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Nº 120 - TOMO 436 - 11 DE OCTUBRE DE 2006

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

45ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR SENADOR ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO Presidente en ejercicio

Y EL SENADOR DOCTOR EBER DA ROSA Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyecto presentado

- Varios señores Senadores presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifican normas de la Ley Nº 17.016, de 28 de octubre de 1998, sobre uso y comercialización de estupefacientes.

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

5) Pedido de informes

- El señor Senador Da Rosa solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura, referido al envío de artistas o conjuntos artísticos, a través de la Dirección de Cultura, en apoyo a diversos actos culturales.

- Oportunamente fue tramitado.

6) Inasistencias

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

 7 y 25) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Larrañaga, Sanguinetti y Ríos.

- Concedidas.

8) Ex-Senador Ing. Agrim. Albérico César Segovia. Homenaje a su memoria

- Manifestaciones del señor Senador Heber

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a sus familiares, al Consejo Político de Asamblea Uruguay, a la Asociación de Agrimensores del Uruguay y a la Mesa Política del Frente Amplio de Rivera.

9) Reiteración de señales de agresión desde el extranjero

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo manifestado en Sala a la Presidencia de la Re-pública y al Ministerio de Relaciones Exterio-res.

10) Preparativos para una nueva Ley de Educación

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo manifestado en Sala al Ministerio de Educación y Cultura, al CODICEN, a sus tres Consejos Desconcentrados, a la Dirección General de Formación y Perfeccionamiento Docente, a CODE, a las Asambleas Técnico Docentes de los diferentes niveles y a las Comisiones Departamentales de Educación de la ANEP.

11) Solicitudes de Venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a dos funcionarias públicas

- El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder al Poder Ejecutivo las venias solicitadas para destituir de sus cargos a dos funcionarias del Ministerio de Salud Pública.

12) Proyecto de Resolución

- La Comisión de Educación y Cultura resolvió se envíe una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo para que remita un Mensaje y proyecto de ley a fin de otorgar una pensión graciable a la señora Mary Da Cunha.

13) Jurisdicción de la Armada Nacional

- Proyecto de ley por el que se modifican los artículos 34 y 36 del Decreto-Ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974, y 99 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

14) Empresas que contraten servicios tercerizados por organismos estatales

- Proyecto de ley por el que se dictan normas relativas a los salarios mínimos que deban percibir sus empleados.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15) 250 Años de la Fundación de la ciudad de Salto

- Proyecto de ley por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay la acuñación de monedas conmemorativas.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

16) Juicios tramitados por consultorios jurídicos gratuitos que atiendan poblaciones carenciadas en todo el territorio de la República

- Proyecto de ley por el que se les exonera de toda clase de timbres judiciales y profesionales.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17) "José Alonso y Trelles"

- Proyecto de ley por el que se designa el Liceo de Tala, departamento de Canelones.

- Por moción de la señora Senadora Topolansky, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado y el proyecto de ley aprobado a la Xunta de Galicia.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

18) "Paul Harris"

- Proyecto de ley por el que se designa la Escuela Nº 73, ubicada en el departamento de Artigas.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

19) "Escribano Diego Carlos Muguruza"

- Proyecto de ley por el que se designa el Liceo Nº 1 de la ciudad de Bella Unión, ubicado en el departamento de Artigas.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

20) Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas y las Declaraciones Concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

21) Acuerdo de Cooperación en Materia de Comunicación entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil, suscripto el 1º de abril de 2005 en Brasilia

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

22) Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobado en ocasión de la 32ª Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

23) Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales y su Anexo, adoptada en ocasión de la 33ª Reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

24) Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor y Declaraciones Concertadas Relativas al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

26) Personas con discapacidad

- Proyecto de ley por el que se dispone actualizar los conceptos utilizados para referirse a dichas personas y se atiende la situación relativa a su ingreso a empleos públicos.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

27) Integración del Cuerpo

- La Corte Electoral da cuenta de que proclamó a los señores Gonzalo Gaggero, Luis Oliver, Gustavo Guarino y Gustavo Marella como suplentes del señor Senador Ríos.

- El señor Gonzalo Gaggero comunica que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.

28) Personas físicas o jurídicas que gozan de exoneración tributaria de cualquier tipo para la importación de vehículos de pasajeros

- Proyecto de ley por el que se sustituye el literal d) del artículo 22 de la Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

29) Código del Proceso Penal

- Proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 23.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

30) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 10 de octubre de 2006.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 11 de octubre, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) Por el que se modifican los artículos 34 y 36 del Decreto-Ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974, y el artículo 99 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, relacionados con la jurisdicción de la Armada Nacional.

Carp. Nº 619/06 - Rep. Nº 319/06

2º) por el que se dictan normas relativas a los salarios mínimos que deberán percibir los empleados de aquellas empresas que contraten servicios tercerizados con organismos estatales.

Carp. Nº 620/06 - Rep. Nº 320/06

3º) Por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas en conmemoración a los 250 años de la fundación de la ciudad de Salto.

Carp. Nº 622/06 - Rep. Nº 321/06

4º) Por el que se exonera de toda clase de timbres judiciales y profesionales, a los juicios tramitados por consultorios jurídicos gratuitos que atiendan poblaciones carenciadas en todo el territorio nacional.

Carp. Nº 446/06 - Rep. Nº 322/06

5º) por el que se designa "José Alonso y Trelles" el Liceo de Tala, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 633/06 - Rep. Nº 325/06

6º) por el que se designa "Paul Harris" la Escuela Nº 73, ubicada en el departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 635/06 - Rep. Nº 326/06

7º) por el que se designa "Escribano Diego Carlos Muguruza" el Liceo Nº 1 de la ciudad de Bella Unión, departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 636/06 - Rep. Nº 327/06

8º) por el que se aprueba el "Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas y las Declaraciones Concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas", adoptado en Ginebra, el 20 de diciembre de 1996.

Carp. Nº 411/05 - Rep. Nº 328/06

9º) por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación en materia de Comunicación entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil suscripto el 1º de abril de 2005 en Brasilia, República Federativa del Brasil.

Carp. Nº 555/06 - Rep. Nº 329/06

10) por el que se aprueba la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, suscrita en ocasión de la 32ª. Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en París, en octubre de 2003.

Carp. Nº 592/06 - Rep. Nº 330/06

11) por el que se aprueba la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales y su Anexo, adoptada en ocasión de la 33ª reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en París, en octubre de 2005.

Carp. Nº 601/06 - Rep. Nº 331/06

12) por el que se aprueba el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor y Declaraciones Concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, suscrito en la ciudad de Ginebra, el 8 de enero de 1997.

Carp. Nº 385/05 - Rep. Nº 332/06

13) por el que se dispone la actualización de los conceptos utilizados para hacer referencia a las personas con discapacidad en los textos normativos y se atiende la situación relativa al ingreso a empleos públicos de dichas personas.

Carp. Nº 540/06 - Rep. Nº 334/06

14) por el cual se sustituye el literal d) del artículo 22 de la Ley Nº 17.453 de fecha 28 de febrero de 2002 relacionado con las personas físicas o jurídicas que gozan de exoneración tributaria de cualquier tipo para la importación de vehículos de pasajeros.

Carp. Nº 425/05 - Rep. Nº 333/06

15) por el cual se modifica el artículo 23 del Código del Proceso Penal, referido a los delitos sexuales.

Carp. Nº 558/06 - Rep. Nº 336/06

16) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a:

- una funcionaria del Ministerio de Salud Pública. (Plazo constitucional vence el 27 de noviembre de 2006).

Carp. Nº 609/06 - Rep. Nº 323/06

- una funcionaria del Ministerio de Salud Pública - Centro Departamental de Canelones. (Plazo constitucional vence el 12 de diciembre de 2006).

Carp. Nº 630/06 - Rep. Nº 324/06

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Amaro, Antía, Baráibar, Breccia, Cid, Couriel, Dalmás, Heber, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Long, Lorier, Michelini, Mazzulo, Moreira, Nicolini, Oliver, Penadés, Percovich, Ramela, Rubio, Sanguinetti, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, el Presidente del Cuerpo, señor Rodolfo Nin Novoa, y los señores Senadores Alfie, Gallinal y Ríos.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 4 minutos)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"El Poder Ejecutivo remite los siguientes Mensajes:

- solicitando la venia correspondiente para conferir el ascenso al grado de Capitán de Navío de la Armada Nacional, con fecha 1º de febrero de 2006, al señor Capitán de Fragata (CG) don Karim Rodríguez Alvez.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

- comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se establecen normas para efectivizar la cooperación con la Corte Penal Internacional, en la lucha contra el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

- por el que se designa 'Doctor Víctor Hugo Briozzo' la Escuela Nº 80 de la ciudad de Castillos, departamento de Rocha, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

- por el que se designa 'Molino Viejo' el Liceo Nº 2 de Minas, departamento de Lavalleja, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública).

- por el que se designa 'Doctor Mauricio López Lomba' el Liceo de Villa Ansina del departamento de Tacuarembó, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública).

- por el que se declara feriado no laborable para la ciudad de Salto el día 8 de noviembre de 2006, con motivo de conmemorarse los doscientos cincuenta años de su fundación.

- por el que se declara feriado no laborable para la ciudad de Paysandú el día 13 de octubre de 2006, con motivo de cumplirse el 250º aniversario de su fundación.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 23 del Código de Proceso Penal, relacionado con los delitos sexuales.

- HA SIDO REPARTIDO. ESTA INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Comisión de Educación y Cultura presenta un proyecto de resolución a efectos de que se solicite al Poder Ejecutivo que remita un Mensaje y proyecto de ley a fin de otorgar una pensión graciable a la señora Mary Da Cunha.

- SE VA A VOTAR UNA VEZ FINALIZADA LA LECTURA DE LOS ASUNTOS ENTRADOS.

La Junta Departamental de Canelones remite nota adjuntando copia de las palabras del señor Edil José Hernández relativas al mal estado del pavimento en las Rutas Nº 12, 65, 80 y 81.

- A LA COMISION DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

La Junta Departamental de Montevideo remite nota adjuntando copia de la versión taquigráfica de las manifestaciones del señor Edil Eduardo Jaime, referentes a la demora en la aplicación de la Ley Nº 17.515, de 4 de julio de 2002, sobre normas que regulan el Trabajo Sexual.

La Junta Departamental de Paysandú remite nota adjuntando copia de las palabras de la señora Edila Patricia Vásquez relacionadas con la enseñanza de la historia reciente.

La Junta Departamental de Flores remite nota adjuntando copia de las palabras pronunciadas por el señor Edil Ricardo González referidas al apoyo brindado a su similar de Paysandú respecto del rechazo hacia manifestaciones del señor Daniel Senatore relacionadas con libertad de prensa.

El Congreso Nacional de Ediles remite nota solicitando la efectivización en forma urgente -a través de la aprobación del respectivo proyecto de ley- del uso obligatorio del casco en las plantas urbanas de las ciudades.

- TENGANSE PRESENTES."

4) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Las señoras Senadoras Susana Dalmás y Lucía Topolansky y los señores Senadores Leonardo Nicolini, Eduardo Ríos, Rafael Michelini, Carlos Baráibar, Jorge Saravia, José Korzeniak, Alberto Cid, Enrique Rubio, Eduardo Lorier, Víctor Vaillant, Alberto Couriel y Eleuterio Fernández Huidobro presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifican normas de la Ley Nº 17.016, de 28 de octubre de 1998, sobre uso y comercialización de estupefacientes".

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"EXPOSICION DE MOTIVOS

En el Uruguay un estudio hecho a fines del año 2004 demostró que de los infractores no remitidos a institutos penitenciarios, o sea en la etapa todavía de primera detención en Comisarías, un porcentaje alto de los que cometían delitos estaban bajo el efecto de Pasta Base de cocaína.-

Mientras que en otros países el consumo de pasta base llegó a un pico, estableció una meseta y bajó, en nuestro país ha seguido en aumento.-

Esta situación ha generado una sensación muy importante de inseguridad ciudadana debido al aumento de los niveles de violencia que su consumo provoca.-

Nunca un tipo de droga alcanzó grados más alarmantes de consumo y porcentajes más altos en tan corto tiempo que la pasta base de cocaína.-

La pasta base se ha instalado en Uruguay como la droga de los sectores más pobres y jóvenes de la sociedad. Un estudio asegura que se consume en mayor cantidad en los barrios de menor poder adquisitivo y que el 80% de los consumidores son menores de 21 años. 

El consumo de pasta base en Uruguay comenzó a aumentar en el 2002 y encontró un terreno fértil en los sectores mencionados.

Se trata de una droga que produce un deterioro físico inmediato generando un efecto de euforia instantáneo pero muy corto, lo que obliga a aumentar las dosis a consumir ocasionando a muy corto plazo la muerte de quien la consume.-

Los efectos de fumar PBC dependen de muchas variables: el tipo de preparación, la dosis, la frecuencia de consumo, la forma de uso, las impurezas y adulteraciones que contenga, la motivación, entre otras.

Cuando se fuma, el efecto es rápido e intenso (se demoran entre 8 y 40 segundos en aparecer y dura sólo unos minutos).

El efecto que produce el consumo de PBC se puede dividir en cuatro etapas:

Etapa de euforia: Disminución de inhibiciones. Sensación de placer. Extasis. Intensificación del estado de ánimo. Cambios en los niveles de atención. Hiperexcitabilidad. Sensación de ser muy competente y capaz. Aceleración de los procesos de pensamiento. Disminución del hambre, el sueño y la fatiga. Aumento de la presión sanguínea, la temperatura corporal y el ritmo respiratorio.

Etapa de disforia: Sensación de angustia, depresión e inseguridad. Deseo incontenible de seguir fumando. Tristeza. Apatía. Indiferencia sexual.

Etapa en que la persona empieza a consumir ininterrumpidamente cuando aún tiene dosis en la sangre para evitar la disforia.

Etapa de psicosis y alucinaciones: el consumo de PBC puede provocar psicosis o pérdida del contacto con la realidad, la que puede darse después de varios días o semanas de fumar con frecuencia y durar semanas o meses. Las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas, olfatorias o cutáneas.

Otros efectos físicos que se pueden observar por el consumo de PBC son: Pérdida de peso. Palidez. Taqui-cardia. Insomnio.

La PBC es una sustancia muy adictiva. Esto porque la excitación y el bienestar que provoca son muy breves, lo que se acompaña inmediatamente de una fuerte sensación de angustia. Y evitarla es el motivo para seguir consumiendo PBC.

Esta sustancia a desplazado a otras drogas tradicionales y teniendo en cuenta sus efectos sobre la salud de la población, así como las consecuencias y daños irremediables de su consumo, se torna necesario un tratamiento penal especifico.-

En función de lo expresado, entendemos que aumentando la pena mínima a 2 años de penitenciaria en todos los tipos penales regulados por los artículos 30 a 35 del Decreto-Ley Nº 14.294 en lo que refiere a la pasta base de cocaína, los mismos devienen inexcarcelables, no siendo posible conceder la libertad provisional del procesado mediante la promoción del incidente excarcelatorio.-

La libertad provisional puede ser decretada cualquiera sea el tiempo de reclusión del procesado siempre y cuando se trate de delitos de los cuales puede resultar pena de prisión. La pena de prisión tiene un tope de 24 meses y la de penitenciaría tiene un mínimo de dos años. Es decir que para una pena de hasta 24 meses se puede dar una libertad provisional, estando procesado.

Siendo delito inexcarcelable, solo se podrá solicitar la libertad anticipada, la que requiere sentencia condenatoria y cumplimiento de la mitad de la pena.-

Susana Dalmás, Lucía Topolansky, Leonardo Nicolini, Eduardo Ríos, Rafael Michelini, Carlos Baráibar, Jorge Saravia, José Korzeniak, Alberto Cid, Enrique Rubio, Eduardo Lorier, Víctor Vaillant, Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro. Senadores.

PROYECTO DE LEY

Conforme lo previsto en el artículo 2º de la Nº Ley 17.016 que sustituye el artículo 15º del Decreto-Ley Nº 14.294 de 31 de octubre de 1974, se dispone:

Artículo 1º.- Ampliase el contenido de las listas establecidas en el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.294, en la redacción dada por la Ley Nº 17.016 de 28/10/98, incluyéndose en las mismas a la sustancia conocida como Pasta Base de Cocaína.-

Artículo 2º.- Modificase el artículo 3º de la Ley Nº 17.016 de 28/10/98, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 30.- El que, sin autorización legal, produjere de cualquier manera las materias primas o las sustancias, según los casos, capaces de producir dependencia psíquica o física, contenidas en las listas a que refiere el artículo 1º, precursores químicos u otros productos químicos, contenidos en las Tablas 1 y 2 de la presente ley, así como los que determine el Poder Ejecutivo según la facultad contenida en el artículo 15 de la presente ley, será castigado con pena de veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría, salvo en lo que refiere a la pasta base de cocaína, cuya pena será de 2 a diez años de penitenciaría".-

"ARTICULO 31.- El que, sin autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito, distribuyere, transportare, tuviere en su poder no para su consumo, fuere depositario, almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de cualquier modo, alguna de las materias primas, sustancias, precursores químicos u otros productos químicos mencionados en el artículo anterior será castigado con la misma pena prevista en dicho artículo, a excepción de la pasta base de cocaína cuya pena será de 2 a 10 años de penitenciaría.
Quedará exento de pena el que tuviere en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal, con arreglo a la convicción moral que se forme el Juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las razones que la han formado".

"ARTICULO 32.- El que organizare o financiare alguna de las actividades delictivas descritas en la presente ley, aun cuando éstas no se cumplieran en el territorio na-cional, será castigado con pena de veinte meses de prisión a dieciocho años de penitenciaría, salvo en lo que refiere a la pasta base de cocaína, siendo estas conductas castigadas con la pena de 2 a 10 años de penitenciaria.-¨

"ARTICULO 33.- El que, desde el territorio nacional, realizare actos tendientes a la introducción ilegal a países extranjeros de las sustancias mencionadas en la presente ley, será castigado con pena de veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría a excepción de que los mismos se relacionen con pasta base de cocaína, en este caso dicha conducta será castigada con la pena de 2 a 10 años de penitenciaría.-

"ARTICULO 34.- El que sin autorización legal, a título oneroso o gratuito, suministrare, aplicare o entregare las sustancias mencionadas en la presente ley, o promoviere, indujere o facilitare su consumo, será castigado con pena de veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría a excepción que dichas conductas tengan relación con la pasta base de cocaína, las que serán castigadas con la pena de 2 a 10 años de penitenciaria".

"ARTICULO 35.- El que violare las disposiciones de la presente ley en materia de importación, exportación, producción, elaboración, comercialización o suministro de las sustancias y preparados contenidos en las Lista III de la Convención Única de Nueva York de 1961, así como las comprendidas en las Listas II, III y IV del Convenio de Viena, será castigado con pena de doce meses de prisión a cuatro años de penitenciaría, salvo que dichas conductas sean realizadas por medio de pasta base de cocaína, siendo las mismas castigadas con la pena de 2 a 10 años de penitenciaría".

Artículo 3º.- Incorpóranse los artículos precedentes a la Ley Nº 14.294 de 31 de octubre de 1974.-¨

Susana Dalmás, Lucía Topolansky, Leonardo Nicolini, Eduardo Ríos, Rafael Michelini, Carlos Baráibar, Jorge Saravia, José Korzeniak, Alberto Cid, Enrique Rubio, Eduardo Lorier, Víctor Vaillant, Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro. Senadores."

5) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Eber Da Rosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura, referido al envío de artistas o conjuntos artísticos, a través de la Dirección de Cultura, en apoyo a diversos actos culturales".

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

"CAMARA DE SENADORES

Montevideo, 10 de octubre de 2006.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente.

De mi mayor consideración:

Solicito a Ud. elevar al Ministerio de Educación y Cultura, al amparo del Artículo 118 de la Constitución de la República, el siguiente pedido de informes:

1º) Si el Ministerio a través de la Dirección de Cultura continúa apoyando actos culturales con el envío, a costo del Ministerio, de artistas o conjuntos artísticos.

2º) Qué criterios se aplican para elegir y determinar qué artistas y a qué eventos se apoya.

3º) Si se tienen en cuenta las solicitudes o pedidos de las Direcciones de Cultura de las Intendencias Departamentales.

4º) Si para tal determinación se toman en cuenta otros criterios o pedidos y en tal caso, cómo se priorizan las determinaciones de la Dirección de Cultura del Ministerio.

5º) Si se reciben partidas extraordinarias y extrapresupuestales, principalmente del exterior del país, para solventar espectáculos culturales y cuáles son los criterios para su distribución.

6º) Si en este último caso planteado se toman en cuenta las solicitudes que vienen al Ministerio a través de las secretarías o Direcciones de Cultura Municipales.

Sin más, salúdalo a Ud. con la mayor consideración.

Dr. Eber Da Rosa Vázquez. Senador."

6) INASISTENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a la anterior convocatoria, en el caso de que existieran.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

En la sesión ordinaria del día de ayer no se registraron inasistencias.

En lo que respecta a las inasistencias de los señores Senadores a sus respectivas Comisiones, cabe informar que: a la sesión de la Comisión Especial de Deporte del día de ayer, faltaron con aviso los señores Senadores Lara Gilene y Ramela; a la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del mismo día, faltó con aviso el señor Senador Michelini y, a la sesión de la Comisión de Salud Pública del mismo día, faltaron con aviso los señores Senadores Cid, Da Rosa y Ramela.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Larrañaga solicita licencia a partir del día 13 de octubre hasta el 20 del mismo mes".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 11 de octubre de 2006.

Sr. Presidente del Senado

Don Eleuterio Fernández Huidobro

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo se me otorgue licencia a partir del día 13 de octubre hasta el 20 de octubre inclusive y se convoque a mi suplente co-rrespondiente, de conformidad con la Ley Nº 17.827, Artículo C).

Durante estos días participaré en la '115º Asamblea de la Unión Interparlamentaria y reuniones conexas'.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente,

Jorge Larrañaga. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 14 en 15. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al señor Juan Andrés Ramírez.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Sanguinetti solicita licencia el día 12 de octubre".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 11 de octubre de 2006.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Solicito al Cuerpo que usted preside se me otorgue licencia el día 12 de octubre por motivos personales.

Saludo a usted con mi mayor estima,

Julio María Sanguinetti. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 15 en 16. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al señor Washington Abdala.

8) EX-SENADOR ING. AGRIM ALBERICO CESAR SEGOVIA. HOMENAJE A SU MEMORIA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa en la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: ante todo, quiero agradecer al señor Senador Lapaz por haberme cedido el primer lugar en la hora previa. Acabo de llegar del médico, me encuentro con un estado gripal y, realmente, no me fue posible estar presente en el homenaje que realizara el Senado a la memoria de Albérico Segovia.

El señor Senador Segovia, Albérico para nosotros, siempre fue un gran amigo, no sólo de Rivera y de mi persona, sino también de mi padre, quien relataba las discusiones políticas que tuvieron ambos desde el momento en que fue candidato a Diputado por el departamento de Rivera. Mi padre siempre encontró en él a un amigo y a una gran persona, lo que hoy quiero destacar especialmente, lamentando una vez más el hecho de no haber podido llegar a tiempo a la sesión anterior, porque me hubiera gustado decir todo esto en presencia de sus familiares.

Quiero expresar el reconocimiento del Partido Nacional hacia una figura de la talla y de la hombría de bien de alguien que tuvo siempre una sola conducta y que fue intachable a la hora de tener que pelear contra la dictadura. Nos encontrábamos en las peñas, quien habla con el canto nacionalista y blanco y él con cantos populares, pero allí nos juntábamos porque era lo único que teníamos para poder gritar contra la dictadura. Albérico y su mujer "Mini" siempre estaban en primera fila jugándose por sus ideales, al igual que nosotros; ahí estábamos mucho más hermanados que después de que se reinstauró la democracia.

Cuando peleábamos contra la dictadura, quien habla sentía a Albérico como una persona intachable, junto a su mujer, su trayectoria y su gran vinculación, incluso con Zelmar Michelini, según él contaba, ya que no fui testigo de eso.

Por todo esto, sería un gran error y una gran omisión no decir estas palabras, que no pude manifestar en la sesión anterior, por no haber podido estar presente. Vayan mis palabras, entonces, como homenaje a una persona tan de bien, tan demócrata, tan creyente en sus ideales y tan jugado por la libertad, como lo fue Albérico Segovia.

Desde aquí, señor Presidente, agradezco al Cuerpo y, en especial, al señor Senador Lapaz que me cedió su lugar en la hora previa, a fin de -más allá de mi llegada tarde por motivos ineludibles- poder sumarme a este justo homenaje a uno de los principales hombres de nuestro país, reconociendo que es de esos que constituyen verdaderos mojones en la vida democrática del Uruguay y del departamento de Rivera.

Como dije, quiero adherir a ese homenaje y pedir que la versión taquigráfica de mis palabras se adjunte a las que, seguramente, se expresaron en la sesión anterior por parte de señores Senadores de todos los partidos políticos. De esa forma estaré presente en algo en lo que no puedo permanecer ausente: el homenaje a mi amigo Albérico Segovia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) REITERACION DE SEÑALES DE AGRESION DESDE EL EXTRANJERO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: dos temas serán los que desarrollaré en esta jornada senatorial. Uno de ellos está referido al virtual estado de alerta frente a la reiteración de clarísimas señales de agresión a la República desde el extranjero con la política foquista de Gualeguaychú en la República Argentina, en sus intentos de una nueva violación al Derecho Internacional con cierre de rutas, como es el caso de la 136, para personas, bienes y vehículos. El otro está relacionado con los aprestamientos para una nueva ley de educación.

Con morbosa persistencia se preparan los piqueteros de Gualeguaychú a boicotear nuevamente el turismo nacional. Muy bien ha estado el Presidente Vázquez al ordenar las respuestas dignas y contundentes. Ya es tiempo de generar más ¡No! junto a reclamos, sonoros y sin timideces, hacia la comunidad internacional para defendernos de los "fascios di combatimento" que vociferan desde donde se pone el sol transfronterizo, cercana virtualmente la sombra de su ocaso que ocurrirá, más tarde o más temprano, porque la causa de los pueblos se basa en la libertad y la fraternidad. Mal destino tendrán, como ineludible premisa de orden natural, todos los saboteadores de estos principios tan queridos a la humanidad, como que son una gran lección de la historia. Obsta que se olfatee el trasiego turístico entre Argentina y Uruguay o se den situaciones especiales de calendario propicias a la actividad, para que las marionetas se "asambleícen" digitadas por piolines interesados, fuertes en su plutocracia, minúsculos en sus perversas intenciones.

El 5 de setiembre de este año contábamos con vuestra aprobación cuando señalábamos: "No nos atrape otra vez el verano y sus connotaciones turísticas exacerbadas". En tanto, solidarios, preparamos nuestro hogar oriental para todos los argentinos que comenzarán a exiliarse por asfixia frente a la intoxicación de su albedrío por la polución que mana de una Casa Rosada. También coestimulamos esfuerzos conjuntos entre argentinos bien intencionados y uruguayos para llevar adelante el puente internacional que unirá Zárate-Brazo Largo con Punta Chaparro, cerca de la "censurada" Agraciada, punto de mira de los intereses foráneos, agresores de nuestra soberanía.

¡Tenemos que nacionalizar nuestros destinos! De lo contrario seremos arrastrados como camarón perezoso que, si no se muestra vigilante y activo, lo lleva la correntada.

Recuerdo que en aquel 5 de setiembre, con vuestra aprobación, agregábamos: "Los silencios no siempre encierran sabiduría, cuando promueven incomunicaciones y alejamientos perniciosos. No podemos estar con pasividad de estatua, como el 'Discóbolo' de Mirón, que parece moverse pero está quieto en su prisión de mármol". Una ofensa consentida produce un agravio mayor. En esa conducta gradualista de ofensas parecería haber ingresado decididamente el Poder Ejecutivo de la República Argentina que, no conforme con agostar a sus propios ciudadanos objetores de conciencia, también transfiere el mal genio hacia su vecino uruguayo. Todo es historia muy reciente y por ello obviemos ejemplificaciones. Pero, "¿hasta cuándo Catilina abusarás de nuestra paciencia?", como le espetaba Marco Tulio Cicerón a su contemporáneo prepotente en la antigua Roma republicana que terminó suicidándose de soledad final.

Ahora el señor Kirchner tiene el tupé de manifestar y documentar en correspondencia diplomática hacia la DINAMA -no hacia nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores- que no está de acuerdo con la instalación de una planta fabril de fertilizantes de ISUSA en la zona de la localidad de Agraciada, departamento de Soriano, porque estará al servicio, dicen, de Botnia. ¡Miren con el Señor de la Patagonia! ¿Qué se cree? Apoyamos al Presidente Vázquez cuando ordena responder con serenidad y firmeza mediante un rotundo ¡No!

Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase a la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores.

10) PREPARATIVOS PARA UNA NUEVA LEY DE EDUCACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Para referirse al segundo tema, continúa en el uso de la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- En estos tiempos el poder, el verdadero poder, reside cada vez más en el conocimiento.

Saber es poder y al saber se accede de formas cada vez más diversificadas, lo que supone manejar tanto los métodos como la ética positiva del conocer. El manejo de esa diferenciación entre saber -acumulativo y mostrativo- y el conocimiento -estructurado y demostrativo- sólo se adquiere mediante procesos educativos cuidadosos, amplios, actualizados, continuos, democráticos, morales y, también, especializados.

Creo sinceramente que en nuestro país se ha entrado en una confusión muy grave acerca de esas características de los procesos educativos. Yo era de los que esperaba que se presentara un proyecto de ley de educación, de hecho, largamente anunciado en los debates de campañas políticas y aún antes, cada vez que surgía un problema en la enseñanza. Su tenor era la misma crítica negativa que venimos escuchando hace más de tres décadas y que, bueno es reconocerlo, llegamos a compartir en algunos de sus ítems. Más aún, parece difícil establecer bloques legales en materia tan dinámica y sujeta a los embates de los cambios tecnológicos y sociales. Sin embargo, no entendemos cómo esa crítica se fue convirtiendo en un ataque constante que parecía anunciar una sólida proyección para sustituir lo vigente por una nueva ley con los contenidos incluidos desde esa actitud beligerante. Ahora, parece ser que el denominado "debate educativo" implica partir de cero, pero no un "cero" con algunas bases -presuntamente las de un modelo sustitutivo a proponer y desarrollar-, sino absoluto, desde el cual serán asambleas populares las que indicarían el camino. Pienso que una materia tan delicada como es la de la educación, no parece ser la apropiada para un proceso que se inicie convocando reuniones populares para escuchar opiniones sobre el sistema educativo, continúe con un congreso de la educación y culmine elaborando un proyecto de nueva ley educativa. Más allá de la utilización efectiva de la normativa vigente y de lo engorroso del procedimiento propuesto para sustituirla, creo que así no se puede construir, sobre todo en una materia tan delicada y técnica como es la educativa, un cambio dinamizador en pro de la anhelada pedagogía de la superación. Las Ciencias de la Educación -Pedagogía, Sociología de la Educación, Historia de la Educación, Psicología de la Educación, Epistemología, Filosofía de la Educación, etcétera-, la enseñanza de los Valores -Axiología, Deontología-, los detalles de las técnicas educativas -Didáctica, Teoría Curricular, Estadística, Legislación Escolar- son temas complejos, aptos para especialistas.

. La prueba surge de las magras asistencias a muchas de las asambleas concretadas, en las que se piden más sueldo para los docentes o se escuchan quejas sobre los locales educativos, factores que no son de recibo en las coordenadas para las que se llama a discutir y, eventualmente, proponer y hasta decidir en primera instancia.

Por ejemplo, según informó el Diputado de mi sector, José Carlos Cardozo, hasta la fecha la CODE (Comisión Organizadora del Debate Educativo) ha realizado únicamente dos reuniones en el departamento de Rocha, una en Castillos y otra en La Paloma, con una concurrencia de catorce y once personas, respectivamente. En uno de los liceos se realizó una reunión convocada por la Dirección, cumpliendo con una solicitud del Consejo de Educación Secundaria, a la que concurrieron cuatro padres.

En otro intento por encontrar respuestas que permitieran cumplir con los objetivos, las direcciones de algunos liceos enviaron a los padres dos preguntas escritas: ¿Qué opinan de la situación actual de la educación?, y ¿Qué cambiaría en la educación?

En el liceo anteriormente citado respondieron cuarenta y tres padres de un total de ciento treinta; a la primera pregunta, veintiocho padres dijeron que les parecía que la educación estaba bien, tal como está actualmente, y los otros quince dijeron que no podían opinar dado que el tema les parecía muy complejo.

A la segunda pregunta, treinta y cuatro pidieron que se mejoraran la limpieza y las condiciones generales del local (vidrios, techos, pisos, pintura, pozos negros) y tam-bién que se solucionara la carencia de textos, de computadoras, que están rotas, y que se dispusiera de una conexión a Internet, así como de retroproyector y fotocopiadora.

Treinta y nueve padres pidieron que no hubiera clase los sábados.

En este punto quince padres reclamaron por el ausentismo docente y por título docente para todos los profesores.

Podemos suponer muchas cosas.

Quizás se quiere salvar la pertinencia virtual y aplicación del eslogan "a la educación popular la gobierna el pueblo", o se intenta poner el gobierno de la educación exclusivamente en manos de los docentes, en otro avance corporativo.

Espero que el Gobierno presente una ley en casi simultánea consulta a los que saben y luego se vote.

Sin entrar en la discusión política, es evidente que se necesita aclarar conceptos y analizar posiciones mientras comienza a solicitar a especialistas en la materia que elaboren las bases para un proyecto a proponer al Parlamento y a toda la ciudadanía.

Solicito que la versión taquigráfica de lo expresado sobre este segundo tema pase al Ministerio de Educación y Cultura, al CODICEN, a sus tres Consejos Desconcentra-dos, a la Dirección General de Formación y Perfeccionamiento Docente, a CODE, a las Asambleas Técnico Docentes de los diferentes niveles y a las Comisiones Departamentales de Educación de la ANEP.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-14 en 15. Afirmativa.

11) SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESTITUIR DE SUS CARGOS A DOS FUNCIONARIAS PUBLICAS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- En nombre de la Comisión de Asuntos Administrativos solicito, si es posible, que se altere el Orden del Día y se trate ahora el asunto que figura en decimosexto término del Orden del Día, relacionado con dos solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir a dos funcionarias del Ministerio de Salud Pública.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-15 en 17. Afirmativa.

-En consecuencia, corresponde que el Senado pase a sesión secreta para considerar el asunto que figura en decimosexto término del Orden del Día.

(Así se hace. Es la hora 17 y 24 minutos.)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 17 y 29 minutos)

- Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

La Cámara de Senadores, actuando en sesión secreta, concedió al Poder Ejecutivo la venia solicitada para destituir de su cargo, por la causal de ineptitud física, a una Médica Residente de la Red de Atención del Primer Nivel de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, funcionaria del Ministerio de Salud Pública; y por la causal de omisión a los deberes funcionales, a la Técnico III Médico del Centro Departamental de Salud Pública de Canelones, también funcionaria del Ministerio de Salud Pública.

12) PROYECTO DE RESOLUCION

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto de resolución llegado a la mesa.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Arquitecto Hugo Rodríguez Filippini).-

"La Comisión de Educación y Cultura ha resuelto proponer al Senado el envío de una Minuta de Comunicación al Poder Ejecutivo solicitando remita un Mensaje y proyecto de ley a fin de otorgarle una pensión graciable a la señora Mary Da Cuña". Firman los señores Senadores Nicolini, Penadés y Sanguinetti y la señora Senadora Percovich.

SEÑOR PRESIDENTE.-Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) JURISDICCION DE LA ARMADA NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en primer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se modifican los artículos 34 y 36 del Decreto-Ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974, y el artículo 99 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, relacionados con la jurisdicción de la Armada Nacional. (Carp. Nº 619/ 06 - Rep. Nº 319/06)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 619/06

Rep. Nº 319/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 34 del Decreto-Ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 34.- Constituye jurisdicción de la Armada:

A) Las aguas e islas jurisdiccionales del Océano Atlántico, de la laguna Merín y de los Ríos de la Plata y Uruguay.

B) Las zonas costeras del Océano Atlántico, Laguna Merín y Ríos de la Plata y Uruguay en una extensión de hasta 150 metros a partir de la línea de base o hasta rambla o costanera si existieran y las vías interiores navegables en los tramos que dan acceso marítimo a las Prefecturas de Artigas, Dolores, Carmelo, Conchillas, Rosario, Santiago Vázquez, Chuy, San Miguel, San Luis, La Charqueada, Cebollatí y Río Branco y solamente a los efectos de vigilancia y policía marítima.

C) El Río Negro desde su desembocadura hasta la Represa Constitución (de Palmar).

D) Los espacios ocupados por establecimientos de la Armada, con las correspondientes zonas de seguridad".

Artículo 2º.- Modifícase el artículo 99 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 99.- Decláranse comprendidas en el cometido de la policía marítima de la Unidad Ejecutora 018 'Comando General de la Armada' del Programa 003 'Armada Nacional', las operaciones respectivas en las aguas e islas de los embalses de las Represas Gabriel Terra, Baygorria y Constitución, respetando los límites establecidos por los planos parcelarios generales de las zonas de los embalses para las usinas hidroeléctricas determinados por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) y delimitados por los mojones correspondientes".

Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 36 del Decreto-Ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974, por el siguiente:

"ARTICULO 36.- Las zonas de seguridad a que se hace referencia en los artículos 33 B, 34 D y 35 B, serán establecidas por la Junta de Comandantes en Jefe para cada caso y situación particular".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 22 de agosto de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Carp. Nº 787/06

Rep. Nº 553/06

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 34 del Decreto-Ley Nº 14.157, del 21 de febrero de 1974, quedando redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 34.- Constituye jurisdicción de la Armada:

A) Las aguas e islas jurisdiccionales del Océano Atlántico, de la Laguna Merín y de los Ríos de la Plata y Uruguay.

B) Las zonas costeras del Océano Atlántico, Laguna Merín y Ríos de la Plata y Uruguay en una extensión de hasta 150 metros a partir de la línea de base o hasta rambla o costanera si existiera y las vías interiores navegables en los tramos que dan acceso marítimo a las Prefecturas de Artigas, Dolores, Carmelo, Conchillas, Rosario, Santiago Vázquez, Chuy, San Miguel, San Luis, La Charqueada, Cebollatí y Río Branco y solamente a los efectos de vigilancia y policía marítima.

C) El Río Negro desde su desembocadura hasta la represa Constitución de Palmar.

D) Los espacios ocupados por establecimientos de la Armada, con las correspondientes zonas de seguridad".

Artículo 2º.- Modifícase el artículo 99 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, quedando redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 99.- Decláranse comprendidas en el cometido de la policía marítima de la Unidad Ejecutora 021 'Prefectura Nacional Naval' del Programa 003 'Armada Nacional', las operaciones respectivas en las aguas e islas de los embalses de las represas Gabriel Terra, Baygorria y Constitución, respetando los límites establecidos por los planos parcelarios generales de las zonas de los embalses para las usinas hidroeléctricas determinados por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), delimitado por los mojones correspondientes".

Montevideo, 14 de febrero de 2006.

Uberfil Hernández, Representante por Montevideo; Liliám Kechichián, Representante por Montevideo; Roque Arregui, Representante por Soriano; José Luis Blasina, Representante por Montevideo; Jorge Pozzi, Representante por Montevideo; Daniela Payssé, Representante por Montevideo.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Armada Nacional a través de Prefectura Nacional Naval es la responsable de la seguridad de la navegación. La navegación deportiva, tanto nacional como extranjera, así como la navegación comercial, han abarcado ríos navegables que no están estipulados en el artículo 34 del Decreto-Ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974, y artículo 99 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Por el ámbito especial de trabajo que la Armada Nacional realiza a través de sus unidades en todo el país, y su diversidad de funciones, en cumplimiento de la salvaguarda de la vida humana en el mar y Policía Marítima, apoya y asesora asistiendo con medios técnicos, materiales y humanos a otras instituciones públicas y privadas en cursos de agua en los cuales no tiene jurisdicción legal.

Por la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, en su artículo 99 se amplía la jurisdicción de la Sub-Prefectura de Mercedes en cuanto a su cometido de Policía Marítima, en las aguas de los embalses de las represas. Por decreto del Poder Ejecutivo de fecha 23 de mayo de 2005 se eleva de categoría a Prefectura debido al incremento de actividades de la industria extractiva, pesca, turismo y revitalización del balizamiento del Río Negro por lo cual es conveniente que dicho río quede íntegramente bajo una jurisdicción unificada y no como hasta el momento que es compartida, estando el tramo desde Mercedes hasta Palmar bajo jurisdicción policial.

Es por dicho motivo que se propone modificar el artículo 34 del Decreto-Ley Nº 14.157, agregando que también es jurisdicción de la Armada "El Río Negro desde su desembocadura hasta la represa Constitución de Palmar".

Al quedar así redactado el mencionado artículo, y para que no haya redundancia, se suprimen las menciones a "Soriano, Mercedes".

Se propone a su vez modificar el artículo 99 de la ley que hace referencia a que es cometido de la Prefectura Nacional Naval las operaciones respectivas en las aguas de los embalses de las represas ubicadas sobre el Río Negro, precisándose que las islas de dichos embalses también están comprendidas en su jurisdicción.

Y como las aguas suben y bajan en dichos embases, variando permanentemente el área a atender, se establece que Prefectura respetará en su atención los límites establecidos por los planos parcelarios de las zonas de los embalses determinados por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), y delimitado por los mojones correspondientes.

Es necesario informar, que el nivel de las aguas nunca sobrepasará dichos límites, pues ellos contemplan un nivel máximo que es el de la altura de las represas, límite a partir del cual el agua pasaría por encima de las mismas.

Esta delimitación precisa, permite dar certezas en lo que hace a los límites de la jurisdicción de cada organismo.

Montevideo, 14 de febrero de 2006.

Uberfil Hernández, Representante por Montevideo; Liliám Kechichián, Representante por Montevideo; Roque Arregui, Representante por Soriano; José Luis Blasina, Representante por Montevideo, Jorge Pozzi, Representante por Montevideo; Daniela Payssé, Representante por Montevideo.

Carp. Nº 787/06

Anexo I al

Rep. Nº 553/06

Comisión de

Defensa Nacional

INFORME

Señores Representantes:

La Armada Nacional a través de Prefectura Nacional Naval es la responsable de la seguridad de la navegación. La navegación deportiva, tanto nacional como extranjera, así como la navegación comercial, han abarcado ríos navegables que no están estipulados en el artículo 34 del Decreto-Ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974, y artículo 99 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992.

Por el ámbito especial de trabajo que la Armada Nacional realiza a través de sus unidades en todo el país, y su diversidad de funciones, en cumplimiento de la salvaguarda de la vida humana en el mar y Policía Marítima, apoya y asesora asistiendo con medios técnicos, materiales y humanos a otras instituciones públicas y privadas en cursos de agua en los cuales no tiene jurisdicción legal.

Por la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992, en su artículo 99 se amplia la jurisdicción de la Sub-Prefectura de Mercedes en cuanto a su cometido de Policía Marítima, en las aguas de los embalses de las represas. Por decreto del Poder Ejecutivo de fecha 23 de mayo de 2005 se eleva de categoría a Prefectura debido al incremento de actividades de la industria extractiva, pesca, turismo y revitalización del balizamiento del Río Negro por lo cual es conveniente que dicho río quede íntegramente bajo una jurisdicción unificada y no como hasta el momento que es compartida, estando el tramo desde Mercedes hasta Palmar (o Represa Constitución) bajo jurisdicción policial. El Ministerio del Interior tiene hoy múltiples problemas operativos para atender este tramo que hoy tiene a su cargo y ante inconvenientes recurre a la Prefectura para que lo asista y brinde apoyatura con la infraestructura necesaria. Esto esta señalando que más allá de que formalmente hoy es el Ministerio del Interior el responsable, la Prefectura Naval, como lo hace en el resto de los lagos es quien da apoyo y se ocupa de las dificultades planteadas.

Es por dicho motivo que se propone en el artículo 1º del proyecto puesto hoy a consideración de esta Cámara, modificar el artículo 34 del Decreto-Ley Nº 14.157, agregando el literal C), el cual indica que también es jurisdicción de la Armada "El Río Negro desde su desembocadura hasta la represa Constitución" de Palmar.

Al quedar así redactado el mencionado artículo, y para que no haya redundancia, se suprimen las menciones a "Soriano, Mercedes".

En el artículo segundo del presente proyecto de ley, se propone a su vez modificar el artículo 99 de la ley que hace referencia a que son cometido de la Prefectura Nacional Naval las operaciones respectivas en las aguas de los embalses de las represas ubicadas sobre el Río Negro, precisándose que las islas de dichos embalses también están comprendidas en su juridicción.

Por otra parte, existe el problema de que como las aguas suben y bajan en dichos embalses, variando permanentemente el área a atender, se establece que Prefectura respetará en su atención los límites establecidos por los planos parcelarios de las zonas de los embalses determinados por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), y delimitado por los mojones correspondientes.

Es necesario informar, que el nivel de las aguas nunca sobrepasará dichos límites, pues ellos contemplan un nivel máximo que es el de la altura de las represas, límite a partir del cual el agua pasaría por encima de las mismas.

Esta deliminación precisa, permite dar certezas en lo que hace a los límites de la jurisdicción de cada organismo, y no como sucedía hasta el momento donde el nivel coyuntural que alcanzaran las aguas determinaba quién debía actuar jurisdiccionalmente.

Es por estas consideraciones que vuestra Comisión de Defensa Nacional propone por unanimidad que se dé aprobación al presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 11 de julio de 2006.

Jorge Menéndez, Miembro Informante; Javier García, Daniel García Pintos, Luis Rosadilla.

APENDICE

Disposiciones referidas

Decreto-Ley Nº 14.157, de 21 de febrero de 1974

Artículo 34.- Constituye jurisdicción de la Armada:

A) Las aguas e islas jurisdiccionales del océano Atlántico, de la Laguna Merín y de los Ríos de la Plata y Uruguay.

B) Las zonas costeras del Océano Atlántico, Laguna Merín y Ríos de la Plata y Uruguay en una extensión de hasta 150 metros a partir de la línea de base o hasta rambla o costanera si existiera y las vías interiores navegables en los tramos que dan acceso marítimo a las Prefecturas de Artigas, Soriano, Mercedes, Dolores, Carmelo, Conchillas, Rosario, Santiago Vázquez, Chuy, San Miguel, San Luis, La Charqueada, Cebollatí y Río Branco y solamente a los efectos de vigilancia y policía marítima.

C) Los espacios ocupados por establecimientos de la Armada, con las correspondientes zonas de seguridad.

Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre de 1992

Artículo 99.- Decláranse comprendidas en el cometido de la policía marítima de la Unidad Ejecutora 021 "Prefectura Nacional Naval" del Programa 003 "Armada Nacional", las operaciones respectivas en las aguas de los embalses de las represas Gabriel Terra, Baygorria y Constitución.

Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996

Artículo 114.- Elimínase, como Unidades Ejecutoras y a estos solos efectos, la Unidad Ejecutora 002, Estado Mayor Conjunto" y la Unidad Ejecutora 038, "Supremo Tribunal Militar" y su correspondiente Programa 008, "Justicia Militar", integrándose las mismas a la Unidad Ejecutora 001, "Dirección General de Secretaría de Estado", del Programa 001, "Administración Central del Ministerio de Defensa Nacional".

Sustitúyese en el Programa 001, "Administración Central del Ministerio de Defensa Nacional", la denominación de la Unidad Ejecutora 003, "Servicio de Información de Defensa ", por la de "Dirección General de Información de Defensa".

Fusiónanse en el Programa 003, "Armada Nacional" las Unidades Ejecutoras 019, "Comando de Flota", 020, "Dirección General de Material Naval", 021 "Prefectura Nacional Naval", y 022, "Dirección General de Personal Naval", en la Unidad Ejecutora 018 "Comando General de la Armada".

Sustitúyese en el Programa 004, "Fuerza Aérea Uruguaya", la denominación de la Unidad Ejecutora 026, Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento", por la de "Comando Aéreo Logístico".

Unifícanse las Unidades Ejecutoras 027, "Escuela Militar de Aeronáutica", 028, "Escuela Técnica de Aeronáutica" y 029, "Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo", en la Unidad Ejecutora "Coordinación de la Enseñanza", la que se crea. Créase asimismo, la Unidad Ejecutora "Brigada de Seguridad Terrestre".

Fusiónanse, en el Programa 007, "Seguridad Social Militar", las Unidades Ejecutoras 036, "Servicio de Viviendas de las Fuerzas Armadas", y 037, "Servicio de Tutela Social de las Fuerzas Armadas", en la Unidad Ejecutora 034, "Dirección General de los Servicios de las Fuerzas Armadas".

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Defensa Nacional

ACTA Nº 34

En Montevideo, el día dos de octubre del año dos mil seis, a la hora diecisiete y diez minutos, se reúne la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, señores Senadores, José Korzeniak, Carlos Moreira, Gustavo Penadés y Jorge Saravia.

