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Nº 112 - TOMO 435 - 6 DE SETIEMBRE DE 2006

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

37ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR ROFOLFO NIN NOVOA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI Y SEÑOR SANTIAGO GONZALEZ BARBONI Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3 y 22) Asuntos entrados

4 y 23) Proyectos presentados

- Las señoras Senadoras Percovich, Dalmás, Topolansky y Xavier, los señores Senadores Saravia, Korzeniak, Lorier, Baráibar, Cid, Ríos, Nicolini y Michelini, y el señor Presidente del Senado presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se introducen modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia.

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

- Las señoras Senadoras Topolansky y Xavier y los señores Senadores Korzeniak, Saravia, Lorier, Vaillant, Ríos, Nicolini, Cid, Michelini y Baráibar presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley a efectos de atender la situación de indigencia de los ciudadanos en situación de calle.

- A la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión.

- Las señoras Senadoras Dalmás, Topolansky, Xavier y Percovich, y los señores Senadores Couriel, Michelini, Cid, Korzeniak, Ríos, Lorier, Nicolini, Baráibar y Saravia presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley que establece normas referidas al funcionamiento de los Partidos Políticos.

- A la Comisión Especial

5) Inasistencias

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

6 y 24) Solicitudes de licencia

- Las formulan la señora Senadora Topolansky y los señores Senadores Abreu y Sanguinetti.

- Concedidas.

7) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento. Las presentan los señores Enrique Pintado y César Segovia, manifestando que por esta vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.

8) Autoestima nacional

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería y a las Juntas Departamentales y Autónomas de todo el país.

9) Posibles problemas en el transporte de estudiantes del interior

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al CODICEN, al Ministerio del Interior con destino a conocimiento de Policía Caminera, y a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas de todo el país.

10) Requisitos formales para someterse a la esterilización translaparoscópica

- Manifestaciones de la señora Senadora Xavier.

- Por moción de la propia señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Salud Pública, adjuntando mayor documentación.

11) Proceso de Revisión de la Política de la Organización de las Naciones Unidas

- Manifestaciones del señor Senador Penadés.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los señores Ministros del Interior, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, al señor Subsecretario del Interior, al señor Director General de Secretaría de dicha Cartera, al señor Director Nacional de la Policía Nacional, a la Dirección de INTERPOL, a la Escuela Nacional de Policía, a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, a la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas y a los Jefes de todas las Jefaturas de nuestro país.

12, 14 y 17) Teresita Penino De Minetti. Pensión graciable

- Proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

13 y 16) Derecho jubilatorio y pensionario

- Proyecto de ley por el que se busca la recuperación, desde el punto de vista del derecho jubilatorio y pensionario, de los ciudadanos que no pudieron acceder al trabajo por la persecución política y sindical ocurrida desde fines de la década del sesenta en nuestro país.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15 y 18) Alcides Martín Lanza Perdomo. Pensión graciable

- Proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

19 y 26) Servando Pedro Aldrovandi Castillo. Pensión graciable

- Proyecto de Ley por el que se concede una pensión graciable.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

20) Unión concubinaria

- Por moción del señor Senador Baráibar, el Senado resuelve postergar su consideración hasta la próxima semana.

21) Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita en Mérida, Mexico, del 9 al 11 de diciembre de 2003

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

25 y 28) Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios

- Proyecto de ley por el que se establecen normas para regularizar la situación de los afiliados a esta Caja.

- En consideración. Por moción del señor Senador Michelini, el Senado resuelve postergar su consideración.

27 y 30) Eduardo Darnauchans Miralles. Pensión graciable

- Proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

29) "Guyunusa"

- Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre a la Escuela Nº 68 del departamento de San José.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

31 y 33) Juan Antonio Iglesias Villar. Pensión graciable

- Proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

32) "Juan Manuel Torreglosa Saizar"

- Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre a la Escuela Rural Nº 8 de Zanja Honda, departamento de Soriano.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

34) "España"

- Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre a la Escuela Nº 39 de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

35) "Maestro Profesor Valeriano Renart"

- Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre el Liceo Nº 3 del departamento de Artigas.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

36) "Pueblo Colonia Palma"

- Proyecto de ley por el que se eleva a esta categoría al Centro Poblado ubicado entre los kilómetros 591 y 592 de la Ruta Nacional Nº 3 General José Artigas.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

37) "Día Uruguayo del Tango"

- Proyecto de ley por el que se declara así el día 5 de octubre de cada año.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

38) "Día Nacional para la Prevención del Suicidio"

- Proyecto de ley por el que se declara así el día 17 de julio de cada año.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

39) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a un funcionario público

- El Senado, en sesión secreta, concedió la venia solicitada para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura.

40) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 5 de setiembre de 2006.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 6 de setiembre, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

 ORDEN DEL DIA  

1º) Discusión particular del proyecto de ley por el que se busca la recuperación, desde el punto de vista del derecho jubilatorio y pensionario, de los ciudadanos que no pudieron acceder al trabajo por la persecución política y sindical ocurrida desde fines de la década del sesenta en nuestro país.

Carp. Nº 576/2006 - Rep. Nº 291/06

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2º) por el que se regula la unión concubinaria.

Carp. Nº 116/05 - Rep. Nº 272/06

3º) por el que se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita en Mérida, México, en diciembre de 2003.

Carp. Nº 291/05 - Rep. Nº 283/06

4º) por el que se concede una pensión graciable a la señora Teresita Penino de Minetti.

Carp. Nº 587/06 - Rep. Nº 277/06

5º) por el que se concede una pensión graciable al señor Alcides Martín Lanza Perdomo.

Carp. Nº 588/06 - Rep. Nº 278/06

6º) por el que se concede una pensión graciable al señor Servando Pedro Aldrovandi Castillo.

Carp. Nº 589/06 - Rep. Nº 279/06

7º) por el que se concede una pensión graciable al señor Juan Antonio Iglesias Villar.

Carp. Nº 586/06 - Rep. Nº 280/06

8º) por el que se concede una pensión graciable al señor Eduardo Darnauchans.

Carp. Nº 600/06 - Rep. Nº 292/06

9º) por el que se establecen normas para regularizar la situación de los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

Carp. Nº 605/06 - Rep. Nº 293/06

10) por el que se designa "Guyunusa" la Escuela Nº 68, del departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 467/06 - Rep. Nº 287/06

11) por el que se designa "Juan Manuel Torreglosa Saizar" la Escuela Rural Nº 8 de Zanja Honda, del departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria, (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 530/06 - Rep. Nº 290/06

12) por el que se designa "España" la Escuela Nº 39 del departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 548/06 - Rep. Nº 289/06

13) por el que se designa "Maestro Profesor Valeriano Renart" el Liceo Nº 3, del departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 198/05 - Rep. Nº 286/06

14) por el que se eleva a la categoría de pueblo y se lo designa "Pueblo Colonia Palma", al actual centro poblado existente en la 9ª Sección Judicial del departamento de Artigas, ubicado entre los kilómetros 591 y 592 de la Ruta Nacional Nº 3, General José Artigas.

Carp. Nº 603/06 - Rep. Nº 285/06

15) por el que se declara el 5 de octubre de cada año "Día Uruguayo del Tango".

Carp. Nº 593/06 - Rep. Nº 288/06

16) por el que se declara el 17 de julio de todos los años, "Día Nacional para la prevención del suicidio".

Carp. Nº 595/06 - Rep. Nº 295/06

17) Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando venia para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura. (Plazo constitucional vence el 22 de setiembre de 2006. Se incluye en el Orden del Día, en cumplimiento del artículo 62 del Reglamento del Cuerpo).

Carp. Nº 523/06 - Rep. Nº 281/06

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Aguirrezabala, Alfie, Antía, Baráibar, Breccia, Camy, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gallinal, Heber, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Nicolini, Penadés, Percovich, Ríos, Rubio, Sanguinetti, Saravia, Tajam, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Abreu, Amaro, Fernández Huidobro y Topolansky.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 11 minutos.)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"El Poder Ejecutivo remite los siguientes Mensajes:

- Al que acompaña un texto sustitutivo de los artículos 1º, 2º y 4º del proyecto de ley por el que se busca la recuperación, desde el punto de vista del derecho jubilatorio y pensionario, de los ciudadanos que no pudieron acceder al trabajo por la persecución política y sindical ocurrida desde fines de la década del sesenta en nuestro país.

- ADJUNTESE A LA CARPETA Nº 576/06 INCLUIDA EN EL ORDEN DEL DIA DE HOY.

- comunicando la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba la Medida 1 (2003) "Secretaría del Tratado Antártico" y su Anexo "Acuerdo de Sede para la Secretaría del Tratado Antártico" adoptados en la XXVI Reunión Consultiva del Tratado Antártico celebrada en Madrid, Reino de España, en junio de 2003.

- por el que se aprueba el Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Islámica de Irán, suscrito en Montevideo, el 11 de junio de 2004.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

La Comisión de Salud Pública eleva informado el proyecto de ley por el que se declara el 17 de julio de todos los años, "DIA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL SUICIDIO".

La Comisión de Educación y Cultura eleva informado el proyecto de ley por el que se declara el 5 de octubre de cada año "Día Uruguayo del Tango".

- HAN SIDO REPARTIDOS. ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informadas las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo a efectos de destituir de sus cargos a:

- Un funcionario del Ministerio de Salud Pública.

- Un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura,

- y la solicitud de acuerdo remitida por la Comisión Administrativa del Poder Legislativo para destituir de su cargo a una funcionaria del Escalafón D Personal Especializado, Acompañantes de Visita.

- REPARTANSE E INCLUYANSE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION ORDINARIA.

La Junta Departamental de Paysandú remite:

- copia del planteamiento efectuado por la señora Edila Alicia Peláez, relacionado con las dificultades que padecen las personas discapacitadas para lograr una oportunidad laboral.

- copia de las palabras pronunciadas por el señor Edil Carlos Oyanarte, referentes a la situación del servicio comunitario de ANTEL en Villa Tambores.

- nota comunicando su apoyo al planteamiento realizado por la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria de Treinta y Tres, a fin de que en la Rendición de Cuentas se incorporen las partidas necesarias para cubrir los requerimientos que tiene la Educación Pública.

La Junta Departamental de Artigas remite nota comunicando su apoyo al planteamiento realizado por la señora Edila Alicia Pérez, de la Junta Departamental de Flores, relacionado con las dificultades que atraviesan las personas discapacitadas para conseguir trabajo.

La Junta Departamental de Soriano remite notas adjuntando:

- copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Edil Humberto Loitey relacionadas con la falta de calzado y vestimenta de los funcionarios policiales.

- la inquietud de la Junta Departamental de Salto referida a contemplar -en la medida de lo posible- el límite de edad en los llamados para cubrir vacantes en el ámbito público.

La Junta Departamental de San José comunica su apoyo al planteamiento efectuado por el Congreso Nacional de Ediles relacionado con las normas que regulan el tránsito.

La Junta Departamental de Montevideo remite nota adjuntando copia de versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Edil Fitzgerald Cantero relacionadas con la reapertura del gimnasio de la Plaza de Deportes Nº 8 de la ciudad de Montevideo.

- TENGANSE PRESENTES."

4) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Las señoras Senadoras Margarita Percovich, Susana Dalmás, Lucía Topolansky y Mónica Xavier y los señores Senadores Jorge Saravia, José Korzeniak, Eduardo Lorier, Carlos Baráibar, Alberto Cid, Eduardo Ríos, Leonardo Nicolini, Rodolfo Nin Novoa y Rafael Michelini presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se introducen modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION."

(Texto del proyecto presentado:)

"CAMARA DE SENADORES

PROYECTO DE LEY

MODIFICACIONES AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (LEY Nº 17.823) REFERIDAS A LA ADOPCION

Artículo 1º.- Sustitúyanse los incisos 9 y 10 del Art. 27 de la Ley Nº 17.823 del 7 de setiembre de 2004 (Código de la Niñez y la Adolescencia) por el siguiente:

9) En los casos de adopción (legitimación adoptiva y legitimación abierta), el hijo sustituirá su primer apellido por el del padre adoptante y el segundo apellido por el de la madre adoptante. De ser adoptado por una sola persona sustituirá solamente uno de los apellidos; siguiendo las reglas previstas en los numerales precedentes.

Si se tratare de una adopción abierta y el adoptado fuese adolescente podrá convenir con el o los adoptantes por mantener uno o ambos apellidos de nacimiento.

La sentencia que autorice la adopción dispondrá el o los nombres y apellidos con que será inscripto el adoptado.

Salvo razones fundadas, se conservará al menos uno de los nombres asignados al niño/a en la inscripción original de su nacimiento.

Artículo 2º.- Sustitúyase el Art. 36 de la Ley Nº 17.823 del 7 de setiembre de 2004 (Código de la Niñez y la Adolescencia) por el siguiente:

Artículo 36. (Tenencia por terceros)

1) Cualquier interesado puede solicitar la tenencia de un niño/a o adolescente siempre que ello tenga como finalidad el interés superior de éste.

2) Si la tenencia tuviera como finalidad última la inserción adoptiva del niño, niña o adolescente, los interesados deberán haber dado previo cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 132 de este Código.

3) El Juez competente en materia de Familia, bajo la más seria responsabilidad funcional, deberá evaluar el entorno familiar ofrecido por el interesado.

4) La persona que ejerce la tenencia de un niño/a o adolescente está obligada a brindarle la protección y cuidados necesarios para su desarrollo integral.

La persona que no se encuentre en condiciones de proseguir con la tenencia, deberá ponerlo en conocimiento del Juez con competencia de urgencia en materia de Familia, quien resolverá la situación del niño/a o adolescente (Arts. 117 y siguientes del Código).

Artículo 3º.- Sustitúyanse los Arts. 132 al 160 de la Ley Nº 17.823 del 7 de setiembre de 2004 (Código de la Niñez y la Adolescencia), parágrafos III al final del Capítulo XI, por los siguientes:

III- Alternativas familiares.

Artículo 132.- (Desvinculación familiar)

El progenitor u otra persona, familiar o no, que -es-tando a cargo de un niño/a decida no continuar con su cuidado, deberá comunicarlo previamente al Juez, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay o al servicio hospitalario donde se encuentre el niño/a.

Quienes reciban un niño/a de personas que no hayan dado cumplimiento a la comunicación prevista en el inciso precedente y quienes tuvieran noticias de ello en el ejercicio de su cargo, empleo, profesión, o en razón de la Institución en la que participan, deberán ponerlo de inmediato en conocimiento del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay o del Juez de Familia con competencia de Urgencia.

Si tuviere noticia del hecho del servicio hospitalario, lo comunicará al Juez y al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Si la noticia fuera recibida por el Juez, este lo comunicará de inmediato al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay a los efectos previstos en el inciso siguiente.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay tomara las medidas de atención inmediatas y comunicará la situación al Juez, quien dispondrá en forma urgente las medidas de protección que correspondan; solicitando informe psicológico y social respecto a las posibilidades de mantener al niño/a en su familia de origen. En caso afirmativo, ordenará las medidas de apoyo familiar que se requieran para asegurar la permanencia de este vínculo filial.

De resultar imposible mantener al niño/a en su familia, se hará lugar a la separación del niño/a de la familia de origen y se dispondrán otras formas de inserción familiar, procurando evitar la institucionalización y prefiriéndose aquellos hogares que permitan al niño/a salvaguardar sus vínculos afectivos. A tales efectos podrá disponerse, entre otros, la tenencia por integrantes de la familia ampliada, de terceros (artículo 36), la inserción en hogares de acogida, la integración a un hogar institucional que ofrezca garantías para su adecuado desarrollo, o la adopción.

Artículo 133.- (Integración familiar de niños/as o adolescentes en tenencia o guarda con fines de adopción).

Cuando se entendiere por la Sede que corresponde la inserción del niño o niña en una familia con fines de adopción, deberá encomendarse la selección de la familia adoptiva al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

Prohíbese la selección de las familias adoptivas por el Tribunal u otra autoridad o persona no específicamente autorizada por la ley para ello, así como la entrega en tenencia a tales fines a personas no seleccionadas por el INAU.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay no podrá disponer la integración familiar de niños/as o adolescentes en régimen de tenencia con fines de adopción, sin la previa autorización judicial a tales efectos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior.

Prohíbese la entrega en guarda o en tenencia con fines de adopción mediante escritura pública.

Cuando el Tribunal disponga la entrega de niños o niñas con fines de adopción, el INAU deberá priorizar los adoptantes que ofrezcan una red familiar de apoyo que favorezca su adecuada integración.

En caso de existir hermanos en igual condición, deberá propenderse a su integración familiar en forma conjunta.

Tratándose de niños/as de hasta dos años de edad, no podrán permanecer institucionalizados por más de 45 días, salvo que se encontraren residiendo en el establecimiento con alguno de sus progenitores.

Artículo 134.- (Procedimiento)

Se seguirá el proceso previsto en los Arts. 117 y siguientes de este Código, debiendo en todos los casos designársele defensor y escuchar al niño/a, a sus progenitores y a las personas que hasta la fecha se han encargado de su cuidado, así como -si fuera posible- a otros integrantes de su familia hasta el 3º grado.

El proceso será tramitado en régimen de urgencia.

Artículo 135.- (Consentimiento)

No tendrá validez el consentimiento que se otorgue para la separación del hijo que está por nacer o dentro de los treinta días de su nacimiento.

Cuando los progenitores u otros familiares a cargo de un niño/a presten su consentimiento para su integración a otro núcleo familiar, el mismo sólo será válido si ha sido dado en presencia del Juez, con el asesoramiento necesario y en conocimiento de las consecuencias que ello implicará.

En caso que una vez nacido el niño/a, ni la madre ni el padre deseen tenerlo, deberá comunicarse al Juez competente, que procederá como lo disponen los artículos 132 a 134.

Provisoriamente, el Juez tomará las medidas del caso para la protección del niño/a, pudiendo incluso proceder a su inserción familiar alternativa, pero no podrá culminar al procedimiento establecido en el artículo anterior hasta que se cumpla el lapso fijado en el inciso primero de este artículo y previa citación de los progenitores del niño/a.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay deberá desarrollar programas de asesoramiento y apoyo a progenitores y familiares que manifiesten la voluntad de entregar en adopción a sus hijos o a otros niños/as u adolescentes a su cargo.

IV - De las adopciones

Artículo 136.- (Requisito previo)

No se dará lugar al trámite de adopción si los interesados no han dado cumplimiento -en tiempo y forma- a las obligaciones y procedimientos previstos en los artículos precedentes.

Artículo 137.- (Concepto y definición)

La adopción de niños, niñas y adolescentes es un instituto de excepción, que tiene como finalidad garantizar el derecho del niño/a o adolescente a la vida familiar, ingresando en calidad de hijo, con todos los derechos de tal, a una nueva familia.

Artículo 138.- (Clases de adopción)

Un niño, niña o adolescente puede ser adoptado a través de una legitimación adoptiva o de una adopción abierta.

1- Legitimación adoptiva. A través de la legitimación adoptiva, el adoptado ingresa a la familia adoptante interrumpiéndose los vínculos filiales con su familia de nacimiento.

Sólo se hará lugar a la legitimación adoptiva de un niño, niña o adolescente que ha perdido todos los lazos afectivos con la familia de nacimiento, lo que se probará en el proceso judicial correspondiente.

2- Adopción abierta. Mediante la adopción abierta el niño/a o adolescente también adquiere todos los derechos de hijo en la familia adoptiva pero conserva vínculos personales y afectivos con su familia de nacimiento o parte de ella, sea con alguno de los progenitores, abuelos/as, tíos/as, hermanos/as u otros integrantes de la familia ampliada.

Artículo 139.- (Adopción del hijo del cónyuge o concubino)

Se permitirá la legitimación adoptiva y la adopción abierta por parte del nuevo cónyuge o concubino del padre o madre del hijo habido dentro del matrimonio o habido fuera del matrimonio reconocido del otro cónyuge o concubino, siempre que el niño/a o adolescente haya perdido todo vínculo con el otro progenitor. En este caso, quien ejerce la patria potestad sobre el niño/a o adolescente adoptado por su pareja, continuará en su ejercicio.

Esta adopción sólo podrá llevarse a cabo una sola vez, respecto al niño/a o adolescente.

Artículo 140.- (Condiciones para la adopción)

1) Pueden ser adoptados aquellos niños, niñas y adolescentes que por disposición judicial fueron entregados en tenencia para su inserción adoptiva, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a- Se haya dispuesto la pérdida de patria potestad respecto de los progenitores que la tuvieran.

b- Haya transcurrido al menos un año de tenencia en condiciones favorables a su desarrollo integral.

c- El niño/a o adolescente haya prestado su consentimiento. Si no fuere capaz de hacerse entender de ninguna forma, prestarán su consentimiento el defensor del mismo, que se le designará a tales efectos.

d- Que el o los adoptantes tengan al menos 25 de edad, con quince años más que el niño/a o adolescente a adoptar. Por motivo fundado y expreso el Tribunal podrá otorgar la adopción aún cuando alguno de los adoptantes no alcanzaren la diferencia de edad con el adoptado o adoptada, reduciéndola hasta un límite que admita razonablemente que éste pueda ser hijo de los adoptantes.

e- Tratándose de cónyuges y/o concubinos, deben computar al menos cuatro años de vida en común.

Artículo 141.- (Prohibiciones)

a- Nadie puede ser adoptado por más de una persona a no ser por dos cónyuges o concubinos. No regirá esta prohibición para los esposos divorciados siempre que medie la conformidad de ambos y cuando la guarda o tenencia del niño/a o adolescente hubiera comenzado durante el matrimonio y se completara después de la disolución de éste.

b- Ninguno de los cónyuges o concubinos puede adoptar sin el consentimiento expreso del otro, salvo que estuviere impedido de manifestar su voluntad o que exista sentencia de separación de cuerpos.

El tutor no puede adoptar al niño/a o adolescente hasta que hayan sido aprobadas las cuentas del cargo.

Artículo 142.- (Procedimiento)

1) La adopción deberá ser promovida ante el Juzgado Letrado de Familia del domicilio del adoptante. Se seguirá el procedimiento voluntario previsto en los artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso, notificándose al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

2) En caso de oposición a la adopción el proceso será contencioso, aplicándose las normas del Código General del Proceso referidas al proceso extraordinario (artículos 346 y siguientes).

El Juez diligenciará las pruebas ofrecidas y las que juzgue convenientes interrogado a los peticionantes y al niño/a o adolescente en su caso.

3) Previamente al dictado de la sentencia, será oído preceptivamente el Ministerio Público.

Artículo 143.- (Procedencia)

La adopción sólo se otorgará por justos motivos y existiendo conveniencia para el niño/a o adolescente.

Cuando la adopción se pretendiere para dos o más niños/as o adolescentes simultáneamente, no será obstáculo la circunstancia de que mediasen menos de ciento ochenta días entre sus respectivos nacimientos.

Artículo 144.- (Bienes)

Cuando el niño/a o adolescente tuviere derechos cuyo dominio se acredite por documento público o privado, el Juez dispondrá que el Actuario inserte en el mismo constancia breve que exprese el cambio de nombre del titular, de lo que tomará nota el Registro respectivo cuando correspondiere.

Artículo 145. (Adopción de niños/as o adolescentes con capacidad diferente)

Tratándose de niños/as o adolescentes con capacidad diferente el Estado, a través de sus diversos servicios, asegurará la atención integral de los mismos en forma gratuita, derecho que se mantendrá cualquiera sea la edad de la persona adoptada.

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma de dar vigencia efectiva a este artículo en un plazo de ciento ochenta días con posterioridad a la entrada en vigencia de este Código.

Artículo 146.- (Visitas con la familia de origen -o parte de ella- en adopción abierta)

Tratándose de una adopción abierta, previo a dictar sentencia debe acordarse un régimen de visitas entre el adoptado y su familia de origen o parte de ella, conforme se dispone en el Art. 138 num. 2 de este Código. A tales efectos, el Tribunal establecerá un régimen de visitas que se regulará de acuerdo a las necesidades del adoptado y se adecuará toda vez que se modifiquen los supuestos de hecho que lo determinaron.

Si no existiera acuerdo, el Tribunal fijará el régimen que considere más conveniente al niño, niña o adolescente.

Artículo 147.- (Sentencia)

Con el testimonio de la sentencia ejecutoriada que autorice la adopción, la parte solicitante efectuará la inscripción del niño/a o adolescente en la Dirección General del Registro de Estado Civil como hijo inscripto fuera de término.

En la partida correspondiente no se hará mención alguna del juicio, sin perjuicio de señalar el número y fecha del oficio judicial que dio lugar a la inscripción y su texto será el corriente en dicho instrumento.

Si los adoptantes fueran de estado civil casados, se inscribirá como hijo habido dentro del matrimonio y se realizará también la anotación pertinente en la libreta de organización de la familia de modo idéntico a la de los hijos habidos dentro del matrimonio.

Si el o los adoptantes no fueran de estado civil casados, se inscribirá como hijo reconocido por los mismos.

El testimonio de la sentencia se archivará en forma, dejándose constancia de haberse efectuado la inscripción mencionada.

Toda la tramitación y la expedición de partidas será gratuita.

Artículo 148.- (Efectos)

1) Realizada la adopción -legitimación adoptiva o adopción abierta- caducarán los vínculos de filiación anterior del niño/a o adolescente a todos sus efectos, con excepción de los impedimentos previstos en el artículo 91 del Código Civil y del derecho de mantener vínculos regulares con su familia de origen -o parte de ella- si se tratare de una adopción abierta.

Deberá hacerse constar dicha caducidad en el acta de inscripción original del niño/a o adolescente.

2) La legitimación adoptiva es irrevocable. La adopción abierta podrá ser revocada a pedido del adoptado, por justos motivos.

La adopción tendrá efectos constitutivos sobre el estado civil del niño/a o adolescente objeto de la misma, quien se reputará en adelante con los mismos derechos y deberes que si hubiera nacido del o los adoptantes.

V - De la adopción internacional

Artículo 149.- (Principio general)

En defecto de convenios internacionales ratificados por la República, las adopciones internacionales se regularán por las disposiciones de este Capítulo.

Se considera adopción internacional a la que se lleva a cabo por matrimonios con domicilio o residencia habitual en el extranjero, con relación a niños/as o adolescentes con domicilio o residencia habitual en la República.

Artículo 150.- (Preferencia)

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y las demás autoridades con competencia en materia de adopción, deberán dar preferencia a la ubicación de los niños/as o adolescentes en condiciones de adopción, en familias u hogares que los requieran y vivan dentro del territorio nacional.

Artículo 151.- (Competencia)

Serán competentes para el otorgamiento de la adopción internacional los Jueces de Familia del domicilio del adoptado, quienes procederán de acuerdo a los trámites del juicio extraordinario del Código General del Proceso (artículo 346). La apelación se regirá por la misma normativa (artículo 347).

Los solicitantes deberán comparecer a la audiencia preliminar en forma personal, preceptivamente. También deberán hacerlo cuando el Tribunal, en forma fundada, lo considere conveniente.

El impedimento fundado de los solicitantes a concurrir personalmente a la audiencia hará que el Juzgado fije otra, pero en ningún caso se permitirá la representación por apoderado.

Hasta tanto no haya recaído sentencia firme, para que el niño/a o adolescente pueda salir del país deberá hacerlo en compañía de uno de los solicitantes, contando con autorización judicial, la que no podrá concederse sin intervención preceptiva del Ministerio Público, si fundadamente se probare la integración del niño/a.

Artículo 152.- (Requisitos)

Las adopciones internacionales se constituirán con la intervención preceptiva del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, quien una vez obtenidos todos los antecedentes presentará en el plazo de sesenta días un informe pormenorizado, teniendo asimismo los demás requisitos previstos en los artículos 132 a 160 de este Código, en cuanto fueren aplicables.

La adopción internacional tendrá el mismo efecto que la legitimación adoptiva, pudiendo acceder a ella cónyuges cuya unión matrimonial no sea inferior a cuatro años.

Sólo se realizará con aquellos países cuyas normas en materia de adopción y protección de niños/as y adolescentes tengan una razonable equivalencia con las de nuestro país.

Artículo 153.- (Residencia)

Los adoptantes deberán residir y convivir con el niño/a o adolescentes en el territorio nacional, aun en forma alternada, por un plazo de seis meses. Por razones fundadas y teniendo en cuenta el interés superior del niño/a, el plazo podrá ser reducido por el Juez competente.

Artículo 154.- (Documentos necesarios)

Con la solicitud de la adopción se deberá presentar la documentación justificativa de las condiciones físicas, morales, económicas y familiares de los solicitantes. Los informes y documentos al respecto deberán tramitarse por medio de las autoridades centrales del país de los adoptantes y de la República.

Artículo 155.- (Nacionalidad)

Los niños/as y adolescentes de nacionalidad oriental adoptados por extranjeros domiciliados en el exterior, mantienen su nacionalidad, sin perjuicio de adquirir, además, la de los adoptantes.

VI- ANULACION DE ADOPCIONES

Artículo 156.- (Juicios de anulación)

Corresponde a los Jueces de Familia que autorizaron la adopción, la tramitación de los juicios de anulación, los que serán resueltos teniendo en cuenta el interés superior del niño/a o adolescente. El trámite se regirá por el procedimiento extraordinario del Código General del Proceso (artículos 346 y 347).

VI - CONTROL ESTATAL DE LAS ADOPCIONES

Artículo 157.- (Control)

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, a través de sus servicios especializados, es el organismo encargado de proponer, ejecutar y fiscalizar la política a seguir en materia de adopciones.

Artículo 158.- (Cometidos del equipo técnico)

Todos los servicios que desarrollen programas de adopción deberán contar con equipo técnico interdisciplinario que tendrá como cometidos:

A) Asesorar a los interesados en adoptar niños/as o adolescentes y analizar los motivos de su solicitud.

B) Evaluar las condiciones de salud, psíquicas, sociales y jurídicas de los solicitantes y las posibilidades de convivencia.

C) Llevar un Registro de Interesados en Adoptar, ordenado cronológicamente según fecha de solicitud, en el que conste el informe técnico a que refiere el literal anterior.

D) Seleccionar de dicho Registro respetando el orden de inscripción, los posibles padres adoptivos, ante la solicitud formulada por el Juzgado competente, en el caso de un niño/a o adolescente en condiciones de ser adoptado.

El orden sólo podrá ser alterado por las necesidades del niño/a o adolescente, debidamente fundadas. En todos los casos el niño/a o adolescente deberá ser oído preceptivamente.

E) Orientar y acompañar el proceso de integración familiar.

F) Asesorar al Juez toda vez que le sea requerido su informe.

G) Orientar y apoyar a adoptados/as, adoptantes e integrantes de la familia de origen, en el proceso de conocimiento y acercamiento entre las mismas.

VII- DEL REGISTRO DE ADOPCIONES

Artículo 159.- (Registro General de Adopciones)

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay llevará un registro de legitimaciones adoptivas y adopciones abiertas, donde constarán los datos identificatorios de:

1) El niño/a o adolescente adoptado.

2) Los datos de sus progenitores, hermanos, tíos y otros integrantes de la familia de origen conocidos: nombre, nacionalidad, domicilio, estado civil, etc.

3) Los datos de los adoptantes: nombre, nacionalidad, domicilio y estado civil e institución nacional o extranjera que lo patrocinó, cuando corresponda.

4) Juzgado en que se tramitó el proceso respectivo.

Este registro será reservado salvo en cuanto al adoptado/a, sin perjuicio del acceso al mismo -previo autorización judicial- de los integrantes de la familia de origen, de la familia adoptiva o las personas previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 160 in fine.

VIII- DERECHO DE ACCESO A SUS ANTECEDENTES.

Artículo 160.- (Acceso a datos y expedientes relativos a la familia de origen y al proceso de adopción)

Todo adoptado/a tiene derecho a conocer su condición de tal, a acceder a los datos del Registro General de Adopciones en cuanto refieran a su historia personal y a conocer a su familia de origen.

Será deber de los padres adoptivos informarle al respecto atendiendo su edad y características, así como apoyarle y acompañarle si éste deseara revincularse con su familia de origen.

Podrá solicitar al Juez competente la exhibición del expediente judicial y demás antecedentes que dieron lugar a su adopción.

El Juez, recabando el asesoramiento y apoyo técnico del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y previa vista del Ministerio Público, accederá a su petición, informándole acerca de la identidad, situación y paradero de su familia de origen en cuanto estos datos surgieren de los antecedentes, a efectos de permitirle tomar contacto con ella.

Se podrá habilitar el acceso al expediente a otras personas en los siguientes casos:

1) Cuando por razones de carácter médico sea necesario conocer los antecedentes de la familia de origen del adoptado.

2) Cuando se esté realizando una investigación judicial de cualquier naturaleza y sea necesario obtener la información como elemento de prueba.

En ambos casos, se requerirá decisión judicial fundada acerca de la necesidad de la medida.

Margarita Percovich, Susana Dalmás, Lucía Topolansky, Mónica Xavier, Jorge Saravia, José Korzeniak, Eduardo Lorier, Carlos Baráibar, Alberto Cid, Eduardo Ríos, Leonardo Nicolini, Rodolfo Nin Novoa, Rafael Michelini. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La legislación y las prácticas que antecedieron al Código de Niñez y Adolescencia instituyeron en Uruguay un modelo de adopción en el que el "ahijamiento" de un niño por una familia extraña a la de su nacimiento, tenía como condición el desconocimiento y ocultamiento de su historia y de los lazos afectivos y familiares originales. La ley de legitimación adoptiva que data de 1945, impuso la destrucción de toda huella de la identidad del niño, niña adoptado, creando una ficción legal conforme a la cual la persona adoptada aparecía como si fuera hijo, engendrado por el matrimonio adoptante. Tal es así que la adopción simple, modelo proveniente del derecho romano, por el que a través de un contrato se habilitaba la transferencia a otra familia de la patria potestad que se ejercía sobre una persona sin que este dejara de pertenecer a su familia de origen, se asimiló, en la práctica, a la legitimación adoptiva.

Quedó fuera de aquel marco legislativo todo lo relativo a la protección de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes en el camino que los lleva de una familia a la otra, así como los mecanismos para la preservación de los componentes básicos de su identidad.

En las últimas décadas, desde el mismo Estado se generaron algunas prácticas institucionales que fueron adecuando las disposiciones legales a los nuevos marcos éticos, como consecuencia a la sucesiva aprobación de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

El actual Código de Niñez y Adolescencia, teniendo como referencia prioritaria la Convención de los Derechos del Niño, dio un paso sustantivo al incorporar al ordenamiento legislativo algunas de las prácticas que ya se estaban instrumentando e innovando en otras, todas ellas bastante movilizadoras para nuestra sociedad:

- Prevé un procedimiento juidicial-administrativo que busca conferir garantías a todas las partes, en el pasaje del niño, niña o adolescentes desde su familia de origen a la adoptiva, asignando y determinando competencias específicas al Tribunal y al INAU.

- Impone exigencias mínimas a las instituciones que intermedian en la adopción.

- Crea el Registro de Adopciones, regulando las formas de acceso a los datos del mismo.

La implementación de este nuevo marco legislativo tuvo algunas dificultades para su aplicación, muchas de ellas por la resistencia a los cambios en virtud de concepciones ideológicas opuestas y otras por las contradicciones subsistentes dentro del mismo Código de Niñez y Adolescencia.

A través del Código de Niñez y Adolescencia se desterró, como práctica lícita, la libre disposición del destino de los niños y niñas a través de arreglos informales entre particulares, o con la participación de autoridades públicas pero fuera de un proceso judicial reglado.

En Uruguay todavía es habitual utilizar el sistema de "guarda puesta" (es decir de familia constituida de hecho, sin control estatal) como antesala de la adopción, recurriendo luego al Tribunal para que homologue y legitime las decisiones adoptadas fuera del debido proceso. Esta práctica pone en riesgo el destino de los niños y niñas, sea porque pueden resultar insertados en familias que no necesariamente tienen las condiciones psico-sociales para adoptar o porque aumenta su vulnerabilidad frente a distintas formas de venta y tráfico.

En el procedimiento vigente, se han distribuido las competencias y el control del proceso entre distintos actores: el juez, el equipo especializado, el INAU, etc. Este punto es trascendente, porque otorga transparencia y profesionalismo al sistema. Sin embargo también se han generado dificultades a raíz de contradicciones y vacíos legislativos del mismo Código, que deben ser superadas so pena de transformar en meros obstáculos formales, las cláusulas que buscan otorgar garantías.

El Registro de Adopciones actual no asegura la preservación y acceso a los datos mínimos imprescindibles de la historia de vida de la persona adoptada, ya que en él no se incorporan los datos de la familia de origen. Asimismo, las personas de menos de 18 años de edad en la legitimación adoptiva y de menos de 15 en la adopción simple, encuentran obstruido el acceso a esta información, la que es inherente a su persona.

Queda pendiente, asimismo, revisar los actuales modelos de adopción, de forma que se superen las discriminaciones negativas vigentes, basadas en aspectos formales y no en las condiciones reales de vida y convivencia de los adoptados.

El Código de la Niñez y Adolescencia mantuvo prácticamente incambiados los modelos o formas de adopción previstos en la legislación anterior (Código del Niño y Ley de Legitimación Adoptiva) mencionados arriba. Muchas de estas disposiciones contrastan, y en algunos casos contradicen, los principios básicos que dieron fundamento a este nuevo Código, plasmados en el primer capítulo del mismo. Ello resulta evidenciado grotescamente en el lenguaje utilizado, manteniendo designaciones superadas como la referencia a "pupilos del Estado" para referirse a niños privados del cuidado de su familia y también se trasluce en las condiciones, mecanismos de instrumentación y efectos de cada modelo de adopción previsto.

Los adoptados en forma de adopción simple suelen perder los vínculos con su familia de origen, a la que en la mayoría de los casos no conocen y se integran como hijos propios a la familia adoptiva. Sin embargo, por imposición legal, se dispone que el adoptado siga perteneciendo a la familia de origen (otra ficción construida por el derecho positivo), teniendo como consecuencia que el adoptado ostenta como uno de sus apellidos el de una familia que no conoce y no hereda en el primer orden, como hijo, en la familia adoptiva. La adopción simple se transformó en una adopción de segunda clase, a la que debieron recurrir, por necesidad, quienes eran excluidos del campo de aplicación de la ley de legitimación adoptiva, en virtud de carecer, los adoptantes, el estado civil exigido.

A través de este Proyecto se propone la modificación de las normas del Código de Niñez y Adolescencia referentes a la adopción con tres objetivos básicos:

1- Fortalecer el "debido proceso" en todas las rutas que siguen los niños y niñas desde su ámbito familiar de origen hasta la familia adoptiva, simplificando el mismo sin disminuir las garantías para todos los actores, especialmente para los niños, niñas y adolescentes y para las progenitoras.

2- Superar todas las formas de discriminación negativa de las personas adoptadas en función del estado civil de los adoptantes o el modelo de inserción adoptiva utilizado.

3- Profundizar los mecanismos que buscan preservar componentes básicos de la identidad de las personas adoptadas tales como el nombre asignado por la progenitora, los datos de la familia de origen, el acceso a estos datos y a servicios de apoyo para elaborar adecuadamente esta información así como, si ello es posible, el mantenimiento de los vínculos con algunos integrantes de su familia de origen.

En relación al primer punto, el debido proceso en la ruta que sigue el niño, niña, o adolescente desde su familia de origen a la familia adoptiva, se han tenido especialmente en cuenta los siguientes principios orientadores:

- Que no sea derivado en adopción ningún niño o niña o adolescente al que la familia en la que nació está dispuesta a proteger y criar, aún cuando carezca de medios económicos para ello.

- Que se acoten lo más posible los plazos en los que el niño quede privado del cuidado familiar.

- Que los niños, niñas, adolescentes, sus progenitores y la familia ampliada sean informados adecuadamente del alcance de la decisión y escuchados por el Tribunal antes de tomar una decisión.

- Que el INAU y el Poder Judicial ejerzan controles y se controlen recíprocamente durante todo el proceso de inserción adoptiva.

- Que sea un servicio profesional y especializado el que determine la aptitud para la adopción y la/s personas a quien en el caso concreto se confía el niño como hijo adoptado, siguiendo parámetros técnicos y criterios objetivos.

A tales efectos, este Proyecto propone:

a) Exigir el aviso, previo al Tribunal, al INAU o a la Maternidad actuante (o el aviso inmediato al hecho si no es posible efectuarlo previamente), de la voluntad de la familia de origen de no continuar a cargo del cuidado del niño, esta obligación es impuesta tanto a quienes se desvinculan de un niño así como a quienes lo reciben o intervienen en el caso concreto, sea como profesionales o trabajadores de instituciones que intermedian en el tema (Art. 132 inc. 1 y 2).

b) Eliminar toda forma de entrega de niños en guarda con fines de adopción a través de escritura pública (Art. 133 inc. 4).

c) Impedir la utilización de proceso de tenencia por terceros como instrumento de constituir "guardas puestas" con fines de adopción. A tales efectos, se obstaculiza la adopción que ha tenido como antesala un proceso no controlado judicialmente (Arts. 36 y 133).

d) Se eliminan las adopciones por escritura pública (Art. 142).

e) La competencia de selección de los adoptantes se asigna a un equipo especializados de INAU, eliminándose la posible intermediación de agencias privadas (Art. 133 inc. 1 y 2 y Art. 158).

f) Se simplifica el procedimiento de separación de un niño de su familia y posterior inserción familiar (que incluye como alternativa la adopción) sustituyéndose el proceso extraordinario por el previsto para la aplicación de medidas de protección frente a derechos vulnerados (Art. 117 del CNA), con la intervención de un mismo tribunal de primera instancia desde que se tiene la noticia del hecho hasta que se resuelve la reinserción familiar del niño/a. (Arts. 36 inc. Final y 134).

- Siguiendo los lineamientos del Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de adopción internacional de la Conferencia de la Haya, se mantiene la disposición vigente conforme a la cual el consentimiento de la progenitora no es considerado válido hasta transcurridos al menos treinta días después del parto, pero sin que ello obstruya la posibilidad de proceder a la inserción familiar provisoria de la persona recién nacida (Art. 135).

g) Se prohíbe la institucionalización de niños o niñas de menos de dos años de edad por más de 45 días (Art. 133 inc. 7).

En cuanto a las formas de adopción, se habilita la adopción plena o legitimación adoptiva a todas las personas, sin diferenciar su estado civil y priorizado aquellos/as adoptantes que cuenten con redes familiares de sostén (Art. 132 inc. 5 y Art. 140).

La adopción simple, la que pasa a denominarse adopción abierta, se mantiene sólo para aquellos casos en que efectivamente exista y se pretenda preservar vínculos afectivos reales con la familia de origen (Art. 138.2). En estas adopciones, los niños tendrán todos los derechos en la familia adoptiva (incluso derechos sucesorios en el primer orden de llamamiento y el apellido) pero el adoptado podrá gozar de un régimen de visitas con su familia de origen (Art. 138 y 146 a 148). Este modelo muy probablemente será excepcional, ya que requerirá de adoptantes que estén dispuestos a conferir lugar de hijo en su familia a una persona que mantiene vínculos afectivos con su familia de nacimiento. La revocabilidad de esta adopción, prevista en el ordenamiento actual a favor del adoptante, se mantiene como opción del adoptado en aquellos casos, previo análisis pormenorizado de cada situación particular por la sede judicial (Art. 148.2).

Finalmente, en relación a la preservación de los componentes de la identidad de las personas adoptadas, en este proyecto de ley se propone:

a) La preservación de al menos uno de los nombres asignados al adoptado por su familia de origen (Art. 27 in fine).

b) El derecho del adoptado en la adolescencia a preservar al menos uno de los apellidos de su familia de origen, previo acuerdo con los adoptantes (Art. 27 num. 9).

c) La obligación de los adoptantes de dar a conocer al adoptado su condición de tal (Art. 160)."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Las señoras Senadoras Lucía Topolansky y Mónica Xavier y los señores Senadores José Korzeniak, Jorge Saravia, Eduardo Lorier, Víctor Vaillant, Eduardo Ríos, Leonardo Nicolini, Alberto Cid, Rafael Michelini y Carlos Baráibar presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley a efectos de atender la situación de indigencia de los ciudadanos en situación de calle.

- A LA COMISION DE POBLACION, DESARROLLO E INCLUSION."

(Texto del proyecto presentado:)

"BORRADOR

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Las personas de cualquier edad, que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aún sin que presten su consentimiento, siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados en la presente disposición.

El Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto en el inciso primero encomendado a los Ministerios de Desarrollo Social, Salud Pública e Interior que coordinen el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

Lucía Topolansky, Mónica Xavier, José Korzeniak, Jorge Saravia, Eduardo Lorier, Víctor Vaillant, Eduardo Ríos, Leonardo Nicolini, Alberto Cid, Rafael Michelini, Carlos Baráibar. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

1) El Art. 44 de la Constitución dice: "El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país.

Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes."

El Estado pues está obligado a legislar en las cuestiones a que se refiere este artículo en su inciso 1º.

Igualmente existe para los habitantes "el deber de cuidar su salud así como el de asistirse en caso de enfermedad."

El Estado asimismo tiene el deber de dar prevención y asistencia a los indigentes y carentes de recursos suficientes, a cuyos efectos existen múltiples leyes.

2) Puede presumirse racionalmente que las personas en situación de calle no están sanos física o síquicamente, que carecen de recursos o son indigentes. Cuando viven a la intemperie completa, sobre todo por las noches puede presumirse (especialmente en períodos de extremos climáticos) que existen graves riesgos para su salud incluyendo la posibilidad de muerte.

3) Es conocido que hay personas que estando en la situación descripta, no otorgan su consentimiento para ser trasladadas a refugios o lugares donde puedan ser asistidos.

Siendo así, parece claro que es un deber del Estado establecer una norma legal como la que proponemos, a fin de poder cumplir con la regla constitucional transcripta, que se inspira, por otra parte, en elementales principios humanitarios.

Lucía Topolansky, Mónica Xavier, José Korzeniak, Jorge Saravia, Eduardo Lorier, Víctor Vaillant, Eduardo Ríos, Leonardo Nicolini, Alberto Cid, Rafael Michelini, Carlos Baráibar. Senadores."

5) INASISTENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a la anterior convocatoria, en caso de que existieran.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

En la sesión extraordinaria del día de ayer faltó con aviso el señor Senador Rubio y sin aviso el señor Senador Penadés. En la sesión ordinaria del mismo día no se registraron inasistencias.

En lo que respecta a las inasistencias de los señores Senadores a sus respectivas Comisiones, cabe informar que:

- A la sesión de la Comisión Especial de Deporte del día de ayer, faltaron con aviso los señores Senadores Alfie, Lara y Ríos.

- A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del mismo día, faltaron con aviso los señores Senadores Abreu y Gallinal.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Topolansky solicita licencia por el día de la fecha".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 6 de setiembre de 2006.

Sr. Presidente del Senado

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo que Ud. preside me conceda licencia por motivos particulares por el día de la fecha.

Sin otro particular,

Lucía Topolansky. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 15 en 18. Afirmativa.

El señor Senador Héctor Tajam ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontrara en la Antesala, se lo invita a ingresar al Hemiciclo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Baráibar solicita licencia entre los días 12 y 14 del corriente".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 5 de setiembre de 2006.

Sr. Presidente del Senado

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo se me otorgue licencia los días 12, 13 y 14 del corriente y se convoque a mi suplente correspondiente, de conformidad con la Ley 17.827, Artículo 1º, literal D), que establece la causal ‘ausencia del país en virtud de obligaciones notorias, cuyo cumplimiento sea de interés público, inherentes a su investidura académica o representación política’ del Legislador.

Durante esos días participaré en la XXVI Reunión Plenaria de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), a realizarse el 11 y 12 de setiembre en Managua, Nicaragua.

Se adjuntan la invitación y el programa del evento.

Dejo constancia que esta actividad no generará ningún gasto a la Cámara de Senadores.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Carlos Baráibar. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 15 en 17. Afirmativa.

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARAIBAR.- Estoy habilitado para fundar el voto como lo hago en la exposición. Solicito licencia para participar en la Asamblea de la COPPPAL y quiero que quede claro -creo que esto consta en la nota- que este viaje no significa ningún gasto para el Cuerpo.

7) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Los señores Enrique Pintado y César Segovia han presentado notas de desistimiento, informando que por esta única vez no aceptan la convocatoria al Cuerpo, por lo que oportunamente será convocado el señor Milton Antognazza.

Habiéndose votado oportunamente la licencia del señor Senador Abreu, si se encontrara en la Antesala, se invita a pasar al Hemiciclo al señor Senador Camy, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

8) AUTOESTIMA NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- "Señor Presidente: me voy a referir hoy a dos temas: uno de ellos tiene que ver con no perder la autoestima nacional y el otro, con advertir sobre posibles problemas en el transporte de estudiantes.

En primer término, quiero dejar constancia en Sala de una preocupación que se ha expandido por la calle, tomando a la gente, hasta convertirse en clamor ciudadano. No sólo me refiero al muy mentado tema de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, disparador de contradicciones, sino que creo que, a esta altura, el tema de mayor gravedad y que termina afectando el futuro del país y de sus habitantes es la forma en que se está insinuando la intromisión de otras naciones en nuestras decisiones soberanas, determinación por la que tanto luchó el Partido Nacional, dejando intelecto y sangre de su gente en esa defensa. Como siempre sucedió nada tenemos que reclamarnos: nos cobija una bandera y sus símbolos más preciados. Sí tenemos derecho a abogar frente a toda intentona de intervención tangencial, más aún cuando ésta se escabulle por miles de intersticios en la red de la sociedad postmoderna, intentando dominar económica, política y hasta moralmente, las conductas y la subjetividad.

Esa es la sociedad globalizada que intenta opacar la diversidad; ese es el pensamiento único, que procura eliminar la libre expresión de personas y grupos.

La gran mayoría de esas intervenciones a las que me estoy refiriendo son tanto o más peligrosas que las que se concretaban en desembarcos y acciones militares, y deberían ser analizadas seriamente por los organismos internacionales, tanto como si implicasen aventuras militares y acción directa. A la espera de que ello ocurra, debe quedar claro que no nos hacen falta consejos, menos aún en materia política electoral.

Resulta desagradable que aparezcan inflamados aliados -hasta casi quintacolumnistas- de ese tipo de intervención cada vez más constatable.

A veces se pretexta una especie de internacionalismo virtual, al que supuestamente no podríamos escapar; otras, se habla de un supuesto ‘signo de los tiempos’ y se invoca un pasado común, con postulados que retuercen la realidad y la convierten en una ‘nueva’ historia, en alas de revisionismos vacíos y plenos de apostasías, como recientes ataques a Wilson Ferreira Aldunate, el muy ponderado civilista, tanto en vida como post mortem, por la juiciosa y generalizada mayoría de compatriotas al margen de identidades divisionarias.

Lo cierto y fácil de constatar, de verificar, es que se pretende ejercer una tutoría política con olímpico desprecio por el maduro albedrío de criterios de los ciudadanos de cada país, que son los únicos que deben incidir en las opciones plebiscitarias de sus destinos.

Estamos también denunciando que algunos potenciales interventores, de ‘cuyo nombre no quiero acordarme’, diría Don Quijote, cuentan con las aceptaciones cipayas, súbitamente afines a un internacionalismo a contener en todos los planos. Las gozosas dádivas y una ‘treintena de dineros’ no valen mirar hacia atrás, hacia horizontes transfronterizos, cuando se corre el riesgo de transformarnos en estatuas de sal.

