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N° 3348 - 5 DE JULIO DE 2006

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

26ª SESIÓN

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES DOCTOR JULIO CARDOZO FERREIRA Presidente

Y RUBÉN MARTÍNEZ HUELMO 1er. Vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR MARTI DALGALARRONDO AÑÓN Y DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO
Y EL PROSECRETARIO DOCTOR GUSTAVO SILVEIRA

 

 

 

 

 

 

 

Texto de la citación

  

  

Montevideo, 4 de julio de 2006.

 

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, mañana miércoles 5, a la hora 16, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

 

1º.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Segundo Período de la XLVI Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución).

 

2º.- Deber de fidelidad mutua entre los cónyuges. (Se dispone que cesará tras sesenta días de separación voluntaria e ininterrumpida). (Carp. 685/005). (Informado). Rep. 510 y Anexo I

 

3º.- Honras fúnebres. (Modificación del artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.458). (Carp. 885/006). (Informado). Rep. 600 y Anexo I

 

4º.- Jubilación por edad avanzada de los afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios. (Se establece la compatibilidad con el goce de otra jubilación o retiro). (Modificaciones de la Cámara de Senadores). (Carp. 177/005). (Informado). Rep. 270 y Anexos I a III

 

5º.- Comisión Nacional de Bioética. (Creación). (Carp. 50/000). (Informado). Rep. 209 y Anexo I

 

6º.- Ciudad de Salto. (Se declara feriado para el departamento de Salto el día 8 de noviembre de 2006, con motivo de conmemorarse los doscientos cincuenta años de su fundación). (Carp. 925/006). (Informado). Rep. 615 y Anexo I

 

7º.- Acuerdo General sobre Cooperación Económica, Comercial, de Inversiones, Científica, Técnica, Cultural, Deportiva y Juventud con el Gobierno del Reino de Arabia Saudita. (Aprobación). (Carp. 921/006). (Informado). Rep. 612 y Anexo I

 

8º.- Primer Protocolo Adicional sobre Solución de Controversias del Acuerdo de Complementación Económica Nº 59. (Aprobación). (Carp. 889/006). (Informado). Rep. 601 y Anexo I

 

9º.- José Alonso y Trelles. (Designación al Liceo de Tala, departamento de Canelones). (Carp. 3839/004). (Informado). Rep. 155 y Anexo I

 

10.- Escribano Diego Carlos Muguruza. (Designación al Liceo Nº 1 de la ciudad de Bella Unión, departamento de Artigas). (Carp. 170/005). (Informado). Rep. 258 y Anexo I

  

 

MARTI DALGALARRONDO AÑÓN     JOSÉ PEDRO MONTERO

S e c r e t a r i o s

 

S U M A R I O

 

 

1.- Asistencias y ausencias

2 y 14.- Asuntos entrados

3 y 5.- Exposiciones escritas

4.- Inasistencias anteriores

MEDIA HORA PREVIA

6.- Solicitud de información sobre los beneficiarios del PANES en el departamento de Paysandú.

— Exposición del señor Representante Doti Genta

7.- Proyectada aplicación del IVA a las cooperativas.

Inclusión de la formación cooperativa en los planes de estudio.

— Exposición de la señora Representante Díaz

8.- Propuesta de Paraguay de declarar el guaraní como una de las lenguas oficiales del MERCOSUR.

— Exposición del señor Representante Martínez Huelmo

9.- Readecuación de los valores de tasación de las viviendas por parte del Banco Hipotecario del Uruguay.

— Exposición del señor Representante Enciso Christiansen

10.- Paralización del proceso de construcción de viviendas en cooperativas gestionadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

— Exposición de la señora Representante Gadea

11.- Necesidad de legislar para lograr la integración plena a la sociedad de las personas con discapacidad.

— Exposición de la señora Representante Payssé

CUESTIONES DE ORDEN

15.- Aplazamiento

13.- Integración de Comisiones

12, 17 y 20.- Integración de la Cámara

12, 17 y 20.- Licencias

21.- Prórroga del término de la sesión

ORDEN DEL DÍA

16 y 18.- Deber de fidelidad mutua entre los cónyuges. (Se dispone que cesará tras sesenta días de separación voluntaria e ininterrumpida).

Antecedentes: Rep. Nº 510, de diciembre de 2005, y Anexo I, de junio de 2006. Carp. Nº 685 de 2005. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Aprobación. Se comunicará al Senado

— Texto del proyecto aprobado

19 y 22.- Honras fúnebres. (Modificación del artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.458).

Antecedentes: Rep. Nº 600, de abril de 2006, y Anexo I, de junio de 2006. Carp. Nº 885 de 2006. Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración.

— Aprobación. Se comunicará al Senado

— Texto del proyecto aprobado

 

1.-      Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Pablo Abdala, Pablo Álvarez López, José Amorín Batlle, Roque Arregui, Alfredo Asti, Manuel María Barreiro, Luis Batalla, Gloria Benítez, Juan José Bentancor, Bertil R. Bentos, Gustavo Bernini, Daniel Bianchi, Julio Bonilla, José Luis Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Sergio Botana, Eduardo Brenta, Diego Cánepa, Rodolfo Caram, Matías Carámbula, Ana Cardozo, Julio Cardozo Ferreira, Federico Casaretto, Alberto Casas, Hebert Clavijo, Beatriz Costa, Mauricio Cusano, Javier Chá, Richard Charamelo, Álvaro Delgado, Elsa Díaz, David Doti Genta, Carlos Enciso Christiansen, Gustavo A. Espinosa, Sandra Etcheverry, Julio César Fernández, Ana Laura Gadea, Luis Galbarini, Luis Gallo Cantera, Luis José Gallo Imperiale, Carlos Gamou, Jorge Gandini, Javier García, Daniel García Pintos, Nora Gauthier, Gustavo Guarino, Tabaré Hackenbruch Legnani (1), Uberfil Hernández, Doreen Javier Ibarra, Pablo Iturralde Viñas, Luis Alberto Lacalle Pou, Fernando Longo Fonsalías, Álvaro F. Lorenzo, Guido Machado, Aurio Madruga, Daniel Mañana, Rubén Martínez Huelmo, Carlos Maseda, Carlos Mazzulo, Jorge Menéndez, Eloísa Moreira, Jorge Mutio, Gonzalo Novales, José Quintín Olano Llano, Jorge Orrico, Edgardo Ortuño, Mary Pacheco, Jorge Pandolfo, Ivonne Passada, Jorge Patrone, Daniela Payssé, Daniel Peña Fernández, Adriana Peña Hernández, Alberto Perdomo Gamarra, Esteban Pérez, Pablo Pérez González, Mario Perrachón, Iván Posada, Jorge Pozzi, Juan A. Roballo, Edgardo Rodríguez, Nelson Rodríguez Servetto, Gustavo Rombys, Luis Rosadilla, Javier Salsamendi, Alberto Scavarelli, Víctor Semproni, Raúl Servetto, Carlos Signorelli, Gustavo Silva, Héctor Tajam, Hermes Toledo Antúnez, Mónica Travieso, Jaime Mario Trobo, Carlos Varela Nestier, Álvaro Vega Llanes y Horacio Yanes.

Con licencia: Washington Abdala, Álvaro Alonso, Miguel Asqueta Sóñora, Juan José Bruno, Germán Cardoso, Nora Castro, Alba Cocco Soto, Roberto Conde, Silvana Charlone, Juan José Domínguez, Rodrigo Goñi Romero, José Carlos Mahía, Gonzalo Mujica, Aníbal Pereyra, Darío Pérez, Enrique Pintado, Jorge Romero Cabrera, Juan C. Souza, Daisy Tourné y Homero Viera.

Faltan con aviso: Beatriz Argimón, Julio Basanta, Heber Duque y Carlos González Álvarez.

Actúa en el Senado: José Carlos Cardoso.

Observaciones:

A la hora 18:20 comenzó licencia, siendo convocado en su lugar el Sr. Heber Duque.

2.-     Asuntos entrados.

"Pliego Nº 110

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes los siguientes proyectos de ley, remitidos con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo:

por el que se crea la Unidad Nacional de Seguridad Vial y se determinan sus objetivos y competencias. C/1080/006

por el que se regulan las normas de tránsito en el territorio nacional. C/1081/006

-    A la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas

COMUNICACIONES GENERALES

La Sociedad de Medicina Veterinaria del Uruguay remite el informe denominado "Consideraciones sobre la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis". C/26/005

-    A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Salud Pública contesta los siguientes asuntos:

-    A sus antecedentes".

3.-     Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 31)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Gonzalo Novales solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

——Se votarán oportunamente.

4.-      Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias a las Comisiones:

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Martes 4 de julio

GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Con aviso: Aníbal Pereyra y Rodrigo Goñi Romero.

TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

Con aviso: Juan José Domínguez.

PRESUPUESTOS integrada con la de ASUNTOS INTERNOS

Con aviso: Sandra Etcheverry".

5.-     Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Treinta y uno en treinta y tres: AFIRMATIVA.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Gonzalo Novales al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio a la Contaduría General de la Nación, sobre la conveniencia de descentralizar la firma de contratos de arrendamiento garantizados por el Servicio de Garantía de Alquileres dependiente de ese Organismo.

"Montevideo, 5 de julio de 2006. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Julio Cardozo Ferreira. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas y, por su intermedio, a la Contaduría General de la Nación. Nos hacemos eco de las inquietudes de un grupo de ciudadanos, referentes a solicitar la ampliación y/o la flexibilización de los mecanismos de firma de contrato, de manera de acercar a toda la población y a todo el territorio nacional, la garantía en materia de alquileres que se brinda por medio de la Contaduría General de la Nación. Como es de conocimiento, el acceso a la vivienda, tanto sea para arrendar como para comprar, es uno de los graves problemas que aquejan a nuestra sociedad de hoy. Con referencia al arrendamiento y, de acuerdo a consultas realizadas a personas vinculadas al ramo, las exigencias, al momento de la firma de un contrato de arrendamiento, son cada vez mayores y, dentro de esas mayores exigencias, el punto más destacable es la garantía de los contratos de alquiler. En nuestro país, en lo referente a las garantías, contamos con el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación. Sin lugar a dudas, el servicio de garantía que se proporciona por medio de esa unidad estatal es por demás beneficioso para todos los actores de la relación contractual y cumple un rol netamente social. Por un lado, está el propietario, quien se asegura el cobro de los alquileres, y por el otro el inquilino, hoy en día necesariamente funcionario público o pasivo, que sin necesidad de realizar un depósito en garantía, cuenta con la Contaduría General de la Nación como garante de su arrendamiento y, finalmente tenemos a la Contaduría General de la Nación que, por el servicio, cobra un 3% del precio del arrendamiento a cada parte de la relación contractual. En la actualidad, el 22% de los contratos de alquiler en el país se realizan a través de dicho Servicio de Garantía de Alquileres. Hoy en día, consideramos que el mecanismo funciona eficientemente pero, debemos circunscribir ese concepto sólo a la ciudad de Montevideo dado que, si bien la garantía de alquileres tiene alcance nacional, para la población del interior el acceder a ese servicio se torna muy complejo dado que siempre, para la firma del contrato, el arrendador y el arrendatario deben trasladarse a la capital del país. La descentralización de servicios como el que estamos mencionando es imperiosa, o acaso los uruguayos del interior deben ser privados de ese servicio por el hecho de no vivir en la capital. Consideramos que esa situación puede ser fácilmente revertida, máxime en un país como el nuestro, donde las distancias a recorrer son de pocos kilómetros. La Contaduría General de la Nación, en aplicación del principio de igualdad constitucionalmente establecido, debería instrumentar los mecanismos necesarios para brindar el servicio de una manera igualitaria a todos los habitantes del país, para lo que debería tomar como punto de referencia, tanto para la firma del contrato, como para cualquier otro trámite previo o posterior, el lugar de ubicación del inmueble objeto del contrato de arrendamiento. Una opción que entendemos propicia podría ser la instrumentación de un convenio con las diferentes Intendencias Municipales y/o la fijación de un día en el mes para la firma de los contratos en los diferentes departamentos para lo cual, un escribano público, dependiente de la Contaduría General de la Nación, se trasladaría a cada departamento. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GONZALO NOVALES, Representante por Soriano".

2) Exposición del señor Representante Gonzalo Novales a los Ministerios de Desarrollo Social; de Salud Pública y de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionada con la necesidad de proporcionar supergás y gasoil para el Hogar de Ancianos "Doctor Ricardo J. Braceras", de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano.

"Montevideo, 5 de julio de 2006. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor Julio Cardozo Ferreira. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Desarrollo Social; al Ministerio de Salud Pública; y al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP), relativa a la imperiosa necesidad de colaboración con gas y gasoil que tiene el Hogar de Ancianos Mercedes para su adecuado funcionamiento. El Hogar de Ancianos Mercedes, Dr. Ricardo J. Braceras, asociación privada con personería jurídica y sin fines de lucro, cuyo cometido específico es brindar ayuda y protección a personas de la tercera edad sin recursos -sin nadie que atienda sus prioridades y preferencias, padeciendo carencias y soledad- atraviesa una situación económica apremiante que es necesario atender. El desequilibrio económico en el presupuesto lo provocó el uso de la caldera a gasoil para calefaccionar el Hogar durante el invierno; rubro que era cubierto con donaciones de combustible. Por ejemplo, se contaba con donaciones por parte de ANCAP de 65 kilogramos de gas y de 100 litros mensuales de gasoil, que se hacían efectivas cada seis meses. Es vital, para dicha organización, continuar como hasta el año pasado, recibiendo ese aporte y, por supuesto, si fuera posible, incrementarlo para poder proseguir con su tarea humanitaria. Saludo al señor Presidente muy atentamente. GONZALO NOVALES, Representante por Soriano".

MEDIA HORA PREVIA

6.-     Solicitud de información sobre los beneficiarios del PANES en el departamento de Paysandú.

——Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Doti Genta.

SEÑOR DOTI GENTA.- Señor Presidente: hace aproximadamente un año se otorgó a miles de uruguayos el subsidio denominado PANES, a través del Ministerio de Desarrollo Social.

Se puso en marcha un Plan de Emergencia -lo digo con todo respeto- sin haber estado preparado previamente, a pesar de haberse anunciado en 1999 y de que tuvimos que aprobar cuatro leyes para que eso comenzara a funcionar. Esto llevó a la existencia de ciertas situaciones -parto de la base de que fue sin intencionalidad; personalmente, considero que cuando se hace un pago a un ciudadano, aunque esté por debajo de la línea de pobreza, primero hay que solicitar el trabajo para después pagar- que provocan quejas, denuncias, descontento, decepción en quienes, trabajando ocho horas, hoy ganan poco más que lo asignado por ese subsidio.

Nosotros, como todos los legisladores aquí presentes -y también los que no están-, por suerte recorremos el interior de nuestros departamentos, en nuestro caso Paysandú. Desde el año pasado, de parte de pobladores de distintas localidades -del norte, del sur, del este del departamento; por citar algunas, Bella Vista, San Mauricio, Parada Daymán, Cerro Chato, Puntas del Urucayupí, Porvenir, Esperanza-, hemos recibido planteamientos respecto a que no fueron visitados con ese motivo, que fueron visitados pero que no se encontraban en su domicilio por no haber sido previamente avisados, o que fueron visitados pero no obtuvieron respuesta, ya sea por la positiva o por la negativa.

También nos han expresado -no digamos aquellos potenciales beneficiarios, sino las comunidades de esas localidades- su preocupación al ver que asignan el subsidio a personas que no cumplen con las exigencias y formalidades solicitadas. Esto nos preocupa por lo que dijimos al principio: desde 1999 se viene hablando del Plan de Emergencia.

Se podrá decir que hay miles de uruguayos beneficiados por este plan, pero creemos que el tema no pasa por ahí, sino por que las oficinas departamentales, como la de Paysandú -aquí va nuestra solicitud en estos cinco minutos; nosotros no podemos hacer un pedido de informes-, a través del Ministerio, nos hagan llegar un listado con todos los beneficiarios del departamento y, si es posible, discriminados por localidad.

Lógicamente, estamos a la orden de la oficina departamental, porque en determinado momento le hicimos llegar este tipo de inquietudes y no hemos obtenido respuesta. Además, nos han dicho -hace dos o tres meses dieron esa respuesta a nuestro petitorio- que las listas de los beneficiarios iban a ser enviadas a cada una de las ocho Juntas Locales del departamento.

(Murmullos.- Campana de orden)

——Esta es una manera de que las Juntas Locales puedan tener en cuenta y visualizar quiénes son los beneficiarios. No decimos que vamos a denunciar -la palabra suena fea, suena mal, nos trae reminiscencias del pasado- que determinadas personas, que nosotros conocemos, no deberían ser pasibles del beneficio de este plan, destinado a quienes están por debajo de la línea de pobreza. Por lo tanto, podemos hablar de este tema, que es muy sensible y que trata de ayudar a un vasto sector de la sociedad respecto al cual somos conscientes de que está en una situación muy difícil.

No podemos exigir que en un año se llegue a la solución de todos los problemas y de los eventuales equívocos; no obstante, si en la medida de lo posible el Ministerio o la oficina departamental nos hicieran llegar esos listados, podríamos ayudar a corregir esos desvíos que vemos que están ocurriendo.

Esa es la inquietud que queremos expresar en estos cinco minutos que nos corresponden, sabiendo que hay otros temas que, cuando se habla del PANES, sensibilizan a otros sectores de la sociedad. En el día de ayer, en este ámbito, se hizo una pequeña puesta en escena por las pasividades y por los funcionarios públicos.

Lógicamente, este tema hay que encararlo con la seriedad que la señora Ministra, sus asesores y las oficinas departamentales lo están haciendo, pero en la medida en que podamos ser más justos al otorgar estos subsidios, vamos a lograr que no sea tanto el descontento de la gente -como decía al principio, hay quienes, trabajando ocho horas, hoy ganan poco más de esos $ 1.400 que genera el PANES- y podríamos aquietar las aguas en un país que de un tiempo a esta parte se ha enfrentado a una conflictividad como se ha dado en otras épocas. Este Gobierno, en particular, apuntaba a solucionar situaciones económicas y sociales provenientes de períodos de Gobierno anteriores, pero no han podido ser resueltas.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la señora Ministra de Desarrollo Social, a la Oficina Departamental del MIDES de Paysandú y a la Intendencia Municipal y la Junta Departamental de Paysandú.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y ocho en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA.

7.-      Proyectada aplicación del IVA a las cooperativas.

Inclusión de la formación cooperativa en los planes de estudio.

Tiene la palabra la señora Diputada Díaz.

SEÑORA DÍAZ.- Señor Presidente: hoy nos queremos referir a un tema que tiene que ver con organizaciones para el desarrollo, organizaciones que están conviviendo en nuestra sociedad -aunque tal vez no las percibamos- y que tienen un efecto muy importante, sobre todo para la población de más bajos recursos de nuestro país y de nuestro departamento. Nos estamos refiriendo a las cooperativas.

El movimiento cooperativo -todos lo debemos conocer- está insertado en el mundo y está directamente vinculado al desarrollo de los países y de las comunidades. Muchos sucesos de salida de crisis económicas, en distintas épocas, están vinculados a esta organización humana en la que se compenetran la solidaridad y el apoyo para salir de los problemas que se presentan. Uruguay no escapa a eso y tiene una riquísima historia en este movimiento que todos conocemos y que en este momento está indudablemente en una situación de baja, por no decir de crisis.

Está comprobado que, salvo por la equivocación humana, la organización cooperativa y los principios que hacen a este modo de vida tan peculiar llevan siempre al éxito.

Nosotros queremos referirnos en especial a alguna experiencia que se está realizando en nuestro departamento de Maldonado -seguramente, también en otros lugares del país-, vinculada a la economía de uruguayos con muy pocos o bajos ingresos, con dificultades económicas, y que no encuentran respuestas en el sistema financiero de alto nivel.

En ese sentido, hace aproximadamente unos veinte años, en la reinserción en la democracia, en Maldonado aparece este movimiento vinculado a empresas económicas. Me estoy refiriendo a cooperativas de ahorro y crédito que surgen de un componente asalariado vinculado directamente con el Gobierno Municipal, es decir, los empleados municipales.

Esta experiencia se desarrolla con éxito y ayuda de gran manera a ese funcionario en su necesidad de acceder a un crédito financiero con un plazo y un interés adecuados. Ese funcionario se integra a una empresa en la que el dueño no es el otro, sino él mismo. Ese bajo interés está complementado, aparte, por un retorno de utilidades cuando finaliza el ejercicio, lo que hace que esta cooperativa crezca muy rápidamente.

Vinculada a esta cooperativa, en la localidad se integra otro núcleo de funcionarios públicos con bajos ingresos -como somos los maestros y los profesores- y se crea otra cooperativa en la que sus socios son docentes de Primaria, Secundaria o UTU, o funcionarios vinculados directamente con la enseñanza, bajo la misma modalidad y a espejo de esta otra cooperativa.

Durante estos veinte años, estos dos grupos de ciudadanos del departamento han visto, entonces, facilitada su vida cotidiana y sus necesidades -para quien las pueda ver desde afuera son mínimas, pero para ellos y sus familias son muy importantes-, al haber encontrado una gran solución.

Pero esto no termina aquí. Dieciocho años después, en nuestra ciudad de Maldonado hay un movimiento cooperativo interno de siete cooperativas en distintos rubros: salud, pequeños empresarios, amigos, gente vinculada a la salud privada.

En ese sentido, se está moviendo la economía departamental en alrededor de quince mil personas. Haciendo referencia a esto, quiero puntualizar que mi pedido especial va dirigido, primero, a la preocupación que genera el hecho de que en la reforma tributaria aparezca un capítulo en el que se incluye el IVA a las cooperativas. Si eso sucediera en las cooperativas de ahorro y crédito -de este minicrédito-, el impuesto sería derivado al préstamo que se hace al socio, encareciéndose el crédito, lo que dificultaría aún más la debilitada economía de estos sectores tan débiles de nuestra sociedad.

Por lo tanto, nosotros pedimos que se haga un tratamiento especial en este capítulo que incorpora el IVA a estos movimientos financieros internos de las cooperativas.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Lo otro que queríamos solicitar es que esta educación y esta formación cooperativa que, tal como está comprobado en nuestro país y en el mundo, ayudan a las sociedades a salir adelante y desarrollarse, fueran incorporadas a los planes de estudio de formación docente y a todos los subsistemas educativos, llámese Primaria, Secundaria o UTU, realmente como una cadena progresiva y programática que logre que los ciudadanos, al adquirir la mayoría de edad, tengan una formación que les permita elegir una vida mucho mejor en ayuda mutua con los demás ciudadanos a los que les toque vivir en la comunidad.

Expuesto esto, señor Presidente, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Economía y Finanzas, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al CODICEN, a la Comisión de Legislación del Trabajo y a la Comisión de Hacienda.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco en cuarenta y nueve: AFIRMATIVA.

8.-      Propuesta de Paraguay de declarar el guaraní como una de las lenguas oficiales del MERCOSUR.

Tiene la palabra el señor Diputado Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor Presidente: próximamente nuestro país habrá de ratificar la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada en octubre de 2003 por la Conferencia General de la UNESCO.

El patrimonio inmaterial es la base de la identidad y la diversidad cultural de infinidad de comunidades y naciones. Por lo tanto, al poseer valores constitutivos y definitorios de todos ellos, adquieren en nuestro mundo contemporáneo un valor fundamental como manifestación existencial de los pueblos.

La citada Convención tiene como objetivos básicos la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, el respeto a él y la sensibilización en el plano local, nacional e internacional acerca de la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco. También se establece en ella que el patrimonio cultural inmaterial se manifiesta en particular en las tradiciones orales, incluido el idioma como vehículo, entre otros importantes aspectos.

Por salvaguardia se entiende, según la citada Convención, toda medida encaminada a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial en cuestión, en el terreno de la investigación, preservación, protección, valorización, trasmisión en la enseñanza formal y no formal, etcétera.

Por otra parte, en la actualidad, nuestro MERCOSUR asiste a una reivindicación lingüística que encaja totalmente en los objetivos que inspiran la Convención de la UNESCO que hemos traído a colación. Me refiero a múltiples planteos que surgen desde Paraguay en cuanto a declarar al guaraní lengua oficial del MERCOSUR, además del español y el portugués. Desde esta banca del Parlamento de la República Oriental del Uruguay nos queremos sumar a la mencionada reivindicación cultural, que no solo atañe al querido Paraguay, sino al resto de los países miembros del MERCOSUR.

Sabido es que el guaraní es hablado por más del 90% de los paraguayos, debiéndose sumar a ello grandes comunidades indígenas de Bolivia y Brasil, y una numerosa población argentina, en virtud de que es la segunda lengua oficial de la provincia de Corrientes.

Es obvio que el aporte de esta lengua a la toponimia de América del Sur es de un valor cultural e histórico incalculable e intransferible. Basta con recordar que el propio nombre de la República Oriental del Uruguay es una voz guaraní.

La reivindicación del guaraní conlleva el reconocimiento de la diversidad étnica y lingüística de la región y de nuestra América Latina. Se trata de un acto de dignidad y de recomposición cultural y social, impulsado de manera democrática y participativa por los pueblos de la región. Esa es la razón que ha inspirado al Presidente de Bolivia, Evo Morales, a decretar la obligación de que todos los funcionarios públicos bolivianos sepan o estén consustanciados al menos con uno de los tres idiomas nacionales de Bolivia: el guaraní, el quechua y el aymara.

Desde el momento en que hubo presencia europea en la región, el guaraní fue usado como lengua puente de comunicación entre los diferentes pueblos regionales. Curiosamente, en el siglo XVI, las autoridades coloniales prohibieron su uso por primera vez. Aquellos decretos no lograron detener el uso del guaraní como lengua de los pueblos de estas regiones. Alcanzaría con consignar que el guaraní era la segunda lengua más hablada en el Buenos Aires de los siglos XVII y XVIII, y mucho más aún: la Proclama de la Junta de 1816, tan cara a la historia argentina, fue redactada en español, en quechua, en aymara y en guaraní.

En otro absurdo histórico, luego de la Guerra de la Triple Alianza, el Gobierno paraguayo de posguerra decretó nuevamente que en las escuelas se prohibiera el uso del guaraní. Las clases dominantes, inmersas y tributarias del pensamiento europeizado, veían como un barbarismo el uso de esta lengua ancestral americana. Pero también por medio de la proscripción idiomática pretendieron segregar social, cultural y políticamente a los pueblos guaraniparlantes. Fue la vitalidad de los pueblos, la fuerza de su enorme tradición, lo que mantuvo su vigencia y trajo hasta el siglo XXI a esta antigua lengua americana.

Hoy soplan mejores vientos para el guaraní. Paraguay lo ha declarado lengua oficial desde 1992. Se ha dicho que esta lengua, con su música y su poesía, es la gran contribución paraguaya a la diversidad cultural de la humanidad. Pensamos que, sin mengua de ello, todos los países de la región, y del MERCOSUR en especial, estamos involucrados en hacer del guaraní un blasón de la identidad cultural de América del Sur.

Es por lo expuesto que apoyamos fervorosamente la propuesta de declarar al guaraní como lengua oficial del MERCOSUR, lo que sería un acto de estricta justicia histórica y de equidad social y cultural del bloque.