Falta con aviso el señor Senador Eleuterio Fernández Huidobro.

Preside el señor Senador Carlos Moreira, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría el señor Julio Durán, Secretario de la Comisión, asistido por la señora María José Morador.

ORDEN DEL DIA:

CARPETA Nº 619/2006. JURISDICCION DE LA ARMADA NACIONAL. MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 34 Y 36 DEL DECRETO LEY Nº 14.157, DE 21 DE FEBRERO DE 1974, Y 99 DE LA LEY Nº 16.320, DE 1º DE NOVIEMBRE DE 1992. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 938/2006.

RESOLUCIONES:

Se pone a consideración y se vota: 4 en 4. AFIRMATIVA. Unanimidad. Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador Jorge Saravia.

A la hora diecisiete y veinte minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que firman los señores Presidente y Secretario de la Comisión.

Carlos Moreira Presidente

Julio Durán Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Saravia.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: el proyecto de ley que vamos a informar, que refiere a una ampliación de la jurisdicción de la Armada Nacional, fue votado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Defensa Nacional del Senado.

Concretamente, el artículo 1º de esta iniciativa propone modificar el artículo 34 del Decreto-Ley Nº 14.157 -es decir, la Ley Orgánica Militar- y agrega el literal C), el cual indica que también es jurisdicción de la Armada Nacional "El río Negro desde su desembocadura hasta la Represa Constitución (de Palmar)." Se suprime, además, para no caer en redundancia, las menciones a "Soriano, Mercedes". Dicha propuesta se debe a que actualmente la jurisdicción corresponde al Ministerio del Interior, que tiene serias dificultades operativas para atender este tramo, por lo que frecuentemente recurre a la Prefectura Nacional Naval la que, en definitiva, hace frente a las dificultades con el asesoramiento y con el apoyo de medios técnicos, materiales y humanos.

El artículo 2º modifica el artículo 99 de la Ley Nº 16.320 -es decir, la Rendición de Cuentas del año 1992-, que hace referencia a que son cometidos de la Prefectura Nacional Naval las operaciones respectivas en las aguas de los embalses de las represas ubicadas sobre el Río Negro, precisándose que las islas de dichos embalses también están comprendidas en su jurisdicción.

Otra modificación al mismo artículo 99 se plantea ante el problema que surge de las subas y bajas de las aguas de los embalses, variando permanentemente el área a atender. De este modo, se propone que la Prefectura Nacional Naval respetará en su atención los límites establecidos por los planos parcelarios de las zonas de los embalses determinados por UTE y delimitados por los mojones correspondientes. Es necesario informar que el nivel de las aguas nunca sobrepasará dichos límites, pues ellos contemplan un nivel máximo, que es el de la altura de las represas. Esta delimitación permite dar certeza en cuanto a la jurisdicción de cada organismo.

Por tales motivos, los integrantes de la Comisión de Defensa Nacional del Senado proponen al Cuerpo que apruebe este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR KORZENIAK.- Formulo moción para que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-17 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD

En consideración el artículo 3º.

SEÑOR LAPAZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: quiero hacer una consulta sobre el artículo 36 que se sustituye y que en su nueva redacción dice, entre otras cosas ".serán establecidas por la Junta de Comandantes en Jefe para cada caso y situación particular". Me gustaría saber si esta redacción se mantiene.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARAVIA.- La redacción se mantiene porque se trata de un órgano legal que está amparado en la Ley Orgánica Militar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

SEÑOR LAPAZ.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LAPAZ.- Creo que es importante la resolución que acaba de adoptar la Cámara Alta porque permite que el Río Negro, desde el kilómetro 55, frente a la ciudad de Mercedes, hasta la Represa Constitución -más conocida como la Represa de Palmar- sea jurisdicción de la Armada Nacional. Si bien desde hace unos años la Armada había ubicado un destacamento en la Represa Constitución -fun-damentalmente en Semana Santa o de Turismo-, con la aprobación de este proyecto de ley y su consiguiente promulgación por parte del Poder Ejecutivo, se le dará la fuerza definitiva a la Armada para constituir jurisdicción en ese tramo importante del serpenteante río Negro en los departamentos de Soriano y Río Negro.

14) EMPRESAS QUE CONTRATEN SERVICIOS TERCERIZADOS CON ORGANISMOS ESTATALES

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se dictan normas relativas a los salarios mínimos que deberán percibir los empleados de aquellas empresas que contraten servicios tercerizados con organismos estatales. (Carp. Nº 620/06 - Rep. Nº 320/06)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 620/06

Rep. Nº 320/06

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º.- Toda vez que la Administración Central, Poder Legislativo y los organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República, contraten la ejecución de servicios a su cargo con terceros, en los pliegos de bases y condiciones particulares se deberá establecer que la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al cumplimiento de dichas tareas, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios.

Artículo 2º.- El incumplimiento por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones antes mencionadas, será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable del adjudicatario.

Sala de la Comisión, a 21 de setiembre de 2006.

Luis Alberto Heber, Miembro Informante; Isaac Alfie, Carlos Baráibar, Alberto Coruiel, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini, Enrique Rubio. Senadores.

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Toda vez que la Administración Central, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral y Tribunal de Cuentas, contraten la ejecución de servicios a su cargo con terceros, en los pliegos de bases y condiciones particulares se deberá establecer que la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al cumplimiento de dichas tareas, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios.

Artículo 2º.- El incumplimiento por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones antes mencionadas, será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable del adjudicatario.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 22 de agosto de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Carp. Nº 597/05

Rep. Nº 464/05

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Toda vez que la Administración Central, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral y Tribunal de Cuentas, contraten la ejecución de servicios a su cargo con terceros, en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, se deberá establecer cuál será la retribución mínima obligatoria que deberán percibir los trabajadores de la empresa adjudicataria asignados al cumplimiento de dichas tareas.

Artículo 2º.- El organismo contratante deberá establecer mecanismos de control del cumplimiento salarial a que se refiere el artículo anterior.

El incumplimiento por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones mínimas antes mencionadas, será causal de rescisión del contrato por culpa del adjudicatario.

Montevideo, 25 de octubre de 2005.

Luis Alberto Lacalle Pou, Representante por Canelones; Guillermo Chifflet, Representante por Montevideo.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto tiene por objeto promover que, cuando el Estado tercerice servicios a su cargo, los empleados que trabajen para la empresa que resulte adjudicataria, perciban salarios decorosos.

En efecto, se ha percibido en muchas oportunidades, que los sueldos de quienes trabajan para empresas que prestan servicios al Estado, aun cuando superan el salario mínimo nacional, son extremadamente bajos. Dado que normalmente quedan librados a las reglas del mercado, muchas veces estos, no llegan a satisfacer las necesidades básicas de una familia.

Los firmantes tienen la convicción que los sistemas de ejecución de servicios al Estado por parte de empresas privadas, para que sea conveniente para el interés público, tienen que tener una conveniencia integral. Es decir, debe ser una herramienta de mejora de gestión, pero no se cumple cabalmente con los cometidos del Estado si no va acompañada de mecanismos de protección social.

Por un lado se procura que el servicio se cumpla de manera más eficiente y también que sea menos oneroso para el Estado.

Pero esta economía no puede estar asentada en el salario de los trabajadores de manera que el lucro de la empresa esté radicado en bajas remuneraciones.

En consecuencia una tercerización, para que sea de interés público, debe constituir una fuente de trabajo cuyos salarios sean dignos.

Para evitar que ocurran esas distorsiones, se viene a proponer que cuando se haga un llamado para la ejecución de servicios, en las bases o pliegos, se establezca la retribución mínima que deberá abonar el adjudicatario y a tales efectos se presenta el siguiente proyecto de ley.

Montevideo, 25 de octubre de 2005.

Luis Alberto Lacalle Pou, Representante por Canelones; Guillermo Chifflet, Representante por Montevideo.

Carp. Nº 597/05

Anexo I al

Rep. Nº 464/06

Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

El proyecto que proponemos al Cuerpo su aprobación, denominado "Empresas que contraten servicios tercerizados con organismos estatales", que contó con el apoyo de la unanimidad de los integrantes de la Comisión de Hacienda, viene a entender una necesidad de justicia respecto a los salarios de aquellos trabajadores que cumplen funciones para empresas que trabajen para el Estado.

Todos conocemos algún caso, en el que Empresas, que habiendo logrado ganar licitaciones para prestar servicios en el Estado, ofrecen luego a sus trabajadores, salarios ruinosos. Es más, muchas veces, el partir de salarios de ruina a sus trabajadores, termina siendo la variable por la cual se pudo ofrecer el precio más bajo en la licitación, es decir, es la pérdida del salario del trabajador, el que le permite al empresario ofrecer el precio más bajo en el proceso licitatorio.

Tenemos la convicción que los sistemas en los que el Estado utilice a empresas privadas, deben mantener los niveles de dignidad en el ingreso de los trabajadores, que el Estado exige reconocer a todos los sectores de la economía, regulados por la Ley de Consejos de Salarios.

Los servicios que contrate el Estado, se deben cumplir en forma eficiente, ser lo menos onerosos posibles, pero deben ser profundamente respetuosos del ingreso digno de los trabajadores. La economía para el Estado no debe asentarse en las bajas remuneraciones de los trabajadores de las empresas tercerizadas. En consecuencia una tercerización, para que sea de interés público debe constituir una fuente de trabajo con salarios dignos. Para evitar esas distorsiones proponemos al plenario de la Cámara de Diputados, aprobar el presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 10 de mayo de 2006.

José Carlos Cardoso, Miembro Informante; José Amorín, Alfredo Asti, Eduardo Brenta, Jorge Gandini, Gonzalo Mujica, Pablo Pérez González, Iván Posada, Héctor Tajam.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

ACTA Nº 44

En Montevideo, el veintiúno de setiembre de dos mil seis, a la hora diez y treinta y dos minutos, se reúne la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

Preside el señor Senador Carlos Baráibar, Presidente de la Comisión y asisten los señores Senadores Isaac Alfie, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini y Enrique Rubio.

Faltan con aviso los señores Senadores Sergio Abreu y Jorge Larrañaga, quienes remiten nota justificando su inasistencia.

Actúa en Secretaría, el Secretario de la Comisión señor Rodolfo Caimi con la colaboración de la señora Verónica Cantero.

ORDEN DEL DIA.

1º) Asuntos Entrados.

2º) Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el que se sustituye el literal D) del artículo 22 de la Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002. (Carpeta Nº 425/2002. Distribuido Nº 677/2005).

3º) Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el que se exonera de toda clase de timbres judiciales y profesionales, a los juicios tramitados por consultorios jurídicos gratuitos que atienden poblaciones carenciados en todo el territorio de la República. (Carpeta Nº 446/2006. Distribuido Nº 713/2006).

4º) USURA. Proyecto de ley por el que se fijan normas para atender su problemática. (Carpeta Nº 344/2005).

5º) Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se crea el Registro Unico de Créditos Financieros. (Carpeta Nº 280/2005. Distribuido Nº 345/2005).

ASUNTOS ENTRADOS.

1º) Nota de la Asociación de Afectados por Intereses de USURA en el Uruguay, referida a una denuncia contra una funcionaria del Area Defensa del Consumidor.

2º) Nota de la Asociación de Afectados por Intereses de USURA en el Uruguay, referida al señor Eduardo Adolfo Mattos Zanocchi.

3º) Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes.

250 años de fundación de la ciudad de Salto. Se autoriza al Banco Central del Uruguay la acuñación de monedas conmemorativas.

4º) Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, relativo a las empresas que contraten servicios tercerizados con organismos estatales.

Se dictan normas relativas a los salarios mínimos que deban percibir sus empleados.

ASUNTOS TRATADOS.

1º) Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Doscientos cincuenta años de la fundación de la ciudad de Salto. Se autoriza al Banco Central del Uruguay la acuñación de monedas conmemorativas. (Carpeta Nº 622/2006. Distribuido Nº 1158/2006).

Se votan todos los artículos en conjunto: 7 en 7. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO:

ARTICULO 1º.- Autorízase al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas en conmemoración de los 250 años de la fundación de la ciudad de Salto, hasta las cantidades y con las características que se determinan en los artículos siguientes.

ARTICULO 2º.- El Banco Central del Uruguay podrá acuñar hasta 10.000 (diez mil) unidades con las siguientes características:

El valor facial de cada unidad será de $ 500 (quinientos pesos uruguayos).

La moneda será de plata con un fino de 900 (novecientas) milésimas. Se admitirá una tolerancia por aleación de un 2% (dos por ciento).

Tendrá 12,50 gramos (doce gramos y medio) de peso y 33 (treinta y tres) milímetros de diámetro.

La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) por cada millar.

Su forma será circular y su canto estriado.

ARTICULO 3º.- El Banco Central del Uruguay determinará los elementos ornamentales de las monedas que aludirán a la conmemoración de los 250 años de la fundación de la ciudad de Salto.

ARTICULO 4º.- Facúltase al Banco Central del Uruguay a vender al exterior las monedas, cuya acuñación se autoriza por la presente ley, a disponer su desmonetización y la enajenación de las piezas desmonetizadas.

Se designa Miembro Informante verbal al señor Senador Carlos Baráibar.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1173/2006 que forma parte integrante de esta Acta.

2º) Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, relativo a empresas que contraten servicios tercerizados con organismos estatales. Se dictan normas relativas a los salarios mínimos que deban percibir sus empleados. (Carpeta Nº 620/2006. Distribuido Nº 1159/2006).

Se modifica el artículo 1º y se vota conjuntamente con el artículo 2º: 7 en 7. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO APROBADO:

ARTICULO 1º.- Toda vez que la Administración Central, Poder Legislativo, y los organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República, contraten la ejecución de servicios a su cargo con terceros, en los pliegos de bases y condiciones particulares se deberá establecer que la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al cumplimiento de dichas tareas, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios.

ARTICULO 2º.- El incumplimiento por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones antes mencionadas, será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable del adjudicatario.

Se designa Miembro Informante verbal al señor Senador Luis Alberto Heber.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1174/2006 que forma parte integrante de esta Acta.

3º) Mensaje y Proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se exonera de toda clase de timbres judiciales y profesionales, a los juicios tramitados por consultorios jurídicos gratuitos que atienden poblaciones carenciadas en todo el territorio de la República. (Carpeta Nº 446/2006. Distribuido Nº 713/2006).

Se modifica el artículo 3º y se votan conjuntamente los cinco artículos del proyecto de ley: 7 en 7. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO APROBADO:

ARTICULO 1º.- Exoneraciones. Exonérase de toda clase de timbres judiciales y profesionales, a los juicios tramitados por los consultorios jurídicos gratuitos que atienden poblaciones carenciadas en todo el territorio de la República, que sean gestionados por instituciones sin fines de lucro mediante convenios con organismos estatales y/o municipales.

Asimismo, exonérase de las tasas correspondientes a los edictos judiciales que obligatoriamente deban ser publicados en el Diario Oficial, así como de las correspondientes a las inscripciones que deban efectuarse en el Registro de Actos Personales, derivados de los juicios a que refiere el inciso anterior.

ARTICULO 2º.- Requisitos. El Poder Ejecutivo determinará las condiciones que deberán cumplirse para acceder a las exoneraciones dispuestas en el artículo precedente.

ARTICULO 3º.- Incumplimiento. Dichas exoneraciones quedarán supetidadas al cumplimiento de las condiciones que establezca el Poder Ejecutivo. Las mismas podrán ser revocadas en cualquier momento, cuando se constate el incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por la presente ley, su reglamentación o cualquier otro apartamiento a las disposiciones vigentes.

ARTICULO 4º.- Sanciones. El incumplimiento de las disposicones contenidas en la presente ley y su reglamentación podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 95 (contravención) y 96 (defraudación) del Código Tributario, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 351 del Código Penal, cuando corresponda.

ARTICULO 5º.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia al primer día del mes siguiente al de la publicación de su reglamentación.

Se designa Miembro Informante verbal, al señor Senador Rafael Michelini.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1175/2006 que forma parte integrante de esta Acta.

4º) USURA. Proyecto de ley por el que se fijan normas para atender su problemática. (Carpeta Nº 344/2005). La Comisión resuelve tratar este proyecto en la próxima sesión.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1177/2006 que forma parte integrante de esta Acta.

5º) Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se crea el Registro Unico de Créditos Financieros. (Carpeta Nº 280/2005. Distribuido Nº 345/2005). La Comisión aplaza su tratamiento.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1178/2006 que forma parte integrante de esta Acta.

Siendo la hora once y veintinueve minutos se levanta la sesión, para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Carlos Baráibar Presidente

Rodolfo Caimi Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: este proyecto de ley fue informado de manera unánime por la Comisión de Hacienda y contiene algunas modificaciones en relación al texto que se votó en la Cámara de Representantes -por lo que esta iniciativa va a volver a ese Cuerpo- en función de una moción que realizó el señor Senador Alfie en la Comisión, en el sentido de que la redacción propuesta, al hablar ahora de los organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República, permite abarcar el universo que conforma el Estado: Administración Central, Poder Legislativo y Organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución.

Aclaro que este proyecto de ley fue una iniciativa del señor Representante Lacalle Pou, junto con el entonces gran Diputado Chifflet, a quien quiero recordar. Se trata de un tipo de alianza que no se ve usualmente en la Cámara de Representantes, entre un Diputado de nuestro sector y un hombre convencido de todo lo que ha dicho antes y que no está dispuesto a borrar con el codo sus compromisos políticos. Lamentablemente, hoy no es Legislador, o no tan lamentablemente porque, en realidad, está siendo honesto consigo mismo y, entonces, prefirió renunciar a su banca antes de tener que desdecirse de lo que venía diciendo desde antes de la elección.

Por lo tanto, creo que tengo la obligación de reconocer, en nombre de todos los partidos, que se trata de un hombre honesto, con convicciones; supongo que esto no está hiriendo a ninguna fuerza política, porque una persona que renuncia a su banca para no contradecirse, hace honor al Partido Socialista -del que es miembro- y también al Cuerpo. No hay que olvidar de que este hombre se desprendió y no se atornilló a la banca parlamentaria y, por lo tanto, estuvo dispuesto a acompañar con su firma un proyecto de ley justo que busca tener en cuenta los salarios en los contratos de tercerización. Precisamente, lo escuché varias veces decir que no era justo que la variable de selección en una licitación sea para quien paga menos salario en los servicios tercerizados de limpieza, sobre todo los que se brindan en distintas reparticiones del Estado, por lo que los asalariados terminan recibiendo $ 1.000 o $ 1.2000 de sueldo, muchas veces fuera de le ley, como se ha comprobado en algunos casos.

El ex Diputado Chifflet integró la Comisión Administrativa junto conmigo y en ese ámbito -hace dos períodos- hizo un cuestionamiento muy severo sobre tal situación, que incluso muchas veces se daba en esta Casa, cuando el servicio contratado utilizaba una variable de ajuste por la que pagaba salarios muy inferiores al laudo. Por eso el artículo 1º habla de respetar los laudos salariales establecidos en los Consejos de Salarios.

Debo reconocer que este es un tema por el que históricamente ha peleado el ex Diputado Chifflet en esta Casa; por ese motivo el Diputado Lacalle lo invitó a que firmara el proyecto de ley, para no vestirse con ropas ajenas luego de que éste realizara una cruzada al respecto, incluso cuestionando a la Comisión Administrativa muchos de los contratos de limpieza que venía realizando. Lamentablemente, sólo uno de ellos es Legislador en este momento.

Reitero que, a mi juicio, hoy estamos dando una mejor redacción a una de las preocupaciones del ex Diputado Chifflet -por lo que deberá volver a la Cámara de Representantes-, reconociendo, además, que fue un Legislador blanco quien lo invitó a poner punto final a lo que -coincidimos con el ex Diputado- era una gran injusticia. Me refiero a que se pagaban sueldos de miseria, situación que incluso se daba en el Estado cuando el servicio se tercerizaba.

Por estos motivos, la Comisión de Hacienda hace suyo el proyecto del señor Diputado Lacalle y del ex Diputado Chifflet, con una mejor redacción, más abarcativa -por lo que deberá volver a la Cámara de Representantes-, y aconseja su aprobación para que se transforme cuanto antes en ley.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: quisiera preguntar al Miembro Informante cuál es la razón por la que las personas públicas no estatales y los Municipios no están comprendidos en este proyecto de ley. Entiendo que para el caso de los Municipios, el artículo 64 de la Constitución exige dos tercios de votos, pero dado que se trata de un proyecto de ley que cuenta con el apoyo de todos los partidos, esos dos tercios se alcanzarían.

Reitero que quisiera saber la razón por la cual están excluidas las personas públicas no estatales -como la Corporación Nacional para el Desarrollo u otras personas de Derecho Público no estatal- que, como es natural, la ley puede regular. Como nos ha explicado el Miembro Informante, la intención de la Comisión fue ampliar el espectro de los organismos públicos, supongo que estatales o no. Hago esta pregunta, aunque considero que el proyecto es positivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: la verdad es que no nos planteamos la incorporación de las figuras públicas no estatales, quizá como producto de que se puede considerar que están dentro del régimen del Derecho Privado, cuando lo que queríamos era abarcar al Estado como ejemplo. En la Comisión de Hacienda esto no fue planteado por ninguno de los Legisladores, pero no tengo inconvenientes en analizarlo.

Creo importante mantener la redacción sugerida por el señor Senador Alfie en la Comisión, que abarca más lo que puede ser el universo estatal, pero sin incluir a las Intendencias, porque para ello se requeriría una mayoría especial. De todas formas, advierto que la posición política que tenemos al respecto es válida para las Intendencias y también para las personas públicas no estatales, porque lo que se busca es que no se paguen sueldos que estén por debajo de los laudos establecidos por el Consejo de Salarios, que es el piso mínimo, ya que de procederse así, a nuestro juicio se estaría fuera de la ley o incumpliendo parte de los entendimientos que se vienen llevando adelante en el propio Estado.

No sé si hay una redacción sustitutiva, pero como miembro de la Comisión no tendría inconveniente en incorporarla. Incluso, también se podría abarcar a las Intendencias, porque si todos estamos de acuerdo, tendremos la mayoría suficiente para alcanzar los dos tercios, y no creo que ningún Intendente del país esté de acuerdo en que se paguen sueldos por debajo del laudo fijado por el Consejo de Salarios.

Sin embargo, a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, e incluir más organismos puede llevar a que no se sancione el proyecto en la tarde de hoy. Me pregunto si esto no será motivo para que algún señor Senador pida que el proyecto vuelva a la Comisión, o signifique mayor demora en la Cámara de Representantes. Entiendo que se trata de un buen proyecto que podría ser un primer paso, para luego esperar otro que abarque más -que requerirá mayorías especiales en ambas Cámaras- y lo modifique.

Era cuanto tenía para informar.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: no quiero que este proyecto se demore, pero la exigencia constitucional del artículo 64 también abarca a los Entes Autónomos, que ya están incluidos en este proyecto. El artículo 220 de la Constitución refiere a los Entes Autónomos no comerciales e industriales -al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, etcétera-, y el artículo 221 habla de los Entes industriales o comerciales; entonces, si se cuenta con los dos tercios, podríamos incluir a las Intendencias y a las personas públicas no estatales.

Conocemos el tema de las autonomías municipales, pero también sabemos que el artículo 64 de la Constitución establece la posibilidad de aprobar normas que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a todos los Entes Autónomos, a todas las Intendencias o a algunas de ellas. Entonces, si hay acuerdo y se cuenta con los dos tercios -de no ser así, no haría el planteo-, a continuación del vocablo "República" se agregaría "los órganos departamentales y las personas públicas no estatales".

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Quisiera hacer una consulta a la Mesa. Voy a proponer algunas mínimas modificaciones a la redacción de los artículos, además de la introducción de dos artículos aditivos que cuentan con el visto bueno de los integrantes de la Comisión. Desearía saber si el planteo lo debo hacer antes de que se vote el proyecto en general, o posteriormente.

SEÑOR PRESIDENTE.- A juicio de la Mesa se deberían incluir antes. Luego, cuando se ingrese a la discusión particular, se verá si los aditivos se aprueban o no.

SEÑOR BRECCIA.- Entonces, señor Presidente, voy a fundamentar la inclusión de dos aditivos a este proyecto de ley, que serían los artículos 3º y 4º.

La historia de estos aditivos es la siguiente. Por Ley Nº 12.030, el Poder Legislativo aprobó el Convenio Internacional de Trabajo Nº 94, que en cuanto a su ámbito de apli-cación establece que regirá para aquellos contratos en los que al menos una de las partes sea una autoridad pública, y cuando los mismos se concierten para la ejecución o suministro de servicios. Dichos contratos deberán "contener cláusulas que garanticen a los trabajadores interesados salarios (comprendidas las asignaciones), horas de trabajo y demás condiciones de empleo no menos favorables que las establecidas para un trabajo de igual naturaleza"

Establece, asimismo, que la autoridad competente determinará los términos de las cláusulas que deban incluirse en los contratos; que se deberán adoptar las medidas pertinentes para garantizar a los trabajadores condiciones de salud, seguridad y bienestar justas y razonables. También establece la necesidad de aplicar sanciones en caso de que dichas normas se incumplan, así como que se deberán tomar medidas apropiadas, tales como la retención de los pagos debidos en virtud del contrato, a fin de que los trabajadores puedan obtener los salarios a que tengan derecho.

Todas estas disposiciones del Convenio Internacional del Trabajo Nº 94, aprobado por la Ley Nº 12.030, e incorporado, por lo tanto, a nuestra legislación interna, fueron recogidas en el Decreto Nº 475/2005, dictado por el Poder Ejecutivo con fecha 14 de noviembre del año pasado.

A través del artículo 3º que proponemos agregar como aditivo a este proyecto de ley, se pretende establecer la obligación y al mismo tiempo la facultad de la autoridad pública contratante de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que la empresa tercerizada está al día con el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y con las contribuciones a la Seguridad Social. Asimismo, se compromete a las empresas tercerizadas a que comuniquen al organismo contratante, en el caso de que éste lo requiera, los datos de los trabajadores afectados a la prestación del servicio, a los efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.

Por su parte, el artículo 4º -que también proponemos agregar como aditivo-, siguiendo la línea de lo que establece el Convenio mencionado en cuanto a garantizar a los trabajadores el cobro de sus salarios, establece que en esos contratos también se incluirá una cláusula en la que se deje constancia de que la autoridad pública contratante tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. Esto significa que si la empresa contratada queda adeudando a sus trabajadores determinadas prestaciones salariales y luego desaparece o queda insolvente, el Estado o el organismo público contratante tiene derecho a retener lo adeudado por esa empresa, a los efectos de hacer frente al cumplimiento de tales obligaciones.

En estos momentos estamos haciendo llegar a la Mesa la redacción de los artículos aditivos que, reitero, han sido presentados al Miembro Informante y cuentan con el visto bueno de los demás integrantes de la Comisión.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: como Miembro Informante quiero decir que los dos artículos aditivos fueron proporcionados por el señor Senador Breccia hace más de una semana, siendo motivo de estudio, por lo que podemos decir que estamos totalmente de acuerdo con el espíritu y con la redacción. No sólo no vemos ningún inconveniente, sino que entendemos que con esta redacción se garantiza el cumplimiento de la ley y, además, por el artículo 4º se establece la posibilidad de retener lo adeudado, disposición que no estaba contenida en el artículo 2º del proyecto de ley sustitutivo.

En consecuencia, considero que los dos artículos aditivos son de recibo y complementan un proyecto de ley que, con los agregados propuestos por el señor Senador Korzeniak, justifican en forma más que suficiente su vuelta a la Cámara de Representantes, a efectos de que allí se analicen estas modificaciones que son más abarcativas y garantizan que no estemos pagando ni fomentando sueldos de hambre, producto de la falta de controles en los que a veces el propio Estado incurre cuando contrata con terceros.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: celebramos que haya venido al Plenario este proyecto de ley, pues nos parece sumamente importante a la hora de impartir justicia laboral y, diría, de modernizar la retribución de los trabajadores que se desempeñan en cualquier empresa u organismo del Estado.

A modo de reflexión, quiero agregar el siguiente comentario. La tercerización de servicios a cargo de los organismos del Estado comenzó con mucha fuerza y tuvo gran impulso en la década de los noventa; en algunas empresas públicas que pude conocer de cerca, la tercerización se produjo incluso con relación a tareas muy importantes -sin desmedro de la importancia que tiene el servicio de limpieza-, como por ejemplo las áreas técnicas, cuando habíamos investigado que en algunos países desarrollados de Europa, así como en Estados Unidos, en esta materia se venía retornando a la vieja idea del mantenimiento técnico en la ejecución de tareas, pero no tercerizadas, sino con funcionarios de la propia empresa, debido a los riesgos que se corrían. En algunos casos esos riesgos no se debían a la diferenciación salarial, sino a intereses muy concretos, como por ejemplo el mantenimiento de centrales digitales en ANTEL, que fueron realizadas por la misma empresa que las proveyó en su momento y que, evidentemente, no tuvo la constancia suficiente como para mantener esos servicios en todo momento. Por eso me parece importante esta iniciativa, aunque debo decir que me he enterado de que, por lo menos en algunos Entes del Estado, esto ya se ha puesto en práctica y se incluye en los pliegos de licitación para contratar a cualquier empresa. No obstante ello, creo que legislar a través de esta norma nos asegura que esto se produzca en forma general y cuando sea necesario.

Quiero agregar que también me parece muy importante lo que ha mencionado el señor Senador Heber en el sentido de que se concreta una iniciativa de nuestro querido compañero Guillermo Chifflet, que integró la Cámara de Representantes y que tan dignamente renunció a su banca, al igual que lo hizo el ex Senador Manuel Singlet en el año 1991, cuando su Partido impulsara la Ley de Privatización de las Empresas Públicas, que él no estaba dispuesto a votar.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley con los artículos aditivos propuestos.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Toda vez que la Administración Central, Poder Legislativo, los organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República, los órganos departamentales y las personas públicas no estatales contraten la ejecución de servicios a su cargo con terceros, en los pliegos de bases y condiciones particulares se deberá establecer que la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al cumplimiento de dichas tareas, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Queda claro que el texto que se ha leído contiene la modificación propuesta por el señor Senador Korzeniak.

Por otra parte, la Mesa aclara que, si ha entendido bien, para su aprobación se requiere dos tercios de votos del total de componentes.

SEÑOR KORZENIAK.- Exactamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si las cuentas no me fallan, creo que se consiguieron los dos tercios de votos.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 2º.- El incumplimiento por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones antes mencionadas, será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable del adjudicatario."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo aditivo que, en caso de aprobarse el proyecto de ley, pasará a ser el artículo 3º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 3º.- En los pliegos se incluirá una cláusula por la cual la autoridad pública contratante se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que éste se lo requiera, los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo aditivo propuesto, que pasará a ser el artículo 4º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 4º.- Asimismo se incluirá una cláusula en la que se deje constancia de que la Autoridad Pública contratante tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se remitirá nuevamente a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO 1º.- Toda vez que la Administración Central, Poder Legislativo, los organismos comprendidos en los artículos 220 y 221 de la Constitución de la República, los órganos departamentales y las personas públicas no estatales contraten la ejecución de servicios a su cargo con terceros, en los pliegos de bases y condiciones particulares se deberá establecer que la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al cumplimiento de dichas tareas, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios.

ARTICULO 2º.- El incumplimiento por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones antes mencionadas, será causal de rescisión del contrato por responsabilidad imputable del adjudicatario.

ARTICULO 3°.- En los pliegos se incluirá una cláusula por la cual la autoridad pública contratante se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral así como los recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que éste se lo requiera los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes.

ARTICULO 4°.- Asimismo se incluirá una cláusula en la que se deje constancia de que la Autoridad Pública contratante tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada."

15) 250 AÑOS DE LA FUNDACION DE LA CIUDAD DE SALTO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el punto que figura en tercer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se autoriza al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas en conmemoración de los 250 años de la fundación de la ciudad de Salto. (Carp. Nº 622/06 - Rep. Nº 321/06)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 622/06

Rep. Nº 321/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Autorízase al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas en conmemoración de los 250 años de la fundación de la ciudad de Salto, hasta las cantidades y con las características que se determinan en los artículos siguientes.

Artículo 2º.- El Banco Central del Uruguay podrá acuñar hasta 10.000 (diez mil) unidades con las siguientes características:

El valor facial de cada unidad será de $ 500 (quinientos pesos uruguayos).

La moneda será de plata con un fino de 900 (novecientas) milésimas. Se admitirá una tolerancia por aleación de un 2% (dos por ciento).

Tendrá 12,50 gramos (doce gramos y medio) de pesos y 33 (treinta y tres) milímetros de diámetro.

La tolerancia de peso será del 2% (dos por ciento) para cada millar.

Su forma será circular y su canto estriado.

Artículo 3º.- El Banco Central del Uruguay determinará los elementos ornamentales de las monedas que aludirán a la conmemoración de los 250 años de la fundación de la ciudad de Salto.

Artículo 4º.- Facúltase al Banco Central del Uruguay a vender al exterior las monedas, cuya acuñación se autoriza por la presente ley, a disponer su desmonetización y la enajenación de las piezas desmonetizadas.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 22 de agosto de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Carp. Nº 993/06

Rep. Nº 649/06

PODER EJECUTIVO

Ministerio de

Economía y Finanzas

Montevideo, 30 de mayo de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley referente a la acuñación de monedas en conmemoración de los 250 años de la fundación de la ciudad de Salto.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La acuñación que se propone fue propiciada por la Intendencia Municipal de Salto en el marco de los festejos del 250 aniversario del Proceso Fundacional de su ciudad capital.

En el amparo de la tradición nacional, resulta necesario crear instancias de identificación nacional a cuyos efectos debemos acompañarnos de elementos que sean capaces de simbolizar, tal como se manifiesta en el anteproyecto que se presenta a consideración el origen y evolución de sus ciudades.

Es por ello que esta acuñación cuenta con el beneplácito del Poder Ejecutivo, el que con el acuerdo del Banco Central del Uruguay, propone el presente proyecto de ley.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Autorízase al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas en conmemoración de los 250 años de la fundación de la ciudad de Salto, hasta las cantidades y con las características que se determinan en los artículos siguientes.

Artículo 2º.- El Banco Central del Uruguay podrá acuñar hasta 10.000,oo (diez mil unidades) con las siguientes características:

El valor facial de cada unidad será de $ 500,oo (pesos uruguayos quinientos).

La moneda será de plata con un fino de 900 (novecientas) milésimas. Se admitirá una tolerancia por aleación de un 2% (dos por ciento).

Tendrá 12,50 grs. (doce gramos y medio) de peso y 33 (treinta y tres) milímetros de diámetro.

La tolerancia de pesos será del 2% (dos por ciento) por cada millar.

Su forma será circular y su canto estriado.

Artículo 3º.- El Banco Central del Uruguay determinará los elementos ornamentales de las monedas que aludirán a la conmemoración de los 250 años de la fundación de la ciudad de Salto.

Artículo 4º.- Facúltase al Banco Central del Uruguay a vender al exterior las monedas, cuya acuñación se autoriza por la presente ley, a disponer su desmonetización y la enajenación de las piezas desmonetizadas.

Montevideo, 30 de mayo de 2006.

Danilo Astori.

Carp. Nº 993/06

Anexo I al

Rep. Nº 649/06

Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra asesora ha considerado el presente proyecto de ley, por el cual el Poder Ejecutivo propone acuñar monedas en conmemoración del proceso fundacional de la ciudad de Salto.

En el marco de lo que será la conmemoración de los 250 años desde que el Gobernador de Montevideo, José Joaquín de Viana, en una expedición que realizó a esa zona, por octubre de 1756, ordena la construcción de "un fuerte, alojamiento y almacenes", que de acuerdo a la información disponible se habría construido en torno al 8 de noviembre de 1756.

La importancia que ha tenido Salto en los hechos históricos que dieron al nacimiento de nuestra República, el aporte permanente que hombres y mujeres de esta ciudad han hecho a la construcción de la identidad nacional, ameritan que el Estado uruguayo acuñe una moneda que recuerde este significativo proceso fundacional.

En mérito a lo expuesto, aconsejamos a la Cámara de Representantes, aprobar el proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 8 de junio de 2006.

Iván Posada, Miembro Informante; José Amorín, Alfredo Asti, Eduardo Brenta, Roberto Conde, Jorge Gandini, Carlos González Alvarez, Gonzalo Mujica, Pablo Pérez González, Héctor Tajam."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: efectivamente, este es un proyecto de ley que viene de la Cámara de Representantes, donde fuera aprobado por unanimidad.

La acuñación de la moneda fue propiciada por la Intendencia Municipal de Salto, en el marco del 250º Aniversario del proceso fundacional de su ciudad. Por ello, esta acuñación cuenta con el beneplácito del Poder Ejecutivo el que, de acuerdo con el Banco Central del Uruguay, propuso el presente proyecto de ley, que establece la acuñación de diez mil unidades de $ 500 cada una. Esta moneda será de plata, con un fino de 900, y los elementos ornamentales serán determinados por el Banco Central, los que aludirán a la conmemoración de los 250 años de la fundación de la ciudad de Salto.

Esta ciudad fue fundada, precisamente, hace 250 años, cuando Francisco Bauzá en 1895, en el tomo de su "Historia de la Dominación Española en el Uruguay", dice que el Gobernador del Río de la Plata, José de Andonaegui, queriendo activar la conclusión del Tratado de Madrid, despachó en octubre de 1756 un destacamento de 400 hombres al mando del Gobernador de Montevideo, José Joaquín de Viana, con orden de establecerse en el paraje denominado "El Salto" y esperar allí al Marqués de Valdelirios, a quien debía servir de escolta.

Llegó Viana, promediando noviembre, al paraje indicado y no encontró nada en él. Cabe señalar que para ir desde Montevideo a Salto le insumió casi un mes, o sea que debemos considerar lo que ha cambiado la civilización y nuestro país. Constreñido Viana a mantenerse de la pesca, empezó a edificar un fuerte y varios galpones que pronto quedaron construidos. Este fue el origen de la ciudad de Salto, fundada por casualidad en el año 1756, según expresa Francisco Bauzá. Los testimonios exhumados por García Selgas revelan que las instalaciones que Viana erigió en Salto continuaron funcionando hasta 1782, fecha a partir de la cual se iniciaría un largo crítico período para la población lugareña.

Sin perjuicio de ello, Salto siguió prosperando y progresando, y se transformó en la bella ciudad que todos conocemos. En noviembre de 1956 conmemoró el bicentenario de su fundación y el próximo mes de noviembre celebrará los 250 años. En aquella ocasión se constituyó un Comité de Festejos del Bicentenario, presidido por el señor Juan H. Paiva, Presidente del Concejo Departamental, que editó una antología sobre la ciudad de Salto organizada por poetas salteños. En la dedicatoria estos poetas dicen: "A SALTO, TIERRA DE POESIA, a su pasado heroico y ejemplar, a su presente promisor, a su futuro luminoso, DEDICAMOS este Cuaderno de Poesía, como un homenaje, como una presencia despierta, como un legado de invitación a la belleza para los que nos sigan." Estos poetas son: Enrique Amorim, Marosa Di Giorgio Medicis, Julio Garet Mas, Altamides Jardim, Artigas Milans Martínez, Margarita Muñoa, Walter Peralta, Gregorio Rivero Iturralde y José María Rondán Martínez.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa solicita a los señores Senadores que guarden silencio.

Puede continuar el señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARAIBAR.- Precisamente, el último poeta mencionado incluye un poema llamado: "Canto al Salto antiguo" -recuerdo que este es un cuaderno editado en ocasión de los 200 años de la fundación de la ciudad de Salto-, que dice lo siguiente:

"Hace dos siglos justos me fundaron el Salto

varios hombres ansiosos de conquista y leyenda;

dejaron unos barcos y unos ranchos de adobe

y se fueron en busca del silencio y del tiempo.

La semilla de un pueblo germinó junto al río,

vigorosa de aire, de extensión y de canto;

mayorales aindiados transportaron familias,

y empezaron los niños a jugar por los campos.

El Uruguay rebelde se convirtió en amigo;

los naranjos treparon las colinas salteñas;

se forjaron industrias con olivos y vides,

y el viento dispersaba la canción de los trenes.

Se trazaron las calles que lucieron un nombre;

los tranvías firmaron el álbum del recuerdo;

un petardo en febrero congregó carnavales

y las siestas tuvieron la voz de un aguatero.

El pueblo prontamente se convirtió en ciudad."

Precisamente, este pueblo fue elevado al rango de ciudad en junio de 1863, luego de que en junio de 1837 fuera creado el departamento de Salto.

El "Canto al Salto antiguo" continúa diciendo:

"Una casa cualquiera se transformó en un cine;

el Párroco en la Iglesia del Carmen dio consejos,

y una escuela juntaba guardapolvos de niños.

De tardecita el mate poblaba las veredas,

los zaguanes se abrían con abuelas y novias,

el Angelus rezaba su oración, temeroso

de que Dios se olvidara de encender las auroras.

De mañana temprano reventaba los trinos,

los aljibes chirriaban su canción de roldanas,

los patios con gorriones recogían las risas

de las pulcras negritas remojando las calles.

Hace doscientos años me fundaron el Salto

unos hombres que tienen su sitio en la leyenda.

Hace doscientos años las cascadas sabían

lo que puedo deciros en el canto presente."

El próximo mes de noviembre se van a conmemorar los 250 años de la ciudad de Salto para los cuales el Senado de la República, por unanimidad y con el acuerdo pleno de la Cámara de Representantes, propone la acuñación de una moneda conmemorativa. Sin duda, es un elemento que se suma a este festejo que la ciudad de Salto está preparando.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Autorízase al Banco Central del Uruguay a proceder a la acuñación de monedas en conmemoración de los 250 años de la fundación de la ciudad de Salto, hasta las cantidades y con las características que se determinan en los artículos siguientes."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR BARAIBAR.- Mociono para que se suprima la lectura del resto del articulado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

- 24 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

16) JUICIOS TRAMITADOS POR CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS QUE ATIENDAN POBLACIONES CARENCIADAS EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPUBLICA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se exonera de toda clase de timbres judiciales y profesionales, a los juicios tramitados por consultorios jurídicos gratuitos que atiendan poblaciones carenciadas en todo el territorio nacional. (Carp. Nº 446/06 - Rep. Nº 322/06)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 446/06

Rep. Nº 322/06

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º.- Exoneraciones. Exonérase de toda clase de timbres judiciales y profesionales, a los juicios tramitados por los consultorios jurídicos gratuitos que atiendan poblaciones carenciadas en todo el territorio de la República, que sean gestionados por instituciones sin fines de lucro mediante convenios con organismos estatales y/o municipales.

Asimismo, exonérase de las tasas correspondientes a los edictos judiciales que obligatoriamente deban ser publicados en el Diario Oficial, así como de las correspondientes a las inscripciones que deban efectuarse en el Registro de Actos Personales, derivados de los juicios a que refiere el inciso anterior.

Artículo 2º.- Requisitos. El Poder Ejecutivo determinará las condiciones que deberán cumplirse para acceder a las exoneraciones dispuestas en el artículo precedente.

Artículo 3º.- Incumplimiento. Dichas exoneraciones quedarán supeditadas al cumplimiento de las condiciones que establezca el Poder Ejecutivo. Las mismas podrán ser revocadas en cualquier momento, cuando se constate el incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por la presente ley, su reglamentación o cualquier otro apartamiento a las disposiciones vigentes.

Artículo 4º.- Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y su reglamentación podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 95 (contravención) y 96 (defraudación) del Código Tributario, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 351 del Código Penal, cuando corresponda.

Artículo 5º.- Vigencia. La presente ley entrará en vigencia al primer día del mes siguiente al de la publicación de su reglamentación.

Sala de la Comisión, a 21 de setiembre de 2006.

Rafael Michelini, Miembro Informante; Isaac Alfie, Carlos Baráibar, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, Leonardo Nicolini, Enrique Rubio. Senadores.

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 6 de febrero de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir el adjunto Proyecto de Ley por el que la Secretaría de la Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo, solicita exoneración de tributos en los juicios que se atienden en los Consultorios Jurídicos de las Comuna Mujer.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Intendencia Municipal de Montevideo ha expresado que desde el año 1996 su Secretaría de la Mujer desarrolla el Programa Comuna Mujer en las Zonas Nos. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17 y 18 de Montevideo.

En el marco de ese Programa, se brinda atención psicosocial y asistencia jurídica gratuitas a mujeres en los temas de familia (divorcio, tenencia de menores, pérdida de patria potestad, pensión alimenticia), violencia doméstica, desalojos, lanzamientos, etc.

Se trata de mujeres que concurren a estos consultorios jurídicos barriales ubicados en Carrasco Norte, Piedras Blancas, Cerrito de la Victoria, Colón, Cerro y Paso de la Arena, cuya condición económica es muy humilde, lo que hace inviable que puedan concurrir a las Defensorías del Poder Judicial debido a la imposibilidad de pagar el transporte hasta la zona Centro o Ciudad Vieja, en otros casos, cuando trabajan, la pérdida de jornales que les acarrea dicho desplazamiento que obviamente deben realizar varias veces mientras se tramitan los procesos judiciales.

Estas usuarias tienen gran dificultad para abonar los timbres judiciales y profesionales, las tasas de los edictos judiciales y las de inscripción de documentos en el Registro de Actos Personales de la Dirección General de Registros Públicos.

Para una mejor ilustración, se expresa que un escrito de divorcio requiere una suma aproximada de $ 900,oo (pesos uruguayos novecientos) para timbres, que las publicaciones de edictos significa una suma del orden de $ 3.000,oo (pesos uruguayos tres mil) y que la tasa del Registro de Actos Personales es actualmente de $ 774,oo (pesos uruguayos setecientos setenta y cuatro).

Consideramos que es de justicia la exoneración solicitada por la Intendencia Municipal de Montevideo, y que la misma debe también alcanzar a los asuntos tramitados por los consultorios jurídicos gratuitos que atienden poblaciones carenciadas en todo el territorio de la República, siempre que sean gestionados por instituciones sin fines de lucro, mediante convenios con organismos estatales y/o municipales.

En el Proyecto de Ley que se remite se establece que el Poder Ejecutivo reglamentará lo relativo a los requisitos para acceder a la exoneración, así como las sanciones para el caso de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias.

Saluda al Sr. Presidente con la mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Exoneraciones. Exonérase de toda clase de timbres judiciales y profesionales, a los juicios tramitados por los consultorios jurídicos gratuitos que atiendan poblaciones carenciadas en todo el territorio de la República, que sean gestionados por instituciones sin fines de lucro mediante convenios con organismos estatales y/o municipales.

Asimismo, exonérase de las tasas correspondientes a los edictos judiciales que obligatoriamente deban ser publicados en el Diario Oficial, así como de las correspondientes a las inscripciones que deban efectuarse en el Registro de Actos Personales, derivados de los juicios a que refiere el inciso anterior.

Artículo 2º.- Requisitos. El Poder Ejecutivo determinará las condiciones que deberán cumplirse para acceder a las exoneraciones dispuestas en el artículo precedente.

Artículo 3º.- Incumplimiento. Dichas exoneraciones quedarán supeditadas al cumplimiento de las condiciones que establezca el Poder Ejecutivo. Los organismos recaudadores podrán revocar dicha exoneración en cualquier momento, cuando se constate el incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por la presente ley, su reglamentación o cualquier otro apartamiento a las disposiciones vigentes.

Artículo 4º.- Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y su reglamentación podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones previstas en los artículos 95 (contravención) y 96 (defraudación) del Código Tributario, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 351 del Código Penal, cuando corresponda.

Artículo 5º.- Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia al primer día del mes siguiente al de la publicación de su reglamentación.

Danilo Astori.

DISPOSICIONES CITADAS

Código Tributario

(aprobado por Decreto-Ley Nº 14.306)

TITULO UNICO - NORMAS GENERALES DE DERECHO TRIBUTARIO NACIONAL

CAPITULO QUINTO

SECCION PRIMERA - INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 95

(Contravención).- La contravención es la violación de leyes o reglamentos, dictados por órganos competentes, que establecen deberes formales.

Constituye también contravención, la realización de actos tendientes a obstaculizar las tareas de determinación y fiscalización de la Administración.

Será sancionada con multa de $ 2.000 (dos mil pesos) a $ 200.000 doscientos mil pesos).

Artículo 96

(Defraudación).- Defraudación es todo acto fraudulento realizado con la intención de obtener para sí o para un tercero, un enriquecimiento indebido, a expensas de los derechos del Estado a la percepción de los tributos.

Se considera fraude todo engaño u ocultación que induzca o sea susceptible de inducir a los funcionarios de la Administración Fiscal a reclamar o aceptar importes menores de los que correspondan o a otorgar franquicias indebidas.

Se presume la intención de defraudar, salvo prueba en contrario, cuando ocurra alguna de las circunstancias siguientes:

A) Contradicción evidente entre las declaraciones juradas presentadas y la documentación en base a la cual deben ser formuladas aquéllas.

B) Manifiesta disconformidad entre las normas y la aplicación que de las mismas se haga al determinar el tributo o al producir las informaciones ante la Administración.

