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Nº 111 - TOMO 435 - 5 DE SETIEMBRE DE 2006

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

36ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3 y 19) Asuntos entrados

4) Pedido de informes

- El señor Senador Francisco Gallinal solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura, relacionado con los gastos previstos para la educación para los años 2006 y 2007.

- Oportunamente fue tramitado.

5) Exposición escrita

- El señor Senador Heber solicita se curse una exposición escrita referida al museo "Naufragios y Tesoros".

- Se procederá de conformidad.

6) Proyectos presentados

- Los señores Senadores Alfie, Amaro y Sanguinetti presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley que instrumenta normas a efectos de contemplar y favorecer inversiones en actividades relacionadas con la producción de diferentes formas de energía, a la vez que introduce modificaciones en la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, sobre la promoción y protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en el territorio nacional.

- A la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios.

- La señora Senadora Percovich y los señores Senadores Cid, Long, Nicolini y Sanguinetti presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara el 5 de octubre de cada año "Día Uruguayo del Tango".

- A la Comisión de Educación y Cultura.

7) Inasistencias

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

8) Solicitud de licencia

- La formula la señora Senadora Topolansky.

- Concedida.

9) Posibles soluciones al conflicto de las plantas de celulosa

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Transporte y Obras Públicas, de Industria, Energía y Minería, de Turismo y Deporte y de Educación y Cultura, así como también a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales de Río Negro, Soriano, Colonia, Paysandú, Salto y Artigas.

10) Situación planteada en el Hospital de Cardona

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a las Direcciones Departamentales de Salud, a las Juntas Departamentales de Soriano y Colonia, a los Hospitales de Cardona y de Mercedes, a las Policlínicas de Rodó y Santa Catalina, y a las Juntas Locales de Cardona, Florencio Sánchez y Rosario.

11) Incierto futuro de la textil Cedetex

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a la Corporación Nacional para el Desarrollo, al Banco Central del Uruguay, al Ministerio de Industria, Energía y Minería, a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales de Soriano y Colonia y a las Juntas Locales de Cardona y Florencio Sánchez.

12) Inseguridad en el departamento de Maldonado

- Manifestaciones del señor Senador Antía.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al señor Presidente de la República, a los Ministros del Interior y de Turismo y Deporte y a la Junta Departamental de Maldonado.

13) Lauro Ayestarán

- Manifestaciones de la señora Senadora Percovich.

- Por moción de la propia señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Educación y Cultura, a la Universidad de la República y al Museo Romántico.

14) Resolución de la República Argentina vinculada al dragado de los Canales Martín García y Mitre

- Manifestaciones del señor Senador Abreu.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Transporte y Obras Públicas, así como a las distintas comisiones de sus dependencias.

15) Participación de las mujeres en el Parlamento

- Manifestaciones del señor Senador Korzeniak.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a la Dirección de todos los lemas con representación parlamentaria.

16) Rectificación de trámite

- Por moción de la señora Senadora Xavier, el Senado resuelve remitir a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión las Carpetas Nos. 540/2006 y 169/2005.

17) Alteración del Orden del Día

- Por moción del señor Senador Lara Gilene, el Senado resuelve considerar en primer término el asunto que figuraba en cuarto lugar del Orden del Día.

18, 20 y 23) Derecho jubilatorio y pensionario

- Proyecto de ley por el que se repara a compatriotas impedidos de acceder al trabajo como consecuencia de persecución política y sindical.

- En consideración. Aprobado en general.

21) Buque Hidrográfico ROU 22 "OYARVIDE"

- Proyecto de ley por el que se autoriza la extensión de la salida del territorio nacional.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

22) Conmemoración de la Independencia de la República Federativa del Brasil

- Proyecto de ley por el que se autoriza la salida del territorio nacional de los siguientes efectivos del Ejército Nacional: Banda de Músicos de la División de Ejército IV, integrada por 1 señor Jefe, 2 señores Oficiales y 50 Personal Subalterno; y de los medios de transporte compuestos por 1 ómnibus y 1 camión, entre los días 6 y 8 de setiembre de 2006, a efectos de participar en los Desfiles de Conmemoración de la Independencia de la República Federativa del Brasil, a realizarse en la ciudad de Pelotas el día 7 de setiembre de 2006.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

24) Acuerdo Marco de Comercio entre el MERCOSUR y el Estado de Israel, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 8 de diciembre de 2005

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

25) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

 "Montevideo, 1º de setiembre de 2006.

 La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 5 de setiembre, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) por el que se regula la unión concubinaria.

Carp. Nº 116/05 - Rep. Nº 272/06

2º) por el que se aprueba el Acuerdo Marco de Comercio entre el MERCOSUR y el Estado de Israel, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 8 de diciembre de 2005.

Carp. Nº 536/06 - Rep. Nº 282/06

3º) por el que se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita en Mérida, México, en diciembre de 2003.

Carp. Nº 291/05 - Rep. Nº 283/06

4º) por el que se busca la recuperación, desde el punto de vista del derecho jubilatorio y pensionario, de los ciudadanos que no pudieron acceder al trabajo por la persecución política y sindical ocurrida desde fines de la década del sesenta en nuestro país.

Carp. Nº 576/2006 - Rep. Nº 291/06

5º) por el que se concede una pensión graciable a la señora Teresita Penino de Minetti.

Carp. Nº 587/06 - Rep. Nº 277/06

6º) por el que se concede una pensión graciable al señor Alcides Martín Lanza Perdomo.

Carp. Nº 588/06 - Rep. Nº 278/06

7º) por el que se concede una pensión graciable al señor Servando Pedro Aldrovani Castillo.

Carp. Nº 589/06 - Rep. Nº 279/06

8º) por el que se concede una pensión graciable al señor Juan Antonio Iglesias Villar.

Carp. Nº 586/06 - Rep. Nº 280/06

9º) por el que se concede una pensión graciable al señor Eduardo Darnauchans.

Carp. Nº 600/06 - Rep. Nº 292/06

10) Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando venia para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura. (Plazo constitucional vence el 22 de setiembre de 2006. Se incluye en el Orden del Día, en cumplimiento del artículo 62 del Reglamento del Cuerpo).

Carp. Nº 523/06 - Rep. Nº 281/06

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Aguirrezabala, Alfie, Antía, Baráibar, Breccia, Cid, Couriel, Dalmás, Gallinal, Heber, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Nicolini, Penadés, Percovich, Perdomo, Ríos, Rubio, Sanguinetti, Saravia, Tajam, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Amaro, Da Rosa, Fernández Huidobro y Topolansky.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 17 y 3 minutos.)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

- por el que se designa a la Escuela Nº 364 de Tiempo Completo, del departamento de Montevideo, con el nombre de ‘República de Bulgaria’.

- por el que se designa a la Escuela Nº 56, del departamento de Montevideo, con el nombre de ‘Pedro Alberto Macció’.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

- por el que se modifican algunas disposiciones de la Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004 (Código de la Niñez y la Adolescencia).

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

El Poder Ejecutivo remite los siguientes Mensajes:

- solicitando venia para destituir de su cargo a dos funcionarios pertenecientes al Ministerio de Salud Pública.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

- comunicando la promulgación de un proyecto de ley por el que se establecen normas sobre embarcaciones deportivas o de recreo de bandera extranjera.

- AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVESE.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite la respuesta al pedido de informes presentado por los señores Senadores Leonardo Nicolini y Rafael Michelini, referente a la auditoría financiera a dicha Secretaría de Estado.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA A LOS SEÑORES SENADORES NICOLINI Y MICHELINI.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería, en cumplimiento de la resolución del Senado de fecha 10 de julio de 2003, remite los Estados Contables de Petrolera del Conosur S.A. y de Carboclor S.A. (Ex-SolPetróleo).

- HA SIDO REPARTIDO.

El Ministerio de Educación y Cultura remite respuesta al pedido de informes del señor Senador Luis Alberto Heber, relacionado con una posible violación de la laicidad en el Liceo Nº 22 de La Teja.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR LUIS ALBERTO HEBER.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba el ‘Acuerdo para la Facilitación de Actividades Empresariales en el MERCOSUR’, suscrito en la ciudad de Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, el 16 de diciembre de 2004.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- por el que se designa ‘Doctor Mauricio López Lomba’ el Liceo de Villa Ansina, del departamento de Tacuarembó, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública).

- por el que se designa ‘Protector de los Pueblos Libres’ el Liceo de Chapicuy, del departamento de Paysandú, dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública).

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

- y comunica que aprobó los siguientes proyectos de ley:

- por el que aprueba la Medida 1 (2003) ‘Secretaría del Tratado Antártico’ y su Anexo ‘Acuerdo de Sede para la Secretaría del Tratado Antártico’, adoptados en la XXVI Reunión Consultiva del Tratado Antártico, celebrada en Madrid, Reino de España, en junio de 2003.

- por el que se aprueba el Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Islámica de Irán, suscrito en Montevideo, el 11 de junio de 2004.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

El señor Senador Luis Alberto Heber, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara de Senadores, solicita el envío de una exposición escrita referida al museo ‘Naufragios y Tesoros’.

- REPARTASE. SE VA A VOTAR LUEGO DE LEIDOS LOS ASUNTOS ENTRADOS.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva, por vencimiento del plazo constitucional, la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se busca la recuperación, desde el punto de vista del derecho jubilatorio y pensionario, de los ciudadanos que no pudieron acceder al trabajo por la persecución política y sindical ocurrida desde fines de la década del sesenta en nuestro país.

- y por los que se otorgan pensiones graciables a:

- la señora Teresita Penino de Minetti.

- el señor Juan Antonio Iglesias Villar.

- el señor Alcides Martín Lanza Perdomo.

- el señor Servando Pedro Aldrovandi Castillo.

- el señor Eduardo Darnauchans.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba el Acuerdo Marco de Comercio entre el MERCOSUR y el Estado de Israel, suscrito en Montevideo el 8 de diciembre de 2005.

- por el que se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita en Mérida en diciembre de 2003.

- HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Comisión de Hacienda eleva informado un proyecto de ley por el que se establecen normas para regularizar la situación de los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se designa ‘Guyunusa’ la Escuela Nº 68, del departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

- por el que se designa ‘Juan Manuel Torreglosa Saizar’ la Escuela Rural Nº 8 de Zanja Honda del departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

- por el que se designa ‘España’ la Escuela Nº 39 del departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

- por el que se designa el Liceo Nº 3, del departamento de Artigas, con el nombre de ‘Maestro Profesor Valeriano Renart’ (Consejo de Educación Secundaria).

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado un proyecto de ley por el que se eleva a la categoría de pueblo y se lo designa ‘Pueblo Colonia Palma’ el actual centro poblado existente en la 9ª Sección Judicial del departamento de Artigas, ubicado entre los kilómetros 591 y 592 de la Ruta Nacional Nº 3, General José Artigas.

- REPARTANSE E INCLUYANSE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE MAÑANA.

La Junta Departamental de Maldonado remite nota manifestando la necesidad de incluir en las próximas mo-dificaciones a los programas educativos, la educación vial, a los efectos de revertir el número de accidentes de tránsito.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

La Junta Departamental de Flores remite nota, a la que adjunta copia del informe realizado por los señores Ediles participantes del V Foro del Corredor Bioceánico Central, realizado en Chile entre el 27 y 28 de julio del corriente.

- TENGANSE PRESENTES."

4) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Francisco Gallinal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura, relacionado con los gastos previstos para la educación para los años 2006 y 2007".

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 23 de agosto de 2006.

Presidente de la

Cámara de Senadores,

Señor Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente y de acuerdo a lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, me dirijo a usted a fin de solicitarle tenga a bien remitir al Ministerio de Educación y Cultura el siguiente pedido de informes:

1) Es notorio el énfasis que este Gobierno ha puesto al tratar el tema de la Educación proponiendo como meta alcanzar un presupuesto del 4.5% del PBI al final del período e incluso proponiendo un aumento del gasto público destinado a tal fin en la última Rendición de Cuentas.

2) Que han llegado a nosotros las inquietudes de vecinos y docentes del departamento de Cerro Largo por la incertidumbre sobre la concreción de la obra de construcción del Liceo Nº 4 en la ciudad de Melo la que es considerada de urgencia ya que si a la falta del material más imprescindible como hojas de escritos, bancos, etc.; a la no creación de cargos de auxiliares de servicio, porteros, profesores adscriptos, ayudantes de laboratorio, bibliotecarios, etc., se le debe sumar el hacinamiento y la superpoblación, la situación se vuelve realmente preocupante.

La información que requerimos es:

a) ¿Cuál es la previsión del gasto en educación para los años 2006 y 2007 discriminada por Consejo e indicando qué porcentaje del PBI representa?

b) ¿Cuánto se lleva ejecutado a Julio del 2006?

c) ¿Cuáles son las previsiones para la construcción del Liceo Nº 4 en la ciudad de Melo? En caso de no existir ninguna, solicitamos se nos informe los motivos técnicos para ello.

Francisco Gallinal Nieta. Senador."

5) EXPOSICION ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Heber, en el sentido de cursar una exposición escrita, la que ha sido distribuida.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Texto de la exposición escrita:)

"Montevideo, 21 de agosto de 2006.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 172 del Reglamento de la Cámara, cúmpleme efectuar la siguiente exposición escrita, solicitando se remita la misma al Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Turismo y Deporte, Intendencia Municipal de Colonia, Junta Departamental de Colonia, Consejo Ejecutivo Honorario de las Obras de Preservación y Reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento y Museo de Naufragios y Tesoros.

"Naufragios y Tesoros" es un museo único en Sudamérica, fue declarado oportunamente de "interés turístico" por el Poder Ejecutivo y desarrolla una importante labor didáctica y de difusión histórico - cultural. Refiere al Patrimonio Subacuático de nuestro país y ha logrado crear fuentes de trabajo, desarrollar orientación vocacional y destinar recursos a la comunidad.

De su actual ubicación en el departamento de Maldonado, donde ha sido profusamente visitado, se traslada ahora a otro punto de singular atractivo, como lo es la antigua ciudad de Colonia del Sacramento, con la intención de llevar a cabo lo que el Estado no está en condiciones de hacer: al igual que diversas naciones del mundo (Cuba, USA, Inglaterra, Suecia, entre otras), reconvertir parte de su Patrimonio Subacuático, en recursos económicos, culturales e históricos, alentando además el turismo nacional e internacional.

Cabe recordar que, en nuestro país, con este tipo de recursos se construyó el Liceo Nº 2 de San Carlos y se adquirió equipamiento para la Armada Nacional.

En Colonia, al emprendimiento mencionado se le pretende agregar una "Escuela de Buceo Profesional", que sería el primer centro de formación profesional de buzos de nuestro país, avalado por la principal institución internacional dedicada a esta disciplina. Esta actividad sería beneficiosa para la futura construcción de puertos, salvatajes y diversas actividades náuticas.

La Intendencia Municipal de Colonia ha recibido con beneplácito la llegada de estos proyectos y los ha derivado, como corresponde, a la Junta Departamental, para su consideración.

Mientras tanto, el "Consejo Ejecutivo Honorario de las Obras de Preservación y Reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento", se opone a ambos emprendimientos y, muy específicamente a que los mismos se localicen en el casco antiguo de la ciudad. Aduce, entre otras razones, una resolución de la UNESCO adoptada en 2001, la "Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático". Sin embargo, Uruguay, al igual que otros tantos países, no ha adherido a la citada Convención, por lo cual sus disposiciones no son aplicables en nuestro territorio. Aunque lo fueran, es dudoso sostener que la idea de "Naufragios y Tesoros" entre en colisión con las mismas.

Creemos que una serena reflexión entre todas las partes involucradas puede hacer que se arribe a un entendimiento en el breve plazo, lo que sería beneficioso para que el país no pierda el esfuerzo realizado hasta el momento. En este tema, que puede parecer menor, la certeza y las políticas claras son tan necesarias como en los grandes temas nacionales.

Luis Alberto Heber. Senador."

6) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Los señores Senadores Isaac Alfie, Juan Justo Amaro y Julio María Sanguinetti presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley que instrumenta normas a efectos de contemplar y favorecer inversiones en actividades relacionadas con la producción de diferentes formas de energía, a la vez que introduce modificaciones en la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998, sobre la promoción y protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en el territorio nacional.

- A LA COMISION DE INDUSTRIA, ENERGIA, COMERCIO, TURISMO Y SERVICIOS."

(Texto del proyecto presentado:)

"EXPOSICION DE MOTIVOS

Fue consenso político y técnico prácticamente unánime durante la década del 90, que la matriz energética uruguaya, agotadas las posibilidades de aumentar la generación en base hidráulica, debía usar las fuentes regionales abundantes, donde "la estrella" es el gas natural. Seguramente influyó en el consenso el estado del arte en materia de conocimientos y la "ola mundial" de retroceso de la generación atómica.

Acontecimientos políticos y económicos regionales han determinado que la apuesta de Uruguay al gas natural tal cual sale del pozo se ha vuelto de difícil aplicación. En efecto, Argentina pasa de tener excedentes exportables a sufrir enormes problemas para su abastecimiento interno producto de la ruptura de contratos entre fines del año 2001 y comienzos del 2002 y la política de precios aplicada. Esta política generó como lógica consecuencia una merma de las inversiones, que trae como inexorablemente problemas de oferta a futuro. Lo anterior determina que en un plazo relativamente corto habrá, incluso problemas para abastecer la demanda interna, más aún si esta se mantiene creciendo como consecuencia del crecimiento económico. Como se dijo, todas las estimaciones indican que Argentina dejará de autoabastecerse de gas natural y petróleo en poco tiempo. Por otra parte, el país con mayores excedentes de la región, Bolivia, acaba de nacionalizar la producción de gas natural y ya está mostrando dificultades para expandir la producción. En Bolivia podríamos decir que "siempre" existirán excedentes exportables, pero el aspecto central, aún dejando de lado el riesgo político, es que los mismos puedan satisfacer una demanda creciente y que se hagan las inversiones necesarias para su prospección, extracción y transporte.

En función de lo anterior, el panorama regional se ha vuelto hostil, no solo desde el significado literal del término, sino también porque la falta de energía por un lado constituye un cuello de botella en el proceso de desarrollo nacional, en tanto por otro y fundamentalmente porque introduce un riesgo de operación exógeno al manejo del titular a todo proyecto de inversión. Este riesgo adicional, aumenta la tasa de retorno requerida del proyecto disminuyendo el volumen de inversión.

Más allá del descrito marco regional, es sabido que los precios de las materias primas energéticas, especialmente el petróleo se han disparado a nivel mundial y, como consecuencia, han renacido en todo el orbe proyectos, antes no rentables, tanto de energías tradicionales como alternativas. Es conocido que la factibilidad económica de las inversiones no es atemporal, sino que existe, lo que la teoría financiera llama el "momento óptimo" de hacer la inversión, el cual depende de la cantidad demandada y diversos precios de mercado, entre los que están, naturalmente el del bien que se producirá, sus sustitutos, sus competitivos, etc.

Por lo tanto, resulta de fundamental importancia para Uruguay facilitar y promover inversiones en sectores productores de energías alternativas, ya sea transformación de biomasa, gas natural congelado, energía atómica, eólica o bien centrales hidroeléctricas de pequeña escala así como, en otra área energética, la aparición del biodiesel de manera rentable, como combustible líquido.

En todos los proyectos de generación eléctrica la inversión inicial de capital resulta muy significativa en relación a los costos variables de producción y los ingresos de corto y mediano plazo. En efecto, al ser proyectos con un largo proceso de maduración, siempre resulta difícil alcanzar una tasa de retorno que justifique el "capital hundido". Esto es natural que así sea, en función que el cálculo económico a 10 ó 20 años de plazo, está sujeto a un sinnúmero de riesgos no medibles ni previsibles al momento de realizar la inversión.

También está claro que, aún con los actuales precios mundiales del petróleo, algunas fuentes de energía derivadas de la biomasa o eólica no resultan rentables desde el punto de vista económico - financiero sin un subsidio que la respalde.

Buscando enfrentar la restricción de oferta y, a su vez apostando a que el precio del petróleo seguirá en aumento, el Ministerio de Industria, Energía y Minería está dispuesto a subsidiar nuevos emprendimientos de energías alternativas y así lo expresó mediante decreto, así como el llamado a licitación que UTE realizó para la compra de 60 MWH.

Esta política deliberada en materia energética, conjuntamente con las consideraciones económico - financieras realizadas justifica la promoción de todas aquellas actividades que tengan por objeto la generación de energía en sus diferentes modalidades, mediante fuentes alternativas al petróleo y sus derivados.

La reducción de costos no tiene un impacto neutro ya que disminuye el precio del bien o servicio final más que proporcionalmente a la misma, al disminuir el capital "hundido" y por ende el riesgo implícito del emprendimiento.

El proyecto de ley adjunto promueve la inclusión de dichas actividades generadoras de energía y de las empresas que las desarrollan, bajo Ley de Inversiones, con todos los beneficios y garantías que de ella se derivan. Con esto se logra reducir incertidumbres y costos a los proyectos, lo que sin dudas disminuirá las necesidades de subsidio y acercará el tratamiento tributario de inversiones en sectores productores de energías alternativas al de otras inversiones de la economía nacional.

El proyecto de ley otorga el beneficio de canalización del ahorro, para favorecer la reinversión de utilidades de empresas nacionales en un sector estratégico y con ello reducir asimismo el costo de oportunidad de la inversión.

A su vez, el antecedente que constituye el proyecto de ley de producción de biodiesel que remitiera el Poder Ejecutivo, del cual se ha tomado su artículo 3º, se enmarca en la misma línea.

Como se advertirá el proyecto sólo habilita al Poder Ejecutivo a declarar promovidas las inversiones, al amparo de una importante ley ya existente, por lo que la política en la materia y la regulación del beneficio que evite la ineficiente sobre oferta queda en manos de aquel.

Isaac Alfie, Juan Justo Amaro, Julio María Sanguinetti. Senadores.

PROYECTO DE LEY

ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 6º de la Ley Nº 16.906, de fecha 7 de enero de l998, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 6º: (Alcance subjetivo).- Son beneficiarios de las franquicias establecidas en este Capítulo, los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, del Impuesto a las Rentas Agropecuarias y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, que realicen actividades industriales, agropecuarias y aquellas que tengan por objeto principal la generación de energía, excepto aquella que se produce a partir del petróleo y sus derivados.

Los beneficios establecidos en el presente Capítulo y los que otorgue el Poder Ejecutivo, en aplicación de las facultades legales que se le confieren en el mismo, operarán en forma general y automática para todos los sujetos a que refiere el inciso anterior."

ARTICULO 2º.- Modifícase el literal C) del artículo 7º de la Ley No. 16.906, de fecha 7 de enero de 1998, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"C) Mejoras fijas afectadas a las actividades industriales, agropecuarias y aquellas que tengan por objeto principal la generación de energía, excepto aquella que se produce a partir del petróleo y sus derivados."

ARTICULO 3º.- Las empresas que tengan por objeto principal la generación de energía, excepto aquellas que la obtengan a partir del petróleo y sus derivados, podrán acceder a los siguientes beneficios sin perjuicio de los que les correspondan por la aplicación de la Ley 16.906, de 7 de enero de 1998:

a) exoneración del Impuesto al Patrimonio de los bienes de activo fijo comprendidos en los literales A) y E) del artículo 7º de la Ley Nº 16.906 ya referida, adquiridos a partir de la vigencia de la presente ley. Los referidos bienes se considerarán como activo gravado a los efectos de la deducción de pasivos. La presente exoneración no operará en el caso de los bienes referidos deban valuarse en forma ficta;

b) exoneración del 100% (cien por ciento) del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (IRIC) a partir de la primera venta de energía y por un período de 5 ejercicios consecutivos;

c) exoneración del 50% (cincuenta por ciento) del IRIC para los cinco ejercicios económicos posteriores a los mencionados en el literal b).

ARTICULO 4º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo a otorgar el beneficio de canalización del ahorro previsto en el artículo 35 del Título 4 del Texto Ordenado 1996, a las personas físicas o jurídicas que efectúen aportes documentados en acciones nominativas para financiar los proyectos que hayan obtenido la declaratoria de interés nacional al amparo de la presente ley y concordantes.

ARTICULO 5º.- Para las empresas que tengan por objeto principal la generación de energía, excepto aquellas que la obtengan a partir del petróleo y sus derivados, fíjase en

$ 250:000.000,oo (pesos uruguayos: doscientos cincuenta millones) a precios de enero de 1998, el mínimo fijado en el artículo 16 de la Ley Nº 16.906 de 7 de enero de 1998 a efec-tos de conceder beneficios extraordinarios.

ARTICULO 6º.- Publíquese, comuníquese, etc.

Isaac Alfie, Juan Justo Amaro, Julio María Sanguinetti. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"La señora Senadora Margarita Percovich y los señores Senadores Alberto Cid, Ruperto Long, Leonardo Nicolini y Julio María Sanguinetti presentan, un proyecto de ley por el que se declara el 5 de octubre de cada año ‘Día Uruguayo del Tango’.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA."

(Texto del proyecto presentado:)

"ARTICULO UNICO.- Declárase el 5 de octubre de cada año ‘Día Uruguayo del Tango’.

Alberto Cid, Ruperto Long, Leonardo Nicolini, Julio María Sanguinetti. Senadores."

7) INASISTENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese lectura de las inasistencias a las anteriores convocatorias, si hubieren existido.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

En la sesión ordinaria del 8 de agosto y en las sesiones extraordinarias de los días 14 y 22 de agosto no se registraron inasistencias. En la sesión extraordinaria del 15 de agosto faltó con aviso el señor Senador Larrañaga.

En lo que respecta a las inasistencias de los señores Senadores a sus respectivas Comisiones, cabe informar que:

- A la sesión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del 8 de agosto faltaron con aviso los señores Senadores Larrañaga, Camy, Couriel, Da Rosa, Gallinal, Heber y Nicolini; y a la del 9 de agosto faltó con aviso el señor Senador Alfie.

- A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 9 de agosto faltó con aviso el señor Senador Alfie.

- A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 22 de agosto faltaron con aviso la señora Senadora Percovich y los señores Senadores Abreu, Gallinal, Korzeniak y Larrañaga; y a la del 29 de agosto faltaron con aviso los señores Senadores Abreu, Korzeniak, Larrañaga y Michelini.

- A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 24 de agosto faltaron con aviso los señores Senadores Cid, Long, Lorier y Penadés; y a la del 31 de agosto faltaron con aviso los señores Senadores Lorier y Penadés.

- A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 24 de agosto faltaron con aviso los señores Senadores Lapaz y Lorier.

- A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del mismo día faltaron con aviso los señores Senadores Korzeniak y Larrañaga; y a la del 4 de setiembre faltó con aviso el señor Senador Baráibar.

- A la sesión de la Comisión de Hacienda del 24 de agosto faltaron con aviso los señores Senadores Alfie, Couriel, Heber y Larrañaga; y a la del 31 de agosto faltaron con aviso los señores Senadores Abreu, Alfie, Couriel y Rubio.

- A la sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del 4 de setiembre faltó con aviso el señor Senador Lara Gilene.

- A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del mismo día faltó con aviso el señor Senador Amaro.

8) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Topolansky solicita licencia por el día de la fecha."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 5 de setiembre de 2006.

Sr. Presidente del Senado

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo que Ud. preside me conceda licencia por motivos particulares por el día de la fecha.

Sin otro particular,

Lucía Topolansky. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Habiéndose votado la licencia de la señora Senadora Topolansky, se invita a pasar a Sala al señor Senador Tajam, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

9) POSIBLES SOLUCIONES AL CONFLICTO DE LAS PLANTAS DE CELULOSA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: en esta primera sesión ordinaria del mes de setiembre voy a referirme a tres temas: posibles soluciones para el problema de las plantas de celulosa e insistir con una mediación; situación ocurrida en el Hospital de Cardona; y el incierto futuro de la textil Cedetex.

En primer término vengo a reiterar, cuando parecen correr aires de quietismo y cierto grado de resignación combativa -salvo que los combates sean virtuales o se procesen desde búnkers secretos- un camino de solución que puede satisfacer a Argentina y Uruguay en el asunto celulósico y que, conocido el dictamen de La Haya, adquiere mayor relevancia práctica por intentar ser un reconstructor de afinidades lastimadas, sin que nadie reclame para sí restituciones ni vanaglorias extemporáneas.

Y que no nos atrape otra vez el verano y sus connotaciones turísticas exacerbadas.

Las soluciones que planteamos son:

- No autorizar papeleras sobre el Río Uruguay, como solicitan los vecinos argentinos entrerrianos, salvo que cuenten con el permiso previo de CARU, asegurando en este caso a Argentina su participación en todo el proceso de estudio, análisis y resolución.

- Las plantas de celulosa autorizadas continuarán edificándose, si las empresas así lo determinan.

