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Nº 96 - TOMO 432 - 21 DE JUNIO DE 2006

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

21ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

EL SENADOR DOCTOR EBER DA ROSA Primer Vicepresidente

Y LA SENADORA SUSANA DALMAS Segunda Vicepresidenta

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI Y SEÑOR SANTIAGO GONZALEZ BARBONI Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

- El señor Senador Julio Lara solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca relacionado con  la instrucción de sumarios a funcionarios de la Dirección General de Servicios Ganaderos.

- con la nómina de funcionarios del Inciso que percibían complementos salariales por los conceptos: tareas prioritarias, dedicación especial y/o barreras sanitarias, al 1º de abril de 2005.

- con actuaciones realizadas por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos por denuncias de contrabando de camarón.

- con  la ejecución del proyecto de inversión Nº 786, en la Dirección General de Servicios Agrícolas, denominado ‘renovación de la flota del programa 04’.

- y otro con destino al Ministerio del Interior, relacionado con actuaciones realizadas por las  Jefaturas de Policía de los departamentos de Rocha, Treinta y Tres y Cerro Largo ante posibles situaciones de contrabando de camarones.

- Oportunamente fueron tramitados.

5) Inasistencias

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

6 y 8) Solicitudes de licencia

- Las formulan el señor Presidente del Cuerpo, la señora Senadora Percovich y el señor Senador Baráibar.

- Concedidas.

7 y 9) Integración del Cuerpo

- Notas de desistimiento. Las presentan los señores Bayardi y Pintado comunicando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto.

10) Rectificación de trámite

- Por moción del señor Senador Nicolini, el Senado resuelve enviar la Carpeta Nº 532/06 a la Comisión de Constitución y Legislación que originalmente había sido destinada a la de Educación y Cultura.

11) Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE)

- Proyecto por el que se autoriza a adquirir el 60% de las acciones de la empresa Aguas de la Costa S.A. a la firma AGBAR, Aguas de Barcelona.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

12) Sesión extraordinaria

- Por moción de la bancada del Partido Nacional, el Senado resuelve aplazar la sesión extraordinaria prevista para el miércoles 28 del corriente.

13) Extranjeros

- Proyecto de ley por el que se amplían disposiciones relativas a su permanencia en el territorio nacional (Ley Nº 9.604, de 13 de octubre de 1936).

- En consideración.

- Por moción del señor Senador Larrañaga, el Senado resuelve que el proyecto vuelva a Comisión.

14) Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para conferir ascensos militares

- El Senado concedió venia al Poder Ejecutivo para conferir ascenso al Grado de Coronel de la Fuerza Aérea a varios señores Tenientes Coroneles, al Grado de Capitán de Navío a varios Capitanes de Fragata y al Grado de Coronel del Ejército a varios Tenientes Coroneles.

- El Senado, actuando en sesión secreta, resolvió no conceder la venia correspondiente para conferir ascenso al Grado de Capitán de Navío de la Armada Nacional a un señor Capitán de Fragata.

15) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 16 de junio de 2006.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria el próximo miércoles 21 de junio, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) por el que se habilita a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a adquirir el 60% del paquete accionario de la Empresa Aguas de la Costa S.A.

Carp. Nº 489/06 - Rep. Nº 252/06

2º) por el que se agrega un inciso final al artículo 3º de la Ley Nº 9.604, de 13 de octubre de 1936, ampliando disposiciones relativas a la permanencia de extranjeros en el territorio nacional.

Carp. Nº 458/06 - Rep. Nº 253/06

3º) Informes de la Comisión de Defensa Nacional, relacionados con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo a efectos de conferir los siguientes ascensos:

- al grado de Coronel de la Fuerza Aérea, con fecha 1º de febrero de 2006, a varios señores Tenientes Coroneles.

Carp. Nº 481/06 - Rep. Nº 242/06

- al grado de Capitán de Navío de la Armada Nacional, con fecha 1º de febrero de 2006, a varios señores Capitanes de Fragata.

Carp. Nº 482/06 - Rep. Nº 245/06

- al grado de Capitán de Navío de la Armada Nacional, con fecha 1º de febrero de 2006, a un señor Capitán de Fragata (CG).

Carp. Nº 483/06 - Rep. Nº 243/06

- al grado de Coronel del Ejército Nacional, con fecha 1º de febrero de 2006, a varios señores Tenientes Coroneles.

Carp. Nº 484/06 - Rep. Nº 244/06

4º) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se reglamenta el recurso de apelación establecido en el artículo 303 de la Constitución de la República.

Carp. Nº 250/05 - Rep. Nº 234/06

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abdala, Abreu, Aguirrezabala, Alfie, Antía, Bentancor, Cid, Couriel, Fernández Huidobro, Iturralde, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Lorier, Michelini, Moreira, Nicolini, Penadés, Percovich, Ríos, Rubio, Saravia, Segovia, Topolansky, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Amaro, Baráibar, Long, Percovich y Sanguinetti; con aviso, los señores Senadores Gallinal y Heber.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 11 minutos.)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que solicita la autorización establecida en los numerales 11  y  12 del artículo 85 de la Constitución de la República para que, con motivo de los actos de Conmemoración de las Independencias de la República Federativa del Brasil y de nuestro país, ingresen a nuestro territorio efectivos del vecino país el 25 de agosto de 2006,  a la vez que salgan efectivos uruguayos los días 7 y 10 de setiembre con destino a varias ciudades brasileñas.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

 El Ministerio de Defensa Nacional remite respuesta al pedido de informes solicitado por el señor Senador Francisco Gallinal, relacionado con la exoneración de impuestos a la empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional de Carrasco, Puerta del Sur S.A.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR GALLINAL.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se autoriza la salida del país de ciento sesenta efectivos pertenecientes al Ejército Nacional, a fin de incrementar el contingente militar que participa en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas, en la República da Haití.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

- por el que se encomienda al Ministerio de Educación y Cultura, a través de la Dirección General de Registros, la creación de un Registro Nacional de Deudores y Garantes, cuyas garantías reales o personales hayan sido rematadas a partir del 1º de julio de 2002.

- por el que se declara el 28 de julio de cada año "Día Nacional del Artesano".

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

- por el que se designa  "España",  la Escuela Nº 39 del departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa  "La Valletta - República de Malta",  la Escuela Nº 118 de Santiago Vázquez, departamento de Montevideo.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

- y  remite las siguientes notas comunicando:

- que en la sesión del 14 de junio del corriente designó para integrar la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, que actuará durante el Segundo Período de la XLVIa. Legislatura,  a la señora Representante Nora Gauthier  y a los señores Representantes Enrique Pintado y Rodrigo Goñi Romero.

- TENGASE PRESENTE.

- con destino a la Comisión de Asuntos Internacionales, la exposición escrita presentada por el Representante Nacional  señor Jaime Trobo, referida al Convenio que mantiene nuestro país con el Reino de España en lo relativo a la validez de las libretas de conducir expedidas por las Intendencias Municipales.

- A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

La Comisión de Transporte y Obras Pública eleva informado el proyecto de ley por el que se autoriza a adquirir el 60% de las acciones de la Empresa Aguas de la Costa S.A. a la firma AGBAR, Aguas de Barcelona.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado un proyecto de ley  por el que se agrega un inciso final al artículo 3º de la Ley Nº 9.604, de 13 de octubre de 1936, ampliando disposiciones relativas a la permanencia de extranjeros en el territorio nacional.

- HAN SIDO REPARTIDOS. ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESION DE HOY.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado un proyecto de ley por el que se designa ´Doctora Alba Roballo’  la Sala Nº 15 del Edificio José Artigas, anexo al Palacio Legislativo.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informado un proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable al señor Juan Gentile Ferrari.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informado el proyecto de ley por el que se Aprueba el Acuerdo Marco entre el MERCOSUR y la República Árabe de Egipto, suscrito en la ciudad de Puerto Iguazú, República Argentina, el 7 de julio de 2004.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informada la solicitud de aprobación de la Suprema Corte de Justicia,  a efectos de designar a la doctora Mary Cristina Alonso Flumini para el cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones.

- REPARTANSE. INCLUYANSE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESIÓN ORDINARIA.

La Junta Departamental de Río Negro remite las siguientes notas:

- Adjuntando una propuesta referida a los menores infractores de la ley, presentada por el maestro Milton Podkidaylo.

- Comunicando su inquietud en poder llegar a una solución para la problemática del trabajo infantil en nuestro país.

La Junta Departamental de Flores remite:

- Copia de las palabras del Edil señor Jorge López, relacionadas con la problemática causada por los escasos ingresos percibidos por  los jubilados y pensionistas  y  por los policías y los militares.

- Copia del planteamiento del señor Edil Darío Camiortti, referido a la posibilidad  de declarar una  ‘Semana de los Orientales’.

La Junta Departamental de Maldonado remite la versión taquigráfica de lo expresado por el Edil señor Luis Huelmo, expresando su preocupación en el tratamiento del tema de la Empresa Aguas de la Costa.

El Congreso Nacional de Ediles envía nota por la que solicita que la Cámara de Senadores aborde el tema de los ‘Ciber Café’.

La Junta Departamental de Treinta y Tres remite copia de una nota en la que la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria solicita apoyo a efectos de que en la próxima Rendición de Cuentas se contemplen las necesidades de la Enseñanza.

- TENGANSE PRESENTE."

4) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de varios pedidos de informes.

(Se da de los siguientes:)

"El señor Senador Julio Lara, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca relacionados con:

- la instrucción de sumarios a funcionarios de la Dirección General de Servicios Ganaderos.

- la nómina de funcionarios del Inciso que percibían complementos salariales por los conceptos: tareas prioritarias, dedicación especial y/o barreras sanitarias, al 1º de abril de 2005.

- actuaciones realizadas por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos por denuncias de contrabando de camarón.

-  la ejecución del proyecto de inversión Nº 786, en la Dirección General de Servicios Agrícolas, denominado ‘Renovación de la Flota del Programa 04’."

- OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS.

 (Texto de los pedidos de informes:)

"Montevideo, 15 de junio de 2006.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Usted, para que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, se curse al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el siguiente pedido de informes:

Los pasados 15 de febrero y 29 de mayo del corriente año, en el matutino "El Observador", se publicaron sendas notas respecto a la instrucción de sumarios a funcionarios de la Dirección General de Servicios Ganaderos, incluso en la última de las notas se dan los nombres de dos altos jerarcas sumariados.

1º) ¿Qué irregularidades determinaron la aplicación de los sumarios?

2º) ¿Cuántos sumarios se han instruido y en qué etapa se encuentran?

3º) ¿Se han aplicado sanciones preventivas? En caso afirmativo, ¿cuántos funcionarios han sido sancionados y qué sanciones se aplicaron?

4º) ¿Existen antecedentes de sumarios instruidos por las mismas causales? En caso afirmativo; ¿qué sanciones se aplicaron?

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Julio C. Lara Gilene. Senador.

Montevideo, 15 de junio de 2006.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Usted, para que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, se curse al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el siguiente pedido de informes:

1º) Nómina de funcionarios del Inciso que percibían complementos salariales por los conceptos, tareas prioritarias, dedicación especial y/o barreras sanitarias, al 1º de abril de 2005, detallando, nombre del funcionario, unidad ejecutora a la que pertenecía, escalafón, grado y monto del complemento o complementos que percibía, discriminados en cada caso.

2º) Igual información a la solicitada en el numeral anterior, actualizada al 1º de mayo de 2006.

3º) Nómina de personas, funcionarios o no del Ministe rio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que han recibido o reciben algún tipo de remuneración por parte del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA) e INFOPESCA, a partir del 1º de marzo de 2005 y a solicitud del Ministerio. Remitir copia de las notas enviadas a esas instituciones con las solicitudes u órdenes de pago.

4º) Monto destinado al IICA y monto destinado al INFOPESCA a partir del 1º de marzo de 2005.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Julio Lara Gilene. Senador.

Montevideo, 15 de junio de 2006.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente.

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Usted, para que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, se curse al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el siguiente pedido de informes:

1º) A partir del 1º de marzo de 2005, ¿cuántas actuaciones realizó la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos por denuncias de contrabando de camarón? ¿En qué concluyeron dichas actuaciones?

2º) En el mismo período señalado en la pregunta anterior, ¿recibió la Dirección Nacional de Recursos Actuáticos solicitudes de intervención por parte de Jefaturas de Policía ante posibles casos de contrabando de camarón?

En caso afirmativo, detalles de cada caso y conclusiones de las actuaciones.

3º) En abril del corriente año vencieron los permisos para la pesca del camarón en el arroyo Valizas. ¿Cuál será la política de la Dirección Nacional de Recursos Actuáticos sobre la pesca de dicho recurso en esa zona?

Sin otro particular, salud a Ud. muy atentamene.

Julio C. Lara Gilene. Senador.

Montevideo, 15 de junio de 2006.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Usted, para que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, se curse al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el siguiente pedido de informes:

En el Presupuesto del año 2005 de la Unidad Ejecutora Nº 004, Dirección General de Servicios Agrícolas, figuraba el proyecto de inversión Nº 786, denominado "Renovación de la Flota del Programa 04", financiado con recursos de afectación especial.

1º) ¿Se ejecutó dicho proyecto?

2º) ¿Cuál fue el monto total ejecutado?

3º) Detalle de las adquisiciones realizadas con dicho proyecto de inversión y monto de cada una.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Julio C. Lara Gilene. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Julio Lara, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio del Interior, relacionado con actuaciones realizadas por las  Jefaturas de Policía de los departamentos de Rocha, Treinta y Tres y Cerro Largo ante posibles situaciones de contrabando de camarones.

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 15 de junio de 2006.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Usted, para que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, se curse al Ministerio del Interior, el siguiente pedido de informes:

A partir del 1º de marzo de 2005, ¿cuántas actuaciones realizaron las Jefaturas de Policía de los departamentos de Rocha, Treinta y Tres y Cerro Largo ante posibles situaciones de contrabando de camarones? ¿Comunicaron esas actuaciones a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? ¿Cómo concluyeron esas actuaciones? Se solicita fotocopia de los respectivos partes policiales.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Julio C. Lara Gilene. Senador."

5) INASISTENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a la anterior convocatoria, en caso de que existieran.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

En la sesión ordinaria del 14 de junio no se registraron inasistencias.

En lo que respecta a las inasistencias de los señores Senadores a sus respectivas Comisiones, cabe informar que:

- a la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del 14 de junio, faltaron con aviso los señores Senadores Antía, Baráibar, Lara y Oliver;

- a la sesión de la Comisión de Hacienda del 15 de junio, faltó con aviso el señor Senador Abreu;

- a la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del mismo día, faltaron con aviso la señora Senadora Topolansky y el señor Senador Lorier;

- a la sesión de la Comisión de Salud Pública del 20 de junio, faltaron con aviso los señores Senadores Antía y Da Rosa;

- a la sesión de la Comisión Especial de Deporte del mismo día, faltaron con aviso los señores Senadores Alfie, Baráibar y Nicolini;

- y a la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del mismo día, faltaron con aviso los señores Senadores Gallinal y Larrañaga.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Presidente del Senado solicita licencia los días 26 y 27 de junio."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 21 de junio de 2006.

Señor Presidente del Senado

Presente

De mi consideración:

Por la presente le informo que durante los días 26 y 27 de junio concurriré a la República de Chile en misión oficial y por invitación del Gobierno de ese país.

Por este motivo, solicito se me conceda licencia por estos dos días, de acuerdo con el literal c) de la Ley Nº 17.827.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,

Rodolfo Nin Novoa

Presidente."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 16 en 18. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Margarita Percovich solicita licencia por el día de la fecha".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 21 de junio de 2006

Sr. Presidente

de la Cámara de Senadores

Sr. Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

Por este intermedio deseo solicitar licencia por el día de hoy.

Motiva dicho pedido que debo viajar al interior en el día de la fecha.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

Margarita Percovich. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica al Cuerpo que el señor José Bayardi ha presentado nota de desistimiento informando que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.

Por consiguiente, corresponde convocar al señor Juan José Bentancor, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontrara en la antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

8) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Carlos Baráibar solicita licencia desde el 21 al 23 de junio."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 21 de junio de 2006

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito al Cuerpo se me otorgue licencia los días 21 a 23 de junio y se convoque a mi suplente correspondiente, de conformidad con la Ley Nº 17.827, Artículo 1º, literal C), que establece la causal ‘misión oficial’.

En esos días no estaré en el país como consecuencia de mi participación, como Vicepresidente por Uruguay del Parlamento Latinoamericano, en la Junta Directiva de dicho Organismo, que se realiza en la ciudad de Panamá, de acuerdo con el programa que se adjunta.

Asimismo, remito con la presente, copia de la invitación al referido evento.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente

Carlos Baráibar. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica al Cuerpo que el señor Enrique Pintado ha presentado nota de desistimiento informando que, por esta única vez, no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.

Por consiguiente, corresponde convocar al señor Albérico Segovia, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontrara en la antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

10) RECTIFICACION DE TRAMITE

SEÑOR NICOLINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NICOLINI.- Señor Presidente: el Senado envió a la Comisión de Educación y Cultura la Carpeta Nº 532/06 que establece la declaración legal de día feriado y asueto para la fecha fundacional de la ciudad de La Paloma, en el departamento de Rocha. Consideramos que corresponde que esta Carpeta sea enviada a la Comisión de Constitución y Legislación, por lo que proponemos que el Cuerpo decida enviarla allí, porque dicha Comisión es la que debe informar al Senado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción de rectificación de trámite propuesta por el señor Senador Nicolini.

(Se vota:)

- 20 en 22. Afirmativa.

11) ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se habilita a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a adquirir el 60% del paquete accionario de la Empresa Aguas de la Costa S.A. (Carp. Nº 489/06 - Rep. Nº 252/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 489/06

Rep. Nº 252/06

Montevideo, 19 de abril de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 47 de la Constitución de la República, la Ley Nº 11.907, de 19 de diciembre de 1952 y Decreto 157/2005, tiene el honor de enviar a la consideración de ese Cuerpo, el Proyecto de Ley, por el cual habilita a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado ha adquirir el 60% del paquete accionario de la Empresa Aguas de la Costa S.A. a la firma AGBAR, Aguas de Barcelona.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La presente ley tiene por objeto habilitar a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado ha adquirir el 60% del paquete accionario de la empresa Aguas de la Costa S.A., a la firma AGBAR, Aguas de Barcelona.

Esto permitirá al Ente público controlar en forma directa la actividad de la única Concesionaria vigente de acuerdo al Artículo Nº 47 y el Decreto Nº 157/05, allanando el camino para hacerse cargo de los servicios en forma exclusiva, de acuerdo a la previsión constitucional. De esta forma, la Concesionaria deberá ajustar su actividad a las regulaciones y principios establecidos en el Artículo Nº 47 y la Ley Nº 11.907.

Es innegable el beneficio que significará para los usuarios del servicio de agua potable y saneamiento ubicados al Este del arroyo Maldonado, la aplicación de las tarifas correspondientes a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, así como la garantía del respaldo del Ente público en el abastecimiento e inversión en obras de infraestructura.

Al adquirir el paquete mayoritario de acciones, la Administración de las Obras Sanitarias del Estado pasa a controlar en forma directa y anticipada la gestión del servicio de agua potable y saneamiento tal como lo requiere la Reforma aprobada.

Por otra parte, no estamos ante la hipótesis de una Empresa de economía mixta prevista en el Artículo 188 de la Constitución de la República.

Aun cuando sería discutible la aplicabilidad del inciso final, incorporado por la Reforma Constitucional del 31 de octubre de 2004 al caso, en relación con el Decreto Nº 157/05, puesto que se trata de una sociedad y concesión previa a la aprobación, de todas formas, dicho Artículo no es de aplicación para el caso de los Entes Autónomos y Servicios Autónomos y Servicios Descentralizados como lo ha señalado una prestigiosa y mayoritaria doctrina en materia de Derecho Constitucional y Público.

El Profesor Juan Pablo Cajarville Peluffo "los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no están comprendidos en la expresión "Estado" de los Incisos Nos. 3º y 4º del Artículo Nº 188, y por lo tanto que los requisitos en ellos establecidos no son aplicables a su participación en el capital de sociedades de Derecho Privado, que será legítima siempre que una Ley formal, al determinar su competencia, incluya en su "giro" esa actividad y confiera a sus órganos la potestad de aplicar sus recursos con esa finalidad, conforme a lo previsto en la Sección XI de la Constitución de la República, en especial en su Artículo Nº 190." (Cajarville Peluffo, Juan - Revista de Derecho Público. Número 26 pág. 16. Empresas Privadas con participación del Estado).

En términos similares se han expresado los Dres. Hora-cio Cassinelli Muñoz, Carlos Delpiazzo y Martín Risso Ferrand.

Asimismo, nuestra legislación cuenta con numerosos ejemplos en los últimos quince años al respecto. Baste recordar como ejemplo las diversas autorizaciones que han recibido diferentes Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, como ANTEL, UTE, ANCAP, Banca Oficial, etc. y particularmente la autorización genérica otorgada por el Artículo Nº 271 de la Ley Nº 16.462, para participar en todo emprendimiento con privados para prestar servicios de asesoramiento y asistencia técnica en su especialidad.

En el mismo proyecto se establece la posibilidad de adquirir el resto del paquete accionario, entrando por tanto en la hipótesis de disolución de la sociedad y la integración de los activos a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, en cumplimiento de la asunción total por el Estado de los servicios de agua y saneamiento.

En virtud de la vigencia de la concesión señalada sería negativo para los intereses del Estado, que dichas acciones fueran adquiridas por concesionarios privados. La compra del porcentaje mayoritario de las acciones de la concesionaria, permitirá sin dudas avanzar en el control estatal de la totalidad de los servicios de agua y saneamiento de acuerdo a lo previsto en la Reforma constitucional evitando toda eventual reclamación nacional o internacional por la aplicación de la citada Reforma.

En tal caso, los servicios y sus bienes serán administrados por la Unidad de Gestión Desconcentrada de Maldonado de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, creada por la Ley Nº 17.902 y se aplicarán las mismas normas que oportunamente habilitaran a la asunción ordenada de los servicios que fueran concesionados a la empresa URAGUA S.A.

Dr. TABARE VAQUEZ, Presidente de la República; Mariano Arana.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Autorízase a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a adquirir el 60% (el sesenta por ciento) de las acciones de la empresa Aguas de la Costa S.A., a la empresa Aguas de Barcelona AGBAR S.A. de acuerdo al contrato oportunamente suscrito por las partes.

Artículo 2º.- La Administración de las Obras Sanitarias del Estado no podrá ceder a título gratuito u oneroso o enajenar en forma alguna dichas acciones a terceros, ya sea públicos o privados.

Artículo 3º.- Queda asimismo la Administración de las Obras Sanitarias del Estado autorizada a adquirir hasta el 100% del capital accionario de Aguas de la Costa S.A. Una vez adquirida la totalidad de las acciones, Aguas de la Costa S.A. deberá ser disuelta de acuerdo a las normas de la Ley Nº 16.060, pasando todos sus activos a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, siendo administrados por la Unidad de Gestión Desconcentrada. En tal caso serán de aplicación las previsiones establecidas en la Ley Nº 17.902, en materia de personal y actividad comercial, por el mismo plazo previsto en dicha Ley.

Artículo 4º.- La Administración de las Obras Sanitarias del Estado designará los Directores que le correspondan de acuerdo al Estatuto vigente de la Sociedad, los que no percibirán remuneración alguna. Las remuneraciones o Dietas previstas en tales casos constituirán ingresos de la Unidad de Gestión Desconcentrada de Maldonado creada por la Ley Nº 17.902, así como las utilidades que se devenguen de la sociedad.

Artículo 5º.- Los Directores designados en representación de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, promoverán la aplicación de los principios establecidos en el Artículo 47 de la Constitución de la República, y en la Ley Nº 11.907, en la gestión que realicen en su participación en la empresa Aguas de la Costa S.A.

Mariano Arana.

DISPOSICIONES CITADAS

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

Artículo 47.- La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores.

El agua es un recurso natural esencial para la vida.

El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales.

1) La política nacional de aguas y saneamiento estará basada en:

a) el ordenamiento del territorio, conservación y protección del Medio Ambiente y la restauración de la naturaleza.

b) la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil, participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos; estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas.

c) el establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes de ellas, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones.

d) el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico.

Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejada sin efecto.

2) Las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviables, integrada en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico.

3) El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.

4) La ley, por los tres quintos del voto del total de componentes de cada Cámara, podrá autorizar el suministro de agua, a otro país, cuando éste se encuentre debastecido y por motivos de solidaridad.

Artículo 188.- Para que la ley pueda admitir capitales privados en la constitución o ampliación del patrimonio de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados así como para reglamentar la intervención que en tales casos pueda corresponder a los respectivos accionistas en los Directorios, se requerirán los tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara.

El aporte de los capitales particulares y la representación de los mismos en los Consejos o Directorios nunca serán superiores a los del Estado.

El Estado podrá, asimismo, participar en actividades industriales, agropecuarias o comerciales, de empresas formadas por aportes obreros, cooperativos o capitales privados, cuando concurra para ello el libre consentimiento de la empresa y bajo las condiciones que se convengan previamente entre las partes.

La ley, por mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara, autorizará en cada caso esa participación, asegurando la intervención del Estado en la dirección de la empresa. Sus representantes se regirán por las mismas normas que los Directores de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

Las disposiciones de este artículo no serán aplicables a los servicios públicos de agua potable y saneamiento.

Artículo 190.- Los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales.

LEY Nº 11.907,

de 19 de diciembre de 1952

I - Creación y organización

Artículo 1º.- Créase, como servicio descentralizado del Ministerio de Obras Públicas, la "Administración de las Obras Sanitarias del Estado" con los fines y atribuciones que por esta ley se especifican. Dicho Organismo tendrá su domicilio legal en Montevideo, será persona jurídica y podrá denominarse bajo la sigla "OSE".

II - Cometidos y facultades

Artículo 2º.- La Administración de las Obras Sanitarias del Estado, tendrá los siguientes cometidos y facultades:

A) La prestación del servicio de agua potable en todo el territorio de la República.

B) La prestación del servicio de alcantarillado en todo el territorio de la República, excepto en el departamento de Montevideo.

C) Celebrar Convenios con los Gobiernos Municipales y/o Comisiones Vecinales para realizar obras de alcantarillado o abastecimiento de agua potable de interés local, mediante contribución de las partes, con aprobación previa del Poder Ejecutivo.

D) El estudio, la construcción y la conservación de todas las obras destinadas a los servicios que se le cometen. La iniciativa respecto a nuevos planes de obras sanitarias y de aguas corrientes, corresponderá al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio de los estudios que pueda realizar el Organismo que por esta ley se crea, y de las ampliaciones de servicios que conceptúe necesarias.

E) El contralor higiénico de todos los cursos de agua que utilice directa o indirectamente para la prestación de sus servicios.

F) Podrá proveer a terceros a título oneroso, el suministro de agua sin potabilizar para ser destinada a finalidades diversas del consumo humano, siempre que la disponibilidad del recurso natural resulte excedentaria respecto de los caudales necesarios para atender el servicio público de agua potable, a que se refiere el literal A) de este artículo.

G) Podrá construir o adquirir ya construidos y enajenar a título oneroso a terceros dentro y fuera del país, ingenios para la potabilización de aguas y para el tratamiento de efluentes cloacales cuya tecnología de fabricación le pertenezca.

Fuente: Ley Nº 17.277,

de 17 de noviembre de 2000,

artículo único.

Con el mismo fin será parte necesaria en todas las gestiones que se tramiten ante la Administración Pública para el aprovechamiento de cursos de agua de uso público.

