país productivo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el señor Diputado Casas.

SEÑOR CASAS.- Señor Presidente: los dos compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra han hecho exposiciones suficientemente vastas y claras. Los pro y los contra de este proyecto han sido bien aclarados. De las palabras del señor Diputado Guarino quiero resaltar que está haciendo mucho hincapié en el precio de la tierra, por lo cual se debe intensificar la producción, cosa que compartimos totalmente, y en los últimos días hemos escuchado algunas voces referentes a los reaforos de las explotaciones y de los predios rurales, lo que traerá aparejado un aumento de los costos de producción de nuestro sector agropecuario, cosa que no compartimos. En un momento en que la producción agropecuaria tiene cifras positivas, no entendemos por qué apretar la cincha, ya que sabemos que después no se va a retirar ese aumento de impuestos que hoy se intenta proponer.

Creo que este Fondo de Financiamiento lechero, que va a tomar la totalidad del sector, se va a distribuir entre todos, tratando de salvaguardar, como bien se decía, a los más pequeños; por lo tanto, es un sistema totalmente solidario, donde la garantía es todo el sector.

Se comenta que la lechería está pasando por un buen momento, que está pagando, pura y exclusivamente, porque existe una retención obligatoria por parte de las plantas y el productor está arrimando algo a lo que adeuda el sistema financiero. Pero la situación real es que hay muchos productores que todavía no han podido acceder al crédito, sobre todo los pequeños y medianos; sabemos que los grandes productores se manejan a otra escala. Esta sería una oportunidad importante -como se decía- para que el Banco de la República demostrara que realmente es el banco de fomento y que está en sintonía con el país productivo que todos anhelamos. Seguramente, esa tasa de interés deseada por todos no supere el 7%, dadas las condiciones de la buena garantía de retorno y del buen antecedente que se tiene del FFAL I. No debemos pensar que no es el momento porque hay productores que no están endeudados; al contrario, creo que debemos pensar que al fin se va a otorgar un crédito para no terminar crucificando a un endeudado, sino para darle armas para el futuro, dada la gran competencia mundial por la leche.

Debemos ser conscientes y decir claramente en la Cámara que esta es una de las primeras medidas encarando el país productivo que anhelamos todos. También debemos ser conscientes y repetir lo que decía el señor Diputado Guarino en cuanto a que este es un fondo de financiamiento creado para los productores por el anterior Gobierno en una época de crisis. Son los propios productores quienes están impulsando al Gobierno y a nosotros a llevarlo adelante.

Cuando se hablaba de postergar esta discusión, nosotros, como Representantes por el departamento de San José, donde se produce la mayor cantidad de leche del país -allí no solo está la producción de remitentes a plantas industrializadoras, sino la elaboración de productos artesanales-, pensábamos que el gran contingente de productores está expectante por que esto se termine rápidamente y puedan contar con dinero fresco, porque hoy no tienen acceso al crédito, que es tan importante para los sectores productivos.

Esta va a ser una herramienta fundamental. Aunque -como decía el señor Diputado Guarino- quizás este no sea el momento para atacar el endeudamiento, sí lo es para darle una inyección importante en materia de inversión, que va a poder reactivar y, en algunos casos, asistir a aquellos productores que tengan problemas financieros.

Como bien decían los señores Diputados Guarino y Enciso Christiansen con respecto a la cifra que va a distribuirse entre los productores remitentes a las distintas usinas, un aspecto importante que debemos destacar es que si a un productor, por ejemplo, le corresponde US$ 300, igualmente va a recibir US$ 1.500, que va a ser el mínimo; por más pequeño productor que sea, va a recibir esa cantidad. También es importante que de la remisión de leche va a descontársele no por los US$ 1.500 sino por los US$ 300, que es realmente lo que produce. Esto habla a las claras de este sistema solidario, que ha tenido tan buen éxito y que pretendemos lo siga teniendo.

Este es un país netamente exportador -como decían los compañeros Diputados- y la constante actualización de los productores ha llevado a que en el día de hoy se estén conmemorando 71 años de la ley de creación de CONAPROLE. Conjuntamente con el señor Diputado Hernández estuvimos hoy en el lanzamiento de la mayor inversión que va a hacer CONAPROLE en su historia. Se invertirán US$ 35:000.000 en una planta de leche en polvo, que se empezará a construir en el departamento de San José, en villa Rodríguez, a partir del próximo año y que estará funcionando en 2008.

Como decía el señor Diputado Guarino, la leche en polvo es uno de los productos que hoy tiene un precio de avanzada, pero también tiene una especificación de mercados compradores. Ya no se trata de la leche en polvo común, de la descremada o de la leche entera común, porque los mercados exigen distintas especificaciones para distintos componentes que se agregan a la leche en polvo, como aditivos, vitaminas. Eso hace una especificidad y precios diferenciales muy importantes en el mercado.

