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Nº 122 - TOMO 436 - 18 DE OCTUBRE DE 2006

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

47ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR SENADOR ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO Presidente en ejercicio

Y EL SENADOR DOCTOR EBER DA ROSA Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y SEÑOR SANTIAGO GONZALEZ BARBONI Y EL PROSECRETARIO DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Inasistencias

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

5) Solicitud de licencia

- La formula el señor Senador Alfie. 

- Concedida.

6) Integración del Cuerpo

- Nota de desistimiento. La presenta el señor Alberto Brause comunicando que, por esta vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.

7) Crisis de la celulosa

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, del Interior, de Turismo y Deporte y de Educación y Cultura, y a los Gobiernos Departamentales y Juntas Autónomas de todo el país.

8) Medicación para el tratamiento de tumores

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Salud Pública, de Trabajo y Seguridad Social y de Industria, Energía y Minería, así como a los Bancos de Previsión Social y de Seguros del Estado, a las AFAP, a las mutualistas y a los Gobiernos Departamentales y Juntas Autónomas de todo el país.

9 y 11) "Ciudad del Plata"

- Por moción de la señora Senadora Topolansky, el Senado resuelve declarar su urgente consideración.

- Proyecto de ley por el que se declara ciudad la zona comprendida entre el río Santa Lucía, el Río de la Plata y el kilómetro 35 de la Ruta Nacional Nº 1.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

10 y 12) Zona de circulación restringida durante la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno

- Por moción del señor Senador Vaillant, el Senado resuelve declarar su urgente consideración.

- Proyecto de ley por el que se establece un área de circulación restringida para su realización.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

13 y 15) Usura

- Proyecto de ley por el que se establecen normas para atender la problemática de la usura.

- En consideración. Por moción del señor Senador Abreu, el Senado resuelve continuar la consideración de este tema en la próxima sesión ordinaria del Senado, incorporándolo a su Orden del Día.

14 y 16) Feriado no laborable para la ciudad de Nueva Palmira

- Por moción del señor Senador Moreira el Senado resuelve declarar su urgente consideración.

- Proyecto de ley por el que se declara el 26 de octubre de 2006 feriado no laborable para esa ciudad, con motivo de conmemorarse los 175 años de su fundación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de la Federación de Rusia sobre la Cooperación en la Lucha contra el Tráfico Ilícito y el Uso Indebido de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

18) Convenio de Montreal para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

19) Protocolo Adicional al Acuerdo de Cooperación Educacional, Científica, Tecnológica y Cultural entre la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

20) Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL)

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

21) Acuerdo de Cooperación Cultural entre la República Oriental del Uruguay y la República Argelina Democrática y Popular, suscrito en Montevideo, el 24 de abril de 1987

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

22) Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela para la Cooperación en la Mejora de la Infraestructura Edilicia y de Equipamiento del Hospital Universitario (Hostipal de Clínicas Dr. Manuel Quintela), suscrito en Montevideo, el 8 de diciembre de 2005

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

23) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 17 de octubre de 2006.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 18 de octubre, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

 ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) por el que se establecen normas para atender la problemática de la usura.

Carp. Nº 344/05 - Rep. Nº 335/06 y Anexo I

2º) por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de la Federación de Rusia sobre la Cooperación en la Lucha contra el Tráfico Ilícito y el Uso Indebido de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito en Moscú, el 2 de julio de 2002.

Carp. Nº 314/06 - Rep. Nº 340/06

3º) por el que se aprueba el Convenio de Montreal de 1999 para la Unificación de ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional.

Carp. Nº 413/05 - Rep. Nº 341/06

4º) por el que se aprueba el Protocolo Adicional al Acuerdo de Cooperación Educacional, Científica, Tecnológica y Cultural entre la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay, suscrito en Montevideo, el 15 de diciembre de 2003.

Carp. Nº 424/05 - Rep. Nº 342/06

5º) por el que se aprueba el Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL), suscrito en Viena, el 25 de setiembre de 1998.

Carp. Nº 506/06 - Rep. Nº 343/06

6º) por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Cultural con el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular, suscrito en Montevideo, el 24 de abril de 1987.

Carp. Nº 512/06 - Rep. Nº 344/06

7º) por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela para la Cooperación en la Mejora de la Infraestructura Edilicia y de Equipamiento del Hospital Universitario (Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela) de la República Oriental del Uruguay, suscrito en Montevideo, el 8 de diciembre de 2005.

Carp. Nº 520/06 - Rep. Nº 345/06

 Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Aguirre, Amaro, Antía, Baráibar, Breccia, Cid, Couriel, Dalmás, Gallinal, Gamou, Heber Fülgraff, Lapaz, Lara Gilene, Long, Longo, Lorier, Martorell, Michelini, Moreira, Oliver, Penadés, Percovich, Ramela, Rubio, Sanguinetti, Saravia, Topolansky y Vaillant.

FALTAN: con licencia, el Presidente del Cuerpo, señor Rodolfo Nin Novoa, y los señores Senadores Alfie, Heber, Korzeniak, Larrañaga, Nicolini, Ríos y Xavier.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 12 minutos)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Cámara de Representantes:

- remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se designa "Salomé Ureña de Henríquez" el Jardín de Infantes Nº 233 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se modifican disposiciones del Decreto-Ley Nº 14.869, de 23 de febrero de 1979, referido al Consejo de Capacitación Profesional.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

- por el que se declara feriado no laborable para la ciudad de Nueva Palmira, departamento de Colonia, el día 26 de octubre de 2006, con motivo de conmemorarse los 175 años de su fundación.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

- aprobado en nueva forma, el proyecto de ley por el que se establecen disposiciones a aplicarse con motivo de la realización de la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, a desarrollarse en nuestro país, los días 3 y 4 de noviembre de 2006.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

- comunica que aprobó una resolución por la que acepta las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley por el que se reglamenta el recurso de apelación contra los decretos y resoluciones de las Juntas Departamentales e Intendencias Municipales, establecido en el artículo 303 de la Constitución de la República.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

- y presenta nota a la que adjunta copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante Nacional Roque Arregui, referidas a la falta de integración de las Juntas Locales en el departamento de Soriano.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

La Junta Departamental de Paysandú remite las siguientes notas adjuntando:

- nota manifestando su apoyo al planteamiento realizado por las Ediles Profesora Gladys Fernández y Maestra Daniela Maquieira, relacionado con el Día del Maestro y con docentes en régimen de transición jubilatoria.

- copia de las palabras del Edil Técnico Agropecuario Carlos Oyanarte, con respecto a la situación creada en la Cooperativa de Artesanos de Lana Cruda de Tambores (COTAM) filial de "Manos del Uruguay".

- TENGANSE PRESENTES."

4) INASISTENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a la anterior convocatoria, en el caso de que existieran.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"En la sesión ordinaria del día 17 de octubre no se registraron inasistencias.

En lo que respecta a las inasistencias de los señores Senadores a sus respectivas Comisiones, cabe informar que: a la sesión de la Comisión de Salud Pública del día 17 de octubre, faltó con aviso el señor Senador Da Rosa y a la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del mismo día, faltaron con aviso los señores Senadores Aguirre y Korzeniak".

5) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Alfie solicita licencia por el día de la fecha".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 18 de octubre de 2006.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a Ud. se sirva autorizar al suscrito a hacer uso de licencia reglamentaria por el día de hoy.

Por tanto, solicito a su vez se convoque a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente,

Isaac Alfie. Senador".

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

6) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa da cuenta que el señor Alberto Brause ha presentado nota de desistimiento informando que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.

Corresponde convocar al señor Carlos Ramela, quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que si se encontrare en la Antesala se le invita a pasar al Hemiciclo.

7) CRISIS DE LA CELULOSA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: en el día de hoy me voy a referir a dos temas.

Uno: la crisis de la celulosa; y el otro relacionado a ciertos tumores cuyo tratamiento exige terapias de un valor que no se contempla en ciertas mutualistas, cambiándosele por prácticas más tóxicas, aunque menos eficientes.

El primero: "La crisis de las pasteras", abarca una realidad mucho más profunda y compromete la relación entre los países del Plata.

El Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, dijo a la prensa que el diferendo entre Uruguay y Argentina por las plantas de celulosa está causando algunos problemas no esperados: el dragado de los ríos Uruguay y de la Plata se ha visto enlentecido.

Así, la demora en el dragado del Canal Martín García -que Argentina procura postergar- provocaría un problema para Uruguay.

"Se estaría afectando la posibilidad de nuestros puertos litoraleños porque los barcos que vinieran de esos puertos o tienen que dar una vuelta mucho más importante para salir por el Canal Mitre, o tienen que llevar menos carga", dijo Rossi.

Esto es: corremos el peligro que todo vínculo entre uruguayos y argentinos se "ensucie" con los ecos de esa disputa.

Mientras, cuando el gobierno argentino pareció dar algún paso para terminar con esta "batalla del papel", los manifestantes de Gualeguaychú aclararon que "no tolerarán intimidaciones", su asamblea levantó el bloqueo de la ruta 136, luego de dos días de problemas, pero anunció otro verano con cortes -una amenaza para el turismo- y uno de sus dirigentes advirtió: "sepan los uruguayos que la ruta es nuestra y la vamos a cortar las veces que sea".

La respuesta de la asamblea fue: "no toleraremos intimidaciones que pretendan disuadir a la asamblea" y "si las papeleras siguen adelante, la asamblea hará juicio al Estado argentino por montos más importantes".

"Vamos a morir con las botas puestas, acá en la ruta", fue otra afirmación beligerante, al tiempo que la asamblea cuestionó el informe final del Banco Mundial, del que aseguraron que "ha sido coherente; financió la forestación en el Uruguay y ahora financia las plantas de celulosa".

Uno de los asambleístas más radicales, aseguró: "vamos a cortar esta ruta y todas las que vayan al Uruguay. La planta de Botnia va a tener que cerrar, porque es la única solución a este conflicto. Y si no, vamos a enloquecer a los uruguayos".

La estrategia de la asamblea es totalmente impredecible, y algunos de sus integrantes aseguran que las tareas de identificación de los manifestantes que la Gendarmería comenzó por orden de la Justicia no hizo más que crispar el ánimo de los que intervienen en la protesta.

Hasta se manejó pedir a la Iglesia Católica que declare como un "genocidio" la construcción de las pasteras.

Exageración que trasciende lo impertinente.

De todos modos, las cifras todavía no son aún catastróficas.

El número de argentinos que visitó Uruguay durante la crisis de los años 2001 - 2002 -unos 700.000- hay que tomarlo como piso; el techo fue 1:250.000, en 1997-1998, y el año pasado fueron 1:100.000, 4.000 más que en el 2004, a pesar de los bloqueos.

Al tiempo, la consultora canadiense Hatfield (encargada de elaborar la primera evaluación crítica sobre el impacto ambiental de los proyectos de Botnia y ENCE) dio su visto bueno al informe final.

Los expertos señalan que las plantas no sólo no contaminarán, sino que tendrán efectos beneficiosos para el país y la región.

En base a este dictamen, la Corporación Financiera Internacional -CFI- y la Agencia Multilateral de Garantías de Inversiones -MIGA- recomendarán al Directorio del Banco Mundial la concesión del crédito y la garantía solicitada por la empresa finlandesa.

En definitiva, están amenazadas nuestras fuentes de divisas.

Incluso se ha hablado del regresar a la instrucción militar, la enseñanza del manejo de armas y impartir conocimientos sobre temas castrenses.

Pregunto: ¿Contra quién van a ser usadas tanto las armas como esos conocimientos?, ¿será contra la hermana Argentina, que tiene una fuerza militar que, si se la compara con la muy débil uruguaya, convierte en locura combatir?, ¿o se usa el problema argentino para armar al país?, ¿para qué o contra quién?

Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, del Interior, de Turismo y Deporte y de Educación y Cultura, y a los Gobiernos Departamentales y Juntas Autónomas de todo el país.

8) MEDICACION PARA EL TRATAMIENTO DE TUMORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Para referirse al segundo tema, continúa en el uso de la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: En segundo lugar: quiero referirme a un asunto que debemos enmarcar dentro de los Derechos Humanos de la salud, sintetizables en la existencia de ciertos tumores cuyo tratamiento exige terapias medicamentosas de recibo universal, de un valor que no se contempla en ciertas mutualistas, sustituyéndosele por prácticas más tóxicas, aunque menos eficientes.

A su vez, no se permite al paciente -poseo algún tipo de información- absorber la diferencia entre la una y la otra.

Salud Pública se abstiene de intervenir para facilitar normativamente la posibilidad.

Internacionalmente para algún tipo de cáncer es usualmente utilizada determinada técnica (radioterapia y quimioterapia con una droga específica), lo que puede comprobarse en toda la literatura y ensayos existentes.

Pero ocurre que mutualistas tienen fuera del vademécum esa medicación.

No obligando, decíamos, al Ministerio de Salud Pública a proporcionarla a sus afiliados.

¿El argumento?

Que existen otras terapias con otros productos de valor muy inferior y resultado no tan inferior.

La evaluación exacta no es fácil de determinar, pero el criterio es costo/beneficio: el paciente no recibiría un beneficio que justificara una erogación superior y por lo tanto, si el mismo desea realizarse el mejor tratamiento para una dolencia tan grave debe -si puede, claro-, hacerse cargo del 100% del costo de la droga.

Por lo tanto, el paciente de hacerse este tratamiento (insisto en que para múltiples especialistas sería el mejor y menos tóxico) debería afrontar un costo alto que en el arranque descalifica a mucha gente y, a otra, la lleva a endeudamientos de diversos grados y consecuencias.

También se genera cierta colisión operativa entre el médico, su visión de lo que entiende como mejor en lo profesional terapéutico y las limitaciones para recetar, frente a la apreciación de la mutualista cuando elaboró lista rígida de medicamentos a utilizar (vademécum).

Otro punto sería: si la Mutualista cubre una determinada droga, ¿por qué hacerse cargo el paciente del 100% de la otra y no de la diferencia, que sería lo más razonable?

La Mutualista pagaría lo que iba aquél a pagar si se hiciera la otra terapia porque se abona la diferencia, y tendría el enfermo el tratamiento que aspira tener, no como mero capricho, costoso capricho, sino avalado por técnicos y la literatura médica más reciente.

Es cuando lo injusto se retroalimenta.

Lo injusto tiene una tendencia irracional a retroalimentarse.

Se da el caso que situaciones de enfermedad generan previsionalmente licencias (no hablamos de jubilaciones) pero al no contarse con el sueldo habitual, se esfuman otros beneficios afines al salario contrayéndolo aún más y perjudicando la situación ya de por sí afligente del trabajador.

Teniendo en cuenta que para todos los tipos de haberes mucha gente en la situación que se describe ha estado aportando a un Seguro en AFAP, y existiendo un subsidio por incapacidad temporal, el que debe ser pago por la Aseguradora luego de un trámite en el que el BPS debe hacer determinada comunicación a la AFAP.

O sea, en caso de otorgarse (de lo que hay antecedentes en la página web de República AFAP), parte del subsidio por incapacidad temporal lo abonaría el BPS y, parte, la AFAP, a través de la Aseguradora.

Si el subsidio no cubre lo que debe cubrir, se le descuenta al trabajador el sueldo estando de licencia médica e implicando reducción mayor en los ingresos.

La opción para el trabajador es clara y de hierro: ¡No pedir el subsidio ni que loco estuviese!

¿Quién se perjudica?: claramente, el trabajador.

¿Quién se beneficia?: claramente, la AFAP y la Aseguradora, puesto que percibió puntualmente una prima por un Seguro y después no deberá afrontarlo, si el trabajador no obtiene una contraprestación razonable.

Y además se ve más perjudicado, ya que no pedirá el subsidio y entonces ni el BPS ni la AFAP deben pagar NADA porque NADA fue pedido.

Además hay otro tema concatenado que podría ser preocupante.

Todas las clínicas que realizan tratamientos de Radioterapia deberían ser supervisadas y verificadas, entre otras cosas, para que cuenten con un Físico entre quienes operan los aparatos.

La calibración de los aparatos tiene que ser puntualmente realizada (si es día a día sería mejor) para con ello asegurar al paciente que será irradiado con la intensidad prevista.

Variaciones en la intensidad de radiación le pueden ocasionar graves problemas.

Existe una unidad dependiente del Estado que debería verificar estos aspectos y los pacientes deberían tener claramente a la vista la última calibración (fecha, hora, nombre de los Físicos actuantes, resultados, aprobación o no, etc.).

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sobre este segundo tema sea enviada a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Salud Pública, de Trabajo y Seguridad Social y de Industria, Energía y Minería, así como a los Bancos de Previsión Social y de Seguros del Estado, a las AFAP, a las Mutualistas y a los Gobiernos Departamentales y Juntas Autónomas de todo el país.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar los dos trámites solicitados.

(Se votan:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa, en nombre del Cuerpo, saluda la presencia en la Barra de los alumnos y alumnas del tercer año del Instituto Clara Jackson de Heber.

9) "CIUDAD DEL PLATA"

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: solicito que se reparta y se declare urgente la consideración de la Carpeta Nº 621, que trata sobre un proyecto de ley por el que se declara ciudad la zona comprendida entre el río Santa Lucía, el Río de la Plata y el kilómetro 35 de la Ruta Nacional Nº 1, Brigadier General Manuel Oribe, y se la designa con el nombre "Ciudad del Plata".

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 18 en 20. Afirmativa.

El Cuerpo ingresará a discutir este proyecto de ley una vez que la Carpeta haya sido distribuida a todos los señores Senadores.

10) ZONA DE CIRCULACION RESTRINGIDA DURANTE LA XVI CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: solicito que se distribuya y se declare urgente la consideración del proyecto de ley que oportunamente aprobara el Senado, por el que se establece un área de circulación restringida para la realización de la "XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno". Cabe recordar que dicho proyecto fue modificado en la Cámara de Representantes y se le acaba de dar ingreso en este Cuerpo. Hay urgencia en aprobarlo dada la proximidad de ese evento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) "CIUDAD DEL PLATA"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se declara ciudad la zona comprendida entre el Río Santa Lucía, el Río de la Plata y el kilómetro 35 de la Ruta Nacional Nº 1 Brigadier General Manuel Oribe, situada en la tercera Sección Judicial del departamento de San José y se la designa con el nombre ‘Ciudad del Plata’. (Carp. Nº 621/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 621/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase ciudad la zona comprendida entre el Río Santa Lucía, el Río de la Plata y el kilómetro 35 de la Ruta Nacional Nº 1 Brigadier General Manuel Oribe, situada en la tercera Sección Judicial del departamento de San José.

Artículo 2º.- Desígnase a dicha ciudad con el nombre "Ciudad del Plata".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 5 de setiembre de 2006.

Ruben Martínez Huelmo 1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado resolvió aconsejar al Plenario la aprobación del proyecto de ley que tiene por objeto elevar a la categoría de ciudad a la zona comprendida entre el río Santa Lucía, el Río de la Plata y el kilómetro 35 de la Ruta Nacional Nº 1 Brigadier General Manuel Oribe, situada en la tercera Sección Judicial del departamento de San José, como asimismo designarla con el nombre "Ciudad del Plata".

La población que se ha radicado en la zona ha introducido modificaciones y la ha dotado de características que deben ser especialmente destacadas. Esta zona comprende los fraccionamientos de Delta del Tigre, Sofima, Villa Rives, San Fernando, Parque Postel, Parque del Plata, San Fernando Chico, Autódromo, Safici, Monte Grande, Las Violetas, Playa Penino, Santa Mónica, Santa Victoria, San Luis, Santa María, Playa Pascual y Villa Olímpica y está ubicada en la tercera Sección Judicial del departamento de San José, de acuerdo con el plano de la Intendencia Municipal de San José actualizado a marzo de 2006.

La expansión demográfica constante ha generado la instalación de centros educativos, de atención de salud y de prestación de servicios públicos y privados, a lo que se ha sumado el decisivo impulso de radicación de nuevos emprendimientos industriales, productivos, urbanísticos y turísticos, lo que se ha visto especialmente incrementado por la cercanía con la capital del país. Es así que la zona cuenta con la población y los servicios para acceder a la categoría de ciudad, lo que propenderá a que pueda ser considerada como una unidad para la resolución y mejora de los servicios y la infraestructura que se seguirán realizando. Actualmente, conforme a los resultados de la primera fase del Censo Nacional del año 2004, dicha zona alcanza los 26.582 habitantes.

Asimismo, debe destacarse que no todas las áreas podrán ser urbanizadas, en virtud de sus características naturales. Es así que el Gobierno Departamental de San José aplicará las normas de reserva de áreas naturales, parques públicos y áreas de construcción, sin perjuicio de otros extremos, lo que permitirá un desarrollo sostenido de la zona.

El cruce del río Santa Lucía se realizó en balsa hasta el año 1925. El puente metálico giratorio fue diseñado por el ingeniero Juan Gardone y se inauguró hace 81 años, el 25 de enero de 1925. Este puente deberá ser mantenido como vía de circulación alternativa y secundaria, facilitando el tránsito vecinal hacia la localidad de Santiago Vázquez.

En cuanto a su denominación, se estima que el nombre Rincón de la Bolsa no tiene justificación histórica. A su vez, adoptar la denominación de Rincón de la Bolsa como dato histórico-geográfico no parece razonable al no agregar elemento alguno que destaque la importancia actual y futura que está llamada a desempeñar esta zona.

Sin lugar a dudas, es una zona con un ritmo de crecimiento altamente importante, lo que sumado a su ubicación geográfica hace evidente que en un futuro el lugar sea considerado uno de los más destacados del país. Cuenta con una de las zonas naturales de mayor biodiversidad; tanto es así, que los humedales del río Santa Lucía, conocidos internacionalmente por la gran variedad de aves migratorias que periódicamente visitan el lugar, fueron declarados área protegida. Dicha riqueza natural es, sin lugar a dudas, un potencial ecoturístico que debe ser explotado.

Se ha constatado la inquietud de los vecinos en el sentido de que esta zona sea denominada Ciudad del Plata, lo que se ajusta con la jerarquía que la propia naturaleza le ha otorgado, por encontrarse recostada al Río de la Plata, por su cercanía al mayor puerto natural y por ser fácilmente reconocida en el ámbito nacional e internacional.

Por lo precedentemente expuesto, la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que ha entendido la gran importancia de este proyecto de ley, manifiesta la necesidad de aprobarlo.

Esta iniciativa cuenta con dos artículos. Por su parte, el artículo 1º expresa: "Declárase ciudad la zona comprendida entre el río Santa Lucía, el Río de la Plata y el kilómetro 35 de la Ruta Nacional Nº 1 Brigadier General Manuel Oribe, situada en la tercera Sección Judicial del departamento de San José".

El artículo 2º dispone: "Desígnase a dicha ciudad con el nombre ‘Ciudad del Plata’."

Cabe acotar que esta iniciativa cuenta con la aprobación de la Cámara de Representantes.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR SARAVIA.- Formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

12) ZONA DE CIRCULACION RESTRINGIDA DURANTE LA XVI CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se autoriza el establecimiento de una zona de circulación restringida durante el período en que se desarrollará la ‘XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno’, que tendrá lugar del 3 al 5 de noviembre del año en curso".

(Antecedentes:)

"CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Establécese un área de circulación restringida delimitada por las calles Uruguay desde Andes a Florida, Andes desde Uruguay a Soriano, Mercedes hasta Florida, Florida hasta Soriano, Rincón desde Florida hasta Ituzaingó, Ituzaingó desde Rincón hasta Sarandí, Sarandí hasta Juncal (Plaza Independencia), Juan Carlos Gómez desde Rincón hasta Buenos Aires, Buenos Aires desde Juan Carlos Gómez hasta Juncal, Bartolomé Mitre desde Rincón hasta Reconquista, Juncal desde Rincón hasta Soriano, Ciudadela desde Rincón hasta San José, Plaza Independencia toda circunvalación, 18 de Julio desde Plaza Independencia a Andes, Bacacay toda su extensión, Rinconada Policía Vieja - todo, Reconquista desde Bartolomé Mitre hasta Juncal, San José desde Juncal hasta Andes y Soriano desde Ciudadela hasta Andes, durante los días 3 a 5 de noviembre de 2006, fecha durante la cual se desarrollará la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Decláranse feriados no laborables, por estrictas razones de seguridad, por motivo de la realización de la XVI Cumbre Iberaoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, los días 3 y 4 de noviembre de 2006, para quienes desempeñen actividades laborales en la zona anteriormente delimitada.

Artículo 2º.- Cométese al Ministerio del Interior, a través de los organismos pertinentes, la confección de un registro patronímico de los habitantes de la zona citada en el artículo precedente.

Artículo 3º.- El referido registro será comunicado a la Jefatura de Policía de Montevideo, la que adoptará los mecanismos necesarios para que las personas que residan en la zona delimitada en el artículo 1º, puedan circular libremente durante la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Artículo 4º.- El Ministerio del Interior y la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la República darán amplia difusión a las disposiciones de la presente ley.

Artículo 5º.- El Ministerio del Interior por razones debidamente fundadas podrá autorizar excepciones a lo dispuesto por los artículos 1º a 3º de la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 17 de octubre de 2006.

Ruben Martínez Huelmo 1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: en el proyecto de ley que habíamos aprobado en el Senado se establecía un área de circulación restringida en la zona de la Ciudad Vieja afectada por la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Al tratar esta iniciativa en la Cámara de Representantes se le agregó un inciso al artículo 1º por el que se declaran feriados no laborables, por estrictas razones de seguridad, con motivo de la realización de la Cumbre a la que hacíamos referencia los días 3 y 4 de noviembre del presente año para quienes desempeñen actividades laborales en la zona allí delimitada.

En síntesis, se declaran feriados esos días exclusivamente para quienes trabajan en la zona afectada por esta delimitación.

En la medida en que este es el texto modificado, se solicita que se apruebe la iniciativa tal como viene de la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tal como ocurrió en el día de ayer, de acuerdo con el artículo 70 del Reglamento, se trata de una discusión única para determinar si este Cuerpo acepta o no las modificaciones efectuadas en la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se acepta la modificación propuesta.

(Se vota:)

- 17 en 20. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado.)

13) USURA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en primer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se establecen normas para atender la problemática de la usura. (Carp. Nº 344 /05 - Rep. Nº335/06 y Anexo I)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 344/05

Rep. Nº 335/06

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

TASAS DE INTERES Y USURA

Capítulo I - Operaciones comprendidas y tasas de interés

Artículo 1º.- (Operaciones comprendidas).- Quedarán sujetas a las disposiciones de la presente ley las operaciones de crédito o asimiladas realizadas por personas físicas o jurídicas. Se entiende por operaciones de crédito aquéllas por las cuales una de las partes entrega una cantidad de dinero, o se obliga a entregar bienes o servicios y la otra a pagarla en una momento diferente de aquél en el que se celebra la operación.

A los efectos de la presente ley se asimilan a operaciones de crédito, a modo de ejemplo, las siguientes:

a) el descuento de documentos representativos de dinero;

b) las operaciones con letras de cambio y con documentos representativos de obligaciones de crédito pagaderos a la vista, a cierto plazo desde la vista, a cierto plazo desde su fecha o a fecha fija;

c) el financiamiento de la venta de bienes y servicios otorgando créditos mediante el uso de tarjetas, órdenes de compra u otras modalidades.

Artículo 2º.- (Operaciones no comprendidas).- Se consideran operaciones no comprendidas en las disposiciones de la presente ley:

a) las operaciones entre instituciones de intermediación financiera;

b) las operaciones que el Banco Central del Uruguay concerte con las instituciones de intermediación financiera y demás entidades sujetas a su supervisión;

c) las emisiones de títulos de deuda realizadas por la Tesorería General de la Nación y el Banco Central del Uruguay;

d) las emisiones de valores de oferta pública comercializados conforme a lo previsto en la Ley Nº 16.749.

Artículo 3º.- (Tipos de interés).- Sólo se podrán aplicar intereses compensatorios o de mora, los cuales deberán ser pactados en términos claros y precisos en los correspondientes documentos de adeudo.

El interés de mora sólo se aplicará a las operaciones de crédito vencidas e impagas, durante el período en que se hayan producido los atrasos, toda vez que el deudor haya incurrido en mora, de acuerdo con los términos y condiciones pactadas.

En las operaciones de crédito pagaderas en cuotas, los intereses de mora sólo podrán aplicarse sobre el monto de las cuotas vencidas e impagas y no sobre el saldo de deuda total, aun cuando éste fuera exigible.

Artículo 4º.- (Expresión y aplicación de las tasas de interés).- Las tasas de interés fijas deberán expresarse en términos efectivos anuales, en porcentaje y con al menos dos decimales. Para su aplicación se utilizará la tasa efectiva equivalente al período de financiación que corresponda. Cuando el pago de las operaciones asimiladas se realice periódicamente, la tasa efectiva anual se calculará analizando las tasas establecidas para el período de referencia de acuerdo a lo determinado en el Anexo Metodológico que integra esta ley.

En el caso de que se acordaran tasas de interés variables se establecerá una tasa de referencia anual, la que podrá ser una tasa nominal o efectiva, y, si correspondiera, el margen pactado sobre la tasa de referencia. Este último se expresará en porcentajes con al menos dos decimales.

A los efectos del cálculo de la tasa efectiva anual y de las tasas de interés de mora, los años se considerarán de 365 (trescientos sesenta y cinco) días.

Artículo 5º.- (Base de cálculo).- Los intereses sólo se liquidarán sobre los saldos de los capitales efectivamente prestados o de los saldos financiados. No podrán aplicarse simultáneamente la tasa de interés compensatorio y la de mora sobre el mismo importe.

En los casos en que habiéndose pactado operaciones de crédito a ser canceladas en cuotas, se reciban pagos a cuenta dentro del plazo convenido y estos sean admitidos por el acreedor, los pagos serán descontados del total de la cuota correspondiente a efectos de calcular intereses solamente sobre los saldos impagos.

Capítulo II - Operaciones con tarjetas de crédito

Artículo 6º.- (Devengamiento de intereses en tarjetas de crédito).- En la utilización de tarjetas de crédito, las compras de bienes y servicios realizadas entre dos fechas consecutivas de cierre del estado de cuenta, no devengarán intereses desde la fecha de compra o de imputación de gastos en cuenta y la del primer vencimiento del estado de cuenta posterior a la misma, cuando el tarjetahabiente optara por cancelar el total del saldo del estado de cuenta en la fecha de vencimiento. En este caso se entenderá que se ha usado la tarjeta como tarjeta de compra.

Artículo 7º.- (Pagos parciales).- Cuando en la fecha de vencimiento el tarjetahabiente optara por realizar un pago parcial del saldo del último estado de cuenta, en cuyo caso se entenderá que se ha usado la tarjeta como tarjeta de crédito, ese pago se aplicará en primer lugar a la cancelación del saldo impago correspondiente a estados de cuenta anteriores si lo hubiere y en segundo lugar al pago de las compras realizadas en el período correspondiente al último estado de cuenta. En este último caso, el pago se aplicará a las compras más antiguas.

Artículo 8º.- (Saldos impagos).- El nuevo saldo impago resultante podrá tener dos componentes. Un primer componente. A, si lo hubiere, correspondiente a deudas generadas en período de estados de cuenta anteriores al último y un segundo componente B correspondiente a la parte impaga de las compras del último estado de cuenta.

Para el cálculo de los intereses que se devenguen hasta el siguiente vencimiento del estado de cuenta se procederá de la siguiente forma: el primer componente A, definido anteriormente, devengará intereses desde la anterior fecha de vencimiento hasta la nueva fecha de vencimiento, o hasta que haga efectivo el pago; el segundo componente B devengará intereses, sobre la parte impaga de las compras del último estado de cuenta según lo establecido en el inciso anterior, desde la fecha de cada compra o desde una fecha promedio ponderada de las mismas hasta la fecha de vencimiento del siguiente estado de cuenta o hasta que haga efectivo el pago.

En la eventualidad de que el tarjetahabiente pagara el total del saldo adeudado dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la fecha de vencimiento, a los efectos del devengamiento de intereses se considerará como si hubiera realizado el pago en la fecha de vencimiento. No obstante, podrá exigirse la multa prevista en el artículo 19 de esta Ley.

Artículo 9º.- (Retiros de efectivo).- Los retiros de efectivo realizados con la tarjeta de crédito devengarán intereses desde la fecha de extracción.

Capítulo III - Intereses usurarios

Artículo 10.- (Existencia de intereses usurarios).- Para determinar la existencia de intereses usurarios en las operaciones de crédito se calculará la tasa de interés implícita (en términos financieros, tasa interna de retorno) que surge de igualar el valor actualizado de los desembolsos del crédito, con el valor actualizado del flujo de pagos de capital, intereses, compensaciones, comisiones, gastos, seguros u otros cargos por cualquier concepto, incluidas las cláusulas penales; aplicándose en lo pertinente lo dispuesto en el Capítulo IV (exclusiones) de la presente ley. El cálculo de la tasa de interés implícita se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Anexo Metodológico que integra esta ley.

Para determinar la existencia de intereses usurarios en las operaciones de crédito se calculará la tasa de interés implícita (en términos financieros, tasa interna de retorno) que surge de igualar el valor actualizado de los desembolsos del crédito, con el valor actualizado del flujo de pagos de capital, intereses, compensaciones, comisiones, gastos, seguros u otros cargos por cualquier concepto, incluidas las cláusulas penales; aplicándose en lo pertinente lo dispuesto en el Capítulo IV (exclusiones) de la presente ley. El cálculo de la tasa de interés implícita se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Anexo Metodológico que integra esta ley.

Para determinar la existencia de intereses usurarios en las operaciones de crédito originadas en la venta de bienes y servicios no financieros realizadas por el propio proveedor se calculará la tasa de interés implícita que surge de igualar el valor del precio de lista del bien o servicio en cuestión al momento de la transacción, con el valor actual del flujo de pagos, intereses, compensaciones, comisiones, gastos, seguros u otros cargos por cualquier concepto, incluidas las cláusulas penales; aplicándose en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 15.

El Poder Ejecutivo por razones fundadas y previo informe favorable del Banco Central del Uruguay, podrá modificar dicho anexo dando cuenta a la Asamblea General.

Artículo 11.- (Topes máximos de interés).- En las operaciones de crédito en las que el capital efectivamente prestado o, en su caso, el valor nominal del documento descontado, sin incluir intereses o cargos, fuera inferior al equivalente a 2:000.000 U.I. (dos millones de unidades indexadas) se considerará que existen intereses usurarios cuando la tasa implícita superare en un porcentaje mayor al 60% (sesenta por ciento) las tasas medias de interés publicadas por el Banco Central del Uruguay, correspondientes al trimestre móvil anterior a la fecha de constituir la obligación. En caso de configurarse mora, se considerará que existen intereses usuarios cuando la tasa implícita superare las referidas tasas medias en un porcentaje mayor al 80% (ochenta por ciento).

En las operaciones de crédito en las que el capital efectivamente prestado o, en su caso, el valor nominal del documento descontado, sin incluir intereses o cargos, fuera mayor o igual al equivalente a 2:000.000 U.I. (dos millones de unidades indexadas) se considerará que existen intereses usurarios cuando dicha tasa implícita superare en un porcentaje mayor al 60% (sesenta por ciento) las tasas medias de interés publicadas por el Banco Central del Uruguay, correspondientes al trimestre móvil anterior a la fecha de constituir la obligación. En caso de configurarse mora, se considerará que existen intereses usurarios cuando la tasa implícita superare las referidas tasas medias en un porcentaje mayor al 120% (ciento veinte por ciento).

Para determinar el rango en el que se encuentran las sumas que hubieran sido pactadas, a los efectos del cálculo de los límites que se establecen en los dos incisos anteriores, las sumas en moneda extranjera se arbitrarán a dólares estadounidenses, convirtiéndose a moneda nacional a la cotización interbancaria (fondo tipo comprador), y aplicándose el valor de la unidad indexada vigente al momento de convenir la obligación.

Artículo 12.- (Determinación de las tasas medias de interés).- A efectos de determinar las tasas medias de interés a que refiere el artículo 11 de la presente ley para su publicación, el Banco Central del Uruguay considerará las operaciones de créditos concedidos a residentes del sector privado no financiado informadas por las instituciones de intermediación financiera que operan en el mercado local. A estos efectos excluirá aquellas operaciones de crédito que entienda que, por sus características, distorsionan la realidad del mercado.

El Banco Central del Uruguay publicará las tasas medias de interés diferenciando por plazo, moneda y destino del crédito. En relación con el destino del crédito, deberán informarse las tasas medias de interés, para, al menos, tres grupos de prestatarios: familias, micro y pequeñas empresas y restantes empresas.

Cuando no se contare con suficiente información para la determinación de las tasas medias para algún plazo, moneda o destino del crédito, el Banco Central del Uruguay podrá determinar la tasa de interés que considere más representativa. Asimismo, el Banco Central podrá publicar tasas medias de interés, según modalidad y monto del crédito.

Artículo 13.- (Publicidad comparada de los créditos).- El Banco Central del Uruguay publicará periódicamente comparativos de las tasas de interés implícitas y otros aspectos relevantes en los créditos efectivamente otorgados por instituciones financieras representativas a los efectos de informar a los consumidores y promover la transparencia del mercado.

Las publicaciones que se detallan en este artículo y en el anterior se realizarán en el Diario Oficial, en al menos dos diarios de circulación nacional y en el sitio web del Banco Central del Uruguay.

Capítulo IV - Exclusiones a los efectos del cálculo de la tasa de interés

Artículo 14.- (Operaciones de crédito realizadas por instituciones financieras).- Para la determinación de la tasa de interés implícita en las operaciones de crédito realizadas por instituciones financieras se excluirán los siguientes conceptos:

a) el Impuesto al Valor Agregado sobre los intereses y otros impuestos que legalmente sean de cargo del cliente;

b) los gastos fijos en los que se incurra para la concesión y administración del crédito por hasta un monto máximo por cliente equivalente a 30 U.I. (treinta unidades indexadas) cuando se trate de operaciones realizadas con instituciones financieras legalmente autorizadas a realizar retenciones sobre el sueldo del deudor o mediante el débito automático en una cuenta bancaria del deudor. No podrán excluirse los gastos fijos de un nuevo crédito hasta transcurridos sesenta días de la concesión del crédito anterior. El importe a descontar se distribuirá de la siguiente forma:

hasta 10 U.I. (diez unidades indexadas) por la concesión del crédito y hasta 2 U.I. (dos unidades indexadas) por cuota con un máximo de 10 cuotas;

c) los gastos fijos en los que se incurra para la concesión y administración del crédito por hasta un monto máximo por cliente equivalente a 120 U.I. (ciento veinte unidades indexadas) para los créditos concebidos con otras modalidades de pago. No podrán excluirse los gastos fijos de un nuevo crédito hasta transcurridos sesenta días de la concesión del crédito anterior. El importe a descontar se distribuirá de la siguiente forma:

hasta 40 U.I. (cuarenta unidades indexadas) por la concesión del crédito y hasta 8 U.I. (ocho unidades indexadas) por cuota por un máximo de 10 cuotas;

d) El cargo anual y los recargos por compras en el exterior en el caso de las tarjetas de crédito, en cuyo caso no será de aplicación lo dispuesto en los literales b) y c). También quedará excluido el costo del envío del estado de cuenta cuando fuera optativo para el tarjetahabiente, hasta un monto máximo que podrá fijar el Banco Central del Uruguay.

e) Las primas de los contratos de seguros, provistos por empresas aseguradoras registradas en el Banco Central del Uruguay, quien determinará un tope para las mismas.

Artículo 15.- (Operaciones de crédito realizadas por el propio proveedor).- Para la determinación de la tasa de interés implícita en las operaciones de crédito originadas en la venta de bienes y servicios no financieros realizadas por el propio proveedor se excluirán los siguientes conceptos:

a) el Impuesto al Valor Agregado sobre los intereses;

b) los gastos fijos en los que se incurra para la concesión y administración del crédito hasta un máximo de 60 U.I. (sesenta unidades indexadas). El monto a descontar se distribuirá de la siguiente forma: hasta 20 U.I. (veinte unidades indexadas) por la concesión del crédito y hasta 4 U.I. (cuatro unidades indexadas) por cuota con un máximo de diez cuotas. No podrán excluirse los gastos fijos de un nuevo crédito hasta transcurridos sesenta días de la concesión del crédito anterior;

c) Las primas de los contratos de seguros, provistos por empresas aseguradoras registradas en el Banco Central del Uruguay, quien determinará un tope para las mismas.

Artículo 16.- (Operaciones de crédito realizadas por cooperativas y asociaciones civiles).- A los efectos del cómputo de la tasa de interés implícita además de las exclusiones previstas en el artículo 15, las cooperativas y las asociaciones civiles autorizadas a realizar operaciones de crédito podrán excluir el importe de la cuota social hasta un monto máximo equivalente al 10% del tope fijado para la usura en el artículo 12. Este tope sólo podrá ser superado cuando la asociación civil o la cooperativa acredite ante la Auditoría Interna de la Nación que las prestaciones a las que se accede mediante el pago de la cuota mantiene una razonable equivalencia con el monto de la misma.

Asimismo podrán excluir los aportes de capital debidamente documentados y de los que surja que se trata de sumas reintegrables al cooperativista en caso de desvinculación voluntaria, reajustadas de conformidad con el Decreto-Ley Nº 14.500, más sus intereses legales. De dicha documentación deberá entregarse copia en oportunidad de cada integración, debiendo conservar la cooperativa constancia de su entrega.

Artículo 17.- (Obligaciones de las cooperativas).- Las disposiciones establecidas en el artículo anterior se aplicarán a las operaciones de crédito realizadas por las cooperativas que cumplan simultáneamente con los siguientes requisitos:

a) que ningún socio, a título individual o conjuntamente con su grupo familiar (considerándose como tal hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad), fuere titular de más del 10% de sus partes sociales. En el caso de socios que constituyan personas jurídicas sin fines de lucro, este porcentaje podrá alcanzar un máximo del 15% salvo que se tratare de otra institución cooperativa;

b) que sus pasivos financieros estén contraídos con instituciones supervisadas por el Banco Central del Uruguay, con instituciones pertenecientes al movimiento cooperativo nacional o internacional, con el Estado o con organismos financieros multilaterales o bilaterales;

c) que celebren regularmente sus asambleas ordinarias, para cuya validez y funcionamiento será siempre necesaria la presencia personal de un porcentaje mínimo de socios que establezca la Auditoría Interna de la Nación.

Artículo 18.- (Acreditación ante la Auditoría Interna de la Nación).- A los efectos de la verificación del cumplimiento de estas condiciones, las cooperativas deberán acreditar ante la Audotoría Interna de la Nación el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, a cuyo efecto se fiscalizarán los siguientes aspectos:

I. Regularidad de los estados contables

II. Proyecto de distribución de utilidades.

La Auditoría Interna de la Nación comunicará periódicamente al Instituto Técnico Forense, al Area de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Central del Uruguay la nómina de cooperativas que cumplan con las condiciones exigidas.

Capítulo V - Intereses de mora

Artículo 19.- (Multa por mora).- Cuando se configurare mora, los montos que se cobraren por concepto de multa se computarán para el cálculo de la tasa de interés implícita definida en el artículo 10 de la presente ley. No obstante, en los siguientes casos, en lugar de los intereses moratorios se podrán admitir penas por incumplimiento superiores a las que surgen de la aplicación de la tasa de interés implícita:

a) cuando el monto máximo por concepto de mora al que habilite el artículo 11 de la presente ley resulte inferior a 50 U.I. (cincuenta unidades indexadas) podrá estipularse, en lugar de los intereses de mora, las siguientes multas según corresponda:

i) una multa de hasta 50 U.I. (cincuenta unidades indexadas), a aplicarse por atrasos en el incumplimiento de obligaciones con proveedores de bienes y servicios no financieros que se originen en relaciones de consumo de acuerdo a lo definido en la Ley Nº 17.250, de 11 de agosto de 2000;

ii) una multa de hasta el importe que resultare menor entre el cincuenta por ciento el valor del monto impago y hasta 50 U.I. (cincuenta unidades indexadas), a aplicarse por atrasos en el cumplimiento de obligaciones contraídas con proveedores de servicios financieros.

b) cuando se tratare de atrasos en el cumplimiento de obligaciones con proveedores de bienes y servicios no financieros que no se originen en relaciones de consumo de acuerdo con lo definido en la referida Ley Nº 17.250, caso en el que podrá aplicarse la multa estipulada en el contrato.

Artículo 20.- (Devengamiento de intereses moratorios en pequeños créditos).- La generación de créditos moratorios, pactados en deudas originadas en negocios jurídicos de préstamos en efectivo y de financiamiento de bienes y servicios, otorgados a personas físicas o jurídicas cuyo capital inicial sea inferior al equivalente de U.I. 20.000 (veinte mil unidades indexadas) sea cual fuere la moneda pactada, caducarán de pleno derecho, sin necesidad de acción alguna a cargo del deudor, a los veinticuatro meses contados a partir de la fecha en que cada obligación devenga exigible. A partir de la caducidad referida, se aplicarán sobre la totalidad de las sumas adeudadas, cualquiera sea su naturaleza, únicamente los ajustes e intereses a que refieren los artículos 1º, 2º y 4º del Decreto-Ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976, salvo en el caso de que la tasa de interés pactada fuera inferior a la resultante de la aplicación de lo dispuesto en este artículo.

Esta disposición se aplicará a las obligaciones aún no extinguidas a la fecha de vigencia de la presente ley.

Para determinar si el crédito en cuestión está dentro del límite establecido, las sumas que hubieran sido pactadas en moneda extranjera se arbitrarán a dólares estadounidenses, convirtiéndose a moneda nacional a la cotización interbancaria (fondo tipo comprador) y aplicándose el valor de la unidad indexada vigente al momento de convenir la obligación.

Capítulo VI - Usura civil y penal

Artículo 21.- (Usura civil).- Configurada la usura conforme a lo dispuesto en la presente ley, caducará el derecho a exigir el cobro de intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos de cualquier naturaleza, salvo las costas y costos por el crédito subsistente.

El cobro de las costas y costas no será preceptivo cuando el deudor o su fiador hubieran consignado lo que estimaban adeudar y el magistrado lo considere razonable al resolver la excepción de usura.

Asimismo, deberán descontarse del crédito subsistente a ejecutar, los intereses, compensaciones, comisiones, gastos, u otros cargos de cualquier naturaleza ya cobrados. Los jueces deberán comunicar a la autoridad administrativa competente la identidad del infractor.

Artículo 22.- (Usura penal).- El que en una operación de crédito, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, le hiciere dar o prometer, para sí o para otros, intereses usurarios, tal como se definen en el artículo 11 de la presente ley, será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. La misma pena se aplicará:

a) al que procurare, adquiriere, transfiriere o consiguiere para otro un crédito, cobrando o haciéndose prometer para sí o para otro, una comisión usuraria por su mediación;

b) al que adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario.

Serán circunstancias agravantes de los delitos señalados precedentemente:

a) la actividad profesional o habitual como oferente de crédito, prestamista o comisionista;

b) la aceptación o exigencia de recaudos o garantías de carácter extorsivo;

c) la intención de obtener un provecho económico excesivo para sí o para otros;

d) la inclusión como capital de lo que corresponda a intereses u otros cargos;

e) la simulación del préstamo o de las cantidades documentadas bajo una forma jurídica diversa.

Artículo 23.- (Ambito judicial).- Una vez trabado el embargo y decretada la citación de excepciones de deudores por incumplimiento de obligaciones documentadas en los títulos individualizados en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 353 y en los numerales 2 y 3 del artículo 377 del Código General del Proceso, los jueces deberán disponer la remisión de los antecedentes al Instituto Técnico Forense o al órgano que el Poder Judicial determine a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, verifique si se persigue el cobro de intereses usurarios, tal como se definen en el artículo 11.

No será preceptiva la remisión de los antecedentes al Instituto Técnico Forense en los siguientes casos:

a) todos los títulos cuyo monto nominal original pactado supere el equivalente a 50.000 U.I. (cincuenta mil unidades indexadas);

b) los cheques bancarios y letras de cambio,

c) los vales, pagarés y conformes cuyo acreedor sea una institución de intermediación financiera.

En los casos en que exista usura, ésta será relevada de oficio aplicándose la sanción dispuesta en el artículo 20 de la presente ley.

Capítulo VII - Control y sanciones

Artículo 24.- (Autoridad de aplicación).- El control del cumplimiento de las disposiciones de esta ley estará a cargo del Banco Central del Uruguay en lo que respecta a las empresas de intermediación financiera (artículos 1º y 2º del Decreto-Ley Nº 15.322) y a las demás personas físicas y jurídicas que realicen regularmente operaciones crediticias; el Area de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas tendrá competencia en lo que respecta al crédito comercial otorgado por proveedores de bienes y servicios no financieros en el marco de relaciones de consumo y en el resto de los casos en general.

Artículo 25.- (Sanciones).- Cuando las actuaciones administrativas del Banco Central del Uruguay o del Area de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas, según corresponda de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de esta ley, concluyeran que existieron intereses usurarios, el órgano de aplicación deberá intimar administrativamente la devolución inmediata a los deudores de la porción pagada que excediera a los montos máximos que surjan de lo establecido en la presente ley. Vencido el plazo de la intimación, previa vista, el órgano de aplicación deberá sancionar a los autores y responsables. Las sanciones consistirán en:

a) apercibimiento;

b) apercibimiento dando a publicidad la resolución en el sitio web del órgano de aplicación, con su publicación a costa del infractor en dos diarios de circulación nacional;

c) multa que se determinará entre una cantidad mínima de 100.000 U.I. (cien mil unidades indexadas) y una cantidad máxima por el monto que fuere superior de los siguientes valores:

i) 20:000.000 U.I. (veinte millones de unidades indexadas);

ii) el equivalene a tres veces el monto correspondiente a la porción pagada en exceso a los montos máxi-mos que surjan de lo establecido en la presente ley.

Las sanciones podrán aplicarse independiente o conjuntamente según resulte de las circunstancias del caso. A efectos de su determinación, se tomará en cuenta: la entidad de la infracción; el grado de participación de los responsables; la intencionalidad; la condición del reincidente; y la actitud asumida durante el desarrollo de las actuaciones administrativas. Todo ello sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondieran.

El acto administrativo firme que determina la sanción aplicable, constituirá, en su caso, título ejecutivo.

Capítulo VIII - Disposiciones generales

Artículo 26.- (Información al fiador).- En las operaciones de crédito por montos de hasta 2:000.000 U.I. (dos millones de unidades indexadas) cualquier incumplimiento del deudor deberá ser comunicado de forma fehaciente al fiador, si lo hubiese, dentro del plazo de 60 días de ve-rificado el mismo. El incumplimiento de esta obligación impedirá toda acción contra el fiador hasta que se acredite haber cumplido con la misma. Si la comunicación se realiza después de transcurridos 30 días del plazo establecido no podrá reclamarse al fiador el pago de intereses de mora.

Artículo 27.- (Constancias en el documento de adeudo).- En todo documento de adeudo representativo de operaciones de crédito pactadas a tasas de interés fijas, deberá distinguirse, con precisión, la suma que corresponde al capital prestado o financiado de la que corresponde a intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos pactados por cualquier concepto.

En todo documento de adeudo representativo de operaciones de crédito pactadas a tasas de interés variables o tasas de interés fijas revisables periódicamente se cumplirá con lo dispuesto en el inciso anterior sobre la base de las tasas de interés vigentes al momento de realizarse la operación. La falta de cumplimiento de estas obligaciones hará presumir la existencia de intereses usurarios.

El acreedor deberá entregar copia al deudor de todos los documentos suscritos.

Artículo 28.- (Carácter).- La presente ley es de orden público.

Artículo 29.- (Vigencia).- Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a las obligaciones contraídas con posterioridad a su entrada en vigencia, salvo lo previsto en el artículo 20.

Artículo 30.- (Derogaciones).- Deróganse los artículos 7º, 8º, 11 y 15 de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972, con sus modificaciones, el Decreto-Ley Nº 14.887, de 27 de abril de 1979, la Ley Nº 17.471, de 29 de abril de 2002 y la Ley Nº 17.569 de 22 de octubre de 2002.

TASAS DE INTERES Y USURA

ANEXO METODOLOGICO

DETERMINACION DE LA TASA IMPLICITA DEFINIDA EN EL ARTICULO 10

Para la determinación de la tasa implícita a la que hace referencia el artículo 10 en términos financieros TIR o tasa interna de retorno, se define la siguiente fórmula:

 

 

 

Donde:

- D representa los desembolsos del préstamo que recibe el deudor en cada momento del tiempo;

- G representa los gastos fijos de concesión y administración del crédito que el acreedor puede descontar del cómputo de la tasa de acuerdo al literal b) del artículo 14;

- P representa todos los pagos que realiza el deudor en cada momento del tiempo;

- Los subíndices 0, 1, 2 ...n representan los diferentes momentos del tiempo, de formal tal que Do es el desembolso inicial que recibe el deudor, Go es la suma de hasta 10 U.I. de gastos fijos de concesión y administración del crédito que el acreedor puede excluir del cómputo de la tasa de interés implícita al momento inicial de conceder el préstamo y Po es el pago que el deudor hace, si lo hubiere, en el momento de recibir el monto inicial.

- D1, D2..., Dn son los sucesivos desembolsos que recibe el deudor si los hubiere, y P1, P2..., Pn son los sucesivos pagos que realiza el deudor G1, G2..., Gn son los sucesivos gastos fijos de concesión y administración del crédito que el acreedor puede excluir del cómputo de la tasa de interés implícita por hasta 2 U.I. en cada una de las primeras diez cuotas.

La tasa implícita o TIR se calcula sobre la base de i tal que ambos lados de la ecuación (#1) son iguales, de forma que la siguiente resta es igual a cero:

 

 

 

El valor de i no puede ser despejado directamente de la ecuación (#2), sino que se debe proceder en forma iterativa sobre la base de un valor inicial. Sin embargo, los software de planillas electrónicas más difundidos (Excel, Lotus, Qpro, etc.) incluyen funciones para el cálculo automático de la TIR.

Para expresar la tasa hallada en términos de tasa efectiva anual (TEA) debe realizarse la siguiente transformación al valor de i que surge de la ecuación (#2):

 

 

donde:

T=1 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son años;

T=2 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son semestres;

T=3 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son cuatrimestrales;

T=4 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son trimestres;

T=6 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son bimestres;

T=12 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son meses;

T=365 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son días;

En los casos en que de acuerdo a la legislación vigente los intereses de la operción financiera estuvieran gravados por el Impuesto al Valor Agregado, u otros impuestos legalmente a cargo del deudor, deberá excluirse el componente de impuestos a los intereses y calcular la TIR correspondiente al flujo de fondos resultante.

Ejemplo:

Préstamo a una familia en moneda nacional de $ 3.000 pagadero en once cuotas mensuales y consecutivas de $ 340. Al momento de recibir el crédito el deudor abona $ 100 por gastos. Se trata de un préstamo donde los intereses no están alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado y en el que, a los efectos del cobro del servicio de la deuda, la institución financiera acreedora se beneficia de la retención judicial sobre el sueldo del deudor o del débito automático de las cuotas en una cuenta bancaria del deudor.

Valor de la U.I. el día de la concesión del crédito (8 de setiembre de 2006): 1.5792 pesos (valor que cambia en forma diaria). En este ejemplo, se le otorgó a la U.I. un valor constante en el tiempo, lo que presupone una tasa de inflación cero para el período.

De acuerdo a las definiciones de la fórmula (#1):

Do= $ 3000

Go= $ 15,79 (equivalente a 10 U.I. por 1.5792

Po= $ 100

D1=D2=D3= D4=D5=D6= D7=D8=D9=D10=D11=0 ya que no pactaron desembolsos adicionales al inicial recibido en el momento 0.

G1=G2=G3= G4=G5=G6= G7=G8=G9=G10= $ 3,16 (equivalente a 2 U.I. x -1.5792) G11 es igual a 0 (a partir de la cuota onceava en adelante el acreedor no puede excluir gastos fijos del cómputo de la tasa de interés implícita).

P1=P2=P3= P4=P5=P6= P7=P8=P9= P10=P11= $ 330 (valor de la cuota mensual pactada, no existiendo pagos por otros conceptos).

El valor de i que cumple con la ecuación (#2) es i = 0,0319

Para expresar el valor de i en términos de tasa efectiva anual, se usa la fórmula (#3), con T=12 por tratarse de pagos mensuales:

 

 

Resultado: la tasa de interés implícita pactada en 45,76% efectiva anual.

Para determinar la existencia de intereses usuarios la tasa de 45,76% debe ser comparada con la que publique el Banco Central del Uruguay correspondiente a moneda nacional, al plazo menor de un año para familias vigente al momento de haberse otorgado el crédito.

Por tratarse de un capital prestado menor a 1:500.000 U.I. la tasa hallada de 45,76% no podrá superar en más de 60% (1,6 veces) la tasa de referencia publicada por el Banco Central del Uruguay. De modo tal que si el crédito hubiera sido concedido en setiembre de 2006, cuando la tasa media de interés informada por el Banco Central para operaciones de crédito en moneda nacional a las familias a plazo menor de un año era 33.14%, la tasa máxima admitida hubiera sido 33,14% x 1,6 = 53,02% por la cual en este ejemplo no se hubiera configurado una violación de la ley de usura.

Sala de la Comisión, a 28 de setiembre de 2006.

Enrique Rubio, Miembro Informante; Isaac Alfie, Discorde; Alberto Couriel, Jorge Larrañaga, Discorde; Rafael Michelini, Leonardo Nicolini, Enrique Pintado. Senadores.

Carp. Nº 344/05

Dist. 473/05

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 19 de setiembre de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo remitiendo el adjunto proyecto de ley para atender la problemática de la usura.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a consideración del Poder Legislativo el proyecto de ley adjunto para atender la problemática de la usura.

La usura en Uruguay está prohibida por el artículo 52 de la Constitución de la República. El marco legal vigente que aborda la problemática de la usura, sin embargo, ha demostrado debilidades y aspectos perfectibles que el proyecto de ley que se adjunta apunta a solucionar. En particular, desde la crisis económica y financiera del año 2002, se hizo notoria la existencia de situaciones de abuso, en general en contra de la población de más bajos ingresos y menos informada, en un mercado financiero caracterizado por una escasa disponibilidad de crédito.

Desde una perspectiva económica, los controles de precios en mercados competitivos causan efectos no deseados, pudiendo reducir la cantidad ofrecida y afectar la calidad del bien o servicio cuyo precio se estuviera fijando, y creando, en consecuencia, un resultado ineficiente que se manifiesta en escasez, en deterioro de la calidad de los bienes o servicios ofrecidos o en mercados al margen de la legalidad. La fijación por ley de tasas máximas de interés es, en esencia, un control de precios.

Los mercados financieros, sin embargo, constituyen un ejemplo típico de mercados en los cuales el libre juego de la oferta y la demanda no necesariamente conduce a un óptimo. Además de la posible falta de competencia determinada por estructuras oligopólicas en algunos segmentos del negocio financiero, se destacan los problemas de asimetrías de información y la presencia de consumidores o demandantes de crédito que, por su tamaño en el mercado y su capacidad para obtener e interpretar la información relevante, se encuentran en inferioridad de condiciones al momento de solicitar y obtener crédito. Existe espacio, entonces, para regulaciones que impliquen una mejora de bienestar, y la fijación por ley de tasas de interés máximas constituye, bajo un diseño adecuado, una forma efectiva de protección para un importante conjunto de demandantes de crédito.

La regulación que establece topes a las tasas de interés es reconocida no sólo por la legislación uruguaya (en nuestro país existen leyes de usura desde 1914), sino que es una opción muy difundida internacionalmente. Así, en buena parte de los países desarrollados existen leyes nacionales que establecen techos a las tasas de interés que se pueden cobrar a los tomadores de diversos tipos de créditos consumidores, créditos hipotecarios, pequeñas empresas, etc.. Este es el caso de, entre otros. Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Finlandia, Holanda y Suiza. En Estados Unidos, por el contrario, no existen leyes federales que establezcan topes a las tasas de interés, pero varios estados miembros de la Unión han establecido esos límites. En la región latinoamericana, Chile, Argentina y Venezuela, entre otros, han fijado topes máximos para las tasas de interés que se pueden cobrar en distintos segmentos del mercado de crédito.

Si bien en algunos países se establecen tasas máximas nominales, en la mayoría de los casos las tasas máximas se fijan mediante la determinación de una cierta prima sobre la tasa promedio de mercado. Al proceder de esta forma se otorga flexibilidad al mecanismo y se permite que las tasas máximas evolucionen de acuerdo a los fundamentos del mercado.

En términos generales, este proyecto de ley busca reforzar la defensa de la población ante excesos y abusos de ciertas empresas y particulares, minimizando, al mismo tiempo, los efectos no deseados que la legislación de usura pueda tener sobre el funcionamiento y eficiencia de los mercados financieros. Para ello, no sólo se revisó la legislación de otros países, sino que se recogió la variada casuística de las diferentes prácticas usurarias en Uruguay, identificando las debilidades y vacíos de la legislación vigente que las hicieron posibles.