Ningún particular podrá hacer un aprovechamiento de tal naturaleza, ni continuarlo si ya lo tuviera, sin la previa autorización del Poder Ejecutivo.

Artículo 3º.- La prestación del servicio de obras sanitarias, y los cometidos del Organismo, deberán hacerse con una orientación fundamentalmente higiénica, anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económico.

Artículo 4º.- Decláranse de utilidad pública y comprendidos en el artículo 4º de la Ley Nº 3.958, de 28 de marzo de 1912, y sus modificaciones, los bienes necesarios para la realización de los fines que se cometen al Ente que se crea, quedando por tanto sujetos a expropiación. Asimismo, quedan gravados con servidumbres de estudio, paso, búsqueda, extracción y depósito de materiales, pastoreo, ocupación temporaria con campamentos de trabajo, desagües superficiales o subterráneos e instalación de cañerías de agua corriente, todas las propiedades del país, en las condiciones establecidas en las leyes vigentes.

III - Capital, beneficios, fondo de reserva y fondo de mejoramiento

Artículo 5º.- Constituye el capital original del Organismo que se crea, el patrimonio que se adquirió a la Compañía de Aguas Corrientes Limitada (The Water Works Limited), en virtud del Convenio de compraventa de fecha 3 de diciembre de 1948, y todos los bienes afectados por la Dirección de Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas a la explotación de agua potable y alcantarillado en la República. El Directorio se hará cargo bajo inventario y tasación de estos patrimonios y procederá a su fusión.

Artículo 6º.- La Administración de las Obras Sanitarias del Estado, se hará cargo de todos los servicios de las deudas emitidas en los distintos planes de saneamiento y de aprovechamiento de agua potable, y de las que se emitan en el futuro.

Artículo 7º.- TEXTO DEROGADO.

Fuente: Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, artículo 643 y Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de

2002, artículo 24.

IV - De las autoridades

Artículo 8º.- La Dirección y Administración del Organismo que se crea, estará a cargo de un Directorio compuesto de cinco miembros rentados elegidos por el Poder Ejecutivo, con arreglo al artículo 187 de la Constitución.

Artículo 9º.- La remuneración del primer Directorio será: Presidente, y Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, $ 1.500.00 mensuales; la de los Vocales, incluso el Vicepresidente, $ 1.100.00 mensuales.

Artículo 10.- Al Presidente, o al Vicepresidente en su caso, le corresponde:

A) Ejecutar las resoluciones del Directorio.

B) Tomar medidas urgentes cuando fueren necesarias, dando cuenta al Directorio en la primera sesión y estándose a lo que éste resuelva.

C) Presidir las sesiones del Directorio y representar a la Institución.

D) Firmar con el miembro del Directorio o con el funcionario que éste designare, todos los actos y contratos en que intervenga el Instituto.

Artículo 11.- Corresponde al Directorio:

A) Administrar el patrimonio del Organismo.

B) Fijar las tarifas generales de sus servicios con la aprobación del Poder Ejecutivo.

C) Fiscalizar y vigilar todos los servicios y dictar las normas y reglamentos necesarios.

D) Ejercer la potestad discriplinaria sobre todo el personal.

E) Proyectar el presupuesto del Instituto, el que será elevado al Poder Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas de la República a los efectos dispuestos por el artículo 221 de la Constitución de la República.

Fuente: Ley Nº 13.737,

de 9 de enero de 1969,

artículo 229

F) Proponer al Poder Ejecutivo, en el momento que resulte necesario, las designaciones, promociones y cesantías del personal presupuestado del Organismo, de acuerdo a las normas que establece la presente ley.

G) Resolver las demás cuestiones que el Presidente o cualquiera de sus miembros someta a su consulta o a su decisión.

Artículo 12.- El quórum para sesionar el Directorio será de tres miembros y sus resoluciones serán adoptadas por simple mayoría de votos, salvo en los casos en que esta ley o el Reglamento General disponga un determinado número de votos para resolver.

Artículo 13.- El Directorio depositará en el Banco de la República, en cuenta corriente, los fondos que recaude y, con la conformidad de cuatro miembros, podrá girar en descubierto, afectando el crédito de la cuenta "Tesoro Nacional", hasta la suma de tres millones de pesos ($ 3:000.000.00), dando cuenta al Poder Ejecutivo.

Artículo 14.- Los miembros del Directorio son personal y solidariamente responsables de las resoluciones votadas en oposición a la ley o por inconveniencia de la gestión. A tales efectos, el Directorio remitirá semanalmente, al Ministerio de Obras Públicas, testimonio de las actas de sus deliberaciones y copia de sus resoluciones.

Quedan dispensados de esta responsabilidad:

A) Los ausentes de la sesión en que se adoptó la resolución y que tampoco hubieran estado presentes cuando se leyó el acta de aquella sesión.

B) Los que hubieran hecho constar en acta su disentimiento y el fundamento que lo motivó. Cuando este pedido de constancia se produzca, el Presidente del Directorio estará obligado a dar cuenta del hecho dentro de las veinticuatro horas, al Poder Ejecutivo, remitiéndole testimonio del acta respectiva.

V - Del pesonal

Artículo 15.- El ingreso de todo el personal técnico, semitécnico y administrativo se hará siempre por la última categoría del escalafón correspondiente y por concurso de oposición, con las únicas excepciones de los cargos de Gerente General, Secretarios y Asesores Técnicos del Directorio.

Artículo 16.- El Directorio establecerá una clasificación de oficios del personal obrero especializado de su dependencia, de acuerdo con la que serán registrados todos los artesanos que soliciten trabajo en las obras, talleres o servicios de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

A los efectos de la inscripción en este registro, los artesanos deberán justificar la calidad de tales (oficiales, medio oficiales de los distintos oficios), mediante una prueba práctica, que rendirán ante un tribunal, de acuerdo con la reglamentación que al respecto dictará el primer Directorio dentro del plazo de sesenta días de su instalación.

Cada vez que la Administración de las Obras Sanitarias del Estado necesite tomar obreros especializados, solicitará a la Comisión Distribuidora de Trabajo que corresponda, integrada por un Delegado de la Comisión Asesora de Empleados y Obreros, que proceda a sortear del registro antes referido, con las formalidades que establece la Ley Nº 10.469, de 14 de diciembre de 1943, el número de obreros especializados que requiera.

Artículo 17.- El personal obrero no especializado y el personal de servicio ingresarán por sorteo, de un registro cuyos aspirantes llenarán las condiciones previstas en los apartados A), B) y C) del artículo 19. Dicho sorteo lo efectuará la Comisión Distribuidora de Trabajo integrada con un Delegado de la Comisión Asesora de Empleados y Obreros.

Artículo 18.- Para ser designado aprendiz, tendrán preferencia los que estén cumpliendo cursos de oficio en la Universidad del Trabajo o los hijos de obreros de la Institución, llenándose además los requisitos establecidos en los apartados B) y C) del artículo 19.

Artículo 19.- El Directorio reglamentará, dentro de los sesenta días siguientes a su instalación, los requisitos a llenarse en los llamados a concursos de oposición para los cargos a proveerse, para lo cual deberán exigirse, además, las siguientes condiciones:

A) Haber dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Instrucción Militar Nº 9.943, de fecha 20 de julio de 1940.

B) Poseer aptitud física y moral demostrada, respectivamente, por el Carnet de Salud y por la certificación de su conducta por dos ciudadanos de reconocida solvencia moral.

C) Comprobar sus convicciones democráticas en la forma establecida en el inciso anterior.

Para el ingreso de los cargos técnicos se exigirán los títulos expedidos por las Facultades que integran la Universidad de la República.

Unicamente se considerarán cargos técnicos los que por la propia índole de la función -de acuerdo a las leyes y reglamentaciones que rigen en la materia- necesariamente deban ser desempeñados por profesionales.

El Directorio podrá realizar la designación directa de técnicos, en los casos en que no hubiere inscriptos en el llamado a aspirantes a concurso.

Para los cargos semitécnicos y para los obreros especializados regirán las condiciones de los incisos A), B) y C).

Artículo 20.- El llamado a concurso debe tener la suficiente publicidad. Los aspirantes sólo podrán ser rechazados por resolución fundada, en virtud de no poseer alguna de las condiciones exigidas por el artículo anterior. Ese rechazo, debe ser comunicado por escrito al interesado.

Artículo 21.- Los funcionarios de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado podrán ser destituidos por ineptitud, omisión o delito. La destitución deberá resolverse previa la instrucción de sumario administrativo con intervención de la Comisión Asesora y fundándose en las resultancias del mismo, debiendo pasarse el expediente a la justicia ordinaria cuando corresponda.

Para resolver las destituciones será siempre necesario el voto conforme de cuatro miembros del Directorio.

El Gerente General, los Secretarios y Asesores Técnicos del Directorio podrán ser removidos por simple resolución fundada de éste, adoptada por mayoría absoluta de votos del total de sus integrantes.

En cuanto al régimen de traslados de empleados y obreros, éste no podrá tener otro motivo, aparte de los ascensos, que razones de mejor servicio, cumpliéndose en ambos casos, las garantías que se establecen en el inciso A) del artículo 28 de la presente ley y en el artículo 19 del Decreto-Ley Nº 10.388 "Estatuto del Funcionario", de 13 de febrero de 1943.

Queda exceptuado de lo dispuesto en el apartado anterior, el personal que por la naturaleza esencial de su trabajo, deba trasladarse frecuentemente de un lugar a otro.

Serán de cuenta del Organismo los gastos que demande el traslado del empleado u obrero y de los familiares a su cargo.

Artículo 22.- Todas las vacantes serán llenadas por promoción de funcionarios que ocupen la categoría inmediata inferior, cualquiera sea la Sección o Repartición en que actúen.

Los ascensos o promociones de todo el personal se efectuarán por rigurosa antigüedad calificada, debiendo realizarse pruebas complementarias de suficiencia, cuando el ascenso al grado inmediato superior requiera conocimientos especiales, o concurso de oposición, en caso de igualdad de calificaciones.

Artículo 23.- El Directorio, con el asesoramiento de la Comisión prevista en el Capítulo VI de esta ley, dictará la reglamentación pertinente que fije las normas para la calificación de sus funcionarios de acuerdo a las siguientes bases:

A) Antigüedad en el Organismo y en el cargo.

B) Asiduidad y rendimiento.

C) Competencia y responsabilidad.

D) Conducta y disciplina.

E) Trabajos originales sobre temas de administración y servicios relacionados con las funciones del Organismo o investigaciones científicas.

Artículo 24.- La calificación del personal se realizará anualmente para constituir con ella la lista de puntajes, que se notificará a todo el personal, pudiendo éste solicitar la reconsideración fundada en el plazo y condiciones que la reglamentación establezca, en cuyo caso deberá oírse previamente a la Comisión Asesora de Promociones y Faltas. Una vez falladas todas las reconsideraciones, se establecerá la lista definitiva de puntajes, con notificación al personal.

VI - Comisión Asesora de Promociones, Faltas y Seguridad Industrial

Artículo 25.- Se constituirá una Comisión Asesora de Promociones, Faltas y Seguridad Industrial, compuesta por 7 miembros, con doble número de suplentes: 3 Delegados del personal técnico-administrativo, 3 Delegados del personal obrero y un Delegado del Directorio, que no podrá ser miembro del mismo. Los miembros de esa Comisión Asesora durarán tres años en sus funciones, no pudiendo ser reelectos hasta pasados tres años desde la fecha de su cese.

Artículo 26.- Para ser Delegado del personal y del Directorio, se requerirán, por lo menos, diez años de antigüedad anterior a la elección, con buena calificación y hallarse en actividad en el Organismo.

Artículo 27.- La elección de los delegados del personal se efectuará bajo el contralor de la Corte Electoral, con las bases del voto secreto y la representación proporcional.

La Corte Electoral reglamentará todo lo pertinente a este acto. La elección se efectuará el segundo viernes hábil del mes de mayo de cada período.

Fuente: Ley Nº 17.263,

de 20 de setiembre de 2000,

artículo 1º.

Artículo 28.- Serán cometidos de la Comisión Asesora de Promociones, Faltas y Seguridad Industrial.

A) Informar al Directorio, en todas las cuestiones relativas a despidos, sanciones o traslados, cuando el Directorio o el interesado lo soliciten.

B) Informar al Directorio sobre todas las solicitudes de reconsideración de calificaciones del personal.

C) Informar en todos los problemas relativos a la organización del trabajo, la higiene, cooperativismo, previsión social, asistencia médica, vivienda y seguridad industrial. En estos aspectos, podrá también tener iniciativa propia ante el Directorio, proponiendo las reglamentaciones o proyectos del caso.

D) Dictar su propio reglamento de funcionamiento, que será sometido a la aprobación del Directorio.

VII - Disposiciones generales

Artículo 29.- Los probables déficit anuales deberán ser previstos en forma anticipada en cada presupuesto y el Poder Ejecutivo ordenará su pago por duodécimas partes a la Institución.

El Poder Ejecutivo, cuando se produjeran déficit solventados por Rentas Generales, trimestralmente y a efectos informativos, dará cuenta a la Asamblea General del monto de esos déficit, así como de la causa de los mismos.

Artículo 30.- El Directorio proyectará, dentro del plazo de 90 días de su instalación, el Reglamento General del Organismo, elevándolo al Poder Ejecutivo para su aprobación.

Artículo 31.- El Directorio publicará semestralmente un estado que refleje con claridad la situación financiera de la Institución, que deberá tener la visación del Tribunal de Cuentas.

Artículo 32.- El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de la función que le compete de acuerdo a la Constitución, designará entre su personal un Delegado permanente ante el Organismo que por esta ley se crea.

En el desempeño de sus cometidos, estará facultado para efectuar la revisión y examen de los libros, el estudio de actas, comprobantes y demás documentos necesarios para un eficiente cumplimiento de sus funciones.

Artículo 33.- La Administación de las Obras Sanitarias del Estado queda exonerada de pagos de tasas, derechos de Aduana, portuarios, adicionales, patentes e impuestos nacionales o municipales, salvo lo que dispongan leyes especiales.

Artículo 34.- El Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos o los Municipios, podrán adquirir, por el precio de tasación, materiales o útiles que no le sean necesarios al Organismo para destilarlos a otros servicios que los requieran.

Fuera de estos casos, el Directorio deberá llamar a licitación pública, para la venta de dichos elementos.

Artículo 35.- Las adquisiciones de cualquier elemento necesario para la explotación de los servicios, podrán realizarse directamente, en casos graves y urgentes, debidamente fundados, sin necesidad de licitación pública, previa autorización del Tribunal de Cuentas, y siempre que para ello presten su aprobación cuatro miembros del Directorio, debiéndose dar cuenta, en cada caso, al Poder Ejecutivo, que a su vez lo comunicará de inmediato a la Asamblea General.

VIII - Disposiciones transitorias

Artículo 36.- Hasta tanto no se sancione el primer presupuesto para este Servicio, regirán los presupuestos que actualmente tienen las distintas Reparticiones que se fusionan. Los déficit que tuviera el Ente en dicho período de tiempo, serán atendidos por Rentas Generales.

Artículo 37.- En el término de 120 días, a contar de la fecha de la promulgación de esta ley, se realizará una clasificación de categorías y de grados tomando en cuenta la función que realicen, de todos los funcionarios comprendidos en los servicios que se rigen por esta ley.

La ordenación presupuestal resultante, tendrá vigencia a partir del día en que se produzca la fusión efectiva de los dos servicios actuales (ex Compañía de Aguas Corrientes y Dirección de Saneamiento).

Artículo 38.- En el mismo término establecido en el artículo anterior, se realizará una revisión completa de todas las calificaciones o puntajes efectuados entre el personal administrativo y obrero de la ex Compañía de Aguas Corrientes (The Montevideo Water Works Company Limited), desde el 1º de enero de 1949 y de acuerdo a lo establecido en los artículos 22 y 23, a fin de ser tomados en cuenta como base, en las primeras promociones que se realicen. Conjuntamente se hará una revisión de las que correspondan al actual personal, administrativo y obrero, de la Dirección de Saneamiento dependiente del Ministerio de Obras Públicas.

Artículo 39.- En el término de 30 días, a partir de la fecha de la promulgación de esta ley, la Corte Electoral reglamentará todo lo pertinente al acto electoral, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26, y a los 30 días de dictada la reglamentación, se realizarán las elecciones de delegados del personal administrativo y obrero, para integrar la Comisión Asesora de Promociones, Faltas y Seguridad Industrial.

De inmediato al escrutinio y proclamación, se dará posesión a los que resultaran electos, y durarán en sus cargos hasta el día 31 de enero de 1954.

Artículo 40.- La Dirección de Saneamiento del Ministerio de Obras Públicas transferirá al organismo que se crea, dentro de los 30 días subsiguientes a la promulgación de esta ley, todos los servicios a que se refiere el artículo 5º de la misma.

Artículo 41.- Al realizarse la fusión de las dos organizaciones, los cargos comunes de puestos directivos (técnicos o administrativos) con las excepciones previstas en el ar-tículo 15, serán llenados por concurso de oposición entre quienes los ocupen, de acuerdo a derecho en ambas reparticiones.

El funcionario que no resultare triunfante, o no presentare al concurso, permanecerá en categoría de adscripto a la función, debiendo suprimirse el cargo al vacar. Sin embargo, el funcionario que no obtenga el cargo titular podrá optar por alejarse del Organismo, considerándose este caso como causal de jubilación anticipada o temporal, de acuerdo con el régimen de la Ley Nº 9.940, de 2 de julio de 1940.

Asimismo, se respetarán las situaciones funcionales del personal de las dos organizaciones, para lo cual se les clasificará de acuerdo a las funciones que ejerzan en el momento de producirse la fusión y adaptándolas presupuestamente al nuevo organismo que por esta ley se crea.

Artículo 42.- Los actuales funcionarios de los servicios que pasan a integrar la "Administración de las Obras Sanitarias del Estado" podrán mantener los cargos que desempeñan simultáneamente en la fecha de promulgación de la presente ley, siempre que la acumulación de los sueldos respectivos fuere legalmente posible en la fecha del traspaso al Estado de la ex Compañía de Aguas Corrientes Limitada.

Artículo 43.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Artículo 44.- Comuníquese, etc.

LEY Nº 16.060

de 4 de setiembre de 1989

SECCION XIII

De la rescisión parcial, de la disolución y de la liquidación

SUB SECCION II

De la disolución

Artículo 159. (Causas).- Las sociedades se disolverán:

1) Por decisión de los socios de acuerdo a lo establecido en cada tipo social.

2) Por la expiración del plazo.

3) Por el cumplimiento de la condición a la que se subordinó su existencia.

4) Por la consecución del objeto social o la imposibilidad sobreviniente de lograrlo.

5) Por la quiebra o liquidación judicial. La disolución quedará sin efecto si se homologara un concordato resolutorio.

6) Por pérdidas que reduzcan el patrimonio social a una cifra inferior a la cuarta parte del capital social integrado.

7) Por fusión o escisión en los casos previstos por la ley.

8) Por reducción a uno del número de socios según se dispone en el artículo 156.

9) Por la imposibilidad de su funcionamiento, por la inactividad de los administradores o de los órganos sociales o por la imposibilidad de lograr acuerdos sociales válidos; sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 184.

10) Por la realización continuada de una actividad ilícita o prohibida o por la comisión de actos ilícitos de tal gravedad que se desvirtúe el objeto social.

11) En los demás casos establecidos por la ley.

Artículo 160. (Pérdida social en el patrimonio).- En el caso de pérdidas que reduzcan el patrimonio social, la sociedad no se disolverá si los socios acuerdan reintegrar total o parcialmente o reducir el capital.

Artículo 161. (Prórroga. Requisitos).- Salvo pacto en contrario la prórroga de la sociedad requerirá el consentimiento unánime o mayoritario de los socios, según lo dispuesto para cada tipo social.

La prórroga y la inscripción de la misma en el Registro Público de Comercio deberán resolverse y solicitarse antes del vencimiento del plazo.

INCISO TERCERO DEROGADO POR SU REFERENCIA A LA INCORPORACION DE DOCUMENTOS AL LEGAJO.

FUENTE: Ley Nº 16.871,

de 28 de setiembre de 1997,

artículo 100

Artículo 162. (Declaración judicial).- Producida alguna de las causas de disolución y si los socios, de común acuerdo, no procedieran a hacerla efectiva, cualquiera de ellos o los terceros interesados, podrán solicitar la declaración judicial de disolución.

El acuerdo o la sentencia declarativa se inscribirá en el Registro Público de Comercio.

Artículo 163. (Efectos de la disolución).- Respecto de los socios, producirá sus efectos a partir del acuerdo social de disolución o de su declaración judicial. Frente a terceros, desde su inscripción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. En el caso de expiración del plazo, los efectos se producirán aun respecto de terceros, por el solo hecho del vencimiento.

Articulo 164. (Administradores, facultades, deberes y responsabilidad).- Los administradores de la sociedad, con posterioridad al vencimiento del plazo de duración o al acuerdo de disolución o a la declaración judicial de haberse comprobado alguna de las causales, sólo podrán atender los asuntos urgentes y deberán adoptar las medidas necesarias para iniciar la liquidación.

Cualquier operación ajena a esos fines los hará responsables ilimitada y solidariamente respecto a los terceros y a los socios sin perjuicio de la responsabilidad de éstos (artículo 39).

Artículo 165. (Norma de interpretación).- En caso de duda sobre la existencia de una causal de disolución se estará a favor de la subsistencia de la sociedad.

Artículo 166. (Reactivación de la sociedad disuelta).- Aun disuelta la sociedad y fuera de los casos de los numerales 7) y 10) del artículo 159, los socios podrán resolver la continuación de aquélla por resolución de la mayoría requerida para modificar el contrato aplicándose lo dispuesto por el artículo 10.

La sociedad conservará su personería.

Los socios que hayan votado negativamente o los ausentes podrán receder.

SUB SECCION III

De la liquidación

Artículo 167. (Principio general).- Disuelta la sociedad entrará en liquidación, la que se regirá por las disposiciones del contrato social y en su defecto, por las normas de esta Sección. Se prescindirá de la liquidación en los casos que la ley lo establezca o permita.

Artículo 168. (Personería jurídica).- La sociedad disuelta conservará su personería jurídica a los efectos de su liquidación y se regirá por las normas correspondientes a su tipo en cuanto sean compatibles.

Artículo 169. (Modificación de la denominación social).- A la denominación social se agregará la mención "en liquidación". Su omisión en cualquier acto, hará solidariamente responsables a los administradores o liquidadores, por los daños y perjuicios que de ella se deriven frente a los socios y terceros.

Artículo 170. (Designación de liquidadores).- La liquidación de la sociedad estará a cargo de sus administradores, salvo casos especiales o estipulación contraria.

En su defecto, el o los liquidadores serán nombrados por la mayoría social que corresponda según el tipo, dentro de los treinta días de haber entrado la sociedad en estado de liquidación. No designados los liquidadores o si éstos no desempeñaran el cargo, cualquier interesado podrá solicitar al Juez el nombramiento omitido o nueva elección.

Cuando corresponda el nombramiento de liquidadores y mientras ellos no asuman su cargo, los administradores continuarán en el desempeño de sus funciones (artículo 164).

INCISO CUARTO DEROGADO, POR SU REFERENCIA A LA INCORPORACION DE DOCUMENTOS AL LEGAJO.

FUENTE: Ley Nº 16.871,

de 28 de setiembre de 1997,

artículo 100

Artículo 171. (Remoción).- Los liquidadores podrán ser removidos por las mismas mayorías requeridas para su designación.

Cualquier socio podrá demandar la remoción judicial por justa causa. Si se tratara de sociedades anónimas o en comandita por acciones dicha remoción podrá ser solicitada por el síndico, cualquier socio comanditado o accionistas que representen el 10% (diez por ciento) del capital accionario integrado.

Artículo 172. (Remisión).- Las condiciones, derechos, obligaciones y responsabilidades de los liquidadores se regirán por las disposiciones establecidas para los administradores, en todo cuanto no esté previsto en esta Sección.

Artículo 173. (Forma de actuar).- Cuando sean varios los liquidadores deberán obrar conjuntamente, salvo pacto en contrario.

Si alguno o algunos de los liquidadores no quisiera o no pudiera actuar, el o los restantes podrán hacerlo hasta la designación del o los sustitutos.

Artículo 174. (Inventario, balance inicial e información periódica).- Los liquidadores confeccionarán dentro de los treinta días de asumido el cargo, un inventario y balance del patrimonio social. Ese plazo podrá extenderse hasta ciento veinte días por resolución de la mayoría social o de la asamblea de accionistas, según los casos.

Además informarán trimestralmente sobre el estado de la liquidación. Si ésta se prolongara, se confeccionarán balances anuales.

Las copias del inventario, balance e informes quedarán depositadas en la sede social, a disposición de los socios o accionistas.

Artículo 175. (Facultades).- Los liquidadores ejercerán la representación de la sociedad.

Deberán concluir las operaciones sociales que hayan quedado pendientes al tiempo de la disolución. No podrán iniciar nuevos negocios salvo que sean necesarios para la mejor realización de la liquidación.

Estarán facultados para celebrar todos los actos necesarios para la realización del activo y cancelación del pasivo.

Se hallarán sujetos a las instrucciones de los socios, impartidas según el tipo de sociedad.

Artículo 176. (Contribuciones debidas).- Cuando los bienes sociales fueran insuficientes para satisfacer las deudas, los liquidadores exigirán a los socios los aportes y contribuciones debidas de acuerdo al contrato social y al tipo societario.

Artículo 177. (Distribución parcial).- Si todas las obligaciones sociales estuvieran suficientemente garantizadas, podrá hacerse una distribución parcial de los bienes entre los socios.

Cualquiera de los socios podrá exigir esa distribución parcial. En las sociedades anónimas y en las sociedades en comandita por acciones, esta pretensión sólo podrá ser ejercida por accionistas que representen por lo menos el 10% (diez por ciento) del capital accionario integrado y por cualquiera de los socios comanditados. En caso de negativa de los liquidadores la incidencia será resuelta judicialmente.

INCISO TERCERO DEROGADO, POR SU REFERENCIA A LA INCORPORACION DE INFORMACION AL LEGAJO.

FUENTE: Ley Nº 16.871,

de 28 de setiembre de 1997,

artículo 100

Artículo 178. (Balance final y proyecto de distribución).- Extinguido el pasivo social, o garantizado debidamente el pago de las obligaciones no exigibles o de aquellas que por justa causa no pudieran ser canceladas, los liquidadores confeccionarán el balance final y el proyecto de distribución.

Los liquidadores determinarán el importe que corresponda a cada socio por reembolso de su parte en el capital y por concepto de utilidades y proyectarán la distribución de los bienes.

Los socios tendrán derecho a que se les adjudiquen los mismos bienes remanentes. De ser posible, el bien aportado que se conserve en el patrimonio social será atribuido a quien lo haya aportado.

Si con los bienes adjudicados a un socio no se cubriera su participación, la diferencia se compensará en dinero.

Si los bienes remanentes no admitieran cómoda división o si con ella su valor disminuyera en mucho, se procederá a su venta para el reparto entre los socios del precio obtenido.

Artículo 179. (Aceptación del balance y proyecto de distribución).- El balance final y el proyecto de distribución, suscritos por los liquidadores, serán comunicados a los socios y se considerarán aprobados si no fueran impugnados en el término de treinta días a contar de la fecha de su recibo.

En las sociedades en que funcionen asambleas, el balance y el proyecto de distribución serán sometidos a la aprobación de la asamblea extraordinaria que se convoque al efecto. Los socios o accionistas disidentes o ausentes que representen un 10% (diez por ciento), por lo menos, del capital integrado, podrán impugnar el balance y el proyecto aludidos, en el término de quince días computado desde la aprobación por la asamblea.