C) Exclusión de bienes que implique una disminución de la materia imponible.

D) Informaciones inexactas que disminuyan el importe del crédito fiscal.

E) Incumplimiento de la obligación de llevar o exhibir libros y documentación, o existencia de dos o más juegos de libros para una misma contabilidad con distintos asientos.

F) Omisión de extender la documentación requerida por la ley o del reglamento con fines de control.

G) Declarar, admitir o hacer valer ante la Administración formas jurídicas manifiestamente inapropiadas a la realidad de los hechos gravados.

H) Omitir la versión de las retenciones efectuadas.

I) Omisión de denunciar los hechos previstos en la ley como generadores de tributos y de efectuar las inscripciones en los registros correspondientes.

Será sancionada con una multa de una a quince veces el monto del tributo que se haya defraudado o pretendido defraudar.

La graduación de la sanción deberá hacerse por resolución fundada y de acuerdo a las circunstancias de cada caso.

CAPITULO IV

Delitos contra la propiedad mueble de la que se está en posesión

351. (Apropiación indebida)

El que se apropiare, convirtiéndolo en su provecho o en el de un tercero, dinero u otra cosa mueble, que le hubiera sido confiado o entregada por cualquier título que importare obligación de restituirla o de hacer un uso determinado de ella, será castigado con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

 

Ant. CP 89 Art. 386, originario del Proyecto Zanardelli Art. 385.

N.R.CP Art. 41. V. Apropiación indebida en las leyes especiales. Leyes Nº 16.072 y 17.296."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- A raíz de una inquietud de la Intendencia Municipal de Montevideo y de su Secretaría de la Mujer, que desde el año 1996 desarrolla el Programa "Comuna Mujer" en las diversas zonas de esta ciudad, se detectó que este asesoramiento que se da a la mujer en violencia doméstica, desalojo, lanzamiento, patria potestad, pensión alimenticia, menores, divorcio y otros aspectos, incluye una tramitación que implica costos, que las mujeres o familias de sectores carenciados no podrían pagar. En algunos casos ascienden a $ 3.000, en otros, a $ 5.000; en fin, las sumas son diferentes según las situaciones.

El Poder Ejecutivo realizó un estudio a este respecto y constató que sería bueno que se exonerara de estos costos -que, además, no implican una disminución de la recaudación- a los sectores más pobres para aliviarlos, en muchos casos, de situaciones que se arrastran porque la familia no cuenta con los recursos necesarios para presentarse ante la Justicia. Asimismo, detectó que, tanto la Intendencia Municipal de Montevideo como otras Intendencias y Organizaciones No Gubernamentales, dan asesoramiento gratuito a sectores de bajos recursos y elaboró un proyecto de ley que fue aprobado en Comisión por la unanimidad de los partidos políticos que la integran. Hizo una única modificación en el artículo 3º referido al incumplimiento, que establecía que los organismos recaudadores eran los que decían si las Organizaciones No Gubernamentales o los asesoramientos jurídicos correspondientes de las Comunas otorgaban o no dicha exoneración. Ahora se dice que será el Poder Ejecutivo, en la propia reglamentación, el que determine, en todo caso, a pedido de los organismos correspondientes, quiénes no cumplen las condiciones para acceder a las exoneraciones. Hecha esta modificación y acordado con todos los partidos políticos, elevamos el proyecto de ley para que siga un trámite lo más rápido posible en este Senado. Esperamos que luego en la Cámara de Representantes se vote sin modificaciones.

Es cuanto quería manifestar, señor Presidente.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Me complace el informe presentado por el señor Senador Michelini y me alegro de que finalmente podamos concretar esta aspiración que existía desde hacía muchos años. Las distintas Intendencias han brindado servicios de asesoría legal y apoyo durante mucho tiempo, sobre todo a las familias con mayor vulnerabilidad económica. Reitero que me alegro de que esto se pueda concretar en esta Legislatura.

Quisiera agregar a lo expresado por el Miembro Informante que vamos a tener que considerar un costo que no existía para estos servicios cuando se inició este largo proceso. Se trata de los estudios de ADN, cuyos costos son bastante altos. La investigación de la paternidad en el caso de estas poblaciones en los servicios que ofrecen las Intendencias -al igual que los de la Universidad de la República- es recurrente, así como también lo son las dificultades para realizar dicha prueba.

Quería dejar eso sentado, porque estos estudios requieren un timbre bastante caro y seguramente tengamos que plantearnos también esta exoneración.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR MICHELINI.- Mociono para que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

SEÑOR MAZZULO.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MAZZULO.- Me alegro de que se transforme en ley un tema tan importante. En la Intendencia Municipal de Flores desde el año 1997 se está trabajando en el Programa "Comuna Mujer" con mucho éxito y ha beneficiado fundamentalmente a las familias más carenciadas de nuestra sociedad.

Por lo tanto, lo que se ha votado en este proyecto de ley ya se estaba brindando en forma gratuita por parte de la Intendencia, y consiste en atención psicológica y asesoramiento jurídico gratuitos, así como en tomar las medidas necesarias para actuar en defensa de la violencia doméstica, ese gran problema que tiene nuestra sociedad y que todos juntos debemos atacar para desterrar de una vez por todas y para siempre de la vida nacional. En tal sentido, todos debemos ser celosos custodios para que estos problemas que, reitero, aquejan a nuestra sociedad, cada vez estén más lejos.

Nada más. Muchas gracias.

17) "JOSE ALONSO Y TRELLES"

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se designa 'José Alonso y Trelles' el Liceo de Tala, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública). (Carp. Nº 633/06 - Rep. Nº 325/06.)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 633/06

Rep. Nº 325/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase al Liceo de Tala, ubicado en el departamento de Canelones, con el nombre de "José Alonso y Trelles".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 6 de setiembre de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

José Pedro Montero Secretario.

Comisión de

Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura aconseja al Cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley designado "José Alonso y Trelles" al Liceo de Tala, departamento de Canelones, de cuerdo a los siguientes fundamentos:

En el año 2002, las autoridades educativas de la ciudad de Tala tomaron la iniciativa de designar el liceo local con el nombre de José Alonso y Trelles, "El Viejo Pancho", quien vivió muy cerca de la ciudad.

Esta iniciativa tuvo el respaldo del Poder Ejecutivo, quien en mayo de 2004 se hace eco de la misma y envía el proyecto de ley que, luego de varios trámites dentro del Parlamento, hoy nos convoca.

Español de nacimiento, luego de una breve estadía en Argentina se trasladó a Uruguay, a Tala, donde fundó periódicos, inició una familia y trabajó como procurador, pero, sobre todo, fue el lugar desde el cual volcó su sensibilidad en el rescate de la poesía gauchesca, dándole formas nuevas pero manteniendo su esencia lírica.

A tal punto lo hizo que es uno de los pocos poetas del género que ha sido reconocido por Alberto Zum Felde, quien de él dice: "El Viejo Pancho ha producido las mejores composiciones dentro del género gauchesco en nuestro país. Y, fuera de la limitación del género, esas composiciones son, asimismo, de lo bueno con que cuenta la lírica entre nosotros". Es el único al que el crítico le otorga el rango de verdadera poesía, ya que considera que el resto del género ha sido escrito por personas ajenas al medio y al sentir del hombre de campo.

A principios del Siglo XX obtuvo la nacionalidad uruguaya y fue electo Diputado por el Partido Nacional, lo que motivó su traslado a Montevideo, donde murió en 1924.

Para una ciudad como Tala, que posee un muy fuerte vínculo con sus tradiciones y su pasado histórico, donde florecen sociedades nativistas, no creemos que pueda existir mejor nombre para el Liceo y que, a la vez, la permita generar sentimientos de pertenencia y de inserción en la comunidad.

Por lo expuesto precedentemente, aconsejamos al plenario la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 11 de mayo de 2005.

Gabriela Garrido, Miembro Informante; Pablo Alvarez López, Roque Arregui, Juan José Bruno, Sandra Etcheverry, Nora Gauthier, Tabaré Hackenbruch Legnani.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cultura

ACTA Nº 35

En Montevideo, el día cinco de octubre del año dos mil seis, a la hora once y diez minutos se reúne la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores.

Asisten la señora Senadora Margarita Percovich y los señores Senadores Alberto Cid, Leonardo Nicolini, Gustavo Penadés y Julio María Sanguinetti.

Faltan con aviso los señores Senadores Ruperto Long y Eduardo Lorier, quienes remiten nota justificando su inasistencia.

Preside el señor Senador Leonardo Nicolini, Presidente de la Comisión.

Concurren: Por Cinemateca Uruguaya los señores Manuel Martínez Carril (Director Ejecutivo), Hilda E. Gadila Baci (Directiva), Luis Elbert (Directivo), Israel Lublinerman (Director Ejecutivo) y Julio Pelosi (Directivo).

Actúa en Secretaría el señor Secretario Alberto Martínez Payssé, con la colaboración de la funcionaria Susana Rodríguez.

ASUNTOS ENTRADOS:

- CARPETA Nº 632/2006. "PROFESORA SOFIA BALADON DE GARCIA". Se designa el Liceo de Villa Capilla del Sauce, 11ª Sección del departamento de Florida, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública). Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1192/2006.

- CARPETA Nº 633/2006. "JOSE ALONSO Y TRELLES". Se designa el Liceo de Tala, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública). Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1193/2006.

- CARPETA Nº 635/2006. "PAUL HARRIS". Se designa la Escuela Nº 73, ubicada en el departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública). Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1194/2006.

- CARPETA Nº 636/2006. "ESCRIBANO DIEGO CARLOS MUGURUZA". Se designa el Liceo Nº 1 de la ciudad de Bella Unión, ubicado en el departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública). Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1195/2006.

- CARPETA Nº 639/2006. "ALEJANDRIA". Se designa la Escuela Nº 161 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública). Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1198/2006.

- Invitación remitida por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación para el acto de apertura del "Día del Patrimonio 2006: Tradición e Innovación, Ing. Eladio Dieste", a realizarse el día sábado 7 de octubre a las 11 horas desde el Foyer del Teatro Solís.

- Invitación para la presentación del libro "Abran chanca, acá baila un oriental. El tango de los uruguayos". De Sheila Werosch y Walter Veneziani, a realizarse el próximo 7 de octubre, a las 20 horas en la Sala José Pedro Díaz, Feria Internacional del Libro.

ORDEN DEL DIA.

El señor Presidente le da la bienvenida a los invitados y les concede el uso de la palabra.

De lo actuado se procede a la toma de versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1226/2006 y que forma parte integrante de la presente Acta.

Siendo la hora doce se retiran de Sala los invitados y se suspende la versión taquigráfica.

A continuación por Secretaría se informa que tres de las carpetas ingresadas en el día de hoy ya cuentan con la aprobación del Codicen.

CARPETA Nº 633/2006. "JOSE ALONSO Y TRELLES". Se designa el Liceo de Tala, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública). Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1193/2006.

Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Nicolini, quien lo hará en forma verbal.

CARPETA Nº 635/2006. "PAUL HARRIS". Se designa la Escuela Nº 73, ubicada en el departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública). Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1194/2006.

Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Nicolini, quien lo hará en forma verbal.

CARPETA Nº 636/2006. "ESCRIBANO DIEGO CARLOS MUGURUZA". Se designa el Liceo Nº 1 de la ciudad de Bella Unión, ubicado en el departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública). Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1195/2006.

Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Nicolini, quien lo hará en forma verbal.

CARPETA Nº 307/2005. TITULOS EXPEDIDOS POR LOS INSTITUTOS DE FORMACION DOCENTE DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA. Se les reconoce el rango universitario. Proyecto de ley con exposición de motivos del señor Senador Julio María Sanguinetti. Distribuido Nº 393/2005.

Luego de un intercambio de opiniones, la Comisión acuerda solicitar la opinión de la Oficina Nacional del Servicio Civil, una vez obtenida la misma invitar a concurrir a catedráticos de Derecho Público.

RESOLUCIONES.

A propuesta de los señores Senadores Penadés y Sanguinetti la Comisión resuelve invitar para la sesión a realizarse el próximo jueves 12 a los señores Ministros de Educación y Cultura y de Trabajo y Seguridad Social, acompañados de los Directores de Cultura y de Trabajo, respectivamente, a efectos de encontrar soluciones a los problemas por los que atraviesa Cinemateca Uruguaya.

Asimismo se resuelve también plantear en el Plenario la solicitud de envío de una Minuta de Comunicación al Poder Ejecutivo proponiendo una pensión graciable para la señora Mary Da Cunha.

A la hora doce y quince minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Leonardo Nicolini Presidente

Alberto Martínez Payssé Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Nicolini.

SEÑOR NICOLINI.- Señor Presidente: la Comisión de Educación y Cultura del Senado aconseja a este Cuerpo la aprobación del proyecto de ley por el que se designa con el nombre "José Alonso y Trelles" el Liceo de Tala, departamento de Canelones, iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes.

En el año 2002, las autoridades educativas de la ciudad de Tala tomaron la iniciativa de designar al liceo local con el nombre de este poeta gauchesco de origen gallego. Alonso y Trelles nació en Ribadeo, Provincia de La Coruña, Galicia, en 1857. Luego de una breve estadía en Argentina, se asentó en Tala en 1877 y murió en Montevideo en 1924.

Con el seudónimo de "Viejo Pancho" firmó algunos de los poemas gauchescos más célebres del género, aparecidos en revistas tradicionalistas de la época y agrupados en 1916 en su obra mayor "Paja Brava". Este gallego uruguayo alcanzó gran popularidad en nuestro país en la primera mitad del Siglo XX. Publicó sus obras en Tala, primero en un periódico local, y luego en dos semanarios inspirados en el "Madrid Cómico", que él mismo dirigió y del que era el principal colaborador. Escribió además una serie de obras de teatro para el grupo de aficionados de Tala.

En 1902 obtuvo la nacionalidad uruguaya y, en 1908, ocupó una banca en la Cámara de Representantes por el Partido Nacional.

Alonso y Trelles es uno de los pocos poetas del género que ha sido reconocido por don Alberto Zum Felde, quien de él dice: "El Viejo Pancho ha producido las mejores composiciones dentro del género gauchesco en nuestro país". Es el único al que el crítico le otorga el rango de verdadera poesía, ya que considera que el resto del género ha sido escrito por personas ajenas al medio y al sentir del hombre de campo. Para Zum Felde, la diferencia más fundamental que el "Viejo Pancho" presenta con los clásicos gauchescos es el tono esencialmente lírico de sus composiciones, ese tono íntimo, desconocido por la antigua poesía payadoresca, que era sustancialmente objetiva y relatora.

Estos son los motivos principales por los que elevamos al Senado este proyecto de ley que, reitero, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes y con la aprobación de la Comisión de Educación y Cultura de este Cuerpo.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Desígnase al Liceo de Tala, ubicado en el departamento de Canelones, con el nombre de 'José Alonso y Trelles'."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: solicitamos al Cuerpo que, tanto el texto de esta ley, como la versión taquigráfica de la fundamentación que del mismo se ha hecho en Sala, sean enviados a la Xunta de Galicia, dada la doble nacionalidad del ciudadano en cuestión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

18) "PAUL HARRIS"

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se designa 'Paul Harris' la Escuela Nº 73, ubicada en el departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública.) (Carp. Nº 635 /06 - Rep. Nº 326/06 )".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 635/06

Rep. Nº 326/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Paul Harris" la Escuela

Nº 73, ubicada en el departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 6 de setiembre de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

José Pedro Montero Secretario.

Comisión de

Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura aconseja al Cuerpo aprobar el presente proyecto de ley, mediante el cual se designa Paul Harris a la Escuela Nº 73 de Tiempo Completo del departamento de Artigas.

De esta forma se plasmaría la propuesta efectuada por el Rotary Club de Artigas, la que contó oportunamente con la opinión favorable de la Dirección de la Escuela, la Comisión de Fomento, el personal docente, padres y vecinos del centro escolar y de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

El señor Paul Harris ejerció como abogado en Chicago, dedicándose al Derecho Inmobiliario, Sucesorio o Mercantil, rechazando asuntos criminales o religiosos, actuando acorde a sus principios contrarios a los conflictos.

Fundador de la internacionalmente conocida institu-ción de servicio Rotary Club, en el año 1905, en la citada ciudad, sus principios de solidaridad, vocación de servicio, culto de la amistad y la fraternidad, así como el afán de hacer el bien en todas sus acciones, hicieron que sus obras trascendieran fronteras y en nuestro país, más concretamente en Montevideo, se fundó el primer Rotary al sur del Ecuador.

Este fue el inicio de una siembra de clubes Rotarios, hoy día diseminados en todo el Uruguay, volcando sus esfuerzos en bien de la comunidad y centrando fundamentalmente sus tareas a favor de la niñez y personas con capacidades diferentes, tareas que sin ninguna duda se han cumplido y cumplen en el departamento de Artigas, desde donde surge la propuesta que nos ocupa.

Por lo expuesto precedentemente se aconseja al plenario la aprobación del adjunto proyecto de ley

Sala de la Comisión, 11 de mayo de 2005.

Tabaré Hackenbruch Legnani, Miembro Informante; Pablo Alvarez López, Roque Arregui, Juan José Bruno, Sandra Etcheverry, Gabriela Garrido, Nora Gauthier."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Nicolini.

SEÑOR NICOLINI.- Señor Presidente: la Comisión de Educación y Cultura del Senado aconseja al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley por el que se designa con el nombre "Paul Harris" la Escuela Nº 73 de Tiempo Completo del departamento de Artigas.

Esta iniciativa, al igual que la anterior, ya fue aprobada en la Cámara de Representantes y surge a partir de una propuesta del Rotary Club de Artigas. A su vez, contó con la opinión favorable de la Dirección de la Escuela, de la Comisión de Fomento y del personal docente, padres, vecinos del centro escolar y de las autoridades de la ANEP.

Paul Harris nació en los Estados Unidos el 19 de abril de 1868. Fue abogado de profesión y fundador del Rotary Club. Cuando murió, el 27 de enero de 1947, su sueño había crecido de una reunión informal de cuatro señores a más de 6.000 clubes. En las últimas décadas, la organización ha ganado cada vez más adeptos, contando actualmente con más de 27.500 Rotary Clubs en todo el mundo, que nuclean a 1:200.000 miembros.

Por estos motivos, la Comisión de Educación y Cultura del Senado aconseja al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Desígnase 'Paul Harris' la Escuela

Nº 73, ubicada en el departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública)".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

19) "ESCRIBANO DIEGO CARLOS MUGURUZA"

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se designa 'Escribano Diego Carlos Muguruza' el Liceo Nº 1 de la ciudad de Bella Unión, departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública). (Carp. Nº 636/06 - Rep. Nº 327/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 636/06

Rep. Nº 327/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase al Liceo Nº 1 de la ciudad de Bella Unión, ubicado en el departamento de Artigas, con el nombre de "Escribano Diego Carlos Muguruza".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 6 de setiembre de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

José Pedro Montero Secretario.

Comisión de

Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura aconseja al Cuerpo aprobar el presente proyecto de ley, por el cual se designa "Escribano Diego Carlos Muguruza" al Liceo Nº 1 de la ciudad de Bella Unión, departamento de Artigas.

De esta forma se rendiría una justa recordación a quien, además de haber sido un muy estimado y correcto profesional, fuera figura señera de la enseñanza en ese departamento, habiendo sido docente fundador, como profesor de historia y, posteriormente, Director del liceo, siendo la persona que por mayor período ocupó el citado cargo.

Con el señor escribano Muguruza se repite algo muy común en liceos de nuestro interior y es de profesionales que, sin perjuicio de ejercer su actividad como tales, volcaron sus conocimientos a la docencia en forma realmente vocacional, devolviendo a las nuevas generaciones parte de lo que la sociedad les brindó.

Cabe destacar que en el período que ejerció la Dirección, el Liceo de Bella Unión tenía carácter de Regional, concurriendo al mismo alumnos de Baltasar Brum y Tomás Gomensoro, habiendo dispuesto AFE un servicio para el traslado de los educandos, el que combinaba con un ómnibus local para la ida y vuelta de los jóvenes desde la Estación hasta el centro docente, siendo conocido dicho tren como "el tren de los estudiantes" y en el cual, en carácter de anécdota, se nos ha dicho que se formalizaron muchos noviazgos que culminaron en matrimonios.

Por último, y no por eso menos importante, es de resaltar que la propuesta para designar al Liceo Nº 1 con el nombre de escribano Muguruza, efectuada por la Dirección, funcionarios docentes y no docentes del mencionado centro de estudios, surgió, según nos informaran, de una encuesta realizada entre la ciudadanía de Bella Unión al haberse cumplido los sesenta años de la fundación del Instituto en el mes de marzo del 2004, contando con el informe favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

Por lo expuesto precedentemente, se aconseja al plenario la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 8 de junio de 2005.

Tabaré Hackenbruch Legnani, Miembro Informante; Roque Arregui, Sandra Etcheverry, Daniel Landoni, José Carlos Mahía."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Nicolini.

SEÑOR NICOLINI.- Señor Presidente: la Comisión de Educación y Cultura del Senado aconseja al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley que designa con el nombre "Escribano Diego Carlos Muguruza" el Liceo Nº 1 de la ciudad de Bella Unión, departamento de Artigas.

Esta iniciativa también cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes y fue propuesta por la Dirección del Liceo, por sus funcionarios docentes y no docentes y surgió de una encuesta realizada entre los habitantes de Bella Unión en marzo de 2004. Al haberse cumplido los 60 años de la fundación de este centro de estudios, se utilizó este sistema de votación para elegir el nombre del liceo, y la propuesta que ganó fue, precisamente, la de "Escribano Diego Carlos Muguruza". Esta propuesta cuenta, a su vez, con un informe favorable por parte de autoridades de la ANEP.

El escribano Muguruza ejerció la Dirección de este Liceo de Bella Unión cuando tenía el carácter de Regional; concurrían a él alumnos de Baltasar Brum y Tomás Gomensoro, por lo que AFE había dispuesto un servicio para el traslado de los educandos, el que combinaba con un ómnibus local para la ida y vuelta de los jóvenes desde la Estación hasta el centro docente. Este tren era conocido como "el tren de los estudiantes" y se nos ha dicho, en carácter de anécdota, que en él se formalizaron muchos noviazgos que culminaron en matrimonio.

Por último, es de resaltar que la propuesta para designar el Liceo Nº 1 con el nombre del escribano Muguruza se realizó, como habíamos dicho, en oportunidad de cumplirse los sesenta años de su fundación. Muguruza se destacó como una figura señera de la enseñanza en la ciudad de Bella Unión, además de haber sido un profesional muy estimado, tal como quedó demostrado en la votación que se llevó a cabo en la colectividad.

Por estas razones, proponemos que se vote favorablemente esta iniciativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Desígnase al Liceo Nº 1 de la ciudad de Bella Unión, ubicado en el departamento de Artigas, con el nombre de 'Escribano Diego Carlos Muguruza'."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

20) TRATADO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) SOBRE INTERPRETACION O EJECUCION Y FONOGRAMAS Y LAS DECLARACIONES CONCERTADAS RELATIVAS AL TRATADO DE LA OMPI SOBRE INTERPRETACION O EJECUCION Y FONOGRAMAS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el 'Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas y las Declaraciones Concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas', adoptado en Ginebra, el 20 de diciembre de 1996. (Carp. Nº 411/05 - Rep. Nº 328/06)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 411/05

Rep. Nº 328/06

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 21 de noviembre de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el Artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Men-

saje de fecha 25 de noviembre de 1997 y reiterado el 4 de ju-lio de 2000, que se adjunta, por el cual se solicitó la aprobación parlamentaria del "Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas y las Declaraciones Concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas", adoptado en la Conferencia Diplomática sobre ciertas cuestiones de Derecho de Autor y Derechos Conexos el 20 de diciembre de 1996 en la ciudad de Ginebra y firmada por nuestro país el 8 de enero de 1997.

Al mantenerse vigentes los fundamentos que en su oportunidad dieron mérito al envío de aquel Mensaje, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Mario Bergara, Martín Ponce de León, Jorge Brovetto.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 21 de noviembre de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas y las Declaraciones Concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, adoptado en la Conferencia Diplomática sobre ciertas cuestiones de Derecho de Autor y Derechos Conexos, suscripto por la República en Ginebra, el 8 de enero de 1997.

Reinaldo Gargano, Mario Bergara, Martín Ponce de León, Jorge Brovetto.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 25 de noviembre de 1997.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 20 de la Constitución de la República el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas y las Declaraciones Concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, adoptado en la Conferencia Diplomática sobre ciertas cuestiones de Derecho de Autor y Derechos Conexos el 20 de diciembre de 1996 en la ciudad de Ginebra y firmada por nuestro país el 8 de enero del presente año.

El presente Tratado tiene el cometido de actualizar la normativa internacional en la materia con motivo de la aparición de nuevos fenómenos de orden científico-tecnológico que están impactando negativamente en el desarrollo de la producción y utilización de interpretaciones o ejecuciones y de fonogramas.

Hasta el momento, resulta obligatoria para nuestro país la observancia de las normas y principios fundamentales formulados por la Convención de Roma de 26/10/1961 sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (ratificada por Decreto-Ley Nº 14.587 de 19/10/1976) y el Convenio de Ginebra de 1971 para la Protección de los Productores de Fonogramas (ratificada por Decreto-Ley Nº 15.012 de 13/5/1980).

Con la ratificación del antedicho Convenio, Uruguay mantendrá su tradicional política de asumir compromisos internacionales relativos a la protección de la Propiedad Intelectual, a la vez que propiciará la vigencia de un régimen nacional moderno y adecuado destinado a respe-tar los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas. Asimismo, se procederá a cumplir de esa manera con el mandato de carácter programático establecido en el artículo 33 de la Constitución de la República relativo a la protección del trabajo intelectual.

El texto del Tratado se ocupa de brindar derechos de propiedad intelectual a dos tipos de beneficiarios: i) los artistas intérpretes o ejecutantes (actores, cantantes, músicos, etc.) y ii) los productores de fonogramas, es decir las personas naturales o jurídicas que toman la iniciativa y tienen la responsabilidad de la fijación de los sonidos.

Debe señalarse que la regulación de los derechos de ambos beneficiarios se abordan en el mismo instrumento ya que la mayoría de los derechos acordados a los artistas intérpretes o ejecutantes están conectados con sus interpretaciones o ejecuciones fijadas y puramente sonoras (que constituyen el objeto de los fonogramas).

En relación a los artistas intérpretes o ejecutantes, el Tratado clasifica los derechos concedidos en dos categorías. En primer lugar se refiere a aquellos otorgados respecto de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas -no en fijaciones audiovisuales como las películas- e incluye el derecho de reproducción; el derecho de distribución mediante venta u otra transferencia; el derecho de alquiler comercial y el derecho de puesta a disposición, que significa autorizar la puesta a disposición del público por medios alámbricos o inalámbricos de cualquier interpretación o ejecución fijada en un fonograma.

En segundo término, el Convenio concede derechos a los artistas intérpretes o ejecutantes respecto de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas (en directo), previendo el derecho de radiodifusión y la comunicación al público y el derecho de fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas.

Otro aspecto importante a mencionar es el principio de Trato Nacional estipulado en el artículo 4º del Tratado, por el cual se concede a los nacionales de otras Partes Con-tratantes el mismo tratamiento brindado a los propios na-cionales respecto de los derechos exclusivos previstos en el texto. De todas formas, se prevé la posibilidad de aplicar reservas (explicitadas en el artículo 15 inc. 3) con el fin de no cumplir con la obligación impuesta en el artículo citado.

Cabe resaltar que la previsión del Tratamiento Nacional denota la concordancia de principios existente entre el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas y el Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, negociado en la órbita de la Ronda Uruguay del GATT y firmado anexo al Acuerdo de creación de la OMC el 15 de abril de 1997.

En ese sentido, parece advertirse la construcción de un proceso de internacionalización de la protección de la propiedad intelectual -al igual que en otras disciplinas vinculada al comercio- encaminado a establecer sistemas normativos uniformes, transparentes, eficaces y no discriminatorios, del cual nuestro país debe actuar como protagonista y no simplemente como mero espectador.

En lo concerniente a los productores de fonogramas, el Tratado ampara los siguientes derechos: de reproducción; de distribución; de alquiler y de derecho de puesta a disposición de los fonogramas (artículos 11 a 14).

Adicionalmente, es menester señalar que el texto otorga a los artistas intérpretes o ejecutantes derechos morales a través de la posibilidad de reivindicar la identificación del nombre de los mismo, así como de oponerse a cualquier acción destinada a causar un perjuicio a su reputación (artículo 5º).

Además, dentro del capítulo sobre disposiciones comunes a ambas categorías de beneficiarios existe una disposición con el propósito de asegurar el goce del derecho a una remuneración equitativa y única por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para cualquier comunicación al público de los fonogramas publicados con fines comerciales. No obstante, cada Parte Contratante podrá restringir o rechazar -reserva mediante- este derecho (artícu-lo 15), lo que demuestra la característica de flexibilidad en las estipulaciones del Tratado.

Por otro lado, el Tratado obliga a las Partes a adoptar, conforme a sus sistemas jurídicos respectivos, las medidas necesarias para garantizar la aplicación de sus disposiciones, en particular a que en las legislaciones nacionales se establezcan procedimientos que permitan la adopción de acciones eficaces contra infracciones violatorias de los derechos específicos tutelados por el presente instrumento internacional.

Finalmente, es necesario hacer mención a las Declaraciones Concertadas anexas al Tratado, las cuales cumplen el rol fundamental de servir como herramientas de interpretación del texto negociado.

Nuestro país cumplirá con todos los requisitos impuestos en el Tratado al aprobarse el Proyecto de Ley sobre Derecho de Autor y Afines a estudio en el Parlamento, el que contiene normas jurídicas que satisfacen las exigencias explicitadas en los párrafos anteriores.

En base a todas estas consideraciones es dable con-cluir que el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas constituye un marco jurídico claro, moderno y adaptado a las necesidades de mantener un equilibrio entre los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas y los in-tereses del público en general, en particular los vinculados a la educación, la investigación y el acceso a la información.

En virtud de lo expuesto, el Poder Ejecutivo solicita de este Cuerpo la aprobación parlamentaria correspondiente.

El Poder Ejecutivo reitera al Señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República; Alvaro Ramos, Luis A. Mosca, Julio Herrera, Samuel Lichtensztejn.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 25 de noviembre de 1997.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el "Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas y las Declaraciones Concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas", suscripto en la ciudad de Ginebra a los ocho días del mes de enero de mil novecientos noventa y siete.

Alvaro Ramos, Luis A. Mosca, Julio Herrera, Samuel Lichtensztejn.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 4 de julio de 2000.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el Artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 25 de noviembre de 1997, que se adjunta, por el cual se solicita la aprobación parlamentaria del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas y las Declaraciones Concertadas relativas al Tratado de OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, adoptado en la Conferencia Diplomática sobre ciertas cuestiones de Derecho de Autor y Derechos Conexos, suscrito por la República en Ginebra, el 8 de enero de 1997.

Al continuar en vigencia para los intereses y el prestigio internacional de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República; Sergio Abreu, Antonio Mercader, Alberto Bensión, Didier Opertti.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 4 de julio de 2000.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas y las Declaraciones Concertadas relativas al Tratado de OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, adoptado en la Conferencia Diplomática sobre ciertas cuestiones de Derecho de Autor y Derechos Conexos, suscrito por la República en Ginebra, el 8 de enero de 1997.

Sergio Abreu, Antonio Mercader, Alberto Bensión, Didier Opertti.

TRATADO DE LA OMPI SOBRE INTERPRETACION O EJECUCION Y FONOGRAMAS (WPPT) (1996)

PREAMBULO

Las Partes Contratantes,

Deseosas de desarrollar y mantener la protección de los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas de la manera más eficaz y uniforme posible,

Reconociendo la necesidad de introducir nuevas normas internacionales que ofrezcan soluciones adecuadas a los interrogantes planteados por los acontecimientos económicos, sociales, culturales y tecnológicos,

Reconociendo el profundo impacto que han tenido el desarrollo y la convergencia de las tecnologías de información y comunicación en la producción y utilización de interpretaciones o ejecuciones y de fonogramas,

Reconociendo la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas y los intereses del público en general, en particular en la educación, la investigación y el acceso a la información,

Han convenido lo siguiente:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Relación con otros Convenios y Convenciones

1) Ninguna disposición del presente Tratado irá en detrimento de las obligaciones que las Partes Contratantes tienen entre sí en virtud de la Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, hecha en Roma el 26 de octubre de 1961 (denominada en adelante la "Convención de Roma").

2) La protección concedida en virtud del presente Tratado dejará intacta y no afectará en modo alguno a la protección del derecho de autor en las obras literarias y artísticas. Por lo tanto, ninguna disposición del presente Tratado podrá interpretarse en menoscabo de esta protección. 1

3) El presente Tratado no tendrá conexión con, ni perjudicará ningún derecho u obligación en virtud de otro tratado.

Artículo 2

Definiciones

A los fines del presente Tratado, se entenderá por:

a) "artistas intérpretes o ejecutantes", todos los actores, cantantes, músicos, bailarines u otras personas que representen un papel, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del folclore;

b) "fonograma", toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual; 2

c) "fijación", la incorporación de sonidos, o la representación de éstos, a partir de la cual puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo;

d) "productor de fonogramas", la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación u otros sonidos o las representaciones de sonidos;

1 Declaración concertada respecto del Artículo 1.2): Queda entendido que el Artículo 1.2) aclara la relación entre los derechos sobre los fonogramas en virtud del presente Tratado y el derecho de autor sobre obras incorporadas en los fonogramas. Cuando fuera necesaria la autorización del autor de una obra incorporada en el fonograma y un artista intérprete o ejecutante o productor propietario de los derechos sobre el fonograma, no dejará de existir la necesidad de la autorización del autor debido a que también es necesaria la autorización del artista intérprete o ejecutante o del productor, y viceversa.

Queda entendido asimismo que nada en el Artículo 1.2) impedirá que una Parte Contratante prevea derechos exclusivos para un artista intérprete o ejecutante o productor de fonogramas que vayan más allá de los que deben preverse en virtud del presente Tratado.

2 Declaración concertada respecto del Artículo 2.b): Queda entendido que la definición de fonograma prevista en el Artículo 2.b) no sugiere que los derechos sobre el fonograma sean efectuados en modo alguno por su incorporación en una obra cinematográfica u otra obra audiovisual.

e) "publicación" de una interpretación o ejecución fijada o de un fonograma, la oferta al público de la interpretación o ejecución fijada o del fonograma con el consentimiento del titular del derecho y siempre que los ejemplares se ofrezcan al público en cantidad suficiente; 3

f) "radiodifusión", la transmisión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos o de las representaciones de éstos, para su recepción por el público; dicha transmisión por satélite también es una "radiodifusión"; la transmisión de señales codificadas será "radiodifusión" cuando los medios de descodificación sean ofrecidos al público por el organismo de radiodifusión o con su consentimiento;

g) "comunicación al público" de una interpretación o ejecución o de un fonograma, la transmisión al público, por cualquier medio que no sea la radiodifusión, de sonidos de una interpretación o ejecución o los sonidos o las representaciones de sonidos fijadas en un fonograma. A los fines del Artículo 15, se entenderá que "comunicación al público" incluye también hacer que los sonidos o las representaciones de sonidos fijados en un fonograma resulten audibles al público.

Artículo 34

Beneficiarios de la protección en virtud del presente Tratado

1) Las Partes Contratantes concederán la protección prevista en virtud del presente Tratado a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas que sean nacionales de otras Partes Contratantes.

2) Se entenderá por nacionales de otras Partes Contratantes aquellos artistas intérpretes o ejecutantes o productores de fonogramas que satisfagan los criterios de elegibilidad de protección previstos en virtud de la Convención de Roma, en caso de que todas las Partes Contratantes en el presente Tratado sean Estados contratantes de dicha Convención. Respecto de esos criterios de elegibilidad, las Partes Contratantes aplicarán las definiciones pertinentes contenidas en el Artículo 2 del presente Tratado. 5

3) Toda Parte Contratante podrá recurrir a las posibilidades previstas en el Artículo 5.3) o, a los fines de lo dispuesto en el Artículo 5, al Artículo 17, todos ellos de la Convención de Roma, y hará la notificación tal como se contempla en dichas disposiciones, al Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Artículo 4

Trato nacional

1) Cada Parte Contratante concederá a los nacionales de otras Partes Contratantes, tal como se definió en el Artículo 3.2), el trato que concede a sus propios nacionales respecto de los derechos exclusivos concedidos específicamente en el presente Tratado, y del derecho a una remuneración equitativa previsto en el Artículo 15 del presente Tratado.

2) La obligación prevista en el párrafo 1) no será aplicable en la medida en que esa otra Parte Contratante haga uso de las reservas permitidas en virtud del Artículo 15.3) del presente Tratado.

CAPITULO II

DERECHOS DE LOS ARTISTAS INTERPRETES O EJECUTANTES

Artículo 5

Derechos morales de los artistas intérpretes o ejecutantes

1) Con independencia de los derechos patrimoniales del artistas intérprete o ejecutante, e incluso después de la cesión de esos derechos, el artista intérprete o ejecutante conservará, en lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones sonoras en directo o sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, el derecho a reivindicar ser identificado como el artista intérprete o ejecutante de sus interpretaciones o ejecuciones excepto cuando la omisión venga dictada por la manera de utilizar la interpretación o ejecución, y el derecho a oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de sus interpretaciones o ejecuciones que cause perjuicio a su reputación.

3 Declaración concertada respecto de los Artículos 2.e), 8, 9, 12 y 13: Tal como se utilizan en estos Artículos las expresiones "copias" y "original y copias", sujetas al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos Artículos, se refieren exclusivamente a copias fijadas que pueden ponerse en circulación como objetos tangibles (en esta declaración concertada, la referencia a "copias" debe ser entendida como una referencia a "ejemplares" expresión utilizada en los Artículos mencionados).

4 Declaración concertada respecto del Artículo 3º: Queda entendido que la referencia en los Artículos 5.a) y 16.a)iv) de la Convención de Roma o "nacional de otro Estado contratante", cuando se aplique a este Tratado, se entenderá respecto de una organización intergubernamental que sea Parte Contratante en el presente Tratado, una referencia a un nacional de un país que sea miembro de esa organización.

5 Declaración concertada respecto del Artículo 3.2): Queda entendido, para la aplicación del Artículo 3.2), que por fijación se entiende la finalización de la cinta matriz ("bande-mère").

 

2) Los derechos reconocidos al artista intérprete o ejecutante de conformidad con el párrafo precedente serán mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones autorizadas por la legislación de la Parte Contratante en que se reivindique la protección. Sin embargo, las Partes Contratantes cuya legislación en vigor en el momento de la ratificación del presente Tratado o de la adhesión al mismo, no contenga disposiciones relativas a la protección después de la muerte del artista intérprete o ejecutante de todos los derechos reconocidos de esos derechos no serán mantenidos después de la muerte del artista intérprete o ejecutante.

3) Los medios procesales para la salvaguardia de los derechos concedidos en virtud del presente Artículo estarán regidos por la legislación de la Parte Contratante en la que se reivindique la protección.

Artículo 6

Derechos patrimoniales de los artistas intérpretes o ejecutantes por sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas

Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho de autorizar, en lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones:

i) la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida; y

ii) la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas.

Artículo 7

Derecho de reproducción

Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción directa o indirecta de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma.6

Artículo 8

Derecho de distribución

1) Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonograma, mediante venta u otra transferencia de propiedad.

2) Nada en el presente Tratado afectará la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la interpretación o ejecución fijada con autorización del artista intérprete o ejecutante. 7

Artículo 9

Derecho de alquiler

1) Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, tal como establezca la legislación nacional de las Partes Contratantes, incluso después de su distribución realizada por el artista intérprete o ejecutante o con su autorización.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1), una Parte Contratante que al 15 de abril de 1994 tenía y continúa teniendo vigente un sistema de remuneración equitativa para los artistas intérpretes o ejecutantes por el alquiler de ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, podrá mantener ese sistema a condición de que el alquiler comercial de fonogramas no dé lugar a un menoscabo considerable de los derechos de reproducción exclusivos de los artistas intérpretes o ejecutantes. 8

Artículo 10

Derecho de poner a disposición interpretaciones o ejecuciones fijadas

Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, ya sea por hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

 

6 Declaración concertada respecto de los Artículos 7, 11 y 16; El derecho de reproducción, según queda establecido en los Artículos 7 y 11, y las excepciones permitidas en virtud de los mismos y del Artículo 16, se aplican plenamente al entorno digital, en particular a la utilización de interpretaciones o ejecuciones y fonogramas en formato digital. Queda entendido que el almacenamiento de una interpretación o ejecución protegida o de un fonograma en forma digital en un medio electrónico constituye una reproducción en el sentido de esos Artículos.

7 Declaración concertada respecto de los Artículos 2.e), 8, 9, 12 y 13: Tal como se utilizan en estos Artículos, las expresiones "copias" y "original y copias", sujetas al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos Artículos, se refieren exclusivamente a copias fijados que pueden ponerse en circulación como objetos tangibles (en esta declaración concertada, la referencia a "copias" debe ser entendida como una referencia a "ejemplares", expresión utilizada en los Artículos mencionados).

8 Declaración concertada respecto de los Artículos 2.e), 8, 9, 12 y 13: Tal como se utilizan en estos Artículos las expresiones "copias" y "original y copias", sujetas al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos Artículos, se refieren exclusivamente a copias fijadas que pueden ponerse en circulación como objetos tangibles (en esta declaración concertada, la referencia a "copias" debe ser entendida como una referencia a "ejemplares" expresión utilizada en los Artículos mencionados).

CAPITULO III

DERECHOS DE LOS PRODUCTORES DE FONOGRAMAS

Artículo 11

Derecho de reproducción

Los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas, por cualquier procedimiento o bajo cualquier forma.9

Artículo 12

Derecho de distribución

1) Los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus fonogramas mediante venta u otra transferencia de propiedad.

2) Nada en el presente Tratado afectará a la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar del fonograma con la autorización del productor de dicho fonograma.10

Artículo 13

Derecho de alquiler

1) Los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público del original y de los ejemplares de sus fonogramas incluso después de su distribución realizada por ellos mismos o con su autorización.

2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1), una Parte Contratante que al 15 de abril de 1994 tenía y continúa teniendo vigente un sistema de remuneración equitativa para los productores de fonogramas por el alquiler de ejemplares de sus fonogramas, podrá mantener ese sistema a condición de que el aler comercial de fonogramas no dé lugar a un menoscabo considerable de los derechos de reproducción exclusivos de los productores de fonogramas.11

Artículo 14

Derecho a poner a disposición los fonogramas

Los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo a autorizar la puesta a disposición del público de sus fonogramas ya sea por hilo o por medios inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 15

Derecho a remuneración por radiodifusión y comunicación al público

1) Los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas gozarán del derecho a una remuneración equitativa y única por la utilización directa o indirecta para la radiodifusión o para cualquier comunicación al público de los fonogramas publicados con fines comerciales.

2) Las Partes Contratantes pueden establecer en su legislación nacional que la remuneración equitativa y única deba ser reclamada al usuario por el artista intérprete o ejecutante o por el productor de un fonograma o por ambos. Las Partes Contratantes pueden establecer legislación nacional que, en ausencia de un acuerdo entre el artista intérprete o ejecutante y el productor del fonograma, fije los términos en los que la remuneración equitativa y única será compartida entre los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas.

 

9 Declaración concertada respecto de los Artículos 7, 11 y 16: El derecho de reproducción, según queda establecido en los Artículos 7 y 11, y las excepciones permitidas en virtud de los mismos y del Artículo 16 se aplican plenamente al entorno digital en particular a la utilización de interpretaciones o ejecuciones y fonogramas en formato digital. Queda entendido que el almacenamiento de una interpretación o ejecución protegida o de un fonograma en forma digital en un medio electrónico constituye una reproducción en el sentido de esos Artículos.

10 Declaración concertada respecto de los Artículos 2.e), 8, 9, 12 y 13: Tal como se utilizan en estos Artículos las expresiones "copias" y "original y copias", sujetas al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos Artículos se refieren exclusivamente a copias fijadas que pueden ponerse en circulación como objetos tangibles (en esta declaración concertada la referencia a "copias" debe ser entendida como una referencia a "ejemplares", expresión utilizada en los Artículos mencionados.

11 Declaración concertada respecto de los Artículos 2º.e), 8º, 9º, 12 y 13: Tal como se utilizan en estos Artículos, las expresiones "copias" y "original y copias", sujetas al derecho de distribución y al derecho de alquiler en virtud de dichos Artículos se refieren exclusivamente a copias fijadas que pueden ponerse en circulación como objetos tangibles (en esta declaración concertada, la referencia a "copias" debe ser entendida como una referencia a "ejemplares", expresión utilizada en los Artículos mencionados).

 

3) Toda Parte Contratante podrá, mediante una notificación depositada en poder del Director General de la OMPI, declarar que aplicará las disposiciones del párrafo 1) únicamente respecto de ciertas utilizaciones o que limitará su aplicación de alguna otra manera o que no aplicará ninguna de estas disposiciones.

4) A los fines de este Artículo, los fonogramas puestos a disposición del público, ya sea por hilo o por medios inalámbricos de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija, serán considerados como si se hubiesen publicado con fines comerciales.12, 13.

Artículo 16

Limitaciones y excepciones

1) Las Partes Contratantes podrán prever en sus legislaciones nacionales, respecto de la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, los mismos tipos de limitaciones o excepciones que contiene su legislación nacional respecto de la protección del derecho de autor de las obras literarias y artísticas.

2) Las Partes Contratantes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en el presente Tratado a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la intepretación o ejecución o del fonograma ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del artista intérprete o ejecutante o del productor de fonogramas.14, 15

Artículo 17

Duración de la protección

1) La duración de la protección concedida a los artistas intérpretes o ejecutantes en virtud del presente Tratado no podrá ser inferior a 50 años, contados a partir del final del año en el que la interpretación o ejecución fue fijada en un fonograma.

2) La duración de la protección que se concederá a los productores de fonogramas en virtud del presente Tratado no podrá ser inferior a 50 años, contados a partir del final del año en el que se haya publicado el fonograma o, cuando tal publicación no haya tenido lugar dentro de los 50 años desde la fijación del fonograma, 50 años desde el final del año en el que se haya realizado la fijación.

Artículo 18

Obligaciones relativas a las medidas tecnológicas

Las Partes Contratantes proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por artistas intérpretes o ejecutantes o productores de fonogramas en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado y que, respecto de sus interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, restrinjan actos que no estén autorizados por los artistas intérpretes o ejecutantes o los productores de fonogramas concernidos o permitidos por la Ley.

Artículo 19

Obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos

1) Las Partes Contratantes proporcionarán recursos jurídicos adecuados y efectivos contra cualquier persona que, con conocimiento de causa, realice cualquiera de los siguientes actos sabiendo o, con respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber que induce, permite, facilita u oculta una infracción de cualquiera de los derechos previstos en el presente Tratado:

12 Declaración concertada respecto del Artículo 15: Queda entendido que el Artículo 15 no representa una solución completa del nivel de derechos de radiodifusión y comunicación al público de que deben disfrutar los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas en la era digital. Las delegaciones no pudieron lograr consenso sobre propuestas divergentes en lo relativo a la exclusiva que debe proporcionarse en ciertas circunstancias o en lo relativo a derechos que deben preverse sin posibilidad de reservas, dejando la cuestión en consecuencia para resolución futura.

13 Declaración concertada respecto del Artículo 15: Queda entendido que el Artículo 15 no impide la concesión del derecho conferido por este Artículo a artistas intérpretes o ejecutantes de folclore y productores de fonogramas que graben folclore, cuando tales fonogramas no se publiquen con la finalidad de obtener beneficio comercial.

14 Declaración concertada respecto de los Artículos 7º, 11 y 16: El derecho de reproducción según queda establecido en los Artículos 7º y 11, y las excepciones permitidas en virtud de los mismos y del Artículo 16, se aplican plenamente al entorno digital, en particular a la utilización de interpretaciones o ejecuciones y fonogramas en formato digital. Queda entendido que el almacenamiento de una interpretación o ejecución protegida de un fonograma en forma digital en un medio electrónico constituye una reproducción en el sentido de esos Artículos.

15 Declaración concertada respecto del Artículo 16. La declaración concertada relativa al Artículo 10 (sobre limitaciones y excepciones) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor también se aplica mutis mutandis al Artículo 16 (sobre limitaciones y excepciones) del Tratado de la OMPI sobre Intepretación o Ejecución y Fonogramas. (El texto de la declaración concertada respecto del Artículo 10 del WCT tiene la redacción siguiente: "Queda entendido que las disposiciones del Artículo 10 permiten a las Partes Contratantes aplicar y ampliar debidamente las limitaciones y excepciones al entorno digital, en sus legislaciones nacionales, tal como las hayan considerado aceptables en virtud del Convenio de Berna. Igualmente, deberá entenderse que estas disposiciones permiten a las Partes Contratantes establecer nuevas excepciones y limitaciones que resulten adecuadas al entorno de red digital.