Solicitamos que la versión taquigráfica de esta exposición sea remitida a la Presidencia de la República; al Ministerio de Relaciones Exteriores; al Ministerio de Educación y Cultura; a cada una de las Secciones Nacionales del MERCOSUR que integran la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR; a las Embajadas de Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y Perú; a la ALADI; a la UNESCO, y al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, de Asunción del Paraguay.

Es cuanto tenía que manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cincuenta y dos por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

9.-     Readecuación de los valores de tasación de las viviendas por parte del Banco Hipotecario del Uruguay.

Tiene la palabra el señor Diputado Enciso Christiansen.

SEÑOR ENCISO CHRISTIANSEN.- Señor Presidente: según informaciones brindadas a la prensa a principios de este año por el señor Director Walter Morodo, la morosidad en las cuentas del Banco Hipotecario del Uruguay supera el 55% del total de los créditos sociales. Algunos medios informativos han expresado que el porcentaje de morosidad alcanza el 70% a nivel nacional.

Se ha reclamado en reiteradas ocasiones la retasación de las viviendas, en el entendido -que compartimos- de que en muchísimas situaciones el Banco maneja valores de tasación alejados de la realidad del mercado inmobiliario. Asimismo, el desfase producido entre el valor de la unidad reajustable y los ingresos del núcleo familiar de los deudores agrava la situación de morosidad, alejando el tan anhelado sueño de muchos uruguayos de solucionar su problema de vivienda.

No podemos olvidar que el Banco Hipotecario del Uruguay tiene un cometido social; no es una mera institución de intermediación financiera.

Hemos escuchado decir varias veces que una retasación de las viviendas llevaría a la pérdida de patrimonio del Banco, pero, mientras tanto, tenemos números ficticios, activos que no existen, en la medida en que los valores que considera la institución no responden a la realidad y, en definitiva, la garantía hipotecaria no es tal. La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) ha denunciado que existen múltiples casos en que se ha pagado hasta dos veces el préstamo original. Nos consta, además, que esta situación se plantea también en los casos de las cooperativas de vivienda de propietarios y en el sistema público de viviendas.

La acumulación de intereses por cuotas impagas solo acrecienta deudas difícilmente cancelables, mientras que la vivienda que sirve de garantía al préstamo concedido por el Banco no llega a garantizar, de acuerdo con su valor de mercado, la abultada deuda.

En nuestro departamento, en Florida, la situación de morosidad, si bien se encuentra dentro de las cifras que se manejan a nivel nacional, crea situaciones realmente difíciles, con familias endeudadas por montos que superan ampliamente el valor total de un inmueble similar al hipotecado. Hay familias que deben pagar cuotas muy altas, más altas que el precio de un alquiler de una vivienda similar. En definitiva, no obtienen su vivienda, sino que únicamente se endeudan por valores exorbitantes, para finalmente saber que van a perder su casa y el dinero que pagaron por sus cuotas mientras pudieron hacerlo. En definitiva, pierde el cliente, que no accede a su vivienda, que solo se endeuda, y pierde el Banco, que por no establecer montos adecuados de las cuotas no percibe ingresos mes a mes ni cumple su fin social.

Muchas veces, la imposibilidad de afrontar la deuda lleva a que las viviendas hipotecadas sean subastadas por el Banco, con bases de remate también inaccesibles para la mayoría de los uruguayos que desean solucionar sus problemas de vivienda.

Según la Carta Orgánica del Banco, si en la subasta no hay interesados deberá procederse a un nuevo remate. Si en esta segunda oportunidad tampoco hay oferentes, la vivienda se adjudica a la institución, y otra vez recomienza ese ciclo -círculo vicioso-, en base a cifras inadecuadas, porque el Banco sigue manejando el valor de tasación que determinó antes el remate del bien. La vivienda tendrá luego, muy probablemente, un nuevo adjudicatario moroso, que no cumplirá por no poder hacerlo. El Banco, entonces, no satisface la deuda original ni cumple su fin social. Por el contrario, una readecuación de la deuda y, por consiguiente, de las cuotas, determinaría una baja de la morosidad y brindaría a muchas familias uruguayas una solución a su problema habitacional. Entonces, sería más razonable considerar, antes que el remate por incumplimiento, una reestructuración de la deuda, una forma de pago que, por un lado, sea accesible para el deudor y, por otro, tenga relación con el valor del bien, asegurando así que el Banco Hipotecario reciba mes a mes, por pago de hipoteca, sumas adecuadas según el dinero prestado.

Por otra parte, la transferencia de activos al Ministerio de Economía y Finanzas, en un sistema de fideicomiso que alcanza a las cooperativas de vivienda, es un tema muy preocupante. Implica un cambio de acreedor, una novación inconsulta, puesto que la contraparte, o sea el deudor, no tiene ninguna posibilidad de actuar en esa transferencia, de ser considerado a efectos de lograr una solución al endeudamiento, de plantear soluciones alternativas.

En definitiva, entendemos que el Banco Hipotecario debe proceder a estudiar los valores de tasación de las viviendas, readecuar las deudas y establecer cuotas para el pago de las hipotecas que respondan a las reales posibilidades de pago de los deudores.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay; al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; al Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Junta Departamental de Florida.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

10.-     Paralización del proceso de construcción de viviendas en cooperativas gestionadas por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Tiene la palabra la señora Diputada Gadea.

SEÑORA GADEA.- Señor Presidente: a pedido de muchos vecinos de Durazno y Florida, en el día de hoy me voy a referir a un tema que sabemos que es una problemática nacional.

La falta de soluciones habitacionales para las familias de escasos recursos ha determinado, a efectos de paliar las necesidades de ese segmento de la población, la formación de muchos grupos de cooperativas de viviendas bajo el asesoramiento profesional de institutos técnicos regulados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Estos institutos fueron creados para asesorar a los grupos interesados, a través de distintos profesionales, tales como asistentes sociales, psicólogos y arquitectos, y administrar todo el proyecto, desde su génesis hasta su culminación.

En predios que las cooperativas adquieren se han proyectado núcleos básicos mejorados, que tienen la posibilidad de ser ampliados en el futuro.

Nos parece que esta es una modalidad que soluciona en muy corto plazo la problemática de gran cantidad de familias. Sin embargo, y pese a que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente dispone de los fondos presupuestales para los núcleos que ya ha aprobado, se han generado dos situaciones diferentes. Una de ellas es la de los núcleos iniciados en el período de Gobierno pasado, que tuvieron varias "impasses", llegando hasta siete meses de espera, porque no se recibían las partidas del Ministerio. Si bien hoy la situación casi se ha normalizado, esto generó un sinfín de contratiempos. La otra situación es la de los núcleos cuyo proyecto ya está aprobado, lo que ha costado varios años de tramitación. Inclusive, en algunos casos el Ministerio ha pagado el anticipo correspondiente y, paradójicamente, aún no ha permitido comenzar con las obras. Tampoco se ha acordado una fecha para la entrega del grueso de los fondos con los que estas cooperativas efectúan las compras de materiales. Estamos hablando de cooperativas que ya han adquirido predios -o estos han sido donados por organismos del Estado uruguayo- y cuyos proyectos ya han sido aprobados, por lo que ya tienen el camino allanado.

Ya ha transcurrido más de un año desde que los proyectos se han paralizado y ni los institutos ni las comisiones directivas de estas cooperativas encuentran una respuesta a esta situación.

Y este problema central ha generado otro accesorio, que es la paulatina desfinanciación de los institutos técnicos, que se han visto forzados a enviar al seguro de paro y a despedir a sus funcionarios administrativos, pasando muchas veces a operar en domicilios particulares por no poder afrontar los costos operativos normales.

Además, la construcción de viviendas genera puestos de trabajo genuinos, y nuestro país necesita que todas las puertas de reducción del desempleo se encuentren abiertas.

Adicionalmente, el movimiento comercial que genera en las distintas ciudades la construcción de estos núcleos favorece al comercio departamental. En conclusión, no solo hablamos de decenas de familias que necesitan contar con un hogar propio, sino de muchísima mano de obra que, directa o indirectamente, se ve perjudicada.

Sería deseable que se encarara esta situación, porque la solución es una decisión que, a mi entender, es netamente de política administrativa.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a todas las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales, y a los Institutos de Asistencia Técnica registrados hasta el presente.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

11.-     Necesidad de legislar para lograr la integración plena a la sociedad de las personas con discapacidad.

Tiene la palabra la señora Diputada Payssé.

SEÑORA PAYSSÉ.- Señor Presidente: si bien se dice que discapacitada es toda persona que padezca una alteración funcional permanente, lo que implica desventajas para su integración familiar, social, educativa y laboral, esto no significa que dicha persona no tenga capacidades para integrar la sociedad, sino todo lo contrario. Todos los seres humanos tenemos capacidades, aunque a veces no sean valoradas ni reconocidas por el propio individuo discapacitado ni por su entorno.

En el año 1989 se aprobó la Ley Nº 16.095, de equiparación de oportunidades para las personas discapacitadas. En dicha ley se menciona la rehabilitación como integral, caracterizada por la aplicación coordinada de un conjunto de medidas médicas, sociales, educativas y laborales para hacer posible la capacitación y la integración social, así como para tomar acciones que tiendan a eliminar las desventajas del medio a fin de lograr el desarrollo pleno.

En ese sentido, señor Presidente, el 7 de junio pasado se dieron dos acontecimientos casi simultáneos en este Parlamento. Por un lado, la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara recibió a una delegación de madres de niños y niñas con síndrome de Down. Ellas venían a exponer su preocupación por la interpretación que se da, en su aplicación, al artículo 34 de la Ley Nº 16.095, que refiere a la integración de los niños discapacitados a la escuela común, ya que se deja librada a la buena voluntad de la escuela la decisión de permitir o no la integración. Esta situación se complica aún más desde que se cerraron los cursos de especialización de maestros para discapacitados, por lo que tampoco hay maestros preparados para atender a estos chicos. Entonces, creo que es de recibo la preocupación de estos padres, y este Parlamento deberá abocarse a trabajar en el tema.

Por otro lado, ese mismo día, unas horas más tarde, en esta Cámara se aprobó el proyecto de ley por el que se modifican los conceptos utilizados en los textos normativos para referirse a las personas con discapacidad y, a través de su artículo 42, se dictan normas para el ingreso a la función pública. En esta ley se procura volver al espíritu original de ese artículo, que es la equiparación de oportunidades para los discapacitados, ya que por medio de diferentes leyes posteriores se había ido desvirtuando la intención original.

Por eso creo que ese día marca el inicio de un camino que este Parlamento debe recorrer en ese tema. Trabajar para mejorar la legislación sobre la discapacidad es trabajar sobre el crecimiento de una sociedad que pretende ser justa y solidaria. Trabajar sobre la discapacidad y la integración al mercado laboral de quienes la padecen es buscar la equidad en las condiciones laborales. El trabajo es la herramienta que permite al discapacitado alcanzar la independencia, la realización personal y la integración social y económica. El trabajo facilita el pasaje de una concepción pasiva -pensiones, asignaciones, pase libre- a una concepción activa, para que la persona con discapacidad forme parte de la sociedad en que vive. Pero también debemos legislar para que se pueda integrar en la educación, para que tenga la oportunidad de capacitarse y estar preparada para integrarse al mercado laboral. Debemos trabajar sobre la imagen cultural que se tiene de los discapacitados, sobre los preconceptos, los prejuicios y los temores que giran a su alrededor, y así llegar a su integración real a la sociedad.

Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Comisión Nacional Honoraria para el Discapacitado, al Plenario Nacional de Discapacitados, a la Asociación Down, al CODICEN, al Consejo de Educación Primaria, al PROCLADIS -que es el Programa de Capacitación Laboral para Discapacitados-, a la Dirección Nacional de Empleo y a las Comisiones de Discapacidad de las Intendencias que las tengan.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

Ha finalizado la media hora previa.

12.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes solicitudes de licencia:

Del señor Representante Carlos Mazzulo, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 11 y 12 de julio de 2006, convocándose al suplente siguiente, señor Jorge Mazzulo Gaitán.

Del señor Representante Miguel Asqueta, en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, literal D) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para participar de la toma de posesión de los Ediles en varias Juntas Locales del departamento de Colonia, por el período comprendido entre los días 5 y 6 de julio de 2006, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Julio Basanta.

Del señor Representante Daniel Peña, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para participar de la Reunión de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR y del Seminario "El Cooperativismo y la Integración Latinoamericana: MERCOSUR y los Países Andinos", a desarrollarse en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por el período comprendido entre los días 9 y 17 de julio de 2006, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Mario Pérez.

Del señor Representante Gustavo Espinosa, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para participar de la Reunión de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR y del Seminario "El Cooperativismo y la Integración Latinoamericana: MERCOSUR y los Países Andinos", a desarrollarse en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por el período comprendido entre los días 6 y 14 de julio de 2006, convocándose a la suplente correspondiente siguiente, señora Ana de Armas".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta en cincuenta y uno: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 4 de julio de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

El que suscribe Carlos Antonio Mazzulo Gaitán, ante usted se presenta y solicita, dos días de su licencia anual reglamentaria, que usufructuará durante los días 11 y 12 de julio del corriente, adjuntando a la presente la renuncia del suplente, Esc. Atilio Jorge Grezzi Listur, solicitandole asimismo, la convocatoria del segundo suplente Dr. Jorge Mazzulo Gaitán.

Sin otro particular le saluda a usted muy atentamente.

CARLOS MAZZULO
Representante por Flores".

 

"Trinidad, 4 de julio de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

Quien suscribe, Atilio Jorge Grezzi Listur en mi carácter de suplente del Diputado Nacional Sr. Carlos Antonio Mazzulo Gaitán hago saber a usted por la presente que me es imposible asumir dicho cargo durante la suplencia motivada por su pedido de licencia los días 11 y 12 de julio de 2006.

Saluda a usted muy atentamente.

Atilio Grezzi".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Flores, Carlos Mazzulo Gaitán.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 11 y 12 de julio de 2006.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Atilio Jorge Grezzi.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 11 y 12 de julio de 2006, al señor Representante por el departamento de Flores, Carlos Mazzulo Gaitán.

2) Acéptase la negativa presentada, por esta única vez, por el suplente siguiente señor Atilio Jorge Grezzi.

3) Convóquese por Secretaría, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 12 del Lema Partido Nacional, señor Jorge Mazzulo.

Sala de la Comisión, 5 de julio de 2006.

VÍCTOR SEMPRONI, ALBERTO PERDOMO, NORA GAUTHIER".

 

"Montevideo, 4 de julio de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, Literal D), solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por los días 5 y 6 del corriente, a los efectos de poder participar de los Actos de toma de Posesión de los cargos de Ediles en diversas Juntas Locales de nuestro Departamento.

Sin más, lo saluda atentamente.

MIGUEL ASQUETA SÓÑORA
Representante por Colonia".

 

"Montevideo, 4 de julio de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta única vez, no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante por Colonia Miguel Asqueta Sóñora para los días 5 y 6 de julio de 2006.

Sin más, saluda atentamente.

Héctor Blanco".

 

"Montevideo, 4 de julio de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente comunico a usted que, por esta única vez, no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto, en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante de Colonia Miguel Asqueta Sóñora para los días 5 y 6 de julio de 2006.

Sin más, saluda atentamente.

Rossana Dufour".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia del señor Representante por el departamento de Colonia, Miguel Asqueta, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para participar en la toma de posesión de los cargos de Ediles en varias Juntas Locales del departamento de Colonia.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 5 y 6 de julio de 2006.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que fueron objeto los suplentes correspondientes siguientes, señor Héctor Blanco y señora Rossana Dufour.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal D) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia al señor Representante por el departamento de Colonia, Miguel Asqueta, por el período comprendido entre los días 5 y 6 de julio de 2006, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para participar en la toma de posesión de los cargos de Ediles en varias Juntas Locales del departamento de Colonia.

2) Acéptanse las negativas que, por esta vez, presentan los suplentes correspondientes siguientes, señor Héctor Blanco y señora Rossana Dufour.

3) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 1919 del Lema Partido Nacional, señor Julio Basanta.

Sala de la Comisión, 5 de julio de 2006.

VÍCTOR SEMPRONI, ALBERTO PERDOMO, NORA GAUTHIER".

 

"Montevideo, 5 de julio de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitar licencia por misión oficial en el exterior, desde el 9 hasta el 17 de julio próximo inclusive, en virtud del viaje que realizaré a Venezuela en el período antes especificado.

La invitación fue cursada al Parlamento por SUNACOOP y el Gobierno Bolivariano de Venezuela, para el 9 y el 10 de julio en virtud de la realización de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, asimismo, para el 11 y 12 de julio próximos debido a la Reunión Especializada de Cooperativas del MERCOSUR (se adjunta invitación y programa de actividades).

Saluda atentamente.

DANIEL PEÑA
Representante por Canelones".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Canelones, Daniel Peña, para participar de la Reunión de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR y del Seminario "El Cooperativismo y la Integración Latinoamericana: MERCOSUR y los Países Andinos", a desarrollarse en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 9 y 17 de julio de 2006.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, por el período comprendido entre los días 9 y 17 de julio de 2006, al señor Representante por el departamento de Canelones, Daniel Peña, para participar de la Reunión de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR y del Seminario "El Cooperativismo y la Integración Latinoamericana: MERCOSUR y los Países Andinos", a desarrollarse en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

2) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2004, del Lema Partido Nacional, señor Mario Pérez.

Sala de la Comisión, 5 de julio de 2006.

VÍCTOR SEMPRONI, ALBERTO PERDOMO, NORA GAUTHER".

 

"Montevideo, 5 de julio de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo

Presente.
De mi mayor consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, literal c) solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia desde el 6 al 14 de julio inclusive, a los efectos de asistir a la reunión de la Comisión Especial sobre Cooperativas del MERCOSUR, a realizarse en Caracas (Venezuela) los días 11 y 12 de julio del presente año, de acuerdo al detalle de la nota adjunta.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,

GUSTAVO ESPINOSA
Representante por Canelones".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Canelones, Gustavo Espinosa, para participar de la Reunión de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR y del Seminario "El Cooperativismo y la Integración Latinoamericana: MERCOSUR y los Países Andinos", a desarrollarse en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 6 y 14 de julio de 2006.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, por el período comprendido entre los días 6 y 14 de julio de 2006, al señor Representante por el departamento de Canelones, Gustavo Espinosa, para participar de la Reunión de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR y del Seminario "El Cooperativismo y la Integración Latinoamericana: MERCOSUR y los Países Andinos", a desarrollarse en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

2) Convóquese para integrar la referida representación por el período comprendido entre los días 6 y 14 de julio de 2006, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2005, del Lema Partido Colorado, señora Ana de Armas.

Sala de la Comisión, 5 de julio de 2006

VÍCTOR SEMPRONI, ALBERTO PERDOMO, NORA GAUTHIER".

13.-     Integración de Comisiones.

——Dese cuenta de la integración de Comisiones.

(Se lee:)

"La señora Representante Alba M. Cocco Soto actuará como delegada de sector en la Comisión de Seguridad Social".

14.-     Asuntos entrados fuera de hora.

——Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados García, García Pintos y Rosadilla.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se dé cuenta de los asuntos entrados fuera de hora".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y dos en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora.

(Se lee:)

"DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores remite el proyecto de ley, aprobado por dicho Cuerpo, por el que se autoriza la salida del territorio nacional del Buque Hidrográfico ROU 22 "Oyarvide", de la Plana Mayor y de Tripulantes, a efectos de participar en los actos de conmemoración del Día de la Armada de la República Bolivariana de Venezuela y de la realización de actividades de investigación en el espacio acuático jurisdiccional del referido país, entre el 16 de julio y el 8 de setiembre de 2006. C/1082/006

-    A la Comisión de Defensa Nacional".

15.-    Aplazamiento.

——Se entra al orden del día.

En mérito a que no han llegado a la Mesa listas de candidatos, si no hay objeciones correspondería aplazar la consideración del asunto que figura en primer término: "Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Segundo Período de la XLVI Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución)".

16.-      Deber de fidelidad mutua entre los cónyuges. (Se dispone que cesará tras sesenta días de separación voluntaria e ininterrumpida).

Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día: "Deber de fidelidad mutua entre los cónyuges. (Se dispone que cesará tras sesenta días de separación voluntaria e ininterrumpida)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 510

"PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Agréguese como inciso 2º del artículo 127 del Código Civil el siguiente:

"Cesa el deber de fidelidad por la separación de hecho en forma ininterrumpida y voluntaria de por lo menos uno de los cónyuges por más de sesenta días".

Montevideo, 1º de diciembre de 2005.

DOREEN JAVIER IBARRA, Representante por Montevideo, DANIELA PAYSSÉ, Representante por Montevideo, LUIS ROSADILLA, Representante por Montevideo, SILVANA CHARLONE, Representante por Montevideo, JORGE POZZI, Representante por Montevideo, JOSÉ LUIS BLASINA, Representante por Montevideo, ALBA M. COCCO SOTO, Representante por Salto, EDGARDO ORTUÑO, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

(I)

El legislador debe estar atento a los cambios que se producen en los usos y costumbres sociales, procurando evitar la desarmonía entre éstos y las normas jurídicas.

En este sentido, es fácil observar la diferencia entre lo que se puede denominar el concepto vulgar de infidelidad, el que maneja la gente común, y el concepto jurídico de infidelidad matrimonial.

Esta diferencia provoca situaciones que –a la luz de nuestros actuales valores de convivencia- son claramente injustas. Así lo ha reconocido la sentencia Nº 164 del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno del 30 de setiembre de 1994, al establecer que "la persistencia legal del deber de fidelidad no aparece acompasada con la moral social imperante en la actualidad, lo que provoca inevitablemente un seguro de desfasaje entre la normativa y la realidad, por cuanto el reproche moral del supuesto no resulta igualitario para la previsión legal y para el contexto societario en la que ésta debe ser aplicada".

Tal como están planteadas las cosas en el derecho uruguayo, es claro que el deber de fidelidad nace con el matrimonio y cesa únicamente con su extinción. A tal punto esto es así y tan rígida es la situación, que ni siquiera el decreto del Juez disponiendo la separación provisoria de los cónyuges la flexibiliza.

(II)

El proyecto de ley que se pone a consideración, establece el cese de la obligación de fidelidad cuando los cónyuges estén separados de hecho por más de sesenta días.

Los usos y costumbres imperantes en la sociedad uruguaya exigen un cambio en la legislación, ya que, al decir de Ema Carozzi, es verdad que "el cambio de las costumbres opera sobre el legislador determinándolo a adecuar las normas jurídicas, adaptándolas a la realidad social, pero también lo es que en tanto que los referidos cambios no sean recogidos por el derecho, éste continúa vigente". A que "los referidos cambios (...) sean recogidos por el derecho", va dirigido este proyecto de ley.

Montevideo, 1º de diciembre de 2005.

DOREEN JAVIER IBARRA, Representante por Montevideo, DANIELA PAYSSÉ, Representante por Montevideo, LUIS ROSADILLA, Representante por Montevideo, SILVANA CHARLONE, Representante por Montevideo, JORGE POZZI, Representante por Montevideo, JOSÉ LUIS BLASINA, Representante por Montevideo, ALBA M. COCCO SOTO, Representante por Salto, EDGARDO ORTUÑO, Representante por Montevideo".

Anexo I al
Rep. Nº 510

"Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME EN MAYORÍA

Señoras y señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha considerado el proyecto de ley, presentado por varios señores Representantes, por el que se dispone que el deber de fidelidad mutua entre los cónyuges cesará tras sesenta días de separación voluntaria e ininterrumpida.

(I)

Es común en el Uruguay de hoy que el demandado o la demandada en el divorcio a quien se le atribuye haber cometido adulterio, conteste que la relación amorosa que mantiene con persona que no es su cónyuge, se ha iniciado con posterioridad a la separación de hecho y en consecuencia no habría violación alguna al deber de fidelidad establecido por el artículo 127 del Código Civil. Sucede que, en el caso, lo que dice la ley contrasta claramente con lo que la sociedad entiende por infidelidad.

Enseña Ema Carozzi ("Algunos temas sobre el divorcio", ADCU, Serie Jurisprudencia 3, Pág. 175) que "en nuestro derecho es claro que el deber de fidelidad nace con el matrimonio y se extingue al disolverse el mismo".

En el mismo sentido, y aun cuando debe anotarse un cambio en la rigidez de algunas posturas, se ha pronunciado la jurisprudencia.

Así, se sostuvo que "el más grave quebrantamiento del deber de fidelidad impuesto a ambos cónyuges por el artículo 127 del Código Civil no queda legitimado por la circunstancia de que los cónyuges estuviesen separados de hecho, por cuanto tal deber subsiste hasta la disolución del vínculo matrimonial" (Tribunal Civil 5º, Sent. Nº 179 de 18.8.89).

"Se configura igualmente el adulterio por las relaciones sexuales de uno de los cónyuges con intercero aun cuando las mismas se hubieren producido no viviendo los cónyuges de consuno" (Tribunal Familia 1º, Sent. Nº 82, 23.4.1993).

"Constituye adulterio el mantenimiento de relaciones sexuales por cualquiera de los cónyuges con tercero, implicando este concepto que el deber de fidelidad conyugal subsiste hasta que la disolución del vínculo matrimonial por sentencia firme se produce" (Tribunal Familia 1º, Sent. Nº 116, 19.5.1995).

(II)

Sin duda que el concepto de fidelidad que se expresó precedentemente, está reñido con lo que se acepta por gran parte de la sociedad uruguaya.

En efecto, en el Uruguay de hoy es muy común que, cuando el matrimonio se separa de hecho, al tiempo las personas empiezan a mantener relaciones amorosas con quien no es su cónyuge, llegando incluso a convivir con ella, situación que no solo no es resistida sino que, por el contrario, es alentada por familiares y amigos.

Al respecto dice Ema Carozzi (Ob. Cit. Pág. 174) que "no negamos el cambio en las costumbres. No obstante, entendemos que si bien es exacto afirmar que en la actualidad en nuestro país la moral media no condena a un cónyuge que, hallándose separado de hecho, se vincula afectivamente con otra persona, también lo es que esta modificación en las costumbres no ha alterado el concepto jurídico de fidelidad. Tampoco negamos la interacción entre lo social y lo jurídico. Es cierto que el cambio de las costumbres opera sobre el legislador determinándolo a adecuar las normas jurídicas, adaptándolas a la realidad social, pero también lo es que en tanto que los referidos cambios no sean recogidos por el derecho, éste continúa vigente".

Si, al decir de Ema Carozzi, "la moral media no condena", es imprescindible adecuar la norma jurídica a las costumbres sociales, so pena de seguir consolidando sanciones (el infiel siempre es sentenciado como culpable en el juicio de divorcio) que la sociedad considera injustas.

(III)

El adulterio es una violación del deber de fidelidad, pero no la única. Sucede que según a esta altura la clásica definición de Cestau ("Derecho de Familia y Familia", Vol. I Pág. 199) "comete adulterio quien voluntariamente mantiene relaciones sexuales extramatrimoniales con otra persona de distinto sexo".

Si el adulterio exige conceptualmente para su configuración relaciones sexuales con persona de distinto sexo, va de suyo que no constituye adulterio la relación sexual con persona del mismo sexo.