Como bien se decía aquí, existen importantes diferencias entre lo que fue el FFAL 1 y el FFAL 2, que ha recogido algunas imperfecciones que pudiesen haber existido, o la época era otra totalmente distinta. Cuando se llevó adelante el FFAL 1, el precio de la leche al productor rondaba en los US$ 0,8. Hoy la diferencia es totalmente sustancial: estamos en US$ 0,16 o US$ 0,17. Queremos tener en cuenta -como decía el señor Diputado Guarino- esa luz amarilla que se ha encendido hoy por los costos de producción, que se han elevado. La leche se pagaba al productor, hasta no hace mucho, a $ 4; hoy ya no llega a $ 3,6. Estamos hablando de un gasoil que ha aumentado para los sectores productivos; estamos hablando de que la energía eléctrica va a aumentar. Yo creo que desde el Gobierno se deben tomar medidas para contrarrestar y seguir alentando a ese país que todos anhelamos, a través de un sector que da tanta mano de obra y tantos recursos.

CONAPROLE ha sido designada nuevamente como la empresa exportadora más grande del país, y merece una atención especial de parte de las autoridades de Gobierno.

Lo que se va a descontar a los productores ha sido claramente detallado por los compañeros. En síntesis, considero que como primera medida habría que identificar la cantidad de pequeños productores a los cuales les van a corresponder los US$ 1.500. En cuanto al saldo que quede de los aproximadamente US$ 40:000.000 que se estiman, debemos decir que se dividiría entre el total de leche anual remitida a las plantas industrializadoras del país, y en base a eso se haría el cálculo, de acuerdo con el coeficiente de lo que le correspondería a cada productor. A modo de ejemplo, se ha dicho por parte de los productores y de la Cámara de Industrias Lácteas del Uruguay que a un productor que remitió cien mil litros de leche al año, le correspondería entre US$ 2.500 y US$ 3.000.

Finalmente, quisiera que quedara constancia en esta Cámara de lo manifestado en la Comisión por el señor Boix, de la Cámara Uruguaya de Productores de Leche, que fue muy claro al mencionar lo expresado por el señor Presidente del Banco de la República a la delegación de productores, que dijo: "Voy a ofrecer una tasa con la que nadie va a poder competir con nosotros; fíjense que si nosotros estamos colocando fondos muy importantes en el exterior a tasas muy bajas, podemos darle al sector productivo tasas que no se conocen en el país".

Creo que ese espíritu debe prevalecer y debe hacer que tengamos tasas importantes para un sector que necesita. Debemos ser optimistas porque hablamos de un crédito que tiene las garantías de todo el sector. El que presta el dinero no tiene riesgo, ya que mientras se produzca leche en el país, va a cobrar. Pero, a su vez -como bien decían los compañeros-, también lo pagarán los importadores y los exportadores de leche cruda. Esto le da una fortaleza muy grande al sistema y va a producir una puja importante para aquellos que quieran prestar el dinero.

También quiero aclarar que no va a haber una superposición con el Fondo de Financiamiento a la Actividad Lechera I -que todavía no está culminado, ya que hay un remanente de US$ 8:000.000-, sino que habrá un período de gracia, que ya ha sido conversado por los productores, en el que no se van a superponer el Fondo de Financiamiento a la Actividad Lechera I y el Fondo de Financiamiento a la Actividad Lechera II. Este último comenzará una vez que finalice el primero.

Creo que el proyecto que estamos tratando en la sesión de hoy es importante y rápidamente se necesitará la promulgación del Poder Ejecutivo. Los técnicos ya han comenzado a trabajar en la reglamentación y tenemos la expectativa de que en los tres primeros meses del próximo año estén los dineros disponibles.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑOR PATRONE.- ¿Me permite, señor Presidente?

El acuerdo al que se arribó en el Senado y en la Comisión nos indica que sería muy conveniente que en el plenario de la Cámara se suprimiera la lectura de todos los artículos y se votara en bloque el proyecto, por la importancia que reviste.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Se va a votar la propuesta del señor Diputado Patrone.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque desde el artículo 1º hasta el 20, inclusive.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR SALSAMENDI.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

22.-     Fideicomisos financieros estructurados de acuerdo con el Reglamento del programa de Crédito Global Multisectorial III dictado por el Banco Central del Uruguay. (Se les otorga un régimen tributario especial).

——Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Fideicomisos financieros estructurados de acuerdo con el Reglamento del programa de Crédito Global Multisectorial III dictado por el Banco Central del Uruguay. (Se les otorga un régimen tributario especial)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 841

"PODER EJECUTIVO

Montevideo, 6 de noviembre de 2006.