- Argentina y Uruguay acordarán y pactarán con las empresas un plan de contención ecológica supervisado por técnicos de ambos países.

- Como parte del monitoreo, se establecerán pantallas en los centros poblados, que reflejarán en tiempo real los distintos parámetros de indicadores, aspectos a ser mantenidos, y la concentración máxima permitida de acuerdo con las autorizaciones.

- Asimismo, se colocarán puntos para medir la inmisión, o sea, la concentración de elementos atmosféricos y si es el caso, líquidos, que llegan a puntos determinados (ciudades uruguayas y argentinas; ríos y arroyos, etc.).

- Los países del MERCOSUR procurarán poseer una legislación homogénea para las industrias contaminantes, considerando la reglamentación que esté vigente en la Comunidad Económica Europea.

Si la síntesis de la consigna argentina y entrerriana se expresa en el contundente "NO A LAS PAPELERAS", que se mantenga el NO, y que BOTNIA y ENCE, que están autorizadas como pasteras, sigan, si ellas lo consideran conveniente, en lo suyo hacia la producción de pasta de celulosa.

El tema de las papeleras que se resuelva por CARU, integrando un plus ad hoc ambas naciones, Argentina y Uruguay, con personalidades del sistema político, forma también de recomponer el actual nuevo hecho que puso una interdicción más para los controles del Río Uruguay por reciente toma de posición unilateral del vecino, que se autoexcluyó en la frontera acuática.

Un fenómeno es evidente.

Si el Uruguay quiere extraerle mayores beneficios sociales y económicos al Plan Forestal que pergeñó entre los años 80 y 90 y hasta nuestros días, deberá darle valor agregado a la producción de celulosa, fabricando papel.

Y por más que resulte obvio, para tener papel hay que tener papelera, sobre todo si se tiene materia prima arbórea y, por su inminente transformación industrial cuando empiecen a funcionar Botnia y/o Ence, pasta de celulosa.

El tercer e ineludible momento para conseguir pingües ventajas nacionales es transformar la celulosa en papel.

No hay otra.

Además hay que recordar que estos emprendimientos de silvicultura, repoblación forestal, traen consigo un cambio muy profundo en la mentalidad uruguaya, forjada tradicionalmente en el ciclo anual de las estaciones.

Siembro hoy y recojo al año, en mínima espera, por lo menos.

Hacer forestación es no pensar en lo inmediato, sino en lo mediato.

Elevar el punto de mira que vence angustias a corto plazo y genera, finalmente, otros frutos materiales y espirituales que pasan por el cultivo y el dominio de las impaciencias, tan negativas en casos y cosas.

Además … además … dentro de una política de ‘buena vecindad’ integracionista, como sugería, pocas semanas atrás, el ex Presidente Lacalle, puede ser perfectamente dable y a partir de los recursos procedentes del Fondo del Plata (FONPLATA, Tratado Internacional de los países de la cuenca platense del 23 de abril de 1969 en Brasilia con vigencia desde 1970) focalizar la cuenca del Río Uruguay para acciones productivas comunes en las dos bandas fluviales.

Cuestión de fomentar la instalación de emprendimientos fabriles asimilables a la defensa del medio ambiente, recomponer el tráfico de cabotaje, ‘abrirles la puerta a la tierra’ en la evocación práctica y restauradora de aquel precepto colonial hispánico para fundar en sitios estratégicos de las riberas, o mejorar y ampliar, localidades portuarias.

También estimular la piscicultura, la silvicultura con destino a las biomasas que permitan la generación de energía eléctrica, el turismo fluvial e histórico, los astilleros y aserraderos, etc.

Oportunamente habíamos efectuado contactos preliminares para que hubiese una mediación con la intervención por consenso de personalidad o institución laica o eclesiástica.

Fue en vano: no hay peor sordo que el que no quiere oír, creyendo que los silencios encierran sabiduría, cuando lo único que promovieron fueron incomunicaciones y alejamientos perniciosos.

No podemos con pasividad de estatua, como el "Discóbolo" de Mirón, que parece moverse pero está quieto en su prisión de mármol, seguir con el candado cerrado para que esperanzadas e inciertas incógnitas nos vuelvan por arte de birlibirloque soluciones del escapista y mago francés Houdin.

Insisto con una mediación que podrá ser del ex Presidente del BID, contador Enrique Iglesias, o del Estado del Vaticano, dentro del marco de todas las soluciones imaginables, las dichas u otras. La cuestión es moverse y buscar un punto de apoyo que, como decía el mitológico Atlas, "Con un punto de apoyo muevo el mundo".

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras vertidas a raíz de este primer tema, se envíen a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Transporte y Obras Públicas, de Industria, Energía y Minería, de Turismo y Deporte y de Educación y Cultura, así como también a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales de Río Negro, Soriano, Colonia, Paysandú, Salto y Artigas.

10) SITUACION PLANTEADA EN EL HOSPITAL DE CARDONA

SEÑOR PRESIDENTE.- Para referirse a otro tema, continúa en uso de la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: me gusta el tiempo. Es muy democrático: ni se estira ni se alarga. Igualitario. Sólo que hay que usarlo con raciocinio. El mío aquí es de diez minutos y lo emplearé todo.

Haré referencia ahora, entonces, a dos situaciones de naturaleza laboral, relacionadas a acontecimientos de trabajo.

Semanas atrás, en la ciudad sorianense de Cardona perdió su embarazo una adolescente de 16 años siendo actualmente muy controvertidas las explicaciones tecno- ginecológicas del suceso desde que se confrontan opiniones médicas vinculadas a la salud pública local y departamental y de quienes, con rango medicinal privado, estuvieron en algún momento involucrados en el insuceso.

¿Quién se aproxima más y mejor a la verdad? No sé. Pero es necesario saberlo por los derechos de la salud de la chica y por los que vendrán a procurar futuras asistencias.

Para darle mayor complejidad al asunto, se denuncia que en Cardona se disponía de dos ambulancias pero por esos días en que se complicaba la gestación, sólo había una porque uno de los recursos vehiculares estaba en reparación mecánica, y la que se utilizó para trasladar a la joven al Hospital de Mercedes se rompió a la salida de la Villa José Enrique Rodó, y al no haber otra ambulancia en Cardona ni en Rodó ni en Santa Catalina porque habían sido transferidas precariamente a Mercedes, después de una hora y media de espera en la Ruta 2, el padre de la chica decidió contratar y pagar un taxi para retornarla a Cardona y luego en otro vehículo particular, también contratado y pago por el papá, llevarla a la ciudad de Rosario.

Los padres denuncian que todos estos problemas fueron los causantes de la pérdida del embarazo, y agravado aún porque un ginecólogo en el Hospital de Cardona se negó a atenderla cuando llegó primariamente procedente de Rosario, mientras que el médico dice que la pérdida fue antes de ingresar al Hospital, y en la historia clínica se informa que estaba con pérdidas vaginales desde hace dos semanas, aunque una partera tres días antes de estos inconvenientes no había detectado absolutamente nada y diagnosticó un embarazo normal, sin inconvenientes.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras referidas a este segundo tema se envíe al Ministerio de Salud Pública ante interrogantes del manejo de las praxis médicas y frente a la temática administrativa que se genera en una ciudad más que centenaria como Cardona, prácticamente sin ambulancias. Asimismo, solicito que se envíe a las Direcciones Departamentales de Salud y Juntas Departamentales de Soriano y Colonia, a los Hospitales de Cardona y de Mercedes, a las Policlínicas de Rodó y Santa Catalina, y a las Juntas Locales de Cardona, Florencio Sánchez y Rosario.

11) INCIERTO FUTURO DE LA TEXTIL CEDETEX

SEÑOR PRESIDENTE.- Para referirse a otro tema, continúa en uso de la palabra el señor Senador Lapaz. La Mesa le hace saber al señor Senador que le queda menos de un minuto.

SEÑOR LAPAZ.- Y finalmente, este otro suceso que es también de la zona Cardona Florencio Sánchez, en los departamentos de Soriano y Colonia.

Llegó información con rótulo oficial que la Corporación Nacional para el Desarrollo se desentendería de la textil CEDETEX, la que ha tenido siempre una vida de discontinuidades fabriles.

En la página oficial de la CND en Internet, en el documento Plan Estratégico 2006 - 2010 se menciona: ‘Gestión y Venta de CEDETEX Cardona’.

Por los mismos días vino una suerte de rectificación. Pero aún no se sabe cuál es el más cercano diagnóstico de situación y se notan aprensiones en el personal.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras referidas al futuro de CEDETEX pase a la CND, al Banco Central del Uruguay, al Ministerio de Industria, Energía y Minería, a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales de Soriano y Colonia y a las Juntas Locales de Cardona y Florencio Sánchez.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar los trámites solicitados por el señor Senador Lapaz.

(Se vota:)

- 15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) INSEGURIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE MALDONADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Antía.

SEÑOR ANTIA.- Señor Presidente: nos habíamos inscrito para hacer uso de la palabra en la anterior sesión de este Senado para referirnos al tema de la seguridad e inseguridad, sobre todo en el departamento de Maldonado. Sin embargo, el tratamiento de la Rendición de Cuentas derivó en que este Senado no se reuniera en las sesiones ordinarias y en ese ínterin ocurrieran varios hechos, entre ellos, la concreción de una interpelación al señor Ministro del Interior referida a este tema específico de la inseguridad y la posterior fijación de una fecha, frustrada a raíz de la enfermedad del titular de esa Cartera.

Quiero alertar, señor Presidente, sobre la real situación de inseguridad que vive nuestro departamento, para contribuir con la seguridad del país. Mi intención no es, como se ha pretendido decir desde tiendas oficiales, atentar contra la temporada estival, hacer política chica ni usar estos elementos de inseguridad para castigar al Ministro y golpear al Gobierno. Simplemente queremos alertar y aclarar ante la opinión pública algunos datos del propio Gobierno, que es necesario visualizar tal como son para que no se siga insistiendo con la tesis de que hay sensación de inseguridad, porque los datos que el propio Ministerio tiene son categóricos. Al día de hoy, en la previa de la temporada turística, en nuestro departamento este tema está influyendo decididamente en muchas opciones vinculadas a la inversión y al turismo, con el agravante y las dificultades que ocasionan a las familias y al ciudadano común de la zona. Además, hay que tener en cuenta que Maldonado tiene en el turismo su mayor fuente de ingresos.

Quiero alertar de esto porque desde el Ministerio del Interior inicialmente se dijo que en Maldonado no se llevaban bien las estadísticas y en el 2005, frente al 2004, se vio, en materia de delitos, un incremento importante, superior al 20%. Tomemos los datos del propio Ministerio, en particular del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Departamento de Datos, Estadísticas y Análisis. Es la propia Cartera que comunica estos datos. Allí se establece que entre el 2005 y 2006 hay una muy pequeña reducción del 2,9%, con lo cual nos alegramos si efectivamente es así. Repito que estos son datos oficiales. También se comunica que en el primer semestre de 2005 se suscitaron 11.879 delitos y en el primer semestre de 2006 fueron 11.539, es decir, un 2,9% menos.

Si observamos las cifras de Maldonado vemos un contraste. Por algo nuestro Partido respalda la postura de un diputado de otro Partido en su iniciativa de realizar una interpelación. Nosotros vemos una situación alarmante porque el mismo Departamento de Datos, Estadísticas y Análisis del Ministerio muestra un incremento del 50% entre mayo de 2005 y mayo de 2006; un aumento del 39,79% entre junio de 2005 y junio de 2006 y un aumento del 33% entre julio de 2005 y julio de 2006. Estamos hablando de cifras inmensas que reflejan otro incremento muy grande respecto al año anterior.

Esto es lo que está ocurriendo y queríamos reiterarlo en este Senado en el día de hoy. Pero también deseamos aprovechar esta instancia porque en el receso que tuvimos durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas hicimos un pedido de informes al señor Ministro del Interior referente a otros datos estadísticos oficiales que nos llenan de incertidumbre y que complican aún más el panorama. En dicho pedido de informes, formulado el 26 de julio -y sobre el que aún no hemos recibido respuesta- preguntábamos al señor Ministro si tenía conocimiento de que el propio Departamento de Estadística de la Jefatura de Policía había hecho, en el mes de mayo -este pedido, reitero, lo planteamos en el mes de julio- dos publicaciones distintas. Un día se informa de un total de 1.194 delitos y, a los pocos días, en otra publicación, se habla de 145 delitos menos, todo esto en la misma página oficial. Entonces nos surge la duda, porque en la misma página oficial hay un manejo diferente de los números que se publican en función de la sensación que existe en el departamento con respecto al tema. Ya no sé si creerle a todos estos números que emite el Observatorio Nacional.

En consecuencia, estamos frente a una situación de dificultad con relación a este tema porque, a los datos que uno pretende utilizar con base científica, agregamos la duda que genera esta modificación, que tal vez sea arbitraria. Es por eso que le preguntamos al señor Ministro si tenía conocimiento de estos hechos, si había tomado algunas medidas para investigarlos o si se había iniciado algún sumario o investigación administrativa en este sentido. Sin embargo, reitero, aún no hemos tenido respuesta a nuestro pedido de informes.

Esto es lo que está ocurriendo en Maldonado y lo que nos genera una gran preocupación; no es una sensación térmica. Queremos ayudar al Gobierno a resolver este tema porque nuestro departamento y nuestro país necesitan confiar en que se va a llegar a una salida que va a ser un ejemplo y se va a tomar como bandera para, a su vez, confiar en otros cambios que es necesario implementar en diferentes áreas.

Solicito, señor Presidente, que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al señor Presidente de la República, a los Ministros del Interior y de Turismo y Deporte y a la Junta Departamental de Maldonado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 12 en 13. Afirmativa.

13) LAURO AYESTARAN

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra la señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- En realidad, pensaba realizar esta intervención en el mes de julio, pero el tratamiento de la Rendición de Cuentas y la consecuente suspensión de las sesiones del Senado la fueron dilatando hasta el día de hoy.

Esta exposición tiene que ver con los 40 años de la muerte de Lauro Ayestarán cumplidos el 22 de julio de este año. El fallecimiento de esta figura nacional se produjo a sus jóvenes 53 años que, no obstante, fueron muy productivos para la cultura de nuestro país.

A los 20 años, don Lauro Ayestarán ya comenzaba a realizar crítica musical, teatral y cinematográfica y, de allí en adelante, recorrió casi todos los medios de prensa -"El Bien Público", "El País", "El Plata", "El Día"-, manifestando características que lo marcaban con respecto a la crítica cultural de la época. Desplegaba un abanico de conocimientos que contribuían a la formación del actor con opiniones nacidas del balance entre la sensibilidad y la razón, que desdeñaban la superficialidad.

Fue un estudioso de la música desde joven y realizó una minuciosa indagación en diversos documentos históricos, acumulando libros, partituras y archivos de datos sobre los difusos y desconocidos orígenes de la música uruguaya. Su primer interés, al que dirigió su investigación, fue la música culta -como nos señala su hijo Ángel-, pero leyendo material sobre el tema fue descubriendo otros datos y otros intereses.

En medio de esta investigación sobre los orígenes de la música culta del Uruguay, fue chocando con referencias a la música indígena y con las derivaciones folclóricas que la música de salón, venida de Europa, había afincado en el territorio nacional. Estos elementos sembraron su interés por todos los afluentes musicales del país. De ese trabajo fundamental sobre los orígenes de la música en el Uruguay nació una obra que es básica para la historiografía musical uruguaya, que hasta ese momento no existía. En ella se ordenan paso a paso, desde la música primitiva, hasta los aportes que, venidos de África y de Europa, serían sensiblemente modificados y convertidos en algo propio de nuestro país. La obra obtuvo, en 1945, el premio Pablo Blanco Acevedo, que le fuera entregado por la Universidad, y más adelante sería publicada bajo el nombre de "La Música en Uruguay". Para realizar esa obra se tomó el trabajo de leer libro por libro, archivo por archivo y toda la prensa periodística -tal como nos relata su hijo Ángel-, además de hurgar en los relatos de viajeros y memorialistas, los diarios de navegación y las partituras musicales que descansaban en iglesias. Su hijo Ángel expresa: "La capacidad de trabajo de mi padre era impresionante. Era un hombre que dormía muy poco, se acostaba a las 2 de la mañana y a las 5 ya estaba en pie".

Una vez que todas las piezas estuvieron dispuestas y que todos los hallazgos estaban prontos para ser organizados, sobrevenía la etapa de corroboración de datos, verificando fechas en otras fuentes, comparando con otros documentos de la época y acudiendo a disciplinas tan diversas como la filología, la antropología y la etimología. De esta manera se ayudó a sumar más elementos a las referencias encontradas como, por ejemplo, cuando recurrió a la zoología para constatar si los cuadrúpedos que poblaban el territorio que hoy es Uruguay tenían cuernos o no, deduciendo, ante la negativa, que las bocinas que las crónicas de la época describían como instrumento musical de los indígenas seguramente fueron construidas con los huesos de esos animales o con cañas.

Con el tiempo llegó a reunir cerca de 4.000 grabaciones que certifican la supervivencia de formas musicales que, de acuerdo con los documentos históricos, habían tenido su época de auge y que lentamente habían perdido su vigencia -salvo algunas excepciones, como la milonga o la chamarrita- y que fueron sustituidas por nuevas formas o especies siempre en movimiento.

Realmente, Ayestarán fue un adelantado para su época. Acusó de falta de sensibilidad antropológica a quienes observaban y juzgaban a otras culturas con el lente inadecuado y fue partidario, ya en aquellos años, de una más correcta clasificación de los instrumentos musicales, cuando todavía hoy se sigue hablando de la confusa agrupación en instrumentos de viento, de cuerda y de percusión. Además, fue un hombre de cabeza abierta y quebró muchas lanzas por hechos que eran muy mal vistos. Por ejemplo, fue el primero que se animó a defender públicamente el derecho de parte de la población a ser umbandista, aunque él fuera católico.

Desde los prólogos a los libros como "Versos Criollos" de Elías Regules, hasta más de un centenar de monografías en publicaciones periódicas y críticas periodísticas aparecidas en los diferentes diarios en los que colaboró, la obra de Lauro Ayestarán es realmente monumental. Podemos encontrarla, en parte, en la Sección "Musicología" del Museo Romántico. La música uruguaya, en realidad, no existió hasta entonces. La idea de que se carecía de estilos musicales propios y de que todo era importado, además de ser producto de un error de análisis, generó una cultura de desapego a lo nacional. El resultado fue que hubo una ausencia de investigación y valoración crítica y la simiente folclórica estuvo a punto de ser perdida en una inmensidad de datos dispersos que requerían ser ordenados. Evidentemente, Lauro Ayestarán poseía la formación musical, el instinto, la capacidad de trabajo y el deseo de acometer esa empresa que finalmente realizó.

Quería plantear esta exposición al cumplirse 40 años de su fallecimiento porque hoy tenemos parte de esa obra, como señalé, en el Museo Romántico, pero otra parte, adquirida por el Ministerio de Educación y Cultura en la Legislación anterior, todavía está en cajas.

El Uruguay, en esta necesidad de reconocer a quienes han valorado, descubierto y provocado que tuviéramos una identidad propia -como la obra de este estupendo uruguayo e investigador que fue Ayestarán-, considera que merecen formar parte de un patrimonio que todos podamos consultar: investigadores, músicos y estudiantes. Estamos deseando que la obra de Ayestarán, así como otros archivos -de esto ya hemos discutido en la Comisión de Educación y Cultura-, puedan estar al alcance de investigadores, estudiantes y público en general en los próximos años -obviamente, se requieren recursos-, porque eso forma parte también de la cultura e identidad de un país, y es algo que nos estamos debiendo.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras

se envíe al Ministerio de Educación y Cultura -a su Di-rección de Cultura-; a la Universidad de la República, a la que corresponde la investigación y que hoy está inten-tando diseñar una Facultad para las artes -que también requiere recursos- donde la investigación musical y de identidad de nuestras raíces debería desarrollarse y, por supuesto, al Museo Romántico, donde está parte de la obra de Ayestarán.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) RESOLUCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA VINCULADA AL DRAGADO DE LOS CANALES MARTIN GARCIA Y MITRE

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Quería distraer la atención del Cuerpo en virtud de una resolución adoptada por la República Argentina en los últimos días, vinculada con el dragado de los canales Martín García y Mitre. El boletín oficial argentino de fecha 30 de agosto de 2006 publicó la Resolución Nº 1534 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, por la cual la República Argentina aumenta la tarifa del peaje de la denominada ruta "Rosario al Mar", vía canal Emilio Mitre, además de aprobar el dragado a 34 pies de profundidad. De acuerdo con las notas reversales firmadas por la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, todo cambio en los sistemas de navegación, sean valores de los peajes o cambios de orden jurídico o técnico, debe pasar por una etapa previa en la Comisión Administradora del Río de la Plata. La representación de nuestro país advertía sobre la inminencia del aumento unilateral de estas tarifas; había recibido el proyecto de dragado, estaba estudiándolo e, inclusive, presentó presupuestos para su participación. Advirtió, a su vez, a su par argentino que tenía conocimiento del posible aumento, inquirió cuál era el monto y señaló que no podía ser unilateralmente resuelto porque necesitaba la aprobación de la Comisión. Incluso, se tuvo conocimiento de que la delegación argentina advirtió al respecto a su Cancillería por escrito, dándole la razón al Uruguay. Como respuesta obtenemos el decreto argentino que actúa en forma unilateral, no responde a las advertencias de la propia delegación argentina y sigue recorriendo una vía inconsulta en lo que tiene que ver con sus obligaciones asumidas en la Comisión Administradora del Río de la Plata.

El principio de competitividad de los canales Martín García y Mitre, tanto en lo físico como en lo económico, es esencial para que el comercio por el Río Uruguay no termine privilegiando el lado argentino y nuestro litoral quede subordinado a los intereses de ese país. Si desde el punto de vista de los intereses argentinos puede ser lógico tratar de condicionar y anular la competencia del ingreso por el canal Martín García hacia Nueva Palmira, es claro que para el Uruguay ese canal constituye la condición necesaria para que nuestros puertos tengan futuro. Sin embargo, nuestro país no ha logrado evitar que Argentina tome decisiones en materia de recaudación de peajes y profundidad de los canales Martín García y Mitre en forma inconsulta, unilateral y sin respetar las obligaciones asumidas, tanto en el Tratado del Río de la Plata, como en las notas reversales firmadas por ambos países.

Estas decisiones, señor Presidente, afectan las condiciones de competitividad económica entre los canales Martín García y Mitre y arriesgan la viabilidad del proyecto nacional que postula al Uruguay como centro logístico regional.

Hace pocos meses nos enteramos por los diarios del dragado del canal Mitre a 36 pies, mientras que el de Martín García sigue demorado, aun existiendo una resolución en tal sentido. Hoy nos enteramos que Argentina acaba de aumentar en un 36% las tarifas de peajes aplicables en el sistema de canales conocido como "Rosario al Mar", incluyendo el canal Mitre. Esta modificación, realizada con total prescindencia de la Comisión Administradora del Río de la Plata y sin respetar las obligaciones de notificación previstas en el Tratado y en las notas reversales, muestra la dualidad con que se está manejando la República Argentina y es contradictoria, entre otras cosas, con los planteos realizados bilateral, regional e internacionalmente con relación a la construcción de las plantas de celulosa. Esto demuestra que Argentina no tiene problemas en incumplir la regla que con tanta vehemencia reclama en el ámbito de la Comisión Administradora del Río Uruguay y por lo cual nos ha llevado a la Corte Internacional de Justicia alegando en ese ámbito, equivocadamente, que Uruguay no la respetó.

En lo que refiere a los peajes, es necesario mencionar que errores en las negociaciones y decisiones unilaterales argentinas han conducido a que el grueso de la recaudación que se cobra por la utilización de los canales se los lleve la Argentina, en particular la empresa Hidrovía S.A., concesionaria para el sistema de canales argentinos, la que tuvo a cargo el dragado y la licitación del proyecto "Rosario al Mar". El resultado ha sido un reparto para nada equitativo de la recaudación por concepto de peajes y un fuerte golpe a la viabilidad económica del canal Martín García, ya que lo que el Uruguay recauda no es siquiera suficiente para cubrir los costos de mantenimiento de dicho canal.

Hoy constatamos un nuevo aumento de los peajes impuesto por la empresa concesionaria para financiar el dragado del canal Mitre a 36 pies, dragado realizado en forma inconsulta que afectará también la competitividad del canal Martín García en forma insostenible, ya que los barcos en el primer canal navegarán a 36 pies y en el segundo, a 30 pies. ¿Qué armador elegirá un canal que permita entre 6.000 y 10.000 toneladas menos de carga pagando el mismo peaje, de cuya recaudación el Uruguay, por otra parte, recibirá una insignificancia, ya que el grueso va -como ya explicamos- a la empresa argentina Hidrovía S.A.?

Hace poco tiempo hicimos un planteamiento, entre otras cosas, en virtud del vencimiento del plazo para la concesión o licitación de la empresa que draga el canal Martín García. Esto se suma al incumplimiento por parte de Argentina, a la visión unilateral de ese país de ir adelantando el dragado a 36 pies del canal Mitre y, además, a la modificación, en forma unilateral, de los precios de los peajes, en una clara violación del Tratado y de las notas reversales.

Por estos motivos hacemos nuevamente el planteamiento y anunciamos que en los próximos días vamos a solicitar la presencia del señor Canciller y del señor Ministro de Transporte y Obras Públicas en la Comisión de Asuntos Internacionales, a los efectos de que nos puedan orientar sobre cuál es la política que está llevando adelante el Uruguay en este sentido, ya que no sólo está involucrada su visión regional, la defensa de la navegabilidad y la política de puertos del Río Uruguay, sino también su política exterior en la que, obviamente, las diferencias con nuestros hermanos argentinos se van profundizando en forma alarmante y el papel del país en los próximos años está seriamente comprometido.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras pase a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Transporte y Obras Públicas, así como a las distintas comisiones de sus dependencias, a fin de poner en conocimiento de esto a nuestros representantes en el ámbito bilateral.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

15 ) PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN EL PARLAMENTO

SEÑOR PRESIDENTE.- Finalizando la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: dado lo avanzado de la hora, voy a tratar de ser breve.

Un amigo y casi pariente, médico jubilado, se ha puesto a estudiar ciencia política. Con ese motivo y por estar elaborando un trabajo, me ha pedido información sobre la historia de la participación de la mujer en la vida política uruguaya -que es el tema de dicho trabajo-, especialmente en las direcciones de los Partidos y en los ámbitos parlamentarios o del Poder Ejecutivo. Tengo en mi poder esa recopilación, que había iniciado cuando en mi Partido, hace muchos años, se votó una norma estatutaria por la cual la participación de la mujer tiene que ser en proporción al número de afiliaciones, tanto en los cargos de dirección partidaria como en los electivos.

Asimismo, he estudiado esfuerzos similares que aparecen en el Derecho Comparado, como son los casos de España y de Suecia -en los que nos inspiramos en gran parte-, y en los otros Partidos.

Por otro lado, hemos seguido con particular atención ciertas fórmulas de biografías de mujeres de todos los Partidos del Uruguay, que han participado en cargos muy importantes. Precisamente, ayer se rindió un homenaje a Alba Roballo, quien fue una destacadísima militante y dirigente, primero dentro del Partido Colorado y luego en el Frente Amplio.

El objeto de esta exposición -que, como adelanté, será de sólo dos o tres minutos- es el siguiente. Como consecuencia de la historia que estoy escribiendo por razones políticas y más que nada académicas, he advertido que hay cuatro mujeres Senadoras actuando en este Senado, hecho que creo es la primera vez que sucede. No voy a hacer el panegírico de cada una, aunque se merecerían que lo realizara; si no fuera tan avanzada la hora lo efectuaría, porque las conozco a las cuatro, les tengo una profunda admiración y he aprendido muchas cosas desde que comencé a tratarlas, y también a lo largo de la actividad en el Senado.

En consecuencia, señor Presidente, quiero manifestar que me felicito de estar en este Cuerpo que, reitero, por primera vez ha llegado a tener cuatro Senadoras actuando. Deseo aprovechar la ocasión para pedir a las direcciones de todos los Partidos Políticos uruguayos -por lo menos a las de los cuatro lemas que tienen representación parlamentaria- que sigan incentivando el esfuerzo en ese sentido, en una comunicación que sea igual para todos ellos porque también hay proyectos en el ámbito de la Cámara de Representantes y en el Senado que todavía no han merecido la atención del caso. El ejemplo que han dado estas cuatro señoras Senadoras a quienes somos del otro sexo, ha sido realmente muy aleccionador y echa por tierra una serie de prevenciones y prejuicios -como tantos que hay en estos países, incluyendo al nuestro-, que a veces se ocultan bajo el manto de una delicada hipocresía. Me parece que ese velo debería ser descorrido y, de una vez por todas, lograr que todos los Partidos Políticos del Uruguay aprueben, por consenso, una norma que facilite la participación de la mujer en la dirección política de dichos Partidos, así como también en los cargos electivos.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a la Dirección de todos los lemas con representación parlamentaria.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Korzeniak.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

16) RECTIFICACION DE TRAMITE

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: previamente, quiero decir que me hubiera gustado aplaudir el planteo del señor Senador Korzeniak, en lugar de votar.