Por supuesto, no está en mi propósito enmendar o fustigar los ideales bolivarianos. Como tampoco queremos, por ejemplo, seguir haciendo leña del otrora bien nacido árbol del MERCOSUR, pero recientemente y por boca del ex Vicepresidente argentino, Carlos ‘Chacho’ Alvarez -como bien se ha dicho, un cargo creado para que lo ocupen políticos argentinos fuera de circulación en su país-, nos hemos enterado que la organización regional se dedicaría a fiscalizar las elecciones. Que no truene el río… que el agua no induce a sequías.

Sucede que al señor profesor Álvarez se le ocurrió crear un ‘Observatorio Democrático’, una especie de inspector de elecciones, que expedirá certificado de democracia e indicará credibilidades del voto soberano. Queremos salvar lo que queda del MERCOSUR, pero esa no es la vía que lleva a la estación adecuada.

Los tratados que se suscribieron oportunamente no habilitan ni prevén el parlamento de la organización regional, ni la calidad de socio político, ni este engendro intervencionista y atrevido.

Tendríamos pobre opinión de nuestra nación si dejáramos progresar intentos de intervenir en nuestros asuntos y, desde ya, levantamos nuestra voz censurando engendros, pues si el señor "Chacho" Álvarez tiene tiempo y ganas de analizar comportamientos electorales, menuda tarea tendrá por otros bares. Y si tiene ganas de internacionalizar su trabajo, seguramente que lo encontrará por ahí y no en nuestras latitudes.

Así es. Debemos reaccionar. De otra manera, poco a poco estaremos perdiendo dignidad nacional y desandando el largo y duro camino de nuestras autonomías.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería y a las Juntas Departamentales y Autónomas de todo el país."

9) POSIBLES PROBLEMAS EN EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DEL INTERIOR

SEÑOR PRESIDENTE.- Para ocuparse de otro tema, continúa en el uso de la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- "En segundo término, quiero hacer con sentido de anticipo algunas advertencias sobre situaciones que se plantearán concretamente el próximo año lectivo escolar.

No siempre tiene razón el poeta español Antonio Machado cuando dice ‘Caminante no hay camino, se hace camino al andar’ pues, de ser así, miles de estudiantes, habitantes de localidades donde no hay centros de enseñanza media, sea liceos o Escuelas Técnicas, no podrán viajar a los establecimientos de comunidades cercanas que sí los tienen, debido a limitaciones que se están analizando avanzadamente dentro de eminentes normas de circulación vial para vehículos colectivos que no tengan determinadas características de modernidad mecánica.

En general hoy, para ese transporte de cabotaje terreno, se utilizan viejos omnibuses con puertas de ingreso posterior, o las recordadas ‘Olas Marinas’ de la década del año 50 ya con el ‘galgo’ siempre estirado pero de paso más lento y seguro, incluidos algunos del propio CODICEN.

Son todas unidades funcionales para unir destinos cortos que recorren en ida un promedio de los 35 ó 40 kilómetros de distancia, sin mayores exigencias de velocidad y con asientos no reclinables ni aire acondicionado, etcétera.

¡Pero sirven! Y cumplen con el propósito principal de ser auténticos lazarillos amigos sobre ruedas de quienes van a buscar la luz del conocimiento, día a día.

Aquí de nada servirá la sentencia de Antonio Machado ‘…se hace camino al andar’.

La poesía en el caso, se transforma en diletante y vana sutileza utópica… cuando arrecian las lluvias de abril, los fríos de julio - agosto y los calores de noviembre.

¡Que vayan en motociclos! Dirá un apresurado devoto de Aloe Vera que tiene soluciones para todo menos para los costos en dólares, la lluvia, el frío, el calor y la peligrosa motomanía de los adolescentes, que aprenden de aceleradores pero en reserva aguda lo de frenos y cascos.

El problema se viene. Se viene. Por más que haya virtuales categorizaciones de transportes colectivos interdeparta-mentales y regionales que exigirán los chiches de la tecnología automotriz de vanguardia, en unos más y en otros no tanto.

La muerte del ‘galgo’ es ya una sentencia anunciada. Y serán sus deudos, esos miles de estudiantes y familias, tan sacrificados y empeñosos, que no podrán llevar ni cumplir la carga del derecho-deber que ha hecho, afortunadamente, una nación donde es precepto constitucional la gratuidad y la obligatoriedad de la enseñanza elemental, la media, la técnica y la artística, en el país de aquel Artigas que quería más gente ilustrada que para el equilibrio de los valientes había una abundancia superavitaria.

Comprendemos que aquí coliden, sin prejuiciosas intenciones, solamente por confrontación contingente de sistemas, la necesidad de adecuar a los tiempos que corren y a la seguridad de los pasajeros, los textos de los Reglamentos de Circulación Colectiva Vial por un lado, y el Derecho a la Educación, por otro.

Hay que encontrar recursos de pensamiento innovador, creativo y quizás financiero, para conseguir ensambles que permitan lo uno y lo otro sin dañosas lastimaduras para nadie.

Alcanzaron y aún lamentamos, ya no lastimaduras, sino los cercanos sucesos fúnebres del accidente de la Ruta 1, km. 30, con aquel camión de caja abierta en la niebla, donde viajaban obreros a su trabajo, emergencia que aún sobrevuela acicateando nuestras responsabilidades legislativas y, en otros órganos, administrativas.

No colegas. No hay que ‘hacer caminos al andar’. Hay que construirlos antes. Sea esa verdad… pues el 2007 viene al galope sobre el aún fuerte y caminador galgo de la ONDA."

Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al CODICEN, al Ministerio del Interior con destino a conocimiento de Policía Caminera, y a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas de todo el país.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar los trámites solicitados.

(Se votan:)

- 16 en 17. Afirmativa.

10) REQUISITOS FORMALES PARA SOMETERSE A LA ESTERILIZACION TRANSLAPAROSCOPICA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra la señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Desde hace varios años, muchas mujeres que se asisten en dependencias del Ministerio de Salud Pública y también en algunos centros de atención privada de salud e instituciones de asistencia médica colectiva manifiestan su disconformidad con los requisitos formales que deben cumplir antes de someterse a una intervención de esterilización translaparoscópica, más conocida como ligadura de las trompas uterinas. En efecto, luego de la consulta con el médico se les exige que completen un formulario expresando su voluntad de someterse a la intervención quirúrgica, pero también se les reclama el consentimiento expreso y escrito de su marido. Además, en algunas instituciones, a esto se suma la obligatoriedad de la firma de testigos que simultánea o subsidiariamente pueden suplir la voluntad de aquél o mantenerse así en una doble exigencia. Tenemos en nuestro poder formularios en los cuales luce la firma, la aclaración de firma del paciente, su documento de identidad, los datos del marido y de testigos mayores de edad que deben declarar su domicilio y su documento de identidad.

Por su parte, el paciente hombre que consulta en los mismos centros asistenciales, cualquiera sea su estado civil, puede someterse libremente a una intervención quirúrgica de similar naturaleza, sin que se le exija el mismo requisito, o sea, el consentimiento de su esposa y, mucho menos, la firma de terceros en calidad de testigos. Va de suyo que el actual criterio institucional marca una inocultable diferencia en el tratamiento entre géneros, pues en el caso de la mujer esta debe contar con la aquiescencia de una tercera persona -ya sea el marido o, eventualmente, testigos-, mientras que el marido puede decidir, por sí mismo y sin consentimiento de nadie, someterse a una intervención quirúrgica de vasectomía.

Hecha esta constatación, se nos plantean las siguientes interrogantes. ¿Existe alguna norma legal que ampare la exigencia de reclamar a la mujer el consentimiento de su marido para casos de esterilización translaparoscópica? ¿Cuál sería el fundamento para adoptar criterios institucionales diferentes en el caso de los pacientes hombres? En tal caso, ¿qué obstáculos deberían removerse para lograr una paridad de derechos y obligaciones ante casos de esterilizaciones voluntarias?

Analizando la normativa, vemos que no existe ninguna disposición jurídica de naturaleza legislativa ni de rango ministerial que regule, obligue o determine la exigibilidad del consentimiento de un tercero ante el caso de una mujer adulta y capaz que decida someterse a un tratamiento abdominal invasivo y proceder a su esterilización mediante la ligadura de las trompas uterinas. La única disposición vinculada con el caso planteado proviene del artículo 5º del Decreto-Ley Nº 258/992 dictado por el Ministerio de Salud Pública, que refiere al deber del médico de informar adecuadamente al enfermo cuando este le consulte, con veracidad y objetividad, atendiendo a las circunstancias del caso, así como de procurar el libre consentimiento informado del enfermo -o usuario, decimos nosotros, porque en este caso no se trata de una persona enferma sino de un usuario de los servicios de salud- o de sus representantes legales, antes de realizar las acciones médicas necesarias, teniendo en cuenta que no pueden emitir consentimiento válido los menores de 21 años -por el artículo 280 del Código Civil- y los demás incapaces. El requisito de libre consentimiento informado de que da cuenta la disposición tiende a recabar la voluntad expresa del paciente o usuario respecto de la realización del acto médico. Con ello se persigue el doble propósito de ilustrar al enfermo sobre los alcances y consecuencias que tiene y puede deparar una intervención quirúrgica y, por otro lado, de ajustar la conducta del profesional a las disposiciones vigentes en materia legal, en procura de evitar responsabilidades personales y reclamaciones indemnizatorias. Más allá de esto, no contempla ninguna exigencia específica o no específica con relación al libre consentimiento de un tercero; o sea, no se plantea ninguna hipótesis de tutela del paciente de parte del marido ni de ningún familiar consanguíneo. De allí que el contenido intrínseco y la exigibilidad formal puesta de manifiesto en los instructivos y formularios suministrados por Salud Pública y demás instituciones de asistencia médica colectiva carecen de todo respaldo normativo en la materia.

Quiero aclarar que este estudio fue realizado basándonos, fundamentalmente, en el trabajo del doctor José Luis González, a quien agradecemos y valoramos el tiempo que dedicó a relevar toda la normativa existente.

En cuanto a los derechos civiles de la mujer, sabemos que en 1946 se aprobó la Ley Nº 10.783. Esta normativa jurídica no sólo se orientó a equiparar los derechos patrimoniales entre hombres y mujeres y a resolver equitativamente la situación de los hijos habidos del matrimonio, sino que además generó un camino de creación de conciencia colectiva de la sociedad con miras a desterrar la desigualdad social en materia de géneros. Con la vigencia de esta ley se derogaron automáticamente muchas disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico que implicaban una discriminación, y algunas otras se han ido derogando con el tiempo -aunque, sin duda, pueden faltar varias-, ya fueran discriminatorias o contrarias al espíritu que se pretendía imponer como, por ejemplo, el numeral 2 "in fine" del artículo 280, referido a la autorización de la hija mayor para abandonar la casa paterna o la autorización de la mujer para contratar y comparecer en un juicio, además de otros ejemplos.

Leyes más modernas procuraron restablecer la paridad de derechos de hombres y mujeres, como algunas de las referencias normativas en el delito de violencia doméstica que figuran en el artículo 321 bis del Código Penal.

Mantener situaciones como las planteadas, donde se exige a la mujer que ante un acto personalísimo, como es optar por la esterilidad, recabe el consentimiento de un tercero, se traduce en un problema de género. Es inocultable que se trata de una cuestión de orden cultural, pues no existe fundamento científico, médico ni jurídico que justifique el consentimiento del cónyuge para proceder a la realización de la intervención de ligadura translaparoscópica de trompas uterinas. Teniendo en cuenta que la propia ley sobre derechos civiles de la mujer reconoce en su artículo 1º que la mujer y el hombre tienen igual capacidad civil, resulta aún más incomprensible que se reclame esta exigencia a la mujer y nada se determine normativamente cuando el sujeto pasible de la intervención es un hombre.

La exigencia institucional no sólo traduce una suerte de discriminación de género sino que, además, acarrea innumerables problemas de orden práctico derivados de ella. En tal sentido, no puede ignorarse que un gran número de mujeres que se atienden en los servicios públicos proviene de familias desestructuradas, donde no residen con sus maridos, ya sea porque se encuentran separadas, porque ellos están de viaje o porque desconocen su paradero. En cualquiera de estas hipótesis -que no se agotan con las expuestas- es difícil, cuando no imposible, ubicar al marido, y más difícil resulta convencerlo que vuelva para recabar su firma en un formulario. De allí que el mantenimiento de las actuales formalidades limita al extremo los derechos de la mujer al momento de adoptar la decisión de intervenirse quirúrgicamente.

En otro orden de cosas, quiero hacer una referencia a los instrumentos internacionales con relación a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En lo que tiene que ver con la Declaración Universal de Derechos Humanos, diversas disposiciones contenidas en ella se refieren al trato igualitario entre mujeres y hombres. Así, el artículo 1º reza que todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y demás derechos. En el artículo 2º se reafirma el concepto al sostener que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. Entre los derechos proclamados se encuentra la libertad personal de decidir sobre su propio proyecto de vida. Si se proyecta esta norma al caso concreto que venimos exponiendo, va de suyo que la libertad de la mujer de someterse a una intervención de esterilización translaparoscópica es un derecho consagrado a la vez que no admite tutela ni consentimiento previo de terceros.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por la Ley Nº 15.737, de 8 de marzo de 1995, y consagrada en el Pacto de San José de Costa Rica se orienta en igual sentido al enumerar los derechos que los Estados parte se comprometen a respetar, entre los cuales se encuentran la libertad de las personas que está sujeta a su jurisdicción, más precisamente al reconocimiento de que todas las personas son iguales ante la ley.

Por otra parte, podemos remitirnos a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Ley Nº 15.164, de agosto de 1981, sin perjuicio de una multiplicidad de disposiciones referidas a la igualdad de derechos entre hombre y mujer contenidas en varios de los convenios que han sido ratificados por nuestro país.

Solicito que este planteo -al que agrego una mayor documentación legal- sea enviado al Ministerio de Salud Pública junto a un desarrollo más extenso que adjuntamos. Pretendemos que las autoridades dejen claras las reglas a cumplir por parte de los subsectores público y privado en esta materia, sin discriminaciones, suprimiendo la cláusula a que hemos hecho referencia.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora Senadora Xavier.

(Se vota:)

- 22 en 23. Afirmativa.

11) PROCESO DE REVISION DE LA POLITICA DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: en el día de hoy queremos referirnos a la Organización de las Naciones Unidas y al proceso de revisión de su política que viene realizando vinculado con las operaciones de paz. En tal sentido, un Comité especial sobre operaciones de mantenimiento de paz y su grupo de trabajo recientemente emitieron un informe efectuando recomendaciones sobre dicho proceso.

En el informe se destaca la necesidad de desarrollar capacidades policiales en el ámbito de la ONU, dándose la bienvenida a los esfuerzos entre los Estados miembro para elaborar una propuesta de implementación de un cuerpo policial permanente o a la orden, solicitándose que se ponga a consideración de dicho Organismo la creación de una unidad de política policial que establezca la doctrina de su utilización en el ámbito de operaciones de paz, sus roles, responsabilidades y tareas.

A esta novedad de desarrollar tareas policiales se encuentra vinculada la concepción de lo que algunos analistas han dado en llamar "Operaciones de Paz de Cuarta Generación". En esta nueva concepción se considera la necesidad de que las operaciones de paz faciliten la reconstrucción luego de finalizado el conflicto y la prevención a largo plazo para evitar que se recaiga nuevamente en el conflicto armado.

En virtud de ello es que el informe solicita al Departamento de Operaciones de Paz de las Naciones Unidad que desarrolle estrategias operativas coherentes, así como la planificación de las misiones en forma integrada con otros actores en el sistema de la ONU, buscando aplicar las lecciones aprendidas en las áreas de desarme, desmovilización y reintegro. Esta nueva concepción de las operaciones de paz pretende el fortalecimiento del Estado de derecho, incluyendo procesos y mecanismos para enfrentar abusos, tratando de asegurar la transparencia, el desarrollo de la justicia y la búsqueda de la reconciliación.

La reforma del sector seguridad, así como la aplicación de proyectos de rápido impacto buscan restaurar la seguridad y la estabilidad en las sociedades, posconflicto armado. La política exterior de nuestro país en esta materia, como todos sabemos, se ha desarrollado en adhesión al cumplimiento de los principios tradicionales del Derecho Internacional Público, como es la solución pacífica de controversias y la autodeterminación de los pueblos. Así, en consonancia con dicha política exterior, el Uruguay participa hoy en operaciones de paz en diversas partes del mundo con el éxito que todos conocemos, contribuyendo en forma mayoritaria con recursos humanos pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, señor Presidente, consideramos que se debería evaluar, por parte de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional e Interior, la evolución en que se encuentra la nueva concepción de las operaciones de paz de las Naciones Unidas a la que hemos hecho referencia.

Entendemos que la posibilidad de que nuestras fuerzas policiales puedan participar en eventuales operaciones de paz brindará a la Policía nacional la oportunidad de desarrollar sus capacidades humanas y operativas.

Para concluir, estimamos que sería conveniente evaluar asimismo la posibilidad de que nuestra misión ante las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York cuente con la representación de la Policía nacional como Agregado Policial en la delegación que la Embajada de nuestro país tiene ante las Naciones Unidas para analizar los avances que en la materia se estén llevando a cabo. Debido a la trascendencia que estos temas tienen para el desarrollo de nuestro país y a la larga tradición que posee en cuanto a misiones de paz, así como por el respeto que se ha ido granjeando en la comunidad internacional por la profesionalidad con que nuestras Fuerzas Armadas participan de dichos eventos, creemos que el Gobierno nacional debe seguir muy de cerca estos avances que, en dirección a la constitución de Misiones de Cuarta Generación, las Naciones Unidas vienen llevando adelante.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los señores Ministros del Interior, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, así como al señor Subsecretario del Ministerio del Interior, al señor Director General de Secretaría de dicha Cartera, al señor Director Nacional de la Policía Nacional, a la Dirección de INTERPOL, a la Escuela Nacional de Policía, a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, a la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas y a los Jefes de todas las Jefaturas de nuestro país.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Penadés.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado ingresa al Orden del Día.

12) TERESITA PENINO DE MINETTI. PENSION GRACIABLE

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable a la señora Teresita Penino de Minetti. (Carp. Nº 587/06 - Rep. Nº 277/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 587/06

Rep. Nº 277/06

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 26 de julio de 2006.

Sr. Presidente de la Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

Mensaje Nº 29/06

Sr. Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo con el objeto de someter a su consideración el adjunto Proyecto de Ley, por el que concede una pensión graciable a la Sra. Teresita Penino de Minetti, por su eminente trayectoria artística, quién comenzó su actividad en 1963 y continuó interrumpidamente realizando aportes discográficos dedicados al canto criollo, y que encuadran en la previsión del literal B) del artículo 2 de la Ley Nº 16.301 de 9 de setiembre de 1992.

Su actual situación económica, explicada en fojas 18, complementa las causales que justifican la presente iniciativa.

El Proyecto de Ley, en su artículo primero, incluye el nombre del beneficiario así como el monto de la pensión. En el artículo segundo se establece que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Asimismo a efectos de la tramitación ante el BPS, se expresa que la Cédula de Identidad de la beneficiaria Sra. Teresita Penino es Nº 1.230.055-1.

El Poder Ejecutivo saluda al Presidente de la Asamblea General con su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori, Jorge Brovetto.

PROYECTO DE LEY

Artículo Primero.- CONCEDESE una pensión graciable, a la Sra. Teresita Penino de Minetti, titular de la cédula de identidad Nº 1.230.055-1, equivalente a cuatro salarios mínimos nacionales.

Artículo Segundo.- PRECISASE que la erogación resultante, será atendida por Rentas Generales.

Artículo Tercero.- COMUNIQUESE, publíquese, etc.

Danilo Astori, Jorge Brovetto.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

ACTA Nº 35

En Montevideo, el día nueve de agosto del año dos mil seis a la hora trece y cuarenta y tres minutos, se reúne, en sesión extraordinaria, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros señores Senadores Susana Dalmás, Francisco Gallinal, Julio C. Lara Gilene, Eduardo Lorier, Eduardo Ríos y Víctor Vaillant.

Falta con aviso el señor Senador Isaac Alfie.

Concurre el señor Senador Rafael Michelini.

Preside su titular, el señor Senador Julio C. Lara Gilene.

Actúan en Secretaría la señora Raquel Suárez Coll, Secretaria de la Comisión, y el Jefe de Departamento señor César González.

ASUNTOS ENTRADOS:

1) Carpeta Nº 576/2006. DERECHO JUBILATORIO Y PENSIONARIO. Se repara a compatriotas impedidos de acceder al trabajo como consecuencia de persecución política y sindical. Mensaje y proyecto de ley enviado en nueva forma por el Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1068/2006.

2) Carpeta Nº 580/2006. TRABAJO DOMESTICO. Regulación. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1071/2006.

3) Carpeta Nº 586/2006. JUAN ANTONIO IGLESIAS VILLAR. Pensión graciable. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1077/2006.

4) Carpeta Nº 587/2006. TERESITA PENINO DE MINETTI. Pensión graciable. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1076/2006.

5) Carpeta Nº 588/2006. ALCIDES MARTIN LANZA PERDOMO. Pensión graciable. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1075/2006.

6) Carpeta Nº 589/2006. SERVANDO PEDRO ALDROVANDI CASTILLO. Pensión graciable. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1074/2006.

7) Solicitud de audiencia de un grupo de funcionarios restituidos al Estado al amparo de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, para exponer su iniciativa de reclamar se extienda a todos los funcionarios públicos restituidos el beneficio previsto en el artículo 18 de aquella norma.

8) Solicitud de audiencia de un grupo de maestras del departamento de San José, para referirse a la situación en que encuentran por el régimen de transición jubilatoria (Título VI de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995).

9) Representantes de la Asociación de Fiscalizadores de Accidentes del Trabajo (AFAT) solicitan entrevista para referirse a su no inclusión en las Comisiones Paritarias.

10) La Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Jubilados y Pensionistas Bancarios del Uruguay solicita entrevista para referirse a la situación actual del sistema de seguridad social del sistema bancario.

11) Solicitud de audiencia enviada por la Agrupación de Ex obreros y Familiares de Trabajadores de la textil Ferrés (Punta Yeguas) para manifestar su inquietud sobre la posibilidad de no estar incluidos como beneficiarios del proyecto de ley por el que se repara, desde el punto de vista jubilatorio, a compatriotas impedidos de acceder al trabajo como consecuencia de persecución política y sindical.

12) Representantes del sindicato EMCOPAR V solicitan audiencia para informar su situación laboral en el Parque de Vacaciones UTE-ANTEL.

13) Nota del Sindicato Unico de Policías del Uruguay por la que informan de varios hechos vinculados con actitudes del Ministerio del Interior con ese sindicato.

14) Copia del Oficio BPS/0565/2006 enviado por el señor Secretario General del Banco de Previsión Social por el que se informa que se han introducido nuevas iniciativas para modificar el régimen de aportes de la industria de la construcción, las que se encuentran a estudio del directorio.

15) Solicitud de audiencia enviada por la Asociación de Obreros de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que solicitan sean recibidos sus representantes para plantear temas referidos a la seguridad laboral.

16) Solicitud de audiencia de los trabajadores de COPROGRAF para entregar el proyecto de viabilidad de esa cooperativa.

17) Correo electrónico enviado por representantes del Sindicato Unico de las Trabajadoras Domésticas, por el que realizan propuestas de modificación de algunas disposi-ciones contenidas en el proyecto de ley que regula sus condiciones de trabajo (Carpeta Nº 580/2006 - Distribuido Nº 1071/2006).

Son recibidos en audiencia:

a) Para referirse al proyecto de ley enviado en nueva forma por el Poder Ejecutivo por el que se repara, desde el punto de vista jubilatorio, a compatriotas impedidos de acceder al trabajo como consecuencia de persecución política y sindical (Carpeta Nº 576/2006 - Distribuido Nº 1068/2006):

1. Por la Comisión de Resolución y Soluciones Laborales (CRISOL) son recibidos Gastón Grisoni, Carlos Alonso, Waldemar Taroco, Luz Silva y Daniel Ferreiro.

2. Por la Comisión para el Reencuentro de los Uruguayos concurren Artemio Almirón y Erardo A. Velásquez; en representación de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT concurre Alcides Lanza; por el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana lo hacen la escribana Ana Varela Esponda y Alberto Gianotti y como integrantes del equipo en representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social asisten Ariel Ferrari Ibarra y Rosario Oiz.

b) Para expresarse sobre el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se modifica la legislación vigente relacionada con el Registro de los Mozos de Cordel son recibidos representantes de la Unión de Mozos de Cordel señores Alvaro Vidal Canapa (Presidente), Néstor de Medicci, Atilio Expósito, Jacinto Lemos, Daniel Quintana, Gastón de Medicci, Alberto Quintana, Manuel Villarreal, Juan Hernández, Ruben Tovía y Juan Colo acompañados por su asesor doctor Carlos Abdala Souto.

c) Para explicitar la situación en que se encuentran debido a la ocupación de la empresa, concurren los trabajadores de la firma Henil/Coltirey S.A. Lilián Cuello, Rica Obiague, Cristina Battaglini, Mary Araujo, Gustavo Cuba, Judith Fernández, Gustavo Negretti, Marisa Viña y Lucía Medina.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1) Carpeta Nº 586/2006. JUAN ANTONIO IGLESIAS VILLAR. Pensión graciable. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1077/2006.

Se vota: Cada uno de sus tres artículos se aprueba por seis votos en seis señores Senadores presentes. Afirmativa. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Eduardo Ríos (informe verbal).

2) Carpeta Nº 587/2006. TERESITA PENINO DE MINETTI. Pensión graciable. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1076/20006.

Se vota: Cada uno de los tres artículos del proyecto se aprueba por seis en seis. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Julio C. Lara Gilene (informe verbal).

3) Carpeta Nº 588/2006. ALCIDES MARTIN LANZA PERDOMO. Pensión graciable. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1075/2006.

Se vota: Los tres artículos del proyecto se aprueba por seis votos en seis. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Susana Dalmás (informe verbal).

4) Carpeta Nº 589/2006. SERVANDO PEDRO ALDROVANDI CASTILLO. Pensión graciable. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1074/2006.

Se vota: Los tres artículos del proyecto se aprueban por seis votos en seis. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Eduardo Lorier, quien lo hará en forma verbal.

5) Carpeta Nº 576/2006. DERECHO JUBILATORIO Y PENSIONARIO. Se repara a compatriotas impedidos de acceder al trabajo como consecuencia de persecución política y sindical. Mensaje y proyecto de ley enviado en nueva forma por el Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1068/2006.

6) Carpeta Nº 559/2006. MOZOS DE CORDEL. Registro en la actividad fluvial de pasajeros. Modificación a la legislación vigente. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1039/2006.

7) SITUACION DE CONFLICTO EN LA EMPRESA HENIL/COLTIREY S.A. Un grupo de trabajadores informa a la Comisión sobre el conflicto en dicha firma y solicitan se hagan gestiones para levantar la ocupación que otros empleados llevan adelante.

De lo actuado con relación a los últimos tres temas considerados se toma versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada figura en los Distribuidos Nos. 1078, 1079 y 1080/2006, que forman parte de este documento.

A la hora dieciséis y veintisiete minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Julio C. Lara Gilene Presidente

Raquel Suárez Coll Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En consideración.

Se pasará a tomar la votación en la forma de estilo.

Repártanse las bolillas de votación.

(Así se hace)

13) DERECHO JUBILATORIO Y PENSIONARIO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en primer término del Orden del Día: "Discusión particular del proyecto de ley por el que se busca la recuperación, desde el punto de vista del derecho jubilatorio y pensionario, de los ciudadanos que no pudieron acceder al trabajo por la persecución política y sindical ocurrida desde fines de la década del sesenta en nuestro país. (Carp. Nº 576/06 - Rep. Nº 291/06 )".

(Antecedentes: ver 36ª S.O.)

(Texto del Mensaje Sustitutivo:)

"Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 6 de setiembre de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, a fin de remitir para su consideración una nueva redacción sustitutiva de los artículos 1º, 2º y 4º correspondientes al Proyecto de Ley ya remitido, ingresado con fecha 30 de noviembre de 2005 a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores (Carpeta Nº 407/2005 - Asunto Nº 28.440), mediante el cual se modifica la Ley Nº 17.449, de 4 de enero de 2002.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Poder Ejecutivo remite a ese Alto Cuerpo un texto sustitutivo del artículo 1º, 2º y 4º del Proyecto de Ley oportunamente remitido, por el que se incorporan como posibles sujetos amparados en el sistema de cómputo de servicios y prestaciones sociales contenidos en el cuerpo normativo indicado, a aquellos trabajadores que acrediten en forma documental haber sido despedidos de un empleo privado por la causal notoria mala conducta en virtud de lo dispuesto por el Decreto 518/973 de 4 de julio de 1973.

Dicha norma dispuso, en respuesta a la huelga general con ocupación de lugares de trabajo llevada adelante por la Convención Nacional de Trabajadores, que aquellas situaciones de paralización del trabajo, huelga, paros y toda otra forma de trabajo irregular promovida con fines ajenos al interés gremial constituirá notoria mala conducta y su despido no generará derecho a indemnización alguna (literal B del artículo 1º del citado decreto).

Tratándose en definitiva de una situación de notoria arbitrariedad que el Estado no ha reparado hasta el día de la fecha, se estima conveniente incorporar en el proyecto de ley a consideración un texto sustitutivo del artículo 1º que los ampare, efecutando los ajustes correspondientes en los artículos 2º y 4º.

Saludamos a este Alto Cuerpo con la más alta estima y consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori, Eduardo Bonomi.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Quedan comprendidas en la presente ley las personas que, por motivos políticos, ideológicos o gremiales, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985:

a) se hubieran visto obligadas a abandonar el territorio nacional siempre que hubieran retornado al mismo antes del 1º de marzo de 1995; o

b) hubieran estado detenidas o en la clandestinidad, durante dicho lapso, total o parcialmente; o

c) hayan sido despedidos de la actividad privada por la causal notoria mala conducta al amparo de lo preceptuado por el literal B) del artículo 1º del Decreto 518/973 de 4 de julio de 1973, y lo acrediten documentalmente.

Asimismo, se encuentran amparados quienes con anterioridad al 9 de febrero de 1973 y por los mismos motivos indicados precedentemente, fueron detenidos o abandonaron el territorio nacional y retornaron antes del 1º de marzo de 1995, y acrediten fehacientemente dichas circunstancias.

Capítulo II

Cómputo ficto de servicios y afiliación

Artículo 2º.- Las personas comprendidas en el artículo anterior tendrán cómputo ficto de servicios, a los efectos jubilatorios y pensionarios, durante:

a) el período en que se hayan mantenido las situaciones previstas en los literales a) y b) de dicho artículo;

b) el lapso que haya insumido el reingreso a una actividad formal, hasta el 28 de febrero de 1985 inclusive, como máximo, en la situación prevista por el literal c) del referido artículo.

Cuando las situaciones de detención o clandestinidad hayan tenido como consecuencia la pérdida del trabajo, el cómputo ficto de servicios abarcará, asimismo, el período indicado en el literal b) del presente artículo.

Artículo 4º.- Los servicios reconocidos al amparo de la presente ley son ordinarios y no podrán fraccionarse.

La inclusión de dichos servicios estará determinada por:

1) la que corresponda a la actividad privada que desempeñaba el beneficiario o el causante, al momento de verse afectado por cualquiera de las circunstancias de prisión, exilio, clandestinidad o desocupación, previstas en el artículo 1º.

2) en su defecto, la que corresponda a la primera actividad que desempeñara el beneficiario o el causante tras el cese de las referidas circunstancias.

Cuando no pudiesen aplicarse los criterios establecidos precedentemente, se considerará que los servicios tienen inclusión ‘Industria y Comercio’.

Danilo Astori, Eduardo Bonomi."

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión particular.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: he solicitado el uso de la palabra para referirme al Mensaje Complementario enviado en el día de hoy por el Poder Ejecutivo, cuyo contenido ya anunciábamos desde el informe que brindamos en el día de ayer en la discusión general del proyecto de ley.

Por el mismo se incluye en el artículo 1º un literal c) a los efectos de agregar un nuevo elemento a las personas comprendidas en este proyecto de ley, que dice: "hayan sido despedidos de la actividad privada por la causal notoria mala conducta al amparo de lo preceptuado por el literal B del artículo 1º del Decreto 518/973 de 4 de julio de 1973, y lo acrediten documentalmente".

El literal B del artículo 1º del Decreto establece que en la actividad privada las huelgas, paros y toda otra forma de trabajo irregular constituirá notoria mala conducta y su despido no generará derecho a indemnización alguna.

Para el artículo 2º, Capítulo II, el Poder Ejecutivo envía una redacción diferente pero que en los contenidos es esencialmente la misma, y se refiere al cómputo ficto de servicios y a la filiación. Dicha redacción expresa: "Las personas comprendidas en el artículo anterior" -es decir, en el artículo 1º- "tendrán cómputo ficto de servicios, a los efectos jubilatorios y pensionarios, durante: a) el período en que se hayan mantenido las situaciones previstas en los literales a) y b) de dicho artículo;" -es decir, en el período en que se hayan mantenido las situaciones de exilio, siempre que se haya vuelto antes del 1º de marzo de 1995 y en las que se hubiera estado detenido o en la clandestinidad durante el lapso establecido- "b) el lapso que haya insumido el reingreso a una actividad formal, hasta el 28 de febrero de 1985 inclusive, como máximo, en la situación prevista por el literal c) del referido artículo".

A nuestro entender, el cómputo ficto de servicios hasta el 28 de febrero de 1985 se refiere a las personas que han sido contempladas por este Mensaje, que son las que se vieron afectadas por despidos de la actividad privada por la causal de notoria mala conducta.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa consulta a la señora Senadora Dalmás si va a exponer sobre el Mensaje recibido.

SEÑORA DALMAS.- Simplemente, señor Presidente, estoy describiendo el Mensaje recibido y haciendo algunos comentarios, porque quiero indicar que vamos a proponer una serie de incisos aditivos debido a que hay temas que no fueron tenidos en cuenta por el último proyecto que votamos.

El artículo 4º enviado dice: "Los servicios reconocidos al amparo de la presente ley son ordinarios y no podrán fraccionarse.

La inclusión de dichos servicios estará determinada por:

1) la que corresponda a la actividad privada que desempeñaba el beneficiario o el causante, al momento de verse afectado por cualquiera de las circunstancias de prisión, exilio, clandestinidad o desocupación, previstas en el artículo 1º;

2) en su defecto, la que corresponda a la primera actividad que desempeñara el beneficiario o el causante tras el cese de las referidas circunstancias;

Cuando no pudiesen aplicarse los criterios establecidos precedentemente, se considerará que los servicios tienen inclusión ‘Industria y Comercio’".

Desde ya adelanto que vamos a proponer la eliminación de este último inciso, porque esto ya está dicho en el artículo 5º del proyecto de ley que votamos ayer; en otras palabras, se está repitiendo una norma que está incluida en el texto original.

Además, en el artículo 4º del Mensaje recibido -aclaro que esto no fue percibido por el Poder Ejecutivo, porque es una enmienda ya realizada y propuesta por la Bancada- se debería incluir un último inciso, que es propuesto por la Comisión, cuyo texto diga: "Para los casos comprendidos en el inciso final del artículo 10 de la presente ley, los salarios fictos se computarán al instituto que comprenda la actividad simultánea no reparada, a los efectos de otorgar, por dicho instituto, el beneficio que correspondiere".

En este artículo, que refiere particularmente a la afiliación a la que se van a hacer los cómputos fictos -vuelvo a decir que esto no fue incluido por el Poder Ejecutivo porque no era de su conocimiento-, no fueron incluidos los casos que atendimos en la propuesta que votamos en el día de ayer, que son los casos de las personas que tuvieran actividades simultáneas por las cuales fueron despedidas o se vieron perjudicadas.

De manera que este es el contenido esencial del Mensaje complementario. Estamos a lo que disponga el señor Presidente para la discusión en particular.

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde considerar el artículo 1º.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: en el día de ayer anunciamos que íbamos a votar en general el proyecto de ley -tal como lo hicimos-, pero que manteníamos diferencias importantes respecto al artículo 1º y que aguardábamos con expectativa la iniciativa que iba a enviar el Poder Ejecutivo en uso de una facultad de iniciativa privativa, que es la que termina de presentar la señora Senadora Dalmás.

Quiero manifestar que esta no nos resulta suficiente; por el contrario, consideramos que es excesivamente restrictiva y severa en la demostración de la acreditación de la causal en función de la que se produjo ese despido. Esto es así por dos razones.

En primer lugar, porque el literal c) señala: "hayan sido despedidos de la actividad privada por la causal notoria mala conducta al amparo de lo preceptuado por el literal B del artículo 1º del Decreto 518/973 de 4 de julio de 1973, y lo acrediten documentalmente". Ese artículo al que se hace referencia fue dictado el 4 de julio de 1973, en plena huelga general y tenía el propósito de reprimir las movilizaciones de huelgas y paros promovidas en los distintos sectores de la actividad pública y privada que tuvieran el objetivo de oponerse al régimen que se había instalado oficialmente el día 27 de junio de ese mismo año mediante la disolución del Parlamento.

Precisamente, a efectos de reprimir esas acciones, el artículo 1º de ese Decreto establece: "En las actuales situaciones de paralización del trabajo promovidas con fines ajenos al interés gremial, serán de aplicación las siguientes normas:

A) En la Administración Central y Descentralizada, Gobiernos Departamentales y todo otro organismo estatal, el respectivo jerarca dispondrá, obligatoriamente y bajo su responsabilidad, la destitución por omisión de los funcionarios que realicen huelgas, paros o toda otra forma de trabajo irregular. Cuando correspondiera, se solicitará la correspondiente venia del Consejo de Estado o de la Junta de Vecinos respectiva, en su caso;", luego continúa su redacción.

Obviamente, el literal A) está referido exclusivamente a las acciones de los funcionarios públicos en la órbita del Estado. Esto se aplicó, diría, prácticamente sin ningún tipo de excepción y la mayoría de los casos, por tratarse precisamente de la órbita pública, quedaron documentados.

El literal B), que es al que se hace referencia en la iniciativa que envía ahora el Poder Ejecutivo, dice lo siguiente: "En la actividad privada, las huelgas, paros y toda otra forma de trabajo irregular constituirá notoria mala conducta y su despido no generará derecho a indemnización alguna".

De modo que ahora en este proyecto de ley que estamos considerando se introduce una referencia al literal B) del artículo 1º del Decreto 518/973.

A ese respecto, señor Presidente, nuestras diferencias son las siguientes. En primer lugar, porque se exige la causal de notoria mala conducta. Quienes conocen de derecho laboral saben lo difícil que es obtener una sentencia de despido en la cual se reconozca esta causal; en consecuencia, en esta iniciativa se está limitando extraordinariamente las posibilidades de acceder al beneficio. Además, al final, en el literal c) se agrega la expresión: "y lo acrediten documentalmente". No solamente se estableció y se definió durante el régimen militar que hacer una huelga significaba una notoria mala conducta y fundamento suficiente para proceder al despido, sino que ahora se exige que se acredite esa notoria mala conducta que se constituyó como causal de despido a través de una sentencia. Supongo que los casos que deben existir deben ser muy pocos y la mayoría de quienes fueron destituidos o cesados en sus cargos en el área privada por móviles políticos, ideológicos o gremiales, en respuesta a la situación que reinaba en el país en aquel entonces, no van a terminar amparados por esta norma, porque no van a poder cumplir con extremos tan exigentes como los que se establecen en el literal c) del artículo 1º del nuevo Mensaje.

Más aún, en el día de ayer señalamos que nos parecía exagerado el último inciso del artículo 1º, que se diferencia de los literales a) y b) en tanto exige que se acredite fehacientemente las circunstancias de abandono del territorio nacional, de haber estado detenido o en la clandestinidad, en aquellos casos anteriores al 9 de febrero de 1973. En este caso, la situación es más grave, porque ya no se tiene que acreditar fehacientemente, sino que se tiene que acreditar documentalmente, mediante instrumentos -en algunos casos supongo y en otros tengo el conocimiento- que no se utilizaron.

¿Por qué, además, no tiene derecho a ser beneficiario de una ley de estas características quien fue despedido por móviles políticos, ideológicos o gremiales y se le pagó la indemnización por despido? Planteo esta pregunta porque en definitiva la consecuencia primera y casi única -o por lo menos principal- de la notoria mala conducta es el no pago de la indemnización por despido. No hay otra; al menos, ese es el fundamento que se utiliza para evitar el pago. En aquellos tiempos muy probablemente no se recurrió a la vía judicial o se aplicaron otros criterios para los cuales había un amparo de impunidad de parte del Estado que permitía que se recorrieran los caminos que se recorrieron. No sé, pero deben ser contadísimos los casos en que efectivamente se pueda acreditar documentalmente lo que exige el literal c) del artículo 1º.

SEÑOR VAILLANT.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: quiero consultar al señor Senador Gallinal acerca de si él entiende que existe diferencia entre "documental" y "fehacientemente", porque creí entender que él estaba de acuerdo con que se utilizara esta última palabra. Si es así, le digo que no tenemos ningún inconveniente en cambiar una por otra. El espíritu que nos anima -y que también anima al Poder Ejecutivo- es el mismo; por eso, después de veinte años, en ocasión de este Gobierno, se está pudiendo hacer esto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Me voy a referir a la modificación que plantea el señor Senador Vaillant, que si bien para nosotros es bienvenida y de recibo, no es suficiente, por lo que agregaría otra.

Antes, debo señalar que durante las últimas horas me permití hacer una recopilación -porque ayer también se dijo que recién después de veinte años se consagran normas de estas características- de leyes que protegen los derechos de quienes fueron perseguidos durante la dictadura miliar y que, de alguna manera, como decíamos ayer, buscan resarcir, recomponer, indemnizar y ayudar. También señalé que todas ellas fueron votadas, si no a iniciativa de nuestra colectividad política, el Partido Nacional.

Me refiero a la Ley Nº 15.783, que establece el derecho a ser reincorporadas al organismo correspondiente todas las personas que hubieran sido destituidas entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985; a la Ley Nº 16.163, Frigorífico Nacional, que dispone que los ex trabajadores excluidos en la indemnización prevista en la Ley Nº 16.102 percibirán la citada reparación; a la Ley Nº 16.102, Frigorífico Nacional, que declara que los ex trabajadores tienen derecho a una indemnización por haber cesado en su actividad laboral, dispuesto en el Decreto-Ley Nº 14.810; a la Ley Nº 16.194, Destituidos, cuyo artículo 1º dice: "Agrégase al artículo 35 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, el siguiente literal: ´F) Al personal dependiente del ex Frigorífico Victoria (ex Castro) y de la planta Artigas que hubiere cesado en el período establecido en el artículo 1º de la presente ley´ ". Por su parte, en el artículo 2º se establece: "Sustitúyese el inciso tercero del artículo 1º de la ley 15.783, de 28 de noviembre de 1985, por el siguiente: `Lo dispuesto en los incisos precedentes comprende al personal de los Poderes Legislativo, Ejecutivo -con la sola exclusión del personal militar y Judicial, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral, de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y de los Gobiernos Departamentales y asimismo al personal de las personas públicas no estatales y de las instituciones indicadas en los literales C), D), E) y F) del artículo 35 de la presente ley´".

¿De cuánto tiempo dispongo, señor Presidente? Formulo la pregunta porque no sé si me va a alcanzar para leer los titulos de las leyes que se aprobaron.

SEÑOR PRESIDENTE.- Le quedan diez minutos, señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Nadie dice que no se haya hecho nada anteriormente. Lo básico, por lo que recuerdo, es lo que tiene que ver con los funcionarios públicos. Desde este lugar vi batallar a Jaime Pérez, en Períodos anteriores, por varias de esas leyes que fueron iniciativas de distintos Parlamentarios.

En relación a la situación de los ex presos, exiliados y clandestinos, diría que como antecedente no hay registro digno en el sector privado.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Prosigo la enumeración: Ley Nº 12.498, referida a los Frigoríficos Swift y Artigas, que luego recoge referencias de la Ley Nº 13.718 de la industria frigorífica; Ley Nº 16.561, que establece: "Decláranse comprendidos en el régimen del artículo 18 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, a los obreros y empleados de los Frigorífico Nacional y Casablanca, cesados, trasladados o redistribuidos con posterioridad al 27 de junio de 1973"; Ley Nº 17.061, referida al Establecimiento Frigorífico del Cerro S.A. (EFCSA) y que dicta normas referidas a los operarios, obreros y funcionarios cesados o despedidos durante el período de facto. En su artículo 1º establece: "Declárase que los operarios, obreros y funcionarios del Establecimiento Frigorífico del Cerro S.A. (EFCSA), cesados o despedidos durante el período ‘de facto’, están incluidos, a todos sus efectos, en las previsiones de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985. Artículo 2º.- Declárase, en consecuencia, que tanto sus derechos laborales, provisionales, de seguridad social y restantes consagrados en la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, así como el goce de los mismos están reconocidos y tienen vigencia, a partir de la fecha de vigencia de dicha norma."

También tenemos la Ley Nº 17.620, Administración Nacional de Educación Pública, que dispone que los funcionarios docentes reincorporados de acuerdo a la Ley Nº 15.783 podrán ejercer sus derechos ante el Banco de Previsión Social; la Ley Nº 17.917, relativa a los trabajadores de Establecimientos Frigoríficos del Cerro S.A. comprendidos en la Ley Nº 16.194; la Ley Nº 17.949, referida al personal militar destituido, desvinculado, dado de baja, pasado a situación de reforma o similares por razones políticas o ideológicas, y que es la más reciente de todas estas normas.

Así que, señor Presidente, aquí no se trata de venir a sacudir la bandera de quién peleó más contra la dictadura militar y decir, como se lo hizo ayer, que después de veinte años se aprobaron todas estas normas que perseguían objetivos de características similares. Que éstas llegan tarde, estoy de acuerdo, y lo dijimos ayer; pero también las anteriores, empezando por la primera, llegaron tarde porque lamentablemente en muchos casos no se pudo volver a la situación original.

Esta no va a ser la última norma; ojalá no lo sea, puesto que siempre va a aparecer una nueva circunstancia o un nuevo elemento que deberemos tener en cuenta.

Sin perjuicio de ello, señor Presidente, consideraba de toda justicia expresar esto además de documentar y respaldar con las leyes a que hemos hecho referencia.

Creo que para hacer más justo el literal c) del artículo 1º, para hacerlo más abarcativo, porque si no serán contados con los dedos de las dos manos los casos que eventualmente puedan ser amparados, no solamente deberíamos sustituir el término "documentalmente" por "fehacientemente" -que me parece razonable, porque existen otros medios de prueba que no necesariamente son de carácter documental y que pueden llegar a resolver esta situación-, sino también eliminar la referencia a la causal "notoria mala conducta". Sería suficiente con hacer una referencia al Decreto 518/973 porque, entre otras cosas, éste tiene un conjunto de considerandos y una exposición de motivos, que describe muy claramente cuál es el propósito que perseguía el régimen aprobado. De esa manera no estaríamos exigiendo, necesariamente, esa notoria mala conducta que entiendo altera sustantivamente las posibilidades de lograr beneficios.

Por otra parte, al incluir la referencia al Decreto parece claro que, de alguna manera, se está centrando temporalmente la causal, porque la mayoría de los casos a los que pretende referir el literal c) se produjeron entre el 27 de junio de 1973 y los días, semanas y meses inmediatos. Imagino -y muy probablemente así sea- que en los despidos que también se produjeron en el área privada en años posteriores, no se invocó el Decreto Nº 518 de 1973 por una razón muy sencilla: porque la huelga general ya no se llevaba adelante.

SEÑOR RIOS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Le quiero informar al señor Senador Gallinal que le quedan tres minutos de su tiempo. Por tanto, sugiero al señor Senador Ríos que se anote para hacer uso de la palabra.

SEÑOR RIOS.- En ese caso, me anoto señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: en definitiva, propondríamos que el literal c) estableciera: "hayan sido des-pedidos conforme a lo dispuesto por el Decreto Nº 518/973 de 4 julio de 1973, y lo acrediten fehacientemente".

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: en primer lugar, sé que muchas veces en el Senado ocurre que los informes que se dan sobre un proyecto se escuchan relativamente, pero quisiera reivindicar que en lo que fue el informe de la Comisión que realicé en el día de ayer, dije muy claramente que este ha sido un proceso que comenzó en marzo de 1985, con la aprobación de la Ley Nº 15.783. No enumeré todas las leyes porque sí lo hace en determinado momento el proyecto, pero lo que entendíamos y entendemos es que hubiera sido positivo y justo que se hubiera atendido en forma más rápida, y mucho antes en el tiempo, la situación de los ex presos procesados por la Justicia Civil o Militar, que es lo que en este proyecto se introduce. En ningún momento expresamos que estábamos comenzando de cero, y creo que eso quedó absolutamente claro.

En segundo término, quiero decir que estoy de acuerdo con la propuesta del señor Senador Vaillant y de quien me precedió en el uso de la palabra en el sentido de sustituir la palabra "documentalmente" por "fehacientemente", porque se trata de un cambio sustancial y, además, es coherente con el último inciso del mismo artículo, ya que se refiere a otro conjunto de personas que también van a tener que acreditar fehacientemente las circunstancias que vivieron. Por ello, me parece que es perfectamente atendible y coherente esta propuesta.

Tuve oportunidad de recibir a diferentes delegaciones, como por ejemplo la de la Textil Ferrés, que es uno de los casos claros y que se ha movilizado, inclusive para obtener este beneficio, razón por la que vi el documento -debo decir que esto me sorprendió bastante- donde la empresa, su Gerencia de Personal, deja constancia de que están despedidos por la causal de notoria mala conducta al amparo de lo preceptuado por este Decreto. Y, aunque parezca increíble, esto fue estampado en varios casos y comunicado oficialmente al trabajador.

Sin embargo -y esto lo voy a adelantar como una opinión personal-, creo que bien puede ser modificado este artículo, ya que el hecho de hacer una mención en forma más genérica no altera el espíritu del mismo. Eso sí: que hayan sido despedidos de la actividad privada -como lo dice aquí-, al amparo de lo preceptuado por el Decreto Nº 518 de 4 de julio de 1973, y lo acrediten fehacientemente. Creo que esto no cambia el espíritu de lo que aquí se manifiesta.

Por otra parte, la Comisión Especial es ante quien deberán presentarse las solicitudes de amparo y, por su integración, creo que es absolutamente posible que puedan realizar esta acreditación y valorarla. Por lo tanto, salvo alguna opinión distinta de mi Bancada, yo no estaría en desacuerdo con esta redacción.