Sin embargo, también las relaciones homosexuales constituyen una violación al deber de fidelidad y, como señala Ema Carozzi (Ob.Cit. Pág. 179) "este tipo de violación al deber de fidelidad que no es adulterio, configura la injuria grave".

En consecuencia, los informantes en mayoría entendemos que no son las mejores soluciones que se ven en el derecho comparado del tipo de las que establecen que no se podrá invocar la causal adulterio cuando los cónyuges se encuentren separados de hecho. Legislar en el sentido del cese del deber de fidelidad, hace que la solución sea aplicable tanto al caso de las relaciones heterosexuales como de las homosexuales, siempre y cuando se hayan verificado los sesenta días de separación de hecho entre los cónyuges que el proyecto establece.

(IV)

En el capítulo I se expresó el hecho de que algunos fallos judiciales han superado la rigidez en la interpretación del concepto de fidelidad. Pero de ninguna manera esta posición está consolidada o consensuada.

Basta al respecto seguir el siguiente caso: En autos EF c/DD. "Divorcio Adulterio Sub. Riñas y Disputas" Ficha D/214/02 tramitados en primera instancia ante el Juzgado Letrado de Familia de 26º Turno con intervención de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de 2º Turno se falló -previa vista favorable del Ministerio Público- decretando el divorcio por la causal adulterio invocada por el marido (actor), sosteniéndose que "el deber de fidelidad impuesto por el artículo 127 del Código Civil cesa con la sentencia ejecutoriada de divorcio (...) y no por la mera separación de hecho del matrimonio. Adviértase que la ignorancia de la ley no sirve de excusa y que la costumbre no es fuente formal en nuestro derecho, salvo que la ley se remita a ella" (JLF 26º T, Sent. Nº 58, 20.5.03).

Apelada la sentencia y en decisión dividida, el Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno por Sentencia Nº 43 de 30.3.2005 confirmó la recurrida, sin perjuicio de señalar que "el deber de fidelidad debe considerarse que se mantiene en la medida que exista vida de consuno".

Finalmente, la sentencia fue casada en cuanto entendió configurada la causal de adulterio declarando en cambio el divorcio por riñas y disputas (SCJ Sent. Nº 53 de 5.4.2006).

Allí -en ajustada mayoría de tres a dos- la Corte sostuvo que "a juicio de la mayoría, la actuación de la pretensión de divorcio por adulterio (que se planteaba en esos autos) solo puede fundarse en un criterio hermenéutico meramente exegetista y literal de los artículos 127 y 129 del Código Civil, que ni bien se explicita pone ostensiblemente de manifiesto su desajuste con la realidad social y familiar en que el conflicto entre los cónyuges se instaura y choca con elementales principios de razonabilidad y justicia...". "Naturalmente la adopción de esta postura, que importa el abandono de la tesis que propiciara la corporación hasta ahora...". Lo que equivale a decir que el fallo es innovador, distinto a las posiciones que hasta ahora se habían sostenido por la Corte.

En concepto que compartimos plenamente, afirma el fallo comentado al referirse al deber de fidelidad que "debe razonablemente entenderse como un presupuesto del deber de fidelidad mutua la vida de consuno entre los cónyuges, y que la misma cesa al producirse la ruptura del vínculo en la realidad de la institución familiar con la separación de hecho definitiva e irreversible sin posibilidades de reconstrucción. La intelección armónica y sistemática de los artículos mencionados 127 y 129 del Código Civil, impone concluir que el deber de fidelidad pierde exigibilidad al cesar la vida de consuno".

De lo que antecede se desprende que en el caso comentado, la situación provocó en primera y segunda instancia sendos fallos de divorcio por adulterio y, en casación, la revocación y su sustitución por la causal riñas y disputas, de donde surge con claridad las discrepancias que existen en la jurisprudencia respecto al tema.

(V)

La sentencia de divorcio que declara culpable a uno de los cónyuges tiene consecuencias perjudiciales para éste, independientemente de la posible condena en costos. Sobre el punto es necesario destacar:

1º. La mujer declarada culpable del divorcio pierde el derecho a la pensión alimenticia congrua consagrado en el artículo 183 del Código Civil.

2º. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 179 del Código Civil, "el cónyuge que diere causa a la separación, perderá todo lo que se le hubiera dado o prometido por su consorte o por cualquiera otra persona en consideración al matrimonio...".

3º. El cónyuge declarado culpable del divorcio por violación del deber de fidelidad puede ser demandado por daños y perjuicios provocados por esta ilicitud.

(VI)

En definitiva:

1º) El concepto de fidelidad y su extensión tienen -desde el punto de vista social- severas discrepancias con algunas interpretaciones que se hacen del artículo 127 del Código Civil.

2º) Si bien la jurisprudencia comienza a dictar fallos que intentan armonizar la realidad social con la interpretación de la ley, el ejemplo sobre fallos recientes que se explicitó en el capítulo IV es ilustrativo de que se está lejos del consenso.

3º) De donde se concluye que es necesario una ley que resuelva el tema de una forma clara y contundente.

En mérito a lo expresado precedentemente, recomendamos a la Cámara de Representantes la aprobación del proyecto de ley que se pone a su consideración.

Sala de la Comisión, 3 de mayo de 2006.

JORGE ORRICO, Miembro Informante, GLORIA BENÍTEZ, JAVIER CHÁ, EDGARDO ORTUÑO, JAVIER SALSAMENDI.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Agrégase como inciso segundo del artículo 127 del Código Civil el siguiente:

"Cesa el deber de fidelidad por la separación de hecho en forma ininterrumpida y voluntaria de por lo menos uno de los cónyuges por más de sesenta días".

Sala de la Comisión, 3 de mayo de 2006.

JORGE ORRICO, Miembro Informante, GLORIA BENÍTEZ, JAVIER CHÁ, EDGARDO ORTUÑO, JAVIER SALSAMENDI.

INFORME EN MINORÍA

Señoras y señores Representantes:

Los abajo firmantes, miembros de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, presentamos este informe y proyecto de resolución contrarios a la iniciativa a estudio de la Cámara por la que se dispone que el deber de fidelidad mutua entre los cónyuges cesará tras sesenta días de separación voluntaria e ininterrumpida.

El artículo 127 del Código Civil, establece algunas de las obligaciones recíprocas entre los cónyuges, incluidas en la Sección II del Título V. La fidelidad mutua y los auxilios recíprocos quedan así consagrados en la legislación vigente.

El proyecto de ley que se intenta aprobar, indica el cese del deber de fidelidad en un plazo ínfimo, atentando claramente contra esta obligación recíproca. Aun estando dentro del vínculo matrimonial, se estaría erosionando una de las obligaciones fundamentales. Sin perjuicio de lo anteriormente dicho, no escapa a los que firmamos este informe, que ciertas costumbres han cambiado sustancialmente y hoy conviven ciertas prácticas dentro de una legislación que no las ha acompasado. Es aquí que se genera una discusión sobre el rol del Estado y gobernantes en general.

Desde nuestro punto de vista, no debe ser el legislador, ajeno a una moral que se pretende conservar e impartir en nuestra sociedad, en momento de regular las conductas humanas. Es decir, no creemos que se deba simplemente correr atrás de los hechos, sino que es obligación de los que rigen el destino de nuestro país, el impregnar a la sociedad de determinados valores, pilares fundamentales de las relaciones humanas en nuestra nación. En esta cruz de caminos, es que debemos decidir qué rumbo tomar. En este sentido, teniendo en cuenta las valoraciones anteriores, vemos pertinente, realizar alguna modificación, sin tener necesariamente que erosionar la institución matrimonial, base fundamental de la familia uruguaya.

Nuestra propuesta se basa en mantener incambiado el artículo 127 del Código Civil, y hacer referencia al artículo 148 numeral 1º. Se establece, en un segundo inciso del numeral 1º del artículo 148, que dicha causal (el adulterio), no podrá ser esgrimida como tal cuando el hecho generador tuviera lugar, luego de una separación de hecho, en forma ininterrumpida y voluntaria de más de seis meses.

Sigue así vigente la obligación mutua de fidelidad y se acompasan ciertas prácticas a las que no se puede estar ajeno.

Sala de la Comisión, 3 de mayo de 2006.

LUIS ALBERTO LACALLE POU, Miembro Informante, GUSTAVO BORSARI BRENNA.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Deséchase el proyecto de ley por el que se dispone el cese del deber de fidelidad por la separación de hecho en forma ininterrumpida y voluntaria de por lo menos uno de los cónyuges por más de sesenta días (C/685/05).

Sala de la Comisión, 3 de mayo de 2006.

LUIS ALBERTO LACALLE POU, Miembro Informante, GUSTAVO BORSARI BRENNA".

——Léase el proyecto.

(Se lee:)

——En discusión general.

La Mesa comunica que hay un informe en mayoría y otro en minoría.

Tiene la palabra el miembro informante en mayoría, señor Diputado Orrico.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: el proyecto que se pone a consideración de la Cámara intenta resolver una situación que hoy se da, en cuanto a la desarmonía entre los usos y costumbres sociales y lo que es la ley, por lo menos en la forma en que la interpretan algunos fallos y alguna jurisprudencia.

(Murmullos.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Se ruega silencio, señores Diputados.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: este proyecto toca a una parte fundamental del derecho de familia. A esta altura, en el siglo XXI, lo primero que debemos discutir cuando encaramos estos temas es la definición de los conceptos a los cuales nos vamos a referir. En ese sentido, debemos abrir la cabeza y preguntarnos qué es la familia en el Uruguay de hoy, qué se entiende por familia en el Uruguay de hoy.

Quiero decir algo que me parece muy importante, y que es filosófico. Está bien que muchas veces la legislación vaya en procura de los valores que una determinada moral persigue. Ese razonamiento está bien, pero también, en una mentalidad liberal, y tal como enseñaba Kant, la libertad debe ser compatible con la libertad igual de los demás. Entonces, en ese sentido, se deben respetar todas las formas morales que en una sociedad existan en la medida en que puedan convivir entre sí, y respetando, naturalmente, al individuo, que en su esencia es irrepetible y cada uno tendrá sus propios valores respecto a cómo tiene que desarrollar su vida.

Entonces, cuando se habla de familia, de pronto puede venir la imagen de padre, madre e hijos, todos juntos; y lamento decir que esa no es la familia en el Uruguay de hoy; por lo menos, no todas las familias en el Uruguay de hoy son eso, ni les cabe a todas las familias del Uruguay de hoy esa definición, que tal vez hace sesenta o setenta años sí era válida. En el Uruguay de hoy hay cambios en la familia que son absolutamente objetivos y que no dependen de opinión alguna. No es: "opino que"; no, esto es porque estadísticamente se da. Y la familia en el Uruguay de hoy se caracteriza por un descenso pronunciado de la nupcialidad y un aumento impresionante de la divorcialidad. Para que se tenga una idea, en los sesenta había más o menos 21.000 matrimonios al año; la cifra pico es de mediados de los setenta, cuando se producían 25.000 matrimonios al año. En el año 2000 la cifra estaba en 13.800 matrimonios, prácticamente la mitad. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de familia?

La edad al casarse, a mediados de los setenta era de 29 años promedio en los hombres y 25 en las mujeres. En el año 2000, la edad promedio al casarse era de 32,6 en los hombres y de 29 en las mujeres. Ahora bien; que la cantidad de matrimonios haya descendido -lo que voy a decir va entre comillas- "no significa necesariamente que la tendencia a la formación de uniones sea menor, sino que su formalización por la vía legal va perdiendo vigencia". Esta realidad aparece citada en "Nuevas formas de familia", publicación de la Universidad de la República, UNICEF, noviembre de 2003.

También hay cambios fundamentales en la tasa de fecundidad de la familia en el Uruguay. En la década del cincuenta era de casi 3 hijos por mujer; en 1996, 2,5 y en 2000, 2,2.

Además, hay un cambio que es muy claro y el que no lo quiere ver que no lo vea, pero existe con mucha claridad. Me refiero a que cada vez son más los hijos nacidos fuera del matrimonio; cada vez son más, y vamos a dar alguna cifra mínima. En la década del setenta, el total de hijos nacidos de madres solteras o fuera del matrimonio era el 21,3%, y en 2000, esa cifra fue más del doble: 48,1%. Asimismo, hay que agregar cosas muy notorias, porque esta cifra es un promedio, pero las madres de entre 20 y 24 años tienen hijos fuera del matrimonio civil en el 60% de los casos. Por lo tanto, estamos hablando de cambios en la familia que son realmente trascendentes.

Estas cifras pueden dar lugar a dos interpretaciones básicas. La primera es que las personas son pareja y tienen hijos, pero no están casadas. Esa es una posible interpretación. La segunda es que las mujeres tienen hijos estando solas. Creo que no son dos interpretaciones que se contradigan; en realidad, hay un montón de gente que tiene hijos sin que haya matrimonio, y hay mujeres -cada vez en mayor cantidad- que se deciden a tener hijos estando solas.

El tipo de hogar también ha cambiado radicalmente, al punto que el hogar constituido por una sola persona, durante los últimos veinte años, pasó de representar el 11% a ser el 18% del total de hogares que existen en el país.

Con este panorama, en el que se inscribe este proyecto de ley, el Código Civil establece en su artículo 127: "Los cónyuges se deben fidelidad mutua", pero hay quienes sostienen -muchas corrientes jurisprudenciales- que mientras no se disuelva el matrimonio -eso solo puede proceder por sentencia ejecutoriada de divorcio, vale decir, sentencia que no admita ulteriores apelaciones o instancias, o por la muerte de uno de los integrantes del matrimonio-, los cónyuges siguen siendo cónyuges y, por tanto, el deber de fidelidad se tiene que mantener. Esto no es lo que considera hoy la sociedad y, por lo tanto, se crea un cortocircuito, una desarmonía entre lo que piensa la sociedad y lo que la ley, o algunas de sus interpretaciones, establece.

En un maravilloso trabajo de mi inolvidable profesor de Derecho Procesal Luis Alberto Viera, que se llama "Desajuste entre norma y realidad", el maestro decía que los desajustes pueden ser de dos tipos -pueden ser de muchos tipos, pero solo tenemos en cuenta algunos, a efectos del proyecto que estamos considerando-: subsanables o insubsanables. Son subsanables aquellos errores que provienen de una mala interpretación de la realidad por parte del legislador, de redacción, de una laguna legal y tantas otras cosas, pero existen otros que son insubsanables, porque emanan de factores ontológicos, del ser diferente que existe entre la realidad y la realidad jurídica. Decía el profesor Viera que estos factores son insubsanables y ameritan una legislación.

Además, el profesor Viera expresaba: "Corresponde tener en cuenta los cambios ideológicos en el sentido a que se refiere Diez Picaso, coordenadas mentales que de algún modo nos sirven de punto de referencia y nos permiten dotar de sentido a nuestros actos y a nuestra vida". Esto quiere decir que la sociedad, en determinados casos, en su dinámica va estableciendo las pautas de conducta, y nosotros, como legisladores, estamos obligados a respetar las pautas de conducta de cada uno en la medida en que sean compatibles con las de los demás. Por ejemplo, nosotros no toleramos que alguien robe, porque eso no está en consonancia con las pautas de conducta de la sociedad, pero sí debemos tolerar que alguien viva en concubinato, si se le ocurre; estamos obligados a hacerlo, y forma parte del respeto que todos nos debemos, independientemente de las legítimas posiciones filosóficas que cada uno tenga al respecto.

Por esa razón, muy modestamente voy a rechazar algunos manifiestos que han aparecido en la prensa de organismos o de entidades que no son políticas -pero que en este caso están haciendo política-, que expresan que este tipo de proyectos -se refieren a esta iniciativa en particular- atenta contra la familia. Ningún proyecto atenta contra una familia; en todo caso, atenta contra el concepto de familia que esta gente tiene, que es muy válido y legítimo, pero tan respetable como el de quienes rechazan ese tipo de familia. Entonces, se trata de otra cosa.

En ese sentido, quiero citar a José Luis Aranguren, en su libro "Ética y política", que creo nos da la pauta de por dónde debemos transitar los legisladores cuando legislamos en estos temas. Dice el profesor: "La ética, considerada en sí misma, es primariamente personal". ¿Hay derecho o no a una ética personal? ¡Claro que hay derecho a una ética personal, y los legisladores debemos proteger la ética personal! ¡Por supuesto que sí! Más adelante, agrega el profesor José Luis Aranguren: "Las 'normas' o 'modelos' de comportamiento y de existencia, conforme a las cuales decidimos 'hacer' nuestra vida, han de ser libremente aceptadas por cada uno de nosotros para que el acto y la vida sean morales. Para ello deben pasar, previamente, por el tribunal de nuestra conciencia moral, que las calificará como 'deberes'. Solo cuando, de este modo, las hacemos nuestras e incluso nos las incorporamos por vía de hábito, puede decirse, en rigor, que nos hacemos responsables de ellas".

¿Qué sucede en el Uruguay de hoy? La gente, como acabamos de analizar, se casa y después se separa; naturalmente, entre la separación y la sentencia ejecutoriada de divorcio pasa mucho tiempo. Pueden pasar meses, y en algunos casos, porque no se toma la iniciativa correspondiente, pueden pasar años. Otros, por distintas circunstancias, porque no pueden pagarlo o por cualquier otra razón, no tramitan el divorcio.

Actualmente, cuando una pareja se separa, ¿los amigos de ella y de él les dicen: "Fulana o Fulano: a partir de ahora y hasta que salga la sentencia de divorcio, lo tuyo es el celibato"? No les dicen esto; es mentira. Es un cinismo pensar que alguien diga esto. No es así. Cuando la gente se separa vienen los amigos, de ella o de él, y a la semana los están llamando para decirles: "Vení, tengo un amigo para presentarte. Tenés que salir de esta situación. Sos muy joven, tenés la vida por delante. Tenés que rehacer tu vida". La madre y la tía dicen lo mismo, y la prima lo llama para presentarle a las amigas. Esto es así. Esta es la pura realidad. ¿A quién se le ocurre decir lo contrario? Él dice: "Está bien, voy a ir para que me presentes a Fulana", y a partir de ahí empiezan a salir -luego hablaré de qué significa esto de salir-, pero resulta que el tipo está cometiendo una ilegalidad, porque violó el deber de fidelidad. Realmente, me parece un disparate, porque no está de acuerdo con lo que actualmente la sociedad, o por lo menos una parte de ella -porque acá no se trata de un problema de mayorías y de minorías, sino de respetar la libertad de cada uno- dice que son los valores a proteger. En definitiva, acá está en juego la propia ética individual a la que cada uruguayo tiene derecho cuando se habla de estos temas, y eso me parece muy importante.

Es necesario aclarar un aspecto. Cuando tenía quince años -que fue hace mucho más de lo que me gustaría, pero mucho después del Éxodo-, invitaba a salir a una compañera de liceo, y eso significaba que íbamos al cine -a la función de las cuatro de la tarde-, después la llevaba a la confitería -si me había ido muy bien-, donde tomábamos un café, y después la llevaba a la casa. Eso era salir. Todos sabemos -porque nuestros hijos nos lo trasmiten, y así se acepta pacíficamente- que hoy salir quiere decir otra cosa. Si alguien dice "estoy saliendo con Fulano o con Fulana" significa que tiene relaciones sexuales con Fulano o con Fulana -eso significa actualmente salir-, pero además van al cine. Por supuesto, no estoy afirmando que se dejó de ir al cine, sino que hoy la cuestión es un poco más completa, si se me permite el término.

¿A alguien se le ocurre que esto es una ilegalidad? No, no lo es. No debería serlo. Entonces, aclaremos este asunto de una vez por todas.

También ha surgido algún comentario, preguntando para qué estamos haciendo esto si los Jueces están cambiando; esto es un poco relativo. En primer lugar, los legisladores no tenemos por qué dejar solo en manos de la jurisprudencia la interpretación de la ley; esto es lo primero que debemos tener claro, ya que nosotros también tenemos que ver en esto. Además, la jurisprudencia, si bien es muy relativo que no es fuente de derecho, claramente no es obligatoria; es un antecedente, pero no obliga. No me voy a introducir en el problema filosófico de si es o no fuente de derecho; a mi entender, lo es, independientemente de que no sea obligatoria, pero ese es otro tema. Sin embargo, la jurisprudencia ha oscilado en estos temas, y no todos los tribunales determinan que, terminada la vida de consuno o producida la separación de hecho, no hay más deber de fidelidad. No es así. Tengo en mi poder una sentencia que establece: "En el caso del adulterio, si bien la moral social imperante en la actualidad, admite supuestos de relaciones sentimentales íntimas con posterioridad al cese de la vida de consuno," -nótese cómo la sentencia acaba de decir que hubo adulterio; no obstante, reconoce que socialmente esto no es un adulterio- "como forma de recomponer la vida afectiva de cada uno de los cónyuges, se advierte que la normativa del caso presenta un desfasaje con esa realidad.- En efecto, el deber de fidelidad impuesto a los cónyuges por el art. 127 del Código Civil, subsiste aún luego de la separación de hecho (artículo 154, inciso 1º del Código Civil), hasta la efectiva disolución del vínculo matrimonial". Esta sentencia, la Nº 81, fue dictada por el Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno el 26 de marzo de 2003, y pido que se preste especial atención a la integración del Tribunal: Cantero de Castellano, Silberman, Pérez Manrique, Monserrat Grau y Bacelli.

Ahora voy a leer una sentencia que es del año 2005 y dice así: "La causa de adulterio esgrimida [...] no se advierte [...] por de pronto, porque con la presente integración del Tribunal" -y alude a la sentencia Nº 43 de 2005- "se descarta que ello ocurra cuando, como en la subcausa, la postrer relación extramatrimonial se suscita cesada la vida de consuno, mediante prolongada separación de hecho entre los cónyuges [...] No se advierte que aceptada como fue la separación irreversible de los cónyuges y, en vía de consecuencia, la posible reconstitución afectiva de cada uno, puede no obstante exigirse un deber -el de fidelidad- que en su íntima razón de ser, como imperativo ético y legal, se consustancia con la institución, cumpliendo sus fines individuales y sociales".

Esta sentencia también es del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno, integrado por Cantero, Pérez Manrique y Silberman. Quiere decir que este fallo de 2005 implica un cambio reciente de un Tribunal; no todos los Tribunales están diciendo esto. Además, este fallo venía en apelación de uno de primera instancia del Juzgado Letrado de Familia de San José, que había dicho que se había consumado el adulterio por cuanto, sin haber una sentencia de divorcio, se había mantenido relaciones sexuales con otra persona.

Asimismo, es conveniente saber que la Suprema Corte de Justicia admite que recién este año ha cambiado su jurisprudencia en este sentido. Y aquí tengo un fallo -la sentencia Nº 43, de 30 de marzo de 2005- cuyo Ministro redactor es mi amigo Van Rompaey, que dice: "la actuación de la pretensión de divorcio por adulterio solo puede fundarse en un criterio hermenéutico meramente exegetista y literal de las normas de los artículos 127 y 129 del Código Civil, que ni bien se explicita pone ostensiblemente de manifiesto su desajuste con la realidad social y familiar en que el conflicto entre los cónyuges se instaurara, y choca con elementales principios de razonabilidad y justicia". Y luego dice: "[...] la adopción de esta postura, que importa el abandono de la tesis que propiciara la Corporación hasta ahora [...]". Quiere decir que hasta 2005 la Suprema Corte de Justicia estaba diciendo que en estos casos había adulterio. Quiero aclarar que esta sentencia salió por tres a dos: tres Ministros votaron a favor de que no había adulterio -pese a que había relaciones sexuales con un vínculo matrimonial aún no disuelto- y dos lo hicieron en contra. Vale decir que con un solo cambio de la Suprema Corte de Justicia volveremos nuevamente a la otra posición.

Yo creo que tiene razón la mayoría de la Corte cuando establece esto. Además, me parece muy importante lo que dice Van Rompaey cuando afirma: "A partir de la separación definitiva la permanencia de la obligación de fidelidad no halla asistencia en motivo o fundamento razonable alguno, y por el contrario, consagraría, en un tramo del acontecer histórico que puede extenderse desmesuradamente hasta la ejecutoriedad de la sentencia de divorcio, una abierta transgresión del derecho de libertad inherente a la dignidad de la persona humana. (artículos 7 y 72 de la Carta)".

Quiere decir que al presentar este proyecto de ley se intenta que el legislador asuma que hay determinadas situaciones que se están dando en el Uruguay de hoy que no implican ninguna ilegalidad y que, por lo tanto, no tienen consecuencia jurídica alguna. Entonces, ¿qué se hace con este proyecto de ley que se presenta? Se le agrega un segundo inciso al artículo 127 del Código Civil, que expresa que el deber de fidelidad cesa transcurridos sesenta días desde que se produjo la separación de hecho. Y bueno: habrá que probar la separación de hecho, cosa que hoy se hace. El concepto de separación de hecho es admitido. Existe una causal de divorcio por separación de hecho por más de dos años; por lo tanto, esto no genera grandes problemas. Tanto es así que, con amabilidad -y muy lealmente-, el señor Diputado Borsari Brenna me alcanzó el informe que él le solicitara al doctor Manuel Mercant sobre este proyecto. Y dice así: "La reforma que se promueve no constituye una iniciativa aislada sino que viene precedida de una división en la doctrina y la jurisprudencia especializada.- Así un sector se ha aferrado a la letra del Código y ha sostenido que ese deber de fidelidad se mantiene hasta la disolución del vínculo conyugal.- En tanto otra corriente afirma que cesado el 'affectio maritatis', 'cuando los cónyuges no conviven y en consecuencia cada uno de ellos ha comenzado una nueva vida en forma independiente, consideran que debe interpretarse que el deber de fidelidad no subsiste, ya que dicho deber va unido al de cohabitación'".

El propio doctor Mercant está marcando que acá hay dos posiciones. Quienes propiciamos este proyecto de ley tomamos una de esas posiciones: la que creemos que está en consonancia con lo que piensa la sociedad uruguaya hoy y con el derecho a la libertad, que debe ser sagrado para todos nosotros. La gente tiene todo el derecho del mundo a pensar, por ejemplo -estoy seguro de que las legisladoras y los legisladores aquí presentes defenderemos siempre eso-, que el matrimonio es un sacramento. Está bien; y todas y todos los que estamos acá vamos a defender que la gente tiene derecho a pensar eso, pero no seamos fundamentalistas. No podemos imponerles a quienes no piensan eso: "Usted no puede divorciarse, porque este es un sacramento y por lo tanto acá no hay divorcio posible". Eso no lo podemos hacer. Nosotros no imponemos la moral: la ley no debe imponer la moral, sino respetarla en cuanto sea compatible con los valores de la sociedad. La sociedad se funda en valores, y el primer valor que tiene que defender una sociedad democrática es el de la libertad individual, porque a partir de esa libertad surge todo.

En consecuencia, bregamos para que este proyecto se apruebe. El plazo que se pone es de sesenta días y los plazos siempre son más o menos arbitrarios; esto no es física ni química: si yo dejo caer esta carpeta, se cae siempre, porque la ley de la gravedad se cumple en un 100%. Pero había que poner un número, y elegimos sesenta días.

