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Nº 124 - TOMO 437 - 1º DE NOVIEMBRE DE 2006

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

49ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3 y 15) Asuntos entrados

4) Inasistencias

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

5 y 18) Solicitudes de licencia

- Las formulan las señoras Senadoras Topolansky y Dalmás.

- Concedidas.

6 y 19) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento. Las presentan las señoras Castro y Cabrera y los señores Tajam, Muguruza, Posada, Gamou, Rosadilla, Domínguez, Semproni, Fratti y Basso.

- La Corte Electoral da cuenta de que proclamó Senadora a la séptima titular de la lista de candidatos Sublema ‘Para Ganar, Gobernar y Cambiar’ del Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría a la señora Lucía Topolansky y suplentes a los señores Javier Salsamendi y Ruben Martínez Huelmo y señora Ivonne Passada.

7) Grupo de trabajo "Mecanismo Coordinador País"

- Manifestaciones de la señora Senadora Percovich.

- Por moción de la propia señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a los Ministerios de Salud Pública, Defensa Nacional e Interior, así como a ANEP.

8) Apremios de promitentes compradores de viviendas del Banco Hipotecario del Uruguay

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, al Banco Hipotecario del Uruguay y a las Comisiones de Vivienda de ambas Cámaras.

9) Posibilidad de que se excluya la enseñanza de italiano de los liceos públicos

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taguigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Educación y Cultura, al CODICEN, al Consejo de Enseñanza Secundaria, a la Asamblea Técnico Docente de ese nivel, a las Comisiones Departamentales de Educación, a la Asociación de Profesores del Uruguay, a FENAPES -Federación de Profesores de Educación Secundaria-, a la Asociación de Docentes de Italiano -AUDI-, al Instituto Italiano de Cultura, a la Sociedad Dante Alighieri de Mercedes y a las Sociedades Italianas de Mercedes y Dolores.

10) Situación de las Bibliotecas de la Universidad de la República

- Manifestaciones del señor Senador Penadés.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al señor Rector de la Universidad de la República, al Consejo Directivo Central, a la Asamblea General del Claustro, a los Decanos y demás órganos del cogobierno universitario, y a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay.

11) Deterioro del acervo pictórico del Palacio Legislativo

- Manifestaciones del señor Senador Penadés

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a la Comisión Administrativa y a sus Secretarios.

12 y 14) Reuniones internacionales de parlamentarios organizadas por el Poder Legislativo

- Manifestaciones del señor Senador Baráibar.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a la Presidencia de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la sede del Parlatino en San Pablo y a la sede de la SEGIB en Madrid.

13) Denuncia por usurpación de funciones

- Manifestaciones del señor Senador Korzeniak.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Poder Judicial.

16) Proyecto presentado

- El señor Senador Da Rosa presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen normas referentes a la competencia e integración de los Gobiernos Locales.

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

17) Usura

- Proyecto de ley por el que se dictan normas para atender su problemática.

- Continúa la discusión general.

- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

20) Acuerdo para Acreditar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la Federación Rusa

- En consideración. Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

21) Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado en la ciudad de Nueva York el 31 de mayo del año 2001

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

22) Modificaciones al Régimen Tributario establecido en el Tratado de Libre Comercio, entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos, celebrado en Santa Cruz de la Sierra, el 15 de noviembre de 2003

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

23) Acuerdo Marco de Interconexión Energética entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil, suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 16 de marzo de 2006

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

24) Acta de Rectificación al Acuerdo de Complementación Económica Nº 60 suscrito entre Mexico y Uruguay el 15 de noviembre de 2003, extendida por la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), en Montevideo, el 1º de agosto de 2005

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración.

- Por moción del señor Senador Abreu, el Senado resuelve devolver el proyecto de ley al Poder Ejecutivo.

25) "Salomé Ureña de Henríquez"

- Proyecto de ley por el que se designa con este nombre el Jardín de Infantes Nº 223 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

26) Suspensión de la sesión ordinaria del día 7 de noviembre

- Por moción del señor Senador Nicolini, el Senado resuelve suspender la sesión ordinaria del día martes 7 de los corrientes en virtud de haberse fijado para ese día el llamado a Sala al señor Ministro de Educación y Cultura.

27) Suspensión de la hora previa de la sesión ordinaria del día 14 de noviembre

- Por moción del señor Senador Nicolini, el Senado resuelve suspender la Hora Previa de la sesión ordinaria del día martes 14 de los corrientes.

28) Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a varios funcionarios públicos

- El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder las venias solicitadas por el Poder Ejecutivo para destituir a varios funcionarios públicos.

29) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

 "Montevideo, 31 de octubre de 2006.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 1º de noviembre, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

 ORDEN DEL DIA

1º) Continúa la discusión general y particular del proyecto de ley por el que se establecen normas para atender la problemática de la usura.

Carp. Nº 344/05 - Rep. Nº 335/06

2º) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para designar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Rusa, al señor Jorge Meyer Long.

Carp. N° 641/06 - Rep. N° 353/06

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

3º) por el que se aprueba el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado en la ciudad de Nueva York, el 31 de mayo de 2001.

Carp. Nº 229/05 - Rep. Nº 354/06

4º) por el que se aprueban las modificaciones al Régimen Tributario establecido en el Tratado de Libre Comercio entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos, celebrado en Santa Cruz de la Sierra, el 15 de noviembre de 2003.

Carp. Nº 562/06 - Rep. Nº 355/06

5º) por el que se aprueba el Acuerdo Marco de Interconexión Energética entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil, suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 16 de marzo de 2006.

Carp. Nº 563/06 - Rep. Nº 356/06

6º) por el que se aprueba el Acta de Rectificación al Acuerdo de Complementación Económica Nº 60 suscrito entre México y Uruguay el 15 de noviembre de 2003, extendida por la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), en Montevideo, el 1º de agosto de 2005.

Carp. Nº 573/06 - Rep. Nº 357/06

7º) por el que se designa "Salomé Ureña de Henríquez" el Jardín de Infantes Nº 233 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. Nº 664/06 - Rep. Nº 349/06

8º) Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Salud Pública (Plazo constitucional vence el 27 de noviembre de 2006. Se incluye en el Orden del Día en cumplimiento del artículo 62 del Reglamento del Cuerpo).

Carp. Nº 610 /06 - Rep. Nº 350 /06

9º) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo, a efectos de destituir de sus cargos a:

- un funcionario del Ministerio de Salud Pública. (Plazo constitucional vence el 6 de diciembre de 2006).

Carp. Nº 624/06 - Rep. Nº 346/06

- una funcionaria del Ministerio de Defensa Nacional. (Plazo constitucional vence el 14 de diciembre de 2006).

Carp. Nº 640/06 - Rep. Nº 347/06

- un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura. (Plazo constitucional vence el 21 de diciembre de 2006).

Carp. Nº 642/06 - Rep. Nº 348/06

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alfie, Amaro, Antía, Baráibar, Breccia, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Fernández Huidobro, Gallinal, Heber, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Long, Michelini, Moreira, Nicolini, Oliver, Penadés, Percovich, Rubio, Sanguinetti, Saravia, Topolansky y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Ríos y Vaillant; y, con aviso, el señor Senador Lorier.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 7 minutos)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"El Poder Ejecutivo remite Mensaje solicitando venia para destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

La Cámara de Representantes remite nota adjuntando copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante Nacional Heber Duque, relacionadas con el estado en que se encuentran las Rutas Nacionales Nos. 12, Doctor Luis Alberto de Herrera, 65, 80 y 81, en el departamento de Canelones.

- A LA COMISION DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

La Comisión Administrativa del Poder Legislativo remite el Manual de Descripción de Cargos y Funciones de sus Unidades y el Reglamento de Calificaciones, Concursos y Ascensos de dicha Unidad Ejecutora.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS."

4) IINASISTENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias, en el caso de que existieran.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

En la sesión ordinaria del 18 de octubre, no se registraron inasistencias y en la sesión extraordinaria del día de ayer, faltó con aviso la señora Senadora Xavier.

En lo que respecta a las inasistencias de los señores Senadores a sus respectivas Comisiones, cabe informar que: a la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del 18 de octubre, faltó con aviso el señor Senador Moreira; a la sesión de la Comisión de Asunto Laborales y Seguridad Social del 19 de octubre, faltaron con aviso los señores Senadores Alfie, Gallinal y Ríos; a la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 19 de octubre, faltó con aviso el señor Senador Gallinal; a la sesión de la Comisión de Hacienda del 19 de octubre, faltó con aviso el señor Senador Aguirre; y a la del 26 de octubre faltó con aviso el señor Senador Larrañaga. A la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del 23 de octubre, faltó con aviso el señor Senador Penadés; a la sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del 23 de octubre, faltaron con aviso la señora Senadora Topolansky y los señores Senadores Lara Gilene y Long; y a la del 30 de octubre, faltó con aviso el señor Senador Lara Gilene. A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 23 de octubre, faltaron con aviso los señores Senadores Lorier y Moreira; y a la del 30 de octubre, faltaron con aviso los señores Senadores Heber, Moreira y Saravia; a la sesión de la Comisión de Salud Pública del 24 de octubre, faltó con aviso el señor Senador Da Rosa; y a la del 31 de octubre faltó con aviso la señora Senadora Xavier. A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 24 de octubre, faltaron con aviso los señores Senadores Abreu, Larrañaga, Michelini y Sanguinetti; a la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del 25 de octubre, faltaron con aviso los señores Senadores Alfie y Fernández Huidobro; a la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 26 de octubre, faltaron con aviso los señores Senadores Long y Lorier, y a la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 26 de octubre, faltó con aviso el señor Senador Larrañaga.

5) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Topolansky solicita licencia los días 7 y 8 del corriente mes."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 1º de noviembre de 2006.

Sr. Presidente del Senado

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo que Ud. preside me conceda licencia por motivos particulares los días 7 y 8 del corriente mes.

Sin otro particular.

Lucía Topolansky. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 14 en 15. Afirmativa.

6) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de varias notas de desistimiento.

(Se da de las siguientes:)

"Los señores Héctor Tajam, Eduardo Muguruza, Saúl Posada, la señora Nora Castro y los señores Carlos Gamou, Luis Rosadilla, José Domínguez, Víctor Semproni y Alfredo Fratti comunican que, por esta única vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto".

- Por lo tanto, se solicitará a la Corte Electoral la proclamación de quien correspondiere.

Ante la licencia solicitada por la señora Senadora Xavier y aprobada por el Cuerpo en la sesión del día de ayer, se comunica que el señor Jorge Basso y la señora Silvia Cabrera han presentado notas de desistimiento informando que por esta única vez no aceptan la convocatoria al Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Abayubá Martorell partir del lunes 6 de los corrientes.

7) GRUPO DE TRABAJO "MECANISMO COORDINADOR PAIS"

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la hora previa.

Tiene la palabra la señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: algunos Legisladores integramos el grupo de trabajo llamado "Mecanismo Coordinador País" para el tratamiento del tema del VIH. Este grupo funciona en la órbita del Ministerio de Salud Pública y es coordinado por la licenciada María Luz Osimani, responsable del Programa VIH-Sida. Allí se hace el seguimiento de la aplicación del Programa a nivel no sólo nacional, sino internacional, teniendo en cuenta los compromisos que tenemos en el MERCOSUR.

La semana pasada se presentó allí un proyecto que data del año 2004; se trata de una iniciativa de ONUSIDA para el Cono sur, cuyo objetivo es el fortalecimiento de las actividades de prevención del VIH-Sida en los servicios uniformados en los países del Cono Sur. Desde entonces, pero fundamentalmente a partir del mes de julio de 2005, se ha venido trabajando con el Ministerio de Defensa Nacional, es decir, con nuestras Fuerzas Armadas, y con el personal policial.

La meta principal es encarar estrategias de prevención en materia de VIH-Sida mediante la educación de los reclutas jóvenes de los servicios uniformados en general, con el objetivo de reducir las infecciones entre el personal uniformado con alto nivel de riesgo, que es el que se encuentra entre los 18 y 34 años.

Este proyecto se diseñó en el año 2004. Es un contrato entre ONUSIDA y los Ministerios de Defensa Nacional, Interior y Salud Pública; obviamente, este último tiene la rectoría en lo que respecta al seguimiento de este proyecto.En julio del año 2005 comenzaron a implementarse las actividades y está previsto finalizar la primera etapa en este año, seguramente con una presentación que se realizará el 1º de diciembre, que es precisamente el Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

La verdad es que nos resultaron bien interesantes las actividades que se están desarrollando con el personal de los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior, en este último caso, concretamente, con la policía. Se están introduciendo actividades de prevención y se incrementa su conocimiento entre los reclutas uniformados jóvenes. Asimismo, se promueve el correcto uso del preservativo entre la población, tanto miliar como policial. En el caso del Ministerio del Interior, se introduce un sistema de consejería y testeo voluntario que asegura los principios internacionales de confidencialidad promovidos por ONUSIDA. El Ministerio de Salud Pública brinda el apoyo técnico a estos servicios, pues hace el enlace y la coordinación correspondiente con otros sectores involucrados en las políticas integrales y con las organizaciones sociales en torno al tema de prevención; asimismo, se encarga de la supervisión y validación de los materiales de educación e información que se vienen reproduciendo para el personal uniformado de ambos Ministerios.

A esta altura, en el Ministerio del Interior se han formado 43 instructores replicadores, mientras que para diciembre de este año se espera que haya otros 45 más. En el Ministerio de Defensa Nacional, son 33 los instructores en el Ejército Nacional, mientras que en la Armada hay 9 y 4 en la Fuerza Aérea. Por último, los replicadores interpares son 134.

Cabe señalar que se ha realizado una serie de encuestas, sobre todo en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional; se ha sensibilizado a las jerarquías con relación a este problemática y también se están incluyendo módulos específicos sobre prevención en las currículas de las Escuelas Militares y Policiales.

Hay también instancias muy ricas de coordinación interministerial en la ejecución del proyecto y en la planificación de actividades en común; por ejemplo, se está planificando una jornada que tendrá lugar el 1º de diciembre en el Edificio Libertad. Se procura la sustentabilidad y la continuidad de este esfuerzo realizado por los Ministerios ya citados, mediante la elaboración y propuesta de nuevos proyectos.

Me pareció interesante hablar sobre este tema y traerlo a este ámbito porque, en general, el tipo de trabajo que mencioné es bastante invisible y resulta muy útil que se replique a través de los medios de comunicación.

Voy a solicitar que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Salud Pública -que se está encargando del soporte técnico de todo esto- y a los de Defensa Nacional y del Interior por la colaboración activa en esta tarea de prevención. Del mismo modo, me gustaría que también llegara a la ANEP, porque me parece que allí hay una tarea de apoyo educativo que es muy interesante para los futuros integrantes de estas dos áreas uniformadas, como se dice en el proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora Senadora Percovich.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

8) APREMIOS DE PROMITENTES COMPRADORES DE VIVIENDAS DEL BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: hoy quiero referirme a dos temas y a una serie de situaciones a ellos vinculados, que son de alta sensibilidad social. Uno está referido a los apremios de promitentes compradores de viviendas según los planes del Banco Hipotecario del Uruguay y el otro está relacionado con la madura posibilidad que se excluya la enseñanza del idioma italiano en nuestros liceos públicos.

Comencemos por el asunto hipotecario. Parte de esa sensibilización y esa problemática se advierte en una carta de un ciudadano que acabo de recibir y que me ha inclinado a utilizar este tiempo en plantearla.

El firmante de la misiva escribe: "Quiero compartir que este tema de la vivienda del Banco Hipotecario del Uruguay me saca canas verdes, porque siempre debo más que cuando entré, por los famosos colgamentos y las refinanciaciones que hice en el pasado, a las que les aplicaron moras e intereses todo en UR. Estoy pidiendo una retasación de la vivienda, pero me la niegan".

El centro de la cuestión son los temidos "colgamentos", designación vulgar adoptada por vaya a saber qué funcionario o profesional para referirse a un fenómeno normal en la actividad del BHU.

En realidad, los colgamentos son parte de la deuda del que ha comprado vivienda por el banco: deuda diferida para pagar al final del préstamo y generada por al menos dos motivos. Primero, incrementos de la unidad reajustable (UR) no trasladados a la cuota, que permite al deudor evitar el incremento en lo que paga, pero que le va a complicar el futuro. Segundo, parte de la deuda es trasladada al final del plazo; puede ser porque el deudor no llega a pagar el porcentaje inicial al contado, generalmente el 30%. En otras ocasiones, hasta que llega a pagar ese porcentaje, no empieza a pagar la cuota, lo que estira desmedidamente los plazos y convierte a ese compromiso en parte de los gastos rutinarios del hogar de por vida. En todos los casos, el interés aplicado es del 2%, que el BHU considera ridículo y testimonial, pero que termina sumando.

Consultadas en diversos medios sobre la pertinencia o conveniencia de la aplicación de este régimen, las autoridades del Hipotecario se limitan a decir "era lo que había" … ¡valor!; "¡valor!" es sólo el dicho popular que les falta agregar a las autoridades del Banco.

El tema es cambiar esa forma de acción por otra, que modifique las finanzas del banco y mejore las posibilidades de sus deudores de culminar el pago de su vivienda propia. Pero la imaginación de Gobierno y Directorio no va por ese lado, sino por un intento de minimizar la estructura del BHU, creando una Agencia Nacional de Vivienda que maneje la política del sector desde el Ministerio del rubro y que también atienda la temática de morosos, sobre todo de los grandes complejos habitacionales, quizás con una tendencia a la aplicación de subsidios.

Mientras dos tercios de los actuales funcionarios del BHU pasarían a esa Agencia, el tercio restante seguiría en ese banco o pasaría a otra institución pública de ese tipo, como el Banco República o el Banco de Seguros. El nuevo BHU tendría una actividad netamente comercial, básicamente dirigida al apoyo de los profesionales vinculados a la vivienda: escribanos, arquitectos e ingenieros.

Por supuesto, ante esta reforma o reestructura propuesta han surgido protestas de muchos sectores de funcionarios, que desean continuar en el banco hasta el fin de su carrera, y AEBU ha debido respetar y continuar su tradición corporativista, aunque es posible observar, como es natural en estos casos, mayor beligerancia en la interna sindical del Hipotecario -que se ha mostrado francamente hostil a los cambios y a los Directores proponentes- que en la central madre del gremio.

Quien me escribiera también indica que las negativas han sido a nivel local siguiendo directivas recibidas de Montevideo. Agrega que "quienes accedimos a la vivienda lo hicimos con la ilusión de tener la casa propia, pero ya en ese momento denunciamos una gran cantidad de defectos de construcción, que no fueron atendidos. La única opción que nos daban era esa y es cierto que la cuota que íbamos a pagar inicialmente era inferior a un alquiler, pero con el tiempo la diferencia la absorbió la UR."

Más adelante -sigo leyendo porque me parece útil escuchar la opinión de un ciudadano- reconoce que "las autoridades del banco están abocadas al saneamiento de la institución, pero también deberían acordarse de los promitentes compradores, que humildemente decimos hemos sido ‘estafados’, abusándose de nuestra necesidad, porque no teníamos para comprar una vivienda, que en ese momento nos salía tres veces menos. A título de ejemplo, por refinanciaciones realizadas, traslados de medias cuotas para el final, moras por atrasos y otros conceptos, más el colgamento de 160,69 UR, habiendo pagado la cuota de setiembre 2006 e ingresado en diciembre del 1990, mi deuda es de 4.377 UR -aproximadamente unos 70 mil dólares- por una vivienda de tres dormitorios".

Termina su carta señalando: "Quiero demostrar que cuando entré la vivienda no valía lo que me cobraban, como ya lo hice en su momento, pero nadie me escuchó. Tampoco ahora, porque pido que con la memoria descriptiva se determinen los materiales que utilizaron y tampoco quieren". Comprendan la desesperación de este deudor, que se ve constreñido a pocas opciones: dejar la vivienda, o seguir pagando y reducir fuertemente los ingresos dedicados a otros gastos familiares. Como vive en el interior, la otra posibilidad es venirse a tentar suerte en la capital, tratando de conseguir mayores ingresos. Sabemos las dificultades que esto implica.

Creo que toca al BHU y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente encarar, sí, una política de educación en el cumplimiento de compromisos y de reforma de sus estructuras, trámites y negociaciones que les permita abaratar costos, sobre todo en sus planes dirigidos a los sectores populares más carenciados, pero sin olvidar que las morosidades no siempre se generaron por falta de cultura del pago, sino por el peso de una realidad incontrolada para los clientes del Banco, de la cual no son, por ende, totalmente responsables.

Señor Presidente, esa es nuestra solicitud, a la que agrego que estas palabras lleguen a las autoridades del MVOTMA, del BHU, y a las Comisiones de Vivienda de las Cámaras Baja y Alta de este Poder Legislativo.

9) POSIBILIDAD DE QUE SE EXLCLUYA LA ENSEÑANZA DE ITALIANO DE LOS LICEOS PUBLICOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Para referirse al segundo tema, continúa en uso de la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Finalmente, tal lo adelantado, quiero traer a Sala la potencial situación cultural que se generará con la exclusión de la enseñanza del idioma italiano en las aulas de la Educación Secundaria. He recibido una carta de los profesores, que sintetizo de la siguiente manera: "No sólo los docentes ven afectada su fuente laboral sino que con enorme preocupación ven como día a día se degrada la riqueza cultural que aporta el aprendizaje de lenguas extranjeras, en nuestro caso la lengua italiana, lengua de importante número de inmigrantes que contribuyeron a forjar la población y cultura uruguaya. No debemos perder de vista el valor del aprendizaje de esta lengua para quienes continúan estudios terciarios, a modo de ejemplo: Abogacía, Diseño Industrial; Arquitectura, Arte, Gastronomía, Turismo, Hotelería, etc. La Asociación de Docentes de Italiano, AUDI, viene realizando desde hace tiempo gestiones ante las diversas autoridades de la Enseñanza, gestiones que han sido apoyadas por el Cónsul y el Embajador de Italia en Uruguay. Las respuestas recibidas han sido siempre negativas por parte de la Enseñanza y se fundamentan en el simple hecho de la falta de profesores de italiano en la ciudad de Montevideo para cubrir los cargos vacantes. Los docentes de italiano han presentado un sinnúmero de propuestas para que continúe la enseñanza de esta lengua -ya sea en Primer o Segundo Ciclo, en forma curricular u opcional-, las que no han sido atendidas."

Asimismo, en este alegato quiero recordar palabras muy recientes sobre el asunto, propiedad intelectual del doctor Leonardo Guzmán las que, por insuperables y aleccionantes, le darán el significado que no podría lograr con las mías. Decía el sapiente doctor: "Ya aprendimos qué clase de in-educación genera amputar temas, desde los lejanos tiempos en que un extravío hizo que en nombre de la laicidad, se nos ocultase la filosofía aristotélico-tomista y, después, en nombre de la ciencia se nos hiciera creer que la teoría del conocimiento puede reemplazar la meditación metafísica. Ya tenemos a la vista los resultados de haber sembrado la pereza mental, a contramano de la incitación fermental de un Vaz Ferreira y con olvido sacrílego de idearios poéticos como el de Emilio Oribe, Sabat Ercasty y tantos otros. Esta supresión del italiano en Secundaria ofende, claro que sí, a la lucha por la personalidad cultural que libra Italia, similar a la de Francia, Alemania, Escandinavia y la misma Inglaterra. Pero lo malo no es sólo eso, sino que la supresión confirma la miopía cultural que denunciaron, en el hemisferio norte, un Berdiaeff o un Sorokin cuando empezó a avanzar un materialismo ramplón.

Obedece a la misma línea por la cual, junto con enseñar cada vez menos otros idiomas, vamos perdiendo las matrices del nuestro. Se nos cayeron los tildes y la zetas; la ‘v’ se confundió con la ‘b’; se nos retrajo el léxico; abandonamos las exigencias de los sentimientos normativos y acuñamos un lenguaje de mínima para un proyecto mínimo de hombre.

‘De los demás, sepamos menos: sabremos menos de nosotros mismos’. Ese parece ser el lema inspirador de decisiones deletéreas como ésta, cuya revocación por clamor cultural impetramos para no sentirnos, cada vez me-nos, nosotros mismos". Hasta aquí, el doctor Leonardo Guzmán.

Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase al Ministerio de Educación y Cultura, al CODICEN, al Consejo de Enseñanza Secundaria, a la ATD de ese nivel, a las Comisiones Departamentales de Educación, a la Asociación de Profesores del Uruguay, a FENAPES -Federación de Profesores de Educación Secundaria-, a la Asociación de Docentes de Italiano -AUDI-, al Instituto Italiano de Cultura, a la Sociedad Dante Alighieri de Mer-cedes y a las Sociedades Italianas de Mercedes y Dolores.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar los dos trámites solicitados.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) SITUACION DE LAS BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: en la medida en que el tiempo nos lo permita, vamos a plantear dos temas en esta hora previa.

En primer lugar, queremos referirnos a un asunto que es objeto de preocupación, tanto para los docentes como para los funcionarios y estudiantes de la Universidad de la República. Concretamente, estamos aludiendo a la situación por la que atraviesan las bibliotecas de dichos servicios. Reiteradamente, estudiantes, docentes y funcionarios de la Universidad de la República nos han hecho llegar planteos que tienen que ver con el equipamiento y funcionamiento de las bibliotecas universitarias, así como con las diferencias que existen entre las distintas Facultades. En algunas, señor Presidente, ya sea por la gestión de sus autoridades o por haber logrado más recursos en el presupuesto universitario, la situación, sin ser perfecta, es por lo menos aceptable; pero en otras la situación es calamitosa. No se invierte en la compra de textos que, a su vez, son exigidos como obligatorios por los docentes. El número de esos textos es insuficiente para atender los requerimientos de los estudiantes, el equipamiento es deficitario tanto para la debida conservación de los ejemplares como para el servicio de búsqueda de lectura en sala -donde la iluminación es, en muchos casos, también insuficiente- y los días y horarios de atención no se adecuan a las necesidades de los estudiantes.

Es preciso resaltar que tan valiosos servicios están atendidos, en altísima proporción, por funcionarios no docentes que realizan un esfuerzo importante para brindar el mejor servicio posible. Sin embargo, esos funcionarios -muchas veces, de edad avanzada- se ven desbordados por una demanda creciente que deben atender con recursos que son absolutamente insuficientes y muchos de ellos se encuentran en pésima situación.

Como todos sabemos -seguramente, en esta Sala hay padres con hijos en la Universidad-, el costo de los textos de estudio, en especial los de algunas carreras, es muy elevado y se torna prohibitiva su adquisición para un hogar de clase media, y no digamos ya lo que significa para uno de bajos recursos. Entonces, la biblioteca se convierte en un auxiliar indispensable para el estudiante. Sé que podrá argumentarse que en razón de situaciones como las que venimos relatando, la Universidad de la República solicita, año tras año, mayores recursos. A decir verdad, el tema de las bibliotecas queda, por un motivo u otro, siempre postergado, y cuando se emprenden acciones, ellas adquieren el ritmo universitario lo que, en buen romance, quiere decir que lo que se vaya a hacer, se hará lentamente, año a año, cuando en realidad se trata de cuestiones que por su importancia deberían ser ejecutadas mes a mes. Sería buena cosa que la Universidad de la República, en el futuro, al remitir su proyecto de presupuesto, demuestre al Parlamento sus propuestas en materia de atención a las bibliotecas, cuya realidad en el papel es una y en el mundo real otra muy distinta, en perjuicio de los estudiantes.

Estamos convencidos de que las nuevas autoridades de nuestra Universidad Mayor deberían encarar con celeridad un relevamiento de la situación de las bibliotecas de cada uno de los servicios universitarios y elaborar un plan de acción de rápida concreción, que permita a los estudiantes contar con mejores servicios y, a los funcionarios, con mejores condiciones de trabajo.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se remita al señor Rector de la Universidad de la República, al Consejo Directivo Central, a la Asamblea General del Claustro, a los Decanos y demás órganos del cogobierno universitario, y a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay.

11) DETERIORO DEL ACERVO PICTORICO DEL PALACIO LEGISLATIVO

SEÑOR PRESIDENTE.- Para referirse al segundo tema, continúa en el uso de la palabra el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: en segundo término, quiero plantear un tema relativo a esta Casa.

En oportunidad de sesionar la Comisión de Educación y Cultura del Senado en la Sala "Dardo Ortiz", varios señores Senadores -entre ellos, el señor Senador Sanguinetti y la señora Senadora Percovich- pudimos apreciar el estado preocupante en que se encuentran distintas obras pictóricas del acervo del Palacio Legislativo. En la Sala "Dardo Ortiz" hay dos pinturas de Rafael Barradas que se hallan en un estado más que preocupante. Esta situación no sólo se remite a esa Sala, ya que en otras de este edificio se encuentran obras pictóricas que no reciben un mantenimiento adecuado desde hace muchos años. Asimismo, varios de los cuadros ubicados en el Salón de Fiestas, por su tamaño, por su peso y por la imposibilidad de un mantenimiento adecuado, están teniendo serios problemas de conservación.

En consecuencia, considero que la Comisión Administrativa del Poder Legislativo debería prestar atención a este tema. Además de los excelentes servicios de los restauradores con que cuenta esta Casa -que sabemos quieren mucho a este edificio y a las obras que aquí se encuentran-, habría que consultar a expertos que, desde fuera del Palacio, pudieran ayudarnos a dedicar parte del presupuesto a la atención urgente que alguna de estas obras necesita.

Por lo tanto, señor Presidente, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Comisión Administrativa y a sus Secretarios para ver si, rápidamente, podemos concretar alguna acción en el sentido de comenzar una política de mantenimiento que este edificio -y no sólo sus pinturas- necesita con urgencia.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) REUNIONES INTERNACIONALES DE PARLAMENTARIOS ORGANIZADAS POR EL PODER LEGISLATIVO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: tuve oportunidad de participar -en la medida en que era compatible con mis ocupaciones parlamentarias- en cuatro reuniones internacionales de parlamentarios que se realizaron en este país, en este Parlamento, en esta propia sede. Así, he percibido el bajo nivel de conocimiento que se tuvo y se tiene de estos eventos.

En la tarde de hoy, simplemente, voy a hacer una reseña de los cuatro eventos realizados y espero poder, en futuras sesiones, abordar más en profundidad las conclusiones y resoluciones de cada uno de ellos, ya que se trata de temas de gran trascendencia y de una importante representación de parlamentarios de América Latina.

Durante los días 25 y 26 de setiembre se realizó el II Foro Parlamentario Iberoamericano -incluso, sesionó en este mismo Hemiciclo- que reunió a parlamentarios de América Latina, España, Portugal y Andorra. En esa oportunidad, se abordaron temas similares a los que van a ser considerados en la Cumbre de Presidentes de Naciones Iberoamericanas que comenzará esta semana. Concretamente, funcionaron cuatro Comisiones. La primera se llamó "Políticas poblacionales y desarrollo. Migración y derechos humanos"; la segunda, "Políticas de regulación e integración ante los flujos migratorios"; la tercera, "La cooperación para el tratamiento de los flujos migratorios entre Iberia y América Latina. ‘Ganadores y perdedores’ en las políticas migratorias"; y la cuarta, "Migraciones y género".

Debo señalar que el señor Presidente me ha alcanzado un muy bien presentado documento que no tenía el gusto de conocer y me pregunto si los demás colegas aquí presentes lo conocen porque, de ser así, no tendría sentido lo que dije al principio respecto al escaso conocimiento que tenemos. Celebro la publicación de este folleto en el que se incluyen las conclusiones y las declaraciones que se hicieron. Supongo que el señor Presidente ya lo ha dispuesto; de lo contrario, solicito que se distribuya a todos los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes. Debo decir que el señor Presidente del Senado participó activamente en este evento, al igual que lo hicieron el Presidente de la Cámara de Representantes, Diputado Cardozo, y algunos pocos Legisladores nacionales. No puedo mencionarlos a todos, pero lo haré cuando me refiera a este evento en una próxima sesión.

Concretamente, me voy a referir a las principales conclusiones que serán elevadas a la reunión que comienza esta semana. Simplemente voy a mencionar: acordar mecanismos de cooperación y diálogo político permanente entre los Estados en materia migratoria; integración social de los emigrantes; desarrollo de políticas administrativas y legislativas que permitan reducir los costos del envío de remesas económicas; seguir promoviendo acuerdos de seguridad social; impulsar políticas que respeten los Derechos Humanos; e impulsar, a través de acuerdos bilaterales y multilaterales de inmigración iberoamericana, el ingreso, residencia y plena integración laboral, actuando contra la economía sumergida y el tráfico y explotación de los seres humanos.

Esta fue la primera de las cuatro reuniones que se realizaron en nuestro Parlamento.

La segunda tuvo lugar los días 19 y 20 de octubre -o sea, menos de un mes después-; en esa oportunidad, se realizaron la VI Reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias y la VI Reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado. En la primera sesión contamos con muy importantes relatores, y solamente voy a mencionar algunos, porque seguramente lo abordaré con mayor detenimiento en otro momento. En la reunión sobre Respeto y Protección de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario: Caso Guantánamo -tema de enorme actualidad y significación-, el expositor fue el doctor Leandro Despouy, Relator Especial de la Organización de Naciones Unidas, conocedor en profundidad del tema y un participante en las instancias de investigación que se realizaron. También estuvo presente como observadora la señora Nadimy Perla Yore, Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la República del Paraguay.