SEÑOR BRECCIA.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA DALMAS.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: lo cierto es que la historia fidedigna de la eventual sanción de esta norma es tal cual lo ha relatado la señora Senadora preopinante, en el sentido de que cuando recibimos la visita de los representantes de la Textil Campomar nos manifestaron que, al llevarse a cabo la huelga general que siguió al golpe de Estado de 1973, la empresa había procedido a su despido mediante el envío de ese telegrama colacionado que la señora Senadora ha mencionado. Lo cierto es que esta acreditación documental que se estableció por parte de quienes intervinimos, de alguna manera, más directamente en la redacción de esta norma, reflejaba un poco -quizás esto llame la atención, pero es exactamente así- el orgullo que esos trabajadores sentían por tener la prueba documental de su participación en dicha huelga general, a tal punto que el relato que ellos hacían de los hechos que sucedieron a ese despido incluía el hecho de que una cantidad de ellos lucían, con orgullo, el telegrama prendido en su solapa. Esa es un poco la explicación de por qué acá se estableció quienes "lo acrediten documentalmente". Pero, obviamente, compartimos con los colegas el hecho de que, si la acreditación resulta fehaciente, no interesaría que ello fuera en forma documental o por cualquier otro medio de prueba a los que el Derecho atribuye tal poder. En consecuencia, si lo que la señora Senadora Dalmás estaba requiriendo era alguna posición de la Bancada, esta es, a nuestro modo de ver, nuestra opinión.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Finalizando, vuelvo a repetir que desearía que algunos señores Senadores se expidieran, sobre todo los integrantes de la Comisión, acerca de la propuesta planteada por el señor Senador Gallinal, en el sentido de que el literal c) exprese: "hayan sido despedidos de la actividad privada al amparo de lo preceptuado por el Decreto Nº 518/973 de 4 de julio de 1973, y lo acrediten fehacientemente".

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Ríos.

SEÑOR RIOS.- Señor Presidente: voy a dejar de lado la tentación de contestar las expresiones políticas manifestadas por el señor Senador Gallinal, porque me siento representado por lo dicho por la señora Senadora Dalmás. De todas maneras, comparto con el señor Senador el criterio de amplitud que hay que darle a este literal c) del proyecto que viene del Poder Ejecutivo.

En el Uruguay tenemos un sistema de despido libre, donde no hay restricción. En este sentido, la única causal que exime al empleador de pagar la indemnización marcada por la ley es la de notoria mala conducta, la cual no tiene una definición expresa en nuestro Derecho, sino que hay elementos que la pueden demostrar, puesto que se trata de una construcción jurisdiccional de un concepto jurídico que ha ido variando como lo han hecho las sociedades mismas. Entonces, a efectos de no pagar la indemnización correspondiente y posibilitar la prescripción de los créditos laborales que el trabajador pudiera tener, los empleadores, acogidos a este decreto, usaban la prueba documental en forma casi permanente. En aquel momento -y mucho más adelante-, este decreto -aún no vigente- era citado en nuestra Judicatura como la construcción doctrinaria del concepto de notoria mala conducta para eliminar el pago de la indemnización correspondiente al trabajador.

En consecuencia, voy a acompañar la propuesta del señor Senador Gallinal, pero creo que es superabundante, porque como venía del Poder Ejecutivo cumplía con el objetivo, teniendo en cuenta la forma en que se desarrollaban las relaciones laborales o lo que podían ser las relaciones individuales en aquel momento.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- No pensaba hablar pero la compañera Dalmás solicitó que varios miembros de la Bancada se expresaran. Quiero decir que no tengo ningún problema en que se acepte la redacción propuesta por el señor Senador Gallinal. Podría darse algún caso -que hoy no podemos ver- en que se hubiera notificado a un trabajador que quedaba despedido por lo dispuesto en el literal B) del artículo 1° de tal decreto, sin establecer que era por notoria mala conducta. En ese caso, se podría generar una discusión y, para evitarla, creo que está bien incluir la fórmula tal como ha sido propuesta.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1° del proyecto de ley sustitutivo que viene de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

(Se vota:)

- 0 en 24. Negativa.

En consideración el artículo 1° sustitutivo enviado por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR MICHELINI.- Que se lea el literal c), señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el literal c) del artículo 1° sustitutivo.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- "c) hayan sido despedidos de la actividad privada al amparo de lo preceptuado por el Decreto 518/973, de 4 de julio de 1973, y lo acrediten fehacientemente".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1° sustitutivo.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Yo, que estoy absolutamente de acuerdo con este proyecto de ley y con este artículo, solamente quiero hacer referencia a mis orígenes, cuando cursé la escuela y el liceo en Juan Lacaze. Realmente, hace más de veinte años que estoy recibiendo delegaciones de Juan Lacaze, de Campomar, que estaban pidiendo una resolución para este tema. Se realizaron enormes esfuerzos y muchas veces participamos con delegaciones de Juan Lacaze para que pudieran acceder a reuniones con el Ministerio de Trabajo. Por eso, hoy estoy contento y me congratulo de que se haya encontrado la salida más adecuada para atender a aquellos trabajadores que fueron despedidos simplemente por haber participado de una huelga general, a aquellos trabajadores que fueron despedidos por defender la democracia, a aquellos trabajadores que fueron despedidos por enfrentar a un régimen dictatorial.

Muchas gracias, señor Presidente.

14) TERESITA PENINO DE MINETTI. PENSION GRACIABLE

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta del resultado de la votación correspondiente a la pensión graciable a conceder a la señora Teresita Penino de Minetti.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

Han sufragado 23 señores Senadores; 22 lo han hecho por la Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, el resultado es: Afirmativa.

15) ALCIDES MARTIN LANZA PERDOMO. PENSION GRACIABLE

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el quinto punto del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable al señor Alcides Martín Lanza Perdomo. (Carp. Nº 588 /06 - Rep. Nº 278/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 588/06

Rep. Nº 278/06

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 26 de julio de 2006.

Sr. Presidente de la Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

Sr. Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo con el objeto de someter a su consideración el adjunto Proyecto de Ley, por el que concede una pensión graciable al Sr. Alcides Martín Lanza Perdomo, por su destacada trayectoria sindical que responde al Artículo 2º literal A) de la Ley Nº 16.301.

Su actual situación económica, justificada en fojas 23, complementa las causales que justifican la presente iniciativa.

El proyecto de ley, en su Artículo Primero, incluye el nombre del beneficiario así como el monto de la pensión. En el Artículo Segundo se establece que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Asimismo a efecto de la tramitación ante el BPS, se expresa que la Cédula de Identidad del beneficiario Sr. Alcides Martín Lanza Perdomo, cédula de identidad 571.746-4.

El Poder Ejecutivo saluda al Presidente de la Asamblea General con su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República, Danilo Astori, Jorge Brovetto.

PROYECTO DE LEY

Artículo Primero.- CONCEDESE una pensión graciable, al Sr. Alcides Martín Lanza Perdomo, cédula de identidad 571.746-4 equivalente a cuatro salarios mínimos nacionales.

Artículo Segundo.- PRECISASE que la erogación resultante, será atendida por Rentas Generales.

Artículo Tercero.- COMUNIQUESE, publíquese, etc.

Danilo Astori, Jorge Brovetto."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En consideración.

Se pasará a tomar la votación en la forma de estilo.

Repártanse las bolillas de votación.

(Así se hace)

16) DERECHO JUBILATORIO Y PENSIONARIO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión particular del proyecto de ley por el que se busca la recuperación, desde el punto de vista del derecho jubilatorio y pensionario, de los ciudadanos que no pudieron acceder al trabajo por la persecución política y sindical ocurrida desde fines de la década del sesenta en nuestro país.

En consideración el artículo 2°.

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 2°.- Las personas que se hubieren encontrado en una o varias de las situaciones previstas en el artículo anterior tendrán, a los efectos jubilatorios y pensionarios, cómputo ficto de servicios, por el período en que dichas situaciones se hayan mantenido. En caso de que las situaciones de detención o clandestinidad hayan tenido como consecuencia la pérdida del trabajo, el cómputo ficto de servicios abarcará asimismo el período que insumiera el reintegro a la actividad formal".

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- El artículo leído es el que originalmente remitiera la Comisión. El Poder Ejecutivo ha enviado un texto sustitutivo y, por lo tanto, propongo -después de que los señores Senadores se hayan expresado, por supuesto- que votemos el artículo venido de la Comisión, que nosotros votaremos negativamente, para luego votar de manera afirmativa el nuevo texto leído hace unos momentos por la señora Senadora Dalmás.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ese es, precisamente, el procedimiento que la Mesa ha elegido para el tratamiento de este artículo.

SEÑOR VAILLANT.- Lo imaginaba.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2° tal como vino de la Comisión.

(Se vota:)

- 0 en 25. Negativa.

Léase el artículo 2° sustitutivo que vino con iniciativa del Poder Ejecutivo.

SEÑOR MICHELINI.- Que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se suprime la lectura.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º enviado por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: este artículo 2°, que obviamente está directamente vinculado al 1°, me genera algunas dudas. El cómputo ficto de servicios para quienes se vieron obligados a abandonar el territorio nacional se va a realizar por el período correspondiente, es decir, hasta el momento en que regresaron al país, o hasta el 1° de marzo de 1995, y está bien. El problema se plantea respecto de las personas detenidas o en la clandestinidad porque, en definitiva, el plazo de detención puede haber sido más breve pero les significó la pérdida de su fuente laboral, sin perjuicio de lo cual el cómputo se reduce, no al momento en que se reinserta en la actividad formal sino al período durante el cual estuvo detenido. Entendemos que, en alguna medida, una redacción de estas características termina siendo injusta, porque en realidad se debería contemplar hasta el momento de reingreso a la actividad formal, como sí se establece en el literal b), con una fecha máxima que es el 28 de febrero de 1985.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: me parece que la preocupación manifestada por el señor Senador Gallinal está satisfecha en el último inciso de este artículo, que está en la hoja siguiente. Mi opinión es que queda cubierta y, por lo tanto, creo que el artículo está bien redactado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2°.

(Se vota:)

- 25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 3°.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: en este caso, el trámite es un poquito más engorroso. La idea es votar en contra del artículo 4º que viene de Comisión y luego votar el artículo enviado en el Mensaje del Poder Ejecutivo que tenemos en nuestra mesa de trabajo, aunque de él no votaríamos afirmativamente el inciso final, porque ya está incluido en el artículo 5º. Después votaríamos el último inciso del artículo 4º del proyecto venido de Comisión, que no figura en el del Poder Ejecutivo pero que consideramos absolutamente imprescindible.

SEÑOR PRESIDENTE.- En primer lugar, hay que votar negativamente el artículo 4º, si el Senado así lo considera.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º tal como viene de la Comisión.

(Se vota:)

- 0 en 24. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º que vino con iniciativa del Poder Ejecutivo, pero sin el último inciso.

(Se vota:)

- 25 en 26. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el último inciso del artículo 4º venido de Comisión, que figura en la página 2 del repartido.

(Se vota:)

- 25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 8º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 9º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 10.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 24 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 11.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: este artículo trata de una reparación especial o, más precisamente, de una pensión especial por reparación. A mi entender, la reparación está destinada a las personas que fueron detenidas o procesadas por la Justicia Militar o Civil, que sufrieron privación de libertad y otro tipo de padecimientos derivados de su prisión. Siendo así, no entiendo por qué se deja afuera a algunas personas sólo por el hecho de recibir más de 15 Bases de Prestaciones y Contribuciones, ya que en realidad el daño sufrido nada tiene que ver con la cantidad de dinero que hoy puedan ganar. Si estas personas recibieran otra reparación -según se establece al principio del tercer inciso-, entonces me parecería lógico que no estuvieran comprendidas por esta norma. Pero reitero que la reparación del daño no tiene nada que ver con lo que hoy percibe la persona. Por eso creo que esa causal de exclusión debería ser eliminada.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: somos absolutamente conscientes de que ni esta ley ni ninguna otra que haya sido votada, así como tampoco ninguna que pudiera ser aprobada en el futuro, podrían resarcir o compensar mínimamente el daño que toda la sociedad uruguaya y cada uno de sus integrantes sufrieron como consecuencia de la dictadura y, particularmente, el terrible daño que sufrieron los presos. No hay pensión reparatoria ni monto alguno que pueda compensar ese perjuicio. Se trata de un daño moral, un daño a la sensibilidad, a la persona, a la familia que, entre muchas otras cosas, también provocó un perjuicio económico.

Lo que estamos haciendo, apenas y modestamente, es intentar reparar, por lo menos en parte, lo que sentimos que podemos reparar en este momento, que es el daño económico, teniendo en cuenta las circunstancias por las que muchos de esos compatriotas atraviesan hoy. Naturalmente, después de sucedidos estos hechos y una vez superados, es decir, luego de reconquistada la democracia, la vida no tuvo la misma forma de proyectarse en cada uno de los que padecieron tales circunstancias. Para algunos, la situación económica fue por sí misma mejorando, por lo que ese aspecto dejó de ser para ellos un inconveniente, pero para otros la situación económica no solamente continúa siendo un problema sino que, además, se ha agravado. Evidentemente, seríamos ilusos si pensáramos que con esta ley que pretendemos sancionar -y, particularmente, con este artículo- estamos, en verdad, resarciéndolos mínimamente. Sabemos que simplemente estamos compensando el daño económico.

Por esto, y porque además tenemos que obrar teniendo en cuenta el resto del país, la economía nacional y los recursos -que provienen del Estado y que son de todos los ciudadanos-, en aquellas circunstancias en que la persona tiene una situación económica que, según se ha entendido, está bastante por encima de la media uruguaya, la pensión no se hace efectiva. Reitero una vez más, señor Presidente, que somos conscientes de que el resto del daño no se paga con ningún dinero.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: compartimos totalmente lo dicho por el señor Senador Vaillant. El encare que hemos dado a todo esto es, naturalmente, curioso. Nosotros intentamos reparar el daño sufrido por aquellos a quienes en la vida no les fue en gracia, producto de lo que vivieron, en este caso, en la cárcel. Naturalmente, como decía el señor Senador Vaillant, no hay forma de reparar a una persona que durante muchos años no pudo estar cerca de sus hijos y tampoco se la puede reparar por todos los años de pérdida de libertad. Entonces, aquí tratamos de reparar a todos aquellos a los que en la vida no les ha ido en gracia -reitero-, pero teniendo en cuenta los recursos del país que, como todos sabemos, no abundan.

Sin embargo, tengo tranquilidad en cuanto a que si alguna persona que hoy no puede acogerse a este artículo 11 tuviera un tropiezo en su vida, producto de muchas circunstancias, mañana lo podría hacer, porque este derecho no caduca ni se extingue. Esta cláusula la pusimos expresamente la señora Senadora Dalmás y los señores Senadores Breccia, Vaillant y quien habla, entre otros. Si una persona que hoy no puede acogerse a este artículo 11 porque tiene un ingreso superior a quince Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales -esto se establece en el inciso tercero-, tuviera un traspié en la vida -lo que no nos caería en gracia-, por el inciso sexto podría acogerse a este beneficio. Es una reparación que damos a aquellos que la necesitan; pero si alguna de las personas comprendidas en el artículo 1º o en el inciso final del artículo en cuestión tuviera un tropiezo en su vida, podría tener este beneficio acogiéndose al inciso sexto de este artículo.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: quisiera agregar algo a las consideraciones de los dos señores Senadores que expresaron su preocupación por el inciso que habla de los ingresos que superen las quince Bases de Prestaciones y Contribuciones. Aquí estamos hablando de una pensión especial reparatoria y, como muy bien han dicho los señores Senadores, nunca va a reparar prisiones injustas ni otras situaciones de gran dramatismo que en algunos casos me ha tocado ver, como por ejemplo la mutilación de miembros a una persona, cosa que ha ocurrido en el Uruguay.

Reitero que se trata de una pensión reparatoria, por cierto tardía, que tendría que haber venido hace varios años. En una oportunidad se planteó por parte de muchos compañeros algo parecido a esto en la Cámara de Diputados, cuando se consideró la reparación a los funcionarios públicos, pero no tuvo andamiento. De todos modos, esto no excluye ni está en contradicción con el hecho de que algunas personas hayan planteado juicios al Estado por la vía del Código Civil y los hayan ganado. Si una persona en esta circunstancia da las pruebas suficientes con arreglo a las normas del proceso ordinario común, estaríamos en una situación aparte de esta ley. Estamos ante una ley que de antemano está estableciendo que las personas que por razones políticas, ideológicas o gremiales fueron procesadas, presas o privadas de su libertad, reciban una pensión reparatoria. Naturalmente, eso debía tener algún límite que no tiene una indemnización fijada por un Juez. A modo de ejemplo puedo citar el caso de un matrimonio secuestrado en Brasil y después traído a Uruguay, que le ganó un juicio al Estado hace dos o tres Administraciones, y así obtuvo una indemnización. Me parece que eso complementa el panorama, porque lo que se está haciendo acá de antemano, con un criterio de reparación, es un mínimo desahogo que el Estado debe dar para cubrir lo que el mismo Estado -aun-que en esos momentos había una dictadura- le causó a miles de personas de todo el país.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Señor Presidente: comprendo las razones invocadas en relación con la economía que significa no incorporar a la reparación a aquellos individuos que estén comprendidos en esta situación pero que tengan ingresos superiores a determinado monto; sin embargo, eso no parece compatible con el espíritu de la norma. A mi modo de ver, como lo decía en el día de ayer el señor Senador Michelini, se trata de una norma que también tiene una base moral, que es la reparación a individuos que han sufrido a causa de destitución o de la prisión durante el período dictatorial. Dentro de ese contexto, no parece razonable excluir a quienes hoy, después de muchos años y sobreponiéndose a una situación francamente desfavorable, hayan alcanzado determinados niveles de ingresos. Por otra parte, no creo que sean demasiados, dadas las causas que estamos analizando; cuantitativamente no creo que sea algo demasiado importante.

Respaldando algunas de las expresiones que se manejaron en el día de ayer en esta Cámara, no parece razonable excluirlos de la reparación porque hayan sido capaces o hayan tenido la suerte de contar con determinados ingresos al día de hoy. Esta reparación tiene, sin duda, la causal del daño económico, pero también la voluntad del Legislador de reconocer esa lucha o ese esfuerzo en pro de buscar una mejor situación para la salida de ese régimen que se estaba viviendo.

Por eso, creo que sería más conveniente votar ese artículo si el inciso que estamos discutiendo terminara en la expresión "disposiciones análogas". De todos modos, aunque no se acompañe lo que estamos proponiendo vamos a votar el artículo, pero de pronto sería mejor votarlo con esta modificación, si hay acuerdo en la Cámara de hacerlo. De lo contrario, se pasaría a votar tal como se propone.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: este artículo nos enfrenta a uno de los problemas casi filosóficos a los que los Jueces se enfrentan todos los días en el caso de demandas de reparación civil; fundamentalmente se da en aquellos casos en que los Jueces se enfrentan a la demanda por reparación civil por prisión injusta, que existe fuera de los casos que se dieron durante la dictadura. ¿Existe una tarifa para la libertad? ¿Existe una tarifa para el sufrimiento? No es posible fijarla; nada más lejos de nuestra pretensión. Sin embargo, la hay y todos los días los Jueces, cuando fijan tarifas reparatorias para casos de prisión injusta, consideran una tarifa que conocemos todos los abogados que estamos en Sala y que ejercemos la profesión, que es de U$S 40 por día. Si una persona estuvo cien días presos, estaríamos hablando de U$S 4.000. ¿Esto es doloroso? Claro que lo es, y lo digo mirando a los compañeros que pueblan la Barra. Como dije, es muy doloroso, pero existe, porque esta es una sociedad donde se equilibran una cantidad de factores, inclusive, el económico.

Es correcta la observación que hace el señor Senador Alfie desde el punto de vista de la hermenéutica jurídica; si esto es una pensión reparatoria no tiene sustento jurídico limitarla para aquellos casos en que la persona tenga determinado poder económico. El señor Senador preopinante hablaba del espíritu, y a eso pretende atender esta ley.

Creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a los que cayeron en la lucha contra la dictadura, ya sea definitiva o temporalmente, es entender que el espíritu de los que lucharon contra esa situación no fue beneficiarse económicamente, de ninguna manera. Lo dieron todo sin pedir nada; nunca pidieron nada. Ahora es el momento de que nosotros, en un acto de estricta justicia, dispongamos que aquellos que están más perjudicados puedan, de alguna manera, subsistir dignamente los años que les quedan de vida. Seguramente que a todos los que estuvimos en esa situación nos quedan pocos años de vida. Ese es el espíritu de esta norma.

Por ello, contradiciendo lo que manifestaba el señor Senador preopinante e intentando con todas mis fuerzas convencerlo en ese sentido, debo decir que el espíritu de la norma nos trae de la mano esta disposición, porque estamos tratando de atender a aquellos compañeros que han quedado más desprotegidos. ¿Por qué? ¿Porque sufrieron más? ¿Porque la suerte los favoreció menos? ¿Quién lo puede saber? Lo cierto es que objetivamente es así. Hay algunos compañeros a los que la vida nos ha dado mejores posibilidades de supervivencia digna y hay otros que están muy mal. Entonces, para compensar más dignamente o mejor a aquellos que están muy mal, tuvimos que poner un tope. Quizás estamos siendo ajenos a la teoría jurídica pura -es posible-, pero no al espíritu que nos ha inspirado a todos los que hemos estado en la redacción de la ley y a todos aquellos compañeros que de afuera han hecho un esfuerzo terrible para que saliera. Por lo tanto, pienso que esta pensión reparatoria especial debe ser votada tal cual está, porque ese es el espíritu que imbuye toda esta ley: proteger a los más desprotegidos.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BRECCIA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- A mí me parece bien y loable la emotividad con que el señor Senador que me concedió la interrupción refiere a este tema, pero en esa misma línea, creo que deberíamos dar a quienes tienen hoy un ingreso superior, la libertad de que definan ellos, luego del reconocimiento del perjuicio que se les ha hecho, si quieren dejar de percibir lo que nosotros creemos que por justicia les corresponde, y no ser nosotros quienes lo limitemos y lo recortemos. No estoy poniendo en tela de juicio lo que el señor Senador refiere respecto a la voluntad de cada uno de aquellos que lucharon, sea cual fuere la forma en que lo hicieron, sin ponerle precio y sin meditar sobre su costo; lo que sí creo es que los demás no deberíamos poner precio ni coto a ese esfuerzo. Luego de reconocer moralmente el daño y de repararlo en la medida en que la sociedad lo entiende posible, cada uno de ellos, voluntariamente, si considera que puede prescindir de ese beneficio, que lo ceda; pero no me parece correcto que seamos nosotros quienes le pongamos un límite.

Insisto con este punto de vista y lo digo también intentando convencer y tratando de buscar una línea en común, pero si hay que votarlo tal como está, porque no hay mayoría para hacerlo de la otra forma, igualmente voy a acompañar esta iniciativa.

Repito que me parecería más justo votarlo sin la limitación y que quien haya tenido la suerte o la virtud de lograr un ingreso determinado -porque no es sólo con suerte que se logra determinado ingreso- decida por sí y ante sí, si lo quiere ceder o no. Es más, si se negara a recibirlo, porque tiene ese u otro nivel de ingreso, entiendo que tampoco debería caducar la posibilidad -tal como hacía referencia el señor Senador Michelini- de volver a tomarlo en caso de que pierda los ingresos que hoy le permiten cederlo. Sí creo que no deberíamos ser nosotros quienes limitáramos esa reparación sino, en todo caso, cada una de las personas afectadas. Con esto habrán tenido la reparación moral de la sociedad aunque no reciban la económica, en este caso por decisión propia y no porque hayamos decidido no dársela.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Breccia.

SEÑOR RIOS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR BRECCIA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Ríos.

SEÑOR RIOS.- Durante estos dos días los Legisladores del Gobierno hemos dado explicaciones con respecto al contenido sustantivo y de valores que esta ley tiene detrás de sí, mucho más allá quizás que lo que tiene que ver con su forma.

Voy a tratar de interpretar lo que decía el señor Senador Rubio con una gran claridad, en el sentido de que no alcanza con esta ley, que hay un respeto social y que estos ciudadanos tienen que formar parte de la historia y ser reconocidos por otros elementos que no son cuantitativos. Evidentemente, este no es un elemento cuantitativo.

Por otro lado, que esta ley se haya votado por unanimidad me da una gran satisfacción, ya que demuestra que la sociedad uruguaya pudo leer sus problemas en diferentes tiempos. En tal sentido, el elemento temporal de la necesidad de reparar a estos ciudadanos es compartido por todos los partidos políticos. Esto no es menor, porque pasaron muchos años y, lamentablemente, no pudimos lograr los acuerdos que estamos obteniendo hoy.

Es claro que tenemos limitaciones en cuanto a lo económico, pero como bien lo explicaba el señor Senador Breccia, en el campo de los valores las limitaciones pasan por el camino en el que no piden ser reparadas, y nosotros creemos que tampoco deben serlo, porque tienen que ver con lo económico. Sin embargo, sí decidimos que este era un problema social y elegimos el elemento temporal para repararlo. De la misma forma que se reclaman elementos cuantitativos, nosotros reivindicamos el elemento temporal cuando votamos la iniciativa del Poder Ejecutivo, sin que ello implique más que un hecho de la realidad y sin minimizar ninguna otra opinión. El hecho tangible de hoy es que se está votando esta ley y creemos que es mucho más importante que las limitaciones económicas que se puedan tener, porque no hacen a la sustancia de lo que queremos reparar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Breccia.

SEÑOR BRECCIA.- Pido excusas a los colegas si el exceso de compromiso con el que me compenetro en estos temas me lleva a trasmitir alguna emoción, que no es lo más conveniente.

Como lo decía correctamente el señor Senador Aguirrezabala en su exposición, estamos actuando en la medida de lo posible. Yo introduje mis palabras manifestando acerca de lo doloroso que puede ser establecer tarifas, aunque esta no es específicamente una tarifa, sino una limitación que se fija para algunos casos. Todos los que trabajamos en esta ley, así como todos los colegas, sabemos que contamos con determinadas limitaciones de índole material, que hacen que para obtener esta solución -que creo es la más conveniente para todos aquellos compañeros que sufrieron- hayamos debido limitarla como de pronto no hubiéramos querido. Estoy absolutamente seguro de que aquellos que son objeto de esa limitación habrán de comprendernos porque, por lo que dije anteriormente, jamás pidieron; dieron todo sin pedir nada.

Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: quiero aclarar que quienes pueden quedar excluidos del artículo 11 no lo están de la ley. Si una persona estuvo presa, está incluida en la ley. Puede haber gente que hoy esté trabajando y percibiendo un monto importante de dinero y a la que le resulte más beneficioso ampararse al artículo 6º que al 11. Naturalmente, nosotros estamos haciendo una reparación moral inicial, ya que estamos amparando a toda esta gente.

A su vez, en el medio de la ley incorporamos el artículo 11 -que aclaro no fue idea mía; el señor Senador Vaillant y la señora Senadora Dalmás me terminaron convenciendo de esto hace unos cuantos meses-, referido a esta pensión reparatoria especial, que tiene exclusiones para hacerla lo más alta posible, pero que de ninguna manera está excluyendo de la ley a gente que percibió un daño. Reitero que queda incluida en la ley gente que no fue procesada, que estuvo presa menos de un año o que, teniendo más de quince Prestaciones Básicas puede ampararse a otros ar-tículos de la ley. Incluso, llegado el caso, podrán ampararse al inciso sexto de este artículo 11.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: me parece necesario hacer la siguiente aclaración: en el tratamiento de este tema en los meses pasados, a nadie más que a los integrantes de esta fuerza política le puede haber surgido con mayor fuerza la tentación de ser mucho más amplios, más abarcativos y de otorgar un monto de dinero más importante en cualquiera de las prestaciones que se brindan por esta ley, porque nos comprenden las generales de la ley. Tenemos la misma sensibilidad que el resto de la sociedad, pero además, muchas veces se trata de nuestros propios compañeros. Sin embargo, a pesar de las tentaciones que no tengo ningún temor en reconocer, sentíamos que teníamos que autolimitarnos, porque no sólo nos cabe la responsabilidad con esos compañeros sino también con una sociedad muchísimo más amplia, que atraviesa circunstancias que ninguno de nosotros ignoramos. Estamos resolviendo una pensión especial, una reparación desde el punto de vista jubilatorio, pero lo estamos haciendo en un país donde nadie ignora que el 60% o el 70% de los pasivos tienen jubilaciones por debajo de $ 3.000, que el promedio de éstas es de $ 5.100 y que, además, hay tope para jubilarse a pesar de que hayan aportado. ¿Podíamos nosotros ignorar esa otra realidad y establecer la pensión o la reparación como si no estuviéramos viviendo en el Uruguay y como si esos no fueran los problemas de la sociedad? No lo podíamos hacer, señor Presidente; no lo hicimos ni lo vamos a hacer, justamente por respeto a esos compañeros a los que hoy queremos atender; los estaríamos agraviando si para compensarlos o repararlos no tuviéramos en cuenta la situación del resto de la sociedad. Además, seguramente son las mismas limitaciones que en otros tiempos y en otros temas, otros gobiernos tuvieron para atender esas dificultades al momento de reconocer la situación de un sector de la sociedad. Lo que sucede es que esto no se puede hacer en forma ajena a la situación del colectivo. Tal vez pequemos de responsables o de prejuiciosos, pero por eso nos pusimos los límites.

SEÑOR NICOLINI.- Pido la palabra una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NICOLINI.- Señor Presidente: quiero manifestar la profunda alegría que siento esta noche al poder votar esta iniciativa, esta reparación. Como se ha dicho aquí, el artículo que estamos considerando involucra absolutamente a todos los que fueron perseguidos, detenidos o exiliados. Se puede tomar la opción, pero aquí hay un reconocimiento a todos los que padecieron las distintas circunstancias en ese sentido.

Reitero que es una noche de profunda alegría, y quiero decir que me alegro de que la Lista 15 del Partido Colorado haya evolucionado al hacer este tipo de propuestas, ya que durante 20 años no habían propuesto nada. Reitero que me parece altamente positivo que, con espíritu amplio en esta noche de alegría, la Lista 15 del Partido Colorado hoy haga una propuesta de estas características, después de no haber presentado ninguna iniciativa durante 20 años.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: debo confesar cierta perplejidad, porque no me la puedo guardar. De todas maneras voy a ser muy breve, porque el señor Senador Nicolini lo acaba de explicar.

Aquí ha aparecido una ley, fruto de un gran esfuerzo por concretar algo que todos sabíamos que existía desde el año 1985, cuando en el Uruguay se restableció la democracia. Todos los Partidos buscaron mecanismos para reparar a las personas que habían sufrido daños muy graves por la dictadura, con excepción de los aspectos de castigo a los delincuentes que cometieron delitos graves. En esto todos los Partidos actuaron igual. Podríamos discutir muchas horas sobre esto, pero es así.

Sin embargo, en cuanto al tema concreto de la reparación a gente que se quedó sin trabajo por la dictadura, salvo los funcionarios públicos que fueron reparados, se buscaron las soluciones que se pudieron, aunque no fueron completas, como tampoco lo es ésta. Debemos aclarar que la solución se buscó, y si bien no fue mérito exclusivo de ningún partido, hay que reconocer que principalmente lo fue de los gobiernos que lo hicieron.

Sin embargo, hay un hecho que me deja perplejo: esta solución para los que se quedaron sin trabajo y estuvieron en una situación desmesuradamente desprotegida porque la dictadura los castigó, los echó o los hizo echar, no fue contemplada, aunque no por olvido, ya que todos sentían la responsabilidad moral de buscarla. Lo que no hubo fue voluntad política de hacerlo. Entonces, no puede ser que hoy, frente a un artículo que establece una pensión especial reparatoria -o, al menos, que la persona opte por una de las soluciones que se dan en otros artículos que también le sean aplicables- se diga muy sencillamente -como ya se hizo en otro artículo- que se puso un límite y que debe sacarse. Esta es la realidad.

Conozco un proyecto que, si no me equivoco, es del año 1987 y fue presentado por el señor Senador Vaillant en su Partido, pero no llegó al Parlamento porque nunca contó con la iniciativa del Poder Ejecutivo; era muy parecido al que estamos considerando. A menos que se haya producido lo que dijo con cierta gracia e ironía el señor Senador Nicolini en cuanto a que se alegraba muchísimo por el cambio, creo que no hubo voluntad política o las condiciones económicas no eran las adecuadas para que desde el Gobierno se entendiera que había que hacerlo. Esta iniciativa se presentó porque este Poder Ejecutivo la envió.

Quiero señalar que llevó mucho tiempo conversar con los otros Partidos, con las agrupaciones de gente damnificada y también con nuestras propias conciencias. Reconozco, tal como lo hizo la señora Senadora Dalmás, que esto forma parte de una evolución, como también lo fue todo lo sucedido con los militares -que también sufrieron mucho con este tema-, pero pienso que para las personas que quedaron en situación de desamparo laboral como consecuencia de la dictadura, no hubo hasta ahora voluntad política de repararlos.

En este artículo, el señor Senador Aguirrezabala encontró un límite; pienso que dicho límite lo pudo ver en una primera lectura, y hay una cantidad que figuran en el inciso tercero, en el que están excluidos quienes se hubieren acogido a todas estas leyes. Pienso que el señor Senador las tendría que leer, estudiar y después plantear por qué se ponen esos límites. Están puestos, señor Presidente, porque dentro del esfuerzo que se está haciendo, se ha llegado a algo que realmente es un principio de desahogo del Estado, y se reconoce que hay que hacer, por lo menos, un nuevo esfuerzo por empezar a reparar estas injusticias. Se empezó a realizar ese esfuerzo; lo hicieron otros Gobiernos, pero sobre este tema en particular, las Administraciones anteriores no tuvieron la voluntad política de hacerlo.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

- Entonces, realmente me causa perplejidad que frente a este proyecto se busquen una o dos frases para decir esto. No sólo los estamos apoyando, sino que nosotros somos los que queremos, de verdad, dar una indemnización. Insisto en que me causa esa sensación y tengo que expresarlo con respeto, con firmeza, pero con mucha perplejidad.

Muchas gracias.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- La verdad es que toda esta demagogia y estos discursos politizados sobre algo que, como bien lo dijo el señor Senador Breccia, es absolutamente técnico, no los entendemos. Realmente, nos causa pavor y absoluta perplejidad -ya no sé qué adjetivo usar- lo que estamos escuchando en cuanto a que no se hizo nada. Por la primera ley hubo 10.000 restituidos en el primer año. En este mismo artículo, cuando se establece quiénes no son alcanzados por el mismo, se mencionan nueve leyes de reparación, todas con iniciativa del Poder Ejecutivo de la época; por supuesto, no alcanza a las personas que están aquí. Igualmente, reitero, estamos hablando de nueve leyes, 10.000 restituidos, 3.000 docentes y una Comisión de Repatriación que presidía un Senador que ya no pertenece a nuestro Partido.

La verdad es que esto no lo entiendo. Nosotros no hacemos gárgaras con presos, con sufrimientos, con nada; eso nos parece absolutamente de baja estopa. Digo esto porque todos sufrimos, tuvimos familiares en Uruguay y en el exterior que padecieron como consecuencia de la dictadura. Esto sucedió en casi todas las familias uruguayas, pertenecientes a todos los partidos políticos; esto no le pertenece a nadie. Por lo tanto, ni el Partido Colorado ni quien habla pueden aceptar las expresiones agraviantes de los señores Senadores Nicolini y Korzeniak.

Muchas gracias.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Me sorprende profundamente lo que se ha expresado en Sala y quiero calmarme para que no haya problemas. Realmente me parece que tanto el señor Senador Nicolini como el señor Senador Korzeniak, como se dice vulgarmente, "le erraron como a las peras". En realidad, las otras limitaciones se refieren a las nueve leyes, de las cuales siete no fueron votadas en esta Legislatura. No las incluimos porque entendimos que, precisamente, eran reparaciones que, al menos moralmente, servían a quienes estaban en esa situación y no porque ese límite no sirviera. Además, creo que basta la propia redacción de la ley para demostrar que es absolutamente falaz el hecho de expresar que no se hizo nada y aunque eso fuera así, no veo cuál es la autoridad que tienen algunos colegas del Senado para decirme que no puedo hablar de algo porque antes otro no haya hecho nada. Entonces, son absolutamente inaceptables en lo personal, en lo sectorial y en lo partidario, las expresiones vertidas por los señores Senadores Nicolini y Korzeniak.

SEÑOR NICOLINI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de dar la palabra al señor Senador Nicolini, quiero recomendar a los señores Senadores que no hagan más alusiones, porque vamos a pasar toda la tarde contestándolas.

Tiene la palabra el señor Senador Nicolini.

SEÑOR NICOLINI.- Voy a ser muy breve.

Si los señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra me hubieran escuchado atentamente, se habrían dado cuenta de que me referí a la Lista 15 del Partido Colorado, que fue Gobierno en el período 2000-2005, donde la única ley que se aprobó fue la ley jubilatoria, que no sirvió para nada.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Creo que todos tenemos interés en aprobar este proyecto de ley lo más rápidamente posible y que haga lo propio la Cámara de Representantes, si es que hay voluntad política. Quiero señalar que por la información que tenemos, están dispuestos a aprobarlo de inmediato. Como es un tema que cuenta con la aprobación de todos los Partidos -más allá de algunas cuestiones puntuales-, propondría que se votara en bloque el resto del proyecto, con excepción del artículo 13, donde haremos un agregado que tiene que ver con la información que será necesario brindar al Parlamento sobre la marcha de la aplicación del proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada por el señor Senador Rubio, en el sentido de votar en bloque los artículos 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, dejando desglosado el artículo 13.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos antes referidos.

(Se vota:)

- 22 en 22.Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 13.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Al finalizar mi intervención voy a solicitar que se lea por Secretaría el texto del inciso que proponemos agregar al final del artículo 13. Simplemente, deseo señalar las razones que nos llevaron a proponerlo.

La señora Senadora Dalmás explicaba en el día de ayer, al actuar como Miembro Informante -al igual que otros Senadores de distintos Partidos lo hicieron en el día de hoy- el proceso dinámico que ha tenido este tema. En ningún momento pensamos que esta sea la primera ley reparatoria ni tampoco que vaya a ser la última. Este proceso dinámico lleva veinte años y lo que estamos proponiendo es lo que podemos hacer este año, aunque tengo la certeza de que, de la misma forma en que estamos haciendo justicia, también estamos generando alguna injusticia y habrá quienes queden por el camino en el marco del contenido de este proyecto de ley.

Por lo expuesto, señor Presidente, en el artículo 13 proponemos la implementación de un mecanismo de evaluación que, a un año de sancionada esta ley -entre el primero y el segundo año de su vigencia- permita que la Comisión que aquí se crea, a través del Poder Ejecutivo, tenga la obligación de presentar ante la Asamblea General un informe de la evolución de la aplicación de esta ley, en el que se explique en qué medida se ha dado cumplimiento a los objetivos que la promueven. Seguramente, ese informe nos mostrará las correcciones que más adelante deberemos hacer.

Solicito que se lea el inciso que proponemos agregar.

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el inciso que se propone agregar al final del artículo 13.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"La Comisión Especial, a través del Poder Ejecutivo, entre el primer y segundo año de vigencia de la presente ley, elevará a la Asamblea General un informe evaluatorio de la aplicación de la misma y del cumplimiento efectivo de los objetivos que la promovieron."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 13 con el aditivo recientemente leído.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Aplausos en la Barra)

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Capítulo I

Ambito subjetivo

 

ARTICULO 1º.- Quedan comprendidos en la presente ley las personas que, por motivos políticos, ideológicos o gremiales, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985:

a) se hubieran visto obligadas a abandonar el territorio nacional siempre que hubieran retornado al mismo antes del 1º de marzo de 1995; o

b) hubieran estado detenidas o en la clandestinidad, durante dicho lapso, total o parcialmente; o

c) hayan sido despedidos de la actividad privada al amparo de lo preceptuado por el Decreto N° 518/973, de 4 de julio de 1973, y lo acrediten fehacientemente.

Asimismo, se encuentran amparados quienes con anterioridad al 9 de febrero de 1973 y por los mismos motivos indicados precedentemente, fueron detenidos o abandonaron el territorio nacional y retornaron antes del 1º de marzo de 1995, y acrediten fehacientemente dichas circunstancias.

Capítulo II

Cómputo ficto de servicios y afiliación

ARTICULO 2º.- Las personas comprendidas en el ar-tículo anterior tendrán cómputo ficto de servicios, a los efectos jubilatorios y pensionarios, durante:

a) el período en que se hayan mantenido las situaciones previstas en los literales a) y b) de dicho artículo;

b) el lapso que haya insumido el reingreso a una actividad formal, hasta el 28 de febrero de 1985 inclusive, como máximo, en la situación prevista por el literal c) del referido artículo.

Cuando las situaciones de detención o clandestinidad hayan tenido como consecuencia la pérdida del trabajo, el cómputo ficto de servicios abarcará, asimismo, el período indicado en el literal b) del presente artículo.

ARTICULO 3º.- A las personas comprendidas en las disposiciones de la presente ley se les reconocerá, durante el período de cómputo ficto de servicios, una asignación computable mensual equivalente a once Bases de Prestaciones y Contribuciones (Ley Nº 17.856, de 20 de diciembre de 2004), al valor de la fecha de vigencia de la presente.

ARTICULO 4º.- Los servicios reconocidos al amparo de la presente ley son ordinarios y no podrán fraccionarse.

La inclusión de dichos servicios estará determinada por:

1) la que corresponda a la actividad privada que desempeñaba el beneficiario o el causante, al momento de verse afectado por cualquiera de las circunstancias de prisión, exilio, clandestinidad o desocupación, previstas en el artículo 1°;

2) en su defecto, la que corresponda a la primera actividad que desempeñara el beneficiario o el causante tras el cese de las referidas circunstancias;

Tratándose de beneficiarios sin causal a dicha fecha, la afiliación de los períodos estará determinada por los últimos servicios prestados por el beneficiario o el causante, según corresponda.

Cuando, de acuerdo con los criterios establecidos en el anterior, no pudiese determinarse la afiliación, se considerará que los servicios fueron prestados al amparo de la Ley Nº 12.138, de 13 de octubre de 1954 y del artículo 18 de la Ley Nº 12.380, de 12 de febrero de 1957.

Capítulo III

Régimen jubilatorio y pensionario

ARTICULO 6º.- A los beneficiarios de la presente ley se les aplicará el régimen de pasividades vigente, con las especialidades que surgen de esta normativa, en tanto les resulte más beneficiosa.

ARTICULO 7º.- El monto mínimo de asignación de jubilación de las personas amparadas por las disposiciones de la presente ley, en ningún caso podrá ser inferior al equivalente a cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones vigentes al momento de ingresar al goce de la prestación.

ARTICULO 8º.- Las personas amparadas por la presente ley, que sin configurar causal de jubilación, cuenten con sesenta años de edad y un mínimo de diez años de servicios (artículo 77 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995 o la normativa que corresponda según el ámbito de afiliación), tendrán derecho a una jubilación especial equivalente, al momento de inicio del servicio, a cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales.

La jubilación prevista en el inciso anterior es incompatible con el goce de cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial.

Para los casos comprendidos en el inciso final del ar-tículo 10 de la presente ley, la no configuración de la causal jubilatoria descripta en el inciso primero del presente ar-tículo está referida a la actividad simultánea no reparada. A esos efectos el beneficiario tendrá derecho a optar, por la incompatibilidad de la misma, entre la jubilación especial y cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial.

ARTICULO 9º.- Las disposiciones de la presente ley también alcanzarán a aquellas personas que, comprendidas en el artículo 1º de la presente ley, a la fecha de su vigencia hayan fallecido o hayan sido declaradas ausentes por decisión judicial o en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 17.894, de 14 de setiembre de 2005, o hayan desaparecido en un siniestro conocido de manera pública y notoria, todas las cuales generarán derecho a pensión de sobrevivencia en las condiciones dispuestas por el régimen jubilatorio o pensionario aplicable.

Capítulo IV

Exclusiones

ARTICULO 10.- Quedan excluidas de la presente ley, con excepción de lo establecido en el artículo 11:

a) las personas que hubieran trabajado en países con los cuales la República Oriental del Uruguay tiene acuerdos de seguridad social y durante el período en que desarrollaron actividad laboral en los mismos;

b) las personas efectivamente amparadas por las leyes especiales que atendieron situaciones de esta naturaleza para actividades específicas (Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, Ley Nº 16.163, de 21 de diciembre de 1990, Ley Nº 16.194, de 12 de julio de 1991, Ley Nº 16.451, de 16 de diciembre 1993, Ley Nº 16.561, de 19 de agosto de 1994, Ley Nº 17.061, de 24 de diciembre de 1998, Ley Nº 17.620, de 17 de febrero de 2003, Ley Nº 17.917, de 30 de octubre de 2005, Ley Nº 17.949, de 8 de enero de 2006 u otras disposiciones análogas) por las actividades a que refieren dichas normas;

c) las personas cuya actividad estuviera amparada por las cajas paraestatales y hubieran sido oportunamente reparadas por dichos organismos, en cuanto dicha reparación corresponda a hechos acaecidos durante el período previsto en el artículo 1º.

Quienes se encontraren en cualquiera de las situaciones previstas en los literales anteriores, pero acrediten haber realizado otra actividad laboral simultánea a aquélla, al momento de verse afectados por cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 1º, quedarán incluidos dentro de las disposiciones de esta norma, por la actividad por la que no fueron reparados.

Capítulo V

Pensión especial reparatoria

ARTICULO 11.- Las personas comprendidas en el ar-tículo 1º de esta ley que habiendo sido detenidas y procesadas por la Justicia Militar o Civil y que, como consecuencia de ello sufrieron privación de libertad entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, tendrán derecho a una pensión especial reparatoria equivalente, al momento de inicio de su percepción, a 8,5 (ocho y media) Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales.

No tendrán derecho a percibir la prestación establecida en el presente artículo los titulares de una jubilación, pensión, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo que optaren por la pensión especial reparatoria.

Tampoco podrán acceder a esta prestación quienes se hubieren acogido a los beneficios establecidos en la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, Ley Nº 16.163, de 21 de diciembre de 1990, Ley Nº 16.194, de 12 de julio de 1991, Ley Nº 16.451, de 16 de diciembre 1993, Ley Nº 16.561, de 19 de agosto de 1994, Ley Nº 17.061, de 24 de diciembre de 1998, Ley Nº 17.620, de 17 de febrero de 2003, Ley Nº 17.917, de 30 de octubre de 2005, Ley Nº 17.949, de 8 de enero de 2006 u otras disposiciones análogas, ni quienes perciban ingresos de cualquier naturaleza superiores a 15 (quince) Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales, calculados en promedio anual.

En caso de fallecimiento del beneficiario de esta pensión especial reparatoria su cónyuge o concubino/a "more uxorio" y sus hijos menores podrán ejercer derechos de causahabiente.

Los ajustes al monto inicial de la prestación se realizarán de acuerdo con el régimen establecido en el artículo 67 de la Constitución de la República.

El derecho a acogerse al beneficio regulado en este artículo no prescribe extintivamente ni caduca.

El Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia, en un plazo de treinta días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, deberán remitir a la Comisión Especial creada por el artículo 13, toda la información disponible en su poder para la identificación de los beneficiarios comprendidos en el inciso primero de este artículo.

La Comisión Especial que se crea por el artículo 13 de la presente ley podrá decidir -debiendo hacerlo en este caso por unanimidad- el otorgamiento de esta pensión especial reparatoria a aquellas personas que, por los motivos y dentro del período indicado en el artículo 1º, hayan sido privadas de libertad en un lapso superior a un año y no hayan sido sometidas a proceso.

Capítulo VI

Financiación

ARTICULO 12.- Los gastos que genere la aplicación de la presente ley serán atendidos por Rentas Generales.

Capítulo VII

Comisión Especial

ARTICULO 13.- Créase una Comisión Especial que actuará en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuya integración, cometidos y funciones serán los que se expresan en los artículos siguientes.

Esta Comisión deberá constituirse dentro de los treinta días a partir de la vigencia de esta ley, siendo obligación del Poder Ejecutivo publicitar la fecha de su constitución.

La Comisión Especial a través del Poder Ejecutivo entre el primer y segundo año de vigencia de la presente ley, elevará a la Asamblea General un informe evaluatorio de la aplicación de la misma y del cumplimiento efectivo de los objetivos que la promovieron.

ARTICULO 14.- La Comisión Especial estará integrada por cinco miembros:

a) un delegado designado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien la presidirá;

b) un delegado designado por el Banco de Previsión Social;

c) un delegado designado por el Ministerio de Economía y Finanzas;

d) un delegado designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT);

e) un delegado designado por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Asamblea Nacional de Ex Presos Políticos del Uruguay (CRYSOL), Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos (CRU) y del Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU).

ARTICULO 15.- La Comisión Especial entenderá en todo lo relativo a la instrucción, sustanciación y resolución definitiva sobre las solicitudes de amparo a las disposiciones de la presente ley, así como el otorgamiento de los beneficios dispuestos.

A dichos efectos podrá disponer de todas las medidas que estime convenientes para contar con la más completa información, requerir los antecedentes necesarios para su diligenciamiento, comunicándose directamente con las entidades públicas y privadas, admitiendo todos los medios de prueba previstos en el artículo 146 del Código General del Proceso, los que se apreciarán de conformidad con el principio de la sana crítica.

La condición de clandestinidad se justificará mediante la acreditación fehaciente del requerimiento de la persona por las autoridades del gobierno de facto por los motivos establecidos en el artículo 1º. Para otros casos en que se invoque tal condición, la Comisión Especial a la que refiere el artículo 13 de la presente ley deberá adoptar decisión al respecto por unanimidad de sus miembros.

Capítulo VIII

Procedimiento

ARTICULO 16.- Las solicitudes de amparo a la presente ley se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Nº 500/991, de 27 de setiembre de 1991.

ARTICULO 17.- Se remitirán a la Comisión Especial creada por la presente ley las solicitudes presentadas ante la Comisión Especial creada por la Ley Nº 17.449, de 4 de enero de 2002, a efectos de que, a petición de parte interesada:

a) determine la procedencia de la modificación de la prestación correspondiente a aquellos que hubieren sido amparados por dicha ley, comunicándolo en tal caso al instituto que sirva la misma;

b) se revisen las decisiones que hubieren sido denegatorias del derecho;

c) se continúe el trámite de las que aún no estuvieren resueltas.

Los interesados tendrán un plazo de ciento ochenta días a partir de la constitución de la Comisión Especial prevista en la presente ley, para presentar solicitud de reconsideración de la resolución que ya ha sido tomada, así como la ampliación de prueba de sus respectivos expedientes.

ARTICULO 18.- El plazo de presentación de las peticiones para ser amparado por esta ley será de ciento ochenta días a partir de la fecha de constitución de la Comisión Especial prevista en el artículo 13 de esta norma. Vencido el mismo caducarán todos los beneficios en ella dispuestos, sin perjuicio de las disposiciones establecidas por el artículo 11.

ARTICULO 19.- Contra las resoluciones de la Comisión Especial podrán interponerse los recursos de revocación y jerárquico.

ARTICULO 20.- Las jubilaciones y pensiones otorgadas al amparo de la Ley Nº 17.449, de 4 de enero de 2002, así como el cómputo de servicios dispuesto en su aplicación, continuarán rigiéndose por dicha norma, sin perjuicio del derecho a solicitar la modificación prevista en el literal a) del artículo 17 de la presente ley.

En ningún caso la prestación a servir podrá ser inferior a la que percibe el titular al momento de solicitar la revisión.

ARTICULO 21.- Derógase el régimen de reintegros dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 17.449, de 4 de enero de 2002, así como todas las disposiciones que directa o indirectamente se opongan a la presente ley."

