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Nº 127 - TOMO 437 - 14 DE NOVIEMBRE DE 2006

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

52ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR SENADOR ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO Presidenteen ejercicio

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4 y 16) Proyectos presentados

- El señor Senador Luis Alberto Heber presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 308 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, en la redacción dada por la Ley Nº 18.034, de 16 de octubre de 2006, referida al funcionamiento de las Sociedades Comerciales.

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

- La señora Senadora Margarita Percovich presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se introducen modificaciones al Código Penal.

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

- Los señores Senadores Larrañaga, Gallinal, Abreu, Long, Lapaz, Lara Gilene, Antía, Moreira, Penadés, Da Rosa y Heber presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre ‘Perimetral Wilson Ferreira Aldunate’ el anillo colector de tránsito de la ciudad de Montevideo.

- A la Comisión de Transporte y Obras Públicas.

5) Pedido de informes

- El señor Senador Jorge Larrañaga, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP), relacionado con el Contrato Marco de Compra-Venta de Crudo y/o Productos con PDVSA, de fecha 29 de julio de 2005.

- Oportunamente fue tramitado.

6) Inasistencias

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

7 y 9) Solicitudes de licencia

- Las formulan la señora Senadora Dalmás y el señor Senador Alfie.

- Concedidas.

8) Integración del Cuerpo

- Nota de desistimiento. La presenta el señor Ruben Obispo.

10 y 13) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar Representante del Estado en el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo

- Por moción del señor Senador Michelini, el Senado resuelve considerar de inmediato el asun-to que figuraba como primer punto del Orden del Día y cuyo tratamiento había sido postergado.

- En consideración. Concedida.

11) Alteración del Orden del Día

- Por moción del señor Senador Korzeniak, el Senado resuelve considerar en último término el asunto que figura en primer lugar del Orden del Día.

12) "Josefa Camejo"

- Proyecto de ley por el que se designa el Jardín de Infantes Nº 325 del departamento de Montevideo.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

14) Refugiado

- Proyecto de ley por el que se define su calidad y se dictan normas para su protección.

- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15 y 18) Día Nacional del Candombe, la Cultura Afrouruguaya y la Equidad Racial

- Proyecto de ley por el que se declara ‘Día nacional del candombe, la cultura afrouruguaya y la equidad racial’ el día 3 de diciembre.

- Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) Derechos y obligaciones de los pacientes

- Proyecto de ley por el que se regulan los derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios de los servicios de salud.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

19) Código Aeronáutico

- Proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 113 del Código Aeronáutico, relacionado con la realización de los servicios aéreos internos.

- Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

20) Código de la Niñez y la Adolescencia

- Proyecto de ley por el que se modifican disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, relativas a las infracciones a la ley penal y al proceso de detención policial.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

21) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 10 de noviembre de 2006.

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 14 de noviembre, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la reiteración de la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a efectos de designar en calidad de representante del Estado en el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo al economista Juan Arturo Echevarría Ignatenco.

Carp. Nº 602/06 - Rep. Nº 351/06

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2º) por el que se designa "Josefa Camejo" el Jardín de Infantes Nº 325 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. Nº 667/06 - Rep. Nº 360/06

3º) por el que se establece el Estatuto del Refugiado.

Carp. Nº 384/05 - Rep. Nº 361/06

4º) por el que se regulan los derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios de los servicios de salud.

Carp. Nº 202/05 - Rep. Nº 362/06

5º) por el que se sustituye el artículo 113 del Código Aeronáutico, relacionado con la realización de los servicios aéreos internos.

Carp. Nº 661/06 - Rep. Nº 363/06

6º) por el que se modifican disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, relativas a las infracciones a la ley penal y al proceso de detención policial.

Carp. Nº 613/06 - Rep. Nº 364/06

7º) por el que se modifican e incorporan disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, relativas al maltrato y a la violencia sexual a menores y adolescentes.

Carp. Nº 416/05 - Rep. Nº 365/06

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alfie, Amaro, Antía, Baráibar, Breccia, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gallinal, Heber, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Nicolini, Penadés, Percovich, Ríos, Rubio, Sanguinetti, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, el señor Presidente de la Cámara de Senadores, don Rodolfo Nin Novoa.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 4 minutos)

-Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba el Acuerdo de Sede entre la República Oriental del Uruguay y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para el funcionamiento en el territorio de la República de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR y su Secretaría Administrativa Permanente, suscrito en Montevideo, el 8 de diciembre de 2005.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- por el que se sustituye el literal D) del artículo 2º del artículo 341 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, referida a las competencias y organización de la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

- por el que se modifican los artículos 4º, 5º, 198 y 205 del Código Aeronáutico, aprobado por el Decreto-Ley Nº 14.305, de 29 de noviembre de 1974.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se declara "Día nacional del candombe, la cultura afrouruguaya y la equidad racial" el día 3 de diciembre de cada año.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

- por el que se aprueba el Protocolo V sobre los Restos Explosivos de Guerra a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, de 10 de octubre de 1980, y la Enmienda al artículo 1º de la referida Convención, realizada por la Segunda Conferencia de Examen, adoptada en diciembre de 2001.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- y aprobados en nueva forma los siguientes proyectos de ley:

- por el que se dispone el enriquecimiento de algunos alimentos, a efectos de prevenir enfermedades como la anencefalia y la espina bífida.

- A LA COMISION DE SALUD PUBLICA.

- por el que se concede una pensión graciable al señor Juan Antonio Iglesias Villar.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

- por el que se modifica el plazo para retirar las armas remitidas al Servicio de Material y Armamento del Ejército, por disposición judicial.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

La Presidencia del Senado da cuenta de la Resolución Nº 165/06, por la que dispone que la Secretaría de la Cámara de Senadores determinará la fecha de realización de los concursos para tres cargos de Directores Generales del Senado, no rigiendo por esta única vez y en forma excepcional el artículo 53 del Reglamento de Calificaciones y Concursos.

- TENGASE PRESENTE.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se define la calidad de refugiado y se dictan normas para su protección.

- por el que se modifican disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, relativas a las infracciones a la ley penal y al proceso de detención policial.

- por el que se modifican e incorporan disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, relativas al maltrato y a la violencia sexual a menores y adolescentes.

- por el que se sustituye el artículo 113 del Código Aeronáutico, relacionado con la realización de los servicios aéreos internos.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informado el proyecto de ley por el que se designa "Josefa Camejo" el Jardín de Infantes Nº 325 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- HAN SIDO REPARTIDOS. ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca eleva informado el proyecto de ley por el que se crea el Fondo Lechero y se establecen normas para su regulación.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informado el proyecto de ley por el que se regula el trabajo doméstico.

La Comisión de Defensa Nacional eleva informada la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir el ascenso al grado de Capitán de Navío de la Armada Nacional, con fecha 1º de febrero de 2006, a un señor Capitán de Fragata.

- REPARTANSE E INCLUYANSE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE MAÑANA."

4) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Luis Alberto Heber presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 308 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, en la redacción dada por la Ley Nº 18.034, de 16 de octubre de 2006, referida al funcionamiento de las Sociedades Comerciales.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

 "PROYECTO DE LEY

SOCIEDADES COMERCIALES

USUFRUCTO DE ACCIONES

 MODIFICACION  DEL ART. 308  DE LA LEY Nº 16.060,

EN EL TEXTO DADO POR LA LEY Nº  18.034

ARTICULO UNICO.- Sustitúyense los incisos cuarto y quinto del artículo 308 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, con el texto dado por la Ley Nº 18.034 de 16 de octubre de 2006, por los siguientes:

"El ejercicio de los demás derechos derivados de la calidad de accionista, inclusive la participación en los resultados de la liquidación, corresponderá al nudo propietario, salvo pacto en contrario y el usufructo legal. No se admitirá dicho pacto en contrario respecto de las acciones de sociedades que para el ejercicio de su objeto o de parte de él, o para la transferencia de sus acciones requieran de la autorización del Estado, quedando resuelto de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial o administrativa de especie alguna todo acuerdo privado celebrado con  posterioridad a la vigencia de esta ley, en lo que el mismo se oponga al presente, así como los derechos conferidos en función de dichos acuerdos. A estos efectos el acto devendrá nulo de pleno derecho.

Cuando las acciones no estén totalmente integradas el usufructuario para conservar sus derechos deberá efectuar los pagos que correspondan, sin perjuicio de repetirlos contra el nudo propietario."

Montevideo,  7 de noviembre de 2006

 Luis Alberto Heber. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Recientemente fue aprobado un Proyecto de Ley por el cual se modifica el artículo 308 de la Ley Nº 16.060 introduciendo restricciones a los pactos efectuados entre los particulares respecto al usufructo de acciones.

El texto del Proyecto que fuera enviado por el Poder Ejecutivo tuvo varias modificaciones y en la sesión del Senado que se aprueba se presentó antes de la votación un texto sustitutivo, que si bien lo votamos, manifestamos que no habíamos tenido el tiempo para analizarlo en profundidad.

Una vez analizado el artículo en profundidad y luego de haber recibido algunos comentarios respecto a los perjuicios que dicha norma podría ocasionarle al Estado, resultante de las demandas que instauren aquellas personas que se sientan lesionadas por la anulación de pleno derecho, con efecto retroactivo, de los pactos entre nudos propietarios y usufructuarios de acciones que se hubieren realizado con anterioridad y basados en una norma legal vigente, es que venimos a presentar este nuevo Proyecto de Ley por el cual se quita la retroactividad de la norma y se declaran nulos los pactos que se realicen con posterioridad a la vigencia de la modificación introducida al artículo 308 de la Ley Nº 16.060.

Montevideo, 7 de noviembre de 2006

Luis Alberto Heber. Senador."

5) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Jorge Larrañaga, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP), relacionado con el Contrato Marco de Compra-Venta de Crudo y/o Productos con PDVSA, de fecha 29 de julio de 2005."

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO

(Texto del pedido de informes:)

"31 de octubre de 2006.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de solicitar se remita el presente Pedido de Informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP), de conformidad con el artículo 118 de la Constitución de la República.

En función del Contrato Marco de Compra - Venta de Crudo y/o Productos con PDVSA de fecha 29 de julio de 2005, dentro del Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas suscripto entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Oriental del Uruguay el 2 de marzo de 2005, solicitamos se nos informe:

1- Cuál es la forma de pago que dicho Contrato Marco prevé para las compras de petróleo crudo que ANCAP realice a PDVSA.

2- Monto que ANCAP adeuda a PDVSA por las compras de petróleo crudo realizadas entre el 1º de marzo de 2005 y el 31 de octubre de 2006, expresado en dólares americanos y forma en que se documenta dicha deuda.

3- Volumen de petróleo crudo adquirido mensualmente por ANCAP a PDVSA entre el 1º de marzo de 2005 y el 31 de octubre de 2006, expresado en número de barriles, fecha detallada de cada una de las compras y precio al que se ha comprado.

4- Monto mensual de dichas compras expresado en dólares americanos.

5- Monto de intereses que ANCAP ha pagado a PDVSA desde el 1º de marzo de 2005 a la fecha, por la deuda generada por el acuerdo de suministro, expresados en dólares americanos.

6- Monto de intereses que a la fecha ANCAP adeuda a PDVSA por las compras realizadas de petróleo crudo, expresados en dólares americanos.

7- Fecha de vencimiento del Contrato Marco y si se está pensando renovar el mismo en caso de vencimiento.

8- Si de acuerdo a las especificaciones técnicas de las unidades de refinería, de la Refinería de la Teja, el petróleo crudo adquirido a Venezuela es el más indicado para optimizar el proceso de refinado.

9- Si las compras de petróleo crudo realizadas a Venezuela de acuerdo al contrato marco son las únicas realizadas para obtener materia prima para refinar, o si existe algún otro proveedor; y en caso afirmativo forma de compra y detalle de los vendedores y precio pagado en el período 1 de marzo de 2005 y el 31 de octubre de 2006.

Jorge Larrañaga. Senador."

SEÑOR NICOLINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NICOLINI.- Señor Presidente: simplemente, queremos solicitar un cuarto intermedio hasta la hora 17 y que este Cuerpo autorice a la Comisión de Constitución y Legislación a seguir sesionando hasta esa hora. Como es sabido, ya habíamos pedido la suspensión de la hora previa de esta sesión del Senado, pero no habíamos solicitado que la reunión comenzara a la hora 17. A efectos de corregir eso, formulamos moción para que el Senado pase a cuarto intermedio hasta esa hora y autorice a la mencionada Comisión a seguir trabajando para recibir a las delegaciones cuya visita ya estaba prevista.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Nicolini.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio hasta la hora 17.

(Así se hace. Es la hora 16 y 9 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 17 y 13 minutos)

6) INASISTENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias, en el caso de que existieran.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

En la sesión ordinaria del 8 de noviembre, faltó con aviso el señor Senador Lorier.

En lo que respecta a las inasistencias de los señores Senadores a sus respectivas Comisiones, cabe informar que:

- A la sesión de la Comisión de Hacienda del 9 de noviembre faltaron, con aviso, los señores Senadores Couriel, Larrañaga y Michelini.

- A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del mismo día faltaron, con aviso, los señores Senadores Lorier y Penadés.

- A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del mismo día faltaron, con aviso, los señores Senadores Baráibar y Lorier.

- A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del mismo día faltó, con aviso, el señor Senador Lorier.

- A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 13 de noviembre faltó, con aviso, el señor Senador Heber.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Dalmás solicita licencia desde el 17 al 23 de noviembre".

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 14 de noviembre de 2006

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside licencia por los días 17 al 23 de noviembre, convocando a mi suplente correspondiente, según lo dispuesto en la Ley 17.827 inciso C.

El motivo es por participar en la V Asamblea Plenaria del Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA) que tendrá lugar en la ciudad de Bogotá.

Se adjunta invitación.

Saluda atentamente,

Susana Dalmás. Senadora ."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-14 en 17. Afirmativa.

8) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica al Cuerpo que el señor Ruben Obispo ha presentado nota de desistimiento informando que por esta única vez no acepta la convocatoria al Cuerpo, por lo que corresponde convocar al señor José Carlos Mahía.

9) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Alfie solicita licencia entre los días 20 al 24 inclusive del corriente mes".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 14 de noviembre de 2006

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a Ud. se sirva autorizar al suscrito a hacer uso de licencia reglamentaria por el período comprendido entre los días 20 al 24 inclusive de los corrientes mes y año.

Por tanto, solicito a su vez se convoque, oportunamente, a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente,

Isaac Alfie. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 15 en 16. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplemente respectivo.

10) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESIGNAR REPRESENTANTE DEL ESTADO EN EL DIRECTORIO DE LA CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la reiteración de la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a efectos de designar en calidad de representante del Estado en el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo al economista

Juan Arturo Echevarría Ignatenco. (Carp. Nº 602/06 - Rep. Nº 351/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 602/06

Rep. Nº 351/06

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 23 de octubre de 2006.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores.

El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a los efectos de reiterar -de conformidad a lo establecido en el artículo 187 inciso 2º de la Constitución de la República- la venia solicitada para designar en calidad de representante del Estado en el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo al Economista Juan Arturo Echevarría Ignatenco, cuyos antecedentes personales y técnicos se adjuntan al presente Mensaje.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori, María Julia Muñoz, José Mujica, Marina Arismendi, Azucena Berrutti, Martín Ponce de León, José Díaz, Reinaldo Gargano, Héctor Lescano, Mariano Arana, Víctor Rossi, Jorge Brovetto, Eduardo Bonomi.

CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES

Nombre: Juan Arturo Echevarría Ignatenco

Fecha de nacimiento: 22/04/1962

Cédula de identidad: 1.738.805-7

Lugar de nacimiento: Montevideo-Uruguay

Profesión: Economista

Dirección: Colón 1476/301

Teléfonos: 915 81 87 - 916 10 59 - 099 270 122

Mail: arecheva@adinet.com.uy

ESTUDIOS CURRICULARES

Primarios: Escuela México 1968-1973

Secundarios: Liceo Nº 26 1974-1978

Liceo Nº 34 1979-1980

Terciarios: Facultad de Ciencias Económicas 1981-1988

Profesión: Economista (título obtenido el 6/6/88) de acuerdo al plan 80.

ESTUDIOS EXTRA CURRICULARES

Inglés: Organización OPEC, nivel dos del curso update y cursos particulares que otorgan buen nivel de comprensión escrita. Preparación para rendir nivel First de Instituto Anglo.

Cursos de Upae sobre finanzas con el Cr. Ricardo Pascale.

EXPERIENCIA

En el año 1980 ingresé a trabajar en un Estudio Contable hasta el año 1986. Dos años antes de recibir el título de Economista renuncié a ese empleo para trabajar en forma independiente. Desde esa fecha, me desempeño en el asesoramiento a empresas en materia económica, financiera y contable. Dicho asesoramiento está encuadrado en lo que se conoce habitualmente como Estudio Contable, pero dado mi perfil, he puesto el acento en el área económica, brindado análisis de coyuntura, así como evacuando las principales dudas de los empresarios sobre la evolución del tipo de cambio, de la inflación, de la economía y otras interrogantes.

Por otra parte los vertiginosos cambios en la economía actual exigen la rápida adaptación de las empresas y esta realidad imprime al tipo de asesoramiento desarrollando una marcada exigencia, a trabajar sobre proyecciones de futuro y no con la vieja perspectiva de liquidar impuestos o presentar información de lo que ya aconteció. Otro aspecto relevante en el cual comúnmente he asesorado es en el uso de la tecnología en el área administrativa, buscando soluciones tecnológicas tanto en software como en diseño de procesos. Dichas soluciones buscan asegurar el control adecuado a la empresa guardando balance con los costos insumidos en su implementación. He trabajado en la preparación de proyectos de inversión, así como asesorando reiteradas veces acerca de la viabilidad económica de futuros emprendimientos.

En resumen, he asesorado firmas de los más variados rubros, entre ellas del ámbito productivo: curtiembres, industria de la vestimenta, de la madera, empresas constructoras e industria de Software; en el área servicios: empresas de informática, transporte, actividades de Zona Franca y financieras como Casa de cambio y fiduciaria. En cuanto al asesoramiento en el área estrictamente comercial el espectro es muy amplio; desde empresas del rubro gastronómico hasta estaciones de servicio.

A manera de ilustración, breve reseña de algunas de las empresas de mayor porte:

Curtiembre Vilomo S.A. Curtiembre de cuero ovino, Gerente administrativo 1987-1989

Onisul S.A. Fabricación de prendas de vestir, Gerente Administrativo 1989-1999. Esta empresas se dedicaba a la fabricación de prendas, tanto en cuero como en tela para la exportación, alcanzando a tener 100 dependientes en su plantilla y cerca de 200 empleados indirectos a través de talleres que confeccionaban para la firma. Sus ventas anuales rondaron el entorno del millón y medio de dólares.

Zona Franca Río Negro S.A. Explotadora de zona franca.

En el año 2001 la vinculación con esta empresa comienza con la realización de una Auditoría de gestión, para luego continuar como Gerente Administrativo y actualmente como Gerente General.

Concomitantemente con dichas actividades como funcionario interno de las mencionadas empresas, desempeñé tareas de asesor para las siguientes empresas:

Rualín S.A. (Curtiembre y exportadora de prendas de cuero, ganadora cinco años consecutivos (1994 a 1998) del Premio al Mayor Exportador en Peletería.

Esalan S.A. Fabricación y exportación de prendas de vestir en cuero vacuno y tela.

Caudín S.A. Casa de cambio

S.A. de Construcción y Montaje Don Fierro, Metalúrgica Argentina (Sub-contrato obra de construcción de la Torre de las Comunicaciones)

Trilce S.R.L. Editorial.

Estaciones de servicio automotriz: Malcar S.R.L. (Ancap), Felemark S.A. (PETROBRAS), Konsol S.A. (Texaco) y Colón S.C., Artenova S.A. y Sabrinal S.A. de compañía Esso.

Zenga S.A. Desarrollo y fabricación de productos de electrónica y programas de software para control de combustibles.

Valyker S.A. Exportador de software fundamentalmente al mercado español.

Deseos Mágicos S.R.L. fabricación y venta de colchones y sommiers.

Fiduciaria Ciudad Vieja S.A. Ficudiaria.

Entre los proyectos de inversión de mayor importancia se encuentran:

- proyecto para la instalación de Casa de Cambio Convención.

- proyecto para la adjudicación de la segunda estación de servicio en importancia del sello PETROBRAS.

- proyecto para la instalación de aserradero en el departamento de Tacuarembó.

REFERENCIAS PERSONALES

Cdor. Héctor Seoane Berriel. Asesor fiscal Nuevo Banco Comercial. Tel. part. 409 17 50.

Dr. y Esc. Monty Fain Ajdelman. Estudio Cerrito 534 esc. 501, Tel. 915 95 02 . 094 43 44 61.

Esc. Juan Mujica Collado. Estudio Guayabo 1718 esc. 606. Tel. 400 28 21 . 094 45 09 09."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Tiene la palabra la señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Tal como señalaba el señor Presidente, el Poder Ejecutivo está reiterando la propuesta para designar en el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo a este economista de 44 años, que se ha especializado en asesoramiento en materia económica, financiera y contable, en análisis de coyuntura económica, en evolución del tipo de cambio y de la inflación, en prospectiva económica, en asesoramiento en la parte tecnológica del área administrativa y en diseño de procesos en los proyectos de inversión. De esta forma, ha asesorado a un sinnúmero de empresas, por lo que su perfil se adecua al cargo para el que se le está proponiendo, es decir, para integrar la Corporación Nacional para el Desarrollo. Repito que esta es una reiteración que hace el Poder Ejecutivo.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: nosotros no vamos a acompañar esta solicitud de venia por la misma razón que expusiéramos en la ocasión anterior en que se presentó.

Ello no tiene relación con los méritos del economista Juan Arturo Echevarría Ignatenco, sino con el hecho de que, oportunamente, contribuimos y colaboramos con el Poder Ejecutivo para la designación de un calificadísimo ciudadano -me refiero al economista Ricardo Puglia, como Vicepresidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo y, luego, por razones que también explicamos con anterioridad, entendimos que esa confianza y ese respaldo no fueron honrados como correspondía. Por lo tanto, nos vamos a mantener en la posición de no acompañar esta venia.

11) ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Solicito que este tema se ubique como último punto del Orden del Día.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 14 en 19. Afirmativa.

En consecuencia, este primer punto pasa al último lugar del Orden del Día.

12) "JOSEFA CAMEJO"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el punto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se designa ‘Josefa Camejo’ el Jardín de Infantes

Nº 325 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.(Carp. Nº 667/06 - Rep. Nº 360/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 667/06

Rep. Nº 360/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Josefa Camejo" el Jardín de Infantes Nº 325 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 11 de octubre de 2006.

Ruben Martínez Huelmo

1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario.

Comisión de

Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura aconseja al Cuerpo aprobar el proyecto de ley, por el que se designa "Josefa Camejo" al Jardín de Infantes Nº 325 del departamento de Montevideo.

La propuesta cuenta con el apoyo de la Dirección, de la Comisión de Fomento, autoridades departamentales de Primaria, Consejo de Educación Primaria y Consejo Directivo Central de la ANEP.

Considerada por los historiadores y conocedores del tema como una heroína nacional, Josefa Venancio de la Encarnación Camejo fue una ilustre venezolana nacida el 18 de mayo de 1791.

Se dedicó con ardor a luchar por la independencia de su país, no sólo en su ámbito territorial sino en varias regiones de Venezuela.

A partir de la experiencia vivida en ese período, comenzó a renacer en ella el sentimiento luchador y revolucionario que la impulsaría a librar batallas en pro de la libertad de diversas regiones y de la necesidad de la participación de las mujeres en la gesta.

Es conocida la petición que hiciera Josefa Camejo al Gobernador de su Provincia, en la que mostraba su insatisfacción por no contar con las mujeres en el proceso de insurrección revolucionaria, exclamando: "el sexo femenino, señor Gobernador, no teme los horrores de la guerra, antes bien, el estallido del cañón no hará más que alentar, su fuego encenderá el deseo de libertad, que sostendrá a toda costa en obsequio del suelo patrio...".

Sin embargo, las autoridades reaccionan rechazando la petición de las mujeres y en su respuesta precisan: "dénsele al bello sexo las más expresivas gracias".

Esta mujer venezolana ha sido reconocida como heroína de su país y en los últimos años el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela aprobó el "Reglamento de la Orden Josefa Camejo" por iniciativa del Centro de Estudios de la Mujer de la UCV, para reconocer la labor de mujeres y hombres que han trabajado contra todo tipo de discriminación por razones de género.

Ampliar el conocimiento de las luchas de nuestros pueblos latinoamericanos y, a la vez, sacar de las sombras del olvido el papel que cumplieron nuestras patriotas mujeres, forma parte de nuestra deuda histórica.

Por lo expuesto, solicitamos al plenario la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 13 de setiembre de 2006.

Nora Castro, Miembro Informante; Pablo Alvarez López, Roque Arregui, Juan José Bruno, Federico Casaretto, José Carlos Mahía.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cultura

ACTA Nº 38

En Montevideo, el día nueve de noviembre del año dos mil seis, a la hora once y cinco minutos se reúne la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores.

Asisten la señora Senadora Margarita Percovich y los señores Senadores Alberto Cid, Ruperto Long, Leonardo Nicolini y Julio María Sanguinetti.

Faltan con aviso los señores Senadores Eduardo Lorier y Gustavo Penadés, quienes remiten nota justificando su inasistencia.

Concurren por haber solicitado audiencia: Por la Escuela Matriz de Enfermería Sub Director de la Escuela Matriz Ariel de los Santos, Directora General de la Escuela Alma Mater Gabriela Ibarne, Licenciada en Enfermería de la Escuela ADES Natalia Correa, representante de IDECAS María del Carmen García y representante de la Escuela de Enfermería IEE Iris Oliveri; Por el Grupo Archivos y Acceso a la Información Pública (GAIP) doctores Martín Prats, Roberto Gossi y la Licenciada Laura Bálsamo; y Por la Cámara de Industrias del Uruguay señor Enrique Clerici - Presidente de la Comisión de Comercio Interno, Miembro del Consejo Directivo de la Cámara de Industrias del Uruguay Ing. Hugo Donner - Presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Calidad Miembro del Consejo Directivo de la Cámara de Industrias del Uruguay y Dr. Pelayo Scremini - Responsable de la Unidad de Comisiones.

Preside el señor Senador Leonardo Nicolini, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaria el señor Secretario Alberto Martínez Payssé, con la colaboración de la funcionaria Susana Rodríguez.

ASUNTOS ENTRADOS:

Por Secretaría se da cuenta de los siguientes:

- Nota remitida por la Cámara de Industrias del Uruguay solicitando audiencia en relación con el proyecto de ley del Consejo de Capacitación Profesional.

- Nota remitida por la Asociación Nacional de Protección Animal (ANPA) solicitando audiencia en relación con los proyectos presentados por los señores Senadores Alberto Cid y Gustavo Penadés (Protección y/o Bienestar Animal).

- Nota remitida por el docente de italiano egresado del Instituto de Profesores Artigas e integrante de la Asociación Uruguaya de Docentes de Italiano (AUDI) solicitando audiencia en relación con la supresión de la enseñanza del idioma Italiano en el bachillerato por parte de las nuevas autoridades del Consejo de Educación Secundaria.

- CARPETA Nº 667/2006. "JOSEFA CAMEJO". Se designa el Jardín de Infantes Nº 325 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1292/2006.

- CARPETA Nº 671/2006. "LENGUAJE DE SEÑAS URUGUAYAS". Se establecen normas para su difusión. Proyecto de ley con exposición de motivos del señor Gustavo Lapaz. Distribuido Nº 1293/2006.

- PRIMERA MARATON DE TEATRO AMATEUR DEL AREA METROPOLITANA. Invitación.

ASUNTOS TRATADOS.

CARPETA Nº 667/2006. "JOSEFA CAMEJO". Se designa el Jardín de Infantes Nº 325 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1292/2006.

Por Secretaría se informa que ya cuenta con la aprobación de la Administración Nacional de Educación Pública.

Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Ruperto Long, quien lo hará en forma verbal.

CARPETA Nº 671/2006. "LENGUAJE DE SEÑAS URUGUAYAS". Se establecen normas para su difusión. Proyecto de ley con exposición de motivos del señor Senador Gustavo Lapaz. Distribuido Nº 1293/2006.

La señora Senadora Percovich informa que en la Comisión de Población, Desarrollo e inclusión están considerando modificaciones a la Ley Nº 16.095, relacionado con este tema por lo que propone solicitar en el Plenario la rectificación del trámite. Así se resuelve por unanimidad de presentes.

Acto seguido el señor Presidente le da la bienvenida a la delegación de la Escuela Matriz de Enfermería y les concede el uso de la palabra. Una vez finalizadas las intervenciones se le encomienda al señor Senador Cid hacer las consultas pertinentes ante el Ministerio de Educación y Cultura e informar posteriormente a la Comisión. Se retiran de Sala los representantes de la Escuela Matriz de Enfermería.

Carpeta Nº 541/2006. ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y AMPARO INFORMATIVO E INSTITUTO NACIONAL PARA LA INFORMACION PUBLICA. Creación. Proyecto de ley con exposición de motivos de las señoras Senadoras Susana Dalmás, Margarita Percovich, Lucía Topolansky y Mónica Xavier y los señores Senadores Alberto Breccia, Alberto Cid, Eleuterio Fernández Huidobro, José Korzeniak, Eduardo Lorier, Leonardo Nicolini, Luis Oliver, Enrique Rubio, Jorge Saravia, Albérico César Segovia y Víctor Vaillant. Distribuido Nº 941/2006.

El señor Presidente les da la bienvenida a los señores integrantes del Grupo Archivos y Acceso a la Información Pública (GAIP). Intervienen varios señores Senadores, una vez finalizadas las intervenciones a propuesta del señor Senador Long, la Comisión resuelve invitar para la próxima sesión a los doctores Carlos Delpiazzo y al Catedrático de la Universidad Católica Martín Risso Ferránd.

CARPETA Nº 663/2006. "CONSEJO DE CAPACITACION PROFESIONAL". Se modifica el Decreto-Ley Nº 14.869, de 23 de febrero de 1979. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1223/2006.

El señor Presidente le da la bienvenida y les concede el uso de la palabra a los señores Representantes de la Cámara de Industrias del Uruguay.

De lo actuado se procede a la toma de versión taquigráfica cuyas copias dactilografiadas lucen en los Distribuidos Nos. 1306, 1307 y 1308/2006, respectivamente y que forman parte integrante de la presente Acta.

A la hora doce y veinte minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Leonardo Nicolini Presidente

Alberto Martínez Payssé Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: la Comisión de Educación y Cultura aconseja, por unanimidad, aprobar este proyecto de ley por el que se designa con el nombre "Josefa Camejo" al Jardín de Infantes Nº 325 del departamento de Montevideo.

La propuesta cuenta con el apoyo de la Dirección, de la Comisión de Fomento, de las autoridades departamentales de Primaria, del Consejo de Educación Primaria y del Consejo Directivo de la ANEP.

Brevemente, me gustaría ilustrar a los señores Senadores sobre esta figura que tal vez no sea lo suficientemente conocida en nuestro país. Sin embargo, es considerada por los historiadores como una heroína nacional de la República de Venezuela. Ella nació el 18 de mayo de 1791 y su nombre completo es Josefa Venancia de la Encarnación Camejo, aunque es conocida con el nombre de "doña Ignacia".

Esta personalidad tuvo una activa participación en los sucesos revolucionarios. Concretamente, estuvo presente al estallar estos el 19 de abril de 1810, en la ciudad de Caracas, donde participó activamente a pesar de que tenía en ese entonces nada más que 19 años.

Al año siguiente, en 1811, estando en la localidad de Barinas, junto con un grupo importante de mujeres solicita participar en el ejército revolucionario. En ese momento, presenta un documento llamado "Representación que hace el bello sexo al Gobierno de Barinas", en el que este grupo de mujeres se pone a las órdenes del Gobierno revolucionario para participar en la defensa de San Fernando. La respuesta se les hizo llegar en una nota muy conocida en la que se les impide la participación pero se les dice: "dénsele al bello sexo las más expresivas gracias".

Ella continúa en su acción en diversos sucesos de la epopeya revolucionaria -en algunos con éxito y en otros, con fracaso- y, finalmente, bastante más adelante, ya consolidada la República, se retira a su provincia de origen, donde fallece en 1862.

La denominación a esta escuela es no sólo un reconocimiento específico a esta personalidad, sino también un reconocimiento a la labor de mujeres y hombres que han trabajado contra todo tipo de discriminación por razones de género.

Es cuanto tenemos para informar, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Desígnase `Josefa Camejo' el Jardín de Infantes Nº 325 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único.

(Se vota)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

13) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESIGNAR REPRESENTANTE DEL ESTADO EN EL DIRECTORIO DE LA CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: solicito que el primer punto del Orden del Día, cuyo tratamiento había sido postergado, se pase a considerar de inmediato.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 18 en 24. Afirmativa.

Continúa la consideración del informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la reiteración de la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a efectos de designar en calidad de representante del Estado en el Directorio de la Corporación Nacional para el Desarrollo al economista Juan Arturo Echevarría Ignatenco.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la venia solicitada.

(Se vota:)

- 16 en 22. Afirmativa.

Ha sido otorgada la venia solicitada por el Poder Ejecutivo.

14) REFUGIADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se establece el Estatuto del Refugiado (Carp. Nº 384/05 - Rep. Nº 361/06)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 384/05

Rep. Nº 361/06

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

INFORME

Al Senado:

Vuestra Comisión de Constitución y Legislación tiene el honor de informar sobre el Proyecto de Ley que regula el Estatuto de los Refugiados oportunamente presentado a consideración de este Cuerpo.

El refugiado es definido por la Convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado del 28 de julio de 1951 (y su modificatoria del 31 de enero de 1967), como aquella persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.

El refugio se distingue del asilo territorial, aunque son figuras conexas. El asilo territorial es una figura más amplia que el refugio, sobre la que no pesan ciertas limitaciones a la hora de otorgarse, que sí existen para la concesión del estatuto de refugiado. Por lo demás, el asilado territorial obtiene necesariamente del Estado asilante una protección territorial efectiva, lo que puede no suceder en el caso del refugiado. Por causa de los caracteres antes referidos, no se ha desarrollado una extensa legislación internacional sobre asilo territorial, salvo la Declaración 2312 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y su inclusión en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ha sido un cambio regulado a nivel latinoamericano en la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo Territorial.

El refugio en cambio ha sido ampliamente regulado a nivel internacional por las Convenciones referidas más arriba, además de encontrarse mencionado en varios otros instrumentos internacionales (Declaración Universal de Derechos Humanos; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convención sobre los Derechos del Niño; Declaración de Río de Janeiro sobre la Institución del Refugio). El Uruguay ha ratificado expresamente la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados mediante la Ley Nº 13.777 del 17 de octubre de 1969, por lo cual ha reconocido que el refugio, de acuerdo a la interpretación más aceptada del alcance del artículo 72 de nuestra Constitución, es un derecho inherente a la persona humana. Por todo ello, resulta pertinente que se establezcan los mecanismos internos necesarios tendientes a hacer efectiva la normativa internacional existente en la materia.

Descripción analítica del Proyecto:

El Título I del proyecto se denomina "Del Refugio y los Refugiados". El Capítulo I establece la definición del refugio y cuáles son las cláusulas de inclusión.

De acuerdo al artículo 1º toda persona tiene derecho a solicitar y recibir refugio en el territorio nacional, en salvaguarda de su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad y seguridad.

En el artículo 2º se prevén las cláusulas de inclusión, o sea los supuestos necesarios para que se pueda reconocer la calidad de refugiado.

Será reconocido como refugiado toda persona que:

"Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social, género, raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o -a causa de dichos temores- no quiera acogerse a la protección de tal país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o -a causa de dichos temores- no quiera regresar a él".

"Ha huido del país de su nacionalidad o careciendo de nacionalidad, ha huido del país de residencia porque su vida, seguridad o libertad resultan amenazadas por la violencia generalizada, la agresión u ocupación extranjera, el terrorismo, los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos o cualquier otra circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público".

En los artículos 3º y 4º se establecen las cláusulas de no aplicabilidad y de exclusión al refugio. Las primeras siguen en lo medular las disposiciones de la Convención del 51 al respecto y no ofrecen dificultades, las segundas se refieren a aquellas situaciones en que existen motivos fundados para considerar que la persona tuvo conductas de tal naturaleza que la excluyen de la consideración del otorgamiento de la calidad de refugiado, como por ejemplo que haya cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o de lesa humanidad.

Las hipótesis de ambos artículos, en puridad, regulan cláusulas de exclusión, pero está claro que la distinción entre no aplicabilidad y exclusión tiene el sentido de marcar que, en el primer caso, el régimen no se aplica por caracteres intrínsecos de la persona y que no guardan relación con su comportamiento (por ejemplo, ser ciudadano uruguayo), mientras que en el segundo caso -la exclusión- se refiere a situaciones en que se comprueba un comportamiento negativo y punible de las personas, las que pese a no tener impedimentos intrínsecos igual no pueden acceder al régimen por haberse comprobado dicho comportamiento.

El artículo 5º prevé las hipótesis de nulidad y revocación. Se ha querido diferenciar en el Proyecto a las causas de cesación que son pasibles de nulidad absoluta por tener un vicio esencial (y que requieren de "revocación"), de las causas de cesación "naturales" del régimen de refugiado que son aquellas previstas en el artículo 6º. Aunque la distinción tiene sentido, la referencia a la revocación tiene aquí un contenido de corte administrativo, que no condice con su significado jurídico en derecho civil. En este sentido el empleo del término revocación junto a la nulidad absoluta no es el mejor técnicamente, pues lo que es nulo absolutamente no precisa ser revocado.

Existirá nulidad (y por ende "revocación"), en los términos del artículo 5º, cuando luego del reconocimiento de la condición de refugiado se constate la falsedad de los fundamentos invocados, o que la persona esté comprendida en alguna de las situaciones previstas en el artículo 4º. De la misma forma, ésta se producirá cuando luego de haberse reconocido la condición de refugiado a un individuo, éste participe en delitos contra la paz, de guerra, contra la humanidad o haya realizado actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

El artículo 6º, por su parte, establece las cláusulas de cesación a las que hiciéramos referencia más arriba, las que retoman virtualmente las establecidas en la Convención del 51.

El Capítulo IV se compone de los artículos 7º al 9º que prevén el régimen de expulsión de quien ya ha perdido, o al que nunca le ha sido concedida, la condición jurídica de refugiado. El Proyecto optó no incluir en este régimen general de las expulsiones a aquellas que se derivan de la nulidad y revocación, las que se regulan en el mismo artículo 5º.

Se deduce que lo ha hecho porque en esos casos la expulsión se produce como consecuencia de una actitud ilícita o delictiva de la persona y por tanto se tiene la necesidad de hacer referencia a la conexión entre una posible solicitud de extradición y la expulsión. En cambio, esta referencia no será necesaria en las hipótesis previstas en el Capítulo IV, porque en los casos allí señalados la expulsión no se produce como consecuencia de un hecho ilícito.

En el Capítulo V (artículos 10 al 18), se enumeran los principios del refugio, que son la no discriminación, el no rechazo en frontera, la no devolución directa o indirecta al país del que se huye, la no sanción por ingreso ilegal al país, la interpretación y trato más favorable y la confidenciali-dad.

La protección de la confidencialidad de la información vinculada al refugio tiene un trato especial ya que su violación configura un delito, tipificado en el artículo 18 del Proyecto. Se trata de una hipótesis diferente de la prevista en la obligación de secreto tipificada el artículo 163 del Código Penal, la que incumbe solo a los funcionarios públicos.

En el Capítulo VI (19 al 22), se establecen los deberes y derechos del refugiado. Sus deberes se reducen a uno: la obligación de respetar el orden jurídico nacional. Sus derechos incluyen a la garantía del Estado para el goce y el ejercicio de sus derechos como cualquier habitante de la República; al derecho a la reunificación familiar, incluyéndose en la figura familiar al concubino, lo cual podría dar lugar a algún problema de prueba. El artículo 22 indica que durante la sustanciación del procedimiento, el solicitante de refugio tiene derecho a contar con un intérprete y comparecer con asistencia letrada, como una forma de garantizar el debido proceso.

El Título II del Proyecto se denomina "Organos" y en sus tres Capítulos se refiere a la creación y funcionamiento de la Comisión de Refugiados (CORE) y la Secretaría Permanente.

El artículo 28 prevé las competencias de la Comisión de Refugiados:

A) Reconocer o no la calidad de refugiado.

B) Aplicar las cláusulas de exclusión o cesación.

C) Anular o revocar el reconocimiento de la condición jurídica de refugiado.

D) Resolver sobre las solicitudes de reunificación famliar.

E) Resolver sobre las solicitudes de reasentamiento.

F) En general resolver en todos aquellos aspectos referidos a la condición de refugiados.

Asimismo, el artículo 29 establece que serán sus cometidos:

A) Planificar, promover y coordinar políticas en materia de refugio, relacionándose directamente a tales efectos, con cualquier institución pública o privada, nacional, internacional o extranjera, que fuese pertinente.

B) Coadyuvar en la búsqueda e implementación de soluciones duraderas para los refugiados.

C) Colaborar en la promoción de políticas educativas tendientes a difundir los derechos y deberes de los refugiados.

D) Dictar y aprobar su reglamento interno y el de la Secretaría Permanente.

La Comisión estará integrada con delegados del Poder Ejecutivo; del Poder Legislativo, de la Universidad de la República y de Organizaciones No Gubernamentales con competencia y práctica en materia de Derechos Humanos; y el ACNUR, como miembro invitado con voz pero sin voto. Los miembros serán honorarios. La sede de la CORE será el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por su parte, la Secretaría Permanente que se prevé en el artículo 30, tiene por cometido asesorar a la CORE y en tal sentido tomar conocimiento de cualquier solicitud de refugio, sustanciar la situación del refugiado y sus familiares, recibir el testimonio del solicitante y sus pruebas, y practicar las diligencias probatorias.

El Título III del Proyecto se denomina "Del Procedimiento" y regula en sus cuatro Capítulos los aspectos relativos a las formas, trámites y plazo de presentación de las solicitudes, incluyendo situaciones especiales, como las de los menores solicitantes, los pasajeros clandestinos o la necesidad de entrevistar a la mujer del solicitante de refugio.

El artículo 39 determina que la resolución definitiva que reconozca, rechace, revoque, anule o cese la condición de refugiado, deberá ser notificada en forma personal al solicitante y a la oficina que represente los intereses de ACNUR en un plazo no mayor de tres días hábiles.

El artículo 40 establece el régimen de los recursos contra las resoluciones de la Comisión, reenviando a las disposiciones constitucionales que prevén el régimen general en la materia (artículos 317 a 319 que se refieren a la posibilidad de interponer recursos de revocación contra los actos de la administración). La interposición de dichos recursos tendrá carácter suspensivo respecto a la enajenación de la resolución.

En el artículo 41 se prevén las soluciones que se darán cuando concurran solicitudes de extradición y de refugio indicando que el reconocimiento definitivo de la condición de refugiado configura la denegatoria automática al pedido de extradición o entrega de la persona requerida, lo cual es conteste con la naturaleza del instituto.

El Título IV se denomina "Documentos de Identidad y Viaje- Facilidades Procesales". De forma conteste con la Convención del 51 se reconoce aquí el derecho de todo solicitante de refugio a que se le provea un documento de identificación provisorio hasta que recaiga resolución firme sobre la solicitud de refugio, momento a partir del cual dicho documento será sustituido por el mismo que se otorga a los residentes. En cuanto al documento de viaje, también corresponderá que se lo expida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Título V se denomina "Cooperación y Derecho Internacional". En primer lugar establece la posibilidad de solicitar asistencia técnica y financiera de ACNUR y de la comunidad internacional para las personas refugiadas.

El artículo 47, por su parte, determina que "en la materia regulada por la presente ley se aplicará directamente el derecho internacional, especialmente el relativo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados".

Esta disposición es inconstitucional, en lo que se refiere a la aplicación del derecho internacional convencional en nuestro país.

En efecto, en la redacción dada, entra en colisión con lo dispuesto por nuestra Constitución en su artículo 85, en su numeral 7, respecto de la necesaria ratificación de los tratados internacionales, para que nuestro país quede vinculado por los mismos.

Esta norma constitucional no puede ser contradicha por una disposición de rango legal.

No puede establecerse que los tratados en materia de derechos humanos, humanitario y de refugiados se aplicarán en nuestro país con independencia de la correspondiente aprobación parlamentaria y ratificación.

Si, como parece, la disposición se está refiriendo a la posibilidad de que se aplique directamente el derecho internacional vigente (por ejemplo una Convención que entró en vigor y que el Uruguay pueda haber firmado pero que no ratificó aún), se estaría dando pié a que se aplique en la República una norma convencional internacional sin que se cumpla con el procedimiento constitucional previsto al respecto para que nuestro país se comprometa internacionalmente, lo cual es inconstitucional.

No se entiende por tanto cuál es el objeto de incluirla en este Proyecto y se sugiere su eliminación.

El Título VI, finalmente, establece simplemente en su artículo 48, una disposición general, según la cual los sustantivos y los pronombres personales referidos en el presente proyecto refieren tanto al varón como a la mujer.

Por lo expuesto, vuestra Comisión entiende de interés para nuestro país la adopción de este texto como ley de la República, con la salvedad de lo expuesto para el artículo 47, que se sugiere se elimine del Proyecto. Sin embargo, respecto de esta propuesta, no ha habido acuerdo en la Comisión, por lo que se pone a consideración del Senado.

Sala de la Comisión, el 4 de julio de 2006.

Sergio Abreu, Miembro Informante; Francisco Gallinal, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini, Luis Oliver, Margarita Percovich, Julio María Sanguinetti. Senadores.

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

TITULO I

DEL REFUGIO Y LOS REFUGIADOS

CAPITULO I

DEFINICION DE REFUGIO. CLAUSULAS DE INCLUSION

Artículo 1º. (Derecho al refugio).- Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir refugio en el territorio nacional, en salvaguarda de su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad y seguridad.

Artículo 2º. (Cláusula de inclusión).- Será reconocido como refugiado toda persona que:

A) Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social, género, raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o -a causa de dichos temores- no quiera acogerse a la protección de tal país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pue-da o -a causa de dichos temores- no quiera regresar a él.

B) Ha huido del país de su nacionalidad o careciendo de nacionalidad, ha huido del país de residencia porque su vida, seguridad o libertad resultan amenazadas por la violencia generalizada, la agresión u ocupación extranjera, el terrorismo, los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos o cualquier otra circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público.

CAPITULO II

CLAUSULAS DE EXCLUSION, NULIDAD Y REVOCACION

Artículo 3º. (Cláusulas de no aplicabilidad).- No tendrán derecho a gozar de la condición jurídica de refugiados en territorio uruguayo:

A) Los ciudadanos uruguayos.

B) Las personas que reciben protección o asistencia actual de un órgano u organismo de la Organización de las Naciones Unidas, distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Cuando esta protección o asistencia haya cesado por cualquier motivo, sin que la suerte de tales personas se haya solucionado definitivamente, con arreglo a las resoluciones aprobadas sobre el particular por la Asamblea General de las Naciones Unidas, dichas personas tendrán el derecho a los beneficios del régimen establecido en el artículo 2º de la presente ley.

C) Las personas que gocen de la protección de las autoridades competentes en el país en que han fijado residencia, en iguales condiciones que los nacionales de ese país.

Artículo 4º. (Cláusulas de exclusión).- No tendrán derecho a gozar de la condición jurídica de refugiado en territorio uruguayo, las personas respecto de las cuales existen motivos fundados para considerar que:

A) Han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, tal como se hayan definido por el derecho internacional.

B) Han cometido un grave delito común, en consonancia con los principios de derecho universalmente aceptados, fuera del territorio nacional y antes de ser admitidas en él como refugiados.

C) Se han hecho culpables de actos contrarios a los propósitos y principios de la Organización de las Naciones Unidas.

Artículo 5º. (Nulidad y revocación).- Cuando a posteriori del reconocimiento de la condición jurídica de refugiado, se constate fehacientemente la falsedad de los fundamentos invocados para el reconocimiento de la condición de refugiado, o que la persona se hallaba comprendida en alguna de las situaciones previstas en el artículo 4º de la presente ley, cesará la condición de refugiado por la nulidad absoluta del reconocimiento oportunamente otorgado, el cual será revocado de inmediato, declarándose nulo.

De comprobarse fehacientemente que una persona, luego de haber obtenido el estatuto de refugiado, se ha hecho partícipe de algunos de los actos referidos en los literales A) y C) del artículo 4º, se revocará su condición de refugiado.

Con excepción de los casos en que resulte procedente la extradición, el Ministerio del Interior podrá decretar la expulsión del citado extranjero en un plazo no menor de treinta días. La orden de expulsión no se ejecutará hasta que se adopte resolución definitiva. La expulsión decretada determina la inhabilitación para el reingreso al país por un plazo de dos años.

CAPITULO III

PERDIDA DE LA CALIDAD DE REFUGIADOS

Artículo 6º. (Cláusulas de cesación).- Cesa la condición de refugiado en los siguientes casos:

A) Si el refugiado se ha acogido voluntariamente a la protección del país de su nacionalidad.

B) Si habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente.

C) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección de dicho país.

D) Si voluntariamente se ha establecido en el país que había abandonado o fuera del cual había permanecido por temor a ser perseguido.

E) Por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocido como refugiado.

F) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y habiendo desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones de regresar al país donde tenía su residencia habitual.

G) Si ha obtenido la ciudadanía legal uruguaya (literales A), B) y C) del artículo 75 de la Constitución de la República).

Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a los refugiados que puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección del país de su nacionalidad, razones imperiosas derivadas de una persecución anterior.

CAPITULO IV

REGIMEN DE EXPULSION

Artículo 7º. (Permanencia en el país).- En los casos de cesación o denegación de la condición jurídica de refugiado, el extranjero podrá optar por permanecer en el territorio nacional, en otra condición migratoria aplicable.

Artículo 8º. (Expulsión del solicitante de refugio denegado o refugiado cesado).- En caso de que el solicitante no haya sido reconocido como refugiado o al refugiado se le hubiere aplicado una cláusula de cesación y no califique para adquirir otra condición migratoria común, podrá decretarse su expulsión.

La resolución de expulsión será adoptada por el Ministerio del Interior y se concederá un plazo no menor de treinta días para que dicha persona abandone el país. La orden de expulsión no se ejecutará hasta que se adopte resolución definitiva.

En caso de expulsión decretada regirá la inhabilitación establecida en el inciso final del artículo 5º.

Artículo 9º. (Expulsión colectiva de refugiados).- Queda prohibida la expulsión colectiva de refugiados.

CAPITULO V

PRINCIPIOS DEL REFUGIO

Artículo 10. (Principios).- Toda solicitud de refugio impone al Estado respetar los siguientes principios:

A) No discriminación.

B) No rechazo en la frontera.

C) No devolución directa o indirecta al país donde su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad o seguridad estén en peligro.

D) No sanción por ingreso ilegal al país.

E) Interpretación y trato más favorable.

F) Confidencialidad.

Artículo 11. (No discriminación).- Ninguna autoridad estatal, institución, grupo o individuo establecerá discriminación de especie alguna por motivo de pertenencia a determinado grupo étnico o social, raza, género, religión, nacionalidad, ideología, posición económica u opiniones políticas respecto a un solicitante de refugio o a un refugiado.

Artículo 12. (No rechazo en frontera).- Todo funcionario público, en ejercicio de funciones de control migratorio en un puesto fronterizo de carácter terrestre, marítimo, fluvial o aéreo, se abstendrá de prohibir el ingreso condicional al territorio nacional a toda persona que manifieste su intención de solicitar refugio. Esta disposición se aplicará aun cuando el solicitante no posea la documentación exigible por las disposiciones legales migratorias o ésta sea visiblemente fraudulenta o falsificada.

Artículo 13. (No devolución).- Toda autoridad pública se abstendrá de devolver, expulsar, extraditar o aplicar cualquier otra medida que implique el retorno del solicitante o refugiado a las fronteras del país donde su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad o seguridad estén en peligro.