Nuestro planteo tiene que ver con una cuestión de orden que voy a trasmitir en nombre de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, que solicita se le remitan dos proyectos de ley vinculados con el que tiene a su consideración, presentado por el señor Senador Long, sobre modificaciones a la Ley Nº 16.095. Esos dos proyectos de ley se encuentran en el ámbito de otras Comisiones y sería muy oportuno que la de Población, Desarrollo e Inclusión pudiera tenerlos a todos para el tratamiento de un tema complejo y urgente para así arribar a las mejores soluciones a nivel legislativo y poder hacer sugerencias al Poder Ejecutivo en materia de reglamentación.

Uno de los proyectos de ley a que hacemos referencia es aquel por el que se modifica el artículo 42 de la Ley Nº 16.095, que ya tiene aprobación de la Cámara de Representantes y que se encuentra en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social y figura en la Carpeta Nº 540/2006.

El otro proyecto de ley se denomina "Registro Especial de Personas con Discapacidades Físicas" y está a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación. Figura en la Carpeta Nº 169/2005 y lo presenta el señor Senador Gustavo Penadés a partir de un proyecto de ley que presentó originariamente la señora Senadora Percovich.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: la Bancada de Senadores del Partido Nacional tiene, en este momento, una actividad acotada en el tiempo, por lo que en su nombre solicito un cuarto intermedio de veinte minutos para que todos puedan estar presentes cuando se traten los asuntos que figuran en el Orden del Día.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Moreira.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por veinte minutos.

(Así se hace. Es la hora 17 y 47 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 18 y 28 minutos)

17) ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA

SEÑOR LARA GILENE.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARA GILENE.- Formulo moción para que el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día sea considerado como primer punto, se realice la discusión en general y se vote, pasando la discusión y la votación particular para la sesión del día de mañana.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va votar la moción formulada por el señor Senador, en el sentido de que el cuarto asunto del Orden del Día sea tratado como primer punto, considerándolo y votándolo en general, pero dejando la discusión particular y la correspondiente votación para la sesión de mañana.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

18) DERECHO JUBILATORIO Y PENSIONARIO

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con la moción que recién se votó, el Senado pasa a considerar el asunto que figuraba como cuarto punto: "Proyecto de ley por el que se busca la recuperación, desde el punto de vista del derecho jubilatorio y pensionario, de los ciudadanos que no pudieron acceder al trabajo por la persecución política y sindical ocurrida desde fines de la década del sesenta en nuestro país. (Carp. Nº 576/2006 - Rep. Nº 291/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 576/06

Rep. Nº 291/06

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

CAPITULO I

Ambito subjetivo

Artículo 1º.- Quedan comprendidos en la presente ley las personas que, por motivos políticos, ideológicos o gremiales, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985:

a) se hubieran visto obligadas a abandonar el territorio nacional siempre que hubieran retornado al mismo antes del 1º de marzo de 1995; o

b) hubieran estado detenidas o en la clandestinidad, durante dicho lapso, total o parcialmente.

Asimismo, se encuentran amparados quienes con anterioridad al 9 de febrero de 1973 y por los mismos motivos indicados precedentemente, fueron detenidos o abandonaron el territorio nacional y retornaron antes del 1º de marzo de 1995, y acrediten fehacientemente dichas circunstancias.

CAPITULO II

Computo ficto de servicios y afiliación

Artículo 2º.- Las personas que se hubieren encontrado en una o varias de las situaciones previstas en el artículo anterior tendrán, a los efectos jubilatorios y pensionarios, cómputo ficto de servicios, por el período en que dichas situaciones se hayan mantenido. En caso de que las situaciones de detención o clandestinidad hayan tenido como consecuencia la pérdida del trabajo, el cómputo ficto de servicios abarcará asimismo el período que insumiera el reintegro a la actividad formal.

Artículo 3º.- A las personas comprendidas en las disposiciones de la presente ley se les reconocerá, durante el período de cómputo ficto de servicios, una asignación computable mensual, equivalente a once Bases de Prestaciones y Contribuciones (Ley Nº 17.856, de 20 de diciembre de 2004), al valor de la fecha de vigencia de la presente.

Artículo 4º.- Los servicios reconocidos al amparo de la presente ley son ordinarios y no podrán fraccionarse.

En el caso de los beneficiarios que a la fecha de vigencia de esta ley tengan configurada causal jubilatoria o pensionaria, se considerará que los servicios fictos tienen afiliación al instituto que debe servir la prestación.

Tratándose de beneficiarios sin causal a dicha fecha, la afiliación de los períodos estará determinada por los últimos servicios prestados por el beneficiario o el causante, según corresponda.

Para los casos comprendidos en el inciso final del artículo 10 de la presente ley, los salarios fictos se computarán al instituto que comprenda la actividad simultánea no reparada, a los efectos de otorgar, por dicho instituto, el beneficio que correspondiere.

Artículo 5º.- Cuando, de acuerdo con los criterios establecidos en el anterior, no pudiese determinarse la afiliación, se considerará que los servicios fueron prestados al amparo de la Ley Nº 12.138, de 13 de octubre de 1954 y del artículo 18 de la Ley Nº 12.380, de 12 de febrero de 1957.

CAPITULO III

Régimen jubilatorio y pensionario

Artículo 6º.- A los beneficiarios de la presente ley se les aplicará el régimen de pasividades vigentes, con las especialidades que surgen de esta normativa, en tanto les resulte más beneficiosa.

Artículo 7º.- El monto mínimo de asignación de jubilación de las personas amparadas por las disposiciones de la presente ley, en ningún caso podrán ser inferior al equivalente a cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones vigentes al momento de ingresar al goce de la prestación.

Artículo 8º.- Las personas amparadas por la presente ley, que sin configurar causal de jubilación, cuenten con sesenta años de edad y un mínimo de diez años de servicios (artículo 77 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995 o la normativa que corresponda según el ámbito de afiliación), tendrán derecho a una jubilación especial equivalente, al momento de inicio del servicio, a cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales.

La jubilación prevista en el inciso anterior es incompatible con el goce de cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial.

Para los casos comprendidos en el inciso final del artículo 10 de la presente ley, la no configuración de la causal jubilatoria descripta en el inciso primero del presente artículo estará referida a la actividad simultánea no reparada. A esos efectos el beneficiario tendrá derecho a optar, por la incompatibilidad de la misma, entre la jubilación especial y cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial.

Artículo 9º.- Las disposiciones de la presente ley también alcanzarán a aquellas personas que, comprendidas en el artículo 1º de la presente ley, a la fecha de su vigencia hayan fallecido o hayan sido declaradas ausentes por decisión judicial o en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 17.894, de 14 de setiembre de 2005, o hayan desaparecido en un siniestro conocido de manera pública y notoria, todas las cuales generarán derecho a pensión de sobrevivencia en las condiciones dispuestas por el régimen jubilatorio o pensionario aplicable.

CAPITULO IV

Exclusiones

Artículo 10.- Quedan excluidas de la presente ley, con excepción de lo establecido en el artículo 11:

a) las personas que hubieran trabajado en países con los cuales la República Oriental del Uruguay tiene acuerdos de seguridad social y durante el período en que desarrollaron actividad laboral en los mismos;

b) las personas efectivamente amparadas por las leyes especiales que atendieron situaciones de esta naturaleza para actividades específicas (Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, Ley Nº 16.163, de 21 de diciembre de 1990, Ley Nº 16.194, de 12 de julio de 1991, Ley Nº 16.451, de 16 de diciembre 1993, Ley Nº 16.561, de 19 de agosto de 1994, Ley Nº 17.061, de 24 de diciembre de 1998, Ley Nº 17.620, de 17 de febrero de 2003, Ley Nº 17.917, de 30 de octubre de 2005, Ley Nº 17.949, de 8 de enero de 2006 u otras disposiciones análogas) por las actividades a que refieren dichas normas;

c) las personas cuya actividad estuviera amparada por las cajas paraestatales y hubieran sido oportunamente reparadas por dichos organismos, en cuanto dicha reparación corresponda a hechos acaecidos durante el período previsto en el artículo 1º.

Quienes se encontraren en cualquiera de las situaciones previstas en los literales anteriores, pero acrediten haber realizado otra actividad laboral simultánea a aquélla, al momento de verse afectados por cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 1º, quedarán incluidos dentro de las disposiciones de esta norma, por la actividad por la que no fueron reparados.

CAPITULO V

Pensión especial reparatoria

Artículo 11.- Las personas comprendidas en el artículo 1º de esta ley que habiendo sido detenidas y procesadas por la Justicia Militar o Civil y que, como consecuencia de ello sufrieron privación de libertad entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, tendrán derecho a una pensión especial reparatoria equivalente, al momento de inicio de su percepción, a 8,5 (ocho y media) Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales.

No tendrán derecho a percibir la prestación establecida en el presente artículo los titulares de una jubilación, pensión, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo que optaren por la pensión especial reparatoria.

Tampoco podrán acceder a esta prestación quienes se hubieren acogido a los beneficios establecidos en la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, Ley Nº 16.163, de 21 de diciembre de 1990, Ley Nº 16.194, de 12 de julio de 1991, Ley Nº 16.451, de 16 de diciembre de 1993, Ley Nº 16.561, de 19 de agosto de 1994, Ley Nº 17.061, de 24 de diciembre de 1998, Ley Nº 17.620, de 17 de febrero de 2003, Ley Nº 17.917, de 30 de octubre de 2005, Ley Nº 17.949, de 8 de enero de 2006 u otras disposiciones análogas, ni quienes perciban ingresos de cualquier naturaleza superiores a 15 (quince) Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales, calculados en promedio anual.

En caso de fallecimiento del beneficiario de esta pensión especial reparatoria su cónyuge o concubino/a "more uxorio" y sus hijos menores podrán ejercer derechos de causahabiente.

Los ajustes al monto inicial de la prestación se realizarán de acuerdo con el régimen establecido en el artículo 67 de la Constitución de la República.

El derecho a acogerse al beneficio regulado en este artículo no prescribe extintivamente ni caduca.

El Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia, en un plazo de treinta días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, deberán remitir a la Comisión Especial creada por el artículo 13, toda la información disponible en su poder para la identificación de los beneficiarios comprendidos en el inciso primero de este artículo.

La Comisión Especial que se crea por el artículo 13 de la presente ley podrá decidir -debiendo hacerlo en este caso por unanimidad- el otorgamiento de esta pensión especial reparatoria a aquellas personas que, por los motivos y dentro del período indicado en el artículo 1º, hayan sido privadas de libertad en un lapso superior a un año y no hayan sido sometidas a proceso.

CAPITULO VI

Financiación

Artículo 12.- Los gastos que genere la aplicación de la presente ley serán atendidos por Rentas Generales.

CAPITULO VII

Comisión Especial

Artículo 13.- Créase una Comisión Especial que actuará en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuya integración, cometidos y funciones serán los que se expresan en los artículos siguientes.

Esta Comisión deberá constituirse dentro de los treinta días a partir de la vigencia de esta ley, siendo obligación del Poder Ejecutivo publicitar la fecha de su constitución.

Artículo 14.- La Comisión Especial estará integrada por cinco miembros:

a) un delegado designado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social quien la presidirá;

b) un delegado designado por el Banco de Previsión Social;

c) un delegado designado por el Ministerio de Economía y Finanzas;

d) un delegado designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT);

e) un delegado designado por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Asamblea Nacional de Ex-Presos Políticos del Uruguay (CRISOL), Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos (CRU) y del Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU).

Artículo 15.- La Comisión Especial entenderá en todo lo relativo la instrucción, sustanciación y resolución definitiva sobre las solicitudes de amparo a las disposiciones de la presente ley, así como el otorgamiento de los beneficios dispuestos.

A dichos efectos podrá disponer de todas las medidas que estime convenientes para contar con la más completa información, requerir los antecedentes necesarios para su dilingenciamiento, comunicándose directamente con las entidades públicas y privadas, admitiendo todos los medios de prueba previstos en el artículo 146 del Código General del Proceso, los que se apreciarán de conformidad con el principio de la sana crítica.

La condición de clandestinidad se justificará mediante la acreditación fehaciente del requerimiento de la persona por las autoridades del gobierno de facto por los motivos establecidos en el artículo 1º. Para otros casos en que se invoque tal condición, la Comisión Especial a la que refiere el artículo 13 de la presente ley deberá adoptar decisión al respecto por unanimidad de sus miembros.

CAPITULO VIII

Procedimiento

Artículo 16.- Las solicitudes de amparo a la presente ley se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Nº 500/991, de 27 de setiembre de 1991.

Artículo 17.- Se remitirán a la Comisión Especial creada por la presente ley las solicitudes presentadas ante la Comisión Especial creada por la Ley Nº 17.449, de 4 de enero de 2002, a efectos de que, a petición de parte interesada:

a) determine la procedencia de la modificación de la prestación correspondiente a aquellos que hubieren sido amparados por dicha ley, comunicándolo en tal caso al instituto que sirva la misma;

b) se revisen las decisiones que hubieran sido denegatorias del derecho;

c) se continúe el trámite de las que aún no estuvieren resueltas.

Los interesados tendrán un plazo de ciento ochenta días a partir de la constitución de la Comisión Especial prevista en la presente ley, para presentar solicitud de reconsideración de la resolución que ya ha sido tomada, así como la ampliación de prueba de sus respectivos expedientes.

Artículo 18.- El plazo de presentación de las peticiones para ser amparado por esta ley será de ciento ochenta días a partir de la fecha de constitución de la Comisión Especial prevista en el artículo 13 de esta norma. Vencido el mismo caducarán todos los beneficios en ella dispuestos, sin perjuicio de las disposiciones establecidas por el artículo 11.

Artículo 19.- Contra las resoluciones de la Comisión Especial podrán interponerse los recursos de revocación y jerárquico.

Artículo 20.- Las jubilaciones y pensiones otorgadas al amparo de la Ley Nº 17.449, de 4 de enero de 2002, así como el cómputo de servicios dispuesto en su aplicación, continuarán rigiéndose por dicha norma, sin perjuicio del derecho a solicitar la modificación prevista en el literal a) del artículo 17 de la presente ley.

En ningún caso la prestación a servir podrá ser inferior a la que percibe el titular al momento de solicitar la revisión.

Artículo 21.- Derógase el régimen de reintegros dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 17.449, de 4 de enero de 2002, así como todas las disposiciones que directa o indirectamente se opongan a la presente ley.

Sala de la Comisión, a 31 de agosto de 2006.

Susana Dalmás, Miembro Informante; Francisco Gallinal, Julio Lara Gilene, Eduardo Lorier, Luis Oliver, Víctor Vaillant. Senadores.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 19 de julio de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo para remitir un Proyecto de Ley, que busca la reparación, desde el punto de vista del derecho jubilatorio y pensionario, de los compatriotas que se vieron impedidos de acceder al trabajo como consecuencia de la persecución política y sindical ocurrida en nuestro país, desde finales de la década del sesenta.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El proyecto que se acompaña, es sustitutivo del proyecto del Poder Ejecutivo, de 29 de noviembre de 2005, ya enviado e ingresado a la Cámara de Senadores el día 30 de noviembre de 2005, identificado como Asunto Nº 28.440 - Carpeta 407/2005, y recoge en gran medida la contribución realizada por un conjunto de organizaciones, como Crisol, Sedhu, Comisión del Reencuentro, Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT y la Representación de los Trabajadores en el Banco de Previsión Social.

El objetivo que persigue la normativa proyectada tiende a proporcionar una solución para aquellas personas que, como consecuencia de expresar sus ideas políticas y/o ejercer la actividad sindical, sufrieron la prisión, el exilio o la clandestinidad, viéndose imposibilitados de ejercer el derecho al trabajo y, por ende, acceder a una protección social digna.

La problemática planteada, a pesar de algunas medidas legislativas dadas, como la Ley Nº 17.449 de 4 de enero de 2002, no ha tenido hasta la fecha una solución adecuada, motivo por el que se estima necesario una revisión en la materia.

El proyecto que se pone a consideración de ese Cuerpo, funcional a los fines y a los principios de la Seguridad Social, otorga a los ciudadanos referidos, una cobertura razonable ante los riesgos invalidez, vejez y sobrevivencia (I.V.S.).

En relación al alcance de la norma proyectada, se señalada que la misma ampara a todos quienes hayan padecido prisión, exilio o hayan vivido en clandestinidad en el período que va desde el 9 de febrero de 1973 al 28 de Febrero de 1985 como consecuencia de sus ideas o militancia política o sindical, e incluso con anterioridad a la fecha establecida, durante la gestación del período autoritario, en el caso de haber padecido prisión o haber tenido que exiliarse como consecuencia de iguales situaciones.

Al igual que la norma antecesora ya citada, se establece un cómputo ficto de servicios equivalente al período en que las personas amparadas se vieron imposibilitadas de acceder a un trabajo.

Se crea una Comisión Especial para resolver las solicitudes de amparo, la que, en cumplimiento del principio de participación que rige en el ámbito del derecho de la seguridad social, estará integrada por representantes de las organizaciones interesadas, del Poder Ejecutivo (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social - Ministerio de Economía y Finanzas) y del Banco de Previsión Social.

Otra de las novedades que introduce el proyecto en examen es la creación de causales de acceso a prestaciones que la ley anterior no preveía, la determinación de un monto mínimo de jubilación, la ampliación de los medios de prueba para acreditar las circunstancias que determinan el amparo, y, al igual que lo han hecho otras normas reparatorias, se prevé que su financiación será de cargo a rentas generales, manifestación del principio de solidaridad.

En definitiva, con la sanción del presente proyecto se aspira a reparar, en parte, el perjuicio sufrido por un colectivo de compatriotas, facilitando el acceso a la cobertura de la seguridad social.

Finalmente y como se señaló, tratándose de un proyecto sustitutivo, se solicita a ese Alto Cuerpo 2005 que se sirva remitir al Poder Ejecutivo el proyecto de ley de 29 de noviembre de 2005 (Asunto Nº 28.440 - Carpeta 407/2005 de la Cámara de Senadores).

Saludamos a este Alto Cuerpo con la más alta estima y consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori. Eduardo Bonomi.

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I

Ambito subjetivo

Artículo 1º.- Quedan comprendidos en la presente ley las personas que, por motivos políticos, ideológicos o gremiales, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985:

a) se hubieran visto obligadas a abandonar el territorio nacional siempre que hubieran retornado al mismo antes del 1º de marzo de 1995; o

b) hubieran estado detenidas o en la clandestinidad, durante dicho lapso, total o parcialmente.

Asimismo, se encuentran amparados quienes con anterioridad al 9 de febrero de 1973 y por los mismos motivos indicados precedentemente, fueron detenidos o abandonaron el territorio nacional y retornaron antes del 1º de marzo de 1995, y acrediten fehacientemente dichas circunstancias.

CAPITULO II

Cómputo ficto de servicios y afiliación

Artículo 2º.- Las personas que se hubieren encontrado en una o varias de las situaciones previstas en el artículo anterior tendrán, a los efectos jubilatorios y pensionarios, cómputo ficto de servicios, por el período en que dichas situaciones se hayan mantenido. En caso de que las situaciones de detención o clandestinidad hayan tenido como consecuencia la pérdida del trabajo, el cómputo ficto de servicios abarcará asimismo el período que insumiera el reintegro a la actividad formal.

Artículo 3º.- A las personas comprendidas en las disposiciones de la presente ley se les reconocerá, durante el período de cómputo ficto de servicios, una asignación computable mensual equivalente a once Bases de Prestaciones y Contribuciones (Ley Nº 17.856, de 20 de diciembre de 2004), al valor de la fecha de vigencia de la presente.

Artículo 4º.- Los servicios reconocidos al amparo de la presente ley son ordinarios y no podrán fraccionarse.

En el caso de los beneficiarios que a la fecha de vigencia de la ley tengan configurada causal jubilatoria o pensionaria, se considerará que los servicios fictos tienen afiliación al instituto que debe servir la prestación.

Tratándose de beneficiarios sin causal a dicha fecha, la afiliación de los períodos estará determinada por los últimos servicios prestados por el beneficiario o el causante, según corresponda.

Artículo 5º.- Cuando, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo anterior, no pudiese determinarse la afiliación, se considerará que los servicios fueron prestados al amparo de la Ley Nº 12.138, de 13 de octubre de 1954 y artículo 18 de la Ley Nº 12.380 de 12 de febrero de 1957.

CAPITULO III

Régimen jubilatorio y pensionario

Artículo 6º.- A los beneficiarios de la presente ley se les aplicará el régimen de pasividades vigente, con las especialidades que surgen de esta normativa, en tanto le resulte más beneficiosa.

Artículo 7º.- El monto mínimo de asignación de jubilación de las personas amparadas por las disposiciones de la presente ley, en ningún caso podrá ser inferior al equivalente a cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones vigentes al momento de ingresar al goce de la prestación.

Artículo 8º.- Las personas amparadas por la presente ley, que sin configurar causal de jubilación, cuenten con sesenta años de edad y un mínimo de diez años de servicios (artículo 77 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995 o la normativa que corresponda según el ámbito de afiliación), tendrán derecho a una jubilación especial equivalente, al momento de inicio del servicio, a cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales.

La jubilación prevista en el inciso anterior es incompatible con el goce de cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial.

Artículo 9º.- Las disposiciones de la presente ley también alcanzarán a aquellas personas que, comprendidas en el artículo 1º de la presente ley, a la fecha de su vigencia hayan fallecido, o hayan sido declaradas ausentes por decisión judicial o en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 17.894 de 14 de setiembre de 2005, o hayan desaparecido en un siniestro conocido de manera pública y notoria, todas las cuales generarán derecho a pensión de sobrevivencia en las condiciones dispuestas por el régimen jubilatorio y pensionario aplicable.

CAPITULO IV

Exclusiones

Artículo 10.- Quedan excluidas de la presente ley:

a) las personas que hubieran trabajado en países con los cuales la República Oriental del Uruguay tienen acuerdos de seguridad social y durante el período en que desarrollaron actividad laboral en los mismos;

b) las personas comprendidas en leyes especiales que atendieron situaciones de esta naturaleza para actividades específicas (Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, Ley Nº 16.163, de 21 de diciembre de 1990, Ley Nº 16.194, de 5 de julio de 1991, Ley Nº 16.451, de 16 de diciembre de 1993, Ley Nº 16.561, de 19 de agosto de 1994, Ley Nº 17.061, de 24 de diciembre de 1998, Ley Nº 17.620, de 17 de febrero de 2003, Ley Nº 17.917, de 30 de octubre de 2005, Ley Nº 17.949, de 8 de enero de 2006, u otras disposiciones análogas) por las actividades a que refieren dichas normas;

c) las personas cuya actividad estuviera amparada por las Cajas Paraestatales y hubieran sido oportunamente reparadas por dichos organismos, en cuanto dicha reparación corresponda a hechos acaecidos durante el período previsto en el artículo 1º.

Quienes se encontraren en cualquiera de las situaciones previstas en los literales anteriores, pero acrediten haber realizado otra actividad laboral simultánea a aquella, al momento de verse afectados por cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 1º, quedarán incluidos dentro de las disposiciones de esta norma, por la actividad por la que no fueron reparados.

CAPITULO V

Pensión especial reparatoria

Artículo 11.- Las personas comprendidas en el artículo 1º de esta ley que habiendo sido detenidas y procesadas por la Justicia Militar o Civil y que, como consecuencia de ello sufrieron privación de libertad entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, tendrán derecho a una pensión especial reparatoria equivalente, al momento de inicio de su percepción, a 8,5 (ocho y media) Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales.

No tendrán derecho a percibir la prestación establecida en el presente artículo los titulares de una jubilación, pensión, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo que optaren por la pensión especial reparatoria.

Tampoco podrán acceder a esta prestación quienes se hubieran acogido a los beneficios establecidos en la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, Ley Nº 16.163, de 21 de diciembre de 1990, Ley Nº 16.194, de 5 de julio de 1991, Ley Nº 16.451, de 16 de diciembre de 1993, Ley Nº 16.561, de 19 de agosto de 1994, Ley Nº 17.061, de 24 de diciembre de 1998, Ley Nº 17.620, de 17 de febrero de 2003, Ley Nº 17.917, de 30 de octubre de 2005, Ley Nº 17.949, de 8 de enero de 2006, u otras disposiciones análogas ni quienes perciban ingresos de cualquier naturaleza superiores a 15 (quince) Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales, calculados en promedio anual.

En caso de fallecimiento del beneficiario de esta pensión especial reparatoria su cónyuge o concubino/a "more uxorio" y sus hijos menores podrán ejercer derecho de causahabiente.

Los ajustes al monto inicial de la prestación se realizarán de acuerdo al régimen establecido en el artículo 67 de la Constitución de la República.

El derecho a acogerse al beneficio regulado en este artículo no prescribe extintivamente ni caduca.

El Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia, en un plazo de treinta días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, deberán remitir a la Comisión Especial creada por el artículo trece, toda la información disponible en su poder para la identificación de los beneficiarios comprendidos en el inciso primero de este artículo.

La Comisión Especial que se crea por el artículo 13 de la presente ley, podrá decidir -debiendo hacerlo en este caso por unanimidad- el otorgamiento de esta pensión especial reparatoria a aquellas personas que, por los motivos y dentro del período indicado en el acápite artículo 1º, hayan sido privadas de libertad por un lapso superior a un año y no hayan sido sometidos a proceso.

CAPITULO VI

Financiación

Artículo 12.- Los gastos que genere la aplicación de la presente ley, serán atendidos por Rentas Generales.

CAPITULO VII

Comisión Especial

Artículo 13.- Créase una Comisión Especial, que actuará en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuya integración, cometidos y funciones serán los que se expresan en los artículos siguientes.

Esta Comisión deberá constituirse dentro de los treinta días a partir de la vigencia de esta ley, siendo obligación del Poder Ejecutivo publicitar la fecha de su constitución.

Artículo 14.- La Comisión Especial estará integrada por cinco miembros:

a) un delegado designado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien la presidirá;

b) un delegado designado por el Banco de Previsión Social;

c) un delegado designado por el Ministerio de Economía y Finanzas;

d) un delegado designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT);

e) un delegado designado por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Asamblea Nacional de Ex-Presos Políticos del Uruguay (CRISOL), Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos (CRU) y del Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU).

Artículo 15.- La Comisión Especial entenderá en todo lo relativo a la instrucción, sustanciación y resolución definitiva sobre las solicitudes de amparo a las disposiciones de la presente ley, así como el otorgamiento de los beneficios dispuestos.

A dichos efectos, podrá disponer de todas las medidas que estime convenientes para contar con la más completa información, requerir los antecedentes necesarios para su diligenciamiento, comunicándose directamente con las entidades públicas y privadas, admitiendo todos los medios de prueba previstos en el artículo 146 del Código General del Proceso, los que se apreciarán de conformidad con el principio de la sana crítica.

La condición de clandestinidad se justificará mediante la acreditación fehaciente del requerimiento de la persona por las autoridades del gobierno de facto por los motivos establecidos en el acápite del artículo 1º. Para otros casos en que se invoque tal condición, la Comisión Especial a la que refiere el artículo 13 de la presente ley deberá adoptar decisión al respecto por unanimidad de sus miembros.

CAPITULO VIII

Procedimiento

Artículo 16.- Las solicitudes de amparo a la presente ley, se tramitarán de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 500/991, de 27 de setiembre de 1991.

Artículo 17.- Se remitirán a la Comisión Especial creada por la presente ley, las solicitudes presentadas ante la Comisión Especial creada por la Ley Nº 17.449, de 4 de enero de 2002, a efectos de que, a petición de parte interesada:

a) determine la procedencia de la modificación de la prestación correspondiente a aquellos que hubieren sido amparados por dicha ley, comunicándolo en tal caso al instituto que sirva la misma;

b) se revisen las decisiones que hubieren sido denegatorias del derecho;

c) se continúe el trámite de las que aún no estuvieren resueltas.

Los interesados tendrán un plazo de ciento ochenta días a partir de la constitución de la Comisión Especial prevista en la presente, para presentar solicitud de reconsideración de la resolución que ya haya sido tomada, así como la ampliación de prueba de sus respectivos expedientes.