17) TERESITA PENINO DE MINETTI. PENSION GRACIABLE

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo 2º del proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable a la señora Teresita Penino de Minetti.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Segundo.- Precísase que la erogación resultante, será atendida por Rentas Generales".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

18) ALCIDES MARTIN LANZA PERDOMO. PENSION GRACIABLE

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta del resultado de la votación correspondiente a la pensión graciable a conceder al señor Alcides Martín Lanza Perdomo.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

Han sufragado 28 señores Senadores; 25 lo han hecho por la Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, el resultado es: Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Segundo.- Precísase que la erogación resultante, será atendida por Rentas Generales".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

19) SERVANDO PEDRO ALDROVANDI CASTILLO. PENSION GRACIABLE

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable al señor Servando Pedro Aldrovandi Castillo. (Carp. Nº 589/06 - Rep. Nº 279/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 589/06

Rep. Nº 279/06

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 26 de julio de 2006.

Sr. Presidente de la Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

Mensaje Nº 28/06

Sr. Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo con el objeto de someter a su consideración el adjunto Proyecto de Ley, por el que concede una pensión graciable al Sr. Servando Pedro Aldrovandi Castillo, por su destacada trayectoria sindical que responde al Artículo 2º literal A) de la Ley Nº 16.301.

Su actual situación económica, justificada en fojas 21, complementa las causales que justifican la presente iniciativa.

El proyecto de ley, en su Artículo Primero, incluye el nombre del beneficiario así como el monto de la pensión. En el Artículo Segundo se establece que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Asimismo a efecto de la tramitación ante el BPS, se expresa que la Cédula de Identidad del beneficiario Sr. Servando Pedro Adrovandi Castillo es Nº 484.364-0.

El Poder Ejecutivo saluda al Presidente de la Asamblea General con su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República, Danilo Astori, Jorge Brovetto.

PROYECTO DE LEY

Artículo Primero.- CONCEDESE una pensión graciable, al Sr. Servando Pedro Aldrovandi Castillo, cédula de identidad Nº 484.364-0 equivalente a cuatro salarios mínimos nacionales.

Artículo Segundo.- PRECISASE que la erogación resultante, será atendida por Rentas Generales.

Artículo Tercero.- COMUNIQUESE, publíquese, etc.

Danilo Astori, Jorge Brovetto."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En consideración.

Se pasará a tomar la votación en la forma de estilo.

Repártanse las bolillas de votación.

(Así se hace)

20) UNION CONCUBINARIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyec-to de ley por el que se regula la unión concubinaria. (Carp. Nº 116/05 - Rep. Nº 272/06)."

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARAIBAR.- Este tema ha sido largamente considerado en la Comisión y ha figurado en el Orden del Día de sesiones anteriores. La Bancada del Frente Amplio, aunque estaba en condiciones de votarlo, decidió acceder a una solicitud formulada por la Bancada del Partido Nacional en el sentido de postergarlo para la próxima semana. Formulamos moción en tal sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción pre-sentada en el sentido de postergar la consideración del segundo punto del Orden del Día hasta la próxima se-

mana.

(Se vota:)

- 20 en 22. Afirmativa.

21) CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION, SUSCRITA EN MERIDA, MEXICO, DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2003

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita en Mérida, México, en diciembre de 2003. (Carp. Nº 291/05 - Rep. Nº 283/06)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 291/05

Rep. Nº 283/06

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 8 de agosto de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscripta en Mérida, México del 9 al 11 de diciembre de 2003.

I. Antecedentes

En su resolución 55/61 de 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas reconoció que era conveniente contar con un instrumento jurídico internacional eficaz contra la corrupción y decidió establecer un comité especial con la misión de negociar dicho instrumento en Viena en la sede de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

En su resolución 56/260 de 31 de enero de 2002, la Asamblea General decidió que el Comité Especial encargado de negociar una convención contra la corrupción negociara una convención amplia y eficaz adoptando un criterio amplio y multidisciplinario.

El Comité Especial celebró siete períodos de sesiones entre el 21 de enero de 2002 y el 1º de octubre de 2003.

II. El texto aprobado

La finalidad de la presente Convención es, según establece el Artículo 1:

a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción;

b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos;

c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.

De acuerdo a dicho propósito, la Convención en sus tres primeros capítulos contiene un verdadero programa a cumplir por los Estados Partes para realizar la finalidad indicada en el apartado a) mencionado ut supra. En algunos casos el cumplimiento de ese programa será obligatorio: por ejemplo la obligación de tipificar como delitos el soborno y la malversación.

En cambio en los Capítulos IV y V, referentes a la Cooperación Internacional y a la Recuperación de Activos, la Convención contiene disposiciones que en muchos casos obligan directamente a los Estados Parte (extradición, decomiso y otros). En relación con la extradición, esta Convención prevé a texto expreso que todo Estado Parte que supedite la extradición a la existencia de un tratado, podrá considerarla como la base jurídica de la cooperación en la materia con otros Estados Parte, siendo para ello necesario informar al respecto al Secretario General de las Naciones Unidas en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación (Artículo 44 parágrafo 6).

En relación a esta Convención, debe tenerse en cuenta que recoge en buena medida soluciones incluidas en la Convención contra el Crimen Transnacional Organizado de la cual la República es Parte desde el 4 de abril de 2005.

El texto aprobado reconoce la gravedad de los problemas y amenazas que representa la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socovar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia, al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley.

También el texto aprobado reconoce los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el lavado de dinero.

El texto hace referencia en su preámbulo a la responsabilidad de todos los estados en lo que hace a la lucha contra la corrupción y su erradicación, así como el deber de los estados de cooperar entre sí, incluyendo la participación en el esfuerzo de personas y grupos que no pertenecen al sector público, como ser las organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base comunitaria y la sociedad civil en general.

El texto de Naciones Unidas tuvo como las principales fuentes inspiradoras de su normativa, a las convenciones de carácter regional, como ser la Convención Interamericana contra la Corrupción y demás textos regionales como los referidos a la Unión Europea y a la Unión Africana.

Esta necesidad de concordar las distintas normativas regionales hizo que, en ciertos aspectos se tuviera que tener en cuenta los distintos ámbitos de aplicación de los instrumentos. A modo de ejemplo, el texto aprobado resultó orientado a la tipificación de conductas relacionadas con la corrupción, en particular los tipos de soborno y peculado, los cuales deberán ser tipificados con carácter obligatorio para los Estados Parte. Otras de las figuras delictuales incorporadas (incluyendo la figura del "enriquecimiento ilícito") fueron incorporados con carácter opcional en cuanto a su consagración positiva empleándose distintas fórmulas que permiten a los estados "considerar la posibilidad de...", "...de acuerdo con los principios fundamentales de su derecho interno...".

Si bien estos elementos ponen a la Convención en un rango de obligatoriedad y hasta de efectividad menor que el de los instrumentos regionales, el texto contiene algunos elementos profundamente innovadores, incluso en relación a textos contemporáneos como la Convención contra el Crimen Trasnacional Organizado, firmada en Palermo en el 2000.

En efecto, en el Capítulo V sobre "Recuperación de Activos" se establece un sistema diseñado para la prevención, detección, recuperación y disposición de activos ilícitamente adquiridos, capítulo que determina que la restitución de activos "es un principio fundamental" y que los Estados Parte "se prestarán la más amplia cooperación y asistencia entre sí a este respecto".

Con esta redacción se transó con la posición que proponía incorporar el concepto de recuperación de activos producto de delitos de corrupción y que fueron transferidos al extranjero como un derecho inalienable de los estados afectados.

El artículo 2 se encarga de las definiciones, siendo de gran importancia la definición a la que se llegó de "funcionario público", la de "funcionario público extranjero", la de "funcionario de una organización internacional pública".

El Capítulo II establece un conjunto de medidas preventivas, que consagra la intención de las partes de formular, aplicar y mantener las políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción, incluyendo el establecimiento de órganos de prevención de la corrupción; las políticas administrativas del sector público que aseguren la mayor transparencia, eficiencia y criterios objetivos de administración, incluyendo la promoción de códigos de conducta para funcionarios públicos, normas que aseguren la transparencia en las contrataciones públicas y la gestión de la hacienda pública.

Una innovación es la que hace referencia a la adopción de medidas para prevenir la corrupción en el sector privado, considerando, entre otras medidas tendientes a regular el conflicto de intereses entre los sectores privado y público, identidad de personas jurídicas, estados financieros de las empresas privadas. Esta normativa relativa al sector privado se hace bajo el acápite "de conformidad con los principios fundamentales" del derecho interno de los Estados Parte.

El artículo 13 de este capítulo prevee la participación de la sociedad civil en la sensibilización de la opinión pública sobre la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, pudiendo participar en actividades que promuevan al aumento de la transparencia, la participación de la sociedad en la toma de decisiones, así como la difusión de información y el mejor conocimiento de las instancias institucionales de lucha contra la corrupción.

El artículo 14 establece un amplio régimen de medidas para prevenir el blanqueo de dinero, que tiene su referencia normativa en la Convención de Palermo de 2000.

El Capítulo III contiene las normas de penalización y aplicación de la ley. Se establece la obligación de penalizar dos tipos delictuales concretos: el soborno de funcionarios públicos nacionales o extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas, y la malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público. En estos dos casos, el Estado Parte se compromete, se obliga a incorporar formas penales en su legislación para castigar estos delitos.

El catálogo de conductas delictuosas se complementa con otra serie de figuras como tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, soborno en el sector privado, malversación o peculado de bienes en el sector privado, y blanqueo de dinero. Para todos estos casos se establecen las fórmulas que hacen que la tipificación de los delitos no sea obligatoria y sí de acuerdo con el derecho interno en cada caso.

Un artículo interesante es el de la responsabilidad de las personas jurídicas, la responsabilidad personal y la responsabilidad penal de la persona jurídica con independencia de la responsabilidad personal involucrada, lo cual deberá referirse a la normativa interna del estado del caso.

El capítulo contiene disposiciones sobre medidas cautelares, la protección de peritos, testigos y víctimas, sobre la penalización y sobre cooperación entre las autoridades nacionales, y jurisdicción.

El Capítulo IV sobre cooperación internacional hace referencia a la cooperación en el caso de extradición, a la asistencia judicial recíproca y a la cooperación en materia de cumplimiento de la ley, esto es a la cooperación en materia administrativa, previéndose, para este caso, la utilización de investigaciones conjuntas y de las llamadas "técnicas especiales de investigación", que incorporan los últimos adelantos en la materia, y que hallan su fuente en la Convención de Palermo.

El Capítulo V, al que ya nos hemos referido incorpora la normativa sobre la recuperación de activos. Este capítulo reviste la mayor importancia y resulta uno de los elementos técnicos más innovadores del texto, elemento que por otra parte no aparece en los antecedentes de los instrumentos regionales. Obedece prácticamente al hecho de que cuando el dinero proveniente de un delito de corrupción es remitido al extranjero, resulta casi imposible rastrearlo, decomisarlo y recuperarlo al país de origen. Las disposiciones previstas en la convención, si bien no solucionan en un todo las dificultades que el tema tiene, permite por primera vez establecer pautas para la prevención y detección de transferencias del producto del delito, medidas para recuperar directamente los bienes mediante la cooperación internacional para fines de decomiso, y disposiciones sobre la restitución y disposición de activos.

El Capítulo VI prevé normas relacionadas con la asistencia técnica que se traducirán en programas de cooperación que serían financiados a través de un fondo voluntario que será administrado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

El mecanismo de seguimiento que establece la Convención será instrumentado a través de la Conferencia de los Estados Parte. Es importante destacar que se prefirió este mecanismo al establecimiento de un mecanismo de revisión a través del examen de los demás Estados Partes, según era la solución postulada por algunas delegaciones.

Por entender que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción constituye un instrumento jurídico idóneo y seminal para combatir el flagelo de la corrupción el Poder Ejecutivo solicita a ese Alto Cuerpo su aprobación.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ; Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Danilo Astori, José Díaz, Jorge Brovetto, Eduardo Bonomi.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 8 de agosto de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción suscripta en Mérida, México, del 9 al 11 de diciembre de 2003, que consta del preámbulo y setenta y un artículos.

Reinaldo Gargano, Danilo Astori, José Díaz, Jorge Brovetto, Eduardo Bonomi.

ANEXO

CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION

Preámbulo

Los Estados Parte en la presente Convención,

Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley,

Preocupados también por los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero,

Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan vastas cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible de esos Estados,

Convencidos de que la corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella,

Convencidos también de que se requiere un enfoque amplio y multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupción,

Convencidos asimismo de que la disponibilidad de asistencia técnica puede desempeñar un papel importante para que los Estados estén en mejores condiciones de poder prevenir y combatir eficazmente la corrupción, entre otras co-sas fortaleciendo sus capacidades y creando instituciones.

Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley,

Decididos a prevenir, destacar y disuadir con mayor eficacia las transferencias internacionales de activos adquiridos ilícitamente y a fortalecer la cooperación internacional para la recuperación de activos,

Reconociendo los principios fundamentales del debido proceso en los procesos penales y en los procedimientos civiles o administrativos sobre derechos de propiedad,

Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción son responsabilidad de todos los Estados y que éstos deben cooperar entre sí, con el apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para que sus esfuerzos en este ámbito sean eficaces,

Teniendo presentes también los principios de debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo de la corrupción,

Encomiando la labor de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la prevención y la lucha contra la corrupción,

Recordando la labor realizada por otras organizaciones internacionales y regionales en esta esfera, incluidas las actividades del Consejo de Cooperación Aduanera (también denominado Organización Mundial de Aduanas), el Consejo de Europa, la Liga de los Estados Arabes, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Africana y la Unión Europea,

Tomando nota con reconocimiento de los instrumentos multilaterales encaminados a prevenir y combatir la corrupción, incluidos entre otros la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la Organización de los Estados Americanos el 29 de marzo de 1996 5, el Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados Miembros de la Unión Europea, aprobado por el Consejo de la Unión Europea el 26 de mayo de 1997 6, el Convenio sobre la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, aprobado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos el 21 de noviembre de 1997 7, el Convenio de derecho penal sobre la corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 27 de enero de 1999 8, el Conve-nio de derecho civil sobre la corrupción, aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 4 de noviembre de 1999 9 y la Convención de la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción, aprobada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana el 12 de julio de 2003.

Acogiendo con satisfacción la entrada en vigor, el 29 de setiembre de 2003, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 10,

Han convenido en lo siguiente:

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1

Finalidad

La finalidad de la presente Convención es:

a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción;

b) Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos;

c) Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.

Artículo 2

Definiciones

A los efectos de la presente Convención:

a) Por "funcionario público", se entenderá: i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; iii) toda otra persona definida como "funcionario público" en el derecho interno de un Estado Parte. No obstante, a los efectos de algunas medidas específicas incluidas en el Capítulo II de la presente Convención, podrá entenderse por "funcionario público" toda persona que desempeñe una función pública o preste un servicio público según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte;

b) Por "funcionario público extranjero" se entenderá toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un país extranjero, ya sea designado o elegido; y toda persona que ejerza una función pública para un país extranjero, incluso para un organismo público o una empresa pública;

c) Por "funcionario de una organización internacional pública" se entenderá un empleado público internacional o toda persona que tal organización haya autorizado a actuar en su nombre;

d) Por "bienes" se entenderá los activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos;

e) Por "producto del delito" se entenderá los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;

f) Por "embargo preventivo" o "incautación" se entenderá la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o trasladar bienes, o de asumir la custodia o el control temporales de bienes sobre la base de una orden de un tribunal u otra autoridad competente;

g) Por "decomiso" se entenderá la privación con carácter definitivo de bienes por orden de un tribunal u otra autoridad competente;

h) Por "delito determinante" se entenderá todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 23 de la presente Convención,

i) Por "entrega vigilada" se entenderá la técnica consistente en permitir que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de investigar un delito e identificar a las personas involucradas en su comisión.

Artículo 3

Ambito de aplicación

1. La presente Convención se aplicará, de conformi-dad con sus disposiciones, a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción y el embargo preventivo, la incautación, el decomiso y la restitución del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convencion.

2. Para la aplicación de la presente Convención, a menos que contenga una disposición en contrario, no será necesario que los delitos enunciados en ella produzcan daño o perjuicio patrimonial al Estado.

Artículo 4

Protección de la soberanía

1. Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a la presente Convención en consonancia con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados, así como de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado, jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado reserve exclusivamente a sus autoridades.

Capítulo II

Medidas preventivas

Artículo 5

Políticas y prácticas de prevención de la corrupción

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.

2. Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción.

3. Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para combatir la corrupción.

4. Los Estados Parte, según proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, colaborarán entre sí y con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes en la promoción y formulación de las medidas mencionadas en el presente artículo. Esa colaboración podrá comprender la participación en programas y proyectos internacionales destinados a prevenir la corrupción.

Artículo 6

Organo u órganos de prevención de la corrupción

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción con medidas tales como:

a) La aplicación de las políticas a que se hace alusión en el artículo 5 de la presente Convención y, cuando proceda, la supervisión y coordinación de la puesta en práctica de esas políticas;

b) El aumento y la difusión de los conocimientos en materia de prevención de la corrupción.

2. Cada Estado Parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo la independencia necesaria, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Deben proporcionárseles los recursos materiales y el personal especializado que sean necesarios, así como la capacitación que dicho personal pueda requerir para el desempeño de sus funciones.

3. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de las Naciones el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que puedan ayudar a otros Estados Parte a formular y aplicar medidas concretas de prevención de la corrupción.

Artículo 7

Sector público

1. Cada Estado Parte, cuando sea apropiado y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procurará adoptar sistemas de convocatoria, contratación, retención, promoción y jubilación de empleados públicos y, cuando proceda, de otros funcionarios públicos no elegidos, o mantener y fortalecer dichos sistemas. Estos:

a) Estarán basados en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud;

b) Incluirán procedimientos adecuados de selección y formación de los titulares de cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables a la corrupción, así como, cuando proceda, la rotación de esas personas a otros cargos;

c) Fomentarán una remuneración adecuada y escalas de sueldo equitativas, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo económico del Estado Parte;

d) Promoverán programas de formación y capacitación que les permitan cumplir los requisitos de desempeño correcto, honorable y debido de sus funciones y les proporcionen capacitación especializada y apropiada para que sean más conscientes de los riesgos de corrupción inherentes al desempeño de sus funciones. Tales programas podrán hacer referencia a códigos o normas de conducta en las esferas pertinentes.

2. Cada Estado Parte considerará también la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, a fin de establecer criterios para la candidatura y elección a cargos públicos.

3. Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para aumentar la transparencia respecto de la financiación de candidaturas a cargos públicos electivos y, cuando proceda, respecto de la financiación de los partidos políticos.

4. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, procurará adoptar medidas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas.

Artículo 8

Códigos de conducta para funcionarios públicos

1. Con objeto de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, promoverá, entre otras cosas, la integridad, la honestidad y la responsabilidad entre sus funcionarios públicos.

2. En particular, cada Estado Parte procurará aplicar, en sus propios ordenamientos institucionales y jurídicos, códigos o normas de conducta para el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas.

3. Con miras a aplicar las disposiciones del presente artículo, cada Estado Parte, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, tomará nota de las iniciativas pertinentes de las orga-nizaciones regionales, interregionales y multilaterales, tales como el Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos, que figura en el anexo de la resolución 51/59 de la Asamblea General de 12 de diciembre de 1996.

4. Cada Estado Parte también considerará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de establecer medidas y sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en el ejercicio de sus funciones.

5. Cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las autoridades competentes en relación, entre otras cosas, con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios públicos.

6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, medidas disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario público que transgreda los códigos o normas establecidos de conformidad con el presente artículo.

Artículo 9

Contratación pública y gestión de la hacienda pública

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción. Esos sistemas, en cuya aplicación se podrán tener en cuenta valores mínimos apropiados, deberán abordar, entre otras cosas:

a) La difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación pública y contratos, incluida información sobre licitaciones e información pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin de que los licitadores potenciales dispongan de tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas;

b) La formulación previa de las condiciones de participación, incluidos criterios de selección y adjudicación y reglas de licitación, así como su publicación;

c) La aplicación de criterios objetivos y predeterminados para la adopción de decisiones sobre contratación pública a fin de facilitar la ulterior verificación de la aplicación correcta de las reglas o procedimientos;

d) Un mecanismo eficaz de examen interno, incluido un sistema eficaz de apelación, para garantizar recursos y soluciones legales en el caso de que no se respeten las reglas o los procedimientos establecidos conforme al presente párrafo;

e) Cuando proceda, la adopción de medidas para reglamentar las cuestiones relativas al personal encargado de la contratación pública, en particular declaraciones de interés respecto de determinadas contrataciones públicas, procedimientos de preselección y requisitos de capacitación.

2. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptará medidas apropiadas para promover la transparencia y la obligación de rendir cuentas en la gestión de la hacienda pública. Esas medidas abarcarán, entre otras cosas:

a) Procedimientos para la aprobación del presupuesto nacional;

b) La presentación oportuna de información sobre gastos e ingresos;

c) Un sistema de normas de contabilidad y auditoría, así como la supervisión correspondiente;

d) Sistemas eficaces y eficientes de gestión de riesgos y control interno; y

e) Cuando proceda, la adopción de medidas correctivas en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente párrafo.

3. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias en los ámbitos civil y administrativo para preservar la integridad de los libros y registros contables, estados financieros u otros documentos relacionados con los gastos e ingresos públicos y para prevenir la falsificación de esos documentos.

Artículo 10

Información pública

Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su ad-ministración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán incluir, entre otras cosas:

a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público en general obtener, cuando proceda, información sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de su administración pública y, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales, sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban al público;

b) La simplificación de los procedimientos administrativos, cuando proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y

c) La publicación de información, lo que podrá incluir informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en su administración pública.

Artículo 11

Medidas relativas al poder judicial y al Ministerio Público

1. Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel decisivo en la lucha contra la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la independencia del poder judicial, adoptará medidas para reforzar la integridad y evitar toda oportunidad de corrupción entre los miembros del Poder Judicial. Tales medidas podrán incluir normas que regulen la conducta de los miembros del poder judicial.

2. Podrán formularse y aplicarse en el Ministerio Público medidas con idéntico fin a las adoptadas conforme al párrafo 1 del presente artículo en los Estados Parte en que esa institución no forme parte del Poder Judicial pero goce de independencia análoga.

Artículo 12

Sector privado

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para prevenir la corrupción y mejorar las normas contables y de auditoría en el sector privado, así como, cuando proceda, prever sanciones civiles, administrativas o penales eficaces, proporcionadas y disuasivas en caso de incumplimiento de esas medidas.

2. Las medidas que se adopten para alcanzar esos fines podrán consistir, entre otras cosas, en:

a) Promover la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las entidades privadas pertinentes;

b) Promover la formulación de normas y procedimientos encaminados a salvaguardar la integridad de las entidades privadas pertinentes, incluidos códigos de conducta para el correcto, honorable y debido ejercicio de las actividades comerciales y de todas las profesiones pertinentes y para la prevención de conflictos de intereses, así como para la promoción del uso de buenas prácticas comerciales entre las empresas y en las relaciones contractuales de las empresas con el Estado;

c) Promover la transparencia entre entidades privadas, incluidas, cuando proceda, medidas relativas a la identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en el establecimiento y la gestión de empresas;

d) Prevenir la utilización indebida de los procedimientos que regulan a las entidades privadas, incluidos los procedimientos relativos a la concesión de subsidios y licencias por las autoridades públicas para actividades comerciales;

e) Prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropiadas, durante un período razonable, a las actividades profesionales de ex funcionarios públicos o a la contratación de funcionarios públicos en el sector privado tras su renuncia o jubilación cuando esas actividades o esa contratación estén directamente relacionadas con las funciones desempeñadas o supervisadas por esos funcionarios públicos durante su permanencia en el cargo;

f) Velar por que las empresas privadas, teniendo en cuenta su estructura y tamaño, dispongan de suficientes controles contables internos para ayudar a prevenir y detectar los actos de corrupción y por que las cuentas y los estados financieros requeridos de esas empresas privadas estén sujetos a procedimientos apropiados de auditoría y certificación.

3. A fin de prevenir la corrupción, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus leyes y reglamentos internos relativos al mantenimiento de libros y registros, la divulgación de estados financieros y las normas de contabilidad y auditoría, para prohibir los siguientes actos realizados con el fin de cometer cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención:

a) El establecimiento de cuentas no registradas en libros;

b) La realización de operaciones no registradas en libros o mal consignadas;

c) El registro de gastos inexistentes;

d) El asiento de gastos en los libros de contabilidad con indicación incorrecta de su objeto;

e) La utilización de documentos falsos; y

f) La destrucción deliberada de documentos de contabilidad antes del plazo previsto en la ley.

4. Cada Estado Parte denegará la deducción tributaria respecto de gastos que constituyan soborno, que es uno de los elementos constitutivos de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 15 y 16 de la presente Convención y, cuando proceda, respecto de otros gastos que hayan tenido por objeto promover un comportamiento corrupto.

Artículo 13

Participación de la sociedad

1. Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta representa. Esa participación debería reforzarse con medidas como las siguientes:

a) Aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones;

b) Garantizar el acceso eficaz del público a la información;

c) Realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia con la corrupción, así como programas de educación pública, incluidos programas escolares y universitarios;

d) Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción. Esa libertad podrá estar sujeta a ciertas restricciones, que deberán estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

i) Garantizar el respeto de los derechos o la reputación de terceros;

ii) Salvaguardar la seguridad nacional, el orden público, o la salud a la moral públicas.

2. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para garantizar que el público tenga conocimiento de los órganos pertinentes de lucha contra la corrupción mencionados en la presente Convención y facilitará el acceso a dichos órganos, cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de cualesquiera incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.

Artículo 14

Medidas para prevenir el blanqueo de dinero

1. Cada Estado Parte:

a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias, incluidas las personas naturales o jurídicas que presten servicios oficiales u oficiosos de transferencia de dinero o valores y, cuando proceda, de otros órganos situados dentro de su jurisdicción que sean particularmente susceptibles de utilización para el blanqueo de dinero, a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero, y en dicho régimen se hará hincapié en los requisitos relativos a la identificación del cliente y, cuando proceda, del beneficiario final, al establecimiento de registros y a la denuncia de las transacciones sospechosas;

b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación del artículo 46 de la presente Convención, que las autoridades de administración, reglamentación y cumplimiento de la ley y demás autoridades encargadas de combatir el blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al derecho interno, las autoridades judiciales) sean capaces de cooperar e intercambiar información en los ámbitos nacional e internacional, de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno y, a tal fin, considerará la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de blanqueo de dinero.

2) Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de efectivo y de títulos negociables pertinentes, con sujeción a salvaguardias que garanticen la debida utilización de la información y sin restringir en modo alguno la circulación de capitales lícitos. Esas medidas podrán incluir la exigencia de que los particulares y las entidades comerciales notifiquen las transferencias transfronterizas de cantidades elevadas de efectivo y de títulos negociables pertinentes.

3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar medidas apropiadas y viables para exigir a las instituciones financieras, incluidas las que remiten dinero, que:

a) Incluyan en los formularios de transferencia electrónica de fondos y mensajes conexos información exacta y válida sobre el remitente;

b) Mantengan esa información durante todo el ciclo de pagos; y

c) Examinen de manera más minuciosa las transferencias de fondos que no contengan información completa sobre el remitente.

4. Al establecer un régimen interno de reglamentación y supervisión con arreglo al presente artículo, y sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otro artículo de la presente Convención, se insta a los Estados Parte a que utilicen como guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero.

5. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover la cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridades judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero.

Capítulo III

Penalización y aplicación de la ley

Artículo 15

Soborno de funcionarios públicos nacionales

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales;

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.

Artículo 16

Soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, a un funcionario público extranjero o a un funcionario de una organización internacional pública, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales para obtener o mantener alguna transacción comercial u otro beneficio indebido en relación con la realización de actividades comerciales internacionales.

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la solicitud o aceptación por un funcionario público extranjero o un funcionario de una organización internacional pública, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales.

Artículo 17

Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público

Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente, la malversación o el peculado, la apropiación indebida u otras formas de desviación por un funcionario público, en beneficio propio o de terceros u otras entidades, de bienes, fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo.

Artículo 18

Tráfico de influencias

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público o a cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido con el fin de que el funcionario público o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de una administración o autoridad del Estado Parte un beneficio indebido que redunde en provecho del instigador original del acto o de cualquier otra persona;

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido que redunde en su provecho o el de otra persona con el fin de que el funcionario público o la persona abuse de su influencia real o supuesta para obtener de una administración o autoridad del Estado Parte un beneficio indebido.

Artículo 19

Abuso de funciones

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislatias y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencio-nalmente, el abuso de funciones o del cargo, es decir, la realización u omisión de un acto, en violación de la ley, por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad.

Artículo 20

Enriquecimiento ilícito

Con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento ilícito, es decir, el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él.

Artículo 21

Soborno en el sector privado

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras o comerciales:

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o indirecta, a una persona que dirija una entidad del sector privado, o cumpla cualquier función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar.

b) La solicitud o aceptación, en forma directa o indirecta, por una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra pesona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar.

Artículo 22

Malversación o peculado de bienes en el sector privado

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras o comerciales, la malversación o el peculado, por una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de cualesquiera bienes, fondos o títulos privados o de cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado a esa persona por razón de su cargo.

Artículo 23

Blanqueo del producto del delito

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos;

ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, la disposición, el movimiento o la propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito;

b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico:

i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del delito;

ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión.

2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo:

a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a la gama más amplia posible de delitos determinantes;

b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes, como mínimo, una amplia gama de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;

c) A los efectos del apartado b) supra, entre los delitos determinantes se incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí;

d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripción de ésta;

e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplican a las personas que hayan cometido el delito determinante.

Artículo 24

Encubrimiento

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Convención, cada Estado Parte considerará la posiblidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente tras la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención pero sin haber participado en ellos, el encubrimiento o la retención continua de bienes a sabiendas de que dichos bienes son producto de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

Artículo 25

Obstrucción de la justicia

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) El uso de fuerza pública, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio o a obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en procesos en relación con la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;

b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. Nada de lo previsto en el presente artículo menoscabará el derecho de los Estados Parte a disponer de legislación que proteja a otras categorías de funcionarios públicos.

Artículo 26

Responsabilidad de las personas jurídicas

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, en consonancia con sus principios jurídicos, a fin de establecer la responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa.

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas naturales que hayan cometido los delitos.

4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al presente artículo.

Artículo 27

Participación y tentativa

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, cualquier forma de participación, ya sea como cómplice, colaborador o instigador, en un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.

2. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, toda tentativa de cometer un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.

3. Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, la preparación con miras a cometer un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.

Artículo 28

Conocimiento, intención y propósito como elementos de un delito

El conocimiento, la intención o el propósito que se requieren como elemento de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.

Artículo 29

Prescripción

Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y establecerá un plazo mayor o interrumpirá la prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia.

Artículo 30

Proceso, fallo y sanciones

1. Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con sanciones que tengan en cuenta la gravedad de esos delitos.

2. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer o mantener, de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus principios constitucionales, un equilibrio apropiado entre cualesquiera inmunidades o prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a sus funcionarios públicos para el cumplimiento de sus funciones y la posibilidad, de ser preciso, de proceder efectivamente a la investigación, el enjuiciamiento y el fallo de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

3. Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera facultades legales discrecionales de que disponga conforme a su derecho interno en relación con el enjuiciamiento de personas por los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención a fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas para hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de prevenirlos.

4. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su derecho interno y tomando debidamente en consideración los derechos de la defensa, con miras a procurar que, al imponer condiciones en relación con la decisión de conceder la libertad en espera de juicio o la apelación, se tenga presente la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en todo procedimiento penal ulterior.

5. Cada Estado Parte tendrá en cuenta la gravedad de los delitos pertinentes al considerar la eventualidad de conceder la libertad anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido declaradas culpables de esos delitos.

6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, en la medida en que ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procedimientos en virtud de los cuales un funcionario público que sea acusado de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención pueda, cuando proceda, ser destituido, suspendido o reasignado por la autoridad correspondiente, teniendo presente el respeto al principio de presunción de inocencia.

7. Cuando la gravedad de la falta lo justifique y en la medida en que ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer procedimientos para inhabilitar, por mandamiento judicial u otro medio apropiado y por un período determinado por su derecho interno, a las personas condenadas por delitos tipificados con arreglo a la presente Convención para:

a) Ejercer cargos públicos; y

b) Ejercer cargos en una empresa de propiedad total o parcial del Estado.

8. El párrafo 1 del presente artículo no menoscabará el ejercicio de facultades disciplinarias por los organismos competentes contra empleados públicos.

9. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al principio de que la descripción de los delitos tipificados con arreglo a ella y de los medios jurídicos de defensa aplicables o demás principios jurídicos que regulan la legalidad de una conducta queda reservada al derecho interno de los Estados Parte y de que esos delitos habrán de ser perseguidos y sancionados de conformidad con ese derecho.

10. Los Estados Parte procurarán promover la reinserción social de las personas condenadas por delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

Artículo 31

Embargo preventivo, incautación y decomiso

1. Cada Estado Parte adoptará, en el mayor grado en que lo permita su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso.

a) Del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto;

b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

2. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la incautación de cualquier bien a que se haga referencia en el párrafo 1 del presente artículo con miras a su eventual decomiso.

3. Cada Estad Parte adoptará, de conformidad con su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para regular la administración, por parte de las autoridades competentes, de los bienes embargados, incautados o decomisados comprendidos en los párrafos 1 y 2 del presente artículo.

4. Cuando ese producto del delito se haya transformado o convertido parcial o totalmente en otros bienes, éstos serán objeto de las medidas aplicables a dicho producto a tenor del presente artículo.

5. Cuando ese producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes serán objeto de decomiso hasta el valor estimado del producto entremezclado, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo e incautación.

6. Los ingresos u otros beneficios derivados de ese producto del delito, de bienes en los que se haya transformado o convertido dicho producto o de bienes con los que se haya entremezclado ese producto del delito también serán objeto de las medidas previstas en el presente artículo, de la misma manera y en el mismo grado que el producto del delito.

7. A los efectos del presente artículo y del artículo 55 de la presente Convención, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar la presentación o la incautación de documentos bancarios, financieros o comerciales. Los Estados parte no podrán negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario.

8. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a decomiso, en la medida en que ello sa conforme con los principios fundamentales de su derecho interno y con la índole del proceso judicial u otros procesos.

9. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

10. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al principio de que las medidas en él previstas se definirán y aplicarán de conformidad con el derecho interno de los Estados Parte y con sujeción a éste.

Artículo 32

Protección de testigos, peritos y víctimas

1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas de conformidad con su ordenamiento jurídico interno y dentro de sus posibilidades, para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos y peritos que presten testimonio sobre delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, así como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas.

2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado e incluido el derecho a las garantías procesales, en:

a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas, incluida, en la medida de lo necesario y posible, su reubicación, y permitir, cuando proceda, la prohibición total o parcial de revelar información sobre su identidad y paradero;

b) Establecer normas probatorias que permitan que los

testigos y peritos presten testimonio sin poner en peligro la seguridad de esas personas, por ejemplo aceptando el testimonio mediante tecnologías de comunicación como la videoconferencia u otros medios adecuados.

3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados para la reubicación de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo.

4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a las víctimas en la medida en que sean testigos.

5. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se presenten y consideren las opiniones y preocupaciones de las víctimas en etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.

Artículo 33

Protección de los denunciantes

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

Artículo 34

Consecuencias de los actos de corrupción

Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción. En este contexto, los Estados Parte podrán considerar la corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o a revocar una concesión u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva.

Artículo 35

Indemnización por daños y perjuicios

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con los principios de su derecho interno, para garantizar que las entidades o personas perjudicadas como consecuencia de un acto de corrupción tengan derecho a iniciar una acción legal contra los responsables de esos daños y perjuicios a fin de obtener indemnización.

Artículo 36

Autoridades especializadas

Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, se cerciorará de que dispone de uno o más órganos o personas especializadas en la lucha contra la corrupción mediante la aplicación coercitiva de la ley. Ese órgano u órganos o esas personas gozarán de la independencia necesaria, conforme a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del Estado Parte, para que puedan desempeñar sus funciones con eficacia y sin presiones indebidas. Deberá proporcionarse a esas personas o al personal de ese órgano u órganos formación adecuada y recursos suficientes para el desempeño de sus funciones.

Artículo 37

Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley

1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las personas que participen o hayan participado en la comisión de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención a que proporcionen a las autoridades competentes información útil con fines investigativos y probatorios y a que les presten ayuda efectiva y concreta que pueda contribuir a privar a los delincuentes del producto del delito, así como a recuperar ese producto.

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, en casos apropiados, la mitigación de la pena de toda persona acusada que preste cooperación sustancial en la investigación o en enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, la concesión de inmunidad judicial a toda persona que preste cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

4. La protección de esas personas será, mutatis mutandis, la prevista en el artículo 32 de la presente Convención.

5. Cuando las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo se encuentren en un Estado Parte y puedan prestar cooperación sustancial a las autoridades competentes de otro Estado Parte, los Estados Parte interesados podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos, de conformidad con su derecho interno,

con respecto a la eventual concesión, por el otro Estado Parte, del trato previsto en los párrafos 2 y 3 del presente artículo.

Artículo 38

Cooperación entre organismos nacionales

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para alentar la cooperación entre, por un lado, sus organismos púbicos, así como sus funcionarios públicos, y, por otro, sus organismos encargados de investigar y enjuiciar los delitos. Esa cooperación podrá incluir:

a) Informar a esos últimos organismos, por iniciativa del Estado Parte, cuando haya motivos razonables para sospechar que se ha cometido alguno de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 15, 21 y 23 de la presente Convención; o

b) Proporcionar a esos organismos toda la información necesaria, previa solicitud.

Artículo 39

Cooperación entre los organismos nacionales y el sector privado

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para alentar la cooperación entre los organismos nacionales de investigación y el ministerio público, por un lado, y las entidades del sector privado, en particular las instituciones financieras, por otro, en cuestiones relativas a la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de alentar a sus nacionales y demás personas que tengan residencia habitual en su territorio a denunciar ante los organismos nacionales de investigación y el ministerio público la comisión de todo delito tipificado con arreglo a la presente Convención.

Artículo 40

Secreto bancario

Cada Estado Parte velará por que, en el caso de investigaciones penales nacionales de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, existan en su ordenamiento jurídico interno mecanismos apropiados para salvar todo obstáculo que pueda surgir como consecuencia de la aplicación de la legislación relativa al secreto bancario.

Artículo 41

Antecedentes penales

Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para tener en cuenta, en las condiciones y para los fines que estime apropiados, toda previa declaración de culpabilidad de un presunto delincuente en otro Estado a fin de utilizar esa información en actuaciones penales relativas a delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

Artículo 42

Jurisdicción

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención cuando:

a) El delito se cometa en su territorio; o

b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su pabellón o de una aeronave registrada conforme a sus leyes en el momento de la comisión.

2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente Convención, un Estado Parte también podrá establecer su jurisdicción para conocer de tales delitos cuando:

a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales;

b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una personas apátrida que tenga residencia habitual en su territorio; o

c) El delito sea uno de los delitos tipificados con arreglo al inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 23 de la presente Convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión, dentro de su territorio, de un delito tipificado con arreglo a los incisos i) o ii) del apartado a) o al inciso i) del apartado b) del párrafo 1 del artículo 23 de la presente Convención; o

d) El delito se cometa contra el Estado Parte.

3. A los efectos del artículo 44 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno de sus nacionales.

4. Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el Estado Parte no lo extradite.

5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a los párrafos 1 ó 2 del presente artículo ha recibido notificación, o tomado conocimiento por otro conducto, de que otros Estados Parte están realizando una investigación, un proceso o una actuación judicial respecto de los mismos hechos, las autoridades competentes de esos Estados Parte se consultarán, según proceda, a fin de coordinar sus medidas.

6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, la presente Convención no excluirá el ejercicio de las competencias penales establecidas por los Estados Parte de conformidad con su derecho interno.

Capítulo IV

Cooperación internacional

Artículo 43

Cooperación internacional

1. Los Estados Parte cooperarán en asuntos penales conforme a lo dispuesto en los artículos 44 a 50 de la presente Convención. Cuando proceda y esté en consonancia con su ordenamiento jurídico interno, los Estados Parte considerarán la posibilidad de prestarse asistencia en las investigaciones y procedimientos correspondientes a cuestiones civiles y administrativas relacionadas con la corrupción.

2. En cuestiones de cooperación internacional, cuando la doble incriminación sea un requisito, éste se considerará cumplido si la conducta constitutiva del delito respecto del cual se solicita asistencia es delito con arreglo a la legislación de ambos Estados Parte, independientemente de si las leyes del Estado Parte requerido incluyen el delito en la misma categoría o lo denominan con la misma terminología que el Estado Parte requirente.

Artículo 44

Extradición

1. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención en el caso de que la persona que es objeto de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio del Estado Parte requerido, siempre y cuando el delito por el que se pide la extradición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los Estados Parte cuya legislación lo permita podrán conceder la extradición de una persona por cualesquiera de los delitos comprendidos en la presente Convención que no sean punibles con arreglo a su propio derecho interno.

3. Cuando la solicitud de extradición incluya varios delitos, de los cuales al menos uno dé lugar a extradición conforme a lo dispuesto en el presente artículo y algunos no den lugar a extradición debido al período de privación de libertad que conllevan pero guarden relación con los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, el Estado Parte requerido podrá aplicar el presente artículo también respecto de esos delitos.

4. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados Parte. Estos se comprometen a incluir tales delitos como causa de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre si los Estados Parte cuya legislación lo permita, en el caso de que la presente Convención sirva de base para la extradición, no considerarán de carácter político ninguno de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convencion.

5. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el presente artículo.

6. Todo Estado Parte que supedite la extradición a la existencia de un tratado deberá:

a) En el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, informar al Secretario General de las Naciones Unidas de si considerará o no la presente Convención como la base jurídica de la cooperación en materia de extradición en sus relaciones con otros Estados Parte en la presente Convención; y

b) Si no considera la presente Convención como la base jurídica de la cooperación en materia de extradición, procurar, cuando proceda, celebrar tratados de extradición con otros Estados Parte en la presente Convención a fin de aplicar el presente artículo.

7. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como causa de extradición entre ellos.

8. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras cosas, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición.

9. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno, procurarán agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos probatorios correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo.

10. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado Parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado Parte requirente, proceder a la detención de la persona presente en su territorio cuya extradición se pide o adoptar otras medidas adecuadas para garantizar la comparecencia de esa persona en los procedimientos de extradición.

11. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el presente artículo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estará obligado, previa solicitud del Estado Parte que pide la extradición, a someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptarán su decisión y llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera en que lo harían respecto de cualquier otro delito de carácter grave con arreglo al derecho interno de ese Estado Parte. Los Estados Parte interesados cooperarán entre sí, en particular en lo que respecta a los aspectos procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas actuaciones.

12. Cuando el derecho interno de un Estado Parte sólo le permita extraditar o entregar de algún otro modo a uno de sus nacionales a condición de que esa persona sea devuelta a ese Estado Parte para cumplir la condena impuesta como resultado del juicio o proceso por el que se solicitó la extradición o la entrega y ese Estado Parte y el Estado Parte que solicita la extradición acepten esa opción, así como toda otra condición que estimen apropiada, tal extradición o entrega condicional será suficiente para que quede cumplida la obligación enunciada en el párrafo 11 del presente artículo.

13. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una condena es denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional del Estado Parte requerido, éste, si su derecho interno lo permite y de conformidad con los requisitos de dicho derecho, considerará, previa solicitud del Estado Parte requirente, la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente de dicha condena con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente.

14. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo a toda persona contra la que se haya iniciado una instrucción en relación con cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo, incluido el goce de todos los derechos y garantías previstos por el derecho interno del Estado Parte en cuyo territorio se encuentre esa persona.

15. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse como la imposición de una obligación de extraditar si el Estado Parte requerido tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona en razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étcnico u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por cualquiera de estas razones.

16. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de extradición únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones tributarias.

17. Antes de denegar la extradición, el Estado Parte requerido, cuando proceda, consultará al Estado Parte requirente para darle amplia oportunidad de presentar sus opiniones y de proporcionar información pertinente a su alegato.

18. Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia.

Artículo 45

Traslado de personas condenadas a cumplir una pena

Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su territorio de toda persona que haya sido condenada a pena de prisión u otra forma de privación de libertad por algún delito tipificado con arreglo a la presente Convención a fin de que cumpla allí su condena.

Artículo 46

Asistencia judicial recíproca

1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos comprendidos en la presente Convención.

2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible conforme a las leyes, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado Parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados con los delitos de los que una persona jurídica puede ser considerada responsable de conformidad con el artículo 26 de la presente Convención en el Estado requirente.

3. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el presente artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines siguientes:

a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas;

b) Presentar documentos judiciales;

c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos preventivos;

d) Examinar objetos y lugares;

e) Proporcionar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos;

f) Entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social o comercial de sociedades mercantiles;

g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios;

h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte requirente;

i) Prestar cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del Estado Parte requerido;

j) Identificar, embargar con carácter preventivo y localizar el producto del delito, de conformidad con las disposiciones del Capítulo V de la presente Convención;

k) Recuperar activos de conformidad con las disposiciones del Capítulo V de la presente Convención.

4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades competentes de un Estado Parte podrán, sin que se les solicite previamente, transmitir información relativa a cuestiones penales a una autoridad competente de otro Estado Parte sí creen que esa información podría ayudar a la autoridad a emprender o concluir con éxito indagaciones y procesos penales o podría dar lugar a una petición formulada por este último Estado Parte con arreglo a la presente Convención.

5. La transmisión de información con arreglo al párrafo 4 del presente artículo se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el Estado de las autoridades competentes que facilitan la información. Las autoridades competentes que reciben la información deberán acceder a toda solicitud de que se respete su carácter confidencial, incluso temporalmente, o de que se impongan restricciones a su utilización. Sin embargo, ello no obstará para que el Estado Parte receptor revele, en sus actuaciones, información que sea exculpatoria de una persona acusada. En tal caso, el Estado Parte receptor notificará al Estado Parte transmisor antes de revelar dicha información y, si así se le solicita, consultará al Estado Parte transmisor. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado Parte receptor informará sin demora al Estado Parte transmisor de dicha revelación.

6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones dimanantes de otros tratados bilaterales o multilaterales vigentes o futuros que rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial recíproca.

7. Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las solicitudes que se formulen con arreglo al presente artículo siempre que no medie entre los Estados Parte interesados un tratado de asistencia judicial recíproca. Cuando esos Estados Parte estén vinculados por un tratado de esa índole se aplicarán las disposiciones correspondientes de dicho tratado, salvo que los Estados Parte convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos 9 a 29 del presente artículo. Se insta encarecidamente a los Estados Parte a que apliquen esos párrafos si facilitan la cooperación.

8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo.

9. a) Al atender a una solicitud de asistencia con arreglo al presente artículo, en ausencia de doble incriminación, el Estado Parte requerido, tendrá en cuenta la finalidad de la presente Convención, enunciada en el artículo 1;

b) Los Estados Parte podrán negarse a prestar asistencia con arreglo al presente artículo invocando la ausencia de doble incriminación. No obstante, el Estado Parte requerido, cuando ello esté en consonancia con los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, prestará asistencia que no entrañe medidas coercitivas. Esa asistencia se podrá negar cuando la solicitud entrañe asuntos de minimis o cuestiones respecto de las cuales la cooperación o asistencia solicitada esté prevista en virtud de otras disposiciones de la presente Convención;

c) En ausencia de doble incriminación, cada Estado Parte podrá considerar la posibilidad de adoptar las medidas necesarias que le permitan prestar una asistencia más amplia con arreglo al presente artículo.

10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para fines de identificación, para prestar testimonio o para que ayude de alguna otra forma a obtener pruebas necesarias para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales respecto de delitos comprendidos en la presente Convención podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:

a) La persona, debidamente informada, da su libre consentimiento;

b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están de acuerdo, con sujeción a las condiciones que éstos consideren apropiadas.

11. A los efectos del párrafo 10 del presente artículo:

a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la competencia y la obligación de mantenerla detenida, salvo que el Estado Parte del que ha sido trasladada solicite o autorice otra cosa;

b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá sin dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado Parte del que ha sido trasladada, según convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados Parte;

c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá exigir al Estado Parte del que ha sido trasladada que inicie procedimientos de extradición para su devolución;

d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado Parte al que ha sido trasladada se computará como parte de la pena que ha de cumplir en el Estado del que ha sido trasladada.

12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar a una persona de conformidad con los párrafos 10 y 11 del presente artículo esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podrá ser enjuiciada, detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos, omisiones o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado del que ha sido trasladada.

13. Cada Estado Parte designará a una autoridad central encargada de recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para darles cumplimiento o para transmitirlas a las autoridades competentes para su ejecución. Cuando alguna región o algún territorio especial de un Estado Parte disponga de un régimen distinto de asistencia judicial recíproca, el Estado Parte podrá designar a otra autoridad central que desempeñará la misma función para dicha región o dicho territorio. Las autoridades centrales velarán por el rápido y adecuado cumplimiento o transmisión de las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central transmita la solicitud a una autoridad competente para su ejecución, alentará la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha autoridad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el nombre de la autoridad central que haya sido designada a tal fin. Las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente serán transmitidas a las autoridades centrales designadas por los Estados Parte. La presente disposición no afectará al derecho de cualquiera de los Estados Parte a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por vía diplomática y, en circunstancias urgentes, cuando los Estados Parte convengan en ello, por conducto de la Organización Internacional de Policía Criminal, de ser po-sible.

14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para el Estado Parte requerido, en condiciones que permitan a dicho Estado Parte determinar la autenticidad. Cada Estado Parte notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el idioma o idiomas que le son aceptables. En situaciones de urgencia, y cuando los Estados Parte convengan en ello, las solicitudes podrán hacerse oralmente, debiendo ser confirmadas sin demora por escrito.

15. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo siguiente:

a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud;

b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las actuaciones judiciales a que se refiere la solicitud y el nombre y las funciones de la autoridad encargada de efectuar dichas investigaciones; procesos o actuaciones;

c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes de presentación de documentos judiciales;

d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier procedimiento particular que el Estado Parte requirente desee que se aplique;

e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona interesada; y

f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información o actuación.

16. El Estado Parte requerido podrá pedir información adicional cuando sea necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.

17. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno del Estado Parte requerido y, en la medida en que ello no lo contravenga y sea factible, de conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud.

18. Siempre que sea posible y compatible con los principios fundamentales del derecho interno, cuando una persona se encuentre en el territorio de un Estado Parte y tenga que prestar declaración como testigo o perito ante autoridades judiciales de otro Estado Parte, el primer Estado Parte, a solicitud del otro, podrá permitir que la audiencia se celebre por videoconferencia si no es posible o conveniente que la persona en cuestión comparezca personalmente en el territorio del Estado Parte requirente. Los Estados Parte podrán convenir en que la audiencia esté a cargo de una autoridad judicial del Estado Parte requirente y en que asista a ella una autoridad judicial del Estado Parte requerido.

19. El Estado Parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin previo consentimiento del Estado Parte requerido, la información o las pruebas proporcionadas por el Estado Parte requerido para investigaciones, procesos o actuaciones judiciales distintos de los indicados en la solicitud. Nada de lo dispuesto en el presente párrafo impedirá que el Estado Parte requirente revele, en sus actuaciones, información o pruebas que sean exculpatorias de una persona acusada. En este último caso, el Estado Parte requirente notificará al Estado Parte requerido antes de revelar la información o las pruebas y, si así se le solicita, consultará al Estado Parte requerido. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado Parte requirente informará sin demora al Estado Parte requerido de dicha revelación.