Artículo 14. (No expulsión de refugiados o solicitantes de refugio).- Toda autoridad pública se abstendrá de resolver la expulsión del territorio nacional de un solicitante de refugio o refugiado, hasta tanto exista resolución denegatoria firme sobre su caso. Si es necesario, la Comisión de Refugiados pedirá la asistencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para reasentar al refugiado en un tercer país.

La resolución que ordene la expulsión de un refugiado o solicitante de refugio podrá adoptarse únicamente por razones fundadas de seguridad u orden público y conforme a los procedimientos legales vigentes. Dicha resolución deberá ser notificada personalmente al interesado, quien tendrá derecho a asistencia letrada y podrá presentar los recursos previstos en el artículo 40 de la presente ley.

Artículo 15. (Ingreso ilegal).- El proceso administrativo o judicial tendiente a imponer sanciones penales o administrativas y las medidas de restricción ambulatoria aplicables que tengan su antecedente en el ingreso ilegal o fraudulento del solicitante al territorio nacional, quedarán en suspenso por orden del Juez competente hasta que se adopte resolución definitiva relativa a su solicitud de refugio. A quien se le haya reconocido como refugiado no se le impondrán sanciones penales ni administrativas por motivos que directa o indirectamente estén vinculados con el ingreso ilegal al país para solicitar refugio.

Artículo 16. (Reglas de apreciación).- Los órganos competentes evaluarán la totalidad de los antecedentes disponibles, aplicando el principio pro hominis a favor del solicitante, respecto a aquellos aspectos que no puedan ser debidamente acreditados.

Artículo 17. (Confidencialidad).- Los órganos creados por la presente ley y sus integrantes, no podrán facilitar información alguna relativa a las personas solicitantes o refugiadas. Toda la información que reciban de o sobre los solicitantes y refugiados es confidencial. Sólo podrá ser revelada por autorización expresa y escrita de la persona interesada o por resolución fundada de la Justicia competente.

No se admitirá otra excepción que las establecidas en la presente ley.

Artículo 18. (Violación de confidencialidad).- El que por cualquier medio facilitara alguna de las informaciones confidenciales a las que refiere el artículo anterior, será castigado con una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

CAPITULO VI

DEBERES Y DERECHOS DEL REFUGIADO

Artículo 19. (Deberes).- Todo refugiado y solicitante de refugio debe respetar el orden jurídico.

Artículo 20. (Derechos humanos).- El Estado debe garantizar a los refugiados y solicitantes de refugio el goce y ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y todos los demás derechos inherentes a la persona humana reconocidos a los habitantes de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado, así como en su normativa interna.

Artículo 21. (Derecho a la reunificación familiar).- La reunificación familiar es un derecho del refugiado. La condición de refugiado, a solicitud de éste, le será reconocida al cónyuge, concubino e hijos, así como a cualquier otro pariente por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, salvo que a su respecto le sea aplicable una cláusula de exclusión o de cesación.

Artículo 22. (Derecho a intérprete y asistencia letrada).- Durante la sustanciación del procedimiento de determinación, el solicitante de refugio tiene derecho a contar con un intérprete y a comparecer con asistencia letrada a todas las instancias del procedimiento.

TITULO II

ORGANOS

CAPITULO I

ORGANOS COMPETENTES EN LA DETERMINACION

Artículo 23. (Creación de la Comisión de Refugiados).- La determinación de la condición jurídica de refugiado le compete a la Comisión de Refugiados (CORE) que funcionará en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la integración y cometidos que regulan los artículos siguientes de la presente ley.

Artículo 24. (Integración).- La Comisión de Refugiados (CORE) estará integrada por:

A) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, designado por el Ministro.

B) Un representante de la Dirección Nacional de Migración, designado por el Ministerio del Interior.

C) Un representante de la Universidad de la República, designado por el Consejo de la Facultad de Derecho entre los docentes de la Cátedra de Derechos Humanos o disciplinas específicas.

D) Un representante del Poder Legislativo que será el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes o quien sea designado por la propia Comisión de entre sus miembros.

E) Un representante de una organización no gubernamental, sin fines de lucro, con competencia en la materia, designada por el Representante Regional o Nacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

F) Un representante de una organización no gubernamental, sin fines de lucro, cuyo objetivo y práctica esté centrada en los derechos humanos, designada por la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, o quien haga sus veces.

G) El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o su representante, será siempre miembro invitado para las reuniones de la Comisión de Refugiados, con derecho a voz pero sin voto.

Sin perjuicio de ello cada uno de los integrantes de la CORE será designado por cada autoridad competente conjuntamente con su alterno respectivo.

La Presidencia de la CORE será ejercida anualmente en forma rotativa entre los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.

Artículo 25. (Miembros honorarios).- Los miembros de la Comisión de Refugiados serán honorarios.

Artículo 26. (Sede).- La Comisión de Refugiados funcionará en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, que le brindará apoyo material y funcional.

CAPITULO II

COMETIDOS Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 27. (Quórum).- La Comisión de Refugiados sesionará con un quórum mínimo de tres miembros con voz y voto.

Artículo 28. (Competencia).- Compete a la Comisión de Refugiados:

A) Reconocer o no la calidad de refugiado.

B) Aplicar las cláusulas de exclusión o cesación.

C) Anular o revocar el reconocimiento de la condición jurídica de refugiado.

D) Resolver sobre las solicitudes de reunificación familiar.

E) Resolver sobre las solicitudes de reasentamiento.

F) En general resolver en todos aquellos aspectos referidos a la condición de refugiados.

Las resoluciones debidamente fundadas se adoptarán dentro de un plazo no mayor a noventa días de recibido el informe de la Secretaría Permanente, por mayoría de miembros presentes, requiriéndose un mínimo de tres votos favorables. En caso de empate el Presidente de la Comisión de Refugiados tendrá doble voto.

Artículo 29. (Cometidos).- Son cometidos de la Comisión de Refugiados:

A) Planificar, promover y coordinar políticas en materia de refugio, relacionándose directamente, a tales efectos, con cualquier institución pública o privada, nacional, internacional o extranjera, que fuese pertinente.

B) Coadyuvar en la búsqueda e implementación de soluciones duraderas para los refugiados.

C) Colaborar en la promoción de políticas educativas tendientes a difundir los derechos y deberes de los refugiados.

D) Dictar y aprobar su reglamento interno y el de la Secretaría Permanente.

CAPITULO III

SECRETARIA PERMANENTE

Artículo 30. (Secretaría permanente).- La Comisión de Refugiados integrará una Secretaría Permanente de carácter honorario, compuesta por un representante de la Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y un delegado de la agencia que representa en Uruguay los intereses de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Cada organismo integrante de la Secretaría Permanente designará el titular y el alterno respectivo.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o su representante, será siempre miembro invitado para las reuniones de la Secretaría Permanente, con derecho a voz pero sin voto.

Artículo 31. (Cometidos).- Son cometidos de la Secretaría Permanente asesorar a la Comisión de Refugiados (CORE) para lo cual deberá:

A) Tomar conocimiento de toda solicitud de refugio que se presente ante cualquier autoridad del Estado.

B) Sustanciar el procedimiento de examen de la situación del refugiado y sus familiares.

C) Recibir en forma personal el testimonio del solicitante y todas las pruebas que éste ofrezca.

D) Practicar las diligencias de confirmación y prueba que correspondan.

E) Llevar un registro de los solicitantes y refugiados y elaborar y proporcionar los datos estadísticos que le sean solicitados por las autoridades competentes.

F) Producir informe circunstanciado a la CORE sobre cada caso que la misma deba considerar.

G) Realizar todas las acciones tendientes al cumplimiento de su cometido.

TITULO III

DEL PROCEDIMIENTO

CAPITULO I

SOLICITUD Y TRAMITE

Artículo 32. (Solicitud).- La solicitud de refugio deberá presentarse en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad nacional, departamental o el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados con sede en el país o la oficina encargada de representar sus intereses.

Si la solicitud fuera verbal, se dejará constancia por escrito del contenido esencial de lo expresado por el solicitante.

La solicitud deberá contener, al menos, los nombres y apellidos del solicitante y su familia, nacionalidad, procedencia y toda otra condición relevante.

Artículo 33. (Requisito de la solicitud).- La autoridad que reciba la solicitud deberá remitirla sin demora a la Secretaría Permanente de la Comisión de Refugiados, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas de su recepción, remitiendo simultáneamente copia al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

La comunicación podrá ser dirigida en forma telegráfica, por fax o cualquier otra vía de comunicación idónea.

Artículo 34. (Trámite de la solicitud).- La Secretaría Permanente dará trámite a la solicitud.

La instrucción del asunto no podrá superar el plazo de noventa días contados a partir de presentada dicha solicitud. Concluida la misma, elevará a la Comisión de Refugiados (CORE) un informe sumario y sus conclusiones debidamente fundadas. Sin perjuicio de ello, la CORE tendrá acceso a todas las actuaciones realizadas.

Artículo 35. (Cooperación).- Los organismos públicos proporcionarán en forma urgente la información y documentación que solicite la Secretaría Permanente.

Artículo 36. (Niños, niñas o adolescentes no acompañados).- Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a solicitar y a que se reconozca su condición de refugiado, en forma independiente a las personas que ejercen su representación legal.

Cuando la solicitud sea realizada por un niño, niña o adolescente no acompañado, la Secretaría Permanente le asegurará la designación de asistencia letrada obligatoria dándole trámite en forma prioritaria. Asimismo, deberá comunicar el hecho en forma inmediata al Juez de Familia quien adoptará las medidas pertinentes. Es nula toda actuación que se hubiese realizado sin la presencia del defensor. En caso de duda sobre la edad de la persona se estará a la declarada por ésta mientras no mediaren estudios técnicos que establecieran otra edad.

Deberá prevalecer la defensa del interés superior del niño, niña o adolescente a lo largo de todas las ins-tancias del procedimiento. Todas las decisiones que sean adoptadas en el mismo deberán tomarse consideran-do el desarrollo mental y madurez del niño, niña o adolescente.

Artículo 37. (Pasajeros clandestinos).- Deberá per-mitirse ingresar al territorio uruguayo al pasajero clandestino que solicite el reconocimiento de la condición de refugiado.

Artículo 38. (Mujeres solicitantes de refugio).- Aun cuando no fuesen las solicitantes principales del reconocimiento de la condición de refugiado, las mujeres deberán ser entrevistadas individualmente. La reglamentación atenderá las características del procedimiento.

CAPITULO II

RESOLUCION DEFINITIVA

Artículo 39. (Notificación).- La resolución que reconozca, rechace, anule, revoque o establezca el cese de la condición de refugiado será notificada en forma personal al solicitante y a la oficina que representa los intereses del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en un plazo máximo de tres días hábiles, en la forma en que determine la reglamentación.

CAPITULO III

DE LOS RECURSOS

Artículo 40. (Recursos).- Las resoluciones adoptadas por la Comisión de Refugiados serán pasibles de impugnación por el régimen de recursos previstos en los artículos 317 a 319 de la Constitución de la República y demás disposiciones legales concordantes.

La interposición de los recursos tendrá efecto suspensivo sobre las resoluciones de expulsión.

CAPITULO IV

EXTRADICION Y REFUGIO

Artículo 41. (Extradición).- El reconocimiento definitivo de la condición de refugiado configura la denegatoria automática al pedido de extradición o entrega de la persona requerida.

Cuando los pedidos de extradición recaigan sobre solicitantes de refugio, será el Juez de la causa quien en forma excepcional, previo informe de la Comisión de Refugiados, adoptará resolución sobre la solicitud de refugio, antes de resolver sobre la extradición. De la misma forma se procederá cuando la solicitud de refugio sea posterior al pedido de extradición.

TITULO IV

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y VIAJE. FACILIDADES PROCESALES

Artículo 42. (Documento de identidad).- Todo solicitante de refugio tiene derecho a que se le provea de un documento de identificación provisorio expedido por la Dirección Nacional de Identificación Civil del Ministerio del Interior. Este documento será válido hasta que recaiga resolución firme sobre la solicitud de refugio.

Una vez reconocida la condición jurídica de refugiado, dicho documento será sustituido por el documento de identificación otorgado a los residentes.

Al refugiado se le expedirá el documento de identificación con la sola presentación de la constancia que acredita su calidad de refugiado, expedida por la Dirección Nacional de Migración. Dicho documento contendrá los datos filiatorios y la fecha y lugar de nacimiento del interesado, salvo casos de excepción debidamente fundados por el órgano emisor de la constancia.

Artículo 43. (Documento de viaje).- Todo refugiado tiene derecho a que se le provea del documento de viaje previsto por el artículo 28 de la Convención de 1951, sobre el Estatuto de los Refugiados. El Ministerio de Relaciones Exteriores será la autoridad nacional encargada de su expedición. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados cooperará en la provisión de los citados documentos.

Artículo 44. (Plazo de validez del documento de viaje).- El documento de viaje referido en el artículo anterior, tendrá validez por el término de dos años a contar de la fecha de su expedición y podrá ser renovado por igual período mientras se mantenga la condición jurídica del refugiado.

Artículo 45. (Facilidades procesales).- Las autoridades administrativas dispondrán lo necesario para la obtención de la documentación que normalmente sería expedida por su país de origen, nacionalidad o procedencia.

Las autoridades públicas facilitarán los mecanismos pertinentes para la aplicación de este criterio en todos los procedimientos e instancias en las que un solicitante de la condición de refugiado o un refugiado debiese acreditar un supuesto de hecho o de derecho, a cuyo fin precisara normalmente contactar a las autoridades de su país de origen.

TITULO V

COOPERCION Y DERECHO INTERNACIONAL

CAPITULO I

COOPERACION INTERNACIONAL

Artículo 46. (Cooperación internacional).- El Estado podrá solicitar la cooperación y asistencia técnica y financiera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de la Comunidad Internacional para la asistencia directa de las personas refugiadas.

CAPITULO II

APLICACION DIRECTA DEL DERECHO INTERNACIONAL

Artículo 47. (Aplicación).- En la materia regulada por la presente ley se aplicará directamente el derecho internacional, especialmente el relativo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados.

TITULO VI

DISPOSICION GENERAL

Artículo 48. (Sujetos de la ley).- Los sustantivos y pronombres personales utilizados en la presente ley serán interpretados de tal forma que abarquen tanto al varón como a la mujer.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 8 de noviembre de 2005.

Nora Castro Presidenta

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Comisión de

Derechos Humanos

INFORME

Señoras y señores Representantes:

Vuestra Comisión de Derechos Humanos tiene el honor de presentar al Plenario de la Cámara este proyecto de ley que busca regular orgánicamente la situación del refugiado en nuestro país. Este proyecto es el resultado de una intensa labor que desarrollamos junto a organizaciones que desde tiempo atrás han trabajado el tema desde la práctica, a lo que sumamos los aportes de calificados especialistas en la materia, como la señora Sub Secretaria de Relaciones Exteriores, Profesora Belela Herrera, la señora Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, doctora María Elena Martínez, los doctores Héctor Gros Espiell, Oscar López Goldaracena y Mariana Blengio.

Es necesario que en nuestro país se dicte una disposición interna de rango legal que colme el vacío existente en la materia del refugio y los refugiados, lo que ha sido motivo de preocupación por organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como de Organizaciones No Gubernamentales que asisten a los refugiados.

Según la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, un refugiado es una persona que "Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país...".

Como lo ha señalado ACNUR, "la noción de la protección remonta a tiempos inmemoriales, pero hoy en día el contexto es particularmente complejo y presenta nuevos desafíos.

Actualmente, los flujos migratorios, que se han intensificado con el progreso de los medios de comunicación, suelen reunir no solamente a refugiados y solicitantes de asilo, sino que también a millones de migrantes económicos en busca de una nueva vida, traficantes de seres humanos -un negocio de millones de dólares- y el impacto de la guerra global contra el terrorismo".

Mientras que a principios de 2004, a nivel mundial, se encontraban bajo la protección de ACNUR unos 17 millones de personas, incluyendo solicitantes de asilo, refugiados, desplazados internos, retornados y personas apátriadas, las cifras en nuestro país son de poco más de un centenar. Sin embargo, el problema es de una importancia tal que merece el debido tratamiento legislativo por parte de este Parlamento.

A nivel universal, el Estatuto del Refugiado se rige por la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y su Protocolo Adicional de 1967. Estos instrumentos internacionales, adoptados en el ámbito de las Naciones Unidas, fueron aprobados por la Ley Nº 13.777, de octubre de 1969. El desarrollo de dichas disposiciones hace necesario, para la determinación de la condición de refugiado, el dictado de la normativa conforme a la cual el solicitante de refugio pueda obtener la calidad de tal.

Para un país como el nuestro, que en las últimas décadas vio cómo sus habitantes debieron emigrar buscando refugio en naciones lejanas, insistimos nuevamente en la imperiosidad de prever en su normativa interna un estatuto para recibir a aquellos que por diversas circunstancias, vengan al Uruguay en búsqueda de refugio.

La idea rectora del presente proyecto tiene como objetivo central ser lo más transparente y abierto, en el sentido que contiene un sólido marco jurídico, más aún en el caso de nuestro país, que pretende dejar sentado en una ley, lo que ha sido desde larga data recogido en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de los Refugiados.

Este proyecto se enmarca dentro de la evolución orientada hacia la protección integral de la persona humana, una de cuyas manifestaciones recientes fue la adhesión por nuestro país a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, aprobada por la Ley Nº 17.722, de diciembre de 2003.

En definitiva el presente es un verdadero avance en el reconocimiento y desarrollo de los derechos humanos, en este caso, a través de la efectiva protección de quienes en situaciones de desprotección, sufrimiento y vulnerabilidad llegan a nuestro país solicitando refugio.

El proyecto que se somete a vuestra consideración se estructura en seis títulos, con una totalidad de cuarenta y ocho artículos.

El Título I se denomina "Del Refugio y los Refugiados", y en su primer capítulo se define lo que se entiende por refugio y cuáles son las cláusulas de inclusión.

En el artículo 1º, se le reconoce a toda persona el derecho a solicitar y recibir refugio en nuestro país, en salvaguardia de su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad y seguridad. De esta forma, estamos reconociendo otro de los derechos inherentes a la persona humana contenidos en el artículo 72 de nuestra Constitución y que fue desarrollado por diversos instrumentos internacionales. Citamos a modo de ejemplo el artículo 27 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 14.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 22.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En el artículo 2º se prevén las cláusulas de inclusión, que son los supuestos de hecho o de derecho que configuran los elementos para el reconocimiento de la calidad de refugiado.

En los artículos 3º y 4º se establecen las cláusulas de no aplicabilidad y de exclusión al refugio, detallando las circunstancias para la no calificación del status de refugiado.

Por su parte, las cláusulas de exclusión refieren a aquellas situaciones en que existen motivos fundados para considerar que la persona tuvo conductas de tal envergadura que la excluyen de la consideración del otorgamiento de la calidad de refugiado; entre otras, que haya cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o de lesa humanidad.

El artículo 5º prevé las hipótesis de nulidad y revocación. Existirá nulidad cuando luego del reconocimiento de la condición de refugiado se constate la falsedad de los fundamentos invocados, o que la persona esté comprendida en alguna de las situaciones previstas en el artículo 4º. La revocación por su parte procederá cuando luego de haberse reconocido la condición de refugiado, éste participe en delitos contra la paz, de guerra, contra la humanidad o haya realizado actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

El artículo 6º, por su parte, detalla las cláusulas de cesación.

En el Capítulo IV, del artículo 7º al 9º, se prevé el régimen de expulsión, siendo importante destacar que queda prohibida la expulsión colectiva de refugiados.

En el Capítulo V se desarrollan los principios del refugio, que son la no discriminación, el no rechazo en frontera, la no devolución directa o indirecta al país del que se huye, la no sanción por ingreso ilegal al país, la interpretación y trato más favorable, y la confidencialidad.

Quisiéramos destacar el principio pro hominis que se establece en el artículo 16. Este supone que en la apreciación de los antecedentes se tenga una visión humanista y favorable al solicitante de refugio.

De tal relevancia se ha entendido la protección de la confidencialidad de la información vinculada al refugio, que su violación configura delito, tipificado en el artículo 18.

En el Capítulo VI se establecen los deberes y derechos del refugiado, quien, al tiempo que debe respetar el orden jurídico, tiene el derecho, por el artículo 20, a la garantía en el goce y el ejercicio de sus derechos como cualquier habitante de la República. Se consagra especialmente el derecho a la reunificación familiar, a tal punto que se extiende la calidad de refugiado a su familia, incluyéndose al concubino, lo que constituye un avance en nuestra legislación, donde el concubinato more uxorio aún no está regulado.

Es de vital importancia tener presente el artículo 22, conforme al cual durante la sustanciación del procedimiento, el solicitante de refugio tiene derecho a contar con un intérprete y comparecer con asistencia letrada, como una forma de garantizar el debido proceso.

El Título II crea dos órganos, la Comisión de Refugiados (CORE) y la Secretaría Permanente.

La Comisión de Refugiados es la encargada de determinar la condición jurídica de refugiado, aplicar las cláusulas de exclusión o cesación, anular o revocar el reconocimiento a la condición jurídica del refugiado y en general resolver todo lo referido a esta situación. Sus cometidos son planificar, promover, coadyuvar, colaborar en todo lo relativo a las políticas en materia de refugio, creando soluciones duraderas para los refugiados y difundir sus derechos y deberes.

Debe destacarse de su integración el carácter pluriparticipativo, donde no sólo existen delegados oficiales del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo, de la Universidad de la República y de Organizaciones No Gubernamentales con competencia en la materia y cuya práctica esté centrada en los Derechos Humanos, incluyendo a ACNUR como miembro con voz pero sin voto.

Por su parte, la Secretaría Permanente, tiene por cometido tomar conocimiento de cualquier solicitud de refugio, sustanciar la situación del refugiado y sus familiares, recibir el testimonio del solicitante y sus pruebas, y practicar las diligencias probatorias, cumpliendo así el cometido instrumental para el que fue creada.

Debemos destacar que ambos órganos se crean en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que son de carácter honorario.

El Título III regula el procedimiento, estableciendo en primer lugar las formas y plazo de presentación de las solicitudes.

Se establece en el artículo 39 que la resolución definitiva que reconozca, rechace, revoque, anule o cese la condición del refugiado, deberá ser notificada en forma personal al solicitante y a la oficina que represente los intereses de ACNUR en un plazo no mayor de tres días hábiles.

En los artículos 36 y 38 se hace una especial consideración a la situación de los niños, niñas, adolescentes y mujeres solicitantes de refugio, donde se busca atender sus características y situaciones especiales, teniendo en cuenta el desarrollo mental y la madurez de los primeros y asegurando la confidencialidad de la entrevista personal para las últimas.

Merece una especial consideración el artículo 36 en lo que refiere a niños, niñas o adolescentes, a quienes ya el artículo 22 de la Convención sobre los Derechos del Niño les reconocía el derecho al Refugio, y a los efectos de la tramitación se siguen los principios establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia, Ley Nº 17.823, en su artículo 8º, armonizando así la legislación en la materia.

El artículo 40 establece el régimen de los recursos contra las resoluciones de la Comisión de Refugiados ("CORE"), remitiendo a las disposiciones constitucionales que prevén el régimen general en la materia (artículos 317 a 319). La particularidad en este aspecto lo constituye el carácter suspensivo que la interposición de los recursos tiene respecto a la ejecución de la resolución.

En el artículo 41 se establecen las soluciones que se darán cuando concurren solicitudes de extradición y de refugio.

En el Título IV, se regula lo referente a los documentos de identidad y viaje, así como las facilidades procesales tendientes a obtenerlos. Se parte del reconocimiento del derecho de todo solicitante de refugio a que se le provea un documento de identificación provisorio hasta que recaiga resolución firme sobre la solicitud de refugio, momento a partir del cual dicho documento será sustituido por el mismo que se otorga a los residentes.

Por su parte, el poseer un documento de viaje, es un derecho que se reconoce a todo refugiado, en los términos de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, siendo el Ministerio de Relaciones Exteriores la autoridad encargada de su expedición.

Las facilidades procesales que se establecen consisten en la obligación de las autoridades públicas de colaborar con el solicitante de refugio o refugiado en la obtención de documentación o informaciones provenientes de su país de origen, nacionalidad o procedencia, pues ciertamente será muy difícil para estas personas relacionarse con dichos países, por lo que corresponde a nuestras autoridades brindar el apoyo necesario en tal sentido.

El Título V refiere a la cooperación y derecho internacional. Se establece en primer lugar la posibilidad de solicitar asistencia técnica y financiera de ACNUR y de la comunidad internacional para las personas refugiadas. Por su parte, el artículo 47, dispone que en esta materia se aplicará directamente el derecho internacional especialmente el relativo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados, norma que mereció del doctor Gros Espiell, el día 22 de junio de 2005, al ser recibido por esta Comisión, el siguiente comentario: "esto es fundamental y es la primera vez que se dice en una ley uruguaya", siendo algo que "por sí solo justificaría la existencia de esta futura ley". Asimismo, al referirse al tema, señaló que "es cierto que la doctrina y en algunos casos históricos de la jurisprudencia, han entendido que el derecho internacional se aplica directamente al derecho interno, pero ninguna norma legislativa lo había reconocido oficialmente. De manera que este artículo (...), por sí solo, justifica todo el proyecto, porque evidentemente esto supone que en todos los casos no especialmente previstos por la norma, se aplica el Convenio de 1951 y el Protocolo de 1967 y, además, todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y todo el Derecho Internacional Humanitario". De esta forma, se establece expresamente un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos.

El Título VI finalmente, establece en su artículo 48, una disposición general, inspirada en la búsqueda de la equiparación de géneros, según la cual los sustantivos y los pronombres personales referidos en el presente proyecto refieren tanto al varón como a la mujer.

Es en tal contexto que se encuadra este proyecto, que para un pueblo como el nuestro, el pueblo oriental, que vivió en el Exodo junto a Artigas un refugio masivo, regula una materia pendiente.

Entendemos que la rápida aprobación por esta Cámara del proyecto de ley que se somete a vuestra consideración será una clara señal del avance de nuestro sistema jurídico en la protección integral de los derechos humanos.

Sala de la Comisión, 19 de octubre de 2005.

Daniela Payssé, Miembro Informante; Beatriz Argimón, Guillermo Chifflet, Gustavo A. Espinosa, Gonzalo Novales, Edgardo Rodríguez.

Carp. Nº 238/05

Rep. Nº 288/05

PROYECTO DE LEY

TITULO I

ESTATUTO DEL REFUGIADO

CAPITULO I

Definición de refugiado. Cláusulas de inclusión

Artículo 1º. (Derecho al refugio).- Toda persona tiene derecho a recibir refugio en el territorio nacional, en salvaguarda de su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad o seguridad.

Artículo 2º. (Cláusulas de inclusión).- Será reconocido como refugiado toda persona que:

A) Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social, género, religión, nacionalidad u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o a causa de dichos temores no quiera acogerse a la protección de tal país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.

B) Ha huido del país de su nacionalidad o, careciendo de nacionalidad, ha huido del país de residencia porque su vida, seguridad o libertad, resultan amenazadas por la violencia generalizada, la agresión u ocupación extranjera, el terrorismo, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos o cualquier otra circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público.

CAPITULO II

Cláusulas de exclusión y revocación

Artículo 3º. (Cláusulas de no aplicabilidad).- No tendrán derecho a gozar de la condición jurídica de refugiado en territorio uruguayo:

A) Las personas nacionales uruguayas.

B) Las personas que reciben protección o asistencia actual de un órgano u organismo de las Naciones Unidas, distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Cuando esta protección o asistencia haya cesado por cualquier motivo, sin que la suerte de tales personas se haya solucionado definitivamente, con arreglo a las resoluciones aprobadas sobre el particular por la Asamblea General de las Naciones Unidas, esas personas tendrán el derecho a los beneficios del régimen establecido en el artículo 2º de la presente ley.

C) Las personas que gocen de la protección de las autoridades competentes en el país en que han fijado residencia, en iguales condiciones que los nacionales de ese país.

Artículo 4º. (Cláusulas de exclusión).- No tendrán derecho a gozar de la condición jurídica de refugiado en territorio uruguayo, las personas respecto de las cuales existen motivos fundados para considerar que:

A) Han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, tal como se hallan definidos por la normativa internacional.

B) Han cometido un grave delito común, en consonancia con los principios de derecho universalmente aceptados; fuera del territorio nacional y antes de ser admitidas en él como refugiados.

C) Se han hecho culpables de actos contrarios a las finalidades y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 5º. (Revocación).- Cuando a posteriori del reconocimiento de la condición jurídica de refugiado se constate, fehacientemente, que la persona se halla comprendida en alguna de las situaciones previstas en el artículo 4º o se probara fehacientemente la falsedad de los fundamentos invocados para el reconocimiento de su condición de refugiado, se revocará de inmediato dicho reconocimiento.

Con excepción de los casos en que resulte procedente la extradición, el Ministerio del Interior podrá decretar la expulsión del citado extranjero en un plazo no menor de treinta días. La orden de expulsión no se ejecutará hasta que la decisión quede firme.

CAPITULO III

Pierden la calidad de refugiados. Cláusulas de cesación

Artículo 6º. (Cláusulas de cesación).- Cesa la condición de refugiado en los siguientes casos:

A) Si el refugiado se ha acogido voluntariamente a la protección del país de su nacionalidad.

B) Si habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente.

C) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección de dicho país.

D) Si voluntariamente se ha establecido en el país que había abandonado o fuera del cual había permanecido por temor a ser perseguido.

E) Por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocido como refugiado.

F) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones de regresar al país donde tenía su residencia habitual.

G) Si ha obtenido la ciudadanía legal uruguaya.

Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a los refugiados que puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección del país de su nacionalidad, razones imperiosas derivadas de una persecución anterior.

CAPITULO IV

Régimen de expulsión

Artículo 7º. (Permanencia en el país).- En los casos de cesación o de denegación de la condición jurídica de refugiado, el extranjero podrá optar por permanecer en el territorio nacional, en otra condición migratoria aplicable.

Artículo 8º. (Expulsión del solicitante de refugio denegado o refugiado cesado).- En caso que el solicitante no haya sido reconocido como refugiado o al refugiado se le hubiere aplicado una cláusula de cesación y no califique para adquirir otra condición migratoria común, podrá decretarse su expulsión.

La resolución de expulsión será adoptada por el Ministerio del Interior y se concederá un plazo no menor de treinta días, para que dicha persona pueda abandonar el país. La orden de expulsión no se ejecutará hasta que la decisión quede firme.

La expulsión decretada determina la inhabilitación para el reingreso al país por un plazo de dos años.

Artículo 9º. (Expulsión colectiva de extranjeros).- Queda prohibida la expulsión colectiva de extranjeros, sean o no refugiados.

CAPITULO V

Principios del refugio

Artículo 10. (Principios).- Toda solicitud de refugio impone al Estado respetar los siguientes principios:

A) No discriminación.

B) No rechazo en la frontera.

C) No devolución directa o indirecta al país donde su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad o seguridad estén en peligro.

D) No sanción por ingreso ilegal al país.

Artículo 11. (No discriminación).- Ninguna autoridad estatal, institución, grupo o individuo establecerá discriminación de especie alguna por motivo de pertenencia a determinado grupo étnico o social, género, religión, nacionalidad, ideología u opiniones políticas respecto a un solicitante de refugio o refugiado.

Artículo 12. (No rechazo en frontera).- Todo funcionario público, en ejercicio de funciones de control migratorio en un puesto fronterizo de carácter terrestre, marítimo, fluvial o aéreo, se abstendrá de prohibir el ingreso condicional al territorio nacional a toda persona que manifieste su intención de solicitar refugio. Esta disposición se aplicará aun cuando el solicitante no posea la documentación exigible por las disposiciones legales migratorias o ésta sea visiblemente fraudulenta o falsificada.

Artículo 13. (No devolución).- Toda autoridad pública se abstendrá de devolver, expulsar, extraditar o aplicar cualquier otra medida que implique el retorno del solicitante o refugiado a las fronteras del país donde su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad o seguridad estén en peligro.

Artículo 14. (No expulsión de refugiados o solicitantes de refugio).- Toda autoridad pública se abstendrá de resolver la expulsión del territorio nacional de un solicitante de refugio o refugiado, hasta tanto exista resolución denegatoria firme sobre su caso. En caso de ser necesario, la Comisión de Refugiados pedirá la asistencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para reasentar al refugiado en un tercer país.

Artículo 15. (Ingreso ilegal).- El proceso administrativo o judicial tendiente a imponer sanciones penales o administrativas y las medidas de restricción ambulatoria aplicables que tengan su antecedente en el ingreso ilegal o fraudulento del solicitante al territorio nacional, quedarán en suspenso por orden del Juez competente hasta que exista resolución firme relativa a su solicitud de refugio. A quien se le haya reconocido como refugiado no se le impondrán sanciones penales ni administrativas por motivos que directa o indirectamente estén vinculados con el ingreso ilegal al país para solicitar refugio.

Artículo 16. (Reglas de apreciación).- Los órganos competentes evaluarán la totalidad de los antecedentes disponibles, aplicando el principio pro hominis a favor del solicitante, respecto a aquellos aspectos que no puedan ser debidamente acreditados.

Artículo 17. (Confidencialidad).- Los órganos creados por esta ley y sus integrantes, no podrán facilitar información alguna relativa a las personas de los solicitantes o refugiados. Toda información que reciban de o sobre los solicitantes y refugiados es confidencial. Sólo podrá ser revelada por autorización expresa y escrita de la persona interesada o por resolución fundada de la Justicia competente.

No se admitirá otra excepción que las establecidas en la presente ley.

Quienes incumplieran el deber establecido en el presente artículo, serán sancionados con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

CAPITULO VI

Cooperación Internacional

Artículo 18. (Cooperación Internacional).- El estado podrá solicitar la cooperación y asistencia técnica y financiera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la comunidad internacional para la asistencia directa de las personas refugiadas.

CAPITULO VII

Deberes y derechos del refugiado

Artículo 19. (Deberes).- Todo refugiado debe respetar el orden jurídico.

Artículo 20. (Derechos humanos).- El Estado debe garantizar el goce y ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales y culturales y todos los demás reconocidos a los habitantes de la República.

Artículo 21. (Derecho a la reunificación familiar).- La reunificación familiar es un derecho del refugiado. La condición de refugiado, a solicitud de éste, le será reconocida al cónyuge, concubino e hijos, así como a cualquier otro pariente por consanguinidad o afinidad, salvo que a su respecto le sea aplicable una cláusula de exclusión o de cesación.

Artículo 22. (Derecho a intérprete y asistencia letrada).- Durante la sustanciación del procedimiento de determinación, el solicitante de refugio tiene derecho a contar con un intérprete. De igual manera, podrá comparecer con asistencia letrada a todas las instancias del procedimiento.

TITULO II

ORGANOS

CAPITULO I

Organos competentes en la determinación

Artículo 23. (Creación de la Comisión de Refugiados).- La determinación de la condición jurídica de refugiado le compete a la Comisión de Refugiados (CORE) que funcionará en la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la integración y cometidos que regulan los artículos siguientes.

Artículo 24. (Integración).- La Comisión de Refugiados (CORE) estará integrada por:

A) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, designado por el Ministro.

B) Un representante de la Dirección Nacional de Migración, designado por el Ministro del Interior.

C) Un representante de la Universidad de la República, designado por el Consejo de la Facultad de Derecho entre los docentes de la Cátedra de Derechos Humanos o disciplinas específicas.

D) Un representante del Poder Legislativo, que será el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, o quien sea designado por la propia Comisión de entre sus miembros.

E) Un representante de una Organización No Gubernamental, sin fines de lucro, con competencia en la materia, designada por el Representante Regional o Nacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

F) Un representante de una Organización No Gubernamental, sin fines de lucro, cuyo objetivo y práctica esté centrada en los Derechos Humanos, designada por la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ANONG), o quien haga sus veces.

G) El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o su representante, será siempre miembro invitado para las reuniones de la Comisión de Refugiados (CORE), con derecho a voz pero sin voto.

Sin perjuicio de ello cada uno de los integrantes de la Comisión de Refugiados (CORE), será designado por cada autoridad competente conjuntamente con su alterno respectivo.

La Presidencia de la Comisión de Refugiados (CORE) será ejercida anualmente en forma rotativa entre los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo.

En caso de empate el Presidente de la Comisión de Refugiados (CORE) tendrá doble voto.

Artículo 25. (Miembros honorarios).- Los miembros de la Comisión de Refugiados (CORE) serán honorarios.

Artículo 26. (Sede).- La Comisión de Refugiados (CORE) funcionará en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, que le brindará apoyo material y funcional.

CAPITULO II

Cometidos y funcionamiento

Artículo 27. (Quórum).- La Comisión de Refugiados (CORE) sesionará con un quórum de tres miembros que tengan voz y voto.

Artículo 28. (Competencia).- Compete a la Comisión de Refugiados (CORE):

A) Reconocer o no la calidad de refugiado.

B) Aplicar las cláusulas de exclusión o de cesación.

C) Revocar el reconocimiento de la condición jurídica de refugiado.

D) Resolver sobre las solicitudes de reunificación familiar.

E) Resolver sobre las solicitudes de reasentamiento.

F) En general resolver en todos aquellos aspectos referidos a la condición de refugiado.

Las resoluciones debidamente fundadas se adoptarán dentro de un plazo no mayor a noventa días de recibido el informe de la Secretaría Permanente, por mayoría simple de miembros presentes.

Artículo 29. (Cometidos).- Son cometidos de la Comisión de Refugiados (CORE):

A) Planificar, promover y coordinar políticas en materia de refugio, relacionándose directamente, a tales efectos, con cualquier institución pública o privada, nacional, internacional o extranjera, que fuese pertinente.

B) Coadyuvar en la búsqueda e implementación de soluciones duraderas para los refugiados.

C) Dictar y aprobar su Reglamento Interno y el de la Secretaría Permanente.

CAPITULO III

Secretaría Permanente

Artículo 30. (Secretaría Permanente).- La Comisión contará con una Secretaría Permanente, integrada por:

A) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.

B) Un representante de la Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior.

C) Un representante designado por la Organización No Gubernamental, integrante de la Comisión de Refugiados (CORE), relacionada en el literal E) del artículo 24 de la presente ley.

D) Los representantes referidos en los literales A) y B) del presente artículo, así como sus alternos, serán designados por los Ministerios que correspondan. En el caso del representante referido en el literal C), su alterno será designado por la misma Organización No Gubernamental que designa al titular, relacionada en el literal E), del artículo 24 de la presente ley.

E) El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o su representante, será miembro invitado para las reuniones de la Secretaría Permanente, con derecho a voz pero sin voto.

Artículo 31.- Son cometidos de la Secretaría Permanente asesorar a la Comisión de Refugiados (CORE) para lo cual deberá:

A) Tomar conocimiento de toda solicitud de refugio que se presente ante cualquier autoridad del Estado.

B) Sustanciar el procedimiento de examen de la situación del refugiado y sus familiares.

C) Recibir en forma personal el testimonio del solicitante y todas las pruebas que éste ofrezca.

D) Practicar las diligencias de confirmación y prueba que correspondan.

E) Llevar un registro de los solicitantes y refugiados y elaborar y proporcionar los datos estadísticos que le sean solicitados.

F) Producir informe circunstanciado a la Comisión de Refugiados (CORE) sobre cada caso que la misma deba considerar.

G) Realizar todas las acciones tendientes al cumplimiento de su cometido.

TITULO III

DEL PROCEDIMIENTO

CAPITULO I

Solicitud y trámite

Artículo 32. (Solicitud).- La solicitud de refugio deberá presentarse en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad nacional, departamental o el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con sede en el país o la Oficina encargada de representar sus intereses.

Si la solicitud fuera verbal, se asentará por escrito el contenido esencial de lo expresado por el solicitante.

La solicitud deberá contener, al menos, los nombres y apellidos del solicitante y su familia, nacionalidad, procedencia y toda otra condición relevante.

Artículo 33. (Requisitos de la solicitud).- La autoridad que reciba la solicitud deberá remitirla sin demora a la Secretaría Permanente de la Comisión de Refugiados (CORE), dentro del plazo máximo de veinticuatro horas de su recepción.

La comunicación podrá ser dirigida en forma telegráfica, por fax o cualquier otra vía de comunicación.

Artículo 34. (Trámite de la solicitud).- La Secretaría Permanente dará trámite a la solicitud.

La instrucción del asunto no podrá superar el plazo de noventa días. Concluida la misma, elevará a la Comisión de Refugiados (CORE) un informe sumario y sus conclusiones, debidamente fundadas. Sin perjuicio de ello, la Comisión de Refugiados (CORE) tendrá acceso a todas las actuaciones realizadas.

Artículo 35. (Cooperación).- Los organismos públicos, proporcionarán en forma urgente la información y documentación que solicite la Secretaría Permanente.

CAPITULO II

Resolución definitiva

Artículo 36. (Notificación).- La resolución que reconozca, rechace o establezca el cese de la condición de refugiado será notificada en forma personal al solicitante y a la Oficina que representa los intereses del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

CAPITULO III

De los recursos

Artículo 37. (Recursos).- Las resoluciones adoptadas por la Comisión de Refugiados (CORE) serán pasibles de impugnación por el régimen de recursos previstos en los artículos 317 a 319 de la Constitución de la República, y demás disposiciones legales concordantes.

La interposición de los recursos tendrá efecto suspensivo sobre las resoluciones de expulsión.

CAPITULO IV

Extradición y refugio

Artículo 38. (Extradición).- El reconocimiento definitivo de la condición de refugiado configura la denegatoria automática al pedido de extradición o entrega de la persona requerida.

Cuando los pedidos de extradición recaigan sobre solicitantes de refugio, será el Juez de la causa quien en forma excepcional, previo informe de la Comisión de Refugiados (CORE), adoptará resolución sobre la solicitud de refugio, antes de resolver sobre la extradición.

TITULO IV

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y VIAJE. FACILIDADES PROCESALES

Artículo 39. (Documento de identidad).- Todo solicitante de refugio tiene derecho a que se le provea de un documento de identificación provisorio expedido por la Dirección Nacional de Identificación Civil del Ministerio del Interior. Este documento será válido hasta que recaiga resolución firme sobre la solicitud de refugio.

Una vez reconocida la condición jurídica de refugiado, dicho documento será sustituido por el documento de identificación otorgado a los residentes.

Al refugiado se le expedirá el documento de identificación con la sola presentación de la constancia que acredita su calidad de refugiado, expedida por la Dirección Nacional de Migración, sin otro requisito documental.

Artículo 40. (Documento de viaje).- Todo refugiado tiene derecho a que se le provea del documento de viaje previsto por el artículo 28 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. El Ministerio de Relaciones Exteriores será la autoridad nacional encargada de su expedición. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) cooperará en la provisión de los citados documentos.

Artículo 41. (Plazo de validez del documento de viaje).- El documento de viaje referido en el artículo anterior, de la presente ley, tendrá validez por el término de dos años a contar de la fecha de su expedición y podrá ser renovado por igual período de tiempo mientras mantenga la condición jurídica de refugiado.

Artículo 42. (Facilidades procesales).- Las autoridades administrativas dispondrán lo necesario para la obtención de la documentación que normalmente sería expedida por su país de origen, nacionalidad o procedencia.

Las autoridades públicas facilitarán los mecanismos pertinentes para la aplicación de este principio en todos los procedimientos e instancias en las que un solicitante de la condición de refugiado deba acreditar un supuesto de hecho o de derecho, ocurrido con anterioridad a su ingreso al país.

TITULO V

APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL

Artículo 43. (Aplicación directa del Derecho Internacional).- En la materia regulada por la presente ley se aplicará directamente el Derecho Internacional, especialmente el relativo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados.

Artículo 44. (Sujetos de la ley).- Los sustantivos y pronombres personales utilizados en la presente ley serán interpretados de tal forma que abarquen tanto al varón como a la mujer.

Montevideo, 14 de junio de 2005.

Beatriz Argimón, Representante por Montevideo; Guillermo Chifflet, Representante por Montevideo; Gustavo Espinosa Mármol, Representante por Canelones; Gonzalo Novales, Representante por Soriano; Daniela Payssé, Representante por Montevideo; Edgardo Rodríguez, Representante por Tacuarembó.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley tiene como propósito colmar un importante vacío legal que sufre hasta el momento la legislación nacional y que ha provocado la preocupación de organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como de organizaciones no gubernamentales que asisten a los refugiados y autoridades académicas en la materia.

ANTECEDENTES

1) El refugio es un instituto de protección erigido por la comunidad internacional con la intención de velar por los derechos fundamentales del extranjero que por distintas circunstancias ha quedado desprotegido por su Estado de nacionalidad, domicilio, origen o residencia.

2) Entendido así al refugio como un derecho humano fundamental en el Uruguay ha reconocido por medio de varios instrumentos internacionales (artículo 14.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 22.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Convención de 1951 y Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados) es preciso entonces que la República Oriental del Uruguay establezca todos los procedimientos tendientes a garantizarlo.

3) El Estado uruguayo ha ratificado expresamente la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados mediante la Ley Nº 13.777, de 17 de octubre de 1969 y ha mantenido una tradicional política de apertura hacia los extranjeros que huyan de sus países por motivos derivados de distintas formas de persecución.

4) A nivel regional, los Ministros del Interior del MECOSUR, Bolivia y Chile, preocupados de la protección internacional que debe concederse a los individuos perseguidos por motivos de raza, nacionalidad, religión, grupo social, opinión política o víctima de violación grave y generalizada de los derechos humanos, reunidos en el marco de la VIII Reunión de Ministros del Interior del MERCOSUR, emitieron con fecha 10 de noviembre de 2000 la Declaración de Río de Janeiro sobre la Institución del Refugio donde expresaron en su Punto 1 que: "Es del todo conveniente que los Estados Partes del MERCOSUR y Bolivia y Chile, en carácter de países asociados, posean una norma jurídica específica sobre refugio, con disposiciones tendientes a establecer procedimientos armónicos sobre la materia".

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

1) Este proyecto recoge el concepto ampliado de refugio que articula la definición prevista en la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, con los términos de la Declaración de Cartagena de 1984, considerando también refugiado a toda persona que ha huido de su país de nacionalidad, domicilio o residencia, porque sus derechos fundamentales se ven amenazados por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos o cualquier otra circunstancia grave que haya perturbado el orden público del país de donde procede.

2) Asimismo, reafirma el principio de no devolución ya establecido en los instrumentos internacionales sobre refugio que implica que ningún refugiado, entendiendo en este término también al solicitante, cuyo procedimiento de determinación de la condición de refugiado esté todavía pendiente de resolución firme, pueda ser expulsado o devuelto al territorio de un país donde su vida o libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenecia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas.

3) Dentro de la protección integral de los derechos humanos que el presente proyecto de ley reafirma, la creación de una Comisión de determinación de la condición de refugiado se entiende de un valor fundamental para la efectiva garantía de los mismos.

CONSIDERACIONES FINALES

Con la aprobación del adjunto proyecto de ley la República Oriental del Uruguay, reafirma su condición de país abierto y solidario al extranjero perseguido por las razones expuestas y cumple con sus compromisos internacionales de derechos humanos.

Montevideo, 14 de junio de 2005.

Beatriz Argimón, Representante por Montevideo; Guillermo Chifflet, Representante por Montevideo; Gustavo Espinosa Mármol, Representante por Canelones; Gonzalo Novales, Representante por Soriano; Daniela Payssé, Representante por Montevideo; Edgardo Rodríguez, Representante por Tacuarembó.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

ACTA Nº 59

En Montevideo, el cuatro de julio del año dos mil seis, a la hora catorce y cuarenta minutos, se reúne la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, los señores Senadores Sergio Abreu, Francisco Gallinal, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini, Luis Oliver y Margarita Percovich.

Falta en uso de licencia el señor Senador Julio M. Sanguinetti.

Preside su titular el señor Senador Leonardo Nicolini.

Actúa en Secretaría, la señora Josefina Reissig, Secretaria de la Comisión con la colaboración de la funcionaria Gloria Mederos.

ASUNTOS ENTRADOS:

Nota de la Junta Departamental de Flores, que adjunta copia de las manifestaciones del señor Edil Ramón Urbeltz, relacionadas a la desocupación en el departamento.

ASUNTOS TRATADOS:

- CARPETA Nº 116/2005. UNION CONCUBINARIA. Regulación. Proyecto de ley sustitutivo de la señora Senado-ra Margarita Percovich. Disposiciones citadas. Distribuido Nº 706/2006. En consideración. Se pasa a votar. Se vota en general el proyecto de ley sustitutivo: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a la votación del articulado.

ARTICULO 1º. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. APROBADO SIN MODIFICACIONES.

ARTICULO 2º. Intervención de la señora Senadora Margarita Percovich y del señor Senador Rafael Michelini. Se vota: 5 en 7. Afirmativa. APROBADO CON MODIFICACIONES.

ARTICULO 3º. Intervención de la señora Senadora Margarita Percovich y del señor Senador José Korzeniak. Se vota: 5 en 7. Afirmativa. APROBADO CON MODIFICACIONES.

ARTICULO 4º. Se vota: 5 en 7. Afirmativa. APROBADO SIN MODIFICACIONES.

ARTICULO 5º. Se vota: 5 en 7. Afirmativa: APROBADO SIN MODIFICACIONES.

ARTICULO 6º. Se vota: 5 en 7. Afirmativa. APROBADO SIN MODIFICACIONES:

ARTICULO 7º. Se vota: 5 en 7. Afirmativa. APROBADO SIN MODIFICACIONES:

ARTICULO 8º. Intervención de la señora Senadora Margarita Percovich. Se vota: 5 en 7. Afirmativa. APROBADO CON MODIFICACIONES.

ARTICULO 9º. Se vota: 5 en 7. Afirmativa. APROBADO SIN MODIFICACIONES.

ARTICULO 10.- Se vota: 5 en 7. Afirmativa. APROBADO SIN MODIFICACIONES.

ARTICULO 11. Se vota: 5 en 7. Afirmativa. APROBADO SIN MODIFICACIONES.

ARTICULO 12. Se vota: 5 en 7. Afirmativa. APROBADO SIN MODIFICACIONES.

ARTICULO 13. Se resuelve desglosar este artículo y el inciso final del mismo pasaría a conformar otro artículo. Se vota el inciso primero del artículo: 5 en 7. Afirmativa. APROBADO CON MODIFICACIONES. Se vota el inciso final que pasa a conformar otro artículo: 5 en 8. Afirmativa. APROBADO CON MODIFICACIONES.

ARTICULO 14. Intervención de la señora Senadora Margarita Percovich, quien propone la eliminación de este artículo. Se vota: 0 en 7. Negativa. SUPRIMIDO.

ARTICULO 15. En consideración. Se vota: 5 en 7. Afirmativa. APROBADO SIN MODIFICACIONES.

ARTICULO 16. En consideración. Se vota: 5 en 8. Afirmativa. APROBADO SIN MODIFICACIONES.

ARTICULO 17. En consideración. Intervención de la señora Senadora Margarita Percovich y de los señores Senadores Rafael Michelini y José Korzeniak. Se resuelve desglosar este artículo y el inciso final del mismo pasaría a conformar otro artículo. Se vota el inciso primero del artículo: 5 en 8. Afirmativa. APROBADO CON MODIFICACIONES. Se

vota el inciso final que pasa a conformar otro artículo:

5 en 8. Afirmativa. APROBADO CON MODIFICACIONES:

ARTICULO 18. En consideración. Intervención del señor Senador José Korzeniak. Se vota: 5 en 8. Afirmativa. APROBADO CON MODIFICACIONES.

ARTICULO 19. En consideración. Intervención de los señores Senadores Rafael Michelini y José Korzeniak, y de la señora Senadora Margarita Percovich. Se desglosa el artículo y el inciso final pasa a conformar otro artículo. Se vota el inciso primero del artículo: 5 en 8. Afirmativa. APROBADO CON MODIFICACIONES. Se vota el inciso final del artículo que pasa a conformar otro artículo: 5 en 8. Afirmativa. APROBADO CON MODIFICACIONES.

Queda aprobado el proyecto de ley y se designa Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich, quién lo hará en forma escrita.

A continuación se prosigue con el Orden del Día.

- CARPETA Nº 384/2006. REFUGIADO. Se define su calidad y se dictan normas para su protección. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 602/2005. En consideración. Se vota en general y en particular. 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley. Se designa Miembro Informante al señor Senador Sergio Abreu, quién lo hará en forma verbal.