Los liquidadores tendrán un plazo de treinta días para aceptar o rechazar las impugnaciones que se hayan formulado. Vencido dicho plazo, el o los socios o accionistas impugnantes podrán promover la acción judicial correspondiente, en el término de los sesenta días siguientes. Se acumularán todas las impugnaciones en un juicio único. Todo ello sin perjuicio de lo que los socios acuerden por unanimidad.

Artículo 180. (Ejecución de la distribución).- Aprobados privada o judicialmente, el balance final y el proyecto de distribución, los liquidadores procederán a transferir a cada socio los bienes que le correspondan, cumpliendo con los requisitos y formas exigidas por la ley, según su naturaleza.

El proyecto de distribución aprobado será título hábil para que cada socio reclame de los liquidadores la entrega de los bienes que le fueran adjudicados. Tratándose de bienes cuya trasmisión requiera estructura pública, será procedente la escrituración judicial.

Los liquidadores podrán consignar judicialmente los bienes no reclamados en el plazo de noventa días desde la aprobación del proyecto.

INCISO CUARTO DEROGADO POR SU REERENCIA A LA INCORPORACION DE DOCUMENTOS AL LEGAJO.

FUENTE: Ley Nº 16.871,

de 28 de setiembre de 1997,

artículo 100

Artículo 181. (Cancelación de inscripción).- Terminadas las operaciones descritas en el artículo anterior, los liquidadores formularán una declaración en la que constarán las transferencias efectuadas, así como la extinción del activo y pasivo sociales y solicitarán al Registro Público de Comercio la inscripción de ese documento.

Artículo 182. (Situación Especial).- Los liquidadores serán designados judicialmente cuando la causal de disolución fuera alguna de las previstas en el numeral 10) del artículo 159. En este caso, el remanente de la liquidación ingresará al patrimonio estatal para el fomento de la educación pública, salvo el derecho de los socios que acrediten su buena fe a percibir su participación en el patrimonio social.

Artículo 183. (Conservación de libros y documentos sociales).- En defecto de acuerdo de los socios, se decidirá judicialmente quien conservará los libros y documentos sociales.

LEY Nº 17.902,

de 23 de setiembre de 2005

Artículo 1º.- Créase dentro de la estructura funcional de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, una Unidad de Gestión Desconcentrada con el objeto de prestar el servicio público de saneamiento y de abastecimiento de agua para el consumo humano en el departamento de Maldonado.

Dicha Unidad asumirá la prestación de los servicios que fueran concesionados a particulares en aquel departamento, así como todos los que deba asumir en el futuro, en virtud de la aplicación del artículo 47 de la Constitución de la República, en el departamento de Maldonado.

Asimismo, el Directorio de dicho organismo podrá disponer la incorporación a la Unidad creada de los servicios que en el citado departamento vienen siendo cumplidos directamente por el mismo, en zonas que no estaban bajo el régimen de concesión o administración por operadores privados.

Artículo 2º.- La Unidad de Gestión Desconcentrada se-rá administrada por una Dirección conformada por el Presidente y el Vicepresidente de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado y un tercer miembro designado en representación de la Intendencia Municipal de Maldonado, con anuencia de la Junta Departamental de Maldonado.

La Dirección podrá designar un Gerente General, en carácter de cargo de confianza, de acuerdo a las disposiciones de los artículos 15 y 21 de la Ley Nº 11.907, de 19 de diciembre de 1952, que deberá ser persona de notoria capacidad en la materia, con actuación a nivel jerárquico en empresas del Estado o privadas, y tendrá competencia en la instrumentación y ejecución de la política de la Dirección y en las relaciones que se deriven con organismos estatales y empresas privadas.

La retribución del Gerente General no podrá ser superior al 85% (ochenta y cinco por ciento) de la correspondiente al Gerente General de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

Artículo 3º.- La Administración de las Obras Sanitarias del Estado mantendrá la contabilidad de la Unidad de Gestión Desconcentrada en forma separada, y su presupuesto operativo y particularmente el monto de inversiones a realizar en el departamento de Maldonado serán dispuestos en el presupuesto de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

Dentro de los 120 (ciento veinte) días de su creación, la Unidad de Gestión Desconcentrada propondrá su reglamento de funcionamiento para ser aprobado por el Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

El citado Directorio podrá delegar en la Unidad de Gestión Desconcentrada todas las atribuciones que considere necesarias para su eficaz funcionamiento.

Artículo 4º.- Autorízase a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a contratar de acuerdo a las necesidades del servicio, a todo el personal técnico, administrativo u obrero que al 1º de junio del año 2005, figurare en la plantilla de personal, o mantuviera relación de dependencia directa, bajo otras modalidades contractuales, de las empresas privadas que hubiesen sido concesionarias o administradoras de los servicios públicos de que se trata, manteniéndose el salario nominal correspondiente, sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 2º de la presente ley.

A los contratos que se realicen en el marco del presente artículo se les aplicarán las disposiciones previstas en los artículos 30, 32 a 37 y 41 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002.

Artículo 5º.- Las contrataciones de personal eventual (zafral) que, en función de los requerimientos del servicio, realice la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, al amparo del literal Ñ) del artículo 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, en la redacción dada por el artículo 19 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, se realizarán mediante llamado público y abierto entre residentes en el departamento de Maldonado, otorgando prioridad a personas que se desempeñaban en la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, en dicho departamento, al 4 de agosto del año 2000 y continúen residiendo en el mismo y a funcionarios zafrales de la empresa cuyos servicios deben asumirse.

Artículo 6º.- Autorízase a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, a través de la Unidad de Gestión Desconcentrada creada por la presente ley, a contratar directamente, por un período máximo de 18 (dieciocho) meses, con empresas o subcontratistas de las empresas cuyo servicios deben asumirse, y que al 1º de junio del año 2005, tuvieran contratos vigentes con dichas empresas, siempre que los considere necesarios para la continuación y gestión de los mismos.

Artículo 7º.- El operador privado correspondiente deberá proceder a la entrega de los bienes afectados a la prestación de los servicios referidos en el artículo 1º, dentro del término de 5 (cinco) días hábiles siguientes a que la misma le sea requerida por la Administación de las Obras Sanitarias del Estado por cualquier medio fehaciente.

En caso que la entrega no se verificara en la forma prevista en el párrafo anterior, y a los efectos de asegurar la continuidad de los servicios a los usuarios del departamento de Maldonado, el citado organismo podrá solicitar la misma al Juez competente, que será el Juez Letrado de 1ª Instancia del lugar en que se hallaren ubicados los bienes de que se trate.

Efectuada la solicitud de entrega, el Juez la dispondrá sin más trámite y sin perjuicio. La entrega se decretará sin conocimiento ni intervención del operador privado requerido. Ningún incidente o petición planteado por éste, podrá detener su cumplimiento. La providencia que recaiga a tales efectos será recurrible mediante reposición y apelación, las que no tendrán efectos suspensivos.

DECRETO Nº 157/005,

de 20 de mayo de 2005

Montevideo, 20 de mayo de 2005.

VISTO: la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 1.027/004 de 17 de noviembre de 2004 y el Decreto Nº 435/004 de 13 de diciembre de 2004;

RESULTANDO: I) que por la citada Resolución el Poder Ejecutivo asignó al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente la supervisión y la coordinación con la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) y la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) y con los prestadores respectivos, las acciones conducentes a la transición a la persona jurídica estatal correspondiente de los servicios de prestación de agua potable y saneamiento alcanzados por la reforma constitucional aprobada en el plebiscito realizado el 31 de octubre de 2004.

II) que en el Decreto Nº 435/004, se reconoció expresamente, la existencia de notorias discrepancias interpretativas en cuanto a los efectos de la reforma, a resolverse oportunamente por los procedimientos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico;

III) que en los Considerandos II) y V) del referido decreto se hace mención a la necesaria existencia de un período de transición hasta la asunción, por parte de personas jurídicas estatales de los servicios públicos de saneamiento y de abastecimiento de agua para el consumo humano, actualmente a cargo de prestadores no estatales;

IV) que del citado Considerando V) se desprende claramente que las situaciones jurídicas en virtud de las cuales los servicios públicos en cuestión se prestaron hasta el presente, no se han extinguido ipso jure por la entrada en vigencia de los nuevos preceptos constitucionales, sino que subsisten durante el lapso imprescindible para el cumplimiento de las operaciones necesarias, en cada caso concreto, para la transferencia de los mismos a las personas jurídicas estatales que deban asumirlos;

V) que, empero, ni de la Resolución Nº 1.027/004, ni del Decreto Nº 435/004, surge claramente determinada la incidencia que, sobre las instituciones jurídicas de las prestatarias no estatales de esos servicios, emana de la entrada en vigencia de las nuevas normas constitucionales.

CONSIDERANDO: I) que el numeral 3) del tercer inciso del artículo 47 de la Constitución de la República dispone que el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales;

II) que es un principio de hermenéutica jurídica generalmente admitido, que las normas de efectos generales carecen de efectos retroactivos, salvo que ello resulte claramente de las mismas disposiciones;

III) que la entrada en vigencia de las normas incorporadas al artículo 47 de la Constitución de la República impone determinar si las mismas han modificado situaciones jurídicas nacidas con anterioridad, al amparo de contratos que al momento de su celebración reunían, de acuerdo a las normas constitucionales y legales entonces vigentes, todos los requisitos exigidos para su perfeccionamiento y validez.

IV) Que el principio de seguridad jurídica no sólo es trasunto del derecho fundamental a la protección en el goce de la seguridad, sino que es además, en forma inconcusa, uno de los principios generales estructurantes de nuestro ordenamiento jurídico, y como tal, fundamento de la tutela de los derechos que se derivan de la forma republicana de gobierno (artículos 7º y 72 de la Constitución de la República).

V) Que, en consecuencia, no puede procederse al desconocimiento de las situaciones jurídicas resultantes de contratos válidos al momento de su celebración, sin grave desmedro del sistema del Estado de Derecho;

VI) Que todo ello debe entenderse sin perjuicio de que, al vencimiento de los plazos contractuales vigentes, los servicios públicos a cargo de prestadores no estatales pasen a ser gestionados de inmediato, en forma exclusiva y directa, por las personas jurídicas estatales que deban asumirlos de acuerdo a la normativa aplicable;

ATENTO: a lo expuesto y a las disposiciones de los artículos 7º y 72 de la Constitución de la República;

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Actuando en Consejo de Ministros

DECRETA:

Artículo 1º.- Las personas jurídicas no estatales que tengan la calidad de prestatarios del servicio público de saneamiento o del servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano, en virtud de contratos celebrados con anterioridad al 31 de octubre de 2004, continuarán suministrando dichas prestaciones hasta el vencimiento del plazo originalmente pactado, sin perjuicio de las acciones que puedan corresponder en caso de incumplimiento, rigiéndose en un todo por los términos del respectivo contrato.

Artículo 2º.- Cométese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente coordinar con la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) y la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) la adopción inmediata de las medidas conducentes a asumir en forma directa y exclusiva la prestación del servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano que al presente estén siendo suministrados por prestadores no estatales sin plazo contractual o con carácter precario.

Artículo 3º.- Derógase la Resolución del Poder Ejecutivo Nº 1.027/004 de 17 de noviembre de 2004 y el Decreto Nº 435/004 de 13 de diciembre de 2004.

Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese, etc.

Tabaré Vázquez, José Díaz, Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Azucena Berrrutti, Jorge Brovetto, Víctor Rossi, Jorge Lepra, Eduardo Bonomi, María Julia Muñoz, José Mujica, Héctor Lescano, Mariano Arana, Marina Arismendi.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Transporte y Obras Públicas

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º.- Autorízase a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) a adquirir hasta el 100% (cien por ciento) de las acciones de la empresa Aguas de la Costa S.A., a razón de 60% (sesenta por ciento) a la empresa Aguas de Barcelona (AGBAR S.A.) de acuerdo con el contrato opor-tunamente suscripto por las partes, y hasta el 40% (cuarenta por ciento) de las acciones a STA Ingenieros SRL o a quien las tuviere en el momento de la adquisición.

Artículo 2º.- Una vez adquirida la totalidad de las acciones, Aguas de la Costa S.A. podrá ser disuelta de acuerdo a las normas de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, pasando todos sus activos a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, siendo administrados por la Unidad de Gestión Desconcentrada. En tal caso serán de aplicación las previsiones establecidas en la Ley Nº 17.902, de 23 de setiembre de 2005, en materia de personal y actividad comercial, por el mismo plazo previsto en dicha ley.

Artículo 3º.- La Administración de las Obras Sanitarias del Estado designará los Directores que le correspondan de acuerdo con el Estatuto vigente de la sociedad, los que no percibirán remuneración alguna. Las remuneraciones o dietas previstas en tales casos constituirán ingresos de la Unidad de Gestión Desconcentrada de Maldonado creada por la Ley Nº 17.902, de 23 de setiembre de 2005, así como las utilidades que se devenguen de la sociedad.

Artículo 4º.- Los Directores designados en representación de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado promoverán la aplicación de los principios establecidos en el artículo 47 de la Constitución de la República y en la Ley Nº 11.907, de 19 de diciembre de 1952, en la gestión que realice en su participación en la empresa Aguas de la Costa S.A.

Sala de la Comisión, a 21 de junio de 2006.

Eduardo Ríos, Miembro Informante; Martín Aguirrezabala, Enrique Antía, Eleuterio Fernández Huidobro, Rafael Michelini, Carlos Moreira, Víctor Vaillant."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Ríos.

SEÑOR RÍOS.- La Comisión de Transporte y Obras Públicas, luego de un arduo trabajo, llegó a un proyecto sustitutivo que fue entregado a los señores Senadores, que complementa o sustituye el anterior, que fue repartido por la Mesa.

Este proyecto consta de cuatro artículos y tiene como objetivo habilitar a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a adquirir el 100% del paquete accionario de la empresa Aguas de la Costa a la firma de Barcelona, adquiriendo primero el 60% de estas acciones y quedando habilitada para comprar, en el futuro, el 40% restante. Esta operación ubica al Estado uruguayo en condiciones de controlar en forma directa, tal como lo señala la exposición de motivos que en nombre del Poder Ejecutivo hace el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en el presente proyecto, que oportunamente se remitiera al Parlamento nacional. Asumir este control de la actividad del suministro de agua potable y saneamiento por parte del Estado no es otra cosa que dar cumplimiento al mandato constitucional que estableció la última enmienda constitucional que el cuerpo electoral ratificara el 31 de octubre de 2004.

Es así que esta iniciativa surge al amparo del artículo 47 de la Carta y se armoniza con la Ley Orgánica de OSE, Nº 11.907, y con el Decreto 157/05.

Se suma a estos argumentos, lo manifestado por las autoridades de OSE ante la Comisión parlamentaria que integramos, con respecto a lo acontecido en nuestra región -Latinoamérica- con las empresas privadas prestadoras de servicios públicos, ya que últimamente se han retirado de la región, tal como ha sucedido en Chile, Bolivia, Argentina y Perú. Este aspecto ha llamado la atención, inclusive, del Banco Interamericano de Desarrollo y ha puesto en alerta a las empresas del Estado. A ello, sumamos un aspecto fundamental. La adquisición de este paquete accionario por parte de OSE significará que las tarifas que se cobran por suministro y conexión del servicio de agua potable y saneamiento estén de acuerdo con el criterio social sustentado por OSE y con las características del medio en donde se prestan dichos servicios. Esto no es menor, porque puede significar una disminución en el costo para el acceso, nada más y nada menos, a una necesidad básica como el agua asimilable, sin ningún lugar a dudas, un derecho humano fundamental.

Luego de hacer referencia, en mi calidad de Miembro Informante, al cumplimiento -mediante este proyecto de ley- de lo preceptuado en la denominada "reforma del agua" y a la pertinencia de la adquisición para abatir el costo del servicio a la población, entiendo que es de mérito, asimismo, aludir al marco jurídico en el que dicha adquisición se llevará adelante.

Existen varias teorías con respecto a esto pero, sin duda, esta adquisición se lleva adelante dentro del marco del inciso tercero del artículo 188 de la Constitución de la República, que indica que nos encontramos en un marco constitucional y legal adecuado para la operación que promocionamos en el proyecto de ley. A esto sumamos la conveniencia de la adquisición que proponemos, puesto que sería perjudicial para los intereses del Estado que la adquisición fuera realizada por un concesionario privado. En el mismo sentido y reafirmando la pertinencia y la legalidad de la operación propuesta en el proyecto de ley, el Tribunal de Cuentas, en su dictamen de 5 de abril de 2006, asiente el contenido y la forma al no realizar observaciones a los modelos contractuales que se formulan para la concreción del negocio. Oportunamente, OSE envió al Tribunal de Cuentas los modelos de adquisición del paquete accionario referido y no se le ha hecho ninguna observación de legalidad.

Otro aspecto a destacar en el proyecto de ley que se propone, es el firme propósito, por parte del Estado uruguayo, de garantizar los derechos adquiridos por los accionistas minoritarios de la empresa Aguas de la Costa. Dicho extremo, no sólo está garantizado por la legislación vigente, que regula el derecho societario de la Ley Nº 16.060, sino que fue expresamente manifestado por las autoridades de OSE en oportunidad de comparecer ante la Comisión de Transporte y Obras Públicas, el 17 de mayo pasado.

En tal sentido, merece destacarse lo manifestado por el Presidente de OSE, ingeniero Colacce, que -según surge la versión taquigráfica- sostuvo lo siguiente: "Entonces, en principio, mientras que el 40% restante no tenga interés en vender su parte a OSE, estaríamos funcionando como una empresa privada, en las mismas condiciones actuales, pero con el primer y fundamental cambio de igualar las tarifas. No pretendemos, por supuesto, hacer cambios fundamentales en una gestión privada que básicamente funciona bien".

Reafirmando dicho concepto, merece citarse lo expresado por el Secretario General de OSE, doctor Uriarte, que señaló: "quisiera agregar que, más allá de las posibilidades legales que obviamente existen para cualquier accionista minoritario o mayoritario de acuerdo con la Ley Nº 16.060, nosotros hemos manifestado" -esto ha sido objeto de una conversación con los propios accionistas minoritarios- "que vamos a actuar con la más absoluta lealtad. Esto no significa que no apliquemos las medidas correspondientes para reducir la tarifa. Concretamente, me refiero a que no vamos a provocar deliberadamente una crisis económica en la empresa."

Más adelante, expresó: "No queremos forzar mecanismos que, de alguna manera, podrían llegar a convertirse en una actitud de deslealtad comercial".

Desde el punto de vista patrimonial, señor Presidente, tal como surge del informe de la consultora Deloitte & Touche, la transacción es conveniente a los intereses de OSE y a los del Estado uruguayo. El monto que abonará OSE surge, asimismo, de un pormenorizado estudio realizado por esta consultora, a solicitud de OSE, sobre el valor real de los activos de que dispone.

Fue con estos antecedentes que OSE llegó a ofertar, por la compra del primer 60% de las acciones, la cantidad de U$S 3:400.000, pagadera en dos veces.

En lo que tiene que ver con el articulado del proyecto de ley, el artículo 1º autoriza a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a adquirir hasta el 100% de las acciones de la empresa Aguas de la Costa S.A. En una primera etapa, adquiriría el 60% de la empresa Aguas de Barcelona, quedando habilitada a comprar el 40% restante a la empresa que actualmente las tiene. Es así que se prevé la pronta adquisición que se propone y la que OSE entienda pertinente en un futuro ante la oferta de los accionistas minoritarios.

El artículo 2º establece que, en caso de ser adquirida por OSE la totalidad del paquete accionario, Aguas de la Costa S.A. podrá disolverse. Esto implica que no necesariamente deberá disolverse para pasar a ser regida por el Derecho Público, sino que deja abierta la posibilidad, según se crea conveniente, de seguir bajo la normativa del Derecho Privado.

En el artículo 3º, se legisla sobre la designación de los Directores, de acuerdo con el estatuto de la sociedad.

El artículo 4º se refiere al nombramiento y a la retribución de los Directores. Se realiza un justo balance entre los principios rectores que guiarán el funcionamiento de la sociedad anónima: por un lado, la garantía de actuar, por parte del Estado, con la denominada diligencia de un buen hombre de negocios que garantice la lealtad comercial y la buena fe en el funcionamiento de la empresa y, por otro, el mandato legal para que los Directores de OSE, en representación del Estado, no dejen de cumplir la normativa vigente. Se dice que los Directores designados en representación de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, promoverán la aplicación de los principios establecidos en el artículo 47 de la Constitución de la República y en la Ley Nº 11.907, de 19 de diciembre de 1952, que es la Ley Orgánica de OSE.

Por lo expuesto, este proyecto de ley sustitutivo asegura el estricto cumplimiento de la Constitución de la República, especialmente en lo consignado en su última enmienda. Es un procedimiento por demás cristalino, ajustado a Derecho según una calificada doctrina jurídica y, además, cuenta con el dictamen favorable del Tribunal de Cuentas, que no realizó ninguna observación. Se entiende que este proyecto de ley es conveniente desde el punto de vista económico para OSE, ya que adquiere, en un justo precio, acciones de una empresa que genera utilidades. Esto fue avalado por un informe realizado por una prestigiosa consultora de plaza. Por lo tanto, queda claro que es un buen negocio para el Estado.

Se manifiesta, inequívocamente, que el Estado actuará con lealtad comercial con respecto al funcionamiento de la empresa y que no habrá perjuicio deliberado a los socios minoritarios.

En este conjunto de coherentes equilibrios en los que una Administración seria y responsable debe fundarse, se bajará el costo de acceso al suministro de agua y a los servicios de saneamiento para una importante cantidad de compatriotas que merecen acceder a ese derecho fundamental en las mismas condiciones que el resto de los orientales.

Por estos motivos, señor Presidente, proponemos la consideración de este proyecto de ley y solicitamos el voto afirmativo de todo el Cuerpo.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- Apoyado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: el Partido Colorado va a acompañar el proyecto de ley por la única razón de que es para cumplir con la reforma constitucional. Estamos absolutamente en contra de lo que establece el proyecto de ley, pero dada la aprobación de la reforma, vamos a acompañarlo.

Nos surgen enormes dudas acerca de las afirmaciones que acaba de realizar el señor Miembro Informante. Es posible que la tarifa promedio baje, aproximadamente, un 10%, pero esta empresa tiene una tarifa social para los residentes permanentes, que son unas 300 personas, y les cobra más a unas 2.500 personas que vienen en el verano. Si OSE aplica la tarifa común de zona balnearia a las 300 personas residentes permanentes, que son las más pobres, les va a subir la tarifa, bajando la de los demás.

Tal vez, sea un buen negocio para el Estado, pero estoy convencido de que para la sociedad no lo es y voy a pasar a explicar por qué es así. La tarifa promedio de OSE en el Uruguay al día de hoy, teniendo abundancia de agua y poco trabajo para potabilizarla -básicamente, todos saben que la potabilización se realiza con filtros de arena-, es exactamente la misma que la tarifa de agua que acaba de licitarse para la ciudad de Tel Aviv, ganada por una empresa de ingenieros uruguayos y voy a explicar el procedimiento que debe realizarse allí, para que entiendan la gran diferencia. El agua se saca del Mar Mediterráneo, se bombea, se desaliniza, se potabiliza y se lleva a la ciudad. Con todo ese procedimiento, el metro cúbico de agua que sale por las canillas en la ciudad de Tel Aviv, vale lo mismo que el metro cúbico de agua en el Uruguay.

Por lo tanto, quizás este pueda ser un buen negocio para el Estado, pero estoy convencido de que no lo es para la gente.

Por otra parte, en el mundo, el agua y el saneamiento han sido dados en concesión a privados, básicamente en base a fideicomisos. En Uruguay, hemos impedido esta posibilidad como consecuencia de una reforma constitucional, que espero que en algún momento se revierta. De no ser así, grandes zonas de nuestro país no tendrán saneamiento y, si lo llegan a tener, lo pagarán muy caro, tal como sucede hoy.

Reitero que sólo por mandato constitucional vamos a votar positivamente este proyecto de ley, aun cuando estamos en contra.

En otro orden de cosas, nos gustaría que el artículo 3º de la iniciativa sea reconsiderado en el siguiente sentido. En dicha norma se dice: "La Administración de las Obras Sanitarias del Estado designará los Directores que le correspondan de acuerdo con el Estatuto vigente de la sociedad, los que no percibirán remuneración alguna." Creemos que no parece lo mejor tener Directores por "hobby" en una empresa que hay que manejar en forma eficiente, junto con privados. A mi juicio, los Directores deben ser full time y pagos.

Además, no entiendo muy bien lo que se expresa a continuación: "Las remuneraciones o dietas previstas en tales casos constituirán ingresos de la Unidad de Gestión Desconcentrada de Maldonado". ¿Esto quiere decir que la empresa como tal, la sociedad anónima, le va a pagar el sueldo a los Directores y éstos lo van a verter a la Unidad de Gestión Desconcentrada de Maldonado? ¿Se les va a pagar la dieta por ir a las reuniones de Directorio y la gente la va a pasar a la Unidad de Gestión Desconcentrada de Maldonado? Quisiera saber qué se quiere decir con esto. No entiendo -reitero- qué significa. Por lo tanto, me gustaría que alguien me lo explicara. Me hacen señas indicándome que no es así, pero en realidad no sé qué se quiere decir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Aguirrezabala.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Señor Presidente: el proyecto de ley sustitutivo que se propone ha sido negociado en el marco de la Comisión y, en ese contexto, nosotros lo vamos a apoyar. Lo haremos en el entendido, precisamente, de que le estamos dando un instrumento a la Administración para que cumpla con el mandato constitucional. Nos parecía imposible apoyar la versión original, que autorizaba a comprar sólo el 60%, por su marcada inconstitucionalidad, según informes que obran en poder de todos los señores Senadores. En la medida en que se realizó una serie de modificaciones que nos facilitan esta conducta, lo vamos a apoyar. Notoriamente, algunas cosas son atribuibles a la reforma constitucional y ello, como es obvio, nos lleva a disentir con la estrategia.

Como bien decía el señor Senador Ríos, el negocion -analizado por TEA- se visualiza como razonable, es decir que la compra no se haría a precios que no fueran convenientes para el Estado. Sin embargo, ese estudio tiene algunos supuestos que establecen, claramente, una pérdida de eficiencia del orden de los 10 puntos en la recuperación del agua y algo por el estilo en lo que hace a las condiciones de saneamiento. Es muy notorio que eso no se corresponde con la realidad de OSE versus la de Aguas de la Costa, ya que la eficiencia de la primera ronda el 50% -cuando en algunos períodos anteriores llegó a ser hasta del 70%- y la de la segunda supera el 80%, según los informes recibidos. Si en lugar de ser de 80% para Aguas de la Costa y 70% para OSE -como se calcula en el proyecto de TEA-, fuera del 50%, ese no sería el valor de la empresa y todos perderían valor. Por ello, hay que destacar -creo que esto va en la línea de lo que señalaba el señor Senador Alfie- la necesidad de OSE de mejorar la eficiencia para acceder a la compra de esta empresa, lo que redundará en un beneficio para el Estado. Claramente, la empresa debe ser comprada por el Estado, porque así lo manda la Constitución, mal que nos pese a quienes estuvimos en contra. También hay que destacar que con las eficiencias que hoy tiene la empresa pública, esta empresa no valdría lo que, supuestamente, vale en ese contexto. Detrás de la compra, hay voluntad del Directorio de OSE y de todos nosotros para que la empresa alcance niveles de eficiencia razonable, a fin de que ese valor pueda ser del orden del que se estipula.

