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Nº 95 - TOMO 432 - 14 DE JUNIO DE 2006

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

20ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR SENADOR ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO Presidente en ejercicio

Y LA SEÑORA SENADORA SUSANA DALMAS Segunda Vicepresidenta

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI Y SEÑOR SANTIAGO GONZALEZ BARBONI Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3 y 24. Asuntos entrados

4 y 25) Proyectos presentados

- Las señoras Senadoras Percovich, Topolansky y Xavier, y los señores Senadores Cid, Couriel, Fernández Huidobro, Korzeniak, Michelini, Nicolini, Ríos, Saravia y Vaillant presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se excluye de las Prestaciones de la Seguridad Social servidas por el Banco de Previsión Social a quienes hayan ocupado y ejercido la Presidencia de la República mediante procedimientos no previstos en la Constitución en el período comprendido en-tre el 27 de junio de 1973 y 31 de diciembre de 1984.

- A la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

- Los señores Senadores Alfie, Baráibar, Couriel, Heber, Larrañaga, Michelini, Nicolini y Rubio, presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se incorpora al régimen establecido por el Capítulo II de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002 (Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, artículos 45 a 49 inclusive), a las Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo (artículo 20 del Decreto 614/992 del 11 de diciembre de 1992).

- A la Comisión de Hacienda

- El señor Senador Sanguinetti presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa "Doctora Sofía Vignoli de Demicheli" una Sala del Edificio José Artigas, anexo al Palacio Legislativo.

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

- Las señoras Senadoras Percovich, Dalmás, Xavier y Topolansky y los señores Senadores Korzeniak, Segovia, Vaillant, Breccia, Nicolini, Lorier, Oliver, Saravia, Cid, Rubio, Couriel y Fernández Huidobro presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establece el derecho de acceso a la información y al amparo informativo y se crea el Instituto Nacional para la Información Pública.

- A la Comisión de Educación y Cultura.

5) Pedido de informes

- El señor Senador Long solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social, referido a las personas discapacitadas beneficiarias del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social.

- Oportunamente fue tramitado.

6) Inasistencias

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

7 y 9) Integración del Cuerpo

- Ingresa a Sala el señor Luis Oliver a quien, luego de prestar el juramento de estilo, se le declara investido de su cargo de Senador e incorporado al Senado de la República.

- Nota de desistimiento. La presenta el señor Pintado comunicando que por esta vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.

8 y 10) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Baráibar y Sanguinetti.

- Concedidas.

11) Primer Censo Nacional de Archivos

- Manifestaciones de la señora Senadora Percovich.

- Por moción de la propia señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a todas las Intendencias Municipales del país, a todas las Juntas Departamentales, a todos los Ministerios y empresas del Estado, así como a los organismos descentralizados.

12) Descentralización

- Manifestaciones del señor Senador Perdomo.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala a los 19 Intendentes Municipales, al Secretario General y al Prosecretario de la Intendencia Municipal de Canelones, a la Junta Departamental de Canelones y a los Ministerios de Economía y Finanzas, Ganadería, Agricultura y Pesca, Transporte y Obras Públicas, y Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

13) Situación de inseguridad en el departamento de Maldonado

- Manifestaciones del señor Senador Rodríguez.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al señor Ministro del Interior, al Presidente de la República, a la Jefatura de Policía de Maldonado, a la Junta Departamental de Maldonado y al señor Intendente de Maldonado.

14) Fenómenos lingüísticos

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

15) Dificultades que enfrenta la sociedad de Soriano

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz sobre diagnósticos de hepatitis en Dolores, robos en la Escuela Nº 39 de Mercedes y problemas de tendido de energía eléctrica en la Escuela Agraria de Concordia, departamento de Soriano.

 - Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala sobre el primer asunto al Ministerio de Salud Pública, a la Dirección Departamental de la Salud de Soriano y al Hospital de Dolores y con respecto al segundo y tercer ítem, al CODICEN, Primaria y UTU.

16) Privatización del Nuevo Banco Comercial

- Manifestaciones del señor Senador Alfie.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Presidencia de la República y al Banco Central del Uruguay.

17) Fernando Miguel Baccaro. Su deceso

- Manifestaciones del señor Senador Larrañaga.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de lo expresado en Sala al diario "El Telégrafo" y a todo su personal, a los familiares de Fernando Miguel Baccaro, a la Asociación de la Prensa Uruguaya, a la Sociedad Interamericana de Prensa y a la Organización de la Prensa del Interior.

18, 20 y 29) Alteración del Orden del Día

- Por moción del señor Senador Lara Gilene, el Senado resuelve alterar el Orden del Día y pasar a considerar en primer término el asunto que figura en decimotercer lugar.

- Por moción de la señora Senadora Dalmás, el Senado resuelve alterar el Orden del Día y pasar a considerar en segundo término el asunto que figura en quinto lugar.

- Por moción del señor Senador Couriel, complementada por el señor Senador Nicolini, el Senado resuelve alterar el Orden del Día y pasar a considerar los asuntos que figuran en tercero, cuarto y décimo término una vez finalizado el tratamiento del proyecto de ley referente a las cooperativas sociales.

19 y 21) Centenario de la Asamblea Nacional de la República de Panamá

- Por moción de la señora Senadora Dalmás, el Senado resuelve que se reparta el texto propuesto.

- Aprobado.

22) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para exonerar de su cargo a un funcionario público

- El Senado, en sesión secreta, concedió al Poder Ejecutivo la venia solicitada.

23 y 31) Cooperativas sociales

- Proyecto de ley por el que se establece su marco normativo.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

26 y 34) Sesión extraordinaria

- Por moción de varios señores Senadores, el Senado resuelve celebrar sesión extraordinaria el día 21 de los corrientes, a las 16 horas.

- Por moción del señor Senador Moreira, el Senado resuelve que el asunto que figura en el numeral 12) de esta sesión se postergue para la sesión extraordinaria del día miércoles 21.

27 y 30) Feriado no laborable para el departamento de Florida

- Por moción del señor Senador Gallinal, el Senado resuelve declarar su urgente consideración.

- Proyecto de ley por el que se declara el 10 de julio de 2006 feriado no laborable para ese departamento con motivo de conmemorarse los 150 años de su fundación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

28) Cambio de destino de carpeta

- Por moción del señor Senador Nicolini, el Senado resuelve enviar la Carpeta Nº 478/06 a la Comisión de Defensa Nacional en lugar de la Comisión de Constitución y Legislación.

32) Acuerdo Marco sobre Complementación Energética Regional Entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, suscrito en la Ciudad de Montevideo, el 9 de diciembre de 2005

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

33) Adhesión de la República al Acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

35) Maestro Carlos Chassale

- Proyecto de ley por el que se designa con su nombre a la Escuela Nº 276, del departamento de Montevideo.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

36) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 12 de junio de 2006.

 La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo miércoles 14 de junio, a la hora 16:00, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

 Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) por el que se reglamenta el recurso de apelación establecido en el artículo 303 de la Constitución de la República.

Carp. Nº 250/05 - Rep. Nº 234/06

2º) por el que se exceptúa de las disposiciones establecidas en los literales A y E del artículo 240 (gastos por expedición de pasaportes diplomáticos y especiales), de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990, al personal designado en Misión para cumplir Operaciones de Paz.

Carp. Nº 497/06 - Rep. Nº 236/06

3º) por el se aprueba el Acuerdo Marco sobre Complementación Energética Regional entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, suscrito en la ciudad de Montevideo, el día nueve de diciembre de 2005.

Carp. N 466/06 - Rep. Nº 240/06

4º) por el que se aprueba la adhesión de la República al Acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), suscrito en la ciudad de San José de Costa Rica, en junio de 1979.

Carp. Nº 502/06 - Rep. Nº 239/06

5º) por el que se regula el funcionamiento de las cooperativas sociales.

Carp. Nº 480/06 - Rep. Nº 246/06

6º) por el que se modifica el inciso cuarto del artículo 308 de la Ley Nº 16.060 (Sociedades Comerciales), de 4 de setiembre de 1989.

Carp. Nº 472/06 - Rep. Nº 248/06

7º) por el que se desafecta del Patrimonio del Estado (MTOP) y se afecta a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, el inmueble empadronado con el Nº 6686 ubicado en la 16ª Sección Judicial del departamento de Canelones.

Carp. Nº 197/05 - Rep. Nº 237/06

8º) por el que se transfieren a título gratuito del patrimonio del Estado al de la Intendencia Municipal de Soriano, varios padrones rurales en la zona del Castillo Mauá en el departamento de Soriano.

Carp. Nº 503/06 - Rep. Nº 238/06

9º) por el que se designa "Pedro Jacobo Etchemendy" la Escuela Rural Nº 43 del departamento de Paysandú, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

10) por el que se designa "Maestro Carlos Chassale" la Escuela Nº 276, del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Carp. Nº 386/05 - Rep. Nº 247/06

11) Discusión particular del proyecto de resolución referido a la edición de las obras del doctor Arturo Ardao, por medios electrónicos en primera instancia, y cuando resulte posible en libros.

Carp. Nº 477/06 - Rep. Nº 235/06

12) Informes de la Comisión de Defensa Nacional, relacionados con las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo a efectos de conferir los siguientes ascensos:

- al grado de Coronel de la Fuerza Aérea, con fecha 1º de febrero de 2006, a varios señores Tenientes Coroneles.

Carp. Nº 481/06 - Rep. Nº 242/06

- al grado de Capitán de Navío de la Armada Nacional, con fecha 1º de febrero de 2006, a varios señores Capitanes de Fragata.

Carp. Nº 482/06 - Rep. Nº 245/06

- al grado de Capitán de Navío de la Armada Nacional, con fecha 1º de febrero de 2006, a un señor Capitán de Fragata (CG).

Carp. Nº 483/06 - Rep. Nº 243/06

- al grado de Coronel del Ejército Nacional, con fecha 1º de febrero de 2006, a varios señores Tenientes Coroneles.

Carp. Nº 484/06 - Rep. Nº 244/06

13) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura. (Plazo Constitucional vence el 29 de junio de 2006)

Carp. Nº 471/06 - Rep. Nº 222/06

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Aguirrezabala, Alfie, Antía, Breccia, Cid, Couriel, Gallinal, Heber, Iturralde, Korzeniak, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Lorier, Michelini, Moreira, Nicolini, Oliver, Percovich, Perdomo, Rodríguez, Rubio, Sanguinetti, Saravia, Segovia, Topolansky, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, el Presidente del Senado, señor Rodolfo Nin Novoa y los señores Senadores Amaro, Baráibar, Da Rosa, Long, Penadés y Ríos.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 15 minutos.)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del MERCOSUR, adoptado por Decisión Nº 17/05, en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 20 de junio de 2005.

- por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Federativa del Brasil y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay para la Creación de Escuelas y/o Institutos Binacionales Fronterizos Profesionales y/o Técnicos y para la Habilitación de Cursos Técnicos Binacionales Fronterizos, suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 1º de abril de 2005.

- por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Turística entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Panamá, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 9 de noviembre de 1996.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- por el que se incluye en el cómputo bonificado de servicios (cuatro por cada tres efectivamente prestados), al personal afectado a la recuperación o búsqueda y detección de artefactos explosivos pertenecientes al Grupo K-9 "San Miguel Arcángel" de Perros de Trabajo Militar del Ejército y se modifica la redacción con referencia a los paracaidistas militares.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

El Ministerio de Educación y Cultura, conforme a lo establecido por el artículo 202 de la Constitución de la República, remite el asesoramiento requerido, para designar con el nombre "Maestro Carlos Chassale" a la Escuela Nº 276 del departamento de Montevideo.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

El Poder Ejecutivo remite Mensaje comunicando la promulgación del proyecto de ley por el que se exonera por esta única vez, de la sanción dispuesta por los literales A y B del artículo 21 de la Ley Nº 16.241, de 9 de enero de 1992, a los pasivos, los activos y a las empresas que no hubieran votado ni justificado en forma su omisión en las pasadas elecciones, a fin de elegir al representante ante el Directorio del Banco de Previsión Social, convocadas para el 26 de marzo de 2006.

- AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVESE.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite respuesta al pedido de informes solicitado por el señor Senador Enrique Antía, relacionado con auditorías realizadas a partir del mes de julio de 2005 a las Intendencias de Florida, Canelones, Treinta y Tres, Rocha y Maldonado.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR ANTIA.

La Cámara de Representantes:

- remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se designa "Eduardo Víctor Haedo" el Liceo Nº 4 de la ciudad capital del departamento de Maldonado, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

- por el que se designa "Juan Manuel Torreglosa Saizar" la Escuela Rural Nº 8 de Zanja Honda, departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

- por el que se designa "Reina Reyes" el Jardín de Infantes Nº 223 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

- por el que se determina a los efectos conmemorativos, el día 1º de setiembre de 1874, como fecha fundacional de la ciudad de La Paloma, del departamento de Rocha.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

- por el que se aprueba el Acuerdo Marco de Comercio entre el MERCOSUR y el Estado de Israel, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 8 de diciembre de 2005.

- por el que se aprueba la Decisión Nº 18/05 del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, sobre "Integración y Funcionamiento del Fondo para la Convergencia Estructural y Fortalecimiento de la Estructura Institucional del MERCOSUR (FOCEM)", hecha en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 19 de junio de 2005.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- por el que se dispone la actualización de los conceptos utilizados para hacer referencia a las personas con discapacidad en los textos normativos y se atiende la situación relativa al ingreso a empleos públicos de dichas personas.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

- comunica la aprobación del proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo Marco entre el MERCOSUR y la República de la India, hecho en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 17 de junio de 2003.

- AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVESE.

- y remite las siguientes notas:

- adjuntando copia de la exposición escrita presentada por el señor representante Andrés Abt relacionada con actos xenófobos en la capital de nuestro país contra la comunidad judía.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- del Banco Central, solicitando prórroga para dar respuesta al pedido de informes formulado por el señor Senador Isaac Alfie, referente a la rescisión del contrato celebrado entre dicho Banco y la empresa Thesis Uruguay S.A.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR ALFIE.

La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión eleva informado el proyecto de ley por el que se regula el funcionamiento de las cooperativas sociales.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informado el proyecto de ley por el que se designa "Maestro Carlos Chassale" la Escuela Nº 276 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

La Comisión de Hacienda eleva informado el proyecto de ley por el que se modifica el inciso 4º del artículo 308 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989 (Ley de Sociedades Comerciales).

- HAN SIDO REPARTIDOS. SE ENCUENTRAN EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Comisión de Defensa Nacional eleva informado el proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de un contingente de la Fuerza Aérea Uruguaya, a fin de participar en el Ejercicio Combinado (CRUZEX 2006) a llevarse a cabo en el Estado de Goias, República Federativa del Brasil, entre el 20 de agosto y el 2 de setiembre de 2006.

- REPARTASE. INCLUYASE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION ORDINARIA.

La Junta Departamental de Paysandú remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Edil Nicolás Olivera, relacionadas con "Beneficios Fiscales en las lámparas de bajo consumo".

La Junta Departamental de Artigas remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Edil Roberto Carlos Moreira, relacionadas con la conmemoración de la Batalla de Las Piedras y a la pérdida de soberanía que significa que ciudadanos extranjeros o sociedades anónimas compren tierras en el Uruguay.

La Junta Departamental de Canelones remite:

- nota comunicando que por Resolución Nº 386 de fecha 2 de junio de 2006, apoya la gestión promovida por el Congreso Nacional de Ediles, en el sentido de que el Ministerio de Educación y Cultura estudie la posibilidad de otorgar pensión graciable al poeta tacuaremboense Washington Benavides.

- Nota adjuntando copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Edil Gustavo Reynoso relacionadas con "Homenaje a Don José Batlle y Ordóñez en el 150º Aniversario de su nacimiento" y copia del Acta Nº 34 de 31 de mayo próximo pasado de la Sesión de dicha Junta Departamental.

La Junta Departamental de Rivera remite:

- nota aprobando un informe de la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes de dicha Junta, solicitando el otorgamiento de una pensión graciable al poeta tacuaremboense Washington Benavides.

- nota adjuntando copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Edil Gerardo Amarilla referidas al "Día Mundial del Medio Ambiente".

El Congreso Nacional de Ediles remite nota solicitando la unificación de criterios en la temática del tránsito, que se bajen los porcentajes de alcohol autorizados y lograr la libreta única de conducir.

- TENGANSE PRESENTES."

4) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Las señoras Senadoras Margarita Percovich, Lucía Topolansky y Mónica Xavier, los señores Senadores Alberto Cid, Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro, José Korzeniak, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini, Eduardo Ríos, Jorge Saravia y Víctor Vaillant presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se excluye de las Prestaciones de la Seguridad Social servidas por el Banco de Previsión Social a quienes hayan ocupado y ejercido la Presidencia de la República mediante procedimientos no previstos en la Constitución en el período comprendido entre el 27 de junio de 1973 y 31 de diciembre de 1984.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL."

(Texto del proyecto presentado:)

"PROYECTO DE LEY

ARTICULO 1º:

Exclúyese de las Prestaciones de la Seguridad Social servidas por el Banco de Previsión Social a quienes, habiendo ocupado y ejercido la Presidencia de la República mediante procedimientos no previstos en la Constitución en el período comprendido entre el 27 de junio de 1973 y 31 de diciembre de 1984, reciban las mismas -total o parcialmente- como consecuencia del desempeño de dicha actividad.

La presente disposición tendrá aplicación inmediata y futura aun para situaciones que pudieran estar operando a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, en cuyos casos dejarán de servirse las referidas prestaciones.-

ARTICULO 2º:

Las personas consideradas en el artículo anterior, serán particularmente reputadas reos de lesa nación (Art. 330 de la Constitución), quedando excluidas de toda consideración oficial, debiéndose enmendar por los jerarcas de la Administración y bajo su más seria responsabilidad, toda documentación oficial o pública, en que se les considere "Pre-sidente de la República" o atribuya el ejercicio de tal función.

Margarita Percovich, Lucía Topolansky, Mónica Xavier, Alberto Cid, Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro, José Korzeniak, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini, Eduardo Ríos, Jorge Saravia,Víctor Vaillant. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

... "para que todos comprendan que el último acto de toda empresa política, es la sumisión lisa y llana al Código Fundamental; la sumisión al gobierno impersonal de la Ley" (Francisco Bauzá, Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, T 33, pág. 204).

Más de una treintena de años ha pasado desde el inicio del último quiebre institucional en nuestro país. A partir del 27 de junio de 1973, y durante toda la dictadura "cívico-militar" que culmina con las elecciones de 1984 y la reinstitucionalización democrática de 1985, algunos ciu-dadanos se abrogaron ilegítimamente el honor de ocupar

la máxima magistratura del país, la Presidencia de la República. Y lo hicieron violando la Constitución y la Ley, sin otra razón que la fuerza desplegada contra sus compatriotas.

Tales ciudadanos no merecen ser considerados y recordados como ocupantes del sitial que la Historia reserva para un pequeño puñado de hombres de nuestro pueblo que, ungidos por la voluntad soberana de la Nación, fueron elevados al lugar de "primeros ciudadanos", de Presidentes de la República. Admitir que estos "usurpadores del poder" sean considerados, recordados y reputados como Presidentes, no sólo es injusto para quienes, sin oír otra voz que la del Pueblo libremente expresada en las urnas, accedieron oportuna y legítimamente a ese sitial, sino que, además, resulta ofensivo al Estado de Derecho conquistado por la lucha, el sacrificio y el esfuerzo de nuestro pueblo.

Más de una treintena de años ha pasado desde el comienzo de aquella nefasta "empresa política" comenzada y seguida por hombres que, creyéndose iluminados y poseedores de una verdad revelada, violaron la Carta Fundamental y, por la fuerza, intentaron dominar la Voluntad Soberana de la Nación. Pero esa Voluntad Soberana, acallada en las Instituciones Democráticas, en su Parlamento disuelto, en su Poder Judicial independiente, siguió gritando -luchando y sufriendo- en las calles y en las plazas, en las cárceles y en el exilio, hasta que se erigió definitivamente victoriosa sobre los despojos de estos usurpadores, en la elección de noviembre de 1984. Y les enseñó a ellos y a todos y para siempre, lo que Francisco Bauzá, gran historiador patrio y Representante Nacional, como una enseñanza permanente de la Historia ha expresado: "que todos comprendan que el último acto de toda empresa política, es la sumisión lisa y llana al Código Fundamental; la sumisión al gobierno impersonal de la Ley".

Creemos que este Proyecto de Ley que se presenta tiende a reparar una injusticia histórica y a poner las cosas en su justo término y, al mismo tiempo, a defender y promover la Democracia y el Estado de Derecho en nuestro Uruguay. En efecto, al excluir a esos usurpadores del gobierno de los beneficios que la Seguridad Social presta a quienes se han desempeñado como Presidentes de la República, y al excluirlos de toda otra consideración oficial enmendando la documentación pública referenciada, se repara una injusticia para con quienes ocuparon la máxima magistratura de la Nación, por la voluntad soberana del pueblo. Si, según el concepto aristotélico, "Justicia es dar igual a los iguales y desigual a los desiguales", no podemos considerar igual a quienes son desiguales, no podemos considerar Presidentes a quienes no lo fueron, no podemos tratarlos igual a quienes lo fueron por Derecho, no podemos darles su mismas prestaciones...

En ese sentido, el Art. 1° del Proyecto, excluye de las Prestaciones de la Seguridad Social servidas por el BPS, a quienes hayan ejercido la Presidencia de la República mediante procedimientos no previstos en la Constitución en el período 27/6/1973 - 31/12/84, y reciban las mismas -total o parcialmente- como consecuencia de tal actividad. Los supuestos de hecho de aplicación de esta norma son dos: a) haber ocupado el cargo señalado por procedimientos no previstos en la Constitución en el lapso considerado, y b) recibir la prestación (total o parcialmente) como consecuencia de esa actividad. Y la aplicación de lo dispuesto es inmediata a la entrada en vigencia de la Ley, cesando de esa manera la inequidad planteada. La norma entiende, como razón de fondo (ratio iuris), que siendo ilegítima la actividad desempeñada ella no puede generar prestaciones de seguridad social; admitir lo contrario daría derecho a prestaciones de la seguridad social a todos los delincuentes, les bastaría simplemente con probar el ejercicio de la actividad delictiva..., lo cual - es obvio- resulta aberrante. De la misma manera, siendo ilegítima la prestación, la misma no puede generar un derecho adquirido a percibirla; no hay un "derecho a seguir percibiendo" una prestación ilegítima basada en una actividad ilegítima (contraria a Derecho, a la Constitución y a la Ley). Tal conclusión es hasta de sentido común...Nadie se imagina un derecho de los dictadores a cobrar jubilación (o acumular a otra) por el ejercicio de tal actividad.

El Art. 2° del Proyecto, explicita y es aplicación del Art. 330 de la Constitución. En efecto, señala que las personas consideradas en el art. 1° serán "particularmente reputadas reos de lesa nación". La Constitución en el Art. referido dispone que aquellos que violen sus disposiciones sean, entre otras cosas, "reputados" como reos de lesa nación. Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, "reputado" es el participio pasivo de reputar, que quiere decir "Juzgar o hacer concepto del estado o calidad de una persona o cosa"; y reputación es "Opinión que las gentes tienen de una persona". Y reo es el "acusado, culpado"; o "persona que por haber cometido una culpa merece castigo" (Vigésima Primera Edición). Por tanto, la "opinión que las gentes", o sea la opinión que la Nación y el Estado tiene de estas personas, no puede ser la de Presidente de la República; debe ser - por mandato Constitucional- la de reos de lesa nación. Y, en consecuencia, la documentación oficial y pública debe estar en consonancia con tal reputación, por lo que la misma se debe enmendar (testar, por ejemplo). Eso es lo que este artículo dispone y ordena.

La acción del Parlamento y de la Ley en particular tiene, entre muchos otros fines, un fin educativo. Es quizá esta misión, una de las misiones más nobles que la Democracia confía a su accionar. Sí, la Ley debe propender a generar conciencia cívica, conciencia ciudadana, conciencia democrática. Los Parlamentos deben estar a la altura de esta trascendente función si quieren asegurar el Estado de Derecho. Cada niño, cada anciano, cada ciudadano debe ver en la Ley, el último reducto imperecedero de un gobierno impersonal, que nos obliga a todos por igual. Cada ciudadano, al mirar la acción del Parlamento, debe ver en su actividad diaria una expresión inclaudicable de defensa del Derecho, de la Constitución. Esa es la razón última de este Proyecto de Ley. La Justicia, aunque pueda tardar, llega...

Los orientales, no reputaremos ni trataremos como Presidentes a quienes se adueñaron del Poder y del Gobierno violando la Constitución, avasallando las Instituciones Democráticas, subyugando a su Pueblo.

En cuanto a esos dictadores, y a todos los usurpadores de turno del Poder, si este fuera el último acto de un Pueblo que se expresa en Democracia a través de sus Legítimos Representantes, verán en él la actualización de la enseñanza que el viejo historiador patrio impartiera hace ya mucho tiempo: "que el último acto de toda empresa política, es la sumisión lisa y llana al Código Fundamental; la sumisión al gobierno impersonal de la Ley".

Margarita Percovich, Lucía Topolansky, Mónica Xavier, Alberto Cid, Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro, José Korzeniak, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini, Eduardo Ríos, Jorge Saravia,Víctor Vaillant. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Los señores Senadores Isaac Alfie, Carlos Baráibar, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini y Enrique Rubio, presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se incorpora al régimen establecido por el Capítulo II de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002 (Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, artículos 45 a 49 inclusive), a las Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo (artículo 20 del Decreto 614/992 del 11 de diciembre de 1992).

- A LA COMISION DE HACIENDA."

(Texto del proyecto presentado:)

"PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Incorpórase al régimen establecido por el Capítulo II de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002 (Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, artículos 45 a 49 inclusive) a las Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo (artículo 20 del Decreto 614/992, del 11 de diciembre de 1992).

Las Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo deberán cumplir con los aportes previstos por el artículo 47 de la Ley Nº 17.613, al Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios.

Luis A. Heber, Carlos Baráibar, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini, Isaac Alfie, Alberto Couriel, Jorge Larrañaga, Enrique Rubio. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo son una de las cinco modalidades de Empresa de Intermediación Financiera reguladas por la Superintendencia de Intermediación Financiera del Banco Central del Uruguay. Dentro de esta clasificación son una de las tres que reciben el ahorro público de residentes, conjuntamente con los Bancos y Cooperativas de Intermediación Financiera.

Tanto los Bancos como las Cooperativas de Intermediación Financiera pueden realizar, además de otros negocios financieros, la administración de Círculos de Ahorro Previo o Consorcios. Las Administradoras de Grupos de Ahorro Previo, en cambio, tienen giro exclusivo.

Con la legislación actual, los adherentes a los círculos administrados por las Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo -varios miles de ciudadanos residentes-, no están amparados por el seguro vigente, mientras que aquellos que adhieran a círculos formados por Bancos o Cooperativas de Intermediación Financiera sí lo están.

Por lo expresado, es claro que es preciso incluir en el seguro a este tipo de empresas y corregir una situación que distorsiona gravemente las condiciones de competencia entre las empresas de intermediación financiera, en perjuicio de las Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo. La situación de giro único (organización y administración de agrupamientos), unida a la falta de seguro de depósitos, compromete las posibilidades de supervivencia comercial de estas empresas.

El proyecto de ley tiene por única finalidad resolver el problema indicado. La norma propuesta incorpora a las Empresas Administradoras de Grupos de Ahorro Previo, al régimen general de protección del ahorro bancario, disponiendo que las empresas administradoras de tales grupos de ahorro realicen en forma obligatoria los correspondientes aportes al Fondo de Garantía.

Luis A. Heber, Carlos Baráibar, Rafael Michelini, Leonardo Nicolini, Isaac Alfie, Alberto Couriel, Jorge Larrañaga, Enrique Rubio. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Julio María Sanguinetti presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa "Doctora Sofía Vignoli de Demicheli" una Sala del Edificio José Artigas, anexo al Palacio Legislativo.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACIÓN."

(Texto del proyecto presentado:)

"Montevideo, 7 de junio de 2006

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

La presente iniciativa se lleva a cabo con el fin de que el Parlamento Nacional tribute un homenaje que por postergado no es menos merecido a la doctora Sofía Álvarez Vignoli de Demicheli quién, además, de desempeñarse como Senadora de la República fue sin duda de las mujeres más importantes de nuestro país en el siglo XX, ya que fue la autora de la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, promulgada en 1946 y actualmente en vigencia.

La doctora Vignoli de Demicheli, nació en Montevideo en 1899 y realizó estudios universitarios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, egresando con el título de Abogada y habiendo sido premiada con la Medalla de Oro que otorga esa Casa de Estudios

Fue Delegada del Uruguay con poderes de Plenipotenciaria ante la VII Conferencia Panamericana con sede en Montevideo y Vocal de la Comisión Redactora del Código del Niño (1933); Miembro Honorario del 1er. Consejo del Niño del Uruguay (1934-1940); delegada del Colegio de Abogados del Uruguay al X Congreso Panamericano de Abogados realizado en Buenos Aires (1937); Delegada del Uruguay al 1er. Congreso Panamericano de Vivienda Popular realizado en Buenos Aires (1939); Vocal del Patronato de Encarcelados y Liberados (1941); Miembro de la Comisión Revisora del Código del Niño y Secretaria de la misma (1943); Miembro de la Comisión Nacional de Cooperación Intelectual (1943); Miembro de la Comisión de Legislación de la Mujer (1943); Vocal de la Comisión Nacional de Lucha Antituberculosa (1944); Miembro de la Comisión Financiera y Social de los problemas de post-guerra (1944); Miembro de la Conferencia Nacional de Asistencia Social y Juvenil designada por el Consejo de Niño del Uruguay (1945); Delegada al IX Congreso Panamericano de Abogados realizado en Montevideo (1951); Delegada a la VII Conferencia Interamericana de Mujeres realizada en Santiago de Chile (1951); Vocal de la Comisión Revisora del Código del Niño (1951); Delegada a la VII Conferencia de la Comisión Interamericana de Mujeres realizada en Río de Janeiro (1952); Delegada a la Conferencia Panamericana de la Comisión de Mujeres realizada en Washington (1963), etcétera.

De la misma manera, ejerció la presidencia de la Unión Internacional de Protección a la Infancia. En 1964 actuó como Presidente de la Federación Uruguaya Acción Social. Fue coautora del Código del Niño vigente en el Uruguay desde 1934 y de la Ley de "Derechos Civiles de la Mujer", promulgada en 1946. Delegada permanente del Uruguay ante la Comisión Interamericana de Mujeres con sede en Washington. También fue Vocal de la Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia; Presidenta de la Mesa Redonda Panamericana del Uruguay; Miembro de la Fundación Morquio; Vicepresidenta de la fundación "Niños del Campo"; Miembro de la 1era Campaña del "Timbre de Salud contra la Tuberculosis y el Cáncer.

También se desempeñó como la primera Presidenta del Comité Femenino del Colegio de Abogados del Uruguay; fundadora y primera Presidenta de la Asociación de Estudiantes y Profesionales Católicos.

Fue Asesora Jurídica de la Asociación Morquio; de la de Visitadoras del Uruguay; de la Liga Uruguaya contra el Alcoholismo; del Instituto de Ciegos "General Artigas"; del Instituto de Sordo Mudos; y de Hogares Infantiles.

Publicó las siguientes obras: 1933, Derechos Civiles y Políticos de la Mujer; 1940, La Vivienda Económica y el Huerto; 1941, Solución Jurídica de Problemas Nipiológicos; 1942, Legislación en la Defensa Social del Niño; 1946, Los Derechos Civiles de la Mujer; 1952, Legitimación Adoptiva en el Derecho Comparado.

Falleció el 12 de mayo de 1986.

Por todo lo anteriormente expuesto, considero que es de estricta justicia rendir el presente homenaje a la doctora Sofía Vignoli de Demicheli, designando con su nombre una Sala del Edificio José Artigas, anexo al Palacio Legislativo, como testimonio del reconocimiento del Poder Legislativo y para ejemplo de dignidad republicana de futuras generaciones.

Julio María Sanguinetti. Senador.

PROYECTO DE LEY

Artículo único.- Desígnase Doctora Sofía Vignoli de Demicheli una Sala del Edificio José Artigas, anexo al Palacio Legislativo.

Julio María Sanguinetti. Senador."

5) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Ruperto Long, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social, referido a las personas discapacitadas beneficiarias del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social.

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO."

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, junio 8 de 2006.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi consideración:

Cúmpleme solicitar a Ud. se dé trámite al siguiente Pedido de Informes, que deberá ser respondido por el Ministerio de Desarrollo Social, conforme a lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República:

TEMA: Personas discapacitadas beneficiarias del Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social.

1) Por Ley Nº 17.869, de fecha 20 de mayo de 2005, se estableció el Plan de Atención Nacional de la Emergencia Social (PANES) dada la situación de pobreza e indigencia constatados por el Instituto Nacional de Estadísticas: ¿Cuántas personas discapacitadas son beneficiarias del mencionado plan?

2) Asimismo se solicita información porcentual de la cantidad de personas discapacitadas beneficiarias del PANES en relación con la totalidad de los beneficiarios del mismo.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente,

Ing. Ruperto E. Long. Senador."

6) INASISTENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a la anterior convocatoria, en el caso de que hubieren existido.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- A la sesión ordinaria del 6 de junio faltó con aviso el señor Senador Lorier; a la sesión extraordinaria del día 7 de junio faltó con aviso el señor Senador Baráibar.

En lo que respecta a las inasistencias de los señores Senadores a sus respectivas Comisiones, cabe informar que: a la sesión de la Comisión de Hacienda del 6 de junio faltaron con aviso los señores Senadores Abreu, Larrañaga, Nicolini y Rubio, y a la del día 8 de junio faltaron con aviso los señores Senadores Abreu y Larrañaga; a la sesión de la Comisión Especial de Deporte del 6 de junio faltaron con aviso los señores Senadores Alfie y Nicolini; a la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 8 de junio faltaron con aviso los señores Senadores Alfie, Lorier y Saravia; a la sesión de la Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca del mismo día faltaron con aviso los señores Senadores Baráibar, Lorier y Saravia; a la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del mismo día faltaron con aviso los señores Senadores Long y Penadés; a la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del mismo día faltaron con aviso los señores Senadores Baráibar y Larrañaga; a la sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología del 12 de junio faltaron con aviso los señores Senadores Iturralde y Lara, y a la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del mismo día faltó con aviso el señor Senador Fernández Huidobro.

7) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiéndose votado oportunamente la licencia solicitada por el señor Senador Da Rosa, se invita a pasar a Sala al señor Alberto Perdomo a los efectos de prestar el juramento de estilo.

(Ingresa a Sala el señor Alberto Perdomo)

- Se invita al Senado y a la Barra a ponerse de pie.

Señor Alberto Perdomo: "¿Jura usted desempeñar debidamente el cargo de Senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República?"

SEÑOR PERDOMO.- Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE.- "¿Jura usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General?"

SEÑOR PERDOMO.- Sí, juro.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda usted investido del cargo de Senador.

(Aplausos en la Sala y en la Barra)

8) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Baráibar solicita licencia los días 14 y 15 de junio".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 14 de junio de 2006.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa:

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo se me otorgue licencia por enfermedad de conformidad con la Ley 17.827, Artículo 1º, Inciso A) por los días 14 y 15 de junio y se convoque a mi suplente correspondiente.

Se adjunta el certificado médico correspondiente.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente

Carlos Baráibar. Senador"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 20 en 23. Afirmativa.

9) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica al Cuerpo que el señor Enrique Pintado ha presentado nota de desistimiento informando que por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto.

Por consiguiente, corresponde convocar al señor Albérico Segovia, quien ya ha prestado el juramento de estilo por lo que, si se encontrara en Antesala, se le invita a pasar al Hemiciclo.

10) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Sanguinetti solicita licencia desde el día 21 al 28 de junio inclusive".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 14 de junio de 2006.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Al amparo del literal D del Artículo 1º de la Ley 17.827 solicito al Cuerpo que usted preside se me otorgue licencia desde el día 21 al 28 de junio inclusive con el fin de asistir a la conferencia ‘Acciones de Responsabilidad Social en Educación: Las Mejores Prácticas en América Latina’ que se realizará en la ciudad de Bahía -organizada por la Fundación Jacobs, la Fundación Lemann, y el Instituto Gerdau- a la que he sido invitado a participar como disertante.

Saludo a usted con mi mayor estima.

Julio María Sanguinetti. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

11) PRIMER CENSO NACIONAL DE ARCHIVOS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la hora previa.

Tiene la palabra la señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: quiero resaltar una actividad realizada por el Archivo General de la Nación -dependiente del Ministerio de Educación y Cultura- que da respuesta a una vieja inquietud personal.

En el pasado mes de mayo, en el Centro Cultural de España, con el apoyo del Ministerio de Cultura español, se presentó el Primer Censo Nacional de Archivos que reúne en una primera publicación los distintos fondos documentales existentes en el país.

Esta primera etapa comprendió la realización de relevamientos en la capital del país, circunscripción que aglutina a la mitad de la población total del Uruguay. Se identificaron archivos públicos pertenecientes a la Administración Central, a los Ministerios y otras dependencias, empresas públicas y servicios descentralizados, así como también archivos del sector educativo, incluidos los universitarios.

Por otra parte, a nivel de archivos privados, se relevaron empresas de distintos rubros, instituciones y asociaciones sin fines de lucro que aportaron un aspecto lo más amplio posible de la realidad archivística en este sector.

Destaco que este primer relevamiento recoge 235 archivos relevados, de los cuales un 75% corresponde a la Universidad de la República, un 16% a los organismos del Estado y el 8% restante al sector privado. De los 39 archivos del Estado, 9 son de la Intendencia Municipal de Montevideo, lo que justifica una tarea de recuperación de la memoria que se inició con la Administración que integré como Legisladora departamental desde l990, y que las siguientes continuaron.