20. El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado Parte requerido mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado Parte requerido no puede mantener esa reserva, lo hará saber de inmediato al Estado Parte requirente.

21. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada:

a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo;

b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el cumplimiento de lo solicitado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros intereses fundamentales;

c)Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido prohíba a sus autoridades actuar en la forma solicitada con respecto a un delito análogo, si éste hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en el ejercicio de su propia competencia;

d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico del Estado Parte requerido en lo relativo a la asistencia judicial recíproca.

22. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de asistencia judicial recíproca únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones tributarias.

23. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse debidamente.

24. El Estado Parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia judicial recíproca lo antes posible y tendrá plenamente en cuenta, en la medida de sus posibilidades, los plazos que sugiera el Estado Parte requirente y que estén debidamente fundamentados, de preferencia en la solicitud. El Estado Parte requirente podrá pedir información razonable sobre el estado y la evolución de las gestiones realizadas por el Estado Parte requerido para satisfacer dicha petición. El Estado Parte requerido responderá a las solicitudes razonables que formule el Estado Parte requirente respecto del estado y la evolución del trámite de la solicitud. El Estado Parte requirente informará con prontitud al Estado Parte requerido cuando ya no necesite la asistencia solicitada.

25. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado Parte requerido si perturba investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en curso.

26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 21 del presente artículo o de diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo 25 del presente artículo, el Estado Parte requerido consultará al Estado Parte requirente para considerar si es posible prestar la asistencia solicitada supeditándola a las condiciones que estime necesarias. Si el Estado Parte requirente acepta la asistencia con arreglo a esas condiciones, ese Estado Parte deberá cumplir las condiciones impuestas.

27. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente artículo, el testigo, perito u otra persona que, a instancias del Estado requirente, consienta en prestar testimonio en un juicio, o en colaborar en una investigación, proceso o actuación judicial en el territorio del Estado Parte requirente no podrá ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna otra restricción de su libertad personal en ese territorio por actos, omisiones o declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonó el territorio del Estado Parte requerido. Ese salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra persona haya tenido, du-rante quince días consecutivos o durante el período acordado por los Estados Parte después de la fecha en que se le haya informado oficialmente de que las autoridades judiciales ya no requerían su presencia, la oportunidad de salir del país y no obstante permanezca voluntariamente en ese territorio o regrese libremente a él después de haberlo abandonado.

28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud serán sufragados por el Estado Parte requerido, a menos que los Estados Parte interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados Parte se consultarán para determinar las condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera en que se sufragarán los gastos.

29. El Estado Parte requerido:

a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los documentos oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y a los que, conforme a su derecho interno, tenga acceso el público en general;

b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue apropiadas, proporcionar al Estado Parte requirente una copia total o parcial de los documentos oficiales o de otros documentos o datos que obren en su poder y que, conforme a su derecho interno, no estén al alcance del público en general.

30. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que contribuyan a lograr los fines del presente artículo y que lleven a la práctica o refuercen sus disposiciones.

Artículo 47

Remisión de actuaciones penales

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitirse a actuaciones penales para el enjuiciamiento por un delito tipificado con arreglo a la presente Convención cuando se estime que esa remisión redundará en beneficio de la debida administración de justicia, en particular en casos en que intervengan varias jurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones del proceso.

Artículo 48

Cooperación en materia de cumplimiento de la ley

1. Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a combatir los delitos comprendidos en la presente Convención. En particular, los Estados Parte adoptarán medidas eficaces para:

a) Mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades, organismos y servicios competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin de facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre todos los aspectos de los delitos comprendidos en la presente Convención, así como, si los Estados Parte interesados lo estiman oportuno, sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas;

b) Cooperar con otros Estados Parte en la realización de indagaciones con respecto a delitos comprendidos en la presente Convención acerca de:

i) La identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente implicadas en tales delitos o la ubicación de otras personas interesadas;

ii) El movimiento del producto del delito o de bienes derivados de la comisión de esos delitos;

iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de esos delitos;

c) Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las cantidades de sustancias que se requieran para fines de análisis o investigación;

d) Intercambiar, cuando proceda, información con otros Estados Parte sobre los medios y métodos concretos empleados para la comisión de los delitos comprendidos en la presente Convención, entre ellos el uso de identidad falsa, documentos falsificados, alterados o falsos u otros medios de encubrir actividades vinculadas a esos delitos;

e) Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos, autoridades y servicios competentes y promover el intercambio de personal y otros expertos, incluida la designación de oficiales de enlace con sujeción a acuerdos o arreglos bilaterales entre los Estados Parte interesados;

f) Intercambiar información y coordinar las medidas administrativas y de otra índole adoptadas para la pronta detección de los delitos comprendidos en la presente Convención.

2. Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente Convención, considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en materia de cooperación directa entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o arreglos ya existan, de enmendarlos. A falta de tales acuerdos o arreglos entre los Estados Parte interesados, los Estados Parte podrán considerar que la presente Convención constituye la base para la cooperación recíproca en materia de cumplimiento de la ley respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención. Cuando proceda, los Estados Parte aprovecharán plenamente los acuerdos y arreglos, incluidas las organizaciones internacionales o regionales, a fin de aumentar la cooperación entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley.

3. Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida de sus posibilidades para hacer frente a los delitos comprendidos en la presente Convención que se cometan mediante el recurso a la tecnología moderna.

Artículo 49

Investigaciones conjuntas

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes puedan establecer órganos mixtos de investigación. A falta de tales acuerdos o arreglos, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso por caso. Los Estados Parte participantes velarán por que la soberanía del Estado Parte en cuyo territorio haya de efectuarse la investigación sea plenamente respetada.

Artículo 50

Técnicas especiales de investigación

1. A fin de combatir eficazmente la corrupción, cada Estado Parte, en la medida en que lo permitan los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno y conforme a las condiciones prescritas por su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias, dentro de sus posibilidades, para prever el adecuado recurso, por sus autoridades competentes en su territorio, a la entrega vigilada y, cuando lo considere apropiado, a otras técnicas especiales de investigación como la vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas, así como para permitir la admisibilidad de las pruebas derivadas de esas técnicas en sus tribunales.

2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente Convención, se alienta a los Estados Parte a que celebren, cuando proceda, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar esas técnicas especiales de investigación en el contexto de la cooperación en el plano internacional. Esos acuerdos o arreglos se concertarán y ejecutarán respetando plenamente el principio de la igualdad soberana de los Estados y al ponerlos en práctica se cumplirán estrictamente las condiciones en ellos contenidas.

3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales de investigación en el plano internacional se adoptará sobre la base de cada caso particular y podrá, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicción por los Estados Parte interesados.

4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano internacional podrá, con el consentimiento de los Estados Parte interesados, incluir la aplicación de métodos tales como interceptar los bienes o los fondos, autorizarlos a proseguir intactos o retirarlos o sustituirlos total o parcialmente.

Capítulo V

Recuperación de activos

Artículo 51

Disposición general

La restitución de activos con arreglo al presente capítulo es un principio fundamental de la presente Convención y los Estados Parte se prestarán la más amplia cooperación y asistencia entre sí a este respecto.

Artículo 52

Prevención y detección de transferencias del producto del delito

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la presente Convención, cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para exigir a las instituciones financieras que funcionan en su territorio que verifiquen la identidad de los clientes, adopten medidas razonables para determinar la identidad de los beneficiarios finales de los fondos depositados en cuentas de valor elevado, e intensifiquen su escrutinio de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de personas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas promitentes y de sus familiares y estrechos colaboradores. Ese escrutinio intensificado deberá escrutarse razonablemente de modo que permita descubrir transacciones sospechosas con objeto de informar al respecto a las autoridades competentes y no deberá ser concebido de forma que desaliente o impida el curso normal del negocio de las instituciones financieras con su legítima clientela.

2. A fin de facilitar la aplicación de las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo, cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno e inspirándose en las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero, deberá:

a) Impartir directrices sobre el tipo de personas naturales o jurídicas cuyas cuentas las instituciones financieras que funcionan en su territorio deberán someter a un mayor escrutinio, los tipos de cuentas y transacciones a las que deberán prestar particular atención y la manera apropiada de abrir cuentas y de llevar registros o expedientes respecto de ellas; y

b) Notificar, cuando proceda, a las instituciones financieras que funcionan en su territorio, a solicitud de otro Estado Parte o por propia iniciativa, la identidad de determinadas personas naturales o jurídicas cuyas cuentas esas instituciones deberá someter a un mayor escrutinio, además de las que las instituciones financieras puedan identificar de otra forma.

3. En el contexto del apartado a) del párrafo 2 del presente artículo, cada Estado Parte aplicará medidas para velar por que sus instituciones financieras mantengan, durante un plazo conveniente, registros adecuados de las cuentas y transacciones relacionadas con las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo, los cuales deberán contener, como mínimo, información relativa a la identidad del cliente y, en la medida de lo posible, del beneficiario final.

4. Con objeto de prevenir y detectar las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, cada Estado Parte aplicará medidas apropiadas y eficaces para impedir, con la ayuda de sus órganos reguladores y de supervisión, el establecimiento de bancos que no tengan presencia real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación. Además, los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a sus instituciones financieras que se nieguen a entablar relaciones con esas instituciones en calidad de bancos corresponsales, o a continuar las relaciones existentes, y que se abstengan de establecer relaciones con instituciones financieras extranjeras que permitan utilizar sus cuentas a bancos que no tengan presencia real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación.

5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, de conformidad con su derecho interno, sistemas eficaces de divulgación de información financiera para los funcionarios públicos pertinentes y dispondrá sanciones adecuadas para todo incumplimiento del deber de declarar. Cada Estado Parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes compartan esa información con las autoridades competentes de otros Estados Parte, si ello es necesario para investigar, reclamar o recuperar el producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

6. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias, con arreglo a su derecho interno, para exigir a los funcionarios públicos pertinentes que tengan algún derecho o poder de firma o de otra índole sobre alguna cuenta financiera en algún país extranjero que declaren su relación con esa cuenta a las autoridades competentes y que lleven el debido registro de dicha cuenta. Esas medidas deberán incluir sanciones adecuadas para todo caso de incumplimiento.

Artículo 53

Medidas para la recuperación directa de bienes

Cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno:

a) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a otros Estados Parte para entablar ante sus tribunales una acción civil con objeto de determinar la titularidad o propiedad de bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención;

b) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus tribunales para ordenar a aquellos que hayan cometido delitos tipificados con arreglo a la presente Convención que indemnicen o resarzan por daños y perjuicios a otro Estado Parte que haya resultado perjudicado por esos delitos; y

c) Adoptará las medidas que sean necesarias a fin de facultar a sus tribunales o a sus autoridades competentes, cuando deban adoptar decisiones con respecto al decomiso, para reconocer el legítimo derecho de propiedad de otro Estado Parte sobre los bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.

Artículo 54

Mecanismos de recuperación de bienes mediante la cooperación internacional para fines de decomiso

1. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención con respecto a bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención o relacionados con ese delito, de conformidad con su derecho interno:

a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan dar efecto a toda orden de decomiso dictada por un tribunal de otro Estado Parte;

b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes, cuando tengan jurisdicción, puedan ordenar el decomiso de esos bienes de origen extranjero en una sentencia relativa a un delito de blanqueo de dinero o a cualquier otro delito sobre el que pueda tener jurisdicción, o mediante otros procedimientos autorizados en su derecho interno; y

c) Considerará la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de esos bienes sin que medie una condena, en casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos apropiados.

2. Cada Estado Parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca solicitada con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 55 de la presente Convención, de conformidad con su derecho interno:

a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautación de bienes en cumplimiento de una orden de embargo preventivo o incautación dictada por un tribunal o autoridad competente de un Estado Parte requirente que constituya un fundamento razonable para que el Estado Parte requerido considere que existen razones suficientes para adoptar esas medidas y que ulteriormente los bienes serían objeto de una orden de decomiso a efectos del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo;

b) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautación de bienes en cumplimiento de una solicitud que constituya un fundamento razonable para que el Estado Parte requerido considere que existen razones suficientes para adoptar esas medidas y que ulteriormente los bienes serían objeto de una orden de decomiso a efectos del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo; y

c) Considerará la posibilidad de adoptar otras medidas para que sus autoridades competentes puedan preservar los bienes a efectos de decomiso, por ejemplo sobre la base de una orden extranjera de detención o inculpación penal relacionada con la adquisición de esos bienes.

Artículo 55

Cooperación internacional para fines de decomiso

1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado Parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención con miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 31 de la presente Convención que se encuentren en su territorio deberán, en la mayor medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno:

a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una orden de decomiso a la que, en caso de concederse, darán cumplimiento; o

b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le dé cumplimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida por un tribunal situado en el territorio del Estado Parte requirente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 31 y en el apartado a) del párrafo 1 del artículo 54 de la presente Convención en la medida en que guarde relación con el producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 31 que se encuentren en el territorio del Estado Parte requerido.

2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención, el Estado Parte requerido adoptará medidas encaminadas a la identificación, la localización y el embargo preventivo o la incautación del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 31 de la presente Convención con miras a su eventual decomiso, que habrá de ordenar el Estado Parte requirente o, en caso de que medie una solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, el Estado Parte requerido.

3. Las disposiciones del artículo 46 de la presente Convención serán aplicables, mutatis mutandis, al presente artículo. Además de la información indicada en el párrafo 15 del artículo 46, las solicitudes presentadas de conformidad con el presente artículo contendrán lo siguiente:

a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a) del párrafo 1 del presente artículo, una descripción de los bienes susceptibles de decomiso, así como, en la medida de lo posible, la ubicación y, cuando proceda, el valor estimado de los bienes y una exposición de los hechos en que se basa la solicitud del Estado Parte requirente que sean lo suficientemente explícitas para que el Estado Parte requerido pueda tramitar la orden con arreglo a su derecho interno;

b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b) del párrafo 1 del presente artículo, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso expedida por el Estado Parte requirente en la que se basa la solicitud, una exposición de los hechos y la información que proceda sobre el grado de ejecución que se solicita dar a la orden, una declaración en la que se indiquen las medidas adoptadas por el Estado Parte requirente para dar notificación adecuada a terceros de buena fe y para garantizar el debido proceso y un certificado de que la orden de decomiso es definitiva;

c) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2 del presente artículo, una exposición de los hechos en que se basa el Estado Parte requirente y una descripción de las medidas solicitadas, así como, cuando se disponga de ella, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso en la que se basa la solicitud.

4. El Estado Parte requerido adoptará las decisiones o medidas previstas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo conforme y con sujeción a lo dispuesto en su derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por los que pudiera estar vinculado al Estado Parte requirente.

5. Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga de tales leyes y reglamentos o una descripción de ésta.

6. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las medidas mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presen-te artículo a la existencia de un tratado pertinente, ese Estado Parte considerará la presente Convención como la base de derecho necesaria y suficiente para cumplir ese requisito.

7. La cooperación prevista en el presente artículo también se podrá denegar, o se podrán levantar las medidas cautelares, si el Estado Parte requerido no recibe pruebas suficientes u oportunas o si los bienes son de escaso valor.

8. Antes de levantar toda medida cautelar adoptada de conformidad con el presente artículo, el Estado Parte requerido deberá, siempre que sea posible, dar al Estado Parte requirente la oportunidad de presentar sus razones a favor de mantener en vigor la medida.

9. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

Artículo 56

Cooperación especial

Sin perjuicio de lo dispuesto en su derecho interno, cada Estado Parte procurará adoptar medidas que le faculten para remitir a otro Estado Parte que no lo haya solicitado, sin perjuicio de sus propias investigaciones o actuaciones judiciales, información sobre el producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención si considera que la divulgación de esa información puede ayudar al Estado Parte destinatario a poner en marcha o llevar a cabo sus investigaciones o actuaciones judiciales, o que la información así facilitada podría dar lugar a que ese Estado Parte presentara una solicitud con arreglo al presente Capítulo de la Convención.

Artículo 57

Restitución y disposición de activos

1. Cada Estado Parte dispondrá de los bienes que haya decomisado conforme a lo dispuesto en los artículos 31 ó 55 de la presente Convención, incluida la restitución a sus legítimos propietarios anteriores, con arreglo al párrafo 3 del presente artículo, de conformidad con las disposiciones de la presente Convención y con su derecho interno.

2. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes procedan a la restitución de los bienes decomisados, al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte, de conformidad con la presente Convención, teniendo en cuenta los derechos de terceros de buena fe.

3. De conformidad con los artículos 46 y 55 de la presente Convención y con los párrafos 1 y 2 del presente artículo, el Estado Parte requerido:

a) En caso de malversación o peculado de fondos públicos o de blanqueo de fondos públicos malversados a que se hace referencia en los artículos 17 y 23 de la presente Convención, restituirá al Estado Parte requirente los bienes decomisados cuando se haya procedido al decomiso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención y sobre la base de una sentencia firme dictada en el Estado Parte requirente, requisito al que podrá renunciar el Estado Parte requerido;

b) En caso de que se trate del producto de cualquier otro delito comprendido en la presente Convención, restituirá al Estado Parte requirente los bienes decomisados cuando se haya procedido al decomiso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 55 de la presente Convención y sobre la base de una sentencia firme dictada en el Estado Parte requirente, requisito al que podrá renunciar el Estado Parte requerido, y cuando el Estado Parte requirente acredite razonablemente ante el Estado Parte requerido su propiedad anterior de los bienes decomisados o el Estado Parte requerido reconozca los daños causados al Estado Parte requirente como base para la restitución de los bienes decomisados;

c) En todos los demás casos, dará consideración prioritaria a la restitución al Estado Parte requirente de los bienes decomisados, a la restitución de esos bienes a sus propietarios legítimos anteriores o a la indemnización de las víctimas del delito.

4. Cuando proceda, a menos que los Estados Parte decidan otra cosa, el Estado Parte requerido podrá deducir los gastos razonables que haya efectuado en el curso de las investigaciones o actuaciones judiciales que hayan posibilitado la restitución o disposición de los bienes decomisados conforme a lo dispuesto en el presente artículo.

5. Cuando proceda, los Estados Parte podrán también dar consideración especial a la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos mutuamente aceptables, sobre la base de cada caso particular, con miras a la disposición definitiva de los bienes decomisados.

Artículo 58

Dependencia de inteligencia financiera

Los Estados Parte cooperarán entre sí a fin de impedir y combatir la transferencia del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y de promover medios y arbitrios para recuperar dicho producto y, a tal fin, considerarán la posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia financiera que se encargará de recibir, analizar y dar a conocer a las autoridades competentes todo informe relacionado con las transacciones financieras sospechosas.

Artículo 59

Acuerdos y arreglos bilaterales y multilaterales

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la eficacia de la cooperación internacional prestada de conformidad con el presente Capítulo de la Convención.

Capítulo VI

Asistencia técnica e intercambio de información

Artículo 60

Capacitación y asistencia técnica

1. Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará o perfeccionará programas de capacitación específicamente concebidos para el personal de sus servicios encargados de prevenir y combatir la corrupción. Esos programas de capacitación podrán versar, entre otras cosas, sobre:

a) Medidas eficaces para prevenir, detectar, investigar, sancionar y combatir la corrupción, incluso el uso de métodos de reunión de pruebas e investigación;

b) Fomento de la capacidad de formulación y planificación de una política estratégica contra la corrupción;

c) Capacitación de las autoridades competentes en la preparación de solicitudes de asistencia judicial recíproca que satisfagan los requisitos de la presente Convención;

d) Evaluación y fortalecimiento de las instituciones, de la gestión de la función pública y la gestión de las finanzas públicas, incluida la contratación pública, así como del sector privado;

e) Prevención y lucha contra las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y la recuperación de dicho producto;

f) Detección y embargo preventivo de las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;

g) Vigilancia del movimiento del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, así como de los métodos empleados para la transferencia, ocultación o disimulación de dicho producto;

h) Mecanismos y métodos legales y administrativos apropiados y eficientes para facilitar la restitución del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención;

i) Métodos utilizados para proteger a las víctimas y los testigos que cooperen con las autoridades judiciales; y

j) Capacitación en materia de reglamentos nacionales e internacionales y en idiomas.

2. En la medida de sus posibilidades, los Estados Parte considerarán la posibilidad de prestarse la más amplia asistencia técnica, especialmente en favor de los países en desarrollo, en sus respectivos planes y programas para combatir la corrupción, incluido apoyo material y capacitación en las esferas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo, así como capacitación y asistencia e intercambio mutuo de experiencias y conocimientos especializados, lo que facilitará la cooperación internacional entre los Estados Parte en las esferas de la extradición y la asistencia judicial recíproca.

3. Los Estados Parte intensificarán, en la medida necesaria, los esfuerzos para optimizar las actividades operacionales y de capacitación en las organizaciones internacionales y regionales y en el marco de los acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales pertinentes.

4. Los Estados Parte considerarán, previa solicitud, la posibilidad de ayudarse entre sí en la realización de evaluaciones, estudios e investigaciones sobre los tipos, causas, efectos y costos de la corrupción en sus respectivos países con miras a elaborar, con la participación de las autoridades competentes y de la sociedad, estrategias y planes de acción contra la corrupción.

5. A fin de facilitar la recuperación del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, los Estados Parte podrán cooperar facilitándose los nombres de peritos que puedan ser útiles para lograr ese objetivo.

6. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de recurrir a la organización de conferencias y seminarios subregionales, regionales e internacionales para promover la cooperación y la asistencia técnica y para fomentar los debates sobre problemas de interés mutuo, incluidos los problemas y necesidades especiales de los países en desarrollo y los países con economías en transición.

7. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de establecer mecanismos voluntarios con miras a contribuir financieramente a los esfuerzos de los países en desarrollo y los países con economías en transición para aplicar la presente Convención mediante programas y proyectos de asistencia técnica.

8. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de hacer contribuciones voluntarias a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con el propósito de impulsar, a través de dicha Oficina, programas y proyectos en los países en desarrollo con miras a aplicar la presente Convención.

Artículo 61

Recopilación, intercambio y análisis de información sobre la corrupción

1. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de analizar, en consulta con expertos, las tendencias de la corrupción en su territorio, así como las circunstancias en que se cometen los delitos de corrupción.

2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de desarrollar y compartir, entre sí y por conducto de organizaciones internacionales y regionales, estadísticas, experiencia analítica acerca de la corrupción e información con miras a establecer, en la medida de lo posible, definiciones, normas y metodologías comunes, así como información sobre las prácticas óptimas para prevenir y combatir la corrupción.

3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de vigilar sus políticas y medidas en vigor encaminadas a combatir la corrupción y de evaluar su eficacia y eficiencia.

Artículo 62

Otras medidas: aplicación de la Convención mediante el desarrollo económico y la asistencia técnica

1. Los Estados Parte adoptarán disposiciones conducentes a la aplicación óptima de la presente Convención en la medida de lo posible, mediante la cooperación internacional, teniendo en cuenta los efectos adversos de la corrupción en la sociedad en general y en el desarrollo sostenible en particular.

2. Los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida de lo posible y en forma coordinada entre sí, así como con organizaciones internacionales y regionales, por:

a) Intensificar su cooperación en los diversos planos con los países en desarrollo con miras a fortalecer la capacidad de esos países para prevenir y combatir la corrupción;

b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para prevenir y combatir la corrupción con eficacia y ayudarles a aplicar satisfactoriamente la presente Convención;

c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a los países con economías en transición para ayudarles a satisfacer sus necesidades relacionadas con la aplicación de la presente Convención. A tal fin, los Estados parte procurarán hacer contribuciones voluntarias adecuadas y periódicas a una cuenta específicamente designada a esos efectos en un mecanismo de financiación de las Naciones Unidas. Con arreglo a su derecho interno y a las disposiciones de la Convención, los Estados Parte podrán también dar consideración especial a la posibilidad de ingresar en esa cuenta un porcentaje del dinero decomisado o de la suma equivalente a los bienes o al producto del delito decomisados conforme a lo dispuesto en la Convención;

d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones financieras, según proceda, para que se sumen a los esfuerzos desplegados con arreglo al presente artículo, en particular proporcionando un mayor número de programas de capacitación y equipo moderno a los países en desarrollo a fin de ayudarles a lograr los objetivos de la presente Convención.

3. En lo posible, estas medidas no menoscabarán los compromisos existentes en materia de asistencia externa ni otros arreglos de cooperación financiera en los ámbitos bilateral, regional o internacional.

4. Los Estados Parte podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre asistencia material y logística, teniendo en cuenta los arreglos financieros necesarios para hacer efectiva la cooperación internacional prevista en la presente Convención y para prevenir, detectar y combatir la corrupción.

Capítulo VII

Mecanismos de aplicación

Artículo 63

Conferencia de los Estados Parte en la Convención

1. Se establecerá una Conferencia de los Estados Parte en la Convención a fin de mejorar la capacidad de los Estados Parte y la cooperación entre ellos para alcanzar los objetivos enunciados en la presente Convención y promover y examinar su aplicación.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los Estados Parte a más tardar un año después de la entrada en vigor de la presente Convención. Posteriormente se celebrarán reuniones periódicas de la Conferencia de los Estados Parte de conformidad con lo dispuesto en las reglas de procedimiento aprobadas por la Conferencia.

3. La Conferencia de los Estados Parte aprobará el reglamento y las normas que rijan la ejecución de las actividades enunciadas en el presente artículo, incluidas las normas relativas a la admisión y la participación de observadores y el pago de los gastos que ocasione la realización de esas actividades.

4. La Conferencia de los Estados Parte concertará actividades, procedimientos y métodos de trabajo con miras a lograr los objetivos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo, y en particular:

a) Facilitará las actividades que realicen los Estados Parte con arreglo a los artículos 60 y 62 y a los Capítulos II a V de la presente Convención, incluso promoviendo la aportación de contribuciones voluntarias;

b) Facilitará el intercambio de información entre los Estados Parte sobre las modalidades y tendencias de la corrupción y sobre prácticas eficaces para prevenirla y combatirla, así como para la restitución del producto del delito, mediante, entre otras cosas, la publicación de la información pertinente mencionada en el presente artículo;

c) Cooperará con organizaciones y mecanismos internacionales y regionales y organizaciones no gubernamentales pertinentes;

d) Aprovechará adecuadamente la información pertinente elaborada por otros mecanismos internacionales y regionales encargados de combatir y prevenir la corrupción a fin de evitar una duplicación innecesaria de actividades;

e) Examinará periódicamente la aplicación de la presente Convención por sus Estados Parte;

f) Formulará recomendaciones para mejorar la presente Convención y su aplicación,

g) Tomará nota de las necesidades de asistencia técnica de los Estados Parte con respecto a la aplicación de la presente Convención y recomendará las medidas que considere necesarias al respecto.

5. A los efectos del párrafo 4 del presente artículo, la Conferencia de los Estados Parte obtendrá el necesario conocimiento de las medidas adoptadas y de las dificultades encontradas por los Estados Parte en la aplicación de la presente Convención por conducto de la información que ellos le faciliten y de los demás mecanismos de examen que establezca la Conferencia de los Estados Parte.

6. Cada Estado Parte proporcionará a la Conferencia de los Estados Parte información sobre sus programas, planes y prácticas, así como sobre las medidas legislativas y administrativas adoptadas para aplicar la presente Convención, según lo requiera la Conferencia de los Estados Parte. La Conferencia de los Estados Parte tratará de determinar la manera más eficaz de recibir y procesar la información, incluida la que reciba de los Estados Parte y de organizaciones internacionales competentes. También se podrán considerar las aportaciones recibidas de organizaciones no gubernamentales pertinentes debidamente acreditadas conforme a los procedimientos acordados por la Conferencia de los Estados Parte.

7. En cumplimiento de los párrafos 4 a 6 del presente artículo, la Conferencia de los Estados Parte establecerá, si lo considera necesario, un mecanismo u órgano apropiado para apoyar la aplicación efectiva de la presente Convención.

Artículo 64

Secretaría

1. El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los servicios de secretaría necesarios a la Conferencia de los Estados Parte en la Convención.

2. La secretaría:

a) Prestará asistencia a la Conferencia de los Estados

Parte en la realización de las actividades enunciadas en el artículo 63 de la presente Convención y organizará los períodos de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte y les proporcionará los servicios necesarios;

b) Prestará asistencia a los Estados Parte que la soliciten en el suministro de información a la Conferencia de los Estados Parte según lo previsto en los párrafos 5 y 6 del artículo 63 de la presente Convención; y

c) Velará por la coordinación necesaria con las secretarías de otras organizaciones internacionales y regionales pertinentes.

Capítulo VIII

Disposiciones finales

Artículo 65

Aplicación de la Convención

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias, incluidas medidas legislativas y administrativas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente Convención.

2. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que las previstas en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la corrupción.

Artículo 66

Solución de controversias

1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación de la presente Convención mediante la negociación.

2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación o la aplicación de la presente Convención que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esos Estados

Parte podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.

3. Cada Estado Parte podrán, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.

4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 67

Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados del 9 al 11 de diciembre de 2003

en Mérida, México, y después de esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 9 de diciembre de 2005.

2. La presente Convención también estará abierta a la firma de las organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno de los Estados Miembros de tales organizaciones haya firmado la presente Convención de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

3. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en la presente Convención. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración económica declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

Artículo 68

Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haya depositado el trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. A los efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados por una organización regional de integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización.

2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención o se adhiera a ella después de haberse depositado el trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la presente Convención entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, si ésta es posterior.

Artículo 69

Enmienda

1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de la presente Convención, los Estados Parte podrán proponer enmiendas y transmitirlas al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de los Estados Parte en la Convención para que la examinen y adopten una decisión al respecto. La Conferencia de los Estados Parte hará todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados Parte presentes y votantes en la reunión de la Conferencia de los Estados Parte.

2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo y viceversa.

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte.

4. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la fecha en que éste deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.

5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones de la presente Convención, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Artículo 70

Denuncia

1. Los Estados Parte podrán denunciar la presente Convención mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.

2. Las organizaciones regionales de integración eco-nómica dejarán de ser Partes en la presente Convención cuando la hayan denunciado todos sus Estados miembros.

Artículo 71

Depositario e idiomas

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la presente Convención.

2. El original de la presente Convención, cuyo texto en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso es igualmente auténtico, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado la presente Convención.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

Esta Convención suscripta en Mérida, México en diciembre de 2003 es de real importancia para la Junta Asesora que Uruguay la ratifique, en virtud de su contenido, pues establece un marco que permite a los Estados colaborar en la lucha contra la corrupción, uno de los obstáculos más importantes al desarrollo sostenible.

Promociona, fortalece las medidas preventivas frente a la corrupción, tanto en el sector público como en el privado, buscando combatir en el plano interno e internacional mediante la cooperación y asistencia técnica entre los Estados.

Establece el alcance del funcionario público, nacional o extranjero o de una organización internacional pública, bienes producto del delito, embargo preventivo, decomiso.

Obligaciones del Estado estableciendo y fomentando prácticas para prevenir la corrupción y el control de la eficacia de éstas. Crea incluso competencia especializada para ejercer el control.

Obligación de penalizar determinadas conductas como delitos, así como medidas cautelares para bienes y medidas de protección de testigos, víctimas, peritos y denunciantes.

Determina principios sobre normas de jurisdicción y de cooperación internacional (extradición y traslado de personas condenadas, asistencia judicial recíproca, investigación conjunta).

Esta Convención envía a los ciudadanos de todos los países del mundo un mensaje que indica que no puede tolerarse más la corrupción, sea grande o pequeña; ha llegado la hora de unir esfuerzos para poner fin a la corrupción que en todas formas corroe tanto a las naciones ricas como a las pobres, alejando las inversiones y disminuyendo la competitividad.

Debemos de una vez por todas comprender que los sobornos, las gratificaciones, los fraudes, la apropiación indebida, el tráfico de influencias, el abuso de funciones y todas las demás prácticas corruptas que permiten que algunas personas, ya sean funcionarios públicos o dirigentes políticos lleven un ritmo de vida de alto nivel, obligan a los pobres que son los que peor pueden soportar el elevado costo de la corrupción, a vivir en condiciones que ninguna sociedad civil puede aceptar.

Por ello es imprescindible ratificarla para poder aplicar este nuevo instrumento universal de 71 artículos. Fueron 130 países los signatarios y según datos de hace un año, 28 países la habían ratificado, y para que entre en vigencia de acuerdo al artículo 68 se necesitan 30m países que la ratifiquen.

La Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción (GOPAC) es clara cuando expresa que sin una sólida vigilancia, difícilmente sean eficaces las convenciones contra la corrupción y sin parlamentarios atentos, no se podrá estar seguros que tal vigilancia se lleve a cabo.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2006.

Rafael Michelini, Miembro Informante; Sergio Abreu, Carlos Baráibar, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, Germán Lezama, Julio María Sanguinetti. Senadores.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA Nº 34

En Montevideo, el día veinticuatro de agosto del año dos mil seis, a la hora diecisiete y cinco minutos se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros los señores Senadores Sergio Abreu, Carlos Baráibar, Luis Alberto Heber, Germán Lezama, Rafael Michelini y Julio María Sanguinetti.

Faltan con aviso los señores Senadores José Korzeniak y Jorge Larrañaga.

Asisten especialmente invitados el señor Embajador de la República ante el Gobierno de la República de Costa Rica don Octavio Brugnini acompañado por el señor Director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores Ministro Osvaldo González Garderes.

Preside el señor Senador Alberto Couriel, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría el señor Secretario de Comisión Julio Durán, con la colaboración del Oficial II, señor Fabio Rodríguez.

De lo actuado se tomó versión taquigráfica cuya copia dactilográfica luce en el Distribuido Nº 1091/2006 que forma parte integrante de la presente Acta.

Abierto el acto, se pasa a considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.- ASUNTOS ENTRADOS:

1.1.- El señor Presidente de la Comisión informa a los señores Senadores que recibió por nota una solicitud de audiencia del señor Embajador del Estado de Israel Yoel Barnea, con motivo de la confrontación en la frontera norte de ese país con el Líbano, acordándose se coordine la fecha a través de la Presidencia.

1.2.- CARPETA Nº 555/2006.- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO DE COOPERACION EN MATERIA DE COMUNICACION ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL. SUSCRITO EL 1º DE ABRIL DE 2005 EN BRASILIA. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 976/2006.

1.3.- CARPETA Nº 562/2006.- MODIFICACIONES AL REGIMEN TRIBUTARIO ESTABLECIDO EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CELEBRADO EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA, EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2003. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1051/2006.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Sergio Abreu.

1.4.- CARPETA Nº 563/2006.- ACUERDO MARCO DE INTERCONEXION ENERGETICA ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE BRASILIA, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EL 16 DE MARZO DE 2006. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1052/2006.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Sergio Abreu.

1.5.- CARPETA Nº 573/2006.- ACTA DE RATIFICACION AL ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA Nº 60 SUSCRITO ENTRE MEXICO Y URUGUAY EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2003, EXTENDIDA POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION (ALADI), EN MONTEVIDEO, EL 1 DE AGOSTO DE 2005. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Acta de Rectificación. ACE MEXICO-URUGUAY. Distribuido Nº 1062/2006.

Se adjudica para su estudio al señor Senador Sergio Abreu.

1.6.- CARPETA Nº 578/2006.- PROTOCOLO DE ADHESION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AL MERCOSUR, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE CARACAS, REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EL 4 DE JULIO DE 2006. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1027/2006.

1.7.- CARPETA Nº 590/2006.- ACUERDO DE COOPERACION EN MATERIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, INDUSTRIA DEL SOFTWARE, EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y COMUNICACIONES ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SUCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, DE 9 DE DICIEMBRE DE 2005. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1024/2006.

1.8.- CARPETA Nº 592/2006.- CONVENCION PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL APROBADO EL 17 DE OCTUBRE DE 2003 EN OCASION DE LA 32ª CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto de la Convención. Distribuido Nº 1025/2006.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1.- Se recibió al señor Embajador de la República ante el Gobierno de la República de Costa Rica, don Octavio Brugnini, informando sobre los lineamientos de trabajo de esa misión diplomática.

El señor Presidente de la Comisión una vez culminada la exposición del señor Embajador y las intervenciones de los señores Senadores, expresa que dicha venia ya fue otorgada por el Senado razón por la cual no corresponde someter la misma a votación de la Comisión.

2.- CARPETA Nº 291/2005.- CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION, SUSCRITA EN MERIDA, MEXICO DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2003. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 410/2005.

Informa sobre el referido Convenio el señor Senador Michelini.

3.- CARPETA Nº 536/2006. ACUERDO MARCO DE COMERCIO ENTRE EL MERCOSUR Y EL ESTADO DE ISRAEL, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 8 DE DICIEMBRE DE 2005. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 937/2006.

RESOLUCIONES:

1.- CARPETA Nº 291/2005.- CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION, SUSCRITA EN MERIDA. MEXICO DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2003. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 410/2005.

Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Rafael Michelini.

2.- CARPETA Nº 536/2006. ACUERDO MARCO DE COMERCIO ENTRE EL MERCOSUR Y EL ESTADO DE ISRAEL, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 8 DE DICIEMBRE DE 2005. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 937/2006.

Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Sergio Abreu.

A la hora dieciocho se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman el señor Presidente y el señor Secretario.

Alberto Couriel Presidente

Julio Durán Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Brevemente, quisiera señalar que en la página 57 del Repartido Nº 283/06 figuran los argumentos por los cuales la Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo aprobar este tratado, que hace referencia a la preocupación que existe en el ámbito internacional, y particularmente en las Naciones Unidas, con respecto al tema de la corrupción.

Este tratado contiene más de setenta artículos, que regulan sus aspectos privados y públicos. Si bien en muchos aspectos Uruguay tiene una jurisdicción más adelantada de la que el tratado aconseja, en otros tendremos que abocarnos a esos efectos en el futuro. El tratado obliga al Estado a estudiar, a preocuparse y a legislar al respecto.

Por lo tanto, señor Presidente, aconsejamos la aprobación de esta Convención suscrita en Mérida, México, ya que tiene una real importancia en el mundo y también en el Uruguay. Hay un gran número de Estados que ya la han suscrito y el aprobarla nos coloca, en cuanto al tema de la lucha contra la corrupción y la transparencia en el manejo de las finanzas públicas, junto a los países que están preocupados por este tema.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo único.- Apruébase la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción suscripta en Mérida, México, del 9 al 11 de diciembre de 2003, que consta del preámbulo y setenta y un artículos".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

22) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto entrado llegado a la Mesa.

(Se da del siguiente:)

"Las señoras Senadoras Susana Dalmás, Lucía Topolansky, Mónica Xavier y Margarita Percovich, y los señores Senadores Alberto Couriel, Rafael Michelini, Alberto Cid, José Korzeniak, Eduardo Ríos, Eduardo Lorier, Leonardo Nicolini, Carlos Baráibar y Jorge Saravia, mocionan para que se forme una Comisión Especial para el estudio del funcionamiento de los Partidos Políticos, y presentan un proyecto de ley para que sea analizado en ese ámbito."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

- 20 en 22. Afirmativa.

23) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Las señoras Senadoras Susana Dalmás, Lucía Topolansky, Mónica Xavier y Margarita Percovich, y los señores Senadores Alberto Couriel, Rafael Michelini, Alberto Cid, José Korzeniak, Eduardo Ríos, Eduardo Lorier, Leonardo Nicolini, Carlos Baráibar y Jorge Saravia presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley que establece normas referidas al funcionamiento de los Partidos Políticos

- A LA COMISION ESPECIAL."

(Texto del proyecto presentado:)

"EXPOSICION DE MOTIVOS

Hoy se acepta pacíficamente que la existencia de Partidos Políticos es fundamental en un régimen democrático, pero también hay consenso en que no alcanza simplemente con permitir que éstos existan sino que se deben buscar todos los medios que habiliten su pleno desarrollo.

Esto obliga a la sociedad a plantearse, fundamentalmente, como se resuelve el problema de la financiación de los partidos, tanto para los gastos en los que deben incurrir durante las campañas electorales como para el funcionamiento cotidiano de los mismos y, al mismo tiempo, que la solución a brindar contribuya a la transparencia en el manejo de los recursos partidarios

En principio podría aparecer como lógico que siendo los Partidos el producto de una voluntad de sus afiliados, estos se hicieran cargo de su financiación, pero seguramente los fondos serían insuficientes en la mayoría de los casos y esto impediría que todos los ciudadanos pudieran expresar libremente sus opiniones y propuestas.

Deberían generarse, entonces, las condiciones necesarias para que el poder económico o los medios de algunos no supongan un perjuicio injusto para otros y que todos puedan disponer de igualdad de oportunidades, entre otras cosas, para la utilización de los medios de difusión existentes.

Como contrapartida a la generación de este entorno, que permita el acceso a los fondos necesarios para todos los Partidos, deben introducirse elementos que coadyuven al ejercicio de la responsabilidad de éstos y quienes los representan por el uso que se dé a los fondos recibidos, es decir, a la utilización de esos fondos con absoluta transparencia.

A partir de la reinstauración plena del sistema democrático se han presentado diversos proyectos que, de una manera u otra, apuntan a la consecución de los objetivos marcados pero, por diferentes razones, los mismos no han podido concretarse en una ley.

El primero de ellos fue el del extinto Senador Eduardo Paz Aguirre, en el año 1986, y luego del mismo se presentaron otras propuestas que se le asemejaban en muchos aspectos: en 1995 una del Diputado Washington Abdala, en 1996 y 1999 dos proyectos del Frente Amplio-Encuentro Progresista; en 1999 y en 2002 dos presentados por el Nuevo Espacio, en el último caso a través de una iniciativa del Diputado Felipe Michelini.

Ya el proyecto citado en último término procuraba contemplar en una única solución a todos los que le precedían.

Continuando en esa misma línea, la propuesta que se pone a consideración lo recoge en su globalidad y comparte la finalidad allí explicitada que consiste en el establecimiento de normas que aseguren la cristalinidad y transparencia sobre la forma de financiación de los Partidos Políticos, de recepción de contribuciones y de cómo gastan las mismas.

Se introducen además tres novedades importantes que cubren los siguientes aspectos:

1. la regulación permanente de la financiación de los gastos en que pudieren incurrir los Partidos por la participación en elecciones,

2. la posibilidad de recibir partidas que puedan contribuir a solventar sus gastos ordinarios fuera de los tiempos electorales,

3. la generación de oportunidades, para todos los partidos, de acceso gratuito a los medios de comunicación de mayor impacto.

Hasta el presente frente a cada instancia electoral en la que se entendía necesario el apoyo financiero del Estado se dictaba una ley específica que lo regulaba. Asimismo, en los proyectos de ley antes mencionados, cuando se referían a esta temática incluían un artículo que, al tiempo de declarar de interés nacional la contribución del Estado para solventar estos gastos, preveían que para cada acto comicial se dictara una ley concretándolo.

En la propuesta que se presenta se recogen todas las situaciones que se regulaban en esas leyes específicas y se les da un carácter general atendiendo tanto a las elecciones nacionales como a las departamentales. Como los montos se establecen indexados no será necesario actualizar los mismos al momento de poner en práctica la ley.

En cuanto a posibilitar el acceso a fondos prácticamente de forma permanente el proyecto prevé un mecanismo que consiste en facultar al Poder Legislativo para que otorgue partidas a todos los Partidos Políticos con representación parlamentaria, en la medida en que se generen economías en la ejecución de su presupuesto.

Por su parte estos montos otorgados no aumentarían los gastos del Estado porque en ocasión de las elecciones nacionales se restarían de los totales a pagar por el acto eleccionario, dando un mensaje claro de responsabilidad a la ciudadanía.

De esta manera se estaría apoyando el funcionamiento de los Partidos de forma permanente, y no sólo en las instancias electorales, y se estaría incentivando a una gestión más eficiente del propio Poder Legislativo.

Por último, se establecen normas que, a la vez de ampliar el ámbito de aplicación de la norma que regula la publicidad electoral (Ley Nº 17.045, de 14 de diciembre de 1998) a los medios de difusión privados, introduce mecanismos que habilitan la posibilidad de acceso a los mismos para todos los Partidos Políticos en ocasión de las elecciones nacionales y las departamentales.

Susana Dalmás, Lucía Topolansky, Mónica Xavier, Margarita Percovich, Alberto Couriel, Rafael Michelini, ALberto Cid, José Korzeniak, Eduardo Ríos, Eduardo Lorier, Leonardo Nicolini, Carlos Baráibar, Jorge Saravia. Senadores.

Sección I

De los Partidos Políticos

Artículo 1º.- Declárase de interés nacional para el afianzamiento del sistema democrático republicano la existencia de Partidos Políticos vigorosos, eficaces y transparentes en su gestión.

Artículo 2º.- A tales efectos el Estado contribuirá a solventar los gastos de los partidos en su funcionamiento como los que pudiere demandarles la participación en elecciones nacionales y departamentales.

Artículo 3º.- El patrimonio del partido se integrará con los bienes y recursos que autorice su Carta Orgánica y que no prohíba la ley.

Los bienes adquiridos con fondos partidarios o a título gratuito deberán inventariarse y, en su caso, escriturarse a nombre del partido, y estarán exonerados de todo tributo nacional o departamental siempre que se encontraren afectados en forma exclusiva a las actividades específicas del partido.

La adquisición, gravamen o enajenación de todo inmueble de los partidos políticos estarán exentos de todo tributo nacional.

Sección II

De las campañas electorales

Capítulo I

De los responsables de campaña

Artículo 4º.- Los candidatos presidenciales deberán designar, dentro del plazo de quince días contados a partir de su proclamación, un Jefe de Campaña.

El Jefe de Campaña será responsable, conjunta y solidariamente con el candidato presidencial, de la observancia de la presente ley.

Artículo 5º.- El Jefe de Campaña deberá llevar registros contables específicos de la campaña electoral, en los que se registren todas las contribuciones recibidas y los gastos efectuados, con la documentación respectiva que respalde la información registrada.

Toda cesión de derechos sobre las contribuciones del Estado deberá quedar registrada en la contabilidad de la campaña.

El Jefe de Campaña estará obligado a informar y dar publicidad sobre todas las donaciones y contribuciones que se perciban, con indicación de su origen, en estados mensuales que remitirá a la Corte Electoral.

Artículo 6º.- La financiación de las campañas electorales de Senadores y Diputados que apoyen al candidato presidencial se informará contenida en la rendición de cuentas a ser presentada ante la Corte Electoral por el Candidato a la Presidencia y el Jefe de Campaña.

Artículo 7º.- Los candidatos a Intendente Municipal deberán cumplir con todas las obligaciones establecidas para los candidatos a la Presidencia de la República.

Capítulo II

Del Financiamiento Público

Artículo 8º.- La contribución del Estado para los gastos de la elección nacional, será el equivalente en pesos uruguayos al valor que tenga el 60% (sesenta por ciento) de una unidad reajustable, por cada voto válido emitido a favor de las candidaturas a la Presidencia de la República y, para las elecciones departamentales, del 20% (veinte por ciento) de una unidad reajustable, por cada voto válido emitido a favor de cada una de las candidaturas a Intendente Municipal.

Artículo 9º.- La suma total que corresponda a cada candidatura a la Presidencia de la República será distribuida en la forma y los porcentajes siguientes:

A) El 20% (veinte por ciento) será entregado al candida-

to a la Presidencia de la República.

B) El 40% (cuarenta por ciento) será distribuido entre

todas las listas de candidatos a Senadores del lema, entregándose el importe correspondiente al primer titular de cada una de ellas. La distribución se hará en forma proporcional a los votos obtenidos por cada lista al Senado. 

C) El 40% (cuarenta por ciento) será distribuido entre

todas las listas de candidatos a la Cámara de Representantes del lema, entregándose el importe correspondiente al primer titular de cada una de ellas. La distribución se hará en forma proporcional a los votos obtenidos por cada lista a la Cámara de Representantes.

Artículo 10.- La suma total que corresponda a cada candidatura a Intendente Municipal será distribuida en la forma y los porcentajes siguientes:

a) El 50% (cincuenta por ciento) será entregado al candidato a Intendente Municipal.

b) El 50% (cincuenta por ciento) será distribuido entre todas las listas de candidatos a las Juntas Departamentales, entregándose el importe correspondiente al primer titular de cada una de ellas. La distribución se hará en forma proporcional a los votos obtenidos por cada lista.

Artículo 11.- La contribución del Estado dispuesta en el artículo 8º de la presente ley, será depositada en el Banco de la República Oriental del Uruguay en una cuenta especial.

El Banco de la República Oriental del Uruguay, entregará las cantidades correspondientes a las personas indicadas en los artículos 9º ó 10 de la presente ley, según correspondiere, mediando información de la Corte Electoral sobre los resultados de las elecciones.

Dichas personas podrán hacerse representar ante el Banco de la República Oriental del Uruguay, a los efectos de la percepción de las sumas mencionadas, mediante carta-poder con la firma certificada notarialmente.

Artículo 12.- La entrega del 85% (ochenta y cinco por ciento) de las cantidades que surgen de los artículos 9º ó 10 de la presente ley, se efectuará dentro de los treinta días siguientes a la realización de la elección.

El complemento del 15% (quince por ciento) se entregará dentro de los treinta días siguientes a la proclamación por la Corte Electoral, de los resultados del acto eleccionario.

Artículo 13.- Las personas indicadas en los artículos 9º ó 10 de la presente ley, podrán ceder total o parcialmente sus derechos a la percepción de las cantidades que les correspondan, a favor de instituciones o empresas, públicas o privadas.

Las cesiones de derechos deberán ser notificadas por los cesionarios al Banco de la República Oriental del Uruguay en la forma que éste determine.

Artículo 14.- Los gastos previstos en el artículo 8º de esta ley serán financiados con cargo a rentas generales.

Artículo 15.- Dentro de los sesenta días que preceden a la elección el Banco de la República Oriental del Uruguay podrá adelantar a los candidatos mencionados en el artículo 8º de la presente ley, hasta un 50% (cincuenta por ciento) de las sumas que presumiblemente deberán recibir, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9º ó 10, según correspondiere, y teniendo presente las partidas que se hubieren otorgado por aplicación de los arts. 27 y 28 de esta ley.

Para la determinación del monto de aquel porcentaje, el Banco de la República Oriental del Uruguay, tendrá en cuenta, entre otros factores, el número de votos obtenidos en la elección nacional anterior por dichos partidos o sectores políticos.

Los anticipos dispuestos en el inciso primero del presente artículo no devengarán intereses.

El Banco de la República Oriental del Uruguay comunicará a la Corte Electoral a sus efectos, el detalle y el monto de los anticipos que efectúe.

El citado Banco, por resolución fundada, podrá no efectuar anticipos cuando entienda que los elementos de juicio de que dispone no son suficientes para establecer el cálculo presuntivo a que refiere el inciso primero del presente ar-tículo.

Artículo 16.- Las sumas anticipadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, serán descontadas del monto total de la contribución a percibir por las personas que las hayan recibido.

Artículo 17.- En caso de que lo percibido por concepto de la contribución establecida en la presente ley no fuera suficiente para cubrir los importes adelantados, el Banco de la República Oriental del Uruguay podrá ejercer, para cobrar el saldo, las acciones que por derecho correspondan.

Capítulo III

Del financiamiento privado

Artículo 18.- Los fondos que reciban los partidos políticos, a efectos de sus campañas electorales, no podrán exceder en total, por cada donante, la cantidad de 1.000 UR (mil unidades reajustables) y deberán ser siempre nominativas. Se entenderá por tales aquellas en que queden registrados con toda precisión el nombre y demás datos identificatorios del donante.