La redacción de este proyecto de ley se benefició de la experiencia y aportes de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera del Banco Central del Uruguay y del Area de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, y con la finalidad de alcanzar un texto legal que resultara efectivo en la defensa de los consumidores, y que al mismo tiempo velara por la eficiencia en el funcionamiento del mercado financiero, se recibió información y comentarios, en un fluido intercambio de puntos de vista con los actores directamente involucrados: representantes de asociaciones de defensa de los consumidores y de empresas prestadoras de crédito de diversa índole.

El proyecto de ley que se propone, busca concentrar en un único texto la legislación de usura, poniendo fin a la dispersión y superposición de leyes vigentes al respecto que, en la práctica, ha motivado una diversidad de opiniones jurídicas al ámbito de aplicación de la legislación de usura lo que, en definitiva, ha debilitado su efectividad.

Los artículos 1 y 2 del proyecto de ley extienden en forma amplia el ámbito de aplicación de la legislación de usura, poniendo fin a cualquier posible duda de interpretación que ha caracterizado, en la práctica, al marco legal vigente.

El ámbito de aplicación que se propone, alcanza a todas las empresas o particulares que realicen operaciones de crédito, definidas estas en sentido amplio. Esta medida indispensable, iniciativa planteada por el Senador Profesor Enrique Rubio, pone fin a una situación en la que, en la práctica, empresas que desarrollan actividades similares o idénticas, son alcanzadas por la legislación de usura o quedan fuera de la misma, como consecuencia de su forma jurídica u otras características de su operativa. Este aspecto no sólo genera situaciones de indefensión de los consumidores, aun en el mercado formal, sino que constituye una clara desventaja competitiva para las empresas que deben cumplir con la legislación de usura.

Por último, en lo que se refiere al ámbito de aplicación de la legislación de usura, el proyecto de ley alcanza también, en forma expresa, a los créditos otorgados por particulares y a la actividad de crédito de firmas comerciales de bienes y servicios no financieros, sin restringirse a las relaciones de consumo, eliminando cualquier posible duda de interpretación que ha caracterizado a la aplicación del marco legal vigente.

En los artículos 3, 4 y 5 se define con precisión la forma de cálculo de los intereses compensatorios y de mora.

En el artículo 6, se limita y se reglamenta el devengamiento de intereses en la operativa de las tarjetas de crédito. Existe una práctica muy difundida entre las empresas emisoras de tarjetas de crédito que, aunque con variantes, ofrecen la bonificación de los intereses devengados desde la fecha de la compra a la del vencimiento del estado de cuenta a los clientes que opten por pagar al vencimiento el total del saldo de las compras realizadas en el mes ("productos bonificables"). En contraste, cuando el tarjetahabiente realiza un pago parcial esos intereses no son bonificados (o lo son sólo parcialmente), lo que deriva en un sensible aumento de la carga de intereses.

Existen dos elementos principales que vuelven necesario regular aspectos relacionados con el devengamiento de estos intereses. En primer lugar, el aumento de la carga de intereses que se produce cuando el tarjetahabiente no realiza el pago total al vencimiento, puede determinar que la tasa de interés implícita supere los límites que determina la legislación de usura.

Esta cuestión lleva a la discusión acerca de la legitimidad de cobrar intereses desde el momento de la compra en vez de hacerlo desde la fecha de vencimiento del estado de cuenta. Debe considerarse que la tarjeta de crédito puede ser utilizada como tarjeta de compra por los tarjetahabientes. Es de hacer notar que los clientes que hacen sus compras en un comercio adherido al sistema de tarjetas de crédito, no pueden acceder a ningún beneficio por pago en efectivo.

Esta imposibilidad de obtener un descuento por pago en efectivo se debe a la existencia de cláusulas en los contratos de adhesión de los comercios al sistema de tarjetas que estipulan la prohibición de otorgar descuentos por pago en efectivo. En este sentido, puede interpretarse que las tarjetas de crédito constituyen un medio de pago similar al dinero, por cuyo servicio el tarjetahabiente paga cierto costo compuesto por la renuncia al descuento por pago contado y por el cargo anual de la tarjeta. En consecuencia, puede considerarse que la decisión del consumidor de financiar la compra sólo se revela al vencimiento del estado de cuenta.

En segundo lugar, el devengamiento de intereses desde la fecha de la compra y la ulterior pérdida del beneficio a la bonificación en el caso de que el consumidor opte por realizar un pago parcial, han sido muy poco transparentes para el usuario de la tarjeta de crédito, han estado reñidos con los derechos del consumidor y han sido una fuente de permanente conflicto con las organizaciones de consu-midores, aspectos que la competencia no ha logrado corregir.

La solución que este proyecto de ley plantea para el problema del devengamiento de intereses en la operativa de tarjetas de crédito consiste en diferenciar nítidamente entre las modalidades de compra y de crédito en el uso de la tarjeta. En la modalidad de compra no se habilita el cobro de intereses, mientras que en la modalidad de crédito se habilita el cobro de intereses desde la fecha de compra, pero sólo en la proporción correspondiente al saldo impago.

En el artículo 7 se definen los intereses usurarios. La definición toma en cuenta la práctica frecuente de exigir el pago no sólo de los intereses, sino también de ciertos gastos, comisiones, seguros u otros cargos, que en la práctica determinan un costo financiero mayor del que surge de la propia tasa de interés. De esta forma se calcula una tasa de interés implícita en la operación de crédito, que en términos financieros se conoce como la tasa interna de retorno (TIR), y sobre la cual regirán los topes que la ley fijará para determinar la existencia de usura.

En el artículo 12 se opta por mantener, para la determinación de las tasas máximas, la metodología difundida internacionalmente y aplicada por la legislación vigente. Esta metodología establece que podrán cobrarse tasas de interés implícitas que no superen en cierto porcentaje una tasa de interés activa promedio de mercado que publica el Banco Central del Uruguay. De esta manera, la tasa que marca el límite por encima de la cual existe usura es la resultante de una tasa promedio más un porcentaje admitido de desvío respecto de dicha tasa promedio.

La tasa promedio debe ser calculada de forma tal que garantice, en todo momento, la calidad de la información. El porcentaje admitido de desvío, por su parte, debe ser lo suficientemente amplio como para contemplar la diversidad de riesgos y costos de los distintos mercados, y al mismo tiempo acotado, como forma de poner límite a la posibilidad de abusos en la fijación de tasas de interés.

La tasa de interés promedio será la tasa promedio de las operaciones de crédito concedidos por las instituciones de intermediación financiera a residentes del sector privado. Al igual que en las tasas que se publican en la actualidad, la información de tasas cobradas por otro tipo de empresas o por particulares no se incluye en dicha base, no sólo por razones de dificultades operativas en su implementación, sino como forma de garantizar, en todo momento, la calidad de la información.

Las tasas promedio resultantes, según el destino del crédito, plazo y moneda, regirán para toda la gama de operaciones contempladas por el ámbito de aplicación de este proyecto de ley, incluso para operaciones que no forman parte de la base de cálculo. Para atender este aspecto, se establece, respecto a los intereses compensatorios, un desvío porcentual de 60% para las operaciones de crédito con capitales prestados menores al equivalente a 2.000.000 U.I., y de 90% para las mayores a dicho monto. Los respectivos desvíos para intereses de mora se ubican en 80% y 120%.

Estos límites modifican el desvío porcentual de 75% previsto en la legislación vigente, y lo hacen de forma diferencial según el monto de capital de la operación. La racionalidad para esta modificación radica en que se entiende que no es la naturaleza del crédito per se la que justifica el control de tasas, sino las características de los demandantes de crédito. Son los deudores más pequeños los que necesitan más protección ante posibles abusos, mientras que aquellos que pueden acceder a créditos por montos mayores se presume que están en mejores condiciones para negociar en el mercado. De esta forma, se refuerza la defensa de los demandantes más pequeños y se contemplan niveles de protección para demandantes mayores, pero se reducen las posibles distorsiones ineficientes del control de precios.

Debe tenerse presente que, mientras márgenes de desvío extremadamente altos pueden disminuir la protección de los consumidores, márgenes excesivamente pequeños pueden poner en peligro la propia existencia de crédito para aquellos individuos de mayor riesgo.

En el artículo 7 se incluye una medida adicional para velar por el eficiente funcionamiento de los mercados de pequeño y microcrédito. En efecto, el artículo 7 estipula que los gastos fijos en los que se incurra para la concesión y administración del crédito, por hasta 90 U.I., pueden ser excluidos del cálculo de la tasa de interés implícita. Estos costos fijos representan una porción mayor cuanto menor sea el importe del crédito, y pueden superar fácilmente los topes de usura cuando se expresan en términos de tasa de interés. De no preverse la exclusión de cierto importe que dé cuenta de la existencia de costos fijos, la fijación de tasas máximas podría determinar la desaparición de los créditos pequeños. Según se entiende, esa eventualidad se volvería más probable en el futuro próximo por la presumible reducción de las tasas medias de mercado que cabe esperar ocurra como consecuencia de la persistencia de tasas inflacionarias relativamente bajas.

Para ilustrar este aspecto téngase en cuenta el impacto que tiene, en términos de tasa de interés efectiva anual, en un crédito pagadero en seis cuotas mensuales iguales, la existencia de costos fijos totales de 90 U.I. (aproximadamente $ 131 a agosto de 2005), pagándose 48 U.I. al momento de la concesión del crédito y 7 U.I. en cada una de las seis cuotas. Si el crédito se concediera a tasa de interés cero, dichos costos fijos representarían por sí solos, en un crédito de $ 3.000, una tasa efectiva anual de 16.3%. El impacto de los costos fijos crece más que proporcionalmente ante disminuciones del importe del crédito, representando una tasa efectiva anual de 25.6% en un crédito de $ 2.000 y 58.5% en un crédito de $ 1.000.

Es de hacer notar que otro posible efecto no deseado de la legislación de usura está relacionado con la pérdida de incentivos para el pago en fecha. Los topes establecidos para los intereses en caso de mora protegen a los demandantes de crédito de abusos cuando se atrasan en el pago de sus obligaciones pero, al mismo tiempo, pueden disminuir el incentivo para el pago en fecha.

La posibilidad del cobro de multas por atrasos no sólo opera como una indemnización para el acreedor sino que, al contribuir a fomentar la cultura de pago, redunda en beneficio del desarrollo del mercado, beneficiando a los deudores buenos pagadores, quienes pueden acceder más fluidamente al mercado de crédito y a menores tasas. Estos argumentos son recogidos en el artículo 8 de este proyecto de ley, por el que se otorga la posibilidad de cobrar multas mínimas de hasta 50 U.I. en el caso de atrasos con proveedores de bienes y servicios no financieros originados en relaciones de consumo, y de multas mínimas de hasta 50 U.I. o de hasta el 50% del pago pactado (si este último resultare menor) en el caso de deudas con proveedores de servicios financieros. En el caso de deudas por atrasos con proveedores de bienes y servicios no financieros, que no se originen en relaciones de consumo, podrán cobrarse la multa que se estipule en el contrato.

En el artículo 9 se establecen las condiciones mínimas que deben constar en el documento de adeudo, exigiendo el nivel de detalle necesario para poder distinguir con precisión el capital de los intereses y otros conceptos.

En los artículos 10 y 11, se mantiene la represión penal y civil establecidas por la legislación de usura vigente, y el artículo 15, agrega la sanción administrativa. En este sentido, en el artículo 14 se asignan facultades sancionatarias al Banco Central del Uruguay y al Area de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas. La determinación de una autoridad de aplicación con potestades sancionatarias es un aspecto fundamental para hacer efectiva la defensa de los demandantes de crédito y poner fin a las situaciones de abuso que se verifican en la actualidad.

En el artículo 13 se recoge y se profundiza lo establecido por el artículo 2 del Decreto-Ley Nº 14.887, de 27 de abril de 1979, que tiene sus antecedentes en la Ley Nº 5.180, de 24 de diciembre de 1914. Con esta disposición se da a los Jueces un papel clave en el combate a la usura. En tal sentido, y reconociéndose tanto las dificultades que en la práctica tienen los demandantes de créditos de menores ingresos para llevar adelante su defensa ante la ejecución judicial, como otras dificultades para el cumplimiento de dicho artículo, se optó por hacer preceptiva la remisión de los antecedentes al Instituto Técnico Forense o al órgano que el Poder Judicial determine (previéndose, a modo de ejemplo, las hipótesis de convenios con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República) a fin de que se establezca si, en la especie, se está ante intereses usurarios. Para volver operativa esta disposición, dicha remisión no será necesaria en los casos en que el acreedor fuera una institución de intermediación financiera, debido a que las tasas que cobra son directamente informadas al Banco Central del Uruguay. Obviamente, la consecuencia de tal verificación es la prevista en el artículo 10, relativo a la caducidad del derecho a exigir el cobro de intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos de cualquier naturaleza.

Se entiende que esta fórmula constituye una mejora respecto a la legislación vigente, ya que no sólo la vuelve más operativa, sino que manteniendo los requerimientos de protección a los deudores, garantiza el legítimo derecho de los acreedores al permitir la adopción de medidas cautelares (embargo). En efecto, la verificación referida se hará con posterioridad al dictado del acto de ejecución y en el plazo de quince días hábiles, lo que no demorará significativamente el trámite de la ejecución.

Por último, en el artículo 16, se establece que caducará, de pleno derecho, la generación de intereses moratorios pactados en deudas originadas por negocios jurídicos cuyo capital sea inferior al equivalente a 20.000 U.I., a los veinticuatro meses contados a partir de la fecha de exigibilidad. Si bien existe una disposición similar, recogida en la Ley Nº 17.471, de 29 de abril de 2002, se entiende que el tenor de la redacción que se propone da cuenta del problema de los deudores víctimas de maniobras predatorias, que la experiencia ha demostrado, no tienen acceso fluido a la Justicia. Conforme a la nueva redacción, no se requiere iniciativa del deudor, sino que al caducar de pleno derecho, el Juez, de oficio deberá sustituir la tasa de mora pactada por el reajuste de inflación y 6% de interés efectivo anual, que indica el Decreto-Ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976.

Rodolfo Nin Novoa, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presi-dencia; Danilo Astori, Mario Bergara.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1 (Operaciones comprendidas).- Quedarán sujetas a las disposiciones de la presente ley las operaciones de crédito o asimiladas realizadas por personas físicas o jurídicas. Se entiende por operaciones de crédito aquéllas por las cuales una de las partes entrega una cantidad de dinero, o se obliga a entregar bienes o servicios y la otra a pagarla en un momento diferente de aquél en el que se celebra la operación.

A los efectos de la presente ley se asimilan a operaciones de crédito, a modo de ejemplo, las siguientes:

a) el descuento de documentos representativos de dinero;

b) las operaciones con letras de cambio y con documentos representativos de obligaciones de crédito pagaderos a la vista, a cierto plazo desde la vista, a cierto plazo desde su fecha o a fecha fija;

c) el financiamiento de la venta de bienes y servicios otorgando créditos mediante el uso de tarjetas, órdenes de compra u otras modalidades.

Artículo 2 (Operaciones no comprendidas).- Se consideran operaciones no comprendidas en las disposiciones de la presente ley:

a) las operaciones entre instituciones de intermediación financiera;

b) las operaciones que el Banco Central del Uruguay concerte con las instituciones de intermediación financiera y demás entidades sujetas a su supervisión;

c) las emisiones de títulos de deuda realizadas por la Tesorería General de la Nación y el Banco Central del Uruguay.

Artículo 3 (Tipos de interés).- Sólo se podrán aplicar intereses compensatorios o de mora, los cuales deberán ser pactados en términos claros y precisos en los correspondientes documentos de adeudo.

El interés de mora sólo se aplicará a las operaciones de crédito vencidas e impagas, durante el período en que se hayan producido los atrasos, toda vez que el deudor haya incurrido en mora.

En las operaciones de crédito pagaderas en cuotas, los intereses de mora sólo podrán aplicarse sobre el monto de las cuotas vencidas e impagas y no sobre el saldo de deuda total, aún cuando éste fuera exigible.

Artículo 4 (Expresión y aplicación de las tasas de interés).- Las tasas de interés fijas deberán expresarse en términos efectivos anuales, en porcentaje y con dos decimales. Para su aplicación se utilizará la tasa efectiva equivalente al período de financiación que corresponda.

Cuando se pactaran tasas de interés variables deberá indicarse con precisión la tasa de referencia aplicable.

A los efectos del cálculo de la tasa efectiva anual, los años se considerarán de 365 (trescientos sesenta y cinco) días.

Artículo 5 (Base de cálculo).- Los intereses sólo se liquidarán sobre los saldos de los capitales efectivamente prestados o de los saldos financiados. No podrán aplicarse simultáneamente la tasa de interés compensatorio y la de mora sobre el mismo importe.

En los casos en que, habiéndose pactado operaciones de crédito a ser canceladas en cuotas, se reciban pagos a cuenta y estos sean admitidos por el acreedor, los pagos serán descontados del total de la cuota correspondiente a efectos de calcular intereses solamente sobre los saldos impagos.

Artículo 6 (Devengamiento de intereses en tarjetas de crédito).- En la utilización de tarjetas de crédito, las compras de bienes y servicios realizadas entre dos fechas consecutivas de cierre del estado de cuenta, no devengarán intereses entre la fecha de compra (o de imputación de gastos en cuenta) y la del primer vencimiento del estado de cuenta posterior a la misma, cuando el tarjetahabiente optara por cancelar el total del saldo del estado de cuenta en la fecha de vencimiento. En este caso se entenderá que se ha usado la tarjeta como tarjeta de compra.

Cuando en la fecha de vencimiento el tarjetahabiente optara por realizar un pago parcial del saldo del último estado de cuenta (en cuyo caso se entenderá que se ha usado la tarjeta como tarjeta de crédito), ese pago se aplicará en primer lugar a la cancelación del saldo impago correspondiente a estados de cuenta anteriores y en segundo lugar al pago de las compras realizadas en el período correspondiente al último estado de cuenta. En este último caso, el pago se aplicará a las compras más antiguas.

El nuevo saldo impago resultante podrá tener dos componentes. Un primer componente (A), si lo hubiere, correspondiente a deudas generadas en períodos de estados de cuenta anteriores al último y un segundo componente (B) correspondiente a la parte impaga de las compras del último estado de cuenta.

Para el cálculo de los intereses que se devenguen hasta el siguiente vencimiento del estado de cuenta se procederá de la siguiente forma: el primer componente (A), definido anteriormente, devengará intereses desde la anterior fecha de vencimiento hasta la nueva fecha de vencimiento (o hasta que haga efectivo el pago); el segundo componente (B) devengará intereses, sobre la parte impaga de las compras del último estado de cuenta según lo establecido en el inciso anterior, desde la fecha de cada compra (o desde una fecha promedio ponderada de las mismas) hasta la fecha de vencimiento del siguiente estado de cuenta (o hasta que haga efectivo el pago).

En la eventualidad de que el tarjetahabiente pagara el total del saldo adeudado dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la fecha de vencimiento, a los efectos del devengamiento de intereses se considerará como si hubiera realizado el pago en la fecha de vencimiento. No obstante, podrá exigirse la multa prevista en el artículo 8 de esta ley.

Los retiros de efectivo realizados con la tarjeta de crédito devengarán intereses desde la fecha de la extracción.

La empresa emisora de la tarjeta de crédito deberá informar, en el estado de cuenta, el importe de intereses a pagar en el siguiente vencimiento del estado de cuenta correspondiente a la opción de pago mínimo que se estipule.

Artículo 7 (Intereses usurarios).- Para determinar la existencia de intereses usurarios en las operaciones de crédito se calculará la tasa de interés implícita (en términos financieros, tasa interna de retorno) que surge de igualar el valor actualizado de los desembolsos del crédito, con el valor actualizado del flujo de pagos de capital, intereses, compensaciones, comisiones, gastos, seguros u otros cargos por cualquier concepto.

Para la determinación de la tasa de interés implícita se excluirán los siguientes conceptos:

a) el Impuesto al Valor Agregado sobre los intereses y otros impuestos que legalmente sean de cargo del cliente;

b) los gastos fijos en los que se incurra para la concesión y administración del crédito por hasta un monto máximo por cliente equivalente a 90 U.I. (noventa unidades indexadas). No podrán excluirse los gastos fijos de un nuevo crédito si existiera otro crédito vigente. Este importe se distribuirá de la siguiente forma: hasta 48 U.I. (cuarenta y ocho unidades indexadas) por la concesión del crédito y hasta 7 U.I. (siete unidades indexadas) por cuota con un máximo de seis cuotas;

c) el cargo anual en el caso de las tarjetas de crédito, en cuyo caso no será de aplicación lo dispuesto en el literal precedente.

Para determinar la existencia de intereses usuarios en las operaciones de crédito originadas en la venta de bienes y servicios no financieros realizados por el propio proveedor se calculará la tasa interés implícita que surge de igualar el valor actual del precio de lista del bien o servicio en cuestión al momento de la transacción, con el valor actual del flujo de pagos, intereses, compensaciones, comisiones, gastos, seguros u otros cargos por cualquier concepto.

En las operaciones de crédito en las que el capital efectivamente prestado (o, en su caso, el valor nominal del documento descontado), sin incluir intereses o cargos, fuera inferior al equivalente a 2.000.000 U.I. (dos millones de unidades indexadas) se considerará que existen intereses usurarios cuando la tasa implícita superare en un porcentaje mayor al 60% (sesenta por ciento) las tasas medias de interés publicadas por el Banco Central del Uruguay, correspondientes al trimestre anterior a la fecha de constituir la obligación. En caso de configurarse mora, se considerará que existen intereses usuarios cuando la tasa implícita superare las referidas tasas medias en un porcentaje mayor al 80% (ochenta por ciento).

En las operaciones de crédito en las que el capital efectivamente prestado (o, en su caso, el valor nominal del documento descontado), sin incluir intereses o cargos, fuera mayor o igual al equivalente a 2.000.000 U.I. (dos millones de unidades indexadas) se considerará que existen intereses usurarios cuando dicha tasa implícita superare en un porcentaje mayor al 90% (noventa por ciento) las tasas medias de interés publicadas por el Banco Central del Uruguay, correspondientes al trimestre anterior a la fecha de constituir la obligación. En caso de configurarse mora, se considerará que existen intereses usurarios cuando la tasa implícita superare las referidas tasas medias en un porcentaje mayor al 120% (ciento veinte por ciento).

Para determinar el rango en el que se encuentran las sumas que hubieran sido pactadas, a los efectos del cálculo de los límites que se establecen en los dos incisos anteriores, las sumas en moneda extranjera se arbitrarán a dólares estadounidenses, convirtiéndose a moneda nacional a la cotización interbancaria (fondo tipo comprador), y aplicándose el valor de la unidad indexada vigente al momento de convenir la obligación.

Artículo 8 (Multa por mora).- Cuando se configurare mora, los montos que se cobraren por concepto de multa se computarán para el cálculo de la tasa interés implícita definida en el artículo 7 de la presente ley (Intereses usurarios). No obstante, en los siguientes casos, en lugar de los intereses moratorios se podrán admitir penas por incumplimiento superiores a las que surgen de la aplicación de tasa interés implícita:

a) cuando el monto máximo por concepto de mora al que habilite el artículo 7 de la presente ley (Intereses usurarios) resulte inferior a 50 U.I. (cincuenta unidades indexadas) podrá estipularse, en lugar de los intereses de mora, las siguientes multas según corresponda:

i) una multa de hasta 50 U.I. (cincuenta unidades indexadas), a aplicarse por atrasos en el cumplimiento de obligaciones con proveedores de bienes y servicios no financieros que se originen en relaciones de consumo de acuerdo a lo definido en la Ley Nº 17.250, de 11 de agosto de 2000;

ii) una multa de hasta el importe que resultare menor entre el cincuenta por ciento del valor del monto impago y 50 U.I. (cincuenta unidades indexadas), a aplicarse por atrasos en el cumplimiento de obligaciones contraídas con proveedores de servicios financieros.

b) cuando se tratare de atrasos en el cumplimiento de obligaciones con proveedores de bienes y servicios no financieros que no se originen en relaciones de consumo de acuerdo con lo definido en la referida Ley Nº 17.250, caso en el que podrá aplicarse la multa estipulada en el contrato.

Artículo 9 (Constancias en el documento de adeudo).- En todo documento de adeudo deberá distinguirse, con precisión, la suma que corresponde al capital prestado o financiado de la que corresponde a intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos pactados por cualquier concepto.

La falta de cumplimiento de estas obligaciones hará presumir la existencia de intereses usurarios.

El acreedor deberá entregar copia al deudor de todos los documentos suscritos.

Artículo 10 (Usura civil).- Configurada la usura conforme a lo dispuesto en el 7 (Intereses usurarios) de la presente ley, caducará el derecho a exigir el cobro de intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos de cualquier naturaleza.

Artículo 11 (Usura penal).- El que en una operación de crédito, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, le hiciere dar o prometer, para sí o para otros, intereses usurarios, tal como se definen en el artículo 7 de la presente ley, será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. La misma pena se aplicará:

a) al que procurare, adquiriere, transfiriere o consiguiere para otro un crédito, cobrando o haciéndose prometer para sí o para otro, una comisión usuraria por su mediación;

b) al que adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario.

Serán circunstancias agravantes de los delitos, señalados precedentemente:

a) la actividad profesional o habitual como oferente de crédito, prestamista o comisionista;

b) la aceptación o exigencia de recaudos o garantías de carácter extorsivo;

c) la intención de obtener un provecho económico excesivo para sí o para otros;

d) la inclusión como capital de lo que corresponda a intereses u otros cargos;

e) la simulación del préstamo o de las cantidades documentadas bajo una forma jurídica diversa.

Artículo 12. (Determinación de las tasas medias de interés).- A efectos de determinar las tasas medias de interés a que refiere el artículo 7 de la presente ley (Intereses usurarios) para su publicación, el Banco Central del Uruguay considerará las operaciones de créditos concedidos a residentes del sector privado no financiero informadas por las instituciones de intermediación financiera que operan en el mercado local. A estos efectos excluirá aquellas operaciones de crédito que entienda que, por sus características, distorsionan la realidad del mercado.

El Banco Central del Uruguay publicará las tasas medias de interés diferenciando por plazo, moneda y destino del crédito. Las publicaciones se realizarán en el Diario Oficial, en al menos dos diarios de circulación nacional y en el sitio web del Banco Central del Uruguay.

Cuando no se contare con suficiente información para la determinación de las tasas medias para algún plazo, moneda o destino del crédito, el Banco Central del Uruguay podrá determinar la tasa de interés que considere más representativa.

Artículo 13. (Ambito judicial).- Una vez trabado el embargo y decretada la citación de excepciones de deudores por incumplimiento de obligaciones documentadas en los títulos individualizados en los numerales 3, 4 y 5 del Art. 353 y 377 numerales 2 y 3 del Código General del Proceso -con excepción de los cheques bancarios, vales, pagarés y conformes cuyo acreedor sea una institución de intermediación financiera-, los jueces deberán disponer la remisión de los antecedentes al Instituto Técnico Forense o al órgano que el Poder Judicial determine a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, verifique si se persigue el cobro de intereses usurarios. En los casos en que exista usura, ésta será relevada de oficio aplicándose la sanción dispuesta en el Art. 7 de la presente ley.

Artículo 14. (Autoridad de aplicación).- El control del cumplimiento de las disposiciones de esta ley estará a cargo del Banco Central del Uruguay en lo que respecta a las empresas de intermediación financiera (artículo 1 del Decreto-Ley Nº 15.322) y a las demás personas físicas y jurídicas que realicen regularmente operaciones crediticias; el Area de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas tendrá competencia en lo que respecta al crédito comercial otor-gado por proveedores de bienes y servicios no financieros en el marco de relaciones de consumo y en el resto de los casos.

Artículo 15 (Sanciones).- Cuando las actuaciones administrativas del Banco Central del Uruguay o del Area de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas, según corresponda de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de esta ley, concluyeran que existieron intereses usurarios, el órgano de aplicación deberá intimar administrativamente la devolución inmediata a los deudores de la porción pagada que excediera a los montos máximos que surjan de lo establecido en la presente ley. Vencido el plazo de la intimación, previa vista, el órgano de aplicación deberá sancionar a los autores y responsables. Las sanciones consistirán en:

a) apercibimiento;

b) apercibimiento dando a publicidad la resolución en el sitio web del Banco Central del Uruguay, con su publicación a costa del infractor en dos diarios de circulación nacional;

c) multa que se determinará entre una cantidad mínima de 100.000 U.I. (cien mil unidades indexadas) y una cantidad máxima por el monto que fuere superior de los siguientes valores:

i) 20.000.000 U.I. (veinte millones de unidades indexadas);

ii) el equivalente a tres veces el monto correspondiente a la porción pagada en exceso a los montos máximos que surjan de lo establecido en la presente ley.

Las sanciones podrán aplicarse independiente o conjuntamente según resulte de las circunstancias del caso. A efectos de su determinación, se tomará en cuenta: la entidad de la infracción; el grado de participación de los responsables; la intencionalidad; la condición de reincidente; y la actitud asumida durante el desarrollo de las actuaciones administrativas. Todo ello sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondieran.

El acto administrativo firme que determina la sanción aplicable, constituirá, en su caso, título ejecutivo.

Artículo 16. (Devengamiento de intereses moratorios en pequeños créditos).- La generación de intereses moratorios, pactados en deudas originadas en negocios jurídicos de préstamos en efectivo y de financiamiento de bienes y servicios, otorgados a personas físicas o jurídicas cuyo capital inicial sea inferior al equivalente de U.I. 20.000 (veinte mil unidades indexadas) sea cual fuere la moneda pactada, caducarán de pleno derecho, sin necesidad de acción alguna a cargo del deudor, a los veinticuatro meses contados a partir de la fecha en que cada obligación devenga exigible. A partir de la caducidad referida, se aplicarán sobre la totalidad de las sumas adeudadas, cualquiera sea su naturaleza, únicamente los ajustes e intereses a que refieren los artículos 1, 2 y 4 del Decreto-Ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976.

Esta disposición se aplicará a las obligaciones aún no extinguidas a la fecha de vigencia de la presente ley.

Para determinar si el crédito en cuestión está dentro del límite establecido, las sumas que hubieran sido pactadas en moneda extranjera se arbitrarán a dólares estadounidenses convirtiéndose a moneda nacional a la cotización interbancaria (fondo tipo comprador), y aplicándose el valor de la unidad indexada vigente al momento de convenir la obligación.

Artículo 17. (Carácter).- La presente ley es de orden público.

Artículo 18. (Derogaciones).- Deróganse los artículos 7, 8, 11 y 15 de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972, con sus modificaciones, el Decreto-Ley Nº 14.887, de 27 de abril de 1979, la Ley Nº 17.471, de 29 de abril de 2002 y la Ley Nº 17.569, de 22 de octubre de 2002.

Danilo Astori, Mario Bergara.

DISPOSICIONES CITADAS

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

Publicación: 02/02/1967

SECCION II - DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS

CAPITULO II

Artículo 52

Prohíbese la usura. Es de orden público la ley que señale límite máximo al interés de los préstamos. Esta determinará la pena a aplicarse a los contraventores.

Nadie podrá ser privado de su libertad por deudas.

Decreto-Ley Nº 14.887

Promulgación. 2704/1979

Artículo 1

El Banco Central del Uruguay podrá fijar tasas máximas de intereses, compensaciones, gastos de administración, comisiones y otros cargos, en las prestaciones de dinero o en otras operaciones financieras, sean realizadas por instituciones o empresas financieras o por particulares.

El Banco Central del Uruguay podrá establecer tasas máximas diferentes en razón de la distinta índole de las prestaciones de dinero u otras operaciones financieras, así como establecer que las tasas a que se refiere el inciso anterior serán las que resulten del libre juego de la oferta y la demanda.

Artículo 2

Los jueces no darán trámite a ejecuciones en que se persiga el cobro de obligaciones con intereses u otros cargos superiores a los máximos que haya fijado el Banco Central del Uruguay.

Artículo 3

(*)

(*) Notas:

Este artículo dio nueva redacción a: Ley Nº 14.095 de 17/11/1972 artículos 7, 8 y 15.

Artículo 4

Deróganse los artículos 4º de la Ley Nº 5.180, de 24 de diciembre de 1914; 11, inciso 4º y 14 de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972 y 11 de la Ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976.

Artículo 5

Comuníquese, etc.

Ley Nº 17.471

Promulgación: 29/04/2002

Artículo Unico.-

Los acreedores de deudas originadas en las operaciones de préstamos en efectivo y de financiamiento de bienes y servicios, otorgados a personas físicas, cuyo capital inicial sea inferior a U$S 1.000 (mil dólares de los Estados Unidos de América), o su equivalente en moneda nacional, incurrirán en mora de pleno derecho en caso de no reclamar judicialmente el pago de la deuda y sus intereses moratorios y compensatorios, legales y convencionales, en el plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que la obligación deviene exigible. En tal caso el deudor podrá exigir, en cualquier momento, que a partir de la caída en mora del acreedor, se sustituyan los intereses, multas y recargos de cualquier naturaleza, por los ajustes e intereses a que refiere el Decreto-Ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976. La liquidación de honorarios, cuando se realice por vía judicial, se ajustará a los montos que la presente ley establece.

Esta disposición se aplicará a las obligaciones aún no extinguidas a la fecha de vigencia de la presente ley.

 

Decreto-Ley Nº 14.500

Promulgación: 08/03/1976

Artículo 1

Para liquidar el valor de las obligaciones que se resuelvan en el pago de una suma de dinero, directamente o por equivalente, cuyo cumplimiento fuere objeto de una pretensión deducida en un proceso jurisdiccional o arbitral por una persona privada física o jurídica, se tendrá en cuenta la variación en el valor de la moneda ocurrida durante el tiempo que mediare entre la fecha de su nacimiento y la de su extinción, sin perjuicio de lo establecido en el inciso siguiente.

Si se tratare de obligaciones convencionales sujetas a plazo o condición, el término a que alude el inciso anterior será el que medie entre la fecha de su exigibilidad y la de su extinción.

En los casos que a continuación se expresan y a los solos efectos de esta ley, se tendrá por deducida la pretensión respectiva:

A) En las ejecuciones, cuando se practique el protesto o se solicite judicialmente la intimación de pago o la citación a reconocimiento de firma;

B) En el proceso penal, cuando se solicite el embargo preventivo de los bienes del procesado.

Artículo 2

La variación en el valor de la moneda será determinada por la evolución del índice general de los precios del consumo elaborado mensualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas. A estos efectos, se confrontarán el índice correspondiente al mes de la fecha de nacimiento o exigibilidad de la obligación, en su caso, con el establecido para el mes anterior de la fecha de extinción de la misma.

El índice general de los precios del consumo será publicado mensualmente en el Diario Oficial, sin perjuicio de que, a petición de parte o de los órganos jurisdiccionales o arbitrales competentes, se expida constancia del mismo, sin costo alguno.

Si a la fecha de la extinción de la obligación no se hubiere publicado todavía el índice correspondiente al mes anterior, la confrontación a que se refiere este artículo se hará con el último que haya sido publicado en la forma prevista en el inciso precedente.

Artículo 4

En los casos en que sean de aplicación los artículos 1, 2 y 3 de la presente ley, la tasa fijada en el artículo 2.207 del Código Civil, será del 6% (seis por ciento) anual.

Los intereses, a las tasas legales o convencionales que corresponda, comisiones y demás ilíquidos, se calcularán en todo caso sobre el valor de la obligación actualizado conforme a las disposiciones de la presente ley.

Ley Nº 17.250

Promulgación: 11/08/2000

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES Y CONCEPTOS

Artículo 1

La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular las relaciones de consumo, incluidas las situaciones contempladas en el inciso segundo del artículo 4º.

En todo lo no previsto, en la presente ley, será de aplicación lo dispuesto en el Código Civil.

Artículo 2

Consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella.

No se considera consumidor o usuario a aquel que, sin constituirse en destinatario final, adquiere, almacena, utiliza o consume productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación o comercialización.

Artículo 3

Proveedor es toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, privada o pública, y en este último caso estatal o no estatal, que desarrolle de manera profesional acti-vidades de producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comer-cialización de productos o servicios en una relación de consumo.

Artículo 4

Relación de consumo es el vínculo que se establece entre el proveedor que, a título oneroso, provee un producto o presta un servicio y quien lo adquiere o utiliza como destinatario final.

La provisión de productos y la prestación de servicios que se efectúan a título gratuito, cuando ellas se realizan en función de una eventual relación de consumo, se equiparan a las relaciones de consumo.

Artículo 5

Producto es cualquier bien corporal o incorporal, mueble o inmueble.

Servicio es cualquier actividad remunerada, suministrada en el mercado de consumo, con excepción de las que resultan de las relaciones laborales.

CAPITULO II - DERECHOS BASICOS DEL CONSUMIDOR

Artículo 6

Son derechos básicos de consumidores:

A) La protección de la vida, la salud y la seguridad contra los riesgos causados por las prácticas en el suministro de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos.

B) La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, la libertad de elegir y el tratamiento igualitario cuando contrate.

C) La información suficiente, clara, veraz, en idioma español sin perjuicio que puedan emplearse además otros idiomas.

D) La protección contra la publicidad engañosa, los métodos coercitivos o desleales en el suministro de productos y servicios y las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, cada uno de ellos dentro de los términos dispuestos en la presente ley.

E) La asociación en organizaciones cuyo objeto específico sea la defensa del consumidor y ser representado por ellas.

F) La efectiva prevención y resarcimiento de los daños patrimoniales y extra patrimoniales.

G) El acceso a organismos judiciales y administrativos para la prevención y resarcimiento de daños mediante procedimientos ágiles y eficaces, en los términos previstos en los capítulos respectivos de la presente ley.

CAPITULO III - PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD

Artículo 7

Todos los productos y servicios cuya utilización pueda suponer un riesgo de aquellos considerados normales y previsibles por su naturaleza, utilización o finalidad, para la salud o seguridad de los consumidores o usuarios, deberán comercializarse observando las normas o las formas establecidas o razonables.

Artículo 8

Los proveedores de productos y servicios peligrosos o nocivos para la salud o seguridad deberán informar en forma clara y visible sobre su peligrosidad o nocividad, sin perjuicio de otras medidas que puedan tomarse en cada caso concreto. (*)

Artículo 9

La autoridad administrativa competente podrá prohibir la colocación de productos en el mercado, excepcionalmente y en forma fundada, cuando éstos presenten un grave riesgo para la salud o seguridad del consumidor por su alto grado de nocividad o peligrosidad. (*)

Artículo 10

Tratándose de productos industriales, el fabricante deberá proporcionar la información a que refieren los artículos precedentes, y ésta deberá acompañar siempre al producto, incluso en su comercialización final. (*)

Artículo 11

Los proveedores de productos y servicios que, posteriormente a la introducción de los mismos en el mercado, tomen conocimiento de su nocividad o peligrosidad, deberán comunicar inmediatamente tal circunstancia a las autoridades competentes y a los consumidores. En este último caso, la comunicación se cumplirá mediante anuncios publicitarios. (*)

Reglamentada por:

Decreto Nº 308/002 de 09/08/2002,

Decreto Nº 244/000 de 23/08/2000.

CAPITULO IV - DE LA OFERTA EN GENERAL

Artículo 12

La oferta dirigida a consumidores determinados o indeterminados, transmitida por cualquier medio de comunicación y que contenga información suficientemente precisa con relación a los productos o servicios ofrecidos, vincula a quien la emite y a aquel que la utiliza de manera expresa por el tiempo que se realice. Este plazo se extenderá en los siguientes casos:

1) Cuando dicha oferta se difunda únicamente en día inhábil, en cuyo caso la misma vincula a los sujetos referidos en esta cláusula hasta el primer día hábil posterior al de su realización.

2) Cuando el oferente establezca un plazo mayor.

En todos los casos, la oferta podrá especificar sus modalidades, condiciones o limitaciones.

Durante el plazo de vigencia de la oferta, incluso si éste es más extenso que el previsto en la presente ley, la oferta será revocable. La revocación será eficaz una vez que haya sido difundida por medios similares a los empleados para hacerla conocer, y siempre que esto ocurra antes que la aceptación haya llegado al oferente. En los casos en los que el oferente asume el compromiso de no revocar la oferta, la misma no será revocable.

La aceptación de la oferta debe ser tempestiva. La aceptación tardía es ineficaz, salvo la facultad del proponente de otorgarle eficacia. (*)

Artículo 13

Toda información referente a una relación de consumo deberá expresarse en idioma español sin perjuicio que además puedan usarse otros idiomas. Cuando en la oferta se dieran dos o más informaciones contradictorias, prevalecerá la más favorable al consumidor. (*)

Artículo 14

Toda información, aun la proporcionada en avisos publicitarios, difundida por cualquier forma o medio de comunicación, obliga al oferente que ordenó su difusión y a todo aquel que la utilice, e integra el contrato que se celebre por el consumidor. (*)

Artículo 15

El proveedor deberá informar, en todas las ofertas, y previamente a la formalización del contrato respectivo:

A) El precio, incluidos los impuestos.

B) En las ofertas de crédito o de financiación de productos o servicios, el precio de contado efectivo según corresponda, el monto del crédito otorgado o el total financiado en su caso, y la cantidad de pagos y su periodicidad. Las empresas de intermediación financiera, administradoras de créditos o similares, también deberán informar la tasa de interés efectiva anual.

C) Las formas de actualización de la prestación, los intereses y todo otro adicional por mora, los gastos extras adicionales, si los hubiere, y el lugar de pago.

El precio difundido en los mensajes publicitarios deberán indicarse según lo establecido en el presente artículo. La información consignada se brindará conforme a lo que establezca la reglamentación. (*)

(*) Notas:

Reglamentado por: Decreto Nº 16/004 de 21/01/2004.

Ver en esta norma, artículos: 17 y 20.

Artículo 16

La oferta de productos o servicios que se realice fuera del local empresarial, por medio postal, telefónico, televisivo, informático o similar da derecho al consumidor que la aceptó a rescindir o resolver, "ipso jure" el contrato. El consumidor podrá ejercer tal derecho dentro de los cinco días hábiles contados desde la formalización del contrato o de la entrega del producto, a su sola opción, sin responsabilidad alguna de su parte. La opción por la rescisión o resolución deberá ser comunicada al proveedor por cualquier medio fehaciente.

Cuando la oferta de servicios se realice en locales acondicionados con la finalidad de ofertar, el consumidor podrá rescindir o resolver el contrato en los términos dispuestos en el inciso primero del presente artículo.

Si el consumidor ejerciere el derecho a resolver o rescindir el contrato deberá proceder a la devolución del producto al proveedor, sin uso, en el mismo estado en que fue recibido, salvo lo concerniente a la comprobación del mismo. Por su parte, el proveedor deberá restituir inmediatamente al consumidor todo lo que éste hubiere pagado. La demora en la restitución de los importes pagados por el consumidor, dará lugar a que éste exija la actualización de las sumas a restituir. Cada parte deberá hacerse cargo de los costos de la restitución de la prestación recibida. En los casos en los que el consumidor rescinda o resuelva el contrato de conformidad a las previsiones precedentes, quedarán sin efecto las formas de pago diferido de las prestaciones emergentes de dicho contrato que éste hubiera instrumentado a través de tarjetas de crédito o similares. Bastará a tal efecto que el consumidor comunique a las emisoras de las referidas tarjetas su ejercicio de la opción de resolución o rescisión del contrato.

En el caso de servicios parcialmente prestados, el consumidor pagará solamente aquella parte que haya sido ejecutada y si el servicio fue pagado anticipadamente, el proveedor devolverá inmediatamente el monto correspondiente a la parte no ejecutada. La demora en la restitución de los importes pagados por el consumidor, dará lugar a que éste exija la actualización de las sumas a restituir. Se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el párrafo final del inciso anterior del presente artículo. En todos los casos el proveedor deberá informar el domicilio de su establecimiento o el suyo propio siendo insuficiente indicar solamente el casillero postal o similar. (*)

CAPITULO V - DE LA OFERTA DE LOS PRODUCTOS

Artículo 17

La oferta de productos debe brindar información clara y fácilmente legible sobre sus características, naturaleza, cantidad, calidad -en los términos y oportunidades que correspondan-, composición, garantía, origen del producto, el precio de acuerdo a lo establecido en el artículo 15, los datos necesarios para la correcta conservación y utilización del producto y, según corresponda, el plazo de validez y los riesgos que presente para la salud y seguridad de los consumidores.

La información consignada en este artículo se brindará conforme lo establezca la reglamentación respectiva. En lo que respecta al etiquetado-rotulado de productos, así como en relación a la necesidad de acompañar manuales de los productos y el contenido de éstos, se estará a lo que disponga la reglamentación. (*)

Artículo 18

Los fabricantes e importadores deberán asegurar la oferta de componentes y repuestos mientras subsista la fabricación o importación del producto. (*)

Artículo 19

La oferta de productos defectuosos, usados o reconstituidos deberá indicar tal circunstancia en forma clara y visible. (*)

CAPITULO VI - DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Artículo 20

En la oferta de servicios el proveedor deberá informar los rubros que se indican en el presente artículo, salvo que por la naturaleza del servicio no corresponda la referencia a alguno de ellos. La información deberá ser clara y veraz y, cuando se brinde por escrito, será proporcionada con caracteres fácilmente legibles.

A) Nombre y domicilio del proveedor del servicio.

B) La descripción del servicio a prestar.

C) Una descripción de los materiales, implementos, tecnología a emplear y el plazo o plazos del cumplimiento de la prestación.

D) El precio, incluidos los impuestos, su composición cuando corresponda, y la forma de pago. Será aplicable en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 15 de la presente ley.

E) Los riesgos que el servicio pueda ocasionar para la salud o seguridad, cuando se diera esta circunstancia.

F) El alcance y duración de la garantía, cuando ésta se otorgue.

G) Solamente podrá informarse la calidad de conformidad a lo previsto en el artículo 17 de la presente ley.

La reglamentación podrá prever situaciones en que, junto con la oferta deba brindarse un presupuesto al consumidor, estableciendo su contenido y eficacia. (*)

Artículo 21

La oferta de servicios financieros deberá contener las especificaciones que, según los servicios que se trate, pueda disponer la reglamentación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 precedente. (*)

CAPITULO VII - PRACTICAS ABUSIVAS EN LA OFERTA

Artículo 22

Son consideradas prácticas abusivas, entre otras:

A) Negar la provisión de productos o servicios al consumidor, mientras existe disponibilidad de lo ofrecido según los usos y costumbres y la posibilidad de cumplir el servicio, excepto cuando se haya limitado la oferta y lo haya informado previamente al consumidor, sin perjuicio de la revocación que deberá ser difundida por los mismos medios empleados para hacerla conocer.

B) Hacer circular información que desprestigie al consumidor, a causa de las acciones realizadas por éste, en ejercicio de sus derechos.

C) Fijar el plazo, o los plazos para el cumplimiento de las obligaciones de manera manifiestamente despro-porcionada en perjuicio del consumidor.

D) Enviar o entregar al consumidor, cualquier producto o proveer cualquier servicio, que no haya sido previamente solicitado. Los servicios prestados o los productos remitidos o entregados al consumidor, en esta hipótesis, no conllevan obligación de pago ni de devolución, equiparándose por lo tanto a las muestras gratis. Se aplicará en lo que corresponda, lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 16 de la presente ley.

E) Hacer aparecer al consumidor como proponente de la adquisición de bienes o servicios, cuando ello no corresponda. (*)

CAPITULO VIII - GARANTIA CONTRACTUAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Artículo 23

El proveedor de productos y servicios que ofrece garantía, deberá ofrecerla por escrito, estandarizada cuando sea para productos idénticos.

Ella deberá ser fácilmente comprensible y legible, y deberá informar al consumidor sobre el alcance de sus aspectos más significativos.

Deberá contener como mínimo la siguiente información:

A) Identificación de quien ofrece la garantía.

B) Identificación del fabricante o importador del producto o del proveedor del servicio.

C) Identificación precisa del producto o servicio, con sus especificaciones técnicas básicas.

D) Condiciones de validez de la garantía, su plazo y cobertura, especificando las partes del producto o servicio cubiertas por la misma.

E) Domicilio y teléfono de aquellos que están obligados contractualmente a prestarla.

F) Condiciones de reparación del producto o servicio con especificación del lugar donde se efectivizará la garantía.

G) Costos a cargo del consumidor, si los hubiere.

H) Lugar y fecha de entrega del producto o de la finalización de la prestación del servicio al consumidor.

El certificado de garantía debe ser completado por el proveedor y entregado junto con el producto o al finalizar la prestación del servicio.

Si el certificado es entregado por el comerciante y se identificó en el mismo el fabricante o importador que ofrece la garantía son estos últimos quienes resultan obligados por el contrato accesorio de garantía. (*)

CAPITULO IX - PUBLICIDAD

Artículo 24

Toda publicidad debe ser transmitida y divulgada de forma tal que el consumidor la verifique como tal.

Queda prohibida cualquier publicidad engañosa.

Se entenderá por publicidad engañosa cualquier modalidad de información o comunicación contenida en mensajes publicitarios que sea entera o parcialmente falsa, o de cualquier otro modo, incluso por omisión de datos esenciales, sea capaz de inducir a error al consumidor respecto a la naturaleza, cantidad, origen, precio, respecto de los productos y servicios. (*)

Artículo 25

La publicidad comparativa será permitida siempre que se base en la objetividad de la comparación y no se funde en datos subjetivos, de carácter psicológico o emocional; y que la comparación sea pasible de comprobación. (*)

Artículo 26

La carga de la prueba de la veracidad y exactitud material de los datos de hecho contenidos en la información o comunicación publicitaria, corresponde al anunciante. (*)

Artículo 27

La reglamentación podrá establecer un plazo durante el cual el proveedor de productos y servicios debe mantener en su poder, para la información de los legítimos interesados, los datos fácticos, técnicos y científicos que den sustento al mensaje publicitario. (*)

CAPITULO X - CONTRATO DE ADHESION

Artículo 28

Contrato de adhesión es aquél cuyas cláusulas o condiciones han sido establecidas unilateralmente por el proveedor de productos o servicios sin que el consumidor haya podido discutir, negociar o modificar sustancialmente su contenido.

En los contratos escritos, la inclusión de cláusulas adicionales a las preestablecidas no cambia por sí misma la naturaleza del contrato de adhesión. (*)

Artículo 29

Los contratos de adhesión serán redactados en idioma español, en términos claros y con caracteres fácilmente legibles, de modo tal que faciliten la comprensión del consumidor. (*)

CAPITULO XI - CLAUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE ADHESION

Artículo 30

Es abusiva por su contenido o por su forma toda cláusula que determine claros e injustificados desequilibrios entre los derechos y obligaciones de los contratantes en perjuicio de los consumidores, así como toda aquella que viole la obligación de actuar de buena fe. La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no referirá al producto o servicio ni al precio o contraprestación del contrato, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible. (*)

Artículo 31

Son consideradas cláusulas abusivas sin perjuicio de otras, las siguientes:

A) Las cláusulas que exoneren o limiten la responsabilidad del proveedor por vicios de cualquier naturaleza de los productos o servicios, salvo que una norma de derecho lo habilite o por cualquier otra causa justificada.

B) Las cláusulas que impliquen renuncia de los derechos del consumidor.

C) Las cláusulas que autoricen al proveedor a modificar los términos del contrato.

D) La cláusula resolutoria pactada exclusivamente a favor del proveedor. La inclusión de la misma deja a salvo la opción por el cumplimiento del contrato.

E) Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba en perjuicio del consumidor cuando legalmente no corresponda.

F) Las cláusulas que impongan representantes al consumidor.

G) Las cláusulas que impliquen renuncia del consumidor al derecho a ser resarcido o reembolsado de cualquier erogación que sea legalmente de cargo del proveedor.

H) Las cláusulas que establezcan que el silencio del consumidor se tendrá por aceptación de cualquier modificación, restricción o ampliación de lo pactado en el contrato.

La inclusión de cláusulas abusivas da derecho al consumidor a exigir la nulidad de las mismas y en tal caso el Juez integrará el contrato. Si hecho esto, el Juez apreciara que con el contenido integrado del contrato éste carecería de causa, podrá declarar la nulidad del mismo. (*)

CAPITULO XII - INCUMPLIMIENTO

Artículo 32

La violación por parte del proveedor de la obligación de actuar de buena fe o la transgresión del deber de informar en la etapa precontractual, de perfeccionamiento o de ejecución del contrato, da derecho al consumidor a optar por la reparación, la resolución o el cumplimiento del contrato, en todos los casos más los daños y perjuicios que correspondan. (*)

Artículo 33

El incumplimiento del proveedor, de cualquier obligación a su cargo, salvo que mediare causa extraña no imputable, faculta al consumidor, a su libre elección, a:

A) Exigir el cumplimiento forzado de la obligación siempre que ello fuera posible.

B) Aceptar otro producto o servicio o la reparación por equivalente.

C) Resolver el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, monetariamente actualizado o rescindir el mismo, según corresponda.

En cualquiera de las opciones el consumidor tendrá derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios compensatorios o moratorios, según corresponda. (*)

CAPITULO XIII - RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

Artículo 34

Si el vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio resulta un daño al consumidor, será responsable el proveedor de conformidad con el régimen dispuesto en el Código Civil.

El comerciante o distribuidor sólo responderá cuan-

do el importador y fabricante no pudieran ser identifica-dos. De la misma forma serán responsables si el daño se produce como consecuencia de una inadecuada conservación del producto o cuando altere sus condiciones originales. (*)

Artículo 35

La responsabilidad de los profesionales liberales será objetiva o subjetiva según la naturaleza de la prestación asumida. (*)

Artículo 36

El proveedor no responde sino de los daños y perjuicios que sean consecuencia inmediata y directa del hecho ilícito e incluyen el daño patrimonial y extrapatrimonial. (*)

CAPITULO XIV - PRESCRIPCION Y CADUCIDAD

Artículo 37

1) El derecho a reclamar por vicios aparentes, o de fácil constatación, salvo aceptación expresa de los mismos, caducan en:

A) Treinta días a partir de la provisión del servicio o del producto no duradero.

B) Noventa días cuando se trata de prestaciones de productos o servicios duraderos.

El plazo comienza a computarse a partir de la entrega efectiva del producto o de la finalización de la prestación del servicio.

Dicho plazo se interrumpe si el consumidor efectúa una reclamación debidamente comprobada ante el proveedor y hasta tanto éste deniegue la misma en forma inequívoca.

2) En caso de vicios ocultos, éstos deberán evidenciarse en un plazo de seis meses y caducarán a los tres meses del momento en que se pongan de manifiesto. Ello sin perjuicio de las previsiones legales específicas para ciertos bienes y servicios.

Artículo 38

La acción para reclamar la reparación de los daños personales prescribirá en un plazo de cuatro años a partir de la fecha en que el demandante tuvo o debería haber tenido conocimiento del daño, del vicio o defecto, y de la identidad del productor o fabricante. Tal derecho se extinguirá transcurrido un plazo de diez años a partir de la fecha en que el proveedor colocó el producto en el mercado o finalizó la prestación del servicio causante del daño. (*)

Artículo 39

La prescripción consagrada en los artículos anteriores se interrumpe con la presentación de la demanda, o con la citación a juicio de conciliación siempre que éste sea seguido de demanda dentro del plazo de treinta días de celebrado el mismo. (*)

CAPITULO XV - ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

Artículo 40

El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Comercio, será la autoridad nacional de fiscalización del cumplimiento de la presente ley, sin perjuicio de las competencias constitucionales y legales atribuidas a otros órganos y entes públicos. (*)

Artículo 41

La Dirección General de Comercio, además, asesorará al Ministerio de Economía y Finanzas en la formulacion y aplicación de las políticas en materia de defensa del consumidor. (*)

Artículo 42

Compete a la Dirección del Area de Defensa del Consumidor:

A) Informar y asesorar a los consumidores sobre sus derechos.

B) Controlar la aplicación de las disposiciones de protección al consumidor establecidas en esta norma, pudiendo a tal efecto exigir el acceso, realizar inspecciones y requerir la información que necesitare en los locales, almacenes, depósitos, fábricas, comercios o cualquier dependencia o establecimiento de los proveedores; sin perjuicio de las competencias constitucionales y legales atribuidas a otros órganos y entes públicos.

C) Asesorar al Director General de Comercio para coordinar con otros órganos o entidades públicas estatales y no estatales la acción a desarrollar en defensa del consumidor.

D) Podrá fomentar, formar o integrar además, comisiones asesoras compuestas por representantes de las diversas actividades industriales y comerciales, cooperativas de consumo y asociaciones de consumidores, o por representantes de organismos o entes públicos, las que serán responsables de las informaciones que aporten, y podrán proponer medidas correctivas referentes a la defensa del consumidor.

E) Fomentar la constitución de asociaciones de consumidores cuya finalidad exclusiva sea la defensa del consumidor. La Dirección del Area Defensa del Consumidor llevará un registro de estas asociaciones, las que deberán constituirse como asociaciones civiles.

F) Citar a los proveedores a solicitud del o de los consumidores afectados, a una audiencia administrativa que tendrá por finalidad tentar el acuerdo entre las partes. La incomparecencia del citado a esta audiencia se tendrá como presunción simple en su contra. Sin perjuicio de ello, en general, podrá auspiciar mecanismos de conciliación y mediación para la solución de los conflictos que se planteen entre los particulares en relación a los temas de su competencia.

G) Podrá para el cumplimiento de sus cometidos, solicitar información, asistencia y asesoramiento a cualquier persona pública o privada nacional o extranjera.

H) Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus cometidos. (*)

(*) Notas:

Reglamentado por: Decreto Nº 16/004 de 21/01/2004.

Artículo 43

Se consideran infracciones en materia de defensa del consumidor, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en la presente ley. Para el cumplimiento de las tareas inspectivas, podrá requerirse el concurso de la fuerza pública, si se entendiera pertinente. (*)

Artículo 44

Las infracciones en materia de defensa del consumidor, serán sancionadas por la Dirección General de Comercio, en subsidio de los órganos o entidades públicas estatales y no estatales, que tengan asignada, por normas constitucionales o legales, competencia de control en materia vinculada a la defensa del consumidor. (*)

Artículo 45

La Dirección General de Comercio podrá delegar en la Dirección del Area Defensa del Consumidor la potestad sancionatoria en esta materia. (*)

Artículo 46

Las infracciones se calificarán como leves, graves y muy graves, atendiendo a los siguientes criterios: el riesgo para la salud del consumidor, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de la alteración social producida, la generalización de la infracción y la reincidencia. (*)

Artículo 47

Comprobada la existencia de una infracción a las obligaciones impuestas por la presente ley, sin perjuicio de las acciones por responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, el infractor será pasible de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independientemente o conjuntamente según resulte de las circunstancias del caso:

1) Apercibimiento, cuando el infractor carezca de antecedentes en la comisión de infracciones de la misma naturaleza y ésta sea calificada como leve.

2) Multa cuyo monto inferior no será menor de 20 UR (veinte unidades reajustables) y hasta un monto de 4.000 UR (cuatro mil unidades reajustables).

3) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción, cuando éstos puedan entrañar riesgo claro para la salud o seguridad del consumidor.

4) En caso de reiteración de infracciones graves o de infracción muy grave se podrá ordenar la clausura temporal del establecimiento comercial o industrial hasta por noventa días.

5) Suspensión de hasta un año en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado.

Las sanciones referidas en los numerales 3), 4) y 5) del presente artículo se propondrán fundadamente por la Dirección General de Comercio y se resolverán por el Ministerio de Economía y Finanzas. (*)

Artículo 48

Cuando se constaten infracciones graves a las disposiciones establecidas en la presente ley, la Dirección del Area de Defensa del Consumidor, podrá colocar en el frente e interior del establecimiento, carteles que indiquen claramente el carácter de infractor a la ley de Defensa del Consumidor por un plazo de hasta veinte días a partir de la fecha de constatación de la infracción. (*)

Artículo 49

En caso de reincidencia en infracciones similares, probada intencionalidad en la infracción o circunstancias que configuren un riesgo para la salud o seguridad de los consumidores, el órgano competente de control, podrá disponer la publicación en los diarios de circulación nacional de la resolución sancionatoria a costa del infractor. (*)

Artículo 50

Para la imposición de las sanciones establecidas en la presente ley, se seguirá el siguiente procedimiento: comprobada la infracción por los funcionarios del servicio inspectivo respectivo, se labrará acta circunstanciada, en forma detallada, que será leída a la persona que se encuentre a cargo del establecimiento, quien la firmará y recibirá copia textual de la misma.