Es lógico que nuestro centro mayor de estudios terciarios sea absolutamente sistemático en el registro de su propia historia documental, pero este primer esfuerzo de mapear el estado de la memoria institucional y cultural deja claramente visible la pobreza de registros que tienen nuestras instituciones públicas que, además, deben incorporar culturalmente el mandato del registro documental e histórico.

En este sentido, quiero celebrar la presencia al frente del Archivo General de la Nación de la profesora Alicia Casas que, como excelente historiadora, recupera para esta Institución sus objetivos centrales: orientar y coordinar la conservación y el servicio del patrimonio documental de la Nación.

Los archivos tienen como fin disponer la organización de los documentos a los efectos de recuperar la información, y en un Estado de Derecho cumplen la función de prueba, de garantía, de seguridad, de perpetuidad y de transparencia. Por eso son importantes, tanto para la Administración como para la cultura de un pueblo en tanto custodian los documentos que institucionalizan las decisiones administrativas y preservan la memoria de las colectividades.

En este sentido, como en tantos otros temas del país, este primer censo y el compromiso de continuar con la segunda etapa están en el camino de ampliar esta recuperación y democratización de los datos que son de todos y de todas.

Espero que todas las instituciones públicas se sumen, se incorporen a esta página web que proporciona el censo y se modernicen en las formas de recolección de datos y de archivo y en las facilidades para el acceso a los usuarios.

Cabe agregar que el Ministerio de Educación y Cultura está elaborando una actualización de la vieja Ley de Archivos que colaborará en el proceso de modernización del registro de la información del Estado, y varias organizaciones de la sociedad civil han presentado en esta misma Casa una propuesta de ley de acceso a la información pública que es realmente interesante y que constituye un desafío técnico y cultural.

Queríamos traer a conocimiento del Cuerpo estas iniciativas que nos alegran, y deseamos que se trasladen a todas las Intendencias Municipales del país, a todas las Juntas Departamentales, a todos los Ministerios y empresas del Estado, así como a los organismos descentralizados, a los efectos de impulsar este esfuerzo que se realiza desde el Ministerio de Educación y Cultura y desde el Archivo General de la Nación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) DESCENTRALIZACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Perdomo.

SEÑOR PERDOMO.- Quiero aprovechar la oportunidad, no para hablar de temas de coyuntura y polémicos -que vaya si los hay en el Uruguay de estos días-, sino para referirme a un tema de fondo que es una querida y vieja bandera de nuestro Partido Nacional: la descentralización. Ello conlleva la necesidad de jerarquizar los agentes locales y la autonomía financiera para mejorar la mala utilización de los recursos públicos, las disparidades regionales, los desequilibrios en el mercado laboral, la acumulación y concentración del capital y la movilidad territorial de la población. Lo que al fin y al cabo, se convierte en una especie de colonialismo interno que crea diferencias y en el que las zonas deprimidas terminan subvencionando a las que tienen otras posibilidades de desarrollo.

A este respecto, creemos que la autonomía municipal es un tema vigente y de relevancia. Básicamente, se ha incurrido en un proceso de centralismo y concentración desde hace varios años a la fecha; se comenzó con un 10% ó 15% de dependencia de las Intendencias Municipales para con el Gobierno Central, llegando a un actual 50% en muchos casos. Este ha sido un proceso de los últimos 15 ó 20 años y hemos comprobado la enorme necesidad de cambiar, por ejemplo, una ley orgánica municipal que data de 1935 y que no se corresponde con esta realidad en que las Intendencias ya no cumplen solamente el rol tradicional, sino que en muchos casos también son motores y promotoras del desarrollo y de la productividad, y son las que atienden las necesidades sociales del departamento. Incluso, en ocasiones deben atender las omisiones que tienen las empresas públicas en cada una de las zonas del territorio de la República; me refiero a OSE, UTE, ANTEL, policlínicas, traslado de muchachos a los centros de estudio, comedores -¡que vaya si en el 2002 prosperaron!- y puestos para el mantenimiento del estatus bromatológico, tan necesario en el momento de la aftosa. Todos estos servicios fueron y son brindados sin intervención ni apoyatura económica del Gobierno Central. Las Intendencias lo hacen porque son la primera cara del Estado frente a la gente, pero sin contar con los recursos apropiados.

Por lo tanto, es necesario retroceder este proceso de centralismo que se va generando, no sólo en los distintos Poderes Ejecutivos que han actuado, sino también en este Parlamento, a la hora de votar los tributos a los semovientes o la Ley Forestal, que tal vez fue la única acción estatal exitosa para generar un motor de la economía pero que, al fin y al cabo, trasladó la responsabilidad de la realización de redes viales o puentes a seis o siete departamentos sin retribución alguna desde el Gobierno Central. También hay que tener en cuenta los impuestos que hoy pasan a ser competitivos en parte, como el de Primaria, que grava un bien que ya está gravado por las Intendencias Municipales y que en algunos casos subió en un 1000%. Lo mismo sucede con lo que el Partido Nacional llama ajuste fiscal y el Gobierno denomina reforma tributaria, cuando baja los aportes patronales de los servicios descentralizados y las empresas públicas, de un 26,5% a un 7,5%, y no incluye a las Intendencias Municipales. También hay que mencionar las pautas que dio el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente al Congreso de Intendentes como base para la conformación de una Ley de Ordenamiento Territorial que básicamente plantea la tutela de la DINOT y programas nacionales y que, a nuestro juicio, equivocan la estrategia de lo que debe ser un plan de ordenamiento territorial. Pensamos que se debe concebir desde abajo hacia arriba y no a la inversa; es decir que no deben ser estrategias nacionales que encierren la posibilidad del desarrollo local, sino estrategias locales que permitan constituir una estrategia nacional de ordenamiento lo suficientemente flexible y acaparadora como para lograr un país armonioso e integrado.

Estas mismas bases plantean conceptos tributarios inaplicables y cambios en las reglas de juego en la Dirección Nacional de Catastro y en la Administración que generaran más problemas que posibilidades. El artículo 298 de la Constitución de la República, que consagra el Fondo para el Desarrollo del Interior, se convirtió en una partida presupuestal a la que el Gobierno Central le fija destino, plazos y seguimiento, en contra una vez más de la autonomía municipal. Como decíamos, en el fondo es una estrategia equivocada ya que no permite el desarrollo de algo que le falta al país, que es la prosperidad de la sociedad civil como tal.

Sobre todas las cosas, quiero hacer una breve reflexión. En muchas oportunidades los politólogos y opinólogos nos hablan de familias ideológicas con relación al capital, al trabajo o a la lucha de clases. Cabe ver aquí la correlación entre el Estado benefactor y el Estado planificador, no como una forma de dividir a los uruguayos, sino como una manera alternativa de observar cuáles son las reales familias ideológicas. Al respecto, el Partido Nacional ha estado permanentemente en la lucha por la descentralización y, en ese sentido, podemos mencionar el proyecto de Wilson Ferreira de 1986 y la conducción del doctor Larrañaga, que supo ser dos veces electo Intendente en su departamento y conduce a su partido permanentemente por la senda de la descentralización.

Queríamos hacer estas reflexiones en este corto lapso en función de que el Partido Nacional, más allá del discurso y la acción, en esta materia está siendo coherente desde la oposición en el Departamento de Canelones, asistiendo a la convocatoria que hizo el Intendente para integrar las Juntas Locales. Cuando fue Gobierno, el Partido Nacional las integró y hoy, como oposición, atiende la convocatoria de este Gobierno Departamental presentando a 204 mujeres y hombres para que den lo mejor de sí a los efectos de lograr una gran gestión de Gobierno para Canelones. Más allá de las diferencias que tenemos con este Gobierno y de no haber estado de acuerdo en los nombramientos previos al Presupuesto, de haber votado contrariamente ese Presupuesto Municipal, de haber estado en contra del llenado del organigrama anterior de la Intendencia Municipal de Canelones y de no concebir a un Canelones metropolitano -en el que no creemos porque terminamos siendo, como dijimos más de una vez en la campaña electoral, una especie de patio trasero de la Capital en el que nos invade el transporte capitalino, y porque de acuerdo con comentarios y proyectos existentes, nos convertiremos hasta en el basurero de la propia ciudad de Montevideo-, a la hora de plantear el comienzo de un proceso de descentralización política, que es necesario en Canelones, el Partido Nacional fue la única fuerza política que estuvo presente y que mantuvo coherencia. Al fin y al cabo nos planteamos dar lo que hubiéramos requerido si hubiésemos sido Gobierno. Esa coherencia nos llevó a integrar estas Juntas Locales y comenzar la descentralización política, que ojalá lleve a una descentralización económica ya que la identidad de Canelones se basa en su propia heterogeneidad, en la necesidad de generar autonomía como la de la Ciudad de la Costa o en la necesidad de dar la responsabilidad de la decisión a sus protagonistas en cada uno de sus pueblos.

En consecuencia, ojalá que detrás de este Mensaje de carácter administrativo y político venga la creación de más juntas locales y, sobre todo, que se traslade la decisión económica para que los protagonistas puedan hacer rendir en obras, con mayor eficiencia, las economías exiguas de un Gobierno Municipal al que queremos que le vaya bien. Pugnamos por la autonomía municipal, pero no sólo para las Intendencias que conduce el Partido Nacional, sino para todas ellas.

Simplemente queríamos comentar un tema que nos parece de coherencia básica y mostrar cómo este Partido Nacional no sólo trabaja desde el discurso y la acción parlamentaria, sino también en los hechos y desde la oposición en un departamento tan importante como el de Canelones, que está llevando adelante este tipo de propuestas descentralizadoras que creemos básicas para vertebrar el territorio de la República sin perder el sueño de vivir en una patria que tenga más armonía y que sea integrada en sí misma, tal como ha sido el anhelo permanente de esta colectividad política.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los 19 Intendentes Municipales, al Secretario General y al Prosecretario de la Intendencia Municipal de Canelones, a la Junta Departamental de Canelones y a los Ministerios de Economía y Finanzas, de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Transporte y Obras Públicas, y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

13) SITUACION DE INSEGURIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE MALDONADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Rodríguez.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Señor Presidente: vengo del departamento de Maldonado e, indudablemente, no puedo ser ajeno a los hechos que están ocurriendo constantemente, día a día; la gente y las fuerzas políticas no pueden ser indiferentes ante los hechos.

Frente a la inseguridad latente, palpitante, a la vista de todos, hemos escuchado al señor Ministro del Interior decir que se trata de un sentimiento de inseguridad, y a la señora Jefa de Policía hablar de una sensación de inseguridad. Nada de eso, señor Presidente. Todos somos responsables de lo que hoy está sucediendo en Maldonado y de lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Hay un estado absoluto de inseguridad.

Quisiera dar a conocer una cantidad de cifras oficiales para demostrar que no se trata de un sentimiento ni de una sensación. En Maldonado se han perdido los derechos humanos, la libertad de salir con la tranquilidad de que la señora, la hija o el marido vuelvan a su casa; hasta se ha perdido la tranquilidad de trabajar, porque mientras el marido está trabajando, está pensando en lo que le puede estar sucediendo a su hija, a su nieto o a su familia. Se ha perdido absolutamente todo: la libertad, el orgullo que sentíamos los hijos del departamento al salir al exterior y manifestar que en Maldonado, además de las bellezas naturales, de la arena y el sol, podíamos ofrecer seguridad. Eso hoy se ha perdido. No existe la posibilidad de que alguien viva tranquilo. Vivimos con el síntoma del miedo; existe miedo por todo. Aquellas hermosas residencias, las casas que veíamos con grandes vidrieras, hoy están tras las rejas. Los buenos, los trabajadores, la gente decente, están tras las rejas, mientras los delincuentes están sueltos. Con tristeza vemos que una cantidad de argentinos que habían venido a residir permanentemente a Punta del Este, hoy han puesto letreros de venta en sus viviendas y se han ido; han dejado nuestra zona por la inseguridad.

El señor Ministro no puede decir que hay un sentimiento de inseguridad ni podemos admitir que la señora Jefa de Policía manifieste…

VARIOS SEÑORES SENADORES.- Aplique el Reglamento, señor Presidente.

SEÑOR RODRIGUEZ.- Ustedes deben preocuparse como políticos, porque hoy la fuerza popular está diciendo que la fuerza política es la que tiene la culpa de todo eso. Por lo tanto, no estoy fuera del Reglamento.

(Campana de orden)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa pide al señor Senador que se rija por el Reglamento, que impide hacer alusiones políticas durante la hora previa.

SEÑOR RODRIGUEZ.- Me estoy dirigiendo al señor Ministro y a la señora Jefa de Policía, que es la que tiene a su cargo la seguridad del departamento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Le he hecho un llamado a que respete el espíritu del Reglamento, que prohíbe hacer alusiones políticas en la hora previa ya que los demás señores Senadores no pueden contestarlas. Ya en la anterior alocución la Mesa fue generosa en ese sentido, pero se puede constatar que se desordena el debate.

SEÑOR RODRIGUEZ.- Señor Presidente: de acuerdo con los datos oficiales -todos sabemos que los hurtos y los delitos no son denunciados en un cien por ciento, sino que apenas se denuncia un 30% o un 40%, y eso lo ha dicho la propia Policía-, en el mes de abril hubo 575 hurtos en general, 38 hurtos de ciclomotores, 23 de motos, 6 de vehículos de cuatro ruedas, 21 arrebatos, lo que da un total de 663 hurtos. En cuanto a las bicicletas, en el mes de abril se denunciaron 174 hurtos. Además, se denunciaron 12 abigeatos, 3 rapiñas y un copamiento. Por lo tanto, se cometieron 853 delitos, a los que hay que sumar un homicidio, 72 lesiones y 6 delitos sexuales, totalizando así 79 delitos contra la persona física y la moral del hombre. Por consiguiente, en el mes de abril hubo 932 delitos. Eso no es sentimiento ni sensación.

Llegamos a mayo con la esperanza de que realmente se hubiesen tomado medidas y hubiese vuelto la tranquilidad al departamento. Mucha gente hizo un esfuerzo para desarrollar el departamento de Maldonado, la ciudad de Punta del Este y sus zonas aledañas. Hubo mucho esfuerzo del sector privado, de las fuerzas políticas, en fin, de todos, pero las cifras aumentaron. De 575 hurtos en general, pasamos a 745, lo que fue anunciado oficialmente por la Jefatura. Ante todas estas cifras debemos recordar que el 70% no se denuncia. Los hurtos de ciclomotores aumentaron a 43, los de motos a 42, los de vehículos a 16 y los arrebatos a 34, con lo que llegamos a 880 hurtos. Los hurtos de bicicletas aumentaron de 174 a 214 en el mes de mayo. Hubo 5 abigeatos, 2 rapiñas y copamientos. Quiere decir que el total de delitos fue de 1.101.

Señor Presidente: ¡cómo no nos vamos a preocupar! Hay manifestaciones, no ya políticas, sino populares, porque allí concurre gente del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado, que no protesta contra un partido, sino que pide seguridad. No podemos ser ajenos al momento que estamos viviendo en el departamento ante esto que va en aumento. Es necesario tomar medidas.

¿Puede decirse que se trata de una sensación o de un sentimiento cuando la encargada de la Jefatura, al producirse el homicidio de un empresario y antes de que aparezca el delincuente -que todavía no ha aparecido- manifiesta que a éste se le escapó un tiro en el forcejeo? ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo va a salir a la prensa a decir que fue un forcejeo y que se le escapó un tiro que pegó en la nuca de la víctima, cuando la señora, que estaba a su lado, no pudo impedir que alguien viniera a matarlo en fracciones de segundo? ¿Cómo pudo decir, cuando mataron a un ciudadano de una inmobiliaria, que fue por un ajuste de cuentas, si todavía no había aparecido el delincuente, y al encontrarlo se aclaró que había sido extorsionado por un escribano y un delincuente para que firmara una documentación? ¿Cómo pudo decir que era un ajuste de cuentas porque se había quedado con 250.000 euros? ¡No! Le estamos haciendo mal a la sociedad, y la fuerza política, sea del partido que sea, no puede ser ajena a ello. Es necesario tomar alguna medida.

Anoche, bajo lluvia, la gente salió a la Plaza de Maldonado, y había personas de todos los partidos. Personalmente, vi militantes del partido de Gobierno que bajo el agua gritaban: "¡seguridad, seguridad!", porque tienen hijos, nietos y cónyuges; son trabajadores y quieren estar seguros. No podemos ignorar este problema, porque todas las fuerzas políticas están involucradas. El Ministro dice que no le da la legislación, y la Jefa de Policía dice que no le dan los recursos.

Señor Presidente: creo que es hora de que todos asumamos la responsabilidad. Hoy tenemos a la prensa argentina hablando constantemente de la inseguridad de Maldonado y de Punta del Este. No hay un solo diario que no se refiera a la inseguridad, a la muerte, a los asaltos y a los porcentajes de delitos. ¿Puede creer alguien que tendremos una próxima temporada turística con este panorama? Es imposible, cuando todo el Golf tiene patrullaje particular y está en venta. Eso es lo que tenemos que corregir; eso es lo que vengo a pedir, no en mi nombre, sino en el de la opinión pública, de la ciudadanía, de todos los partidos políticos. Esto no es en contra de ningún partido político; es el deber de tomar medidas que tenemos todos los que actuamos en la vida política.

Señor Presidente: ¿usted cree que un joven de 17 años es menor 11 meses y 29 días, y que el día en que cumple la mayoría de edad empieza a fojas cero, sin ningún antecedente? Corrijamos eso. La gente tiene que actuar viendo la realidad de este departamento, porque no podemos ser ciegos ni sordos; tenemos que vivir la realidad de este departamento. No importa que no me puedan contestar.

Quiero que la versión taquigráfica de estas palabras pase al señor Ministro del Interior, al señor Presidente de la República, a la Jefatura de Policía de Maldonado, a la Junta Departamental de Maldonado y al señor Intendente de Maldonado, para que sepan que todas las fuerzas políticas y sociales del departamento están unidas y dispuestas a trabajar y luchar para recuperar lo que teníamos: la seguridad, que es la mejor bandera que tenía el Uruguay y el departamento de Maldonado para ser vendida en el exterior.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 15 en 22. Afirmativa.

14) FENOMENOS LINGÜISTICOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: se ha dicho ex profeso y con consciente error -pero con mérito comunicacional al magnificar la importancia que para la humanidad tiene ese sistema de signos que empleamos llamado lenguaje- que, si los animales hablaran o sonrieran, serían humanos, más allá de las diferencias anatómicas.

La conquista del habla como expresión fonética, más el agregado de otros signos como los gestuales, dibujos, mímicas, usos, códigos, etcétera, permitió un más rápido desarrollo de la inteligencia social y con ello la rica posibilidad de un más acendrado dominio del medio ambiente, acrecentado con valor exponencial a partir de que las palabras habladas pudieron también reconvertirse en lenguaje gráfico con la invención de la escritura.

Nacía así para la especie que somos lo que el canadiense Marshall Mac Luhan dio en llamar la "Galaxia Gütenberg", en alusión a la imprenta y a su creador alemán, prodigioso invento que popularizó más los contactos entre los seres, de los vivos con los vivos, de los vivos con los muer-tos.

El prodigio dio utilidades y generó tanta autoestima a los parlantes que pretendieron acercarse a los imbatibles cielos según cuenta metafóricamente la Biblia levantando ese mítico "zigurat" denominado Torre de Babel. Creció tanto en altura que siempre se alimentó la intención de ir a un piso más. Hasta que la altanería provocó el previsible derrumbe. Cuando los constructores y las peonadas se sacudían el polvo entre escombros, quisieron hablar, no pudiendo entenderse entre sí. Emitían frases y oraciones que los demás no comprendían. ¡Cuánta confusión de allí y para siempre!

Hoy, señor Presidente, el mensaje de la Torre de Babel parece haberse instalado entre nosotros con fuertes cimientos. Hablamos, escribimos, difundimos imágenes, musicales o fonéticas, etcétera, pero suponemos y creemos no estar muy alejados del espíritu de esa descripción cuando decimos hoy una cosa y mañana la corregimos con otros términos porque el receptor del mensaje no lo entendió o, aun captándolo, nuevos hechos, replanteos o revisiones de lo que fue apresurado, obligan a poner una violenta marcha atrás para restaurar la situación de origen.

Se pierde así el rumbo y todos parecemos babilónicos. Terminamos por no entendernos y, como seudo-solución compensatoria, gastamos tiempo y energía pensante en inventar criptogramas, anagramas, palabras cruzadas, y toda una parafernalia de lo contradictorio e inasible que ya la querría para sí Dan Brown para una remake de su famoso libro "El Código da Vinci", hoy película de sala llena.

Por ahí se dice que el Estado tiene Poderes separados con normas que evitan interferencias, pero se refuta que el Poder es uno y que la libertad de expresión permite incursionar en los interespacios, casi que introduciéndonos en la jurisdicción ajena; que esto es un gesto y el eco de la siguiente jornada exclama que es una resolución; que se refinancian deudas…, que no; que se renuncia…, que no; que la jubilación es una renta…, que no; que se despenaliza…, que no; que el Derecho de Propiedad tiene límites…, que sin embargo no pueden ser confiscatorios; que se hace la defensa de un delito cometido y así tipificado con sentencia del Poder Judicial incluida por un lado y, por otro, se dan muestras de adhesión y solidaridad con el infractor; que debe predominar la autonomía del Juez sentenciando y, por otro, se mediatiza la necesidad de tomar la jurisprudencia como fuente de derecho, que no lo es en el Uruguay, para que ante hechos iguales, o por lo menos similares, no haya fijación de sendas penas, tan pero tan distantes en su rigor.

No se descarta que haya buena fe en quien emite la premisa inicial como en quien la refuta, pero los efectos son siempre urticantes pues disminuyen credibilidades que agitan los ambientes y presionan los sistemas sociales

Los estudiosos de estos fenómenos lingüísticos señalan que los signos que empleamos en el lenguaje son de dos tipos. Los denominados denotados y los connotados. Son denotados los conceptos según lo que objetivamente expresan: una mesa es una mesa, es decir, tabla horizontal y cuatro patas. Y son connotados según la idea que en nuestra mente se crea o se sugiere sobre una mesa, la que necesariamente no tiene que ser igual en el caso de dos personas portantes de una experiencia personal propia e intransferible.

Creemos que estamos jugando los uruguayos -peligrosamente- en esa colisión de la denotación con la connotación. En esta Cámara, que constituye parte principal de un Parlamento, lugar donde se "parla", es bueno hacer una detención reflexiva y meditar sobre el asunto y también ejemplificar en gestión denotativa, lo que ahora me permito.

15) DIFICULTADES QUE ENFRENTA LA SOCIEDAD DE SORIANO

SEÑOR PRESIDENTE.- Para ocuparse de otros temas, tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- En primer lugar, urge conocer científicamente cuál es el vector que provoca los diagnósticos de la hepatitis ya endémica en Dolores, por el alto, creciente y permanente número de casos, que ya denunciamos el pasado 15 de marzo, hace tres meses.

En segundo término, la Escuela Nº 39 de Mercedes, ubicada en un barrio muy conflictivo y muy inseguro de la periferia sur de la ciudad, ha sido reiteradamente robada y le es imprescindible contar con un sistema de alarma.

En tercer lugar, la Escuela Agraria de la Concordia, en Soriano, sede de cursos de alternancia, necesita urgente solución a los problemas en los tendidos de la energía eléctrica, y conectar a la red de Internet su aula de informática.

Por eso pido que la versión taquigráfica de mis palabras pase, en el primer ítem, al Ministerio de Salud Pública, a la Dirección Departamental de la Salud de Soriano y al Hospital de Dolores y, en el segundo y tercer ítem, al CODICEN, Primaria y UTU, para que se interesen en cada caso de afinidad de la apremiante solución de los temas planteados y constatados.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

16) PRIVATIZACI0N DEL NUEVO BANCO COMERCIAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: muy brevemente, quisiera distraer la atención del Cuerpo para referirme a la reciente privatización del Nuevo Banco Comercial, así como a la discusión que se está dando sobre el destino de los fondos.

En primer lugar, voy a hacer un poco de historia. La privatización del Banco llevó un proceso largo, cuya estrategia original, que era que fueran socios del Banco la Corporación Financiera de Inversiones del Banco Mundial y la Corporación Internacional de Inversiones del BID, fracasó. Este proceso se llevó a cabo entre marzo de 2003 y mayo de 2004 y, a partir de allí, las autoridades del Gobierno del Partido Colorado decidieron contratar a un broker para privatizarlo. De hecho, en febrero de 2005 no sólo estaba el broker, sino también las ofertas recibidas, y quienes te-níamos la responsabilidad de decidir en ese momento no abrimos los sobres ni conocimos las ofertas, dejando esa tarea para las nuevas autoridades, lo que parecía ser lo correcto.

Quince meses después de un largo proceso, el Banco se vende, se privatiza; el ingreso proveniente es muy importante y coincide con el valor de capital de libros del Banco. Estamos hablando de un total de aproximadamente U$S 170:000.000 y se discute sobre el destino que se da a este dinero. El dinero que vale el Banco, su capital, provino del préstamo de agosto de 2002, cuando el país pidió la asistencia internacional. Con ese dinero se subrogaron determinados pasivos del Banco, el activo del depositante, se pagaron depósitos en Caja de Ahorro y en Cuenta Corriente, el 100 % tanto en pesos como en dólares, y a partir de diciembre de 2002 se termina pagando el 100 % de los depósitos en dólares hasta U$S 100.000. El Estado subroga a los acreedores, que eran los depositantes, y queda con un crédito. Ahora bien; ese crédito provino de una deuda. Por lo tanto, una vez recuperada parte del capital de esta deuda, como es un ingreso de una única vez, no es recurrente -esto llega ahora y ya está- y, por lo tanto, deberíamos ahorrarlo y aplicarlo al pago de deuda. Todo el dinero que ingresa debe ser ahorrado y aplicado inmediatamente al pago de deuda. Con esto no solamente ahorramos los intereses, que son un flujo anual, sino también el tener que cobrar impuestos para después pagar la deuda. Hay antecedentes de este tipo de conductas. Precisamente, sobre fines de 2004 el Banco de la República canceló al Gobierno U$S 212:000.000 por concepto de la deuda por la asistencia financiera que le dio durante la crisis, que por otra parte era el saldo neto de la asistencia financiera. Con ese dinero el Gobierno canceló deuda de manera instantánea y lo hizo por el mismo razonamiento que acabo de expresar.

Por lo tanto, entiendo que el Poder Ejecutivo debe disponer de manera inmediata de los fondos y cancelar deuda, esto es, no tomar nuevo endeudamiento, o directamente amortizar vencimientos.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida al Ministerio de Economía y Finanzas, a la Presidencia de la República y al Banco Central del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

17) FERNANDO MIGUEL BACCARO. SU DECESO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Señor Presidente: queremos agradecer al señor Senador Gallinal quien nos ha brindado la oportunidad de poder hacer uso de la palabra en la hora previa, en virtud de que él estaba anotado, para hacer referencia al lamentable fallecimiento del Director del diario "El Telégrafo" de Paysandú, Fernando Miguel Baccaro, hace ya más de treinta días, y que enlutó a la sociedad sanducera y a la prensa de este país.

Fernando Baccaro fue Director del diario "El Telégrafo" a los 23 años, es decir, hace más de cuarenta años. Realmente fue un hombre que apoyó de manera incondicional todos los emprendimientos relacionados con el desarrollo del departamento, del litoral y del interior de la República. Fue un hombre que revistió en su carácter de periodista, y tuvo una condición muy apreciada que fue su ecuanimidad y su pluralidad. ¿Quién de los políticos de este país que pasó por el departamento de Paysandú, no figuró en las distintas páginas del diario "El Telégrafo", teniendo una oportunidad para expresar su pensamiento?

Fernando Baccaro ejerció el periodismo con amplitud y con un sentido de defensa de las cosas que el departamento y el país necesitaban y reclamaban. Fue un defensor a ultranza de Paysandú, del interior y de los derechos al desarrollo nacional integral. Siempre puso su palabra a disposición y al servicio de la región, y las páginas del diario siempre estuvieron abiertas para las iniciativas ciudadanas y de los distintos gobiernos sin importar la filiación política.

Fue un verdadero periodista, un destacado empresario del periodismo, pero también fue, sin lugar a dudas, un ser humano excepcional.

Lamentablemente, nuestro departamento pierde a una referencia extraordinaria, a un periodista ejemplar, a un hombre de iniciativa, de valor y de coraje cívico, que en Paysandú todos apreciamos.

Fue Vicepresidente de la Organización de la Prensa del Interior -OPI-, fue relator de la Sociedad Interamericana de Prensa para el Uruguay y fue un Vicepresidente regional de esa organización.

Hoy el departamento siente de manera muy especial la pérdida de este hombre que ocupó un espacio muy importante y trascendente en la vida de todos los sanduceros en el departamento. Además, desde su diario siempre fue una guía en lo que significaron las distintas iniciativas, como mencionaba hace unos instantes.

En nuestro caso fuimos Intendente de aquel departamento ¡y vaya si tuvimos muchas veces que sufrir la crítica que se ejercía desde ese diario!, crítica en muchos casos acertada, pero siempre tenía la mejor intención y perseguía el mejor interés del departamento y de la cosa pública.

Fernando Miguel Baccaro fue una persona de indudables dotes y condiciones humanas, un orgullo del departamento y de los sanduceros. Su padre, Fernando Baccaro Adamoli tuvo el apoyo incondicional para aquellos emprendimientos industriales de los que también fue cofundador, como en el caso de Paylana, Paycueros y Azucarlito. Además, justo es reconocer que ese diario, nuestro diario "El Telégrafo" de Paysandú, siempre ha sido un impulsor de los grandes temas del país, del departamento y de la región.

Es por este motivo que, como Senador de la República y como hombre nacido en Paysandú, tengo hoy el enorme orgullo de ocupar este tiempo en el Cuerpo para brindar el homenaje que se merece este señor periodista, este señor ser humano, este hombre que tuvo, tiene y tendrá un enorme predicamento en la prensa de nuestro país y en lo que significa nuestro departamento.

Solicito que la versión taquigráfica de mis humildes palabras sea enviada al diario "El Telégrafo" y a todo su personal, a los familiares de Fernando Miguel Baccaro, a la Asociación de la Prensa Uruguaya, a la Sociedad Interamericana de Prensa y a la Organización de la Prensa del Interior.

Por este medio también quiero extender mi sentido pésame ante esta lamentable desaparición física a sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares y a todos aquellos ciudadanos que tenían en este hombre a una persona de respeto y consideración.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

18) ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más oradores inscriptos para hacer uso de la palabra en la hora previa, corresponde ingresar a la consideración del Orden del Día.

SEÑOR LARA GILENE.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARA GILENE.- Señor Presidente: solicito que se altere el Orden del Día y que el asunto que figura en decimotercer término se considere en primer lugar, teniendo en cuenta que se trata de una solicitud del Poder Ejecutivo para destituir a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura y que el plazo constitucional vence el 29 de junio de 2006.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

19) CENTENARIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA

SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: en realidad, voy a presentar dos mociones.

La primera de ellas tiene que ver con una solicitud que me realizó el señor Senador Baráibar, quien se encuentra hospitalizado por un quebrando de salud. En su calidad de Vicepresidente del PARLATINO, me ha pedido que trasmita al Plenario que ese Cuerpo ha solicitado la posibilidad de emitir un pronunciamiento sobre la conmemoración del centenario del Parlamento de la República de Panamá. Se trata de una moción de resolución cuyo texto voy a entregar para que sea repartido a los señores Senadores y luego, si el Senado lo entiende conveniente, se someta a votación. De todas maneras, paso a darle lectura.

Dice así: "En el centenario de la Asamblea Nacional de la República de Panamá, y coincidiendo con la conmemoración del 180 Aniversario del Congreso Anfictiónico de Panamá, celebrado el 22 de junio de 1826 como expresión de un viejo sueño de Simón Bolívar, quien lo impulsó como parte de sus esfuerzos en pro de la unidad de los pueblos de nuestro continente, el Senado de la República Oriental del Uruguay hace llegar a ese Cuerpo su fraterno saludo junto con su seguridad de que los lazos de amistad y cooperación entre los parlamentos de ambos países continuarán estrechándose y contribuyendo a un destino de democracia y prosperidad para todos los pueblos de América Latina y el Caribe".

Concretamente, este es el texto propuesto para enviar al Parlamento de la República de Panamá.

SEÑOR PRESIDENTE.- Repártase para que pueda ser leído por los señores Senadores, luego de lo cual será sometido a votación.

20) ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa en el uso de la palabra la señora Senadora Dalmás, para plantear otra cuestión de orden.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: aceptando -como no podía ser de otra manera- lo ya votado por el Cuerpo en el sentido de alterar el Orden del Día y pasar a tratar en primer término el asunto que figura en decimotercer lugar, solicito que el punto quinto del Orden del Día -es decir, el proyecto de ley por el que se regula el funcionamiento de las cooperativas sociales- sea tratado en segundo término, dada la urgencia que nos ha manifestado reiteradamente el Ministerio de Desarrollo Social en contar con ese instrumento.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada por la señora Senadora Dalmás, en el sentido de que el numeral quinto del Orden del Día sea tratado en segundo término.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

21) CENTENARIO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa entiende que corresponde pasar a votar la moción de resolución propuesta por la señora Senadora Dalmás, que ha sido repartida.

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"En el centenario de la Asamblea Nacional de la República de Panamá, y coincidiendo con la conmemoración del 180 Aniversario del Congreso Anfictiónico de Panamá, celebrado el 22 de junio de 1826 como expresión de un viejo sueño de Simón Bolívar, quien lo impulsó como parte de sus esfuerzos en pro de la unidad de los pueblos de nuestro continente, el Senado de la República Oriental del Uruguay hace llegar a ese Cuerpo su fraterno saludo junto con su seguridad de que los lazos de amistad y cooperación entre los parlamentos de ambos países continuarán estrechándose y contribuyendo a un destino de democracia y prosperidad para todos los pueblos de América Latina y el Caribe".

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción de resolución que acaba de ser leída.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

22) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA EXONERAR DE SU CARGO A UN FUNCIONARIO PUBLICO

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con lo resuelto, el Senado pasa a sesión secreta.

(Así se hace. Es la hora 17 y 23 minutos.)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 17 y 25 minutos.)

-Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

La Cámara de Senadores, actuando en sesión secreta, resolvió conceder al Poder Ejecutivo la venia solicitada para destituir de su cargo, por la causal de ineptitud física, a un funcionario de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, quien presta servicios en la sede de la Fiscalía Letrada Departamental de Rosario.

23) COOPERATIVAS SOCIALES

SEÑOR PRESIDENTE.- De acuerdo con lo oportunamente resuelto, el Senado pasa a considerar el asunto que figura en quinto lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se regula el funcionamiento de las cooperativas sociales. (Carp. Nº 480/06 - Rep. Nº 246/06 y Anexo I)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 480/06

Rep. Nº 246/06

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Población,

Desarrollo e Inclusión

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Definición y objeto).- Las cooperativas sociales son aquellas cooperativas de trabajo que tienen por objeto propocionar a sus miembros un puesto de trabajo para el desarrollo de distintas actividades económicas, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, con el fin de lograr la inserción social y laboral de los jefes y jefas de hogares pertenecientes a sectores con necesidades básicas insatisfechas, jóvenes, discapacitados, minorias étnicas y todo grupo en situación de extrema vulnerabilidad social.

Artículo 2º. (Legislación aplicable).- Las cooperativas sociales se regirán por las disposiciones de la presente ley, y en lo previsto por las disposiciones de las Leyes Nº 10.761, de 15 de agosto de 1946; Nº 17.794, de 22 de julio de 2004; Nº 16.156, de 29 de octubre de 1990, y demás aplicables a las cooperativas de producción o trabajo asociado, y por los principios cooperativos con reconocimiento universal que estén integrados al derecho interno.

Ante cuestiones que no puedan resolverse por la legislación aplicable se deberá recurrir a las soluciones consagradas por los artículos 17 a 20 del Código Civil.

Artículo 3º. (Requisitos).- Para ser calificada como cooperativa social se deberá cumplir los siguientes requisitos:

A) Constará en el Estatuto que en los ejercicios económicos en que existan excedentes luego de cancelados todos los gastos de la cooperativa y las restituciones que le correspondan a los miembros de la cooperativa, aquellos deberán destinarse a crear reservas o a la consolidación y mejora del servicio prestado y en ningún caso serán repartidos entre los socios.

B) También constará en el Estatuto el carácter gratuito del desempeño de todos los cargos de dirección, sin perjuicio de la restitución de gastos que puedan generarse por el cumplimiento de tales funciones.

C) Podrá preverse la actualización del valor de las aportaciones de los socios al capital social por cualquier índice objetivo, el que deberá establecerse en el Estatuto.

D) Las retribuciones de los socios trabajadores y de los trabajadores no socios no podrán superar las retribuciones que, en función de la actividad y categoría profesional, establezca el convenio colectivo aplicable del ramo o el que guarde mayor analogía.

El incumplimiento de los requisitos establecidos en los literales A) y B), impedirá la calificación de cooperativas sociales, y la inobservancia de los mismos, así como el incumplimiento del requisito establecido en el literal D), determinará la pérdida de tal calificación, debiendo acceder a otra modalidad a los efectos de mantener la condición de cooperativa.

Artículo 4º. (Socios).- Podrán ser socios las personas físicas mayores de edad, y las personas menores de edad o incapaces por medio de sus representantes legales, ya sean los padres, tutores o curadores, no requiriéndose en ningún caso autorización judicial.

La administración y representación de la cooperativa deberá ser ejercida por los socios mayores de edad. En el caso en que la cantidad de miembros mayores no sea suficiente para cubrir los cargos de administradores, o que todos los miembros de la cooperativa sean menores de edad o incapaces, podrán éstos ser designados para ejercer la administración y la representación de la cooperativa en cuyo caso lo realizarán por medio de sus representantes legales.