Voy a ser absolutamente honesto con los integrantes de la Cámara: yo quería establecer quince días. Creo que eso estaría mucho más de acuerdo con lo que es la realidad social de hoy: nadie está sesenta días en celibato después de que se separa. ¡Nadie! Pero, bueno: nos pusimos de acuerdo en los sesenta días.

(Interrupciones.- Respuesta del orador)

——Yo haría una pregunta, de esas confidenciales, como cuando se dice: "Mire que su nombre no va a figurar en ningún lado". Quisiera saber cuántos esperaron tres horas y de ahí en adelante. Pero vamos a dejarlo en sesenta días.

Lo que yo digo es que de una vez por todas tenemos que encarar de frente estas cosas que no se arreglan con leyes, que en realidad sirven para complicarle la vida a la gente. Las leyes no tienen la propiedad de crear o no crear la forma que va a tener la familia; apenas si pueden reconocer las cosas como son. Entonces, creo que esto es clarificar las cosas y dar tranquilidad. Ahora bien; tengamos en cuenta lo siguiente: que una persona sea condenada como responsable de un divorcio, tiene consecuencias; y si es por adulterio, más consecuencias. Eso está en el informe que se preparó para este tema: puede perder las donaciones que se hicieron por motivo de matrimonio, se le puede hacer un juicio por daños y perjuicios, porque la fidelidad es una obligación legal. Toda violación de una obligación legal puede traer un perjuicio, y si trae un perjuicio, hay que repararlo. Aquel que es declarado culpable puede tener que responder por daños y perjuicios y muchas cosas que creo están en total desarmonía con lo que hoy sostiene la sociedad. A tal punto esto es así, que pasa lo siguiente -quienes son abogados me van a entender en esto-: resulta que cuando uno va con una clienta o un cliente a un juicio por riñas y disputas, ustedes saben que hay una audiencia y el primero que pregunta es el Juez o la Jueza. Se le pregunta al testigo si conoce a las partes, si sabía que había riñas y disputas, cuándo las vio, que describa alguna, y todo lo que en el juicio de divorcio se hace. Una pregunta que cada vez es más frecuente es si el testigo sabe si alguno de ellos tiene una nueva pareja. La gente, muy suelta de cuerpo, dice sí o no, según lo que esté pasando, porque en su pensamiento realmente no cabe que eso pueda ser una cuestión irregular. Y tan poco irregular es, que frecuentemente la gente contesta al Fiscal o a la Fiscal que uno de ellos tiene una pareja y, sin embargo, el Fiscal decreta el divorcio por la causal invocada.

En definitiva, creo que este es un proyecto que ayuda a poner la realidad legal a punto con respecto a la realidad social de hoy y, en consecuencia, en el Frente Amplio abogamos por su aprobación.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor Diputado Lacalle Pou.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: en primera instancia, voy a plantear una cuestión de forma. Voy a citar a mi estimado colega, el señor Diputado Orrico, en virtud de la consideración de una reforma del Código del Niño que tratamos en Comisión. El señor Diputado sostenía -yo no lo compartía- que los Códigos no se pueden reformar de a pedacitos, por incisos de algunos artículos, cuando son un todo. Fíjese las cosas que tiene la vida, porque esto fue hace dos semanas. Hoy venimos a retocar o a agregar un inciso nada más y nada menos que a un artículo que hace referencia a la institución matrimonio, que es la base de la familia y, por ende, la base de nuestra sociedad. Por eso hablé de cuestiones de forma. Si es malo reformar el Código del Niño en un artículo, peor es agregar un inciso al Código Civil, de mucha más larga data, y nada más y nada menos que respecto a la institución matrimonio.

Es lógico, y recuerdo una discusión que tuvimos con el señor Diputado Orrico en virtud del tratamiento de la ley de despenalización del aborto, o de salud reproductiva -no recuerdo el nombre exacto-, en la cual él me decía que uno no puede venir al Parlamento a tratar de imponer moral o determinados valores. Yo digo que es al revés. Creo que, como legislador, tengo el deber de entrar a este recinto como soy como persona, con todas las circunstancias que me rodean y, por ende, con mis creencias, mis principios y mis valores. Y voy más lejos: creo que el legislador y el Estado deben impartir una moral, y lo han hecho históricamente. El codificador, en el Código Civil, ha impartido una moral y un deber ser, y ha dicho que la base de la familia es el matrimonio, entendido entre hombre y mujer, mujer y hombre, el matrimonio heterosexual. Y entre los deberes principales de esta unión matrimonial, el artículo 127 establece que se deben fidelidad mutua. ¡Ojo! En la Comisión se dijo que esta es una norma programática, y no lo es. Esta es una obligación establecida. Si se quiere decir que es una norma programática, debería decir: "se deberían deber fidelidad mutua", y dice: "se deben fidelidad mutua".

Es cierto que afuera de estas paredes suceden otras cosas. Es cierto que las normas a veces se tornan vetustas, pero reafirmo categóricamente que me considero un liberal en lo económico y un conservador en los valores morales. Lo reafirmo, y creo que este es uno de los proyectos en los cuales claramente se dividen las aguas. El señor Diputado Orrico, al hablar de este tema, se preguntaba qué es la familia hoy en día. No sé si la pregunta es "qué es la familia hoy en día", o "qué queremos que sea la familia hoy en día". Para mí, el deber de gobernante es ver qué queremos que sea la familia.

Este inciso que se agrega al artículo 127 del Código Civil atenta claramente contra la institución matrimonial. ¿Por qué? Por una simple y única razón: por más que haya separación de hecho, de tantos o cuantos días, seguimos regidos bajo el paraguas del matrimonio, sigue existiendo el matrimonio. Con esto se le saca uno de los elementos principales, que es el deber de fidelidad. ¡Ojo! Aquí no se dice que cesa el deber de fidelidad en una separación que terminará eventualmente en una separación de cuerpos o en un divorcio. Puede pasar perfectamente que yo me pelee con mi mujer, ella se vaya para la casa de sus padres, haya una separación voluntaria e ininterrumpida de sesenta días y luego nos amiguemos, pero mientras tanto uno de los dos salió con otra persona; y digo "salió" en el sentido del diccionario del señor Diputado Orrico, que se entiende. Luego volvió, y no hubo infidelidad.

En el proyecto ni siquiera se dice que esta separación deberá estar acompañada por una demanda de separación de cuerpos o de divorcio. Ahí sí habría una voluntad expresa de uno de los cónyuges de decir que empezaron un camino sin retorno después del cual cada uno va a terminar por su lado, rehaciendo su vida.

Todos entendemos que la vida de hoy se procesa de otra manera. Todos entendemos que nadie espera tres años una sentencia de divorcio para rehacer su vida, y es lógico. No somos extremistas en estos conceptos, pero tenemos claro hacia dónde tenemos que poner nuestra proa: hacia la defensa de la institución matrimonial, el matrimonio heterosexual.

En este sentido, dijimos en la Comisión que entendíamos que, pasados seis o siete meses, cada uno empieza a salir nuevamente -siempre según el concepto del señor Diputado Orrico-, y eso no debería traer aparejadas las consecuencias del adulterio. Por eso propusimos que no se retocara el artículo 127 del Código Civil, sino que simplemente se estableciera que después de transcurrida una separación voluntaria e ininterrumpida por un plazo prudente -uno siempre es arbitrario cuando establece plazos, porque tanto pueden ser seis meses como ocho meses- no se podrá alegar el adulterio como causal culpable de divorcio. Si a los seis meses se fue infiel, yo, como abogado, lo utilizaría como una de las pruebas de riñas y disputas para concurrir a un divorcio. Es obvio que si hubo una relación con otra persona eso generó riñas y disputas, y es obvio que hubo infidelidad.

Con el mismo fin que buscan quienes presentaron este proyecto de ley, y sin erosionar la institución matrimonial, teniendo el pie en la tierra, siendo liberales en algunas cosas pero, con mucho orgullo, conservadores en otras, recomendamos "aggiornar" la legislación, pero teniendo en cuenta que quienes entramos en este recinto debemos proteger una moral que nuestro Estado se ha dado, que nuestro país se ha dado, que son los valores de la familia, la cual es la base de la sociedad.

Por eso, señor Presidente, recomendamos al plenario votar en contra de este proyecto.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado Salsamendi.

SEÑOR SALSAMENDI.- Señor Presidente: lo primero que hay que señalar o reiterar con claridad en este caso es que la importancia mayor que se asigna al concepto de fidelidad mutua en nuestro Código Civil tiene un efecto bastante lejano con respecto a los problemas relacionados con la moral y las buenas costumbres, y está extremadamente vinculado con el problema de los bienes patrimoniales. El Código Civil regula las relaciones de familia y, a partir de estas, regula, fundamentalmente, el problema de la propiedad de los bienes. Esta es la esencia de la regulación de un Código del siglo XIX, con el cual estamos en falta por no haberlo modificado sustantivamente al día de hoy; tendremos que hacerlo necesariamente.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Martínez Huelmo)

——El informe escrito que presentó el señor Diputado Orrico señala, por ejemplo, que la mujer declarada culpable del divorcio pierde el derecho a la pensión alimenticia congrua; que el cónyuge que diere causa a la separación perderá todo lo que se le hubiere dado o prometido por su consorte o por cualquier otra persona en consideración al matrimonio; que el cónyuge declarado culpable del divorcio por violación del deber de fidelidad puede ser demandado por daños y perjuicios provocados por esta ilicitud, aspectos todos vinculados con el carácter patrimonial. Esto es: el problema son los bienes, quién se queda con los bienes. Es esto lo que esencialmente estamos planteando aquí.

En cuanto al problema de los plazos, el señor Diputado Lacalle Pou recién realizó el mismo planteamiento que en Comisión, donde hubo una interesante discusión -entiendo yo-, con argumentos sólidos de ambas partes. Él señalaba que sesenta días puede ser poco y establecía algún otro período; hablaba de ciento ochenta días, de seis meses. Yo quiero decir que en este hemiciclo hay legisladores que me señalaron que en algún caso sesenta días les parecía mucho. Es decir que el problema de cómo se fijan los tiempos es esencialmente opinable; necesariamente tiene un aspecto subjetivo, y hasta se puede decir que en algunos casos es relativamente aleatorio. Por lo tanto, sinceramente, no creo que acá esté el centro del problema o de la discusión.

Pero vayamos a la práctica, a lo que pasa en este país. Ocurre en muchos casos de separación que el primer gran problema -esto lo sufren mayoritariamente las mujeres- es lograr encontrar el nuevo domicilio de la otra persona para saber dónde se debe demandar. Si no se demanda en el lugar adecuado, puede ocurrir que se plantee la nulidad de todo el trámite de divorcio en función de un principio procesal absolutamente obvio, que es no haber emplazado, no solo en tiempo y forma, sino además en un lugar en donde el eventual demandado pueda enterarse de que lo demandaron por algo.

Por otro lado, se dice que con esta norma se está poniendo en juego la existencia de la institución matrimonio y de la familia en nuestro país; esto es, que esta norma atentaría contra esos principios.

En primer lugar, creemos que hay cosas que se responden por sí solas. Las argumentaciones en contrario vienen como un planteamiento de que esta excepción no se encuentra en el artículo en el que está, sino en otro. Por ende, entiendo muy claramente que se está señalando que aquí no hay un problema de fondo en el sentido de que este proyecto esté atentando contra nada en particular.

¿Por qué ponerlo en el artículo 127 y no en el artículo 148? Los legisladores que apoyamos este informe en mayoría y que votamos este proyecto en forma mayoritaria en la Comisión entendimos que era la mejor forma de lograr que no existieran dudas a los efectos interpretativos que podrían llegar a plantearse. Esto es: si existe un principio general al que se le pone una determinada excepción, eventualmente podría caber alguna dificultad de carácter interpretativo. Entendemos, francamente, que el mejor lugar es el agregado que se hace al artículo 127 del Código Civil.

Reconocemos que hay un debate más sustantivo -me refiero a mi opinión, no al debate fundamental que estamos dando a los efectos de esta norma-; lo quiero adelantar porque va a haber otras normas, ya presentadas en este Parlamento, que probablemente vendrán a esta Cámara a los efectos de su resolución.

El señor Diputado Lacalle Pou expresaba -todos nosotros debemos agradecer la claridad con que planteó este tema- que es partidario del liberalismo más absoluto en el plano económico y del control más férreo posible en cuanto a otro tipo de relaciones, a otro tipo de situaciones sociales, en las que se termina imponiendo una forma de vivir, una forma de relacionarse, una forma de ser y estar en el mundo.

Señalo que soy partidario, sin dogmatismo alguno, de niveles importantes de intervención del Estado en la economía, pero también señalo claramente que soy partidario de la mayor amplitud y libertad posible en las formas para que la gente pueda desarrollarse y relacionarse en una sociedad como mejor lo entienda, en la medida en que esto no atente contra los derechos de otros. Y esto se dice con una sola expresión: libertad y tolerancia. Consideramos que acá todos deberíamos estar de acuerdo con que la defensa de la libertad y de la tolerancia son principios fundamentales que hacen al régimen en el que vivimos y, por lo tanto, en nombre del Estado no me creo quién para estar fijando a los demás normas de conducta absolutamente rígidas que lo que hacen es imponer la forma en la que yo pienso que todos los demás deben vivir y convivir, sin que esto implique que aquí estemos planteando ausencia de normas o algo por el estilo.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el señor miembro informante en minoría.

SEÑOR LACALLE POU.- Señor Presidente: en realidad, quiero hacer tres o cuatro aclaraciones.

No se trata de imponer una forma de ser o una moral; se brega por ella.

En cuanto a los adjetivos que se emplearon para referirse al liberalismo y al conservadurismo -creo que se habló del liberalismo más absoluto y del conservadurismo más férreo- corren por cuenta del señor Diputado Salsamendi.

Es cierto que tratamos de que el Estado tenga determinados parámetros y determinadas normas. Si este proyecto de ley sale aprobado de aquí, pasa por el Senado y se transforma en ley, no lo vamos a compartir, pero vamos a defenderlo. Sí, tratamos de contagiar, de convencer de lo que nosotros creemos que debe ser la sociedad y, por ende, el matrimonio; pero lo que sea derecho positivo, convencidos o no, vamos a defenderlo. Entonces, no se trata de imposición, sino de intentar convencer.

Con picardía, el señor Diputado Salsamendi -como ya lo había hecho en la Comisión, yo sabía que el tema podía venir por ahí y por eso me agarró medio preparado- dice que yo estoy proponiendo lo mismo, no por el artículo 127, sino diciendo que no se puede utilizar el adulterio como causal culpable en materia de divorcio. Pero no es lo mismo; no lo es porque yo digo que se siga manteniendo el deber de fidelidad y, en caso de que no se cumpla con este deber, en un plazo que yo proponía que fuera mucho mayor que de sesenta días, no se pueda alegar la causal adulterio para divorciarse. Son caminos totalmente distintos: sigue existiendo el deber de fidelidad y -como decía- si la infidelidad se manifiesta puede ser perfectamente utilizada o empleada como un elemento de una futura demanda de divorcio por riñas y disputas. Por ende, en ningún momento estoy diciendo lo mismo que trataba de hacerme decir el señor Diputado Salsamendi.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR ORRICO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el señor miembro informante en mayoría.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: cuando uno estudia el derecho comparado ve algunas legislaciones que establecen que no se podrá alegar la causal adulterio cuando los cónyuges estén separados de hecho, o fórmulas similares. Lo que sucede es que el deber de fidelidad no solo se traduce en un adulterio. El adulterio es la relación carnal con personas de distinto sexo, pero también es violación del deber de fidelidad la relación carnal con personas del mismo sexo, en cuyo caso no se trata de adulterio, sino de una injuria grave. Precisamente, por eso se habla de deber de fidelidad, que es más abarcativo que limitar el asunto solo al tema del adulterio.

Es cuanto quería decir, señor Presidente.

Gracias.

SEÑOR PÉREZ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PÉREZ.- Señor Presidente: yo soy medio burro; entonces, hay cosas que no entiendo. No entiendo cómo se puede ser neoliberal en lo económico y conservador en lo moral. Yo miro mi entorno y veo que las familias se desintegran, sobre todo a partir de que las fábricas empiezan a cerrar, de que las madres tienen que salir a trabajar, de que los gurises adolescentes salen a "mangar" en los ómnibus y a trabajar en lo que pueden, de que empiezan a faltar a las escuelas y de que estas se abarrotan por falta de recursos. Por eso no entiendo, no me cierran los números.

Era esto lo que quería decir, señor Presidente.

SEÑOR DOTI GENTA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Voy a concederle el uso de la palabra y, a continuación, retomaremos la lista de oradores en la que, hasta ahora, figuran los señores Diputados Borsari Brenna, Lorenzo y Scavarelli.

Tiene la palabra el señor Diputado Doti Genta.

SEÑOR DOTI GENTA.- Señor Presidente: a veces uno escucha acá, en Cámara, a determinados Diputados hacer referencia al neoliberalismo y se sorprende verdaderamente, teniendo en cuenta las críticas constantes que en este último tiempo se han oído de parte del partido de Gobierno y de sindicatos, que sabemos que son afines al Gobierno, hacia el Presidente de la República; no digo al Ministro de Economía y Finanzas porque él, en definitiva, no hace lo que quiere, sino lo que le permite el Presidente.

Según el actual oficialismo, neoliberalismo era pagarle al Fondo Monetario Internacional...

(Interrupción del señor Representante Orrico)

——¡No! ¡Fuera de tema, no! ¡Aquí se alude al neoliberalismo! ¡Yo estoy dentro del tema! De modo que me deben permitir hablar tranquilamente, sobre todo el señor Diputado Orrico, que tiene experiencia dentro de esta Cámara.

Quiero decir únicamente esto: ¡cuidado cuando se habla de neoliberalismo! Porque en este país, hoy -lo dijo el señor Presidente-, las políticas económicas son iguales a las que hay desde el año 2002.

Gracias, señor Presidente.

(¡Muy bien!)

17.-     Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

Del señor Representante Tabaré Hackenbruch, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 5 de julio de 2006 y por los períodos comprendidos entre los días 11 y 13, 19 y 20 y 25 y 27 de julio de 2006, convocándose al suplente siguiente, señor Heber Duque.

Del señor Representante Horacio Yanes, en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, literal D) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir al Seminario "Los Congresos en la Política de las Políticas Sociales en América Latina", a desarrollarse en la ciudad de Washington D.C, Estados Unidos de América, por el período comprendido entre los días 8 al 16 de julio de 2006. Habiéndose agotado la lista de suplentes, solicítase a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

Del señor Representante Javier Salsamendi, en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, literal D) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir al Seminario Sub-Regional de Formación-Reflexión: "Estrategias de Implantación de la Carta Iberoamericana de la Función Pública", a desarrollarse en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, República de Bolivia, por el período comprendido entre los días 10 y 16 de julio de 2006, convocándose a la suplente siguiente, señora Beatriz Costa.

Del señor Representante Álvaro Delgado, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 11 y 13 de julio de 2006, convocándose al suplente siguiente, señor Martín Fernández".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y siete en cincuenta y nueve: AFIRMATIVA.

En consecuencia, quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas mencionadas, y se oficiará a la Corte Electoral en el caso pertinente.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 5 de julio de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por el día de la fecha.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI
Representante por Canelones".

 

"Montevideo, 5 de julio de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

Al amparo de lo previsto por la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia por razones personales por los días 11 al 13 de julio inclusive, 19 al 20 de julio inclusive y 25 al 27 de julio inclusive.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

TABARÉ HACKENBRUCH LEGNANI
Representante por Canelones".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: Las solicitudes de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Tabaré Hackenbruch.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 5 de julio de 2006 y por los períodos comprendidos entre los días 11 y 13, 19 y 20 y 25 y 27 de julio de 2006.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 5 de julio de 2006, y por los períodos comprendidos entre los días 11 y 13 y 19 y 20 y 25 y 27 de julio de 2006, al señor Representante por el departamento de Canelones, Tabaré Hackenbruch.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el día 5 de julio de 2006 y por los mencionados lapsos, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2005 del Lema Partido Colorado, señor Heber Duque.

Sala de la Comisión, 5 de julio de 2006.

VÍCTOR SEMPRONI, ALBERTO PERDOMO, NORA GAUTHIER".

 

"Montevideo, 5 de julio de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia en el período comprendido entre el día 8 de julio y el día 16 de julio de 2006, por obligaciones notorias inherentes a su representación política.

Sin más saluda atentamente.

HORACIO YANES
Representante por Canelones".

 

"Montevideo, 5 de julio de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto en virtud de la licencia presentada por el Representante Nacional Don Horacio Yanes.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

Diego Moizo".

 

"Montevideo, 5 de julio de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto en virtud de la licencia presentada por el Representante Nacional Don Horacio Yanes.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

José Olivera".

 

"Montevideo, 5 de julio de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente comunico que por esta única vez no he de aceptar la convocatoria de la cual he sido objeto en virtud de la licencia presentada por el Representante Nacional Don Horacio Yanes.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

Edgardo Duarte".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia del señor Representante por el departamento de Canelones, Horacio Yanes, en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, para participar del Seminario "Los Congresos en la Política de las Políticas Sociales en América Latina", a desarrollarse en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 8 y 16 de julio de 2006.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señores Diego Moizo, José Olivera y Edgardo Duarte.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal D) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por el período comprendido entre los días 8 y 16 de julio de 2006, al señor Representante por el departamento de Canelones, Horacio Yanes en virtud de obligaciones notorias inherentes a su representación política, para participar del Seminario "Los Congresos en la Política de las Políticas Sociales en América Latina", a desarrollarse en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos de América.

2) Acéptanse, por esta única vez, las renuncias presentadas por los suplentes siguientes, señores Diego Moizo, José Olivera y Edgardo Duarte de la hoja de votación Nº 99000 del lema Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría.

3) Ofíciese a la Corte Electoral.

Sala de la Comisión, 5 de julio de 2006.

VÍCTOR SEMPRONI, ALBERTO PERDOMO, NORA GAUTHIER".

 

"Montevideo, 5 de julio de 2006

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle licencia desde el día 10 hasta el 16 del mes de julio de 2006, amparándome en el inciso D) Artículo 1º de la Ley Nº 17.827. El motivo es participar en el Seminario Sub-regional de Formación Reflexión: "Estrategias de Implantación de la Carta Iberoamericana de la Función Pública", a realizarse en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 10 al 13 del mes en curso.

El Seminario es organizado por las Naciones Unidas y la Agencia Española para la Cooperación Internacional.

Por lo tanto, solicito se convoque a mi suplente.

Sin más, saluda atentamente.

JAVIER SALSAMENDI
Representante por Montevideo".

 

"Montevideo, 5 de julio de 2006

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la Banca.

Sin más saluda a usted atentamente.

Julio Battistoni".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia del señor Representante por el departamento de Montevideo, Javier Salsamendi, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para participar en el Seminario Sub-Regional de Formación-Reflexión: "Estrategias de Implantación de la Carta Iberoaamericana de la Función Pública", a realizarse en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, República de Bolivia.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 10 y 16 de julio de 2006.

II) Que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente siguiente, señor Julio Battistoni.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal D) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia al señor Representante por el departamento de Montevideo, Javier Salsamendi, por el período comprendido entre los días 10 y 16 de julio de 2006, en virtud de obligaciones notorias cuyo cumplimiento resulta inherente a su representación política, para participar en el Seminario Sub-Regional de Formación-Reflexión: "Estrategias de Implantación de la Carta Iberoamericana de la Función Pública", a realizarse en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, República de Bolivia.

2) Acéptase la negativa presentada por esta única vez, por el suplente siguiente, señor Julio Battistoni.

3) Convóquese para integrar la referida representación por el mencionado lapso, a la suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señora Beatriz Costa.

Sala de la Comisión, 5 de julio de 2006.

VÍCTOR SEMPRONI, ALBERTO PERDOMO, NORA GAUTHIER".

 

"Montevideo, 5 de julio de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio Cardozo.

Presente.
De mi consideración:

Por la presente solicito licencia por motivos personales por los días martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de julio de 2006 y se convoque a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda atentamente.

ÁLVARO DELGADO
Representante por Montevideo".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Álvaro Delgado.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 11 y 13 de julio de 2006.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el período comprendido entre los días 11 y 13 de julio de 2006, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Álvaro Delgado.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 33 del Lema Partido Nacional, señor Martín Fernández.

Sala de la Comisión, 5 de julio de 2006.

VÍCTOR SEMPRONI, ALBERTO PERDOMO, NORA GAUTHIER".

18.-     Deber de fidelidad mutua entre los cónyuges. (Se dispone que cesará tras sesenta días de separación voluntaria e ininterrumpida).

——Prosigue la consideración del asunto en debate.

Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Diputado Borsari Brenna.

SEÑOR BORSARI BRENNA.- Señor Presidente: vamos a votar negativamente este proyecto de ley por las razones que se han esgrimido por parte de nuestro compañero, el señor Diputado Lacalle Pou, y queremos reflexionar sobre algunas otras.

Creemos que este es un mal proyecto, porque entre sus fundamentaciones está el adecuar el derecho a la realidad. Esta es una gran discusión que, sin duda, está bien que la tengamos aquí, en el Parlamento. Ahora, correr detrás de la realidad para traerla al derecho positivo y consagrar normas para que el derecho se adecue a ella, ¿es bueno o malo? Es decir: la realidad, los hechos en sí mismos, ¿tienen que ser consagrados como ley, como derecho positivo, independientemente de que sean buenos o malos? Creo que antes de hacerlo deberíamos ver si la realidad es buena o mala, si esa realidad que se quiere imponer en nuestras normas, modificando las que ya tenemos, es buena o mala. Pienso que antes de incluir normas en nuestro derecho positivo tenemos que ver cuál debe ser nuestro deber ser. Considero que el deber ser es una de las guías que todo legislador -y, naturalmente, todo ciudadano- debe tener como norte para legislar, para votar una norma.

Me parece que si aprobamos este debilitamiento de la institución matrimonial estaríamos infiriendo un grave daño a una de las normas no solo del Código Civil, sino de la Constitución de la República, que establece en el artículo 40 del Capítulo II: "La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad".

En cuanto a la argumentación que hace el señor Diputado Orrico, con todo respeto quiero discrepar con él, como lo hemos hecho en la Comisión acerca de los divorcios. Es verdad que en nuestra sociedad hay una catarata de divorcios. Es cierto; es un dato de la realidad. Yo lamento que en nuestra sociedad y en muchas sociedades del mundo se dé esa realidad, porque sin duda muchos de los males que aquejan hoy a la sociedad uruguaya y a la de distintos países radican en que la familia se ha disgregado -creo que en esto podemos coincidir-; se ha disuelto la familia compuesta por padre, madre e hijos; ya no tiene la vigencia y la fuerza que tenía hace algunos años. Me parece que atenuar una norma que establece un principio...

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Cardozo Ferreira)

——Y en este punto voy a discrepar con mi compañero, el señor Diputado Lacalle Pou, en cuanto a que hay normas programáticas. ¡Todo nuestro derecho positivo está lleno de estas normas programáticas! Basta leer el artículo 40 de la Constitución de la República, o el 45, que establece: "Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa […]". Esa es una norma programática que estamos obligados a cumplir. Por supuesto, son obligatorias, están en el derecho positivo, pero son normas programáticas. Es bueno que quede en la versión taquigráfica una afectuosa discrepancia con mi compañero, el señor Diputado Lacalle Pou, pero sí hay normas programáticas que son obligatorias. Me parece que normas programáticas son aquellas que enuncian un principio. Considero que el artículo 127 del Código Civil, que establece: "Los cónyuges se deben fidelidad mutua y auxilios recíprocos", es una norma programática.

