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Nº 90 - TOMO 431 - 16 DE MAYO DE 2006

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

15ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR SEÑOR SANTIAGO GONZALEZ BARBONI

Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedido de informes

- El señor Senador Lapaz solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del Interior, referido a la videograbación de espectáculos deportivos.

- Oportunamente fue tramitado.

5) Inasistencias

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

6) Solicitudes de licencia

- Las formulan los señores Senadores Korzeniak y Saravia.

- Concedidas.

7) Profesor Fernando Assunçao. Su deceso

- Manifestaciones del señor Senador Long.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a su familia, a la Intendencia Municipal de Colonia, a la Comisión del Patrimonio Histórico, al Ministerio de Educación y Cultura, al Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay y a la representación de UNESCO en el Uruguay.

8) Aplicación de la Ley Nº 17.951 sobre violencia en el deporte

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los Ministerios del Interior y de Turismo y Deporte, a la Confederación Uruguaya de Deportes, al Comité Olímpico Uruguayo, a la Asociación Uruguaya de Fútbol, a la Federación Uruguaya de Básquetbol, a la OFI -Organización de Fútbol del Interior- y a sus Confederaciones y Ligas, y a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas de todo el país.

9) Puente en Ruta 2 sobre el Río Negro

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a los Gobiernos Departamentales de Soriano y Río Negro -Intendencias Municipales y Juntas- y a los sindicatos del transporte de ambos departamentos.

10) Doctor Carlos María Fosalba. Homenaje a su memoria

- Manifestaciones del señor Senador Cid.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Sindicato Médico del Uruguay, a la Federación Médica del Interior y a la Facultad de Medicina.

11) Taller sobre políticas públicas de memoria, diálogo, Estado y sociedad

- Manifestaciones del señor Senador Penadés.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República y al Secretario de la Presidencia de la República, al Ministro de Educación y Cultura y a la Dirección de Derechos Humanos de dicho Ministerio.

12) Emprendimiento productivo en el departamento de Florida

- Manifestaciones del señor Senador Amaro.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Directorio de AFE, al señor Intendente Municipal de Florida y a la Junta Departamental de Florida.

13) Biodiesel

- Manifestaciones del señor Senador Larrañaga.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Presidente de la República, a los señores Ministros de Industria, Energía y Minería y de Economía y Finanzas, y a ANCAP.

14) Identificación y registro animal para la trazabilidad de los productos de origen animal

- Proyecto de ley por el que se declara de interés nacional la identificación y registro animal para la trazabilidad de los productos de origen animal.

- En consideración.

- Manifestaciones de varios señores Senadores.

- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15) Admisión temporaria, toma de stock y régimen devolutivo

- Proyecto de ley por el que se otorga rango legal a su normativa.

- En consideración.

- Manifestaciones de varios señores Senadores.

- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

16) Acuerdo de Cooperación Mutua con el Gobierno de la República Federativa del Brasil para Combatir el Tráfico de Aeronaves Comprometidas en Actividades Ilícitas Transnacionales, suscrito en Montevideo, el 14 de setiembre de 2004.

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) Acuerdo sobre Cooperación Policial en la Investigación, Prevención y Control de Hechos Delectivos entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil, hecho en Río Branco, el 14 de abril de 2004

- Proyecto de ley por el que se establece nueva agenda de cooperación y desarrollo fronterizo.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

18) Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada en la ciudad de Bridgetown (Barbados)

- Proyecto de ley por el que se dispone su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

19) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 12 de mayo de 2006.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 16 de mayo, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1º) por el que se establecen normas que regulan la identificación y registro animal, para construir la trazabilidad de los productos de origen animal del territorio nacional.

Carp. Nº 428/05 - Rep. Nº 224/06

2º) por el que se crean disposiciones que definen los mecanismos de la admisión temporaria, toma de stock y régimen devolutivo.

Carp. Nº 404/05 - Rep. Nº 223/06

3º) por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, para combatir el tráfico de aeronaves comprometidas en actividades ilícitas transnacionales.

Carp. Nº 331/05 - Rep. Nº 225/06

4º) por el que se aprueba el Acuerdo sobre Cooperación Policial en la investigación, prevención y control de hechos delictivos, entre la República Federativa del Brasil y la República Oriental del Uruguay.

Carp. Nº 210/05 - Rep. Nº 226/06

5º) por el que se aprueba la Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada en la ciudad de Bridgetown (Barbados).

Carp. Nº 295/05 - Rep. Nº 227/06

6º) por el que se aprueba el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, adoptado en la VII Reunión de los Estados Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar.

Carp. Nº 387/05 - Rep. Nº 228/06

7º) por el que se aprueba el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América, suscrito en la ciudad de Montevideo.

Carp. Nº 259/05 - Rep. Nº 229/06

8º) por el que se aprueba la Medida 1 (2003) "Secretaría del Tratado Antártico" y su Anexo "Acuerdo de Sede para la Secretaría del Tratado Antártico", adoptados en la XXVI Reunión Consultiva del Tratado Antártico, celebrada en la ciudad de Madrid.

Carp. Nº 345/05 - Rep. Nº 230/06

9º) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir a un funcionario de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación.(Plazo constitucional vence el 29 de junio de 2006).

Carp. Nº 471/06 - Rep. Nº 222/06

Claudia Palacio Prosecretaria - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alfie, Amaro, Andújar, Antía, Baráibar, Breccia, Castro, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gallinal, Lapaz, Lara Gilene, La-

rrañaga, Long, Lorier, Michelini, Núñez, Penadés, Percovich, Ríos, Rubio, Sanguinetti, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Fernández Huidobro, Heber, Korzeniak y Nicolini; y con aviso, el señor Senador Moreira.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 8 minutos.)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"El Poder Ejecutivo remite Mensaje solicitando venia para destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Defensa Nacional.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

El Ministerio de Educación y Cultura remite respuesta al pedido de informes solicitado por los señores Senadores Leonardo Nicolini y Rafael Michelini, relacionado con la situación en que se encontró la Administración Nacional de Correos al 1º de marzo de 2005.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA A LOS SEÑORES SENADORES NICOLINI Y MICHELINI.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite respuesta al pedido de informes solicitado por el señor Legislador Washington Abdala, relacionado con el alto grado de turbiedad del agua en distintas zonas de la capital en el mes de noviembre de 2005.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR WASHINGTON ABDALA.

El Ministerio de Educación y Cultura remite copia de una resolución adoptada por el Consejo Directivo Central de Administración Nacional de Educación Pública por la que aprobó la asignación presupuestal para el Ejercicio 2005-2009.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería remite el Balance Energético Nacional correspondiente al año 2004.

- TENGANSE PRESENTES.

La Cámara de Representantes comunica:

- Que con fecha 9 de mayo próximo pasado aprobó las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores al proyecto de ley por el que se incorporan disposiciones a la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004, relacionadas con la remuneración de los señores Representantes mientras desempeñen suplencias en la Cámara de Senadores.

- Que aprobó el proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

- y remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se le otorga a la Fundación Teletón un crédito por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y por el Impuesto de Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social (COFIS), incluidos en las adquisiciones de bienes y servicios destinados a la construcción del Centro Nacional de Rehabilitación Pediátrico.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

- por el que se designa "General Aparicio Saravia" el Liceo Rural de villa Masoller, departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

- por el que se designa "Pedro Jacobo Etchemendy" la Escuela Rural Nº 43 del departamento de Paysandú, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

- por el que se transfieren a título gratuito del patrimonio del Estado al de la Intendencia Municipal de Soriano, varios padrones rurales en la zona del Castillo Mauá en el departamento de Soriano.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

- por el que se aprueba la adhesión de la República al Acuerdo sobre la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), suscrito en la ciudad de San José de Costa Rica, del 5 al 8 de junio de 1979.

- por el que se aprueba el Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y El Caribe (ARCAL), suscrito en Viena, el 25 de setiembre de 1998

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

La Cámara de Representantes remite aprobado en nueva forma el proyecto de ley por el que se desafecta del patrimonio del Estado (Ministerio de Transporte y Obras Públicas) y se afecta al patrimonio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, el inmueble empadronado con el Nº 6.686 ubicado en la 16ª Sección Judicial del departamento de Canelones.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca eleva informado el proyecto de ley por el que se establecen normas que regulan la identificación y registro animal, para construir la trazabilidad de los productos de origen animal del territorio nacional.

La Comisión de Hacienda eleva informado el proyecto de ley por el que se crean disposiciones que definen los mecanismos de la admisión temporaria, toma de stock y régimen devolutivo.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, para combatir el tráfico de aeronaves comprometidas en actividades ilícitas transnacionales.

- por el que se aprueba el Acuerdo sobre Cooperación Policial en la investigación, prevención y control de hechos delictivos, entre la República Federativa del Brasil y la República Oriental del Uruguay.

- por el que se aprueba la Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada en la ciudad de Bridgetown (Barbados).

- por el que se aprueba el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, adoptado en la VII Reunión de los Estados Partes de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar.

- por el que se aprueba el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América, suscrito en la ciudad de Montevideo.

- por el que se aprueba la Medida 1 (2003) "Secretaría del Tratado Antártico" y su Anexo "Acuerdo de Sede para la Secretaría del Tratado Antártico", adoptados en la XXVI Reunión Consultiva del Tratado Antártico, celebrada en la ciudad de Madrid.

- HAN SIDO REPARTIDOS. ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informado el proyecto de ley por el que se establece la obligatoriedad de la educación inicial y de la educación primaria, para los niños de cuatro años y de seis a catorce años, respectivamente.

La Comisión de Transporte y Obras Públicas eleva informado el proyecto de ley por el que se establecen normas sobre navegación de embarcaciones deportivas de bandera extranjera, por aguas territoriales de nuestro país.

- REPARTANSE. INCLUYANSE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE MAÑANA.

La Junta Departamental de Rivera remite nota adjuntando copia de la versión taquigráfica de lo expresado por el señor Edil Heber Freitas relacionado con la inseguridad en la ciudad de Rivera y la ley de humanización de cárceles.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

La Junta Departamental de San José remite los siguientes oficios:

- solicitando se impulse desde el Parlamento, apoyando el planteamiento formulado por la señora suplente de Edil Teresa Hernández, el otorgamiento de una pensión graciable al Historiador Daniel Ramela, oriundo de dicho departamento.

- Apoyando el planteamiento formulado por la Junta Departamental de Lavalleja para que sea incluido en el documento de identidad el grupo sanguíneo y para que, en algún lugar del documento, quede constancia en caso de padecer diabetes.

- TENGANSE PRESENTE."

4) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El Señor Senador Gustavo Lapaz, de conformidad con lo establecido por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes al Ministerio del Interior, referido a la videograbación de espectáculos deportivos.

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO."

(Texto del pedido de informes:)

"CAMARA DE SENADORES

Montevideo, 15 de mayo de 2006.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Sr. Rodolfo Nin Novoa.

De mi mayor consideración:

De acuerdo al Artículo 118 de la Constitución y en la voluntad de hacer un seguimiento de la Ley Nº 17.951, responsabilidad que entiendo que compete como componente de esta Cámara Legislativa con el valor agregado que es una norma pasible de mejorarla tal se afirmó en el preso de su elaboración, solicito tenga a bien gestionar ante el Ministerio del Interior el siguiente:

PEDIDO DE INFORME

Queremos conocer:

1º) Si existe permanencia en la video grabación, de espectáculos deportivos, por el Ministerio del Interior, especialmente en aquellos donde existen presunciones fundadas que podrían existir hechos de violencia.

2º) Si se usan video cassettes vírgenes, o por lo menos sin usos previos aún constatables, de forma tal que cada instancia quede documentada en exclusividad en una misma cassette.

3º) Si los elementos técnicos empleados en las correspondientes filmaciones aseguran la impresión del día y hora en que se produjo la grabación.

4º) Si en función de las normas del país, el Ministerio, al ceder en préstamo un material de grabación a persona o entidad idónea, producto de las necesidades perentorias que reclaman las competencias del solicitante, existe la capacidad operativa de respuesta en la coordinación para actuar acorde a la marcada perentoriedad del eventual reclamante.

5º) Si ante solicitudes que se reciben dentro de tiempos muy, pero muy similares, aunque no iguales, qué criterios predominan en la concesión de la precedencia: ¿el criterio del primero que cronológicamente hizo la solicitud, o el que puede argumentar derechos de competencia funcional?

6º) Se estila tener copias fascimilares de seguridad más allá de la matriz como sucedáneas ante cualquier eventualidad?

Gustavo J. Lapaz. Senador."

5) INASISTENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a la anterior convocatoria, en el caso de que existieran.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Santiago González Barboni).-

En la sesión del Senado de fecha 10 de mayo de 2006 faltó con aviso el señor Senador Lorier.

En lo que respecta a las inasistencias de los señores Senadores a sus respectivas Comisiones, cabe informar que a la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del día 10 de mayo faltó con aviso el señor Senador Andújar; a la sesión de la Comisión de Hacienda del día 11 de mayo, faltaron con aviso los señores Senadores Abreu, Aguirre, Alfie, Andújar y Rubio; a la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del mismo día faltaron con aviso los señores Senadores Aguirre, Andújar y Rubio; a la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del mismo día faltó con aviso el señor Senador Lorier y a la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del día 15 de mayo faltó con aviso el señor Senador Andújar.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Korzeniak solicita licencia por el día de la fecha".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Santiago González Barboni).-

"Montevideo, 15 de mayo de 2006.

Sr. Presidente de la

CÁMARA DE SENADORES

PRESENTE

De mi consideración:

Por intermedio de la presente, solicito se me conceda licencia por el día martes 16, por razones personales.

Sin otro particular, saludo atentamente,

José Korzeniak. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 15 en 16. Afirmativa.

Corresponde convocar al señor Senador Núñez, quien ya ha prestado el juramento de estilo, por lo que, si se encontrare en Antesala, se lo invita a pasar al Hemiciclo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Saravia solicita licencia desde el 28 de mayo al 2 de junio inclusive."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Santiago González Barboni).-

"Montevideo, mayo de 2006.

Señor

Presidente del Senado

Rodolfo Nin Novoa

Presente

Solicito licencia por los días 28 de mayo al 2 de junio por viaje al exterior, y que se convoque a mi suplente correspondiente.

Sin otro particular saludo a usted muy atentamente,

Jorge Saravia. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 15 en 16. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

7) PROFESOR FERNANDO ASSUNÇAO. SU DECESO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa en la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- En la tarde de hoy quisiera recordar al profesor Fernando Assunçao, desaparecido hace pocos días, el 3 de mayo del 2006, a los 75 años de edad. Sin perjuicio del homenaje que oportunamente el país deberá realizarle por su obra y su aporte en tantos campos, quisiera al menos expresar aquí algunas breves palabras sobre su vida y su obra.

Precisamente ayer hablábamos con su esposa, Margarita Corallo, a quien conocemos y apreciamos desde hace muchos años y le señalábamos que este hombre tan recordable, físicamente no está, pero que a través del afecto de sus amigos -entre quienes me cuento- y de su obra, permanece con nosotros.

En cuanto a su vida, podemos decir que fue historiógrafo, especialista en antropología social. También se destacó en diversas organizaciones como el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, la Real Academia de la Historia de España, de la cual era académico, al igual que de la Academia Nacional de Historia de la República Argentina, de la Academia Portuguesa de Historia y del Instituto Histórico y Geográfico de Brasil.

Tal vez su obra más recordada o aquella en la que contribuyó en forma muy decisiva fue la declaración de Colonia del Sacramento como Patrimonio Histórico de la Humanidad por parte de la UNESCO, ingresando como tal a una lista muy selecta en la que figuran otros 350 sitios culturales.

Fue Presidente y fundador del Consejo Ejecutivo Honorario de las Obras de Preservación y Reconstrucción de Colonia del Sacramento desde el año 1968 hasta 1981, cuando fue cesado por el régimen dictatorial de la época, retornando a ese cargo con el advenimiento de la democracia.

Por supuesto, sería interesante escribir, no ya la historia de la propia ciudad de Colonia del Sacramento -lo que se ha hecho a través de muchas obras-, sino cómo se pudo lograr en nuestro país transformar la ilusión o el sueño de poseer un lugar reconocido en el mundo entero en una realidad que hoy día es orgullo legítimo de todos los uruguayos. Sería interesante poder recoger las mil y una historias que hicieron posible ese tránsito para que actualmente Colonia sea lo que es: un lugar realmente atractivo, lleno de riquezas y contenidos. Para llegar a esto, la historia hizo mucho, pero también los uruguayos de estas últimas décadas hicieron su aporte.

Me gustaría destacar también su obra literaria, sus publicaciones, que en total abarcan más de 50 títulos, entre los cuales figuran algunos que son muy recordados, como el libro "El mate" donde cuenta la historia en una obra interesantísima que pone en su lugar a un personaje fundamental de nuestra historia. Quiero mencionar también los libros: "Tradición, factor de integración cultural del individuo en la comunidad", "Pilchas Criollas", "Usos y costumbres del gaucho", la "Historia del Gaucho", del cual hubo varias versiones; "El Tango y sus Circunstancias", así como también el libro sobre "El Caballo Criollo" y otros que tienen que ver directamente con aspectos de la historia de nuestro país, como "De Uruguay, América y el Mundo", "Colonia del Sacramento, Patrimonio Mundial" -elaborado junto con Marta Canessa y Antonio Cravotto, con prólogo de Federico Mayor Zaragoza-, "Uruguay, lo mejor de lo nuestro" -con fotografías de Julio Testoni-, que también contiene textos de Julio María Sanguinetti, Enrique Iglesias y Mariano Arana, mientras que personalmente tuve el honor de escribir el texto correspondiente a "Producción y Calidad".

Podríamos seguir evocando una cantidad de trabajos y estudios que tienen que ver con la historia de nuestro país y con aspectos esenciales de esa historia, que a veces son un tanto olvidados, como es el caso de la historia del gaucho y de sus diversos implementos que recién mencionábamos, el tema del caballo o el de los barrios de Montevideo, en los que incursionó a través de los Cuadernos de Boston, habiendo realizado junto a Iris Bombet los Cuadernos de la Ciudad Vieja, La Aguada, La Unión y Pocitos.

No podemos dejar de destacar que colaboró y se integró con generosidad en muchas otras asociaciones e iniciativas, por ejemplo, en el Museo de Arte Americano de Maldonado, junto con otro gran amigo también desaparecido, Jorge Páez Vilaró. Asimismo, colaboró con el Museo del Gaucho y de la Moneda del Banco de la República, donde era Curador. Personalmente, no quisiera dejar de mencionar que integró desde sus inicios el Consejo de Honor de la Fundación Ciudad de Montevideo, que tengo el honor de presidir desde su propia creación, el 23 de noviembre del año 2000, junto a otros destacadísimos uruguayos como el ingeniero Carlos Cat a quien homenajeáramos días atrás.

En particular, quiero recordar su conferencia brindada en el ciclo sobre reestructuración de ciudades, ese tema tan apasionante y contemporáneo que tiene que ver con cómo damos una nueva forma a las ciudades para que sean realmente habitables y den calidad de vida en el siglo XXI. Allí tuvimos a personas como Wolfgang Reiniger, el Alcalde de Essen, que hizo una obra absolutamente extraordinaria. Allí pudimos presentar con orgullo el caso de Colonia del Sacramento, lo que le correspondió hacer al entonces Intendente, hoy Senador, Carlos Moreira, y al propio Fernando Assunçao.

Además, quiero reconocer su colaboración con el LATU en algunas de las exposiciones emblemáticas, como es el caso de "HechoAca" y "Mesa Criolla", que contaron con Fernando Assunçao como asesor y como Jurado. Allí mismo tuvimos ocasión de presentar por primera vez en 2003 el Conjunto de Danzas Tradicionales del Uruguay, en ocasión de la visita a nuestro país de la Princesa Sayako, de Japón.

Para terminar, quiero leer un párrafo con el cual inicia uno de sus trabajos, en el cual de alguna forma parece adelantarse a este insuceso ocurrido la semana pasada. Dice: "Cuando uno se ha adentrado ya en la tercera etapa de la vida, la que inevitablemente es epilogal, siente la necesidad de dejar consolidados, impresos, pensamientos y textos"… "No con la pretensión pomposa de un ´testamento intelectual´, no me siento en tal trance, ni aspiro a semejante alcance, sino como lo que fueron o quisieron ser al escribirlos: frutos de reflexión, madura, de convicciones arraigadas, conceptos que, por trabajosamente delineados, se redondean como las piedras por la larga acción del agua o el viento".

Creo que esto resume muy bien su forma de aproximarse a tantos temas importantes, los que abordó con pasión, con entusiasmo y, sobre todo, con gran capacidad de ejecución, pero siempre con mucha humildad y altura de espíritu.

Quisiera que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a su familia, a la Intendencia Municipal de Colonia, a la Comisión del Patrimonio Histórico, al Ministerio de Educación y Cultura, al Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay y a la representación de UNESCO en el Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

8) APLICACION DE LA LEY Nº 17.951 SOBRE VIOLENCIA EN EL DEPORTE

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a referirme a dos temas. En primer lugar, no es secreto que las leyes en general van siempre detrás de los hechos sociales, vanguardistas de la realidad, y éstas se sancionan con la sana intención de encauzar los acontecimientos cuando su ejercicio perturba la civilizada convivencia.

Así, hubo que reelaborar la Ley del Deporte Nº 16.359, de abril de 1993, por la muy nueva y análoga Ley Nº 17.951 de enero pasado, referida a la violencia en esa actividad, debido al recrudecimiento asaz peligroso, cuando no fúnebre, en ciertos coliseos y zonas bajo su influencia urbanística, de actos de hostilidad condenables, claramente antideportivos.

Esa fue, entonces, la "ratio legis", es decir, la razón que justifica y legitimiza la norma; en el caso, la depredación morbosa y maligna de costumbres insanas, ubicables en paisajes que nada tienen que ver con la cultura pacifista del ‘fair play’, obligó a ajustes represivos que se encarnaron en la voluntad de la vigente ley de referencia.

En su artículo 8º, sobre la venta de bebidas alcohólicas, dice textualmente: "Facúltase al Ministerio del Interior a disponer la prohibición total o parcial de venta de bebidas alcohólicas en los eventos deportivos de una misma disciplina que estime pertinentes".

Dentro de la facultad que le confiere la ley, el Ministerio del Interior ordenó el pasado 29 de marzo, al personal policial de todo el país, que se prohibiera totalmente la venta en los espectáculos de fútbol y de básquetbol y que, en el caso de que dentro del escenario estuviera la sede de la entidad propietaria y en ella su cantina, no se puede expedir los líquidos etílicos cuatro horas antes y dos horas después del partido.

Incluso, se fija obligatoriamente una zona exterior de exclusión para esa "sui géneris" ley seca, zona roja del escenario prohibido, con límites, a juicio del olfato funcional de las Jefaturas departamentales. Correcto en el papel, pero no en cualquier papel, sino donde está cartografiado el plano urbano de Montevideo y quizás, por costumbre o inercia demográfica, alguna otra ciudad chica.

Y entendemos que se debe agregar al análisis la importancia asignada al partido como potencial captor, atrayente, de una multitud. De lo contrario, no. Porque, señor Presidente, ¿sabe lo que ha ocurrido hasta ahora? Se ha tomado el Uruguay como una sola jurisdicción, sin discriminar las características particulares de cada comunidad local. En un pueblito, villa o pequeña ciudad, donde hay partidos de fútbol, son tan parte de la geografía social y descriptiva del contexto, como los dos arcos, la pelota, los jugadores, los jueces, el botiquín, el olor a linimento y también la cantina. Es ella el obligado lugar de sociabilidad donde los controles de rabias o excitaciones se hacen por usos y costumbres arraigados y, de no alcanzar, el solitario sargento policial se encargará, a mucha sabiduría y psicología práctica, con algún cabo o agente de segunda, e incluso el propio cantinero, de restaurar a buen pie y boca, la incipiente agresividad o belicosidad de algún distraído.

Junto a este fenómeno social, sabatino y dominguero en la casi siesta colonial del interior del país, quebrada sólo por la algarabía del fútbol, a veces sustituido por noches de básquetbol, la venta de bebidas es el gran recurso para mantener a las instituciones deportivas, las que no se fundaron exclusivamente para ganar un trofeo.

Son, sin discusión, arraigados centros de sociabilidad y escuelas de convivencia fraterna, los que, sin embargo, deben poseer salvadores recursos de financiación para cumplir sus altos objetivos comunitarios.

Hoy por hoy no pueden ser absorbidos los crecientes costos de mantenimiento -como fue quizás en un romántico y lejano ayer- por sus mecenas y "patroncitos", desaparecidos como proveedores de dinero, aunque sustituidos por leales y empeñosos colaboradores, que ponen arduos y cotidianos trabajos, pero no dólares ni pesos.

Con esto queremos ser muy francos y decir: no es lo mismo Montevideo en el sur del país, que Soriano en el oeste, Artigas-Rivera en el norte o Treinta y Tres en el este.

Si utilizamos la inflexible aplicación maximalista de la ley por el Ministerio del Interior, sin algunas de las flexibilidades que la propia ley permite, no vamos a tener violencia en el deporte, pero tampoco vamos a tener instituciones o clubes deportivos.

¿Qué será del golero, del puntero o del centro-forward niño, joven o adulto?

¿Qué pasará con los hinchas y los familiares de los jugadores? Muy fácil de presumir: habrá otro destino para ellos, buscando matar las horas del ocio creativo. ¿Cuál, señor Presidente? Hum…, pero sin duda que no sería mejor la sustitución, que el deporte organizado a través de clubes y ligas y el tradicional y querido respaldo policial en libertad.