Luego hubo una exposición muy importante sobre el Comité Internacional de la Cruz Roja y su contribución a las medidas nacionales de aplicación del Derecho Internacional Humanitario por parte de los Parlamentarios Nacionales, realizada por el doctor Gabriel Valladares, Representante Regional del Comité de la Cruz Roja Internacional. Respecto al tema "Derecho de Investigación, Expresión, Opinión y Difusión; Elaboración de Ley Marco", el Diputado Jaime Trobo -hombre que ha participado activamente, junto con el Diputado Jorge Orrico, en la Comisión de Derechos Humanos- hizo una exposición sobre "Libertad de Pensamiento y de Expresión: Las obligaciones de los Estados Latinoamericanos para garantizarlos. Su cumplimiento como garantía democrática". A su vez, el doctor Edison Lanza, del Grupo Archivo de la Información Pública, expuso sobre "Derecho de Acceso a la Información Pública".

Luego se realizó la Reunión Conjunta de las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias y Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado -es decir, las dos Comisiones del Parlatino- en la que se habló de dos temas: "Reforzamiento del rol de los Parlamentarios en la prevención de la violencia, con especial mirada hacia los jóvenes. Preparación de Seminario" y "Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas". El expositor fue un hombre de enorme conocimiento, el doctor Rodolfo Mattarollo, Subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Humanos de la República Argentina.

Finalmente, el cuarto evento que se realizó en nuestro Parlamento fue la reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Parlamento Latinoamericano, que se realizó junto con el IESALC-UNESCO, Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. En esa oportunidad, se realizó la I Conferencia Interparlamentaria de Educación Superior, en la que hubo expositores de altísimo nivel por su especialización y por su profesionalismo en los temas abordados. Al respecto, hubo una "Declaración de Montevideo" que sería bueno que la tuvieran, no sólo los especializados en el tema, sino todos, ya que abarca diversas áreas de nuestra realidad nacional. De todas maneras, abordaré este tema en próximas sesiones.

En resumen, señor Presidente, a lo largo de un mes, nuestro Parlamento organizó cuatro eventos de carácter parlamentario, con una muy importante presencia de Senadores y Representantes de prácticamente toda América Latina y, en el caso de la reunión del II Foro Parlamentario Iberoamericano, de España, Portugal y Andorra.

Asimismo, debo mencionar que estuvo presente el Senador chileno Jorge Pizarro, que tuvo entrevistas con todos los Partidos Políticos de este Parlamento para informarse e informarnos sobre las próximas actividades que tendremos, relacionadas con el Parlamento Latinoamericano, cuya Asamblea se va a reunir los primeros días de diciembre en San Pablo.

Por último, quiero destacar la labor cumplida por los funcionarios del Poder Legislativo. Tengo la certeza -porque así me lo manifestaron los participantes de los eventos y, particularmente, las autoridades del Parlamento Latinoamericano- de la profesionalidad, la dedicación y el esfuerzo que se desplegó para que las reuniones se hicieran de la mejor manera posible y con el mayor apoyo técnico. Aclaro que me estoy refiriendo a los funcionarios de la Cámara de Representantes y de Senadores y, particularmente, del Cuerpo de Taquígrafos, que cumplió una labor que realmente sorprendió a los Parlamentarios presentes. No sé cuál es la característica de este servicio en otros países, pero en Uruguay es de excelente nivel. El hecho de haber tenido de un día para el otro la versión taquigráfica de las sesiones realizadas fue una expresión de eficiencia a la que nosotros estamos acostumbrados, pero no así muchos de nuestros colegas Parlamentarios representantes de América Latina.

En suma, señor Presidente, fueron reuniones muy importantes en las que trataré de profundizar durante las próximas sesiones.

13) DENUNCIA POR USURPACION DE FUNCIONES

SEÑOR PRESIDENTE.- No hay más oradores anotados para hacer uso de la palabra en la hora previa en virtud de que el señor Senador Moreira no se encuentra en Sala.

SEÑOR KORZENIAK.- Quisiera saber si reglamen-tariamente es posible pedir para hacer uso de la palabra en la hora previa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí lo es, señor Senador.

Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Aclaro que voy a ser muy breve, señor Presidente. He tenido noticia cierta -aunque no está en mi poder el texto pertinente- de la decisión judicial por la cual no se hizo lugar a una denuncia por usurpación de funciones que un grupo de oftalmólogos -ni siquiera sé cuántos fueron, no conozco sus nombres, ni interesan- hicieron contra médicos cubanos que se encontraban en el Uruguay -según resulta de la propia resolución judicial- en cumplimiento de un convenio entre países, celebrado por razones humanitarias, para la atención oftalmológica de personas de muy bajos recursos.

Quiero manifestar mi satisfacción por la decisión judicial. En todas las profesiones -no sólo en la de los médicos, sino también en la de los abogados, los militares, los futbolistas, los arquitectos, etcétera- existen a veces sectores que consideran algo así como un coto demasiado privado y chauvinista el ejercicio de sus respectivas disciplinas.

En medicina recuerdo casos en los cuales no sólo vinieron expertos de otros países a cumplir con algunos convenios internacionales, sino también a realizar una operación o a hacer un diagnóstico de un enfermo. El Hospital de Clínicas tiene registrados cantidad de casos sin que a nadie se le haya ocurrido que un acto tan humanitario pudiera considerarse una usurpación de funciones.

Asimismo, recuerdo la visita de muchos juristas -algunos muy famosos- al Paraninfo de la Universidad, como la del propio Hans Kelsen, en las que se hicieron diagnósticos jurídicos sobre la realidad de muchos países, entre ellos el nuestro, y nadie podría decir que estaban usurpando las funciones de los juristas o abogados uruguayos. Es cierto que esos especialistas no venían a litigar, sino a asesorar o a emitir opiniones jurídicas, que no es lo mismo.

Reitero, señor Presidente, que me causa una gran satisfacción que la Justicia haya rechazado ese tipo de denuncia. Personalmente, con respecto a esos temas de apertura en materia académica, siento un particular agradecimiento hacia México, donde viví muchos años y donde, con una benevolencia a veces hasta exagerada, se me reconocieron méritos que no tenía oportunidad de certificar porque, debido a la intervención de la Facultad de Derecho, no se me concedían los documentos respectivos.

De manera que, en cuanto a ese tipo de encerramientos o enquistamientos profesionales, me parece bueno que los Jueces hayan sentado la buena doctrina. La usurpación de funciones es otra cosa. Tiene por objeto ejercer una profesión sin contar con los conocimientos suficientes, haciéndolo con dolo y no en cumplimiento de un tratado. Si una denuncia de esta naturaleza prosperase algún día en el Uruguay, tendríamos que denunciar a todos los químicos que están en nuestro país examinando si las condiciones de sanidad de nuestro ganado son correctas para llevar a cabo importaciones. Lo mismo sucede cuando se presenta alguna relación internacional que requiere la entrada de profesionales, lo que también podría considerarse una usurpación de funciones.

Por lo expuesto, señor Presidente, me voy a limitar a expresar mi complacencia por la decisión judicial. Lamento haber tenido dificultades de tiempo en el día de hoy, porque me hubiera gustado traer todo el material para comentar su fundamentación.

Simplemente, solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al Poder Judicial de nuestro país con el mensaje habitual que se envía a su órgano jerárquico, que es la Suprema Corte de Justicia.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Korzeniak.

(Se vota:)

- 22 en 24. Afirmativa.

14) REUNIONES INTERNACIONALES DE PARLAMENTARIOS ORGANIZADAS POR EL PODER LEGISLATIVO

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra para hacer un complemento a mi exposición.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARAIBAR.- Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida a la Presidencia de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la sede del Parlatino en San Pablo y a la sede de la SEGIB en Madrid.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Baráibar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

15) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente:)

"La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se modifica el sistema tributario".

- A LA COMISION DE HACIENDA.

16) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Eber Da Rosa presenta con exposición de motivos un proyecto de ley por el que se establecen normas referentes a la competencia e integración de los Gobiernos Locales.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION."

(Texto del proyecto presentado:)

"EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente anteproyecto, no pretende otra cosa que cumplir con la reforma constitucional que entró en vigencia el 14 de enero de 1997, en cuanto a la descentralización interna de los Gobiernos Departamentales.

El art. 262, inc. 4º, delegó en el Legislador Nacional la facultad de reglamentar la separación entre la competencia departamental y la municipal, y dispuso concretamente: "La ley establecerá la materia departamental y la municipal, de modo de delimitar los cometidos respectivos de las autoridades departamentales y locales, así como los poderes jurídicos de sus órganos, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 273 y 275".

De ese texto, se extraen fácilmente las siguientes conclusiones: a) Que el Constituyente encomendó un trabajo al Poder Legislativo, que lógicamente se debe cumplir; b)Que la materia departamental debe separarse de la materia local; c)Que la materia departamental debe estar a cargo del Intendente y de la Junta Departamental conforme a lo previsto en los arts. 273 y 275 de la Constitución de la República; d) Que la materia local debe estar a cargo de las Autoridades Locales.

En ese sentido, es que se instrumenta el articulado del presente anteproyecto de ley, el cual se encuentra acotado por normas constitucionales, que impiden que se adecue la normativa uruguaya, a la realidad del Derecho Comparado. En efecto, el Legislador debe establecer las previsiones en materia de competencia municipal, pero cuidando de no violentar las normas constitucionales en la materia. Y ese solo hecho, impide al Legislador adecuar nuestra estructura de gobierno local, a la que existen en países limítrofes. No obstante ello, resulta de buena política legislativa, reglamentar la competencia municipal, y darle a las Autoridades Locales, la trascendencia jurídica y política que inspiró al Constituyente de 1997.

En el mismo sentido, se establece en el presente proyecto un conjunto de normas para, en forma complementaria a la determinación de la materia departamental y la materia local de Gobierno , regular la estructura así como la forma de elección y ejercicio de atribuciones de los Órganos de Gobiernos Local o Municipal. Así, sin transgredir o afectar normas constitucionales vigentes se pretende conciliar dos objetivos, ambos absolutamente valiosos para el mejor desempeño de los Gobiernos Locales: por un lado la ejecutividad y necesaria eficiencia al servicio de los vecinos y por otro la existencia de mecanismos adecuados de control en el Gobierno Local y la participación de la comunidad. En realidad, la pequeña dimensión demográfica y territorial de los ámbitos de jurisdicción de los Gobiernos Locales o Municipales en nuestro país hace que resulte excesivo plantear la separación de funciones en Órganos diferentes, a nivel local, a efectos de la obtención de ambos objetivos.

Por otra parte se preserva en el proyecto la clara subordinación tanto administrativa como económico financiera de los Órganos Locales a las respectivas autoridades tanto en materia ejecutiva como legislativa a nivel del departamento: el Intendente y la Junta Departamental; sin perjuicio de la mayor o menor autonomía de gestión y de decisiones en el ámbito de la competencia local o municipal que se tenga.

Es por ello que en las Juntas Locales que gobiernan zonas departamentales cuya creciente población e importancia y en muchos casos por su lejanía geográfica de la capital departamental se busca que el Presidente tenga las funciones ejecutivas y en el caso de las Juntas Autónomas es electo por la comunidad, mientras que los restantes miembros designados por la Junta Departamental a propuesta del Intendente tienen facultades de control sobre la gestión de la Junta y las atribuciones del Presidente, incluso de acusarlo ante la Junta Departamental o el Intendente. El actual régimen absolutamente colegiado en la composición y en la toma de decisiones de gestión y ejecutivas en las Juntas Locales es una rémora del pasado que nuestro Constituyente derogó, por ineficiente, en la reforma constitucional de 1996 a nivel de los Órganos de Gobierno Ejecutivo Departamentales y Nacional, sin embargo lo mantuvo para los gobiernos locales, quizá por desconocer en aquella época la importancia que han ido adquiriendo con el tiempo estas poblaciones o zonas geográficas locales.

En 1996 sin embargo, el Constituyente estableció en el artículo 287 que las autoridades locales podrán ser Unipersonales o Pluripersonales, recogiendo el creciente reclamo de mayor ejecutividad y dinámica en los Órganos de Gobierno Local que surge de las propias poblaciones que se sienten perjudicadas por las indecisiones y muchas veces estériles enfrentamientos internos, en la medida en que las tareas ejecutivas municipales deban ser objeto de decisiones a nivel de un órgano colegiado.

Finalmente se mantiene en el proyecto la vigencia de las llamadas Juntas Locales Electivas, que a nuestro entender enfrentan los mismos problemas y quizás en mayor intensidad al ser todos sus miembros electivos, respetando la disposición transitoria Letra Y Numeral 1 de la Constitución. Pero sí se diferencian las funciones ejecutivas del Presidente de las de control de los demás miembros también electivos, buscando los mismos objetivos de ejecutividad por un lado y de garantías de control por otro.

En todos los casos se pasa de denominar a los miembros de las Juntas Locales, tanto Simples o Comunes, como Autónomas como las electivas, llamándolos Comunos Locales a efectos de diferenciar claramente la naturaleza de sus funciones y competencias de la de los miembros de las Juntas Departamentales llamados Ediles Departamentales. En la actualidad la común denominación de Ediles sumado a que los Órganos de Gobierno , Juntas Departamentales y Juntas Locales son comúnmente conocidas como Juntas lleva frecuentemente a confusiones, dudas y fuertes conflictos a nivel de las poblaciones e incluso a nivel de autoridades en forma frecuente.

Eber Da Rosa. Senador.

GOBIERNOS LOCALES: COMPETENCIA E INTEGRACION

COMPETENCIA DEPARTAMENTAL Y

COMPETENCIA MUNICIPAL

Art. 1º.- (Tipos de competencia). Dentro del Gobierno Departamental, existen dos tipos de competencia; la departamental y la municipal.

La delimitación de cada una de esos tipos de competencia, dependerá de la materia que trate y del territorio donde pueda ser ejercida.

Art. 2º.- (Concepto). Se denomina competencia departamental, al conjunto de actividades que están a cargo del Intendente y de la Junta Departamental, y se ejercen dentro del territorio departamental; y competencia municipal, al conjunto de actividades que están a cargo de las Autoridades Locales, y se ejercen dentro de la circunscripción que corresponda a cada una de ellas.

Art. 3º.- (Competencia departamental). Es el conjunto de actividades que corresponden al Intendente y la Junta Departamental, conforme a lo previsto en los arts. 273 y 275 de la Constitución de la República, y en las normas legales que correspondan.-

Art. 4º.- (Competencia municipal). Compete a las Autoridades Locales:

1) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos de la Junta Departamental y las Resoluciones del Intendente y de la Junta Departamental.

2) Ser ordenador secundario de gastos, en los términos previstos en el art. 29 del TOCAF. Esta facultad no podrá ser delegada.

3) Tener la facultad jerárquica y de supervisión de los funcionarios de su dependencia, sin perjuicio de la facultad que le corresponde al Intendente conforme al art. 275 nral. 54º de la Constitución de la República.

4) Preparar su presupuesto y remitirlo al Intendente para su consideración, en los términos y plazos previstos por la Constitución de la República.

5) Emplear los recursos que le asigne el presupuesto para cubrir los servicios y necesidades de su jurisdicción.

6) Fijar los precios por utilización o aprovechamiento de los bienes o servicios municipales dentro de su jurisdicción, y celebrar contratos con referencia a ellos.

7) Percibir los tributos, rentas, precios, tarifas dentro de su jurisdicción, informando anualmente al Intendente al final de cada ejercicio, sobre las sumas percibidas, porcentaje de morosidad, y medidas que se hayan adoptado o se proyecten para el estricto cumplimiento de la obligación de pago de los contribuyentes.

8) Imponer en su jurisdicción las multas por infracciones de carácter municipal, y proceder a su cobro.

9) Representar a la autoridad local en todo lo referido a su competencia.

10) Requerir el auxilio de la fuerza pública siempre que lo crea necesario para el cumplimento de sus funciones.

11) Suministrar al Intendente o a la Junta Departamental, los informes que se le soliciten, dentro del término de veinte días hábiles siguientes a la recepción de las solicitudes.

12) Administrar las propiedades del Gobierno Departamental en la jurisdicción de la Autoridad Local, proveyendo a su conservación y mejora, así como a proveer al cuidado, mantenimiento y conservación de todos los establecimientos y obras departamentales.

13) Velar, sin perjuicio de las atribuciones del Intendente, por la conservación de las playas fluviales, así como de los pasos, calzadas y puentes de ríos o arroyos:

a) Prohibiendo la extracción de tierra, piedras y arena dentro del límite que juzgue necesario para la defensa de los terrenos ribereños.

b) Haciendo o disponiendo que se hagan plantaciones destinadas a defender los terrenos de la invasión de las arenas, y a sanear las playas y defender las costas.

c) Evitando la destrucción de las zonas boscosas situadas en terrenos ribereños o adyacentes de propiedad departamental, que por su conformación hermosean las costas o resulten defensivas para la conservación de las playas.

14) Ejercer la policía higiénica y sanitaria de la Autoridad Local, sin perjuicio de la competencia que le correspondan al Intendente o autoridades nacionales en su caso; siendo de su cargo:

a) La adopción de medidas y disposiciones tendientes a coadyuvar con las autoridades departamentales o nacionales, para combatir epidemias, disminuir sus estragos y evitar o remover sus causas.

b) La desinfección del suelo, del aire y de sus aguas.

c) La vigilancia y demás medidas necesarias para evitar la contaminación de las aguas;

d) La limpieza de las calles y de todos los sitios de uso público.

e) La extracción de basura domiciliaria y su traslación a puntos convenientes para su destrucción, transformación o incineración.

f) La inspección periódica y permanente de fincas arrendadas, pensiones, moteles, establecimientos comerciales o industriales, a los efectos de controlar su estado y funcionamiento.

g) La inspección y análisis de toda clase de substancias alimenticias o bebidas, a efectos de exigir el cumplimiento estricto de las normas sobre bromatología,

h) La inspección veterinaria y adopción de las medidas que juzgue necesarias para garantizar la sa-lud pública; previa consulta y coordinación con el Intendente y con el Ministerio de Salud Pública.

15) Organizar y cuidar la vialidad pública, urbana, suburbana y rural de su jurisdicción, para el buen cumplimiento de la normativa departamental y nacional en vigencia.

16)Proveer lo relativo al alumbrado, pavimentación o arreglo de toda las vías indicadas, y de las plazas y paseos, según las necesidades y recursos locales.

17)Hacer cumplir las normas de tránsito y servicios de transporte de pasajeros y carga, todo de conformidad a las ordenanzas departamentales, y ordenar el establecimiento de vehículos en los lugares de uso público.

18)Organizar, administrar, vigilar y controlar la utilización de Cementerios Municipales, para lo cual deberá:

a) Adjudicar derechos de uso de locales y sepulturas de acuerdo con los reglamentos.

b) La colocación y cuidado de los monumentos.

c) La adopción de medidas para asegurar el orden y respeto.

19) Establecer, suprimir o trasladar, tabladas, corrales de abasto, mataderos y plazas de frutos municipales, y cuidar de su régimen administrativo, de conformidad con las normas nacionales y departamentales que regulen dicha materia.

20) Realizar actividades culturales, y colaborar con todos los eventos de esa naturaleza que se programen o celebren en su jurisdicción.

21) Organizar las fiestas y celebraciones nacionales, y cooperar con todo aquel evento que se considere beneficioso para la autoridad local.

22) Ejecutar las obras que haya dispuesto dentro de sus atribuciones, o las que disponga el Intendente, por su competencia departamental.

23)Elevar anualmente al Intendente, dentro de los 40 días del comienzo del año civil, una memoria que comprenda los trabajos y proyectos realizados en el año anterior, así como un detalle de los que se proyecta para el año futuro.

24) Designar Comisiones de Apoyo Honorarias, a los efectos del cumplimiento y organización de eventos o acontecimientos culturales, sociales o festivos.

25) Fomentar la forestación, atendiendo preferentemente a la conservación y aumento de los montes municipales, y estimulando en el mismo sentido, la acción de los particulares.

Art. 5.- (Delegación). La Autoridad Local ejercerá además, las atribuciones que le sean delegadas conforme al art. 262, inc. 4º de la constitución de la República.

Art. 6.- (Jerarquía Administrativa). Sin perjuicio de los distintos grados de desconcentración que reconoce el Artículo 288 de la Constitución, todas las autoridades locales estarán sometidas a la jerarquía del Intendente, el cual será competente, de oficio o a través del recurso de apelación según corresponda, para examinar su actuación.

DE LAS AUTORIDADES LOCALES: SU INTEGRACION

Art. 7.- En atención al número de sus componentes ( Artículo 287 de la Constitución ) las autoridades locales podrán ser: unipersonales o pluripersonales, denominándose Alcaldes en el primer caso y Juntas Locales en el segundo caso.

En atención a su competencia ( Artículo 288 de la Constitución ) las autoridades locales podrán ser: de competencia simple o común, actuando como autoridad delegada del Intendente, que será el caso de los Alcaldes y el de las llamadas Juntas Locales simples o comunes, o podrán ser de competencia autónoma o ampliada en cuyo caso se denominarán Juntas Locales Autónomas y Juntas Locales Electivas.

Art. 8.- (Alcaldes). Los Alcaldes solo podrán ser designados por el Intendente mediante Resolución fundada, con comunicación a la Junta Departamental y tratándose de poblaciones inferiores a mil quinientos habitantes. En todos los casos los designados deberán ser funcionarios municipales con no menos de cinco años de antigüedad.

Art. 9.- (Juntas Locales Simples o Comunes). Las Juntas Locales Simples o Comunes se podrán integrar por tres o cinco miembros, en atención a la importancia de la localidad y sus miembros; se denominarán Comunos Locales, serán designados por la Junta Departamental, mediante mayoría absoluta y serán propuestos por el Intendente.

Art. 10.- El Presidente de la Junta Local será el primer nombre propuesto en la nómina enviada por el Intendente a la Junta Departamental. En caso de acefalía transitoria lo será el Comuno Local propuesto en segundo lugar en dicha nómina y en caso de acefalía definitiva el Intendente designará al nuevo Presidente de entre los Comunos Locales, tanto titulares como suplentes, que fueron oportunamente designados por la Junta Departamental.

Art. 11.- (Juntas Locales Autónomas) Las Juntas Locales Autónomas estarán integradas por cinco miembros denominados Comunos Locales, de los cuales cuatro serán designados por la Junta Departamental, por mayoría absoluta de sus integrantes y previa propuesta de los nombres por parte del Intendente. En tal caso se respetará en lo posible la proporcionalidad de la representación de los partidos en el Órgano Legislativo Departamental. A su vez el Presidente de la Junta Autónoma, que también la integrará, será electo directamente por los vecinos.

Art. 12.- (Elección de Presidente de Junta Local Autónoma) El Presidente y tres suplentes respectivos, serán elegidos por los vecinos habilitados a sufragar dentro del ámbito territorial de competencia de la Junta Local Autónoma respectiva, el mismo día de la elección departamental, en hojas separadas de votación, debiendo corresponder éstas al mismo Lema partidario correspondiente a la hoja de elección del Intendente y de la Junta Departamental.

Art. 13.- ( Subrogación de los Miembros de la Junta Local Autónoma ). Tratándose del Presidente de la Junta Local Autónoma, si se produce una vacancia temporal asumirá transitoriamente el suplente correspondiente electo en la hora de votación respectiva y en caso de agotarse la lista de suplentes será la propia Junta Local la que designará , de entre sus miembros titulares, al subrogante temporal. Si la vacancia es definitiva deberá asumir como Presidente el suplente correspondiente de acuerdo a la hora de votación en la que fuera electo y si, se agotara la lista de suplentes quedará como Presidente el Comuno Local titular de la Junta que sea designado por el Intendente, con comunicación a la Junta Departamental. Si la vacancia fuera de uno de los restantes Comunos, designados en su momento por la Junta Departamental, asumirá el suplente correspondiente de acuerdo a la nómina oportunamente propuesta por el Intendente a razón de tres suplentes respectivos por cada candidato titular designado.

Art. 14.- (Juntas Locales Electivas ). Tendrán la misma competencia y atribuciones de las Juntas Locales Autónomas, tendrán cinco miembros y todos ellos serán electos directamente por los vecinos habilitados a sufragar dentro del ámbito territorial de jurisdicción de la Junta Local, conforme a lo dispuesto por la disposición transitoria Letra Y Numeral 1 de la Constitución de la República.

Art. 15.- ( Funciones del Presidente de la Junta Local sea Simple, Autónoma o Electiva ) Al Presidente de la Junta Local corresponderá, actuando conjuntamente con el Secretario de la Junta:

A) El ejercicio exclusivo de las funciones ejecutivas y administrativas correspondientes a la Junta.

B) La actuación como jerarca inmediato de los funcionarios de la misma, dando cuenta a los demás miembros de la Junta.

Suscribir las resoluciones y comunicaciones que emanen de la Junta.

Coordinar acciones con la Intendencia del Departamento.

Ejercer la representación de la Junta Local ante las auoridades, instituciones u organizaciones, sean locales, departamentales o nacionales, en el marco de la competencia local de la Junta.

Integrar o en su caso designar técnicos que represen-ten al Gobierno Local en instituciones, equipos o agencias para la coordinación y promoción del desarrollo regional con la participación de otros representantes de gobiernos a nivel local, departamental e incluso nacional.

Art. 16.- ( Funciones de los demás miembros de las Juntas Locales: Simples, Autónomas o Electivas ) A los restantes Comunos Locales integrantes de la Junta Local, corresponderá:

a) Colaborar con el Presidente para el normal desempeño de la Junta, así como realizar todas aquellas tareas que, siendo competencia del Presidente de la Junta, le sean encargadas o delegadas circunstancialmente por éste.

b) Requerir al Presidente de la Junta cualquier información necesaria para el desempeño de su función.

c) Presentar en las Sesiones de la Junta proyectos, iniciativas, y en su caso denuncias o quejas que provengan de la comunidad sobre la gestión de la Junta.

d) Ejercer control sobre el ejercicio de las funciones que haga el Presidente en el marco de lo establecido en el artículo anterior y de la competencia que tenga la Junta como Organo de Gobierno Local.

e) En su caso, denunciar en la Junta Local la existencia de actos arbitrarios , inconvenientes, ilegales o inconstitucionales realizados por el Presidente en el ejercicio de su cargo.

Art. 17.- ( Responsabilidad política de las autoridades locales electivas ) Los Presidentes de las Juntas Locales Autónomas así como los Presidentes y demás Comunos Locales de las Juntas Electivas podrán ser acusados ante la Junta Departamental , por violación de la Constitución u otros delitos graves, por un tercio de los integrantes del Cuerpo al que pertenecen y, previa sustanciación de las actuaciones con arreglo al principio del debido proceso, podrán ser destituidos por dos tercios de componentes de la Junta Departamental.

Art. 18.- (Vínculo Jerárquico Departamental ) Los Órganos de Gobierno Local sean Unipersonales o Pluripersonales siempre estarán afectados a la dependencia administrativa así como económico financiera respecto del Gobierno Departamental.

Art. 19.- (Transferencia de Recursos Financieros ). La Autoridad Local deberá entregar al Gobierno Departamental, dentro de los sesenta días del cumplimiento del ejercicio anual, el treinta por ciento (30%) de los ingresos que haya percibido, cualquiera fuere su origen. A su vez, la Intendencia deberá transferir periódicamente a los Órganos de Gobierno Local el porcentaje que le corresponda a cada uno, de las partidas transferidas por el Gobierno Nacional al Gobierno Departamental; pudiendo acordarse fórmulas de compensación entre la Intendencia respectiva y las Juntas Locales que deban realizar transferencias de rentas locales.

Art. 20.- ( Vigencia ) La presente Ley entrará en vigencia en oportunidad de las elecciones departamentales que tengan lugar, en forma inmediata, después de la promulgación de la misma.

Eber Da Rosa. Senador."

17) USURA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día para considerar el asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se establecen normas para atender la problemática de la usura (Carp. Nº 344/05 - Rep. Nº 335/06)".

(Antecedentes: ver 47ª SO)

- Continúa la discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: desde la última sesión en que se trató este tema, nos han aportado pequeñas modificaciones -en algunos casos un poco más significativas- que quería adelantar para obviar un debate sobre aspectos en los que hay acuerdo para llevar a cabo modificaciones o eliminaciones.

Recuerdo a los señores Senadores que estamos trabajando con el Repartido Nº 335, que tenía incorporadas varias modificaciones que fueron autorizadas por la Comisión debido a las consultas realizadas con el Ministerio de Economía y Finanzas, fundamentalmente por el señor Senador Alfie y otros señores Senadores.

En el literal e) del artículo 2º, que fue una incorporación hecha a sugerencia del Ministerio de Economía y Finanzas, hay un error. Donde dice "cuando el crédito fuera inferior al equivalente a 2.000.000 U.I.", debería decir "cuando el crédito fuera superior al equivalente a 2.000.000 de U.I.". La idea es que, en el caso de los créditos entre empresas superiores a determinado monto, los actores tienen suficiente solvencia como para hacer acuerdos y moverse en el mercado con tasas de interés superiores. No existe aquí el interés de protección de los pequeños prestatarios que pueden tener algún problema de identificación de la naturaleza del acuerdo que están logrando. Esa es la corrección que queríamos realizar.

Por otra parte, el artículo 12 es una autorización al Banco Central para que, como tasas de referencia, no sólo discrimine entre créditos al consumo, créditos a las empresas y otros créditos, sino que pueda hacer discriminaciones más finas en subgrupos. El final del segundo párrafo está subrayado y dice "pudiendo identificar diferentes subgrupos de acuerdo a la modalidad de crédito". El señor Senador Michelini, por su parte, sugirió que a continuación se agregara "garantías o montos del crédito". Por lo tanto, quedaría redactado: "pudiendo identificar diferentes subgrupos de acuerdo a la modalidad, garantías o montos del crédito".

En el artículo 14, literal b), donde dice: "No podrán excluirse los gastos fijos", el señor Senador Michelini plantea el siguiente agregado -evidentemente, aquí hay un problema de redacción-: "por la concesión de un nuevo crédito hasta transcurridos sesenta días", y luego continúa el texto tal como está.

En el literal e) del mismo artículo, que hace referencia a las exclusiones de las primas de los contratos de seguros, la sugerencia del señor Senador Michelini es facultar el cálculo de la tasa al Banco Central del Uruguay, porque dice: "provistos por empresas aseguradoras registradas en el Banco Central, quien podrá" -agrega el vocablo "podrá"- "determinar un tope para las mismas".

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa solicita al señor Senador Rubio que repita la modificación planteada.

SEÑOR RUBIO.- Lo que sostiene el señor Senador Michelini es que si el mercado está funcionando normalmente, no es necesario fijar topes en forma preceptiva, sino que para ello se faculte al Banco Central. Entonces, la redacción diría: "provistos por empresas aseguradoras registradas en el Banco Central, quien" -es decir, el Banco Central- "podrá determinar un tope para las mismas". Reitero que se incorpora el vocablo "podrá".

SEÑOR ABREU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RUBIO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: en la misma orientación, quiero señalar que lo importante es que los contratos de seguros para la conformación o el cálculo de la tasa o de la usura, deberían ser separados de alguna manera porque hay distintos tipos de contratos y seguros que tienen montos muy importantes. Entonces, a los efectos de poder dejar cierta discrecionalidad, compartimos el criterio de agregar el vocablo "podrá" y, por tanto, el Poder Ejecutivo -en este caso, el Banco Central- estará en condiciones de manejarse con distintas modificaciones.

Nada más, muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- En la misma línea, en el literal c) del artículo 15, el señor Senador Michelini plantea la misma modificación, por lo que la redacción diría: "Las primas de los contratos de seguros, provistos por empresas aseguradoras registradas en el Banco Central, quien podrá determinar un tope para las mismas".

SEÑOR ALFIE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RUBIO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- En el literal b) del artículo 14 se dice que no podrán excluirse los gastos fijos por la concesión de un nuevo crédito hasta transcurridos sesenta días. Sugiero que esto debería repetirse en el literal b) del artículo 15, porque es simétrico. Si bien son dos situaciones diferentes, se tratan igual pero con límites distintos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Estamos totalmente de acuerdo con la propuesta del señor Senador Alfie, de la que supongo que se habrá tomado nota por Secretaría.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa solicita al señor Senador Alfie que reitere su propuesta.

SEÑOR ALFIE.- En el literal b) del artículo 15, en la última frase se dice: "No podrán excluirse los gastos fijos", y a continuación sugiero que se agregue: "por la concesión de un nuevo crédito hasta transcurridos sesenta días". Reitero que eso es simétrico -o espejo- con el literal b) del artículo 14, con la única diferencia de que son para situaciones distintas.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa ha tomado nota de la propuesta.

Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- En el artículo 16, en su primer párrafo, luego de donde dice "artículo 11", el señor Senador Michelini sugiere que se agregue lo siguiente: "El importe así calculado se corresponde con el total de las cuotas sociales durante la vigencia del crédito". Esto tiene que ver con el cobro de las cuotas sociales por parte de cooperativas o seudocooperativas en distintas oportunidades, para diferentes créditos, que terminan significando un gran monto. Luego propone agregar: "No podrá cobrarse un nuevo importe por este concepto, mientras esté vigente una operación por la cual ya se abonan cuotas sociales". La idea es que no se fraccione el crédito para cobrar varias veces las cuotas sociales.

Asimismo, el señor Senador Michelini plantea algo más conceptual en el caso del artículo 20, que fue objeto de un extenso debate en la Cámara de Representantes y que refiere a los créditos pequeños, en aquel momento menores a U$S 1.000, y que aquí se mencionan como equivalentes a 20.000 Unidades Indexadas. De alguna manera, fijaría un monto más allá del cual no se puede seguir incrementando el volumen de los recargos. En el segundo párrafo del artículo 20 se dice: "Esta disposición se aplicará a las obligaciones aún no extinguidas a la fecha de vigencia de la presente ley". Este es un tema complejo desde el punto de vista jurídico y reitero que fue extensamente discutido en la Cámara de Representantes. Es más, se podría interpretar como retroactivo y, entonces, generar dificultades e impugnaciones de diversa naturaleza. Esta es la preocupación que trasladaba el señor Senador Michelini y, por tanto, no tenemos problema en incluir su propuesta.