El Partido Nacional propuso en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración que se introdujera una modificación a efectos de que nadie se perjudicara desde el punto de vista patrimonial -al fin y al cabo, de eso se trata-, lo que se lograría insertando una norma que estableciera un plazo mayor, pero en otro artículo del Código Civil, de manera tal de que esta norma de principios quedara inalterada y no se viera mediatizada por una separación de sesenta días, que es otra de las discrepancias muy fuertes que tenemos. En sesenta días pueden pasar muchas cosas: que se separe un matrimonio -por supuesto-, pero también que se vuelva a juntar. Entonces, no podemos presumir que haya una separación de hecho de un matrimonio porque en sesenta días hubo una separación.

Entonces, señor Presidente, creo que si se aprobara esta norma estaríamos empujando hacia esa realidad de muchos divorcios, que nadie quiere, y dando una señal en cuanto a que en nuestra sociedad siga habiendo separaciones y divorcios. Estaríamos dando una señal equívoca de que a nuestra sociedad no le importa tanto la estabilidad de la familia. Señor Presidente: a mí sí me importa dejar en claro ese punto, y tenemos que propender, por medio de normas constitucionales y que estén en los Códigos, a que la familia tenga estabilidad.

Creo que esa es una gran discusión que nos debemos. Si hemos constatado algún problema, que consiste en que hay muchos divorcios en nuestro país y muchos menos matrimonios que hace algunos años, entonces estamos padeciendo una patología muy lamentable, que tendríamos que tratar de atenuar o eliminar.

Espero que nuestras palabras puedan ayudar a que esto se modifique y se pueda establecer en otro artículo a los efectos de que las cuestiones patrimoniales sean protegidas para que ninguno de los dos cónyuges se vea perjudicado en un caso de separación, sin tocar una norma que, reitero, establece un principio fundamental dentro del esquema que nuestra Constitución y nuestra sociedad se han dado, y es que la familia es la base de la sociedad.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado Lorenzo.

SEÑOR LORENZO.- Señor Presidente: voy a hacer una intervención con algunos conceptos, pero también plantearé dudas y no opiniones categóricas contrarias a este proyecto, aunque, si se somete a votación tal cual está, lo votaré en contra. Paso a explicar.

En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento a la bancada oficialista por su actitud en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ante un planteo que hice con relación a tratar de reconsiderar el proyecto tal cual venía, en ausencia de su autor, el señor Diputado Orrico. Ello generó un intercambio, pero no dio lugar a una propuesta alternativa porque en un breve cruce con el señor Diputado Orrico -ante ausencias encadenadas- llegué a la conclusión de que había tal nivel de convicción respecto a la redacción dada que quizá no valía la pena insistir en modificarla. Entonces, en la sesión de discusión opté por plantear las dudas que manifesté inicialmente.

En segundo término, debo hacer un reconocimiento a la seriedad y al profesionalismo del señor Diputado Orrico en su actividad legislativa, con lo cual queda claro que las dudas que voy a manifestar no significan cuestionar esa condición.

Muchas de las reflexiones que se han hecho en Cámara me han llamado también a mí a reflexión, y quiero hacer algunas precisiones. No hay que ser categórico en cuanto a qué significa legislar. Legislar significa muchas cosas. Legislar tiene un sentido, un fin, y puede tener muchos. Uno de ellos puede ser tratar de acompasar la normativa a una realidad social, como es el caso de este proyecto. Otro puede ser tratar de modificar la realidad social. Y a pesar de que hay algunas concepciones ideológicas que consideran que la norma siempre refleja una realidad socioeconómica y no la modifica, la historia está llena de ejemplos de normas que han modificado la realidad social, y no en el sentido de ampliar las relaciones sociales económicas, como algún teórico estableció -me refiero a Nikos Poulantzas, un neomarxista griego-, con lo cual se puede hacer cualquier cosa.

El ejemplo típico de la modificación del orden social impulsada desde la normativa es, precisamente, el Código Civil, que es una de las grandes obras de la Revolución Francesa, y buscaba sustituir el orden tradicional que establecía el mayorazgo y otras muchas regulaciones. Lo que se pretendió con el Código Civil fue, precisamente, cambiar el rumbo, cambiar la realidad. ¡Y vaya si lo logró! A tal punto que en algunos casos ha sido imitado de forma automática para ser trasladado a realidades donde ha tenido dificultades de aplicación, pero que a la larga terminaron conformando esa realidad de la manera que estaba prevista.

Acá no se está haciendo un cambio radical de valores esenciales, como tampoco se hizo -y valga el ejemplo- en las modificaciones de la eufemísticamente llamada ley de humanización del sistema carcelario, cuando se prometía que eso era la alborada de una nueva concepción del derecho penal. Acá estamos haciendo una modificación para acompasar el Código Civil a la realidad social. En ese sentido, creo que el diagnóstico del problema que hace el señor Diputado Orrico es correcto; hay una realidad. Creo que es necesaria una modificación del tipo de la que se está planteando -no esta en particular-, también para evitar que los Jueces terminen adoptando sentencias que vayan contra el derecho positivo, lo que en nuestro sistema legal de tipo continental es absolutamente inadmisible. Las sentencias son fuente de derecho en sentido material, pero no son fuente de derecho en sentido formal, y ya no estamos hablando como antecedentes; estamos hablando -en la cita que hizo el señor Diputado Orrico- de algunas sentencias que van en contra de la norma, pero que dan algo de jugo para interpretar esta situación.

Otro tema que quiero comentar en el plano de los conceptos o de las concepciones, relativizando el aspecto de acompasar los tiempos, de no inculcar valores o de recoger la realidad social, es que esa forma de legislar -que yo entiendo conveniente- tratando de adecuar las normas a la realidad social tiene sus límites. Si mañana -esperemos que no; es un ejemplo por el absurdo- en la sociedad uruguaya se empiezan a desencadenar actos de violencia que hacen que la gente actúe por mano propia y el homicidio pase a ser el medio de tratar de compensar el daño que se hace; si nos empezamos a matar todos y las estadísticas de homicidio suben, no vamos a derogar el delito de homicidio. ¿Por qué? ¿Dónde está el límite? El límite está en los valores que todos tenemos y que van más allá del derecho positivo. Algunos le llaman derecho natural, que también tiene su evolución, que no es algo inamovible, pero ha tenido a lo largo de la historia -para aquellos que no son positivistas y creen que hay un derecho natural- una evolución en un sentido siempre positivo en el sentido de la dignidad humana y de la libertad, no para atrás. Entonces, algo que en otra época se entendía como el derecho natural de matar a otro para defender el honor, hoy se entiende que no es así. Porque el derecho natural -yo sí creo en eso- deja claramente establecido que matar está mal, para decirlo en criollo.

Ahora paso a referirme al marco de lo que estamos hablando. Yo creo que para que haya familia no necesariamente debe haber matrimonio. No asocio la institución formal matrimonio, la del Código Civil, a la existencia de una familia. Digo esto para que vayan enfocando por dónde va mi pensamiento y por qué no me parece este proyecto correctamente formulado, aunque es una alternativa. También creo que la estabilidad de la familia no depende de que el Código Civil establezca la indisolubilidad del matrimonio. Es más: a veces lo que generan las normas es la clandestinidad y la violación de estas cuando hay una realidad que no funciona de acuerdo con ellas. En consecuencia, me parece que es conveniente, como se hace con este proyecto, tratar de solucionar esta situación que es parte de una realidad.

Hablando de acompasar las normas o de atraso, quiero decir que toda la normativa de la separación de cuerpos y del divorcio tiene un atraso considerable por los plazos, por las formalidades y porque, además, tiene toda una regulación. Aquí ya no me refiero solo a la disolución del matrimonio, sino a su regulación y al régimen de bienes en general, que obedecía a una vieja concepción, lo que se llama en derecho de familia "feminismo de compensación", que fue modificada por la ley de derechos civiles de la mujer, pero que dejó vigentes algunas disposiciones que descompensan la relación. Por ejemplo, la mujer tiene derecho a los alimentos congruos, o sea, a los alimentos que le permitan mantener el nivel de vida que tenía durante el matrimonio, no aquellos necesarios para la subsistencia, que es otra cosa distinta. El hombre no tiene ese derecho.

El Código Civil establecía -y lo sigue haciendo- el divorcio por la sola voluntad de la mujer. La ley de derechos civiles de la mujer debió haber establecido que el hombre también por su sola voluntad podría divorciarse. El Código Civil quedó descompensado. Hay algunas disposiciones que favorecen a un género en función de que eran compensatorias del desequilibrio generado por normas que eran inaceptables desde el punto de vista de una concepción de igualdad. Hay otros casos en el Código Civil que lo establecen.

Entonces, con todas estas reflexiones, voy al punto en particular.

Creo que hay que regular esto, que es correcto plantearse el problema. Pero no estoy de acuerdo con establecer un plazo. Creo que en lugar de asociar el cese del deber de fidelidad entre los cónyuges a un plazo, una fórmula más apropiada hubiera sido requerir una manifestación de voluntad inequívoca de no continuar con esa relación matrimonial, aun cuando el vínculo no estuviera disuelto.

En un intercambio informal en la Comisión se ensayó alguna idea, como una medida provisoria: presentar un escrito como una medida preparatoria que no necesariamente signifique el divorcio, pero que, de alguna manera, relacione que el cese del deber de fidelidad está asociado a una manifestación de voluntad y no a un plazo, porque puede ser al otro día.

También podría plantearse -ahora verán por qué al principio de mi exposición dije que iba a exponer dudas- una condición para que no existiera adulterio, aun con el establecimiento de un plazo como el que se propone: que sobrevenga el divorcio, que sobrevenga una separación definitiva. Acá voy a un punto. El señor Diputado Orrico citó muy correctamente una sentencia cuyo redactor fue el actual señor Ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Van Rompaey, pero en ella se habla de separación definitiva. Esa elusión a la interpretación exegética de lo que dice el Código -esa sentencia, en mi opinión, es ilegal- está dada porque se entiende que hay una separación definitiva. O sea que de alguna manera habría que darle un carácter definitivo a esa separación, ya sea a través de un plazo o por una manifestación de voluntad unilateral.

Me parece que debemos considerar estos elementos porque, si no, lo que estaríamos estableciendo sería la licencia matrimonial en uno solo de los deberes del matrimonio, más allá de que el régimen de separación de bienes y de divorcio establece otras situaciones que cambian en ese estatus de la relación matrimonial. Además, estaríamos estableciendo una forma muy fácil de eludir el deber de fidelidad. Y esto no lo digo en el sentido de tratar de poner un obstáculo para que una relación que en la realidad está rota, no se rompa por contención formal. Yo no estoy de acuerdo con establecer normas que vayan contra la realidad, porque lo único que harían sería favorecer la clandestinidad o el incumplimiento, y en ese caso estaríamos legislando para un mundo irreal.

En suma, hubiera preferido que la solución pasara por establecer este mecanismo que levanta el deber de fidelidad, que lo deja sin efecto en el marco de lo establecido en el artículo 154, referido a las medidas provisionales de la separación de cuerpos, o en el marco del artículo 170 del Código Civil, que establece los efectos de la separación de cuerpos, que son los mismos que luego se aplican al divorcio como institución.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado Scavarelli.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: realmente se está dando un debate muy interesante y muy bien llevado. Quiero decir algunas cosas particulares y otras generales.

En primer lugar, en este tipo de normas, y en particular en la que estamos considerando, es importante considerar la historia jurídica. Siempre es importante tenerla en cuenta, pero desde su origen, no desde un corte en tiempos intermedios, porque, en realidad, el problema angustiante que existió en las sociedades del tiempo de aprobación del Código tenía que ver con el factor de la paternidad. La determinación de la paternidad tenía efectos muy fuertes y, además, había un atavismo muy sólido sobre un tema que terminaba en la adjudicación de paternidad a alguien que no tenía forma de excusarla. Desde que existen pruebas de ADN la constatación ya puede ser realizada en poco tiempo, casi en forma instantánea, y seguramente las cosas se irán modernizando cada vez más. Y tanto es así que el vínculo se mantenía hasta la extinción formal, que era la sentencia ejecutoriada de divorcio, y el adulterio se sancionaba con la pérdida de los gananciales. Estamos hablando de que se perdía lo que se había construido en la vida matrimonial.

Por supuesto que el tema es digno de un precioso debate, que siempre hay tiempo de dar, pero también es cierto que pensar que uno de los cónyuges puede tener una vida de consuno con una nueva persona y estar disfrutando de los bienes que se le regalaron a los cónyuges en función de la relación de ese matrimonio es un tema que también debe dar lugar a un debate profundo.

Por otro lado, hoy se ha hablado de uno de los temas más apasionantes de la filosofía del derecho, es decir, de lo que el viejo Bodenheimer llamaba el derecho conformador del orden económico y social, luego reforzado por Radbruch con la axiología del derecho y los tres pilares básicos: la libertad, la justicia y la seguridad.

Pero queda claro -es indiscutible- que Uruguay no puede ponerse, desde el punto de vista legislativo, en la tesis de que el derecho jamás es conformador del orden económico y social. De hecho, como todos sabemos, toca, en grandes espacios de confluencia y de convergencia -aun no siendo uno exactamente igual al otro-, con espacios de la moral pública, de la moral social y del criterio más fuerte, del concepto de razón, que desde Savater para aquí termina siendo la explicación de las normas que permiten interpretar la razonabilidad esperada del otro.

Por lo tanto, me parece muy claro que el concepto de conformador tiene mucho que ver, que el de legitimador tiene mucho que ver, y que el de la consolidación de conductas también tiene mucho que ver.

La ley puede convalidar patologías del orden económico y social o, para seguir citando gente, puede realmente terminar convalidando patologías de la normalidad, a las que se refería Fromm. La existencia de la norma no las transforma en normales, sino en no ilícitas, que es una cosa distinta.

Con esto quiero decir que, salido de ese capítulo general, personalmente me parece difícil que los temas de la axiología, de los valores, de los principios que están en juego, puedan ser relativizados en función de plazos. Las cosas están bien o mal -estoy lejos de cualquier posición de puritanismo- y no importa si son sesenta o ciento ochenta días; me parece que están más allá del plazo. ¡Claro!, salimos de este principio para hablar de otro principio muy importante: el de la razonabilidad, porque una norma puede ser cualquier cosa, menos irrazonable.

En ese sentido, el tema de los plazos podría dar lugar a un largo debate, que nos estaría llevando, a su vez, al tema de la oportunidad, la conveniencia y la definición que hacía mi amigo, el señor Diputado Orrico -con su habilidad de siempre-, sobre la tipificación y la tipología de las salidas a lo largo de la historia reciente de la humanidad. Pero, salido de ese escenario, que también es un terreno muy pastoso, hay algunas cosas de fondo que me preocupan.

Primero: no parece compadecerse con la realidad el hecho de que el legislador pase por encima de la relación homosexual y no la considere a texto expreso -porque la deja afuera- como un factor de infidelidad, sobre todo porque, al mismo tiempo, estamos viendo que se habla de la homosexualidad como una opción de vida.

SEÑOR ORRICO.- ¿Me permite una interrupción, señor Diputado?

SEÑOR SCAVARELLI.- Ya termino, señor Diputado.

Por lo tanto, si en el informe en mayoría del proyecto se establece la cita específica de que tiene que ser una relación entre personas de distinto sexo, y dejamos el concepto de la homosexualidad como injuria grave, es porque estamos estableciendo categorías diferentes a nivel del tipo de relacionamiento sexual. Y no opino en cuanto a que esté bien o mal, sino que lo que quiero señalar y pido es que se aplique el principio de congruencia, porque si se trata de una opción de vida sexual, una relación homosexual, muchas veces con tendencia a la estabilidad, no puede ser configurada como un hecho basado en la injuria; está basada en una vocación de vida, que es personalísima, que el derecho no sanciona y que, de algún modo, termina con algún proceso indirecto de convalidación.

SEÑOR ORRICO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SCAVARELLI.- Permítame finalizar con esta idea y en seguida se la concedo.

Otro tema que me parece importante es la definición del texto tal cual está. Me parece riesgosa la interpretación que pueda darse a la separación de un concepto jurídico que hemos construido durante muchos años en la sociedad jurídica internacional -no solo en la uruguaya-, que es el concepto de vivir los cónyuges de consuno. Puede parecer un juego de palabras, pero como seguramente las mayorías van a estar para aprobar este proyecto -por lo menos, en esta Cámara-, quiero dejar expresado mi pensamiento en este punto. Creo que no es completamente feliz la redacción propuesta por quienes comparten este artículo, al establecer que cesa el deber de fidelidad por la separación de hecho, etcétera. El concepto de separación de hecho se ha construido siempre en base a la idea de interrupción voluntaria, para diferenciarlo del concepto de la fuerza mayor. Si uno de los cónyuges cae en pena de prisión o penitenciaría o sufre una incapacidad física que le determina su internación -la causal psiquiátrica ya la teníamos resuelta, porque está impedido el divorcio para el internado psiquiátrico-, por ejemplo, ¿qué pasa? Queda claro, señor Presidente, que nos quedó un espacio entre medio. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en un matrimonio uno de los cónyuges dice que le salió la oportunidad de ir a una misión de paz por un año o un contrato para trabajar en un lugar equis y el otro cónyuge le dice: "No, no, perdoname; vos a mí no me dejás sola un año acá; no quiero que te vayas"? Él o ella puede terminar definiendo que se va a ir de todas maneras. Esa separación es de hecho, porque es un hecho fáctico -están separados fácticamente-, y es voluntaria, porque una de las partes decide que así sea. ¿Qué le falta? No está consensuado, no hay consuno en la definición. Por eso las sentencias a lo largo de la jurisprudencia uruguaya se refieren permanentemente -acá está puesto tres veces o cuatro; subrayé tanto que ya perdí la cuenta- a la expresión "cesar la vida de consuno", tal como dice en la página 4, al final del primer párrafo. Dice asimismo en la página 1: "[...] no viviendo los cónyuges de consuno", citando una sentencia del Tribunal de Familia.

Si efectivamente esta norma va a obtener la mayoría, no será porque estemos de acuerdo, y queremos dejarlo dicho para cumplir con nuestra tranquilidad jurídica. De todos modos, me gustaría que se reflexionara para que este artículo quedara redactado de modo que en lugar de comenzar diciendo "Cesa el deber de fidelidad [...]" se estableciera: "Habiendo cesado la vida de consuno", para luego seguir: "cesa el deber de fidelidad [...]".

Bajo este formato no estoy en condiciones de votar, pero antes de terminar, quiero recordar al señor Presidente que el señor Diputado Orrico -que ha tenido la paciencia de esperar- me había solicitado una interrupción, que se la concedo.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede interrumpir el señor miembro informante en mayoría.

SEÑOR ORRICO.- Para mí siempre es un placer discutir con el señor Diputado Scavarelli. Quiero hacer dos aclaraciones.

En primer lugar, tuve como idea primigenia poner en el proyecto la referencia a la vida de consuno. Admito que se puede plantear así, pero también digo que el concepto de separación de hecho está tan aceptado que hasta hay una causal de divorcio. De manera que está aceptado y hay suficiente desarrollo doctrinario y jurisprudencial como para apelar a esa noción sin demasiados problemas.

En cuanto al tema de la homosexualidad, a ver si entendí bien. Voy a tratar de contestar, si es que entendí bien. Cuando se dice "Cesa el deber de fidelidad", precisamente, es porque el deber de fidelidad comprende tanto a las relaciones heterosexuales como a las relaciones homosexuales; tanto sea la conjunción carnal con personas de otro sexo como con personas del mismo sexo, se da, en ese caso, una violación del deber de fidelidad. Lo que sucede es que la relación con personas del mismo sexo no constituye un adulterio, pero no porque lo diga el Diputado Orrico, sino porque lo establecen la doctrina y la jurisprudencia, y porque es un concepto absolutamente consolidado dentro del orden jurídico nacional, contando en ello a todos los operadores del derecho.

Por eso se aludió al deber de fidelidad y no se puso, por ejemplo -lo dije hace un rato, pero me parece que viene a cuento nuevamente-, que "no constituirá adulterio tal conducta". Por esa razón se dice que no constituye violación al deber de fidelidad.

Esa es la aclaración. Realmente, lo de la vida de consuno admito que es una cuestión que se puede pensar -yo lo pensé así, en una primera instancia-, pero defiendo que el concepto de separación de hecho no genera problemas en el estado actual de nuestras relaciones jurídicas.

Gracias, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Puede continuar el señor Diputado Scavarelli.

SEÑOR SCAVARELLI.- Señor Presidente: me parece importante redondear estos dos puntos, no para resolverlos aquí, aunque ojalá tuviéramos la posibilidad de dejar zanjadas este tipo de situaciones tan complejas. Cuando se dice que el adulterio es una violación al deber de fidelidad, usted puede leerlo al revés y decir que violar la fidelidad termina en un adulterio. Por lo tanto, me parece que se está perdiendo una oportunidad para dejar las cosas puestas en el terreno de lo que la realidad indica, estableciéndolas con claridad, aunque quizá no sea esta la norma apropiada para hacerlo, porque aparentemente estamos ante algo mucho más transitorio.

Ya que la Comisión, que trabaja tan bien, está modificando normas tan próximas, creo que podría proceder a reconocer por la vía de la lógica jurídica lo que está pasando en la lógica de los hechos, es decir, que dado que el adulterio es una violación al deber de fidelidad, la violación del deber de fidelidad está presente también cuando hay relaciones homosexuales, como lo dice el propio texto y ha manifestado el señor Diputado Orrico.

Quiero volver al punto donde veo que tengo más consenso -lo que nunca es malo en la posición numérica en que uno está- y exhortar -como digo yo, es la palabra que más he utilizado en esta Cámara-, invitar, a que realmente se piense -sé que no es una buena costumbre legislar sobre tablas, pero mucho peor es estar en tablas y omitir lo que hay que decir- si no sería bueno establecer al comienzo del artículo propuesto -ya que por lo visto coincidimos en gran parte con el señor miembro informante- la expresión "Habiendo cesado la vida de consuno", para seguir luego su ruta, tal como está.

Muchas gracias.

SEÑOR LORENZO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LORENZO.- Señor Presidente: en cuanto al concepto de fidelidad y adulterio, creo que está bien planteada la redacción como está. Lo que quiero aclarar es lo siguiente. El diccionario de la Real Academia Española define el adulterio como "Ayuntamiento carnal voluntario entre persona casada y otra de distinto sexo que no sea su cónyuge". Entonces entiendo y comparto el concepto del señor Diputado Scavarelli, pero podemos entrar a generar alguna dificultad. El deber de fidelidad creo que define más claramente lo que se está estableciendo que cesa, con independencia de que desde el punto de vista del divorcio o causal de separación vaya dirigido hacia el adulterio -así como está definido en el diccionario de la Real Academia Española- o hacia las injurias graves, como bien decía el señor Diputado Scavarelli.

SEÑOR SALSAMENDI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SALSAMENDI.- Señor Presidente: en primer lugar, hago acuerdo con el planteo que hacía el señor Diputado Scavarelli. Quiero dejar expresamente establecida mi opinión y mi voluntad de aprobar esta norma y también de que la apruebo a partir de la conciencia plena de que lo que estamos consagrando es que cesa el deber de fidelidad cuando existe una separación de hecho, ininterrumpida y voluntaria, aun en la hipótesis y en el ejemplo que el señor Diputado Scavarelli ponía en juego. Creo que aun en ese caso se aplica, de todos modos, la finalidad -obviamente desde la percepción de quien esto está planteando- que la norma persigue.

En segundo lugar, decía que entendía que existían otros proyectos, algunos radicados en el Senado y otros en nuestra Comisión, en los que se plantean temas vinculados a estas cuestiones, como, por ejemplo, la normativa relacionada con la regulación legal del concubinato, donde muchos de estos temas efectivamente están presentes.

Tampoco escapará a la fina inteligencia del señor Diputado Scavarelli que en estos temas, que siempre son complejos -baste ver la larga discusión que se ha dado por este pequeñísimo punto-, no siempre se avanza a la velocidad que alguien puede pretender ni con toda la congruencia que uno puede entender que debe existir en un determinado asunto, sino en la medida en que efectivamente se logren niveles de consenso mínimos, no solo en el plano político y en el plano legislativo, con relación a la voluntad de esta Cámara, sino también un consenso social mínimo, que haga que una norma determinada pueda decretarse y ser cumplida sin que genere un rechazo de la mayoría de la población.

Es cuanto quería aclarar.

SEÑOR PRESIDENTE (Cardozo Ferreira).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en sesenta: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en sesenta: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado en mayoría)

—— Se suspende momentáneamente la sesión a fin de distribuir los PDA, es decir, los aparatos con que se marcará el voto electrónico.

(Es la hora 18 y 54)

19.-     Honras fúnebres. (Modificación del artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.458).

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Martínez Huelmo)

——Continúa la sesión.

(Es la hora 19 y 14)

——Se pasa a considerar al asunto que figura en tercer término del orden del día: "Honras fúnebres. (Modificación del artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.458)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 600

"PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Sustitúyese el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.458, de 11 de noviembre de 1975, por el siguiente:

"ARTÍCULO 1º.- El Poder Ejecutivo deberá decretar honras fúnebres con las solemnidades previstas en la reglamentación respectiva, dando cuenta al Poder Legislativo, en los casos siguientes:

1) Cuando fallecieren el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República o uno cualquiera de los ciudadanos que hayan ocupado dichos cargos, con excepción de quienes lo hayan hecho durante la dictadura cívico-militar comprendida entre el 27 de junio de 1973 y el 11 de febrero de 1985.

2) Cuando fallecieren, en ejercicio del cargo, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, un Ministro Secretario de Estado o un miembro del Poder Legislativo".

Montevideo, 5 de abril de 2006.

DIEGO CÁNEPA, Representante por Montevideo, ANÍBAL PEREYRA, Representante por Rocha, EDUARDO BRENTA, Representante por Montevideo, ALFREDO ASTI, Representante por Montevideo, PABLO PÉREZ GONZÁLEZ, Representante por Maldonado, JOSÉ LUIS BLASINA, Representante por Montevideo".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Decreto-Ley Nº 14.458, de 11 de noviembre de 1975 estableció las normas a seguir para decretar honras fúnebres.

La norma referida, obliga a decretar honras fúnebres "cuando fallecieren el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República o uno cualquiera de los ciudadanos que hayan ocupado dichos cargos" (numeral 1) del artículo 1º).

Tal como está redactado el texto legal, ante el fallecimiento de cualquiera de las personas que haya usurpado los cargos precitados durante la dictadura cívico-militar comprendida en el período entre el 27 de junio de 1973 y el 11 de febrero de 1985, obliga al Poder Ejecutivo a dictar honras fúnebres; si sucediera esta hipótesis sería absolutamente incomprendida y abiertamente rechazada por la inmensa mayoría de la población uruguaya.