Cuando el donante tenga la calidad de candidato a un cargo electivo podrá triplicar el monto establecido en el párrafo anterior en la donación que realice al partido que lo postula.

Artículo 19.- Todo aporte o contribución a la campaña electoral de un partido político debe ser depositado en una cuenta bancaria abierta especialmente para la financiación de la misma. Las donaciones o contribuciones monetarias de personas jurídicas solo podrán ser aceptadas por los partidos políticos si las mismas se extienden mediante cheques propios nominativos. En ningún caso tales donaciones podrán deducirse a efectos fiscales.

Capítulo IV

Del acceso gratuito a la publicidad electoral

Artículo 20.- Sin perjuicio de lo dispuesto por la ley 17.045, de 14 de diciembre de 1998, los canales de televisión públicos y privados y aquellos que retransmiten su señal, así como las radioemisoras públicas y privadas y sus repetidoras, otorgarán espacios gratuitos en las campañas electorales correspondientes a elecciones nacionales y departamentales, en las condiciones establecidas en el presente capítulo.

Para el caso de las elecciones departamentales esta obligación rige para los candidatos a cargos correspondientes al departamento sede de la estación de transmisión correspondiente. La reglamentación establecerá, por las razones que estimare oportunas, en qué casos la estación de transmisión pudiere estar obligada a brindar espacios gratuitos a más de un departamento.

Artículo 21.- Los espacios gratuitos se difundirán durante todo el período autorizado para realizar publicidad electoral (art. 1º de la Ley Nº 17.045), debiéndose emitir el 50% (cincuenta por ciento) de ellos en horarios centrales, y se distribuirán en función de los votos obtenidos en la última elección, correspondiendo 90 (noventa) segundos diarios por cada 40.000 (cuarenta mil) votos obtenidos, siempre que el partido tuviere representación en el Parlamento o en la Junta Departamental, según correspondiere.

Artículo 22.- A la interna de cada partido los espacios se distribuirán de la siguiente manera:

a) en el caso de las elecciones nacionales 25% para el candidato presidencial y el 75% para las listas al Senado, con representación parlamentaria, a prorrata de la votación obtenida en la elección anterior;

b) para las elecciones departamentales, el 50% (cincuenta por ciento) corresponderá a la candidatura a Intendente Municipal y el otro 50% (cincuenta por ciento) a las listas de candidatos a las Juntas Departamentales, siempre que tuvieren representación en las mismas.

Artículo 23.- Inclúyanse los canales de televisión privados y aquellos que retransmiten su señal, así como las radioemisoras privadas y sus repetidoras, en las disposiciones establecidas en los arts. 3º, 4º y 5º de la Ley Nº 17.045, de 14 de diciembre de 1998.

Capítulo V

DE LOS CONTROLES EN LA CAMPAÑA ELECTORAL

Artículo 24.- El Jefe de Campaña estará obligado a presentar a la Corte Electoral, treinta días antes de celebrarse la elección nacional, un presupuesto de campaña en donde se detallarán los gastos e ingresos previstos así como los detalles de las donaciones recibidas hasta la fecha y, dentro de los treinta días posteriores a la celebración del acto eleccionario, una completa rendición de cuentas en la que se especificarán los ingresos y egresos de la campaña, así como el origen de los fondos utilizados.

La Corte Electoral enviará las mismas al Tribunal de Cuentas quien las auditará y emitirá el pronunciamiento que sobre ellas corresponda, en el plazo de cuarenta y cinco días, comunicando su resolución a la Corte Electoral.

Los candidatos que participen de la segunda vuelta electoral harán un complemento de esa rendición de cuentas por el período entre las dos elecciones. La misma deberá ser efectuada dentro del plazo de veinte días luego de concluida la segunda elección, a efectos de ser auditado según lo preceptuado en el inciso anterior.

Sólo se autorizarán los pagos de contribuciones del Estado a los partidos que hayan presentado su rendición de cuentas y tengan pronunciamiento favorable de la Corte Electoral.

Los estados mensuales previstos en el artículo 5º de la presente ley, las rendiciones de cuentas, los informes de auditoría que sobre ellas recaigan y las resoluciones de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, tendrán carácter público y podrán ser consultadas por cualquier persona, sin limitación alguna; asimismo se publicará un resumen de la rendición de cuentas en el Diario Oficial.

Artículo 25.- En caso de que el Jefe de Campaña omita el envío de la rendición de cuentas dentro de los plazos establecidos por esta ley, el partido político al que pertenezca será sancionado con una multa de 100 UR (cien unidades reajustables) por cada día de atraso, hasta que se verifique la entrega. La multa será aplicada por la Corte Electoral la cual estará facultada, en caso de que el partido sancionado no la haga efectiva, a proceder a retener su monto de las sumas que el partido infractor tuviere a percibir del Estado por su participación en las elecciones.

Artículo 26.- Si al cabo de las auditorías correspondientes, la Corte Electoral entendiere que existen indicios de hechos delictivos, procederá a informar sobre los mismos a la Justicia Penal.

Sección III

De los costos de funcionamiento

Capítulo I

Del financiamiento público

Artículo 27.- El Poder Legislativo, con cargo a las economías que logre en la ejecución de su presupuesto anual, podrá otorgar a los partidos políticos con representación parlamentaria, un 5% (cinco por ciento) por año de las unidades reajustables abonadas en las elecciones nacionales anteriores.

Estas partidas a otorgar podrán efectivizarse mensualmente.

Artículo 28.- El monto otorgado a cada partido se distribuirá de la siguiente manera: un 20% (veinte por ciento) para el lema y el 80% (ochenta por ciento) restante para las listas al Senado del lema, que hayan logrado representación en cualquiera de los dos Cámaras, prorrateándose en función del desempeño electoral de las mismas en la última elección nacional.

Artículo 29.- En cada oportunidad se comunicará a la Corte Electoral las sumas otorgadas en aplicación del presente capítulo y el total de las mismas se restará del monto global a abonar en la elección nacional siguiente.

Capítulo II

Del financiamiento privado

Artículo 30.- Las donaciones de los particulares a los partidos se realizarán en las condiciones y con las excepciones que se establecen en la presente ley.

Las donaciones que efectúen las personas jurídicas deberán quedar registradas en la contabilidad de las mismas y en ningún caso podrán deducirse a efectos fiscales.

Las personas jurídicas que realicen contribuciones o donaciones a uno o más partidos políticos, no podrán ser concesionarias o adjudicatarias de obra pública por un plazo de tres años contados desde la última donación o contribución.

Artículo 31.- Las contribuciones a los respectivos tesoros partidarios que establezcan las autoridades de los partidos políticos de acuerdo con sus normas estatutarias, tendrán el carácter de descuento legal si mediare autorización del titular del cargo.

Sección IV

Prohibiciones y Sanciones

Capítulo I

PROHIBICIONES

Articulo 32.- Los partidos políticos no podrán aceptar directa o indirectamente:

A) Contribuciones o donaciones anónimas, con excepción de aquellas que no superen las 20 UR (veinte unidades reajustables). Se entenderá por tales a las donaciones resultantes de colectas callejeras o similares. En ningún caso la suma de donaciones anónimas podrá exceder el 15% (quince por ciento) del total de ingresos declarados en la rendición de cuentas anual.

B) Contribuciones o donaciones de organizaciones delictivas o asociaciones ilícitas.

C) Contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios públicos o adjudicatarias de obras públicas o que mantengan relaciones contractuales con el Estado, formalizadas mediante contratación directa o adjudicación de licitación, para el suministro de bienes o servicios.

D) Contribuciones o donaciones de asociaciones profesionales, gremiales, sindicales o laborales de cualquier tipo.

E) Contribuciones o donaciones de gobiernos o entidades extranjeras.

F) Contribuciones o donaciones de personas en situación de subordinación administrativa o relación de dependencia por imposición de sus superiores jerárquicos.

G) Contribuciones o donaciones provenientes de personas públicas no estatales.

Artículo 33.- Las donaciones que reciban los partidos no podrán exceder la cantidad de 1.000 UR (mil unidades reajustables) por cada donante en el año civil; las mismas deberán ser siempre nominativas, salvo las excepciones establecidas en el artículo anterior, entendiéndose por tales aquéllas en que queden registradas con toda precisión el nombre y demás datos identificatorios del donante.

Las donaciones o contribuciones monetarias de personas jurídicas sólo podrán ser aceptadas por los partidos políticos si las mismas se extienden mediante cheques propios nominativos.

Los fondos de los partidos políticos deberán depositarse en Bancos estatales a nombre del partido y a la orden de las autoridades que se determinen en la Carta Orgánica.

Capítulo II

SANCIONES

Artículo 34.- Los partidos que contravengan las disposiciones establecidas en el capítulo anterior, serán sancionados con una multa equivalente al doble del monto de la donación o contribución ilícitamente aceptada o del gasto no registrado. Dicho monto será descontado de los derechos de reposición de los gastos de campaña que pudieren corresponder por su participación en comicios nacionales y departamentales, así como de aquellos fondos a los que pudiere acceder por la aplicación de los artículos 27 y 28 de la presente ley.

Las multas serán aplicadas por la Corte Electoral luego de concluido el debido proceso, y su producido se verterá en un 60% (sesenta por ciento) al Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU); el 40% (cuarenta por ciento) restante permanecerá en el organismo con destino al mejoramiento de su gestión.

Artículo 35.- La contravención a la prohibición contenida en el literal B) del artículo 32, traerá aparejada la disolución del partido infractor.

Artículo 36.- En el caso de transgresión de la prohibición prevista en el literal C) del artículo 32, la Corte Electoral lo comunicará al órgano estatal que haya concedido el servicio o adjudicado la obra, el cual atendiendo al interés del Estado, deberá:

A) Si se tratare de obra, determinar que en el futuro la empresa, o ésta y sus directivos responsables no serán tenidos en cuenta para nuevas adjudicaciones.

B) Si se tratare de concesión de servicio, declararla precaria o extinguida dentro de los ciento ochenta días de recibida la comunicación de la Corte Electoral, sin perjuicio de la sanción prevista en el literal anterior.

Artículo 37.- Las sanciones a que refiere el presente texto serán aplicadas por la Corte Electoral, la cual procederá de oficio o por denuncia de parte fundada.

La Corte Electoral requerirá del Tribunal de Cuentas su dictamen, así como la realización de inspecciones.

Articulo 38.- Recibida la denuncia o resuelta de oficio la iniciación de los procedimientos, la Corte Electoral con la colaboración del Tribunal de Cuentas, dispondrá las diligencias indagatorias y probatorias que estime convenientes. A dichos efectos queda relevado el secreto bancario previsto en el artículo 25 del Decreto-Ley N° 15.322, de 15 de setiembre de 1982, debiendo el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral solicitar al Juez Letrado en lo Civil, el levantamiento del mismo. Una vez relevado el secreto bancario, deberán las instituciones financieras brindar todas las informaciones que le sean requeridas tanto por la Corte Electoral como por el Tribunal de Cuentas relacionadas con las cuentas bancarias de los partidos políticos, de sus dirigentes, candidatos y de los particulares y empresas donantes.

Concluidas las mismas se dará vista a los interesados -denunciantes y denunciados- por el término de diez días, los que podrán solicitar diligencias ampliatorias y serán oídos previamente a dictarse resolución.

Si al cabo de la averiguación se entendiere que existe mérito para ello, los antecedentes se remitirán de oficio a la Justicia Penal.

Sección V

De la contabilidad y rendición de cuentas

Artículo 39.- Sin perjuicio de los libros y documentos que determine la Carta Orgánica, cada partido deberá llevar en forma regular los siguientes libros autenticados por la Corte Electoral:

A) De inventario.

B) De caja y diario, bajo contralor y firma de profesional idóneo.

C) De contribuciones y donaciones.

Artículo 40.- Los partidos políticos deberán presentar a la Corte Electoral, dentro de los noventa días de vencido el año civil, rendición de cuentas detallada de los ingresos y egresos producidos durante el ejercicio.

Artículo 41.- La Corte Electoral dispondrá, luego de recibida la rendición de cuentas, su publicación por el término de un día, en el Diario Oficial y en otro de circulación nacional.

Artículo 42.- La Corte Electoral asimismo remitirá las rendiciones de cuentas al Tribunal de Cuentas, a efectos de que este realice las auditorías correspondientes para verificar la exactitud de las mismas y si se ha cumplido con las disposiciones establecidas en la presente ley. De constatarse irregularidades o contravenciones a las normas vigentes, el Tribunal de Cuentas lo comunicará inmediatamente a la Corte Electoral a efectos de que esta proceda de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de esta ley.

El Tribunal de Cuentas dispondrá de un plazo máximo de noventa días corridos para efectuar las auditorías correspondientes.

Artículo 43.- En el caso de que los partidos políticos no envíen sus rendiciones de cuentas dentro del plazo establecido en el articulo 40, la Corte Electoral aplicará una multa de 100 UR (cien unidades reajustables) por cada día de atraso, hasta que se verifique la entrega de la misma. En el caso de no abonarse la multa que corresponda, la Corte Electoral procederá a descontarla de los derechos de reposición de gastos de campaña que pudieren corresponderle al partido por su participación en las elecciones nacionales o departamentales. El producido de dichas multas se verterá de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de esta ley.

Artículo 44.- La Corte Electoral podrá disponer inspecciones en cualquier momento, requiriendo para esa tarea el auxilio del Tribunal de Cuentas

Susana Dalmás, Lucía Topolansky, Mónica Xavier, Margarita Percovich, Alberto Couriel, Rafael Michelini, ALberto Cid, José Korzeniak, Eduardo Ríos, Eduardo Lorier, Leonardo Nicolini, Carlos Baráibar, Jorge Saravia. Senadores."

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARAIBAR.- Quiero destacar que en la moción que se ha presentado y votado no se ha establecido el número de miembros de la Comisión. Por lo tanto, solicito que se faculte al señor Presidente para que lo fije entre siete y nueve.

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo, señor Senador, que sean nueve.

En consecuencia, el proyecto que aprobamos pasa a esa Comisión Especial recientemente creada.

24) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Sanguinetti solicita licencia desde el día 22 al 29 del mes en curso."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 6 de setiembre de 2006.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Al amparo del literal D del Artículo 1º de la Ley Nº 17.827 solicito al Cuerpo que usted preside se me otorgue licencia desde el día 22 al día 29 del mes en curso con el fin de asistir en Cancún, México, a la Convención Anual del Grupo Electra, a la que he sido invitado para disertar sobre: ‘Modernidad, posmodernidad y antimodernidad’.

Saludo a usted con mi mayor estima.

Julio María Sanguinetti. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 17 en 18. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

25) CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en noveno término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se establecen normas para regularizar la situación de los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. (Carp. Nº 605/06 - Rep. Nº 293/06)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 605/06

Rep. Nº 293/06

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 16 de agosto de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo, a fin de remitir para su consideración el proyecto de ley que se acompaña.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El proyecto adjunto responde a la iniciativa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, compartida por el Poder Ejecutivo.

Como es de conocimiento de los Señores Legisladores, la tributación de los profesionales universitarios amparados en la citada institución de previsión social es en base a sueldos fictos, de acuerdo a una carrera de diez categorías, con una permanencia mínima en cada una de ellas de tres años, con opción a desistir del pasaje a la superior a partir de la segunda categoría (Art. 54 y 56 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004). Hasta el 31 de julio de 2004, vigencia de la Ley Nº 12.997, sustituida por la antes mencionada, la carrera era obligatoria hasta la cuarta categoría.

La grave crisis económica que afectó a nuestro país a partir del año 1999, impactó profundamente al colectivo profesional, provocando un fuerte índice de desocupación o actividad intermitente y de notoria baja de ingresos, situación que lentamente tiende a revertirse y que tuvo como consecuencia el informalismo, la elusión y evasión de aportes.

Sin perjuicio de lo expresado, conforme lo han consignado las autoridades de la Caja, los estados contables y balances actuariales de la Institución dan cuenta de una sólida situación económico-financiera, por lo tanto las medidas propuestas no se fundamentan en la necesidad de recursos actuales ni de mediano plazo, sino, que tienen un objetivo básico, la finalidad de abatir los índices de informalidad, permitiendo que un número importante de profesionales que quedaron excluidos de la seguridad social se reincorporen a la misma.

En ese sentido, se busca facilitar a quienes registran adeudos o están incluidos por disposición legal en categorías altas con aportes que superen sus posibilidades actuales o declararon no ejercicio libre por dicha situación, a través de la conjunción de dos medidas:

- Un régimen de cálculo de obligaciones en base a actualización de las obligaciones adeudadas por el Indice Medio de Salarios y con un interés compensatorio del 4% en Unidades Indexadas, equivalente a las Notas del Banco Central del Uruguay Serie 18.

- La posibilidad por única vez del ajuste de la categoría en que se encuentran, no sólo para quienes adeudan aportes, sino también quienes están con no ejercicio libre o que aún estando en ejercicio tienen dificultades de pago de los montepíos.

La aplicación de las mismas, se estima, constituye un presupuesto que permitiría poner en práctica un programa de fiscalización a los efectos de lograr los objetivos propuestos.

En definitiva la extensión de la protección social al conjunto de Profesionales Universitarios, al mismo tiempo que el establecimiento de mecanismos que faciliten la regularización de adeudos con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, así como el combate al informalismo, constituyen objetivos estratégicos funcionales a otras medidas legislativas y administrativas promovidas por el Poder Ejecutivo.

Saludamos a este Alto Cuerpo con la más alta estima y consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori, Enrique Bonomi.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Quienes tengan adeudos con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios por aportes o por los gravámenes previstos en el artículo 71 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004, generados hasta el mes de la publicación de la presente ley, podrán ampararse por única vez a un régimen de actualización de obligaciones, en base al Indice Medio de Salarios y con un interés compensatorio del cuatro por ciento (4%) anual.

Será de aplicación el artículo 127 de la citada ley en lo relativo a la cancelación de dichos adeudos.

Artículo 2º.- Todos los afiliados, aún los que no registren adeudos, podrán efectuar por única vez y a todos los efectos, las diversas opciones de categoría prevista en el artículo 56 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004, desde la siguiente al último trienio completo con sus obligaciones pagas y sin derecho a reclamar la devolución de diferencias de aportes a que pudiera dar lugar.

Artículo 3º.- El Poder Ejecutivo reglamentará las presentes disposiciones.

Danilo Astori, Enrique Bonomi.

DISPOSICIONES CITADAS

LEY Nº 17.738, de 7 de enero de 2004.

Sección II

Carrera profesional de categorías

Artículo 56. (Desistimiento de pasaje de categoría).- A partir de la segunda categoría inclusive, y dentro de los noventa días anteriores al vencimiento de cada trienio, los afiliados podrán desistir del pasaje de categoría e incluso volver a aportar en base al sueldo ficto de hasta la segunda categoría, sin derecho a reclamar devolución de aportes.

TITULO V

INGRESOS E INVERSIONES

Capítulo I

De los ingresos y su disposición

Artículo 71. (Recursos).- Los recursos indirectos de la Caja estarán conformados por lo que ésta reciba en función de lo dispuesto en los literales siguientes:

Inciso A) Cada escrito o acta otorgado por un profesional en el ejercicio de su profesión que se presente o formule ante órganos públicos estatales o no, y tribunales arbitrales, estará gravado con una prestación de $ 38 (pesos uruguayos treinta y ocho).

Corresponderá un timbre de $ 100 (pesos uruguayos cien) en todo documento otorgado por los profesionales ingenieros agrónomos, químicos industriales, veterinarios, ingenieros químicos e ingenieros industriales.

Los demás documentos otorgados por un profesional en el ejercicio de su profesión estarán gravados por una prestación cuya cuantía será determinada por la reglamentación y no será menor de $ 6 (pesos uruguayos seis) ni mayor de $ 480 (pesos uruguayos cuatrocientos ochenta).

En el libro recetario se devengarán por concepto de la prestación establecida en este inciso $ 570 (pesos uruguayos quinientos setenta) por mes.

Exceptúanse los documentos expedidos por escribanos en ejercicio amparado por la Caja Notarial de Seguridad Social, así como los profesionales que en su actuación se encuentren amparados por el Banco de Previsión Social - Régimen Civil, salvo aquellos que actúen en relación de dependencia en organismos del artículo 185 de la Constitución.

Inciso B) Todas las instancias de cada procedimiento de jurisdicción contenciosa o voluntaria o penal, arbitraje o consultoría, generará una prestación para la Caja del 5% (cinco por ciento) de los honorarios que corresponderían por el trabajo de los profesionales universitarios intervinientes, según arancel vigente a la fecha de la regulación.

Los datos que permitan esa regulación deberán expresarse en la documentación respectiva, y en lo que concierne a los abogados o procuradores, figurarán en la primera actuación, junto con la cual se abonará el gravamen estimado provisionalmente en carácter de pago a cuenta.

La regulación de los honorarios fictos no podrán ser inferior al importe de tres salarios mínimos nacionales.

A continuación de la firma de cada sentencia interlocutoria o definitiva o providencia que importe la clausura de los procedimientos, o paralizados éstos por más de seis meses, el tribunal regulará los honorarios fictos en providencia que notificará en el mismo acto de notificación de la providencia a la cual acceda, y solo será susceptible del recurso de reposición.

Los interesados no podrán obtener testimonios, certificados o desgloses, mientras adeuden las costas comprendidas en el apartado A), o en el presente apartado B) de este artículo.

Si dichas costas alcanzaren cinco Unidades Reajustables (Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968) y permanecieren insatisfechas por más de sesenta días corridos, el tribunal ante quien pendan los autos decretará de oficio y sin más trámite embargo a favor de la Caja y librará oficio al Registro pertinente, que se entregará a la Caja acreedora.

A los efectos del cobro de las prestaciones referidas en el presente literal, será válido el domicilio real o el domicilio constituido en los procedimientos que generaron el gravamen.

La parte condenada en costas es responsable de su pago ante la Caja, aunque no fuese contribuyente en el caso concreto.

El abogado patrocinante, sea o no apoderado de la parte, será solidariamente responsable del pago de dichas costas. Inciso C) Cada intervención de cirugía mayor o tratamiento médico sustitutivo o de importancia similar, generará una prestación de $ 950 (pesos uruguayos novecientos cincuenta), las restantes intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos, de $ 480 (pesos uruguayos cuatrocientos ochenta).

Se exceptúan las intervenciones o tratamientos de beneficiarios de asistencia gratuita de servicios de salud pública del Estado, y a los afiliados o socios permanentes de instituciones de asistencia médica colectiva, efectuados en cumplimiento de obligaciones legales, reglamentarias o estatutarias o pactadas en afiliaciones colectivas.

Cada parto que se produzca en sanatorio o clínica o instituciones de asistencia médica colectiva, estará gravado con una prestación de $ 95 (pesos uruguayos noventa y cinco).

Se exceptúan los partos cuya asistencia se preste por disposición del Banco de Previsión Social.

Inciso D) La venta de específicos de uso humano estará gravada con una tasa del 2% (dos por ciento) aplicable sobre el precio de venta neto del fabricante o importador a los distribuidores. Su percepción se hará mediante timbres o liquidaciones mensuales, en la forma que establezca la reglamentación.

Inciso E) Los planos presentados ante dependencias estatales y que estén relacionados con la ejecución de obras de arquitectura o ingeniería públicas o privadas realizadas por particulares, estarán gravados con el 4% del monto de mano de obra correspondiente por aplicación del Decreto-Ley Nº 14.411 de 7 de agosto de 1975, si dicha obra es princi-palmente de arquitectura, o con el 2% en los demás casos.

Lo dispuesto en el presente apartado figurará en los pliegos generales de obras de todas las entidades públicas, y se recaudará conjuntamente con el Aporte Unificado de la Construcción (artículos 1º y 5º del Decreto-Ley Nº 14.411).

Inciso F) Cada plano de mensura que se presente ante cualquier autoridad nacional o departamental suscrito por agrimensor, estará gravado con el 1o/oo (uno por mil) del valor real del inmueble a los efectos fiscales.

Tratándose de planos de fraccionamiento de tierras o de reparcelamiento, la prestación aumentará en un 6% (seis por ciento) por cada parcela resultante.

Si se tratase de planos de edificios en régimen de propiedad por pisos o departamentos, o de incorporación a tal régimen, la prestación se calculará sobre el valor real del inmueble considerado como un bien único, aunque dicho valor no tenga aún validez a los efectos tributarios.

La cuantía será del 1,5 o/oo (uno y medio por mil) en los casos de incorporación de un edificio al régimen de propiedad por pisos o departamentos y del 0,5 o/oo (medio por mil) en los demás casos.

La Dirección Nacional de Catastro no dará curso a las ges-tiones en que se presenten planos comprendidos en este apartado hasta que se acredite el pago de esta prestación.

En ocasión de solicitarse la inscripción de traslaciones de dominio de inmuebles que se hagan con referencia a un plano de mensura, se devengará una prestación del 5% (cinco por ciento) del impuesto a las transmisiones patrimoniales, cuya aplicación controlará el Registro de la Propiedad, sección inmobiliaria.

Inciso G) Cada solicitud de inspección contable, de avaluación o de certificado referente a tributos, y cada presentación de estados contables, estados de responsabilidad o declaraciones juradas ante oficinas públicas o instituciones de intermediación financiera generará una prestación de $ 38 (pesos uruguayos treinta y ocho). Exceptuánse las declaraciones juradas que deban presentar ante instituciones de seguridad social sus afiliados pasivos, así como las que deban incluirse en facturas.

Cada certificación de libro de comercio que realice el Registro Público de Comercio o intervención que haga las veces de aquélla, generará una prestación de $ 190 (pesos uruguayos ciento noventa). Igual prestación se aplicará en caso de presentación de registros contables ante organismos públicos.

El activo fiscalmente ajustado según las normas del impuesto al patrimonio, estará gravado con una prestación del 0,01% (un centésimo por ciento), fijándose como importe máximo la suma de $ 1.900 (pesos uruguayos mil novecientos), cuya aplicación controlará la Dirección General Impositiva en ocasión de la presentación de la Declaración Jurada del Impuesto, excluyendo el de las Personas Físicas, Núcleos Familiares, Sucesiones Indivisas y Cuentas Bancarias con denominación impersonal.

Las oficinas ante las que se presenten las solicitudes, libros y demás documentos referidos, controlarán el cumplimiento de estas normas, según los valores vigentes a la fecha de presentación.

Inciso H) La importación de instrumental médico, estará gravada con una prestación del 2% (dos por ciento) del valor CIF.

Tratándose de instrumental, equipos o material odontológico la prestación ascenderá al 10% (diez por ciento) del mencionado valor.

El pago de esta prestación será controlado por la Dirección Nacional de Aduanas en ocasión del respectivo despacho.

La venta por su fabricante de los bienes mencionados en los apartados primero y segundo, estará gravada con una prestación del 1%.

TITULO IX

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

Capítulo I

Normas Generales

Artículo 127. (Regímenes de cancelación de adeudos).- Compete al Directorio establecer regímenes de cancelación de adeudos generados por aportes, que aseguren convenientemente los servicios de amortización e interés y la actualización del monto adeudado.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

ACTA Nº 42

En Montevideo, el treinta y uno de agosto de dos mil seis, a la hora diez y veinticuatro minutos, se reúne la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

Preside el señor Senador Carlos Baráibar, Presidente de la Comisión y asisten los señores Senadores, Luis Alberto Heber, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini y Leonardo Nicolini.

Faltan con aviso los señores Senadores Sergio Abreu, Isaac Alfie, Alberto Couriel y Enrique Rubio, quienes remiten nota justificando su inasistencia.

Actúa en Secretaria, el Secretario de la Comisión señor Rodolfo Cami con la colaboración de la señora Verónica Cantero.

ORDEN DEL DIA.

1) Asuntos Entrados.

2) Proyecto de ley por el que se dictan normas para atender la problemática de la USURA. (Carp. Nº 344/2005).

ASUNTOS ENTRADOS.

Nota de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, solicitando entrevista referente al Proyecto del Poder Ejecutivo. Carp. 605/2006.

Mensaje y Proyecto de ley del Poder Ejecutivo, referente a CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS. Se establecen normas para regularizar la situación de sus afiliados. (Carpeta Nº 605/2006). Distribuido Nº 1093/2006.

ASUNTOS TRATADOS.

Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, referente a CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS. Se establecen normas para regularizar la situación de sus afiliados. (Carpeta Nº 605/2006). Distribuido Nº 1093/2006.

- Se pone a consideración el Proyecto, suprimiendo su lectura. Se votan los tres artículos. 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante verbal, al señor Senador Carlos Baráibar.

- De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1095/2006 que forma parte integrante de esta Acta.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO:

"ARTICULO 1º.- Quienes tengan adeudos con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios por aportes o por los gravámenes previstos en el artículo 71 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004, generados hasta el mes de la publicación de la presente ley, podrán ampararse por única vez a un régimen de actualización de obligaciones, en base al Indice Medio de Salarios y con un interés compensatorio del cuatro por ciento (4%) anual.

Será de aplicación el artículo 127 de la citada ley en lo relativo a la cancelación de dichos adeudos.

ARTICULO 2º.- Todos los afiliados, aun los que no registren adeudos, podrán efectuar por única vez y a todos los efectos, las diversas opciones de categoría prevista en el artículo 56 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004, desde la siguiente al último trienio completo con sus obligaciones pagas y sin derecho a reclamar la devolución de diferencias de aportes a que pudiera dar lugar.

ARTICULO 3º.- El Poder Ejecutivo reglamentará las presentes disposiciones.

La Comisión posterga para la próxima sesión el tratamiento del Proyecto sobre USURA.

Siendo la hora diez y cuarenta minutos se levanta la sesión, y para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Carlos Baráibar Presidente

Rodolfo Cami Secretario.

Carp. Nº 205/06

Distr. 1095/06

Versión taquigráfica de la sesión del día

31 de agosto de 2006

ASISTENCIA

Preside: Senador Carlos Baráibar.

Miembros: Senadores Luis Alberto Heber, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini y Leonardo Nicolini.

Secretario: Rodolfo Cami.

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 10 y 24 minutos)

Dese cuenta de un asunto entrado.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO.- "Proyecto de ley por el que se establecen normas para regularizar la situación de los afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. (Carp. Nº 605/2006 - Distr. Nº 1093/2006)". Este proyecto de ley ha sido repartido.

Nota de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, solicitando audiencia en relación al proyecto de ley anteriormente mencionado.

SEÑOR MICHELINI.- Si no hay inconvenientes, pediría que se apruebe este proyecto de ley, que consta de tres artículos y que establece un plazo para quienes adeuden a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

Este proyecto fue remitido con una carta, fechada el 30 de agosto de 2006, dirigida al señor Presidente de la Comisión, que dice que se trata de una iniciativa de la propia Caja que fue retomada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con acuerdo del Ministerio de Economía y Finanzas.

El artículo 1º refiere no sólo a los universitarios que adeuden por aportes, sino también por los gravámenes previstos en el artículo 71 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004, ya que por una serie de circunstancias, como presentación de planos, operaciones quirúrgicas y demás, hay instituciones que están atrasadas y estos dineros son parte del financiamiento de la Caja.

Se está aplicando un interés compensatorio de 4% anual, que es aceptable y bajo y que defiende los intereses de la Caja; esto no se hace en forma gratuita. Naturalmente, con ello la Caja podría no sólo recuperar recursos hacia atrás, sino también hacia delante, por la gente que comenzaría a pagar.

En el artículo 2º se vuelve a dar la posibilidad -también por única vez- de un reenganche. En este caso, el reenganche no refiere sólo al tema de lo que se adeuda, sino también a los afiliados que están en la tercera o cuarta categoría y deben pagar emolumentos muy altos. Aquí se les permite quedarse en la categoría en la que están a volver a la segunda, naturalmente, sin devolución de la diferencia de aportes.

El artículo 3º dice que el Poder Ejecutivo reglamentará las presentes disposiciones.

Si los señores Senadores están de acuerdo, podríamos votar este proyecto de ley. La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios está solicitando una entrevista, pero creo que cuanto antes se apruebe esto, va a ser mejor también para los aportantes.

SEÑOR HEBER.- Nosotros estamos dispuestos a acompañar la aprobación de esta iniciativa, de modo de habilitar la instancia del Plenario. Nos parece de recibo lo que manifestó el señor Senador Michelini, pero vamos a hacer las consultas del caso con nuestro equipo asesor y, en función de ello, en el Senado haremos las fundamentaciones correspondientes. Observarán los señores Senadores que, como siempre, no hemos puesto ni una piedrita en el camino del Gobierno.

SEÑOR PRESIDENTE.- Le pedimos al señor Senador que si surgen modificaciones u observaciones al proyecto de ley, antes de que se eleve al Plenario, se remitan a Secretaría para que se distribuyan a todos los miembros de la Comisión. De lo contrario, la iniciativa se incorporaría al Orden del Día del Senado de las sesiones de los próximos días.

SEÑOR HEBER.- Quisiéramos saber cuándo se va a considerar el proyecto de ley relativo a la usura, al que queremos introducirle dos modificaciones.

SEÑOR MICHELINI.- Por nuestra parte, nos gustaría tratarlo en Comisión el próximo jueves a los efectos de elevarlo al Senado para ser aprobado en la sesión del 12 ó 13 de setiembre.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de pasar a votar, la Mesa quiere dejar constancia de que, dado que la iniciativa ingresó a consideración de este Cuerpo en el día de hoy, los representantes del Partido Nacional se reservan el derecho de hacer sus argumentaciones en Sala en función del poco tiempo existente para su discusión.

Se va a votar en general el proyecto de ley relativo a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, por el que se establecen normas para regularizar la situación de sus afiliados.

(Se vota:)

- 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD:

SEÑOR MICHELINI.- Propongo que el Miembro Informante sea el señor Senador Baráibar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Adelanto que el informe será verbal.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

A solicitud de los señores Senadores, se suspende la lectura de los artículos.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque todos los artículos del proyecto de ley

(Se vota:)

- 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD:

No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace. Es la hora 10 y 32 minutos)."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señor Presidente: el proyecto en cuestión responde a la iniciativa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y ha sido compartida por el Poder Ejecutivo, puesto que establece normas para regularizar la situación de sus afiliados.

Como es de conocimiento de los señores Senadores, la tributación de los profesionales universitarios amparados en la citada institución de previsión social es en base a sueldos fictos, de acuerdo a diez categorías, con una permanencia mínima en cada una de ellas de tres años, con opción a desistir del pasaje a la superior a partir de la segunda categoría, tal como lo establecen los artículos 54 y 56 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004. Hasta el 31 de julio de 2004, en que estaba en vigencia la Ley Nº 12.997, sustituida por la antes mencionada, la carrera era obligatoria hasta la cuarta categoría.

Las medidas propuestas no se fundamentan en la necesidad de recursos actuales, según lo establecido en una comunicación remitida por la propia Caja de Profesionales, sino que tienen como objetivo básico la finalidad de abatir los índices de informalidad, permitiendo que un número importante de profesionales que quedan excluidos de la seguridad social se reincorporen a la misma.

En este sentido, se busca facilitar a quienes registran adeudos o están incluidos por disposición legal en categorías altas con aportes que superan sus posibilidades actuales o declararon no ejercicio libre por dicha situación, a través de la conjunción de dos medidas. Una de ellas es un régimen de cálculo de obligaciones en base a actualización de las obligaciones adeudadas por el Índice Medio de Salarios y con un interés compensatorio del 4% en Unidades Indexadas, equivalente a las Notas del Banco Central del Uruguay Serie 18, que es lo que se establece en el artículo 1º del proyecto.

El artículo 127 de la Ley Nº 17.738 podría plantear el problema de que esta disposición sólo se refiera a regímenes de cancelación de adeudos generados por aportes, en tanto el inciso primero del artículo 1º de este proyecto de ley comprende a los adeudos por aportes o por los gravámenes previstos en el artículo 71 de la Ley Nº 17.738. Señalo a los señores Senadores que los artículos de las leyes que he mencionado se encuentran en las disposiciones citadas de los repartidos que todos tienen a disposición.

En consultas realizadas a asesores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios sólo podría concebirse que los gravámenes previstos en el artículo 71 de la Ley Nº 17.738 no son aportes tomando esta expresión en un sentido muy estricto, lo que no se ajusta a la naturaleza de los ingresos que percibe el organismo. En efecto, este artículo 71 denomina a la diversidad de recursos que enumera a lo largo de sus ocho literales como "recursos indirectos", lo que figura en la página 7 del repartido. Esta expresión es asimilable a lo que en Derecho Financiero se conoce como recursos "paratributarios" o "parafiscales". Por lo tanto, la interpretación lógica conduce a entenderlos como aportes en el sentido amplio. Es correcto entender que el artículo 1º de la redacción que tienen en su poder los señores Senadores, con la remisión de su inciso segundo al artículo 127 de la Ley Nº 17.738, que confiere al Directorio la potestad de "establecer regímenes de cancelación de adeudos generados por aportes", comprenda también a los recursos indirectos previstos en el artículo 71.

Por su parte, el artículo 2º faculta a optar por bajar de categoría por única vez hasta la segunda categoría, fuera de los noventa días previstos al vencimiento del trienio, tal como lo prevé el artículo 56 de la Ley Nº 17.738, de 7 de enero de 2004. De esta forma, dicha opción podrá efectuarse tanto antes como después de los noventa días. En suma, bastará con hacerlo dentro del plazo que se fije por parte del Poder Ejecutivo, en conformidad con lo dispuesto en la redacción del artículo 3º.

Finalmente el artículo 3º establece que el Poder Ejecutivo reglamentará las presentes disposiciones.

A su vez, hemos presentado un aditivo que nos fue sugerido por los profesionales que integran esta Caja, que determina que se establezca la fecha hasta la que podrán acogerse los beneficiarios de la misma. Como el proyecto de ley no establecía un plazo, se propone que en la reglamentación que se encomienda al Poder Ejecutivo a través del artículo 3º se fije, y se pretende que se haga por única vez.

En definitiva, la extensión de la protección social al conjunto de profesionales universitarios al mismo tiempo que el establecimiento de un mecanismo que facilite la regularización de adeudos con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, así como el combate al informalismo, constituyen objetivos estratégicos funcionales a otras medidas legislativas y administrativas promovidas por el Poder Ejecutivo.

Esta fue la exposición de motivos del proyecto de ley que ha sido aprobado por la unanimidad de la Comisión, con ciertas salvedades planteadas por algunos señores Senadores del Partido Nacional que, dado que el proyecto de ley se consideró muy rápidamente, expresaron que podían hacer alguna observación en Sala. Por lo tanto, cuando consideremos el artículo 3º voy a presentar el aditivo a que hice referencia.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- En el artículo 1º se establece que todos pueden acogerse a esta facilitad de pagos. La exposición de motivos del Poder Ejecutivo hace referencia al año 1999, pero el proyecto no dice nada; por lo tanto, podría ser desde el infinito o, mejor dicho, el menos infinito, hasta la fecha en que se apruebe la ley.

En realidad, existen dos temas: diríamos que siempre hay períodos de inicio y de finalización; el primero tiene que ver con la crisis o, al menos, el año 1999 como se indica en el proyecto de ley.

La segunda pregunta refiere a cuál es la situación de estos profesionales, si es operativa o no en el sentido de que no sé si la Caja recibe aportes corrientes teniendo deudas anteriores porque, de lo contrario, estaríamos haciendo, básicamente, un progreso manuscrito, a menos que este proyecto de ley sirva para que alguien que haya declarado el no ejercicio de su actividad declare ejercicio con retroactividad, en cuyo caso deberíamos incluirlo en el texto del articulado como algo especial porque la ley de la Caja no lo permite.

Concretamente, estas son las preguntas que quería realizar.

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: del análisis que realizamos en la Comisión pudimos advertir que no se establecía un plazo de iniciación sino que quedaba abierto. Si bien de la exposición de motivos se puede inferir que se habla de 1999, no se establece ninguna fecha de comienzo de aplicación de esta norma. No me refiero a que no se pueda considerar, pero lo cierto es que nadie lo ha planteado y es una posibilidad que puede presentarse.

No recuerdo la segunda pregunta del señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: en realidad desconozco si la Caja recibe aportes posteriores inclusive con deudas de meses anteriores; supongo que no, como lo hacen todos los organismos. En ese caso, para que la ley sea operativa, ante un período declarado de no ejercicio, debería permitir que se declare como ejercicio y entonces sí que se pague. Me parece que es la única manera de que alguien que tenga plazos muy importantes pueda ponerse al día, porque debe tenerse presente que estamos hablando de más de siete años. En todo caso, alguien que dejó de pagar lo hizo entre 1999 y 2002 ó 2003; es decir que hablamos, como mínimo, de tres años de atraso, por lo que será difícil hacer efectivo el pago correspondiente a ese período más el aporte corriente.

El proyecto de ley se puede votar con esta redacción, pero creo que no sería operativo, salvo para un caso muy especial.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: en realidad no estoy en condiciones de responder a esta interrogante porque en ningún momento fue planteada en la Comisión, así como tampoco en la remisión que nos hiciera la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales Universitarios ni en la exposición de motivos del proyecto de ley.

En la medida en que el artículo 127 señala que compete al Directorio establecer regímenes de cancelación de adeudos generados por aportes que aseguren convenientemente los servicios de amortización, intereses y actualización del monto adeudado, será el propio Directorio de la Caja el que determinará los plazos y las condiciones en los cuales se podrá hacer la regularización. Insisto en que el proyecto de ley faculta al Directorio de la Caja a hacerlo y en ese sentido debemos interpretarlo.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: el artículo 127 dice únicamente que el plazo de refinanciación es libre y que el Directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales Universitarios puede contemplar caso por caso, porque esa es la facultad que se le compete. Sin embargo, todos sabemos que por más que los plazos sean libres, hay uno en el cual los intereses son tan grandes al principio que la cuota tiene un límite, una asíntota. Por lo tanto, me parece que la pregunta anterior es relevante. Pediría, señor Presidente, que se postergara este tema para hacer las averiguaciones a fin de saber si esta norma se aplicaría a las personas que no declararon el no ejercicio de la actividad y que puedan levantarlo o tal vez no. Quizás sea necesario realizar una nota.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: en realidad, no tendría inconveniente en que este tema fuera postergado para la semana que viene a los efectos de realizar las consultas correspondientes.

De todos modos, creo que las inquietudes que plantea el señor Senador Alfie están contempladas en el artículo 3º, que faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar las presentes disposiciones. A su vez, de acuerdo con lo que establece el artículo 127, el Directorio está facultado a establecer regímenes de cancelación de adeudos con los aportes que aseguren convenientemente los servicios de amortización e interés de la actualización del monto adeudado. De todas maneras, reitero que no tendría inconveniente en que se mantuviera en suspenso la consideración de este tema hasta la semana próxima para hacer las consultas a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y al Poder Ejecutivo sobre las interrogantes planteadas por el señor Senador Alfie.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: independientemente de que se postergue el tratamiento de este tema para la semana próxima, es notorio que este proyecto de ley tiene una primera iniciativa que, precisamente, es de la propia Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales Universitarios, que luego el Poder Ejecutivo hace suya cumpliendo con la legalidad en el sentido de que es el que tiene la iniciativa en los temas de seguridad social, que luego remite al Parlamento.

Este tema tiene dos aspectos. El primero refiere a la posibilidad de que aquellos que tengan adeudos en la Caja regularicen su situación, independientemente de que en la exposición de motivos se habla de 1999 y que a partir de ahí podría estar planteada la mayor cantidad de casos como consecuencia de la crisis de 2001, que afectó a todos los ciudadanos y a muchos que ejercían la profesión en forma liberal. No creo que haya adeudos mucho más allá de ese año. Por lo tanto, fijar o no una fecha no es complicado porque la Caja ejerce sus acciones legales.

Además, el artículo 1º contiene el tema de los gravámenes previstos en el artículo 71. Si bien no tengo la información completa, hay aspectos que también ayudan a que la Caja haga un recupero, teniendo en cuenta que su economía está relativamente sólida.

El artículo 2º, en cierta medida -sin perjuicio de hacer las consultas del caso-, si mal no interpreto, contradice un poco la preocupación del señor Senador Alfie en el sentido de que si alguien tiene adeudos puede haber declarado que por un determinado tiempo no ejerció su profesión.

SEÑOR ALFIE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MICHELINI.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: en virtud del artículo 2º, los profesionales tienen la posibilidad de suspender el aumento de categoría cada tres años y, en todo caso, volver hasta la dos, si bien antes era hasta la cuatro. Lo que refiere el señor Senador Michelini se vincula con otro aspecto. Reitero que mi planteo tiene que ver con que, aun cuando la persona tenga adeudos, se le dé la posibilidad de bajar de categoría y se le permita pagar por una categoría inferior, reduciendo así el monto de lo adeudado, lo que no era posible anteriormente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Soy consciente de que el artículo 2º no permite seguir subiendo en las categorías o, llegado el caso, si se está en categorías superiores, se puede ir a la dos, de tal manera que la persona pueda ir aportando y en un futuro jubilarse. Si estamos hablando de que el artículo 2º permite estas situaciones, es natural que si alguien tiene adeudos y declaró que en un período no hizo ejercicio de su actividad, luego quiera decir que sí la desarrolló porque se estaría contradiciendo el contenido del artículo que en realidad quiere dar la posibilidad de que la gente siga ejerciendo su actividad en la formalidad.

Se podrán hacer las consultas que se entiendan pertinentes, pero la sensación que tengo es que se quiere otorgar una posibilidad de reenganche y que los profesionales que tengan adeudos se pongan a tiro, incluso, sin necesidad de bajar o subir de categoría y que aquellos que declaran que no están trabajando en su profesión -es notorio que ahora hay más trabajo- puedan ejercerla, naturalmente, haciendo sus aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, en tramos menores a los que les corresponderían.

Por nuestra parte estamos en condiciones de votar este proyecto de ley, pero si se solicita la postergación, no tenemos ningún inconveniente.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: si hay inquietudes, si se desean hacer averiguaciones y por ello se quiere postergar, tampoco me opongo a que así se proceda; de todos modos quiero aportar las informaciones que tengo.

En primer lugar, no por la letra sino porque lo averigüé -conozco a algunos miembros de la Caja e incluso algunas veces he vertido opiniones desde el punto de vista jurídico a su solicitud, aunque no ahora-, puedo decir que el proyecto de ley refiere a aquellos que tengan adeudos y punto, así sean del año 1999 hacia delante, del año 1999 hacia atrás o incluso desde el día en que se creó la Caja. La ley no distingue, y donde la ley no distingue, el intérprete no debe distinguir.

Por otro lado, la exposición de motivos no dice que las deudas se generaron desde la crisis de 1999, sino que esa crisis impactó fuertemente al colectivo profesional; pero puede haber profesionales que nunca pagaron, ya sea porque no quisieron o no pudieron, porque ejercieron clandestinamente o porque no ejercían y por haraganería no se presentaron a declararlo. Esto es lo que quería decir respecto a la primera inquietud que es clarísima, ya no por las reglas de interpretación de la ley, sino porque además sé que es así. Hay situaciones muy anteriores al año 1999 -tienen que ver con el tema que tratamos hoy con relación a los exiliados- que tampoco pagaban porque no estaban acá o porque estaban presos y no podían presentar la carta manifestando que no ejercían profesionalmente porque no los dejaban sacar una carta de esa naturaleza. De modo que eso fue averiguado.

El segundo tema, tal como decía el señor Senador Alfie, refiere a que aun los que no tienen adeudos pueden, por única vez, optar por las posibilidades previstas en el artículo 56 de la ley de 2004 desde el siguiente al último trienio completo, con sus obligaciones pagas y sin derecho a reclamar la devolución de diferencias. Hay personas a las que se les dan las facilidades del artículo 1º y que dicen: "Esto me viene muy bien; me pongo al día y puedo ejercer". No debemos olvidar que el profesional que no está al día no puede ejercer; esa es la principal arma que tiene la Caja de Profesionales. Por ejemplo, en el caso de los abogados, se manda un comunicado a todos los Juzgados para que no les reciban escritos. Ese procedimiento es más fuerte que un embargo.

En síntesis, según la ley original de la Caja de Profesionales, desde la segunda categoría en adelante, debido a que cada tres años se cambia de categoría automáticamente, para que el cambio no se produjera la persona tenía que presentar una carta manifestando que no quería subir de categoría porque de ese modo se pagan menos aportes aunque, naturalmente, la jubilación será menor.

(Intervención del señor Senador Alfie que no se escucha.)

- Es exacto lo que me acota el señor Senador Alfie, ahora sí, porque se produjeron modificaciones a la Ley Orgánica original.

Mediante este proyecto de ley se devuelve esa posibilidad a los profesionales para que puedan aceptar las condiciones que establece la Caja y decidir por mantenerse al día pero en una categoría más baja porque, de lo contrario, no pueden cubrir ese gasto.

Por último, señor Presidente, quiero decir que la Caja de Profesionales, según las disposiciones originales de su Ley Orgánica, otorga al Directorio facultades muy importantes de regulación como, por ejemplo, en cuanto a los plazos para hacer las declaraciones, que a veces no eran establecidos por ley, pero el Directorio -hay miembros del Senado que lo saben- tiene facultades para decidir por sí, sin ley y sin decreto del Poder Ejecutivo, y otorgar un plazo a quienes quieran declarar que no estaban inscritos o a quienes quieran subir o bajar de categoría. Al mismo tiempo, otorga un régimen de pagos siempre que el profesional se presente en tal o cual plazo, que tampoco está establecido por la ley, sino fijado de acuerdo con las facultades del Directorio. Ha sido muy discutido si estas eran demasiadas facultades o no para la Caja de Profesionales, pero lo cierto es que no sólo las tiene, sino que las ejerce.

De manera que, personalmente, si se quiere postergar la votación de este proyecto de ley, no tengo ningún problema; no obstante, quiero dejar constancia de que sé que hay muchos profesionales que están muy urgidos. Algunos de ellos reciben sueldos de la Administración Pública que promedialmente son muy bajos y que por su categoría de profesionales, aunque no ejerzan como tales en ese ámbito -puesto que se desempeñan como auxiliares, porteros, etcétera-, para cobrar su sueldo deben presentar el certificado de la Caja. Si no lo presentan, no les pagan el sueldo. Esto es lo que ocurre en la realidad. Por eso digo que si se decide postergar este tema, que esa postergación no se extienda por más de dos o tres días o una semana porque, reitero, hay mucha gente en esta situación que está esperando la aprobación de una disposición de esta naturaleza. Del mismo modo, también está esperando la buena voluntad del Directorio de la Caja de Profesionales pero, por supuesto, en ese caso no sabemos hasta dónde puede llegar a regular los plazos y la manera cómo se van a hacer los pagos.

Una vez más digo que si se decide postergar la votación de este proyecto de ley, no tengo inconveniente alguno.

Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: observo que el quórum no es muy importante; por esa razón, solicito que se ponga a votación la pensión graciable a conceder al señor Eduardo Darnauchans.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa sugiere que se postergue la consideración del tema que nos ocupa, pues tenemos que proclamar otras votaciones respecto a pensiones graciables.

26) SERVANDO PEDRO ALDROVANDI CASTILLO. PENSION GRACIABLE.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta del resultado de la votación correspondiente a la pensión graciable a conceder al señor Servando Pedro Aldrovandi Castillo.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- Han sufragado 22 señores Senadores: 19 lo han hecho por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, el resultado es: Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"ARTICULO 2º.- Precísase que la erogación resultante, será atendida por Rentas Generales".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

27) EDUARDO DARNAUCHANS MIRALLES. PENSION GRACIABLE

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable al señor Eduardo Darnauchans (Carp. Nº 600/06 - Rep. Nº 292/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 600/06

Rep. Nº 292/06

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 7 de agosto de 2006.