En el artículo 23 hay otra errata. En su último párrafo se dice: "En los casos en que exista usura, ésta será relevada de oficio aplicándose la sanción dispuesta en el artículo 20 de la presente ley". En este caso, se debe decir "artículo 21".

En el artículo 25, literal c), que refiere a las multas, el señor Senador Michelini propone modificar las 100.000 Unidades Indexadas por 5.000 Unidades Indexadas, en el entendido de que un piso de 100.000 unidades indexadas para establecer multas no da márgenes a quien ejecuta porque es un monto significativo. Por lo tanto, reitero, no sería conveniente fijar un piso tan alto, ya que habría que dar márgenes a quien hace la ejecución correspondiente.

En el artículo 27 los señores Senadores Michelini y Abreu plantean la eliminación del párrafo que dice: "La falta de cumplimiento de estas obligaciones hará presumir la existencia de intereses usurarios", porque se entiende que, en este caso, el Juez tiene facultades para poder determinar si hay usura o no.

Confieso que no tengo inconveniente en apoyar estas modificaciones, si bien advierto que lo que me ofrece más dudas -me gustaría escuchar la opinión de otros señores Senadores- es la que se propone para el artículo 20. Pediría a los señores Senadores Breccia, Korzeniak o Abreu que emitieran una opinión sobre si, en realidad, la frase que establece que el límite para los pequeños créditos se aplicará para las disposiciones aún no extinguidas a la fecha de vigencia de la presente ley, provoca una complejidad muy grande desde el punto de vista de sus consecuencias jurídicas. En cierto sentido es similar a lo que se ha hecho tantas veces en el Uruguay con las leyes de refinanciación que, en realidad, están considerando un crédito que fue concedido en determinado momento con una tasa de interés y determinados recargos, pero en cierta instancia eso se modifica por la vía legislativa.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: otra modificación sugerida por el señor Senador Abreu al artículo 26 tiene que ver con la información al fiador. Esta disposición dice: "El incumplimiento de esta obligación impedirá toda acción contra el fiador" -esto es, si no se le comunica que no se está pagando- "hasta que se acredite haber cumplido con la misma. Si la comunicación se realizara después de transcurridos 30 días del plazo establecido sólo podrá reclamarse al fiador el pago de interés de mora desde el momento de la comunicación". El señor Senador Abreu considera que el plazo de 30 días es demasiado limitado y debería hacerse referencia a 60 días hábiles.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR ABREU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: en realidad, creemos que este artículo excedería la naturaleza del contrato de usura e iría hacia una modificación de los Códigos de Comercio y Civil, sobre todo estableciendo en esta relación contractual una prescripción brevísima o una sanción muy grave, estipulando un plazo de 30 días en el que queda absolutamente enervado el derecho del fiador; estamos entrando en el contrato de fianza y, por tanto, este plazo podría aplicarse aun en las circunstancias en las que no existiera una tasa de usura en el contrato. Simplemente, si no se hace la comunicación, a los 30 días surgirían problemas.

Sin perjuicio de creer que este artículo podría suprimirse por generar inseguridad jurídica a la relación acreedor-deudor, consideramos que no sería conveniente establecer un plazo de 30 días. Podríamos llevarlo a 60 días a fin de que el fiador pueda contar con cierto "aire" -por decirlo de alguna manera- en el momento en que su relación accesoria al contrato principal pueda ser afectada por el incumplimiento.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: en la medida en que estamos pasando a considerar los artículos en forma particular, propongo votar en general el proyecto de ley y estudiar los artículos que generan observaciones, que estarían siendo aceptadas, salvo en lo que hace a dos o tres disposiciones sobre las que queremos abordar una discusión un poquito más profunda. Entonces, luego de votar en general, podríamos aprobar en bloque los artículos que no presentan problemas y desglosar aquellos que sí los generan, para luego estudiar en forma individual cada uno de ellos. Eso me parece lo más lógico, señor Presidente.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: no voy a hacer una exposición sobre el alcance de la iniciativa, que sí voy a votar en general. El señor Senador Rubio formuló una especie de pregunta y señaló que le gustaría oír la opinión de varios señores Senadores sobre un párrafo concreto del artículo 20, que dice: "Esta disposición se aplicará a las obligaciones aún no extinguidas a la fecha de vigencia de la presente ley." Es así que voy a dar mi opinión desde el punto de vista jurídico constitucional, dejando de lado la discusión acerca de si la norma es conveniente o no, porque el que está de acuerdo opinará que sí y el que no lo está, dirá lo contrario.

Los principios que podrían estar tocados en este artículo son dos. Uno de ellos es muy llevado y traído en el Uruguay -hasta en los programas de fútbol- y refiere a la irretroactividad de la ley. El otro se maneja mucho en el ámbito de los economistas, que aluden a la intangibilidad de los contratos. Una vez que los contratos se celebraron, hasta que no terminen, hay que cumplirlos. Cualquiera de esos dos principios, reitero, podrían estar tocados. Al respecto, quiero señalar que la opinión inveterada de la Suprema Corte de Justicia -muchas personas la comparten y otras no-, reiterada y pacífica, consiste en que ninguno de los dos principios tiene rango constitucional, sino legal y, por lo tanto, otra ley los puede modificar.

El principio de que las leyes no tienen efecto retroactivo está en el Título Preliminar del Código Civil y, en este sentido, podemos decir que en el Uruguay se han aprobado Rendiciones de Cuentas y Presupuestos en los que se señala que esta ley se aplicará desde tal o cual fecha, por ejemplo, seis o siete meses antes. Eso no demuestra más que el rango legal es el del principio de irretroactividad. En nuestro país, más de una vez se propuso darle rango constitucional y ello siempre fue rechazado.

El segundo principio también es de rango legal y aun allí se discute si existe; me refiero a la intangibilidad de los contratos. Más bien, se trata de un principio muy defendido por la teoría económica del liberalismo más o menos extremo o del neoliberalismo, que no figura en la Constitución. Ningún artículo o principio constitucional señala que los contratos no pueden ser modificados por ley. Tan así es que ahora me voy a referir -admitiendo que no todo el mundo opina lo mismo- a la jurisprudencia pacífica, constante, reiterada y aún reciente de la Suprema Corte de Justicia, toda vez que se ha atacado algún artículo por irretroactividad o intangibilidad de los contratos. En las décadas de los años 40, 50 y 60 había muchísimos propietarios que impugnaban las leyes denominadas "de Alquileres" o "de Desalojos", que permitían que cuando el inquilino daba un aumento razonable, el plazo del contrato caía y, por ley, se prolongaba por un año, por dos o por el tiempo que fuera. No sé cuántas veces se dio esta situación -ello está registrado porque fueron muchos los casos que se plantearon-, pero lo cierto es que siempre perdieron quienes impugnaban la constitucionalidad de esos artículos que presuntamente atacaban los dos principios: la intangibilidad del contrato -porque la ley lo modificaba- y la irretroactividad, porque se trataba de contratos ya vigentes.

Algo similar ocurrió con las leyes de refinanciación citadas por el señor Senador. En los últimos años se aprobaron cuatro y fueron impugnadas. Incluso, algunas fueron impugnadas por los Bancos Central del Uruguay y de la República Oriental del Uruguay, así como por la banca privada, aduciendo que al perder los intereses de mora y al bajarse tal o cual cosa, se estaban afectando no sólo estos dos principios, sino también el derecho de propiedad. Invocaban esto y decían que se les estaba quitando parte de los intereses sin indemnización, que es lo que estipula el artículo 32 cuando se expropian propiedades. Sin ninguna excepción, la Suprema Corte de Justicia -al margen de que se tratara de leyes buenas, malas, saludables, beneficiosas o no- declaró que no había ninguna inconstitucionalidad. De manera que no hay ningún riesgo si una norma legal establece que se aplica a contratos ya existentes o a situaciones que aún no han extinguido sus efectos, es decir, contratos que todavía no han terminado.

No obstante, quiero decir que este tema es discutido a nivel de la doctrina. Algunos opinan -no lo comparto- que si bien el principio de irretroactividad está contemplado en el Código Civil -que tiene valor de ley-, figura en el Título Preliminar, que expresa principios generales de Derecho. Esta es una opinión que, reitero, no comparto, pero lo importante es que la Suprema Corte de Justicia -insisto en que mi aporte es a título informativo- declara que esta clase de artículos es constitucional y no inconstitucional.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: tengo una duda con respecto al desarrollo que hacía el señor Senador Korzeniak. Se hizo referencia al artículo 20, relativo al devengamiento de intereses moratorios en pequeños créditos pero, por ejemplo, en el artículo 22 hay una disposición de naturaleza penal. También es un principio general la retroactividad de la ley penal cuando es más benigna, pero en este caso esto puede afectar determinadas situaciones que hoy, por el Derecho Positivo vigente, no estarían tipificadas como delito. Me refiero, por ejemplo, a las operaciones de crédito en venta de bienes o de servicios, que no estaban alcanzadas por las disposiciones anteriores. Entonces, aquí me surge la duda de si no estaríamos entrando en un terreno en el que se atentaría contra derechos fundamentales de la persona, al no tenerse en cuenta una disposición que no existía cuando se pactaban determinadas operaciones de crédito. Es decir que si ese criterio se hiciera extensivo, me surge la duda de si no podríamos estar atentando contra algún principio de seguridad jurídica, en virtud de que hay una figura penal en una de las disposiciones.

Simplemente, esta era la precisión que quería hacer.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: como hemos avanzado mucho en el tema y sabemos que habrá discusión sobre algunos de sus detalles, sugeriría que votáramos en general el proyecto de ley y desglosáramos los artículos en los que tengamos algún tipo de problema.

(Apoyados)

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: me voy a amparar en lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento porque, de alguna manera, directa o indirectamente, tengo alguna relación -y la seguiré teniendo- con el sector financiero. Por lo tanto, me abstendré de votar este proyecto de ley sin perjuicio de que, como todos saben, trabajé en la Comisión tratando de aplicar mi conocimiento, y lo hice con la tranquilidad de que, siendo absoluta minoría, todas las cosas que proponía siempre podían ser evaluadas desde el punto de vista meramente técnico y no político.

Esta era la aclaración que quería hacer y, en particular, me abstendré de votar este proyecto de ley.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero decir que el artículo 97 refiere al caso de quien tenga un interés personal, por lo cual no debe votar. Sin embargo, no creo que esté autorizando la abstención; me parece que la Cámara debe autorizar al señor Senador Alfie para que pueda votar sin ningún problema. Esto es lo que hemos hecho siempre en esos casos porque, en realidad, cabe preguntarse ¿cuál es la abstención en el Senado?

Entonces, propongo que la Cámara autorice al señor Senador Alfie a que participe y vote sin pruritos de ninguna clase.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción del señor Senador Korzeniak en el sentido de que el señor Senador Alfie pueda votar esta iniciativa.

(Se vota:)

- 24 en 25. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 23 en 25. Afirmativa.

En discusión particular.

La Mesa consulta a los señores Senadores cuáles son los artículos que se van a desglosar.

SEÑOR MICHELINI.- Serían los artículos 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 26 y 27.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Entiendo que no sería necesario desglosar el artículo 22, ya que la modificación sería únicamente la siguiente: cuando dice "el artículo 11 de la presente ley", habría que cambiar el número, por lo que quedaría "el artículo 10 de la presente ley". Este fue un error tipo dominó a raíz de la eliminación de un artículo en el transcurso de la elaboración del proyecto de ley, por lo cual quedaron mal las referencias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Algo similar se había propuesto con respecto al último párrafo del artículo 23, donde se hace referencia al artículo 20 de la presente ley, pero debería sustituirse por la mención al artículo 21.

SEÑOR RUBIO.- Efectivamente, señor Presidente: en el artículo 23, donde dice "artículo 20", debería decir "artículo 21" y, repito, en el artículo 22, donde dice "artículo 11", debería decir "artículo 10".

Aprovecho para hacer notar otro error que figura en la mitad de la página 11, en el apéndice "Determinación de la tasa implícita definida en el artículo 10". Donde dice "que surge de la en la ecuación", obviamente, debemos eliminar la expresión "en la".

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: el señor Senador Abreu me está sugiriendo que tratemos en primer lugar los artículos desglosados para luego poner a votación los otros. Aclaro que no tenemos ningún inconveniente en que se proceda de esa manera.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, se pasa a considerar el artículo 12.

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 12.- (Determinación de las tasas medias de interés). A efectos de determinar las tasas medias de interés a que refiere el artículo 11 de la presente ley para su publicación, el Banco Central del Uruguay considerará las operaciones de créditos concedidos a residentes del sector privado no financiero informadas por las instituciones de intermediación financiera que operan en el mercado local. A estos efectos excluirá aquellas operaciones de crédito que entienda que, por sus características, distorsionan la realidad del mercado.

El Banco Central del Uruguay publicará las tasas medias de interés diferenciando por plazo, moneda y destino del crédito. En relación con el destino del crédito, deberán informarse las tasas medias de interés, para, al menos, tres grupos de prestatarios: familias, micro y pequeñas empresas y restantes empresas, pudiendo identificar diferentes subgrupos de acuerdo a la modalidad de crédito.

Cuando no se contare con suficiente información para la determinación de las tasas medias para algún plazo, moneda, destino o modalidad del crédito, el Banco Central del Uruguay podrá determinar la tasa de interés que considere más representativa. Asimismo, el Banco Central podrá publicar tasas medias de interés según modalidad y monto del crédito."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: me voy a referir primero a las cosas menos importantes y luego a las más importantes.

Después de la expresión "residentes del sector privado no financiero" iría una coma. Asimismo, al final del inciso tercero iría otra coma luego de la expresión "tasas medias de interés según modalidad", continuando la frase de la siguiente manera "garantías y monto del crédito."

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador Rubio había sugerido en su intervención cambiar la expresión "de acuerdo" por "según", ¿esto sigue vigente? Aclaro que me refiero al segundo inciso, en su parte subrayada.

SEÑOR MICHELINI.- Efectivamente, valen las dos sugerencias, además del agregado de la coma que mencioné al principio. Para que quede más claro, propongo que se lea nuevamente el artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase nuevamente el artículo 12.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo12.- (Determinación de las tasas medias de interés). A efectos de determinar las tasas medias de interés a que refiere el artículo 11 de la presente ley para su publicación, el Banco Central del Uruguay considerará las operaciones de créditos concedidos a residentes del sector privado no financiero, informadas por las instituciones de intermediación financiera que operan en el mercado local. A estos efectos excluirá aquellas operaciones de crédito que entienda que, por sus características, distorsionan la realidad del mercado.

El Banco Central del Uruguay publicará las tasas medias de interés diferenciando por plazo, moneda y destino del crédito. En relación con el destino del crédito, deberán informarse las tasas medias de interés, para, al menos, tres grupos de prestatarios: familias, micro y pequeñas empresas y restantes empresas, pudiendo identificar diferentes subgrupos según la modalidad, garantías y monto del crédito.

Cuando no se contare con suficiente información para la determinación de las tasas medias de interés para algún plazo, moneda, destino o modalidad del crédito, el Banco Central del Uruguay podrá determinar la tasa de interés que considere más representativa. Asimismo, el Banco Central podrá publicar tasas medias de interés según modalidad, garantías y monto del crédito."

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Me parece que el tercer inciso debería decir: "Cuando no se contare con suficiente información para la determinación de las tasas medias de interés para algún plazo, moneda o destino del crédito", por lo que allí no se agregaría: "modalidad, garantías o montos". Luego el artículo continuaría diciendo: "el Banco Central del Uruguay podrá determinar la tasa de interés que considere más representativa. Asimismo, el Banco Central podrá publicar tasas medias de interés según modalidad, garantía y monto del crédito." ¿Es así que quedó redactado el artículo?

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, señor Senador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 12 tal como quedó redactado.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde pasar a considerar el artículo 14.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción propuesta.

(Se vota:)

-21 en 23. Afirmativa.

En consideración.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- En el artículo 14 aparecen las siguientes modificaciones, algunas de ellas menores. Por ejemplo, en el inciso primero, luego de "Auditoría Interna de la Nación" iría una coma. En el literal b), después de "monto máximo", iría una coma, y luego de "por cliente" también iría una coma. Asimismo, después de "en una cuenta bancaria del deudor", va un punto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay un punto, señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Entonces, está perfecto. A su vez, en el literal c), después de la palabra "máximo", iría una coma, y consulto a la Mesa si luego de "otras modalidades de pago" va un punto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Efectivamente, señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Aquí me dicen que la coma iría solamente luego de "por cliente", y estoy de acuerdo.

Por otro lado, en la oración que dice "No podrán excluirse los gastos fijos", deberíamos agregar "por la concesión".

SEÑOR PRESIDENTE.- Esa modificación ya se hizo, y lo mismo ocurre con el literal b).

SEÑOR MICHELINI.- Por último, en el literal e), en lugar de "quien determinará un tope para las mismas", debe decir: "quien podrá determinar un tope para las mismas".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 14, con las modificaciones propuestas en Sala.

(Se vota:)

-21 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 15.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- En concordancia con la modificación realizada en el artículo 14, en el literal c) del artículo 15 -creo que ya se debe haber hecho la corrección- hay que cambiar la expresión "quien determinará", por "quien podrá determinar".

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Solamente hay que hacer esa modificación?

SEÑOR MICHELINI.- Esa es la única que tengo.

SEÑOR ALFIE.- Hay otra modificación en el literal b).

SEÑOR PRESIDENTE.- Al final del literal b), donde dice: "No podrán excluirse los gastos fijos de un nuevo crédito", debería decir: "No podrán excluirse los gastos fijos por la concesión de un nuevo crédito".

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Podría parecer que este no es un tema importante, pero como se repite, habría que corregirlo. En el literal e) del artículo 14, al final, se dice: "en el Banco Central, quien determinará", y lo mismo ocurre en el literal c) del artículo 15. Como se trata del Banco Central, en lugar de decir "quien", debería decirse "el que". La misma co-rrección debe hacerse en todos los casos en que se repite esto.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- -En principio no éramos partidarios de establecer un tope de seguro a los efectos de usura, porque hay todo tipo de seguros colectivos en cuanto a costo y alcance. Pero también es cierto que la fórmula que se ha alcanzado elimina la palabra "determinará" por "podrá determinar", estableciendo una facultad para el Banco Central. No nos gustaba que este tema fuera incluido, pero al ser una facultad del Banco Central, vamos a votarlo, aunque no con gran entusiasmo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 15 con las modificaciones propuestas.

(Se vota:)

- 18 en 23. Afirmativa.

En consideración el artículo 16.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- En su oportunidad propusimos dos modificaciones a un mismo texto. Luego de hacer las consultas por parte del señor Senador Rubio, ha habido aceptación de una de ellas; la otra es más compleja y, en todo caso, se podrá estudiar en la Cámara de Representantes.

Hemos comentado con el señor Senador Alfie que es posible que se cometa usura con pocas personas, pero no es fácil si se trata de muchas ya que, en general, el mercado es relativamente competitivo. Todos sabemos que existen algunas cooperativas de dudosos sentimiento y alma cooperativistas, donde aparecen muchas fugas y en cuyas cuotas sociales frecuentemente se entrevera un mayor recargo al crédito. En este sentido planteamos una fórmula que debimos presentar antes y que tiene algunas complicaciones, por lo que no vamos a insistir en ello ahora. De todos modos, sí podemos señalar que en el primer inciso del artículo 16, luego de "artículo 11", debería decirse: "El importe así calculado se corresponde con el total de las cuotas sociales. Durante la vigencia del crédito no podrá cobrarse un nuevo importe por este concepto mientras esté vigente una operación por la cual ya se abonan cuotas sociales." ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando la persona pide un crédito en la cooperativa, se la asocia y se le empieza a cobrar la cuota social; en el caso de que antes de terminar el crédito solicite otro adicional, no se le puede cobrar en esa segunda oportunidad nuevamente la cuota social. En otras palabras, se permite conceder otro crédito, pero no el cobro por segunda vez de la cuota social, pues se supone que con una vez que la abone ya está integrando la cooperativa.

Por lo tanto, después de la expresión "artículo 11" se incluiría esa frase.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo con la modificación propuesta.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 16.- (Operaciones de crédito realizadas por cooperativas y asociaciones civiles) A los efectos del cómputo de la tasa de interés implícita además de las exclusiones previstas en el artículo 14, las cooperativas y las asociaciones civiles autorizadas a realizar operaciones de crédito podrán excluir el importe de la cuota social hasta un monto máximo equivalente al resultado de multiplicar el importe del capital prestado por 0,1 y por el tope fijado para la usura en el artículo 11."

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Pido disculpas por la interrupción de la lectura pero, en realidad, habíamos acordado que se mantenía el texto como estaba, que dice "las cooperativas y las asociaciones civiles autorizadas a realizar operaciones de crédito podrán excluir el importe de la cuota social hasta un monto máximo equivalente al 10% del tope fijado para la usura en el artículo 11." A partir de ahí se incluiría el agregado propuesto por el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Es el texto anterior, señor Presidente.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Me gustaría saber cuál es la diferencia entre un tope y el otro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- En realidad, no sabría determinarlo. Realizadas las consultas al Ministerio de Economía y Finanzas nos dijeron que tenían que estudiarlo y que preferían dejarlo tal como estaba, pues les daba distinto. De modo que no puedo responder al señor Senador Alfil; en todo caso, podríamos encomendarle que lo siga por ese lado y después veríamos.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- En mi opinión, es mucho más precisa la segunda redacción que la primera, porque 10% del monto del crédito, supuestamente, son diez puntos de tasa de interés, que es lo que dice el texto.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Quizás la diferencia no sea tan grande, pero lo cierto es que quisimos establecer el 10% como tope, pero también el que se fija para la usura en el artículo 11.

De todos modos, no habría inconveniente, y es de destacar el esfuerzo que hemos hecho todos. En todo caso, luego de leer la versión taquigráfica de las sesiones de la Comisión, se verá que si algo falta y quedaría para la etapa del estudio en Cámara de Representantes -no voy a ensalzar ahora el trabajo de los señores Senadores, muchos de los cuales participaron mucho más que yo en todo esto-, es estudiar el tema de las cooperativas, que es en el único en el que puede haber una fuga y sería una lástima que así fuera.

Por lo tanto, nos quedamos con el texto anterior y a partir de la expresión "artículo 11" seguiría la oración que dice "El importe así calculado", tal como lo habíamos redactado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase, entonces, el artículo 16 tal como quedaría redactado.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 16.- (Operaciones de crédito realizadas por cooperativas y asociaciones civiles) A los efectos del cómputo de la tasa de interés implícita además de las exclusiones previstas en el artículo 14, las cooperativas y las asociaciones civiles autorizadas a realizar operaciones de crédito podrán excluir el importe de la cuota social hasta un monto máximo equivalente al 10% del tope fijado para la usura en el artículo 11. El importe así calculado se corresponde con el total de las cuotas sociales. Durante la vigencia del crédito no podrá cobrarse un nuevo importe por este concepto mientras esté vigente una operación por la cual ya se abonan cuotas sociales. Este tope sólo podrá ser superado cuando la asociación civil o la cooperativa acrediten ante la Auditoría Interna de la Nación que las prestaciones a las que se accede mediante el pago de la cuota mantiene una razonable equivalencia con el monto de la misma.

Asimismo podrán excluir los aportes de capital debidamente documentados y de los que surja que se trata de sumas reintegrables al cooperativista en caso de desvinculación voluntaria, reajustadas de conformidad con el Decreto-Ley Nº 14.500, más sus intereses legales. De dicha documentación deberá entregarse copia en oportunidad de cada integración, debiendo conservar la cooperativa constancia de su entrega".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 17.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Las correcciones ya fueron realizadas; una de ellas tiene que ver con la expresión "del más del 10%", en cuyo caso debería decirse "de más del 10%".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 20.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: hoy hice algunas consideraciones jurídicas sobre la penúltima frase, que dice "Esta disposición se aplicará a las obligaciones aún no extinguidas a la fecha de vigencia de la presente ley", descartando que pudiera ser inconstitucional por razones de retroactividad o de violación de intangibilidad contractual.

Más adelante, escuché una intervención del señor Senador Moreira en la que planteó la siguiente duda: como esta ley trata la usura y su castigo civil, pero también el castigo penal -contenido en el artículo 22-, el señor Senador se preguntaba si este artículo también afectaba el principio de que en materia penal se aplica la ley más benigna al delincuente. No se trata de si es anterior o posterior; acá no hablamos de retroactividad, sino de la ley más benigna, que se enmarca en el principio de que, si bien es de rango legal -está incluido en el Código Penal-, integra lo que se conoce como la civilización del Derecho Penal contemporáneo.

En síntesis, me permito hacer una sugerencia que recoge la inquietud planteada por el señor Senador Moreira, no con relación a este artículo, que es muy preciso y refiere a efectos civiles, sino al artículo 22, que habla de "usura penal" y la describe. Concretamente, propongo que se agregue un inciso final que diga: "El presente artículo se aplicará a las obligaciones contraídas con posterioridad a la vigencia de la presente ley". Esta fórmula es la que utiliza el artículo 29, que refiere a la vigencia en general. De este modo, la duda planteada por el señor Senador Moreira quedaría disipada y, además, se respetaría un principio muy caro al Derecho Penal contemporáneo.

Por otro lado, con respecto a este artículo 20, debo decir que todavía no terminé de realizar las consultas en el diccionario, pero puedo decir que por el sonido la palabra "devengamiento", no me parece muy castiza. A los efectos de no ingresar en una discusión de orden gramatical, sugiero que el artículo 20 se denomine "Intereses moratorios en pequeños créditos" y se elimine la expresión "Devengamiento", que no suena adecuada.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Sucede que "devengamiento de intereses" o "intereses devengados" es como se denomina habitualmente a los intereses generados y no pagados.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Podría decirse "Intereses devengados" o "Intereses moratorios".

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Si es con relación a "en pequeños créditos", sí me parece adecuado.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Mi intención era no usar la expresión "devengamiento".

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: nosotros propusimos eliminar este párrafo, no porque creyéramos que generara problemas constitucionales o que se pudiera plantear alguna dificultad legal, sino porque para la aplicación de lo que podría ser una futura ley se fueron haciendo consultas, generando participación y un nivel de relacionamiento con el Poder Ejecutivo, con los diferentes Partidos de la oposición y, también, con los actores directamente vinculados a estos temas. En lo personal, creíamos que esta frase podía dar lugar a algún problema, generar litigios o provocar demoras, e incluso hasta algún juicio contra el Estado. De cualquier manera, en principio, algunos Senadores de nuestra Bancada nos plantearon que preferían que se mantuviera. Estamos hablando de intereses moratorios devengados en pequeños créditos. Creemos que muchos de estos créditos se extinguirán en los próximos meses, con lo cual esto regiría sólo para algunos que estén en curso.

En fin, no vamos a hacer cuestión, pero sí a dejar constancia de que hubiéramos preferido que el artículo no contara con este párrafo.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Tengo una duda respecto a lo que se dice aquí en cuanto a que "Esta disposición se aplicará a las obligaciones aún no extinguidas". Uno puede pensar que a las obligaciones no caídas en mora se les aplica el artículo, pero el tema es a las que ya cayeron en mora, puesto que ambas no extinguieron.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: me había anotado para hacer uso de la palabra, pero las expresiones del señor Senador Michelini de alguna manera dan la impresión de que se está laudando la redacción del artículo en función de una opinión de la Bancada mayoritaria. Voy a opinar en sentido contrario, pero además con el loable propósito de convencerlos de no incluir este inciso.

Me parece que fue muy razonable la forma en que presentó el tema el señor Senador Rubio, Miembro Informante de este proyecto de ley. Él le traslada al Senado de la República su duda sobre la incorporación de un inciso que trae aparejadas estas consecuencias. Por ello, me parece bueno que tengamos la oportunidad de conversar sobre qué consecuencias positivas y negativas puede acarrear su incorporación y, en función de eso, decidir. Por otra parte, si el señor Senador Michelini era el proponente de la sustitución, la cosa venía con viento a favor como para que pudiéramos entablar esta discusión. Por eso, me saca un poco de posicionamiento el razonamiento del señor Senador en el sentido de que hay una especie de entendimiento que se ha alcanzado en la Bancada.

Quiero manifestar entonces, señor Presidente, que comparto todas las apreciaciones que hizo el señor Senador Korzeniak. La retroactividad de una ley, en este caso, además, de carácter civil y aun con connotaciones de carácter penal, no puede ser determinada como inconstitucional, ni siquiera como ilegal. Que el Código establezca -eso sí- con rango legal el principio de la no retroactividad de las leyes como principio general, es por la necesidad de que cada vez que el Legislador intente dar carácter retroactivo a una ley de naturaleza civil, se detenga a examinar hasta qué punto no estará vulnerando algunos derechos o algunas disposiciones y, en función de eso, determinar. A veces es pertinente, a veces corresponde, a veces es necesario. Más aún: se han dado como ejemplo las leyes de refinanciación. Efectivamente, cada vez que se aprueba una ley de este tipo, se está dando un carácter retroactivo a las disposiciones y también alterando -particularmente, en el caso de las refinanciaciones- acuerdos, convenios o contratos de carácter privado celebrados al amparo de las leyes correspondientes, lo que puede dar lugar a diferentes reclamaciones entre las partes y respecto al propio Estado.

Creo que es muy claro -y esa es la intención del Legislador y de la Comisión de Hacienda, que ha traído informado positivamente este proyecto de ley- que no estamos ante una ley excepcional. Esta no es una ley como las de refinanciación, de carácter absolutamente excepcional, que introduce principios extraordinarios a efectos de superar circunstancias adversas o acontecimientos extraordinarios que obligaron al Legislador a buscar soluciones para un caso concreto o una época determinada. Esta es una ley en la que -como en la enorme mayoría de las leyes- hay una vocación de parte del Poder Legislativo al momento de sancionarla de que tenga un carácter permanente, una vigencia dilatada, sobre todo cuando se trata de una materia tan especial como lo es la de la usura. Ya en la Legislatura anterior habíamos aprobado una ley y señalado todos -y creo que hoy lo reafirmamos- que nunca sabemos hasta qué punto se terminan de proteger los intereses que se pretende proteger puesto que, lamentablemente, hay muchos subterfugios en el tema de la usura para no cumplir con las disposiciones correspondientes.

Agrego algo más: esta es una ley de orden público, como todas las leyes de usura, y ello se señala expresamente en el artículo 28 del proyecto a estudio. ¿Qué quiere decir que es de orden público? Que las partes no tienen la posibilidad de modificar las condiciones que se establecen en la ley en la celebración de contratos de esta naturaleza, bajo ningún pretexto. Las partes no están habilitadas para alterar el marco de referencia que el Estado les pone cuando celebren contratos de las características de los que abarca el proyecto de ley a consideración del Cuerpo.

Entonces, si es de orden público, razón de más para no alterar las condiciones anteriores; también es de orden público la ley anterior, que ahora vamos a sustituir con una nueva norma de orden público.

Creo, señor Presidente, que se afectan derechos. Se afecta, como conversábamos con el señor Senador Abreu, el derecho de propiedad. Hay un titular de derechos, de obligaciones pactadas con anterioridad a la vigencia que va a tener esta ley, que no va a ver satisfechas sus expectativas en función de un cambio que se hace desde el Estado, desde el Poder Legislativo. Aun cuando se trate de pequeños créditos -cosa que puede hacer la situación más entendible-, creo que no es una buena señal para nuestra sociedad que desde el Parlamento se modifiquen condiciones de estas características. Un argumento que siempre se ha utilizado en circunstancias similares es que no es bueno que el Parlamento le diga al inversor, al comerciante, al propio deudor, a los titulares de derechos en relaciones de estas características que por una decisión propia se alteran las condiciones anteriores. Eso no es una buena señal. Me parece que un proyecto de ley de esta importancia, de esta envergadura, no merece una excepción de estas características.

Finalmente, respecto a la duda que planteaba el señor Senador Alfie, es claro que va a comprender a todas las obligaciones pendientes de cumplimiento al momento de sancionarse la ley, es decir, que no hayan sido extinguidas; solamente van a quedar afuera las obligaciones que se extinguieron por los modos que existen para ello, pero todas las demás quedan adentro. Esa es la línea media que diferencia un caso de otro.

Es cuanto tenía para manifestar.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: voy a hacer una primera precisión de carácter gramatical. El verbo "caducarán" -que indica la acción que rige esta disposición- debería estar puesto en singular porque refiere a la generación de intereses moratorios, por lo que debería establecerse "caducará de pleno derecho".

Por otro lado, la oración final de ese mismo inciso primero dispone: "A partir de la caducidad referida, se aplicarán sobre la totalidad de las sumas adeudadas, cualquiera sea su naturaleza, únicamente los ajustes e intereses a que refieren los artículos 1º, 2º y 4º del Decreto-Ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976, salvo en el caso de que la tasa de interés pactada fuera inferior a la resultante de la aplicación de lo dispuesto en este artículo". Aquí debería preverse que en ese caso se aplicará la tasa pactada porque, de lo contrario, esa situación queda sin previsión, es decir, qué pasa cuando la tasa de interés pactada es inferior a aquella que resulta de los reajustes previstos en el Decreto-Ley Nº 14.500 para las obligaciones que se reclaman judicialmente. Sugiero que se agregue al final de ese inciso "en cuyo caso se aplicará la tasa pactada".