En la modificación planteada al numeral 1) del artículo 1º en el actual proyecto de ley se establece la excepción de la obligación de decretar honras fúnebres por parte del Poder Ejecutivo a quienes hayan ocupado dichos cargos durante el período comprendido en la dictadura cívico-militar.

Convencidos que esta modficación está acorde con el sentimiento de la de la gran mayoría de los habitantes de la República y que es de estricta justicia presentamos el actual proyecto de ley.

Montevideo, 5 de abril de 2006.

DIEGO CÁNEPA, Representante por Montevideo, ANÍBAL PEREYRA, Representante por Rocha, EDUARDO BRENTA, Representante por Montevideo, ALFREDO ASTI, Representante por Montevideo, PABLO PÉREZ GONZÁLEZ, Representante por Maldonado, JOSÉ LUIS BLASINA, Representante por Montevideo.

Anexo I al
Rep. Nº 600

"Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME

Señoras y señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración aconseja al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley que modifica la preceptividad de los destinatarios de las honras fúnebres en nuestro país.

El Decreto-Ley Nº 14.458, de 11 de noviembre de 1975, estableció las normas a seguir para decretar honras fúnebres. Dicha norma obliga a decretar honras fúnebres "cuando fallecieren el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República o uno cualquiera de los ciudadanos que hayan ocupado dichos cargos" (numeral 1 del artículo 1º).

Tal como está redactado el texto legal, ante el fallecimiento de cualquiera de las personas que haya usurpado los cargos precitados durante la dictadura militar comprendida en el período entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de 1985, obliga al Poder Ejecutivo a dictar honras fúnebres.

La unanimidad de la Asesora entiende que si sucediera esta hipótesis sería absolutamente incomprendida y abiertamente rechazada por la inmensa mayoría de la población uruguaya.

En la modificación planteada al numeral 1 del artículo 1º del actual proyecto de ley, se establece la excepción de la obligación de decretar honras fúnebres por parte del Poder Ejecutivo a quienes hayan ocupado dichos cargos durante el período comprendido en la dictadura militar.

Es de resaltar que el proyecto de ley fue modificado durante su tratamiento en la Comisión, en el entendido que las fechas de 27 de junio de 1973 y 1º de marzo de 1985 reflejan mejor el acuerdo sobre el inicio y el final de la dictadura.

Otro elemento destacable es la utilización en el texto legal de la calificación de dictadura a lo sucedido durante esos años, hecho este incontrovertible y que hace honor a la verdad histórica al no tener que ampararnos en eufemismos como hablar de "período de facto".

El adjunto proyecto de ley, como ya expresamos contó con la unanimidad de la Asesora, es un paso más para poner en su lugar los hechos y elementos que corresponden a tan nefasto y trágico período de nuestra historia.

Convencidos que esta modificación está acorde con el sentimiento de la gran mayoría de los habitantes de la República y que es de estricta justicia, aconsejamos calurosamente su aprobación.

Sala de la Comisión, 17 de mayo de 2006.

DIEGO CÁNEPA, Miembro Informante, ÁLVARO ALONSO, GUSTAVO BORSARI BRENNA, LUIS ALBERTO LACALLE POU, JORGE ORRICO, EDGARDO ORTUÑO, JAVIER SALSAMENDI, DAISY TOURNÉ.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Sustitúyese el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.458, de 11 de noviembre de 1975, por el siguiente:

"ARTÍCULO 1º.- El Poder Ejecutivo deberá decretar honras fúnebres con las solemnidades previstas en la reglamentación respectiva, dando cuenta al Poder Legislativo, en los casos siguientes:

1) Cuando fallecieren el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República o uno cualquiera de los ciudadanos que hayan ocupado dichos cargos, con excepción de quienes lo hayan hecho durante la dictadura comprendida entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de 1985.

2) Cuando fallecieren, en ejercicio del cargo, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, un Ministro de Estado o un miembro del Poder Legislativo".

Sala de la Comisión, 17 de mayo de 2006.

DIEGO CÁNEPA, Miembro Informante, ÁLVARO ALONSO, GUSTAVO BORSARI BRENNA, LUIS ALBERTO LACALLE POU, JORGE ORRICO, EDGARDO ORTUÑO, JAVIER SALSAMENDI, DAISY TOURNÉ".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Cánepa.

SEÑOR CÁNEPA.- Señor Presidente: en primer lugar, me voy a permitir sugerirle que tan importante práctica para acostumbrarnos al uso del instrumento que nos va a permitir tener el voto electrónico, se haga fuera de las sesiones ordinarias, citando al Cuerpo en alguna otra oportunidad, porque hemos perdido varios minutos importantes de esta sesión, y este tema, que tiene una trascendencia fundamental para muchos ciudadanos del Uruguay por los elementos que voy a explicitar aquí, no solo por la modificación que introduce sino por el valor simbólico que tiene, no se puede tratar con el mejor clima ni con el mejor estado, fruto de la distensión en la que todos ingresamos. Por lo tanto, me permito sugerir a la Presidencia que estas necesarias prácticas se instrumenten de alguna otra manera.

Dicho esto, vamos a informar sobre este proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de nuestra Cámara. Se trata de un proyecto de ley presentado por nuestra bancada, que recoge una iniciativa similar presentada en Legislaturas anteriores y que había sido aprobada por nuestro Cuerpo, aunque no tuvo sanción en el Senado y, por lo tanto, no se convirtió en ley.

Este proyecto de ley establece la modificación del artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.458, de 11 de noviembre de 1975, que refiere a las normas a seguir para decretar honras fúnebres. Como explicitamos en nuestro informe, en dicha norma se obliga a decretar honras fúnebres -y cito-: "1) Cuando fallecieren el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República o uno cualquiera de los ciudadanos que hayan ocupado dichos cargos, [...]". Esto está establecido en el numeral 1) del artículo 1º.

Es muy claro que tal como está redactado el texto legal, con la vigencia de este artículo del Decreto-Ley Nº 14.458, ante el fallecimiento de cualquiera de las personas que hayan usurpado los cargos precitados, Presidente y Vicepresidente de la República, durante la dictadura militar, el Poder Ejecutivo está obligado a dictar honras fúnebres. En el acápite del artículo 1º se establece que el Poder Ejecutivo deberá decretar honras fúnebres en los casos de Presidente y Vicepresidente de la República, estén o no ocupando el cargo.

Los restantes artículos, que no están comprendidos en la modificación que promueve este proyecto, establecen distintas posibilidades de que el Poder Ejecutivo, a su leal saber y entender, decrete honras fúnebres para ciudadanos o ciudadanas que hayan hecho aportes importantes a la historia nacional, a la cultura o al avance social. Sin embargo, en el artículo 1º, se establece la obligación del Poder Ejecutivo y no la potestad discrecional de hacerlo.

En ese artículo 1º mantenemos el numeral 2), que establece: "Cuando fallecieren, en ejercicio del cargo, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, un Ministro Secretario de Estado o un miembro del Poder Legislativo". En este caso, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República en acuerdo con el Ministro correspondiente, debe decretar las honras fúnebres.

Es muy claro que si se diesen las circunstancias y se tuviese que cumplir lo que establece la ley -tal como está redactado el texto legal el Poder Ejecutivo no tiene opción-, tendríamos una hipótesis absolutamente incomprendida y abiertamente rechazada por la inmensa mayoría de los uruguayos. Estamos convencidos, y así fue entendido por la Comisión asesora de este Cuerpo, de que la gran mayoría de los uruguayos -no voy a decir unanimidades, porque en esta vida no existen unanimidades en nada, por suerte- sentiría una profunda vergüenza si una ley obligase a rendir honras fúnebres a dictadores y a quienes usurparon cargos y fueron partícipes de la peor parte de nuestra historia del siglo XX.

Para subsanar esto, en el actual proyecto de ley se establece la excepción a la obligación de decretar honras fúnebres. Es decir que se quita la preceptividad del Poder Ejecutivo para el caso de quienes hayan ocupado dichos cargos durante el período de la dictadura militar. Tengo que resaltar aquí que en el proyecto original que presentamos, en la modificación del numeral 1) del artículo 1º establecíamos que se excluyera a quienes habían usurpado los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República durante la dictadura cívico-militar, comprendida entre el 27 de junio de 1973 y el 11 de febrero de 1985. Esto fue modificado y votado por unanimidad luego del debate que mantuvimos en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. Allí se modificó, en primer término, la caracterización de dictadura cívico-militar. En su lugar, decidimos establecer el término "dictadura". Para los legisladores de la Comisión no había ninguna duda de que el poder militar fue el que ejerció y tuteló la dictadura. Algunos sostenemos que la dictadura tuvo al poder militar como elemento central, pero que hubo muchos civiles cómplices, tan culpables y responsables como los militares que ejercían de facto ese poder. Más allá de esta discusión, en aras de alcanzar un consenso, este período se caracterizó como dictadura.

Quiero resaltar al Cuerpo que estuvimos investigando y llegamos a la conclusión -no quiero afirmarlo con total exactitud- de que sería la primera vez que en un texto legal nos dejaríamos de eufemismos y de hablar de gobierno de facto, es decir, de gobierno de hecho, caracterizando a esa etapa de nuestra historia como lo que fue: una dictadura. En nuestra opinión, no es un hecho menor llamar a las cosas por su nombre. Desde nuestro leal saber y entender, es bueno que en las leyes las cosas sean dichas por su nombre y no mediante eufemismos, que están muy bien, pero que no reflejan cabalmente lo que sucedió.

Con respecto al debate sobre la fecha del 11 de febrero, quiero dejar en claro que no fue baladí la elección cuando se redactó este proyecto de ley. El 11 de febrero renunció el dictador Gregorio Álvarez al cargo que detentaba. Algunos que hoy están aquí recordarán -porque seguramente vivieron esa época- que entre el 11 de febrero y el 1º de marzo, cuando asumió el primer Presidente después de la dictadura -el actual Senador Sanguinetti-, el doctor Addiego Bruno, que era Presidente de la Suprema Corte de Justicia, ocupó la Presidencia interina de la República. El 15 de febrero asumieron las Cámaras, como corresponde, cumpliendo con la Constitución vigente en ese momento, que era la de 1967, y el 1º de marzo asumió el Presidente electo democráticamente por todos los uruguayos.

Con respecto a este tema, en la Comisión surgió un debate en dos planos. Por un lado, se planteó si esa fecha del 11 de febrero se podía tomar exactamente como elemento de culminación de la dictadura militar. Por otro lado, hubo algunos planteos con respecto al papel que había cumplido la Suprema Corte de Justicia, y en particular su Presidente, que para muchos había sido funcional a los dictámenes de la dictadura que asolaba al país en esos momentos.

Por lo tanto, en lo que tiene que ver con la forma en que se dio el cambio de la dictadura a la democracia, también hubo consenso. Consideramos que estos son aspectos convencionales y, así, algunos podíamos discutir si el 27 de junio de 1973 fue exactamente el inicio de la dictadura militar. La disolución de las Cámaras es tomada por todos los uruguayos como un elemento convencional, y con algunos compañeros que son historiadores, como los señores Diputados Ortuño y Mahía -que no están en Sala-, comentábamos los acuerdos convencionales que muchas veces se hacen para determinar a partir de qué momento se inició una etapa u otra en términos históricos, pero que en ocasiones los procesos históricos son más complejos que la fijación de un determinado día. Sin duda, el valor no solo simbólico sino central para todos los uruguayos de lo que representó el cierre de esta Casa, del Parlamento, como asamblea de los representantes del pueblo, marca casi sin discusión el inicio de la ilegitimidad manifiesta del régimen dictatorial.

En cuanto al 1º de marzo como fecha de finalización de la dictadura, también tuvimos un debate y buscamos un punto de acuerdo, más allá de las interpretaciones de cómo se dan los procesos históricos, y primó el argumento de que al asumir el Presidente de todas las instituciones y al modificar la constitución de toda la Suprema Corte de Justicia, de los entes, de todos los cargos de particular confianza del Estado, estábamos ante la legitimidad absoluta de los representantes del pueblo. Por lo tanto, se tomó como fecha no solo la reinstitucionalización democrática, sino fundamentalmente el inicio de la legitimidad absoluta de quienes ocupaban los cargos de dirección del Estado. En ese entendido, se asumió esa modificación, y en el proyecto que estamos considerando se establecen las fechas del 27 de junio de 1973 y del 1º de marzo de 1985.

Creo que no hay mucho más que agregar en cuanto a las razones por las que creemos que es este un proyecto de ley de estricta justicia para con lo que sucedió y para el futuro. Aquí no hay persecuciones a nadie, no es un problema de que se aplique o no, sino de que los uruguayos debemos cambiar algunas rémoras que van quedando para poner nuevamente las cosas en su sitio.

Como dijimos al comienzo, en ese debate, por unanimidad, la Comisión no dudó de que la inmensa mayoría de las uruguayas y los uruguayos están convencidos de que este proyecto de ley, muy pequeño en su modificación pero, para nosotros, de una trascendencia sustancial, establece la posibilidad de dejar claro, en negro sobre blanco, el repudio no solo de lo que significó la dictadura y su terrorismo de Estado, sino básicamente de la ilegitimidad de quienes ocupaban el poder, y la diferencia sustancial entre aquellos que son electos por el pueblo, aquellos que tienen la legitimidad de ser representantes de la gente, y quienes se imponen por el poder de las armas o por otro tipo de elementos.

Por lo tanto, señor Presidente, calurosamente, con tranquilidad, por unanimidad, esta Comisión asesora y en particular este miembro informante -que agradece mucho a los colegas de la Comisión haberle dado la oportunidad de informar esta iniciativa- aconsejamos a la Cámara que se vote este proyecto y que se comunique al Senado para que prontamente sea ley en nuestro país y podamos comenzar a poner, desde nuestro punto de vista, las cosas en su sitio.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el señor Diputado Borsari Brenna.

SEÑOR BORSARI BRENNA.- Señor Presidente: como bien ha informado el señor Diputado Cánepa, en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración hemos votado por unanimidad aconsejar al Cuerpo la modificación del Decreto-Ley Nº 14.458, de 1975, que establece las honras fúnebres para los Presidentes de la República, para los Vicepresidentes o cualquiera de los ciudadanos que hayan ocupado dichos cargos, y para quienes fallecieren en el ejercicio del cargo como Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ministros de Estado o miembros del Poder Legislativo.

Era obvio que este decreto-ley iba a generar un problema muy grande a cualquiera de los Presidentes que estuviera en ejercicio en democracia, cual es el de tener la obligación de decretar honras fúnebres a quienes no las merecen, por haber violado la Constitución y las leyes de nuestro país, por haberlas pisoteado.

Por lo tanto, este proyecto de ley, que creo que tenemos que aprobar rápidamente, establece la obligación de decretar honras fúnebres con las solemnidades previstas en la reglamentación a las mismas personas que ocuparon los cargos que hemos mencionado, con excepción de quienes lo hayan hecho durante la dictadura. Todos sabemos bien cuál fue la dictadura: la que comenzó el 27 de junio de 1973 y culminó el 1º de marzo de 1985.

Para no andar con eufemismos, quisimos establecer expresamente el concepto de dictadura militar y no utilizar la expresión "período de facto" o cualquier otro giro idiomático. De esta manera, yo creo que se está dando, además de un texto claro, a efectos de interpretarlo en forma indubitable, un mensaje claro a la ciudadanía, en el sentido de que quienes han usurpado el poder, quienes han usado la Constitución y la ley para beneficio propio, no deberán estar entre quienes sean considerados para decretar honores de ningún tipo.

Por lo tanto, como una de las personas que lucharon contra la dictadura, como una de las personas que estuvieron presas por haber combatido a la dictadura e haber integrado la resistencia que desde los partidos se hizo en ese período negro de nuestra historia, me declaro muy satisfecho y contento conmigo mismo de estar en un Parlamento que seguramente en los próximos minutos va a dictar una norma que establecerá una delimitación tan importante en tal sentido.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el señor Diputado Lorenzo.

SEÑOR LORENZO.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero felicitar al señor Diputado Cánepa por haber retomado este proyecto de ley.

Yo era miembro de la Comisión en el momento en que se debatió este proyecto -ahora soy delegado de sector- y realicé algunos planteos que voy a detallar a continuación. Antes de eso, quiero aclarar que el propósito de establecer el término "dictadura" y no la expresión "dictadura cívico-militar", no solo obedeció a lo que han explicado los señores Diputados, sino también a la intención de no validar la nomenclatura que el propio régimen usaba en su momento. Es un argumento.

Durante la discusión en Comisión de este proyecto, realicé un planteamiento vinculado con la fecha que se establecía como último límite -es decir, no el 27 de junio de 1973, sino el 11 de febrero de 1985- porque consideré que debía excluirse a quien ocupó la Presidencia desde esa fecha hasta el 1º de marzo de 1985. Finalmente, en la Comisión todos estuvimos de acuerdo y votamos por unanimidad, pero hubo motivaciones suaves -por decirlo de alguna manera- y otras más duras, y yo no quiero dejar de manifestar en esta ocasión las mías, que son duras.

Por supuesto que en la Comisión también se produjo un intercambio acerca del inicio de la dictadura militar, lo que me motivó a realizar algún chiste con algún compañero, fuera de la sesión, respecto a que si esa fecha se llevaba al 9 de febrero podría dar lugar a que dentro del concepto de "cívico" entrara otra gente que quizás a la bancada oficialista no le gustara. Era solo un chiste, que ahora hago aquí en la Cámara.

En definitiva, me parece que está bien establecer el inicio el 27 de junio, porque fue cuando el Parlamento dejó de funcionar.

Respecto de la fecha de finalización, yo planteé directamente que no quería que en el régimen de honras fúnebres de resolución obligatoria para el Poder Ejecutivo estuviera incluido el doctor Rafael Addiego Bruno. Se dio un intercambio, y quiero aclarar en esta sesión cuál era el sentido de mi manifestación. No lo hice porque considere que no cumplió un papel correcto en esa ocasión como depositario transitorio de la banda presidencial, a requerimiento, además, del Presidente Sanguinetti, en una actitud destacable y con apoyo de todos los sectores políticos del país. Lo hice porque esa posición era ocupada por el doctor Addiego Bruno desde un punto de partida de ilegitimidad, también manchado por los actos ilegítimos de la dictadura militar.

En función de los actos institucionales que modificaron el régimen institucional del país, que eran formalizaciones del régimen de facto y, en algunos casos, eran aspectos decorativos de ese régimen, el doctor Addiego Bruno accedió a la Corte de Justicia -que no era Suprema- designado por el Consejo de la Nación, órgano integrado conjuntamente por el Consejo de Estado, que era el órgano de la dictadura con facultades legislativas, y la Junta de Oficiales Generales. No entro a discutir cómo llegó a los máximos grados de la carrera judicial en épocas del COSUJU -el Consejo Superior de la Judicatura-, que tenía un Ministerio de Justicia que hace que aún hoy, a quienes creemos que debería de existir un Ministerio de Justicia democrático, para algunas cosas nos dé un poco de escozor usar ese nombre.

Retomo: no quiero considerar el tema de cómo llegó a ocupar los grados, porque todos sabemos que en esa época era bastante complicado acceder a sitiales importantes si no se contaba con una especie de certificado de fe democrática -lo uso con ironía- reforzado, especialmente calificado, con seguridad una categoría A o -para ser justos- que más bien sería triple A.

Este planteo que hago -y que hice- no lo realicé porque yo condene a priori a todas las personas que hayan ocupado cargos públicos en la época de la dictadura militar, sobre todo aquellos que no fueran de particular confianza. En el caso de los cargos de particular confianza, sí los condeno a priori, y en la misma Comisión hice referencia a mi participación como Consejero de la Facultad de Derecho a la salida de la dictadura, cuando se estableció una Comisión asesora a la que se le llamó "Artículo 2º de la Ley Orgánica", que establece como deber de la Universidad la defensa del régimen democrático republicano de gobierno y, en consecuencia, los docentes que no hubieran defendido ese régimen eran sometidos a un sumario. En esa situación, que fue hecha como se debía y no como se efectuó en otra Facultad, al barrer, hubo casos en los que se concluyó que, aun ocupando un cargo de particular confianza en el Poder Ejecutivo -concretamente, se consideró el caso del Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social-, habiéndose actuado en defensa de conciudadanos y de las garantías de las personas, o sea, habiendo ayudado -yo diría, pequeños Schindler-, se consideraba ese tipo de situaciones para excluirlos de un sumario que concluyera recomendando la destitución. Es decir que yo participé de un proceso en el que no se condenaba a mansalva, más allá de que a priori había que definir quiénes eran sometidos a sumario. Cité este caso para que no se crea que soy una persona rígida ni alguien que anda cazando brujas en función de elementos meramente formales.

Hay otro elemento muy particular, un motivo que tiene que ver con todo eso. Me refiero no solo a cómo llegó el doctor Addiego a la Suprema Corte de Justicia, sino a cómo actuó en ese organismo.

Está bien fijado el final de la dictadura militar el 1º de marzo de 1985, porque las elecciones de noviembre del año anterior fueron hechas durante la dictadura militar. A tal punto es así, que se realizó con proscritos y con un candidato natural, no formal, preso. Es claro que en ese momento no existía plena vigencia de las instituciones, no se había salido de la dictadura militar, lo que recién ocurrió el 1º de marzo de 1985.

Entonces, estando preso Wilson, hubo una lucha muy fuerte, con actos formales de defensa frente a la Suprema Corte de Justicia, integrada con Jueces militares, porque era un proceso penal militar. En esa oportunidad, fueron infructuosas las gestiones formales llevadas adelante por el abogado defensor de Wilson, el doctor Rodolfo Canabal, porque los Jueces integrantes de la Suprema Corte de Justicia -no digo los militares, porque eso estaba descontado- tuvieron una actitud obsecuente, siendo absolutamente funcionales -estoy tratando de moderar mis expresiones- a un régimen que quería obtener ciertos resultados de esa elección. Dicho resultado fue convalidado a posteriori por el propio perjudicado, que dio a ese Gobierno la legitimidad que no tenía por su origen, más allá de que no estoy cuestionando las credenciales democráticas del ex Presidente de la República, doctor Sanguinetti; quiero que esto quede claro.

De manera que me parece preciso y correcto excluir al doctor Addiego, no porque haya ocupado transitoriamente la Presidencia de la República, cumpliendo un rol importante como depositario de la banda presidencial, sino porque esa función la desempeñó a punto de partida de una posición formalmente ilegítima en su nominación y sustancialmente ejercida de manera muy cuestionable desde el punto de vista de los valores democráticos y republicanos.

Digo esto porque me consta que, además, durante la dictadura, hubo Jueces que resistieron con dignidad las presiones del Poder Ejecutivo de aquella época cuando mandaba procesar a dirigentes políticos porque hacían manifestaciones, porque vertían expresiones condenando a la dictadura o porque citaban a personas cuyos nombres estaba prohibido pronunciar. Esos Jueces se reunían, había ámbitos en los cuales se apoyaban recíprocamente; o sea que hubo gente que actuó, dentro de las limitaciones de la época, de manera absolutamente digna. Jueces; Addiego no, y menos en la Suprema Corte de Justicia.

También hubo abogados -con esa Suprema Corte de Justicia obsecuente corrían el riesgo hasta de perder su habilitación profesional si eran procesados en consecuencia- que defendieron presos políticos en la época de la dictadura. Voy a citar algunos casos que son emblemáticos, pero hubo muchos más: la doctora Adela Reta, los doctores Adolfo Gelsi Bidart, Rodolfo Canabal -ya lo he mencionado- y Hugo Batalla. Doy estos ejemplos para que se entienda cuál fue mi motivo para la exclusión y por qué hablo con nombre y apellido de la persona que pretendo excluir en el planteo que hice y que fue recogido por la Comisión, aunque con fundamentaciones de otro tipo, más referidas a la época formal o correcta en la cual terminó la dictadura militar. Comparto esas fundamentaciones aunque deseaba agregar lo que acabo de decir.

Para finalizar, quiero hacer una precisión que es importante, a los efectos de la interpretación de la ley en el futuro, cuando ella sea aplicada. Por efecto de esta exclusión, quedan fuera de las honras fúnebres que deben ser decretadas de manera preceptiva por el Poder Ejecutivo el ex Presidente Juan María Bordaberry -no voy a nombrar a los que ya fallecieron- y el ex dictador Gregorio Álvarez. Digo esto porque de la redacción del numeral 1) del artículo 1º del proyecto, que dice: "con excepción de quienes lo hayan hecho durante la dictadura comprendida entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de 1985", puede surgir alguna interpretación trasnochada, en el sentido de que esto excluye a Bordaberry a partir del 27 de junio, pero no por el período en el que ejerció su cargo de manera constitucional. Historia fidedigna de la sanción de la ley: para ello estoy haciendo estas manifestaciones en este ámbito. Está excluido el dictador Bordaberry porque, sin perjuicio de haber sido elegido en elecciones legítimas -permítaseme el gesto -, ocupó el cargo en la época de la exclusión. En consecuencia, no debe decretarse para él -o no es obligatorio que el Poder Ejecutivo lo haga- las honras fúnebres cuando fallezca.

Quería finalizar con esta aclaración para que quede claro cuál es el sentido del planteo y cuáles son los nombres que quedan expresamente excluidos, porque esta tendencia que existe a veces de legislar de manera general y abstracta nos puede hacer caer en cuestiones un poco confusas.

20.-      Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"Visto la licencia en misión oficial concedida al señor Representante Juan José Bentancor, por el período comprendido entre los días 9 y 15 de julio de 2006, y ante la denegatoria de los suplentes correspondientes, la Corte Electoral, a solicitud de la Cámara, proclama nuevos suplentes y se convoca por el mencionado lapso al suplente correspondiente siguiente, señor Miguel Guzmán".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y uno en cincuenta y dos: AFIRMATIVA.

Queda convocado el suplente correspondiente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada.

(ANTECEDENTES:)

"Corte Electoral

1667/2006

272/20

Montevideo, 5 de julio de 2006.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Julio César Cardozo

Señor Presidente:

Pongo en su conocimiento que la Corte Electoral aprobó la resolución que a continuación se transcribe:

"VISTO: Que el señor Representante Juan José Bentancor, electo por la hoja de votación número 77 del lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio- Nueva Mayoría, del departamento de Montevideo, solicitó licencia por el período comprendido entre los días 9 y 15 de julio próximo y el haber manifestado su voluntad de no aceptar por esta vez, los suplentes proclamados.

RESULTANDO: I) Que la lista de candidatos a la Cámara de Representantes incluida en la hoja de votación número 77 del departamento de Montevideo, del lema Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio Nueva Mayoría, ordenada de acuerdo al sistema preferencial de suplentes, en la elección realizada el 31 de octubre de 2004, se le adjudicaron tres cargos, habiendo sido proclamados por el departamento de Montevideo, los candidatos titulares señores José Bayardi, Margarita Percovich y Martín Ponce de León y suplentes los señores Juan José Bentancor, Edgagardo Ortuño, Eduardo Brenta, Laura Fernández, Gabriel Weiss, Eleonora Bianchi, Diego Pastorín, Alejandro Zavala y Teresita Ayestarán.