Entre las cosas que se discutieron a nivel de la Comisión -donde creo que se trabajó intensamente, pero a diferencia de lo que se ha dicho, no durante mucho tiempo- hay un tema que me sorprende poderosamente. El precio de Aguas de la Costa equivale al 50% de los costos promedio de los servicios que OSE brinda en el interior. Escúchese bien: el precio de Aguas de la Costa equivale a la mitad del costo medio de los servicios de OSE en el interior. Además, en este caso, los más infelices no van a ser los más privilegiados por las tarifas de OSE, puesto que los 300 consumidores de menores recursos que hoy disfrutan de una tarifa diferencial van a pagar más y los habitantes de los barrios pobres de Montevideo van a subsidiar la tarifa que van a pagar, en menos, los habitantes veraniegos que utilizan el servicio de Aguas de la Costa. Ergo: realmente, no se cumple esa condición. Sí hay una condición de equidad: es igual a todas las tarifas balnearias que tiene OSE. No hay una condición de tratamiento equitativo de estas situaciones -en la medida en que uno lo considera- para los habitantes de menores recursos.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR AGUIRREZABALA.- En un minuto, señor Senador.

De todos modos, vamos a apoyar la reforma, porque entendemos que todas estas cosas no son atribuibles a la ley, sino a la reforma constitucional que mandata al Estado a retener para sí todos los servicios de agua y saneamiento.

Además, intentamos incorporar -vale decir que tuvimos muy buena receptividad de parte de la bancada de Gobierno- una serie de modificaciones que, a nuestro entender, pueden ayudar a mejorar esas condiciones. ¿Por qué? Porque propusimos eliminar algún artículo que nos parecía que no hacía viable la competencia, aun cuando estábamos en el marco de las empresas estatales, puesto que nos pareció que esta sería una alternativa razonable para disminuir los costos, a mediano y largo plazo, de los servicios que pagan los consumidores uruguayos y también porque le daba la facultad a OSE -esto no estaba en el proyecto original- de pasar o no la empresa Aguas de la Costa -una vez comprado el 100% de las acciones- a la órbita de su Administración.

Es decir que, de este modo, se le permitiría a OSE, en el caso de que considere que podría ser más eficiente, mantener a la empresa Aguas de la Costa en el dominio público como patrimonio del Estado, pero administrada como una empresa privada. Quizás, de este modo, podría competir a nivel local con alguna otra empresa estatal y, por lo tanto, se estaría facilitando un proceso de mejora de la calidad y del costo de los servicios.

Entendemos que la bancada de Gobierno fue receptiva a este planteo y, cumpliendo con el mandato constitucional, da la posibilidad de que estemos frente a una herramienta que en el futuro pueda habilitar mecanismos de competencia más virtuosos.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: no quiero ingresar en una polémica porque, si no me equivoco, este proyecto de ley prácticamente lo estamos votando todos. Sin embargo, se han hecho algunas afirmaciones que tienen sus bemoles, por ejemplo, la que sostiene que vamos a subvencionar con los pobres de Montevideo las grandes casonas del este del país. En verdad, es una afirmación tan gruesa que no nos podemos callar.

Primero: parece lógico que en todas las zonas balnearias se maneje un precio común, el que después variará en función del consumo, pagando más el que consuma más.

Segundo: no compartimos esa visión de que a quien viene al Uruguay como turista hay que desplumarlo. Los servicios y las tarifas públicas podrán tener un costo mayor, pero no podemos tener esa visión y luego, quien viene de otro lugar, cuando compare esas tarifas con las de su país de origen, se encuentre con que son cinco o diez veces mayores.

Por otro lado, tampoco compartimos la visión de que ahora tengamos una tarifa razonable para quienes están en el "club", quienes accedieron, quienes pagaron una cuota muy alta y, al mismo tiempo, un universo de posibles usuarios que no pueden obtener el servicio, debido a que no pueden pagar la tarifa de saneamiento o de abastecimiento de agua.

¿Qué plantea OSE? Contemplar el universo completo y prácticamente no cobrar el enganche al saneamiento y la conexión al agua. Debemos tener en cuenta que también existen problemas de salud y que este servicio tiene que ver con ellos. Entonces, OSE plantea hacer esa inversión, en su mayoría, con recursos propios -no debemos olvidar que esto tiene un costo, no el de Aguas de la Costa, pero sí importante- como si fuera un crédito a infinito. Por esa razón, en la tasa de saneamiento y de aguas, OSE tiene un porcentaje mayor que la tasa actual de Aguas de la Costa.

En mi opinión, no nos ha ido tan mal. Podemos decir que en cuanto a conexión de aguas en centros poblados, estamos por encima del 90%; sin embargo, debo admitir que en saneamiento todavía nos falta. Pero ya hoy, en la otra empresa, se están haciendo conexiones y saneamiento con inversiones muy importantes.

Por lo tanto, son decisiones que deben tomarse. Personalmente, quiero que todos los habitantes de la República, sean uruguayos o no, residan en forma permanente o como turistas, estén conectados al servicio de agua y al saneamiento. ¡Allá vamos! Se podrán discutir algunos elementos, pero la intención no es que la gente de menos ingresos de Montevideo pague y subvencione los servicios del este del país. Se podrá decir que hay sectores de Maldonado que podrían tener tasas de saneamiento o de conexión de agua subvencionadas; sin embargo, a la vista está que eso no ha dado resultado, porque por más que se rebaje la cuota de conexión, la entrada al "club", igualmente sigue siendo onerosa.

Por estas razones, proponemos que todo el mundo esté conectado al agua y que tenga saneamiento. Hoy, este sistema tarifario es excluyente. Quizás, para alguien puede ser preferible que se le cobre un poco más, pero que se pueda conectar rápidamente a estos servicios.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Aguirrezabala.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Quiero decir, señor Presidente, que la afirmación que hice anteriormente es tan gruesa como cierta. Sin duda, es gruesa, pero es cierta. De hecho, los números lo demuestran y no hay que venir con un ábaco para darse cuenta de que esa es la realidad. Ahora bien; a fuer de sincero, no se trata solamente de la realidad para este emprendimiento sino, en términos generales, la del interior del país, cuyos costos son subsidiados por parte de la población montevideana que, por su concentración, ostenta un menor costo debido a la mayor densidad. En los hechos, entonces, lo que estamos haciendo es extender a otros ese subsidio. Da la casualidad que los otros a quienes lo extendemos son ciudadanos -aclaro que no tengo ningún interés en que paguen más ni menos, aunque es obvio que si pagan menos, será mejor- a los que estoy seguro esa diferencia no les va a costar demasiado. Sin embargo, es posible que les cueste bastante a los de menos recursos.

SEÑOR RIOS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR AGUIRREZABALA.- No, señor Senador, pues voy a tratar de terminar mi intervención.

Finalmente, debo insistir en que las afirmaciones que hemos hecho, no necesariamente pertenecen al ámbito de la discusión de este proyecto de ley, sino que son la consecuencia lógica de la reforma constitucional que el partido de Gobierno apoyara fervientemente. Por lo tanto, esas son las consecuencias: hoy van a pagar algunos más que otros. Creo que deberíamos seguir trabajando para generar competencia y, eventualmente, posibilitar la inversión privada en las empresas públicas. Debido a que de alguna forma estamos estipulando que exista la administración pública de esas empresas que prestan servicios de esta naturaleza, sería conveniente que trabajáramos en el intento de facilitar la inversión privada en el marco de las empresas públicas, a los efectos de que, aún con administración pública, tal como lo establece la Constitución, seamos capaces de lograr aquellas inversiones que faciliten el proceso de conexión, saneamiento y agua para todos los habitantes del país.

Este es uno de los puntos en los que deberíamos trabajar pues, en mi opinión, va a ser más útil que algunas otras disquisiciones.

Ahora sí, le concedo la interrupción al señor Senador Ríos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador que, como es Miembro Informante en este tema, tiene más tiempo para intervenir.

SEÑOR RIOS.- Una parte de la discusión ya se ha dado y sería reiterativo retomarla. Sin embargo, hay ciertos datos que podemos manejar, que son reales. Todos aspiramos a que OSE tenga menos pérdidas y una facturación de más del 50% del agua que produce. Es una realidad tangible. Por supuesto, no estamos conformes con el funcionamiento actual de OSE y no vamos a dejar de hacer los esfuerzos necesarios para, por lo menos, llegar a los estándares internacionales que hablan de pérdidas de entre un 20% y un 30%. Superar el 60% ó el 70% es, realmente, bastante complicado en la prestación de un servicio de agua. Pero también estamos comparando la eficiencia de una empresa que hizo su tendido entre los años 1992 y 1993, con la estructura nacional de OSE que hizo su tendido en el año 1950 en fibrocemento, con las pérdidas que tiene y con un valor de reposición y de mantenimiento muy alto.

Por nuestra parte, compartimos el objetivo, pero no los instrumentos. En definitiva, estamos de acuerdo con que el servicio de agua cueste menos, sea mejor y tenga la sustentabilidad ambiental necesaria, que no ha tenido en algunos lugares del departamento de Maldonado. En ocasiones, hemos tenido problemas de vecindad por el tema de la calidad ambiental de las diferentes plantas, pero esto lo deben saber mejor que yo algunos compañeros del Cuerpo que fueron Intendentes, inclusive, del departamento.

Estamos hablando de una concesión que rige hasta el 2018. Pensemos en lo que está sucediendo a nivel internacional: que en lugar de invertir en agua, las empresas se están retirando de los lugares donde estaban radicadas las inversiones. El nudo gordiano de esto es que la empresa española estaba dispuesta a retirarse. ¿Por qué? Porque las empresas se están retirando de todos aquellos lugares en donde prestaban servicios de agua y saneamiento. Entonces, no sé si tenemos tantos elementos, en lo que hace a la inversión privada, en la parte de saneamiento.

Con relación a los costos, el Presidente de OSE señalaba que, en principio, mientras el 40% restante no tenga interés en vender su parte, estarían funcionando como una empresa privada y agregaba que, en todo caso, se pensaba en la posibilidad de aplicar algunas sinergias que podrían mejorar, incluso, la rentabilidad y el funcionamiento técnico de esta empresa, habida cuenta de que OSE, a través de la Unidad de Gestión Desconcentrada, ya desde octubre del año pasado, ejerce la gestión del agua y del saneamiento del resto del departamento. A continuación, también manifestaba que, por ejemplo, se podría -y ya lo están estudiando- utilizar en esta otra zona agua potable que se produce en la potabilizadora de agua del Sauce, con lo que se podría lograr una economía y dejar la planta de Laguna Blanca -que, inclusive, ha originado algunas discusiones desde el punto de vista ambiental- stand by.

Asimismo, decía que otro aspecto muy importante podría ser centralizar todos los controles en un único laboratorio, el localizado en Maldonado, y no tener que usar otro, como el que actualmente utiliza Aguas de la Costa.

Entonces, si bien hoy el servicio tarifario es el único ingreso que tiene esta empresa desde el punto de vista de los costos, de ahora en adelante, la OSE tiene pensado aplicar instrumentos de reducción, con mayor dinamismo -como decía el Presidente- que permitirán que no se reduzca el nivel de rentabilidad, en caso de tener que bajar las tarifas.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Aguirrezabala.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Quisiera que el señor Senador Michelini me aclarara a qué se refería cuando hablaba del alcance del 100% de los servicios en las poblaciones urbanas.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para una aclaración, tiene la palabra el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- En las poblaciones urbanas estamos hablando de más de un 90% de conexiones de agua potable, que a nivel mundial es una cifra muy importante. Inclusive, me arriesgaría a decir que varios puntos tienen más del 90%.

Por otro lado, señor Presidente, no debemos olvidar que tenemos unos 40.000 servicios conectados a la red montevideana, cuyos beneficiarios -parte de los cuales se encuentran en lo que llamamos pobreza profunda- no pagan, es decir que no subvencionan a nadie. Naturalmente, cortarles el servicio puede acarrear problemas de salud, etcétera, puesto que estamos hablando de familias que tienen muchos hijos. Entonces, lo que se está intentando a nivel de la OSE, es el cobro de una cuota mensual de $50, justamente, para que se entienda que se trata de un servicio importante y así evitar que se abran las canillas en forma indiscriminada, y que no se cierren porque "total, no pagamos". Estamos hablando, pues, de un esfuerzo muy importante.

Ahora bien; el problema de costos que tiene OSE no se debe sólo a esas conexiones, sino también a que, como bien decía el señor Senador Ríos, hay conexiones muy viejas, que no han sido detectados usuarios que no pertenecen a esa franja de la pobreza profunda y porque los arreglos de pérdidas en las cañerías, a veces no se hacen con la velocidad con que se debería. En todo esto, se está haciendo un gran esfuerzo.

(Ocupa la Presidencia el doctor Eber Da Rosa.)

- Aguas de la Costa tiene un 20% de pérdidas, que es lo admisible o el estándar en el mundo en esta materia. Si nosotros pudiéramos lograr el 0% de pérdida -no hay empresa en el mundo que lo tenga-, podríamos llegar a una tarifa 50% menor, incluso por debajo de la que planteaba el señor Senador Alfie. Vamos hacia eso, no al 0%, porque ello no es posible, pero repito que se está haciendo un esfuerzo muy grande en este tema de las pérdidas para optimizar las tarifas. Esto no se hace en un día, sino que va a llevar varios años.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Puede continuar el señor Senador Aguirrezabala.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Deduzco de sus palabras, entonces, que los que tenemos un nivel de conexión superior al 90%, somos los uruguayos y las empresas que brindan el servicio en nuestro país. Me parece importante reconocerlo porque, seguramente, ese 90% no se habrá logrado en el transcurso del último año, sino que será parte de la "herencia maldita".

Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: a nosotros no nos cuesta nada reconocer las cosas que se han hecho bien en el Uruguay. El país lo recibimos ahora, pero viene desde la época de la Colonia. Se ha hecho año a año, ladrillo por ladrillo, esfuerzo por esfuerzo, e incluyo sus injusticias. La visión que la sociedad uruguaya tenía de la mujer, que no votaba y ni siquiera podía manejar su propia economía, era aberrante. Esto también forma parte de nuestra historia.

La OSE tiene muchas cosas malas, señor Presidente. De los Servicios Descentralizados, es el que está peor, quizá es el que tiene más desafíos. Sólo de ahorro, cortando gastos superfluos, ha logrado tener millones de dólares más.

De todos modos, hay que rescatar algo de las conexiones indiscriminadas, puesto que llevaron agua -lo cual no es menor- a familias con muchos hijos. Pero, lamentablemente, no se aplicó ningún mecanismo para que la gente pagara algo en el momento de conectarse a la red. Sin embargo, se tuvieron las mayorías parlamentarias para hacerlo y también las mayorías en los Directorios correspondientes.

Nuestras empresas públicas tienen muchas cosas malas, pero también muchas cosas buenas, producto, inclusive, de la escuela pública en la que nos hemos formado la mayoría de los que tenemos cierta edad. Creemos que hay herencias, legados, que no han sido buenos y que hay que modificar; también creemos que hay herencias, legados que han sido malditos y que, señor Presidente, son un peso que tenemos que ponernos encima.

Ahora bien; hay otras cosas que no tenemos ningún problema en reconocer, cosas que hacen a la mejor historia uruguaya. Negar la historia de nuestro país sería negarnos a nosotros mismos. Quizás, al señor Senador Aguirrezabala no le gusta cuando criticamos las malas cosas, ¿pero acaso no sería insensato criticar las buenas cosas? No parece lógico criticar lo bueno que recibimos; por lo tanto, criticamos lo malo. Uruguay es un país que ha tenido una enorme clientela y la modernización de sus empresas no empieza con nuestra Administración, pero no ha sido de siempre, puesto que aquí se necesitaban recomendaciones de todo tipo y erradicar esas prácticas va a llevar muchos años.

En algunos Entes, con sabiduría se empezó antes, pero en OSE todavía falta mucho. Realmente, cuesta poner en la cabeza de la propia empresa el nivel de eficiencia que debe tener. Es sabido que se contrataron peones para cubrir toda la gama de la administración, aun cuando se trataba de profesionales. Si se necesitaban profesionales, se debió aprobar una ley; y si no se los necesitaba, es obvio que no se los debió contratar, menos aún en la forma en que se hizo. Sepa el señor Senador Aguirrezabala que de todos los Servicios Descentralizados, OSE es el que recibimos en peor estado. Evidentemente, cada uno hará su propia evaluación. Pero repito al señor Senador -al que en muchas de sus intervenciones le reconozco aportes- que OSE es la empresa estatal que recibimos en peor estado. Hay otras que estaban en muy buen estado y otras con respecto a las cuales se han hecho algunas críticas que hemos tomado en cuenta y hemos pasado los mensajes, por decirlo así. Hay algunas cosas respecto de las cuales se pensaba que podían ir en una mala dirección, pero capaz que sucede todo lo contrario. Sin embargo, en OSE se está lejos de algo así.

Me anoté para hacer uso de la palabra a fin de contestar al señor Senador Alfie, quien planteaba que hay otras experiencias en el mundo y mencionaba el proceso de salinización y potabilización que se desarrolla, concretamente, en Israel. En este sentido, días pasados, un técnico decía que el problema no es que falte agua en el mundo, sino que hay mucha sal y, entonces, el agua dulce es la que naturalmente tiene valor. Sin embargo, hay otras experiencias a nivel mundial, como la que el señor Senador contaba, que son bien importantes. Entonces, sepa el señor Senador que aspiramos a llegar a los estándares internacionales, de manera que tal vez dentro de 2, 3 ó 4 años él pueda decir en algún seminario o conferencia que en el Uruguay se ha llegado a dichos estándares y a niveles de tarifas similares a los de otras experiencias interesantes a nivel internacional.

A su vez, quiero trasmitir que estos artículos no son caprichosos, sino que tienen su razón de ser. Hemos modificado algunos, a pedido expreso del Partido Colorado y del Partido Nacional. ¿Cómo estamos razonando en lo que refiere al artículo 3º? Evidentemente, necesitamos habilitación legal. Después, se podrá estar de acuerdo o no. Lo que estamos razonando es lo siguiente: los directores de OSE, más el nombrado por la Junta Departamental de Maldonado a iniciativa del propio Intendente, serán los directores de esta empresa, cuyos salarios ya están cubiertos. Lo que decimos es que no pagaremos dos veces y que esos directores serán también directores de la empresa Aguas de la Costa. El tema es que hasta tanto esta empresa no sea cien por ciento estatal, comparte un régimen y unos estatutos con otros directores que representan la parte minoritaria, en este caso, la empresa STA Ingenieros SRL. Dentro de esos estatutos que rigen el funcionamiento, hay dietas o compensaciones a los directores y también hay ganancias. Lo que queremos, entonces, es que esas dietas y esas ganancias -ganancias que tomamos como ingresos globales de Aguas de la Costa- queden en el departamento, por las inversiones que nos hemos comprometido a hacer. Recordemos que estamos hablando de un motor turístico que no podemos arriesgar por un problema de salubridad; no podemos permitir que algo que tanta recaudación genera al Estado, se vea afectado. Es sabido que el turismo no es una actividad única de Maldonado, pero allí genera ingresos por U$S 500:000.000 y pensamos que esa cifra podrá incrementarse. A modo de ejemplo, en el año 1998, los ingresos por este rubro se ubicaron en U$S 700:000.000. Así pues, estamos hablando de que si en el correr de los próximos tres años llegáramos a esos niveles, podrían ingresar a las arcas del Estado -por los consumos naturales e impues-tos, como el IVA y demás- alrededor de U$S 200:000.000. Se trata de una parte muy importante de todo el presupuesto del Ministerio de Educación y Cultura o, si se prefiere, del presupuesto de las escuelas públicas. En definitiva, los turistas nos pagan la educación de nuestros hijos. Realmente, creemos que no es algo menor.

Por todo esto, invertir en el departamento de Maldonado para atender mínimos elementales con respecto a la salubridad, tampoco es una cuestión menor. A su vez, queremos que esas ganancias y dietas queden, como dice acá, en la Unidad de Gestión Desconcentrada de Maldonado. Como decíamos recién, necesitamos un régimen legal. Es lógico que pueda cambiarse la redacción con el fin de mejorarla, pero sin esto, ¿adónde irían todas esas ganancias? A OSE, en general. Pero -reitero- queremos que las ganancias permanezcan dentro del departamento y hacemos una apuesta muy fuerte a que allí se cumpla cuanto antes todo lo relacionado con el tema del saneamiento. Incluso, podría intervenir la propia Comisión de Transporte y Obras Públicas que, además, está presidida por el señor Senador Antía, que es un hombre de ese departamento. De esa manera, se podría ir verificando los logros y los avances que se realizan a nivel de OSE, ya sea a través de la Unidad de Gestión Desconcentrada o de Aguas de la Costa.

Recalcamos que para nosotros, la inversión que estamos haciendo en saneamiento en Maldonado, es muy importante. Hemos asumido compromisos políticos y electorales en cuanto a que una vez terminado el período, el saneamiento se haya completado en todos los lugares, es decir, en los pueblos y localidades urbanas.

Para terminar, quiero transmitir que esa tarea no será hecha para sí, es decir, independientemente de quien vaya a ganar las próximas elecciones a nivel nacional y departamental; la inversión en saneamiento y agua en Maldonado es una inversión del país todo. Por lo tanto, es un capital propio para todos los uruguayos. En definitiva, es una inversión que, buena o mala, se la quiso resolver de cierta manera y nosotros, que fuimos elegidos por el voto de los ciudadanos, lo estamos haciendo a través del proyecto de ley que votamos en su oportunidad, por la vía de la Unidad de Gestión Desconcentrada y también a través de esa iniciativa, a fin de que -lo reitero una vez más- ese capital y ese patrimonio se incorporen al departamento de Maldonado.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: el Partido Nacional también va a acompañar este proyecto de ley, fundamentalmente porque, a la luz de lo que dispone el numeral 3º del artículo 47de la Constitución de la República, entendemos que -si no en forma total, por lo menos parcialmente- obedece lo establecido en nuestra Carta Magna.

Cuando comenzamos a considerar este tema en la Comisión, recibimos al Directorio de OSE, quien nos dio una explicación sobre las características del negocio y del compromiso de compra venta de acciones que se había hecho con el grupo catalán que tenía el 60% del paquete accionario de Aguas de la Costa. Asimismo, se refirieron a los términos de la contratación y al monto de la misma, que era de U$S 3:400.000 cuando, según el estudio económico de la consultora Tea Deloitte & Touche, las inversiones realizadas exceden, holgadamente, ese monto. Si se hace un estudio ligero de las números de la contratación, parece que es un buen negocio para OSE y, en definitiva, para el Estado uruguayo. Hubiéramos preferido que para observar un cumplimiento estricto de la reforma constitucional, la adquisición hubiera sido del 100% del paquete accionario; no pudo ser así y las circunstancias han llevado a que se tenga que hacer en dos etapas.

Por otra parte, confesamos que nos ha sorprendido el cambio de posición que ha tenido el Tribunal de Cuentas de la República en materia interpretativa de los alcances de la reforma constitucional. Cuando aquí se consideró el informe sobre la eventual rescisión del contrato de la concesión de Uragua para saneamiento y agua potable en el resto de Punta del Este, el Tribunal de Cuentas entendió que la reforma producía efectos inmediatos y que provocaba la caída inmediata de la concesión. Sin embargo, en este caso, al no observar la contratación llevada a cabo por el Directorio de OSE con el grupo titular del 60% de las acciones, ha marcado un cambio de opinión en esa materia. De cualquier modo, creemos que se está cumpliendo con el mandato que expresaron los ciudadanos en las urnas, en ocasión de votar la modificación del artículo 47 de la Constitución de la República.

En cuanto a las diferencias que se señalan en los pliegos de tarifas, es decir, en la forma de establecer el costo de los servicios y trasladarlo a los consumidores, más allá de lo que significan las diferencias -que seguramente tienen mucho que ver con el costo de las inversiones realizadas, porque se trataba de una empresa que tuvo que hacer prácticamente todo desde la nada en una zona territorial muy extensa, por lo que el costo es mucho más elevado-, queremos hacer la siguiente reflexión. La gran diferencia entre el pliego de tarifas de la OSE y el actual de Aguas de la Costa, no está tanto en los consumos de agua, sino en los de saneamiento. Concretamente, de acuerdo con el estado de resultados del año 2004, hay una diferencia del 60% en el tema saneamiento. Quienes hemos vivido en el interior -sobre todo los que hemos sido Intendentes y más aun el señor Senador Antía, al haber sido Intendente de Maldonado, quien puede avalarlo y aquilatarlo- comprendemos la importancia que tiene el saneamiento, sobre todo en un departamento como Maldonado, donde la actividad turística, además de estar comprometida por el estado de la seguridad pública, a veces se ve amenazada por el tema de los vertidos cloacales, debido a la cantidad de gente que reúne la temporada veraniega. Maldonado va a seguir teniendo este problema y por eso queríamos dejar constancia de esta preocupación. Ojalá el hecho de que la OSE retome la prestación de servicios en esa zona de tanto desarrollo turístico de alto poder adquisitivo -sobre todo al este del Arroyo Maldonado-, con inversiones inmobiliarias multimillonarias, se traduzca en mayores conexiones de saneamiento y en que el resto de Punta del Este pueda contar con las obras de infraestructura en materia de saneamiento, que tan necesarias son para la preservación del turismo, actividad en la que Maldonado y Punta del Este llevan la delantera.

Por lo tanto, el Partido Nacional va a acompañar este proyecto de ley que ha mejorado el enviado por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, la Comisión ha trabajado con la mente muy abierta y lamento que no hayamos tenido la misma suerte con otros proyectos. Esta iniciativa ha sido mejorada en todo sentido y, sobre todo, en el cambio del artículo 1º y en la eliminación del artículo 2º. Creo que en este caso se ha trabajado con el equilibrio que deberíamos haber tenido en otros proyectos de ley, como el de las cooperativas que votamos la semana pasada, que ojalá se modifique cuando se considere el gran proyecto de las cooperativas y se reciban los aportes de la oposición, que a veces sirven para enriquecer los proyectos, como ha pasado en el caso del presente proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Antía.

SEÑOR ANTIA.- Nosotros vamos a apoyar este proyecto de ley, tal como fue aprobado en Comisión y no como lo envió el Poder Ejecutivo. Entendemos que se realizó un buen trabajo de ajuste de esta iniciativa, ya que el primer artículo era claramente inconstitucional. Realmente, a este proyecto le importaba un rábano la Constitución que fue reformada el 28 de octubre de 2004 y sobre la que discutimos fuertemente en la elección pasada. Tenemos claro este tema, porque nunca estuvimos de acuerdo con incluir en la Constitución la obligatoriedad de que el Estado genere los servicios; nunca lo estuvimos, porque no fue un buen administrador de los sistemas de agua y saneamiento en el país. Fue bueno para proveer del agua, llegando a más del 90% de todo el país, pero fue muy malo a la hora de realizar el saneamiento, porque se acordó solamente de Montevideo; prácticamente no existe en el interior de la República. Concretamente, la OSE se olvidó de Maldonado en materia de saneamiento, el que tenía previsto instalar en el año 2080, cuando ninguno de los que está sentado acá o sus hijos, van a existir en este país.

El régimen de concesiones permitió a Maldonado darle prioridad al tema de saneamiento y es así que aparecieron dos proyectos importantes: el de Aguas de la Costa y el que terminó siendo concesionado por Uragua. Estas concesiones fueron importantes para el departamento, porque permitieron su desarrollo. En la zona de Aguas de la Costa no había saneamiento y casi no había agua, por lo que todos los vertidos domiciliarios iban a la playa. Esto pasaba no hace mucho tiempo, hace apenas diez años. Con la concesión se dio un paso adelante, aunque hubo un error en el tema de las tarifas, que se podría haber subsanado si hubiera existido la voluntad de anteriores directorios de analizar las posibles soluciones. De esta forma, se nos hubiera ahorrado una gran discusión nacional sobre el agua y la deformación de la estrategia de acción en este asunto.