Abogo para que se trasladen las atribuciones, no la función, que es inalienable del jerarca, del Ministerio del Interior, a sus Jefaturas departamentales y a la línea de mando, para que definan cuándo se debe aplicar la ley a rajatabla y cuándo se deben hacer jugar sus flexibilidades. No se estará contra la ley, sino dentro de ella, porque se respetará, como decíamos al principio, el propio texto legal y la "ratio legis", la razón de los Legisladores cuando la sancionamos. Que interpretaciones personales no la violenten. No podemos constituirnos en un "Estado niñera".

Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de estas palabras se pase a los Ministerios del Interior y de Turismo y Deporte, a la Confederación Uruguaya de Deportes, al Comité Olímpico Uruguayo, a la Asociación Uruguaya de Fútbol, a la Federación Uruguaya de Básquetbol, a OFI -Organización de Fútbol del Interior- y a sus Confederaciones y Ligas, y a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas de todo el país.

Muchas gracias.

9) PUENTE EN RUTA 2 SOBRE EL RIO NEGRO

SEÑOR PRESIDENTE.- Para ocuparse de otro tema, dentro de la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- En segundo lugar, señor Presidente, comunico una preocupación propia, de conductores de vehículos y de vecinos, especialmente de aquellos paseantes pedestres que todos los días caminan por razones de salud física por el puente en Ruta 2, sobre el Río Negro.

Si no se toma alguna medida contundente, no similar a las precarias y recientes minireparaciones, en poco tiempo estará totalmente deteriorado.

Sucede que los camiones portantes de cargas superiores a más de 25.000 kilos pasan sobre los carriles con una velocidad de vértigo, de 100 kilómetros por hora. Las cinchas de acero cada tanto se rompen y hay que soldarlas porque se desprenden, doblándose hacia arriba: un peligro para los autos cuando eso sucede.

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas debe llevar a la práctica una solución emergente de forma tal que los pesados rodados se vean obligados a aminorar la marcha, y se evitarían o reducirían problemas mayores, y muy agregados por culpa de esa irresponsable inercia de velocidad que se traslada a la más inmediata, la Ruta 2, tramo urbano y poblado frente a barrios chanaes de Mercedes. Ya hubo, el martes pasado, en Ruta 2, un accidente en el que una niña de 9 años fue arrollada por un camión, y ahora se encuentra internada en Montevideo, en el Hospital Pereira Rossell.

¿Esperamos más accidentes cuando aún estamos a tiempo de reparar el riesgo en ese innominado Puente Mercedes que, dicho sea de paso, aspiramos a que se le designe con el nombre de Don Francisco Mario Ubillos, tal como figura en el proyecto de ley presentado en su oportunidad?

Muchos de los señores Senadores hubieran tenido oportunidad de constatar personalmente los riesgos anotados, trasmitidos aquí por mi versión experiencial y por la recogida a través de la información de otros ciudadanos de mi conocimiento, si no se hubiera suspendido el Consejo de Ministros en Fray Bentos, ya que para trasladarse hasta allí habrían utilizado la Ruta 2, con el pasaje previo por Mercedes y la enclenque pista del ruidoso puente.

Señor Presidente: solicito que la versión taquigráfica de estas palabras se pase al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a los Gobiernos Departamentales de Soriano y Río Negro -Intendencias Municipales y Juntas- y a los sindicatos del transporte de ambos departamentos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

10) DOCTOR CARLOS MARIA FOSALBA. HOMENAJE A SU MEMORIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: el día jueves 11, en el Sindicato Médico del Uruguay se conmemoraron los 100 años del nacimiento de Carlos María Fosalba, quien fue un recordado Secretario General de nuestro gremio y fundador de su Centro de Asistencia.

Lo que vamos a exponer en el día de hoy está basado en el "Ensayo Sobre el Pensamiento del Doctor Carlos María Fosalba en las Postrimerías del Siglo XX", trabajo premiado en setiembre de 1996 por el Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay, cuyos autores son los doctores Antonio Turnes y Juan Ignacio Gil y Pérez.

Creo que hizo bien el Sindicato Médico en recordar a esta figura emblemática de nuestro gremio en momentos en que todos sabemos que existen crisis, conflictos, dudas y algunas rupturas con algunos de los principios más caros de nuestro gremio médico.

Fosalba ingresó a la Facultad de Medicina en 1926, y muy prontamente ejerció la Dirección de "El Estudiante Libre", órgano de la Asociación de Estudiantes de Medicina, en el que desde sus comienzos hizo aportes para el logro de lo que debía ser la construcción del movimiento sindical estudiantil. En el primer editorial marca la necesidad de involucrar a aquellos estudiantes que profesaban, como él llamó, "el inútil escepticismo y el infecundo individualismo". Muy precozmente nos mostraba esa tenacidad y ese afán por construir, que luego veremos en su tránsito por la actividad sindical en sus pocos años de vida.

Fue un estudiante brillante y un practicante interno de medicina calificado -he leído las calificaciones que están publicadas en este libro- nada menos que por los doctores Iraola y Julio García Otero. Ya en el Sindicato Médico del Uruguay, aun como estudiante, reclamaba la necesidad de hacer, de construir, para lograr la adhesión de los médicos a la vida sindical. Es así que era frecuente, en sus discursos y en sus editoriales, la utilización de la palabra "solidaridad" como instrumento esencial de esa construcción. Luego veremos que no se trataba solamente de solidaridad corporativa sino que también se expresaba en otros terrenos.

Como parte de su convencimiento y de la coherencia entre el decir y el hacer, en el año 1934, como Secretario General del gremio, trabajó intensamente en la defensa de los derechos de los colegas hostigados y destituidos por la dictadura de Terra y su Ministro de Salud de la época, el doctor Blanco Acevedo. Esta oposición a las autoridades ilegítimas del momento motivaron sanciones de parte de estas. Ese año, 1934, el Sindicato Médico emitió el boletín denominado "Página Científica", de su creación, y aquí también se está marcando una tónica que luego echará raíces en la historia del Sindicato Médico, en el sentido de que la actividad científica tiene que ir hermanada con la formación gremial. El aspiraba a que este boletín se constituyera en una publicación que diera a los médicos un mejor nivel de conocimiento técnico. Por eso expresaba en su editorial, entre otras cosas -porque esos editoriales son muy ricos y sólo hemos tratado de extraer algunos de los conceptos relevantes-, lo siguiente: "Los problemas de la profesión médica no pueden solucionarse al margen del medio social en que vivimos; las vicisitudes de éste llegarán como oleadas hasta el más íntimo rincón de nuestra casa". Más adelante decía: "Si queremos el bien del gremio médico no podemos olvidar el bien social".

Creo que estas afirmaciones han constituido hechos relevantes y destacados que marcaron a distintas generaciones de colegas que hemos militado en el Sindicato Médico y que hemos tomado al doctor Carlos María Fosalba como imagen de lo que debe ser el sindicato.

En ese mismo editorial enumeraba los factores que constituían los claros desafíos que debía enfrentar el gremio médico. La explotación de los profesionales por la Salud Pública -miremos las similitudes-, la lucha contra el empresismo mutualista, la creación de una sociedad amplia, que sería el germen de lo que luego sería el Centro de Asistencia del gremio -el CASMU- y la científica distribución del profesional en la ciudad y en el campo, eran algunos de los temas que Fosalba ponía sobre la mesa con ánimo de discusión.

En este momento quiero hacer una pausa para que se ponga de relieve el tema -como lo denominó Fosalba- de la inmoralidad profesional. También se refirió al problema económico de los médicos y cómo abordarlo en vinculación con la problemática social del país. Siempre vemos en todos sus planteos la reivindicación de la ética, el tema de la defensa de los colegas, el vínculo entre la medicina y la sociedad y cómo la primera tiene que estar al servicio de la segunda. Luego culmina con un planteo -en un ejercicio pleno de convicción- sobre la lucha por la defensa del pueblo español en 1938, en plena revolución fratricida. En algunos de los aspectos que Fosalba ponía sobre la mesa vemos la riqueza de sus planteamientos.

En otro editorial reflexiona sobre la doctrina que debe inspirar al movimiento sindical y establece dos criterios básicos y conceptuales que marcarán, sin lugar a dudas, a las futuras generaciones médicas y a los que integramos los órganos de dirección del gremio. Concretamente, propuso la defensa de las condiciones laborales de los médicos y de la ética profesional, a lo que agregó la iniciativa de llevar a cabo "una obra de beneficio social". El estaba convencido de la necesidad de crear una mutualista -que luego sería el CASMU- que estuviese al servicio de los más desvalidos, es decir, de los pacientes. Más adelante dice: "No basta con defender a los médicos. Tenemos la obligación de luchar por los enfermos". Esta es una impronta permanente de Fosalba.

Impulsa la primera Convención Médica Nacional; echa las bases de la concepción del mutualismo al servicio del paciente y la dignidad de las condiciones laborales de los médicos. Sobre la base de su propuesta, en el año 1943, se aprueba la Ley del Mutualismo, que específicamente hace mención al Centro de Asistencia del Sindicato Médico. Luego, la dictadura reciente se encargaría de eliminar al Centro de Asistencia del Sindicato Médico como un centro de asistencia mutual. Al año de fundarse el Centro de Asistencia, en un acto público, Fosalba decía lo que a continuación voy a leer del Ensayo, porque me parece que vale la pena que esto tenga un testimonio más público que el que podemos tener algunos médicos.

Decía Fosalba: "El Sindicato Médico está comenzando a ser lo que ya ha mucho tiempo deseaba que fuera: un verdadero universo, de posibilidades ilimitadas para construir y realizar una casa que fuera un verdadero hogar para los médicos; una escuela de ética, en el sentido completo de la palabra; una cátedra viva y actuante de deontología, no sólo profesional, sino, y aún más, humana: un lugar de capacitación para la lucha honesta, progresiva, sincera y desinteresada; un sitio para retemplar el valor y aprender a valorar el tesoro inigualado del respeto por sí mismo; un rincón donde aprender a conocer y estimarse y poder así estimular el bello sentimiento de la solidaridad en su más amplio significado; y junto a todo esto, construir y siempre construir."

En ese acto de recordación, prácticamente finalizaba con las célebres frases que hoy se encuentran en las paredes del local del Sindicato Médico del Uruguay: "¿Hasta dónde llegaremos? No llegaremos nunca, porque llegar es detenerse y detenerse es morir. Nosotros estaremos siempre en movimiento, porque siempre tendremos un ideal aún no alcanzado, un hecho por crear, nuevas ideas para transformar en realidades."

Señor Presidente: creo que ha sido muy conveniente esta evocación de un hombre que, desgraciadamente, falleció muy joven, a los 39 años de edad, y al que el Parlamento Nacional brindara un homenaje en el cual el entonces Diputado Cardoso pidiera para la familia de Fosalba una pensión graciable ya que, a pesar de todas sus dotes, su capacidad, su formación profesional y las posibilidades económicas con que habría contado, murió en la pobreza.

En consecuencia, valga este homenaje, que reafirma el que ya le brindó el Sindicato Médico.

Formulo moción en el sentido de que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Sindicato Médico del Uruguay, a la Federación Médica del Interior y a la Facultad de Medicina.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 17 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) TALLER SOBRE POLITICAS PUBLICAS DE MEMORIA, DIALOGO, ESTADO Y SOCIEDAD

SEÑOR PRESIDENTE.- En la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: en la tarde de hoy queremos referirnos a una invitación que nos hiciera llegar la Dirección de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, para participar como observadores de un taller sobre políticas públicas por la memoria, diálogo, Estado y sociedad. Adjuntos a esta invitación están el programa y una explicación sobre el objetivo de dicho seminario, y con sorpresa comprobamos que en todas las mesas redondas -pero especialmente en la que van a participar, por políticas públicas por la memoria, representantes políticos- intervienen personas de un solo partido político: el partido de gobierno. Parecería ser que para la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura no es importante la opinión de los partidos de la oposición.

Francamente, señor Presidente, aprovechamos esta instancia de la hora previa y no buscamos otros mecanismos legislativos para plantear un tema que consideramos serio, porque nos parece que es un grave error por parte del Estado, del gobierno específicamente, y del Poder Ejecutivo -en caso de que esto sea avalado por las máximas autoridades del Ministerio de Educación y Cultura-, que en un taller sobre políticas públicas de memoria, diálogo, Estado y sociedad, los partidos de la oposición del Uruguay no participen. Y no solamente no participan, sino que, además, en la explicación sobre el seminario -el ámbito apropiado para debatir este asunto no sería este, sino el del propio taller- se hace una serie de referencias que, desde aquí, no sólo no compartimos, sino que rechazamos. Se dice que las décadas de los años sesenta y setenta -leo textualmente- marcaron el inicio del autoritarismo en el Uruguay. Que yo recuerde, en la década de los sesenta, especialmente durante el segundo Gobierno del Partido Nacional, autoritarismo en el Uruguay no existió de tipo alguno. Hubo otras cosas que, lamentablemente, en este documento y en la tendencia que parece quiere tener este taller cuyo objetivo es la construcción de la memoria, no están incluidas.

Más adelante se manifiesta que han pasado más de veinte años desde la recuperación democrática y que han sido años signados por una lucha sorda o abierta, por imponer la impunidad o la justicia, el olvido o la memoria. Se agrega que la decisión ciudadana de ratificar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado -sigo citando el texto-, que no comparte pero respeta, significó la decisión de no entablar juicios penales, y que una visión maximalista de los gobiernos del período llevó a ampliar el alcance de la ley y pretender olvidar, y no rescatar, enseñanzas de lo vivido.

Sinceramente, me parece que se trata de una serie de aseveraciones temerarias que, reitero, no solamente no compartimos, sino que también rechazamos radicalmente, y nos preocupa que en el ámbito en el que se podría discutir el tema no haya ningún representante del Partido Nacional. Hablo exclusivamente del Partido Nacional, sin perjuicio de que, según creo, tendrían que estar invitados todos los partidos políticos. Como es público y notorio, nuestro Partido tuvo una posición clara antes y después del 27 de junio, cuando en esta Sala, en esa banca, el señor Wilson Ferreira Aldunate declarara, con relación al quiebre institucional, enemigo acérrimo y vengador de la República al Partido Nacional.

Si esta es la tendencia que la Dirección de Derechos Humanos va a llevar adelante, me permito vaticinar que, lamentablemente, vamos a tener conflictos políticos muy grandes y muy frecuentes con el Ministerio de Educación y Cultura y con esta Dirección. Esperamos no tenerlos, porque confiamos en que a partir de esta intervención y de una serena reflexión, se entienda que la construcción de la memoria y el diálogo entre el Estado y la sociedad, para que sea verdaderamente democrático, debe hacerse con la representación de todos los partidos políticos.

Señor Presidente: formulo moción en el sentido de que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la República y al Secretario de la Presidencia de la República, al Ministro de Educación y Cultura y a la Dirección de Derechos Humanos de dicho Ministerio.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD

12) EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO EN EL DEPARTAMENTO DE FLORIDA

SEÑOR PRESIDENTE.- En la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Amaro.

SEÑOR AMARO.- Señor Presidente: la Junta Departamental de Florida me ha hecho saber, a través del Oficio 319/6, de 8 de mayo del presente año, que el Intendente Municipal está realizando gestiones ante AFE con el objeto de obtener la cesión en comodato de unas tierras pertenecientes a aquel Organismo. El propósito de la cesión es radicar en el terreno un emprendimiento productivo que generaría plazas de trabajo, tan necesarias en los departamentos del interior.

Creo que es nuestro deber, como Cuerpo legislativo, apoyar esta gestión y hacer saber a AFE que desearíamos contar con la colaboración del Organismo para que una parte de la Estación Valentines fuera cedida a la Intendencia Municipal de Florida con el propósito anunciado.

La Junta Departamental de Florida, el 4 de mayo del corriente, recibió al señor Intendente en la Comisión de Ganadería, donde el jerarca expuso la idea y solicitó el apoyo de dicho órgano deliberativo y de los Representantes del departamento en el Parlamento Nacional. Por lo tanto, la Junta apoyó la iniciativa a través de la Resolución 20/06, de fecha 5 de mayo, por unanimidad de los treinta Ediles presentes en Sala.

La cesión solicitada será por quince años y AFE no se desprende de la propiedad. En caso de acceder, contribuirá con ello a mejorar la situación de algunos uruguayos. Nosotros adherimos y trabajamos a favor de aquellas ideas y proyectos que sean beneficiosos para la ciudadanía, provengan de donde provengan. No descartamos iniciativa alguna en función de su origen, sino de su viabilidad, razonabilidad o intención. En este caso, consideramos que la iniciativa es razonable, es viable y, además, apunta a combatir el mal del desempleo en una remota zona rural del departamento.

Por lo expuesto, señor Presidente, solicito el apoyo del Cuerpo y formulo moción en el sentido de que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Directorio de AFE, al señor Intendente Municipal de Florida y a la Junta Departamental de Florida.

Gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Amaro.

(Se vota:)

- 15 en 17. Afirmativa.

13) BIODIESEL

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Larrañaga.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Por enésima vez vamos a hablar de un tema que hemos impulsado desde hace muchos años y respecto al cual, lamentablemente, en el transcurrir de distintos Gobiernos no hemos tenido demasiado eco. Nos estamos refiriendo al Biodiesel.

El 3 de abril de 2001 hicimos en este Senado de la República una exposición sobre el Biodiesel y sobre las bondades que tiene como combustible alternativo en virtud de los altos costos del petróleo, argumentos que se mantienen intactos. En el período pasado logramos la sanción de la Ley Nº 17.567, de 1º de octubre de 2002, "Combustibles Alternativos Renovables y Sustitutivos de los Derivados del Petróleo Elaborados con Materia Prima Nacional de Origen Animal o Vegetal". Por el artículo 1º de esta ley se declaró de interés nacional la producción en todo el territorio de la República de los combustibles alternativos renovables derivados de los aceites elaborados con materia prima nacional de origen animal o vegetal. También por esa Ley se facultó al Poder Ejecutivo a exonerar total o parcialmente de todo tributo que grave a los combustibles derivados del petróleo, porque sosteníamos -y sostenemos- que desgravar el Biodiesel que se produce con materia prima nacional es mejor que seguir utilizando petróleo a U$S 70 el barril.

El 5 de abril del año pasado volvimos a hacer en este Senado de la República una exposición sobre el Biodiesel, pidiendo que el Ministerio de Industria, Energía y Minería reglamente la ley citada y diga con claridad, en función de lo que entienda el Poder Ejecutivo, cuál va a ser la política en materia de Biodiesel; es decir, si le van a aplicar o no impuestos. El Presidente de los uruguayos, en diciembre del año pasado, inauguró ómnibus de transporte departamental de pasajeros, específicamente de la empresa CUTCSA, y expresó que dichas unidades iban a funcionar, incluso, con Biodiesel.

Nosotros volvimos a hacer una nueva exposición para pedir al Ministerio de Industria, Energía y Minería la reglamentación de la Ley de Biodiesel. Estamos en mayo de 2006 y han pasado casi cuatro años desde que el Parlamento de la República aprobara la Ley de Biodiesel, facultando al Poder Ejecutivo a establecer la política tributaria que debería tener como combustible alternativo. Hemos hablado con el señor Ministro de Industria, Energía y Minería, quien nos ha atendido muy bien; inclusive, en una oportunidad concurrimos en compañía del señor Intendente Municipal de Soriano, que estaba preocupado por el tema por algún emprendimiento industrial que en aquel departamento -el señor Senador Lapaz, oriundo de aquella zona, puede expresarlo- se estaba impulsando.

Pero lo concreto, lo real, es que hasta la fecha el Poder Ejecutivo no ha reglamentado esta ley que nos parece fundamental, ya que es un instrumento para la utilización del Biodiesel a efectos de que empresarios que quieran invertir en este producto sepan a qué atenerse y cuáles son las reglas de juego.

El país entero debate si va a haber gasoil productivo o no; se había anunciado que éste se iba a concretar, pero en el mes de marzo se dijo que iba a ser en abril y, luego, en los primeros días de mayo, pero ahora se está pensando en reabrir el debate y en poner ese proyecto en una especie de compás de espera. En definitiva, a fin de poder utilizar una herramienta productiva para atraer inversiones en momentos en que el precio internacional del barril está como está, en momentos en que el país se encuentra a las puertas de una crisis energética de proporciones insospechables -ojalá pueda conjurarse a la brevedad-, se debería reglamentar aquella ley y decir si se le va a imponer un 5% de IMESI o de IVA, o qué impuesto lo va a gravar. Personalmente, considero que habría que exonerar por cinco años la producción de Biodiesel, ya que no tiene ninguna perspectiva de perjudicar a ANCAP, porque se puede utilizar como un aditivo. Por ejemplo, en otros países se utiliza al 2%, al 5%, al 10% y hasta al 20% como aditivo, mientras que en otros se usa puro.

Nuevamente quería volver sobre el tema, porque me parece realmente lamentable y vergonzoso que hayan pasado cuatro años desde la sanción de una ley sin que el Poder Ejecutivo anterior la haya reglamentado, como tampoco lo hizo el actual luego de un año de ejercicio. En muchas oportunidades, desde el Poder Ejecutivo se habla de combustibles alternativos y de Biodiesel; sin embargo, a pesar de tener una herramienta legal que lo habilita para instrumentar por vía del decreto las especificaciones técnicas atinentes a cómo se debe producir ese combustible y todo lo que tenga que ver con la potestad tributaria, hasta la fecha no se ha podido lograr que se reglamente dicha ley.

Prometemos que esta va a ser nuestra última intervención sobre el Biodiesel en la hora previa. Alentamos la esperanza de que el Ministerio de Industria, Energía y Minería reglamente esta ley porque, de lo contrario, el próximo paso -lo decimos a modo de una preconstitución de prueba- será pedir la interpelación del señor Ministro con respecto a su omisión en lo que significa la reglamentación de la ley de Biodiesel.

Solicitamos que la versión taquigráfica de nuestras palabras sea enviada al Presidente de la República, a los señores Ministros de Industria, Energía y Minería y de Economía y Finanzas, y a ANCAP, para que nuevamente tomen conocimiento y procuren acelerar los pasos necesarios como para generar un instrumento que puede significar captación de inversiones, desarrollo productivo, especialmente en el sector agropecuario, y generación de trabajo, objetivos que todos estamos persiguiendo en este país.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) IDENTIFICACION Y REGISTRO ANIMAL PARA LA TRAZABLIDAD DE LOS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el primer punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se establecen normas que regulan la identificación y registro animal, para construir la trazabilidad de los productos de origen animal del territorio nacional. (Carp. Nº 428/05 - Rep. Nº 224/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 428/05

Rep. Nº 224/06

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º.- Declárase de interés nacional, el Sistema de Identificación y Registro Animal para construir la trazabilidad de los productos de origen animal en el territorio nacional, Registro que se crea por la presente ley y cuya administración se comete al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

A dichos efectos, se entiende por trazabilidad individual del ganado bovino, el proceso por el cual, mediante la aplicación de dispositivos de identificación individual con código nacional, el ingreso de un animal a la base de datos oficial y registro de movimientos, cambios de propiedad y demás eventos productivos y sanitarios relevantes en la vida del mismo, es posible obtener un informe de toda su historia, desde el nacimiento hasta su muerte.

Se considerará "trazado", aquel animal debidamente identificado y cuyos movimientos, cambios de propiedad, transacciones y todos aquellos eventos que la autoridad competente determine relevantes, hayan sido debidamente registrados sin interrupciones o inconsistencias desde el momento de su ingreso al Registro en las condiciones establecidas en los artículos 4º y 5º de la presente ley.

Artículo 2º.- Cométese al Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la reglamentación del sistema de identificación individual y registro informático para la trazabilidad del ganado bovino, conforme a lo establecido por la presente ley.

Facúltase, al Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la implantación de la trazabilidad de otras especies animales, cuando las condiciones sanitarias o comerciales lo requieran.

Artículo 3º.- El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos será la autoridad competente para la operación, ejecución, administración y control del Sistema de Información y Registro Animal que supone la trazabilidad individual.

Artículo 4º.- Primera etapa. Establécese con carácter obligatorio a partir del 1º de setiembre de 2006, la identificación individual e ingreso al Registro Animal, de todos los bovinos nacidos dentro del territorio nacional, desde su nacimiento y con anterioridad a los seis meses de vida.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, todo bovino menor de seis meses debe ser identificado e ingresado en el Registro Animal, previo al primer movimiento del predio de nacimiento.

El Poder Ejecutivo cuando las condiciones comerciales o sanitarias lo requieran, podrán modificar la fecha establecida en el inciso 1º de este artículo. Asimismo, podrá disminuir el período de seis meses de vida a que hace alusión la parte final del primer inciso del presente artículo.

Artículo 5º.- Los bovinos que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren identificados y registrados en el sistema de trazabilidad de carácter voluntario llevado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, podrán ingresar al sistema que se crea, siempre que se demuestre su trazabilidad por medios de prueba fehacientes.

Artículo 6º.- Los animales importados deberán ser identificados e ingresados al Registro Animal en su calidad de tales, en las condiciones, requisitos y oportunidades que establezca la reglamentación.

Artículo 7º.- El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, instrumentará los mecanismos pertinentes para el control del cumplimiento de las condiciones de identificación e ingreso de bovinos al Registro Animal.

Si se comprobare la identificación o ingreso al Registro Animal de animales no nacidos dentro del territorio nacional, sin la documentación zoosanitaria de importación, la autoridad competente dispondrá el comiso y sacrificio inmediato de los mismos en plantas de faena no habilitadas para exportación y con control de la Inspección Veterinaria Oficial. En este caso, no generará derecho a indemnización por parte del Estado. Ello sin perjuicio de las sanciones administrativas y acciones penales que pudieren corresponder.