CONSIDERANDO: a que la hipótesis de "agotamiento de lista" prevista en el artículo 17 de la Ley Nº 7912, de 22 de octubre de 1925, debe entenderse no con el sentido restrictivo que implicaría admitir que se refiere a los casos de ausencia definitiva de los titulares y suplentes correspondientes, sino con sentido amplio atendiendo a la intención del Legislador y coordinado mediante una integración lógica de dicho texto, con normas posteriores (artículo 116, inciso 2º de la Constitución, Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945), dado que lo que se procura es que una lista no quede sin la debida y necesaria representación por ausencia de los titulares y suplentes correspondientes.

LA CORTE ELECTORAR RESUELVE:

I) Proclámase a la Representación Nacional por el departamento de Montevideo al décimo tercer candidato de la lista contenida en la hoja de votación número 77 del Partido Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría, señor Fernando Pereira y suplentes a los señores Claudia Palacio, Miguel Guzmán y Alberto Della Gatta.

II) Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por el término de la licencia solicitada por el Sr. Representante Juan José Bentancor, y en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas en el artículo 116 de la Constitución de la República, por la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, con la redacción dada en su artículo 1º por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y por el literal C) del inciso segundo del mismo artículo.

III) Comuníquese a la Cámara de Representantes.

Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración.

CARLOS A. URRUTY
Presidente

ANTONIO MORELL
Secretario Letrado".

 

"Montevideo, 4 de julio de 2006.

Señor Presidente de
la Cámara de Representantes
Julio Cardozo

Presente
De mi mayor consideración:

Por este intermedio comunico a usted que, por esta única vez, no acepto la convocatoria a la Cámara que usted preside.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

Fernando Pereira".

 

"Montevideo, 4 de julio de 2006.

Señor Presidente de
la Cámara de Representantes
Julio Cardozo

Presente
De mi mayor consideración:

Por este intermedio comunico a usted que, por esta única vez, no acepto la convocatoria a la Cámara que usted preside.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

Claudia Palacio".

 

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por misión oficial, oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Montevideo, Juan José Bentancor, por el período comprendido entre los días 9 y 15 de julio de 2006.

RESULTANDO: Que los suplentes correspondientes siguientes, señora Laura Fernández, señor Gabriel Weiss, señora Eleonora Bianchi, señores Diego Pastorín, Alejandro Zavala y señora Teresita Ayestarán, no habían aceptado por esa vez la convocatoria de que fueron objeto.

CONSIDERANDO: I) Que habiéndose agotado la nómina de suplentes la Corte Electoral a solicitud de la Cámara, proclamó al señor Fernando Pereira, señora Claudia Palacio, señores Miguel Guzmán y Alberto Della Gatta, como suplentes, lo que comunicó por Oficio Nº 1667/2006, de 5 de julio de 2006.

II) Que los suplentes proclamados señor Fernando Pereira y señora Claudia Palacio, no aceptan la convocatoria.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Acéptase las negativas de los suplentes siguientes señor Fernando Pereira y Claudia Palacio.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de Montevideo, por el período comprendido entre los días 9 y 15 de julio de 2006, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 77, del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Miguel Guzmán.

Sala de la Comisión, 5 de julio de 2006

VÍCTOR SEMPRONI, ALBERTO PERDOMO, NORA GAUTHIER".

21.-     Prórroga del término de la sesión.

——La Mesa tiene entendido que se estaría por presentar una moción para prorrogar el término de la sesión hasta finalizar con el tratamiento de este asunto.

SEÑOR SEMPRONI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR SEMPRONI.- Señor Presidente: voy a ser muy breve, por razones del tiempo de que disponemos.

Me parece muy importante, positivo y compartible el objetivo de prorrogar el término de la sesión para finalizar el debate de un tema como el que estamos considerando, sobre el que tal vez deberíamos haber resuelto mucho tiempo antes. Pero quiero recordar, y eso es lo que importa, que esta sesión empezó casi cuarenta minutos tarde, con un quórum reducidísimo, y que, además, perdimos el tiempo con la prueba que estuvimos haciendo, que bien se pudo hacer fuera de la sesión.

Quiero dejar esta constancia, porque me parece que es bueno tenerla en cuenta a la hora de votar la prórroga del término de la sesión.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Dese cuenta de una moción de orden presentada por los señores Diputados Cánepa, Lorenzo, Asti, Álvarez López, Roballo, Ibarra y Borsari Brenna.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se prorrogue el término de la sesión".

—— Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cuatro: AFIRMATIVA.

22.-     Honras fúnebres. (Modificación del artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.458).

Continúa la consideración del asunto en debate.

Tiene la palabra el señor Diputado García Pintos.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Señor Presidente: no vamos a acompañar este proyecto de ley. Consideramos que a partir de la modificación sustantiva que se introduce al artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.458, de 11 de noviembre de 1975 -al agregarse: "con excepción de quienes lo hayan hecho durante la dictadura comprendida entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de 1985", este proyecto tiene nombre y apellido. Tiene el nombre de Bordaberry, del General Álvarez y del doctor Addiego Bruno. ¿Sabe una cosa? No creo que ninguno de estos tres ciudadanos esté pensando en el decreto-ley de honras fúnebres.

Se me preguntará por qué voy a quedar en esta actitud solitaria. Lo voy a decir. Porque no soy partidario de que se modifique o se pretenda modificar la historia del país. Esto me hace acordar a la imprevisibilidad de la historia, y me voy a remontar a la Unión Soviética y a la Alemania de Hitler. Voy a poner dos ejemplos. Vamos a hacer de cuenta que tuviéramos a nuestro alcance una foto en blanco y negro de los primeros años de la década del veinte, de Lenin, Stalin y Trotsky. Después de muerto Lenin, todos sabemos lo que le pasó a Trotsky, la purga de que fue objeto, él como tantos dirigentes a lo largo de toda la historia de la Unión Soviética. Es como si de esa foto hubiera desaparecido la imagen de Trotsky. Y así fue. A lo largo de toda la historia de la Unión Soviética, por la imprevisibilidad de la historia, desaparecían de las fotos oficiales aquellos dirigentes que habían caído en desgracia. ¿Y eso cambió la historia? No. Era para alimento ideológico del régimen.

Otro ejemplo es el de Hitler, sobre el que hoy me informaba en un canal de televisión. Como no consiguió que desfilaran en honor del régimen dictatorial cinco nadadoras germanas, las borró de los registros. Sin embargo, mucho tiempo después fueron reincorporadas. La historia se puede ocultar, se puede tergiversar, se puede cambiar de dirección, pero solo por un breve tiempo. Alguien podrá decir que son solo cincuenta o sesenta años. No importa. En términos de la civilización humana no es demasiado, y a la larga la historia se impone.

Se preguntarán por qué estoy diciendo esto. Porque nada va a cambiar. Porque lo que pasó en el país durante el gobierno de facto ya forma parte de la historia. Entonces, ¿por qué? ¿Es por un fin ético? Muy bien, analicémoslo. ¿Es por un fin puramente político? Analicémoslo. No mencionamos las palabras revancha o venganza. Es como un abanico que tiene muchas tablitas. El miembro informante, señor Diputado Cánepa, hablaba de la vergüenza de la sociedad uruguaya por este tema. Ya pasaron más de veintiún años del retorno a la democracia. Parece que hasta ahora la tal vergüenza no se ha manifestado. Se podrá decir que es porque no falleció ninguna de estas personas que hoy le dan nombre y apellido al proyecto. Muy bien. Pero, ¿va a cambiar en algo la historia? No la va a cambiar absolutamente en nada, señor Presidente. Ya lo decía el señor Diputado Lorenzo. El caso de Bordaberry, él ya lo dejó para la historia fidedigna de la ley. Pero siempre va a haber más de una interpretación, y ni se sabe lo que puede pasar en el futuro. ¿Cuál Bordaberry? ¿El que fue electo constitucionalmente o el que dio el quiebre institucional el 27 de junio de 1973? ¿A un Bordaberry le corresponde y al otro no? Y, como también dijo el señor Diputado Lorenzo, ¿el 27 de junio o el 9 de febrero de 1973? Alguna vez habrán escuchado hablar del golpe técnico. En el proyecto figura el 27 de junio de 1973. En el golpe técnico estuvieron no solo los militares, sino una parte importante y sustantiva de la izquierda uruguaya. Lo que estoy diciendo es con el más absoluto de los respetos, y con el más absoluto respeto también de la historia fidedigna. Hay información de prensa respecto a esto.

¿Quién no recuerda, unas horas después del movimiento del 9 de febrero, del golpe técnico, un acto en la Curva de Maroñas, si no me equivoco sobre la avenida 8 de Octubre? Si me piden datos sobre si el estrado era la chata de un camión o algo más organizado, no sabría decirlo, pero sí sé que hubo allí connotados dirigentes de la izquierda, dando una carta de crédito a los Comunicados Nos. 4 y 7. Tal vez era gente de la izquierda que pensaba que el 9 de febrero era un movimiento peruanista, por lo de Velazco Alvarado, aquel Presidente militar de Perú, de izquierda. Todos sabemos que eso existió. Hubo gente en la izquierda que se jugó a eso, pero se equivocaron de palo a palo. La pelota entró en el ángulo, porque el gobierno militar los boleó para afuera de esa cancha. Por eso, está bien que el señor Diputado Lorenzo también haya traído este tema a colación.

Siempre con el mayor de los respetos, que es lo que corresponde a esta Casa, debo decir que el inciso 2º de aquel decreto-ley de 1975 dice -y esto no fue modificado en el proyecto del señor Diputado Cánepa- lo siguiente: "2) Cuando fallecieren, en ejercicio del cargo, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, un Ministro Secretario de Estado o un miembro del Poder Legislativo". Si no interpreto mal, es cuando fallecen en ejercicio del cargo; es decir, cuando muere un ciudadano siendo Presidente de la Suprema Corte de Justicia, un ciudadano siendo Ministro de Estado o un ciudadano miembro del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, -creo no interpretar mal el texto legal- debe decretar honras fúnebres.

Tengo una información que dice así: "11 de febrero de 1971, José Leonardo Villalba. Asesinado. Cabo de la Guardia Metropolitana es asesinado por integrantes del MLN. La autopsia revela que sufrió siete impactos de bala por la espalda". Más adelante dice: "2 de setiembre de 1971 y 2 de setiembre de 1971", -porque se trata de dos guardias coraceros de la Jefatura de Policía de Montevideo asesinados- "Agentes que cumplían vigilancia en el Hospital Pedro Visca son baleados alevosamente a quemarropa por dos hombres y una mujer integrantes del MLN que vestían guardapolvos". Después dice: "21 de diciembre de 1971, Pascasio Ramón Báez Mena. Asesinato. Peón rural que cruzando campos de la estancia 'Espartaco' tropieza con una 'tatucera' dentro del monte, siendo capturado por sediciosos que se encontraban en ella. Reunida la dirección del MLN deciden su asesinato con la finalidad de evitar que se tomara conocimiento de dicho escondite secreto". Sigue diciendo: "27 de enero de 1972. Rodolfo Leoncino. Asesinato. Inspector y Jefe de Seguridad del Penal de Punta Carretas es asesinado cuando esperaba un ómnibus en la equina de su domicilio", pero creo que como vivía a muy pocos metros de la esquina, además fue en presencia de su familia. Era la época en que las custodias de las cárceles no estaban en manos del Ministerio del Interior, sino de lo que hoy es el Ministerio de Educación y Cultura.

Acá tengo las fotos de esta gente; hay que ver las caras. Se trata de gente de nuestro pueblo; bien criollos son todos esos rostros.

Señor Presidente: por lo de la historia, que no debe flecharse, el numeral 2) debió haber sido variado, de repente. Se me dirá: "Pero la ley de amnistía perdonó, extinguió los delitos". No me refiero a lo jurídico; me refiero a lo ético y a lo político. Será que, de repente, en este Gobierno y en esta Legislatura tenemos responsables en algún Ministerio o en alguna banca en este Parlamento vinculados con los informes que acabo de trasmitir. ¿Sabe una cosa, señor Presidente? Si yo dijera: "Habría que sacar a esta gente del principio de honras fúnebres", estaría siendo incoherente y estaría borrando con el codo lo que he escrito con la mano, porque, en realidad, lo que quiero decir es que este proyecto no debió haber sido.

Si la sociedad uruguaya no hizo dramas por este tema en veintiún años y pico del retorno a la democracia, creo que esto se podría haber zanjado de otra manera. Pero claro, hay que ser pragmáticos y hay que reconocer que ha habido un cambio político en el país. Yo no recuerdo demasiados antecedentes, pero creo que habríamos contribuido mejor a la historia fidedigna si las cosas se hubieran mantenido como están al día de hoy con el decreto-ley de 1975.

Señor Presidente: yo siempre he tratado de trasmitir el respeto que siento por las víctimas y sus familiares, pero de todas las víctimas, no las de un solo lado. Porque ese rincón personal que tengo, antes de irme -como nos vamos a ir todos de este mundo-, me hace sentir con la conciencia tranquila de que, respetando esas bases mínimas de civilización humana, habremos hecho a lo largo de nuestra vida, con mayor o menor incidencia, un aporte para el reencuentro de todos los orientales. Nos hemos dividido en más de una oportunidad, pero hemos hallado el punto de reencuentro, y por eso estamos acá.

SEÑOR SEMPRONI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR SEMPRONI.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero reconocer la coherencia del planteamiento y la coherencia de su pensamiento, que ha sido demostrada largamente en esta Cámara y públicamente frente a la sociedad uruguaya por el señor Diputado García Pintos.

En segundo término, si usted me permite, quiero decir que cuando usted dice que este proyecto de ley tiene nombre y apellido, también en las citas que usted hace existen nombres y apellidos; y entre los nombres y apellidos a los cuales este proyecto se refiere y los nombres y apellidos a los cuales usted se refirió en su exposición existe una abismal diferencia. Los que hoy pueden ser amparados o incluidos en este proyecto de ley han recibido el apoyo mayoritario de la ciudadanía. Un Ministro actual ha sido la persona más votada de todos los ciudadanos uruguayos en la reciente elección, y los otros se instalaron en los lugares de mando montados en las puntas de las bayonetas.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Puede continuar el señor Diputado García Pintos.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Señor Presidente: antes de concederle una interrupción al señor Diputado Cánepa, voy a contestarle al señor Diputado Semproni.

Señor Diputado Semproni: yo entiendo lo que usted dice, pero antes de que los milicos se sentaran sobre las bayonetas -que es lo que usted quiso decir-, ustedes, que integraban el MLN, se sentaron...

(Interrupción del señor Representante Semproni.- Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Señores Diputados: les ruego a todos que se dirijan a la Mesa.

Muchas gracias.

Puede continuar el señor Diputado García Pintos.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- ...antes, se sentaron sobre las metralletas. Y yo le pregunto: ¿hay mucha diferencia entre la violación a la Constitución de la República de unos con respecto a la de otros? Se lo planteo porque antes de 1973, del 27 de junio -fecha ocasional, pongámosle, si quieren- y del golpe técnico del 9 de febrero de 1973 -producto, entre muchas otras cosas, de la confrontación Este-Oeste y de la Guerra Fría-, había Gobiernos democráticos que fueron violentados sistemáticamente o, mejor dicho, que vieron violentadas sistemáticamente las instituciones por parte de grupos armados. Eso es lo que mucha gente joven hoy no conoce o, mejor dicho, es lo que no les han informado, es lo que no les hemos informado adecuadamente. ¿Cuánta gente piensa hoy que el alzamiento en armas del primer lustro de la década del sesenta fue contra una dictadura militar? Y no lo fue; había Gobiernos democráticos y ni siquiera eran regímenes presidencialistas, sino regímenes colegiados. Después vino el régimen presidencialista.

Además, ¿sabe una cosa? Cuando se viola la Constitución no se la viola un poquito ni se la viola mucho; se la viola. Y eso fue lo que sucedió.

Nadie deja de reconocer el quiebre institucional de 1973, y nadie puede dejar de reconocer lo que empezó en el primer lustro de la década del sesenta.

SEÑOR SEMPRONI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR SEMPRONI.- Señor Presidente: con mucho gusto voy a contestarle, y lo haré con una pregunta. Yo quisiera saber si el señor Diputado García Pintos se está refiriendo a los Gobiernos democráticos que estaquearon trabajadores debajo del puente del Pantanoso en la huelga del Cerro o a los Gobiernos democráticos que, de 1968 en adelante, alentaron lo que se llama públicamente el "pachecato".

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Puede continuar el señor Diputado García Pintos.

SEÑOR GARCÍA PINTOS.- Señor Presidente: le voy a contestar con mucho gusto y con la misma altura con la que hizo las preguntas el señor Diputado Semproni.

Lo de los obreros del FRIGONAL forma parte de la historia, lo cual no quiere decir que no se tratara de un Gobierno democrático. Después de 1967 -no de 1968, señor Diputado Semproni-, después de que en diciembre de ese año, a pocos meses de haber asumido la primera magistratura, fallece el General Óscar Gestido, cuando asume el Presidente Pacheco Areco, estábamos también en un Gobierno democrático.

Diferencias políticas -y este es un tema político- siempre habrá. Pero déjeme recordarle una cosa. ¿Sabe quién siente admiración por el Presidente Pacheco Areco? Nuestro actual Presidente, el doctor Vázquez.

Si nadie más quiere solicitarme una interrupción, doy por terminada mi intervención.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Cánepa.

SEÑOR CÁNEPA.- Señor Presidente: como miembro informante tengo la oportunidad de hacer aclaraciones sobre el informe.

A veces, en este corto año y medio, nos han dicho que lo inteligente es escuchar y no dar debate porque ya sabemos lo que vamos a decir y queremos irnos rápido. Pero en muchas oportunidades he discrepado con eso, porque creo que hay momentos en que no solo debe darse el debate, sino que, además, deben expresarse con claridad las posiciones que tenemos, lo que pensamos y lo que creemos, sobre todo acerca de hechos tan sustanciales como los que el señor Diputado preopinante ha planteado a partir de este proyecto de ley.

Como se habrá apreciado en el informe, nosotros no mencionamos muchos de los hechos que el señor Diputado trajo a colación, y quiero aclarar algunos puntos de vista y algunas posiciones personales que, en algunos aspectos, creo que representan a mi bancada.

En primer lugar, me costó bastante entender -quizás por un problema personal de falta de capacidad- qué tenía que ver esto de reescribir la historia, Trotsky, Marx, Lenin, la Unión Soviética... ¡Tanto hablar de eso que a lo mejor algún día se le pega algo al señor Diputado! Hay que tener cuidado.

Pero eso no tiene nada que ver.

Yo estoy de acuerdo con el señor Diputado: no quiero que se cambie la historia, porque la historia es una y si hay algo que quiero hoy para el futuro, para mi hija chica, para el que viene y para los hijos de todos es que nadie olvide nunca quiénes fueron Bordaberry y Gregorio Álvarez para este país. Nadie, ningún ciudadano de este país debe olvidar lo que fue el golpe de Estado de 1973, lo que fue un Presidente electo democráticamente que violó la Constitución y traicionó el mandato popular; peor traición que esa debe haber pocas que pueda realizar un ser humano y un político.

Por supuesto, quiero que la gente sepa y recuerde quiénes fueron las cabezas visibles de un régimen dictatorial que aplicó el terrorismo de Estado, el peor tipo de terrorismo que puede existir en la humanidad, porque es la aplicación del poder del Estado, del poder absoluto del monopolio de las armas en aquel momento, para la vejación y violación sistemática del ser humano bajo la maquinaria estatal. No hay peor terrorismo que el terrorismo de Estado. Y eso se aplicó sistemáticamente en Uruguay, y Bordaberry y Gregorio Álvarez, dictadores, son los principales responsables, como cabezas visibles, de la sistemática violación de los derechos humanos en Uruguay. ¡Hablo de una aplicación sistemática! ¿Que otros violaron los derechos humanos? ¡Podemos discutirlo -no hay problema- todo el día, toda la noche, donde sea, aunque no es el tema de este proyecto!

Estamos de acuerdo en que no hay que cambiar la historia, señor Diputado, en que debemos enseñarla como es, y no queremos que nadie olvide. No vamos a cambiarla; lamentablemente, no vamos a cambiarla, pero vamos a aprender de ella para que nunca más pase. Y para que nunca más pase, nunca vamos a olvidarnos de lo que pasó ni de lo que hicieron. Y no solo nunca vamos a olvidarnos, sino que todavía, hasta el día de hoy, reclamamos justicia y vamos a seguir haciéndolo.

Por eso comparto -es un punto de acuerdo- que nadie quiere cambiar la historia. Pero lo que no queremos es honrarlos; eso no nos parece justo para con la inmensa mayoría de los uruguayos. Reconozco la coherencia del señor Diputado y sé que algunos uruguayos -no hay unanimidad- deben creer que hay que rendir honores a estos personajes. Que lo hagan, pero no el Estado uruguayo violado por estas personas, ni el sistema democrático, ni aquellos que representamos a la inmensa mayoría de los uruguayos. No; ese es el cambio. No queremos honrarlos. Vamos a recordarlos siempre, porque estamos convencidos de que la construcción del nunca más se hace a partir de la memoria; también se hace con justicia, pero, sustancialmente, a partir de la memoria.

Con respecto a por qué no se cambió esto, debo decir que creo que este proyecto contó en la Comisión con unanimidad. No lo sé; no quiero caer aquí en la chicana política de decir que gobernaban blancos y colorados y nunca les interesó cambiar nada de esto. No es ese el punto de fondo. En buena hora, hubo unanimidad: nadie quiere honrarlos.

Con respecto a compañeras y compañeros que están sentados aquí -lo digo acá y lo he dicho mano a mano-, quiero decir que, más allá de compartir o no lo que pasó, no solo los respetamos, sino que a algunos de ellos los admiramos por las decisiones que tomaron, por cómo se jugaron el cuero, por cómo llevaron hasta las últimas consecuencias la coherencia entre lo que pensaban y lo que hicieron.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Podemos compartir o no algunos caminos tomados, pero no la legitimidad del voto, porque el verdadero homenaje, las honras que se dieron a algunos que hoy -según dice el señor Diputado- son Ministros, Diputados o Senadores, es que cuentan con el apoyo absoluto de la inmensa mayoría de los uruguayos. ¿Que eso va y viene? Sin duda. Esa es nuestra pelea de todos los días.

La historia, como vio el señor Diputado preopinante, no la escriben los circunstanciales ganadores; la historia la escriben aquellos que son consecuentes y siguen construyendo hacia el futuro. Los otros nunca pudieron parar nuestra voluntad de construcción.

En tercer lugar, quiero traer a colación aquí, con mucho respeto…

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Ha finalizado el tiempo de que disponía el señor Diputado. Como miembro informante, dispone de cinco minutos para hacer una aclaración. Redondee, por favor.

SEÑOR CÁNEPA.- Señor Presidente: pido disculpas y ya redondeo.

En definitiva, podríamos traer a colación datos, fechas y elementos que sucedieron, pero simplemente se resume en lo siguiente. La discusión de este proyecto no reescribe la historia, sino que expone la voluntad de los uruguayos sobre a quién queremos honrar y a quién no. No queremos escribir la historia, porque la historia es una. No solo no nos olvidamos de ella, sino que quien habla está convencido de que todos los días hay que trasmitir a todos -fundamentalmente a los jóvenes- la memoria de lo que pasó para que nunca nos olvidemos y construyamos el nunca más.

Este proyecto es un paso para poner las cosas en el lugar que quiere la inmensa mayoría de los uruguayos.

Gracias, señor Presidente, y disculpe que haya abusado del tiempo.

SEÑOR LORENZO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Para una aclaración, tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR LORENZO.- Señor Presidente: pedí la palabra para hacer una aclaración, pero voy a hacer varias.

Cuando hablé de la historia fidedigna, me refería a un elemento que desde el punto de vista jurídico se toma para interpretar las leyes, pero me gustó el encare que hizo el señor Diputado García Pintos -más allá de discrepar en algunos contenidos o en la mayoría de ellos- en forma muy correcta. A esos efectos, quería dejar aclaradas estas situaciones.

Quiero aclarar que, en mi opinión, desde el punto de vista de la naturaleza del acto, no es lo mismo un levantamiento armado de gente que no está en el poder que un golpe de Estado o el terrorismo de Estado. Pero sí quiero decir que para mí es lo mismo la muerte de un inocente, y ahí todos esos están igualitos. Entonces, alguna diferencia tenemos.

Respecto a la historia fidedigna en el sentido que usó el señor Diputado García Pintos, creo que sería interesante dar algún debate con mucho más tiempo y hablar acerca de por dónde vamos, dónde estuvimos o dónde estuvieron aquellos que nosotros seguimos -yo en alguna época no estuve, aunque más o menos coinciden los años que se están analizando con mi edad-, pero me parece que debemos hacerlo en otro momento. Aclaro que muchos de los compañeros del Partido Nacional no están en Sala porque concurrieron a la presentación de un libro y, además, muchos de ellos habían asumido que el término de esta sesión no se prorrogaría.

La verdad es que sería bueno tener ese debate, porque daría cosas muy interesantes, como la que refirió el señor Diputado García Pintos respecto a la expectativa que generaron los Comunicados Nos. 4 y 7. Alcanza con sintonizar TV Ciudad -no sé si ahora se está trasmitiendo- y escuchar las declaraciones muy interesantes y dignas del General Seregni, en las que hace un análisis en retrospectiva de todo eso -en un programa producido antes de su muerte- y reconoce haber tenido una expectativa positiva respecto de esa intervención militar. No me parece que sea el momento de discutirlo, porque estas cosas hay que verlas con la perspectiva de la historia, pero también con el reconocimiento de que las circunstancias del momento podían hacerlo confundir a uno. Hubo muy pocos que no se confundieron, y soy orgulloso defensor de uno de esos pocos, que fue Wilson; por él soy blanco.

También arrojaría información un debate de ese tipo respecto a por qué algunas persecuciones empezaron recién en el año 1976 y no en 1973. En la Universidad también fue así. El actual señor Senador Korzeniak dejó de ser docente en la Universidad de la República en el año 1976 -fue compañero mío en el Consejo de la Facultad-, no en 1973. Podría dar para muchas cosas más.

Quiero aclarar respecto a toda esa etapa que yo bajo ningún concepto admiro a quien haya sido responsable de matar a un inocente, por más que comparta alguna opinión; pero eso no quiere decir que no pueda haber encuentros. Creo que ha habido encuentros y, además, los hay en el sentido de lo que planteaba el señor Diputado García Pintos. Los ex dictadores salen caminando de los Juzgados, más allá de que alguno le grite algo. Entonces, me parece que no estamos tan mal en el sentido del reencuentro.

Quiero volver a la aclaración, a efectos de ilustrar la historia fidedigna de la sanción de la ley para su interpretación. Como ejemplo, propongo un caso de ficción. Vamos a suponer que este Gobierno hace las cosas mal, tan mal que se presentan las elecciones nacionales -primero, tiene que hacerse las internas- y el ex Presidente y dictador Bordaberry resulta electo Presidente de la República, o bien Diputado porque quizá no le dan los votos para ser Presidente. En ese caso, le corresponden las honras fúnebres, como le corresponden a quienes hayan ocupado esos cargos. Si fallece siendo Diputado, le corresponden las honras.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Ahora no le corresponden, a pesar de haber sido electo en el régimen institucional apropiado, porque violó la Constitución; por eso no le corresponden. Pero si después el pueblo define que, a pesar de eso, lo quiere elegir de nuevo -como el caso de Banzer, en Bolivia-, las honras fúnebres oficiales le corresponden; son un acto de reconocimiento de que esa persona tiene una representatividad, y así lo hemos interpretado cuando discutimos la ley. Por eso, estos ejemplos son importantes para aclarar y dar un sentido a lo que estamos votando, y yo lo acoto a eso, más allá de mi planteo radical respecto al doctor Addiego.