Artículo 5º. (Control y registro).- Sin perjuicio del control de legalidad previo y de los demás controles pertinentes establecidos en la legislación vigente, las cooperativas sociales en forma previa a la inscripción de sus estatutos en el Registro de Personas Jurídicas Sección Comercio, deberán ser presentadas al Ministerio de Desarrollo Social, con el fin de que éste verifique si la composición de la cooperativa se corresponde con lo establecido en el artículo 1º y se cumplen los requisitos previstos en los artículos 3º y 4º de esta ley.

A tales efectos el Ministerio de Desarrollo Social dispondrá de un plazo de treinta días para expedirse.

También este Ministerio tendrá facultades para controlar el cumplimiento de dichos requisitos durante el funcionamiento de la cooperativa, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 6º. (Formación para la gestión).- Todos los miembros de la cooperativa social recibirán la capacitación en los postulados y principios cooperativos y en los diversos aspectos específicos del rubro en que se desarrolle la actividad productiva, así como la asistencia técnica para la gestión que garantice la viabilidad socioeconómicas de los proyectos y que los mismos sean sostenibles.

Artículo 7º. (Fomento).- Se declara de interés general el fomento de las cooperativas sociales. Las mismas quedan exoneradas de todo tributo nacional. Asimismo, estarán exoneradas de todo aporte patronal a la Seguridad Social, incluido el correspondiente al aporte complementario al Seguro de Enfermedad.

Artículo 8º.- Incorpórase al numeral 3) del artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) el siguiente literal:

"S) Para adquirir bienes o contratar servicios cuya producción o suministro esté a cargo de una cooperativa social, debidamente acreditada ante el Ministerio de Desarrollo Social, hasta el monto establecido para la licitación abreviada".

Artículo 9º.- A los efectos del numeral 4) del artículo 43 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), se considerará a las cooperativas sociales que cumplen con los requisitos establecidos en la presente ley, como empresas con solvencia y responsabilidad demostradas.

Artículo 10.- El Ministerio de Desarrollo Social comunicará a los ordenadores de gastos mencionados en el artículo 27, literales A), C), D), E), F) y G), y en el artículo 28, literal A), del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), la nómina de cooperativas sociales presentadas ante el mismo de conformidad con el artículo 3º de esta ley, así como el giro de sus actividades a los efectos de lo establecido en el artículo 48 del TOCAF, así como en otras normas de finalidad similar.

Sala de la Comisión, en Montevideo, a 5 de junio de 2006.

Mónica Xavier, Miembro Informante; Enrique Antía (con discrepancias), Susana Dalmás, Luis Alberto Heber (con salvedades), Eduardo Lorier, Carlos Moreira (con discrepancias); Margarita Percovich, Víctor Vaillant.

Comisión de Población,

Desarrollo e Inclusión

INFORME

La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión pone en el día de hoy a consideración del Senado el proyecto de ley sobre "Cooperativas Sociales".

Este proyecto fue estudiado por la "Comisión Especial sobre Marco Cooperativo" de la Cámara de Representantes, la cual durante su estudio le incorporó modificaciones, creando los artículos 8º, 9º y 10ª, incluyendo en el TOCAF modificaciones a efectos de contemplar la creación de esta nueva figura.

Este proyecto tal cual sostiene la exposición de motivos del Poder Ejecutivo viene a dar marco legal a efectos de propiciar pequeños emprendimientos productivos tendientes a incluir social y económicamente a un importante número de compatriotas en situación de exclusión económica y social.

Tanto el desempleo como el sub-empleo han abierto una brecha que rompe la estructura social, la falta de trabajo y el no tener perspectias de conseguirlo se constituye en una agresión contra la dignidad humana.

Por lo cual el presente proyecto de ley tiene como meta generar herramientas que colaboren a mitigar, la situación de exclusión instalada en vastos sectores de nuestra sociedad, a través del trabajo.

Es un hecho que el aumento de la pobreza, la exclusión, junto con la imposibilidad de acceder a educación suficiente, redunda en la dificultad de obtener un trabajo digno y justamente remunerado.

Tomando en cuenta que contamos en nuestra sociedad con experiencias variadas de autogesión colectiva tales como sociedades de fomento, redes de ayuda mutua, clubes de barrio, asociaciones de mujeres, etc., tenemos la certeza de la viabilidad de esta herramienta.

Estamos dando un marco legal a emprendimientos económicos exclusivos y con base en el trabajo, promoviendo la autonomía de sus integrantes en cada uno de los emprendimientos, por lo cual no solo estamos creando una herramienta para la generación de empleo para los sectores más desfavorecida de nuestra sociedad, sino que apostamos a que estos emprendimientos se conviertan en espacios de ejercicio de prácticas de democracia plural, participativa y solidaria.

No desconocemos que en este momento se está tratando en forma paralela en la Cámara de Representantes, un proyecto de ley general de Cooperativas, pero en el entendido que la profundidad del proyecto referido implicará tiempo de estudio y discusión, y que éste no se compadece con la urgencia de tener este tipo mínimo de herramientas a efectos de poder comenzar con el funcionamiento de las "Cooperativas Sociales" es que recomendamos su aprobación.

En el transcurso del estudio del presente proyecto recibimos a la Ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, acompañada de las señoras Mariela Mazzotti, Directora de Desarrollo Ciudadano y Miriam Imbert, que pertenece en la Dirección de Evaluación y Monitoreo de Programas y el señor Christian Mirza, Director de Políticas Sociales y Asistente Social.

Las autoridades que acompañaron a la Sra. Ministra representan al MIDES ante la Comisión Honoraria del Cooperativismo -que depende de la OPP- que tal cual nos informaron en dicha comparecencia-, fue el organismo que orientó y con el que se trabajó en forma conjunta este proyecto de ley.

Nos informaron también que con la Comisión Honoraria tienen firmado un convenio de trabajo colectivo, de calificación, orientación y formación en torno al cooperativismo dirigido a los protagonistas del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social y para aquellos que, aunque no ingresaron en este Plan están igualmente en un grado de pobreza que necesita la instrumentación de salidas. Estos últimos aunque no se encuentran en situación de indigencia necesitan de emprendimientos y por lo tanto, de herramientas para conformarse como grupo con una concepción asociativa para mejorar su calidad de vida.

Al referirse concretamente al proyecto que tenemos a estudio afirmaron que éste "constituye uno de los pilares fundamentales en los cuales se soporta el programa de opción productiva, que es una de las alternativas o salidas -por cierto, no la única y, seguramente, no la mayoritaria- del Plan de Emergencia Social."

En la discusión en particular la Comisión hizo énfasis en la necesidad que por la vía reglamentaria se defina la condición de "extrema vulnerabilidad social", referida en el artículo 1º.

En relación al artículo 3º con respecto al mínimo de integrantes, se debatió sobre la aplicación de lo fijado en el artículo 2º de la Ley Nº 17.294, el cual define la integración, el mismo será de aplicación cuando el presente proyecto se convierta en ley tal como se define en el artículo 2º del presente proyecto.

Con relación al artículo 7º entendemos que el hecho de la exoneración de todo tributo nacional y aportes a la seguridad social, significará dar algunas ventajas comparativas que permitan a sectores en extrema vulnerabilidad llevar adelante este tipo de emprendimientos.

Por lo expuesto recomendamos aprobar el presente proyecto de ley.

Montevideo, 5 de junio de 2006.

Mónica Xavier, Miembro Informante; Enrique Antía (con discrepancias); Susana Dalmás, Luis Alberto Heber (con discrepancias); Eduardo Lorier, Carlos Moreira (con discrepancias), Margarita Percovich, Víctor Vaillant.

DISPOSICIONES CITADAS

Ley Nº 10.761, de

15 de agosto de 1946

Artículo 1º.- La ley considera sociedades cooperativas que reparten sus rendimientos a prorrata entre los socios en razón del trabajo de cada uno, si se trata de cooperativas de producción, y en proporción a las operaciones realizadas, en las del consumo.

Artículo 2º.- Se constituirán en forma que la responsabilidad individual de cada socio quede limitada al monto de su aporte.

Artículo 3º.- El capital social, el número de socios y el plazo de duración serán ilimitados.

Artículo 4º.- Las partes sociales serán nominativas e indivisibles no pudiendo transmitirse sino a las personas que reúnan la calidad prevista por los estatutos para ser socios y con acuerdo del Consejo Directivo.

Artículo 5º.- Todas las partes sociales serán del mismo valor y cada socio tendrá solamente un voto, sea cual fuere el número de partes sociales que posea. No se admitirán privilegios a los iniciadores, fundadores y directores.

Artículo 6º.- En los estatutos sociales figurará el monto del capital inicial, las causas de disolución y el destino de los bienes para tal caso. Si la sociedad llegara a disolverse, los socios no podrán recibir una suma mayor al capital efectivo que hubieran aportado.

Artículo 7º.- No podrán tener como finalidad principal ni accesoria la propaganda de ideas políticas, religiosas, de nacionalidades o de regiones determinadas.

Artículo 8º.- Cada sociedad será gobernada por la asamblea general y un consejo directivo.

El estatuto social establecerá la forma de elección y cometidos del Consejo Directivo, así como será citada y funcionará la Asamblea General.

Artículo 9º.- La Inspección General de Hacienda tendrá a su cargo el control de estas sociedades. Sólo podrán funcionar una vez aprobados los estatutos por el Poder Ejecutivo e inscriptos en el Registro Público de Comercio.

Artículo 10.- Anualmente deberá convocarse a la Asamblea General y se le presentará el balance general de la sociedad.

Si hubiere utilidades, sólo el 80%, como máximo, se distribuirá entre los socios. Necesariamente se destinará un 15% a la constitución de un fondo de reserva hasta que éste iguale el capital, reduciéndose al diez por ciento a partir de ese momento y cesando al ser triplicado el capital. Los remanentes restantes podrán destinarse a obras de progreso social.

Artículo 11.- Cuando los estatutos lo autoricen, podrán contraer oligaciones con cantidades que no pasen del 40% del capital realizado.

El Banco de la República podrá otorgarles créditos en forma de préstamos, descuentos o redescuentos con un interés no mayor del 4% anual.

Los créditos acordados por el Banco de la República se considerarán privilegiados de la clase prevista por el artículo 1732, inciso 6º, del Código de Comercio.

Artículo 12.- Estas sociedades quedan exoneradas durante los primeros cinco años de su funcionamiento, del impuesto inmobiliario que grave sus inmuebles y del de las patentes de giro. Quedan exoneradas, del impuesto de papel sellado en todos los actos de su constitución y registro.

Artículo 13.- Los menores de más de 18 años y las mujeres casadas pueden ingresar a las cooperativas sin autorización paterna ni marital y disponer por sí solos de su haber en ellas.

Artículo 14.- Las sociedades cooperativas podrán asociarse entre ellas, cuando sus estatutos así lo autoricen, debiendo la nueva asociación que constituyan cumplir todos los principios fijados por esta ley.

Artículo 15.- Las sociedades constituidas conforme a las normas precedentemente establecidas deberán emplear en su razón social la calificación de "Cooperativa". El empleo de esa palabra, o la de "cooperación" o sus derivados queda prohibido a toda firma o establecimiento que no se ajuste a las disposiciones de esta ley.

Las sociedades o casa comerciales que emplearen dichas expresiones y no tuvieran el carácter de cooperativas, deberán suprimirlas dentro del término de noventa días.

La contravención a lo establecido anteriormente será sancionada con multa de $ 450.000 a $ 2.000.000, que aplicarán a solicitud de parte o de oficio los Jueces de 1ª Instancia en lo Civil.

Artículo 16.- Las sociedades cooperativas agropecuarias continuarán rigiéndose por la Ley Nº 10.008.

Artículo 17.- No se requerirán los quorums que establece el artículo 1º de la Ley de 19 de julio de 1909 para aquellas sociedades anónimas que deseen acogerse al régimen establecido en esta ley, bastando para tal fin el acuerdo de la mayoría de los asociados.

Artículo 18.- Comuníquese, etc.

Ley Nº 17.794 de

22 de julio de 2004

Artículo 1º.- Son cooperativas de producción o trabajo asociado las que se constituyen y están regidas de acuerdo con la Ley Nº 10.761, de 15 de agosto de 1946, sus modificativas y complementarias, y tienen por objeto proporcionar a sus asociados puestos de trabajo, mediante su esfuerzo personal y directo, a través de una organización conjunta destinada a producir bienes o servicios para terceros, en cualquier sector de la actividad económica. La relación de los socios con las cooperativa es societaria.

Se consideran incluidas en la definición precedente, aquellas cooperativas que sólo tengan por objeto la comercialización en común a terceros de productos o servicios, siempre que sus asociados no tengan trabajadores, dependientes y el uso de los medios de producción de propiedad de los asociados, esté afectado exclusivamente al cumplimiento del objeto de la cooperativa, salvo autorización expresa de esta última.

Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente ley, las cooperativas que tengan por objeto la prestación de servicios financieros, y las que realicen la actividad aseguradora de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º de la Ley Nº 16.426, de 14 de octubre de 1993.

Para la realización de actividad que conforme a la regulación vigente se requiere autorización expresa, las cooperativas de trabajo asociado deberán cumplir los requisitos dispuestos por las normas respectivas.

Artículo 2º. (Trabajadores socios y no socios).- Las cooperativas de producción o trabajo asociado se integran con un mínimo de seis trabajadores socios.

El número de trabajadores no socios no podrá superar el 20% (veinte por ciento) de los miembros de la cooperativa. En cualquier caso, el mínimo de empleados podrá ser de dos. Estas limitaciones no rigen para los trabajadores contratados para cubrir necesidades cíclicas extraordinarias derivadas de actividades de temporada, según establezca la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Artículo 3º. (Remuneración de los trabajadores socios).- La remuneración de los trabajadores socios se relaciona con su doble condición. Percibirán como remuneración mensual la equivalente al salario de la rama de actividad económica donde gira la cooperativa, con todos los beneficios sociales que legalmente correspondan.

Asimismo percibirán la cuota parte de los excedentes anuales, en proporción a la cantidad y calidad de trabajo aportando por cada uno durante el ejercicio eco-nómico, descontando las remuneraciones percibidas por todo concepto de acuerdo a lo establecido en el precedente inciso.

Artículo 4º. (Legislación laboral y previsional).- Serán aplicables a todos los trabajadores, tengan o no la calidad de socios, las normas de protección de la legislación laboral y la previsión social, excepto la indemnización por despido a los socios cooperarios excluidos.

Por sus socios trabajadores, las cooperativas no tributarán los aportes jubilatorios patronales a los organismos de previsión social teniendo en cuenta su naturaleza de asociación de trabajadores.

Artículo 5º. (Fomento y tributación).- Las cooperativas de producción o trabajo asociado estarán exoneradas de todo tributo nacional, con excepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto Específico Interno (IMESI), del Impuesto de Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social (COFIS), del Impuesto Específico a los Servicios de Salud (IMESSA), del Impuesto a las Telecomunicaciones (ITEL), de los aportes al Seguro Social de Enfermedad correspondiente a los trabajadores socios y no socios, y del aporte jubilatorio patronal por los trabajadores dependientes.

Artículo 6º. (Liquidación o cesación de pagos).- En los casos de las empresas privadas a cuyo respecto se haya iniciado un proceso de liquidación, el Juez compe-

tente podrá designar depositaria de los bienes de la em-presa, confiriendo facultades de uso precario de los mismos a la cooperativa de trabajo que se constituya con la totalidad o parte del personal. A tal efecto, el Juez deberá contar con la conformidad expresa de los órganos de la liquidación y auxiliares de la Justicia que corresponda, según la etapa y características del procedimiento liquidatorio iniciado.

Para la designación a que refiere el inciso anterior la cooperativa deberá justificar su viabilidad -discriminando la que resulte de la actividad de administración que desarrollará- mediante la presentación de un proyecto técnicamente fundado.

Las disposiciones precedentes respetarán los principios y legislación concursal vigente.

En tales casos y a solicitud de parte, el organismo de previsión social podrá disponer el pago al contado y por adelantado de los importes del subsidio por desempleo que les correspondiere a los trabajadores socios, siempre que los mismos sean destinados en su totalidad, como aportación de partes sociales a la cooperativa a efectos de su capitalización.

Artículo 7º. (Declaración interpretativa).- Declárase con carácter interpretativo, que las cooperativas de producción creadas al amparo de la Ley Nº 13.481, de 23 de junio de 1966, quedan comprendidas en las disposiciones de la presente ley a partir de su entrada en vigencia.

Artículo 8º. (Derogación).- Derógase la Ley Nº 13.481, de 23 de junio de 1966, sin perjuicio de mantenerse vigentes los beneficios acordados por el artículo 1º de la Ley Nº 14.019, de 10 de setiembre de 1971, mientras se cumplan los requisitos establecidos en dicha norma.

Artículo 1º de la Ley Nº 14.019, de 10 de setiembre de 1971, mientras se cumplan los requisitos establecidos en dicha norma.

Ley Nº 16.156, de

29 de octubre de 1990

Artículo 1º.- Los fundadores de las sociedades cooperativas, a los efectos de obtener su personalidad jurídica, deberán inscribir directamente ante el Registro Público y General de Comercio un testimonio notarial del acta de constitución y de los estatutos sociales.

Artículo 2º.- El Registro Público y General de Comercio efectuará el control de legalidad sobre el contrato social (estatuto) el que deberá contener las previsiones establecidas en la respectiva legislación cooperativa (Leyes Nº 10.761, de 15 de agosto de 1946; 13.481, de 23 de junio de 1966; 13.728, de 17 de diciembre de 1968; 13.988, de 19 de julio de 1971; decretos leyes 14.827, de 10 de setiembre de 1978 y 15.645, de 17 de octubre de 1984, sus modificativas y concordantes).

Artículo 3º.- A los efectos de su funcionamiento, las sociedades cooperativas luego de cumplir, en cada caso, con lo dispuesto en el artículo 1º, deberán realizar las inscripciones o trámites que correspondan a su efectiva actividad. Mientras tanto, actuarán en el aditamento de "en formación" bajo la responsabilidad solidaria de sus fundadores.

Artículo 4º.- Deróganse las disposiciones que establezcan otra clase de requisitos para el trámite de otorgamiento de personalidad jurídica a cualquier variedad de cooperativa.

CODIGO CIVIL

17. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desa-tenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu.

Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu, claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su sanción.

18. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el Legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal.

19. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han tomado en sentido diverso.

20. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía.

TITULO I - DE LOS RECURSOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GASTOS DEL ESTADO

CAPITULO III - DE LAS COMPETENCIAS PARA GASTAR Y PAGAR DE LAS FORMAS DE CONTRATAR

SECCION 2 - DE LOS CONTRATOS DEL ESTADO

Artículo 33

Todo contrato se celebrará mediante el procedimiento de la licitación pública, cuando del mismo se deriven gastos de funcionamiento o de inversión o salidas para el Estado, y por remate o licitación pública cuando se deriven entradas o recursos.

No obstante podrá contratarse:

1) Por licitación abreviada cuando el monto de la operación no exceda de $ 1.320.000 (pesos uruguayos un millón trescientos veinte mil). (1)

2) Directamente cuando el monto de la operación no exceda de $ 66.000 (pesos uruguayos sesenta y seis mil). (1)

3) Directamente o por el procedimiento que el ordenador determine por razones de buena administración, en los siguientes casos de excepción:

A) Entre organismos o dependencias del Estado, o con personas públicas no estatales;

B) Cuando la licitación pública, abreviada o remate resultaren desiertos, o no se presentaren ofertas válidas o admisibles, o que las mismas sean manifiestamente inconvenientes.

La contratación deberá hacerse con bases y especificaciones idénticas a las del procedimiento fracasado y, en su caso, con invitación a los oferentes originales, además de los que estime necesarios la Administración;

C) Para adquirir bienes o contratar servicios cuya fabricación o suministro sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello, o que sólo sean poseídos por personas o entidades que tengan exclusividad para su venta, siempre que no puedan ser sustituidos por elementos similares.

La marca de fábrica no constituye por si causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre que no hay sustitutos convenientes. De todas estas circunstancias se dejará constancia en el expediente respectivo;

D) Para adquirir, ejecutar o restaurar obras de arte, científicas o históricas, cuando no sea posible el concurso de méritos o antecedentes o deban confiarse a empresas o personas especializadas o de probada competencia;

E) Las adquisiciones de bienes que no se produzcan o suministren en el país y que convenga efectuar por intermedio de organismos internacionales a los que esté adherida la Nación;

F) Las reparaciones de maquinarias, equipos o motores cuyo desarme, traslado o examen previo resulte oneroso en caso de llamarse a licitación. Esta excepción no podrá aplicarse a las reparaciones comunes de mantenimiento, periódicas, normales o previsibles;

G) Los contratos que deban celebrarse necesariamente en países extranjeros;

H) Cuando las circunstancias exijan que la operación deba mantenerse en secreto;

I) Cuando medien probadas razones de urgencia no previsibles o no sea posible la licitación o remate público, o su realización resienta seriamente el servicio;

J) Cuando exista notoria escasez de los bienes o servicios a contratar;

K) La adquisición de bienes que se realicen en remates públicos. El precio máximo a pagar será el que surja de la tasación previamente efectuada;

L) La compra de semovientes por selección, cuando se trate de ejemplares de características especiales;

M) La venta de productos destinados al fomento económico o la satisfacción de necesidades sanitarias, siempre que la misma se efectúe directamente a los usuarios o consumidores;

N) La adquisición de material docente o bibliográfico del exterior cuando el mismo se efectúe a editoriales o empresas especializadas en la materia;

Ñ) La adquisición de víveres frescos existentes en mercados, ferias o directamente a los productores;

O) La adquisición en el exterior de petróleo crudo y sus derivados, aceites básicos, aditivos para lubricantes y sus respectivos fletes;

P) Las adquisiciones que se realicen en el marco de acuerdos intergubernamentales o con entidades estatales extranjeras que involucren un intercambio compensado con productos nacionales de exportación.

Q) Para adquirir, ejecutar, reparar bienes o contratar servicios destinados a la investigación científica por parte de la Universidad de la República, hasta un monto anual de U$S 2.000.000 dos millones de dólares de los Estados Unidos de América). (*)

R) Las compras que realice la Presidencia de la República para el Sistema Nacional de Emergencias a efectos de atender situaciones de emergencia, crisis y desastres excepcionales, dando cuenta a la Asamblea General. (*)

Las contrataciones directas indicadas en las excepciones precedentes deberán ser autorizadas por los ordenadores primarios quienes podrán delegar en los ordenadores secundarios dicha competencia en los casos que determinen fundadamente.

Las contrataciones referidas en el literal A) no podrán incluir la participación, directa o indirecta de empresas privadas. Las realizadas al amparo del literal I), deberán contar con la certificación del Ministerio de Economía y Finanzas tanto de la configuración de los extremos que habilitan la causal, como los precios y condiciones que corresponden al mercado.

Para el Poder Judicial y Universidad de la República e Intendencias Municipales, dicha certificación la realizará el Tribunal de Cuentas.

Las contrataciones que contravengan esta disposición son nulas (artículo 8º del Código Civil).

Fuente: Ley Nº 15.903 de 10/nov/987, artículo 482 con la redacción dada por el artículo 653 de la Ley Nº 16.170 de 28/dic/990 y por el artículo 738 de la Ley Nº 16.736, de 5/ene/996.

(1) Los montos fueron establecidos por Resolución del Instituto Nacional de Estadística, vigencia enero-abril de 2003.

Artículo 43

Están capacitados para contratar con el Estado las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los siguientes casos:

1) Ser funcionario público dependiente de los organismos de la Administración contratante, no siendo de recibo las ofertas presentadas a título personal, o por firmas, empresas o entidades con las cuales el funcionario esté vinculado por razones de dirección o dependencia. No obstante, en este último caso, tratándose de funcionarios que no tengan intervención en la dependencia estatal en que actúan en el proceso de la adquisición, podrá darse curso a las ofertas presentadas en las que se deje constancia de esa circunstancia.

2) Haber sido declarado en quiebra o liquidación, o estar en concurso de acreedores, en tanto no se obtenga la correspondiente rehabilitación.

3) Por incumplimiento de contratos anteriores, que hayan generado responsabilidad civil, o cualquier otra circunstancia que haya motivado su exclusión del registro de proveedores, particular o general del Estado.

4) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato, salvo que por tratarse de firmas o empresas nuevas demuestren solvencia y responsabilidad.

Fuente: Ley Nº 15.903 de 10/nov/987, artículo 487, con la redacción dada por el artículo 524 de la Ley Nº 16.736 de 5/ene/996.

Ley Nº 16.736, de 5/ene/996, art. 13). Facúltase al Poder Ejecutivo y a los órganos jerarcas de los demás incisos comprendidos en el Presupuesto Nacional, a contratar con terceros la prestación de actividades no sustanciales o de apoyo en la forma que establezca la reglamentación, la que dará preferencia a empresas formadas por ex funcionarios o por funcionarios comprendidos en el régimen del artículo siguiente.

Exceptúanse a dichos funcionarios de la prohibición establecida en el numeral 1º del artículo 43 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF).

(Ley Nº 16.736, de 5/ene/996, art. 589). La Universidad de la República podrá celebrar contratos de arrendamiento de obra con sus funcionarios docentes, así como con egresados con título universitario, funcionarios de otros organismos públicos, todos ellos necesarios para el cumplimiento de convenios nacionales e internacionales suscritos dentro del ámbito de su competencia.

 

TITULO I - DE LOS RECURSOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GASTOS DEL ESTADO

CAPITULO III - DE LAS COMPETENCIAS PARA GASTAR Y PAGAR DE LAS FORMAS DE CONTRATAR

SECCION 1 - DE LOS ORDENADORES DE GASTOS Y PAGOS

Artículo 27

En especial son ordenadores primarios:

a) En la Presidencia de la República, el Presidente actuando por sí

b) En el Poder Ejecutivo, el Presidente actuando en acuerdo con el Ministro o Ministros respectivos o actuando en Consejo de Ministros en su caso.

c) En el Poder Legislativo, el Presidente de la Asamblea General y los Presidentes de cada Cámara en su caso.

d) En el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia.

e) La Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

f) En los Gobiernos Departamentales, el Intendente Municipal y el Presidente de la Junta Departamental, cada uno dentro de su competencia.

g) En la administración autónoma y descentralizada, los Directorios, Consejos Directivos o Directores Generales de cada uno de estos organismos o entes públicos.

Estos ordenadores primarios podrán ordenar gastos por cualquier monto hasta el límite de la asignación presupuestal respectiva.

Cuando el ordenador primario sea un órgano colegiado, la competencia de ordenar el gasto será del mismo actuando en conjunto, pero la representación a efectos de la firma del compromiso u orden respectiva será de su presidente, o en su defecto del miembro o miembros que designe dicho órgano en su oportunidad.

Fuente: Ley Nº 15.903 de 10/nov/987, artículo 476 con la redacción dada por el artículo 653 de la Ley Nº 16.170 de 28/dic/990.

TITULO I - DE LOS RECURSOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GASTOS DEL ESTADO

CAPITULO III - DE LAS COMPETENCIAS PARA GASTAR Y PAGAR DE LAS FORMAS DE CONTRATAR

SECCION 1 - DE LOS ORDENADORES DE GASTOS Y PAGOS

Artículo 28

Son ordenadores secundarios de gastos, los titulares de órganos sometidos a jerarquía, a quienes se asigne competencia para disponer gastos por una norma objetiva de Derecho.

Fuente: Ley Nº 15.903 de 10/nov/987, artículo 477 con la redacción dada por el artículo 653 de la Ley Nº 16.170 de 28/dic/990

TITULO I - DE LOS RECURSOS, FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GASTOS DEL ESTADO

CAPITULO III - DE LAS COMPETENCIAS PARA GASTAR Y PAGAR DE LAS FORMAS DE CONTRATAR

SECCION 2 - DE LOS CONTRATOS DEL ESTADO

Artículo 48

Para las licitaciones abreviadas se invitará, como mínimo, a seis firmas del ramo a que corresponda el llamado, asegurándose que la recepción de la invitación se efectúe por lo menos, con tres días de antelación a la apertura de la propuesta. Ello sin perjuicio de la publicidad que se estime conveniente. Este plazo podrá reducirse a cuarenta y ocho horas anteriores a la apertura por las mismas circunstancias previstas en el artículo anterior. Deberán asimismo aceptarse todas aquellas ofertas presentadas por firmas no invitadas.

En los contratos superiores a $ 198.000 (pesos uruguayos ciento noventa y ocho mil) (1) se deberán remitir la información a las publicaciones especializadas en compras, sin costo para el organismo. (*)

Fuente: Ley Nº 15.903 del 10/nov/987, artículo 492 con la redacción dada por el artículo 653 de la Ley Nº 16.170 del 28/dic/990.

(1) Los montos fueron actualizados por Resolución del Instituto Nacional de Estadística, vigencia enero-abril de 2003.

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Definición y objeto).- Las cooperativas sociales son aquellas cooperativas de trabajo que tienen por objeto proporcionar a sus miembros un puesto de trabajo para el desarrollo de distintas actividades económicas, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, con el fin de lograr la inserción social y laboral de los jefes y jefas de hogares pertenecientes a sectores con necesidades básicas insatisfechas, jóvenes, discapacitados, minorías étnicas y todo grupo en situación de extrema vulnerabilidad social.

Artículo 2º. (Legislación aplicable).- Las cooperativas sociales se regirán por las disposiciones de la presente ley, y en lo previsto por las disposiciones de las Leyes Nº 10.761, de 15 de agosto de 1946; Nº 17.794, de 22 de julio de 2004; Nº 16.156, de 29 de octubre de 1990, y demás aplicables a las cooperativas de producción o trabajo asociado, y por los principios cooperativos con reconocimiento universal que estén integrados al derecho interno.

Ante cuestiones que no puedan resolverse por la legislación aplicable se deberá recurrir a las soluciones consagradas por los artículos 17 a 20 del Código Civil.

Artículo 3º. (Requisitos).- Para ser calificada como cooperativa social se deberán cumplir los siguientes requisitos:

A) Constará en el Estatuto que en los ejercicios económicos en que existan excedentes luego de cancelados todos los gastos de la cooperativa y las restituciones que le correspondan a los miembros de la cooperativa, aquellos deberán destinarse a crear reservas o a la consolidación y mejora del servicio prestado y en ningún caso serán repartidos entre los socios.

B) También constará en el Estatuto el carácter gratuito del desempeño de todos los cargos de dirección, sin perjuicio de la restitución de gastos que puedan generarse por el cumplimiento de tales funciones.

C) Podrá preverse la actualización del valor de las aportaciones de los socios al capital social por cualquier índice objetivo, el que deberá establecerse en el Estatuto.

D) Las retribuciones de los socios trabajadores y de los trabajadores no socios no podrán superar las retribuciones que, en función de la actividad y categoría profesional, establezca el convenio colectivo aplicable del ramo o el que guarde mayor analogía.

El incumplimiento de los requisitos establecidos en los literales A) y B), impedirá la calificación de cooperativas sociales, y la inobservancia de los mismos, así como el incumplimiento del requisito establecido en el literal D), determinará la pérdida de tal calificación, debiendo acceder a otra modalidad a los efectos de mantener la condición de cooperativa.

Artículo 4º. (Socios).- Podrán ser socios las personas físicas mayores de edad, y las personas menores de edad o incapaces por medio de sus representantes legales, ya sean los padres, tutores o curadores, no requiriéndose en ningún caso autorización judicial.

La administración y representación de la cooperativa debe ser ejercida por los socios mayores de edad. En el caso en que cantidad de miembros mayores no sea suficiente para cubrir los cargos de administradores, o que todos los miembros de cooperativa sean menores de edad o incapaces, podrán éstos ser designados para ejercer la administración y la representación de la cooperativa, en cuyo caso lo realizarán por medio de sus representantes legales.

Artículo 5º. (Control y registro).- Sin perjuicio de control de legalidad previo y de los demás controles pertinentes establecidos en la legislación vigente, las cooperativas sociales en forma previa a la inscripción de sus estatutos en el Registro de Personas Jurídicas Sección Comercio, deberán ser presentada al Ministerio de Desarrollo Social, con el fin de que ésta verifique si la composición de la cooperativa se corresponde con lo establecido en el artículo 1º y si se cumplen los requisitos previstos en los artículos 3º y 4º de esta ley.

A tales efectos del Ministerio de Desarrollo Social dispondrá de un plazo de treinta días para expedirse.

También este Ministerio tendrá facultades para controlar el cumplimiento de dichos requisitos durante el funcionamiento de la cooperativa, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 6º. (Formación para la gestión).- Todos los miembros de la cooperativa social recibirán la capacitación en los postulados y principios cooperativos y en los diversos aspectos específicos del rubro en que se desarrolle la actividad productiva, así como la asistencia técnica para la gestión que garantice la viabilidad socioeconómica de los proyectos y que los mismos sean sostenibles.

Artículo 7º. (Fomento).- Se declara de interés general el fomento de las cooperativas sociales. Las mismas quedan exoneradas de todo tributo nacional. Asimismo, estarán exoneradas de todo aporte patronal a la Seguridad Social, incluido el correspondiente al aporte complementario al Seguro de Enfermedad.

Artículo 8º.- Incorpórase al numeral 3) del artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) el siguiente literal:

"S) Para adquirir bienes o contratar servicios cuya producción o suministro esté a cargo de una cooperativa social, debidamente acreditada ante el Ministerio de Desarrollo Social, hasta el monto establecido para la licitación abreviada".

Artículo 9º.- A los efectos del numeral 4) del artículo 43 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), se considerará a las cooperativas sociales que cumplen con los requisitos establecidos en la presente ley, como empresas con solvencia y responsabilidad demostradas.

Artículo 10.- El Ministerio de Desarrollo Social comunicará a los ordenadores de gastos mencionados en el artículo 27, literales A), C), D), E), F) y G) y en el artículo 28, literal A), del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), la nómina de cooperativas sociales presentadas ante el mismo de conformidad con el artículo 3º de esta ley, así como el giro de sus actividades a los efectos de lo establecido en el artículo 48 del TOCAF, así como en otras normas de finalidad similar.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de abril de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Señor Presidente

de la Asamblea General

Montevideo, 30 de diciembre de 2005.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de remitir el proyecto de ley relativo a Cooperativas Sociales.

En los últimos años, el Uruguay asiste a una situación de exclusión económica y social de vastos sectores de la sociedad, como nunca antes se habían visto en el país. El desempleo y el subempleo, han abierto un camino de desestructuración personal y grupal en sociedades como la nuestra, donde la centralidad del trabajo lleva a que no disponer de él, y, lo que es peor, no tener perspectivas ciertas e inmediatas de disponerlo, supone una agresión contra la dignidad humana e instala la desesperanza entre los excluidos.

El aumento de la pobreza, producto de la exclusión que conlleva el desempleo, dificulta el regreso al mercado de trabajo, desde el momento que no se cuenta con posibilidad de acceder a educación suficiente, y esto aleja cada vez más a estos sectores del acceso a los servicios necesarios para la subsistencia. El crecimiento de la pobreza y la desocupación ha implicado una mayor desigualdad en la distribución de ingresos, propiedad y riqueza.

Las políticas del actual gobierno, comprometidas en el atender las gravísimas emergencias sociales producto de la aplicación de prácticas neoliberales que han afectado tan profundamente la trama social, también se dirigen a fundar una economía solidaria dentro de un marco estratégico que oriente las decisiones colectivas. No se trata de asistencialismo, sino de convicción de la necesidad de gestar condiciones para construir alternativas económicas concretas que promuevan los valores de la convivencia humana por sobre los valores del lucro. Es en este sentido que se presenta este proyecto de ley: como un intento de construir un subsistema de la economía fundado en bases que no sean las de acumulación de capital sino de reproducción del trabajo en forma solidaria.

La propuesta consiste en dar un marco normativo a un tipo de emprendimiento económico que persigue la inclusión social, con base en el trabajo, de esos sectores tan fuertemente agredidos por las políticas neoliberales. Estamos partiendo de la certeza de que nuestra sociedad cuenta con elementos a su favor que garantizan la viabilidad y éxito de estos emprendimientos: el desarrollo de una sociedad civil que ha gestado sociedades de fomento, redes de ayuda mutua, clubes de barrios, asociaciones de mujeres, de jóvenes, sindicatos, etc., que han abierto camino a la autogestión colectiva de respuesta a las necesidades y a la creación de una cultura de derechos, constituyen hoy las fortalezas para que este proyecto prospere.

Es decir que consideramos que hay un camino ya transitado en nuestra sociedad que hace posible desarrollar esta experiencia de cooperativismo social. Además, no sólo se persigue brindar las herramientas legales para que este tipo de empresas tengan un espacio claro en el entorno de la economía, sino que también se busca promover la autonomía de los protagonistas de estos emprendimientos, en tanto son ellos los responsables de su propio desarrollo.

Por tanto, estamos aportando no sólo un instrumento para la generación de puestos de trabajo que habiliten la inclusión de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, sino que apostamos a que las cooperativas sociales se constituyan en espacios de ejercicio de prácticas de democracia plural, participativa y solidaria.

No se desconoce que en estos momentos se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados (Comisión Especial de Marco Cooperativo) un proyecto de ley general de cooperativas, que incluye un capítulo de cooperativas sociales, y que pretende generar un marco jurídico para la generalidad de las cooperativas con el fin de superar la situación legislativa actual, es decir, la existencia de un conjunto de leyes antiguas, dispersas y fragmentarias, que no ayudan a delinear en forma armónica y consistente al sistema cooperativo. No obstante, también se entiende que ese proyecto, que en general se comparte, por su gran contenido y alcance insumirá un tiempo de estudio y discusión que probablemente no se concilie con la urgente necesidad de dar un marco jurídico mínimo a las cooperativas sociales.

El presente proyecto de ley presenta entonces, un tipo especial de cooperativas de trabajo. Como cooperativas de trabajo, pues, se deberán regular también por las leyes vigentes en la materia, es decir, las Leyes Nº 10.761, de 15 de agosto de 1946, Nº 17.794, de 22 de julio de 2004 y Nº 16.156 de 29 de octubre de 1990, relativa a la aprobación de los Estatutos y obtención de personalidad jurídica.