Sr. Presidente de la Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

Sr. Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo con el objeto de someter a su consideración el adjunto Proyecto de Ley, por el que concede una pensión graciable al Sr. Eduardo Darnauchans, por su eminente trayectoria artística, su trayectoria discográfica y su constante aporte a la causa de los derechos humanos que lo han convertido en un ineludible referente para nuestro país y que responden al literal B) del artículo 2º de la Ley Nº 16.301, de 9 de setiembre de 1992.

Su actual situación económica, explicada en fojas 156, y agravada por su actual situación de salud que le impiden ejercer su profesión complementan los causales que justifican la presente iniciativa.

El Proyecto de Ley, en su artículo Primero, incluye el nombre del beneficiario así como el monto de la pensión. En el Artículo Segundo se establece que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Asimismo a efecto de la tramitación ante el BPS, se expresa que la Cédula de Identidad del beneficiario Sr. Eduardo Darnauchans es Nº 2.768.901/1.

El Poder Ejecutivo saluda al Presidente de la Asamblea General con su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori, Jorge Brovetto.

PROYECTO DE LEY

Artículo Primero.- CONCEDESE una pensión graciable al Sr. Eduardo Darnauchans, titular de la cédula de identidad Nº 2.768.901/1, equivalente a cuatro salarios mínimos nacionales.

Artículo Segundo.- PRECISASE que la erogación resultante, será atendida por Rentas Generales.

Artículo Tercero.- COMUNIQUESE, publíquese, etc.

Danilo Astori, Jorge Brovetto.

DISPOSICION CITADA

LEY Nº 16.301,

de 9 de setiembre de 1992

Artículo 2º.- Las pensiones graciables y recompensas pecuniarias podrán acordarse únicamente:

A) a personas que hayan prestado grandes servicios a la República;

B) a personas que se hayan destacado en forma relevante en actividades científicas, artísticas o culturales;

C) a los cónyuges supérstites y a los descendientes y ascendientes en primer grado de consanguinidad de las personas a que refieren los literales anteriores, siempre que se encuentren en situación de notoria necesidad económica.

Foja 156 del expediente

EXP. 2005/02460 - Eduardo Darnauchans

De estado civil casado, separado judicialmente de bienes.

C.I. 2.768.901-1

Antecedentes. Poeta y músico popular de larga trayectoria.

Fue homenajeado por la Junta Departamental de Montevideo el 15 de julio de 2004 y el 14 de diciembre de 2004.

Situación económica: De acuerdo a la certificación notarial que luce en autos percibe un ingreso nominal anual promedio que se detalla de la siguiente manera: de AGADU $ 10.000 por la difusión de sus canciones, $ 30.400 por sus actuaciones como cantautor y una renta mensual de $ 2.400 por el alquiler de un inmueble en el departamento de Tacuarembó.

Estado del expediente: El expediente se eleva por el Sr. Director de Cultura, Prof. Luis Mardones, quien adjunta el proyecto de ley y sugiere su aprobación. Carece de informe letrado. Fue remitido al Asesor del Sr. Ministro Dr. Fernando Lema el 14 de setiembre de 2005.

Dra. Lucía Salvia Neffa

Asesora Letrada

Ministerio de Educación y Cultura

Dra. Silvia Morelli Ferreira

Asesora Letrada del

Ministerio de Educación y Cultura.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

ACTA Nº 37

En Montevideo, el día treinta y uno de agosto del año dos mil seis, a la hora dieciséis y catorce minutos, se reúne en sesión extraordinaria la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros señores Senadores Isaac Alfie, Susana Dalmás, Francisco Gallinal, Julio C. Lara Gilene, Eduardo Lorier, Luis Oliver y Víctor Vaillant.

Concurre el señor Senador Rafael Michelini.

Son recibidos en audiencia, para referirse al proyecto de ley por el que se repara, desde el punto de vista jubilatorio, a com-patriotas impedidos de acceder al trabajo como consecuencia de persecución política y sindical (Carpeta Nº 576/2006 - Distribuido Nº 1068/2006):

a) representantes de la Agrupación de Ex Obreros y Familiares de Trabajadores de la textil Ferrés (Punta Yeguas) señoras Olga Castillo, Atenas Pereyra, Ibis Hernández y Eletica Horquebi y señores Norberto Arana, Toribio Cardozo, Carlos Fernández, Felipe Pereyra y Ruben Pressa;

b) Grupo de funcionarios restituidos al Estado al amparo de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, señores Rolando Brocia, Líber Olivera, Cervantes Pernas, Eduardo Píriz y Pedro Puppo.

Preside su titular, el señor Senador Julio C. Lara Gilene.

Actúan en Secretaría la Secretaria de Comisión señora Josefina Reissig y el Jefe de Departamento señor César González.

Abierto el acto se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada figura en el Distribuido

Nº 1097/2006, que forma parte de la presente Acta.

ASUNTOS ENTRADOS:

1) Carpeta Nº 600/2006. EDUARDO DARNAUCHANS MIRALLES. Pensión graciable. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1032/2006.

2) Solicitud de audiencia enviada por la Cámara de Emergencias y Asistencia Extrahospitalaria del Uruguay para plantear la situación de esas empresas frente a la imposibilidad de participar en el Consejo de Salarios Grupo 15 (Sector Salud).

3) Oficio Nº 715/2006 de la Junta Departamental de Colonia. Ese legislativo departamental apoya un planteo del señor Edil Julio Picca por el que se reclama la inclusión de 53 trabajadores destituidos de la Textil ex Campomar y Soulas de Juan Lacaze en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se repara, desde el punto de vista jubilatorio, a ciudadanos impedidos de acceder al trabajo por persecución política y sindical. Se envía copia de las expresiones de dicho señor Edil.

4) Solicitud de audiencia remitida por el Sindicato Unico de Trabajadoras Domésticas (SUTD, PIT-CNT) para proponer modificaciones al proyecto de ley por el que se regula su actividad.

5) Solicitud de audiencia de ex operarios, obreros y funcionarios del Frigorífico Melilla (ex Sudamericano S.A.) para plantear su situación.

6) Solicitud de audiencia remitida por la Asociación de Jubilados de la Industria Frigorífica para reiterar las manifestaciones realizadas en la sesión de la Comisión de 8 de junio de 2006.

7) Nueva solicitud de audiencia del Sindicato de Guardahilos de ANTEL, para explicar su conflicto con las autoridades de ese Ente Autónomo.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1) Carpeta Nº 576/2006. DERECHO JUBILATORIO Y PENSIONARIO. Se repara a compatriotas impedidos de acceder al trabajo como consecuencia de persecución política y sindical. Mensaje y proyecto de ley remitido en nueva forma por el Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1068/2006.

Luego de escuchar a las delegaciones visitantes, la Comisión pasa a votar el articulado según el siguiente detalle:

Artículo 1º.- Se vota: cinco votos en cinco señores Senadores presentes. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 2º.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones. 

Artículo 3º.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones. 

Artículo 4º.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones. ______________

Artículo 5º.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones. _______________

Artículo 6º.- Se vota: cinco en cinco: Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 7º.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 8º.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones.

Artículo 9º.- Se vota: cinco en cinco: Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 10.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 11.- Se vota: seis en seis: Afirmativa. UNANIMIDA. Aprobado con modificaciones.

Artículo 12.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 13.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 14.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 15.- Se vota: seis en seis. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones.

Artículo 16.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 17.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 18.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 19.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 20.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 21.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Susana Dalmás, quien lo hará en forma verbal.

Por último, la Comisión decide anexar a ésta la Carpeta Nº 407/2005, por ser de similar tenor que el proyecto de ley aprobado y por tener ambas antecedentes comunes.

El proyecto de ley aprobado tiene la redacción que se transcribe.

"PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Capítulo I - Ambito subjetivo.

Artículo 1º.- Quedan comprendidos en la presente ley las personas que, por motivos políticos, ideológicos o gremiales, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985:

a) se hubieran visto obligadas a abandonar el territorio nacional siempre que hubieran retornado al mismo antes del 1º de marzo de 1995; o

b) hubieran estado detenidas o en la clandestinidad, durante dicho lapso, total o parcialmente.

Asimismo, se encuentran amparados quienes con anterioridad al 9 de febrero de 1973 y por los mismos motivos indicados precedentemente, fueron detenidos o abandonaron el territorio nacional y retornaron antes del 1º de marzo de 1995, y acrediten fehacientemente dichas circunstancias.

Capítulo II - Cómputo ficto de servicios y afiliación.

Artículo 2º.- Las personas que se hubieren encontrado en una o varias de las situaciones previstas en el artículo anterior tendrán, a los efectos jubilatorios y pensionarios, cómputo ficto de servicios, por el período en que dichas situaciones se hayan mantenido. En caso de que las situaciones de detención o clandestinidad hayan tenido como consecuencia la pérdida del trabajo, el cómputo ficto de servicios abarcará asimismo el período que insumiera el reintegro a la actividad formal.

Artículo 3º.- A las personas comprendidas en las disposiciones de la presente ley se les reconocerá, durante el período de cómputo ficto de servicios, una asignación computable mensual equivalente a once Bases de Prestaciones y Contribuciones (Ley Nº 17.856, de 20 de diciembre de 2004), al valor de la fecha de vigencia de la presente.

Artículo 4º.- Los servicios reconocidos al amparo de la presente ley son ordinarios y no podrán fraccionarse.

En el caso de los beneficiarios que a la fecha de vigencia de esta ley tengan configurada causal jubilatoria o pensionaria, se considerará que los servicios fictos tienen afiliación al instituto que debe servir la prestación.

Tratándose de beneficiarios sin causal a dicha fecha, la afiliación de los períodos estará determinada por los últimos servicios prestados por el beneficiario o el causante, según corresponda.

Para los casos comprendidos en el inciso final del artículo 10 de la presente ley, los salarios fictos se computarán al instituto que comprenda la actividad simultánea no reparada, a los efectos de otorgar, por dicho instituto, el beneficio que correspondiere.

Artículo 5º.- Cuando, de acuerdo con los criterios establecidos en el anterior, no pudiese determinarse la afiliación, se considerará que los servicios fueron prestados al amparo de la Ley Nº 12.138, de 13 de octubre de 1954 y del artículo 18 de la Ley Nº 12.380, de 12 de febrero de 1957.

Capítulo III - Régimen jubilatorio y pensionario

Artículo 6º.- A los beneficiarios de la presente ley se les aplicará el régimen de pasividades vigente, con las especialidades que surgen de esta normativa, en tanto les resulte más beneficiosa.

Artículo 7º.- El monto mínimo de asignación de jubilación de las personas amparadas por las disposiciones de la presente ley, en ningún caso podrá ser inferior al equivalente a cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones vigentes al momento de ingresar al goce de la prestación.

Artículo 8º.- Las personas amparadas por la presente ley, que sin configurar causal de jubilación, cuenten con sesenta años de edad y un mínimo de diez años de servicios (artículo 77 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995 o la normativa que corresponda según el ámbito de afiliación), tendrán derecho a una jubilación especial equivalente, al momento de inicio del servicio, a cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales.

La jubilación prevista en el inciso anterior es incompatible con el goce de cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial.

Para los casos comprendidos en el inciso final del artículo 10 de la presente ley, la no configuración de la causal jubilatoria descripta en el inciso primero del presente artículo está referida a la actividad simultánea no reparada. A esos efectos el beneficiario tendrá derecho a optar, por la incompatibilidad de la misma, entre la jubilación especial y cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial.

Artículo 9º.- Las disposiciones de la presente ley también alcanzarán a aquellas personas que, comprendidas en el artículo 1º de la presente ley, a la fecha de su vigencia hayan fallecido o hayan sido declaradas ausentes por decisión judicial o en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 17.894, de 14 de setiembre de 2005, o hayan desaparecido en un siniestro conocido de manera pública y notoria, todas las cuales generarán derecho a pensión de sobrevivencia en las condiciones dispuestas por el régimen jubilatorio o pensionario aplicable.

Capítulo IV - Exclusiones

Artículo 10.- Quedan excluidas de la presente ley, con excepción de lo establecido en el artículo 11:

a) las personas que hubieran trabajado en países con los cuales la República Oriental del Uruguay tiene acuerdos de seguridad social y durante el período en que desarrollaron actividad laboral en los mismos;

b) las personas efectivamente amparadas por las leyes especiales que atendieron situaciones de esta naturaleza para actividades específicas (Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, Ley Nº 16.163, de 21 de diciembre de 1990, Ley Nº 16.194, de 12 de julio de 1991, Ley Nº 16.451, de 16 de diciembre de 1993, Ley Nº 16.561, de 19 de agosto de 1994, Ley Nº 17.061, de 24 de diciembre de 1998, Ley Nº 17.620, de 17 de febrero de 2003, Ley Nº 17.917, de 30 de octubre de 2005, Ley Nº 17.949, de 8 de enero de 2006 u otras disposiciones análogas) por las actividades a que refieren dichas normas;

c) las personas cuya actividad estuviera amparada por las cajas paraestatales y hubieran sido oportunamente reparadas por dichos organismos, en cuanto dicha reparación corresponda a hechos acaecidos durante el período previsto en el artículo 1º.

Quienes se encontraren en cualquiera de las situaciones previstas en los literales anteriores, pero acrediten haber realizado otra actividad laboral simultánea a aquélla, al momento de verse afectados por cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 1º, quedarán incluidos dentro de las disposiciones de esta norma, por la actividad por la que no fueron reparados.

Capítulo V - Pensión especial reparatoria

Artículo 11.- Las personas comprendidas en el artículo 1º de esta ley que habiendo sido detenidas y procesadas por la Justicia Militar o Civil y que, como consecuencia de ello sufrieron privación de libertad entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, tendrán derecho a una pensión especial reparatoria equivalente, al momento de inicio de su percepción, a 8,5 (ocho y media) Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales.

No tendrán derecho a percibir la prestación establecida en el presente artículo los titulares de una jubilación, pensión, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo que optaren por la pensión especial reparatoria.

Tampoco podrán acceder a esta prestación quienes se hubieren acogido a los beneficios establecidos en la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, Ley Nº 16.163, de 21 de diciembre de 1990, Ley Nº 16.194, de 12 de julio de 1991, Ley Nº 16.451, de 16 de diciembre de 1993, Ley Nº 16.561, de 19 de agosto de 1994, Ley Nº 17.061, de 24 de diciembre de 1998, Ley Nº 17.620, de 17 de febrero de 2003, Ley Nº 17.917, de 30 de octubre de 2005, Ley Nº 17.949, de 8 de enero de 2006 u otras disposiciones análogas, ni quienes perciban ingresos de cualquier naturaleza superiores a 15 (quince) Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales, calculados en promedio anual.

En caso de fallecimiento del beneficiario de esta pensión especial reparatoria su cónyuge o concubino/a "more uxorio" y sus hijos menores podrán ejercer derechos de causahabiente.

Los ajustes al monto inicial de la prestación se realizarán de acuerdo con el régimen establecido en el artículo 67 de la Constitución de la República.

El derecho a acogerse al beneficio regulado en este artículo no prescribe extintivamente ni caduca.

El Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia, en un plazo de treinta días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, deberán remitir a la Comisión Especial creada por el artículo 13, toda la información disponible en su poder para la identificación de los beneficiarios comprendidos en el inciso primero de este artículo.

La Comisión Especial que se crea por el artículo 13 de la presente ley podrá decidir -debiendo hacerlo en este caso por unanimidad- el otorgamiento de esta pensión especial reparatoria a aquellas personas que, por los motivos y dentro del período indicado en el artículo 1º, hayan sido privadas de libertad en un lapso superior a un año y no hayan sido sometidas a proceso.

Capítulo VI - Financiación

Artículo 12.- Los gastos que genere la aplicación de la presente ley serán atendidos por Rentas Generales.

Capítulo VII - Comisión Especial

Artículo 13.- Créase una Comisión Especial que actuará en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuya integración, cometidos y funciones serán los que se expresan en los artículos siguientes.

Esta Comisión deberá constituirse dentro de los treinta días a partir de la vigencia de esta ley, siendo obligación del Poder Ejecutivo publicitar la fecha de su constitución.

Artículo 14.- La Comisión Especial estará integrada por cinco miembros:

a) un delegado designado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien la presidirá;

b) un delegado designado por el Banco de Previsión Social;

c) un delegado designado por el Ministerio de Economía y Finanzas;

d) un delegado designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT);

e) un delegado designado por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Asamblea Nacional de Ex Presos Políticos del Uruguay (CRISOL), Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos (CRU) y del Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU).

Artículo 15.- La Comisión Especial entenderá en todo lo relativo la instrucción, sustanciación y resolución definitiva sobre las solicitudes de amparo a las disposiciones de la presente ley, así como el otorgamiento de los beneficios dispuestos.

A dichos efectos podrá disponer de todas las medidas que estime convenientes para contar con la más completa información, requerir los antecedentes necesarios para su diligenciamiento, comunicándose directamente con las entidades públicas y privadas, admitiendo todos los medios de prueba previstos en el artículo 146 del Código General del Proceso, los que se apreciarán de conformidad con el principio de la sana crítica.

La condición de clandestinidad se justificará mediante la acreditación fehaciente del requerimiento de la persona por las autoridades del gobierno de facto por los motivos establecidos en el artículo 1º. Para otros casos en que se invoque tal condición, la Comisión Especial a la que refiere el artículo 13 de la presente ley deberá adoptar decisión al respecto por unanimidad de sus miembros.

Capítulo VIII - Procedimiento

Artículo 16.- Las solicitudes de amparo a la presente ley se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Nº 500/991, de 27 de setiembre de 1991.

Artículo 17.- Se remitirán a la Comisión Especial creada por la presente ley las solicitudes presentadas ante la Comisión Especial creada por la Ley Nº 17.449, de 4 de enero de 2002, a efectos de que, a petición de parte interesada:

a) determine la procedencia de la modificación de la prestación correspondiente a aquellos que hubieren sido amparados por dicha ley, comunicándolo en tal caso al instituto que sirva la misma;

b) se revisen las decisiones que hubieren sido denegatorias del derecho;

c) se continúe el trámite de las que aún no estuvieren resueltas.

Los interesados tendrán un plazo de ciento ochenta días a partir de la constitución de la Comisión Especial prevista en la presente ley, para presentar solicitud de reconsideración de la resolución que ya ha sido tomada, así como la ampliación de prueba de sus respectivos expedientes.

Artículo 18.- El plazo de presentación de las peticiones para ser amparado por esta ley será de ciento ochenta días a partir de la fecha de constitución de la Comisión Especial prevista en el artículo 13 de esta norma. Vencido el mismo caducarán todos los beneficios en ella dispuestos, sin perjuicio de las disposiciones establecidas por el artículo 11.

Artículo 19.- Contra las resoluciones de la Comisión Especial podrán interponerse los recursos de revocación y jerárquico.

Artículo 20.- Las jubilaciones y pensiones otorgadas al amparo de la Ley Nº 17.449, de 4 de enero de 2002, así como el cómputo de servicios dispuesto en su aplicación, continuarán rigiéndose por dicha norma, sin perjuicio del derecho a solicitar la modificación prevista en el literal a) del artículo 17 de la presente ley.

En ningún caso la prestación a servir podrá ser inferior a la que percibe el titular al momento de solicitar la revisión.

Artículo 21.- Derógase el régimen de reintegros dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 17.449, de 4 de enero de 2002, así como todas las disposiciones que directa o indirectamente se opongan a la presente ley.

2) Carpeta Nº 600/2006. EDUARDO DARNAUCHANS MIRALLES. Pensión graciable. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1032/2006.

Cada uno de los tres artículos del proyecto de ley es aprobado por siete votos en siete señores Senadores presentes. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Julio Lara Gilene (informe verbal).

3) Carpeta Nº 539/2006. PRESTACIONES DEL BANCO DE PREVISION SOCIAL. Se excluye a quienes hayan ocupado y ejercido la Presidencia de la República entre el período comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 31 de setiembre de 1984. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por varios señores Senadores. Distribuido Nº 931/2006.

A propuesta del señor Senador Francisco Gallinal se posterga su tratamiento.

A la hora dieciocho y treinta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Julio C. Lara Gilene Presidente

Josefina Reissig Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En consideración.

Se pasará a tomar la votación en la forma de estilo.

Repártanse las bolillas de votación.

(Así se hace)

28) CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del proyecto de ley relacionado con el establecimiento de normas para regularizar la situación de los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: a los efectos de no abusar de la paciencia del Senado, quiero ser breve y ratificar lo que acaba de expresar el señor Senador Korzeniak cuando se refirió al espíritu y al texto de la ley, que son bien claros. En síntesis, se conceden facilidades de pago a todos aquellos profesionales que adeuden aportes o gravámenes.

Obviamente, la finalidad de este proyecto es la regularización y la recaudación. Al respecto hay que leer en conjunto su artículo 1º y su artículo 2º, en tanto este último tiene estrecha relación con el régimen de facilidades de pago que se establece en el artículo 1º. Como bien decía el señor Senador Korzeniak hace pocos minutos, en la medida en que los profesionales se encuentran en una situación de adeudos, de pronto, desde hace siete, ocho o nueve años, no pueden acceder a su regularización aun en régimen de facilidades, ya que se le computan automáticamente las categorías que han venido transitando.

Por lo tanto, esta es un forma de establecer en un mismo paquete que los profesionales pueden ampararse a la posibilidad de optar por una categoría inferior, hasta la segunda, y a partir de allí hacer un recálculo de las obligaciones tal cual lo establece el artículo 1º.

También es correcto lo afirmado por el señor Senador Korzeniak en cuanto a que algunos profesionales que se encuentran endeudados con relación a la percepción de sus haberes enfrentan serias dificultades. Por eso creo que este es un proyecto debe ser atendido con relativa urgencia. De cualquier manera, ya que estamos dentro de los plazos racionales para su consideración -se me informa que el proyecto ingresó el día 15 de agosto- y por una cuestión de gentileza con algunos señores Senadores que desean hacer consultas específicas, entiendo que debería postergarse su análisis.

SEÑOR PRESIDENTE.- No tengo ninguna moción concreta, ni ningún señor Senador anotado.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite, señor Presidente?

Formulo moción para que este asunto se incluya en el Orden del Día del próximo martes y prosigamos ahora con el de la presente sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción del señor Senador Michelini.

(Se vota:)

- 20 en 22. Afirmativa.

En consecuencia, este asunto queda postergado hasta la semana que viene.

29) "GUYUNUSA"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en décimo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se designa ‘Guyunusa’ la Escuela Nº 68, del departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública). (Carp Nº 467/06 - Rep. Nº 287/06)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 467/06

Rep. Nº 287/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Guyunusa" la Escuela Nº 68 del departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 15 de marzo de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Comisión de

Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura aconseja al Cuerpo aprobar el presente proyecto de ley, por el cual se designa "Guyunusa" la Escuela Nº 68, del departamento de San José.

Los señores Diputados Leonel Heber Sellanes y Jorge Chápper del departamento de San José, propusieron en el año 2003 nominar a la Escuela Nº 68 con el nombre "Guyunusa".

Las razones mencionadas se fundan en que dicha Escuela carece de nombre propio y fue una necesidad sentida del colectivo docente, que la nominación surgiera del propio centro.

La decisión se basa en mantener viva la memoria en los niños y en la comunidad, de quienes fueron los habitantes autóctonos de nuestro suelo oriental.

Los indígenas han sido relegados en la memoria histórica del país, habiendo muy pocas referencias de ellos, ya sea en el nomenclator ciudadano o escolar.

Es por eso que en este nuevo período la Comisión de Educación y Cultura aprobó por unanimidad el proyecto de ley que se eleva al Cuerpo.

No solo en las nominaciones públicas es difícil encontrar los nombres de los primeros habitantes de estas tierras, tampoco la historia se ha ocupado de ellos de manera especial, ahora con el desarrollo científico no quedan muchas excusas para no hacerlo, recobrar nuestro pasado lejano debe ser una aspiración como sociedad que, buscando sus raíces, mejora y perpetua su identidad.

Existe una Partida de Bautismo original de esta india, donde consta que nació en el departamento de Paysandú el 28 de setiembre de 1806, hija natural de la india María Rosa, su nombre completo es María Micaela Guyunusa.

Su vida tuvo parecida suerte que su colectividad, su pueblo fue sufrido, vivió con intensidad las luchas de la Banda Oriental y fue parte de los acontecimientos políticos de su época.

Junto a su colectivo se mantienen expectantes y solícitos ante las demandas del Jefe del éxodo del Pueblo Oriental, quizá los mejores años para el pueblo charrúa después de la invasión española, campeaban las consignas, se vivía bajo banderas, la dignidad oriental era un poncho grande que los amparaba con el mismo estatus de hijos de la lucha que libraba el padre Artigas.

Arerunguá fue una de sus moradas, estas tierras fueron pedidas por Artigas para sí pues deseaba que los charrúas vivieran tranquilos, ahí levantó el general sus banderas diciendo que ahí estaba "el centro de sus recursos".

Las esperanzas y el desarrollo de Guyunusa y su pueblo indígena quedan frustradas para siempre después de los breves años de gobierno en Purificación, las ambiciones desmedidas por las tierras que ocupa el pueblo charrúa se vuelve lo cotidiano, cada vez más enfrentados con grupos poderosos que crecen y se apoderan del territorio dejando de lado y en el olvido los ideales de la Banda Oriental y a sus propios protagonistas que junto al General Artigas habían luchado contra la monarquía española y el Imperio portugués.

A orrillas del arroyo Salsipuedes se logra el destrozo irreversible de este pueblo, con esta traición y matanza que emana de los intereses de los terratenientes, ya nunca más será posible desarrollar una cultura indígena que tenía varios miles de años, toda la estructura tribal se pierde para siempre, dejándonos con una culpa colectiva histórica que nunca podremos superar.

A partir de ahí la suerte de la india Guyunusa y los pocos sobrevivientes no puede ser peor son llevados y los niños repartidos como esclavos, sin posibilidad de usar su lengua ni sus rituales espirituales, en estas terribles decisiones que han enterrado para siempre nuestro pasado más noble, desinteresado y generoso.

La india Guyunusa fue vendida en Montevideo junto con sus hermanos de raza, Vaimaca Perú, Senaqué y Tacuavé, los nuevos dueños eran ciudadanos del país que lideraba la cultura universal de aquellos años y ahí fueron llevados y expuestos como bestias a la curiosidad pública y con réditos para los empresarios.

Por lo expuesto precedentemente se aconseja al Plenario la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 19 de octubre de 2005.

Nora Gauthier, Miembro Informante; Pablo Alvarez López, Roque Arregui, Juan José Bruno, José Carlos Mahía, Julio M. Musetti.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Guyunusa", la Escuela Nº 68 del departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP):

Sala de la Comisión, 19 de octubre de 2005.

Nora Gauthier, Miembro Informante; Pablo Alvarez López, Roque Arregui, Juan José Bruno, José Carlos Mahía, Julio M. Musetti".

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cutura

ACTA Nº 30

En Montevideo, el día treinta y uno de agosto del año dos mil seis, a la hora once y diez minutos se reúne la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores.

Asisten la señora Senadora Margarita Percovich y los señores Senadores Alberto Cid, Ruperto Long, Leonardo Nicolini y Julio María Sanguinetti.

Faltan con aviso los señores Senadores Eduardo Lorier y Gustavo Penadés, quienes remiten nota justificando su inasistencia.

Preside el señor Senador Leonardo Nicolini, Presidente de la Comisión.

Concurren: Presidente de FUTANGO (Federación Uruguaya del Tango) representante de Joven Tango doctor Juan Pedro Rubinstein, Secretario de FUTANGO representante de la Academia Nacional de Tango doctor Nelson Sica, Presidente de la Fundación Carlos Gardel de Tacuarembó doctor Carlos Arezo y representante de Joven Tango señor Ljubo Jutronich.

Actúa en Secretaría el señor Secretario Alberto Martínez Payssé, con la colaboración de la funcionaria Susana Rodríguez.

ASUNTOS ENTRADOS:

- Nota remitida por el señor Ministro de Educación y Cutura comunicando el cambio de fecha, por razones de agenda del Dr. Federico Mayor Zaragoza, en la conferencia "Educación para todos en el Siglo XXI".

- Solicitud de Audiencia de la Academia del Tango de la República Oriental del Uruguay, con la finalidad de entregar a la Comisión una petición escrita con el fin de que sea declarado Día Uruguayo del Tango el 5 de octubre de cada año.

- Fax remitido por la Federación Uruguaya de Magisterio explicando la no concurrencia a la audiencia concedida y solicitando nueva fecha para la misma.

- Nota remitida por la Federación Uruguaya del Tango reiterando la solicitud de audiencia y adjuntando nota explicativa de sus integrantes y cometidos.

- Invitación remitida por la Federación Uruguaya de Magisterio para la apertura de su Congreso Extraordinario "Maestro Julio Castro".

- Invitación remitida por la Dirección de la Escuela Nacional de Danza, División Ballet para la presentación del Joven Ballet.

- CARPETA Nº 593/2006. DIA URUGUAYO DEL TANGO, 5 de octubre. Declaración. Petición de varios ciudadanos.

- Invitación remitida por la Mesa Permanente de A.T.D. de Primaria, para la presentación pública del documento que entregará a la C.O.D.E. (Comisión Organizadora del Debate Educativo), como aporte para la elaboración de la futura Ley de Educación, a realizarse el 16 de agosto del año en curso.

- Exposición escrita del señor Representante Guido Machado, relacionada con la necesidad de rendir homenaje a distintas personalidades del periodismo y deporte pertenecientes al departamento de Soriano.

- Invitación a la Mesa redonda sobre "Derechos y Políticas de vejez en Uruguay" a realizarse el día jueves 17 de agosto de 2006.

- Nota remitida por el señor Representante Nacional Jorge Romero Cabrera, adjuntando nota de la Directora del Liceo de Masoller solicitando el pronto diligenciamiento para que se designe al mencionado Liceo con el nombre "General Aparicio Saravia" (teniendo en cuenta la cercanía del 10 de setiembre, fecha de conmemoración de la muerte de dicho Caudillo).

- Nota remitida por la Directora del Liceo Rural de Masoller, Ana Aleksandrowicz, a fin de informar y solicitando se le dé difusión a los eventos que se vienen realizando desde hace 6 años en dicha Comunidad Rural.

- CARPETA Nº 198/2005. "MAESTRO PROFESOR VALERIANO RENART". Se designa el Liceo Nº 3 del departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública). Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1031/2006.

- Nota remitida por la Junta Departamental de Rivera, relacionada con la exposición que realizó el señor Edil Milton Eloy Mello, relacionado con el planteamiento de varios vecinos del Centro poblado de Masoller, solicitando que la Escuela Nº 79 de esa localidad, pase a llamarse Irene Amalia Osorio.

ORDEN DEL DIA.

CARPETA Nº 593/2006. DIA URUGUAYO DEL TANGO. 5 de octubre. Declaración. Petición de varios ciudadanos.

El señor Presidente le da la bienvenida a los señores representantes de la Federación Uruguaya del Tango y les concede el uso de la palabra.

A la hora once y treinta y cinco minutos se retiran de Sala los invitados.

A continuación los señores Senadores Alberto Cid, Ruperto Long, Leonardo Nicolini, Margarita Percovich y Julio M. Sanguinetti luego de deliberar, hacen suya la petición formulada, redactan y firman el proyecto de ley que se elevará al Plenario para su consideración.

Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Ruperto Long, quien lo hará en forma verbal.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO.

Artículo Unico.- Declárase el 5 de octubre de cada año "Día Uruguayo del Tango".

CARPETA Nº 198/2005. "MAESTRO PROFESOR VALERIANO RENART". Se designa el Liceo Nº 3 del departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública). Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1031/2006.

Se vota el proyecto de ley en nueva forma aprobado por la Cámara de Representantes: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich, quien lo hará en forma verbal.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO.

Artículo Unico.- Desígnase "Maestro Profesor Valeriano Renart" al Liceo Nº 3 del departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Por Secretaría se informa que el Profesor Monestier (Ministerio de Educación y Cultura) comunicó telefónicamente que las Carpetas Nos. 467, 530 y 548/2006 cuentan con la autorización de Primaria.

Carpeta Nº 467/2006. GUYUNUSA. Se designa la Escuela Nº 68 del departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Primaria (ANEP). (Distribuido Nº 751/2006).

Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich, quien lo hará en forma verbal.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO.

Artículo Unico.- Desígnase "Guyunusa" la Escuela Nº 68 del departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Carpeta Nº 530/2006. "JUAN MANUEL TORREGLOSA SAIZAR". Se designa la Escuela Rural Nº 8 de Zanja Honda del departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 944/2006.

Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich, quién lo hará en forma verbal.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO.

Artículo Unico.- Desígnase Juan Manuel Torreglosa Saizar, la Escuela Rutal Nº 8 de Zanja Honda del departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carpeta Nº 548/2006. "España". Se designa la Escuela Nº 39 de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria, (Administración Nacional de Educación Pública. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 953/2006.

Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Leonardo Nicolini, quien lo hará en forma verbal.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO.

Artículo Unico.- Desígnase "España" la Escuela Nº 39, del departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

RESOLUCIONES:

A solicitud del señor Senador Sanguinetti, la Comisión resuelve invitar para la sesión a realizarse el próximo jueves 7 de setiembre a la hora once al profesor Gerardo Caetano, en relación con la conveniencia o no de seguir celebrando el 25 de agosto como "Día de la Independencia" o bien hacerlo como Día de la Declaratoria de la Florida.

De lo actuado se procede a la toma de versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1096/2006 y que forma parte integrante de la presente Acta.

A la hora once y cincuenta y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Leonardo Nicolini Presidente

Alberto Martínez Payssé Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: esta es una iniciativa que viene de la Cámara de Representantes para nominar una escuela del departamento de San José que me parece acompaña el reconocimiento que el país ha emprendido con los pueblos que habitaban originariamente esta región a la llegada de los europeos.

Quisiera rescatar algo que Gonzalo Abella -quien ha escrito bastante de la historia y costumbres de estos pueblos originarios de las tierras que hoy ocupamos- ha señalado con relación al rol que jugó Artigas en organizar la participación de gauchos, indios y afroamericanos en la defensa del territorio. Dentro de esa etapa de la historia muchos charrúas se aliaron con los criollos y hasta bautizaron a sus hijos y, por supuesto, se fueron con Artigas levantando sus ranchos en los pueblos bajo su protección. Así hizo por entonces la charrúa sanducera María Rosa con su hijita, a la que llamó María Micaela Guyunusa, y que nació precisamente en 1806. El nombre Micaela era el preferido por las madres charrúas en aquellos bautismos -dice Abella- en recuerdo de la indígena peruana Micaela Bastidas, asesinada por el poder español en el siglo XVIII.

Es así que María Micaela Guyunusa nació en un pueblo de indios del litoral oriental del Uruguay, en un momento en que las canciones de cuna se acompañaban por el tronar de los cañones.

Con cinco años de edad Guyunusa acompañó a los suyos en la escolta del Éxodo del Pueblo Oriental y vivió los esperanzadores años de Arerunguá y Purificación. Después, en 1820, su gente debió ocultarse. Creció en los montes, en la resistencia cimarrona contra el portugués y ya adolescente apoyó, como todos los charrúas, la gesta que encabezaron los Treinta y Tres.

Su primer hijo nació en los tiempos nuevamente esperanzadores de Sarandí e Ituzaingó, pero el Estado Oriental organizado en 1830, que debió darles a los charrúas un lugar de respeto, lamentablemente los persiguió. El hijo mayor de Guyunusa fue separado violentamente de su madre en los repartos de niños posteriores a las emboscadas de Salsipuedes, Paso del Queguay y la estancia de Bonifacio. Guyunusa, cautiva, fue vendida por manos orientales para ser exhibida en un circo francés. Estaba nuevamente embarazada y con ella encadenaron y embarcaron a tres hombres charrúas: el joven Laureano Tacuabé, el anciano curandero Senaqué y el cacique Vaimaca Perú, que había sido gran amigo de Artigas. Laureano Tacuabé y Guyunusa se habían criado junto a las familias de charrúas cristianos; en cambio Vaimaca Perú y Senaqué pertenecían a los grupos charrúas más tradicionalistas.

La última vez que vieron suelo oriental estos cuatro hermanos nuestros fue el 25 de febrero de 1833, cuando los subieron encadenados al barco francés, que también llevaba ñandúes como curiosidad.

En Francia muchos intelectuales protestaron contra aquella exhibición de "salvajes" -entre comillas- traídos contra su voluntad. Entre los que protestaron estuvo el poeta alemán Heinrich Heine.

Los franceses se sorprendían de que Guyunusa, durante su embarazo, tocara un tosco violín, probablemente elaborado por Tacuabé.

Guyunusa vestía pieles y mantas tejidas con diseños geométricos y en su frente había tres rayas azules pintadas en sentido vertical, que llegaban hasta el nacimiento de la nariz. Cantaba tristemente y guardaba un digno silencio frente a los curiosos. Presenció la muerte de Vaimaca Perú y de Senaqué, los dos charrúas mayores.

Cuando sintió que llegaba el parto, organizó todo con su compañero Tacuabé, el que se desempeñó, según los observadores, con conocimiento de lo que debía hacer en esas circunstancias. Los franceses tomaron nota de todo el parto y anotaron que "la criatura llora de forma muy similar a nuestros bebés". Había nacido una niña charrúa en Francia y Guyunusa la llamó Micaela Igualdad.

Después del parto Guyunusa se envolvió en una gran melancolía. Cuando la niña tenía diez meses era evidente que la madre fallecería de un momento a otro en un estado avanzado de tuberculosis. Temerosos de perder tan valioso ejemplar de mujer salvaje, los franceses la separaron de Tacuabé, le afeitaron la cabeza -a lo cual no opuso resistencia-, le pusieron dos tubos en la nariz y le hicieron, aún viva, un vaciado de yeso para conservar el registro de su estructura craneana.

Guyunusa fue enterrada en una fosa común para fallecidos de enfermedades contagiosas en la ciudad de Lyon y Tacuabé huyó poco después con la niña en brazos. Quizás lo habría planificado ya en vida de Guyunusa. ¿Quiénes fueron los franceses que los ayudaron? Nunca se supo nada de ellos, aunque las leyendas son innumerables.

¿Qué habrá sido de la niña? ¿Alguien le contaría alguna vez que su madre, muerta en cautiverio, tenía líneas azules dibujadas en la frente para que sus hijos, al mamar de sus pechos, recordaran la pradera oriental y sus grandes ríos?

Creo, señor Presidente, que esta historia personifica la dramática peripecia de una mujer charrúa, etnia nativa que, como otras, fue silenciada en la construcción de nuestra identidad oriental y uruguaya y nos privó durante mucho tiempo de la riqueza de su aporte cultural, de sus tradiciones, de sus costumbres y su particular visión del mundo. Nos alegra, por lo tanto, que los niños y niñas de nuestro país tengan la oportunidad de recorrer esa historia y les despierte la curiosidad de saber cómo vivían estas personas que nos precedieron en el disfrute de estas maravillosas tierras uruguayas y quieran saber si por su sangre no corre la de ancestros indios.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Desígnase ‘Guyunusa’ la Escuela Nº 68 del departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública)."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado.)

30) EDUARDO DARNAUCHANS MIRALLES. PENSION GRACIABLE

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta del resultado de la pensión graciable a conceder al señor Eduardo Darnauchans Miralles.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

Han votado 22 señores Senadores: 20 lo han hecho por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, el resultado es: Afirmativa.

Se va a agregar a la versión taquigráfica una exposición escrita que el señor Senador Lara ha presentado con relación a este tema.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Segundo.- Precísase que la erogación resultante, será atendida por Rentas Generales."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado.)

31) JUAN ANTONIO IGLESIAS VILLAR. PENSION GRACIABLE

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable al señor Juan Antonio Iglesias Villar. (Carp. Nº 586/06 - Rep. Nº 280/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 586/06

Rep. Nº 280/06

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 26 de julio de 2006.

Sr. Presidente de la Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa

Mensaje Nº 26/06

Sr. Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo con el objeto de someter a su consideración el adjunto Proyecto de Ley, por el que se concede una pensión graciable al Sr. Juan Antonio Iglesias Villar, por su destacada trayectoria sindical que responde al Artículo 2º literal A) de la Ley Nº 16.301.

Su actual situación económica, justificada en fojas 22, complementa las causales que justifican la presente iniciativa.

El proyecto de ley, en su artículo Primero, incluye el nombre del beneficiario así como el monto de la pensión. En el Artículo Segundo se establece que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Asimismo a efecto de la tramitación ante el BPS, se expresa que la Cédula de Identidad del beneficiario Sr. Juan Antonio Iglesias Villares Nº 649.477-8.

El Poder Ejecutivo saluda al Presidente de la Asamblea General con su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori, Jorge Brovetto.

PROYECTO DE LEY

Artículo Primero.- CONCEDESE una pensión gracia-ble, al Sr. Juan Antonio Iglesias Villar, cédula de identidad Nº 649.477-8, equivalente a cuatro salarios mínimos nacionales.

Artículo Segundo.- PRECISASE que la erogación resultante, será atendida por Rentas Generales.

Artículo Tercero.- COMUNIQUESE, publíquese, etc.

Danilo Astori, Jorge Brovetto."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En consideración.

Se pasará a tomar la votación en la forma de estilo.

Repártanse las bolillas de votación.

(Así se hace)

32) "JUAN MANUEL TORREGLOSA SAIZAR"

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el punto que figura en décimo primer lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se designa "Juan Manuel Torreglosa Saizar" la Escuela Rural N° 8 de Zanja Honda, del departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria, (Administración Nacional de Educación Pública). (Carp. N° 530/06 - Rep. N° 290/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 530/06

Rep. Nº 290/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase Juan Manuel Torreglosa Saizar, la Escuela Rural Nº 8 de Zanja Honda del departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 17 de mayo de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Comisión de

Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura aconseja al Cuerpo aprobar el proyecto de ley por el cual se designa "Juan Manuel Torreglosa Saizar" a la Escuela Rural Nº 8, de Zanja Honda, departamento de Soriano.

La vida de las escuelas rurales está profundamente ligada a la de los vecinos. Si ello es así ahora, con mucha mayor razón lo fue en otras épocas, en que el aislamiento de las mismas era mucho mayor por la dificultad en las comunicaciones, y la inaccesibilidad de las mismas por problemas en los caminos y otras dificultades.

En la Escuela Rural Nº 8 de Zanja Honda, sus niños y sus maestros, también deben mucho a uno de sus vecinos, a un hombre afable, bondadoso, y que se entregó de lleno a ella, con el cariño que ponen quienes viven y dan permanente testimonio de solidaridad. Nos referimos a Juan Manuel Torreglosa Saizar.

A doce años de su fallecimiento, su recuerdo, y el agradecimiento que perdura por la obra realizada, motiva la presentación de este proyecto de ley, en un acto de estricta justicia que será motivo de orgullo para la escuela.

Para quienes conocimos a don Juan, presentar esta iniciativa nos llena de emoción porque nos llega muy de cerca.

La siguiente es una síntesis de varios aspectos de su vida y de su ligazón a la citada escuela.

El 7 de agosto del año 1900 nace Juan Manuel, en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano, hijo de la familia constituida por don Juan Torreglosa, emigrante de Sevilla, España, y doña Eustaquia Saizar.

Cursa estudios primarios y liceales, siendo contemporáneo de Eduardo Víctor Haedo y Clemente Ruggia, y a los veinte años decide ir a trabajar en tareas del campo. Se inicia como peón en el establecimiento agropecuario de don Manuel Reca, en la zona de la localidad de Risso.

Siendo sus deportes preferidos la pelota vasca y el fútbol, junto a otros jóvenes de la zona, promueve la fundación del Club Fraternidad de Drable, hoy José E. Rodó, integrando sus planteles de fútbol.

En el año 1938 adquiere en la zona del paraje San Martín, nombre que le da el arroyo allí existente, un establecimiento rural, dedicando junto a su esposa, doña Magdalena Curuchaga, sus esfuerzos en las tareas agropecuarias.

Caminos intransitables en aquellos años quien al decir de sus pobladores, "ni a caballo se podía andar", Juan Torreglosa, poniendo cadenas a su cachila Ford, sorteaba las dificultades.

La Escuela Pública Nº 8 de Zanja Honda, ubicada a varios kilómetros de la hoy Ruta 2, próxima a la localidad de Santa Catalina, era el único camino para llegar a su establecimiento rural.

Caminos de tierra negra, con almacenes de campaña, provisión al paso, frontón de pelota para desafíos domingueros y diversión de la zona rural, fue para él, paso obligado frente a la escuela.

Desde los años 50, sin interrupciones, la Escuela de Zanja Honda fue su desvelo en tareas solidarias.

Maestros, niños y vecinos de la escuela, integrados todos, contaron con su apoyo, quien junto a otros ciudadanos, colaboraron integrando las Comisiones de Fomento.

La documentación existente en el mencionado centro de estudios, revela la presencia día por medio, de Juan Torreglosa, Presidente de la Comisión de Fomento.

La lectura del "Libro de ocurrencias y labor diarias" contiene anotaciones diarias de la maestra Directora, un libro de novedades, del cual algún estudioso se sorprenderá al encontrar una parte de la historia de nuestra escuela rural.

El 4 de abril de 1962, como anotación del Libro de Caja, figura su retiro de la Presidencia de la Comisión de Fomento.

Jubilado de las tareas rurales, sus visitas y recuerdos de "Zanja Honda", como gustaba nombrarla, quedaron en la memoria de sus familiares.

Sus años en la ciudad de Mercedes, dedicados a su familia y a su querido Club Bristol, contaron con su esfuerzo y entusiasmo.

Falleció el 18 de julio de 1993.

Sala de la Comisión, 22 de febrero de 2006.

Roque Arregui, Miembro Informante; Pablo Alvarez López, Juan José Bruno, Nora Gauthier, Tabaré Hackenbruch Legnani, José Carlos Mahía."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Nicolini.

SEÑOR NICOLINI.- Señor Presidente: la Comisión de Educación y Cultura del Senado aconseja votar este proyecto de ley ya aprobado por la Cámara de Representantes por el cual se designa "Juan Manuel Torreglosa Saizar" a la Escuela Rural N° 8 de Zanja Honda, departamento de Soriano.

La vida de las escuelas rurales está profundamente ligada a la de los vecinos del lugar. En la Escuela N° 8 de Zanja Honda también deben mucho a uno de sus vecinos, a un hombre que con el cariño que ponen quienes viven y dan permanente testimonio de solidaridad. En este caso, nos referimos a Juan Manuel Torreglosa Saizar.

A doce años de su fallecimiento, su recuerdo y el agradecimiento que perdura por la obra realizada motivan la presentación de este proyecto de ley en un acto de estricta justicia que será motivo de orgullo para la escuela.

El 7 de agosto del año 1900 nace Juan Manuel en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano. Cursa estudios primarios y liceales, es contemporáneo de Eduardo Víctor Haedo y Clemente Ruggia y a los veinte años decide ir a trabajar en tareas del campo. Se inicia como peón en el establecimiento agropecuario de Don Manuel Reca, en la zona de la localidad de Risso. Promueve la fundación del Club Fraternidad de Drable, hoy José Enrique Rodó, e integró sus planteles de fútbol.

En el año 1938 adquiere en la zona del paraje San Martín, nombre que le da el arroyo allí existente, un establecimiento rural y dedica, junto a su esposa, Doña Magdalena Curuchaga, sus esfuerzos en las tareas agropecuarias.

La Escuela Pública N° 8 de Zanja Honda, ubicada a varios kilómetros de la hoy Ruta 2, próxima a la localidad de Santa Catalina, era el único camino para llegar a su establecimiento rural. Caminos de tierra negra, con almacenes de campaña, provisión al paso, frontón de pelota para desafíos domingueros y diversión de la zona rural, fue para él paso obligado frente a la escuela.

Desde los años 50, sin interrupciones, la Escuela de Zanja Honda fue su desvelo en tareas solidarias. Maestros, niños y vecinos de la escuela, integrados todos, contaron con su apoyo. Junto a otros ciudadanos, colaboró integrando las Comisiones de Fomento. La documentación existente en el mencionado centro de estudios revela la presencia, día por medio, de Juan Torreglosa, Presidente de la Comisión de Fomento.

Por tal motivo, consideramos de estricta justicia, señor Presidente, que este proyecto de ley se vote afirmativamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley que viene de la Cámara de Representantes y que acaba de informar el señor Senador Nicolini.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo segundo.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Desígnase Juan Manuel Torreglosa Saizar, la Escuela Rural Nº 8 de Zanja Honda del departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que será comunicado al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

33) JUAN ANTONIO IGLESIAS VILLAR. PENSION GRACIABLE

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta del resultado de la votación correspondiente a la pensión graciable a conceder al señor Juan Antonio Iglesias Villar.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

Han sufragado 20 señores Senadores; 18 lo han hecho por la Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, el resultado es: Afirmativa.

Léase el artículo segundo.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Segundo.- Precísase que la erogación resultante, será atendida por Rentas Generales."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

34) "ESPAÑA"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en decimosegundo lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se designa ‘España’ la Escuela N° 39 del departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública). (Carp. 548/06 - Rep. N° 289/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 548/06

Rep. Nº 289/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "España" la Escuela Nº 39, del departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 13 de junio de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Comisión de

Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura aconseja al Cuerpo aprobar el proyecto de ley, por el cual se designa "España" a la Escuela Nº 39, del departamento de Soriano. El mencionado centro de estudios se encuentra en la ciudad de Mercedes, en el límite sur de la trama urbana.

La propuesta cuenta con el apoyo de la Dirección, Comisión de Fomento, autoridades departamentales de Primaria y anteriores autoridades del Consejo de Educación Primaria y del Consejo Directivo Central, no habiendo llegado en dicha oportunidad el expediente respectivo a la Cámara de Representantes.

Este país guarda una especial significación, por cuanto buena parte de nuestra población tiene ascendencia española, contando nuestra cultura con una importante vertiente de esa nacionalidad (lengua, costumbres), habiendo importantes vínculos que deben profundizarse.

La colectividad española en Mercedes también tiene especial significación, habiendo dado lugar al Hogar Español como una institución reconocida en el medio. Hoy se trata de plasmar el nombre del país mencionado en el nomenclátor de los centros docentes del departamento.

Sala de la Comisión, 22 de febrero de 2006.

Roque Arregui, Miembro Informante; Pablo Alvarez López, Juan José Bruno, Nora Gauthier, Tabaré Hackenbruch Legnani, José Carlos Mahía."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Nicolini.

SEÑOR NICOLINI.- Señor Presidente: la Comisión de Educación y Cultura del Senado aconseja al Cuerpo aprobar el proyecto de ley por el cual se designa "España" a la Escuela N° 39 del departamento de Soriano.

El mencionado centro de estudios se encuentra en la ciudad de Mercedes, en el límite sur de la trama urbana. La propuesta cuenta con el apoyo de la Dirección, de la Comisión de Fomento, de autoridades departamentales de Primaria, del Consejo de Educación y del Consejo Directivo Central.