Artículo 18.- El plazo de presentación de las peticiones para ser amparado a esta ley será de ciento ochenta días a partir de la fecha de constitución de la Comisión Especial prevista en el artículo 13 de esta norma. Vencido el mismo caducarán todos los beneficios en ella dispuestos, sin perjuicio de las disposiciones establecidas por el artículo 11.

Artículo 19.- Contra las resoluciones de la Comisión Especial podrán interponerse los recursos de revocación y jerárquico.

Artículo 20.- Las jubilaciones y pensiones otorgadas al amparo de la Ley Nº 17.449, de 4 de enero de 2002, así como el cómputo de servicios dispuesto en su aplicación, continuarán rigiéndose por dicha norma, sin perjuicio del derecho a solicitar la modificación prevista en el literal a) del artículo 17 de la presente.

En ningún caso la prestación a servir podrá ser inferior a la que percibe el titular al momento de solicitar la revisión.

Artículo 21.- Derógase el régimen de reintegros dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 17.449, de 4 de enero de 2002, así como todas las disposiciones que directa o indirectamente se opongan a la presente ley.

Danilo Astori, Eduardo Bonomi.

NUEVAS DISPOSICIONES CITADAS

CODIGO GENERAL DEL PROCESO

146. Medios de prueba.-

146.1 Son medios de prueba los documentos, la declaración de parte, la de testigos, el dictamen pericial, el examen judicial y las reproducciones de hechos.

146.2 También podrán utilizarse otros medios probatorios no prohibidos por la regla de derecho, aplicando analógicamente las normas que disciplinan a los expresamente previstos por la ley.

LEY Nº 12.138,

de 13 de octubre de 1954

Artículo 1º.- Decláranse incorporadas al régimen de pasividad que administra la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio, leyes de 11 de enero de 1934, 3 de enero de 1941, sus modificativas y concordantes, a todas las personas que ejerzan actividades lícitas remuneradas y que no estén comprendidas por otros regímenes jubilatorios. Mantiénese no obstante la excepción establecida en la Ley Nº 10.646, de 12 de setiembre de 1945.

Artículo 2º.- La Caja iniciará los servicios correspondientes a las actividades incluída por el artículo anterior, a los cinco años de la promulgación de la presente ley, con las siguientes excepciones:

A) Jubilaciones por inhabilitación absoluta y permanente y pensión a los derecho-habientes, de los afiliados fallecidos, a partir de los tres meses de promulgada la presente ley;

B) Jubilaciones de afiliados con sesenta años de edad y treinta de servicios reconocidos, como mínimo, a partir del tercer año de promulgada la presente ley.

Artículo 3º.- Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.

LEY Nº 12.380

de 12 de febrero de 1957

Artículo 18.- La incorporación al régimen jubilatorio de las actividades lícitas remuneradas a que se refiere la Ley Nº 12.138, de 13 de octubre de 1954, se producirá siempre que ellas se hayan desempeñado o se desempeñen en forma habitual o profesional, de modo que constituyan para el trabajador el medio principal de subsistencia.

Las personas comprendidas en esta disposición, que no tengan relación de dependencia con empresas o entidades, deberán inscribirse en los registros que la Caja llevará al efecto y someterse al régimen de Carnet de Trabajo y timbre de contribución jubilatoria.

La Caja no reconocerá los servicios invocados al amparo de la Ley Nº 12.138, de 13 de octubre de 1954, y de la presente, que no aparezcan documentados en las respectivas hojas de cotización. Lo dispuesto precedentemente entrará en vigor a los seis meses posteriores a la promulgación de la presente ley, antes de cuyo término deberán documentarse debidamente los servicios prestados con anterioridad a su vigencia. En caso de fallecimiento del afiliado, aun vencido el plazo que se determina anteriormente, sus derechohabientes dispondrán de un término igual a partir de la fecha de dicho fallecimiento.

El Poder Ejecutivo, a iniciativa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio, podrá determinar el establecimiento del mismo sistema a otros gremios o sectores afiliados, debiéndose contar el plazo a partir de la fecha de publicación del respectivo decreto.

LEY Nº 15.783,

de 28 de noviembre de 1985

CAPITULO I

Principio general

Artículo 1º.- Establécese el derecho de todas las personas que prestaron servicios en organismos estatales o en personas públicas no estatales en relación de dependencia funcional, como presupuestadas o contratadas y que, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985 inclusive, hubieran sido destituidas por motivos políticos, ideológicos o gremiales, o por mera artibrariedad a ser reincorporadas al organismo correspondiente y a la recomposición de su carrera administrativa, así como a la jubilación o a la reforma de ésta, en su caso; todo ello de conformidad con las normas de la presente ley.

A los efectos de esta ley, se consideran destituidas a las personas separadas de hecho de sus cargos, declaradas cesantes por abandono de los mismos o compelidas a jubilarse o a renunciar, además de las destituidas en sentido estricto.

Lo dispuesto en los incisos precedentes comprende al personal de los Poderes Legislativo, Ejecutivo -con la sola exclusión del personal militar y Judicial, del Tribunal de lo Contencioso Admistrativo, del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral, de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y de los Gobiernos Departamentales y asimismo al personal de las personas públicas no estatales y de las instituciones indicadas en los literales C), D), E) y F) del artículo 35 de la presente ley.

Fuente: Ley Nº 16.194,

de 12 de julio de 1991

artículo 2º (sustituye inciso)

CAPITULO II

Reincorporación de funcionarios

Artículo 2º.- Quienes aspiren a ser reincorporados dispondrán de un plazo de sesenta días a contar desde la entrada en vigencia de esta ley, para presentarse por sí o por apoderado ante el organismo en que se desempeñaban o el que le hubiera sucedido, solicitando su reincorporación. En defecto de uno y otro organismo, ocurrirán directamente ante la Comisión Especial a que se refiere el Capítulo V.

La presentación se hará en escrito fundado. El peticionante, que deberá constituir domicilio, podrá acompañar y ofrecer las informaciones y pruebas que estimare pertinentes.

Se considerarán válidas las solicitudes que, fundadas en las situaciones amparadas por esta ley, se hubieran presentado antes de su promulgación. En tales casos, los plazos que la ley determina para adoptar decisión correrán a partir de su entrada en vigencia.

Artículo 3º.- La reincorporación se verificará en el mismo organismo en que el funcionario se desempeñaba en el momento de su cese o en el que lo hubiera sucedido, o en su defecto, en otro organismo público.

Artículo 4º.- Los peticionantes podrán actuar con asistencia letrada.

Con la sola presentación de la solicitud, el letrado que la firma quedará investido de la calidad de representante en los términos y condiciones previstos en los artículos 159 y 160 del Código del Procedimiento Civil, en lo pertinente.

Artículo 5º.- Si el beneficiario residiera en el exterior, podrá hacer reserva de sus derechos dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, por carta, telex o telegrama, pero en todo caso deberá cumplir con las formalidades prescritas en el artículo 2º, dentro de los ciento cincuenta días siguientes a la vigencia de la presente ley.

Artículo 6º.- La autoridad requerida, si correspondiere, dispondrá el reintegro del solicitante dentro de los sesenta días a contar desde la fecha de su presentación.

Si dicha autoridad estimare que no se han acreditado suficientemente los requisitos prescritos por esta ley, remitirá los antecedentes a la Comisión Especial sin más trámite. Procederá de igual forma cuando de las circunstancias del caso resultare que el peticionante habría debido comparecer directamente ante dicha Comisión.

La resolución será notificada al interesado personalmente o en el domicilio constituido.

Sin perjuicio de la obligación, en los casos del inciso segundo, de remitir los antecedentes a la Comisión Especial, por parte de la autoridad requerida, la falta de resolución dentro del plazo dispuesto en el inciso primero, habilitará al interesado para presentarse directamente ante la aludida Comisión.

Artículo 7º.- La notificación de la resolución que haga lugar al reingreso del peticionante, lo habilitará por sí sola para la efectiva e inmediata reincorporación a su cargo y funciones, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 38.

Artículo 8º.- No procederá la reincorporación en los casos de personas, que al 1º de marzo de 1985, tuvieran cumplidos cincuenta y cinco o sesenta años de edad, según se trate de mujeres u hombres respectivamente, sin perjuicio de su derecho a los beneficios consagrados en el Capítulo IV.

La limitación por edades precedentemente indicada, no será de aplicación para las personas ya reincorporadas a la fecha de vigencia de la presente ley.

CAPITULO III

Reparaciones funcionales

Artículo 9º.- Los funcionarios reincorporados serán reparados por los perjuicios funcionales resultantes de su cesantía, en la siguiente forma:

A) El organismo en que reingresen los promoverá, dentro de los sesenta días a contar desde su reincorporación y con retroactividad al 1º de marzo de 1985, a los cargos y funciones que les habrían correspondido de haber permanecido vinculados en forma ininterrumpida al respectivo organismo, por lo que ocuparán un cargo de su escalafón cuyo grado, categoría y denominación resultarán de la aplicación de normas estatutarias vigentes al 9 de febrero de 1973.

B) Cuando no pueda asignárseles el cargo que deberían ocupar de conformidad con lo dispuesto en el literal anterior, tendrán derecho a uno similar tanto en jerarquía como en remuneración. Para la precisa determinación del cargo correspondiente, se atenderá en los casos de duda a la situación actual, de los funcionarios que, a la fecha del cese de la persona a reincorporar, se hallaban a su respecto en condiciones iguales o similares, de modo que el funcionario restituido venga a quedar en una situación semejante a la que, promedialmente, están ocupando aquéllos.

C) Los funcionarios se reincorporarán con la misma calidad de presupuestados o contratados que tenían a la fecha de su cese.

D) Las promociones que pudieren corresponder a partir del 1º de marzo de 1985 hasta la fecha de la efectiva reincorporación, se regirán por las normas vigentes durante este período.

Artículo 10.- La recomposición de la carrera administrativa procederá igualmente cuando la cesantía del funcionario, o la redistribución en su caso (artículo 40), se hubieran producido por aplicación de normas que fijaban topes de edad para ciertos cargos, si de las circunstancias del caso resultare que tal aplicación tuvo lugar como consecuencia de una postergación determinada por cualquiera de las razones indicadas en el artículo 1º.

Artículo 11.- En caso de no existir vacantes presu-puestales y hasta la entrada en vigencia de las normas legales pertinentes, los funcionarios titulares de un cargo presupuestado reingresarán transitoriamente en calidad de contratados sin término, a cuyos efectos estos contratos quedan exceptuados de lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto-Ley Nº 14.416, del 28 de agosto de 1975.

Las personas comprendidas en el inciso anterior tendrán prioridad para la ocupación de las vacantes presupuestales que se produzcan en la respectiva repartición administrativa.

Artículo 12.- Establécese el derecho de los titulares de un cargo presupuestado que fueren contratados de acuerdo con el artículo anterior, a ser reincorporados al cargo presupuestal correspondiente, una vez sancionada la norma que habilite a ello.

Entretanto, su calidad de contratados no significará menoscabo de sus derechos respecto a los funcionarios presupuestados, en cuanto a su retribución, su posibilidad de ascender, ni a ninguna otra circunstancia.

Artículo 13.- Las personas que por aplicación de la presente ley, reingresen a la Administración Pública o a las personas públicas no estatales percibirán, a partir del 1º de marzo de 1985, la totalidad de los haberes correspondientes a los cargos y funciones a los que sean reincorporados o promovidos.

Los haberes generados entre esa fecha y la del efectivo reintegro del funcionario le serán abonados, dentro de los sesenta días posteriores a la fecha de su efectiva reincorporación, en 24 cuotas mensuales, iguales y sucesivas, hasta la cancelación definitiva. Dichas cuotas se liquidarán conjuntamente con el sueldo y se incrementarán en el mismo porcentaje y en cada oportunidad en que se disponga aumento de las retribuciones personales de los funcionarios públicos.

Fuente: Ley Nº 16.134,

de 24 de setiembre de 1990

artículo 9º.

Artículo 14.- Los funcionarios de los organismos públicos estatales o no estatales que, durante el período indicado por el artículo 1º, sin haber cesado en sus cargos y funciones, hubieran sido postergados en sus carreras funcionales por motivos políticos, ideológicos o gremiales, tendrán derecho a la recomposición de sus carreras administrativas en los términos y condiciones establecidos por los artículos 9º a 12.

A tal fin podrán formulas las reclamaciones pertinentes ante el respectivo organismo, dentro del plazo y con las formalidades que prescriben los artículos 2º y 4º.

Artículo 15.- Las reincorporaciones y reparaciones en la carrera funcional que resultaren de la aplicación de esta ley, no afectarán los derechos adquiridos de los funcionarios que actualmente ocupan y desempeñan cargos y funciones en los respectivos organismos.

CAPITULO IV

Régimen jubilatorio y pensionario

Artículo 16.- A los beneficiarios de esta ley se les computará como trabajado el período de su destitución.

Artículo 17.- Las personas amparadas por esta ley en virtud de su destitución (artículo 1º, inciso segundo) configurarán causal jubilatoria, siempre que computen, como mínimo, diez años de servicios efectivos a la fecha de su cesantía.

Artículo 18.- Tratándose de personas que, teniendo derecho a solicitar su restitución al cargo, optaren por acogerse a la jubilación o reformar su cédula, su asignación jubilatoria quedará fijada en el equivalente al 125% (ciento veinticinco por ciento) de todas las asignaciones computables correspondientes al cargo del que eran titulares, vigentes al día 1º de marzo de 1985.

Las personas referidas en el artículo 8º podrán acogerse a la jubilación o reformar su cédula jubilatoria, fijándose su sueldo o asignación de jubilación en el equivalente al 125% (ciento veinticinco por ciento) de todas las asignaciones computables correspondientes al cargo del que eran titulares, vigentes a la fecha de promulgación de esta ley.

En los casos de este artículo, el monto resultante estará sujeto a los topes jubilatorios establecidos en los apartados primero y cuarto del artículo 72 del llamado Acto Institucional Nº 9, de 23 de octubre de 1979.

Artículo 19.- En los casos de beneficiarios de esta ley que hubieran fallecido, sus derecho-habientes tendrán derecho a pensión, fijándose como sueldo básico, pensionario el equivalente al 125% (ciento veinticinco por ciento) de las asignaciones computables correspondientes al último cargo ocupado por el causante, vigentes al 1º de marzo de 1985.

A tales efectos, serán considerados derecho-habientes con derecho a pensión aquéllos reconocidos como tales por las normas vigentes a la fecha del fallecimiento del causante, así como la cónyuge divorciada siempre que acredite que, a la fecha del deceso del causante, era beneficiaria de pensión alimenticia servida por el mismo y decretada u homologada judicialmente.

Artículo 20.- Dispónese un plazo de ciento veinte días a contar desde la entrada en vigencia de la presente ley o, en su caso, desde que haya quedado reconocido el derecho de la parte interesada para acogerse al régimen jubilatorio, pensionario o de reforma establecidos precedentemente, las personas referidas en el artículo 5º dispondrán de un plazo de ciento ochenta días.

Los interesados deberán comparecer ante el organismo en que prestaron servicios o el que le hubiere sucedido, o ante la Comisión Especial en su caso, a efectos de acreditar su calidad de destituidos (artículo 1º, inciso segundo); salvo cuando ello ya se hubiere probado ante el organismo de seguridad social correspondiente.

Serán de aplicación en lo pertinente, las normas de procedimiento establecidas por los artículos 2º, 4º, 6º y 29 a 33.

Artículo 21.- Las pasividades acordadas conforme con esta ley sólo serán incompatibles con el desempeño de actividad remunerada o jubilación, amparada o servida por el mismo organismo que sirve la prestación, sin perjuicio de mantenerse las excepciones, que en materia de incompatibilidad y doble pasividad, autorizan las normas vigentes.

Artículo 22.- En los casos en que los cargos de que fueron alejados los beneficiarios no tuvieran en la actualidad denominación coincidente, los organismos de seguridad social correspondientes determinarán su analogía, previos los asesoramientos que estimen necesarios.

Artículo 23.- La Dirección General de la Seguridad Social, el Servicio de Retiros y Pensiones Policiales, y la Caja de Ju-bilaciones y Pensiones Bancarias, en su caso, aplicarán, a soli-citud de parte y una vez reconocidos los derechos que otorga la presente ley, los ajustes establecidos por la misma.

Artículo 24.- Las pasividades concedidas o reformadas por esta ley, serán beneficiarias de los aumentos que se acuerden a partir de su promulgación, como así también de los adelantos a cuenta de los mismos. A estos efectos, se considerará fictamente como fecha de cese o de configuración de la causal, el día 28 de febrero de 1985 o el día de promulgación de esta ley, según se trate de los funcionarios aludidos en los incisos primero o segundo respectivamente, del artículo 18.

Artículo 25.- Los funcionarios comprendidos en las situaciones previstas en la presente ley, que, a la fecha de entrada en vigencia de la misma, hubieran sido reintegrados a sus cargos, podrán optar por acogerse a los beneficios jubilatorios fijados en este Capítulo, a cuyo efecto dispondrán del plazo establecido por el artículo 20.

Artículo 26.- Los funcionarios cuyas destituciones hayan sido o sean declaradas nulas por aplicación de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Nº 15.739, de 28 de marzo de 1985, podrán optar por jubilarse, reformar su cédula jubilatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, o reintegrarse a la actividad; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8º, y de las incompatibilidades que las leyes establecen.

Artículo 27.- Los efectos económicos referidos por los artículos 16 y siguientes regirán a partir de la promulgación de la presente ley.

CAPITULO V

Cometidos de la Comisión Especial

Artículo 28.- Créase una Comisión Especial que se integrará con los miembros de la Comisión Nacional del Servicio Civil (Ley Nº 15.757, de 15 de julio de 1985), la cual, a los solos efectos de la aplicación de la presente ley tendrá los siguientes cometidos:

A) Entender y resolver sobre las solicitudes de reincorporación, que conforme con esta ley, deben formularse directamente ante la propia Comisión, y sobre aquellas que les sometan las autoridades administrativas competentes o los reclamantes, según lo dispuesto por los incisos segundo y cuarto del artículo 6º.

B) Asesorar a los organismos respectivos, a requerimiento de éstos, sobre la aplicación de la presente ley.

C) Instruir informaciones sumariales y adoptar resolución, en los casos indicados por el artículo 39.

Artículo 29.- En los casos del literal A) del artículo anterior, una vez que la Comisión Especial haya recibido la petición o los antecedentes en su caso, fijará, con un plazo mínimo de diez días y máximo de treinta días, una audiencia a la que deberá concurrir el solicitante o su apoderado, y a la que podrá asistir asimismo un representante del organismo involucrado.

En la audiencia se oirán las alegaciones del solicitante y de la Administración en su caso, y se considerarán las pruebas presentadas y las que disponga la Comisión.

Si la complejidad del asunto lo requiere, o si así lo solicitare el peticionante, podrá fijarse otra audiencia con plazo máximo de treinta días.

La resolución de la Comisión deberá dictarse dentro de los treinta días de efectuadas las audiencias correspondientes.

Lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, se entiende sin perjuicio de la facultad de la Comisión de requerir la comparecencia personal del interesado, cuando las circunstancias lo exijan.

Artículo 30.- La Comisión podrá disponer, por su parte, todas las medidas que considere convenientes a efectos de contar con la más completa información y requerir todos los antecedentes necesarios para su diligenciamiento.

La falta de remisión de dichos antecedentes por parte del organismo requerido al efecto, se valorará como presunción favorable al peticionante.

Artículo 31.- Serán admisibles todos los medios de prueba previstos por nuestro ordenamiento jurídico. La prueba se apreciará de conformidad con el principio de la sana crítica. Excepcionalmente la Comisión fundará sus decisiones en la convicción moral de sus integrantes.

Artículo 32.- Contra las resoluciones de la Comisión Especial sólo cabrá el recurso de revocación, resuelto éste, quedará agotada la vía administrativa (artículo 319 de la Constitución de la República).

Artículo 33.- De las resoluciones que adopte la Comisión Especial, se expedirá testimonio al interesado y al organismo respectivo.

Notificando este último de una resolución favorable al peticionante, deberá cumplirla, sin más trámite, dentro del plazo de treinta días.

CAPITULO VI

Disposiciones Generales

Artículo 34.- Decláranse comprendidos en los bene-ficios de la presente ley, a los funcionarios que hayan sido restituidos de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 15.737, de 8 de marzo de 1985.

Artículo 35.- La presente ley se aplicará asimismo, a condición de que hayan mediado algunas de las causas indicadas por el artículo 1º.

A) A los casos ocurridos con anterioridad al período señalado en el Capítulo I, durante la vigencia y como consecuencia directa o indirecta, de la aplicación de los regímenes de excepción previstos por los artículos 31 y 168, ordinal 17 de la Constitución.

Exceptúanse aquellos casos en que haya recaído sobre el fondo del asunto, antes del 27 de junio de 1973, sentencia ejecutoria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo salvo que, habiéndose reconocido en el fallo el derecho del funcionario al reingreso, éste no hubiera sido dispuesto por la Administración.

B) A las personas que, habiendo adquirido el derecho de acceder a la función pública por la vía del concurso u otros medios habilitantes no pudieron tomar posesión de sus cargos.

C) A los integrantes de los Registros de Trabajadores a cargo actualmente de la Administración Nacional de los Servicios de Estiba (ANSE) creada por la llamada Ley Especial Nº 6, de 14 de marzo de 1983, y anteriormente de la Comisión Administradora de los Servicios de Estiba (CASE - Ley Nº 13.322, de 28 de enero de 1965), que fueron excluidos de dichos Registro durante el período referido en el artículo 1º.

D) A los trabajadores de los ex Bancos Mercantil del Río de la Plata, de Fomento Industrial y Comercial, Aldave y Martínez, Sociedades de Bancos y de Cobranzas que, como consecuencia de resoluciones de los interventores o liquidadores en su caso, hayan cesado en el desempeño de sus cargos o que, estando a disponibilidad, no hubieran sido incorporados por otras instituciones para mantener la continuidad de su fuente de trabajo.

Exclúyese a los trabajadores que hayan vuelto con posterioridad al efectivo desempeño de la actividad bancaria.

Exclúyase asimismo a quienes recibieron una prestación económica para estimular su cese o como contrapartida de éste, a menos que la hubieren aceptado bajo condiciones que no ofrecían otra alternativa razonable de solución. Para determinar la existencia de tales condiciones, se considerarán las circunstancias de cada caso, como por ejemplo la radicación del interesado, la fecha en que la prestación fue recibida, u otra de similar carácter.

Las reincorporaciones que procedan se verificarán en los Bancos Oficiales.

E) Al personal dependiente de la Comisión Administradora de la Industria Textil (CAITEX - Ley Nº 13.469, de 27 de enero de 1966 y decreto 19/968 de 11 de enero de 1968), que hubiera cesado en el período establecido en el artículo 1º.

F) Al personal dependiente del ex Frigorífico Victoria (ex Castro) y de la planta Artigas que hubiese cesado en el período establecido en el artículo 1º de la presente ley.

Fuente: Ley Nº 16.194,

de 12 de julio de 1991,

artículo 1º (agrega literal).

Artículo 36.- En los casos de los literales D) y E) del artículo anterior, cuando el beneficiario, haya recibido algún pago por concepto de incentivación, indemnización o despido, sólo percibirá sus haberes a partir de su reincorporación, por lo que no será de aplicación a su respecto, lo dispuesto por el artículo 13.

Artículo 37.- Las personas comprendidas en el artículo 35 deberán formular sus solicitudes ante la Comisión Especial dentro de los plazos y en las condiciones previstos por los artículos 2º, 4º y 5º.

Artículo 38.- Los beneficiarios de esta ley pertenecientes al personal policial, gozarán de todos los derechos acordados por la misma, excepto el de desempeñar efectivamente las funciones inherentes al cargo al que sean reincorporados o promovidos. El Poder Ejecutivo tendrá la facultad de optar entre asignarles las referidas funciones o disponer su redistribución, respetando en todo caso el principio indicado en el literal B) del artículo 9º.

Cuando el Poder Ejecutivo disponga la redistribución, el funcionario, dentro de los treinta días siguientes a la notificación de su nuevo destino, podrá optar entre aceptarlo o acogerse a la jubilación en las condiciones prescritas en el Capítulo IV.

Artículo 39.- El funcionario destituido (artículo 1º, inciso segundo) como consecuencia directa o indirecta, de la instrucción de un sumario administrativo, tendrá derecho a que se instruya nuevo sumario sobre los hechos y circunstancias determinantes de la medida con las garantías constitucionales y legales correspondientes.

Si como resultado del nuevo sumario o de la resolución definitiva que recaiga una vez cumplidas las defensas previstas en la Sección XVII de la Constitución, el funcionario resultare exento de responsabilidad, tendrá derecho a todos los beneficios establecidos en la presente ley.

El organismo requerido (artículo 2º) prescindirá de las nuevas actuaciones sumariales, si estima suficientemente acreditado que la destitución obedeció a cualquiera de las causas consignadas en el artículo 1º. Cuando el nuevo sumario deba efectuarse, se cumplirá ante la Comisión Especial.

Artículo 40.- Las disposiciones de esta ley se aplicarán asimismo, en lo pertinente, a los funcionarios que hubieran sido redistribuidos o trasladados por las razones indicadas en el artículo 1º, con desmedro de su carrera funcional o notorio menoscabo de su retribución.

Los interesados deberán presentarse ante la Comisión Especial, en la forma y dentro del plazo prescrito por el artículo 2º

Artículo 41.- No obstará a la recomposición de la carrera administrativa ni al efectivo desempeño del cargo correspondiente por parte del beneficiario, la falta de realización de los crusos que, de conformidad con la legislación o reglamentación aplicable, condicionaren el ejercicio de ciertas funciones, cuando la omisión hubiera sido determinada por la destitución (artículo 1º, inciso segundo), redis-tribución o postergación del funcionario; sin perjuicio del derecho de la Administración de disponer los medios supletorios de actualización compatibles con las normas de esta ley.

Artículo 42.- La eventual redistribución del funcionario amparado por esta ley, posterior a su reposición en el cargo y funciones correspondientes, no podrá ocasionarle en ningún caso disminución de las retribuciones o asignaciones que perciba por cualquier concepto.

Artículo 43.- Para la aplicación de esta ley, se consideran compelidas a jubilarse, renunciar o abandonar el cargo, a todas aquellas personas que hubieran sido víctimas en forma directa o indirecta, de presiones o apremios susceptibles por su naturaleza o importancia de inducirlos o forzarlos a tales determinaciones.

Artículo 44.- Respecto a los funcionarios contratados, se considerará que existió destitución cuando se les hubiera rescindido el contrato o, revistiendo la calidad de contratados en funciones permanentes, no se les hubiera renovado el mismo, en ambos casos por cualquiera de las causas indicadas en el artículo 1º.

Artículo 45.- Las personas a quienes, en mérito a las disposiciones de esta ley, se les reconozca la calidad de destituidas por las razones expresadas en el artículo 1º, no gozarán de otros derechos, reparaciones ni beneficios que los consagrados en la misma.

Esta norma es de aplicación asimismo, en los casos de los artículos 14 y 40.

Artículo 46.- La falta de presentación dentro de los plazos establecidos en los artículos 2º, 5º y 20, en su caso, hará caducar todos los derechos consagrados en la presente ley.

Artículo 47.- Todos los plazos establecidos en esta ley se contarán por días corridos.

Artículo 48.- Las normas del Capítulo V serán aplicables en todos los casos en que, de acuerdo con esta ley, deba intervenir la Comisión Especial, con excepción del caso previsto por el artículo 39.

Artículo 49.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación de dos periódicos de notoria circulación nacional, la que deberá realizarse dentro de los diez días siguientes a su promulgación.

Artículo 50.- Comuníquese, etc.

LEY Nº 16.163,

de 21 de diciembre de 1990

Artículo 1º.- Los ex - trabajadores (obreros y empleados) del Frigorífico Nacional (plantas de Puntas de Sayago y Casablanca), excluidos de la indemnización prevista en la Ley Nº 16.102, de 10 de noviembre de 1989, en virtud de lo dispuesto en su artículo 3º, percibirán dicha reparación patrimonial, la que se les liquidará y abonará conforme a lo establecido en los artículos 2º, 4º 5º de la citada ley.

Artículo 2º.- La disposición del artículo anterior comprende asimismo a los ex - trabajadores del Frigorífico Nacional (plantas Puntas de Sayago y Casablanca) que, siendo efectivos al 11 de agosto de 1978, se encontraban a esa fecha a la orden, con licencia (ordinaria o extraordinaria), enfermos o accidentados.

Artículo 3º.- Declárase que tienen el derecho a la reforma de su cédula jubilatoria según el régimen de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, los ex - funcionarios del Frigorífico Nacional que se vieron compelidos a jubilarse como consecuencia de la supresión de dicha persona pública no estatal.