La especialidad de esta clase de cooperativas está dada, sobre todo, por su objeto, que si bien es proporcionar un puesto de trabajo (como las cooperativas de trabajo en general), deben cumplir con la condición de apuntar a la inserción laboral de determinados sectores de la sociedad, o sea, lo más desfavorecidos.

Además de tener que cumplir con lo aseverado en el párrafo precedente, deberá dar cumplimiento a ciertas condiciones que refuerzan las características, esenciales de las cooperativas, tal cual son la preeminencia de las personas por sobre el capital y cualquier otro elemento, y su reconocido fin de servicio (en clara oposición al fin de lucro).

En tanto se entiende que las cooperativas sociales pueden constituir una importante herramienta para la integración social, el Estado debe promoverlas, razón por la cual se plantea un especial tratamiento tributario, lo que podrá ser complementado por otras medidas de apoyo en materia crediticia, de capacitación, de contratación con el propio Estado, etc.

Finalmente, por cuanto se entiende que el Estado debe ser muy celoso en que se cumplan efectivamente, tanto las condiciones exigidas para este especial tipo de cooperativas, como los fines para los que se constituyen, se le asigna una tarea de control directo del Ministerio de Desarrollo Social, a tales efectos.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración,

Dr. Tabaré Vázquez, Presidente de la República; Danilo Astori, José Mujica, Azucena Berrutti, Héctor Lescano, Belela Herrera, Jorge Brovetto, Víctor Rossi, José Díaz, Jaime Igorra, María Julia Muñoz, Jorge Lepra, Marina Arismendi, Eduardo Bononi.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- (Definición y Objeto)

Las cooperativas sociales son aquellas cooperativas de trabajo que tienen por objeto proporcionar a sus miembros un puesto de trabajo para el desarrollo de distintas actividades económicas, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, con el fin de lograr la inserción social y laboral de los jefes y jefas de hogares pertenecientes a sectores con necesidades básicas insatisfechas, jóvenes, discapacitados, minorías étnicas y todo grupo en situación de extrema vulnerabilidad social.

Artículo 2º.- (Legislación Aplicable)

Las cooperativas sociales se regirán por las disposiciones de la presente ley, y en lo previsto por las disposiciones de las Leyes Nº 10.761 de 15 de agosto de 1946, Nº 17.794 de 22 de julio de 2004, Nº 16.156 de 29 de octubre de 1990 y demás aplicables a las cooperativas de producción o tra-bajo asociado, y por los principios cooperativos con reconocimiento universal que estén integrados al derecho interno.

Ante cuestiones que no puedan resolverse por la legislación aplicable se deberá recurrir a las soluciones consagradas por los artículos 17 a 20 del Código Civil.

Artículo 3º.- (Requisitos)

Para ser calificada como cooperativa social se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Constará en el Estatuto que en los ejercicios económicos en que existan excedentes luego de cancelados todos los gastos de la cooperativa y las compensaciones que le correspondan a los miembros de la cooperativa, aquellos deberán destinarse a crear reservas o a la consolidación y mejora del servicio prestado y en ningún caso serán repartidos entre los socios.

b) También constará en el Estatuto el carácter gratuito del desempeño de todos los cargos de dirección, sin perjuicio de las compensaciones económicas procedentes de los gastos que puedan generarse por el cumplimiento de tales funciones.

c) Podrá preverse la actualización del valor de las aportaciones de los socios al capital social por cualquier índice objetivo, el que deberá establecerse en el Estatuto.

d) Las retribuciones de los socios trabajadores y de los trabajadores no socios no podrán superar el ciento cincuenta por ciento de las retribuciones que, en función de la actividad y categoría profesional, establezca el convenio colectivo aplicable del ramo o el que guarde mayor analogía.

El incumplimiento de cualesquiera de los anteriores requisitos determinará la pérdida de la calificación de cooperativa social.

Artículo 4º.- (Socios)

Podrán ser socios las personas físicas mayores de edad, y las personas menores de edad o incapaces por medio de sus representantes legales, ya sean los padres, tutores o curadores.

Artículo 5º.- (Control y Registro)

Sin perjuicio del control de legalidad previo y de los demás controles pertinentes establecidos en la legislación vigente, las cooperativas sociales en forma previa a la inscripción de sus Estatutos en el Registro de Personas Jurídicas -Sección Comercio-, deberán ser presentados al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), con el fin de que éste verifique si la composición de la cooperativa se corresponde con lo establecido en el artículo 1º y si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 3º de esta ley. También este Ministerio tendrá facultades para controlar el cumplimiento de dichos requisitos durante el funcionamiento de la cooperativa, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 6º.- (Fomento)

Se declara de interés general el fomento de las cooperativas sociales. Las mismas quedan exoneradas de todo tributo nacional. Asimismo, estarán exoneradas de todo aporte patronal a la Seguridad Social, incluido el correspondiente al aporte complementario al Seguro de Enfermedad.

Danilo Astori, José Mujica, Azucena Berrutti, Héctor Lescano, Belela Herrera, Jorge Brovetto, Víctor Rossi, José Díaz, Jaime Igorra, María Julia Muñoz, Jorge Lepra, Marina Arismendi, Eduardo Bononi.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Población,

Desarrollo e Inclusión

ACTA Nº 27

En Montevideo, el día veintinueve de mayo de dos mil seis, a la hora dieciséis y treinta y siete minutos, se reúne la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores.

Asisten los señores miembros de la Comisión, Senadores Juan Justo Amaro, Enrique Antía, Susana Dalmás, Luis Alberto Heber, Eduardo Lorier, Margarita Percovich, Víctor Vaillant y Mónica Xavier.

Falta, con aviso, el señor Senador Carlos Moreira.

Preside la señora Senadora Mónica Xavier, Presidenta de la Comisión.

Actúa en Secretaría el señor Omar R. Delfante, asistido por la señora Jefa de Departamento, Teresa Paredes.

ORDEN DEL DIA: Asuntos entrados: La señora Presidenta da cuenta de los siguientes:

1) Nota del señor Presidente del Senado, Rodolfo Nin Novoa, de 24 de mayo del corriente año, dando cuenta de la resolución por la que se declara de interés parlamentario la realización del trabajo contenido en el anteproyecto de investigación sobre la situación y perspectiva de la diáspora uruguaya en Argentina, sin que implique compromiso de carácter económico.

2) Memorándum del Embajador Dr. Alvaro Portillo, de 4 de abril de 2006, comunicando que está en conocimiento del trabajo presentado por la Prof. Mg. Silvana Darré, sobre la situación y perspectiva de la diáspora uruguaya en Argentina, a quien le ofrece el patrocinio de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación y dando cuenta asimismo que no posee recursos económicos para poder asistir o financiar esa investigación.

La señora Senadora Percovich informa sobre un evento que se realizará el próximo 9 de junio, relacionado con la capacitación de los Directores Departamentales en Salud y los respectivos equipos hospitalarios, que será llevada a cabo por la especialista chilena en salud y consultora de la OPS - OMS sobre temas de salud y género, Marisa Matamala. Serán invitados para dicha ocasión la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores y su homóloga de la Cámara de Representantes. 

Asimismo, informa que el próximo 11 de julio es el "Día Mundial de Población y Desarrollo" y que el Fondo de Población de Naciones Unidas, con auspicio del Ministerio de Salud Pública y la Intendencia Municipal de Montevideo, presentará la segunda etapa de evaluación de la Encuesta de Género y Generaciones, evento para el que será invitada la Comisión a efectos de integrar las mesas de trabajo con el objetivo de analizar diferentes temas.

La señora Senadora Dalmás plantea su inquietud respecto de la evaluación y relevamiento de las organizaciones sociales del inciso "Subsidios y Subvenciones" del Presupuesto Nacional, cometido a esta Comisión, en función de la proximidad de la Rendición de Cuentas. Luego de un intercambio de opiniones, la señora Presidenta sintetiza que la Comisión remitirá un pedido de informes a los Ministerios con los que las organizaciones del Inciso 21 se vinculan; y en los casos en que la organización no tuviera vinculación alguna se recabará la información en forma directa.

Asuntos considerados: - Carpeta Nº 480/2006. COOPERATIVAS SOCIALES. Marco Normativo. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 802/2006.

Se pone a consideración el proyecto de ley en general. Se vota: 4 en 5. Afirmativa. Se rectifica: 6 en 6 Afirmativa. Unanimidad.

En consideración el artículo 1º. Se lee. Se vota: 5 en 6. Afirmativa.

"Artículo 1º. (Definición y objeto).- Las cooperativas sociales son aquellas cooperativas de trabajo que tienen por objeto proporcionar a sus miembros un puesto de trabajo para el desarrollo de distintas actividades económicas, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, con el fin de lograr la inserción social y laboral de los jefes y jefas de hogares pertenecientes a sectores con necesidades básicas insatisfechas, jóvenes, discapacitados, minorías étnicas y todo grupo en situación de extrema vulnerabilidad social."

En consideración el artículo 2º. Se lee. Se vota: 6 en 7. Afirmativa.

"Artículo 2º. (Legislación aplicable).- Las cooperativas sociales se regirán por las disposiciones de la presente ley, y en lo previsto por las disposiciones de las Leyes Nº 10.761, de 15 de agosto de 1946; Nº 17.794, de 22 de julio de 2004; Nº 16.156, de 29 de octubre de 1990, y demás aplicables a las cooperativas de producción o trabajo asociado, y por los principios cooperativas con reconocimiento universal que estén integrados al derecho interno.

Ante cuestiones que no puedan resolverse por la legislación aplicable se deberá recurrir a las soluciones consagradas por los artículos 17 a 20 del Código Civil."

En consideración el artículo 3º. Se lee.

Intercambian opiniones varios señores Senadores. Se pone a votación. 6 en 7. Afirmativa.

"Artículo 3º. (Requisitos).- Para ser calificada como cooperativa social se deberán cumplir los siguientes requisitos:

A) Constará en el Estatuto que en los ejercicios económicos en que existan excedentes luego de cancelados todos los gastos de la cooperativa y las restituciones que le correspondan a los miembros de la cooperativa, aquellos deberán destinarse a crear reservas o a la consolidación y mejora del servicio prestado y en ningún caso serán repartidos entre los socios.

B) También constará en el Estatuto el carácter gratuito del desempeño de todos los cargos de dirección, sin perjuicio de la restitución de gastos que puedan generarse por el cumplimiento de tales funciones.

C) Podrá preverse la actualización del valor de las aportaciones de los socios al capital social por cualquier índice objetivo, el que deberá establecerse en el Estatuto.

D) Las retribuciones de los socios trabajadores y de los trabajadores no socios no podrán superar las retribuciones que, en función de la actividad y categoría profesional, establezca el convenio colectivo aplicable del ramo o el que guarde mayor analogía.

El incumplimiento de los requisitos establecidos en los literales A) y B), impedirá la calificación de cooperativas sociales, y la inobservancia de los mismos, así como el incumplimiento del requisito establecido en el literal D), determinará la pérdida de tal calificación, debiendo acceder a otra modalidad a los efectos de mantener la condición de cooperativa."

La Comisión resuelve sesionar el próximo lunes 5 de junio, a la hora 16:00, y continuar con la consideración del proyecto de ley a estudio.

De lo actuado, se procede a la toma de versión taquigráfica que luce en el Distribuido Nº 875/2006 y que forma parte de la presente Acta.

A la hora diecisiete y cuarenta minutos, se levanta la sesión.

Para constancia, se labra la presente Acta que firman la señora Presidenta y el señor Secretario de la Comisión.

Mónica Xavier Presidenta

Omar R. Delfante Secretario.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Población,

Desarrollo e Inclusión

ACTA Nº 28

En Montevideo, el día cinco de junio de dos mil seis, a la hora dieciséis y trece minutos, se reúne la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores.

Asisten los señores miembros de la Comisión, Senadores Susana Dalmás, Eduardo Lorier, Margarita Percovich, Víctor Vaillant y Mónica Xavier.

Faltan, con aviso, los señores Senadores Juan Justo Amaro, Enrique Antía, Luis Alberto Heber y Carlos Moreira.

Preside la señora Senadora Mónica Xavier, Presidenta de la Comisión.

Actúa en Secretaría el señor Omar R. Delfante, asistido por la señora Jefa de Departamento, Teresa Paredes.

ORDEN DEL DIA: - Carpeta Nº 480/2006. COOPERATIVAS SOCIALES. Marco Normativo. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 802/2006.

El señor Senador Vaillant propone votar en bloque los artículos pendientes de aprobación del proyecto de ley a estudio.

La señora Presidenta pone a votación, en bloque, los artículos 4º a 10 del proyecto de ley.

Se vota: 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

El señor Senador Vaillant propone a la señora Senadora Xavier como Miembro Informante.

Se vota: 4 en 5. Afirmativa.

La señora Presidenta explicita que elaborará un informe escrito.

El texto de los artículos aprobados es el siguiente:

"Artículo 4º. (Socios).- Podrán ser socios las personas físicas mayores de edad, y las personas menores de edad o incapaces por medio de sus representantes legales, ya sean los padres, tutores o curadores, no requiriéndose en ningún caso autorización judicial.

La administración y representación de la cooperativa deberá ser ejercida por los socios mayores de edad. En el caso en que la cantidad de miembros mayores no sea suficiente para cubrir los cargos de administradores, o que todos los miembros de la cooperativa sean menores de edad o incapaces, podrán éstos ser designados para ejercer la administración y la representación de la cooperativa, en cuyo caso lo realizarán por medio de sus representantes legales.

Artículo 5º. (Control y registro).- Sin perjuicio del control de legalidad previo y de los demás controles pertinentes establecidos en la legislación vigente, las cooperativas sociales en forma previa a la inscripción de sus estatutos en el Registro de Personas Jurídicas Sección Comercio, deberán ser presentadas al Ministerio de Desarrollo Social, con el fin de que éste verifique si la composición de la cooperativa se corresponde con lo establecido en el artículo 1º y si se cumplen los requisitos previstos en los artículos 3º y 4º de esta ley.

A tales efectos el Ministerio de Desarrollo Social dispondrá de un plazo de treinta días para expedirse.

También este Ministerio tendrá facultades para controlar el cumplimiento de dichos requisitos durante el funcionamiento de la cooperativa, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 6º. (Formación para la gestión).- Todos los miembros de la cooperativa social recibirán la capacitación en los postulados y principios cooperativos y en los diversos aspectos específicos del rubro en que se desarrolle la actividad productiva, así como la asistencia técnica para la gestión que garantice la viabilidad socioeconómica de los proyectos y que los mismos sean sostenibles.

Artículo 7º. (Fomento).- Se declara de interés general el fomento de las cooperativas sociales. Las mismas quedan exoneradas de todo tributo nacional. Asimismo, estarán exoneradas de todo aporte patronal a la Seguridad Social, incluido el correspondiente al aporte complementario al Seguro de Enfermedad.

Artículo 8º.- Incorpórase al numeral 3) del artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) el siguiente literal:

‘S) Para adquirir bienes o contratar servicios cuya producción o suministro esté a cargo de una cooperativa social, debidamente acreditada ante el Ministerio de Desarrollo Social, hasta el monto establecido para la licitación abreviada’.

Artículo 9º.- A los efectos del numeral 4) del artículo 43 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), se considerará a las cooperativas sociales que cumplen con los requisitos establecidos en la presente ley, como empresas con solvencia y responsabilidad demostradas.

Artículo 10.- El Ministerio de Desarrollo Social comunicará a los ordenadores de gastos mencionados en el artículo 27, literales A), C), D), E), F) y G), y en el artículo 28, literal A), del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), la nómina de cooperativas sociales presentadas ante el mismo de conformidad con el artículo 3º de esta ley, así como el giro de sus actividades a los efectos de lo establecido en el artículo 48 del TOCAF, así como en otras normas de finalidad similar."

La señora Senadora Percovich propone invitar al señor Coordinador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Pablo Mandeville y su equipo, a efectos de que dé a conocer las ponencias presentadas en la Jornada: "La nutrición de la infancia en el Uruguay: un espacio para el análisis". Los señores Senadores manifiestan su acuerdo y proponen que se curse invitación para la próxima sesión.

A propuesta de varios señores Senadores, la Comisión resuelve sesionar los días lunes a la hora 15:00.

De lo actuado, se procede a la toma de la versión taquigráfica que luce en el Distribuido Nº 896/2006 y que forma parte de la presente Acta.

A la hora dieciséis y treinta minutos, se levanta la sesión.

Para constancia, se labra la presente Acta que firman la señora Presidenta y el señor Secretario de la Comisión.

Mónica Xavier Presidenta

Omar R. Delfante Secretario.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión trae a consideración del Cuerpo en esta sesión, tratando de que el trámite legislativo de este proyecto de ley culmine en el día de hoy -como lo decía la señora Senadora Dalmás-, esta propuesta sobre cooperativas sociales.

Cuando discutimos el tema del ingreso ciudadano, se anunció que se debían construir rutas de salida para la situación de pobreza y de indigencia que existe en el país. Precisamente, este proyecto de ley es una herramienta jurídica necesaria para poder conformar esas cooperativas sociales, que son emprendimientos productivos tendientes a la inclusión social y a la forma solidaria de trabajo, y que tratan de fortalecer dos pilares sobre los cuales entendemos deben asentarse las rutas de salida para la población en situación de pobreza e indigencia: tener un trabajo digno y lograr una educación suficiente.

En la Cámara de Representantes se analizó este proyecto de ley sobre cooperativas sociales, siendo aprobado por unanimidad, tanto en Comisión como en el Plenario. Al proyecto original se le realizó un agregado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, concretamente del MIDES, que se tradujo en los artículos 8º, 9º y 10, que incluyen modificaciones a los efectos de que el TOCAF pueda contemplar la creación de esta figura.

En la exposición de motivos del proyecto de ley original se define a las cooperativas sociales como pequeños emprendimientos tendientes a incluir social y económicamente a un importante número de compatriotas en situación de exclusión económica y social. Queremos aclarar que no sólo se trata de quienes han ingresado al PANES, sino también de aquellos que se encuentran en situación de pobreza y no han tenido posibilidad de ingresar a ese programa, pero tienen una notoria carencia económica y social.

En oportunidad de discutirse y analizarse este proyecto de ley, concurrió la señora Ministra junto con los responsables de estas áreas, la Directora de Desarrollo Ciudadano, el Director de Evaluación y Monitoreo de Programas, y el Director de Políticas Sociales y Asistencia Social, quienes nos despejaron las dudas que teníamos, al tiempo que nos manifestaron que integran la Comisión Honoraria que junto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha firmado un convenio de trabajo colectivo de calificación y orientación para esta clase de emprendimientos.

Queremos expresar que en forma simultánea con el debate de este proyecto de ley, en la Comisión de la Cámara de Representantes especializada en el tema cooperativo se está discutiendo un proyecto de ley general de cooperativas.

En ese contexto se plantearon algunas sugerencias en cuanto a aspectos de este proyecto de ley que podían generar vacíos y que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que estas cooperativas gozarán de exoneraciones de todo tributo, así como de aportes a la seguridad social. Concretamente, se planteó si esto no podría significar un grado de competencia desleal con una serie de emprendimientos cooperativos de pequeña escala. Entendemos que en este caso se trata de una población a la que se va a capacitar para llevar adelante determinados emprendimientos, ya que pertenece al segmento que se encuentra en un mayor grado de pobreza y de exclusión, por lo cual seguramente no llegarían a competir con este tipo de emprendimientos formales de microcooperativas. No obstante, dejamos esta constancia para que la preocupación que existió en la Comisión en torno a este proyecto de ley -que trata de beneficiar más a quienes están en peor condición, que son, precisamente, los destinatarios de este tipo de emprendimientos- sea recogida en la reglamentación que se dictará una vez aprobada la iniciativa.

En el artículo 1º se dice que "Las cooperativas sociales son aquellas cooperativas de trabajo que tienen por objeto proporcionar a sus miembros un puesto de trabajo para el desarrollo de distintas actividades económicas, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, con el fin de lograr la inserción social y laboral de los jefes y jefas de hogares pertenecientes a sectores con necesidades básicas insatisfechas, jóvenes, discapacitados, minorías étnicas y todo grupo en situación de extrema vulnerabilidad social". Se plantea, pues, la necesidad de que la reglamentación determine claramente los índices que caracterizan la definición de "vulnerabilidad social", pero queda claro que estos son los segmentos a los que van destinados estos emprendimientos: aquellos que están en situación de vulnerabilidad social.

Otro elemento de este proyecto de ley que insumió más discusión es el que tiene que ver con el número mínimo de integrantes de emprendimientos de esta naturaleza. En este sentido, el artículo 3º, cuyo "nomen juris" es "Requisitos", se remite a la normativa legal vigente para la definición, por ejemplo, del número mínimo de integrantes que tendrán estas iniciativas a partir de la aprobación de este marco legal.

Sin duda, esta es una herramienta más -aunque no la única- de lo que desde hace aproximadamente un año hemos estado discutiendo en este Parlamento, que es la creación del Ministerio, la definición del ingreso ciudadano, del PANES, y de otra serie de elementos necesarios para seguir contribuyendo a la disminución de la pobreza y de la exclusión social. Si bien hay otros factores que contribuyen -como el aumento del Salario Mínimo Nacional en el último año-, esta reducción se evalúa en cuatro puntos para la pobreza y en 0.4 para la indigencia. No obstante, siguen siendo alarmantes las cifras de aquellos que constituyen básicamente los hogares extendidos, a los cuales muchas veces pueden ir destinadas este tipo de iniciativas, dado que aproximadamente un 60% de los niños menores de 5 años concentran índices de pobreza y, por lo menos, uno de cada dos menores de 18 años están por debajo de la línea de pobreza.

En ese sentido, nos parece que la herramienta que hoy viene a consideración del Senado debe ser aprobada con estas recomendaciones que dejamos plasmadas en el informe escrito, a las cuales hicimos referencia recientemente.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR LORIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Lorier.

SEÑOR LORIER.- Señor Presidente: creemos que estamos ante uno de los proyectos de ley más importantes, interesantes y afines al proyecto alternativo que se pretende desarrollar en el Uruguay.

Por otra parte, y más concretamente, observamos que este proyecto de ley es un pilar fundamental en el que se sustenta el Programa de Opción Productiva que, en la actualidad, es una de las salidas del Plan de Emergencia Social, y que se asienta en tres grandes fundamentos. En primer lugar, está el marco legal -justamente, el tema que estamos tratando-, la Ley de Cooperativas Sociales; en segundo término, la asistencia técnica que permita que esas opciones productivas tengan eficacia y sostenibilidad; y, tercero, el aspecto financiero -tan importante como los anteriores-, que hará que se cuente con el necesario capital de giro y los necesarios recursos para la compra de insumos y materia prima. Precisamente, para esto existe un fondo financiero en acuerdo con el Gobierno de Venezuela, más fondos propios del Plan de Emergencia, que ya se han destinado.

En potencia, cuando hablamos de estos Programas de Opción Productiva, nos estamos refiriendo a más de 300 grupos -ya existentes en el Uruguay- de 25 personas cada uno, que están desarrollando, al día de hoy, actividades comunitarias y educativas. Cuantitativamente, son 15.000 hogares en todo el país, es decir, aproximadamente 64.000 personas implicadas en estos procesos socio-educativos. De lo que se trata es de avanzar hacia proyectos o iniciativas en producción de bienes y servicios capaces de sostener o generar ingresos estables a mediano y largo plazo con esta población objetivo, lo que no quiere decir que toda ella vaya a integrarse a estos proyectos. De todas maneras, su potencialidad está dada por estas cifras.

Por otra parte, también esta posibilidad de las cooperativas sociales se vincula al programa de las iniciativas locales, dirigido a grupos asociativos que hoy día están generando producción. En ambos casos -en el primero, se trata de población en la indigencia, en la más extrema pobreza y, en el segundo, en los últimos quintiles de la pobreza-, se busca promover procesos de integración social mediante las iniciativas sociales productivas de generación de ingresos de esas familias.

Por último, para nosotros es muy importante señalar también la instalación de los Consejos Consultivos Sociales en varios departamentos. Los grupos asociativos que integran el Programa de Iniciativas Locales deben presentar sus proyectos ante estos Consejos y detallar qué incluyen, qué hacen y cuánto dinero requieren. Quiere decir que se trata de proyectos con un fuerte control social, considerados de valor local por la comunidad. En este punto es importante señalar la posibilidad de que todas las fuerzas sociales y políticas con actividad a nivel nacional y local integren estos Consejos Consultivos Sociales, y, por lo tanto, formen parte del control social de los proyectos que se van a desarrollar mediante esta Ley de Cooperativas Sociales.

Muchas gracias.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Señor Presidente: me gustaría hacer notar algunos aspectos que -claramente- son muy importantes en la consideración de esta iniciativa. En primer lugar, que la existencia de cooperativas sociales y la posibilidad de que grupos de personas de diversa condición económica -y, más aún, de situación económica precaria- se puedan asociar para producir bienes o servicios que les permitan solventar su sustento personal y familiar, en términos generales es notoriamente positivo. Asimismo, está bien que se piense en estrategias para encontrar una salida digna y apropiada al Plan de Emergencia, algo que, por otra parte, nosotros hemos establecido y solicitado desde el primer día. Ello hace que entre el artículo 1º y el 6º haya un conjunto de disposiciones notoriamente compartibles en términos generales y que, por lo tanto, estemos dispuestos a acompañar, sin perjuicio de que no parece demasiado necesaria y razonable la condición de registro que se establece por parte del Ministerio de Desarrollo Social. De todas maneras, podría ser una alternativa para canalizar de alguna forma la situación de personas incorporadas al PANES.

Lo que desde nuestro punto de vista no parece razonable es la incorporación de los artículos 8º, 9º y 10, que establecen condiciones de contratación absolutamente anormales y, en consecuencia, una fisura muy grande en todas las condiciones de compra del Estado. Esto plantea una situación difícil de resolver para el propio Estado como comprador de bienes y servicios, puesto que levanta una serie de restricciones y disposiciones que lo obligan a contratar según determinadas reglas. Así -a mi modo de ver-, se podría plantear un núcleo de dificultades y una falta de transparencia en las compras del Estado que lleve a pensar que estaría bien que se estableciera alguna norma de privilegio, quizás, para las cooperativas, pero no de la magnitud establecida en los artículos 8º, 9º y 10º. Digo esto porque, en definitiva, se estaría permitiendo contratar casi de cualquier forma con las cooperativas sociales. Por un lado, eso estaría beneficiando a las cooperativas sociales o a quienes se "vistan" de tales y, por otro, perjudicando el conjunto de compras del Estado, porque probablemente éste termine comprando más caro y sin las garantías necesarias. Considerar la posibilidad de compra directa sin límite de las cooperativas sociales, por ejemplo, de montos, o considerar la condición de solvente y segura como proveedora del Estado a una cooperativa que no lo demuestra o que podría no demostrar solvencia y seguridad, no parece razonable.

Entonces, creemos que los artículos 8º, 9º y 10 establecen un conjunto de beneficios discriminatorios que, por la carencia de límites, deberían ser tratados de otra forma. Insisto: quizás la existencia de algún beneficio a favor no es incorrecta, pero me parece que estamos abriendo una puerta que no tiene magnitud. Por lo tanto, consideramos notoriamente inconveniente que así se actúe, pues esto le puede acarrear al Estado uruguayo importantes perjuicios. Aclaro que cuando hablo del Estado uruguayo me estoy refiriendo a todos los orientales. Por esto, me parece que al menos se debería intentar limitar esos beneficios.

Asimismo, hay otro elemento que me parece notoriamente inconsistente. El artículo 7º, en cuanto al fomento de las cooperativas, determina o dispone la exoneración de todo aporte patronal y de todos los tributos nacionales. Al mismo tiempo que esto sucede, a nivel parlamentario se está considerando la reforma tributaria que contiene una serie de disposiciones que elimina esos privilegios -por decirlo de alguna manera- para el resto del sistema cooperativo. Notoriamente esto no parece adecuado pues, por un lado, se estaría estableciendo una condición por medio de la cual las cooperativas sociales estarían teniendo una serie de exoneraciones "in extremis" y, por otro, a las cooperativas en que podrían transformarse estas mismas cooperativas sociales una vez superado el límite que establece el literal D) del artículo 3º, les haría caer sobre sus hombros todos los impuestos nacionales y toda la carga patronal de la previsión social. Esto no es consistente. No parece razonable que al mismo tiempo que se está sugiriendo una disposición de esa naturaleza a través de la remisión del proyecto de reforma tributaria por parte del Poder Ejecutivo, también estemos tratando una disposición proveniente del mismo Poder Ejecutivo en la que el artículo 7º es notoriamente inconsistente. Reitero que no me parece razonable que eso suceda.

Insisto en que, en términos generales, la iniciativa hasta su artículo 6º parecería compartible, pero estamos profundamente en desacuerdo con las disposiciones contenidas en los artículos 8º, 9º y 10. A su vez, nos preocupa la inconsistencia que estaría generando esta Cámara al votar eventualmente la reforma tributaria y, al mismo tiempo, aprobar las exoneraciones tributarias del artículo 7º. Asimismo, creemos que sin los artículos 7º, 8º, 9º y 10 la ley tendría poco sentido, porque solamente sería una declaración de principios.

En términos generales -reitero-, pienso que la iniciativa es muy buena desde el punto de vista declarativo y voy a acompañar algunos de sus artículos, pero hay un conjunto de disposiciones que notoriamente parecen inconvenientes desde el punto de vista de la administración general.

SEÑORA DALMAS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: modestamente, no comparto la referencia que el señor Senador realiza a un proyecto de ley que está radicado en la otra Cámara, que eventualmente se transformará en ley y que efectivamente en una primera propuesta hará caer las exoneraciones tributarias, incluidas las de las cooperativas. Si nosotros trabajáramos de esta forma podríamos caer en errores previendo que una ley va a ser tal y, además, previéndolo indebidamente o equivocadamente porque ya quien envió el Mensaje, el propio Poder Ejecutivo, está anunciando discriminaciones en esa caída de las exoneraciones tributarias.

Por tanto, quería hacer este comentario dado que, en lo personal, modestamente no considero de recibo ese argumento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Aguirrezabala.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- De alguna forma, mi argumento es un llamado a la coherencia del planteo. Los dos proyectos de ley -por lo menos hasta el artículo 7º del que estamos considerando- han sido enviados por el mismo Poder Ejecutivo. Es de suponer que el Poder Ejecutivo comparte los planteos que hace y, en tanto ello sea así, pienso que son contradictorios. Hago esta alerta para salvaguardar a cada uno de nosotros y no caer en esa contradicción. Voy a votar el artículo 7º y adelanto que no comparto la caída de las exoneraciones para el sistema cooperativo. Entonces, en la medida en que se sostenga algo incoherente -también puede ser coherente decir que a las cooperativas sociales se las exonera de todo y a las otras se les cobra todo-, desde mi punto de vista se genera un salto inconveniente y, por eso, adelanto que voy a votar las dos exoneraciones del artículo 7º. Honestamente, digo que no parece razonable -y por eso hice un llamado de atención en mi argumentación- que se establezca una discriminación en contra del resto del sistema cooperativo, a través de una disposición que favorece a las cooperativas sociales y de otra que perjudica al resto. En la medida en que, a través de reformas estructurales importantes, no se resuelvan problemas de competitividad muy fuertes que existen en la economía uruguaya, es necesario mantener algunas exoneraciones a ciertas formas jurídicas de organización del trabajo y del capital que les permitan competir mejor. Si el marco general fuera otro, quizás, también podría ser otro el tratamiento.

De modo que, simplemente, mi argumento era en pro de rescatar lo que desde mi punto de vista es más conveniente. Me refiero a que en ambos casos deberíamos actuar siguiendo más o menos la misma línea. Por esto, no me parece razonable votar esta exoneración y luego hacer lo propio con la eliminación de las exoneraciones correspondientes al resto del sistema cooperativo.

Muchas gracias.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Hay dos aspectos que me parece bien plantearlos en este momento.

En primer término, estamos abocados al debate de una reforma tributaria, en la que el aspecto cooperativo está planteado. Cuando nos referimos a este proyecto de ley en la definición que realiza el artículo 1º con relación a quiénes serían sus protagonistas y beneficiarios, sin duda alguna estamos hablando de gente a la que hay que capacitar para poder incorporarla a este tipo de iniciativa.

Además, en la Cámara de Representantes se está debatiendo el proyecto de ley general de marco cooperativo y si tenemos en cuenta esto, tampoco podríamos estar tratando una iniciativa de esta naturaleza. Hemos dicho que también se ha tenido en cuenta el hecho de que algunos aspectos eventualmente podrían generar dudas y eso lo hemos planteado para que cuando el marco general de la ley de cooperativas llegue a instancias de tratamiento decisivo contemple esta realidad que, a mi juicio, a partir de hoy podrá crearse.

Hay otro aspecto que me parece está planteado y es que en el artículo 8º, con relación al tema de la referencia al TOCAF, el monto establecido es el de las licitaciones abreviadas. Por lo tanto, creo que no hay una situación de indefinición o de falta de límite. Concretamente, me refiero a la última línea del artículo 8º.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Tenemos una opinión bastante similar a la del señor Senador Aguirrezabala, aunque con algunos matices, entendiendo más inconveniente este proyecto de ley en algunos aspectos.

En primer lugar, quiero referirme al artículo 5º. ¿Cuál es el sentido de que el Ministerio de Desarrollo Social verifique si la composición de la cooperativa cumple con los requisitos, etcétera? Las cooperativas deben ser autorizadas por la Auditoría Interna de la Nación y por el Ministerio de Educación y Cultura. Por lo tanto, ahí tiene que estar la autorización pura, lisa y llana y ahí deberán verificar o no si cumplen el estatuto que reglamenta a la cooperativa social y éste deberá verificar si se ajusta o no la ley. Lo otro me parece que es un registro, digamos, inútil.

En el artículo 7º se habla de las exoneraciones. Las exoneraciones normales a las cooperativas se refieren a todos los impuestos directos, pero no a los indirectos, es decir, no al IVA, al IMESI, al COFIS -aunque en este caso no correspondería porque son prestaciones de servicios-, ni al IMABA. Me pregunto si una cooperativa social va a pedir un préstamo al Banco y va a decirle que no le puede cobrar el IMABA. ¿Cómo es el tema? Realmente no entiendo y no sé cómo se puede hacer. En realidad, encuentro que esto es bastante desprolijo. Además, ¿por qué no van a pagar el IVA? Lo cierto es que el costo es el costo, y el IVA es básicamente un impuesto sobre el valor agregado, independiente del precio. Las otras dos exoneraciones sobre los aportes patronales son las comunes para las cooperativas, por lo cual parece razonable, aunque claramente el Poder Ejecutivo se había negado a apoyar cualquier cosa y a tener iniciativa sobre cualquier aspecto menor de problemas surgidos a raíz de los fondos de liquidación. Es decir que no avaló, no dio su visto bueno y tomó la iniciativa para eliminar el Impuesto al Patrimonio sobre los fondos de liquidación, pese a que se mostró de acuerdo con la propuesta, diciendo que la reforma tributaria iba a abarcar todo, pero ahora manda una exoneración. Creo que esto es una incoherencia, pero dentro de ella está claro que esta última exoneración de aporte a la seguridad social abarca a las cooperativas porque siempre estuvieron exoneradas, y lo mismo ocurre con los Impuestos a la Renta o al Patrimonio.

Por otro lado, los artículos 8º y 9º realmente llaman la atención. Las excepciones a la contratación por licitación son de cosas generales, como puede ser, para adquirir o restaurar obras de arte, científicas o históricas y no sea posible el concurso de méritos o antecedentes; o para reparación de máquinas y motores cuyo desarme, traslado o examen resulte oneroso en caso de llamarse a licitación. Estos son siempre hechos objetivos. El monto de licitación abreviada es el monto mayor aparte de la excepción -no es el monto menor-, y es bastante grande en términos actuales. Todos los hechos bajo los cuales hay excepciones son objetivos: escasez notoria, adquisición de bienes en remates públicos, etcétera. Aquí, hasta ahora, no se discrimina por empresas, pero desde esta ley sí, si son cooperativas sociales. Es decir que la ley habla de cosas objetivas, salvo que sea una cooperativa social, esto es, que sé quiénes son sus integrantes, si son amigos o enemigos nuestros y puedo contratarlos en forma directa. De la misma manera, se podría declarar por ley, como dice el artículo 8º, que estas cooperativas son empresas con solvencia y responsabilidad demostrada en cuanto a la tarea. También por ley podríamos decir que declaramos la felicidad pública o que aquí no hay un techo; después se verá si es o no realidad. No es así. Me parecen altamente inconvenientes los artículos 8º y 9º porque violan todo el ordenamiento nacional de toda la historia; y no por ser histórico es malo, sino que es bueno porque fue construido a partir de la experiencia. No puede ser que porque tienen determinada forma jurídica sean solventes, responsables y que, además, tengan idoneidad. Además, puedo hacer una contratación directa que no puedo hacer en ningún otro caso. Cuando se hace una contratación directa, se trata del objeto, no de quien la presta. Por todos estos motivos, señor Presidente, me parece que el Cuerpo debería considerar la eliminación lisa y llana de los artículos 8º y 9º.

Creo que el artículo 10 es algo menor.

En cuanto al artículo 5º, me parece que no tiene sentido este Registro porque el cumplimiento del mérito o de los requisitos legales le corresponde a otras oficinas del Estado y no al Ministerio de Desarrollo Social.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- El inconveniente de analizar artículos en forma separada sin ver el conjunto -como señalaba en su informe la señora Senadora Xavier- disminuye, obviamente, la calidad de la discusión de lo que estamos votando. Aquí se está buscando una estrategia de política social y llenando un vacío legal que tenemos desde hace años en la relación Estado-organizaciones sociales, que cumplen un determinado fin: en primer lugar, educativo y de reinserción social. Para ello es que en el artículo 6º se establece la formación para la gestión. No se trata de cooperativas comunes, sino de gente que debe ser apoyada para la gestión. Este proceso, además, se lo define para determinado sector social. Según la reglamentación -y como también decía la señora Senadora informante-, se definirá qué se entiende por vulnerabilidad social por parte del propio Ministerio de Economía y Finanzas, que suponemos está acotando hacia quién va dirigido.