El infractor dispondrá de un plazo de diez días hábiles para efectuar sus descargos por escrito y ofrecer prueba, la que se diligenciará en un plazo de quince días, prorrogables cuando haya causa justificada. Vencido el plazo de diez días hábiles sin efectuar descargos o diligenciada la prueba en su caso, se dictará resolución. (*)

Artículo 51

Cuando se compruebe la realización de publicidad engañosa o ilícita, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la presente ley, el órgano competente podrá solicitar judicialmente, en forma fundada, la suspensión de la publicidad de que se trate, así como también ordenar la realización de contra publicidad con la misma frecuencia que la publicidad infractora, cuyo gasto deberá pagar el infractor.

En ambos casos la resolución deberá estar precedida del procedimiento previsto en el artículo 50 de la presente ley para la defensa del anunciante. (*)

Artículo 52

Declárase que las normas relativas a las relaciones de consumo publicadas en el Diario Oficial Nº 25.368, de fecha 30 de setiembre de 1999 y titulada como "Ley Nº 17.189", carece de toda validez jurídica y debe reputarse inexistente. (*)

CODIGO GENERAL DEL PROCESO

(aprobado por Ley Nº 15.982)

Promulgación: 18/10/1988 Publicación: 14/11/1988

LIBRO II - DESARROLLO DE LOS PROCESOS

TITULO IV - PROCESO DE CONOCIMIENTO

CAPITULO IV - PROCESO DE ESTRUCTURA MONITORIA

SECCION II - PROCESO EJECUTIVO

Artículo 353

Procedencia del proceso ejecutivo.-

Procede el proceso ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos, siempre que de ellos surja la obligación de pagar cantidad líquida y exigible:

1) Transacción no aprobada judicialmente.

2) Instrumentos públicos.

3) Instrumentos privados suscriptos por el obligado o por su representante, reconocidos o dados por re-conocidos ante el tribunal competente de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 173 y 309, numeral 4º, o firmados o con su firma ratificada ante escribano público que certifique la autenticidad de las mismas.

4) Cheque bancario, letras de cambio, vales, pagarés y conformes, según lo dispuesto en las leyes respectivas.

5) Las facturas de venta de mercaderías suscriptas por el obligado o su representante, reconocidas o dadas por reconocidas conforme a lo dispuesto en el numeral 3º de este artículo.

6) Y, en general, cuando un texto expreso de la ley confiere al acreedor el derecho a promover juicio ejecutivo. (*)

LIBRO II - DESARROLLO DE LOS PROCESOS

TITULO V - PROCESOS DE EJECUCION

CAPITULO II - VIA DE APREMIO

Artículo 377

Procedencia.-

Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible:

1) Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

2) Crédito hipotecario inscripto, en cuya escritura se hayan renunciado por el deudor los trámites del juicio ejecutivo.

3) Crédito prendario agrario o industrial inscripto, respecto de cuya ejecución se haya renunciado por el deudor de los trámites del juicio ejecutivo.

4) Laudo arbitral no pendiente de recurso de nulidad.

5) Transacción aprobada judicialmente.

6) Convenio celebrado en el acto de conciliación. (*)

Decreto-Ley Nº 15.322

Promulgación: 17/09/1982

CAPITULO I - ACTIVIDADES Y EMPRESAS COMPRENDIDAS

Artículo 1

Toda persona pública no estatal o privada que realice intermediación financiera quedará sujeta a las disposiciones de esta Ley, a los reglamentos y a las normas generales e instrucciones particulares, que dicte el Banco Central del Uruguay para su ejecución.

A los efectos de esta ley, se considera intermediación financiera la realización habitual y profesional de operaciones de intermediación o mediación entre la oferta y la demanda de títulos valores, dinero o metales preciosos. (*)

Ley Nº 14.095

DELITOS ECONOMICOS

SE DICTAN NORMAS PARA SU TIPIFICACION, CREANDOSE UN CUERPO ESPECIAL DE PREVENCION Y REPRESION

El Senado de la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

De los delitos económicos - Su tipificación

Artículo 1º.

(Agio cambiario).- El que con el propósito de alcanzar un lucro inmoderado, para sí o para un tercero, realizara actos tendientes a alterar el valor de la moneda o el funcionamiento normal del régimen cambiario, pudiendo ocasionar con ello un perjuicio a la economía nacional será castigado con doce meses de prisión a diez años de penitenciaría.

Si el hecho descripto en el inciso anterior tuviera por objeto provocar el mal del delito, la pena será de veinte meses de prisión a dieciséis años de penitenciaría.

Artículo 2º.

(Negocio ilegal de divisas).- El que omitiere negociar o verter las divisas de acuerdo con lo establecido por las normas legales y resoluciones del Banco Central del Uruguay u otra autoridad competente, en su caso, será castigado con diez meses de prisión a ocho años de penitenciaría.

Artículo 3º.

(Fraude en la instrumentación de actos del comercio exterior).- El que mediante violación fraudulenta de disposiciones legales o administrativas, dictadas por autoridad competente, referentes a operaciones de importación o de exportación, ocasionara un daño grave o peligro de tal, al fondo oficial de divisas, será castigado con la pena de diez meses de prisión a ocho años de penitenciaría.

La acción penal, sólo podrá ejercercitarse en el caso de que la conducta del infractor resultara comprobada, al finalizar totalmente las operaciones aludidas en el inciso primero.

A los efectos de la presente ley se considera finalizado el trámite de exportación en el momento en que el exportador debe vender la divisa al Banco y el trámite de importación en el momento del despacho provisorio o definitivo.

Artículo 4º.

Los autores y coaotures de los delitos previstos en los artículos 1º, 2º y 3º de esta ley, serán castigados, además, con multa del duplo al quíntuplo de la ganancia ilícita obtenida. En caso de que dicha ganancia no pueda ser determinada con exactitud, la multa se graduará entre el 25% (veinticinco por ciento) y el duplo del monto de las operaciones ilícitas.

En cuanto a los cómplices de estos delitos se estará, para las penas de privación de libertad y pecuniarias, a lo que dispone el artículo 89 del Código Penal.

Artículo 5º.

(Insolvencia societaria fraudulenta).- El que para procurarse un provecho justo, para sí o para otro, ocultara, disimulara o hiciese desaparecer, parcial o totalmente, el patrimonio de una empresa en perjuicio de un tercero, será castigado con pena de doce meses de prisión a diez años de penitenciaría.

Artículo 6º.

(Omisión de los funcionarios en denunciar delitos económicos).- El funcionario público que omitiera o retardara poner en conocimiento de las autoridades administrativas, si estuviese sometido a jerarquía, o penales competentes, en su caso, cualesquiera de los hechos descriptos en los artículos 1º, 2º y 3º de esta ley, de los que tuviera conocimiento en razón de sus funciones, será castigado con la pena de seis meses de prisión a seis años de penitenciaría e inhabilitación especial de dos a seis años. (Artículos 175 y 176 del Código Penal).

Artículo 7º.

(Usura).- El que se hiciera dar o prometer por la prestación de dinero, intereses o compensaciones en dinero por cualquier concepto que superen las tasas fijadas como máximas por el Banco Central del Uruguay, será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitencaría.

Con la misma pena será castigado el que cobrara gastos de administración o comisiones mayores a las fijadas por el Banco Central del Uruguay.

Cuando la contraprestación estuviere constituida, en todo o en parte, por servicios o especies que avaluados de acuerdo con las normas de derecho común, impliquen que aquéllos son convertibles en un valor monetario que exceda de las tasas de interés a que se refieren el inciso 1º o los gas-tos y comisiones previstos en el inciso 2º de este artículo, la pena será aumentada de un tercio a la mitad.

Artículo 8º.

(Agravantes).- Son agravantes del delito de usura las siguientes circunstancias:

A) La simulación, por cualquier medio de las cantidades prestadas o a devolver;

B) El aprovechamiento de la necesidad, estado de apremio económico, ligereza o inexperiencia, del obligado;

C) La celebración de una compraventa o promesa de compraventa, para garantizar la operación usuraria;

D) La aceptación o exigencia de recaudos u otras garantías evidentemente desproporcionados a la prestación o desnaturalizados en su función jurídica, como en el caso del choque;

E) Que la prestación de dinero constituya actividad

habitual del sujeto activo.

Artículo 9º.

En los juicios que se sigan por el delito de usura, los jueces, al pronunciar su fallo, tendrán libertad para apreciar la prueba con arreglo a la convicción moral que se formen al respecto, debiendo fundamentar en el fallo las razones que han formado su convicción moral.

Artículo 10.

Deróganse a partir del momento en que el Banco Central del Uruguay de cumplimiento por primera vez, a lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley, los artículos 5º y 6º de la Ley Nº 5.180, de 24 de diciembre de 1914.

Artículo 11.

Decretado el procesamiento por el delito de usura, quedará en suspenso la acción civil para el cobro del capital, intereses, compensaciones, gastos de administración o comisiones. En caso de sentencia condenatoria, pasada en autoridad de cosa juzgada, la acción civil quedará extinguida de pleno derecho. En el supuesto de extinción del delito por gracia de la Suprema Corte de Justicia, sólo se tendrá derecho a reclamar civilmente la suma dada por capital. (Artículo 109 del Código Penal).

Los intereses, compensaciones, gastos de administración o comisión, deberán ser especificados documentalmente en forma expresa y con mención concreta de valores numéricos.

Podrá establecerse, en los documentos constitutivos de obligaciones que los intereses pactados se modificarán en las mismas oportunidades en que el Banco Central de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la presente ley, fije nuevas tasas.

Es nula toda estipulación en contrario o que desconozca, directa o indirectamente, lo dispuesto en los incisos anteriores.

Artículo 12.

Cuando en los delitos tipificados por esta ley se encuentren implicadas como autores, coautores o cómplices, personas jurídicas, los Directores, Síndicos o Administradores de las mismas, serán también considerados en ese carácter, según las circunstancias del caso.

Lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable para aquellos Directores, Síndicos o Administradores que hayan dejado constancia en actas de su voto negativo a los actos incriminados o prueben de manera fehaciente su oposición a los mismos o resulte que no tuvieron conocimiento de los hechos ni intervención en ellos.

Decretado el procesamiento de cualquier Director, Síndico o Administrador de una persona jurídica por los delitos tipificados en esta esta ley, quedará automáticamente suspendido en sus funciones. En caso de sentencia condenatoria, el Juez de la causa deberá expedirse además sobre la inhabilitación para ejercer dicho tipo de funciones en personas jurídicas, pudiendo establecerla por un término de seis meses a cinco años, con descuento de la suspensión preventiva sufrida.

De los cometidos del Banco Central del Uruguay

Artículo 13.

Dentro de los treinta días siguientes a la publicación de la presente ley, se organizarán los registros de contralor de precios de exportación e importación, para verificar la coincidencia entre los valores reales y los declarados en tales operaciones. El Poder Ejecutivo determinará si los registros se llevarán dentro de la Administración Central o en el Banco Central del Uruguay.

El exportador o importador, podrá demostrar -en caso de diferencia- que el establecido en su negociación responde a operaciones reales.

Este contralor no tendrá efecto suspensivo sobre la negociación.

Artículo 14.

El Banco Central fijará periódicamente las tasas máximas de intereses que podrán percibir las personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, pudiendo establecer diversidad de tasas, únicamente en función del destino de los préstamos y de la oportunidad del pago anticipado o no de los intereses.

Asimismo, y con respecto a las instituciones de crédito, el Banco Central fijará, en las mismas oportunidades, los máximos a percibir por concepto de compensaciones, gastos de administración y comisiones.

En ningún caso los valores fijados tendrán efecto retroactivo.

Dentro de los treinta días siguientes a la publicación de la presente ley, el Banco Central del Uruguay procederá a efectuar la primera fijación de los valores a que se alude en los incisos 1º y 2º de este artículo.

De la publicidad de las resoluciones

Artículo 15.

Las resoluciones por las que se fijen las tasas de intereses y compensaciones, comisiones y gastos de administración, a que se refieren los artículos 7º y 14, serán dadas a conocer en circulares del Banco Central del Uruguay, que se publicarán en el "Diario Oficial" y en no menos de dos diarios de la Capital. Igual publicidad tendrán las resoluciones del Banco Central del Uruguay u otra autoridad competente, relacionadas con la negociación o versión de divisas.

Las demás circulares relacionadas con el gobierno de la moneda y el comercio exterior, serán publicadas en el "Diario Oficial".

La publicidad indicada en los incisos precedentes determinará el comienzo de la aplicación de las resoluciones a los solos efectos de la responsabilidad penal.

De la Organización Administrativa y Normas Procesales

Artículo 16.

Créase en el Ministerio de Economía y Finanzas, un Cuerpo Especial de Prevención y Represión de Delitos Económicos con el cometido de realizar, de oficio o mediante denuncia, las investigaciones necesarias con relación a los ilícitos económicos y de actuar como auxiliar de la Justicia en las causas seguidas por los delitos a que se refiere esta ley.

El Poder Ejecutivo afectará al Cuerpo que se crea, los funcionarios que por sus condiciones estimare especialmente habilitados para desempeñar cometidos de indagación de los ilícitos previstos en esta ley.

Artículo 17.

A los efectos del cumplimiento de sus cometidos dicho Cuerpo tendrá las siguientes facultades:

A) Las establecidas en los literales "a", "b", "c" y "d", del artículo 53 de la Ley Nº 12.801 de 30 de noviembre de 1960, sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior.

A esos efectos podrá solicitar el apoyo de la fuerza pública, que se le concederá conforme a las normas jurídicas pertinentes.

B) Instruir el expediente administrativo con las investigaciones pertinentes a la materia de su competencia y, en su caso remitirlo directamente, a sus efectos al Juzgado Letrado de Instrucción de Turno, en Montevideo, o al Juzgado Letrado de Primera Instancia correspondiente del Interior de la República.

C) Comunicar las conclusiones de las investigaciones que realiza a los organismos públicos afectados por las comprobaciones efectuadas.

D) Prestar la colaboración que le requieran los jueces competentes en las causas relativas a los delitos previstos en esta ley y emitir necesariamente opinión en las mismas, previamente a la acusación fiscal, a cuyos efectos se le otorgará vista de los autos con plazo de treinta días.

E) Asesorar, cuando así se le requiera, a los organismos públicos y proponer las reglamentaciones y medidas que la experiencia aconseje.

Artículo 18.

El Cuerpo creado por el artículo 16 solicitará los Jueces de Instrucción de Turno de Montevideo y, en su caso, a los Jueces Letrados de Primera Instancia en el Interior, la respectiva orden para practicar las siguientes diligencias:

A) Entrada y registro de hogares;

B) Entrada y registro a locales no domiciliarios, si estuvieran cerrados;

C) Registro, examen o interceptación de la correspondencia comercial de los particulares -sea epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie- cuando se estimare que por tal medio puede llegarse a la comprobación de los delitos tipificados en esta ley.

Artículo 19.

El Juez competente podrá en el auto de procesamiento o durante el proceso y a los fines instructorios, decretar preventivamente la suspensión del imputado en el ejercicio de la respectiva actividad industrial o comercial (Apartado final del inciso 2º) del artículo 91 del Código Penal), sin perjuicio de lo establecido en el inciso 3º del artículo 12 de esta ley. En aquellos casos en que su presencia signifique graves dificultades para la averiguación de los hechos, el Juez podrá designar un interventor.

Artículo 20.

Cuando las Cámaras legislativas promuevan ante el Cuerpo Especial de Prevención de Delitos Económicos, por la vía constitucional correspondiente, directamente o durante el transcurso de los trámites de las Comisiones a que se refiere el artículo 120 de la Constitución, las investigaciones sobre cuestiones relacionadas con los delitos previstos en esta ley u otras vigentes o que se establezcan en defensa de la economía nacional, el Poder Ejecutivo comunicará al Poder Legislativo, para que lo haga saber a la Cámara denunciante, los resultados de las mismas dentro del plazo de ciento ochenta días a contar de la remisión de la denuncia.

Artículo 21.

Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Asamblea General, en Montevideo, a 14 de noviembre de 1972.

JORGE SAPELLI

Presidente

Mario Farachio

G. Collazo Moratorio

Secretarios.

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio del Interior

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Industria y Comercio

Montevideo, 17 de noviembre de 1972.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.

Bordaberry, Moisés Cohen, Walter Ravenna, Armando R. Malet, Luis A. Balparda Blengio.

 

Ley Nº 17.569

Promulgación: 22/10/2002

Artículo 1

Los intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos, en las relaciones de consumo se considerarán usurarios cuando, singular o conjuntamente, superaren en un porcentaje mayor al 75% (setenta y cinco por ciento), las tasas medias del trimestre anterior a la fecha de constituir la obligación, del mercado de operaciones corrientes de préstamos bancarios otorgados a las familias; y en caso de haber intereses moratorios, superaren en un porcentaje mayor al 100% (cien por ciento) las referidas tasas medias.

Esta disposición se aplicará a los préstamos en efectivo y a las operaciones de financiamiento de venta de bienes y servicios, otorgados o realizados por empresas de intermediación financiera comprendidas en las disposiciones del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y sus modificativas, y por personas físicas o jurídicas administradoras de créditos que no integran dicho sistema de intermediación financiera. (*)

(*) Notas:

Ver en esta norma, artículos: 3 y 4.

Artículo 2

En todo documento de adeudo deberá distinguirse con precisión la suma que corresponde a capital prestado o financiado, de la que corresponde a intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos pactados por cualquier concepto.

El deudor podrá exigir un documento complementario cuando estime que las constancias previstas en el inciso anterior no están suficientemente precisadas. Este documento complementario, que no podrá ser endosado será suscrito por ambas partes en dos ejemplares, uno de los cuales quedará en poder del deudor.

Artículo 3

Configurada la usura conforme a lo dispuesto por el artículo 1º de la presente ley, caducará el derecho a exigir el cobro de intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos de cualquier naturaleza.

Artículo 4

El que con intención de obtener un provecho económico excesivo para sí o para otro, otorgarse créditos o préstamos que superasen los límites establecidos en el artículo 1º, disimulando dichos excesos, bajo la modalidad de incluir como capital lo que corresponde a intereses u otros cargos o mediante estratagemas similares, será castigado con la pena de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASAS DE INTERES Y USURA

ANEXO METODOLOGICO

DETERMINACION DE LA TASA IMPLICITA DEFINIDA EN EL ARTICULO 10

Para la determinación de la tasa implícita a la que hace referencia el artículo 10 en términos financieros TIR o tasa interna de retorno, se define la siguiente fórmula:

 

 

donde:

- D representa los desembolsos del préstamo que recibe el deudor en cada momento del tiempo;

- G representa los gastos fijos de concesión y administración del crédito que el acreedor puede descontar del cómputo de la tasa de acuerdo al literal b) del artículo 14;

- P representa todos los pagos que realiza el deudor en cada momento del tiempo;

- Los subíndices 0, 1, 2 ...n representan los diferentes momentos del tiempo, de formal tal que Do es el desembolso inicial que recibe el deudor, Go es la suma de hasta 10 U.I. de gastos fijos de concesión y administración del crédito que el acreedor puede excluir del cómputo de la tasa de interés implícita al momento inicial de conceder el préstamo y Po es el pago que el deudor hace, si lo hubiere, en el momento de recibir el monto inicial.

- D1, D2..., Dn son los sucesivos desembolsos que recibe el deudor si los hubiere, y P1, P2..., Pn son los sucesivos pagos que realiza el deudor. G1, G2..., Gn son los sucesivos gastos fijos de concesión y administración del crédito que el acreedor puede excluir del cómputo de la tasa de interés implícita por hasta 2 U.I. en cada una de las primeras diez cuotas.

La tasa implícita o TIR se calcula sobre la base de i tal que ambos lados de la ecuación (#1) son iguales, de forma que la siguiente resta es igual a cero:

 

 

El valor de i no puede ser despejado directamente de la ecuación (#2), sino que se debe proceder en forma iterativa sobre la base de un valor inicial. Sin embargo, los software de planillas electrónicas más difundidos (Excel, Lotus, Qpro, etc.) incluyen funciones para el cálculo automático de la TIR.

Para expresar la tasa hallada en términos de tasa efectiva anual (TEA) debe realizarse la siguiente transformación al valor de i que surge de la ecuación (#2):

 

 

donde:

T=1 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son años;

T=2 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son semestres;

T=3 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son cuatrimestres;

T=4 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son trimestres;

T=6 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son bimestres;

T=12 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son meses;

T=365 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son días;

En los casos en que de acuerdo a la legislación vigente los intereses de la operación financiera estuvieran gravados por el Impuesto al Valor Agregado, u otros impuestos legalmente a cargo del deudor, deberá excluirse el componente de impuestos a los intereses y calcular la TIR correspondiente al flujo de fondos resultante.

Ejemplo:

Préstamo a una familia en moneda nacional de $ 3.000 pagadero en once cuotas mensuales y consecutivas de $ 340. Al momento de recibir el crédito el deudor abona $ 100 por gastos. Se trata de un préstamo donde los intereses no están alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado y en el que, a los efectos del cobro del servicio de la deuda, la institución financiera acreedora se beneficia de la retención judicial sobre el sueldo del deudor o del débito automático de las cuotas en una cuenta bancaria del deudor.

Valor de la U.I. el día de la concesión del crédito (8 de setiembre de 2006): 1,5792 pesos (valor que cambia en forma diaria). En este ejemplo, se le otorgó a la U.I. un valor constante en el tiempo, lo que presupone una tasa de inflación cero para el período.

De acuerdo a las definiciones de la fórmula (#1):

Do= $ 3000

Go= $ 15,79 (equivalente a 10 U.I. por 1,5792

Po= $ 100

D1=D2=D3= D4=D5=D6= D7=D8=D9=D10=D11=0 ya que no pactaron desembolsos adicionales al inicial recibido en el momento 0.

G1=G2=G3= G4=G5=G6= G7=G8=G9=G10= $ 3,16 (equivalente a 2 U.I. x -1,5792)

G11 es igual a 0 (a partir de la cuota onceava en adelante el acreedor no puede excluir gastos fijos del cómputo de la tasa de interés implícita).

P1=P2=P3= P4=P5=P6= P7=P8=P9= P10=P11= $ 330 (valor de la cuota mensual pactada, no existiendo pagos por otros conceptos).

El valor de i que cumple con la ecuación (#2) es i = 0,0319

Para expresar el valor de i en términos de tasa efectiva anual, se usa la fórmula (#3), con T=12 por tratarse de pagos mensuales:

 

 

 

Resultado: la tasa de interés implícita pactada es 45,76% efectiva anual.

Para determinar la existencia de intereses usuarios la tasa de 45,76% debe ser comparada con la que publique el Banco Central del Uruguay correspondiente a moneda nacional, al plazo menor de un año para familias vigente al momento de haberse otorgado el crédito.

Por tratarse de un capital prestado menor a 1:500.000 U.I. la tasa hallada de 45,76% no podrá superar en más de 60% (1,6 veces) la tasa de referencia publicada por el Banco Central del Uruguay. De modo tal que si el crédito hubiera sido concedido en setiembre de 2006, cuando la tasa media de interés informada por el Banco Central para operaciones de crédito en moneda nacional a las familias a plazo menor de un año era 33.14%, la tasa máxima admitida hubiera sido 33,14% x 1,6 = 53,02% por la cual en este ejemplo no se hubiera configurado una violación de la ley de usura.

 

DISPOSICIONES CITADAS

DEL PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Ley Nº 16.749

MERCADO DE VALORES

SE APRUEBA EL MISMO, EN LO REFERENTE A LA OFERTA PUBLICA DE VALORES Y SUS RESPECTIVOS MERCADOS

 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

TITULO I

MERCADO DE VALORES

CAPITULO I

AMBITO DE APLICACION

Artículo 1º.- La oferta pública de valores y sus respectivos mercados, bolsas e intermediarios, así como emisores de instrumentos de oferta pública, quedarán sometidos a las disposiciones de la presente Ley, a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo y a las normas generales e instrucciones particulares que dicte el Banco Central del Uruguay para su ejecución.

Las emisiones que realicen, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados industriales y comerciales, así como la Corporación Nacional para el Desarrollo, se ajustarán a la presente Ley, no siendo ésta aplicable a los valores emitidos por el Estado y los Gobiernos Departamentales.

CAPITULO II

OFERTA PUBLICA DE VALORES

Artículo 2º. (Definiciones y alcance).- Se entiende por oferta pública de valores la invitación dirigida al público en general o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a efectos de adquirir dichos valores.

Las emisiones privadas quedan excluidas de las disposiciones del presente Título. Se considerarán tales las emisiones de valores en las que se deje expresa constancia de su carácter privado, se coloquen en forma directa a personas físicas o jurídicas determinadas, sea o no a través de intermediarios de valores, y no se coticen en Bolsa ni se haga publicidad para su colocación. Quien realice emisiones privadas será responsable de aclarar expresamente que dichas emisiones no han sido registradas por el Banco Central del Uruguay.

Artículo 3º. (Registro de Valores).- Sólo podrá hacerse oferta pública de valores cuando éstos y su emisor hayan sido inscriptos en el Registro de Valores que a esos efectos llevará el Banco Central del Uruguay.

Artículo 4º. (Inscripción en el Registro de Valores).- La solicitud de inscripción de valores de oferta pública en el Registro de Valores podrá ser presentada por la entidad emisora o por una Bolsa de Valores.

En caso de presentación de valores por la entidad emisora, corresponderá al Banco Central del Uruguay decidir en cuanto a su inscripción. El trámite para autorizar la inscripción de los valores no podrá exceder los treinta días corridos contados desde la fecha en que la solicitud fuera presentada. El plazo podrá suspenderse si fuera necesario demandar información adicional, reanudándose cuando se haya presentado la misma.

Vencido dicho plazo sin que haya mediado pronunciamiento del Banco Central del Uruguay el valor se considerará inscripto en el Registro de Valores y autorizado por la oferta pública.

La inscripción podrá igualmente ser presentada por una Bolsa de Valores, la que deberá haberla autorizado previamente, de acuerdo con las disposiciones contenidas en sus propios reglamentos. En estos casos, el plazo con que cuenta el Banco Central del Uruguay para decidir será de diez días corridos, vencido el cual sin que éste se hubiera pronunciado, procederá la incorporación del valor al Registro mencionado.

Sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo, tanto las normas generales e instrucciones particulares que dicte el Banco Central del Uruguay para los valores presentados directamente por la emisora para su inscripción, como los reglamentos que dicten las Bolsas para los valores presentados, antes las suyas, podrán prever requisitos diferenciales en atención al tipo de valor, de oferta, de inversor al cual va dirigida y de emisor de que se trate, asegurando por parte del emisor la debida información respecto de la característica de la emisión y del régimen al cual se encuentra sujeta.

Será responsabilidad de la Bolsa de Valores respectiva que el valor inscripto cumpla con los requerimientos establecidos en los reglamentos de la propia Bolsa de Valores autorizados por el Banco Central del Uruguay.

Artículo 5º. (Divulgación de información).- Los emisores de valores objeto de oferta pública divulgarán en forma veraz, suficiente y oportuna, toda información esencial respecto de sí mismos, de los valores ofrecidos y de la oferta.

La reglamentación del Poder Ejecutivo, las normas generales e instrucciones del Banco Central del Uruguay, establecerán el contenido de la información y los requisitos para su divulgación, con la finalidad de que los potenciales inversores dispongan de los elementos adecuados a los efectos de su decisión.

Artículo 6º. (Información reservada y confidencial).- Los emisores o intermediarios que hagan uso de información reservada o privilegiada, obtenida en razón de su cargo o posición, e ignorada por el mercado, para obtener ventajas con la negociación de valores, serán pasibles de las sanciones a que se refiere el Artículo 25 de la presente Ley, sin perjuicio de las acciones por daño a que ello diere lugar.

Serán pasibles de iguales sanciones y darán derecho a accionar civilmente por daños y perjuicios, los emisores o intermediarios que divulguen información falsa o tendenciosa sobre valores o emisiones con la finalidad de beneficiarse de ello, sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación penal.

CAPITULO III

VALORES

Artículo 7º. (Definición).- Se entenderán por valores, a los efectos de la presente ley, los bienes o derechos transferibles, incorporados o no a un documento, que cumplan con los requisitos que establezcan las normas vigentes. Se incluyen en este concepto las acciones, obligaciones negociables, futuros, opciones, cuotas de fondos de inversión, títulos valores y, en general, todo derecho de crédito o inversión.

Los valores de oferta pública, así como los valores de oferta privada emitidos en serie, podrán representarse por medio de títulos o registrarse mediante anotaciones en cuenta, denominándose en este caso valores escriturales.

Los valores escriturales podrán operar como fungibles de acuerdo con las condiciones que la reglamentación determine o las que faculte pactar a los interesados.

Artículo 8º. (Valores escriturales).- La representación de valores por medio de anotaciones en cuenta requerirá el otorgamiento de un documento de emisión en el que constarán las características, los términos y las condiciones que corresponderán a los valores. El documento de emisión o copia certificada del mismo deberá depositarse ante la entidad que lleve el registro de valores escriturales, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación.

La entidad que lleve el registro de valores escriturales debe otorgar al suscriptor de dichos valores comprobantes de la apertura de su cuenta y de todo movimiento que se inscriba en ella. Asimismo, el titular tendrá derecho a que se le entregue constancia del saldo y el estado de su cuenta.

Artículo 9º. (Titularidad y registro de valores escriturales).- Se presumirá titular legítimo aquel que resulte de los asientos del registro contable.

El registro de valores escriturales será atribuido a una única entidad por emisión. Esta podrá ser, a vía de ejemplo, una entidad de intermediación financiera, una Bolsa o una Caja de Valores, sin perjuicio del registro que el emisor pueda llevar por imposición legal reglamentaria.

Artículo 10. (Trasmisión de valores escriturales).- La trasmisión de los valores escriturales tendrá lugar por transferencia contable. La inscripción en el registro de valores escriturales de la trasmisión a favor del adquirente producirá los mismos efectos que la tradición de los títulos.

La trasmisión será oponible a terceros desde el momento en que se haya practicado la inscripción.

La entidad emisora sólo podrá oponer, frente al adquirente de buena fe de valores escriturales, las excepciones que hubiere podido esgrimir en el caso de que los valores estuvieren representados por medio de títulos y aquellas que derivan del documento de emisión.

Artículo 11.- Las constancias que emite el registro, sea de la emisión, sea del saldo en cuenta, constituirán título suficiente para reclamar el cobro ejecutivo del precio o la propiedad del valor, respectivamente, en casos de incumplimiento.

Artículo 12. (Derechos reales).- La constitución de derechos reales u otra clase de gravámenes sobre valores escriturales deberá inscribirse en la cuenta correspondiente.

Sin perjuicio de lo anterior, el derecho real será oponible a terceros desde el momento de su inscripción en el registro correspondiente.

CAPITULO IV

BOLSA DE VALORES

Artículo 13. (Definición).- Las Bolsas de Valores son entidades que tienen por objeto proveer a sus miembros los medios necesarios para que puedan realizar eficazmente las transacciones de valores mediante mecanismos de subasta pública, y para que puedan efectuar las demás actividades de intermediación de valores que procedan de acuerdo con la Ley. Las Bolsas de Valores deberán adoptar precepti-vamente la forma jurídica de asociación civil o de sociedad anónima por acciones nominativas.

Artículo 14. (Autorización y registro).- Las Bolsas de Valores requerirán autorización del Banco Central del Uruguay para funcionar, debiendo registrarse ante el mismo, acreditando haber cumplido con los requisitos exigidos legal y reglamentariamente.

La autorización referida en el inciso anterior no será exigida a la Bolsa de Valores de Montevideo y a la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay, bastando el registro en estos casos.

Artículo 15. (Autorregulación de las Bolsas).- Las Bolsas de Valores deberán dictar las normas necesarias para regular las operaciones bursátiles en todos sus aspectos y la actividad de los Corredores de Bolsa, estableciendo la información que los mismos deben brindar, y vigilando el estricto cumplimiento de las citadas normas, de manera de asegurar la existencia de un mercado competitivo, ordenado y transparente.

La autorregulación señalada es sin perjuicio de la facultad del Poder Ejecutivo de reglamentar la presente Ley y del Banco Central del Uruguay de controlar el funcionamiento de las Bolsas de Valores y de impartir las normas generales e instrucciones particulares que estime necesarias para cumplir con los objetivos establecidos en el inciso anterior.

CAPITULO V

INTERMEDIARIOS DE VALORES

Artículo 16. (Concepto).- Se consideran intermediarios de valores aquellas personas físicas o jurídicas que realizan en forma profesional y habitual operaciones de corretaje, de comisión u otras tendientes a poner en contacto a oferentes y demandantes de valores objeto de oferta pública.

Artículo 17. (Corredores de Bolsa y su régimen jurídico).- Los intermediarios que actúan como miembros de una Bolsa de Valores se denominan Corredores de Bolsa. Para ser Corredor de Bolsa se requerirá cumplir con los requisitos que establezca la reglamentación de la respectiva Bolsa de Valores.

Artículo 18. (Responsabilidad y prueba).- Los intermediarios de valores deben verificar la identidad y la capacidad legal de las personas que contraten por su intermedio y la autenticidad de los valores que negocien.

Los intermediarios de valores quedan personalmente obligados a pagar el precio de la compra o a hacer la entrega de los valores vendidos según las condiciones pactadas.

Los comprobantes, las minutas o las constancias que entreguen a sus clientes y las que se dieren recíprocamente, en los casos en que dos o más intermediarios concurran a la celebración de un negocio por encargo de diversas personas, hacen prueba en contra del intermediario de valores que las emite.

Artículo 19. (Inaplicabilidad de la Ley Nº 16.497, de 15 de junio de 1994, y de los Artículos 89 a 113 del Código de Comercio).- No serán aplicables a los intermediarios que integren alguna Bolsa de Valores las disposiciones de la Ley Nº 16.497, de 15 de junio de 1994, y del Capítulo I (de los Corredores, Artículos 89 a 113 inclusive) del Título III del Libro Primero del Código de Comercio.

CAPITULO VI

REGULACION DEL MERCADO DE VALORES

Artículo 20. (Fines).- Corresponde al Banco Central del Uruguay velar por la transparencia, la competitividad y la autorregulación de los mercados de valores de oferta pública, así como por la adecuada información a los inversionistas.

Artículo 21. (Limitación de emisiones).- El Banco Central del Uruguay, en ejercicio de sus funciones de regulador de la moneda y el crédito, puede limitar, con carácter temporario, la oferta pública de nuevas emisiones de valores. La reglamentación del Poder Ejecutivo establecerá los límites de esta facultad.

La limitación no podrá exceder tres días hábiles. El Poder Ejecutivo, por resolución fundada en el interés general y oída la opinión de las Bolsas de Valores, podrá autorizar la extensión de este plazo hasta diez días hábiles.

Artículo 22. (Regulación y fiscalización).- A los fines previstos por la presente Ley, el Banco Central del Uruguay, en el ámbito de su competencia, dictará las normas a las cuales deberán ajustarse los mercados y las personas físicas o jurídicas que intervengan en la oferta pública de valores y fiscalizará su cumplimiento.

Asimismo, el Banco Central del Uruguay podrá reglamentar y fiscalizar la actividad de las entidades que se dediquen a calificar riesgos.

Artículo 23. (Atribuciones).- Para el ejercicio de las competencias previstas en la presente Ley, el Banco Central del Uruguay tendrá las siguientes atribuciones:

A) Dictar normas tendientes a fomentar y preservar un mercado de valores competitivo, ordenado y transparente.

B) Llevar al registro de valores autorizados para oferta pública.

C) Requerir a las personas mencionadas en el Artículo 22 de la presente Ley, que brinden información con la periodicidad y bajo las formas que el Banco juzgue necesarias, así como la exhibición de registros y documentos; para el ejercicio de tales cometidos no le será oponible el secreto profesional.

D) Aplicar las sanciones previstas en el Artículo 25 de la presente ley.

E) Participar en organismos internacionales en la materia de su competencia y celebrar convenios con dichos organismos, así como con entidades reguladoras de mercados de valores en otros países con sujeción a las normas legales aplicables.

CAPITULO VIII

REGIMEN SANCIONATORIO

Artículo 24. (Autorregulación disciplinaria de las Bolsas de Valores).- Las Bolsas de Valores establecerán el régimen disciplinario a adoptar por sus Corredores y con los emisores que coticen en ellas. Podrán ser aplicables las siguientes medidas, que deberán fundarse en todos los casos:

A) Observación.

B) Apercibimiento.

C) Suspensión de los Corredores de Bolsa.

D) Eliminación del registro de los Corredores de Bolsa.

E) Suspensión de la autorización para cotizar.

F) Cancelación de la autorización para cotizar.

Una vez aplicada la medida correspondiente, la respectiva Bolsa dará cuenta al Banco Central del Uruguay de sus razones y fundamentos, solicitando la suspensión o la cancelación del registro del valor, cuando correspondiere.

Artículo 25. (Facultades sancionatorias del Banco Central del Uruguay).- En casos de transgresiones a las normas que no fueren pasibles de sanción bajo lo dispuesto en el Artículo 24 de la presente Ley, o que siéndolo no hubieren dado lugar a su aplicación, o cuya sanción se estime insuficiente por la gravedad de la falta, el Banco Central del Uruguay podrá imponer las sanciones que se establecen a continuación.

A cualquiera de las personas físicas o jurídicas intervinientes en la oferta pública de valores (emisores, bolsas, intermediarios, instituciones registrantes, custodios y calificadores):

1) Observación.

2) Apercibimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, el Banco Central del Uruguay podrá imponer:

A) A los emisores:

1) Suspensión o cancelación de la cotización de los valores.

2) Suspensión o cancelación de la habilitación para realizar oferta pública.

B) A las bolsas, intermediarios, instituciones regitrantes, custodios y calificadores:

1) Multa de hasta UR 60.000 (sesenta mil unidades reajustables)

2) Suspensión o cancelación de sus actividades.

Sólo podrá aplicarse acumulativamente a una misma persona y por un mismo caso, las sanciones previstas en el literal B) precedente.

No será aplicable lo dispuesto en el Artículo 20 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con la redacción dada por la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, sin perjuicio de las facultades del Banco Central del Uruguay a solicitar, en lo pertinente, medidas judiciales.

Artículo 26. (Debido proceso).- Las sanciones a recaer en aplicación de lo dispuesto en los Artículos 24 y 25 de la presente Ley, se determinarán para las distintas actividades, en función de la gravedad de la falta.

El procedimiento para la aplicación de sanciones deberá observar necesariamente y en todos los casos, las garantías del debido proceso, dándose vista de las respectivas actuaciones y posibilitándose un pleno ejercicio del derecho de defensa con articulación de descargos por parte del o de los afectados por la medida.

TITULO II

OBLIGACIONES NEGOCIABLES

CAPITULO I

AMBITO DE APLICACION

Artículo 27. (Entidades comprendidas).- Las sociedades comerciales, nacionales o extranjeras, y las cooperativas, podrán emitir obligaciones negociables conforme a las disposiciones de la presente ley.

Previa autorización del Poder Ejecutivo, con informe del Banco Central del Uruguay, también podrán hacerlo, para financiar proyectos de inversión, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, así como las personas públicas no estatales. Asimismo, quedan comprendidas en esta autorización las asociaciones civiles, mediante resolución de su asamblea social, en las condiciones que determine el Banco Central del Uruguay.

Artículo 28. (Obligaciones negociables y debentures).- Deróganse los Artículos 435 a 446; 448 a 455; 458 a 463 y 465 a 473 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

CAPITULO II

TIPOS DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Artículo 29. (Clases de obligaciones).- Podrán emitirse diversas clases de obligaciones negociables con derechos diferentes. Dentro de cada clase se otorgarán los mismos derechos.

La emisión podrá dividirse en series. No podrán emitirse nuevas series de la misma clase, mientras las anteriores no estén totalmente suscritas o no se hubieren cancelado el saldo no colocado.

Artículo 30. (Formas de las obligaciones).- Las obligaciones negociables podrán ser representadas en títulos al portador o nominativos, endosables o no. Los cupones podrán ser al portador, y deberán contener la numeración del título al cual pertenecen. También se podrán emitir obligaciones negociables escriturales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del Título I de la presente ley.

Artículo 31. (Obligaciones convertibles).- Las sociedades por acciones podrán emitir obligaciones negociables convertibles en acciones de la emisora, de acuerdo con las condiciones establecidas en el título valor o en el contrario de emisión, y con las disposiciones legales vigentes.

CAPITULO III

EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Artículo 32. (Títulos).- Los títulos, si los hubiere, o las condiciones de la emisión deben contener:

A) La denominación del título.

B) Lugar y fecha de su emisión así como la de su vencimiento.

C) El nombre y el domicilio del emisor, así como el lugar de pago, si no fuera el mismo que el domicilio.

D) El número de serie y de orden de cada título, así como el valor nominal que represente.

E) El monto y la moneda de la emisión.

F) El plazo.

G) La naturaleza de la garantía, si la hubiere.

H) Las condiciones y la oportunidad en que se efectuará la conversión en acciones, si la hubiere.

I) Las condiciones de amortización.

J) El interés y la forma de reajuste o actualización del valor del capital, sí correspondiere.

K) En los casos que correspondiere, la firma del emisor o su representante.

Cuando se trate de obligaciones escriturales, los datos indicados precedentemente, así como el nombre del suscriptor, deberán transcribirse en los comprobantes de apertura y constancias de saldo.

Artículo 33. (Certificados globales).- Los emisores podrán emitir certificados globales de sus obligaciones negociables, cumpliendo con los requisitos del artículo anterior, para su inscripción en regímenes de depósito colectivo.

Estos certificados se considerarán definitivos, negociables y divisibles.

Artículo 34. (Efecto jurídico de la adquisición de obligaciones negociables).- La adquisición de obligaciones negociables, importará la aceptación y la ratificación de todas las estipulaciones, las normas y las condiciones de la emisión, y del contrato del fiduciario, si lo hubiere.

CAPITULO IV

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CONVERTIBLES EN ACCIONES

Artículo 35. (Derecho de preferencia).- Los accionistas que tengan los derechos de preferencia y de acrecer en la suscripción de nuevas acciones, podrán ejercerlos en la suscripción de las obligaciones negociables convertibles.

Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los Artículos 326 a 330 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

Artículo 36. (Aumento de capital).- La resolución sobre la emisión de obligaciones negociables convertibles debe incluir, asimismo, la decisión de aumentar el capital social en la cantidad necesaria para atender las eventuales solicitudes de conversión.

Artículo 37. (Cambio de calidad jurídica).- El tenedor que ejerza la opción de conversión será considerado accionista desde que la sociedad sea notificada de su decisión. Esta deberá entregar las acciones que le correspondan o certificados provisorios de las mismas dentro de los treinta días de verificada la opción.

Artículo 38. (Derecho de acrecer).- Cuando la sociedad celebre un convenio de colocación en firme de obligaciones negociables convertibles en acciones con un agente intermediario, para su posterior distribución entre el público, la asamblea extraordinaria de accionistas puede suprimir el derecho de acrecer, y reducir a no menos de quince días el plazo para ejercer la preferencia.

CAPITULO V

REPRESENTANTES

Artículo 39. (Fiduciario).- La emisora podrá, en cualquier momento, celebrar con una institución financiera o con una Bolsa de Valores u otras entidades especializadas autorizadas a tales efectos por el Banco Central del Uruguay, un convenio por el que éstas tomen a su cargo la representación de los tenedores durante la vigencia de la emisión y hasta su cancelación total.

Será de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto por los Artículos 456, 457 y 464 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

En los casos en que no se hubiera designado fiduciario, los obligacionistas podrán requerir la información a que refiere el Artículo 5º de la presente Ley, al síndico de la sociedad. Si la entidad emisora careciera de síndico, las funciones de información serán ejercidas por el órgano o persona que determine la reglamentación o la Bolsa de Valores que haya autorizado la emisión.

CAPITULO VI

GARANTIAS

Artículo 40. (Garantías admitidas).- Pueden emitirse obligaciones negociables con cualquier tipo de garantía real o personal, cumpliendo con los requisitos formales que para cada tipo exija la Ley y con las estipulaciones contenidas en este Capítulo.

Las garantías se otorgarán antes de la fecha de emisión de las obligaciones, o simultáneamente con dicha emisión.

En ausencia de fiduciario, las garantías podrán constituirse válidamente en favor de los futuros tenedores con la firma del emisor y con la del otorgante si fuere un tercero.

Para su inscripción en los Registros Públicos correspondientes, las garantías reales solamente individualizarán al emisor y a las obligaciones negociables a ser garantizadas, con indicación de su monto, fecha de vencimiento y demás condiciones que indique la reglamentación, sin necesidad de identificar a los tenedores.

En los casos de oferta pública y previo a la inscripción de la emisión, se deberá depositar en el Banco Central del Uruguay o ante quien éste determine, copia auténtica del documento constitutivo de la garantía, en el que conste fehacientemente su inscripción en el Registro Público correspondiente, si fuere el caso. Tratándose de oferta privada, lo anterior podrá cumplirse ante cualquier entidad financiera de plaza. Los depositarios sólo entregarán el referido documento para su cancelación al Juzgado competente en caso de acción judicial.

No será de aplicación lo dispuesto por el Artículo 7º de la Ley Nº 10.976, de 4 de diciembre de 1947, en la redacción dada por el Artículo 200 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

Si la garantía consistiera en prenda con desplazamiento, la entrega de la cosa prendada se hará al fiduciario o a un depositario designado por el emisor, quien actuará en representación de los tenedores y será responsable ante éstos conforme a derecho.

Artículo 41. (Normas supletorias).- A las obligaciones o debentures se les aplicarán, supletoriamente, las disposiciones sobre acciones y títulos valores en lo compatible.

Artículo 42. (Transferencias y cancelación de garantías).- Los derechos emergentes de las garantías, sean reales o personales, se transferirán de pleno derecho por la sola transmisión de la obligación negociable o de los cupones correspondientes, no siendo necesario realizar inscripción alguna.

En la cancelación de garantías, cuando no concurra un fiduciario o no se obtuviere la conformidad unánime de los tenedores, la emisora deberá acreditar ante el Banco Central del Uruguay el pago o el rescate total de las obligaciones negociables, o la consignación de los importes ante el mismo Banco, sin requerirse previa oblación. El Banco Central del Uruguay emitirá una constancia de cancelación de la emisión para su presentación ante el Registro correspondiente para que proceda a la cancelación de las garantías o ante el depositario o para la restitución de la cosa.

La consignación de los importes de las obligaciones por oferta privada deberá realizarse judicialmente.

Artículo 43. (Acción ejecutiva).- Los títulos representativos de las obligaciones negociables otorgan acción ejecutiva a sus tenedores para reclamar el capital y los intereses, así como para ejecutar las garantías otorgadas.

Artículo 44. (Prohibición a la emisora).- La emisora no podrá distribuir utilidades si se encontrare en mora en el pago de intereses o amortizaciones de las obligaciones negociables que hubiera emitido.

TITULO III

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 45. (Cajas de valores).- Las entidades cuya actividad exclusiva es la de prestar servicios de liquidación, compensación, depósito y custodia de valores objeto de oferta pública, requerirán autorización del Banco Central del Uruguay, en la forma que determine la reglamentación.

Artículo 46.- En la emisión de valores, en la que se deje expresa constancia de su oferta internacional, sean o no objeto de oferta pública, la entidad emisora podrá establecer libremente la Ley y jurisdicción aplicables a aquellos, cumpliendo con lo establecido en la presente Ley para su registro, si correspondiere.

Ello no obstará al derecho de los tenedores a elegir en todo caso la jurisdicción del domicilio del emisor.

Practicada la elección de jurisdicción, en uno u otro sentido, a través de la comparecencia ante los tribunales correspondientes, no podrá ser luego modificada.

Artículo 47. (Inversión en valores).- Las empresas comprendidas en los Artículos 1º y 2º del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, que realicen actividades de intermediación financiera, podrán efectuar inversiones en obligaciones negociables objeto de oferta pública.

El Banco Central del Uruguay, sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto-Ley citado, limitará y controlará dichas inversiones en las condiciones que determine la reglamentación.

Artículo 48.- Las Cajas Paraestatales de Jubilaciones y Pensiones y los Fondos Complementarios, creados por el Decreto-Ley Nº 15.611, de 10 de agosto de 1984, podrán invertir parte de sus fondos en valores, objeto de la oferta pública y límites que establezca la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Artículo 49. (Caducidad del plazo por disolución de la sociedad).- Cuando la sociedad emisora de obligaciones se disuelva antes de que venza el plazo convenido para su pago, aquellas serán exigibles desde el día en que se haya resuelto o producido la disolución.

Artículo 50. (Prenda sin desplazamiento).- Los valores podrán ser garantizados con cualquier tipo de prenda sin desplazamiento de las previstas en nuestro ordenamiento jurídico, sin ser aplicables las limitaciones que se refieren a la calidad del acreedor, naturaleza u objeto de la obligación garantizada.

Artículo 51. (Prohibición de recibir obligaciones en garantía).- En ningún caso la sociedad podrá recibir sus obligaciones en garantía.

Artículo 52. (Derogación).- Deróganse los Artículos 121 y 122 del Decreto-Ley Nº 14.701, de 12 de setiembre de 1977, el Artículo 26 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, el inciso primero del Artículo 297 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, y las demás normas que se opongan a la presente ley.

Artículo 53. (Regularización).- Las personas y las entidades mencionadas en los Artículos 13 y 16 de la presente Ley, que estén en funcionamiento a la fecha de su promulgación, dispondrán de un plazo de ciento ochenta días contados a partir de dicha fecha, para adecuarse a estas normas.

Decreto-Ley Nº 14.500*, de 8 de marzo de 1976,

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

SE ESTABLECEN NORMAS PARA LIQUIDAR EL VALOR DE LAS OBLIGACIONES QUE SE RESUELVAN EN EL

PAGO DE UNA SUMA DE DINERO

El Consejo de Estado ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Para liquidar el valor de las obligaciones que se resuelvan en el pago de una suma de dinero, directamente o por equivalente, cuyo cumplimiento fuere objeto de una pretensión deducida en un proceso jurisdiccional o arbitral por una persona privada, física o jurídica, se tendrá en cuenta la variación en el valor de la moneda ocurrida durante el tiempo que mediare entre la fecha de su nacimiento y la de su extinción, sin perjuicio de lo establecido en el inciso siguiente.

Si se tratare de obligaciones convencionales sujetas a plazo o condición, el término a que alude el inciso anterior será el que medie entre la fecha de su exigibilidad y la de su extinción.

En los casos que a continuación se expresan y a los solos efectos de esta ley, se tendrá por deducida la pretensión respectiva:

A) En las ejecuciones, cuando se practique el protesto o se solicite judicialmente la intimación de pago o la citación a reconocimiento de firma;

B) En el proceso penal, cuando se solicite el embargo preventivo de los bienes del procesado.

Artículo 2º.- La variación en el valor de la moneda será detrminada por la evolución del índice general de los precios del consumo elaborado mensualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas. A estos efectos, se confrontarán el índice correspondiente al mes de la fecha de nacimiento o exigibilidad de la obligación, en su caso, con el establecido para el mes anterior de la fecha de extinción de la misma.

El índice general de los precios del consumo será publicado mensualmente en el "Diario Oficial", sin perjuicio de que, a petición de parte o de los órganos jurisdiccionales o arbitrales competentes, se expida constancia del mismo, sin costo alguno.

Si a la fecha de la extinción de la obligación no se hubiere publicado todavía el índice correspondiente al mes anterior, la confrontación a que se refiere este artículo se hará con el último que haya sido publicado en la forma prevista en el inciso precedente.

Artículo 3º.- Exceptúanse de lo establecido en los artículos anteriores los siguientes casos:

A) Cuando exista o haya existido convención de las partes estableciendo un índice o procedimiento de liquidación del valor de las obligaciones distinto al previsto en el artículo 2º, en cuya hipótesis se estará a lo pactado;

B) Cuando la ley fije o haya fijado un régimen especial de ajuste del valor de las obligaciones;

C) Cuando se trate de obligaciones de personas públicas, cualquiera fuere la naturaleza de éstas.

Artículo 4º.- En los casos en que sean de aplicación los artículos 1º, 2º y 3º de la presente Ley, la tasa fijada en el artículo 2.207 del Código Civil, será del 6% (seis por ciento) anual.

Los intereses, a las tasas legales o convencionales que correspondan, comisiones y demás ilíquidos, se calcularán en todo caso sobre el valor de la obligación actualizado conforme a las disposiciones de la presente ley.

Artículo 5º.- Derógase el inciso primero del artículo 11 de la Ley Nº 14.188, de 5 de abril de 1974.

Esta derogación no será aplicable para los procesos en trámite a la fecha de vigencia de esta ley, que se regirán exclusivamente por la disposición citada.

Artículo 6º.- El procedimiento previsto en la presente ley para la liquidación del valor de las obligaciones se aplicará también al saldo pendiente de pago, del precio de venta obtenido en remate judicial a partir de los noventa días de haber quedado ejecutoriado el auto que lo aprueba.

El mejor postor podrá hacer entregas a cuenta del precio en todo tiempo, con entera independencia del estado de los procedimientos y del otorgamiento de la escritura de compra-venta.

Las sumas consignadas por el mejor postor -tanto la seña como las entregas ulteriores que se autorizan en el inciso precedente- deberán ser depositadas en el Banco Hipotecario del Uruguay, sus Sucursales o Agencias, en cuenta especial de valores que se abrirá al efecto, a la orden del Juzgado y bajo el rubro de autos.

Aprobada la liquidación se abonará al actor el monto de su crédito actualizado conforme a esta ley, y el remanente de la venta de los valores, que hará el Banco Hipotecario del Uruguay, corresponderá al demandado.

Artículo 7º.- Toda consignación de importes en procesos jurisdiccionales o arbitrales podrá efectuarse en los valores aludidos en la forma prevista en el inciso tercero del artículo 6º. Las sumas en consignación hasta la fecha, podrán sustituirse por las especies referidas en esta disposición, debiendo los Jueces autorizarla expresamente.

Artículo 8º.- El procedimiento de liquidación del valor de las obligaciones establecido por la presente ley se aplicará a aquellas que nacieren después de la fecha de su vigencia.

Artículo 9º.- Las partes podrán establecer cualquier clase de estipulación que tenga por finalidad mantener el valor de las obligaciones contraídas.

Artículo 10.- Quedan comprendidas en el artículo anterior las cláusulas en moneda extranjera. A los efectos establecidos por el artículo 874 del Código de Procedimiento Civil y disposiciones complementarias los documentos que contengan obligación de pagar suma de dinero expresada en cualquier especie de moneda extranjera, constituirán título que trae aparejada ejecución en la moneda especificada y se considerará líquida la respectiva cantidad.

Artículo 11.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972, el Banco Central del Uruguay, podrá fijar, tanto para las instituciones o empresas financieras como para los particulares, las diversas tasas de interés, de las comisiones o de cualquier otro cargo que se pueda cobrar o pagar en las distintas operaciones.

Artículo 12.- Comuníquese, etc.

Ley Nº 17.250

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES Y CONCEPTOS

Artículo 1º.- La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular las relaciones de consumo, incluidas las situaciones contempladas en el inciso segundo del artículo 4º.

En todo lo no previsto, en la presente ley, será de aplicación lo dispuesto en el Código Civil.

Artículo 2º.- Consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella.

No se considera consumidor o usuario a aquel que, sin constituirse en destinatario final, adquiere, almacena, utiliza o consume productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación o comercialización.

Artículo 3º.- Proveedor es toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, privada o pública, y en este último caso estatal o no estatal, que desarrolle de manera profesional actividades de producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios en una relación de consumo.

Artículo 4º.- Relación de consumo es el vínculo que se establece entre el proveedor que, a título oneroso, provee un producto o presta un servicio y quien lo adquiere o utiliza como destinatario final.

La provisión de productos y la prestación de servicios que se efectúan a título gratuito, cuando ellas se realizan en función de una eventual relación de consumo, se equiparan a las relaciones de consumo.

Artículo 5º.- Producto es cualquier bien corporal o incorporal, mueble o inmueble. Servicio es cualquier actividad remunerada, suministrada en el mercado de consumo, con excepción de las que resultan de las relaciones laborales.

CAPITULO II

DERECHOS BASICOS DEL CONSUMIDOR

Artículo 6º.- Son derechos básicos de consumidores:

A) La protección de la vida, la salud y la seguridad contra los riesgos causados por las prácticas en el suministro de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos.

B) La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, la libertad de elegir y el tratamiento igualitario cuando contrate.

C) La información suficiente, clara, veraz, en idioma español sin perjuicio que puedan emplearse además otros idiomas.

D) La protección contra la publicidad engañosa, los métodos coercitivos o desleales en el suministro de productos y servicios y las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, cada uno de ellos dentro de los términos dispuestos en la presente ley.

E) La asociación en organizaciones cuyo objeto específico sea la defensa del consumidor y ser representado por ellas.

F) La efectiva prevención y resarcimiento de los daños patrimoniales y extra patrimoniales.

G) El acceso a organismos judiciales y administrativos para la prevención y resarcimiento de daños mediante procedimientos ágiles y eficaces, en los términos previstos en los capítulos respectivos de la presente ley.

CAPITULO III

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD

Artículo 7º.- Todos los productos y servicios cuya utilización pueda suponer un riesgo de aquellos considerados normales y previsibles por su naturaleza, utilización o finalidad, para la salud o seguridad de los consumidores o usuarios, deberán comercializarse observando las normas o las formas establecidas o razonables.

Artículo 8º.- Los proveedores de productos y servicios peligrosos o nocivos para la salud o seguridad deberán informar en forma clara y visible sobre su peligrosidad o nocividad, sin perjuicio de otras medidas que puedan tomarse en cada caso concreto.

Artículo 9º.- La autoridad administrativa competente podrá prohibir la colocación de productos en el mercado, excepcionalmente y en forma fundada, cuando éstos presenten un grave riesgo para la salud o seguridad del consumidor por su alto grado de nocividad o peligrosidad.

Artículo 10.- Tratándose de productos industriales, el fabricante deberá proporcionar la información a que refieren los artículos precedentes, y ésta deberá acompañar siempre al producto, incluso en su comercialización final.

Artículo 11.- Los proveedores de productos y servicios que, posteriormente a la introducción de los mismos en el mercado, tomen conocimiento de su nocividad o peligrosidad, deberán comunicar inmediatamente tal circunstancia a las autoridades competentes y a los consumidores. En este último caso, la comunicación se cumplirá mediante anuncios publicitarios.

CAPITULO IV

DE LA OFERTA EN GENERAL

Artículo 12.- La oferta dirigida a consumidores determinados o indeterminados, transmitida por cualquier medio de comunicación y que contenga información suficientemente precisa con relación a los productos o servicios ofrecidos, vincula a quien la emite y a aquel que la utiliza de manera expresa por el tiempo que se realice. Este plazo se extenderá en los siguientes casos:

1) Cuando dicha oferta se difunda únicamente en día inhábil, en cuyo caso la misma vincula a los sujetos referidos en esta cláusula hasta el primer día hábil posterior al de su realización.

2) Cuando el oferente establezca un plazo mayor.

En todos los casos, la oferta podrá especificar sus modalidades, condiciones o limitaciones.

Durante el plazo de vigencia de la oferta, incluso si éste es más extenso que el previsto en la presente ley, la oferta será revocable. La revocación será eficaz una vez que haya sido difundida por medios similares a los empleados para hacerla conocer, y siempre que esto ocurra antes que la aceptación haya llegado al oferente. En los casos en los que el oferente asuma el compromiso de no revocar la oferta, la misma no será revocable.

La aceptación de la oferta debe ser tempestiva. La aceptación tardía es ineficaz, salvo la facultad del proponente de otorgarle eficacia.

Artículo 13.- Toda información referente a una relación de consumo deberá expresarse en idioma español sin perjuicio que además puedan usarse otros idiomas.

Cuando en la oferta se dieran dos o más informaciones contradictorias, prevalecerá la más favorable al consumidor.

Artículo 14.- Toda información, aun la proporcionada en avisos publicitarios, difundida por cualquier forma o medio de comunicación, obliga al oferente que ordenó su difusión y a todo aquel que la utilice, e integra el contrato que se celebre con el consumidor.

Artículo 15.- El proveedor deberá informar, en todas las ofertas y previamente a la formalización del contrato respectivo:

A) El precio, incluidos los impuestos.

B) En las ofertas de crédito o de financiación de productos o servicios, el precio de contado efectivo según corresponda, el monto del crédito otorgado o el total financiado en su caso, y la cantidad de pagos y su periodicidad. Las empresas de intermediación financiera, administradoras de créditos o similares, también deberán informar la tasa de interés efectiva anual.

C) Las formas de actualización de la prestación, los intereses y todo otro adicional por mora, los gastos extras adicionales, si los hubiere, y el lugar de pago.

El precio difundido en los mensajes publicitarios deberá indicarse según lo establecido en el presente artículo. La información consignada se brindará conforme a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 16.- La oferta de productos o servicios que se realice fuera del local empresarial, por medio postal, telefónico, televisivo, informático o similar da derecho al consumidor que la aceptó a rescindir o resolver, "ipso-jure" el contrato. El consumidor podrá ejercer tal derecho dentro de los cinco días hábiles contados desde la formalización del contrato o de la entrega del producto, a su sola opción, sin responsabilidad alguna de su parte. La opción por la rescisión o resolución deberá ser comunicada al proveedor por cualquier medio fehaciente.