Cuando se mencionaba el tema del agua -no de la concesión o de la privatización- se mostraba el recibo de Aguas de la Costa, pero se hablaba de la otra concesión de Maldonado. Así fue toda la campaña que se hizo en ese sentido. Sin embargo, los habitantes de Maldonado sabíamos la importancia que tenía cualquiera de las dos concesiones para la solución del problema de saneamiento. De todas maneras, eso pasó y como nosotros no somos de andar con ojos en la nunca ni jugamos al trancazo permanente -porque no es nuestro estilo ni el de nuestro partido aplicarlo por el solo hecho de hacerlo-, y la responsabilidad del Gobierno es analizar la situación y encarar soluciones para adelante con pragmatismo, los integrantes del Partido Nacional hemos analizado este proyecto de ley y sugerido modificaciones para que no sea inconstitucional, pueda ser aplicado y no termine siendo observado por el Tribunal de Cuentas y, por tanto, derogado. Digo esto, porque varios informes jurídicos que solicitamos decían que este proyecto es absolutamente inconstitucional; así lo hizo el Decano Emérito y Profesor Titular de Derecho Administrativo a requerimiento de la Comisión que, inicialmente, no tenía mucho interés en discutir el tema, aunque era necesario hacerlo.

La semana pasada, en este Senado, tuvimos una clara demostración de cómo puede salir mal un proyecto de ley; inclusive, integrantes importantes del Gobierno reconocieron que habría que haberle introducido modificaciones, e hicieron otros planteos que tienen que ser considerados. Eso fue lo que ocurrió con el proyecto relacionado con las cooperativas sociales. De modo que si se puede mejorar y ajustar los proyectos, hay que hacerlo, porque acá se está trabajando para adelante, para el país, porque no somos partidarios de la línea del "trancazo" por el "trancazo" en sí mismo.

De modo que la corrección del artículo 1º que se hizo en la Comisión y que habla de la adquisición de hasta un 100% de las acciones, creo que habilita a que hoy estemos votando este proyecto de ley, más allá de que hemos escuchado en la Comisión, tanto al Directorio de OSE como a la contraparte -es decir, al propietario del 40%-, hablar en detalle sobre los temas de la concesión.

SEÑORA TOPOLANSKY.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ANTIA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: quiero dejar una pequeña constancia. El saneamiento del departamento de Montevideo está a cargo de la Intendencia y no de OSE; es el único de los 19 departamentos en que ello sucede.

Por otro lado, quiero decir que en los otros 18 departamentos, algunos puntos del país están muy saneados y otros no tienen saneamiento. No ha habido un plan director vinculado a la población y a las actividades económicas; más bien, ha habido algo casi arbitrario en el desarrollo de los planes de saneamiento. Entonces, encontramos una ciudad como Florida, que está totalmente saneada -lo que es muy bueno para sus habitantes-, pero por otro lado, hay localidades importantes, como la Ciudad de la Costa o Rincón de la Bolsa, que a pesar de tener mayor cantidad de habitantes, no cuentan con saneamiento.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Puede continuar el señor Senador Antía.

SEÑOR RÍOS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ANTIA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RIOS.- Señor Presidente: es verdad lo que dice la señora Senadora Topolansky en relación a lo que mencionaba el señor Senador Antía: luego de la reapertura democrática, en 1985, el Gobierno central pagaba todo el saneamiento de la ciudad de Montevideo; es verdad que durante el Gobierno del Partido Nacional a nivel nacional, y del Frente Amplio en Montevideo, el Gobierno central pagó el 50% del saneamiento. Luego, durante el segundo Gobierno del señor Sanguinetti y, posteriormente, en el del doctor Jorge Batlle, ambos del Partido Colorado, el saneamiento corrió en un cien por ciento por cuenta de las arcas municipales.

Quería hacer esta aclaración para precisar los conceptos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Puede continuar el señor Senador Antía.

SEÑOR ANTÍA.- Señor Presidente: la referencia que hizo la señora Senadora Topolansky me permite aclarar que cuando presentamos en el Senado un proyecto para generar en Maldonado una empresa independiente -de la Intendencia con OSE-, también iba en el mismo sentido, ya que como hombres del interior reclamamos justicia en el manejo de nuestros recursos. ¿Por qué Montevideo puede manejar el saneamiento y Maldonado no? Esa siempre ha sido una vieja historia centralista en este país.

De todas maneras, el proyecto de ley que aprobamos en setiembre del año pasado, que habilita la unidad desconcentrada, va a generar justicia, porque iba en el mismo sentido que el proyecto que presentamos en este Senado. Y digo que iba en el mismo sentido porque, a partir de ese momento, iba a haber una contabilidad independiente y los recursos de Maldonado quedarían en el departamento o, por lo menos, sabríamos si se los llevaban o no. Así se generaría inversión en el área de saneamiento.

Tanto el área de la unidad desconcentrada como de Aguas de la Costa eran superavitarias, daban ganancia; OSE las quiere por esa razón, y es bueno que esa ganancia se invierta en mejorar el saneamiento del departamento, lo que seguramente será un instrumento para generar mayor riqueza en el país.

Cuando en la Comisión recibimos a los representantes de Aguas de la Costa, reconocieron que el 2005 fue el primer año en que la empresa dio ganancias. Entonces, a partir de ahora es un buen negocio para OSE participar de los ingresos de esta empresa. También hay que considerar que compró barato, a mitad de precio, y por algo los socios que tienen el 40% tampoco quieren irse: se quedan integrando la empresa, sin saber cuál va a ser su futuro, pero teniendo presente que son minoría, que van a depender de terceros y que, aun así, es un buen negocio. Esperemos que siga siendo buen negocio, que siga estando bien manejada, sin pérdidas, como ha sucedido hasta ahora, y que sea eficiente, para generar mayor inversión en el departamento.

Estamos de acuerdo en apoyar esto porque, además, era una de las posibilidades que teníamos y lo habíamos planteado en nuestro proyecto de municipalización de la gestión de aguas en el departamento de Maldonado, ya que era injusto que una parte del departamento tuviera una tarifa y otra parte, una distinta, lo cual generaba problemas. Sabíamos que había pequeñas soluciones técnicas que podían equiparar las tarifas. En ese sentido, consultamos en esta instancia, tanto al Directorio de OSE como a la empresa STA Ingenieros SRL -que es la propietaria del 40%-, quienes manifestaron que es posible buscar elementos que permitan equiparar la tarifa sin que la empresa pierda, con lo que estaríamos asegurando para todo el departamento de Maldonado una tarifa similar, que tiene validez propia -en eso coincido con el señor Senador Aguirrezabala-, porque también se reconoció en Comisión que el costo medio de OSE en el interior de la República es el doble del costo medio de lo que se está generando en Aguas de la Costa. De modo que hay un subsidio implícito de la capital, de Montevideo, así como de Maldonado y de Punta del Este, al interior del país, y está bien que sea así, porque de lo contrario no se llegaría a tener agua y saneamiento en todos los poblados del país, lo cual es bueno para la salud y para el desarrollo humano.

Sin embargo, no todo lo que hacía la gestión privada era malo, y ahí se le puso un gran "trancazo" al desarrollo, porque el objetivo político era otro. En aquel momento, se discutió mucho este tema y yo estuve en contra de esa línea, porque no podía creer que se viera que era malo para Maldonado que se mejorara el saneamiento y la calidad de las aguas. Hoy en día, la unidad desconcentrada de OSE está haciendo el cien por ciento de lo que venía realizando la concesión de URAGUA antes; es lo mismo, ni siquiera ha cambiado el personal o los métodos. Por suerte, está funcionando en esa línea y vamos a tratar de que ello siga así.

Por otro lado, también teníamos claro que se estaban haciendo técnicamente bien las cosas en Aguas de la Costa. Hoy, los mismos propietarios de ese 40%, están siendo contratados por OSE, en otra consultora privada, a los efectos de analizar una reforma en el viejo proyecto de saneamiento del departamento de Maldonado. La empresa SEINCO está siendo subcontratada por una empresa israelí que tenía contrato con OSE, a los efectos de rediseñar el proyecto de saneamiento de Maldonado. De modo que técnicamente hay capacidad en ese otro 40%.

En base a estos elementos, sabíamos que había solución para Maldonado, pero desgraciadamente, en aquel momento las conversaciones no se llevaron a la mesa de trabajo; se discutió en función de pancartas que enredaron a la comunidad de este país y se habló de "concesión sí" y "concesión no". Sin embargo, a veces la concesión es necesaria para desarrollar este país pobre y muchos hoy están reconociendo la necesidad de las empresas mixtas, la integración del Estado con privados, la necesidad de dar garantías a la empresa privada para que venga a invertir, porque el Estado no tiene dinero. Hoy lo escuchamos de boca de los propios Ministros que antes decían lo contrario; en la actualidad están llamando a gritos para que vengan a invertir en sociedad con PLUNA o con AFE para realizar las vías. Antes valía una cosa y ahora vale otra; eso es lo que tenemos que ver y no podemos tener dos discursos, en función de las circunstancias.

Debemos ser coherentes, porque tenemos la responsabilidad de hacer avanzar este país, que es de recursos escasos. En ese sentido, siempre vamos a reclamar una línea coherente, desde este lugar y desde el que nos toque ocupar como dirigentes políticos, ya sea en la comisión de vecinos o donde fuere. No podemos jugar al "trancazo" ni hacer la demagogia de que hoy sí y mañana no, siempre en función de hacia dónde va la corriente, para acomodar el cuerpo.

El episodio del agua en Maldonado, que hoy culmina con la adquisición del 60% de Aguas de la Costa -el otro 40% no lo quisieron vender, porque era buen negocio-, formó parte de esa historia, a mi juicio, triste para el Uruguay. En vez de haber encarado la verdad, los dirigentes políticos acomo-daron la situación para buscar sus espacios y se terminó en el camino que se venía recorriendo. Reitero que, a mi entender, eso no fue bueno para el país, nos enfrentó e hizo pelear.

En consecuencia, creemos que este es un paso positivo y vamos a seguir adelante, porque nos parece que es bueno para Maldonado.

Es cuanto tenía que decir.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: ya el señor Senador Antía dijo todo lo que íbamos a decir: nosotros estamos radicalmente en contra de la solución propuesta, pero aunque parezca un contrasentido, la vamos a votar porque queremos que se cumpla con la Constitución. En ese sentido, quienes en aquel momento nos opusimos al plebiscito y creemos que todo esto atenta contra el desarrollo nacional, tenemos la sana tranquilidad de saber que esta posición lamentablemente se va a rever cuando pase mucho tiempo y el daño que se haya producido al país en muchas de sus áreas sea, quizás, casi irreparable. Sin embargo, más temprano que tarde, vamos a volver a reivindicar las herramientas de la concesión, de la asociación y de la privatización como idóneas para poder llevar adelante y consolidar el desarrollo nacional. El ejemplo más acabado de esto, señor Presidente, es el departamento de Maldonado. Recién, el señor Senador Antía brindaba información respecto al momento en que OSE tenía proyectado hacer el saneamiento en Maldonado. Estamos hablando de una de nuestras principales industrias, que está relacionada con la generación de mano de obra para cientos de miles de uruguayos que se han radicado en ese departamento, con el combate a la pobreza y las oportunidades de inversión, y de una política que apostaba a la oferta de servicios que permitieran una mínima calidad de vida a quienes ponían en juego millones de dólares tratando de lograr el progreso para el país. Ahora bien; este tipo de medidas atentó contra esa política, pero la Constitución hay que cumplirla.

Votamos este proyecto con las modificaciones hechas en la Comisión, ya que el texto enviado por el Poder Ejecutivo era -como se dice comúnmente- flagrantemente inconstitucional: atentaba contra el Estado de Derecho y contra las consideraciones básicas de lo que los propios promotores del plebiscito -que, a la postre, incorporara a la Constitución de la República la estatización del agua- buscaban en aquel entonces.

Por eso, señor Presidente, sintiéndome plenamente identificado con lo manifestado por el señor Senador Antía y, antes, por el señor Senador Moreira, voy a votar este proyecto de ley con la sana tranquilidad y convicción de que algún día vamos a tener que rever estos mecanismos, porque nos vamos a dar cuenta de lo contraproducentes que estas decisiones fueron para los intereses nacionales y cómo terminaron atentando contra los menos pudientes. Va a ser necesario encarar el saneamiento de zonas del país que no están ligadas a cuestiones de carácter social, pero sí de interés, como ocurre con el departamento de Maldonado. Lamentablemente, vecinos de otras zonas del país y de barrios de Montevideo que carecen de saneamiento, van a terminar subsidiando, con la tarifa del agua, las inversiones -imprescindibles para el desarrollo nacional- que se podían financiar mediante el pago a empresas concesionadas por parte de personas que están en perfectas condiciones de responder.

Reiteramos nuestro voto afirmativo a este proyecto de ley, en un aparente contrasentido, ya que estamos radicalmente en contra de la decisión que oportunamente se plebiscitara. Sin embargo, respetuosos, como somos, y defensores de las leyes, como también somos y como lo es nuestra colectividad política, nos vamos a pronunciar en la forma indicada.

SEÑOR ANTÍA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR PENADES.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Puede interrumpir el señor Senador Antía.

SEÑOR ANTIA.- Me olvidaba de un detalle: concretamente, de recomendar a la Unidad Desconcentrada de OSE que incluya en su plan de desarrollo un par de zonas del departamento que hoy no está abasteciendo -tarea de la que se encargaba el Municipio-, tales como Las Flores, Gregorio Aznárez, Dos Puentes, Cerros Azules, etcétera. El mandato constitucional también dice que tiene que llegar a todos los rincones del departamento. Por lo tanto, la Unidad Desconcentrada de Maldonado, ahora reforzada con los ingresos -que hoy también pasan a ser superavitarios- de Aguas de la Costa, debería llegar con sus servicios a esos lugares para que puedan progresar. Es necesario hacer la inversión aunque cueste mucho dinero y no sea negocio para OSE, pues es muy importante que en todo el departamento haya un equilibrio. Va a haber que incluir, además, la zona de Solís, que tiene una cooperativa que funciona más o menos bien, una zona aislada que está en Punta Ballena, etcétera.

Asimismo, habrá que introducir algunas reformas a la ley, que todavía permite que quien esté frente a una línea de saneamiento, no se conecte. Sería una injusticia social muy grande que muchos vecinos hagan el esfuerzo para pagar la cuota y subsidien, así, a aquellos que no se conectan cuando la inversión pasa por el frente de sus casas. Hay muchos ejemplos de este tipo. Es más; uno de los grandes opositores a la concesión de Aguas de la Costa -un complejo de cientos de apartamentos-, la inversión más grande en la zona de Manantiales, no estaba conectada y vertía las aguas en la propia playa, por debajo de la arena. No podemos permitir ese tipo de cosas. Tenemos que modificar normas para evitar que en un "country" de 3.000 ó 4.000 personas, con 600 u 800 conexiones, la gente pague lo mismo que la familia que vive en una casa habitación, con un tope de $ 6.000. No puede ser; no puede ser que pague lo mismo una familia que un edificio con 100 apartamentos, ya que el uso del saneamiento es distinto. Va a haber que hacer muchos ajustes.

En los próximos meses, OSE tendrá que analizar esta situación para que las inversiones se puedan continuar realizando, oportunidad en la que van a contar con nuestro respaldo y no con el "trancazo" para todos esos proyectos.

Por otro lado -fue por esto que pedí la interrupción al señor Senador Penadés, aunque después me acordé de esas otras cosas-, las empresas que se fueron sin litigar con el Estado, sino en un buen relacionamiento con él -Aguas de Bilbao y Aguas de Barcelona-, no vinieron a negrear, sino a trabajar al Uruguay. Por distintos motivos, como problemas en la región, no les fue bien. La empresa Aguas de Barcelona se retira, porque quedarse no es buen negocio a futuro, pero es la responsable del agua y el saneamiento del 90% de La Habana y Varadero, en un negocio que tiene con el Gobierno de Cuba. Quiere decir que tampoco se trata de una "empresa cuco", ya que allá se abraza con Fidel. ¡Claro que sus objetivos en ese país le permiten funcionar como empresa, obtiene su ganancia y, por ello, hace fuertes inversiones! Lo cierto es que cada día crece más, puesto que actualmente Aguas de Barcelona -que es la empresa que se retira de Aguas de la Costa- es la responsable del 90% del servicio en La Habana. Decimos esto para desmitificar un poco los "cucos".

Ahora bien; lo peligroso de ese doble discurso para el país, es que esas empresas se encuentran con otras en foros internacionales y en reuniones empresariales, y les dicen que tengan cuidado con el Uruguay, con las señales, porque pasa tal y cual cosa.

Eso sí puede ser muy malo para este país, en la medida que a nivel internacional no tengamos el respaldo del capital extranjero que hoy está pidiendo lugar para instalarse y nosotros le cerramos las puertas. Eso es falta de trabajo para nuestra gente, falta de pan en la mesa de los uruguayos y, en definitiva, se trata de señales muy negativas.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Puede continuar el señor Senador Penadés.

SEÑOR AGUIRREZABALA.-¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR PENADES.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Señor Presidente: todas las argumentaciones que hagamos sobre la situación de la reforma constitucional, nos deberían llevar a un derrotero final que nos tendría que dar cuenta con facilidad de por qué no era conveniente. La prueba del nueve es muy sencilla. Si la OSE, en lugar de gastar U$S 3:500.000 para comprar Aguas de la Costa -servicio que ya está instalado y al cual pueden conectarse ciudadanos y residentes no ciudadanos-, utilizara esos recursos para desarrollar conexiones de agua y saneamiento en lugares donde no existe ese servicio, seguramente habría otro conjunto de ciudadanos y de residentes no ciudadanos que se vería beneficiado. Ese es el punto más crítico del porqué no tiene sentido impedir la participación del capital privado en estas concesiones. Con seguridad, tendremos que devanarnos los sesos para determinar cómo, en este marco, podemos generar alternativas a fin de dirigir capital hacia las empresas públicas, de forma de resolver los problemas de inversión que hoy no vamos a poder solucionar. Comprar instalaciones ya hechas es notoriamente peor, para que el conjunto de la población acceda a los servicios de agua y saneamiento, que generar nuevos emprendimientos.

Por lo tanto, entiendo que la mejor opción hubiera sido otra, pero resulta que la misma no está permitida por la Constitución, tal como fue aprobada. Entonces, no tenemos más remedio que ayudar a la Administración con este instrumento para que cumpla con el mandato constitucional lo antes posible.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Puede continuar el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley sustitutivo que fuera acordado entre los señores Senadores de los diferentes lemas.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado.)

12) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Léase una nota presentada por la Bancada de Senadores del Partido Nacional.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"21 de junio de 2006.

Señor Presidente del Senado

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente.

Ante el planteo formulado por el Coordinador de la Bancada de Senadores del Frente Amplio de aplazar la Sesión Extraordinaria prevista para el miércoles 28 del corriente, accedemos al mismo, y oportunamente solicitaremos la fijación de nueva fecha, para tratar el tema de ‘Política Exterior del Uruguay’".

13) EXTRANJEROS

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se agrega un inciso final al artículo 3º de la Ley Nº 9.604, de 13 de octubre de 1936, ampliando disposiciones relativas a la permanencia de extranjeros en el territorio nacional. (Carp. Nº 458/06 - Rep. Nº 253/06)"

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 458/06

Rep. Nº 253/06

Comisión de

Constitución y Legislación

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO APROBADO POR LA COMISION

Artículo Unico.- Sin perjuicio de las otras causales vigentes que autorizan la no admisión o la expulsión de extranjeros, se establecen las siguientes:

a) la realización de actos de intromisión en los asuntos internos del Estado o que deterioren la seriedad de su imagen soberana;

b) la realización de actos que ofendan el honor de un Jefe de Estado o de sus representantes diplomáticos.

Sala de la Comisión, el 13 de junio de 2006.

José Korzeniak. Miembro Informante.

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacioal

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y

Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 1º de marzo de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a los efectos de someter a su consideración el Proyecto de Ley que se acompaña, por el que se agrega un inciso final al artículo 3º de la Ley Nº 9.604, de 13 de octubre de 1936, ampliando disposiciones relativas a la permanencia de extranjeros en el territorio nacional.

Con esta modificación, concretamente la inclusión de un inciso final en el artículo tercero de la citada ley que refiere a las causales de expulsión de extranjeros del territorio nacional, se pretende ajustar el marco jurídico vigente a efectos de prevenir circunstancias vinculadas con actividades que se lleven a cabo dentro del territorio nacional por parte de ciudadanos extranjeros.

Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde hacer mención a que el Poder Ejecutivo se encuentra abocado al estudio de un proyecto de Ley Migratoria Nacional de amplio contenido y que contempla todas las situaciones vinculadas a la Migración en general, incluida la inadmisión y expulsión de ciudadanos extranjeros.

Saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori, Azucena Berrutti, José Mujica, Héctor Lescano, Belela Herrera, Jorge Brovetto, Mariano Arana, Víctor Rossi, Jorge Lepra, Eduardo Bonomi, María Julia Muñoz, Marina Arismendi, José Díaz.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Agrégase al artículo 3º de la Ley Nº 9.604, del 13 de octubre de 1936 el siguiente inciso:

Asimismo, serán causales de expulsión las siguientes:

1. la grave alteración del orden público,

2. la intromisión en asuntos internos del Estado,

3. la realización de actos directos que atenten contra el honor de un Jefe de Estado extranjero o sus representantes diplomáticos.

Danilo Astori, Azucena Berrutti, José Mujica, Héctor Lescano, Belela Herrera, Jorge Brovetto, Mariano Arana, Víctor Rossi, Jorge Lepra, Eduardo Bonomi, María Julia Muñoz, Marina Arismendi, José Díaz.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

ACTA Nº 56

En Montevideo, el trece de junio del año dos mil seis, a la hora catorce se reúne la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, los señores Senadores Sergio Abreu, Francisco Gallinal, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini, Luis Oliver, Margarita Percovich y Julio M. Sanguinetti.

Preside su titular el señor Senador Leonardo Nicolini.

Actúa en Secretaría, la señora Josefina Reissig, Secretaria de la Comisión con la colaboración de la funcionaria Gloria Mederos.

ASUNTOS ENTRADOS:

CARPETA Nº 522/2006. SEGURO DE RESPONSABILIDAD. Se declara obligatoria su contratación. Proyecto de ley con exposición de motivos del señor Senador Luis Alberto Heber. Distribuido Nº 908/2006.

- Nota remitida por SERPAJ adhiriendo al proyecto de ley relacionado a Corte Penal Internacional (CARPETA Nº 380/2005).

- Nota remitida por la Asociación Histórica de Las Piedras por la que adhiere al proyecto de ley que declara a esta ciudad "Capital de la Uva y el Vino" (CARPETA Nº 142/2005).

ASUNTOS TRATADOS:

CARPETA Nº 458/2006. EXTRANJEROS. Se amplÍan disposiciones relativas a su permanencia en el territorio nacional (Ley Nº 9.604, de 13 de octubre de 1936). Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 725/2006 y Texto sustitutivo. En consideración. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador José Korzeniak, quien lo hará en forma verbal.

El proyecto de ley sustitutivo aprobado por la Comisión queda redactado de la siguiente forma:

"PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO APROBADO POR LA COMISION.

Artículo Unico.- Sin perjuicio de las otras causales vigentes que autorizan la no admisión o la expulsión de extranjeros, se establecen las siguientes:

a) la realización de actos de intromisión en los asuntos internos del Estado o que deterioren la seriedad de su imagen soberana;

b) la realización de actos que ofendan el honor de un jefe de Estado o de sus representantes diplomáticos".

CARPETA Nº 380/2005. CORTE PENAL INTERNACIONAL (TRATADO DE ROMA). Se dictan normas para compatibilizar nuestro derecho interno y para efectivizar la cooperación con dicho organismo. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores Senadores integrantes de la Bancada del Frente Amplio y Disposiciones citadas. Distribuido Nº 594/2005. En consideración.

Artículo 1º.- En consideración. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. SUSTITUTIVO.

Artículo 2º.- En consideración. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. SUSTITUTIVO.

Artículo 4º.- En consideración. Se vota: 8 en 8. Afirmativa.

UNANIMIDAD. APROBADO CON MODIFICACIONES.

Artículo 5º.- En consideración. Se vota: 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD. APROBADO CON MODIFICACIONES.

Artículo 6º.- En consideración. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. SUSTITUTIVO.

Artículo 7º.- En consideración. APLAZADO.

Artículo 8º.- En consideración. Se vota: 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD. APROBADO CON MODIFICACIONES.

Artículo 9º.- En consideración. Se vota: 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD. APROBADO CON MODIFICACIONES.

Artículo 10.- En consideración. Se vota: 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD. APROBADO CON MODIFICACIONES.

Artículo 11.- En consideración. Se vota: 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD. APROBADO CON MODIFICACIONES.

Artículo 12.- En consideración. Se vota: 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD. SUSTITUTIVO.

Artículo 13.- En consideración. Se vota: 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD. SUSTITUTIVO.

Artículo 17.- En consideración. Se vota: 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD. SUSTITUTIVO.

Artículo 19.- En consideración. Se vota: 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD. SUSTITUTIVO.

Artículo 20.- En consideración. Se vota: 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD. SUSTITUTIVO.

Artículo 21.- En consideración. Se vota: 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD. SUSTITUTIVO.

Artículo 24.- En consideración. Se vota: 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD. SUSTITUTIVO.

Los artículos 7º, 26, 27, 39, 40, 41, 43, 48, 50 y 60 quedan APLAZADOS.

Los artículos 14, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 quedan aprobados por UNANIMIDAD, 8 en 8. APROBADOS SIN MODIFICACIONES.

Los artículos aprobados con modificaciones o sustitutivos quedan redactados de la siguiente forma:

"Artículo 1º. (Crímenes y delitos).- Sustitúyese el artículo 2º del Código penal por el siguiente:

"ARTICULO 2º. (División de los delitos).- Los delitos, atendida su gravedad, se dividen en crímenes, delitos y faltas. Los crímenes son los ilícitos de competencia de la Cote Internacional de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 del Estatuto de Roma y además todos los que por su extrema gravedad se rijan por leyes especiales, por este código y las normas de derecho internacional en cuanto le sean aplicables. Los delitos son todos los demás que no revistan la gravedad indicada en el párrafo anterior. Las faltas se rigen por lo dispuesto en el libro III del presente Código."

Artículo 2º.- (Derecho y deber de juzgar crímenes internacionales).- La República Oriental del Uruguay tiene el derecho y el deber de juzgar los hechos tipificados como delito según el derecho internacional. Especialmente tiene el derecho y el deber de juzgar, de conformidad con las disposiciones contenidas en esta ley, los crímenes reconocidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional aprobado por la Ley Nº 17.510, de 27 de junio de 2002.

Artículo 3º. (Principios de derecho penal).- Serán aplicables a los crímenes y delitos tipificados por esta ley los principios generales de derecho penal consagrados en el derecho nacional y en los tratados y convenciones de los que Uruguay es parte y, en particular, cuando correspondiere, los enunciados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y los especialmente establecidos en esta ley.

Artículo 4º. (Ambito de aplicación - Condiciones de Extradición).

4.1. Los crímenes y delitos que se tipifican por esta ley se aplicarán en relación con:

A) Los crímenes y delitos cometidos o cuyos efectos deban pronunciarse en el territorio de la República o en espacios sometidos a su jurisdicción.