Por un lado, entonces, los problemas de competencia con otras empresas, en lo que refiere a las compras del Estado, aquí no tienen cabida, porque, evidentemente, es otro el objetivo de la creación de esta figura.

Por otro, creo que lo que está haciendo el artículo 8º es salvar un problema que tiene el TOCAF, justamente, para este tipo de estrategias educativas y de realización social que varias instituciones del Estado vienen desarrollando desde hace mucho tiempo y que han buscado formas de negociación con el Tribunal de Cuentas para que no se observaran los gastos que se hacen en la transferencia que aquél hace a este tipo de tarea social. Lo único que se está haciendo con esta legislación es llenar esos vacíos. Creo que un debe que todavía tenemos es legislar acerca de la relación del Estado con las organizaciones sociales en general y con las organizaciones de la sociedad civil que cumplen servicios del Estado -es decir que están cumpliendo un rol estatal-, puesto que ese es un tema que no está claro en nuestra legislación. Es obvio, entonces, que eso da lugar a observaciones del Tribunal de Cuentas.

SEÑOR ALFIE.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA PERCOVICH.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: si el objetivo es que compitan mejor o darles determinadas preferencias, el método no es este, sino otorgarles un subsidio directo. Es mucho más transparente, más claro y, además, no tendremos los problemas que seguramente vamos a tener en contrataciones del Estado. Si la idea es esa, bueno, el Poder Ejecutivo tiene facultades; por ejemplo, ahora está la instancia de la Rendición de Cuentas, en la que se puede incluir un subsidio y establecer condiciones objetivas para otorgarlo, con lo cual salvamos esta problemática. Creo que esta ley abre una brecha al ordenamiento jurídico nacional que -repito- no es antojadizo ni malo por ser histórico, sino que es, digamos, el resumen de la buena historia acerca de cómo se administra un Estado. Y no es único del Uruguay, sino de todas las partes del mundo.

Repito que no puede ser que por una mera cuestión de forma jurídica decimos: "A usted lo puedo contratar porque se llama Juancito, pero si se llamara Pedrito no lo podría contratar para hacer lo mismo". Si a la "forma jurídica Juancito" queremos darle un beneficio, pues démosle un subsidio -que se votará o no-, porque eso es mucho más claro, mucho más transparente y mucho mejor para el andamiaje general.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Percovich.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA PERCOVICH.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Aguirrezabala.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- En la misma línea de argumentación, quiero decir que me parece bien que, en todo caso, demos ciertas preferencias a las cooperativas sociales a la hora de seleccionar a los proveedores del Estado. Pero el punto aquí es que además de la preferencia, también les estamos dando un marco de discrecionalidad que creo inconveniente. ¿Por qué? Porque decimos que se puede hacer la compra directa, pero no establecemos ningún mecanismo por el cual se pueda dar una forma de competencia aun entre cooperativas sociales.

No estoy cuestionando la preferencia, que se puede dar a través del subsidio y hasta a través de una convocatoria que podríamos habilitar eventualmente por ley a fin de que las cooperativas sociales sean los únicos proveedores de determinadas cosas o que tengan un cierto nivel de preferencia; no estoy en desacuerdo con eso, pero sí lo estoy con la discrecionalidad que está detrás de esto. No digo que esa sea la intención; es más, creo que la intención es sanamente decir: "vamos a dar una preferencia para que las cooperativas sociales puedan contratar con el Estado a los efectos de que presten algunos servicios, aunque cuesten más caros". Pregunto cómo vamos a discriminar entre cooperativas sociales que tienen diferente eficiencia o distinta condición económica -de pobreza- y que, por lo tanto, de pronto podrían querer trabajar a costos menores. ¿Qué vamos a hacer en ese sentido?

Me parece que este tipo de disposición es contraria a una buena administración respecto a lo que queremos hacer. Precisamente, es eso lo que quiero destacar, e insisto en que no estoy en contra de que se les otorguen beneficios, facilidades o privilegios por su condición de cooperativas sociales, pero creo que esos privilegios deberían ser cuantificables, transparentes y que se debe evitar la discrecionalidad aun entre cooperativas sociales, puesto que en los hechos aquí no se está hablando de que se les va a comprar a todas las cooperativas sociales sino de la potestad del Poder Ejecutivo o del contratante estatal de adquirir bienes o servicios a alguien a través de una compra directa. No se dice a quién; por lo tanto, en este caso el Poder Ejecutivo puede discriminar libremente a quien lo hace y eso no parece ser conveniente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Percovich.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA PERCOVICH.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Entiendo que lo que se está haciendo aquí es incorporar al numeral 3) del artículo 33 de la ley que sirve de base a este ordenamiento, el llamado TOCAF, la posibilidad de que se pueda comprar sin seguir el procedimiento de la licitación pública, al igual que en la licitación abreviada y en otras que no exceden ciertos montos; esto es: comprar directamente o por el procedimiento que el ordenador determine por razones de buena administración, según se dice: "en los siguientes casos de excepción". Se incorpora, como literal S), a esos casos de excepción, que son muchos -por ejemplo: "A) Entre organismos o dependencias del Estado, o con personas públicas no estatales;" etcétera, y así sigue hasta el literal R)-, la posibilidad de que se siga este procedimiento con las cooperativas sociales. A su vez, esto deberá ser reglamentado por el Poder Ejecutivo y estará sometido a los controles del Tribunal de Cuentas.

SEÑOR ALFIE.- No hay control, señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- De aquí no se desprende...

SEÑOR AGUIRREZABALA.- No hay control.

SEÑOR RUBIO.- Todo esto está sometido al control del Tribunal de Cuentas. No hay uso de dineros públicos que no esté sometido a su control.

SEÑOR ALFIE.- No hay control, es meramente de legalidad, y con esta ley todo va a ser legal.

SEÑOR RUBIO.- ¿Cómo que no hay control?

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia solicita a los señores Senadores que no dialoguen.

Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Es un absoluto dislate decir que no hay controles del uso de los dineros públicos.

SEÑOR ALFIE.- Entonces, usted no conoce cómo es la historia.

SEÑOR RUBIO.- Continúo: es un verdadero dislate decir que no hay controles del uso de los dineros públicos, por distintos procedimientos, en este país. Las cuentas tienen que cerrar y el encargado de los controles es el Tribunal de Cuentas. Ahora bien, de este texto no se deduce que el procedimiento, ante varias propuestas de cooperativas, no pueda ser competitivo y que, a su vez, no sea transparente. Son dos problemas distintos. Esto deberá ser reglamentado a los efectos de los procedimientos que se deberán aplicar.

Es todo lo que quería decir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Percovich.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA PERCOVICH.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Señor Presidente: en primer lugar, cuando el artículo 8º excepciona de la licitación pública las compras que se hagan a las cooperativas sociales, no está entregando ninguna discrecionalidad. La decisión es un acto administrativo y como tal -porque lo ordena el Decreto 500- tiene que estar fundamentada y explicar por qué le compró a éste y no a otro y por qué a esa cooperativa social y no a otra. En todo caso, darle a las cooperativas sociales una preferencia en esta materia, que consista en no tener que presentarse a una licitación en donde el análisis de las condiciones económicas seguramente determinará que les gane quien tiene más dinero, me parece perfecto. La verdadera igualdad consiste en tratar desigualmente las cosas desiguales, tal como lo dijo el viejo Aristóteles, casi cuatro siglos antes de Cristo. Además, pensemos si se merecen o no una preferencia de esta naturaleza cooperativas que están formadas por sectores con necesidades básicas insatisfechas, jóvenes discapacitados, minorías étnicas y todos aquellos grupos en situación de extrema vulnerabilidad social. Se están proponiendo subsidios y esto me parece bastante más justo -lo que no significa que lo otro sea injusto- que la excepción de que el Estado haga compras directas. ¡Vaya que las ha hecho! Es más, yo participé en la compra directa de la biblioteca del doctor Alberto Ramón Real para la biblioteca jurídica del Banco Central del Uruguay; fundamentamos el porqué y no hicimos licitación. Incluso, se compran obras de arte sin licitación basándose en razones de urgencia porque se supone que va a ir otro interesado al remate para adquirirlas. ¡Y vaya a saber cuánto salen esas obras de arte!

En consecuencia, me parece muy justo que esto se establezca; no es discrecionalidad, hay que fundamentarlo por ley y por normas administrativas que obligan a explicar las razones de la decisión. También hay controles del Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República establece que dicho Tribunal realice el control. Concretamente, el artículo 211 dispone que al Tribunal de Cuentas le corresponde intervenir en todo lo relativo a la gestión financiera de los órganos del Estado. Entonces, si no interviene, está omiso; por lo tanto, no se está exento de controles.

Esto es así y si, en definitiva, lo que se desea establecer es que no se otorguen estas preferencias o privilegios, cabe recordar las palabras de Artigas cuando decía que a los más necesitados había que darles más privilegios. Precisamente, los más necesitados están en el artículo 1º. ¡Es clarísimo que es así! Por lo tanto, no veo otra razón y mucho menos que se hable de la discrecionalidad.

Por último, decir que el control de estas cooperativas y su admisibilidad corresponde a tal o cual organismo, es afirmar lo que está en una ley. A su vez, en esta otra ley -que espero se apruebe- se establece que el Ministerio de Desarrollo Social tendrá que intervenir. Si no fuera así, ¿quién debería hacerlo? ¿Acaso el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contaduría General de la Nación o los Registros de Comercio tendrán que estudiar si hay discapacitados, menores o gente con necesidades insatisfechas? ¿Qué otro organismo, que no sea ese Ministerio, que ya tiene muchos datos, podría cumplir este cometido?

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Muy brevemente, señor Presidente, porque se acaba el tiempo.

Deseo referirme a este último punto, que me parece muy importante. Tal como ya lo señaló la señora Senadora informante, hay que establecer claramente, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, qué se entiende por vulnerabilidad social. Este es un aspecto que será motivo de reglamentación, como varios otros que aquí se reclamaban, lo que me parece bien a efectos de la claridad de los procedimientos.

Por otro lado, el Ministerio de Educación y Cultura es, justamente, quien está pensando en dar un marco distinto al registro de las organizaciones sociales. Eso haría imposible que cumpliera este rol porque el marco normativo que existe para el registro de dichas organizaciones es absolutamente laxo y no responde para nada a las necesidades de las nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Entiendo que vamos a estar discutiendo este mismo tema dentro de algún tiempo, cuando el propio Ministerio de Educación y Cultura envíe un nuevo formato legal referido a esas relaciones. También pienso que esto debe ser controlado por quien está mirando y definiendo las características de la población, que se establecen en el primer artículo.

SEÑOR ANTIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ANTIA.- Señor Presidente: nosotros votamos la creación del Ministerio de Desarrollo Social. También coincidimos con la necesidad de generar un plan de emergencia para solucionar las situaciones de pobreza y de dificultades extremas que muchas familias, en este Uruguay, tenían y tienen.

También estuvimos de acuerdo con que dentro del programa de emergencia hubiera caminos de salida para ese ingreso ciudadano con cuyo carácter asistencialista discrepamos, ya que estamos de acuerdo en que se dé una mano pero, a la vez, preocupados con lo que podría pasar el día después, al año y medio, cuando finalizara. Creemos que el camino "Construyendo rutas de salida" es algo interesante porque había que buscar para esa gente una salida, que entendemos necesaria.

En definitiva, hemos compartido el fondo del asunto, pero también alertamos que en este proyecto de ley hay una prisa que puede llevar a grandes dificultades. Personalmente, no quedé conforme con el tratamiento de este proyecto de ley en Comisión y lo digo acá porque no tuve oportunidad de señalarlo en aquel ámbito.

Este proyecto de ley ingresa al Parlamento -no entiendo nada de legislación porque no tengo toda la formación necesaria y es la primera vez que integro el Parlamento nacional- proveniente del Poder Ejecutivo y compuesto por seis artículos. Por suerte, hubo discusión y la Cámara de Representantes lo analizó y de allí salió con diez artículos. Por suerte, también, hay otra Cámara que lo estudia y cabe la posibilidad de mejorar esta iniciativa y ajustarla. Sin embargo, observamos una excesiva prisa porque había un interés especial del Ministerio de Desarrollo Social para que se aprobara. Es cierto que recibimos a la señora Ministra -quien asistió rápidamente- pero, a la vez, nos hubiera gustado tener otra instancia, con técnicos, para analizar este tema porque entendemos que es necesario que un proyecto de ley salga bien. De todos modos, no hubo muchas instancias, sólo dos reuniones; en una de ellas se discutieron dos artículos y en la otra, los representantes del Partido Nacional no pudieron participar porque había reunión de Bancada, llegaron 20 minutos tarde y ya se había votado el resto de los artículos que integraba este proyecto de ley. No estoy planteando una queja, pero cuando se discutió el segundo artículo nosotros habíamos insinuado algunas dudas grandes sobre este proyecto y alertamos a los compañeros sobre problemas que van a surgir porque estamos frente a una iniciativa que nace mal.

SEÑORA XAVIER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ANTIA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: me parece que vale que aclaremos que cuando culminamos la votación de este proyecto de ley en Comisión no fue sólo en aras de que nos habían pedido, desde el Ministerio, la mayor diligencia en su tratamiento, sino porque en ese momento algún teléfono descompuesto nos hizo llegar la información de que, como estaban en reunión de Bancada, los colegas no iban a concurrir. De haber sabido que podían venir con cierto retraso, hubiéramos esperado para culminar el debate con ellos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Antía.

SEÑOR ANTIA.- Terminada la reunión de la Bancada del Partido Nacional fuimos, con los señores Senadores Heber y Moreira, y manifestamos la voluntad de discutir este tema que -entendemos- tiene una cantidad de elementos que van a generar problemas en nuestra comunidad. Personalmente -y entiendo poco-, cuando observo que un proyecto de ley entra a la Cámara de Representantes con seis artículos y sale aprobado con diez y con temas cuestionables, concluyo que hubo poco análisis. Además, ha pasado casi un año de formación del Ministerio y son muchos los técnicos que pueden trabajar en este tema. Creo que esto va a acarrear otros problemas.

Ya mencioné un ejemplo que no voy a repetir hoy, pero sí voy a alertar sobre el tema. En el Uruguay, el grueso de los puestos de trabajo -casi el 60%- está en manos de las pequeñas y medianas empresas; el 95% de las empresas del país pertenece a la categoría de pequeñas y medianas empresas que están luchando para progresar, para crecer, para pagar sus cuentas, sus jornales, sus impuestos y han contribuido con el desarrollo nacional, y el 60% del Producto Bruto nacional está en sus manos. Estoy de acuerdo con que para ayudar a las familias que están en situación de pobreza se les den subsidios, apoyo, y se les exonere de algunos impuestos, pero no atentemos contra las empresas que están luchando ya que hay muchas que pueden verse perjudicadas por las exoneraciones que prevé el artículo 7º de este proyecto de ley. Aquí se exonera de todo impuesto; está bien que no paguen aportes patronales, aunque no sé si es correcto que no hagan aportes en el área de la salud porque todos los trabajadores lo hacen. De pronto, el Estado piensa que está bien que eso se subsidie, pero no pagan IVA, COFIS; no pagan nada y eso va a generar dificultades de competencia con pequeñas y medianas empresas que hoy están funcionando en todo el país.

No quiero entrar a discutir si está bien o mal que se exonere por esta vía a las cooperativas sociales y, por otro lado, se las cargue en la nueva ley de reforma tributaria. Quizá no sea el momento de discutirlo, pero las cooperativas de ayuda mutua, el sistema cooperativo y las pequeñas empresas tienen que saber qué es lo que se está ofertando en este caso.

Además, me parece que les está faltando marco a estas cooperativas. Es correcto el objetivo de ayudar y, en tal sentido, en varios países del mundo hay proyectos que apuntan a ayudar a las cooperativas sociales pero en ellos se explicita cuáles son los grupos favorecidos sujetos a subsidios; por ejemplo: personas drogodependientes, jóvenes con problemas judiciales, extranjeros inmigrantes, desempleados, trabajadores provenientes de empresas en reconversión, minorías étnicas, mujeres jefas de familia, etcétera. Pero acá no se explicita; directamente está referido a personas "que padecen extrema vulnerabilidad social", lo que no se sabe qué es, puesto que lo decide el Ministerio de Desarrollo Social. Está bien que así sea, pero no se refiere a quién lo controla, porque si hay una empresa que funciona, tiene que haber un contralor que no debería ser del mismo Ministerio sino, por ejemplo, de la Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la Auditoría Interna de la Nación o de algún otro organismo con el que se crucen las autorizaciones. En definitiva, debería existir alguna otra garantía sobre el control del funcionamiento de esas empresas, pero no hay un mecanismo de evaluación.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ANTIA.- Después, señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ANTIA.- Después, señor Senador.

Además, hay algunas cosas que no me cierran. Por ejemplo, son cooperativas sociales para ayuda de gente que está en situación límite, pero pueden tener empleados a su cargo. Esa es una posibilidad que acá se plantea. Acá hay trabajadores que son socios cooperativos y otros que son empleados. Eso tampoco me cierra. ¿Por qué? Porque puede tratarse de una cooperativa social de tres o de treinta personas, porque acá no hay límites. Días pasados hicieron un comentario en Comisión respecto de la Ley de Cooperativas de 2004 que marca un límite inferior y denomina cooperativa a partir de los seis trabajadores; pero aquí no se establece límite inferior ni superior. Entiendo que si se trata de cooperativas sociales para ayudar a salir de la indigencia a grupos familiares compuestos, por ejemplo, por madres solas, es necesario que haya un límite para evitar la competencia desleal con las pequeñas y medianas empresas o con otras cooperativas que van a pagar IVA, COFIS y los demás impuestos.

Repito que este proyecto de ley debería acotarse, como se hace en todas partes del mundo. Por ejemplo, sabemos que en Italia y en España, expresamente, se establece que las cooperativas tendrán un mínimo de integrantes y se hace referencia a una ley.1 En esos países se ha introducido el esquema de las pequeñas cooperativas que se constituyen con tres socios como mínimo y ocho como máximo.

Consideramos que a este proyecto de ley le está faltando algo que marque que se apunta a la ayuda social, para evitar que esto genere un lío en el sistema de las pequeñas y medianas empresas que son la base del sistema cooperativo.

Por lo expuesto, entiendo que a este proyecto de ley le falta análisis y discusión, y me parece que la prisa y el apuro nos van a llevar a cometer errores de gobierno. Voy a apoyar a las cooperativas para dar una mano a la gente que lo precisa, pero hay muchos temas que me plantean dudas. En Comisión insinuamos algunos, pero después no pudimos plantear más nada.

SEÑOR LORIER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ANTIA.- Antes me había solicitado una interrupción el señor Senador Michelini a quien, con mucho gusto, se la voy a conceder ahora. Luego concederé la interrupción solicitada al señor Senador Korzeniak y, finalmente, al señor Senador Lorier.

SEÑOR PRESIDENTE.- El tiempo que le queda al señor Senador Antía para hacer uso de la palabra son 19 minutos.

Puede interrumpir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: el proyecto de ley que está a consideración no solamente recibe críticas del señor Senador que me ha cedido la palabra, sino de otros miembros destacados de este Cuerpo, con algunas de las cuales podemos coincidir. Pero déjennos razonar, de alguna manera, sobre por qué nosotros no hacemos tanto hincapié en cerrar y poner una serie de condicionantes que, quizá, puedan volver inaplicable el proyecto de ley.

Por más que la economía esté mucho mejor que antes, por más que tengamos un nivel de recaudación mayor, por más que se hayan ordenado las finanzas y los niveles de empleo sean muy importantes en este momento, lo cierto es que los beneficios de esa economía no están llegando a una cantidad de gente. Naturalmente, por este hecho se generan angustias y ese país que en situación de pobreza no les daba posibilidades, ahora, en situación de riqueza, tampoco se las da. Acá estamos poniendo en funcionamiento un instrumento por supuesto perfectible y que, sin duda, hay que mejorar, pero sucede que lo queremos implementar ya. Cuando se da una situación en la que muchos uruguayos se están hundiendo, para tratar de aliviarlos intentamos lanzarles objetos para que puedan flotar. Naturalmente, muchos de esos objetos no son perfectos, pero con este instrumento estamos intentando que algunas personas puedan salir adelante.

Creo que este proyecto de ley se va a perfeccionar, pero hay que dejarlo andar. La otra vez vino un especialista en legislación y nos dijo que nosotros, los latinos -y sobre todo los uruguayos- tratamos de hacer las leyes tan perfectas que después no funcionan. Nos decía que en el mundo anglosajón avanzan y después -naturalmente- perfeccionan y corrigen los incentivos y las penas o castigos.

En este momento, no hay setecientas mil cooperativas que puedan empezar a funcionar. Entonces, la exigencia de competencia puede ser muy loable en el futuro pero, repito, en la actualidad probablemente haya un puñado de ellas para proveer algún servicio. Incluso, habrá que ver si están en condiciones de hacerlo. A su vez, considero que el primer artículo que habrá que aplicar es el que permite educar y preparar a los propios cooperativistas para que luego puedan brindar ese servicio.

En definitiva, señor Presidente, podemos detener el tratamiento de este proyecto de ley, demorar dos meses y luego aprobarlo para que pase a la Cámara de Representantes. En ese caso, ahí también se discutirá y habrá que ver si finalmente es aprobado. Otra solución es la que tomamos algunos, en cuanto a generar una especie de ejercicio de aprendizaje para luego ir corrigiendo. Por ejemplo, al final del artículo 1º se dice: "jefes y jefas de hogares pertenecientes a sectores con necesidades básicas insatisfechas, jóvenes, discapacitados, minorías étnicas y todo grupo en situación de extrema vulnerabilidad social". Naturalmente, se puede buscar algo más perfecto, pero si el Ministerio y quienes desean usufructuar este proyecto de ley se atienen a este artículo 1º, no hay que agregar más nada.

Reitero que nuestra idea es la de echar a andar y luego corregir. Somos conscientes de que probablemente se genere alguna injusticia o alguna situación que no nos gusta. Pensamos que es más importante dar la señal de que estamos tirando cabos al conjunto de los uruguayos, que no estamos viendo todo por la óptica de la economía, y que entendemos que hay gente fuera de los regímenes normales de competencia a la que hay que dar una mano. Repito: esto es más importante que elaborar una ley tan perfecta que luego no se pueda aplicar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Korzeniak.

SEÑOR KORZENIAK.- El numeral 4º del artículo 168 de la Constitución dice que el Poder Ejecutivo -aunque no lo establezca este proyecto de ley- reglamenta las leyes o, al menos, tiene la facultad de hacerlo. Esas reglamentaciones -tanto en el caso de este Poder Ejecutivo como en el de los anteriores- se analizan en un Consejo de Ministros o en una reunión del Presidente con los Secretarios de Estado. Por lo tanto, todos los Ministros van a reglamentar -probablemente, a propuesta de la Ministra de Desarrollo Social- qué quiere decir "grupo de extrema vulnerabilidad social", etcétera. En consecuencia, no existe lugar para la discrecionalidad o las dudas que puedan plantearse. Confío en que la reglamentación sea buena para evitar toda esa discusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Lorier.

SEÑOR LORIER.- Creo que en este proyecto de ley se prevén dos elementos importantes de control, uno de los cuales realizará el propio Ministerio de Desarrollo Social. Si se otorga una serie de exoneraciones y apoyos, es indudable que habrá que controlar el correcto uso de tales recursos por parte de estas cooperativas. Insisto, en este caso, por ley, esa tarea le corresponderá al Ministerio de Desarrollo Social. Además, están los Consejos Consultivos Sociales que ya están trabajando en lo que nosotros denominamos el control social de este tipo de iniciativas, en todo lo que tiene que ver con el programa de iniciativas locales. Es aquí donde pensamos que luego deberá actuar la reglamentación. Todo el espectro social y político de nuestro país debe velar para que estas exoneraciones y apoyos se apliquen correctamente.

Si se me permite, quisiera contar una experiencia personal que tuvimos en momentos en que el actual señor Senador Amaro era Intendente de Florida. En esa oportunidad -me desempeñaba como Director del Departamento de Desarrollo Productivo-intentamos conjuntar y apoyar a la pequeña y mediana empresa sumergida del departamento, pero nos encontramos con dos dificultades que, precisamente, ataca este proyecto de ley. La primera de ellas tenía que ver con el aspecto legal, esto es, cómo dar cobertura y rodear a estos grupos desde la Intendencia. En aquel entonces no teníamos este instrumento de las cooperativas sociales y, por lo tanto, debimos utilizar un mecanismo denominado "Grupo de Integración Económica", GIE. Se trataba de un grupo muy especial para este tipo de emprendimiento, pero no era el ideal. Sin embargo, ahora nos estamos acercando a ese ideal.

En segundo lugar, no podíamos recurrir a este artículo del TOCAF que permite la contratación directa. La Intendencia estaba asociada a los grupos de pequeños y medianos productores de la actividad privada, pero no contábamos con instrumentos legales para proceder a la venta de los productos. Fue así que debimos utilizar uno de los incisos del artículo 33 del TOCAF que establece que los intercambios entre los organismos estatales no tienen los límites de las licitaciones abreviadas ni tampoco de las comunes. Entonces, a través de esta norma estamos consagrando un instrumento que lo permite, con el debido control, porque sabemos que hay que controlar que no se desvirtúen, en ningún sentido, los instrumentos que estamos aprobando.

Entonces, con los controles del Ministerio de Desarrollo Social y de los Consejos Consultivos Sociales, más la reglamentación correspondiente, tendremos una arquitectura que nos permitirá -con lo cual creo que todos los señores Senadores estamos de acuerdo- propender al estímulo de estos emprendimientos para aquella gente que está en situación de indigencia y, al mismo tiempo, controlar que no exista ningún tipo de desvío en una finalidad tan importante y necesaria.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Antía.

SEÑOR PERDOMO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ANTIA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR PERDOMO.- Es verdad que toda norma es perfectible y todos sabemos lo que demora el sistema político uruguayo en llevar a cabo ese perfeccionamiento. También es cierta la máxima de que tengan más privilegios los más necesitados. El tema pasa por determinar si debemos promover más necesitados para luego distribuir más privilegios. Entre los proveedores del Estado -no tengo los números concretos- debe haber una gran mayoría de empresas unipersonales. Estoy pensando en auxiliares de servicio de Primaria, Secundaria, bancos y distintas empresas del Estado. Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo por este mecanismo es transferir el mecanismo de inscripción como proveedor del Estado, al Ministerio de Desarrollo Social. Básicamente, constituye una lesión grave a quienes hoy están realizando este tipo de funciones, muchas veces con sueldos básicos, habiendo competido en los distintos sectores del Estado. En definitiva, será un mecanismo más de formalidad; habrá que inscribirse como cooperativa social dentro del Ministerio de Desarrollo Social para seguir manteniendo ese tipo de lugares.

Seamos pragmáticos: no está en juego el tema de la defensa de las cooperativas de producción ni de servicios, como así tampoco la microempresa nacional que, como dije, debe ser la que en mayor porcentaje provee al Estado de los distintos pequeños servicios, en sus diferentes áreas. Como el Poder Ejecutivo tiene la necesidad de llevar adelante esta iniciativa y ha hablado de su urgencia, va a ser aprobada. Entonces, espero que a la hora de la reglamentación, estas mayorías piensen en cuánto contradice esta futura ley a la de iniciativa privada y sus privilegios, a la de defensa de la competencia y, por sobre todas las cosas, al espíritu de este ajuste fiscal que han anunciado y que el Gobierno ha llamado "reforma tributaria".

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una moción del señor Senador Lapaz, en el sentido de que se prorrogue el tiempo de que dispone el señor Senador Antía.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 18 en 21. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Antía.

SEÑOR ANTIA.- Estábamos alertando sobre diferentes puntos que tiene este proyecto de ley. Luego de escuchar algunas observaciones realizadas en Sala por varios señores Senadores, entre otros, el señor Senador Michelini, me viene a la mente algo que me decía siempre mi abuela, que tenía muchos años y era muy sabia. Ella me decía: "M’hijo, no hay nada más definitivo que lo provisorio, que después queda para siempre. Hacé las cosas bien, apuntá a hacerlas bien de arranque." Este consejo me sirvió para toda la vida y creo que es de sentido común. Entonces, supongo que esto debería ser un norte principal a la hora de legislar.

El hecho de que la señora Ministra Arismendi tenga urgencia en que esto resulte aprobado me parece que no está mal, pero no considero acertado que la urgencia sea tanta como para permitir que los coletazos de una mala aprobación generen una competencia desleal contra las pequeñas y medianas empresas, las microempresas del país, las que brindan, o no, servicios al Estado, o aquellas que quieren vender pequeños productos comerciales que están elaborando con esfuerzo. Llegar a esa competencia desleal sería generar un problema que redundaría en más pobreza y es sabido que después no vale llorar sobre la leche derramada.

Además, hay toda una lucha para terminar con el informalismo. Sin embargo, esto va a ser una apuesta al informalismo, porque la gente va a descubrir que lo que tiene que hacer es ir a la oficina local del representante del Ministerio de Desarrollo Social y pedirle que autorice una cooperativa social para, por ejemplo, limpiar los vidrios de los Casinos del Estado, de la Intendencia Municipal o del Banco de Previsión Social. Entonces, esa empresita que no paga IVA, COFIS, ni nada, va a dejar sin trabajo a cuatro o cinco funcionarios que trabajan para un pequeño empresario de la zona que, a su vez, está luchando desde años, compitiendo para poder comer. Sin duda, este tipo de cosas van a generar problemas a nivel de la comunidad. ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque no veo que en este proyecto de ley haya límites. Está bien que esto se pueda solucionar a través de una reglamentación, pero acá se habla de cooperativas sociales para ayudar a los indigentes, que pueden tener empleados. Esto es muy claro. Sin embargo, en otras partes del mundo este tipo de cosas no se resuelve de esta manera, sino que se acota, y no sólo en la cantidad, lo que creo sería absolutamente necesario. Pienso que no se debería constituir con más de seis u ocho personas; si no me equivoco, seis es la cantidad mínima a partir de la cual se habilita una cooperativa social. Es una unidad familiar razonable.

Además, si estamos hablando de un objetivo de inclusión social, de dar una ruta de salida y espacios a la gente que hoy no tiene oportunidades, entonces establezcamos un tiempo límite a la cooperativa social para que se "destete" y funcione como debe hacerlo, con reglas de competencia normales, y no que tenga un privilegio de por vida por tener vinculación con algún dirigente político que hoy está en el poder y que mañana puede perfectamente no estarlo. Por mi parte, no quería mencionar ejemplos, pero el señor Senador Lorier citó uno que me inspira a referirme a otro que está pasando hoy en mi departamento y que no sé si no tiene que ver con la cooperativa social y con su eventual peligro. Antes de proseguir, quiero ser muy claro en cuanto a que lo que voy a decir no contiene ninguna crítica al Municipio; simplemente, quiero alertar sobre un problema específico y puntual.

En nuestro Gobierno teníamos, bajo el área de limpieza de la planta urbana, a diez o doce pequeñas empresas, todas de la zona que, con seis, ocho o diez empleados limpiaban maravillosamente bien todo el departamento. Competían entre sí y cada seis meses licitaban, claro que dentro de licitaciones restringidas, porque ahora estamos hablando de montos que no pueden pasar inadvertidos y que son importantes para una cooperativa social. Téngase en cuenta que hoy la cifra correspondiente a contratación se ubica en más de $1:400.000, y se puede repetir esa contratación. Entonces, reitero que son cantidades realmente importantes. También se puede destinar determinada cantidad para un mes, otra para el siguiente, etcétera; en definitiva, esta cuestión puede tener muchos vericuetos. La anécdota que voy a contar -inspirada por la que relató, respecto de Florida, el señor Senador Lorier- alude a un hecho que está ocurriendo hoy. Como decía antes, había varias empresitas. Entonces, alguien las visitó y dijo a cada una: "Mirá que tu empresa no va a tener más trabajo. Si querés, armamos un grupito y contratás directamente con nosotros". Así, siguieron trabajando los mismos empleados y algún otro nuevo, pero el pequeño empresario de la zona fue tirado para afuera, porque se le quedaron con los capataces y los peones, a los que les pusieron nuevos chalecos y les dieron nuevos escobillones. Reitero que eran empresarios pequeños de la zona, los que legalmente están en infracción y fueron ya dos veces observados por el Tribunal de Cuentas, pues no había manera de que pudieran hacer eso. Un gremio se prestó para darles la tutoría: hacía la gestión y les cobraba un porcentaje. Esto puede ocurrir perfectamente a partir de mañana con la aprobación de este proyecto de ley. Un montón de empresitas, cooperativas sociales, pueden terminar haciendo todos esos servicios al Estado, entrando por las puertas del Ministerio de Desarrollo Social. Ese es uno de los peligros que tiene esto, porque una ley no es sólo para un sector, para los que hoy están en la ruta de salida, sino también para aquellos que están en situación de dificultad económica y pobreza y que no se encuentran en esa ruta. En la actualidad, hay muchos golpeando la puerta para entrar y también tienen derecho a salir de la situación de exclusión social e integrarse a la comunidad

Concretamente, sugeriría tres o cuatro cosas que podrían mejorar lo que aquí se plantea: limitar el número de personas, establecer un máximo de tiempo, fijar controles por parte de alguien que no sea el Ministerio de Desarrollo Social -es decir, que dicho Ministerio otorgue autorización, pero que sea otro el que controle, porque eso es bueno para el país- y limitar el monto de contratación. No me parece que la licitación restringida sea lo adecuado, pues se trata de un monto muy grande. Estas son sólo algunas cosas; seguramente en el correr de esta sesión se me ocurrirán otras.

SEÑORA XAVIER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ANTIA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: en relación con las fundamentales argumentaciones que hace el señor Senador Antía, me parece que es muy claro que si se diera alguna de las hipótesis por él planteadas se perdería la calidad de cooperativa social, lo que está previsto en el último inciso del artículo 3º. Allí se establece claramente que cuando hay incumplimiento de los requisitos establecidos previamente, se pierde la calificación de cooperativa social. Quiere decir que esto ha sido perfectamente previsto en este proyecto de ley.

Con relación al número, que el señor Senador planteó en Comisión, y volvió a hacerlo ahora, debo señalar que el informe escrito -que el señor Senador suscribe con discrepancias- se remite a la Ley Nº 17.794 que define la integración, estableciéndose que será de aplicación cuando el presente proyecto se convierta en ley, tal como lo define el artículo 2º. A propósito, quiero decir que el señor Senador hizo referencia a algún hecho que ya había motivado una convocatoria por parte del MIDES, con un número diferente al que prevé la mencionada ley. Pero a partir de la aprobación de este proyecto de ley, será el número que aquí figura el que definirá la integración de este tipo de emprendimientos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Antía.

SEÑOR ANTIA.- Gracias, señor Presidente.

La Ley Nº 17.794, del año 2004, establece que las cooperativas de producción o trabajo asociado se integrarán con un mínimo de seis trabajadores socios. Pero acá no estamos hablando de mínimos. En las cooperativas sociales lo que tenemos que fijar son los máximos; no importan los mínimos porque, indudablemente, no va a existir una cooperativa social integrada por una sola persona. Lo que importa es el máximo, para que exista una diferencia. Y esto va más allá del hecho de que hoy se esté discutiendo en la Cámara de Representantes una ley de marco cooperativo distinta. Me parece que esto tiene que basarse en un marco. Y si el hecho de establecer un límite en el tiempo demandaba veinte días más, sabiendo que hay otra ley a estudio y que esto es para brindar una ruta de salida y posibilitar la integración, entonces ¿por qué la Bancada de Gobierno no lo acepta? ¿Para que se apruebe rápidamente? Es un error.

En consecuencia, entendemos que es necesario hacer algunos ajustes mínimos -por lo que el proyecto de ley debería volver a la Cámara de Representantes, donde sería aprobado con rapidez- para que haya un orden en el mercado de trabajo y no se cometan errores que después terminen destruyendo un buen instrumento, como puede ser la Ley de Cooperativas, porque una mala ley termina cayendo por su propio peso si tiene problemas grandes en la comunidad. Queremos que exista una norma que permita ese principio, pero que esté acotado en el tiempo, de manera que el emprendimiento empiece a caminar solo. Así es como se concibe este tema de la inclusión social en todos los proyectos a nivel mundial, por ejemplo, en Italia, España, Francia, etcétera.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: quiero expresar que coincido con varias de las apreciaciones realizadas por el señor Senador Antía, las que además nos deben hacer reflexionar. Creo que se va a dar una competitividad entre estas cooperativas sociales, que van a atender a grupos definidos por el artículo 1º como de extrema vulnerabilidad social. Esta expresión es muy laxa y genérica y queda sujeta a una reglamentación futura cuyo alcance desconocemos, pero que esperamos sea muy restrictiva y atienda las situaciones de pobreza, porque esa es la filosofía con la que aprobamos la creación del Ministerio de Desarrollo Social. Al modificarse radicalmente el tratamiento impositivo que imponía la Ley Nº 17.794 a las cooperativas de producción o trabajo asociado, según la cual quedaban exoneradas de todo tributo nacional, con excepción del IVA, el IMESI, el COFIS, el impuesto específico a los servicios de salud y el de telecomunicaciones, estamos hablando de porcentajes que en el costo final de los servicios que se contraten no están por debajo del 20% ó 30%. Esto marca una diferencia en cuanto a la competitividad de estas cooperativas con los miles de pequeños emprendimientos productivos -como señalaba el señor Senador Antía- y empresas unipersonales y familiares, que no gozan de exoneraciones tributarias de esa naturaleza y que deben competir en un mercado en estos tiempos extremadamente duros.