Con relación al inciso segundo de este artículo, que es el que ha ocupado más la atención de este Cuerpo, más allá de las consideraciones de fondo que puedan realizarse y sobre las cuales creo compartir la posición que han expresado los señores Senadores Michelini y Gallinal, pienso que además existe una situación de precisión terminológica, porque este inciso establece: "Esta disposición se aplicará a las obligaciones aún no extinguidas a la fecha de vigencia de la presente ley", con lo cual no va a faltar algún estudioso del Derecho que interprete que este artículo 20 se aplica solamente a las obligaciones aún no extinguidas a la fecha de vigencia de la presente ley. Entonces, me parece que sería interesante establecer, en caso de que se decidiera mantener este inciso, que esta disposición se aplicará inclusive a las obligaciones aún no extinguidas a la fecha de vigencia de la presente ley, so pena de entender que todas las demás operaciones de crédito quedan excluidas de la aplicación de esta caducidad de los intereses moratorios.

Es todo cuanto tenía para decir.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: me hago cargo de que hay dificultades en la redacción de este proyecto de ley, pero creo que es preferible mantener el texto que viene, como vía de excepción. En realidad, estamos refiriéndonos a situaciones que en líneas generales, exorbitaron cualquier marco de razonabilidad. Hemos recibido una cantidad de denuncias y de planteos en torno a este tipo de pequeños créditos, lo que sumado a la crisis de 2002 dio por resultado los casos que describíamos el otro día, de pequeñas deudas que después se convirtieron en grandes sumas. Sé que esto sólo puede ser usado como vía de excepción para no dar otro tipo de señales. Además, creo que es algo muy acotado, por el nivel de créditos de que estamos hablando. De esta forma esta ley cierra la posibilidad de que se de este tipo de excesos hacia el futuro. Por lo tanto, me parece que es preferible mantener la redacción tal como está, a pesar de que otros señores Senadores han dado fuertes argumentos. De todos modos, entiendo que aquí hay una cuestión social que hay que atender.

SEÑOR PRESIDENTE.- Como no hay más oradores anotados para hacer uso de la palabra, vamos a dar lectura al artículo 20 con las correcciones gramaticales que se le han realizado.

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 20.- (Intereses moratorios devengados en pequeños créditos). La generación de intereses moratorios, pactados en deudas originadas en negocios jurídicos de préstamos en efectivo y de financiamiento de bienes y servicios, otorgados a personas físicas o jurídicas cuyo capital inicial sea inferior al equivalente de U.I. 20.000 (veinte mil unidades indexadas) sea cual fuere la moneda pactada, caducará de pleno derecho, sin necesidad de acción alguna a cargo del deudor, a los veinticuatro meses contados a partir de la fecha en que cada obligación devenga exigible. A partir de la caducidad referida, se aplicarán sobre la totalidad de las sumas adeudadas, cualquiera sea su naturaleza, únicamente los ajustes e intereses a que refieren los artículos 1º, 2º y 4º del Decreto-Ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976, salvo en el caso de que la tasa de interés pactada fuera inferior a la resultante de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, en cuyo caso se aplicará la tasa pactada.

Esta disposición se aplicará inclusive a las obligaciones aún no extinguidas a la fecha de vigencia de la presente ley.

Para determinar si el crédito en cuestión está dentro del límite establecido, las sumas que hubieran sido pactadas en moneda extranjera se arbitrarán a dólares estadounidenses convirtiéndose a moneda nacional a la cotización interbancaria (fondo tipo comprador), y aplicándose el valor de la unidad indexada vigente al momento de convenir la obligación".

SEÑOR PRESIDENTE.- Me queda una duda respecto a una corrección que hizo el señor Senador Breccia. ¿La redacción correcta es "la tasa pactada" o "la norma pactada"? ¿O es lo mismo?

SEÑOR BRECCIA.- Es "la tasa pactada".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo tal como se leyó por Secretaría.

(Se vota:)

- 15 en 19. Afirmativa.

Antes de seguir con el articulado, quiero destacar que se encuentran en la Barra, jóvenes y adultos con capacidades diferentes del Instituto NACREVI (Nacer, Crecer y Vivir), de Pando, que son referentes también en la zona de la Costa de Oro y trabajan en talleres y en clases curriculares. Bienvenidos y gracias por su visita.

Continuando con el proyecto de ley, se pasa a considerar el artículo 22.

¿Cuáles serían las correcciones que habría que hacer?

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: en lugar de establecer "artículo 11" tiene que decir "artículo 10", y después se agrega lo que sugería el señor Senador Korzeniak atendiendo la inquietud del señor Senador Moreira.

SEÑOR PRESIDENTE.- Vamos a dar lectura al agregado propuesto por el señor Senador Korzeniak.

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

Se agrega como inciso final del artículo 22: "El presente artículo se aplicará a las obligaciones contraídas con posterioridad a la vigencia de la presente ley".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 22 con el agregado y la corrección planteada en Sala.

(Se vota:)

- 19 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo 23, que tiene sólo una modificación en el último párrafo, donde se sustituye la expresión "artículo 20" por "artículo 21".

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: conociendo la práctica judicial, me surge una duda con relación a este artículo. Aquí se habla, básicamente, de determinados títulos y de juicios ejecutivos y se dice: "Una vez trabado el embargo y decretada la citación de excepciones de deudores por incumplimiento de obligaciones documentadas en los títulos individualizados en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 353 y en los numerales 2 y 3 del artículo 377 del Código General del Proceso, los jueces deberán disponer la remisión de los antecedentes al Instituto Técnico Forense o al órgano que el Poder Judicial determine a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, verifique si se persigue el cobro de intereses usurarios, tal como se definen en el artículo 11." Conociendo, como ya dije, la realidad judicial del Uruguay, y teniendo en cuenta que esto va a englobar a miles y miles de ejecuciones judiciales por la vía del juicio ejecutivo, no veo claro aquí qué pasa si el Instituto Técnico Forense no puede cumplir con esta función. Personalmente, no creo que tenga la aptitud; más bien me parece que sería imposible que pueda realizar esto. De todos modos, si el Poder Judicial determina que sea otro el que intervenga, así será. Pero, ¿qué sucede si en un plazo de quince días hábiles no se verifica nada y no hay ningún pronunciamiento? ¿No vendrá una acumulación de juicios que quedarán en un estado de letargo para siempre? En este proyecto de ley se establece un plazo, pero no se dice qué pasa en el caso de incumplimiento. Entonces, ¿no morirán por inacción miles y miles de juicios ejecutivos en esta instancia? Como ejemplo podemos mencionar las observaciones que envió el Tribunal de Cuentas a la Asamblea General, pero debemos saber que en este caso van a ser muchísimas más. Adviertan los señores Senadores cuántos juicios ejecutivos por montos pequeños hay en todos los Juzgados del país. Por lo tanto, creo que acá habría que establecer que, para el caso de no pronunciamiento, no se ha configurado la usura. De lo contrario, me parece que vamos a determinar que un montón de juicios terminen en el cajón de los recuerdos. Esta es una inquietud que tengo.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: en el mismo sentido y para buscar una solución consensuada, quiero decir que esto significa que a las dificultades procesales y a todas las complicaciones que conlleva la actividad judicial, les vamos a agregar en forma preceptiva la participación de un perito en el proceso judicial o en el proceso monitorio. Creo que una de las soluciones sería dar la facultad al Juez, en vez de obligarlo; entonces, ante una situación muy complicada, al tener esa facultad, no se vería compelido por una norma que lo obliga a nombrar un perito en cada oportunidad. De lo contrario, puede crearse este tipo de traba jurídica, administrativa o burocrática, o puede suceder que el deudor, a vía de excepción, se excepcione, por decirlo así.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: comparto la sugerencia realizada. Donde dice que "los jueces deberán disponer", tendría que decir "los jueces podrán disponer". No obstante, suponiendo que los jueces estén muy recargados, es práctica judicial que el expediente se derive hacia otro lado. Además, la situación de acumulación de las consultas no contestadas podría darse. Por eso, reitero que donde dice "deberán" conviene que se diga "podrán".

A su vez, donde dice: "verifique si se persigue el cobro de intereses usurarios, tal como se definen en el artículo 11", haría dos agregados. Primero, cambiaría el término "verifique" por "opine", pues pienso que un órgano ajeno al Juez no puede ser el que verifica o el que decide. Segundo, sugeriría agregar la siguiente frase: "Si dicha opinión no fuere remitida en el plazo indicado, el Juez prescindirá de ella." Propongo esto porque el Juez no puede excusarse de fallar por el hecho de que no le han dicho nada, y no queremos el atosigamiento de expedientes.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: quizás el hecho de que hasta hace poco tiempo ejercí en forma exclusiva y liberal la profesión, me hace ver esta norma con verdadera alarma. Cualquiera sea la redacción que le encontremos en este magno ámbito, va a producir, sin la más mínima hesitación, un atolladero infernal; va a ser el paraíso de la chicana. No me cabe la menor duda de que dentro de seis meses tendremos a los Jueces reunidos en este Foro tratando de lincharnos a todos.

De forma tal que, existiendo en el orden jurídico actual la excepción de usura y debiendo los Jueces relevarla y dictaminarla correspondientemente, sugiero que este artículo sea borrado.

Es cuanto quería decir.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: creo que para este proyecto el Poder Judicial podrá tener instructivos para que los propios Jueces, poniendo los componentes de la fórmula en una computadora, puedan aproximarse o tener la certeza de si hubo intereses usurarios.

Por lo tanto, a mí me parece muy bien que se diga que "los Jueces podrán disponer la remisión", porque si el instructivo está bien y las computadoras no fallan, el Juez rápidamente podría tener una idea cabal de si el expediente que llegó a sus manos refiere a intereses usurarios.

Estoy de acuerdo con el señor Senador Korzeniak en cuanto a que sea el Juez el que determine y, en todo caso, cuando se requiera, intervenga el Instituto Técnico Forense o el órgano que el Poder Judicial determine. También podríamos otorgar quince días más para que no se genere una situación de cuello de botella.

Sabemos que hay algunos aspectos contemplados en los literales a), b) y c) que no irían al Instituto Técnico Forense. Consultamos en su oportunidad al propio Poder Judicial y parece que con las correcciones realizadas vamos por el buen camino. Aspiro y espero que dentro de seis meses no ocurra lo planteado por el señor Senador Breccia, porque les estamos dando a los Jueces la fórmula para poder determinar si hay intereses usurarios, además de la facultad de requerir mayor asesoramiento del Instituto Técnico Forense, así como algunos montos y modalidades de créditos que no van. Por lo tanto, como ya dije, evitamos el cuello de botella.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: el Poder Judicial concurrió a la Comisión y, ante la consulta realizada, manifestó que podía haber algunas dificultades; por ello se optó por no hacerla preceptiva en un conjunto de casos. Pero también hay que tener en cuenta que acá hay una transformación cultural que se debe alentar desde el Parlamento. En realidad, le estamos pidiendo al Poder Judicial que se ocupe de una cantidad impresionante de casos relativos a delitos económicos y a un conjunto de situaciones harto complejas sin que cuente con la tecnología para poder hacerlo. Pero en este caso, de acuerdo con todo el asesoramiento que nosotros hemos solicitado, no se trata de nada que sea abstruso, incomprensible y que no se pueda resolver con la contratación de una o dos personas. Por eso me parece que desde este punto de vista debemos habituarnos al cambio.

Me parece buena la idea que los señores Senadores Michelini y Korzeniak proponen, pero en todo caso habría que modificar la segunda parte, donde dice: "No será preceptiva la remisión". En realidad, si la primera parte es facultativa, el texto del artículo no resulta muy congruente. En todo caso, este proyecto de ley es muy preciso en materia de los topes y las condiciones que establece e, incluso, contiene un anexo metodológico para que se pueda hacer el cálculo. Todas las personas que entienden del tema y a las que hemos consultado -incluso algunos de los señores Senadores que integran este Cuerpo y que tienen otro tipo de formación- nos dicen que esto es clarísimo. Asimismo, a propósito de ciertos aspectos que fueron sostenidos hace unos días por algún señor Senador que hoy no está presente, me permito comentar que el lenguaje jurídico -no sólo el económico- es muy abstruso para los que no estamos formados en él.

Muchas gracias.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Senador Breccia, lo que demuestra que oposición y Gobierno podemos ponernos de acuerdo -al menos parcialmente- en algunos temas, sobre todo cuando aplicamos el sentido práctico.

Esta iniciativa, que garantiza derechos y quiere ampararlos frente a situaciones de injusticia -y con la cual estamos totalmente de acuerdo desde el punto de vista filosófico-, tampoco puede llevar las cosas al otro extremo. No olvidemos que este proyecto de ley tiene un ámbito de aplicación mucho mayor, sobre todo en lo que configura usura, que el que tenían las leyes anteriores, pues incluye una serie de operaciones que antes no estaban contempladas. De modo que si pensamos en el universo de ejecuciones judiciales que este proyecto va a comprender, resultará de ejecución imposible. Además, señalo el contrasentido de que aquí se excluyen los cheques bancarios. ¿Por qué se excluyen, si la mayoría de los prestamistas particulares descuentan cheques? He visto en el interior y en Montevideo que una de las prácticas usurarias más frecuentes es el descuento con la modalidad del cheque; sin embargo, reitero, en este texto está excluido, al igual que las letras de cambio, como si se tratara de una operación de gran legitimidad.

SEÑOR MICHELINI.- No hay que olvidar que el texto dice que no será preceptiva.

SEÑOR MOREIRA.- No lo será, pero tiene un amparo superior al de otros documentos de crédito.

Lo cierto es que en los 19 departamentos del Uruguay, en la infinidad de sedes judiciales en las cuales se tramitan juicios ejecutivos, esto es de imposible aplicación y, como dice el señor Senador Breccia, va a terminar siendo denegatorio de los legítimos derechos de los acreedores, para no poner en tela de juicio a todos los acreedores de cierta suerte de obligaciones. Personalmente no me considero con el derecho de dudar de la honestidad de procederes de tantos acreedores en el territorio nacional. Realmente, me parece un exceso de celo y en la práctica los que hemos ejercido la profesión en esta materia sabemos que va a terminar resultando en una denegatoria de justicia y del derecho de propiedad. Eso es así y nadie me convence de lo contrario.

Coincido en que hay que eliminar este artículo porque es de imposible ejecución y va a afectar intereses legítimos de acreedores en todo el territorio. Alguien que vende, por ejemplo, ventiladores o estufas, no va a poder cobrar. Sinceramente, eliminaría esa disposición.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Aunque quizás no sea la postura del señor Senador Moreira, me parece que podría estar no tan alejado. Podemos eliminar toda esa última parte y dejar la facultad a los jueces para que puedan remitir los antecedentes al Instituto Técnico Forense o al órgano que el Poder Judicial determine a fin de que, en un plazo dado, verifique si se persigue el cobro de intereses usurarios, tal como se definen en el artículo 10, y no en el 11, como figura aquí. Por otra parte, se le puede introducir el agregado que propone el señor Senador Korzeniak de que en caso de que ejerzan esa facultad, si pasado determinado plazo no reciben respuesta, eso no los exime de tener que fallar. Me parece que este sería un camino sencillo, ya que simplemente les estaríamos dando la facultad de contar con un asesoramiento técnico necesario para poder aplicar este tipo de legislación que les será novedosa, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ellos no tienen la formación técnica para hacer este tipo de cálculos. Por lo tanto, en esta situación me inclinaría por una redacción breve consistente en la propuesta de los señores Senadores Michelini y Korzeniak, eliminando toda la última parte: "Una vez trabado el embargo y decretada la citación de excepciones de deudores por incumplimiento de obligaciones" -etcétera- "los jueces podrán disponer la remisión de los antecedentes al Instituto Técnico Forense o al órgano que el Poder Judicial determine a fin de que, en el plazo de treinta días hábiles," -el texto dice quince, pero daríamos un plazo un poco más amplio- "verifique si se persigue el cobro de intereses usurarios, tal como se definen en el artículo 10". Luego agregaría lo que sugiere el señor Senador Korzeniak en el sentido de que eso no los exime de emitir el fallo una vez cumplido el plazo. Por último, estoy de acuerdo con la frase final que dice: "En los casos en que exista usura, ésta será relevada de oficio aplicándose la sanción dispuesta en el artículo 21 de la presente ley".

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Quisiera formular un par de aclaraciones. En primer lugar, creo que esta iniciativa es una construcción excepcional de aquellos Legisladores que se abocaron a su estudio. Considero que es un hito dentro de esta elaboración legislativa y un proyecto de ley fundamental que no va a traer otra cosa que beneficios a una cantidad de gente afectada por situaciones de usura que hemos vivido en el transcurso de muchísimos años.

En segundo lugar, desde el punto de vista personal no me voy a pronunciar sobre ningún artículo de este proyecto de manera diferente de mi Bancada parlamentaria; voy a votar todos y cada uno de ellos, más allá de que esté en desacuerdo.

Por otra parte, este artículo 23, en cuanto establece este mecanismo de consulta por parte de los jueces sobre los casos en que eventualmente exista usura civil, es sobreabundante, ya que la excepción de usura que se formula dentro de los términos previstos por el Código General del Proceso para interponerla habilita a la persona que la formula a solicitar cualquier tipo de probanza. Quiere decir que entre las pruebas que esas personas pueden presentar de sus afirmaciones, en el sentido de que están siendo sujetas a un proceso que contiene la ejecución de obligaciones que incurren en la usura civil, puede estar la de remitir los antecedentes al Instituto Técnico Forense, la de aportar un peritaje o la de sujetar el tema a la pericia de un contador designado por la sede que, obviamente, la persona deberá pagar. Advierto a mis compañeros de Bancada, con la salvedad que ya hice de que voy a votar el artículo de cualquier forma, que no me cabe la menor duda de que, como dije hoy, la remisión de los antecedentes al Instituto Técnico Forense, más allá de que sea facultativa, va a ser origen de incontables, innumerables e interminables dilatorias en sede judicial. El Instituto Técnico Forense, más allá de los recursos con que se ha dotado al Poder Judicial en el último Presupuesto, todavía arrastra carencias importantes. Además, tengamos en cuenta que dictamina en una cantidad de aspectos, fundamentalmente en sedes penales. Entonces, me parece que sujetar al Instituto Técnico Forense a esta sobrecarga de trabajo implica exigirle algo que no podrá cumplir.

Por lo tanto, sigo sugiriendo que este artículo se elimine dado que es sobreabundante. Estoy absolutamente convencido de ello, pero ratifico por tercera vez que si la Bancada parlamentaria de Gobierno insiste con su aprobación, lo voy a votar con las dos manos.

Muchas gracias.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Estoy totalmente de acuerdo con el señor Senador Breccia -aunque no en lo que tiene que ver con la intención de voto- por conocer la práctica de nuestra justicia, lo que es el Instituto Técnico Forense y la posibilidad que tiene el deudor de excepcionarse en cada caso y de formular una denuncia penal en sede penal competente, si considera que está ante una situación de ilicitud. Además, no entiendo a qué obedece esa distinción que se establece al señalar que no es preceptivo en los títulos cuyo monto nominal supere el equivalente a 50.000 Unidades Indexadas, esto es, aproximadamente $70.000. Tampoco estaremos en presencia de grandes prestamistas o deudores.

Insisto en que sigo pensando que esto será de ejecución imposible y, en tal sentido, deberíamos eliminar el artículo porque el deudor dispone de todas las garantías que brinda nuestro sistema legal para excepcionarse en vía civil o para formular la denuncia penal.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Después de escuchar opiniones muy fundadas, quisiera hacer una propuesta que tiene como objeto tratar de superar las diferencias. Esta iniciativa se basa en varias cosas. En primer lugar, no podemos evitar el hecho de que un deudor, un acreedor o un litigante haga chica-nas; no hay vacuna contra eso. Desde luego, todos estamos de acuerdo en que no debemos estimularlas por vía legal.

En segundo término, el derecho de un Juez a consultar peritos existe sin que sea necesario establecerlo en una ley. Está muy claro que el Juez puede hacerlo y que las partes también pueden pedirlo.

En tercer lugar, como hace mucho que no hago juicios ejecutivos -aunque durante varios años, como abogado de Bancos del Estado hice o firmé miles de escritos de juicios ejecutivos, tanto en el Banco Central como en el Banco de la República-, no recuerdo si en la Ley de Títulos Valores, que habla del carácter ejecutivo de determinados documentos, no se establece una lista de excepciones. Por ejemplo, en el juicio ordinario hay una enorme libertad para el deudor para oponer excepciones y éstas pueden ser desde el nombre de su abuelo hasta lo que se le ocurra, mientras que el juicio ejecutivo determina cuáles son las excepciones que se pueden oponer. En realidad, no creo que esté de más que en una Ley de Usura se incluya un artículo que mencione que el deudor se puede excepcionar cuando está ante un crédito usurario. Si hay una lista de excepciones exhaustiva como en el Código de Procedimiento, es bueno que lo diga.

En consecuencia, quiero proponer una redacción más sencilla que la actual. Lo que se dice en cuanto a que el Juez puede decretar la citación de excepciones, no lo veo; lo único que dice es que lo hace después de trabar embargo, que es como se hace siempre. El embargo no se decreta con vista del deudor. Entonces, a fin de que se trate de una excepción válida que permita al deudor afirmar que se trata de un crédito usurario, propongo la siguiente redacción: "Si en un juicio ejecutivo se opusieren excepciones basadas en el carácter usurario del crédito ejecutado, el Juez podrá consultar al Banco Central del Uruguay o al Banco de la República Oriental del Uruguay para que, en el plazo de quince días, opinen si el crédito ejecutado es usurario". No creo que el Banco de la República Oriental del Uruguay o el Banco Central del Uruguay comiencen a enterrar expedientes y a no contestar, cuando se trata de aplicar una fórmula que, obviamente, deben conocer. Con toda claridad quiero decir que esta tarea no puede encomendársele al Instituto Técnico Forense porque su misión fundamental es la de registrar los antecedentes de los procesados y, eventualmente, realizar alguna autopsia. Realmente, la mención no me parece nada feliz. Entonces, con una redacción como ésta -que, lógicamente, es perfeccionable- cumplimos con el requisito. Los consultados deben ser siempre los mismos y debemos evitar que aparezca un deudor -que puede ser muy pobre o muy rico- ofreciendo a determinados peritos, a quienes paga -pero menos que el crédito-, con lo cual puede armarse un gran lío.

En definitiva, con ánimo de conciliar todas las posibilidades, esa es mi propuesta.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- En realidad, no puedo concederle la palabra porque, al igual que otros varios Senadores, ya ha hecho uso de la palabra cuatro o cinco veces. Estamos violando el Reglamento y la Mesa no lo puede permitir.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA TOPOLANSKY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Creo que lo que plantea el señor Senador Korzeniak -más allá de ser atendible en su complejidad- determinará que en todos los casos los Jueces consulten al Banco de la República Oriental del Uruguay o al Banco Central del Uruguay. Lógicamente, me parece bien que se pueda requerir asesoramiento en aquellos casos complejos. De todos modos, tengamos en cuenta que se establece una fórmula y, entonces, bastaría con armar un equipo e introducir las diferentes variables en la computadora para que cada Juez pudiera determinar, al instante, si determinados casos son usurarios o no. De lo que se trata es de habilitar consultas -en tal sentido, hablamos del Instituto Técnico Forense-, además de establecer un plazo breve de quince días para evitar chicanas aunque, al advertir que podría convertirse en un cuello de botella, agregamos algunos días. Lo que se intenta es que en aquellos casos en que el asunto fuera más complejo, se pudiera requerir asesoramiento.

En consecuencia, señor Presidente, solicito la postergación de este artículo 23 hasta que terminemos de considerar los artículos desglosados o de votarlos todos, a fin de que podamos encontrar un consenso respecto de esta norma.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Topolansky.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA TOPOLANSKY- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Simplemente, quiero destacar que estoy de acuerdo con la propuesta del señor Senador Michelini.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Topolansky.

SEÑOR ALFIE.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA TOPOLANSKY.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- A mi juicio, es claro que el Banco de la República Oriental del Uruguay no puede estar incluido en este artículo porque es una institución comercial y no podemos encomendarle un trabajo de este tipo. En todo caso, sí podría hablarse del Banco Central del Uruguay o del Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene un área especializada en esto, que es la que realiza las conciliaciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- No voy a hacer uso de la palabra.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Creo que cualquiera sea el propósito que anima a quienes redactaron el artículo 23, como así también al señor Senador Korzeniak al plantear el texto sustitutivo, entiendo que esto termina, inevitablemente, en la desnaturalización del juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo tiene una razón de ser, de existencia, y por eso está contemplado en nuestra legislación desde hace tantas décadas, pero esto no significa que uno se ponga de un lado del mostrador o que esté en defensa del más débil cuando pretende alterar los términos del juicio ejecutivo. En este caso, además, se establece un conjunto de condicionantes que están básicamente referidas a los topes -el literal a), referido a las 50.000 Unidades Indexadas, es una de ellas-; y de la misma manera que se puede decir que está protegiendo al deudor que debe hasta 50.000 Unidades Indexadas, se podría decir que está protegiendo al acreedor al que apenas se le deben hasta 50.000 Unidades Indexadas.

Entonces, creo que por ninguno de los caminos llegamos a una solución justa que preserve derechos y que busque alentar aquello que debe formar parte fundamental de la nueva concepción que el Uruguay necesita para desarrollarse y salir adelante. Me refiero al cumplimiento de las obligaciones. Me parece que mejor que una refinanciación sería buscar las condiciones económicas para que exista en el Uruguay una cultura de buen pagador porque, en definitiva, las propias refinanciaciones -aceptémoslo- terminan siendo una suerte de proscripción para el deudor. Hoy en día, el deudor que se acogió a determinados beneficios de refinanciación -a través de disposiciones del Banco Central, en aplicaciones que también se hacen por medio de la banca privada-, termina limitado porque tiene categoría 5 y no puede acceder a nuevos créditos. En fin; tiene un conjunto de limitantes que le impiden tener los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano común que no haya pasado por el periplo por el que pasó el deudor.

Reitero que creo que este no es el camino adecuado y, además, comparto totalmente el criterio propuesto por el señor Senador Breccia en el sentido de eliminar este artículo porque es la única solución. Incluso, en el caso de la solución que propone el señor Senador Korzeniak -que lo sabe tanto o mejor que nosotros-, a partir de la aplicación de un artículo de estas características, el Banco Central recibiría miles de consultas. Por más que esta sea una facultad que se le otorgue al Juez, éste la va a utilizar y, entonces, le va a ser casi imposible al Banco Central poder responder a todas esas requisitorias. Además, éstas se le enviarán porque se considera que el Juez, por sí mismo, no está en condiciones de definir si se está o no frente a un caso de usura. ¿Por qué no está en condiciones de hacerlo? Porque es harto complejo llegar a una conclusión de estas características. En consecuencia, sólo por ese hecho va a ser de imposible cumplimiento y va a significar un retardo, un atraso o una dilación en las etapas procesales, que conspiraría contra los legítimos derechos de quienes están ejerciéndolos o ejecutándolos.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Si el crédito es usurario, no es legítimo, incluso aprobando esta ley sin este artículo. No hay caso; no hay vacuna contra una chicana. Si aprobamos la ley, queda aprobada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- No tengo dudas de que van a ser miles las consultas que se le van a realizar al Banco Central. Aclaro que ellas se harán solamente al Banco Central -comparto lo señalado por el señor Senador Alfie-, porque no corresponde aquí establecer que el Banco de la República también pueda ser un organismo de consulta en esta materia. Reitero que ese ámbito está reservado al Banco Central.

Más allá de que pueda acompañar la postergación del artículo, quiero expresar que lo hago con la intención de eliminarlo del proyecto de ley porque creo que no ayuda en nada a la temática de la usura y, además, conspira contra esa cultura del buen pagador y del cumplimiento de las obligaciones que el Uruguay necesita para los próximos tiempos.

Finalmente, quiero dejar como constancia -porque a esta altura es imposible modificarlo- algo que he señalado en más de una oportunidad en cuanto a que no es de buena técnica legislativa titular los artículos. El mejor ejemplo de esto está en este artículo que se denomina "Ámbito Judicial", que no ayuda en nada y puede terminar en cualquier conclusión.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se dé lectura al artículo 23 sustitutivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 23 sustitutivo.- Si en un juicio ejecutivo se opusieran excepciones basadas en el carácter usurario del crédito ejecutado, el Juez podrá, cuando la determinación de ese carácter usurario fuese de especial complejidad, pedir opinión al Banco Central, quien deberá pronunciarse en el término de 15 días".

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Michelini en el sentido de posponer la votación de este artículo para luego de finalizada la consideración del resto del articulado.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 25.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- En el literal c) del artículo 25 se propone que la multa mínima sea de 5.000 UI, en lugar de 100.000 UI.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con la modificación propuesta por el señor Senador Michelini.

(Se vota:)

-19 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 26.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, con la modificación en los plazos, estableciendo 60 días hábiles, en lugar de 30.

(Se vota:)

- 19 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 27.

SEÑOR RUBIO.- Proponemos eliminar el penúltimo párrafo de este artículo.

SEÑOR PRESIDENTE.-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 27 con la eliminación del penúltimo inciso.

(Se vota:)

-19 en 22. Afirmativa.

Correspondería considerar los artículos 1º a 11, 13, 18, 19, 21, 24, 28, 29 y 30, y el Anexo.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción para que suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 1º a 11, 13, 18, 19, 21, 24, 28, 29 y 30, y el Anexo.

(Se votan:)

-17 en 21. Afirmativa.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Creo que este proyecto de ley llena un vacío con respecto al artículo 52 de la Constitución, que establece que está prohibida la usura y que es de orden público la ley que señale un límite máximo al interés de los préstamos. Por predominio de doctrinas económicas, es un artículo que casi no se estaba aplicando en la realidad pero esta ley, de alguna forma, lo hace efectivo. De manera que el carácter de orden público ya está consagrado en la Constitución.

En segundo lugar, quiero decir que también hemos aprobado el Anexo, porque el artículo 1º, cuando habla de la tasa implícita, se remite a la fórmula que está en el Anexo.

En tercer término, quiero señalar, aunque no tiene que ver con el fondo del asunto -y por ese motivo he votado el proyecto de ley-, que no comparto en general la inclusión de fórmulas matemáticas complejas dentro de los textos legales. Reconozco que se ha hecho el esfuerzo de incluirla en un Anexo y no en el articulado, pero la realidad es que integra la ley. Aclaro que no se trata de un prurito de coquetería gramatical, sino que lo que expreso está basado en principios jurídicos. El Derecho tiene, en nuestro país y en todo el mundo, dos principios fundamentales. En primer lugar, las leyes se consideran conocidas diez días después de publicadas en el Diario Oficial y, aunque en la práctica nadie lo lee, si alguien se encuentra con una fórmula matemática que no entiende, esa ficción de que conoce la ley queda muy lejos de la realidad.

Por otra parte, hay otro principio jurídico que establece que las leyes, además de ser técnicas, deben ser claras y entendibles por el común de la gente. Es el principio por el cual la ignorancia de la ley no sirve de excusa, tanto en Derecho Penal como en Derecho Civil. ¿Cómo le decimos a la gente que no puede excusarse de que no conoce la ley, si aprobamos leyes que incluyen fórmulas matemáticas que no puede entender, aunque haga todos los esfuerzos posibles? Reitero que no hace al fondo del asunto, pero no creo que este procedimiento sea adecuado. Fórmulas matemáticas mucho más sencillas que ésta se utilizaron, hace muchos años, para realizar los cálculos del Impuesto a la Herencia y dieron mucho trabajo.

Es cuanto quería decir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero aclarar que el proyecto de ley aún no ha sido votado en su totalidad, porque está pendiente la votación del artículo 23. Si hay acuerdo, pondríamos a votación la redacción sustitutiva que se acaba de leer.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Con respecto al artículo 22, el señor Senador Korzeniak propone establecer: "a partir de la vigencia de la presente ley" y no "con posterioridad", porque esto puede dar lugar a confusiones. Creo que en este caso terminamos votando una fórmula distinta.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se lea el inciso final del artículo 22.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"El presente artículo se aplicará a las obligaciones contraídas con posterioridad a la vigencia de la presente ley".

SEÑOR KORZENIAK.- En este caso no hay dudas, señor Presidente.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Quiero sugerir que se autorice a la Mesa a que realice las correcciones que sean necesarias en la numeración.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 23.

Léase el artículo sustitutivo presentado por el señor Senador Michelini.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- "Si en un juicio ejecutivo se opusieren excepciones basadas en el carácter usurario del crédito ejecutado, el Juez podrá, cuando la determinación de ese carácter usurario fuese de especial complejidad, pedir opinión al Banco Central quien deberá pronunciarse en el término de quince días".

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo sustitutivo presentado por el señor Senador Breccia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Incorpórase al elenco de excepciones previsto por el artículo 108 del Decreto-Ley 14.701 la de usura civil (artículo 11 de la presente ley)".

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- El artículo 108 del Decreto-Ley Nº 14.701 -que es la Ley de Títulos Valores a la que se refería el señor Senador Korzeniak- establece que contra la ejecución de las letras de cambio no se admitirán más excepciones que la de falsedad material, compensación de crédito líquido y exigible, prescripción, caducidad, pago y espera o quita concedida por el demandante. Agrega que también serán admisibles las excepciones procesales -esto es, formales- de inhabilidad del título por falta de alguno de los requisitos esenciales exigidos por el artículo 3º, falta de legitimación activa o pasiva del demandante o del demandado, falta de representación, litis pendencia o incompetencia.