También queda entendido que el Artículo 10.2, no reduce ni amplía el ámbito de aplicabilidad de las limitaciones y excepciones permitidas por el Convenio de Berna.")

 

i) suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos;

ii) distribuya, importe para su distribución, emita, comunique o ponga a disposición del público, sin autorización, intepretaciones o ejecuciones, ejemplares de interpretaciones o ejecuciones fijadas o fonogramas sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.

2) A los fines del presente Artículo, se entenderá por "información sobre la gestión de derechos" la información que identifica al artista intérprete o ejecutante, a la intepretación o ejecución del mismo, al productor del fonograma, al fonograma y al titular de cualquier derecho sobre interpretación o ejecución o el fonograma, o información sobre las cláusulas y condiciones de la utilización de la interpretación o ejecución o del fonograma, y todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos de información esté adjunto a un ejemplar de una interpretación o ejecución fijada o a un fonograma o figuren en relación con la comunicación o puesta a disposición del público de una interpretación o ejecución fijada o de un fonograma.16

Artículo 20

Formalidades

El goce y el ejercicio de los derechos previstos en el presente Tratado no estarán subordinados a ninguna formalidad.

Artículo 21

Reservas

Con sujeción a las disposiciones del Artículo 15.3), no se permitirá el establecimiento de reservas del presente Tratado.

Artículo 22

Aplicación en el tiempo

1) Las Partes Contratantes aplicarán las disposiciones del Artículo 18 del Convenio de Berna, mutatis mutandis, a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas contemplados en el presente Tratado.

2) No obstante lo dispuesto en el párrafo 1), una Parte Contratante podrá limitar la aplicación del Artículo 5 del presente Tratado a las interpretaciones o ejecuciones que tengan lugar después de la entrada en vigor del presente Tratado respecto de esa Parte.

Artículo 23

Disposiciones sobre la observancia de los derechos

1) Las Partes Contratantes se comprometen a adoptar, de conformidad con sus sistemas jurídicos, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Tratado.

2) Las Partes Contratantes se asegurarán de que en su legislación se establezcan procedimientos de observancia de los derechos que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos a que se refiere el presente Tratado, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.

CAPITULO V

CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS Y FINALES

Artículo 24

Asamblea

1) a) Las Partes Contratantes contarán con una Asamblea.

b) Cada Parte Contratante estará representada por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

16 Declaración concertada respecto del Artículo 19: La declaración concertada relativa al Artículo 12 (sobre obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos) del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor también se aplica mutatis mutandis al Artículo 19 (sobre obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos) del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. (El texto de la declaración concertada respecto del Artículo 12 del WCT tiene la redacción siguiente: "Queda entendido que la referencia a "una infracción de cualquiera de los derechos previstos en el presente Tratado o en el Convenio de Berna" incluye tanto los derechos exclusivos como los derechos de remuneración.

Igualmente queda entendido que las Partes Contratantes no se basarán en el presente Artículo para establecer o aplicar sistemas de gestión de derechos que tuvieran el efecto de imponer formalidades que no estuvieran permitidas en virtud del Convenio de Berna o del presente Tratado, y que prohíban el libre movimiento de mercancías o impidan el ejercicio de derechos en virtud del presente Tratado.")

c) Los gastos de cada delegación correrán a cargo de la Parte Contratante que la haya designado. La Asamblea podrá pedir a OMPI que conceda asistencia financiera, para facilitar la participación de delegaciones de Partes Contratantes consideradas países en desarrollo de conformidad con la práctica establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas o que sean países en transición a una economía de mercado.

2) a) La Asamblea tratará las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo del presente Tratado, así como las relativas a la aplicación y operación del presente Tratado.

b) La Asamblea realizará la función que le sea asignada en virtud del Artículo 26.2) respecto de la admisión de ciertas organizaciones intergubernamentales para ser parte en el presente Tratado.

c) La Asamblea decidirá la convocatoria de cualquier conferencia diplomática para la revisión del presente Tratado y girará las instrucciones necesarias al Director General de la OMPI para la preparación de dicha conferencia diplomática.

3) a) Cada Parte Contratante que sea un Estado dispondrá de un voto y votará únicamente en nombre propio.

b) Cualquier Parte Contratante que sea organización intergubernamental podrá participar en la votación, en lugar de sus Estados miembros, con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean parte en el presente Tratado. Ninguna de estas organizaciones intergubernamentales podrá participar en la votación si cualquiera de sus Estados miembros ejerce su derecho de voto y viceversa.

4) La Asamblea se reunirá en período ordinario de sesiones una vez cada dos años, previa convocatoria del Director General de la OMPI.

5) La Asamblea establecerá su propio reglamento, incluida la convocatoria de períodos extraordinarios de sesiones, los requisitos de quórum y, con sujeción a las disposiciones del presente Tratado, la mayoría necesaria para los diversos tipos de decisiones.

Artículo 25

Oficina Internacional

La Oficina Internacional de la OMPI se encargará de las tareas administrativas relativas al Tratado.

Artículo 26

Elegibilidad para ser parte en el Tratado

1) Todo Estado Miembro de la OMPI podrá ser parte en el presente Tratado.

2) La Asamblea podrá decidir la admisión de cualquier organización intergubernamental para ser parte en el presente Tratado, que declare tener competencia y tener su propia legislación que obligue a todos sus Estados miembros, respecto de cuestiones cubiertas por el presente Tratado, y haya sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, para ser parte en el presente Tratado.

3) La Comunidad Europea, habiendo hecho la declaración mencionada en el párrafo precedente en la Conferencia Diplomática que ha adoptado el presente Tratado, podrá pasar a ser parte en el presente Tratado.

Artículo 27

Derechos y obligaciones en virtud del Tratado

Con sujeción a cualquier disposición que especifique lo contrario en el presente Tratado, cada Parte Contratante gozará de todos los derechos y asumirá todas las obligaciones dimanantes del presente Tratado.

Artículo 28

Firma del Tratado

Todo Estado miembro de la OMPI y la Comunidad Europea podrán firmar el presente Tratado, que quedará abierto a la firma hasta el 31 de diciembre de 1997.

Artículo 29

Entrada en vigor del Tratado

El presente Tratado entrará en vigor tres meses después de que 30 Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión en poder del Director General de la OMPI.

Artículo 30

Fecha efectiva para ser parte en el Tratado

El presente Tratado vinculará:

i) a los 30 Estados mencionados en el Artículo 29 a partir de la fecha en que el presente Tratado haya entrado en vigor;

ii) a cualquier otro Estado a partir del término del plazo de tres meses contados desde la fecha en que el Estado haya depositado su instrumento en poder del Director General de la OMPI;

iii) a la Comunidad Europea a partir del término del plazo de tres meses contados desde el depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, siempre que dicho instrumetno se haya depositado después de la entrada en vigor del presente Tratado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 o tres meses después de la entrada en vigor del presente Tratado si dicho instrumento ha sido depositado antes de la entrada en vigor del presente Tratado;

iv) cualquier otra organización intergubernamental que sea admitida a ser parte en el presente Tratado, a partir del término del plazo de tres meses contados desde el depósito de su instrumento de adhesión.

Artículo 31

Denuncia del Tratado

Cualquier parte podrá denunciar el presente Tratado mediante notificación dirigida al Director General de la OMPI. Toda denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en la que el Director General de la OMPI haya recibido la notificación.

Artículo 32

Idiomas del Tratado

1) El presente Tratado se firmará en un solo ejemplar original en español, árabe, chino, francés, inglés y ruso, considerándose igualmente auténticos todos los textos.

2) A petición de una parte interesada, el Director General de la OMPI establecerá un texto oficial en un idioma no mencionado en el párrafo 1), previa consulta con todas las partes interesadas. A los efectos del presente párrafo, se entenderá por "parte interesada" todo Estado miembro de la OMPI si de su idioma oficial se tratara, o si de uno de sus idiomas oficiales se tratara, y la Comunidad Europea y cualquier otra organización intergubernamental que pueda llegar a ser parte en el presente Tratado si de uno de sus idiomas oficiales se tratara.

Artículo 33

Depositario

El Director General de la OMPI será el depositario del presente Tratado.

Dr. Carlos Mora

Ministro

Director de Tratados.

Ministerio de Educación y Cultura

Consejo de Derechos de Autor

Montevideo, 30 de setiembre de 2005.

En relación a la solicitud de aprobación parlamentaria del "Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas y las Declaraciones Concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas", el Consejo de Derechos de Autor expresa lo siguiente.

Se comparte en lo fundamental el informe producido con fecha 25 de noviembre de 1997, en el que se expresan los fundamentos en apoyo de la ratificación del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas de 20 de diciembre de 1996.

En consecuencia, para evitar reiteraciones, el presente se circunscribe a aquellos aspectos no considerados en el mismo.

Fundamentalmente cabe referirse al hecho superviniente de la aprobación de la Ley Nº 17.616, de 10 de enero de 2003 -y su modificativa Ley Nº 17.805, de 26 de agosto de 2004-, modificativa de la Ley de Derecho de Autor Nº 9.739, de 17 de diciembre de 1937.

La misma recoge en la materia casi en su totalidad las soluciones contenidas en el Tratado cuya ratificación se propone. Por lo que se puede afirmar, que la ratificación del mismo no supondrá la necesidad de proceder a modificaciones en la normativa vigente. Es así que el artículo 39 literal A) de la ley uruguaya enmendada, consagra los derechos de reproducción, distribución, alquiler y puesta a disposición del público, previstos en los artículos 7º, 8º, 9º y 10 del Tratado. A su vez, el artículo 39 literal B) reconoce los derechos equivalentes correspondientes a los productores de fonogramas de los artículos 11 a 14 del Tratado. Y de la misma forma, el literal D) del mencionado artículo, consagra el derecho común a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, a una remuneración por radiodifusión y comunicación al público.

Los literales B) y D) del artículo 46 de la norma enmedada, contienen disposiciones respecto a la protección jurídica contra la elusión de medidas tecnológicas destinadas a la protección del ejercicio de esos derechos, así como de la información sobre la gestión de los mismos, en consonancia con las obligaciones al respecto previstas en los artículos 18 y 19 del Tratado.

Tampoco se generarán con la ratificación del Tratado, situaciones de incompatibilidad o incoherencia con la normativa nacional vigente, que den lugar a esfuerzos o conflictos interpretativos. Por el contrario, la claridad y rigor de las definiciones y de los términos usados, especialmente en lo concerniente a los derechos consagrados a los artistas intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas, así como el texto de las Declaraciones Concertadas respectivas, contribuirán a despejar dudas en cuanto a su alcance, evitando situaciones de incertidumbre.

Además, la elaboración y discusión del mencionado instrumento, supuso un exhaustivo y calificado esfuerzo del que participaron destacados expertos de numerosas nacionalidades y representantes de los diversos intereses, el que proporciona un material doctrinario de indudable valor para la tarea de los operadores jurídicos.

Finalmente cabe expresar que sería deseable la consideración conjunta del presente instrumento con el similar Tratado de la OMPI de 1996 sobre Derechos de Autor ya en consideración del Parlamento.

Dr. Alfredo Scafati

Presidente

Consejo de Derecho de Autor.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Internacionales ha procedido al estudio del proyecto de ley por el cual se busca la ratificación legislativa del "Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas y las Declaraciones Concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas" firmado por nuestro país el 8 de enero de 1997.

El presente Tratado tiene el cometido de actualizar la normativa internacional que rige la materia a causa de la aparición de adelantos científico-tecnológicos que impactan fuertemente en el desarrollo de la actividad. En su texto, el Tratado busca brindar protección tanto a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas. La regulación de los derechos de estos dos grupos de beneficiarios están abordados en el mismo instrumento por su vinculación evidente.

En relación a los artistas intérpretes o ejecutantes, los derechos incluyen tanto los derechos morales (Art. 5º) como los patrimoniales (Arts. 6º y ss). En el citado artículo 5º se incluye la posibilidad de reivindicar la identificación como el artista intérprete o ejecutante y el derecho a oponerse a cualquier deformación o mutilación de la obra.

Con respecto a los derechos patrimoniales, se establecen condiciones diferentes respecto a las interpretaciones o ejecuciones no fijadas o en directo (Art. 6º) y a las obras fijadas en fonogramas, para las que se incluye el derecho de reproducción (Art. 7º), de distribución (Art. 8º), el derecho de alquiler comercial (Art. 9º) y el derecho de puesta a disposición (Art. 10). Con respecto a las ejecuciones no fijadas, en el mencionado artículo 6º se establece el derecho de radiodifusión y la comunicación al público, y el derecho de fijación.

En lo concerniente a los productores de fonogramas, el Capítulo III del Tratado ampara los siguientes derechos: de reproducción (Art. 11), de distribución (Art. 12), de alquiler (Art. 13) y el de puesta a disposición de los fonogramas (Art. 14).

Si bien el Tratado obliga a las Partes a adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación de sus disposiciones, la ratificación del mismo no implicará modificaciones de la normativa vigente. En efecto, nuestro país, con la aprobación de la Ley Nº 17.616 ha incorporado a su legislación prácticamente en su totalidad las soluciones que el Tratado contiene.

El instrumento en estudio constituye un marco jurídico adecuado que mantiene el equilibrio necesario entre la protección de los derechos de artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, y los intereses del público, particularmente los relacionados a la educación, el conocimiento y la información, por lo que se sugiere su ratificación legislativa.

Sala de la Comisión, 5 de octubre de 2006.

Enrique Rubio, Miembro Informante; Carlos Baráibar, Carlos Camy, Al-berto Couriel, Luis Alberto Heber, Jorge Larrañaga, Julio María Sanguinetti. Senadores.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA Nº 40

En Montevideo, el día cinco de octubre del año dos mil seis, a la hora diecisiete y cinco minutos se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros los señores Senadores Carlos Camy, Carlos Baráibar, Luis Alberto Heber, Jorge Larrañaga, Enrique Rubio y Julio María Sanguinetti.

Faltan con aviso los señores Senadores José Korzeniak y Rafael Michelini.

Preside el señor Senador Alberto Couriel, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría, el señor Secretario de Comisión Julio Durán, con la colaboración del Oficial II, señor Fabio Rodríguez.

De lo actuado se tomó versión taquigráfica cuya copia dactilográfica luce en el Distribuido Nº 1233/2006 que forma parte integrante de la presente Acta.

Abierto el acto, se pasa a considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ASUNTOS ENTRADOS:

CARPETA Nº 601/2006. CONVENCION SOBRE LA PROTECCION Y PROMOCION DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES Y SU ANEXO, ADOPTADA EL 20 DE OCTUBRE DE 2005 EN OCASION DE LA 33ª REUNION DE LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA CELEBRADA EN PARIS, EN OCTUBRE DE 2005. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1180/2006.

CARPETA Nº 641/2006. SEÑOR JORGE MEYER LONG. Solicitud de acuerdo para acreditarlo en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la Federación Rusa. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1203/2006.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1.- CARPETA Nº 314/2005. CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACION DE RUSIA, SOBRE LA COOPERACION EN LA LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILICITO Y EL USO INDEBIDO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, SUSCRITO EN MOSCU EL 2 DE JULIO DE 2002. REITERACION DEL MENSAJE DE FECHA 20 DE MAYO DE 2004. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 397/2005.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Jorge Larrañaga.

2.- CARPETA Nº 413/2005. CONVENIO DE MONTREAL DE 1999 PARA LA UNIFICACION DE CIERTAS REGLAS PARA EL TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, en reiteración del Mensaje de fecha 23 de marzo de 2004. Distribuido Nº 636/2005.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Jorge Larrañaga.

3.- CARPETA Nº 424/2005. PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO DE COOPERACION EDUCACIONAL, CIENTIFICA, TECNOLOGICA Y CULTURAL ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, SUSCRITO EN MONTEVIDEO, EL 15 DE DICIEMBRE DE 2003. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Protocolo. Distribuido Nº 654/2005.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Alberto Couriel.

4.- CARPETA Nº 459/2006. ACUERDO SOBRE EXENCION DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EFECTOS DE INMIGRACION ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR. Medidas tendientes a facilitar el tránsito de los nacionales de los Estados Partes. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 730/2006.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Luis Alberto Heber.

5.- CARPETA Nº 476/2006. CONVENIO PARA EL DESARROLLO SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, SUSCRITO EN MONTEVIDEO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2005. Mensaje y Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 783/2006.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Carlos Baráibar.

6.- CARPETA Nº 498/2006. CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EN EL AREA DE VIVIENDA, SUSCRITO EN CARACAS EL 14 DE MARZO DE 2006. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Convenio. Distribuido Nº 842/2006.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Carlos Baráibar.

7.- CARPETA Nº 506/2006. ACUERDO REGIONAL DE COOPERACION PARA LA PROMOCION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA NUCLEARES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE (ARCAL) SUSCRITO EN VIENA EL 25 DE SETIEMBRE DE 1998. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 866/2006.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Alberto Couriel.

8.- CARPETA Nº 385/2005. TRATADO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DECLARACIONES CONCERTADAS RELATIVAS AL MISMO, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE GINEBRA, EL 8 DE ENERO DE 1997. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 606/2005.

Informa sobre el referido Tratado el señor Senador Enrique Rubio.

9.- CARPETA Nº 411/2005. TRATADO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) SOBRE INTERPRETACION O EJECUCION Y FONOGRAMAS Y LAS DECLARACIONES CONCERTADAS RELATIVAS AL TRATADO DE LA OMPI SOBRE INTERPRETACION O EJECUCION Y FONOGRAMAS. CONFERENCIA. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 637/2005.

Informa sobre el referido Tratado el señor Senador Enrique Rubio.

10.- CARPETA Nº 555/2006. PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO DE COOPERACION EN MATERIA DE COMUNICACION ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, SUSCRITO EL 1º DE ABRIL DE 2005 EN BRASILIA. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 976/2006.

Informa sobre el referido Acuerdo el señor Senador Alberto Couriel.

11.- CARPETA Nº 592/2006. CONVENCION PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL APROBADO EL 17 DE OCTUBRE DE 2003 EN OCASION DE LA 32ª CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto de la Convención. Distribuido Nº 1025/2006.

Informa sobre la referida Convención el señor Senador Enrique Rubio.

12.- CARPETA Nº 601/2006. CONVENCION SOBRE LA PROTECCION Y PROMOCION DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES Y SU ANEXO, ADOPTADA EL 20 DE OCTUBRE DE 2005 EN OCASION DE LA 33ª REUNION DE LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA CELEBRADA EN PARIS, EN OCTUBRE DE 2005. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1180/2006.

Informa sobre la referida Convención el señor Senador Alberto Couriel.

RESOLUCIONES:

1.- CARPETA Nº 385/2005. TRATADO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DECLARACIONES CONCERTADAS RELATIVAS AL MISMO, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE GINEBRA, EL 8 DE ENERO DE 1997. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 606/2005.

Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Enrique Rubio.

2.- CARPETA Nº 411/2005. TRATADO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) SOBRE INTERPRETACION O EJECUCION Y FONOGRAMAS Y LAS DECLARACIONES CONCERTADAS RELATIVAS AL TRATADO DE LA OMPI SOBRE INTEPRETACION O EJECUCION Y FONOGRAMAS. CONFERENCIA. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 637/2005.

Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Enrique Rubio.

3.- CARPETA Nº 555/2006. PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO DE COOPERACION EN MATERIA DE COMUNICACION ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, SUSCRITO EL 1º DE ABRIL DE 2005 EN BRASILIA. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 976/2006.

Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Alberto Couriel.

4.- CARPETA Nº 592/2006. CONVENCION PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL APROBADO EL 17 DE OCTUBRE DE 2003 EN OCASION DE LA 32ª CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto de la Convención. Distribuido Nº 1025/2006.

Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Enrique Rubio.

5.- CARPETA Nº 601/2006. CONVENCION SOBRE LA PROTECCION Y PROMOCION DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES Y SU ANEXO, ADOPTADA EL 20 DE OCTUBRE DE 2005 EN OCASION DE LA 33ª REUNION DE LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA CELEBRADA EN PARIS EN OCTUBRE DE 2005. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1180/2006.

Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Alberto Couriel.

A la hora diecisiete y cincuenta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman el señor Presidente y el señor Secretario.

Alberto Couriel Presidente

Julio Durán Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: si bien no soy el Miembro Informante -lo es el señor Senador Rubio, que en este momento no está en Sala-, voy a intentar dar una mano para comenzar a analizar este tema.

Tenemos en consideración el Tratado de la Organiza-ción Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas y las Declaraciones Concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, que intenta ponernos al día con la modernidad en materia de propiedad intelectual.

Tal como saben los señores Senadores, la propiedad intelectual ha sido uno de los temas definidos en la Organización Mundial de Comercio, que incluye a los derechos de autor, las marcas y las patentes. En este caso, el Uruguay ha acompañado en su legislación nacional, en forma muy eficiente, las distintas áreas vinculadas a estos temas. Por las disposiciones del Convenio de París y, además, por la modernidad con que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual va avanzando en todo esto, el tema relacionado con los derechos de autor sí tiene una real importancia y no está siendo exclusivamente manejado en la Organización Mundial de Comercio. En este sentido, es importante que el Uruguay firme este Tratado -que reitera uno ya firmado en la otra Administración-, en la medida en que va progresando en modernidad y en protección de los derechos de propiedad intelectual, en el caso concreto, de intérpretes y fonogramas, que son los avances que la tecnología va definiendo.

Como reflexión principal, debemos hacer referencia a una cláusula que los señores Senadores conocen muy bien, que es la referida al trato nacional, es decir que a través de la legislación internacional y nacional se obliga a que se dé el mismo trato a los intérpretes nacionales que a los internacionales. En este caso, existe la posibilidad de la reserva de cada país para poder excepcionarse de acuerdo con determinados fundamentos. Es importante resaltar esto porque, precisamente, se busca que cada país vaya legislando en función de su propia necesidad.

De manera que este Tratado es un avance en la modernidad de la protección del derecho de propiedad intelectual y, entre otras cosas, también es una derivación de nuestra protección constitucional plasmada en el artículo 133, que se refiere a la protección intelectual respecto de los ciudadanos del país.

Por lo expuesto, creo que es importante votar este Tratado que, además, acompaña a otras normas que se van agregando habida cuenta de la modernidad que va contemplando la protección intelectual y, sobre todo, los fonogramas fijados y no fijados, así como los derechos del intérprete.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: agradezco las expresiones del señor Senador Abreu quien, como siempre, ha demostrado su solvencia.

Aunque creo que el señor Senador lo ha expresado, debo señalar que mediante esta iniciativa Uruguay se pone al día con sus compromisos internacionales, suscribiendo este tipo de acuerdos, aunque en realidad esto ya fue incorporado a la legislación. En nuestro país tenemos una nueva legislación en materia de derechos de autor y de propiedad intelectual. Todos los capítulos relativos a la propiedad intelectual han sido actualizados, fundamentalmente en lo que refiere a los derechos de autor, a las patentes, a las marcas, etcétera, siguiendo la línea de los compromisos más importantes desde este punto de vista y de lo que surgió en 1994 de los Acuerdos de Marrakesh y de los ADPIC.

Mediante este proyecto de ley que vamos a votar -de acuerdo con lo que propone el Poder Ejecutivo, lo que aconseja la Comisión y lo que a su vez sugieren los sectores que trabajan en lo relativo a los derechos de autor-, nos estaremos actualizando en la materia. La Ley Nº 17.616, de 10 de enero de 2003, y la Ley Nº 17.805, de 26 de agosto de 2004, que modifica la anterior y actualiza algún aspecto en materia de derechos de autor, ya nos pusieron al día desde este punto de vista.

Se ha repartido un informe del doctor Alfredo Sacafati, Presidente del Consejo de Derechos de Autor, donde manifiesta su acuerdo. Asimismo, la iniciativa ha sido acompañada por unanimidad en la Comisión, por lo que estimamos que no habría dificultades en aprobarla inmediatamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑORA SECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Apruébase el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas y las Declaraciones Concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, adoptado en la Conferencia Diplomática sobre ciertas cuestiones de Derecho de Autor y Derechos Conexos, suscrito por la República en Ginebra, el 8 de enero de 1997"

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que será enviado a la Cámara de Representantes.

(No se publica el proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

21) ACUERDO DE COOPERACION EN MATERIA DE COMUNICACION ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, SUSCRIPTO EL 1º DE ABRIL DE 2005 EN BRASILIA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en noveno término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación en materia de Comunicación entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil suscripto el 1º de abril de 2005 en Brasilia, República Federativa del Brasil. (Carp. Nº 555/05 - Rep. Nº 329/06)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 555/05

Rep. Nº 329/06

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Montevideo, 22 de junio de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 numeral 7 y 168 numeral 20 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación en materia de Comunicación entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil suscripto el 1º de abril de 2005 en Brasilia, República Federativa del Brasil.

Este Acuerdo, que consta de un preámbulo y siete artículos, tiene por objetivo establecer el marco de cooperación entre las Partes en actividades de mutuo interés, con el propósito de promover el desarrollo y el uso regional de los medios de comunicación social del Estado (artículo 1º).

En el artículo 2º se enumeran diversas actividades que la cooperación en esta materia podrá incluir. Entre ellas se destacan: el intercambio de informaciones, análisis y pronósticos de los medios de comunicación social de las partes, incluyendo pronósticos para el corto, mediano y largo plazo; la difusión de información oficial emanada de los organismos competentes de ambos Estados, actividades culturales, lugares de interés turístico, aspectos de la historia de ambos países, así como programas de divulgación científica, académica y universitaria y el intercambio de contenidos que fortalezcan y enaltezcan las relaciones entre ambos países; la elaboración de actividades de formación y capacitación técnica y de materiales educativos destinados a fortalecer las capacidades institucionales y a promover la creación de medios comunitarios y alternativos; el intercambio entre universidades, instituciones y organizaciones públicas, de información científica y tecnológica, métodos de investigación y desarrollo, así como de sus resultados y el desarrollo de acuerdos específicos de cooperación estratégica en el campo de las agencias de noticias, radio y televisión, incluyendo otras manifestaciones artísticas, periodísticas y técnicas en el área de los audiovisuales.

Para la coordinación, seguimiento y ejecución de los compromisos derivados del Acuerdo, son designados el Ministerio de Educación y Cultura por la Parte uruguaya y por la brasileña la Secretaría de Comunicación de Gobierno y Gestión Estratégica (SECOM y RADIOBRAS - Empresa Brasileña de Comunicaciones S.A. (artículo 3º).

Las Partes otorgarán protección adecuada y efectiva a la propiedad intelectual y derechos conexos creados o proporcionados al amparo del Acuerdo, de conformidad con la legislación interna y con las convenciones internacionales de que sean parte (artículo 4º).

A menos que las Partes, o sus órganos ejecutores, acordaren de otra forma, todos los gastos que resultaren de las actividades de cooperación reguladas en el presente Acuerdo serán cubiertos por la Parte que las realizare (artículo 5º).

Las controversias que puedan surgir a partir de la interpretación y/o aplicación del Acuerdo serán solucionadas por las Partes mediante consultas directas por vía diplomática (artículo 6º).

En razón de la importancia que reviste la materia sobre la que trata este Acuerdo y de las potenciales virtualidades que reviste, el Poder Ejecutivo solicita a ese Alto Cuerpo la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Mario Bergara, Jorge Brovetto, Jorge Lepra.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Industria, Energía y Minería

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo de Cooperación en materia de Comunicación entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil suscripto en Brasilia, República Federativa del Brasil, el 1º de abril de 2005.

Reinaldo Gargano, Mario Bergara, Jorge Brovetto, Jorge Lepra.

ACUERDO DE COOPERACION EN MATERIA DE COMUNICACION ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, en adelante denominados "las Partes";

Teniendo en cuenta los vínculos históricos y de amistad que unen a sus pueblos y el espíritu solidario de hermandad que existe entre ambos Gobiernos;

Conscientes de la importancia que el actual, extraordinario desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones impone la necesidad de afianzar y promover la cooperación regional y la integración en esta área;

Convencidos que la integración en el campo de las comunicaciones, mediante el uso, intercambio y acceso a la información generada en cada uno de sus países, conlleva importantes beneficios para el desarrollo integral de los pueblos de América Latina;

Resaltando el compromiso manifestado por los Jefes de Estado con la creación de un sistema de cooperación televisiva, radiofónica y de comunicaciones vía electrónica, para la divulgación de informaciones a los pueblos de América del Sur;

Acordaron lo siguiente:

ARTICULO 1º

1. El presente Acuerdo tiene por objetivo establecer el marco de cooperación entre las Partes en actividades de mutuo interés, con el propósito de promover el desarrollo y el uso regional de los medios de comunicación social del Estado.

2. Las actividades de cooperación en el ámbito de este Acuerdo serán ejecutadas sobre la base de los principios de igualdad, reciprocidad en beneficio mutuo de las Partes.

ARTICULO 2º

La cooperación entre las Partes prevista en este Artículo podrá incluir las siguientes actividades:

a) Intercambio de informaciones, análisis y pronósticos de los medios de comunicación social de las Partes, incluyendo pronósticos para el corto, mediano y largo plazo;

b) Difusión de información oficial emanada de los organismos competentes de ambos Estados, actividades culturales, lugares de interés turístico, aspectos de la historia de ambos países, así como programas de divulgación científica, académica y universitaria y el intercambio de contenidos que fortalezcan y enaltezcan las relaciones entre ambos países;

c) Elaboración de actividades de formación y capacitación técnica y de materiales educativos destinados a fortalecer las capacidades institucionales y a promover la creación de medios comunitarios y alternativos;

d) Intercambio entre universidades, instituciones y organizaciones públicas, de información científica y tecnológica, métodos de investigación y desarrollo, así como de sus resultados;

e) Organización de seminarios y de otros encuentros sobre temas en el área de las comunicaciones, seleccionados por acuerdo mutuo;

f) Desarrollo de acuerdos específicos de cooperación estratégica en el campo de las agencias de noticias, radio y televisión, incluyendo otras manifestaciones artísticas, periodísticas y técnicas en el área de los audiovisuales;

g) Otras actividades que las Partes acuerden por escrito, por medio de sus organismos competentes.

ARTICULO 3º

1. Para la coordinación, seguimiento y ejecución de los compromisos derivados del presente Acuerdo, el Gobierno de la República Oriental del Uruguay designa al Ministerio de Educación y Cultura y el Gobierno de la República Federativa del Brasil designa a la Secretaría de Comunicación de Gobierno y Gestión Estratégica (SECOM ) y a RADIOBRAS - Empresa Brasileña de Comunicaciones S.A.

2. A fin de impulsar el cumplimiento del presente Acuerdo y cuando lo consideren conveniente, las Partes se reunirán alternativamente en Montevideo y en Brasilia, o en cualquier otra ciudad de los Estados Partes, manteniendo el principio de la alternancia.

ARTICULO 4º

1. Las Partes otorgarán protección adecuada y efectiva a la propiedad intelectual y derechos conexos creados o proporcionados al amparo del presente Acuerdo, de conformidad con la legislación interna y con las convenciones internacionales de que sean parte.

3. En caso de una información dada o generada en el contexto del presente Acuerdo sea identificada como "información de carácter confidencial", cada una de las Partes y sus órganos ejecutores protegerán tal información de conformidad con sus leyes, reglamentos y prácticas administrativas aplicables.

ARTICULO 5º

1. A menos que las Partes, o sus órganos ejecutores, acordaren de otra forma, todos los gastos que resultaren de las actividades de cooperación reguladas en el presente Acuerdo serán cubiertos por la Parte que las realizare.

2. Cada una de las Partes conducirá las actividades contempladas en este Acuerdo de conformidad con su ordenamiento jurídico y promoverá los recursos humanos y financieros necesarios, según su disponibilidad.

ARTICULO 6º

Las controversias que puedan surgir a partir de la interpretación y/o aplicación del presente Acuerdo serán solucionadas por las Partes mediante consultas directas por vía diplomática.

ARTICULO 7º

1. El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la segunda notificación en que una de las Partes comunique a la otra el cumplimiento de los requisitos legales internos para su aprobación. Tendrá vigencia de cinco (5) años y será renovado automáticamente por sucesivos períodos de doce (12) meses, en caso de que no sea denunciado por cualquiera de las Partes, por escrito y por la vía diplomática. La denuncia surtirá efecto transcurridos noventa (90) días a partir de la notificación.

La denuncia de este Acuerdo no afectará la conclusión de proyectos o programas en ejecución.

2. Este Acuerdo podrá ser enmendado por consentimiento mutuo de las Partes. Las enmiendas entrarán en vigor en los términos del párrafo 1 de este Artículo.

Hecho en Brasilia, el 1º de abril de 2005, en dos ejemplares originales en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

 

 

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Internacionales ha considerado el proyecto de ley mediante el cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación en Materia de Comunicación entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil, suscrito en la ciudad de Brasilia, el 1º de abril de 2005.

En el presente Acuerdo la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil (las Partes) establecen como objetivo establecer un marco de cooperación para promover el desarrollo y uso regional de los medios de comunicación social del Estado.

Movidos por el creciente y extraordinario desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones se surge la necesidad de promover la cooperación e integración a este nivel.

El acceso a la información, su intercambio y su difusión son factores que colaboran en el desarrollo integral de las sociedades. Por otro lado, un acuerdo de estas características no sólo será beneficioso para las Partes sino para otros países de América Latina.

Los Jefes de Estado han manifestado su interés y compromiso para el desarrollo de un sistema de cooperación televisiva, radiofónica y de comunicaciones vía electrónica para la divulgación de información a toda América del Sur.

El Acuerdo, en su artículo 2º, resalta las actividades que podrán ser incluidas: intercambio de información, análisis y pronósticos de los medios de comunicación social (para el corto, mediano y largo plazo), difusión de información oficial, de actividades culturales, de lugares de interés turístico, aspectos históricos, programas de divulgación científica, académica y universitaria; también elaboración de actividades de formación y capacitación técnica, materiales educativos y, además, promover la creación de medios comunitarios y alternativos; intercambio entre universidades y otras instituciones públicas, de información científica y tecnológica; organización de seminarios y otras reuniones sobre comunicaciones; y desarrollar acuerdos específicos de cooperación estratégica en el campo de las agencias de noticias, radio y televisión (incluye, además, manifestaciones artísticas, periodísticas y técnicas audiovisuales). El último punto del artículo deja la posibilidad de realizar futuras actividades que las Partes puedan acordar.

El artículo 3º se refiere a la coordinación seguimiento y ejecución de los compromisos que derivan del Acuerdo, quedando establecido el Ministerio de Educación y Cultura por Uruguay y la Secretaría de Comunicación de Gobierno y Gestión Estratégica (SECOM) y RADIOBRAS - Empresa Brasileña de Comunicaciones S.A. por Brasil.

En los artículos siguientes se establecen las garantías de protección de la propiedad intelectual, de informaciones de "carácter confidencial", se establecen las obligaciones con respecto a los gastos que puedan significar las actividades, así como la solución de controversias o de interpretación del presente Acuerdo.

En el entendido que nuestro país se verá altamente beneficiado con un acuerdo de estas características con un país de alto desarrollo tecnológico y de contenidos en los medios de comunicación, como es Brasil, es que recomendamos al Cuerpo su aprobación.

Sala de la Comisión, 5 de octubre de 2006.

Alberto Couriel, Miembro Informante; Carlos Baráibar, Carlos Camy, Luis Alberto Heber, Jorge Larrañaga, Enrique Rubio, Julio María Sanguinetti. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Tal como el señor Presidente lo estableció, se trata del Acuerdo de Cooperación en materia de Comunicación entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil, suscrito el 1º de abril de 2005 en Brasilia. Es un acuerdo marco cuyo objetivo central es la cooperación para promover el desarrollo y el uso regional de los medios de comunicación social. Sin duda, dado el avance en materia de desarrollo tecnológico de las comunicaciones, estos elementos de cooperación e inte-gración cumplen un papel central para el relacionamiento y la profundización de los intercambios entre Uruguay y Brasil.

Se trata, también, de un sistema de cooperación televisiva, radiofónica y de comunicaciones vía electrónica, para la divulgación de información a toda América del Sur. Básicamente, las actividades que podrán ser incluidas abarcan el intercambio de información, análisis y pronóstico de los medios de comunicación social, la difusión de información oficial de actividades culturales, de lugares de interés turístico, de aspectos históricos, programas de divulgación científica, académica y universitaria, elaboración de actividades de formación y capacitación técnica, materiales educativos y también promover la creación de medios comunitarios y alternativos, intercambio entre Universidades y otras instituciones públicas de formación científica y tecnológica, organización de seminarios y otras reuniones sobre comunicaciones, y desarrollar acuerdos específicos de cooperación estratégica en el campo de las agencias de noticias, radio y televisión.

Este acuerdo marco fue aprobado, por unanimidad, en la Comisión de Asuntos Internacionales y estamos proponiendo que lo mismo ocurra en el Plenario del Senado.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 18 en 19. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo de Cooperación en materia de Comunicación entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil suscripto en Brasilia, República Federativa del Brasil, el 1º de abril de 2005".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

22) CONVENCION PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL APROBADO EN OCASION DE LA 32ª CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en décimo lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, suscrita en ocasión de la 32ª Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en París, en octubre de 2003. (Carp.  Nº 592/06 - Rep. Nº 330/06)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 592/06

Rep. Nº 330/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, hecha el 17 de octubre de 2003, en ocasión de la 32ª Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en la ciudad de París, del 29 de setiembre al 17 de octubre de 2003.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 2 de agosto de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 16 de enero de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobada el 17 de octubre de 2003 en ocasión de la 32ª Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura celebrada en la ciudad de París del 29 de setiembre al 17 de octubre de 2003.

Esta Convención consta de un preámbulo y 40 artículos.

I. ANTECEDENTES

En el primer semestre del año 2002, diversos Grupos de Expertos estudiaron los aspectos legales y terminológicos, a instancias del Director General de la UNESCO, D. Koichiro Matsuura, a fin de preparar un texto de anteproyecto de Convención destinado a la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Intangible (luego inmaterial). Como resultado del trabajo de los Grupos de Expertos Redactores se plasmó en un Documento (CLT -2002/Con.203/3 de 26.07.2002), el primer Anteproyecto de Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial.

La Primera Sesión de la Reunión de Expertos Intergu-bernamentales sobre el Anteproyecto de Convención, se realizó del 23 al 27 de setiembre de 2002, en la sede de la UNESCO, y participó en ella la Delegación Permanente de la República ante la UNESCO. Esa reunión tuvo como finalidad concretar el campo de aplicación de la Convención y comenzar a analizar el texto mencionado.

Posteriormente se realizaron dos Sesiones adicionales de Expertos Intergubernamentales. En ambas reuniones -Segunda y Tercera Sesión- también participó la Delegación Permanente de la República ante la UNESCO. En la tercera Sesión se entendió conveniente tener en cuenta la dimensión tradicional del patrimonio cultural inmaterial, como un sentimiento de continuidad y de cohesión en las propias comunidades.

Cabe citar también como antecedente, el llamado "Consenso de Cusco", documento aprobado por los países integrantes del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, que se reunieron en la ciudad de Cusco, del 23 al 24 de mayo de 2003, en ocasión de celebrarse la XVII Cumbre del Grupo de Río, reunión en la que participó un Delegado de la República. En el citado documento, en su punto Nº 28 se establece que: "Enfatizamos la importancia que reviste para la preservación y la revitalización del rico patrimonio inmaterial de nuestros pueblos, en la reafirmación de sus respectivas identidades culturales y en el desarrollo de la región. En ese sentido, nos comprometemos a impulsar la culminación del proceso de negociaciones que conduzca a la adopción de una Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial".

II COMENTARIOS SOBRE LA CONVENCION PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

Esta Convención constituye un complemento necesario y eficiente para la comunidad internacional de la "Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural" (1972), que se ocupa de los monumentos históricos y los sitios naturales y de la que el Uruguay es Parte desde el 9 de junio de 1989.

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial es un nuevo texto normativo que hace referencia y protege a las Tradiciones y Expresiones Orales, la Lengua, las Artes y el Espectáculo, las Prácticas Sociales, Rituales y Eventos Festivos, Conocimientos y Prácticas relativas a la Naturaleza y al Universo. Esta Convención está basada en la importancia del patrimonio cultural inmaterial considerándolo como un crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible, tal como fuera referido en la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural (2001). Tiene como fin la salvaguardia y respeto del Patrimonio Cultural Inmaterial de las comunidades, grupos e individuos y la sensibilización interna e internacional, de su importancia y de la cooperación y asistencia internacional al respecto.

La Convención comentada comprende nueve capítulos: Disposiciones generales, Organos de la Convención, Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en el plano nacional, Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en el plano internacional, Cooperación y Asistencia Internacionales, Fondo del Patrimonio Cultural Inmaterial, Informes y Cláusula Transitoria.

La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación ha indicado que este texto "debe ser ratificado por nuestro país a los efectos de su aplicación para garantizar en el plan nacional la salvaguardia del Patrimonio Cultural, así como también reforzar las identidades locales y nacionales".

El hecho de que el concepto de patrimonio inmaterial no se encuentra recogido en la legislación nacional respectiva hace que la ratificación de esta Convención sea particularmente indicada.

La ratificación de esta Convención implicaría para la República la posibilidad de incluir en la lista representativa del patrimonio oral e inmaterial el candombe y otras formas de expresiones artísticas y culturales de nuestro país, lo que representaría no sólo un reconocimiento de la cultura uruguaya sino que tendría repercusiones positivas en la industria del turismo especialmente en la de carácter cultural.

Entre las medidas que prevé la Convención figuran la elaboración y el mantenimiento de inventarios nacionales de los elementos culturales que deben protegerse y el establecimiento de dos listas, una representativa del patrimonio inmaterial de la humanidad y otra en la que figuren los elementos de ese patrimonio cuya salvaguardia se considera urgente (artículos 12, 16 y 17).

La UNESCO ha indicado las siguientes ventajas y beneficios que se derivarían de la ratificación de esta Convención:

- Garantizar en el plano internacional y nacional la salvaguardia del patrimonio cultural a efectos de su continuidad, transmisión, valorización y conocimiento científico.

- Contribuir en el plano sociocultural al desarrollo económico sostenible del país o la región correspondientes.

- Reforzar las identidades locales y nacionales, así como la apertura y el respeto a la diversidad cultural, que es un inestimable factor de equilibrio no sólo frente a la mundialización socioeconómica contemporánea, sino también frente a los accesos de intolerancia.

- Propiciar la continuidad sociocultural entre las generaciones pasadas, presentes y venideras.

- Fomentar y orientar un turismo que respete el patrimonio cultural inmaterial en su calidad de fuente de identidad y cohesión social, así como de respeto y valorización de la diversidad cultural.

- Beneficiarse de la red de Estados Partes en la Convención que aplican en la práctica la cooperación internacional, la asistencia y el intercambio de experiencias.

Todo Estado que sea Parte en la Convención de 2003, tiene derecho a contar con el cumplimiento de los compromisos recíprocos de los demás Estados Partes relativos a los distintos contenidos y modalidades de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial establecidos como "principios" por la Convención.

En relación a la contribución financiera a la Convención, existe la posibilidad de no considerarse obligado por el artículo 26, parágrafo 2 del instrumento pero de cualquier modo, la contribución anual no superaría los tres mil dólares estadounidenses. La contrapartida en proyectos y programas así como las repercusiones en materia de turismo cultural compensarían con creces dicho monto.

III. CONCLUSION

En virtud de las razones antes expuestas, el Poder Ejecutivo estima conveniente y útil para los intereses protegidos, es decir, el Patrimonio Cultural Inmaterial, la aprobación de la presente Convención, por lo que se solicita al Poder Legislativo la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Jorge Brovetto.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 16 de enero de 2006.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, hecha el 17 de octubre de 2003 en ocasión de la 32ª Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en la ciudad de París del 29 de setiembre al 17 de octubre de 2003.

Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Jorge Brovetto.

CONVENCION PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, denominada en adelante "la UNESCO", en su 32ª reunión, celebrada en París del veintinueve de setiembre al diecisiete de octubre de 2003,

Refiriéndose a los instrumentos internacionales existentes en materia de derechos humanos, en particular a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

Considerando la importancia que reviste el patrimonio cultural inmaterial, crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible, como se destaca en la Recomendación de la UNESCO sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular de 1989, así como en la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural de 2001 y en la Declaración de Estambul de 2002, aprobada por la Tercera Mesa Redonda de Ministros de Cultura.

Considerando la profunda interdependencia que existe entre el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio material cultural y natural.

Reconociendo que los procesos de mundialización y de transformación social por un lado crean las condiciones propicias para un diálogo renovado entre las comunidades pero por el otro también traen consigo, al igual que los fenómenos de intolerancia, graves riesgos de deterioro, desaparición y destrucción del patrimonio cultural inmaterial, debido en particular a la falta de recursos para salvaguardarlo.

Consciente de la voluntad universal y la preocupación común de salvaguadar el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Reconociendo que las comunidades, en especial las indígenas, los grupos y en algunos casos los individuos desempeñan un importante papel en la producción, la salvaguardia, el mantenimiento y la recreación del patrimonio cultural inmaterial, contribuyendo con ello a enriquecer la diversidad cultural y la creatividad humana.

Observando la labor trascendental que realiza la UNESCO en la elaboración de instrumentos normativos para la protección del patrimonio cultural, en particular la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972.

Observando además que todavía no se dispone de un instrumento multilateral de carácter vinculante destinado a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial.

Considerando que convendría mejorar y completar eficazmente los acuerdos, recomendaciones y resoluciones internacionales existentes en materia de patrimonio cultural y natural mediante nuevas disposiciones relativas al patrimonio cultural inmaterial.

Considerando la necesidad de suscitar un mayor nivel de conciencia, especialmente entre los jóvenes, de la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su salvaguardia.

Considerando que la comunidad internacional debería contribuir, junto con los Estados Partes en la presente Convención, a salvaguardar ese patrimonio, con voluntad de cooperación y ayuda mutua.

Recordando los programas de la UNESCO relativos al patrimonio cultural inmaterial, en particular la Proclamación de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad.

Considerando la inestimable función que cumple el patrimonio cultural inmaterial como factor de acercamiento, intercambio y entendimiento entre los seres humanos,

Aprueba en este día diecisiete de octubre de 2003 la presente Convención.

I. Disposiciones generales

Artículo 1º: Finalidades de la Convención

La presente Convención tiene las siguientes finalidades:

a) la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial;

b) el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos de que se trate;

c) la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco;

d) la cooperación y asistencia internacionales.

Artículo 2º: Definiciones

A los efectos de la presente Convención.

1. Se entiende por "patrimonio cultural inmaterial" los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto cn los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.

2. El "patrimonio cultural inmaterial", según se define en el párrafo 1 supra, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes.

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;

b) artes del espectáculo;

c) usos sociales, rituales y actos festivos;

d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;

e) técnicas artesanales tradicionales.

3. Se entiende por "salvaguardia" las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión -básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos.

4. La expresión "Estados Partes" designa a los Estados obligados por la presente Convención y entre los cuáles ésta esté en vigor.

5. Esta Convención se aplicará mutatis mutandis a los territorios mencionados en el Artículo 33 que pasen a ser Partes en ella, con arreglo, a las condiciones especificadas en dicho artículo. En esa medida la expresión "Estados Partes" se referirá igualmente a esos territorios.

Artículo 3º: Relación con otros instrumentos internacionales

Ninguna disposición de la presente Convención podrá ser interpretada de tal manera que:

a) modifique el estatuto o reduzca el nivel de protección de los bienes declarados patrimonio mundial en el marco de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972 a los que esté directamente asociado un elemento del patrimonio cultural inmaterial; o

b) afecte los derechos y obligaciones que tengan los Estados Partes en virtud de otros instrumentos internacionales relativos a los derechos de propiedad intelectual o a la utilización de los recursos biológicos y ecológicos de los que sean partes.

II. Organos de la Convención

Artículo 4º: Asamblea General de los Estados Partes

1. Queda establecida una Asamblea General de los Estados Partes, denominada en adelante "la Asamblea General", que será el órgano soberano de la presente Convención.

2. La Asamblea General celebrará una reunión ordinaria cada dos años. Podrá reunirse con carácter extraordinario cuando así lo decida, o cuando reciba una petición en tal sentido del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial o de por lo menos un tercio de los Estados Partes.

3. La Asamblea General aprobará su propio Reglamento.

Artículo 5º: Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial

1. Queda establecido en la UNESCO un Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, denominado en adelante "el Comité". Estará integrado por representantes de 18 Estados Partes, que los Estados Partes constituidos en Asamblea General elegirán al entrar la presente Convención en vigor según lo dispuesto en el Artículo 34.

2. El número de Estados miembros del Comité pasará a 24 en cuanto el número de Estados Partes en la Convención llegue a 50.

Artículo 6º: Elección y mandato de los Estados miembros del Comité

1. La elección de los Estados miembros del Comité deberá obedecer a los principios de una distribución geográfica y una rotación equitativas.

2. Los Estados Partes en la Convención, reunidos en Asamblea General, elegirán a los Estados miembros del Comité por un mandato de cuatro años.