B) Los crímenes y delitos cometidos en el extranjero por nacionales uruguayos, sean o no funcionarios públicos, civiles o militares, siempre que el imputado no haya sido absuelto o condenado en el extranjero o, en este último caso, no haya cumplido la pena.

4.2 Cuando se encontrare en territorio de la República o en lugares sometidos a su jurisdicción, una persona sospechada de haber cometido un crimen de los tipificados en los Títulos I a IV de la Parte II de la presente ley, el Estado uruguayo está obligado a tomar las medidas necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de dicho crimen o delito, si no recibiera solicitud de entrega a la Corte Penal Internacional o pedidos de extradición, debiendo proceder a su enjuiciamiento como si el crimen o delito se hubiese cometido en territorio de la República, independientemente del lugar de su comisión, la nacionalidad del sospechado o de las víctimas. La sospecha prevista en este párrafo deberá estar basada en la existencia de semiplena prueba.

4.3 Verificada la situación prevista en el párrafo precedente: si se trata de un crimen o delito cuyo juzgamiento no sea jurisdicción de la Corte Penal Internacional, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º.

4.4 La jurisdicción nacional no se ejercerá cuando:

A) Tratándose de crímenes o delitos cuyo juzgamiento sea jurisdicción de la Corte.

a) Se solicite la entrega por la Corte Penal Internacional.

b) Se solicite la extradición por parte del Estado competente al amparo de Tratados o Convenios Internacionales vigentes para la República.

c) Se solicite la extradición por parte del Estado competente no existiendo Tratados o Convenciones vigentes con la República, en cuyo caso y sin perjuicio de los demás requerimientos legales, para conceder la extradición, el Estado requirente debió haber ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º.

B) Si se reciben en forma concurrente solicitudes de entrega a la Corte Penal Interncional y de extradición por terceros Estados, se procederá de acuerdo con lo previsto en el artículo 60.

C) Se trate de crímenes o delitos que no se encuentran bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, cuando se conceda la extradición por parte del Estado competente.

4.5. Los crímenes y delitos tipificados en esta ley no se con-siderarán delitos políticos, ni delitos comunes conexos con delitos políticos o cuya represión obedezca a fines políticos.

Artículo 5º. (Actuación bajo jurisdicción nacional).

5.1. Cuando se constate la situación prevista en el artículo 4.2, encontrándose en territorio de la República o en lugares sometidos a su jurisdicción, una persona sobre la que mediare semiplena prueba de haber cometido un crimen o delito que no fuese jurisdicción de la Corte Penal Internacional, conocerá el Juez Competente quien, si las circunstancias lo justifican y con noticia al Ministerio Público, dispondrá orden de prisión preventiva que se notificará inmediatamente al Estado en cuyo territorio se sospecha que la persona ha cometido los crímenes o delitos, al Estado de su nacionalidad que se encuentre más próximo y, si fuese apártida, al Estado en que habitualmente resida. Las comunicaciones serán realizadas por el Poder Ejecutivo por vía diplomática y contendrán información sobre el procedimiento que dispone la presente ley.

5.2. Dentro de las veinticuatro horas de producido el arresto, el Juez tomará audiencia al detenido en presencia del Ministerio Público, en la cual:

A) Le intimará la designación de defensor de su elección, bajo apercibimiento de tenérsele por designado al de oficio de turno.

B) Nombrará un intérprete y le facilitará las traducciones que sean necesarias para su defensa.

C) Le informará que existen motivos para creer que ha cometido un crimen o delito tipificado en la presente ley y que se le presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad.

D) Procederá a tomarle declaración en presencia del defensor.

5.3. Lo actuado en audiencia será comunicado al Poder Ejecutivo quien lo notificará al Estado en cuyo territorio se presume que la persona ha cometido los crímenes o delitos, y al Estado de su nacionalidad que se encuentre más próximo y, si fuese apártida, al Estado en que habitualmente resida. La persona detenida tendrá facilidades para comunicarse inmediatamente con el representante correspondiente del Estado de su nacionalidad que se encuentre más próximo o, si se trata de una apártida, con el representante del Estado en que habitualmente resida.

5.4. Si dentro del plazo de veinte días desde la fecha de notificación a los Estados prevista en el párrafo 1 de este artículo no se hubiese recibido ningún pedido de extradición, dentro de los diez días corridos siguientes se dispondrá la libertad del indagado o, si hubiese mérito, se iniciará el procedimiento penal.

Artículo 6º. (Improcedencia de Asilo y Refugio). No corresponderá conceder asilo ni refugio cuando existan motivos fundados para considerar que la persona ha cometido un crimen o delito de los tipificados en la presente ley, aun cuando reuniera las demás condiciones para ser asilado o solicitar refugio.

Artículo 8º. (Improcedencia de amnistía y similares). Los crímenes y penas tipificados en los Títulos I a III de la Parte II de la presente ley, no podrán declararse extinguidos por indulto, amnistía, gracia, ni por ningún otro instituto de clemencia, soberana o similar, que en los hechos impida el juzgamiento de los sospechosos o el efectivo cumplimiento de la pena por los condenados.

Artículo 9º. (Obediencia debida y otros eximentes). No podrá invocarse la orden de un superior, ni la existencia de circunstancias excepcionales (como, por ejemplo, amenaza o estado de guerra, inestabilidad política o cualquier otra emergencia pública real o presunta) como justificación de los crímenes tipificados en los Títulos I a III de la Parte II de la presente ley.

Por consiguiente, ni haber actuado bajo órdenes superiores, ni la invocación de circunstancias excepcionales, eximirán de responsabilidad penal a quienes cometan, en cualquiera de sus modalidades, los crímenes o delitos referidos.

Artículo 10. (Responsabilidad jerárquica).- El superior jerárquico, funcionario civil o militar, cualquiera sea su cargo oficial o de gobierno, será penalmente responsable por los crímenes establecidos en los Títulos I a III de la Parte II de la presente ley que fuesen cometidos por quienes estén bajo su autoridad, mando o control efectivo, cuando en razón de su investidura, cargo o función, hubiere sabido que estaban participando de cualquiera manera en la comisión de los crímenes o delitos referidos y no hubiere adoptado, estando posibilitado para ello, todas las medidas razonables y necesarias a su alcance para impedir, de-nunciar o reprimir la comisión de dichos crímenes o delitos.

Artículo 11. (Exclusión de jurisdicción especial).- Los crímenes y delitos tipificados en la presente ley no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de funciones militares, no serán considerados delitos militares y quedará excluida la jurisdicción militar para su juzgamiento.

Artículo 12. (Inhabilitación absoluta).

12.1. Los ciudadanos uruguayos condenados por los crímenes previstos en los Títulos I a III de la Parte II de la presente ley, se les impondrá pena accesoria de inhabilitación absoluta para ocupar cargos, oficios públicos y derechos políticos, por el tiempo de la condena.

12.2. Si el condenado fuese un profesional o idóneo en oficios de la medicina condenado por crímenes previstos en los Títulos I a III de la Parte II de la presente ley, se le impondrá, además, inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión u oficio por el tiempo de la condena.

12.3. Si la condena fuese dispuesta por la Corte Penal Internacioal, regirán las inhabilitaciones previstas en los numerales precedentes.

Artículo 13. (Intervención de la víctima).

13.1. En los casos de los crímenes previstos en los Títulos I a III de la Parte II de la presente ley, el denunciante, la víctima o sus familiares podrán acceder a la totalidad de las actuaciones, proponer pruebas, poner a su disposición las que tengan en su poder y participar de todas las diligencias judiciales. A dichos efectos, constituirán domicilio y serán notificadas de todas las resoluciones que se adopten.

Asimismo si se hubiese dispuesto el archivo de los antecedentes o si luego de transcurridos sesenta días desde la formulación de la denuncia aún continúa la etapa de instrucción o indagación preliminar, el denunciante, la víctima o sus familiares podrán formular ante el Juez competente petición fundada de reexamen del caso o solicitud de información sobre el estado del trámite.

13.2. Si la petición de reexamen del caso se presenta por haberse dispuesto el archivo de los antecedentes, se dará intervención al Fiscal subrogante quien reexaminará las actuaciones en un plazo de veinte días.

13.3. La resolución judicial será comunicada al peticionante, al Fical y al Fiscal de Corte.

13.4. Durante el proceso, a solicitud del Fiscal o de oficio, el Juez adoptará cualquier medida que considere adecuada y necesaria para proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida privada de las víctimas y los testigos. A tal fin, tendrá en cuenta todos los factores pertinentes, incluidos la edad, el género, la salud, así como las características del delito, en particular cuando éste entrañe violencia sexual, violencia en razón del género o violencia contra niñas y niños y adolescentes.

En casos de violencia sexual no se requerirá la corroboración del testimonio de la víctima, no se admitirá ninguna evidencia relacionada con la conducta sexual anterior de la víctima o testigos, ni se aceptará utilizar como defensa el argumento del consentimiento.

Como excepción, y a fin de proteger a las víctimas, los testigos o el indagado, el Juez podrá disponer por resolución fundada la presentación de pruebas por medios electrónicos y otros medios técnicos especiales tendientes a prevenir la victimización secundaria. En particular, se aplicarán estas medidas en el caso de víctimas de agresión sexual y menores de edad, sean víctimas o testigos. Será de aplicación en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Nº 17.514, de 2 de julio de 2002.

Se procurarán todos los medios posibles para que el Fiscal cuente con asesores jurídicos especialistas en determinados temas, entre ellos violencia sexual, violencia por razones de género y violencia contra los niños. Asimismo, se procurará que el tribunal cuente con personal especializado para atender a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados con la violencia sexual y de género.

Artículo 17. (Instigación al Genocidio).- El que instigare públicamente a cometer crimen de genocidio, será castigado con dos a cuatro años de penitenciaría.

Artículo 19. (Extensión de principios generales). Se consideran crímenes de lesa humanidad los delitos que se tipifican en el presente Capítulo 2 y será de aplicación lo dispuesto en la Parte I de esta ley. A los efectos de lo dispuesto en los artículos siguientes, se entenderá por "agente del Estado" a una persona que actúa en ejercicio de una función pública, revista o no la calidad de funcionario público.

Artículo 20. (Homicidio político).- El que siendo agente del Estado, o sin serlo contando con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado, diere muerte a alguna persona en virtud de sus actividades u opiniones políticas, sindicales, religiosas, culturales, de género, reales o presuntas; o en razón de su real o presunta pertenecia a una colectividad política, sindical, religiosa o a un grupo con identidad propia fundada en motivos de sexo o a un sector social, será castigado con quince a treinta años de penitenciaría.

Artículo 21. (Desaparición forzada de personas).

21.1. El que de cualquier manera y por cualquier motivo, siendo agente del Estado o sin serlo contando con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado, procediere a privar de libertad a una persona, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o el paradero o la suerte de la persona privada de libertad; o que omita y se niegue a brindar información sobre el hecho de la privación de libertad de una persona desaparecida, su paradero o suerte, será castigado con dos a veinticinco años de penitenciaría.

21.2. El delito de desaparición forzada será considerado como delito permanente, mientras no se estableza el destino o paradero de la víctima.

21.3. El juez podrá considerar como atenuantes del delito de desaparición forzada de personas las siguientes circunstancias: (a) Que la víctima sea puesta en libertad indemne en un plazo menor a diez días; (b) que se informe o actúe para posibilitar o facilitar la aparición con vida del desaparecido.

Artículo 24. (Agresión sexual contra persona privada de libertad).- El que siendo agente del Estado o sin serlo contando con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado, cometiere cualquier acto de agresión sexual contra una persona privada de libertad o bajo su custodia o control o contra una persona que comparezca ante la autoridad en calidad de denunciante, testigo, perito o similar, será castigado con dos a quince años de penitenciaría.

De lo actuado se procede a la toma de la versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en los Distribuidos Nos. 919/2006 y 920/2006, que forman parte integrante de la presente Acta.

Finalizadas las intervenciones, a la hora diecisiete queda levantada la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria.

Leonardo Nicolini Presidente

Josefina Reissig Secretaria.

DISPOSICIONES CITADAS

Ley Nº 9.604, de

13 de octubre de 1936

Artículo 1º.- Modifícase la Ley Nº 8.868, de 19 de julio de 1932, que quedará redactada en la forma que sigue:

"ARTICULO 1º. No se admitirá la entrada al país, de los extranjeros aunque posean carta de ciudadanía legal que se hallen en uno de los siguientes casos:

A) Los que han sido condenados por delitos del fuero común castigados por las Leyes de la República y cometidos en el país de origen o en otro cualquiera y siempre que no haya corrido, una vez cumplida la condena un término superior a la mitad del fijado para la prescripción de la pena correspondiente. Quedan exceptuados:

1º) Los delitos políticos.

2º) Los complejos o conexos con delitos políticos, siempre que en su ejecución no se hubieren empleado medios o respondido a móviles que a juicio de la autoridad judicial competente, impliquen, en la República, un carácter especial de peligrosidad (artículo 70, inciso 7º de la Constitución).

3º) Los delitos cometidos por funcionarios públicos que sólo fueren castigados por las leyes de la República con inhabilitación o suspensión en el cargo; delitos de imprenta; de injurias y calumnias; de duelo, y delitos culposos.

B) Los maleantes y vagos, los toxicómanos y ebrios consuetudinarios. Los expulsados de cualquier país en virtud de leyes de seguridad pública o en virtud de decreto administrativo autorizado por la ley de la nación, con excepción de aquéllos cuya expulsión respondiera a motivos políticos y cuando a juicio de la autoridad judicial competente el expulsado ofrezca, en la República, un carácter especial de peligrosidad.

Los toxicómanos y ebrios consuetudinarios serán sometidos previamente a un examen médico.

C) Los que no posean un certificado consular expedido por Cónsul de carrera en el sitio de su residencia habitual. En ese documento se hará constar expresamente la desvinculación de los portadores con toda especie de organismos sociales o políticos que por medio de la violencia tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad. Cuando en el lugar de residencia habitual indicado no existiera Cónsul uruguayo se admitirá el certificado del funcionario consular de carrera radicado en el sitio más próximo.

D) Los que no tengan una industria, profesión, arte o recursos que les permitan, conjuntamente con sus familiares, vivir en el país por sus propios medios, sin constituir una carga social. Se exceptúa la inmigración por cupos y los turistas cuya entrada al país se rija por leyes especiales.

En todos los casos las autoridades nacionales podrán impedir, siempre que le comprendiere alguna de las causales enumeradas en los incisos C) y D) del presente artículo, la entrada de cualquier extranjero, aun cuando fuere portador de certificado consular, debiendo comunicar la no admisión en el día al Consejo de Ministros quien podrá revocar la medida adoptada. La comunicación al Consejo no suspenderá el rechazo dispuesto por las autoridades.

Si se tratare de la no admisión de un ciudadano legal, la comunicación se hará dentro de las dos horas al Consejo de Ministros.

ARTICULO 2º.- La no admisión de extranjeros por las causas enumeradas en el artículo anterior podrá efectuarse dentro de los tres meses de su entrada al país.

El Poder Ejecutivo podrá ejercer la facultad de no admisión respecto de las personas que se introduzcan en el país, violando la ley de 19 de Junio de 1890, siempre que lo hagan dentro de tres meses a contar desde el momento en que la infracción se produzca.

ARTICULO 3º.- Se ordenará la expulsión del territorio nacional de todo extranjero, aunque posea carta de ciudadanía legal, que tenga menos de tres años de residencia en el país y que haya sido condenado por delito cometido fuera de éste, que no sea de los excluidos en el inciso A) del artículo 1º a pena de penitenciaría, o sufrido más de una condena por delito pasible de pena menor.

Esta disposición no es aplicable al extranjero ni al ciudadano legal, casado con mujer natural del país o que tenga hijos nacidos en el país.

Tampoco se aplicará cuando haya transcurrido, desde el último delito cometido por el extranjero o por el ciudadano legal un término superior a la mitad del fijado para la prescripción de la pena correspondiente. Dicho término, en ningún caso, será inferior a tres años.

En el caso de delito cometido en el país dentro de los tres primeros años de residencia, el Juez, al dictar sentencia como complemento de la pena deberá pronunciarse respecto de la expulsión del extranjero o ciudadano legal delincuente, atendiendo la naturaleza del delito.

La expulsión procederá igualmente contra los individuos a que se refiere el inciso B) del artículo 1º.

ARTICULO 4º.- Los artículos anteriores no regirán siempre que los antecedentes del condenado ofrezcan plena garantía de no reincidir. La resolución judicial en estos casos será motivada y fundada.

ARTICULO 5º.- Los extranjeros, aunque posean carta de ciudadanía, comprendidos en la causal establecida por el artículo 70, inciso 7º de la Constitución, podrán ser expulsados del territorio nacional.

La intimación de expulsión por la causal enunciada en el presente artículo, será notificada por la autoridad policial, con intervención de dos testigos de responsabilidad y mención expresa del recurso de que puede hacer uso.

Se podrá reclamar de la expulsión ante el Consejo de Ministros, dentro de los cinco días de la intimación si residiere en la Capital y diez días si residiera en campaña.

El recurrente acompañará la prueba instrumental que posea, o indicará el archivo, oficina o lugar donde aquélla se encuentre; y si ofreciere prueba testimonial designará el nombre y domicilio de los testigos y acompañará el interrogatorio respectivo.

El Secretario del Consejo recibirá y diligenciará la prueba ofrecida.

El Consejo podrá ordenar las diligencias para mejor proveer que considere convenientes.

El Consejo deberá expedirse dentro de los veinte días a parte de la fecha de terminación del diligenciamiento de la prueba.

ARTICULO 6º.- A los efectos del artículo anterior, se entenderá por organizaciones sociales o políticas que por medio de la violencia tiendan a destruir las bases de la nacionalidad, a todos los núcleos, sociedades, comités o partidos, nacionales o extranjeros, que preconicen medios efectos de violencia, contra el régimen institucional democrático republicano.

ARTICULO 7º.- Si notificado por la autoridad policial el rechazo o la expulsión a la persona objeto de la medida notificación que se hará con intervención de dos testigos de responsabilidad y mención expresa de los recursos de que puede hacer uso, ella no la aceptara, podrá desembarcar o permanecer en el territorio quedando detenida en el domicilio que elija y debiendo reclamar de la expulsión o rechazo ante cualquiera de los Jueces de Instrucción de la Capital o ante el Juez Departamental de los otros Departamentos.

El reclamo que se formulará dentro de los tres días siguientes a la notificación se basará en la inexactitud de los hechos en que se funde la intimación y podrá ser reducido por escrito en papel común o por medio de exposición verbal, de que se tomará nota en acta que levantará el Actuario.

El Juez dará conocimiento del reclamo a la autoridad policial y oídos en audiencia verbal, dentro del plazo de diez días, el representantes de aquélla y el reclamante o su abogado, resolverá con arreglo a la convicción moral que se forme, pudiendo ordenar previamente diligencias para mejor proveer, pero sin que la resolución pueda demorare por más de veinte días, a contar de la fecha de audiencia.

Cuando el rechazo o la expulsión se produzca por las causales establecidas en el artículo 1º, incisos C) y D) en el artículo 5º, se estará a lo preceptuado en las disposiciones referidas, no procediendo la aplicación de los recursos enunciados en el presente artículo.

ARTICULO 8º.- El Presidente de la República, siempre que no haya sentencia judicial y la Suprema Corte de Justicia cuando ésta se haya producido, podrán reconsiderar en cualquier momento la resolución acordada, con excepción de los casos de rechazo y expulsión establecidos en el artículo 1º (inciso C) y D) y en el artículo 5º.

ARTICULO 9º.- El quebrantamiento de las disposiciones de la presente ley por la vuelta al país de los extranjeros expulsados o no admitidos será castigado con prisión de seis a doce meses, la primera vez, y de doce a veinticuatro la segunda, sin perjuicio de hacerse efectiva la medida de seguridad, una vez cumplida la pena.

Conocerán en estos juicios los Jueces Departamentales o el Correccional en los Departamentos en que lo haya.

ARTICULO 10.- No son aplicables a los delitos previstos en el artículo anterior, los beneficios sobre suspensión de condena y libertad anticipada (Leyes 25 de Enero de 1916 y 30 de Enero de 1918).

ARTICULO 11.- Sustitúyese el artículo 26 de la Ley de 19 de Julio de 1890 por el siguiente:

"No serán admitidos y serán enviados a la localidad de su procedencia los inmigrantes que se encuentren en las siguientes condiciones:

1º Los que por defecto físico o vicios orgánicos congénitos o adquiridos, no mantengan íntegra su capacidad general de trabajo. Podrá, no obstante, observarse una tolerancia de veinte por ciento (20%) tomando por base la legislación de accidentes del trabajo.

2º Los que sufran enfermendades mentales.

3º Los que padezcan enfermedades crónicas de los centros nerviosos.

4º Los epilépticos.

5º Los que padezcan enfermedades agudas o crónicas infecto contagiosas, sin perjuicio de lo que sobre los mismos disponen las leyes y reglamentos sanitarios.

6º Los toxicómanos y ebrios consuetudinarios.

7º Los que padezcan enfermedades orgánicas del corazón.

8º Los mendigos.

9º Todas aquellas personas cuyo estado de salud las imposibilite permanentemente para dedicarse a tareas que requieran esfuerzos físicos.

El Poder Ejecutivo designará los médicos del Servicio Público que deberán reconocer a los inmigrantes.

Los Capitanes de los buques conductores de inmigrantes no admitirán a bordo, con pasaje de segunda o tercera clase o de clases equiparables a las indicadas, a los individuos excluidos en los artículos precedentes.

Podrán, sin embargo, entrar al país y ser recibidos a bordo, como inmigrantes, los mayores de sesenta años y los que sean inhábiles para el trabajo, si forman parte de una familia de inmigrantes compuestas lo menos de cuatro personas no excluidas en el presente artículo".

Artículo 2º.- Comuníquese, etc."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: en primer lugar, con la aclaración de que destaco que la Secretaría de la Comisión de Constitución y Legislación es de excepcionales condiciones profesionales, quiero decir que con su prolijidad manifiesta ha titulado esta Carpeta como "Se amplían disposiciones relativas a la permanencia de extranjeros en el territorio nacional", haciendo también una referencia a una ley de 1936. Eso es correcto, porque así figuraba en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, ese título ya no corresponde, porque en la iniciativa elaborada por la Comisión -sustitutiva de la del Poder Ejecutivo- no se amplía la ley de 1936; es más, ni siquiera se cita dicha norma. Por lo tanto, la Carpeta debería titularse "Causales para la no admisión o expulsión de extranjeros en determinadas circunstancias".

En segundo término, señor Presidente, la Carpeta Nº 458 que obra en poder de todos los señores Senadores, contiene el proyecto de ley sustitutivo aprobado por la Comisión. En el apartado a) de su artículo único debemos hacer una pequeña corrección, a la vez que reitero que ello no implica atribuir ninguna culpa a la Secretaría de esta Comisión, que actuó con una velocidad impresionante. Lo que ocurre es que se trata de una modificación que se introdujo a último momento, cuando se firmaba el texto. La redacción que figuraba en esta Carpeta es la que existía 10 minutos antes de su firma. Incluso, como se ve, ni siquiera figura la del Miembro Informante. A propuesta del señor Senador Michelini -la cual fue aceptada-, debe modificarse la redacción del apartado a), que dice: "la realización de actos de intromisión en los asuntos internos del Estado o que deterioren la seriedad de su imagen soberana;", por la siguiente: "la realización de actos de intromisión en los asuntos internos del Estado o que deterioren su imagen soberana;". Consideramos que de esta forma tiene una redacción más correcta y de esa manera fue aprobada por la Comisión.

Con estas previas aclaraciones que son puramente documentales, voy a fundamentar por qué la Comisión aprobó este proyecto de ley con el voto de los Senadores del Frente Amplio y del Partido Colorado.

Antes, quiero aclarar que no contó con votos en contra, porque en ese momento no se encontraban -por razones ampliamente justificadas por una reunión política- los integrantes del Partido Nacional. Repito que este proyecto de ley fue aprobado por los integrantes del Frente Amplio y del Partido Colorado y tiene el siguiente fundamento: "Sin perjuicio de las otras causales vigentes que autorizan la no admisión o la expulsión de extranjeros, se establecen las siguientes: a) la realización de actos de intromisión en los asuntos internos del Estado o que deterioren su imagen soberana; b) la realización de actos que ofendan el honor de un Jefe de Estado o de sus representantes diplomáticos."

En el acápite del proyecto que venía del Poder Ejecutivo se agregaba, como causal, algo similar a esto, pero con otra redacción, un artículo de la Ley de 1936, que es una extensa Ley que se dictó en Uruguay para regular la no admisión o la expulsión de extranjeros. Esa Ley, a nuestro juicio y al de muchos de nuestros compañeros de Bancada y también a los de otras Bancadas, tenía un contenido muy propio de una etapa en donde en el Uruguay había habido un golpe de Estado y se habían exacerbado en Europa, sobre todo por el surgimiento del fascismo, ciertas nociones vinculadas a la pureza de las razas y otra clase de truculencias intelectuales inaceptables. Estas circunstancias teñían el contenido de esta Ley. Tan es así, que la misma decía que para entrar al Uruguay se necesitaba una autorización del Cónsul uruguayo. Esto, simplemente para entrar; no para hacerse ciudadano. Baste recordar que esa ley permitía expulsar o no dejar entrar a toda persona que tuviera un padecimiento cardíaco, que fuera epiléptica o que su físico no estuviera apto para tareas gruesas. Realmente, estas eran expresiones de un exacerbado criterio de perfeccionamiento de la raza en un sentido que, me parece, la cultura moderna civilizada desecha totalmente. Además, estos factores constituían ingredientes de esa media lengua doctrinaria que se llamó fascismo o nazismo. Tal como lo expresó el doctor Justino Jiménez de Aréchaga, no fue una doctrina, sino una "deplorable media lengua doctrinaria".

Sin embargo, en esa Ley de 1936 hay otros artículos que no tienen ese tufillo fascista ni son disparatados. Por ejemplo, unos se refieren al derecho de presentar recursos que tienen las personas a las que no se las dejó entrar al país y hay otros que tienen que ver con las personas que padecen enfermedades infectocontagiosas que pueden perjudicar a la sociedad uruguaya. Nuestra Comisión entendió que estos artículos, que son adecuados a la Constitución, pueden permanecer vigentes.

Voy a leer el artículo 37 de la Constitución; lo hago, en primer lugar, porque le tengo más cariño que a las otras normas jurídicas y, además, porque en la jerarquía normativa hay que empezar por las que están más arriba. El artículo 37 dice que "Es libre la entrada de toda persona en el territorio de la República, su permanencia en él y su salida con sus bienes, observando las leyes y salvo perjuicios de terceros". A esto agrega: "La inmigración deberá ser reglamentada por la ley". Es decir que obliga a que la ley reglamente, porque no dice: "podrá" sino: "deberá", y continúa: "pero en ningún caso", le da el criterio a la ley, "el inmigrante adolecerá de defectos físicos, mentales o morales que puedan perjudicar a la sociedad". Quiere decir que si una norma establece que no se dejará entrar o se dejará en cuarentena a una persona que padezca una enfermedad infectocontagiosa, es perfectamente adecuada a la Constitución; pero, obviamente, una persona que tenga una enfermedad cardíaca, no va a perjudicar a la sociedad. Aunque tenemos una distinguidísima cardióloga que es Senadora, yo me atrevo a decir que las enfermedades cardiológicas no se contagian.

De manera que lo primero que tenemos que ver es que constitucionalmente existe la posibilidad y la necesidad legal de que se regulen las causas por las cuales el Uruguay no quiere que entren algunas personas.