Artículo 8º.- Aquellos animales que no se encuentren en las condiciones previstas en el artículo 4º de la presente ley y que no hayan sido identificados con anterioridad a la fecha de comienzo de la primera etapa dispuesta por la presente ley o por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en su caso o, que habiendo sido identificados, no puedan demostrar su trazabilidad de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º de la presente ley, no podrán adquirir la condición de trazados.

Artículo 9º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los animales de todas las categorías que se encuentren por cualquier circunstancia, identificados y registrados en el sistema de trazabilidad de carácter voluntario llevado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, no podrán egresar de dicho sistema. Sus propietarios o tenedores, deberán cumplir con todas las obligaciones impuestas por la presente ley y las reglamentaciones que se dicten.

Artículo 10.- El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de la autoridad competente, determinará todos los eventos, ya se trate de movimientos, ventas, transacciones con o sin cambio de propiedad, de animales identificados y registrados, que los administrados deban obligatoriamente comunicar al Registro Animal, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación respectiva.

A partir de la entrada en vigencia del Sistema de Información y Registro Animal que se crea, queda prohibido todo movimiento, venta o transacción de cualquier naturaleza, con o sin cambio de propiedad, de los animales bovinos especificados en los artículos 4º y 5º de la presente ley, que no hayan sido debidamente identificados e ingresados al mismo.

El incumplimiento de la obligación impuesta en el inciso precedente, determinará para el obligado, la aplica-ción de las sanciones establecidas en el artículo 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996. Asimismo, la autoridad competente podrá disponer el comiso definitivo y sacrificio inmediato de los animales en infracción, en frigoríficos no habilitados para la explotación, cuando la gravedad de la misma lo amerite.

Artículo 11.- Los animales trazados, no podrán egresar del Registro Animal, durante toda su vida.

Es responsabilidad del propietario o tenedor, comunicar a la autoridad competente la pérdida, sustracción, mal funcionamiento o deterioro de los dispositivos de identificación individual, en el tiempo y la forma que establezca la reglamentación.

La autoridad competente, determinará técnicamente, los casos en que los animales explicitados precedentemente, puedan conservar la condición de trazados.

El propietario o tenedor que incumpliera la obligación de comunicar de acuerdo a lo establecido en el presente artículo, será pasible de las sanciones correspondientes.

En caso de pérdida de ambos identificadores oficiales, el animal perderá su condición de trazado.

A estos efectos, la autoridad competente autorizará los dispositivos de identificación individual, de acuerdo a las condiciones y requisitos que establecerá a tales efectos. Los mismos serán únicos, irrepetibles e inviolables y no podrán ser reutilizados en otro animal.

Artículo 12.- Autorízase a los funcionarios competentes de la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca debidamente identificados, a ingresar a los establecimientos a efectos de fiscalizar el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 13.- La trazabilidad individual dispuesta por la presente ley, no obsta al cumplimiento de las normas relativas al sistema de marcas y señales y guías de propiedad y tránsito de animales, correspondientes al sistema de identificación grupal vigente. Las sanciones por incumplimiento de las normas citadas, serán acumulativas a las correspondientes por las infracciones a lo dispuesto por la presente ley y reglamentación que se dicten.

Artículo 14.- El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá proceder a la compra, venta y distribución de insumos y equipamientos necesarios para la operación del Sistema de Información y Registro Animal, de acuerdo a las normas de Contabilidad y Administración Financiera.

Asimismo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca quedará facultado a crear un Registro de personas físicas, sociedades o asociaciones con o sin personería jurídica, de naturaleza pública, privada o mixta, dedicadas a la operación, fabricación, distribución y venta de insumos y equipamientos que se requieran para la operación, funcionamiento y mantenimiento del sistema que se crea, de acuerdo a los requisitos y condiciones establecidos por la autoridad competente.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dispondrá la suspensión preventiva o eliminación del Registro, en caso de pérdida superviniente o incumplimiento de los requisitos o las condiciones exigidas para el mantenimiento en el Registro, de las personas referidas en el inciso anterior, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 15.- Segunda etapa. A partir del 1º de abril del año 2010, todos los animales nacidos y criados dentro del territorio uruguayo, deben encontrarse dentro del Sistema de Información y Registro Animal, considerándose trazados a todos los efectos.

Los animales que a la fecha establecida en el inciso anterior no se encuentren identificados e ingresados al sistema en las oportunidades determinadas por la presente ley, o que pierdan su condición de trazados por cualquier motivo, tendrán como único destino la faena inmediata en plantas no habilitadas para exportación y con control de la Inspección Veterinaria Oficial, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder. El producido de la misma, únicamente podrá ser comercializado en el mercado interno.

Artículo 16.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas dispondrá los mecanismos de financiación pertinentes, para hacerse cargo de los siguientes gastos:

a) gestión, operación y administración de la base de datos;

b) control de calidad del sistema, procedimiento de captura de información, transmisión e instalaciones técnicas de los equipos;

c) adquisición de dispositivos de identificación, capacitación y entrenamiento, que se requieran para la implantación o puesta en funcionamiento del Sistema de Información y Registro Animal en su primera etapa.

La inversión en infraestructura relativa a lectores y los equipos informáticos necesarios para los particulares con el propósito de conectarse a la red informática para lectura y transmisión de datos, será de cargo de los mismos.

El financiamiento del sistema que se dispone por este artículo regirá a partir de la vigencia de la presente ley, hasta el 31 de marzo de 2010.

Artículo 17.- En caso de ‘infracciones a las disposiciones contenidas en la presente ley, no sancionadas especialmente, será de aplicación lo dispuesto por los artículos 144 de la Ley Nº 13.835, de 7 de enero de 1970 en la redacción dada por el artículo 262 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Sala de la Comisión, a 11 de mayo de 2006.

Jorge Saravia, Miembro Informante; Carlos Baráibar, Eber Da Rosa, Francisco Gallinal, Gustavo Lapaz, Lucía Topolansky. Senadores.

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Montevideo, 9 de diciembre de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General.

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a fin de someter a su consideración, el adjunto proyecto de ley, relativo a la declaración de interés nacional, la trazabilidad individual de ganado bovino.

Los aspectos estratégicos del MGAP consisten en contribuir al desarrollo permanente de los sectores agropecuario, agroindustrial y pesquero, promoviendo su inserción y mantenimiento en los mercados externos tanto regionales como extrarregionales, basado en el manejo y uso sostenible de los recursos naturales.

Luego de los brotes de fiebre aftosa en los años 2000 y 2001, la recuperación sostenida del Sector Agropecuario, constituye el resultado del esfuerzo conjunto del sector público y privado, reflejado en el aumento sustancial y creciente de la producción, la reactivación del mercado interno, el incremento de las exportaciones, la rehabilitación de los mercados internacionales, el acceso a mercados de altas exigencias y por ende, el aumento considerable de las divisas para el país.

El acceso a los mercados internacionales de altas exigencias, tiene una íntima relación con el manejo, higiene y seguridad alimentaria, con el status zoosanitario del país y constituye un peso económico de notable relevancia.

Los recientes impactos de enfermedades de importancia económica en los animales, tales como Encefalopatía Espongiforme Bovina y Fiebre Aftosa, han incrementado la demanda de información asociada a los productos cárnicos bovinos por parte de los consumidores finales. Esto ha determinado una tendencia mundial a la implementación de sistemas de identificación animal de mayor confiabilidad y rigurosidad, como atributo de calidad que consolida el concepto de seguridad alimentaria.

En consecuencia, el principal motivo de preocupación que impulsa la trazabilidad individual del ganado bovino, es la "seguridad alimentaria", entendiendo por tal, la disponibilidad de alimentos inocuos, aptos para el consumo humano, y cuya ingesta no sea nociva para la salud.

La realidad indica, que a partir del año 2010 nuestro país se verá en inferioridad de condiciones de competitividad en el mercado internacional, e incluso en condiciones de riesgo cierto de pérdida de mercados de altas exigencias, si no se implementan mecanismos capaces de garantizar la seguridad alimentaria, desde la etapa de producción. En tal sentido, para asegurar las exportaciones de productos cárnicos a los mercados de altas exigencias a partir del año 2010, como el reciente Acuerdo de carne de alta calidad (cupo Hilton), es imprescindible comenzar a trazar los animales nacidos en el período 2005-2006.

Saluda al Sr. Presidente con su mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República, José Mujica.

Ministerio de Ganaderia

Agricultura y Pesca

PROYECTO DE LEY

TRAZABILIDAD INDIVIDUAL DE GANADO BOVINO

Artículo 1º.- Declárase de interés nacional, la trazabilidad individual de animales nacidos dentro del territorio uruguayo.

A dichos efectos, se entiende por trazabilidad individual, el proceso por el cual, mediante la aplicación de dispositivos de identificación individual con código nacional, ingreso de un animal a la base de datos oficial, y registro de movimientos, cambios de propiedad y demás eventos productivos y sanitarios relevantes en la vida del mismo, es posible obtener un informe de toda su historia, desde el nacimiento hasta su muerte.

Se considerará "trazado", aquel animal debidamente identificado, y cuyos movimientos, cambios de propiedad, transacciones y todos aquellos eventos que la autoridad competente determine relevantes, hayan sido debidamente registrados sin interrupciones o inconsistencias desde el momento de su ingreso al registro en las condiciones establecidas en los artículos 4º y 5º de la presente ley.

Artículo 2º.- Cométase al Poder Ejecutivo a propuesta del MGAP, la reglamentación del sistema de identificación individual y registro informático para la trazabilidad del ganado bovino, conforme a lo establecido por la presente ley.

Facúltase al Poder Ejecutivo a propuesta del MGAP, a la implantación de la trazabilidad individual de otras especies animales, cuando las condiciones sanitarias y/o comerciales lo requieran.

Artículo 3º.- El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos será la Autoridad Competente para la operación, ejecución, administración y control del Sistema de Información y Registro Individual de Animales que supone la trazabilidad individual.

Artículo 4º.- Primera etapa- Establécese con carácter obligatorio a partir de 1º de marzo de 2006, la identificación individual e ingreso al Registro Individual de Animales, de todos los bovinos nacidos dentro del territorio nacional, desde su nacimiento y con anterioridad a los ocho meses de vida.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, todo bovino debe ser identificado e ingresado en el Registro, previo al primer movimiento.

El Poder Ejecutivo a propuesta del MGAP, podrá disminuir el período para la identificación y registro obligatorio de los bovinos dispuesto en el inciso primero de este artículo, cuando las condiciones comerciales y/o sanitarias lo requieran.

Artículo 5º.- Los bovinos, que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren identificados y registrados con anterioridad en el sistema de trazabilidad de carácter voluntario llevado por el MGAP, podrán ingresar al Sistema que se crea, siempre que demuestren su trazabilidad por medios de prueba fehacientes.

Artículo 6º.- Aquellos animales que no se encuentren en las condiciones previstas en el artículo 4º de la presente ley y que no hayan sido identificados con anterioridad al 1º de marzo de 2006 o, que habiendo sido identificados no puedan demostrar su trazabilidad de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior, no podrán adquirir la condición de trazados.

Artículo 7º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los animales de todas las categorías que se encuentren, por cualquier circunstancia, identificados y registrados en el sistema de trazabilidad de carácter voluntario llevado por el MGAP, no podrán egresar de dicho sistema. Sus propietarios o tenedores, deberán cumplir con todas las obligaciones impuestas por la presente ley y reglamentaciones que se dicten.

Artículo 8º.- La Autoridad Competente, determinará todos los eventos (movimientos, ventas, transacciones con o sin cambio de propiedad, etc.) de animales identificados y registrados, que los administrados deban obligatoriamente comunicar al Registro Individual de Animales, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.

El incumplimiento de la obligación impuesta en el inciso precedente, determinará para el obligado, la aplica-ción de las sanciones establecidas en el artículo 285 de la Ley Nº 16.736, de fecha 5 de enero de 1996.

Artículo 9º.- A partir de la entrada en vigencia del Sistema de Información y Registro Individual de Animales que se crea, queda prohibido todo movimiento, venta o transacción de cualquier naturaleza con o sin cambio de propiedad, de los animales bovinos, especificados en los artículos 4º y 5º, que no hayan sido debidamente identificados e ingresados al mismo.

El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Los animales cuya identificación y registro sea obligatorio en virtud de lo dispuesto por la presente ley, no podrán ingresar a plantas frigoríficas habilitadas para exportación y el producido de la faena únicamente podrá ser comercializado en el mercado interno.

Artículo 10.- La identificación individual de los bovinos nacidos en zonas de frontera determinadas por el Poder Ejecutivo, requerirán de un certificado de un profesional veterinario, que acredite que dichos animales son nacidos en territorio uruguayo y han permanecido desde su nacimiento en el predio de origen. La Autoridad Competente no podrá ingresar al Registro Individual de Animales, los animales identificados en zona de frontera, que no cumplan con las condiciones establecidas precedentemente. La reglamentación determinará las personas habilitadas para la certificación y la forma y condiciones de extensión de dichas certificaciones.

El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, así como el movimiento de bovinos desde y dentro de zona de frontera sin la identificación individual e ingreso al Registro Individual de Animales, dará lugar al comiso definitivo de los animales en infracción por parte del MGAP, y su propietario no tendrá derecho a indemnización alguna.

Dichos animales tendrán como único destino el sacrificio y faena inmediata en plantas de faena no habilitadas para exportación y con control de la Inspección Veterinaria Oficial. El producido de la faena será donado a instituciones de beneficencia determinadas por el MGAP en coordinación con las mismas.

Artículo 11.- La Autoridad Competente autorizará los dispositivos de identificación individual, de acuerdo a las condiciones y requisitos que establecerá a tales efectos. Los mismos serán únicos, irrepetibles e inviolables, y no podrán ser reutilizados en otro animal.

Artículo 12.- Los animales trazados, no podrán egresar del Registro Individual de Animales, durante toda su vida.

La pérdida, sustracción, mal funcionamiento o deterioro de los dispositivos de identificación individual es responsabilidad del propietario o tenedor del animal en el momento que ésta se produzca, debiendo comunicar a la Autoridad Competente dicha eventualidad.

El propietario o tenedor que incumpliera la obligación precedentemente establecida, será pasible de las sanciones correspondientes.

En caso de pérdida de los identificadores oficiales, el animal perderá su condición de trazado.

Artículo 13.- Todo propietario o encargado de establecimientos, está obligado a permitir el ingreso al mismo, de los funcionarios de la DGSG, a efectos de comprobar el cumplimiento de la presente ley.

Artículo 14.- La trazabilidad individual dispuesta por la presente ley, no obsta al cumplimiento de las normas relativas al sistema de marcas y señales y guías de propiedad y tránsito de animales, correspondientes al sistema de trazabilidad grupal vigente. Las sanciones por incumplimiento de las normas citadas, serán acumulativas a las correspondientes por las infracciones a lo dispuesto por la presente ley y reglamentaciones que se dicten.

A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, no será aplicable para los animales trazados, lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley Nº 10.024 de fecha 14 de junio de 1941, en la redacción dada por el artículo 1º in fine de la Ley Nº 16.389, de fecha 16 de junio de 1993.

Artículo 15.- El MGAP podrá proceder a la distribución de insumos y equipamientos necesarios para la operación del Sistema de Información y Registro Individual de Animales, siempre que la misma se efectúe directamente a los usuarios.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso precedente, facúltase al MGAP a registrar personas físicas, sociedades o asociaciones con o sin personería jurídica, de naturaleza pública, privada o mixta, dedicadas a la fabricación y/o distribución de insumos y equipamientos que se requieran para la operación, funcionamiento y mantenimiento del Sistema que se crea, de acuerdo a los requisitos y condiciones establecidos por la Autoridad Competente.

El MGAP dispondrá la suspensión preventiva o eliminación del registro, en caso de pérdida superviniente o incumplimiento de los requisitos o condiciones exigidos para el mantenimiento en el registro, de las personas referidas en el inciso anterior, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 185 de la Ley Nº 16.736 de fecha 5 de enero de 1996.

Artículo 16.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, dispondrá oportunamente, los mecanismos de financiación pertinentes, para atender los gastos de funcionamiento e inversión del Sistema de Información y Registro Individual de Animales que se crea en la presente ley.

Artículo 17.- Segunda etapa- A partir del 1º de abril del año 2010, todos los animales nacidos y criados dentro del territorio uruguayo, deben encontrarse dentro del Sistema de Información y Registro Individual de Animales, considerándose trazados a todos los efectos.

Los animales que no ingresen al Sistema en las oportunidades determinadas por la presente ley, o que pierdan su condición de trazados por cualquier motivo, tendrán como único destino la faena inmediata en plantas de faena no habilitadas para exportación y con control de la Inspección Veterinaria Oficial. El producido de la faena, será donado a instituciones de beneficencia determinadas por el MGAP en coordinación con las mismas. En este caso, las pérdidas sufridas serán de cargo del propietario de los animales, no generando derecho a indemnización, salvo caso fortuito, fuerza mayor o hecho de terceros, determinados por sentencia judicial.

José Mujica.

DISPOSICIONES CITADAS

Ley Nº 13.835, de 7 de enero de 1970

Artículo 144.- Declárase que las unidades ejecutoras del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el ejercicio de las funciones de control de sus respectivas competencias, están facultadas para suspender preventivamente de los Registros administrados por ellas, a los presuntos infractores, en caso de infracción grave a las normas legales y reglamentarias que regulan el sector agropecuario, los recursos naturales y la pesca. Asimismo podrán disponer medidas cautelares de intervención sobre mercaderías o productos en presunta infracción y constituir secuestro administrativo si así lo consideran necesario, cuando la infracción pueda dar lugar a comiso o confiscación. Cuando se trate de mercaderías o productos perecederos se podrá disponer su venta, de conformidad con lo establecido en las normas de contabilidad y administración financiera, y cuando ello no implique riesgos a la salud pública, zoosanitarias, fitosanitarias o al medio ambiente. El producido de la venta se convertirá en obligaciones hipotecarias reajustables y sustituirá las mercaderías o productos intervenidos a todos los efectos.

Redacción dada por Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1970, artículo 262.

Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996

Artículo 285.- En ejercicio de sus potestades sancionatorias desconcentradas, la Dirección de Servicios Jurídicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá aplicar a los infractores de las normas legales y reglamentarias que regulan el sector agropecuario, agroindustrial, la pesca y los recursos naturales renovables, las sanciones siguientes:

1) Cuando el infractor carezca de antecedentes en la comisión de infracciones de la misma naturaleza y éstas sean calificadas como leves, deberá preceptivamente aplicarse la sanción de apercibimiento, sin perjuicio de los decomisos que correspondan.

2) En aquellos casos en que, de conformidad con las normas en vigencia corresponda sancionar con multa a los infractores, la misma será fijada entre UR 10 (diez unidades reajustables) y UR 2000 (dos mil unidades reajustables) excepto en los casos de normas que regulan la actividad pesquera, en cuyo caso el monto máximo será de UR 5000 (cinco mil unidades reajustables).

3) Cuando corresponda el decomiso de los productos en infracción podrá decretarse, asimismo, el comiso secundario sobre vehículos, embarcaciones, aeronaves, armas, artes de pesca y demás instrumentos directamente vinculados a la comisión de la infracción o al tránsito de los productos, pudiendo, en caso de infracciones graves, considerarse irrelevante la propiedad de los mismos.

En los casos en que por distintas razones la mercadería decomisada debe ser destruida, los gastos en que incurra la Administración serán de cargo del infractor, constituyendo la cuenta de los mismos, título ejecutivo.

Cuando los decomisos efectivos resulten imposibles, procederá el decomiso ficto al valor corriente en plaza al momento de constatarse la infracción.

Cuando se decomisen animales silvestres vivos deberá procederse a su suelta donde los servicios técnicos lo indiquen, sin perjuicio de su entrega a reservas de fauna o zoológicos, su reintegro al país de origen a costa del infractor o su sacrificio por razones sanitarias, según corresponda.

El importe de las multas de los decomisos fictos y del producido de la venta de los decomisos efectivos constituirán recursos extrapresupuestales de las unidades ejecutoras de la Secretaría de Estado. Hasta el 50% (cincuenta por ciento) de los mismos podrá ser distribuido entre los funcionarios actuantes en la constatación de la infracción, en la forma, monto y condiciones que determine la reglamentación. Deróganse todas las normas legales y reglamentarias que establezcan una distribución distinta del producido de las sanciones.

4) En caso de infracciones calificadas de graves y cuya comisión sea susceptible de causar daño a la salud humana, animal o vegetal, o al medio ambiente, los infractores podrán ser sancionados en forma acumulativa a las multas y decomisos que en cada caso correspondan, con:

A) Suspensión por hasta ciento ochenta días de los registros administrados por las distintas dependencias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

B) Suspensión por hasta ciento ochenta días de habilitaciones, permisos o autorizaciones para el ejercicio de la actividad respectiva.

C) Clausura por hasta ciento ochenta días del establecimiento industrial o comercial directamente vinculado a la comisión de la infracción. La interposición de recursos administrativos y la deducción de la pretensión anulatoria ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá efecto suspensivo de esta medida.

D) Publicación de la resolución sancionatoria en dos diarios de circulación nacional a elección de la Administración, a costa del infractor.

Para determinar la gravedad de la infracción y los antecedentes del infractor, deberá recabarse el asesoramiento de los servicios técnicos de las dependencias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en las que se originen las respectivas actuaciones administrativas.

Las sanciones determinadas en el presente artículo, podrán ser aplicadas por el Instituto Nacional de Vitivinicultura en el marco de sus competencias de control de la actividad vitivinícola.

Ley Nº 16.389, de 6 de julio de 1993

Artículo 1º.- Sustitúyense los artículos 161, 167 y 179 del Código Rural, Ley Nº 10.024, de 14 de junio de 1941, por los siguientes:

"ARTICULO 161.- El ganado mayor se marcará a fuego o por medio de otros procedimientos que produzcan una marca clara e indeleble y sean dispuestos por Decreto del Poder Ejecutivo. La marca no podrá exceder de diez centímetros de diámetro en cualquier sentido y debe aplicarse en el vacuno;

A) La primera u original, en el anca junto a la raíz de la cola, del lado izquierdo.

B) La primera contramarca en la parte de atrás del cuarto trasero, lo más arriba posible al costado de la cola, del lado izquierdo; la segunda contramarca bajo de la anterior; la tercera contramarca en la parte posterior del cuarto trasero lo más arriba posible al costado de la cola del lado derecho y la cuarta contramarca, bajo de ésta, también a la derecha. De ser necesario establecer más contramarca aún, éstas serán estampadas bajo de las ya puestas y en el mismo orden.

C) Las marcas de clasificación, sean de las sociedades de criadores, pedigree o cualquier otra identificación que deba estamparse en el ganado, vacuno, deberán hacerse del lado izquierdo en la quijada, el brazuelo o en la pierna. En estos últimos dos casos en una línea horizontal paralela, más o menos, a la del dorso, que arrancando del codillo (articulación húmero-radio-cubital) llegue hasta la parte superior de la curva que forma la verija (pliegue de la babilla).

Bajó ningún concepto podrá marcarse en otro lado, siendo nula aquella marcación que contravenga lo indicado en este artículo y pasible de sanción del contraventor por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

D) El ganado yeguarizo sólo se marcará en el cuarto posterior izquierdo. La primera marca abajo y las contramarcas a su lado, hacia arriba".

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Ganadería,

Agricultura y Pesca

ACTA Nº 25

En Montevideo, a los once días del mes de mayo del año dos mil seis, a la hora catorce y cuarenta minutos, se reúne la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, la señora Senadora Lucía Topolansky y los señores Senadores Carlos Baráibar, Eber Da Rosa, Francisco Gallinal, Gustavo Lapaz y Jorge Saravia.

Falta con aviso el señor Senador Eduardo Lorier.

Concurre el señor Prosecretario del Senado, Ernesto Lorenzo.

Preside su titular, el señor Senador Jorge Saravia.

Actúa en Secretaría la Secretaria de Comisión señora Lidia El Helou con la colaboración de la funcionaria Gloria Mederos.

Concurren, especialmente invitados, los señores Subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Ernesto Agazzi, Director General de los Servicios Ganaderos, doctor Francisco Muzzio y asesores doctores Homero Guerrero y Edgardo Vitale e ingeniero agrónomo Daniel Garín.

Abierto el acto, continúa la discusión particular del proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se declara de interés nacional la trazabilidad individual del ganado bovino. (Carpeta Nº 428/2005, Distribuido Nº 662/2005).

El señor Subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca solicita se denomine al proyecto como "Proyecto de ley sobre Identificación y Registro Animal para la trazabilidad de los productos de origen animal".

La Comisión aprueba por unanimidad, los artículos 2º, 11, 15, 16 y 18.

Queda aprobado en general y en particular el proyecto de ley sustitutivo que a continuación se transcribe y se designa Miembro Informante al señor Senador Jorge Saravia. (Informe verbal). 

"ARTICULO 1º.- Declárase de interés nacional, el Sistema de Identificación y Registro Animal para construir la trazabilidad de los productos de origen animal en el territorio nacional, Registro que se crea por la presente ley y cuya administración se comete al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

A dichos efectos, se entiende por trazabilidad individual del ganado bovino, el proceso por el cual, mediante la aplicación de dispositivos de identificación individual con código nacional, el ingreso de un animal a la base de datos oficial y registro de movimientos, cambios de propiedad y demás eventos productivos y sanitarios relevantes en la vida del mismo, es posible obtener un informe de toda su historia, desde el nacimiento hasta su muerte.

Se considerará "trazado", aquel animal debidamente identificado y cuyos movimientos, cambios de propiedad transacciones y todos aquellos eventos que la autoridad competente determine relevantes, hayan sido debidamente registrados sin interrupciones o inconsistencias desde el momento de su ingreso al Registro en las condiciones establecidas en los artículos 4º y 5º de la presente ley.