3. Sin embargo, el mandato de la mitad de los Estados miembros del Comité elegidos en la primera elección será sólo de dos años. Dichos Estados serán designados por sorteo en el curso de la primera elección.

4. Cada dos años, la Asamblea General procederá a renovar la mitad de los Estados miembros del Comité.

5. La Asamblea General elegirá asimismo a cuantos Estados miembros del Comité sean necesarios para cubrir los escaños vacantes.

6. Un Estado miembro del Comité no podrá ser elegido por dos mandatos consecutivos.

7. Los Estados miembros del Comité designarán, para que los representen en él, a personas cualificadas en los diversos ámbitos del patrimonio cultural inmaterial.

Artículo 7º: Funciones del Comité

Sin perjuicio de las demás atribuciones que se le asignan en la presente Convención, las funciones del Comité serán las siguientes:

a) promover los objetivos de la Convención y fomentar y seguir su aplicación;

b) brindar asesoramiento sobre prácticas ejemplares y formular recomendaciones sobre medidas encami-nadas a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial;

c) preparar y someter a la aprobación de la Asamblea General un proyecto de utilización de los recursos del Fondo, de conformidad con el Artículo 25;

d) buscar las formas de incrementar sus recursos y adoptar las medidas necesarias a tal efecto, de conformidad con el Artículo 25;

e) preparar y someter a la aprobación de la Asamblea General directrices operativas para la aplicación de la Convención;

f) de conformidad con el Artículo 29, examinar los informes de los Estados Partes y elaborar un resumen de los mismos destinado a la Asamblea General;

g) examinar las solicitudes que presenten los Estados Partes y decidir, con arreglo a los criterios objetivos de selección establecidos por el propio Comité y aprobados por la Asamblea General, acerca de:

i) las inscripciones en las listas y las propuestas que se mencionan en los Artículos 16, 17 y 18;

ii) la prestación de asistencia internacional de conformidad con el Artículo 22.

Artículo 8º: Métodos de trabajo del Comité

1. El Comité será responsable ante la Asamblea General, a la que dará cuenta de todas sus actividades y decisiones.

2. El Comité aprobará su Reglamento por una mayoría de dos tercios de sus miembros.

3. El Comité podrá crear, con carácter transitorio, los órganos consultivos ad hoc que estime necesarios para el desempeño de sus funciones.

4. El Comité podrá invitar a sus reuniones a todo organismo público o privado, o a toda persona física de probada competencia en los diversos ámbitos del patrimonio cultural inmaterial, para consultarles sobre cuestiones determinadas.

Artículo 9º: Acreditación de las organizaciones de carácter consultivo

1. El Comité propondrá a la Asamblea General la acreditación de organizaciones no gubernamentales de probada competencia en el terreno del patrimonio cultural inmaterial. Dichas organizaciones ejercerán funciones consultivas ante el Comité.

2. El Comité propondrá asimismo a la Asamblea General los criterios y modalidades por los que se regirá esa acreditación.

Artículo 10: Secretaría

1. El Comité estará secundado por la Secretaría de la UNESCO.

2. La Secretaría preparará la documentación de la Asamblea General y del Comité, así como el proyecto de Orden del Día de sus respectivas reuniones, y velará por el cumplimiento de las decisiones de ambos órganos.

III Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el plano nacional

Artículo 11: Funciones de los Estados Partes

Incumbe a cada Estado Parte:

a) adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio;

b) entre las medidas de salvaguardia mencionadas en el párrafo 3 del Artículo 2, identificar y definir los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial presentes en su territorio, con participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no gubernamentales pertinentes.

Artículo 12: Inventarios

1. Para asegurar la identificación con fines de salvaguardia, cada Estado Parte confeccionará con arreglo a su propia situación uno o varios inventarios del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio. Dichos inventarios se actualizarán regularmente.

2. Al presentar su informe periódico al Comité de conformidad con el Artículo 29 cada Estado Parte proporcio-nará información pertinente en relación con esos inventa-rios.

Artículo 13: Otras medidas de salvaguardia

Para asegurar la salvaguardia, el desarrollo y la valorización del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio, cada Estado Parte hará todo lo posible por:

a) adoptar una política general encaminada a realzar la función del patrimonio cultural inmaterial en la sociedad y a integrar su salvaguardia en programas de planificación.

b) designar o crear uno o varios organismos competentes para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio;

c) fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial, y en particular del patrimonio cultural inmaterial que se encuentre en peligro;

d) adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero adecuadas para:

i) favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de formación en gestión del patrimonio cultural inmaterial, así como la transmisión de este patrimonio en los foros y espacios destinados a su manifestación y expresión;

ii) garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial, respetando al mismo tiempo los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a determinados aspectos de dicho patrimonio;

iii) crear instituciones de documentación sobre el patrimonio cultural inmaterial y facilitar el acceso a ellas.

Artículo 14: Educación, sensibilización y fortalecimiento de capacidades

Cada Estado Parte intentará por todos los medios oportunos:

a) asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del patrimonio cultural inmaterial en la sociedad, en particular mediante:

i) programas educativos, de sensibilización y de difusión de información dirigidos al público, y en especial a los jóvenes;

ii) programas educativos y de formación específicos en las comunidades y grupos interesados;

iii) actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, y especialmente de gestión y de investigación científica; y

iv) medios no formales de transmisión del saber;

b) mantener al público informado de las amenazas que pesan sobre ese patrimonio y de las actividades realizadas en cumplimiento de la presente Convención;

c) promover la educación sobre la protección de espacios naturales y lugares importantes para la memoria colectiva, cuya existencia es indispensable para que el patrimonio cultural inmaterial pueda expresarse.

Artículo 15: Participación de las comunidades, grupos e individuos

En el marco de sus actividades de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, cada Estado Parte tratará de lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, los grupos y, si procede, los individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión del mismo.

IV Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el plano internacional

Artículo 16: Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad

1. Para dar a conocer mejor el patrimonio cultural inmaterial, lograr que se tome mayor conciencia de su importancia y propiciar formas de diálogo que respeten la diversidad cultural, el Comité, a propuesta de los Estados Partes interesados, creará, mantendrá al día y hará pública una Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

2. El Comité elaborará y someterá a la aprobación de la Asamblea General los criterios por los que se regirán la creación, actualización y publicación de dicha Lista representativa.

Artículo 17: Lista del patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia

1. Con objeto de adoptar las medidas oportunas de salvaguardia, el Comité creará, mantendrá al día y hará pública una Lista del patrimonio cultural inmaterial que requiera medidas urgentes de salvaguardia, e inscribirá ese patrimonio en la Lista a petición del Estado Parte interesado.

2. El Comité elaborará y someterá a la aprobación de la Asamblea General los criterios por los que se regirán la creación, actualización y publicación de esa Lista.

3. En casos de extrema urgencia, así considerados a tenor de los criterios objetivos que la Asamblea General haya aprobado a propuesta del Comité, este último, en consulta con el Estado Parte interesado, podrá inscribir un elemento del patrimonio en cuestión en la lista mencionada en el párrafo I.

Artículo 18: Programas, proyectos y actividades de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial

1. Basándose en las propuestas presentadas por los Estados Partes, y ateniéndose a los criterios por él definidos y aprobados por la Asamblea General, el Comité seleccionará periódicamente y promoverá los programas, proyectos y actividades de ámbito nacional, subregional o regional para la salvaguardia del patrimonio que a su entender reflejen del modo más adecuado los principios y objetivos de la presente Convención, teniendo en cuenta las necesidades particulares de los países en desarrollo.

2. A tal efecto, recibirá, examinará y aprobará las solicitudes de asistencia internacional formuladas por los Estados Partes para la elaboración de las mencionadas propuestas.

3. El Comité secundará la ejecución de los mencionados programas, proyectos y actividades mediante la difusión de prácticas ejemplares con arreglo a las modalidades que haya determinado.

V Cooperación y asistencia internacionales

Artículo 19: Cooperación

1. A los efectos de la presente Convención, la cooperación internacional comprende en particular el intercambio de información y de experiencias, iniciativas comunes y la creación de un mecanismos para ayudar a los Estados Partes en sus esfuerzos encaminados a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en su legislación nacional ni de sus derechos y usos consuetudinarios, los Estados Partes reconocen que la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial es una cuestión de interés general para la humanidad y se comprometen, con tal objetivo, a cooperar en el plano bilateral, subregional, regional e internacional.

Artículo 20: Objetivos de la asistencia internacional

Se podrá otorgar asistencia internacional con los objetivos siguientes:

a) salvaguardar el patrimonio que figure en la lista de elementos del patrimonio cultural inmaterial que requieren medidas urgentes de salvaguardia;

b) confeccionar inventarios en el sentido de los Artículos 11 y 12;

c) prestar apoyo a programas, proyectos y actividades de ámbito nacional, subregional y regional destinados a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial;

d) cualquier otro objetivo que el Comité juzgue oportuno.

Artículo 21: Formas de asistencia internacional

La asistencia que el Comité otorgue a un Estado Parte se regirá por las directrices operativas previstas en el Artículo 7º y por el acuerdo mencionado en el Artículo 24, y podrá revestir las siguientes formas:

a) estudios relativos a los diferentes aspectos de la salvaguardia;

b) servicios de expertos y otras personas con experiencia práctica en patrimonio cultural inmaterial;

c) formación de todo el personal necesario;

d) elaboración de medidas normativas o de otra índole;

e) creación y utilización de infraestructuras;

f) aporte de material y de conocimientos especializados;

g) otras formas de ayuda financiera y técnica, lo que puede comprender, si procede, la concesión de préstamos a interés reducido y las donaciones.

Artículo 22: Requisitos para la prestación de asistencia internacional

1. El Comité definirá el procedimiento para examinar las solicitudes de asistencia internacional y determinará los elementos que deberán constar en ellas, tales como las medidas previstas, las intervenciones necesarias y la evaluación del costo.

2. En situaciones de urgencia, el Comité examinará con carácter prioritario la solicitud de asistencia.

3. Para tomar una decisión el Comité efectuará los estudios y las consultas que estime necesarios.

Artículo 23: Solicitudes de asistencia internacional

1. Cada Estado Parte podrá presentar al Comité una solicitud de asistencia internacional para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio.

2. Dicha solicitud podrá también ser presentada conjuntamente por dos o más Estados Partes.

3. En la solicitud deberán constar los elementos de información mencionados en el párrafo 1 del Artículo 22, así como la documentación necesaria.

Artículo 24: Papel de los Estados Partes beneficiarios

1. De conformidad con las disposiciones de la presente Convención, la asistencia internacional que se conceda se regirá por un acuerdo entre el Estado Parte beneficiario y el Comité.

2. Por regla general, el Estado Parte beneficiario deberá contribuir, en la medida en que lo permitan sus medios, a sufragar las medidas de salvaguardia para las que se otorga la asistencia internacional.

3. El Estado Parte beneficiario presentará al Comité un informe sobre la utilización de la asistencia que se le haya concedido con fines de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.

VI Fondo del patrimonio cultural inmaterial

Artículo 25: Indole y recursos del Fondo

1. Queda establecido un "Fondo para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial", denominado en adelante "el Fondo".

2. El Fondo estará constituido como fondo fiduciario, de conformidad con las disposiciones del Reglamento financiero de la UNESCO¨.

3. Los recursos del Fondo estarán constituidos por:

a) las contribuciones de los Estados Partes;

b) los recursos que la Conferencia General de la UNESCO destine a tal fin;

c) las aportaciones, donaciones o legados que puedan hacer;

i) otros Estados;

ii) organismos y programas del sistema de las Naciones Unidas, en especial el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, u otras organizaciones internacionales;

iii) organismos públicos o privados o personas físicas;

d) todo interés devengado por los recursos del Fondo;

e) el producto de las colectas y la recaudación de las manifestaciones organizadas en provecho del Fondo;

f) todos los demás recursos autorizados por el Reglamento del Fondo, que el Comité elaborará.

4. La utilización de los recursos por parte del Comité se decidirá a tenor de las orientaciones que formule al respecto la Asamblea General.

5. El comité podrá aceptar contribuciones o asistencia de otra índole que se le ofrezca con fines generales o específicos, ligados a proyectos concretos, siempre y cuando esos proyectos cuenten con su aprobación.

6. Las contribuciones al Fondo no podrán estar supeditadas a condiciones políticas, económicas ni de otro tipo que sean incompatibles con los objetivos que persigue la presente Convención.

Artículo 26: Contribuciones de los Estados Partes al Fondo

1. Sin perjuicio de cualquier otra contribución complementaria de carácter voluntario, los Estados Partes en la presente Convención se obligan a ingresar en el Fondo, cada dos años por lo menos, una contribución cuya cuantía, calculada a partir de un porcentaje uniforme aplicable a todos los Estados, será determinada por la Asamblea General. Para que ésta pueda adopar tal decisión se requerirá una mayoría de los Estados Partes presentes y votantes que no hayan hecho la declaración mencionada en el párrafo 2 del presente artículo. El importe de esa contribución no podrá exceder en ningún caso del 1% de la contribución del Estado Parte al Presupuesto Ordinario de la UNESCO.

2. No obstante, cualquiera de los Estados a que se refieren el Artículo 32 o el Artículo 33 de la presente Convención podrá declarar, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que no se considera obligado por las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo.

3. Todo Estado Parte en la presente Convención que haya formulado la declaración mencionada en el párrafo 2 del presente artículo hará lo posible por retirarla mediante una notificación al Director General de la UNESCO. Sin embargo, el hecho de retirar la declaración sólo tendrá efecto sobre la contribución que adeude dicho Estado a partir de la fecha en que dé comienzo la siguiente reunión de la Asamblea General.

4. Para que el Comité pueda planificar con eficacia sus actividades, las contribuciones de los Estados Partes en esta Convención que hayan hecho la declaración mencionada en el párrafo 2 del presente artículo deberán ser abonadas periódicamente, cada dos años por lo menos, y deberían ser de un importe lo más cercano posible al de las contribuciones que esos Estados hubieran tenido que pagar si hubiesen estado obligados por las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo.

5. Ningún Estado Parte en la presente Convención que esté atrasado en el pago de su contribución obligatoria o voluntaria para el año en curso y el año civil inmediatamente anterior podrá ser elegido miembro del Comité, si bien esta disposición no será aplicable en la primera elección. El mandato de un Estado Parte que se encuentre en tal situación y que ya sea miembro del Comité finalizará en el momento en que tengan lugar las elecciones previstas en el Artículo 6º de la presente Convención.

Artículo 27: Contribuciones voluntarias complementarias al Fondo

Los Estados Partes que con carácter voluntario deseen efectuar otras contribuciones además de las previstas en el Artículo 26 informarán de ello lo antes posible al Comité, para que éste pueda planificar sus actividades en consecuencia.

Artículo 28: Campañas internacionales de recaudación de fondos

En la medida de lo posible, los Estados Partes prestarán su concurso a las campañas internacionales de recaudación que se organicen en provecho del Fondo bajo los auspicios de la UNESCO.

VII Informes

Artículo 29. Informes de los Estados Partes

Los Estados Partes presentarán al Comité, en la forma y con la periodicidad que éste prescriba, informes sobre las disposiciones legislativas, reglamentarias o de otra índole que hayan adoptado para aplicar la Convención.

Artículo 30: Informes del Comité

1. Basándose en sus actividades y en los informes de los Estados Partes mencionados en el Artículo 29, el Comité presentará un informe en cada reunión de la Asamblea General.

2. Dicho informe se pondrá en conocimiento de la Conferencia General de la UNESCO.

VIII Cláusula transitoria

Artículo 31: Relación con la Proclamación de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad

1. El Comité incorporará a la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad los elementos que, con anterioridad a la entrada en vigor de esta Convención, hubieran sido proclamados "obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad".

2. La inclusión de dichos elementos en la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad se efectuará sin perjuicio de los criterios por los que se regirán las subsiguientes inscripciones, establecidos según lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 16.

3. Con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Convención no se efectuará ninguna otra Proclamación.

IX Disposiciones finales

Artículo 32: Ratificación, aceptación o aprobación

1. La presente Convención estará sujeta a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados Miembros de la UNESCO, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

2. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán ante el Director General de la UNESCO.

Artículo 33: Adhesión

1. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todos los Estados que no sean miembros de la UNESCO y que la Conferencia General de la Organización haya invitado a adherirse a ella.

2. La presente Convención quedará abierta asimismo a la adhesión de los territorios que gocen de plena autonomía interna reconocida como tal por las Naciones Unidas pero que no hayan alcanzado la plena independencia de conformidad con la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y que tengan competencia sobre las materias regidas por esta Convención, incluida la de suscribir tratados en relación con ellas.

3. El instrumento de adhesión se depositará en poder del Director General de la UNESCO.

Artículo 34: Entrada en vigor

La presente Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha de depósito del trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, pero sólo con respecto a los Estados que hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión en esa fecha o anteriormente. Para los demás Estados Partes, entrará en vigor tres meses después de efectuado el depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

Artículo 35: Regímenes constitucionales federales o no unitarios

A los Estados Partes que tengan un régimen constitucional federal o no unitario les serán aplicables las disposiciones siguientes:

a) por lo que respecta a las disposiciones de esta Convención cuya aplicación competa al poder legislativo federal o central, las obligaciones del gobierno federal o central serán idénticas a las de los Estados Partes que no constituyan Estados federales;

b) por lo que respecta a las disposiciones de la presente Convención cuya aplicación competa a cada uno de los Estados, países, provincias o cantones constituyentes, que en virtud del régimen constitucional de la federación no estén facultados para tomar medidas legislativas, el gobierno federal comunicará esas disposiciones, con su dictamen favorable, a las autoridades competentes de los Estados, países, provincias o cantones, para que éstas las aprueben.

Artículo 36: Denuncia

1. Todos los Estados Partes tendrán la facultad de denunciar la presente Convención.

2. La denuncia se notificará por medio de un instrumento escrito, que se depositará en poder del Director General de la UNESCO.

3. La denuncia surtirá efecto doce meses después de la recepción del instrumento de denuncia. No modificará en nadas las obligaciones financieras que haya de asumir el Estado denunciante hasta la fecha en que la retirada sea efectiva.

Artículo 37: Funciones del depositario

El Director General de la UNESCO, en su calidad de depositario de la presente Convención, informará a los Estados Miembros de la Organización y a los Estados que no sean miembros a los cuales se refiere el Artículo 33, así como a las Naciones Unidas, del depósito de todos los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión mencionados en los Artículos 32 y 33 y de las denuncias previstas en el Artículo 36.

Artículo 38: Enmiendas

1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas a esta Convención mediante comunicación dirigida por escrito al Director General. Este transmitirá la comunicación a todos los Estados Partes. Si en los seis meses siguientes a la fecha de envío de la comunicación la mitad por lo menos de los Estados Partes responde favorablemente a esa petición, el Director General someterá dicha propuesta al examen y la eventual aprobación de la siguiente reunión de la Asamblea General.

2. Las enmiendas serán aprobadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes.

3. Una vez aprobadas, las enmiendas a esta Convención deberán ser objeto de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por los Estados Partes.

4. Las enmiendas a la presente Convención, para los Estados Partes que las hayan ratificado, aceptado, aprobado o que se hayan adherido a ellas, entrarán en vigor tres meses después de que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado los instrumentos mencionados en el párrafo 3 del presente artículo. A partir de ese momento la correspondiente enmienda entrará en vigor para cada Estado Parte o territorio que la ratifique, acepte, apruebe o se adhiera a ella tres meses después de la fecha en que el Estado Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

5. El procedimiento previsto en los párrafos 3 y 4 no se aplicará a las enmiendas que modifiquen el Artículo 5, relativo al número de Estados miembros del Comité. Dichas enmiendas entrarán en vigor en el momento mismo de su aprobación.

6. Un Estado que pase a ser Parte en esta Convención después de la entrada en vigor de enmiendas con arreglo al párrafo 4 del presente artículo y que no manifieste una intención en sentido contrario será considerado.

a) Parte en la presente Convención así enmendada; y

b) Parte en la presente Convención no enmendada con respecto a todo Estado Parte que no esté obligado por las enmiendas en cuestión.

Artículo 39: Textos auténticos

La presente Convención está redactada en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, siendo los seis textos igualmente auténticos.

Artículo 40: Registro

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la presente Convención se registrará en la Secretaría de las Naciones Unidas a petición del Director General de la UNESCO.

 

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Internacionales ha conside-rado el proyecto de ley mediante el cual el Poder Ejecutivo propone la aprobación de la "Convención para la Sal-vaguardia del Patrimonio Cultural inmaterial", firmada el 17 de octubre de 2003 en ocasión de la 32ª Conferencia Gene-ral de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura celebrada en París entre el 29 de setiembre el 17 de octubre de 2003.

La Convención a estudio es un complemento de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural" de 1972, que protege el patrimonio cultural material incluyendo los sitios naturales y los monumentos históricos. Cabe mencionar que Uruguay es parte de este acuerdo hace varios años, más precisamente desde el 9 de junio de 1989.

En las últimas décadas se ha verificado un avance en la valoración del patrimonio cultural de los pueblos, y la creciente consideración de la dimensión tradicional del patrimonio cultural inmaterial como un sentimiento de continuidad y cohesión de las comunidades y pueblos han tenido como resultado el presente acuerdo internacional.

Nuestra Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación ha opinado a favor de la conveniencia de la ratificación del presente instrumento. En tal sentido, corresponde transcribir la cita de su opinión que realiza el mensaje del Poder Ejecutivo: "...debe ser ratificado por nuestro país a los efectos de su aplicación para garantizar en el plano nacional la salvaguardia del Patrimonio Cultural, así como también reforzar las identidades locales y nacionales."

Es de destacar que en la legislación nacional no se encuentra recogido el concepto de patrimonio inmaterial, lo que hace aconsejable que la ratificación solicitada no se demore más de lo necesario; a la vez que nos genera el compromiso como Parlamento de trabajar en la materia para incorporarlo a nuestro ordenamiento jurídico.

La UNESCO ha señalado numerosas ventajas que se derivarían de la ratificación de esta Convención, de las cuales considero dignas de destaque el reforzamiento de las identidades locales y nacionales, así como la apertura y el respeto a la diversidad cultural; el propiciar la continuidad sociocultural entre las distintas generaciones; y el fomento a un turismo que respete el patrimonio cultural inmaterial en su calidad de fuente de identidad y cohesión social, respeto y valorización de la diversidad cultural.

La Convención a estudio distribuye sus 40 artículos en nueve capítulos: en el primero (Disposiciones generales), se incluyen los criterios básicos: las finalidades de la Convención, las definiciones y su relación con otros organismos internacionales. El segundo refiere a los Organos de la Convención: la Asamblea de Estados Partes y el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Establece la posibilidad de acreditar ONGs con funciones consultivas y dispone que la secretaría de la UNESCO secunde la labor del Comité. El capítulo III se titula "Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el plano nacional" y define las funciones de los Estados parte y las medidas de salvaguardia que deben adoptar. El IV aborda la "Salvaguardia del patrimonio Cultural inmaterial en el plano internacional" y prevé la confección de listados, programas, proyectos y actividades para tal fin. El siguiente capítulo trata de la Cooperación y asistencia internacionales. Define objetivos, formas y requisitos para la prestación de tales apoyos. La creación del Fondo del patrimonio cultural inmaterial está definido en el Cap. VI donde se definen la índole y los recursos de tal fondo. Los tres últimos capítulos están orientados a regular la presentación de informes (Cap. VII), Cláusulas transitorias (Cap. VIII) y las Disposiciones finales (Cap. IX) donde se incluyen los mecanismos de ratificación, adhesión, momento de entrada en vigor, denuncia y mecanismo de proposición de enmiendas.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Senado de la República la aprobación del proyecto de ley ratificatorio de la Convención analizada.

Sala de la Comisión, 5 de octubre de 2006.

Enrique Rubio, Miembro Informante; Carlos Baráibar, Carlos Camy, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, Jorge Larrañaga, Julio María Sanguinetti. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: esta iniciativa constituye una innovación importante que resulta de la Conferencia de la UNESCO, del 17 de octubre de 2003, fecha en la que se aprueba la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Se trata de una Convención complementaria de otra sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de 1972 que, como se sabe, se ocupa de los monumentos históricos y los sitios naturales, de la que el Uruguay es parte desde el 9 de junio de 1989. Ahora, con esta otra Convención, estamos contribuyendo a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Quiere decir que este texto normativo hace referencia a la protección de las tradiciones y expresiones orales, la lengua, las artes y el espectáculo, las prácticas sociales, rituales y eventos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y al universo.

En un momento en el que el tema de la protección y todo lo que incentive la diversidad cultural es absolutamente relevante, esta Convención es un instrumento internacional muy adecuado. La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación ha indicado que este texto debe ser ratificado por nuestro país a los efectos de su aplicación para garantizar, en el plano nacional, la salvaguardia del patrimonio cultural, así como también reforzar las identidades locales y nacionales. Por ejemplo, para que se entienda lo que se está pensando, en el propio Mensaje del Poder Ejecutivo se afirma que la ratificación de esta Convención implicaría para la República la posibilidad de incluir en la lista representativa del patrimonio oral e inmaterial, el candombe y otras expresiones de nuestra cultura. Lo que se está proponiendo es una Convención que, como irrumpe en un territorio nuevo, es muy general, pero importante porque contribuye a reforzar esta tendencia a fortalecer el patrimonio, fundamentalmente en sus aspectos culturales, que no habían sido desarrollados en acuerdos internacionales anteriores. En definitiva, proponemos que se vote en esta sesión.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: simplemente, deseo complementar lo expresado por el señor Miembro Informante de este proyecto, diciendo que también estamos adquiriendo un compromiso como Parlamento, en el sentido de que estamos en deuda con respecto a la actualización de la Ley de Patrimonio. Justamente, para incluir el patrimonio inmaterial, el Poder Ejecutivo ha dictado una extensión para el patrimonio subacuático, que era otra de las deudas que teníamos y, por supuesto, una ley marco de cultura que este país no tiene, ya que el derecho a la cultura debe incluirse como uno de los derechos humanos.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: en el mismo sentido, deseo advertir y reflexionar sobre la importancia que tiene este Tratado en materia de Derecho Internacional, aunque en realidad es el derivado de la valoración del concepto del patrimonio cultural. Sin embargo, como bien dice la señora Senadora Percovich, tenemos una deficiencia en materia legislativa, porque el Uruguay todavía no protege el patrimonio inmaterial. Entonces, si bien al aprobar este Tratado habremos avanzado en ese terreno, debemos incursionar en este otro ámbito para dar también la señal de la modernidad, sobre todo en lo que refiere a la propiedad inmaterial y en diversas áreas en las que el avance tecnológico, entre otras cosas, y la extensión del concepto de patrimonio cultural nos están obligando a progresar y no simplemente a responder a los estímulos que provienen exclusivamente de los órganos multilaterales.

En ese sentido, damos no solamente nuestro voto favorable, sino que también volcamos nuestra reflexión para ir acompañando con cierta modernidad el avance que se produce en estos conceptos.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Apruébase la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, hecha el 17 de octubre de 2003, en ocasión de la 32ª Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en la ciudad de París, del 29 de setiembre al 17 de octubre de 2003".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

23) CONVENCION SOBRE LA PROTECCION Y PROMOCION DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES Y SU ANEXO, ADOPTADA EN OCASION DE LA 33ª REUNION DE LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de pasar a considerar el siguiente punto del Orden del Día, el Senado saluda la importante presencia de las alumnas y alumnos de 6º año de la Escuela Nº 142 de Tarariras, departamento de Colonia.

El Senado pasa a considerar el asunto que figura en undécimo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales y su Anexo, adoptada en ocasión de la 33ª reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en París, en octubre de 2005. (Carp. Nº 601/06 - Rep. Nº 331/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 601/06

Rep. Nº 331/06

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 2 de agosto de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 numeral 7 y 168 numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, por el cual se aprueba la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales y su Anexo adoptada el 20 de octubre de 2005 en ocasión de la 33ª reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en la ciudad de París del 3 al 21 de octubre de 2005. Esta Convención consta de un Preámbulo, 7 Capítulos -35 artículos- y un Anexo.

El presente Instrumento Internacional que fue aprobado por 148 votos a favor, es fruto de un amplio proceso de maduración donde se refuerza la idea que figuraba ya en la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural, adoptada por unanimidad en el año 2001, de que la diversidad cultural constituye el patrimonio común de la humanidad y su defensa es un imperativo ético inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana.

En su Preámbulo se destaca que la diversidad cultural es uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades, pueblos y las naciones; es indispensable para la paz y la seguridad en el plano local, nacional e internacional, y es fundamental para la plena realización de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros Instrumentos universalmente reconocidos.

También se señala la necesidad de incorporar la cultura como elemento estratégico en las políticas de desarrollo nacionales e internacionales, adquiriendo la misma a través del tiempo y el espacio la diversidad que se manifiesta en la originalidad y pluralidad de las identidades y en las expresiones culturales de los pueblos y sociedades que forman la humanidad.

A su vez, se reafirma que la diversidad lingüística es un elemento fundamental de la diversidad cultural, destacando la importancia de la vitalidad de las culturas para todos, especialmente en el caso de las personas pertenecientes a minorías y a pueblos autóctonos tal y co-

mo se manifiesta en la libertad de crear, difundir y distribuir sus expresiones culturales tradicionales, así como su derecho a tener acceso a ellas a fin de aprovecharlas para su propio desarrollo.

De su artículo 1º, referido a los objetivos se desprende que la Convención propone proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales reafirmando los vínculos que unen cultura, desarrollo y diálogo creando una plataforma innovadora de cooperación cultural internacional, a fin de reforzar, en particular, las capacidades de los países en desarrollo. Con este fin, el texto reitera el derecho soberano de los Estados a conservar, adoptar y aplicar las políticas y medidas que estimen necesarias para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios; fomentar el diálogo entre las culturas; promover el respeto de la diversidad de las expresiones culturales y fortalecer la cooperación y solidaridad internacionales con el fin de proteger la diversidad cultural como portadora de identidad y valores.

De este modo, una serie de principios consagrados en el artículo 2º garantizan que ninguna medida destinada a proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales atente contra los derechos humanos y libertades fundamentales como la libertad de expresión, información y comunicación, así como la posibilidad de que las personas escojan sus expresiones culturales. Sin perjuicio de nombrar los principios de soberanía: igual dignidad y respeto de todas las culturas; solidaridad y cooperación internacional; complementariedad de los aspectos económicos y culturales del desarrollo; desarrollo sostenible; acceso equitativo, es de singular importancia el principio de apertura y equilibrio que garantiza que, "cuando los Estados adopten medidas para respaldar la diversidad de las expresiones culturales, procurarán promover de manera adecuada una apertura a las demás culturas del mundo y velarán por que esas medidas se orienten a alcanzar los objetivos perseguidos por la presente Convención".

El artículo 3º se refiere al ámbito de aplicación del instrumento y expresa que la misma se aplicará a las políticas y medidas que adopten las Partes en relación con la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. El artículo 4º incluye definiciones que contribuyen a la interpretación unívoca de conceptos esenciales para el adecuado funcionamiento de la Convención. Es así, que entre otras disposiciones, su numeral 1 expresa que "la diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se trasmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. La diversidad cultural se manifiesta no sólo en las diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualquiera que sean los medios y tecnologías utilizados".

En el Capítulo IV (artículos 5º a 11), se consagran los derechos y obligaciones de las Partes. Entre los primeros, se incluye el derecho soberano a formular y aplicar sus políticas culturales y a adoptar medidas encaminadas a proteger la diversidad de las expresiones culturales, así como a reforzar la cooperación internacional para lograr los objetivos de la Convención. A su vez, es de vital importancia la participación de la sociedad civil en estos procesos así como el aliento a la creatividad y capacidad de producción mediante el establecimiento de programas de educación, formación e intercambios en el ámbito de las industrias culturales.

Es por ello que las Partes, en el marco de las políticas y medidas culturales se esforzarán por crear un entorno que incite a los individuos y grupos sociales a crear, producir, difundir y distribuir sus propias expresiones culturales y tener acceso a las procedentes de su territorio y de los demás países del mundo, prestando debida atención a las circunstancias y necesidades de las mujeres y de distintos grupos sociales, comprendidas las personas pertenecientes a minorías y los pueblos autóctonos y a que se reconozca la importante contribución de los artistas, de todas las personas que participan en el proceso creativo, de las comunidades culturales y de las organizaciones que lo apoyan en su trabajo, así como el papel fundamental que desempeñan, que es alimentar la diversidad de las expresiones culturales.

Por su parte, en el artículo 6º numeral 2, literales a) a h), se indican algunas medidas necesarias para cumplir con los objetivos de la Convención. Entre ellas, se destacan aquellas encaminadas a la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales; las destinadas a conceder asistencia financiera pública; las encaminadas a respaldar y a apoyar a los artistas y demás personas que participan en la creación de expresiones culturales y las destinadas a promover la diversidad de los medios de comunicación social, comprendida la promoción del servicio público de radiodifusión.

En este contexto es importante destacar que una Parte podrá determinar si hay situaciones especiales en que las expresiones culturales en su territorio corren riesgo de extinción, o son objeto de una grave amenaza o requieren algún tipo de medida urgente de salvaguardia, pudiendo adoptarse cuantas medidas consideren necesarias para su protección y preservación de conformidad con las disposiciones de la Convención. De la adopción de estas medidas se informará al Comité Intergubernamental para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, que se establecerá en la UNESCO, de conformidad con el artículo 23. Las Partes informarán al Comité Intergubernamental, de todas las medidas adoptadas para enfrentarse con la situación y éste podrá realizar las recomendaciones necesarias.

A su vez, en el artículo 9º se indica que las Partes informarán a la UNESCO cada cuatro años acerca de las medidas que hayan adopado para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, designarán un punto de contacto encargado del intercambio de información, cuando el Estado llegue a ser parte de la Convención y comunicarán e intercambiarán información sobre su protección y promoción.

Es de destacar que la promoción de la cooperación internacional que atañe en particular a los países en desarrollo, es un elemento fundamental de la Convención (artículo 12). En ese sentido, las Partes se comprometen a procurar la creación de condiciones que faciliten la promoción de la diversidad de las expresiones culturales con miras a facilitar el diálogo, reforzar las capacidades estratégicas y de gestión del sector público en las instituciones culturales públicas, mediante el intercambio de profesionales, promoviendo el uso de nuevas tecnologías, firma de acuerdos de coproducción y codistribución.

En apoyo de la cooperación para el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza se tomarán las medidas que lucen en el artículo 14, destacándose en el literal d) sobre apoyo financiero: I) la creación de un Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (artículo 18) cuyos recursos provendrán de contribuciones voluntarias de las Partes y recursos financieros asignados por la Conferencia General de la UNESCO, así como de diversas contribuciones, donaciones o legados, de todo interés devengado por los recursos del Fondo, del producto de colectas y la recaudación de eventos organizados en beneficio del Fondo, y de todos los demás recursos autorizados por el Reglamento del Fondo. La utilización de los recursos del Fondo por parte del Comité Intergubernamental se decidirá en función de las orientaciones que imparta la Conferencia de las Partes mencionada en el Artículo 22; II) el suministro de asistencia oficial al desarrollo, comprendido el de ayuda técnica; III) otras modalidades de asistencia financiera, tales como préstamos con intereses bajos, subvenciones y otros mecanismos de financiación.

Las normas sobre intercambio, análisis y difusión de información están establecidas en el artículo 19, siendo la UNESCO la Organización Internacional facilitadora de estos mecanismos.

La preocupación de velar por la conherencia entre la Convención y demás Instrumentos Internacionales existentes condujo a los Estados a incluir una disposición -artículo 20- destinada a garantizar una relación de potenciación mutua, complementariedad y no subordinación entre esos Instrumentos. Al mismo tiempo, ninguna disposición de esta Convención podrá interpretarse como una modificación de los derechos y obligaciones de las Partes que emanen de otros Tratados internacionales en los que sean parte.

Es de destacar que la promoción de la cooperación internacional que atañe en particular a los países en desarrollo, es un elemento fundamental de la Convención (artículo 12). En ese sentido, las Partes se comprometen a procurar la creación de condiciones que faciliten la promoción de la diversidad de las expresiones culturales con miras a facilitar el diálogo, reforzar las capacidades estratégicas y de gestión del sector público en las instituciones culturales públicas, mediante el intercambio de profesionales, promoviendo el uso de nuevas tecnologías, firma de acuerdos de coproducción y codistribución.

En apoyo de la cooperación para el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza se tomarán las medidas que lucen en el artículo 14, destacándose en el literal d) sobre apoyo financiero: I) la creación de un Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (artículo 18) cuyos recursos provendrán de contribuciones voluntarias de las Partes y recursos financieros asignados por la Conferencia General de la UNESCO, así como de diversas contribuciones, donaciones o legados, de todo interés devengado por los recursos del Fondo, del producto de colectas y la recaudación de eventos organizados en beneficio del Fondo, y de todos los demás recursos autorizados por el Reglamento del Fondo. La utilización de los recursos del Fondo por parte del Comité Intergubernamental se decidirá en función de las orientaciones que imparta la Conferencia de las Partes mencionada en el Artículo 22; II) el suministro de asistencia oficial al desarrollo, comprendido el de ayuda técnica; III) otras modalidades de asistencia financiera, tales como préstamos con intereses bajos, subvenciones y otros mecanismos de financiación.

Las normas sobre intercambio, análisis y difusión de información están establecidas en el artículo 19, siendo la UNESCO la Organización Internacional facilitadora de estos mecanismos.

La preocupación de velar por la coherencia entre la Convención y demás Instrumentos Internacionales existentes condujo a los Estados a incluir una disposición -ar-tículo 20- destinada a garantizar una relación de potenciación mutua, complementariedad y no subordinación entre esos Instrumentos. Al mismo tiempo, ninguna disposición de esta Convención podrá interpretarse como una modificación de los derechos y obligaciones de las Partes que emanen de otros Tratados internacionales en los que sean parte.

Son órganos de la Convención los establecidos en el Capítulo VI; la Conferencia de las Partes, como órgano plenario y supremo de la Convención, el que celebrará una reunión ordinaria cada dos años; el Comité Interguberna-mental para la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, que comprenderá 18 Estados Partes pasando a 24 cuando el número de Partes en la Convención ascienda a 50. El Comité celebrará reuniones anuales y funcionará bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes. Estos órganos estarán secundados por la Secretaría de la UNESCO.

En el Capítulo VII se establecen las disposiciones finales, y en lo que respecta a la Solución de Controversias, el artículo 25 establece que las diferencias que puedan surgir sobre la interpretación o aplicación de la presente Convención se resolverán mediante negociaciones. De no llegarse a un acuerdo podrán las Partes recurrir a los buenos oficios o a la mediación de una tercera Parte. Cuando no se logre un acuerdo por los mecanismos antes mencionados, una Parte podrá recurrir a la conciliación de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo de la Convención.

En virtud de las razones antes expuestas, en el entendido de que la diversidad cultural prospera en un marco de democracia, tolerancia, justicia social y respeto mutuo entre los pueblos y las culturales y que la misma es indispensable para la paz y la seguridad en el plano local, nacional e internacional, es que el Poder Ejecutivo estima de suma importancia la aprobación de la presente Convención, por lo que se solicita al Poder Legislativo la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Jorge Brovetto.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 2 de agosto de 2006.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales y su Anexo adoptada el 20 de octubre de 2005 en ocasión de la 33ª Reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en la ciudad de París del 3 al 21 de octubre de 2005.

Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Jorge Brovetto.

CONVENCION SOBRE LA PROTECCION Y PROMOCION DE LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURALES

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 33ª reunión, celebrada en París del 3 al 21 de octubre de 2005.

Afirmando que la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad,

Consciente de que la diversidad cultural constituye un patrimonio común de la humanidad que debe valorarse y preservarse en provecho de todos,

Consciente de que la diversidad cultural crea un mundo rico y variado que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos, y constituye, por lo tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones,

Recordando que la diversidad cultural, tal y como prospera en un marco de democracia, tolerancia, justicia social y respeto mutuo entre los pueblos y las culturas, es indispensable para la paz y la seguridad en el plano local, nacional e internacional,

Encomiando la importancia de la diversidad cultural para la plena realización de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos universalmente reconocidos,

Descatando la necesidad de incorporar la cultura como elemento estratégico a las políticas de desarrollo nacionales e internacionales, así como a la cooperación internacional para el desarrollo, teniendo en cuenta asimismo la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (2000), con su especial hincapié en la erradicación de la pobreza,

Considerando que la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y el espacio y que esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades y en las expresiones culturales de los pueblos y sociedades que forman la humanidad,

Reconociendo la importancia de los conocimientos tradicionales como fuente de riqueza inmaterial y material, en particular los sistemas de conocimiento de los pueblos autóctonos y su contribución positiva al desarrollo sostenible, así como la necesidad de garantizar su protección y promoción de manera adecuada,

Reconociendo la necesidad de adoptar medidas para proteger la diversidad de las expresiones culturales y sus contenidos, especialmente en situaciones en las que las expresiones culturales pueden correr peligro de extinción o de grave menoscabo,

Destacando la importancia de la cultura para la cohesión social en general y, en particular, las posibilidades que encierra para la mejora de la condición de la mujer y su papel en la sociedad,

Consciente de que la diversidad cultural se fortalece mediante la libre circulación de las ideas y se nutre de los intercambios y las interacciones constantes entre las culturas,

Reiterando que la libertad de pensamiento, expresión e información, así como la diversidad de los medios de comunicación social, posibilitan el florecimiento de las expresiones culturales en las sociedades,

Reconociendo que la diversidad de expresiones culturales, comprendidas las expresiones culturales tradicionales, es un factor importante que permite a los pueblos y las personas expresar y compartir con otros sus ideas y valores,

Recordando que la diversidad lingüística es un elemento fundamental de la diversidad cultural, y reafirmando el papel fundamental que desempeña la educación en la protección y promoción de las expresiones culturales,

Teniendo en cuenta la importancia de la vitalidad de las culturas para todos, especialmente en el caso de las personas pertenecientes a minorías y de los pueblos autóctonos, tal y como se manifiesta en su libertad de crear, difundir y distribuir sus expresiones culturales tradicionales, así como su derecho a tener acceso a ellas a fin de aprovecharlas para su propio desarrollo,

Subrayando la función esencial de la interacción y la creatividad culturales, que nutren y renuevan las expresiones culturales, y fortalecer la función desempeñada por quienes participan en el desarrollo de la cultura para el progreso de la sociedad en general,

Reconociendo la importancia de los derechos de propiedad intelectual para sostener a quienes participan en la creatividad cultural,

Persuadida de que las actividades, los bienes y los servicios culturales son de índole a la vez económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben tratarse como si sólo tuviesen un valor comercial,

Observando que los procesos de mundialización, facilitados por la evolución rápida de las tecnologías de la información y la comunicación, pese a que crean condiciones inéditas para que se intensifique la interacción entre las culturas, constituyen también un desafío para la diversidad cultural, especialmente en lo que respecta a los riesgos de desequilibrios entre países ricos y países pobres,

Consciente de que la UNESCO tiene asignado el cometido específico de garantizar el respeto de la diversidad de culturas y recomendar los acuerdos internacionales que estime convenientes para facilitar la libre circulación de las ideas por medio de la palabra y de la imagen,

Teniendo en cuenta las disposiciones de los instrumentos internacionales aprobados por la UNESCO sobre la diversidad cultural y el ejercicio de los derechos culturales, en particular la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de 2001.

Aprueba, el 20 de octubre de 2005, la presente Convención,

I. Objetivos y principios rectores

Artículo I Objetivos

Los objetivos de la presente Convención son:

a) proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales;

b) crear las condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones libremente de forma mutuamente provechosa;

c) fomentar el diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios culturales más amplios y equilibrados en el mundo en pro del respeto intercultural y una cultura de paz;

d) fomentar la interculturalidad con el fin de desarrollar la interacción cultural, con el espíritu de construir puentes entre los pueblos;

e) promover el respeto de la diversidad de las expresiones culturales y hacer cobrar conciencia de su valor en el plano local, nacional e internacional;

f) reafirmar la importancia del vínculo existente entre la cultura y el desarrollo para todos los países, en especial los países en desarrollo, y apoyar las actividades realizadas en el plano nacional e internacional para que se reconozca el auténtico valor de ese vínculo;

g) reconocer la índole específica de las actividades y los bienes y servicios culturales en su calidad de portadores de identidad, valores y significado;

h) reiterar los derechos soberanos de los Estados a conservar, adoptar y aplicar las políticas y medidas que estimen necesarias para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios;

i) fortalecer la cooperación y solidaridad internacionales en un espíritu de colaborarión, a fin de reforzar, en particular, las capacidades de los países en desarrollo con objeto de proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales.

Artículo 2 - Principios rectores

1. Principio de respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales

Sólo se podrá proteger y promover la diversidad cultural si se garantizan los derechos humanos y las libertades fundamentales como la libertad de expresión, información y comunicación, así como la posibilidad de que las personas escojan sus expresiones culturales. Nadie podrá invocar las disposiciones de la presente Convención para atentar contra los Derechos Humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y garantizados por el derecho internacional, o para limitar su ámbito de aplicación.

2. Principio de soberanía

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de adoptar medidas y políticas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios.

3. Principio de igual dignidad y respeto de todas las culturas

La protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales presuponen el reconocimiento de la igual dignidad de todas las culturas y el respeto de ellas, comprendidas las culturas de las personas pertenecientes a minorías y las de los pueblos autóctonos.

4. Principios de solidaridad y cooperación internacionales

La cooperación y la solidaridad internacionales deberán estar encaminadas a permitir a todos los países, en especial los países en desarrollo, crear y reforzar sus medios de expresión cultural, comprendidas sus industrias culturales, nacionales o establecidas, en el plano local, nacional e internacional.

5. Principio de complementariedad de los aspectos económicos y culturales de desarrollo

Habida cuenta de que la cultura es uno de los principales motores del desarrollo, los aspectos culturales de éste son tan importantes como sus aspectos económicos, respecto de los cuales los individuos y los pueblos tienen el derecho fundamental de participación y disfrute.

6. Principio de desarrollo sostenible

La diversidad cultural es una gran riqueza para las personas y las sociedades. La protección, la promoción y el mantenimiento de la diversidad cultural son una condición esencial para un desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones actuales y futuras.

7. Principio de acceso equitativo

El acceso equitativo a una gama rica y diversificada de expresiones culturales procedentes de todas las partes del mundo y el acceso de las culturas a los medios de expresión y difusión son elementos importantes para valorizar la diversidad cultural y propiciar el entendimiento mutuo.

8. Principio de apertura y equilibrio

Cuando los Estados adopten medidas para respaldar la diversidad de las expresiones culturales, procurarán promover de manera adecuada una apertura a las demás culturas del mundo y velarán por que esas medidas se orienten a alcanzar los objetivos perseguidos por la presente Convención.

II. Ambito de aplicación

Artículo 3 - Ambito de aplicación

Esta Convención se aplicará a las política y medidas que adopten las Partes en relación con la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales.

III. Definiciones

Artículo 4 - Definiciones

A efectos de la presente Convención:

1. Diversidad cultural

La "diversidad cultural" se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades.

La diversidad cultural se manifiesta no sólo en las diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados.

2. Contenido cultural

El "contenido cultural" se refiere al sentido simbólico, la dimensión artística y los valores culturales que emanan de las identidades culturales o las expresan.

3. Expresiones culturales

Las "expresiones culturales" son las expresiones resultantes de la creatividad de personas, grupos y sociedades, que poseen un contenido cultural.

4. Actividades, bienes y servicios culturales

Las "actividades, bienes y servicios culturales" se refieren a las actividades, los bienes y los servicios que, considerados desde el punto de vista de su calidad, utilización o finalidad específicas, encarnan o transmiten expresiones culturales, independientemente del valor comercial que puedan tener. Las actividades culturales pueden constituir una finalidad de por sí, o contribuir a la producción de bienes y servicios culturales.

5. Industrias culturales

Las "industrias culturales" se refieren a todas aquellas industrias que producen y distribuyen bienes o servicios culturales, tal como se definen en el párrafo 4 supra.

6. Políticas y medidas culturales

Las "políticas y medidas culturales" se refieren a las políticas y medidas relativas a la cultura, ya sean éstas locales, nacionales, regionales o internacionales, que están centradas en la cultura como tal, o cuya finalidad es ejercer un efecto directo en las expresiones culturales de las personas, grupos o sociedades, en particular la creación, producción, difusión y distribución de las actividades y los bienes y servicios culturales y el acceso a ellos.

7. Protección

La "protección" significa la adopción de medidas encaminadas a la preservación, salvaguardia y enriquecimiento de la diversidad de las expresiones culturales.

"Proteger" significa adoptar tales medidas.

8. Interculturalidad

La "interculturalidad" se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo.

IV. Derechos y obligaciones de las Partes

Artículo 5 - Norma general relativa a los derechos y obligaciones

1. Las Partes, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, los principios del derecho internacional y los instrumentos de derechos humanos universalmente reconocidos, reafirman su derecho soberano a formular y aplicar sus políticas culturales y a adoptar medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales, así como a reforzar la cooperación internacional para lograr los objetivos de la presente Convención.