LEY Nº 16.194,

de 12 de julio de 1991

Artículo 1º.- Agrégase al artículo 35 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, el siguiente literal:

"F) Al personal dependiente del ex Frigorífico Victoria (ex Castro) y de la planta Artigas que hubiere cesado en el período establecido en el artículo 1º de la presente ley".

Artículo 2º.- Sustitúyese el inciso tercero del artículo 1º de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, por el siguiente:

"Lo dispuesto en los incisos precedentes comprende al personal de los Poderes Legislativo, Ejecutivo - con la sola exclusión del personal militar y Judicial, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas, de la Corte Electoral, de los Entes Autónomos y Servicios descentralizados y de los Gobiernos Departamentales y asimismo al personal de las personas públicas no estatales y de las instituciones indicadas en los literales C), D), E) y F) del artículo 35 de la presente ley".

Artículo 3º.- Los plazos para que las personas comprendidas en el literal F) del artículo 35 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, formulen sus solicitudes ante la Comisión Especial, comenzarán a computarse a partir de la vigencia de la presente ley.

LEY Nº 16.451,

de 16 de diciembre de 1993

Artículo 1º.- Los trabajadores comprendidos en las Leyes Nº 12.498, de 25 de abril de 1958 y 13.718, de 13 de diciembre de 1968, que se hayan visto afectados por la resolución del Servicio Nacional de Empleo, de 19 de setiembre de 1975, quedarán amparados por el régimen establecido en la presente ley.

Artículo 2º.- Los trabajadores mencionados en el artículo 1º que se hubiesen acogido a los beneficios jubilatorios tendrán derecho a la reforma de la cédula respectiva, fijándose su sueldo o asignación de jubilación en el equivalente al 125% (ciento veinticinco por ciento) de todas las asignaciones computables correspondientes a la categoría de que eran titulares, vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley.

Los que no se hubieren acogido a los beneficios jubilatorios por cualquier motivo y cuenten a la fecha de la promulgación de la presente Ley con sesenta o más años de edad, podrán jubilarse con el mismo sueldo o asignación de jubilación previsto en el inciso anterior.

Artículo 3º.- Los causahabientes de trabajadores comprendidos en el artículo 1º que hubiesen fallecido, tendrán derecho a pensión o a la reforma de la cédula respectiva, en base al sueldo o asignación de jubilación previsto en el artículo anterior. En cuanto a la determinación de los titulares de derecho a pensión se aplicará el régimen general de pasividades vigente.

LEY Nº 16.561,

de 19 de agosto de 1994

Artículo Unico.- Decláranse comprendidos en el régimen del artículo 18 de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, a los obreros y empleados de los Frigorífico Nacional y Casablanca, cesados, trasladados o redistribuidos con posterioridad al 27 de junio de 1973 o, en su caso, a los causahabientes por reforma de cédula o pensión siempre que aquellos hubieran cumplido el mínimo de diez años exigidos por el artículo 41 de la Ley Nº 16.320, de 1º de diciembre de 1992, que para los redistribuidos y trasladados permitirá computar el período de trabajo cumplido en la oficina de destino.

LEY Nº 16.713,

de 3 de setiembre de 1995

Artículo 77. (Reconocimiento de servicios).- Los servicios de los afiliados al Banco de Previsión Social, prestados con anterioridad a la implementación de la historia laboral, se reconocerán por el mencionado organismo cuando sean acreditados ante el mismo mediante prueba documental tanto en los años de actividad, como en el monto computable y en el caso de los no dependientes las aportaciones correspondientes.

La reglamentación podrá admitir otros medios de prueba, a los efectos de acreditar servicios anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la historia laboral, solamente cuando se trate de una única pasividad.

Los trabajadores dependientes no deberán probar la aportación ni serán responsables por la misma.

Los afiliados activos deberán efectuar, en los plazos, forma, condiciones y requisitos que la reglamentación a dictar establezca, una declaración detallada de todos sus servicios anteriores. Vencidos los plazos establecidos por dicha reglamentación no se admitirá la denuncia de servicios anteriores.

Los servicios posteriores a la implementación efectiva de la historia laboral, sólo se reconocerán en tanto estén registrados en la misma.

LEY Nº 17.061,

de 24 de diciembre de 1998

Articulo 1º.- Declárase que los operarios, obreros y funcionarios del Establecimiento Frigorífico del Cerro S.A. (EFCSA), cesados o despedidos durante el período "de facto", están incluidos, a todos sus efectos, en las previsiones de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985.

Artículo 2º.- Declárase, en consecuencia, que tanto sus derechos laborales, previsionales, de seguridad social y restantes consagrados en la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, así como el goce los mismo están reconocidos y tienen vigencia, a partir de la fecha de vigencia de dicha norma.

LEY Nº 17.449,

de 4 de enero de 2002

CAPITULO I

PRINCIPIO GENERAL CONTENIDO

Artículo 1º.- Quedan comprendidos en la presente ley, todos los trabajadores de actividad privada que, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, se hubieran visto obligados a abandonar el territorio nacional por razones políticas, ideológicas o gremiales; asimismo, los que hubieran estado detenidos durante dicho lapso por delitos políticos o militares conexos y los dirigentes sindicales que debieron permanecer en la clandestinidad en dicho período, siempre y cuando cumplan con los requisitos del artículo 3º de la presente ley y les sea reconocido el derecho por la Comisión Especial que por esta ley se crea.

CAPITULO II

AMBITO SUBJETIVO

Artículo 2º.- A los trabajadores y demás beneficiarios mencionados en el artículo anterior se les computará -dentro del período comprendido entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985- como efectivamente trabajado, el tiempo que medió entre la salida del país y el regreso al territorio nacional, entre la detención y la recuperación de la libertad o el período de clandestinidad, en su caso. Este reconocimiento será válido sólo a los efectos jubilatorios y pensionarios y se computará a partir de los dieciocho años de edad.

Artículo 3º.- Para ser beneficiarios de los derechos que se instituyen en la presente norma, el trabajador deberá reunir los siguientes requisitos:

A) Haber estado detenido por disposición de la Justicia Militar, cualquiera fuera la autoridad que dispuso inicialmente la privación de la libertad, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, por delitos políticos o militares conexos con los mismos, o durante dicho período, haber pasado a la clandestinidad siendo dirigente sindical o haberse visto compelida a abandonar el país, entre el 9 de febrero de 1973 y 28 de febrero de 1985, por razones políticas, ideológicas o gremiales, siempre que hubiere retornado al mismo y se haya radicado, definitivamente, en el país antes del 1º de marzo de 1987.

B) Que le sea reconocido el derecho por la Comisión Especial que se crea en esta ley y no estar comprendidos en las situaciones previstas en el artículo 18 de la presente ley.

CAPITULO III

AMBITO OBJETIVO

Artículo 4º. (Ingresos fictos).- A los trabajadores que oportunamente sean declarados comprendidos dentro de los extremos de esta ley, se les reconocerá durante el período de cómputo ficto de servicios, un ingreso mensual equivalente a cinco salarios mínimos nacionales, a valores de la fecha de vigencia de la presente ley.

Artículo 5º. (Naturaleza de los servicios).- Los servicios reconocidos en los términos de la presente ley, no podrán fraccionarse y se considerará que son comunes u ordinarios, de acuerdo con el régimen que regule la prestación a servir.

En el caso de los beneficiarios que a la fecha de vigencia de la ley, tengan configurada causal jubilatoria o pensionaria, los servicios fictos se considerarán que tienen afiliación al instituto que deba servir la prestación en la cual aquellos se computan.

Tratándose de beneficiarios sin causal a dicha fecha, la afiliación de los períodos estará determinada por los últimos servicios prestados por el beneficiario o el causante, según corresponda.

Artículo 6º. (Reenvío).- Cuando, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo anterior, no pudiese determinarse la afiliación, se considerará que los servicios fueron prestados al amparo de la Ley Nº 12.138, de 13 de octubre de 1954.

CAPITULO IV

FINANCIACION. RECURSOS

Artículo 7º. (Reintegros).- Los aportes jubilatorios personales correspondientes al reconocimiento ficto, se cancelarán mediante un régimen de reintegros, que será reglamentado por el Poder Ejecutivo.

El mismo será equivalente al 20% (veinte por ciento), de los importes emergentes de dicho reconocimiento ficto, por un período igual al de los servicios reconocidos.

El descuento cesará al cumplir el afiliado los setenta años de edad.

La prestación resultante, en ningún caso podrá ser inferior a la asignación mínima establecida por el régimen de pasividades por el cual se otorgue.

Artículo 8º. (Recursos ).- Los gastos que genere la aplicación de la presente ley, serán atendidos por Rentas Generales.

CAPITULO V

DEL PROCEDIMIENTO

Sección I

De la Comisión

Artículo 9º.- Créase una Comisión Especial que actuará en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuya integración, cometidos y funciones, serán los que se expresan en los artículos siguientes.

Esta Comisión deberá constituirse dentro de los treinta días a partir de la vigencia de esta ley, siendo obligación del Poder Ejecutivo publicitar la fecha de su constitución.

Artículo 10. (Integración).- La Comisión Especial creada por el artículo anterior estará integrada por un delegado designado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien la presidirá, un delegado designado por la Comisión Nacional de Servicio Civil; un delegado designado por el Ministerio de Economía y Finanzas y uno designado por el Banco de Previsión Social (BPS). Las decisiones se tomarán por mayoría. En caso de empate en la votación, el Presidente tendrá doble voto.

Artículo 11. (Cometidos).- La Comisión Especial entenderá en todo lo relativo a la instrucción, sustanciación y resolución definitiva de las situaciones previstas en el Capítulo II de esta ley.

El acto por el cual la Comisión Especial resuelva la solicitud, se considerará acto definitivo cumplido por la administración y será notificado personalmente.

Podrá ser recurrido mediante los recursos de revocación y jerárquico.

Artículo 12. (Facultades).- La Comisión Especial podrá disponer todas las medidas que estime convenientes a los efectos de la instrucción y eventual sustanciación de las solicitudes. Se comunicará con las autoridades de los organismos públicos o privados, directamente y de acuerdo con las prescripciones legales y reglamentarias que fueren del caso.

Artículo 13. (Prueba).- Las condiciones constitutivas de las circunstancias de amparo a la presente ley, deberán acreditarse, en todos los casos, por prueba documental.

Sección II

Del procedimiento

Artículo 14. (Condiciones de la presentación).- Quienes por estar comprendidos en el literal A), del artículo 3º de esta ley, aspiren a ser declarados como incluidos en sus beneficios, dispondrán de un plazo de noventa días corridos, a partir de la constitución de la Comisión Especial y de la publicación de esta ley en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional, para presentarse por sí o por apoderado por escrito ante dicha Comisión.

Artículo 15. (Caducidad).- Vencido el plazo previsto en esta ley para solicitar el amparo, caducarán todos los derechos consagrados por la misma.

Artículo 16.- Vencido el plazo de ciento cincuenta días a partir de que la Comisión Especial se recibió de la petición, sin que se expida, se considerará configurada la denegatoria ficta de dicha petición, quedando abierta al peticionante la vía de los recursos administrativos.

Artículo 17.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social proporcionará los recursos humanos y materiales necesarios para la instalación, funcionamiento y asistencia de cualquier naturaleza de la Comisión.

La Comisión Especial podrá dictar, si lo estimare pertinente, su Reglamento interno de funcionamiento.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 18. (Exclusiones).- Quedan excluidos de los beneficios de la presente ley, las personas comprendidas en las Leyes Nos. 15.783, de 28 de noviembre de 1985, 16.163, de 21 de diciembre de 1990, 16.451, de 16 de diciembre de 1993, y 16.561, de 19 de agosto de 1994.

Asimismo, quedan excluidas las personas que hubieran trabajado en países con los cuales la República tiene acuerdos de reconocimiento recíproco de beneficios jubilatorios, o quienes perciban desde el exterior, ingresos por pasividad superiores a los cinco salarios mínimos nacionales.

LEY Nº 17.620,

de 17 de febrero de 2003

Artículo Unico.- A los efectos interpretativos del artículo 1º de la Ley Nº 16.824, de 30 de abril de 1997, declárase que los funcionarios docentes dependientes de la Administración Nacional de Educación Pública, que hubieran obtenido la reincorporación de acuerdo a la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, podrán ejercer sus derechos ante el Banco de Previsión Social, a efectos de obtener la pasividad o de modificar su cédula jubilatoria, en la forma dispuesta por el artículo 18 de la mencionada ley.

LEY Nº 17.856,

de 20 de diciembre de 2004

Artículo 1º.- Serán sustituidas por la Base de Prestaciones y Contribuciones que se crea en el artículo siguiente, todas las referencias al salario mínimo nacional establecidas en el ordenamiento jurídico vigente, sea como base de aportación a la seguridad social, como monto mínimo o máximo de prestaciones sociales, como cifra para determinar el nivel de ingresos, así como cualquier otra situación en que sea adoptado como unidad de cuenta o indexación.

Artículo 2º.- Créase la Base de Prestaciones y Contribuciones que será equivalente al valor del salario mínimo nacional, a la fecha de vigencia de la presente ley.

Artículo 3º.- La Base de Prestaciones y Contribuciones se actualizará en función de la situación financiera del Estado y a opción del Poder Ejecutivo, en las mismas oportunidades que los ajustes generales de remuneraciones de la Administración Central, en un porcentaje equivalente a:

I) La variación del índice de precios al consumo que publica el Instituto Nacional de Estadística en el período entre ajuste.

II) O la variación del índice medio de salarios que publica el Instituto Nacional de Estadística en el período comprendido entre el penúltimo mes previo a la fecha de vigencia del ajuste anterior y el penúltimo mes previo a la vigencia del nuevo valor.

Cualquiera sea la opción adoptada, el Poder Ejecutivo podrá modificar la tasa de variación que surja del indice elegido, en defecto o exceso de hasta 20% (veinte por ciento) sobre el porcentaje resultante.

Artículo 4º.- La presente ley entrará en vigencia a partir del primer día del mes siguiente a su aprobación.

LEY Nº 17.894

de 14 de setiembre de 2005

Artículo 1º.- En virtud de hallarse comprendida su situación jurídica en el artículo 57 del Código Civil, decláranse ausentes, por causa de desaparición forzada, a las personas cuyo desaparecimiento dentro del territorio nacional resultó confirmado en el Anexo 3.1 del Informe Final que produjo la Comisión para la Paz, creada por resolución de la Presidencia de la República Nº 858/000, de 9 de agosto de 2000, aprobado por Decreto Nº 146/003, de 16 de abril de 2003. Asimismo, estarán comprendidos aquellos casos iniciados por la Comisión para la Paz que el Poder Ejecutivo resuelva, previo informe de la Secretaría de Seguimiento creada por resolución de la Presidencia de la República de 10 de abril de 2003.

La declaración de ausencia precedente implica la apertura legal de la sucesión del ausente (artículo 1037 del Código Civil).

Artículo 2º.- Podrá promover el correspondiente proceso sucesorio de la persona declarada ausente conforme al artículo 1º de esta ley, todo aquel que tenga un interés legítimo para ello (artículo 407.2 del Código General del Proceso).

A los efectos de esta ley, se considerará también con interés legítimo como promover el proceso sucesorio al concubino del declarado ausente. Para justificar el carácter de concubino bastará la declaración de dos testigos que acrediten tal relación.

En caso de oposición de otro titular de un interés legítimo, el Juez interviniente podrá requerir otros medios probatorios y, en todo caso, resolverá la cuestión por vía incidental, de acuerdo a los principios generales de valoración de la prueba vigente en el ordenamiento procesal civil nacional.

Será competente por razón de territorio para entender en el proceso sucesorio, el Juez del lugar del último domicilio del ausente en la República, de acuerdo a la declara-ción que realice el promotor del proceso (artículo 32 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985).

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 413 del Código General del Proceso, para acreditar la ausencia deberá acompañarse el testimonio de la inscripción a que refiere el artículo 5º de esta ley.

Todo acto procesal realizado en el proceso sucesorio del declarado austente conforme a esta ley, estará exonerado del pago de cualquier tributo, incluidos los aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. Asimismo, estará exonerada de tributos de expedición de certificados del Registro de Testamentos y la inscripción del correspondiente certificado de resultancia de autos en los Registros correspondientes. De igual manera, la trasmisión patrimonial operada en virtud del deferimento de la herencia estará exonerada de todo tributo. A los efectos de las publicaciones previstas en el artículo 414 del Código General del Proceso, éstas se realizarán únicamente en el Diario Oficial, siendo dichas publicaciones gratuitas.

Artículo 3º.- Con la sola constancia de inclusión en el Anexo 3.1 del indicado Informe Final, la Secretaría de Seguimiento, referida en el artículo 1º de esta ley, expedirá un certificado de ausencia por desaparición forzada relativo a cada una de las personas allí mencionadas.

Estarán legitimadas para solicitar la expedición de dicho certificado las siguientes personas:

A) El cónyuge de la persona desaparecida.

B) El ex cónyuge de la persona desaparecida, siempre que la sentencia de divorcio correspondiente haya pasado en autoridad de cosa juzgada en fecha posterior a la detención del desaparecido.

C) Los parientes por consanguinidad o afinidad de la persona desaparecida.

D) El concubino de la persona desaparecida. Para justificar la calidad de concubino bastará la declaración jurada de dos testigos cualesquiera que concurran conjuntamente con el concubino a solicitar la expedición del certificado.

Artículo 4º.- En el caso de ciudadanos naturales o legales de la República, que se encontraran en situación homóloga a la de desaparecido, según certificados debidamente legalizados expedidos por autoridades de la República Argentina y de la República de Chile, las personas mencionadas en el inciso segundo del artículo 3º, podrán solicitar, y la Secretaría de Seguimiento mencionada extenderá, el certificado previsto.

La expedición de este certificado hará aplicables a dichas situaciones las normas del inciso segundo del artículo 1º, y del artículo 2º de la presente ley.

Artículo 5º.- El certificado expedido por la Secretaría de Seguimiento antes mencionado habilitará la inscripción en el Registro de Estado Civil de la calidad de ausente por desaparición forzada de la persona en él mencionada. Dicha inscripción se realizará, en el caso de ciudadanos naturales de la República, en el margen de la partida de nacimiento del desaparecido con el siguiente texto: "Declarado ausente por desaparición forzada (ley)", agregándose a continuación de la palabra ley el número correspondiente a la presente. En el caso de ciudadanos legales de la República, el Registro de Estado Civil confeccionará un libro especial en el que se inscribirá el certificado expedido por la Secretaría de Seguimiento, el que cumplirá la misma función que la inscripción marginal en la partida de nacimiento relativa a los ciudadanos naturales de la República.

LEY Nº 17.917,

de 30 de octubre de 2005

Artículo Unico.- Interprétase que las liquidaciones del lapso comprendido entre el 28 de noviembre de 1985 y el 12 de julio de 1991, correspondientes a los trabajadores de Establecimientos Frigoríficos del Cerro S.A. (EFCSA) que fueron despedidos en el período de facto y amparados por la Ley Nº 16.194, de 12 de julio de 1991, deben ser actualizadas de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Nº 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

LEY Nº 17.949,

de 8 de enero de 2006

Artículo 1º.- Establécese a los solos efectos jubilato-rios y pensionarios y demás beneficios sociales, el derecho de todas las personas que prestaron servicios en cualquiera de las tres Fuerzas, Aérea, Armada y Ejército y que entre el 1º de enero de 1968 y el 28 de febrero de 1985 inclusive hubieran sido destituidas, desvinculadas, dadas de baja, o pasado a situación de reforma o similares, por motivos políticos o ideológicos, a acogerse a la modificación de los derechos jubilatorios que se establece en la presente ley.

Queda también establecido que el personal militar comprendido en esta ley determinó su conducta en cumplimiento de su juramento de fidelidad a las instituciones democráticas y ningún tratamiento degradante padecido pudo afectar su honor, su buen nombre y el respeto ganado ante la sociedad toda.

PROCEDIMIENTO

Artículo 2º.- Los beneficios establecidos en la presente ley solo surtirán efecto en cada caso particular, a partir de la resolución fundada del Poder Ejecutivo, que reciba la petición de cada interesado o sus causahabientes. Los mismos tendrán efecto, de futuro. Por ello y a los solos efectos de esta ley se establece la ficción de la reconstrucción de la carrera de cada interesado aplicándose de la siguiente manera y con los siguientes criterios:

A) El Poder Ejecutivo estudiará cada una de las solicitudes que se presenten en el plazo que establece esta ley analizando si existe mérito suficiente para acceder a las mismas.

B) Para ello se establecerá una comisión designada por el Poder Ejecutivo, la que funcionará y tendrá asiento en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional; la misma se compondrá de tres miembros asesores del Poder Ejecutivo y será presidida por el Ministro de Defensa Nacional. Con el legajo a la vista de cada interesado, o sus antecedentes, más la prueba que se aportare establecerá la pertinencia de cada solicitud. Serán admitidos todos los medios de prueba.

C) Quienes aspiren al beneficio que se establece en la presente ley dispondrán de 90 (noventa) días corridos, a partir de la entrada en vigencia de la misma, para presentarse por sí o por apoderado ante el Ministerio de Defensa Nacional en papel simple, manifestando su pretensión y estableciendo domicilio a los efectos de las notificaciones. En el caso de personas fallecidas sus causahabientes podrán ejercer la petición.

D) En el caso de personas residentes en el exterior, harán llegar su petición, ante la representación más cercana del país estableciendo su domicilio a estos efectos en la República.

Sin perjuicio de ello, los interesados o sus causahabientes deberán acreditar a criterio del Poder Ejecutivo, los extremos requeridos en el artículo 1º de la presente ley.

E) Podrán presentarse con asesoramiento letrado, en este caso la sola firma del escrito inicial otorgará la representación establecida en el artículo 82 del Decreto 500/991, de 27 de setiembre de 1991. La resolución que recaiga será notificada al interesado personalmente o en el domicilio constituido. En caso de denegatoria podrán los interesados interponer los recursos administrativos que por derecho correspondan.

Artículo 3º.- A los efectos de la presente ley se considerarán los tiempos mínimos de ascensos, se tomáran en cuenta los años reconocidos acorde a cada resolución del Poder Ejecutivo, emanadas como consecuencia del acuerdo de la Comisión de Defensa del Senado de la República y el Ministerio de Defensa Nacional del día 22 de abril de 1991. Se asegurará para el personal Superior y Subalterno el máximo de la jerarquía a la que se pueda acceder en función de lo antedicho.

Ante la duda se aplicará el criterio más beneficioso para el administrado.

Artículo 4º.- En ningún caso los beneficios de esta ley implican modificación de la carrera militar, ni derecho a la reincorporación al servicio. Sin perjuicio de ello, la persona beneficiada por la presente tendrá derecho al usufructo de los beneficios de la sanidad militar, en el grado y escalafón militar que corresponda, de acuerdo al decreto que dicte el Poder Ejecutivo, y el uso de costumbre del grado establecido y demás honores del mismo, así como ser considerado militar o asimilado en retiro, recuperando su estatus de militar en retiro, así como la eliminación de su legajo personal de las constancias indebidas, en todo aquello que corresponda.

Artículo 5º.- El personal que se encontraba en situación de retiro en el momento de sufrir cualquier tipo de sanción por los motivos previstos en el artículo 1º y dentro del lapso allí mencionado, quedará amparado por las normas y de la presente ley.

Artículo 6º.- A los solos efectos de lo previsto por esta ley, se habilita al Poder Ejecutivo a reformular el cómputo de los años de servicio, sin que ello genere derecho al cobro de haberes anteriores. El tiempo transcurrido se computará fictamente, tal cual si se hubieran prestado servicios en forma continuada desde la fecha de acaecimiento de las circunstancias previstas en el artículo 1º de esta ley hasta la fecha presunta del pase a retiro o fallecimiento en su caso.

Para el cómputo del haber de retiro y del estado militar se considerará el grado que habría correspondido al peticionante, de haber permanecido vinculado en forma ininterrumpida a la fuerza respectiva.

El grado, categoría y denominación a considerar resultará de la aplicación de las normas vigentes.

Como resarcimiento por los daños y perjuicios, el haber de retiro se incrementará en el 25% (veinticinco por ciento) desde el Decreto del Poder Ejecutivo que acoja la petición, a modo de renta vitalicia y sin transmisión por el modo sucesión a los herederos, ni en las pensiones que los sucesores reciban.

Los importes se detallarán en el recibo con mención expresa de esta ley en forma separada del beneficio que corresponda.

Los militares amparados por esta ley recibirán por única vez una indemnización cuyo monto ascenderá a 24 veces el haber de retiro o pensión correspondiente al mes de julio de 2005, pagadera de acuerdo a lo que establezca la reglamentación correspondiente.

Artículo 7º.- En los casos de beneficiarios de esta ley que hubieran fallecido, sus causahabientes tendrán derecho a pensión, del grado que aquel hubiera podido alcanzar.

Artículo 8º.- En los casos en que los cargos de que fueron alejados los beneficiarios no tuvieran en la actualidad denominación coincidente, la comisión determinará su analogía, previos los asesoramientos que estime necesarios.

Artículo 9º.- Las pasividades concedidas o reformadas por esta ley, serán beneficiarias de los aumentos que se acuerden a partir de su promulgación, como así también de los adelantos a cuenta de los mismos.

A estos efectos, se considerará en forma ficta como fecha de cese o de configuración de la causal, el día de promulgación de esta ley o el que resulte de la aplicación del cómputo respectivo o fallecimiento en su caso.

Artículo 10.- El acogerse el interesado a la presente ley implica la renuncia a todo procedimiento en curso ante cualquier jurisdicción.

Artículo 11.- No se aplicará esta ley, en caso de que establezca desmejora de los haberes jubilatorios comparados con los que percibía el interesado al momento de efectuar la reforma del haber jubilatorio aplicándose el cómputo más beneficioso para el jubilado o pensionista, sin perjuicio de los demás beneficios establecidos en la misma, los que sí serán aplicados.

En ningún caso percibirán los beneficiarios haberes inferiores a los que perciban a la fecha de la resolución del Poder Ejecutivo referida en el artículo 2º de esta ley.

La Caja Militar deberá aplicar la Resolución del Poder Ejecutivo reformando la cédula jubilatoria sin más trámite por mandato de esta ley. Sin perjuicio de ello, podrá formular las observaciones que considere pertinentes las que serán analizadas y resueltas por el Poder Ejecutivo en forma posterior.

Artículo 12.- En ningún caso esta ley beneficiará al personal que hubiese sido procesado por delitos comunes, por cuestiones ajenas al artículo 1º de la presente ley, por delitos económicos o referidos a derechos humanos, probados que sean ante la autoridad competente, sin perjuicio que los mismos hayan prescripto o se encuentren acogidos por la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. En el caso de posterior comprobación de estos extremos el beneficio caducará de pleno derecho cuando exista sentencia que haya pasado en autoridad de cosa juzgada.

Artículo 13.- Amplíase el plazo establecido en el artículo 1º de la Ley Nº 16.440, de 15 de diciembre de 1993, el que será desde el 1º de enero de 1968.

Artículo 14.- Las erogaciones resultantes de la presente ley serán de cargo de Rentas Generales.

Artículo 15.- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

ACTA Nº 37

En Montevideo, el día treinta y uno de agosto del año dos mil seis, a la hora dieciséis y catorce minutos, se reúne en sesión extraordinaria la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros señores Senadores Isaac Alfie, Susana Dalmás, Francisco Gallinal, Julio C. Lara Gilene, Eduardo Lorier, Luis Oliver y Víctor Vaillant.

Concurre el señor Senador Rafael Michelini.

Son recibidos en audiencia, para referirse al proyecto de ley por el que se repara, desde el punto de vista jubilatorio, a compatriotas impedidos de acceder al trabajo como consecuen-cia de persecución política y sindical (Carpeta Nº 576/2006 - Distribuido Nº 1068/2006):

a) representantes de la Agrupación de Ex obreros y Familiares de Trabajadores de la textil Ferrés (Punta Yeguas) señoras Olga Castillo, Atenas Pereyra, Ibis Hernández y Eletica Horquebi y señores Norberto Arana, Toribio Cardozo, Carlos Fernández, Felipe Pereyra y Ruben Pressa;

b) Grupo de funcionarios restituidos al Estado amparo de la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, señores Rolando Brocia, Líber Olivera, Cervantes Pernas, Eduardo Píriz y Pedro Puppo.

Preside su titular, el señor Senador Julio C. Lara Gilene.

Actúan en Secretaría la Secretaria de la Comisión señora Josefina Reissig y el Jefe de Departamento señor César González.

Abierto el acto se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada figura en el Distribuido Nº 1097/2006, que forma parte de la presente Acta.

ASUNTOS ENTRADOS:

1) Carpeta Nº 600/2006. EDUARDO DARNAUCHANS MIRALLES. Pensión graciable. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1032/2006.