ARTICULO 2º.- Cométese al Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la reglamentación del sistema de identificación, individual y registro informático para la trazabilidad del ganado bovino, conforme a lo establecido por la presente ley.

Facúltase al Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la implantación de la trazabilidad de otras especies animales, cuando las condiciones sanitarias o comerciales lo requieran.

ARTICULO 3º.- El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos será la autoridad competente para la operación, ejecución, administración y control del Sistema de Información y Registro Animal que supone la trazabilidad individual.

ARTICULO 4º.- Primera etapa. Establécese con carácter obligatorio a partir del 1º de setiembre de 2006, la identificación individual e ingreso al Registro Animal, a todos los bovinos nacidos dentro del territorio nacional, desde su nacimiento y con anterioridad a los seis meses de vida.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, todo bovino menor de seis meses debe ser identificado e ingresado en el Registro Animal, previo al primer movimiento del predio de nacimiento.

El Poder Ejecutivo cuando las condiciones comerciales o sanitarias lo requieran, podrá modificar la fecha establecida en el inciso 1º de este artículo. Asimismo, podrá disminuir el período de seis meses de vida a que hace alusión la parte final del primer inciso del presente artículo.

ARTICULO 5º.- Los bovinos que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren identificados y registrados en el sistema de trazabilidad de carácter voluntario llevado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, podrán ingresar al sistema que se crea, siempre que se demuestre su trazabilidad por medios de prueba fehacientes.

ARTICULO 6º.- Los animales importados deberán ser identificados e ingresados al Registro Animal en su calidad de tales, en las condiciones, requisitos y oportunidades que establezca la reglamentación.

ARTICULO 7º.- El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, instrumentará los mecanismos pertinentes para el control del cumplimiento de las condiciones de identificación e ingreso de bovinos al Registro Animal.

Si se comprobare la identificación o ingreso al Registro Animal de animales no nacidos dentro del territorio nacional, sin la documentación zoosanitaria de importación, la autoridad competente dispondrá el decomiso y sacrificio inmediato de los mismos en plantas de faena no habilitadas para exportación y con control de la Inspección Veterinaria Oficial. En este caso, no generará derecho a indemnización por parte del Estado. Ello sin perjuicio de las sanciones administrativas y acciones penales que pudieren corresponder.

ARTICULO 8º.- Aquellos animales que no se encuentren en las condiciones previstas en el artículo 4º de la presente ley y que no hayan sido identificados con anterioridad a la fecha de comienzo de la primera etapa dispuesta por la presente ley o por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en su caso o, que habiendo sido identificados, no puedan demostrar su trazabilidad de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º de la presente ley, no podrán adquirir la condición de trazados.

ARTICULO 9º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los animales de todas las categorías que se encuentren por cualquier circunstancia, identificados y registrados en el sistema de trazabilidad de carácter voluntario llevado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, no podrán egresar de dicho sistema. Sus propietarios o tenedores, deberán cumplir con todas las obligaciones impuestas por la presente ley y las reglamentaciones que se dicten.

ARTICULO 10.- El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de la autoridad competente, determinará todos los eventos, ya se trate de movimientos, ventas, transacciones con o sin cambio de propiedad, de animales identificados y registrados, que los administrados deban obligatoriamente comunicar al Registro Animal, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación respectiva.

A partir de la entrada en vigencia del Sistema de Información y Registro Animal que se crea, queda prohibido todo movimiento, venta o transacción de cualquier naturaleza, con o sin cambio de propiedad, de los animales bovinos especificados en los artículos 4º y 5º de la presente ley, que no hayan sido debidamente identificados e ingresados al mismo. El incumplimiento de la obligación impuesta en el inciso precedente determinará para el obligado, la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996. Asimismo, la autoridad competente podrá disponer el comiso definitivo y sacrificio inmediato de los animales en infracción, en frigoríficos no habilitados para la exportación, cuando la gravedad de la misma lo amerite.

ARTICULO 11.- Los animales trazados, no podrán egresar del registro Animal, durante toda su vida.

Es responsabilidad del propietario o tenedor, comunicar a la autoridad competente la pérdida, sustracción, mal funcionamiento o deterioro de los dispositivos de identificación individual, en el tiempo y la forma que establezca la reglamentación.

La autoridad competente determinará técnicamente, los casos en que los animales explicitados precedentemente, puedan conservar la condición de trazados.

El propietario o tenedor que incumpliera la obligación de comunicar de acuerdo a lo establecido en el presente artículo, será pasible de las sanciones correspondientes.

En caso de pérdida de ambos identificadores oficiales, el animal perderá su condición de trazado.

A estos efectos, la autoridad competente autorizará los dispositivos de identificación individual, de acuerdo a las condiciones y requisitos que establecerá a tales efectos. Los mismos serán únicos, irrepetibles e inviolables y no podrán ser reutilizados en otro animal.

ARTICULO 12.- Autorízase a los funcionarios competentes de la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca debidamente identificados, a ingresar a los establecimientos a efectos de fiscalizar el cumplimiento de la presente ley.

ARTICULO 13.- La trazabilidad individual dispuesta por la presente ley, no obsta al cumplimiento de las normas relativas al sistema de marcas y señales y guías de propiedad y tránsito de animales, correspondientes al sistema de identificación grupal vigente. Las sanciones por incumplimiento de las normas citadas, serán acumulativas a las correspondientes por las infracciones a lo dispuesto por la presente ley y reglamentaciones que se dicten.

ARTICULO 14.- El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá proceder a la compra, venta y distribución de insumos y equipamientos necesarios para la operación del Sistema de Información y Registro Animal, de acuerdo a las normas de Contabilidad y Administración Financiera.

Asimismo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca quedará facultado a crear un Registro de personas físicas, sociedades o asociaciones con o sin personería jurídica, de naturaleza pública, privada o mixta, dedicadas a la operación, fabricación, distribución y venta de insumos y equipamientos que se requieran para la operación, funcionamiento y mantenimiento del sistema que se crea, de acuerdo a los requisitos y condiciones establecidos por la autoridad competente.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dispondrá la suspensión preventiva o eliminación del Registro, en caso de pérdida superviniente o incumplimiento de los requisitos o las condiciones exigidas para el mantenimiento en el Registro, de las personas referidas en el inciso anterior, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 15.- Segunda etapa. A partir del 1º de abril del año 2010, todos los animales nacidos y criados dentro del territorio uruguayo, deben encontrarse dentro del Sistema de Información y Registro Animal, considerándose trazados a todos los efectos.

Los animales que a la fecha establecida en el inciso anterior no se encuentren identificados e ingresados al sistema en las oportunidades determinadas por la presente ley, o que pierdan su condición de trazados por cualquier motivo, tendrán como único destino la faena inmediata en plantas no habilitadas para exportación y con control de la Inspección Veterinaria Oficial, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder. El producido de la misma, únicamente podrá ser comercializados en el mercado interno.

ARTICULO 16.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas dispondrá los mecanismos de financiación pertinentes, para hacerse cargo de los siguientes gastos:

a) gestión, operación y administración de la base de datos;

b) control de calidad del sistema, procedimiento de captura de información, transmisión e instalaciones técnicas de los equipos;

c) adquisición de dispositivos de identificación, capacitación y entrenamiento, que se requieran para la implantación o puesta en funcionamiento del Sistema de Información y Registro Animal en su primera etapa.

La inversión en infraestructura relativa a lectores y los equipos informáticos necesarios para los particulares con el propósito de conectarse a la red informática para lectura y transmisión de datos, serán de cargo de los mismos.

El financiamiento del sistema que se dispone por este artículo regirá a partir de la vigencia de la presente ley, hasta el 31 de marzo de 2010.

ARTICULO 17.- En caso de infracciones a las disposiciones contenidas en la presente ley, no sancionadas especialmente, será de aplicación lo dispuesto por los artículos 144 de la Ley Nº 13.835, de 7 de enero de 1970 en la redacción dada por el artículo 262 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

De lo actuado se toma versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido Nº 840/2006, que integra este documento.

A la hora dieciséis y treinta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la Secretaria de Comisión.

Jorge Saravia Presidente

Lidia El Helou Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Saravia.

SEÑOR SARAVIA.- La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado aprobó, por unanimidad de sus miembros, este proyecto de ley sobre la identificación y registro para la trazabilidad de los productos de origen animal.

Se trata de un proyecto de ley que apunta a políticas de Estado, sobre todo respecto a nuestro principal rubro exportable, que es la carne.

A modo de introducción, vamos a definir el concepto de trazabilidad. El Codex Alimentarius define la trazabilidad como la habilidad para seguir el movimiento de sus alimentos a través de los pasos específicos de producción, procesado y distribución. De acuerdo a la definición que establece el Parlamento Europeo, la trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de los alimentos -para uso humano o animal- o una sustancia destinada a ser incorporada en los alimentos o con probabilidad de serlo.

La trazabilidad es un sistema que permite seguir la ruta de un producto, sus componentes, materias primas, actores involucrados e información asociada, desde el origen hasta el punto de destino final o viceversa, a través de toda la cadena de producción y abastecimiento.

La trazabilidad individual de la cadena cárnica bovina puede dividirse en dos fases. La primera refiere al registro de los sucesos que ocurren durante la producción primaria, es decir, desde el nacimiento del ternero hasta el ingreso del animal en el frigorífico. La segunda tiene que ver con el registro de los sucesos acaecidos desde la faena del animal hasta la obtención de los productos cárnicos a ser comercializados para el consumo final.

El SIRA comprende la primera de las fases de la trazabilidad de la cadena cárnica bovina, es decir, la identificación del ganado y el registro de los sucesos de interés que lo afectan. En la segunda de las fases del sistema, la cual refiere al Sistema de Identificación y Registro de la carne, se prevé utilizar el soporte que brindan las "cajas negras", actualmente en implementación por el Instituto Nacional de Carnes.

En cuanto a la importancia de la trazabilidad vamos a señalar lo siguiente. El principal motivo de preocupación que impulsa la trazabilidad individual del ganado bovino es la "seguridad alimentaria", entendiendo por tal la disponibilidad de alimentos inocuos, aptos para el consumo humano, cuya ingesta no sea nociva para la salud.

Los recientes impactos de la enfermedad de la vaca loca -encefalopatía espongiforme bovina- en Canadá y en Estados Unidos han incrementado la demanda de información asociada a los productos cárnicos bovinos por parte de los consumidores finales. Esto ha determinado una tendencia mundial a la implementación de sistemas de identificación animal de mayor confiabilidad y rigurosidad, como atributo de calidad que consolida el concepto de seguridad alimentaria de un alimento.

En este sentido, el Reglamento (CE) Nº 178/2002, aprobado por el Parlamento Europeo, establece en el artículo 14 que a la hora de determinar si un elemento es seguro, se tomará en cuenta la información ofrecida al consumidor, incluida la que figura en la etiqueta sobre la prevención de determinados efectos perjudiciales para la salud que derivan de un determinado alimento.

El enfoque individual de la trazabilidad permite identificar la unidad mínima factible de recibir los efectos que pudieran tornar riesgoso el consumo de carne, así como aislar de manera rápida y precisa sus posibles orígenes. Este enfoque permite trasladar información individual al consumidor, otorgando garantías de control de los procesos de producción capaces de asegurar la calidad ofrecida.

A continuación, me voy a referir al tema de las amenazas, apuntando al mantenimiento y apertura de nuevos mercados de alto valor para la carne bovina del Uruguay. De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio -OMC-, si la trazabilidad es utilizada como método para limitar las importaciones de un país, debe ser científicamente justificada e igual a la trazabilidad estándar que se aplica internamente. En el Codex Alimentarius, organismo referente de la OMC, actualmente está en discusión la posibilidad de exigir la implementación de sistemas de trazabilidad específicos a las exportaciones; es decir, los importadores podrían exigir sistemas de trazabilidad semejantes a los que aplican en sus países, más allá de que los exportadores posean niveles de riesgos ínfimos respecto a la enfermedad u objeto bajo control.

Sin embargo, una correcta identificación de las amenazas y la elaboración de un plan de acción adecuado pueden tornarlas en oportunidades. Según las tendencias mundiales se identifican las siguientes amenazas: identificación individual y trazabilidad bovina en la Unión Europea, Reglamento (CE) Nº 1760/2000, vigente y en revisión; identificación individual y trazabilidad bovina en los Estados Unidos, documento para la discusión del NAIS, abril de 2005; exigencias de trazabilidad de la Unión Europea en la cadena de alimentos, Reglamento (CE) Nº 178/2002, vigente; "Paquete de Higiene" de la Unión Europea; y desarrollo de los sistemas de identificación individual y trazabilidad bovina de los competidores y clientes.

Por su parte, entre las oportunidades se destaca la implementación de un Sistema de Identificación Individual y de Trazabilidad del ganado bovino, que no sólo se restringe a la preservación de los mercados internacionales de alto valor, sino que además aporta nuevos elementos de gestión que permiten mejorar la productividad ganadera y el control nacional de las enfermedades. Concretamente, la lista de oportunidades es la siguiente: permite posicionar al Uruguay como un abastecedor confiable de carne bovina al mundo, respondiendo a las nuevas exigencias de los mercados; mejora la gestión productiva de los establecimientos agropecuarios en cuanto a la ganancia de peso, control de movimientos internos, aplicación de vacunas, aspectos reproductivos, etcétera; permite disponer de una herramienta moderna de gestión para el análisis de los puntos críticos de control en la erradicación de enfermedades, contaminaciones, contrabando y abigeato; elimina la puesta de caravanas, preembarque de control de la fiebre aftosa; constituye una base para expandir las posibilidades de implementar programas de mejoramiento genético; otorga garantías adicionales a las formalidades prendarias sobre el ganado bovino; y respalda los programas de aseguramiento de la calidad de, por ejemplo, la carne orgánica, la carne natural, etcétera.

Las oportunidades que genera la implementación de un sistema de identificación individual y trazabilidad del ganado bovino pueden ser desarrolladas tanto por privados como por organizaciones públicas o mixtas.

Los elementos básicos que componen la trazabilidad individual se refieren a la asociación de una identificación única e inequívoca a cada animal. Por lo tanto, cada identificación individual tiene asociado sólo un animal y cada animal tiene asociada sólo una identificación individual.

Nos vamos a referir ahora a la identificación de los sitios. Un sitio es una entidad geográfica única y descriptible. La trazabilidad de la carne debe registrar los lugares geográficos donde estuvieron los animales. Por lo tanto, los sitios como predios de producción, ferias y frigoríficos, entre otros, deben ser identificados. La identificación de los sitios implica la asociación de una identidad única e inequívoca a cada sitio. Por lo tanto, cada identidad tiene asociado sólo un sitio y cada sitio tiene asociada sólo una identidad. Dicha identidad en el Uruguay está dada por el número de establecimiento de la Dirección de Contralor de Semovientes, DICOSE.

El tipo de información que registra un sistema de trazabilidad de la carne refiere, entre otras cosas, a los sitios, a los animales y a los eventos ocurridos. En cuanto a los sitios se asocia información del propietario, localización, superficie, etcétera. Con relación a los animales, se describe la información de la raza, sexo, fecha de nacimiento, etcétera. Los eventos son sucesos que ocurren a lo largo de la vida del animal, como por ejemplo el registro de tratamientos sanitarios, tipo de alimentación, movimiento entre sitios, etcétera. En el caso de la trazabilidad individual, los registros se asocian a la identidad única de cada animal.

Por su parte, los movimientos son un tipo de evento a registrar e implican el cambio de sitio de un animal identificado. El movimiento de carácter individual asocia el cambio de un sitio identificado -con el número de DICOSE- a otro sitio identificado, indicando las identidades individuales de los animales involucrados.

El proyecto de ley sobre identificación y registro para trazabilidad de los productos de origen animal, en su artículo 1º, crea el Registro de Identificación y declara de interés nacional la trazabilidad. Al mismo tiempo define qué se entiende por trazabilidad individual del ganado bovino, comete la administración al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y establece a quiénes se considera trazados.

En su artículo 2º comete al Poder Ejecutivo la reglamentación de este sistema de trazabilidad de ganado bovino y lo faculta a implementar el mismo sistema para otras especies animales cuando se requieran condiciones sanitarias o comerciales, todo a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En el artículo 3º se nombra la Dirección General del Servicio Ganadero del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca como la autoridad competente para operar, ejecutar, administrar y controlar el sistema.

En el artículo 4º se establece la fecha obligatoria y las edades para la identificación y registro de animales. A su vez, se faculta al Poder Ejecutivo a modificar dicha fecha cuando las condiciones sanitarias o comerciales lo requieran.

Según el artículo 5º, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca llevará un sistema de trazabilidad de carácter voluntario. Aquellos animales que estén registrados en éste podrán ingresar en el sistema aprobado por esta ley si demuestran su trazabilidad por medio de pruebas fehacientes.

En el artículo 6º se establece que los animales importados también serán identificados y registrados como tales, según lo que establezca la reglamentación.

En el artículo 7º se establece que el Poder Ejecutivo controlará el cumplimiento de las condiciones de identificación e ingreso al Registro. Además, se fija el régimen de sanciones y responsabilidades para los casos en los que se compruebe la identificación o registro de animales no nacidos en nuestro territorio que no posean documentación zoosanitaria de importación.

El artículo 8º estipula quiénes no adquieren la condición de trazados, es decir, todos aquellos que no cumplan con lo estipulado en los artículos 4º y 5º.

El artículo 9º dispone que los animales que están en el sistema voluntario que implementaba el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca como plan piloto, bajo ningún concepto pueden egresar de él.

El artículo 10 establece que la autoridad competente determinará los eventos de animales identificados y registrados; los administradores deben comunicarlo al Registro Animal de acuerdo a la reglamentación respectiva. Los animales especificados en los artículos 4º y 5º que no hayan sido debidamente identificados y registrados, tienen prohibido todo tipo de movimiento. El incumplimiento determina sanciones que dependen del grado de la infracción y que van desde el apercibimiento hasta la acumulación de multas y decomisos, más suspensión de las habilitaciones, clausuras del establecimiento comercial o industrial, etcétera, tal como lo establece el artículo 285 de la Ley Nº 16.736, de 1996. Asimismo, se podrán disponer comisos definitivos y sacrificios en frigoríficos no habilitados para exportación.

Según el artículo 11 se prohíbe el egreso del animal del Registro. Se responsabiliza al propietario o tenedor de mantener informadas a las autoridades competentes acerca de los cambios que sufran los dispositivos de identificación. Las autoridades determinarán técnicamente si conservan la condición de trazados. Se perderá la condición de trazado si se pierden ambos identificadores oficiales. En ese caso, será pasible de sanciones. Los dispositivos de identificación autorizados serán únicos, irrepetibles e inviolables y no reutilizables.

Mediante el artículo 12 se autoriza a los funcionarios de la Dirección General de Servicios Ganaderos a fiscalizar el cumplimiento de esta ley, pudiendo ingresar a los establecimientos.

El artículo 13 estipula que este sistema de trazabilidad no da lugar al incumplimiento de las normas que regulan el sistema de identificación grupal vigente. Las sanciones son acumulativas.

En el artículo 14 se dice que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca procederá en todo lo relativo a los insumos y equipamientos para la operatividad del sistema que se crea. Se lo faculta a la creación de un Registro de interesados para la prestación de los diferentes servicios, disponiendo también su eventual suspensión preventiva o eliminación.

En el artículo 15 se habla de segunda etapa. A partir del 1º de abril de 2010 todos los animales deberán estar dentro del Sistema de Información y Registro Animal, SIRA. Se establece como sanción la faena inmediata en plantas no habilitadas para exportación, siendo comercializadas sólo en el mercado interno.

El artículo 16 estipula los mecanismos de financiación a cargo del Estado, Ministerio de Economía y Finanzas, y los gastos que están a cargo de los particulares. Además, se fija el plazo de la financiación.

El artículo 17, según la gravedad de la infracción, establece la sanción a aplicar, que va desde apercibimiento hasta clausuras de los establecimientos, más multas y decomisos.

Por lo expuesto, la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca recomienda al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: quiero destacar el trabajo responsable y serio de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca durante el tratamiento de este proyecto de ley sobre identificación y registro para la trazabilidad de los productos de origen animal. El estudio de la iniciativa demandó un buen tiempo; se hicieron reuniones semanales y se recibieron diversos invitados, como los representantes de la Asociación Rural del Uruguay, de la Federación Rural, y en más de una oportunidad, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Se fueron realizando distintas enmiendas al proyecto original.

En la redacción que se ha presentado a consideración del Senado en la jornada de hoy, encontramos una serie de palabras que se repiten, tales como "Registro", "presente ley", "individual", "identificado", "registrados", "identificación", "propuesta", "autoridad competente", "ingresado", "crea", "establezca la reglamentación", "condiciones", "sin perjuicio", "egresar", "requiera". También creo que se confunde la referencia al inciso anterior; debería referirse al párrafo anterior.

Hemos estado analizando desde el punto de vista idiomático la redacción de la iniciativa y hemos alcanzado a la Mesa una nueva propuesta que no cambia para nada el espíritu de la norma, ya que simplemente buscamos sinónimos para algunas de las palabras que hemos mencionado, a fin de que no se repitan y de que quede más prolijo el proyecto de ley de trazabilidad para identificar el origen de un bovino o de sus productos en cualquier momento de la secuencia de producción, como sea necesario y de acuerdo con el fin para el que haya sido desarrollado.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: el proyecto de ley que llega hoy a consideración del Senado tiene, para el sector agropecuario en particular, y para el sector exportador especialmente, una enorme trascendencia e importancia. Creo que de esa manera lo valoró la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca cuando inició, a fines del año pasado, la consideración del proyecto de ley. Todos somos conscientes de que en la medida en que el Uruguay sea capaz de implementar, ya no en forma voluntaria como sucede hoy, sino obligatoria, un sistema de trazabilidad individual en una primera etapa y uno de trazabilidad general de la producción animal en una segunda etapa, se va a elevar la competitividad de nuestra producción cárnica y, por sobre todas las cosas, se va a aumentar la rentabilidad. Hoy todos somos conscientes de que el mercado externo cada día es más selectivo y, además, la Comunidad Europea, que es uno de los destinos más importantes que tiene la exportación cárnica nacional, ha establecido un conjunto de reglas -por supuesto que propias- que el productor o el exportador podrá adoptar o no en función de los intereses y de las filosofías que reinen en cada una de las Repúblicas correspondientes. Precisamente, ha establecido un sistema para las carnes que se van a importar a partir de los años 2009 y 2010, que es muy riguroso en lo que hace a los criterios de trazabilidad correspondiente. Más aun: esas exigencias que entran en vigencia, como decíamos, a partir de los años 2009 y 2010, deberían haber significado que nuestro país ingresara a un régimen de trazabilidad obligatorio en los nacimientos de la última primavera, que ya deberían estar trazados para que cuando se exporte ese ganado de 3 y 4 años, se pueda ingresar al mercado de la Comunidad Europea como cuota Hilton y, de esa manera, generar la rentabilidad y competitividad a la que hicimos referencia.

Lamentablemente, la trazabilidad no deviene obligatoria desde esa primavera, aun cuando ese ganado puede ser ingresado al sistema. En este sentido, hay responsabilidad del Poder Ejecutivo y ello consta en la versión taquigráfica. El Ministerio compareció a través de sus representantes -no del señor Ministro- y de especialistas en la materia, si no me equivoco en noviembre del año pasado, oportunidad en la que nos trajo un proyecto de ley en función del cual se establecía la obligatoriedad de la trazabilidad a partir del 1º de marzo de 2006. En ese entonces, señalamos que en el Parlamento no teníamos tiempo para aprobar una norma de esas características, porque consideramos que era inevitable la consulta a todo el sector cárnico y al sector ganadero. Pero más allá de esto, decíamos al Poder Ejecutivo que necesita una ley que permita disponer de instrumentos sancionatorios para quien incumpla las reglas de la trazabilidad.

Pero más allá de esto, decíamos al Poder Ejecutivo que se necesita una ley que permita disponer de instrumentos sancionatorios para quien incumpla las reglas de la trazabilidad, pero no se necesita una ley para decretar la obligación de la trazabilidad a partir del 1º de marzo; por decreto, el Poder Ejecutivo está en condiciones de actuar y de imponer una reglamentación de estas características. Es más -como señalábamos en aquel entonces-, nos permitimos sugerir al Ministerio que actúe de esa manera.

Lamentablemente, esa predicción se cumplió, porque el Parlamento necesitó tomarse su tiempo para hacer las consultas correspondientes. Diría, señor Presidente, que todos los sectores vinculados con la industria cárnica hicieron llegar al seno de la Comisión su opinión sobre las características principales del proyecto de ley, sobre la necesidad de tener una trazabilidad obligatoria y sobre la forma de instrumentación. Este es un elemento que, por lo menos, vale la pena que quede como constancia en la versión taquigráfica, porque no surge del proyecto que el sistema que se va a utilizar va a ser el del doble caravaneo. Sin embargo, sí quedó muy claro en las declaraciones, tanto del Subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, señor Agazzi, como de los técnicos de las diferentes divisiones de dicha Cartera, que ese va a ser el dispositivo que se utilizará para el seguimiento del ganado en la República Oriental del Uruguay.

Además, me parece que es bueno que esto quede de manifiesto porque surgieron versiones en el sentido de que se podría utilizar el sistema del bolo alimenticio -que alguna aplicación tiene en diversos países del mundo-, que en el régimen voluntario existente en el país también se está utilizando, aunque en forma minoritaria, pero que no cumple satisfactoriamente con todos los objetivos ni da las garantías que ofrece el sistema del doble caravaneo, que es el que, repito, va a instrumentar el Ministerio. Inclusive, recuerdo que en algún momento pensamos en la posibilidad de plantear al Ministerio la idea de establecer en el proyecto una referencia al tema del caravaneo para disipar las dudas en la materia.