Debe establecerse que este artículo es aplicable a las letras de cambio, así como a los vales, conformes y pagarés, porque el artículo 125 de este mismo Decreto-Ley establece que así lo sea. Doctrinariamente se ha establecido que la excepción de usura, fundamentalmente por la inhabilidad del título, generalmente ingresa al elenco de excepciones que se admiten en un juicio ejecutivo, pero esto no está claro. Incluso, el señor Senador Korzeniak nos lo recordaba en su anterior intervención. Entonces, me parece que incorporando expresamente a las excepciones que se puedan interponer frente a un juicio ejecutivo, la de usura civil prevista por el artículo 21 de este proyecto de ley, estaríamos salvando cualquier dificultad que hubiera en el sentido de que los deudores fueran perseguidos sobre la base de un documento que contiene intereses usurarios. De ese modo estaríamos evitando los farragosos procedimientos que supone cualquier otra redacción del artículo. Insisto en ese sentido, porque creo que nos vamos a encontrar con una situación compleja en el ámbito judicial.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: se han propuesto diversas redacciones del artículo 23, pero no se ha hecho mención a su último inciso. Supongo que la frase que dice "En los casos en que exista usura, ésta será relevada de oficio aplicándose la sanción dispuesta en el artículo 20 de la presente ley", en cualquiera de las redacciones se mantendría.

SEÑOR PRESIDENTE.- Hay acuerdo para que esa última frase se mantenga en cualquiera de las dos redacciones. Por tanto, se debería pasar a votar la moción presentada por el señor Senador Michelini, que es de autoría del señor Senador Korzeniak.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: retiro mi moción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor Senador Breccia, que incluiría el último párrafo del artículo 23 original.

(Se vota:)

- 20 en 22. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"TASAS DE INTERES Y USURA

Capítulo I - Operaciones comprendidas y tasas de interés

ARTICULO 1º. (Operaciones comprendidas).- Quedarán sujetas a las disposiciones de la presente ley las operaciones de crédito o asimiladas realizadas por personas físicas o jurídicas. Se entiende por operaciones de crédito aquellas por las cuales una de las partes entrega una cantidad de dinero, o se obliga a entregar bienes o servicios y la otra a pagarla en un momento diferente de aquel en el que se celebra la operación.

A los efectos de la presente ley se asimilan a operaciones de crédito, a modo de ejemplo, las siguientes:

a) el descuento de documentos representativos de dinero;

b) las operaciones con letras de cambio y con documentos representativos de obligaciones de crédito pagaderos a la vista, a cierto plazo desde la vista, a cierto plazo desde su fecha o a fecha fija;

c) el financiamiento de la venta de bienes y servicios otorgando crédito mediante el uso de tarjetas, órdenes de compra u otras modalidades.

 ARTICULO 2º. (Operaciones no comprendidas).- Se consideran operaciones no comprendidas en las disposiciones de la presente ley:

a) las operaciones entre instituciones de intermediación financiera;

b) las operaciones que el Banco Central del Uruguay concerte con las instituciones de intermediación financiera y demás entidades sujetas a su supervisión;

c) las emisiones de títulos de deuda realizadas por la Tesorería General de la Nación y el Banco Central del Uruguay;

d) las emisiones de valores de oferta pública comercializados conforme a lo previsto en la Ley N° 16.749;

e) las operaciones de crédito realizadas entre empresas no financieras que no se originen en relaciones de consumo de acuerdo a lo definido en la Ley N° 17.250 de 11 de agosto de 2000 cuando el crédito fuera superior al equivalente a 2.000.000 U.I. (dos millones de unidades indexadas).

 ARTICULO 3º. (Tipos de interés).- Sólo se podrán aplicar intereses compensatorios o de mora, los cuales deberán ser pactados en términos claros y precisos en los correspondientes documentos de adeudo.

El interés de mora sólo se aplicará a las operaciones de crédito vencidas e impagas, durante el período en que se hayan producido los atrasos, toda vez que el deudor haya incurrido en mora, de acuerdo con los términos y condiciones pactadas.

En las operaciones de crédito pagaderas en cuotas, los intereses de mora sólo podrán aplicarse sobre el monto de las cuotas vencidas e impagas y no sobre el saldo de deuda total, aun cuando éste fuera exigible.

ARTICULO 4º. (Expresión y aplicación de las tasas de interés).- Las tasas de interés fijas deberán expresarse en términos efectivos anuales, en porcentaje y con al menos dos decimales. Para su aplicación se utilizará la tasa efectiva equivalente al período de financiación que corresponda. Cuando el pago de las operaciones asimiladas se realice periódicamente, la tasa efectiva anual se calculará anualizando las tasas establecidas para el período de referencia de acuerdo a lo determinado en el Anexo Metodológico que integra esta Ley.

En el caso de que se acordaran tasas de interés variables se establecerá una tasa de referencia anual, la que podrá ser una tasa nominal o efectiva, y, si correspondiera, el margen pactado sobre la tasa de referencia. Este último se expresará en porcentajes con al menos dos decimales.

A los efectos del cálculo de la tasa efectiva anual y de las tasas de interés de mora, los años se considerarán de 365 (trescientos sesenta y cinco) días.

 ARTICULO 5º. (Base de cálculo).- Los intereses sólo se liquidarán sobre los saldos de los capitales efectivamente prestados o de los saldos financiados. No podrán aplicarse simultáneamente la tasa de interés compensatorio y la de mora sobre el mismo importe.

En los casos en que habiéndose pactado operaciones de crédito a ser canceladas en cuotas, se reciban pagos a cuenta dentro del plazo convenido y éstos sean admitidos por el acreedor, los pagos serán descontados del total de la cuota correspondiente a efectos de calcular intereses solamente sobre los saldos impagos.

Capítulo II- Operaciones con tarjetas de crédito

ARTICULO 6º. (Devengamiento de intereses en tarjetas de crédito).- En la utilización de tarjetas de crédito, las compras de bienes y servicios realizadas entre dos fechas consecutivas de cierre del estado de cuenta, no devengarán intereses entre la fecha de compra o de imputación de gastos en cuenta y la del primer vencimiento del estado de cuenta posterior a la misma, cuando el tarjetahabiente optara por cancelar el total del saldo del estado de cuenta en la fecha de vencimiento. En este caso se entenderá que se ha usado la tarjeta como tarjeta de compra.

ARTICULO 7º. (Pagos parciales).- Cuando en la fecha de vencimiento el tarjetahabiente optara por realizar un pago parcial del saldo del último estado de cuenta, en cuyo caso se entenderá que se ha usado la tarjeta como tarjeta de crédito, ese pago se aplicará en primer lugar a la cancelación del saldo impago correspondiente a estados de cuenta anteriores si lo hubiere y en segundo lugar al pago de las compras realizadas en el período correspondiente al último estado de cuenta. En este último caso, el pago se aplicará a las compras más antiguas.

ARTICULO 8°. (Saldos impagos).- El nuevo saldo impago resultante podrá tener dos componentes. Un primer componente A, si lo hubiere, correspondiente a deudas generadas en períodos de estados de cuenta anteriores al último y un segundo componente B correspondiente a la parte impaga de las compras del último estado de cuenta.

Para el cálculo de los intereses que se devenguen hasta el siguiente vencimiento del estado de cuenta se procederá de la siguiente forma: el primer componente A, definido anteriormente, devengará intereses desde la anterior fecha de vencimiento hasta la nueva fecha de vencimiento, o hasta que haga efectivo el pago; el segundo componente B devengará intereses, sobre la parte impaga de las compras del último estado de cuenta según lo establecido en el inciso anterior, desde la fecha de cada compra o desde una fecha promedio ponderada de las mismas hasta la fecha de vencimiento del siguiente estado de cuenta o hasta que haga efectivo el pago.

 En la eventualidad de que el tarjetahabiente pagara el total del saldo adeudado dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la fecha de vencimiento, a los efectos del devengamiento de intereses se considerará como si hubiera realizado el pago en la fecha de vencimiento. No obstante, podrá exigirse la multa prevista en el artículo 19 de esta ley.

 ARTICULO 9º. (Retiros de efectivo).- Los retiros de efectivo realizados con la tarjeta de crédito devengarán intereses desde la fecha de la extracción.

Capítulo III - Intereses usurarios

ARTICULO 10. (Existencia de intereses usurarios).- Para determinar la existencia de intereses usurarios en las operaciones de crédito se calculará la tasa de interés implícita (en términos financieros, tasa interna de retorno) que surge de igualar el valor actualizado de los desembolsos del crédito, con el valor actualizado del flujo de pagos de capital, intereses, compensaciones, comisiones, gastos, seguros u otros cargos por cualquier concepto, incluidas las cláusulas penales; aplicándose en lo pertinente lo dispuesto en el capitulo IV (exclusiones) de la presente ley. El cálculo de la tasa de interés implícita se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Anexo Metodológico que integra esta ley.

Para determinar la existencia de intereses usurarios en las operaciones de crédito originadas en la venta de bienes y servicios no financieros realizadas por el propio proveedor se calculará la tasa de interés implícita que surge de igualar el valor del precio de lista del bien o servicio en cuestión al momento de la transacción, con el valor actual del flujo de pagos, intereses, compensaciones, comisiones, gastos, seguros u otros cargos por cualquier concepto, incluidas las cláusulas penales; aplicándose en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 15.

El Poder Ejecutivo por razones fundadas y previo informe favorable del Banco Central, podrá modificar dicho anexo dando cuenta a la Asamblea General.

 ARTICULO 11. (Topes máximos de interés).- En las operaciones de crédito en las que el capital efectivamente prestado o, en su caso, el valor nominal del documento descontado, sin incluir intereses o cargos, fuera inferior al equivalente a 2.000.000 U.I. (dos millones de unidades indexadas) se considerará que existen intereses usurarios cuando la tasa implícita superare en un porcentaje mayor al 60% (sesenta por ciento) las tasas medias de interés publicadas por el Banco Central del Uruguay, correspondientes al trimestre móvil anterior a la fecha de constituir la obligación. En caso de configurarse mora, se considerará que existen intereses usurarios cuando la tasa implícita superare las referidas tasas medias en un porcentaje mayor al 80% (ochenta por ciento).

En las operaciones de crédito en las que el capital efectivamente prestado o, en su caso, el valor nominal del documento descontado, sin incluir intereses o cargos, fuera mayor o igual al equivalente a 2.000.000 U.I. (dos millones de unidades indexadas) se considerará que existen intereses usurarios cuando dicha tasa implícita superare en un porcentaje mayor al 90% (noventa por ciento) las tasas medias de interés publicadas por el Banco Central del Uruguay, correspondientes al trimestre móvil anterior a la fecha de constituir la obligación. En caso de configurarse mora, se considerará que existen intereses usurarios cuando la tasa implícita superare las referidas tasas medias en un porcentaje mayor al 120% (ciento veinte por ciento).

Para determinar el rango en el que se encuentran las sumas que hubieran sido pactadas, a los efectos del cálculo de los límites que se establecen en los dos incisos anteriores, las sumas en moneda extranjera se arbitrarán a dólares estadounidenses, convirtiéndose a moneda nacional a la cotización interbancaria (fondo tipo comprador), y aplicándose el valor de la unidad indexada vigente al momento de convenir la obligación.

ARTICULO 12. (Determinación de las tasas medias de interés).- A efectos de determinar las tasas medias de interés a que refiere el artículo 11 de la presente ley para su publicación, el Banco Central del Uruguay considerará las operaciones de créditos concedidos a residentes del sector privado no financiero, informadas por las instituciones de intermediación financiera que operan en el mercado local. A estos efectos excluirá aquellas operaciones de crédito que entienda que, por sus características, distorsionan la realidad del mercado.

El Banco Central del Uruguay publicará las tasas medias de interés diferenciando por plazo, moneda y destino del crédito. En relación con el destino del crédito, deberán informarse las tasas medias de interés, para, al menos, tres grupos de prestatarios: familias, micro y pequeñas empresas y restantes empresas, pudiendo identificar diferentes subgrupos según la modalidad, garantías y monto del crédito. Cuando no se contare con suficiente información para la determinación de las tasas medias de interés para algún plazo, moneda,  destino o modalidad del crédito, el Banco Central del Uruguay podrá determinar la tasa de interés que considere más representativa. Asimismo, el Banco Central podrá publicar tasas medias de interés según modalidad, garantías y monto del crédito.

 ARTICULO 13. (Publicidad comparada de los créditos).- El Banco Central del Uruguay publicará periódicamente comparativos de las tasas de interés implícitas y otros aspectos relevantes en los créditos efectivamente otorgados por instituciones financieras representativas a los efectos de informar a los consumidores y promover la transparencia del mercado.

Las publicaciones que se detallan en este artículo y en el anterior se realizarán en el Diario Oficial, en al menos dos diarios de circulación nacional y en el sitio Web del Banco Central del Uruguay.

Capítulo IV - Exclusiones a los efectos del cálculo de la tasa de interés

ARTICULO 14. (Operaciones de crédito realizadas por instituciones financieras).- Para la determinación de la tasa de interés implícita en las operaciones de crédito realizadas por instituciones financieras controladas por el Banco Central del Uruguay o por la Auditoría Interna de la Nación, se excluirán los siguientes conceptos:

a) el Impuesto al Valor Agregado sobre los intereses y otros impuestos que legalmente sean de cargo del cliente;

b) los gastos fijos en los que se incurra para la concesión y administración del crédito por hasta un monto máximo, por cliente, equivalente a 30 U.I. (treinta unidades indexadas) cuando se trate de operaciones realizadas con instituciones financieras legalmente autorizadas a realizar retenciones sobre el sueldo del deudor o mediante el débito automático en una cuenta bancaria del deudor. No podrán excluirse los gastos fijos por la concesión de un nuevo crédito hasta transcurridos sesenta días de la concesión del crédito anterior. El importe a descontar se distribuirá de la siguiente forma:

hasta 10 UI. (diez unidades indexadas) por la concesión del crédito y hasta 2 UI. (dos unidades indexadas) por cuota;

c) los gastos fijos en los que se incurra para la concesión y administración del crédito por hasta un monto máximo, por cliente, equivalente a 120 UI (ciento veinte unidades indexadas) para los créditos concebidos con otras modalidades de pago. No podrán excluirse los gastos fijos, por la concesión de un nuevo crédito hasta transcurridos sesenta días de la concesión del crédito anterior. El importe a descontar se distribuirá de la siguiente forma:

hasta 40 UI. (cuarenta unidades indexadas) por la concesión del crédito y hasta 8 UI. (ocho unidades indexadas) por cuota;

d) El cargo anual y los recargos por compras en el exterior en el caso de las tarjetas de crédito, en cuyo caso no será de aplicación lo dispuesto en los literales b y c. También quedará excluido el costo del envío del estado de cuenta cuando fuera optativo para el tarjetahabiente, hasta un monto máximo que podrá fijar el Banco Central del Uruguay;

e) Las primas de los contratos de seguros, provistos por empresas aseguradoras registradas en el Banco Central del Uruguay, que podrá determinar un tope para las mismas.

 ARTICULO 15. (Operaciones de crédito realizadas por el propio proveedor).- Para la determinación de la tasa de interés implícita en las operaciones de crédito originadas en la venta de bienes y servicios no financieros realizadas por el propio proveedor se excluirán los siguientes conceptos:

a) el Impuesto al Valor Agregado sobre los intereses;

b) los gastos fijos en los que se incurra para la concesión y administración del crédito hasta un monto máximo de 60 U.I. (sesenta unidades indexadas) El monto a descontar se distribuirá de la siguiente forma: hasta 20 U.I. (veinte unidades indexadas) por la concesión del crédito y hasta 4 U.I. (cuatro unidades indexadas) por cuota. No podrán excluirse los gastos fijos, por la concesión de un nuevo crédito hasta transcurridos sesenta días de la concesión del crédito anterior;

c) Las primas de los contratos de seguros, provistos por empresas aseguradoras registradas en el Banco Central del Uruguay, que podrá determinar un tope para las mismas.

ARTICULO 16. (Operaciones de crédito realizadas por cooperativas y asociaciones civiles).- A los efectos del cómputo de la tasa de interés implícita además de las exclusiones previstas en el artículo 14, las cooperativas y las asociaciones civiles autorizadas a realizar operaciones de crédito podrán excluir el importe de la cuota social hasta un monto máximo equivalente al 10% del tope fijado para la usura en el artículo 11. El importe así calculado se corresponde con el total de las cuotas sociales durante la vigencia del crédito. No podrá cobrarse un nuevo importe por este concepto mientras esté vigente una operación por la cual ya se abonan cuotas sociales. Este tope sólo podrá ser superado cuando la asociación civil o la cooperativa acredite ante la Auditoria Interna de la Nación que las prestaciones a las que se accede mediante el pago de la cuota mantiene una razonable equivalencia con el monto de la misma.

Asimismo podrán excluir los aportes de capital debidamente documentados y de los que surja que se trata de sumas reintegrables al cooperativista en caso de desvinculación voluntaria, reajustadas de conformidad con el decreto-ley Nº 14.500, más sus intereses legales. De dicha documentación deberá entregarse copia en oportunidad de cada integración, debiendo conservar la cooperativa constancia de su entrega.

 ARTICULO 17. (Obligaciones de las cooperativas).- Las disposiciones establecidas en el artículo anterior se aplicarán a las operaciones de crédito realizadas por las cooperativas que cumplan simultáneamente con los siguientes requisitos:

a) que ningún socio, a título individual o conjuntamente con su grupo familiar (considerándose como tal hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad), fuere titular de más del 10% de sus partes sociales. En el caso de socios que constituyan personas jurídicas sin fines de lucro, este porcentaje podrá alcanzar un máximo del 15% salvo que se tratare de otra institución cooperativa;

b) que sus pasivos financieros estén contraídos con instituciones supervisadas por el Banco Central del Uruguay, con instituciones pertenecientes al movimiento cooperativo nacional o internacional, con el Estado o con organismos financieros multilaterales o bilaterales. Sin perjuicio de lo dispuesto, la Auditoría Interna de la Nación podrá autorizarles otras fuentes de financiamiento.

c) que celebren regularmente sus asambleas ordinarias, para cuya validez y funcionamiento será siempre necesaria la presencia personal de un porcentaje mínimo de socios que establezca la Auditoría Interna de la Nación.

 ARTICULO 18. (Acreditación ante la Auditoría Interna de la Nación).- A los efectos de la verificación del cumplimiento de estas condiciones, las cooperativas deberán acreditar ante la Auditoría Interna de la Nación el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, a cuyo efecto se fiscalizarán los siguientes aspectos:

i. Regularidad de los estados contables

ii. Proyecto de distribución de utilidades

La Auditoría Interna de la Nación comunicará periódicamente al Instituto Técnico Forense, al Area de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Central del Uruguay la nómina de cooperativas que cumplan con las condiciones exigidas.

 Capítulo V - Intereses de mora

ARTICULO 19. (Multa por mora).- Cuando se configurare mora, los montos que se cobraren por concepto de multa se computarán para el cálculo de la tasa de interés implícita definida en el artículo 10 de la presente ley. No obstante, en los siguientes casos, en lugar de los intereses moratorios se podrán admitir penas por incumplimiento superiores a las que surgen de la aplicación de tasa de interés implícita:

a) cuando el monto máximo por concepto de mora al que habilite el artículo 11 de la presente ley resulte inferior a 50 U.I. (cincuenta unidades indexadas) podrá estipularse, en lugar de los intereses de mora, las siguientes multas según corresponda:

i) una multa de hasta 50 U.I. (cincuenta unidades indexadas), a aplicarse por atrasos en el cum-plimiento de obligaciones con proveedores de bienes y servicios no financieros que se originen en relaciones de consumo de acuerdo a lo definido en la Ley Nº 17.250, de 11 de agosto de 2000;

ii) una multa de hasta el importe que resultare menor entre el cincuenta por ciento del valor del monto impago y hasta 50 U.I. (cincuenta unidades indexadas), a aplicarse por atrasos en el cumplimiento de obligaciones contraídas con proveedores de servicios financieros.

b) cuando se tratare de atrasos en el cumplimiento de obligaciones con proveedores de bienes y servicios no financieros que no se originen en relaciones de consumo de acuerdo con lo definido en la referida Ley Nº 17.250, caso en el que podrá aplicarse la multa estipulada en el contrato.

ARTICULO 20. (Intereses moratorios devengados en pequeños créditos).- La generación de intereses moratorios, pactados en deudas originadas en negocios jurídicos de préstamos en efectivo y de financiamiento de bienes y servicios, otorgados a personas físicas o jurídicas cuyo capital inicial sea inferior al equivalente de U.I. 20.000 (veinte mil unidades indexadas) sea cual fuere la moneda pactada, caducará de pleno derecho, sin necesidad de acción alguna a cargo del deudor, a los veinticuatro meses contados a partir de la fecha en que cada obligación devenga exigible. A partir de la caducidad referida, se aplicarán sobre la totalidad de las sumas adeudadas, cualquiera sea su naturaleza, únicamente los ajustes e intereses a que refieren los artículos 1º, 2º y 4º del Decreto-Ley N° 14.500, de 8 de marzo de 1976, salvo en el caso de que la tasa de interés pactada fuera inferior a la resultante de la aplicación de lo dispuesto en este artículo, en cuyo caso se aplicará la tasa pactada.

Esta disposición se aplicará, inclusive a las obligaciones aún no extinguidas a la fecha de vigencia de la presente ley.

Para determinar si el crédito en cuestión está dentro del límite establecido, las sumas que hubieran sido pactadas en moneda extranjera se arbitrarán a dólares estadounidenses convirtiéndose a moneda nacional a la cotización interbancaria (fondo tipo comprador), y aplicándose el valor de la unidad indexada vigente al momento de convenir la obligación.

Capítulo VI - Usura civil y penal

ARTICULO 21. (Usura civil).- Configurada la usura conforme a lo dispuesto en la presente ley, caducará el derecho a exigir el cobro de intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos de cualquier naturaleza, salvo las costas y costos por el crédito subsistente.

El cobro de las costas y costos no será preceptivo cuando el deudor o su fiador hubieran consignado lo que estimaban adeudar y el magistrado lo considere razonable al resolver la excepción de usura.

Asimismo, deberán descontarse del crédito subsistente a ejecutar, los intereses, compensaciones, comisiones, gastos, u otros cargos de cualquier naturaleza ya cobrados. Los jueces deberán comunicar a la autoridad administrativa competente la identidad del infractor.

 ARTICULO 22. (Usura penal).- El que en una operación de crédito, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, le hiciere dar o prometer, para sí o para otros, intereses usurarios, tal como se definen en el artículo 10 de la presente ley, será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. La misma pena se aplicará:

a) al que procurare, adquiriere, transfiriere o consiguiere para otro un crédito, cobrando o haciéndose prometer para sí o para otro, una comisión usuraria por su mediación;

b) al que adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario.

Serán circunstancias agravantes de los delitos señalados precedentemente:

a) la actividad profesional o habitual como oferente de crédito, prestamista o comisionista;

b) la aceptación o exigencia de recaudos o garantías de carácter extorsivo;

c) la intención de obtener un provecho económico excesivo para sí o para otros;

d) la inclusión como capital de lo que corresponda a intereses u otros cargos;

e) la simulación del préstamo o de las cantidades documentada bajo una forma jurídica diversa.

El presente artículo se aplicará a las obligaciones contraídas con posterioridad a la vigencia de la presente ley.

ARTICULO 23. Incorpórase al elenco de excepciones previsto por el artículo 108 del Decreto-Ley N° 14.701, la usura civil (artículo 21 de la presente ley).

En los casos en que exista usura, ésta será relevada de oficio aplicándose la sanción dispuesta en el artículo 21 de la presente ley.

Capítulo VII - Control y sanciones

ARTICULO 24. (Autoridad de aplicación).- El control del cumplimiento de las disposiciones de esta ley estará a cargo del Banco Central del Uruguay en lo que respecta a las empresas de intermediación financiera (artículos 1º y 2º del Decreto-Ley N° 15.322) y a las demás personas físicas y jurídicas que realicen regularmente operaciones crediticias; el Area de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas tendrá competencia en lo que respecta al crédito comercial otorgado por proveedores de bienes y servicios no financieros en el marco de relaciones de consumo y en el resto de los casos en general.

ARTICULO 25. (Sanciones).- Cuando las actuaciones administrativas del Banco Central del Uruguay o del Area de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas, según corresponda de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de esta ley, concluyeran que existieron intereses usurarios, el órgano de aplicación deberá intimar administrativamente la devolución inmediata a los deudores de la porción pagada que excediera a los montos máximos que surjan de lo establecido en la presente ley. Vencido el plazo de la intimación, previa vista, el órgano de aplicación deberá sancionar a los autores y responsables. Las sanciones consistirán en:

a) apercibimiento;

b) apercibimiento dando a publicidad la resolución en el sitio web del órgano de aplicación, con su publicación a costa del infractor en dos diarios de circulación nacional;

c) multa que se determinará entre una cantidad mínima de 5.000 U.I. (cinco mil unidades indexadas) y una cantidad máxima por el monto que fuere superior de los siguientes valores:

i) 20:000.000 U.I. (veinte millones de unidades indexadas);

ii) el equivalente a tres veces el monto correspondiente a la porción pagada en exceso a los montos máximos que surjan de lo establecido en la presente ley.

Las sanciones podrán aplicarse independiente o conjuntamente según resulte de las circunstancias del caso. A efectos de su determinación, se tomará en cuenta: la entidad de la infracción; el grado de participación de los responsables; la intencionalidad; la condición de reincidente; y la actitud asumida durante el desarrollo de las actuaciones administrativas. Todo ello sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondieran.

El acto administrativo firme que determina la sanción aplicable, constituirá, en su caso, título ejecutivo.

Capítulo VIII - Disposiciones generales

ARTICULO 26. (Información al fiador).- En las operaciones de crédito por montos de hasta 2.000.000 U.I. (dos millones de unidades indexadas) cualquier incumplimiento del deudor deberá ser comunicada de forma fehaciente al fiador, si lo hubiese, dentro del plazo de 60 días de verificado el mismo. El incumplimiento de esta obligación impedirá toda acción contra el fiador hasta que se acredite haber cumplido con la misma. Si la comunicación se realizara después de transcurridos 60 días hábiles del plazo establecido sólo  podrá reclamarse al fiador el pago de interés de mora desde el momento de la comunicación.

 ARTICULO 27. (Constancias en el documento de adeudo).- En todo documento de adeudo representativo de operaciones de crédito pactadas a tasas de interés fijas deberá distinguirse, con precisión, la suma que corresponde al capital prestado o financiado de la que corresponde a intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos pactados por cualquier concepto.

En todo documento de adeudo representativo de operaciones de crédito pactadas a tasas de interés variables o tasas de interés fijas revisables periódicamente, se cumplirá con lo dispuesto en el inciso anterior sobre la base de las tasas de interés vigentes al momento de realizarse la operación.

El acreedor deberá entregar copia al deudor de todos los documentos suscritos.

ARTICULO 28. (Carácter).- La presente ley es de orden público.

ARTICULO 29. (Vigencia).- Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a las obligaciones contraídas con posterioridad a su entrada en vigencia, salvo lo previsto en el artículo 20.

ARTICULO 30. (Derogaciones).- Deróganse los artículos 7º, 8º, 11 y 15 de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972, con sus modificaciones, el decreto-ley Nº 14.887, de 27 de abril de 1979, la Ley N° 17.471, de 29 de abril de 2002 y la Ley Nº 17.569, de 22 de octubre de 2002.

DETERMINACION DE LA TASA IMPLICITA

DEFINIDA EN EL ARTICULO 10

Para la determinación de la tasa implícita a la que hace referencia el artículo 10, en términos financieros  TIR o tasa interna de retorno, se define la siguiente fórmula:

 

 

donde:

D representa los desembolsos del préstamo que recibe el deudor en cada momento del tiempo;

- G representa los gastos fijos de concesión y administración del crédito que el acreedor puede descontar del cómputo de la tasa de acuerdo al literal b) del artículo 14;

- P representa todos los pagos que realiza el deudor en cada momento del tiempo;

- los subíndices 0, 1, 2, ...,n representan los diferentesmomentos del tiempo,  de forma tal que D0 es el desembolso inicial que recibe el deudor, G0 es la suma de hasta 10 U.I. de gastos fijos de concesión y administración del crédito que el acreedor puede excluir del cómputo de la tasa de interés implícita al momento inicial de conceder el préstamo y P0 es el pago que el deudor hace, si lo hubiere, en el momento de recibir el monto inicial.

D1, D2,...,Dn son los sucesivos desembolsos que recibe el deudor, si los hubiere, y  P1, P2,...,Pn  son los sucesivos pagos que realiza el deudor. G1, G2,...,Gn  son los sucesivos gastos fijos de administración del crédito que el acreedor puede excluir del cómputo de la tasa de interés implícita por hasta 2 U.I. por cuota y por un total de 20 U.I..

La tasa implícita o TIR se calcula sobre la base del valor de i tal que ambos lados de la ecuación (#1)

sean iguales, de forma que la siguiente expresión sea igual a cero:

 

 

El valor de i no puede ser despejado directamente de la ecuación (# 2), sino que se debe proceder en forma iterativa sobre la base de un valor inicial. Sin embargo, los software de planillas electrónicas más difundidos (Excel, Lotus, Qpro, etc) incluyen funciones para el cálculo automático de la TIR.

Para expresar la tasa hallada en términos de tasa efectiva anual (TEA) debe realizarse la siguiente transformación al valor de i que surge de la ecuación (#2):

 

 

donde:

 

T = 1  si los diferentes momentos del tiempo 0, 1, 2, ..n son años;

T = 2  si los diferentes momentos del tiempo 0, 1, 2,...n son semestres;

T = 3  si los diferentes momentos del tiempo 0, 1, 2,...n son cuatrimestres;

T = 4  si los diferentes momentos del tiempo 0, 1, 2, ...n son trimestres;

T = 6  si los diferentes momentos del tiempo 0, 1, 2, ...n son bimestres;

T = 12  si los diferentes momentos del tiempo 0, 1, 2, ...n son meses;

T = 365  si los diferentes momentos del tiempo 0, 1, 2, ...n son días.

En los casos en que de acuerdo a la legislación vigente los intereses de la operación financiera estuvieran gravados por el Impuesto al Valor Agregado, u otros impuestos legalmente a cargo del deudor, deberá excluirse el componente de impuestos a los intereses y calcular la TIR correspondiente al flujo de fondos resultante.

Ejemplo

Préstamo a una familia en moneda nacional de $ 3.000 pagadero en diez cuotas mensuales y consecutivas de $ 340. Al momento de recibir el crédito el deudor abona $ 100 por gastos. Se trata de un préstamo donde los intereses no están alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado y en el que, a los efectos del cobro del servicio de la deuda, la institución financiera acreedora tiene el  beneficio de la retención legal sobre el sueldo del deudor o del débito automático de las cuotas en una cuenta bancaria del deudor.

Valor de la U.I. el día de la concesión del crédito (8 de setiembre de 2006): 1,5792 pesos (valor que cambia en forma diaria). En este ejemplo, se le otorgó a la U.I. un valor constante en el tiempo, lo que presupone una tasa de inflación cero para el período.

De acuerdo a las definiciones de la fórmula (#1):

D0 = $ 3.000

G0 =  $ 15,79 (equivalente a 10 U.I. x 1,5792)

P0 = $ 100

D1 = D2 = D3 = D4 = D5 = D6 = D7 = D8 = D9 = D10  = 0  ya que no se pactaron desembolsos adicionales al inicial recibido en el momento 0.

G1 = G2 = G3 = G4 = G5 = G6  = G7 = G8 = G9 = G10 =  $ 3,16 (equivalente a 2 U.I. x 1,5792).

P1 = P2 = P3 = P4 = P5 = P6 = P7 = P8 = P9 = P10 = $ 340 (valor de la cuota mensual pactada, no existiendo pagos por otros conceptos).

El valor de i que cumple con la ecuación (#2) es i

 

Para expresar el valor de i en términos de tasa efectiva anual, se usa la fórmula (#3), con T =12 por tratarse de pagos mensuales:

 

 

Resultado: la tasa de interés implícita pactada es 37,89% efectiva anual.

Para determinar la existencia de intereses usurarios la tasa de 37,89% debe ser comparada con la que publique el Banco Central del Uruguay correspondiente a moneda nacional, a plazo menor de un año para familias vigente al momento de haberse otorgado el crédito.

Por tratarse de un capital prestado menor a 2.000.000 U.I. la tasa hallada de 37,89% no podrá superar en más de 60% (1,6 veces) la tasa de referencia publicada por el Banco Central del Uruguay. De modo tal que si el crédito hubiera sido concedido en setiembre  de 2006, cuando la tasa media de interés informada por el Banco Central para operaciones de crédito en moneda nacional a las familias a plazo menor de un año era 33,14%, la tasa máxima admitida hubiera sido 33,14% x 1,6 = 53,02%, por lo cual en este ejemplo no se hubiera configurado una violación de la ley de usura".

18) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Susana Dalmás solicita licencia por los días 7 y 8 de noviembre."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 1º de noviembre de 2006.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside licencia por los días 7 y 8 de noviembre por motivos personales, solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Saluda atentamente,

Susana Dalmás. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

En consecuencia, oportunamente se convocará al señor José Carlos Mahía.

19) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una resolución de la Corte Electoral.

(Se da de la siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

La nota dice lo siguiente: "LA CORTE ELECTORAL RESUELVE: I. Proclámase Senadora a la séptima titular de la lista de candidatos, sublema ‘Para Ganar, Gobernar y Cambiar’ del Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría a la señora Lucía Topolansky y suplentes a los señores Javier Salsamendi, Ruben Martínez Huelmo y Sra. Ivonne Passada.

II. Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por el término de la licencia concedida a la señora Senadora Lucía Topolansky en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas en el artículo 116 de la Constitución y en el artículo 3º de la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945 ".

SEÑOR PRESIDENTE.- Por lo tanto, oportunamente se convocará al suplente.