2) Solicitud de audiencia enviada por la Cámara de Emergencias y Asistencia Extrahospitalaria del Uruguay para plantear la situación de esas empresas frente a la imposibilidad de participar en el Consejo de Salarios Grupo 15 (Sector Salud).

3) Oficio Nº 715/2006 de la Junta Departamental de Colonia. Ese legislativo departamental apoya un planteo del señor Edil Julio Picca por el que se reclama la inclusión de 53 trabajadores destituidos de la Textil ex Campomar y Soulas de Juan Lacaze en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se repara, desde el punto de vista jubilatorio, a ciudadanos impedidos de acceder al trabajo por persecución política y sindical. Se envía copia de las expresiones de dicho señor Edil.

4) Solicitud de audiencia remitida por el Sindicato Unico de Trabajadoras Domésticas (SUTD, PIT-CNT) para proponer modificaciones al proyecto de ley por el que se regula su actividad.

5) Solicitud de audiencia de ex operarios, obreros y funcionarios del Frigorífico Melilla (ex Sudamericano S.A.) para plantear su situación.

6) Solicitud de audiencia remitida por la Asociación de Jubilados de la Industria Frigorífica para reiterar las manifestaciones realizadas en la sesión de la Comisión de 8 de junio de 2006.

7) Nueva solicitud de audiencia del Sindicado de Guardahilos de ANTEL, para explicar su conflicto con las autoridades de ese Ente Autónomo.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1) Carpeta Nº 576/2006. DERECHO JUBILATORIO Y PENSIONARIO. Se repara a compatriotas impedidos de acceder al trabajo como consecuencia de persecución política y sindical. Mensaje y proyecto de ley remitido en nueva forma por el Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1068/2006.

Luego de escuchar a las delegaciones visitantes, la Comisión pasa a votar el articulado según el siguiente detalle:

Artículo 1º.- Se vota: cinco votos en cinco señores Senadores presentes. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 2º.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 3º.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 4º.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 5º.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 6º.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 7º.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 8º.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 9º.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 10.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones.

Artículo 11.- Se vota: seis en seis. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones.

Artículo 12.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 13.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 14.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 15.- Se vota: seis en seis. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones.

Artículo 16.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 17.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 18.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 19.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 20.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 21.- Se vota: cinco en cinco. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Susana Dalmás, quien lo hará en forma verbal.

Por último, la Comisión decide anexar a ésta la Carpeta Nº 407/2005, por ser de similar tenor que el proyecto de ley aprobado y por tener ambas antecedentes comunes.

El proyecto de ley aprobado tiene la redacción que se transcribe:

"PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Capítulo I - Ambito subjetivo

Artículo 1º.- quedan comprendidos en la presente ley las personas que, por motivos políticos, ideológicos o gremiales, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985:

a) se hubieran visto obligadas a abandonar el territorio nacional siempre que hubieran retornado al mismo antes del 1º de marzo de 1995; o

b) hubieran estado detenidas o en la clandestinidad, durante dicho lapso, total o parcialmente.

Asimismo, se encuentran amparados quienes con anterioridad al 9 de febrero de 1973 y por los mismos motivos indicados precedentemente, fueron detenidos o abandonaron el territorio nacional y retornaron antes del 1º de marzo de 1995, y acrediten fehacientemente dichas circunstancias.

Capítulo II - Cómputo ficto de servicios y afiliación

Artículo 2º.- Las personas que se hubieren encontrado en una o varias de las situaciones previstas en el artículo anterior tendrán, a los efectos jubilatorios y pensionarios, cómputo ficto de servicios, por el período en que dichas situaciones se hayan mantenido. En caso de que las situaciones de detención o clandestinidad hayan tenido como consecuencia la pérdida del trabajo, el cómputo ficto de servicios abarcará asimismo el período que insumiera el reintegro a la actividad formal.

Artículo 3º.- A las personas comprendidas en las disposiciones de la presente ley se les reconocerá, durante el período de cómputo ficto de servicios, una asignación computable mensual equivalente a once Bases de Prestaciones y Contribuciones (Ley Nº 17.856, de 20 de diciembre de 2004), al valor de la fecha de vigencia de la presente.

Artículo 4º.- Los servicios reconocidos al amparo de la presente ley son ordinarios y no podrán fraccionarse.

En el caso de los beneficiarios que a la fecha de vigencia de esta ley tengan configurada causal jubilatoria o pensionaria, se considerará que los servicios fictos tienen afiliación al instituto que debe servir la prestación.

Tratándose de beneficiarios sin causal a dicha fecha, la afiliación de los períodos estará determinada por los últimos servicios prestados por el beneficiario o el causante, según corresponda.

Para los casos comprendidos en el inciso final del artículo 10 de la presente ley, los salarios fictos se computarán al instituto que comprende la actividad simultánea no reparada, a los efectos de otorgar, por dicho instituto, el beneficio que correspondiere.

Artículo 5º.- Cuando, de acuerdo con los criterios establecidos en el anterior, no pudiese determinarse la afiliación, se considerará que los servicios fueron prestados al amparo de la Ley Nº 12.138, de 13 de octubre de 1954 y del artículo 18 de la Ley Nº 12.380, de 12 de febrero de 1957.

Capítulo III - Régimen jubilatorio y pensionario

Artículo 6º.- A los beneficiarios de la presente ley se les aplicará el régimen de pasividades vigente, con las especialidades que surgen de esta normativa, en tanto les resulte más beneficiosa.

Artículo 7º.- El monto mínimo de asignación de jubilación de las personas amparadas por las disposiciones de la presente ley, en ningún caso podrá ser inferior al equivalente a cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones vigentes al momento de ingresar al goce de la prestación.

Artículo 8º.- Las personas amparadas por la presente ley, que sin configurar causal de jubilación, cuenten con sesenta años de edad y un mínimo de diez años de servicios (artículo 77 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995 o la normativa que corresponda según el ámbito de afiliación), tendrán derecho a una jubilación especial equivalente, al momento de inicio del servicio, a cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales.

La jubilación prevista en el inciso anterior es incompatible con el goce de cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial.

Para los casos comprendidos en el inciso final del artículo 10 de la presente ley, la no configuración de la causal jubilatoria descripta en el inciso primero del presente artículo está referida a la actividad simultánea no reparada. A esos efectos el beneficiario tendrá derecho a optar, por la incompatibilidad de la misma, entre la jubilación especial y cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial. _____________________________

Artículo 9º.- Las disposiciones de la presente ley también alcanzarán a aquellas personas que, comprendidas en el artículo 1º de la presente ley, a la fecha de su vigencia hayan fallecido o hayan sido declaradas ausentes por decisión judicial o en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 17.894, de 14 de setiembre de 2005, o hayan desaparecido en un siniestro conocido de manera pública y notoria, todas las cuales generarán derecho a pensión de sobrevivencia en las condiciones dispuestas por el régimen jubilatorio o pensionario aplicable.

Capítulo IV - Exclusiones

Artículo 10.- Quedan excluidas de la presente ley, con excepción de lo establecido en el artículo 11:

a) las personas que hubieran trabajado en países con los cuales la República Oriental del Uruguay tiene acuerdos de seguridad social y durante el período en que desarrollaron actividad laboral en los mismos;

b) las personas efectivamente amparadas por las leyes especiales que atendieron situaciones de esta naturaleza para actividades específicas (Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, Ley Nº 16.163, de 21 de diciembre de 1990, Ley Nº 16.194, de 12 de julio de 1991, Ley Nº 16.451, de 16 de diciembre 1993, Ley Nº 16.561, de 19 de agosto de 1994, Ley Nº 17.061, de 24 de diciembre de 1998, Ley Nº 17.620, de 17 de febrero de 2003, Ley Nº 17.917, de 30 de octubre de 2005, Ley Nº 17.949, de 8 de enero de 2006 u otras disposiciones análogas) por las actividades a que refieren dichas normas;

c) las personas cuya actividad estuviera amparada por las cajas paraestatales y hubieran sido oportunamente reparadas por dichos organismos, en cuanto dicha reparación corresponda a hechos acaecidos durante el período previsto en el artículo 1º.

Quienes se encontraren en cualquiera de las situaciones previstas en los literales anteriores, pero acrediten haber realizado otra actividad laboral simultánea a aquélla, al momento de verse afectados por cualquiera de las situaciones previstas en el artículo 1º, quedarán incluidos dentro de las disposiciones de esta norma, por la actividad por la que no fueron reparados.

Capítulo V - Pensión especial reparatoria

Artículo 11.- Las personas comprendidas en el artículo 1º de esta ley que habiendo sido detenidas y procesadas por la Justicia Militar o Civil y que, como consecuencia de ello sufrieron privación de libertad entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, tendrán derecho a una pensión especial reparatoria equivalente, al momento de inicio de su percepción, a 8,5 (ocho y media) Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales.

No tendrán derecho a percibir la prestación establecida en el presente artículo los titulares de una jubilación, pensión, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo que optaren por la pensión especial reparatoria.

Tampoco podrán acceder a esta prestación quienes se hubieren acogido a los beneficios establecidos en la Ley Nº 15.783, de 28 de noviembre de 1985, Ley Nº 16.163, de 21 de diciembre de 1990, Ley Nº 16.194, de 12 de julio de 1991, Ley Nº 16.451, de 16 de diciembre de 1993, Ley Nº 16.561, de 19 de agosto de 1994, Ley Nº 17.061, de 24 de diciembre de 1998, Ley Nº 17.620, de 17 de febrero de 2003, Ley Nº 17.917, de 30 de octubre de 2005, Ley Nº 17.949, de 8 de enero de 2006 u otras disposiciones análogas, ni quienes perciban ingresos de cualquier naturaleza superiores a 15 (quince) Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales, calculados en promedio anual.

En caso de fallecimiento del beneficiario de esta pensión especial reparatoria su cónyuge o concubino/a "more uxorio" y sus hijos menores podrán ejercer derechos de causahabiente.

Los ajustes al monto inicial de la prestación se realizarán de acuerdo con el régimen establecido en el artículo 67 de la Constitución de la República.

El derecho a acogerse al beneficio regulado en este artículo no prescribe extintivamente ni caduca.

El Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y la Suprema Corte de Justicia, en un plazo de treinta días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, deberán remitir a la Comisión Especial creada por el artículo 13, toda la información disponible en su poder para la identificación de los beneficiarios comprendidos en el inciso primero de este artículo.

La Comisión Especial que se crea por el artículo 13 de la presente ley podrá decidir -debiendo hacerlo en este caso por unanimidad- el otorgamiento de esta pensión especial reparatoria a aquellas personas que, por los motivos y dentro del período indicado en el artículo 1º, hayan sido privadas de libertad en un lapso superior a un año y no hayan sido sometidas a proceso.

Capítulo VI - Financiación

Artículo 12.- Los gastos que genere la aplicación de la presente ley serán atendidos por Rentas Generales.

Capítulo VII - Comisión Especial

Artículo 13.- Créase una Comisión Especial que actuará en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuya integración, cometidos y funciones serán los que se expresan en los artículos siguientes.

Esta Comisión deberá constituirse dentro de los treinta días a partir de la vigencia de esta ley, siendo obligación del Poder Ejecutivo publicitar la fecha de su constitución.

Artículo 14.- La Comisión Especial estará integrada por cinco miembros:

a) un delegado designado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien la presidirá;

b) un delegado designado por el Banco de Previsión Social;

c) un delegado designado por el Ministerio de Economía y Finanzas;

d) un delegado designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT),

e) un delegado designado por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Asamblea Nacional de Ex Presos Políticos del Uruguay (CRISOL), Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos (CRU) y del Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana (SEDHU).

Artículo 15.- La Comisión Especial entenderá en todo lo relativo la instrucción, sustanciación y resolución definitiva sobre las solicitudes de amparo a las disposiciones de la presente ley, así como el otorgamiento de los beneficios dispuestos.

A dichos efectos podrá disponer de todas las medidas que estime convenientes para contar con la más completa información, requerir los antecedentes necesarios para su diligenciamiento, comunicándose directamente con las entidades públicas y privadas, admitiendo todos los medios de prueba previstos en el artículo 146 del Código General del Proceso, los que se apreciarán de conformidad con el principio de la sana crítica.

La condición de clandestinidad se justificará mediante la acreditación fehaciente del requerimiento de la persona por las autoridades del gobierno de facto por los motivos establecidos en el artículo 1º. Para otros casos en que se invoque tal condición, la Comisión Especial a la que refiere el artículo 13 de la presente ley deberá adoptar decisión al respecto por unanimidad de sus miembros.

Capítulo VIII - Procedimiento

Artículo 16.- Las solicitudes de amparo a la presente ley se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto Nº 500/991, de 27 de setiembre de 1991.

Artículo 17.- Se remitirán a la Comisión Especial creada por la presente ley las solicitudes presentadas ante la Comisión Especial creada por la Ley Nº 17.449, de 4 de enero de 2002, a efectos de que, a petición de parte interesada:

a) determine la procedencia de la modificación de la prestación correspondiente a aquellos que hubieren sido amparados por dicha ley, comunicándolo en tal caso al instituto que sirva la misma;

b) se revisen las decisiones que hubieren sido denegatorias del derecho;

c) se continúe el trámite de las que aún no estuvieren resueltas.

Los interesados tendrán un plazo de ciento ochenta días a partir de la constitución de la Comisión Especial prevista en la presente ley, para presentar solicitud de reconsideración de la resolución que ya ha sido tomada, así como la ampliación de prueba de sus respectivos expedientes.

Artículo 18.- El plazo de presentación de las peticiones para ser amparado por esta ley será de ciento ochenta días a partir de la fecha de constitución de la Comisión Especial prevista en el artículo 13 de esta norma. Vencido el mismo caducarán todos los beneficios en ella dispuestos, sin perjuicio de las disposiciones establecidas por el artículo 11.

Artículo 19.- Contra las resoluciones de la Comisión Especial podrán interponerse los recursos de revocación y jerárquico.

Artículo 20.- Las jubilaciones y pensiones otorgadas al amparo de la Ley Nº 17.449, de 4 de enero de 2002, así como el cómputo de servicios dispuesto en su aplicación, continuarán rigiéndose por dicha norma, sin perjuicio del derecho a solicitar la modificación prevista en el literal a) del artículo 17 de la presente ley.

En ningún caso la prestación a servir podrá ser inferior a la que percibe el titular al momento de solicitar la revisión.

Artículo 21.- Derógase el régimen de reintegros dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 17.449 de 4 de enero de 2002, así como todas las disposiciones que directa o indirectamente se opongan a la presente ley.

2) Carpeta Nº 600/2006. EDUARDO DARNAUCHANS MIRALLES. Pensión graciable. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1032/2006.

Cada uno de los tres artículos del proyecto de ley es aprobado por siete votos en siete señores Senadores presentes. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Julio Lara Gilene (informe verbal).

3) Carpeta Nº 539/2006. PRESTACIONES DEL BANCO DE PREVISION SOCIAL. Se excluye a quienes hayan ocupado y ejercido la Presidencia de la República entre el período comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 31 de setiembre de 1984. Proyecto de ley con exposición de motivos pre-sentado por varios señores Senadores. Distribuido Nº 931/2006.

A propuesta del señor Senador Francisco Gallinal se posterga su tratamiento.

A la hora dieciocho y treinta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Julio C. Lara Gilene Presidente

Josefina Reissig Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: en primer lugar, antes de introducirme en el informe del proyecto de ley, quiero hacer la siguiente precisión. Dado lo avanzado de la hora, hemos entendido conveniente iniciar la consideración general y votar esta iniciativa, dejando para el día de mañana la discusión y la votación en particular, debido a que, como se verá luego, hay algunas propuestas de modificación que requieren Mensaje del Poder Ejecutivo, cuya intención ha sido adelantada verbalmente pero que aún no hemos recibido formalmente en el Parlamento. Por estas razones hemos propuesto esta metodología de trabajo.

En segundo término, quiero decir que para mí es un honor que la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado me haya conferido la tarea de informar a este Cuerpo acerca del tratamiento de este proyecto de ley por el que se repara la situación de aquellos compatriotas impedidos de acceder al trabajo como consecuencia de la persecución política y sindical.

Desde marzo del año 1985 el Estado uruguayo promulgó sucesivas leyes en el intento de mitigar o reparar las consecuencias de las incalificables e injustificables acciones terroristas realizadas desde el poder del mismo Estado, un poco antes y durante el período de la dictadura militar. Dictadura implacable esta, que dañó profundamente a casi toda la sociedad uruguaya pero, en particular, a un conjunto de ciudadanos que sufrieron la privación concreta de su libertad, que fueron torturados, mantenidos en las cárceles, expulsados del país o llevados a vivir en la clandestinidad. En otras palabras, vivieron con la perspectiva muy posible de la tortura en la cárcel o de la muerte con el amanecer de cada día.

Además, estos ciudadanos no contaron con la posibilidad de una vida laboral normal y una jubilación digna a la hora de su retiro. No vamos a abundar aquí, porque no corresponde a este proyecto de ley, sobre el detalle de todas las consecuencias que este período trajo para estos ciudadanos y sus familias; no obstante, querríamos citar un fragmento de un material elaborado por una organización de ex presos políticos, CRYSOL, en el que uno de sus integrantes manifestaba que: "La prisión prolongada fue la característica diferencial de la represión política en el Uruguay respecto de otros procesos de violación de los Derechos Humanos ocurridos en el Cono Sur en la década de los setenta, según un estudio realizado por SERPAJ. Fue la modalidad deliberadamente seleccionada por las Fuerzas Armadas del momento para destruir a quienes consideraban sus enemigos. La prisión significó para miles de uruguayas y uruguayos la pérdida del trabajo que tenían al momento de su detención. También aparejó la pérdida de sus habilidades y hábitos de trabajo e impidió el desarrollo de carreras y el crecimiento laboral. De esa manera, colocó a todos los que la padecieron en una situación de inferioridad para lograr una reinserción laboral que les permitiera rehacer su vida al recuperar su libertad. Aquellos que contaban con menos formación profesional o técnica o provenían de sectores sociales con menos recursos y menor capacitación, fueron más vulnerables a dichos efectos. Lo mismo ocurrió con aquellos que al recuperar su libertad volvieron a sus ciudades y pueblos del interior del país. A igual situación se enfrentaron aquellos que estaban en una edad crítica para ingresar al mercado laboral debido a que tenían más de cuarenta años. Quienes salieron de los penales y de los cuarteles mientras perduraba la dictadura se las vieron en figurillas para conseguir trabajo. Tenían que presentarse en los cuarteles por lo menos una vez a la semana para firmar; debieron ocultar su pasado e inventar historias de vida y recurrir a la solidaridad que, por cierto, nunca faltó, para reinsertarse laboralmente. Muchísimas veces consiguieron trabajos, pero de poca calidad, mal pagos y en negro; trabajos de supervivencia, alimentando la esperanza de un retorno a la democracia.

Las secuelas de los apremios físicos y de las condiciones humillantes y degradantes de la reclusión mellaron psicológicamente a todos los que padecieron la prisión política en el Uruguay, algunos más y otros menos, pero el golpe que siempre existió perforó la autoestima, el valor y la confianza en uno mismo. Modificó personalidades, creó reflejos inconscientes y dolorosos y generó el permanente temor que condicionó conductas, vidas y opciones."

En virtud de esto, los primeros pasos legales en el país fueron dirigidos a reparar la situación laboral de los funcionarios públicos destituidos arbitrariamente por razones políticas y sindicales. Fue así que se promulgó la Ley Nº 15.783, de noviembre de 1985. Luego, en sucesivas leyes, se fueron incorporando nuevos beneficiarios, nuevas situaciones y nuevos plazos, que reconocen una anterior iniciativa bastante próxima, que fue la Ley Nº 17.449, de 4 de enero de 2002, cuya puesta en práctica se verificó altamente insuficiente como para reparar esta realidad.

En este nuevo período que se inicia el 1º de marzo de 2005, el Gobierno del Frente Amplio pone en práctica la decisión de encarar una nueva etapa en la defensa de los Derechos Humanos, anunciada elocuentemente por el Presidente Tabaré Vázquez desde la campaña electoral y en todos sus discursos. Por esta razón, se han tomado ya una serie de medidas para profundizar la defensa de los Derechos Humanos. Estas medidas son conocidas por todos y, entre ellas, se incluye esta iniciativa del Poder Ejecutivo, precisamente, del proyecto de ley que establece derechos jubilatorios y reparatorios especiales.

El 29 de noviembre de 2005 el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social envió un Mensaje inicial y proyecto de ley a partir del cual se generó un gran debate dentro de las organizaciones sociales involucradas, de los grupos de ciudadanos no organizados y también de nuestra fuerza política, el Frente Amplio.

En realidad, entendemos que ocurrió lo que debía ocurrir, ya que es muy difícil encontrar normas de estricta justicia en esta materia. La vida lo ha demostrado así en el Uruguay. Diversas críticas fueron realizadas al proyecto original y el debate obligó a la reflexión y al auténtico intercambio de ideas. Como resultado, la Bancada del Frente Amplio, la Mesa Política Nacional y luego el Poder Ejecutivo arribaron a un acuerdo que intentó sintetizar las diferentes posiciones sociales y políticas junto a la visión política global del Gobierno asumiendo su responsabilidad acerca de la situación del país, de las prioridades y las urgencias del conjunto de la sociedad que lo componen, como no podía ser de otra manera. Así, se introdujeron modificaciones tales como el tratamiento de los casos de las personas detenidas y procesadas por la justicia militar o civil, o con prisión prolongada, en una forma reparatoria especial originada en el debate interno de la Bancada de Gobierno, atendiendo a sus dificultades especiales, así como a los montos de jubilación y los requisitos para acceder a ella. Todo ello motivó el envío de un nuevo Mensaje del Poder Ejecutivo al Senado, que fue tratado en nuestra Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

La Comisión recibió a todas las delegaciones de organizaciones sociales, conjuntos de ciudadanos y coordinadoras que solicitaron audiencia y sus planteos fueron escuchados e integrados al análisis. Luego de ello, se pasó a votar y el proyecto se aprobó por la unanimidad de los miembros presentes en la sesión respectiva.

En cuanto al proyecto en sí mismo, podemos decir que consta de ocho capítulos y veintiún artículos. En el capítulo I se describe el ámbito subjetivo de la norma, es decir que allí se detalla quiénes son las personas comprendidas. Se trata de aquellas personas que entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985 se hubieran encontrado en las siguientes situaciones: a) exiliadas por razones de persecución política, siempre que hubieran regresado al Uruguay antes del 1º de marzo de 1995; b) detenidas o que debieron vivir en la clandestinidad durante ese período. Asimismo, se va a incluir -y esta es una de las razones que motiva el traslado de la discusión particular para el día de mañana- un literal c), que cuenta con la iniciativa del Poder Ejecutivo y que hace justicia con las personas que, siendo trabajadoras del sector privado y habiendo cumplido con una resolución gremial de la Central Sindical, realizaron la huelga general de resistencia contra la dictadura militar y fueron objeto de despido, que fue formalmente comunicado con el basamento legal del Decreto de 4 de julio de 1973, emitido por el gobierno de facto. Por otra parte, en el último inciso de este capítulo se hace referencia a quienes con anterioridad al 9 de febrero de 1973 sufrieron persecución política que afectó su vida laboral y están en condiciones de acreditarlo fehacientemente para que pueda ser analizado caso a caso.

El capítulo II refiere a los beneficios concretos, es decir, al cómputo ficto de los servicios y a la afiliación a los efectos de obtener la causal jubilatoria. Se computarán como trabajados los años del período en que la situación se haya mantenido y hasta el reintegro formal a la actividad laboral. La asignación computable mensual para el cálculo jubilatorio se establece en once bases de prestaciones y contribuciones al valor de la fecha de entrada en vigencia de esta ley. Para quienes ya hayan configurado causal jubilatoria, los servicios fictos serán afectados al Instituto que debe servir la prestación y para quienes no tuvieran causal se asignarán al Instituto que corresponda a los últimos servicios prestados. Cuando no fuera posible establecer el Instituto de afiliación por los criterios anteriores, el proyecto nos refiere a las Leyes Nº 12.138 y Nº 12.380, que determinan que se incorporarán al Instituto de Industria y Comercio las personas cuya afiliación no pueda ser determinada por la actividad que desempeñaron.

El capítulo III trata sobre el régimen jubilatorio y pensionario que será una combinación del régimen de pasividades vigente con las especialidades que se establecen en este proyecto en tanto ellas sean más beneficiosas. Se establece un monto mínimo de jubilación en un número de cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones al momento de ingresar al cobro de la prestación. Se incluye a quienes no configuren causal jubilatoria pero cuenten con sesenta años y un mínimo de diez años de servicio reconocidos de acuerdo con las normas vigentes y a aquellas personas comprendidas en el inciso final del artículo 10 acerca de las cuales se establecen algunas precisiones. Cuando hablamos del reconocimiento de acuerdo con las normas vigentes, nos referimos a lo establecido por el artículo 77 de la Ley Nº 16.713, relacionada a la forma de reconocimiento antes y después de la instauración de la historia laboral.

Por el artículo 9º se establece el derecho para aquellas personas que hubieran fallecido o hubieran sido declaradas ausentes, quienes también generarán pensión de sobrevivencia.

El capítulo IV determina quiénes están excluidos del presente proyecto de ley, que son los siguientes casos: a) las personas que hubieran trabajado en países con los cuales la República Oriental del Uruguay tiene acuerdos de seguridad social y durante el período en que desarrollaron actividad laboral en los mismos; b) las personas efectivamente amparadas por las leyes anteriores que atendieron las mismas situaciones y por las actividades a que refieren dichas normas; c) las personas amparadas y ya oportunamente reparadas por estos organismos en cuanto al período previsto en el artículo 1º de esta ley -se refiere a las personas amparadas por los servicios de las Cajas Paraestatales-, y en el último inciso del artículo 10 se atiende la situación especial de aquellos ciudadanos que, habiendo sido reparados por una actividad, tuvieran otra actividad simultánea a aquella por la que no lo fueron.

En el capítulo V se instaura la pensión especial reparatoria. Este capítulo fue el motivo fundamental de la necesidad de un nuevo Mensaje del Poder Ejecutivo e introduce una prestación que tiene un carácter distinto al de las anteriores, denominada pensión especial reparatoria, de un monto de 8,5 Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales. Esta prestación comprende a las personas que habiendo sido detenidas y procesadas por la Justicia Militar o Civil sufrieran privación de libertad, aunque que no hayan sido sometidas a procesos por variadas razones, pero hayan estado detenidas por lo menos un año; esta última calidad será resuelta por la Comisión Especial que se establece en el capítulo VII. Esta pensión especial reparatoria será incompatible con la percepción de cualquier otra jubilación, pensión, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, por lo cual los beneficiarios que perciban algunas de estas prestaciones deberán optar por una u otra, según cuál les resulte más conveniente. No podrán acceder a esta prestación quienes se hubieren acogido a otras leyes de similar naturaleza enumeradas en el proyecto de ley ni quienes perciban ingresos superiores a quince Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales calculadas en promedio anual. La pensión especial reparatoria no prescribe ni caduca y genera derechos a los causahabientes del beneficiario fallecido, esto es, a su cónyuge, concubino o concubina e hijos menores.

La no prescripción del derecho a acceder a esta pensión especial surge del espíritu mismo con que fue creada en este proyecto de ley y se hizo pensando en todos los ciudadanos sometidos profundamente a los actos de terrorismo de Estado, para que fuera un soporte a dichos ciudadanos por parte del mismo Estado en todos los previsibles inconvenientes que tuvieran en el transcurso de su vida y la de sus familiares.

El capítulo VI, como es de orden, establece el financiamiento del proyecto por parte de Rentas Generales.

Muchas veces se nos ha preguntado en la Comisión -y nosotros también lo hemos hecho en reiteradas oportunidades- acerca del número de beneficiarios a que alcanzaría este proyecto de ley y, realmente, no tenemos una absoluta certeza acerca de esos números, por lo que los cálculos en cuanto al financiamiento pueden ser bastante variados. Tuvimos acceso a algunas cifras, pero tienen cierta relatividad y refieren, fundamentalmente, al número de personas que se presentaron a la última opción en el tiempo, que fue la mencionada Ley Nº 17.449. Estas cifras no se refieren a quienes fueron efectivamente amparados por la ley, sino a quienes se presentaron. En dichas cifras figuran 2.883 personas que se dividen de la siguiente manera: con la causal de detención, 1.179; con la causal de detenidos y exiliados, 223; con la causal detenidos y clandestinos, 17; con la causal de exilio exclusivamente, 993; con la causal de exilio y clandestinidad, 16; como clandestinos, 111 y sin causal -por lo menos, efectivamente determinada-, unos 339. De ahí surge la cifra de 2.883 personas que se habrían presentado a realizar su solicitud a través de la última posibilidad legislativa que les proporcionó el Estado.