Digo esto porque el proyecto de ley -o la ley, desde el día en que se sancione-, a mi juicio, pretende emitir algunas señales fundamentales para la producción nacional. En primer lugar, establece un sistema obligatorio. Recalco este aspecto porque hay quienes discuten la necesidad de establecer la obligatoriedad de la trazabilidad, pero nosotros -y por eso impulsamos este aspecto en la Comisión- consideramos que, a los ojos de los compradores de los mercados a los que vayamos a exportar, no es lo mismo ser un país productor de carne -como el Uruguay- en el que la trazabilidad sea obligatoria y tenga vigencia en todo el territorio nacional, a ser un país en el cual no exista esa obligatoriedad y, en consecuencia, haya ganado trazado y ganado no trazado.

En lo que me es personal, no creo que esta sea una limitante a la libertad de los productores sino que, por el contrario, me parece que es un beneficio y que el tiempo se encargará de demostrar su importancia.

Entonces, esta es la primera señal para dentro y fuera del país: el hecho de que se empiece a implementar debidamente la obligatoriedad de la trazabilidad de todo el ganado bovino en todo el territorio nacional.

Hay un segundo elemento que también discutimos con el Poder Ejecutivo -con el que tuvimos algunas discrepancias- pero, felizmente, éste decidió acompañar la idea que nosotros habíamos manejado en un principio, que es la de establecer una fecha. Las redacciones que nos trajo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca daban a esta Cartera la potestad de fijar, en el momento que entendiera oportuno, la fecha en que pasaría a ser obligatoria la trazabilidad. Nosotros señalábamos que hay una gran expectativa a nivel de todos los productores nacionales, de las gremiales y de la industria frigorífica, en el sentido de saber si va a ser o no obligatoria, y a partir de cuándo. Entonces, aun cuando existan algunas limitantes en lo que tiene que ver, precisamente, con la cantidad de caravanas necesaria para la trazabilidad -si no me equivoco, creo que serían aproximadamente doce millones de animales-, consideramos conveniente establecer en la ley una fecha para la obligatoriedad. Y como comprendemos las dificultades que el Poder Ejecutivo pueda tener en la aplicación de la ley porque, evidentemente, para entregar las caravanas es necesario que previamente haga una licitación para la compra de las mismas en cantidades importantes, dijimos: demos a ese Poder la facultad de modificar la fecha obligatoria del 1º de setiembre, en función de las circunstancias obrantes. Para nuestra sorpresa -agradable, por cierto-, el Ministerio nos contestó que estaba de acuerdo con que le otorgáramos esa facultad para cambiar la fecha, pero nos aclaró que, de repente, la adelantarían en lugar de atrasarla. Si se daban las posibilidades de implementar rápidamente una compra de todos los dispositivos necesarios para poner en práctica la trazabilidad, no descartaban la opción de adelantar la fecha. En lo que me es personal, creo que es probable que si se hace uso de esa facultad, sea para atrasarla, porque el tiempo que queda por delante no es todo el que podría ser necesario.

En definitiva, la fecha quedó establecida y eso va a significar un avance también muy importante en la aplicación de esto, porque es bueno que todo el sector vinculado con la materia tenga debido conocimiento de este aspecto.

El proyecto de ley establece, además, este sistema de trazabilidad en dos etapas. La primera de ellas incluye, desde el inicio de la aplicación de la ley, a todo el ganado bovino; y la segunda va a ir incorporando luego al resto de la producción animal que haya en el país.

También existe una diferenciación con respecto a la trazabilidad del ganado bovino entre la primera y la segunda etapa. Me refiero a que, en la segunda etapa -que comienza en el año 2010-, las sanciones para el incumplimiento de las obligaciones que se establecen para la primera etapa van a ser mucho más graves. El no cumplimiento de lo que la ley dispone en la primera etapa acarrea sanciones importantes, por ejemplo, el comiso del ganado, su faena y la pérdida consiguiente para quien en ese momento era responsable del mismo. Para la segunda etapa están previstas sanciones de mayor entidad, dimensión y gravedad, lo que nos parece correcto porque esto es lo que nos asegura que efectivamente la trazabilidad devenga en obligatoria en todo el territorio nacional.

Un tercer aspecto que fue motivo de idas y venidas importantes y que tenía inquieto y preocupado a buena parte del sector productivo nacional -además de, seguramente, a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas-, era el concerniente a cómo se financiaba la trazabilidad, por lo menos en el arranque. En ese sentido, Legisladores del Partido Nacional habíamos presentado un proyecto de ley proponiendo que los recursos que devienen del FIS se destinaran, en un 70%, a solventar los gastos que demandaría la primera etapa y que después, a la luz de la experiencia que se pudiera recoger, se vería cuáles serían, en las etapas siguientes, las formas de financiación.

Finalmente se llegó a un entendimiento, seguramente a partir de un acuerdo entre los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas, en el sentido de que los fondos provengan de los recursos que va a aportar esta última Cartera. Estoy hablando de recursos propios del Ministerio de Economía y Finanzas, sin necesidad de crear gravamen ni impuesto de ninguna naturaleza. Creo que quedó suficientemente claro en la Comisión que el Poder Ejecutivo no va a recorrer ese camino para financiar la trazabilidad, sino que hará uso de los recursos que provengan de Rentas Generales; por ende, queda comprometido el Ministerio de Economía y Finanzas a hacerse cargo de esto.

De esta forma, se llegó a una solución que, a nuestro juicio, es eficiente y buena para la cadena cárnica, para la industria y para el Estado; además, es a término.

En el artículo 16 del proyecto se establece expresamente de qué se hace cargo el Estado y de qué los particulares, en esta primera etapa que va hasta el 31 de marzo de 2010. En los primeros incisos de este artículo se definen muy diáfanamente todos los cargos que van a correr por cuenta del Estado y en el inciso tercero se establece que los gastos de los lectores y de los equipamientos informáticos que se necesiten para poder acceder a la información que se proporciona desde la red que va a existir en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, correrán por cuenta del productor. Esto va a ser así por un plazo de cuatro años. De modo que la solución a la que arribamos diría que, incluso, va un poco más allá de la que nosotros mismos estábamos impulsando en el proyecto de ley porque pretendíamos financiar, con cargo al Fondo que mencionamos, la primera etapa de la trazabilidad, pero en el proyecto de ley se establece que la trazabilidad, en sus primeros cuatro años, se va a financiar, en un porcentaje importante -de acuerdo con los gastos que demande lo establecido en los literales a), b) y c)- por parte del Estado. Precisamente, allí se dice que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, se hará cargo de los siguientes gastos, y los detalla.

Los lectores y los equipamientos informáticos para acceder a la red serán de cargo de los particulares. A la luz de la experiencia que se recoja en el transcurso de todos estos años, se verá en qué forma se pudo llevar adelante la trazabilidad y de qué manera se financió lo que se establece en el inciso tercero del artículo 16, es decir, lo relativo a los lectores y a los equipamientos informáticos. Si los integrantes del Cuerpo prestan atención, verán que el inciso tercero no dice que los gastos de los lectores y de los equipamientos informáticos correrán por cuenta de los productores, sino "de los particulares". De manera que los productores integrantes de la industria frigorífica y todos aquellos que forman parte de la cadena cárnica podrán ir explorando y llevando a la práctica, en estos cuatro años, diferentes experiencias que le permitirán, en esta primera etapa, financiar los gastos. En una segunda etapa -adelanto que después voy a emitir una opinión personal, porque no se habló en esos términos en la Comisión-, según surge del proyecto de ley, se hace caer el 31 de marzo de 2010 la financiación que se establece para la primera etapa, por lo que va a ser necesario legislar nuevamente a la luz de la experiencia. En la segunda etapa -y aquí viene la opinión personal- será el sector privado, los particulares, los que deberán asumir totalmente el gasto que demande la trazabilidad que, desde luego, va a ser menor al que se genere en la primera etapa. Lo pienso así porque el sector privado integrante de la cadena cárnica será el gran beneficiario de la aplicación de un sistema de estas características, pero no es un tema a discutir en este momento.

En el transcurso de los próximos años se verá cómo se implementa la trazabilidad y los particulares -subrayo el término "particulares" porque el proyecto no atribuye exclusivamente a los productores hacerse cargo de los gastos que demande la trazabilidad- analizarán cuál es el sistema que entienden más conveniente para poder financiar un sistema que, reitero, va a mejorar su competitividad y, como consecuencia, su rentabilidad. Es significativo que el Estado se encargue, en una primera etapa, durante cuatro años, de un porcentaje importante de los gastos que demande su implementación y que, además, defina expresamente en el artículo de una ley cuáles son esos insumos e instrumentos que deberá costear.

Quien siguió de cerca el tema de la trazabilidad y la aplicación de una ley de estas características, rápidamente habrá advertido que lo que más preocupaba era definir su financiación. En lo personal, quienes integramos en nombre del Partido Nacional la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca nos sentimos satisfechos por el entendimiento al que se llegó porque creemos que es una buena solución que abre paso a una implementación rápida de un sistema muy necesario.

El proyecto de ley establece, por un lado, la posibilidad de que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sea el que, en forma directa, proceda a la compra, a la venta y a la distribución de todos lo insumos y equipamientos necesarios para poner en funcionamiento la trazabilidad y después su mantenimiento. Por otro, se abre la posibilidad de que participe el sector privado en todo lo que tiene que ver con la operación, fabricación, distribución y venta de insumos y equipamientos que se requieran para la trazabilidad, así como para el mantenimiento del sistema. A esos efectos se crea un Registro dentro del propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en donde deberán estar inscriptas las personas físicas o jurídicas que quieran intermediar en la comercialización de estos bienes o servicios. En tanto cumplan con la reglamentación que al efecto deberá dictar la propia Secretaría de Estado, habrá libertad de acción en esta materia desde el arranque mismo de la trazabilidad, que es consecuencia ineludible de la promulgación de la ley cuando ésta efectivamente se concrete.

En términos generales, estas son las características más importantes que quería destacar de este proyecto de ley.

Quiero señalar que en el transcurso de su discusión en la Comisión se dio un diálogo muy fluido con los integrantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, tanto en lo que hace al espíritu del proyecto de ley como en lo que tiene que ver con buena parte de la redacción de sus diferentes artículos que fueron modificados en ese ámbito.

Deseo expresar también que los sectores vinculados a la industria cárnica hicieron llegar a la Comisión un conjunto de apreciaciones respecto al tema global, así como a su articulado. Las que se entendieron pertinentes fueron incorporadas al proyecto de ley y las que no, seguramente tienen su explicación y podrán ser aportadas en Sala en el transcurso de esta discusión.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Da Rosa.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: queremos corroborar lo que han expresado los compañeros integrantes de la Comisión sobre un trabajo que fue intenso y arduo porque es un tema nuevo y como tal tiene sus complejidades y sus facetas en las que, es obvio, no hay experiencias. Naturalmente, estos son temas que generan dudas e incertidumbres, que tratamos de ir sobrellevando y aclarando en un trabajo de intenso diálogo entre los miembros de la Comisión y los técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que en varias oportunidades comparecieron en ese ámbito.

Creo que este es un tema importante, trascendente, para un país como el Uruguay, que en el rubro "carne" tiene uno de los factores fundamentales de colocación de su producción en el exterior. En un país que, de acuerdo a cifras del año 2005, está exportando alrededor de U$S 800:000.000 por concepto de carne, sin duda todo lo que tiene que ver con aspectos que refieran a la implementación de esas exportaciones futuras en este rubro, tiene una enorme importancia.

Además, vivimos en un mundo -y en más de una oportunidad esto se ha expresado en Sala- que es altamente competitivo y en el cual, en determinados momentos, se vive una especie de verdadera guerra comercial, en función de la necesidad que tenemos los países productores de materias primas de agregarles valor y poder colocarlas al mejor precio posible en los países desarrollados. A su vez, hay que tener en cuenta las perspectivas, las normas proteccionistas y los criterios que ese mundo desarrollado tiene para defender su propia producción, colocando barreras a nuestras posibilidades.

En el mes de noviembre o diciembre del año pasado, un alto jerarca del Gobierno de Irlanda planteó ante la Comisión de la Unión Europea la propuesta de su Gobierno de, lisa y llanamente, cerrar todo lo que fuera importación de carne de América del Sur con el argumento de que en varios lugares se habían detectado focos de aftosa y, al no existir sistemas de trazabilidad o un registro individual de animales en estos países, la sanidad animal se volvía sumamente dudosa. En base a esas razones, ese país que, naturalmente, tiene mucho interés en colocar su producción de carne -es altamente productor de carne y, además, integrante de la Unión Europea- expresaba esto como deseo para agregar una barrera proteccionista más que impida la colocación de nuestros productos. Si bien es cierto que en Europa actualmente no se importa en gran cantidad como, obviamente, sería el deseo de todos nosotros, de cualquier manera tenemos, con la llamada "cuota Hilton" de la Unión Europea, un mecanismo que nos da ciertas seguridades en la cantidad de carne que podemos colocar en un mercado tan importante y rico como es, sin duda, el de la Unión Europea.

De ahí, entonces, que este proyecto de ley responde en gran medida al propósito de adaptarnos a reglas que imponen los mercados de los países desarrollados en los que tenemos que colocar nuestra producción, así como también a lo que ya ha expresado la Unión Europea en cuanto a establecer, a partir del año 2009 y con carácter preceptivo, la exigencia del control de la trazabilidad, es decir, de la historia individual del animal para saber concretamente cuál es su proceso evolutivo desde que nace o tiene menos de seis meses hasta el momento en que la carne es faenada y se exporta.

Esta es una experiencia novedosa y no ha sido fácil la elaboración del proyecto de ley, pero seguramente tampoco lo será su implementación que va a ofrecer muchas complejidades en diversos detalles y aspectos que tal vez hoy ni siquiera estemos imaginando. Seguramente, sobre la base de la experiencia y de la evolución, en los hechos, poco a poco, se irá afirmando, aclarando y consolidando dentro de nuestras costumbres y de nuestro sistema de producción.

Además, en este aspecto el Uruguay reafirma una política que nos ha llevado a ser pioneros en materia de control de animales en la región. El departamento del que provengo no es fronterizo pero tiene todos los problemas de la frontera y recuerdo haber advertido de niño el grave problema del llamado "contrabando de animales", que era crónico y particularmente grave. No voy a decir que haya desaparecido del todo, pero es indudable que la experiencia de DICOSE como mecanismo de control significó un avance reconocido en toda América junto con la creación del Registro de Marcas y Señales y el sistema de guías de propiedad y tránsito de animales que también se implementó. Bueno es decir que este proyecto de ley no lo elimina, sino que paralelamente a la creación del sistema de trazabilidad y el registro informático que se crea, mantiene el sistema de marcas y señales y de guías de propiedad y tránsito plenamente vigentes con las sanciones correspondientes en los casos de infracciones o irregularidades.

En este aspecto, el Uruguay reafirma esa tradición, esa trayectoria, y creo que ese es el espíritu con el que trabajamos todos los que integramos la Comisión, pensando en que realmente esos son los temas en los que le va la vida al país y es absolutamente trascendente pensar en ellos si queremos generar riqueza. En el Uruguay existe una muy fuerte propensión a pensar en perfeccionar los mecanismos de redistribución de la riqueza y está bien que sea así, pero si la riqueza no se genera ni se multiplica, lo que hay para distribuir es cada vez menos. Creo que esa es la idea con la que hemos trabajado y con la que tratamos de impulsar este proyecto de ley. Además, manifestamos nuestra voluntad y nuestro deseo de que, en la implementación de este proyecto de ley que, repito, ha de ser compleja y en muchos detalles más difícil que la propia elaboración de la ley, podamos seguir avanzando y consolidando definitivamente esto como un aporte al crecimiento del país y al avance de nuestras exportaciones y nuestras colocaciones en un rubro tan importante para el país como es la carne.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: no me voy a referir al detalle del proyecto de ley, porque ya lo han hecho muy bien el señor Miembro Informante y los señores Senadores preopinantes.

De todos modos, quisiera expresar un concepto general porque durante muchos años nosotros estuvimos involucrados en este tema directamente. Considero que este proyecto de ley va en la misma dirección a la que apunta el mundo hoy en día. Me parece que eso es muy importante, ya que a todos nos preocupa llevar al Uruguay a lo que son los códigos del Siglo XXI.

El hecho de que se ponga este énfasis en aspectos técnicos -ya se analizó en detalle la incidencia en los aspectos comerciales-, en definitiva, como resultado final tiende a darle respuesta al consumidor, al cliente, asegurándole la calidad. Ese es el gran motor del avance de las sociedades hoy en día y de ello se trata. A través de la trazabilidad, lo que se está haciendo es asegurar la calidad de un producto que luego llega a la mesa del cliente.

El concepto de trazabilidad se va a seguir extendiendo y se va a ir aplicando a una cantidad de otras cosas. Por ejemplo, en todos los lugares en que hoy en día hay una luz roja o amarilla por los notorios problemas de la aftosa o de la vaca loca, o donde ha existido el cancro en el caso de los cítricos, se han implementado sistemas de trazabilidad. Asimismo, existen otros relacionados con el tema del bioterrorismo. En Estados Unidos hay disposiciones sumamente exigentes en la materia. En definitiva, el tema trazabilidad, o sea, el asegurar la calidad del producto desde su origen hasta que llega a la mesa del consumidor va a ir apareciendo en muchos otros terrenos.

Esto tiene que ver, de alguna forma, con un tema que ya mencionó el señor Senador Saravia y al que recién aludió de otra forma el señor Senador Da Rosa, que es el de los obstáculos técnicos al comercio, o sea, el uso de argumentos técnicos para incidir en el comercio, lo que también se llama NTB, "non tariff barriers".

Esta es un arma de doble filo porque puede ser, por un lado, un beneficio para los pueblos si se aplica adecuadamente -con lo que no serían barreras de origen técnico, sino exigencias técnicas razonables- pero, por otro, un flagelo para el comercio, transformándose en un simple sustituto de lo que son las barreras arancelarias. Lamentablemente, esto es común en muchos países desarrollados, donde bajan las barreras arancelarias y suben enormemente las barreras técnicas que, a la postre, son mucho más difíciles de superar que las barreras arancelarias. En definitiva, estas últimas representan un número que uno lo entiende y sabe que representa un tanto por ciento. Un ejemplo clásico de ello es el tema de la arancelización del arroz para el acceso al mercado japonés; cuando se logra eso después de décadas de batalla, Japón fija un control de residuo de pesticidas extremadamente elevado y lo que normalmente se fija en 15 ó 20, este país lo fijó en 70, lo cual representa un costo prácticamente inabordable para quien quiera saltar por encima de esa barrera.

Realmente este es un tema trascendente para nuestro país porque Uruguay aquí está dando un paso cuantitativo importante vinculado a la carne y también cualitativo, en el sentido de entender y alinearse a los códigos por los cuales se rige el mundo que está surgiendo ahora. Además, está actuando con inteligencia práctica en ese sentido.

A mi juicio, Uruguay tiene que tomar un rol protagónico en estos temas técnicos que afectan al comercio. Sería muy interesante que pudiera analizarse de qué forma podríamos tomar un rol de iniciativa, como en su momento surgió aquello de la famosa Ronda Uruguay a través de Enrique Iglesias u otras iniciativas en las que nuestro país ha tenido un papel protagónico. Debemos ver cómo puede pararse Uruguay en este nuevo mundo caracterizado por un absoluto desorden y una absoluta discrecionalidad y decir que aquí se están haciendo cosas, así como analizar qué están haciendo los demás y tratar de avanzar hacia una especie de "clearing" en la materia. Si lográramos hacer eso sería algo absolutamente formidable.

Por lo tanto, voy a votar afirmativamente este proyecto de ley que, reitero, a mi juicio tiene una trascendencia que va mucho más allá de sí mismo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: quisiera poner especial énfasis en la importancia de este proyecto de ley. A veces no podemos calibrar la trascendencia de algunas decisiones que tomamos y, en particular, de normas de esta naturaleza que son un punto de inflexión en la inserción externa del país, en su competitividad y en su política interna.

Hace aproximadamente un año en la hora previa hicimos mención al tema de la trazabilidad y manifestamos nuestra preocupación porque no sólo está vinculado a la seguridad sanitaria y a la inocuidad de las exportaciones de los productos uruguayos, sino que también es parte de una nueva estrategia y un posicionamiento del país en un sector tan importante.

En el año 2004, aproximadamente, fuimos el séptimo exportador mundial de carne. El 68% lo estamos exportando a Estados Unidos y va de suyo las discusiones y la cantidad de elementos que se aportan en esta visión de nuestro relacionamiento con el mercado americano, más allá de que este año hemos aumentado en forma sustancial las exportaciones a Chile por diversas circunstancias que hacen a la dinámica del comercio internacional. Pero también debemos tener en cuenta que este es un tema vinculado no sólo a las exigencias del consumidor, que es el que requiere determinados niveles sanitarios y de calidad en el producto, sino también a la propia competencia, porque a igualdad de precio e igualdad de producto, los requerimientos que se producen en el mercado externo pueden desplazar a un producto respecto de otro, de acuerdo con los requisitos o con los procedimientos que haya utilizado para su trazabilidad. Hace muy poco tuvo lugar una situación muy significativa entre Japón, Estados Unidos y Australia, donde a igualdad de oferta se prefirió el producto que venía con determinadas garantías en materia de sanidad.

Señor Presidente: esto no sólo está vinculado al comercio internacional -como bien dijeron los compañeros Senadores y el señor Miembro Informante en su exposición- en cuanto a la inserción del país, sino que también está relacionado con la necesidad de ir interpretando que nuestra inserción futura en el mercado internacional va a estar supeditada exclusivamente a los avances y a los requerimientos que se nos van a imponer en los ámbitos multilateral -sobre todo en éste- y bilateral. Como bien decía el señor Senador Long, a medida que bajan los aranceles y se va creando un proceso de apertura, los distintos países tratan de desarrollar mecanismos de protección a través de medidas no arancelarias, particularmente medidas sanitarias, que obligan a llevar adelante determinadas políticas o simplemente que, aún más allá de esa intención, los países no pueden ingresar o tener acceso al mercado.

Entre otros temas, la propia fiebre aftosa es una expresión que va más allá de su patología animal y es parte también de la política de gran restricción de los accesos a los mercados y de utilización de medidas no arancelarias para evitar la competencia de los países con mayores ventajas.

De manera que este proyecto es muy importante, no solamente en el sentido del comercio internacional, sino también en cuanto al posicionamiento de Uruguay en sus mercados externos de aquí a los próximos años. Se ha dicho muy bien -y ello lo han manifestado los Senadores y quienes han participado en la Comisión- que la preocupación está en los plazos que vamos a manejar. A partir de 2009 o de 2010 nuestras exportaciones de carne van a estar totalmente condicionadas a la trazabilidad que vayamos a establecer en nuestros regímenes internos. Pero además este tema tiene una gran importancia en la cultura del relacionamiento empresarial del país y del productor rural y los empresarios vinculados a dicho sector, porque es obligatorio y ello supone que aquí no hay discrecionalidad por parte de los actores económicos para sumarse o no al sistema. Al ser obligatorio, de alguna forma determina claramente que quien no se pone al día con este tipo de exigencias, tendrá su producto destinado a la faena o será pasible de sanciones muy importantes -como bien señalaba el señor Senador Gallinal- en la segunda etapa a partir del año 2010, cuando se determine el incumplimiento de sus obligaciones. Pero además de este tema, comienzan a jugar una serie de seguros y contraseguros en dos aspectos muy importantes para la economía del país que tienen relaciones directas e indirectas: una de ellas es el contrabando y otra, el abigeato. El contrabando ha puesto en el ámbito del comercio internacional -ya lo sabemos- grandes riesgos sanitarios por ingresar productos fuera de las normas, que terminan siendo focos de contagio o de irradiación de determinadas enfermedades, como en el caso de la fiebre aftosa. El abigeato constituye también una actividad naturalmente ilegal pero a veces es parte de las dificultades naturales y sociales que se producen en un país, y aún más allá de las justificaciones o de las comprensiones que se puedan tener en el ámbito ético e, inclusive legal, están las restricciones que el país sufre cuando una enfermedad o un incumplimiento se produce hacia fuera y no se mira cuál fue el fundamento y la razón por la que se produjo esa situación. Estos dos aspectos son parte de una visión muy importante que hoy, con este tema, el país va a empezar a desarrollar no sólo en relación al abigeato o al contrabando, sino también en lo que hace a su inserción externa. Además, como bien decía el señor Senador Long, esto es parte de un proceso natural al que tenemos que ir ajustándonos con tiempos y plazos muy estrictos, porque el etiquetado, los transgénicos y todo lo que surgirá en el ámbito del comercio internacional son desafíos que se le plantean a un país como el nuestro. Más allá de su iniciativa y su capacidad de propuesta Uruguay es un tomador de precios y de decisiones internacionales y para ello tenemos que hacer siempre el esfuerzo de poder colocarnos en la mejor posición.

Quiero hacer, señor Presidente, una especial mención a dos aspectos. Uno de ellos, relativo a los plazos. Nuestra preocupación en oportunidad de la hora previa -y ha sido claramente expresada por los señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra- era que los tiempos apremiaban y que quizás el sistema podría haberse puesto en funcionamiento a partir del 1º de marzo. Es bueno, es muy importante que se haya establecido el 1º de setiembre como fecha de comienzo del proceso, porque esas son señales muy claras de obligaciones que asume el propio Poder Ejecutivo para implementar y poner en funcionamiento un sistema que -como bien decía el señor Senador Da Rosa- no es fácil, que necesita cierta especialidad y también una convicción muy fuerte y muy definida en el ámbito de la Unidad Ejecutora del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para que los productores y actores privados entiendan claramente cuál es el mensaje y puedan cumplir con ellas.