Cuando la oferta de servicios se realice en locales acondicionados con la finalidad de ofertar, el consumidor podrá rescindir o resolver el contrato en los términos dispuestos en el inciso primero del presente artículo.

Si el consumidor ejerciere el derecho a resolver o rescindir el contrato deberá proceder a la devolución del producto al proveedor, sin uso, en el mismo estado en que fue recibido, salvo lo concerniente a la comprobación del mismo. Por su parte, el proveedor deberá restituir inmediatamente al consumidor todo lo que éste hubiere pagado. La demora en la restitución de los importes pagados por el consumidor, dará lugar a que éste exija la actualización de las sumas a restituir. Cada parte deberá hacerse cargo de los costos de la restitución de la prestación recibida. En los casos en los que el consumidor rescinda o resuelva el contrato de conformidad a las previsiones precedentes, quedarán sin efecto las formas de pago diferido a las prestaciones emergentes de dicho contrato que éste hubiera instrumentado a través de tarjetas de crédito o similares. Bastará a tal efecto que el consumidor comunique a las emisoras de las referidas tarjetas su ejercicio de la opción de resolución o rescisión del contrato.

En el caso de servicios parcialmente prestados, el consumidor pagará solamente aquella parte que haya sido ejecutada y si el servicio fue pagado anticipadamente, el proveedor devolverá inmediatamente el monto correspondiente a la parte no ejecutada. La demora en la restitución de los importes pagados por el consumidor, dará lugar a que éste exija la actualización de las sumas a restituir. Se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el párrafo final del inciso anterior del presente artículo.

En todos los casos el proveedor deberá informar el domicilio de su establecimiento o el suyo propio siendo insuficiente indicar solamente el casillero postal o similar.

CAPITULO V

DE LA OFERTA DE LOS PRODUCTOS

Artículo 17.- La oferta de productos debe brindar información clara y fácilmente legible sobre sus características, naturaleza, cantidad, calidad -en los términos y oportunidades que correspondan-, composición, garantía, origen del producto, el precio de acuerdo a lo establecido en el artículo 15, los datos necesarios para la correcta conservación y utilización del producto y, según corresponda, el plazo de validez y los riesgos que presente para la salud y seguridad de los consumidores.

La información consignada en este artículo se brindará conforme lo establezca la reglamentación respectiva. En lo que respecta al etiquetado-rotulado de productos, así como en relación a la necesidad de acompañar manuales de los productos y el contenido de éstos, se estará a lo que disponga la reglamentación.

Artículo 18.- Los fabricantes o importadores deberán asegurar la oferta de componentes y repuestos mientras subsista la fabricación o importación del producto.

Artículo 19.- La oferta de productos defectusosos, usados o reconstituidos deberá indicar tal circunstancia en forma clara y visible.

CAPITULO VI

DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Artículo 20.- En la oferta de servicios el proveedor deberá informar los rubros que se indican en el presente artículo, salvo que por la naturaleza del servicio no corresponda la referencia a alguno de ellos. La información deberá ser clara y veraz y, cuando se brinde por escrito, será proporcionada con caracteres fácilmente legibles.

A) Nombre y domicilio del proveedor del servicio.

B) La descripción del servicio a prestar.

C) Una descripción de los materiales, implementos, tecnología a emplear y el plazo o plazos del cumplimiento de la prestación.

D) El precio, incluidos los impuestos, su composición, cuando corresponda, y la forma de pago. Será aplicable en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 15 de la presente ley.

E) Los riesgos que el servicio pueda ocasionar para la salud o seguridad, cuando se diera esta circunstancia.

F) El alcance y duración de la garantía, cuando ésta se otorgue.

G) Solamente podrá informarse la calidad de conformidad a lo previsto en el artículo 17 de la presente ley.

La reglamentación podrá prever situaciones en que, junto con la oferta deba brindarse un presupuesto al consumidor, estableciendo su contenido y eficacia.

Artículo 21.- La oferta de servicios financieros deberá contener las especificaciones que, según los servicios que se trate, pueda disponer la reglamentación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 precedente.

CAPITULO VII

PRACTICAS ABUSIVAS EN LA OFERTA

Artículo 22.- Son consideradas prácticas abusivas, entre otras:

A) Negar la provisión de productos o servicios al consumidor, mientras exista disponibilidad de lo ofrecido según los usos y costumbres y la posibilidad de cumplir el servicio, excepto cuando se haya limitado la oferta y lo haya informado previamente al consumidor, sin perjuicio de la revocación que deberá ser difundida por los mismos medios empleados para hacerla conocer.

B) Hacer circular información que desprestigie al consumidor, a causa de las acciones realizadas por éste, en ejercicio de sus derechos.

C) Fijar el plazo, o los plazos para el cumplimiento de las obligaciones de manera manifiestamente despropor-cionada en perjuicio del consumidor.

D) Enviar o entregar al consumidor, cualquier producto o proveer cualquier servicio, que no haya sido previamente solicitado. Los servicios prestados o los productos remitidos o entregados al consumidor, en esta hipótesis, no conllevan obligación de pago ni de devolución, equiparándose por lo tanto a las muestras gratis. Se aplicará, en lo que corresponda, lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 16 de la presente ley.

E) Hacer aparecer al consumidor como proponente de la adquisición de bienes o servicios, cuando ello no corresponda.

CAPITULO VIII

GARANTIA CONTRACTUAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Artículo 23.- El proveedor de productos y servicios que ofrece garantía, deberá ofrecerla por escrito, estandarizada cuando sea para productos idénticos. Ella deberá ser fácilmente comprensible y legible, y deberá informar al consumidor sobre el alcance de sus aspectos más significativos.

Deberá contener como mínimo la siguiente información:

A) Identificación de quien ofrece la garantía.

B) Identificación del fabricante o importador del producto o del proveedor del servicio.

C) Identificación precisa del producto o servicio, con sus especificaciones técnicas básicas.

D) Condiciones de validez de la garantía, su plazo y cobertura, especificando las partes del producto o servicio cubiertas por la misma.

E) Domicilio y teléfono de aquellos que están obligados contractualmente a prestarla.

F) Condiciones de reparación del producto o servicio con especificación del lugar donde se efectivizará la garantía.

G) Costos a cargo del consumidor, si los hubiere.

H) Lugar y fecha de entrega del producto o de la finalización de la prestación del servicio al consumidor.

El certificado de garantía debe ser completado por el proveedor y entregado junto con el producto o al finalizar la prestación del servicio.

Si el certificado es entregado por el comerciante y se identificó en el mismo al fabricante o importador que ofrece la garantía son estos últimos quienes resultan obligados por el contrato accesorio de garantía.

CAPITULO IX

PUBLICIDAD

Artículo 24.- Toda publicidad debe ser transmitida y divulgada de forma tal que el consumidor la identifique como tal.

Queda prohibida cualquier publicidad engañosa.

Se entenderá por publicidad engañosa cualquier modalidad de información o comunicación contenida en mensajes publicitarios que sea entera o parcialmente falsa, o de cualquier otro modo, incluso por omisión de datos esenciales, sea capaz de inducir a error al consumidor respecto a la naturaleza, cantidad, origen, precio, respecto de los productos y servicios.

Artículo 25.- La publicidad comparativa será permitida siempre que se base en la objetividad de la comparación y no se funde en datos subjetivos, de carácter psicológico o emocional; y que la comparación sea pasible de comprobación.

Artículo 26.- La carga de la prueba de la veracidad y exactitud material de los datos de hecho contenidos en la información o comunicación publicitaria, corresponde al anunciante.

Artículo 27.- La reglamentación podrá establecer un plazo durante el cual el proveedor de productos y servicios debe mantener en su poder, para la información de los legítimos interesados, los datos fácticos, técnicos y científicos que den sustento al mensaje publicitario.

CAPITULO X

CONTRATO DE ADHESION

Artículo 28.- Contrato de adhesión es aquél cuyas cláusulas o condiciones han sido establecidas unilate-ralmente por el proveedor de productos o servicios sin que el consumidor haya podido discutir, negociar o modificar sustancialmente su contenido.

En los contratos escritos, la inclusión de cláusulas adicionales a las preestablecidas no cambia por sí misma la naturaleza del contrato de adhesión.

Artículo 29.- Los contratos de adhesión serán redactados en idioma español, en términos claros y con caracteres fácilmente legibles, de modo tal que faciliten la comprensión del consumidor.

CAPITULO XI

CLAUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE ADHESION

Artículo 30.- Es abusiva por su contenido o por su forma toda cláusula que determine claros e injustificados desequilibrios entre los derechos y obligaciones de los contratantes en perjuicio de los consumidores, así como toda aquella que viole la obligación de actuar de buena fe. La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no referirá al producto o servicio ni al precio o contraprestación del contrato, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.

Artículo 31.- Son consideradas cláusulas abusivas sin perjuicio de otras, las siguientes:

A) Las cláusulas que exoneren o limiten la responsabilidad del proveedor por vicios de cualquier naturaleza de los productos o servicios, salvo que una norma de derecho lo habilite o por cualquier otra causa justificada.

B) Las cláusulas que impliquen renuncia de los derechos del consumidor.

C) Las cláusulas que autoricen al proveedor a modificar los términos del contrato.

D) La cláusula resolutoria pactada exclusivamente a favor del proveedor. La inclusión de la misma deja a salvo la opción por el cumplimiento del contrato.

E) Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba en perjuicio del consumidor cuando legalmente no corresponda.

F) Las cláusulas que impongan representantes al consumidor.

G) Las cláusulas que impliquen renuncia del consumidor al derecho a ser resarcido o reembolsado de cualquier erogación que sea legalmente de cargo del proveedor.

H) Las cláusulas que establezcan que el silencio del consumidor se tendrá por aceptación de cualquier modificación, restricción o ampliación de lo pactado en el contrato.

La inclusión de cláusulas abusivas da derecho al consumidor a exigir la nulidad de las mismas y en tal caso el Juez integrará el contrato. Si, hecho esto, el Juez apreciara que con el contenido integrado del contrato éste carecería de causa, podrá declarar la nulidad del mismo.

CAPITULO XII

INCUMPLIMIENTO

Artículo 32.- La violación por parte del proveedor de la obligación de actuar de buena fe o la transgresión del deber de informar en la etapa precontractual, de perfeccionamiento o de ejecución del contrato, da derecho al consumidor a optar por la reparación, la resolución o el cumplimiento del contrato, en todos los casos más los daños y perjuicios que correspondan.

Artículo 33.- El incumplimiento del proveedor, de cualquier obligación a su cargo, salvo que mediare causa extraña no imputable, faculta al consumidor, a su libre elección, a:

A) Exigir el cumplimiento forzado de la obligación siempre que ello fuera posible.

B) Aceptar otro producto o servicio o la reparación por equivalente.

C) Resolver el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, monetariamente actualizado o rescindir el mismo, según corresponda.

En cualquiera de las opciones el consumidor tendrá derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios compensatorios o moratorios, según corresponda.

CAPITULO XIII

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

Artículo 34.- Si el vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio resulta un daño al consumidor, será responsable el proveedor de conformidad con el régimen dispuesto en el Código Civil.

El comerciante o distribuidor sólo responderá cuando el importador y fabricante no pudieran ser identificados. De la misma forma serán responsables si el daño se produce como consecuencia de una inadecuada conservación del producto o cuando altere sus condiciones originales.

Artículo 35.- La responsabilidad de los profesionales liberales será objetiva o subjetiva según la naturaleza de la prestación asumida.

Artículo 36.- El proveedor no responde sino de los daños y perjuicios que sean consecuencia inmediata y directa del hecho ilícito e incluyen el daño patrimonial y extrapatrimonial.

CAPITULO XIV

PRESCRIPCION Y CADUCIDAD

Artículo 37.-

1) El derecho a reclamar por vicios aparentes, o de fácil constatación, salvo aceptación expresa de los mismos, caducan en:

A) Treinta días a partir de la provisión del servicio o del producto no duradero.

B) Noventa días cuando se trata de prestaciones de productos o servicios duraderos.

El plazo comienza a computarse a partir de la entrega efectiva del producto o de la finalización de la prestación del servicio.

Dicho plazo se interrumpe si el consumidor efectúa una reclamación debidamente comprobada ante el proveedor y hasta tanto éste deniegue la misma en forma inequívoca.

2) En caso de vicios ocultos, éstos deberán evidenciarse en un plazo de seis meses y caducarán a los tres meses del momento en que se pongan de manifiesto. Ello sin perjuicio de las previsiones legales específicas para ciertos bienes y servicios.

Artículo 38.- La acción para reclamar la reparación de los daños personales prescribirá en un plazo de cuatro años a partir de la fecha en que el demandante tuvo o debería haber tenido conocimiento del daño, del vicio o defecto, y de la identidad del productor o fabricante. Tal derecho se extinguirá transcurrido un plazo de diez años a partir de la fecha en que el proveedor colocó el producto en el mercado o finalizó la prestación del servicio causante del daño.

Artículo 39.- La prescripción consagrada en los artículos anteriores se interrumpe con la presentación de la demanda, o con la citación a juicio de conciliación siempre que éste sea seguido de demanda dentro del plazo de treinta días de celebrado el mismo.

CAPITULO XV

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

Artículo 40.- El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Comercio, será la autoridad nacional de fiscalización del cumplimiento de la presente ley, sin perjuicio de las competencias constitucionales y legales atribuidas a otros órganos y entes públicos.

Artículo 41.- La Dirección General de Comercio, además, asesorará al Ministerio de Economía y Finanzas en la formulación y aplicación de las políticas en materia de defensa del consumidor.

Artículo 42.- Compete a la Dirección del Area de Defensa del Consumidor.

A) Informar y asesorar a los consumidores sobre sus derechos.

B) Controlar la aplicación de las disposiciones de protección al consumidor establecidas en esta norma, pudiendo a tal efecto exigir el acceso, realizar inspecciones y requerir la información que necesitare en los locales, almacenes, depósitos, fábricas, comercios o cualquier dependencia o establecimiento de los proveedores; sin perjuicio de las competencias constitucionales y legales atribuidas a otros órganos y Entes Públicos.

C) Asesorar al Director General de Comercio para coordinar con otros órganos o entidades públicas estatales y no estatales la acción a desarrollar en defensa del consumidor.

D) Podrá fomentar, formar o integrar además, comisiones asesoras compuestas por representantes de las diversas actividades industriales y comerciales, cooperativas de consumo y asociaciones de consumidores, o por representantes de organismos o entes públicos, las que serán responsables de las informaciones que aporten, y podrán proponer medidas correctivas referentes a la defensa del consumidor.

E) Fomentar la constitución de asociaciones de consumidores cuya finalidad exclusiva sea la defensa del consumidor. La Dirección del Area Defensa del Consumidor llevará un registro de estas asociaciones, las que deberán constituirse como asociaciones civiles.

F) Citar a los proveedores a solicitud del o de los consumidores afectados, a una audiencia administrativa que tendrá por finalidad tentar el acuerdo entre las partes. La incomparecencia del citado a esta audiencia se tendrá como presunción simple en su contra. Sin perjuicio de ello, en general, podrá auspiciar mecanismos de conciliación y mediación para la solución de los conflictos que se planteen entre los particulares en relación a los temas de su competencia.

G) Podrá para el cumplimiento de sus cometidos, solicitar información, asistencia y asesoramiento a cualquier persona pública o privada nacional o extranjera.

H) Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus cometidos.

Artículo 43.- Se consideran infracciones en materia de defensa del consumidor, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en la presente ley. Para el cumplimiento de las tareas inspectivas, podrá requerirse el concurso de la fuerza pública, si se entendiera pertinente.

Artículo 44.- Las infracciones en materia de defensa del consumidor, serán sancionadas por la Dirección General de Comercio, en subsidio de los órganos o entidades públicas estatales y no estatales que tengan asignada, por normas constitucionales o legales, competencia de control en materia vinculada a la defensa del consumidor.

Artículo 45.- La Dirección General de Comercio podrá delegar en la Dirección del Area Defensa del Consumidor la potestad sancionatoria en esta materia.

Artículo 46.- Las infracciones se calificarán como leves, graves y muy graves, atendiendo a los siguientes criterios: el riesgo para la salud del consumidor, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de la alteración social producida, la generalización de la infracción y la reincidencia.

Artículo 47.- Comprobada la existencia de una infracción a las obligaciones impuestas por la presente ley, sin perjuicio de las acciones por responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, el infractor será pasible de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente según resulte de las circunstancias del caso:

1) Apercibimiento, cuando el infractor carezca de antecedentes en la comisión de infracciones de la misma naturaleza y ésta sea calificada como leve.

2) Multa cuyo monto inferior no será menor de 20 UR (veinte unidades reajustables) y hasta un monto de 4.000 UR (cuatro mil unidades reajustables).

3) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción, cuando éstos puedan entrañar riesgo claro para la salud o seguridad del consumidor.

4) En caso de reiteración de infracciones graves o de infracción muy grave se podrá ordenar la clausura temporal del establecimiento comercial o industrial hasta por noventa días.

5) Suspensión de hasta un año en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado.

Las sanciones referidas en los numerales 3), 4) y 5) del presente artículo se propondrán fundadamente por la Dirección General de Comercio y se resolverán por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 48.- Cuando se constaten infracciones graves a las disposiciones establecidas en la presente ley, la Dirección del Area de Defensa del Consumidor, podrá colocar en el frente e interior del establecimiento, carteles que indiquen claramente el carácter de infractor a la Ley de Defensa del Consumidor por un plazo de hasta veinte días a partir de la fecha de constatación de la infracción.

Artículo 49.- En caso de reincidencia en infracciones similares, probada intencionalidad en la infracción o circunstancias que configuren un riesgo para la salud o seguridad de los consumidores, el órgano competente de control, podrá disponer la publicación en los diarios de circulación nacional de la resolución sancionatoria a costa del infractor.

Artículo 50.- Para la imposición de las sanciones establecidas en la presente ley, se seguirá el siguiente procedimiento: comprobada la infracción por los funcionarios del servicio inspectivo respectivo, se labrará acta circunstanciada, en forma detallada, que será leída a la persona que se encuentre a cargo del establecimiento, quien la firmará y recibirá copia textual de la misma.

El infractor dispondrá de un plazo de diez días hábiles para efectuar sus descargos por escrito y ofrecer prueba, la que se diligenciará en un plazo de quince días, prorrogables cuando haya causa justificada. Vencido el plazo de diez días hábiles sin efectuar descargos o diligenciada la prueba en su caso, se dictará resolución.

Artículo 51.- Cuando se compruebe la realización de publicidad engañosa o ilícita, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la presente ley, el órgano competente podrá solicitar judicialmente, en forma fundada, la suspensión de la publicidad de que se trate, así como también ordenar la realización de contra publicidad con la misma frecuencia que la publicidad infractora, cuyo gasto deberá pagar el infractor.

En ambos casos la resolución deberá estar precedida del procedimiento previsto en el artículo 50 de la presente ley para la defensa del anunciante.

Artículo 52.- Declárase que las normas relativas a las relaciones de consumo publicadas en el Diario Oficial Nº 25.368, de fecha 30 de setiembre de 1999 y titulada como "Ley Nº 17.189", carece de toda validez jurídica y debe reputarse inexistente.

Decreto-Ley Nº 14.500*

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

SE ESTABLECEN NORMAS PARA LIQUIDAR EL VALOR DE LAS OBLIGACIONES QUE SE RESUELVAN EN EL PAGO DE UNA SUMA DE DINERO

El Consejo de Estado ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Para liquidar el valor de las obligaciones que se resuelvan en el pago de una suma de dinero, directamente o por equivalente, cuyo cumplimiento fuere objeto de una pretensión deducida en un proceso jurisdiccional o arbitral por un apersona privada, física o jurídica, se tendrá en cuenta la variación en el valor de la moneda ocurrida durante el tiempo que mediare entre la fecha de su nacimiento y la de su extinción, sin perjuicio de lo establecido en el inciso siguiente.

Si se tratare de obligaciones convencionales sujetas a plazo o condición, el término a que alude el inciso anterior será el que medie entre la fecha de su exigibilidad y la de su extinción.

En los casos que a continuación se expresan y a los solos efectos de esta ley, se tendrá por deducida la pretensión respectiva:

A) En las ejecuciones, cuando se practique el protesto o se solicite judicialmente la intimación de pago o la citación a reconocimiento de firma;

B) En el proceso penal, cuando se solicite el embargo preventivo de los bienes del procesado.

Artículo 2º.- La variación en el valor de la moneda será determinada por la evolución del índice general de los precios del consumo elaborado mensualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas. A estos efectos, se confrontarán el índice correspondiente al mes de la fecha de nacimiento o exigibilidad de la obligación, en su caso, con el establecido para el mes anterior de la fecha de extinción de la misma.

El índice general de los precios del consumo será publicado mensualmente en el "Diario Oficial", sin perjuicio de que, a petición de parte o de los órganos jurisdiccionales o arbitrales competentes, se expida constancia del mismo, sin costo alguno.

Si a la fecha de la extinción de la obligación no se hubiere publicado todavía el índice correspondiente al mes anterior la confrontación a que se refiere este artículo se hará con el último que haya sido publicado en la forma prevista en el inciso precedente.

Artículo 4º.- En los casos en que sean de aplicación los artículos 1º, 2º y 3º de la presente ley, la tasa fijada en el artículo 2.207 del Código Civil, será del 6% (seis por ciento) anual.

Los intereses, a las tasas legales o convencionales que correspondan, comisiones y demás ilíquidos, se calcularán en todo caso sobre el valor de la obligación actualizado conforme a las disposiciones de la presente ley.

CODIGO GENERAL DEL PROCESO

LIBRO II - DESARROLLO DE LOS PROCESOS

TITULO IV - PROCESO DE CONOCIMIENTO

CAPITULO IV - PROCESO DE ESTRUCTURA MONITORIA

SECCION II - PROCESO EJECUTIVO

Artículo 353.

Procedencia del proceso ejecutivo.-

Procede el proceso ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos, siempre que de ellos surja la obligación de pagar cantidad líquida y exigible:

1) Transacción no aprobada judicialmente.

2) Instrumentos públicos.

3) Instrumentos privados suscriptos por el obligado o por su representante, reconocidos o dados por reconocidos ante el Tribunal competente de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 173 y 309, numeral 4º, o firmados o con su firma ratificada ante escribano público que certifique la autenticidad de las mismas.

4) Cheque bancario, letras de cambio, vales, pagarés y conformes, según lo dispuesto en las leyes respectivas.

5) Las facturas de venta de mercaderías suscriptas por el obligado su representante, reconocidas o dadas por reconocidas conforme a lo dispuesto en el numeral 3º de este artículo.

6) Y, en general, cuando un texto expreso de la ley confiere al acreedor el derecho a promover juicio ejecutivo. (*)

LIBRO II - DESARROLLO DE LOS PROCESOS

TITULO V - PROCESOS DE EJECUCION

CAPITULO II - VIA DE APREMIO

Artículo 377.- Procedencia.- Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible:

1) Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

2) Crédito hipotecario inscripto, en cuya escritura se hayan renunciado por el deudor los trámites del juicio ejecutivo.

3) Crédito prendario agrario o industrial inscripto, respecto de cuya ejecución se haya renunciado por el deudor a los trámites del juicio ejecutivo.

4) Laudo arbitral no pendiente de recurso de nulidad.

5) Transacción aprobada judicialmente.

6) Convenio celebrado en el acto de la conciliación. (*)

Decreto-Ley Nº 15.322

SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA

El Consejo de Estado ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I

Actividades y Empresas Comprendidas

Artículo 1º.- Toda persona pública no estatal o privada que realice intermediación financiera quedará sujeta a las disposiciones de esta ley, a los reglamentos y a las normas generales e instrucciones particulares, que dicte el Banco Central del Uruguay para su ejecución.

A los efectos de esta ley, se considera intermediación financiera la realización habitual y profesional de operaciones de intermediación o mediación entre la oferta y la demanda de títulos valores, dinero o metales preciosos.

Artículo 2º.- Las instituciones estatales que por la índole de sus operaciones queden comprendidas en esta ley, estarán igualmente sujetas a sus disposiciones, a los reglamentos y a las normas generales e instrucciones particulares que dicte el Banco Central del Uruguay.

Para la aprobación o modificación de las cartas orgánicas y demás normas que rijan la actividad de las instituciones financieras del Estado, se oirá previamente al Banco Central del Uruguay.

DEROGACIONES

Ley Nº 14.095

DELITOS ECONOMICOS

SE DICTAN NORMAS PARA SU TIPIFICACION, CREANDOSE UN CUERPO ESPECIAL DE PREVENCION Y REPRESION

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 7º.- (Usura).- El que se hiciera dar o prometer por la prestación de dinero, intereses o compensaciones en dinero por cualquier concepto que superen las tasas fijadas como máximas por el Banco Central del Uruguay, será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. Con la misma pena será castigado el que cobrara gastos de administración o comisiones mayores a las fijadas por el Banco Central del Uruguay. Cuando la contraprestación estuviere constituida, en todo o en parte, por servicios o especies que, avaluados de acuerdo con las normas de derecho común, impliquen que aquéllos son convertibles en un valor monetario que exceda de las tasas de interés a que se refiere el inciso 1º o los gastos y comisiones previstos en el inciso 2º de este artículo, la pena será aumentada de un tercio a la mitad.

Artículo 8º.- (Agravantes).- Son agravantes del delito de usura las siguientes circunstancias:

A) La simulación por cualquier medio de las cantidades prestadas o a devolver;

B) El aprovechamiento de la necesidad, estado de apremio económico, ligereza o inexperiencia, del obligado;

C) La celebración de una compraventa o promesa de compraventa, para garantizar la operación usuraria;

D) La aceptación o exigencia de recaudos u otras garantías evidentemente desproporcionados a la prestación o desnaturalizados en su función jurídica, como en el caso del choque;

E) Que la prestación de dinero constituya actividad habitual del sujeto activo.

Artículo 11.- Decretado el procesamiento por el delito de usura, quedará en suspenso la acción civil para el cobro del capital, intereses, compensaciones, gastos de administración o comisiones. En caso de sentencia condenatoria, pasada en autoridad de cosa juzgada, la acción civil quedará extinguida de pleno derecho.

En el supuesto de extinción del delito por gracia de la Suprema Corte de Justicia, sólo se tendrá derecho a reclamar civilmente la suma dada por capital. (Artículo 109 del Código Penal). Los intereses, compensaciones, gastos de administración o comisión, deberán ser especificados documentalmente en forma expresa y con mención concreta de valores numéricos. Podrá establecerse, en los documentos constitutivos de obligaciones que los intereses pactados se modificarán en las mismas oportunidades en que el Banco Central de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la presente ley, fije nuevas tasas. Es nula toda estipulación en contrario o que desconozca, directa o indirectamente, lo dispuesto en los incisos anteriores.

Artículo 15.- Las resoluciones por las que se fijen las tasas de intereses y compensaciones, comisiones y gastos de administración, a que se refieren los artículos 7 y 14, serán dadas a conocer en circulares del Banco Central del Uruguay, que se publicarán en el "Diario Oficial" y en no menos de dos diarios de la Capital. Igual publicidad tendrán las resoluciones del Banco Central del Uruguay u otra autoridad competente, relacionadas con la negociación o versión de divisas. Las demás circulares relacionadas con el gobierno de la moneda y el comercio exterior, serán publicadas en el "Diario Oficial". La publicidad indicada en los incisos precedentes determinará el comienzo de la aplicación de las resoluciones a los solos efectos de la responsabilidad penal.

Ley Nº 17.569

USURA

El Senado y la Cámara de Representantes de la Re-pública Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo 1º.- Los intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos, en las relaciones de consumo se considerarán usurarios cuando, singular o conjuntamente, superaren en un porcentaje mayor al 75% (setenta y cinco por ciento), las tasas medias del trimestre anterior a la fecha de constituir la obligación, del mercado de operaciones corrientes de préstamos bancarios otorgados a las familias; y en caso de haber intereses moratorios, superaren en un porcentaje mayor al 100% (cien por ciento) las referidas tasas medias.

Esta disposición se aplicará a los préstamos en efectivo y a las operaciones de financiamiento de venta de bienes y servicios, otorgados o realizados por empresas de intermediación financiera comprendidas en las disposiciones del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y sus modificativas, y por personas físicas o jurídicas administradoras de créditos que no integran dicho sistema de intermediación financiera.

Artículo 2º.- En todo documento de adeudo deberá distinguirse con precisión la suma que corresponde a capital prestado o financiado, de la que corresponde a intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos pactados por cualquier concepto.

El deudor podrá exigir un documento complementario cuando estime que las constancias previstas en el inciso anterior no están suficientemente precisadas. Este documento complementario, que no podrá ser endosado será suscrito por ambas partes en dos ejemplares, uno de los cuales quedará en poder del deudor.

Artículo 3º.- Configurada la usura conforme a lo dispuesto por el artículo 1º de la presente ley, caducará el derecho a exigir el cobro de intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos de cualquier naturaleza.

Artículo 4º.- El que con intención de obtener un provecho económico excesivo para sí o para otro, otorgase créditos o préstamos que superasen los límites establecidos en el artículo 1º, disimulando dichos excesos, bajo la modalidad de incluir como capital lo que corresponde a intereses u otros cargos o mediante estratagemas similares, será castigado con la pena de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 2 de octubre de 2002.

Ley Nº 17.471

DISPONESE EL PLAZO DURANTE EL CUAL INCURRIRAN EN MORA DE PLENO DERECHO, EN CASO DE NO RECLAMAR JUDICIALMENTE EL PAGO DE LA DEUDA Y SUS INTERESES, LOS ACREEDORES DE DEUDAS ORIGINADAS EN LAS OPERACIONES DE PRESTAMOS EN EFECTIVO Y DE FINANCIAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS OTORGADOS A LAS PERSONAS FISICAS, CUYO CAPITAL INICIAL SEA EL QUE SE DETERMINA

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo Unico.- Los acreedores de deudas originadas en las operaciones de préstamos en efectivo y de financiamiento de bienes y servicios, otorgados a personas físicas, cuyo capital inicial sea inferior a US$ 1.000 (mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional, incurrirán en mora de pleno derecho en caso de no reclamar judicialmente el pago de la deuda y sus intereses moratorios y compensatorios, legales y convencionales, en el plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que la obligación deviene exigible.

En tal caso el deudor podrá exigir, en cualquier momento, que a partir de la caída en mora del acreedor, se sustituyan los intereses, multas y recargos de cualquier naturaleza, por los ajustes e intereses a que refiere el Decreto-Ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976. La liquidación de honorarios, cuando se realice por vía judicial, se ajustará a los montos que la presente ley establece.

Esta disposición se aplicará a las obligaciones aún no extinguidas a la fecha de la vigencia de la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 16 de abril de 2002.

Decreto-Ley Nº 14.887

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

SE LE FACULTA A FIJAR TASAS PARA OPERACIONES FINANCIERAS Y SE MODIFICAN NORMAS RELATIVAS A LA USURA

El Consejo de Estado ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- El Banco Central del Uruguay podrá fijar tasas máximas de intereses, compensaciones, gastos de administración, comisiones y otros cargos, en las prestaciones de dinero o en otras operaciones financieras, sean realizadas por instituciones o empresas financieras o por particulares. El Banco Central del Uruguay podrá establecer tasas máximas diferentes en razón de la distinta índole de las prestaciones de dinero u otras operaciones financieras, así como establecer que las tasas a que se refiere el inciso anterior serán las que resulten del libre juego de la oferta y la demanda.

Artículo 2º.- Los jueces no darán trámite a ejecuciones en que se persiga el cobro de obligaciones con intereses u otros cargos superiores a los máximos que haya fijado el Banco Central del Uruguay.

Artículo 3º.- Sustitúyense los artículos 7º, 8º y 15 de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972, por los siguientes:

"ARTICULO 7º. (Usura).- El que, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, le hiciere dar o prometer, para sí o para otros, intereses, compensaciones, comisiones u otros cargos usurarios por un préstamo de dinero, será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

La misma pena se aplicará:

1º) Al que procurare, adquiriere, transfiriere o consiguiere para otro préstamo de dinero, cobrando o haciéndose prometer para sí o para otro, una comisión usuraria por su mediación.

2º) Al que adquiere; transfiere o hiciere valer un crédito usurario. Los intereses, compensaciones, comisiones u otros cargos se considerarán usurarios cuando, singular o conjuntamente, superaran en más de un 75% (setenta y cinco por ciento) las tasas medias del mercado de operaciones corrientes de crédito bancario del trimestre anterior, realizadas entre similares condiciones y riesgos "ARTICULO 8º. (Circunstancias agravantes).- Serán circunstancias agravantes de los delitos, en el préstamo que se tratara" artículo precedente:

A) La actividad profesional o habitual del como prestamista o comisionista.

B) La simulación del préstamo bajo una forma jurídica diversa, o de las cantidades previstas, en el artículo precedente.

C) La aceptación o exigencia de recaudos o garantías de carácter extorsivo".

"ARTICULO 15.- Las resoluciones del Banco Central del Uruguay por las que se fijaron tasas máximas de intereses, compensaciones, gastos de administración, comisiones y otros cargos, serán publicadas en el Diario Oficial y en no menos de dos diarios de la capital. Igual publicidad tendrán las resoluciones del Banco Central del Uruguay u otra autoridad competente, relacionadas con la negociación o versión de divisas. Las demás resoluciones relacionadas con la política monetaria y el comercio exterior serán publicadas en el Diario Oficial. Asimismo y a los solos efectos informativos, el Banco Central del Uruguay publicará trimestralmente en el Diario Oficial y en no menos de dos de la capital las tasas medias del trimestre anterior, del mercado de operaciones corrientes de crédito bancario discriminadas en razón del tipo de moneda y de la existencia o no de cláusulas de reajuste.

Artículo 4º.- Deróganse los artículos 4º de la Ley 5.180, de 24 de diciembre de 1914; 11, inciso 41 y 14 de la Ley 14.095, de 17 de noviembre de 1972 y 11 de la Ley 14.500, de 8 de marzo de 1976.

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

ACTA Nº 45

En Montevideo, el veintiocho de setiembre de dos mil seis, a la hora diez y veinticinco minutos, se reúne la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

Presidente ad-hoc el señor Senador Enrique Rubio y asisten los señores Senadores Isaac Alfie, Alberto Couriel, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini y Enrique Pintado.

Faltan con aviso los señores Senadores Sergio Abreu y Luis Alberto Heber quienes remiten nota justificando su inasistencia.

Actúa en Secretaría, el Secretario de la Comisión señor Rodolfo Caimi con la colaboración de la señora Verónica Cantero.

ORDEN DEL DIA.

1º) Asuntos Entrados.

Nota de la Asociación Nacional de Afectados por Intereses de USURA en el Uruguay, relativa a la situación de la señora María Gabriela Gasaniga Pini.

2º) Mensaje y Proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se sustituye el literal D) del artículo 22 de la Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002. (Carpeta Nº 425/2005. Distribuido Nº 677/2005). Se posterga su consideración.

3º) USURA. Proyecto de ley por el que se fijan normas para atender su problemática. (Carpeta Nº 344/2005).

Se votan conjuntamente los treinta artículos del proyecto sustitutivo y el Anexo Metodológico. Se vota: 5 en 7. Afirmativa.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Rubio, quien lo hará en forma verbal.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO APROBADO:

TASAS DE INTERES Y USURA

Capítulo I - Operaciones comprendidas y tasas de interés

Artículo 1º.- (Operaciones comprendidas).- Quedarán sujetas a las disposiciones de la presente ley las operaciones de crédito o asimiladas realizadas por personas físicas o jurídicas. Se entiende por operaciones de crédito aquéllas por las cuales una de las partes entrega una cantidad de dinero, o se obliga a entregar bienes o servicios y la otra a pagarla en un momento diferente de aquél en el que se celebra la operación.

A los efectos de la presente ley se asimilan a operaciones de crédito, a modo de ejemplo, las siguientes:

a) el descuento de documentos representativos de dinero;

b) las operaciones con letra de cambio y con documentos representativos de obligaciones de crédito pagaderos a la vista, a cierto plazo desde la vista, a cierto plazo desde su fecha o a fecha fija;

c) el financiamiento de la venta de bienes y servicios otorgando crédito mediante el uso de tarjetas, órdenes de compra u otras modalidades.

Artículo 2º.- (Operaciones no comprendidas).- Se consideran operaciones no comprendidas en las disposiciones de la presente ley:

a) las operaciones entre instituciones de intermediación financiera;

b) las operaciones que el Banco Central del Uruguay concerte con las instituciones de intermediación financiera y demás entidades sujetas a su supervisión;

c) las emisiones de títulos de deuda realizadas por la Tesorería General de la Nación y el Banco Central del Uruguay;

d) las emisiones de valores de oferta pública comercializados conforme a lo previsto en la Ley Nº 16.749.

Artículo 3º.- (Tipos de interés).- Sólo se podrán aplicar intereses compensatorios o de mora, los cuales deberán ser pactados en términos claros y precisos en los correspondientes documentos de adeudo.

El interés de mora sólo se aplicará a las operaciones de crédito vencidas e impagas, durante el período en que se hayan producido los atrasos, toda vez que el deudor haya incurrido en mora, de acuerdo con los términos y condiciones pactadas.

En las operaciones de crédito pagaderas en cuotas, los intereses de mora sólo podrán aplicarse sobre el monto de las cuotas vencidas e impagas y no sobre el saldo de deuda total, aun cuando éste fuera exigible.

Artículo 4º.- (Expresión y aplicación de las tasas de interés).- Las tasas de interés fijas deberán expresarse en términos efectivos anuales, en porcentaje y con al menos dos decimales. Para su aplicación se utilizará la tasa efectiva equivalente al período de financiación que corresponda. Cuando el pago de las operaciones asimiladas se realice periódicamente, la tasa efectiva anual se calculará anualizando las tasas establecidas para el período de referencia de acuerdo a lo determinado en el Anexo Metodológico que integra esta ley.

En el caso de que se acordaran tasas de interés variables se establecerá una tasa de referencia anual, la que podrá ser una tasa nominal o efectiva, y, si correspondiera, el margen pactado sobre la tasa de referencia. Este último se expresará en porcentajes con al menos dos decimales.

A los efectos del cálculo de la tasa efectiva anual y de las tasas de interés de mora, los años se considerarán de 365 (trescientos sesenta y cinco) días.

Artículo 5º.- (Base de cálculo).- Los intereses sólo se liquidarán sobre los saldos de los capitales efectivamente prestados o de los saldos financiados. No podrán aplicarse simultáneamente la tasa de interés compensatorio y la de mora sobre el mismo importe.

En los casos en que habiéndose pactado operaciones de crédito a ser canceladas en cuotas, se reciban pagos a cuenta dentro del plazo convenido y estos sean admitidos por el acreedor, los pagos serán descontados del total de la cuota correspondiente a efectos de calcular intereses solamente sobre los saldos impagos.

CAPITULO II - Operaciones con tarjetas de crédito

Artículo 6º.- (Devengamiento de intereses en tarjetas de crédito).- En la utilización de tarjetas de crédito, las compras de bienes y servicios realizadas entre dos fechas consecutivas de cierre del estado de cuenta, no devengarán intereses entre la fecha de compra o de imputación de gastos en cuenta y la del primer vencimiento del estado de cuenta posterior a la misma, cuando el tarjetahabiente optara por cancelar el total del saldo del estado de cuenta en la fecha de vencimiento. En este caso se entenderá que se ha usado la tarjeta como tarjeta de compra.

Artículo 7º.- (Pagos parciales).- Cuando en la fecha de vencimiento el tarjetahabiente optara por realizar un pago parcial del saldo del último estado de cuenta, en cuyo caso se entenderá que se ha usado la tarjeta como tarjeta de crédito, ese pago se aplicará en primer lugar a la cancelación del saldo impago correspondiente a estados de cuenta anteriores si lo hubiere y en segundo lugar al pago de las compras realizadas en el período correspondiente al último estado de cuenta. En este último caso, el pago se aplicará a las compras más antiguas.

Artículo 8º.- (Saldos impagos).- El nuevo saldo impago resultante podrá tener dos componentes. Un primer componente A, si lo hubiere, correspondiente a deudas generadas en períodos de estados de cuenta anteriores al último y un segundo componente B correspondiente a la parte impaga de las compras del último estado de cuenta.

Para el cálculo de los intereses que se devenguen hasta el siguiente vencimiento del estado de cuenta se procederá de la siguiente forma: el primer componente A, definido anteriormente, devengará intereses desde la anterior fecha de vencimiento hasta la nueva fecha de vencimiento, o hasta que haga efectivo el pago; el segundo componente B devengará intereses, sobre la parte impaga de las compras del último estado de cuenta según lo establecido en el inciso anterior, desde la fecha de cada compra o desde una fecha promedio ponderada de las mismas hasta la fecha de vencimiento del siguiente estado de cuenta o hasta que haga efectivo el pago.

En la eventualidad de que el tarjetahabiente pagara el total del saldo adeudado dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la fecha de vencimiento, a los efectos del devengamiento de intereses se considerará como si hubiera realizado el pago en la fecha de vencimiento. No obstante, podrá exigirse la multa prevista en el artículo 19 de esta Ley.

Artículo 9º.- (Retiros de efectivo).- Los retiros de efectivo realizados con la tarjeta de crédito devengarán intereses desde la fecha de extracción.

CAPITULO III - Intereses usurarios

Artículo 10.- (Existencia de intereses usurarios).- Para determinar la existencia de intereses usurarios en las operaciones de crédito se calculará la tasa de interés implícita (en términos financieros, tasa interna de retorno) que surge de igualar el valor actualizado de los desembolsos del crédito, con el valor actualizado del flujo de pagos de capital, intereses, compensaciones, comisiones, gastos, seguros u otros cargos por cualquier concepto, incluidas las cláusulas penales; aplicándose en lo pertinente lo dispuesto en el Capítulo IV (exclusiones) de la presente ley. El cálculo de la tasa de interés implícita se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Anexo Metodológico que integra esta ley.

Para determinar la existencia de intereses usurarios en las operaciones de crédito originadas en la venta de bienes y servicios no financieros realizadas por el propio proveedor se calculará la tasa de interés implícita que surge de igualar el valor del precio de lista del bien o servicio en cuestión al momento de la transacción, con el valor actual del flujo de pagos, intereses, compensaciones, comisiones, gastos, seguros u otros cargos por cualquier concepto, incluidas las cláusulas penales; aplicándose en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 15.

El Poder Ejecutivo por razones fundadas y previo informe favorable del Banco Central del Uruguay, podrá modificar dicho anexo dando cuenta a la Asamblea General.

Artículo 11.- (Topes máximos de interés).- En las operaciones de crédito en las que el capital efectivamente prestado o, en su caso, el valor nominal del documento descontado, sin incluir intereses o cargos, fuera inferior al equivalente a 2:000.000 U.I. (dos millones de unidades indexadas) se considerará que existen intereses usurarios cuando la tasa implícita superare en un porcentaje mayor al 60% (sesenta por ciento) las tasas medias de interés publicadas por el Banco Central del Uruguay, correspondientes al trimestre móvil anterior a la fecha de constituir la obligación. En caso de configurarse mora, se considerará que existen intereses usurarios cuando la tasa implícita superare las referidas tasas medias en un porcentaje mayor al 80% (ochenta por ciento).

En las operaciones de crédito en las que el capital efectivamente prestado o, en su caso, el valor nominal del documento descontado, sin incluir intereses o cargos, fuera mayor o igual al equivalente a 2:000.000 U.I. (dos millones de unidades indexadas) se considerará que existen intereses usurarios cuando dicha tasa implícita superare en un porcentaje mayor al 60% (sesenta por ciento) las tasas medias de interés publicadas por el Banco Central del Uruguay, correspondientes al trimestre móvil anterior a la fecha de constituir la obligación. En caso de configurarse mora, se considerará que existen intereses usurarios cuando la tasa implícita superare las referidas tasas medias en un porcentaje mayor al 120% (ciento veinte por ciento).

Para determinar el rango en el que se encuentran las sumas que hubieran sido pactadas, a los efectos del cálculo de los límites que se establecen en los dos incisos anteriores, las sumas en moneda extranjera se arbitrarán a dólares estadounidenses, convirtiéndose a moneda nacional a la cotización interbancaria (fondo tipo comprador), y aplicándose el valor de la unidad indexada vigente al momento de convenir la obligación.

Artículo 12.- (Determinación de las tasas medias de interés).- A efectos de determinar las tasas medias de interés a que refiere el artículo 11 de la presente ley para su publicación, el Banco Central del Uruguay considerará las operaciones de créditos concedidos a residentes del sector privado no financiero informadas por las instituciones de intermediación financiera que operan en el mercado local. A estos efectos excluirá aquellas operaciones de crédito que entienda que, por sus características, distorsionan la realidad del mercado.

El Banco Central del Uruguay publicará las tasas medias de interés diferenciando por plazo, moneda y destino del crédito. En relación con el destino del crédito, deberán informarse las tasas medias de interés, para, al menos, tres grupos de prestatarios: familias, micro y pequeñas empresas y restantes empresas.

Cuando no se contare con suficiente información para la determinación de las tasas medias para algún plazo, moneda o destino del crédito, el Banco Central del Uruguay podrá determinar la tasa de interés que considere más representativa. Asimismo, el Banco Central podrá publicar tasas medias de interés según modalidad y monto del crédito.

Artículo 13.- (Publicidad comparada de los créditos).- El Banco Central del Uruguay publicará periódicamente comparativos de las tasas de interés implícitas y otros aspectos relevantes en los créditos efectivamente otorgados por instituciones financieras representativas a los efectos de informar a los consumidores y promover la transparencia del mercado.

Las publicaciones que se detallan en este artículo y en el anterior se realizarán en el Diario Oficial, en al menos dos diarios de circulación nacional y el sitio Web del Banco Central del Uruguay.

CAPITULO IV - Exclusiones a los efectos del cálculo de la tasa de interés

Artículo 14.- (Operaciones de crédito realizadas por instituciones financieras). Para la determinación de la tasa de interés implícita en las operaciones de crédito realizadas por instituciones financieras se excluirán los siguientes conceptos:

a) el Impuesto al Valor Agregado sobre los intereses y otros impuestos que legalmente sean de cargo del cliente;

b) los gastos fijos en los que incurra para la concesión y administración del crédito por hasta un monto máximo por cliente equivalente a 30 U.I. (treinta unidades indexadas) cuando se trate de operaciones realizadas con instituciones financieras legalmente autorizadas a realizar retenciones sobre el sueldo del deudor o mediante el débito automático en una cuenta bancaria del deudor. No podrán excluirse los gastos fijos de un nuevo crédito hasta transcurridos sesenta días de la concesión del crédito anterior. El importe a descontar se distribuirá de la siguiente forma:

hasta 10 U.I. (diez unidades reajustables) por la concesión del crédito y hasta 2 U.I. (dos unidades indexadas) por cuota con un máximo de 10 cuotas;

c) los gastos fijos en los que se incurra para la concesión y administración del crédito por hasta un monto máximo por cliente equivalente a 120 U.I. (ciento veinte unidades indexadas) para los créditos concebidos con otras modalidades de pago. No podrán excluirse los gastos fijos de un nuevo crédito hasta transcurridos sesenta días de la concesión del crédito anterior. El importe a descontar se distribuirá de la siguiente forma:

hasta 40 U.I. (cuarenta unidades indexadas) por la concesión del crédito y hasta 8 U.I. (ocho unidades indexadas) por cuota con un máximo de 10 cuotas;

d) El cargo anual y los recargos por compras en el exterior en el caso de las tarjetas de crédito, en cuyo caso no será de aplicación lo dispuesto en los literales b y c. También quedará excluido el costo del envío del estado de cuenta cuando fuera optativo para el tarjetahabiente, hasta un monto máximo que podrá fijar el Banco Central del Uruguay;

e) Las primas de los contratos de seguros, provistos por empresas aseguradoras registradas en el Banco Central del Uruguay, quien determinará un tope para las mismas.

Artículo 15.- (Operaciones de crédito realizadas por el propio proveedor).

Para la determinación de la tasa de interés implícita en las operaciones de crédito originadas en la venta de bienes y servicios no financieros realizadas por el propio proveedor se excluirán los siguientes conceptos:

a) el Impuesto al Valor Agregado sobre los intereses;

b) los gastos fijos en los que se incurra para la concesión y administración del crédito hasta un monto máximo de 60 U.I. (sesenta unidades indexadas). El monto a descontar se distribuirá de la siguiente forma: hasta 20 U.I. (veinte unidades indexadas) por la concesión del crédito y hasta 4 U.I. (cuatro unidades indexadas) por cuota con un máximo de diez cuotas. No podrán excluirse los gastos fijos de un nuevo crédito hasta transcurridos sesenta días de la concesión del crédito anterior;

c) Las primas de los contratos de seguros, provistos por empresas aseguradoras registradas en el Banco Central del Uruguay, quien determinará un tope para las mismas.

Artículo 16.- (Operaciones de crédito realizadas por cooperativas y asociaciones civiles).- A los efectos del cómputo de la tasa de interés implícita además de las exclusiones previstas en el artículo 15, las cooperativas y las asociaciones civiles autorizadas a realizar operaciones de crédito podrán excluir el importe de la cuota social hasta un monto máximo equivalente al 10% del tope fijado para la usura en el artículo 12. Este tope sólo podrá ser superado cuando la asociación civil o la cooperativa acredite ante la Auditoría Interna de la Nación que las prestaciones a las que se accede mediante el pago de la cuota mantiene una razonable equivalencia con el monto de la misma.

Asimismo podrán excluir los aportes de capital debidamente documentados y de los que surja que se trata de sumas reintegrables al cooperativista en caso de desvinculación voluntaria, reajustadas de conformidad con el Decreto-Ley Nº 14.500, más sus intereses legales. De dicha documentación deberá entregarse copia en oportunidad de cada integración, debiendo conservar la cooperativa constancia de su entrega.

Artículo 17.- (Obligaciones de las cooperativas).- Las disposiciones establecidas en el artículo anterior se aplicarán a las operaciones de crédito realizadas por las cooperativas que cumplan simultáneamente con los siguientes requisitos:

a) que ningún socio, a título individual o conjuntamente con su grupo familiar (considerándose como tal hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad), fuere titular del más del 10% de sus partes sociales. En el caso de socios que constituyan personas jurídicas sin fines de lucro, este porcentaje podrá alcanzar un máximo del 15% salvo que se tratare de otra institución cooperativa;

b) que sus pasivos financieros estén contraídos con instituciones supervisadas por el Banco Central del Uruguay, con instituciones pertenecientes al movimiento cooperativo nacional o internacional, con el Estado o con organismos financieros multilaterales o bilaterales;

c) que celebren regularmente sus asambleas ordinarias, para cuya validez y funcionamiento será siempre necesaria la presencia personal de un porcentaje mínimo de socios que establezca la Auditoría Interna de la Nación.

Artículo 18.- (Acreditación ante la Auditoría Interna de la Nación).- A los efectos de la verificación del cumplimiento de estas condiciones, las cooperativas deberán acreditar ante la Auditoría Interna de la Nación el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, a cuyo efecto se fiscalizarán los siguientes aspectos:

i. Regularidad de los estados contables

ii. Proyecto de distribución de utilidades

La Auditoría Interna de la Nación comunicará periódicamente al Instituto Técnico Forense, al Area de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Central del Uruguay la nómina de cooperativas que cumplan con las condiciones exigidas.

CAPITULO V - Intereses de mora0

Artículo 19.- (Multa por mora).- Cuando se configurare mora, los montos que se cobraren por concepto de multa se computarán para el cálculo de la tasa de interés implícita definida en el artículo 10 de la presente ley. No obstante, en los siguientes casos, en lugar de los intereses moratorios se podrán admitir penas por incumplimiento superiores a las que surgen de la aplicación de la tasa de interés implícita:

a) cuando el monto máximo por concepto de mora al que habilite el artículo 11 de la presente ley resulte inferior a 50 U.I. (cincuenta unidades indexadas) podrá estipularse, en lugar de los intereses de mora, las siguientes multas según corresponda:

i) una multa de hasta 50 U.I. (cincuenta unidades indexadas), a aplicarse por atrasos en el cumplimiento de obligaciones con proveedores de bienes y servicios no financieros que se originen en relaciones de consumo de acuerdo a lo definido en la Ley Nº 17.250, de 11 de agosto de 2000;

ii) una multa de hasta el importe que resultare menor entre el cincuenta por ciento del valor del monto impago y hasta 50 U.I.(cincuenta unidades indexadas), a aplicarse por atrasos en el cumplimiento de obligaciones contraídas con proveedores de servicios financieros.

b) cuando se tratare de atrasos en el cumplimiento de obligaciones con proveedores de bienes y servicios no financieros que no se originen en relaciones de consumo de acuerdo con lo definido en la referida Ley Nº 17.250, caso en el que podrá aplicarse la multa estipulada en el contrato.

Artículo 20.- (Devengamiento de intereses moratorios en pequeños créditos).- La generación de intereses moratorios, pactados en deudas originadas en negocios jurídicos de préstamos en efectivo y de financiamiento de bienes y servicios, otorgados a personas físicas o jurídicas cuyo capital inicial sea inferior al equivalente de U.I. 20.000 (veinte mil unidades indexadas) sea cual fuere la moneda pactada, caducarán de pleno derecho, sin necesidad de acción alguna a cargo del deudor, a los veinticuatro meses contados a partir de la fecha en que cada obligación devenga exigible. A partir de la caducidad referida, se aplicarán sobre la totalidad de las sumas adeudadas, cualquiera sea su naturaleza, únicamente los ajustes e intereses a que refieren los artículos 1º, 2º y 4º del Decreto-Ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976, salvo en el caos de que la tasa de interés pactada fuera inferior a la resultante de la aplicación de lo dispuesto en este artículo.

Esta disposición se aplicará a las obligaciones aún no extinguidas a la fecha de vigencia de la presente ley.

Para determinar si el crédito en cuestión está dentro del límite establecido, las sumas que hubieran sido pactadas en moneda extranjera se arbitrarán a dólares estadounidenses, convirtiéndose a moneda nacional a la cotización interbancaria (fondo tipo comprador) y aplicándose el valor de la unidad indexada vigente al momento de convenir la obligación.

CAPITULO VI - Usura civil y penal

Artículo 21.- (Usura civil).- Configurada la usura conforme a lo dispuesto en la presente ley, caducará el derecho a exigir el cobro de intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos de cualquier naturaleza, salvo las costas y costos por el crédito subsistente.

El cobro de las costas y costos no será preceptivo cuando el deudor o su fiador hubieran consignado lo que estimaban adeudar y el magistrado lo considere razonable al resolver la excepción de usura.

Asimismo, deberán descontarse del crédito subsistente a ejecutar, los intereses, compensaciones, comisiones, gastos, u otros cargos de cualquier naturaleza ya cobrados. Los jueces deberán comunicar a la autoridad administrativa competente la identidad del infractor.

Artículo 22.- (Usura penal).- El que en una operación de crédito, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, le hiciere dar o prometer, para sí o para otros, intereses usurarios, tal como se definen en el artículo 11 de la presente ley, será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. La misma pena se aplicará:

a) al que procurare, adquiriere, transfiriere o consiguiere para otro un crédito, cobrando o haciéndose prometer para sí o para otro, una comisión usuraria por su mediación;

b) al que adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario.

Serán circunstancias agravantes de los delitos señalados precedentemente:

a) la actividad profesional o habitual como oferente de crédito, prestamista o comisionista;

b) la aceptación o exigencia de recaudos o garantías de carácter extorsivo;

c) la intención de obtener un provecho económico excesivo para sí o para otros;

d) la inclusión como capital de lo que corresponda a intereses u otros cargos;

e) la simulación del préstamo o de las cantidades documentada bajo una forma jurídica diversa.

Artículo 23.- (Ambito judicial).- Una vez trabado el embargo y decretada la citación de excepciones de deudores por incumplimiento de obligaciones documentadas en los títulos individualizados en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 353 y en los numerales 2 y 3 del artículo 377 del Código General del Proceso, los jueces deberán disponer la remisión de los antecedentes al Instituto Técnico Forense o al órgano que el Poder Judicial determine a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, verifique si se persigue el cobro de intereses usurarios, tal como se definen en el artículo 11.

No será preceptiva la remisión de los antecedentes al Instituto Técnico Forense en los siguientes casos:

a) todos los títulos cuyo monto nominal original pactado supere el equivalente a 50.000 U.I. (cincuenta mil unidades indexadas);

b) los cheques bancarios y letras de cambio,

c) los vales, pagarés y conformes cuyo acreedor sea una institución de intermediación financiera.

En los casos en que exista usura, ésta será relevada de oficio aplicándose la sanción dispuesta en el artículo 20 de la presente ley.

CAPITULO VII - Control y sanciones

Artículo 24.- (Autoridad de aplicación).- El control del cumplimiento de las disposiciones de esta ley estará a cargo del Banco Central del Uruguay en lo que respecta a las empresas de intermediación financiera (artículos 1º y 2º del Decreto-Ley Nº 15.322) y a las demás personas físicas y jurídicas que realicen regularmente operaciones crediticias; el Area de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas tendrá competencia en lo que respecta al crédito comercial otorgado por proveedores de bienes y servicios no financieros en el marco de relaciones de consumo y en el resto de los casos en general.

Artículo 25.- (Sanciones).- Cuando las actuaciones administrativas del Banco Central del Uruguay o del Area de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas, según corresponda de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de esta ley, concluyeran que existieron intereses usurarios, el órgano de aplicación deberá intimar administrativamente la devolución inmediata a los deudores de la porción pagada que excediera a los montos máximos que surjan de lo establecido en la presente ley. Vencido el plazo de la intimación, previa vista, el órgano de aplicación deberá sancionar a los autores y responsables. Las sanciones consistirán en:

a) apercibimiento;

b) apercibimiento dando a publicidad la resolución en el sitio web del órgano de aplicación, con su publicación a costa del infractor en dos diarios de circulación nacional;

c) multa que se determinará entre una cantidad mínima de 100.000 U.I. (cien mil unidades indexadas) y una cantidad máxima por el monto que fuere superior de los siguientes valores:

i) 20:000.000 U.I. (veinte millones de unidades indexadas);

ii) el equivalente a tres veces el monto correspondiente a la porción pagada en exceso a los montos máximos que surjan de lo establecido en la presente ley.

Las sanciones podrán aplicarse independiente o conjuntamente según resulte de las circunstancias del caso. A efectos de su determinación, se tomarán en cuenta: la entidad de la infracción; el grado de participación de los responsables; la intencionalidad; la condición de reincidente; y la actitud asumida durante el desarrollo de las actuaciones administrativas. Todo ello sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondieran.

El acto administrativo firme que determina la sanción aplicable, constituirá, en su caso, título ejecutivo.

CAPITULO VIII - Disposiciones generales

Artículo 26.- (Información al fiador).- En las operaciones de crédito por montos de hasta 2:000.000 U.I. (dos millones de unidades indexadas) cualquier incumplimiento del deudor deberá ser comunicado de forma fehaciente al fiador, si lo hubiese, dentro del plazo de 60 días de verificado el mismo. El incumplimiento de esta obligación impedirá toda acción contra el fiador hasta que se acredite haber cumplido con la misma. Si la comunicación se realiza después de transcurridos 30 días del plazo establecido no podrá reclamarse al fiador el pago de intereses de mora.

Artículo 27.- (Constancias en el documento de adeudo).- En todo documento de adeudo representativo de operaciones de crédito pactadas a tasas de interés fijas, deberá distinguirse, con precisión, la suma que corresponde al capital prestado o financiado de la que corresponde a intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos pactados por cualquier concepto.

En todo documento de adeudo representativo de operaciones de crédito pactadas a tasas de interés variables o tasas de interés fijas revisables periódicamente se cumplirá con lo dispuesto en el inciso anterior sobre la base de las tasas de interés vigentes al momento de realizarse la operación. La falta de cumplimiento de estas obligaciones hará presumir la existencia de intereses usurarios.

El acreedor deberá entregar copia al deudor de todos los documentos suscritos.

Artículo 28.- (Carácter).- La presente ley es de orden público.

Artículo 29.- (Vigencia).- Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a las obligaciones contraídas con posterioridad a su entrada en vigencia, salvo lo previsto en el artículo 20.

Artículo 30.- (Derogaciones).- Deróganse los artículos 7º, 8º, 11 y 14 de la Ley Nº 14.095 de 17 de noviembre de 1972, con sus modificaciones, el Decreto-Ley Nº 14.887, de 27 de abril de 1979, la Ley Nº 17.471, de 29 de abril de 2002 y la Ley Nº 17.569, de 22 de octubre de 2002.