Por otra parte, además de las exoneraciones impositivas que se les otorgan, que las colocaría en una situación de verdadero privilegio frente a empresas unipersonales y a otro tipo de cooperativas, también -y creo que esta es la finalidad que establece más claramente la ley- se les conceden privilegios en materia de contratación con el Estado, y esto es lo que me parece más peligroso. Aquí se ha mencionado que a pesar de que estas empresas podrán contratar directamente con el Estado por hasta el monto máximo de la licitación abreviada, igual van a estar sujetas al control de legalidad por parte del Tribunal de Cuentas, por cuanto el Estado va a realizar gastos; sin embargo, quienes hemos ocupado cargos en la Administración Pública sabemos que el contralor de legalidad posterior de las contrataciones directas es nada más que virtual, ya que se podría no acudir a un cotejo de precios y hacer la contratación directa simplemente fundando la resolución administrativa en el hecho de que se trata de una cooperativa social con integrantes en situación de extrema vulnerabilidad. ¿Quién controla eso? Nadie lo hace. Todos los que hemos visto contrataciones directas, a veces por montos muy elevados -como es el caso de la construcción de puentes-, no podemos pensar que en el caso de las contrataciones del Estado con estas cooperativas sociales va a haber un contralor del Tribunal de Cuentas de la República.

He leído la versión taquigráfica de la Comisión de la Cámara de Representantes a la que concurrió la señora Ministra de Desarrollo Social, donde aludía a la compra de ladrillos, bloques y túnicas. Me parece que no se está pensando en que estas cooperativas compitan en el mercado libre para vender cosas a las organizaciones privadas, sino en que tengan una posición de privilegio para contratar con el Estado por montos de hasta aproximadamente $1:400.000, cifra que es significativamente alta para operaciones de esta naturaleza. Observo que ello no va a quedar sujeto a ningún tipo de contralor y, aunque se diga que teóricamente lo va a estar, en la práctica no va a suceder así. Por tanto, la Administración Central -a través de los distintos Ministerios- y las respectivas Intendencias Municipales, podrán hacer ese tipo de contrataciones sin estar sujetas al requisito de la licitación, siempre transparente para toda la sociedad uruguaya, que es quien otorga el dinero al Estado. En materia de garantía en cuanto al gasto, las licitaciones en todas sus versiones no se pueden comparar con un procedimiento de compra directa, sobre todo teniendo en cuenta que en el Estado uruguayo es moneda corriente el fraccionamiento de las compras. De modo que esta puede ser una brecha muy importante.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Considero que es acertado lo que expresa el señor Senador Moreira. A ello quiero agregar que el sistema de contratación directa de las cooperativas sociales, donde no se les impone ni siquiera un mecanismo de competencia entre ellas y tampoco una preferencia especial en pequeñas contrataciones, facilita un mecanismo discrecional del jerarca contratante, que es la madre de un clientelismo político espantoso; por eso digo que el proceso es perverso. Aclaro que no estoy acusando o diciendo que esa sea la intención; en absoluto. No lo creo; pienso que detrás está la sana intención de dar un privilegio a las cooperativas sociales.

Estoy dispuesto a darles un privilegio acotado, aunque sea importante, y creo que todos deberíamos dárselo, porque es un buen mecanismo. Sin embargo ese privilegio no puede tener el grado de discrecionalidad que se le otorga a través de esta vía. A este respecto voy a dar un ejemplo. Supongamos que dos cooperativas sociales se presentan para limpiar los vidrios del señor Senador Antía y éste debe elegir a quien contratar. ¿Cuál es el mecanismo para hacerlo? Ni siquiera le estamos sugiriendo al Poder Ejecutivo que establezca mecanismos competitivos o transparentes, y en ese sentido estamos en falta.

Insisto en que no juzgo la intencionalidad, pero creo que el efecto de este mecanismo es negativo. Se tiene la buena y sana intención de privilegiar a las cooperativas sociales y, en general, más allá de los montos, eso lo compartimos todos, pero me parece que es perversa la forma en que ello se establece, teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico existente y el sistema de compras que tiene el Estado.

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo -que finalizaba en el artículo 6º- implicaba una exoneración fiscal del IVA, del COFIS, etcétera, lo que ya significaba un privilegio enorme para las cooperativas sociales; sin embargo, se le ha agregado un beneficio casi inconmensurable que queda en manos del jerarca contratante porque, amparado por la ley que se quiere votar, puede contratar en forma directa a quien quiera. Si los señores Senadores comparten el hecho de que no debiera ser así, creo que sería conveniente que accedieran a incorporar al articulado algo que acote este mecanismo y que establezca, al menos, el espíritu competitivo de los llamados.

Tengo la presunción -luego de conversar con los Senadores que integran el partido de Gobierno; más bien lo he podido constatar- de que hay un compromiso de aprobar este proyecto de ley con urgencia. Una vez más, volvemos a aplicar el régimen de la urgencia de hecho con los proyectos de ley que vienen del Ministerio de Desarrollo Social; todos tienen un carácter de urgencia permanente que impide discutir, incluso sobre aspectos de fondo.

Me parece que este procedimiento no es positivo ya que, por la urgencia, estamos votando mecanismos que no contribuyen a la virtud de la administración de los recursos del Estado, y esto me preocupa profundamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑORA XAVIER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Creo que aquí hay algunos aspectos que se están confundiendo y que ello se debe, fundamentalmente, a no haber participado en la Comisión. Digo esto porque se está haciendo algún tipo de afirmaciones con relación a la no evaluación de los proyectos o a una adjudicación absolutamente antojadiza, como se llegó a decir en forma perversa y con intencionalidad eventualmente política.

Creo que fue muy clara la Directora Mazzotti cuando concurrió a la Comisión y planteó la conformación -ya existente- de Comités Departamentales, integrados por Direcciones, como las propias Juntas Departamentales -a lo que hacía referencia el señor Senador Lorier en su intervención-, o las Intendencias Municipales. Allí quedó claro cuáles son los proyectos que se presentan, más allá de los otros mecanismos de contralor del Estado. En cuanto a la viabilidad social y a la necesidad de que estos proyectos sean aprobados, hay una serie de elementos que tienen que ver, nada más ni nada menos, con el conocimiento que diferentes ámbitos de la propia comunidad poseen al ser parte de esos Comités Departamentales. Estos están integrados por el MIDES, pero también pueden conformarlos la Junta Local, la Junta Departamental, la Intendencia Municipal y asociaciones que tratan de promover las iniciativas más importantes para atender una situación verdaderamente urgente de emergencia social y de absoluta o extrema pobreza.

Es por estos motivos que proyectos de este tipo vienen con un tiempo que no consideramos que sea tan urgente, pero que sí deben tener una aprobación rápida en relación con lo que insumen otros temas.

Queda claro, entonces, que el objetivo -particularmente, la población -objetivo- de estos proyectos merece esta emergencia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- No he puesto en tela de juicio la sinceridad de las intenciones de este proyecto, ni he dudado de que vaya a atender a un sector que se califica como vulnerable desde el punto de vista social. Lo que sí digo es que lo que establece el artículo 6º en cuanto a que todos los miembros de las cooperativas recibirán capacitación en los postulados y principios cooperativos y en los diversos aspectos específicos del rubro en que se desarrolla la actividad productiva, así como la asistencia técnica que garantice la viabilidad socio-económica de los proyectos, lo he visto repetido mil veces en mi actividad como gobernante y he comprobado que siempre se trata de postulados de orden teórico. Es muy difícil hacer una evaluación técnica o lograr la capacitación en el corto plazo. La JUNAGRA lo ha intentado por todos los medios durante muchos años y pocos han sido los resultados. Las capacitaciones -sobre todo en este orden social- no resultan fáciles y la viabilidad económica de los proyectos dependerá de la indulgencia del tratamiento impositivo y de la disposición del Estado uruguayo a inclinarse a contratar en forma directa, cuando hay más de un postulante, a la cooperativa social. Me parece que esta va a gozar de una situación de real privilegio frente a otras personas que también pueden encontrarse en una situación de vulnerabilidad social pero que, además, están pagando todos los impuestos que el Estado uruguayo reclama.

Pienso que esta es una ley-marco que concede una serie de prerrogativas, inspirada en un fin muy loable, pero que en definitiva tiene ciertos principios genéricos que luego, en la realidad, no se van a traducir en resultados excesivamente positivos salvo que el Estado uruguayo, con los dineros de toda la sociedad uruguaya, sea muy indulgente con estas cooperativas sociales cada vez que haga una contratación directa por un monto de hasta $ 1:400.000.

(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Susana Dalmás.)

SEÑOR PERDOMO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Puede interrumpir el señor Senador Perdomo.

SEÑOR PERDOMO.- Quisiera reafirmar las palabras del señor Senador Moreira ya que el artículo 6º, que refiere a formación para la gestión, ni siquiera estaba incluido en el Mensaje original del Poder Ejecutivo. En realidad es incorporado en el Parlamento porque, reitero, originalmente no estaba prevista la posibilidad teórica -en la que coincido- de formación y profesionalización de los recursos humanos para realizar la gestión debida, porque no había sido dispuesta por el MIDES.

Reafirmo la posición que se ha expuesto en cuanto a que sería necesario ampliar el análisis de los artículos finales del proyecto de ley, porque de lo contrario estaríamos trasladando la oficina de proveedores del Estado al MIDES.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR ABREU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Puede interrumpir el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Creo que corremos el riesgo de vestir a un santo y desvestir a otro. El tema de la competencia es muy importante. Compartimos la preocupación de que un proyecto de ley de esta naturaleza debe buscar una salida para insertar en el mercado laboral a sectores de la población que están marginados, pero también debemos considerar que estamos dándoles un respaldo para que ingresen al mercado con criterios de competitividad. ¿Por qué de competitividad? Porque también existen otros sectores -y los porcentajes que el señor Senador Antía manejó en tal sentido son elocuentes- de micro, pequeños y medianos empresarios del Uruguay que reciben otro tratamiento y que, al ser considerados en forma diferencial, se van a enfrentar a dificultades claras de competencia cuando el Estado llame a proveedores para determinados servicios. Podemos poner como ejemplo la actividad que desarrollan las mujeres rurales del Interior, que se reúnen en cooperativas y organizaciones y que van a recibir un trato distinto a pesar de las carencias que tienen y del esfuerzo que hacen para competir. Más allá del fin social que se persigue con este proyecto de ley -que es muy loable-, esas cooperativas de mujeres se van a enfrentar a empresas que terminan siendo competitivas debido a esta decisión del Estado.

Por su parte, el artículo 9º establece una disposición preocupante, que en realidad no condice con el artículo 43 del TOCAF, que en su numeral 4) dice que no podrán contratar con el Estado -refiriéndose a las excepciones- aquellos que carecen de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato, salvo que por tratarse de firmas o empresas nuevas demuestren solvencia y responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tiene habitualidad, es decir, si se trata de una empresa nueva, tiene que demostrar solvencia y responsabilidad. ¿Cómo lo demuestra? Cumpliendo los requisitos establecidos por el Estado para que puedan contratar. En las disposiciones de este proyecto de ley se dice que la solvencia ya está declarada por ley y que esa declaración se vincula con el cumplimiento de los requisitos para ser calificados como cooperativas sociales. Esto nada tiene que ver con el concepto de solvencia que debe tener una empresa para competir. Ello significa que una empresa nueva, a la que se le requiere solvencia, y una empresa vieja, a la que se le exige habitualidad, se presentarán frente al Estado a competir junto con otra a la que se le ha decretado la solvencia por ley, a lo que se suman las exoneraciones tributarias que se le conceden; sin duda, todo esto la coloca en una situación favorable. Sin embargo, quizás estos casos no estén tan lejos respecto de su inserción en la comunidad.

Entonces, lo importante es compartir el espíritu de la norma, pero no crear una de tal naturaleza que implique que los que compiten en el Estado terminen siendo favorecidos respecto a otros, incluso en situaciones sociales de cierta similitud en lo que refiere a su inserción en la comunidad. Por tanto, entre otras cosas, no se puede declarar la solvencia por ley, porque así ni siquiera se incentivaría a que se constituyan en una empresa los que se presenten a proveer al Estado determinados servicios. Si ya están declarados como solventes, ¿qué tipo de compromiso van a tomar como para desarrollar una empresa con continuidad? Los únicos requisitos que van a tener es que cuando se presenten frente al Estado, éste les diga que son declarados solventes por ley, que no necesitan presentar ningún número y que ni siquiera precisan demostrar que son una empresa que internamente se maneja con criterio de eficiencia en la asignación de sus recursos. Eso se lo exigimos al resto de las cooperativas, a los micro, pequeños o medianos empresarios proveedores del Estado, que a veces están en situaciones similares o con diferencias mínimas respecto de su incorporación en la comunidad.

Creo que es importante -más allá de acompañar la inquietud que esto plantea- no crear situaciones de iniquidad que terminen afectando también a amplísimos sectores de la sociedad, particularmente a micro, medianos y pequeños empresarios, que tienen que demostrar su solvencia en forma permanente, presentando sus libros y sometiéndose, incluso, a las leyes comerciales cuando no pueden cumplir sus obligaciones.

Por lo tanto, señor Presidente, quería plantear esta preocupación -y agradezco nuevamente al señor Senador la interrupción- para que, si es posible, se pueda ajustar la redacción del articulado para permitir que los otros competidores en el ámbito de la provisión del Estado, no se encuentren en situación de desventaja que, entre otras cosas, va a terminar afectando la viabilidad de las cooperativas sociales al no exigírseles requisitos de eficiencia empresarial para poder seguir compitiendo en el ámbito social.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Quiero rectificar una información que acabo de recibir.

Hace unos momentos hablaba -al igual que el señor Senador Antía- sobre el monto límite de la licitación abreviada, y equivocadamente mencionaba la cifra de $ 1:400.000, cuando a partir del 1º de julio de 2006 es de $ 1:702.000. Vale decir que no estamos hablando de pequeñas contrataciones, sino de casi U$S 80.000 y, por tanto, nos estamos alejando de la vulnerabilidad social. Entonces, me pregunto ¿cuántos pequeños empresarios y empresas unipersonales facturan de una sola vez de U$S 75.000 u U$S 80.000 con el Estado? ¿Esto es frecuente? ¿No estaremos estableciendo un privilegio que vaya a colocar en una situación muy desventajosa a miles de uruguayos que pagan todos sus impuestos? ¿No estaremos haciéndolo? ¿No nos estaremos pasando del límite al establecer contratación directa, prácticamente sin ningún control de parte de los organismos de contralor constitucionales del Uruguay? Insisto en que estamos hablando de $ 1:702.000 para situaciones de vulnerabilidad social. Parece que no se compadece mucho el calificativo con el monto.

SEÑOR ALFIE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Quiero agregar que la situación en realidad es aun peor, porque como estas empresas no pagarán IVA y el límite es con IVA incluido, lo que sucede es que para ser comparables se establece el monto de más de $ 2:000.000 de una empresa común, lo que equivale largamente a más de U$S 80.000.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Nos parece que es demasiado y, sinceramente, es excesiva la indulgencia con que se trata esto. Entendemos que se coloca en una situación desventajosa a una cantidad de pequeñas empresas que duramente se ganan la vida y que les cuesta muchísimo llegar a contratar con el Estado; quienes lo conocemos realmente, sabemos que normalmente estas empresas no llegan jamás a contratar con él. Acá lo que se está haciendo es una propuesta legislativa básicamente para que se contrate con el Estado uruguayo en condiciones de excepcionalidad total. Por ello, señor Presidente, no vamos a acompañar estos artículos.

SEÑOR ANTIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA (Sra. Susana Dalmás).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ANTIA.- Solicito al Cuerpo que analice la posibilidad de postergar la consideración de este proyecto de ley, con el compromiso de que lo podamos discutir y votar en la primera semana del mes que viene. Si la Comisión se reúne, quizás podamos incluir algunas modificaciones que nos permitan resolver estos problemas, que van a generar consecuencias graves.

En definitiva, formulo moción en el sentido de que este proyecto de ley vuelva a Comisión y lo consideremos y votemos en la primera sesión ordinaria del mes próximo, tal como me acota el señor Senador Gallinal.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Eleuterio Fernández Huidobro.)

SEÑOR KORZENIAK.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR KORZENIAK.- Yo me voy a oponer a la moción. Creo que hay que votar hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pido disculpas al señor Senador Korzeniak, pero las mociones de orden no se pueden discutir.

Se va a votar la moción de orden presentada por el señor Senador Antía, en el sentido de que el proyecto de ley vuelva a la Comisión y sea considerado por el Cuerpo en la primera sesión ordinaria.

(Se vota:)

- 10 en 27. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 17 en 27. Afirmativa.

24) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente:)

"La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se declara feriado no laborable para el departamento de Florida el día 10 de julio de 2006, con motivo de conmemorarse los 150 años de su fundación.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION."

25) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Las señoras Senadoras Percovich, Dalmás, Xavier y Topolansky y los señores Senadores Korzeniak, Segovia, Vaillant, Breccia, Nicolini, Lorier, Oliver, Saravia, Cid, Rubio, Couriel y Fernández Huidobro presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establece el derecho de acceso a la información y al amparo informativo y se crea el Instituto Nacional para la Información Pública.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA."

(Texto del proyecto presentado:)

"PROYECTO DE LEY DE ACCESO A LA

INFORMACION PUBLICA Y AMPARO INFORMATIVO

Artículo 1º.- (Alcance del derecho de acceso a la información). Toda persona física o jurídica tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información de cualquier órgano perteneciente a la administración pública nacional o departamental. Este derecho comprende la libertad de acceder a las informaciones contenidas en documentos escritos (actas, expedientes, contratos, acuerdos, etc.), fotográficos, en soportes magnéticos, digitales, o en cualquier otro formato; así como la facultad de formular consultas.

Artículo 2º.- (Organismos obligados). A los efectos de esta ley se considera que la administración pública nacional y departamental están integrados por:

a) Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ministerios, unidades reguladoras, comisiones honorarias, administración central en general y servicios descentralizados.

b) Poder Judicial, Poder Legislativo, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral y Tribunal de Cuentas.

c) Intendencias Municipales, Juntas Departamentales, Juntas Locales, empresas de propiedad municipal y fondos fiduciarios en general integrados total o parcialmente con bienes, fondos y/o derechos de los gobiernos departamentales.

d) Entes autónomos, empresas, bancos, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación total, mayoritario o minoritario del Estado, sociedades de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.

e) Las personas públicas no estatales en las que el Estado tenga el control de las decisiones.

f) Fideicomisos y fondos fiduciarios en general, integrados total o parcialmente con bienes, fondos y/o derechos del Estado en el sentido amplio que enumera el presente artículo.

g) Y cualquier otra repartición estatal y pública, nacional o departamental, ejerciente de función jurídica administrativa.

Artículo 3º.- (Otros obligados). Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables a las personas físicas o jurídicas a las que se les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual o legal, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público, únicamente en lo concerniente a la prestación de ese servicio o a la explotación de dicho bien.

También quedan comprendidas las organizaciones privadas que reciban subsidios, fondos u aportes del Estado, a excepción de los proveedores de bienes y servicios del mismo.

Artículo 4º.- (Principio de publicidad y de libre acceso a la información). Todas las actividades de los sujetos obligados están sometidas al principio de publicidad.

Se presume pública toda información producida, obtenida, en poder o bajo control de los organismos mencionados en el artículo 2o. y por o para las empresas y organizaciones mencionadas en el artículo 3o. en el marco de la actividad que prestan para el Estado o con fondos públicos, con independencia del soporte en el que estén contenidas.

Artículo 5º.- (Obligaciones de los sujetos pasivos). Los sujetos obligados deberán prever la adecuada organización, sistematización y disponibilidad de la información en su poder, asegurando un amplio y fácil acceso a los interesados.

Los organismos públicos nacionales o departamentales obligados por esta ley deberán difundir en forma permanente, a través de sus páginas web y otros medios idóneos la siguiente información mínima:

I) Su estructura orgánica.

II) Las facultades de cada unidad administrativa.

III) La plantilla de funcionarios completa, desde su directorio, incluyendo remuneración mensual por puesto, funciones a cargo y sistema de compensaciones.

IV) Información sobre presupuesto asignado, su ejecución, resultados de las auditorias del ejercicio presupuestal y de la Auditoría Interna de la Nación.

V) Concesiones, licitaciones, permisos o autorizaciones otorgadas, especificando los titulares o beneficiarios de éstos.

VI) Mecanismos de participación ciudadana, en especial domicilio y unidad a la que deben dirigirse las solicitudes para obtener información.

Artículo 6º.- (Excepción de reserva). Toda excepción al principio de publicidad de los actos y documentos gubernamentales debe establecerse por ley.

El texto de la presente ley de acceso a la información define taxativamente las materias que podrán ser objeto de reserva, además de aquellas que cuenten con ley expresa a la entrada en vigencia de esta ley.

Artículo 7º.- (Reserva de datos personales de carácter sensible). Tendrán carácter reservado aquellas secciones de documentos que presenten datos personales de carácter sensible definidos en el Art. 2 de la Ley Nº 17.838; estando legitimados para solicitar el acceso a dichas secciones únicamente los titulares de dicha información, quienes posean autorización de los titulares en forma escrita y los sucesores en caso de fallecimiento del titular.

Artículo 8º.-(Reserva parcial de la información). Los sujetos obligados deberán permitir el acceso a aquellos documentos que contengan parte de su información de carácter reservada, o datos sensibles que afecten la intimidad de las personas. En esos casos, el organismo requerido deberá salvaguardar los aspectos reservados antes de otorgar el acceso a esos documentos.

Artículo 9º.- (Reserva por razones de Defensa Nacional). A los efectos de esta ley se entiende por restricción legítima al acceso a la información pública por razones de defensa nacional sólo aquella que tenga por auténtico propósito proteger la existencia e integridad de la nación.

En todos los casos, esta excepción sólo podrá ser interpuesta mediante resolución fundada que pruebe que el acceso a dicha información constituye una amenaza con-creta contra la seguridad nacional, que dicha restricción es la menos lesiva que se pueda adoptar y que es compatible con los principios democráticos y republicanos de gobierno.

Artículo 10.- (Reserva por razones comerciales o científicas). A los efectos de esta ley se entiende por restricción legítima al acceso a la información pública por razones comerciales los secretos comerciales en poder de los sujetos obligados, únicamente cuando su divulgación suponga una pérdida de ventajas competitivas para el proveedor o pueda dañar en forma irreversible el proceso de producción.

También se podrá invocar como restricción legítima al acceso a la información pública, la protección de descubrimientos científicos desarrollados por instituciones estatales o con fondos públicos, en el marco de una investigación y hasta la finalización de la misma.

Artículo 11.- (Período de Reserva). La reserva legal sobre cualquier documento público cesará a los diez años de su expedición. En los casos de información relacionada con datos personales, el período de reserva se extenderá hasta los 10 años luego de producido el fallecimiento de la persona aludida.

Cumplidos estos plazos, el documento adquiere carácter público, podrá ser consultado por cualquier persona y la autoridad que esté en su posesión adquiere la obligación de expedir a quien lo demande, copia auténtica del mismo.

En todos los casos, la reserva cesará de pleno derecho, si ha dejado de existir la causa por la cual se resolvió su interposición.

Artículo 12.- (Inoponibilidad en casos de violaciones a los derechos humanos). Los sujetos obligados por esta ley no podrán invocar ninguna de las reservas mencionadas en los artículos que anteceden cuando la información solicitada se refiera a violaciones de derechos fundamentales o sea relevante para investigar, prevenir y/o evitar violaciones de los mismos.

Procedimiento administrativo de acceso a la información solicitada

Artículo 13.- (Formalidades de la petición del particular). Para solicitar el acceso a determinada información no se requieren formalidades especiales, ni fundar el motivo, salvo indicar por escrito la información requerida y la ubicación de la misma, si se conoce.

Si la petición no se hubiera dirigido al sujeto obligado poseedor de la información, éste deberá indicar con precisión al gestionante el organismo, dependencia pública u otro de los obligados por esta ley, idóneos para dar respuesta a la misma.

En los casos que el solicitante no pueda o tenga dificultades para expresar su solicitud, el sujeto obligado deberá expedir una constancia recogiendo los términos del pedido, incluyendo fecha de interposición. La respuesta deberá contemplar la limitación del solicitante, de tal modo que le sea perfectamente comprensible.

Artículo 14.- (Plazos). Cualquier persona física o jurídica podrá formular la petición de acceso a la información en poder de los organismos mencionados en el cuerpo de esta ley. El organismo requerido, ante la petición formulada por el interesado, está obligado a permitir el acceso, o en su caso contestar la consulta que se le haga, en el momento en que sea solicitado si ello es posible, de lo contrario deberá permitir o negar el acceso, o contestar la consulta en su caso, en un plazo máximo de quince días hábiles.

El plazo podrá prorrogarse, con razones fundadas y por escrito, por otros diez días hábiles si median circunstancias excepcionales que hagan difícil la ubicación de la información solicitada.

Artículo 15.- (Origen de la resolución de acceso o denegatoria). El acto que resuelva sobre la petición deberá emanar del jerarca máximo del servicio o sujeto obligado y deberá franquear o negar el acceso a la información que obrare en su poder relativa a la solicitud.

Artículo 16.- (Acceso). En caso de que las personas privadas o los organismos requeridos resuelvan favorablemente las peticiones formuladas, autorizarán la consulta de los documentos pertinentes en las oficinas que determinen, o en su caso, expedirán copia auténtica de los antecedentes que posean relativos a la solicitud.

El acceso a la información será siempre gratuito, pero su reproducción en cualquier soporte será a costa del interesado que reintegrará al organismo o persona privada únicamente el precio de costo, sin ningún tipo de ganancia o arancel adicional.

Artículo 17.- (Denegatoria). El organismo requerido sólo podrá negar la expedición de la información solicitada mediante resolución motivada del jerarca del servicio que señale su carácter reservado, indicando las disposiciones legales en que se funde.

Artículo 18.- (Denegatoria ficta). Vencido el plazo de quince días hábiles desde la presentación de la solicitud, si no ha mediado solicitud de prórroga o vencido el plazo de la prórroga, sin que exista resolución escrita del órgano, se entenderá que hay denegatoria ficta y el particular podrá accionar de acuerdo a los mecanismos establecidos en esta ley.

Amparo informativo

Artículo 19.- (Control judicial frente a la negativa de acceso a la información). Si los sujetos estatales obligados o las personas privadas obligadas por la presente ley, se negaren a expedir la información solicitada o no se expidieran en los plazos fijados en los artículos precedentes, el titular de la petición podrá sin más trámite interponer la acción de amparo informativo ante el tribunal competente.

También se podrá interponer esta acción a los efectos de que el tribunal competente se expida sobre la oponibilidad de las excepciones que, en cuyo caso, invoque el sujeto obligado requerido.

Artículo 20.- (Competencia). Serán competentes para conocer en las acciones del Amparo Informativo los Juzgados Letrados de Primera Instancia de la materia contencioso-administrativa en la capital y los Juzgados Letrados Departamentales de la materia civil del lugar donde se presentó la solicitud de información por parte de los interesados.

Artículo 21.- En los casos en que el sujeto pasivo de las obligaciones previstas en la presente ley sea una persona privada, serán competentes para conocer las acciones de Amparo Informativo, los Juzgados Letrados de Primera Instancia de la materia civil, del lugar donde se presentó la solicitud de información por parte de los interesados.

Artículo 22.- (Formalidades de la demanda). La demanda se presentará con las formalidades prescriptas por la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988 (Código General del Proceso) y modificativas.

Artículo 23.- Serán aplicables al proceso de Amparo Informativo, lo dispuesto por los artículos 6º, 7º, 10 y 12 de la Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988. Las normas procesales contenidas en la Ley Nº 15.982, de 18 de octubre de 1988 (Código General del Proceso) tendrán el carácter de supletorias en los casos de oscuridad o insuficiencia de las precedentes.

Artículo 24.- La sentencia que recaiga en dicho proceso decidirá si acepta o no la petición formulada o si ésta se debe atender parcialmente. Asimismo, el sentenciante deberá expedirse expresamente sobre la procedencia de la reserva informativa, en el caso de que una de las excepciones previstas en la presente ley o en leyes especiales, haya sido el fundamento de la denegatoria por parte de los sujetos obligados.

Si hace lugar a la acción, total o parcialmente, la sentencia deberá contener:

a) La identificación exacta de la autoridad a quien se dirija y contra cuyo acto se falle acogiendo la acción.

b) La determinación concreta o aproximada de la documentación cuya consulta, o en su caso copia auténtica, deberá franquearse al accionante, a su costa.

c) Tratándose de información que no resulte de documentos específicos, deberán establecerse los términos y el alcance de la respuesta.

Artículo 25.- El plazo para el cumplimiento de lo dispuesto por el juez no podrá exceder de tres días hábiles a contarse del día siguiente de la notificación.

Sin perjuicio de lo establecido, la sentencia podrá disponer las sanciones pecuniarias dispuestas por el Decreto-Ley Nº 14.978, de 14 de diciembre de 1978.

Responsabilidades

Artículo 26.- (Responsabilidad administrativa).- Constituirán faltas administrativas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran corresponder:

a) Denegar información no clasificada como reservada.

b) La omisión o suministro parcial de la información requerida, actuando con negligencia, dolo o mala fe.

c) Permitir el acceso injustificado a información clasificada como reservada o como datos personales sensibles.

d) La utilización, sustracción, ocultamiento, divulgación o alteración total o parcial en forma indebida de la información que se encuentra bajo su custodia o a la que se tenga acceso por razones funcionales.

Artículo 27.- (Reiteración de faltas). A los efectos de su sanción administrativa la reiteración de las conductas previstas en el artículo precedente constituye falta grave.

Creación de un Instituto Nacional para la Información Pública

Artículo 28.- Créase un Instituto Nacional para la Información Pública que actuará como persona pública no estatal.

Artículo 29- El Instituto Nacional para la Información Pública estará a cargo de un comisionado con facultades para controlar la implementación de la presente ley en los sujetos obligados, coordinar con autoridades nacionales la implementación de políticas y expedirse sobre las denuncias o consultas que los ciudadanos le presenten relativos al acceso a la información pública.

El cargo de comisionado será rentado y elegido en concurso público de oposición y méritos. Su mandato durará seis años, sin posibilidad de repetir el mismo.

Este Instituto se financiará con aportes del Estado, así como con recursos obtenidos a través de programas, convenios, donaciones y proyectos financiados por organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

Artículo 30.- (Cometidos). El Instituto Nacional para la Información Pública tendrá como cometidos:

a) Controlar el cumplimiento de la presente ley por parte de todas las instituciones públicas y privadas obligadas por la misma.

b) Promover y coordinar con todos las instituciones obligadas por la ley las políticas tendientes a facilitar el acceso informativo y la transparencia.

c) Ser órgano de consulta para todo lo relativo a la puesta en práctica de la presente ley por parte de todas las instituciones obligadas.

d) Promover campañas educativas y publicitarias donde se reafirme el derecho al acceso a la información como un derecho humano fundamental.

e) Capacitar a los funcionarios públicos en todo lo relativo a la libertad de información.

f) Realizar un informe de carácter anual relativo al estado de situación de este derecho así como las observaciones y recomendaciones que el Instituto entienda pertinentes. Dicho Informe será enviado precep-tivamente al Poder Ejecutivo y a la Asamblea General y se le dará amplia difusión pública.

g) Promover una amplia participación de la sociedad civil en todo lo relativo al ejercicio de la libertad de acceso a la información y al control de su cumplimiento por parte de las instituciones obligadas.

Artículo 31.- (Consejo). El INIP tendrá un Consejo Asesor, que además del comisionado que lo presidirá estará integrado por cuatro miembros honorarios: un representante del Poder Ejecutivo, un representante del Archivo General de la Nación y dos representantes de las organizaciones no gu-bernamentales con notoria trayectoria en el campo del de-recho a la información y los derechos humanos en general.

Este Consejo tendrá funciones de asesoramiento y contralor de lo actuado por el comisionado en cumplimiento de los cometidos del INIP.

La reglamentación determinará:

a) Las reglas para realizar el concurso del comisionado y la forma de elección de los representantes del Consejo.

b) La duración y el cese del mandato de los representantes del Consejo.

c) El funcionamiento del Consejo.

Artículo 32.- Los organismos comprendidos en el ar-tículo 2 de la presente ley deberán designar un Responsable de Información Pública, que tendrá a su cargo alinear los procesos internos a la presente ley y servirá de enlace con todas las autoridades que desarrollen políticas de información. El responsable también deberá entregar al INIP un informe anual que contenga datos sobre la implementación de la ley, el número de solicitudes recibidas, la naturaleza de la información requerida y los plazos en que la misma fue entregada o denegada.

14 de junio de 2006.

Percovich, Dalmás, Xavier, Topolansky, Korzeniak, Segovia, Vaillant, Breccia, Nicolini, Lorier, Oliver, Saravia, Cid, Rubio, Couriel, Fernández Huidobro. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley de acceso a la información pública y amparo informativo tiene como objeto establecer un marco jurídico claro y necesario para garantizar y hacer efectivo uno de los derechos fundamentales del ser humano, como es el del derecho a la información.

El artículo 19 de la declaración Universal de Derechos Humanos establece que "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, así como el de difundirlas sin límites de fronteras por cualquier medio de expresión".

A partir de esta Declaración, distintas Convenciones y Pactos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos han consagrado tal derecho como ser el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19 o la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.

Nuestro país ha ratificado estos instrumentos internacionales incorporándolos así a nuestro Derecho nacional, ampliando así lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Nacional y cumpliendo también con su artículo 72.

El derecho a buscar y recibir información es entonces parte intrínseca del derecho a la libertad de opinión y de expresión y normativamente es un derecho fundamental de rango constitucional que debe ser tutelado y garantizado especialmente por el Estado.

Este derecho comprende tres elementos principales: la búsqueda, la recepción y la difusión de información. El presente proyecto apunta a garantizar estos aspectos, facilitando el acceso a la información, cuando esta pertenece a la administración pública nacional o departamental.

Pero además de ser un derecho, el libre acceso a la información pública es un pilar fundamental para el fortalecimiento del sistema de gobierno democrático republicano pues es una herramienta imprescindible para que la ciudadanía pueda construir su propia conciencia cívica y otorga la debida transparencia a la gestión de los gobernantes.

El derecho al acceso a la información pública es entonces un desarrollo del derecho a la información y del principio republicano de control y publicidad de los actos de gobierno que puede definirse tal como lo señala el Artículo 1 del proyecto como el derecho que toda persona física o jurídica tiene de "...solicitar, acceder y recibir información de cualquier órgano perteneciente a la administración pública nacional o departamental..." comprendiendo "...la libertad de acceder a las informaciones contenidas en documentos escritos (actas, expedientes, contratos, acuerdos, etc.), fotográficos, en soportes magnéticos, digitales, o en cualquier otro formato; así como la facultad de formular consultas".

Entendido como un instrumento potencializador de la participación en los asuntos públicos es necesario que a través de una ley se garantice y facilite su ejercicio. Si bien nuestra Constitución Nacional en su artículo 30 reconoce el derecho de petición ante todas y cualquiera de las autoridades de la República, la ausencia de un marco legal que lo regule impide garantizar que el peticionante encuentre muchas veces una rápida y efectiva respuesta a sus requerimientos. Por ello este proyecto apunta a llenar un vacío legal que determine en forma clara y explícita cuales son las obligaciones que la Administración Pública nacional y departamental tiene en este sentido y a la necesidad de establecer plazos concretos de respuesta para que el acceso a la información solicitada cumpla su objetivo.

El derecho al acceso a la información tiene como objeto central de solicitud a la información en sí misma y, en tanto derecho fundamental, su ejercicio como tal no necesita de justificación alguna por parte de las personas. Asimismo, el derecho a acceder a determinada información, muchas veces guarda relación con el ejercicio de otro derecho. Por tanto este proyecto justifica el acceso a la información simplemente como vía de obtención de datos en poder del Estado, como presupuesto para controlar y fiscalizar a la autoridad pública, como instrumento de participación ciudadana o como insumo para poder ejercer mejor otro derecho.

El Estado tiene entonces la obligación de garantizar el acceso a la información pública, por su normativa constitucional, por haber ratificado voluntariamente varios de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, que reconocen y promueven este derecho.

Este proyecto va en ese sentido, reglamentando con espíritu garantista y nunca limitante el ejercicio de estos derechos.

Por ello, además de definir el acceso a la información pública como un derecho, este proyecto innova creando un procedimiento administrativo específico para solicitar el acceso a la información pública y crea también el procedimiento del Amparo Informativo, como un recurso jurisdiccional rápido y efectivo que lo protege especialmente. El texto también establece claramente cuáles son las obligaciones y responsabilidades de los sujetos obligados y prevé la constitución de un Instituto Nacional para la Información Pública con naturaleza jurídica de persona pública no estatal que vele por el cumplimiento de esta ley y el desarrollo de una política pública que facilite el acceso informativo y la transparencia.

Resumen del proyecto:

El presente proyecto contiene 31 artículos que contiene las siguientes disposiciones:

El artículo 1 define el alcance del derecho al acceso a la información y precisa quienes son los sujetos activos del mismo.

Los artículos 2 y 3 determina quienes son los organismos obligados así como las personas físicas o jurídicas no públicas que también se encuentran obligadas a brindar información de carácter o interés público.

El artículo 4 define el principio de publicidad y qué es información pública.

El artículo 5 establece obligaciones para los sujetos pasivos a los que podrá requerírseles información.

Los artículos 6, 7, 8, 9, 10 y 11 precisan la excepción de reserva, estableciendo taxativamente las materias que pueden ser su objeto, la extensión de la misma y cuando preceptivamente no pueden ser invocadas estas excepciones.

Los artículos 13, 14 , 15, 16, 17 y 18 regulan el procedimiento administrativo tendiente a encauzar las solicitudes de información, estableciendo las formalidades requeridas, los plazos en que debe ser contestada , los requerimientos que debe contener la respuesta o resolución del obligado y cuándo se entiende que existe denegatoria ficta.