Este país guarda una especial significación, por cuanto buena parte de la población tiene ascendencia española. Nuestra cultura cuenta, así, con una importante vertiente de esta nacionalidad y existen grandes vínculos que deben profundizarse.

La colectividad española en Mercedes también tiene especial significación y dio lugar al Hogar Español, como una institución reconocida en el medio.

En este caso, se trata de plasmar el nombre del país mencionado en el nomenclátor de los centros docentes del departamento.

Por tal motivo, proponemos que se apruebe el presente proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley que acaba de informar el señor Senador Nicolini.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Desígnase ‘España’ la Escuela Nº 39, del departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública)".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

35) "MAESTRO PROFESOR VALERIANO RENART"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en décimo tercer lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se designa ‘Maestro Profesor Valeriano Renart’ el Liceo N° 3, del departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública) (Carp. N° 198/05 - Rep. N° 286/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 198/05

Rep. Nº 286/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Maestro Profesor Valeriano Renart" al Liceo Nº 3 del departamento de Artigas, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 2 de agosto de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Comisión de

Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura aconseja al Cuerpo aprobar el presente proyecto de ley, mediante el cual se designa "Maestro Profesor Valeriano Renart" al Liceo Nº 3 del departamento de Artigas.

Mediante este proyecto se cumpliría con la voluntad de la Asociación de Padres y Alumnos (APAL), de los vecinos, de la Dirección y docentes de ese centro educativo, así como de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública, según consta en su informe favorable.

El maestro profesor Valeriano Renart (1903-1986), fue un ejemplo de ciudadano dedicado a la docencia a lo largo de toda su vida. Solo abandonó la enseñanza primaria para dedicarse plenamente a su posterior actividad, la dirección en enseñanza secundaria. El Hogar Estudiantil de Artigas, que a tantos estudiantes provenientes de la zona rural del departamento acogió, debe su génesis a este connotado pedagogo. Promovió también la creación del Liceo Nº 2 de su departamento, no en vano es recordado como un ser humano notablemente dedicado a la tarea de dirección y docencia y como un tenaz perfeccionista del nivel profesional de sus colaboradores, así como de las condiciones locativas del centro educativo.

Hombre reconocido por su pueblo como justo e idealista, tanto en el ámbito público como privado fraccionó su propia chacra familiar en varias parcelas que donó, una de las cuales hoy corresponde al predio en donde se erige este liceo el cual hoy merecidamente pretendemos lleve su nombre.

Por lo expuesto precedentemente es que esta Asesora recomienda al plenario su aprobación.

Sala de la Comisión, 16 de noviembre de 2005.

Tabaré Hackenbruch Legnani, Miembro Informante; Roque Arregui, Ariel Barrios, Nora Gauthier.

CAMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

ARTICULO UNICO.- Desígnase el Liceo Nº 3 del departamento de Artigas, con el nombre de "Maestro Profesor Valeriano Renart", dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 6 de julio de 2005.

Rodolfo Nin Novoa Presidente

Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley por el cual se designa ‘Maestro Profesor Valeriano Renart’ al Liceo N° 3 del departamento de Artigas con el texto venido de la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

- 16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

36) "PUEBLO COLONIA PALMA"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el punto que figura en décimo cuarto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se eleva a la categoría de pueblo y se lo designa ‘Pueblo Colonia Palma’ al actual centro poblado existente en la 9ª Sección Judicial del Departamento de Artigas, ubicado entre los kilómetros 591 y 592 de la Ruta Nacional N° 3, General José Artigas". (Carp N° 603/06 - Rep. N° 285/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 603/06

Rep. Nº 285/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Elévase a la categoría de pueblo, con la denominación "Pueblo Colonia Palma", al actual centro poblado existente en la 9ª Sección Judicial del departamento de Artigas, ubicado entre los kilómetros 591 y 592 de la Ruta Nacional Nº 3 General José Artigas, que une los departamentos de Artigas y Salto.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 2 de agosto de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Carp. Nº 1001/06

Anexo I al

Rep. Nº 653/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Vivienda, Territorio

y Medio Ambiente

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes aconseja al plenario la aprobación del adjunto proyecto de ley por el que se eleva a la categoría de pueblo, con la denominación de "Pueblo Colonia Palma", el actual centro poblado ubicado en la 9ª Sección Judicial del departamento de Artigas, entre los kilómetros 591 y 592 de la Ruta Nacional Nº 3 "General José G. Artigas", que une los departamentos de Artigas y Salto.

Este proyecto responde a las aspiraciones de los habitantes de esta localidad, así como de sus fuerzas vivas; se halla ubicado en el centro de una zona de altos valores productivos, región agrícola ganadera, en la que los suelos aptos para el cultivo de arroz y las excelentes pasturas naturales han potenciado la riqueza del departamento.

La población asciende a más de quinientos habitantes en el paraje y teniendo en cuenta los moradores de las zonas aledañas, superan los mil, según el censo de 1996.

En cuanto a los servicios públicos cuenta con una Subcomisaría dependiente de la 8ª Sección Policial, la que abarca un gran radio de acción; escuela de enseñanza primaria, con séptimo, octavo y noveno grados, equivalentes a Ciclo Básico de enseñanza secundaria; Centro de Estudios Integrados al que asisten doscientos alumnos; una policlínica con el apoyo de los vecinos, dependiente del Ministerio de Salud Pública; servicios de UTE, OSE, una central de ANTEL y Juzgado de Paz.

De aprobarse el proyecto de ley en consideración, se estaría logrando jerarquizar en grado sumo una pujante zona de altos valores, máxime cuando se trata de un sentimiento de pertenencia y autoestima tan alto como el que se percibe en su gente.

Por lo precedentemente expuesto, esta Asesora ha entendido la gran importancia de este proyecto, y es así que manifiesta la necesaria aprobación del mismo.

Sala de la Comisión, 14 de junio de 2006.

Rodolfo Caram, Miembro Informante; Uberfil Hernández, Daniel Mañana, Carlos Mazzulo, Jorge Patrone, Darío Pérez Brito, Carlos Signorelli, Mónica Travieso.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Elévase a la categoría de pueblo, con la denominación "Pueblo Colonia Palma", el actual centro poblado existente en la 9ª Sección Judicial del departamento de Artigas, ubicado entre los kilómetros 591 y 592 de la Ruta Nacional Nº 3 "General José G. Artigas", que une los departamentos de Artigas y Salto.

Montevideo, 17 de mayo de 2006.

Carlos Signorelli, Representante por Artigas; Rodolfo Caram, Representante por Artigas; Carlos Maseda, Representante por Artigas.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Este proyecto de ley responde a las aspiraciones de decenas de habitantes de esta localidad, así como de sus fuerzas vivas, que nos han hecho llegar su pretensión especialmente en momentos de un gran crecimiento socioeconómico de la zona.

El "Paraje Colonia Palma" geográficamente está ubicado entre los kilómetros 591 y 592 de la Ruta Nacional Nº 3 "José G. Artigas", entre los departamentos de Artigas y Salto, jurisdicción de la 9ª Sección Judicial y 8ª Policial.

Se halla ubicado en el corazón de una zona de altos valores productivos, región agrícola ganadera, en la que los suelos aptos para el cultivo de arroz y las excelentes pasturas naturales han potenciado la riqueza del departamento.

Ha sido un lugar de afincamiento de productores rurales y todos aquellos que se vinculan a la producción, trabajadores de los rubros como ganadería, arroz, caña de azúcar y horticultura, lo que involucra en el entorno a un importante grupo de trabajadores de sectores vinculados a la producción agrícola ganadera.

La instalación de dos complejos agroindustriales, plantas de industrialización de arroz, ha generado más de cien puestos de trabajo en la zafra, además de la mano de obra necesaria para el cultivo.

La población asciende a más de quinientos habitantes en el paraje y al tener en cuenta los moradores de las zonas aledañas superan los mil, según el censo de 1996. Radicados en ciento diez viviendas del Plan MEVIR, viviendas de particulares de material y varios ranchos o viviendas precarias.

Al margen está ubicada la "Colonia Eduardo Acevedo", perteneciente al Instituto Nacional de Colonización, con veinte fracciones y los productores correspondientes.

En cuanto a los servicios públicos, una Subcomisaría dependiente de la 8ª Sección Policial, la que abarca un gran radio de acción.

Escuela de enseñanza primaria, con séptimo, octavo y noveno grados, equivalentes a Ciclo Básico de enseñanza secundaria.

Centro de Estudios Integrados al que asisten regularmente doscientos alumnos. Además sesenta alumnos que asisten a Bella Unión para cursar bachillerato.

En lo que respecta a la asistencia de salud funciona una policlínica con el apoyo de los vecinos, dependiente del Ministerio de Salud Pública.

En cuanto a otros servicios, están presentes UTE, OSE, una central de ANTEL y Juzgado de Paz.

En lo que se refiere al transporte de pasajeros, varias empresas de ómnibus interdepartamentales circulan con frecuencia desde y hacia Bella Unión, además del transporte departamental dedicado a los estudiantes.

El comercio ha acompañado el crecimiento de la población y se cuenta con lo necesario para una vida decorosa.

Entendemos que el conjunto de habitantes así como los servicios públicos y privados existentes ameritan la elevación a la categoría de pueblo, al centro poblado Colonia Palma, máxime cuando se trata de un sentimiento de pertenencia y autoestima tan alto como el que se percibe en su gente.

Montevideo, 17 de mayo de 2006.

Carlos Signorelli, Representante por Artigas; Rodolfo Caram, Representante por Artigas; Carlos Maseda, Representante por Artigas.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

ACTA Nº 62

En Montevideo, el veintinueve de agosto del año dos mil seis, a la hora catorce y cuarenta minutos, se reúne la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Asisten los señores Senadores miembros Francisco Gallinal, Leonardo Nicolini, Luis Oliver, Margarita Percovich y Julio M. Sanguinetti.

Faltan con aviso los señores Senadores Sergio Abreu, José Korzeniak, Jorge Larrañaga y Rafael Michelini, quienes remiten Notas justificando sus inasistencias.

Concurren: el señor Secretario de la Cámara de Senadores, Hugo Rodríguez Filippini y el Director General Legislativo, Luis M. Paravís.

Asisten en representación del Banco de la República Oriental del Uruguay, Director, Secretario General y Gerente del Servicio Notarial, economista Jorge Cladera; doctor Roberto Borrelli y escribano Gabriel Mihalí.

Preside su titular el señor Senador Leonardo Nicolini.

Actúa en Secretaría la señora Josefina Reissig, Secretaria de la Comisión con la colaboración de la funcionaria Gloria Mederos.

ASUNTOS TRATADOS:

- CARPETA Nº 499/2006. DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS. Se dictan normas sobre la comunicación de dichos deudores al Banco Central del Uruguay y se derogan los artículos 5º y 6º de la Ley Nº 17.957, de 4 de abril de 2006. La Comisión recibe a los representantes del Directorio del Banco República Oriental del Uruguay, quienes exponen sobre el proyecto de ley a estudio.

Finalizadas las intervenciones se retiran de Sala.

A continuación se pasa a la consideración de los asuntos que figuran en el Orden del Día.

- CARPETA Nº 582/2006. CIUDAD DE SALTO (DEPARTAMENTO DE SALTO). Se declara feriado no laborable para dicha ciudad capital, el 8 de noviembre de 2006, con motivo de conmemorarse los doscientos cincuenta años de su fundación. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Informe de la Comisión de Constituición, Códigos, Legislación General y Administración de la C.RR. Distribuido Nº 1069/2006. En consideración. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. APROBADO SIN MODIFICACIONES. Se designa Miembro Informante al señor Senador Leonardo Nicolini, quién lo hará en forma escrita.

- CARPETA Nº 603/2006. PUEBLO COLONIA PALMA (departamento de Artigas). Se eleva a esta categoría el centro poblado ubicado entre los kms. 591 y 592 de la Ruta Nacional Nº 3 "General José Artigas". Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Informe de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1087/2006. En consideración. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. APROBADO SIN MODIFICACIONES. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich, quien lo hará en forma verbal.

- CARPETA Nº 168/2006. INFORMACION CREDITICIA ADMINISTRADA POR PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS. Se regula su almacenamiento y difusión. Proyecto de ley con exposición de motivos del señor Senador Gustavo Penadés y texto modificativo presentado por el señor Senador Leonardo Nicolini. Distribuidos Nos. 119/2005 y 582/2005. La Comisión resuelve poner en conocimiento del señor Senador Gustavo Penadés de la propuesta modificativa presentada y recabar su opinión sobre la misma.

De lo actuado se procede a la toma de la versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1094/2006, que forma parte de la presente Acta.

Finalizadas las intervenciones, a la hora quince y diez minutos queda levantada la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria.

Leonardo Nicolini Presidente

Josefina Reissig Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Nicolini.

SEÑOR NICOLINI.- Señor Presidente: la Comisión de Constitución y Legislación del Senado aconseja al Plenario la aprobación de este proyecto de ley, por el cual se eleva a la categoría de pueblo, con la denominación de "Pueblo Colonia Palma", el actual centro poblado ubicado en la 9ª Sección Judicial del Departamento de Artigas, entre los kilómetros 591 y 592 de la Ruta Nacional N° 3 General José G. Artigas, que une los departamentos de Artigas y Salto.

Este proyecto responde a las aspiraciones de los habitantes de esta localidad, así como de sus fuerzas vivas. Este pueblo se halla ubicado en el centro de una zona de altos valores productivos, región agrícola ganadera, en la que los suelos son aptos para el cultivo del arroz. Además, las excelentes pasturas naturales han potenciado la riqueza del departamento.

Cabe mencionar también que recibimos algunas sugerencias sobre el estudio que está haciendo el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con respecto a la ubicación de este centro poblado en el cual realiza algún tipo de consideraciones que se deberían profundizar en relación a su desarrollo. Sin embargo, más allá de estas consideraciones que, obviamente, serán analizadas en un informe que dicho Ministerio elaborará, nos parece de estricta justicia, con estas salvedades, aprobar el presente proyecto, que constituye una aspiración de los habitantes de este centro poblado.

Muchas gracias.

SEÑOR LAPAZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: quisiera saber si los señores Senadores integrantes de la Comisión me pueden informar cuál es la cantidad de habitantes que debe tener un lugar para que se lo declare centro poblado, pueblo, villa, ciudad o localidad, si es que esto se tiene en cuenta, además de otros servicios.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: en realidad, en nuestro país esto no está reglamentado, porque no contamos con una ley de ordenamiento territorial que, por suerte, está en vías de ser tratada por este Parlamento.

En primer lugar, creo que la decisión de declarar este centro poblado como pueblo no le corresponde a la Comisión de Constitución y Legislación, ya que viene de la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes.

En segundo término, la categorización de villas, pueblos y ciudades, como bien se preocupa el señor Senador Lapaz como ex Intendente, es un tema muy complejo, porque eleva la categoría de impuestos, tarifas y otros servicios que se deben pagar. Generalmente, la aspiración de los habitantes del lugar no se corresponde con las obligaciones que luego deben cumplir ni con los servicios que, en consecuencia, debe brindar la Intendencia Municipal.

Obviamente, los diputados del departamento de Artigas están interesados en responder a las aspiraciones de la población de dicho centro poblado. No obstante, debemos destacar que se trata de una zona que posee zonas inundables y que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente llamó la atención sobre la conveniencia de esperar a que el propio departamento haga su ordenamiento territorial para determinar cuáles son las zonas urbanas y suburbanas.

En consecuencia, compartimos la preocupación del señor Senador Lapaz, pero esta era una aspiración de los representantes del departamento de Artigas. Por eso lo vamos a votar, con la salvedad de que se tome en cuenta que hay zonas inundables en ese lugar, a pesar de la categorización de Pueblo.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: complementando lo planteado por el señor Senador Lapaz, por el señor Miembro Informante y por la señora Senadora Percovich, quiero decir que es evidente que una ley de ordenamiento territorial permitiría tomar decisiones mucho más seguras. De cualquier modo, existe en el país una Ley de Centros Poblados muy antigua, por lo que, cualquiera sean sus disposiciones, obsoletas o no, otra ley -como la que estamos aprobando hoy- puede modificarla. Por esta razón, al menos jurídicamente, no estamos pecando, salvo la razonabilidad que recién han manifestado los tres señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa desea aclarar que el Senado de la República no podía evadirse de esa máxima existente en la Administración Pública de que "esto se hace así, porque siempre se hizo así". Tradicionalmente, las categorizaciones de pueblos o ciudades fueron tomadas por la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, lo que no es óbice para que se pueda cambiar.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Elévase a la categoría de pueblo, con la denominación ‘Pueblo Colonia Palma’, al actual centro poblado existente en la 9ª Sección Judicial del departamento de Artigas, ubicado entre los kilómetros 591 y 592 de la Ruta Nacional Nº 3 General José Artigas, que une los departamentos de Artigas y Salto."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo, a los efectos de su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

37) DIA URUGUAYO DEL TANGO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en décimo quinto lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se declara el 5 de octubre de cada año ‘Día Uruguayo del Tango’. (Carp. Nº 593/06 - Rep. Nº 288/06)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 593/06

Rep. Nº 288/06

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cutura

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Declárase el 5 de octubre de cada año "Día Uruguayo del Tango".

Sala de la Comisión, a 31 de agosto de 2006.

Ruperto Long, Miembro Informante; Alberto Cid, Leonardo Nicolini, Margarita Percovich, Julio María Sanguinetti.

Señor Presidente de la Asamblea General y del

Senado de la República

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

Ref. "Día Uruguayo del Tango"

De nuestra mayor consideración:

En uso del Derecho de Petición consagrado por la Constitución de la República, la Institución que representamos, las fundadoras de dicha entidad, y las personas físicas también firmantes, nos dirigimos a Ud. y al Cuerpo que preside, exponiendo:

1) Que el tango es la música ciudadana que nos identifica en el mundo entero, por cuyo motivo es usual que delegaciones oficiales en el exterior sean acompañadas por músicos, cantantes o bailarines que lo ejecuten.

2) Que se trata de música ciudadana folclórica, compartida con la vecina República Argentina, con mucho más de un siglo de existencia, que ha sobrevivido los embates del tiempo; y que hoy es recogida en todas partes del mundo, donde se demuestra un creciente interés en conocerla, interpretarla y bailarla.

3) Que no obstante ello, no existe en nuestro ordenamiento legal, una norma que así lo reconozca, y sí solo en forma indirecta, como lo han hecho las leyes que declararon el 24 de junio de cada año, como "Día de Carlos Gardel" y "Día del Cantor Nacional" respectivamente. (Ley Nº 16.742, del 2 de mayo de 1996, y Ley Nº 17.536, del 13 de agosto de 2002). Y también la Ley Nº 16.905, del 2 de enero de 1998, que declaró a "La Cumparsita", "Himno Cultural y Popular de la República Oriental del Uruguay".

4) En la República Argentina, en noviembre de 1977, se nominó como Día del Tango" el 1º de diciembre, para la ciudad de Buenos Aires, y luego por Decreto Nacional de diciembre del mismo año, para todo el país.

5) Entendemos las Instituciones y personas firmantes que este reconocimiento legislativo que solicitamos, podría expresarse en la sanción de una Ley que en un artículo único estableciera: "Declárase Día Uruguayo del Tango, el 5 de octubre de cada año".

6) En esta forma quedaría asociada nuestra música típica ciudadana, con la fecha en que surgió la "Federación Uruguaya del Tango" (FUTANGO), institución fundada por todas las instituciones con personería jurídica del país, que tienen relación con este ritmo nuestro. Que nuclea desde entonces a todas las de este tipo, que en la fecha indicada aprobaron los Estatutos, dando nacimiento a una Asociación Civil de Segundo Grado, con la finalidad de coordinar esfuerzos, sin perjuicio de la autonomía de cada una de quienes la integran.

POR LO EXPUESTO SOLICITAMOS

PRIMERO: Se nos tenga por presentados, constituyendo domicilio común en la Sede de Joventango, Centro Cultural en el Mercado de la Abundancia, calle San José y Yaguarón.

SEGUNDO: Previos los trámites correspondientes, y en la seguridad de que los integrantes de ese cuerpo compartirán los motivos muy brevemente expuestos, que ofrecemos ampliar si resultare necesario, se sancione la Ley en forma indicada.

Saludamos a Ud. muy atte.

Por la FEDERACION URUGUAYA DEL TANGO

Dr. Juan Pedro Rubinstein

Presidente

Dr. Nelson Sica Dell’Isola

Secretario

NOTA: Adjuntamos firmas de cada una de las instituciones que forman nuestra Federación y personas físicas que apoyan la solicitud.

DISPOSICIONES CITADAS

Ley Nº 16.905, de 2 de enero de 1998

Artículo 1º.- Declárase Himno Cultural y Popular de la República Oriental del Uruguay a "La Cumparsita", creada por el uruguayo Gerardo Hernán Matos Rodríguez y estrenada en Montevideo, el 19 de abril de 1917.

Artículo 2º.- La declaración dispuesta en el artículo anterior comprende únicamente la música, no alcanzando las letras que se hubieren agregado a la referida pieza musical.

Ley Nº 16.742, de 2 de mayo de 1996

Artículo 1º.- Declárase el 24 de junio de cada año "Día de Carlos Gardel".

Artículo 2º.- Los actos centrales de carácter conmemorativo se realizarán en la ciudad de Tacuarembó.

Ley Nº 17.536, de 21 de agosto de 2002

Artículo Unico.- Establécese como "Día del Cantor Nacional", el 24 de junio de cada año."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: la Comisión de Educación y Cultura recibió esta inquietud de la Federación Uruguaya del Tango que propone, como bien se ha dicho, establecer esta fecha como "Día Uruguayo del Tango". Corresponde aclarar que esta Federación se ha constituido recientemente y está formada por instituciones del país que tienen personería jurídica y que están vinculadas al tango. Obviamente, haber logrado nuclear a todas las organizaciones relacionadas con un tema que es tan importante para la cultura de nuestro país es trascendente.

En base al planteo de esta Federación y a algunas consideraciones que realizamos en la Comisión, se resolvió votar por unanimidad a favor de esta iniciativa.

Algunas de las puntualizaciones que se tuvieron en cuenta tienen que ver con los siguientes aspectos. En primer lugar, la importancia del tema, ya que el tango tiene mucho que ver con la identidad nacional y es uno de los componentes básicos de la imagen de nuestro país, tanto de la que nosotros tenemos como de la que proyectamos al exterior.

En segundo término, hemos pensado que no alcanza con este simple hecho, que es un mero dato de la realidad, sino que es necesario sumar una actitud proactiva de nuestra sociedad para que tenga la importancia que corresponde. En ese sentido, tuvimos en cuenta algunos buenos ejemplos que tiene nuestro país. Uno de ellos es el del departamento de Tacuarembó que ha logrado en relativamente pocos años afirmar claramente la relación entre el nacimiento de Carlos Gardel en ese departamento y la realización de una cantidad de actividades que han sido muy importantes para la difusión del tango dentro y fuera de fronteras.

Otro buen ejemplo lo constituye el Festival "Viva el Tango" organizado por Joventango y seguramente con el apoyo de muchas otras organizaciones, que lleva ya diecinueve años. En realidad, fue el primer Festival que empezó a realizarse sistemáticamente en el mundo.

Estos son, simplemente, dos hechos que nos muestran que no alcanza con reconocer la importancia de un fenómeno cultural, sino que es necesario alimentarlo con decisiones concretas. Por ello, en ese marco es que pensamos que la aprobación de esta iniciativa es un aporte más en esa línea.

Ahora bien, el tema de la fecha, como en muchos casos, es altamente opinable. Cabe recordar que Uruguay tiene establecido el 24 de junio como el "Día de Carlos Gardel" y también "Día del Cantor Nacional" y que se ha declarado como Himno Cultural y Popular de la República Oriental del Uruguay a "La Cumparsita". En este sentido, la Comisión entendió que el 19 de abril, fecha en que se dio a conocer por primera vez este tango, obviamente no podía ser utilizado para estos efectos. A su vez, los proponentes insistieron en separar la fecha a determinar de cualquiera de las otras ya clásicas del tango que, de todas maneras, se iban a celebrar.

En consecuencia, se propone el 5 de octubre, fecha de constitución de la Federación Uruguaya del Tango que, como dijimos, reúne a todas las organizaciones con personería jurídica en la materia. Finalmente, la Comisión entendió que este era un criterio razonable.

Por último, nos parece compartible el hecho de que la denominación sea "Día Uruguayo del Tango" y no a la inversa, es decir, "Día del Tango Uruguayo" porque lo que estamos celebrando es el fenómeno cultural del tango, que tiene un componente uruguayo y también argentino. Se trata, obviamente, de un fenómeno rioplatense que hoy día tiene componentes de todas partes del mundo, porque se ha enriquecido en su trajinar por el mundo entero. A su vez, destacábamos en la Comisión que en los considerandos de la Federación se reconoce este hecho que es importante.

Hoy día no hay ninguna publicación seria en la materia que no parta de la base de que el tango es un fenómeno rioplatense, común y compartido entre Argentina y Uruguay. Cualquier visión excluyente por parte de cualquiera de los dos países estaría absolutamente fuera de lugar.

Por todo ello, esta Comisión entendió que es una iniciativa loable y estamos proponiendo al Plenario su votación afirmativa.

SEÑOR LAPAZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: estaba leyendo la solicitud de la Federación Uruguaya del Tango que está integrada por instituciones con personería jurídica. Me gustaría saber -y formulo la pregunta a los integrantes de la Comisión- si la Federación tiene personería jurídica.

SEÑOR NICOLINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NICOLINI.- Justamente, la fecha en la cual obtuvo la personería jurídica es aquella en la que se pretende celebrar el "Día Uruguayo del Tango". La Federación está muy vinculada a organizaciones de Montevideo y fundamentalmente de Tacuarembó, no tanto de Soriano.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Declárase el 5 de octubre de cada año ‘Día Uruguayo del Tango’".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

38) "DIA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL SUICIDIO"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura como décimo sexto punto del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se declara el 17 de julio de todos los años, ‘Día Nacional para la prevención del suicidio’. (Carp. Nº 595/06 - Rep. Nº 295/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 595/06

Rep. Nº 295/06

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase el 17 de julio de todos los años, "Día Nacional para la Prevención del Suicidio".

Artículo 2º.- El señalado día las instituciones educativas de carácter público y privado, así como las Instituciones Públicas que tengan relación con la prevención del suicidio, deberán realizar actividades brindando información calificada y veraz sobre la problemática y su abordaje.

Artículo 3º.- Será obligatoria la capacitación del personal de la salud pública y privada, bomberos y funcionarios policiales en la atención de personas con señales de comportamiento suicida, así como en el abordaje del rescate.

Artículo 4º.- Los medios de comunicación pública contribuirán, según sus posibilidades, a la difusión de información sobre las organizaciones de ayuda a las personas en situación de riesgo, incluyendo ubicación y teléfono de las mismas.

Artículo 5º.- Se promoverá la ubicación de un servicio social de cabinas telefónicas en todo el país en lugares de alta concurrencia de suicidios.

Susana Dalmás, Margarita Percovich, Lucía Topolansky, Mónica Xavier, Carlos Baráibar, Alberto Breccia, Alberto Cid, Alberto Couriel, José Korzeniak, Eduardo Lorier, Leonardo Nicolini, Eduardo Ríos, Enrique Rubio, Jorge Saravia, Víctor Vaillant. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El objetivo del presente proyecto es declarar el día 17 de julio de todos los años "Día Nacional para la prevención del suicidio" y promover acciones desde las instituciones públicas y privadas, que tengan como centro la difusión de información calificada sobre este tema.

Este proyecto -que fue aprobado en la Cámara de Senadores en la Legislatura pasada- recoge la preocupación, instalada en el seno de nuestra sociedad y manifestada especialmente por las entidades de apoyo a las personas con comportamiento suicida, con relación al ascenso de la tasa de suicidios y a qué acciones tomar como sociedad para prevenirlo. Según datos estadísticos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP), en el año 2000 murieron 815.000 personas a causa de suicidio en todo el mundo, lo que equivale a una defunción cada 40 segundos. El suicidio es la décima tercera causa de muerte en el mundo y entre las personas de 15-44 años es la cuarta causa de muerte y la sexta de discapacidad. Cada suicidio afecta al menos a seis personas sobreviviente en el Uruguay por las redes vinculares afectaría a 12 personas promedio, y si sucede en un Centro de Estudios o Lugar de Trabajo, afecta a cientos de personas. Por cada suicidio existen de 10 a 40 Intentos de Autoeliminación (IAE).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2000 definió 5 grupos sobre quienes trabajar por considerarlos claves en la prevención del suicidio:

1) Sobrevivientes de suicidio, familiares, pareja, vecinos, médico tratante, etc.

2) Sistema primario de asistencia de salud.

3) Comunicadores.

4) Cárceles.

5) Centros de estudio.

Según la OMS el intento de autoeliminación (IAE) es uno de los más fuertes predictores de suicidio y en algunos lugares puede haber cuarenta (40) intentos por cada suicidio. La intervención efectiva sobre quienes realizan IAE puede reducir la mortalidad y la morbilidad debida al comportamiento suicida, por lo que abordar a quienes han pensado en suicidarse o en quienes realizaron IAE mejoraría la eficiencia en la prevención.

Según datos de la Comisión Asesora Técnica del Programa Nacional de Salud Mental del MSP "... en nuestro país, en los últimos 15 años, se ha producido un incremento significativo de suicidios en el entorno del 40% en relación a los promedios históricos observados hasta 1990". En el año 2002 tiene su pico más alto, descendiendo en los años siguientes.

Según la mencionada Comisión Asesora el incremento de 40% de los suicidios en nuestro país coincide con un período caracterizado por el deterioro de las condiciones sociales, culturales y económicas, con notorio sufrimiento subjetivo y mortificación espiritual de personas y grupos humanos.

El incremento se da más notoriamente en hombres, en adultos mayores y en los jóvenes. Comparado con la mortalidad global el suicidio provocó el 1,5% de las muertes en hombres y el 0,5% en mujeres.

El arma de fuego, el ahorcamiento, la precipitación y los tóxicos fueron los métodos empleados con mayor frecuencia.

Respecto a la distribución por Departamentos, un relevamiento del año 2004 del MSP, indica que en ese año, las tasas variaron entre un mínimo de 10,9 en Paysandú y un máximo de 30,5% en Florida.

El suicidio -una de las pocas muertes evitables- es la violencia máxima contra uno mismo, y expresa entre otras cosas la violencia de la comunidad a la que pertenece quien realiza el comportamiento suicida. Aunque se realiza en soledad, representa e interpela al colectivo todo. Es un problema de Salud Pública y deberá ser afrontado con Políticas Públicas.

El comportamiento suicida, es un comportamiento que debe ser abordado desde su complejidad, con sus aspectos médicos, psiquiátricos, psicológicos, sociológicos, religiosos, espirituales políticos, bioéticos, de género, antropológicos y otros, recordando que la pura medicaliza-ción o psicologización del tema no lo resuelven; la suicidología es más rica y efectiva que un abordaje parcial del problema.

Este proyecto promueve la formación del personal de la salud -de instituciones públicas y privadas- en la atención de quienes realizan intentos de autoeliminación, así como sus supervivientes. Asimismo se da importancia a la sensibilización y entrenamiento a bomberos y agentes policiales en el abordaje del rescate.

El proyecto procura que los medios de prensa sean instrumentos de desmitificación y desestigmatización, promoviendo la ruptura de los mitos que hacen excluir al que está en riesgo suicida y avergonzarse a sus sobrevivientes. Difundirán -en la medida de sus posibilidades- los lugares y teléfonos de organizaciones públicas y privadas que trabajan en la prevención del suicidio.

Se promoverá asimismo, que progresivamente se instalen en todo el territorio nacional cabinas telefónicas con un servicio social por el cual la persona en riesgo pueda comunicarse con un centro de auxilio. Las mismas se instalarán en las zonas en que se registran los mayores índices de suicidio.

Recordemos que quien comete Suicidio o un Intento de Autoeliminación, no quiere en realidad morir, dando -en la mayoría de los casos- señales de su comportamiento suicida que debemos aprender a reconocer.

Susana Dalmás, Margarita Percovich, Lucía Topolansky, Mónica Xavier, Carlos Baráibar, Alberto Breccia, Alberto Cid, Alberto Couriel, José Korzeniak, Eduardo Lorier, Leonardo Nicolini, Eduardo Ríos, Enrique Rubio, Jorge Saravia, Víctor Vaillant. Senadores.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Salud Pública

ACTA Nº 38

En Montevideo, el día cinco de setiembre del año dos mil seis, a la hora diez y quince minutos, se reúne la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores.

Asisten las señoras Senadoras Margarita Percovich y Mónica Xavier y los señores Senadores Isaac Alfie, Enrique Antía, Alberto Cid y Víctor Vaillant.

No concurre el señor Senador Eber Da Rosa, por encontrarse en uso de licencia.

Preside el señor Senador Isaac Alfie, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría el señor Secretario Alberto Martínez Payssé con la colaboración de la funcionaria Susana Rodríguez.

ORDEN DEL DIA

ASUNTOS ENTRADOS

- Versión taquigráfica del Edil de la Junta Departamental de Paysandú señor Ricardo González, de fecha 30 de junio del corriente, relacionada con el Hospital Escuela del Litoral.

- Nota de la Junta Departamental de Flores brindando apoyo al planteamiento de la señora Edila Ivonne Lima (Cerro Largo) en relación al "Día de Acción por la Salud de las Mujeres".

- Nota de la Junta Departamental de Soriano adjuntando copia del Expediente caratulado "Junta Departamental de Paysandú", relacionado con el alto porcentaje de muertes por Suicidio.

- Nota remitida por CREA - Centro de Rehabilitación de Enfermedades Adictivas informando a esta Asesora su misión, objetivos y los distintos servicios que ofrece.

- Versión taquigráfica de la señora Edila Liliám Espinosa de la Junta Departamental de Canelones relacionada con las personas que padecen de la enfermedad denominada Fibromialgia.

- Nota remitida por la Directora del Programa Prioritario Infecciones de Transmisión Sexual y SIDA - DIGESA - Ministerio de Salud Pública, Socióloga María Luz Osimani, en relación con el 29 de julio "Día Nacional de lucha contra el SIDA".

- CARPETA Nº 581/2006. COMISION NACIONAL DE BIOETICA. Creación. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 1070/2006.

- CARPETA Nº 595/2006. "DIA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL SUICIDIO". Se declara el día 17 de julio de cada año. Proyecto de ley con exposición de motivos de las señoras Senadoras Mónica Xavier, Margarita Percovich, Susana Dalmás y Lucía Topolansky y los señores Senadores José Korzeniak, Leonardo Nicolini, Rafael Michelini, Jorge Saravia, Alberto Breccia, Víctor Vaillant, Alberto Cid, Carlos Baráibar, Enrique Rubio, Eduardo Ríos, Alberto Couriel, Eduardo Lorier y Eleuterio Fernández Huidobro. Distribuido Nº 1082/2006.

- Nota solicitando audiencia remitida por la Cámara Nacional de Emergencias y Asistencia Extrahospitalaria del Uruguay con el fin de plantear la grave situación que están encarando las Empresas de todo el país en relación con el Sistema Nacional Integrado de Salud.

- Solicitud de Entrevista del Dr. José Fernando P. Dora Representante de OPS/OMS en Uruguay con el fin de que la Comisión reciba al Ing. Abel Packer en oportunidad de su visita con motivo de la realización de la "Jornada sobre Biblioteca Virtual en Salud (BVS) en la Sociedad de la Información y el Conocimiento".

- CARPETA Nº 598/2006. ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (ASSE). Descentralización. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Disposiciones citadas. Distribuido Nº 1088/2006.

Se encomienda a la Secretaría comunicarle a la Cámara Nacional de Emergencias y Asistencia Extrahospitalaria que serán recibidos una vez culminado el proyecto de ley a estudio y realizar los contactos pertinentes a fin de acordar fecha con el Dr. Fernando P. Dora para la entrevista solicitada.

ASUNTOS TRATADOS.

CARPETA Nº 595/2006. "DIA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL SUICIDIO". Se declara el día 17 de julio de cada año. Proyecto de ley con exposición de motivos de las señoras Senadoras Mónica Xavier, Margarita Percovich, Susana Dalmás y Lucía Topolansky y los señores Senadores José Korzeniak, Leonardo Nicolini, Rafael Michelini, Jorge Saravia, Alberto Breccia, Víctor Vaillant, Alberto Cid, Carlos Baráibar, Enrique Rubio, Eduardo Ríos, Alberto Couriel, Eduardo Lorier y Eleuterio Fernández Huidobro. Distribuido Nº 1082/2006.

El señor Senador Alfie propone poner a consideración el citado proyecto. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Mónica Xavier, quien lo hará en forma verbal.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO.

Artículo 1º.- Declárase el 17 de julio de todos los años, "Día Nacional para la Prevención del Suicidio".

Artículo 2º.- El señalado día las instituciones educativas de carácter público y privado, así como las Instituciones Públicas que tengan relación con la prevención del suicidio, deberán realizar actividades brindando información calificda y veraz sobre la problemática y su abordaje.

Artículo 3º.- Será obligatoria la capacitación del personal de la salud pública y privada, bomberos y funcionarios policiales en la atención de personas con señales de comportamiento suicida, así como en el abordaje del rescate.

Artículo 4º.- Los medios de comunicación pública contribuirán, según sus posibilidades, a la difusión de información sobre las organizaciones de ayuda a las personas en situación de riesgo, incluyendo ubicación y teléfono de las mismas.

Artículo 5º.- Se promoverá la ubicación de un servicio social de cabinas telefónicas en todo el país en lugares de alta ocurrencia de suicidios.

Carpeta Nº 202/2005. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS PACIENTES. Regulación. Proyecto de ley con exposición de motivos del señor Senador Alberto Cid. Distribuido Nº 194/2005.

La Comisión continúa la consideración del proyecto con las modificaciones introducidas por el Ministerio de Salud Pública.

Artículo 18. Literal d) con modificaciones. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD:

Literal e) sin modificaciones. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Literal f) con modificaciones: Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Literal g). Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Literal h). Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Literal i). Se vota: 0 en 6. Negativa.

Artículo 19 sin modificaciones. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 20.- Se posterga. El señor Senador Alfie propone una nueva redacción que será considerada en la próxima sesión.

TEXTO DE LOS ARTICULOS APROBADOS.

Título V - DEL DERECHO AL CONOCIMIENTO DE SU SITUACION DE SALUD.

Artículo 18.

d) A que se lleve un registro escrito o electrónico (historia clínica) completo donde figure la evolución de su estado de salud desde el nacimiento hasta la muerte.

La historia clínica constituye un conjunto de documentos, no sujetos a alteración ni destrucción, salvo lo establecido en la normativa vigente.

El paciente tiene derecho a revisar su historia clínica y a obtener una copia de la misma a sus expresas, y en caso de indigencia le será proporcionada al paciente en forma gratuita.

En caso de que el paciente cambie de institución o en cualquier otra situación se le entregará copia de la historia clínica, la que deberá tener todos los elementos del original.

La historia clínica será reservada y sólo podrán acceder a la misma los profesionales intervinientes y el paciente y en su caso la familia y el Ministerio de Salud Pública cuando lo considere pertinente.

El revelar su contenido, sin que fuere necesario para el tratamiento o mediare orden judicial o conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del texto analizado, hará pasible del delito previsto en el artículo 302 del Código Penal.

e) El derecho a que la familia directa -ante requerimiento expreso de la misma- conozca la situación de salud del enfermo y siempre que no medie la negativa expresa de éste.

En caso de enfermedades consideradas estigmatizantes en lo social, el médico deberá consultar con el paciente el alcance de esa comunicación. La responsabilidad del profesional en caso de negativa por parte del enfermo quedará salvada asentando en la historia clínica esta decisión.

f) A que, en situaciones donde la ciencia médica haya agotado las posibilidades terapéuticas de mejoría o curación, estando tal situación claramente consignada en la historia clínica, constando a continuación la orden médica: "No Reanimar" impartida por el médico tratante, decisión que será comunicada a la familia directa del paciente.

g) Conocer previamente, cuando corresponda, el costo que tendrá el servicio de salud prestado, sin que se produzcan modificaciones generadas durante el proceso de atención. En caso de que esto tenga posibilidad de ocurrir será previsto por las autoridades de la institución o los profesionales actuantes.

h) Conocer sus derechos y obligaciones y las reglamentaciones que rigen los mismos.

Artículo 19.- Toda historia clínica, debidamente autenticada, en medio electrónico constituye documentación auténtica y como tal, será válida y admisible como medio probatorio.

Se considerará autenticada toda historia clínica en medio electrónico cuyo contenido esté validado por una o más firmas electrónicas mediante claves u otras técnicas seguras, de acuerdo al estado de la tecnología informática. Se aplicará a lo dispuesto en los artículos 129 y 130 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1998, artículos 695 inciso 3º y 697 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y el artículo 25 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000.

De lo actuado se procede a la toma de versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 1103/2006, que es parte integrante de la presente Acta.

A la hora once y treinta y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Isaac Alfie Presidente

Alberto Martínez Payssé Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: traemos a consideración del Senado el proyecto de ley por el que se declara el 17 de julio de todos los años "Día Nacional para la Prevención del Suicidio", que fue aprobado ayer por unanimidad en la Comisión de Salud Pública.

Este proyecto tiene como objetivo la designación de un día durante el cual se promueva la realización de acciones desde instituciones públicas y privadas que tengan como finalidad la difusión de información calificada al respecto.

Algunos se han preguntado si no es posible que hablar sobre este tema provoque un incremento del número de suicidios y me parece que esta es una de las respuestas que hay que dar cuando aprobamos un proyecto de esta naturaleza. Este es uno de los tantos mitos que hay que derribar, porque se ha comprobado en varios países que cuando la información es veraz y calificada y el tema se habla desde una perspectiva inter y multidisciplinaria -estamos ante un problema de salud pública pero que trasciende esa área-, esto puede ayudar a constituir un sostén, una red por parte de la sociedad frente a esta problemática. Además, son positivos los mensajes que de alguna manera se contra-pongan a los violentos que se generan minuto a minuto y frente a los cuales muchas veces no se levantan voces en contra.

En la Legislatura pasada planteamos un proyecto similar, que fue aprobado en este Senado pero que la Cámara de Representantes no tuvo a bien considerar. Esa iniciativa fue producto de una preocupación instalada en el año 2002, cuando se dio el mayor pico de suicidios en nuestro país, particularmente en las edades juveniles -niñez y adolescencia- y en hombres mayores. En este sentido quiero destacar el apoyo a la elaboración de este proyecto que nos brindó la ONG Último Recurso, que es una organización que se dedica prácticamente desde la reinstauración de la democracia a trabajar este tema. Esta organización, junto al Ministerio de Salud Pública y a la Intendencia Municipal de Montevideo, nos está convocando para el próximo lunes 11 -conmemorando el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que es el 10 de setiembre- a la presentación de un programa de trabajo del equipo técnico, en convenio con la Intendencia Municipal y el Centro de Salud del Cerro. Este programa en la zona oeste se lleva adelante desde hace un buen tiempo, en el marco de un plan llamado "En mi barrio vivo y lucho previniendo el suicidio". Creo que es una experiencia que podría aplicarse en muchos lugares, pero sin duda necesitamos un mejor impulso del conjunto de la sociedad para colocar este tema en el debate y en la realización concreta de acciones solidarias.

Hemos pedido opinión sobre este modesto proyecto, además, al Ministerio del Interior, que a través de diferentes áreas, como Estadísticas, Policía Técnica y Prevención Social del Delito, han brindado información y se han ofrecido a colaborar en diferentes formas en esta campaña. El Ministerio de Salud Pública, a través de la Comisión Asesora Técnica del Programa Nacional de Salud Mental, nos ha hecho llegar información con pautas y recomendaciones que tienen para la prevención de las conductas suicidas. Según datos estadísticos proporcionados por la OMS y el Ministerio de Salud Pública, en el año 2000 murieron 815.000 personas a causa del suicidio en todo el mundo, lo que significa que muere una persona cada cuarenta segundos por este motivo. Es la décima tercera causa de muerte en el mundo y en la franja de personas entre 15 y 44 años, es la cuarta causa de muerte y la sexta de discapacidad, porque hay que considerar también el intento de autoeliminación, que sin duda también genera costos humanos y socio-sanitarios.

Se dice que cada suicidio afecta al menos a seis personas sobrevivientes. Uno de los factores de aumento del número de suicidios es la desintegración social, el fraccionamiento de las sociedades; en el caso del Uruguay, que es una sociedad con antecedentes de homogeneidad y con redes vinculares fuertes -aunque estén hoy deterioradas-, cada suicidio afectaría a un promedio de doce personas, y si sucede en un centro de estudios o un lugar de trabajo, la cifra se multiplica por varias decenas. Por cada suicidio existen de diez a cuarenta intentos de autoeliminación.

La OMS en el año 2000 definió cinco grupos sobre quienes trabajar, por considerarlos claves en la prevención del suicidio. Uno de ellos está constituido por los sobrevivientes de intento de suicidio -es decir, no intentos de autoeliminación, sino casos en que las personas resultaron rescatadas-, por los familiares, las parejas, los vecinos y los médicos tratantes. Un segundo grupo al que hay que dedicar una especial atención es el conformado por el sistema primario de asistencia de salud. En tercer lugar, se menciona el grupo de los comunicadores; luego el de las cárceles y finalmente el de los centros de estudio.

Según la OMS el intento de autoeliminación es uno de los más fuertes predictores del suicidio y en algunos lugares puede haber cuarenta intentos por cada suicidio. La intervención efectiva sobre quienes realizan un intento de autoeliminación puede reducir la mortalidad y la morbilidad debida al comportamiento suicida, por lo que abordar a quienes han pensando en suicidarse o a quienes realizaron intentos de autoeliminación mejoraría la eficacia en la prevención.

Según datos de la Comisión Asesora Técnica del Programa Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, si se comparan los períodos 1961-1990 y 1991-2005, se verifica que ha habido un incremento del 40%, y si se comparan los picos máximos, el incremento es del 45,5%. En el primer período considerado, 1961-1990, la tasa de suicidios se mantuvo en el entorno de 10,4 por cien mil habitantes, con oscilaciones entre un máximo de 12,4 y un mínimo de 8,5. En tanto, en el segundo período la tasa promedio fue del 14,4, con una incidencia máxima en el año 2002, tal como hacíamos referencia, en que fue del 17,8.

Estas tasas fueron descendiendo en los años subsiguientes hasta llegar a las tasas promedio de este segundo período considerado pero, según registros del Ministerio del Interior, aumentó un 10% en el primer semestre de este año y todavía no hay desagregados elementos que nos permitan ver cuáles son estas causas. Sin duda, los temas de la violencia intrafamiliar, del consumo de drogas altamente adictivas y de la fragmentación de la sociedad, entre otras, inciden sobre este tipo de situaciones.

Debemos señalar que hay muchísimo trabajo para hacer en este tema porque, incluso dentro de los organismos oficiales, no todos coinciden en las cifras.

Si tenemos en cuenta los parámetros de sexo y edad, el incremento de estas situaciones se da más notoriamente en hombres adultos mayores y en jóvenes; y comparando la mortalidad global, el suicidio provocó el 1,5% de las muertes en hombres y el 0,5% en las mujeres. Una relación diferente se da con los intentos de autoeliminación. Los métodos empleados con mayor frecuencia son las armas de fuego, el ahorcamiento, la precipitación y los tóxicos. De acuerdo con el estudio del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, en el interior del país predomina el ahorcamiento en un 40%, mientras que en Montevideo se utilizan armas de fuego en un 44%. Hay que aclarar que tanto en esta Legislatura como en las anteriores el tema del desarme civil está en debate. En tal sentido, la tenencia de armas en los hogares -ya sea legal o ilegalmente- constituye el elemento más cercano para la autoeliminación o para la violencia intrafamiliar. Lamentablemente, nuestro país registra un promedio superior al nivel mundial en materia de tenencia de armas en los hogares.

De acuerdo con un relevamiento del año 2004 por departamento -en el que tenemos actualmente no se ha diferenciado entre suicidios e intentos de autoeliminación, por tanto no lo podemos traer a consideración- se indica que las tasas variaron entre un mínimo de un 10,9 % en Paysandú y un máximo de 30,5 % en Florida.

Luego de haber aumentado la tasa de suicidios a nivel mundial en el Siglo XIX, sobre todo en la Revolución Industrial, disminuyó desde entonces hasta los años sesenta. A partir de esta década se dio un aumento gradual en el Primer Mundo y en los llamados países en vías de desarrollo.

El suicidio es una de las pocas muertes evitables. Es la violencia máxima que una persona puede realizar contra sí misma. Expresa, entre otras cosas, la violencia de la comunidad a la que pertenece quien realiza el comportamiento suicida. Aunque se lleva a cabo en soledad, representa e interpela a todo el colectivo social. Es un problema de salud pública y, por lo tanto, debe ser afrontado con políticas públicas que trasciendan los aspectos médicos, psiquiátricos y psicológicos, e incorporen los sociológicos, religiosos, espirituales, bioéticos, de género, antropológicos, etcétera. Recordemos que la pura medicalización o psicologización del tema no lo resuelve; la suicidología es más rica y efectiva que un abordaje parcial del problema.

A través de los cinco artículos que componen este proyecto de ley se promueve la formación del personal de salud de instituciones públicas y privadas. Se tiende a resaltar la importancia de la sensibilización y entrenamiento a bomberos y agentes policiales en el abordaje del rescate, y se procura que los medios de prensa sean instrumentos de desmitificación y desestigmatización, no sólo de quienes tienen comportamientos suicidas, sino también de los familiares, promoviendo la ruptura de los mitos que excluyen al que está en riesgo y avergüenzan a los sobrevivientes. Asimismo, se promueve la progresiva instalación en todo el territorio nacional de cabinas telefónicas como un servicio social por el cual la persona en riesgo suicida pueda comunicarse con un centro de auxilio. Si bien no es un elemento que se vaya a publicitar, se instalará en las zonas en que se registran los mayores índices de suicidio.

Recordemos que quien comete suicidio, en realidad no quiere morir sino que quiere dejar de vivir en las condiciones en las que vive en ese momento.

Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el pasado año la OPS y la OMS han afirmado que: "el suicidio no puede prevenirse con efectividad con el esfuerzo de expertos únicamente. Todos podemos hacer algo para ayudar a reducir el número de personas que tratan de resolver sus problemas con comportamientos suicidas".

En ese entendido traemos este proyecto a consideración del Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR NICOLINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NICOLINI.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura de los artículos y se voten en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Nicolini.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del proyecto de ley.

(Se votan:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

39) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESTITUIR DE SU CARGO A UN FUNCIONARIO PUBLICO

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde pasar a considerar el asunto que figura en decimoséptimo lugar del Orden del Día, relacionado con una solicitud de venia para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura.

El Senado pasa a sesión secreta.

(Así se hace. Es la hora 19 y 46 minutos)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 19 y 52 minutos)

- Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

La Cámara de Senadores, actuando en sesión secreta, ha concedido al Poder Ejecutivo la venia solicitada para destituir de su cargo, por la causal de omisión, al señor Werther Frigerio, funcionario del Servicio Nacional de Televisión, perteneciente al Ministerio de Educación y Cultura.

40) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 19 y 57 minutos, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Aguirrezabala, Alfie, Antía, Baráibar, Breccia, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gallinal, Korzeniak, Nicolini, Percovich, Saravia, Tajam, Vaillant y Xavier.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Sr. Santiago González Barboni Secretarios

Sra. Nelly Tavares Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.