En segundo término, en el Uruguay, por decisiones puramente administrativas y a veces de un funcionario medio, no se deja entrar a una persona. Pero si, por ejemplo, un visitante se niega a pasar por la arcada del Aeropuerto o se niega a pasar su valija por el local de seguridad, no se lo deja entrar y nadie, que yo sepa, ha dicho que eso es una alcaldada. Simplemente, no se le permite entrar al Uruguay ni a ningún país.

De manera que si una ley pretende, razonablemente, establecer qué cosas deben constituir causales para que no se admita la entrada de una persona al país o se admita que una vez ingresada se la expulse -y si esas causales son racionales y con ellas no se están haciendo alcaldadas-, lejos de considerar que estamos frente a una ley autoritaria, debemos entender que estamos dando garantías legales a las personas que desean ingresar a nuestro país.

Por otro lado, quiero justificar por qué en el acápite de este proyecto que propone la Comisión se habla de otras causales que puedan existir sin mencionar específicamente cuáles. En primer término, varios de los artículos de la Ley de 1936 han sido declarados y considerados inconstitucionales por la Doctrina. Otros no, y se entiende que tienen corrección como, por ejemplo, el artículo que permite presentar recursos o el que habla de las enfermedades infectocontagiosas. Pero, además, la Doctrina uruguaya y la jurisprudencia, tanto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo como de la Suprema Corte de la Justicia, han concluido que las leyes anteriores a la Constitución y contrarias a la misma, no necesitan ser declaradas inconstitucionales, sino que quedan derogadas, tema que hasta 1993 se discutía mucho en el Uruguay. La Corte, en aquella época, sostenía que toda ley, anterior o posterior, para que no se aplicara, tenía que ir a la Suprema Corte de Justicia para que declarase su inconstitucionalidad. Esto cambió y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ahora es constante, a pesar de sus cambios de integración. Por lo tanto, hay partes de la Ley de 1936 que están derogadas, son causales de expulsión que no existen y otras que existen. Esa es la razón por la cual, desde el punto de vista técnico, en la Comisión nos pareció mejor decir: "Sin perjuicio de otras causales vigentes."

Acá, no solucionamos el tema de cuáles son las que están vigentes, pero hacemos lo que, en realidad, quiere el proyecto de ley, es decir, establecer estas dos causales que, reitero, no son nada extraño ni tienen ningún tufillo degradante para la democracia uruguaya. Asimismo, tampoco están inspiradas en una concepción autoritaria como, sin duda, sí lo estaba la del año 1936, que estaba inserta en medio de un período en el que se había salido del golpe de Estado de 1933 por una Constitución pero, a la vez, una disposición transitoria mantenía la Presidencia de alguien que había dado un golpe hasta el año 1938. Se trataba de una disposición transitoria que estaba medio escondida y que, además, había sido aprobada por una Constituyente electa. También nos consta que este tema había dividido al país y sabemos qué grupos políticos, lemas o medios lemas habían apoyado dicho golpe y cuáles no; no es un tema que esté relacionado con esto, pero esa Ley del año 1936 estaba imbuida, fundamentalmente, por las concepciones que en Europa se venían imponiendo con altos contenidos de racismo. Concretamente, me refiero al nazi - fascismo que venía surgiendo con fuerza en el ámbito europeo.

En consecuencia, ¿cuáles son las dos causales? Actos de intromisión en los asuntos internos del Estado. Me parece que si esto se hace, ya está prohibido. Naturalmente, esto puede generar otro tipo de sanciones, incluso penales -habría que estudiar dicha tipología-, pero esta Ley no establece delitos de esa naturaleza. En realidad, se está pensando en qué oportunidad el Uruguay puede decir qué personas pueden ingresar o no o, en todo caso, si ya lo hicieron, pueden ser expulsadas.

SEÑOR ABDALA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR KORZENIAK.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ABDALA.- Quería aprovechar esta interrupción para intervenir, justamente, sobre este punto. ¿Existen antecedentes de la figura de intromisión en los asuntos internos? Por lo que recuerdo, sí existen antecedentes en materia de Estado a Estado, referidos a la intervención en asuntos internos de otro país. Concretamente, mi pregunta refiere a si existen antecedentes que estén relacionados con individuos.

Por otro lado, quiero hacer una observación. No estoy demasiado seguro de si la envergadura de la realización de actos de intromisión en los asuntos internos del Estado, tiene la misma dimensión que la segunda imagen contenida en el ítem a) que establece "o que deterioren la seriedad de su imagen soberana". Me da la impresión de que se trata de dos conceptos que quizás podrían vincularse, pero que son diferentes. El primero da la impresión de algo muy consistente, pero el segundo es más vago. ¿Qué significa deteriorar la imagen soberana?

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Puede continuar el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- En primer lugar, quiero señalar que existen antecedentes de personas que han sido sancionadas en el Uruguay -no expulsadas-, por su intromisión en los asuntos internos. Concretamente, existen muchos antecedentes en el Derecho Comparado, incluso el artículo 33 de la Constitución mexicana, que según dicen recoge un principio de Derecho Internacional y que refiere a la prohibición de que un extranjero intervenga en asuntos de la política interna del país. Esto ya está incluido en varias Constituciones. Además, no tengo ninguna duda de que de las dos causales, una puede ser más grave que la otra. En el caso de la segunda causal, que refiere a actos que ofendan el honor, cabría preguntarse cuándo ocurre esto. ¿Cuando se dice que una persona tiene la nariz larga? ¿Cuando se dice que es un ladrón? Esto también pasa en el Derecho Penal. ¿Cuando hay culpa, dolo o ultraintención? ¿En qué situaciones? ¿Cuando por motivo de un acto jurídicamente indiferente, se deriva un resultado que pudiendo ser previsto no lo fue, por impericia o imprudencia? ¿Ocurre eso cuando al señor que conducía el auto se le escapó el embrague o la suela de su zapato estaba resbaladiza? ¿Hubo impericia o fuerza mayor? Repito que esto ocurre, incluso, en el Derecho Penal, lo que supone apresar a una persona y privarla de su libertad.

Por lo tanto, siempre se corre el riesgo de que un administrador utilice arbitrariamente esa facultad que le otorga la ley. Muchas veces, cuando a las personas que nunca se han dedicado al Derecho se les menciona una figura, lo primero que preguntan es cómo se puede probar.

Entonces, frente a la pregunta de por qué no se estableció que se derogaba toda la Ley de 1936 para hacer una nueva bien hecha, cabe invocar una razón muy especial: porque habría que regular los recursos que tienen las personas y que ya están regulados en la Ley de 1936. Puede suceder que a una persona se le prohíba entrar por parte de la autoridad administrativa. Todos sabemos que esto puede ocurrir hoy en día, en un aeropuerto, por ejemplo, aduciendo que no llenó determinado papel y que tiene que entrar por Migración. También puede ocurrir que la persona haya perdido el papel sellado y cuando decide irse, no lo puede hacer, quedando detenido. En el caso de Estados Unidos, estamos frente a una legislación mucho más severa, anterior a lo ocurrido con las Torres Gemelas, donde existe un juez de aeropuerto que puede procesar a las personas por problemas de papeles. En este caso, no se llega a eso, no estamos frente a normas de tipo penal; estamos dando bases para que el poder administrador -espero que sólo se trate del Ministerio del Interior- pueda adoptar medidas basadas en una ley y que las aplique racionalmente.

A propósito de esto, deseo aclarar algo que, en realidad, estoy omitiendo por razones de prudencia, de la que no voy a apartarme. En este tema, tenemos un país que está esperando una resolución de la Corte de La Haya. Además, en el mes de noviembre está prevista una reunión de Presidentes y este país tiene informes sobre cosas que pueden pasar en uno y otro caso. Personalmente, conozco información que de ninguna manera voy a dar. No obstante ello, hay algunos aspectos que se pueden comentar, porque son públicos. Me refiero a lo que acaba de decir gente de Gualeguaychú, hace tres o cuatro días: "Si la Corte de La Haya no suspende las obras de Botnia, nosotros vamos a suspender las obras de Botnia". ¿Cómo se suspenden dichas obras? ¿Por una llamada telefónica, o acaso hay que entrar al Uruguay, ir al lugar y tomar determinadas acciones? Hablo de esto, que es lo menos grave que podría pasar, porque es público. Sobre otros datos, no voy a cometer la torpeza de referirme a ellos. Si un grupo de personas se propone venir al Uruguay y anuncian con carteles, de manera indudable, que van a ir a Botnia a impedir que continúen las obras, me parece que ningún miembro de este Senado puede decir que la Policía o la Dirección de Migración actúan mal si impiden el ingreso de las mismas. Creo que nadie se va a oponer a esto. ¿Pero, a la vez, en qué se basa la autoridad para decir que no? Tendría que invocar una norma como ésta y argumentar que lo que van a hacer es intervenir una empresa que por estar dentro de nuestro territorio, se incluye en la soberanía del país y, por lo tanto, al actuar de esa manera, van a deteriorar la imagen soberana del mismo. Obsérvese que esto de las fábricas de celulosa no es lo más importante.

En realidad, me estoy refiriendo a otro fenómeno que va a ser muy bueno para el Uruguay, porque va a ser centro de una reunión de Presidentes. ¿Quién no sabe aquí, en este Senado, que cuando se hace ese tipo de reunión, no sólo la Policía sino también las Fuerzas Armadas y los Servicios de Inteligencia, toman una cantidad enorme de precauciones, muchas de las cuales no están previstas en una ley? Esto lo sabemos todos. Es así acá, en la India, en Estados Unidos, en Francia, en todos lados.

Entonces, lo que quiero decir es que aquí estamos estableciendo ciertas previsiones que diría son tibias o, por lo menos, civilizadas y que quitaron el tufillo que tiene la Ley de 1936, que era inaceptable para muchos de los presentes, integrantes de todos los Partidos. Además de quitar ese tufillo, mantuvieron disposiciones que pueden existir y que no se consideran derogadas, porque muchas de ellas ya lo están por contrariar un artículo de la Constitución. Tal como acabo de leer, se dice que la ley debe reglamentar el ingreso y debe decir cuándo y en qué condiciones puede ingresar una persona. Queda claro que alguien que viene a deteriorar la imagen de la soberanía del Uruguay no tiene la moral suficiente como para ingresar a nuestro país. Esta es una de las causales que establece la Constitución. Además, es bueno que los administradores no apliquen directamente la Constitución, sino que la misma esté más o menos reglamentada; que la puedan aplicar, pese a que la reglamentación no exista.

En consecuencia, este proyecto no pretende más que lo que he planteado. Nos parece que el mismo debería aprobarse con urgencia para el caso de que se produjera algún episodio, que ojalá no suceda. Sería bueno contar con el consenso del Senado en su aprobación, a fin de que quede claro que la Administración contará con instrumentos para poder decir que determinadas personas no pueden ingresar, como consecuencia de su intención de realizar tal o cual cosa. Si bien eso está previsto en el artículo 317 de la Constitución, como se trata de actos administrativos, deberán habilitarse los recursos de revocación, de anulación y jerárquicos.

Por otra parte, un artículo específico de la Ley de 1936, que no es fascista ni profascista, establece concretamente los recursos existentes. Si bien en esta norma se hace mención a los Jueces de Instrucción -que ya no existen-, también se hace referencia a la forma en que se presentan los recursos, ante quién e, incluso, se permite la intervención del Poder Judicial.

Por último, con respecto al apartado b) quiero aclarar que estos actos que ofenden el honor de un Jefe de Estado extranjero o de sus representantes, ya generaron en nuestro país episodios bastante conocidos. Los veteranos recordamos un salivazo a un enviado del Presidente de los Estados Unidos, en la Avenida 18 de Julio. También recordamos la discusión que se suscitó, porque se trataba de una cuestión administrativa. Obviamente, si una persona hace una cosa así con algún Presidente que visite nuestro país, se la echa, aunque sea administrativamente. A su vez, el Código Penal también prevé el atentado contra Jefes de Estado extranjeros y determina una sanción penal. Este no es el caso y la sanción es de tipo administrativo.

Confío en que las autoridades aplicarán estas normas, pero si lo hacen mal, se instrumentarán los recursos correspondientes y se determinarán las responsabilidades políticas respectivas.

Finalmente, expreso el deseo de que quede claro que el Senado, en su gran mayoría, apoya la intención de que la imagen soberana del país no se deteriore y que el mismo cuente con las condiciones necesarias para defenderse, sin necesidad de enfrentarse a juicios penales de personas que pretenden actuar de una manera que no es la que corresponde.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- La bancada del Frente Amplio solicita un cuarto intermedio de 15 minutos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Se va a votar el pedido de cuarto intermedio solicitado por la señora Senadora Dalmás.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por 15 minutos.

(Así se hace. Es la hora 18 y 22 minutos.)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 18 y 54 minutos.)

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: hemos pedido el cuarto intermedio porque algunos compañeros, por razones perfectamente explicadas, no habían estado presentes el día en que se trató el proyecto en nuestra bancada. Esos compañeros han propuesto algunas modificaciones de texto y la bancada ha acordado -y es lo que estoy pidiendo como moción de orden- que el punto sea incluido para ser tratado en la primera sesión ordinaria del próximo mes.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: me parece muy positiva la aproximación que realiza el señor Senador Korzeniak, pero creo que por algo están las Comisiones del Senado, es decir, para trabajar en conjunto. Ahora bien, si la decisión de la bancada de gobierno es legislar en un escritorio privado, no trabajar en Comisiones y traer las modificaciones aquí para discutirlas o imponerlas, de acuerdo a las mayorías, entonces, que se diga cuáles son las reglas de juego. De esa manera, nosotros no vendríamos ni a discutir el tema. Sin embargo, nos gustaría que con ese aporte positivo que pueda hacer la bancada de gobierno, el tema vuelva a la Comisión. Inclusive -adelanto que sé que al señor Senador Korzeniak esto no le va a gustar-, quisiéramos pedir algunos asesoramientos especializados en el tema para poder discutirlo con mayor profundidad.

Muchas gracias.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: en lo personal, no tengo problema en que el tema vuelva a la Comisión. Además, si no vuelve y lo incluimos en la primera sesión del mes de julio, bastaría con que un miembro de la Comisión proponga incluir el tema para que el mismo se discuta.

Sin embargo, ante la última referencia del señor Senador Abreu, amable y cordial pero irónica, que expresaba que a mí no me iba a gustar que se efectuaran pedidos de asesoramiento, quiero aclarar, en forma documentada, cuál es la razón por la cual no me gusta que haya tantos pedidos de ese tipo.

Señor Presidente: en el período pasado, correspondiente al gobierno de los partidos tradicionales -voy a tomar el período que va de marzo a mayo- se trataron, en la Comisión de Constitución y Legislación los siguientes temas: ley de enriquecimiento ilícito; un problema relativo a la Junta Departamental de Treinta y Tres; los Directores del BPS elegidos por sus afiliados -aclaro que son todas leyes referidas a estos temas-; Código del Proceso Penal; un feriado -asunto que no es importante-; pedidos de informes y su reglamentación; divorcio por la sola voluntad de los cónyuges; trabajo sexual; usura; feriado laborable del 20 de setiembre y ley de lanzamientos. En el tratamiento de todos estos temas se convocó sólo una vez a asesores. Reitero que me refiero a cuando gobernaban el Partido Nacional y el Partido Colorado y nosotros éramos oposición.

Paso a detallar lo ocurrido de marzo a mayo de este año, señor Presidente. El 14 de marzo se presentó una moción para obtener opiniones escritas de las Cátedras de Derecho Civil y de Familia que dicten clases en las Universidades que funcionan en el país, incluyendo las de Montevideo. Ese mismo día, con respecto al tema de los gobiernos departamentales, se solicitó el asesoramiento del Congreso de Intendentes. Asimismo, sobre el proyecto de ocupación de locales comerciales, se reiteró a los profesores consultados la solicitud de su opinión por escrito.

La semana siguiente, el 21 de marzo, sobre la Ley de la Pretensión Punitiva del Estado, se solicitaron diez o doce asesoramientos y sobre el tema de los gobiernos departamentales, se les pidió a varios Intendentes que hicieran llegar su opinión y, finalmente, se hizo moción para que el Presidente consultara al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Cátedra de Derecho Constitucional.

Asimismo, el 18 de abril se facultó al Presidente para coordinar con representantes de la Cátedra de Derecho Penal a los efectos de que concurrieran a esta Comisión para tratar el tema de la Corte Penal Internacional. El 25 de abril concurrieron los invitados y el 2 de mayo comparecieron los miembros de la Suprema Corte de Justicia para analizar ese mismo tema.

El 9 de mayo concurrieron autoridades del Banco Central para analizar el tema de Thesis del Uruguay. El 16 de mayo se solicitó convocar nuevamente a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. El 23 de mayo se recibieron, también, los informes del doctor Cairoli -ex miembro de la Suprema Corte de Justicia- y de IELSUR, y el 30 de mayo de nuevo concurrió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia con asesores.

Es decir que en todas las sesiones y acerca de todos los proyectos que vienen, se piden asesoramientos y, por lo tanto, se hace difícil aprobar algún proyecto.

Bien cierto es que con mucha satisfacción, el proyecto relativo a la Corte Penal Internacional se aprobó con un quórum no completo pero, repito, se aprobó.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR NICOLINI.- Una moción de orden no tiene discusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Léase el ar-tículo 69 del Reglamento de la Cámara de Senadores, en lo que tiene que ver con este tema.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 69.- Las cuestiones de orden, serán consideradas en el acto de presentarse.

Ello no significará la interrupción del derecho del ocasional orador a finalizar su exposición.

A. Son cuestiones de orden que admiten discusión:

a. la integración del Senado;

b. las licencias;

c. la aplicación u observancia del Reglamento;

d. la suspensión o aplazamiento del debate o el pase

a Comisión del asunto que se considere".

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: voy a ser muy breve. Como decía alguien: "¿Qué tiene que ver el amor con el ojo de hacha?". Quiero hacer una corrección al señor Senador preopinante: en el período anterior el gobierno fue del Partido Colorado. El Partido Nacional tuvo participación en algunos Ministerios hasta un determinado momento. Este es el primer punto.

El segundo punto es que en el período anterior no se pedían muchos asesoramientos por una razón elemental: vinieran los asesoramientos que vinieran, la fuerza política que integra el señor Senador preopinante, siempre votaba en contra.

Ahora pedimos asesoramientos, porque siempre le damos una oportunidad a la reflexión y a la razonabilidad que, incluso, en algunas oportunidades nos ha permitido acompañar determinadas iniciativas.

En este caso, solicitamos el pase a Comisión, que nos parece algo sensato, convocando quizás en ese ámbito al señor Ministro del Interior para que, en carácter reservado, nos aporte las informaciones que nos anunció el señor Miembro Informante y que, obviamente, por cuestiones que bien pertenecen a su propia reserva -y nos parece bien- quizás puedan verterse en el ámbito de la Comisión.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: creo que el tema es lo suficientemente importante como para que tratemos de lograr un consenso entre todos los sectores políticos que integran este Cuerpo.

Quiero expresar que comparto la inquietud de algún Senador del Partido Nacional en el sentido de que el proyecto de ley vuelva a la Comisión y se hagan las consultas necesarias como para que tenga una aprobación unánime en este Cuerpo. Tal como he dicho en mi bancada, considero que este no es un tema menor, ya que puede afectar el relacionamiento de países vecinos por la cronología en la cual surge la inquietud de legislar en este tema; entiendo que no hace al mejor entendimiento entre ambos países -estoy hablando de la República Argentina y del Uruguay- y que amerita una discusión en profundidad con los asesoramientos pertinentes y las máximas garantías en cuanto a que, en un esfuerzo legislativo, no vamos a interferir con un relacionamiento que se está replanteando. Todos aspiramos a que se logre un efecto positivo en una cuestión bastante trascendente para la vida política nacional.

Por lo tanto, estoy de acuerdo con que el tema vuelva a la Comisión y se recaben los asesoramientos pertinentes y necesarios para lograr una posición unánime dentro del Cuerpo.

(Apoyados)

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: este proyecto de ley ya cumplió su trámite en la Comisión y estábamos en condiciones de votarlo -así lo expresaron los miembros de la Comisión al votarlo- a riesgo de que algunos hicimos modificaciones. Pero ahora algunos compañeros de bancada plantearon inquietudes y quienes integramos la Comisión de Constitución y Legislación nos allanamos a ello y dimos algunos días para discutir el tema en la bancada de Gobierno, la mayoritaria. Independientemente de que al señor Senador Abreu no le guste, cuando uno ejerce la mayoría, lo hace en los términos más convenientes posibles.

Se plantea que el tema pase a Comisión. Nosotros no tenemos problema, pero aspiramos a que figure como primer punto del Orden del Día de la primera sesión ordinaria del mes de julio con los informes correspondientes. ¿Qué pasará de aquí a la primera sesión ordinaria del mes de julio? Ya lo veremos y lo discutiremos. Me parece que hoy lo más sensato es proponer que esto figure como primer punto del Orden del Día de la primera sesión ordinaria del mes de julio y luego votar que vuelva a Comisión para poder evaluarlo. Pienso que ese es un camino de salida y nos da un momento de reflexión a todos, ya que a esta altura ni quien habla ni otros señores Senadores estamos en condiciones de aportar una solución para votarlo hoy. De aquí a la primera sesión ordinaria del mes de julio, previo pasaje por la Comisión, podremos tener mayor claridad que en este momento.

Muchas gracias.

SEÑOR ABDALA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABDALA.- Señor Presidente: los señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra han allanado el camino y, especialmente, recogemos las palabras del señor Senador Cid. Este proyecto de ley no es el mismo en el contexto en el que nos encontramos hoy. Ese es un dato de la realidad. Hay temas que son principales y otros que son accesorios.

Este es un proyecto de ley sustantivo que hace a un tema bien delicado del funcionamiento de la democracia y también a aspectos que tienen que ver con la relación con nuestro país hermano. Pienso que no perdemos nada recorriendo el camino de aumentar el entendimiento a nivel del Senado. Me parece una muy buena cosa. Si es posible, trataremos de encontrar un entendimiento, pero si no, se habrán agotado todos los recorridos. Creo que siempre que se puede explorar en algo absolutamente sustantivo como este tema, no es mala cosa hacerlo. Tanto las expresiones del señor Senador Cid como las del señor Senador Larrañaga van en esa dirección y, por lo tanto, bienvenidas sean.

El señor Senador Larrañaga planteó que se convoque al señor Ministro del Interior y me parece que no es mala cosa escuchar a la máxima autoridad en este proyecto de ley. Este no es un proyecto que modifique lo penal, sino que la máxima autoridad a este respecto es el Poder Ejecutivo en la persona del señor Ministro del Interior. Por lo tanto, creo que sería bueno que el Ministerio del Interior por lo menos emita una opinión. Insisto en que podemos ganar unos días para aumentar los niveles de entendimiento. Si ello se logra, bienvenido sea y, si no, tendrán la mayoría que manifiesta el señor Senador Michelini. Ese es un dato de la realidad.

SEÑOR ANTIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ANTIA.- Señor Presidente: creo que el planteo que hace el señor Senador Larrañaga de que el proyecto de ley vuelva a la Comisión es muy oportuno. Sin conocer la discusión que hubo en la Comisión, escuché comentar que este proyecto de ley tenía mucho corte fascista y eso me preocupa.

Me parece que no es bueno que, por aplicar una mayoría o por acortar los tiempos, se apruebe en este Senado un proyecto de ley con esa inclinación, menos en la difícil situación internacional que estamos viviendo.

El señor Senador Abreu no quiso hacer uso de la palabra, pero era Miembro Informante por la minoría de este proyecto de ley y, "en ausencia", porque tampoco pudo hablar en la Comisión. Estas son cosas que debemos corregir. La semana pasada hubo un proyecto de ley que no tuvo la suficiente discusión en el Parlamento y recibimos señales del Gobierno de ajustarlo con otro proyecto de ley porque se habían cometido errores. Creo que no se puede continuar en esa línea de aplicar las mayorías porque el tiempo apremia. Me parece que eso le hace bastante mal al Parlamento nacional.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: quiero expresar que me han llamado poderosamente la atención las manifestaciones realizadas en Sala aludiendo a cuestiones relacionadas con la verdadera seguridad del Estado cuando se hace referencia a las relaciones bilaterales con un país hermano. Creo que estamos hablando de cosas muy graves cuando se trata de modificar una ley absurda -que ni siquiera recordaba- por la cual, según lo que ahora estaba leyendo, se expulsa hasta a los epilépticos.

Considero que si estamos diciendo que se puede deteriorar el relacionamiento con una Nación hermana por la posibilidad de que existan algunos actos vinculados a un terrorismo verbal, a un terrorismo de Estado o a conductas ilícitas de ciudadanos extranjeros, lo menos que podemos hacer es escuchar a quien es responsable de la seguridad interna de la República Oriental del Uruguay. ¡No sé qué le puede agregar a este tema que sea considerado en primer lugar por la bancada de Gobierno, porque creo que ponerse de acuerdo en este tema espantoso es realmente difícil!

Me pregunto si existen razones tan poderosas como para sancionar este texto que es una lesión a las libertades y que puede llevar al mecanismo de la expulsión de un extranjero, que puede ser un periodista, alguien que esté expresando su libre opinión o alguien que esté hablando de un mandatario extranjero de esos que visitan el Uruguay, que a veces cometen excesos verbales que llevan a una respuesta. Y todo esto se hace con una generalidad rayana en cualquier cosa.

Me parece que aquí existe la posibilidad de afectar la libertad de expresión y los derechos fundamentales de los ciudadanos extranjeros, en un Uruguay que siempre ha estado abierto y que ha puesto en práctica la ponderación, lo que ha permitido que los ciudadanos extranjeros puedan expresarse libremente, ya que si se exceden, tenemos toda una legislación penal para sancionarlos. ¿Acaso se cree que expulsándolos vamos a evitar estas cosas y a proteger mejor nuestro Estado o el honor de un Jefe de Gobierno?

No sé cuántas veces se ha usado el mecanismo de la expulsión en la historia del Uruguay. Recuerdo que en la época del Gobierno nacionalista se quiso expulsar a gente adicta a los estupefacientes, y mientras se tramitaba todo el procedimiento absurdo de la ley, ya se había ido. Esta es una ley inaplicable. No entiendo para qué seguimos discutiendo sobre ella si, como dice el señor Senador Korzeniak, está parcialmente derogada; primero deberíamos conocer qué está vigente y qué no.

Si se piensa que se puede correr esos riesgos -que para mí no son tales-, démonos todas las garantías y el tiempo necesario. Sinceramente, no vemos la razón de la urgencia en que esto se trate en la primera sesión ordinaria del Senado del mes de julio. ¿O es que acaso esperamos enfrentarnos a algún peligro concreto? Si se cree que habrá una lesión al honor o a la integridad de la soberanía nacional, pido que se ponga en conocimiento de la Comisión y de este Cuerpo. ¡Que se llame a las cosas por su nombre! De no ser así, tomémonos todo el tiempo que sea necesario para sancionar leyes que ya están realmente perimidas y que no tienen mucho sentido.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Señor Presidente: quiero apoyar fervientemente las palabras pronunciadas por el señor Senador Cid. Me parece que las características del proyecto de ley que se propone, que limita las libertades, hacen necesario que por lo menos se consigan grandes mayorías. Personalmente, adelanto que en estas condiciones no puedo votar el artículo que se propone y tampoco lo puede hacer mi bancada.

Y en algo coincido con el señor Senador Korzeniak: este proyecto no tiene tufillo fascista, es fascista. Realmente coincido con usted, señor Senador: no tiene tufillo fascista; no es tufo lo que tiene, es fascista.

(Intervención del señor Senador Korzeniak que no se oye.)

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- La Mesa aclara al señor Senador que se está discutiendo una cuestión de orden y no el fondo del asunto.