20) ACUERDO PARA ACREDITAR EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA REPUBLICA ANTE EL GOBIERNO DE LA FEDERACION RUSA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para designar en calidad de Embajador Extraordinario y Ple-nipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Rusa, al señor Jorge Meyer Long. (Carp. Nº 641/06 - Rep. Nº 353 /06)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 641/06

Rep. Nº 353/06

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 18 de setiembre de 2006.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, con el fin de solicitar su conformidad, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, para acreditar en calidad de Embajador de la República, al señor Jorge Meyer Long.

La capacidad y eficiencia que el señor Jorge Meyer Long ha puesto de manifiesto en las actividades desarrolladas a lo largo de su carrera profesional, según se manifiesta en el currículum vitae que se adjunta, constituye a juicio del Poder Ejecutivo, un factor evidente de idoneidad para las responsabilidades que el Gobierno de la República se propone asignarle como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la Federación Rusa.

El Poder Ejecutivo confía en que ese Cuerpo habrá de mani-festar su conformidad con el propósito ante expuesto, accediendo a la solicitud que se le formula por el presente Mensaje.

El Poder Ejecutivo saluda a la Cámara de Senadores con su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano.

EMBAJADOR JORGE ALBERTO MEYER LONG

Currículum Vitae

Datos personales

Lugar de nacimiento: Colonia Suiza "Nueva Helvecia", Uruguay

Fecha de nacimiento: 11 de junio de 1949

Casado con Nubia Pirone Gómez, Escribana

Hijos: Alina Verónika, Emmanuel y Rafael

Datos funcionales

2006 - Director de Protocolo y Ceremonial de Estado

- Coordinador General de la XXIX Cumbre de MERCOSUR y la Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones.

2005 - Director de Protocolo y Ceremonial del Estado

- Coordinador General de la Transmisión del Mando Presidencial 2005

2004 - Subdirector de Protocolo y Ceremonial de Estado

2004/03 - Subdirector General para Asuntos Culturales

- Miembro de los Jurados de los Premios "Moliere" de teatro (2003) y "Paul Cézanne" de pintura (2004) de la Embajada de Francia en Montevideo.

2003/1998 - Cónsul General del Uruguay en Italia, con sede en Milán.

1998/95 - Subdirector Adjunto de Protocolo y Ceremonial de Estado

- Jefe de Protocolo de las Residencias Presidenciales

- Encargado de Ordenes Honoríficas

- Coordinador Alterno de las IX y XIII Cumbres del MERCOSUR

- Coordinador General Adjunto de la Transmisión del Mando Presidencial 1995

- Curador del Palacio Santos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores

- Coordinador General para el reciclaje y restauración del ex - Parque Hotel, actualmente sede administrativa del MERCOSUR

1995/89 - Embajada en París, Francia. Primer Secretario y Cónsul de Distrito.

Agosto 1992 - marzo 93, Encargado de Negocios a.i. en Francia

Representante Alterno ante la Unión Latina, la Oficina Internacional de Exposiciones, la Oficina Internacional de Epizzotias y la Oficina Internacional de la Viña y el Vino.

- Agosto 1992 - marzo 93, Encargado de Negocios a.i., en Francia

1989/86 - Dirección de Protocolo y Ceremonial del Estado

- Jefe de Protocolo de las Residencias Presidenciales

- Miembro de las Comisiones Organizadoras de las Visitas del Papa Juan Pablo II en 1987 y 1988 y la II Cumbre del Grupo de Río en 1988 en Punta del Este.

1986/83 - Cónsul en Suiza, con sede en Ginebra

- Segundo Secretario de la Delegación Permanente ante la Organismos de las Naciones Unidas en Ginebra.

1983/80 - Embajada en Viena, Austria, Segundo Secretario y Cónsul en Austria.

- Encargado de Negocios a.i. entre noviembre 1981 y junio 1982

- Delegado Alterno ante los Organismos de Naciones Unidas en Viena

- Gobernador Alterno en la Junta de Gobernadores de la OIEA 1981-82

- Encargado de Negocios a.i. entre noviembre 1981 y junio 1982

1980/78 - Dirección de Protocolo y Ceremonial de Estado

1978 - Ingreso al Servicio Exterior por Concurso de Oposición y Méritos al igual que los ascensos posteriores.

Estudios y actividad académica

- Doctor en Diplomacia en la Universidad del Uruguay.

-1979-80 y 1986-89 - Profesor Adjunto de Derecho Diplomático

Profesor Adjunto de Historia de los Tratados

Profesor Adjunto de Historia de las Relaciones Internacionales I en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Uruguay.

- Idiomas: español, francés, italiano e inglés, en ese orden.

Distinciones Honoríficas recibidas

- Oficial de la Legión de Honor de Francia

- Oficial de la Orden del Cruceiro del Sur de Brasil

Otros

- Miembro de la Iglesia Evangélica Alemana (luterana)

- Miembro Honorario del Rotary Club de Saronno, Italia y "Bulevar" de Montevideo.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA Nº 42

En Montevideo, el día veintiséis de octubre del año dos mil seis, a la hora diecisiete y cinco minutos se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros los señores Senadores, Sergio Abreu, Carlos Baráibar, Luis Alberto Heber, José Korzeniak, Rafael Michelini, Enrique Rubio y Julio María Sanguinetti.

Falta con aviso el señor Senador Jorge Larrañaga.

Preside el señor Senador Alberto Couriel, Presidente de la Comisión.

Concurren especialmente invitados, Embajador Jorge Meyer Long; Director y Sub Director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores Ministro Osvaldo González Garderes y Consejero Jorge Seré, respectivamente.

Actúa en Secretaría el señor Secretario de Comisión Julio Durán, con la colaboración del Oficial II, señor Fabio Rodríguez.

De lo actuado se tomó versión taquigráfica cuya copia dactilográfica luce en el Distribuido Nº 1273/2006 que forma parte integrante de la presente Acta.

Abierto el acto, se pasa a considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ASUNTO ENTRADO:

Invitación de la Escuela de Guerra Naval y el Centro de Estudios Navales en el marco del Ciclo de Conferencias 2006 sobre la temática "La Armada en la Defensa", a la Conferencia a realizarse el próximo 8 de noviembre sobre Intereses Marítimos, con la participación del señor Senador Fernández Huidobro. Se distribuye.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1.- CARPETA Nº 641/2006. SEÑOR JORGE MEYER LONG. Solicitud de acuerdo para acreditarlo en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la Federación Rusa. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1203/2006.

Se recibió al señor Jorge Meyer Long a efectos de informar a la Comisión sobre los lineamientos de trabajo que llevará a cabo en esa misión diplomática.

2.- CARPETA Nº 229/2005. PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, ADOPTADO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK EL 31 DE MAYO DEL AÑO 2001. Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados. (CIFTA) Ley Nº 17.300, de 7 de marzo de 2001. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Texto del Protocolo. Distribuido Nº 244/2005.

Informa sobre el referido Protocolo el señor Senador José Korzeniak.

3.- CARPETA Nº 449/2006. TRATADO DE RECONOCIMIENTO, PAZ Y AMISTAD DE URUGUAY Y ESPAÑA, FIRMADO EN EL AÑO 1870. Proposición relativa al reconocimiento del estatus de los ciudadanos uruguayos en España. Cámara de Representantes, exposición escrita presentada por el señor Diputado Jaime Trobo. Distribuido Nº 714/2006.

Se acuerda se solicite información y antecedentes a la Cancillería.

4.- CARPETA Nº 562/2006. MODIFICACIONES AL REGIMEN TRIBUTARIO ESTABLECIDO EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CELEBRADO EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA, EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2003. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1051/2006.

Informa sobre la misma el señor Senador Sergio Abreu.

5.- CARPETA Nº 563/2006. ACUERDO MARCO DE INTERCONEXIÓN ENERGÉTICA ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE BRASILIA, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EL 16 DE MARZO DE 2006. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1052/2006. Informa sobre el referido Acuerdo el señor Senador Sergio Abreu.

6.- CARPETA Nº 573/2006. ACTA DE RATIFICACION AL ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA Nº 60 SUSCRITO ENTRE MEXICO Y URUGUAY EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2003, EXTENDIDA POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION (ALADI), EN MONTEVIDEO, EL 1 DE AGOSTO DE 2005. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Acta de Rectificación ACE MEXICO-URUGUAY. Distribuido Nº 1062/2006.

Informa sobre la misma el señor Senador Sergio Abreu.

7.- CARPETA Nº 578/2006. PROTOCOLO DE ADHESION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AL MERCOSUR, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE CARACAS, REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EL 4 DE JULIO DE 2006. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1027/2006.

Informa sobre el referido Protocolo el señor Senador José Korzeniak.

RESOLUCIONES:

1.- CARPETA Nº 641/2006. SEÑOR JORGE MEYER LONG. Solicitud de acuerdo para acreditarlo en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la Federación Rusa. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1203/2006.

Se vota: 8 en 8. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador Alberto Couriel.

Se transcribe el texto del proyecto de resolución aprobado:

"Artículo Unico.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotencario de la República ante el Gobierno de la Federación Rusa al señor Embajador Jorge Meyer Long.".

2.- CARPETA Nº 229/2005. PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRAFICO ILICITO DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, ADOPTADO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK EL 31 DE MAYO DEL AÑO 2001. Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados. (CIFTA) Ley Nº 17.300 de 7 de marzo de 2001. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Texto del Protocolo. Distribuido Nº 244/2005.

Se vota: 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador José Korzeniak.

3.- CARPETA Nº 562/2006. MODIFICACIONES AL REGIMEN TRIBUTARIO ESTABLECIDO EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CELEBRADO EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA, EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2003. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1051/2006.

Se vota: 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Sergio Abreu.

4.- CARPETA Nº 563/2006.- ACUERDO MARCO DE INTERCONEXIÓN ENERGÉTICA ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE BRASILIA, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EL 16 DE MARZO DE 2006. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1052/2006.

Se vota: 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Sergio Abreu.

5.- CARPETA Nº 573/2006. ACTA DE RECTIFICACIÓN AL ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA Nº 60 SUSCRITO ENTRE MÉXICO Y URUGUAY EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2003, EXTENDIDA POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (ALADI), EN MONTEVIDEO, EL 1 DE AGOSTO DE 2005. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Acta de Rectificación ACE MEXICO-URUGUAY. Distribuido Nº 1062/2006.

Se vota: 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Sergio Abreu.

6.- CARPETA Nº 578/2006. PROTOCOLO DE ADHESION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AL MERCOSUR, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE CARACAS, REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EL 4 DE JULIO DE 2006. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1027/2006.

Se vota: 5 en 8. AFIRMATIVA.

Se designa Miembro Informante en mayoría en forma verbal al señor Senador José Korzeniak.

A la hora dieciocho y cincuenta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman el señor Presidente y el señor Secre-tario.

Alberto Couriel Presidente

Julio Durán Secretario."

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: tenemos para considerar la designación como Embajador Extraordinario y Plenipotencia de la República ante el Gobierno de la República de Rusia al señor Jorge Alberto Meyer Long.

La semana pasada recibimos al Embajador, quien hizo una exposición muy rigurosa y certera de lo que pensaba efectivizar en Rusia como Embajador de Uruguay. Ahora quisiera exponer algunos datos del Embajador. Puedo decir que nació en Nueva Helvecia, departamento de Colonia, y desde mi punto de vista ese ya es un elemento favorable para adelantar mi voto afirmativo.

Por otra parte, el Embajador es doctor en Diplomacia, Profesor Adjunto de Derecho Diplomático, de Historia de los Tratados y de Historia de las Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. A su vez, el Embajador Meyer ha recibido distinciones honoríficas como Oficial de la Legión de Honor, de Francia, y Oficial de la Orden do Cruzeiro do Sul, de Brasil, y cuenta con una larga carrera diplomática desde 1980 a la fecha en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Como decía, en la Comisión de Asuntos Internacionales realizó una exposición muy positiva, con pleno conocimiento de sus tareas y diría que con elevada profesionalidad. Es un conocedor de las relaciones económicas internacionales, que cuenta con cierto dominio del fenómeno de la globalización y mundialización que vivimos actualmente. En su plan de acción marcó con nitidez sus conocimientos y su experiencia en materia económico-comercial, sobre todo en la negociación de carnes, lanas y pesca que mantenemos con Rusia. Asimismo, marcó elementos de política cultural y administrativa y allí surgió algo que los medios de comunicación tomaron, como es la dificultad que tiene Uruguay con su Embajada en Rusia.

Puedo decir que el señor Meyer ingresó al Servicio Exterior por concurso de oposición y méritos. Entre 1980 y 1983 actuó como Segundo Secretario y Cónsul en Viena, Austria; entre 1983 y 1986, lo hizo como Cónsul en Suiza, con sede en Ginebra; entre 1986 y 1989 trabajó en la Dirección de Protocolo y Ceremonial como Jefe de Protocolo de las Residencias Presidenciales; entre 1989 y 1995 trabajó en la Embajada de París como Primer Secretario y Cónsul de Distrito; entre 1995 y 1998, fue Subdirector Adjunto de Protocolo y Ceremonial de Estado; entre 1998 y 2003 fue Cónsul General de Uruguay en Italia, con sede en Milán; entre 2003 y 2004 se desempeñó como Subdirector General para Asuntos Culturales; en los años 2004, 2005 y 2006 actuó en Uruguay como Subdirector de Protocolo y Ceremonial de Estado, Director de Protocolo y Ceremonial de Estado y actualmente ejerce el cargo de Director de Protocolo y Ceremonial de Estado y Coordinador General de la XXIX Cumbre del MERCOSUR y la Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones.

Es por todos estos elementos que nos congratulamos de que un profesional de este nivel pueda ocupar la Embajada de Uruguay en la República de Rusia.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Sanguinetti.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: con mucho gusto vamos a acompañar esta propuesta. Conocemos al Embajador Meyer desde hace muchos años, así como su profesionalidad y podemos decir que es un fanático de la misma en una materia tan delicada como es el Protocolo. Esta es una materia en la cual los aciertos no se contabilizan, mientras que los desaciertos generan catástrofes. Sin embargo, puedo decir que el señor Meyer ha sido uno de los funcionarios de mayor precisión en ese trabajo. Se trata de una persona íntegra, que en la Comisión de Asuntos Internacionales realizó una exposición muy cabal sobre cómo ve a la Rusia de hoy. De modo que, más allá de las generales de la ley que me comprenden por la amistad que me une a él, daré mi voto con responsabilidad cívica.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se concede el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

21) PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACION Y EL TRAFICO ILICITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, ADOPTADO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK EL 31 DE MAYO DEL AÑO 2001

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado en la ciudad de Nueva York, el 31 de mayo de 2001. (Carp. Nº 229/05 - Rep. Nº 354/06.)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 229/05

Rep. Nº 354/06

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Defensa Nacional

Montevideo, 22 de junio de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado en la ciudad de Nueva York el 31 de mayo del año 2001.

Se impone recordar que nuestro país aprobó la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA) por Ley Nº 17.300 de 7 de marzo de 2001, que en líneas generales aborda esta temática, planteando soluciones similares, pero el Protocolo amplía el ámbito de aplicación al tratarse de un complemento a una Convención de la ONU de alcance universal, mientras que la CIFTA tiene vigencia entre los Estados Parte de la OEA que la hayan ratificado.

El Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, presenta definiciones, algunas de índole similar a las contenidas en la CIFTA; y otras ampliadas o restringidas respecto del Acuerdo interamericano, pero que están enmarcadas en un idéntico propósito, lo que hace que las soluciones propuestas por ambos instrumentos internacionales sean compartidas como herramientas de utilidad para lograr la cooperación y la inserción de la República en el conjunto de las Naciones civilizadas que contribuyen a lograr la obtención del bienestar de los pueblos, y su derecho a vivir en paz.

De acuerdo a lo establecido en su artículo 2º, la finalidad del mismo es promover, facilitar y reforzar la cooperación entre los Estados Parte con el propósito de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

A tales efectos la Convención, define los conceptos de armas de fuego, piezas y componentes, municiones, fabricación ilícita, tráfico ilícito y localización (Artículo 3); determina procedimientos para la identificación y el rastreo de las mencionadas armas (Artículo 8); estipula los compromisos de confiscación o decomiso de las mismas (Artículo 6); y el establecimiento, o en su caso el mantenimiento de un efectivo sistema de licencias o autorizaciones de exportación, importación y de tránsito internacional de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones (Artículo 10).

La Convención destaca la importancia del intercambio de información entre los Estados Parte sobre los fabricantes y comerciantes de armas de fuego; las técnicas, experiencias y prácticas legislativas para impedir la fabricación y el tráfico ilícito de las mismas; así como sobre grupos delictivos organizados efectiva o presuntamente involucrados y otros casos previstos en los literales b, c y d, del Artículo 12.

Asimismo, la Convención en sus Artículos 13 y 14 establece las formas en que se llevará a cabo la cooperación, capacitación y asistencia técnica entre los Estados Parte de la Convención.

Es de vital importancia destacar su Artículo 5 relacionado con la obligación que asumen los Estados Parte para adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito las conductas descriptas en el presente documento cuando se cometan intencionalmente.

Se indica también especialmente el Artículo 16 referido al régimen de Solución de Controversias relacionadas con la interpretación o aplicación del presente Acuerdo, estableciéndose como medios de solución pacífica el sometimiento a Arbitraje y en su caso su remisión a la Corte Internacional de Justicia.

En el entendido que el presente Instrumento Internacional es una vía que contribuye a fortalecer la seguridad de los Estados, de la región y del mundo, posibilitando el derecho a vivir en paz de sus habitantes, es que el Poder Ejecutivo solicita al Poder Legislativo su correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General, las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, José Díaz.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Defensa Nacional

Montevideo, 22 de junio de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional adoptado en la ciudad de Nueva York el 31 de mayo del año 2001.

Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, José Díaz.José Díaz.

PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACION Y EL TRAFICO ILICITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

Preámbulo

Los Estados Parte en el presente Protocolo,

Conscientes de la urgente necesidad de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a causa de los efectos perjudiciales de estas actividades para la seguridad de cada Estado y región y del mundo en general, que ponen en peligro el bienestar de los pueblos, su desarrollo económico y social y su derecho a vivir en paz.

Convencidos, por tanto, de la necesidad de que los Estados adopten todas las medidas apropiadas a tal fin, incluidas medidas de cooperación internacional y de otra índole en los planos regional y mundial,

Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial intergubernamental de composición abierta con la finalidad de elaborar un convención internacional amplia contra la delincuencia organizada transnacional y de examinar la posibilidad de elaborar, entre otras cosas, un instrumento internacional contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones,

Teniendo presentes los principios de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas;

Convencidos de que complementar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional con un instrumento internacional contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones será de utilidad para prevenir y combatir esos delitos.

Han acordado lo siguiente:

I. Disposiciones generales

Artículo 1

Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

1. El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención.

2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.

3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo se considerarán delitos tipificados con arreglo a la Convención.

Artículo 2

Finalidad

La finalidad del presente Protocolo es promover, facilitar y reforzar la cooperación entre los Estados Parte con el propósito de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

Artículo 3

Definiciones

Para los fines del presente Protocolo:

a) Por "arma de fuego" se entenderá toda arma portátil que tenga cañón y que lance, esté concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un balín, una bala o un proyectil por la acción de un explosivo, excluidas las armas de fuego antiguas o sus réplicas. Las armas de fuego antiguas y sus réplicas se definirán de conformidad con el derecho interno. En ningún caso, sin embargo, podrán incluir armas de fuego fabricadas después de 1899;

b) Por "piezas y componentes" se entenderá todo elemento o elemento de repuesto específicamente concebido para un arma de fuego e indispensable para su funcionamiento, incluidos el cañón, la caja o el cajón, el cerrojo o el tambor, el cierre o el bloqueo del cierre y todo dispositivo concebido o adaptado para disminuir el sonido causado por el disparo de un arma de fuego;

c) Por "municiones" se entenderá el cartucho completo o sus componentes, entre ellos las vainas, los cebos, la carga propulsora, las balas o proyectiles utilizados en las armas de fuego, siempre que esos componentes estén de pro sí sujetos a autorización en el respectivo Estado Parte;

d) Por "fabricación ilícita" se entenderá la fabricación o el montaje de armas de fuego, sus piezas y componentes o municiones:

i) A partir de piezas y componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito;

ii) Sin licencia o autorización de una autoridad competente del Estado Parte en que se realice la fabricación o el montaje; o

iii) Sin marcar las armas de fuego en el momento de su fabricación, de conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo;

La concesión de licencia o autorización respecto de la fabricación de piezas y componentes se hará de conformidad con el derecho interno;

e) Por "tráfico ilícito" se entenderá la importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado o transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones desde o a través del territorio de un Estado Parte al de otro Estado Parte si cualquiera de los Estados Partes interesados no lo autoriza conforme a lo dispuesto en el presente Protocolo o si las armas de fuego no han sido marcadas conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del presente Protocolo;

f) Por "localización" se entenderá el rastreo sistemático de las armas de fuego y, de ser posible, de sus piezas y componentes y municiones, desde el fabricante al comprador, con el fin de ayudar a las autoridades competentes de los Estados Parte a detectar, investigar y analizar la fabricación y el tráfico ilícitos.

Artículo 4

Ambito de aplicación

1. A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo se aplicará para prevención de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y a la investigación y el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.

2. El presente Protocolo no se aplicará a las transacciones entre Estados ni a las transferencias estatales cuando la aplicación del Protocolo pudiera perjudicar el derecho de un Estado Parte a adoptar medidas en aras de la seguridad nacional en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 5

Penalización

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas, cuando se cometan intencionalmente:

a) La fabricación ilícita de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;

b) El tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;

c) La falsificación o la obliteración, supresión o alteración ilícitas de la(s) marca(s) de un arma de fuego requerida(s) de conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo.

2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas:

a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo o la participación en él como cómplice; y

b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento para la comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo.

Artículo 6

Decomiso, incautación y disposición

1. A reserva de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención, los Estados Parte adoptarán, en la mayor medida posible de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos.

2. Los Estados Parte adoptarán, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, las medidas necesarias para impedir que las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos caigan en manos de personas no autorizadas, en particular mediante la incautación y destrucción de esas armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a menos que se haya autorizado oficialmente otra forma de disposición, siempre y cuando se hayan marcado las armas de fuego y se hayan registrado los métodos para la disposición de esas armas de fuego y municiones.

II. Prevención

Artículo 7

Registros

Cada Estado Parte garantizará el mantenimiento, por un período no inferior a diez años, de la información relativa a las armas de fuego y, cuando sea apropiado y factible, de la información relativa a sus piezas y componentes y municiones que sea necesaria para localizar e identificar las armas de fuego y, cuando sea apropiado y factible, sus piezas y componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos, así como para evitar y detectar esas actividades. Esa información incluirá:

a) las marcas pertinentes requeridas de conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo;

b) En los casos que entrañen transacciones internacionales con armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, las fechas de emisión y expiración de las licencias o autorizaciones correspondientes, el país de exportación, el país de importación, los países de tránsito, cuando proceda, y el receptor final, así como la descripción y la cantidad de los artículos.

Artículo 8

Marcación de las armas de fuego

1. A los efectos de intensificar y localizar cada arma de fuego, los Estados Parte:

a) En el momento de la fabricación de cada arma de fuego exigirán que ésta sea marcada con una marca distintiva que indique el nombre del fabricante; el país o lugar de fabricación y el número de serie, o mantendrán cualquier otra marca distintiva y fácil de emplear que ostente símbolos geométricos sencillos, junto con un código número y/o alfanumérico, y que permita a todos los Estados Parte identificar sin dificultad el país de fabricación;

b) Exigirán que se aplique a toda arma de fuego importada una marca sencilla y apropiada que permita identificar el país de importación y, de ser posible, el año de ésta, y permita asimismo a las autoridades competentes de ese país localizar el arma de fuego, así como una marca distintiva, si el arma de fuego no la lleva. Los requisitos del presente apartado no tendrán que aplicarse a la importación temporal de armas de fuego con fines lícitos verificables;

c) Velarán por que, en el momento en que se transfiera un arma de fuego de las existencias estatales a la utilización civil con carácter permanente, se aplique a dicha arma la marca apropiada que permita a todos los Estados Parte identificar el país que realiza la transferencia.

2. Los Estados Parte alentarán a la industria de fabricación de armas de fuego a formular medidas contra la supresión o la alteración de las marcas.

Artículo 9

Desactivación de las armas de fuego

Todo Estado Parte que, de conformidad con su derecho interno, no reconozca como arma de fuego un arma desactivada adoptará las medidas que sean necesarias, incluida la tipificación de delitos específicos, si procede, a fin de prevenir la reactivación ilícita de las armas de fuego desactivadas, en consonancia con los siguientes principios generales de desactivación:

a) Todas las piezas esenciales de un arma de fuego desactivadas se tornarán permanentemente inservibles y no susceptibles de ser retiradas, sustituidas o modificadas de cualquier forma que pueda permitir su reactivación;

b) Se adoptarán disposiciones para que una autoridad competente verifique, cuando proceda, las medidas de desactivación a fin de garantizar que las modificaciones aportadas al arma de fuego la inutilizan permanentemente;

c) La verificación por una autoridad competente comprenderá la expedición de un certificado o la anotación en un registro en que se haga constar la desactivación del arma de fuego o la inclusión de una marca a esos efectos claramente visible en el arma de fuego.

Artículo 10

Requisitos generales para sistemas de licencias o autorizaciones de exportación, importación y tránsito

1. Cada Estado Parte establecerá o mantendrá un sistema eficaz de licencias o autorizaciones de exportación o importación, así como de medidas aplicables al tránsito internacional, para la transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

2. Antes de emitir licencias o autorizaciones de exportación para la expedición de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, cada Estado Parte se asegurará de que:

a) Los Estados importadores hayan emitido las correspondientes licencias o autorizaciones; y

b) Los Estados de tránsito hayan al menos comunicado por escrito, con anterioridad a la expedición, que no se oponen al tránsito, sin perjuicio de los acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales destinados a favorecer a los Estados sin litoral.

3. La licencia o autorización de exportación e importación y la documentación que la acompañe contendrán conjuntamente información que, como mínimo, comprenda el lugar y la fecha de emisión, la fecha de expiración, el país de exportación, el país de importación, el destinatario final, una descripción y la cantidad de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y, cuando haya tránsito, los países de tránsito. La información contenida en la licencia de importación deberá facilitarse a los Estados de tránsito con antelación.

4. El Estado Parte importador notificará al Estado Parte exportador, previa solicitud, la recepción de las remesas de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que le hayan sido enviadas.

5. Cada Estado Parte adoptará, dentro de sus posibilidades, las medidas necesarias para garantizar que los procedimientos de licencia o autorización sean seguros y que la autenticidad de los documentos de licencia o autorización pueda ser verificada o validada.

6. Los Estados Parte podrán adoptar procedimientos simplificados para la importación y exportación temporales y para el tránsito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones para fines lícitos verificables, tales como cacerías, prácticas de tiro deportivo, pruebas, exposiciones o reparaciones.

Artículo 11

Medidas de seguridad y prevención

A fin de detectar, prevenir y eliminar el robo, la pérdida o la desviación, así como la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para:

a) Exigir que se garantice la seguridad de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones en el curso de su fabricación, de su importación y exportación y de su tránsito a través de su territorio; y

b) Aumentar la eficacia de los controles de importación, exportación y tránsito, incluidos, cuando proceda, los controles fronterizos, así como de la cooperación transfronteriza entre los servicios policiales y aduaneros.

Artículo 12

Información

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención, los Estados Parte intercambiarán, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos internos, información pertinente para cada caso específico sobre cuestones como los fabricantes, agentes comerciales, importadores y exportadores y, de ser posible, transportistas autorizados de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención, los Estados Parte intercambiarán, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos internos, información pertinente sobre cuestiones como:

a) Los grupos delictivos organizados efectiva o presuntamente involucrados en la fabricación o el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;

b) Los medios de ocultación utilizados en la fabricación o el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, así como las formas de detectarlos;

c) Los métodos y medios, los lugares de expedición y de destino y las rutas que habitualmente utilizan los gru-

pos delictivos organizados que participan en el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones; y

d) Experiencias de carácter legislativo, así como prácticas y medidas conexas, para prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

3. Los Estados Parte se facilitarán o intercambiarán, según proceda, toda información científica y tecnológica pertinente que sea de utilidad para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y a fin de reforzar mutuamente su capacidad de prevenir, detectar e investigar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones y de enjuiciar a las personas involucradas en esas actividades ilícitas.

4. Los Estados Parte cooperarán en la localización de las armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que puedan haber sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos. Esa cooperación incluirá la respuesta rápida de los Estados Parte a toda solicitud de asistencia para localizar esas armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, dentro de los medios disponibles.

5. Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico o a cualesquiera acuerdos internacionales, cada Estado Parte garantizará la confidencialidad y acatará las restricciones impuestas a la utilización de toda información que reciba de otro Estado Parte de conformidad con el presente artículo, incluida información de dominio privado sobre transacciones comerciales, cuando así lo solicite el Estado Parte que facilita la información. Si no es posible mantener la confidencialidad, antes de revelar la información se dará cuenta de ello al Estado Parte que la facilitó.

Artículo 13

Cooperación

1. Los Estados Parte cooperarán en los planos bilateral, regional e internacional a fin de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 13 del artículo 18 de la Convención, cada Estado Parte designará un órgano nacional o un punto de contacto central encargado de mantener el enlace con los demás Estados Parte en toda cuestión relativa al presente Protocolo.

3. Los Estados Parte procurarán obtener el apoyo y la cooperación de los fabricantes, agentes comerciales, importadores, exportadores, corredores y transportistas comerciales de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a fin de prevenir y detectar las actividades ilícitas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo.

Artículo 14

Capacitación y asistencia técnica

Los Estados Parte cooperarán entre sí y con las organizaciones internacionales pertinentes, según proceda, a fin de que los Estados Parte que lo soliciten reciban la formación y asistencia técnica requeridas para reforzar su capacidad de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, incluida la asistencia técnica, financiera y material que proceda en las cuestiones enunciadas en los artículos 29 y 30 de la Convención.

Artículo 15

Corredores y corretaje

1. Con miras a prevenir y combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, los Estados Partes que aún no lo hayan hecho considerarán la posibilidad de establecer un sistema de reglamentación de las actividades de las personas dedicadas al corretaje. Ese sistema podrá incluir una o varias de las siguientes medidas:

a) Exigir la inscripción en un registro de los corredores que actúen en su territorio;

b) Exigir una licencia o autorización para el ejercicio del corretaje; o

c) Exigir que en las licencias o autorizaciones de importación y de exportación, o en la documentación adjunta a la mercancía, se consigne el nombre y la ubicación de los corredores que intervengan en la transacción.

2. Se alienta a los Estados Parte que hayan establecido un sistema de autorización de las operaciones de corretaje como el descrito en el párrafo 1 del presente artículo a que incluyan datos sobre los corredores y las operaciones de corretaje en sus intercambios de información efectuados con arreglo al artículo 12 del presente Protocolo y a que mantengan un registro de corredores y de las operaciones de corretaje conforme a lo previsto en el artículo 7 del presente Protocolo.

III. Disposiciones finales

Artículo 16

Solución de controversias

1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación del presente Protocolo mediante la negociación.

2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación o la aplicación del presente Protocolo que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esas Partes podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.

3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo o de la adhesión a él, declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.

4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 17

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York desde el trigésimo día después de su aprobación por la Asamblea General hasta el 12 de diciembre de 2002.

2. El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

3. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

4. El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en el presente Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración económica declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

Artículo 18

Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, a condición de que no entre en vigor antes de la entrada en vigor de la Convención. A los efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados por una organización regional de integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización.

2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, si ésta es posterior.

Artículo 19

Enmienda

1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del presente Protocolo, los Estados Parte podrán proponer enmiendas por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de las Partes en la Convención para que la examinen y decidan al respecto. Los Estados Parte en el presente Protocolo reunidos en la Conferencia de las Partes harán todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte en el presente Protocolo presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.

2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte.

4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.

5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones del presente Protocolo, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Artículo 20

Denuncia

1. Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.

2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados miembros.

Artículo 21

Depositario e idiomas

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del presente Protocolo.

2. El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo.

 

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: este es un Acuerdo Complementario de una Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que fue firmada en el año 2001. Este Acuerdo es un Protocolo que prohíbe la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que constituye uno de los mecanismos por los cuales la delincuencia organizada transnacional actúa.

No voy a realizar el análisis del articulado, que es puramente técnico, ya que se define qué es un arma y una munición, así como las características de cada una de ellas, porque no creo que este sea un tema de especialidad de los señores Senadores y tampoco que estemos dispuestos a hacer un estudio de cada uno de esos tipos de armas.

En el seno de la Comisión de Asuntos Internacionales pudo constatarse fácilmente que este Tratado merece un apoyo total. Por consiguiente, con esta brevedad derivada de la unanimidad con la que contó en el ámbito de la Comisión y en base a mi desconocimiento de los aspectos técnicos de las armas, es que propongo que el Cuerpo apruebe este Protocolo.

El señor Presidente del Senado me hace señas de que continúe haciendo uso de la palabra hasta tanto se logre el quórum que exige la Constitución, de 16 señores Senadores. Por lo tanto, solicito que los señores Senadores excusen la monotonía con la que me voy a expresar.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa desea informar al señor Senador que ya se ha logrado el quórum requerido.