Hay otros temas que sería interesante discutir, pero estamos en esto: honras fúnebres a personas que ocupan posiciones relevantes como las que están detalladas en el proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el señor Diputado Rosadilla.

SEÑOR ROSADILLA.- Señor Presidente: voy a ser breve.

Creo que las exposiciones de quienes han defendido el proyecto de ley han tenido sobrados argumentos que acompaño y que, por lo tanto, no voy a reiterar. Entonces, me voy a referir exclusivamente a la parte que hace al cuestionamiento que ha habido con relación a este proyecto.

Primero: es difícil entender cómo no se puede hacer una distinción, tan clara como debería ser, entre lo que significa la violación de la Constitución desde el ejercicio de un cargo, y el ejercicio de un cargo que, en sí mismo, es violatorio de la Constitución. Ese ejercicio no puede caer dentro de las honras, porque el ejercicio que se estaría honrando fue violatorio de la Constitución. Eso es lo que se está juzgando y no a la persona; como muy bien decía el señor Diputado Lorenzo, hay situaciones absolutamente diferentes.

Acá, en esta Casa, luego de la dictadura se han sentado ex Consejeros de Estado; todos podemos tener diferentes opiniones, pero ¡vaya si fueron miembros plenos de esa dictadura, puestos a dedo! ¡Ex Ministros de la dictadura estuvieron en esta Casa como legisladores! Y de acuerdo con esta norma, habiendo sido luego ungidos por la gente para estar acá, independientemente de la opinión que uno tiene, hubieran tenido las honras a las que hacemos referencia.

Pero hay una diferencia sustancial, y no creo que ayude la visión que se trajo aquí. Considero que la norma es bien clara, bien precisa y hace que el país no rinda honras a quienes desempeñaron su cargo violando la norma constitucional.

Eso es a lo que se apunta; todo lo demás es un debate. En ese caso, también podríamos decir: "Bueno, aquí puede pasar que un día fallezca alguien que en otras épocas lideraba bandas que asaltaban los liceos y que, por lo tanto, puede ser responsable de muertes, heridas o violencia hacia estudiantes de determinada época". Me parece que con eso agregamos poco; hay que ir a lo preciso. Creo que la ley tiene una puntería clara y que ambos expositores lo dijeron con claridad. Aquí se trata de no aplaudir -sobre la base de que la honra es un aplauso que hace la nación a alguien que se va- el hecho de que alguien haya ocupado determinados cargos en violación flagrante de la Constitución, y no es más que eso.

Por lo tanto, voy a decirlo con claridad: cuando vi que el señor Diputado se anotaba para hacer uso de la palabra, yo también lo hice, porque pensé que esto iba a tener otro vuelo. Me quedo por aquí. En realidad, me quedé fantaseando con las figuras de Stalin, Trotsky y Lenin; me los imaginaba en la pantalla, le ponía la pelada, la barba, pero no me encaja ninguno de estos personajes. De todas maneras, estuve bien en traerlos para un juego de fantasías. Seguramente -aunque las cosas cambiaron mucho-, a ellos no les guste ser comparados con estos.

SEÑOR CÁNEPA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ROSADILLA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Puede interrumpir el señor miembro informante.

SEÑOR CÁNEPA.- Señor Presidente: voy a ser muy breve, porque creo que el señor Diputado Rosadilla fue muy claro.

El señor Diputado Lorenzo -por quien tengo el mejor concepto- hablaba de admiración. Quiero aclarar cuál fue el sentido. Él me conoce y sabe que no admiro que se mate a un inocente. Lamento tener que aclararlo; fue ese mi sentir. Si no, no estaría aquí. Nunca milité en una organización ni soy parte de ninguna. No creo que la toma de las armas sea el camino para modificar la realidad, en algunos casos, cuando hay otros caminos. Pero sí dije, y sostengo, algo que es una realidad. Fueron citados compañeros y compañeras que son legisladores -además de los Ministros-, colegas de esta Casa. No fueron los únicos que sufrieron la cárcel, la tortura ni la violación de los derechos humanos, y admiro que hoy puedan estar sentados aquí. Admiro la fortaleza humana y la capacidad enorme, no solo de resistencia, sino de contribución a todo el Uruguay, a todos nosotros, por lo que significa que hoy estén sentados aquí a pesar de haber sufrido algo que no tengo palabras para medir, porque ni siquiera lo puedo saber. Estoy seguro de que su contribución es mucho mayor que la que este humilde Diputado puede hacer al sistema democrático.

Por lo tanto, mi admiración fue, es y será para estos colegas citados como ejemplos por el señor Diputado García Pintos. Para mí, en lugar de ser denostados, deben ser admirados por ese hecho. Quería aclarar esto por la interpretación y el giro que hizo el señor Diputado Lorenzo, aunque sé que no fue con mala intención. Simplemente, aclaro que mi admiración no es hacia ningún hecho que implique en algún caso segar la vida de un inocente. Quiero que quede claro por qué lo hago público en estos momentos, luego de habérselo dicho a varios y varias colegas del Frente Amplio que sufrieron la cárcel y la tortura.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Puede continuar el señor Diputado Rosadilla.

SEÑOR ROSADILLA.- Señor Presidente: ...

SEÑOR SALSAMENDI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR ROSADILLA.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR SALSAMENDI.- Señor Presidente: dada la hora, voy a ser lo más breve posible.

Simplemente quiero hacer una aclaración a los efectos interpretativos. Aunque en mi opinión la norma sea absolutamente clara, quiero decir algo con relación al caso que se trató hace poco, de aquel Presidente que inició su mandato como Presidente constitucional y luego, violando rapazmente la confianza que ese mismo pueblo le había conferido, se convirtió en un dictador. Ese ejemplo, claramente, queda comprendido dentro de la norma, pues encuadra en el caso de un ciudadano que ocupó un cargo durante la dictadura comprendida entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de 1985.

Quería dejar sentado esto expresamente, a los efectos de la interpretación más clara posible de esta ley.

Finalmente, debo decir que algunos colegas y quien habla planteamos que este y otros temas generaban un problema, porque sobre la interpretación de los hechos, necesariamente, en este país teníamos diferencias, sabíamos que las teníamos y no pretendíamos saldar ninguna diferencia en ese marco por la vía de la aprobación de este proyecto. Nos alegramos de que tras veinte o veintiún años de haber recobrado la democracia recién se esté empezando efectivamente a conocer algunos hechos.

Esto nos parece fundamental. En este país todavía había mucha gente que decía, en algún caso con la mejor intención del mundo, que aquello que se llamaba Plan Cóndor era una invención novelada de algunas personas. Mucho nos alegramos de que algunas cosas se vayan conociendo. En definitiva, la gente con la memoria irá construyendo la verdad que entienda que más se adapta a lo que en realidad ocurrió. No creo que haya que imponérsela a nadie, pero es muy claro que hay que conocer todos los hechos y además recordar algo que no dice este Parlamento, esta fuerza política ni este parlamentario. Las Naciones Unidas y todos los cuerpos jurídicos de derecho internacional señalan que el terrorismo de Estado tiene un agravante especial sobre cualquier otro tipo de delito que eventualmente se cometa.

Esto no lo inventamos nosotros; no lo creó la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de esta Cámara y no lo genera esta mayoría, sino que está incorporado a la conciencia jurídica internacional.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Puede continuar el señor Diputado Rosadilla, a quien la Mesa advierte que le restan cinco minutos de su tiempo.

SEÑOR ROSADILLA.- He concluido, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el señor Diputado Signorelli.

SEÑOR SIGNORELLI.- Señor Presidente: a mí tampoco me gusta que se puedan hacer leyes con nombre y apellido, como aquí se ha manifestado por parte del señor Diputado García Pintos.

Estoy absolutamente de acuerdo con el proyecto y me habría gustado -porque tuvieron tiempo de estudiarlo- que se hubiese agregado algo que propuse en la modificación del artículo 1º del Decreto-Ley Nº 14.458. Me refiero a agregar al proyecto de ley elevado a consideración un artículo más, por el cual se prevea situaciones no comprendidas en el presente proyecto a los efectos de que el Cuerpo, en su calidad de legítimo legislador y con el ánimo que corresponda según nuestro cometido, resuelva de una vez y para el futuro situaciones similares que no son objeto de nuestro deseo, pero que no escapan a los intereses o la voluntad de los hombres y que por tanto obligan, a nuestro entender, a introducir un ampliatorio en dicho proyecto. Tenía el siguiente texto, que pasaba a ser el numeral 3): "No corresponderán honras fúnebres bajo ningún concepto a cualquiera autoridad de las enunciadas en los artículos anteriores cuando las mismas hayan obtenido las calidades enunciadas en ejercicio de autoridad no democrática o por poder fuera del mando constitucional emanado del soberano mandato popular a través del sufragio legítimo corroborado por los respectivos organismos del Estado".

Entendemos que con este agregado no solo cumplimos con el fin del proyecto -que aprobamos-, sino que, además, estamos previendo y proyectándonos hacia futuras situaciones no deseadas, pero que, sin duda, no escapan a intereses indeseables de individuos que otrora utilizaron su poder en contra del mandato constitucional.

Creo que este proyecto habría quedado mucho más completo si pudiésemos prever el futuro en cuanto a que no sucedan hechos similares. De todas formas, nuestro voto será afirmativo.

SEÑOR CHÁ.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SIGNORELLI.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR CHÁ.- Señor Presidente: a veces nosotros tenemos una pretensión un poco menor, o quizás una idea de centrar los temas en su real dimensión. A examen de esta Cámara tenemos un proyecto que cuenta con un solo artículo, que es muy preciso, tanto en su voluntad como en lo que plantea.

Nosotros estamos dispuestos a hacer el examen o el debate sobre la historia y sus contenidos en la oportunidad en que esta Cámara o las voluntades políticas lo señalen; creo que sería un buen escenario para que todos podamos hacer nuestras declaraciones, interpretaciones particulares, sectoriales. etcétera. Pero, en virtud de lo que aquí venimos estudiando, nos parece que es un tanto desmesurado pretender ubicar esta iniciativa, cuya dimensión simbólica es importante, como un proyecto que laude, que incline, que tuerza o determine una lectura histórica que, en todo caso, tiene otra amplitud y otras posibilidades de hacerse a partir del conocimiento de los hechos históricos por toda la sociedad y que no se resume en este preciso proyecto de un solo artículo. En todo caso, hay otras temáticas que pueden servir para ese proceso de reconstrucción histórica y ese proceso de examen que de ella debemos hacer todos los uruguayos, en el sentido de lo que manifestaba nuestro compañero, señor Diputado Cánepa. Nosotros planteamos el conocimiento histórico, precisamente, porque es lo que queremos a cabalidad, y para que no se olvide y se tenga presente lo que han sido auges y decadencias, tragedias en nuestra sociedad; también para señalar aquellas cosas respecto a las cuales, colectivamente, las enormes mayorías democráticas de este país hemos dicho "Nunca más".

Este proyecto en particular establece una voluntad, que significa señalar a quienes nos parece que la sociedad no debería honrar, homenajear ni brindar su reconocimiento en el momento de la partida.

Este proyecto que estamos analizando no tiene nombre ni apellido porque específicamente esa ha sido la voluntad política; ojalá lo hubiéramos hecho mucho antes, así habría habido varios más incluidos en esta iniciativa. La historia, la suerte, las voluntades políticas encontradas o las iniciativas que en su momento no prosperaron, quisieron que esta iniciativa no la tuviéramos antes a examen de este Cuerpo, para que fuera aprobada en su momento. En realidad, este proyecto únicamente intenta poner en estas bancas un hecho elemental que creo que está saldado en el consenso activo de todos los que integran la comunidad democrática, convencida de crear los valores democráticos de este país. ¿Alguien en este país, en este Parlamento o en alguna banca de por aquí quiere homenajear a aquellos que ocuparon el poder y lo utilizaron atropellando la Constitución y las leyes, en absoluta contradicción con todos nuestros valores y con nuestra conciencia democrática? Digámoslo al revés, entonces. No mezclemos los temas sabiendo quién hizo esto y quién hizo aquello, quién fue más culpable de determinado hecho -del que todos coincidimos que es una tragedia-, quién estuvo aquí o quién estuvo allá en aquel preciso momento histórico. Hagámoslo aseverativamente: en esta Cámara, ¿alguien quiere rendir homenaje, alguien quiere que se otorguen honras fúnebres a quienes fueron dictadores, a quienes ocuparon el poder atropellando la Constitución y las leyes? Si es así, que se diga, pues de ese modo iremos aclarando un debate que quizás ya deberíamos haber culminado por el consenso, por lo poderosos que son estos argumentos en el sentido común de nuestra sociedad. Creo que en Uruguay nadie quiere brindar honras fúnebres a quienes el sentido común de nuestra sociedad los ha alojado en el más profundo de los desprecios. Por lo tanto, entiendo que lo que aquí tenemos que decidir y resolver, con sana convicción democrática, con expresa tranquilidad y con toda precisión, es acerca de quiénes nos parece que la sociedad no quiere homenajear ni rendirles honras fúnebres.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Los otros que se señalan, aquellos que circunstancialmente ocuparon determinados puestos de lucha -discutibles o no-, con determinados métodos -discutibles o no- y que hoy ocupan determinadas magistraturas, escaños o cargos políticos, en los principales niveles de responsabilidad pública de nuestro país, ya han recibido otro tipo de reconocimiento y de honra, que es el más importante que se puede recibir en este sistema, el de la sociedad, es decir, el voto democrático, el apoyo popular y la capacidad de representar dignamente a los sectores de opinión que los eligieron para las máximas responsabilidades orgánicas de una democracia funcionando, institucionalmente consolidada y asentada.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Puede continuar el señor Diputado Signorelli, a quien le restan siete minutos de su tiempo.

SEÑOR SIGNORELLI.- Señor Presidente: ...

SEÑOR BORSARI BRENNA.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR SIGNORELLI.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR BORSARI BRENNA.- Señor Presidente: ya he dado mi opinión sobre el asunto de fondo, pero como aquí se ha instalado el tema del terrorismo, quisiera hacer una reflexión al respecto.

Yo siempre he condenado el terrorismo, y cuando tenía diecisiete años de edad, en 1971, viví aquel enfrentamiento y supe del enfrentamiento que comenzó en 1963 por parte del MLN Tupamaros contra un Estado democráticamente constituido. Eso siempre lo condené y lo condeno. Lo digo claramente; aquí hay legisladores que pertenecen a ese movimiento.

Hay cosas que no se pueden comparar con todo el horror que pueda tener, y que sin duda tiene, haber incursionado en el terreno de las armas y de todo lo que ello conlleva; no se puede comparar a quienes tomaron las armas por unas ideas, equivocadas desde mi punto de vista -profundamente equivocadas-, que llevaron al país a una trágica confrontación, con quienes tomaron y utilizaron las armas que el pueblo uruguayo les confió para su propio cuidado.

No es necesario que ningún organismo internacional nos diga qué es el terrorismo de Estado, aun cuando sea importante. El terrorismo de Estado -reitero: no es necesario que nos lo diga ningún organismo internacional, aun cuando sea importante- es una de las actividades más execrables, señor Presidente, que pueda un ser humano esgrimir, porque cualquier lucha armada -mi Partido ¡vaya si las hizo también!- puede estar acertada o equivocada, pero cuando no es hecha en nombre del Estado se nutre de un bagaje ideológico. En cambio, el terrorismo de Estado, aquel que toma las armas para agredir a quien se las dio, a quien se las confió para su cuidado, es el crimen más execrable que podamos concebir.

Cuando las armas son tomadas por quienes tienen que cuidar la soberanía -las Fuerzas Armadas, en este caso, aquellos a quienes les mandamos nosotros cuidar la soberanía y la paz interna de la nación- para agredir, matar, torturar o hacer desaparecer gente, las mismas armas que, con arreglo a la Constitución y la ley los ciudadanos les dimos, pues entonces eso es algo, no quisiera decir imperdonable, pero es uno de los actos más graves que una persona o una institución puede cometer como modo de exterminar, disminuir, descalificar o destruir a su adversario.

Por lo tanto, ya que se trajo a colación el tema del terrorismo de Estado, del otro terrorismo, quería dejar estas precisiones y estas reflexiones que me parecía pertinente hacer.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Puede continuar el señor Diputado Signorelli, a quien le restan dos minutos de su tiempo.

SEÑOR SIGNORELLI.- He culminado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el señor Diputado Amorín Batlle.

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Señor Presidente: le confieso que me siento tentado a hacer un análisis histórico de los últimos cincuenta años del país, porque todas las cosas tienen sus raíces. Para tranquilidad de los señores Diputados les voy a decir que no lo haré y que voy a intentar referirme al tema. Alguna cosa voy a decir.

Voy a decir que todo el mundo sabe -porque, por suerte, somos pocos y nos conocemos- dónde estábamos todos y nuestros sectores políticos en la década de los sesenta; dónde estuvimos en la década de los setenta; qué posición tomamos el 27 de junio de 1973; cómo trabajamos con otros grupos políticos -de los que por suerte hay tantas personas sentadas acá-, con tanto entusiasmo -en silencio, siempre, pero con fuerza y claramente-, durante el año 1980 para llegar a fin de ese año a tener una alegría, sabiendo que prontamente volvía la democracia; cómo unos trabajamos más activamente y otros más en silencio para dar una señal clara en 1982, y cómo festejamos casi todos cuando a fines del año 1984 los uruguayos volvieron a votar y a elegir un Gobierno democrático. Somos pocos y nos conocemos. Todos sabemos dónde estábamos. Todos sabemos claramente lo que pienso yo y lo que piensa mi sector político de los gobiernos dictatoriales. Todos sabemos la posición que tuvimos.

Yo voy a decir que, desde mi punto de vista, este proyecto de ley tiene un defecto: la modificación que hizo la Comisión a la fecha. Francamente, quienes de alguna manera estábamos cerca de los sectores que querían salir de la dictadura de la forma más digna posible reconocemos la actuación del doctor Addiego, por lo menos en ese período. Francamente, no sé cómo funcionaba la Corte de Justicia -que dejó de ser Suprema con la creación del Ministerio de Justicia-, pero quiero hacer un homenaje -porque me parece justo- al doctor Rafael Addiego, que hizo mucho más digna la salida, muchísimo más digna, porque él fue el Presidente en el período de transición, de quince días. A él le pidieron los partidos políticos democráticos -los que volvían al Gobierno y volvían a sentarse en este Parlamento, todos- que asumiera esa responsabilidad. Él lo hizo, y lo hizo dignamente. Me parece que de esta forma lo estamos descalificando de una manera que no merece.

El doctor Addiego, en ese momento, le hizo un buen servicio a la democracia. Repito: hizo mucho más digna la trasmisión del mando. Fue a recibir a todos los invitados, las largas decenas de dignatarios extranjeros que vinieron a festejar con nosotros y a dar testimonio de la alegría que tenía el mundo porque en este país volvía la democracia. A todos los recibió con dignidad y todos lo reconocieron.

SEÑOR GAMOU.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR GAMOU.- Señor Presidente: anoté dos cosas, escuchando la exposición del señor Diputado Lorenzo y la posterior aclaración del señor Diputado Salsamendi con respecto a esa posible doble calidad de haber resultado electo y después dar un golpe de Estado. A efectos de aclarar y aclararme a mí mismo, recurrí a una analogía. En realidad, desde el punto de vista metodológico, la analogía no demuestra nada, pero a veces las analogías son buenas para esclarecer.

Imaginemos un atleta que va a unos juegos olímpicos, califica correctamente para correr la fase final de los cien metros llanos y en la ronda de calificación lo hace con un comportamiento absolutamente correcto, pero en la ronda final de los cien metros llanos el atleta se dopa, es decir, recurre a cosas extradeportivas. En ese caso, sin duda, no se le debe dar la medalla de oro.

Ahora bien: si posteriormente el hombre se cura, se vuelve a preparar y en juegos olímpicos posteriores compite con todas las de la ley, se le dará la medalla de oro, siempre que no recurra a cosas extradeportivas.

La otra reflexión es muy breve. Yo oigo hablar de terrorismo, a veces, con cierta liviandad y falta de perspectiva histórica. Miro ese cuadro que está ahí y recuerdo qué cosas decían de Artigas. Colegas: muchas veces -lo tenemos que decir- la diferencia entre un terrorista y un Jefe de Estado fue la oportunidad y la suerte con la cual se colocaron las bombas. Hay Estados modernos, hoy reconocidos por Uruguay, que en su génesis fueron acusados de aplicar métodos terroristas.

Quiero decir una cosa más profunda, para debatir en algún momento, y una anécdota histórica, que es bueno que la sepamos todos. A veces convendría leer el Preámbulo de la Declaratoria de la Independencia de los Estados Unidos, aquello que se escribió hace ya muchos años. La anécdota es esta. Cuando tras la guerra de liberación, Ho Chi Minh y todo el pueblo vietnamita lograron liberarse del yugo del colonialismo francés, el día en que Ho Chi Minh festejó su toma de posesión, invitó a muchísimos dignatarios. ¿Saben en qué consistió su discurso? En leer el Preámbulo de la Declaratoria de la Independencia de los Estados Unidos. Convendría leerlo, porque ahí aclara cuándo es correcto y necesario que un pueblo se levante en armas contra un Gobierno.

Era una aclaración que da para un debate mucho más profundo.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Puede continuar el señor Diputado Amorín Batlle.

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Señor Presidente:...

SEÑOR ORRICO.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Sí, señor Diputado.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Puede interrumpir el señor Diputado.

SEÑOR ORRICO.- Señor Presidente: tengo la obligación moral de manifestar que sabía que el señor Diputado Amorín Batlle iba a decir lo que expresó, y quiero señalar que lo apoyo plenamente, con la misma salvedad. No sé cómo funcionó el doctor Addiego en aquello que se llamaba Corte de Justicia -ni siquiera estaba recibido-, pero me consta que a todos nos hizo una pierna muy grande, porque evitó que el señor Gregorio Álvarez se sentara ahí, donde está sentado usted, señor Presidente, para entregar la banda al Presidente entrante.

De manera que, por honestidad, y nobleza obliga, quiero decir que estoy de acuerdo con lo que dice mi amigo y doble colega, el doctor Amorín Batlle.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Puede continuar el señor Diputado Amorín Batlle.

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Señor Presidente: quiero hacer un pedido. No tengo inconveniente en votar este proyecto de ley. Simplemente, quiero pedir a la Cámara que en el período que transcurra mientras hagan uso de la palabra los oradores que faltan, se piense si se está siendo justo con el doctor Addiego.

Lo que voy a solicitar, a los efectos de poder votar después el proyecto con la mayoría, es que en primer lugar se someta a votación la redacción con la fecha que inicialmente venía planteada en la iniciativa, es decir, el 11 de febrero de 1985. De ese modo salvaría mi posición moral, en el sentido de que creo que el doctor Addiego tendría que estar fuera de esta norma, y después, si no es aprobada esta propuesta, acompañaría la votación de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: vamos a acompañar este proyecto que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración. Realmente, me parece que hace justicia en cuanto a que las honras fúnebres que dispone el Estado para quienes han sido distinguidos con cargos que, sin duda, son de honor para todos los que profesamos ideas republicanas y democráticas, de ninguna manera pueden alcanzar a aquellos que han violado la Constitución y, en especial, han incumplido, en el caso de los que fueron electos constitucionalmente, con el compromiso que hicieron ante la Asamblea General, antes de asumir, de respetar la Constitución.

Sí comparto una contribución, un aporte que hacía el señor Diputado Signorelli en cuanto a que este proyecto debería establecer en principio el criterio general, que es que solo puede haber honras fúnebres para quienes desempeñaron estos cargos que a continuación se indican en la medida en que lo hayan hecho en cumplimiento cabal de la Constitución de la República. Eso nos evitaría, inclusive, referencias a situaciones casuísticas y estaría determinando un criterio de carácter general que, en todo caso, es el que debería observarse hacia el futuro.

Hecha esta constancia, adelanto mi voto y señalo que, a mi juicio, debería incorporarse alguna referencia en ese sentido. El proyecto que tenemos a estudio establece muy claramente las situaciones hacia el pasado, pero deja abierta la posibilidad de que en situaciones futuras pueda contemplarse la posibilidad de rendir honras fúnebres.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Treinta y siete en treinta y ocho: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

SEÑOR IBARRA.- ¡Que se suprima la lectura!

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y tres en cuarenta y cuatro: AFIRMATIVA.

En discusión el artículo único.

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR AMORÍN BATLLE.- Señor Presidente: al finalizar mi exposición hice un pedido, en el sentido de que se vote primero la propuesta de que la fecha considerada sea desde el 27 de junio de 1973 hasta el 11 de febrero de 1985, a efectos de salvar mi posición. Francamente, me parece que la posición del doctor Addiego es distinta a la del resto. Si el señor Presidente lo admite y si a la Cámara no le genera violencia, voy a pedir que la votación inicial sea esa.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- La Mesa tiene la obligación de poner a votación en primer lugar el proyecto que viene de Comisión; por eso procedió de esta manera.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único.

(Se vota)

——Cuarenta y tres en cuarenta y cuatro: AFIRMATIVA.

Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Señor Presidente: si fuéramos a discutir el fondo del asunto, quizás estaríamos unas cuantas horas.

He votado afirmativamente y lo he hecho en la convicción de que quienes merecen honras fúnebres como Presidentes de Estado son quienes han ocupado ese cargo mediante el voto popular y han mantenido coherencia con lo que indica la Constitución de la República.

Quiero decir, además, como dijo el señor Diputado Lorenzo anteriormente, que cuando Wilson Ferreira Aldunate se encontraba preso, entre todos los recursos que se interpusieron ante la Corte de Justicia hubo algunos por su libertad. En aquel momento la Constitución no importó; sí importó, luego, para fijar el orden sucesorio. Yo no le hago reproches de ningún tipo al Ministro Addiego, pero sí digo que merecen honras fúnebres quienes fueron Presidentes por el voto popular y quienes siempre estuvieron apegados a la Constitución de la República. Además, creo que de haberse procedido de acuerdo a derecho y de haberse ordenado la libertad de Wilson, muy otro hubiera sido el resultado de la elección de 1984, y eso lo sabemos todos en este país. Por consiguiente, creo que se incidió directamente cuando se mantuvo preso a Wilson Ferreira Aldunate.

Muchas gracias, señor Presidente.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Martínez Huelmo).- La Cámara ha quedado sin número.

Se levanta la sesión.

(Es la hora 21 y 10)

 

 

Dr. JULIO CARDOZO FERREIRA

PRESIDENTE

 

Dr. José Pedro Montero

Secretario Relator
Dr. Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario Redactor
 

Ricardo Aldabe

Supervisor General del Cuerpo de Taquígrafos

 

 

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.

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