SEÑOR MICHELINI.- La Mesa debe llamar al orden al señor Senador, porque está hiriendo el honor de otra persona.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Lo que dice el señor Presidente es verdad, pero creo que varios señores Senadores se han extendido en consideraciones sobre el proyecto.

De cualquier manera, quiero manifestar mi apoyo a la moción del señor Senador Cid, en los términos en que él la planteó, porque creo que es la forma en la que deberíamos procesar una cuestión de esta naturaleza.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: quiero expresar que estoy de acuerdo con que este asunto vuelva a Comisión para ser considerado y que en ese lapso se obtengan los informes necesarios. Creo que los términos en que se está dando esta discusión demuestran lo contrario, es decir, que no hay que socializar la información. Por ello, pienso que hay que tener mucho cuidado con este tipo de temas.

Como dije al comienzo, estoy de acuerdo con que se vote que el tema vuelva a Comisión y que allí se considere si en ese momento está maduro; de lo contrario, que se analice en otra sesión. Ahora sólo podemos tener un debate que quizás nos lleve a grandes líos.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- La Mesa interpreta que se han propuesto dos mociones. El señor Senador Korzeniak ha manifestado que acepta el pase a Comisión, pero con la condición de que el tema figure en el Orden del Día de la primera sesión ordinaria del mes de julio. Si ese criterio es aceptado por la bancada del Partido Nacional, estaríamos ante una sola moción; pero si no es así, habría una segunda moción.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Desde ya digo que no, señor Presidente. Tenemos el mejor ánimo contemporizador, más allá de que no se note…

(Hilaridad)

- Claramente quiero expresar que no vamos a aceptar el pase a Comisión con condicionamientos; no vamos a acompañar esa propuesta. Creemos que es necesario este pase y pedimos que se permita; la bancada de Gobierno tiene allí los votos necesarios para incluir el tema en la primera sesión ordinaria del Plenario o cuando se le antoje. Si estamos de acuerdo en votar una moción que diga que el tema vuelve a Comisión, no sé a santo de qué se hace el condicionamiento. El punto no nos parece menor. Por eso pedimos a la bancada de Gobierno que acompañe este temperamento pero, reitero, sin el condicionamiento, porque quizás sea necesario buscar los informes del caso.

Hacemos este aporte en positivo con el ánimo de que exista el mejor marco para el análisis de esta iniciativa.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: en realidad, voy a contestar una alusión.

Todos hablan de la búsqueda de consenso, pero, a su vez, se dice que el proyecto que acabamos de presentar es fascista. Esas cosas no se pueden hacer. Hay que tener un mínimo de responsabilidad cuando se hace referencia a una persona, sobre todo cuando lo que personalmente dije era que la ley que tenía un tufillo fascista era la del 36.

Ahora bien, ya que se hizo esa mención, quiero decir que esa ley fue aprobada por la mayoría del Partido Nacional de la época, que apoyó el golpe de Estado de Terra, y por el mismo Terra, Presidente del Partido Colorado. Ellos fueron los que aprobaron esa ley.

(Dialogados)

- Yo hablé de la mayoría del Partido Nacional, porque es lo que dicen. Solía escuchar con mucho gusto al ex señor Senador Santoro decir…

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Señor Senador: no se puede hacer alusiones.

Se van a someter a votación las dos mociones presentadas: la del señor Senador Korzeniak, en el sentido de que el tema vuelva a Comisión pero quede incluido en el Orden del Día de la primera sesión ordinaria del mes de julio, y la otra, que simplemente pide el pase a Comisión.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: creo que el planteo que se está haciendo no genera lo que personalmente entendía importante, que es que un proyecto de ley de esta magnitud e importancia, inscripto en este trascendente proceso histórico del país -recuerdo algunas declaraciones realizadas por un Coronel restituido en la República Argentina, que calificaba a la dictadura de ese país como potencialmente invasora del nuestro, pero no creo que la situación llegue a ese extremo- dé un encuadre político a algo que hoy estamos visualizando con mucha angustia: me refiero al hecho de haber concurrido a la Corte de La Haya a polemizar con un país hermano. Por cierto, esto está inscripto en ese proceso histórico, en momentos en que estamos polemizando con la República Argentina.

En mi opinión, tenemos que tratar de lograr consensos, sobre todo tratándose de un tema extraordinariamente delicado. No es un tema menor, señor Presidente. Por eso, considero que debemos dar a este asunto la máxima amplitud como para encontrar los consensos necesarios.

Quiero adelantar que no voy a acompañar con mi voto una postura que genere que este tema vuelva en una sesión determinada de julio, porque sabemos cómo funcionan las Comisiones en la Cámara de Senadores. Quedan ocho días para que comience el mes de julio, por lo que sólo va a haber una reunión de la Comisión que está estudiando este tema, y tal vez lo que se puede acordar en una sesión es a quién se va a consultar, porque supongo que va a tener que surgir alguna consulta sobre este asunto. Entonces, que sea tratado en la primera sesión de julio me parece realmente imposible, sobre todo cuando el objetivo que se debe buscar es el máximo consenso para aprobar este proyecto de ley en un contexto histórico delicado.

Quería dejar fundamentado mi voto previo a la votación.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor Senador Korzeniak en el sentido de que este tema vuelva a Comisión y quede incluido en la primera sesión ordinaria de julio.

(Se vota:)

-13 en 26. Negativa.

Se va a votar la moción presentada por la bancada del Partido Nacional, que propone que el tema vuelva a Comisión, pero sin condicionamiento en cuanto a que sea incluido en el Orden del Día de la primera sesión ordinaria de julio.

(Se vota:)

- 20 en 26. Afirmativa.

En consecuencia, este tema vuelve a Comisión para continuar siendo objeto de estudio.

14) SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA CONFERIR ASCENSOS MILITARES

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- El Senado ingresa a la consideración del asunto que figura en tercer término del Orden del Día: "Informes de la Comisión de Defensa Nacional, relacionados con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo a efectos de conferir los siguientes ascensos:

- al grado de Coronel de la Fuerza Aérea, con fecha 1º de febrero de 2006, a varios señores Tenientes Coroneles. (Carp. Nº 481/06 - Rep. Nº 242/06);

- al grado de Capitán de Navío de la Armada Nacional, con fecha 1º de febrero de 2006, a varios señores Capitantes de Fragata. (Carp. Nº 482/06 - Rep. Nº 245/06);

- al grado de Coronel del Ejército Nacional, con fecha

1º de febrero de 2006, a varios señores Tenientes Coroneles. (Carp. Nº 484/06 - Rep. Nº 244/06)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 481/06

Rep. Nº 242/06

Ministerio de Defensa Nacional

Montevideo, 7 de abril de 2006.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo G. Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la República, solicitando las venias correspondientes para conferir los Ascensos al grado de Coronel de la Fuerza Aérea, con fecha 1º de febrero de 2006, a los siguientes señores Tenientes Coroneles.

ESCALAFON "A" AVIADORES

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia:

Teniente Coronel (Av.) don Duilio Alberico Rebellato Furlán

Teniente Coronel (Av.) don Manuel Fernando Nieves Demarco

Teniente Coronel (Av.) don Hugo Milton Jackson Peña.

Teniente Coronel (Av.) don Oscar Horacio Caeiro Nobile

Teniente Coronel (Av.) don Ruben Angel Fros Luzardo

Teniente Coronel (Av.) don Jorge Antonio Alvarez Rodríguez

Teniente Coronel (Av.) don Miguel Angel Martínez Angelucci

ESCALAFON "B" NAVEGANTES LEYES Nº 16.170 Y 16.320

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

Teniente Coronel (Nav.) don Clementino Epifanio Gómez

Teniente Coronel (Nav.) don Edimer Josafat Guevara Cáceres

ESCALAFON "D" ADMINISTRACION Y ABASTECIMIENTO

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

Teniente Coronel (A.A.) don Ernesto Roberto Fernández Silva

ESCALAFON "F" COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

Teniente Coronel (C. y E.) don Carlos Alvaro Acosta Pañazo

ESCALAFON "G" METEOROLOGIA

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

Teniente Coronel (Met.) don Diego Ravera Guiria Parietti

Saluda a usted, con la mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Azucena Berrutti.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Defensa Nacional

ACTA Nº 30

En Montevideo, el día cinco de junio del año dos mil seis, a la hora diecisiete y trece minutos, se reúne la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, señores Senadores José Korzeniak, Carlos Moreira, Gustavo Penadés y Jorge Saravia.

Falta con aviso el señor Senador Eleuterio Fernández Huidobro.

Preside el señor Senador Carlos Moreira, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría el señor Julio Durán, Secretario de la Comisión, asistido por la señora María José Morador.

ORDEN DEL DIA:

Se continúa con el tratamiento de las venias:

1.- CARPETA Nº 481/2006. ASCENSOS AL GRADO DE CORONEL DE LA FUERZA AEREA. Venias para conferir ascensos a varios señores Tenientes Coroneles. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 798/2006.

2.- CARPETA Nº 482/2006. ASCENSOS AL GRADO DE CAPITAN DE NAVIO DE LA ARMADA NACIONAL. Venias para conferir ascensos a varios señores Capitanes de Fragata. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 799/2006.

3.- CARPETA Nº 483/2006. ASCENSO AL GRADO DE CAPITAN DE NAVIO DE LA ARMADA NACIONAL. Venia para conferir ascensos a un señor Capitán de Fragata. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 800/2006.

4.- CARPETA Nº 484/2006. ASCENSOS AL GRADO DE CORONEL DEL EJERCITO NACIONAL. Venias para conferir ascenso a varios señores Tenientes Coroneles. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 801/2006.

RESOLUCIONES:

CARPETA Nº 481/2006. Se vota. 4 en 4. AFIRMATIVA. Unanimidad. Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador Moreira.

CARPETA Nº 482/2006. Se vota: 4 en 4. AFIRMATIVA. Unanimidad. Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador Moreira.

CARPETA Nº 483/2006. Se vota: 4 en 4: NEGATIVA. Se deja expresa constancia de que esta venia, se resolvió negarla hasta tanto se constate la recuperación definitiva del individuo. Una vez constatado y confirmado dicho hecho la Comisión estaría dispuesta a aprobarla para el próximo año Militar. Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador Moreira.

CARPETA Nº 484/2006. Se vota: 4 en 4. AFIRMATIVA. Unanimidad. Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador Moreira.

A la hora diecisiete y treinta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que firman los señores Presidente y Secretario de la Comisión.

Carlos Moreira Presidente

Julio Durán Secretario.

Carp. Nº 482/06

Rep. Nº 245/06

Ministerio de Defensa Nacional

Montevideo, 7 de abril de 2006.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo G. Nin Novoa.

Tengo el honor de dirigirme a ese Cuerpo, solicitando las venias correspondientes para conferir los Ascensos al Grado de Capitán de Navío de la Armada Nacional con fecha 1º de febrero de 2006, a los siguientes señores Capitanes de Fragata, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la República.

EN EL CUERPO GENERAL

Por el Sistema de Antigüedad

- Capitán de Fragata (CG) don Ricardo Della Santa López

- Capitán de Fragata (CG) don Mario Alberto González Valcarce

- Capitán de Fragata (CG) don Sergio Daniel Dos Santos Aguiñaga

Por el Sistema de Selección

- Capitán de Fragata (CG) don Anselmo Borges Sampayo Guitérrez

- Capitán de Fragata (CG) don Roberto Elbio Sosa

- Capitán de Fragata (CG) don Alvaro Guillermo Suaya Mermot

- Capitán de Fragata (CG) don Javier Luis Nobile Duarte

- Capitán de Fragata (CG) don Daniel Enrique Menini Alvarez

- Capitán de Fragata (CG) don Héctor Gustavo Yori Souza

- Capitán de Fragata (CG) don Juan Pedro Retamoso Dupetit

EN EL CUERPO DE INGENIEROS DE MAQUINAS Y ELECTRICIDAD

Por el Sistema de Antigüedad

- Capitán de Fragata (CIME) don Angel Abal Rodríguez

Por el Sistema de Selección

- Capitán de Fragata (CIME) don Jorge Luis De León Zembi

- Capitán de Fragata (CIME) don José Eduardo Ayala Leyton

- Capitán de Fragata (CIME) don Gerardo Manuel Rosendo Bugallo

EN EL CUERPO DE APROVISIONAMIENTO Y ADMINISTRACION

Por el Sistema de Selección

- Capitán de Fragata (CAA) don Alberto Gabino Márquez Ferreira

- Capitán de Fragata (CAA) don Gustavo Adolfo Mochetti Aramendi

EN EL CUERPO DE PREFECTURA

Por el Sistema de Antigüedad

- Capitán de Fragata (CP) don Víctor Ricardo Alvez Izquierdo

- Capitán de Fragata (CP) don Raúl Mario Peluffo Machado

Por el Sistema de Selección

- Capitán de Fragata (CP) don Julio Daniel Gutiérrez Pérez

- Capitán de Frataga (CP) don Luis Eduardo Raffo Rusch

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Azucena Berrutti.

Carp. Nº 484/06

Rep. Nº 244/06

Ministerio de Defensa Nacional

Montevideo, 7 de abril de 2006.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo G. Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo solicitando las venias correspondientes para conferir los ascensos al grado de Coronel del Ejército Nacional, con fecha 1º de febrero de 2006, a los siguientes señores Tenientes Coroneles, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la República.

EN EL ARMA DE INFANTERÍA

Por el Sistema de Antigüedad

Teniente Coronel don Edison Linares Uscudum

Teniente Coronel don Jorge Gustavo Sanabria Guenaga

Teniente Coronel don Gustavo Salvador Molina Teliz

Teniente Coronel don Carlos Alvar María Furino Schinca

Teniente Coronel don Sergio Rico Fernández

Por el Sistema de Concurso

Teniente Coronel don Jorge Ramón Haboosh Escudero

Teniente Coronel don Gustavo Daniel Sosa Lagares

Teniente Coronel don Carlos Félix Bruno Santarcieri

Teniente Coronel don José Humberto Díaz Vecino

Por el Sistema de Selección

Teniente Coronel don Daniel Martínez Blanco

Teniente Coronel don Luis Antonio Marzuca Morales

Teniente Coronel don Alberto Mora Morales

Teniente Coronel don Julio César Etchesar Fretes

Teniente Coronel don Genaro Raúl Lusararián Alvariza

EN EL ARMA DE CABALLERIA

Por el Sistema de Antigüedad

Teniente Coronel don Julio César Casuriaga Crosa

Teniente Coronel don Gary Astul Benavides Nobre

Teniente Coronel don Juan Carlos Núñez Araujo

Teniente Coronel don Rolando Dionisio Ferreira Chavez

Por el Sistema de Concurso

Teniente Coronel don Washington Domingo Pereira

Osares Albornoz

Teniente Coronel don Julio Ariel Correa De León

Teniente Coronel don Gustavo Juan Bertrand Baroffio

Por el Sistema de Selección

Teniente Coronel don Ricardo Ariel Monge López

Teniente Coronel don Miguel Rodolfo Giordano Castro

Teniente Coronel don Héctor Manuel Tabarez Leal

EN EL ARMA DE ARTILLERIA

Por el Sistema de Antigüedad

Teniente Coronel don Luis Ricardo Barcala Debali

Teniente Coronel don Fernando Rodríguez Vera

Por el Sistema de Concurso

Teniente Coronel don Gonzalo Luis Agrelo Lopretti

Teniente Coronel don Federico Silva Pedragosa

Teniente Coronel don Jorge Milton Duarte Antoria

Por el Sistema de Selección

Teniente Coronel don Roberto Damborena Miles

Teniente Coronel don Alejandro Bordagorri Martínez

EN EL ARMA DE INGENIEROS

Por el Sistema de Antigüedad

Teniente Coronel don Héctor Carlos Rovera Di Landro

Por el Sistema de Concurso

Teniente Coronel don Enrique Jorge Durañona Gravier

Por el Sistema de Selección

Teniente Coronel don Alejandro Mauricio Costa Soba

EN EL ARMA DE COMUNICACIONES

Por el Sistema de Antigüedad

Teniente Coronel don Tilio Alberto Coronel Grillo

Por el Sistema de Concurso

Teniente Coronel don Mario Prieto Sosa

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

Dr. TABAREZ VAZQUEZ, Presidente de la República; Azucena Berrutti."

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Eber Da Rosa).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: el Poder Ejecutivo ha remitido al Senado varias solicitudes de venia para ascensos en las tres Fuerzas: en primer lugar, debemos considerar la Carpeta Nº 481/06, para el ascenso al grado de Coronel de la Fuerza Aérea de varios Tenientes Coroneles; en segundo término, la Carpeta Nº 482/06, para el ascenso al grado de Capitán de Navío de la Armada Nacional, de varios Capitantes de Fragata; en tercer lugar, la Carpeta Nº 483/06, para el ascenso al grado de Capitán de Navío de la Armada Nacional de un Capitán de Fragata y por último la Carpeta Nº 484/06, para el ascenso al grado de Coronel del Ejército Nacional de varios Tenientes Coroneles.

Hay tres mensajes del Poder Ejecutivo para ascensos, uno en la Fuerza Aérea, otro en la Armada Nacional y otro en el Ejército Nacional que no merecen objeciones de la Comisión de Defensa Nacional, que por unanimidad recomienda que se voten con fecha 1º de febrero del presente año.

Por otro lado, hay un pedido de ascenso de un Capitán de Fragata de la Armada Nacional respecto del cual la Comisión recomienda que se vote en sesión secreta, porque se van a hacer algunas consideraciones con relación a la conducta privada de esta persona. En este caso la Comisión también tiene una posición unánime. Si no me equivoco, según el Reglamento estas venias deberían votarse en forma separada y, si el Cuerpo lo entiende pertinente, deberíamos pasar a sesión secreta, a los efectos de considerar el último caso, que refiere al señor Sergio Salvador Satriani.

(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Susana Dalmás.)

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Corresponde considerar entonces las Carpetas Nº 481/06, 482/06 y 484/06.

SEÑOR SEGOVIA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SEGOVIA.- Quisiera hacer una acotación muy sencilla con relación a la Carpeta Nº 484/06, en lo que respecta a un integrante de Caballería que figura como Teniente Coronel "Don Washington Domingo Pereira Osares Albornoz". Concretamente, solicito que se controle el apellido, pues es compuesto y en general es "Pereira Soares" y no Osares. De corregirse, el apellido sería "Pereira Soares Albornoz". Sólo me resta agregar que se trata de un Oficial del departamento de Rivera y, por esa razón, creo no equivocarme.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- La Mesa tomará nota y se verificará, señor Senador.

En consideración la Carpeta Nº 481/06, por la que se concede venia al Poder Ejecutivo para conferir los ascensos al grado de Coronel de la Fuerza Aérea, con fecha 1ro. de Febrero de 2006, a los siguientes señores Tenientes Coroneles:

ESCALAFON "A" AVIADORES.

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia:

Teniente Coronel (Av.) don Duilio Albérico Rebellato Furlán

Teniente Coronel (Av.) don Manuel Fernando Nieves Demarco

Teniente Coronel (Av.) don Hugo Milton Jackson Peña

Teniente Coronel (Av.) don Oscar Horacio Caeiro Nobile

Teniente Coronel (Av.) don Ruben Angel Fros Luzardo

Teniente Coronel (Av.) don Jorge Antonio Alvarez Rodríguez

Teniente Coronel (Av.) don Miguel Angel Martínez Angelucci.

ESCALAFON "B" NAVEGANTES LEYES 16.170 y

Nº 16.320.

Por el sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia:

Teniente Coronel (Nav.) don Clementino Epifanio Gómez

Teniente Coronel (Nav.) don Edimer Josafat Guevara Cáceres

ESCALAFON "D" ADMINISTRACION Y ABASTECIMIENTO.

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia:

Teniente Coronel (A.A) don Ernesto Roberto Fernández Silva.

ESCALAFON "F" COMUNICACIONES Y ELECTRONICA.

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia:

Teniente Coronel (C. y E.) don Carlos Alvaro Acosta Panasso.

ESCALAFON "G" METEOROLOGIA.

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia:

Teniente Coronel (Met.) don Diego Ravera Giuria Parietti.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la Carpeta Nº 481/06.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- A los efectos de ahorrar el tiempo de lectura, formulo moción en el sentido de que se agreguen a la versión taquigráfica los nombres de los Oficiales que están siendo propuestos para ser ascendidos

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Así se hará, señor Senador.

En consideración la Carpeta Nº 482/06, referente a venias para conferir ascensos al grado de Capitán de Navío a los siguientes señores Capitanes de Fragata:

EN EL CUERPO GENERAL

Por el Sistema de Antigüedad

Capitán de Fragata (CG) don Ricardo Della Santa López

Capitán de Fragata (CG) don Mario Alberto González Valcarce

Capitán de Fragata (CG) don Sergio Daniel Dos Santos Aguiñaga

Por el Sistema de Selección

Capitán de Fragata (CG) don Anselmo Borges Sampayo Gutiérrez

Capitán de Fragata (CG) don Roberto Elbio Sosa

Capitán de Fragata (CG) don Alvaro Guillermo Suaya Mermot

Capitán de Fragata (CG) don Javier Luis Nobile Duarte

Capitán de Fragata (CG) don Daniel Enrique Menini Alvarez.

Capitán de Fragata (CG) don Héctor Gustavo Yori Souza

Capitán de Fragata (CG) don Juan Pedro Retamoso Dupetit

EN EL CUERPO DE INGENIEROS DE MAQUINAS Y ELECTRICIDAD

Por el Sistema de Antigüedad

Capitán de Fragata (CIME) don Angel Abal Rodríguez

Por el Sistema de Selección

Capitán de Fragata (CIME) don Jorge Luis De León Zembi

Capitán de Fragata (CIME) don José Eduardo Ayala Leyton

Capitán de Fragata (CIME) don Gerardo Manuel Rosendo Bugallo

EN EL CUERPO DE APROVISIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN

Por el Sistema de Selección

Capitán de Fragata (CAA) don Alberto Gabino Márquez Ferreira

Capitán de Fragata (CAA) don Gustavo Adolfo Mochetti Aramendi

EN EL CUERPO DE PREFECTURA

Por el Sistema de Antigüedad

Capitán de Fragata (CP) don Víctor Ricardo Alvez Izquierdo

Capitán de Fragata (CP) don Raúl Mario Peluffo Machado

Por el Sistema de Selección

Capitán de Fragata (CP) don Julio Daniel Gutiérrez Pérez

Capitán de Fragata (CP) don Luis Eduardo Raffo Rusch.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Me informa la Secretaría que se acaba de verificar el nombre de la persona a que se refería el señor Senador Segovia, quien estaba en lo cierto, por lo que la Mesa agradece su observación.

En consideración la Carpeta Nº 484/06, referente a ve-nias para conferir ascensos al grado de Coronel del Ejército Nacional a los siguientes señores Tenientes Coroneles:

EN EL ARMA DE INFANTERIA

Por el Sistema de Antigüedad

Teniente Coronel don Edison Linares Uscudum

Teniente Coronel don Jorge Gustavo Sanabria Guenaga

Teniente Coronel don Gustavo Salvador Molina Teliz

Teniente Coronel don Carlos Alvar María Furino Schinca

Teniente Coronel don Sergio Rico Fernández

Por el Sistema de Concurso

Teniente Coronel don Jorge Ramón Haboosh Escudero

Teniente Coronel don Gustavo Daniel Sosa Lagares

Teniente Coronel don Carlos Félix Bruno Santarcieri

Teniente Coronel don José Humberto Díaz Vecino

Por el Sistema de Selección

Teniente Coronel don Daniel Martínez Blanco

Teniente Coronel don Luis Antonio Marzuca Morales

Teniente Coronel don Alberto Mora Morales

Teniente Coronel don Julio César Etchesar Fretes

Teniente Coronel don Genaro Raúl Lusararián Alvariza

EN EL ARMA DE CABALLERIA

Por el Sistema de Antigüedad

Teniente Coronel don Julio César Casuriaga Crosa

Teniente Coronel don Gary Astul Benavides Nobre

Teniente Coronel don Juan Carlos Núñez Araújo

Teniente Coronel don Rolando Dionisio Ferreira Chavez

Por el Sistema de Concurso

Teniente Coronel don Washington Domingo Pereira Soares Albornoz

Teniente Coronel don Julio Ariel Correa De León

Teniente Coronel don Gustavo Juan Bertrand Baroffio

Por el Sistema de Selección

Teniente Coronel don Ricardo Ariel Monge López

Teniente Coronel don Miguel Rodolfo Giordano Castro

Teniente Coronel don Héctor Manuel Tabarez Leal

EN EL ARMA DE ARTILLERIA

Por el Sistema de Antigüedad

Teniente Coronel don Luis Ricardo Barcala Debali

Teniente Coronel don Fernando Rodríguez Vera

Por el Sistema de Concurso

Teniente Coronel don Gonzalo Luis Agrelo Lopretti

Teniente Coronel don Federico Silva Pedragosa

Teniente Coronel don Jorge Milton Duarte Antoria

Por el Sistema de Selección

Teniente Coronel don Roberto Damborena Miles

Teniente Coronel don Alejandro Bordagorri Martínez

EN EL ARMA DE INGENIEROS

Por el Sistema de Antigüedad

Teniente Coronel don Héctor Carlos Rovera Di Landro

Por el Sistema de Concurso

Teniente Coronel don Enrique Jorge Durañona Gravier

Por el Sistema de Selección

Teniente Coronel don Alejandro Mauricio Costa Soba

EN EL ARMA DE COMUNICACIONES

Por el Sistema de Antigüedad

Teniente Coronel don Tilio Alberto Coronel Grillo

Por el Sistema de Concurso

Teniente Coronel don Mario Prieto Sosa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Hay una solicitud del Miembro Informante, señor Senador Moreira, en el sentido de que la Carpeta Nº 483, referente a la venia para conferir ascenso al grado de Capitán de Navío de la Armada Nacional a un señor Capitán de Fragata, sea considerada en sesión secreta.

Se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD

Corresponde, entonces, que el Senado pase a sesión secreta.

(Así se hace. Es la hora 19 y 31 minutos.)

(En sesión pública)

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 19 y 36 minutos.)

- Dése cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- La Cámara de Senadores, actuando en sesión secreta, ha resuelto no conceder la venia correspondiente para conferir el ascenso al grado de Capitán de Navío de la Armada Nacional al señor Capitán de Fragata, Cuerpo General, don Sergio Salvador Satriani Contreras.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Correspondería pasar a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día, referente al proyecto de ley por el que se reglamenta el recurso de apelación establecido en el artículo 303 de la Constitución de la República.

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señora Presidenta: al parecer, este proyecto tiene encima una especie de magia que hace que su discusión nunca termine. Voy a aclarar. Esta iniciativa vino aprobada por la Cámara de Representantes, pero desde el punto de vista técnico habían surgido observaciones, algunas formales y otras informarles. Inclusive, algunas fueron entregadas a la Mesa por el señor Senador Gallinal en una sesión pasada.

Informalmente, he tomado conocimiento también de que el Partido Colorado tiene una propuesta para añadir.

Por todo lo expuesto, y también porque el señor Senador Gallinal no está presente, propondría -con todo mi pesar por no poder tratar esta reglamentación del artículo 303- que el punto se incluya en la próxima sesión ordinaria.

15) SE LEVANTA LA SESION

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- No habiendo número, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 19 y 39 minutos, presidiendo la señora Senadora Dalmás y estando presentes los señores Senadores Abdala, Aguirrezabala, Alfie, Bentancor, Cid, Fernández Huidobro, Korzeniak, Nicolini, Saravia, Segovia, Topolansky, Vaillant y Xavier.)

SR. RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini - Sr. Santiago González Barboni Secretarios

Sra. Nelly Tavares Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.