Señor Presidente

de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, referente al proyecto de ley referente a la crisis bancaria del año 2002, del sector productivo que ha venido enfrentando importantes restricciones de acceso al crédito.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TRATAMIENTO DE INVERSIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA MULTISECTORIAL III DEL
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

A partir de la crisis bancaria de 2002, el sector productivo ha venido enfrentando importantes restricciones de acceso al crédito, en particular para el financiamiento de proyectos de mediano y largo plazo. La explicación de esta situación no proviene de la escasez de fondos, ya que el sistema bancario dispone de abundante liquidez, y existe una gran capacidad de inversión en los fondos de ahorro previsional; si no de otro tipo de causas, entre las que se puede destacar las dificultades de empresas con situaciones patrimoniales comprometidas que las inhiben como sujetos de crédito en el marco regulatorio vigente.

Una forma posible de resolver este problema es a través del desarrollo del mercado de los fideicomisos financieros. En efecto, dicho instrumento permite presentar en la contabilidad de las empresas -como patrimonio de afectación independiente e inembargable- los activos a fideicomitir, los que permiten apalancar proyectos rentables y con capacidad de repago en empresas con problemas de calificación de acuerdo a normas bancocentralistas.

No obstante, el financiamiento a través de fideicomisos financieros se encuentra limitado debido a que el régimen tributario previsto en general por la Ley de fideicomisos es diferente (implica una mayor presión tributaria) al aplicable a los créditos bancarios y a los valores negociables.

Finalmente, también existen restricciones para que las AFAPS inviertan en cierto tipo de valores, y se requiere el reconocimiento expreso de la habilitación para que las empresas de intermediación financiera efectúen inversiones en valores emitidos por fideicomisos financieros, independientemente del rol jugado por dichas empresas en los mismos.

A partir de la situación descrita se entendió que a través de modificar el Programa Multisectorial de Crédito III sería posible ofrecer una nueva alternativa de financiamiento a proyectos de inversión, que canalizaran los fondos del programa a través de inversiones en valores emitidos por fideicomisos financieros. De esta manera se fomenta el uso de instrumentos adecuados para enfrentar los cambios ocurridos en el mercado financiero a partir de la crisis bancaria de 2002. El programa que estaba previsto para ser utilizado básicamente para financiar créditos bancarios podrá ahora ser canalizado a través de la inversión en valores.

El nuevo esquema de financiamiento prevé la participación de la AFAP como inversores especializados, junto con los bancos y los Fondos de Inversión, calificando los proyectos. Este hecho opera como elemento de control del riesgo y de verificación de la tasa de interés o cotización de los valores; ya que las AFAP han acumulado una importante experiencia en el examen de proyectos complejos, y cuentan con recursos técnicos especializados en el análisis de inversiones estructuradas.

Sin perjuicio de lo expresado, se observa que financiar un proyecto productivo mediante la emisión de valores a través de un fideicomiso financiero presenta, en el sistema tributario vigente, mayores costos que el financiamiento en el sistema bancario. A su vez los trámites previstos de autorización por parte de los organismos competentes ocasionan demoras que determinan que muchas veces cuando el proceso de negociación reglamentaria culmina las condiciones de mercado son otras, y el proyecto que inicialmente estaba dirigido a responder a una determinada necesidad de mercado se vuelva inviable.

En este contexto el presente proyecto de ley corrige las discriminaciones tributarias que sufre el financiamiento mediante fideicomisos financieros respecto al financiamiento mediante créditos bancarios y/u obligaciones negociables. A la vez que precisa las actuaciones reglamentarias otorgando una mayor certeza en cuanto al tiempo necesario para el cumplimiento de los requisitos reglamentarios.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ, JOSÉ E. DÍAZ, REINALDO GARGANO, DANILO ASTORI, AZUCENA BERRUTTI, JORGE BROVETTO, VÍCTOR ROSSI, JORGE LEPRA, EDUARDO BONOMI, MARÍA J. MUÑOZ, JOSÉ MUJICA, HÉCTOR LESCANO, MARIANO ARANA, MARINA ARISMENDI.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Otórgase a los fideicomisos financieros que se estructuren de acuerdo al mecanismo previsto en el Reglamento del programa de Crédito Global Multisectorial III, dictado por el Banco Central del Uruguay, con inversión de recursos de dicho Programa y cuyos certificados de participación en el dominio fiduciario o títulos de deuda se emitan mediante oferta pública, el siguiente tratamiento:

(a) (Impuesto a los Activos de las Empresas Bancarias e Impuesto de Control del Sistema Financiero).- Los créditos que sean transferidos al fideicomiso tendrán el mismo tratamiento para los impuestos a los Activos de las Empresas Bancarias y de Control del Sistema Financiero al que hubieran estado sujeto antes de la cesión.