Este tema de los plazos está muy vinculado también a nuestros mercados externos. Nuestro condicionamiento viene por los plazos de la Unión Europea, de manera que no vamos a poder tener mucha flexibilidad en esta materia. Obviamente, con el atraso que hemos tenido, fijando el 1º de setiembre como fecha de puesta en marcha del sistema, este aspecto resulta trascendente para que el Uruguay asuma en este tipo de decisión los ritmos que la propia burocracia nacional a veces entorpece cuando se trata de tomar determinaciones acotadas por plazos.

El segundo aspecto, que refiere a la financiación, también es muy importante porque, según la información que nos ha dado el Miembro Informante, hubo una gran discrepancia sobre quién tomaba a su cargo este financiamiento. En algún momento, equivocadamente, se planteó la posibilidad de que esto se financiara con cargo a la devolución de impuestos de determinadas exportaciones en la cuota Hilton, obviando y olvidando así el principio de que un país no puede exportar impuestos y de que la exportación de impuestos significa -como es natural- una pérdida de competitividad muy grande y una variable interna que desajusta la posibilidad de desarrollo de los sectores involucrados en el tema. Lo que ha surgido como parte de esa transacción -por decirlo de alguna manera- y que el señor Senador Gallinal manifestaba con tanta claridad, es que el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas, tomará a su cargo este financiamiento, con los debidos recaudos. No sé cuál será el costo pero, por la información indirecta que tengo, se trataría de alrededor de U$S 5:000.000; quizá, ni tanto. De esto se haría cargo el Estado, pero lo que no ha quedado claro en el articulado -aunque, seguramente, ha sido discutido en la Comisión- es cuáles son los porcentajes en que participa el Poder Ejecutivo o el sector público y cuáles le corresponden al sector privado o a los particulares. Es muy importante que esto sea resaltado, porque aquí se trata de un gran esfuerzo que tiene que hacer el Estado para contribuir en forma directa.

Por último, señor Presidente, quiero hacer referencia a lo que tenemos por delante. ¿Cuál es el funcionamiento del sistema? Las caravanas serán distribuidas gratis a todos los productores, pero algunos pueden manejar este tema y a otros les será muy difícil hacerlo si no tienen el apoyo del Estado y de los agentes públicos para cumplir con los plazos. Es obligatorio, entre otras cosas, porque si alguno queda por el camino, cualquier circunstancia o disfuncionalidad en materia sanitaria terminará afectando al país todo. De manera que aquí no podemos permitirnos filtraciones y, por lo tanto, resulta muy importante asegurarse, a través de la Unidad Ejecutora Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, concretamente de sus servicios técnicos, que las caravanas lleguen a los productores de menores recursos, para ayudarlos a identificar a los terneros, a hacer los formularios de altas y contribuir a que hagan bien los movimientos. Creo que esta es la labor más significativa que tiene a su cargo este Ministerio. Al pequeño productor, al que está más indefenso y carece de recursos no podemos transferirle -dado que el sistema es obligato-rio-, sin la tutela del Estado, la responsabilidad de que se produzca una disfunción en la parte sanitaria.

Por otro lado, también son muy importantes los pasos que se van a dar. Como mencionaban el señor Senador Gallinal y el Miembro Informante, aquí se va a dar el doble caravaneo, aspecto que no está claramente expresado en el proyecto de ley, pero que es obligatorio y que será objeto de decisiones de carácter administrativo-técnico por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

El mensaje tiene que ser muy claro. Cuando se inició este proceso, en el llamado a licitación del año 2002 se establecieron reglas muy claras y exigentes respecto a la calidad de las propuestas para que la tecnología que se proponga para el caravaneo o identificación tenga los niveles necesarios y realmente pueda ser de utilidad. Por lo que tenemos entendido, por variadísimas razones que no es del caso explicar aquí, sucede que si no hay una tecnología adecuada y muy desarrollada, la pérdida y la caída de identificación es algo muy factible, más allá de los lectores y de todo el sistema de respaldo que tiene la información de carácter general. Es muy importante, entonces, que en el llamado a licitación el Ministerio exija calidad suficiente para poder responder a las exigencias del momento con un nivel adecuado en materia de control y, sobre todo, de suministro de las distintas identificaciones a los productores rurales.

Por todas estas consideraciones, señor Presidente, creo que tenemos la obligación de resaltar la trascendencia de este tema y de este proyecto de ley porque seguramente cuando sea aprobado por la Cámara de Diputados y se transforme en ley significará un paso muy importante en la vida del país, que no sólo va a repercutir en la productividad y en la competitividad del Uruguay, sino también en la seguridad y en las posibilidades sanitarias de un país que depende en gran forma de estas exportaciones y de estos productos que hoy día están cada vez más exigidos en el concierto internacional. El paso que en este sentido dé el Uruguay en la continuidad de un esfuerzo es también una señal clara de todos los partidos políticos en cuanto a que somos capaces -por suerte- de arriar las banderas cuando se trata de este tipo de solución y de respuesta a la producción y al ciudadano común que quiere vivir y prosperar exportando y trabajando.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la señora Senadora Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: voy a ser breve, porque los señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra han desarrollado la importancia y los contenidos de este proyecto de ley para un país pecuario como el nuestro, inserto en una región que en los últimos tiempos ha vivido sobresaltos en materia de sanidad.

Conviene destacar la prolijidad de nuestra conducción en el tema de sanidad animal. Si bien tenemos desde muy atrás, como ya se dijo, el organismo DICOSE que ha registrado con prolijidad todo el proceso de los ganados, la tecnología nos permite hoy llegar a un sistema de trazabilidad y de acopio de datos mucho más ágil y también más importante a la hora de exportar, de presentar nuestros productos en el mundo y de dar confiabilidad a los consumidores, que finalmente son los destinatarios de nuestras carnes. Quiere decir que todo esto nos permitirá dar un gran salto.

Quiero destacar expresamente lo importante que puede ser para el posicionamiento del país la aplicación de tecnología en la producción para lograr excelencia. Me parece que este es un aspecto particularmente destacable porque nos permitirá, reitero, dar un salto importante. Además, tendremos una enorme base de datos que no sólo servirá para mejorar la comercialización, los precios, la colocación en los mercados y todo lo que se ha dicho, sino también para otro tipo de estudios estadísticos, de conocimiento de nuestra propia realidad y, por lo tanto, de desarrollo del país. Esto constituye un salto muy importante por todas las razones que se han esgrimido aquí y que no voy a reiterar para ahorrar tiempo al Senado. Dicha base de datos también puede ser materia de investigaciones futuras de otras ramas.

Quiero destacar que si bien somos un país esencialmente productor de ganado bovino, la trazabilidad se irá extendiendo al ovino y a todas las ramas de la producción. Por ejemplo, nuestra miel va a ir con trazabilidad a fin de que no nos ocurra lo que sucedía en el pasado, cuando se daban mezclas de mieles que luego desprestigiaban las exportaciones. Quiere decir que se trata de un mecanismo que empieza pero que no se agota en esta ley. Como señaló el señor Senador Da Rosa, creo que el mayor desafío no es aprobar esta ley, sino ponerla en práctica. En tal sentido, me parece muy importante la unanimidad lograda en la Comisión y el trabajo que allí se hizo, donde cada uno de sus integrantes realizó aportes para mejorar los contenidos y la forma de esta iniciativa. Cuando una ley cuenta con el respaldo unánime tiene más probabilidades de caminar mejor en la realidad y, como bien se decía, la de nuestro país es muy despareja.

Por otro lado, el Ministerio crea una Unidad Ejecutora especial que se dedicará al seguimiento de este proceso, al control, al manejo de la información y a la capacitación.

También considero importante que se haya dividido en dos partes la financiación del proyecto porque, como bien se dijo aquí, era muy difícil que ésta fuera perfecta en un tema que es nuevo, que debemos determinar cómo funciona en la práctica. Hasta ahora, los establecimientos que tienen trazabilidad lo han hecho voluntariamente; se trata de gente de avanzada, que siempre existe en la producción, pero ello no nos permite asegurar que esto tiene que funcionar así. No es lo mismo un establecimiento de avanzada que va haciendo punta y que probablemente tiene determinados soportes, que la totalidad del rodeo nacional.

En consecuencia, repito, entiendo fundamental que se haya dividido el financiamiento en dos fases: una primera, en la cual la presencia del Estado es importante, y otra, a definir. Me parece muy bien que caiga la financiación porque eso obligará a dar una discusión. Si se hubiese establecido alguna frase más vaga, como que la financiación sería revisada en el futuro, quizás siguiera igual, por inercia. Sin embargo, tal como decía el señor Senador Gallinal, como la financiación cae, obliga a discutir. Al hacerlo, tendremos la posibilidad de evaluar cómo funcionó la ley en esos cuatro años y podremos introducir las mejoras pertinentes, porque todas las cosas son perfectibles.

Finalmente, deseo destacar un punto tangencial, que no es el centro del proyecto, pero que de algún modo también es importante. Cuando este proyecto de ley se lleve a la práctica, será necesario contar con una cantidad de lectores para sacar los datos de esos chips. Días pasados, hablaba con el Presidente del CODICEN, el doctor Yarzábal, a quien comenté la necesidad de que la UTU Agraria fuera capacitando a los muchachos para manejar esta tecnología. De lo contrario, este país macrocefálico en el que vivimos va a mandar gente de Montevideo a distintas localidades del interior para leer los chips. A mi juicio, es bueno que en cada pago haya un grupo de gente capacitada y, en tal sentido, creo que la UTU es el organismo más idóneo para lograrlo. Además, esto es un generador de trabajo porque en la medida en que un animal va teniendo su proceso de vida, será posible ir incorporando nuevos datos.

En un país que tiene 700 kilómetros de frontera seca como el nuestro y que está en la mitad de un gigantesco hato ganadero es muy importante que la ley funcione bien porque tendremos una especie de marca de fábrica que no dejará lugar a dudas.

En definitiva, me felicito por el respaldo que, advierto, va tomando el proyecto de ley. Ya lo sabíamos desde el momento en que se aprobó por unanimidad en la Comisión, pero esperamos que el Pleno del Senado también lo apruebe en su totalidad. En el Siglo XXI estamos ingresando en una etapa en la cual la tecnología nos puede dar un rédito visible, tangible, para un espectro grande de la población. Esperemos que el 1º de marzo -los nuevos son los que empezarán a ser trazados- se pueda iniciar una nueva etapa en nuestros productos cárnicos y más adelante en el resto de los productos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: me parece que se trata del proyecto de ley más importante que se ha aprobado hasta ahora y que probablemente se apruebe durante mucho tiempo en materia tecnológica, sanitaria y comercial. Obviamente, celebro que sea por unanimidad. Confieso que no tengo tanto temor en cuanto a su puesta en práctica, aunque sé que hay mucha diversidad desde ese punto de vista entre la situación de los productores. De todas formas, hay un reflejo muy rápido en cuanto a las cuestiones que después se traducen en mejoras comerciales, de precios y sanitarias.

Lo más difícil era elaborar un proyecto de ley satisfactorio para todos desde el punto de vista legal y que armonizara los distintos problemas de un tema tan complejo. Al respecto, considero excelente lo hecho por parte del Poder Ejecutivo y de la Comisión en materia de obligatoriedad -si bien se difiere en algunas cosas-, de progresividad en los aspectos financieros y de potestades sancionatorias e, incluso, de registros de empresas que pueden aportar elementos tecnológicos. Creo que va a ser un caso de punta que permitirá mostrar cómo en el país se pueden conjugar cuestiones de agroindustrias denominadas tradicionales -como puede ser todo el complejo ganadero- con tecnologías de alto nivel de desarrollo en materia de informática, como así también la combinación de actores dedicados a los aspectos de tecnología informática con aquellos formados por nuestra Universidad o por las Universidades privadas en materia de veterinaria y del sector educativo que, con el nivel tecnológico terciario que está introduciendo la UTU, puede dar una mano realmente muy importante en este sentido. Me parece que el impacto existirá mucho más allá de lo que lo ocasiona -me refiero a la cuota Hilton- y, probablemente, se dé antes en otros lugares. En realidad, estamos hablando de fecha pero una vez que esto comience, la velocidad dependerá de la inversión de los productores. Así, por ejemplo, dos años después que se comenzó, puede haber una oferta que ya esté llegando con novillos precoces a determinados mercados, los que, a esa altura, pueden estar muy diversificados. Creo que desde este punto de vista estaremos colocándonos bien en la carrera. Esto muestra que cuando no tenemos barreras geográficas tenemos capacidad de interponer barreras biológicas -cosa que no nos sucedió en el pasado- para mejorar nuestro posicionamiento. Entonces, esto constituirá un punto de apoyo muy importante en este sentido.

En definitiva, comparto lo que se ha expresado acerca de las garantías que se dan en materia de inserción comercial internacional y en todos los otros sentidos. Además, considero que el balance se hará en un tiempo relativamente breve y será altamente favorable. Pienso que la reacción de los productores se dará mucho más rápidamente de lo que podemos suponer.

Es cuanto quería expresar, para dar mi apoyo y respaldo a este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Lorier.

SEÑOR LORIER.- Señor Presidente: en un mundo donde existen las clásicas trabas al comercio entre las naciones -relacionadas, sobre todo, con los productos agropecuarios, lo que podemos llamar subsidios, aunque también hay otro tipo de trabas arancelarias-, es indudable que se observa un avance en la búsqueda, por parte de determinados países, de disminuir ese intercambio a través de trabas paraarancelarias. En ese plano, pensamos que este tipo de decisiones que el país va a adoptar con la trazabilidad permite desde ya anticiparnos y avanzar en la superación de dichas trabas.

Por otro lado, es también indudable que en el mundo avanzan los estándares de calidad de consumo y, a la vez, los miedos de los consumidores en relación con algunas enfermedades, como la vaca loca, la aftosa e inclusive, actualmente, la gripe aviar, que generan una verdadera psicosis. Entonces, cualquier hecho que garantice el consumo y el origen de los animales a consumir contribuye al mejoramiento de lo que podríamos llamar, en términos generales, la competitividad de nuestro principal producto de exportación.

Al mismo tiempo, valorando en gran medida la experiencia de DICOSE, consideramos que este avance de la trazabilidad marca un salto hacia la calidad en el campo uruguayo. Desde nuestro punto de vista, al aplicar este proyecto de ley, hay un antes y un después. Vemos aquí la introducción de la ciencia y la tecnología justamente en nuestra principal producción de exportación. Pensamos que sería muy bueno que sean empresas uruguayas de software las que puedan -ya sea en convenio o en legítima competición- proporcionar también el equipamiento necesario para la implementación de lo que aquí se establece.

Asimismo, vemos un punto muy importante en lo que señalaba la señora Senadora Topolansky en cuanto a las posibilidades que la lectura de la información almacenada en los chips podría generar en el campo uruguayo. Si no estamos mal informados, se habla de aproximadamente 10.000 lectores, lo que implicaría una cantidad similar de potenciales trabajadores del agro uruguayo que, pudiendo permanecer en el campo, harían uso de estos lectores y de la información correspondiente. En este sentido, pensamos que la combinación con la UTU y con la escuela rural -que en estos días festeja su aniversario en el país- podría ser también un factor de alto interés para ir introduciendo los factores de la ciencia, la tecnología y la educación en nuestro campo.

Desde el punto de vista estrictamente agronómico, creemos que este proyecto de ley va a permitir no sólo hoy sino también en el futuro un incremento importante en la organización de la producción. Pensamos que hoy por hoy al vivir en un mundo más informatizado se nos abren enormes posibilidades para que por esta vía podamos ir incorporando datos y avanzando en algo que se dará concomitantemente con la trazabilidad, que es la organización de nuestros productores rurales.

Por todo esto, hoy nos sentimos muy felices de estar acompañando esta iniciativa y nos parece muy relevante destacar la unanimidad que ha habido en el trabajo de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde todos hemos participado sin ningún tipo de bandera política por un proyecto que realmente es muy importante para el país.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Saravia.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: seré muy breve. Simplemente, quiero agregar algunos aspectos más a este informe sobre el proyecto de ley.

Entendemos que esta iniciativa apunta, fundamentalmente, a desarrollar políticas de Estado hacia el futuro. Como bien lo han mencionado aquí algunos señores Senadores, las barreras técnicas cada día se imponen más en el mundo y cuando vamos a los organismos internacionales como la OMC a pelear por la baja de los aranceles externos siempre nos encontramos con que en el mundo del comercio se van montando barreras que no nos permiten la inserción comercial en el mundo.

Todos sabemos que el comercio mundial es despiadado cuando los intereses de todos los países se cruzan. Así, somos conscientes de que nuestro pequeño país no puede pelear en el mundo con volúmenes, sino que debe hacerlo con valor agregado y tecnología incorporada. Y precisamente este proyecto de ley apunta a incorporar inteligencia y valor agregado a los productos nacionales. Se va a empezar por el tema de los bovinos pero, como bien dice el título, se va a abrir la cancha de la trazabilidad que es necesaria desde el nacimiento del animal hasta el producto que llega a una góndola. Corea y Japón, por ejemplo, hoy la exigen desde el campo hasta la góndola. Un lector de un producto en cualquier góndola de estos dos países permite saber de dónde viene el alimento hasta que llega a esa góndola. El mundo se dirige hacia eso, o sea que se van poniendo barreras técnicas en el camino. Como bien decía el señor Senador Long, dichas barreras aumentan.

En oportunidad de hacer nuestra exposición, mencionamos algunas barreras que pone la Comunidad Económica Europea y lo que se está haciendo en el mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda.

En el tema de las caravanas también hay barreras técnicas, y me gustaría mencionarlas. En relación con las que se van a usar acá, el señor Senador Gallinal mencionaba la doble caravana que es una visual más un botón RFID -Radio Frequency Identification- , que es el sistema que se va a usar en el Uruguay. El mismo tiene que estar habilitado por las normas que cumple ISO 11.784. Allí tenemos una barrera técnica. Pero a esto hay que agregar que los fabricantes están obligados a operar dentro de un sistema registrado en el International Committee for Animal Recording, ICAR. Uruguay, además, para mayor seguridad, exigirá a esos equipos técnicos que se instalen a trabajar en el país -lo que no es excluyente de lo otro- que estén referidos e identificados con pruebas técnicas del JRC de Italia. Estas son barreras técnicas que también vienen por debajo de las caravanas y por eso queríamos mencionar estos aspectos.

A través de este proyecto de ley, Uruguay apunta -y creo que en eso todos estamos de acuerdo y por esa razón la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado aprobó la iniciativa por unanimidad- a poder competir en el mundo, no con volúmenes, sino con valor agregado y con inteligencia en ese valor agregado. Somos conscientes de que el Uruguay en el mundo va a competir con valor agregado y con inteligencia de valor agregado pero no con volúmenes. Tenemos el ejemplo de Brasil, puesto que en el Estado de Mato Grosso, que tiene 28 millones de cabezas vacunas -aclaro que hoy padece el problema de la aftosa-, producir un kilo de novillo cuesta 8 ó 10 centavos de dólar, mientras que a nosotros nos está costando 35 centavos de dólar. Por lo tanto, es imposible competir con esas condiciones a volúmenes, pero sí es posible hacerlo con inteligencia y valor agregado a nuestros productos.

Este es el futuro que se nos viene y nosotros, como país inserto en el mundo, tenemos grandes oportunidades, dado que las naciones chicas son las que hoy tienen más rentabilidad per cápita. Por lo tanto, Uruguay está en el camino de la tecnología y de la inteligencia.

SEÑOR LONG.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SARAVIA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: para complicar más lo dicho por el Senador Saravia, agregaría que ante todos esos requerimientos a nivel internacional, no se trata sólo de que la autoridad de nuestro país diga "los cumplo", sino que debe hacerlo un organismo reconocido internacionalmente, luego de pasar por todo un vía crucis para obtener ese reconocimiento. Quiere decir que simplemente el hecho de cumplir con esos requerimientos tiene que ser avalado por un organismo debidamente certificado, teniendo en cuenta que esto es una especie de pirámide en la que sólo algunos países tienen ese tipo de organizaciones. Realmente este procedimiento no es sencillo y todo indica que los requerimientos serán cada vez mayores.

Podríamos seguir poniendo ejemplos de este tipo, pero es importante decir que esto no es fácil. Antes bastaba que simplemente un organismo de un país, cuya autoridad fuera dada por el Parlamento o por alguna ley, pudiera hacer los informes. Ahora eso no es suficiente y quien lo haga tiene que ser alguien acreditado internacionalmente; perfectamente puede ser un organismo uruguayo, pero, repito, debe estar acreditado internacionalmente. Se trata, entonces, de un tema complejo y apasionante.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el Miembro Informante, señor Senador Saravia.

SEÑOR SARAVIA.- El mundo va en el sentido que indicaban los señores Senadores y creo que el Uruguay está haciendo una apuesta fuerte con este proyecto de ley que apunta a políticas de Estado en la comercialización, con la expectativa de que el mundo se abra para nuestro país.

No sé si hay otro señor Senador anotado, pero quería proponer que luego de que se vote en general el proyecto de ley y en razón de que algunos señores Senadores habían planteado modificaciones en determinadas frases -entre ellos, los señores Senadores Lapaz y Breccia-, se desglose artículo por artículo para hacer las correcciones correspondientes.

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más oradores, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se suprima la lectura de todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- He releído el proyecto de ley a consideración del Cuerpo, en el que alguna intervención lateral me cupo por haber integrado en forma circunstancial la Comisión, y me surgió una inquietud con respecto a la redacción del artículo 1º, por cuanto en el mismo se declara de interés nacional el Sistema de Identificación y Registro Animal, donde se establece: "Registro que se crea por la presente ley". Por razones de técnica legislativa, me permití redactar de otra manera el inciso primero, estableciendo claramente la creación de dicho Registro de Identificación Animal. Por lo tanto, voy a hacer llegar a la Mesa la modificación propuesta a los efectos de que sea leída.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase por Secretaría la modificación propuesta por el señor Senador Breccia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Don Santiago González Barboni).-

"Declárase de interés nacional el Sistema de Identificación y Registro Animal para construir la trazabilidad de los productos de origen animal en el territorio nacional que se establece en la presente ley.

A tales efectos, créase el Registro de Identificación Animal con las finalidades, cometidos y alcances que se determinan, cuya administración se comete al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Se entiende por trazabilidad individual de ganado bovino"…

SEÑOR PRESIDENTE.- Correspondería votar el artículo 1º que viene de la Comisión en forma negativa, por lo que consulto a los señores Senadores en ese sentido.

SEÑOR BRECCIA.- Aclaro al Cuerpo que he realizado las consultas pertinentes también a los miembros de la oposición y hay acuerdo en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, de acuerdo a lo que indica el procedimiento, se va a votar el artículo 1º tal cual viene de la Comisión.

(Se vota:)

- 0 en 24. Negativa.

SEÑOR LAPAZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: más allá del agregado que realiza el señor Senador Breccia al artículo 1º, cambiaría algunas palabras del texto para no reiterarlas. El artículo 1º dice: "Declárase de interés nacional, el Sistema de Identificación y Registro Animal para construir la trazabilidad de los productos de origen animal en el territorio nacional, Registro que se crea por la presente ley y cuya administración se comete al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca". Propongo que en lugar de la palabra "Registro", se establezca "padrón".

Por su parte, propongo que en el inciso segundo, donde también hay alguna modificación propuesta por el señor Senador Breccia, y en el tercero, se diga: "A dichos efectos, se entiende por trazabilidad individual del ganado bovino, el proceso por el cual, mediante la aplicación de dispositivos de identificación con código nacional, es posible el ingreso de un animal a la base oficial de datos y registro de movimientos, cambios de propiedad y demás programas productivos y sanitarios relevantes en la vida del mismo, para obtener un informe de toda su historia, desde el nacimiento hasta su muerte.

Se considerará ‘trazado’, aquel animal debidamente reconocido y cuyos movimientos, cambios de propiedad, transacciones y todos aquellos eventos que la autoridad competente determine relevantes, hayan sido debidamente inscriptos sin interrupciones o inconsistencias desde el momento de su ingreso al Registro en las condiciones establecidas en los subsiguientes artículos 4º y 5º".

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia desea emitir una opinión.

Esta es una de las leyes más importantes que va a aprobar el Parlamento y está vinculada a todos los argumentos que aquí se han dicho. Por tanto, legislar en Sala de esta manera es altamente peligroso. En consecuencia, la Mesa propone postergar el tratamiento de esta iniciativa para el día de mañana, que la Comisión se reúna nuevamente y que acuerde una redacción, como habitualmente sucede.

(Apoyados)

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: precisamente, en los términos en que la Presidencia acaba de expresarse, pero con un poco menos de euforia, le trasmití esos conceptos al señor Senador Breccia.

Creo que deberíamos aprobar el proyecto tal como viene de Comisión porque ya fue revisado en más de una oportunidad. Si se encuentran algunos defectos de redacción de tal magnitud que ameriten un cambio sustantivo, me parecen bienvenidos. Comparto que no debemos legislar en Sala tratándose además de un proyecto que no solamente fue repasado en Comisión en más de una oportunidad, sino que además fue chequeado con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el que intercambiamos redacciones. Al final, el Poder Ejecutivo y la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado -para no involucrar a todo el Poder Legislativo- terminaron coincidiendo, concordando y acordando la redacción que traemos a Sala.