El proyecto de ley sustitutivo aprobado queda redactado de la siguiente forma:

"Proyecto de ley sustitutivo. I - LA UNION CONCUBINARIA

Artículo 1º. (Ambito de aplicación).- La convivencia ininterrumpida de al menos cinco años en unión Concubinaria more uxorio genera los derechos y obligaciones que se establecen en la presente ley (artículos 2º al 13); sin per-juicio de la aplicación de las normas sustantivas pertinentes a las uniones de hecho no reguladas por la presente norma.

Artículo 2º. (Caracteres).- A los efectos de esta ley se considera unión Concubinaria more uxorio a la situación de hecho derivada de la comunidad de vida de dos personas -cualquiera sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual- que mantienen una relación afectiva de índole sexual, de carácter exclusiva, singular, estable y permanente, sin estar unidas por matrimonio entre si y que no resulta alcanzada por los impedimentos dirimentes establecidos en los numerales 1º, 2º, 4º y 5º del artículo 91 del Código Civil.

Artículo 3º. (Asistencia recíproca).- Los concubinos se deben asistencia recíproca personal y material. Asimismo, están obligados a contribuir a los gastos del hogar de acuerdo a su respectiva situación económica.

Una vez disuelto el vínculo concubinario persiste la obligación de auxilios recíprocos durante un período subsiguiente, el que no podrá ser mayor al de la convivencia, siempre que resulte necesario para la subsistencia de alguno de los concubinos.

No tendrá derecho a alimentos aquel de los concubinos que haya sido condenado por el delito de violencia doméstica (artículo 321 bis del Código Penal), o por cualquier otro delito en perjuicio de su concubino o concubina, ascendientes o descendientes de éstos.

II - RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE LA UNION CONCUBINARIA

Artículo 4º. (Legitimación).- Podrán promover la declaratoria judicial de reconocimiento de la unión concubinaria los propios concubinos, actuando conjunta o separadamente.

Los hijos y sus descendientes podrán promover la acción de reconocimiento de la unión concubinaria, una vez operada la apertura legal de la sucesión de uno o ambos concubinos.

Artículo 5º. (Objeto).- La declaratoria de reconocimiento judicial del concubinato tendrá por objeto determinar lo siguiente:

A) La fecha de comienzo de la unión;

B) La indicación de los bienes que hayan sido adquiridos a expensas del esfuerzo o caudal común.

Artículo 6º. (Procedimiento).- El reconocimiento de la unión concubinaria se tramitará por el proceso voluntario (artículo 402 y siguientes del Código General del Proceso).

En todos los casos los concubinos que inician el procedimiento deberán proporcionar al tribunal el nombre y domicilio de las personas cuyos derechos patrimoniales derivados de una sociedad conyugal o de otra unión concubinaria, puedan verse afectados por el reconocimiento (artículos 404 y siguientes del Código General del Proceso).

Cuando el reconocimiento de la unión concubinaria sea promovido por uno solo de los concubinos, se intimará al otro o a sus herederos, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.

De deducirse oposición se seguirá el proceso extraordinario (artículo 346 y siguientes del Código General del Proceso), en el que deberá ser oído preceptivamente el Ministerio Público.

Artículo 7º. (Sociedad de bienes).- A solicitud expresa de ambos concubinos, el reconocimiento inscripto de la unión concubinaria dará nacimiento a una sociedad conyugal en cuanto le sean aplicables.

Constituida esta sociedad de bienes, se disuelve la sociedad conyugal o la sociedad de bienes derivada de concubinato anterior, que estuviere vigente entre uno de los concubinos y otra persona.

Si la constitución de esta sociedad de bienes se promueve en forma posterior al reconocimiento judicial del concubinato, previo a ello deberá reiterarse el procedimiento previsto en el inciso segundo del artículo anterior.

Artículo 8º. (Prohibiciones contractuales).- Entre los concubinos regirán las mismas prohibiciones contractuales previstas en la ley respecto de los cónyuges.


Los contratos realizados previamente a la unión concubinaria serán válidos en tanto no perjudiquen a terceros en lo referido a bienes familiares.

III - DISOLUCION DE LA UNION CONCUBINARIA

Artículo 9º. (Disolución de la unión concubinaria).- La unión concubinaria se disuelve en los siguientes casos:

A) Por sentencia judicial de disolución, dictada a petición de cualquiera de los concubinos, sin expresión de causa.

B) Por fallecimiento de uno de los concubinos.

C) Por la declaración de ausencia.

En los casos B) y C) la disolución deberá acreditarse en la sucesión o en los procedimientos de ausencia respectivamente.

Artículo 10. (Procedimiento para la disolución).- En el caso del literal A) del artículo 9 de la presente ley, la disolución de la unión concubinaria se tratamirá por el proceso extraordinario. (artículos 346 y siguientes del Código General del Proceso).

La sentencia que disponga la disolución de la unión concubinaria, deberá -previo dictamen del Ministerio Público- pronunciarse sobre los siguientes puntos:

A) Las indicaciones previstas en el artículo 5º de la presente ley, si no existiera previo reconocimiento judicial del concubinato.

B) Lo relativo a la tenencia, guarda, pensión alimenticia y visitas de los hijos nacidos de dicha unión, así como los alimentos contemplados en el artículo 3º de la presente ley.

C) Lo relativo a cuál de los concubinos permanecerá en el hogar familiar, sin perjuicio de la resolución anticipada sobre exclusión del mismo para alguno de los concubinos, si ello se hubiera decretado como medida previa.

El tribunal procurará que las partes lleguen a un acuerdo sobre todos o algunos de esos puntos y, en su defecto, pronunciará providencia solucionando provisoriamente aquellos sobre los que persista el desacuerdo.

Artículo 11. (Facción del Inventario).- Dentro de los 30 días hábiles posteriores a que haya recaído sentencia firme, por la que se disponga la disolución de la unión concubinaria, se procederá a la facción de inventario en autos de las deudas y bienes adquiridos a título oneroso por los concubinos, durante el período de vigencia de la unión.

Si se suscitare controversia o existieren reclamos, se dejará constancia en acta, tramitándose por el proceso extraordinario ante la misma Sede y por cuerda separada.

Artículo 12. (Derechos sucesorios).- Disuelto el concubinato por fallecimiento de uno de sus integrantes, el concubino sobreviviente tendrá los derechos sucesorios que el artículo 1026 del Código Civil consagra para el cónyuge.

Existiendo cónyuge supérstite concurrirá con el concubino integrando la misma parte.

Asimismo, si se tratare de una persona mayor de 60 años de edad sin medios propios suficientes para asegurar su vivienda, que haya convivido en concubinato al menos durante los últimos diez años en forma ininterrumpida, tendrá el derecho real de uso y habitación previsto en los artículos 881.1 a 881.3 del Código Civil, respecto del inmueble que haya constituido el hogar de esta unión concubinaria.

IV - REGISTRO

Artículo 13.- Modifícase el inciso 1 primero del artículo 34 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, el que quedará redactado de acuerdo al siguiente texto:

"El Registro Nacional de Actos Personales tendrá cinco secciones: Interdicciones, Regímenes Matrimoniales, Uniones Concubinarias, Mandatos, Universalidades y Sociedades Civiles de Propiedad Horizontal".

Artículo 14.- Incorpórase a la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, la Sección 3.2. bis que se denominará "Sección Uniones Concubinarias" y seguidamente agréganse los artículos 39 bis 39ter con el siguiente texto:

"ARTICULO 39 bis. (Base de ordenamiento).- Esta Sección se ordenará en base a fichas personales de los concubinos.

Artículo 39ter. (Actos Inscribibles).- En esta Sección se inscribirán:

1) Los reconocimientos judiciales de concubinato.

2) Las constituciones de sociedades de bienes derivadas del concubinato.

3) Los casos de disolución judicial del concubinato, con excepción de la muerte de uno de los concubinos."

V - OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 15.- Agrégase al artículo 127 del Código Civil, el siguiente inciso:

"La obligación de fidelidad mutua cesa, si los cónyuges no viven de consuno".

Artículo 16.- La relación concubinaria no obsta a los derechos derivados de la relación laboral entre los concubinos, siempre que se trate de trabajo desempeñado de manera permanente y subordinada. Se presume dicha relación, salvo prueba en contrario, cuando uno de los concubinos asume ante terceros la gestión y administración del negocio o empresa de que se trate.

Artículo 17.- Modifícase el artículo 25 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 25.- (Beneficiarios).- Son beneficiarios con derecho a pensión:

A) Las personas viudas;

B) Los hijos solteros menores de veintiún años de edad y los hijos solteros mayores de veintiún años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo;

C) Los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo;

D) Las personas divorciadas;

E) Los concubinos.

Las referencias a padres e hijos comprenden el parentesco legítimo, natural o por adopción.

El derecho a pensión de los hijos, se configurará en el caso de que su padre o madre no tengan derecho a pensión, o cuando éstos, en el goce del beneficio, fallezcan o pierdan el derecho por cualquiera de los impedimentos establecidos legalmente."

Artículo 18.- Extiéndese a los concubinos todos los derechos y obligaciones de seguridad social previstos para los cónyuges.

Artículo 19.- En todas las normas materia de arrendamientos que otorguen beneficios a favor del cónyuge, se sustituirá la palabra cónyuge por la expresión "cónyuge, concubino o concubina."

Artículo 20.- Agrégase al Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, el artículo 36 bis con el siguiente texto:

"ARTICULO 36 bis.- El ex concubino podrá desalojar de la vivienda de su propiedad o sobre la que posee otro derecho real, a la persona con la que habitó en unión concubinaria, en los plazos y con la limitación de excepciones previstas en el Art. 35 de esta ley".

Artículo 21.- Agrégase al Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, el artículo 87.1 con el siguiente texto:

"ARTICULO 87.1.- El propietario o titular de un derecho real no podrá exigir que sus hijos de menos de 18 años de edad desocupen la vivienda, de la que es titular, salvo que se les proporcione o dispongan de otra que les permita vivir decorosamente."

De lo actuado se procede a la toma de la versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 971/2006, que forma parte de la presente Acta.

Finalizadas las intervenciones, a la hora quince y veinticinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria.

Leonardo Nicolini Presidente

Josefina Reissig Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: el proyecto de ley que tenemos a consideración regula el Estatuto del Refugiado y viene aprobado por la Cámara de Representantes.

Se trata de un tema pendiente en materia de derechos humanos, y creo que la Comisión lo ha entendido así. La aprobación de este proyecto va a significar un avance importante en la legislación nacional y nos va a permitir ponernos al día con los distintos mecanismos e instrumentos que, en materia de derechos humanos internacionales, hoy están siendo impulsados en todos los Estados y, particularmente, en la comunidad internacional.

El refugiado es definido por la Convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado del 28 de julio de 1951, como aquella persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.

El refugio se distingue del asilo territorial, aunque son figuras conexas. El asilo territorial es una figura más amplia que el refugio, sobre la que no pesan ciertas limitaciones a la hora de otorgarse, que sí existen para la concesión del estatuto de refugiado. Por lo demás, el asilado territorial obtiene necesariamente del Estado asilante una protección territorial efectiva, lo que puede no suceder en el caso del refugiado. Por esa causa, las legislaciones internacionales no han profundizado sobre el asilo territorial en una extensión tan pronunciada como la referida al refugiado, salvo la Declaración Nº 2312 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y su inclusión en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ha sido en cambio regulado a nivel latinoamericano en la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo Territorial.

El refugio ha sido ampliamente regulado a nivel internacional por las Convenciones referidas, además de encontrarse mencionado en varios otros instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración de Río de Janeiro sobre la Institución del Refugio. El Uruguay ha ratificado expresamente la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados mediante la Ley Nº 13.777, de 17 de octubre de 1969, por lo cual se ha reconocido, en la interpretación más aceptada del artículo 72 de nuestra Constitución, que el refugio es un derecho inherente a la persona humana. Por tanto, resulta pertinente que se establezcan los mecanismos internos necesarios para hacer efectiva la normativa internacional.

No vamos a ingresar en un análisis profundo de cada uno de los artículos, pero sí haremos, con relación al Título I, una mención y una referencia al informe por escrito que hemos presentado en la Comisión y que está a disposición de los señores Senadores. Concretamente, el Título I se denomina "Del Refugio y los Refugiados" y establece, en su artículo 1º, que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir refugio en el territorio nacional, en salvaguarda de su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad y seguridad.

El artículo 2º hace referencia a las cláusulas de inclusión, o sea, a los supuestos necesarios para que se pueda reconocer la calidad de refugiado.

En ese sentido, se establecen las condiciones por las cuales serán reconocidos como refugiados todas las personas que asuman y cumplan con los requisitos explicitados.

En los artículo 3º y 4º se establecen las cláusulas de no aplicabilidad y de exclusión del refugio. Las primeras siguen las normas medulares de la Convención de 1951 al respecto y no ofrecen dificultades. Y las segundas se refieren a aquellas situaciones en que existen motivos fundados para considerar que la persona tuvo conductas de tal naturaleza que la excluyen del otorgamiento de la calidad de refugiado.

Habría algunas consideraciones puntuales de carácter jurídico para hacer en cuanto a la diferencia de las cláusulas de exclusión y la de cese y revocación, de las cuales solamente dejamos constancia en el informe escrito para no abundar en la presentación oral ante el Senado. Sin embargo, simplemente voy a decir que tienen aspectos conceptuales diferentes y de alcance desde el punto de vista jurídico, sobre todo en las hipótesis de nulidad y revocación, como la simple referencia -de carácter legal- de que cuando se produce una nulidad absoluta es imposible proceder a su revocación dado que la nulidad, de por sí, no necesariamente tiene que estar respaldada por otra posterior. Esta es una diferencia dentro del ámbito del Derecho Civil y del Derecho Internacional.

Por otra parte, el Capítulo IV se compone de los artículos 7º al 9º, y prevé el régimen de exclusión de quien ya ha perdido o nunca le ha sido concedida la condición jurídica de refugiado.

En el Capítulo V, que abarca los artículos10 a 18, se establecen los Principios del Refugio y se describe en forma puntual la no discriminación y el no rechazo en la frontera, sobre lo cual es importante reflexionar habida cuenta de los millones de personas que están en calidad de refugiados. Actualmente estos principios se aplican en el Derecho Internacional y deben ser asumidos por nuestra legislación interna para también proteger a una innumerable cantidad de personas que se encuentran en esta situación. Según informe de ACNUR, habría 7:000.000 de personas en el mundo catalogadas como refugiadas. En concreto, los principios del refugio son: la no discriminación, el no rechazo en frontera, la no devolución directa o indirecta al país del que se huye, la no sanción por ingreso ilegal al país, la interpretación y trato más favorable y la confidencialidad. En este sentido, quiero hacer una referencia en cuanto a que la protección de la confidencialidad de la información vinculada con el refugio tiene un trato especial, ya que su violación configura un delito tipificado en el artículo 18 del presente proyecto de ley. Se trata de una hipótesis diferente a la prevista en la obligación del secreto tipificada en el artículo 163 del Código Penal, que incumbe solamente a los funcionarios públicos.

Además, en el Capítulo VI se establecen los Deberes y Derechos del refugiado.

Por su parte, el Título II del proyecto de ley se denomina "Órganos" y sus tres Capítulos se refieren a la creación y funcionamiento de la Comisión de Refugiados y de la Secretaría Permanente.

Asimismo, en el artículo 28 se prevén las competencias que están claramente establecidas y, en el 29, los cometidos de los órganos a que referí. Inclusive, se hace mención a la integración de esta Comisión con delegados del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de la Universidad de la República y de Organizaciones No Gubernamentales con competencia y práctica en materia de Derechos Humanos, y de ACNUR como miembro invitado, con voz pero sin voto en la CORE -así es como se llama la Comisión-, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Título III se denomina "Del Procedimiento" y regula en sus cuatro Capítulos los aspectos relativos a las formas, trámites y plazo de presentación de las solicitudes, incluyendo situaciones especiales, como las de los menores solicitantes. Se da especial tratamiento a los niños, niñas y adolescentes a los efectos de que estos tengan la debida protección legal y representación cuando se encuentren en las condiciones que prevé el proyecto de ley. En materia de refugiados, también se extiende al caso de concubinato la capacidad de ser protegidos, más allá de los procedimientos de información que cada país establezca para dar una efectiva protección.

Señor Presidente: la Comisión ha obtenido unanimidad de opiniones en cuanto al interés de adoptar este texto como ley y a la gran discrepancia que existe en torno al artículo 47. Esta disposición determina que "En la materia regulada por la presente ley se aplicará directamente el derecho internacional, especialmente el relativo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados". A juicio de la Bancada del Partido Nacional -y también a juicio del Miembro Informante- esta disposición es inconstitucional, por cuanto se refiere a la aplicación del Derecho Internacional Convencional en nuestro país. La redacción dada a este artículo entra en colisión con lo dispuesto por el numeral 7º del artículo 85 de la Constitución de la República. No es posible la aplicación directa del Derecho Internacional si no es a través de las disposiciones constitucionales que determinan la internacionalización de la norma, en función de que los Tratados deben ser aprobados por el Parlamento y después ratificados por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con los procedimientos que la propia Constitución establece. Considerando este artículo, si no se modificara la Constitución de la República estaríamos enfrentados a un acto de inconstitucionalidad claro y definido, que es la observación que hicimos en este sentido. Sé que puede haber opiniones diferentes, pero tenemos todos los antecedentes a disposición y, de acuerdo con las posiciones que se puedan sostener, podríamos ingresar en una discusión sobre cuál sería el alcance de esta inconstitucionalidad y sobre la diferencia que existe entre la autoejecutabilidad de las normas de Derecho Internacional y las disposiciones constitucionales, de forma de no vernos enfrentados a un error de carácter conceptual que pueda disimular la inconstitucionalidad que estamos consagrando mediante este artículo 47. Inclusive, hemos accedido a las versiones taquigráficas de la Cámara de Representantes y las posiciones vertidas por especialistas en el tema, quienes han sido consultados con posterioridad por algunas organizaciones. Por supuesto, la respuesta acerca del alcance y de la firmeza que tienen estas posiciones en la definición y en la defensa de la interpretación del artículo 47 queda a consideración de los señores Senadores.

Por ese motivo, se convino en la Comisión que este artículo 47 pudiera quedar librado a discusión, sin perjuicio de que todos los partidos políticos estamos a favor de este instrumento del refugiado como instituto complementario del asilo por ser un elemento muy importante en el avance del Derecho Internacional, sobre todo teniendo en cuenta la situación internacional que se plantea en forma cada día más acuciante en el ámbito del respeto y la protección de los Derechos Humanos en las situaciones que se multiplican, cada vez más, en la comunidad internacional.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Salvo que existiera alguna voluntad en contra, formulo moción para votar el proyecto de ley en bloque, con excepción del artículo 47 a fin de dar la posibilidad de intercambiar ideas sobre él.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 25 en 26. Afirmativa.

A continuación, se va a votar en bloque el articulado del proyecto de ley, con excepción del artículo 47.

(Se vota:)

- 28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 47.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: tal como lo ha explicado el Miembro Informante, este es un artículo que ha suscitado discusión no sólo en el Uruguay sino en muchos países, en el ámbito de la doctrina, tanto del Derecho Internacional como del Derecho Constitucional.

Esto es así, sobre todo, porque en el mundo jurídico todavía existe una controversia no terminada, que es la que estudia las relaciones entre el Derecho interno y el Derecho Internacional y trata de determinar cuál es soberano con respecto al otro. Esa es una discusión que no se puede dar por terminada, entre otras cosas, porque siguen vigentes dos teorías muy prestigiosas: una, la teoría dualista, que distingue un orden jurídico -que es el orden jurídico internacional- y otra monista, que dice que el Derecho interno y el Derecho Internacional forman una sola pirámide jurídica y, por lo tanto, el orden de jerarquía entre ellos está con el Derecho Internacional por encima del Derecho interno.

Este es el planteo general, básico, que no se puede pensar que haya sido superado, según una tesis u otra, ya que sigue siendo uno de los clásicos temas que se discuten.

Por otro lado, señor Presidente, se constata -es una consideración de realismo jurídico, como dicen los escandinavos- que al respecto se ha producido una suerte de "chacrismo". Los profesores que se dedican al Derecho Internacional tienden a dar predominio a esa materia y los que se dedican al Derecho interno tienden a dárselo a éste. Es un "chacrismo" que no está fundado en consideraciones muy racionales, propio del encierro en la materia que están explicando, analizando o estudiando. Y hasta se dan situaciones clarísimas de personas que pasan de un ámbito al otro, como por ejemplo del Derecho Constitucional al Internacional o a la inversa y, casi sin darse cuenta, cambian de postura. Cuando están en el Derecho Internacional, dicen que éste predomina sobre el Derecho interno. Dentro del Derecho Internacional existe una rama que se llama Derecho Internacional Humanitario, que es el que se refiere a los derechos humanos en general, respecto al cual hay una tendencia en el mundo -por lo menos en las Constituciones de los países del mundo occidental- aceptando que ese Derecho Internacional Humanitario tenga rango constitucional y no rango de ley. Paso a explicarme un poco mejor. En las formulaciones clásicas, como la de la Constitución uruguaya, un Tratado internacional vale internacionalmente, pero para que valga dentro, se necesita una ley que lo apruebe. En algunos países, en lugar de una ley, se aprueba por una resolución del Senado -como sucede en los Estados Unidos-, pero para que valga internacionalmente hay una norma del Parlamento. Por lo tanto, internamente, la jerarquía de un Tratado dentro del país es la jerarquía de la ley. Esta cuestión genera una cantidad de problemas. Por ejemplo, ¿puede la Suprema Corte de Justicia declarar inconstitucional una ley que aprobó en el Uruguay un Tratado que tenía normas inconstitucionales? Es toda una discusión interminable que ni siquiera me propongo abordar. Ese es un tema: ¿cuál es el rango jurídico de las normas del Derecho Internacional Humanitario?

El otro problema se ha ido solucionando en algunas Constituciones mediante textos expresos. Ciertos países han incrustado en sus últimas Constituciones artículos para establecer que los Tratados internacionales o las normas internacionales de carácter humanitario tienen jerarquía de Constitución y no requieren que se las apruebe por ley, internamente, para que entren en vigor. Una de las primeras -en América Latina, por lo menos- fue Nicaragua bajo el anterior gobierno de Daniel Ortega, ya que en la Constitución sandinista hay un artículo que lo establece. La Constitución argentina también tiene una enmienda, y lo mismo ocurre en Paraguay y, en alguna medida, en Brasil. Sin embargo, la Constitución de nuestro país no la tiene. Esa es la realidad. Más de una vez se ha propuesto, más bien en conversaciones de tipo académico, que -allí donde dice que los Tratados o Convenciones valen en Uruguay después que una ley los aprueba y el Poder Ejecutivo los ratifica- se incluya un artículo que diga que si son Tratados sobre derechos humanos valen de inmediato o sin necesidad de que una ley los apruebe. No es lo mismo esto, que lo vinculado a qué rango tienen, si de ley o de Constitución; son dos problemas distintos, muy vinculados y, habitualmente, no distinguidos uno del otro por quienes no se dedican a estudiar estos temas en profundidad. Quiero decir que, en lo personal, participo filosóficamente de la tendencia -que, creo, va avanzando mucho- que preconiza que las normas internacionales de Derecho Humanitario deben aplicarse de manera inmediata y que tienen rango de Constitución y no de ley. Esta es mi postura filosófica, pero como intérprete de la Constitución he dicho públicamente -y lo volví a sostener en la Comisión- que, a mi juicio, la Constitución uruguaya no tiene esa tesis, sino la otra: los Tratados o Convenciones de cualquier naturaleza -como dice la Constitución-, para que valgan dentro del país, necesitan de una ley que los apruebe, es decir, se suscriben por el Poder Ejecutivo, se aprueban por ley y luego se ratifican por aquél. Esas son las tres etapas. Es una circunstancia que no deseo, pero no puedo interpretar la Constitución por mis deseos, sino por lo que surge de las reglas técnicas.

Es verdad que para poder adaptar el artículo 47ª la Constitución, tal como está redactado, podría hacer pensar que, implícitamente, al referirse al Derecho Internacional Humanitario, ha sido aprobado y ratificado por ley. Pero la palabra "directamente" está indicando -me parece que es la interpretación más racional, guste o no- que antes de que el Derecho Internacional se apruebe por ley, se aplica en el Uruguay. Creo que eso, que sería lo mejor, no es lo que surge de la Constitución. Por consiguiente, aun cuando la otra tesis podría ser la de eliminar el artículo y dejar el tema como está, sin decir nada -es una de las hipótesis que se manejaron en la Comisión o, por lo menos el Miembro Informante lo manejó como posible-, me parece que ello podría dar lugar a que la historia de la sanción de esta ley indicara que no se quiere que se aplique el Derecho Internacional Humanitario en el Uruguay. Por lo tanto, preferiría una solución que agregara al final de este artículo una cláusula -no lo voy a decir literalmente ya que, incluso, algún compañero me pidió que lo redactáramos con más cuidado- que diga: "siempre que se trate de normas o declaraciones derivadas de Tratados o Convenciones de cualquier naturaleza que hayan seguido el procedimiento constitucional". ¿Por qué lo relativo a declaraciones? Hace unos instantes, el señor Senador Michelini me decía lo que un internacionalista le había sostenido: cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas dicta una declaración que según la Carta de ese Organismo es obligatoria para el Uruguay, esa declaración no viene al Parlamento porque es derivada de un órgano que el Uruguay consintió cuando adhirió a esa Carta. Pienso que una redacción como la que acabo de proponer, luego de haber conversado con algunos compañeros de Bancada -no con la Bancada en general- podría ser una solución.

Quiero explicar que no tengo capacidad, en un tema de tan clásica discusión -no se trata de una discusión generada a raíz de esto, sino que viene de años-, y no puedo tomar partido por una tesis de interpretación de la Constitución que no comparto, y que -advierto, conversando con algunos compañeros- varios no la comparten. Me parece que hasta en los propios Tratados de Derecho Internacional Humanitario hay reglas específicas que nos indican que esta otra es la tesis correcta. Casi todos esos Tratados -contra la tortura, para castigar los crímenes de lesa humanidad, etcétera- tienen dos o tres artículos que establecen que los Estados ajustarán su legislación interna a lo que establece el Tratado. Esto supone que el Tratado no tiene aplicación inmediata, sino que tiene que haber legislación interna en los países.

De manera que los argumentos que he manejado no sólo derivan de la Constitución, sino del propio Derecho Internacional que muchas veces se invoca. Creo que es una expresión de deseo válida y saludable como tendencia.

Prefiero la solución de arreglar un poco el artículo -sé que esto significa que será enviado nuevamente a la Cámara de Representantes- a la de eliminarlo y dejar que se siga discutiendo por la jurisprudencia y la doctrina. Reitero que esta no sería la mejor solución.

El artículo, tal como está, indica que no se necesita aprobación por ley para que los Tratados internacionales en materia humanitaria se empiecen a aplicar.

Quiero decir que esto me ha costado muchas discusiones y críticas en varios lugares, porque es mucho más común de lo que se cree -inclusive, en ámbitos de gente de Derecho- que cada uno interprete las normas como le guste y no como son en realidad; me crean o no, yo eso no lo hago, sobre todo cuando se trata de la Constitución.

En resumen, propondría una adición de la naturaleza que algunos compañeros estaban considerando.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: antes que nada, quiero hacer un reconocimiento a todos los que han trabajado en este proyecto de ley que hemos votado en bloque en el Senado, por lo que se transformará en norma de Derecho en el Uruguay.

Personalmente, hubiera preferido que el artículo 47 quedara tal como está pero, en función de las razones que planteó el señor Senador Korzeniak y tratando de encontrar una salida que nos conforme a todos, vamos a proponer una redacción que realizamos los señores Senadores Breccia, Korzeniak y quien habla. Luego de la palabra "Refugiados" iría una coma y, a continuación, diría: "contenido en normas o declaraciones internacionales de tratados o convenciones u organismos internacionales cuya existencia haya sido ratificada por el Uruguay (artículo 168, numeral 20, y artículo 85, numeral 7, de la Constitución de la República)".

Si la Mesa no hace alguna corrección, creo que podríamos votar el artículo 47 con este agregado, que salvaría las objeciones que han formulado el señor Senador Korzeniak y otros integrantes del Cuerpo.

SEÑOR RUBIO.- Solicito que se lean nuevamente las modificaciones propuestas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léanse.

(Se leen:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

A continuación de la palabra "Refugiados" iría una coma y luego diría "contenido en normas o declaraciones internacionales tratados o convenciones u organismos internacionales cuya existencia haya sido ratificada por el Uruguay (artículo 168, numeral 20, y artículo 85, numeral 7, de la Constitución de la República)".

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Quisiera aclarar que las "normas o declaraciones internacionales son producto de tratados o convenciones u organismos" y me pareció no haber escuchado la preposición "de".

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa se permite sugerir que la existencia no puede ser ratificada por nadie, porque si existe, existe. Tal vez se podría decir "que hayan sido ratificados" o algo por el estilo.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Si estuviéramos hablando solamente de los tratados no habría problema en poner que "hayan sido ratificados por el Uruguay", pero como nos referimos a organismos, lo que se ratificó fue su existencia, es decir, nuestro país adhirió a que existiera el organismo. Entonces, estamos aludiendo a que la existencia, tanto de los tratados como de los organismos internacionales -naturalmente esto se puede corregir-, haya sido ratificada por el Uruguay.

Se ha buscado esta redacción porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace al Derecho Internacional, y surge o emana de un organismo ratificado por el Uruguay, y no debe ser ratificada por ningún país porque emana de un organismo que ya ha sido ratificado. Por lo tanto, salvo que se proponga otra redacción, es preferible poner "cuya existencia haya sido ratificada por el Uruguay".

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: en este caso se hace referencia a las declaraciones, pero es importante que quede aclarado, por lo menos en la interpretación de la norma, ya que nos estamos refiriendo al cumplimiento de los procedimientos que establece la Constitución de la República. Esto significa poner en vigencia las normas internacionales en la legislación interna.

La no aplicación directa de las normas internacionales tiene una limitación. Me refiero a los procedimientos constitucionales, sobre los que existen diferentes teorías o distintas posiciones doctrinarias, que se están discutiendo, como lo señaló el señor Senador Korzeniak acertadamente. Esto es muy importante, porque rescatamos el principio constitucional sabiendo, además, que la costumbre es fuente del Derecho Internacional, porque va ganando terreno en distintos aspectos y la discusión en este ámbito también es parte de esa competencia en el terreno internacional, que se va a consagrar cuando los elementos que el Derecho Internacional establezca vayan teniendo un predominio importante. Pero además, en el caso del Uruguay eso necesita una reforma de la Constitución. Como bien decía el señor Senador Korzeniak, en algunas Constituciones, como la paraguaya o la argentina, ya existen determinadas disposiciones que se ajustan a esta nueva orientación en el Derecho Internacional. Esto no se da en el caso de la Constitución brasileña o en la uruguaya, como se ha sostenido en las viejas discusiones sobre la aplicación de las normas en el ámbito interno de nuestras legislaciones, en función de los procesos de integración.

Pero, además, esta interpretación es la que de alguna forma se ha venido desarrollando, porque de acuerdo con la historia de la sanción, el artículo 47 fue propuesto y trabajado con expertos en Derecho Internacional o en Derecho Constitucional, como el doctor Gros Espiell, cuya respuesta ante la solicitud de las Organizaciones del Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana -por las que fue consultado oportunamente- fue muy clara. Más allá de que pueda no compartir algunos criterios, en esa respuesta se expresa -y cito textualmente, para que quede constancia a efectos de la futura interpretación de la norma- que en dicho artículo "la aplicación del Derecho Internacional Convencional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Convencional Humanitario y del Derecho Internacional Convencional de los Refugiados, debe entenderse en los casos en que los tratados pertinentes han sido aprobados por el Parlamento uruguayo y ratificados por el Poder Ejecutivo". Es decir que de acuerdo con la interpretación del doctor Gros Espiell, en este artículo está implícito el procedimiento.

De todas formas, creo que es bueno el aporte que se hace -y me reconforto con el mismo- para dejar claramente establecido el mecanismo constitucional y habilitar la aprobación del proyecto con las modificaciones puntuales que se han planteado en Sala por parte de la Bancada del Frente Amplio.

Por lo expuesto, señor Presidente, nos avenimos a la redacción propuesta por el señor Senador Michelini y adelantamos nuestro voto favorable al artículo, a efectos de facilitar el pase del proyecto de ley a la Cámara de Representantes.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- El problema de introducir estas modificaciones en Sala es que a veces la redacción queda un poco desprolija. Recogiendo las inquietudes planteadas por los señores Senadores Michelini, Korzeniak y Abreu, me permití elaborar la siguiente redacción, que por falta de tiempo no he podido hacer llegar a la Mesa pero que, según las consultas que he hecho al señor Senador Korzeniak, podría tener acuerdo. Luego del artículo tal cual viene redactado se pondría una coma y, a continuación, diría lo siguiente: "contenido en normas, tratados y convenciones ratificados por el Uruguay (artículos 168, numeral 20, y 85, numeral 7, de la Constitución de la República) o declaraciones de organismos internacionales de los cuales el país forma parte o a los cuales ha adherido".

Esa sería la redacción, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Solicito al señor Senador que haga llegar la redacción a la Mesa, a efectos de darle lectura.

Léanse las modificaciones.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

Después de la expresión "refugiados" se agrega:

"contenido en normas, tratados y convenciones ratificados por el Uruguay (artículos 168, numeral 20, y 85, numeral 7, de la Constitución de la República) o declaraciones de organismos internacionales de los cuales el país forma parte o a los cuales ha adherido."

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- De acuerdo con la última parte de la redacción, ¿una declaración de un organismo internacional se convierte en ley?

Observo que hay quienes me dicen que sí y quienes niegan con la cabeza.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: el tema exultante aquí es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Declaración en sí misma no vino al Parlamento ni va a venir nunca, pero emana de un órgano -o de un organismo, si así se quiere llamar a la Asamblea General de las Naciones Unidas- al que Uruguay adhirió, celebrando y ratificando el Tratado de creación del mismo y reconociendo a la Asamblea General de las Naciones Unidas como su parlamento. Entonces, la referencia que aquí se hace es, básicamente, a ese aspecto. Si hablamos de tratados, pactos o convenciones, naturalmente decimos que tienen que ser ratificados, pero en ello no queda comprendida una declaración -como por esencia lo es la Declaración Universal de Derechos Humanos- de un organismo. Como se recordará, cuando en 1945 se aprobó, sólo hubo reserva por parte de la Unión Soviética, que la firmó diciendo que no la consideraba obligatoria; todos los demás países la suscribieron.

Reitero que la declaración en sí misma no se trata en los Parlamentos como si fuera un Tratado y, en consecuencia, creo que la redacción propuesta es prolija.

Hay que destacar, además, que la palabra "declaración" está vinculada también al comienzo del artículo, que habla de los Derechos Humanos del Derecho Internacional. Por lo tanto, creo que este texto no da lugar a equívocos.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- La explicación brindada por el señor Senador Korzeniak es clara si se la refiere a una declaración que, por su universalidad y consentimiento, es muy específica. De todos modos, la expresión "declaraciones" alude a todo tipo de declaraciones.

SEÑOR KORZENIAK.- Tienen que ser de organismos de Derechos Humanos.

SEÑOR SANGUINETTI.- Si, señor Senador, pero es algo muy genérico, que puede aludir a declaraciones de muy diversa naturaleza, incluso de carácter circunstancial que de ninguna manera tengan la trascendencia e importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, obviamente, ha inspirado a toda la Organización.

Creo que el texto tal cual está redactado va más allá de la intención que se le quiere dar.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Debo confesar, con sinceridad, que la inquietud que plantea el señor Senador preopinante me había surgido a mí también. Lo que sucede es que, desde mi punto de vista, el aspecto está suficientemente acotado por cuanto en el encabezado del propio artículo se aclara que se hace referencia a la "materia regulada por la presente ley". Ello significa que cuando esas declaraciones se refieran a la materia regulada por la presente ley, es decir, el Derecho Internacional de los Refugiados, entonces sí el Derecho Internacional contenido en las declaraciones de los organismos internacionales de los que el país forma parte o a los que ha adherido, sería aplicable directamente.

Por lo tanto, reitero que, a mi juicio, el contenido del artículo está suficientemente acotado por su encabezado.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: aquí estamos discutiendo los compromisos que asume el Gobierno cuando, como Estado Parte, no solamente firma el Tratado -que, generalmente, luego debe ser ratificado por el Parlamento-sino que acepta las plataformas de acción o las declaraciones que se emiten con relación a los acuerdos sobre Derechos Humanos. Estamos hablando de cuestiones relativas a los Derechos Humanos y a la defensa de la dignidad de las personas, que son acordados por los Estados Parte. Todo ese tipo de declaraciones o plataformas de acción surgen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde se declara que los Estados Parte se comprometerán a tal y cual cosa; muchas veces son sólo eso, pero encierran el compromiso que asumió el Gobierno, como Estado Parte, al firmarlas.

En tal sentido, considero que desde el momento en que la Cancillería, en representación del Estado, firma ese compromiso -que está muy explícitamente establecido- se está asumiendo una responsabilidad a la que todos nos estamos sometiendo, porque nuestro Gobierno lo ha ratificado.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI- Hemos votado una gran cantidad de artículos que no, por haberlos votado en bloque, dejan de ser importantes. En ellos se regula la materia relativa al refugiado y se recoge gran parte del Derecho Internacional ya que, si bien Uruguay tiene experiencia en la materia, más vasta es, naturalmente, la que existe en el plano internacional.

Algunos queríamos aprobar el artículo 47 tal como fue remitido, pero algunos señores Senadores que tienen una gran experiencia en el tema constitucional, plantearon observaciones. Cuando manifestaron que las declaraciones debían estar ratificadas por el Uruguay, dijimos que había aspectos que podían no estar regulados por este proyecto de ley por una razón involuntaria. Pienso que, en general, casi el cien por ciento está regulado, pero en los que no lo estén se aplica el Derecho Internacional. Tal como venía el artículo 47, para nosotros bastaba. Sin embargo, se dice que para que sea regulado por la ley, tiene que tratarse de una ley. Señalamos que se aplica el Derecho Internacional en forma directa cuando surge a partir de tratados, convenciones, pactos o bien de organismos internacionales y ponemos el ejemplo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Notoriamente, hay declaraciones sobre aspectos de refugiados y creo que están recogidas en este proyecto de ley, pero no puedo asegurar que lo estén en su totalidad. Por lo tanto, no se remite sólo a una declaración, sino que hay un Derecho Internacional muy vasto, con gran experiencia en lo que tiene que ver con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados. No queremos que mañana, por algún vacío, no pueda regularse una situación específica y concreta, en lo que queremos que sea una materia de avanzada en el tema de los derechos humanos con relación al Derecho Internacional de los Refugiados.

En consecuencia, podemos votar el artículo 47 tal como está, de acuerdo con la primera propuesta de redacción, o con el texto sugerido por el señor Senador Breccia que, en definitiva, nos parece más completo. No queremos que el proyecto de ley que se va a aprobar ahora -que, naturalmente, tendría que pasar sin modificaciones a la Cámara de Representantes- deje vacíos en el tema del Derecho Internacional de los Refugiados. Reitero que a nivel internacional existe vasta experiencia al respecto.

SEÑOR SANGUINETTI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- No he retenido en mi memoria el texto propuesto por el señor Senador Breccia. Mi pregunta es si se refiere a declaraciones de organismos de los cuales es miembro Parte el Estado uruguayo, que hayan sido aprobadas o votadas por nosotros, o no. Puede haber planes de acción o declaraciones de diverso tipo -tal como señalaba la señora Senadora Percovich-, que el Estado uruguayo haya votado en contra. Eso es diferente a un Tratado que haya sido ratificado.

SEÑOR ABREU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa aclara que está permitiendo hacer uso de la palabra de esta manera, porque no estamos debatiendo, sino tratando de concretar la redacción de un artículo.

Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Es obvio que una declaración de un organismo internacional, de la que participa el Estado uruguayo, no es enviada al Parlamento para ser aprobada. Debemos tener cuidado, en el caso de votar negativamente, de que no se genere un efecto obligatorio para la ejecución interna del Derecho.

El artículo 47 dice: "En la materia regulada por la presente ley...". Quiere decir que se refiere al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados; se aplica directamente y la única condición que la Constitución establece es que sea aprobado por el Parlamento nacional y ratificado por el Poder Ejecutivo. Inclusive, el propio doctor Gros Espiell expresaba que debe entenderse en los casos en que los tratados pertinentes han sido aprobados por el Parlamento uruguayo y ratificados por el Poder Ejecutivo. Ese es el único elemento que agregamos. Con ese criterio, se aplica el Derecho Internacional una vez que se cumplen los requisitos constitucionales.

El tema de las declaraciones puede tener una interpretación que quizás vaya más allá de la aplicación expresa de la norma que estamos tratando. Si pudiera sugerir una redacción, diría que se aplicará el Derecho Internacional en los casos en que dichas normas hayan sido aprobadas legislativamente y ratificadas por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- El punto es que en materia de Derechos Humanos, Derecho Humanitario y Derechos de los Refugiados, hay una muy vasta experiencia internacional y se han presentado situaciones complejas de todo tipo.

La Organización de las Naciones Unidas, principalmente, ha hecho declaraciones que nos comprenden a todos y nos obligan, aunque no están ratificadas por el Uruguay. Nosotros estamos diciendo que en lo que tiene que ver con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados se aplicará primero el proyecto de ley, que es la materia que estamos regulando. Naturalmente, está bien que ello se haga, tal como manifestó el señor Senador Breccia, en los tratados, pactos y convenciones, pero también debe ser así en las declaraciones de aquellos organismos de los que somos parte y que con sus declaraciones han ido generando elementos importantísimos en la materia, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que queremos que forme parte de nuestro Derecho. Esto es lo que estamos tratando de trasmitir. Esa es la diferencia.

SEÑOR SANGUINETTI.- Ese no es el tema.

SEÑOR MICHELINI.- Es una diferencia sustancial para unos y otros, y forma parte del Derecho Internacional.

SEÑOR SANGUINETTI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- Estamos regulando una materia compleja; el tema de los refugiados no es tan sencillo como lo vemos aquí. En todo el mundo se han planteado situaciones que han dado lugar a las posiciones más diversas. Además, ha habido soluciones y declaraciones muy polémicas, algunas de las cuales el Uruguay no ha votado.

No es lo mismo referirnos a actos internacionales de los que puede emanar un compromiso del país o aún un compromiso moral, que a otros en los que no se genera ningún compromiso, y acá hay oposición. No estamos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que muy poca aplicación va a tener en esto, porque es una declaración genérica sobre los derechos y nada específica con respecto a los refugiados, ya que los menciona tangencialmente.

En estos organismos ha habido muchos debates -no soy experto en el tema, pero tengo bastante conocimiento al respecto- acerca de declaraciones particularmente polémicas. Me parece que asociarnos gratuitamente es un error de concepto, ya que no estamos hablando de tratados, de pactos ni de convenciones sino, genéricamente, de declaraciones que pueden ser de cualquier naturaleza.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Con ánimo de colaborar señalo, por un lado, que entiendo el temor de que aparezca una declaración que no solamente no es aceptada por el Uruguay, sino que contradice al país y, por otro, que no se deben dejar afuera declaraciones de organismos internacionales referidas a esta materia, que el Uruguay ha aceptado y hasta suscrito. Al lado de la palabra "declaraciones" -que, a mi juicio, es la que motiva el problema- podríamos agregar una adjetivación como "suscritas" o "aceptadas". Así, despejamos el tema en caso de que Uruguay haya votado en contra porque, de pronto, es una declaración contra nuestro país.

(Interrupción del señor Senador Sanguinetti que no se oye)

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Breccia.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: recuerdo a la Mesa que quien habla estaba en uso de la palabra y había concedido una interrupción al señor Senador Korzeniak.

SEÑOR PRESIDENTE.- En realidad, ya estamos totalmente fuera del Reglamento.

Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: tal como está la discusión, prefiero que el artículo 47 quede como está redactado. Aclaro que no hablábamos de declaraciones o de otra cosa, sino simplemente de que se aplicaba el Derecho Internacional y quien tuviera que interpretarlo, no sé si recurriría al estudio de esta discusión, pero lo tendría más claro.

Estamos convencidos de que hay una tradición a nivel internacional y un Derecho Internacional que hace a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional de los Refugiados y al Derecho Internacional Humanitario. Muchos de esos temas ya no son discutibles y si hubiera vacíos en este proyecto de ley -que es muy completo-, se podría aplicar esa tradición. Si ahora se quiere decir que se aplica el Derecho Internacional y, entonces, le agregamos estos aspectos, es obvio que las declaraciones no podrían quedar afuera. Ahora bien, si en las declaraciones -no me refiero a las puntuales, porque éstas quedan ahí- que hacen al Derecho Internacional, a los antecedentes, se dice que el Uruguay en tal o cual circunstancia las votó, vamos a complicar aún más el tema. Entonces, preferiría pedir un cuarto intermedio para analizar bien el tema o, en su defecto, que votemos el artículo 47 tal como está redactado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería pasar a votar el cuarto intermedio solicitado.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: preferiría conceder la interrupción que me solicitó anteriormente el señor Senador Breccia y, en todo caso, después lo planteo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Breccia.

SEÑOR BRECCIA.- En primer lugar, quiero agradecer al señor Presidente por su paciencia y por el ordenamiento que está realizando de esta sesión. Realmente, valoramos su esfuerzo en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- En segundo término, y de acuerdo con lo que ha expresado el señor Senador Abreu en su informe, deseo señalar que este es un proyecto de ley en el que el país está avanzando a pasos agigantados, por lo que sería malo que por un "quítame de allí esas pajas", estuviéramos ensuciando su análisis.

En atención a la inquietud de varios señores Senadores y compartiendo que el tema de los refugiados es harto complejo, creo que, de alguna manera, conviene dar intervención tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo en materia de aplicación del Derecho Internacional por cuanto supone, en buena medida, la política exterior del país o comprometerla, en su caso, para ser más precisos.

Por lo tanto, pienso -lo hago como moción- que las inquietudes que se han planteado en este Cuerpo podrían quedar salvadas en la medida en que, en lugar de la conjunción disyuntiva "o" -que figura en la redacción que sugeríamos anteriormente-, se incluyera la conjunción copulativa "y". Entonces, en lugar de decir "declaraciones de organismos internacionales de los cuales el país forma parte o a los cuales ha adherido" se podría señalar "declaraciones de organismos internacionales de los cuales el país forma parte y a las cuales ha adherido", con lo que quedaría salvada la objeción. A su vez, estaríamos estableciendo que se incorporan a nuestro Derecho patrio aquellas declaraciones de organismos internacionales a las cuales, además, el país ha adherido.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR ABREU.- Apoyado.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa tiene la impresión de que se ha arribado a un acuerdo.

Léase el aditivo al artículo 47 con la nueva redacción.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 47.- La materia regulada por la presente ley se aplicará directamente al Derecho Internacional, especialmente al relativo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados contenidos en normas, tratados y convenciones ratificadas por el Uruguay -artículo 168, numeral 20) y artículo 85 numeral 7) de la Constitución de la República- o declaraciones de organismos internacionales de los cuales el país forma parte y a las cuales ha adherido".

SEÑOR ABREU.- Que se vote, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar este aditivo al artículo 47.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"TITULO I

DEL REFUGIO Y LOS REFUGIADOS

CAPITULO I

DEFINICION DE REFUGIO. CLAUSULAS DE INCLUSION

ARTICULO 1º. (Derecho al refugio).- Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir refugio en el territorio nacional, en salvaguarda de su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad y seguridad.

ARTICULO  2º. (Cláusula de inclusión).- Será reconocido como refugiado toda persona que:

A) Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social, género, raza, religión, nacionalidad, u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o -a causa de dichos temores- no quiera acogerse a la protección de tal país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o -a causa de dichos temores-, no quiera regresar a él.

B) Ha huido del país de su nacionalidad o careciendo de nacionalidad, ha huido del país de residencia porque su vida, seguridad o libertad resultan amenazadas por la violencia generalizada, la agresión u ocupación extranjera, el terrorismo, los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos o cualquier otra circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público.

CAPITULO II

CLAUSULAS DE EXCLUSION, NULIDAD Y REVOCACION

ARTICULO 3º. (Cláusulas de no aplicabilidad).- No tendrán derecho a gozar de la condición jurídica de refugiados en territorio uruguayo:

A) Los ciudadanos uruguayos.

B) Las personas que reciben protección o asistencia actual de un órgano u organismo de la Organización de las Naciones Unidas, distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Cuando esta protección o asistencia haya cesado por cualquier motivo, sin que la suerte de tales personas se haya solucionado definitivamente, con arreglo a las resoluciones aprobadas sobre el particular por la Asamblea General de las Naciones Unidas, dichas personas tendrán el derecho a los beneficios del régimen establecido en el artículo 2º de la presente ley.

C) Las personas que gocen de la protección de las autoridades competentes en el país en que han fijado residencia, en iguales condiciones que los nacionales de ese país.

ARTICULO 4º. (Cláusulas de exclusión).- No tendrán derecho a gozar de la condición jurídica de refugiado en territorio uruguayo; las personas respecto de las cuales existen motivos fundados para considerar que:

A) Han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, tal como se hayan definidos por el derecho internacional.

B) Han cometido un grave delito común, en consonancia con los principios de derecho universalmente aceptados; fuera del territorio nacional y antes de ser admitidas en él como refugiados.

C) Se han hecho culpables de actos contrarios a los propósitos y principios de la Organización de las Naciones Unidas.

ARTICULO 5º. (Nulidad y revocación).- Cuando a posteriori del reconocimiento de la condición jurídica de refugiado, se constate fehacientemente la falsedad de los fundamentos invocados para el reconocimiento de la condición de refugiado, o que la persona se hallaba comprendida en alguna de las situaciones previstas en el artículo 4º de la presente ley, cesará la condición de refugiado por la nulidad absoluta del reconocimiento oportunamente otorgado, el cual será revocado de inmediato, declarándose nulo.

De comprobarse fehacientemente que una persona, luego de haber obtenido el estatuto de refugiado, se ha hecho partícipe de algunos de los actos referidos en los literales A) y C) del artículo 4º, se revocará su condición de refugiado.

Con excepción de los casos en que resulte procedente la extradición, el Ministerio del Interior podrá decretar la expulsión del citado extranjero en un plazo no menor de treinta días. La orden de expulsión no se ejecutará hasta que se adopte resolución definitiva. La expulsión decretada determina la inhabilitación para el reingreso al país por un plazo de dos años.

CAPITULO III

PERDIDA DE LA CALIDAD DE REFUGIADOS

ARTICULO 6º. (Cláusulas de cesación).- Cesa la condición de refugiado en los siguientes casos:

A) Si el refugiado se ha acogido voluntariamente a la protección del país de su nacionalidad.

B) Si habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente.

C) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección de dicho país.

D) Si voluntariamente se ha establecido en el país que había abandonado o fuera del cual había permanecido por temor a ser perseguido.

E) Por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocido como refugiado.

F) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y habiendo desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones de regresar al país donde tenía su residencia habitual.

G) Si ha obtenido la ciudadanía legal uruguaya (literales

A), B) y C) del artículo 75 de la Constitución de la República).

Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a los refugiados que puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección del país de su nacionalidad, razones imperiosas derivadas de una persecución anterior.

CAPITULO IV

REGIMEN DE EXPULSION

ARTICULO 7º. (Permanencia en el país).- En los casos de cesación o denegación de la condición jurídica de refugiado, el extranjero podrá optar por permanecer en el territorio nacional, en otra condición migratoria aplicable.

ARTICULO 8º. (Expulsión del solicitante de refugio denegado o refugiado cesado).- En caso que el solicitante no haya sido reconocido como refugiado o al refugiado se le hubiere aplicado una cláusula de cesación y no califique para adquirir otra condición migratoria común, podrá decretarse su expulsión.

La resolución de expulsión será adoptada por el Ministerio del Interior y se concederá un plazo no menor de treinta días, para que dicha persona abandone el país. La orden de expulsión no se ejecutará hasta que se adopte resolución definitiva.