Por su parte, los préstamos originales en el fideicomiso estarán exentos de los referidos impuestos.

(b) (Impuesto al Valor Agregado).- Los intereses por préstamos otorgados por el fideicomiso estarán exentos del Impuesto al Valor Agregado.

(c) (Impuesto al Patrimonio).- Las obligaciones contraídas con el fideicomiso serán admitidas como pasivo a los efectos de la liquidación del Impuesto al Patrimonio.

(d) (Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio e Impuesto al Patrimonio).- Los fideicomisos financieros a que hace referencia esta Ley, estarán exonerados de los impuestos a las Rentas de Industria y Comercio y al Patrimonio.

El tratamiento tributario definido en los literales anteriores podrá hacerse extensivo a fideicomisos financieros que se estructuren en el marco de programas análogos de financiamiento previa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Uruguay cuando corresponda.

Artículo 2º.- A efectos de presentar proyectos para la aprobación de inversiones en el marco del mecanismo previsto en el Reglamento del Programa de Crédito Global Multisectorial III, dictado por el Banco Central del Uruguay para inversiones en fideicomisos financieros, y Programas similares a los que refiere el último inciso del artículo 1º de la presente ley, autorízase a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional a proponer, de requerirse ello en dichos proyectos, compromisos de compra de instrumentos del fideicomiso financiero en fechas futuras, que no podrán exceder los tres años. Tales compromisos deberán ser autorizados explícitamente en cada caso por el Banco Central del Uruguay.

Artículo 3º.- Incorporar al artículo 123 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995 los siguientes literales:

"G) Operaciones que tengan por objeto la cobertura de riesgos financieros del Fondo de Ahorro Previsional con las limitaciones y condiciones que establezca el Banco Central del Uruguay, hasta el 10% de activo del Fondo de Ahorro Previsional.

H) Valores de renta fija emitidos por organismos internacionales de crédito de los cuales el país sea miembro, que tengan por objetivo la financiación de inversiones radicadas en el país, por hasta 15% (quince por ciento) del activo del Fondo de Ahorro Previsional".

Artículo 4º.- Modifícase el literal c) del artículo 124 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995 el que quedará redactado de la siguiente manera:

"C) Valores emitidos por sociedades constituidas en el extranjero, con excepción de las empresas de intermediación financiera autorizadas a girar en el país y de los organismos internacionales de crédito de los cuales el país sea miembro".

Artículo 5º.- Las empresas de intermediación financiera comprendidas en los artículos 1º y 2º del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982 con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, podrán efectuar inversiones en certificados de participación y títulos de deuda emitidos por fideicomisos financieros en los cuales dichas empresas actúen como fiduciarios, o en cualquier otra calidad.

Montevideo, 6 de noviembre de 2006.

JOSÉ E. DÍAZ, REINALDO GARGANO, DANILO ASTORI, AZUCENA BERRUTTI, JORGE BROVETTO, VÍCTOR ROSSI, JORGE LEPRA, EDUARDO BONOMI, MARÍA J. MUÑOZ, JOSÉ MUJICA, HÉCTOR LESCANO, MARIANO ARANA, MARINA ARISMENDI".

Anexo I al
Rep. Nº 841

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

La Comisión de Hacienda, luego de analizar el proyecto de ley referente a "fideicomisos financieros estructurados de acuerdo con el reglamento del programa de crédito global multisectorial dictado por el Banco Central del Uruguay", recomienda sancionar el texto aprobado por vuestra asesora.

Para el trabajo de la Comisión, en el tratamiento del presente proyecto de ley, hemos contado con la presencia de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central del Uruguay, que nos ha permitido, con pequeñas modificaciones, aprobar por unanimidad el texto que hoy ponemos a consideración.

Con el ánimo de presentar el proyecto comenzaremos enmarcando el mismo dentro de una política activa, por parte de este Gobierno y compartida en general por todos los partidos políticos, de generar instrumentos de apoyo al sector productivo.

Como todos sabemos, producto de la crisis vivida, seguimos enfrentando restricciones de acceso al crédito, fundamental para financiar proyectos de mediano y largo plazo, básicamente motivadas no por la falta de liquidez del sistema, sino por situaciones patrimoniales de nuestras empresas que hoy no son sujetos de crédito, en el marco de la normativa actual que debemos preservar por el bien del sistema.