2. Cuando una Parte aplique políticas y adopte medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en su territorio, tales políticas y medidas deberán ser coherentes con las disposiciones de la presente Convención.

Artículo 6 - Derechos de las Partes en el plano nacional

1. En el marco de sus políticas y medidas culturales, tal como se definen en el párrafo 6 del Artículo 4, y teniendo en cuenta sus circunstancias y necesidades particulares, las Partes podrán adoptar medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios.

2. Esas medidas pueden consistir en:

a) medidas reglamentarias encaminadas a la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales;

b) medidas que brinden oportunidades, de modo apropiado, a las actividades y los bienes y servicios culturales nacionales, entre todas las actividades, bienes y servicios culturales disponibles, dentro del territorio nacional, para su creación, producción, distribución, difusión y disfrute, comprendidas disposiciones relativas a la lengua utilizada para tales actividades, bienes y servicios;

c) medidas encaminadas a proporcionar a las industrias culturales independientes nacionales y las actividades del sector no estructurado un acceso efectivo a los medios de producción, difusión y distribución de bienes y servicios culturales;

d) medidas destinadas a conceder asistencia financiera pública;

e) medidas encaminadas a alentar a organizaciones sin fines de lucro, así como a entidades públicas y privadas, artistas y otros profesionales de la cultura, a impulsar y promover el libre intercambio y circulación de ideas, expresiones culturales y actividades, bienes y servicios culturales, y a estimular en sus actividades el espíritu creativo y el espíritu de empresa.

f) medidas destinadas a crear y apoyar de manera adecuada las instituciones de servicio públicos pertinentes;

g) medidas encaminadas a respaldar y apoyar a los artistas y demás personas que participan en la creación de expresiones culturales;

h) medidas destinadas a promover la diversidad de los medios de comunicación social, comprendida la promoción del servicio público de radiodifusión.

Artículo 7 - Medidas para promover las expresiones culturales

1. Las Partes procurarán crear en su territorio un entorno que incite a las personas y a los grupos a:

a) crear, producir, difundir y distribuir sus propias expresiones culturales, y tener acceso a ellas, prestando la debida atención a las circunstancias y necesidades especiales de las mujeres y de distintos grupos sociales, comprendidas las personas pertenecientes a minorías y los pueblos autóctonos;

b) tener acceso a las diversas expresiones culturales procedentes de su territorio y de los demás países del mundo.

2. Las Partes procurarán también que se reconozca la importante contribución de los artistas, de todas las personas que participan en el proceso creativo, de las comunidades culturales y de las organizaciones que los apoyan en su trabajo, así como el papel fundamental que desempeñan, que es alimentar la diversidad de las expresiones cultura-les.

Artículo 8 - Medidas para proteger las expresiones culturales

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 5 y 6, una Parte podrá determinar si hay situaciones especiales en que las expresiones culturales en su territorio corren riesgo de extinción, o son objeto de una grave amenaza o requieren algún tipo de medida urgente de salvaguardia.

2. Las Partes podrán adoptar cuantas medidas consideren necesarias para proteger y preservar las expresiones culturales en las situaciones a las que se hace referencia en el párrafo 1, de conformidad con las disposiciones de la presente Convención.

3. Las Partes informarán al Comité Intergubernamental mencionado en el Artículo 23 de todas las medidas adoptadas para enfrentarse con la situación, y el Comité podrá formular las recomendaciones que convenga.

Artículo 9 - Intercambio de información y transparencia

Las Partes:

a) proporcionarán cada cuatro años, en informes a la UNESCO, información apropiada acerca de las medidas que hayan adoptado para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios y en el plano internacional;

b) designarán un punto de contacto encargado del intercambio de información relativa a la presente Convención;

c) comunicarán e intercambiarán información sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales.

Artículo 10 - Educación y sensibilización del público

Las Partes deberán:

a) propiciar y promover el entendimiento de la importancia que revisten la protección y fomento de la diversidad de las expresiones culturales mediante, entre otros medios, programas de educación y mayor sensibilización del público;

b) cooperar con otras Partes y organizaciones internacionales y regionales para alcanzar los objetivos del presente artículo;

c) esforzarse por alentar la creatividad y fortalecer las capacidades de producción mediante el establecimiento de programas de educación, formación e intercambios en el ámbito de las industrias culturales. Estas medidas deberán aplicarse de manera que no tengan repercusiones negativas en las formas tradicionales de producción.

Artículo 11 - Participación de la sociedad civil

Las Partes reconocen el papel fundamental que desempeña la sociedad civil en la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. Las Partes fomentarán la participación activa de la sociedad civil en sus esfuerzos por alcanzar los objetivos de la presente Convención.

Artículo 12 - Promoción de la cooperación internacional

Las Partes procurarán fortalecer su cooperación bilateral, regional e internacional para crear condiciones que faciliten la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, teniendo especialmente en cuenta las situaciones contempladas en los Artículos 8 y 17, en particular con miras a:

a) facilitar el diálogo entre las Partes sobre la política cultural;

b) reforzar las capacidades estratégicas y de gestión del sector público en las instituciones culturales públicas, mediante los intercambios profesionales y culturales internacionales y el aprovechamiento compartido de las mejores prácticas;

c) reforzar las asociaciones con la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, y entre todas estas entidades, para fomentar y promover la diversidad de las expresiones culturales;

d) promover el uso de nuevas tecnologías y alentar la colaboración para extender el intercambio de información y el entendimiento cultural, y fomentar la diversidad de las expresiones culturales;

e) fomentar la firma de acuerdos de coproducción y codistribución.

Artículo 13 - Integración de la cultura en el desarrollo sostenible

Las Partes se esforzarán por integrar la cultura en sus políticas de desarrollo a todos los niveles a fin de crear condiciones propicias para el desarrollo sostenible y, en este marco, fomentar los aspectos vinculados a la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales.

Artículo 14 - Cooperación para el desarrollo

Las Partes se esforzarán por apoyar la cooperación para el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, especialmente por lo que respecta a las necesidades específicas de los países en desarrollo, a fin de propiciar el surgimiento de un sector cultural dinámico por los siguientes medios, entre otros:

a) el fortalecimiento de las industrias culturales en los países en desarrollo:

i) creando y reforzando las capacidades de los países en desarrollo en materia de producción y difusión culturales;

ii) facilitando un amplio acceso de sus actividades, bienes y servicios culturales al mercado mundial y a las redes de distribución internacionales;

iii) propiciando el surgimiento de mercados locales y regionales viables;

iv) adoptando, cuando sea posible, medidas adecuadas en los países desarrollados para facilitar el acceso a su territorio de las actividades, los bienes y los servicios culturales procedentes de países en desarrollo;

v) prestando apoyo al trabajo creativo y facilitando, en la medida de lo posible, la movilidad de los artistas del mundo en desarrollo;

vi) alentando una colaboración adecuada entre países desarrollados y en desarrollo, en particular en los ámbitos de la música y el cine;

b) la creación de capacidades mediante el intercambio de información, experiencias y competencias, así como mediante la formación de recursos humanos en los países en desarrollo, tanto en el sector público como en el privado, especialmente en materia de capacidades estratégicas y de gestión, de elaboración y aplicación de políticas, de promoción de la distribución de bienes y servicios culturales, de fomento de pequeñas y medianas empresas y microempresas, de utilización de tecnología y de desarrollo y transferencia de competencias;

c) la transferencia de técnicas y conocimientos prácticos mediante la introducción de incentivos apropiados, especialmente en el campo de las industrias y empresas culturales;

d) el apoyo financiero mediante:

i) la creación de un Fondo Internacional para la Diversidad Cultural de conformidad con lo previsto en el Artículo 18;

ii) el suministro de asistencia oficial al desarrollo, según proceda, comprendido el de ayuda técnica, a fin de estimular y apoyar la creatividad;

iii) otras modalidades de asistencia financiera tales como préstamos con tipos de interés bajo, subvenciones y otros mecanismos de financiación.

Artículo 15 - Modalidades de colaboración

Las Partes alentarán la creación de asociaciones entre el sector público, el privado y organismos sin fines lucrativos, así como dentro de cada uno de ellos, a fin de cooperar con los países en desarrollo en el fortalecimiento de sus capacidades con vistas a proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales. Estas asociaciones innovadoras harán hincapié, en función de las necesidades prácticas de los países en desarrollo, en el fomento de infraestructuras, recursos humanos y políticas, así como en el intercambio de actividades, bienes y servicios culturales.

Artículo 16 - Trato preferente a los países en desarrollo

Los países desarrollados facilitarán los intercambios culturales con los países en desarrollo, otorgando por conducto de los marcos institucionales y jurídicos adecuados un trato preferente a los artistas y otros profesionales de la cultura de los países en desarrollo, así como a los bienes y servicios culturales procedentes de ellos.

Artículo 17 - Cooperación internacional en situaciones de grave peligro para las expresiones culturales

Las Partes cooperarán para prestarse asistencia mutua, otorgando una especial atención a los países en desarrollo, en las situaciones contempladas en el Artículo 8.

Artículo 18 - Fondo Internacional para la Diversidad Cultural

1 . Queda establecido un Fondo Internacional para la Diversidad Cultural, denominado en adelante "el Fondo".

2. El Fondo estará constituido por fondos fiduciarios, de conformidad con el Reglamento Financiero de la UNESCO.

3. Los recursos del Fondo estarán constituidos por:

a) las contribuciones voluntarias de las Partes;

b) los recursos financieros que la Conferencia General de la UNESCO asigne a tal fin;

c) las contribuciones, donaciones o legados que puedan hacer otros Estados, organismos y programas del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones regionales o internacionales, entidades públicas o privadas y particulares;

d) todo interés devengado por los recursos del Fondo;

e) el producto de las colectas y la recaudación de eventos organizados en beneficio del Fondo;

f) todos los demás recursos autorizados por el Reglamento del Fondo.

4. La utilización de los recursos del Fondo por parte del Comité Intergubernamental se decidirá en función de las orientaciones que imparta la Conferencia de las Partes mencionada en el Artículo 22.

5. El Comité Intergubernamental podrá aceptar contribuciones u otro tipo de ayudas con finalidad general o específica que estén vinculadas a proyectos concretos, siempre y cuando éstos cuenten con su aprobación.

6. Las contribuciones al Fondo no podrán estar supeditadas a condiciones políticas, económicas ni de otro tipo que sean incompatibles con los objetivos perseguidos por la presente Convención.

7. Las Partes aportarán contribuciones voluntarias periódicas para la aplicación de la presente Convención.

Artículo 19 - Intercambio, análisis y difusión de información

1. Las Partes acuerdan intercambiar información y compartir conocimientos especializados sobre acopio de información y estadísticas relativas a la diversidad de las expresiones culturales, así como sobre las mejores prácticas para su protección y promoción.

2. La UNESCO facilitará, gracias a la utilización de los mecanismos existentes en la Secretaría, el acopio, análisis y difusión de todas las informaciones, estadísticas y mejores prácticas pertinentes.

3. Además, la UNESCO creará y mantendrá actualizado un banco de datos sobre los distintos sectores y organismos gubernamentales, privados y no lucrativos, que actúan en el ámbito de las expresiones culturales.

4. Para facilitar el acopio de información, la UNESCO prestará una atención especial a la creación de capacidades y competencias especializadas en las Partes que formulen una solicitud de ayuda a este respecto.

5. El acopio de información al que se refiere el presente artículo complementará la información a la que se hace referencia en el Artículo 9.

V. Relaciones con otros instrumentos

Artículo 20 - Relaciones con otros instrumentos: potenciación mutua, complementariedad y no subordinación

1. Las Partes reconocen que deben cumplir de buena fe con las obligaciones que les incumben en virtud de la presente Convención y de los demás tratados en los que son Parte. En consecuencia, sin subordinar esta Convención a los demás tratados:

a) fomentarán la potenciación mutua entre la presente Convención y los demás tratados en los que son Parte;

b) cuando interpreten y apliquen los demás tratados en los que son Parte o contraigan otras obligaciones internacionales, tendrán en cuenta las disposiciones pertinentes de la presente Convención.

2. Ninguna disposición de la presente Convención podrá interpretarse como una modificación de los derechos y obligaciones de las Partes que emanen de otros tratados internacionales en los que sean parte.

Artículo 21 - Consultas y coordinación internacionales

Las Partes se comprometen a promover los objetivos y principios de la presente Convención en otros foros internacionales. A tal efecto, las Partes se consultarán, cuando proceda, teniendo presentes esos objetivos y principios.

VI. Organos de la Convención

Artículo 22 - Conferencia de las Partes

1. Se establecerá una Conferencia de las Partes. La Conferencia de las Partes será el órgano plenario y supremo de la presente Convención.

2. La Conferencia de las Partes celebrará una reunión ordinaria cada dos años en concomitancia, siempre y cuando sea posible, con la Conferencia General de la UNESCO. Podrá reunirse con carácter extraordinario cuando así lo decida, o cuando el Comité Intergubernamental reciba una petición en tal sentido de un tercio de las Partes por lo menos.

3. La Conferencia de las Partes aprobará su propio reglamento.

4. Corresponderán a la Conferencia de las Partes, entre otras, las siguientes funciones:

a) elegir a los miembros del Comité Intergubernamental;

b) recibir y examinar los informes de las Partes en la presente Convención transmitidos por el Comité Intergubernamental;

c) aprobar las orientaciones prácticas que el Comité Intergubernamental haya preparado a petición de la Conferencia;

d) adoptar cualquier otra medida que considere necesaria para el logro de los objetivos de la presente Convención.

Artículo 23 - Comité Intergubernamental

1. Se establecerá en la UNESCO un Comité Interguber-namental para la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, denominado en lo sucesivo "el Comité Intergubernamental", que comprenderá representantes de 18 Estados Parte en la Convención, elegidos por la Conferencia de las Partes para desempeñar un mandato de cuatro años tras la entrada en vigor de la presente Convención de conformidad con el Artículo 29.

2. El Comité Intergubernamental celebrará una reunión anual.

3. El Comité Intergubernamental funcionará bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes, cumpliendo sus orientaciones y rindiéndoles cuentas de sus actividades.

4. El número de miembros del Comité Intergubernamental pasará a 24 cuando el número de Partes en la Convención ascienda a 50.

5. La elección de los miembros del Comité Interguber-namental deberá basarse en los principios de la representación geográfica equitativa y la rotación.

6. Sin perjuicio de las demás atribuciones que se le confieren en la presente Convención, las funciones del Comité Intergubernamental serán las siguientes:

a) promover los objetivos de la Convención y fomentar y supervisar su aplicación;

b) preparar y someter a la aprobación de la Conferencia de las Partes orientaciones prácticas, cuando ésta lo solicite, para el cumplimiento y aplicación de las disposiciones de la Convención;

c) transmitir a la Conferencia de las Partes informes de las Partes, junto con sus observaciones y un resumen del contenido;

d) formular las recomendaciones apropiadas en los casos que las Partes en la Convención sometan a su atención de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, y en particular su Artículo 8;

e) establecer procedimientos y otros mecanismos de consulta para promover los objetivos y principios de la presente Convención en otros foros internacionales;

f) realizar cualquier otra tarea que le pueda pedir la Conferencia de las Partes.

7. El Comité Intergubernamental, de conformidad con su Reglamento, podrá invitar en todo momento a entidades públicas o privadas y a particulares o participar en sus reuniones para consultarlos sobre cuestiones específicas.

8. El Comité Intergubernamental elaborará su propio Reglamento y lo someterá a la aprobación de la Conferencia de las Partes.

Artículo 24 - Secretaría de la UNESCO

1. Los órganos de la Convención estarán secundados por la Secretaría de la UNESCO.

2. La Secretaría preparará los documentos de la Conferencia de las Partes y del Comité Intergubernamental, así como los proyectos de los órdenes del día de sus reuniones, y coadyuvará a la aplicación de sus decisiones e informará sobre dicha aplicación.

VII. Disposiciones finales

Artículo 25 - Solución de controversias

1. En caso de controversia acerca de la interpretación o aplicación de la presente Convención, las Partes procurarán resolverla mediante negociaciones.

2. Si las Partes interesadas no llegaran a un acuerdo mediante negociaciones, podrán recurrir conjuntamente a los buenos oficios o la medicación de una tercera parte.

3. Cuando no se haya recurrido a los buenos oficios o la mediación o no se haya logrado una solución mediante negociaciones, buenos oficios o mediación, una Parte podrá recurrir a la conciliación de conformidad con el procedimiento que figura en el Anexo de la presente Convención. Las Partes examinarán de buena fe la propuesta que formule la Comisión de Conciliación para solucionar la controversia.

4. En el momento de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, cada Parte podrá declarar que no reconoce el procedimiento de conciliación previsto supra. Toda Parte que haya efectuado esa declaración podrá retirarla en cualquier momento mediante una notificación dirigida al Director General de la UNESCO.

Artículo 26 - Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por parte de los Estados Miembros

1. La presente Convención estará sujeta a la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de los Estados Miembros de la UNESCO, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.

2. Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán ante el Director General de la UNESCO.

Artículo 27 - Adhesión

1. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de todo Estado que no sea miembro de la UNESCO, pero que pertenezca a las Naciones Unidas o a uno de sus organismos especializados y que haya sido invitado por la Conferencia General de la Organización a adherirse a la Convención.

2. La presente Convención quedará abierta asimismo a la adhesión de los territorios que gocen de plena autonomía interna reconocida como tal por las Naciones Unidas pero que no haya alcanzado la plena independencia de conformidad con la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y que tengan competencia sobre las materias regidas por esta Convención, incluida la de suscribir tratados en relación con ellas.

3. Se aplicarán las siguientes disposiciones a las organizaciones de integración económica regional:

a) la presente Convención quedará abierta asimismo a la adhesión de toda organización de integración económica regional, estando ésta a reserva de lo dispuesto en los apartados siguientes, vinculada por las disposiciones de la presente Convención de igual manera que los Estados Parte;

b) de ser uno o varios Estados Miembros de una organización de ese tipo Partes en la presente Convención, esa organización y ese o esos Estados Miembros decidirán cuáles son sus responsabilidades respectivas en lo referente al cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la presente Convención. Ese reparto de responsabilidades surtirá efecto una vez finalizado el procedimiento de notificación previsto en el apartado c) infra. La organización y sus Estados Miembros no estarán facultados para ejercer concomitantemente los derechos que emanan de la presente Convención. Además, para ejercer el derecho de voto en sus ámbitos de competencia, la organización de integración económica regional dispondrá de un número de votos igual al de sus Estados Miembros que san Parte en la presente Convención. La organización no ejercerá el derecho de voto si sus Estados Miembros lo ejercen, y viceversa;

c) la organización de integración económica regional y el o los Estados Miembros de la misma que hayan acordado el reparto de responsabilidades previsto en el apartado b) supra informarán de éste a las Partes, de la siguiente manera:

i) en su instrumento de adhesión dicha organización declarará con precisión cuál es el reparto de responsabilidades con respecto a las materias regidas por la presente Convención;

ii) de haber una modificación ulterior de las responsabilidades respectivas, la organización de integración económica regional informará al depositario de toda propuesta de modificación de esas responsabilidades, y éste informará a su vez de ello a las Partes;

d) se presume que los Estados Miembros de una organización de integración económica regional que hayan llegado a ser Partes en la Convención siguen siendo competentes en todos los ámbitos que no hayan sido objeto de una transferencia de competencia a la organización, expresamente declarada o señalada al depositario;

e) se entiende por "organización de integración económica regional" toda organización constituida por Estados soberanos miembros de las Naciones Unidas o de uno de sus organismos especializados, a la que esos Estados han transferido sus competencias en ámbitos regidos por esta Convención y que ha sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, a ser Parte en la Convención.

4. El instrumento de adhesión se depositara ante el Director General de la UNESCO.

Artículo 28 - Punto de contacto

Cuando llegue a ser Parte en la presente Convención, cada Parte designará el punto de contacto mencionado en el Artículo 9.

Artículo 29 - Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha de depósito del trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, pero sólo para los Estados o las organizaciones de integración económica regional que hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión en esa fecha o anteriormente. Para las demás Partes, entrará en vigor tres meses después de efectuado el depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2. A efectos del presente artículo, no se considerará que los instrumentos de cualquier tipo depositados por una organización de integración económica regional vienen a añadirse a los instrumentos ya depositados por sus Estados Miembros.

Artículo 30 - Regímenes constitucionales federales o no unitarios

Reconociendo que los acuerdos internacionales vinculan asimismo a las Partes, independientemente de sus sistemas constitucionales, se aplicarán las siguientes disposiciones a las Partes que tengan un régimen constitucional federal o no unitario:

a) por lo que respecta a las disposiciones de la presente Convención cuya aplicación incumba al poder legislativo federal o central, las obligaciones del gobierno federal o central serán idénticas a las de las Partes que no son Estados federales;

b) por lo que respecta a las disposiciones de la presente Convención cuya aplicación sea de la competencia de cada una de las unidades constituyentes, ya sean Estados, condados, provincias o cantones que, en virtud del régimen constitucional de la federación, no estén facultados para tomar medidas legislativas, el gobierno federal comunicará con su dictamen favorable esas disposiciones, si fuere necesario, a las autoridades competentes de las unidades constituyentes, ya sean Estados, condados, provincias o cantones, para que las aprueben.

Artículo 31 - Denuncia

1. Toda Parte en la presente Convención podrá denunciarla.

2. La denuncia se notificará por medio de un instrumento escrito, que se depositará ante el Director General de la UNESCO.

3. La denuncia surtirá efecto 12 meses después de la recepción del instrumento de denuncia. No modificará en modo alguno las obligaciones financieras que haya de asumir la Parte denunciante hasta la fecha en que su retirada de la Convención sea efectiva.

Artículo 32 - Funciones del depositario

El Director General de la UNESCO, en su calidad de depositario de la presente Convención, informará a los Estados Miembros de la Organización, los Estados que no son miembros, las organizaciones de integración económica regional mencionadas en el Artículo 27 y las Naciones Unidas, del depósito de todos los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión contemplados en los Artículos 26 y 27 y de las denuncias previstas en el Artículo 31.

Artículo 33 - Enmiendas

1. Toda Parte en la presente Convención podrá proponer enmiendas a la misma mediante comunicación dirigida por escrito al Director General. Este transmitirá la comunicación a todas las demás Partes. Si en los seis meses siguientes a la fecha de envío de la comunicación la mitad por lo menos de las Partes responde favorablemente a esa petición, el Director General someterá la propuesta al examen y eventual aprobación de la siguiente reunión de la Conferencia de las Partes.

2. Las enmiendas serán aprobadas por una mayoría de dos tercios de las Partes presentes y votantes.

3. Una vez aprobadas, las enmiendas a la presente Convención deberán ser objeto de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por las Partes.

4. Para las Partes que hayan ratificado, aceptado o aprobado enmiendas a la presente Convención, o se hayan adherido a ellas, las enmiendas entrarán en vigor tres meses después de que dos tercios de las Partes hayan depositado los instrumentos mencionados en el párrafo 3 del presente Artículo. A partir de ese momento la correspondiente enmienda entrará en vigor para cada Parte que la ratifique, acepte, apruebe o se adhiera a ellas tres meses después de la fecha en que la Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

5. El procedimiento previsto en los párrafos 3 y 4 no se aplicará a las enmiendas al Artículo 23 relativo al número de miembros del Comité Intergubernamental. Estas enmiendas entrarán en vigor en el momento mismo de su aprobación.

6. Los Estados u organizaciones de integración económica regionales mencionadas en el Artículo 27, que pasen a ser Partes en esta Convención después de la entrada en vigor de enmiendas de conformidad con el párrafo 4 del presente artículo y que no manifiesten una intención en sentido contrario serán considerados:

a) Partes en la presente Convención así enmendada; y

b) Partes en la presente Convención no enmendada con respecto a toda Parte que no esté obligada por las enmiendas en cuestión.

Artículo 34 - Textos auténticos

La presente Convención está redactada en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, siendo los seis textos igualmente auténticos.

Artículo 35 - Registro

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, la presente Convención se registrará en la Secretaría de las Naciones Unidas a petición del Director General de la UNESCO.

ANEXO

Procedimiento de conciliación

Artículo 1 - Comisión de Conciliación

Se creará una Comisión de Conciliación a solicitud de una de las Partes en la controversia. A menos que las Partes acuerden otra cosa, esa Comisión estará integra por cinco miembros, dos nombrados por cada Parte interesada y un Presidente elegido conjuntamente por esos miembros.

Artículo 2 - Miembros de la Comisión

En las controversias entre más de dos Partes, aquellas que compartan un mismo interés nombrarán de común acuerdo a sus respectivos miembros en la Comisión. Cuando dos o más Partes tengan intereses distintos o haya desacuerdo en cuanto a las Partes que tengan el mismo interés, nombrarán a sus miembros por separado.

Artículo 3 - Nombramientos

Si, en un plazo de dos meses después de haberse presentado una solicitud de creación de una Comisión de Conciliación, las Partes no hubieran nombrado a todos los miembros de la Comisión, el Director General de la UNESCO, a  instancia de la Parte que haya presentado la solicitud, procederá a los nombramientos necesarios en un nuevo plazo de dos meses.

Artículo 4 - Presidente de la Comisión

Si el Presidente de la Comisión de Conciliación no hubiera sido designado por ésta dentro de los dos meses siguientes al nombramiento del último miembro de la Comisión, el Director General de la UNESCO, a instancia de una de las Partes, procederá a su designación en un nuevo plazo de dos meses.

Artículo 5 - Fallos

La Comisión de Conciliación emitirá sus fallos por mayoría de sus miembros. A menos que las Partes en la controversia decidan otra cosa, determinará su propio procedimiento. La Comisión formulará una propuesta de solución de la controversia que las Partes examinarán de buena fe.

Artículo 6 - Desacuerdos

Cualquier desacuerdo en cuanto a la competencia de la Comisión de Conciliación será zanjado por la propia Comisión.

 

 

 

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Internacionales ha considerado el proyecto de ley mediante el cual se aprueba la Convención sobre la protección de la Diversidad de los Contenidos Culturales y las Expresiones Artísticas y su anexo, adoptada el 20 de octubre de 2005 en ocasión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) celebrada en octubre de 2005.

Antecedentes: En noviembre de 2001 en París, durante la 31ª Conferencia de UNESCO se aprueba la Declaración Universal de la Diversidad Cultural. Esto trajo como resultado el inicio de un movimiento de las asociaciones nacionales e internacionales promoviendo y señalando la importancia del tema.

Luego, durante la 33ª Conferencia General de la UNESCO del 20 de octubre de 2005, se aprueba la Convención sobre la Protección de la Diversidad de los Contenidos Culturales y las Expresiones Artísticas.

Definición de Diversidad Cultural

(incluida en el texto del Art. 4º de la Convención)

La "diversidad cultural" se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades.

La diversidad cultural se manifiesta no sólo en las diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados.

El preámbulo de la Convención expresa, entre varios elementos, cómo la diversidad cultural constituye un patrimonio común de la humanidad, que crea un mundo rico y variado acrecentando las posibilidades, capacidades y valores humanos, siendo un motor del desarrollo sostenible de los pueblos.

Expresa, además, su capacidad de prosperar en un marco de democracia, tolerancia, justicia social y respeto mutuo. Señala la necesidad de incorporar a la cultura como elemento estratégico de las políticas de desarrollo nacionales e internacionales. Reconoce la importancia del conocimiento tradicional como fuente de riqueza, así como la necesidad de adoptar medidas de protección. Hace referencia al elemento fundamental de la diversidad lingüística y el papel de la educación en la protección y promoción de las expresiones culturales.

Observa los procesos de mundialización que facilitados por la rápida evolución de la tecnología crean condiciones para intensificar la interacción entre culturas a la vez que son un desafío para la diversidad cultural en lo que se refiere a los riesgos de desequilibrios entre países ricos y pobres.

Objetivos y Principios rectores

Objetivos de la Convención:

Los objetivos están incluidos en su primer artículo y establecen (a) la promoción y protección de la diversidad de las expresiones culturales; (b) crear las condiciones para que las diversas culturas puedan prosperar a la vez que mantengan interacciones provechosas; (c) fomentar el diálogo entre culturas en pro del respeto intercultural y una cultura de paz; (d) fomentar la interculturalidad hacia la construcción de puentes entre los pueblos; (e) promover el respeto a la diversidad de las expresiones culturales y promover la toma de conciencia de su valor; (f) reafirmar el vínculo existente entre la cultura y el desarrollo, especialmente en países subdesarrollados; (g) reconocer la especificidad de las actividades, bienes y servicios culturales como portadores de identidad, valores y significado, (h) reiterar con claridad el derecho soberano de los Estados a elaborar y aplicar las políticas culturales que estimen necesarias para garantizar la diversidad de expresiones culturales en sus territorios nacionales; (i) fortalecer la cooperación y la solidaridad internacionales y así reforzar las capacidades de los países subdesarrollados.

Principios rectores:

Dentro de los principios rectores incluidos en el segundo artículo de la Convención se destacan: El principio de respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales; de soberanía; de igual dignidad y respeto de todas las culturas; de solidaridad y cooperación internacionales; de desarrollo sostenible; y de acceso equitativo.

Los artículos siguiente se refieren al ámbito de aplicación (II, artículo 3) y a las definiciones (III, artículo 4).

Derechos y Obligaciones de las Partes:

El artículo 6 establece los derechos a nivel nacional que pueden consistir en medidas de diversa índole: para la protección y promoción de la diversidad, que brinden oportunidades a las actividades y a los bienes y servicios culturales; que faciliten el acceso efectivo a medios de producción para las industrias culturales independientes; aquellas que concedan asistencia financiera pública; que respalden y apoyen a los artistas y demás personas que participan en la creación de expresiones culturales; para la promoción de medios de comunicación social.

El artículo 7 se refiere a las medidas para promover las expresiones culturales y el Artículo 8 aquellas que sirvan para su protección.

En el Artículo 9 se establecen la información y transparencia, donde las Partes se comprometen a proporcionar informes a UNESCO cada cuatro años sobre las medidas de protección y promoción adoptadas. Se designará, también, un punto de contacto encargado del intercambio de información y se comunicará e intercambiará información referente a la protección y promoción de la diversidad.

El Artículo 10 se refiere a la educación y sensibilización del público.

El Artículo 11 a la participación de la sociedad civil.

La promoción de la Cooperación Internacional se establece en el Artículo 12 donde se busca fortalecer las capacidades estratégicas y de gestión del sector público

en las instituciones culturales públicas mediante intercambios profesionales y culturales internacionales; también señala al fomento de acuerdos de coproducción y codistribución.

En el artículo que se refiere a la Cooperación para el Desarrollo (Art. 14) establece como las Partes se esforzarán para apoyar la cooperación para el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. Se establece, como un instrumento, la creación de un Fondo Internacional para la Diversidad Cultural constituido por fondos fiduciarios constituidos por: las contribuciones voluntarias de las Partes, los recursos que la Conferencia General de la UNESCO asigne, contribuciones, donaciones o legados que puedan hacer los Estados, organismos y programas de la ONU, organizaciones regionales o internacionales, entidades públicas o privadas y particulares; intereses devengados por los recursos del Fondo; etc.

Organos de la Convención:

La Conferencia de las Partes y el Comité Interguber-namental. La primera será el órgano plenario y supremo de la presente Convención, la cual se constituirá y celebrará sus reuniones ordinarias cada dos años y preferentemente durante la Conferencia General de la UNESCO.

El Comité Intergubernamental estará integrado por 18 Estados Partes, con una reunión anual y funcionará bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes.

La vigencia y aplicación de la Convención será para los primeros 30 países que la ratifiquen, mientras que el resto se irán incorporado tres meses después de su depósito de ratificación.

Esto significa que el depósito de la última ratificación debería realizarse tres meses antes de la próxima Conferencia de la UNESCO en octubre de 2007, de lo contrario tal depósito podría postergarse hasta octubre de 2009. Por lo tanto, solicitamos al Cuerpo la pronta aprobación del presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 5 de octubre de 2006.

Alberto Couriel, Miembro Informante; Carlos Baráibar, Carlos Camy, Luis Alberto Heber, Jorge Larrañaga, En-rique Rubio, Julio María Sanguinetti. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: se trata de una Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales y Artísticas, que fue acordada el 20 de octubre de 2005, en ocasión de la Conferencia General de la UNESCO.

Como antecedente, podríamos afirmar que en París, en noviembre de 2001, durante una Conferencia de la UNESCO, se aprobó la Declaración Universal de la Diversidad Cultural. Como consecuencia de la existencia de diversos movimientos de distintas asociaciones nacionales e internacionales, promoviendo y señalando la importancia de la diversidad cultural, en la 33ª Conferencia General de la UNESCO se aprobó esta Convención.

De acuerdo con lo que ella establece, la diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y de las sociedades. Estas expresiones se trasmiten dentro y entre los grupos y las sociedades.

La diversidad cultural se manifiesta no sólo en las diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la Humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute, cualesquiera sean los medios y tecnologías utilizados.

Señor Presidente: los objetivos de la Convención están incluidos en su primer artículo y establecen, entre otros, la promoción y protección de la diversidad de las expresiones culturales; la creación de condiciones para que las diversas culturas puedan prosperar, a la vez que mantengan interacciones provechosas; el fomento del diálogo entre culturas en pro del respeto intercultural y una cultura de paz; el fomento de ese aspecto intercultural hacia la construcción de puentes entre los pueblos; la promoción del respeto a la diversidad de las expresiones culturales y la promoción de la toma de conciencia de su valor; la reafirmación del vínculo existente entre la cultura y el desarrollo, especialmente en países subdesarrollados, y el reconocimiento de la especificidad de las actividades, bienes y servicios culturales como portadores de identidad, valores y significado.

Es en función de estos elementos, señor Presidente, que en la Convención se crea un Fondo Internacional para la Diversidad Cultural, constituido por fondos fiduciarios provenientes de las contribuciones voluntarias de las partes, los recursos que la Conferencia General de la UNESCO asigne, las contribuciones, donaciones o legados que puedan hacer los Estados, organismos y programas de las Naciones Unidas, organizaciones regionales o internacionales, entidades públicas o privadas y particulares, más los intereses devengados por los recursos del Fondo, etcétera.

Es importante señalar que los organismos básicos son la Conferencia de las Partes y el Comité Intergubernamental. Es necesario aprobar esto cuanto antes, porque los primeros treinta países podrán tener una representación directa en el Consejo Directivo correspondiente.

Es por esta razón, señor Presidente, que estamos proponiendo la aprobación de esta Convención sobre la diversidad cultural.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Creo que es importante resaltar algunos temas que están vinculados con este Tratado, porque no sólo se relaciona con la diversidad cultural, sino particularmente con la defensa de la identidad cultural. La diversidad puede ser un hecho existente -y existe-, pero en el ámbito en que nosotros nos manejamos, los riesgos de extinción de la diversidad cultural que se están produciendo, son muy importantes.

En este Tratado, como muy bien dijo el Miembro Informante, hay una serie de normas. Son 148 países que lo firman, pero sólo 30 pueden participar en el órgano de Dirección. También hay asistencia financiera importante para poder desarrollar esto. En su artículo 6º, numeral 2, literal a), se destacan las medidas reglamentarias encaminadas a la protección y promoción de la diversidad. En su artículo 8º, numeral 1, se establece que una Parte podrá determinar si hay situaciones especiales en que las expresiones culturales en su territorio corren riesgo de extinción, son objeto de una grave amenaza o requieren algún tipo de medida urgente de salvaguardia, pudiendo adoptarse cuantas medidas se consideren necesarias.

Parecería que estamos haciendo hincapié en los derechos de los países, en particular de los que están en vías de desarrollo, pero esto no es sólo preocupación de éstos. En las discusiones básicas en la Ronda Uruguay del GATT hubo un largo enfrentamiento entre países como Francia que, en oposición a los Estados Unidos, quiso rescatar la identidad cultural para que la globalización en la multilatera-lidad no terminara erosionando su identidad o el derecho a mantener su diversidad cultural. Imaginen, señor Presidente y señores Senadores, que si este tema se plantea a nivel de los países desarrollados, cómo no se va a plantear a nivel de los que están en vías de desarrollo y en países como los nuestros, de América Latina, donde la diversidad cultural tiene raíces y bases particularmente indígenas y en donde la posibilidad de defenderse de la extinción es muy reducida.

Es fundamental reflexionar sobre este avance de la extinción y del atentado contra la diversidad cultural, que es un derecho humano básico que también puede estar en peligro por el avance de la tecnología, entre otras cosas, como la aprobación de la televisión digital y de los patrones digitales, a los que nos enfrentamos hoy internacionalmente. En poco tiempo el Uruguay va a tener que elegir qué patrón digital quiere: el japonés, el americano o el europeo. Del que elija y de la forma en que tenga la relación de televisión digital y las ondas de comunicación, es que se va a comprometer su identidad cultural, porque los ciudadanos de nuestros países van a estar expuestos a cientos de canales y de tecnología, dejando de lado muchos de los aspectos que hacen a su identidad, a su historia y a su tradición.

De manera que este tema es de particular importancia y estoy totalmente de acuerdo con el Miembro Informante en que hay que votarlo, pero también hay que seguir reflexionando sobre las derivaciones que esto tiene, que no son de naturaleza teórica y que hacen a derechos básicos fundamentales y a la suerte, así como a la existencia de un país en su identidad cultural y política.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Comparto totalmente las expresiones vertidas por los señores Senadores que han hablado del tema.

Estos cuatro proyectos que estamos votando en el día de hoy tienen que ver con lo que desarrollaba recién el señor Senador Abreu, que son los contenidos culturales, que en el caso de las distintas formas de comunicación en el mundo, expresan o no la preservación de la identidad cultural de los pueblos. Me parece que ponernos al día con esta discusión desde nuestra pequeñez, pero también desde nuestra identidad cultural, es un avance importante, porque entramos en el ruedo de las discusiones que se están dando en el mundo para que la cultura no se convierta en una mercancía y que los derechos de autor y los derechos morales sean defendidos. Muchas veces, allí gana un mercado potente en las cuestiones económicas, que nos va invadiendo y disminuyendo las culturas tan ricas de nuestros países, que tenemos que preservar -especialmente en el nuestro, que presenta una amalgama de culturas- y defender en esta Convención sobre la Diversidad de las Expresiones Culturales, además de reivindicar nuestros orígenes y utilizarlos como un elemento distinto dentro del contexto de América Latina y el Caribe.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"ARTICULO UNICO.- Apruébase la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales y su Anexo adoptada el 20 de octubre de 2005 en ocasión de la 33ª reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en la ciudad de París del 3 al 21 de octubre de 2005".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

24) TRATADO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DECLARACIONES CONCERTADAS RELATIVAS AL TRATADO DE LA OMPI SOBRE DERECHO DE AUTOR

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en duodécimo lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor y Declaraciones Concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, suscrito en la ciudad de Ginebra, el 8 de enero de 1997. (Carp. Nº 385/05 - Rep. Nº 332/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 385/05

Rep. Nº 332/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor y Declaraciones Concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, suscrito en la ciudad de Ginebra, el 8 de enero de 1997.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 8 de noviembre de 2005.

Nora Castro Presidenta

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 25 de julio de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el Artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 18 de noviembre de 1997 que se adjunta, por el cual se solicitó la aprobación parlamentaria del "Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor, y Declaraciones Concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor", adoptado en la Conferencia Diplomática sobre ciertas Cuestiones de Derecho de Autor y Derechos Conexos en la ciudad de Ginebra el 20 de diciembre de 1996 y firmado por nuestro país el 8 de enero de 1997.

Al mantenerse vigentes los fundamentos que en su oportunidad dieron mérito al envío de aquel Mensaje, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Jorge Lepra, Jorge Brovetto.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 25 de julio de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor y Declaraciones Concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, suscripto en la ciudad de Ginebra el 8 de enero de 1997.

Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Jorge Lepra, Jorge Brovetto.

OMPI

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

CONFERENCIA DIPLOMATICA SOBRE CIERTAS CUESTIONES DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Ginebra, 2 al 20 de diciembre de 1996

TRATADO DE LA OMPI SOBRE DERECHO DE AUTOR

adoptado por la Conferencia Diplomática el 20 de diciembre de 1996

PREAMBULO

Las Partes Contratantes,

Deseosas de desarrollar y mantener la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas de la manera más eficaz y uniforme posible,

Reconociendo la necesidad de introducir nuevas normas internacionales y clarificar la interpretación de ciertas normas vigentes a fin de proporcionar soluciones adecuadas a los interrogantes planteados por nuevos acontecimientos económicos, sociales, culturales y tecnológicos,

Reconociendo el profundo impacto que han tenido el desarrollo y la convergencia de las tecnologías de información y comunicación en la creación y utilización de las obras literarias y artísticas,

Destacando la notable significación de la protección del derecho de autor como incentivo para la creación literaria y artística,

Reconociendo la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los autores y los intereses del público en general, en particular en la educación, la investigación y el acceso a la información, como se refleja en el Convenio de Berna,

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1

Relación con el Convenio de Berna

1) El presente Tratado es un arreglo particular en el sentido del Artículo 20 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, en lo que respecta a las Partes Contratantes que son países de la Unión establecida por dicho Convenio. El presente Tratado no tendrá conexión con tratados distintos del Convenio de Berna ni perjudicará ningún derecho u obligación en virtud de cualquier otro Tratado.

2) Ningún contenido del presente Tratado derogará las obligaciones existentes entre las Partes Contratantes en virtud del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

3) En adelante, se entenderá por "Convenio de Berna" el Acta de París, de 24 de julio de 1971, del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

4) Las Partes Contratantes darán cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 1 a 21 y en el Anexo del Convenio de Berna.

Artículo 2

Ambito de la protección del derecho de autor

La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí.

Artículo 3

Aplicación de los Artículos 2 a 6 del Convenio de Berna

Las Partes Contratantes aplicarán mutatis mutandis las disposiciones de los Artículos 2 a 6 del Convenio de Berna respecto de la protección contemplada en el presente Tratado.

Artículo 4

Programas de ordenador

Los programas de ordenador están protegidos como obras literarias en el marco de lo dispuesto en el Artículo 2 del Convenio de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresión.

Artículo 5

Compilaciones de datos (bases de datos)

Las compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, están protegidas como tales. Esa protección no abarca los datos o materiales en sí mismos y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación.

Artículo 6

Derecho de distribución

1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad.

2) Nada en el presente Tratado afectará la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la obra con autorización del autor.

Artículo 7

Derecho de alquiler

1) Los autores de:

i) programas de ordenador;

ii) obras cinematográficas; y

iii) obras incorporadas en fonogramas, tal como establezca la legislación nacional de las Partes Contratantes;

gozarán del derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de sus obras.

2) El párrafo 1) no será aplicable:

i) en el caso de un programa de ordenador, cuando el programa propiamente dicho no sea el objeto esencial del alquiler; y

ii) en el caso de una obra cinematográfica, a menos que ese alquiler comercial haya dado lugar a una copia generalizada de dicha obra que menoscabe considerablemente el derecho exclusivo de reproducción.

3) No obstante lo dispuesto en el párrafo 1), una Parte Contratante que al 15 de abril de 1994 aplicaba y continúa teniendo vigente un sistema de remuneración equitativa de los autores en lo que se refiere al alquiler de ejemplares de sus obras incorporadas en fonogramas, podrá mantener ese sistema a condición de que el alquiler comercial de obras incorporadas en fonogramas no dé lugar al menoscabo considerable del derecho exclusivo de reproducción de los autores.

Artículo 8

Derecho de comunicación al público

Sin perjuicio de lo previsto en los Artículos 11.1)ii), 11bis.1)i) y ii), 11ter.1)ii), 14.1)ii) y 14bis.1) del Convenio de Berna, los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

Artículo 9

Duración de la protección para las obras fotográficas

Respecto de las obras fotográficas, las Partes Contratantes no aplicarán las disposiciones del Artículo 7.4) del Convenio de Berna.

Artículo 10

Limitaciones y excepciones

1) Las Partes Contratantes podrán prever, en sus legislaciones nacionales, limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a los autores de obras literarias y artísticas en virtud del presente Tratado en ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

2) Al aplicar el Convenio de Berna, las Partes Contratantes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en dicho Convenio a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

Artículo 11

Obligaciones relativas a las medidas tecnológicas

Las Partes Contratantes proporcionarán protección jurídica adecuada y recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir las medidas tecnológicas efectivas que sean utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado o del Convenio de Berna y que, respecto de sus obras, restrinjan actos que no estén autorizados por los autores concernidos o permitidos por la Ley.

Artículo 12

Obligaciones relativas a la información sobre la gestión de derechos

1) Las Partes Contratantes proporcionarán recursos jurídicos efectivos contra cualquier persona que, con conocimiento de causa, realice cualquiera de los siguientes actos sabiendo o, con respecto a recursos civiles, teniendo motivos razonables para saber que induce, permite, facilita u oculta una infracción de cualquiera de los derechos previstos en el presente Tratado o en el Convenio de Berna:

i) suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos;

ii) distribuya, importe para su distribución, emita, o comunique al público, sin autorización, ejemplares de obras sabiendo que la información electrónica sobre la gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización.

2) A los fines del presente Artículo, se entenderá por "información sobre la gestión de derechos" la información que identifica a la obra, al autor de la obra, al titular de cualquier derecho sobre la obra, o información sobre los términos y condiciones de utilización de las obras, y todo número o código que represente tal información, cuando cualquiera de estos elementos de información estén adjuntos a un ejemplar de una obra o figuren en relación con la comunicación al público de una obra.

Artículo 13

Aplicación en el tiempo

Las Partes Contratantes aplicarán las disposiciones del Artículo 18 del Convenio de Berna a toda la protección contemplada en el presente Tratado.

Artículo 14

Disposiciones sobre la observancia de los derechos

1) Las Partes Contratantes se comprometen a adoptar, de conformidad con sus sistemas jurídicos, las medidas necesarias para asegurar la aplicación del presente Tratado.

2) Las Partes Contratantes se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos a que se refiere el presente Tratado, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.

Artículo 15

Asamblea

1) a) Las Partes Contratantes contarán con una Asamblea.

b) Cada Parte Contratante estará representada por un delegado que podrá ser asistido por suplentes, asesores y expertos.

c) Los gastos de cada delegación correrán a cargo de la Parte Contratante que la haya designado. La Asamblea podrá pedir a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominada en adelante "OMPI") que conceda asistencia financiera, para facilitar la participación de delegaciones de Partes Contratantes consideradas países en desarrollo de conformidad con la práctica establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas o que sean países en transición a una economía de mercado.

2) a) La Asamblea tratará las cuestiones relativas al mantenimiento y desarrollo del presente Tratado, así como las relativas a la aplicación y operación del presente Tratado.

b) La Asamblea realizará la función que le sea asignada en virtud del Artículo 17.2) respecto de la admisión de ciertas organizaciones intergubernamentales para ser parte en el presente Tratado.

c) La Asamblea decidirá la convocatoria de cualquier conferencia diplomática para la revisión del presente Tratado y girará las instrucciones necesarias al Director General de la OMPI para la preparación de dicha conferencia diplomática.

3) a) Cada Parte Contratante que sea un Estado dispondrá de un voto y votará únicamente en nombre propio.

b) Cualquier Parte Contratante que sea organización intergubernamental podrá participar en la votación, en lugar de sus Estados miembros, con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean parte en el presente Tratado. Ninguna de estas organizaciones intergubernamentales podrá participar en la votación si cualquiera de sus Estados miembros ejerce su derecho de voto y viceversa.

4) La Asamblea se reunirá en período ordinario de sesiones una vez cada dos años, previa convocatoria del Director General de la OMPI.

5) La Asamblea establecerá su propio reglamento, incluida la convocatoria de períodos extraordinarios de sesiones, los requisitos de quórum y, con sujeción a las disposiciones del presente Tratado, la mayoría necesaria para los diversos tipos de decisiones.

Artículo 16

Oficina Internacional

La Oficina Internacional de la OMPI se encargará de las tareas administrativas relativas al Tratado.

Artículo 17

Elegibilidad para ser parte en el Tratado

1) Todo Estado miembro de la OMPI podrá ser parte en el presente Tratado.

2) La Asamblea podrá decidir la admisión de cualquier organización intergubernamental para ser parte en el presente Tratado, que declare tener competencia y tener su propia legislación que obligue a todos sus Estados miembros, respecto de cuestiones cubiertas por el presente Tratado y haya sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, para ser parte en el presente Tratado.

3) La Comunidad Europea, habiendo hecho la declaración mencionada en el párrafo precedente en la Conferencia Diplomática que ha adoptado el presente Tratado, podrá pasar a ser parte en el presente Tratado.

Artículo 18

Derechos y obligaciones en virtud del Tratado

Con sujeción a cualquier disposición que especifique lo contrario en el presente Tratado, cada Parte Contratante gozará de todos los derechos y asumirá todas las obligaciones dimanantes del presente Tratado.