En caso de expulsión decretada regirá la inhabilitación establecida en el inciso final del artículo 5º.

ARTICULO  9º. (Expulsión colectiva de refugiados).- Queda prohibida la expulsión colectiva de refugiados.

CAPITULO V

PRINCIPIOS DEL REFUGIO

ARTICULO 10. (Principios).- Toda solicitud de refugio impone al Estado respetar los siguientes principios:

A) No discriminación.

B) No rechazo en la frontera.

C) No devolución directa o indirecta al país donde su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad o seguridad estén en peligro.

D) No sanción por ingreso ilegal al país.

E) Interpretación y trato más favorable.

F) Confidencialidad.

ARTICULO 11. (No discriminación).- Ninguna autoridad estatal, institución, grupo o individuo establecerá discriminación de especie alguna por motivo de pertenencia a determinado grupo étnico o social, raza, género, religión, nacionalidad, ideología, posición económica u opiniones políticas respecto a un solicitante de refugio o a un refugiado.

ARTICULO 12. (No rechazo en frontera).- Todo funcionario público, en ejercicio de funciones de control migratorio en un puesto fronterizo de carácter terrestre, marítimo, fluvial o aéreo, se abstendrá de prohibir el ingreso condicional al territorio nacional a toda persona que manifieste su intención de solicitar refugio. Esta disposición se aplicará aun cuando el solicitante no posea la documentación exigible por las disposiciones legales migratorias o ésta sea visiblemente fraudulenta o falsificada.

ARTICULO 13. (No devolución).- Toda autoridad pública se abstendrá de devolver, expulsar, extraditar o aplicar cualquier otra medida que implique el retorno del solicitante o refugiado a las fronteras del país donde su vida, integridad física, moral e intelectual, libertad o seguridad estén en peligro.

ARTICULO 14. (No expulsión de refugiados o solicitantes de refugio).- Toda autoridad pública se abstendrá de resolver la expulsión del territorio nacional de un solicitante de refugio o refugiado, hasta tanto exista resolución denegatoria firme sobre su caso. Si es necesario, la Comisión de Refugiados pedirá la asistencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para reasentar al refugiado en un tercer país.

La resolución que ordene la expulsión de un refugiado o solicitante de refugio podrá adoptarse únicamente por razones fundadas de seguridad u orden público y conforme a los procedimientos legales vigentes. Dicha resolución deberá ser notificada personalmente al interesado, quien tendrá derecho a asistencia letrada y podrá presentar los recursos previstos en el artículo 40 de la presente ley.

ARTICULO 15. (Ingreso ilegal).- El proceso administrativo o judicial tendiente a imponer sanciones penales o administrativas y las medidas de restricción ambulatoria aplicables que tengan su antecedente en el ingreso ilegal o fraudulento del solicitante al territorio nacional, quedarán en suspenso por orden del Juez competente hasta que se adopte resolución definitiva relativa a su solicitud de refugio. A quien se le haya reconocido como refugiado no se le impondrán sanciones penales ni administrativas por motivos que directa o indirectamente estén vinculados con el ingreso ilegal al país para solicitar refugio.

ARTICULO 16. (Reglas de apreciación).- Los órganos competentes evaluarán la totalidad de los antecedentes disponibles, aplicando el principio "pro hominis" a favor del solicitante, respecto a aquellos aspectos que no puedan ser debidamente acreditados.

ARTICULO 17. (Confidencialidad).- Los órganos creados por la presente ley y sus integrantes, no podrán facilitar información alguna relativa a las personas solicitantes o refugiadas. Toda la información que reciban de o sobre los solicitantes y refugiados es confidencial. Solo podrá ser revelada por autorización expresa y escrita de la persona interesada o por resolución fundada de la Justicia competente.

No se admitirá otra excepción que las establecidas en la presente ley.

ARTICULO 18. (Violación de confidencialidad).- El que por cualquier medio facilitara alguna de las informaciones confidenciales a las que refiere el artículo anterior, será castigado con una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

CAPITULO VI

DEBERES Y DERECHOS DEL REFUGIADO

ARTICULO 19. (Deberes).- Todo refugiado y solicitante de refugio debe respetar el orden jurídico.

ARTICULO 20. (Derechos humanos).- El Estado debe garantizar a los refugiados y solicitantes de refugio el goce y ejercicio de los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y todos los demás derechos inherentes a la persona humana reconocidos a los habitantes de la República, en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado, así como en su normativa interna.

ARTICULO 21. (Derecho a la reunificación familiar).- La reunificación familiar es un derecho del refugiado. La condición de refugiado, a solicitud de éste, le será reconocida al cónyuge, concubino e hijos, así como a cualquier otro pariente por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, salvo que a su respecto le sea aplicable una cláusula de exclusión o de cesación.

ARTICULO 22. (Derecho a intérprete y asistencia letrada).- Durante la sustanciación del procedimiento de determinación, el solicitante de refugio tiene derecho a contar con un intérprete y a comparecer con asistencia letrada a todas las instancias del procedimiento.

TITULO II

ORGANOS

CAPITULO I

ORGANOS COMPETENTES EN LA DETERMINACION

ARTICULO 23. (Creación de la Comisión de Refugiados).- La determinación de la condición jurídica de refugiado le compete a la Comisión de Refugiados (CORE) que funcionará en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la integración y cometidos que regulan los artículos siguientes de la presente ley.

ARTICULO 24. (Integración).- La Comisión de Refugiados (CORE) estará integrada por:

A) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, designado por el Ministro.

B) Un representante de la Dirección Nacional de Migración, designado por el Ministro del Interior.

C) Un representante de la Universidad de la República, designado por el Consejo de la Facultad de Derecho entre los docentes de la Cátedra de Derechos Humanos o disciplinas específicas.

D) Un representante del Poder Legislativo que será el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes o quien sea designado por la propia Comisión de entre sus miembros.

E) Un representante de una organización no gubernamental, sin fines de lucro, con competencia en la materia, designada por el Representante Regional o Nacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

F) Un representante de una organización no gubernamental, sin fines de lucro, cuyo objetivo y práctica esté centrada en los derechos humanos, designada por la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, o quien haga sus veces.

G) El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o su representante, será siempre miembro invitado para las reuniones de la Comisión de Refugiados, con derecho a voz pero sin voto.

Sin perjuicio de ello cada uno de los integrantes de la CORE será designado por cada autoridad competente conjuntamente con su alterno respectivo.

La Presidencia de la CORE será ejercida anualmente en forma rotativa entre los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.

ARTICULO 25. (Miembros honorarios).- Los miembros de la Comisión de Refugiados serán honorarios.

ARTICULO 26. (Sede).- La Comisión de Refugiados funcionará en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, que le brindará apoyo material y funcional.

CAPITULO II

COMETIDOS Y FUNCIONAMIENTO

ARTICULO 27. (Quórum).- La Comisión de Refugiados sesionará con un quórum mínimo de tres miembros con voz y voto.

ARTICULO 28. (Competencia).- Compete a la Comisión de Refugiados:

A) Reconocer o no la calidad de refugiado.

B) Aplicar las cláusulas de exclusión o cesación.

C) Anular o revocar el reconocimiento de la condición jurídica de refugiado.

D) Resolver sobre las solicitudes de reunificación familiar.

E) Resolver sobre las solicitudes de reasentamiento.

F) En general resolver en todos aquellos aspectos referidos a la condición de refugiados.

Las resoluciones debidamente fundadas se adoptarán dentro de un plazo no mayor a noventa días de recibido el informe de la Secretaría Permanente, por mayoría de miembros presentes requiriéndose un mínimo de tres votos favorables. En caso de empate el Presidente de la Comisión de Refugiados tendrá doble voto.

ARTICULO 29. (Cometidos).- Son cometidos de la Comisión de Refugiados:

A) Planificar, promover y coordinar políticas en materia de refugio, relacionándose directamente, a tales efectos, con cualquier institución pública o privada, nacional, internacional o extranjera, que fuese pertinente.

B) Coadyuvar en la búsqueda e implementación de soluciones duraderas para los refugiados.

C) Colaborar en la promoción de políticas educativas tendientes a difundir los derechos y deberes de los refugiados.

D) Dictar y aprobar su reglamento Interno y el de la Secretaría Permanente.

CAPITULO III

SECRETARIA PERMANENTE

ARTICULO 30. (Secretaría Permanente).- La Comisión de Refugiados integrará una Secretaría Permanente de carácter honorario, compuesta por un representante de la Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y un delegado de la agencia que representa en Uruguay los intereses de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Cada organismo integrante de la Secretaría Permanente designará el titular y el alterno respectivo.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o su representante, será siempre miembro invitado para las reuniones de la Secretaría Permanente, con derecho a voz pero sin voto.

ARTICULO 31. (Cometidos).- Son cometidos de la Secretaría Permanente asesorar a la Comisión de Refugiados (CORE) para lo cual deberá:

A) Tomar conocimiento de toda solicitud de refugio que se presente ante cualquier autoridad del Estado.

B) Sustanciar el procedimiento de examen de la situación del refugiado y sus familiares.

C) Recibir en forma personal el testimonio del solicitante y todas las pruebas que éste ofrezca.

D) Practicar las diligencias de confirmación y prueba que correspondan.

E) Llevar un registro de los solicitantes y refugiados y elaborar y proporcionar los datos estadísticos que le sean solicitados por las autoridades competentes.

F) Producir informe circunstanciado a la CORE sobre cada caso que la misma deba considerar.

G) Realizar todas las acciones tendientes al cumplimiento de su cometido.

TITULO III

DEL PROCEDIMIENTO

CAPITULO I

SOLICITUD Y TRÁMITE

ARTICULO 32. (Solicitud).- La solicitud de refugio deberá presentarse en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad nacional, departamental o el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados con sede en el país o la oficina encargada de representar sus intereses.

Si la solicitud fuera verbal, se dejará constancia por escrito del contenido esencial de lo expresado por el solicitante.

La solicitud deberá contener, al menos, los nombres y apellidos del solicitante y su familia, nacionalidad, procedencia y toda otra condición relevante.

ARTICULO 33. (Requisito de la solicitud).- La autoridad que reciba la solicitud deberá remitirla sin demora a la Secretaría Permanente de la Comisión de Refugiados, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas de su recepción, remitiendo simultáneamente copia al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

La comunicación podrá ser dirigida en forma telegráfica, por fax o cualquier otra vía de comunicación idónea.

ARTICULO 34. (Trámite de la solicitud).- La Secretaría Permanente dará trámite a la solicitud.

La instrucción del asunto no podrá superar el plazo de noventa días contados a partir de presentada dicha solicitud. Concluida la misma, elevará a la Comisión de Refugiados (CORE) un informe sumario y sus conclusiones, debidamente fundadas. Sin perjuicio de ello, la CORE tendrá acceso a todas las actuaciones realizadas.

ARTICULO 35. (Cooperación).- Los organismos públicos proporcionarán en forma urgente la información y documentación que solicite la Secretaría Permanente.

ARTICULO 36. (Niños, niñas o adolescentes no acompañados).- Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a solicitar y a que se reconozca su condición de refugiado, en forma independiente a las personas que ejercen su representación legal.

Cuando la solicitud sea realizada por un niño, niña o adolescente no acompañado, la Secretaría Permanente le asegurará la designación de asistencia letrada obligatoria dándole trámite en forma prioritaria. Asimismo, deberá comunicar el hecho en forma inmediata al Juez de Familia quien adoptará las medidas pertinentes. Es nula toda actuación que se hubiese realizado sin la presencia del defensor. En caso de duda sobre la edad de la persona se estará a la declarada por ésta mientras no mediaren estudios técnicos que establecieran otra edad.

Deberá prevalecer la defensa del interés superior del niño, niña o adolescente a lo largo de todas las instancias del procedimiento. Todas las decisiones que sean adoptadas en el mismo deberán tomarse considerando el desarrollo mental y madurez del niño, niña o adolescente.

ARTICULO 37. (Pasajeros clandestinos).- Deberá permitirse ingresar al territorio uruguayo al pasajero clandestino que solicite el reconocimiento de la condición de refugiado.

ARTICULO 38. (Mujeres solicitantes de refugio).- Aun cuando no fuesen las solicitantes principales del reconocimiento de la condición de refugiado, las mujeres deberán ser entrevistadas individualmente. La reglamentación atenderá las características del procedimiento.

CAPITULO II

RESOLUCION DEFINITIVA

ARTICULO 39. (Notificación).- La resolución que reconozca, rechace, anule, revoque o establezca el cese de la condición de refugiado será notificada en forma personal al solicitante y a la oficina que representa los intereses del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en un plazo máximo de tres días hábiles de la forma en que determine la reglamentación.

CAPITULO III

DE LOS RECURSOS

ARTICULO 40. (Recursos).- Las resoluciones adoptadas por la Comisión de Refugiados serán pasibles de impugnación por el régimen de recursos previstos en los artículos 317 a 319 de la Constitución de la República y demás disposiciones legales concordantes.

La interposición de los recursos tendrá efecto suspensivo sobre las resoluciones de expulsión.

CAPITULO IV

EXTRADICION Y REFUGIO

ARTICULO 41. (Extradición).- El reconocimiento definitivo de la condición de refugiado configura la denegatoria automática al pedido de extradición o entrega de la persona requerida.

Cuando los pedidos de extradición recaigan sobre solicitantes de refugio, será el Juez de la causa quien en forma excepcional, previo informe de la Comisión de Refugiados, adoptará resolución sobre la solicitud de refugio, antes de resolver sobre la extradición. De la misma forma se procederá cuando la solicitud de refugio sea posterior al pedido de extradición.

TITULO IV

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y VIAJE.

FACILIDADES PROCESALES

ARTICULO 42. (Documento de identidad).- Todo solicitante de refugio tiene derecho a que se le provea de un documento de identificación provisorio expedido por la Dirección Nacional de Identificación Civil del Ministerio del Interior. Este documento será válido hasta que recaiga resolución firme sobre la solicitud de refugio.

Una vez reconocida la condición jurídica de refugiado, dicho documento será sustituido por el documento de identificación otorgado a los residentes.

Al refugiado se le expedirá el documento de identificación con la sola presentación de la constancia que acredita su calidad de refugiado, expedida por la Dirección Nacional de Migración. Dicho documento contendrá los datos filiatorios y la fecha y lugar de nacimiento del interesado, salvo casos de excepción debidamente fundados por el órgano emisor de la constancia.

ARTICULO 43. (Documento de viaje).- Todo refugiado tiene derecho a que se le provea del documento de viaje previsto por el artículo 28 de la Convención de 1951, sobre el Estatuto de los Refugiados. El Ministerio de Relaciones Exteriores será la autoridad nacional encargada de su expedición. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados cooperará en la provisión de los citados documentos.

ARTICULO 44. (Plazo de validez del documento de viaje).- El documento de viaje referido en el artículo anterior, tendrá validez por el término de dos años a contar de la fecha de su expedición y podrá ser renovado por igual período mientras se mantenga la condición jurídica de refugiado.

ARTICULO 45. (Facilidades procesales).- Las autoridades administrativas dispondrán lo necesario para la obtención de la documentación que normalmente sería expedida por su país de origen, nacionalidad o procedencia.

Las autoridades públicas facilitarán los mecanismos pertinentes para la aplicación de este criterio en todos los procedimientos e instancias en las que un solicitante de la condición de refugiado o un refugiado debiese acreditar un supuesto de hecho o de derecho, a cuyo fin precisara normalmente contactar a las autoridades de su país de origen.

TITULO V

COOPERACION Y DERECHO INTERNACIONAL

CAPITULO I

COOPERACION INTERNACIONAL

ARTICULO 46. (Cooperación internacional).- El Estado podrá solicitar la cooperación y asistencia técnica y financiera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y de la comunidad internacional para la asistencia directa de las personas refugiadas.

CAPITULO II

APLICACION DIRECTA DEL DERECHO INTERNACIONAL

ARTICULO 47. (Aplicación).- En la materia regulada por la presente ley se aplicará directamente el derecho internacional, especialmente el relativo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados, contenido en Normas, Tratados y Convenciones ratificados por el Uruguay (artículo 168 numeral 20 y artículo 85 numeral 7° de la Constitución de la República) o Declaraciones de organismos internacionales de los cuales el país forma parte y a las cuales ha adherido.

TITULO VI

DISPOSICION GENERAL

ARTICULO 48. (Sujetos de la ley).- Los sustantivos y pronombres personales utilizados en la presente ley serán interpretados de tal forma que abarquen tanto al varón como a la mujer."

15) DIA NACIONAL DEL CANDOMBE, LA CULTURA AFROURUGUAYA Y LA EQUIDAD RACIAL

SEÑOR NICOLINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NICOLINI.- Señor Presidente: solicito que se reparta el proyecto de ley que fue aprobado en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación en su sesión de hoy, referido a la declaración del 3 de diciembre como "Día del candombe, de la cultura afrouruguaya y de la equidad racial" -que fuera aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes-, porque se acerca la fecha y la intención es aprobarlo lo antes posible. Asimismo, solicito que se declare urgente y se incluya en el Orden del Día de la sesión de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Nicolini.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

16) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"La señora Senadora Margarita Percovich presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se introducen modificaciones al Código Penal".

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION AL CODIGO PENAL EN RELACION A LA INTERMEDIACION EN ADOPCIONES ILEGALES

Art.1º.- Sustituyese la denominación del Capítulo I del Título X del Código Penal por la siguiente:

"Capítulo I - De los delitos contra la identidad, la suposición y la supresión del estado civil.

Art.2º.- Incorpórase el siguiente artículo a continuación del art.259 del Código Penal.

259 bis- (Intermediación en adopciones ilegales)-  El que induzca a alguien o de cualquier forma promueva en calidad de intermediario, a entregar o recibir un niño o niña para que sea adoptado o legitimado adoptivamente en violación de los instrumentos internacionales o normas legales en materia de adopción, de legitimación adoptiva o de procedimientos para la legitima desvinculación de los niños de su familia de origen, será castigado con dieciocho meses de prisión a ocho años de penitenciaría."

Art.3º.-  Incorpórase el siguiente numeral al artículo 261 del Código Penal:

3º. El que fueran efectuados prevaleciéndose de la condición de funcionario policial, de las oficinas de registro de estado civil, de maternidades o trabajadores de instituciones públicas o privadas que se encarguen de niños o niñas.

Margarita Percovich. Senadora.

EXPOSICION DE MOTIVOS

A través de este proyecto de ley se propone la sustitución de la actual denominación del Capítulo I Al Título X "De la suposición y supresión de estado civil" por el de "Delitos contra la identidad, la suposición y supresión de estado civil", incorporándose un tipo penal nuevo, relativo a las acciones que tienden a vulnerar la identidad de las personas a través de adopciones ilegales (art.259 bis), denominado "intermediación en adopciones ilegales", dando respuesta a la necesidad de adoptar medidas de prevención del tráfico y venta de niños para la adopción.

En este tipo penal sanciona la intermediación irregular para la adopción de niños y niñas, siguiendo los lineamientos dados por el Protocolo de la Convención de los Derechos del Niño sobre venta, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía (art. 3 a) ii), ratificado por nuestro país por Ley Nº 17.559 del 17 de setiembre de 2002.

Es sabido que algunas personas, frente a la imposibilidad biológica de procrear, son receptivas a aceptar ofertas de niños o niñas, en general bebés, fuera del marco legislativo vigente. Este hecho expone a los mismos a su integración en familias que no han sido avaladas por equipos técnicos a tales efectos, sufriendo muchas veces graves consecuencias por ello durante su desarrollo.

Algunas de estas situaciones encubren la comercialización de los niños/as por intermediarios o la obtención de otro tipo de réditos que no se compadecen con los principios de actuación que deben regir todos los procesos de inserción adoptiva.

Por otra parte, este tipo de prácticas también pueden ser utilizadas con otros fines como la comercialización de órganos u otras formas de explotación de niños y niñas. Si bien care-cemos de información que de cuenta de la existencia de este problema en el país, es un fenómeno constatado en la región para el que nuestro sistema normativo ha de estar preparado.

Se entendió conveniente restringir la penalización de estas conductas a los intermediarios, en tanto terceros que se aprovechan de la vulnerabilidad de otras personas, excluyendo a quien entrega o recibe al niño en condición de adoptado.

A través de la incorporación de un numeral en el art. 261, se incluye una nueva agravante a los delitos del Capítulo I1 , remarcando la responsabilidad de los trabajadores públicos y privados a quienes se les ha confiado el cuidado de documentos que hacen a la identidad de los niños (funcionarios de los registros de estado civil, funcionarios policiales y judiciales) o que trabajan al cuidado de niños cuya identidad es fácilmente vulnerable ( maternidades, instituciones a cargo del cuidado de niños).

Margarita Percovich. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Los señores Senadores Larrañaga, Gallinal, Abreu, Long, Lapaz, Lara Gilene, Antía, Moreira, Penadés, Da Rosa y Heber presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre ‘Perimetral Wilson Ferreira Aldunate’ el anillo colector de tránsito de la ciudad de Montevideo".

- A LA COMISION DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"EXPOSICION DE MOTIVOS

Wilson Ferreira Aldunate es uno de los grandes protagonistas de la vida política uruguaya en la segunda mitad del Siglo XX. Nació en Nico Pérez en 1919 y murió en Montevideo en 1988.

Demócrata cabal, sagaz político, formidable tribuno, carismático y fervoroso.

Durante su actuación como Ministro de Ganadería y Agricultura se creó la CIDE, instrumento que abrió la mente de los uruguayos para proyectar el país poniéndolo a las puertas del Siglo XXI.

Férreo combatiente de la dictadura desde el momento mismo de su instalación sufrió por ello el exilio y la cárcel. Este combate lo llevó a recorrer con su palabra aguda diferentes foros internacionales advirtiendo sobre la situación política imperante en nuestro país en aquellos días.

Ofreció la gobernabilidad al primer gobierno democrático post-dictadura, electo en las urnas que para él fueron cerradas. Este enorme gesto puso de manifiesto la dimensión de Wilson como hombre de Estado, ocupado siempre por los temas esenciales del país. La gobernabilidad es un camino nacional, que antepuso a cualquier interés sectorial o partidario la consolidación de la institucionalidad.

Duro y leal contendor en el juego democrático, supo encontrar en las diferentes etapas de su carrera política los mecanismos para defender sus ideales en la búsqueda de la felicidad de la Patria.

Su proyecto económico y social tuvo sus raíces en la concepción federalista de Artigas, encarnada por Oribe, Saravia y Herrera, y mantiene plenamente su vigencia.

Fiel seguidor de esa tradición artiguista, Wilson dio todo por su Patria.

El pensamiento de Wilson Ferreira Aldunate estará vivo en los caminos que conduzcan a este país a un tiempo mejor, con independencia nacional, desarrollo económico y justicia social.

Wilson Ferreira Aldunate fue una celebración a la vida y un canto a la esperanza, fue un hombre magnífico, último caudillo que la colectividad blanca supo brindar a la Patria. Como él nos dijo: "tenemos sueños ¿Qué más precisamos? Si este país lo que no se va a dejar robar es el derecho a seguir soñando su destino."

Tan destacado y fermental ciudadano, adelantado siempre al tiempo que le tocó vivir, merece ser honrado de-signando con su nombre una obra que por su enverga-

dura refleje el pensamiento vivo de quien bregó tan fuertemente por el desarrollo nacional, a través de una visión integradora.

El Anillo Perimetral, que es una obra de relevancia logística fundamental para el crecimiento y ordenamiento de la ciudad de Montevideo y su área metropolitana, es también un instrumento esencial en el proceso de descentralización e integración regional.

Es por los motivos expuestos que se propone el siguiente Proyecto de Ley.

Ruperto Long, Francisco Gallinal, Sergio Abreu, Enrique Antía, Jorge Larrañaga, Gustavo Lapaz, Julio Lara Gilene, Carlos Moreira, Eber Da Rosa, Gustavo Penadés, Luis A. Heber. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Desígnase con el nombre: "Perimetral Wilson Ferreira Aldunate", al anillo colector de tránsito de la ciudad de Montevideo, compuesto por el actual colector oeste así como por tramos de las Rutas números 5 (tramo entre Ruta Nº 1 y Ruta Nº 102) y 102 (tramos entre Ruta Nº 5 y Ruta Nº 8, y entre Ruta Nº 8 y Ruta Nº 101).

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, etc.

Ruperto Long, Francisco Gallinal, Sergio Abreu, Enrique Antía, Jorge Larrañaga, Gustavo Lapaz, Julio Lara Gilene, Carlos Moreira, Eber Da Rosa, Gustavo Penadés, Luis A. Heber. Senadores."

17) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se regulan los derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios de los servicios de salud. (Carp. Nº 202/05 - Rep. Nº 362/06)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 202/05

Rep. Nº 362/06

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Salud Pública

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO DE LA COMISION

Título I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- La presente ley regula los derechos y obligaciones de los pacientes y usurarios de los servicios de salud con respecto a los trabajadores de la salud y a los servicios de atención de la salud.

Artículo 2º.- Los pacientes y usurarios tienen derecho a recibir tratamiento igualitario y no podrán ser discriminados por ninguna razón ya sea de raza, edad, sexo, religión, nacionalidad de origen, impedimentos físicos, condición social, opción u orientación sexual, nivel cultural o capacidad económica.

Título II

DE LAS DEFINICIONES

Artículo 3º.- Se considera servicio de salud a toda organización conformada por personas físicas o jurídicas, tales como instituciones, entidades, empresas, organismos públicos, privados -de carácter particular o colectivo- o de naturaleza mixta, que brinde prestaciones vinculadas a la salud (incluyendo análisis o estudios sean de naturaleza preventivas, curativas, de rehabiliación o reparación).

Artículo 4º.- Se entiende por trabajadores de la salud a toda persona que desempeñe funciones en el ámbito de un servicio de salud, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º de la presente ley, que cumpla una actividad permanente o temporal, aún no remunerada.

Artículo 5º.- Es usurario de un servicio de salud toda persona física que pueda adquirir o utilizar bienes o servicios de salud.

Se entiende por paciente a toda persona que recibe atención de la salud, o en su defecto sus familiares, cuando su presencia y actos se vinculen a la atención de aquella.

En los casos de incapacidad o manifiesta imposibilidad de ejercer sus derechos y asumir sus obligaciones, le representará su cónyuge, el pariente más próximo o su representante legal.

Título III

DE LOS DERECHOS

Artículo 6º.- Toda persona tiene derecho a acceder a una atención integral que comprenda todas aquellas acciones destinadas a la promoción, la protección, recuperación y rehabilitación de la salud, de acuerdo a las definiciones que establezca el Ministerio de Salud Pública.

Artículo 7º.- Todo paciente tiene derecho a una atención en salud de calidad, con trabajadores de salud debidamente capacitados y autorizados por las autoridades competentes, para el ejercicio de sus tareas o funciones.

Todo paciente tiene el derecho a acceder a medicamentos de calidad debidamente autorizados por el Ministerio de Salud Pública y a conocer los posibles efectos colaterales derivados de su utilización.

Todo paciente tiene el derecho a que sus exámenes diagnósticos y evaluaciones cuenten con el debido control de calidad. Asimismo tiene el derecho de acceso a los resultados cuando lo solicite.

Artículo 8º.- El Estado por intermedio del Ministerio de Salud Pública será responsable de controlar la propaganda destinada a estimular tratamientos o consumo de medicamentos. La promoción engañosa se determinará de acuerdo a lo prescripto en la Ley Nº 17.250, de 11 de agosto de 2000 y en particular en el Capítulo IX de ese texto.

Artículo 9º.- El Estado por intermedio del Ministerio de Salud Pública está obligado a informar públicamente y en forma regular sobre las condiciones sanitarias en el territorio nacional.

Artículo 10.- El Estado garantizará en todos los casos el acceso a medicamentos básicos.

Todas las patologías ya sean agudas, crónicas, transmisibles o no, deben ser tratadas, sin ningún tipo de limitación, tanto en lo referente a la internación, obtención de medicamentos, modalidades asistenciales científicamente válidas, así como la rehabilitación y cuidados paliativos de las mismas.

Los Servicios de Salud serán responsables de las omisiones en el cumplimiento de estas exigencias.

Artículo 11.- Todo procedimiento de atención médica será acordado entre el paciente -luego de recibir información adecuada, suficiente y continua- y el profesional de salud. La autorización del paciente a someterse a procedimientos, diagnósticos o terapéuticos estará consignada en la historia clínica en forma expresa (consentimiento informado). Esta autorización puede ser revocada en cualquier momento.

El paciente tiene derecho a negarse a recibir atención médica y a que se le expliquen las consecuencias de la negativa para su salud.

Cuando mediaren razones de urgencia o emergencia, o de notoria fuerza mayor que imposibiliten el acuerdo requerido, o cuando las circunstancias no permitan demora por existir riesgo grave para la salud del paciente. Cuando se esté frente a patologías que impliquen riesgo cierto para la sociedad que integra, se podrá llevar adelante los procedimientos, de todo lo cual se dejará precisa constancia en la historia clínica.

En la atención de enfermos siquiátricos se aplicarán los criterios dispuestos en la Ley Nº 9.581, de 8 de agosto de 1936.

Artículo 12.- Todo procedimiento de investigación médica deberá ser expresamente autorizado por el paciente, en forma libre, luego de recibir toda la información en forma clara sobre los objetivos y la metodología de la misma y una vez que la Comisión de Etica de la institución de asistencia autorice el protocolo respectivo. En todos los casos se deberá comunicar preceptivamente a la Comisión de Bioética y Calidad de Atención del Ministerio de Salud Pública. La información debe incluir el derecho a la revocación voluntaria del consentimiento, en cualquier etapa de la investigación. La Comisión se integrará por los profesionales cuya capacitación en la materia los constituya en referentes del tema a investigar.

La situación en que la falta de institucionalización del profesional impida lo exigido en el párrafo anterior con respecto a la autorización por la Comisión de Etica, se deberá obtener el consentimiento del Ministerio de Salud Pública.

Artículo 13.- Toda persona tiene el derecho de elección del sistema asistencial más adecuado sin más limitaciones que las contenidas en el Sistema Nacional Integrado de Salud y el Seguro Nacional de Salud, a partir de su puesta en vigencia.

Artículo 14.- La docencia de las diferentes actividades profesionales en el ámbito de la salud podrá ser realizada en cualquier servicio de salud.

Título IV

DE LOS DERECHOS RELATIVOS A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

Artículo 15.- Los servicios de salud, dependiendo de la complejidad del proceso asistencial, integrarán una Comisión de Bioética que estará conformada por profesionales de la salud y por integrantes no médicos representativos de la sociedad civil.

En todos los casos, al menos la mitad de sus integrantes serán de sexo femenino.

Artículo 16.- Todo paciente tiene el derecho a disponer de su cuerpo con fines diagnósticos y terapéuticos con excepción de las situaciones de emergencia imprevista, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971 y sus modificativas.

Artículo 17.- Todo paciente tiene derecho a un trato respetuoso y digno por parte de los integrantes del sistema de atención de salud, que tome en cuenta su situación de dependencia.

Este derecho incluye:

a) ser respetado en todas las instancias, del proceso de asistencia, en especial recibir un trato cortés y amable, ser conocido por su nombre, recibir una explicación de su situación clara y en tiempo, y ser atendido en los horarios de atención comprometidos.

b) procurar que en todos los procedimientos de asistencia médica se evite el dolor físico y emocional de la persona cualquiera sea su situación fisiológica o patológica.

c) estar acompañado por sus seres queridos o representantes de su confesión en todo momento de peligro o proximidad de la muerte, en la medida que esta presencia no interfiera con los derechos de otros pacientes internados y de procedimientos médicos imprescindibles.

d) morir con dignidad, entendiendo dentro de este concepto el derecho a morir en forma natural, en paz, sin dolor, evitando en todos los casos anticipar la muerte por cualquier medio utilizado con ese fin (eutanasia) o prolongar artificialmente la vida del paciente cuando no existan razonables expectativas de mejoría (futilidad terapéutica), con excepción de lo dispuesto en la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971 y sus modificativas.

e) negarse a que su patología se utilice con fines docentes cuando esto conlleve pérdida en su intimidad, molestias físicas, acentuación del dolor o reiteración de procedimientos. En todas las situaciones que se requiera un paciente con fines docentes tendrá que existir consentimiento. Esta autorización podrá ser retirada en cualquier momento, sin expresión de causa.

f) que no se practiquen sobre su persona actos médicos contrarios a su integridad física o mental, dirigidos a violar sus derechos como persona humana o que tengan como resultado tal violación.

Título V

DEL DERECHO AL CONOCIMIENTO DE SU SITUACION DE SALUD

Artículo 18.- Todo paciente tiene derecho a conocer todo lo relativo a su enfermedad. Esto comprende:

a) El derecho a conocer la probable evolución de la enfermedad de acuerdo a los resultados obtenidos en situaciones comparables en la institución prestadora del servicio de salud.

b) El derecho a conocer en forma clara y periódica la evolución de su enfermedad que deberá ser hecha por escrito si así lo solicitase el paciente; así como el derecho a ser informado, de otros recursos de acción médica no disponibles en la institución pública o privada donde se realiza la atención de salud.

En situaciones excepcionales y con el único objetivo del interés del paciente con consentimiento de los familiares se podrá establecer restricciones al derecho de conocer el curso de la enfermedad o cuando el paciente lo haya expresado previamente ("derecho a no saber").

Este derecho a no saber puede ser relevado cuando a juicio del médico la falta de conocimiento pueda constituir un riesgo para la persona o la sociedad.

c) El derecho a conocer quien o quienes intervienen en el proceso de asistencia de su enfermedad, con especificación de nombre, cargo y función.

d) A que se lleve un registro escrito o electrónico (historia clínica) completo donde figure la evolución de su estado de salud desde el nacimiento hasta la muerte.

La historia clínica constituye un conjunto de documentos, no sujetos a alteración ni destrucción, salvo lo establecido en la normativa vigente.

El paciente tiene derecho a revisar su historia clínica y a obtener una copia de la misma a sus expensas, y en caso de indigencia le será proporcionada al paciente en forma gratuita.

En caso de que el paciente cambie de institución o en cualquier otra situación se le entregará copia de la historia clínica, la que deberá tener todos los elementos del original.

La historia clínica será reservada y sólo podrán acceder a la misma los responsables de la atención médica y el personal administrativo vinculado con estos, el paciente o en su caso la familia y el Ministerio de Salud Pública cuando lo considere pertinente.

El revelar su contenido, sin que fuere necesario para el tratamiento o mediare orden judicial o conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la presente ley, hará pasible del delito previsto en el artículo 302 del Código Penal.

e) El derecho a que la familia directa -ante requerimiento expreso de la misma- conozca la situación de salud del enfermo y siempre que no medie la negativa expresa de éste.

En caso de enfermedades consideradas estigmati-zantes en lo social, el médico deberá consultar con el paciente el alcance de esa comunicación. La responsabilidad del profesional en caso de negativa por parte del enfermo quedará salvada asentando en la historia clínica esta decisión.

f) A que, en situaciones donde la ciencia médica haya agotado las posibilidades terapéuticas de mejoría o curación, estando tal situación claramente consignada en la historia clínica, constando a continuación la orden médica: "No Reanimar" impartida por el médico tratante, decisión que será comunicada a la familia directa del paciente.

g) Conocer previamente, cuando corresponda, el costo que tendrá el servicio de salud prestado, sin que se produzcan modificaciones generadas durante el proceso de atención. En caso de que esto tenga posibilidad de ocurrir será previsto por las autoridades de la institución o los profesionales actuantes.

h) Conocer sus derechos y obligaciones y las reglamentaciones que rigen los mismos.

Artículo 19.- Toda historia clínica, debidamente autenticada, en medio electrónico constituye documentación auténtica y como tal, será válida y admisible como medio probatorio.

Se considerará autenticada toda historia clínica en medio electrónico cuyo contenido esté validado por una o más firmas electrónicas mediante claves u otras técnicas seguras, de acuerdo al estado de la tecnología informática. Se aplicará lo dispuesto en los artículos 129 y 130 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1998, artículos 695 inciso 3º y 697 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y el artículo 25 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000.

Artículo 20.- Es de responsabilidad de los Centros de Asistencia de la Salud dotar de seguridad a las historias clínicas electrónicas y determinar las formas y procedimientos de administración y custodia de las claves de acceso y demás técnicas que se usen.

El Poder Ejecutivo podrá determinar criterios uniformes mínimos obligatorios de las historias clínicas para todos los Centros de Atención de la Salud.

Título VI

DE LOS DERECHOS DE PRIVACIDAD

Artículo 21.- El Centro de Atención en carácter de prestador de salud y en lo pertinente el profesional actuante deberá cumplir las obligaciones legales que le imponen denuncia obligatoria, así como las que determine el Ministerio de Salud Pública.

Título VII

DE LOS DEBERES DE LOS PACIENTES

Artículo 22.- Toda persona tiene el deber de cuidar de su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad (Art. 44 de la Constitución). Asimismo tiene la obligación de someterse a las medidas preventivas o terapéuticas que se le impongan, cuando su estado de salud, a juicio del Ministerio de Salud Pública, pueda constituir un peligro público (Art. 224 del Código Penal).

El paciente tiene la obligación de suministrar al equipo de salud actuante información cierta, precisa y completa de su proceso de enfermedad, así como de los hábitos de vida adoptados.

Artículo 23.- El paciente es responsable de seguir el plan de tratamiento y controles, establecidos por el equipo de salud. Tiene igualmente el deber de utilizar razonablemente los servicios de los Centros de Atención a la salud, evitando un uso abusivo que desvirtúen su finalidad y distraigan recursos en forma innecesaria.

Artículo 24.- El paciente o en su caso quien lo representa es responsable de las consecuencias de sus acciones si rehúsa algún procedimiento de carácter diagnóstico o terapéutico, así como si no sigue las directivas médicas.

El paciente puede abandonar el centro asistencial sin el alta correspondiente quedando consignado en la historia clínica esta decisión, siendo considerada tal situación como de "alta contra la voluntad médica", quedando exonerada la institución y el equipo de salud de todo tipo de responsabilidad.

Título VIII

DE LAS INFRACCIONES A LA LEY

Artículo 25.- Las infracciones a la presente ley determinarán la aplicación de las sanciones administrativas previstas en las normativas vigentes en las instituciones o el ámbito del Ministerio de Salud Pública, sin perjuicio de otras acciones que se puedan derivar de su violación.

Artículo 26.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los agrupamientos de trabajadores de la salud con personería jurídica, podrán juzgar la conducta profesional de sus afiliados de acuerdo a sus estatutos.

Sala de la Comisión, a 31 de octubre de 2006.

Alberto Cid, Miembro Informante; Isaac Alfie, Enrique Antía, Eber Da Rosa, Margarita Percovich, Víctor Vaillant, Mónica Xavier, Senadores.

PROYECTO DE LEY CON EXPOSICION DE MOTIVOS SOBRE DERECHOS DE LOS PACIENTES

Título I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1º.- La presente ley regula los derechos y obligaciones de los pacientes con respecto a los profesionales de la salud y a los Establecimientos de Asistencia de Salud.

Art. 2º.- Los pacientes tienen derecho a recibir tratamiento igualitario y no podrán ser discriminados por ninguna razón ya sea de raza, sexo, religión, nacionalidad de origen, impedimentos físicos, condición social, opción sexual, nivel cultural o capacidad económica.

Título II

DE LAS DEFINICIONES

Art. 3º.- A los efectos de la presente ley se entiende como Centro de Asistencia de la Salud: los Hospitales Públicos y Privados, Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, Clínicas médicas y odontológicas de carácter privado, laboratorios de análisis, así como cualquier servicio donde se preste asistencia a la salud.

Art. 4º.- Se entiende por profesional de la salud a los médicos, odontólogos, practicantes de medicina, enfermeras egresadas y estudiantes, farmacéuticos, así como los auxiliares médicos y el personal administrativo y toda aquella persona, aun no remunerada, que desarrolle tareas en el ámbito de la asistencia de la salud.

Art. 5º.- Se entiende por paciente a toda persona que recibe atención de la salud, así como sus familiares, cuando su presencia y actos se vinculen a la atención de la salud.

En los casos de minoridad, incapacidad o manifiesta imposibilidad de ejercer sus derechos y asumir sus obligaciones, le representará un cónyuge, el pariente más próximo o su representante legal.

Título III

DE LOS DERECHOS

Art. 6º.- Toda persona tiene derecho a acceder a una atención integral, que comprenda todas aquellas acciones destinadas a la promoción, la protección, recuperación y rehabilitación de la salud.

Art. 7º.- Todo paciente tiene derecho a una asistencia en salud de calidad, con profesionales debidamente capacitados y autorizados para el ejercicio de la especialidad por las autoridades competentes.

Todo paciente tendrá el derecho a acceder a medicamentos de calidad debidamente autorizados y de los que el paciente conozca los posibles efectos colaterales derivados de su utilización.

Todo paciente tendrá el derecho a que sus exámenes diagnósticos y de laboratorio cuenten con el debido control de calidad y al acceso a los mismos cuando lo solicite.

Art. 8º.- El Estado por intermedio del Ministerio de Salud Pública será responsable de controlar la propaganda destinada a estimular tratamientos o consumo de medicamentos que no tengan la adecuada documentación científica. Se considerará como promoción engañosa aquella que no reúna tal condición con los alcances contenidos en la Ley Nº 17.250, de 11 de agosto de 2000 y en particular en el Capítulo IX de ese texto.

Art. 9º.- El Estado por intermedio del Ministerio de Salud Pública está obligado a informar públicamente y en forma regular sobre las condiciones sanitarias en el territorio nacional.

Art. 10.- El Estado garantizará en todos los casos el acceso a medicamentos básicos así como a los medicamentos necesarios para atender las enfermedades crónicas.

Las patologías de carácter crónico deben ser tratadas, sin ningún tipo de limitación, ya sea en lo referente a la internación, obtención de medicamentos, modalidades asistenciales científicamente válidas, así como la rehabilitación de las mismas.

Las instituciones de asistencia médica de carácter no estatal serán responsables de las omisiones en el cumplimiento de estas exigencias.

Art. 11.- Todo procedimiento de asistencia médica será acordado entre el paciente -luego de recibir información adecuada, suficiente y continua- y el profesional de salud. La autorización del paciente a someterse a procedimientos diagnósticos o terapéuticos estará consignada en la historia clínica en forma expresa (consentimiento informado). Esta autorización puede ser revocada en cualquier momento.

Cuando mediaren razones de urgencia o emergencia, o de notoria fuerza mayor que imposibilitan el acuerdo requerido, o cuando la circunstancia no permita demora por existir riesgo grave para la salud del paciente, se podrán llevar adelante los procedimientos a realizar, de todo lo cual se dejará precisa constancia en la historia clínica.

Todo procedimiento de investigación médica deberá ser expresamente autorizado por el paciente, en forma libre, luego de recibir toda la información en forma clara sobre los objetivos y la metodología de la misma y una vez que la Comisión de Etica de la institución de asistencia autorice el protocolo respectivo. La información debe incluir el derecho a la revocación voluntaria del consentimiento, en cualquier etapa de la investigación. La Comisión estará integrada por los profesionales cuya capacitación en la materia los constituya en referentes del tema a investigar.

En la situación en que la falta de institucionalización del profesional impida lo exigido en el párrafo anterior con respecto a la autorización por la Comisión de Etica, se deberá obtener el consentimiento en el Ministerio de Salud Pública.

Art. 12.- Toda persona tiene el derecho de elección del sistema asistencial más adecuado sin más limitaciones que las derivadas de su situación económica.

Art. 13.- La docencia de la práctica médica en todos los casos podrá ser realizada en cualquiera de las instituciones de carácter asistencial.

Título IV

DE LOS DERECHOS RELATIVOS A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

Art. 14.- Las instituciones de asistencia médica, dependiendo de la complejidad del proceso asistencial, integrarán una Comisión de Etica que estará conformada por profesionales de la salud y por integrantes no médicos representativos de la sociedad civil.

En todos los casos, al menos la mitad de sus integrantes serán de sexo femenino.

Art. 15.- Todo paciente tiene el derecho a disponer de su cuerpo con fines diagnósticos y terapéuticos con excepción de las situaciones de emergencia imprevista.

Art. 16.- Todo paciente tiene derecho a un trato respetuoso y digno por parte de los integrantes del sistema de atención de salud que tome en cuenta su situación de dependencia.

Este derecho incluye:

a) ser respetado en todas las instancias del proceso de asistencia, en especial el trato cortés y amable, el ser conocido por su nombre, por recibir una explicación de su situación clara y en tiempo y el cumplimiento de los horarios de atención médica comprometidos.

b) procurar que en todos los procedimientos de asistencia médica se evite el dolor físico y emocional de la persona cualquiera sea su situación fisiológica o patológica.

c) estar acompañado por sus seres queridos o representantes de su confesión en todo momento de peligro o proximidad de la muerte, en la medida que esta presencia no interfiera con los derechos de otros pacientes internados y de procedimientos médicos imprescindibles.

d) morir con dignidad, entendiendo dentro de este concepto el derecho a morir en forma natural, en paz, sin dolor, evitando en todos los casos anticipar la muerte por cualquier medio utilizado con ese fin (eutanasia) o prolongar artificialmente la vida del cuando no existan razonables expectativas de mejoría (futilidad terapéutica).

e) negarse a que su patología se utilice con fines docentes cuando esto conlleve pérdida en su intimidad, molestias físicas, acentuación del dolor o reiteración de procedimientos diagnósticos. En todas las situaciones que se utilice un paciente con fines docentes tendrá que existir consentimiento previo del mismo. Esta autorización podrá ser retirada en cualquier momento, sin expresión de causa.

f) que no se practiquen sobre su persona actos médicos contrarios a su integridad física o mental, dirigidas a violar sus derechos como persona humana o que tengan como resultado tal violación.

Título V

DEL DERECHO AL CONOCIMIENTO DE SU SITUACION DE SALUD

Art. 17.- Todo paciente tiene derecho a conocer todo lo relativo a su enfermedad. Esto comprende:

a) El derecho a conocer la probable evolución de la enfermedad de acuerdo a los resultados obtenidos en situaciones comparables en la institución prestadora del servicio de salud.

b) El derecho a conocer en forma clara y periódica la evolución de su enfermedad que deberá ser hecha por escrito si así lo solicitase el paciente; así como la posibilidad de la existencia de otros recursos de acción médica no disponibles en la institución de asistencia donde se realiza la atención de salud.

En situaciones excepcionales y con el único objetivo del interés del enfermo se podrá establecer restricciones al derecho de conocer del curso de la enfermedad o cuando el paciente lo haya expresado previamente ("derecho a no saber").

Este derecho a no saber puede ser relevado cuando a juicio del médico la falta de conocimiento pueda constituir un riesgo para la persona o la sociedad.

c) El derecho a conocer quien o quienes intervienen en el proceso de asistencia de su enfermedad, con especificación de nombre, cargo y función.

d) A que se lleve un registro escrito o electrónico (historia clínica) completo donde figure la evolución de su estado de salud desde el nacimiento hasta la muerte.

La historia clínica constituye un conjunto de documentos, no sujetos a alteración ni destrucción, salvo que la autoridad sanitaria lo autorice expresamente.

En caso de que el paciente cambie de institución o en cualquier otra situación debidamente justificada se le entregará copia de la historia clínica, la que deberá tener todos los elementos del original.

La historia clínica será reservada y solo podrán acceder a la misma los profesionales intervinientes y el paciente y en su caso la familia.

El relevar su contenido, sin que fuere necesario para el tratamiento o mediare orden judicial o conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del texto analizado, hará pasible del delito previsto en el artículo 302 del Código Penal.

e) El derecho a que la familia directa -ante requerimiento expreso de la misma- conozca la situación de salud del enfermo y siempre que no medie la negativa expresa de este.

En caso de enfermedades consideradas estigma-tizantes en lo social, el médico deberá consultar con el paciente el alcance de esa comunicación. La responsabilidad del profesional en caso de negativa por parte del enfermo quedará salvada asentando en la historia clínica esta decisión.

f) A que, en situaciones donde la ciencia médica haya agotado las posibilidades terapéuticas de mejoría o curación esta situación esté claramente consignada en la historia clínica, constando a continuación la orden médica: "No Reanimar" impartida por el médico tratante, decisión que será comunicada a la familia directa del paciente.

g) Conocer previamente, cuando corresponda, el costo que tendrá el servicio de salud prestado, sin que se produzcan modificaciones generadas durante el proceso de atención. En caso de que esto tenga posibilidades de ocurrir será previsto por las autoridades de la institución o los profesionales actuantes.

h) Conocer sus derechos y obligaciones y las reglamentaciones que rigen los mismos.

i) Aceptar o rechazar los tratamientos propuestos, en cuyo caso u a solicitud del médico, deberá firmar un documento el sentido que estime salvo en los casos de urgencia y emergencia, con riesgo vital donde se estará al criterio del profesional actuante.

Art. 18. Toda historia clínica, debidamente autenticada, en medio electrónico constituye documentación auténtica y como tal, será válida y admisible como medio probatorio.

Se considerará autenticada toda historia clínica en medio electrónico cuyo contenido esté validado por una o más firmas electrónicas mediante claves u otras técnicas seguras, de acuerdo al estado de la tecnología informática. Se aplicará a lo dispuesto en los artículos 129 y 130 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1998, artículos 695 inciso 3º y 697 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y el artículo 25 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000.

Art. 19. Es de responsabilidad de los Centros de Asistencia de la Salud dotar de seguridad a las historias clínicas electrónicas y determinar las formas y procedimientos de administración y custodia de las claves de acceso y demás técnicas que se usen.

El Poder Ejecutivo podrá determinar criterios uniformes de las historias obligatorias para todos los Centros de Atención a la Salud.

Título VI

DE LOS DERECHOS DE PRIVACIDAD

Art. 20.- Todo paciente, tiene derecho a la privacidad y confidencialidad de todo lo relacionado con su estado de salud. Solo por disposición legal expresa u orden judicial fundada se podrá relevar a las autoridades de las instituciones de asistencia y a los profesionales, la que no cesa porque el paciente deje de ser atendido en el mismo o eventualmente falleciera. (Art. 302 del Código Penal).

Art. 21.- Todo paciente tiene derecho a que su historia clínica solo sea consultada por el equipo de asistencia médica y los encargados de la supervisión de la asistencia.

El personal administrativo sólo podrá acceder a la historia clínica con el único objeto de facilitar el acto asistencial, estando obligado a iguales limitaciones.

En los casos en que la historia clínica este informatizada y en red solo podrán acceder a la información los responsables de la atención médica y el personal administrativo vinculado con éste, mediante una clave de acceso.

Art. 22.- Todo paciente tiene derecho a que las con-sultas y cualquier referencia a su historia clínica se realice sólo entre los que participan en el proceso de asistencia médica.

Art. 23.- El Centro de Asistencia y en lo pertinente el profesional actuante deberá cumplir las obligaciones legales que le imponen denuncia obligatoria, así como las que determine el Ministerio de Salud Pública.

Título VII

DE LOS DEBERES DE LOS PACIENTES

Art. 24.- Toda persona tiene el deber de cuidar de su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad (Art. 44 de la Constitución). Asimismo tiene la obligación de someterse a las medidas preventivas o terapéuticas que se le impongan, cuando su estado de salud, a juicio del Ministerio de Salud Pública, pueda constituir un peligro público (Art. 224 del Código Penal).

El paciente tiene la obligación de suministrar al equipo de salud actuante información cierta, precisa y completa de su proceso de enfermedad, así como de los hábitos de vida adoptados.

Art. 25.- El paciente es responsable de seguir el plan de tratamiento y controles establecidos por el equipo de salud. Tiene igualmente el deber de utilizar razonablemente los servicios de los Centros de Asistencia, evitando un uso abusivo que desvirtúen su finalidad y distraigan recursos en forma innecesaria.

Art. 26.- El paciente o en su caso quien lo representa es responsable de las consecuencias de sus acciones si rehúsa algún procedimiento de carácter diagnóstico o terapéutico, así como si no sigue las directivas médicas.

El paciente puede abandonar el centro asistencial sin el alta correspondiente quedando consignado en la historia clínica esta decisión, siendo considerada tal situación como de "alta contra la voluntad médica", quedando exonerda la institución y el equipo de salud de todo tipo de responsabilidad.