El capítulo VII del proyecto de ley refiere a una Comisión Especial que, como en las leyes anteriores, trabajará en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que deberá constituirse en un plazo de 30 días a partir de la vigencia de la ley, con la obligación del Poder Ejecutivo de publicitar su constitución.

Fue una preocupación especial el tema de la agilidad en la constitución de esta Comisión que va a procesar las solicitudes, así como el amplio conocimiento por parte de toda la ciudadanía y los posibles beneficiarios del hecho de su constitución. Estará integrada por cinco miembros: un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; uno designado por el Banco de Previsión Social; uno del Ministerio de Economía y Finanzas; uno designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del PIT-CNT y uno designado por el Poder Ejecutivo a propuesta de las organizaciones sociales involucradas. Esta Comisión entenderá en todo lo que respecta a la sustanciación y resolución de las solicitudes y al otorgamiento de los beneficios. Asimismo, podrá disponer de todas las medidas atinentes a la más completa información necesaria y les serán remitidas todas las solicitudes anteriormente presentadas a la Comisión Especial creada por la Ley Nº 17.449, de enero de 2002, a los efectos de ser revisadas a petición de la parte interesada. Dijimos anteriormente que esta ley no tuvo una ejecución que permitiera efectivamente reparar a todas las personas que se deseaba. Deberá, asimismo, requerir la acreditación fehaciente para los casos de clandestinidad o resolver por unanimidad de sus miembros cuando se alegue tal condición.

Por último, el capítulo VIII establece detalladamente los procedimientos y los plazos para las solicitudes de amparo.

A continuación, debo informar a este Senado los cambios que se produjeron, a solicitud de algunos Legisladores, al último Mensaje enviado por el Poder Ejecutivo.

En el artículo 1º, que mencioné anteriormente, se agrega un literal c) para los que acrediten documentadamente haber sido despedidos de la actividad privada por la causal de notoria mala conducta, al amparo de lo preceptuado por el artículo 1º, literal b), del Decreto Nº 518, de 4 de julio de 1973.

En el artículo 4º la Comisión ha agregado un último inciso acerca de los casos comprendidos en el artículo 10 que, debo recordar, trata de aquellas personas que teniendo dos actividades simultáneas fueron reparadas sólo por una de ellas por leyes anteriores. Ese inciso dice: "Para los casos comprendidos en el inciso final del artículo 10 de la presente ley, los salarios fictos se computarán al Instituto que comprenda la actividad simultánea no reparada, a los efectos de otorgar, por dicho Instituto, el beneficio que correspondiere".

Otro cambio que realizó la Comisión fue en el artículo 8º, donde se agrega un inciso que indica que "Para los casos comprendidos en el inciso final del artículo 10 de la presente ley, la no configuración de la causal jubilatoria descripta en el inciso primero del presente artículo está referida a la actividad simultánea no reparada. A esos efectos el beneficiario tendrá derecho a optar, por la incompatibilidad de la misma, entre la jubilación especial y cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial".

En el literal b) del artículo 10 del Mensaje enviado por el Poder Ejecutivo se mencionaba, en el Capítulo de Exclusiones, a las personas comprendidas por las leyes especiales que atendieron situaciones de esta naturaleza. Esta expresión fue cambiada por "las personas efectivamente amparadas por las leyes especiales que atendieron situaciones de esta naturaleza".

Finalmente, en el artículo 11 se agrega un último inciso para quienes sufrieron prisión prolongada -hecho que ya mencioné- y para quienes como mínimo estuvieron detenidos un año y que por distintas razones no fueron procesados por la Justicia Militar ni por la Justicia Civil.

Señor Presidente: luego de haber descrito rápidamente todo lo que este proyecto de ley incluye, estamos sometiendo a consideración del Senado la iniciativa en torno a la que trabajamos todos los Senadores y logramos concretar en esta instancia.

Debo decir que cada vez que analizamos temas de esta naturaleza a todos nos resulta particularmente engorroso y doloroso. Sabemos que los daños causados al país y a los ciudadanos por el poder salvaje y arbitrario de las armas de las fuerzas militares que irrumpieron en el Gobierno en el período que va de 1973 a 1985, especialmente a los asesinados, desaparecidos, presos, torturados, exiliados, destituidos y a sus familias, no son medibles, no son cuantificables, por lo tanto, no son totalmente reparables. Sólo se puede intentar, como lo estamos haciendo en este caso -y como se ha hecho anteriormente-, lograr una calidad de vida digna para aquellos que nunca pudieron disfrutarla hasta hoy a consecuencia de esos hechos. Es lo que motiva este nuevo proyecto que todos los Legisladores deseamos fervientemente se convierta en ley en el país.

Cada vez que volvemos a incursionar en ese período histórico del Uruguay se nos estruja el corazón porque, por lo menos a los de nuestra generación, nos parecía imposible, en aquellos años, que en la República Oriental del Uruguay estos hechos pudiesen ocurrir. Pero ocurrieron, y aun así estamos absolutamente seguros de que los compatriotas que lucharon en defensa de la democracia y de las instituciones del país, estén fallecidos o vivan todavía, jamás midieron los riesgos que sabían que corrían o pensaron ni remotamente -ni lo piensan hoy- en obtener ninguna otra recompensa que la de una patria libre, democrática, con un Estado de Derecho y una sociedad más justa y más solidaria.

No obstante esto, nuestra obligación como representantes es legislar para avanzar en la consecución de sus legítimos derechos, en toda la profundidad en que nos sea posible. De manera que hoy proponemos la aprobación de este proyecto de ley, y decimos también que haremos un seguimiento de su aplicación y analizaremos en un plazo prudencial si en el futuro es necesario legislar nuevamente a fin de corregir, como se ha hecho desde marzo de 1985 hasta hoy.

Hemos aprendido a valorar que la democracia no es una estación final a la cual se arriba, no es un régimen que se establece para siempre; es un conjunto de valores que se construye día a día, permanentemente. Por eso en este proyecto hemos dado un paso más, un paso de avance, un avance muy importante y un acercamiento apenas hacia la cancelación de una deuda inmensa del Estado uruguayo para con sus ciudadanos.

Gracias. Es todo lo que quería informar.

(Apoyados)

(Aplausos en la Barra)

SEÑOR PRESIDENTE.- Se recuerda a la Barra que, salvo en sesiones de homenajes, no puede hacer manifestaciones a favor ni en contra de lo que se expresa o se vota en Sala.

19) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de dos asuntos entrados fuera de hora.

(Se da de los siguientes:)

"La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se autoriza la extensión de la salida del territorio nacional del Buque Hidrográfico ROU 22 ‘Oyarvide’, Plana Mayor y Tripulantes, concedida por la Ley Nº 17.994, de fecha 23 de julio de 2006, hasta el día 30 de setiembre de 2006.

- por el que se autoriza la salida del territorio nacional de efectivos del Ejército Nacional, a efectos de participar en los Desfiles de Conmemoración de la Independencia de la República Federativa del Brasil, a realizarse el día 7 de setiembre de 2006."

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARAVIA.- Dado lo perentorio del plazo para que al Buque "Oyarvide" se le extienda la autorización para salir del territorio nacional a realizar su trabajo de batimetría en aguas no jurisdiccionales, y teniendo también en ciernes la concurrencia del contingente del Ejército nacional a tierras extranjeras, queremos proponer que ambos pro-yectos de ley enviados por la Cámara de Representan-

tes se repartan en el día de hoy y se traten con carácter urgente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se van a repartir y posteriormente se votará la urgencia solicitada.

20) DERECHO JUBILATORIO Y PENSIONARIO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continua la consideración del proyecto de ley sobre derecho jubilatorio y pensionario.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Quiero informar al Cuerpo que estoy comprendido en el artículo 97 -si bien en la práctica no voy a hacer uso de él-, que prohíbe a todo Senador intervenir en asuntos que se refieran a su interés individual. Por mi situación de preso político estoy alcanzado por él; por ende, estoy inhibido de poder intervenir, salvo que el Cuerpo tome una decisión distinta.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: mociono en el sentido de que se autorice a todos aquellos señores Senadores que estén involucrados en el tema por su calidad de ex presos políticos, a participar en el debate y en la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 27 en 28. Afirmativa.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: muy brevemente quiero señalar que este tema toca muy fuertemente a muchos de los que estamos aquí y a algunos, en particular, en mayor medida. Se trata de una asignatura pendiente de la democracia uruguaya; una cuestión de Derechos Humanos. Además, hay heridas abiertas relacionadas con la dictadura y con el terrorismo de Estado que padecimos en este país.

En este momento lo que vamos a aprobar es una iniciativa reparatoria, procurando mitigar aunque sea parcialmente -como decía la señora Senadora Dalmás- el daño provocado. Digo "aunque sea parcialmente" porque no se puede devolver a las víctimas el tiempo de reclusión o la salud perdida a causa de las torturas y pésimas condiciones carcelarias, a lo que se suman estos veinte años de demora con relación a esta deuda ética que tenemos los uruguayos con nosotros mismos y con un grupo de compatriotas. Quizás otros temas hayan cobrado más relevancia en materia de Derechos Humanos, pero de todos modos aquí hay una reparación que debe ser integral, aspecto que deseo enfatizar; es más, en particular he querido intervenir para hacer hincapié en esto. Esta es una reparación, y debe ser integral, sin exclusiones, lo que significa que se refiere no sólo a aspectos de impacto jubilatorio o de características similares, sino que debe abarcar la memoria, la cultura, la educación y el reconocimiento público. Aquí existe la necesidad de que la sociedad haga un reconocimiento público a lo que fue la militancia, la dedicación y la entrega de un conjunto de compatriotas que soportaron situaciones aberrantes desde el punto de vista de los Derechos Humanos.

Por otro lado, existen numerosos trabajos desde el punto de vista científico que indican que las consecuencias de estos padecimientos resultantes de las torturas y de la situación de las cárceles que sufrimos los uruguayos, han provocado secuelas en materia física, psíquica y de esperanza de vida absolutamente terribles. Existe abundante literatura en ese sentido. Creo que hemos demorado mucho los uruguayos; lo estamos resolviendo en esta oportunidad y eso nos dignifica como país.

También podemos encontrar abundante literatura y experiencias de Derecho Comparado en materia internacional, así como resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que indican que la acción reparatoria debe ser efectiva y rápida, así como proporcional al daño soportado. En este sentido, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en su Resolución 2005/35, establece que: "La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales".

Creo, señor Presidente, que prácticamente no existe ningún ex preso político, perseguido o exiliado que no esté comprendido en alguna de estas situaciones. Por lo tanto, me parece de pleno derecho y de justicia, así como una demanda éticamente relevante la que estamos procurando salvar con este modesto pero importante proyecto de ley que estamos proponiendo, junto con el resto de los señores Senadores, para que sea aprobado en la tarde de hoy.

SEÑOR LARA GILENE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARA GILENE.- Señor Presidente: vamos a votar favorablemente este proyecto de ley en el entendido de que, si bien no resulta todo lo exhaustivo que hubiéramos deseado es, luego de muchos años de esfuerzo, un intento serio y, en primera instancia, eficaz, para regularizar y reparar los innumerables casos de compatriotas que lucharon denodadamente contra la dictadura que asoló nuestro país durante más de una década.

Queremos, pues, sumarnos a lo previsto por este proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, puesto a consideración de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social y, a continuación, de ambas Cámaras legislativas, que estoy seguro acompañarán en su inmensa mayoría el articulado que lo compone.

Como Presidente de la referida Comisión también considero de rigor resaltar el intenso trabajo que le dedicamos con el objetivo de interiorizarnos de las múltiples situaciones personales de quienes finalmente serán los beneficiados, analizando el contenido del proyecto pero, sobre todo, recibiendo y conversando con las decenas de uruguayos que integran las diferentes asociaciones que han destinado energías y afectos para que todas las gestiones necesarias concluyeran por fin en esta votación.

Somos conscientes de que este proyecto también deja pendiente un buen número de situaciones que habrá que seguir analizando en este ámbito y con los miembros de este Cuerpo, pero en particular trabajando codo a codo con los integrantes de CRYSOL, de CEDHU, de la Comisión del Reencuentro, de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, de la representación de los trabajadores del Banco de Previsión Social y de otras organizaciones que oportunamente solicitaron entrevistas con la Comisión que presido. Ellos han sido los verdaderos protagonistas de esta encomiable tarea para restituir los derechos jubilatorios a aquellos que entre 1973 y 1985 fueron afectados por las políticas agresivas de la dictadura, siendo destituidos, encarcelados, obligados a marcharse del país, a vivir en situación de clandestinidad o simplemente privados del sagrado derecho al trabajo que todos los hombres y mujeres de Uruguay poseen por el solo hecho de haber nacido en esta tierra.

Cualesquiera hubieran sido los motivos de persecución -políticos, ideológicos o gremiales-, esgrimidos por las autoridades de aquellas oscuras épocas es nuestra responsabilidad como Legisladores o como gobernantes devolver los mínimos derechos a los individuos afectados por aquella barbarie, amparándolos en un sistema que les otorgue un marco de mínima seguridad.

Reitero, señor Presidente, nuestra satisfacción y mi orgullo también personal al acompañar la aprobación de este proyecto de ley. También aprovecho la ocasión para repetir que seguiremos trabajando para que aquellos casos que aún no han sido contemplados, más tarde o más temprano sean comprendidos en un nuevo proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: la Bancada de Senadores del Partido Nacional va a acompañar con su voto este proyecto de ley, siguiendo una línea de acción que ha caracterizado las decisiones de nuestra colectividad política adoptadas en esta materia desde 1985 hasta hoy. Todas y cada una de las leyes aprobadas en ese lapso que tienen el propósito de indemnizar o, de alguna manera, reparar o resarcir la complicada y comprometida situación que les tocó vivir a los orientales hasta el 1º de marzo de 1985, fecha en la que el país recuperó su institucionalidad y su democracia, asumiendo después de muchos años un gobierno constitucional. Comenzando por la primera de ellas -sin duda, fue la que tuvo mayor dimensión-, que reparó la situación de los funcionarios públicos perseguidos y destituidos durante el régimen militar, todas estas leyes contaron con el apoyo del Partido Nacional. Por lo tanto, en este caso también vamos a dar nuestro voto afirmativo, con la seguridad que es de justicia contemplar situaciones de estas características y con el convencimiento de que, probablemente, nunca se terminen de reparar las situaciones de injusticia que en el ámbito social y con consecuencias de carácter económico, nuestros compatriotas sufrieron a causa de esos duros años por los que atravesó el país. Siempre van a quedar ciudadanos, habitantes de este territorio, con reclamaciones justas; que van a señalar que sus derechos no han sido protegidos en la forma debida; que la recompensa no está de acuerdo con el perjuicio o sufrimiento padecido, o que la norma no llegó a tiempo. Es más, en ocasión del tratamiento de este proyecto que hoy estamos considerando, muchas veces hemos recibido mensajes de la organización CRYSOL o de otras instituciones que nos manifestaban que había malas noticias; que había dejado de existir alguno de sus integrantes. Sin embargo, también es verdad que esto mismo sucedió en cada una de las circunstancias en que se aprobaron leyes que buscaban resarcir a los perjudicados o a sus sucesores, empezando por la primera de ellas. Durante esos años mucha gente quedó por el camino y eso no tiene solución.

En consecuencia, cuando se discuten normas de estas características -lo adelanto porque forma parte de la crítica que nosotros vamos a hacer a este proyecto de ley y que ya efectuamos en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, por lo que no es novedad para los compañeros y compañeras que la integran-, podemos decir que la reparación, la recompensa o solución que se logra nunca va a ser suficiente; siempre va a quedar abierta la posibilidad que el beneficiario o sus sucesores nos señalen -o le señalen al Estado uruguayo- que quedan deudas pendientes, algunas de carácter moral, otras de carácter ético y otras pecuniarias, pero en todos esos casos no hay una dimensión justa y definitiva en función de la cual se compensen todas esas situaciones.

El proyecto de ley que tenemos a consideración busca proteger la situación de aquellas personas que, por móviles o motivos políticos, ideológicos o gremiales, se vieron obligadas a abandonar el territorio nacional, en tanto -y eso se establece como condición- hubieran retornado al país antes del 1º de marzo de 1995, o hayan sido detenidas o permanecieran en la clandestinidad durante el período que va del 9 de febrero de 1973 al 28 de febrero de 1985.

En el último inciso se amplía la posibilidad de acogerse a los beneficios que se establecen por la presente ley, ampliándose el período. Aquí se contempla, incluso, la posibilidad de beneficiar a quienes hayan abandonado el territorio nacional, hayan estado detenidos o hayan estado en situación de clandestinidad antes del 9 de febrero de 1973. La condición -y esa es una discrepancia que tenemos con el proyecto- es que en este caso -establecido en el inciso final del artículo 1º- se exige acreditación fehaciente de dichas circunstancias. Si esa exigencia, con razón, no vale para lo establecido en los literales A) y B) en el período comprendido entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, a nuestro entender tampoco debería valer para aquellos anteriores al 9 de febrero de 1973. Incluso, puede darse la paradoja que sea más fácil probar la circunstancia en el período a que hace referencia el acápite del proyecto de ley que en el anterior.

La otra gran discrepancia que nosotros marcamos en la Comisión y que, aparentemente, va a ser contemplada -razón por la cual probablemente la discusión particular de este tema sea trasladada para el día de mañana, a la espera de una iniciativa del Poder Ejecutivo en la materia-, es que hay quienes han sido perseguidos por motivos políticos, ideológicos o gremiales, pero no abandonaron el territorio nacional por distintas razones, no estuvieron detenidos ni estuvieron en la clandestinidad, pero sí merecen ser contemplados por la nueva norma. Creemos que si se incorpora un literal que abarque esas situaciones, que no son pocas, el proyecto de ley tendrá una dimensión y un alcance mucho más significativo. Es más, me animo a decir que sería un poco más justo porque contemplaría la situación de compatriotas, de ciudadanos y ciudadanas que, sin cumplir las condiciones que a texto expreso se establecen en los literales a) y b) del artículo 1º del proyecto de ley, sí sufrieron esa persecución y fueron víctimas de discriminación y represión por pensar diferente.

Algunos de esos casos fueron planteados ante la Comisión. Hay quienes comparecieron corporativamente, en representación de núcleos de trabajadores de distintas empresas o ex empresas del área privada, que plantearon que por motivos políticos fueron cesados en los tiempos de la dictadura militar. Esta gente nos reclama la necesidad de ser contemplados en los alcances del proyecto de ley y, según tenemos entendido, parte de ellos son los que quedarían incluidos en la iniciativa que el Poder Ejecutivo estaría enviando al Poder Legislativo en el correr de las próximas horas. Esto tiene tanta importancia, señor Presidente, que ha cambiado el posicionamiento que los integrantes de la Bancada del Partido Nacional teníamos en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. Si bien desde un primer momento estábamos dispuestos a votar en general el proyecto de ley, por las razones que he expuesto y por mantener una coherencia de carácter histórico, también consideramos que no se puede dejar pasar una oportunidad de estas características para contemplar casos que razonablemente deben ser tenidos en cuenta. Además, repito, partimos de la base de que, en definitiva, siempre es tarde y, por tanto, no se puede pasar por alto una oportunidad como esta porque se cometería una tremenda injusticia. Por otra parte, de acuerdo con la información que se nos trasmitió en la Comisión, tampoco estamos hablando de un número muy elevado de casos. De todas maneras, si así fuera, también merecerían estar contemplados porque estas leyes no se aprueban en función de la cantidad de eventuales beneficiarios, sino de criterios de justicia, de equidad, de reparación y de compensación que, creemos, son los mínimos indispensables con los que una sociedad puede cicatrizar sus heridas y mirar hacia adelante.

En consecuencia, ese es uno de los objetivos principales. ¿Por qué decimos que como Bancada del Partido Nacional vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley? Porque así lo hemos hecho con todos los que se han aprobado y que han tenido fines similares al presente, y porque en su conjunto forman un todo que nunca se va a terminar de cerrar en razón de que estos temas, lamentablemente, nunca cicatrizan definitivamente. Entonces, tanto el Parlamento, sus integrantes, como el Gobierno, siempre pueden recibir una visión, una opinión o la definición fáctica de situaciones que uno, quizás, no llegaba a advertir pero que, explicitadas, dejan claramente de manifiesto la necesidad de contemplarlas desde el punto de vista legislativo. También puede pasar lo que ocurrió con las otras leyes: que hay quienes se benefician sin tener derecho. En definitiva, creo que pagar ese precio es algo menor y no hace al fondo de la cuestión.

Los beneficios están pensados, básicamente, en lo que tiene que ver con los cómputos fictos de servicios y está bien que así sea. Creo que en ese sentido se recorre un camino que el país ha transitado en otras circunstancias.

En el artículo 7º -y esto es muy importante- se establece un monto mínimo de asignación de jubilación para las personas amparadas en el presente proyecto de ley. Allí se dispone: "en ningún caso podrá ser inferior al equivalente a cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones vigentes al momento de ingresar al goce de la prestación". Esta es una norma que, sin lugar a dudas, quisiéramos ver incorporada al sistema previsional nacional. Creo que es una buena disposición que establece un piso, un mínimo que se considera necesario, fundamental y -diría- hasta decoroso para, de alguna manera, contrarrestar o rectificar situaciones particularmente injustas.

Por su parte, el artículo 11 establece la preceptividad -que compartimos-, para las personas que hayan sido detenidas y procesadas por la Justicia Militar o Civil y que como consecuencia de ello sufrieron privación de libertad entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, del derecho a una pensión especial reparatoria, que ya no corresponde a la del artículo 7º, sino a ocho y media Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales. Esta norma también nos parece de recibo.

Quizás las dudas surjan en cuanto al trabajo que va a realizar la Comisión Especial que se crea por el artículo 13, no solamente por los cometidos que se le otorgan y su integración, sino porque preceptivamente se establece la necesidad que determinadas decisiones se adopten por unanimidad. Sin embargo, como ese tema forma parte de la discusión particular, dejaremos para esa oportunidad el análisis de todas y cada una de las normas que van a reglamentar el beneficio que con carácter genérico se establece en el artículo 1º.

Como decía, el Partido Nacional respalda este proyecto de ley con mucha convicción, como la tuvo en anteriores oportunidades, y tan pronto se conozca el texto de la iniciativa privativa que va a enviar el Poder Ejecutivo, ampliando la que envió en su momento -no tenemos posibilidades de introducir todo lo que quisiéramos porque la Constitución nos limita a lo que surja de la expresión y de la voluntad del Poder Ejecutivo-, estaremos en condiciones de ratificar o poner mayor énfasis a un voto afirmativo que, desde ya lo adelantamos, vamos a dar en el día de hoy.

21) BUQUE HIDROGRAFICO ROU 22 "OYARVIDE"

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: en razón de que son las 19 y 30 horas, propongo que se prorrogue la hora de finalización de la sesión en caso de que sea necesario. Por otra parte, mociono para que, luego de que se vote en general este proyecto, se consideren las iniciativas cuya urgencia ya ha sido solicitada por el señor Senador Saravia y que refieren a la autorización para salir del territorio nacional a efectivos del Ejército Nacional y al Buque Hidrográfico "Oyarvide".

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa no puede hacer mociones, pero se permite humildemente proponer que se voten en este momento los proyectos mencionados para que sean enviados al Poder Ejecutivo en esta misma jornada.

Se va a votar si se actúa conforme lo propuesto.

(Se vota:)

- 24 en 25. Afirmativa.

Se pasa a considerar el proyecto de ley por el que se autoriza la extensión de la salida del territorio nacional del Buque Hidrográfico ROU 22 "Oyarvide".

(Antecedentes:)

"CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Autorízase la extensión de la salida del territorio nacional, del Buque Hidrográfico ROU 22 "Oyarvide", Plana Mayor y Tripulantes, concedida por la Ley Nº 17.994, de 23 de julio de 2006, hasta el 30 de setiembre de 2006.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 5 de setiembre de 2006.

Ruben Martínez Huelmo 1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Único.- Autorízase la extensión de la salida del territorio nacional, del Buque Hidrográfico ROU 22 "Oyarvide", Plana Mayor y Tripulantes, concedida por la Ley Nº 17.994, de 23 de julio de 2006, hasta el 30 de setiembre de 2006".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que será comunicado al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

22) CONMEMORACION DE LA INDEPENDENCIA DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con la moción oportunamente votada, corresponde pasar a considerar el proyecto de ley por el que se autoriza la salida del territorio nacional de efectivos del Ejército Nacional.

(Antecedentes:)

"CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Autorízase la salida del territorio nacional, de los siguientes efectivos del Ejército Nacional: Banda de Músicos de la División de Ejército IV, integrada por 1 (un) señor Jefe, 2 (dos) señores Oficiales y 50 (cincuenta) Personal Subalterno; y de los medios de transporte compuestos por 1 (un) ómnibus y 1 (un) camión, entre los días 6 y 8 de setiembre de 2006, a efectos de participar en los Desfiles de Conmemoración de la Intendencia de la República Federativa del Brasil, a realizarse en la ciudad de Pelotas - RS, el día 7 de setiembre de 2006.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 5 de setiembre de 2006.

Rubén Martínez Huelmo 1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Autorízase la salida del territorio nacional, de los siguientes efectivos del Ejército Nacional: Banda de Músicos de la División de Ejército IV, integrada por 1 (un) señor Jefe, 2 (dos) señores Oficiales y 50 (cincuenta) Personal Subalterno; y de los medios de transporte compuestos por 1 (un) ómnibus y 1 (un) camión, entre los días 6 y 8 de setiembre de 2006, a efectos de participar en los Desfiles de Conmemoración de la Independencia de la República Federativa del Brasil, a realizarse en la ciudad de Pelotas - RS, el día 7 de setiembre de 2006".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que será comunicado al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

23) DERECHO JUBILATORIO Y PENSIONARIO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión general del proyecto de ley que repara a compatriotas impedidos de acceder al trabajo como consecuencia de persecución política y sindical.

SEÑOR LORIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LORIER.- Señor Presidente: en nuestro país, durante muchísimos años, fueron conculcados los Derechos Humanos y se cometieron brutales crímenes de lesa humanidad. Ello tuvo en el mismo aparato de Estado a su principal protagonista. Por lo tanto, en el Uruguay hubo terrorismo de Estado; un terrorismo de Estado que tuvo su apoyatura o basamento teórico en la Doctrina de la Seguridad Nacional, que ubica al enemigo en el interior del país -el enemigo interno-, en aquella parte de la población que más activamente buscaba cambiar las injustas estructuras económico-sociales y las relaciones de dependencia externa del país, o que luego intentó oponerse valerosamente a la dictadura; una doctrina que se regionalizó a través del Plan Cóndor. Todo el país sufrió las consecuencias, por acción o por omisión, y nadie pudo quedar fuera de una situación terrible. Eso es cierto, pero quienes más sufrieron fueron -y son- los ex presos políticos, los militantes en la clandestinidad y los exiliados, más todos aquellos que padecieron distintos tipos de persecución sindical, política y laboral: las víctimas de la represión, con sus vidas destruidas y sus hogares, en muchos casos, deshechos.

Gracias a la movilización y lucha de nuestro pueblo se pudo recuperar la democracia y la libertad del Uruguay. Ese fue el factor primordial, esencial, que permitió derrotar a la dictadura; ni el protagonismo de importantes figuras nacionales ni la gran solidaridad de pueblos y gobiernos a escala internacional, que existieron e influyeron, pueden ser la causa básica y, menos aún, la única. Sin la convergencia democrática que unió a hombres y mujeres de los más diversos orígenes políticos y sociales para luchar, dentro y fuera, por las libertades democráticas, no habríamos tenido éxito. Sin el Plebiscito de 1980, sin el 1º de Mayo de 1983, sin el Obelisco y sin las miles y miles de acciones anónimas, unas más chicas y otras más grandes, que fueron activando a nuestro pueblo, no habríamos podido recuperar la democracia.

SEÑOR LONG.- ¡Apoyado!

SEÑOR LORIER.- Ahora, por medio de este proyecto de ley, que se une a otras iniciativas ya aprobadas, la sociedad uruguaya intenta, tímida y tardíamente -hay muchos que no están-, resarcir en algo, apenas en algo, a los que han sufrido las consecuencias del terrorismo de Estado y que han sido los protagonistas principales de la recuperación democrática.