Artículo 19

Firma del Tratado

Todo Estado miembro de la OMPI y la Comunidad Europea podrán firmar el presente Tratado, que quedará abierto a la firma hasta el 31 de diciembre de 1997.

Artículo 20

Entrada en vigor del Tratado

El presente Tratado entrará en vigor tres meses después de que 30 Estados hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión en poder del Director General de la OMPI.

Artículo 21

Fecha efectiva para ser parte en el Tratado

El presente Tratado vinculará:

i) a los 30 Estados mencionados en el Artículo 20 a partir de la fecha en que el presente Tratado haya entrado en vigor;

ii) a cualquier otro Estado a partir del término del plazo de tres meses contados desde la fecha en que el Estado haya depositado su instrumento en poder del Director General de la OMPI;

iii) a la Comunidad Europea a partir del término del plazo de tres meses contados desde el depósito de su instrumento de ratificación o adhesión, siempre que dicho instrumento se haya depositado después de la entrada en vigor del presente Tratado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20 o tres meses después de la entrada en vigor del presente Tratado si dicho instrumento ha sido depositado antes de la entrada en vigor del presente Tratado;

iv) cualquier otra organización intergubernamental que sea admitida a ser parte en el presente Tratado, a partir del término del plazo de tres meses contados desde el depósito de su instrumento de adhesión.

Artículo 22

No admisión de reservas al Tratado

No se admitirá reserva alguna al presente Tratado.

Artículo 23

Denuncia del Tratado

Cualquier parte podrá denunciar el presente Tratado mediante notificación dirigida al Director General de la OMPI. Toda denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en la que el Director General de la OMPI haya recibido la notificación.

Artículo 24

Idiomas del Tratado

1) El presente Tratado se firmará en un solo ejemplar original en español, árabe, chino, francés, inglés y ruso, considerándose igualmente auténticos todos los textos.

2) A petición de una parte interesada, el Director General de la OMPI establecerá un texto oficial en un idioma no mencionado en el párrafo 1), previa consulta con todas las partes interesadas. A los efectos del presente párrafo, se entenderá por "parte interesada" todo Estado miembro de la OMPI si de su idioma oficial se tratara, o si de uno de sus idiomas oficiales se tratara, y la Comunidad Europea y cualquier otra organización intergubernamental que pueda llegar a ser parte en el presente Tratado si de uno de sus idiomas oficiales se tratara.

Artículo 25

Depositario

El Director General de la OMPI será el depositario del presente Tratado.

 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 18 de noviembre de 1997.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 20 de la Constitución de la República, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueba el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y Declaraciones Concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, adoptado en la Conferencia Diplomática sobre ciertas Cuestiones de Derecho de Autor y Derechos Conexos en la ciudad de Ginebra el 20 de diciembre de 1996 y firmado por nuestro país el 8 de enero de 1997.

Considerando que la República es parte de los Tratados más importantes referentes al tema de Propiedad Intelectual, en particular del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (9/9/1886) aprobado por Ley Nº 9.739, de 17/12/67, la revisión de dicho Convenio a través del Acta de París (24/7/1971) aprobado por Ley Nº 14.910, de 19/7/79 y el Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, anexo al Acuerdo de creación de la OMC (15/4/1997) aprobado por Ley Nº 16.671, de 2/12/97; la ratificación del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor implicará el mantenimiento, por parte de nuestro país, de una conducta de observancia de las normas y principios fundamentales adoptados a nivel internacional en la materia.

El presente Tratado es un arreglo particular en el sentido del artículo 20 del Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, en lo que respecta a las Partes Contratantes del mismo. Esto significa que sus disposiciones confieren a los autores derechos más amplios que los concedidos por el Convenio de Berna o que comprende estipulaciones que no son contrarias al mismo.

En ese sentido, el presente Tratado posee la virtud de introducir nuevas normas internacionales destinadas a clarificar la interpretación de ciertos compromisos vigentes, con el fin de proporcionar soluciones adecuadas a las emergencias planteadas por los nuevos acontecimientos económicos, sociales, culturales y principalmente tecnológicos de la vida moderna.

Al respecto, cabe señalar el incremento de la facilidad y velocidad con que -debido al uso de la nueva tecnología- las obras, interpretaciones y producciones pueden ser reproducidas, manipuladas y distribuidas al público sin ningún tipo de autorización autoral. Tal es el motivo por el cual se impone la necesidad de brindar el marco jurídico adecuado capaz de incentivar la creación artística y literaria y proteger consecuentemente los derechos de autor del profundo impacto causado por el desarrollo tecnológico de la información y los medios de comunicación.

Nuestro país se encuentra en pleno proceso de actualización de su marco jurídico en la materia, por lo que la aprobación de este Tratado significará, además de dar cumplimiento al mandato de carácter programático establecido en el artículo 33 de la Constitución de la República, participar en un esquema multilateral idóneo para adecuar la efectiva protección a los derechos de propiedad intelectual.

En cuanto a la materia que quedará protegida por el derecho de autor, el Tratado alude a los programas de ordenador, cualquiera sea su forma de expresión y las compilaciones de datos o de otros materiales que por razones de la selección o disposición de sus contenidos, constituyen creaciones de orden intelectual (artículos 4 y 5).

En relación a los derechos de los autores, el Tratado aborda tres: i) el derecho de distribución; ii) el derecho de alquiler y iii) el derecho de comunicación al público.

Además, las Declaraciones concertadas relativas al Tratado sobre Derecho de Autor actualiza el derecho de reproducción y utilización e incluye el almacenamiento de una obra, para que puedan ser aplicables a las que se realizan utilizando tecnología digital (artículos 6, 7 y 8).

Adicionalmente, cabe destacar la disposición relativa a la obligación de prever recursos jurídicos contra la acción de eludir medidas tecnológicas (por ejemplo: la codificación) utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos.

El texto negociado obliga a cada Parte Contratante a adoptar, de conformidad con su sistema jurídico, las medidas necesarias para garantizar la aplicación del Tratado, estableciendo en su legislación nacional procedimientos de ejercicio de los derechos que permitan la adopción de acciones eficaces contra cualquier infracción de los derechos cubiertos por el Tratado (artículo 14).

Como puede apreciarse, este Tratado impone obligaciones de resultado, pero otorga libertad al momento de la elección de los medios destinados a la consecución de tales objetivos.

En opinión del Poder Ejecutivo, esta flexibilidad constituye un elemento importante, pues habilita a nuestro país a cumplir ampliamente con las obligaciones impuestas por el Tratado, ya que la legislación nacional vigente y fundamentalmente el Proyecto de Ley de Derechos de Autor a estudio en el Parlamento referido a esta temática, compatibilizan con los compromisos a asumir al momento de la ratificación de este instrumento internacional.

Concluyendo, puede advertirse que el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y las Declaraciones Concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor presentan disposiciones específicas tendientes a mejorar los regímenes de protección efectiva de la Propiedad Intelectual tomando en consideración la radical transformación de los patrones de creación y difusión de los conocimientos científicos y tecnológicos de la última década.

En virtud de lo expuesto, el Poder Ejecutivo solicita de este Cuerpo la aprobación parlamentaria correspondiente.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República; Alvaro Ramos, Julio Herrera, Samuel Lichtensztejn, Luis Mosca.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 18 de noviembre de 1997.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el "Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor y Declaraciones Concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor", suscripto en la ciudad de Ginebra a los ocho días del mes de enero de mil novecientos noventa y siete.

Alvaro Ramos, Julio Herrera, Samuel Luchtensztejn, Luis Mosca.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Asuntos Internacionales ha considerado el proyecto de ley mediante el cual se aprueba el "Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor y Declaraciones Concertadas relativas al mismo", suscrito en la ciudad de Ginebra, el 8 de enero de 1997.

Como lo indica el Mensaje del Proyecto Ejecutivo, el presente tratado es un arreglo particular en el sentido del artículo 20 del Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas. Esto significa que sus disposiciones confieren a los autores derechos más amplios que los concedidos por el mencionado convenio o que comprende estipulaciones que no son contrarias al mismo.

El Acta de París de 1971 referida al Convenio de Berna, constituye una norma amplia de protección, pero los avances tecnológicos registrados han determinado la necesidad de consagrar nuevas disposiciones que mejoren los regímenes de protección efectiva de la propiedad intelectual tomando en cuenta la radical transformación de los patrones de creación y difusión.

En sus artículos 4 y 5, el Tratado a estudio incluye dentro de la materia protegida los programas de ordenador cualquiera sea su forma de expresión, y las complicaciones de datos o de otros materiales que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyen creaciones de orden intelectual. En los siguientes artículos se abordan los derechos de los autores: el derecho de distribución (Art. 6), el derecho de alquier (Art. 7) y el derecho de comunicación al público (Art. 8); en estos artículos se actualizan las normas referidas al derecho de reproducción y utilización incorporando el de almacenamiento, para que puedan ser aplicables a las obras que se realizan utilizando tecnología digital.

Las nuevas normas que introduce el Tratado clarifican la interpretación de ciertos compromisos vigentes, adaptándolos a las nuevas realidades actuales, principalmente tecnológicas. La tecnología moderna ha permitido un gran aumento en la facilidad y velocidad con que las obras, interpretaciones y producciones pueden ser reproducidas y distribuidas sin ningún tipo de autorización autoral, lo que exige un marco jurídico adecuado capaz de incentivar la creación artística y proteger los derechos del autor. En tal sentido, se entiende razonable y jurídicamente necesaria su aprobación.

El instrumento en estudio obliga a cada Parte Contratante a adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación del Tratado con flexibilidad en los medios necesarios para tal objetivo. Cabe mencionar que nuestro país ya lo ha hecho en gran medida a través de la nueva Ley de Derechos de Autor Nº 17.616 de 10 de enero de 2003.

Por las razones anteriormente expuestas, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley, tal como lo ha solicitado el Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 5 de octubre de 2006.

Enrique Rubio, Miembro Informante; Carlos Baráibar, Carlos Camy, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, Jorge Larrañaga, Julio María Sanguinetti. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: creo que en esta sesión el Senado -y, por esta vía, el Parlamento, en la medida en que esta iniciativa sea aprobada también por la Cámara de Representantes de donde, incluso, provienen algunos de estos proyectos-, se pone al día en relación con dos de los temas que, en la actualidad, suscitan mayor interés y pasión desde el punto de vista de lo que es el debate intelectual. Me refiero al de la propiedad intelectual, que tiene que ver con la cuestión de hasta dónde van los derechos de autor y las patentes en los derechos privados, individuales y colectivos, o en el patrimonio común, y también al de la identidad y diversidad cultural.

En realidad, sobre el segundo tema no tenemos legislación suficientemente avanzada. Hoy estaríamos aprobando la Convención sobre el Patrimonio Inmaterial; ya hemos aprobado el Acuerdo Internacional sobre la Diversidad e Identidad Cultural y ahora nos cabe el trabajo de llevar esto a nuestra legislación de una manera más actualizada.

En cambio, en el campo específico de los derechos de la propiedad intelectual, tal como señalé antes -cuando consideramos el Tratado de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas-, ya hay legislación en nuestro país.

En esta oportunidad estaríamos considerando otro Tratado de la OMPI, en este caso sobre derechos de autor y declaraciones concertadas relativas al Tratado sobre Derechos de Autor.

En realidad, la innovación que presenta este Tratado está contenida en sus artículos 4º y 5º. Concretamente, se incluye dentro del concepto y de las normas de propiedad intelectual a todas las nuevas tecnologías vinculadas a las TIC, o sea, tecnologías de la información, desarrollo del software, informática y bases de datos que se construyen. Todo esto ha sido muy vertiginoso; se ha desarrollado a partir de los últimos quince años de una manera absolutamente impactante y está cambiando el mundo. En este marco, las normas vienen un poco atrás. Entonces, en los artículos 4º y 5º de este Tratado se incluyen, dentro de la materia protegida, los programas de ordenador, cualquiera sea su forma de expresión y las compilaciones de datos o de otros materiales que, por razones de la selección o disposición de sus contenidos, constituyen creaciones de orden intelectual.

En otros artículos se regula el tema de la distribución, derechos de alquiler y otros derechos de comunicación al público y de uso privado o educativo, o en otros campos que son absolutamente trascendentes.

En realidad, reitero que lo que hace Uruguay mediante este acto legislativo es actualizarse en los Acuerdos internacionales, porque este tema ya está incorporado en nuestra legislación. El Tratado no incluye ninguna innovación básica, porque la Ley Nº 17.616, aprobada el 10 de enero de 2003 -que también citamos en oportunidad de considerarse el otro Tratado relativo a los artistas-, ya había incluido todo esto en nuestra legislación, aunque no habíamos aprobado el Tratado. Me parece que es importante destacar esto por el tipo de temas que estamos considerando. Así como en otras sesiones se aprobó en ambas Cámaras toda una nueva legislación en materia internacional sobre los Derechos Humanos, diría que Uruguay está al día desde ese punto de vista, y esto no es algo que puedan decir muchos países en este continente ni en el mundo. Ahora bien, en este campo, es decir, en el área cultural, se tiene que realizar un movimiento equivalente.

Por todo esto, estamos proponiendo que se vote el proyecto de ley.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: ante todo pido disculpas porque he estado interviniendo en forma muy reiterada, pero creo que es bueno reflexionar sobre estos temas, sobre todo porque quienes hemos tenido alguna experiencia en la materia podemos compartir con los señores Senadores algunas ideas acerca de la manera en que se administran las distintas competencias en el ámbito internacional.

Todos estos Tratados que hemos visto hasta ahora, que son de propiedad intelectual, parecería que deberían ser de competencia restrictiva o exclusiva de la OMPI. Sin embargo, en lo que respecta a la propiedad intelectual, debemos decir que de sus tres versiones, dos se manejan hoy exclusivamente en la Organización Mundial del Comercio, es decir, en las rondas de negociaciones de comercio, dado que vinculan directamente la propiedad intelectual, las marcas y las patentes con el comercio internacional. Esto se debe, entre otras cosas, a la atención que algunos países ponen en estos organismos, aunque otros no lo hacen.

Hablando de la OMPI, señalamos que su Director General puede ser reelecto en forma indefinida; de hecho, durante 25 años ese cargo fue ocupado por un ciudadano americano que se negaba a aceptar ningún tipo de presión de país alguno. Esta persona se sentía un poco el dueño de la organización, tal como sucede en muchas organizaciones donde el principio de la indispensabilidad parece ser muy importante y cada uno se siente indispensable. Esto motivó el enfrentamiento entre los Estados Unidos y el ciudadano americano que rechazaba las presiones provenientes de ese país; así, los propios americanos llevaron la discusión del tema de la propiedad intelectual al ámbito de la Organización Mundial del Comercio. Tan es así que en la Ronda Uruguay del GATT -cuyo lanzamiento cumple próximamente 20 años-, ese tema no era para los países desarrollados una cuestión prioritaria para discutir dentro de la Organización Mundial del Comercio, porque había otros temas, como por ejemplo, cuestiones de servicios, del sector agrícola, etcétera. Sin embargo, se aprovechó para trasladar el tema allí y evitar las dificultades que se tenía en el manejo y en las negociaciones a nivel de la OMPI. Quiero resaltar esto porque para dicha organización quedó casi exclusivamente el tema de los derechos de autor, que es parte también de esta discusión y que es realmente una cuestión muy importante.

Hemos visto tratados de libre comercio firmados por países que, precisamente, luego de haber sido acordados, todavía están en lo que en inglés se conoce como "watching list", porque no cumplen con los derechos de autor y son parte de una estrategia muy importante.

Esta es la reflexión que quería hacer. Es muy significativo acompañar esto, pero también es necesario entender claramente cuál es el posicionamiento estratégico del Uruguay. En más de una oportunidad nuestro país estuvo a punto de tener un representante como Director de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. A su vez, perdió la Dirección de la Organización Mundial del Comercio por una jugada -lo decimos con claridad- que Brasil le hizo, en un desconocimiento absoluto de lo que son los derechos de un país pequeño y la categoría de un candidato que bien podría representar los intereses de los países en vías de desarrollo, más allá de sus obligaciones como Director General, y que hubiera sido para Uruguay también una señal clara de cuál es su presencia internacional. Sin embargo, Brasil decidió postular a su Embajador en Ginebra jugando, como se dice vulgarmente, "al perro del hortelano". La Dirección General terminó en manos de un hombre muy capaz y muy inteligente, pero que tenía un origen francés y que, entre otras cosas, era miembro de la representación europea.

(Ocupa la Presidencia el doctor Eber Da Rosa)

- Hoy está terminando el mandato del sudaní Kamil Idris, quien se está retirando por alguna reticencia planteada por algunos países.

El actual Subdirector General de OMPI es uruguayo, el doctor Ernesto Rubio, y es un hombre de una gran versatilidad, honestidad intelectual y preparación, que bien podría ser en su momento -aclaro que no lo estoy postulando, porque se trata de un tema muy delicado- candidato de Uruguay para representar a América Latina en esta importante organización.

Un país que tiene gran actividad a nivel de OMPI es la República de Cuba. ¿Por qué? Porque tiene un gran desarrollo en materia intelectual, en patentes y marcas. Naturalmente, no tiene esa misma participación a nivel de la Organización Mundial del Comercio por las dificultades que todos conocemos.

Como país, cuando votamos estas normas, modernizamos nuestros avances y, además, entendemos de lo que se trata. También tenemos que ver cuál es la estrategia política a fin de tener una presencia activa en estos asuntos y no perder la referencia que hemos tenido durante muchos años y que estamos en condiciones de mantener.

Por estos motivos hago esta reflexión acompañada de alguna anécdota, para que realmente podamos aquilatar la importancia que tienen estos organismos, la multilateralización que ello significa y el protagonismo que tendrán en el futuro a medida que avance este nuevo tipo de relacionamiento de carácter internacional.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Apruébase el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor y Declaraciones Concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, suscrito en la ciudad de Ginebra, el 8 de enero de 1997".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado.)

25) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada fuera de hora.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Ríos solicita licencia los días 17 y 18 de octubre del corriente año".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 11 de octubre de 2006.

Sr. Presidente del Senado de la República

Presente

De mi consideración.

Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside licencia los días 17 y 18 del corriente por motivos personales. Asimismo, solicito que cite a mi suplente respectivo.

Sin otro particular lo saluda atentamente.

Dr. Eduardo Ríos. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

26) PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en décimo tercer lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se dispone la actualización de los conceptos utilizados para hacer referencia a las personas con discapacidad en los textos normativos y se atiende la situación relativa al ingreso a empleos públicos de dichas personas. (Carp. Nº 540/06 - Rep. Nº 334/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 540/06

Rep. Nº 334/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 42 de la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989, en la redacción dada por la Ley Nº 17.216, de 24 de setiembre de 1999, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 42.- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatales, están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción mínima no inferior al 4% (cuatro por ciento) de sus vacantes. Las personas con discapacidad que ingresen de esta manera gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos a las mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de la aplicación de normas diferenciadas cuando ello sea, estrictamente necesario.

La obligación antedicha refiere al menos a la cantidad de cargos y funciones contratadas, sin perjuicio de ser aplicable también al monto del crédito presupuestario correspondiente a las mismas.

En el primer caso el cálculo del 4% (cuatro por ciento) de las vacantes a ocupar por personas con discapacidad se determinará sobre la suma total de las que se produzcan en las distintas unidades ejecutoras, reparticiones y escalafones que integran cada uno de los organismos referidos en el inciso primero del presente artículo. Cuando por aplicación de dicho porcentaje resultare una cifra inferior a la unidad, pero igual o mayor a la mitad de la misma, se redondeará a la cantidad superior.

El Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dentro de sus competencias, deberán remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil la información que resulte de sus registros relativa a la cantidad de vacantes que se produzcan en los organismos y entidades obligados por el inciso primero.

La Oficina Nacional del Servicio Civil solicitará cuatrimestralmente informes a los organismos y entidades obligadas, incluidas las personas de derecho público no estatales -quienes deberán proporcionarlos- sobre la cantidad de vacantes que se hayan generado y provisto en el año. Dichos organismos deberán indicar también el número de personas con discapacidad ingresadas, con precisión de la discapacidad que padecen y el cargo ocupado. La Oficina Nacional del Servicio Civil, en los primeros noventa días de cada año, comunicará a la Asamblea General el resultado de los informes recabados, tanto de los obligados como del Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, expresando el total de vacantes de cada uno de los obligados, la cantidad de personas con discapacidad incorporadas en cada organismo, con precisión de la discapacidad que padecen y el cargo ocupado e indicando, además, aquellos organismos que incumplen el presente artículo (artículo 768 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996).

Las personas que presenten discapacidad -de acuerdo a lo definido en el artículo 2º precedente- que quieran acogerse a los beneficios de la presente ley, deberán inscribirse en el Registro de Discapacitados que funciona en la órbita de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (artículo 768 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996).

A dichos efectos el Ministerio de Salud Pública deberá certificar la discapacidad. La evaluación se realizará con un Tribunal integrado por al menos un médico, un psicólogo y un asistente social, los cuales contarán con probada especialización. En dicho dictamen deberá precisarse la discapacidad que padece la persona, con indicación expresa de las tareas que pueda realizar, así como aquellas que no puede llevar a cabo. Dicha certificación expresará si la discapacidad es permanente y el plazo de validez de la certificación. Al vencimiento de la misma deberá hacerse una nueva evaluación. A efectos de realizar la certificación, el Ministerio de Salud Pública podrá requerir que los médicos e instituciones tratantes de las personas discapacitadas -quienes estarán obligados a proporcionarlos- los informes, exámenes e historias clínicas de las mismas. Los profesionales intervinientes, tanto en la expedición del certificado, como los tratantes de las personas discapacitadas, actuarán bajo su más seria responsabilidad. En caso de constatarse que la información consignada no se ajuta a la realidad, serán responsables civil, penal y administrativamente, según corresponda".

Artículo 2º.- Modifícase el artículo 9º de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 9º.- En caso de suprimida una vacante en el Estado, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales, el 4% (cuatro por ciento) del crédito se transferirá a un único objeto del gasto, con destino exclusivo a rehabilitar cargos o funciones contratadas a ser provistos con personas con discapacidad.

El jerarca del Inciso o del organismo o entidad obligada propiciará ante el Poder Ejecutivo -previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación-, la rehabilitación de los cargos o funciones contratadas a que refiere el inciso anterior, y la trasposición de los respectivos créditos existentes en el objeto del gasto a nivel de programa y unidad ejecutora.

La Contaduría General de la Nación en coordinación con la Oficina Nacional del Servicio Civil velará por el cumplimiento de esta obligación, no pudiendo demorarse más de ciento ochenta días el proceso de rehabilitación de esta clase de cargos o funciones contratadas. El plazo se contará a partir de la supresión de la vacante.

Lo dispuesto en los incisos anteriores será de aplicación, en lo pertinente, a las personas públicas no estatales".

Artículo 3º.- A efectos de dar cumplimiento a la obligación contenida en los dos artículos precedentes se establece que:

A) Se consideran vacantes a todas aquellas situaciones originadas en cualquier circunstancia que determinen el cese definitivo del vínculo funcional. Esta disposición no incluye las provenientes de lo dispuesto en los artículos 32, 723, 724 y 727 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, ni las originadas en los escalafones: "K" Militar; "L" Policial; "G", "H" y "J" Docentes y "M" Servicio Exterior.

B) El incumplimiento en la provisión de vacantes, de acuerdo a lo preceptuado en el inciso primero del presente artículo, aparejará la responsabilidad de los jerarcas de los organismos respectivos, pudiéndose llegar a la destitución y cesantía de los mismos por la causal de omisión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, leyes y reglamentos respectivos. Esta disposición será aplicable a quienes representen al Estado en los organismos directivos de las personas de derecho público no estatales.

C) El Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil será responsable por el incumplimiento de los contralores cometidos a dicha Oficina, pudiéndose llegar a la destitución o cesantía del mismo por la causal de omisión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, leyes y reglamentos respectivos.

D) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá elaborar un proyecto de reglamentación del presente artículo en el plazo de sesenta días a partir de la promulgación de la presente ley, que elevará al Poder Ejecutivo; éste dispondrá a su vez de un plazo de treinta días para su aprobación. En la reglamentación se preverá la forma en que los organismos deberán cubrir las vacantes, los requisitos de idoneidad para desempeñar los cargos y el régimen sancionatorio para los infractores de la misma, estableciéndose que la omisión en el cumplimiento de la ley, será pasible de destitución o cesantía.

E) El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatales deberán dictar sus reglamentos a efectos de la aplicación del presente artículo, en un plazo máximo de sesenta días, contado a partir del día siguiente al de aprobación del dictado por el Poder Ejecutivo, debiendo remitirlos, una vez aprobados, a la Oficina Nacional del Servicio Civil para su conocimiento.

F) Al momento de cubrir las vacantes los organismos referidos en el literal anterior deberán especificar claramente la descripción y los perfiles necesarios de los cargos a ser cubiertos, debiendo, en todo caso, remitir dicha información a la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (artículo 10 de la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989). Esta estudiará la información y en un plazo máximo de sesenta días podrá asesorar y aconsejar al organismo las medidas convenientes en todos aquellos aspectos que se le planteen respecto a la información que se le envíe y proponer las adaptaciones que estime necesarias para llevar adelante las pruebas en caso de selección por concurso.

El organismo deberá atender en cada llamado las recomendaciones realizadas por dicha Comisión.

G) El organismo obligado, en coordinación con la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, deberá dar al llamado la más amplia difusión posible.

H) Deberá crearse un dispositivo en cada organismo público que vele por la adecuada colocación de la persona con discapacidad en el puesto de trabajo, contemplando a tales efectos las adaptaciones necesarias para el adecuado desempeño de las funciones, así como la eliminación de barreras físicas y del entorno social, que puedan ser causantes de actitudes discriminatorias.

I) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá impartir los instructivos y directivas para el efectivo cumplimiento del presente artículo.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 7 de junio de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Población,

Desarrollo e Inclusión

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión con el voto de la unanimidad de sus miembros presentes aconseja al Senado la aprobación del Proyecto de Ley por el que se regula el ingreso a la función pública de las personas con capacidades diferentes.

El Proyecto reorganiza los incisos del artículo 42 de la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989, en la redacción dada por la Ley Nº 17.216, de 24 de setiembre de 1999, e introduce modificaciones en los conceptos utilizados en la legislación vigente para referirse a las personas con discapacidad.

El artículo 1º del Proyecto en su inciso quinto sustituye el concepto de "impedidos" por el concepto de "con discapacidad", adecuándolos a los utilizados tanto por organizaciones sociales (Plenario Nacional de Organizaciones de Personas con Discapacidad - PLENADI; Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, UNCU) que tratan la materia, como a organismos internacionales, específicamente a la Organización Mundial de la Salud en su revisión conceptual conocida como Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud del año 2002 (CIF). Se trata de un cambio conceptual importante lo cual nos parece oportuno por tratarse de un área de gran sensibilidad social.

El inciso séptimo del mismo artículo sustituye "tres médicos de probada especialización" por "al menos un médico, un psicólogo y un asistente social", lo que recoge la propuesta realizada por la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado y que contó con el aval de las organizaciones sociales que tratan el tema.

El artículo 2º modifica el artículo 9º de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, que establece que lo relativo a la transferencia de créditos producidos por vacantes refiere al monto del crédito presupuestario correspondiente a las mismas y no a la cantidad de cargos y funciones contratadas, volviendo en este Proyecto en primer lugar a la interpretación de la Ley Nº 17.216, de 24 de setiembre de 1999, que en su literal "A" establece que "se consideran vacantes a todas aquellas situaciones originadas en cualquier circunstancia que determinen el cese definitivo del vínculo funcional". Por otra parte el inciso final de la misma Ley, establece que "...el 4% (cuatro por ciento) de las vacantes a ocupar por personas con discapacidad, éste se determinará sobre la suma total de las que se produzcan en las distintas unidades ejecutoras". Se entiende que cuando la Ley refiere al 4% (cuatro por ciento) de las vacantes a ocupar por personas con discapacidad y que este porcentaje se determinará sobre la suma total de las que se produzcan en las distintas unidades ejecutoras, debe tomarse como tal la suma total de vacantes de todo el organismo y no de cada unidad tomada en forma individual, para garantizar el ingreso de mejor manera porque de esta forma podría suceder que el porcentaje legal no alcanzara para cubrir una vacante.

El Proyecto no recoge la propuesta presentada en Comisión, de elevar del 4% al 7% la cantidad de personas discapacitadas amparadas por este régimen.

El artículo 3º del Proyecto mantiene el resto de la actual redacción de la Ley Nº 17.216, de 24 de setiembre de 1999, (literal A a F) con las siguientes modificaciones:

- el actual literal "F" del artículo 9º de la Ley Nº 17.216, pasa a ser el literal "I" del artículo 3º de este Proyecto;

- se introducen los literales "F", "G" y "H", con los que se procura otorgar mejores condiciones para los beneficiarios y obliga a los organismos a especificar claramente la descripción y los perfiles necesarios de los cargos a ser cubiertos, así como a dar una amplia difusión en cada llamado.

Entendiendo que este proyecto por su extensión y su detalle deja con meridiana claridad establecidos los criterios para el ingreso a la función pública de quienes tienen capacidades diferentes, es que la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión propone al Plenario su aprobación, para su ulterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, en Montevideo, a 2 de octubre de 2006.

Mónica Xavier, Miembro Informante; Juan Justo Amaro, Susana Dalmás, Eduardo Lorier, Margarita Percovich, Enrique Antía, Luis Alberto Heber, Carlos Moreira, Jorge Saravia. Senadores.

Comisión Especial de Población y

Desarrollo Social

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión Especial de Población y Desarrollo Social aconseja al Cuerpo aprobar el adjunto proyecto de ley por el que se modifican los conceptos utilizados para referirse a las personas con discapacidad en los textos normativos y se dictan normas para su ingreso a la función pública.

I - Revisión

En 1989 se aprobó la Ley Nº 16.095, que hoy se conoce como "Ley Madre" en materia legislativa sobre discapacidad. Dicha ley está orientada por la idea de "equiparación de oportunidades" para las personas con discapacidad. Entre otros aspectos, en su artículo 42 establecía la obligatoriedad del Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas públicas no estatales, de ocupar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 4% de sus vacantes.

Esta voluntad ha sido a lo largo de estos años varias veces interpretada: en 1991 el artículo 12 de la Ley Nº 16.226, exceptuaba a este tipo de vacantes de la supresión genérica de vacantes de cargos públicos del artículo 39 de la Ley Nº 16.710. A la vez que especificaba sobre qué índice tomar el 4%, estableciendo que se tomara en base al total existente por cada unidad ejecutora y se adjudicara en las vacantes de los últimos grados de todos los escalafones.

En 1993 a través de la Ley Nº 16.462 se suprimen funciones contratadas asimiladas y los cargos vacantes se exceptúan para las personas con discapacidad.

La Ley Nº 17.216, de 1999 introduce un inciso final al artículo 42 de la Ley Nº 16.095, estableciendo pasos para acogerse al beneficio y mayor control por parte de la Oficina Nacional del Servicio Civil en el cumplimiento.

También define lo que se entenderá por "vacante" a los efectos del artículo 42 de la mencionada ley, a la vez que excluye de dicha disposición a las vacantes de los escalafones militar, policial y docente. Asimismo, adiciona responsabilidad de los jerarcas por incumplimiento. El más importante agregado es que "...el cálculo del 4% de vacantes se hará sobre la suma total de los producidos en cada unidad ejecutora, reparticiones y escalafones". Es decir, amplía la base de cálculo.

Por su parte el artículo 9º de la Ley Nº 17.269, interpreta que "vacante" no refiere al número de cargos y funciones contratadas, sino al monto del crédito presupuestario correspondiente a las mismas. Una vez que se suprima una vacante se transferirá el 4% del crédito con el único objeto de rehabilitar cargos o funciones contratadas para que sean provistos con personas con discapacidad. En consecuencia cambia la perspectiva: ya no es obligatorio asignar un número determinado de cargos (4%) a personas con discapacidad cuando se hubiera producido el cese del vínculo funcional de funcionarios públicos, sino que el 4% del crédito de esas vacantes es el nuevo parámetro a efectos de proveer cargos. De este modo es más difícil alcanzar los recursos necesarios para que sea ocupado por personas con discapacidad, a la vez que se establece como facultad del jerarca y no como obligación.

Por medio del primer inciso del artículo 9º de la Ley Nº 17.269, el principio original de la norma queda desvirtuado y esta es, actualmente, la norma vigente.

Por último, el artículo 27 de la Ley Nº 17.556 del año 2001, exceptúa de la extensión a la prohibición de ingreso a la función pública a las pesronas con discapacidad.

II - Conceptos utilizados

El lenguaje puede muchas veces fortalecer, no siempre de forma consciente por quien lo utiliza, situaciones de discriminación. La materia tratada en este caso expone sensiblemente este asunto. Conscientes de la dificultad de representar en su totalidad las visiones existentes en esta materia, reconocemos la necesidad de encontrar de común acuerdo, tanto con organizaciones sociales que trabajan en el tema, como de organismos internacionales, un concepto para hacer referencia sin que ello signifique una actitud que ponga aun en mayor desventaja o que niegue la realidad del problema.

Respecto a lo antedicho en este proyecto se adoptan las revisiones conceptuales de organismos internacionales, específicamente de la Organización Mundial de la Salud en su revisión conceptual (Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, conocida con la sigla CIF, 2002) donde se modifica el concepto de discapacidad, contextuales y ambientales como posibles condiciones limitantes que pueden generar o agravar la discapacidad.

En las visitas que la Comisión tuvo a efectos de tratar este proyecto de ley, organizaciones vinculadas directamente a la temática (PLENADI, UNCU), han manifestado claramente su adhesión a este enfoque por el cual se hace uso del término "personas con discapacidad" en lugar de otros que han sido utilizados en nuestro marco legal, como ser "impedidos", "minusválidos" e incluso "capacidades diferentes".

El artículo 1º del presente proyecto modifica expresamente el artículo 42 de la Ley Nº 16.095 en su redacción dada por la Ley Nº 17.216, sustituyendo la palabra "impedidos" por el concepto "personas con discapacidad", a la vez que reorganiza internamente los incisos en procura de mayor claridad de los objetivos buscados en la Ley Nº 16.095 de "equiparación de oportunidades".

También, de acuerdo a las modernas interpretaciones entendiendo que la discapacidad es un asunto biopsicosocial, se modifica la integración del Tribunal de evaluación, pasando de estar integrado por tres médicos a estar integrado por un médico, un psicólogo y un asistente social de probada especialización. Propuesta ésta realizada por la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, en Comisión, durante el tratamiento del proyecto y que contó con la aprobación también de las organizaciones sociales en la materia.

III - Cálculo de vacantes

En el artículo 2º se modifica el artículo 9º de la Ley Nº 17.296, aclarando la interpretación sobre la transferencia de créditos producidos por vacantes, volviendo a la interpretación de la Ley Nº 17.216.

El artículo 3º pretende aclarar, colocando en forma separada a lo que se establecía al final del artículo único de la Ley Nº 17.216, modificado por el artículo 1º del presente proyecto. Asimismo, se agregan tres nuevos literales, que aparecen como "F", "G" e "I".

Con esto se busca mejorar las condiciones en las cuales los beneficiarios de la ley accederán a ocupar las vacantes y se obliga a los organismos a especificar claramente la descripción y los perfiles necesarios de los cargos a ser cubiertos.

Se obliga también a dar la más amplia difusión posible a cada llamado.

Por último, se establece la creación de un dispositivo en cada organismo público para que vele por la adecuada colocación de la persona en el puesto de trabajo. En este sentido se apunta a que el acceso a este beneficio no devenga en un problema más, sino que sea un espacio donde se aumenten las posibilidades de desarrollo pleno, ayudando a enfrentar las barreras existentes en el propio espacio laboral en el que se incorpora.

DISPOSICIONES CITADAS

Ley Nº 17.216,

de 24 de setiembre de 1999

Artículo Unico.- Sustitúyese el inciso final del artículo 42 de la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989, por los siguientes:

"El Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dentro de sus competencias, deberán remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil la información que resulte de sus registros relativa a la cantidad de vacantes que se produzcan en los organismos y entidades obligados por el inciso anterior.

La Oficina Nacional del Servicio Civil solicitará cuatrimestralmente informes a los organismos y entidades obligadas, incluidas las personas de derecho público no estatales -quienes deberán proporcionarlos- sobre la cantidad de vacantes que se hayan generado y provisto en el año. Dichos organismos deberán indicar también el número de personas impedidas ingresadas, con precisión de la discapacidad que padecen y el cargo ocupado. La Oficina Nacional del Servicio Civil, en los primeros noventa días de cada año, comunicará a la Asamblea General el resultado de los informes recabados, tanto de los obligados como del Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, expresando el total de vacantes de cada uno de los obligados, la cantidad de personas impedidas incorporadas en cada organismo, con precisión de la discapacidad que padecen, y el cargo ocupado, e indicando, además, aquellos organismos que incumplen el presente artículo (artículo 768 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996).

Las personas que presenten discapacidad -de acuerdo a lo definido en el artículo 2º precedente- que quieran acogerse a los beneficios de la presente ley, deberán inscribirse en el Registro de Discapacitados que funciona en la órbita de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (artículo 768 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996).

A dichos efectos el Ministerio de Salud Pública deberá certificar la discapacidad. La evaluación se realizará con un Tribunal integrado por tres médicos de probada especialización, sin perjuicio de que se disponga la integración con psicólogos, asistentes sociales u otros profesionales. En dicho dictamen deberá precisarse la discapacidad que padece la persona, con indicación expresa de las tareas que pueda realizar, así como aquellas que no pueden llevar a cabo. Dicha certificación expresará si la discapacidad es permanente y el plazo de validez de la certificación. Al vencimiento de la misma deberá hacerse una nueva evaluación. A efectos de realizar la certificación, el Ministerio de Salud Pública podrá requerir de los médicos e instituciones tratantes de las personas discapacitadas -quienes estarán obligados a proporcionarlos- los informes, exámenes e historias clínicas de los mismos. Los profesionales intervinientes, tanto en la expedición del certificado, como los tratantes de las personas discapacitadas, actuarán bajo su más seria responsabilidad; en caso de constatarse que la información consignada no se ajusta a la realidad, serán responsables civil, penal y administrativamente, según corresponda.

A efectos de dar cumplimiento a la obligación contenida en el presente artículo se establece que:

A) Se consideran vacantes a todas aquellas situaciones asignadas en cualquier circunstancia, que determinen el cese definitivo del vínculo funcional. Esta disposición no incluye las provenientes de lo dispuesto en los artículos 32, 723, 724 y 727 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, ni las originadas en los escalafones: 'K' Militar; 'L' Policial; 'G', 'H' y 'J' Docentes y 'M' Servicio Exterior.

B) El incumplimiento en la provisión de vacantes, de acuerdo a lo preceptuado en el inciso primero del presente artículo, aparejará la responsabilidad de los jerarcas de los organismos respectivos, pudiéndose llegar a la destitución y cesantía de los mismos por la causal de omisión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, leyes y reglamentos respectivos. Esta disposición será aplicable a quienes representen al Estado en los organismos directivos de las personas de derecho público no estatales.

C) El Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil será responsable por el incumplimiento de los contralores cometidos a dicha Oficina, pudiéndose llegar a la destitución o cesantía del mismo por la causal de omisión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, leyes y reglamentos respectivos.

D) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá elaborar un proyecto de reglamentación del presente artículo en el plazo de sesenta días a partir de la promulgación de la presente ley, que elevará el Poder Ejecutivo; éste dispondrá a su vez de un plazo de treinta días para su aprobación. En la reglamentación se preverá la forma en que los organismos deberán cubrir las vacantes, los requisitos de idoneidad para desempeñar los cargos y el régimen sancionatorio para los infractores de la misma, estableciéndose que la omisión en el cumplimiento de la ley, será pasible de destitución o cesantía.

E) El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatales deberán dictar sus reglamentos a efectos de la aplicación del presente artículo, en un plazo máximo de sesenta días, contados a partir del día siguiente al de aprobación del dictado por el Poder Ejecutivo, debiendo remitirlos, una vez aprobados, a la Oficina Nacional del Servicio Civil para su conocimiento.

F) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá impartir los instructivos y directivas para el efectivo cumplimiento del presente artículo.

El cálculo del 4% (cuatro por ciento) de las vacantes a ocupar por personas impedidas se determinará sobre la suma total de las que se produzcan en las distintas unidades ejecutoras, reparticiones y escalafones que integran cada uno de los organismos referidos en el inciso primero del presente artículo. Cuando por aplicación de dicho porcentaje resultare una cifra inferior a la unidad, pero igual o mayor a la mitad de la misma, se redondeará a la cantidad superior".

Ley Nº 16.095, de

26 de octubre de 1989

Artículo 42.- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público, no estatales, están obligados a ocupar personas impedidas que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción mínima no inferior al cuatro por ciento de sus vacantes. Tales impedidos, gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos a las mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de la aplicación de normas diferenciadas cuando ello sea estrictamente necesario.

La Oficina Nacional del Servicio Civil controlará el cumplimiento de esta disposición.

Ley Nº 16.736

Artículo 768.- A efectos de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 42 de la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989, créase en la órbita de la Comisión Nacional Honoraria de Discapacitados, un Registro de Discapacitados. No será de aplicación para estos casos el régimen previsto en el artículo 32 de la Ley Nº 16.697, de 25 de abril de 1995. La Oficina Nacional del Servicio Civil, remitirá anualmente al Parlamento un informe detallando los organismos que incumplen con este artículo.

Ley Nº 17.296

Artículo 9º.- Interprétase que el término vacantes, en el artículo 42 de la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989, en la redacción dada por la Ley Nº 17.216, de 24 de setiembre de 1999, y que resultan de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994, refiere al monto del crédito presupuestario correspondiente a las mismas y no a la cantidad de cargos y funciones contratadas.

Ley Nº 16.736

Artículo 32.- A todos aquellos funcionarios de los Incisos 02 y 05 al 14 que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad antes del 1º de enero de 1997, se les concederá un incentivo en el caso en que, no habiéndose declarado excedentario su cargo, opten por renunciar a la función pública en el lapso de seis meses después de promulgada la presente ley o cumplida dicha edad.

El incentivo será equivalente a quince meses de las retribuciones que hubiera percibido en el mes inmediato anterior al de su renuncia, con una disminución de tres de las mismas por cada año mayor a los sesenta y cinco años de edad que tenga el funcionario, cumplidos al 1º de enero de 1997.

Aquellos funcionarios que tuvieran sesenta y cinco años de edad o más a la misma fecha y estuvieran comprendidos en el artículo 722 de la presente ley, podrán optar por acogerse al régimen, en el plazo establecido en el inciso primero de este artículo, en el período de tres meses de aprobada la reestructura y antes de la realización del ordenamiento requerido por dicho artículo para la provisión de los cargos. En este caso, recibirán los incentivos previstos en este artículo.

El Poder Ejecutivo reglamentará estos incentivos en el término de treinta días a partir de la promulgación de la presente ley, sobre la base de que los cargos que resulten vacantes una vez realizadas las promociones se suprimirán.

Artículo 723.- Los funcionarios presupuestados o contratados para la función pública que hayan sido declarados disponibles por reestructura, pasarán a redistribución por un lapso de doce meses, durante el cual mantendrán todos los derechos emergentes de su situación funcional y percibirán su sueldo base, beneficios sociales, compensación por antigüedad y por ocho horas, y compensaciones extraordinarias que perciban hasta el mes inmediato anterior al de su cambio de situación funcional quedando eximidos en su obligación de asiduidad.

Una vez vencido dicho plazo, y para el caso de no ocupar un nuevo cargo o función contratada, el funcionario podrá optar por abandonar definitivamente la función pública. Ante tal situación, aquellos funcionarios presupuestados o contratados para funciones públicas que tengan más de dos años de antigüedad en la función pública, recibirán una compensación equivalente a seis meses de la retribución establecida en el inciso anterior, aumentada en un mes por cada año continuo de antigüedad en la función pública, hasta un tope máximo de doce meses. En el caso que el funcionario no optase por abandonar definitivamente la función pública, recibirá como única retribución la establecida en la tabla básica de sueldos, más la compensación máxima del grado incluida la prima de antigüedad y beneficios sociales. A quienes ocupen un nuevo cargo, a los efectos del ascenso en la oficina de destino, se les computará como antigüedad en el cargo la que tuviere el funcionario menos antiguo en el escalafón, serie y grado, salvo que la correspondiente al cargo de origen resultase menor que aquélla, en cuyo caso se tomará la antigüedad del funcionario que se transfiere.

Artículo 724.- Todos aquellos funcionarios que tuviesen al menos sesenta años de edad al 1º de enero de 1997, que tuvieran causal de disponibilidad por reestructura y causal jubilatoria configurada a dicha fecha, podrá optar entre la compensación de doce meses establecida en el inciso segundo del artículo 723 y el cobro de dieciocho meses de compensación en caso que opten por jubilarse, con una disminución de un mes por cada año mayor a los sesenta de edad del funcionario, pagaderos mensualmente a partir de la fecha de su egreso.

Artículo 727.- El crédito presupuestal correspondiente a las vacantes netas de cargos o funciones contratadas no provistas, aunque correspondieren a declaraciones de excedencia, producidas en los escalafones A, B, C, D, E, F, y R de los Incisos 02 al 14 desde el 1º de marzo de 1995 y hasta el plazo máximo de ciento ochenta días establecido en el artículo 709 de la presente ley podrá ser utilizado de igual modo y en los mismos porcentajes que las economías producidas por reestructura a que refiere la presente ley. Lo establecido precedentemente es sin perjuicio de la supresión de las referidas vacantes en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Nº 16.462, de 11 de enero de 1994. La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos respectivos una vez aprobada la reestructura del Inciso correspondiente.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Población,

Desarrollo e Inclusión

ACTA Nº 34

En Montevideo, el día dos de octubre de dos mil seis, a la hora quince y seis minutos, se reúne la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores.

Asisten los señores miembros de la Comisión, Senadores Juan Justo Amaro, Enrique Antía, Susana Dalmás, Luis A. Heber, Eduardo Lorier, Margarita Percovich, Jorge Saravia y Mónica Xavier.

Falta con aviso, el señor Senador Carlos Moreira.

Preside la señora Senadora Mónica Xavier, Presidenta de la Comisión.

Concurren los señores: Senador Ruperto Long y Prosecretario de la Cámara de Senadores, Ernesto Lorenzo.

Actúa en Secretaría el señor Omar R. Delfante, asistido por la señora Jefa de Departamento Teresa Paredes.

ASUNTOS ENTRADOS: 1) CARPETA Nº 150/2005. REGISTRO DE CIUDADANOS DISCAPACITADOS MOTRICES. Se crea un padrón especial para su inscripción cívica. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por varios señores Senadores. Distribuido Nº 1165/2006. (Anteriormente a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación).

ORDEN DEL DIA: 1) CARPETA Nº 289/2005. PROTECCION INTEGRAL A PERSONAS DISCAPACITADAS. Se establecen normas. Proyecto de ley sustitutivo presentado por el señor Senador Long. Distribuido Nº 1100/2006.

2) CARPETA Nº 616/2006. CIUDADANOS EN SITUACION DE CALLE. Obligatoriedad de su asistencia. Proyecto de ley con exposición de motivos, presentado por varios señores Senadores. Distribuido Nº 1111/2006.

3) CARPETA Nº 169/2005. REGISTRO ESPECIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES FÍSICAS. Creación y determinación de normas para su inscripción en Oficinas Electorales. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor Senador Gustavo Penadés. Distribuido Nº 1142/2006.

4) CARPETA Nº 540/2006. PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Se dispone actualizar los conceptos utilizados para referirse a dichas personas y se atiende la situación relativa a su ingreso a empleos públicos. Proyecto de ley con aprobación de la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1144/2006.

La Comisión resuelve pasar a considerar la Carpeta Nº 540/2006, que figura en cuarto lugar del Orden del Día.

Por Secretaría se da lectura al artículo 1º.

"Artículo 1º.- Modifícase el artículo 42 de la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989, en la redacción dada por la Ley Nº 17.216, de 24 de setiembre de 1999, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 42.- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatales, están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción mínima no inferior al 4% (cuatro por ciento) de sus vacantes. Las personas con discapacidad que ingresen de esta manera gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos a las mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de la aplicación de normas diferenciadas cuando ello sea estrictamente necesario.

La obligación antedicha refiere al menos a la cantidad de cargos y funciones contratadas, sin perjuicio de ser aplicable también al monto del crédito presupuestario correspondiente a las mismas.

En el primer caso el cálculo del 4% (cuatro por ciento) de las vacantes a ocupar por personas con discapacidad se determinará sobre la suma total de las que se produzcan en las distintas unidades ejecutoras, reparticiones y escalafones que integran cada uno de los organismos referidos en el inciso primero del presente artículo. Cuando por aplicación de dicho porcentaje resultare una cifra inferior a la unidad, pero igual o mayor a la mitad de la misma, se redondeará a la cantidad superior.

El Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dentro de sus competencias, deberán remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil la información que resulte de sus registros relativa a la cantidad de vacantes que se produzcan en los organismos y entidades obligados por el inciso primero.