Título VIII

DE LAS INFRACCIONES A LA LEY

Art. 27.- Las infracciones a la presente ley determinarán la aplicación de las sanciones administrativas previstas en las normativas vigentes en las instituciones o el ámbito del Ministerio de Salud Pública, sin perjuicio de otras acciones que se puedan derivar de su violación.

Art. 28.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los agrupamientos de profesionales con personería jurídica, con organismos que juzgan la conducta profesional de los médicos, podrán establecer sanciones de acuerdo a sus estatutos.

INDICE POR TITULOS

Título I - De las Disposiciones Generales (Arts. 1º a 2º)

Título II - De las Definiciones (Arts. 3º a 5º)

Título III - De los Derechos (Arts. 6º a 12)

Título IV - De los Derechos Relativos a la Dignidad de la Persona (Arts. 14 a 16)

Título V - Del Derecho al Conocimiento de su Situación de Salud (Arts. 17 al 19)

Título VI - De los Derechos de Privacidad (Arts. 20 a 23)

Título VII - De los Deberes de los Pacientes (Arts. 24 a 26)

Título VIII - De las Infracciones a la Ley (Arts. 27 a 28).

Alberto Cid. Senador.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los derechos de los pacientes y enfermos son una parte de los derechos humanos como es aceptado en la actualidad en casi todos los ámbitos jurídicos internacionales no obstante lo cual -y como lo señala la Profesora Asociada de Derecho Internacional Dra. Michelangela Scalbrino- "la amplitud creciente, así como la variabilidad de las normas y principios del derecho internacional contemporáneo relacionado a la salud en general y a la relación médico-paciente, hacen difícil elaborar una síntesis de ese marco normativo".

Pero sin duda que el tema ha evolucionado en un sentido positivo desde la primitiva concepción de que el enfermo constituía una carga y que únicamente el sentido de caridad permitía su asistencia a la declaración de sus derechos en 1793 -a raíz de la Revolución Francesa- donde se establece como deber sagrado el socorro al enfermo. En el año 1946 en el preámbulo constitutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se afirmaba que la salud constituye uno de los derechos fundamentales del ser humano. Es desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 donde se establece el derecho de toda persona a un nivel de vida que le asegure la salud.

Esta evolución positiva, sin embargo no alcanza para establecer como se relaciona la persona con los distintos ámbitos donde se presta la atención de la salud, lo que ha llevado a que distintos países plasmaran en su normativa los derechos de los usuarios. Esta evolución positiva se basa en que la condición de enfermo no solo no rebaja la dignidad de la persona, por el contrario refuerza la condición de ser humano a la que añade en ese particular momento al de ser un sujeto debilitado en general en su condición física y psíquica.

Por otra parte la creciente institucionalización de la asistencia a la salud, al mismo tiempo que la necesaria interacción de los diferentes integrantes de los equipos actuantes, han colocado estos derechos de los pacientes en una zona difusa, casi siempre imprecisa, donde incluso resoluciones de carácter administrativo los vulneran o simplemente los desconocen.

Se ha regulado con más énfasis los aspectos institucionales que aquellos que hacen a los derechos del enfermo y su familia lo que conduce a minimizar el elemento humano, contribuyendo de esta forma a acentuar la despersonalización de la asistencia a la salud. Al romperse el equilibrio biológico que refiere a su estado de salud, el individuo pasa a depender de todo un entorno novedoso y desconocido que lo coloca en situación de dependencia. Tal situación refiere a lo institucional donde surgen re-gulaciones, tiempos y exigencias hasta ayer desconoci-

das por la persona y la aparición y protagonismo de diferentes actores que van desde los que desempeñan tareas de regulación administrativa hasta los más delicados y complejos actos asistenciales. Esto conlleva una importante atomización del proceso asistencial profundizando la dependencia del paciente, al aparecer muchos interlocutores que en general, resuelven aspectos parciales de su situación.

En ese contexto cobra importancia el nivel de información suministrada a los pacientes y su familia a efectos de facilitar su adaptación a un ambiente que les es ajeno. En función de la información recibida el paciente puede colaborar en la mejor adopción de las decisiones que surgen del proceso asistencial. Salvo condiciones particulares, el enfermo siempre tendrá la última palabra, aunque su voluntad no coincida con la opinión del equipo de asistencia médica. Nuestro ordenamiento jurídico carece de regulaciones precisas que establezcan derechos y obligaciones tanto de los pacientes como de los profesionales de la salud. En ese mismo sentido existe en el ámbito de las instituciones públicas y privadas una notoria elasticidad interpretativa del rol que deben desempeñar los distintos actores que participan en el acto asistencial.

En el ámbito de la docencia de las distintas disciplinas médicas no es infrecuente percibir prácticas de enseñanza que vulneran los derechos del enfermo y si bien esto no es actitud consciente, cierto sentido de habitualidad le confiere mayor preocupación. La práctica de la docencia de todas las disciplinas médicas exclusivamente en el ámbito del subsector público tiene un fuerte sentido discriminatorio, en el que se percibe el resabio de que la gratuidad en la prestación de la asistencia justifica cierta concesión por parte del paciente.

La ausencia de un necesario marco jurídico nos diferencia de muchos países del primer mundo y de varios latinoamericanos que han legislado en este campo. Por otra parte la Constitución de la República establece claramente la necesidad de legislar en todos los aspectos vinculados a la salud humana. En efecto, en su artículo 44 establece: "El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país". La voluntad del constituyente no ha sido contemplada por el Legislador por lo que este hecho agrega un componente que da razones adicionales a esta propuesta legislativa.

Existen, sin embargo algunos antecedentes de importancia al respecto que han ido dando un marco conceptual a este tema aunque estos no alcanzan a la totalidad de la problemática, carecen de rango legal y son de aplicación casi exclusiva al ámbito del Ministerio de Salud Pública. Nos referimos al decreto del Poder Ejecutivo 258/92 "Reglas de Conducta Médica" y adicionalmente el capítulo sobre el conjunto "de normas sobre derechos de los pacientes". En igual sentido el Sindicado Médico del Uruguay en el año 1995 aprobó el Código de Etica Médica basado en las normas, códigos y convenciones internacionales que regulan estos derechos. Este código es un aporte de significación en esta materia pero tiene algunos límites de importancia como son la vigencia únicamente para los profesionales que sean afiliados voluntariamente a la gremial médica y el no alcanzar a las instituciones prestadoras de servicios de salud. Con idéntico alcance la Federación Médica del Interior elaboró su código de ética que rige para los afiliados voluntarios a la gremial. El carácter limitado de su vigencia a los profesionales que voluntariamente se afilien tanto al Sindicato Médico del Uruguay como a la Federación Médica del Interior vuelve a replantear la necesaria aprobación de un marco legal que habilite la Colegiación Médica obligatoria que dé obligatoriedad a estas normas con alcance a la totalidad de los profesionales médicos. Estos códigos además, establecen un marco normativo únicamente para los médicos y estudiantes de medicina y por lo tanto no regulan, no podrían hacerlo, a los otros actores del proceso asistencial.

Si bien, ética y derechos humanos se confunden- como dice el Dr. Henri Anrys- e incluso el marco ético se anticipa o sobrepasa en muchas circunstancias al marco jurídico, es im-portante regular en forma expresa el alcance de esos derechos.

Alberto Cid. Senador.

DISPOSICIONES CITADAS

LEY Nº 17.250

de 11 de agosto de 2000

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES Y CONCEPTOS

Artículo 1º.- La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular las relaciones de consumo, incluidas las situaciones contempladas en el inciso segundo del artículo 4º.

En todo lo no previsto, en la presente ley, será de aplicación lo dispuesto en el Código Civil.

Artículo 2º.- Consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella.

No se considera consumidor o usuario a aquel que, sin constituirse en destinatario final, adquiere, almacena, utiliza o consume productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación o comercialización.

Artículo 3º.- Proveedor es toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, privada o pública, y en este último caso estatal o no estatal, que desarrolle de manera profesional actividades de producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios en una relación de consumo.

Artículo 4º.- Relación de consumo es el vínculo que se establece entre el proveedor que, a título oneroso, provee un producto o presta un servicio y quien lo adquiere o utiliza como destinatario final.

La provisión de productos y la prestación de servicios que se efectúan a título gratuito, cuando ellas se realizan en función de una eventual relación de consumo, se equiparan a las relaciones de consumo.

Artículo 5º.- Producto es cualquier bien corporal o incorporal, mueble o inmueble. Servicio es cualquier actividad remunerada, suministrada en el mercado de consumo, con excepción de las que resultan de las relaciones laborales.

CAPITULO II

DERECHOS BASICOS DEL CONSUMIDOR

Artículo 6º.- Son derechos básicos de consumidores:

A) La protección de la vida, la salud y la seguridad contra los riesgos causados por las prácticas en el suministro de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos.

B) La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, la libertad de elegir y el tratamiento igualitario cuando contrate.

C) La información suficiente, clara, veraz, en idioma español sin perjuicio que puedan emplearse además otros idiomas.

D) La protección contra la publicidad engañosa, los métodos coercitivos o desleales en el suministro de productos y servicios y las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, cada uno de ellos dentro de los términos dispuestos en la presente ley.

E) La asociación en organizaciones cuyo objeto específico sea la defensa del consumidor y ser representado por ellas.

F) La efectiva prevención y resarcimiento de los daños patrimoniales y extra patrimoniales.

G) El acceso a organismos judiciales y administrativos para la prevención y resarcimiento de daños mediante procedimientos ágiles y eficaces, en los términos previstos en los capítulos respectivos de la presente ley.

CAPITULO III

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD

Artículo 7º.- Todos los productos y servicios cuya utilización pueda suponer un riesgo de aquellos considerados normales y previsibles por su naturaleza, utilización o finalidad, para la salud o seguridad de los consumidores o usuarios, deberán comercializarse observando las normas o las formas establecidas o razonables.

Artículo 8º.- Los proveedores de productos y servicios peligrosos o nocivos para la salud o seguridad deberán informar en forma clara y visible sobre su peligrosidad o nocividad, sin perjuicio de otras medidas que puedan tomarse en cada caso concreto.

Artículo 9º.- La autoridad administrativa competente podrá prohibir la colocación de productos en el mercado, excepcionalmente y en forma fundada, cuando éstos presenten un grave riesgo para la salud o seguridad del consumidor por su alto grado de novicidad o peligrosidad.

Artículo 10.- Tratándose de productos industriales, el fabricante deberá proporcionar la información a que refieren los artículos precedentes, y ésta deberá acompañar siempre al producto, incluso en su comercialización final.

Artículo 11.- Los proveedores de productos y servicios que, posteriormente a la introducción de los mismos en el mercado, tomen conocimiento de su nocividad o peligrosidad, deberán comunicar inmediatamente tal circunstancia a las autoridades competentes y a los consumidores. En este último caso, la comunicación se cumplirá mediante anuncios publicitarios.

CAPITULO IV

DE LA OFERTA EN GENERAL

Artículo 12.- La oferta dirigida a consumidores determinados o indeterminados, transmitida por cualquier medio de comunicación y que contenga información suficientemente precisa con relación a los productos o servicios ofrecidos, vincula a quien la emite y a aquel que la utiliza de manera expresa por el tiempo que se realice. Este plazo se extenderá en los siguientes casos:

1) Cuando dicha oferta se difunda únicamente en día inhábil, en cuyo caso la misma vincula a los sujetos referidos en esta cláusula hasta el primer día hábil posterior al de su realización.

2) Cuando el oferente establezca un plazo mayor.

En todos los casos, la oferta podrá especificar sus modalidades, condiciones o limitaciones.

Durante el plazo de vigencia de la oferta, incluso si éste es más extenso que el previsto en la presente ley, la oferta será revocable. La revocación será eficaz una vez que haya sido difundida por medios similares a los empleados para hacerla conocer, y siempre que esto ocurra antes que la aceptación haya llegado al oferente. En los casos en los que el oferente asuma el compromiso de no revocar la oferta, la misma no será revocable.

La aceptación de la oferta debe ser tempestiva. La aceptación tardía es ineficaz, salvo la facultad del proponente de otorgarle eficacia.

Artículo 13.- Toda información referente a una relación de consumo deberá expresarse en idioma español sin perjuicio que además puedan usarse otros idiomas.

Cuando en la oferta se dieran dos o más informaciones contradictorias, prevalecerá la más favorable al consumidor.

Artículo 14.- Toda información, aun la proporcionada en avisos publicitarios, difundida por cualquier forma o medio de comunicación, obliga al oferente que ordenó su difusión y a todo aquel que la utilice, e integra el contrato que se celebre con el consumidor.

Artículo 15.- El proveedor deberá informar, en todas las ofertas, y previamente a la formalización del contrato respectivo:

A) El precio, incluidos los impuestos.

B) En las ofertas de crédito o de financiación de productos o servicios, el precio de contado efectivo según corresponda, el monto del crédito otorgado o el total financiado en su caso, y la cantidad de pagos y su periodicidad. Las empresas de intermediación financiera, adminisradoras de créditos o similares, también deberán informar la tasa de interés efectiva anual.

C) Las formas de actualización de la prestación, los intereses y todo otro adicional por mora, los gastos extras adicionales, si los hubiere, y el lugar de pago.

El precio difundido en los mensajes publicitarios deberá indicarse según lo establecido en el presente artículo. La información consignada se brindará conforme a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 16.- La oferta de productos o servicios que se realice fuera del local empresarial, por medio postal, telefónico, televisivo, informático o similar da derecho al consumidor que la aceptó a rescindir o resolver, "ipso jure" el contrato. El consumidor podrá ejercer tal derecho dentro de los cinco días hábiles contados desde la formalización del contrato o de la entrega del producto, a su sola opción, sin responsabilidad alguna de su parte. La opción por la rescisión o resolución deberá ser comunicada al proveedor por cualquier medio fehaciente.

Cuando la oferta de servicios se realice en locales acondicionados con la finalidad de ofertar, el consumidor podrá rescindir o resolver el contrato en los términos dispuestos en el inciso primero del presente artículo.

Si el consumidor ejerciere el derecho a resolver o rescindir el contrato deberá proceder a la devolución del producto al proveedor, sin uso, en el mismo estado en que fue recibido, salvo lo concerniente a la comprobación del mismo. Por su parte, el proveedor deberá restituir inmediatamente al consumidor todo lo que éste hubiere pagado. La demora en la restitución de los importes pagados por el consumidor, dará lugar a que éste exija la actualización de las sumas a restituir. Cada parte deberá hacerse cargo de los costos de la restitución de la prestación recibida. En los casos en los que el consumidor rescinda o resuelva el contrato de conformidad a las previsiones precedentes, quedarán sin efecto las formas de pago diferido de las prestaciones emergentes de dicho contrato que éste hubiera instrumentado a través de tarjetas de crédito o similares. Bastará a tal efecto que el consumidor comunique a las emisoras de las referidas tarjetas su ejercicio de la opción de resolución o rescisión del contrato.

En el caso de servicios parcialmente prestados, el consumidor pagará solamente aquella parte que haya sido ejecutada y si el servicio fue pagado anticipadamente, el proveedor devolverá inmediatamente el monto correspondiente a la parte no ejecutada. La demora en la restitución de los importes pagados por el consumidor, dará lugar a que éste exija la actualización de las sumas a restituir. Se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el párrafo final del inciso anterior del presente artículo.

En todos los casos el proveedor deberá informar el domicilio de su establecimiento o el suyo propio siendo insuficiente indicar solamente el casillero postal o similar.

CAPITULO V

DE LA OFERTA DE LOS PRODUCTOS

Artículo 17.- La oferta de productos debe brindar información clara y fácilmente legible sobre sus características, naturaleza, cantidad, calidad -en los términos y oportunidades que correspondan-, composición, garantía, origen del producto, el precio de acuerdo a lo establecido en el artículo 15, los datos necesarios para la correcta conservación y utilización del producto y, según corresponda, el plazo de validez y los riesgos que presente para la salud y seguridad de los consumidores.

La información consignada en este artículo se brindará cnforme lo establezca la reglamentación respectiva. En lo que respecta al etiquetado-rotulado de productos, así como en relación a la necesidad de acompañar manuales de los productos y el contenido de éstos, se estará a lo que disponga la reglamentación.

Artículo 18.- Los fabricantes e importadores deberán asegurar la oferta de componentes y repuestos mientras subsista la fabricación o importación del producto.

Artículo 19.- La oferta de productos defectuosos, usados o reconstituidos deberá indicar tal circunstancia en forma clara y visible.

CAPITULO VI

DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Artículo 20.- En la oferta de servicios el proveedor deberá informar los rubros que se indican en el presente artículo, salvo que por la naturaleza del servicio no corresponda la referencia a alguno de ellos. La información deberá ser clara y veraz y, cuando se brinde por escrito, será proporcionada con caracteres fácilmente legibles.

A) Nombre y domicilio del proveedor del servicio.

B) La descripción del servicio a prestar.

C) Una descripción de los materiales, implementos, tecnología a emplear y el plazo o plazos del cumplimiento de la prestación.

D) El precio, incluidos los impuestos, su composición cuando corresponda, y la forma de pago. Será aplicable en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 15 de la presente ley.

E) Los riesgos que el servicio pueda ocasionar para la salud o seguridad, cuando se diera esta circunstancia.

F) El alcance y duración de la garantía, cuando ésta se otorgue.

G) Solamente podrá informarse la calidad de conformidad a lo previsto en el artículo 17 de la presente ley.

La reglamentación podrá prever situaciones en que, junto con la oferta deba brindarse un presupuesto al consumidor, estableciendo su contenido y eficacia.

Artículo 21.- La oferta de servicios financieros deberá contener las especificaciones que, según los servicios que se trate, pueda disponer la reglamentación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 precedente.

CAPITULO VII

PRACTICAS ABUSIVAS EN LA OFERTA

Artículo 22.- Son consideradas prácticas abusivas, entre otras:

A) Negar la provisión de productos o servicios al consumidor, mientras exista disponibilidad de lo ofrecido según los usos y costumbres y la posibilidad de cumplir el servicio, excepto cuando se haya limitado la oferta y lo haya informado previamente al consumidor, sin perjuicio de la revocación que deberá ser difundida por los mismos medios empleados para hacerla conocer.

B) Hacer circular información que desprestigie al consumidor, a causa de las acciones realizadas por éste, en ejercicio de sus derechos.

C) Fijar el plazo, o los plazos para el cumplimiento de las obligaciones de manera manifiestamente despro-porcionada en perjuicio del consumidor.

D) Enviar o entregar al consumidor, cualquier producto o proveer cualquier servicio, que no haya sido previamente solicitado. Los servicios prestados o los productos remitidos o entregados al consumidor, en esta hipótesis, no conllevan obligación de pago ni de devolución, equiparándose por lo tanto a las muestras gratis. Se aplicará, en lo que corresponda, lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 16 de la presente ley.

E) Hacer aparecer al consumidor como proponente de la adquisición de bienes o servicios, cuando ello no corresponda.

CAPITULO VIII

GARANTIA CONTRACTUAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Artículo 23.- El proveedor de productos y servicios que ofrece garantía, deberá ofrecerla por escrito, estandarizada cuando sea para productos idénticos. Ella deberá ser fácilmente comprensible y legible, y deberá informar al consumidor sobre el alcance de sus aspectos más significativos.

Deberá contener como mínimo la siguiente información:

A) Identificación de quien ofrece la garantía.

B) Identificación del fabricante o importador del producto o del proveedor del servicio.

C) Identificación precisa del producto o servicio, con sus especificaciones técnicas básicas.

D) Condiciones de validez de la garantía, su plazo y cobertura, especificando las partes del producto o servicio cubiertas por la misma.

E) Domicilio y teléfono de aquellos que están obligados contractualmente a prestarla.

F) Condiciones de reparación del producto o servicio con especificación del lugar donde se efectivizará la garantía.

G) Costos a cargo del consumidor, si los hubiere.

H) Lugar y fecha de entrega del producto o de la finalización de la prestación del servicio al consumidor.

El certificado de garantía debe ser completado por el proveedor y entregado junto con el producto o al finalizar la prestación del servicio.

Si el certificado es entregado por el comerciante y se identificó en el mismo al fabricante o importador que ofrece la garantía son estos últimos quienes resultan obligados por el contrato accesorio de garantía.

CAPITULO IX

PUBLICIDAD

Artículo 24.- Toda publicidad debe ser transmitida y divulgada de forma tal que el consumidor la identifique como tal.

Queda prohibida cualquier publicidad engañosa.

Se entenderá por publicidad engañosa cualquier modalidad de información o comunicación contenida en mensajes publicitarios que sea entera o parcialmente falsa, o de cualquier otro modo, incluso por omisión de datos esenciales, sea capaz de inducir a error al consumidor respecto a la naturaleza, cantidad, origen, precio, respecto de los productos y servicios.

Artículo 25.- La publicidad comparativa será permitida siempre que se base en la objetividad de la comparación y no se funde en datos subjetivos, de carácter psicológico o emocional, y que la comparación sea pasible de comprobación.

Artículo 26.- La carga de la prueba de la veracidad y exactitud material de los datos de hecho contenidos en la información o comunicación publicitaria, corresponde al anunciante.

Artículo 27.- La reglamentación podrá establecer un plazo durante el cual el proveedor de productos y servicios debe mantenerse en su poder, para la información de los legítimos interesados, los datos fácticos, técnicos y científicos que den sustento al mensaje publicitario.

CAPITULO X

CONTRATO DE ADHESION

Artículo 28.- Contrato de adhesión es aquél cuyas cláusulas o condiciones han sido establecidas unilateralmente por el proveedor de productos o servicios sin que el consumidor haya podido discutir, negociar o modificar sustancialmente su contenido.

En los contratos escritos, la inclusión de cláusulas adicionales a las preestablecidas no cambia por sí misma la naturaleza del contrato de adhesión.

Artículo 29.- Los contratos de adhesión serán redactado en idioma español, en términos claros y con caracteres fácilmente legibles, de modo tal que faciliten la comprensión del consumidor.

CAPITULO XI

CLAUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE ADHESION

Artículo 30.- Es abusiva por su contenido o por su forma toda cláusula que determine claros e injustificados desequilibrios entre los derechos y obligaciones de los contratantes en perjuicio de los consumidores, así como toda aquella que viole la obligación de actuar de buena fe. La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no referirá al producto o servicio ni al precio o contraprestación del contrato, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.

Artículo 31.- Son consideradas claúsulas abusivas sin perjuicio de otras, las siguientes:

A) Las cláusulas que exoneren o limiten la responsabilidad del proveedor por vicios de cualquier naturaleza de los productos o servicios, salvo que una norma de derecho lo habilite o por cualquier otra causa justificada.

B) Las cláusulas que impliquen renuncia de los derechos del consumidor.

C) Las cláusulas que autoricen al proveedor a modificar los términos del contrato.

D) La cláusula resolutoria pactada exclusivamente en favor del proveedor. La inclusión de la misma deja a salvo la opción por el cumplimiento del contrato.

E) Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba en perjuicio del consumidor cuando legalmente no corresponda.

F) Las cláusulas que impongan representantes al consumidor.

G) Las cláusulas que impliquen renuncia del consumidor al derecho a ser resarcido o reembolsado de cualquier erogación que sea legalmente de cargo del proveedor.

H) Las cláusulas que establezcan que el silencio del consumidor se tendrá por aceptación de cualquier modificación, restricción o ampliación de lo pactado en el contrato.

La inclusión de cláusulas abusivas da derecho al consumidor a exigir la nulidad de las mismas y en tal caso el Juez integrará el contrato. Si, hecho esto, el Juez apreciara que con el contenido integrado del contrato éste carecería de causa, podrá declarar la nulidad del mismo.

CAPITULO XII

INCUMPLIMIENTO

Artículo 32.- La violación por parte del proveedor de la obligación de actuar de buena fe o la transgresión del deber de informar en la etapa precontractual, de perfeccionamiento o de ejecución del contrato, da derecho al consumidor a optar por la reparación, la resolución o el cumplimiento del contrato, en todos los casos más los daños y perjuicios que correspondan.

Artículo 33.- El incumplimiento del proveedor, de cualquier obligación a su cargo, salvo que mediare causa extraña no imputable, faculta al consumidor, a su libre elección, a:

A) Exigir el cumplimiento forzado de la obligación siempre que ello fuera posible.

B) Aceptar otro producto o servicio o la reparación por equivalente.

C) Resolver el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, monetariamente actualizado o rescindir el mismo, según corresponda.

En cualquiera de las opciones el consumidor tendrá derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios compensatorios o moratorios, según corresponda.

CAPITULO XIII

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

Artículo 34.- Si el vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio resulta un daño al consumidor, será responsable el proveedor de conformidad con el régimen dispuesto en el Código Civil.

El comerciante o distribuidor sólo responderá cuando el importador y fabricante no pudieran ser identificados. De la misma forma serán responsables si el daño se produce como consecuencia de una inadecuada conservación del producto o cuando altere sus condiciones originales.

Artículo 35.- La responsabilidad de los profesionales liberales será objetiva o subjetiva según la naturaleza de la prestación asumida.

Artículo 36.- El proveedor no responde sino de los daños y perjuicios que sean consecuencia inmediata y directa del hecho ilícito e incluyen el daño patrimonial y extramatrimonial.

CAPITULO XIV

PRESCRIPCION Y CADUCIDAD

Artículo 37.-

1) El derecho a reclamar por vicios aparentes, o de fácil constatación, salvo aceptación expresa de los mismos, caducan en:

A) Treinta días a partir de la provisión del servicio o del producto no duradero.

B) Noventa días cuando se trata de prestaciones de productos o servicios duraderos.

El plazo comienza a computarse a partir de la entrega efectiva del producto o de la finalización de la prestación del servicio.

Dicho plazo se interrumpe si el consumidor efectúa una reclamación debidamente comprobada ante el proveedor y hasta tanto éste deniegue la misma en forma inequívoca.

2) En caso de vicios ocultos, éstos deberán evidenciarse en un plazo de seis meses y caducarán a los tres meses del momento en que se pongan de manifiesto. Ello sin perjuicio de las previsiones legales específicas para ciertos bienes y servicios.

Artículo 38.- La acción para reclamar la reparación de los daños personales prescribirá en un plazo de cuatro años a partir de la fecha en que el demandante tuvo o debería haber tenido conocimiento del daño, del vicio o defecto, y de la identidad del productor o fabricante. Tal derecho se extinguirá transcurrido un plazo de diez años a partir de la fecha en que el proveedor colocó el producto en el mercado o finalizó la prestación del servicio causante del daño.

Artículo 39.- La prescripción consagrada en los artículos anteriores se interrumpe con la presentación de la demanda, o con la citación a juicio de conciliación siempre que éste sea seguido de demanda dentro del plazo de treinta días de celebrado el mismo.

CAPITULO XV

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

Artículo 40.- El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Comercio, será la autoridad nacional de fiscalización del cumplimiento de la presente ley, sin perjuicio de las competencias constitucionales y legales atribuidas a otros órganos y entes públicos.

Artículo 41.- La Dirección General de Comercio, además, asesorará al Ministerio de Economía y Finanzas en la formulación y aplicación de las políticas en materia de defensa del consumidor.

Artículo 42.- Compete a la Dirección del Area de Defensa del Consumidor:

A) Informar y asesorar a los consumidores sobre sus derechos.

B) Controlar la aplicación de las disposiciones de protección al consumidor establecidas en esta norma, pudiendo a tal efecto exigir el acceso, realizar inspecciones y requerir la información que necesitare en los locales, almacenes, depósitos, fábricas, comercios o cualquier dependencia o establecimiento de los proveedores; sin perjuicio de las competencias constitucionales y legales atribuidas a otros órganos y Entes Públicos.

C) Asesorar al Director General de Comercio para coordinar con otros órganos o entidades públicas estatales y no estatales la acción a desarrollar en defensa del consumidor.

D) Podrá fomentar, formar o integrar además, comisiones asesoras compuestas por representantes de las diversas actividades industriales y comerciales, cooperativas de consumo y asociaciones de consumidores, o por representantes de organismos o entes públicos, las que serán responsables de las informaciones que aporten, y podrán proponer medidas correctivas referentes a la defensa del consumidor.

E) Fomentar la constitución de asociaciones de consumidores cuya finalidad exclusiva sea la defensa del consumidor. La Dirección del Area Defensa del Consumidor llevará un registro de estas asociaciones, las que deberán constituirse como asociaciones civiles.

F) Citar a los proveedores a solicitud del o de los consumidores afectados, a una audiencia administrativa que tendrá por finalidad tentar el acuerdo entre las partes. La incomparecencia del citado a esta audiencia se tendrá como presunción simple en su contra. Sin perjuicio de ello, en general, podrá auspiciar mecanismos de conciliación y mediación para la solución de los conflictos que se planteen entre los particulares en relación a los temas de su competencia.

G) Podrá para el cumplimiento de sus cometidos, solicitar información, asistencia y asesoramiento a cualquier persona pública o privada nacional o extranjera.

H) Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus cometidos.

Artículo 43.- Se consideran infracciones en materia de defensa del consumidor, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en la presente ley. Para el cumplimiento de las tareas inspectivas, podrá requerirse el concurso de la fuerza pública, si se entendiera pertinente.

Artículo 44.- Las infracciones en materia de defensa del consumidor, serán sancionadas por la Dirección General de Comercio, en subsidio de los órganos o entidades públicas estatales y no estatales que tengan asignada, por normas constitucionales o legales, competencia de control en materia vinculada a la defensa del consumidor.

Artículo 45.- La Dirección General de Comercio podrá delegar en la Dirección del Area Defensa del Consumidor la potestad sancionatoria en esta materia.

Artículo 46.- Las infracciones se calificarán como leves, graves y muy graves, atendiendo a los siguientes criterios: el riesgo para la salud del consumidor, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de la alteración social producida, la generalización de la infracción y la reincidencia.

Artículo 47.- Comprobada la existencia de una infracción a las obligaciones impuestas por la presente ley, sin perjuicio de las acciones por responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, el infractor será pasible de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente según resulte de las circunstancias del caso:

1) Apercibimiento, cuando el infractor carezca de antecedentes en la comisión de infracciones de la misma naturalea y ésta sea calificada como leve.

2) Multa cuyo monto inferior no será menor de 20 UR (veinte unidades reajustables) y hasta un monto de 4.000 UR (cuatro mil unidades reajustables).

3) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción, cuando éstos puedan entrañar riesgo claro para la salud o seguridad del consumidor.

4) En caso de reiteración de infracciones graves o de infracción muy grave se podrá ordenar la clausura temporal del establecimiento comercial o industrial hasta por noventa días.

5) Suspensión de hasta un año en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado.

Las sanciones referidas en los numerales 3), 4) y 5) del presente artículo se propondrán fundadamente por la Dirección General de Comercio y se resolverán por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 48.- Cuando se constaten infracciones graves a las disposiciones establecidas en la presente ley, la Dirección del Area de Defensa del Consumidor, podrá colocar en el frente e interior del establecimiento, carteles que indiquen claramente el carácter de infractor a la ley de Defensa del Consumidor por un plazo de hasta veinte días a partir de la fecha de constatación de la infracción.

Artículo 49.- En caso de reincidencia en infracciones similares, probada intencionalidad en la infracción o circunstancias que configuren un riesgo para la salud o seguridad de los consumidores, el órgano competente de control, podrá disponer la publicación en los diarios de circulación nacional de la resolucion sancionatoria a costa del infractor.

Artículo 50.- Para la imposición de las sanciones establecidas en la presente ley, se seguirá el siguiente procedimiento: comprobada la infracción por los funcionarios del servicio inspectivo respectivo, se labrará acta circunstanciada, en forma detallada, que será leída a la persona que se encuentre a cargo del establecimiento, quien lo firmará y recibirá copia textual de la misma.

El infractor dispondrá de un plazo de diez días hábiles para efectuar sus descargos por escrito y ofrecer prueba, la que se diligenciará en un plazo de quince días, prorrogables cuando haya causa justificada. Vencido el plazo de diez días hábiles sin efectuar descargos o diligenciada la prueba en su caso, se dictará resolución.

Artículo 51.- Cuando se compruebe la realización de publicidad engañosa o ilícita, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la presente ley, el órgano competente podrá solicitar judicialmente, en forma fundada, la suspensión de la publicidad de que se trate, así como también ordenar la realización de contra publicidad con la misma frecuencia que la publicidad infractora, cuyo gasto deberá pagar el infractor.

En ambos casos la resolución deberá estar precedida del procedimiento previsto en el artículo 50 de la presente ley para la defensa del anunciante.

Artículo 52.- Declárase que las normas relativas a las relaciones de consumo publicadas en el Diario Oficial Nº 25.368, de fecha 30 de setiembre de 1999 y titulada como "Ley Nº 17.189", carece de toda validez jurídica y debe reputarse inexistente.

Ley Nº 9.581, de 8 de agosto de 1936

CAPITULO I

Sobre organización de la asistencia de psicópatas

Artículo 1º.- Todo enfermo psíquico recibirá asistencia médica y podrá ser atendido -en su domicilio privado o en otra casa particular-, en un establecimiento psiquiátrico privado o en un establecimiento psiquiátrico oficial, cuya organización técnica se ajustará a los reglamentos que se dicten.

Artículo 2º.- Deben proveer a la asistencia de los en-fermos psíquicos las familias o los encargados de los mismos y cuando no puedan atender las exigencias del tratamiento solicitarán los servicios del Ministerio de Salud Pública.

Artículo 3º.- Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a todo enfermo de afección mental, cualquiera fuera el lugar en que se tratare.

CAPITULO II

De la asistencia psiquiátrica y sus formas

Artículo 4º.- Se entiende por establecimiento psiquiátrico: todo sanatorio o casa de salud sostenido por particulares o sociedades (laicas o religiosas) donde se asista a más de un psicópata. Deberá estar a cargo de un director que será médico, con autorización oficial para el ejercicio de la profesión.

Artículo 5º.- Cuando la Facultad de Medicina reglamente la especialización de médico-psiquiatra, la dirección de esos establecimientos deberá estar a cargo de un médico de esa especialidad.

Artículo 6º.- La construcción y organización técnica de cada establecimiento psiquiátrico deberán ser ajustadas a los reglamentos que se dicten con sujeción a los principios, generalmente adoptados, de la ciencia psiquiátrica moderna.

Artículo 7º.- Ningún establecimiento particular podrá funcionar sin autorización expresa del Ministerio de Salud Pública, que fijará las condiciones que deban reunir a fin de asegurar la separación de sexos, edades, géneros y grados de afección de los enfermos que allí se asistan y podrán disponer su clausura cuando no funcionen en las condiciones requeridas por la presente ley.

Artículo 8º.- Los propietarios de los establecimientos actuales al ser promulgada la presente ley, dispondrán de un plazo de seis meses para poner su establecimiento en las condiciones legales.

Artículo 9º.- La asistencia oficial de psicópatas se hará de acuerdo con el sistema siguiente:

A) Por dispensarios psiquiátricos.

B) Por hospitales psiquiátricos.

C) Por asilos, colonias y servicios especializados.

D) Por la asistencia familiar.

Artículo 10.- Los establecimientos psiquiátricos oficiales, donde se internen psicópatas, deberán ser mixtos, con un servicio abierto y un servicio cerrado.

A) Se entiende por servicio abierto el dedicado a la asistencia de enfermos neuróticos o psíquicos que ingresen voluntariamente con arreglo al artículo 14, inciso A) de la presente ley y de los enfermos psíquicos ingresados por indicación médica, previas las formalidades que señala el artículo 15 y que no presenten manifestaciones antisociales o signos de peligrosidad.

B) Se entiende por servicio cerrado el dedicado a la asistencia de los enfermos ingresados contra su voluntad por indicación médica, o de orden policial o judicial, en estado de peligrosidad o con manifestaciones antisociales.

CAPITULO III

De la asistencia domiciliaria

Artículo 11.- El médico encargado de asistir a un psicópata en su domicilio o en otro domicilio particular, cuando dicha asistencia obligue a la imposición de medidas restrictivas de la libertad, exigidas por la necesidad del tratamiento o por sus reacciones antisociales, deberá comunicar el caso a la Inspección General de Psicópatas dentro de las veinticuatro horas, en un certificado en que se expondrá, además de todos los datos relativos a la filiación del paciente, su sintomatología y resultado de la explotación somática y psíquica, sin que sea necesario establecer un diagnóstico clínico. Si pasados sesenta días el enfermo no ha curado, el médico asistente deberá comunicar la marcha de la enfermedad a la Inspección General de Psicópatas, una vez cada dos meses, y de inmediato la curación o el fallecimiento.

Artículo 12.- El Director de un establecimiento particular deberá llevar un registro que pondrá a disposición del Inspector General de Psicópatas cada vez que éste lo solicite, en que conste la filiación completa e historia clínica de cada enfermo allí internado, así como las observaciones dignas de ser anotadas. (Reacciones suicidas, homicidas, etcétera).

CAPITULO IV

De la admisión de enfermos psíquicos en los establecimientos psiquiátricos oficiales o privados

Artículo 13.- Todo enfermo psíquico podrá ingresar en un establecimiento psiquiátrico oficial o privado, en las siguientes condiciones:

A) Por propia voluntad.

B) Por indicación médica.

C) Por disposición judicial o policial.

Artículo 14.- El ingreso voluntario de todo enfermo psíquico exige:

A) La constancia de admisión del médico que lo recibe.

En esta constancia se expondrán los antecedentes, sintomatología y resultado del examen del enfermo, sin que sea necesario establecer un diagnóstico clínico.

B) Una declaración del propio paciente o de su representante legal, en la que se indique su deseo de ser tratado en el establecimiento elegido, todo sin perjuicio de lo que estatuye el artículo 27.

C) La admisión del enfermo por el director-médico del establecimiento.

D) Los enfermos que ingresen voluntariamente a un establecimiento de asistencia de psicópatas, no figurarán en el Registro General de Psicópatas.

Artículo 15.- La admisión por indicación médica o sea involuntaria, de un enfermo psíquico, sólo podrá ser un medio de tratamiento y nunca de privación correccional de la libertad y se ajustará a las siguientes formalidades:

A) Una constancia de admisión del médico que lo recibe.

En esta constancia se pondrán los antecedentes, sintomatología y resultado del examen del enfermo, sin que sea necesario establecer un diagnóstico clínico.

B) Una declaración firmada por el pariente más cercano del paciente o su representante legal, o por las personas mayores de edad que convivan con el enfermo, si no tiene parientes próximos, en la que se indique expresamente su conformidad y solicitando su ingreso directamente del director-médico del establecimiento.

En dicha declaración se harán constar también las permanencias anteriores del enfermo psíquico en establecimientos psiquiátricos, en sanatorios o aislamientos privados.

C) Un certificado de enfermedad psíquica expedido por dos médicos.

Los médicos ajenos al establecimiento psiquiátrico, donde es admitido el enfermo que expidan la certificación de enfermedad psíquica, no podrán ser parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la persona que formule la petición, de ninguno de los médicos del establecimiento donde deba efectuarse la observación y tratamiento, ni del propietario o administrador.

La admisión del enfermo deberá efectuarse en un período de tiempo que no pase de diez días, contados a partir de la fecha del certificado médico.

Antes de transcurridas veinticuatro horas de la admisión del enfermo en el establecimiento, el médico-director está obligado a comunicar a la Inspección General de Psicópatas, la admisión del enfermo, remitiendo una nota resumen de todos los documentos indicados en los párrafos anteriores y motivos del ingreso. Todo sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 27. El Inspector General de Psicópatas procederá a realizar el reconocimiento del enfermo e incorporará los informes recibidos al Registro General de Psicópatas.

Artículo 16.- Cuando un enfermo ingresado voluntariamente, presente, a consecuencia del avance de su enfermedad psíquica, signos de pérdida de la libre determinación de su voluntad y de la autocrítica de su estado morboso, o manifestaciones de auto o hetero peligrosidad, el director del establecimiento deberá ponerse de acuerdo con la familia o representante legal del enfermo para disponer que se extiendan urgentemente los certificados y modificaciones oficiales correspondientes que señala el artículo 15 para los enfermos ingresados por prescripción médica, dando cuenta antes de las veinticuatro horas al Inspector General de Psicópatas a quien le será remitida una nota-resumen de todos los documentos tal como lo requiere el artículo 15 para ingreso de todos los enfermos de reclusión involuntaria.

Artículo 17.- En caso de urgencia el enfermo podrá ser admitido inmediatamente bajo la responsabilidad del médico-director del establecimiento, el cual, en el término de veinticuatro horas, comunicará al Inspector General de Psicópatas el ingreso del enfermo, acompañando un certificado en el cual se hagan constar las razones de la urgencia del caso. Este certificado podrá ser extendido por uno debidamente legalizado; en el primer caso deberá, dentro de los tres días siguientes al del ingreso, ser ampliado por su defecto, por un médico general. Siempre deberá completarse con los demás requisitos legales mencionados en el artículo 15 referente a ingreso involuntario. El Inspector General de Psicópatas en este caso, procederá también a tenor de lo dispuesto en el exprsado artículo 15.

Artículo 18.- Cada vez que el Inspector General de Psicópatas lo considere oportuno o conveniente podrá, sin previo aviso, comprobar la situación de cada uno de los pacientes dentro de los establecimientos, atendiendo a las posibles denuncias sobre internamiento indebido y transmitiéndolas en su caso al Juzgado correspondiente, para la determinación de las responsabilidades en que se hubiere incurrido y que señala el Código Penal.

Artículo 19.- Cuando un enfermo psíquico pase a asistirse de un establecimiento psíquico a otro, sean públicos o privados, la dirección del establecimiento de donde procede el enfermo, deberá remitir al establecimiento a donde sea trasladado una copia del certificado del ingreso (artículo 15, inciso A), y un resumen del curso de la enfermedad observado durante la estancia del paciente en el citado establecimiento.

Artículo 20.- La admisión urgente por disposición policial con fines de observación del presunto enfermo, sólo podrá hacerse en los casos de alineación mental que comprometa el orden público. Será dispuesta por autoridad policial y tendrá lugar cuando a juicio de un médico el enfermo se halle en estado de peligrosidad para sí o para los demás o cuando a consecuencia de la enfermedad psíquica haya peligro inminente para la tranquilidad, la moral pública, la seguridad o la propiedad pública o privada, incluso la del propio enfermo. No podrá prolongarse más de un día sin que sea justificada por el certificado del médico-director del establecimiento, o por la del médico forense correspondiente y con arreglo a las formalidades estatuidas en el artículo 15 que se cumplirán como en los casos de urgencia.

Artículo 21.- Todo enfermo mental indigente o de escasos medios de fortuna o que carezca de protección familiar, y cuya psicosis exija por su peligrosidad un rápido ingreso en un establecimiento psiquiátrico, será admitido sin dilación alguna en los Departamentos de observación y será considerado como un caso de urgencia, con arreglo al artículo 17.

Artículo 22.- Los enfermos mentales procedentes de campaña que por disposición policial sean remitidos al Hospital de Alineados de la Capital y deban permanecer unos días en las capitales de los Departamentos mientras se corren los trámites correspondientes, serán asistidos, si ello es posible, en una sección de observación de los Centros Departamentales de Salud Pública.

Artículo 23.- Cuando se trate de enfermos psíquicos ingresados por orden judicial, deberá igualmente acreditarse su envío, mediante un informe médico ordenado por la autoridad que dispone su ingreso, en el cual se indique con detalle preciso, los resultados del informe psiquiátrico a que han sido sometidos con anterioridad por uno o diversos médicos, a los efectos de las disposiciones judiciales aplicadas.

En caso de urgencia, a juicio de la propia autoridad judicial, se podrá prescindir del previo informe médico establecido por este artículo.

Artículo 24.- Toda persona mayor de edad y de conocimiento de la respectiva autoridad policial o judicial, podrá solicitar de cualquiera de éstas orden de ingreso forzoso de un enfermo psíquico en un establecimiento psiquiátrico.

En caso de no ser el denunciante de conocimiento de la autoridad interviniente, deberá presentar dos testigos hábiles para establecer su identidad y capacidad.

El procedimiento se tramitará de oficio, en papel simple y libre de todo gravamen con mayor urgencia.

Bastará la petición para decretarse la observación, previo informe médico, reclamado con urgencia de los funcionarios sanitarios por la autoridad ante quien se formule la solicitud.

No existiendo petición, la autoridad que tenga convencimiento de un caso comprendido en el artículo 22, procederá de oficio a decretar la observación, previo el informe dado que habla del párrafo anterior. En casos de notoria urgencia por inmediata peligrosidad, se podrá ordenar el ingreso por indicación policial sin informe previo y con arreglo a los artículos 18 y 20, dando cuenta, dentro de las veinticuatro horas al Inspector General de Psicópatas y al Juez respectivo.

La denuncia maliciosa que motive la internación de una persona en un establecimiento psiquiátrico, será penada con multa de 500 a 1000 pesos o prisión equivalente.

Artículo 25.- Los médicos-directores de los establecimientos psiquiátricos podrán delegar su cometido en los otros médicos del establecimiento en caso de ausencia o enfermedad.

Artículo 26.- Todo médico que se haga cargo de la asistencia de un enfermo mental y ésta tome el carácter de aislamiento involuntario en asistencia privada o familiar organizada, lo comunicará al Inspector General de Psicópatas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su intervención médica, notificando que se han tomado las medidas convenientes de custodia. Quienes tengan potestad sobre un enfermo psíquico peligroso y aún los guardadores de hecho que, a pesar de los consejos médicos, no hayan tomado las medidas de previsión correspondientes (internamiento, vigilancia particular), son responsables civilmente de las acciones delictivas del enfermo contra la vida y bienes de terceros.

Artículo 27.- En todos los casos de internación voluntaria de psicópatas y todos aquellos en que la asistencia voluntaria se transforme en compulsiva, el médico-director del establecimiento deberá dar cuenta de ello dentro de las veinticuatro horas al Juez competente. La misma obligación tendrá todo médico que se haga cargo de la asistencia de un enfermo mental y ésta tome el carácter de aislamiento involuntario en asistencia privada u organizada.

Artículo 28.- Los médicos, inspector, directores o médicos particulares a que se hace referencia en el artículo anterior, que no cumplieren los requisitos que se imponen serán penados con multa de 100 a 500 pesos sin perjuicio de la responsabilidad civil a que hubiere lugar.

CAPITULO V

De la salida de los enfermos psíquicos de los establecimientos psiquiátricos públicos o privados

Artículo 29.- La salida o alta de un enfermo mental tendrá lugar:

A) De los enfermos ingresados voluntariamente o por indicación médica o por disposición policial y cuando con respecto a ellos no se hayan adoptado medidas restrictivas de su libertad, cuando ellos o sus familiares o su representante legal lo soliciten, o cuando el médico que lo asiste considere que ha cesado la necesidad de su hospitalización.

B) De los enfermos ingresados por los mismos procedimientos a que se refiere el inciso anterior, pero frente a los cuales se han adoptado medidas restrictivas de su libertad, solamente cuando a juicio del médico que lo asiste, hayan perdido su peligrosidad.

C) De los enfermos ingresados por orden judicial o que fueren sometidos más tarde a Juez solamente cuando lo disponga la autoridad competente a la que se comunicará por intermedio del Inspector General de Psicópatas, periódicamente, el estado del enfermo y la necesidad del alta, cuando así se considere conveniente.

Artículo 30.- En cualquier caso debe autorizarse el traslado de un enfermo a otro establecimiento público o privado, o para ser colocado en asistencia domiciliaria, cuando así lo soliciten las personas con derecho para hacerlo; debiendo el Inspector General de Psicópatas controlar el estricto cumplimiento del traslado, que no tendrá en ningún caso el carácter de alta, ni hará perder al enfermo si la tuviere la calificación establecida en el artículo 13 de la presente ley.

Artículo 31.- La salida de un enfermo sólo podrá ser autorizada por el médico asistente. Los guardadores o el representante legal del enfermo podrán recurrir, ante una negativa de la alta solicitada al médico, al Inspector General de Psicópatas que la someterá al dictamen de la Comisión Honoraria, quien establecerá si corresponde o no levantar la calificación establecida en el artículo 13 y conceder el alta solicitada. Si por razones terapéuticas debe asegurarse la continuidad de una forma de asistencia o de tratamiento determinado, el médico asistente pondrá el hecho en conocimiento del Inspector General de Psicópatas que dará intervención, cuando corresponda a las autoridades judiciales.

Artículo 32.- A todo enfermo psíquico, comprendido en el artículo 13 que sea dado de alta de un establecimiento psiquiátrico, se le otorgará por el médico asistente, un certificado que así lo haga constar. El Director de todo establecimiento psiquiátrico comunicará, dentro de las veinticuatro horas, al Inspector General de Psicópatas, las altas de los psicópatas y circunstancias en que ellas se efectúan, así como también las defunciones.

Artículo 33.- En caso de fuga, se notificará ésta a la autoridad policial para que se proceda a la busca del enfermo y su reingreso en el establecimiento. Se notificará igualmente de la fuga al Inspector General de Psicópatas.

Artículo 34.- Cuando el médico-director de un establecimiento psiquiátrico oficial o privado lo considere oportuno, podrá conceder como ensayos, altas licencias temporales, que no podrán exceder de tres meses. En casos excepcionales también podrá conceder licencias provisionales de una duración máxima de dos años al final de cuyo plazo se canjearán por el alta extendida en documento especial por el Director. Las condiciones de estos permisos o altas provisionales son:

A) Los enfermos que salen del establecimiento en estas condiciones podrán ser readmitidos sin formalidades de ninguna clase.

B) Sus guardadores están obligados a remitir al médico-director del establecimiento, o en su defecto a la Inspección General de Psicópatas en caso de cambio de médico, una relación mensual del estado del enfermo.

C) No podrán negarse los guardadores del paciente a que éste pueda ser visitado por el personal médico del establecimiento o sus representantes si el Director del mismo lo estimase oportuno para el buen conocimiento de la psicosis del paciente.

Artículo 35.- Si la familia de un enfermo dado de alta o con licencia temporal no se presentase a recogerlo en término de cuatro días siguientes a la notificación, podrá aquél ser entregado a la autoridad competente para que sea conducido a su residencia familiar.

Artículo 36.- El reingreso de todo enfermo psíquico dado de alta definitiva, exigirá los mismos requisitos que el ingreso (artículo 13).

Artículo 37.- La organización interior de cada establecimiento en lo que a las relaciones de los enfermos con terceros se refiere, queda al prudente criterio del director, médico del establecimiento, así como la forma y técnica de la asistencia prestada a aquél. Dicha organización será especificada convenientemente en el Reglamento propio del establecimiento según dispone el artículo 7º de la presente ley.

CAPITULO VI

De la Inspección General de la Asistencia de los Psicópatas

Artículo 38.- La inspección general y vigilancia de la asistencia particular y oficial de enfermos psíquicos de todo el país dependerá del Ministerio de Salud Pública y estará a cargo de un Inspector General de Psicópatas.

Artículo 39.- Las funciones que por la presente ley se asignan al Inspector General de Psicópatas serán desempeñadas por el actual Inspector General de Alienados, Director de los Establecimientos de Alienados.

Las vacantes que de este cargo se produzcan, se proveerán por concurso.

Artículo 40.- Las funciones de Inspector General de Psicópatas serán incompatibles con la asistencia profesional privada de psicópatas y la dirección de establecimientos particulares para el tratamiento de los mismos.

Artículo 41.- Corresponde al Inspector General de Psicópatas:

A) La inspección general y vigilancia de la asistencia oficial y particular de los psicópatas de todo el país, así como todos los cometidos de la higiene mental.

B) Formar un registro general de los psicópatas de todo el país, en asistencia oficial o privada, con los datos que le enviarán los médicos respectivos y directores de establecimientos, salvo los casos previstos en el artículo 14.

C) Visitar e inspeccionar en detalle los establecimientos de psicópatas oficiales y particulares, una vez cada tres meses y además siempre que lo juzgue conveniente.

D) Cada vez que lo considere oportuno podrá comprobar la situación de los enfermos que se hallen en aislamiento privado sea en su domicilio o en otra casa particular.

E) Dirigir advertencias y proponer sanciones contra los médicos o directores de establecimientos que incurran en omisiones respecto a las disposiciones de esta ley de acuerdo con lo que resuelva la Comisión Honoraria.

F) Informar las solicitudes que se presenten, referentes a la apertura de nuevos establecimientos, así como los proyectos de reglamentación interna que presente el médico-director de estos establecimientos.