 

TASAS DE INTERES Y USURA

ANEXO METODOLOGICO

DETERMINACION DE LA TASA IMPLICITA DEFINIDA EN EL ARTICULO 10

Para la determinación de la tasa implícita a la que hace referencia el artículo 10 en términos financieros TIR o tasa interna de retorno, se define la siguiente fórmula:

 

 

 

Donde:

- D representa los desembolsos del préstamo que recibe el deudor en cada momento del tiempo;

- G representa los gastos fijos de concesión y administración del crédito que el acreedor puede descontar del cómputo de la tasa de acuerdo al literal b) del artículo 14;

- P representa todos los pagos que realiza el deudor en cada momento del tiempo;

- Los subíndices 0, 1, 2 ...n representan los diferentes momentos del tiempo, de formal tal que Do es el desembolso inicial que recibe el deudor Go es la suma de hasta 10 U.I.de gastos fijos de concesión y administración del crédito que el acreedor puede excluir del cómputo de la tasa de interés implícita al momento inicial de conceder el préstamo y Po es el pago que el deudor hace, si lo hubiere, en el momento de recibir el monto inicial.

- D1, D2..., Dn son los sucesivos desembolsos que recibe el deudor si los hubiere, y P1, P2..., Pa son los sucesivos pagos que realiza el deudor G1, G2..., Ga son los sucesivos gastos fijos de concesión y administración del crédito que el acreedor puede excluir del cómputo de la tasa de interés implícita por hasta 2 U.I. en cada una de las primeras diez cuotas.

La tasa implícita o TIR se calcula sobre la base de i tal que ambos lados de la ecuación (#1) son iguales, de forma que la siguiente resta es igual a cero:

 

 

El valor de i no puede ser despejado directamente de la ecuación (#2), sino que se debe proceder en forma iterativa sobre la base de un valor inicial. Sin embargo, los software de planillas electrónicas más difundidos (Excel, Lotus, Qpro, etc.) incluyen funciones para el cálculo automático de la TIR.

Para expresar la tasa hallada en términos de tasa efectiva anual (TEA) debe realizarse la siguiente transformación al valor de i que surge de la ecuación (#2):

 

 

donde:

T=1 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son años;

T=2 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son semestres;

T=3 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son cuatrimestrales;

T=4 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son trimestres;

T=6 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son bimestres;

T=12 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son meses;

T=365 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son días;

En los casos en que de acuerdo a la legislación vigente los intereses de la operción financiera estuvieran gravados por el Impuesto al Valor Agregado, u otros impuestos legalmente a cargo del deudor, deberá excluirse el componente de impuestos a los intereses y calcular la TIR correspondiente al flujo de fondos resultante.

Ejemplo:

Préstamo a una familia en moneda nacional de $ 3.000 pagadero en once cuotas mensuales y consecutivas de $ 340. Al momento de recibir el crédito el deudor abona $ 100 por gastos. Se trata de un préstamo donde los intereses no están alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado y en el que, a los efectos del cobro del servicio de la deuda, la institución financiera acreedora se beneficia de la retención judicial sobre el sueldo del deudor o del débito automático de las cuotas en una cuenta bancaria del deudor.

Valor de la U.I. el día de la concesión del crédito (8 de setiembre de 2006): 1.5792 pesos (valor que cambia en forma diaria). En este ejemplo, se le otorgó a la U.I. un valor constante en el tiempo, lo que presupone una tasa de inflación cero para el período.

De acuerdo a las definiciones de la fórmula (#1):

Do= $ 3000

Go= $ 15,79 (equivalente a 10 U.I. por 1,5792

Po= $ 100

D1=D2=D3= D4=D5=D6= D7=D8=D9=D10=D11=0 ya que no pactaron desembolsos adicionales al inicial recibido en el momento 0.

G1=G2=G3= G4=G5=G6= G7=G8=G9=G10= $ 3,16 (equivalente a 2 U.I. x -1.5792)

G11 es igual a 0 (a partir de la cuota onceava en adelante el acreedor no puede excluir gastos fijos del cómputo de la tasa de interés implícita).

P1=P2=P3= P4=P5=P6= P7=P8=P9= P10=P11= $ 330 (valor de la cuota mensual pactada, no existiendo pagos por otros conceptos).

El valor de i que cumple con la ecuación (#2) es i = 0,0319

Para expresar el valor de i en términos de tasa efectiva anual, se usa la fórmula (#3), con T=12 por tratarse de pagos mensuales:

 

 

Resultado: la tasa de interés implícita pactada es 45,76% efectiva anual.

Para determinar la existencia de intereses usuarios la tasa de 45,76% debe ser comparada con la que publique el Banco Central del Uruguay correspondiente a moneda nacional, al plazo menor de un año para familias vigente al momento de haberse otorgado el crédito.

Por tratarse de un capital prestado menor a 1:500.000 U.I. la tasa hallada de 45,76% no podrá superar en más de 60% (1,6 veces) la tasa de referencia publicada por el Banco Central del Uruguay. De modo tal que si el crédito hubiera sido concedido en setiembre de 2006, cuando la tasa media de interés informada por el Banco Central para operaciones de crédito en moneda nacional a las familias a plazo menor de un año era 33.14%, la tasa máxima admitida hubiera sido 33,14% x 1,6 = 53,02% por lo cual en este ejemplo no se hubiera configurado una violación de la ley de usura.

4º) Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se crea el Registro Unico de Créditos Financieros. (Carpeta Nº 280/2005. Distribuido Nº 345/2005. El señor Senador Nicolini, hace un informe relativo a este proyecto de ley. Se posterga su consideración y se crea un grupo de trabajo integrado por los señores Senadores Abreu, Alfie, Michelini y Nicolini. Se incluirá en el Orden del Día de la próxima sesión.

5º) Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se dictan normas referidas a la promoción y defensa de la competencia. (Carpeta Nº 493/2006. Distribuido Nº 830/2006). Se considera necesario recabar opiniones de distintos grupos sobre este proyecto, por lo cual se posterga su consideración y se mantiene en el Orden del Día.

RESOLUCIONES:

Se resuelve incluir como último punto del Orden del Día de la próxima sesión el Proyecto de Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (Carpeta Nº 443/2006).

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en los Distribuidos Nos. 1186 y 1187/2006 que forman parte integrante de la presente Acta.

Siendo la hora diez y cincuenta y cinco minutos se levanta la sesión, para constancia se labra la presente, que una vez aprobada, firman el señor Presidente ad hoc y el señor Secretario de la Comisión.

Enrique Rubio Presidente ad hoc

Rodolfo Caimi Secretario.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

ACTA Nº 46

En Montevideo, el cinco de octubre de dos mil seis, a la hora diez y veinticinco minutos, se reúne la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

Preside el señor Senador Carlos Baráibar, Presidente de la Comisión y asisten los señores Senadores Isaac Alfie, Carlos Daniel Camy, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini y Enrique Rubio.

Actúa en Secretaría, el Secretario de la Comisión señor Rodolfo Caimi con la colaboración de la señora Verónica Cantero.

ORDEN DEL DIA.

1º) Asuntos Entrados.

Nota de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, referida al Proyecto de Ley sobre USURA.

2º) Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el que se sustituye el literal D) del artículo 22 de la Ley

Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002. (Carpeta Nº 425/2005. Distribuido Nº 677/2005).

Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante verbal, al señor Senador Carlos Baráibar.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO.

ARTICULO UNICO.- Sustitúyese el literal d) del artículo 22 de la Ley Nº 17.453, de fecha 28 de febrero de 2002, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"d) los vehículos del Ministerio del Interior y de la Armada Nacional (Prefectura Nacional Naval) y de la Fuerza Aérea Uruguaya (Policía Aérea Nacional) afectados directamente a la seguridad pública, en los términos que establecerá la Reglamentación."

Proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se crea el Registro Unico de Créditos Financieros. (Carpeta Nº 280/2005. Distribuido Nº 345/2005). De acuerdo a lo dispuesto en la sesión anterior de la Comisión, en la cual se crea un grupo de trabajo para el estudio de dicho proyecto, el Senador Nicolini, integrante del grupo, solicita ser sustituido en el mismo, por el Senador Baráibar, quien acepta la solicitud.

Se resuelve invitar al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Central para analizar este tema en la próxima sesión del jueves doce de los corrientes.

4º) Proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se dictan normas referidas a la promoción y defensa de la competencia. (Carpeta Nº 493/2006. Distribuido Nº 830/2006). Se posterga y se mantiene en el Orden del Día para su consideración, en la sesión siguiente a la que se trate el Proyecto de Registro Unico de Creditos Financieros.

5º) Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el que se modifica la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay y se crea la protección ahorro bancario (COPAB). (Carpeta Nº 443/2006. Distribuido Nº 692/2006).

Se aplaza su tratamiento.

RESOLUCIONES:

Se resuelve elevar el Proyecto de Ley de USURA. (Carpeta Nº 344/2005) al Senado, solicitando que sea incluido en el Orden del Día de la sesión del dieciocho de octubre.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1228/2006 que forman parte integrante de la presente Acta.

Siendo la hora once y diez minutos se levanta la sesión, para constancia se labra la presente, que una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Carlos Baráibar Presidente

Rodolfo Caimi Secretario.

Carp. Nº 344/05

Rep. Nº 335/06

Anexo I

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

TASAS DE INTERES Y USURA

Capítulo I - Operaciones comprendidas y tasas de interés

Artículo 1º.- (Operaciones comprendidas).- Quedarán sujetas a las disposiciones de la presente ley las operaciones de crédito o asimiladas realizadas por personas físicas o jurídicas. Se entiende por operaciones de crédito aquéllas por las cuales una de las partes entrega una cantidad de dinero, o se obliga a entregar bienes o servicios y la otra a pagarla en un momento diferente de aquél en el que se celebra la operación.

A los efectos de la presente ley se asimilan a operaciones de crédito, a modo de ejemplo, las siguientes:

a) el descuento de documentos representativos de dinero;

b) las operaciones con letras de cambio y con documentos representativos de obligaciones de crédito pagaderos a la vista, a cierto plazo desde la vista, a cierto plazo desde su fecha o a fecha fija;

c) el financiamiento de la venta de bienes y servicios otorgando crédito mediante el uso de tarjetas, órdenes de compra u otras modalidades.

Artículo 2º.- (Operaciones no comprendidas).- Se consideran operaciones no comprendidas en las disposiciones de la presente ley:

a) las operaciones entre instituciones de intermediación financiera;

b) las operaciones que el Banco Central del Uruguay concerte con las instituciones de intermediación financiera y demás entidades sujetas a su supervisión;

c) las emisiones de títulos de deuda realizadas por la Tesorería General de la Nación y el Banco Central del Uruguay;

d) las emisiones de valores de oferta pública comecializados conforme a lo previsto en la Ley Nº 16.749;

e) las operaciones de crédito realizadas entre empresas no financieras que no se originen en relaciones de consumo de acuerdo a lo definido a la Ley Nº 17.250, de 11 de agosto de 2000 cuando el crédito fuera inferior al equivalente a 2.000.000 U.I. (dos millones de unidades indexadas).

Artículo 3º.- (Tipos de interés).- Sólo se podrán aplicar intereses compensatorios o de mora, los cuales deberán ser pactados en términos claros y precisos en los correspondientes documentos de adeudo.

El interés de mora sólo se aplicará a las operaciones de crédito vencidas e impagas, durante el período en que se haya producido los atrasos, toda vez que el deudor haya incurrido en mora, de acuerdo con los términos y condiciones pactadas.

En las operaciones de crédito pagaderas en cuotas, los intereses de mora sólo podrán aplicarse sobre el monto de las cuotas vencidas e impagas y no sobre el saldo de deuda total, aun cuando éste fuera exigible.

Artículo 4º.- (Expresión y aplicación de las tasas de interés).- Las tasas de interés fijas deberán expresarse en términos efectivos anuales, en porcentaje y con al menos dos decimales. Para su aplicación se utilizará la tasa efectiva equivalente al período de financiación que corresponda. Cuando el pago de las operaciones asimiladas se realice periódicamente, la tasa efectiva anual se calculará analizando las tasas establecidas para el período de referencia de acuerdo a lo determinado en el Anexo Metodológico que integra esta ley.

En el caso de que se acordaran tasas de interés variables se establecerá una tasa de referencia anual, la que podrá ser una tasa nominal o efectiva, y, si correspondiera, el margen pactado sobre la tasa de referencia. Este último se expresará en porcentajes con al menos dos decimales.

A los efectos del cálculo de la tasa efectiva anual y de las tasas de interés de mora, los años se considerarán de 365 (trescientos sesenta y cinco) días.

Artículo 5º.- (Base de cálculo).- Los intereses sólo se liquidarán sobre los saldos de los capitales efectivamente prestados o de los saldos financiados. No podrán aplicarse simultáneamente la tasa de interés compensatorio y la de mora sobre el mismo importe.

En los casos en que habiéndose pactado operaciones de crédito a ser canceladas en cuotas, se reciban pagos a cuenta dentro del plazo convenido y estos sean admitidos por el acreedor, los pagos serán descontados del total de la cuota correspondiente a efectos de calcular intereses solamente sobre los saldos impagos.

CAPITULO II - Operaciones con tarjetas de crédito

Artículo 6º.- (Devengamiento de intereses en tarjetas de crédito).- En la utilización de tarjetas de crédito, las compras de bienes y servicios realizadas entre dos fechas consecutivas de cierre del estado de cuenta, no devengarán intereses entre la fecha de compra o de imputación de gastos en cuenta y la del primer vencimiento del estado de cuenta posterior a la misma, cuando el tarjetahabiente optara por cancelar el total del saldo del estado de cuenta en la fecha de vencimiento. En este caso se entenderá que se ha usado la tarjeta como tarjeta de compra.

Artículo 7º.- (Pagos parciales).- Cuando en la fecha de vencimiento el tarjetahabiente optara por realizar un pago parcial del saldo del último estado de cuenta, en cuyo caso se entenderá que se ha usado la tarjeta como tarjeta de crédito, ese pago se aplicará en primer lugar a la cancelación del saldo impago correspondiente a estados de cuentas anteriores si lo hubiere y en segundo lugar al pago de las compras realizadas en el período correspondiente al último estado de cuenta. En este último caso, el pago se aplicará a las compras más antiguas.

Artículo 8º.- (Saldos impagos).- El nuevo saldo impago resultante podrá tener dos componentes. Un primer componente A, si lo hubiere, correspondiente a deudas generadas en períodos de estados de cuenta anteriores al último y un segundo componente B, correspondiente a la parte impaga de las compras del último estado de cuenta.

Para el cálculo de los intereses que se devenguen hasta el siguiente vencimiento del estado de cuenta se procederá de la siguiente forma: el primer componente A, definido anteriormente, devengará intereses desde la anterior fecha de vencimiento hasta la nueva fecha de vencimiento, o hasta que haga efectivo el pago; el segundo componente B, devengará intereses, sobre la parte impaga de las compras del último estado de cuenta según lo establecido en el inciso anterior, desde la fecha de cada compra o desde una fecha promedio ponderada de las mismas hasta la fecha de vencimiento del siguiente estado de cuenta o hasta que haga efectivo el pago.

En la eventualidad de que el tarjetahabiente pagara el total del saldo adeudado dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la fecha de vencimiento, a los efectos del devengamiento de intereses se considerará como si hubiera realizado el pago en la fecha de vencimiento. No obstante, podrá exigirse la multa prevista en el artículo 19 de esta Ley.

Artículo 9º.- (Retiros de efectivo).- Los retiros de efectivo realizados con la tarjeta de crédito devengarán intereses desde la fecha de la extracción.

CAPITULO III - Intereses usurarios

Artículo 10.- (Existencia de intereses usurarios).- Para determinar la existencia de intereses usurarios en las operaciones de crédito se calculará la tasa de interés implícita (en términos financieros, tasa interna de retorno) que surge de igualara el valor actualizado de los desembolsos del crédito, con el valor actualizado del flujo de pagos de capital, intereses, compensaciones, comisiones, gastos, seguros u otros cargos por cualquier concepto, incluidas las cláusulas penales; aplicándose en lo pertinente lo dispuesto en el Capítulo IV (exclusiones) de la presente ley. El cálculo de la tasa de interés implícita se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Anexo Metodológico que integra esta ley.

Para determinar la existencia de intereses usurarios en las operaciones de crédito originadas en la venta de bienes y servicios no financieros realizadas por el propio proveedor se calculará la tasa de interés implícita que surge de igualar el valor del precio de lista del bien o servicio en cuestión al momento de la transacción, con el valor actual del flujo de pagos, intereses, compensaciones, comisiones, gastos, seguros u otros cargos por cualquier concepto, incluidas las cláusulas penales; aplicándose en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 15.

El Poder Ejecutivo por razones fundadas y previo informe favorable del Banco Central, podrá modificar dicho anexo dando cuenta a la Asamblea General.

Artículo 11.- (Topes máximos de interés).- En las operaciones de crédito en las que el capital efectivamente prestado o, en su caso, el valor nominal del documento descontado, sin incluir intereses o cargos, fuera inferior al equivalente a 2.000.000 U.I. (dos millones de unidades indexadas) se considerará que existen intereses usurarios cuando la tasa implícita superare en un porcentaje mayor al 60% (sesenta por ciento) las tasas medias de interés publicadas por el Banco Central del Uruguay, correspondientes al trimestre móvil anterior a la fecha de constituir la obligación. En caso de configurarse mora, se considerará que existen intereses usurarios cuando la tasa implícita superare las referidas tasas medias en un porcentaje mayor al 80% (ochenta por ciento).

En las operaciones de crédito en las que el capital efectivamente prestado o, en su caso, el valor nominal del documento descontado, sin incluir intereses o cargos, fuera mayor o igual al equivalente a 2.000.000 U.I. (dos millones de unidades indexadas) se considerará que existen intereses usurarios cuando dicha tasa implícita superare en un porcentaje mayor al 90% (noventa por ciento) las tasas medias de interés publicadas por el Banco Central del Uruguay, correspondientes al trimestre móvil anterior a la fecha de constituir la obligación. En caso de configurarse mora, se considerará que existen intereses usurarios cuando la tasa implícita superare las referidas tasas medias en un porcentaje mayor al 120% (ciento veinte por ciento).

Para determinar el rango en el que se encuentran las sumas que hubieran sido pactadas, a los efectos del cálculo de los límites que se establecen en los dos incisos anteriores, las sumas en moneda extranjera se arbitrarán a dólares estadounidenses, convirtiéndose a moneda nacional a la cotización interbancaria (fondo tipo comprador), y aplicándose el valor de la unidad indexada vigente al momento de convenir la obligación.

Artículo 12.- (Determinación de las tasas medias de interés).- A efectos de determinar las tasas de interés a que refiere el artículo 11 de la presente ley para su publicación, el Banco Central del Uruguay considerará las operaciones de créditos concedidos a residentes del sector privado no financiero informadas por las instituciones de intermediación financiera que operan en el mercado local. A estos efectos excluirá aquellas operaciones de crédito que entienda que, por sus características, distorsionan la realidad del mercado.

El Banco Central del Uruguay publicará las tasas medias de interés diferenciando por plazo, moneda y destino del crédito. En relación con el destino del crédito, deberán informarse las tasas medias de interés, para, al menos, tres grupos de prestatarios: familias, micro y pequeñas empresas y restantes empresas, pudiendo identificar diferentes subgrupos de acuerdo a la modalidad de crédito.

Cuando no se contare con suficiente información para la determinación de las tasas medias para algún plazo, moneda, destino o modalidad del crédito, el Banco Central del Uruguay podrá determinar la tasa de interés que considere más representativa. Asimismo, el Banco Central podrá publicar tasas medias de interés según modalidad y monto del crédito.

Artículo 13.- (Publicidad comparada de los créditos).- El Banco Central del Uruguay publicará periódicamente comparativos de las tasas de interés implícitas y otros aspectos relevantes en los créditos efectivamente otorgados por instituciones financieras representativas a los efectos de informar a los consumidores y promover la transparencia del mercado.

Las publicaciones que se detallan en este artículo y en el anterior se realizarán en el Diario Oficial, en al menos dos diarios de circulación nacional y en el sitio Web del Banco Central del Uruguay.

CAPITULO IV - Exclusiones a los efectos del cálculo de la tasa de interés

Artículo 14.- (Operaciones de crédito realizadas por instituciones financieras).- Para la determinación de la tasa de interés implícita en las operaciones de crédito realizadas por instituciones financieras controladas por el Banco Central del Uruguay o por la Auditoría Interna de la Nación se excluirán los siguientes conceptos:

a) el Impuesto al Valor Agregado sobre los intereses y otros impuestos que legalmente sean de cargo del cliente;

b) los gastos fijos en los que se incurra para la concesión y administración del crédito por hasta un monto máximo por cliente equivalente a 30 U.I. (treinta unidades indexadas) cuando se trate de operaciones realizadas con instituciones financieras legalmente autorizadas a realizar retenciones sobre el sueldo del deudor o mediante el débito automático en una cuenta bancaria del deudor. No podrán excluirse los gastos fijos de un nuevo crédito hasta transcurridos sesenta días de la concesión del crédito anterior. El importe a descontar se distribuirá de la siguiente forma:

hasta 10 U.I. (diez unidades indexadas) por la concesión del crédito y hasta 2 U.I. (dos unidades indexadas) por cuota;

c) los gastos fijos en los que se incurra para la concesión y administración del crédito por hasta un monto máximo por cliente equivalente a 120 U.I. (ciento veinte unidades indexadas) para los créditos concedidos con otras modalidades de pago. No podrán excluirse los gastos fijos de un nuevo crédito hasta transcurridos sesenta días de la concesión del crédito anterior. El importe a descontar se distribuirá de la siguiente forma:

hasta 40 U.I. (cuarenta unidades indexadas) por la concesión del crédito y hasta 8 U.I. (ocho unidades indexadas) por cuota;

d) El cargo anual y los recargos por compras en el exterior en el caso de las tarjetas de crédito, en cuyo caso no será de aplicación lo dispuesto en los literales b) y c). También quedará excluido el costo del envío del estado de cuenta cuando fuere optativo para el tarjetahabiente, hasta un monto máximo que podrá fijar el Banco Central;

e) Las primas de los contratos de seguros, provistos por empresas aseguradoras registradas en el Banco Central, quien determinará un tope para las mismas.

Artículo 15.- (Operaciones de crédito realizadas por el propio proveedor).- Para la determinación de la tasa de interés implícita en las operaciones de crédito originadas

en la venta de bienes y servicios no financieros realizadas por el propio proveedor se excluirán los siguientes conceptos:

a) el Impuesto al Valor Agregado sobre los intereses;

b) los gastos fijos en los que se incurra para la concesión y administración del crédito hasta un monto máximo de 60 U.I. (sesenta unidades indexadas). El monto a descontar se distribuirá de la siguiente forma: hasta 20 U.I. (veinte unidades indexadas) por la concesión del crédito y hasta 4 U.I. (cuatro unidades indexadas por cuota). No podrán excluirse los gastos fijos de un nuevo crédito hasta transcurridos sesenta días de la concesión del crédito anterior;

c) las primas de los contratos de seguros, provistos por empresas aseguradoras registradas en el Banco Central, quien determinará un tope para las mismas.

Artículo 16.- (Operaciones de crédito realizadas por cooperativas y asociaciones civiles).- A los efectos del cómputo de la tasa de interés implícita además de las exclusiones previstas en el artículo 14, las cooperativas y las asociaciones civiles autorizadas a realizar operaciones de crédito podrán excluir el importe de la cuota social hasta un monto máximo equivalente al 10% del tope fijado para la usura en el artículo 11. Este tope solo podrá ser superado cuando la asociación civil o la cooperativa acredite ante la Auditoría Interna de la Nación que las prestaciones a las que se accede mediante el pago de la cuota mantiene una razonable equivalencia con el monto de la misma.

Asimismo podrán excluir los aportes de capital debidamente documentados y de los que surja que se trata de sumas reintegrables al cooperativista en caso de desvinculación voluntaria, reajustadas de conformidad con el Decreto-Ley Nº 14.500, más sus intereses legales. De dicha documentación deberá entregarse copia en oportunidad de cada integración, debiendo conservar la cooperativa constancia de su entrega.

Artículo 17.- (Obligaciones de las cooperativas).- Las disposiciones establecidas en el artículo anterior se aplicarán a las operaciones de crédito realizadas por las cooperativas que cumplan simultáneamente con los siguientes requisitos:

a) que ningún socio, a título individual o conjuntamente con su grupo familiar (considerándose como tal hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad), fuere titular del más del 10% de sus partes sociales. En el caso de socios que constituyan personas jurídicas sin fines de lucro, este porcentaje podrá alcanzar un máximo del 15% salvo que se tratare de otra institución cooperativa;

b) que sus pasivos financieros estén contraídos con instituciones supervisadas por el Banco Central del Uruguay, con instituciones pertenecientes al movimiento cooperativo nacional o internacional, con el Estado o con organismos financieros multilaterales o bilaterales. Sin perjuicio de lo dispuesto, la Auditoría Interna de la Nación podrá autorizarles otras fuentes de financiamiento.

c) que celebren regularmente sus asambleas ordinarias, para cuya validez y funcionamiento será siempre necesaria la presencia personal de un porcentaje mínimo de socios que establezca la Auditoría Interna de la Nación.

Artículo 18.- (Acreditación ante la Auditoría Interna de la Nación).- A los efectos de la verificación del cumplimiento de estas condiciones, las cooperativas deberán acreditar ante la Auditoría Interna de la Nación el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, a cuyo efecto se fiscalizarán los siguientes aspectos:

i. Regularidad de los estados contables

ii. Proyecto de distribución de utilidades

La Auditoría Interna de la Nación comunicará periódicamente al Instituto Técnico Forense, al Area de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Central del Uruguay la nómina de cooperativas que cumplan con las condiciones exigidas.

CAPITULO V - Intereses de mora

Artículo 19.- (Multa por mora).- Cuando se configurare mora, los montos que se cobraren por concepto de multa se computarán para el cálculo de la tasa interés implícita definida en el artículo 10 de la presente ley. No obstante, en los siguientes casos, en lugar de los intereses moratorios se podrán admitir penas por incumplimiento superiores a las que surgen de la aplicación de tasa de interés implícita:

a) cuando el monto máximo por concepto de mora al que habilite el artículo 11 de la presente ley resulte inferior a 50 U.I. (cincuenta unidades indexadas) podrá estipularse, en lugar de los intereses de mora, las siguientes multas según corresponda:

i) una multa de hasta 50 U.I. (cincuenta unidades indexadas), a aplicarse por atrasos en el cumplimiento de obligaciones con proveedores de bienes y servicios no financieros que se originen en relaciones de consumo de acuerdo a lo definido en la Ley Nº 17.250, de 11 de agosto de 2000;

ii) una multa de hasta el importe que resultare menor entre el cincuenta por ciento del valor del monto impago y hasta 50 U.I. (cincuenta unidades indexadas), a aplicarse por atrasos en el cumplimiento de obligaciones contraídas con proveedores de servicios financieros.

b) cuando se tratare de atrasos en el cumplimiento de obligaciones con proveedores de bienes y servicios no financieros que no se originen en relaciones de consumo de acuerdo con el definido en la referida Ley Nº 17.250, caso en el que podrá aplicarse la multa estipulada en el contrato.

Artículo 20.- (Devengamiento de intereses moratorios en pequeños créditos).- La generación de intereses moratorios, pactados en deudas originadas en negocios jurídicos de préstamos en efectivo y de financiamiento de bienes y servicios, otorgados a personas físicas o jurídicas cuyo capital inicial sea inferior al equivalente de U.I. 20.000 (veinte mil unidades indexadas) sea cual fuere la moneda pactada, caducarán de pleno derecho, sin necesidad de acción alguna a cargo del deudor, a los veinticuatro meses contados a partir de la fecha en que cada obligación devenga exigible. A partir de la caducidad referida, se aplicarán sobre la totalidad de las sumas adeudadas, cualquiera sea su naturaleza, únicamente los ajustes e intereses a que refieren los artículos 1º, 2º y 4º del Decreto-Ley Nº 14.500, de 8 de marzo de 1976, salvo en el caso de que la tasa de interés pactada fuera inferior a la resultante de la aplicación de lo dispuesto en este artículo.

Esta disposición se aplicará a las obligaciones aún no extinguidas a la fecha de vigencia de la presente ley.

Para determinar si el crédito en cuestión está dentro del límite establecido, las sumas que hubieran sido pactadas en moneda extranjera se arbitrarán a dólares estadounidenses convirtiéndose a moneda nacional a la cotización interbancaria (fondo tipo comprador) y aplicándose el valor de la unidad indexada vigente al momento de convenir la obligación.

CAPITULO VI - Usura civil y penal

Artículo 21.- (Usura civil).- Configurada la usura conforme a lo dispuesto en la presente Ley, caducará el derecho a exigir el cobro de intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos de cualquier naturaleza, salvo las costas y costos por el crédito subsistente.

El cobro de las costas y costos no será preceptivo cuando el deudor o su fiador hubieran consignado lo que estimaban adeudar y el magistrado lo considere razonable al resolver la excepción de usura.

Asimismo, deberán descontarse del crédito subsistente a ejecutar, los intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos de cualquier naturaleza ya cobrados. Los jueces deberán comunicar a la autoridad administrativa competente la identidad del infractor.

Artículo 22.- (Usura penal).- El que en una operación de crédito, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, le hiciere dar o prometer, para sí o para otros, intereses usurarios, tal como se definen en el artículo 11 de la presente ley, será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. La misma pena se aplicará:

a) al que procurare, adquiriere, transfiriere o consiguiere para otro un crédito, cobrando o haciéndose prometer para sí o para otro, una comisión usuraria por su mediación;

b) al que adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario.

Serán circunstancias agravantes de los delitos señalados precedentemente:

a) la actividad profesional o habitual como oferente de crédito, prestamista o comisionista;

b) la aceptación o exigencia de recaudos o garantías de carácter extorsivo;

c) la intención de obtener un provecho económico excesivo para sí o para otros;

d) la inclusión como capital de lo que corresponda a intereses u otros cargos;

e) la simulación del préstamo o de las cantidades documentada bajo una forma jurídica diversa.

Artículo 23.- (Ambito judicial).- Una vez trabado el embargo y decretada la citación de excepciones de deudores por incumplimiento de obligaciones documentadas en los títulos individualizados en los numerales 3, 4 y 5 del artículo 353 y en los numerales 2 y 3 del artículo 377 del Código General del Proceso, los jueces deberán disponer la remisión de los antecedentes al Instituto Técnico Forense o al órgano que el Poder Judicial determine a fin de que, en el plazo de quince días hábiles, verifique si se persigue el cobro de intereses usurarios, tal como se definen en el artículo 11.

No será preceptiva la remisión de los antecedentes al Instituto Técnico Forense en los siguientes casos:

a) todos los títulos cuyo monto nominal original pactado supere el equivalente a 50.000 U.I. (cincuenta mil unidades indexadas);

b) los cheques bancarios y letras de cambio,

c) los vales, pagarés y conformes cuyo acreedor sea una institución de intermediación financiera.

En los casos en que exista usura, ésta será relevada de oficio aplicándose la sanción dispuesta en el artículo 20 de la presente ley.

CAPITULO VII - Control y sanciones

Artículo 24.- (Autoridad de aplicación).- El control del cumplimiento de las disposiciones de esta ley estará a cargo del Banco Central del Uruguay en lo que respecta a las empresas de intermediación financiera (artículos 1º y 2º del Decreto-Ley Nº 15.322) y a las demás personas físicas y jurídicas que realicen regularmente operaciones crediticias; el Area de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas tendrá competencia en lo que respecta al crédito comercial otorgado por proveedores de bienes y servicios no financieros en el marco de relaciones de consumo y en el resto de los casos en general.

Artículo 25.- (Sanciones).- Cuando las actuaciones administrativas del Banco Central del Uruguay o del Area de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas, según corresponda de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de esta ley, concluyeran que existieron intereses usurarios, el órgano de aplicación deberá intimar administrativamente la devolución inmediata a los deudores de la porción pagada que excediera a los montos máximos que surjan de lo establecido en la presente ley. Vencido el plazo de la intimación, previa vista, el órgano de aplicación deberá sancionar a los autores y responsables. Las sanciones consistirán en:

a) apercibimiento;

b) apercibimiento dando a publicidad la resolución en el sitio web del órgano de aplicación, con su publicación a costa del infractor en dos diarios de circulación nacional;

c) multa que se determinará entre una cantidad mínima de 100.000 U.I. (cien mil unidades indexadas) y una cantidad máxima por el monto que fuere superior de los siguientes valores:

i) 20:000.000 U.I. (veinte millones de unidades indexadas);

ii) el equivalente a tres veces el monto correspondiente a la porción pagada en exceso a los montos máximos que surjan de lo establecido en la presente ley.

Las sanciones podrán aplicarse independiente o conjuntamente según resulte de las circunstancias del caso. A efectos de su determinación, se tomará en cuenta: la entidad de la infracción; el grado de participación de los responsables; la intencionalidad; la condición de reincidente; y la actitud asumida durante el desarrollo de las actuaciones administrativas. Todo ello sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondieran.

El acto administrativo firme que determina la sanción aplicable, constituirá, en su caso, título ejecutivo.

CAPITULO VIII - Disposiciones generales

Artículo 26.- (Información al fiador).- En las operaciones de crédito por montos de hasta 2.000.000 U.I. (dos millones de unidades indexadas) cualquier incumplimiento del deudor deberá ser comunicada de forma fehaciente al fiador, si lo hubiese, dentro del plazo de 60 días de verificado el mismo. El incumplimiento de esta obligación impedirá toda acción contra el fiador hasta que se acredite haber cumplido con la misma. Si la comunicación se realizara después de transcurridos 30 días del plazo establecido sólo podrá reclamarse al fiador el pago de interés de mora desde el momento de la comunicación.

Artículo 27.- (Constancias en el documento de adeudo).- En todo documento de adeudo representativo de operaciones de crédito pactadas a tasas de interés fijas deberá distinguirse, con precisión, la suma que corresponde al capital prestado o financiado de la que corresponde a intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos pactados por cualquier concepto.

En todo documento de adeudo representativo de operaciones de crédito pactadas a tasas de interés variables o tasas de interés fijas revisables periódicamente se cumplirá con lo dispuesto en el inciso anterior sobre la base de las tasas de interés vigentes al momento de realizarse la operación.

La falta de cumplimiento de estas obligaciones hará presumir la existencia de intereses usurarios.

El acreedor deberá entregar copia al deudor de todos los documentos suscritos.

Artículo 28.- (Carácter).- La presente ley es de orden público.

Artículo 29.- (Vigencia).- Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a las obligaciones contraídas con posterioridad a su entrada en vigencia, salvo lo previsto en el artículo 20.

Artículo 30.- (Derogaciones).- Deróganse los artículos 7º, 8º, 11 y 15 de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972, con sus modificaciones, el Decreto-Ley Nº 14.887, de 27 de abril de 1979, la Ley Nº 17.471, de 29 de abril de 2002 y la Ley Nº 17.569, de 22 de octubre de 2002.

DETERMINACION DE LA TASA IMPLICITA DEFINIDA EN EL ARTICULO 10

Para la determinación de la tasa implícita a la que hace referencia el artículo 10, en términos financieros TIR o tasa interna de retorno, se define la siguiente fórmula:

 

 

 

Donde:

- D representa los desembolsos del préstamo que recibe el deudor en cada momento del tiempo;

- G representa los gastos fijos de concesión y administración del crédito que el acreedor puede descontar del cómputo

de la tasa de acuerdo al literal b) del artículo 14;

- P representa todos los pagos que realiza el deudor en cada momento del tiempo;

- Los subíndices 0, 1, 2 ...,n representan los diferentes momentos del tiempo, de forma tal que Do es el desembolso inicial que recibe el deudor, Go es la suma de hasta 10 U.I. de gastos fijos de concesión y administración del crédito que el acreedor pueda excluir del cómputo de la tasa de interés implícita al momento inicial de conceder el préstamo y Po es el pago que el deudor hace, si lo hubiere, en el momento de recibir el monto inicial.

- D1, D2..., Dn son los sucesivos desembolsos que recibe el deudor si los hubiere, y P1, P2..., Pn son los sucesivos pagos que realiza el deudor G1, G2..., Gn son los sucesivos gastos fijos de administración del crédito que el acreedor puede excluir del cómputo de la tasa de interés implícita por hasta 2 U.I. por cuota y por un total de 20 U.I.

La tasa implícita o TIR se calcula sobre la base de i tal que ambos lados de la ecuación (#1) sean iguales, de forma que la siguiente resta es igual a cero:

 

 

El valor de i no puede ser despejado directamente de la ecuación (#2), sino que se debe proceder en forma iterativa sobre la base de un valor inicial. Sin embargo, los software de planillas electrónicas más difundidos (Excel, Lotus, Qpro, etc.) incluyen funciones para el cálculo automático de la TIR.

Para expresar la tasa hallada en términos de tasa efectiva anual (TEA) debe realizarse la siguiente transformación al valor de i que surge de la ecuación (#2):

 

 

 

donde:

T=1 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son años;

T=2 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son semestres;

T=3 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son cuatrimestres;

T=4 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son trimestres;

T=6 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son bimestres;

T=12 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son meses;

T=365 si los diferentes momentos del tiempo de 0,1,2,...n son días;

En los casos en que de acuerdo a la legislación vigente los intereses de la operación financiera estuvieran gravados por el Impuesto al Valor Agregado, u otros impuestos legalmente a cargo del deudor, deberá excluirse el componente de impuestos a los intereses y calcular la TIR correspondiente al flujo de fondos resultante.

Ejemplo:

Préstamo a una familia en moneda nacional de $ 3.000 pagadero en diez cuotas mensuales y consecutivas de $ 340. Al momento de recibir el crédito el deudor abona $ 100 por gastos. Se trata de un préstamo donde los intereses no están alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado y en el que, a los efectos del cobro del servicio de la deuda, la institución financiera acreedora tiene el beneficio de la retención legal sobre el sueldo del deudor o del débito automático de las cuotas en una cuenta bancaria del deudor.

Valor de la U.I. el día de la concesión del crédito (8 de setiembre de 2006): 1,5792 pesos (valor que cambia en forma diaria). En este ejemplo, se le otorgó a la U.I. un valor constante en el tiempo, lo que presupone una tasa de inflación cero para el período.

De acuerdo a las definiciones de la fórmula (#1):

Do= $ 3000

Go= $ 15,79 (equivalente a 10 U.I. por 1,5792)

Po= $ 100

D1=D2=D3= D4=D5=D6= D7=D8=D9=D10=0 ya que no se pactaron desembolsos adicionales al inicial recibido en el momento 0.

G1=G2=G3= G4=G5=G6= G7=G8=G9=G10= $ 3,16 (equivalente a 2 U.I. x 1,5792)

P1=P2=P3= P4=P5=P6= P7=P8=P9= P10= $ 340 (valor de la cuota mensual pactada, no existiendo pagos por otros conceptos).

 

 

Resultado: la tasa de interés implícita pactada en 37,89% efectiva anual.

Para determinar la existencia de intereses usurarios la tasa de 37,89% debe ser comparada con la que publique el Banco Central del Uruguay correspondiente a moneda nacional, a plazo menor de un año para familias vigente al momento de haberse otorgado el crédito.

Por tratarse de un capital prestado menor a 2.000.000 U.I. la tasa hallada de 37,89% no podrá superar en más de 60% (1,6 veces) la tasa de referencia publicada por el Banco Central del Uruguay. De modo tal que si el crédito hubiera sido concedido en setiembre de 2006, cuando la tasa media de interés informada por el Banco Central para operaciones de crédito en moneda nacional a las familias a plazo menor de un año era 33,14%, la tasa máxima admitida hubiera sido 33,14% x 1,6 = 53,02% por lo cual en este ejemplo no se hubiera configurado una violación de la ley de usura."

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: en la sesión de hoy tenemos la voluntad de considerar, por lo menos en general, este proyecto de ley. Algún señor Senador del Partido Nacional nos ha planteado que quienes estuvieron en la Comisión estudiando este tema no han asistido a la reunión y tampoco se encuentra presente el señor Senador Alfie, quien trabajó mucho en todo esto; precisamente, muchísimas de sus inquietudes fueron incorporadas a esta iniciativa.

En síntesis, nuestra idea es avanzar en el tratamiento en general durante la sesión de hoy y, en virtud de que se trata de un tema extenso y complejo, podríamos dejar el análisis en particular para la próxima reunión del Senado.

Antes de entrar en profundidad a la consideración de este tema, quiero señalar que nos vamos a basar en la última versión de este proyecto de ley que, en la medida en que fue analizado durante un año y medio, fue objeto de muchas modificaciones en la Comisión de Hacienda. Fue así que se realizaron innumerables consultas técnicas a diferentes actores y se trabajó fluidamente junto con el Ministerio de Economía y Finanzas. En este sentido, queremos agradecer en forma particular el trabajo que hicieron los economistas Antía y Polgar, así como el resto del equipo asesor.

Como dije antes, se realizaron innumerables consultas y, por esa razón, en la Comisión acordamos la aprobación del texto que figura en el Repartido Nº 335 pero, debido a que quedaban pendientes algunas consultas del señor Senador Alfie y otros, convinimos en que esos temas se irían incorporando en el camino, antes de llegar al tratamiento en el Plenario. Este mecanismo de trabajo, entonces, dio lugar a la conformación del Repartido Nº 335, Anexo 1, de octubre de 2006 que, reitero, es el que vamos a tomar como referencia, ya que en él se han incorporado las últimas modificaciones.

Cabe aclarar que este Repartido contiene algunas modificaciones que quizás no sean de fácil intelección para el Cuerpo, pero puedo decir que los expertos las han analizado exhaustivamente. Por ejemplo, en el Anexo, al final figura la determinación de la tasa implícita de interés y se incluyen un conjunto de fórmulas matemáticas que, según los expertos, son de fácil uso por parte de cualquier contador público.

En otro orden de cosas, quiero agregar que este es un tema, diría, de larga tradición parlamentaria, pues ha sido objeto de debate en tres Legislaturas. Precisamente, en la anterior participamos en el trabajo que se hizo en la Comisión de Hacienda y puedo recordar, por ejemplo, los aportes del ex Senador Carlos Julio Pereyra. En las dos primeras Legislaturas en que fue tratado este tema no se llegó a un punto de acuerdo y en la tercera -aclaro que me estoy refiriendo a las Legislaturas luego de la restauración democrática, aunque antes también hubo una larga tradición parlamentaria con respecto a este tema-, trabajamos junto al ex Senador Atchugarry, instancia en la que logramos alcanzar puntos de acuerdo para un proyecto de cuatro artículos, que actualmente es ley vigente.

Luego volvimos a considerar este tema, porque la vida nos señaló que habían quedado algunas brechas, que se fueron convirtiendo en ríos caudalosos, lo que daba lugar a que por vías oblicuas se esquivara la legislación aprobada por el Parlamento. A esto se agrega que en el Uruguay floreció un conjunto de empresas que otorgan créditos y préstamos de dinero -en general, actuando bajo la forma de cooperativas, a pesar de que no son reconocidas como tales por el movimiento cooperativo-, cobrando tasas realmente exorbitantes, lo cual ha provocado, y provoca, un problema social importante.

En virtud de que advertimos esta situación, la Bancada de Gobierno se planteó la posibilidad de elaborar un proyecto de ley y de trabajar en profundidad en torno a este tema.

Por cierto, había una enorme y dispersa legislación que hizo que ese trabajo se fuera haciendo cada vez más complejo. No obstante, se terminó en este proyecto de ley que, más allá de su apariencia compleja, contiene avances muy significativos -en el fondo bastante sencillos- sobre aquellos temas que afectan horizontalmente a la mayor parte de la sociedad uruguaya, ya sean consumidores de productos financiados por medio de tarjetas -u otros sistemas como, por ejemplo, los créditos otorgados por prestamistas particulares u otros-, o sea, familias usuarias de este tipo de productos financieros o pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, podemos decir que este es un tema que genera una gran sensibilidad.

Ingresando en el análisis general, desde ya adelanto que voy a hacer algunos señalamientos, aunque no demasiado exhaustivos, de lo medular de este proyecto de ley.

En primer lugar, debo destacar que en nuestro país, la Constitución de la República, a través de su artículo 52, prohíbe la usura; o sea, estamos hablando de una norma de rango constitucional. No obstante ello, estamos en esta situación en la que hemos legislado poco, sin cubrir todo y, diría, sin amparar a la población más indefensa frente a las prácticas de la usura. En realidad, durante un buen tiempo el Estado se mantuvo al margen de esta obligación constitucional, podría decirse, un poco insensible ante el abuso que se producía. Fue así que primó una especie de ortodoxia, no sé si definirla como liberal, pero sí puedo decir que defendía exclusivamente la autorregulación del mercado, como si todos los actores estuvieran en las mismas condiciones.

En el Período pasado legislamos mediante la aprobación de la Ley Nº 17.569, que dispuso topes legales para algunos préstamos. A nuestro juicio, esta ley significó un considerable avance desde el punto de vista legislativo, pero no impidió la difusión de algunas prácticas muy dañinas en esta materia debido a que quedaron fuera del alcance de sus normas un sinnúmero de empresas y personas dedicadas a prestar dinero -mayoritariamente a intereses abusivos, aunque no en todos los casos- con tasas que con el nivel de inflación actual resultan alarmantes y, además, con diversos artilugios.

Además del serio problema que constituye la usura, se ha producido un agravante a consecuencia de varios factores como, por ejemplo, la difusión de ciertas modalidades de crédito dirigidas a los sectores de menor poder adquisitivo, las cuales se publicitan masivamente. Cabe suponer que todos los señores Senadores deben haber escuchado innumerable cantidad de veces este tipo de publicidad que, por lo general, es bastante engañosa.

Estas son las razones por las que nos replanteamos abordar este tema. Pienso que no exageramos si decimos que los abusos en esta materia afectan a decenas de miles de familias que ingresan al mercado del crédito al consumo, así como a numerosas empresas unipersonales y pequeñas.

(Ocupa la Presidencia el doctor Eber Da Rosa)

- En una época, el crédito al consumo representaba un porcentaje pequeño del crédito global, pero al cambiar las prácticas del mercado, difundirse los sistemas de tarjeta y otros, y cambiar también la forma de vida de la sociedad, este problema fue adquiriendo un volumen mucho mayor. Podría decirse que, en cierta forma, depende de si hablamos de créditos o de compras financiadas de bienes, en dólares o en pesos, así como de los plazos y otros factores, pero lo cierto es que más de un tercio del mercado está financiado por este tipo de sistemas. Quiere decir que estamos considerando un problema que afecta a decenas de miles de familias uruguayas.

En definitiva, la propuesta que traemos a consideración del Cuerpo tiene una serie de méritos -alrededor de catorce o quince- que voy a enumerar de la siguiente manera.

En primer lugar, reúne en un único cuerpo legal toda la legislación existente en materia de usura. Por eso el artículo 30 deroga prácticamente todo lo que "anda en la vuelta", digámoslo así. Esta fue una propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, luego de analizar el tema con un grupo de trabajo durante mucho tiempo y creo que con gran solvencia técnica.

En segundo término, amplía significativamente el alcance de la legislación relativa a la usura, ya que en la actualidad las normas existentes en la materia sólo abarcan a los préstamos otorgados por los Bancos y a las operaciones de crédito realizadas por algunas administradoras de crédito comercial. Dicho de otra manera, la actual legislación solamente abarca al crédito bancario y a aquellos que están cubiertos por las tarjetas de crédito, pero no por todas. Incluso hay empresas emisoras de tarjetas que no están registradas en el Banco Central y que sostienen que no están comprendidas en la legislación vigente. Como dije, este proyecto de ley a consideración del Senado alcanza a todas las actividades y empresas ya reguladas, a los créditos otorgados por todas las administradoras de crédito y a otras personas físicas y jurídicas que realizan regularmente operaciones crediticias -lo que incluye a las cooperativas auténticas y a las que no son tales-, al crédito concedido al consumidor por el propio proveedor -el llamado crédito de la casa, muy habitual en la práctica comercial uruguaya-, al crédito del prestamista y al de proveedores, también llamado crédito comercial, realizado por fuera de las relaciones de consumo que alcanzan montos menores a 2:000.000 de unidades indexadas.

A nuestro juicio, esta es la segunda virtud que presenta esta propuesta, cual es, la de comprender todas las formas de crédito, incluyendo aquellos de menor porte, o sea que se extiende la cobertura de este sistema normativo que pone determinados techos a las tasas de interés, con lo cual se intenta salvar el problema que teníamos antes en el sentido de que se cubrían solamente algunas y la mayor parte esquivaba la regulación.

Por otra parte, importa señalar que la inmensa mayoría de las consultas sobre la existencia de intereses usurarios se canaliza en el Área de Defensa del Consumidor, oficina dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, y guarda relación con la actuación de entidades financieras no bancarias. En realidad, la legislación vigente cubre sólo una parte del mercado, pero sucede que las consultas que se realizan no se vinculan precisamente con esa parte del mercado, sino con la restante. Es evidente la práctica de la usura y aunque la oficina que asesora al consumidor la detecta, no existe una legislación que establezca algún tipo de penalización. La mayor parte de las familias uruguayas que se han visto afectadas por esta práctica están muy bien informadas, y bien desamparadas, después que el hecho ha sido consumado.

La tercera innovación que a mi juicio posee este proyecto de ley -después, la vida dirá si son o no virtudes; todo esto es muy debatible- es que mantiene como tasa básica de referencia para fijar los límites de la usura las tasas medias del mercado de operaciones bancarias, porque considera que es el único segmento del mercado relativamente competitivo desde este punto de vista. Este punto fue, quizás, el de mayor debate en Legislaturas anteriores en virtud de que había una tesis que sostenía que había distintos mercados: el del crédito bancario, el de las tarjetas, el de los prestamistas particulares y el del crédito de la casa. El criterio, entonces, fue fijar la tasa promedio de referencia de cada uno como base para cada mercado. En realidad, la opinión más solvente, a mi juicio, es la de adoptar el camino de fijar como piso para cada mercado la tasa promedio de cada uno de esos cuatro o cinco mercados. O sea, si cada tasa promedio es la base de lo que se puede cobrar como tasa de interés dentro de cada mercado y se establece un determinado monto por encima de ese promedio, desde el punto de vista práctico no funciona porque el sistema se vuelve muy complejo y endiablado. Esto llevó a la conclusión -y esa era la propuesta que en aquella oportunidad mantenían los señores Senadores Pereyra, Korzeniak y otros que trabajaron en esto durante mucho tiempo- de que había que tomar -además, es la opinión del Banco Central y de los distintos Ministerios de Economía y Finanzas que se sucedieron a lo largo del tiempo- una sola referencia y que la única que tiene solidez es la que procede de las estimaciones que hace el Banco Central sobre las tasas de interés que se cobran en el mercado bancario en sus diversas modalidades de crédito. Quiere decir que no se hace un promedio de todas, sino que se tiene en cuenta si se trata de crédito al consumo, a empresas o de otro tipo. Pero eso se toma como base de referencia.

En cuarto lugar, este proyecto de ley prohíbe el cobro simultáneo de intereses compensatorios y de mora sobre la misma deuda. Esto puede parecer obvio, pero en la vida real no lo es. Recuerdo que cuando ocupaba una banca en la Cámara de Representantes los Diputados recibíamos innumerables quejas de personas denunciando el cobro simultáneo de intereses compensatorios -o sea, los intereses corrientes- y de mora sobre la misma deuda. Me refiero al caso de alguien que debe un determinado monto y se le aplica un interés que ha sido pactado y por encima de este se le aplica un interés por mora, lo cual lleva la deuda a cifras siderales.

La quinta virtud que, en mi opinión, tiene este proyecto de ley es que establece una referencia clara y precisa para el cálculo de la usura: la tasa de interés implícita en una operación de crédito, esto es, en términos financieros, la tasa interna de retorno. Asimismo, determina un método de cálculo y los elementos a considerar -la información a tener en cuenta en la operación financiera, o sea, todos los desembolsos y pagos por todo concepto en un determinado período-, así como un procedimiento que figura en el Anexo Metodológico para realizar el cálculo. Esto implica que en el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas o en el Instituto Técnico Forense, en lo que compete a los otros artículos, haya que tener un contador; no se necesita que sea más de uno.

Los uruguayos siempre decimos que estamos de acuerdo con los cambios culturales, pero cuando llega el cambio nos horrorizamos. De acuerdo con las numerosas consultas realizadas por los miembros de la Comisión a gente experta en el tema, este parecería ser un juego de niños, porque alcanza con disponer de un contador, una computadora y la información correspondiente para, fácilmente, efectuar el cálculo mediante un programa ya establecido.

La sexta virtud que tiene el proyecto de ley es que establece dos franjas o escalones para la definición de usura. Estas franjas son hasta 2:000.000 de unidades indexadas y más de 2:000.000 de unidades indexadas, porque parte de la base de que más allá de determinados montos, quien lo solicita -puede ser una familia o una empresa- ya tiene otro manejo y otras herramientas de defensa, por lo que hay que tener otros márgenes. Por ese motivo se cambia la referencia del tope de usura.

El margen sobre la tasa media del mercado bancario en la legislación vigente en la actualidad es de 75% y se reduce a 60%. Pero en el segundo escalón, es decir, más allá de 2:000.000 de unidades indexadas, equivalentes a U$S 120.000 o U$S 130.000, se flexibiliza el tope de 75%, elevándolo hasta el 90%. Esto significa que disminuye con relación al tope existente para el crédito menor a 2:000.000 de unidades indexadas, sean personas físicas o jurídicas. El propósito de esto es poner el foco de la legislación de usura en los prestatarios más chicos. Aclaro que esto quiere decir que si la tasa media del mercado de crédito al consumo es 40%, se autoriza hasta un 60% por encima de ese 40%, es decir que se eleva hasta un 64%. Si la tasa promedio bancaria del crédito al consumo es del 20% -debería ser esa o menos, porque si la economía continúa con las tasas de inflación que tiene actualmente, se supone que evoluciona hacia ese nivel o hacia abajo- y se autoriza hasta un 60% por encima, estaríamos hablando de un 32% como máximo de tasa de interés autorizada. Si hablamos de un 10% de tasa promedio bancaria del crédito al consumo, el tope de interés máximo autorizado será del 16%. Esto es más riguroso y exigente que lo que utilizan otros países y en algún caso es menos que lo que usan terceros países. Aquí nos hemos manejado con lo que es la experiencia comparada de los mercados, pero esta es la idea.

En séptimo lugar, el proyecto de ley procura conciliar dos objetivos muy difíciles, pero con un procedimiento ingenioso, que es la protección de los pequeños deudores frente a las prácticas usurarias y la existencia de los microcréditos. Es muy difícil conjugar estas dos cosas, porque se dice que nosotros queremos proteger a los pequeños deudores y por eso fijamos un tope. Es decir que se admite una brecha pero no se permite ampliarla más entre la tasa promedio del mercado bancario y la que tendría un prestamista particular, una tarjeta de crédito o una de estas empresas que prestan dinero en efectivo en el momento, y no en una transacción donde se adquiere un bien que se paga con una tarjeta. Se dice que nosotros queremos proteger al pequeño deudor pero que con esto estamos matando al microcrédito, que es un conjunto muy grande de pequeños créditos y si no se admite determinado margen se vuelve inviable desde el punto de vista económico, con lo que perjudicamos a quienes queremos beneficiar. Para salvar este problema de conjugar la protección de los pequeños deudores de las prácticas usurarias y el microcrédito, y a fin de evitar este extremo, que dejaría sin acceso al crédito formal al sector más pobre de la población, la ley dispone un mecanismo que autoriza la posibilidad de excluir cierto monto representativo de los gastos de administración. El concepto de esto es que se admiten los gastos de administración por fuera de la tasa de interés topeada, a los efectos del cálculo de la tasa de interés de usura. Estos montos -según del tipo de operaciones del que estemos hablando- tienen tres niveles. Pueden ser de hasta 30 unidades indexadas y, teniendo en cuenta que hoy el valor de la misma es de 1.6, estaríamos hablando de aproximadamente $ 50 por operación. En otros casos, si es más complejo, el mecanismo del microcrédito implica mayores costos fijos para las empresas, es decir que admite un poco más. Esto se establece en el proyecto de acuerdo con el tipo de operación y con la naturaleza de la transacción y de la empresa; es decir que se admiten los gastos de administración fijos por microcrédito. Sabemos que en créditos muy pequeños, de $ 300, $ 400, $ 500 o hasta $ 1.000 se presenta el problema de que la suma del interés autorizado por encima de la tasa de referencia más el gasto de administración, aparece como una tasa de interés un poco más elevada. Esto es cierto, pero siempre estamos hablando, en términos absolutos, de muy pequeños montos. Si optáramos por el camino de no mantener este sistema, liquidaríamos el microcrédito y estaríamos fomentando los sistemas informales en este terreno.

La octava virtud que tiene este proyecto de ley es que define claramente la competencia de las autoridades en la aplicación de la ley. Dichas autoridades son el Banco Central para algunas empresas, como los bancos, y ADECO -Asesoría de Defensa del Consumidor-, perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas. Ambas tienen competencia para todo tipo de instituciones financieras.

La novena ventaja que presenta esta iniciativa es que fortalece a las autoridades al dotarlas de la posibilidad de aplicar severas sanciones a los infractores de la Ley de Usura; se trata de multas que pueden llegar a ser muy importantes. Asimismo, se dan márgenes muy amplios entre el mínimo y el máximo, pero pueden llegar a ser determinantes. Se ha entendido que este es un camino que se debe seguir porque, si no existe algún tipo de penalización para las empresas o particulares que incurren en este tipo de prácticas, todo el sistema de seguimiento, de denuncia de la situación y demás se vuelve totalmente inoperante.

La décima ventaja es que termina con la práctica abusiva que realiza la mayor parte o buena parte de los emisores de tarjetas de crédito, en el sentido de cobrar el 100% de los intereses o productos bonificables. Los llamados intereses bonificables fueron objeto de los mayores debates y, de acuerdo con lo que establece este proyecto de ley, sólo podrán cobrarse dichos intereses sobre las compras que el tarjetahabiente hubiere optado por financiar. Si se realiza una transacción, es decir, si se hace la compra de un bien, se paga con el uso de la tarjeta de crédito, se cierra la operación y cuando llega el estado de cuenta se abona el conjunto, entonces se entiende que no se está utilizando la tarjeta de crédito como tal, sino como tarjeta de pago. En ese caso, no se está pagando interés entre el momento en que se realizó la operación y los siete, diez, quince o veinte días en los cuales se salda el crédito. Si se hace parcialmente, no se paga interés por la parte que se salda, mientras que sí se paga por la restante. La clarificación de este punto es un tema clave, porque en el mercado financiero y comercial ha dado lugar a los más grandes líos. Aquí se optó por este camino, pero en algunos otros lugares del mundo se ha optado por decir que entre el momento de la operación y el vencimiento -esto es, cuando hay que pagar- no se paga nada; no se paga nada en ninguna de las hipótesis. Repito que aquí se tomó este camino, luego de estudios comparados importantes que se corresponden con la práctica que hacen muchísimas empresas en el mercado, pero no todas; siquiera conforman una mayoría. O sea que existen las dos prácticas.

En resumen, en el tema de los productos llamados "bonificables" se optó por el camino de que cuando el tarjetahabiente realiza un pago parcial, los intereses no corren sobre la parte que paga, pero sí sobre la otra parte. ¿Por qué? Porque se considera que sobre esa otra parte no se está usando la tarjeta como instrumento de pago, sino como instrumento de crédito.

La siguiente virtud que, creo, tiene este proyecto de ley es que pone fuertes obstáculos al uso espurio de la ley de cooperativas por particulares que usan en beneficio propio las facilidades que otorga este régimen. Estamos hablando de las vulgarmente conocidas como cooperativas "truchas", que utilizan varios conceptos, como, por ejemplo, el de la cuota social que se paga mensualmente o como, en otros casos, variantes de aportes de capital, que en realidad no constituyen aportes de capital. Asimismo, hay un sinnúmero de fórmulas ingeniosas por las cuales al que va a hacer la operación y pide dinero o el financiamiento de la compra de un producto a través de un documento que emite alguna de estas empresas, le agregan un interés al capital más la afiliación al sistema -que se reitera cada vez que se realiza la operación-, más otros conceptos. El resultado es que la tasa de interés efectiva llega a sumas siderales. Y cuando menciono cifras siderales estoy hablando de denuncias que llegan al Parlamento y que todo el mundo conoce; todo el mundo que vive en este país sabe que hay tasas de interés que llegan al 1.000 %. Después viene el pataleo del parlamentario que habla con una y otra parte, el pataleo de la gente que va al Área de Defensa del Consumidor; en fin, la gente da vueltas por todos lados, y quien está en esto sabe que es un hecho muy corriente y que no hay amparo. ¿Quién lo realizó? La operación la hizo una -lo digo entre comillas- "cooperativa".