Como nos plantea el Poder Ejecutivo en su exposición de motivos, una forma de afrontar la situación antes señalada es a través del desarrollo del mercado de los fideicomisos financieros. En efecto, dicho instrumento permite presentar en la contabilidad de las empresas -como patrimonio de afectación independiente e inembargable- los activos a fideicomitir, los que permiten apalancar proyectos rentables y con capacidad de repago en empresas con problemas de calificación de acuerdo a normas bancocentralistas.

Atendiendo entonces al fortalecimiento de dicho instituto para cumplir el objetivo de fortalecer el país productivo se propone modificar el Programa Multisectorial de Crédito III el cual nos permitirá ofrecer una nueva alternativa de financiamiento a proyectos de inversión, que canalizarán los fondos del programa a través de inversiones en valores emitidos por fideicomisos financieros.

Volviendo a citar el mensaje del Poder Ejecutivo el nuevo esquema de financiamiento prevé la participación de las AFAP’s como inversores especializados, junto con los Bancos y los Fondos de Inversión, calificando los proyectos. Este hecho opera como elemento de control del riesgo y de verificación de la tasa de interés o cotización de los valores; ya que las AFAP’s han acumulado una importante experiencia en el examen de proyectos complejos, y cuentan con recursos técnicos especializados en el análisis de inversiones estructuradas.

En primera instancia, el inconveniente que trae aparejada esta solución de financiar proyectos productivos por medio de la emisión de valores mediante un fideicomiso financiero es el mayor costo tributario si lo comparamos con el financiamiento bancario. Constatada dicha realidad, el proyecto que ponemos a consideración, revierte la situación generando una corrección de las asimetrías tributarias (articulo 1º del proyecto).

Del intercambio de opiniones con el BCU al proyecto original, remitido por el Poder Ejecutivo, se le modificó el literal H) del artículo 3º (el cual incorpora dos literales al artículo 123 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995). La nueva redacción, producto del intercambio de opiniones, da mayor flexibilidad y permite atender la dinámica de los mercados vía la reglamentación, manteniendo en la ley el límite o tope en un 15% (quince por ciento).

En síntesis, aprobado este proyecto y transformado en ley le permitirá al Uruguay contar con un instrumento viable, de apoyo y sustento del país productivo, que permita financiar grandes proyectos, canalizando fondos existentes en el país, como por ejemplo en las AFAP’s (las cuales a su vez se verán beneficiadas y seguramente le ayudará a bajar el riesgo).

Por todo lo expresado, vuestra Comisión de Hacienda recomienda aprobar el presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 29 de noviembre de 2006.

ALFREDO ASTI, Miembro Informante, HEBER BOUSSES, EDUARDO BRENTA, IRENE CABALLERO, ROBERTO CONDE, GONZALO MUJICA, MARY PACHECO, IVÁN POSADA.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Otórgase a los fideicomisos financieros que se estructuren de acuerdo al mecanismo previsto en el Reglamento del Programa de Crédito Global Multisectorial III, dictado por el Banco Central del Uruguay (BCU), con inversión de recursos de dicho Programa y cuyos certificados de participación en el dominio fiduciario o títulos de deuda se emitan mediante oferta pública, el siguiente tratamiento:

A) (Impuesto a los Activos de las Empresas Bancarias e Impuesto de Control del Sistema Financiero).- Los créditos que sean transferidos al fideicomiso tendrán el mismo tratamiento para los Impuestos a los Activos de las Empresas Bancarias y de Control del Sistema Financiero al que hubieran estado sujetos antes de la cesión.

Por su parte, los préstamos originales en el fideicomiso estarán exentos de los referidos impuestos.

B) (Impuesto al Valor Agregado).- Los intereses por préstamos otorgados por el fideicomiso estarán exentos del Impuesto al Valor Agregado.

C) (Impuesto al Patrimonio).- Las obligaciones contraídas con el fideicomiso serán admitidas como pasivo a los efectos de la liquidación del Impuesto al Patrimonio.

D) (Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio e Impuesto al Patrimonio).- Los fideicomisos financieros a que hace referencia esta ley, estarán exonerados de los Impuestos a las Rentas de Industria y Comercio y al Patrimonio.

El tratamiento tributario definido en los literales anteriores podrá hacerse extensivo a fideicomisos financieros que se estructuren en el marco de programas análogos de financiamiento, previa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central del Uruguay cuando corresponda.

Artículo 2º.- A efectos de presentar proyectos para la aprobación de inversiones en el marco del mecanismo previsto en el Reglamento del Programa de Crédito Global Multisectorial III, dictado por el Banco Central del Uruguay (BCU) para inversiones en fideicomisos financieros, y Programas similares a los que refiere el último inciso del artículo 1º de la presente ley, autorízase a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional a proponer, de requerirse ello en dichos proyectos, compromisos de compra de instrumentos del fideicomiso financiero en fechas futuras, que no podrán exceder los tres años. Tales compromisos deberán ser autorizados explícitamente en cada caso por el Banco Central del Uruguay.