G) Recibir y dar trámite a todas las denuncias sobre deficiencias de tratamientos.

H) Dar cuenta a la justicia ordinaria en los casos de despojo, secuestro arbitrario e internamientos indebidos de psicópatas.

I) Elevar anualmente al Ministerio de Salud Pública una Memoria detallada sobre la marcha de los establecimientos y asistencia de los psicópatas de todo el país formulando las observaciones que la inspección le sugiera.

J) Intervenir en los casos de alta reclamadas por los guardadores o representantes legales de un enfermo y rehusadas por el médico asistente, procediendo según el artículo 31.

K) Vigilar y reglamentar las organizaciones públicas o privadas de asistencia familiar y proporcionar la organización de patronatos para la protección de los enfermos que salgan de los establecimientos psiquiátricos.

CAPITULO VII

De la Comisión Honoraria Asesora de la Asistencia de Psicópatas

Artículo 42.- Créase la Comisión Honoraria Asesora de la Asistencia de Psicópatas para los fines que se establecen en la presente ley.

Artículo 43.- Dicha Comisión estará integrada por los miembros que a continuación se expresa: el Inspector General de Psicópatas, como miembro asesor, un delegado designado por la Sociedad de Psiquiatría; el Profesor de Medicina Legal de la Facultad de Derecho, nombrado por el Consejo de esta Facultad; un Profesor de Psiquiatría; de la Facultad de Medicina, designado por la misma; el Abogado Asesor de Legislación Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y el Fiscal de lo Civil que designará el Poder Ejecutivo.

Artículo 44.- Corresponde a esta Comisión.

A) Entender en todas las omisiones o las faltas señaladas por el Inspector General, en los establecimientos privados, elevando informe al Ministerio de Salud Pública.

B) Entender en todos los casos en que el representante legal, los guardadores o parientes de los enfermos gestionen el alta del psicópata, y en los cuales se hayan producido diferencias de criterio respecto de esa alta.

C) Opinar sobre todas las cuestiones que le sean sometidas por el Ministerio de Salud Pública o por el Inspector General de Psicópatas.

D) Presentar las iniciativas que considere oportunas para la mejor asistencia de los psicópatas.

Artículo 45.- Esta Comisión tendrá su sede en el Ministerio de Salud Pública, el que la proveerá de personal y elementos que requiera para el regular cumplimiento de sus cometidos, sin que ello signifique la creación de nuevas erogaciones.

CAPITULO VIII

Disposiciones complementarias

Artículo 46.- Toda persona encargada de la asistencia de un psicópata debe suministrar las informaciones conducentes que sobre el enfermo le solicite la Inspección General de Psicópatas y deberá permitir las visitas inspeccionarias que ésta disponga.

Artículo 47.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan a cualquiera de las prescripciones establecidas en la presente ley.

Artículo 48.- Comuníquese, etc.

Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971

Artículo 1º.- Toda persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades podrá otorgar su consentimiento o negativa, para que en caso de sobrevenir su muerte, su cuerpo sea empleado, total o parcialmente, para usos de interés científico o extracción de órganos o tejidos con fines terapéuticos.

El consentimiento o la negativa deberá ser recabado al momento de afiliarse a una institución de asistencia médica colectiva, al gestionar o renovar el carné de asistencia que expide el Ministerio de Salud Pública, al gestionar la obtención o renovación del carné de salud ante cualquier institución pública o privada habilitada, al alta de internación de un establecimiento público o privado, siempre que el médico tratante no haya consignado a texto expreso al firmar el alta en la historia clínica, que no corresponde la consulta por razones médicas fundadas.

El consentimiento o la negativa deberá ser expresado en un documento destinado a ese fin. Si el consultado no supiere o no pudiere firmar, se requerirá la firma de dos testigos.

Tendrán derecho a estar presentes en este caso, en el acto de prestarse el consentimiento antes aludido, algunos de los familiares indicados en el artículo 9º de la presente ley.

Toda vez que se exprese la voluntad referida en el inciso primero o se revoque la ya realizada, el organismo público o privado que la recabe deberá otorgar la constancia que se realizó la misma.

Sólo se podrá emplear con los fines científicos o terapéuticos que consigna la ley, el cadáver de una persona que, ingresada en un establecimiento asistencial público o privado, falleciese sin haber podido manifestar su voluntad luego de transcurridas tres horas de producirse el deceso y siempre que en dicho lapso no se hubieran opuesto algunos de los familiares indicados en el artículo 9º.

Toda persona mayor de edad fallecida sin haber expresado su voluntad en contrario, cuya causa de muerte amerite pericia forense, será considerada donante. La extracción deberá ser realizada con la autorización del Juez Penal competente y el Médico Forense de turno, la cual será inapelable y debidamente fundamentada, sin violentar el área de prueba y se labrará un protocolo que se adjuntará a las pericias.

A los menores de edad o incapaces se les podrá extraer órganos o tejidos, o disponer de ellos cuando corresponda la realización de autopsia, mediante el consentimiento de sus representantes legales, según lo establecido en el ar-tículo 9º. En el caso que la muerte amerite pericia forense, se aplicará el inciso precedente. (*)

(*)Notas:

Redacción dada por Ley Nº 17.668

de 15/07/2003 artículo 1.

Artículo 2º.- Toda persona mayor de edad que no se hallare en las circunstancias previstas en el artículo 1º de esta ley podrá otorgar tal consentimiento o la negativa ante:

A) Escribano público, sea en escritura pública o por acta notarial.

B) Ante el Juez de Paz, mediante un trámite que será gratuito.

C) Directamente ante el Registro Nacional de Donantes de Organos y Tejidos.

En los casos de los literales A) y B), el profesional o el funcionario actuante deberá comunicar la manifestación de voluntad al Registro Nacional de Organos y Tejidos dentro de las 48 horas de su obtención.

La información establecida en el Registro Nacional de Donantes de Organos y Tejidos integra el secreto profesional, y quien, en abuso de funciones y fuera de las excepciones previstas en la presente ley revele, publique o facilite el conocimiento referente a la calidad de donante de persona a personas, por él conocidos en razón de su empleo incurrirá en el delito previsto en el artículo 163 del Código Penal.

La expresión de voluntad es revocable por quien la otorgó utilizando cualquiera de los medios previstos en el artículo 2º, dicha revocación deberá ser registrada en idéntica forma que lo previsto en el inciso anterior. (*)

(*)Notas:

Redacción dada por: Ley Nº 17.668

de 15/07/2003 artículo 2.

Artículo 3º.- El Ministerio de Salud Pública tendrá a su cargo la organización de un Registro Nacional de Donantes de Organos y Tejidos. Para esa finalidad, deberá establecer cuáles son las instituciones autorizadas a llevar Registros de dichos donantes, la forma de centralizar la información y de ponerla en conocimiento de las instituciones donde se realicen injertos y trasplantes.

Artículo 4º.- El Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el Hospital de Clínicas "Dr. Manuel Quintela" habrá de determinar las normas de instalación y funcionamiento del o de los, Bancos de Organos y Tejidos.

Los órganos y tejidos humanos conservados en los Banco de Organos y Tejidos, ya sean públicos o privados constituyen un bien de la comunidad y el fin último de los mismos será determinado por las necesidades asistenciales. (*)

(*) Notas:

Inciso 2º) redacción dada por: Ley Nº 17.668

de 15/07/2003 artículo 3

Artículo 5º.- El Ministerio de Salud Pública establecerá los requisitos que deberán satisfacer aquellos otros establecimientos asistenciales que, además de los dependientes de dicho Ministerio y de la Facultad de Medicina, podrán habilitarse para realizar el tipo de intervenciones que prevé esta ley.

Los restablecimientos asistenciales privados, que no estén habilitados en los términos del inciso anterior, tendrán derecho a optar, para coordinar su actividad, con algunos, de los autorizados.

Artículo 6º.- Todo establecimiento asistencial, público o privado, llevará un Libro Registral, bajo la responsabilidad de su Director, en el que se incorporarán las manifestaciones de voluntad, previstas en el artículo 1º.

Asimismo, a los efectos de la justificación documentada de la defunción, llevará un Libro Especial de Necropsias.

Artículo 7º.- Una vez comprobada la muerte, se podrá efectuar la autopsia y se podrá emplear el cadáver o las piezas anatómicas del mismo con fines científicos y/o terapéuticos.

Dicha comprobación deberá efectuarse por un médico del establecimiento respectivo, el que no podrá participar en las operaciones previstas en el inciso anterior y su conclusión deberá basarse en la existencia de cambios patológicos irreversibles incompatibles con la vida, dejando la correspondiente constancia en la historia clínica.

Cuando el diagnóstico de muerte establezca muerte encefálica u otra mejor evidencia científica, la hora del fallecimiento del individuo es la hora en que el médico firme dicho diagnóstico en la historia clínica, más allá de que los apoyos ventilatorios continúen hasta la ablación de los órganos en aquellos casos que revistan la condición de donantes.

Dicho diagnóstico deberá documentarse en la historia clínica en un formulario especial firmado por dos médicos no vinculados al acto de ablación o de trasplante.

El registro de la defunción deberá documentarse en el Libro Especial de Fallecidos, llevado por cada establecimiento asistencial público o privado a esos efectos, precisándose la hora del fallecimiento, sus causas y las pruebas en que se funda la respectiva conclusión.

Ninguno de los médicos a que refieren los incisos precedentes podrán intervenir en el acto de extracción o de trasplantes de órganos o tejidos.

Los médicos que intervengan en la extracción de órganos o tejidos de donantes cadavéricos, deberán realizar la restauración estética del cadáver en el menor tiempo posible.

En todos los casos está prohibido revelar la identidad del donante o del receptor, salvo en los casos previstos en el artículo 13. (*)

(*) Notas:

Redacción dada por: Ley Nº 17.668

de 15/07/2003 artículo 4.

Artículo 8º.- Las autopsias son judiciales o clínicas. Las primeras son las que ordena practicar la autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones. Las demás son las clínicas y quedan sometidas a los mismos requisitos, limitaciones y procedimientos que rigen en materia de trasplantes de órganos e injertos de tejidos.

Las autopistas deberán procurar que, finalmente, la integridad corpórea del cadáver quede restablecida al máximo.

Los gastos y honorarios derivados de la realización de autopsias no serán, en ningún caso, de cargo de las causahabientes.

Artículo 9º.- A los efectos de esta ley, se establece el siguiente orden de parentesco prioritario y excluyente de presentes en la localidad del deceso y que regirá en ausencia de voluntad expresa del fallecido:

1) El cónyuge;

2) Los hijos legítimos o naturales reconocidos o declarados tales;

3) Los padres;

4) Los hermanos;

5) Los hijos adoptivos;

6) Los ascendientes o descendientes de segundo o ulterior grado;

7) Los colaterales de tercer o ulterior grado.

Tratándose de parientes de la misma categoría, es bastante el consentimiento de uno solo de ellos; sin embargo, la oposición formulada por un pariente de análoga calidad jurídica, elimina la posibilidad de disponer del cadáver a los fines científicos o terapéuticos.

Artículo 10.- El parentesco o la vinculación al extinto, invocado de acuerdo al artículo 9º, deberá probarse mediante declaración jurada y documentos de identidad. Incurrirá en el delito previsto en el artículo 239 del Código Penal el que realice falsa declaración.

Artículo 11.- Toda persona mayor de edad podrá consentir la remoción en vida, de órganos o tejidos en su cuerpo para ser trasplantados o injertados a otros seres humanos. Previo a la extracción un médico deberá dejar constancia escrita de los riesgos de la operación y de la disminución física que sobrevendrá como consecuencia del procedimiento.

Esta advertencia quedará consignada en la historia clínica, firmada por el médico y la persona donante y archivada en la institución donde se proceda a la intervención quirúrgica. (*)

(*) Notas:

Redacción dada por: Ley Nº 17.668

de 15/07/2003 artículo 5.

Artículo 12.- Dispuesta la autopsia, las personas a quienes se refieren el artículo 9º podrán designar, a su costa, un facultativo para que la presenciare.

También tendrán derecho a asistir el médico tratante del extinto quien podrá reclamar el examen de determinadas regiones u órganos. Todas las cuestiones que surgieran durante la autopsia, serán resueltas, de plano, por el médico autopsista.

Artículo 13.- Solamente se admitirá la donación en vida o para después de la muerte a favor de una persona determinada, cuando ésta sea pariente del disponente por consanguinidad o afinidad en línea recta o en la colateral hasta el cuarto grado, o cónyuge con una antigüedad de dos años, o mantengan un concubinato estable.

En este último caso se requerirá la autorización del Juez competente.

Exceptúanse los trasplantes de médula ósea y progenitores hematopoyéticos para los cuales los mayores de dieiocho años podrán ser donantes a favor de persona no determinada.

Los menores podrán ser donantes en vida de progenitores hematopoyéticos y médula ósea a favor de sus parientes consanguíneos en línea colateral de segundo grado cuando los otros recursos terapéuticos disponibles no hayan agotado. En este caso, se deberá contar con la autorización del Juez Letrado competente, previa vista fiscal, debiéndose cuando sea posible recabar la opinión del menor y de sus representantes legales. (*)

(*) Notas:

Redacción dada por: Ley Nº 17.668

de 15/07/2003 artículo 6.

Artículo 14.- El que por ceder un órgano o un tejido, no oponerse a su utilización, o autorizar una autopsia clínica, a los fines de la ley, recibiere por sí mismo o por un tercero, para el mismo o para un tercero, dinero u otro provecho o aceptara su promesa será castigado con la pena de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

Con la misma pena será castigado el que pagare en dinero o diere otro provecho por efectuar algunas de las operaciones descriptas precedentemente.

Artículo 15.- Los profesionales y personal técnico auxiliar que trasgredieran cualesquiera de los preceptos que establece la presente ley, serán suspendidos en el ejercicio de su profesión o técnica, de seis meses a cinco años, sin perjuicio de las responsabilidades penales o patrimoniales en que pudieron haber incurrido.

Artículo 16.- Todo médico que expida un certificado de defunción deberá comunicarlo dentro de las cuarenta y ocho horas de expedido al Ministerio de Salud Pública. En la comunicación se establecerá los siguientes datos:

A) Nombre y apellido completos del fallecido.

B) Número de la cédula de identidad, serie y número de la credencial cívica, número y categoría de la licencia de conductor, clase y número de pasaporte.

A falta de todos los documentos indicados precedentemente, se proporcionarán los datos que surjan de cualquier otra documentación correspondiente al fallecido.

C) Fecha y hora de defunción.

D) Causas del deceso.

E) Cualquier observación que considere pertinente.

Artículo 17.- Si alguno de los datos consignados en el artículo anterior, no pudieren proporcionarse, el profesional dejará constancia de la imposibilidad y causa de la misma.

Artículo 18.- El Ministerio de Salud Pública dispondrá y llevará un Registro Nacional de Defunciones y ejercerá el contralor del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 19.- El Ministerio de Salud Pública dispondrá una amplia difusión de la presente ley acentuando las áreas de promoción y educación con la finalidad de lograr los mayores resultados en bien de la calidad de vida de la comunidad. (*)

(*) Notas:

Redacción dada por: Ley Nº 17.668

De 15/07/2003 artículo 7.

Artículo 20.- Comuníquese, etc.

Código Penal, de 4 de diciembre de 1933

LIBRO II

TITULO VII - DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA

CAPITULO I

Artículo 224.- (Daño por violación de las disposiciones sanitarias).- El que mediante violación a las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosas de cualquier naturaleza, causare daño a la salud humana o animal, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.

Será circunstancia agravante especial de este delito si del hecho resultare un grave perjuicio a la economía nacional. (*)

(*) Notas:

Redacción dada por: Ley Nº 17.292

de 25/01/2001 artículo 64.

LIBRO II

TITULO XI - DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

CAPITULO III - DELITOS CONTRA LA INVIOLABILIDAD DEL SECRETO

Artículo 302. (Revelación de secreto profesional).- El que, sin justa causa, revelare secretos que hubieran llegado a su conocimiento, en virtud de su profesión, empleo o comisión, será castigado, cuando el hecho causare perjuicio, con multa de 100 U. R. (cien unidades reajustables) a 600 U.R. (seiscientas unidades reajustables). (*)

(*) Notas:

Redacción dada por: Ley Nº 15.903

de 10/11/1987 artículo 216.

Ley Nº 16.002, de 25 de

Noviembre de 1988

CAPITULO IX - ORGANISMOS DEL ARTICULO 220 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

INCISO 16 - PODER JUDICIAL

Artículo 129.- La documentación emergente de la transmisión a distancia, por medios electrónicos, entre dependencias oficiales, constituirá, de por sí, documentación auténtica y hará plena fe a todos sus efectos en cuanto a la existencia del original transmitido.

Artículo 130.- El que voluntariamente transmitiere a distancia entre dependencias oficiales un texto del que resulte un documento infiel, incurrirá en los delitos previstos por los artículos 236 a 239 del Código Penal, según corresponda.

Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996

SECCION VIII - NORMAS DE DESREGULACION Y REFORMA ADMINISTRATIVA

CAPITULO I - NORMAS GENERALES

Artículo 695.- Los trámites y actuaciones que conforman el procedimiento administrativo así como los actos administrativos podrán realizarse por medios informáticos.

Su validez jurídica y valor probatorio sean idénticos a los de las actuaciones administrativas que se tramiten por medios convencionales.

La firma autógrafa podrá ser sustituida por contraseñas o signos informáticos adecuados.

Artículo 697.- La documentación emergente de la transmisión por medios informáticos o telemáticos constituirá de por sí documentación auténtica y hará plena fe, a todos sus efectos, en cuanto a la existencia del original transmitido.

El que voluntariamente transmitiere un texto del que resulte un documento infiel, adultere o destruya un documento almacenado en soporte magnético, o su respaldo, incurrirá en los delitos previstos por los artículos 236 a 239 del Código Penal, según corresponda.

Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000

CAPITULO VIII - MEJORA DE LA ADMINISTRACION

SECCION 3ª - SISTEMA INFORMATICO DEL ESTADO

Artículo 25.- Autorízase en todo caso la firma electrónica y la firma digital, las que tendrán idéntica validez y eficacia a la firma autógrafa, siempre que estén debidamente autenticadas por claves u otros procedimientos seguros, de acuerdo a la tecnología informática.

La prestación de servicios de certificación no estará sujeta a autorización previa y se realizará en régimen de libre competencia, sin que ello implique sustituir o modificar las normas que regulan las funciones que corresponde realizar a las personas facultadas para dar fe pública o intervenir en documentos públicos.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

Artículo 44.- El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país.

Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Salud Pública

ACTA Nº 46

En Montevideo, el día treinta y uno de octubre del año dos mil seis, a la hora once y cuarenta y cinco, se reúne la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores.

Asisten la señora Senadora Margarita Percovich y los señores Senadores Isaac Alfie, Enrique Antía, Alberto Cid y Eber Da Rosa.

Falta con aviso la señora Senadora Mónica Xavier, quien remite nota justificando su inasistencia y no concurre el señor Senador Víctor Vaillant por encontrarse en uso de licencia.

Preside el señor Senador Isaac Alfie, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría el señor Secretario Alberto Martínez Payssé con la colaboración de la funcionaria Susana Rodríguez.

ORDEN DEL DIA.

ASUNTO ENTRADO.

- Nota remitida por la Junta Departamental de Rivera adjuntando la solicitud de material en relación a la Despenalización del Aborto.

ASUNTO TRATADO.

Carpeta Nº 202/2005. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES. Regulación. Proyecto de ley con exposición de motivos del señor Senador Alberto Cid. Distribuido Nº 194/2005.

Abierto el Acto se reconsideran los siguientes artículos:

Artículo 18. Se vota con modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD:

Artículo 20. Se vota con modificaciones: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 29. Se vota con modificaciones: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Los artículos votados en sesiones anteriores lo han sido de la siguiente manera:

Artículo 1º. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 2º. Se vota con modificaciones: 4 en 5. Afirmativa.

Artículo 3º. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 4º. Se vota con modificaciones: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 5º. Se vota con modificaciones: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 6º. Se vota con modificaciones: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 7º. Se vota con modificaciones: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD:

Artículo 8º. Se vota con modificaciones el texto del proyecto presentado por el señor Senador Cid: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD:

Artículo 9º. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD:

Artículo 10. Se vota con modificaciones: 7 en 7.

Artículo 11. Se reconsidera. Se vota con modificaciones y se incluye un inciso cuarto: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 12 con modificaciones. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 13 con modificaciones: Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 14 con modificaciones: Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 15. Primer inciso con modificaciones. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 15. Segundo inciso. Se vota: 4 en 5. Afirmativa.

Artículo 16. Se reconsidera. Se vota con modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 17 con modificaciones. Acápite. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Literal a) con modificaciones. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Literal b) sin modificaciones. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Literal c) sin modificaciones. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Literal d) con modificaciones. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 17. Literal e) con modificaciones. Se vota: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Literal f) sin modificaciones. Se vota: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD:

Artículo 19. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 21. Se vota: 0 en 6. NEGATIVA.

Artículo 22. Se vota: 0 en 6. NEGATIVA.

Artículo 23. Se vota. 0 en 6. NEGATIVA.

Artículo 24. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD:

Artículo 25: Se vota: 5 en 6. Afirmativa.

Artículo 26. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.


Artículo 27. Se vota sin las modificaciones propuestas por el Ministerio de Salud Pública. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 28. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

TEXTO DE LOS ARTICULOS APROBADOS.

Título V - DEL DERECHO AL CONOCIMIENTO DE SU SITUACION DE SALUD.

Artículo 18.- Todo paciente tiene derecho a conocer todo lo relativo a su enfermedad. Esto comprende:

a) El derecho a conocer la probable evolución de la enfermedad de acuerdo a los resultados obtenidos en situaciones comparables en la institución prestadora del servicio de salud.

b) El derecho a conocer en forma clara y periódica la evolución de su enfermedad que deberá ser hecha por escrito si así lo solicitase el paciente; así como el derecho a ser informado, de otros recursos de acción médica no disponibles en la institución pública o privada donde se realiza la atención de salud.

En situaciones excepcionales y con el único objetivo del interés del paciente con consentimiento de los familiares se podrá establecer restricciones al derecho de conocer el curso de la enfermedad o cuando el paciente lo haya expresado previamente ("derecho a no saber").


Este derecho a no saber puede ser relevado cuando a juicio del médico la falta de conocimiento pueda constituir un riesgo para la persona o la sociedad.

c) El derecho a conocer quien o quienes intervienen en el proceso de asistencia de su enfermedad, con especificación de nombre, cargo y función.

d) A que se lleve un registro escrito o electrónico (historia clínica) completo donde figure la evolución de su estado de salud desde el nacimiento hasta la muerte.

La historia clínica constituye un conjunto de documentos, no sujetos a alteración ni destrucción, salvo lo establecido en la normativa vigente.

El paciente tiene derecho a revisar su historia clínica y a obtener una copia de la misma a sus expensas, y en caso de indigencia le será proporcionada al paciente en forma gratuita.

En caso de que el paciente cambie de institución o en cualquier otra situación se le entregará copia de la historia clínica, la que deberá tener todos los elementos del original.

La historia clínica será reservada y sólo podrán acceder a la misma los responsables de la atención médica y el personal administrativo vinculado con estos, el paciente o en su caso la familia y el Ministerio de Salud Pública cuando lo considere pertinente.

El revelar su contenido, sin que fuere necesario para el tratamiento o mediare orden judicial o conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la presente ley, hará pasible del delito previsto en el artículo 302 del Código Penal.

e) El derecho a que la familia directa -ante requerimiento expreso de la misma- conozca la situación de salud del enfermo y siempre que no medie la negativa expresa de éste.

En caso de enfermedades consideradas estigmatizantes en lo social, el médico deberá consultar con el paciente el alcance de esa comunicación. La responsabilidad del profesional en caso de negativa por parte del enfermo quedará salvada asentando en la historia clínica esta decisión.

f) A que, en situaciones donde la ciencia médica haya agotado las posibilidades terapéuticas de mejoría o curación, estando tal situación claramente consignada en la historia clínica, constando a continuación la orden médica: "No Reanimar" impartida por el médico tratante, decisión que será comunicada a la familia directa del paciente.

g) Conocer previamente, cuando corresponda, el costo que tendrá el servicio de salud prestado, sin que se produzcan modificaciones generadas durante el proceso de atención. En caso de que esto tenga posibilidad de ocurrir será previsto por las autoridades de la institución o los profesionales actuantes.

h) Conocer sus derechos y obligaciones y las reglamentaciones que rigen los mismos.

Artículo 20.- Es de responsabilidad de los Centros de Asistencia de la Salud dotar de seguridad a las historias clínicas electrónicas y determinar las formas y procedimientos de administración y custodia de las claves de acceso y demás técnicas que se usen.

El Poder Ejecutivo podrá determinar criterios uniformes mínimos obligatorios de las historias clínicas para todos los Centros de Atención de la Salud.

Artículo 29.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los agrupamientos de trabajadores de la salud con personería jurídica, podrán juzgar la conducta profesional de sus afiliados de acuerdo a sus estatutos.

RESOLUCIONES.

A propuesta del señor Senador Alfie la Comisión acuerda considerar como primer punto del Orden del Día de la sesión del próximo martes el proyecto que ingresará hoy al Senado relacionado con el Hospital Español y en segundo término la Carpeta Nº 598/2006. Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Descentralización.

A la hora doce y diez minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Isaac Alfie Presidente

Alberto Martínez Payssé Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: voy a realizar una precisión previa antes de elevar el informe al Cuerpo.

El Orden del Día que se publica, debería reflejar el título del proyecto en forma adecuada. En primer lugar, aclaro que el proyecto de ley se titula "por el que se regulan los derechos y obligaciones de los pacientes", pero no refiere a los usuarios de los servicios de salud porque los pa-cientes lo son y, además, en la propia redacción está contemplado qué se considera como usuarios del sistema de salud.

En segundo término, deseo puntualizar que, en mi percepción, "derechos y obligaciones de los pacientes" debería ir con mayúscula y no con minúscula como aparece en el Orden del Día.

Señor Presidente: los derechos de los pacientes constituyen una parte de los derechos humanos. Así es aceptado en la casi totalidad de los ámbitos jurídicos internacionales. La Profesora Asociada de Derecho Internacional, doctora Michelangela Scalbrino, señala que la amplitud creciente, así como la variabilidad de las normas y principios del Derecho Internacional contemporáneo, relacionado a la salud en general y a la relación médico-paciente, hacen difícil elaborar una síntesis de ese marco normativo. Sin embargo, debemos destacar -como primer elemento importante y trascendente de este proyecto de ley- que nuestro país tiene un notorio retraso en el aspecto legislativo que consagra los derechos de los pacientes entre otros procesos legales vinculados al tema de la asistencia médica y al desarrollo tecnológico, incluyendo variados y múltiples temas que están en el concepto y en el análisis desde el punto de vista de la bioética.

El tema de los derechos de los pacientes ha evolucionado en un sentido positivo y por eso es que habilitamos este ámbito de reflexión colectivo desde la primitiva concepción de que el enfermo constituía una carga y que únicamente el sentido de caridad permitía su asistencia, hasta que con la Revolución Francesa, en 1793, se establece como deber sagrado el socorro al enfermo.

En 1946, luego de la Segunda Guerra Mundial, se comprobaron atrocidades llevadas adelante por médicos nazis que experimentaron con personas indefensas, y el preámbulo constitutivo de la Organización Mundial de la Salud afirmó que la salud constituía uno de los derechos fundamentales del ser humano, a la vez que también estableció algunas pautas sobre la investigación médica en pacientes.

En 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se establece el derecho de toda persona a un nivel de vida que le asegure la salud. Quiere decir que, en principio, la Organización Mundial de la Salud estableció el derecho a la cobertura de salud como un derecho inalienable y en 1948 se cambió el enfoque, donde el nivel de vida constituye un elemento central que asegura la salud de los seres humanos.

No obstante lo positivo que ha resultado este avance normativo, no alcanza para establecer cómo se relaciona la persona con los distintos ámbitos en los cuales se presta atención de salud, lo que ha llevado a que distintos países ya plasmaran su normativa sobre los derechos de los pacientes. Es de destacar que la Unión Europea ha tenido un amplio despliegue y ha dictado normas sobre variados temas, siendo uno de los principales el relativo al derecho de los pacientes, que figura como primer punto en la Comisión Intergubernamental de la Unión Europea. Esto se incluyó en un índice de temas a tratar en 1996, lo cual habla del retraso normativo que tiene nuestro país.

Esta evolución positiva se basa en que la condición de enfermo no sólo no rebaja la dignidad de la persona sino que, por el contrario, refuerza la condición de ser humano a la que añade en ese particular momento la de ser un sujeto debilitado en general en su condición física y psíquica. La persona ingresa en un ambiente desconocido donde, quizás, alguna gestión administrativa lo coloca en una situación de indefensión; ya no hablemos de tratamientos a nivel de equipos en los que muchas veces el anonimato de los gestores de ese proceso asistencial hace que se desconozca aquella relación definida por el profesor Henri, de Bélgica, como el encuentro entre la confianza del paciente y la conciencia del médico. Esa organización en equipo coloca al paciente en una situación de vulnerabilidad adicional a la de su propio transcurso por la enfermedad.

Por otra parte, la creciente institucionalización de la asistencia a la salud, al mismo tiempo que la necesaria interacción de los diferentes integrantes de los equipos actuantes, ha colocado en una zona difusa a esa relación médico-paciente, casi siempre imprecisa, donde incluso resoluciones de carácter administrativo los vulneran o simplemente los desconocen.

Este proyecto de ley tiene una larga historia y ha sido aprobado, por unanimidad, en el Senado durante la Legislatura anterior pero, pese a la coincidencia sobre la necesidad de legislar en este tema, no logró la sanción definitiva a nivel de la Cámara de Representantes por los tiempos políticos que allí se dieron. Cabe destacar que hemos trabajado intensamente a nivel de la Comisión de Salud Pública del Senado, donde el proyecto de ley ha sido apoyado por todos sus miembros, más allá de que algún artículo en particular no logró la unanimidad.

Asimismo, señor Presidente, quiero destacar que si bien su actuación entorpeció mucho el dinamismo del tratamiento de esta iniciativa, en la anterior Legislatura el entonces Senador García Costa hizo aportes importantes que, a mi juicio, la enriquecieron. En tal sentido, debemos reconocer con lealtad sus aportes, más allá de que ese enlentecimiento conspiró contra su aprobación.

Por otro lado, cabe señalar que este proyecto de ley ha sido compartido por la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, en un encuentro en el que expuse sus alcances y en presencia del profesor titular Guido Berro. También estuvieron presentes diferentes representantes del Sindicato Médico del Uruguay y de la Asociación de Usuarios de Salud Pública, quienes no presentaron objeciones y, además, al igual que en mi caso, han visualizado que esto colocaría al país en un plano de modernidad del cual hoy carece. En este mismo sentido, quiero leer las reflexiones que en 2003 expresara el entonces Ministro de Salud Pública, doctor Bonilla: "En primer lugar, deseamos agradecer a ustedes el envío, para nuestra opinión, del proyecto de ley sobre derechos y obligaciones de los pacientes. En segundo lugar, quiero manifestar que lo he hecho ver por nuestros técnicos sanitaristas y abogados, siendo todos ellos contestes en que no tienen observaciones técnicas ni jurídicas. En lo personal, me parece un proyecto muy bueno en donde se plasman una serie de principios que hasta ahora solamente figuran en normativas de rango inferior a la ley, pero que además introduce conceptos muy importantes y de los cuales participo: la expresa consideración a los familiares, la extensión de la definición de profesional de la salud, las limitaciones de la docencia y el capítulo final de las infracciones a la ley".

Quiere decir, señor Presidente, que contamos con un amplio consenso. Corresponde agregar que en este nuevo tratamiento legislativo también hemos consultado a las actuales autoridades del Ministerio de Salud Pública y, como elemento trascendente, recojo las expresiones de la señora Ministra que señaló que este proyecto de ley está en línea con la reforma del sistema de salud y con la reformulación de este Sistema Nacional Integrado de Salud. Por lo tanto, insisto, se trata de una iniciativa que ha logrado un amplísimo consenso y que, de aprobarse, colocará al paciente en el centro o en el eje del proceso de asistencia médica colectiva, donde se formula o certifica que el actor fundamental de ese proceso es, justamente, el paciente.

En momentos en que el individuo pierde su equilibrio biológico e ingresa en el campo de la enfermedad, donde se hace muy vulnerable y se siente desconcertado al entrar en un ambiente nuevo al cual no está habituado -estamos habituados a transitar en salud y no en enfermedad- y donde se lo expone a algo desconocido en donde muchas veces los trámites burocráticos enlentecen su asistencia médica, el hecho de generar reglas claras constituye un avance.

No soy ingenuo, señor Presidente, en creer que los temas que hoy afectan esta relación médico-paciente o, diría yo, al Sistema de Asistencia de la Salud con el paciente, se resuelven por vía legal. Insisto: no peco de esa ingenuidad.

Es bueno saber que una vez reglamentado este proyecto de ley, las personas potenciales pacientes, o pacientes del sistema de salud, van a tener claridad sobre sus derechos y van a tener que exigirlos para que sean cumplidos. Hoy son vulnerables, frágiles, tratados sin dignidad, examinados exhaustivamente en la labor asistencial docente que practica, entre otros, desvíos de los conceptos de la ética únicamente en los hospitales públicos del país, haciendo predominar esa prestación a la docencia con aquel sentido de caridad con que se instala la asistencia pública en este país, hecho que queremos revertir a través del proyecto de ley.

Estos temas apenas están regulados en el área de la asistencia médica: hay dos decretos, uno del año 1992 y otro de 2001, que tienen que ver con las reglas de la conducta médica y que alcanzan, únicamente, al ámbito de las instituciones del Ministerio de Salud Pública y están relacionados, fundamental y exclusivamente, con la labor de los médicos. Es decir, dejan fuera toda esta categoría de profesionales y de personal que también dan cobertura a los procesos de enfermedad, como por ejemplo los odontólogos, el personal de enfermería y el personal administrativo, que creemos deben estar contemplados en las exigencias que este proyecto de ley propone.

Por esta razón, decíamos que entre algunos de los objetivos de este proyecto se incluyen otros actores componentes del equipo de salud. Hoy no se concibe que el médico pueda, aisladamente, llevar adelante la asistencia a la salud prescindiendo de sus ayudantes o colaboradores, que van desde un radiólogo a la enfermera y hasta al personal que entrega los números de la consulta.

Tampoco los decretos a que hacíamos referencia establecen criterio alguno sobre la calidad de la asistencia. Parece inverosímil que en un mundo globalizado, cuando se emprende algún procedimiento industrial, este esté avalado, certificado y regulado por normas de calidad y, sin embargo, el proceso asistencial, ya sea desde el punto de vista del laboratorio como de los procedimientos y de los resultados, no tenga ningún elemento de evaluación. Aquí proponemos que esos elementos sean tomados en cuenta.

Hablamos de la dignidad del proceso asistencial, de regular el ensañamiento terapéutico; definimos lo que es la eutanasia y la prohibición de acortar la vida de las personas en cualquier sentido, y también establecemos criterios sobre la privacidad y sobre la creación de los Comités de Ética Institucional, que son un paso cualitativo trascendente para formalizar la calidad de la asistencia profesional médica.

Se hace especial énfasis en el concepto del consentimiento informado, consentimiento que debe prestar el paciente para que apruebe cualquier procedimiento de laboratorio, diagnóstico o terapéutico. Para ello, resaltamos la necesidad de que la información sea adecuada, oportuna, actualizada y suficiente, como para que el paciente pueda adoptar resoluciones.

Se analiza el tema de la experimentación médica, de la prolongación artificial de la vida, de su calidad y valor, de la atención de la salud, de la genética, del transplante de órganos, etcétera. Por lo tanto, estos Comités de Ética a que hacíamos mención pasan a jugar un papel fundamental en el cambio cualitativo de la calidad asistencial.

Brevemente, vamos a repasar los Títulos que contiene este proyecto de ley. El Título I refiere a que los derechos de los pacientes no sólo están vinculados con el equipo de salud actuante, sino también con los establecimientos de salud.

El Título II establece las definiciones y fija con precisión el ámbito de aplicación de la ley, así como a qué actores del proceso de asistencia alude.

El Título III tiene que ver con el derecho de los pacientes con sentido positivo. Aquí se establece, con un sentido amplio, el derecho de toda persona a acceder a todas las etapas del proceso de salud, desde la promoción hasta la rehabilitación, capítulo pendiente en este país, tanto uno como el otro. De esta forma se eliminan algunas limitantes que hoy en día tiene la asistencia al paciente bajo la forma de asistencia parcial del proceso de enfermedad o del proceso mórbido. En la actualidad -y lo comentábamos antes de ingresar al tratamiento de este tema- algunas patologías, sobre todo las psiquiátricas, tienen un tiempo de atención financiado por las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva de 30 días. Esa percepción la tuvimos cuando redactábamos la necesidad de que los derechos no tuvieran limitantes. En ese mismo sentido hemos padecido y compartido situaciones realmente dramáticas de personas que, por tener más de 65 años, no han podido acceder a la cobertura asistencial del sistema mutual sin tener, a su vez, derecho a la asistencia en el sector público, quedando desguarnecidas, desvalidas y sin asistencia médica. Si bien en el artículo 2º ya habíamos previsto el alcance de que no se debía imponer ninguna limitante al proceso de asistencia médica, quiero destacar que por iniciativa del Ministerio de Salud Pública se incluye la edad como un factor que no debe generar exclusión del proceso asistencial. Bueno es así que en este sistema integral de salud que estamos construyendo se refuercen los criterios solidarios que tiene que tener la población hacia las personas mayores, hacia nosotros, ya que en este Cuerpo predominamos los de este sector etario.

Se tuvo especial cuidado en establecer que las enfermedades crónicas deben ser atendidas sin ningún tipo de restricciones. Este es otro factor muy importante ya que en este país algunas circunstancias y algunos procesos asistenciales generan discriminación para los pacientes que mayor consumo y mayor presión ejercen sobre el sistema asistencial.

El Título IV habla de los derechos relativos a la dignidad de la persona. Este me parece que es un capítulo esencial, si bien los anteriores también tienen que ver con la dignidad de la asistencia. Aquí se propone, entre otras cosas, la obligatoriedad de integrar, tanto en las instituciones públicas como en las privadas, los Comités de Ética que analizarán los casos señalados con anterioridad. Asimismo, se establece en forma específica, los aspectos que deben ser contemplados durante la asistencia del enfermo y que hacen a su bienestar y derechos como, por ejemplo, el trato respetuoso y cortés. Esto sería innecesario que estuviera integrado en un proyecto de ley, pero a la luz de la realidad es bueno que así sea. Por otra parte, habla de la necesidad de evitar el dolor físico y emocional de las personas, otro capítulo que debe integrar la conciencia del profesional actuante, parte esencial de los derechos de los pacientes. También se refiere al derecho a una muerte digna, como lo indicábamos anteriormente.

El Título V jerarquiza la necesidad del derecho al conocimiento del estado de la enfermedad y su evolución por parte del paciente y sus familiares en forma clara, regular y con la profundidad suficiente que habilite la comprensión de esa situación. También se contempla la obligación de informar hasta que el interesado desista del conocimiento, lo que se ha dado en llamar en el proyecto de ley el "derecho a no saber".

El Título VI refiere al derecho a la confidencialidad del estado de salud de la persona estableciendo, en el terreno de la historia clínica computarizada -aquí trabajó intensamente el entonces Senador doctor García Costa-, las exigencias para el equipo de salud en cuanto al ingreso a las bases de datos donde figuran los informes correspondientes.

El Título VII establece las obligaciones de los pacientes y sus responsabilidades, como por ejemplo, la necesidad de cumplir estrictamente con el tratamiento indicado, cosa que de no suceder exonera de responsabilidad al sistema asistencial.

Por último, el Título VIII refiere a las sanciones de carácter administrativo que deriven del incumplimiento de esta normativa.

Es cuanto quería informar al Cuerpo. Me resta simplemente recordar que el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en la Comisión respectiva y que tuvo un largo tratamiento parlamentario, que creemos ha sido suficiente, lo que haría innecesario el análisis por Título o tema a tema, más allá de que si algún señor Senador deseara plantearlo, tendría absoluto derecho a hacerlo. Por nuestra parte, estamos proponiendo que, de no darse esto último, se suprimiera la lectura de todos los artículos y se pasara a votar el proyecto de ley por Título, tal como está redactado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa quiere fundamentar el voto afirmando que considera que es un honor el hecho de haber votado este proyecto de ley.

-En discusión particular.

Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Cid en el sentido de suprimir la lectura de los artículos y votar por Título.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el Título I.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

En consideración el Título II.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: simplemente quisiera hacer una consulta al señor Miembro Informante.

En el artículo 5º, que integra este Título II, se definen los términos de usuario y paciente. Concretamente, en el inciso primero se dice lo siguiente: "Es usuario de un servicio de salud toda persona física que pueda adquirir o utilizar bienes o servicios de salud". A su vez, en el inciso segundo se establece: "Se entiende por paciente a toda persona que recibe atención de la salud," etcétera. Entonces, tengo para mí que, de acuerdo con la propia estructura interna del artículo, el inciso primero debió ser redactado así: "Es usuario de un servicio de salud toda persona física que adquiera o utilice bienes o servicios de salud", por cuanto quienes pueden adquirir o utilizarlos es toda la población del Uruguay y aún otras personas, evidentemente.

Por consiguiente, sugiero que se modifique la redacción del inciso primero en la forma como lo he indicado, es decir, sustituyendo la expresión "pueda adquirir o utilizar" por "adquiera o utilice".

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: con relación a la observación que acaba de realizar el señor Senador Breccia, planteo lo siguiente. Aquella persona que "adquiera o utilice" bienes o servicios de salud puede ser alguien que esté afiliado a una institución médica, pero que no adquiera ni utilice el servicio porque no lo precisa, pero de todas formas es un usuario y no lo podemos dejar afuera. Por mi parte, interpreto que esta fórmula, con el término "pueda", quiere decir que la persona está en condiciones de adquirir o utilizar el servicio, porque está afiliada. En definitiva, se me ocurre que aquí hay solamente un problema de interpretación y nada más.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: el señor Senador Korzeniak ha interpretado a cabalidad el sentido de este inciso.

El concepto es dar a esto un criterio abarcativo, de manera de no restringirlo solamente a la persona que está utilizando puntualmente el servicio de salud. Evidentemente, este último es el paciente, pero usuarios somos todos los ciudadanos que habitamos la República Oriental del Uruguay. Reitero que este es un criterio abarcativo, donde se jerarquiza la responsabilidad del sistema de asistencia médica con la población. Este es, pues, el sentido, más allá de considerar que las apreciaciones del señor Senador Breccia podrían ser de recibo. Reitero una vez más que, en este caso, pusimos énfasis en dar a todo esto un criterio abarcativo.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa entiende que el señor Senador Breccia retiraría su propuesta.

SEÑOR BRECCIA.- Así es, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Título II.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

En consideración el Título III.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: me da la impresión de que el inciso tercero del artículo 11º está mal redactado, por lo que no alcanzo a entender a cabalidad lo que significa. Allí se dice: "Cuando mediaren razones de urgencia o emergencia, o de notoria fuerza mayor que imposibiliten el acuerdo requerido, o cuando las circunstancias no permitan demora por existir riesgo grave para la salud del paciente. Cuando se esté frente a patologías que impliquen riesgo cierto para la sociedad que integra, se podrá llevar adelante los procedimientos, de todo lo cual se dejará precisa constancia en la historia clínica".

La segunda oración de este párrafo tiene sentido, pero a la primera no le encuentro el sentido, por cuanto establece una premisa, pero no se cuál es la conclusión.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: esto hay que vincularlo con el inciso precedente donde se dice: "El paciente tiene derecho a negarse a recibir atención médica y a que se le expliquen las consecuencias de la negativa para su salud", pero cuando mediaren razones de urgencia o de emergencia no se puede aplicar el inciso segundo. Es decir, que cuando mediaren razones de urgencia o emergencia, o de notoria fuerza mayor que imposibiliten el acuerdo requerido, o cuando las circunstancias no permitan demora por existir riesgo grave para la salud del paciente, se procederá a poner en marcha los procedimientos requeridos ante esa emergencia.

No sé si he sido claro, por lo que agrego lo siguiente. Aquí es necesario contextualizar el artículo 11 en su globalidad. La disposición comienza diciendo: "Todo procedimiento de atención médica será acordado entre el paciente -luego de recibir información adecuada, suficiente y continua- y el profesional de salud. La autorización del paciente a someterse a procedimientos diagnósticos o terapéuticos estará consignada en la historia clínica en forma expresa (consentimiento informado). Esta autorización puede ser revocada en cualquier momento.

El paciente tiene derecho a negarse a recibir atención médica y a que se le expliquen las consecuencias de la negativa para su salud". Entonces, todo lo que figura previamente puede desaparecer cuando mediaren razones de urgencia o emergencia, o de notoria fuerza mayor que imposibiliten el acuerdo requerido, etcétera.

SEÑOR DA ROSA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR CID.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: creo que le asiste razón al señor Senador Breccia en cuanto a que hay un pequeño problema de redacción. Tal como expresa el señor Senador Cid, este inciso viene a ser una excepción al principio que se consagra en el inciso anterior cuando dice que: "El paciente tiene derecho a negarse a recibir atención médica y a que se le expliquen las consecuencias de la negativa para su salud". El inciso siguiente debería expresar: "Cuando mediaren razones de urgencia o emergencia, de notoria fuerza mayor que imposibiliten el acuerdo requerido, cuando las circunstancias no permitan demora por existir riesgo grave para la salud del paciente, o cuando se esté frente a patologías que impliquen riesgo cierto para la sociedad que integra, se podrá llevar adelante los procedimientos, de todo lo cual se dejará precisa constancia en la historia clínica".

Simplemente, es un problema de redacción porque la primera frase del inciso queda inconclusa, como si no existiera una consecuencia, falta el remate final. En realidad, hay que concatenar la segunda frase con la primera. De esta forma, se salvaría el problema de redacción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: me parece correcta esta modificación ya que aporta claridad. Además, creo que la observación realizada por el señor Senador Breccia -que ahora se ratifica con esta propuesta de redacción- aclara el alcance del artículo. En lo personal, comparto la modificación propuesta y me acotan los demás integrantes de la Comisión que también la apoyan.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase nuevamente el inciso tercero del artículo 11, Título III.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Cuando mediaren razones de urgencia o emergencia, o de notoria fuerza mayor que imposibiliten el acuerdo requerido, o cuando las circunstancias no permitan demora por existir riesgo grave para la salud del paciente, o cuando se esté frente a patologías que impliquen riesgo cierto para la sociedad que integra, se podrá llevar adelante los procedimientos, de todo lo cual se dejará precisa constancia en la historia clínica".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Título III con las modificaciones propuestas al artículo 11º.

(Se vota:)

- 25 en 26. Afirmativa.

SEÑOR LAPAZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LAPAZ.- Simplemente, quiero expresar que en el inciso que recién se leyó, cuando se dice "se podrá llevar adelante los procedimientos", en realidad, debería decirse "se podrán llevar adelante los procedimientos", es decir, en plural.

SEÑOR PRESIDENTE.- Esta es una discusión que, en materia de sintaxis, podría ser muy extensa. En realidad, los procedimientos pueden formar parte de un conjunto protocolizado y pueden ser sólo hechos que hay que llevar adelante.

En consideración el Título IV, "De los derechos relativos a la dignidad de la persona".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el Titulo V, "Del derecho al conocimiento de su situación de salud".

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: comparto íntegramente todo el Título, pero quiero hacer una sugerencia por razones de mejoramiento gramatical.

El acápite del artículo dice: "Todo paciente tiene derecho a conocer todo lo relativo a su enfermedad. Esto comprende:". Yo agregaría: "el derecho a:". Luego, en los incisos a), b) y c), suprimiría la expresión: "El derecho a", porque se estaría repitiendo. En el d) habría que suprimir la "A" que figura al comienzo. En el e) también se eliminaría "El derecho a" y en el f) se eliminaría la "A". Los incisos g) y h) estarían bien porque están adaptados a la propuesta que estoy realizando.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Título V con las modificaciones propuestas.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

En consideración el Título VI, "De los derechos de privacidad".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 24. Afirmativa.

En consideración el Título VII, "De los deberes de los pacientes".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

En consideración el Título VIII, "De las infracciones a la ley".

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Me parece que hay un error de impresión en la segunda línea del artículo 25, y creo que debería decir: "sanciones administrativas previstas en la normativa vigente en las instituciones o en el ámbito del Ministerio de Salud Pública".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Título VIII, con las correcciones propuestas por el señor Senador Korzeniak al artículo 25. Concretamente, se elimina la "s" de los términos "normativas" y "vigentes" que figuran en la segunda línea y se agrega el término "en" entre "o" y "el ámbito del Ministerio de Salud Pública",

(Se vota:)

- 23 en 25. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Título I

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º.- La presente ley regula los derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios de los servicios de salud con respecto a los trabajadores de la salud y a los servicios de atención de la salud.

ARTICULO 2º.- Los pacientes y usuarios tienen derecho a recibir tratamiento igualitario y no podrán ser discriminados por ninguna razón ya sea de raza, edad, sexo, religión, nacionalidad de origen, impedimentos físicos, condición social, opción u orientación sexual, nivel cultural o capacidad económica.

Título II

DE LAS DEFINICIONES

ARTICULO 3º.- Se considera servicio de salud a toda organización conformada por personas físicas o jurídicas, tales como instituciones, entidades, empresas, organismos públicos, privados -de carácter particular o colectivo- o de naturaleza mixta, que brinde prestaciones vinculadas a la salud (incluyendo análisis o estudios sean de naturaleza preventiva, curativa, de rehabilitación o reparación).

ARTICULO 4º.- Se entiende por trabajadores de la salud a toda persona que desempeñe funciones en el ámbito de un servicio de salud, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º de la presente ley, que cumpla una actividad permanente o temporal, aun no remunerada.

ARTICULO 5º.- Es usuario de un servicio de salud toda persona física que pueda adquirir o utilizar bienes o servicios de salud.

Se entiende por paciente a toda persona que recibe atención de la salud, o en su defecto sus familiares, cuando su presencia y actos se vinculen a la atención de aquélla.

En los casos de incapacidad o manifiesta imposibilidad de ejercer sus derechos y asumir sus obligaciones, le representará su cónyuge, el pariente más próximo o su representante legal.

Título III

DE LOS DERECHOS

ARTICULO 6º.- Toda persona tiene derecho a acceder a una atención integral que comprenda todas aquellas acciones destinadas a la promoción, la protección, recuperación y rehabilitación de la salud, de acuerdo a las definiciones que establezca el Ministerio de Salud Pública.

ARTICULO 7º.- Todo paciente tiene derecho a una atención en salud de calidad, con trabajadores de salud debidamente capacitados y autorizados por las autoridades competentes, para el ejercicio de sus tareas o funciones.

Todo paciente tiene el derecho a acceder a medicamentos de calidad debidamente autorizados por el Ministerio de Salud Pública y a conocer los posibles efectos colaterales derivados de su utilización.

Todo paciente tiene el derecho a que sus exámenes, diagnósticos y evaluaciones cuenten con el debido control de calidad. Asimismo tiene el derecho de acceso a los resultados cuando lo solicite.

ARTICULO 8º.- El Estado por intermedio del Ministerio de Salud Pública será responsable de controlar la propaganda destinada a estimular tratamientos o consumo de medicamentos. La promoción engañosa se determinará de acuerdo a lo prescripto en la Ley Nº 17.250, de 11 de agosto de 2000 y en particular en el capítulo IX de ese texto.

ARTICULO 9º.- El Estado por intermedio del Ministerio de Salud Pública está obligado a informar públicamente y en forma regular sobre las condiciones sanitarias en el territorio nacional.

ARTICULO 10.- El Estado garantizará en todos los casos el acceso a medicamentos básicos.

Todas las patologías ya sean agudas, crónicas, transmisibles o no, deben ser tratadas, sin ningún tipo de limitación, tanto en lo referente a la internación, obtención de medicamentos, modalidades asistenciales científicamente válidas, así como la rehabilitación y cuidados paliativos de las mismas.