En consecuencia, salvo algún cambio que se pueda realizar -tengo uno que agregar, porque en el inciso quinto del artículo 11, el término "ambos" no corresponde-, comparto lo que propone el señor Presidente, pero iría más allá y lo aprobaría hoy en el Senado porque estamos en condiciones de hacerlo.

(Apoyados)

SEÑOR BRECCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BRECCIA.- Señor Presidente: de acuerdo con las consideraciones del señor Senador Gallinal y en tanto mi moción solamente quería contribuir a una mejor técnica legislativa, voy a solicitar que se retire la moción que he formulado.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se rectifique la votación del artículo 1º.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se rectifica la votación.

(Se vota:)

- 22 en 24. Afirmativa.

Se va a votar el artículo 1º con la redacción propuesta por la Comisión.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 8º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 9º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 10º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 11.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: este artículo, en su inciso quinto, dice: "En caso de pérdida de ambos identificadores oficiales"…, haciendo referencia al doble caravaneo pero sin aludir a ninguna otra parte del proyecto, en virtud de lo cual considero que el término "ambos" no corresponde. Asimismo, entiendo que tampoco corresponde utilizar la expresión "identificadores oficiales", porque en realidad de lo que se va a tratar es de los dispositivos de identificación en las condiciones que determine el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con la reglamentación correspondiente. Por tal razón, el artículo debería decir: "En caso de pérdida de los dispositivos de identificación, el animal perderá su condición de trazado".

En el inciso final se empieza diciendo "A estos efectos" y termina la oración expresando "a tales efectos", pero creo que la frase final debería modificarse para no ser reiterativa y en su lugar poner "de acuerdo a las condiciones y requisito que correspondan". En definitiva, se trata de eliminar la expresión "a tales efectos", porque las condiciones y requisitos que están definidos en el proyecto los va a establecer la autoridad competente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el artículo 11 con las modificaciones propuestas por el señor Senador Gallinal.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 12.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 13.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 14.

SEÑOR LAPAZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: quiero reiterar que seguimos cometiendo el mismo error cada vez que la palabra "inciso" aparece en la redacción. En realidad, la palabra correcta sería párrafo, que no significa lo mismo que inciso. Cuando el proyecto de ley hace referencia al inciso anterior, en realidad se está refiriendo al párrafo anterior.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿El señor Senador se refiere al artículo 14?

SEÑOR LAPAZ.- Exactamente, señor Presidente, ya que en el tercer párrafo se hace referencia al inciso anterior cuando lo correcto sería aludir al párrafo anterior. Lo mismo sucede en el caso de los artículos anteriores, pero si fue esa la intención del Senado no voy a hacer objeción al respecto, aunque me parece que la redacción de este proyecto es muy pobre debido a la cantidad de reiteraciones de palabras.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: obviamente, en caso de existir un error de esa naturaleza creo que corresponde modificarlo y puede ser que tenga razón el señor Senador Lapaz. Sin embargo, en este caso concreto no es así, porque cuando se hace referencia a las personas mencionadas en el inciso anterior, precisamente, se alude a que en el inciso anterior a ese se establece quiénes pueden anotarse en el registro que a tales efectos va a llevar el Ministerio. En este caso concreto el término inciso está bien utilizado, lo cual no quiere decir que en el caso de los anteriores artículos se haya incurrido en ese error por no prestarle la atención suficiente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el artículo 14.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 15.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 16.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: quisiera llamar la atención sobre un error en este artículo, ya que se dice: "hasta el 31º de marzo", cuando debería decir "hasta el 31 de marzo".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, con la eliminación del "º".

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 17.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: en este artículo 17, para mayor claridad, propongo que se diga: "será de aplicación lo dispuesto por los artículos: a) 144 de la Ley Nº 13.835, de 7 de enero de 1970 en la redacción dada por el artículo 262 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y b) 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996".

En definitiva, se trata de separar el artículo a) del artículo b), porque me parece que eso mejora la redacción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 17 con las modificaciones propuestas por el señor Senador Lapaz.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO 1º.- Declárase de interés nacional, el Sistema de Identificación y Registro Animal para construir la trazabilidad de los productos de origen animal en el territorio nacional, Registro que se crea por la presente ley y cuya administración se comete al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

A dichos efectos, se entiende por trazabilidad individual del ganado bovino, el proceso por el cual, mediante la aplicación de dispositivos de identificación individual con código nacional, el ingreso de un animal a la base de datos oficial y registro de movimientos, cambios de propiedad y demás eventos productivos y sanitarios relevantes en la vida del mismo, es posible obtener un informe de toda su historia, desde el nacimiento hasta su muerte.

Se considerará ‘trazado’, aquel animal debidamente identificado y cuyos movimientos, cambios de propiedad, transacciones y todos aquellos eventos que la autoridad competente determine relevantes, hayan sido debidamente registrados sin interrupciones o inconsistencias desde el momento de su ingreso al Registro en las condiciones establecidas en los artículos 4º y 5º de la presente ley.

ARTICULO 2º.- Cométese al Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la reglamentación del sistema de identificación individual y registro informático para la trazabilidad del ganado bovino, conforme a lo establecido por la presente ley.

Facúltase al Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a la implantación de la trazabilidad de otras especies animales, cuando las condiciones sanitarias o comerciales lo requieran.

ARTICULO 3º.- El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos será la autoridad competente para la operación, ejecución, administración y control del Sistema de Información y Registro Animal que supone la trazabilidad individual.

ARTICULO 4º.- Primera etapa. Establécese con carácter obligatorio a partir del 1º de setiembre de 2006, la identificación individual e ingreso al Registro Animal, de todos los bovinos nacidos dentro del territorio nacional, desde su nacimiento y con anterioridad a los seis meses de vida.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, todo bovino menor de seis meses debe ser identificado e ingresado en el Registro Animal, previo al primer movimiento del predio de nacimiento.

El Poder Ejecutivo cuando las condiciones comerciales o sanitarias lo requieran, podrá modificar la fecha establecida en el inciso 1º de este artículo. Asimismo, podrá disminuir el período de seis meses de vida a que hace alusión la parte final del primer inciso del presente artículo.

ARTICULO 5º.- Los bovinos que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren identificados y registrados en el sistema de trazabilidad de carácter voluntario llevado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, podrán ingresar al sistema que se crea, siempre que se demuestre su trazabilidad por medios de prueba fehacientes.

ARTICULO 6º.- Los animales importados deberán ser identificados e ingresados al Registro Animal en su calidad de tales, en las condiciones, requisitos y oportunidades que establezca la reglamentación.

ARTICULO 7º.- El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, instrumentará los mecanismos pertinentes para el control del cumplimiento de las condiciones de identificación e ingreso de bovinos al Registro Animal.

Si se comprobare la identificación o ingreso al Registro Animal de animales no nacidos dentro del territorio nacional, sin la documentación zoosanitaria de importación, la autoridad competente dispondrá el comiso y sacrificio inmediato de los mismos en plantas de faena no habilitadas para exportación y con control de la Inspección Veterinaria Oficial. En este caso, no generará derecho a indemnización por parte del Estado. Ello sin perjuicio de las sanciones administrativas y acciones penales que pudieren corresponder.

ARTICULO 8º.- Aquellos animales que no se encuentren en las condiciones previstas en el artículo 4º de la presente ley y que no hayan sido identificados con anterioridad a la fecha de comienzo de la primera etapa dispuesta por la presente ley o por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en su caso o, que habiendo sido identificados, no puedan demostrar su trazabilidad de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º de la presente ley, no podrán adquirir la condición de trazados.

ARTICULO 9º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los animales de todas las categorías que se encuentren por cualquier circunstancia, identificados y registrados en el sistema de trazabilidad de carácter voluntario llevado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, no podrán egresar de dicho sistema. Sus propietarios o tenedores, deberán cumplir con todas las obligaciones impuestas por la presente ley y las reglamentaciones que se dicten.

ARTICULO 10.- El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a través de la autoridad competente, determinará todos los eventos, ya se trate de movimientos, ventas, transacciones con o sin cambio de propiedad, de animales identificados y registrados, que los administrados deban obligatoriamente comunicar al Registro Animal, en la forma y condiciones que establezca la reglamentación respectiva.

A partir de la entrada en vigencia del Sistema de Información y Registro Animal que se crea, queda prohibido todo movimiento, venta o transacción de cualquier naturaleza, con o sin cambio de propiedad, de los animales bovinos especificados en los artículos 4º y 5º de la presente ley, que no hayan sido debidamente identificados e ingresados al mismo.

El incumplimiento de la obligación impuesta en el inciso precedente, determinará para el obligado, la aplica-ción de las sanciones establecidas en el artículo 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996. Asimismo, la autoridad competente podrá disponer el comiso definitivo y sacrificio inmediato de los animales en infracción, en frigoríficos no habilitados para la exportación, cuando la gravedad de la misma lo amerite.

ARTICULO 11.- Los animales trazados, no podrán egresar del Registro Animal, durante toda su vida.

Es responsabilidad del propietario o tenedor, comunicar a la autoridad competente la pérdida, sustracción, mal funcionamiento o deterioro de los dispositivos de identificación individual, en el tiempo y la forma que establezca la reglamentación.

La autoridad competente determinará técnicamente, los casos en que los animales explicitados precedentemente, puedan conservar la condición de trazados.

El propietario o tenedor que incumpliera la obligación de comunicar de acuerdo a lo establecido en el presente artículo, será pasible de las sanciones correspondientes.

En caso de pérdida de los dispositivos de identificación, el animal perderá su condición de trazado.

A estos efectos, la autoridad competente autorizará los dispositivos de identificación individual, de acuerdo a las condiciones y requisitos que correspondan. Los mismos serán únicos, irrepetibles e inviolables y no podrán ser reutilizados en otro animal.

ARTICULO 12.- Autorízase a los funcionarios competentes de la Dirección General de Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca debidamente identificados, a ingresar a los establecimientos a efectos de fiscalizar el cumplimiento de la presente ley.

ARTICULO 13.- La trazabilidad individual dispuesta por la presente ley, no obsta al cumplimiento de las normas relativas al sistema de marcas y señales y guías de propiedad y tránsito de animales, correspondientes al sistema de identificación grupal vigente. Las sanciones por incumplimiento de las normas citadas, serán acumulativas a las correspondientes por las infracciones a lo dispuesto por la presente ley y reglamentaciones que se dicten.

ARTICULO 14.- El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá proceder a la compra, venta y distribución de insumos y equipamientos necesarios para la operación del Sistema de Información y Registro Animal, de acuerdo a las normas de Contabilidad y Administración Financiera.

Asimismo el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca quedará facultado a crear un Registro de personas físicas, sociedades o asociaciones con o sin personería jurídica, de naturaleza pública, privada o mixta, dedicadas a la operación, fabricación, distribución y venta de insumos y equipamientos que se requieran para la operación, funcionamiento y mantenimiento del sistema que se crea, de acuerdo a los requisitos y condiciones establecidos por la autoridad competente.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca dispondrá la suspensión preventiva o eliminación del Registro, en caso de pérdida superviniente o incumplimiento de los requisitos o las condiciones exigidas para el mantenimiento en el Registro, de las personas referidas en el inciso anterior, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 15.- Segunda etapa. A partir del 1º de abril del año 2010, todos los animales nacidos y criados dentro del territorio uruguayo, deben encontrarse dentro del Sistema de Información y Registro Animal, considerándose trazados a todos los efectos.

Los animales que a la fecha establecida en el inciso anterior no se encuentren identificados e ingresados al sistema en las oportunidades determinadas por la presente ley, o que pierdan su condición de trazados por cualquier motivo, tendrán como único destino la faena inmediata en plantas no habilitadas para exportación y con control de la Inspección Veterinaria Oficial, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder. El producido de la misma, únicamente podrá ser comercializado en el mercado interno.

ARTICULO 16.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas dispondrá los mecanismos de financiación pertinentes, para hacerse cargo de los siguientes gastos:

a) gestión, operación y administración de la base de datos;

b) control de calidad del sistema, procedimiento de captura de información, transmisión e instalaciones técnicas de los equipos;

c) adquisición de dispositivos de identificación, capacitación y entrenamiento, que se requieran para la implantación o puesta en funcionamiento del Sistema de Información y Registro Animal en su primera etapa.

La inversión en infraestructura relativa a lectores y los equipos informáticos necesarios para los particulares con el propósito de conectarse a la red informática para lectura y transmisión de datos, serán de cargo de los mismos.

El financiamiento del sistema que se dispone por este artículo regirá a partir de la vigencia de la presente ley, hasta el 31 de marzo de 2010.

ARTICULO 17.- En caso de infracciones a las disposiciones contenidas en la presente ley, no sancionadas especialmente, será de aplicación lo dispuesto por los artículos:

a) 144 de la Ley Nº 13.835, de 7 de enero de 1970 en la redacción dada por el artículo 262 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, y

b) 285 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996."

15) ADMISION TEMPORARIA, TOMA DE STOCK Y REGIMEN DEVOLUTIVO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el punto que figura en segundo lugar del orden del día: "Proyecto de ley por el que se crean disposiciones que definen los mecanismos de la admisión temporaria, toma de stock y régimen devolutivo. (Carp. Nº 404/06 - Rep. Nº 223/06)."

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 404/05

Rep. Nº 223/06

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Industria, Energía,

Comercio, Turismo y Servicios

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1º.- Los titulares de actividades industriales podrán hacer uso de los mecanismos de "importación en admisión temporaria", de "toma de stock" y de "régimen devolutivo" (drawback), según se definen en los incisos siguientes:

Se entiende por "admisión temporaria" la introducción a plaza, exenta de tributos, de mercaderías extranjeras procedentes del exterior del territorio aduanero nacional con un fin determinado, ajeno al consumo, para ser reexpedidas, dentro del plazo que fije la reglamentación, sea en el estado en que fueron introducidas o después de haber sido objeto de una transformación, elaboración, reparación o agregación de valor determinadas, con significante ocupación de mano de obra.

Se entiende por "toma de stock" la posibilidad de reponer bienes importados en régimen general por la importación de similares, libres de tributos y gravámenes, cuando los mismos se hayan utilizado como insumo para elaboración, transformación, reparación o agregación de valor en el país de productos exportados.

Se entiende por "régimen devolutivo" (o drawback), la posibilidad de reclamar la restitución de tributos y gravámenes abonados por la importación, en régimen general, de bienes que se utilizaron en el país en la elaboración, transformación, reparación o agregación de valor, de productos destinados a la exportación.

Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo reglamentará los regímenes de promoción referidos en el artículo anterior. A tales efectos definirá su universo de aplicación, los procedimientos a seguir, los plazos y requisitos necesarios para su implementación, así como para autorizar la importación definitiva de los bienes introducidos en admisión temporaria y fijará la fecha en la que se consideren realizadas las operaciones a los efectos de la liquidación y cobro de los tributos de importación, anticipos, actualizaciones, recargos y multas que correspondan.

El plazo de la operación en régimen de promoción será de 18 (dieciocho) meses perentorios. El Poder Ejecutivo podrá resolver en casos excepcionales y debidamente justificados y acreditados, prorrogar el mismo por un nuevo plazo perentorio e improrrogable de hasta 18 (dieciocho) meses.

Las multas y recargos se regirán por lo dispuesto en el artículo 94 del Código Tributario.

Artículo 3º.- Cométese al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con la intervención técnica y administrativa del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), prevista en la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, el contralor del uso de los mecanismos de promoción industrial de que trata el artículo 1º, sin perjuicio de la competencia que les atribuye la normativa vigente a la Dirección Nacional de Aduanas y a la Dirección General Impositiva.

La constatación de irregularidades que puedan implicar pérdida de renta fiscal determinará la inmediata comunicación al Ministerio de Economía y Finanzas, por parte de dicha Secretaría de Estado.

Artículo 4º.- Las empresas que comercialicen en el mercado interno los bienes importados al amparo del régimen de admisión temporaria sin la previa importación definitiva autorizada por el Poder Ejecutivo, incurrirán en la infracción prevista en el artículo 6º del Decreto-Ley Nº 14.629, de 5 de enero de 1977.

Dichas empresas serán sancionadas con una multa de hasta el 100% (cien por ciento) del valor CIF de la mercadería en infracción que será percibida por el Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a Rentas Generales, sin perjuicio del pago de los tributos de importación, anticipos, actualizaciones, multas y recargos que correspondan.

El monto de la multa que aplicará el Ministerio de Industria, Energía y Minería se fijará atendiendo a las escalas que determine la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, tomando en cuenta los antecedentes del administrado.

Lo dispuesto en el inciso segundo será aplicable, asimismo, a las empresas con faltantes de stock, salvo caso fortuito o fuerza mayor y siempre que el riesgo se encuentre cubierto por el seguro, y se hubiera denunciado el siniestro a los organismos competentes.

La Dirección Nacional de Aduanas, dentro del plazo de diez días de constatadas las situaciones a que se refiere este artículo, efectuará la denuncia ante la justicia competente a los efectos que pudieren corresponder.

Las situaciones previstas en los incisos primero y cuarto del presente artículo, verificados por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, determinarán la inmediata suspensión preventiva del régimen de admisión temporaria, drawback y toma de stock.

Cuando sucediere lo expresado anteriormente se comunicará en forma inmediata al Ministerio de Industria, Energía y Minería y a la Dirección Nacional de Aduanas.

El Poder Ejecutivo podrá establecer otras causales de suspensión preventiva, de acuerdo con el sistema de administración del régimen que se establezca.

Artículo 5º.- El Ministerio de Industria, Energía y Minería, previo informe del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, podrá autorizar la transferencia total o parcial de los bienes ingresados en admisión temporaria, entre empresas autorizadas a operar en dicho régimen.

La operación cuya mercadería es objeto de transferencia total o parcial, conservará la fecha original del vencimiento.

La transferencia de la admisión temporaria, total o parcial, conlleva simultáneamente la transferencia de la titularidad en el trámite y de la responsabilidad en relación al mecanismo en uso.

Artículo 6º.- Las responsabilidades por las operaciones de admisión temporaria recaerá en la empresa titular de la misma y solidariamente en los exportadores y demás intermediarios, por las cantidades que el titular acredite haberle entregado en la forma que establezca la reglamentación.

Artículo 7º.- Los titulares y directores de las empresas serán personal y solidariamente responsables de todas las obligaciones establecidas en la presente ley.

Artículo 8º.- El régimen de admisión temporaria previsto en esta ley es también aplicable a las máquinas y equipos de cualquier origen que ingresen transitoriamente al país para su reparación, mantenimiento o actualización.

Artículo 9º.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Artículo 10.- Comuníquese, etc.

Sala de la Comisión, a 10 de mayo de 2006.

Ruperto E. Long, Isaac Alfie, Alberto Breccia, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Rafael Michelini. Senadores.

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Montevideo, 24 de noviembre de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo adjuntado el Proyecto de Ley referente régimen de admisión temporaria y toma de stock regido por el Decreto Nº 380/004, de 22 de octubre de 2004.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Actualmente, el régimen de admisión temporaria y toma de stock se encuentra regido por el Decreto Nº 380/004, de 22 de octubre de 2004, conteniendo algunas disposiciones que regulan aspectos de reserva legal.

En consecuencia, a efectos de contemplar esos aspectos y por razones de buena administración, correspondería incorporar tales disposiciones en una norma de rango legal.

A) Por el artículo primero del proyecto se recoge y unifica las definiciones de los regímenes de promoción industrial de forma de facilitar la comprensión de sus bondades por parte de eventuales usuarios, así como las diferencias existentes entre los mismos.

B) En el segundo artículo está referido a la fecha en que se consideran realizadas las importaciones definitivas de bienes introducidos en admisión temporaria.

El Decreto Nº 380/004, mencionado, prevé tres hipótesis que regula con criterios diferentes, según la importación definitiva se efectúe: a) dentro de los primeros doce meses del plazo de cumplimiento total de la operación de admisión temporaria, b) dentro de los últimos seis meses de dicho plazo, c) con posterioridad al vencimiento de este último. En alguno de dichos casos el criterio adoptado por la mencionada norma no se ajusta a disposiciones legales vigentes (artículo 17 del Decreto-Ley Nº 14.629).

A los efectos de subsanar dicha situación se ha proyectado una disposición legal que faculta al Poder Ejecutivo a autorizar la importación definitiva de los bienes introducidos en admisión temporaria, así como a fijar la fecha en que se considera realizada dicha importación, a los efectos de la liquidación de los tributos de importación, anticipos, actualizaciones, multas y recargos.

C) Por el tercer artículo se comete al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con la intervención del LATU el contralor del uso de dichos regímenes, debiendo comunicar las infracciones cometidas por los usuarios a la Dirección Nacional de Aduanas y Dirección General Impositiva, todo esto sin perjuicio de las facultades de fiscalización que a estas Direcciones se les compete por la normativa vigente.

D) Por el artículo 4º se establece los casos en los que corresponderá la multa por infracción aplicable a las empresas que comercialicen en el mercado interno bienes importados en admisión temporaria sin la previa nacionalización.

En virtud de que las multas requieren norma legal, se ha redactado una disposición previendo la aplicación de una multa de hasta 100% del valor CIF de la mercadería en infracción que será percibida por el Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a Rentas Generales.

El monto de la multa, se fijará atendiendo a las escalas que determine la reglamentación, tomando en cuenta los antecedentes del administrado.

Sin perjuicio de la misma, corresponde el pago de los tributos de importación, anticipos, actualizaciones, multas y recargos que sean aplicables de acuerdo a las normas legales vigentes por parte de las empresas que incurran en la conducta a que alude el párrafo anterior. Dicha disposición recoge en lo sustancial, el artículo 11 del Decreto Nº 380/004.

E) Asimismo, en el artículo 5º se incorpora la posibilidad, previo informe del LATU, de autorizar por parte del MIEM entre empresas autorizadas a operar en el régimen de admisión temporaria, la transferencia total o parcial de los bienes ingresados.

F) Por el artículo 6º y 7º se regula el tema de responsabilidad de los exportadores, intermediarios y directores e integrantes de sociedades que no se encuentra incluido en el Decreto Nº 380/004. Dicha responsabilidad solidaria recae sobre los operadores y responsables que operan en la cadena del sistema de admisión temporaria, con los límites indicados en el artículo 5º proyectado.

G) Por último por el artículo 8º se prevé la posibilidad del ingreso transitorio al país, libres de tributos, de máquinas y equipos de fabricación nacional a los efectos de ser reparados o actualizados; lo que hasta el momento no estaba previsto expresamente por ley.

Saluda al Sr. Presidente con la mayor consideración.

Dr. Tabaré Vázquez, Presidente de la República; Danilo Astori, Jorge Lepra.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Los titulares de actividades industriales podrán hacer uso de los mecanismos de "Importación, en Admisión Temporaria", de "Toma de Stock" y de "Régimen Devolutivo" (Drawback), según se definen en los incisos precedentes:

Se entiende por "Admisión Temporaria" la introducción a plaza, exenta de tributos, de mercaderías extranjeras procedentes del exterior del territorio aduanero nacional con un fin determinado, ajeno al consumo, para ser reexpedidas, dentro del plazo que fije la reglamentación, sea en el estado en que fueron introducidas o después de haber sido objeto de una transformación, elaboración, reparación o agregación de valor determinadas, con significante ocupación de mano de obra.

Se entiende por "Toma de Stock" la posibilidad de reponer bienes importados en régimen general, por la importación de similares, libres de tributos y gravámenes, cuando los mismos se hayan utilizado como insumos para elaboración, transformación, reparación o agregación de valor en el país, de productos exportados.

Se entiende por "Régimen Devolutivo" (o Drawback), la posibilidad de reclamar la restitución de tributos y gravámenes abonados por la importación, en régimen general, de bienes que se utilizaron, en el país en la elaboración, transformación, reparación o agregación de valor, de productos destinados a la exportación.

Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo reglamentará los regímenes de promoción referidos en el artículo anterior. A tales efectos definirá su universo de aplicación, los procedimientos a seguir, los plazos y requisitos necesarios para su implementación, así como para autorizar la importación definitiva de los bienes introducidos en admisión temporaria y fijará la fecha en la que se consideren realizadas las operaciones a los efectos de la liquidación y cobro de los tributos de importación, anticipos, actualizaciones, recargos y multas que correspondan.

Las multas y recargos se regirán por lo dispuesto en el artículo 94 del Código Tributario.

Artículo 3º.- Cométese al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con la intervención técnica y administrativa del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), prevista en la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, el contralor del uso de los mecanismos de promoción industrial de que trata el artículo primero, sin perjuicio de la competencia que les atribuye la normativa vigente a la Dirección Nacional de Aduanas y a la Dirección General Impositiva.

La constatación de irregularidades que puedan implicar pérdida de renta fiscal determinará la inmediata comu-nicación a la Dirección Nacional de Aduanas y a la Dirección General Impositiva, por parte de dicha Secretaría de Estado.

Artículo 4º.- Las empresas que comercialicen en el mercado interno los bienes importados al amparo del régimen de admisión temporaria sin la previa importación definitiva autorizada por el Poder Ejecutivo, incurrirán en la infracción prevista en el artículo 6º del Decreto-Ley Nº 14.629, de 5 de enero de 1977.

Dichas empresas serán sancionadas con una multa de hasta el 100% del valor CIF de la mercadería en infracción que será percibida por el Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a Rentas Generales, sin perjuicio del pago de los tributos de importación, anticipos, actualizaciones, multas y recargos que correspondan.

El monto de la multa que aplicará el MIEM, se fijará atendiendo a las escalas que determine la reglamentación, tomando en cuenta los antecedentes del administrado.

Lo dispuesto en el inciso segundo será aplicable, asimismo, a las empresas con faltantes de stock, salvo caso fortuito o fuerza mayor y siempre que el riesgo se encuentre cubierto por el seguro, y se hubiera denunciado el siniestro a los organismos competentes.