SEÑOR KORZENIAK.- Justamente, iba a empezar a analizar las diferencias entre Protocolo, Tratado, Convención y otro tipo de contratos internacionales, pero lo dejo para otro día.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Apruébase el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional adoptado en la ciudad de Nueva York el 31 de mayo del año 2001."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

22) MODIFICACIONES AL REGIMEN TRIBUTARIO ESTABLECIDO EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CELEBRADO EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA, EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2003

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueban las modificaciones al Régimen Tributario establecido en el Tratado de Libre Comercio entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos, celebrado en Santa Cruz de la Sierra, el 15 de noviembre de 2003 (Carp. Nº 562/06 - Rep. Nº 355/06)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 562/06

Rep. Nº 355/06

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 26 de junio de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con el Artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de 18 de junio de 2004 que se adjunta, por el cual se solicitó la aprobación de dos acuerdos por canje de notas, entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscritos el 16 de abril y el 4 de mayo de 2004 respectivamente, con modificaciones al régimen tributario establecido en el Tratado de Libre Comercio entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos, celebrado en Santa Cruz de la Sierra, el 15 de noviembre de 2003.

Al mantenerse vigentes los fundamentos que en su oportunidad dieron mérito al envío de aquel Mensaje, el Poder Ejecutivo se permite solicitar la pronta aprobación de los referidos instrumentos bilaterales.

El Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Danilo Astori.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 26 de junio de 2006.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébanse dos acuerdos por canje de notas, entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscritos el 16 de abril y el 4 de mayo de 2004, respectivamente, con modificaciones al régimen tributario establecido en el Tratado de Libre Comercio entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos, celebrado en Santa Cruz de la Sierra, el 15 de noviembre de 2003.

Reinaldo Gargano, Danilo Astori.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 18 de junio de 2004.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se aprueban sendas modificaciones al régimen tributario establecido en el Tratado de Libre Comercio entre la República y los Estados Unidos Mexicanos.

Las modificaciones mencionadas se han acordado a través del mecanismo de Notas Reversales, ambas de fecha 16 de abril de 2004.

La primera modificación se refiere al texto de los párrafos 4 y 5 del apartado "Tributos internos vinculados a las importaciones" de la Sección B - Medidas de Uruguay del anexo 3-10 del Tratado de Libre Comercio entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos.

Esta modificación consiste esencialmente en el acotamiento a un plazo de sólo tres años -a partir de la entrada en vigor del Tratado- de las tasas Consular y BROU a los productos de origen mexicano. A partir del primer día del cuarto año de la entrada en vigor del Tratado, el Uruguay eliminará la aplicación de la tasa Consular y la tasa BROU para los bienes importados de origen o de procedencia mexicana.

México se compromete por su parte durante el mencionado período de tres años a abstenerse de formular cualquier reclamación por la aplicación de las mencionadas tasas, según el procedimiento de solución de controversias previsto en el Capítulo XVIII del Tratado o conforme al Acuerdo sobre la Organización Mundial de Comercio (OMC) o en cualquier otro foro internacional.

La segunda modificación al régimen tributario establecido en el Tratado de Libre Comercio con México, acordada en otra Nota Reversal, se refiere a la facultad del Uruguay -recogida en el Tratado de Libre Comercio con México- de establecer en la importación anticipos al IVA y al Impuesto Específico Interno (IMESI), así como de que el cobro del IMESI sea doble para algunos productos importados.

En ese sentido, la República Oriental del Uruguay se compromete a no incluir nuevos productos al cobro del IMESI que los establecidos hasta el momento de la firma del Tratado (cerveza y bebidas no alcohólicas); asimismo, de existir alguna eliminación de la tributación y/o liquidación discriminatoria de los referidos impuestos, se compromete a aplicarla a los efectos del Tratado.

La obligación y compromiso contraídos en este Tratado no impide a la República Oriental del Uruguay modificar el referido régimen de tributación y liquidación vigente, siempre que dicha modificación se ajuste a los mencionados principios y obligaciones de Nación Más Favorecida y de Trato Nacional.

Ambas modificaciones tributarias al texto original del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos Mexicanos, se fundan en consideraciones de orden político-comercial para la obtención plena de los beneficios establecidos en el Tratado.

Al expresar su vivo interés en la aprobación de las Notas Reversales precedentemente individualizadas, el Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República; William Elhers, Didier Opertti, Isaac Alfie.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 13 de junio de 2004.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébanse dos acuerdos por Canje de Notas entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, firmados el día 16 de abril de 2004, con modificaciones al régimen tributario establecido en el Tratado de Libre Comercio celebrado en Santa Cruz de la Sierra, el 15 de noviembre de 2003 entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos.

William Elhers, Didier Opertti, Isaac Alfie.

SECRETARIA DE ECONOMIA

México, D.F., 16 de abril de 2004.

Dr. DIDIER OPERTTI

Ministro de Relaciones Exteriores

República Oriental del Uruguay

Excelentísimo Señor Ministro.

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia para acusar recibo de vuestra Nota de esta misma fecha, cuyo texto transcribo a continuación:

"Excelentísimo señor Secretario:

Tengo el honor de confirmar el entendimiento alcanzado entre las delegaciones de nuestros países en el sentido de que se elimina el texto de los párrafos 4 y 5 del apartado "Tributos Internos vinculados a las importaciones" de la Sección B - Medidas de Uruguay del Anexo 3-10 del Tratado de Libre Comercio entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos.

La República Oriental del Uruguay aplicará a los bienes importados de origen o procedencia mexicana a la Tasa Consular (establecida por la Ley Nº 17.453, del 28 de fe-brero de 2002 y decretos reglamentarios) y la Tasa BROU (establecida por Ley Nº 16.492 del 2 de junio de 1994 y modificada por Decreto Nº 33/002 del 30 de enero de 2002), por un período de tres años, a contar desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos, firmado el 15 de noviembre de 2003 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

A partir del primer día del cuarto año de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos, la República Oriental del Uruguay eliminará la aplicación de la Tasa Consular y la Tasa BROU para los bienes importados de origen o de procedencia mexicana.

Durante el período a que hace referencia el primer párrafo de esta carta, los Estados Unidos Mexicanos se abstendrá de formular cualquier reclamación por la aplicación de las mencionadas tasas, según el procedimiento de solución de controversias previsto en el Capítulo XVIII del Tratado, o conforme al Acuerdo sobre la Organización Mundial de Comercio (OMC) o en cualquier otro foro internacional.

Si en el transcurso de ese período de tres años, la República Oriental del Uruguay exonerara de la aplicación o redujera el monto de una u otra tasa a un país o grupo de países, extenderá dicho beneficio de inmediato a los Estados Unidos Mexicanos.

Propongo que la presente y su carta de respuesta que la confirme, constituya un acuerdo entre nuestros gobiernos."

Me complazco en confirmar a Vuestra Excelencia la conformidad del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos con los términos de la Nota anteriormente transcrita, la cual junto con la presente, constituye un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente,

El Secretario

 

 

 

Montevideo, 16 de abril de 2004.

Excelentísimo señor Secretario:

Tengo el honor de confirmar el entendimiento alcanzado entre las delegaciones de nuestros países, en el sentido de que se elimina el texto de los párrafos 4 y 5 del apartado "Tributos Internos vinculados a las importaciones" de la Sección B - Medidas de Uruguay del anexo 8 - 10 del Tratado de Libre Comercio entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos.

La República Oriental del Uruguay aplicará a los bienes importados de origen o procedencia mexicana la Tasa Consular (establecida por la Ley Nº 17.453, del 28 de febrero de 2002 y decretos reglamentarios) y la Tasa BROU (establecida por Ley Nº 16.492, del 2 de junio de 1994 y modificada por Decreto Nº 33/002 del 30 de enero de 2002), por un período de tres años, a contar desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos, firmado el 15 de noviembre de 2003 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

A partir del primer día del cuarto año de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos, la República Oriental del Uruguay eliminará la aplicación de la Tasa Consular y la Tasa BROU para los bienes importados de origen o de procedencia mexicana.

Durante el período a que hace referencia el primer párrafo de esta carta, los Estados Unidos Mexicanos se abstendrá de formular cualquier reclamación por la aplicación de las mencionadas tasas, según el procedimiento de solución de controversias previsto en el Capítulo XVIII del Tratado, o conforme al Acuerdo sobre la Organización Mundial de Comercio (OMC) o en cualquier otro foro internacional.

Si en el transcurso de ese período de tres años, la República Oriental del Uruguay exonerara de la aplicación o redujera el monto de una u otra tasa a un país o grupo de países, extenderá dicho beneficio de inmediato a los Estados Unidos Mexicanos.

Propongo que la presente y su carta de respuesta que la confirme, constituya un acuerdo entre nuestros gobiernos.

Excelentísimo Sr. Lic. Fernando Canales Clariond

Secretario de Economía de los

Estados Unidos Mexicanos

Hago propicia la oportunidad para reiterarle a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

 

 

Embajada de Mexico

Montevideo, Uruguay, a 4 de mayo de 2004.

Excelentísimo Señor Ministro:

Tengo el agrado de referirme a los intercambios de Notas efectuados el 16 de abril de 2004, entre el Dr. William Ehlers, Ministro Interino de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, y el Lic. Fernando Canales Clariond, Secretario de Economía de los Estados Unidos Mexicanos, acerca de los temas que a continuación se detallan, relacionados con el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, firmado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 15 de noviembre de 2003:

1. Lista definitiva de profesionales a que se refiere la nota al pie del Apéndice 12-04 (D) (1) "Profesionales" del Capítulo XII "Entrada Temporal de Personas de Negocios".

2. Entendimiento alcanzado entre las Delegaciones de México y del Uruguay, en relación con las reservas de la República Oriental del Uruguay al Trato Nacional dispuesto en el Tratado de Libre Comercio, referidas a la facultad del Ejecutivo de establecer en la importación anticipos al IVA y al Impuesto Específico Interno (IMESI), así como de que el cobro del IMESI sea doble para algunos productos importados.

3. Eliminación de los párrafos 4 y 5 del apartado "Tributos Internos vinculados a las importaciones" de la Sección B - Medidas de Uruguay del anexo 3-10 del Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

Sobre el particular, me complazco en transmitir a Vuestra Excelencia la conformidad del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos con los términos de las comunicaciones intercambiadas el 16 de abril de 2004, sobre los temas a que se hace referencia en los numerales 1 a 3 de la presente Nota, que formarán parte integral del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, firmado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 15 de noviembre de 2003.

Finalmente, hago del conocimiento de Vuestra Excelencia que los entendimientos alcanzados entre ambos Gobiernos han sido enviados a la consideración del H. Senado de la República y que en los términos del Artículo 20-03 del Tratado de Libre Comercio, entrarán en vigor 30 días después que se intercambien comunicaciones que certifiquen que las formalidades jurídicas necesarias en cada Parte han concluido.

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia el testimonio de mi más alta y distinguida consideración.

Al Excmo. Señor

D.DIDIER OPERTTI BADAN.

Ministro de Relaciones Exteriores

de la República Oriental del Uruguay,

Presente.

 

 

 

Montevideo, Uruguay, a 4 de mayo de 2004.

Excelentísimo Señor Ministro:

Tengo el agrado de referirme a los intercambios de Notas efectuados el 16 de abril de 2004, entre el Dr. William Ehlers, Ministro Interino de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, y el Lic. Fernando Canales Clariond, Secretario de Economía de los Estados Unidos Mexicanos, acerca de los temas que a continuación se detallan, relacionados con el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, firmado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 15 de noviembre de 2003:

1. Lista definitiva de profesionales a que se refiere la nota al pie del Apéndice 12-04 (D) (1) "Profesionales" del Capítulo XII "Entrada Temporal de Personas de Negocios".

2. Entendimiento alcanzado entre las Delegaciones de México y del Uruguay, en relación con las reservas de la República Oriental del Uruguay al Trato Nacional dispuesto en el Tratado de Libre Comercio, referidas a la facultad del Ejecutivo de establecer en la importación anticipos al IVA y al Impuesto Específico Interno (IMESI), así como de que el cobro del IMESI sea doble para algunos productos importados.

3. Eliminación de los párrafos 4 y 5 del apartado "Tributos Internos vinculados a las importaciones" de la Sección B - Medidas de Uruguay del anexo 3-10 del Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

Sobre el particular, me complazco en transmitir a Vuestra Excelencia la conformidad del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos con los términos de las comunicaciones intercambiadas el 16 de abril de 2004, sobre los temas a que se hace referencia en los numerales 1 a 3 de la presente Nota, que formarán parte integral del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay, firmado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el 15 de noviembre de 2003.

Finalmente, hago del conocimiento de Vuestra Excelencia que los entendimientos alcanzados entre ambos Gobiernos han sido enviados a la consideración del H. Senado de la República y que en los términos del Artículo 20-03 del Tratado de Libre Comercio, entrarán en vigor 30 días después que se intercambien comunicaciones que certifiquen que las formalidades jurídicas necesarias en cada Parte han concluido.

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia el testimonio de mi más alta y distinguida consideración.

Al Excmo. Señor

D.DIDIER OPERTTI BADAN.

Ministro de Relaciones Exteriores

de la República Oriental del Uruguay,

Presente.

 

 

 

SECRETARIA DE ECONOMIA

México, D.F., 16 de abril de 2004.

Dr. DIDIER OPERTTI

Ministro de Relaciones Exteriores

República Oriental del Uruguay

Excelentísimo Señor Ministro:

Tengo el honor de confirmar el entendimiento alcanzado entre las delegaciones de nuestros países, en relación con las reservas de la República Oriental del Uruguay al Trato Nacional dispuesto en el TLC, referidas a la facultad del Ejecutivo de establecer en la importación anticipos al IVA y al Impuesto Específico Interno (IMES), así como de que el cobro del IMESI sea doble para algunos productos importados.

En ese sentido, la República Oriental del Uruguay se compromete a no incluir nuevos productos al cobro del doble IMESI que los establecidos al momento de la firma del Tratado (cerveza y bebidas no alcohólicas); asimismo, de existir alguna eliminación de la tributación y/o liquidación discriminatoria de los referidos impuestos, se compromete a aplicarla a los efectos del Tratado.

La obligación y compromiso contraídos en este Tratado no se impide a la República Oriental del Uruguay modificar el referido régimen de tributación y liquidación vigente siempre que dicha modificación se ajuste a los mencionados principios y obligaciones de Nación Más Favorecida y de Trato Nacional.

Propongo que la presente y su carta de respuesta que la confirme, constituyan un acuerdo entre nuestros gobiernos.

Atentamente,

El Secretario

 

 

Montevideo, 16 de abril de 2004.

Excelentísimo señor Secretario:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia para acusar recibo de Vuestra Nota de esta misma fecha, cuyo texto transcribo a continuación:

Excelentísimo Señor Ministro:

Tengo el honor de confirmar el entendimiento alcanzado entre las delegaciones de nuestros países, en relación con las reservas de la República Oriental del Uruguay al Trato Nacional dispuesto en el TLC, referidas a la facultad del Ejecutivo de establecer en la importación anticipos al IVA y al Impuesto Específico Interno (IMESI), así como de que el cobro del IMESI sea doble para algunos productos importados.

En ese sentido, la República Oriental del Uruguay se compromete a no incluir nuevos productos al cobro del doble IMESI que los establecidos al momento de la firma del Tratado (cerveza y bebidas no alcohólicas); asimismo, de existir alguna eliminación de la tributación y/o liquidación discriminatoria de los referidos impuestos, se compromete a aplicarla a los efectos del Tratado.

La obligación y compromiso contraídos en este Tratado no impide a la República Oriental del Uruguay modificar el referido régimen de tributación y liquidación vigente, siempre que dicha modificación se ajuste a los mencionados principios y obligaciones de Nación Más Favorecida y de Trato Nacional.

Propongo que la presente y su carta de respuesta que la confirme, constituyan un acuerdo entre nuestros gobiernos".

Me complazco en confirmar a Vuestra Excelencia la conformidad del Gobierno de la República Oriental del Uruguay con los términos de la Nota anteriormente transcripta, la cual junto con la presente constituye un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos.

Hago propicia la oportunidad para reiterarle a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Excelentísimo Sr. Lic. Fernando Canales Clariond

Secretario de Economía de los

Estados Unidos Mexicanos

 

 

ASESORIA DE POLITICA COMERCIAL

Montevideo, 8 de setiembre de 2005.

Sr. Ministro de Economía y Finanzas

Cr. Danilo Astori:

Llega a esta asesoría un proyecto de ley, en el que se proyecta la aprobación de un acuerdo en dos Notas Reversales de fecha 16 de abril de 2004, entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo contenido se aprueban sendas modificaciones al Tratado de Libre Comercio acordado entre ambos países.

La primera refiere al compromiso de Uruguay a suprimir la aplicación de la Tasa Consular establecida por la Ley Nº 17.453, del 28 de febrero de 2002 y de la Tasa BROU puesta en vigencia por la Ley Nº 16.492, del 2 de junio de 1994 y por Decreto Nº 33/002 del 30 de enero de 2002. (hoy vigente por Decreto Nº 349/004 del 29 de setiembre del 2004, en el que se prevé su vigencia hasta el 30 de junio de 2007), en el término de 3 años a partir del 1er. día del cuarto año de la entrada en vigor del TLC. El compromiso comprende los bienes importados de origen o procedencia Mexicana.

Por otra parte a través de esta Nota los Estados Unidos Mexicanos se comprometen a abstenerse de formular cualquier reclamación por la aplicación de las mencionadas tasas, según el procedimiento de solución previsto en el Capítulo XVIII del Tratado de Libre Comercio, o en la OMC o cualquier foro internacional. Asimismo Uruguay se compromete a dar tratamiento de nación más favorecida con respecto a dichas tasas, si durante ese plazo de su vigencia hubiere una exoneración o rebaja a cualquier otro país o grupo de países.

El segundo Acuerdo refiere a la facultad que se reservó Uruguay del cobro en la importación de adelantos sobre IVA y sobre IMESI y sobre este último el cobro de doble impuesto a la cerveza y bebidas no alcohólicas, importadas. Al respecto por este segundo Acuerdo Uruguay se obliga a no incluir nuevos bienes además de estos, en el cobro del doble IMESI para los bienes importados, asimismo, a que cualquier eliminación de tributación discriminatoria existente se aplicará a los efectos del Tratado. Se manifiesta asimismo que lo anterior no inhibe a Uruguay a realizar cambios de su tributación siempre que se respete el principio de Nación Más Favorecida y de Trato Nacional, con respecto a los Estados Unidos Mexicanos.

CONSIDERACIONES

1) Con respecto al esclarecimiento de lo solicitado a esta asesoría por la Asesoría Jurídica a fojas 15, se señala que el Mensaje de Ley se manifiesta que Uruguay se compromete a "no incluir nuevos productos al cobro del IMESI", siendo que se debería haber dicho "no incluir nuevos productos al cobro del DOBLE IMESI", y que bajo esa modalidad de tributación para los bienes importados son sólo la cerveza y las bebidas no alcohólicas, los bienes gravados por el doble. Sobre la omisión de incluir por parte de RREE una de las notas, se constató tal omisión y se regularizó incorporando la nota omitida (que es también del 16 de abril y no del 4 de marzo como lo indica el informe a fojas 15) que fue recepcionada por fax a efectos de no demorar el trámite de los presentes obrados.

2) Esta asesoría considera viables los compromisos contraídos por la primera Nota, y descriptos más arriba, ya que en relación a ambas tasas, BROU y Consular, ya se dispuso, en el Decreto 349/004, una secuencia descendente en las alícuotas hasta el 30 de junio de 2007, en ambas tasas fijándose en 0 (cero) a partir del 1 de julio de 2007, en el marco de dicho compromiso.

3) En referencia al doble IMESI en la segunda Nota, se asume el compromiso de no incorporar nuevos bienes, en la doble tributación existente ya mencionada, lo que se considera que está acorde con la política ya adoptada de eliminar las discriminaciones en el comercio y alineado con la normativa aplicable por las organizaciones internacionales; siendo además pertinente el compromiso que, si hubiere una rebaja o exoneración en los bienes gravados, com-prenda a los Estados Unidos Mexicanos, por aplicación de la norma de "trato nacional" y "Nación más favorecida", acorde con los términos del TCL, reivindicándose además la potestad irrenunciable, de modificación, por parte de la República Oriental del Uruguay de la tributación referida.

CONCLUSION

En primer lugar y de acuerdo a lo expuesto en el numeral 1) de "CONSIDERACIONES" se recomienda, modificar el Mensaje de acuerdo a lo expuesto entre comillas en el mencionado numeral, a consecuencia de la observación realizada por la ASESORIA LETRADA.

En segundo lugar y por último se entiende que los acuerdos descritos, que se encuentran contenidos en las dos notas reversales del 16 de abril de 2004, se encuentran dentro de los términos, que razonablemente se podría acordar en el área tributaria relacionada con las dos Tasas, BROU y Consular, y Doble IMESI en la importación, siendo adecuado y conveniente incluir sus términos, en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se sugiere el envío al Poder Legislativo del proyecto de ley contenido en estos obrados.

 

Ministerio de Economía y Finanzas

Asesoria Tributaria

Montevideo, 12 de junio de 2006.

Viene a informe de esta Asesoría, un proyecto de ley a través del cual se aprueban dos Acuerdos por canje de notas, celebrados por la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos, con modificaciones al régimen tributario contenido en el Tratado de Libre Comercio entre dichos países.

La primera de las modificaciones refiere a la Tasa Consular creada por la Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002, y a la tasa sobre Importaciones establecida por la Ley Nº 16.492, de 2 de junio de 1994. En efecto, las notas reversales disponen que ambos gravámenes se aplicarán a los bienes importados de origen o procedencia mexicana por un período de tres años a contar desde la entrada en vigor del mencionado Tratado de libre comercio, firmado el 15 de noviembre de 2003 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

El segundo de los acuerdos se vincula con el compromiso asumido por Uruguay de no incluir nuevos productos en la nómina de bienes importados que están sometidos a la tributación de un IMESI que se fija como el doble del correspondiente al producto nacional. Al momento de la firma del Tratado de libre comercio, los bienes importados que pagaban un IMESI incrementado al doble del mismo producto de origen nacional, eran las cervezas y las bebidas sin alcohol. Asimismo, si Uruguay eliminara con carácter particular alguna de estas medidas, se compromete a aplicarla a los efectos del Tratado con los Estados Unidos Mexicanos.

Por razones de especialidad, esta Asesoría se limitará a dar una opinión sobre lo relativo al IMESI.

En los últimos años nuestra República ha procedido a eliminar la mayoría de disposiciones que establecían un IMESI más oneroso para ciertos bienes importados con relación a los mismos bienes de origen nacional. En forma sucesiva, en la aplicación de este impuesto, se realizó la adecuación de "trato nacional" para los productos vínicos (vermouth, vinos finos, vinos licorosos, espumantes, especiales y champaña), para las bebidas alcohólicas, para los tabacos, cigarros y cigarrillos, y para los amargos sin alcohol.

Este proceso ha sido la culminación de reclamos efectuados por otros países en el marco del Tratado de Asunción o del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, en razón de la cual, a juicio de esta Asesoría, se introdujeron modificaciones tributarias que están definitivamente consolidadas. En el mismo sentido, estas modificaciones fueron de alcance general, no habiéndose introducido modificaciones que fueran aplicables con relación a determinados países.

Por razones de armonización con otras medidas de efectos económicos equivalentes que aplican los países integrantes del MERCOSUR, hasta la fecha no ha sido viable adoptar disposiciones de aplicación de "trato nacional" en el IMESI correspondiente a las cervezas y bebidas sin alcohol importadas.

En razón de lo expuesto, se entiende que el acuerdo proyectado con los Estados Unidos Mexicanos, de mantener el régimen vigente de tributación del IMESI aplicable a las cervezas y bebidas no alcohólicas importadas, se encuentra alineado con la política implementada por Uruguay en los últimos años en materia internacional, por lo que no se tienen objeciones que formular al proyecto considera-do.

Cr. Fernando Serra Asesor

Compartiendo el informe que antecede, se eleva.

Cr. David Eibe

Coordinador de la Asesoría Tributaria.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha enviado para su aprobación las Modificaciones al Régimen Tributario establecido en el Tratado de Libre Comercio, entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos, celebrado en Santa Cruz de la Sierra, el 15 de Noviembre de 2003.

El Mensaje del Poder Ejecutivo propone la aprobación de dos convenios realizados mediante Canjes de Notas, por los cuales se acuerdan modificaciones al régimen tributario establecido en el Tratado de Libre Comercio entre la República y los Estados Unidos Mexicanos.

Respecto de la forma, las notas intercambiadas entre los referidos Gobiernos constituyen un acuerdo entre dos Estados soberanos, celebrado por escrito y regido por el Derecho Internacional. Constituyen un verdadero Tratado, según las previsiones del artículo 2º, literal "a" de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Son lo que la doctrina francesa primero, y comparada luego, denominan como "acuerdos en forma simplificada". La validez jurídica de los Acuerdos en forma simplificada no es contestada por el Derecho Internacional.

En consideración a ello, corresponde la tramitación de la aprobación parlamentaria, conforme lo determine el artículo 168 numeral 20, de la Constitución.

Sin embargo, cabe expresar que el procedimiento aplicado por el Poder Ejecutivo en este caso, no es absolutamente correcto. No debe admitirse más de un único instrumento a aprobar, por cada Mensaje con su correspondiente Proyecto de Ley.

Respecto de la cuestión de fondo, el efecto jurídico de la modificación del Tratado de Libre Comercio entre nuestro país y la nación mexicana operada por estas notas, no presenta inconvenientes. Han sido otorgadas, intercambiadas y aceptadas recíprocamente por las respectivas autoridades competentes, sobre parte de una materia ya regulada y sobre la cual no habría objeciones.

Por tanto y con la salvedad expresada ut supra, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales recomienda la aprobación del referido proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 26 de octubre de 2006.

Sergio Abreu, Miembro Informante; Carlos Baráibar, Alberto Couriel, José Korzeniak, Luis Alberto Heber, Rafael Michelini, Enrique Rubio, Julio María Sanguinetti. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: voy a tratar de no ingresar en una explicación extensa, pero se trata de la aprobación de las modificaciones al régimen tributario establecido en el Tratado de Libre Comercio entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos, celebrado en el año 2003.

Posteriormente a este Tratado se celebraron dos Convenios, que fueron realizados a través de sendas Notas Reversales o Canje de Notas y por los cuales se acuerdan modificaciones al régimen tributario establecido en el Convenio. Uno de ellos tiene que ver con la Tasa Consular -y en esto constan informaciones de la Asesoría del Ministerio de Economía y Finanzas- creada por la Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002 y, el otro, con la Tasa sobre Importaciones establecida por la Ley Nº 16.492, de 2 de junio de 1994. En efecto, las Notas Reversales disponen que ambos gravámenes se aplicarán a los bienes importados de origen o procedencia mexicana por un período de tres años a contar desde la entrada en vigor del mencionado Tratado de Libre Comercio, celebrado entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos.

El segundo de los Acuerdos se vincula con la no inclusión de nuevos productos en la nómina de bienes importados que están sometidos a la tributación de un IMESI que se fija como el doble del correspondiente al producto nacional. El Poder Ejecutivo ha venido eliminando sucesivamente esta clase de doble IMESI, entre otras cosas, por reclamos que se han efectuado en el ámbito de los Tratados internacionales, en especial, del MERCOSUR. Queda pendiente éste, relativo a algunos productos y, hasta la fecha, no ha sido viable adoptar disposiciones de aplicación de "trato nacional" en el IMESI correspondiente a las cervezas y bebidas sin alcohol importadas. Por lo tanto, al no incluir nuevos productos, quedan vigentes estos dos y se entiende que el Acuerdo proyectado con los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de mantener el régimen vigente de tributación del IMESI, aplicable a las cervezas y bebidas no alcohólicas, se encuentra alineada con la política implementada por el Uruguay.

Estos son los dos aspectos que modifican el Tratado de Libre Comercio, aunque en el informe hacemos una referencia de carácter puntual y formal en el sentido de que el procedimiento aplicado por el Poder Ejecutivo, en este caso, no es absolutamente correcto porque no es admisible que en más de un instrumento se apruebe cada Mensaje con su correspondiente proyecto de ley, lo que debería hacerse por separado.

De todas maneras, aun con esta clase de observaciones, que esperamos sean tenidas en cuenta por parte del Poder Ejecutivo para que en el futuro incluya cada una de estas modificaciones en proyectos de ley separados, es que aconsejamos la aprobación de esta iniciativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Apruébanse dos acuerdos por canje de notas, entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, suscritos el 16 de abril y el 4 de mayo de 2004 respectivamente, con modificaciones al régimen tributario establecido en el Tratado de Libre Comercio entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos Mexicanos, celebrado en Santa Cruz de la Sierra, el 15 de noviembre de 2003."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

23) ACUERDO MARCO DE INTERCONEXION ENERGETICA ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE BRASILIA, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EL 16 DE MARZO DE 2006

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo

Marco de Interconexión Energética entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil, suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 16 de marzo de 2006 (Carp. Nº 563/06 -

Rep. Nº 356/06)."

(Antecedentes:)

"Carp.Nº 563/06

Rep. Nº 356/06

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Montevideo, 26 de junio de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 numeral 7 y 168 numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley adjunto, por el cual se aprueba el Acuerdo Marco de Interconexión Energética entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil, suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 16 de marzo de 2006.

I. ANTECEDENTES

Entre los principales antecedentes del Acuerdo que hoy se somete a la aprobación de ese Cuerpo se encuentran:

I.1. Acuerdo de Complementación Económica Nº 2 entre la República Federativa del Brasil y la República Oriental del Uruguay.

El 20 de diciembre de 1982 fue suscrito el Acuerdo de Complementación Económica Nº 2 entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil. El objeto de dicho instrumento es la promoción del máximo aprovechamiento de los factores de producción entre los Países signatarios y el estímulo de su complementación económica.

I.2. Protocolo al Tratado de Amistad, Cooperación y Comercio entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil, para la Interconexión Eléctrica.

El artículo XVIII del Tratado de Amistad, Cooperación y Comercio celebrado entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil previó que ambos Estados tendrían presentes las necesidades de suministro de energía en sus territorios y procurarían satisfacerlas en las mejores condiciones técnicas y financieras, incluso mediante la interconexión de los respectivos sistemas eléctricos.

Teniendo en cuenta el mencionado antecedente, considerando la conveniencia de ampliar la integración mediante la interconexión física de sus sistemas eléctricos con la finalidad de posibilitar la utilización y el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos de ambos Estados, a través del análisis conjunto de los proyectos y situaciones relacionadas con dicha interconexión eléctrica, el 29 de setiembre de 1994, la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil, suscribieron en la ciudad de Nueva York, el Protocolo al Tratado de Amistad, Cooperación y Comercio para la Interconexión Eléctrica.

Mediante el referido Protocolo, las Partes se comprometieron a desarrollar esfuerzos conjuntos a los efectos de promover el estudio conjunto de la interconexión de sus sistemas eléctricos, analizar los aspectos operacionales vinculados con el intercambio de energía y analizar formas de comercialización y marcos jurídicos de referencia para regir sus relaciones comerciales en lo relativo al intercambio de energía eléctrica. A dichos efectos, acordaron constituir un Grupo de Trabajo Binacional. Asimismo, se comprometieron a dictar la reglamentación relativa a las operaciones de importación y exportación de energía siguiendo los principios de equidad y reciprocidad.

I.3. Acuerdo Marco sobre Complementación Energética Regional entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados.

La complementación energética regional se planteó como una de las prioridades de la Presidencia Pro Tempore uruguaya del MERCOSUR. Fue así que, sobre la base de un proyecto de Acuerdo Marco presentado por Uruguay, se trabajó en el ámbito de la Reunión de Ministros de Energía del MERCOSUR y en el Subgrupo de Trabajo Nº 9 Energía. En esas instancias, los Estados Partes del MERCOSUR reconocieron la necesidad de promover y fortalecer la integración regional y de tener presente, al mismo tiempo, las complementariedades potenciales y las asimetrías en materia energética, señalando la importancia de la cooperación entre las Partes. Fue así que, el 9 de diciembre de 2005, el Acuerdo Marco sobre Complementación Energética Regional entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados fue suscrito por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (Estados Partes del MERCOSUR) y Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela.

El Acuerdo tiene por objeto avanzar en la integración energética regional en materia de producción, transporte, distribución y comercialización de suministros energéticos en los países suscriptores. El instrumento señala expresamente el objetivo de asegurar los suministros energéticos y minimizar los costos del intercambio energético, asegurando una valorización justa de dichos recursos y fortaleciendo el desarrollo sustentable. Los Estados signatarios esperan que los instrumentos que se suscriban al amparo del Acuerdo Marco, creen las condiciones para la ejecución de actividades, proyectos y obras de infraestructura energética que propicien la complementación de sus intercambios, así como el aprovechamiento más eficaz de los recursos disponibles. Asimismo, el mencionado instrumento prevé una intensificación de la cooperación energética a través de la suscripción de acuerdos regionales, subregionales o bilaterales en áreas tales como intercambio comercial de hidrocarburos, interconexión de las redes de transmisión eléctrica, interconexión de redes de gasoducto y otros ductos hidrocarburíferos, cooperación en la prospección, exploración, explotación e industrialización de hidrocar-buros y fuentes de energía renovables y energías alternativas.

El Acuerdo Marco aprobado en el ámbito del MERCOSUR prevé que su vigencia permitirá que los países que desarrollen acuerdos específicos de interconexión o integración energética, informe apropiadamente a los demás suscriptores que podrían beneficiarse por los mismos, para que puedan negociar su eventual incorporación. Además, impulsa el intercambio y la actualización técnica para fortalecer las capacidades institucionales orientadas a promover el uso racional y eficiente de la energía convencional, la eficiencia energética, las energías renovables, la preservación del medio ambiente y la armonización de los niveles de seguridad y calidad entre los países miembros y asociados del MERCOSUR.