Los Servicios de Salud serán responsables de las omisiones en el cumplimiento de estas exigencias.

ARTICULO 11.- Todo procedimiento de atención médica será acordado entre el paciente -luego de recibir información adecuada, suficiente y continua- y el profesional de salud. La autorización del paciente a someterse a procedimientos diagnósticos o terapéuticos estará consignada en la historia clínica en forma expresa (consentimiento informado). Esta autorización puede ser revocada en cualquier momento.

El paciente tiene derecho a negarse a recibir atención médica y a que se le expliquen las consecuencias de la negativa para su salud.

Cuando mediaren razones de urgencia o emergencia, o de notoria fuerza mayor que imposibiliten el acuerdo requerido, o cuando las circunstancias no permitan demora por existir riesgo grave para la salud del paciente, o cuando se esté frente a patologías que impliquen riesgo cierto para la sociedad que integra, se podrá llevar adelante los procedimientos, de todo lo cual se dejará precisa constancia en la historia clínica.

En la atención de enfermos siquiátricos se aplicarán los criterios dispuestos en la Ley Nº 9.581, de 8 de agosto de 1936.

ARTICULO 12.- Todo procedimiento de investigación médica deberá ser expresamente autorizado por el paciente, en forma libre, luego de recibir toda la información en forma clara sobre los objetivos y la metodología de la misma y una vez que la Comisión de Ética de la institución de asistencia autorice el protocolo respectivo. En todos los casos se deberá comunicar preceptivamente a la Comisión de Bioética y Calidad de Atención del Ministerio de Salud Pública. La información debe incluir el derecho a la revocación voluntaria del consentimiento, en cualquier etapa de la investigación. La Comisión se integrará por los profesionales cuya capacitación en la materia los constituya en referentes del tema a investigar.

 La situación en que la falta de institucionalización del profesional impida lo exigido en el párrafo anterior con respecto a la autorización por la Comisión de Ética, se deberá obtener el consentimiento del Ministerio de Salud Pública.

ARTICULO 13.- Toda persona tiene el derecho de elección del sistema asistencial más adecuado sin más limitaciones que las contenidas en el Sistema Nacional Integrado de Salud y el Seguro Nacional de Salud, a partir de su puesta en vigencia.

ARTICULO 14.- La docencia de las diferentes actividades profesionales en el ámbito de la salud, podrá ser realizada en cualquier servicio de salud.

Título IV

DE LOS DERECHOS RELATIVOS A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA

ARTICULO 15. - Los servicios de salud, dependiendo de la complejidad del proceso asistencial, integrarán una Comisión de Bioética que estará conformada por profesionales de la salud y por integrantes no médicos representativos de la sociedad civil.

En todos los casos, al menos la mitad de sus integrantes serán de sexo femenino.

ARTICULO 16. - Todo paciente tiene el derecho a disponer de su cuerpo con fines diagnósticos y terapéuticos con excepción de las situaciones de emergencia imprevista, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971 y sus modificativas.

ARTICULO 17.- Todo paciente tiene derecho a un trato respetuoso y digno por parte de los integrantes del sistema de atención de salud, que tome en cuenta su situación de dependencia.

Este derecho incluye:

a) Ser respetado en todas las instancias del proceso de asistencia, en especial recibir un trato cortés y amable, ser conocido por su nombre, recibir una explicación de su situación clara y en tiempo, y ser atendido en los horarios de atención comprometidos.

b) Procurar que en todos los procedimientos de asistencia médica se evite el dolor físico y emocional de la persona cualquiera sea su situación fisiológica o patológica.

c) Estar acompañado por sus seres queridos o representantes de su confesión en todo momento de peligro o proximidad de la muerte, en la medida que esta presencia no interfiera con los derechos de otros pacientes internados y de procedimientos médicos imprescindibles.  

d) Morir con dignidad, entendiendo dentro de este concepto el derecho a morir en forma natural, en paz, sin dolor, evitando en todos los casos anticipar la muerte por cualquier medio utilizado con ese fin (eutanasia) o prolongar artificialmente la vida del paciente cuando no existan razonables expectativas de mejoría (futilidad terapéutica), con excepción de lo dispuesto en la Ley Nº 14.005, de 17 de agosto de 1971 y sus modificativas.

e) Negarse a que su patología se utilice con fines docentes cuando esto conlleve pérdida en su intimidad, molestias físicas, acentuación del dolor o reiteración de procedimientos. En todas las situaciones que se requiera un paciente con fines docentes tendrá que existir consentimiento. Esta autorización podrá ser retirada en cualquier momento, sin expresión de causa.

f) Que no se practiquen sobre su persona actos médicos contrarios a su integridad física o mental, dirigidos a violar sus derechos como persona humana o que tengan como resultado tal violación.

Título V

DEL DERECHO AL CONOCIMIENTO DE SU SITUACION DE SALUD

ARTICULO 18. - Todo paciente tiene derecho a conocer todo lo relativo a su enfermedad. Esto comprende el derecho a:

a) Conocer la probable evolución de la enfermedad de acuerdo a los resultados obtenidos en situaciones comparables en la institución prestadora del servicio de salud.

b) Conocer en forma clara y periódica la evolución de su enfermedad que deberá ser hecha por escrito si así lo solicitase el paciente; así como el derecho a ser informado de otros recursos de acción médica no disponibles en la institución pública o privada donde se realiza la atención de salud.

En situaciones excepcionales y con el único objetivo del interés del paciente con consentimiento de los familiares se podrá establecer restricciones al derecho de conocer el curso de la enfermedad o cuando el paciente lo haya expresado previamente ("derecho a no saber").

 Este derecho a no saber puede ser relevado cuando a juicio del médico la falta de conocimiento pueda constituir un riesgo para la persona o la sociedad.

c) Conocer quién o quiénes intervienen en el proceso de asistencia de su enfermedad, con especificación de nombre, cargo y función.

d) Que se lleve un registro escrito o electrónico (historia clínica) completo donde figure la evolución de su estado de salud desde el nacimiento hasta la muerte.

La historia clínica constituye un conjunto de documentos, no sujetos a alteración ni destrucción, salvo lo establecido en la normativa vigente.

El paciente tiene derecho a revisar su historia clínica y a obtener una copia de la misma a sus expensas, y en caso de indigencia le será proporcionada al paciente en forma gratuita.

En caso de que el paciente cambie de institución o en cualquier otra situación se le entregará copia de la historia clínica, la que deberá tener todos los elementos del original.

La historia clínica será reservada y solo podrán acceder a la misma los responsables de la atención médica y el personal administrativo vinculado con éstos, el paciente o en su caso la familia y el Ministerio de Salud Pública cuando lo considere pertinente.

El revelar su contenido, sin que fuere necesario para el tratamiento o mediare orden judicial o conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la presente ley, hará pasible del delito previsto en el artículo 302 del Código Penal.

e) Que la familia directa- ante requerimiento expreso de la misma- conozca la situación de salud del enfermo y siempre que no medie la negativa expresa de éste.

En caso de enfermedades consideradas estigma-tizantes en lo social, el médico deberá consultar con el paciente el alcance de esa comunicación. La responsabilidad del profesional en caso de negativa por parte del enfermo quedará salvada asentando en la historia clínica esta decisión.

f) Que, en situaciones donde la ciencia médica haya agotado las posibilidades terapéuticas de mejoría o curación, estando tal situación claramente consignada en la historia clínica, constando a continuación la orden médica: "No Reanimar" impartida por el médico tratante, decisión que será comunicada a la familia directa del paciente.

g) Conocer previamente, cuando corresponda, el costo que tendrá el servicio de salud prestado, sin que se produzcan modificaciones generadas durante el proceso de atención. En caso de que esto tenga posibilidad de ocurrir será previsto por las autoridades de la institución o los profesionales actuantes.

h) Conocer sus derechos y obligaciones y las reglamentaciones que rigen los mismos.

ARTICULO 19.- Toda historia clínica, debidamente autenticada, en medio electrónico constituye documentación auténtica y como tal, será válida y admisible como medio probatorio.

Se considerará autenticada toda historia clínica en medio electrónico cuyo contenido esté validado por una o más firmas electrónicas mediante claves u otras técnicas seguras, de acuerdo al estado de la tecnología informática. Se aplicará a lo dispuesto en los artículos 129 y 130 de la Ley N° 16.002, de 25 de noviembre de 1998, artículos 695 inciso 3° y 697 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996 y el artículo 25 de la Ley N° 17.243, de 29 de junio de 2000.

ARTICULO 20.- Es de responsabilidad de los Centros de Asistencia de la Salud dotar de seguridad a las historias clínicas electrónicas y determinar las formas y procedimientos de administración y custodia de las claves de acceso y demás técnicas que se usen.

El Poder Ejecutivo podrá determinar criterios uniformes mínimos obligatorios de las historias clínicas para todos los Centros de Atención de la Salud.

Título VI

DE LOS DERECHOS DE PRIVACIDAD

ARTICULO 21.- El Centro de Atención en carácter de prestador de salud y en lo pertinente el profesional actuante deberá cumplir las obligaciones legales que le imponen denuncia obligatoria, así como las que determine el Ministerio de Salud Pública.

Título VII

DE LOS DEBERES DE LOS PACIENTES

ARTICULO 22.- Toda persona tiene el deber de cuidar de su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad (Art. 44 de la Constitución). Asimismo tiene la obligación de someterse a las medidas preventivas o terapéuticas que se le impongan, cuando su estado de salud, a juicio del Ministerio de Salud Pública, pueda constituir un peligro público. (Art. 224 del Código Penal).

El paciente tiene la obligación de suministrar al equipo de salud actuante información cierta, precisa y completa de su proceso de enfermedad, así como de los hábitos de vida adoptados.

ARTICULO 23.- El paciente es responsable de seguir el plan de tratamiento y controles establecidos por el equipo de salud. Tiene igualmente el deber de utilizar razonablemente los servicios de los Centros de Atención a la salud, evitando un uso abusivo que desvirtúen su finalidad y distraigan recursos en forma innecesaria.

ARTICULO 24.- El paciente o en su caso quien lo representa es responsable de las consecuencias de sus acciones si rehúsa algún procedimiento de carácter diagnóstico o terapéutico, así como si no sigue las directivas médicas.

El paciente puede abandonar el centro asistencial sin el alta correspondiente quedando consignado en la historia clínica esta decisión, siendo considerada tal situación como de "alta contra la voluntad médica", quedando exonerada la institución y el equipo de salud de todo tipo de responsabilidad.

Título VIII

DE LAS INFRACCIONES A LA LEY

ARTICULO 25.- Las infracciones a la presente ley determinarán la aplicación de las sanciones administrativas previstas en la normativa vigente en las instituciones o en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, sin perjuicio de otras acciones que se puedan derivar de su violación.

ARTICULO 26.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los agrupamientos de trabajadores de la salud con personería jurídica, podrán juzgar la conducta profesional de sus afiliados de acuerdo a sus estatutos."

18) DIA NACONAL DEL CANDOMBE, LA CULTURA AFROURUGUAYA Y LA EQUIDAD RACIAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se declara ‘Día nacional del candombe, la cultura afrouruguaya y la equidad racial’ el día 3 de diciembre (Carp. Nº 684/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 684/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase el 3 de diciembre "Día nacional del candombe, la cultura afrouruguaya y la equidad racial".

Artículo 2º.- Su celebración anual será el marco para la valoración y difusión de la expresión cultural denominada candombe, de la contribución de la población afrodescendiente a la construcción nacional, y de su aporte a la conformación de la identidad cultural de la República Oriental del Uruguay.

Artículo 3º.- Se considera de interés nacional la realización de actividades, acciones educativas y campañas de comunicación que contribuyan a dicho fin, promuevan el combate al racismo y la equidad racial, entendida como garantía de igualdad de oportunidades y goce efectivo de derechos para todos los ciudadanos, con la consiguiente superación de las inequidades que afectan a los afrodescendientes.

Artículo 4º.- El Estado propenderá a la realización de tales fines mediante el desarrollo de políticas públicas destinadas al cumplimiento de los principios establecidos por esta ley.

Artículo 5º.- Declárase patrimonio cultural de la República Oriental del Uruguay el camdombe, caracterizado por el toque de los tambores denominados chico, repique y piano, su danza y canto, creado por los afrouruguayos a partir del legado ancestral africano, sus origenes rituales y su contexto social como comunidad.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 7 de noviembre de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: se trata de una propuesta que viene de la Cámara de Representantes que sugiere declarar el día 3 de diciembre como "Día nacional del candombe, la cultura afrouruguaya y la equidad racial". La iniciativa consta de cinco artículos en los que se destaca, según la Exposición de Motivos, que el 3 de diciembre de 1978 sonaron especialmente los tambores en "Llamadas", por última vez, en el "Medio Mundo", uno de los templos fundamentales del candombe. Es por eso que se ha elegido ese día para recuperar como patrimonio nacional y como lugar de recordación algo que nos es tan caro y que, por cierto, hace a nuestra identidad nacional, como es la música traída de África y mezclada con otras reminiscencias de los inmigrantes europeos. También se define para esa fecha la cultura afrouruguaya y la equidad racial.

Nos parece que este es un aporte importante que llega a propuesta de la Cámara de Representantes. Obviamente, se trata de una sugerencia de nuestro único parlamentario afrodescendiente y creemos que es de orden acompañarla.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 21 en 23. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR BRECCIA.- Formulo moción para que se suprima la lectura del articulado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción propuesta por el señor Senador.

(Se vota:)

- 20 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 23. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

19) CODIGO AERONAUTICO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 113 del Código Aeronáutico, relacionado con la realización de los servicios aéreos internos (Carp. Nº 661/06 - Rep. Nº 363/06)".

(Antecedentes:)

"Carp.Nº 661/06

Rep. Nº 363/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Sustitúyese el artículo 113 del Código Aeronáutico de la República Oriental del Uruguay, aprobado por el Decreto-Ley Nº 14.305, de 29 de noviembre de 1974, por el siguiente:

"ARTICULO 113 (Servicios aéreos internos).- Los servicios aéreos internos serán realizados exclusivamente por empresas nacionales. La Autoridad Aeronáutica podrá autorizar servicios aéreos internos por empresas extranjeras siempre que los mismos derechos sean otorgados en régimen de reciprocidad. A menos que el Estado los explote directamente, los servicios aéreos internos de transporte regular de pasajeros, correo y carga serán realizados por concesionarios y los no regulares mediante autorización".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 4 de octubre de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME

Señoras y señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración aconseja al Cuerpo votar afirmativamente el proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, por el cual se modifica el artículo 113 del Código Aeronáutico de la República Oriental del Uruguay, aprobado por el Decreto-Ley Nº 14.305, de 29 de noviembre de 1974.

Su artículo único establece como nueva redacción la siguiente: "Los servicios aéreos internos serán realizados exclusivamente por empresas nacionales. La Autoridad Aeronáutica podrá autorizar servicios aéreos internos por empresas extranjeras siempre que los mismos derechos sean otorgados en régimen de reciprocidad. A menos que el Estado los explote directamente, los servicios aéreos internos de transporte regular de pasajeros, correo y carga serán realizados por concesionarios y los no regulares mediante autorización".

Dicha modificación ha sido promovida por los organismos competentes en la materia, y fundamentada en la mejora de la operativa y oportunidades de desarrollo del sector que permitirá la aprobación de la misma.

A modo de ejemplo, en el Mensaje remitido por el Poder Ejecutivo en el marco de lo dispuesto por el numeral 7º del artículo 168 de la Constitución de la República, se hace referencia a situaciones concretas que podrán llevarse a cabo de prosperar el mismo.

En ese sentido, se establece que con fecha 13 de febrero de 2003 se realizó, en la ciudad de Montevideo, una reunión de Consulta de Autoridades Aeronáuticas con la República de Chile donde se estudió la posibilidad de un nuevo acuerdo de transporte aéreo, el cual pactaría las modernas cláusulas sobre seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), así como los nuevos conceptos sobre oportunidades comerciales y código compartido, siendo innovador para nuestro país ya que se trataría de un acuerdo de "cielos abiertos" que contendría todas las libertades del aire, incluido el cabotaje dentro del territorio de los Estados Partes.

Efectivamente, a vía de ejemplo, el artículo segundo del texto referido establecería que: "Cada Parte Contratante concede a la otra Parte Contratante los siguientes derechos para la prestación de servicios aéreos por las líneas aéreas designadas de la otra Parte Contratante: a) el derecho de volar a través de su territorio sin aterrizar; b) el derecho de hacer escalas en su territorio para fines no comerciales; y c) el derecho de prestar servicios regulares y no regulares, combinados de pasajeros y carga, o exclusivos de carga, entre puntos del territorio de la contraparte, entre ambos territorios, y entre el territorio de la contraparte y cualquier tercer país, directamente o a través de su propio territorio, pudiendo dichos servicios no comprender ningún punto del territorio de la parte que designa la línea aérea; sin limitaciones en cuanto a rutas, frecuencias y material de vuelo, que podrá ser propio, arrendado o fletado".

Sin embargo, resulta un obstáculo para materializar acuerdos del tipo reseñado, lo dispuesto por el artículo 113 del Código Aeronáutico Uruguayo aprobado por el Decreto-Ley Nº 14.305, de 29 de noviembre de 1974, el cual dispone que los servicios aéreos internos serán realizados exclusivamente por empresas nacionales.

Por lo tanto, a los efectos de permitir a las empresas extranjeras la realización de tales servicios, resultaría imprescindible remover el obstáculo legal vigente. A tales efectos, se propone la inclusión de un nuevo párrafo en el artículo 113 de referencia, que autorice a las empresas extranjeras a realizar servicios aéreos internos, siempre que los mismos se otorguen bajo reciprocidad para con empresas nacionales.

La modificación que se proyecta, además del caso puntual de la relación bilateral con la República de Chile que se mencionó a vía de ejemplo, significa un aporte sustancial para que nuestro país pueda acceder a tratados con terceros países que posibiliten, en régimen de reciprocidad, los derechos de cabotaje referidos, los que fomentaría un mayor desarrollo de las empresas nacionales de aviación, ya que mientras el mercado interno nacional es prácticamente inexistente, los mercados internos de otros países pueden ser atractivos importantes para las mismas.

Razones por las cuales creemos conveniente la apro-bación de esta enmienda que cuenta además, con la aprobación de la Comisión Nacional de Política Aeronáutica

que funciona en la órbita de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, que se ex-pidiera en la sesión de fecha 22 de julio de 2003 en ese sentido.

Sala de la Comisión, 23 de agosto de 2006.

Edgardo Ortuño, Miembro Informante; Diego Cánepa, Julio Fiordelmondo, Luis Alberto Lacalle Pou, Jorge

Orrico, Javier Salsamendi.

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 7 de abril de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General.

Don Rodolfo G. Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo cumple en remitir a su consideración el presente Proyecto de Ley, acorde a lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 168 de la Constitución de la Repú-blica.

Con fecha 13 de febrero de 2003, se realizó en la ciudad de Montevideo, una reunión de Consulta de Autoridades Aeronáuticas con la República de Chile donde se estudió la posibilidad de un nuevo acuerdo de transporte aéreo, el cual pactaría las modernas cláusulas sobre seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), así como los nuevos conceptos sobre oportunidades comerciales y código compartido, siendo innovador para

nuestro país ya que se trataría de un acuerdo de "cielos abiertos" que contendría todas las libertades del aire, incluido el cabotaje dentro del territorio de los Estados Partes.

Efectivamente, a vía de ejemplo, el artículo segundo del texto referido establecería que: "Cada Parte Contratante concede a la otra Parte Contratante los siguientes derechos para la prestación de servicios aéreos por las líneas aéreas designadas de la otra Parte Contratante:

a) el derecho de volar a través de su territorio sin aterrizar; b) el derecho de hacer escalas en su territorio para fines no comerciales; y c) el derecho de prestar servicios regulares y no regulares, combinados de pasajeros y carga, o exclusivos de carga, entre puntos del territorio de la contraparte, entre ambos territorios, y entre el territorio de la contraparte y cualquier tercer país, directamente o a través de su propio territorio, pudiendo dichos servicios no comprender ningún punto del territorio de la parte que designa a línea aérea; sin limitaciones en cuanto a rutas, frecuencias y material de vuelo, que podrá ser propio, arrendado o fletado...".

Sin embargo resulta un obstáculo para materializar acuerdos del tipo reseñado, lo dispuesto por el artículo 113 del Código Aeronáutico Uruguayo aprobado por el Decreto-Ley Nº 14.305 de 29 de noviembre de 1974, el cual dispone que los servicios aéreos internos serán realizados exclusivamente por empresas nacionales.

Por lo tanto, a los efectos de permitir a las empresas extranjeras la realización de tales servicios, resultaría imprescindible remover el obstáculo legal vigente. A tales efectos, se propone la inclusión de un nuevo párrafo en el artículo 113 de referencia, que autorice a las empresas extranjeras a realizar servicios aéreos internos, siempre que los mismos se otorguen bajo reciprocidad para con empresas nacionales.

La modificación que se proyecta, además del caso puntual de la relación bilateral con la República de Chile que se mencionó a vía de ejemplo, significa un aporte sustancial para que nuestro país pueda acceder a tratados con terceros países que posibiliten, en régimen de reciprocidad, los derechos de cabotaje referidos, lo que fomentaría un mayor desarrollo de las empresas nacionales de aviación, ya que mientras el mercado interno nacional es prácticamente inexistente, los mercados internos de otros países pueden ser atractivos importantes para las mismas.

En Sesión de fecha 22 de julio de 2003 la Comisión Nacional de Política Aeronáutica que funciona en la órbita de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica recomendó la modificación legislativa proyectada.

Por lo expuesto, se solicita la atención de ese Cuerpo al Proyecto de Ley que se acompaña y cuya aprobación se encarece.

Saluda a Usted con la mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Azucena Berrutti, Héctor Lescano, Mariano Arana, Belela Herrera, Víctor Rossi, Marina Arismendi, Jorge Brovetto, Eduardo Bonomi, Ma. Julia Múñoz, Juan Faroppa, Danilo Astori, José Mujica, Jorge Lepra.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 113 del Código Aeronáutico de la República Oriental del Uruguay, aprobado por el Decreto-Ley Nº 14.305, de 29 de noviembre de 1974, por el siguiente:

"ARTICULO 103 (Servicios aéreos internos). Los servicios aéreos internos serán realizados exclusivamente por empresas nacionales. La Autoridad Aeronáutica podrá autorizar servicios aéreos internos por empresas extranjeras siempre que los mismos derechos sean otorgados en régimen de reciprocidad. A menos que el Estado los explote directamente, los servicios aéreos internos de transporte regular de pasajeros, correo y carga serán realizados por concesionarios y los no regulares mediante autorización".

Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese y archívese.

Azucena Berrutti, Héctor Lescano, Mariano Arana, Belela Herrera, Víctor Rossi, Marina Arismendi, Jorge Brovetto, Eduardo Bonomi, Ma. Julia Múñoz, Juan Faroppa, Danilo Astori, José Mujica, Jorge Lepra.

DISPOSICIONES CITADAS

CODIGO AERONAUTICO

(Decreto-Ley Nº 14.305, de 29 de noviembre de 1974)

TITULO IX - SERVICIOS AEREOS

CAPITULO II - SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO PUBLICO

SECCION I - GENERALIDADES

Artículo 113. (Servicios aéreos internos).- Los servicios aéreos internos serán realizados exclusivamente por empresas nacionales. A menos que el Estado los explote directamente, los servicios aéreos internos de transporte regular de pasajeros, correo y carga serán realizados por concesionarios y los no regulares mediante autorización.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

ACTA Nº 71

En Montevideo, el siete de noviembre de dos mil seis, a la hora catorce y cuarenta minutos, se reúne la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores. 


Asisten los señores Senadores miembros José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini, Luis Oliver, Margarita Percovich.

Faltan con aviso los señores Senadores Sergio Abreu, Francisco Gallinal y Julio M. Sanguinetti, quienes remiten notas justificando sus inasistencias.

Preside su titular, el señor Senador Leonardo Nicolini.

Actúa en Secretaría la señora Josefina Reissig, Secretaria de la Comisión con la colaboración de la funcionaria Gloria Mederos.

ASUNTOS ENTRADOS:

- CARPETA Nº 666/2006. MIEMBROS DE ORGANOS DE CONTRALOR INTERNO QUE REPRESENTEN A ENTES AUTONOMOS O SERVICIOS DESCENTRALIZADOS EN EMPRENDIMIENTOS O ASOCIACIONES CON ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES O EXTRANJERAS. Se reputan funcionarios públicos y se consagra la responsabilidad funcional. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1284/2006.

- CARPETA Nº 670/2006. PUEBLO SANTA CATALINA. (5ª Sección Judicial del departamento de Soriano). Se eleva a la categoría de Villa. Proyecto de ley con exposición de motivos del señor Senador Gustavo Lapaz. Distribuido Nº 1285/2006.

- CARPETA Nº 672/2006. PUEBLO DE AGRACIADA (4ª Sección Judicial del departamento de Soriano). Se eleva a la categoría de Villa. Proyecto de Ley con exposición de motivos del señor Senador Gustavo Lapaz. Distribuido Nº 1286/2006.

- CARPETA Nº 673/2006. VILLA JOSE ENRIQUE RODO. (6ª Sección Judicial del departamento de Soriano). Se eleva a la categoría de ciudad. Proyecto de ley con exposición de motivos del señor Senador Gustavo Lapaz. Distribuido Nº 1287/2006.

- CARPETA Nº 674/2006. PUEBLO PALMITAS (8ª Sección Judicial del departamento de Soriano). Proyecto de Ley con exposición de motivos del señor Senador Gustavo Lapaz. Distribuido Nº 1288/2006.

- CARPETA Nº 676/2006. JUEGOS DE APUESTAS SOBRE CARRERAS DE CABALLOS EN EL HIPODROMO DE LAS PIEDRAS. Se autoriza al gobierno Departamental de Canelones a convocar a licitación pública para su explotación. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1289/2006.

- CARPETA Nº 681/2006. GOBIERNOS LOCALES. Se determinan normas sobre su integración y competencia. Proyecto de ley con exposición de motivos del señor Senador Eber Da Rosa. Distribuido Nº 1290/2006.

- Solicitud de audiencia del Movimiento Familiar Cristiano, en relación al proyecto de ley por el que se modifica el Código de la Niñez y la Adolescencia en lo que corresponde a normas sobre adopción (CARPETA Nº 615/2006).

ASUNTOS TRATADOS:

- CARPETA Nº 661/2006. CODIGO AERONAUTICO. Se sustituye el artículo 113. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Informe de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes. Disposiciones citadas. Distribuido Nº 1221/2006. En consideración. Intervención del señor Senador José Korzeniak. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador, quién lo hará en forma verbal.

- CARPETA Nº 416/2005. CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Se modifican y se incorporan disposiciones relativas al maltrato y violencia sexual a menores y adolescentes. Proyecto de Ley con exposición de motivos presentado por los señores Senadores integrantes de la Bancada del Frente Amplio. Disposiciones citadas. Distribuido Nº 657/2005. En consideración. Intervención de la señora Senadora Margarita Percovich, que proporciona a los señores Senadores un texto de propuestas de modificación. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Queda aprobado un texto sutitutivo. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich, quien lo hará en forma verbal.

El proyecto de ley sustitutivo aprobado queda redactado de la siguiente forma:

"Articulo 1º.- Sustitúyese el artículo 118 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004), por el siguiente:

"ARTICULO 118. (Primeras diligencias).- El Juez que tiene conocimiento, por cualquier medio, que un niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo anterior, salvo que se tratare de una situación de maltrato o abuso sexual, en cuyo caso se procederá conforme a lo previsto en los artículos 130 y siguientes de este Código, tomará las más urgentes e imprescindibles medidas, debiendo, salvo imposibilidad, recabar la opinión del niño o adolescente, en presencia del defensor que se le proveerá en el acto y de sus padres o responsables, si los tuviere.

Dispuestas las medidas urgentes, se procederá conforme a lo previsto en el artículo 321 del Código General del Proceso.

El Tribunal deberá recabar los informes técnicos correspondientes y oír al Ministerio Público preceptivamente, quien intervendrá a favor del efectivo respeto a los derechos y garantías reconocidos a los niños y adolescentes, debiéndose pronunciar en el plazo máximo de tres días.


Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 130 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004), por el siguiente:

"ARTICULO 130. (Definición).- A los efectos de este título entiéndese por maltrato y violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes las siguientes situaciones, no necesariamente taxativas: maltrato físico, maltrato psíquico-emocional, abuso sexual, explotación sexual comercial (prostitución, pornografía, trata, etc.), explotación laboral."

Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 131 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004), por el siguiente:

"ARTICULO 131. (La denuncia).- Ante denuncia escrita o verbal por la realización de cualquiera de las conductas mencionadas en el artículo anterior, la autoridad receptora deberá comunicar el hecho de forma fehaciente e inmediata al Juzgado competente, quien deberá designar de inmediato Defensor al niño o adolescente. Se seguirá el procedimiento y demás disposiciones de la Ley Nº 17.514, de 2 de julio de 2002, sin perjuicio de las normas específicas para la protección de niños, niñas y adolescentes que se disponen a continuación."

Artículo 4º.- Incorpórase el artículo 131.1 al Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004).

"ARTICULO 131.1.- El principio orientador del Tribunal será prevenir la victimización secundaria.

A tales efectos el Tribunal, deberá velar para que durante todo el procedimiento se garantice, a los niños, niñas y adolescentes que participen en el mismo, los siguientes derechos:

a) A recibir un trato digno, que tenga especialmente en cuenta sus necesidades específicas en tanto persona que ha sido víctima de maltrato y/o abuso sexual, en especial cuando deba relatar los hechos acaecidos o someterse a exámenes físicos.

b) A que se tenga especialmente en cuenta su opinión, necesidades y expectativas para la efectiva restitución de sus derechos.

c) Al patrocinio letrado.

d) A ser acompañado en todas las instancias judiciales por una persona adulta de su confianza si lo deseare.

e) A la protección de su identidad e intimidad.

f) A la protección de su integridad física y moral y la de su familia y testigos frente a posibles represalias. Esta protección debe extenderse a los técnicos de las instituciones que denuncian o intervienen a favor de la víctima.

g) A ser informados respecto al estado de las actuaciones, las decisiones adoptadas y los alcances de las mismas."

Artículo 5º.- Incorpórase el artículo 131.2 al Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004).

"ARTICULO 131.2 (Limitación de la intervención policial).- El personal policial, salvo la recepción de la denuncia, o de cualquier otro elemento informativo indispensable para actuaciones tendientes a hacer cesar una situación de maltrato o abuso no tomará declaración al niño o adolescente víctima de esas conductas salvo que se tratare de personal técnico designado a tales efectos por el Juez para la indagatoria psíquica de la víctima."
Artículo 6º.- Incorpórase al artículo 131.3 al Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004).

"ARTICULO 131.3 (Medidas cautelares).- Verificada liminarmente las hipótesis del artículo 130, el Juez competente dispondrá todas aquellas medidas cautelares tendientes a la protección física y emocional del niño o adolescente. A tales efectos podrá disponer entre otras las siguientes medidas:

1) Retiro del presunto agresor o abusador de la residencia común.

2) Prohibición al presunto agresor o abusador de comunicarse, relacionarse, entrevistarse u otra conducta similar con la presunta víctima o denunciantes del hecho.

3) Designación según el caso, de un tutor, curador o guardador provisorio.

4) Decretar provisoriamente alimentos respecto de quienes estén obligados a ello.

5) Otorgar la tenencia provisoria del niño, niña o del adolescente a familiares cercanos y otras personas de confianza del mismo.

6) Asignación provisoria de una familia sustituta.

7) Internación provisoria en un organismo oficial u organización no gubernamental autorizada, de protección del niño, niña o adolescente.

8) Atención terapéutica del niño, niña o adolescente en una institución especializada.

En todos los casos deberá adoptar medidas de protección de la identidad de la víctima y familiares denunciantes respecto de terceros."

Artículo 7º.- Incorpórase el artículo 131.4 al Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004).

"ARTICULO 131.4. (Características de las medidas cautelares).- La enumeración precedente no es taxativa, pudiendo adoptarse cualquier otra medida análoga que sirva a los fines expuestos, debiéndose tener especialmente en cuenta las previstas en la Ley Nº 17.514, de 2 de julio de 2002. El orden de las mismas no implica jerarquía alguna entre ellas. No obstante, la medida prevista en el numeral 7 del artículo anterior, deberá ser adoptada como último recurso y ante la imposibilidad de lograr con cualquiera de las otras medidas los fines de protección necesarios.

Esta medida (numeral 7º) deberá poseer carácter transitorio y no implicará privación de libertad. En tales casos, hasta tanto el niño, niña o adolescente no sea reintegrado a su familia u otra alternativa, el proceso debe ser tramitado por el Tribunal con competencia de urgencia.

La adopción de las medidas cautelares de protección al niño o al adolescente por el Juez de Familia en el ámbito de su competencia, lo son sin perjuicio de las que pueda dictar el juez competente en materia penal, sobre la persona y bienes del imputado, conforme a lo previsto en el Código del Proceso Penal."

Artículo 8º.- Incorpórase el artículo 131.5 al Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004).

"ARTICULO 131.5. (Indagatoria psíquica de la víctima).- Durante la producción de la prueba, en la etapa prevista en el Código del Proceso Penal o en el presente Código, deberá propenderse a la realización de una única indagatoria psíquica del niño o del adolescente, sin perjuicio del examen médico forense. Si se considerare necesario realizar una nueva pericia, deberá previamente recabarse el consentimiento de la víctima la que será asistida, a tales efectos, por su defensor."

Artículo 9º.- Incorpórase el artículo 131.6 al Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004).

"ARTICULO 131.6 (Naturaleza de la indagatoria).- La referida indagatoria tendrá naturaleza pericial y se regulará por lo dispuesto en el Código del Proceso Penal, con las modificaciones establecidas en los artículos siguientes.

La determinación de los puntos que serán objeto de diligencia pericial, se hará conforme a lo dispuesto por el artículo 180 del Código General del Proceso en lo que fuere pertinente".

Artículo 10.- Incorpórase el artículo 131.7 al Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004).

"ARTICULO 131.7. (Cualidades del perito).- La entrevista indagatoria deberá estar a cargo de personas especialmente preparadas en técnicas de detección e investigación de situaciones de maltrato y abuso sexual de niños y adolescentes.

A falta de los peritos oficiales requeridos por el Código del Proceso Penal, el Tribunal podrá derivar la realización de la indagatoria a aquellas Organizaciones no Gubernamentales autorizadas que cuenten con personas capacitadas para ello."

Artículo 11.- Incorpórase el artículo 131.8 al Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004).

"ARTICULO 131.8. (Oportunidad y práctica pericial).- La entrevista indagatoria deberá realizarse siempre de modo previo al interrogatorio judicial. La misma deberá ser realizada por los técnicos a solas con la víctima, pudiendo disponerse, previa conformidad de la periciada y del perito, que sea presenciada por el Tribunal y las partes a través de un vidrio de visión unilateral (Cámara Gessell).

Su registración se hará mediante videograbación."

Artículo 12.- Incorpórase el artículo 131.9 al Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004).

"ARTICULO 131.9. (Declaración judicial de la víctima).- La declaración del niño, la niña o del adolescente ante el Tribunal se realizará sólo si aquel o aquella lo solicitare o en aquellos casos en que resulte imprescindible para la instrucción, a requerimiento del Ministerio Público, de la Defensa o Tribunal de Oficio. Durante la misma las partes y el Tribunal deberán contar con el asesoramiento de los técnicos intervinientes en la indagatoria pericial y el Defensor del niño o adolescente. En dicha audiencia no podrá estar presente el denunciado como agresor ni otros testigos del juicio.

En los demás casos, la entrevista indagatoria referida en los artículos anteriores y la presencia del técnico y del Defensor, sustituirán a la víctima en el resto del proceso."

Artículo 13.- Incorpórase el artículo 131.10 al Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004).

"ARTICULO 131.10. (Diagnóstico de interacción familiar).- El Tribunal de oficio o a petición de parte, podrá requerir un diagnóstico de interacción familiar y según sus resultados, instar a los mismos a asistir a programas educativos o terapéuticos."

Artículo 14.- Incorpórase el artículo 131.11 al Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004).

"ARTICULO 131.11. (Careo u otras formas de confrontación).- Prohíbese el careo y cualquier otro tipo de confrontación de la víctima o de los testigos niños, niñas o adolescentes con el agresor u otras personas que participen en el proceso judicial, so pena de nulidad, cualquiera sea la naturaleza del mismo. El cumplimiento de esta disposición quedará bajo la estricta supervisión y responsabilidad funcional del Tribunal."

Artículo 15.- Incorpórase el artículo 131.12 al Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004).

"Artículo 131.12. (Coordinación interinstitucional).- De las denuncias que se presenten referidas en las conductas previstas en el artículo 130, se dará conocimiento al Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia a fin de atender la coordinación de los servicios públicos y privados que eviten y, en su caso, superen las causas del maltrato, abusos y otras formas de violencia dentro de la familia.

Con la misma finalidad, podrán ser convocados por el Tribunal, los organismos públicos y las entidades no gubernamentales autorizadas dedicadas a la prevención de la violencia y asistencia de las víctimas."

Artículo 16.- Incorpórase el artículo 131.3 al Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004).

"ARTICULO 131.13.- Lo dispuesto en los artículos 131.1; 131.2 y 131.4 a 131.12 será de aplicación en los procesos penales a que dieren lugar las situaciones a que hace referencia el artículo 130 de este Código."

- CARPETAS Nos. 415/2005 y 613/2006. CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Se modifican disposiciones relativas a las infracciones a la ley penal y al proceso de detención policial. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores Senadores integrantes de la Bancada del Frente Amplio y Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuidos Nos. 656/2005 y 1124/2006, respectivamente. En consideración. La señora Senadora Margarita Percovich presenta una propuesta de modificaciones al articulado. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Queda aprobado el proyecto de ley sustitutivo. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich, quien lo hará en forma verbal.

El proyecto de ley sustitutivo queda aprobado de la siguiente forma:

"Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 69 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004), por el siguiente:

"ARTICULO 69. (Infracciones a la ley penal).- A los efectos de este Código sólo son infracciones a la ley penal:

1) Las acciones u omisiones dolosas consumadas, cometidas en calidad de autor o coautor, a las que el Código Penal o las leyes penales especiales señalan una pena cuyo límite mínimo es superior a un año de prisión o cuyo límite máximo es superior a tres años de penitenciaría.

2) Las acciones u omisiones ultraintencionales o culposas a que refieren los numerales 1) y 2) del artículo 72.

3) La participación en calidad de cómplice en infracciones gravísimas a la ley penal".

Artículo 2º.- Modifícase el numeral 1) literal A) del artículo 76 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004), el que quedará redactado de la siguiente manera:

"1) Actuaciones previas al proceso.

A) Cometidos de la autoridad policial.

Cuando proceda la detención del adolescente conforme a lo establecido en el literal C) del artículo 74, la autoridad aprehensora, bajo su más severa responsabilidad, deberá:

a) Realizar la actuación de modo que menos perjudique a la persona y reputación del adolescente.

b) Poner el hecho de inmediato en conocimiento del Juez, o en un plazo máximo de dos horas después de practicada la detención.

c) Hacer conocer al adolescente los motivos de la detención y los derechos que le asisten, especialmente el derecho que tienen de designar defensor.

d) Informar a sus padres o responsables, como forme de asegurar sus garantías y derechos.

e) Si fuere necesario, antes de conducirlo a la presencia del Juez hará constar lo indispensable para la información de los hechos.

f) Si no fuera posible llevarlo de inmediato a presencia del Juez, previa autorización de éste, deberá conducirlo a la dependencia especializada del Instituto de la Niñez y la Adolescencia que corresponda. Si en la localidad en que ocurrieren los hechos no existiera dependencia del INAU, adecuada a tales fines, podrá excepcionalmente y por el menor tiempo posible, permanecer en la dependencia policial debiendo en tales casos ser acompañado de un funcionario especializado del INAU y, en lo posible, por un referente familiar.

g) Los traslados interinstitucionales y a la sede judicial deben estar precedidos del corresponiente examen médico. No obstante, la autoridad policial podrá solicitar el examen médico referido inmediatamente después de la detención en cualquier momento, si el adolescente presenta lesiones o pueda presumirse, razonablemente, la existencia de graves alteraciones de salud.

Artículo 3º.- Modifícase el numeral 5) del artículo 76 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004), el que quedará redactado de la siguiente manera:

"5) Medidas cautelares.

El Juez a pedido del Ministerio Público, y oída la defensa dispondrá las medidas cautelares necesarias que menos perjudiquen al adolescente.

Son medidas cautelares:

1) La prohibición de salir del país.

2) La prohibición de acercarse a la víctima o a otras personas, de concurrir a determinados lugares o de tomar contacto con personas determinadas.

3) La obligación de concurrir periódicamente al Tribunal o ante la autoridad que el Juez determine.

4) El arresto domiciliario.

5) La internación provisoria.

6) La tutela cautelar.

El arresto domiciliario, la internación provisoria y la tutela cautelar no podrán durar más de sesenta días. Transcurrido ese plazo sin que se hubiera dictado sentencia de primera instancia, se deberá dejar en libertad al adolescente. El arresto domiciliario y la internación provisoria sólo podrán aplicarse si la infracción que se imputa al adolescente puede ser objeto en definitiva de una medida privativa de libertad, de acuerdo al artículo 86. La internación provisoria se cumplirá en un establecimiento especial del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay.

La tutela cautelar podrá aplicarse ante cualquier clase de infracción que se impute al adolescente, y consiste en su permanencia en la comunidad con el acompañamiento permanente de un educador.

El arresto domiciliario, y consiste en su permanencia en la comunidad con el acompañamiento permanente de un educador.

El arresto domicilio, la internación provisoria y la tutela cautelar sólo podrán aplicarse cuando ello sea indispensable para:

A) Asegurar la comparecencia del adolescente a los actos procesales esenciales.

B) La seguridad de la víctima, el denunciante o los testigos".

Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 86 del Código de la Niñez y la Adolescencia, (Ley Nº 17.823, de 17 de setiembre de 2004), por el siguiente:

"ARTICULO 86. (Aplicación).- Las medidas privativas de libertad sólo se aplicarán a los adolescentes declarados por sentencia ejecutoriada, responsables de infracción gravísima, que a juicio del Juez justifique las mismas.

También podrán aplicarse a los adolescentes que, habiendo sido declarados por sentencia ejecutoriada responsables de una infracción en forma reiterada, incumplen las medidas adoptadas por el Juez. En este caso el plazo de duración de la medida privativa de libertad no podrá exceder de sesenta días".

Artículo 5º.- Modifícase el artículo 91 del Código de la Niñez y la Adolescencia, (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004), el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 91 (Duración de las medidas de privación de libertad).

La medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de cinco años.

En ningún caso el adolescente que al llegar a los dieciocho años permanece sujeto a medidas, cumplirá lo que le resta en establecimientos destinados a los adultos".

Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 126 del Código de la Niñez y la Adolescencia, (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004), por el siguiente:

"ARTICULO 126. (Comportamiento policial).

Cuando la autoridad policial tome conocimiento que un niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el inciso primero del artículo 117, deberá ponerlo en conocimiento del Juez competente, quien de inmediato deberá resolver si corresponde que el mismo sea trasladado ante su presencia. Siempre deberá fundamentar su decisión, y dejar constancia por escrito; si resolviera que fuera conducido ante su presencia procederá de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 118.

Tratándose de la situación prevista en el inciso segundo del artículo 117, podrá ser conducido a la unidad policial, desde donde se dará cuenta de inmediato al Juez competente, estándose a lo que éste resuelva. Su resolución siempre deberá ser fundada y quedar constancia por escrito".


Artículo 7º.- Sustitúyese el artículo 223 del Código de la Niñez y la Adolescencia, (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004), por el siguiente texto:

"ARTICULO 223. (Nueva denominación).- El Instituto Nacional del Menor (INAME) pasará a denominarse Instituto de la Niñez y Adolescencia del Uruguay (INAU), manteniendo su carácter de servicio descentralizado a todos sus efectos y competencias.

Desde la publicación oficial de este Código, se incluirá en todos los textos la denominación del Instituto de la Niñez y Adolescencia del Uruguay (INAU)."

Finalizadas las intervenciones, a la hora catorce y cincuenta y cinco minutos queda levantada la sesión.

De lo actuado se procede a la toma de la versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1297/2006, que forma parte de la presente Acta.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria.

Leonardo Nicolini Presidente

Josefina Reissig Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: este proyecto de ley ha sido aprobado por la Cámara de Representantes, y la Comisión de Defensa Nacional del Senado, por unanimidad, ha hecho lo propio.

La modificación del artículo 113 del Código Aeronáutico consiste exclusivamente en lo siguiente. El actual artículo 113 incluye una norma por la cual los servicios aéreos internos pueden ser llevados a cabo exclusivamente por empresas nacionales. Ocurre que Uruguay muchas veces ha celebrado acuerdos con países que permiten vuelos de aeronaves uruguayas por sus espacios aéreos. Parece evidente que en esas situaciones se impone una norma de reciprocidad. Entonces, para que esa reciprocidad pueda hacerse efectiva, aquí se estipula que "La Autoridad Aeronáutica podrá autorizar servicios aéreos internos por empresas extranjeras siempre que los mismos derechos sean otorgados en régimen de reciprocidad". En definitiva, esta es la modificación que propone este proyecto de ley que la Comisión aconseja aprobar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Sustitúyese el artículo 113 del Código Aeronáutico de la República Oriental del Uruguay, aprobado por el Decreto-Ley Nº 14.305, de 29 de noviembre de 1974, por el siguiente:

‘ARTÍCULO 113 (Servicios aéreos internos).- Los servicios aéreos internos serán realizados exclusivamente por empresas nacionales. La Autoridad Aeronáutica podrá autorizar servicios aéreos internos por empresas extranjeras siempre que los mismos derechos sean otorgados en régimen de reciprocidad. A menos que el Estado los explote directamente, los servicios aéreos internos de transporte regular de pasajeros, correo y carga serán realizados por concesionarios y los no regulares mediante autorización’."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

20) CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se modifican disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, relativas a las infracciones a la ley penal y al proceso de detención policial (Carp. Nº 613/ 06 - Rep. Nº 364/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 613/06

Rep. Nº 364/06

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 69 del Código de la Niñez y la Adolescencia, (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004), por el siguiente:

"ARTICULO 69. (Infracciones a la ley penal).- A los efectos de este Código sólo son infracciones a la ley penal:

1) Las acciones u omisiones dolosas consumadas, cometidas en calidad de autor o coautor, a las que el Código Penal o las leyes penales especiales señalan una pena cuyo límite mínimo es superior a un año de prisión o cuyo límite máximo es superior a tres años de penitenciaría.

2) Las acciones u omisiones ultraintencionales o culposas a que refieren los numerales 1) y 2) del artículo 72.

3) La participación en calidad de cómplice en infracciones gravísimas a la ley penal".

Artículo 2º.- Modifícase el numeral 1) literal A) del artículo 76 del Código de la Niñez y la Adolescencia, (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004), el que quedará redactado de la siguiente manera:

"1) Actuaciones previas al proceso.

A) Cometidos de la autoridad policial.

Cuando proceda la detención del adolescente conforme a lo establecido en el literal C) del artículo 74, la autoridad aprehensora, bajo su más severa responsabilidad, deberá:

a) Realizar la actuación de modo que menos perjudique a la persona y reputación del adolescente.

b) Poner el hecho de inmediato en conocimiento del Juez, o en un plazo máximo de dos horas después de practicada la detención.

c) Hacer conocer al adolescente los motivos de la detención y los derechos que le asisten, especialmente el derecho que tienen de designar defensor.

d) Informar a sus padres o responsables, como forma de asegurar sus garantías y derechos.

e) Si fuere necesario, antes de conducirlo a la presencia del Juez hará constar lo indispensable para la información de los hechos.

f) Si no fuera posible llevarlo de inmediato a presencia del Juez previa autorización de éste, deberá conducirlo a la dependencia especializada del Instituto de la Niñez y la Adolescencia que corresponda. Si en la localidad en que ocurrieren los hechos no existiera dependencia del INAU, adecuada a tales fines, podrá excepcionalmente y por el menor tiempo posible, permanecer en la dependencia policial debiendo en tales casos ser acompañado de un funcionario especializado del INAU y, en lo posible, por un referente familiar.

g) Los traslados interinstitucionales y a la sede judicial deben estar precedidos del correspondiente examen médico. No obstante, la autoridad policial podrá solicitar el examen médico referido inmediatamente después de la detención en cualquier momento, si el adolescente presenta lesiones o pueda presumirse, razonablemente, la existencia de graves alteraciones de salud.

Artículo 3º.- Modíficase el numeral 5) del artículo 76 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004), el que quedará redactado de la siguiente manera:

"5) Medidas cautelares.

El Juez a pedido del Ministerio Público, y oída la defensa dispondrá las medidas cautelares necesarias que menos perjudiquen al adolescente.

Son medidas cautelares:

1) La prohibición de salir del país.

2) La prohibición de acercarse a la víctima o a otras personas, de concurrir a determinados lugares o de tomar contacto con personas determinadas.

3) La obligación de concurrir periódicamente al Tribunal o ante la autoridad que el Juez determine.

4) El arresto domiciliario.

5) La internación provisoria.

6) La tutela cautelar.

El arresto domiciliario, la internación provisoria y la tutela cautelar no podrán durar más de sesenta días. Transcurrido ese plazo sin que se hubiera dictado sentencia de primera instancia, se deberá dejar en libertad al adolescente. El arresto domiciliario y la internación provisoria sólo podrán aplicarse si la infracción que se imputa al adolescente puede ser objeto en definitiva de una medida privativa de li-bertad, de acuerdo al artículo 86. La internación provisoria se cumplirá en un establecimiento especial del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay.

La tutela cautelar podrá aplicarse ante cualquier clase de infracción que se impute al adolescente, y consiste en su permanencia en la comunidad con el acompañamiento permanente de un educador.

El arresto domiciliario, la internación provisoria y la tutela cautelar sólo podrán aplicarse cuando ello sea indispensable para:

A) Asegurar la comparecencia del adolescente a los actos procesales esenciales.

B) La seguridad de la víctima, el denunciante o los testigos".

Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 86 del Código de la Niñez y la Adolescencia, (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004), por el siguiente:

"ARTICULO 86. (Aplicación).- Las medidas privativas de libertad sólo se aplicarán a los adolescentes declarados por sentencia ejecutoriada, responsables de infracción gravísima, que a juicio del Juez justifique las mismas.

También podrán aplicarse a los adolescentes que, habiendo sido declarados por sentencia ejecutoriada responsables de una infracción en forma reiterada, incumplen las medidas adoptadas por el Juez. En este caso el plazo de duración de la medida privativa de libertad no podrá exceder de sesenta días".

Artículo 5º.- Modifícase el artículo 91 del Código de la Niñez y la Adolescencia, (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004), el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 91 (Duración de las medidas de privación de libertad).

La medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de cinco años.

En ningún caso el adolescente que al llegar a los dieciocho años permanece sujeto a medidas, cumplirá lo que le resta en establecimientos destinados a los adultos".

Artículo 6º.- Sustitúyese el artículo 126 del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004), por el siguiente:

"ARTICULO 126. (Comportamiento policial).-

Cuando la autoridad policial tome conocimiento que un niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el inciso primero del artículo 117, deberá ponerlo en conocimiento del Juez competente, quien de inmediato deberá resolver si corresponde que el mismo sea trasladado ante su presencia. Siempre deberá fundamentar su decisión, y dejar constancia por escrito; si resolviera que fuera conducido ante su presencia procederá de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 118.

Tratándose de la situación prevista en el inciso segundo del artículo 117, podrá ser conducido a la unidad policial, desde donde se dará cuenta de inmediato al Juez competente, estándose a lo que éste resuelva. Su resolución siempre deberá ser fundada y quedar constancia por escrito".

Artículo 7º.- Sustitúyese el artículo 223 del Código de la Niñez y la Adolescencia, (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004), por el siguiente texto:

"ARTICULO 223. (Nueva denominación).- El Instituto Nacional del Menor (INAME) pasará a denominarse Instituto de la Niñez y Adolescencia del Uruguay (INAU), manteniendo su carácter de servicio descentralizado a todos sus efectos y competencias.