Artículo 3º.- Incorporar al artículo 123 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995 los siguientes literales:

"G) Operaciones que tengan por objeto la cobertura de riesgos financieros del Fondo de Ahorro Previsional con las limitaciones y condiciones que establezca el Banco Central del Uruguay (BCU), hasta el 10% (diez por ciento) de activo del Fondo de Ahorro Previsional.

H) Valores de renta fija emitidos por organismos internacionales de crédito de los cuales el país sea miembro, en las condiciones que establezca la reglamentación que a tal efecto dicte el Poder Ejecutivo, por hasta el 15% (quince por ciento) del activo del Fondo de Ahorro Previsional".

Artículo 4º.- Modifícase el literal C) del artículo 124 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"C) Valores emitidos por sociedades constituidas en el extranjero, con excepción de las empresas de intermediación financiera autorizadas a girar en el país y de los organismos internacionales de crédito de los cuales el país sea miembro".

Artículo 5º.- Las empresas de intermediación financiera comprendidas en los artículos 1º y 2º del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982 con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, podrán efectuar inversiones en certificados de participación y títulos de deuda emitidos por fideicomisos financieros en los cuales dichas empresas actúen como fiduciarios, o en cualquier otra calidad.

Sala de la Comisión, 29 de noviembre de 2006.

ALFREDO ASTI, Miembro Informante, HEBER BOUSSES, EDUARDO BRENTA, IRENE CABALLERO, ROBERTO CONDE, GONZALO MUJICA, MARY PACHECO, IVÁN POSADA".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Asti.

SEÑOR ASTI.- Señor Presidente: visto lo avanzado de la hora, trataremos de ser bastante telegráficos en el informe de este proyecto de ley, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda.

Esta iniciativa, señor Presidente y colegas Diputados, si bien trata de un caso particular de fideicomisos financieros -aquellos que se estructuren de acuerdo con el Reglamento del programa de Crédito Global Multisectorial III, que financia el BID-, tiene la intención -y así lo establece el texto- de extender este régimen a otros fideicomisos, como el que acabamos de aprobar para el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera, como forma de incentivar el uso de estos instrumentos financieros, que permitan una mayor flexibilidad en el financiamiento, fundamentalmente de proyectos productivos. Esa es la visión de país productivo que este Gobierno quiere incentivar e impulsar de todas formas y este proyecto también es un instrumento en ese sentido.

En primer lugar, quiero destacar que uno de los objetivos de este proyecto es, precisamente, la mejor utilización de ese crédito de más de US$ 150:000.000 -el BID hizo un préstamo con destino multisectorial- que ha sido muy poco empleado. Me refiero al Fondo creado por el Crédito Global Multisectorial, que es manejado por las instituciones financieras; ante la situación en que se encuentra el país luego de la crisis de 2002 es muy difícil que sea colocado en las empresas que tienen proyectos productivos, precisamente por el poco acceso al crédito que ellas tienen, en función de su situación patrimonial. Además, las propias instituciones de intermediación financiera no encuentran atractiva la colocación por la relación costo-beneficio que le da la utilización de este Crédito Global Multisectorial del BID.

Entonces, uno de los objetivos de este proyecto es que haya una mayor utilización de esos fondos para que puedan financiar hasta un 50% de proyectos productivos de determinada importancia, de cierto monto, en la medida en que su estructuración así lo haga necesario.

En segundo término, como decíamos, el otro objetivo que tiene este proyecto es dar mayor efectividad, mayores estímulos al uso de los fideicomisos como instrumentos financieros alternativos al financiamiento bancario. Para ello, la iniciativa establece un tratamiento tributario equivalente al que podría surgir de los créditos bancarios comunes, no discriminando en este sentido; eso puede pasar en algún caso o hay que ir a leyes -como en este caso- que exoneran expresamente a los fideicomisos.

Por esta iniciativa se autoriza al Poder Ejecutivo, independientemente de lo que se haga en función del programa de Crédito Global del BID, a extender estas mismas exoneraciones tributarias a otros fideicomisos. Se pretende, pues, dar un mejor tratamiento tributario para facilitar el uso de este instrumento.

Asimismo, se autoriza la participación de las AFAP en estos emprendimientos, en la medida en que por su calificación de riesgo, por oferta pública -inclusive por la acción de los propios participantes- existen garantías muy importantes de que los ahorros de los trabajadores tengan seguridad y buena rentabilidad.