El 9 de marzo pasado, la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) informó sobre la protocolización del Acuerdo Marco sobre Complementación Energética Regional entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados. La protocolización se realizó en virtud de lo dispuesto por el Tratado de Montevideo, 1980, identificándose en la ALADI como Acuerdo de Alcance Parcial de Promoción del Comercio Nº 19 (AAPPC 19).

II. EL ACUERDO

Partiendo de los antecedentes que vienen de señalarse, la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil analizaron la importancia de promover un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos basados en la cooperación, la integración y la interconexión de sus sistemas eléctricos, con el objetivo de avanzar en el desarrollo de los pueblos. Asimismo, tomaron en consideración que la vinculación de las estaciones de Rivera y Livramento ha permitido desarrollar una importante experiencia en la operación de los intercambios, en los beneficios asociados y en los instrumentos técnicos y comerciales que permiten dinamizar los referidos intercambios. Así arribaron a las soluciones consagradas en el Acuerdo Marco que hoy se someten a la consideración de ese Cuerpo y que se enumeran a continuación.

El artículo 1 explicita cuál es el objeto del instrumento: el fortalecimiento de la integración energética entre las Partes, respetando lo dispuesto en sus respectivos marcos regulatorios.

Los propósitos perseguidos mediante el desarrollo de interconexiones eléctricas son, entre otros, la intensificación de la cooperación recíproca en el campo energético, la optimización del uso racional de los recursos energéticos de generación y trasmisión, el estímulo a los intercambios mutuos de potencia y energía entre los sistemas eléctricos interconectados de las Partes, considerando diversas formas contractuales de comercialización firme, ocasional y de apoyo en situaciones de emergencia. Asimismo, las interconexiones energéticas en las Partes están orientadas a mejorar la seguridad y calidad de los servicios y a proporcionar asistencia técnica recíproca.

La Comisión de Interconexión Energética que se crea con el objeto de expandir la integración energética de las Partes, estará integrada por seis miembros: tres en representación de cada una de ellas, con sus respectivos suplentes, indicados por el Ministerio de Industria, Energía y Minería de la República Oriental del Uruguay y el Ministerio de Minas y Energía de la República Federativa del Brasil. En este último caso, participarán dos representantes del Ministerio de Minas y Energía y uno de la Empresa de Investigación Energética-EPE (artículo 2º).

En el artículo 3º, se señalan, en forma no taxativa, las siguientes modalidades de intercambio que podrán adoptar las Partes, a los efectos de dinamizar la integración energética: contratación de potencia firme con energía asociada, contratación de abastecimiento firme de energía, intercambios interrumpibles de optimización e intercambios interrumpibles de emergencia.

El desarrollo de la expansión de la integración energética entre las Partes tendrá lugar de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco sobre Complementación Energética Regional entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados previamente reseñado (artículo 4º).

Según el artículo 5º, los criterios de exención tributaria que se aplicarán a las transacciones comerciales e intercambios de energía eléctrica, serán definidos de común acuerdo por las Partes.

De conformidad con el artículo 6º, las Partes convienen mantenerse informadas de las interconexiones de sus sistemas eléctricos, por cuanto la operativa y el desarrollo de las interconexiones entre los países de la región implican el reconocimiento de propósitos y objetivos que concuerdan con los establecidos en el presente instrumento.

En cuanto a las posibles controversias que surjan con respecto a la interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones del Acuerdo Marco, el párrafo 1 del artículo 7º prevé que se procurará resolverlas mediante negociaciones directas entre las Cancillerías. Asimismo, los acuerdos específicos que se celebren en el marco de este Acuerdo establecerán su propio mecanismo de solución de las controversias a que de lugar su funcionamiento.

El Acuerdo Marco de Interconexión Energética entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil tendrá una importante incidencia en el desarrollo de acciones de complementación energética entre nuestros Estados, lo que hace particularmente trascendente su entrada en vigencia, para lo cual se solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Jorge Lepra.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Montevideo, 26 de junio de 2006.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo Marco de Interconexión Energética entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil, suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 16 de marzo de 2006.

Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Jorge Lepra.

ACUERDO MARCO DE INTERCONEXION ENERGETICA ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay

y

El Gobierno de la República Federativa del Brasil,

(en adelante denominadas "Las Partes"),

Reafirmando el interés de avanzar en el desarrollo de sus pueblos, promoviendo, en esta instancia, un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos basados en la cooperación, integración e interconexión de sus sistemas eléctricos;

Teniendo en cuenta que la interconexión eléctrica entre las Partes, mediante la vinculación de las estaciones de Rivera (República Oriental del Uruguay) y Livramento (República Federativa del Brasil), ha permitido en una primera etapa, desarrollar experiencia en la operación de los intercambios así como en los beneficios asociados y en los instrumentos técnicos y comerciales que posibilitan dinamizar dichos intercambios.

Considerando:

El acuerdo de Complementación Económica Nº 2, celebrado entre la República Federativa del Brasil y la República Oriental del Uruguay, el día 20 de diciembre de 1982;

El Tratado de Asunción, suscrito entre los Gobiernos de la República Oriental del Uruguay, la República Federativa del Brasil, la República Argentina y la República del Paraguay el 26 de marzo de 1991;

El Protocolo al Tratado de Amistad, Cooperación y Comercio para la Interconexión Eléctrica, celebrado en la ciudad de Nueva York el 29 de setiembre de 1994;

El Acuerdo Marco sobre Complementación Energética Regional entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, suscrito en la ciudad de Montevideo el 9 de diciembre de 2005;

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1º

El presente Acuerdo Marco tiene por objeto buscar fortalecer la integración energética entre las Partes, res-petando lo dispuesto en los respectivos marcos regulatorios.

Las interconexiones eléctricas desarrolladas o a desarrollarse entre ambos países tienen, entre otros, los siguientes propósitos:

a) intensificar la cooperación recíproca en el campo energético y propiciar la integración mediante la interconexión de los sistemas eléctricos;

b) optimizar el uso racional de los recursos energéticos de generación y trasmisión;

c) propiciar los intercambios mutuos de potencia y energía entre sus sistemas eléctricos interconectados, considerando la posibilidad de diversas formas contractuales de comercialización firme, ocasional y de apoyo en caso de emergencias;

d) mejorar la seguridad y calidad de los servicios;

e) proporcionar asistencia técnica recíproca y programas de mejora de recursos humanos, con el alcance y dentro de las finalidades del presente instrumento.

Artículo 2º

1. Para la expansión de la integración energética de las partes se crea por el presente Acuerdo Marco una Comisión de Interconexión Energética integrada por seis miembros, tres en representación de cada Parte, y sus respectivos suplentes, indicados por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) de la República Oriental del Uruguay y del Ministerio de Minas y Energía (MME) de la República Federativa del Brasil.

2. La representación brasileña contará con dos representantes del Ministerio de Minas y Energía y uno de la Empresa de Investigación Energética-EPE.

Artículo 3º

Las Partes establecerán las modalidades de intercambio que podrán adoptarse para dinamizar la integración energética, entre las cuales las siguientes:

a) contratación de potencia firme con energía asociada,

b) contratación de abastecimiento firme de energía,

c) intercambios interrumpibles de optimización,

d) intercambios interrumpibles de emergencia.

Artículo 4º

La expansión de la integración energética entre Brasil y Uruguay se desarrollará de conformidad con los criterios previstos en el Acuerdo Marco sobre Complementación Energética Regional entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, suscripto en la ciudad de Montevideo, el 9 de diciembre de 2005.

Artículo 5º

Las Partes definirán de común acuerdo los criterios de exención tributaria aplicables a las transacciones comerciales e intercambios de energía eléctrica.

Artículo 6º

En tanto la operativa y desarrollo de las interconexiones entre los diversos países de la región implican el reconocimiento de propósitos y objetivos concordantes con los establecidos en este Acuerdo Marco, las Partes convienen mantenerse informados de las interconexiones de sus sistemas eléctricos.

Artículo 7º

1. Las controversias que surjan sobre la interpretación, la aplicación, o el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo Marco, se procurarán resolver a través de negociaciones directas entre las Partes, a través de sus respectivas Cancillerías.

2. Los acuerdos específicos realizados en el marco del presente instrumento determinarán, en cada caso, el mecanismo para la solución de controversias que surjan entre las Partes con relación a los compromisos en ellos asumidos.

Artículo 8º

1. El presente Acuerdo Marco entrará en vigor en la fecha de la última nota en que las Partes se comuniquen el cumplimiento de los requisitos internos para su entrada en vigor y tendrá validez en forma indefinida, salvo que una de las Partes notifique a la otra, por la vía diplomática, con una anticipación de seis meses, su intención de denunciado.

2. La denuncia del presente Acuerdo Marco no afectará los proyectos que se encuentren en etapa de ejecución, ni los contratos celebrados al amparo del presente instrumento.

3. Las Partes deberán protocolizar el presente Acuerdo Marco ante la Secretaría General de ALADI como Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 2 entre Brasil y Uruguay, del 20 de diciembre de 1982 (AAP.CE Nº 2).

Hecho en la ciudad de Brasilia, a los dieciséis días del mes de marzo de 2006, en dos ejemplares originales en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

 

NTERCONEXION

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Referencia: 7

Origen: MRREE

Documento: 158935

ASESORIA JURIDICA

Montevideo, 23 de junio de 2006.

Señora Directora de

la Asesoría Jurídica

Dra. Ana María Segovia

Presente

De mi mayor consideración:

En referencia al Mensaje y Proyecto de Ley adjunto, esta Asesoría no tiene observaciones jurídicas que formular.

Saluda a Ud. atentamente.

Firmas:

- Rosario De Avila - ASESOR

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Referencia: 8

Origen: MRREE

Documento: 158935

DIRECCION DE LA ASESORIA JURIDICA

Montevideo, 23 de junio de 2006.

Señor Secretario de la

Presidencia de la República

Doctor Gonzalo D. Fernández

Presente

De mi mayor consideración:

Elevo a usted el precedente informe redactado por la doctora Rosario de Avila, que se comparte.

Saluda a usted muy atentamente,

Firmas:

- Ana Segovia - DIRECTOR

Ministerio de Relaciones Exteriores

DIRECCION GENERAL DE SECRETARIA

Montevideo, 9 de mayo de 2006.

Se remite al Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de recabar la firma del Señor Ministro Cr. Danilo Astori.

 

 

 

ASESORIA EN POLITICA COMERCIAL

Montevideo, 25 de mayo de 2006.

Viene a consideración de esta Asesoría el proyecto de ley que aprueba el Acuerdo Marco de Interconexión Energética entre Uruguay y Brasil, suscrito por dichos países en la ciudad de Brasilia, el 16 de marzo de 2006.

El mencionado Acuerdo tiene por objeto promover el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, a partir de mecanismos de cooperación, la integración y la interconexión de sus sistemas eléctricos con los propósitos enunciados en su artículo 1º.

A los efectos señalados, y en lo fundamental, se crea una Comisión de Interconexión Energética, se prevén modalidades de intercambio tendientes a dinamizar la integración energética entre ambos países, disponiéndose, asimismo, que la expansión de la referida integración energética se desarrollará de conformidad con los criterios previstos en el Acuerdo Marco sobre Complementación Energética Regional entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 9 de diciembre de 2005.

De la lectura del texto del referido Acuerdo no surgen observaciones que formular desde la perspectiva de lo que constituye la materia propia de esta Asesoría.

Con lo informado, elévese a la Dirección General de Secretaría, a sus efectos.

 

 

 

 

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha enviado para su aprobación el Acuerdo Marco de Interconexión Energética entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil, suscrito en la ciudad de Brasilia, el 16 de marzo de 2006.

El Acuerdo Marco se insertaría en la línea de la cooperación e interconexión en materia de sistemas energéticos entre los países de la región, así como en el proceso de integración del que forma parte el Uruguay. Con la aprobación del Acuerdo Marco se pretende contribuir al desarrollo y al mejoramiento del aprovechamiento de los recursos energéticos.

El artículo 1º del Acuerdo Marco fija el objeto de las interconexiones eléctricas, el que consiste en una declaración programática relativa a intensificar la cooperación recíproca en el campo energético, optimizar el uso racional de los recursos energéticos de generación y transmisión, propiciar los intercambios mutuos de potencia y energía entre los sistemas eléctricos interconectados; mejorar la seguridad y calidad de los servicios; así como proporcionar asistencia técnica recíproca y programas de mejora de los recursos humanos.

A continuación se crea la Comisión de Interconexión Energética como órgano intergubernamental, más específicamente, de integración interministerial con el objetivo de "la expansión de la integración energética". Se integrará con seis miembros, tres por cada parte, más sus respectivos suplentes, todos los que serán indicados por el Ministerio de Industria, Energía y Minería en el caso del Uruguay y por el Ministerio de Minas y Energía en el del Brasil.

No se especifica cuáles serían sus funciones, sede, periodicidad de las reuniones, etcétera.

En el artículo 3º se establecen a modo enunciativo cuatro formas por las que las partes podrán dinamizar la integración energética, como ser la contratación de potencia firme con energía asociada, o los intercambios interrumpibles de emergencia.

El artículo 4º constituye una norma de enlace con el proceso de integración y con la política energética del MERCOSUR, en tanto prevé que la expansión de la integración energética entre el Uruguay y el Brasil se desarrollará según cuanto está previsto en el Acuerdo Marco sobre Complementación Energética Regional del MERCOSUR.

El artículo 5º prevé la exención tributaria para las transacciones comerciales e intercambios de energía eléctrica, delegándose al posterior acuerdo de parte la definición de los criterios de la misma.

Se prevé a continuación una norma de información, por la cual las partes se mantendrán informadas recíprocamente de las interconexiones de sus sistemas energéticos. Correspondería aclarar que el alcance de la información a brindar parece alcanzar las interconexiones que una parte en el Acuerdo Marco tenga respecto de los "diversos países de la región". Es decir que, según el artículo 6º, el Uruguay debería informar al Brasil de las interconexiones de sus sistemas eléctricos con los demás países de la región. Así, por ejemplo, de las que tenga o pueda llegar a tener en el futuro con la República Argentina o con la República de Bolivia. Igual conducta se compromete a adoptar el Brasil.

El artículo 7º hace la clásica remisión al procedimiento de solución de controversias que pudieren surgir en la interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones del Acuerdo, las que serán resueltas por negociaciones directas.

Por último, el artículo 8º prevé la entrada en vigor, denuncia y protocolización del Acuerdo Marco ante la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, como Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 2 entre Brasil y Uruguay de 20 de diciembre de 1982 (AAP. CE Nº 2).

Por lo expuesto, y por considerarlo de interés para la República, se recomienda la aprobación del Acuerdo que se informa.

Sala de la Comisión, 26 de octubre de 2006.

Sergio Abreu, Miembro Informante; Carlos Baráibar, Alberto Couriel, José Korzeniak, Luis Alberto Heber, Rafael Michelini, Enrique Rubio, Julio María Sanguinetti. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: brevemente, se trata de un Acuerdo Marco de Interconexión Energética entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil, suscrito el 16 de marzo de 2006.

Este Acuerdo Marco tiene como antecedentes -y así consta en el informe del Poder Ejecutivo- el Acuerdo de Complementación Económica Nº 2 entre la República Federativa del Brasil y la República Oriental del Uruguay, de 20 de diciembre de 1982; el Protocolo al Tratado de Amistad, Cooperación y Comercio entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil para la Interconexión Eléctrica, de setiembre de 1994, y el Acuerdo Marco sobre Complementación Energética Regional entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, de diciembre de 2005.

El Acuerdo Marco aprobado en el ámbito del MERCOSUR prevé que su vigencia permitirá que los países que desarrollen acuerdos específicos de interconexión o integración energética, informen apropiadamente a los demás suscriptores que podrían beneficiarse por los mismos, para que puedan negociar su eventual incorporación. Este Acuerdo ha sido protocolizado en el ámbito de la ALADI, según disposiciones y el Tratado vigente, como Acuerdo de Complementación dentro de lo que supone el Acuerdo de Alcance Parcial Nº 19. Se inserta en la línea de la cooperación e interconexión en materia de sistemas energéticos y crea la Comisión de Interconexión Energética como órgano intergubernamental entre ambos países, que estará integrada por seis miembros, tres por cada parte, con sus respectivos suplentes, los que serán indicados por el Ministerio de Industria, Energía y Minería en el caso del Uruguay y por el Ministerio de Minas y Energía en el de Brasil. No se especifica cuáles son sus funciones ni la periodicidad de las reuniones. Sí se establecen, a modo enunciativo, cuatro formas mediante las cuales las partes podrán dinamizar la integración energética -lo que constituye una novedad en este sentido-, definiendo claramente cada una de ellas: contratación de potencia firme con energía asociada, contratación de abastecimiento firme de energía, intercambios interrumpibles de optimización e intercambios interrumpibles de emergencia. Obviamente, esto significa un elemento de norma de enlace con el proceso de integración y con la política energética del MERCOSUR.

También se prevé una norma de información por la cual las partes se mantendrán informadas recíprocamente de las interconexiones de sus sistemas energéticos, aunque corresponde aclarar que la información a brindar parece alcanzar las interconexiones que una parte en el Acuerdo Marco tenga respecto de los diversos países de la región. Quiere decir que, según el artículo 6º, Uruguay debería informar al Brasil de las interconexiones de sus sistemas eléctricos con los demás países de la región, como así también, por ejemplo, de las que tenga o pueda llegar a tener en el futuro con la República Argentina o con la República de Bolivia. Es importante señalar que Brasil se compromete a adoptar igual conducta.

Por otra parte, se hace una remisión a la norma tradicional del procedimiento de solución de controversias.

Por lo tanto, la Comisión de Asuntos Internacionales aconseja la aprobación de este Protocolo adicional, en especial en este momento, habida cuenta de los proyectos de interconexión energética que existen con el Brasil y que van a ser regulados por él -en el entendido de que contiene normas específicas en la materia- y por los demás existentes con alcance más general que éste que está siendo sometido a consideración del Senado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"ARTICULO UNICO.- Apruébase el Acuerdo Marco de Interconexión Energética entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil, suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 16 de marzo de 2006."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

24) ACTA DE RECTIFICACION AL ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA Nº 60 SUSCRITO ENTRE MEXICO Y URUGUAY EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2003, EXTENDIDA POR LA SECRETARA GENERAL DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION (ALADI), EN MONTEVIDEO, EL 1º DE AGOSTO DE 2005

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acta de Rectificación al Acuerdo de Complementación Económica Nº 60 suscrito entre México y Uruguay el 15 de noviembre de 2003, extendida por la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), en Montevideo, el 1º de agosto de 2005. (Carp. Nº 573/06 - Rep. Nº 357/06)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 573/06

Rep. Nº 357/06

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 12 de julio de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7º) y 168, numeral 20) de la Constitución de la República, el adjunto Proyecto de Ley por el cual se aprueba el Acta de Rectificación al Acuerdo de Complementación Económica Nº 60 suscrito entre México y Uruguay el 15 de noviembre de 2003, extendida por la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), en Montevideo, el 1º de agosto de 2005.

El mencionado Acuerdo de Complementación Económica fue aprobado por Ley Nº 17.766, de 17 de mayo de 2004. Con posterioridad, los Estados signatarios y la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración detectaron algunos errores en el referido texto. A raíz de ello, esta última presentó a las Partes en forma consolidada los errores encontrados. De esta forma se inició un proceso de consulta entre los Signatarios, que concluyó con notas en las que éstos manifestaron su conformidad a las enmiendas que se detallan en el Acta cuya copia autenticada se adjunta al presente.

En virtud de lo expuesto anteriormente y dada la im-portancia que reviste la corrección del Acuerdo de Complementación Económica Nº 60, el Poder Ejecutivo solicita al Poder Legislativo la aprobación de Acta relacionada y las modificaciones efectuadas al Instrumento bilateral indicado.

Reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Héctor Lescano, José Mujica, Azucena Berutti, Eduardo Bonomi, Víctor Rossi, Jorge Lepra, Mariano Arana, José Díaz, Miguel Fernández Galeano, Marina Arismendi, Jorge Brovetto.

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 12 de julio de 2006.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acta de Rectificación al Acuerdo de Complementación Económica Nº 60 suscrito entre México y Uruguay el 15 de noviembre de 2003, extendida por la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), en Montevideo, el 1º de agosto de 2005.

Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Héctor Lescano, José Mujica, Azucena Berutti, Eduardo Bonomi, Víctor Rossi, Jorge Lepra, Mariano Arana, José Díaz, Miguel Fernández Galeano, Marina Arismendi, Jorge Brovetto.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha enviado para su aprobación el Acta de rectificación al Acuerdo de Complementación Económica Nº 60 suscrito entre México y Uruguay, extendida por la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) el 1º de agosto de 2005.

El Acta de Rectificación es un mecanismo previsto en la Resolución 30 del Comité de Representantes de la ALADI (ALADI/Resolución 30 del 17 de agosto de 1983) sobre "Funciones de la Secretaría General como depositaria de los acuerdos suscritos conforme al Tratado de Montevideo 1980 y procedimiento de corrección de errores".

En el inciso g) de dicha Resolución se establece concretamente el mecanismo del Acta de Rectificación, cuando se menciona, entre las funciones de la Secretaría General:

g); Sugerir a los países signatarios los ajustes de texto que considere necesarios con la finalidad de corregir errores de transcripción advertidos con posterioridad a su suscripción, que no afecten el sentido de las disposiciones acordadas ni el alcance de las preferencias que se hubieren pactado en la negociación.

En la medida en que el Acta de Rectificación es un procedimiento habitual de corrección de los errores formales que, con el aval de las Partes, realiza la Secretaría General de la ALADI para corregir este tipo de inevitables equivocaciones que se deslizan en los textos, sin incidir en el contenido de los mismos, no se entiende por qué este texto es remitido al Parlamento para su aprobación.

La Secretaría General de la ALADI ha emitido decenas de Actas de Rectificación que se incorporan a los Acuerdos sin ninguna necesidad de que las mismas vuelvan a pasar por procedimiento de incorporación alguno. Solamente se incorporan las Actas cuando se suscriben inmediatamente después del Acuerdo y por tanto se incluyen junto a este como parte de un mismo instrumento para la incorporación de ambas cosas juntas. Pero en los casos como el que nos ocupa, en que los errores formales se detectan varios meses después de la suscripción y la incorporación del Acuerdo, las Actas de Rectificación no requieren de proceso de incorporación alguno y es correcto que así sea por su contenido.

No vale para el caso el argumento de que el Acuerdo México-Uruguay, al que se liga esta Acta de Rectificación, haya sido aprobado parlamentariamente (a diferencia de otros Acuerdos y Protocolos de la ALADI), pues como se dijo, el Acta de Rectificación en nada constituye una modificación o agregado al Acuerdo, sino una corrección de aspectos formales.

Y si entendiera, para el caso, que las enmiendas contenidas en esta Acta de Rectificación no constituyen sólo una mera corrección de aspectos formales así una modificación o agregado al Acuerdo, entonces no correspondería que dichas correcciones fueran realizadas a través del procedimiento del Acta de Rectificación sino a través de un Protocolo Adicional al Acuerdo, por lo cual también, por ese otro motivo, deberá rechazarse el texto presentado.

Consta en el fax adjunto al Mensaje del Poder Ejecutivo enviado por la Delegación Permanente del Uruguay ante ALADI y MERCOSUR que dicha Representación, sin prejuzgar sobre el procedimiento requerido para la incorporación del Acta de Rectificación, le consulta a la Chancillería sobre el particular haciendo mención a la necesidad de que el Acta de Rectificación tenga la misma publicidad que el Acuerdo México-Uruguay (vía Diario Oficial), lo que hace presumir que este motivo (la necesaria publicidad) puede haber incidido en que nuestra Cancillería recomendara hacer incorporar el Acta por la misma vía que el Acuerdo.

Si ese fuera el motivo, a nuestro juicio, tampoco resulta suficiente. No corresponde aprobar por ley un Acta de Rectificación de la Secretaría General de la ALADI por el mero hecho lateral de la publicidad de la misma en el Diario Oficial, la cual puede hacerse -si se considerara necesario- sin necesidad de la aprobación parlamentaria del Acta.

Por lo expuesto se sugiere que el Proyecto de Ley sea devuelto al Poder Ejecutivo con los comentarios que se exponen.

Sala de la Comisión, 26 de octubre de 2006.

Sergio Abreu, Miembro Informante; Carlos Baráibar, Alberto Couriel, José Korzeniak, Luis Alberto Heber, Rafael Michelini, Enrique Rubio, Julio María Sanguinetti. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Se trata de un Acta de Rectificación al Acuerdo de Complementación Económica Nº 60 suscrito entre México y Uruguay el 15 de noviembre de 2003.

En realidad debemos hacer una observación, por lo que la Comisión aconseja devolver al Poder Ejecutivo el proyecto enviado, en virtud de que le parece innecesaria una aprobación legislativa, ya que el Acta de Rectificación es un mecanismo previsto en la Resolución Nº 30 del Comité de Representantes de la ALADI sobre funciones de la Secretaría General. En la medida en que esta corrección de aspectos formales del Tratado es el procedimiento habitual que con el aval de las partes realiza la Secretaría General de la ALADI para subsanar estas inevitables equivocaciones que se deslizan en los textos, sin incidir en su contenido, desde nuestro punto de vista se estima que no es conveniente que este asunto sea remitido al Parlamento para su aprobación.

Cabe señalar que la Secretaría General de la ALADI ha remitido decenas de Actas de Rectificación que se incorporan a los Acuerdos sin necesidad de que vuelvan a pasar por procedimientos de incorporación. Solamente se sigue un procedimiento de incorporación de las Actas cuando se suscriben inmediatamente después del Acuerdo y, por tanto, se incluyen como parte de un mismo instrumento.

En el caso que nos ocupa, los errores formales fueron detectados varios meses después de la suscripción. Por lo tanto, las Actas de Rectificación no requieren de ningún procedimiento de incorporación, y es correcto que así sea por su contenido. Desde nuestro punto de vista, aquí corresponde aprobar por ley un Acta de Rectificación por el mero hecho lateral de su publicidad en el Diario Oficial, sin necesidad de aprobación legislativa. En consecuencia, para dar mayor agilidad a estos temas, entendemos conveniente devolver el proyecto al Poder Ejecutivo para que, a través de procedimientos de publicidad, ponga en vigencia estas rectificaciones que atañen solamente a aspectos formales y no hacen a la esencia ni al contenido del Tratado inicial.

SEÑOR PRESIDENTE.- Francamente, la Mesa tiene la duda de si debería votarse este proyecto en forma negativa -lo que causaría incertidumbre al Poder Ejecutivo- o aprobar un proyecto sustitutivo en el sentido de devolver el original al Poder Ejecutivo.

SEÑOR ABREU.- Hemos redactado una propuesta por escrito que sugiere que el proyecto de ley sea devuelto al Poder Ejecutivo con los comentarios que se exponen.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa toma nota de la sugerencia realizada por el señor Senador Abreu.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la propuesta planteada por el señor Senador Abreu, en el sentido de devolver el proyecto de ley al Poder Ejecutivo por entender que éste tiene facultades para efectuar las correcciones sin necesidad de un trámite parlamentario.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

25) "SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se designa ‘Salomé Ureña de Henriquez’ el Jardín de Infantes Nº 233 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública (Carp. Nº 664/06 - Rep. Nº 349/06)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 664/06

Rep. Nº 349/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Salomé Ureña de Henríquez" el Jardín de Infantes Nº 233 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 11 de octubre de 2006.

Ruben Martínez Huelmo

1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario.

Comisión de

Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura aconseja al Cuerpo aprobar el proyecto de ley, por el que se designa "Salomé Ureña de Henríquez" al Jardín de Infantes Nº 233 del departamento de Montevideo.

La propuesta cuenta con el apoyo de la Dirección, de la Comisión de Fomento, autoridades departamentales de Primaria, Consejo de Educación Primaria y Consejo Directivo Central.

Salomé Ureña de Henríquez nació en Santo Domingo, fue poeta y pedagoga y aún se le considera como la figura central de la poesía lírica dominicana de mediados del siglo XIX, así como también innovadora de la educación femenina en su país.

Fundadora del Instituto de Señoritas, primer plantel femenino de Enseñanza Superior en la República, sin duda la escuela de mujeres más importante que ha habido en su país. Su dedicación a la formación de docentes magisteriales implicó un compromiso radical que determinó desplazar su pasión por la poesía. Además del reconocimiento como poetisa y pedagoga, la nominación de una de nuestras instituciones educativas no hace más que robustecer los lazos con una Nación de nuestra América a partir del reconocimiento de una de sus personalidades más preclaras.

Por lo expuesto, recomendamos al plenario la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 13 de setiembre de 2006.

Nora Castro, Miembro Informante; Pablo Alvarez López, Roque Arregui, Juan José Bruno, Federico Casaretto, José Carlos Mahía.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cultura

ACTA Nº 37

En Montevideo, el día veintiséis de octubre del año dos mil seis, a la hora once y diez minutos se reúne la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores.

Asisten los señores Senadores Alberto Cid, Leonardo Nicolini, Gustavo Penadés y Julio María Sanguinetti.

No concurre la señora Senadora Margarita Percovich por encontrarse en uso de licencia y faltan con aviso los señores Senadores Ruperto Long y Eduardo Lorier, quienes remiten nota justificando su inasistencia.

Preside el señor Senador Leonardo Nicolini, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría el señor Secretario Alberto Martínez Payssé, con la colaboración de la funcionaria Susana Rodríguez.

ASUNTOS ENTRADOS:

Por Secretaría se da cuenta de los siguientes:

- CARPETA Nº 663/2006. "CONSEJO DE CAPACITACION PROFESIONAL". Se modifica el Decreto-Ley Nº 14.869, de 23 de febrero de 1979. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1223/2006.

- CARPETA Nº 664/2006. "SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ". Se designa el Jardín de Infantes Nº 233 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública). Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1224/2006.

- Nota remitida por la Directora del Instituto Lipman adjuntando copia de la carta de descargos enviada a la Inspectora de Institutos y Liceos Profesora Ana María Da Silva Martínez.

ASUNTOS TRATADOS.

CARPETA Nº 664/2006. "SALOME UREÑA DE HENRIQUEZ". Se designa el Jardín de Infantes Nº 233 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública). Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1224/2006.

Por Secretaría se informa que ya cuenta con la aprobación de la Administración Nacional de Educación Pública.

Se vota: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Gustavo Penadés, quien lo hará en forma verbal.

RESOLUCIONES.

La Comisión acuerda por unanimidad de presentes conceder la audiencia solicitada por integrantes de la Escuela Matriz de Enfermería para la sesión a realizarse el próximo jueves 9 de noviembre a la hora 11; como segundo punto del Orden del Día la Carpeta Nº 541/2006. ACCESO A LA INFORMACION; y como tercer punto la Carpeta Nº 663/2006. CONSEJO DE CAPACITACION PROFESIONAL:

A la hora once y treinta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Leonardo Nicolini Presidente

Alberto Martínez Payssé Secretario.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: la Comisión de Educación y Cultura del Senado recomienda al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley -que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes- mediante el cual se designa al Jardín de Infantes Nº 233 del departamento de Montevideo con el nombre "Salomé Ureña de Henriquez".

Se trata de una importante poetisa y pedagoga nacida en Santo Domingo que, al día de hoy, aún es considerada la figura central de la poesía lírica dominicana de mediados del siglo XIX, además de ser innovadora en la educación femenina de su país. Egresada del primer plantel de enseñanza superior de la República Dominicana, fue fundadora del Instituto de Estudios de Señoritas.

En virtud de lo expuesto, consideramos que constituye una figura ilustre de las letras de nuestro continente, por lo que -reitero- la Comisión de Educación y Cultura recomienda la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Desígnase ‘Salomé Ureña de Henriquez’ el Jardín de Infantes Nº 233 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

26) SUSPENSION DE LA SESION ORDINARIA DEL DIA 7 DE NOVIEMBRE

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase una moción llegada a la Mesa.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Mociono para que se suspenda la sesión ordinaria del Senado del día martes 7 de noviembre, en virtud de haber establecido en esa fecha la interpelación al señor Ministro de Educación y Cultura." Firma el señor Senador Nicolini.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, la interpelación al señor Ministro de Educación y Cultura tendrá lugar el día martes 7 de noviembre a las 16 horas.

27) SUSPENSION DE LA HORA PREVIA DE LA SESION ORDINARIA DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase otra moción llegada a la Mesa.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Mociono para que se suspenda la hora previa del día martes 14 de noviembre, en virtud de que la Comisión de Constitución y Legislación en esa jornada tiene previsto recibir varias delegaciones en función del tratamiento del proyecto de Código de la Niñez y la Adolescencia." Firma el señor Senador Nicolini.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 17 en 18. Afirmativa.

28) SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESTITUIR DE SUS CARGOS A VARIOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde que el Senado pase a sesión secreta para considerar los asuntos que figuran en octavo y noveno término del Orden del Día.

(Así se hace. Es la hora 19 y 25 minutos.)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 19 y 41 minutos)

- Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

El Senado, en sesión secreta, ha aprobado y concedido al Poder Ejecutivo cuatro solicitudes de venia para destituir a un funcionario del Ministerio de Salud Pública, a otro funcionario del Ministerio de Salud Pública, a una funcionaria de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, Ministerio de Defensa Nacional y a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura, Unidad Ejecutora 010, Museo Nacional de Artes Visuales.

29) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 19 y 42 minutos, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Alfie, Baráibar, Breccia, Cid, Da Rosa, Dalmás, Fernández Huidobro, Gallinal, Heber, Oliver, Penadés, Percovich, Saravia, Topolansky y Xavier.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sra. Nelly Tavares Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.