Desde la publicación oficial de este Código, se incluirá en todos los textos la denominación del Instituto de la Niñez y Adolescencia del Uruguay (INAU)."

Sala de la Comisión, el 7 de noviembre de 2006.

Margarita Percovich, Miembro Informante; Francisco Gallinal, José Korzeniak, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini, Luis Oliver. Senadores.

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 21 de agosto de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a la consideración de ese Cuerpo el presente proyecto de ley, por el que se modifican algunas disposiciones de la Ley Nº 17.823 (Código de la Niñez y la Adolescencia).

Las normas que se incluyen en el presente Proyecto de Ley contribuyen al desarrollo del proceso de adecuación del marco jurídico de la República a la Convención sobre los Derechos del Niño. En especial, se ratifica el cumplimiento del artículo 40 de la mencionada Convención, que establece un sistema de responsabilidad penal juvenil especial para aquellas personas que no hayan cumplido los dieciocho años de edad con las debidas garantías de sus derechos fundamentales, en especial de las normas del debido proceso. Del mismo modo, en consonancia con el inciso 1 del citado artículo 40, se pretende que el sistema permita que el adolescente que es sometido al mismo, fortalezca su respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales de terceros.

De la misma manera, el proyecto busca contribuir a la adecuada incorporación al ordenamiento jurídico nacional del principio de excepcionalidad de la privación de la libertad, consagrado en el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como a los principios y normas establecidos en otros instrumentos internacionales en la materia, como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores ("Reglas de Beijing"); las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad; y las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de RIAD).

Estos ajustes al marco normativo en materia de responsabilidad penal juvenil surgen de los diferentes aportes recogidos en el mecanismo de consulta convocado por el Ministerio del Interior a partir de las primeras semanas de la instalación de la actual Administración. En el mismo participaron activamente representantes del Poder Judicial; del Ministerio Público y Fiscal; del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay; del Ministerio de Salud Pública y de la Policía Nacional. El objetivo de esta instancia fue identificar las dificultades operativas y las eventuales necesidades de correcciones normativas a los efectos de favorecer la aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia, en vigencia en el país desde el mes de setiembre del año 2004.

En concreto, el proyecto que se somete a la consideración de ese Cuerpo establece una reforma al artículo 69 de la mencionada Ley, (Infracciones a la ley penal), con el objetivo de ampliar el marco de responsabilidad penal juvenil. De esta manera, se considera generadora de ese tipo especial de responsabilidad la tentativa y la participación en calidad de cómplice en todas las infracciones definidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y no solamente en casos de "infracciones gravísimas a la ley penal", según establece la actual redacción. Esta modificación implica ajustar la redacción del actual numeral 10 del artículo 72 (Clases de infracción). No responsabilizar a los autores de estas conductas, que generan evidentes daños a derechos de las personas que son víctimas de las mismas, no fortalece la confianza en las reglas de juego democráticas ni en el Estado de Derecho, generándose una fuerte percepción de impunidad en nuestra sociedad, situación que afecta, además, los mismos objetivos educativos que persigue el sistema penal juvenil.

Respecto a las normas que regulan la actuación de la policía, se modifican los literales (f) y (g) del actual artículo 76 (Procedimiento, Actuaciones previas al proceso, A) Cometidos de autoridad policial): respecto al literal (f) se establece el plazo de veinticuatro horas para que la policía, bajo su más seria responsabilidad, ponga a disposición del Juez al adolescente detenido, a los efectos de optimizar su trabajo en materia de obtención de la información necesaria para una adecuada resolución judicial del caso, sin violentar las garantías constitucionales establecidas para todo habitante de la República.

Por su parte, se agrega un segundo inciso al literal (g), con el objetivo de precisar que el examen médico no debe realizarse inmediatamente después de la detención, sino antes de un traslado interinstitucional o a la sede judicial. La actual redacción de este artículo ha generado dificultades para operadores judiciales y policiales, lo que hace pertinente la modificación propuesta. Sin perjuicio de ello, se establece que la policía sí puede solicitar el examen médico en cualquier momento si el detenido presenta lesiones o signos de problemas de salud al momento de su detención, a los efectos de proteger la vida o la integridad física del adolescente.

En referencia al artículo 76 (Procedimiento), se mantiene la actual redacción, con el agregado en el numeral 5 de una nueva modalidad de medida cautelar: la tutela cautelar. Se pretende con esta reforma otorgar al Juez más opciones en la materia, ya que en los hechos, actualmente la alternativa es o la privación de libertad ("internación provisoria") o un cúmulo de medidas que resultan en la realidad ineficaces en la mayoría de los casos ("prohibición de salir del país", "arresto domiciliario", etc.). Se pretende, en suma, mejorar la eficacia de las medidas que buscan asegurar la presencia en instancias judiciales del adolescente sometido a proceso, sin apelar exclusivamente a la privación de libertad, cuando la misma no corresponda teniendo en cuenta la infracción de que se trata.

En cuanto al artículo 86 (Aplicación), se modifica el primer inciso, para que la redacción de la norma cumpla con el principio de excepcionalidad de la privación de libertad, establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Asimismo, se le da contenido a la distinción establecida en el artículo 72 entre infracciones "graves" y "gravísimas" que, con la actual redacción, no establece ninguna consecuencia resultante de la misma. Finalmente, se elimina la facultad discrecional que la actual redacción otorga al Juez ("que a juicio del juez justifique las mismas") respetándose de esa manera el principio de legalidad.

De la misma manera, la eliminación del inciso final del artículo 91 (Duración de las medidas de privación de libertad), también tiene por objeto respetar el principio de legalidad de rango constitucional, eliminando la actual facultad discrecional del Juez de "adoptar las medidas que fueren compatibles...", descartando, además, la filosofía de corte peligrosista que sostiene la redacción vigente de este inciso.

Por último, se mejora la redacción del artículo 126, incorporando directivas más precisas para el personal policial, teniendo en cuenta que las prácticas adoptadas por los diferentes actores desde la fecha de vigencia del Código han generado confusión y, por lo tanto, ineficacia en las actuaciones desarrolladas.

En definitiva, el Poder Ejecutivo pretende, con los ajustes mencionados, reafirmar la vigencia de la nueva normativa sobre niñez y adolescencia adoptada por nuestro país, con un fuerte consenso político y social, en setiembre de 2004. Algunos problemas originados en dificultades de aplicación de las normas que se proyecta modificar, pueden poner en tela de juicio los principios y el espíritu de la reforma legal que Uruguay adoptó con el actual Código de la Niñez y la Adolescencia. Del mismo modo, se señala que las modificaciones propuestas son solamente algunas de las herramientas, necesarias pero nunca suficientes, que se requieren para el desarrollo de una política pública en materia de infancia y adolescencia que garantice en su totalidad los derechos de este sector de la población de nuestro país.

Saluda al señor Presidente con su mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Azucena Berrutti, Jorge Lepra, Danilo Astori, José Mujica, Héctor Lescano, Reinaldo Gargano, Marina Arismendi, José Díaz, Jorge Brovetto, Víctor Rossi, Eduardo Bonomi, Mª Julia Muñoz, Mariano Arana.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 69 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 69 (Infracciones a la ley penal).- A los efectos de este Código son infracciones a la ley penal:

1) Las acciones u omisiones dolosas, cometidas en calidad de autor, coautor o cómplice, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales.

2) Las acciones u omisiones culposas consumadas, cometidas en calidad de autor o coautor, tipificadas en el Código Penal y las leyes penales especiales, cuando el Juez reúna los elementos de convicción suficientes, fundados exclusivamente en el desarrollo de la personalidad psicosocial del infractor; avalado por un equipo técnico, que permita concluir que el adolescente disponía la capacidad cognitiva de las posibles consecuencias de su obrar".

Artículo 2º.- Suprímese el numeral (10) del artículo 72 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Artículo 3º.- Modifícase el numeral (1), literal A) del artículo 76 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"1) Actuaciones previas al proceso.

A) Cometidos de la autoridad policial.

Cuado proceda la detención del adolescente conforme a lo establecido en el literal C) del artículo 74, la autoridad aprehensora, bajo su más severa responsabilidad, deberá:

a) Realizar la actuación de modo que menos perjudique a la persona y reputación del adolescente.

b) Poner el hecho de inmediato en conocimiento del Juez, o en un plazo máximo de dos horas después de practicada la detención.

c) Hacer conocer al adolescente los motivos de la detención y los derechos que le asisten, especialmente el derecho que tiene de designar defensor.

d) Informar a sus padres o responsables, como forma de asegurar sus garantías y derechos.

e) Si fuere necesario, antes de conducirlo a la presencia del Juez, hará constar lo indispensable para la información de los hechos.

f) Poner al adolescente en presencia del Juez en el plazo máximo de veinticuatro horas (Art. 16 de la Constitución de la República) o, previa autorización de éste, conducirlo dentro del mismo plazo a la dependencia especializada del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay que corresponda.

g) Los traslados interinstitucionales y a la sede judicial deben estar precedidos del correspondiente examen médico. No obstante, la autoridad policial podrá solicitar el examen médico referido inmediatamente después de la detención en cualquier momento, si el adolescente presenta lesiones o pueda presumirse, razonablemente, la existencia de graves alteraciones de salud".

Artículo 4º.- Modifícase el numeral (5) del artículo 76, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"5) Medidas cautelares.

El Juez, a pedido del Ministerio Público, y oída la defensa, dispondrá las medidas cautelares necesarias que menos perjudiquen al adolescente.

Son medidas cautelares:

1) La prohibición de salir del país.

2) La prohibición de acercarse a la víctima o a otras personas, de concurrir a determinados lugares o de tomar contacto con personas determinadas.

3) La obligación de concurrir periódicamente al Tribunal o ante la autoridad que el Juez determine.

4) El arresto domiciliario.

5) La internación provisoria.

6) La tutela cautelar.

El arresto domiciliario, la internación provisoria y la tutela cautelar no podrán durar más de sesenta días. Transcurrido ese plazo sin que se hubiera dictado sentencia de primera instancia, se deberá dejar en libertad al adolescente.

El arresto domiciliario y la internación provisoria sólo podrán aplicarse si la infracción que se imputa al adolescente puede ser objeto en definitiva de una medida privativa de libertad, de acuerdo al artículo 86. La internación provisoria se cumplirá en un establecimiento especial del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

La tutela cautelar podrá aplicarse ante cualquier clase de infracción que se impute al adolescente, y consiste en su permanencia en la comunidad con el acompañamiento permanente de un educador.

El arresto domiciliario, la internación provisoria y la tutela cautelar sólo podrán aplicarse cuando ello sea indispensable para:

A) Asegurar la comparecencia del adolescente a los actos procesales esenciales.

B) La seguridad de la víctima, el denunciante o los testigos".

Artículo 5º.- Sustitúyese el artículo 86 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 86 (Aplicación).-

Las medidas privativas de libertad sólo se aplicarán a los adolescentes declarados, por sentencia ejecutoriada, responsables de infracción gravísima, conforme el Art. 72 de este Código.

También podrán aplicarse a los adolescentes que, habiendo sido declarados por sentencia ejecutoriada responsables de una infracción, incumplen las medidas adoptadas por el Juez".

Artículo 6º.- Modifícase el artículo 91 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 91. (Duración de las medidas de privación de libertad).

La medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de cinco años.

En ningún caso el adolescente que al llegar a los dieciocho años permanece sujeto a medidas, cumplirá lo que le resta en establecimientos destinados a los adultos".

Artículo 7º.- Sustitúyese el artículo 126 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 126. (Comportamiento policial).

Cuando el personal policial tome conocimiento que un niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo 117 de este Código, deberá conducirlo a la dependencia policial especializada, dando cuenta de inmediato al Juez competente, el que notificará con la mayor urgencia al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, quien deberá prestarle la debida atención".

Azucena Berrutti, Jorge Lepra, Danilo Astori, Héctor Lescano, Reinaldo Gargano, José Mujica, Marina Arismendi, José Díaz, Jorge Brovetto, Víctor Rossi, Eduardo Bonomi, Mª Julia Muñoz, Mariano Arana.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Constitución y Legislación

Carp. Nº 415/05

Dist. 656/05

SE MODIFICAN NORMAS DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA LEY Nº 17.823 DE 7 DE SETIEMBRE DE 2004

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 69 del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004, por el siguiente:

"Artículo 69. (Infracciones a la ley penal).- A los efectos de este Código sólo son infracciones a la ley penal:

1) Las acciones y omisiones dolosas consumadas, cometidas en calidad de autor o coautor, a las que el Código Penal o las leyes penales especiales señalan una pena cuyo límite mínimo es superior a un año de prisión o cuyo límite máximo es superior a tres años de penitenciaría.

2) Las acciones u omisiones ultraintencionales o culposas a que refieren los numerales 1) y 2) del artículo 72.

3) La participación en calidad de cómplice en infracciones gravísimas a la ley penal."

Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 86 del Código de la Niñez y la Adolescencia, por el siguiente:

"Artículo 86. (Aplicación).- Las medidas privativas de libertad sólo se aplicarán a los adolescentes declarados por sentencia ejecutoriada, responsables de infracción gravísima, que a juicio del Juez justifique las mismas.

También podrán aplicarse a los adolescentes que, habiendo sido declarados por sentencia ejecutoriada responsables de una infracción en forma reiterada, incumplen las medidas adoptadas por el Juez. En este caso el plazo de duración de la medida privativa de libertad no podrá exceder de sesenta días."

Artículo 3º.- Suprímase el inciso final del artículo 91 del Código de la Niñez y la Adolescencia, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 91. (Duración de las medidas de privación de libertad).- La medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de cinco años.

En ningún caso el adolescente que al llegar a los dieciocho años permanece sujeto a medidas, cumplirá lo que le resta en establecimientos destinados a los adultos."

Artículo 4º.- Sustitúyese el artículo 126 del Código de la Niñez y la Adolescencia, por el siguiente:

"Artículo 126. (Comportamiento policial).- Cuando la autoridad policial tome conocimiento que un niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el inciso primero del artículo 117, deberá ponerlo en conocimiento del Juez competente, quien de inmediato deberá resolver si corresponde que el mismo sea trasladado ante su presencia. Siempre deberá fundamentar su decisión, y dejar constancia por escrito; si resolviera que fuera conducido ante su presencia procederá de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 118."

"Tratándose de la situación prevista en el inciso segundo del artículo 117, podrá ser conducido a la unidad policial, desde donde se dará cuenta de inmediato al Juez competente, estándose a lo que este resuelva. Su resolución siempre deberá ser fundada y quedar constancia por escrito."

Rodolfo Nin Novoa, Eduardo Lorier, Margarita Percovich, José Korzeniak, Enrique Rubio, Alberto Couriel, Víctor Vaillant, Alberto Cid, Carlos Gamou, Eduardo Ríos, Mónica Xavier, Alberto Breccia, Luis L. Rosadilla. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Código de la Niñez y de la Adolescencia aprobada por Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004, ha significado un importante avance en la legislación uruguaya, respecto a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

A un año de su vigencia resulta necesario realizar un ajuste en algunas de las disposiciones referidas tanto a las infracciones a la ley penal como al proceso de detención policial, para que este Código se transforme en una herramienta eficiente que dé garantías de operatividad en las diferentes intervenciones, tanto judiciales como policiales.

Así, en lo que refiere a la procedencia de la privación de libertad, los jueces necesitan del Legislador un mandato claro y preciso, para que su actividad jurisdiccional no se vea afectada al momento de aplicar la norma por cuestionamientos que de algún modo afecten su función. En este sentido la propuesta de reforma del artículo 69 (Infracciones a la ley penal) establece qué acciones deben considerarse como infracciones a la ley cuando son cometidas por un adolescente. La precisión del tipo penal es fundamental para dotar de garantías al proceso de responsabilidad penal juvenil y especialmente a la actividad del Juez, respetando el mandato constitucional de la especificidad en la intervención de la delincuencia juvenil.

Por su parte la modificación del artículo 86 (Aplicación de las medidas socioeducativas privativas de libertad) persigue la determinación clara de cuándo un adolescente debe ser privado de su libertad; las dudas que el operador judicial pudiera tener frente a la redacción dubitativa de la disposición original cesan ante esta redacción más precisa que se le da a este artículo.

Con respecto a la propuesta de modificación del artículo 91 (Duración de las medidas de privación de libertad) se vuelve a la redacción que originalmente había tenido este artículo en todos los anteproyectos desde el año 1996 hasta el del año 2000.

En cuanto a la actuación de la Policía, el objetivo de la reforma del artículo 126 (Comportamiento policial) es que la autoridad policial pueda cumplir con su función constitucional de detener a las personas que cometen un delito, especialmente en los casos de flagrancia; de ahí que se torna necesario precisar el alcance de la potestad policial para proceder a la detención de los niños menores de 13 años de edad que cometen un delito, que puedan ser conducidos a las dependencias policiales, procediendo en todo los demás conforme lo establecido en el Código. Es decir, aviso inmediato a la autoridad judicial y estar a lo que ésta resuelva.

En definitiva, el alcance de esta propuesta de reforma es dotar tanto a la autoridad judicial como policial de normas claras de actuación que garanticen también el cumplimiento efectivo de las funciones que a cada uno de estos actores principales les compete.

DISPOSICIONES CITADAS

Artículo referente

Artículo 1º

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

(Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004)

II - De los adolescentes y las infracciones a la ley penal

Artículo 69. (Infracciones a la ley penal).- A los efectos de este Código son infracciones a la ley penal:

1) Las acciones u omisiones dolosas consumadas, cometidas en calidad de autor o coautor, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales.

2) Las acciones u omisiones culposas consumadas, cometidas en calidad de autor, coautor, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales, cuando el Juez reúna los elementos de convicción suficientes, fundados exclusivamente en el desarrollo de la personalidad psicosocial del infractor; avalado por un equipo técnico, que permita concluir que el adolescente disponía la capacidad cognitiva de las posibles consecuencias de su obrar.

3) La tentativa de infracciones gravísimas a la ley penal.

4) La participación en calidad de cómplice en infracciones gravísimas a la ley penal.

Artículo referente

Artículo 2º

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

(Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004)

Artículo 72. (Clases de infracción).- Las infracciones a la ley penal se clasifican en graves y gravísimas.

Son infracciones gravísimas a la ley penal:

1) Homicidio (artículo 310 del Código Penal).

2) Lesiones gravísimas (artículo 318 del Código Penal).

3) Violación (artículo 272 del Código Penal).

4) Rapiña (artículo 344 del Código Penal).

5) Privación de libertad agravada (artículo 282 del Código Penal).

6) Secuestro (artículo 346 del Código Penal).

7) Extorsión (artículo 345 del Código Penal).

8) Tráfico de estupefacientes (artículos 31 y 32 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998).

9) Cualquier otra acción y omisión que el Código Penal o las leyes especiales castigan con una pena cuyo límite mínimo sea igual o superior a seis años de penitenciaría o cuyo límite máximo sea igual o superior a doce años de penitenciaría.

10) La tentativa de las infracciones señaladas en los numerales 1), 5) y 6) y la complicidad en las mismas infracciones.

En los casos de violación no se tomará en cuenta la presunción del ejercicio de violencia (artículo 272 del Código Penal).

Las restantes son infracciones graves a la ley penal.

Artículo referente

Artículo 3º

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

(Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004)

Artículo 76. (Procedimiento).-

1) Actuaciones previas al proceso.

A) Cometidos de la autoridad policial.

Cuando proceda la detención del adolescente conforme a lo establecido en el literal C) del artículo 74, la autoridad aprehensora, bajo su más severa responsabilidad, deberá:

a) Realizar la actuación de modo que menos perjudique a la persona y reputación del adolescente.

b) Poner el hecho de inmediato en conocimiento del Juez, o en un plazo máximo de dos horas después de practicada la detención.

c) Hacer conocer al adolescente los motivos de la detención y los derechos que le asisten, especialmente el derecho que tiene de designar defensor.

d) Informar a sus padres o responsables, como forma de asegurar sus garantías y derechos.

e) Si fuere necesario, antes de conducirlo a la presencia del Juez hará constar lo indispensable para la información de los hechos.

f) Si no fuere posible llevarlo de inmediato a presencia del Juez, previa autorización de éste, deberá conducírselo a la dependencia especializada del Instituto Nacional del Menor que corresponda o del Instituto Policial, no pudiendo permanecer en este último lugar por más de doce horas.

g) Los traslados interinstitucionales y a la sede judicial deben estar precedidos del correspondiente examen médico.

B) Cuando el Juez tome conocimiento que el adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo 117 de este Código, lo pondrá en conocimiento del Juez competente, sin perjuicio de la actuación procesal referida a la infracción.

Artículo referente

Artículo 4º

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

(Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004)

Artículo 76. (Procedimiento).-

5) Medidas cautelares.

El Juez, a pedido del Ministerio Público, y oída la defensa, dispondrá las medidas cautelares necesarias que menos perjudiquen al adolescente.

Son medidas cautelares:

1) La prohibición de salir del país.

2) La prohibición de acercarse a la víctima o a otras personas, de concurrir a determinados lugares o de tomar contacto con personas determinadas.

3) La obligación de concurrir periódicamente al Tribunal o ante la autoridad que el Juez determine.

4) El arresto domiciliario.

5) La internación provisoria.

El arresto domiciliario y la internación provisoria no podrán durar más de sesenta días. Transcurrido ese plazo sin que se hubiera dictado sentencia de primera instancia, se deberá dejar en libertad al adolescente. Ambas medidas cautelares sólo podrán aplicarse si la infracción que se imputa al adolescente puede ser objeto en definitiva de una medida privativa de libertad, de acuerdo con el artículo 86, y siempre que ello sea indispensable para:

A) Asegurar la comparecencia del adolescente a los actos procesales esenciales.

B) La seguridad de la víctima, el denunciante o los testigos.

La internación provisoria se cumplirá en un establecimiento especial del Instituto Nacional del Menor.

Artículo referente

Artículo 5º

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

(Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004)

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Artículo 86. (Aplicación).- Las medidas privativas de libertad sólo se aplicarán a los adolescentes declarados por sentencia ejecutoriada, responsables de infracción, que a juicio del Juez justifique las mismas.

También podrán aplicarse a los adolescentes que, habiendo sido declarados por sentencia ejecutoriada responsables de una infracción incumplen las medidas adoptadas por el Juez.

Artículo referente

Artículo 6º

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

(Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004)

Artículo 91. (Duración de las medidas de privación de libertad).- La medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de cinco años.

En ningún caso el adolescente que al llegar a los dieciocho años permanece sujeto a medidas, cumplirá lo que le resta en establecimientos destinados a los adultos.

En situaciones de peligrosidad manifiesta, se adoptarán las medidas que fueren compatibles con la seguridad de la población y los propósitos de recuperación del infractor.

Artículo referente

Artículo 7º

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

(Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004)

Artículo 126. (Comportamiento policial).- Cuando la autoridad policial tome conocimiento que un niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo 117 de este Código, deberá llevarlo de inmediato a presencia del Juez competente, el que notificará con la mayor urgencia al Instituto Nacional del Menor.

Si no fuera posible llevarlo de inmediato a presencia del Juez, previa autorización, deberá llevarlo al Instituto Nacional del Menor, quien deberá prestarle la debida atención."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: este proyecto de ley que viene con la aprobación de la Comisión de Constitución y Legislación de nuestra Cámara es producto del balance de aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia que votáramos en el año 2004 y que se adecuaba a la Convención de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que había suscrito nuestro país bastante tiempo atrás.

El actual Código de la Niñez es producto de una negociación y la aplicación y el estudio de la aplicación -sobre todo en lo que tiene que ver con la creación de un procedimiento específico para los jóvenes menores de 18 años- generó algunas dificultades, principalmente porque tenía que adecuarse a la cultura de las distintas instituciones que lo debían utilizar, es decir, a la de los distintos agentes del Estado. Eso motivó algunas críticas a la hora de la aplicación del Código y el planteo de dudas por parte de esos agentes.

En diciembre de 2005, la Bancada de Gobierno había presentado algunas modificaciones y en este año el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio del Interior, presentó otras.

La Comisión recibió al Presidente del Instituto Nacional de la Niñez y la Adolescencia, al doctor Uriarte -hoy encargado de la parte de infractores de la Colonia Berro- y al doctor Pérez Manrique, corredactor del primer proyecto, integrante de la Comisión que había designado el Poder Ejecutivo en el momento en que el doctor Sanguinetti era Presidente de la República y, además, Ministro del Tribunal de Familia, por lo que sigue con mucha atención la aplicación del Código. Obviamente, también recibimos al señor Subsecretario del Ministerio del Interior, quien fundamentó sus propuestas.

El material que hoy tenemos a consideración es producto de la propuesta y de las opiniones recibidas; allí se incluyen algunas de las sugerencias planteadas en el 2005 y otras del corriente año.

El primer artículo modifica el actual artículo 69 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Tiene que ver con las infracciones a la ley penal de los adolescentes y da mayor coherencia a dicha disposición, que había quedado bastante incoherente en cuanto a la definición de las infracciones que figuran luego, en el artículo 72. Entonces, lo que se está haciendo es instalar claramente tres niveles de infracciones para los adolescentes: las no graves ni gravísimas -éstas quedarían fuera de la intervención punitiva-, las graves, que se sitúan sobre el piso mínimo que establece el artículo 69.1, y las gravísimas que son las que se definen en el artículo 72. Por lo tanto, este último artículo que, reitero, define las infracciones gravísimas por las cuales se debe actuar, recupera la coherencia que tenía el proyecto presentado por aquella Comisión original.

El artículo 2º modifica el artículo 76, que se refiere al régimen procesal. Precisamente, una de las mayores críticas que se ha recibido -aparte de denuncias de la población-, incluso de los propios actores, ha sido, justamente, en torno a los procedimientos previos a la conducción del adolescente frente al Juez, sobre todo, en cuanto a la actuación de la policía en este procedimiento. Muchas veces hemos oído que la aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia implicaba que no se podía actuar por parte de la Policía con los menores de edad y, a pesar de que el Código actual establece los cometidos de la autoridad policial y es muy preciso al respecto, hemos querido que esto quedara aún más claro. Ese es el objetivo que tiene la modificación del numeral 1, literal A) del artículo 76. Concretamente, se modifica el literal f) de ese literal A), donde queda más claramente expresado qué es lo que se debe hacer si no fuera posible llevar de inmediato al adolescente ante la presencia del Juez. Allí se explicita que, previo a la autorización del Juez, deberán conducirse "a la dependencia especializada del Instituto de la Niñez y la Adolescencia que corresponda." A sugerencia del propio INAU -que trasmitió que a veces existen dificultades con relación a los locales para la detención de los adolescentes en esta situación-, se explicita que "Si en la localidad en que ocurrieren los hechos no existiera dependencia del INAU, adecuada a tales fines, podrá excepcionalmente y por el menor tiempo posible, permanecer en la dependencia policial debiendo en tales casos ser acompañado de un funcionario especializado del INAU y, en lo posible, por un referente familiar." Esto surge de la aplicación del Código actual para evitar denuncias de maltrato policial ya que muchas veces la presencia de un referente o de un educador con el adolescente en el establecimiento policial, previo a la presencia del Juez, es una buena medida de precaución.

Por su parte, en el artículo 3º hay otra modificación que tiene que ver con el numeral 5) del mismo artículo 76. Aquí se incorpora una propuesta del Poder Ejecutivo, concretamente, en la parte que refiere a las medidas cautelares que se pueden aplicar. Incorpora la tutela cautelar, que es una figura nueva que da mayores seguridades y conlleva a un mejor procedimiento; es un instituto novedoso que flexibiliza el régimen de las medidas cautelares no privativas de libertad. Hoy se está apuntando a superar algunos inconvenientes prácticos que se estuvieron analizando durante la aplicación del Código en estos dos años. Fundamentalmente, se trata de asegurar la presencia del adolescente en los actos procesales esenciales y de disminuir el número de internaciones provisorias. En ese sentido, nos parece importante la incorporación de los literales A) y B) al final de este numeral 5), que dicen: "A) Asegurar la comparecencia del adolescente a los actos procesales esenciales" y "B) La seguridad de la víctima, el denunciante o los testigos".

El artículo 4º, por su parte, sustituye el artículo 86 del Código actual, que también tiene que ver con las medidas socioeducativas privativas de libertad y con su aplicación. Este artículo 86 había quedado sumamente vago al no definir claramente cuáles eran las infracciones, y por medio de esta disposición se agrega: "Las medidas privativas de libertad sólo se aplicarán a los adolescentes declarados por sentencia ejecutoriada, responsables de infracción gravísima, que a juicio del Juez justifique las mismas". Esto concuerda con lo que estábamos señalando anteriormente porque, de acuerdo con el Código actual, los adolescentes en realidad tenían un procedimiento mucho menos justo que los adultos; estos últimos tienen definida claramente las penas por las cuales se les aplica la privación de libertad y en qué cantidad de tiempo. Al final del segundo inciso se agrega: "En este caso el plazo de duración de la medida privativa de libertad no podrá exceder de sesenta días".

La modificación al artículo 91 del actual Código, que se propone en el artículo 5º del proyecto de ley, tiene que ver también con el régimen de privación de libertad. En este caso se elimina algo que parecía bastante discrecional, que era la referencia del actual Código a que se podía juzgar según la peligrosidad manifiesta de la persona. Esto no se utiliza ni siquiera en el caso de los adultos; es absolutamente discrecional poder evaluar según la peligrosidad. Por lo tanto, nos pareció que este era un elemento central para disminuir la discrecionalidad.

El artículo 6º sustituye el artículo 126 del Código, que se refiere al comportamiento policial. Se trata de un principio general, como es el de la protección de los derechos amenazados y vulnerados de los niños y adolescentes. En este caso también se hace más específica la redacción, para impartir mayor claridad a la situación frente a las diversas críticas que se han recibido acerca de una actuación bastante pasiva de la policía. Creemos que ella se debe, más que nada, a la falta de capacitación y a mitos que se trasladan dentro de las instituciones. A nuestro juicio, esta redacción es mucho más clara, ya que se refiere a cuando la autoridad policial tome conocimiento de que un niño o adolescente se encuentra en la situación prevista en el inciso primero del artículo 117. Esta disposición tiene que ver, justamente, con los derechos amenazados y vulnerados de un niño. Me refiero, por ejemplo, a un niño que se encuentra tirado en la calle porque está inmerso en una adicción. ¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad policial? Deberá "ponerlo en conocimiento del Juez competente, quien de inmediato deberá resolver si corresponde que el mismo sea trasladado ante su presencia. Siempre deberá fundamentar su decisión, y dejar constancia por escrito; si resolviera que fuera conducido ante su presencia procederá de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 118". Este artículo 118 también establece claramente cuál debe ser el comportamiento del juez, que son las primeras diligencias.

Luego se hace referencia al segundo inciso del artículo 117, que puede ser bastante confuso porque el primero refiere a los niños y adolescentes que son vulnerados en sus derechos, pero en el segundo se dice que de igual forma se aplicará a los niños que vulneren derechos de terceros, es decir que pueden estar amenazando a otros; es el caso de las denuncias por intentos de hurto, agresión a las personas en la calle, etcétera. Concretamente, el inciso dice: "Tratándose de la situación prevista en el inciso segundo del artículo 117, podrá ser conducido a la unidad policial, desde donde se dará cuenta de inmediato al Juez competente, estándose a lo que éste resuelva. Su resolución siempre deberá ser fundada y quedar constancia por escrito".

Entonces, la denuncia de que el niño sale corriendo y el policía se queda parado porque no puede hacer nada, obviamente no es lo que tiene que suceder, y eso queda claro. Nosotros entendemos que ya estaba bastante claro, pero esto termina de definir qué responsabilidad tienen el Ministerio del Interior y la Policía.

Por último, el Instituto Nacional del Niño y la Adolescencia nos pidió que se modificara su denominación ya que, como nos decía su Presidente, esta es un poco sexista. En el artículo 223 se habla del Instituto del Niño y de la Adolescencia, mientras que el lenguaje que utiliza las Naciones Unidas a partir de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, hace referencia a niñas, niños y adolescentes, justamente para evitar el genérico "niño". Por lo tanto, la propuesta consiste en cambiar la denominación de Instituto Nacional del Menor por el de Instituto de la Niñez y Adolescencia, manteniendo su carácter de servicio descentralizado a todos sus efectos y competencias. En definitiva, se procura que se le ponga este nombre para la publicación oficial.

Estas son las propuestas de la Comisión de Constitución y Legislación para la modificación de esta parte del Código de la Niñez y Adolescencia.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- He estado escuchando atentamente a la señora Miembro Informante y revisando el proyecto de ley sustitutivo -que creo recibió respaldo unánime de la Comisión- del Código de la Niñez, así como el texto remitido por el Poder Ejecutivo, y la verdad es que esta es casi la primera vez , desde que estoy sentado en esta banca del Senado, que comparto lo enviado por el Poder Ejecutivo y, además, lo considero preferible al proyecto elevado por la Comisión, por una serie de consideraciones que me llevan a un razonamiento inverso al de la señora Senadora.

He escuchado hablar, desde todas las fuerzas políticas, acerca de la situación de inseguridad que se vive en gran parte del territorio nacional, y me refiero a la sensación y a la realidad de la inseguridad, ya que no se trata sólo de una sensación térmica, teniendo en cuenta que el propio señor Ministro así lo ha reconocido en más de una oportunidad.

Por otro lado, estaba leyendo aquí la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el entonces Ministro interino Juan Faroppa en oportunidad de comparecer a la Comisión, y no puedo menos que coincidir con la casi totalidad de sus aseveraciones cuando se refiere al equilibrio que debe haber entre el sentido garantista de los derechos del niño y el amparo de los intereses de los ciudadanos, de la sociedad, de las víctimas del delito. Esa filosofía se incorporó en el Código de la Niñez y Adolescencia vigente y ahora propuesto para ser reformado. Ahora bien, he escuchado desde varios ámbitos que se le dirigían algunas críticas que tenían que ver con el hecho de que afectaba la eficiencia de la acción policial, por ejemplo, en la tentativa de determinados delitos que no eran delitos gravísimos, porque en el Código vigente la tentativa de infracciones gravísimas es una infracción a la ley penal. Sin embargo, ahora se cambia el criterio y la tentativa no se pena ni siquiera cuando se trata de infracciones gravísimas. Así, por ejemplo, el proyecto del Poder Ejecutivo consideraba infracción a la ley penal las acciones u omisiones dolosas cometidas, mientras que el actual habla de "consumadas". Las cometidas en carácter de autor, coautor o cómplice tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales permitían considerar infracción penal, por ejemplo, al delito más común y uno de los más perturbadores en la sociedad, que es la tentativa de hurto, frente a la cual la autoridad policial no tiene facultades jurídicas.

Faroppa dice textualmente: "Entonces, tal como se expresa en la Exposición de Motivos del proyecto de ley, la intención del Poder Ejecutivo es continuar desarrollando el proceso de adecuación legal e institucional del orden jurídico nacional a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que no es -y es importante señalarlo- una norma que permita algún tipo de impunidad respecto al cumplimiento de la ley por parte de los adolescentes. El Código vigente en nuestro país define como adolescentes a aquellas personas que tienen entre 13 y 18 años de edad". A renglón seguido dice: "...los adolescentes requieren un tratamiento especial en cuanto a su responsabilidad penal, lo que no significa -como muy bien sostiene la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y también lo recoge el Código- que estos estén dentro de un aura de impunidad, respecto a las conductas que pueden dañar los derechos de terceros. Se trata de un proceso especial porque, evidentemente, sus objetivos también lo son y esto lo hace diferente al proceso penal de los adultos, pero también el mismo responsabiliza concretamente a aquellas personas menores de 18 años de edad que puedan haber lesionado derechos de terceros. Como muy bien sostiene la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, las personas menores de 18 años también tienen obligaciones y una de ellas consiste en respetar los derechos fundamentales de los terceros. En ese sentido, observamos que algunas conductas que estaban fuera de la responsabilidad penal juvenil, conforme a la actual legislación, debían incorporarse a la misma. Me refiero, especialmente, al artículo 69 del actual Código de la Niñez y la Adolescencia y a la incorporación de algunas formas de responsabilidad penal como, por ejemplo, la responsabilidad penal por tentativa y la participación, en calidad de cómplice, en las infracciones definidas en este Código". Se trata de las acciones u omisiones dolosas cometidas, de modo que entran la tentativa y la complicidad.

Continúa diciendo el Subsecretario Faroppa: "Pensamos que este tipo, digamos, de exclusión de responsabilidad de las personas menores de 18 años de edad estaba consagrando una situación ante la Ley que no es la más conveniente, teniendo en cuenta, además, lo que pueda observarse en la realidad sobre algunas conductas que estas personas desarrollan que, sin lugar a dudas, son lesivas de los derechos de terceros. Sin duda alguna, la tentativa de hurto o el hurto en grado de tentativa aparecen como la situación más clara. El hecho de que el hurto no llegue a consumarse no significa que la persona que es víctima de la situación no sienta la vulneración de sus derechos ante la intervención, en este caso, de una persona menor de 18 años de edad".

Dos párrafos más adelante dice que también les parece importante establecer que las infracciones que quedan sometidas a la pena de privación de libertad son las infracciones gravísimas, aspecto que también incluía el proyecto del Poder Ejecutivo y es incorporado en el texto sustitutivo.

Luego dice que el objetivo es "evitar la percepción de que existen conductas desarrolladas por personas, más allá de cual sea su edad, que generan daños a terceros, que quedan fuera de la intervención penal del Estado."

La sensación de indefensión que siente la sociedad uruguaya se combate no sólo con medidas garantistas, ya que a veces son excesivamente garantistas. No puedo menos que reconocer el sentido de la realidad que debe de tener el actual Subsecretario del Interior, que es quien maneja la seguridad pública en el Uruguay. Si el propio Poder Ejecutivo está reclamando mayores potestades jurídicas, no me parece conveniente escatimárselas.

Por otra parte, el Subsecretario dice que le parece razonable un planteo recogido en el proyecto de ley, de parte de los operadores policiales, relacionado con el plazo de dos horas para poner a disposición del Juez a un adolescente detenido.

Aclara Faroppa que "Ese plazo de dos horas establecido en el Código actual se mantiene, pero se otorga a la Policía la ampliación del plazo de doce a veinticuatro horas para poner en presencia del Juez al adolescente, entre otras cosas, porque un dato que surge de la realidad" -lo dice el señor Subsecretario del Ministerio del Interior- "son las dificultades que enfrenta la autoridad policial en este momento para realizar ese tipo de actuación, habida cuenta de que muchas veces eso lleva a que un eventual adolescente infractor sea sometido a proceso penal juvenil sin las pruebas suficientes como para que el Magistrado actuante pueda determinar claramente su responsabilidad." Eso también se elimina del proyecto. Antes la autoridad policial tenía que dar cuenta en dos horas y podía mantener detenido al adolescente durante doce horas para luego llevarlo al Juez; el Poder Ejecutivo pide veinticuatro horas porque dice que no le alcanza el tiempo para reunir las pruebas a dar a la autoridad judicial que indicarán la eventual responsabilidad de este menor. Sin embargo, se elimina totalmente el inciso, se cambia radicalmente y no se establece ningún plazo. Entonces, perdamos las esperanzas de que sean considerados infractores de la ley, porque la Policía se va a quedar sin ningún tipo de facultad.

Por otro lado, el requisito de que la Policía los tenga que llevar sin más trámite a la dependencia del INAU es difícil de cumplir, porque en muchos lugares no existe tal dependencia. Por ejemplo, ¿dónde está la dependencia del INAU en Colonia Suiza, en Ombúes de Lavalle o en Paso de los Toros? Tal vez en esta última localidad haya pero, ¿en cuántos lugares del interior no hay dependencias del INAU? ¿A dónde los van a llevar? Se dice que deben quedarse en la dependencia policial pero, sinceramente, en este caso estoy de acuerdo con el Poder Ejecutivo. Me parece que habría que revisar esto porque el Ministerio del Interior, ante esta situación de inseguridad, está reclamando facultades jurídicas y, sin embargo, este proyecto de ley se las está recortando absolutamente porque se cambió todo; inclusive, lo de la tentativa tampoco está más, no obstante lo cual, sólo pueden ser privados de libertad en el caso de infracciones gravísimas. De manera que el menor no puede ser privado de su libertad en ese caso. Por lo tanto, tampoco hay riesgo porque eso ya estaba previsto en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el hurto es una infracción leve y no hay riesgo de que metan preso al menor.

Estimo que esto debería ser repensado porque creo que le asiste razón al Poder Ejecutivo cuando reclama sobre estos aspectos. Asimismo, me parece que nos estamos excediendo en la tutela de los menores que debe preservarse; se trata de un derecho de excepción, especialísimo, y no tengo ninguna duda de que la legislatura en esta materia debe ser garantista. Pero no debemos olvidarnos de las víctimas, porque el Derecho también tiene que ser garantista para ellas y aquí estamos yendo demasiado lejos, porque se plantea todo lo contrario de lo que está reclamando el propio Ministerio del Interior y todas las fuerzas políticas del Uruguay.

Hay varios proyectos de ley en esta materia, pero acá estamos legislando al revés de lo que la sociedad uruguaya está reclamando; está muy lindo y es muy teórico, pero no es lo que la gente quiere o la sociedad reclama. Insisto en que esto sea repensado en la Comisión, porque en este ámbito es muy difícil retocar artículos. No debemos olvidar que se trata de un tema muy delicado, y así lo entendió la Comisión cuando lo dividió en capítulos. Por un lado, se habla del maltrato y de los delitos sexuales y, por otro, de la adopción, que es un tema extremadamente delicado, etcétera. Repito que este tema debe ser reconsiderado.

Confieso que no lo he leído con demasiado tiempo, pero sí me detuve con atención en las palabras del propio Subsecretario y entiendo que tiene razón; estoy seguro de que la mayoría de los que estamos acá opinamos igual, porque vemos que la violencia sigue aumentando, los niños son utilizados y los adolescentes cometen infracciones a la ley penal recurrentemente. Todos lo sabemos, lo vemos, lo conocemos, y por eso me parece que deberíamos tomarnos un tiempo más -lo digo con total honestidad- para estar tranquilos de que el propio Ministerio del Interior coincide con este pensamiento.

En definitiva, formulo moción para que este proyecto de ley vuelva a Comisión, porque creo que es demasiado importante como para considerarlo a tapas cerradas, sobre todo teniendo en cuenta que contiene efectos que son fundamentales para todos.

SEÑORA PERCOVICH.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Como soy informante del proyecto de ley, creo que corresponde que conteste al señor Senador Moreira.

En primer lugar, la tentativa no se eliminó. La propuesta del Poder Ejecutivo la eliminaba en el artículo 72 para incluirla en otro artículo, y nosotros la quitamos de allí para mantenerla en el artículo 72, donde estaba originalmente en el actual Código.

Como señaló el señor Senador Moreira, oímos al señor Subsecretario del Interior, pero también hicimos lo propio con otros actores que están directamente implicados como, por ejemplo, el Ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, doctor Pérez Manrique, quien prácticamente desde hace dos años sigue la aplicación de este Código y ya había hecho una publicación -junto con la doctora Jacinta Balbella- comentando algunas de las incongruencias, así como aportando opiniones al respecto.

SEÑOR MOREIRA.- Lo leí todo, señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- También recibimos al INAU que, junto con los equipos técnicos, es el encargado de hacer los seguimientos posteriores de las medidas de privación de libertad o de las alternativas que puede imponer el Juez. Es obvio que es muy importante oír lo que tiene que decir este Organismo al respecto. Asimismo, si se leen las versiones taquigráficas, se verá que el espíritu, por lo menos de la Bancada de Gobierno, fue escuchar las opiniones de todos los operadores directos y tomar en cuenta las preocupaciones que nos señalaban. Es cierto que hubo algunas modificaciones por parte del Poder Ejecutivo, algunas de ellas muy buenas, pero otras complicaban la aplicación del Código en los procedimientos; esta era una complicación, y el propio doctor Pérez Manrique dice que a pesar de que el espíritu de la Convención de Derechos del Niño es que la privación de libertad sea el último recurso, la última "ratio" en la modificación que se proponía era el primer paso, salteándose todas las otras alternativas previas. Esa era la preocupación, tanto del INAU, como del doctor Pérez Manrique. Por lo tanto, lo que hicimos fue restituir la tentativa a donde estaba y definir primero algunas otras medidas previas a la privación de libertad. De ninguna manera la eliminamos; por el contrario, estamos facilitando la acción de la Policía y del INAU para que quede claro, dentro del espíritu de una Convención que ratificamos, que es ley -de acuerdo con la discusión que dimos antes-, que primero debemos tratar de dar a ese niño, niña o adolescente -no estamos hablando de un adulto- las posibilidades de rehabilitarse o hacer todo un proceso educativo. Ese es el espíritu de que se trata.

Reitero que no eliminamos la privación de libertad, sino que definimos más claramente lo que son las infracciones gravísimas, cosa que no existía. Hay que tener en cuenta que si están definidas para los adultos, ¡cómo no las vamos a definir para los adolescentes! De la misma forma definimos el tiempo de la privación de libertad, que son dos elementos que tienen que existir.

Entonces, me parece que en este proyecto estamos logrando el balance de que hablaba el señor Subsecretario del Interior y podemos volver a revisar esto -como se hace siempre cuando hay una modificación de procedimiento- dentro de uno o dos años, para ver si la aplicación de este Código ha mejorado las condiciones o ha superado las dificultades que ha tenido hasta ahora.

Quisiera decir al señor Presidente y al señor Senador Moreira que todo este año se ha estado discutiendo con las organizaciones sociales que trabajan con la niñez y la adolescencia que comete infracciones, así como con el INAU y el Ministerio del Interior, la preocupación por la mala aplicación del Código por parte de los Jueces, que no dictan sentencia. Por lo tanto, nos parece que estas modificaciones van en ese sentido y tenemos que brindar más elementos a los Jueces.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Debo decir que me gusta mucho el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, porque también incluía la privación de libertad reformando el actual Código, sólo para el caso de infracciones gravísimas, que es algo que comparto. Esto se encuentra en el proyecto sustitutivo, pero también en la iniciativa del Poder Ejecutivo.

A ese respecto, el proyecto de ley sustitutivo contiene una modificación por la cual, la privación de libertad establecida en el artículo 4º, también se puede aplicar a los adolescentes que, habiendo sido declarados por sentencia ejecutoriada responsables de una infracción, en forma reiterada, incumplen las medidas adoptadas por el Juez. En ese caso, el plazo de la acción de la medida privativa de libertad, no podrá exceder de sesenta días. Obsérvese que, como dice el texto, se refiere a los casos de reiteración relacionados con delincuentes habituales que ya habían sido condenados. En el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo no se establece el plazo de sesenta días, sino que se dice que también podrán aplicarse a los adolescentes que, habiendo sido declarados por sentencia ejecutoriada responsables de infracción, incumplen las medidas adoptadas por el Juez.

Digo esto porque todos conocemos casos de adolescentes que cometen delitos y más delitos. Sin embargo, acá se intenta fijar un límite temporario de sesenta días, cuando en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, reitero, no se establecía ese plazo. Por supuesto, no voy a ingresar en el concepto de peligrosidad, porque ese elemento ya fue eliminado, pero lo cierto es que son adolescentes peligrosos, porque cometen delitos en forma reiterada. Seamos prácticos: ¿qué medida puede adoptar el INAU cuando carece de medios materiales y humanos? En verdad, quisiera ver funcionando la "tutela cautelar", este nuevo instituto, ¿pero con qué medios van a trabajar los educadores que tendrían que acompañar en su vida comunitaria a los adolescentes que infringen la ley penal? ¿Dónde están los educadores para hacer la "tutela cautelar"? Esto fue reconocido aquí mismo, en las declaraciones vertidas en Comisión y ello nos lleva a pensar que no es un tema de aplicación sencilla. Una vez más, digo que, en los hechos, esto no va a funcionar bien, porque se está sacando a la autoridad policial las mayores facultades, que por cierto no son desbordantes como para someter a los menores a ningún tipo de maltrato, entre otras cosas, dado que se establece una serie de garantías como, por ejemplo, el examen médico. Respecto a este punto, precisamente, el doctor Faroppa ha expresado que no es conveniente llevar al menor enseguida a Salud Pública -contrariamente a lo que se hace siempre en las comisarías-, porque lo más seguro es que no lo atiendan. Obviamente, al llegar, por ejemplo, al Hospital Maciel y con el lío que hay en esa emergencia, ¿quién va a atender de noche a un menor que cometió un delito antes que a un enfermo o a alguien que tuvo un accidente y que requiere una mayor urgencia? Es cierto, esto no se puede poner en práctica. Esto hace que lleguen al Juzgado sin ningún elemento probatorio, debido a que no disponen del tiempo necesario, pues mientras los policías lo trasladan de inmediato a Salud Pública para hacerle el examen médico y así evitar cualquier tipo de problema, no averiguan nada; esa es la verdad. Es más, esto es lo que surge de las declaraciones de los titulares del Ministerio del Interior. Esto es también lo que piensa toda la población uruguaya; no estoy inventando nada.

En consecuencia, respetando la opinión de todas las organizaciones que trabajan sobre los derechos de los niños, quiero decir que en mi opinión acá estamos teorizando demasiado y siendo excesivamente garantistas y llevando la acción policial a la inoperancia.

Por estas razones, formulo moción en el sentido de que el proyecto de ley se estudie nuevamente en Comisión. Por supuesto, leí las declaraciones vertidas en Comisión por Giorgi y por Pérez Manrique, pero las que más me convencieron, fueron las del doctor Faroppa.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa advierte al Cuerpo que faltan siete minutos para llegar al término de la sesión. Además, ha llegado una moción presentada por el señor Senador Moreira en la que se propone que el proyecto de ley que estamos tratando pase nuevamente a estudio de la Comisión.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: respetando mucho la intervención del señor Senador Moreira y el espíritu con que la ha hecho, quiero decir que es evidente que acá tenemos una diferencia de enfoque y que la discusión con relación al Código de la Niñez y la Adolescencia es vieja, tiene unos cuantos años.

Por lo tanto, consideramos que este es el acuerdo a que hemos llegado a nivel de Comisión y, habiendo ya explica-do todos los artículos del proyecto de ley, proponemos

que se suprima la lectura y se vote todo el articulado en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción del señor Senador Moreira en el sentido de que el proyecto de ley vuelva a Comisión.

(Se vota:)

-7 en 21. Negativa.

SEÑOR NICOLINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NICOLINI.- Formulo moción para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta que se termine de considerar el tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-16 en 21. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Quiero aclarar, señor Presidente, que este proyecto de ley que estamos considerando fue analizado por la Comisión, diría, con lupa, durante varias sesiones en las que se juntaron todos los proyectos y se recibieron los correspondientes asesoramientos. Cabe agregar que las instituciones que nos asesoraron están enteradas de cómo iba trabajando la Comisión.

Quería dejar esta constancia a los efectos de que se tenga en cuenta que la consideración de este proyecto de ley no refleja ninguna discordia pues, como dije antes, fue tratado en Comisión con mucha detención. Por lo tanto, este texto no es producto del apuro.

En consecuencia, no me pareció adecuado que volviera a una Comisión que, por cierto, está atosigada de trabajo, sobre todo, tratándose de un tema que fue profundamente analizado y a cuyos efectos se juntaron, en una sola carpeta, todos los proyectos, los comparativos y las distintas opiniones recibidas.

Estas son las razones por las que voy a apoyar la propuesta de que se vote en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-14 en 21. Afirmativa.

En discusión particular.

Se va a votar la moción de la señora Senadora Percovich en el sentido de que se suprima la lectura y se vote el articulado en bloque.

(Se vota:)

- 14 en 21. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los siete artículos que conforman el proyecto de ley.

(Se votan:)

-14 en 21. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- A modo de fundamento de voto, quiero señalar que, por lo que he leído en el informe, ningún miembro de la Comisión se manifestó discorde. Por lo tanto, concluimos en que este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión respectiva.

21) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 19 y 58 minutos, presidiendo el señor Senador Fernández Huidobro y estando presentes los señores Senadores Amaro, Baráibar, Breccia, Da Rosa, Dalmás, Heber, Korzeniak, Lapaz, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Nicolini, Penadés, Percovich, Rubio, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.)

SR. SENADOR ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO Presidente en ejercicio

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc Claudia Palacio Prosecretaria

Sra. Nelly Tavares Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.