Por cierto, este no es un proyecto de ley que abarque a todos y que defina claramente entre lo reparatorio y lo jubilatorio. Igualmente los montos no son los que habríamos deseado para todos. Asimismo, se le pueden señalar una serie de otras carencias y vacíos, pero es lo que hoy, en el actual estado de cosas, en lo político y social, se ha podido consensuar entre un grupo de compañeros que durante mucho tiempo trabajamos arduamente en él. La alternativa habría sido seguir esperando, mientras más y más víctimas, en la pobreza, cuando no en la indigencia, continúan muriendo precisamente por estas situaciones tan lamentables de vida, o separar el universo de ex presos de, por ejemplo, los clandestinos y exiliados. Entonces, se consideró necesario aprobar el proyecto de ley y luego comprobar su funcionamiento y resultado, analizarlo y evaluarlo para continuar avanzando en el futuro próximo a los efectos de cubrir todo el universo de uruguayos afectados por el terrorismo de Estado.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: no es mi intención, en esta intervención, dar un pantallazo general sobre el proyecto de ley; ya lo hizo con brillantez la señora Senadora Dalmás y creo que representó con creces a toda la Bancada de Gobierno, más allá de las eventuales intervenciones de otras compañeras y compañeros del Frente Amplio.

Tampoco es mi intención hacer un relato del trabajo y de los hechos que, en el acierto o en el error, han dado como resultado este proyecto que, inclusive, contiene modificaciones que se van a plasmar en el día de mañana. Sin embargo, es justo reconocer que algunos hemos trabajado con más esfuerzo, ya que nos tocó la responsabilidad de sacarlo adelante, y si se demoró, vaya el tirón de orejas para nosotros. Los compañeros Vaillant, Breccia, Lorier, Ríos y Percovich han sido algunos de los puntales en este tema, además de la señora Senadora Dalmás.

Por otra parte, no quiero entrar en los temas particulares que serán discutidos mañana, oportunidad en que seguramente se introducirán modificaciones y será posible pasar en limpio parte del articulado porque, en ese sentido, el trabajo en el Senado siempre es de recibo.

No tengo el propósito, tampoco, de ingresar en la consideración de qué es lo más justo, porque la idea inicial ha sido notoriamente mejorada en un principio de justicia, pero los que trabajamos mucho en ello sabemos que, a veces, lo más justo no es lo más sabio. Hoy puede quedar por el camino un beneficiario, un luchador, sin obtener siquiera un reconocimiento. Por consiguiente, no descarto que en el futuro se puedan incorporar modificaciones al proyecto, ya que es dinámico y habrá que evaluarlo; a ese respecto también se van a incluir algunas de las iniciativas, de modo que hay que buscar un equilibrio entre lo justo y lo sabio. Entendemos que es justo pelear para que más gente que fue perseguida y víctima de daños sea beneficiaria, y también que es sabio que algunos de los que recibieron el mayor daño por parte de la dictadura, puedan ser objeto de las bondades del proyecto y, sobre todo, del reconocimiento moral más que pecuniario, dejando constancia de que, quizás, los más dañados de todos -aquellos que fueron desaparecidos o asesinados- constituyen todavía una asignatura pendiente, no del Gobierno, sino de todos, que en algún momento vamos a tener que atender con el mayor esfuerzo, talento y capacidad.

Me pregunto, señor Presidente -como aporte, naturalmente, menor-, por qué en veinte años una iniciativa de estas no había sido considerada, aunque fuera parcializada, de menor vuelo o más acotada, y no terminó cuajando en el sentido reparatorio que tienen varios de sus artículos y, sobre todo, el artículo 11.

Quiero trasmitir un sentimiento -tal vez sea la idiosincrasia uruguaya- que embarga a muchos de los que han estado, día a día, detrás de este proyecto de ley, que fueron los que recibieron más daños y estuvieron más años presos. A ellos los embarga un conflicto interno, personal, propio, porque fueron -y son- luchadores que pelearon por su causa y eso nada tiene que ver con la reparación. Quiero destacar este aspecto, porque nadie puede reparar las convicciones políticas propias de cada uno, como no se puede reparar a quienes las tenían en el tiempo de la dictadura y, por ello, sufrieron un daño. Muchos de ellos decían: "Pero, ¿qué voy a pedir yo una reparación si el compañero que estaba a mi lado, luchador al igual que yo, quedó por el camino y se convirtió en un desaparecido? ¿Por qué voy a reclamar si yo peleé por mis convicciones?" Fueron pasando los años, señor Presidente, y en el acierto o en el error -creo que muchos en el acierto-, la pelea que dieron con convicción, con principios, por el Uruguay, generó en muchas personas ese conflicto de plantearse por qué iban a exigir algo que mantuvieron en función de lo que creían, si por eso dieron su lucha y recibieron naturalmente las consecuencias de defender sus principios, es decir, aquello en lo que creían.

En definitiva, señor Presidente, considero que este es un paso para trasmitir a la sociedad que todos aquellos a los que estamos reparando fueron verdaderos luchadores, lucharon por sus principios y convicciones; entonces, había que reparar el daño que hizo el Estado, como bien dijo la señora Senadora Dalmás con toda su capacidad. Estamos reparando esta situación en función del daño que provocó el Estado, pero también algunos, en nuestro fuero íntimo -claro que esto no es algo que diga la ley-, lo hacemos porque sabemos que fueron luchadores que se jugaron por sus principios y sus ideas. Esto nos anima mucho más a hacer lo que estamos haciendo.

Naturalmente, somos hombres de este Parlamento y cuidamos los dineros públicos, esos que aporta el conjunto de los uruguayos todos los días a través de los impuestos, por lo que no regalamos nada. Lo que aquí estamos haciendo es reparando un daño, y lo hacemos con la satisfacción íntima de que todos aquellos que van a ser reparados -rei-tero- se jugaron por lo que creían y que esta democracia que hoy vivimos es el resultado de la lucha, del esfuerzo y de la sangre que vertieron muchos de ellos.

Por lo tanto, señor Presidente, más que agregar algo a lo que es la discusión de este proyecto de ley, simplemente quiero levantar mi voz y la de varios compañeros -que me dijeron "Vamos a no demorar más el proyecto y a votarlo ya, por lo menos en general"- para decir que aunque un poco tarde, finalmente esta reparación llega para todos aquellos a los que se les hizo un daño, a los que se jugaron por todo en lo que creían.

Dije -y el señor Presidente me podrá llamar al orden, pero obviamente no me puedo contener- que había otros a quienes se les hizo más daño -por ejemplo, los desaparecidos y quienes fueron asesinados- y que no hemos reparado. Pero la principal reparación o el principal homenaje a los que han sido víctimas de daño, a los que quedaron por el camino y a algunos que han sido presos o exiliados y a quienes luego alguna enfermedad o alguna consecuencia directa del daño sufrido se los llevó, es que en algún momento se haga justicia. Y si el señor Presidente me dice que estoy fuera de tema, pues ¡qué le voy a hacer! En algún momento tendrá que haber justicia porque es ella la que nos dignificará a todos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiéndose agotado la lista de oradores, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Aplausos en la Barra)

- La discusión en particular del proyecto de ley se desarrollará, según lo convenido, en el día de mañana.

24) ACUERDO MARCO DE COMERCIO ENTRE EL MERCOSUR Y EL ESTADO DE ISRAEL, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 8 DE DICIEMBRE DE 2005

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo Marco de Comercio entre el MERCOSUR y el Estado de Israel, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 8 de diciembre de 2005. (Carp. Nº 536/06 - Rep. Nº 282/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 536/06

Rep. Nº 282/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo Marco de Comercio entre el MERCOSUR y el Estado de Israel, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 8 de diciembre de 2005.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 7 de junio de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de

Relaciones Exteriores

Ministerio de

Economía y Finanzas

Ministerio de Industria,

Energía y Minería,

Ministerio de Ganadería,

Agricultura y Pesca.

Montevideo, 13 de marzo de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Comisión Permanente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85 numeral 7 y 168 numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Acuerdo Marco de Comercio entre el MERCOSUR y el Estado de Israel, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 8 de diciembre de 2005.

I. ANTECEDENTES.

En octubre de 2004 el Estado de Israel expresó formalmente su interérs en reiniciar conversaciones exploratorias conducentes a un eventual acuerdo comercial con el MERCOSUR. Este tema fue abordado en la Reunión intra MERCOSUR sobre Relacionamiento Externo realizada en enero de 2005. Luego, en Reunión intra MERCOSUR celebrada en Asunción en marzo de 2005, los socios acordaron tomar una decisión formal en el mes de abril, en el ámbito del Grupo Mercado Común.

Durante la XXVIII Reunión del Consejo Mercado Común (Asunción, 19 y 20 de junio de 2005) se entregó un proyecto de Acuerdo Marco del MERCOSUR al representante del Gobierno del Estado de Israel que participó en la reunión, previa suscripción de un Comunicado Conjunto por el que ambas partes manifestaron su decisión de iniciar negociaciones comerciales.

Durante la Reunión Informal de las Coordinaciones Nacionales de los Socios del MERCOSUR celebrada en Montevideo, en el mes de agosto de 2005, en informaciones, la realización de programas de capacitación y el intercambio de misiones técnicas.

Las Partes Contratantes promoverán la expansión y diversificación recíproca del comercio de servicios, de conformidad con el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios. Asimismo, convienen en cooperar con el propósito de estrechar vínculos entre las organizaciones relevantes en las áreas de la sanidad vegetal y animal, normalización, cali-dad de los alimentos, reconocimiento muto de medidas sanitarias y fitosanitarias, inclusive a través de acuerdos de equivalencia, según los criterios internacionales relevantes.

Las acciones contempladas en el Acuerdo Marco se inscriben en el contexto de una nueva estrategia que representa un verdadero hito en el relacionamiento externo del MERCOSUR, mediante la celebración de convenios que incrementen los valores comerciales regionales con terceros países o bloques, apuntando a relacionarse con socios de interés, estableciendo reglas claras, predecibles y duraderas que permitan estimular el desarrollo del comercio y la inversión recíprocos.

Al expresar su interés en la aprobación del Acuerdo Marco de Comercio entre el MERCOSUR y el Estado de Israel, el Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Comisión Permanente las seguridades de su más alta consideración.

Rodolfo Nin Novoa, en ejercicio de la Presidencia de la República; Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Martín Ponce de León, Ernesto Agazzi.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo Marco de Comercio entre el MERCOSUR y el Estado de Israel, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 8 de diciembre de 2005.

Montevideo, 13 de marzo de 2006.

Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Martín Ponce de León, Ernesto Agazzi.

TEXTO DEL ACUERDO

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay, y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, y el Estado de Israel;

Deseando establecer reglas claras, predecibles y duraderas para estimular el desarrollo del comercio y la inversión recíprocos, por medio de la creación de un Area de Libre Comercio;

Reafirmando sus compromisos para el fortalecimiento de las reglas de comercio internacional, en conformidad con los principios de la Organización Mundial del Comercio;

Reconociendo que los acuerdos de libre comercio contribuyen a la expansión del comercio mundial, a una mayor estabilidad internacional y, en particular, al desarrollo de relaciones más estrechas entre sus pueblos;

Considerando que el proceso de integración económica incluye no solamente una liberación recíproca y gradual del comercio, sino también el establecimiento de una mayor cooperación económica;

ACUERDAN:

ARTICULO 1

A los efectos del presente Acuerdo las Partes Contratantes son el MERCOSUR y el Estado de Israel. Las Partes Signatarias son la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Parauguay, la República Oriental del Uruguay y el Estado de Israel.

ARTICULO 2

El presente Acuerdo Marco tiene por objetivo fortalecer las relaciones entre las Partes Contratantes, promover la expansión del comercio y establecer las condiciones y mecanismos para negociar un Area de Libre Comercio, en conformidad con las reglas y disciplinas de la Organización Mundial del Comercio.

ARTICULO 3

Las Partes Contratantes acuerdan emprender negociaciones periódicas con vistas a la creación de un Area de Libre Comercio, dirigida al incremento del flujo comercial bilateral mediante el otorgamiento de un acceso efectivo a sus respectivos mercados por medio de concesiones mutuas.

ARTICULO 4

Las Partes Contratantes acuerdan constituir un Comité de Negociación. Sus miembros serán por el MERCOSUR: el Grupo Mercado Común o sus representantes, por el Estado de Israel: el Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo o sus representantes. A efectos de cumplir con los obje-

tivos referidos en el Artículo 2, el Comité de Negociación establecerá un cronograma de trabajo para las negociaciones.

El Comité de Negociaciones ser reunirá las veces que las Partes Contratantes acuerden.

ARTICULO 5

El Comité de Negociación servirá como foro para:

a) Intercambiar información sobre los aranceles aplicados por cada Parte Contratante sobre el comercio bilateral y con terceros países, y sobre las respectivas políticas comerciales;

b) Intercambiar informaciones sobre el acceso a mercados, medidas arancelarias y no arancelarias, medidas sanitarias y fitosanitarias, normas y reglamentos técnicos, reglas de origen, régimen de salvaguardia, anti-dumping y derechos compensatorios, regímenes aduaneros especiales y mecanismos de solución de controversias, entre otros;

c) Identificar y proponer medidas para alcanzar los objetivos fijados en el Artículo 3, incluyendo las referidas a facilitación de negocios;

d) Establecer los criterios para la negociación de un Area de Libre Comercio entre el MERCOSUR y el Estado de Israel, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 2;

e) Negociar un Acuerdo para la creación de un Area de Libre Comercio entre el MERCOSUR y el Estado de Israel, con base en los criterios acordados;

f) Cumplir con las demás tareas que las Partes Contratantes determinen.

ARTICULO 6

Con el fin de ampliar el conocimiento mutuo sobre las oportunidades comerciales y de inversiones existentes en ambas, las Partes Contratantes estimularán las actividades de promoción comercial, tales como seminarios, misiones empresariales, ferias, simposios y exposiciones.

ARTICULO 7

Las Partes Contratantes estimularán el desarrollo de acciones conjuntas orientadas a la ejecución de proyectos de cooperación en los sectores agrícola e industrial, entre otros, mediante el intercambio de informaciones, la realización de programas de capacitación y el intercambio de misiones técnicas.

ARTICULO 8

Las Partes Contratantes promoverán la expansión y diversificación del comercio de servicios entre ellas, de la manera que lo determine el Comité de Negociación y en conformidad con el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio.

ARTICULO 9

Las Partes Contratantes acuerdan cooperar para la promoción de relaciones más estrechas entre sus respectivas organizaciones en las áreas de sanidad vegetal y animal; normalización, calidad de los alimentos, reconocimiento mutuo de medidas sanitarias y fitosanitarias, inclusive por medio de acuerdos de equivalencia, en conformidad con los criterios internacionales relevantes.

ARTICULO 10

1. El presente Acuerdo entrará en vigor treinta días después de la última notificación por las Partes Contratantes, por escrito y por la vía diplomática, del cumplimiento de las formalidades legales internas necesarias para tal efecto.

2. Este Acuerdo permanecerá en vigencia por un período de 3 años, renovable automáticamente por un período adicional de 3 años. Cada Parte podrá denunciar el acuerdo en cualquier momento, por notificación escrita a la otra Parte y mediante la vía diplomática. Esta decisión debe ser tomada al menos 30 días antes de la expiración del período de tres años. La denuncia se hará efectiva seis meses después de la fecha de notificación.

ARTICULO 11

1. A los efectos de lo establecido en el Artículo 10.1, el Gobierno de la República del Paraguay será el Depositario para el MERCOSUR del presente Acuerdo.

2. En cumplimiento de las funciones de Depositario previstas en el Artículo 11.1, el Gobierno de la República del Paraguay notificará a los demás Estados Partes del MERCOSUR la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo.

ARTICULO 12

Este Acuerdo podrá ser enmendado con el consentimiento mutuo de las Partes Contratantes, por medio del intercambio de notas por vía diplomática.

HECHO en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, a los 8 días del mes de diciembre de 2005, que se corresponde con el día 7 de Kislev 5766, en dos ejemplares originales en los idiomas español, portugués, inglés y hebreo, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de duda o divergencia en su interpretación, el texto inglés prevalecerá.

(Siguen firmas).

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha sometido para su aprobación el Acuerdo Marco celebrado entre el MECOSUR y el Estado de Israel el día 8 de diciembre de 2005.

1. Consideraciones Previas

El presente Acuerdo se enmarca en la estrategia general que lleva a adelante el MERCOSUR en materia de relacionamiento externo, con el propósito de ampliar su participación comercial en otros mercados potencialmente relevantes para nuestra región.

En efecto, una de las prioridades del MERCOSUR ha sido la celebración de acuerdos que incrementen los vínculos comerciales con otros países y bloques de países, en la medida en que podría beneficiarse de una mayor aproximación de las respectivas economías, mediante la liberalización comercial.

El presente Acuerdo se inscribe en la categoría jurídica de "acuerdo marco", en la medida en que únicamente sienta el objetivo básico del libre intercambio en materia comercial entre las Partes Contratantes, así como los mecanismos y condiciones para su negociación. La regulación específica de dicha liberalización comercial, por tanto, queda sujeta a una negociación posterior.

Una particularidad del presente Acuerdo es haber establecido que las referidas negociaciones estarán dirigidas al establecimiento de una zona de libre comercio en forma directa, esto es sin pasar por una etapa intermedia en la que se adopte un acuerdo de preferencias fijas, como se ha hecho en otros Acuerdos similares celebrados por el MERCOSUR con terceros países (ejemplo: MERCOSUR-India).

Debe comentarse asimismo que el Mensaje del Ejecutivo que acompaña este Acuerdo hace una apropiada referencia al artículo 27 del Tratado de Montevideo (TM80) que instituyó la ALADI, mencionando que constituye la base jurídica del mismo, lo cual compartimos, por lo que corresponderá en consecuencia que este Acuerdo se protocolice en el ámbito de la ALADI, al amparo de la referida disposición.

2. Análisis del texto:

El Preámbulo del Acuerdo pone énfasis en el compromiso de las Partes por el fortalecimiento de las reglas del comercio internacional en conformidad con los principios de la OMC, destacando que la expansión del comercio contribuye a una mayor estabilidad internacional y al desarrollo de relaciones más estrechas entre los pueblos.

El artículo primero del Acuerdo enumera a las Partes Contratantes y Signatarias en una distinción habitual en los acuerdos que firma el MERCOSUR con terceros países.

El artículo segundo establece los objetivos del Acuerdo, dirigidos a expandir el comercio entre las Partes a través de las condiciones y mecanismos para negociar un área de libre comercio. Debe remarcarse que el artículo señala que dichos objetivos deberán alcanzarse de conformidad con las reglas y disciplinas de la Organización Mundial del Comercio, lo que es sin duda necesario para la posterior convalidación de los mismos en el plano multilateral.

El artículo tercero indica el compromiso que asumen las Partes de iniciar las negociaciones con vistas al establecimiento de la referida área de libre comercio.

Para llevar adelante el compromiso señalado y cumplir asimismo con los objetivos y compromisos señalados en los artículos 2 y 3, se acuerda constituir un Comité de Negociación que integran el Grupo Mercado Común, por el MERCOSUR, y representantes de los ministerios de Industria, Comercio y Trabajo, por el Estado de Israel, y que estará encargado de llevar adelante las negociaciones.

Esto supone que en el seno del Comité se intercambiarán informaciones en materia arancelaria, no arancelaria, de acceso a mercados, en materia sanitaria y fitosanitaria, reglas de origen, régimen de salvaguardias, anti-dumping y derechos compensatorios y demás normas de regulación de los mercados, así como la solución de las controversias (artículos 4 y 5).

Asimismo, en el Comité se establecerán los criterios para la negociación del área de libre comercio y, en función de ellos, se negociará el texto del acuerdo para la creación del área de libre comercio.

Los artículos 6 y 7 del Acuerdo, por su parte, establecen el compromiso de las Partes de estimular la realización de actividades conjuntas (seminarios, misiones empresariales, ferias, etc.) tendientes a la promoción comercial, con el fin de ampliar el conocimiento mutuo de las oportunidades comerciales y de inversión existentes, así como a la posibilidad de desarrollar acciones conjuntas en materia de cooperación en los campos agrícola e industrial.

De la misma forma, según reza el artículo 8, el Comité determinará la expansión y diversificación del comercio de servicios previsto entre las Partes, en consonancia con lo que al respecto dispone el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios de la OMC (AGCS).

Por otro lado el artículo 9 promueve un relacionamiento más estrecho entre las Partes en materia de sanidad vegetal y animal y en lo referido a la calidad de los alimentos y medidas sanitarias y fitosanitarias, inclusive a través de acuerdos de equivalencia.

El artículo 10, finalmente, establece la entrada en vigor del Acuerdo, con una fórmula de estilo. Hace luego referencia a su vigencia, mencionando que el Acuerdo se mantendrá en vigor por un plazo de tres años y, a partir de ese momento, se considerará prorrogado automáticamente por un período adicional de tres años a menos que una de las Partes decida no renovarlo (artículo 10.2).

La República Oriental del Paraguay será depositaria del Acuerdo, el que podrá ser enmendado con el consentimiento mutuo de las Partes, por medio del intercambio de notas por vía diplomática.

Por lo expuesto, y por considerarlo de interés para la República, esta Comisión recomienda la aprobación del Acuerdo MERCOSUR-Israel.

Sala de la Comisión, 24 de agosto de 2006.

Sergio Abreu, Miembro Informante, Carlos Baráibar, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, Germán Lezama, Rafael Michelini, Julio María Sanguinetti. Senadores.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA Nº 34

En Montevideo, el día veinticuatro de agosto del año dos mil seis, a la hora diecisiete y cinco minutos se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros los señores Senadores Sergio Abreu, Carlos Baráibar, Luis Alberto Heber, Germán Lezama, Rafael Michelini y Julio María Sanguinetti.

Faltan con aviso los señores Senadores José Korzeniak y Jorge Larrañaga.

Asisten especialmente invitados el señor Embajador de la República ante el Gobierno de la República de Costa Rica don Octavio Brugnini, acompañado por el señor Director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores Ministro Osvaldo González Garderes.

Preside el señor Senador Alberto Couriel, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría el señor Secretario de Comisión Julio Durán, con la colaboración del Oficial II, señor Fabio Rodríguez.

De lo actuado se tomó versión taquigráfica cuya copia dactilográfica luce en el Distribuido Nº 1091/2006 que forma parte integrante de la presente Acta.

Abierto el acto, se pasa a considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.- ASUNTOS ENTRADOS:

1.1.- El señor Presidente de la Comisión informa a los señores Senadores que recibió por nota una solicitud de audiencia del señor Embajador del Estado de Israel Yoel Barnea, con motivo de la confrontación en la frontera norte de ese país con el Líbano, acordándose se coordine la fecha a través de la Presidencia.

1.2.- CARPETA Nº 555/2006.- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE APRUEBA EL ACUERDO DE COOPERACION EN MATERIA DE COMUNICACION ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL. SUSCRITO EL 1º DE ABRIL DE 2005 EN BRASILIA. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 976/2006.

1.3.- CARPETA Nº 562/2006.- MODIFICACIONES AL REGIMEN TRIBUTARIO ESTABLECIDO EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CELEBRADO EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA, EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2003. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1051/2006. 

Se adjudica para su estudio al señor Senador Sergio Abreu.

1.4.- CARPETA Nº 563/2006.- ACUERDO MARCO DE INTERCONEXIÓN ENERGÉTICA ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE BRASILIA, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EL 16 DE MARZO DE 2006. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1052/2006. 

Se adjudica para su estudio al señor Senador Sergio Abreu.

1.5.- CARPETA Nº 573/2006.- ACTA DE RECTIFICACION AL ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA

Nº 60 SUSCRITO ENTRE MEXICO Y URUGUAY EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2003. EXTENDIDA POR LA SECRETARIA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (ALADI), EN MONTEVIDEO, EL 1 DE AGOSTO DE 2005. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Acta de Rectificación ACE MEXICO-URUGUAY. Distribuido Nº 1062/2006. 

Se adjudica para su estudio al señor Senador Sergio Abreu.

1.6.- CARPETA Nº 578/2006. - PROTOCOLO DE ADHESION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA AL MERCOSUR, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE CARACAS, REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, EL 4 DE JULIO DE 2006. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1027/2006. 

1.7.- CARPETA Nº 590/2006.- ACUERDO DE COOPERACION EN MATERIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, INDUSTRIA DEL SOFTWARE, EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y COMUNICACIONES ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, DE 9 DE DICIEMBRE DE 2005. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 1024/2006. 

1.8.- CARPETA Nº 592/2006.- CONVENCION PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL APROBADO EL 17 DE OCTUBRE DE 2003 EN OCASIÓN DE LA 32ª CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto de la Convención. Distribuido Nº 1025/2006. 

ASUNTOS CONSIDERADOS: 

1.- Se recibió al señor Embajador de la República ante el Gobierno de la República de Costa Rica, don Octavio Brugnini, informando sobre los lineamientos de trabajo de esa misión diplomática. 

El señor Presidente de la Comisión una vez culminada la exposición del señor Embajador y las intervenciones de los señores Senadores, expresa que dicha venia ya fue otorgada por el Senado razón por la cual no corresponde someter la misma a votación de la Comisión. 

2.- CARPETA Nº 291/2005.- CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION, SUSCRITA EN MERIDA, MEXICO DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2003. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 410/2005. 

Informa sobre el referido Convenio el señor Senador Michelini. 

3.- CARPETA Nº 536/2006. ACUERDO MARCO DE COMERCIO ENTRE EL MERCOSUR Y EL ESTADO DE ISRAEL, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 8 DE DICIEMBRE DE 2005. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 937/2006.

RESOLUCIONES: 

1.- CARPETA Nº 291/2005.- CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION, SUSCRITA EN MERIDA, MEXICO DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2003. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 410/2005.

Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Rafael Michelini.

2.- CARPETA Nº 536/2006. ACUERDO MARCO DE COMERCIO ENTRE EL MERCOSUR Y EL ESTADO DE ISRAEL, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 8 DE DICIEMBRE DE 2005. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 937/2006.

Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Sergio Abreu.

A la hora dieciocho se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman el señor Presidente y el señor Secretario.

Alberto Couriel Presidente

Julio Durán Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: la Comisión de Asuntos Internacionales nos ha encomendado informar el Acuerdo Marco celebrado entre el MERCOSUR y el Estado de Israel, a fin de definir una estrategia de relacionamiento que pudiera concretarse en una zona de libre comercio. En esta instancia se ha tenido en cuenta la solicitud efectuada por el Estado de Israel en el año 2004…

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa solicita un poco de colaboración a las señoras y señores Senadores para que el Miembro Informante pueda hacer uso de la palabra.

Puede continuar el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: estábamos diciendo que se ha tenido en cuenta la solicitud efectuada por el Estado de Israel en el año 2004 para iniciar una ronda de negociaciones con el MERCOSUR a fin de alcanzar una zona de libre comercio. El 8 de diciembre de 2005 el Poder Ejecutivo somete a aprobación un Acuerdo Marco celebrado especialmente entre el MERCOSUR y el Estado de Israel y que contempla la inquietud referida.

El Acuerdo se inscribe en la categoría jurídica de Acuerdo Marco, es decir, sienta el objetivo básico del libre intercambio en materia comercial.

(Murmullos en la Sala y en la Barra)

SEÑOR RIOS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIOS.- Formulo moción para dar por terminada la sesión y continuar con el tratamiento de este tema en el día de mañana, como primer punto del Orden del Día. Estamos ya muy cerca de la hora de finalización de esta sesión y no nos va a dar el tiempo para terminar de considerarlo hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador Abreu en el día de mañana no estará presente, así que si se anima a continuar informando con este murmullo, tal vez podríamos aprobar este proyecto de ley en el día de hoy.

SEÑOR RÍOS.- Simplemente, aclaro que mi intención era facilitar la tarea del señor Senador, no limitarla.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: este proyecto está informado por escrito, tal como lo hacemos generalmente. De manera que se trata, simplemente, de un Acuerdo Marco, con carácter general, que no presenta mayores complicaciones. Está supeditado a negociaciones posteriores que se realizan a través de una Comisión de Comercio y es de estilo este tipo de relacionamiento para después ingresar en una negociación de carácter más puntual. Entonces, acá se cumplen las normas y requisitos establecidos por la Organización Mundial del Comercio, en particular el artículo 24, y también las disposiciones fijadas para poder seguir adelante.

En consecuencia, para hacer esto más rápido y no entrar en puntualizaciones que podrían ser un tanto excesivas, dada la hora y las circunstancias especiales que, obviamente, comprendemos, daríamos por finalizado el informe.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo Marco de Comercio entre el MERCOSUR y el Estado de Israel, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 8 de diciembre de 2005."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que será remitido al Poder Ejecutivo a los efectos de su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

25) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa consulta al señor Senador Ríos si mantiene su moción de levantamiento de la sesión.

SEÑOR RIOS.- Sí, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se levanta la sesión.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 19 y 54 minutos, presidiendo el señor Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Abreu, Aguirrezabala, Antía, Baráibar, Breccia, Dalmás, Gallinal, Heber, Korzeniak, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Nicolini, Penadés, Percovich, Ríos, Rubio, Saravia, Tajam, Vaillant y Xavier.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sra. Nelly Tavares Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.