La Oficina Nacional del Servicio Civil solicitará cuatrimestralmente informes a los organismos y entidades obligadas, incluidas las personas de derecho público no estatales -quienes deberán proporcionarlos- sobre la cantidad de vacantes que se hayan generado y provisto en el año. Dichos organismos deberán indicar también el número de personas con discapacidad ingresadas, con precisión de la discapacidad que padecen y el cargo ocupado. La Oficina Nacional del Servicio Civil, en los primeros noventa días de cada año, comunicará a la Asamblea General el resultado de los informes recabados, tanto de los obligados como del Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, expresando el total de vacantes de cada uno de los obligados, la cantidad de personas con discapacidad incorporadas en cada organismo, con precisión de la discapacidad que padecen y el cargo ocupado e indicando, además, aquellos organismos que incumplen el presente artículo (artículo 768 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996).

Las personas que presenten discapacidad -de acuerdo a lo definido en el artículo 2º precedente- que quieran acogerse a los beneficios de la presente ley, deberán inscribirse en el Registro de Discapacitados que funciona en la órbita de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (artículo 768 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996).

A dichos efectos el Ministerio de Salud Pública deberá certificar la discapacidad. La evaluación se realizará con un Tribunal integrado por al menos un médico, un psicólogo y un asistente social, los cuales contarán con probada especialización. En dicho dictamen deberá precisarse la discapacidad que padece la persona, con indicación expresa de las tareas que pueda realizar, así como aquellas que no puede llevar a cabo. Dicha certificación expresará si la discapacidad es permanente y el plazo de validez de la certificación. Al vencimiento de la misma deberá hacerse una nueva evaluación. A efectos de realizar la certificación, el Ministerio de Salud Pública podrá requerir de los médicos e instituciones tratantes de las personas discapacitadas

-quienes estarán obligados a proporcionarlos- los informes, exámenes e historias clínicas de las mismas. Los profesionales intervinientes, tanto en la expedición del certificado, como los tratantes de las personas discapacitadas, actuarán bajo su más seria responsabilidad. En caso de constatarse que la información consignada no se ajusta a la realidad, serán responsables civil, penal y adminis-trativamente, según corresponda".

La señora Presidenta expone las modificaciones que introduce el proyecto de ley a estudio a las leyes vigentes y manifiesta que en general las comparte.

El señor Senador Long propone un porcentaje mayor de vacantes destinadas a personas con discapacidad, en virtud de las nuevas cifras con que se cuenta a partir del censo de diciembre de 2004.

El señor Senador Heber interroga respecto a si se está dando cumplimiento en los últimos llamados de organismos del Estado al porcentaje vigente del 4%.

El señor Senador Long propone modificaciones a la redacción del inciso séptimo en el sentido de explicitar que se requerirá el consentimiento de la persona con discapacidad o quien lo represente legalmente, para requerir los informes, exámenes e historias clínicas por parte del Ministerio de Salud Pública.

La señora Senadora Percovich analiza la cifra del 7,6% de discapacitados que arrojó el censo de diciembre de 2004, y señala que ésta incluye niños, adolescentes y discapacitados severos, por lo que considera razonable comenzar tratando de que se cumpla el porcentaje vigente del 4%. Asimismo, plantea que es necesario un manejo cuidadoso para que quienes deseen participar puedan cumplir con la función.

Seguidamente, el señor Senador Saravia señala que el porcentaje está regulado por los créditos presupuestales. Señala que también existe la limitación de la edad para poder postularse a ocupar las vacantes y que la imposibilidad de aplicación de la Ley Nº 16.095, obedece a la falta de reglamentación de la misma.

El señor Senador Antía propone que se consulte sobre la posibilidad de establecer un margen mayor de años para ingresar al Estado, para los casos de personas con discapacidad.

Se pone a votación el artículo 1º.- Se vota: 5 en 8. Afirmativa.

El señor Senador Heber solicita se rectifique la votación en virtud de que hace suyas las inquietudes planteadas por el señor Senador Long, si bien desea acompañar el proyecto de ley.

Se rectifica: 8 en 8. Afirmativa. Unanimidad. Se vota: 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2.

Se lee: "Artículo 2º.- Modifícase el artículo 9º de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 9º.- En caso de suprimida una vacante en el Estado, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales, el 4% (cuatro por ciento) del crédito se transferirá a un único objeto del gasto, con destino exclusivo a rehabilitar cargos o funciones contratadas a ser provistos con personas con discapacidad.

El jerarca del Inciso o del organismo o entidad obligada propiciará ante el Poder Ejecutivo -previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación-, la rehabilitación de los cargos o funciones contratadas a que refiere el inciso anterior, y la trasposición de los respectivos créditos existentes en el objeto del gasto a nivel de programa y unidad ejecutora.

La Contaduría General de la Nación en coordinación con la Oficina Nacional del Servicio Civil velará por el cumplimiento de esta obligación, no pudiendo demorarse más de ciento ochenta días el proceso de rehabilitación de esta clase de cargos o funciones contratadas. El plazo se contará a partir de la supresión de la vacante.

Lo dispuesto en los incisos anteriores será de aplicación, en lo pertinente, a las personas públicas no estatales".

Se vota: 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º. Se lee: "Artículo 3º.- A efectos de dar cumplimiento a la obligación contenida en los dos artículos precedentes se establece que:

A) Se consideran vacantes a todas aquellas situaciones originadas en cualquier circunstancia que determinen el cese definitivo del vínculo funcional. Esta disposición no incluye las provenientes de lo dispuesto en los artículos 32, 723, 724 y 727 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, ni las originadas en los escalafones: "K" Militar; "L" Policial; "G", "H" y "J" Docentes y "M" Servicio Exterior.

B) El incumplimiento en la provisión de vacantes, de acuerdo a lo preceptuado en el inciso primero del presente artículo, aparejará la responsabilidad de los jeracas de los organismos respectivos, pudiéndose llegar a la destitución y cesantía de los mismos por la causal de omisión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, leyes y reglamentos respectivos. Esta disposición será aplicable a quienes representen al Estado en los organismos directivos de las personas de derecho público no estatales.

C) El Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil será responsable por el incumplimiento de los contralores cometidos a dicha Oficina, pudiéndose llegar a la destitución o cesantía del mismo por la causal de omisión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, leyes y reglamentos respectivos.

D) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá elaborar un proyecto de reglamentación del presente artículo en el plazo de sesenta días a partir de la promulgación de la presente ley, que elevará al Poder Ejecutivo; éste dispondrá a su vez de un plazo de treinta días para su aprobación. En la reglamentación se preverá la forma en que los organismos deberán cubrir las vacantes, los requisitos de idoneidad para desempeñar los cargos y el régimen sancionatorio para los infractores de la misma, estableciéndose que la omisión en el cumplimiento de la ley, será pasible de destitución o cesantía.

E) El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatales deberán dictar sus reglamentos a efectos de la aplicación del presente artículo, en un plazo máximo de sesenta días, contado a partir del día siguiente al de aprobación del dictado por el Poder Ejecutivo, debiendo remitirlos, una vez aprobados, a la Oficina Nacional del Servicio Civil para su conocimiento.

F) Al momento de cubrir las vacantes los organismos re-feridos en el literal anterior deberán especificar claramente la descripción y los perfiles necesarios de los cargos a ser cubiertos, debiendo, en todo caso, remitir dicha información a la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (artículo 10 de la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989). Esta estudiará la información y en un plazo máximo de sesenta días podrá asesorar y aconsejar al organismo las medidas convenientes en todos aquellos aspectos que se le planteen respecto a la información que se le envíe y proponer las adaptaciones que estime necesarias para llevar adelante las pruebas en caso de selección por concurso.

El organismo deberá atender en cada llamado las recomendaciones realizadas por dicha Comisión.

G) El organismo obligado, en coordinación con la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, deberá dar al llamado la más amplia difusión posible.

H) Deberá crearse un dispositivo en cada organismo público que vele por la adecuada colocación de la persona con discapacidad en el puesto de trabajo, contemplando a tales efectos las adaptaciones necesarias para el adecuado desempeño de las funciones, así como la eliminación de barreras físicas y del entorno social, que puedan ser causantes de actitudes discriminatorias.

I) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá impartir los instructivos y directivas para el efectivo cumplimiento del presente artículo."

El señor Senador Long plantea que el plazo de sesenta días, como una parte del llamado, que se otorga a la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado es un tiempo considerable. Señala además que no queda claro si las recomendaciones de la Comisión tienen carácter obligatorio o si es un insumo con que cuenta el organismo correspondiente.

La señora Senadora Dalmás explicita que se trata de una demora saludable en tanto es garantía para el concursante, ya que la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado asesorará sobre qué adaptaciones serán necesarias para llevar adelante la prueba.

Se pone a votación el artículo 3º. Se vota: 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD.

A propuesta del señor Senador Saravia, se designa Miembro Informante (escrito) a la señora Senadora Mónica Xavier.

La señora Senadora Percovich propone continuar con la consideración de las Carpetas Nos. 150 y 169/2005, proyectos de ley por los que se crea un Registro de Discapacitados a efectos de su inscripción cívica, e invitar al señor Senador Penadés para dicha ocasión.

La Comisión resuelve:

1) Contactar con la Comisión Nacional Honoraria para el Discapacitado a efectos de obtener el texto del proyecto que estaba elaborando en materia de discapacidad.

2) Remitir nota a la Oficina Nacional del Servicio Civil a efectos de que informe sobre el cumplimiento por parte del Estado, de lo dispuesto por la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989, en la redacción dada por la Ley Nº 17.216, de 24 de setiembre de 1999, sobre el llenado de vacantes por personas con discapacidad.

3) Comenzar con el estudio de las Carpetas Nos. 150/2005 y 169/2005, de acuerdo a la propuesta de la señora Senadora Percovich, e invitar a tal efecto al señor Senador Gustavo Penadés.

De lo actuado, se procede a la toma de la versión taquigráfica que luce en el Distribuido Nº 1196/2006 y que forma parte de la presente Acta.

A la hora dieciséis y treinta y cinco minutos, se levanta la sesión.

Para constancia, se labra la presente Acta que firman la señora Presidenta y el señor Secretario de la Comisión.

Mónica Xavier Presidenta

Omar R. Delfante Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, por unanimidad de los presentes, aprobó este proyecto de ley que ya había sido considerado por la Cámara de Representantes.

A nuestro juicio, se trata de una muy buena actualización en lo que tiene que ver con el ingreso al empleo público de personas con capacidad diferente. Han sido múltiples las actualizaciones legislativas pero no siempre ha sido satisfactorio el ingreso que dichas normas han previsto. Al día de hoy carecemos de la respuesta a una consulta formulada a la Oficina Nacional del Servicio Civil -a pedido de uno de los integrantes de la Comisión- que nos permitiera conocer el grado de cumplimiento y de reserva de los cargos que la normativa vigente prevé. Entendemos que no sólo debemos legislar sino también controlar la aplicación de estas normas por parte de los organismos centrales.

En concreto, esta actualización pretende reorganizar incisos del artículo 42 de la Ley Nº 16.095, de 1989. Han transcurrido 17 años y esa ley todavía no ha sido reglamentada. Deseo destacar que la Comisión está considerando este tema en su globalidad, no obstante lo cual todos sus miembros entendimos que este aspecto no podía demorarse en aras del amplio debate que se está llevando adelante. Por ese motivo, presentamos al Senado este proyecto que, de ser aprobado en el día de hoy, entrará a regir como una nueva ley.

Como decía, se reorganiza el artículo 42 de la ley madre, en la redacción dada por la Ley Nº 17.216, de 1999, y se introducen modificaciones en conceptos utilizados en la legislación vigente. Por ejemplo, en el artículo 1º se actualizan ciertas expresiones como "impedidos" y se habla de "personas con discapacidad", tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones que nuclean a personas con capacidades diferentes. En el inciso séptimo de ese artículo 1º se sustituye la disposición de que tres médicos de probada especialización sean quienes avalen a quien tiene una capacidad diferente, por un equipo con otra integración que, a nuestro juicio, es mucho más adecuado. En tal sentido, se establece que esa tarea será desempeñada por un médico, un psicólogo y un asistente social lo cual, reitero, tiene mucho más que ver con las posibilidades de evaluar integralmente la discapacidad, así como el contexto en el que se mueve esa persona. Bien sabemos que aquellos que tienen una capacidad diferente, en general, tienen costos más onerosos para desempeñarse en la vida cotidiana.

A través del artículo 2º se modifica el artículo 9º de la Ley Nº 17.296, de 2001, que establece que lo relativo a la transferencia de créditos producidos por las vacantes refiere al monto del crédito presupuestario correspondiente a las mismas y no a la cantidad de cargos y funciones contratadas, volviendo a la interpretación de una ley previa. De esta manera, queda claro que se entiende que la aplicación del porcentaje para el ingreso a la función pública de al menos el 4 % de las vacantes a ocupar por personas con discapacidad se determinará sobre la suma total de las que se produzcan en las diferentes unidades ejecutoras. Este punto fue bastante debatido en la Comisión, pero nos parece que el hecho de que se refleje en la suma de las vacantes da la posibilidad de garantizar efectivamente el ingreso ya que de lo contrario los porcentajes podrían no alcanzar el mínimo necesario como para que el ingreso se hiciera efectivo. Como dije, esto fue largamente discutido en la Comisión porque uno de sus miembros presentó una propuesta a través de la cual el porcentaje era elevado a un número más parecido al que dio como resultado el censo que realizó el Instituto Nacional de Estadística en nuestro país sobre discapacidad. Esto se realizó en agosto de 2004 y contamos con la publicación del Instituto Nacional de Estadística que dice que la prevalencia de la discapacidad alcanza el 7.6% de la población total, considerando hogares urbanos y localidades de cinco mil o más habitantes. Las personas con capacidades diferentes que fueron censadas serían 210.400. Este porcentaje es de la población general, contemplando a adultos mayores, niños y adolescentes y tiene en cuenta a aquellas capacidades que no admiten la posibilidad de ingreso a un trabajo por ser extremadamente severas. Más allá de mantener el porcentaje de 4% como mínimo, la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión tiene claro que, seguramente, respecto de este tema, antes de culminar este período legislativo se podrá ingresar alguna eventual modificación. Expreso esto porque se ha comenzado a investigar con detalle toda esta situación en la que viven muchos compatriotas en nuestro país. Sin duda, el hecho de decir que se trata de poblaciones superiores a 5.000 habitantes, está excluyendo a aquel porcentaje no despreciable de personas que habitan en localidades menores. Seguramente, debe existir una proporción similar en otros lugares donde hay personas con capacidades diferentes, que tienen iguales derechos a ingresar en determinados trabajos.

Como decía, este fue uno de los temas que suscitó mayor debate e, incluso, tuvimos una votación inicial donde quienes sustentaban la posibilidad de elevar el porcentaje marcaron sus votos y, luego, la unanimidad de los presentes volcamos nuestro voto a que efectivamente se contemple este 4%, comprometiéndonos a efectivizarlo y a controlar que así sea.

El artículo 3º de este proyecto mantiene el resto de la actual redacción de la Ley Nº 17.216 del literal A) al F) con algunas modificaciones. El actual literal F) del artículo 9º pasa a ser el literal I) del artículo 3º de este proyecto. A su vez, se introducen los literales F), G) y H), con los que se procura otorgar mejores condiciones para los beneficiarios y obliga a los organismos a especificar claramente la descripción y los perfiles necesarios de los cargos a ser cubiertos, así como a dar una amplia difusión de cada llamado, porque sabemos que no todas las personas con ciertas discapacidades pueden ser pasibles de ingresar a determinadas funciones y nos parece que esto constituye una garantía adicional pero imprescindible para que el porcentaje que hemos propuesto en la futura ley, efectivamente se pueda cumplir. Entendiendo que este proyecto de ley, por su extensión y detalle, deja establecidos con meridiana claridad los criterios para el ingreso a la función pública de quienes tienen capacidades diferentes, es que la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión recomienda su aprobación.

Muchas gracias.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: aunque voy a ser breve, quiero expresar algunos conceptos sobre este proyecto de ley que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, tal como lo manifestó la señora Senadora Xavier, Miembro Informante de dicho proyecto.

Creemos, señor Presidente, que este proyecto de ley tiene algunas fortalezas importantes. La central es que acota el margen que establecía la ley madre, que por falta de reglamentación provocó algunas falencias que fueron notorias en este tiempo y que no se cumplieron. Reitero, este proyecto de ley acota ese margen y reglamenta estrictamente algunos aspectos. En este sentido, considero que es bueno porque, justamente, estamos en un período de convocatoria de vacantes en los ámbitos públicos.

En definitiva, queremos manejar tres conceptos utilizados en esta disposición y que constituyen la fortaleza de este proyecto de ley, sobre todo, en cuanto al enfoque. Existía, en parte, una falencia respecto a la condición física como limitante, y este proyecto de ley tiene un enfoque contextual.

Asimismo, considero que dejar de hablar de minusválido y referirnos a personas con discapacidad es otra fortaleza importante que contiene este proyecto de ley.

A su vez, pienso que considerar el aspecto biosicosocial de la persona para instrumentar ese tribunal integrado por un médico, un psicólogo y un asistente social, es otra fortaleza en cuanto a los conceptos de enfoque que utiliza este proyecto de ley que vamos a acompañar con mucha fuerza, puesto que consideramos importante que sea aprobado por el Senado de la República.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa)- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: si bien no integro la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, tuve la oportunidad de participar del debate relativo a este proyecto de ley.

Entiendo, tal como aquí se ha señalado, que se ocupa de un tema fundamental porque la disposición establecida oportunamente por la Ley Nº 16.095 hace ya varios años, ha avanzado lentamente en el ámbito del progreso real por no estar, justamente, establecida con precisión la forma en que la misma se debe aplicar en cada caso. Por lo tanto, esta norma que apunta a resolver alguna de las situaciones planteadas -y, por ende, a hacer más efectivo el criterio de la Ley Nº 16.095- y tiende a alcanzar un 4% como mínimo de personas con discapacidad en las vacantes que se generen, nos parece totalmente positiva.

En su momento hice algunos comentarios en Comisión en el sentido de que algunos puntos de este proyecto de ley nos preocupaban, pero en aras de su aprobación lo que más nos interesa destacar es que, en términos generales, estoy de acuerdo con la iniciativa. No obstante, tenemos una discrepancia sustancial con el "quantum" establecido. Cuando en el año 1989 se fijó el 4%, no había ningún censo de personas con discapacidad en el Uruguay y ese número se fijó con un criterio que sonara razonable en base a la idea que podía haber sobre cuál era el número de personas con discapacidad en nuestro país. Pero desde comienzos del año pasado disponemos de la cifra exacta, que es del orden del 7.6%, porcentaje notoriamente superior al que la ley había fijado en su momento. En consecuencia, en el seno de la Comisión planteamos el hecho de que entendíamos más conveniente aplicar este número porque reflejaba la realidad de la sociedad uruguaya. En la medida en que todos estamos en igualdad ante la ley, también lo debemos estar en este aspecto en particular, máxime si tenemos en cuenta que lo que va corrigiendo u operando este porcentaje es sobre las vacantes. De modo que, para que en algún momento llegue a haber en el ámbito de la administración pública un número de personas con capacidades diferentes parecido al porcentaje que se da en la población, se requiere de un largo proceso.

En resumen, estamos de acuerdo con este proyecto de ley pero me permito insistir con el tema de que ese porcentaje del 4% debería ser elevado al 7%.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Eleuterio Fernández Huidobro)

- De todos modos, señor Presidente, vamos a acompañar el proyecto de ley porque consiste en una mejora sustancial de la situación actual.

Muchas gracias.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- La propuesta que realiza el señor Senador Long ya fue considerada en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión. Entendemos que por primera vez estamos aplicando un porcentaje -que, salvo raras excepciones en algunos lugares, nunca había sido tenido en cuenta- en el marco de una reforma del Estado, de llamados a concurso, por lo que nos parece importante empezar a hacerlo. Le hemos hecho notar al señor Senador Long que este 7% incluye personas que no van a poder concursar pero que sí están dentro de los discapacitados que existen en el país. Me refiero a todos aquellos que tienen algún grado de discapacidad grave, mental, siquiátrica y a los menores de 18 años que no tienen edad para concursar en ningún tipo de trabajo.

Por lo tanto, nos parece bueno ver cómo se reglamenta esta primera iniciativa que todos apoyamos con gran entusiasmo. Por otra parte, algunos señores Senadores -fundamentalmente, el señor Senador Heber- han solicitado información acerca de si esto se está teniendo en cuenta en los llamados del Estado. Consideramos que este es un primer paso; luego veremos qué sucede con su aplicación. Seguramente, si todo funciona bien podremos aumentar el porcentaje que corresponde a los ciudadanos que tienen un grado de discapacidad tal que no les impide participar en trabajos del Estado.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Simplemente, quisiera acompañar las palabras de la señora Senadora Percovich en dos sentidos. Por un lado, coincidimos en que esto representa un avance -tal como lo señalé en mi anterior intervención- y, por lo tanto, creemos que debe ser apoyado e impulsado. Por otro lado, recojo las palabras que la señora Senadora expresaba en el sentido de tomar este porcentaje como un paso, procurando avanzar en el futuro hacia otro que refleje en mejor medida la realidad de la discapacidad en la sociedad de nuestro país. En ese entendido vamos a acompañar el proyecto e insistimos en que ojalá los hechos nos lleven a rever ese porcentaje en un futuro no demasiado lejano porque se va a traducir en una mejora que acelerará el proceso. En realidad, el porcentaje indica la velocidad con que podamos avanzar. De modo que tomo por buenas las palabras de la señora Senadora Percovich y procuraremos entre todos aumentar esa cifra en el futuro, una vez que veamos los resultados de este proceso.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR SARAVIA.- Solicito que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 16 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

27) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una comunicación de la Corte Electoral relacionada con la integración del Cuerpo.

(Se da de la siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"LA CORTE ELECTORAL RESUELVE:

1. Proclámase Senador al segundo titular de la lista de candidatos sublema 'Todos por el cambio' señor Gonzalo Gaggero del Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría y suplentes los señores Luis Oliver, Gustavo Guarino y Gustavo Marella".

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Gaggero ha presentado nota de desistimiento por esta vez, por lo que se invita a ingresar a Sala al señor Luis Oliver.

28) PERSONAS FISICAS O JURIDICAS QUE GOZAN DE EXONERACION TRIBUTARIA DE CUALQUIER TIPO PARA LA IMPORTACION DE VEHICULOS DE PASAJEROS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en decimocuarto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el cual se sustituye el literal d) del artículo 22 de la Ley Nº 17.453 de fecha 28 de febrero de 2002 relacionado con las personas físicas o jurídicas que gozan de exoneración tributaria de cualquier tipo para la im-portación de vehículos de pasajeros. (Carp. Nº425/05 - Rep. Nº 333/06 )"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 425/05

Rep. Nº 333/06

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 5 de diciembre de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo remite a consideración de ese Cuerpo, el adjunto Proyecto de Ley acorde a lo dispuesto por el numeral 7º del artículo 168 de la Constitución de la República, por el cual se sustituye el literal d) del artículo 22 de la Ley Nº 17.453 de fecha 28 de febrero de 2002.

Por el artículo 22 de la Ley Nº 17.453 mencionada, se estableció que las personas físicas o jurídicas que gocen de exoneración tributaria de cualquier tipo para la importación de vehículos de pasajeros, serán sujetos pasivos por la primera enajenación que realicen de los referidos bienes, de los Impuestos al Valor Agregado y Específico Interno, determinando el monto imponible de acuerdo a la tasación que realice el Banco de Seguros del Estado, excluyendo los impuestos.

Lo dispuesto precedentemente, no regirá en determinadas excepciones, entre ellas el literal d) del artículo referido, expresamente excluye a los vehículos del Ministerio del Interior afectados directamente a la Seguridad Pública, en los términos que establecerá la Reglamentación.

El artículo 1º del Decreto 256/992 de fecha 9 de junio de 1992, preceptúa que la Prefectura Nacional Naval tiene como misión mantener el orden público, ejercer el control de la seguridad de la navegación como Autoridad Policial en las áreas Marítima, Fluvial y Lacustre, en jurisdicción de la Armada.

La Prefectura Nacional Naval ejerce la policía marítima dentro de su jurisdicción especialmente en cuanto a la prevención y represión de ilícitos aduaneros, migratorios, sanitarios, de soberanía y de pesca y también es responsable del orden público.

Por otra parte, la Policía Aérea Nacional tiene por cometido -sin perjuicio de las competencias especiales o concurrentes de otros organismos públicos-, la vigilancia del cumplimiento de todas las normas que rigen la actividad aérea (artículo 209 del Decreto-Ley Nº 14.305, de fecha 29 de noviembre de 1974 - Código Aeronáutico).

Asimismo, tiene como misión mantener el orden público y ejercer el control de la seguridad de la actividad aérea, como autoridad policial, en la totalidad del espacio Aéreo Nacional y en toda la infraestructura nacional, aeropuertos, aeródromos, aeronaves, pistas de aterrizaje e instalaciones terrestres radicadas en éstos (Decreto 437/001 de 8 de noviembre de 2001).

Resulta notorio, entonces, que la Prefectura Nacional Naval y la Policía Aérea Nacional desarrollan actividades muy importantes dentro su jurisdicción, para el mantenimiento de la seguridad pública, por lo que a tales efectos, se encuentra en similar situación a los servicios policiales dependientes del Ministerio del Interior, correspondiendo incluirlas en la exoneración tributaria que se refiriera.

Por los fundamentos expuestos, se solicita la atención de ese Cuerpo al adjunto Proyecto de Ley, cuya aprobación se encarece.

Saluda al señor Presidente de la Asamblea General con la mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Azucena Berrutti, José Díaz, Mario Bergara.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Sustitúyese el literal d) del artículo 22 de la Ley Nº 17.453 de fecha 28 de febrero de 2002, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"d) los vehículos del Ministerio del Interior y de la Armada Nacional (Prefectura Nacional Naval) y de la Fuerza Aérea Uruguaya (Policía Aérea Nacional) afectados directamente a la seguridad pública, en los términos que establecerá la Reglamentación."

Azucena Berrutti, José Díaz, Mario Bergara.

DISPOSICION CITADA

Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002

ADOPTANSE MEDIDAS TENDIENTES AL AJUSTE FISCAL

Impuesto Específico Interno

Artículo 22.- Las personas físicas o jurídicas que gocen de exoneración tributaria de cualquier tipo para la importación de vehículos de pasajeros, serán sujetos pasivos por la primera enajenación que realicen de los referidos bienes, de los Impuestos al Valor Agregado y Específico Interno, determinando el monto imponible de acuerdo a la tasación que realice el Banco de Seguros del Estado, excluyendo los impuestos.

Lo dispuesto en el inciso anterior no regirá para:

a) Las personas e instituciones comprendidas en los artículos 5º y 69 de la Constitución de la República.

b) Los beneficiarios de las exoneraciones establecidas en los artículos 1º a 3º de la Ley Nº 13.102, de 18 de octubre de 1962, y modificativas.

c) Los diplomáticos extranjeros, las misiones acreditadas en nuestro país y los funcionarios extranjeros de organismos internacionales que gocen de exoneraciones en la importaciones.

d) Los vehículos del Ministerio del Interior afectados directamente a la segurida pública, en los términos que establecerá la reglamentación.

Tampoco será de aplicación para las enajenaciones de vehículos destinados a ser arrendados sin chofer, a taxímetros o a remises, las que continuarán rigiéndose por las normas vigentes.

El Poder Ejecutivo reglamentará la entrada en vigencia de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, a fin de amparar los derechos a generase por aquellas personas físicas que a la fecha de aprobación de esta ley, hayan iniciado el cumplimiento de las condiciones mínimas para importar vehículos de acuerdo a los regímenes aplicables a cada caso.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

ACTA Nº 43

En Montevideo, el siete de setiembe de dos mil seis, a la hora diez y veinte minutos, se reúne la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

Presiden los señores Senadores Carlos Baráibar y Luis Alberto Heber, Presidente y Vicepresidente de la Comisión, respectivamente.

Asisten los señores Senadores, Isaac Alfie, Carlos Daniel Camy, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini y Enrique Rubio.

Falta con aviso el señor Senador Jorge Larrañaga, quien remite nota justificando su inasistencia.

Actúa en Secretaría, el Secretario de la Comisión señor Rodolfo Caimi con la colaboración de la señora Verónica Cantero.

ORDEN DEL DIA.

1º) Asuntos Entrados.

2º) Proyecto de ley por el que se dictan normas para atender la problemática de la USURA. (Carp. Nº 344/2005).

3º) Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se crea el Registro Unico de Créditos Financieros (Carp. Nº 280/2005. Distribuido Nº 345/2005).

4º) Mensaje y Proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se exonera de toda clase de timbres judiciales y profesionales, a los juicios tramitados por consultorios jurídicos gratuitos que atienden poblaciones carenciadas en todo el territorio de la República. (Carp. Nº 446/2006. Distribuido Nº 713/2006).

5º) Mensaje y Proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se sustituye el literal D) del artículo 22 de la Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002. (Carpeta Nº 425/2002. Distribuido Nº 677/2005).

ASUNTOS ENTRADOS.

Nota de la Asociación Nacional de Afectados por intereses de Usura en el Uruguay, referida al ciudadano Luis Enrique Hiriart Santana, cuya copia se reparte a los miembros de la Comisión.

ASUNTOS TRATADOS.

USURA. NORMAS PARA ATENDER SU PROBLEMATICA (Carp. Nº 344/2005. Distribuido Nº 1092/006. Comparativo entre el Mensaje y Proyecto de ley del Poder Ejecutivo y del proyecto sustitutivo elaborado por la Subcomisión, en el que se incluye Anexo Metodológico, y cuya versión fue ajusta el día 9 de agosto de 2006.

SE APRUEBAN LOS SIGUIENTES ARTICULOS:

Artículo 3º. (Tipos de interés).- Sólo se podrán aplicar intereses compensatorios o de mora, los cuales deberán ser pactados en términos claros y precisos en los correspondientes documentos de adeudo.

El interés de mora sólo se aplicará a las operaciones de crédito vencidas e impagas, durante el período en que se hayan producido los atrasos, toda vez que el deudor haya incurrido en mora.

En las operaciones de crédito pagaderas en cuotas, los intereses de mora sólo podrán aplicarse sobre el monto de las cuotas vencidas e impagas y no sobre el saldo de deuda total, aun cuando éste fuera exigible.

Se vota: 7 en 7. Afirmativa. Unanimidad.

Artículo 4º. (Expresión y aplicación de las tasas de interés).- Las tasas de interés fijas deberán expresarse en términos efectivos anuales, en porcentaje y con dos decimales. Para su aplicación se utilizará la tasa efectiva equivalente al período de financiación que corresponda. Cuando el pago de las operaciones asimiladas, se realice periódicamente, la tasa efectiva anual se calculará anualizando las tasas establecidas para el período de referencia de acuerdo a lo determinado en el Anexo Metodológico que integra esta ley.

Se vota: 5 en 7. Afirmativa.

Artículo 6º.- (Devengamiento de intereses en tarjetas de crédito).- En la utilización de tarjetas de crédito, las compras de bienes y servicios realizadas entre dos fechas consecutivas de cierre del estado de cuenta, no devengarán intereses entre la fecha de compra, o de imputación de gastos en cuenta y la del primer vencimiento del estado de cuenta posterior a la misma, cuando el tarjetahabiente optara por cancelar el total del saldo del estado de cuenta en la fecha de vencimiento. En este caso se entenderá que se ha usado la tarjeta como tarjeta de compra.

Cuando en la fecha de vencimiento el tarjetahabiente optara por realizar un pago parcial del saldo del último estado de cuenta, en cuyo caso se entenderá que se ha usado la tarjeta como tarjeta de crédito, ese pago se aplicará en primer lugar a la cancelación del saldo impago correspondiente a estados de cuenta anteriores si lo hubiere, y en segundo lugar al pago de las compras realizadas en el período correspondiente al último estado de cuenta. En este último caso, el pago se aplicará a las compras más antiguas.

El nuevo saldo impago resultante podrá tener dos componentes. Un primer componente, A, si lo hubiere, correspondiente a deudas generadas en períodos de estados de cuenta anteriores al último y un segundo.

Componente, B, correspondiente a la parte impaga de las compras del último estado de cuenta.

Para el cálculo de los intereses que se devenguen hasta el siguiente vencimiento del estado de cuenta se procederá de la siguiente forma: el primer componente A, definido anteriormente, devengará intereses desde la anterior fecha de vencimiento hasta la nueva fecha de vencimiento o hasta que haga efectivo el pago, el segundo componente B devengará intereses, sobre la parte impaga de las compras del último estado de cuenta según lo establecido en el inciso anterior, desde la fecha de cada compra, o desde una fecha promedio ponderada de las mismas, hasta la fecha de vencimiento del siguiente estado de cuenta, o hasta que haga efectivo el pago.

En la eventualidad de que el tarjetahabiente pagara el total del saldo adeudado dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a la fecha de vencimiento, a los efectos del devengamiento de interés se considerará como si hubiera realizado el pago en la fecha de vencimiento. No obstante, podrá exigirse la multa prevista en el artículo 8º de esta Ley.

Los retiros de efectivo realizados con la tarjeta de crédito devengarán intereses desde a fecha de la extracción.

Se vota sin el inciso final y sustituyendo los paréntesis por comas: 5 en 7. Afirmativa.

Para el tratamiento del resto del proyecto, se mociona consultar con el economista Jorge Polgar, a fin de que brinde su asesoramiento.

La Comisión dispone que para la próxima sesión quede el siguiente Orden del Día:

1º) Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el que se sustituye el literal D) del artículo 22 de la Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002. (Carpeta Nº 425/2002. Distribuido Nº 677/2005). El señor Presidente de la Comisión se pondrá en contacto con el Ministerio de Defensa, para realizar consultas referidas a dicho proyecto.

2º) Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el que se exonera de toda clases de timbres judiciales y profesionales, a los juicios tramitados por consultorios jurídicos gratuitos que atienden poblaciones carenciadas en todo el territorio de la República. (Carp. Nº 446/2006. Distribuido Nº 713/2006).

3º) USURA. NORMAS PARA ATENDER SU PROBLEMATICA (Carp. Nº 344/2005. Distribuido Nº 1092/006.

4º) Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se crea el Registro Unico de Créditos Financieros (Carp. Nº 280/2005. Distribuido Nº 345/2005).

Se propone al Senador Enrique Rubio, como Presidente ad-hoc para la próxima sesión ya que tanto el Presidente como el Vicepresidente se encontrarán en uso de licencia.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1126/2006 que forma parte integrante de esta Acta.

Siendo la hora doce y dieciséis minutos se levanta la sesión, para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Carlos Baráibar Presidente

Rodolfo Caimi Secretario.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

ACTA Nº 46

En Montevideo, el cinco de octubre de dos mil seis, a la hora diez y veinticinco minutos, se reúne la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

Preside el señor Senador Carlos Baráibar, Presidente de la Comisión y asisten los señores Senadores, Isaac Alfie, Carlos Daniel Camy, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini y Enrique Rubio.

Actúa en Secretaría, el Secretario de la Comisión señor Rodolfo Caimi con la colaboración de la señora Verónica Cantero.

ORDEN DEL DIA.

1º) Asuntos Entrados.

Nota de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, referida al Proyecto de Ley sobre USURA.

2º) Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el que se sustituye el literal D) del artículo 22 de la Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002. (Carpeta Nº 425/2005. Distribuido Nº 677/2005).

Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante verbal, al señor Senador Carlos Baráibar.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO.

ARTICULO UNICO.- Sustitúyese el literal d) del artículo 22 de la Ley Nº 17.453 de fecha 28 de febrero de 2002, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"d) los vehículos del Ministerio del Interior y de la Armada Nacional (Prefectura Nacional Naval) y de la Fuerza Aérea Uruguaya (Policía Aérea Nacional) afectados directamente a la seguridad pública, en los términos que establecerá la Reglamentación."

Proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se crea el Registro Unico de Créditos Financieros. (Carpeta Nº 280/2005. Distribuido Nº 345/2005). De acuerdo a lo dispuesto en la sesión anterior de la Comisión, en la cual se crea un grupo de trabajo para el estudio de dicho proyecto, el Senador Nicolini, integrante del grupo, solicita ser sustituido en el mismo, por el Senador Baráibar, quien acepta la solicitud.

Se resuelve invitar al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Central para analizar este tema en la próxima sesión del jueves doce de los corrientes.

4º) Proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se dictan normas referidas a la promoción y defensa de la competencia. (Carpeta Nº 493/2006. Distribuido Nº 830/2006). Se posterga y se mantiene en el Orden del Día para su consideración, en la sesión siguiente a la que se trate el Proyecto de Registro Unico de Créditos Financieros.

5º) Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el que se modifica la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay y se crea la protección del ahorro bancario (COPAB). (Carpeta Nº 443/2006. Distribuido Nº 692/2006).

Se aplaza su tratamiento.

RESOLUCIONES:

Se resuelve elevar el Proyecto de Ley de USURA. (Carpeta Nº 344/2005) al Senado, solicitando que sea incluido en el Orden del Día de la sesión del dieciocho de octubre.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1228/2006 que forman parte integrante de la presente Acta.

Siendo la hora once y diez minutos se levanta la sesión, para constancia se labra la presente, que una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Carlos Baráibar Presidente

Rodolfo Caimi Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: este proyecto que fue remitido y considerado en la Comisión de Hacienda del Senado plantea lo que el señor Presidente sintéticamente ha expresado. Es una modificación al artículo 22 de la Ley Nº 17.453, de 28 de febrero de 2002, que señala que las personas físicas o jurídicas que gocen de exoneración tributaria de cualquier tipo para la importación de vehículos de pasajeros serán sujetos pasivos por la primera enajenación que realicen de los referidos bienes de los Impuestos al Valor Agregado y Específico Interno, determinando el monto imponible de acuerdo a la tasación que realice el Banco de Seguros del Estado, excluyendo los impuestos. Lo dispuesto precedentemente no regirá para una serie de personas o instituciones. Particularmente me refiero al literal d) que dice que estas normas no regirán para los vehículos del Ministerio del Interior afectados directamente a la seguridad pública, en los términos que establecerá la reglamentación. El proyecto del Poder Ejecutivo plantea que esta situación que está habilitada para el Ministerio del Interior se extienda a la Fuerza Aérea Uruguaya y a la Armada Nacional.

En efecto, la Prefectura Nacional Naval, de acuerdo al Decreto Nº 256/992, de fecha 9 de junio de 1992, tiene como misión mantener el orden público, ejercer el control de la seguridad de la navegación como Autoridad Policial en las áreas Marítima, Fluvial y Lacustre, en jurisdicción de la Armada.

La Prefectura Nacional Naval ejerce la policía marítima dentro de su jurisdicción especialmente en cuanto a la prevención y represión de ilícitos aduaneros, migratorios, sanitarios, de soberanía y de pesca y también es responsable del orden público.

Por otra parte, la Policía Aérea Nacional tiene por cometido -sin perjuicio de las competencias especiales o concurrentes de otros organismos públicos- la vigilancia del cumplimiento de todas las normas que rigen la actividad aérea, artículo 209 del Decreto-Ley 14.305, de fecha 29 de noviembre de 1974, Código Aeronáutico.

Asimismo, tiene como misión mantener el orden público y ejercer el control de la seguridad de la actividad aérea, como autoridad policial, en la totalidad del espacio aéreo nacional y en toda la infraestructura nacional, aeropuertos, aeródromos, aeronaves, pistas de aterrizaje e instalaciones terrestres radicadas en estos.

En consecuencia, queda claro que la Prefectura Nacional Naval y la Policía Aérea Nacional desarrollan actividades muy importantes dentro de su jurisdicción, para el mantenimiento de la seguridad pública, por lo que a tales efectos se encuentran en similar situación a los servicios policiales dependientes del Ministerio del Interior.

Por los fundamentos expuestos, se solicita que sean incluidos en el proyecto de ley. Concretamente, el literal d) establecería: "los vehículos del Ministerio del Interior y de la Armada Nacional (Prefectura Nacional Naval) y de la Fuerza Aérea Uruguaya (Policía Aérea Nacional) afectados directamente a la seguridad pública, en los términos que establecerá la Reglamentación." En este caso, no regirá lo que establece el párrafo primero del artículo 22 de la Ley Nº 17.453.

Hemos hecho consultas al Ministerio de Defensa Nacional sobre los alcances que tendría esta afectación, a lo que se nos respondió que la idea es aplicarla con un criterio estricto y que el alcance que tendrá será fruto de una reglamentación que se estudiará una vez que la ley haya sido aprobada.

En consecuencia, proponemos al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 18 en 19. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Sustitúyese el literal d) del artículo 22 de la Ley 17.453 de fecha 28 de febrero de 2002, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

'd) los vehículos del Ministerio del Interior y de la Armada Nacional (Prefectura Nacional Naval) y de la Fuerza Aérea Uruguaya (Policía Aérea Nacional) afectados directamente a la seguridad pública, en los términos que establecerá la Reglamentación.'."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 20. Afirmativa.

Ha queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

29) CODIGO DEL PROCESO PENAL

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en decimoquinto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 23 del Código del Proceso Penal, referido a los delitos sexuales. (Carp. Nº 558/06 - Rep. Nº 336/06)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 558/06

Rep. Nº 336/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Incorpórase al Código del Proceso Penal (Decreto-Ley Nº 15.032, de 7 de julio de 1980), el siguiente artículo:

"ARTICULO 23. (Procedimiento de oficio).- En los delitos de rapto, violación, atentado violento al pudor, corrupción y estupro se procederá de oficio en los casos siguientes:

A) Cuando el hecho haya sido acompañado por otro delito en que deba procederse de oficio.

B) Cuando la persona agraviada careciere de capacidad para actuar por sí en juicio y no tuviere representante legal o judicial.

C) Cuando el delito fuere cometido por los padres, tutores, curadores o guardadores o con abuso de las relaciones domésticas de la tutela, guarda o curatela.

D) Cuando el delito fuere cometido por quien o quienes tuvieren respecto de la persona agraviada responsabilidad en la atención de su salud o educación.

E) Cuando la persona agraviada tuviere respecto a quien o quienes cometieron el delito una relación de dependencia laboral.

F) Cuando la persona agraviada fuere menor de dieciocho años o estuviere internada en un establecimiento público".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 12 de setiembre de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

José Pedro Montero Secretario.

Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME

Señoras y señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha considerado el proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Senadores, por el que se incorpora un artículo al Código del Proceso Penal donde se establece el procedimiento de oficio para determinados delitos.

Esta Asesora recomienda al pleno de la Cámara de Representantes la aprobación del proyecto de ley que se expone a continuación.

(I)

La Ley Nº 17.938, de 29 de diciembre de 2005, derogó el artículo 23 del Decreto-Ley Nº 15.032, de 7 de julio de 1980, sin tener en cuenta que las cosas -así planteadas- generaban dificultades de interpretación al tenor de lo dispuesto en disposiciones del Código Penal.

Procurando corregir esta situación, el Senado aprobó un proyecto de ley que, si bien esta Comisión comparte en sus objetivos, entendemos presenta una redacción que debe ser modificada.

(II)

En lo fundamental, el Senado aprobó un proyecto que en su acápite establecía: "En los delitos a que refieren los artículos precedentes, etcétera...".

En realidad la disposición queda sin sentido al haber sido derogado el artículo 22 del Código del Proceso Penal por la Ley Nº 17.938 ya referida. Los "artículos anteriores" ya no aluden a ningún delito en especial, sino a cuestiones de procedimiento. Es por eso que se prefirió la redacción que se pone a consideración del Cuerpo, la que enumera expresamente los delitos a que refiere la disposición (rapto, violación, atentado violento al pudor, corrupción y estupro).

Por lo expuesto, aconsejamos la aprobación del siguiente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2006.

Jorge Orrico, Miembro Informante; Diego Cánepa, Alvaro Alonso, Julio Fiordelmondo, Luis Alberto Lacalle Pou, Edgardo Ortuño, Javier Sal-samendi.

CAMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores, en sesión de hoy ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Incorpórase el siguiente artículo al Código del Proceso Penal (Decreto-Ley Nº 15.032, de 7 de julio de 1980):

"ARTICULO 23. (Procedimiento de oficio).- En los delitos a que refieren los artículos precedentes, se procederá de oficio en los casos siguientes:

A) Cuando el hecho haya sido acompañado por otro delito en que deba procederse de oficio;

B) Si la persona agraviada careciere de capacidad para actuar por sí en juicio y no tuviere representante legal o judicial;

C) Si el delito fuere cometido por los padres, tutores, curadores o guardadores o con abuso de las relaciones domésticas, de la tutela, guarda o curatela;

D) Si el delito fuere cometido por personas que tuvieran respecto de la agraviada responsabilidad en la atención de su salud, educación o promoción social;

E) Si el delito fuere cometido por personas respeto de las cuales la agraviada tuviera una relación de dependencia laboral;

F) Si la persona agraviada fuere menor de 21 años o estuviere internada en un establecimiento público".

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 5 de julio de 2006.

Eleuterio Fernández Huidobro Presidente

Hugo Rodríguez Filippini Secretario.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

ACTA Nº 67

En Montevideo, el diez de octubre del año dos mil seis, a la hora catorce y cuarenta minutos, se reúne la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Asisten los señores Senadores miembros Sergio Abreu, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Carlos Mazzulo, Leonardo Nicolini, Margarita Percovich, Eduardo Ríos y Julio M. Sanguinetti.

Falta con aviso el señor Senador Rafael Michelini, quien remite Nota justificando su inasistencia.

Concurre el señor Senador Carlos Moreira.

Asisten especialmente invitados: señor Presidente del Instituto de la Niñez y la Adolescencia del Uruguay (INAU), Psicólogo Víctor Giorgi; señor Minsitro del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2do. Turno, doctor Ricardo Pérez Manrique y señor Subsecretario del Ministerio del Interior, doctor Juan Faroppa.

Preside su titular el señor Senador Leonardo Nicolini.

Actúa en Secretaría la señora Josefina Reissig, Secretaria de la Comisión con la colaboración de la funcionaria Gloria Mederos.

ASUNTOS ENTRADOS:

- CARPETA Nº 644/2006. CIUDADANOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR. Se dictan normas sobre su derecho al sufragio y a su protección y auxilio por los agentes consulares. Proyecto de ley con exposición de motivos de las señoras Senadoras Susana Dalmás, Margarita Percovich, Lucía Topolansky y Mónica Xavier y de los señores Senadores Carlos Baráibar, Alberto Cid, José Korzeniak, Eduardo Lorier, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini, Rodolfo Nin Novoa, Eduardo Ríos y Jorge Saravia. Disposiciones citadas. Distribuido Nº 1229/2006.

ASUNTOS TRATADOS:

- CARPETA Nº 558/2006. CODIGO DEL PROCESO PENAL (Decreto-Ley Nº 15.032, de 7 de julio de 1980). Se modifica el artículo 23. La Cámara de Representantes remite el proyecto de ley aprobado en nueva forma. Distribuido Nº 1189/2006. En consideración. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se resuelve aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich, quien lo hará en forma verbal.

- CARPETAS Nos. 415/2005 y 613/2006. CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Se modifican disposiciones relativas a las infracciones a la ley penal y al proceso de detención policial. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores Senadores integrantes de la Bancada del Frente Amplio y Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Distribuidos Nos. 656/2005 y 1124/2006, respectivamente. La Comisión recibe la opinión de los señores: Presidente del INAU; Ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2do. Turno y Subsecretario del Ministerio del Interior.

- CARPETA Nº 615/2006. CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Se modifican disposiciones relativas a adopción. El doctor Ricardo Pérez Manrique aporta material sobre el tema a repartir a los señores Senadores miembros.

Finalizadas las intervenciones, a la hora dieciséis y diez queda levantada la sesión.

De lo actuado se procede a la toma de la versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1241/2006, que forma parte de la presente Acta.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria.

Leonardo Nicolini Presidente

Josefina Reissig Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: este proyecto ya había sido votado en el Senado, pero insólitamente no con la redacción correcta con que venía de la Comisión. En efecto, ya se había modificado el acápite, porque anteriormente se había eliminado el artículo anterior del Código del Proceso Penal. Sin embargo, a la Cámara de Representantes llegó con la redacción que no correspondía y allí se registró que el texto no era el correcto; por lo tanto, se nos devolvió con la misma modificación que habíamos realizado en la Comisión de Constitución y Legislación. De manera que simplemente estamos reafirmando lo que ya se había hecho.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

De acuerdo con lo que se me informa, esto no requiere otra votación.

Por lo tanto, ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

30) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 18 y 44 minutos, presidiendo el señor Senador Eleuterio Fernández Huidobro y estando presentes los señores Senadores Abreu, Antía, Baráibar, Breccia, Da Rosa, Dalmás, Larrañaga, Long, Moreira, Nicolini, Oliver, Penadés, Percovich, Rubio, Sanguinetti, Saravia, Topolansky y Vaillant.)

SR. SENADOR ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO Presidente en ejercicio

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sra. Nelly Tavares Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.