Por eso, aquí se incorporaron las condiciones para reconocer como cooperativas a aquellas entidades incorporadas en el proyecto de ley que, creo, tiene media sanción de la Cámara de Representantes, sobre el marco general de legislación de la Ley de Cooperativas. Se trata del conjunto de condiciones para establecer si realmente es o no una cooperativa. Sé que el Senado va a considerar esto en el otro marco pero, simplemente, lo que se hizo aquí fue incorporar, repito, lo que ya está en ese otro proyecto de ley.

Creo que la siguiente virtud que tiene este proyecto de ley -y me voy aproximando, digamos, al final de las virtudes- es que pone fuertes límites al uso encubierto, por parte de las cooperativas y de las asociaciones sin fines de lucro, de la facultad de cobrar las cuotas sociales o de recibir aportes de capital para disimular el cobro de intereses. Para esto se optó por el siguiente procedimiento: autorizar a realizar operaciones de crédito que podrán incluir el importe de la cuota social hasta un monto máximo equivalente al 10% del tope fijado para la usura. Esto se habilita pero, al mismo tiempo, se determina un tope para que la cuota social -reitero- no se convierta en un mecanismo encubierto de usura.

Otra virtud es que pone límites al monto de las multas. Este es otro de los conceptos que da lugar a la discrecionalidad mayor en el caso de gente que está más o menos desesperada por necesidades económicas. El uso simultáneo de distintos mecanismos -que son frondosos-, entre los cuales se encuentran las multas, llevan a consecuencias dañinas para la vida social. Entonces, se pone límite al monto de las multas que pueden cobrar las empresas proveedoras de bienes y servicios no financieros. También esto incluye a las empresas proveedoras de servicios públicos. Esto es, pues, universal; toma lo público y lo privado porque, como sabemos, las empresas públicas -y también muchas entidades públicas- se caracterizan por cobrar multas realmente leoninas. Entonces, aquí se las abarca. Desde ese punto de vista, se establece -creo yo- un límite razonable a lo que puede ser el monto máximo por concepto de multa, así como también de mora.

Por otra parte, se establecen varias disposiciones de protección al deudor, entre ellas, que se obliga al acreedor a informar al fiador. En este sentido, se dice que el acreedor perderá derecho a cobrar intereses moratorios mientras dure el incumplimiento. Es habitual que en una relación de crédito alguien preste a una persona, un tercero salga de fiador del prestatario y que cuando éste incumple, nadie le avise al fiador que se está produciendo este fenómeno. No se hace ex profeso y se deja que esto corra para que la deuda se siga agrandando y, una vez que se agrandó lo suficiente y se volvió interesante, se cae sobre el fiador.

Otra norma de protección al deudor es que se obliga al acreedor a informar al deudor sobre las condiciones de la operación de crédito, al establecer que en todo documento de adeudo representativo de operaciones de crédito, deberá distinguirse la suma que corresponde al capital prestado o financiado, de la que corresponde a intereses, compensaciones, comisiones, gastos u otros cargos pactados; es decir que todos estos rubros se separen. Esto es habitual en muchísimas empresas de crédito de nuestro país -bancarias y no bancarias-, pero no está extendido ni abarca todo el universo.

Se incorpora una norma que, si no recuerdo mal, surgió de una iniciativa del Representante Nacional Martín Ponce en la Legislatura pasada, referida a la generación de intereses moratorios para los pequeños créditos menores, en aquel momento, a U$S 1.000. Asimismo, se establece un tope más allá del cual la tasa de interés que se puede aplicar, se modera. ¿Por qué? Lo que sucede es que hay mucho microcrédito con estas características. Como parlamentario, tuve que recibir la denuncia de un muchacho que pidió un crédito para comprarse un pantalón vaquero y luego embargaron y remataron la casa de su madre.

Por otro lado, se mantiene la legislación existente en materia de usura civil y penal. Cuando hay usura civil se mantiene la normativa vigente que establece la caducidad del derecho a exigir el cobro de intereses, compensaciones, comisiones, otros gastos o cargos, aparte del capital. Quiere decir que sólo se puede exigir la devolución del capital en el caso de que exista usura civil. En el caso de la llamada usura penal, esto es, si hubo la intención de engañar deliberadamente a la otra persona, rige lo que establece la legislación penal actual, es decir, de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

Este proyecto de ley que está a consideración del Senado cuenta con ocho capítulos y treinta artículos. En el primer artículo se definen las operaciones comprendidas, que es el tema de la universalización. El segundo artículo es simétrico al primero y establece lo que no está comprendido.

En el segundo capítulo se establecen las normas para las operaciones de las tarjetas de crédito.

El tercer capítulo establece, a través del anexo metodológico, el procedimiento del cálculo de interés, fija los topes y el procedimiento de determinación de la tasa media de interés.

Por su parte, el capítulo cuarto refiere a las exclusiones autorizadas para calcular la tasa de interés, esto es, a todo aquello que no hay que considerar como, por ejemplo, estos gastos de administración.

A su vez, el capítulo quinto se concentra en el tema de los intereses de mora; el sexto en los problemas de la usura civil y penal; el séptimo establece los organismos de control y las sanciones posibles; y, finalmente, el octavo, a través de las Disposiciones Generales, incluye, entre otras, la obligación de notificar al fiador y las erogaciones correspondientes.

En el Repartido Nº 335 hemos incorporado las modificaciones que, en función de lo acordado a nivel de la Comisión, se realizaron en estas semanas. En el artículo 2º se incluyó un literal e), agregando como operación no comprendida la de créditos realizada entre empresas no financieras, que no se originen en relaciones de consumo de acuerdo con lo definido por la Ley Nº 17.250, relativa a lo que son las relaciones de consumo, cuando el crédito sea inferior a las 2:000.000 de unidades indexadas. Es una excepción a este escalón porque se entiende que hay operaciones entre empresas que no son de consumo -no hay un consumo final- ya que no se trata de que una de ellas compre bienes para alimentar a sus trabajadores en el comedor, sino que van a tener otro destino. El Ministerio de Economía y Finanzas insistió en que esto era importante y, entonces, se agregó este concepto.

En el artículo 11 se salvó el error generado con el "60%" y el "90%" ya que, indudablemente, sin quererlo, se habían invertido los porcentajes.

Por su parte, en el artículo 12 se agregó una facultad al Banco Central para que, cuando establezca tasas de referencia, pueda identificar diferentes subgrupos de acuerdo con la modalidad de crédito y no sólo discriminar entre crédito al consumo, a las empresas o a las grandes empresas, que es lo usual.

A su vez, en el artículo 14 se hace explícito cuál es el sistema de control.

Finalmente, en el artículo 17, y a solicitud de las cooperativas, se otorgó una facultad a la Auditoría Interna de la Nación para autorizar otras fuentes de financiamiento para las cooperativas. Lo que figura en el proyecto de ley de Marco Cooperativo a consideración de la Cámara de Representantes, al parecer, limita las posibilidades. Por ejemplo, las cooperativas pueden utilizar el fideicomiso o también puede existir la posibilidad de que haya contrapartes internacionales no incluidas -Organizaciones No Gubernamentales o de otro tipo- que contribuyan al capital de aquellas y, en realidad, no estaba comprendida en el texto original. Como hacerlo en forma taxativa también dejaría algo afuera, se optó por el camino de facultar a la Auditoría Interna de la Nación para que dé esa autorización.

El resto de las modificaciones están en el anexo del sistema de cálculo que se compatibilizó con las nuevas disposiciones.

En definitiva, creo que estos son los elementos sustantivos que contiene este proyecto de ley, sobre el cual mucho ha trabajado la Comisión y, como me acota el señor Senador Baráibar, el Ministerio de Economía y Finanzas, que no sé por qué defiende tanto.

(Hilaridad)

- Entonces, por las razones que ha manifestado el señor Senador Abreu, creo que lo mejor será que hoy nos aboquemos a la discusión general y dejemos la discusión en particular, que es más compleja, para una próxima sesión. Naturalmente, quedamos a las órdenes de los señores Senadores para evacuar las consultas que deseen formular.

Nada más. Muchas gracias.

14) FERIADO NO LABORABLE PARA LA CIUDAD DE NUEVA PALMIRA

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: ha llegado un proyecto de ley que cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes, por el cual se declara feriado no laborable para la ciudad de Nueva Palmira, departamento de Colonia, el 26 de octubre de 2006, con motivo de conmemorarse los 175 años de su fundación. Teniendo en cuenta que esta es la última sesión ordinaria del mes y que el aniversario se cumple la semana que viene, mocionaría para que se repartiera este proyecto, que cuenta con media sanción y se considerara en forma urgente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Se va a votar la moción del señor Senador Moreira.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

15) USURA

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Continúa la discusión general del proyecto de ley por el que se establecen normas para atender la problemática de la usura.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: hemos escuchado con mucha atención la fundada exposición del Miembro Informante, señor Senador Rubio. Asimismo, podemos testificar sobre el arduo e intenso trabajo realizado por la Comisión, que contó con una importante contribución, casi permanente, del Ministerio de Economía y Finanzas. Incluso, varios Senadores han participado de algunas Subcomisiones para trabajar en un tema de una complejidad manifiesta. Desde el punto de vista político, este tema tiene una serie de coincidencias por la sensibilidad que despierta el manejo del circuito crediticio en la economía nacional y, en particular, de las tasas de interés. Además, se deben tener en cuenta las dificultades, los abusos y las desviaciones que el Miembro Informante explicó con claridad. Sin perjuicio de considerar estos temas de carácter general y teniendo en cuenta las discrepancias en cuanto al manejo del articulado, este Senado podrá comprobar que nosotros tenemos algunas inquietudes y discrepancias en algunos temas y artículos en particular. Esto se debe, básicamente, a que en la discusión del proyecto y en la profundización de los temas se ha ingresado en una casuística, que a veces termina incorporándose al articulado. Entonces, a veces la casuística puede ser competencia exclusiva de la reglamentación o del anexo que se está manejando. Los señores Senadores podrán apreciar el anexo con las fórmulas que parecen una herencia egipcia difícil de entender. Para algunos ingenieros sería la parte más clara, pero para nosotros es la más difícil de comprender y en estos temas a veces habría que trabajar con traductor.

SEÑOR COURIEL.- Pasa lo mismo con la parte jurídica.

SEÑOR ABREU.- Pero esa es una ciencia social que, de alguna manera, permite tener dos bibliotecas. A vía de ejemplo, puedo decir que el señor Senador Alfie en algún momento hizo algunos aportes sobre los números y las fórmulas que fueron recibidos por los propios técnicos, en la medida en que se reconocía el trabajo profundo y profesional que necesita este tipo de iniciativas.

Tenemos algunas dudas con respecto al articulado y, además, se da la circunstancia de que no se encuentran en Sala los señores Senadores Larrañaga y Heber, que son miembros de la Comisión, así como tampoco el señor Senador Alfie. Por tanto, sin el ánimo de prorrogar el tema, nos gustaría hacer una mención de carácter general sobre algunas dudas que tenemos en ciertos artículos, para después pedir que el tratamiento y la votación del proyecto se lleven a cabo en la próxima sesión ordinaria, a efectos de unificar criterios. Se debe tener en cuenta que este es un articulado un poco árido y que, más allá de la discusión en Comisión, necesita más elaboración y un trabajo más de Bancada para adoptar decisiones de carácter definitivo. Sin perjuicio de eso, haríamos mención a algunas discrepancias o preocupaciones respecto de los artículos 4º, 5º, 6º, 12, 14, 19, 23, 26 y 27. Entre otras cosas, se hace referencia a una vieja polémica que existe en el ámbito del Derecho, que ahora se plantea dentro de este articulado y que es la distancia que existe entre la ley y la norma y el principio de la autonomía de la voluntad, que es parte de la actividad rectora de lo que son las normas bilaterales y contractuales de carácter civil o comercial. Si bien hay algunas limitaciones, en las que podríamos ingresar -no creo que sea el momento de discutir artículo por artículo-, sin perjuicio de compartir en forma general muchos de los comentarios del Miembro Informante, mocionaríamos para que se postergue el tema para la próxima sesión ordinaria, con el compromiso de votar en general y en particular el proyecto en dicha sesión.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: los integrantes de la Comisión de Hacienda que venimos trabajando en este proyecto de ley convenimos en considerar el tema con tranquilidad, porque se trata de un asunto engorroso. Además, a pedido del Partido Nacional se votaría en general en la próxima sesión, por lo que sería bueno que quienes tuvieran dudas, las pusieran sobre la mesa. Nosotros te-nemos algunas inquietudes y no queremos que las Bancadas de la oposición se enteren cuando se vaya a votar, dentro de unos quince días. Por eso, queríamos exponerlas en unos minutos para que se tome nota y en el transcurso de estos días se vea si son viables las modificaciones. Algunas de ellas son de texto, mínimas, pero hacen a la claridad del tema.

Antes que nada, quiero felicitar al señor Senador Rubio, a quien le dimos la tarea de informar sobre el proyecto y lo hizo con esfuerzo y talento. Él con algunas frases pudo resumir ciertos temas que a nosotros nos hubieran llevado varias carillas explicarlos. Quiero hacer este reconocimiento, no porque sea un integrante de nuestra Bancada, sino por el trabajo que ha realizado el señor Senador Rubio.

Quisiéramos dejar sentadas algunas inquietudes o modificaciones en el articulado. En el artículo 11 tendríamos para hacer una modificación mínima, porque en el último renglón se utiliza la palabra "vigente" y debería decirse "vigentes", porque hace a los dos modos de crédito, los de menos de 2:000.000 de UI y a los más de 2:000.000 de UI.

SEÑOR BRECCIA.- Se refiere al valor de la Unidad Indexada.

SEÑOR MICHELINI.- Esta es una duda que tengo, porque se refiere a la Unidad Indexada, pero, en mi opinión, vigente para los dos conceptos.

Por otra parte, quisiera referirme al artículo 12. Al final del inciso segundo, se dice "modalidad de crédito", que es una potestad que le damos al Banco Central y éste la puede usar o no, pero en mi opinión debería decirse "modalidad de crédito, garantía o montos del crédito". Luego, en el inciso tercero de ese mismo artículo se debería incluir la palabra "garantía", para que el Banco Central, cuando publicite las tasas de interés, pueda apuntar a algún sector específico por entender que existe falta de información o porque quiere dar más transparencia. Por tanto, podría realizar la publicidad de esas tasas de interés con mayor fuerza en algunos sectores.

Por otro lado, en los literales b) y c) del artículo 14, las frases que dicen "No podrán excluirse los gastos fijos de un nuevo crédito" -o sea, cuando la persona tiene un crédito y quiere sacar otro- deberían ir al final de cada literal, porque están incluidas en la mitad del concepto, lo que en mi opinión confunde. Además, debería agregarse "por la concesión de un nuevo crédito" y no simplemente decir "de un nuevo crédito".

Respecto a lo que dice el literal e) de este mismo artículo, creemos que el tope que determina el Banco Central debería ser una facultad que tendría que utilizar cuando crea conveniente y no hacerlo cuando el mercado está estable.

En el literal c) del artículo 15 también hay que dar facultades al Banco Central y no preceptos.

El artículo 16 es el más complejo y todavía no lo he comentado con el señor Senador Rubio. En este caso establecemos el equivalente porque tenemos la inquietud -sobre todo el señor Senador Rubio- de que a través de las cuotas sociales encubiertas no se esté cobrando una tasa superior de interés. Entones, fijamos en un 10% el tope fijado para la usura en el artículo 11. Me parece que deberíamos establecer el tope del artículo 11, naturalmente, o un porcentaje sobre el crédito que se presta, porque si se presta una cantidad, aunque no llegue al 10% de la usura sino a un 5%, podría estar generándose algo por encima del tope de la usura. En este caso, las cooperativas -sobre todo aquellas de las que tenemos dudas sobre si son realmente cooperativas- podrían estar cayendo en usura. Esta misma disposición establece más adelante: "Este tope sólo podrá ser superado", lo cual, para el caso de cooperativas en serio, no tendría problemas. Tengo una redacción que podríamos analizar con más tranquilidad en el tiempo que tenemos por delante hasta el momento de la votación de estos artículos.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Eleuterio Fernández Huidobro)

- En el artículo 17, en lugar de decirse "del más del 10%", debería expresarse "de más del 10%".

Por otra parte, en el inciso segundo del artículo 20 se expresa que estas disposiciones se podrán aplicar a las obligaciones a la fecha de vigencia de la presente ley. Estamos hablando de operaciones menores respecto a las cuales a partir de cierto plazo no se van a cobrar los intereses pactados, sino los intereses que fija la ley. No tenemos que olvidar que se trata de gente humilde, con créditos bajos. De cualquier manera, no estamos diciendo que acá se haya conformado usura. Entonces, me parece bien actuar de esta manera en el futuro, es decir, que en determinado plazo se cobren ciertos intereses y no aquellos intereses en los primeros años, en caso de que la persona deje de pagar. Respecto a los créditos anteriores -que, en general, en estos casos son de cuatro, cinco o seis meses-, habría que estudiar si sería bueno ir para atrás, porque ello podría significar violar contratos que son anteriores a la ley, lo que puede dar lugar a alguna reclamación al Estado.

En lo que tiene que ver con el literal c) del artículo 25, sería bueno que el mínimo sea más bajo -porque el máximo es muy alto- y que la autoridad, ya sea el Banco Central o el Ministerio de Economía y Finanzas, tenga la posibilidad de aplicar las multas con una mayor amplitud. De esta forma, se pondría un tope más bajo -aquí se fijan "100.000 UI" para créditos que muchas veces son de $ 500 o $ 1.000- y se mantendrían los 20:000.000 de Unidades Indexadas. Repito: creo que habría que bajar el monto que aquí figura.

Por su parte, en el inciso segundo del artículo 27 se expresa, entre otras cosas, "La falta de cumplimiento de estas obligaciones hará presumir la existencia de intereses usurarios". Habría que observar con cuidado este artículo -en todo caso, nos podría ayudar el señor Senador Breccia- porque puede ocurrir que se demuestre que no hay voluntad de cometer usura, pero por algún elemento burocrático ya se haga la presunción en la ley. Entonces, me parece que habría que buscar otra redacción o sacarlo; si el Juez encuentra que hay usura, naturalmente, actuará.

Estas son algunas observaciones que podemos considerar en los próximos quince días, una vez que hayamos votado en general el proyecto en el día de hoy.

SEÑOR AGUIRRE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGUIRRE.- Señor Presidente: quiere el azar que yo esté presente en el Senado cuando se trata la Ley de Usura, la que no votaría ni a favor ni en contra porque de acuerdo con una disposición reglamentaria -el artículo 94- está prohibido a todo Senador intervenir en el asunto a que refiere su interés individual; no se trata de que yo sea usurero, sino de que tengo vinculación profesional con la Cámara de Tarjetas de Crédito. Eso mismo que ha hecho que alguna vez venga con el Presidente de la Cámara o con algún otro directivo a las Comisiones parlamentarias que tratan estos temas -ocurrió en la Legislatura pasada en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y en ambas Comisiones de Hacienda- me ha permitido tener conocimiento del tema en el ámbito legislativo.

Lo que quiero poner de manifiesto ante el Senado -me felicito de oír las palabras de los señores Senadores Abreu y Michelini advirtiendo que hay una cantidad de artículos que presentan dificultades técnicas y complejidades muy grandes- es que me opongo a una técnica legislativa tan sofisticada desde el punto de vista del manejo de conceptos que no corresponden al mundo del Derecho, sino a la técnica financiera, bancaria o al mundo de la economía. No hay que olvidar de ninguna manera que las personas que aplican las leyes en el ámbito de la Administración, los que asesoran a los jerarcas sobre cómo se deben aplicar las leyes y los Jueces son personas formadas en el mundo del Derecho. El Derecho es el lenguaje del Estado y esta es una ley, un acto jurídico que emana del Estado y en lugar de expresarse en lenguaje jurídico, lo hace en un lenguaje esotérico. Por ejemplo, el artículo 10 sobre el tema de la tasa implícita es tan complejo, que se remite a un anexo que hay que aplicar en algo completamente ajeno a la técnica legislativa. El hecho de que una ley se complemente con un anexo lleno de fórmulas -no sé si algebraicas o de qué naturaleza porque hace muchos años que dejé de estudiar matemáticas, si es que alguna vez lo hice en serio- es algo totalmente heterodoxo y que la hace incomprensible. ¿Qué hace un Juez si debe aplicar esta ley en un litigio, civil o penal, para determinar si hay o hubo usura? Tendrá que contratar a un perito de inmediato, porque es imposible que un Juez aplique esta ley.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR AGUIRRE.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: más allá de que la construcción de leyes siempre es opinable, en este caso se nos pidió la mayor exactitud posible. Es cierto que la fórmula podría no estar incluida en la ley y que podría ser definida por el Banco Central -de todas maneras, se autoriza su modificación por parte del Poder Ejecutivo con acuerdo del Banco Central-, pero se pidió que se incluyera porque se va a elaborar un programa de forma tal, que al incluir las variables quede determinado si se está o no por encima de los montos fijados.

A pesar de que puede utilizarse un lenguaje no muy legislativo, muchas de las cosas que se incluyeron en este proyecto de ley fueron a pedido de los responsables de la aplicación de Justicia para poder ser lo más objetivos posible. Naturalmente, lo que estamos diciendo siempre puede ser discutible, pero el esfuerzo de incorporar la fórmula se hizo para ser absolutamente objetivos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Aguirre.

SEÑOR AGUIRRE.- Señor Presidente: agradezco la interrupción del señor Senador Michelini, que es válida como explicación. Lo que se ha querido es no legislar de modo uniforme para situaciones que pueden ser distintas. No es lo mismo una empresa administradora de crédito que un banco o una cooperativa, ya sea una verdadera cooperativa o una entidad que adopta esa forma jurídica para disfrazar su actividad financiera, que -lamentablemente- existen. No estoy en contra de que se distingan las situaciones y las figuras y de que se trate de ser preciso. Sí estoy en contra de que se utilice una terminología que, por su tecnicismo fuera del mundo del Derecho, hace muy difícil la inteligencia de la ley.

Como no voy a estar en este Senado cuando se vote el proyecto -ya dije que, de todos modos, no votaría a favor ni en contra-, con estas palabras dejo expresada mi preocupación, ya que creo que es de muy difícil inteligencia y, por lo tanto, de difícil aplicación.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: tengo claro que vamos a votar la postergación del tema, pero creí entender, de las palabras del señor Senador Michelini, que la idea es que en esta instancia se puedan plantear algunas inquietudes.

Simplemente, deseo hacer hincapié en un aspecto que me preocupa bastante. En varios artículos -como el 11 y el 26- se hace una diferencia importante según el monto de la operación. Por ejemplo, en el artículo 11 se establecen distintos intereses, pero no entiendo por qué si un determinado interés puede ser considerado de usura para una operación más pequeña, no lo es también para una operación de mayor magnitud. Asimismo, según el artículo 26, se considera que es necesario que el fiador esté informado del incumplimiento del deudor, lo que parece muy razonable, pero no entiendo por qué eso va a depender de la magnitud de la operación. En realidad, uno tendería a pensar que cuanto mayor sea la operación, más necesidad habrá de que el fiador esté informado.

En definitiva, comparto el criterio de fijar la usura como un porcentaje por encima de los intereses medios así como que el fiador debe estar informado, pero no entiendo por qué se hace la diferenciación según el monto. Además, el monto que se está fijando es de 2:000.000 de Unidades Indexadas -aproximadamente U$S 120.000, según calculábamos con el señor Miembro Informante- y para cualquier empresa es una operación totalmente razonable. Por lo tanto, entiendo que también es necesario proteger esas operaciones de la usura o de otro tipo de manejo.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LONG.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: más allá de que en estos quince días podremos evacuar otras inquietudes, debo decir que en el tema de la usura el pequeño acreedor está mucho más indefenso que el grande, que tiene mucha más información. Aclaro que este tema lo hemos trabajado y hemos aportado la experiencia de los integrantes de la Comisión pertenecientes a todos los partidos y del propio Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos hablando de aspectos técnicos y no políticos, y siempre se trata de dar más garantías a los sectores menos informados y con menos oportunidades. Además, cuando se trata de montos grandes, en general, se pone una garantía y el tema transcurre por otros carriles.

Por otra parte, los costos que se incluyen dentro de la tasa de interés en los grandes créditos pesan mucho menos. Por ejemplo, en un crédito de $ 1.000, llamar al Clearing, que cobra $ 40 o $ 50, es muy costoso. Sin embargo, en los grandes créditos la tasa de interés -aunque no llegue a ser usura- cubre todo con creces, incluyendo los salarios de las personas que investigan las posibilidades de pago. Esa es la razón por la que en el proyecto no se separan los créditos grandes, pero sí los chicos. Es más, se podrá decir que el proyecto tiene una casuística muy sensible o sutil, pero en los créditos que se descuentan de los salarios en forma directa -muchas veces son por convenio con empresas e, incluso, están en un nivel de prelación a la hora del descuento- los costos son menores.

Con esto no quiero decir que las dudas que plantea el señor Senador Long no tengan fundamento; simplemente, quiero expresar cómo lo razonamos. Entendimos que si decidíamos hacer un proyecto de esta naturaleza había que prever y distinguir todas las situaciones: créditos por tarjeta, créditos por descuentos de sueldo, créditos al mostrador y, naturalmente, créditos de gran envergadura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: agradezco al señor Senador Michelini sus comentarios. No pretendo sustituir la discusión que tendremos dentro de quince días; simplemente, razono que en el caso de un crédito mayor -como bien ha dicho el señor Senador Michelini- el peso de los intereses es menor.

Por lo tanto, ¿por qué razón vamos a fijar un tope por encima de un crédito menor donde todos los costos vinculados al mismo son mayores?

En el otro caso, no veo por qué el fiador de un crédito mayor o menor deba estar desprotegido; en todo caso, la situación es la misma. Creo que en ambos casos hay argumentos que están en la dirección señalada y habrá que analizarlos. Estamos de acuerdo en que no se puede ir a la casuística, a un grado de detalle muy grande. Pensamos que más claro sería dar determinados conceptos, sin importar si está un poco por encima o por debajo de ciertos montos; pero eso nos parece secundario. Creo que el monto no debería ser considerado y asimilarse todo al caso de la primera situación, es decir, por debajo de los 2:000.000 de Unidades Indexadas.

Estos razonamientos son a cuenta de otros que haremos en la sesión correspondiente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada por el señor Senador Abreu, en el sentido de seguir considerando este tema en la próxima sesión ordinaria del Senado, incorporándolo a su Orden del Día.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa, en nombre del Cuerpo, saluda a las alumnas y alumnos de la Escuela Nº 46 "Evaristo Ciganda", de San José, que están en la Barra, y a las maestras y maestros que los acompañan.

16) FERIADO NO LABORABLE PARA LA CIUDAD DE NUEVA PALMIRA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se declara feriado no laborable para la ciudad de Nueva Palmira, el día 26 de octubre de 2006, con motivo de conmemorarse los 175 años de su fundación"

(Antecedentes:)

"CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase feriado no laborable para la ciudad de Nueva Palmira, departamento de Colonia, el día 26 de octubre de 2006, con motivo de conmemorarse los 175 años de su fundación.

Artículo 2º.- Otórgase goce de licencia paga durante la fecha indicada en el artículo 1º de la presente ley, a los trabajadores de las actividades pública o privada, nacidos o radicados en la ciudad de Nueva Palmira.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 17 de octubre de 2006.

Ruben Martínez Huelmo 1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: como se deriva de la lectura de este proyecto de ley, que cuenta con la aprobación de la Cámara de Representantes, la ciudad de Nueva Palmira cumplirá, el 26 de octubre del corriente, es decir, la semana que viene, los 175 años de su fundación.

Supongo que la mayoría de los integrantes de este Senado conoce la realidad de esta pujante localidad del departamento de Colonia, punto terminal de la Hidrovía, el puerto granelero más importante del Uruguay y asiento, además, de importantísimas inversiones allí radicadas, sobre todo en el área de la actividad portuaria granelera, en los últimos veinte años.

Nueva Palmira es uno de los lugares del litoral del país con mayor grado de desarrollo relativo. Sin ninguna duda, se trata de una ciudad con un espíritu muy austero, pero al mismo tiempo, muy jovial, que celebra una Fiesta de la Primavera que es una de las más lindas del Uruguay y que ahora va a festejar con alborozo los 175 años de su fundación. En este tiempo, esta ciudad se ha desarrollado y ha logrado un grado de prosperidad y justicia social que realmente hacen que sea justo que se declare feriado no laborable el día en que se conmemora este aniversario.

Por lo tanto, como coloniense y ex Intendente del departamento de Colonia, pido el voto afirmativo para este proyecto de ley.

SEÑOR OLIVER.-Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR OLIVER.- Quiero adherir a las palabras expresadas por el señor Senador Moreira. Soy habitante de la ciudad de Nueva Palmira y además de destacar el aspecto comercial al que se ha referido el señor Senador, me gustaría invitar a mis compañeros del Senado a la Fiesta de la Primavera del próximo domingo, y además conozcan la parte cultural de la ciudad que es muy importante donde se destacan entre otros el Museo Municipal profesor Lucas Roselli, que es pequeño, pero de una categoría que lo hace digno de ser visitado. También contamos con la segunda biblioteca nacional por su antigüedad, la Jacinto Laguna, que está muy bien dirigida.

Por otra parte, la ciudad ofrece sus bellezas naturales, razón por la cual nos sentiríamos muy halagados de recibir a los señores Senadores y a todos los habitantes de nuestro país.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 1º.- Declárase feriado no laborable para la ciudad de Nueva Palmira, departamento de Colonia, el día 26 de octubre de 2006, con motivo de conmemorarse los 175 años de su fundación".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Santiago González Barboni).-

"Artículo 2º.- Otórgase goce de licencia paga durante la fecha indicada en el artículo 1º de la presente ley, a los trabajadores de las actividades pública o privada, nacidos o radicados en la ciudad de Nueva Palmira".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo, y queda aceptada la invitación realizada por los señores Senadores Moreira y Oliver.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado.)

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Como miembro de la "República" de Juan Lacaze, que es parte del departamento de Colonia, empecé a pensar en viejas épocas de la ciudad de Nueva Palmira. En el año 1948, la selección de Colonia salió campeona del litoral y podría decir el nombre de los once jugadores que integraban el equipo: había de Carmelo, de Colonia, de Juan Lacaze, de Rosario, de Colonia Suiza, pero ninguno de Nueva Palmira. Sin embargo, el director técnico de esa selección se llama -o se llamaba; no sé exactamente en qué situación está- Ulises Anzuela.

SEÑOR MOREIRA.- ¿Me concede una interrupción, señor Senador?

SEÑOR COURIEL.- No puedo, señor Senador, ya que estoy fundamentando el voto.

También evoco de esa época de estudiante a dos viejas amigas de Nueva Palmira. Una es Graciela Chiessa -que corría cien metros llanos- y la otra es su hermana, la profesora Ana María Chiessa.

Con ese recuerdo, quería conmemorar el festejo de Nueva Palmira.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- No tengo los mismos recuerdos del señor Senador Couriel porque soy un poco más joven que él, pero al señor Ulises Anzuela lo tengo presente, con mucho cariño, porque también dirigió el Club del Artesano, de la ciudad de Nueva Helvecia, de la cual soy oriundo. Por lo tanto, sé que es un hombre muy valorado por sus grandes cualidades como director técnico.

17) CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE LA FEDERACION DE RUSIA SOBRE LA COOPERACION EN LA LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILICITO Y EL USO INDEBIDO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de la Federación de Rusia sobre la Cooperación en la Lucha contra el Tráfico Ilícito y el Uso Indebido de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito en Moscú, el 2 de julio de 2002. (Carp. Nº 314/05 - Rep. Nº 340/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 314/05

Rep. Nº 340/06

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Salud Pública

Montevideo, 22 de agosto de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el Artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República a fin de reiterar el Mensaje de fecha 20 de mayo de 2004 que se adjunta, por el cual se solicita la aprobación parlamentaria del "Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la Cooperación en la Lucha contra el Tráfico Ilícito y el Uso Indebido de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas", suscrito en Moscú el 2 de julio de 2002.

Al mantenerse vigentes los fundamentos que en su oportunidad dieron mérito al envío de aquel Mensaje, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, José Díaz, Mario Bergara, Jorge Brovetto, María Julia Muñoz.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Salud Pública

Montevideo, 22 de agosto de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la Cooperación en la Lucha contra el Tráfico Ilícito y el Uso Indebido de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito en Moscú el 2 de julio de 2002.

Reinaldo Gargano, José Díaz, Mario Bergara, Jorge Brovetto, María Julia Muñoz.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Salud Pública

Montevideo, 20 de mayo de 2004.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en los ar-tículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración, el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la Cooperación en la Lucha contra el Tráfico Ilícito y el Uso Indebido de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, hecho en Moscú el 2 de julio de 2002, que consta de un preámbulo y dieciséis artículos.

Las Partes Contratantes, conscientes que el tráfico ilícito y el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas representan una grave amenaza a la salud y bienestar de sus pueblos y un problema que afecta las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales de ambos Estados, suscribieron este Convenio donde reconocen que la tarea de erradicar el tráfico ilícito de drogas es responsabilidad colectiva y compartida de todos los Estados, que requiere la acción coordinada en el marco de la cooperación multilateral y bilateral, tomando como referencia los propósitos de la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961 enmendada por el Protocolo de 1972, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, así como las decisiones tomadas por la Organización de Naciones Unidas en lo atinente a estos asuntos.

La coordinación de la cooperación prevista en el marco del Convenio estará, para la parte uruguaya, a cargo de la Junta Nacional de Drogas de la Presidencia de la República en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y para la parte rusa será el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia.

Las formas de cooperación se efectuarán conforme a lo previsto en el Artículo 4 y no afecta los asuntos de extradición y asistencia jurídica en las causas penales.

La petición de asistencia en el marco del Convenio, se formulará por escrito con los requerimientos del Artículo 5, siendo factible la forma oral, en casos de urgencia, siempre que en tres días sea confirmada por escrito, previéndose el cumplimiento inmediato en un plazo de 30 días a partir de su recepción (Artículo 7 inciso 1), aunque el diligenciamiento de la petición podrá posponerse en caso de considerarse que el cumplimiento inmediato puede obstruir un proceso penal u otro procedimiento (Artículo 7, inciso 5).

En el cumplimiento de la petición de informes se aplicará la legislación de la Parte requerida, aunque puede ser aplicada la legislación de la Parte solicitante, si ello no contradice las leyes u obligaciones internacionales contraídas por la Parte requerida (Artículo 7, inciso 4).

La adopción de medidas necesarias para asegurar la confidencialidad de la petición, de su contenido, de los documentos relativos a la misma y el caso de imposibilidad de mantener el carácter reservado del asunto, se previó en el Artículo 7, inciso 6 y Artículo 8.

El cumplimiento de las peticiones de Informes puede ser rechazado, total o parcialmente, si la Parte solicitada considera que puede causar perjuicio a la soberanía, seguridad, orden público u otros intereses sustanciales del Estado, o que contradice su legislación interna o sus obligaciones internacionales (Artículo 6).

La actualidad que reviste el fenómeno del tráfico ilícito y el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, pone de manifiesto, la importancia de la entrada en vigor del instrumento bilateral suscrito, donde las Partes acordaron coordinar sus posiciones en los organismos y foros internacionales y cooperar en materia de detección, control y erradicación de plantas que contengan sustancias estupefacientes y que se cultiven con el fin de fabricación ilegal de drogas (Artículos 10 y 11).

El Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE, Presidente de la República; Guillermo Stirling, Guillermo Valles, Isaac Alfie, Daniel Bervejillo, Conrado Bonilla.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Salud Pública

Montevideo, 20 de mayo de 2004.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la Cooperación en la Lucha contra el Tráfico Ilícito y el Uso Indebido de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, hecho en Moscú el 2 de julio de 2002.

Guillermo Stirling, Guillermo Valles, Isaac Alfie, Daniel Bervejillo, Conrado Bonilla.

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACION DE RUSIA SOBRE LA COOPERACION EN LA LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILICITO Y EL USO INDEBIDO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la Federación de Rusia, denominados en adelante las Partes,

CONSCIENTES de que el tráfico ilícito y el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (llamados en adelante drogas) representan una grave amenaza a la salud y bienestar de sus pueblos y un problema que afecta las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales de ambos Estados;

PARTIENDO de los propósitos de la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961, con enmiendas incluidas de acuerdo con el Protocolo de 1972 sobre enmiendas a la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961 (en adelante denominada como Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961 enmendada por el Protocolo de 1972), la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, y también teniendo en cuenta las respectivas decisiones, tomadas por la Organización de Naciones Unidas en relación a estos asuntos, inclusive por los XVII y XX períodos de Sesiones especiales de la Asamblea General de la ONU de 1990 y de 1998;

RECONOCIENDO que la tarea de erradicar el tráfico ilícito de drogas es responsabilidad colectiva y compartida de todos los Estados del mundo y requiere una acción coordinada en el marco de la cooperación multilateral y bilateral;

RESUELTOS a concretar la cooperación mutua para enfrentar de manera efectiva el problema del tráfico ilícito de drogas;

TENIENDO EN CUENTA la necesidad de las Partes de cooperar para combatir el tráfico ilícito de drogas incluyendo los esfuerzos encaminados a contrarrestar los intentos de utilizar el territorio, espacio aéreo y las aguas territoriales de sus respectivos Estados para el tránsito ilegal de drogas;

ATRAYENDO UNA ESPECIAL ATENCION a la necesidad de armonizar políticas que posibiliten la cooperación jurídica y operativa con ajuste a los respectivos ordenamientos jurídicos y de facilitar esfuerzos efectivos en el campo del intercambio de información sobre estos trascendentes temas, así como en el de la cooperación técnica recíproca y el de la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los drogodependientes;

TOMANDO EN CONSIDERACION sus sistemas constitucionales y legales y el respeto de los derechos inherentes a la soberanía nacional de sus respectivos Estados;

CONSCIENTES de la importancia de desarrollar una colaboración recíproca para la represión del tráfico ilícito de drogas mediante la colaboración, coordinación y armonización de políticas dentro de lo que permiten los respectivos ordenamientos jurídicos y la ejecución de programas específicos;

Han acordado lo siguiente

ARTICULO 1

Las Partes, observando los ordenamientos jurídicos y las normas vigentes en sus respectivos Estados, procurarán armonizar sus políticas y ejecutarán programas coordinados en la esfera de la prevención del abuso de drogas, la rehabilitación de los drogodependientes para enfrentar el tránsito ilegal de drogas, así como de las sustancias que se utilizan para su fabricación detalladas en las Listas I y II del Anexo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.

Las políticas y programas mencionados en el inciso precedente, serán ejecutadas con ajuste a las convenciones internacionales de las cuales ambos Estados son Partes.

Las Partes darán cumplimiento a las obligaciones derivadas del presente Convenio, conforme a los principios y las normas del Derecho Internacional, consagrados en la Carta de la Organización de Naciones Unidas y en otros documentos internacionales.

ARTICULO 2

La cooperación prevista en el presente Convenio se realizará a través de los órganos competentes de las Partes.

Para los fines del presente Convenio los órganos competentes de las Partes serán:

Por la República Oriental del Uruguay:

Junta Nacional de Drogas de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay;

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay;

Por la Federación de Rusia:

Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia;

Ministerio de Asuntos Interiores de la Federación de Rusia;

Procuraduría General de la Federación de Rusia;

Ministerio de Salud Pública de la Federación de Rusia;

Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia;

Servicio Fronterizo Federal de la Federación de Rusia;

Comité Estatal de Aduanas de la Federación de Rusia.

ARTICULO 3

Por la parte de la República Oriental del Uruguay, la Junta Nacional de Drogas de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, la cual actuará en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay será el responsable de la coordinación de la cooperación en el marco del presente Convenio, por la parte de la Federación de Rusia, será el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia.

ARTICULO 4

1. La cooperación en el marco del presente Convenio se efectuará, en particular, en las siguientes formas:

1) el intercambio de información de interés de búsqueda operativa; de consulta criminalística y otras sobre:

cualquier tipo de delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y precursores, cometidos o en proceso de ejecución en el territorio del Estado de la otra Parte;

hechos y acontecimientos concretos relacionados con el tráfico ilegal o intenciones del tráfico ilegal de drogas y precursores desde el territorio del Estado de una Parte al territorio del Estado de la otra;

personas que estén bajo sospecha en relación con su participación en el tráfico ilícito de drogas y precursores;

estructura, participantes, esfera de actividad, organización de la dirección y los vínculos de las agrupaciones criminales, relacionadas con el tráfico ilícito de drogas y precursores, cuya actividad delictiva sea de carácter internacional;

contactos efectuados o supuestos entre personas y agrupaciones criminales relacionadas con el tráfico ilícito de drogas y precursores, que actúan en los Estados de las Partes;

formas y métodos de revelar las fuentes de la llegada de drogas y precursores al comercio ilícito y medidas para reprimir dicha actividad criminal;

métodos de ocultación de drogas en el proceso de transporte y para su detección;

formas y métodos de ejercer una actividad delictiva relacionada con el tráfico ilícito de drogas y precursores;

hechos y métodos revelados de legitimar ("lavar") los ingresos del tráfico ilícito de drogas y precursores;

instrucción de las causas penales respecto a los ciudadanos del Estado de la otra Parte involucrados en el tráfico ilícito de drogas y precursores, la terminación de la instrucción o dictamen de la sentencia por los procesos mencionados;

métodos de la prevención, tratamiento, rehabilitación y la reinserción social de los drogodependientes;

2) realización de las actividades de búsqueda operativa por las peticiones de informes de órganos competentes de la otra Parte de las actividades de búsqueda operativa por los procesos, relacionados con el tráfico ilícito de drogas y precursores;

3) intercambio de experiencia de trabajo, incluyendo la realización de encuentros conjuntos, reuniones, conferencias y seminarios;

4) intercambio de los textos de los instrumentos legislativos y de otros actos jurídicos relativos a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y su abuso, materiales sobre su ejecución y de recomendaciones metodológicas;

5) facilitar la preparación y capacitación del personal mediante la organización de las pasantías en las dependencias especializadas en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y precursores y en los establecimientos médicos;

6) prestar la asistencia consultiva, así como cooperar en la ejecución de pericias complicadas;

7) intercambiar en casos necesarios las muestras y resultados de las investigaciones de drogas y precursores, confiscados del tráfico ilícito;

8) intercambio de delitos estadísticos y publicaciones especializadas sobre los problemas del control de drogas.

2. El presente Convenio no impide que los órganos competentes de las Partes establezcan y fomenten otras vías y formas de cooperación mutuamente aceptables.

3. El presente Convenio no afecta los asuntos de extradición y asistencia jurídica en las causas penales.

ARTICULO 5

La prestación de asistencia en el marco del presente Convenio se efectuará en base a la petición o por iniciativa del órgano competente de una de las Partes al considerar que tal asistencia presente interés para la otra Parte. La petición de asistencia será dirigida por escrito, utilizándose, entre otros, los medios técnicos de transmisión de información.

En casos de urgencia las mismas podrán ser aceptadas en forma verbal, sin embargo, deberán ser confirmadas por escrito en tres días.

La petición de informes deberá contener, en cuanto sea necesario y posible:

denominación del órgano competente que solicita el informe;

denominación del órgano competente al que se pide el informe;

identificación del expediente o material, sobre el cual se dirige la petición;

motivo de la solicitud;

plazo deseable del cumplimiento de la petición;

cualquier otra información necesaria para el cumplimiento de la petición.

La petición deberá ser firmada por el responsable máximo del órgano competente solicitante o su segundo y otras personas apoderadas por ellos y sellada por el órgano competente que solicita el informe. Los órganos competentes de las Partes verificarán la lista de las personas apoderadas.

ARTICULO 6

El cumplimiento de las peticiones de informes puede ser rechazado, total o parcialmente, si la Parte solicitada considera que el cumplimiento del pedido mencionado puede causar perjuicio a la soberanía, seguridad, orden público u otros intereses sustanciales de su Estado o contradiga la legislación interna de dicho Estado Parte o sus obligaciones internacionales.

El cumplimiento de la petición puede ser rechazado si la acción que motiva su envío, no se considera infracción de la ley según la legislación del Estado requerido.

En caso de aprobar una decisión sobre el rechazo del cumplimiento de la petición, la misma será puesta en conocimiento del órgano competente requirente, señalándose las causas.

ARTICULO 7

1. El órgano competente requerido emprenderá todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la petición en la forma más rápida y completa posible.

Como regla general la petición será cumplida, en un plazo no mayor de 30 días a partir de su recepción; tomándose en consideración, en la medida de lo posible, las sugerencias del órgano competente solicitante referentes al plazo de su cumplimiento.

El órgano competente solicitante será puesto de inmediato en conocimiento sobre las circunstancias que impidan el cumplimiento de la petición o la demoren sustancialmente.

2. Si el cumplimiento de la petición no es competencia del órgano solicitado, este último lo hará llegar al órgano competente correspondiente e informará inmediatamente al órgano solicitante al respecto.

3. El órgano competente solicitado puede pedir datos adicionales si éstos son necesarios, a su juicio, para cumplir cabalmente con la petición de informe.

4. En el cumplimiento de la petición de informes se aplicará la legislación del Estado de la Parte requerida, sin embargo por solicitud del órgano competente solicitante puede ser aplicada la legislación de su Estado, si ello no contradice las leyes u obligaciones internacionales, contraídas por el Estado de la Parte requerida.

5. Si el órgano competente solicitado considera que el cumplimiento inmediato de la petición puede obstruir un proceso penal u otro procedimiento en su Estado, éste podrá posponer el diligenciamiento de la misma o someter su cumplimiento a las condiciones que serán deter-minadas como necesarias después de consultados los ór-ganos competentes del Estado requirente. En caso que el órgano solicitante acepte la asistencia bajo las condicio-nes propuestas, este mismo deberá observar estas condiciones.

6. El órgano competente solicitante por pedido del órgano competente solicitado, emprenderá las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad del hecho de la petición, de su contenido y de los documentos anexados, así como del hecho de la prestación de asistencia.

En caso de imposibilidad de cumplimiento de la petición sin mantener el carácter reservado, el órgano competente solicitado lo pondrá en conocimiento del órgano competente solicitante, quien deberá decidir si acepta el cumplimiento de la petición bajo tales condiciones.

7. El órgano competente solicitado informará a la mayor brevedad posible al órgano competente solicitante sobre los resultados del cumplimiento de la petición.

ARTICULO 8

1. Las Partes asegurarán la confidencialidad de la información y documentos recibidos, si éstos tienen carácter reservado o si la Parte que lo hace llegar considera inconveniente su divulgación. El grado de secreto de esta in-formación y documentos lo determinará la Parte que los envía.

2. La información y documentos recibidos en base al presente Convenio sin el consentimiento del órgano competente que los ha concedido no deberán ser utilizados con fines diferentes de los que han sido solicitados y concedidos, a menos que éstos sean accesibles al público en el Estado de la Parte solicitada.

3. Para la entrega a un tercer Estado de la información y documentos, recibidos por una de las Partes de acuerdo al presente Convenio se requerirá el consentimiento preliminar del órgano competente que los ha concedido, a menos que éstos sean accesibles al público en el Estado de la Parte solicitada.

ARTICULO 9

Las peticiones y documentos anexados a dichas solicitudes, dirigidas de conformidad con el presente Convenio serán remitidas en el idioma previamente concertado entre los órganos competentes de las Partes.

ARTICULO 10

Las Partes procurarán coordinar sus posiciones en los organismos y foros internacionales sobre el control de tráfico de drogas, así como de las sustancias detalladas en las Listas I y II del Anexo a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.

ARTICULO 11

Los órganos competentes de las Partes cooperarán en materia de detección, control y la erradicación de plantas que contengan sustancias estupefacients y se cultiven con el fin de fabricación ilegal de drogas en violación de lo señalado en la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961 enmendada por el Protocolo de 1972.

ARTICULO 12

Los órganos competentes de las Partes realizarán basadas en la reciprocidad mutua consultas con el fin de coordinar e incrementar la eficacia de la cooperación prevista en el presente Convenio.

Los órganos competentes de las Partes podrán formar grupos de trabajo, realizar encuentros de expertos y dentro de las áreas de su competencia, concluir convenios entre sí con el fin de asegurar el cumplimiento más efectivo del presente Convenio.

ARTICULO 13

Cualquier controversia sobre la interpretación o la aplicación del presente Convenio se resolverá mediante consultas entre los órganos competentes interesados de las Partes o por la vía diplomática.

ARTICULO 14

Los gastos relacionados con el cumplimiento del presente Convenio, serán asumidos por el órgano competente de cada Parte, a menos que en cada caso sea concertado otro orden.

ARTICULO 15

Este Convenio no afectará los derechos y obligaciones de las Partes, contraídos por otros Tratados Internacionales que los vincule, a menos que el presente estipule condiciones más favorables para la cooperación entre los órganos competentes de las Partes.

ARTICULO 16

El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de la última notificación por la que una de las Partes comunique a la Otra el cumplimiento de sus procedimientos legales internos necesarios para su entrada en vigor.

El presente Convenio tendrá una validez de cinco años, prorrogables automáticamente por períodos iguales, a menos que una de las Partes denuncie, por vía diplomática, con seis meses de antelación, su intención de suspender la vigencia del mismo.

El presente Convenio podrá ser enmendado o complementado mediante intercambio de Notas Diplomáticas.

Dichas enmiendas entrarán en vigor mediante el mismo procedimiento previsto para la entrada en vigor del presente Convenio.

Hecho en Moscú "dos" de julio del año dos mil dos en dos ejemplares originales en los idiomas español y ruso, siendo ambos textos igualmente auténticos.

 

 

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha enviado para su aprobación el Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la Federación de Rusia, sobre la cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito y el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas del 2 de julio de 2002.

I- Antecedentes

Tomando como referencia la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961 enmendada por el Protocolo de 1972, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, así como las decisiones tomadas por la Organización de las Naciones Unidas en lo atinente a estos asuntos; y conscientes que el tráfico ilícito y el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas representan una grave amenaza a la salud y bienestar de sus pueblos, el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el respectivo de la Federación Rusa han firmado el 2 de junio de 2002 un Convenio de Cooperación en la Lucha contra el Tráfico Ilícito y el Uso Indebido de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

El referido Convenio tiene por finalidad que ambos Estados cooperen para combatir el tráfico ilícito de drogas incluyendo los esfuerzos encaminados a contrarrestar los intentos de utilizar sus respectivos territorios, espacios aéreos y las aguas territoriales.

Asimismo se parte del reconocimiento, como la exposición de motivos lo expresa, que la tarea de erradicar el tráfico ilícito de drogas es responsabilidad colectiva y compartida de los Estados del mundo y requiere una acción coordinada en el marco de la cooperación multilateral y bilateral.

II- El Convenio

En el Artículo primero se establece que ambos Estados procurarán armonizar sus políticas y ejecutarán programas coordinados en la esfera de la prevención del abuso de drogas, la rehabilitación de los drogodependientes para enfrentar el tránsito ilegal de drogas, así como de las sustancias que se utilizan para su fabricación. Estas políticas y programas serán ejecutadas con ajuste a las convenciones internacionales de las cuales ambos Estados son Partes, como así también observando el ordenamiento jurídico y las normas vigentes en ambos Estados.

El Artículo segundo prevé que la cooperación se realizará por los órganos competentes, que en caso de la República Oriental del Uruguay son: la Junta Nacional de Drogas de la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por su parte, en el caso de la Federación Rusa son: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Asuntos Interiores, Procuraduría General, Ministerio de Salud Pública, Servicio Federal de Seguridad, Servicio Fronterizo General y Comité Estatal de Aduanas. La coordinación de tal cooperación, según se establece en el Artículo tercero se realizará en el caso uruguayo por la Junta Nacional de Drogas en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y en el caso de la Federación Rusa por su Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Artículo cuarto pauta las formas que podrá adoptar la cooperación entre ambos Estados. El Artículo cinco prevé que la asistencia se efectuará en base a la petición o por iniciativa del órgano competente de una de las Partes, la cual se dirigirá por escrito. No obstante y en caso de urgencia se habilita peticiones en forma verbal, las que deberán ser confirmadas por escrito en tres días.

El Artículo seis establece situaciones en las que las peticiones de informes pueden ser rechazadas por alguna de las Partes, en tanto se considere que erosiona la soberanía, seguridad, orden público u otros intereses sustanciales; o bien contradiga la legislación interna. El cumplimiento de la petición puede ser rechazado si la acción que motiva su envío, no se considera infracción de la ley según la legislación del Estado requerido.

El Artículo siete establece los mecanismos por los que el órgano competente requerido de un Estado debe responder a las peticiones. Por el Artículo ocho las Partes se comprometen a la debida confidencialidad de la información; a no utilizarla para fines distintos a los solicitados sin mediar autorización del órgano competente requerido; y a solicitar autorización para entregar información a un tercer Estado. Según el Artículo nueve las solicitudes deberán ser respondidas en el idioma acordado por las Partes.

El Artículo 10 compromete a las Partes a procurar coordinar sus posiciones en los organismos y foros internacionales sobre el control y tráfico de drogas. Asimismo, el Artículo 11 prevé que las Partes cooperarán en materia de detección, control y erradicación de plantas que contengan sustancias estupefacientes. En tanto por el Artículo 12 los órganos competentes de las Partes podrán formar grupos de trabajo y otras iniciativas a los efectos de profundizar la cooperación.

Las controversias entre las Partes -Artículo 13- se resolverán en consultas entre los órganos competentes o bien por la vía diplomática. Según el Artículo 14 los gastos asociados al Convenio serán con cargo a cada una de las Partes o bien como sea concertado en cada caso.

El Artículo 15 establece que el Convenio no afectará los derechos y obligaciones de las Partes, contraídas por otros Tratados Internacionales, a menos que el presente estipule condiciones más favorables.

Por último el Artículo 16 prevé la entrada en vigencia del Convenio en la fecha de la última notificación por la que una de las Partes comunique a la otra el cumplimiento de sus procedimientos legales internos necesarios para su aprobación; tendrá una duración de cinco años prorrogables automáticamente por períodos iguales a menos que se denuncia por la vía diplomática la intención de alguna de las Partes de suspenderlo; y finalmente la posibilidad de incorporarle enmiendas mediante intercambio de Notas Diplomáticas.

III- Importancia de la aprobación del Convenio

Como ya fue expuesto en el capítulo de antecedentes, y como también se expresa en la exposición de motivos del Proyecto de Ley, el tráfico ilícito y el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas representan una grave amenaza a la salud y bienestar de nuestro pueblo.

La lucha contra este flagelo debiera ser uno de nuestros focos de atención, entendiendo además que tal lucha debe ser permanente y coordinada tanto entre organismos nacionales como a nivel internacional. Tal es el caso de este Convenio que procurar coordinar esfuerzos en forma bilateral entre nuestra República y la Federación de Rusia.

Por lo expuesto, y considerarlo de interés para la República, se recomienda la aprobación del Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la Federación de Rusia, sobre la "Cooperación en la Lucha contra el Tráfico Ilícito y el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas", suscrito en Moscú, el 2 de julio de 2002.

Sala de la Comisión, 12 de octubre de 2006.

Jorge Larrañaga, Miembro Informante; Washington Abdala, Carlos Baráibar, Alberto Couriel, José Korzeniak, Enrique Rubio. Senadores.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA Nº 41

En Montevideo, el día doce de octubre del año dos mil seis, a la hora diecisiete y cinco minutos se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros los señores Senadores, Washington Abdala, Carlos Baráibar, José Korzeniak y Enrique Rubio.

Faltan con aviso los señores Senadores Sergio Abreu, Luis Alberto Heber, Jorge Larrañaga y Rafael Michelini.

Preside el señor Senador Alberto Couriel, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría el señor Secretario de Comisión Julio Durán, con la colaboración del Oficial II, señor Fabio Rodríguez.

De lo actuado se tomó versión taquigráfica cuya copia dactilográfica luce en el Distribuido Nº 1217/2006 que forma parte integrante de la presente Acta.

Abierto el acto, se pasa a considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ASUNTO ENTRADO:

CARPETA Nº 607/2006.- ACUERDO PARA LA FACILITACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN EL MERCOSUR. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1161/2006.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Rafael Michelini.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1.- CARPETA Nº 424/2005.- PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE COOPERACION EDUCACIONAL, CIENTIFICA, TECNOLOGICA Y CULTURAL ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, SUSCRITO EN MONTVIDEO, EL 15 DE DICIEMBRE DE 2003. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Protocolo. Distribuido Nº 654/2005.

Informa sobre el referido Protocolo el señor Senador Alberto Couriel.

2.- CARPETA Nº 506/2006. ACUERDO REGIONAL DE COOPERACION PARA LA PROMOCION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA NUCLEARES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE (ARCAL) SUSCRITO EN VIENA EL 25 DE SETIEMBRE DE 1998. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 866/2006.

Informa sobre el referido Acuerdo el señor Senador Alberto Couriel.

3.- CARPETA Nº 512/2006.- ACUERDO DE COOPERACION CULTURAL ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA ARGELINA DEMOCRATICA Y POPULAR SUSCRITO EN MONTEVIDEO, EL 24 DE ABRIL DE 1987. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 892/2006.

Informa sobre el referido Acuerdo el señor Senador Enrique Rubio.

4.- CARPETA Nº 520/2006.- ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PARA LA COOPERACION, MEJORA EDILICIA Y DE EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO (HOSPITAL DE CLINICAS DR. MANUEL QUINTELA), SUSCRITO EN MONTEVIDEO, EL 8 DE DICIEMBRE DE 2005. Ambos Estados acuerdan fortalecer los vínculos de cooperación de desarrollo económico y social con equidad. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Preámbulo y Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 910/2006.

Informa sobre el referido Acuerdo el señor Senador Enrique Rubio.

El señor Presidente de la Comisión da cuenta a los señores Senadores que se encuentran informadas por el señor Senador Jorge Larrañaga, cuyos informes han sido oportunamente distribuidos, las Carpetas Nos. 314/2005 referente al CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACION DE RUSIA, SOBRE LA COOPERACION EN LA LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILICITO Y EL USO INDEBIDO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, SUSCRITO EN MOSCU EL 2 DE JULIO DE 2002. REITERACION DEL MENSAJE DE FECHA 20 DE MAYO DE 2004 Y LA CARPETA Nº 413/2005 EN RELACION AL CONVENIO DE MONTREAL DE 1999 PARA LA UNIFICACION DE CIERTAS REGLAS PARA EL TRANSPORTE AEREO INTERNCIONAL, razón por la cual se estaría en condiciones de proceder a su votación.

RESOLUCIONES:

1.- CARPETA Nº 424/2005.- PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE COOPERACION EDUCACIONAL, CIENTIFICA, TECNOLOGICA Y CULTURAL ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, SUSCRITO EN MONTEVIDEO, EL 15 DE DICIEMBRE DE 2003. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Protocolo. Distribuido Nº 654/2005.

Se vota: 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Alberto Couriel.

2.- CARPETA Nº 506/2006.- ACUEDO REGIONAL DE COOPERACION PARA LA PROMOCION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA NUCLEARES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE (ARCAL) SUSCRITO EN VIENA EL 25 DE SETIEMBRE DE 1998. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 866/2006.

Se vota: 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Alberto Couriel.

3.- CARPETA Nº 512/2006.- ACUERDO DE COOPERACION CULTURAL ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA ARGELINA DEMOCRATICA Y POPULAR SUSCRITO EN MONTEVIDEO, EL 24 DE ABRIL DE 1987. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 892/2006.

Se vota: 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Enrique Rubio.

4.- CARPETA Nº 520/2006.- ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PARA LA COOPERACION, MEJORA EDILICIA Y DE EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO (HOSPITAL DE CLINICAS DR. MANUEL QUINTELA), SUSCRITO EN MONTEVIDEO, EL 8 DE DICIEMBRE DE 2005. Ambos Estados acuerdan fortalecer los vínculos de cooperación de desarrollo económico y social con equidad. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Preámbulo y Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 910/2006.

Se vota: 4 en 5. AFIRMATIVA.

Se designa Miembro Informante en mayoría con informe escrito al señor Senador Enrique Rubio.

5.- CARPETA Nº 314/2005. CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACION DE RUSIA, SOBRE LA COOPERACION EN LA LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILICITO Y EL USO INDEBIDO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, SUSCRITO EN MOSCU EL 2 DE JULIO DE 2002. REITERACION DEL MENSAJE DE FECHA 20 DE MAYO DE 2004. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 397/2005.

Se vota: 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Jorge Larrañaga.

6.- CARPETA Nº 413/2005.- CONVENIO DE MONTREAL DE 1999 PARA LA UNIFICACION DE CIERTAS REGLAS PARA EL TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, en reiteración del Mensaje de fecha 23 de marzo de 2004. Distribuido Nº 636/2005.

Se vota: 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Jorge Larrañaga.