Los artículos 19, 20 21, 22, 23, 24 y 25 regulan el Amparo Informativo, definiéndolo como un amparo jurisdiccional frente a eventuales negativas al acceso a la información. Se prescribe en estos artículos quienes son los Juzgados competentes, cuáles son las formalidades de la demanda y el contenido de las Sentencias y cual será el procedimiento jurisdiccional, remitiéndose a lo dispuesto por los artículos 6, 7, 10 y 12 de la Ley Nº 16.011 del 19 de diciembre de 1988 (Acción de Amparo) y como supletorias a las normas de la Ley Nº 15.982 del 18 de octubre de 1988 (Código General del Proceso).

Los artículos 26 y 27 establecen las responsabilidades administrativas de los obligados por esta ley así como de sus funcionarios.

Los artículos 28, 29, 30 y 31 crean el Instituto Nacional para la Información Pública, otorgándole su naturaleza jurídica, su integración y competencia.

Por último el artículo 32 establece la obligación para los organismos comprendidos en el artículo 2 de designar un responsable de Información Pública, definiendo también cuáles son sus cometidos.

14 de junio de 2006.

Percovich, Dalmás, Xavier, Topolansky, Korzeniak, Segovia, Vaillant, Breccia, Nicolini, Lorier, Oliver, Saravia, Cid, Rubio, Couriel, Fernández Huidobro. Senadores."

26) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa informa que ha llegado una moción con suficiente cantidad de firmas para convocar a una sesión extraordinaria del Senado para el día 21 de los corrientes, a las 16 horas, a fin de tratar el tema relativo a la autorización a OSE para adquirir la empresa Aguas de la Costa SA, Carpeta Nº 489/2006, y el que tiene que ver con las Normas sobre Admisión de Extranjeros, Carpeta Nº 458/2006.

27) FERIADO NO LABORABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE FLORIDA

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Se ha dado cuenta del ingreso al Senado de un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes referido a que el 10 de julio se conmemora el 150º aniversario de la fundación del departamento de Florida. En consecuencia, solicito que se reparta y se trate con carácter urgente antes de que se levante la sesión, a fin de no interrumpir ahora el debate del proyecto de ley que se está considerando.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Se va a votar la urgencia solicitada.

(Se vota:)

- 25 en 27. Afirmativa.

28) CAMBIO DE DESTINO DE CARPETA

SEÑOR NICOLINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NICOLINI.- Señor Presidente: la Comisión de Constitución y Legislación tiene a consideración un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo -Carpeta Nº 478/2006-, referido al Código de Organización de los Tribunales Militares, en el que se propone la modificación de su ar-tículo 78. Los miembros de la Comisión nos hemos puesto de acuerdo en proponerle al Cuerpo que sea la Comisión de Defensa Nacional la que trate este proyecto, por lo cual formulamos moción en el sentido de que se traslade de la Comisión de Constitución y Legislación a la de Defensa Nacional.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Nicolini.

(Se vota:)

- 23 en 25. Afirmativa.

29) ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: formulo moción en el sentido de que, cuando finalice la discusión del tema sobre cooperativas, se traten los puntos que figuran en tercer y cuarto término del Orden del Día, correspondientes a la aprobación del Acuerdo Marco sobre Complementación Energética Regional entre lo Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados y a la aprobación de la adhesión de la República al Acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), suscrito en la ciudad de San José de Costa Rica, respectivamente. Estos dos puntos prácticamente no van a tener discusión, por lo cual propongo que se traten antes de finalizar esta sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Couriel.

(Se vota:)

- 25 en 26. Afirmativa.

SEÑOR NICOLINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NICOLINI.- Señor Presidente: a la moción formulada por el señor Senador Couriel quisiera agregar otra, en el sentido de que una vez finalizada la discusión sobre las cooperativas sociales también se trate el punto que figura en décimo término del Orden del Día, que refiere a un proyecto de ley por el que se designa con el nombre de "Maestro Carlos Chassale" a la Escuela Nº 276 del departamento de Montevideo, en virtud de que el próximo 30 de junio es el aniversario del natalicio de este maestro, y las autoridades, así como la gente del barrio, han previsto algunas actividades, razón por la cual nos han solicitado que se concrete la designación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Nicolini.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

30) FERIADO NO LABORABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE FLORIDA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se declara feriado no laborable para el departamento de Florida el día 10 de julio de 2006, con motivo de conmemorarse los 150 años de su fundación".

(Antecedentes:)

"CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase feriado no laborable para el departamento de Florida, el día 10 de julio de 2006, con motivo de conmemorarse los 150 años de su fundación.

Artículo 2º.- Otórgase goce de licencia paga durante la fecha indicada en el artículo 1º a los trabajadores de las actividades pública y privada nacidos o radicados en el departamento de Florida.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 7 de junio de 2006.

Julio Cardozo Ferreira Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE. - Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 1º.- Declárase feriado no laborable para el departamento de Florida, el día 10 de julio de 2006, con motivo de conmemorarse los 150 años de su fundación".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 2º.- Otórgase goce de licencia paga durante la fecha indicada en el artículo 1º a los trabajadores de las actividades pública y privada nacidos o radicados en el departamento de Florida".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: el artículo 2º, cuando otorga licencia paga, lo hace con respecto a los nacidos o radicados en el departamento de Florida. En realidad, debería tratarse solamente de los que están viviendo hoy en Florida, porque si no se verían beneficiados todos los nacidos en el departamento aunque vivan en cualquier otra parte.

(Interrupciones)

- Si no se modifica ese aspecto, adelanto que el Partido Colorado va a votar en contra, ya que nos parece razonable que el feriado se declare para los radicados en el departamento y no para todos los nacidos en él.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º.

(Se vota:)

- 25 en 27. Afirmativa.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

31) COOPERATIVAS SOCIALES

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a la discusión particular del proyecto de ley por el que se regula el funcionamiento de las cooperativas sociales.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se suprime la lectura.

(Se vota:)

-17 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 26. Afirmativa.

SEÑOR ANTIA.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar nuevamente el artículo 1º.

(Se vota:)

- 23 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 25 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 7º.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGUIRREZABALA.- Sugeriría la siguiente modificación en el artículo 7º: que donde dice "Se declara de interés general el fomento de las cooperativas sociales. Las mismas quedan exoneradas de todo tributo nacional", se agregue "con excepción de IVA, IMESI, COFIS e IMABA", y luego continuaría tal como está redactado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en primer lugar el artículo 7º tal como viene de la Comisión.

(Se vota:)

-17 en 26. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en segundo término el artículo 7º con el agregado que propone el señor Senador Aguirrezabala.

SEÑOR COURIEL.- ¡Es incompatible!

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE.- Es probable que tengan razón los exégetas.

Corresponde pasar a considerar el artículo 8º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 9º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 10, último del proyecto.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 25. Afirmativa.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que será enviado de inmediato al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(Dialogados)

- La Mesa se corrige, pues le acaban de informar que este proyecto de ley sufrió modificaciones en el Senado.

VARIOS SEÑORES SENADORES.- No; no fue modificado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa había preguntado anteriormente a los señores Senadores integrantes de la Comisión, quienes le informaron que el proyecto no había sufrido modificaciones, razón por la cual entendió que había que enviarlo al Poder Ejecutivo.

SEÑOR NICOLINI.- El proyecto de ley no tuvo modificaciones, señor Presidente.

SEÑOR ANTIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ANTIA.- Señor Presidente: esa fue la expresa voluntad que percibimos en la Comisión, esto es, que había que votar el proyecto de ley tal como venía, por más errores que tuviera.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado.)

32) ACUERDO MARCO SOBRE COMPLEMENTACION ENERGETICA REGIONAL ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS, SUSCRITO ENLA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 9 DE DICIEMBRE DE 2005

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo Marco sobre Complementación Energética Regional entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, suscrito en la ciudad de Montevideo el día nueve de diciembre de 2005. (Carp. Nº 466/06 - Rep. Nº 240/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 466/06

Rep. Nº 240/06

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Montevideo, 13 de marzo de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7, y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, el adjunto Proyecto de Ley por el cual se aprueba el Acuerdo Marco sobre Complementación Energética Regional entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados, suscrito en la ciudad de Montevideo, el día nueve de diciembre de 2005.

La complementación energética regional surgió como una de las prioridades del semestre uruguayo de Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR. En consecuencia, sobre la base de un proyecto de Acuerdo Marco presentado por Uruguay, se trabajó tanto en el ámbito de la Reunión de Ministros de Energía del MERCOSUR como en el del Subgrupo de Trabajo Nº 9 Energía.

Durante el desarrollo de los trabajos, los Estados Partes reconocieron la necesidad de promover y fortalecer la integración regional teniendo presente también las potenciales complementariedades, las asimetrías en materia energética y el derecho de los pueblos de acceder a la energía y la importancia de la cooperación entre las Partes.

Entre los propósitos del Acuerdo Marco figuran: contribuir a avanzar en la integración energética regional en materia de los sistemas de producción, transporte, distribución y comercialización de energéticos, y establecer las condiciones para minimizar los costos de las transacciones de intercambio energético entre dichos Estados.

Se procurará asimismo instrumentar la coordinación institucional, regulatoria y técnica de las actividades nacionales en materia de proyectos y obras de infraestructura, así como propiciar la complementación de sus intercambios energéticos y el aprovechamiento más eficaz de los recursos disponibles.

El Acuerdo Marco identifica acciones concretas en el marco de la cooperación energética regional, por medio de la celebración de acuerdos regionales, subregionales o bilaterales; intercambio comercial de hidrocarburos, interconexión de las redes de transmisión eléctrica, interconexión de redes de gasoducto y otros ductos hidrocarburíferos, cooperación en la prospección, exploración, explotación e industrialización de los hidrocarburos así como en el estudio y desarrollo de fuentes de energía renovables y alternativas.

El Acuerdo Marco sobre Complementación Energética Regional brinda las condiciones más favorables para la suscripción de acuerdos específicos en materia energética, resulta un aporte adicional en el fortalecimiento del proceso de integración y tendrá una incidencia positiva en el desarrollo de acciones de complementación energética entre nuestros países, por lo que el Poder Ejecutivo solicita a ese Alto Cuerpo la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Rodolfo Nin Novoa, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia; Reinaldo Gargano, Jorge Lepra, Mariano Arana.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Montevideo, 13 de marzo de 2006.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el "Acuerdo Marco sobre Complementación Energética Regional entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados", suscrito en la ciudad de Montevideo, el día nueve de diciembre de 2005.

Reinaldo Gargano, Jorge Lepra, Mariano Arana.

ACUERDO MARCO SOBRE COMPLEMENTACION ENERGETICA REGIONAL ENTRE LOS ESTADOS

PARTES DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS PREAMBULO

Los Gobiernos de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y los Gobiernos de la República de Chile, de la República de Colombia, de la República de Ecuador y de la República Bolivariana de Venezuela, Estados Asociados del MERCOSUR, en adelante Partes del presente Acuerdo;

CONSCIENTES de la necesidad de promover y fortalecer la integración regional, impulsando la cooperación económica y la solidaridad compartida entre los pueblos, con miras a propiciar mejores niveles de calidad de vida y de distribución del ingreso entre sus habitantes.

RECONOCIENDO las potenciales complementariedades, las asimetrías en materia energética y el derecho de los pueblos de acceder a la energía y la importancia de la cooperación entre las Partes, con el objetivo de apoyar y promover la complementación en materia de energía, procurando armonizar las respectivas estrategias nacionales.

REAFIRMANDO el objetivo común de contribuir a la integración y seguridad energética regional y al desarrollo económico y social sustentable.

RATIFICANDO el derecho de los países de administrar soberanamente sus recursos energéticos de acuerdo con sus políticas nacionales.

CONSIDERANDO:

1. El Tratado de Montevideo de 1980 que crea la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) que tiene como objetivo el establecimiento de un mercado común latinoamericano.

2. El Tratado de Asunción, del 26 de marzo de 1991, por el cual las partes contratantes deciden crear el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

3. La Declaración Presidencial de la Cumbre de América del Sur, celebrada en Brasilia en setiembre de 2000, que incluyó el objetivo de conformar un Mercado Energético Regional Sudamericano, acordado en el marco de la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).

4. La Declaración de Cusco del 8 de diciembre de 2004, por la cual los Presidentes de los países de América del Sur decidieron conformar la Comunidad Sudamericana de Naciones, a fin de crear un espacio sudamericano integrado e impulsar, entre otros, procesos la integración física, energética y de comunicaciones en Sudamérica, sobre las bases de la profundización de las experiencias regionales, subregionales y bilaterales, existentes, con la consideración de mecanismos financieros innovadores y las propuestas sectoriales en curso que permitan una mejor realización de inversiones en infraestructura física para la región.

5. El comunicado emitido por los Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR y de los Estados Asociados, en Asunción, Paraguay, el 20 de julio de 2005, en el que se destacan las propuestas sobre alianzas entre las operadoras energéticas nacionales en el marco de la propuesta de Petrosur además de otras iniciativas.

CONVENCIDOS de la importancia de contar con un Acuerdo marco que facilite la efectiva integración energética y de la conveniencia de que, conforme a las particularidades de cada país, las Partes entre los cuales se desarrollen proyectos concretos de integración energética avancen en forma equilibrada en su desarrollo, estudios de factibilidad técnica, económica y ambiental y otros que se consideren pertinentes y en la compatibilización que se requiera en sus regulaciones internas.

ACUERDAN:

CAPITULO I

Propósitos

Artículo 1º.- El presente Acuerdo Marco tiene por objeto contribuir a avanzar en la integración energética regional en materia de los sistemas de producción, transporte, distribución y comercialización de energéticos en los Estados Partes, con el fin de asegurar los suministros energéticos y establecer las condiciones para minimizar los costos de las transacciones de intercambio energético entre dichos Estados, asegurando una valorización justa y razonable de dichos recursos, fortaleciendo los procesos de desarrollo de manera sustentable, respetando los compromisos internacionales vigentes, así como los marcos regulatorios vigentes en cada Estado Parte.

Artículo 2º.- Las Partes procurarán instrumentar la coordinación institucional, regulatoria y técnica de las actividades nacionales en materia de proyectos y obras de infraestructura que permitan el intercambio de energéticos, con el fin de alcanzar una efectiva integración energética, maximizando los beneficios económicos y sociales en la región.

Artículo 3º.- En los acuerdos que se suscriban al amparo de este Acuerdo Marco, las Partes crearán las condiciones, a través de la coordinación de las respectivas políticas nacionales, para la ejecución de actividades, proyectos y obras de infraestructura energética que propicien la complementación de sus intercambios energéticos así como el aprovechamiento más eficaz de los recursos disponi-bles.

CAPITULO II

Cooperación Regional

Artículo 4º.- Las Partes profundizarán el análisis de la dinámica y evolución del sector energético de la región a través de los organismos nacionales competentes y, cuando cada Parte lo considere pertinente, con la participación de sus sectores privados directamente involucrados.

Artículo 5º.- Las Partes cooperarán en el cumplimiento de los propósitos de este Acuerdo Marco mediante la identificación conjunta de actividades de intercambio, proyectos y obras de infraestructura energética.

Artículo 6º.- Con el objeto de profundizar la integración entre las Partes, se podrán celebrar acuerdos regionales, subregionales o bilaterales en las áreas que se enuncian a continuación, entre otras:

- Intercambio comercial de hidrocarburos.

- Interconexión de las redes de trasmisión eléctrica.

- Interconexión de redes de gasoducto y otros ductos hidrocarburíferos.

- Cooperación en la prospección, exploración, explotación e industrialización de los hidrocarburos.

- Fuentes de energía renovables y energías alternativas.

Artículo 7º.- Las Partes que desarrollen acuerdos específicos de interconexión o integración energética acordarán un procedimiento con el objetivo de informar, cuando corresponda, a los demás Estados Partes que podrían verse beneficiados por los mismos, a los efectos de que éstos puedan negociar su eventual incorporación.

Artículo 8º.- Las Partes impulsarán la realización de actividades de intercambio y actualización técnica, destinadas a fortalecer las capacidades institucionales para promover el uso racional y eficiente de la energía convencional, la eficiencia energética, las energías renovables, la preservación del medio ambiente y la armonización de los niveles de seguridad y calidad entre las Partes.

CAPITULO III

Disposiciones Generales

Artículo 9º.- La República del Paraguay será depositaria del presente Acuerdo y enviará copia autenticada a las Partes y a la Secretaría del MERCOSUR.

Este Acuerdo será protocolizado ante ALADI a cuyos efectos los Gobiernos de las Partes instruirán a sus respectivos Representantes.

Artículo 10.- Las controversias que surjan sobre la interpretación, la aplicación, o el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo, entre los Estados Partes del MERCOSUR, se resolverán por el sistema de solución de controversias vigente en el MERCOSUR.

Las controversias que surjan sobre la interpretación, la aplicación, o el incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo, entre uno o más Estados Partes del MERCOSUR y uno o más Estados Asociados, se resolverán por el sistema que se acuerde en cada caso.

Artículo 11.- El presente Acuerdo tendrá duración indefinida y entrará en vigor en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha en que la Secretaría General de la ALADI comunique a las Partes la recepción de la cuarta notificación relativa al cumplimiento de las disposiciones internas para su entrada en vigor.

Artículo 12.- Ninguna disposición de este Acuerdo ni de los que se firmen al amparo de éste, modificará los derechos y obligaciones existentes de una Parte bajo otros acuerdos bilaterales o multilaterales de los que es parte.

Artículo 13.- La Parte que desee denunciar el presente Acuerdo deberá comunicar esta intención a los demás Estados Partes, de manera expresa y formal, la que tendrá pleno efecto a los 60 (sesenta) días de entrega del documento de denuncia a la Secretaría General de ALADI. Esta lo distribuirá a las demás Partes.

La denuncia del presente Acuerdo no afectará los proyectos que se encuentren en etapa de ejecución.

HECHO en la ciudad de Montevideo, a los nueve (9) días del mes de diciembre de 2005, en un original, en los idiomas portugués y español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

Durante la Presidencia Protémpore del MERCOSUR correspondiente a Uruguay, este último elaboró un proyecto de Acuerdo Marco de complementación energética regional. Se trabajó sobre el mismo en la reunión de Ministros de Energía y en el Subgrupo de Trabajo Nº 9 Energía.

El estudio y trabajo sobre el Acuerdo se hizo sobre la base de reconocer las potencialidades complementarias, las asimetrías en materia energética y en el derecho de los pueblos a acceder a la energía, así como la importancia de la cooperación entre las Partes apoyando y promoviendo la complementación en materia de energía.

De esta manera, podrá promoverse y fortalecerse la integración regional ya que se induce la cooperación económica, la solidaridad entre los pueblos y, así, llegar a mejorar niveles de calidad de vida y de distribución del ingreso.

Es por esto que, el acuerdo reafirma el objetivo común de contribuir a la integración y a la seguridad energética regional y al desarrollo económico y social sustentable.

El presente Acuerdo toma como referencias al Tratado de Montevideo de 1980 que crea la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) que, como objetivo, plantea el establecimiento de un mercado común latinoamericano; al Tratado de Asunción del 26 de marzo de 1991 donde se crea el MERCOSUR; a la Declaración Presidencial de la Cumbre de América del Sur, de setiembre de 2000 celebrada en Brasilia, en la que se incluye el objetivo de formar un Mercado Energético Regional Sudamericano en el marco de la Iniciativa para la integración de Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA); a la Declaración de Cusco del 8 de diciembre de 2004, por la cual los Presidentes de América del Sur deciden formar la Comunidad Sudamericana de Naciones; y al comunicado de los Presidentes de los Estados Parte del MERCOSUR y de los Estados Asociados del 20 de julio de 2005 en Asunción referido a las propuestas sobre alianzas entre las operadoras energéticas nacionales en el marco de la propuesta de Petrosur.

El propósito de este Acuerdo busca avanzar en la integración energética regional en sus sistemas de producción, transporte, distribución y comercialización y asegurar los suministros energéticos y establecer condiciones para minimizar los costos de las transacciones de intercambio energético entre dichos Estados, así como asegurar una valorización justa y razonable de tales recursos. Además, forma parte del propósito el fortalecimiento de los procesos de desarrollo de forma sustentable.

El análisis de la evolución del sector energético se realizará a través de los organismos nacionales competentes con participación del sector privado si se considerara pertinente.

Se establece la posibilidad de realizar nuevos acuerdos para cumplir con el propósito de profundizar la integración, señalando como posibles el intercambio comercial de hidrocarburos, la interconexión de las redes de transmisión eléctrica, interconexión de redes de gasoducto y otros ductos hidrocarburíferos, cooperación en la prospección, exploración, explotación e industrialización de los hidrocarburos y fuentes de energía renovables y energías alternativas.

Por otro lado, se prevé que las Partes desarrollen actividades de intercambio y actualización técnica.

En cuanto a las controversias que pudieran surgir en el marco de este Acuerdo, entre los Estados Parte, se resolverán por el sistema de solución de controversias vigente del MERCOSUR. Si las mismas surgen entre uno o más Estado Parte y uno o más Estado Asociado, se resolverán por el sistema que se acuerde en cada caso.

Por lo expuesto, recomendamos a este Cuerpo la aprobación del proyecto de ley que aprueba el Acuerdo Marco sobre Complementación Energética Regional entre los Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados.

Sala de la Comisión, 1º de junio de 2006.

Alberto Couriel, Miembro Informante; Washington Abdala, Carlos Baráibar, Luis Alberto Heber, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Enrique Rubio. Senadores.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA Nº 28

En Montevideo, el día primero de junio del año dos mil seis, a la hora diecisiete y diez minutos se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros los señores Senadores Washington Abdala, Carlos Baráibar, Luis Alberto Heber, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini y Enrique Rubio.

Falta con aviso el señor Senador Sergio Abreu.

Preside el señor Senador Alberto Couriel, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría el señor Secretario de Comisión Julio Durán, con la colaboración del Oficial II, señor Fabio Rodríguez.

De lo actuado se tomó versión taquigráfica cuya copia dactilográfica luce en el Distribuido Nº 888/2005, que forma parte integrante de la presente Acta.

Abierto el acto, se pasa a considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ASUNTOS ENTRADOS.

1.1.- CARPETA Nº 502/2006. ADHESION DE LA REPUBLICA AL ACUERDO SOBRE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO). Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 865/2006.

1.2.- CARPETA Nº 506/2006.- ACUERDO REGIONAL DE COOPERACION PARA LA PROMOCION DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA NUCLEARES EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE (ARCAL) SUSCRITO EN VIENA EL 25 DE SETIEMBRE DE 1998. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 866/2006.

2.- ASUNTOS CONSIDERADOS:

2.1.- CARPETA Nº 502/2006. ADHESION DE LA REPUBLICA AL ACUERDO SOBRE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO). Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 865/2006.

2.2.- CARPETA Nº 466/2006. ACUERDO MARCO SOBRE COMPLEMENTACION ENERGÉTICA REGIONAL ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 9 DE DICIEMBRE DE 2005. Acuerdo Marco presentado por Uruguay, en la reunión de Ministros de Energía del MERCOSUR. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 756/2006.

2.3.- El señor Senador Abdala solicita se remita la versión taquigráfica de la exposición que realizara oportunamente en relación a la representación diplomática del Reino de Arabia Saudita en nuestro país; al Embajador de Uruguay en ese país y al Embajador del Reino de Arabia Saudita con sede en la ciudad de Buenos Aires.

RESOLUCIONES:

1.- CARPETA Nº 502/2006. ADHESION DE LA REPUBLICA AL ACUERDO SOBRE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO). Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 865/2006.

Se vota 5 en 5. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Alberto Couriel.

2.- CARPETA Nº 466/2006. ACUERDO MARCO SOBRE COMPLEMENTACION ENERGETICA REGIONAL ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 9 DE DICIEMBRE DE 2005. Acuerdo Marco presentado por Uruguay, en la reunión de Ministros de Energía del MERCOSUR. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 756/2006.

Se vota 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Alberto Couriel.

3.- CARPETA Nº 464/2006. CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA RELATIVO A LA NUEVA TELEVISION DEL SUR, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 2 DE MARZO DE 2005. Señal satelital de Telesur en territorio uruguayo por los sistemas de televisión abierta, de cable, regional, alternativa y comunitaria. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del convenio. Distribuido Nº 755/2006.

El señor Senador Larrañaga, en consideración al interés que el señor Senador Abreu manifestara en el tema, mociona a efectos de aplazar su tratamiento hasta la próxima sesión.

Se vota: 7 en 7. AFIRMATIVA. Unanimidad.

A la hora diecisiete y treinta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman el señor Presidente y el señor Secretario.

Alberto Couriel Presidente

Julio Durán Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: brevemente, voy a señalar que este Acuerdo Marco sobre Complementación Energética Regional entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados fue iniciativa del Gobierno del Uruguay, después de sendas reuniones realizadas durante el período en que nuestro país desempeñó la Presidencia pro témpore del bloque, luego de la reunión de los señores Ministros de Energía del MERCOSUR -que creo se realizó en el Uruguay- y de aprobarse en el Subgrupo de Trabajo Nº 9, de Energía.

Entre los objetivos del Acuerdo figura contribuir a avanzar en la integración energética regional en materia de los sistemas de producción, transporte, distribución y comercialización de energéticos, y establecer las condiciones para minimizar los costos de las transacciones de intercambio energético entre dichos Estados.

Se procurará, asimismo, instrumentar la coordinación institucional, regulatoria y técnica de las actividades nacionales en materia de proyectos y obras de infraestruc-tura.

El Acuerdo Marco significa acciones concretas en el marco de la cooperación energética regional por medio de la celebración de acuerdos regionales, subregionales o bilaterales para el intercambio comercial de hidrocarburos, la interconexión de las redes de transmisión eléctrica, la interconexión de redes de gasoducto y otros ductos hidrocarburíferos, la cooperación en la prospección, exploración, explotación e industrialización de los hidrocarburos, así como en el estudio y desarrollo de fuentes de energía renovables y alternativas.

Este tema no es menor y simplemente es un marco de acuerdos entre Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, Chile y Ecuador, que son los países firmantes.

En este momento en que el tema energético está sobre la mesa, este Acuerdo va a servir para avanzar en los que se celebren en el futuro por dichos países.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 19 en 21. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"ARTICULO UNICO.- Aprúebase el ‘Acuerdo Marco sobre Complementación Energética Regional entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados’, suscrito en la ciudad de Montevideo, el día nueve de diciembre de 2005."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado.)

33) ADHESION DE LA REPUBLICA AL ACUERDO SOBRE LA FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO)

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la adhesión de la República al Acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), suscrito en la ciudad de San José de Costa Rica, en junio de 1979. (Carp. Nº 502/06 - Rep. Nº 239/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 502/06

Rep. Nº 239/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase la adhesión de la República al Acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), suscrito en San José de Costa Rica, del 5 al 8 de junio de 1979.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 9 de mayo de 2006.

Ruben Martínez Huelmo 1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 14 de noviembre de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20, de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se aprueba la adhesión de la República al Acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), suscrito en San José de Costa Rica, del 5 al 8 de junio de 1979.

El preámbulo del Acuerdo considera que el desarrollo e integración latinoamericana requiere que los países integrantes de América Latina aumenten la colaboración en el campo de las Ciencias Sociales a través de instituciones regionales de alto nivel que cooperen con los gobiernos y con las universidades e institutos nacionales preparando personal técnico y prestando asistencia técnica y asesoría cuando ello sea necesario.

La parte dispositiva del instrumento establece respecto a su naturaleza y fines que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, denominada FLACSO, es un organismo internacional de carácter regional y autónomo, constituido por los países latinoamericanos y del Caribe, para promover la enseñanza e investigación en el campo de las Ciencias Sociales. Estableciendo que "siempre que en este Acuerdo se empleen los términos América Latina", "Latinoamérica" y "latinoamericano", se entenderá que comprenden a los países de la región y del Caribe.

Asimismo, que podrán ser miembros de la FLACSO los Estados Latinoamericanos que sean miembros de la UNESCO y que serán miembros de la FLACSO los Estados Latinoamericanos que hayan adherido al Acuerdo según las disposiciones del Artículo XV.

Que para asegurar su función regional, la FLACSO podrá realizar sus actividades en cualquiera de los países de América Latina, quedando facultada a esos efectos para establecer diferentes Sedes Académicas, Programas y Proyectos. De conformidad a lo dispuesto en el texto del Acuerdo las funciones principales de la FLACSO serán:

a. asegurar la formación de especialistas en Ciencias Sociales en América Latina, a través de cursos de postgrado y especialización;

b. realizar investigaciones en el área de las ciencias sociales sobre asuntos relacionados con la problemática latinoamericana;

c. difundir en la región latinoamericana por todos los medios y con el apoyo de los Gobiernos y/o instituciones, los conocimientos de las ciencias sociales, sobre todo los resultados de sus propias investigaciones;

d. promover el intercambio de materiales de enseñanza de las ciencias sociales para América Latina;

e. colaborar con las instituciones universitarias nacionales y con organismos análogos de enseñanza y de investigación en América Latina, a fin de promover la cooperación en el campo que le es propio. A tal efecto, procurará la colaboración de los organismos internacionales, regionales y nacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales; y,

f. en general, realizar todas aquellas actividades académicas relacionadas con las ciencias sociales que conduzcan al desarrollo y la integración de los países de la región latinoamericana.

Desde la perspectiva uruguaya, este Acuerdo permitirá integrarse a un instrumento multilateral altamente conveniente para el desarrollo, estudio y perfeccionamiento en un campo de indudable importancia y relevancia como el de las Ciencias Sociales.

Al expresar su interés en la aprobación del mencionado Acuerdo, el Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. Tabaré Vázquez, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Jorge Brovetto.

Montevideo, 14 de noviembre de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Apruébase la adhesión de la República al Acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), suscrito en San José de Costa Rica, del 5 al 8 de junio de 1979.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.

Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Jorge Brovetto.

TEXTO DEL ACUERDO

Preámbulo

Las Altas Partes Contratantes,

1. Recordando la creación en 1957 de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Santiago de Chile, en aplicación de las recomendaciones de la Primera Conferencia Regional sobre la Enseñanza Universitaria de las Ciencias Sociales de América del Sur, que se reunió en marzo de 1956, en Río de Janeiro, y el apartado d) de la Resolución 3.42, aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su novena reunión celebrada en Nueva Delhi, en noviembre de 1956;

2. Subrayando la importancia de la contribución de este organismo a través de sus Sedes Académicas, Programas y Proyectos al desarrollo en toda América Latina de la enseñanza y de la investigación en Ciencias Sociales, desde su creación hasta la fecha;

3. Considerando que el desarrollo y la integración latinoamericana requieren aumentar la colaboración de estos países en el campo de las Ciencias Sociales a través de instituciones regionales de alto nivel, que cooperen con los gobiernos y con las universidades e institutos nacionales, preparando personal técnico y prestando asistencia técnica y asesoría cuando ello sea necesario; y,

4. Decididas a proporcionar a este organismo su completo apoyo moral, intelectual y financiero, según las modalidades que se definen a continuación, han convenido fortalecer institucionalmente a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, mediante la aprobación del siguiente Acuerdo:

ARTICULO I

NATURALEZA Y FINES

1. La Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales, denominada en adelante FLACSO, es un organismo internacional de carácter regional y autónomo, constituido por los países latinoamericanos y del Caribe, para promover la enseñanza e investigación en el campo de las Ciencias Sociales.

2. Siempre que en este Acuerdo se empleen los términos "América Latina", "Latinoamérica" y "latinoamericano", se entenderá que comprenden a los países de la región y del Caribe.

3. El carácter efectivamente regional y autónomo de la FLACSO está asegurado por el reclutamiento de un cuerpo docente y administrativo internacional integrado por especialistas latinoamericanos, en lo posible en base a una adecuada representación geográfica regional; por su programa de enseñanza e investigación que tendrá en cuenta las necesidades científico-sociales de la zona; por la selección de sus alumnos regulares que principalmente serán egresados latinoamericanos de universidades de estos países; por las becas de estudios que se otorgarán, en medida de lo posible, de acuerdo a una adecuada representación cultural y geográfica de toda la región, y por el respaldo, la participación y financiamiento de los gobiernos latinoamericanos.

4. Podrán ser miembros de la FLACSO los Estados Latinoamericanos que sean miembros de la UNESCO. Serán miembros de la FLACSO los Estados Latinoamericanos que hayan adherido al presente Acuerdo según las disposiciones del Artículo XV.

5. Para asegurar su función regional, la FLACSO podrá realizar sus actividades en cualquiera de los países de América Latina, quedando facultada a esos efectos para establecer Sedes Académicas, Programas y Proyectos.

ARTICULO II

FUNCIONES

1. Las funciones principales de la FLACSO serán:

a) asegurar la formación de especialistas en Ciencias Sociales en América Latina, a través de cursos de postgrado y especialización;

b) realizar investigaciones en el área de las ciencias sociales sobre asuntos relacionados con la problemática latinoamericana;

c) difundir en la región latinoamericana por todos los medios y con el apoyo de los Gobiernos y/o instituciones, los conocimientos de las ciencias sociales, sobre todo los resultados de sus propias investigaciones;

d) promover el intercambio de materiales de enseñanza de las ciencias sociales para América Latina.

e) Colaborar con las instituciones universitarias nacionales y con organismos análogos de enseñanza y de investigación en América Latina, a fin de promover la cooperación en el campo que le es propio. A tal efecto, procurará la colaboración de los organismos internacionales, regionales y nacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales; y,

f) en general, realizar todas aquellas actividades académicas relacionadas con las ciencias sociales que conduzcan al desarrollo y la integración de los países de la región latinoamericana.

ARTICULO III

ORGANOS DE GOBIERNO DE LA FLACSO

1. Son órganos de gobierno de la FLACSO:

a) La Asamblea General;

b) El Consejo Superior;

c) El Comité Directivo; y

d) Los Consejos Académicos.

ARTICULO IV

LA ASAMBLEA GENERAL

1. La Asamblea General es el órgano máximo y está formado por un representante de cada Estado Miembro, designado por su Gobierno, con voz y voto. Los Estados Latinoamericanos que no hayan adherido al presente Acuerdo, podrán participar en calidad de observadores.

También podrán ser invitados a participar como observadores de los Estados, las instituciones, organismos y centros que cooperen con la FLACSO, así como los científicos sociales que hayan servido en los cargos de Presidente, Secretario General, Director de Escuela, Instituto o Sede o de Director de Programa de la FLACSO.

2. Asamblea General deberá reunirse obligatoriamente, con carácter ordinario, cada dos años, notificando al Consejo Superior de la FLACSO con cuatro meses de anticipación a los Estados Miembros el lugar, fecha y Orden del Día provisional de la reunión. Asimismo se notificará a los demás Estados latinoamericanos.

3. La Asamblea General podrá reunirse extraordinariamente, a petición de la mayoría de los Estados Miembros o cuando lo decida el Consejo Superior por mayoría de votos o por el voto unánime de los Estados que sean miembros de éste.

4. La Asamblea General tiene las siguientes funciones:

a) determinar la política general de la institución y las relaciones de la FLACSO, en tanto que persona jurídica internacional, con los Estados Miembros;

b) examinar y en su caso aprobar, los informes periódicos presentados por el Consejo Superior sobre las actividades y la gestión financiera de la FLACSO, así como el programa de actividades y su presupuesto global;

c) fijar el monto de las cuotas correspondientes a cada Estado Miembro;

d) fijar el número de integrantes del Consejo Superior y elegir, por un período de cuatro años, a sus miembros;

e) autorizar al Consejo Superior y al Secretario General de la FLACSO para adoptar decisiones en aquellas materias específicas que la Asamblea estima conveniente;

f) elegir a los Directores de Sede de entre los candidatos presentados por el Consejo Superior por un período de cuatro años, quienes podrán ser reelectos por un período adicional;

g) elegir al Secretario General de la FLACSO entre los candidatos presentados por el Consejo Superior por un período de cuatro años y en su caso removerlo. Podrá ser designado por un período adicional, debiendo recaer la designación en un científico social latinoamericano;

h) aprobar el establecimiento en Estados Miembros de Sedes Académicas a propuesta del Consejo Superior;

i) fijar la sede del Secretario General en un Estado Miembro con base en un convenio suscrito entre la FLACSO y el gobierno correspondiente; y,

j) dictar su propio reglamento.

ARTICULO V

EL CONSEJO SUPERIOR

1. El Consejo Superior es un órgano auxiliar de la Asamblea General y actuará como medio de vinculación entre la FLACSO y los Estados Miembros. Está integrado por:

a) los representantes designados por los Gobiernos de los Estados Miembros que elija la Asamblea General, entre los que se incluirán aquellos en los que la FLACSO tenga Sedes Académicas. El número de Estados representados lo fijará la Asamblea General; no será menor de cuatro y siempre mayor que el de los científicos sociales electos a título personal.

b) Científicos sociales latinoamericanos, de distintas nacionalidades y de alto nivel académico nombrados a título personal por la Asamblea General. El número lo fijará la Asamblea General y no será menor de tres.

c) el Presidente en turno del Comité Directivo tendrá derecho a voz.

2. El Consejo Superior se reunirá, con carácter ordinario una vez al año, en la fecha y lugar que determine el Presidente del mismo. Extraordinariamente se podrá reunir con la aprobación de la mayoría de sus miembros, a petición de un Estado Miembro o del Presidente del Consejo.