En el mismo sentido, se facilita la participación de instituciones financieras en esos proyectos financieros, que pueden ser fiduciarios; hasta ahora no podían hacerlo. De cualquier manera, aclaramos que el Banco Central tendrá que tomar las medidas necesarias para evitar que, si participan instituciones financieras, haya un uso indebido de información privilegiada, aspecto sobre el que hemos conversado con el Banco Central cuando sus autoridades concurrieron a la Comisión.

En tercer lugar, este proyecto tiene otro objetivo -de alguna manera comprendido en el anterior-, que es ampliar las posibilidades de la inversión de las AFAP. Sabemos que la ley de seguridad social limitaba estrictamente los instrumentos en los cuales pueden invertir las AFAP. Hace pocos días se publicaban datos de un relevamiento según el cual los fondos de las AFAP han podido ser poco utilizados por el sector productivo, entre otras cosas por limitaciones y tramitaciones ante el Banco Central establecidas en la propia ley.

Con esto también se intenta abrir las posibilidades para que las AFAP inviertan en más oportunidades -siendo una de ellas la que surge de los valores emitidos por organismos internacionales, en particular el BID, de los cuales el país sea miembro-, con emisiones que luego se vuelquen al financiamiento de inversiones locales.

Finalmente, otro objetivo es la posibilidad de que las AFAP tomen cobertura de riesgo, precisamente por aquellos que asume cuando hace ese tipo de inversiones. Esta posibilidad de asumir coberturas facilitaría la creación de un mercado de derivados, que es muy importante en el país -los "forwards" y otro tipo de derivados-, que asegure una mayor fluidez en este mercado de derivados.

Yendo directamente al articulado, para luego votarlo en bloque, en el artículo 1º se establece el tratamiento tributario que van a tener estos fideicomisos financieros, originalmente previstos para los que provengan del crédito global multisectorial que financia el BID y que se canalizarán a través de títulos de deuda pública que se emitan mediante oferta pública. Acá se habla de cuál será el criterio para ser gravados por el Impuesto a los Activos de las Empresas Bancarias e Impuesto de Control del Sistema Financiero -que van a ser derogados próximamente con la reforma tributaria-, pero se los exonera dentro del plazo de vigencia que pueda tener la ley, que trataremos la semana próxima.

En cuanto a los intereses de los préstamos, para igualarlos con los préstamos que se otorgan por las instituciones financieras también estarán exentos del Impuesto al Valor Agregado. Lo mismo con respecto al Impuesto al Patrimonio: las obligaciones contraídas por el fideicomiso serán admitidas como pasivos a los efectos de la deducción de la liquidación del impuesto.

Por último, como tratamiento tributario, los fideicomisos financieros a que hace referencia esta ley estarán exonerados de los Impuestos a las Rentas de Industria y Comercio y al Patrimonio. En particular, visto lo que ha cambiado o cómo se ha dado el tratamiento de la reforma tributaria, vamos a solicitar agregar al texto que hemos presentado que además del Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio también esté exonerado del impuesto a la renta que lo sustituya.

En el artículo 2º se prevé que las AFAP también puedan proponer, en estos casos, para este programa del crédito global multisectorial, no solamente los compromisos de compra actual sino los futuros.

En el artículo 3º, como habíamos adelantado, se agregan otras posibilidades de inversión, incorporando al artículo 123 dos literales, que habilitan nuevas inversiones de las AFAP.

A través del artículo 4º se permite que sea con valores emitidos por organismos internacionales de crédito de los cuales el país sea miembro, cosa que no estaba prevista en la Ley Nº 16.713.

Por último, el artículo 5º prevé que las instituciones de intermediación financiera podrán efectuar inversiones en certificados de participación y títulos de deuda emitidos por fideicomisos financieros en los que actúen como fiduciarios o cualquier otra calidad. Esto es importante porque permite comprometer a quien participa o promociona un financiamiento de este tipo a que a su vez pueda adquirirlos y, por lo tanto, estar directamente interesado en el tema.

Muy brevemente, debido a lo avanzado de la hora, este es el informe que queríamos realizar de un proyecto que, repito, fue aprobado por unanimidad en la Comisión. Cuando pasemos a la consideración del articulado haré dos pequeñas precisiones de texto que es necesario corregir.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR ASTI.- Mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y uno: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo 1º.

SEÑOR ASTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ASTI.- Señor Presidente: el cambio que queríamos efectuar es en el literal D). Como comentábamos, estos fideicomisos estarán exonerados de los Impuestos a las Rentas de Industria y Comercio y al Patrimonio. Luego de mencionar el "Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio" deberíamos agregar: "o el impuesto a la renta que lo sustituya", previendo la vigencia de la reforma tributaria que se convertirá en ley la semana próxima.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º con las modificaciones indicadas por el señor Diputado Asti.