A la hora diecisiete y treinta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman el señor Presidente y el señor Secretario.

Alberto Couriel Presidente

Julio Durán Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: en realidad, el Miembro Informante era el señor Senador Larrañaga, que dejó un informe escrito. En su ausencia convinimos presentar para la aprobación del Senado el Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de la Federación de Rusia sobre la Cooperación en la Lucha contra el Tráfico Ilícito y el Uso Indebido de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Este Tratado es casi una fórmula que contiene algunas normas específicas y, en particular, se refiere a un sistema de información y de cooperación que funciona sobre la base de las peticiones que realizan los Estados para cooperar en la lucha contra el tráfico de estupefacientes.

En algunos de los procedimientos que se establecen queda constancia de que estos Tratados están limitados, precisamente, por aquellos aspectos que puedan lesionar la soberanía y las decisiones del país que no estén dentro de las normas convenidas en el marco del Derecho Internacional y del Derecho Constitucional de cada uno de los Estados.

Es un Convenio de carácter general. Los señores Senadores tienen el material relativo a los distintos aspectos que lo componen. Reitero que es de información y de cooperación y se inscribe dentro de las normas y los convenios internacionales contra el tráfico de estupefacientes.

Este tema está avanzando en materia legislativa internacional. Se establecen dos órganos que hacen la cooperación: la Junta Nacional de Drogas por parte del Gobierno de la República Oriental del Uruguay y un organismo especializado de la República de la Federación de Rusia.

Por lo expuesto, aconsejamos la aprobación de este convenio de carácter general, de acuerdo marco que, específicamente, tiene competencia en el ámbito de la lucha contra el tráfico ilícito y el uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Santiago González Barboni).-

"Artículo Unico.- Apruébase el Convenio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre la Cooperación en la Lucha contra el Tráfico Ilícito y el Uso Indebido de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, suscrito en Moscú el 2 de julio de 2002".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

18) CONVENIO DE MONTREAL PARA LA UNIFICACION DE CIERTAS REGLAS PARA EL TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de Montreal de 1999 para la Unificación de ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional. (Carp. Nº 413/05 - Rep. Nº 341/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 413/05

Rep. Nº 341/06

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Montevideo, 29 de noviembre de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo G. Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo cumple en remitir a su consideración el presente Proyecto de Ley , acorde a lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 168 de la Constitución de la República, a efectos que ese Cuerpo apruebe el Convenio de Montreal de 1999 para la Unificación de ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional, en virtud de lo establecido en el numeral 7 del artículo 85 de la mencionada Constitución.

El citado Convenio fue abierto a la firma en Montreal el 28 de mayo de 1999 y habiéndose ratificado, entró en vigor el 4 de noviembre de 2003.

Es un instrumento que regula el transporte aéreo internacional y sustituye al denominado "Sistema de Varsovia". En efecto, comprende al Convenio de Varsovia de 1929, único vigente para nuestro país dentro de dicho sistema; al Protocolo de La Haya de 1955; al Convenio de Guadalajara de 1961; al Protocolo de la ciudad de Guatemala de 1971 y a los Protocolos adicionales 1, 2, 3 y 4 de Montreal de 1975.

La introducción de un número considerable de nuevos elementos que incluyen el sistema de billetes electrónicos, el régimen de responsabilidad ilimitada y la quinta jurisdicción complementaria, ayudarán a remover el viejo esquema de Varsovia y demás instrumentos.

El Convenio de Montreal de 1999 está estructurado en siete capítulos que versan sobre: I.- "Disposiciones generales", II.- "Documentación y obligaciones de las partes relativas al transporte de pasajeros, equipaje y carga", III.- "Responsabilidad del transportista y medida de la indemnización del daño"; IV.- "Transporte combinado"; V.- "Transporte aéreo efectuado por una persona distinta del transportista contractual"; VI.- "Otras disposiciones"; VII.- "Cláusulas Finales".

Por último, la ratificación por los Estados y la puesta en vigencia del Convenio de Montreal de 1999 significará la adopción de un Tratado único para toda la comunidad internacional, con disposiciones claras, relegando al pasado la incertidumbre que genera la existencia de múltiples regímenes aplicables.

Atento a lo expresado, se encarece a dicho Cuerpo la aprobación del Proyecto de Ley que se acompaña.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Azucena Berrutti, Reinaldo Gargano, Víctor Rossi.

Ministerio de

Defensa Nacional

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Convenio de Montreal para la Unificación de ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional de 1999.

Azucena Berrutti, Reinaldo Gargano, Víctor Rossi.

 

 

CONVENIO

PARA LA UNIFICACION DE CIERTAS REGLAS

PARA EL TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL

LOS ESTADOS PARTES EN EL PRESENTE CONVENIO;

RECONOCIENDO la importante contribución del Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, en adelante llamado "Convenio de Varsovia", y de otros instrumentos conexos para la armonización del derecho aeronáutico internacional privado;

RECONOCIENDO la necesidad de modernizar y refundir el Convenio de Varsovia y los instrumentos conexos;

RECONOCIENDO la importancia de asegurar la protección de los intereses de los usuarios del transporte aéreo internacional y la necesidad de una indemnización equitativa fundada en el principio de restitución;

REAFIRMANDO la conveniencia de un desarrollo ordenado de las operaciones de transporte aéreo internacional y de la circulación fluida de pasajeros, equipaje y carga conforme a los principios y objetivos del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, hecho en Chicago el 7 de diciembre de 1944;

CONVENCIDOS de que la acción colectiva de los Estados para una mayor armonización y codificación de ciertas reglas que rigen el transporte aéreo internacional mediante un nuevo convenio es el medio más apropiado para lograr un equilibrio de intereses equitativo;

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1 - Ambito de Aplicación

1. El presente Convenio se aplica a todo transporte internacional de personas, equipaje o carga efectuado en aeronaves, a cambio de una remuneración. Se aplica igualmente al transporte gratuito efectuado en aeronaves por una empresa de transporte aéreo.

2. Para los fines del presente Convenio, la expresión transporte internacional significa todo transporte en que, conforme a lo estipulado por las partes, el punto de partida y el punto de destino, haya o no interrupción en el transporte o transbordo, están situados, bien en el territorio de dos Estados Partes, bien en el territorio de un solo Estado Parte si se ha previsto una escala en el territorio de cualquier otro Estado, aunque éste no sea un Estado Parte. El transporte entre dos puntos dentro del territorio de un solo Estado Parte, sin una escala convenida en el territorio de otro Estado, no se considerará transporte internacional para los fines del presente Convenio.

3. El transporte que deban efectuar varios transportistas sucesivamente constituirá, para los fines del presente Convenio, un solo transporte cuando las partes lo hayan considerado como una sola operación tanto si ha sido objeto de un solo contrato como de una serie de contratos, y no perderá su carácter internacional por el hecho de que un solo contrato o una serie de contratos deban ejecutarse íntegramente en el territorio del mismo Estado.

4. El presente Convenio se aplica también al transporte previsto en el Capítulo V, con sujeción a las condiciones establecidas en el mismo.

Artículo 2 - Transporte efectuado por el Estado y transporte de envíos postales

1. El presente Convenio se aplica al transporte efectuado por el Estado o las demás personas jurídicas de derecho público en las condiciones establecidas en el Artículo 1.

2. En el transporte de envíos postales, el transportista será responsable únicamente frente a la administración postal correspondiente, de conformidad con las normas aplicables a las relaciones entre los transportistas y las administraciones postales.

3. Salvo lo previsto en el párrafo 2 de este Artículo, las disposiciones del presente Convenio no se aplicarán al transporte de envíos postales.

CAPITULO II

Documentación y obligaciones de las partes relativas al transporte de pasajeros, equipaje y carga

Artículo 3 - Pasajeros y equipaje

1. En el transporte se pasajeros se expedirá un documento de transporte, individual o colectivo, que contenga:

a) la indicación de los puntos de partida y destino;

b) si los puntos de partida y destino están situados en el territorio de un solo Estado Parte y se han previsto una o más escalas en el territorio de otro Estado, la indicación de por lo menos una de esas escalas.

2. Cualquier otro medio en que quede constancia de la información señalada en el párrafo 1 podrá sustituir a la expedición del documento mencionado en dicho párrafo. Si se utilizase uno de esos medios, el transportista ofrecerá al pasajero expedir una declaración escrita de la información conservada por esos medios.

3. El transportista entregará al pasajero un talón de identificación de equipaje por cada bulto de equipaje facturado.

4. Al pasajero se le entregará un aviso escrito indicando que cuando sea aplicable el presente Convenio, éste regirá la responsabilidad del transportista por muerte o lesiones, y por destrucción, pérdida o avería del equipaje, y por retraso.

5. El incumplimiento de las disposiciones de los párrafos precedentes no afectará a la existencia ni a la validez del contrato de transporte que, no obstante, quedará sujeto a las reglas del presente Convenio incluyendo las relativas a los límites de responsabilidad.

Artículo 4 - Carga

1. En el transporte de carga, se expedirá una carta de porte aéreo.

2. Cualquier otro medio en que quede constancia del transporte que deba efectuarse podrá sustituir a la expedición de la carta de porte aéreo. Si se utilizasen otros medios, el transportista entregará al expedidor, si así lo solicitara este último, un recibo de carga que permita la identificación del envío y el acceso a la información de la que quedó constancia conservada por esos medios.

Artículo 5 - Contenido de la carta de porte aéreo o del recibo de carga

La carta de porte aéreo o el recibo de carga deberán incluir:

a) la indicación de los puntos de partida y destino;

b) si los puntos de partida y destino están situados en el territorio de un solo Estado Parte y se han previsto una o más escalas en el territorio de otro Estado, la indicación de por lo menos una de esas escalas; y

c) la indicación del peso del envío.

Artículo 6 - Documento relativo a la naturaleza de la carga

Al expedidor podrá exigírsele, si es necesario para cumplir con las formalidades de aduanas, policía y otras autoridades públicas similares, que entregue un documento indicando la naturaleza de la carta. Esta disposición no crea para el transportista ningún deber, obligación ni responsabilidad resultantes de lo anterior.

Artículo 7 - Descripción de la carta de porte aéreo

1. La carta de porte aéreo la extenderá el expedidor en tres ejemplares originales.

2. El primer ejemplar llevará la indicación "para el transportista", y lo firmará el expedidor. El segundo ejemplar llevará la indicación "para el destinatario", y lo firmarán el expedidor y el transportista. El tercer ejemplar lo firmará el transportista, que lo entregará al expedidor, previa aceptación de la carga.

3. La firma del transportista y la del expedidor podrán ser impresas o reemplazadas por un sello.

4. Si, a petición del expedidor, el transportista extiende la carta de porte aéreo, se considerará, salvo prueba en contrario, que el transportista ha actuado en nombre del expedidor.

Artículo 8 - Documentos para varios bultos

Cuando haya más de un bulto:

a) el transportista de la carga tendrá derecho a pedir al expedidor que extienda cartas de porte aéreo separadas;

b) el expedidor tendrá derecho a pedir al transportista que entregue recibos de carga separados cuando se utilicen los otros medios previstos en el párrafo 2 del Artículo 4.

Artículo 9 - Incumplimiento de los requisitos para los documentos

El incumplimiento de las disposiciones de los Artículos 4 a 8 no afectará a la existencia ni a la validez del contrato de transporte que, no obstante, quedará sujeto a las reglas del presente Convenio, incluso las relativas a los límites de responsabilidad.

Artículo 10 - Responsabilidad por las indicaciones inscritas en los documentos

1. El expedidor es responsable de la exactitud de las indicaciones y declaraciones concernientes a la carga inscrita por él o en su nombre en la carta de porte aéreo, o hechas por él o en su nombre al transportista para que se inscriban en el recibo de carga o para que se incluyan en la constancia conservada por los otros medios mencionados en el párrafo 2 del Artículo 4. Lo anterior se aplicará también cuando la persona que actúa en nombre del expedidor es también dependiente del transportista.

2. El expedidor indemnizará al transportista de todo daño que haya sufrido éste, o cualquier otra persona con respecto a la cual el transportista sea responsable, como consecuencia de las indicaciones y declaraciones irregulares, inexactas o incompletas hechas por él o en su nombre.

3. Con sujeción a las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este Artículo, el transportista deberá indemnizar al expedidor de todo daño que haya sufrido éste, o cualquier otra persona con respecto a la cual el expedidor sea responsable, como consecuencia de las indicaciones y declaraciones irregulares, inexactas o incompletas inscritas por el transportista o en su nombre en el recibo de carga o en la constancia conservada por los otros medios mencionados en el párrafo 2 del Artículo 4.

Artículo 11 - Valor probatorio de los documentos

1. Tanto la carta de porte aéreo como el recibo de carga constituyen presunción, salvo prueba en contrario, de la celebración del contrato, de la aceptación de la carga y de las condiciones de transporte que contengan.

2. Las declaraciones de la carta de porte aéreo o del recibo de carga relativas al peso, las dimensiones y el embalaje de la carga, así como al número de bultos constituyen presunción, salvo prueba en contrario, de los hechos declarados; las indicaciones relativas a la cantidad, el volumen y el estado de la carga no constituyen prueba contra el transportista, salvo cuando éste las haya comprobado en presencia del expedidor y se hayan hecho constar en la carta de porte aéreo o el recibo de carga, o que se trate de indicaciones relativas al estado aparente de la carga.

Artículo 12 - Derecho de disposición de la carga

1. El expedidor tiene derecho, a condición de cumplir con todas las obligaciones resultantes del contrato de transporte, a disponer de la carta reiterándola del aeropuerto de salida o de destino, o deteniéndola en el curso del viaje en caso de aterrizaje, o haciéndola entregar en el lugar de destino o en el curso del viaje a una persona distinta del destinatario originalmente designado, o pidiendo que sea devuelta al aeropuerto de partida. El expedidor no ejercerá este derecho de disposición de forma que perjudique al transportista ni a otros expedidores y deberá rembolsar todos los gastos ocasionados por el ejercicio de este derecho.

2. En caso de que sea imposible ejecutar las instrucciones del expedidor, el transportista deberá avisarle inmediatamente.

3. Si el transportista cumple las instrucciones del expedidor respecto a la disposición de la carga sin exigir la presentación del ejemplar de la carta de porte aéreo o del recibo de carga entregado a este último será responsable, sin perjuicio de su derecho a resarcirse del expedidor, del daño que se pudiera causar por este hecho a quien se encuentre legalmente en posesión de ese ejemplar de la carta de porte aéreo o del recibo de carga.

4. El derecho del expedidor cesa en el momento en que comienza el del destinatario, conforme al Artículo 13. Sin embargo, si el destinatario rehúsa aceptar la carga o si no es hallado, el expedidor recobrará su derecho de disposición.

Artículo 13 - Entrega de la carga

1. Salvo cuando el expedidor haya ejercido su derecho en virtud del Artículo 12, el destinatario tendrá derecho, desde la llegada de la carga al lugar de destino, a pedir al transportista que le entregue la carga a cambio del pago del importe que corresponda y del cumplimiento de las condiciones de transporte.

2. Salvo estipulación en contrario, el transportista debe avisar al destinatario de la llegada de la carga, tan pronto como ésta llegue.

3. Si el transportista admite la pérdida de la carga, o si la carga no ha llegado a la expiración de los siete días siguientes a la fecha en que debería haber llegado, el destinatario podrá hacer valer contra el transportista los derechos que surgen del contrato de transporte.

Artículo 14 - Ejecución de los derechos del expedidor y del destinatario

El expedidor y el destinatario podrán hacer valer, respectivamente, todos los derechos que les conceden los Artículos 12 y 13, cada uno en su propio nombre, sea en su propio interés, sea en el interés de un tercero, a condición de cumplir las obligaciones que el contrato de transporte impone.

Artículo 15 - Relaciones entre el expedidor y el destinatario y relaciones entre terceros

1. Los Artículos 12, 13 y 14 no afectan a las relaciones del expedidor y del destinatario entre sí, ni a las relaciones entre terceros cuyos derechos provienen del expedidor o del destinatario.

2. Las disposiciones de los Artículos 12, 13 y 14 sólo podrán modificarse mediante una cláusula explícita consignada en la carta de porte aéreo o en el recibo de carga.

Artículo 16 - Formalidades de aduanas, policía u otras autoridades públicas

1. El expedidor debe proporcionar la información y los documentos que sean necesarios para cumplir con las formalidades de aduanas, policía y cualquier otra autoridad pública antes de la entrega de la carga al destinatario. El expedidor es responsable ante el transportista de todos los daños que pudieran resultar de la falta, insuficiencia o irregularidad de dicha información o de los documentos, salvo que ello se deba a la culpa del transportista, sus dependientes o agentes.

2. El transportista no está obligado a examinar si dicha información o los documentos son exactos o suficientes.

CAPITULO III

Responsabilidad del transportista y medida de la indemnización del daño

Artículo 17 - Muerte y lesiones de los pasajeros - Daño del equipaje

1. El transportista es responsable del daño causado en caso de muerte o de lesión corporal de un pasajero por la sola razón de que el accidente que causó la muerte o lesión se haya producido a bordo de la aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque.

2. El transportista es responsable del daño causado en caso de destrucción, pérdida o avería del equipaje facturado por la sola razón de que el hecho que causó la destrucción, pérdida o avería se haya producido a bordo de la aeronave o durante cualquier período en que el equipaje facturado se hallase bajo la custodia del transportista. Sin embargo, el transportista no será responsable en la medida en que el daño se deba a la naturaleza, a un defecto o a un vicio propios del equipaje. En el caso de equipaje no facturado, incluyendo los objetos personales, el transportista es responsable si el daño se debe a su culpa o a la de sus dependientes o agentes.

3. Si el transportista admite la pérdida del equipaje facturado, o si el equipaje facturado no ha llegado a la expiración de los veintiún días siguientes a la fecha en que debería haber llegado, el pasajero podrá hacer valer contra el transportista los derechos que surgen del contrato de transporte.

4. A menos que se indique otra cosa, en el presente Convenio el término "equipaje" significa tanto el equipaje facturado como el equipaje no facturado.

Artículo 18 - Daño de la carga

1. El transportista es responsable del daño causado en caso de destrucción o pérdida o avería de la carga, por la sola razón de que el hecho que causó el daño se haya producido durante el transporte aéreo.

2. Sin embargo, el transportista no será responsable en la medida en que pruebe que la destrucción o pérdida o avería de la carga se debe a uno o más de los hechos siguientes:

a) la naturaleza de la carga, o un defecto o un vicio propios de la misma;

b) el embalaje defectuoso de la carga, realizado por una persona que no sea el transportista o alguno de sus dependientes o agentes;

c) un acto de guerra o un conflicto armado;

d) un acto de la autoridad pública ejecutado en relación con la entrada, la salida o el tránsito de la carga.

3. El transporte aéreo, en el sentido del párrafo 1 de este Artículo, comprende el período durante el cual la carga se halla bajo la custodia del transportista.

4. El período de transporte aéreo no comprende ningún transporte terrestre, marítimo ni por aguas interiores efectuado fuera de un aeropuerto. Sin embargo, cuando dicho transporte se efectúe durante la ejecución de un contrato de transporte aéreo, para fines de carga, entrega o transbordo, todo daño se presumirá, salvo prueba en contrario, como resultante de un hecho ocurrido durante el transporte aéreo. Cuando un transportista, sin el consentimiento del expedidor, remplace total o parcialmente el transporte previsto en el acuerdo entre las partes como transporte aéreo por otro modo de transporte, el transporte efectuado por otro modo se considerará comprendido en el período de transporte aéreo.

Artículo 19 - Retraso

El transportista es responsable del daño ocasionado por retrasos en el transporte aéreo de pasajeros, equipaje o carga. Sin embargo, el transportista no será responsable del daño ocasionado por retraso si prueba que él y sus dependientes y agentes adoptaron todas las medidas que eran razonablemente necesarias para evitar el daño o que les fue imposible, a uno y a otros, adoptar dichas medidas.

Artículo 20 - Exoneración

Si el transportista prueba que la negligencia u otra acción u omisión indebida de la persona que pide indemnización, o de la persona de la que proviene su derecho, causó el daño o contribuyó a él, el transportista quedará exonerado, total o parcialmente, de su responsabilidad con respecto al reclamante, en la medida en que esta negligencia u otra acción u omisión indebida haya causado el daño o contribuido a él. Cuando pida indemnización una persona que no sea el pasajero, en razón de la muerte o lesión de este último, el transportista quedará igualmente exonerado de su responsabilidad, total o parcialmente, en la medida en que pruebe que la negligencia u otra acción u omisión indebida del pasajero causó el daño o contribuyó a él. Este Artículo se aplica a todas las disposiciones sobre responsabilidad del presente Convenio, incluso el párrafo 1 del Artículo 21.

Artículo 21 - Indemnización en caso de muerte o lesiones de los pasajeros

1. Respecto al daño previsto en el párrafo 1 del Artículo 17 que no exceda de 100.000 derechos especiales de giro por pasajero, el transportista no podrá excluir ni limitar su responsabilidad.

2. El transportista no será responsable del daño previsto en el párrafo 1 del Artículo 17 en la medida que exceda de 100.000 derechos especiales de giro por pasajero, si prueba que:

a) el daño no se debió a la negligencia o a otra acción u omisión indebida del transportista o sus dependientes o agentes; o

b) el daño se debió únicamente a la negligencia o a otra acción u omisión indebida de un tercero.

Artículo 22 - Límites de responsabilidad respecto al retraso, el equipaje y la carga

1. En caso de daño causado por retraso, como se específica en el Artículo 19, en el transporte de personas la responsabilidad del transportista se limita a 4.150 derechos especiales de giro por pasajero.

2. En el transporte de equipaje, la responsabilidad del transportista en caso de destrucción, pérdida, avería o retraso se limita a 1.000 derechos especiales de giro por pasajero a menos que el pasajero haya hecho al transportista, al entregarle el equipaje facturado, una declaración especial del valor de la entrega de éste en el lugar de destino, y haya pagado una suma suplementaria, si hay lugar a ello. En este caso, el transportista estará obligado a pagar una suma que no excederá del importe de la suma declarada, a menos que pruebe que este importe es superior al valor real de la entrega en el lugar de destino para el pasajero.

3. En el transporte de carga, la responsabilidad del transportista en caso de destrucción, pérdida, avería o retraso se limita a una suma de 17 derechos especiales de giro por kilogramo, a menos que el expedidor haya hecho al transportista, al entregarle el bulto, una declaración especial del valor de la entrega de éste en el lugar de destino, y haya pagado una suma suplementaria, si hay lugar a ello. En este caso, el transportista estará obligado a pagar una suma que no excederá del importe de la suma declarada, a menos que pruebe que este importe es superior al valor real de la entrega en el lugar de destino para el expedidor.

4. En caso de destrucción, pérdida, avería o retraso de una parte de la carga o de cualquier objeto que ella contenga, para determinar la suma que constituye el límite de responsabilidad del transportista solamente se tendrá en cuenta el peso total del bulto o de los bultos afectados. Sin embargo, cuando la destrucción, pérdida, avería o retraso de una parte de la carga o de un objeto que ella contiene afecte al valor de otros bultos comprendidos en la misma carta de porte aéreo, o en el mismo recibo o, si no se hubiera expedido ninguno de estos documentos, en la misma constancia conservada por los otros medios mencionados en el párrafo 2 del Artículo 4, para determinar el límite de responsabilidad también se tendrá en cuenta el peso total de tales bultos.

5. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este Artículo no se aplicarán si se prueba que el daño es el resultado de una acción u omisión del transportista o de sus dependientes o agentes, con intención de causar daño, o con temeridad y sabiendo que probablemente causaría daño; siempre que, en el caso de una acción u omisión de un dependiente o agente, se pruebe también que éste actuaba en el ejercicio de sus funciones.

6. Los límites prescritos en el Artículo 21 y en este Artículo no obstarán para que el tribunal acuerde además, de conformidad con su propia ley, una suma que corresponda a todo o parte de las costas y otros gastos de litigio en que haya incurrido el demandante, inclusive intereses. La disposición anterior no regirá cuando el importe de la indemnización acordada, con exclusión de las costas y otros gastos de litigio, no exceda de la suma que el transportista haya ofrecido por escrito al demandante dentro de un período de seis meses contados a partir del hecho que causó el daño, o antes de comenzar el juicio, si la segunda fecha es posterior.

Artículo 23 - Conversión de las unidades monetarias

1. Se considerará que las sumas expresadas en derechos especiales de giro mencionadas en el presente Convenio se refieren al derecho especial de giro definido por el Fondo Monetario Internacional. La conversión de las sumas en las monedas nacionales, en el caso de procedimientos judiciales, se hará conforme al valor de dichas monedas en derechos especiales de giro en la fecha de la sentencia. El valor, en derechos especiales de giro, de la moneda nacional de un Estado Parte que sea miembro del Fondo Monetario Internacional se calculará conforme al método de valoración aplicado por el Fondo Monetario Internacional para sus operaciones y transacciones, vigente en la fecha de la sentencia. El valor, en derechos especiales de giro, de la moneda nacional de un Estado Parte que no sea miembro del Fondo Monetario Internacional se calculará de la forma determinada por dicho Estado.

2. Sin embargo, los Estados que no sean miembros del Fondo Monetario Internacional y cuya legislación no permita aplicar las disposiciones del párrafo 1 de este Artículo podrán declarar, en el momento de la ratificación o de la adhesión o ulteriormente, que el límite de responsabilidad del transportista prescrito en el Artículo 21 se fija en la suma de 1.500.000 unidades monetarias por pasajero en los procedimientos judiciales seguidos en sus territorios; 62.500 unidades monetarias por pasajero, con respecto al párrafo 1 del Artículo 22; 15.000 unidades monetarias por pasajero, con respecto al párrafo 2 del Artículo 22; y 250 unidades monetarias por kilogramo, con respecto al párrafo 3 del Artículo 22. Esta unidad monetaria corresponde a sesenta y cinco miligramos y medio de oro con ley de novecientas milésimas. Estas sumas podrán convertirse en la moneda nacional de que se trate en cifras redondas. La conversión de estas sumas en moneda nacional se efectuará conforme a la ley del Estado interesado.

3. El cálculo mencionado en la última oración del párrafo 1 de este Artículo y el método de conversión mencionado en el párrafo 2 de este Artículo se harán de forma tal que expresen en la moneda nacional del Estado Parte, en la medida posible, el mismo valor real para las sumas de los Artículos 21 y 22 que el que resultaría de la aplicación de las tres primeras oraciones del párrafo 1 de este Artículo. Los Estados Partes comunicarán al Depositario el método para hacer el cálculo con arreglo al párrafo 1 de este Artículo o los resultados de la conversión del párrafo 2 de este Artículo, según sea el caso, al depositar un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del presente Convenio o de adhesión al mismo y cada vez que haya un cambio respecto a dicho método o a esos resultados.

Artículo 24 - Revisión de los límites

1. Sin que ello afecte a las disposiciones del Artículo 25 del presente Convenio, y con sujeción al párrafo 2 que sigue, los límites de responsabilidad prescritos en los Artículos 21, 22 y 23 serán revisados por el Depositario cada cinco años, debiendo efectuarse la primera revisión al final del quinto año siguiente a la fecha de entrada en vigor del presente Convenio o, si el Convenio no entra en vigor dentro de los cinco años siguientes a la fecha en que se abrió a la firma, dentro del primer año de su entrada en vigor, con relación a un índice de inflación que corresponda a la tasa de inflación acumulada desde la revisión anterior o, la primera vez, desde la fecha de entrada en vigor del Convenio. La medida de la tasa de inflación que habrá de utilizarse para determinar el índice de inflación será el promedio ponderado de las tasas anuales de aumento o de disminución del índice de precios al consumidor de los Estados cuyas monedas comprenden el derecho especial de giro mencionado en el párrafo 1 del Artículo 23.

2. Si de la revisión mencionada en el párrafo anterior resulta que el índice de inflación ha sido superior al diez por ciento, el Depositario notificará a los Estados Partes la revisión de los límites de responsabilidad. Dichas revisiones serán efectivas seis meses después de su notificación a los Estados Partes. Si dentro de los tres meses siguientes a su notificación a los Estados Partes una mayoría de los Estados Partes registra su desaprobación, la revisión no tendrá efecto y el Depositario remitirá la cuestión a una reunión de los Estados Partes. El Depositario notificará inmediatamente a todos los Estados Partes la entrada en vigor de toda revisión.

3. No obstante el párrafo 1 de este Artículo, el procedimiento mencionado en el párrafo 2 de este Artículo se aplicará en cualquier momento, siempre que un tercio de los Estados Partes expresen el deseo de hacerlo y con la condición de que el índice de inflación mencionado en el párrafo 1 haya sido superior al treinta por ciento desde la revisión anterior o desde la fecha de la entrada en vigor del presente Convenio si no ha habido una revisión anterior. Las revisiones subsiguientes efectuadas empleando el procedimiento descrito en el párrafo 1 de este Artículo se realizarán cada cinco años, contados a partir del final del quinto año siguiente a la fecha de la revisión efectuada en virtud de este párrafo.

Artículo 25 - Estipulación sobre los límites

El transportista podrá estipular que el contrato de transporte estará sujeto a límites de responsabilidad más elevados que los previstos en el presente Convenio, o que no estará sujeto a ningún límite de responsabilidad.

Artículo 26 - Nulidad de las cláusulas contractuales

Toda cláusula que tienda a exonerar al transportista de su responsabilidad o a fijar un límite inferior al establecido en el presente Convenio será nula y de ningún efecto, pero la nulidad de dicha cláusula no implica la nulidad del contrato, que continuará sujeto a las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 27 - Libertad contractual

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio impedirá al transportista negarse a concertar un contrato de transporte, renunciar a las defensas que pueda invocar en virtud del presente Convenio, o establecer condiciones que no estén en contradicción con las disposiciones del presente Convenio.

Artículo 28 - Pagos adelantados

En caso de accidentes de aviación que resulten en la muerte o lesiones de los pasajeros, el transportista hará, si lo exige su ley nacional, pagos adelantados sin demora, a la persona o personas físicas que tengan derecho a reclamar indemnización a fin de satisfacer sus necesidades económicas inmediatas. Dichos pagos adelantados no constituirán un reconocimiento de responsabilidad y podrán ser deducidos de toda cantidad posteriormente pagada como indemnización por el transportista.

Artículo 29 - Fundamento de las reclamaciones

1. En el transporte de pasajeros, de equipaje y de carga, toda acción de indemnización de daños, sea que se funde en el presente Convenio, en un contrato o en un acto ilícito, sea en cualquier otra causa, solamente podrá iniciarse con sujeción a condiciones y a límites de responsabilidad como los previstos en el presente Convenio, sin que ello afecte a la cuestión de qué personas pueden iniciar las acciones y cuáles son sus respectivos derechos. En ninguna de dichas acciones se otorgará una indemnización punitiva, ejemplar o de cualquier naturaleza que no sea compensatoria.

Artículo 30 - Dependientes, agentes - Total de las reclamaciones

1. Si se inicia una acción contra un dependiente del transportista, por daños a que se refiere el presente Convenio, dicho dependiente o agente, si prueban que actuaban en el ejercicio de sus funciones, podrán ampararse en las condiciones y los límites de responsabilidad que puede invocar el transportista en virtud del presente Convenio.

2. El total de las sumas resarcibles del transportista, sus dependientes y agentes, en este caso, no excederá de dichos límites.

3. Salvo por lo que respecta al transporte de carga, las disposiciones de los párrafos 1 y 2 de este Artículo no se aplicarán si se prueba que el daño es el resultado de una acción u omisión del dependiente, con intención de causar daño, o con temeridad y sabiendo que probablemente causaría daño.

Artículo 31 - Aviso de protesta oportuno

1. El recibo del equipaje facturado o la carga sin protesta por parte del destinatario constituirá presunción, salvo prueba en contrario, de que los mismos han sido entregados en buen estado y de conformidad con el documento de transporte o la constancia conservada por los otros medios mencionados en el párrafo 2 del Artículo 3 y en el párrafo 2 del Artículo 4.

2. En caso de avería, el destinatario deberá presentar al transportista una protesta inmediatamente después de haber sido notada dicha avería y, a más tardar, dentro de un plazo de siete días para el equipaje facturado y de catorce días para la carga, a partir de la fecha de su recibo. En caso de retraso, la protesta deberá hacerla a más tardar dentro de veintiún días, a partir de la fecha en que el equipaje o la carga hayan sido puestos a su disposición.

3. Toda protesta deberá hacerse por escrito y darse o expedirse dentro de los plazos mencionados.

4. A falta de protesta dentro de los plazos establecidos, todas las acciones contra el transportista serán inadmisibles, salvo en el caso de fraude de su parte.

Artículo 32 - Fallecimiento de la persona responsable

En caso de fallecimiento de la persona responsable, la acción de indemnización de daños se ejercerá, dentro de los límites previstos en el presente Convenio, contra los causahabientes de su sucesión.

Artículo 33 - Jurisdicción

1. Una acción de indemnización de daños deberá iniciarse, a elección del demandante, en el territorio de uno de los Estados Partes, sea ante el tribunal del domicilio del transportista, o de su oficina principal, o del lugar en que tiene una oficina por cuyo conducto se ha celebrado el contrato, sea ante el tribunal del lugar de destino.

2. Con respecto al daño resultante de la muerte o lesiones del pasajero, una acción podrá iniciarse ante uno de los tribunales mencionados en el párrafo 1 de este Artículo, o en el territorio de un Estado Parte en que el pasajero tiene su residencia principal y permanente en el momento del accidente y hacia y desde el cual el transportista explota servicios de transporte aéreo de pasajeros en sus propias aeronaves o en las del otro transportista con arreglo a un acuerdo comercial, y en que el transportista realiza sus actividades de transporte aéreo de pasajeros desde locales arrendados o que son de su propiedad o de otro transportista con el que tiene un acuerdo comercial.

3. Para los fines del párrafo 2,

a) "acuerdo comercial" significa un acuerdo, que no es un contrato de agencia, hecho entre transportistas y relativo a la provisión de sus servicios conjuntos de transporte aéreo de pasajeros;

b) "residencia principal y permanente" significa la morada fija y permanente del pasajero en el momento del accidente. La nacionalidad del pasajero no será el factor determinante al respecto.

4. Las cuestiones de procedimiento se regirán por la ley del tribunal que conoce el caso.

Artículo 34 - Arbitraje

1. Con sujeción a lo previsto en este Artículo, las partes en el contrato de transporte de carga pueden estipular que toda controversia relativa a la responsabilidad del transportista prevista en el presente Convenio se resolverá por arbitraje. Dicho acuerdo se hará por escrito.

2. El procedimiento de arbitraje se llevará a cabo, a elección del reclamante, en una de las jurisdicciones mencionadas en el Artículo 33.

3. El árbitro o el tribunal arbitral aplicarán las disposiciones del presente Convenio.

4. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 de este Artículo se considerarán parte de toda cláusula o acuerdo de abitraje, y toda condición de dicha cláusula o acuerdo que sea incompatible con dichas disposiciones será nula y de ningún efecto.

Artículo 35 - Plazo para las acciones

1. El derecho a indemnización se extinguirá si no se inicia una acción dentro del plazo de dos años, contados a partir de la fecha de llegada a destino o la del día en que la aeronave debería haber llegado o la de la detención del transporte.

2. La forma de calcular ese plazo se determinará por la ley del tribunal que conoce el caso.

Artículo 36 - Transporte sucesivo

1. En el caso del transporte que deban efectuar varios transportistas sucesivamente y que esté comprendido en la definición del párrafo 3 del Artículo 1, cada transportista que acepte pasajeros, equipaje o carga se someterá a las reglas establecidas en el presente Convenio y será considerado como una de las partes del contrato de transporte en la medida en que el contrato se refiera a la parte del transporte efectuado bajo su supervisión.

2. En el caso de un transporte de esa naturaleza, el pasajero, o cualquier persona que tenga derecho a una indemnización por él, sólo podrá proceder contra el transportista que haya efectuado el transporte durante el cual se produjo el accidente o el retraso, salvo en el caso en que, por estipulación expresa, el primer transportista haya asumido la responsabilidad por todo el viaje.

3. Si se trata de equipaje o carga, el pasajero o el expedidor tendrán derecho de acción contra el primer transportista, y el pasajero o el destinatario que tengan derecho a la entrega tendrán derecho de acción contra el último transportista, y uno y otro podrán, además, proceder contra el transportista que haya efectuado el transporte durante el cual se produjo la destrucción, pérdida, avería o retraso. Dichos transportistas serán solidariamente responsables ante el pasajero o ante el expedidor o el destinatario.

Artículo 37 - Derecho de acción contra terceros

Ninguna de las disposiciones del presente Convenio afecta a la cuestión de si la persona responsable de daños de conformidad con el mismo tiene o no derecho de acción regresiva contra alguna otra persona.

CAPITULO IV

Transporte combinado

Artículo 38 - Transporte combinado

1. En el caso de transporte combinado efectuado en parte por aire y en parte por cualquier otro medio de transporte, las disposiciones del presente Convenio se aplicarán únicamente al transporte aéreo, con sujeción al párrafo 4 del Artículo 18, siempre que el transporte aéreo responda a las condiciones del Artículo 1.

2. Ninguna de las disposiciones del presente Convenio impedirá a las partes, en el caso de transporte combinado, insertar en el documento de transporte aéreo condiciones relativas a otros medios de transporte, siempre que las disposiciones del presente Convenio, se respeten en lo que concierne al transporte aéreo.

CAPITULO V

Transporte aéreo efectuado por una persona distinta del transportista contractual

Artículo 39 - Transportista contractual - Transportista de hecho

Las disposiciones de este Capítulo se aplican cuando una persona (en adelante el "transportista contractual") celebra como parte un contrato de transporte regido por el presente Convenio con el pasajero o con el expedidor, o con la persona que actúe en nombre de uno u otro, y otra persona (en adelante el "transportista de hecho") realiza, en virtud de autorización dada por el transportista contractual, todo o parte del transporte, pero sin ser con respecto a dicha parte del transporte un transportista sucesivo en el sentido del presente Convenio. Dicha autorización se presumirá, salvo prueba en contrario.

Artículo 40 - Responsabilidades respectivas del transportista contractual y del transportista de hecho

Si un transportista de hecho realiza todo o parte de un transporte que, conforme al contrato a que se refiere el Artículo 39, se rige por el presente Convenio, tanto el transportista contractual como el transportista de hecho quedarán sujetos, excepto lo previsto en este Capítulo, a las disposiciones del presente Convenio, el primero con respecto a todo el transporte previsto en el contrato, el segundo solamente con respecto al transporte que realiza.

Artículo 41 - Responsabilidad mutua

1. Las acciones y omisiones del transportista de hecho y de sus dependientes y agentes, cuando éstos actúen en el ejercicio de sus funciones, se considerarán también, con relación al transporte realizado por el transportista de hecho, como acciones y omisiones del transportista contractual.

2. Las acciones y omisiones del transportista contractual y de sus dependientes y agentes, cuando éstos actúen en el ejercicio de sus funciones, se considerarán también, con relación al transporte realizado por el transportista de hecho, como del transportista de hecho. Sin embargo, ninguna de esas acciones u omisiones someterá al transportista de hecho a una responsabilidad que exceda de las cantidades previstas en los Artículos 21, 22, 23 y 24. Ningún acuerdo especial por el cual el transportista contractual asuma obligaciones no impuestas por el presente Convenio, ninguna renuncia de derechos o defensas establecidos por el Convenio y ninguna declaración especial de valor prevista en el Artículo 21 afectarán al transportista de hecho, a menos que éste lo acepte.

Artículo 42 - Destinatario de las protestas e instrucciones

Las protestas e instrucciones que deban dirigirse al transportista en virtud del presente Convenio tendrán el mismo efecto, sean dirigidas al transportista contractual, sean dirigidas al transportista de hecho. Sin embargo, las instrucciones mencionadas en el Artículo 12 sólo surtirán efecto si son dirigidas al transportista contractual.

Artículo 43 - Dependientes y agentes

Por lo que respecta al transporte realizado por el transportista de hecho, todo dependiente o agente de éste o del transportista contractual tendrán derecho, si prueban que actuaban en el ejercicio de sus funciones, a invocar las condiciones y los límites de responsabilidad aplicables en virtud del presente Convenio al transportista del cual son dependiente o agente, a menos que se pruebe que habían actuado de forma que no puedan invocarse los límites de responsabilidad de conformidad con el presente Convenio.

Artículo 44 - Total de la indemnización

Por lo que respecta al transporte realizado por el transportista de hecho, el total de las sumas resarcibles de este transportista y del transportista contractual, y de los dependientes y agentes de uno y otro que hayan actuado en el ejercicio de sus funciones, no excederá de la cantidad mayor que pueda obtenerse de cualquiera de dichos transportistas en virtud del presente Convenio, pero nin-guna de las personas mencionadas será responsable por una suma más elevada que los límites aplicables a esa persona.

Artículo 45 - Destinatario de las reclamaciones

Por lo que respecta al transporte realizado por el transportista de hecho, la acción de indemnización de daños podrá iniciarse, a elección del demandante, contra dicho transportista o contra el transportista contractual o contra ambos, conjunta o separadamente. Si se ejerce la acción únicamente contra uno de estos transportistas, éste tendrá derecho a traer al juicio al otro transportista, rigiéndose el procedimiento y sus efectos por la ley del tribunal que conoce el caso.

Artículo 46 - Jurisdicción adicional

Toda acción de indemnización de daños prevista en el Artículo 45 deberá iniciarse, a elección del demandante, en el territorio de uno de los Estados Partes ante uno de los tribunales en que pueda entablarse una acción contra el transportista contractual, conforme a lo previsto en el Artículo 33, o ante el tribunal en cuya jurisdicción el transportista de hecho tiene su domicilio o su oficina principal.

Artículo 47 - Nulidad de las cláusulas contractuales

Toda cláusula que tienda a exonerar al transportista contractual o al transportista de hecho de la responsabilidad prevista en este Capítulo o a fijar un límite inferior al aplicable conforme a este Capítulo será nula y de ningún efecto, pero la nulidad de dicha cláusula no implica la nulidad del contrato, que continuará sujeto a las disposiciones de este Capítulo.

Artículo 48 - Relaciones entre el transportista contractual y el transportista de hecho

Excepto lo previsto en el Artículo 45, ninguna de las disposiciones de este Capítulo afectará a los derechos y obligaciones entre los transportistas, incluido todo derecho de acción regresiva o de indemnización.

CAPITULO VI

Otras disposiciones

Artículo 49 - Aplicación obligatoria

Toda cláusula del contrato de transporte y todos los acuerdos particulares concertados antes de que ocurra el daño, por los cuales las partes traten de eludir la aplicación de las reglas establecidas en el presente Convenio, sea decidiendo la ley que habrá de aplicarse, sea modificando las reglas relativas a la jurisdicción serán nulos y de ningún efecto.

Artículo 50 - Seguro

Los Estados Partes exigirán a sus transportistas que mantengan un seguro adecuado que cubra su responsabilidad en virtud del presente Convenio. El Estado Parte hacia el cual el transportista explota servicios podrá exigirle a éste que presente pruebas de que mantiene un seguro adecuado, que cubre su responsabilidad en virtud del presente Convenio.

Artículo 51 - Transporte efectuado en circunstancias extraordinarias

Las disposiciones de los Artículos 3 a 5, 7 y 8 relativas a la documentación del transporte, no se aplicarán en el caso de transportes efectuados en circunstancias extraordinarias que excedan del alcance normal de las actividades del transportista.

Artículo 52 - Definición de días

Cuando en el presente Convenio se emplea el término "días", se trata de días del calendario y no de días de trabajo.

CAPITULO VII

Cláusulas finales

Artículo 53 - Firma, ratificación y entrada en vigor

1. El presente Convenio estará abierto en Montreal, el 28 de mayo de 1999, a la firma de los Estados participantes en la Conferencia Internacional de derecho aeronáutico, celebrada en Montreal del 10 al 28 de mayo de 1999. Después del 28 de mayo de 1999, el Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados en la Sede de la Organización de Aviación Civil Internacional, en Montreal, hasta su entrada en vigor de conformidad con el párrafo 6 de este Artículo.

2. El presente Convenio estará igualmente abierto a la firma de organizaciones regionales de integración económica. Para los fines del presente Convenio, "organización regional de integración económica" significa cualquier organización constituida por Estados soberanos de una región determinada, que tengan competencia con respecto a determinados asuntos regidos por el Convenio y haya sido debidamente autorizada a firmar y a ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al presente Convenio. La referencia a "Estado Parte" o "Estados Partes" en el presente Convenio, con excepción del párrafo 2 del Artículo 1, el apartado b) del párrafo 1 del Artículo 3, el apartado b) del Artículo 5, los Artículos 23, 33, 46 y el apartado b) del Artículo 57, se aplica igualmente a una organización regional de integración económica. Para los fines del Artículo 24, la referencia a "una mayoría de los Estados Partes" y "un tercio de los Estados Partes" no se aplicará a una organización regional de integración económica.

3. El presente Convenio estará sujeto a la ratificación de los Estados y organizaciones regionales de integración económica que lo hayan firmado.

4. Todo Estado u organización regional de integración económica que no firme el presente Convenio podrá aceptarlo, aprobarlo o adherirse a él en cualquier momento.

5. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán ante la Organización de Aviación Civil Internacional, designada en el presente como Depositario.

6. El presente Convenio entrará en vigor el sexagésimo día a contar de la fecha de depósito del trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión ante el Depositario entre los Estados que hayan depositado ese instrumento. Un instrumento depositado por una organización regional de integración económica no se tendrá en cuenta para los fines de este párrafo.

7. Para los demás Estados y otras organizaciones regionales de integración económica, el presente Convenio surtirá efecto sesenta días después de la fecha de depósito de sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

8. El Depositario notificará inmediatamente a todos los signatarios y Estados Partes:

a) cada firma del presente Convenio y la fecha correspondiente;

b) el depósito de todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión y la fecha correspondiente;

c) la fecha de entrada en vigor del presente Convenio;

d) la fecha de entrada en vigor de toda revisión de los límites de responsabilidad establecidos en virtud del presente Convenio;

e) toda denuncia efectuada en virtud del Artículo 54.

Artículo 54 - Denuncia

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Convenio mediante notificación por escrito dirigida al Depositario.

2. La denuncia surtirá efecto ciento ochenta días después de la fecha en que el Depositario reciba la notificación.

Artículo 55 - Relación con otros instrumentos del Convenio de Varsovia

El presente Convenio prevalecerá sobre toda regla que se aplique al transporte aéreo internacional:

1. entre los Estados Partes en el presente Convenio debido a que esos Estados son comúnmente Partes de:

a) el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929 (en adelante llamado el Convenio de Varsovia);

b) el Protocolo que modifica el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, hecho en La Haya el 28 de setiembre de 1955 (en adelante llamado el Protocolo de La Haya);

c) el Convenio, complementario del Convenio de Varsovia, para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional realizado por quien no sea el transportista contractual firmado en Guadalajara el 18 de setiembre de 1961 (en adelante llamado el Convenio de Guadalajara);

d) el Protocolo que modifica el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional firmado en Varsovia, el 12 de octubre de 1929 modificado por el Protocolo hecho en La Haya el 28 de setiembre de 1955, firmado en la ciudad de Guatemala el 8 de marzo de 1971 (en adelante llamado el Protocolo de la ciudad de Guatemala);

e) los Protocolos adicionales núms. 1 a 3 y el Protocolo de Montreal núm. 4 que modifican el Convenio de Varsovia modificado por el Protocolo de La Haya o el Convenio de Varsovia modificado por el Protocolo de La Haya y el Protocolo de la ciudad de Guatemala firmados en Montreal el 25 de setiembre de 1975 (en adelante llamados los Protocolos de Montreal); o

2. dentro del territorio de cualquier Estado Parte en el presente Convenio debido a que ese Estado es Parte en uno o más de los instrumentos mencionados en los apartados a) a e) anteriores.

Artículo 56 - Estados con más de un sistema jurídico

1. Si un Estado tiene dos o más unidades territoriales en las que son aplicables diferentes sistemas jurídicos con relación a cuestiones tratadas en el presente Convenio, dicho Estado puede declarar en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión que el presente Convenio se extenderá a todas sus unidades territoriales o únicamente a una o más de ellas y podrá modificar esta declaración presentando otra declaración en cualquier otro momento.

2. Esas declaraciones se notificarán al Depositario e indicarán explícitamente las unidades territoriales a las que se aplica el Convenio.

3. Respecto a un Estado Parte que haya hecho esa declaración:

a) las referencias a "moneda nacional" en el Artículo 23 se interpretarán como se refieren a la moneda de la unidad territorial pertinente de ese Estado; y

b) la referencia en el Artículo 28 a la "ley nacional" se interpretará como se refiere a la ley de la unidad territorial pertinente de ese Estado.

Artículo 57 - Reservas

No podrá formularse ninguna reserva al presente Convenio, salvo que un Estado Parte podrá declarar en cualquier momento, mediante notificación dirigida al Depositario, que el presente Convenio no se aplicará:

a) al transporte aéreo internacional efectuado directamente por ese Estado Parte con fines no comerciales respecto a sus funciones como Estado soberano; ni

b) al transporte de personas, carga y equipaje efectuado para sus autoridades militares en aeronaves matriculadas en ese Estado Parte, o arrendadas por éste, y cuya capacidad total ha sido reservada por esas autoridades o en nombre de las mismas.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL los plenipotenciarios que suscriben, debidamente autorizados, firman el presente Convenio.

HECHO en Montreal el día veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve en español, árabe, chino, francés, inglés y ruso, siendo todos los textos igualmente auténticos. El presente Convenio quedará depositado en los archivos de la Organización de la Aviación Civil Internacional y el Depositario enviará copias certificadas del mismo a todos los Estados Partes en el presente Convenio, así como también a todos los Estados Partes en el Convenio de Varsovia, el Protocolo de La Haya, el Convenio de Guadalajara, el Protocolo de la ciudad de Guatemala y los Protocolos de Montreal.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha enviado para su Aprobación el Convenio de Montreal de 1999 para la Unificación de ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional el 29 de noviembre de 2005.

I - Antecedentes

El medio de transporte que ha experimentado mayor evolución durante el Siglo XX ha sido el aéreo. La importancia del transporte aéreo y la consiguiente necesidad de disponer de un eficaz sistema de protección de los derechos de los usuarios de dicho transporte resulta pues evidente.

Prácticamente desde los inicios de la aviación comercial, la comunidad internacional apreció la necesidad de establecer un régimen uniforme aplicable al transporte aéreo.

En la búsqueda de tal unificación del Derecho aplicable a escala universal se aprobó el Convenio de Varsovia de 12 de Octubre de 1929. Convenio éste que recibió una muy importante acogida ya que 130 Estados adhirieron a bien lo ratificaron, deviniendo así en Altas Partes Contratantes del Convenio.

I.1- El "Sistema de Varsovia"

El "Sistema de Varsovia" se integra por el Convenio de 1929, otro Convenio relacionado con el mismo y los Protocolos que han venido a modificarlo y complementarlo.

Básicamente se compone de los siguientes instrumentos internacionales:

a) Convenio de Varsovia para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional ultimado el 12 de octubre de 1929.

b) Protocolo que modifica el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional. Este Protocolo se firmó en La Haya el 28 de setiembre de 1955.

c) Convenio complementario del Convenio de Varsovia, realizado por quien no sea el transportista contractual firmado en Guadalajara (México) el 18 de setiembre de 1961.

d) Protocolo que modifica el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional firmado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, modificado por el Protocolo hecho en La Haya el 28 de setiembre de 1955. Este es el conocido como Protocolo de Guatemala de 1971.

e) Los Protocolos adicionales 1, 2, 3 y 4 firmados en Montreal el 25 de setiembre de 1975. El 1 modifica el Convenio de Varsovia de 1929 sustituyendo el valor de cambio denominado "franco francés" por los Derechos Especiales de Giro. El segundo hace la misma modificación en cuanto al Convenio de Varsovia ya modificado por el Protocolo de La Haya. El tercero hace igual modificación en cuanto al texto de 1929 modificado en La Haya en 1955 y en Guatemala en 1971. El cuarto además introduce profundas modificaciones en el Convenio original en lo que respecta al transporte de mercancías sustituyendo la "carta de porte aéreo" y alterando tanto la terminología como los supuestos de responsabilidad del transportista. En los cuatro Protocolos, como ya fue indicado, se sustituye el valor de cambio, artificial, del franco oro por los llamados Derechos Especiales de Giro regulados por el Fondo Monetario Internacional, pretendiendo con ello poner fin a los muy diferentes criterios que venían sustentándose en cuanto a la conversión en moneda corriente de dichos francos.

Pero además de lo anterior, se incluye dentro del "sistema de Varsovia" el cuerpo de doctrina establecido tanto por los estudiosos, como por la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia. Esta doctrina jurisprudencial, muy abundante desde 1929 y en progresión geométrica desde entonces con más flexibilidad, a veces excesiva, ha venido dando cuerpo al "sistema" determinando poco a poco su realidad aplicada.

1.2- Quiebra del "sistema de Varsovia"

La quiebra del "sistema de Varsovia" es evidente, y por otro lado, completamente lógica. Se elaboró el Convenio en el año 1929 bajo unos principios que, en la actualidad, resultan totalmente inaplicables. Nos referimos a la estricta limitación de responsabilidad en los supuestos en que el transportista incumpla las obligaciones que se derivan del contrato de transporte. Hay que considerar, asimismo, que el transporte aéreo en los tiempos presentes ha adquirido no ya internacionalidad sino universalidad, lo que supone el ser indispensable una armonización de regímenes jurídicos, sociales y económicos muy dispares entre sí.

En atención a ello la quiebra del "sistema de Varsovia" puede ser ordenada de la siguiente manera:

a) Pérdida absoluta de unificación legislativa. Aún dentro del Convenio de 1929, los Estados se dividen entre los que son parte tan solo en el texto original de 1929 y los que tienen ratificado alguno de los Protocolos a los que precedentemente se ha aludido. Cada uno de ellos, pues, aplica una legislación diferente.

b) El "sistema de Varsovia" tiene su columna básica en la limitación de responsabilidad del transportista derivada de su incumplimiento contractual. La limitación de responsabilidad era bien aceptada en las primeras épocas de la aviación comercial en que las compañías aéreas requerían una cierta protección en caso de accidentes mortales. El desarrollo de esta aviación comercial con el nacimiento de los grandes operadores aéreos basados en sólidas economías repugna con la aplicación de la responsabilidad demandando que los daños ocasionados sean reparados en su integridad.

c) La jurisprudencia de los Estados Unidos, viene orillando la aplicación del "sistema de Varsovia" buscando fundamentos aparentemente fútiles pero que tienen su explicación en procurar la inaplicación del Convenio de 1929. Ello, independientemente del significado que tiene el Acuerdo de Montreal de 1966 que, aunque pudiera justificarse con algún precepto del Convenio de Varsovia de 1929, claramente supone una ruptura a la unificación pretendida por el mismo.

d) Aparte de todo ello, y aunque los protocolos de Montreal 1, 2, 3 y 4 de 1975 han pretendido poner fin a las muy diversas aplicaciones prácticas de convertibilidad del "franco oro" establecidas en el Convenio de Varsovia de 1929 sustituyéndolo por los Derechos Especiales de Giro, en los Estados que permanecen fieles al texto de 1929, sus Tribunales efectúan la conversión del "franco" con tan dispares criterios que la solución de los problemas jurídicos deja mucho de ser unificada.

e) Importantes sectores geográficos, como la Unión Europea, tienen especiales legislaciones totalmente diferentes a las que ofrece el "sistema de Varsovia". Aunque estas regulaciones pudieran llamarse "locales" lo cierto es que tienen amplía internacionalidad.

En definitiva, lo expuesto explica el rótulo de "quiebra del sistema de Varsovia". Justamente la solución a esta "quiebra" es Montreal 1999.

II- Convenio de Montreal de 1999.

Desde que el Derecho Aeronáutico inicia su andadura hasta transformarse en una ciencia del Derecho con naturaleza autónoma, ha sido el tema de la responsabilidad del transportista el que preferentemente ha ocupado la atención de los tratadistas y estudiosos. En primer lugar, lo referente al que algunos han llamado "instituto de la limitación de la responsabilidad"; luego, poco a poco, el avance doctrinal que ha desembocado en la plena responsabilidad. Este paulatino caminar ha conducido inevitablemente al cambio sustancial que se consagra en "Montreal 1999".

Con carácter general hay que advertir que "Montreal 1999" se inspira en una mayor protección de los derechos de los usuarios:

a) Responsabilidad objetiva hasta una cantidad determinada. Esta suma ha de ser satisfecha por el transportista en todo caso.

b) Principio de culpa basado en la responsabilidad subjetiva para cantidades que excedan de la suma establecida para la responsabilidad objetiva. Esta responsabilidad basada en la culpa es ilimitada.

c) Posibilidad de que el transportista se exonere, total o parcialmente, de su responsabilidad, en lo que excede de la responsabilidad objetiva, si prueba que la negligencia u otra acción u omisión de la persona que pide la indemnización es la causante del daño.

d) En caso de accidente que cause muerte o lesiones, el transportista llevará a cabo pago anticipado que no supondrá reconocimiento de responsabilidad y cuya suma podrá deducirse de lo que corresponda paga en definitiva. Este pago se hace si lo exige la ley nacional.

e) Responsabilidad limitada en cuanto al retraso en el transporte de pasajeros y respecto del transporte de equipaje y carga.

f) El artículo 17 del Convenio de Varsovia de 1929 dispone que "el porteador es responsable del daño ocasionado en caso de muerte, herida o cualquier otra lesión corporal". El artículo 17 de "Montreal 1999" declara que "el transportista es responsable del daño causado en caso de muerte o de lesión corporal". Por lo tanto sigue conservando el concepto de "lesión corporal" dejando abierta la cuestión de si dentro del mismo pueden ser incluidos ciertos tipos de daños psíquicos o morales.

g) La responsabilidad del transportista, en el tiempo, tiene lugar cuando el daño se produce a bordo de la aeronave o en el curso de cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque.

h) Se simplifica la documentación del transporte admitiendo cualquier "otro medio" en que quede constancia de la necesaria información pudiendo sustituirse así el documento prescrito. También se admite que este documento de transporte pueda ser colectivo.

i) Los ocho requisitos que fija el artículo 4 del Convenio de Varsovia 1929 que deben ser cumplimentados en el talón de equipaje, quedan reducidos radicalmente en el inciso 3 del artículo 3 de "Montreal 1999" limitándose a establecer que "el transportista entregará al pasajero un talón de identificación de equipaje por cada bulto de equipaje facturado".

j) La falta, irregularidad o no formalización del billete de pasaje deja de tener relevancia. Textualmente lo dice el punto 5 del artículo 3 de "Montreal 1999". No afecta a la existencia ni a la validez del contrato de transporte que sigue sujeto al convenio incluyendo lo que se refiere a los límites de responsabilidad.

k) Especial significación tiene la posibilidad de elegir fuero por el reclamante para ejercitar su derecho lo que puede hacer: a) en el domicilio del transportista; b) en el de su oficina principal; c) en el lugar en que tiene una oficina por cuyo conducto se ha celebrado el contrato; d) en el lugar del tribunal de destino. A todo ello hay que añadir la novedad, solo cuando se trate de muerte o lesiones, de poder domiciliar la acción en el territorio de su residencia principal y permanente en el momento del accidente siempre que el transportista mantenga servicios de transporte aéreo y en él realice actividades. La inclusión de esta posibilidad ha sido objeto de muy diversos puntos de vista y no cabe duda de que posibilita a favor del pasajero el ejercicio y sus reclamaciones en la vía judicial.

l) Importante es, por último, el requerimiento obligatorio que "Montreal 1999" hace a los Estados Partes en el mismo para que exijan de sus transportistas el mantenimiento de un seguro que cubra las responsabilidades reguladas en él.

III- Importancia de la aprobación del Convenio

Cualquiera que sea el criterio que pueda merecer "Montreal 1999" es preciso aceptar que supone un decisivo avance en la regulación del transporte aéreo.

Por ello, y aunque no se pueda renunciar a una razonable crítica de algunas de las regulaciones que se contienen en "Montreal 1999", es preciso, en todo caso, aceptarlo como un avance muy positivo en la estructuración jurídica del contrato de transporte aéreo.

Es preciso hacerse eco de lo que se declara en el Preámbulo del propio "Convenio Montreal 1999", reconociendo la importancia de asegurar la protección de los intereses de los usuarios de transporte aéreo internacional y la necesidad de una indemnización equitativa basada en el principio de restitución debiendo estarse convencidos de que la acción colectiva de los Estados para una mayor armonización y codificación de las reglas que rigen el transporte aéreo internacional mediante este nuevo Convenio es el medio más apropiado para lograr un equilibrio de intereses equitativo.

Por lo expuesto, y considerarlo de interés para la República, se recomienda la aprobación del Convenio de Montreal de 1999 para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional.