3. Son funciones específicas del Consejo Superior.

a) elegir de entre sus miembros al Presidente del Consejo Superior, por un período de dos años. La elección deberá recaer en un científico social latinoamericano de reconocido prestigio académico;

b) determinar la política académica de la FLACSO de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Asamblea General;

c) examinar y en su caso aprobar el informe anual sobre las actividades académicas y otras de la FLACSO y su presupuesto anual efectivo por programas presentado por el Comité Directivo;

d) revisar las relaciones de la FLACSO con los Estados Miembros, los convenios y programas que ésta mantiene con organismos gubenamentales nacionales e internacionales, así como con las instituciones y centros de ciencias sociales de la región;

e) dirimir los conflictos que pueden suscitarse en el proceso de exigir responsabilidades de acuerdo a la reglamentación correspondiente;

f) proponer a la Asamblea General la creación de Sedes Académicas;

g) proponer a la Asamblea General los candidatos al puesto de Director de Sede, previa consulta con el Consejo Académico respectivo, debiendo recaer la designación en un científico social de reconocido prestigio;

h) proponer a la Asamblea General los candidatos al puesto de Secretario General debiendo recaer la designación en un científico social de reconocido prestigio;

i) autorizar al Comité Directivo para que, directamente o por mandado, realice gestiones ante Gobiernos de otras regiones, así como ante instituciones nacionales e internacionales con vistas a lograr respaldo institucional y financiero para las actividades de la FLACSO;

j) nombrar interinamente hasta la próxima Asamblea General a los Directores de Sede, al Secretario General y a los científicos sociales miembros del mismo Consejo en caso de quedar vacantes estos cargos:

k) establecer Programas en cualquier país de la región y designar sus Directores de entre los candidatos propuestos por el Comité Directivo. La elección deberá recaer en un científico social latinoamericano. El Director durará cuatro años en sus funciones pudiendo ser designada la misma persona para un período adicional;

l) establecer, a propuesta del Comité Directivo los títulos, grados, diplomas y certificados que la FLACSO otorga;

m) rendir un informe cada dos años a la Asamblea General sobre la marcha de la Facultad;

n) aprobar los reglamentos internos del Comité Directivo y de los Consejos Académicos y los demás reglamentos de la Facultad;

o) realizar todas las tareas que le asigne la Asamblea General; y

p) dictar su propio reglamento.

4. El Presidente del Consejo Superior tiene las siguientes atribuciones:

a) presidir el Consejo Superior de la FLACSO, organizando el trabajo del mismo;

b) convocar las Asamblea Generales ordinarias y extraordinarias de la FLACSO; y,

c) realizar aquellas funciones que le encomiende la Asamblea General o el Consejo Superior.

ARTICULO VI

EL COMITE DIRECTIVO

1. El Comité Directivo tiene a su cargo la coordinación de las actividades docentes, de investigación y de cooperación técnica de la FLACSO. Está integrado por:

a) los Directores de las Sedes Académicas de la Facultad, quienes lo presidirán en forma rotativa por un año:

b) un profesor de planta de la FLACSO, quien será electo en forma rotativa por las distintas Sedes. Durará un año en sus funciones;

c) un representante de los Programas designados por el Consejo Superior rotativamente por un año;

d) el Secretario General.

2. El Comité Directivo se reunirá cuando menos cuatro veces al año a convocatoria de quien lo presida.

3. Las funciones específicas del Comité Directivo son:

a) elaborar los planes y programas académicos de acuerdo a la política académica establecida por el Consejo Superior;

b) presentar al Consejo Superior los informes y presupuestos anuales por programa a los cuales se refiere el Artículo V, apartado 3, inciso c;

c) autorizar los nombramientos del personal académico y administrativo internacional de las Sedes y de los Programas, a propuesta de sus Directores, manteniendo en lo posible un criterio de distribución geográfica regional;

d) proponer la creación de Programas y la designación de sus Directores;

e) formular los distintos reglamentos de la Facultad no previstos en otros apartados de este Acuerdo para su aprobación por el Consejo Superior;

f) autorizar modificaciones menores al presupuesto anual efectivo, según los reglamentos correspondientes;

g) proponer y examinar las relaciones, convenios y acuerdos que con Gobiernos y con diversas instituciones nacionales e internacionales mantienen el Secretario General y los Directores de las Sedes Académicas de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Asamblea General y el Consejo Superior; y

h) proponer al Consejo Superior los títulos, grados, diplomas y certificados que la FLACSO deba otorgar.

ARTICULO VII

EL SECRETARIO GENERAL

1. El Secretario General tiene a su cargo la ejecución de los mandatos que le encomiende la Asamblea General el Consejo Superior y el Comité Directivo.

2. El Secretario General desempeña las siguientes funciones, de carácter esencialmente regional:

a) desempeñar la representación general y legal de la FLACSO;

b) actuar como Secretario de la Asamblea General, del Consejo Superior y del Comité Directivo;

c) preparar los informes, los presupuestos y las rendiciones de cuentas anuales de la Facultad para el Comité Directivo;

d) realizar gestiones ante las universidades y demás instituciones culturales, con el objeto de negociar convenios de intercambio académicos a ser aprobados por el Comité Directivo;

e) mantener, en coordinación con el Comité Directivo, los contactos con los gobiernos de los Estados Miembros así como con los demás países latinoamericanos con la finalidad de asegurar su efectiva participación en la vida de la Facultad y lograr de todos el respaldo institucional y financiero a la labor de la FLACSO;

f) realizar las gestiones a que se refiere el Artículo VI, párrafo 3, inciso g, y proponer, en su caso, los proyectos de convenio respectivo;

g) realizar, previo acuerdo del Consejo Superior y en consulta con el Comité Directivo, las gestiones conducentes a la creación de Sedes y Programas; y,

h) coordinar las actividades académicas y de cooperación científica a nivel regional.

3. Para la realización de estas funciones, el Comité Directivo autorizará el nombramiento del personal técnico y administrativo necesario.

ARTICULO VIII

LAS SEDES ACADEMICAS, LOS PROGRAMAS Y LOS PROYECTOS

1. Se entenderá por Sede el ámbito institucional en un Estado Miembro, mediante la firma de un convenio suscrito entre la FLACSO y el gobierno correspondiente, en el que se llevan a cabo;

a) actividades docentes de nivel superior y carácter permanente conducentes al otorgamiento de un grado superior.

b) actividades de investigación y otras actividades estipuladas en el Artículo II, párrafo 1.

Los Programas son un conjunto de actividades académicas de nivel superior que la FLACSO realiza en cualquier país de la región, cuyas características son determinadas en cada caso por los órganos directivos correspondientes.

Los proyectos serán actividades académicas específicas de tiempo limitado que podrán realizarse en cualquier país latinoamericano, cuyas características serán determinadas en cada caso por los órganos directivos que correspondan.

2. En las Sedes Académicas y en los Programas se realizan las actividades docentes y de investigación de la FLACSO. Estos se constituirán cuando a juicio de la Asamblea General y/o del Consejo Superior se requiera su creación.

3. Cada Sede Académica tendrá un Director electo por la Asamblea General y cada Programa un Director designado por el Consejo Superior, quienes tendrán a su cargo la dirección académica y administrativa de su Sede o Programa.

4. Los Directores de las Sedes Académicas y de los Programas pondrán a consideración del Comité Directivo los nombres de los candidatos a ocupar los puestos del personal académico y administrativo internacional, y designarán al resto del personal de acuerdo con la reglamentación correspondiente.

5. Los Directores de las Sedes Académicas acordarán con el Consejo Superior y el Comité Directivo un adecuado mecanismo de enlace con el gobierno del país respectivo.

6. Los Directores de Sede Académica y los Directores de Programas elaborarán y aplicarán los presupuestos anuales de las Sedes y de los Programas, con la autorización del Comité Directivo y del Consejo Superior.

ARTICULO IX

LOS CONSEJOS ACADEMICOS DE SEDE

1. En cada Sede funcionará un Consejo Académico integrado por:

a) el Director de la Sede, quien lo preside;

b) los coordinadores de áreas;

c) un profesor electo por el personal académico, quien será el representante al que se refiere el Artículo VI, párrafo I, inciso b; y,

d) un representante de los alumnos.

2. Sus funciones son:

a) proponer y evaluar las actividades académicas de las respectivas Sedes.

b) asesorar al Director de la Sede en las materias en que éste solicite la opinión del Consejo Académico.

ARTICULO X

FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y ESTUDIANTES

1. La FLACSO organiza su personal de acuerdo a las categorías y normas que establezca el reglamento correspondiente aprobado por el Consejo Superior.

2. El Comité Directivo instituirá un adecuado sistema para asegurar la representación regional del personal tanto a nivel docente como a nivel administrativo.

3. Los estudiantes de la FLACSO son parte integrante de la misma. Su representación será objeto de una reglamentación especial formulada por el Comité Directivo.

4. Todo el personal de la FLACSO es responsable, de acuerdo a las disposiciones de este Acuerdo y a los términos de sus respectivos contratos de trabajo. Dichas responsabilidades son exigibles de la siguiente manera;

a) los Directores de las Sedes Académicas, el Secretario General y los Directores de Programas son responsables ante las instancias por las cuales fueron nombrados;

b) los profesores investigadores y estudiantes son responsables ante el Director de la Sede Académica; y, el personal de los Programas ante el Director respectivo;

c) el personal administrativo es responsable ante el Director de la Sede Académica o Director de Programa a la que estuviere asignado;

d) el personal de apoyo del Secretario General es responsable ante éste.

ARTICULO XI

HACIENDA

1. Los recursos financieros de la FLACSO están constituidos principalmente por:

a) las contribuciones anuales de los Estados Miembros que serán proporcionales a sus respectivas contribuciones al presupuesto de la UNESCO. Corresponderá a la Asamblea General fijar el monto de las cuotas de acuerdo con el Artículo IV, párrafo 4, letra c);

b) las contribuciones anuales suplementarias que aportan los países que acojan Sedes y Programas de la FLACSO, conforme a lo dispuesto en los respectivos acuerdos;

c) las subvenciones, aportes definitivos o temporales, donaciones y legados, otorgados por gobiernos, instituciones o particulares.

2. Con el fin de asegurar el funcionamiento regular de la FLACSO, se establecerá un Fondo de Operaciones, cuya naturaleza, importe y objeto serán fijados por la Asamblea General.

3. Al comienzo de cada ejercicio económico el Secretario General de la FLACSO informará a los gobiernos el estado de sus contribuciones.

4. Toda modificación al monto de las cuotas de los Estados Miembros, deberá ser aprobada por la mayoría de dos tercios de los votos de la Asamblea General.

ARTICULO XII

CAPACIDAD JURIDICA E INMUNIDADES

1. La FLACSO es un persona jurídica que gozará de plena capacidad jurídica, privilegios e inmunidades en el territorio de cada uno de los Estados Miembros, de acuerdo con la legislación vigente en cada uno de ellos y las normas internacionales en la materia.

ARTICULO XIII

RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS Y CENTROS

1. La FLACSO, de acuerdo a su naturaleza y fines, debe concertar su acción tanto con la de los organismos gubernamentales y no gubernamentales que desarrollan actividades afines, como con los organismos de los gobiernos, las universidades y centros nacionales en ciencias sociales de la región. Para ello, la FLACSO buscará establecer acuerdos con dichas organizaciones y centros para fijar las modalidades de una eficaz colaboración que puede llegar incluso a acuerdos de asociación.

2. En especial, la FLACSO, tanto para la tarea de fijar su política general como en las decisiones respecto a Sedes y Programas, debe considerarse particularmente obligado a vincularse a los centros nacionales de ciencias sociales. Para cumplir con este requisito, la FLACSO auspiciará consultas periódicas con dichos centros, además de los programas de intercambio que establezca con alguno de ellos.

3. Igualmente, se recomienda a los Estados Miembros procurar que sus representantes en los órganos de gobierno de la FLACSO sean personas vinculadas a las actividades inherentes a las Ciencias Sociales, en sus respectivos países.

ARTICULO XIV

REFORMA

1. El presente Acuerdo podrá ser modificado por la Asamblea General mediante decisión adoptada por mayoría de dos terceras partes de los votos de los Estados Miembros.

ARTICULO XV

VIGENCIA, ADHESION Y DENUNCIA

1. El presente Acuerdo continuará en vigor mientras por lo menos tres Estados Miembros mantengan su adhesión.

2. La adhesión y la denuncia se regirán por las siguientes normas:

a) el Acuerdo no podrá ser suscrito con reservas y quedará abierto a la aceptación de los Estados latinoamericanos, miembros de la UNESCO;

b) la aceptación del presente Acuerdo por parte de los Estados que a la fecha no sean miembros se hará mediante el depósito del instrumento respectivo ante el Director General de la UNESCO y la notificación correspondiente al Presidente de la FLACSO;

c) el Director General de la UNESCO informará a todos los Estados Partes en el presente Acuerdo, así como a las Naciones Unidas de las nuevas aceptaciones que se produzcan. El Secretario General de la FLACSO informrá igualmente a los organismos que cooperan con la institución;

d) de conformidad con lo previsto en el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, el presente Acuerdo será registrado en la Secretaría de las Naciones Unidas; y

e) los Estados Miembros podrán denunciar el presente Acuerdo conforme a su decisión soberana. Esta denuncia se hará ante el Presidente de la FLACSO y ante el Director General de la UNESCO y surtirá efecto un año después de la fecha en que la haya recibido este último, con el fin de garantizar el desarrollo de las actividades programadas de acuerdo con los Convenios establecidos.

San José de Costa Rica, 5-8 de Junio de 1979;

(SIGUEN FIRMAS)

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) fue creada en 1957 por iniciativa de la UNESCO y algunos gobiernos latinoamericanos. Es un organismo internacional de carácter autónomo y regional y su objetivo principal es promover las ciencias sociales en América Latina y el Caribe.

El Acuerdo General de la FLACSO cuenta con catorce Países Miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Surinam.

Las actividades académicas que lleva adelante son: Docencia, Investigación, Difusión, Extensión, Académica y Cooperación Técnica, las cuales son desarrolladas en diez Unidades Académicas.

El funcionamiento de la FLACSO se rige por su Legislación Interna y por las directrices que emiten los Organos de Gobierno. La coordinación del funcionamiento y la re-

presentación legal de la Facultad están bajo la res-ponsabilidad de la Secretaría General con sede en Costa Rica desde 1979.

Tiene una estructura organizativa en tres niveles: Organos de Gobierno (la Asamblea General, el Consejo Superior, el Comité Directivo y los Consejos Académicos de Sede), Secretaría General y Unidades Académicas. Donde la Asamblea General es el máximo órgano de gobierno, compuesto por representantes de todos los Estados Miembros del Acuerdo General de la FLACSO. Sus reuniones ordinarias se realizarán cada dos años, en distintos países de la región.

Se debe señalar la gran contribución que FLACSO significa para el desarrollo de la enseñanza y la investigación de las Ciencias Sociales en América Latina.

Aprobar la adhesión de la República al acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales significa reafirmar nuestro compromiso con el desarrollo y la integración latinoamericana al aumentar la colaboración entre sus países en el campo de las ciencias sociales.

Sabemos que nuestros técnicos deben dejar al país para realizar muchos de los cursos de especialización y, a través de este acuerdo, podríamos hacer más vasta la participación de tales perfeccionamientos.

A modo de ejemplo, en FLACSO- Argentina se ofrece el Doctorado en Ciencias Sociales, Maestrías en Psicología Cognitiva y Aprendizaje, Ciencias Sociales con Orientación en Educación, Diseño y Gestión de Políticas y Programas Sociales, Ciencias Sociales con Mención en Salud, Relaciones y Negociaciones Internacionales, Economía Política, Ciencia Política y Sociología Especializaciones en: Educación y Nuevas Tecnologías, Constructivismo y Educación, Gestión Educativa, Currículo y Prácticas Escolares en Contexto, Maestría Virtual en Género, Sociedad y Políticas, Diploma Superior en Género y Políticas Públicas y Maestría y Especialización en Ciencia Política y Sociología y en Estudios Sociales Agrarios.

Por lo expuesto, recomendamos a este Cuerpo la aprobación de la Adhesión de la República al Acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Sala de la Comisión, 1º de junio de 2006.

Alberto Couriel, Miembro Informante; Washington Abdala, Carlos Baráibar, Luis Alberto Heber, José Korzeniak, Jorge Larrañaga, Rafael Michelini, Enrique Rubio. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: cuando me encontré con este proyecto de ley me llamó profundamente la atención que Uruguay no hubiera adherido con anterioridad.

Tengo el mejor de los conceptos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es un organismo internacional, de carácter regional y autónomo, constituido básicamente por países latinoamericanos y del Caribe para promover la enseñanza e investigación en dicho campo. En lo personal, he tenido la suerte de ser profesor de esa Facultad, donde impartí cursos, por lo que voy a adherir con todo gusto a que el Uruguay sea partícipe de esa Institución.

Simplemente, como elemento de fundamentación voy a dar lectura a las funciones principales de la FLACSO: asegurar la formación de especialistas en Ciencias Sociales en América Latina, a través de cursos de postgrado y especialización; realizar investigaciones en el área de las ciencias sociales sobre asuntos relacionados con la problemática latinoamericana; difundir en la región latinoamericana por todos los medios y con el apoyo de los Gobiernos y/o instituciones los conocimientos de las ciencias sociales, sobre todo los resultados de sus propias investigaciones; promover el intercambio de materiales de enseñanza de las ciencias sociales para América Latina; colaborar con las instituciones universitarias nacionales y con organismos análogos de enseñanza y de investigación en América Latina, a fin de promover la cooperación en el campo que le es propio; en general, realizar todas aquellas actividades académicas relacionadas con las ciencias sociales que conduzcan al desarrollo y la integración de los países de la región latinoamericana.

Señor Presidente: no me quiero extender, pero sí voy a agregar que América Latina requiere de mucha investigación, e ideas creativas y nuevas que sean propias y específicas, y que atiendan las características básicas de cada uno de los países de la región. La FLACSO puede ayudar mucho en ello y por ese motivo voy a proponer la adhesión de Uruguay a dicha Institución.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Apruébase la adhesión de la República al Acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), suscrito en San José de Costa Rica, del 5 al 8 de junio de 1979".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado.)

34) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: dado lo avanzado de la hora y considerando que el miércoles de la semana próxima está convocada una sesión extraordinaria del Cuerpo, pido que se aplace la consideración del asunto que figura en el numeral 12) del Orden del Día, relativo a las cuatro solicitudes de venia que nos ha enviado el Poder Ejecutivo, así como también el proyecto de ley por el que se reglamenta el recurso de apelación establecido en el artículo 303 de la Constitución de la República, y se incluyan en el Orden del Día de la citada sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa entiende que el señor Senador solicita que se incorporen al Orden del Día de la sesión extraordinaria a realizarse el próximo miércoles el asunto que figura en el numeral 12) de la convocatoria de esta sesión y el proyecto de ley por el que se reglamenta el recurso de apelación establecido en el artículo 303 de la Constitución de la República.

SEÑOR NICOLINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NICOLINI.- Señor Presidente: solicito que esos puntos se incorporen en forma posterior a los propuestos en la citación para ese día.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se incluirán en tercer y cuarto término de la convocatoria.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

35) MAESTRO CARLOS CHASSALE

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en décimo lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se designa ‘Maestro Carlos Chassale’ la Escuela Nº 276, del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública). (Carp. Nº 386/05 - Rep. Nº 247/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 386/05

Rep. Nº 247/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DELEY

Artículo Unico.- Desígnase "Maestro Carlos Chassale" la Escuela Nº 276, del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 8 de noviembre de 2005.

Nora Castro Presidenta

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Comisión de

Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

La Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes, aconseja al Cuerpo nominar a la Escuela Nº 276 como "Maestro Carlos Chassale", proyecto de ley presentado en el pasado período por el Diputado León Lev, quien en la exposición de motivos expresó:

"Carlos Chassale nació el 30 de junio de 1945 en Montevideo, en un modesto hogar de trabajadores. Su madre, Teresa Rodríguez, era obrera de un frigorífico y su padre, Ernesto Chassale, trabajaba en el transporte del que fue un destacado dirigente sindical.

Estudió magisterio y, junto a su actividad como maestro de enseñanza primaria, desarrolló desde muy joven una intensa militancia gremial y política. Manifestó además, a través de la poesía y la plástica, una honda sensibilidad ante la peripecia del hombre de su época y la problemática social.

El departamento editorial de la Unión de Magisterio de Montevideo editó su temprana obra poética en el volumen ‘Una mirada firme y gris como el acero’ de la que esta antología recoge algunos textos.

Cuando se instauró el régimen de facto de los setenta, por defender sus ideas sufrió cárcel y exilio. Asumió con valentía esta responsabilidad a pesar de su delicado estado de salud ya que padecía el cáncer de linfa llamado Mal de Hodgkin.

El 7 de noviembre de 1975 las Fuerzas Conjuntas irrumpieron violentamente en el aula de la escuela de La Teja donde trabajaba como maestro, y fue apresado delante de sus alumnos. La prisión aceleró su enfermedad, privado de atención médica adecuada y ferozmente torturado. A mediados de 1976 las autoridades de la época lo dejaron en libertad al considerar que le quedaban horas de vida. Pero su entereza y el deseo de vivir y luchar le dieron fuerzas para asilarse en la Embajada de México".

A pesar de la esmerada atención médica que recibió en el exilio, su enfermedad, agravada por el cruel trato al que había sido sometido en la prisión, siguió avanzando y murió en el mes de agosto de 1978, a los treinta y dos años. La dictadura no había logrado silenciar su voz y peleó dura y dignamente por la vida, escribiendo hasta poco antes de su fin. En uno de sus últimos poemas dice:

"A veces es necesario callar

escribir el poema con la piel

y ser, con los demás, simplemente".

Recientemente se editó, con el título "Mi corazón sobre la tierra", una muestra de su poesía.

Los dibujos que se incluyeron en esta edición son también creaciones de Carlos Chassale. Su poesía trasmite su amor por la vida y un profundo humanismo. Su mirada se detiene, con penetración y ternura, en las memorias, los afectos. El cotidiano vivir, la infancia, los amigos, el ho-

gar, la ciudad son evocados con emoción sencilla y conte-nida.

"...Había unas manos grandes los domingos

me sonreían los cubiertos en la mesa...". (Infancia)

No están ausentes las pasiones y contradicciones del espíritu, la muerte y las grandes interrogantes de la vida. El dolor de la época que le tocó vivir aparece en sus poemas, pero siempre en ellos hay una afirmación de la vida, de su fe en la dignidad del ser humano.

"...Entonces deberé buscarme

otra vez la dignidad

me escarbaré las tripas

los bolsillos del saco

andaré los laberintos del cerebro

me chuparé las lágrinas

y con lo que tengo de humano

arroparé mi cuerpo sin domingo...".

Maestro vocacional, es recordado aún hoy por los que fueron sus contemporáneos por su dedicación y excelencia.

Su trayectoria de vida puede ser reflejo de la de muchos uruguayos de su generación. Nombrar una escuela con su nombre puede ser también una forma de homenajear a tantos anónimos y esforzados trabajadores de la educación que al mismo tiempo sacrificaron tanto de su vida por sus ideales y la defensa de la democracia.

Sala de la Comisión, 5 de octubre de 2005.

Roque Arregui, Miembro Informante; Pablo Alvarez López, Juan José Bruno, Nora Gauthier, José Carlos Mahía, Julio M. Musetti.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cultura

ACTA Nº 20

En Montevideo, el día seis de abril del año dos mil seis, a la hora once, se reúne la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores.

Asisten la señora Senadora Margarita Percovich y los señores Senadores Washington Abdala, Milton Antognazza y Leonardo Nicolini.

Preside el señor Senador Leonardo Nicolini, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría el señor Secretario Alberto Martínez Payssé, con la colaboración del funcionario Jorge Fernández Rossi.

Faltan con aviso, los señores Senadores Pablo Iturralde, Eduardo Lorier y Gustavo Penadés, según notas oportunamente presentadas.

ASUNTOS ENTRADOS:

CARPETA Nº 412/2005. ARCHIVO LAVALLEJA-RIVERA-ORIBE. Se crea una archivo que contendrá la recopilación de todos los documentos históricos que puedan reunirse. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor Senador Francisco Gallinal. (Distribuido Nº 626/2005).

CARPETA Nº 447/2006. DOCTOR ALFONSO LAMAS. Se designa con su nombre a la Escuela Nº 45 de Playa Verde, departamento de Maldonado. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. (Distribuido Nº 708/2006).

CARPETA Nº 467/2006. GUYUNUSA. Se designa la Es-cuela Nº 68 del departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Primaria. (ANEP). (Distribuido Nº 751/2006).

Nota de la Junta Departamental de San José adjuntando Resolución de fecha 15 de marzo de 2006, sobre discriminación de estudiantes de zonas rurales.

Nota de la revista Ambios - Cultura Ambiental, adjuntando ejemplares y propuesta.

Solicitud de audiencia de la Comisión Organizadora del Debate Educativo, de reciente creación en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura.

RESOLUCIONES:

Sesionar todos los días jueves de cada mes, manteniendo la hora previamente fijada.

Convocar para la próxima sesión del día 20 de los corrien-tes, a la Comisión Organizadora del Debate Educativo; y para el día 27, citar al señor Senador Francisco Gallinal, como autor del proyecto de ley por el que se crea el Archivo Lavalleja - Rivera - Oribe. (Carpeta Nº 412/2005 - Distribuido Nº 626/2005).

ASUNTOS TRATADOS:

CARPETA Nº 377/2005. VIVIAN TRIAS. Designación al Liceo Nº 4 de la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones.

Se vota: 4 en 4. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD de señores Senadores presentes. Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador Leonardo Nicolini.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO:

"Artículo Unico.- Desígnase "Vivian Trías" el Liceo Nº 4 de la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones."

CARPETA Nº 206/2005. AMADEO SOLER. Se designa la Escuela Nº 19 del departamento de Colonia.

Se vota: 4 en 4. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD de señores Senadores presentes. Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador Leonardo Nicolini.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO:

"Artículo Unico.- Desígnase "Amadeo Soler" la Escuela Nº 19 del departamento de Colonia, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública. (ANEP)".

CARPETA Nº 386/2005. MAESTRO CARLOS CHASSALE. Se designa con su nombre a la Escuela Nº 276, del departamento de Montevideo.

Se vota: 4 en 4. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD de señores Senadores presentes. Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador Leonardo Nicolini.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO:

"Artículo Unico.- Desígnase "Maestro Carlos Chassale" la Escuela Nº 276, del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)."

CARPETA Nº 389/2005. EDUARDO VICTOR BOGA. Se designa con dicho nombre a la Escuela Nº 120, Jardín de Infantes, de la ciudad de Cardona, departamento de Soriano.

Se vota: 4 en 4. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD de señores Senadores presentes. Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador Leonardo Nicolini.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO:

"Artículo Unico.- Desígnase "Eduardo Víctor Boga" la Escuela Nº 120, Jardín de Infantes, de la ciudad de Cardona, departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)."

CARPETA Nº 447/2006. DOCTOR ALFONSO LAMAS. Se designa con su nombre a la Escuela Nº 45 de Playa Verde, departamento de Maldonado. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. (Distribuido Nº 708/2006).

Se vota: 4 en 4. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD de señores Senadores presentes. Se designa Miembro Informante -verbal- al señor Senador Leonardo Nicolini.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO:

"Artículo Unico.- Designase a la Escuela Nº 45 de Playa Verde, ubicada en el departamento de Maldonado, con el nombre de "Doctor Alfonso Lamas."

A la hora once y treinta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman la señora Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Leonardo Nicolini Presidente

Alberto Martínez Payssé Secretario.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cutura

ACTA Nº 24

En Montevideo, el día ocho de junio del año dos mil seis, a la hora once y cinco minutos se reúne la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores.

Asisten la señora Senadora Margarita Percovich y los señores Senadores Alberto Cid, Eduardo Lorier, Leonardo Nicolini y Julio María Sanguinetti.

Faltan con aviso los señores Senadores Ruperto Long y Gustavo Penadés, según notas oportunamente presentadas.

Presiden los señores Senadores Leonardo Nicolini y Eduardo Lorier, Presidente y Presidente -ad hoc- de la Comisión, respectivamente.

Actúa en Secretaría el señor Secretario Alberto Martínez Payssé, con la colaboración de la funcionaria Susana Rodríguez.

ASUNTOS ENTRADOS:

- Nota remitida por el Centro de Estudio y Difusión de la Cultura Vasca relacionada con la solicitud del Salón de los Pasos Perdidos a fin de realizar un homenaje a destacadas figuras vascas.

- Informe remitido por el profesor Carlos Maggi en respuesta a las preguntas formuladas por parte de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores.

ASUNTOS TRATADOS:

CARPETA Nº 307/2005. TITULOS EXPEDIDOS POR LOS INSTITUTOS DE FORMACION DOCENTE DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA. SE LES RECONOCE EL RANGO UNIVERSITARIO. Proyecto de ley con exposición de motivos del señor Senador Julio María Sanguinetti. (Distribuido Nº 393/2005).

La señora Senadora Percovich comunica haber recibido un informe de la Subcomisión ANEP-UR sobre el reconocimiento del Nivel de Licenciatura de las Carreras de Formación Docentes en ANEP - 13.12.05 (el mismo se reparte). La Comisión acuerda postergar su tratamiento. 

CARPETA Nº 386/2005. MAESTRO CARLOS CHASSALE. Se designa con su nombre a la Escuela Nº 276, del departamento de Montevideo. 

Por Secretaría se informe que habiéndose contactado vía telefónica con la ANEP, ésta pasó el expediente a Acuerdos, contando el mismo con resultado favorable. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante verbal al señor Senador Eduardo Lorier.

Las Carpetas Nos. 206, 386 y 389/2005 fueron aprobadas el día seis de abril del corriente año, las mismas no fueron elevadas por faltar la autorización de ANEP. La Comisión resuelve que permanezcan a estudio hasta que llegue el informe solicitado. Se excluye la Carpeta Nº 386/2005 por lo expuesto anteriormente.

RESOLUCIONES:

La Comisión resuelve enviar nota al Centro de Estudio y Difusión de la Cultura Vasca informándoles que dicha solicitud deben hacerla al señor Presidente del Senado.

A la hora once y veinticinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente -ad hoc- y el señor Secretario de la Comisión.

Eduardo Lorier Presidente -Ad hoc-

Alberto Martínez Payssé Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Lorier.

SEÑOR LORIER.- Señor Presidente: Carlos Chassale, con cuyo nombre la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores propone designar a la Escuela Nº 276 del departamento de Montevideo, es un tipo humano a través del cual se refleja una parte importante de la peripecia de la sociedad uruguaya. Su vida es algo más que su vida, es un símbolo de la existencia de muchísimos uruguayos, de toda una capa social en determinada etapa de nuestra historia. Su trayectoria entera es, entonces, un paradigma.

En efecto, muchos compatriotas pueden sentirse reflejados por su tragedia. Nuestro país, en una determinada época histórica, lograba o permitía que el hijo de un hogar típicamente obrero, en vez de tener como horizonte o destino más probable el de un asentamiento, pudiera estudiar magisterio y dedicar parte de su vida a la educación de los niños uruguayos y a las actividades poéticas. Recordemos que su madre, Teresa Rodríguez, era obrera de un frigorífico, y que su padre, Ernesto Chassale, trabajaba en el transporte, donde fue dirigente gremial.

Luego, y paralelo al nada casual deterioro de nuestra situación económico-social y de las crisis políticas que acompañaron aquella caída como la sombra al cuerpo, también su vida refleja o significa la fuerte conmoción provocada por tal situación en nuestra clase obrera y en las extendidas y activas capas medias nacionales. Por eso es natural su vinculación gremial y su integración política, en suma, su estrecha incorporación a fuerzas conscientemente constructoras -en perspectiva estratégica- de un gran bloque político-social alternativo, que objetivamente ha signado -y signa- la historia contemporánea del Uruguay en la búsqueda de los cambios.

Entonces, no fue casualidad que al instaurarse la dictadura fascista, de carácter cívico-militar, dominada por la imperial "doctrina de la seguridad nacional" y en el marco de propósitos de exterminio supranacionales como el "Plan Cóndor", hombres luchadores como él fueran una presa predilecta y necesaria donde aquellas hordas perpetrar sus barbaridades; las mismas que Carlitos relata prolijamente ante el Tribunal Internacional reunido en el marco del XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Allí rinde testimonio para seguir contribuyendo solidariamente -ahora desde los obligados y generosos exilios mexicano y cubano- a la abnegada, convergente y porfiada lucha antidictatorial desarrollada en el interior del país por los patriotas de diversas vertientes políticas y sociales.

"Fui secuestrado el 7 de noviembre de 1975 por un grupo de individuos no identificados. Me encontraba en ese momento en mi lugar de trabajo, la Escuela Nº 9, del barrio La Teja… Al ser detenido realizaba un tratamiento médico intensivo por padecer una grave enfermedad, un cáncer de linfa, conocido como ‘Mal de Hodkings’ y la supresión del tratamiento médico y las torturas recibidas agravaron mi enfermedad, poniéndome al borde de la muerte en no menos de tres oportunidades.

En tal situación fui procesado, acusado de asociación subversiva por pertenecer al Partido Comunista de Uruguay y condenado a una pena oscilante entre los seis y los dieciocho años de cárcel"…

Así eran las cosas en aquella época aciaga de la vida del país, época en que el ser humano Carlos Chassale -luchador, maestro, poeta, soñador- pasó a ser un simple número, el 117, o "el canceroso", en el centro de torturas sito en el Batallón de Infantería Blindada Nº 13, el tristemente célebre "300 Carlos", como le llamaban en clave los fascistas, o "el infierno", como le denominaron los allí torturados.

"Cuando me llevaron preso supuse que iba a estar una semana o dos, que ahora me había pasado a mí, que tenía que aguantar, que después me procesarían y que iría a la cárcel. Pero nunca me imaginé que podría estar dos meses siendo torturado permanentemente. Hubo gente que estuvo más"… "de torturas permanentes, cotidianas, continuas, sin descanso".

Quizás la palabra "infierno" se quede corta para reflejar en toda su dimensión la tragedia de "aquellas compañeras que estaban completamente deshechas, con serias lesiones en los órganos genitales y muchas con alteraciones nerviosas, amén de las que habían caído embarazadas y las que habían hecho abortar o de aquellas que luego de haber sido violadas en reiteradas oportunidades estaban ahora en estado de gestación.

Estuve con compañeros que tenían la mayoría de las articulaciones destrozadas, que habían perdido la mayoría de los dientes y que presentaban zonas totalmente ulceradas por las quemaduras… Se nos suministraban drogas que producían alucinaciones"…

Sin embargo, la esperanza, el futuro, la perspectiva de la libertad y de la construcción de otro mundo posible nunca abandonaron a Carlitos, ni aun en los días más duros de la tortura, la prisión y el exilio. "Yo imaginé en varias oportunidades, en especial cuando había estado mucho tiempo privado de beber, ver a mi madre muy cerca que me alcanzaba un frasco de fresco líquido. Imaginé también estar en el campo a orillas de una corriente de agua… Hubo un compañero, ya de edad, que suponía haber estado siempre a la orilla del mar".

Pero así como Carlitos fue duro, muy duro, en su testimonio respecto de los torturadores que hicieron cosas terribles contra seres indefensos, que cometieron delitos de lesa humanidad, también supo reconocer el gesto y la actitud correcta, esa que vuelve siempre posible la reconciliación con el pasado artiguista de nuestras Fuerzas Armadas. "Al principio, la relación con los guardias en la cárcel era muy difícil. A ellos los habían convencido de que éramos delincuentes, asesinos, amorales. Pero, a medida que transcurría el tiempo pudimos establecer un diálogo con los soldados. Supieron entonces que los prisioneros éramos gente del pueblo: obreros, estudiantes, maestros, profesionales, que nuestro delito consistía en haber realizado actividades políticas. Esta relación con los soldados nos permitió tener las primeras noticias con el exterior".

El Carlitos poeta, actividad esencial de su personalidad que lo acompañó hasta poco antes de morir a los treinta y tres años, fue tempranamente publicado en 1967 por un grupo de jóvenes maestros bajo el lema de "Nosotros también", agrupado en torno a la actividad del departamento editorial de la Unión del Magisterio. Más, luego, fue póstumamente editado bajo los auspicios de la Fundación Rodney Arismendi. Es así que hoy podemos contar con una muestra de su poesía a través del libro "Mi corazón sobre la tierra", cuyos dibujos son también creaciones de Carlitos.

En 1967 escribía este poema que se nos aparece como muy relacionado con su apurada vida:

"Como obra póstuma

esta tarde igual

ha dejado

una sinfonía en azul y rosa

y un pájaro muerto

entre los pasos de la gente

Ha dejado ansias

de absorber más tiempo

de vivir la totalidad

de las sensaciones"…

Y, sin duda, como señalaba el Diputado Roque Arregui al informar del proyecto de ley en la Cámara de Representantes, en su poesía "no están ausentes las pasiones y contradicciones del espíritu, la muerte y las grandes interrogantes de la vida. El dolor de la época que le tocó vivir aparece en sus poemas, pero siempre en ellos hay una afirmación de la vida, de su fe en la dignidad del ser humano".

…"Entonces deberé buscarme

otra vez la dignidad

me escarbaré las tripas

los bolsillos del saco

andaré los laberintos del cerebro

me chuparé las lágrimas

y con lo que tengo de humano

arroparé mi cuerpo sin domingo".

El país transita hoy por caminos de innegable avance en el capítulo de los derechos humanos. En esta aproximación imparable y necesaria a la verdad y la justicia, la denominación de una escuela con el nombre de quien -en tiempos nefastos- no sólo no podía elegir cargos en ninguna jurisdicción escolar, sino que tuvo prohibido el ingreso a cualquier escuela pública -como consta en su foja de servicio de la Inspección de Primaria de la otrora CONAE-, es, entonces, un paso de suma importancia, trascendente, en ese tránsito necesario.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Desígnase ‘Maestro Carlos Chassale’ la Escuela Nº 276, del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado.)

36) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 19 y 48 minutos, presidiendo el señor Senador Eleuterio Fernández Huidobro y estando presentes los señores Senadores Antía, Breccia, Dalmás, Korzeniak, Lapaz, Lorier, Moreira, Nicolini, Oliver, Percovich, Rodríguez, Saravia, Segovia, Topolansky, Vaillant y Xavier.)

SENADOR ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO Presidente en ejercicio

Arq. Hugo Rodríguez Filippini - Sr. Santiago González Barboni Secretarios

Sra. Nelly Tavares Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.