(Se vota)

——Cincuenta por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión el artículo 3º.

SEÑOR ASTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el señor miembro informante.

SEÑOR ASTI.- Señor Presidente: el artículo 3º dice: "Incorporar al artículo 123 de la Ley Nº 16.713 [...] los siguientes literales". En realidad, para ser correcta la expresión, debe decir: "Incorpórase al inciso segundo del artículo 123 [...] los siguientes literales".

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º con las modificaciones sugeridas por el señor Diputado Asti.

(Se vota)

——Cincuenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

SEÑOR PATRONE.- Solicito que se consideren en bloque los artículos 4º y 5º.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

En discusión los artículos 4º y 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

VARIOS SEÑORES REPRESENTANTES.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto aprobado:)

"Artículo 1º.- Otórgase a los fideicomisos financieros que se estructuren de acuerdo al mecanismo previsto en el Reglamento del Programa de Crédito Global Multisectorial III, dictado por el Banco Central del Uruguay, con inversión de recursos de dicho Programa y cuyos certificados de participación en el dominio fiduciario o títulos de deuda se emitan mediante oferta pública, el siguiente tratamiento:

A) (Impuesto a los Activos de las Empresas Bancarias e Impuesto de Control del Sistema Financiero).- Los créditos que sean transferidos al fideicomiso tendrán el mismo tratamiento para los Impuestos a los Activos de las Empresas Bancarias y de Control del Sistema Financiero al que hubieran estado sujetos antes de la cesión.

  Por su parte, los préstamos originales en el fideicomiso estarán exentos de los referidos impuestos.

B) (Impuesto al Valor Agregado).- Los intereses por préstamos otorgados por el fideicomiso estarán exentos del Impuesto al Valor Agregado.

C) (Impuesto al Patrimonio).- Las obligaciones contraídas con el fideicomiso serán admitidas como pasivo a los efectos de la liquidación del Impuesto al Patrimonio.

D) (Impuesto a las Rentas de Industria y Comercio e Impuesto al Patrimonio).- Los fideicomisos financieros a que hace referencia esta ley, estarán exonerados de los Impuestos a las Rentas de Industria y Comercio o del impuesto a la renta que lo sustituya, y al Patrimonio.

El tratamiento tributario definido en los literales anteriores podrá hacerse extensivo a fideicomisos financieros que se estructuren en el marco de programas análogos de financiamiento, previa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central del Uruguay cuando corresponda.

Artículo 2º.- A efectos de presentar proyectos para la aprobación de inversiones en el marco del mecanismo previsto en el Reglamento del Programa de Crédito Global Multisectorial III, dictado por el Banco Central del Uruguay (BCU) para inversiones en fideicomisos financieros y programas similares a los que refiere el último inciso del artículo 1º de la presente ley, autorízase a las administradoras de fondos de ahorro previsional a proponer, de requerirse ello en dichos proyectos, compromisos de compra de instrumentos del fideicomiso financiero en fechas futuras, que no podrán exceder los tres años. Tales compromisos deberán ser autorizados explícitamente en cada caso por el BCU.

Artículo 3º.- Incorpóranse al inciso segundo del artículo 123 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, los siguientes literales:

"G) Operaciones que tengan por objeto la cobertura de riesgos financieros del fondo de ahorro previsional con las limitaciones y condiciones que establezca el Banco Central del Uruguay, hasta el 10% (diez por ciento) del activo del fondo de ahorro previsional.

H) Valores de renta fija emitidos por organismos internacionales de crédito de los cuales el país sea miembro, en las condiciones que establezca la reglamentación que a tal efecto dicte el Poder Ejecutivo, por hasta el 15% (quince por ciento) del activo del fondo de ahorro previsional".

Artículo 4º.- Modifícase el literal C) del artículo 124 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"C) Valores emitidos por sociedades constituidas en el extranjero, con excepción de las empresas de intermediación financiera autorizadas a girar en el país y de los organismos internacionales de crédito de los cuales el país sea miembro".

Artículo 5º.- Las empresas de intermediación financiera comprendidas en los artículos 1º y 2º del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, podrán efectuar inversiones en certificados de participación y títulos de deuda emitidos por fideicomisos financieros en los cuales dichas empresas actúen como fiduciarios o en cualquier otra calidad".

23.-     Levantamiento de la sesión.

SEÑOR PEREYRA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PEREYRA.- Mociono para que se levante la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA.

Se levanta la sesión.

(Es la hora 23 y 48)

Dr. JULIO CARDOZO FERREIRA

PRESIDENTE

 

Dr. José Pedro Montero

Secretario Relator
Dr. Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario Redactor
 

Ricardo Aldabe

Supervisor General del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.