Sala de la Comisión, 12 de octubre de 2006.

Jorge Larrañaga, Miembro Informante; Washington Abdala, Carlos Baráibar, Alberto Couriel, José Korzeniak, Enrique Rubio. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: el Miembro Informante de este proyecto de ley también era el señor Senador Larrañaga y ha dejado un informe por escrito.

Este Convenio refiere a la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional y ha sido objeto de una actualización significativa con respecto al Convenio de Varsovia, de 12 de octubre de 1929, firmado inicialmente por 130 Estados y que con el tiempo ha ido sufriendo modificaciones, particularmente en el ámbito de la responsabilidad del transportista.

El Convenio de Varsovia fue modificado por la unificación de ciertas normas: el Protocolo de 1955, el Convenio Complementario de Guadalajara de 1961, el Protocolo de Guatemala de 1971 y Protocolos adicionales firmados en Montreal en 1975.

Hay un quiebre del "sistema de Varsovia" ya que, habiendo sido elaborado en 1929, sus normas resultan inaplicables en la actualidad en diversos aspectos y, en particular, en el área del transporte aéreo. Este tipo de transporte ha adquirido no "internacionalidad" como señala el informe, sino "universalidad", lo que supone indispensable la actualización de los sistemas jurídicos para armonizar las normas vigentes a nivel internacional.

Como pueden apreciar, la quiebra del "sistema de Varsovia" puede ser ordenada de la siguiente manera. Hubo una pérdida absoluta de la unificación legislativa y se ha producido una dispersión de normas en el ámbito internacional, que este Convenio está tratando de superar.

Es importante resaltar que el "sistema de Varsovia" tiene su columna básica en la limitación de la responsabilidad del transportista derivada de su incumplimiento contractual. En términos generales, el transportista internacional tenía bajo estas normas una limitación de responsabilidad que, de alguna forma, se fue prorrogando en el tiempo y que -como muy bien señala el informe- hoy "repugna" -como dice textualmente- o está en contradicción con la aplicación de la responsabilidad en el caso de las demandas que reclaman que los daños ocasionados -por ejemplo, en el transporte aéreo- sean reparados en su integridad. Esto se acompaña por la jurisprudencia de los Estados Unidos, que viene orillando la aplicación del "sistema de Varsovia" y, aun cuando los Protocolos de Montreal 1, 2, 3 y 4 de 1975 han pretendido poner fin a las muy dispares aplicaciones prácticas de convertibilidad del "franco oro", sustituyéndolo por los Derechos Especiales de Giro en los Estados que permanecen fieles al texto de 1929, se está buscando la unificación de criterios.

De manera que, con respecto a la quiebra del "sistema de Varsovia", este Convenio de Montreal de 1999 manifiesta que desde que el Derecho Aeronáutico se orientó hacia la autonomía, el tema ha sido discutido en forma importante en la Doctrina y se ha reconocido dicha autonomía.

El Convenio de Montreal de 1999 se inspira notoriamente en una mayor protección de los derechos de los usuarios. Se establece una responsabilidad objetiva hasta una cantidad determinada. También se fija el principio de la culpa basado en la responsabilidad subjetiva. La responsabilidad basada en la culpa, que puede recaer en las empresas como sujetos responsables en el área del transporte internacional, es ilimitada. Obviamente, se determinan las posibilidades de exoneración de esta responsabilidad si se prueba que la negligencia u otra acción u omisión de la persona que pide la indemnización es la causante del daño. Asimismo, se incorpora la responsabilidad limitada en cuanto al retraso en el transporte de pasajeros y respecto del transporte de equipaje y carga. Se dispone que -afortunadamente, esto no sucede todos los días pero sí se plantea en cada accidente que ocurre en el transporte aéreo- "el porteador es responsable del daño ocasionado en caso de muerte, herida o cualquier otra lesión corporal". Por lo tanto, este Convenio de Montreal conserva el concepto de "lesión corporal", dejando abierta la cuestión de si dentro del mismo pueden ser incluidos ciertos tipos de daños psíquicos o morales, lo que es parte también de la tendencia de la jurisprudencia. Al mismo tiempo, se simplifica la documentación del transporte y se modifican los ocho requisitos que fija el Convenio de Varsovia de 1929, que quedan reducidos radicalmente en el inciso 3 del artículo 3 de "Montreal 1999", limitándose a establecer que "el transportista entregará al pasajero un talón de identificación de equipaje por cada bulto de equipaje facturado". También tiene una especial significación la posibilidad de elegir fuero por el reclamante para ejercitar su derecho, lo que puede hacer tanto en el domicilio del transportista como en su oficina principal, en una oficina por cuyo conducto se ha celebrado el contrato o en el lugar del tribunal de destino. Por último, es importante el requerimiento obligatorio que "Montreal 1999" hace a los Estados Partes en el mismo para que exijan de sus transportistas el mantenimiento de un seguro que cubra las responsabilidades reguladas en él.

Esto supone un avance en materia de legislación, una uniformización de las normas que evita la dispersión y una modernización del concepto de responsabilidad en el ámbito del transporte aéreo por la antigüedad del Convenio firmado en 1929 y por el aporte que se realiza en función de los distintos Tratados y, en particular, en esta unificación establecida en el Convenio de Montreal de 1999.

Por lo expuesto, señor Presidente, aconsejamos votar favorablemente este Tratado a fin de incorporarnos a una unificación de reglas que tienen que ver con el transporte aéreo internacional.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Santiago González Barboni).-

"ARTICULO UNICO.- Apruébase el Convenio de Montreal para la Unificación de ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional de 1999".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

19) PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE COOPERACION EDUCACIONAL, CIENTIFICA, TECNOLOGICA Y CULTURAL ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo Adicional al Acuerdo de Cooperación Educacional, Científica, Tecnológica y Cultural entre la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay, suscrito en Montevideo, el 15 de diciembre de 2003. (Carp. Nº 424/05 - Rep. Nº 342/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 424/05

Rep. Nº 342/06

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 28 de noviembre de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración, el Proyecto de Ley adjunto por el cual se aprueba el Protocolo Adicional al Acuerdo de Cooperación Educacional, Científica, Tecnológica y Cultural entre la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay, suscrito en Montevideo, el 15 de diciembre de 2003.

Las modificaciones introducidas por el referido Protocolo Adicional al Acuerdo de Cooperación Educacional, Científica, Tecnológica y Cultural suscrito el 16 de mayo de 1975, tienen por objeto incrementar la integración cultural entre Uruguay y Paraguay.

A dichos efectos, el artículo 1º del Protocolo Adicional incorpora al Acuerdo original un Artículo I, por el que las Partes asumen el compromiso de realizar esfuerzos tendientes a que la cooperación cultural alcance a la mayor cantidad posible de sus habitantes.

Se agrega, además, un Artículo II mediante el cual las Partes se obligan a impulsar el desarrollo de actividades en el ámbito de la investigación, así como la compilación de material bibliográfico, audiovisual e informático en el área de la historia.

El nuevo Artículo III del Acuerdo, también incorporado por el artículo 1º del Protocolo Adicional- prevé que las Partes fomentarán la suscripción de Acuerdos de Cooperación entre Organismos e Instituciones culturales oficiales de ambos Estados con la finalidad de programar acciones conjuntas tendientes a concretar actividades relativas al Acuerdo.

Asimismo, se incorpora al texto original la aplicación de las nuevas tecnologías, como medio para estimular el acceso permanente a la información cultural disponible (artículo 2º).

Finalmente, se amplía el alcance del artículo IV del Acuerdo al área cinematográfica, mediante el compromiso de las Partes de favorecer la co-producción y co-distribución de películas.

El Poder Ejecutivo destaca la importancia del instrumento bilateral cuya aprobación solicita, por cuanto resulta altamente beneficioso para contribuir al fortalecimiento de las relaciones institucionales en las áreas de la educación, la cultura y la investigación.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Jorge Brovetto.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 28 de noviembre de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Protocolo Adicional al Acuerdo de Cooperación Educacional, Científica, Tecnológica y Cultural entre la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay, suscrito en Montevideo, el 15 de diciembre de 2003.

Reinaldo Gargano, Jorge Brovetto.

PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE COOPERACION EDUCACIONAL, CIENTIFICA, TECNOLOGICA Y CULTURAL ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

La República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay, en adelante denominados "las Partes";

GUIADAS por la necesidad de afianzar y fortalecer la hermandad tradicional de sus pueblos;

ANIMADAS por el deseo de incrementar la integración cultural entre ambos Estados y en la región; y

ACUERDAN en suscribir el siguiente PROTOCOLO ADICIONAL:

ARTICULO 1º

Enmiéndase el Acuerdo de Cooperación Educacional, Científica, Tecnológica y Cultural entre la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, suscrito en la ciudad de Asunción, el 16 de mayo de 1975, con el agregado de los siguientes Artículos:

ARTICULO I

Cada Parte se esforzará para que la cooperación cultural establecida en virtud del presente Acuerdo beneficie a todas sus regiones, de tal forma que sus efectos alcancen a la mayor cantidad posible de sus habitantes.

ARTICULO II

Cada Parte impulsará el desarrollo de actividades y el intercambio en los campos de la investigación histórica y de la compilación de material bibliográfico, audiovisual e informático de esta disciplina.

ARTICULO III

Cada una de las Partes promoverá la programación de acciones conjuntas entre sus propios entes públicos o privados de difusión cultural e instituciones análogas de la Otra tendientes a la concreción de actividades relativas a este Acuerdo. En tal sentido, las Partes fomentarán la firma de Acuerdos específicos de Cooperación entre Organismos e Instituciones culturales oficiales de ambos Estados.

ARTICULO 2º

Enmiéndase el Artículo III con el siguiente agregado:

A fin de estimular el acceso continuo y actualizado a la información cultural disponible, las Partes propiciarán la utilización de Bancos de Datos informatizados, Redes y Sitios Web en Internet creados en ambos países, que contengan:

1. Calendarios de actividades culturales diversas (festivales, concursos, premios, becas, etc.);

2. Instituciones y personas responsables de dichas actividades;

3. descripción de la infraestructura disponible en ambos Estados.

ARTICULO 3º

Enmiéndase el Artículo IV con el siguiente agregado:

Cada Parte favorecerá la realización de películas bajo el régimen de co-producción y co-distribución.

ARTICULO 4º

El presente Protocolo Adicional entrará en vigor en la fecha de la última notificación por la que las Partes comuniquen el cumplimiento de sus respectivos requisitos legales internos.

ARTICULO 5º

El presente Protocolo Adicional permanencerá en vigor mientras tenga vigencia el "Acuerdo de Cooperación Educacional, Científica, Tecnológica y Cultural entre la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay", suscrito en Asunción el 16 de mayo de 1975.

HECHO en Montevideo, a los quince días del mes de diciembre de 2003, en dos ejemplares originales, siendo ambos textos igualmente auténticos.

 

VA ESCANEADO 433

 

 

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Internacionales ha considerado el proyecto de ley mediante el cual se aprueba el Protocolo Adicional al Acuerdo de Cooperación Educacional, Científica, Tecnológica y Cultural entre la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay, suscrito en Montevideo, el 15 de diciembre de 2003.

El presente Protocolo Adicional introduce modi-ficaciones al Acuerdo de Cooperación Educacional,

Científica, Tecnológica y Cultural suscrito el 16 de mayo de 1975. Las mismas tienen como finalidad actualizar e in-crementar la integración cultural entre Uruguay y Paraguay.

A estos efectos, se incorpora:

- Un Artículo I en el cual las Partes se comprometen al esfuerzo de que los efectos del Acuerdo beneficie a todas sus regiones y a la mayor cantidad de habitantes.

- Un Artículo II que establece el compromiso de impulsar actividades e intercambio que beneficien a la investigación histórica.

- Un Artículo III donde las Partes promoverán acciones conjuntas entre entes de difusión cultural públicos y privados para la concreción del Acuerdo. Así es que se deberá fomentar la firma de nuevos acuerdos específicos de cooperación entre organismos e instituciones de ambos países.

- Una enmienda al Artículo II vigente donde incorpora el uso de nuevas tecnologías como los bancos de datos, redes y sitios web.

- Una enmienda al Artículo IV que amplía el alcance de la aplicación del Acuerdo, donde incorpora la facilitación de la realización de coproducciones audiovisuales y su distribución.

Este protocolo adicional actualiza y mejora el Acuerdo vigente, haciendo que las relaciones institucionales en las áreas de la educación, cultura e investigación se fortalezcan.

Por lo expuesto es que recomendamos al Cuerpo la aprobación del Protocolo Adicional.

Sala de la Comisión, 12 de octubre de 2006.

Alberto Couriel, Miembro Informante; Washington Abdala, Carlos Baráibar, José Korzeniak, Enrique Rubio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: el Uruguay tiene un Acuerdo de Cooperación Educacional, Científica, Tecnológica y Cultural con Paraguay desde 1975. En este caso, el Poder Ejecutivo ha enviado este Mensaje y proyecto de ley por el cual se aprueba el Protocolo Adicional a dicho Acuerdo, que tiene por objeto actualizar e incrementar la integración cultural entre Uruguay y Paraguay, y en él se resaltan básicamente dos temas. Uno de ellos tiene que ver con la búsqueda del desarrollo de nuevas actividades en el ámbito de la investigación histórica, para lo cual se plantean cooperaciones en la compilación de material bibliográfico, audiovisual e informático en el área de la historia.

Un segundo elemento que nos parece de interés en este Protocolo Adicional se vincula con la incorporación del área cinematográfica, por la cual las Partes se comprometen a favorecer la coproducción y codistribución de películas.

Estos son 2 de los artículos de un marco adicional que, básicamente, tiene 5 artículos, pero estos dos a los que he hecho referencia me parecen relevantes y por eso los estoy subrayando en este informe.

La Comisión de Asuntos Internacionales aconseja, pues, al Senado, la aprobación de este Protocolo Adicional al Acuerdo de Cooperación Educacional, Científica, Tecnológica y Cultural entre la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Santiago González Barboni).-

"ARTICULO UNICO.- Apruébase el Protocolo Adicional al Acuerdo de Cooperación Educacional, Científica, Tecnológica y Cultural entre la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay, suscrito en Montevideo, el 15 de diciembre de 2003".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

20) ACUERDO REGIONAL DE COOPERACION PARA LA PROMOCION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA NUCLEARES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE (ARCAL)

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y El Caribe (ARCAL), suscrito en Viena, el 25 de setiembre de 1998. (Carp. Nº 506/06 - Rep. Nº 343/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 506/06

Rep. Nº 343/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y El Caribe, que se conoce por la sigla "ARCAL", hecho en Viena, el 25 de setiembre de 1998.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 9 de mayo de 2006.

Ruben Martínez Huelmo

1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Montevideo, 17 de octubre de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con el Artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 11 de agosto de 2004 que se adjunta, por el cual se solicitó la aprobación del Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y El Caribe, que se conoce por la sigla "ARCAL", hecho en Viena, el 25 de setiembre de 1998.

Al mantenerse los fundamentos que dieron mérito al envío de aquel Mensaje, se solicita la aprobación del mencionado instrumento multilateral.

El Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Rodolfo Nin Novoa, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia; Reinaldo Gargano, Jorge Lepra, Danilo Astori, Bernabela Herrera.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Montevideo, 17 de octubre de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y El Caribe, que se conoce por la sigla "ARCAL", hecho en Viena, el 25 de setiembre de 1998.

Reinaldo Gargano, Jorge Lepra, Danilo Astori, Bernabela Herrera.

ACUERDO DE COOPERACION PARA LA PROMOCION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA NUCLEARES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

CONSIDERANDO, que los Estados Parte en el presente Acuerdo (en adelante "Estados Parte") reconocen que en sus respectivos programas nacionales de desarrollo nuclear existen sectores de interés común, en los que una mutua cooperación puede contribuir a promover la ciencia y tecnología nucleares y su utilización con fines pacíficos, así como a un más eficaz y eficiente aprovechamiento de las capacidades disponibles;

RECORDANDO, que una de las funciones estatutarias del Organismo Internacional de Energía Atómica (en adelante "Organismo") consiste en fomentar y facilitar la investigación, el desarrollo y la aplicación práctica de la energía nuclear con fines pacíficos, y que la misma puede potenciarse estrechando la cooperación técnica entre sus Estados Miembros a través de la aplicación del concepto de "Asociados para el Desarrollo".

TENIENDO EN CUENTA, que -con el patrocinio del Organismo- los Estados Parte desean concertar un Acuerdo Regional para el fomento y el fortalecimiento de tales actividades de cooperación técnica;

Los Estados Parte acuerdan lo siguiente:

ARTICULO I. OBJETIVO

1. Los Estados Parte, con el patrocinio del Organismo, se comprometen a través de sus instituciones nacionales competentes a propiciar, fomentar, coordinar y ejecutar acciones de cooperación para la capacitación, la investigación, el desarrollo y las aplicaciones de la ciencia y tecnología nucleares en la región de América Latina y el Caribe.

2. El presente Acuerdo se denominará "Acuerdo Regional de cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe", y se conocerá por la sigla "ARCAL".

ARTICULO II. ORGANO DE REPRESENTANTES

1. Los Estados Parte designarán sus respectivos Representantes Permanentes ante ARCAL. Dichos representantes (en adelante "Representantes de ARCAL") integrarán el "Organo de Representantes de ARCAL" (en adelante "ORA"), máximo cuerpo decisorio del Acuerdo, el que se reunirá, al menos, una vez al año.

2. Será competencia del "ORA":

i. Establecer las políticas, directrices y estrategias de ARCAL.

ii. Establecer la norma jurídica que resulte necesaria para la consecución de los objetivos del Acuerdo, incluidos el Manual de Procedimientos para ARCAL y las disposiciones financieras del OIEA.

iii. Examinar y aprobar anualmente los programas y proyectos de ARCAL, incluyendo sus respectivas asignaciones de recursos, sometidos a su consideración por el "Organo de Coordinación Técnica de ARCAL" (en adelante "OCTA").

iv. Fijar las relaciones de ARCAL con Estados no Parte, otros organismos internacionales, orga-nizaciones no gubernamentales y el sector privado.

ARTICULO III. ORGANO DE COORDINACION TECNICA

1. Cada Estado Parte designará un "Coordinador Nacional" que deberá ser un funcionario de rango superior.

2. Los Coordinadores Nacionales de ARCAL integrarán el "OCTA", que se reunirá, al menos, una vez al año.

3. Será competencia del "OCTA":

i. Ejecutar las decisiones aprobadas por el "ORA.

ii. Asesorar al "ORA" en los aspectos técnicos de ARCAL.

iii. Elaborar y presentar anualmente a la consideración del "ORA" los programas y proyectos de ARCAL, incluyendo las respectivas asignaciones de recursos.

iv. Evaluar anualmente la ejecución de los programas y proyectos de ARCAL, con el propósito de recomendar al "ORA" su continuación, modificación o finalización.

ARTICULO IV. COMPROMISO DE LOS ESTADOS

1. Cada Estado Parte que decida participar en un proyecto de ARCAL, se compromete a coadyuvar a la debida ejecución del mismo, mediante:

a) la contribución de recursos financieros y/o en especies;

b) la puesta a disposición de instalaciones, equipos, materiales y conocimiento ("know how") que se encuentren bajo su jurisdicción y que resulten pertinentes.

2. Cada Estado Parte que participe en un proyecto de ARCAL se compromete, de conformidad con su ordenamiento jurídico nacional, a adoptar las medidas que resulten necesarias para facilitar en su territorio las actividades del personal designado por otro Estado Parte o por el Organismo para participar en el mismo.

3. Cada Estado Parte que participe en un proyecto de ARCAL se compromete a presentar a la consideración del "OCTA", a través del Organismo, un informe anual sobre el grado de ejecución del mismo.

4. Cada Estado Parte podrá proporcionar al "ORA" cualquier informe adicional que estime pertinente sobre el proyecto en cuestión.

5. Cada Estado Parte que participe en un proyecto de ARCAL se compromete, de conformidad con su ordenamiento jurídico nacional, a aplicar las normas y reglamentos de seguridad del Organismo durante todo el tiempo que demande la ejecución del mismo.

ARTICULO V. COMPROMISOS DEL ORGANISMO

1. Ateniéndose a los recursos disponibles, el Organismo apoyará los programas y proyectos de ARCAL establecidos de conformidad con el presente Acuerdo mediante su programa de cooperación técnica y otros programas. Los principios, normas y procedimientos propios de la cooperación técnica del Organismo y de sus otros programas se aplicarán, según proceda, a dicho apoyo del Organismo.

2. Para el logro de los objetivos del presente Acuerdo y basándose en las recomendaciones formuladas por el "ORA" y el "OCTA", el Organismo desempeñará las siguientes funciones de Secretaría:

i. Coordinar las acciones entre los Estados Parte.

ii. Asignar las contribuciones hechas por los Estados Parte y donantes externos a ARCAL entre los proyectos de ARCAL y los Estados Parte participantes en dichos proyectos.

iii. Adoptar las medidas que sean necesarias para el funcionamiento de los proyectos de ARCAL.

iv. Preparar anualmente el Plan de Actividades para la ejecución de los proyectos de ARCAL.

v. Proporcionar apoyo administrativo a las reuniones del "ORA", del "OCTA" y otras que se estimen necesarias en relación con su citación, preparación y organización.

vi. Asistir en la organización, financiamiento y realización de las reuniones de expertos incluidas en el Plan de Actividades de ARCAL.

vii. Recopilar y distribuir los informes recibidos de los Estados Parte.

viii. Preparar anualmente un informe sobre la ejecución de los programas y proyectos de ARCAL, y presentarlo a la consideración del "OCTA" y del "ORA".

ix. Proporcionar apoyo administrativo para el siguiente de los proyectos de ARCAL.

3. Con el consentimiento del "ORA", el Organismo podrá invitar a Estados no Parte, otros organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado, a contribuir en el desarrollo de las actividades de ARCAL, mediante la provisión de recursos financieros y/o en especies que resulten pertinentes.

4. El Organismo, en consulta con el "ORA", administrará estas contribuciones de conformidad con su Reglamento Financiero y con otras normas aplicables. El Organismo llevará registros y cuentas por separado para cada una de dichas contribuciones.

ARTICULO VI. RESPONSABILIDAD CIVIL

El Organismo, los Estados no Parte, otros organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y el sector privado, que participan en las modalidades descritas en el Acuerdo, no serán responsables por la ejecución segura de los programas y proyectos de ARCAL.

ARTICULO VII. UTILIZACION PACIFICA

Cada Estado Parte se compromete a utilizar toda la asistencia que reciba en virtud del presente Acuerdo exclusivamente con fines pacíficos y de conformidad con el Estatuto del Organismo.

ARTICULO VIII. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

Cada Estado Parte se asegurará de que ninguna persona designada por otro Estado Parte participante en un proyecto de ARCAL, revele información alguna obtenida gracias a la presencia de la persona en la instalación sin el consentimiento escrito del otro Estado Parte.

ARTICULO IX. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia que pueda surgir con respecto a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo, será resuelta utilizando los medios pacíficos de solución que las partes en la controversia deseen utilizar.

ARTICULO X. FIRMA Y ADHESION

1. El presente Acuerdo estará abierto a la firma de todos los Estados Miembros del Organismo pertenecientes a la región de América Latina y el Caribe, en la sede del Organismo, en Viena, del 25 de setiembre de 1998, hasta su entrada en vigor.

2. El presente Acuerdo estará sujeto a ratificación por parte de los Estados signatarios.

3. Los Estados que no hayan firmado este Acuerdo podrán adherirse a él después de su entrada en vigor.

4. Los instrumentos de ratificación o adhesión se depositarán ante el Director General del Organismo, quien será el depositario del presente Acuerdo.

5. El Organismo informará prontamente a todos los Estados signatarios y adherentes, sobre la fecha de cada firma, la fecha de depósito de cada instrumento de ratificación y de adhesión al Acuerdo y de la fecha de su entrada en vigor.

ARTICULO XI. ENTRADA EN VIGOR

El presente Acuerdo entrará en vigor luego del depósito del instrumento de ratificación por parte de 10 Estados Miembros. Su vigencia se extenderá por un período de 10 años, pudiendo prorrogarse por lapsos de cinco años si los Estados Miembros así lo acuerdan.

ARTICULO XII. DENUNCIA

1. Cualquier Estado Parte podrá denunciar el presente

Acuerdo mediante notificación escrita al Depositario, con al menos seis meses de anticipación, quien lo informará a los Estados Parte.

2. En caso de denuncia del Acuerdo, el Estado Parte mantendrá sus compromisos adoptados con respecto a los proyectos en que se encuentre participando, hasta el término de éstos.

ARTICULO XIII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Los Estados de América Latina y el Caribe que se encuentren participando en las actividades de ARCAL al momento de abrirse a la firma y adhesión el presente Acuerdo, mantendrán sus derechos y obligaciones durante el período necesario para adquirir la calidad de Estado Parte. Dicho período no podrá exceder los cinco años.

HECHO en Viena, a los 25 días del mes de setiembre de 1998, en dos originales, en los idiomas español e inglés, siendo igualmente auténtico el texto en cada uno de estos dos idiomas.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Internacionales ha considerado el proyecto de ley mediante el cual se aprueba el Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y El Caribe (ARCAL), suscrito en Viena el 25 de setiembre de 1998.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (en adelante Organismo) desde 1957 fomenta y facilita la investigación, el desarrollo y la aplicación práctica de la energía nuclear con fines pacíficos. Con el patrocionio el Organismo es que los Estados Parte desean concretar un Acuerdo Regional para el fomento y el fortalecimiento de tales actividades de cooperación técnica.

Nuestro país es uno de los integrantes que impulsó la creación del Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y El Caribe conocido como ARCAL y desde 1984 participa activamente en las fases del programa y en la elaboración de documentos rectores.

El cometido de este Acuerdo es favorecer al desarrollo sustentable de América Latina y el Caribe, a través de la cooperación entre países y apoyar la promoción de los usos pacíficos de la ciencia y la tecnología nuclear para la solución de problemas de la región.

Durante veinte años de actividad -las tres primeras fases del Programa- se desarrollaron setenta y siete proyectos financiados por el Organismo y algunos países donantes:

- Desarrollo de la ciencia y tecnología nucleares. Protección radiológica. Instrumentación nuclear. Radioinmunoanálisis en producción animal. Técnicas analíticas nucleares. Utilización de reactores de investigación. Irradiación de alimentos. Mejoramiento de los cereales mediante fitotecnia por mutaciones. Radioinmunoanálisis de hormonas tiroideas.

Información nuclear. Aplicación de técnicas isotópicas en hidrología. Producción y control de radiofármacos. Aplicaciones industriales de la tecnología nuclear. Estructura normativa y organización regulatoria. Aplicaciones de técnicas de trazadores a fugas en presas y embalses. Mantenimiento de instrumentación nuclear. Directrices para el control de fuentes de radiación. Evaluación de mutantes en cultivos de cereales. Nutrición de las plantas y gestión suelo-agua. Mejoramiento de prácticas de medicina nuclear. Mejoramiento de la calidad de la práctica de radioterapia. Aseguramiento de la calidad en los laboratorios analíticos. Técnicas de RIA en investigaciones sobre producción pecuaria. Desarrollo de la irradiación de alimentos en escala comercial. Control de calidad y optimización de protocolos clínicos de SPECT. Calibración de instrumentación dosimétrica utilizada en radioterapia. Reparación y mantenimiento de instrumentación nuclear. Estandarización de técnicas de nefrourología nuclear. Armonización de normas para el aseguramiento de la calidad en Radiofarmacia. Aseguramiento de la calidad de laboratorios que brindan servicios de protección radiológica. Red regional de información en el área nuclear. Aplicaciones industriales de la tecnología de trazadores y sistemas de control nucleónico. Reuniones para la formulación de proyectos. Maestría en física médica. Reparación, control de calidad y validación de radiofármacos basados en anticuerpos monoclonales. Control de calidad en la reparación y mantenimiento de la instrumentación utilizada en medicina nuclear. Aplicaciones de la biología molecular al diagnóstico de enfermedades infecciosas. Mejoramiento de la calidad en radioterapia. Sistema de calidad para la producción de tejidos para injertos esterilizados por irradiación. Aplicación de biomonitores y técnicas nucleares relacionados aplicadas a estudios de contaminación atmosférica. Transferencia de tecnología de trazadores y sistemas de control nucleónicos a sectores industriales de interés económico. Uso de las técnicas nucleares en la investigación, conservación y gestión de bienes del patrimonio cultural. Armonización y optimización de procedimientos de gestión y operacionales en las plantas de irradiación industriales. Harmonización regulatoria y desarrollo de programa de gestión de calidad para el transporte seguro de materiales radiactivos. Mejoramiento de la efectividad de la gestión regulatoria. Fortalecimiento y armonización de las capacidades nacionales para dar respuesta a emergencias radiológicas. Modernización y extensión de la gestión regional de sistemas de información y bases de datos. Divulgación de los usos pacíficos de la energía nuclear de la región.

Debe señalarse que el Acuerdo entrará en pleno vigor después de la ratificación de diez Estados miembros, entre los cuales se encuentra Uruguay. Al presente, los países que participan activamente son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Los Estados Partes designarán Representantes Permanentes quienes integrarán el Organo de Representantes de ARCAL (ORA) que es el máximo cuerpo de toma de decisiones y que se reunirá una vez al año. El ORA establecerá políticas, directrices y estrategias, establecerá la norma jurídica necesaria para la consecución de los objetivos de ARCAL, aprobará los programas y proyectos de ARCAL y los recursos que el Organo de Coordinación Técnica de ARCAL (OCTA) someta a su consideración.

Organo de Coordinación Técnica de ARCAL (OCTA): Cada Estado Parte designará un Coordinador Nacional (un funcionario de rango superior). La reunión de coordinadores nacionales conformará el OCTA, que se reunirá una vez al año y ejecutará las decisiones del ORA así como lo asesorará en aspectos técnicos, elaborará y presentará proyectos y programas de ARCAL incluyendo las asignaciones de recursos y evaluará, de manera anual, la ejecución de programas y proyectos de ARCAL, recomendando su continuación, modificación o finalización.

En lo referente al financiamiento, ARCAL recibe aproximadamente dos millones de dólares anuales del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y otras contribuciones -en efectivo o en especie en monto similar- proveniente de los diecinueve países que participan activamente en el programa y que han otorgado donaciones recientemente. Por otro lado, España y la Oficina Panamericana de la Salud (OPS) han participado en reuniones y se está procesando el ofrecimiento de sus contribuciones, tanto en efectivo como en servicios.

Por otro lado el Organismo desempeñará funciones de Secretaría coordinado entre los Estados Parte, asignará las contribuciones, adaptará medidas necesarias para el funcionamiento de los proyectos de ARCAL, preparará un plan de actividades anual, asistirá en la organización, finan-ciamiento y realización de las reuniones de expertos, recopilará y distribuirá informes de los Estados Parte y proporcionará apoyo administrativo.

En lo particular, nuestro país ya ha sido beneficiado en importantes áreas de la vida nacional (Hospital de Clínicas, Banco de Organos, Intendencias) y debe señalarse que la participación en este acuerdo no genera obligaciones financieras para el país, sino al contrario somos completamente beneficiarios.

Por lo expuesto, es que recomendamos la aprobación de este Acuerdo dada la significación de su beneficio para nuestro país y para toda América Latina.

Sala de la Comisión, 12 de octubre de 2006.

Alberto Couriel, Miembro Informante; Washington Abdala, Carlos Baráibar, José Korzeniak, Enrique Rubio."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: desde 1957 existe un Organismo Internacional de Energía Atómica que fomenta y facilita la investigación, el desarrollo y la aplicación práctica de la energía nuclear con fines pacíficos.

En este caso, se trata de un proyecto de ley sobre un Acuerdo Regional que integran 19 países de América Latina y el Caribe. En realidad, el Uruguay ha sido uno de los propulsores de la creación de este Acuerdo y participa activamente con propuestas desde 1984.

El cometido de este Acuerdo es apoyar la promoción de los usos pacíficos de la ciencia y la tecnología nucleares para la solución de problemas de la región.

Durante veinte años de actividad se desarrollaron setenta y siete proyectos financiados por el Organismo Internacional de Energía Atómica y algunos países donantes.

En el informe por escrito que presentamos al Senado, planteamos una extensa lista de los trabajos que no venían en el informe original, para conocimiento de este Cuerpo.

Debe señalarse que, al presente, los países que participan activamente son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En este caso se persiguen, fundamentalmente, elementos de carácter institucional porque se crea el Órgano de Representantes de ARCAL (ORA), que establecerá políticas, directrices y estrategias básicas, y un Órgano de Coordinación Técnica de la misma institución.

En lo referente al financiamiento, ARCAL recibe aproximadamente dos millones de dólares anuales del Organismo Internacional de Energía Atómica y otras contribuciones -en efectivo o en especie en monto similar- provenientes de los diecinueve países que participan activamente en el Programa. En las últimas reuniones se han incorporado España y la Oficina Panamericana de la Salud y se está procesando el ofrecimiento de sus contribuciones.

Asimismo, quiero destacar que el Uruguay ha sido beneficiado en importantes áreas de la vida nacional, como el Hospital de Clínicas, el Banco de Órganos y Tejidos y las Intendencias, por lo que importa reflejar que a nuestro país este Acuerdo no le genera obligaciones financieras, sino que, por el contrario, es completamente beneficiario.

Por lo expuesto, recomendamos la aprobación de este Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa, en nombre del Cuerpo, saluda la presencia en la Barra del señor Presidente Alterno del Parlamento Latinoamericano, Senador de Chile, don Jorge Pizarro, y del Secretario Ejecutivo del mismo Organismo, doctor Humberto Peláez Gutiérrez, de Colombia.

(Aplausos en la Sala)

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: antes que nada, quiero señalar que hemos entrado y salido de Sala reiteradamente porque estuvimos reunidos con los dos amigos del Parlamento Latinoamericano, con quienes hemos compartido mucho tiempo inquietudes comunes, por lo que les damos la bienvenida en forma particular.

El informe que ha hecho el señor Senador Couriel es muy importante, sobre todo para tomar conocimiento y conciencia de la significación que tiene la Oficina de Tecnología Nuclear del Uruguay, en particular en el área del Ministerio de Industria, Energía y Minería. No se trata de una actividad fácil; por el contrario, es muy complicada. Además, cuando se tienen competencias tan cruzadas en un Ministerio como el de Industria, Energía y Minería y se le agregan pequeña y mediana empresa y tecnología nuclear, entre otras, resulta una actividad difícil de coordinar. Sin embargo, no sólo por experiencia sino también en honor al esfuerzo que se ha hecho, debo decir que el Uruguay es uno de los países con mayor reconocimiento en el ámbito de la tecnología nuclear y por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica. Asimismo, es un centro de educación, formación y capacitación en la propia ciudad de Montevideo, a donde concurren desde todos los países de América Latina para que el Uruguay sea un punto de referencia en este esfuerzo que se está realizando.

Por otra parte, son temas en los que, al avanzar en el Tratado, reconocemos la vigencia que tiene el país y la importancia que adquiere en asuntos tan trascendentes como la energía nuclear, particularmente la vinculada a tantas actividades que se desarrollan, tal como está explicitado en el informe realizado por el señor Senador Couriel. El Uruguay se ha visto beneficiado en importantes áreas como, por ejemplo, en el Hospital Pereira Rossell -con el famoso acelerador lineal donado por la Organización Internacional de Energía Atómica, que es de última tecnología, más allá de las discusiones que se han suscitado al respecto- o en el caso del Hospital de Clínicas, por el aporte que nuestro país realiza en materia de tecnología nuclear. Pero también es importante compartir con los señores Senadores que en el ámbito del Ministerio, entre las responsabilidades de la tecnología nuclear, están los temas de los desechos industriales que generan una gran sensibilidad y que Uruguay está tratando de abordarlos en forma muy responsable, aun cuando su localización sigue estando cerca de la Facultad de Ciencias, en el Euskal Erría, con los peligros que ello implica, entre otras cosas por las dificultades de vigilancia y por las tragedias que se pueden producir en el ámbito de la sociedad cuando no existe el debido control, nada menos que de desechos industriales, que terminan siendo -como ha sucedido en la ciudad de Brasilia y en otros países- elementos de gran repercusión social en la salud de la gente y de la colectividad.

No estamos ante un acuerdo o tratado de carácter simplemente teórico; esto forma parte del espacio que en este tema se ha ganado Uruguay en América Latina, del rol que juega y, además, del reconocimiento -que me consta- que tiene nuestro país en el ámbito de la Organización de Energía Atómica de Austria, en la ciudad de Viena.

Sin perjuicio de poder, luego, discutir y recibir aportes sobre el tema de la energía nuclear a nivel de la Comisión, donde tendremos oportunidad de intercambiar ideas, Uruguay tiene que seguir avanzando en estos temas, habida cuenta del respeto y la consideración que tiene en el ámbito multilateral y regional.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: quiero sumarme a las palabras expresadas por los señores Senadores Couriel y Abreu sobre la importancia práctica de este Tratado, como también al reconocimiento a los técnicos que en el Uruguay han hecho un camino en la materia, a pesar de que se trata de un sector que tiene muchas complejidades, como bien se ha dicho. Asimismo, quiero señalar que Uruguay aún tiene un camino muy importante por recorrer.

La enumeración que figura en el informe acerca de la cantidad de áreas y subáreas en las que se aplica la tecnología nuclear es bien clara. Se manejan temas como la irradiación de alimentos, con el fin de dar mayor garantía a los consumidores y la esterilización o irradiación de material de uso médico, para obtener una mejor calidad de los mismos. El tema de la utilización de la energía nuclear va a comenzar a tratarse en la Comisión en las próximas semanas, a partir de la propuesta que hacía el señor Senador Abreu. Y hay muchísimos otros aspectos que también hay que abordar.

Creemos que este es un camino que Uruguay tiene que recorrer con mucha seriedad y responsabilidad, sacando partido de una técnica que hoy en día está disponible, sobre la que ya hay cierta experiencia en el mundo y en el Uruguay, y que puede aplicarse a campos muy diversos.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Santiago González Barboni).-

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y El Caribe, que se conoce por la sigla ‘ARCAL’, hecho en Viena, el 25 de setiembre de 1998."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado.)

21) ACUERDO DE COOPERACION CULTURAL ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA ARGELINA DEMOCRATICA Y POPULAR, SUSCRITO EN MONTEVIDEO, EL 24 DE ABRIL DE 1987

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Cultural con la República Argelina Democrática y Popular, suscrito en Montevideo, el 24 de abril de 1987. (Carp. Nº 512/06 - Rep. Nº 344/ 06)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 512/06

Rep. Nº 344/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo de Cooperación Cultural entre la República Oriental del Uruguay y la República Argelina Democrática y Popular, suscrito en Montevideo, el 24 de abril de 1987.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 16 de mayo de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 03 de octubre de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con el Artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a efectos de reiterar el Mensaje de fecha 11 de agosto de 1987 que se adjunta, el cual fuera reiterado el 31 de octubre de 2000, solicitando la aprobación del Convenio de Cooperación Cultural entre la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular, suscrito en Montevideo, el 24 de abril de 1987.

Al mantenerse vigentes para los intereses de la República, los fundamentos que en su oportunidad dieron mérito al envío de aquel Mensaje, el Poder Ejecutivo se permite solicitar la pronta aprobación del mencionado instrumento bilateral.

El Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Jorge Brovetto.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 03 de octubre de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo de Cooperación Cultural entre la República Oriental del Uruguay y la República Argelina Democrática y Popular, suscrito en Montevideo, el 24 de abril de 1987.

Reinaldo Gargano, Jorge Brovetto.

ACUERDO DE COOPERACION CULTURAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGELINA DEMOCRATICA Y POPULAR

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular, denominados en adelante "Partes Contratantes",

Animados de la voluntad de desarrollar las relaciones culturales entre ambos Países y conscientes de la necesidad de consolidar los lazos de amistad ya existentes para acercar aún más sus dos Pueblos,

Han convenido celebrar el presente Acuerdo;

ARTICULO I

Ambas Partes se comprometen a desarrollar y a fortalecer las relaciones culturales entre sus Países sobre la base del respeto mutuo y del beneficio recíproco.

ARTICULO II

Ambas Partes se intercambiarán todo elemento de información que pueda contribuir al conocimiento de las actividades que se desarrollan en cada uno de los dos Países, en el campo de la educación, la enseñanza, el arte y los deportes.

Asimismo, ellas facilitarán el intercambio de documentación y de información sobre los acontecimientos culturales en sus respectivos Países y adoptarán todas las medidas necesarias para el envío y el recibimiento de delegaciones culturales.

ARTICULO III

Las Partes Contratantes favorecerán el intercambio de grupos artísticos o folklóricos.

ARTICULO IV

Ambas Partes fomentarán la cooperación y el intercambio entre las agencias nacionales de información y en el sector de la radiodifusión y la televisión.

ARTICULO V

Ambas partes favorecerán durante la vigencia del presente Acuerdo, las emisiones radiofónicas y televisivas previstas en el Artículo IV con motivo de sus respectivas fiestas nacionales.

ARTICULO VI

Las Partes Contratantes fomentarán el intercambio, la organización, la participación de sus películas y sus cineastas en los festivales nacionales e internaciona-

les que tendrán lugar en uno de los territorios de ambas Partes en las fechas y condiciones que se fijarán en común acuerdo.

ARTICULO VII

Ambas Partes promoverán el intercambio de delegaciones integradas por hombres de ciencia, de letras, periodistas, arqueólogos y restauradores con miras a hacer conocer al otro Pueblo sus obras y experiencias en sus respectivos campos.

Los gastos relativos a los viajes de ida y vuelta de estas delegaciones estarán a cargo de la Parte que las envía.

Los gastos de estadía y de traslado en el interior del país estarán a cargo del País anfitrión.

Los gastos no previstos en el marco del presente Acuerdo serán estudiados de manera conjunta.

ARTICULO VIII

La realización de actividades culturales no previstas en los artículos precedentes deben ser objeto de común acuerdo por vía diplomática.

ARTICULO IX

Toda divergencia relativa a la interpretación o la aplicación del presente Acuerdo será solucionada por vía diplomática.

ARTCULO X

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha del intercambio, por vía diplomática, de los instrumentos de ratificación conforme a las leyes y reglamentos en vigor en cada uno de los dos Países.

ARTICULO XI

Se fija la validez del presente Acuerdo en cinco años, renovables por tácita reconducción, a menos que una de las Partes comunique a la otra, por escrito, con seis meses de anticipación, su intención de rescindirlo.

ARTICULO XII

 

En caso de ser denunciado el presente Acuerdo, la ejecución de los programas y proyectos en curso se continuará hasta su finalización.

Hecho en Montevideo, el veinticuatro de abril de mil novecientos ochenta y siete, en dos ejemplares originales en idiomas español, árabe y francés, siendo los tres textos igualmente válidos.

 

 

VA ESCANEADO PAGINA 444

 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 11 de agosto de 1987. 

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto Proyecto de Ley por el que se aprueba el texto del Convenio de Cooperación Cultural suscripto el veinticuatro de abril de mil novecientos ochenta y siete entre la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular.

Por el presente Acuerdo ambos Gobiernos se comprometen a desarrollar y fortalecer las relaciones culturales entre sus Países, e intercambiar todo elemento de información que pueda contribuir al conocimiento de las actividades que en ellos se lleven a cabo, en el campo de la educación, la enseñanza, el arte y los deportes.

Esta cooperación bilateral se realizará asimismo me-diante el intercambio de delegaciones integradas por hombres de letras, periodistas, arqueólogos, restauradores, grupos artísticos y folklóricos y se promoverá la realización de festivales nacionales e internacionales de cine en los que participen cineastas y se exhiben películas de ambos Países.

Se fomentará la cooperación entre las agencias na-cionales de información, la radiodifusión y la televisión.

Se fija la validez del presente Acuerdo en 5 años renovables por tácita reconducción, contados a partir de la fecha de canje de los instrumentos de ratificación.

Reitera al Señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República, Enrique Iglesias, Julio Aguiar.

Ministerio de

Relaciones Exteriores

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Apruébase el texto del Convenio de Cooperación Cultural suscripto el veinticuatro de abril de mil novecientos ochenta y siete entre la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.

Enrique Iglesias, Alberto Rodríguez Nin, Adela Reta.

 

VA ESCANEADO PAGINA 445

 

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Internacionales ha analizado el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo a través del cual se aprueba el Convenio de Cooperación Cultural entre la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular, suscrito en Montevideo el 24 de abril de 1987.

Cuando están por cumplirse 20 años de la suscripción del mencionado convenio, no hay razón alguna para seguir demorando su aprobación parlamentaria. En efecto, el proyecto de ley en consideración reitera nuevamente el Mensaje remitido por el Poder Ejecutivo de la época en agosto de 1987, y reiterado el 31 de octubre de 2000 por el Poder Ejecutivo de entonces.

El Tratado en estudio plantea la cooperación en el plano cultural con criterio amplio sobre la base del respeto mutuo y el beneficio recíproco.

Por el presente Acuerdo, los Gobiernos firmantes se comprometen a desarrollar y fortalecer las relaciones culturales entre sus países e intercambiar todo elemento que pueda colaborar en el conocimiento de las actividades que se realizan en ellos en los campos de la educación, la enseñanza, el arte y los deportes.

También se establece la posibilidad de intercambio de delegaciones integradas por hombres de letras, periodistas, arqueólogos, restauradores, grupos artísticos y folklóricos.

El Tratado propone el fomento del intercambio en materia de información y en el sector de la radiodifusión y la televisión.

En materia cinematográfica, se fomentará el intercambio, la organización, la participación de sus películas y sus cineastas en los festivales nacionales e internacionales que se realicen en sus territorios.

Tratándose de dos países con apreciables diferencias en su historia y cultura el presente Tratado busca constituirse en un instrumento apto para el acercamiento de sus pueblos, por lo que se aconseja la pronta aprobación del proyecto de ley en estudio.

Sala de la Comisión, 12 de octubre de 2006.

Enrique Rubio, Miembro Informante; Washington Abdala, Carlos Baráibar, Alberto Couriel, José Korzeniak. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: en realidad, sólo porque el Parlamento ha estado un poco distraído en estos últimos veinte años no aprobó este Acuerdo, porque fue suscrito en 1987 y no ofrece dificultad alguna.

Se trata de un Acuerdo Marco de cooperación en el área cultural e incluye todo lo que habitualmente contiene este tipo de Acuerdos en cuanto a fortalecer las relaciones culturales entre los países y los intercambios de delegaciones integradas por intelectuales, científicos y demás. En general, propone un intercambio en materia de información en el sector de la radiodifusión, la televisión y la cinematografía. Sin duda, gran parte de la tecnología a la que se aludía cuando se suscribió el Tratado ha sido cambiada en estos veinte años; diríamos que ha sido digitalizada.

Por lo expuesto, estamos proponiendo que el Senado se ponga al día en este tema aprobando el proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Santiago González Barboni).-

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo de Cooperación Cultural entre la República Oriental del Uruguay y la República Argelina Democrática y Popular, suscrito en Montevideo, el 24 de abril de 1987".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 20. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

22) ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PARA LA COOPERACION EN LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA Y DE EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO (HOSPITAL DE CLÍNICAS DR. MANUEL QUINTELA), SUSCRITO EN MONTEVIDEO, EL 8 DE DICIEMBRE DE 2005

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en séptimo y último término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela para la Cooperación en la Mejora de la Infraestructura Edilicia y de Equipamiento del Hospital Universitario (Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela), suscrito en Montevideo, el 8 de diciembre de 2005. (Carp. Nº 520/06 - Rep. Nº 345/06)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 520/06

Rep. Nº 345/06

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 24 de mayo de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración, el Proyecto de Ley adjunto por el cual se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela para la Cooperación en la Mejora de la Infraestructura Edilicia y de Equipamiento del Hospital Universitario (Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela) de la República Oriental del Uruguay, suscrito en Montevideo, el 8 de diciembre de 2005.

El Preámbulo del referido Acuerdo pone su acento en la necesidad de fortalecer los vínculos entre ambos estados, en un marco de participación que permita hacer efectivos sus intereses comunes, mediante la cooperación y el intercambio de conocimientos, con el objetivo de hacer posible un desarrollo económico y social con equidad. Al mismo tiempo, se destaca la importancia de la formación científica y tecnológica para un desarrollo armónico y sustentable de las Naciones.

Tal como se señala desde el título, el objeto del instrumento que se somete a consideración de ese Alto Cuerpo es la cooperación destinada a mejorar la infraestructura edilicia y de equipamiento del Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela (Artículo I).

Dicha cooperación se hace efectiva a través de un aporte económico de la República Bolivariana de Venezuela consistente, por una parte, en la suma de diez millones de dólares americanos, bajo la modalidad de donación; y, por otra parte, otros diez millones de dólares americanos, como contrapartida de los cuales, la República Oriental del Uruguay asume el compromiso de desarrollar un programa de cooperación en las áreas que ambas Partes establecerán de común acuerdo (Artículo II).

A los efectos de llevar a cabo el seguimiento, control y evaluación de los planes y/o proyectos que constituyen el objeto del Acuerdo, ambos Estados asumen el compromiso de constituir una Comisión Técnica Permanente, que se reunirá en forma periódica (Artículo III).

El Poder Ejecutivo destaca la importancia del instrumento bilateral cuya aprobación solicita, por cuanto resulta altamente beneficioso para el fortalecimiento de las relaciones de colaboración entre las Partes, en materia de investigación y formación en el área científica y tecnológica.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Jorge Brovetto.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 24 de mayo de 2006.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela para la Cooperación en la Mejora de la Infraestructura Edilicia y de Equipamiento del Hospital Universitario (Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela) de la República Oriental del Uruguay, suscrito en Montevideo, el 8 de diciembre de 2005.

Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Jorge Brovetto.

ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PARA LA COOPERACION EN LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA Y DE EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO (HOSPITAL DE CLINICAS DR. MANUEL QUINTELA) DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

La República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, en adelante denominadas "las Partes",

CONSIDERANDO los lazos de amistad y entendimiento entre ambas Partes;

TENIENDO PRESENTE los compromisos asumidos por los Gobiernos de ambos Estados, en fortalecer la integración en todas sus dimensiones: cultural, económica, científico-tencológica, educativa y social;

CONSIDERANDO la necesidad de fortalecer un modelo relacional que permita la participación flexible y simétrica de las dos Naciones para hacer efectivos los intereses comunes de la política internacional, a través de modalidades de cooperación y de intercambio que nos permitan colocar nuestros conocimientos para enfrentar conjuntamente los problemas relacionados con el desarrollo económico y social con equidad;

CONSIDERANDO la importancia que tiene para el desarrollo armónico y sustentable de ambas Naciones la generación de conocimientos y la formación científica y tecnológica; para hacer frente a problemáticas vinculadas al desarrollo social, la seguridad y la producción alimentaria, el ambiente, biodiversidad, las tecnologías de información y comunicación, entre otras;

Han acordado lo siguiente:

ARTICULO I

La República Bolivariana de Venezuela otorgará a la República Oriental del Uruguay, la cual acepta, la cantidad de veinte millones de dólares americanos (USD 20.000.000,00) destinados a apoyar los planes y/o proyectos dirigidos a mejorar la infraestructura edilicia y de equipamiento del Hospital Universitario (Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela) de la República Oriental del Uruguay.

ARTICULO II

Ambas Partes acuerdan que la entrega de los recursos objeto del presente Acuerdo, será realizada de la siguiente forma:

1.- La cantidad de Diez Millones de Dólares Americanos (USD 10.000.000,00), bajo la modalidad de donación; y

2.- La cantidad de Diez Millones de Dólares Americanos (USD 10.000.000,00), como contrapartida de la cual, la República Oriental del Uruguay se compromete a desarrollar un programa integral de cooperación para la colaboración y complementariedad en las áreas que de común acuerdo establecerán las Partes, en documento definitivo.

ARTICULO III

Para el seguimiento, control y evaluación de los planes y/o proyectos objeto del presente Acuerdo, las Partes establecerán una Comisión Técnica Permanente, la cual se reunirá periódicamente en sedes alternas, de conformidad con un cronograma acordado entre ellas.

ARTICULO IV

Los recursos otorgados a través del presente Acuerdo, serán utilizados por la República Oriental del Uruguay exclusivamente para el objeto establecido en el presente instrumento.

ARTICULO V

Este Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, será sometido al cumplimiento de los requisitos legales internos y tendrá una duración de cinco (05) años, renovables automáticamente por períodos iguales y sucesivos.

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo, en cualquier momento mediante notificación escrita y por la vía diplomática, dirigida a la otra Parte. La denuncia tendrá efecto a los noventa (90) días de recibida por la otra Parte la comunicación correspondiente.

La denuncia del presente Acuerdo no afectará la realización de los planes y/o proyectos convenidos, los cuales seguirán ejecutándose hasta su culminación, salvo que las Partes acuerden lo contrario.

Firmado en la ciudad de Montevideo, a los ocho días del mes de diciembre del año 2005, en dos (2) originales en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

 

VA ESCANEADO 449

 

DIRECCION GENERAL DE SECRETARIA

Montevideo, 27 de enero de 2006

Se remite al Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de recabar la firma del Señor Minsitro Cr. Danilo Astori.

 

 

VA ESCANEADO PAGINA 450

 

 

Asesoría de Política Comercial

Montevideo, 6 de febrero de 2006.

Viene para refrenda el Proyecto de Ley que aprueba el Acuerdo para la Cooperación en la mejora de la infraestructura edilicia y de equipamiento del Hospital Universitario (Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela), celebrado entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Montevideo, el ocho de diciembre de 2005.

El Acuerdo otorga al Uruguay, el cual acepta, la cantidad de veinte millones de dólares americanos (U$S 20.000.000) destinados a apoyar los planes y/o proyectos dirigidos a mejorar la infraestructura y equipamiento del Hospital de Clínicas.

La cantidad de 10 millones de dólares americanos (U$S 10.000.000) bajo la modalidad de donación y los otros 10 millones de dólares (U$S 10.000.000) como contrapartida bajo un programa integral de cooperación en las áreas que de común acuerdo establecerán las partes.

Para el seguimiento, control y evaluación de los planes, las Partes establecerán una Comisión Técnica Permanente, que se reunirán en sedes alternas.

Los recursos otorgados sólo podrán ser exclusivamente utilizados con el objeto establecido en el Acuerdo.

En función de la naturaleza del Proyecto de Ley que aprueba el Acuerdo y los alcances del mismo, no estableciendo obligaciones en particular que puedan ser consideradas en función de los cometidos sustantivos de esta Asesoría, no hay observaciones que formular a la refrenda solicitada.

Con lo informado se eleva a sus efectos.

Dr. Mario Gandelman Asesor

Montevideo, 8 de febrero de 2005

Dirección General

Pase a informe de la Asesoría MACROECONOMICA Y FINANCIERA.

Fecho, vuelvan.

 

 

VA ESCANEADO 451

 

Montevideo, 14 de marzo de 2006.

Sr. Ministro:

Examinando el ante-proyecto de ley remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores que consta en estos autos, por el cual se aprueba el Acuerdo del día 8 de diciembre de 2005, entre nuestra República y la República Bolivariana de Venezuela para la Cooperación en la Mejora de la Infraestructura Edilicia y de Equipamiento del Hospital de Clínicas, no existen objeciones jurídicas, por lo que está en condiciones de refrendarse.

 

VA ESCANEADO 452

 

 

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Internacionales ha procedido al estudio del Acuerdo entre al República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela para la Cooperación en la mejora de la infraestructura Edilicia y de Equipamiento del Hospital Universitario (Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela) de la República Oriental del Uruguay, suscrito en Montevideo, el 8 de diciembre de 2005.

El objetivo del instrumento en estudio es la cooperación con destino a mejorar la infraestructura del Hospital de Clínicas, tanto edilicia como en materia de equipamiento. La cooperación se efectiviza a través de un aporte venezolano consistente en veinte millones de dólares, diez de ellos bajo la forma de donación y otros diez con la contrapartida del compromiso de desarrollar un programa de cooperación en las áreas que se establezcan de común acuerdo.

El Acuerdo consta de un preámbulo donde se citan los compromisos asumidos por los Gobiernos de ambos Estados respecto a la integración en todas sus dimensiones: cultural, económicas, científico-tecnológica, educativa y social; y la importacia de la generación de conocimientos, la formación científica y tecnológica para hacer frente a problemáticas vinculadas al desarrollo social, la seguridad y la producción alimentaria, el ambiente, la biodiversidad, las tecnologías de información y comunicación entre otras.

En su artículo I establece la entrega por parte de Venezuela de veinte millones de dólares destinados a apoyar planes y proyectos dirigidos a mejorar la infraestructura edilicia y de equipamiento del Hospital de Clínicas, y la aceptación por parte de Uruguay de dicha suma.

El artículo II discrimina la suma de 10 millones bajo la modalidad de donación y otra equivalente con la contrapartida de desarrollar un programa integral de cooperación en las áreas que definan de común acuerdo por ambas partes.

En el III se prevé la creación de una Comisión Técnica Permanente que se reunirá periódicamente en sedes alternas, según un cronograma a acordar.

El artículo IV establece la obligatoriedad del uso exclusivo de los recursos -por parte de Uruguay- para el objeto establecido en el Acuerdo. El V y último establece la entrada en vigor, los plazos de duración y los mecanismos de denuncia.

Son públicas y notorias las necesidades en cuanto a recursos que sufre el Hospital de Clínicas. El presente Acuerdo le permitirá disponer de una suma significativa para la mejora de su infraestructura y equipamiento, teniendo una contrapartida muy razonable: el desarrollo de un programa de cooperación que deberá ser definido de común acuerdo por ambas partes.

Por lo expuesto, el acuerdo analizado resulta altamente conveniente para nuestro país, por lo que corresponde su aprobación parlamentaria a través de la votación afirmativa del correspondiente proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 12 de octubre de 2006.

Enrique Rubio, Miembro Informante; Carlos Baráibar, Alberto Couriel, José Korzeniak."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: en este caso, no debemos hacernos los distraídos.

Se trata de un Acuerdo por el que la República Bolivariana de Venezuela hace un aporte muy significativo, estableciendo una contrapartida uruguaya en materia de formación de recursos humanos.

La cifra total de este Acuerdo asciende a la suma de U$S 20:000.000 destinados al Hospital de Clínicas. Precisamente, el Acuerdo de Cooperación tiende a mejorar la infraestructura de este Hospital, y todos sabemos las condiciones en que se encuentra. Por lo tanto, me parece que es altamente significativo para la salud en el Uruguay.

La cooperación se realiza a través de un aporte venezolano de U$S 20:000.000, de los cuales U$S 10:000.000 se entregan bajo la forma de donación y otra cantidad igual se da con la contrapartida del compromiso uruguayo de desarrollar un programa de cooperación en las áreas que se establezcan de común acuerdo, que van a apuntar -y ya lo están haciendo- al área de formación de recursos humanos.

El Acuerdo consta de un preámbulo que establece las distintas dimensiones de la cooperación.

El artículo I establece la entrega por parte de Venezuela de los U$S 20:000.000, destinados a apoyar planes y proyectos en esta materia.

En el artículo II se discrimina, por un lado, una suma de U$S 10:000.000 bajo la modalidad de donación y, por otro, una suma equivalente con la contrapartida de desarrollar un programa integral de cooperación en las áreas que definan de común acuerdo ambas partes.

En el artículo III se prevé la creación de una Comisión Técnica Permanente.

En el artículo IV se establece la obligatoriedad del uso exclusivo de los recursos por parte de Uruguay para este destino.

Por último, el artículo V se refiere a la entrada en vigor, a los plazos de duración y a los mecanismos de denuncia. Este Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma, será sometido al cumplimiento de los requisitos legales internos y tendrá una duración de cinco años, renovables automáticamente por períodos iguales y sucesivos, salvo que haya renuncia de las Partes.

La sustancia y el destino de los recursos, así como la contrapartida uruguaya en materia de formación y demás, hacen que sea válida la justificación de este Acuerdo. Por estas razones, aconsejamos al Cuerpo la aprobación de este instrumento.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Santiago González Barboni).-

"ARTICULO UNICO.- Apruébase el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela para la Cooperación en la Mejora de la Infraestructura Edilicia y de Equipamiento del Hospital Universitario (Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela) de la República Oriental del Uruguay, suscrito en Montevideo, el 8 de diciembre de 2005".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

23) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 18 y 40 minutos, presidiendo el señor Senador Eleuterio Fernández Huidobro y estando presentes los señores Senadores Abreu, Amaro, Baráibar, Cid, Breccia, Couriel, Dalmás, Gallinal, Gamou, Long, Longo, Lorier, Martorell, Michelini, Moreira, Oliver, Percovich, Rubio, Saravia, Topolansky y Vaillant.)

SR. SENADOR ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO Presidente en ejercicio

Arq. Hugo Rodríguez Filippini - Sr. Santiago González Barboni Secretarios

Sra. Nelly Tavares Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.