La Dirección Nacional de Aduanas, dentro del plazo de diez días de constatadas las situaciones a que se refiere este artículo, efectuará la denuncia ante la Justicia competente a los efectos que pudieren corresponder.

Las situaciones previstas en los incisos 1º y 4º del presente artículo, verificados por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, determinarán la inmediata suspensión preventiva del régimen de admisión temporaria, drawback y toma de stock.

Cuando sucediere lo expresado anteriormente se comunicará en forma inmediata al Ministerio de Industria, Energía y Minería y a la Dirección Nacional de Aduanas.

Artículo 5º.- El Ministerio de Industria, Energía y Minería, previo informe del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, podrá autorizar la transferencia total o parcial de los bienes ingresados en admisión temporaria, entre empresas autorizadas a operar en dicho régimen.

La operación cuya mercadería es objeto de tranferencia total o parcial, conservará la fecha original del vencimiento.

La transferencia de la admisión temporaria, total o parcial, conlleva simultáneamente la transferencia de la titularidad en el trámite y de la responsabilidad en relación al mecanismo en uso.

Artículo 6º.- La responsabilidad por las operaciones de admisión temporaria, recaerá en la empresa titular de la misma y solidariamente en los exportadores y demás intermediarios, por las cantidades que el titular acredite haberle entregado en la forma que establezca la reglamentación.

Artículo 7º.- Los titulares y directores de las empresas serán personal y solidariamente responsables de todas las obligaciones establecidas en la presente ley.

Artículo 8º.- El régimen de admisión temporaria previsto en esta Ley, es también aplicable a las máquinas y equipos de fabricación nacional que ingresan transitoriamente al país para ser reparados o actualizados.

Artículo 9º.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Artículo 10.- Comuníquese, publíquese, etc.

TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori, Jorge Lepra.

DISPOSICIONES CITADAS

DECRETO Nº 380/004, de 22 de octubre de 2004

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Montevideo, 22 de octubre de 2004.

VISTO: el Decreto Nº 420/990, de 11 de setiembre de 1990, que regula los regímenes de admisión temporaria y toma de stock.

RESULTANDO: que de las evaluaciones realizadas surge que dichos regímenes no han resultado eficientes para la adecuada administración de las referidas operaciones aduaneras y el debido control de la evasión fiscal.

CONSIDERANDO: que corresponde, en consecuencia, definir un nuevo marco regulatorio de las importaciones en admisión temporaria y toma de stock, a los efectos de que no se desvirtúe el objetivo de estos instrumentos, consistente en optimizar la competitividad del sector exportador.

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por las Leyes Nº 3.816, de 15 de julio de 1911, y Nº 4.268, de 12 de octubre de 1912.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DECRETA:

CAPITULO I

DE LA ADMISION TEMPORARIA

Artículo 1º.- Las importaciones en admisión temporaria de los bienes indicados en el artículo 2º del presente decreto, con excepción de los contenedores, se cursarán libremente de acuerdo con el régimen general de importación vigente y según las normas que se indican a continuación.

Artículo 2º.- Al amparo del régimen de admisión temporaria, las empresas industriales, por sí o por intermedio de empresas comerciales, podrán introducir al país:

A) Materias primas e insumos intermedios.

B) Partes, piezas, motores y material.

C) Envases y material para empaque.

D) Matrices, moldes y modelos.

E) Otros insumos.

Se entienden comprendidos en el grupo A) aquellos bienes que entran en el proceso de elaboración y sufren una sustancial transformación de estado, quedando incorporados al producto a exportar, en el grupo B) quedan comprendidas todas aquellas partes de un conjunto que se importan para el armado, ajuste y preparación del conjunto, debiendo quedar incorporadas al producto a exportar; en el grupo C) se incluyen los envases y los materiales empleados para su elaboración, que tienen como destino la exportación de mercancías, además de los cilindros de acero que se introduzcan al país conteniendo gases a presión; el grupo E) comprende los productos que se consumen en el proceso productivo sin incorporarse al producto terminado, pero que intervienen directamente en la elaboración y en contacto con el producto a exportar; se consideran incluidos los envases y materiales para empaque destinados al acondicionamiento de productos intermedios para exportación indirecta, que se comercialicen internamente con ese único y expreso fin.

Artículo 3º.- Las empresas industriales interesadas presentarán las solicitudes de importación de bienes en admisión temporaria ante el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, a los efectos de posibilitar el control de su posterior y oportuno egreso del país, debiendo cumplir con los requisitos y formalidades que dicho organismo establecerá a través de la reglamentación pertinente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967.

Una vez que el Laboratorio Tecnológico del Uruguay haya verificado el cumplimiento de los requisitos y formalidades a que se refiere el párrafo anterior, y los que correspondan de conformidad a lo previsto en el presente decreto, emitirá la autorización de admisión temporaria, que comunicará de inmediato a la Dirección Nacional de Aduanas y a la empresa solicitante.

Cuando el Laboratorio Tecnológico del Uruguay lo estime necesario, para otorgar la autorización establecida en el presente artículo, podrá requerir los antecedentes de exportación y de los stocks disponibles u otra información que considere pertinente.

La Dirección Nacional de Aduanas no dará curso a las solicitudes de importación en admisión temporaria sin la previa intervención del Laboratorio Tecnológico del Uruguay.

Artículo 4º.- Fíjase un plazo improrrogable de dieciocho meses para el cumplimiento total de cada operación de admisión temporaria. Este plazo se contará a partir de la fecha de su autorización.

Artículo 5º.- Las operaciones de importación en admisión temporaria podrán ser cumplidas mediante su descarga en la exportación del producto final, su importación definitiva en el plazo y las condiciones establecidas en los ar-tículos 6º o 7º de este Decreto a la reexportación del insumo en el mismo estado en que fue importado en admisión temporaria, en el plazo y las condiciones previstas en los artículos 7º y 8º.

A efectos de lo referido en el inciso anterior, las empresas deberán presentar ante el Laboratorio Tecnológico del Uruguay un detalle del cumplimiento de las admisiones temporarias, quien producirá un informe técnico preceptivo de cada operación de acuerdo a lo estipulado en el artículo 164 literal d) de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, que comunicará a la Dirección Nacional de Aduanas a los efectos correspondientes.

Artículo 6º.- Los bienes introducidos en admisión temporaria podrán ser importados en forma definitiva dentro de los primeros doce meses del plazo previsto en el artículo 4º. Dichas importaciones se considerarán realizadas en la fecha de numeración del despacho aduanero de los mencionados bienes introducidos en admisión temporaria, al solo efecto del pago de los tributos de importación y del cálculo de las actualizaciones, multas y recargos que correspondan, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 7º.- Los bienes introducidos en admisión temporaria podrán ser importados en forma definitiva dentro de los últimos seis meses del plazo previsto en el artículo 4º, abonando los tributos de importación, según las normas y el tipo de cambio vigentes al día de la importación definitiva.

Asimismo, en el mismo período, se admitirá la reexportación de los bienes, en el mismo estado en que fueron introducidos en el régimen de admisión temporaria, siempre que tengan como destino terceros países.

Las solicitudes de importación definitiva y las de reexportación a que se refiere este artículo, deberán ser autorizadas por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. A dichos efectos las empresas deberán efectuar la correspondiente solicitud, con fundamentación de motivos, ante el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, quien luego de inspección conjunta con la Dirección Nacional de Aduanas, elevará los antecedentes al Ministerio de Industria, Energía y Minería para su resolución definitiva.

Dichas operaciones serán tramitadas a los efectos de la verificación aduanera por canal rojo.

Las operaciones anteriormente descriptas son de carácter excepcional y la reiteración de las mismas, por parte de una misma empresa, se considerará como una desviación del régimen.

Artículo 8º.- El Ministerio de Industria, Energía y Minería, en casos excepcionales debidamente fundados, podrá autorizar por única vez a las empresas que lo soliciten la reexportación anticipada a terceros mercados, previa inspección conjunta del Laboratorio Tecnológico del Uruguay y la Dirección Nacional de Aduanas.

Dichas operaciones serán tramitadas a los efectos de la verificación aduanera por canal rojo.

Artículo 9º.- Las empresas que habiendo importado bienes en admisión temporaria, no hayan cancelado la misma dentro del plazo de cumplimiento previsto en el artículo 4º, serán objeto de una inspección conjunta de la Dirección Nacional de Aduanas y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay.

Artículo 10.- Las empresas que se encuentren en la situación mencionada en el artículo anterior, deberán abonar los tributos de importación según las normas y el tipo de cambio vigentes al inicio del plazo establecido en el artículo 7º, con las actualizaciones, multas y recargos que correspondan, a calcularse desde la referida fecha y hasta la fecha en que los tributos fueran cancelados.

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay no autorizará nuevas admisiones temporarias hasta tanto las empresas no regularicen el pago de los tributos, recargos y multas establecidos en el inciso anterior.

Artículo 11.- Las empresas que comercialicen en el mercado interno los bienes importados en admisión temporaria, sin el previo cumplimiento de lo previsto en los artículos 5º, 6º o 7º de este Decreto, incurrirán en la infracción prevista en el artículo 6º, del Decreto-Ley Nº 14.629, de 5 de enero de 1977.

Dichas empresas serán sancionadas con una multa equivalente al 100% del valor CIF, que será percibida por el Ministerio de Industria, Energía y Minería y vertida a Rentas Generales, sin perjuicio del pago de los tributos de importación, actualizaciones, multas y recargos que correspondan.

Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable, asimismo, a las empresas con faltantes de stock no comprendidas en las situaciones previstas en el artículo 12 de este Decreto.

La Dirección Nacional de Aduanas dentro del plazo de diez días de constatadas las situaciones a que se refiere este artículo, efectuará la denuncia ante la justicia competente a los efectos que pudieren corresponder.

Las situaciones previstas en los incisos primero y tercero del presente artículo, verificados por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, determinarán la inmediata suspensión preventiva del régimen de admisión temporaria, draw back y toma de stock.

Cuando sucediere lo expresado anteriormente se comunicará en forma inmediata al Ministerio de Industria, Energía y Minería y a la Dirección Nacional de Aduanas.

Artículo 12.- Cuando por hechos fortuitos o razones de fuerza mayor, y siempre que el riesgo se encuentre cubierto por el seguro, se produjera un faltante de stock, la empresa lo comunicará de inmediato a los organismos competentes, con las formalidades requeridas.

En ningún caso el volumen físico a reducir del saldo pendiente de cancelación podrá ser mayor a la cantidad siniestrada que determine la compañía aseguradora.

Artículo 13.- Ninguna empresa podrá importar bajo los regímenes de admisión, temporaria, toma de stock y draw back sin haber cancelado las operaciones según lo previsto en el artículo 5º, o abonado la totalidad de los tributos, multas y recargos resultante de lo establecido en el artícu-lo 11.

Artículo 14.- Las empresas industriales que operen en admisión temporaria a cualquier título (importador o exportador directo o indirecto) llevarán libros foliados -cer-tificados previamente por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay y la Dirección Nacional de Aduanas, y en las condiciones y formalidades que éstos determinen actuando conjuntamente- donde se asentarán todos los movimientos (importación y exportación directa o indirecta), y serán mantenidos al día por las empresas. Asimismo, se registrarán los movimientos de volumen y destino de los productos obtenidos.

Cuando el libro a que hace referencia el párrafo anterior no se encuentre al día con los movimientos de importación y exportación, o presente cualquier otro tipo de irregularidad, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay no intervendrá las solicitudes de importación en admisión temporaria, y la Dirección Nacional de Aduanas no autorizará el despacho aduanero, hasta que el registro sea debidamente regularizado.

Artículo 15.- Las empresas industriales que operen en el régimen de admisión temporaria deberán presentar al Laboratorio Tecnológico del Uruguay, con la periodicidad que el mismo establezca, un informe sobre los medios de producción de que disponen para la elaboración de los artículos a exportar, los cuales serán verificados por dicho organismo.

Artículo 16.- El Laboratorio Tecnológico del Uruguay realizará inspecciones periódicas de los stocks de bienes importados en admisión temporaria y de los rendimientos de sus consumos.

Las firmas industriales importadoras deberán dar las máximas facilidades para que esas inspecciones se realicen en forma inmediata. La falta de colaboración, o cualquier otra forma de obstaculización, de tales tareas por parte de las empresas, determinará el no otorgamiento de nuevas autorizaciones por parte del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, sin perjuicio de otras medidas legales o reglamentarias que puedan corresponder.

Artículo 17.- Ninguna empresa que opere en admisión temporaria podrá ceder a cualquier título:

a) los bienes sin industrializar importados en dichos régimen, salvo los casos de los façones industriales que se reglamentan por el artículo 18 y los que el Laboratorio Tecnológico del Uruguay autorice expresamente.

b) los bienes industrializados para exportación indirecta sin la autorización del Laboratorio Tecnológico del Uruguay.

Las infracciones a lo dispuesto en el presente artículo serán consideradas ventas en el mercado interno, resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 de este Decreto.

Artículo 18.- En el caso de los façones industriales que sea necesario realizar fuera de la planta de la firma industrial importadora, éstos deberán presentarse en las solicitudes de importación en admisión temporaria y contar con la autorización del Laboratorio Tecnológico del Uruguay.

Las empresas, una vez obtenida la autorización prevista en el inciso anterior y en los literales a) y b) del artículo 17, efectuarán los movimientos de bienes mediante remitos y asentarán los mismos en los libros de admisión temporaria, debiendo mantener esos documentos a disposición del citado organismo para su contralor.

Artículo 19.- Las empresas que quieran actuar como titulares de admisión temporaria no contando con planta industrial habilitada, podrán hacerlo en la medida que tengan contrato de arrendamiento de servicios con una empresa industrial habilitada por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay. Además, deberán garantizar el eventual pago de tributos suspendidos con la presentación de garantía bancaria, depósito bancario o seguro de caución por el valor de dichos tributos. Las garantías o similares que se presentaren avalando una operación, serán devueltas una vez que se haya verificado el correcto cumplimiento de la misma.

Artículo 20.- Cuando una empresa solicite autorización ante el Laboratorio Tecnológico del Uruguay para operar en el régimen de admisión temporaria y el procesamiento de los bienes a introducir sea realizado en un inmueble o con maquinaria perteneciente a cualquier título a una empresa morosa, se deberá:

a) adjuntar contrato de arriendo, subarriendo o documentos que registre la relación jurídica que vincula las dos empresas.

b) Prueba de la falta de vinculación patrimonial de la empresa arrendadora y sus titulares.

c) Presentación de garantía bancaria, depósito bancario o seguro de caución por el monto de los tributos que gravarían la importación. Las garantías o similares que se presentaren avalando una operación, serán devueltas una vez que se haya verificado el correcto cumplimiento de la misma.

Artículo 21.- A partir de la vigencia del presente Decreto sólo se autorizarán rectificaciones del Documento Unico Aduanero, cuando se haya demostrado en forma documentada error u omisión en las imputaciones y que a la fecha de las exportaciones correspondientes existan saldos pendientes de admisión temporaria susceptibles de ser imputados.

El titular de la admisión temporaria a efectos de que se autorice lo previsto en el inciso anterior, deberá solicitarlo ante el Laboratorio Tecnológico del Uruguay quien expedirá un dictamen técnico en el marco de lo dispuesto por el literal d) del artículo 164 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967.

Dicho dictamen técnico tendrá carácter preceptivo a efectos de la validez de las respectivas rectificaciones y deberá ser comunicado a la Dirección Nacional de Aduanas.

La Dirección Nacional de Aduanas en un plazo no mayor a sesenta días corridos a partir de la recepción del aludido dictamen técnico comunicará la aceptación de las rectificaciones al Laboratorio Tecnológico del Uruguay y a la empresa involucrada, la que registrará la rectificación en el libro correspondiente. Asimismo esta Dirección incorporará, dentro del mismo plazo, las rectificaciones en su Sistema Informático.

Sin perjuicio de lo anterior, las modificaciones técnicas que involucren cambios de modelos previamente autorizados o alteraciones en la relación insumo producto sólo serán autorizadas previo a la exportación y con la fundamentación que corresponda.

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay, al amparo de lo dispuesto por el literal d) del artículo 164 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, avalará y comunicará las Resoluciones que involucren las modificaciones técnicas resultantes en forma inmediata a la Dirección Nacional de Aduanas y a la empresa, la que registrará en el libro la modificación autorizada.

Artículo 22.- La responsabilidad de las operaciones en admisión temporaria recaerá primariamente en la firma industrial importadora y subsidiariamente en los exportadores autorizados por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, por las cantidades que se acredite hayan recibido.

El titular de los bienes importados temporalmente en su factura de entrega de mercaderías al exportador, deberá hacer constar que se trata de productos exclusivamente para la exportación, detallando, para cada producto facturado, la siguiente información:

a) modelo registrado en el LATU.

b) NCM del producto entregado.

c) Para cada uno de los componentes a descargar en las exportaciones, indicar:

i. Número de admisión temporaria.

ii. Fecha de vencimiento.

iii. Item arancelario.

iv. Volumen físico a descargar.

v. Valor a descargar.

Las copias de dichos documentos, firmadas de conformidad por la empresa receptora, determinan su responsabilidad y deberán ser conservadas por el titular de la operación.

CAPITULO II

DE LA TOMA DE STOCK

Artículo 23.- El régimen de "toma de stock" (exportar antes de importar) permite cursar libremente, de acuerdo con el régimen general de importación vigente, los bienes importados con destino a reposición de otros que hayan sido importados en forma definitiva y utilizados en la elaboración de productos exportados.

Cuando se realice la importación de un bien para reposición de stock, el mismo deberá ser de similares características y nivel de calidad que el utilizado para elaborar el producto exportado.

Artículo 24.- Los interesados en usufructuar el procedimiento de "toma de stock" deberán aportar en forma documentada al Laboratorio Tecnológico del Uruguay, previo a la exportación, los elementos que permitan verificar el cumplimiento de las condiciones mencionadas en el artículo anterior.

Artículo 25.- Previo a la importación de los bienes para la reposición de stock, los interesados deberán presentar al Laboratorio Tecnológico del Uruguay y a la Dirección Nacional de Aduanas, el/los DUA de importación definitiva, el/los DUA de exportación y el/los permisos aduaneros de importación numerado sin desaduanar, como elementos probatorios para respaldar el procedimiento de toma de stock.

Una vez que el Laboratorio Tecnológico del Uruguay haya verificado que la documentación referida en el párrafo anterior cumple con lo dispuesto por los artículos 23 y 24 de este decreto, emitirá su permiso de toma de stock, que comunicará de inmediato a la Dirección Nacional de Aduanas y a la empresa solicitante. Los permisos de toma de stock serán numerados de forma tal que permita el control de la descarga de la exportación.

Artículo 26.- La importación de los bienes para reposición de stock deberá realizarse dentro de un plazo improrrogable de 18 meses, a contar desde la fecha de numeración del despacho de la importación definitiva.

Artículo 27.- Las empresas que operen con "toma de stock" deberán llevar libros foliados -certificados previamente por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay y la Dirección Nacional de Aduanas, en las condiciones y formalidades que éstos determinen actuando conjuntamente- donde se asentarán todos los movimientos (importación y exportación directa o indirecta), y serán mantenidos al día por las empresas.

Cuando el libro a que hace referencia el párrafo anterior no se encuentre al día con los registros o presente cualquier otro tipo de irregularidad, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay no intervendrá las solicitudes de importación para reposición hasta tanto el registro sea debidamente regularizado.

CAPITULO III

Disposiciones Generales

Artículo 28.- Las comunicaciones entre los organismos encargados del control, del presente régimen, podrán efectuarse por medio electrónico.

Artículo 29.- Exceptúase de los regímenes que se establecen por el presente Decreto a las importaciones, de metales preciosos, piedras preciosas, materias primas para la fabricación de explosivos y cualquier otro elemento cuya importación esté sujeta a reglamentación especial de importación y contralor.

Artículo 30.- El presente Decreto regirá para las solicitudes de admisión temporaria y toma de stock autorizadas a partir de la fecha de su vigencia.

Artículo 31.- Derógase el Decreto Nº 420/990, de 11 de setiembre de 1990, y todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.

Artículo 32. (Disposición Transitoria).- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las solicitudes de admisión temporaria y toma de stock autorizada con anterioridad a la fecha de vigencia de este Decreto continuarán rigiéndose por lo dispuesto en el Decreto Nº 420/990, de 11 de setiembre de 1990, concordantes y complementarios.

Artículo 33.- Comuníquese, publíquese, etc.

CODIGO TRIBUTARIO Decreto-Ley Nº 15.294,

de 23 de junio de 1982

CAPITULO V

Sección Primera

Infracciones y Sanciones

Artículo 94. (Mora).- La mora se configura por la no extinción de la deuda por tributos en el momento y lugar que corresponda, operándose por el solo vencimiento del término establecido.

Será sancionada con una multa sobre el importe del tributo no pagado en término y con un recargo mensual.

La multa será del 5% (cinco por ciento) del tributo no pagado en plazo, cuando el mismo se abonare dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su vencimiento.

La multa será del 20% (veinte por ciento) cuando se pague posteriormente.

Cuando se soliciten facilidades de pago dentro del término establecido para abonar el tributo, la multa será del 10% (diez por ciento). Igual porcentaje se aplicará a las solicitudes de facilidades realizadas en los plazos referidos en el inciso tercero.

El recargo mensual, que se calculará día por día, será fijado por el Poder Ejecutivo y no podrá superar en más de un 10% (diez por ciento) las tasas máximas fijadas por el Banco Central del Uruguay, y en su defecto, las tasas medias del trimestre anterior del mercado de operaciones corrientes de crédito bancario concertadas sin cláusula de reajuste para plazos menores de un año.

Los organismos recaudadores podrán, por acto fundado, en la forma que establezca la reglamentación, aceptar el pago sin multa ni recargos, realizado por aquellos contribuyentes con antecedentes de buen pagador, de por lo menos un año, siempre que lo efectúen dentro del mes de vencimiento de la obligación tributaria.

Fuente: Ley Nº 16.869, de 25 de setiembre de 1997, artículo 1º.

Ley Nº 13.640,

de 26 de diciembre de 1967

CAPITULO VII

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Artículo 164.- El Laboratorio Tecnológico del Uruguay es persona de derecho público no estatal y estará administrado por una Comisión Honoraria integrada en la siguiente forma: un delegado del Ministerio de Industria y Comercio que la presidirá, un delegado del Banco de la República Oriental del Uruguay y un delegado de la Cámara de Industrias.

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay tendrá los siguientes cometidos:

A) Realizar análisis y ensayos con la finalidad de comprobar y certificar la calidad de los productos industrializados en el país que se exporten.

B) Efectuar análisis y ensayos para verificar la naturaleza y características de los productos importados en admisión temporaria y de los artículos con ellos elaborados que se exporten.

C) A los efectos previstos en los incisos A) y B) podrá realizar además las inspecciones que considere necesario a los fines de sus cometidos en las propias plantas industriales.

D) Los contralores correspondientes a las operaciones de admisión temporaria comprenderán todos los aspectos técnicos que comprueben su correcta realización.

E) Realizar análisis y ensayos de productos importados o nacionales que soliciten Organismos públicos o empresas privadas.

F) Controlar la aplicación, uso y destino de las máquinas y plantas industriales que se importen con franquicias.

G) Percibir las tasas por los servicios que presta y administrar sus propios recursos que se le destinan en su totalidad, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes.

H) Realizar investigaciones y estudios con el fin de mejorar las técnicas de elaboración y proceso de las materias primas y desarrollar el uso de materiales y materias primas de origen local o más económicos y el aprovechamiento de subproductos.

Fuente: Ley Nº 13.737, de 8 de enero de 1969, artículo 97; Decreto-Ley Nº 14.416, de 28 de agosto de 1975, artículos 230 y 231.

Artículo 165.- La Comisión Honoraria proyectará anualmente su presupuesto para ser sometido a la aprobación del Ministerio de Industria y Comercio, con las limitaciones que le impongan sus propios recursos, sin poder excederse de los mismos.

La Comisión Honoraria deberá presentar anualmente la Rendición de Cuentas Presupuestal ante el Ministerio de Industria y Comercio, quien se pronunciará previo dictamen del Tribunal de Cuentas.

Artículo 166.- El personal del Laboratorio de Análisis y Ensayos, será contratado exclusivamente con cargo a sus propios recursos por períodos no mayores de un año. Para la ejecución de tareas concretas y limitadas la contratación será por el término de su efectiva realización, expirando su vigencia con la finalización de aquéllas.

Ley Nº 14.629,

de 5 de enero de 1977

Artículo 6º.- No se podrá cambiar el destino de las mercaderías amparadas por exoneraciones totales o parciales concedidas en virtud de la finalidad de su aplicación o naturaleza, sin autorización previa de la autoridad competente y reliquidación y pago del tributo que se crea por esta ley, so pena de incurrir en la infracción prevista por el artículo 13.

Artículo 13.- Las modificaciones de valor en las importaciones o despachos constituirán la infracción aduanera de defraudación siempre que se compruebe el dolo del importador, no siendo aplicable en ese caso lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964.

Se presumirá la defraudación, sin perjuicio de la prueba en contrario, en los siguientes casos:

A) Cuando el precio normal fijado de acuerdo a las normas de valoración de Bruselas por la Dirección Nacional de Aduanas, supere como mínimo en un 100% (cien por ciento) el valor declarado por el importador; o

B) Cuando se omita o se establezcan incorrectamente los datos en los respectivos formularios que, para control de la valoración, imponga la Dirección Nacional de Aduanas.

Si los hechos dieron lugar simultáneamente a más de una infracción aduanera sólo se aplicará la sanción mayor.

Lo dispuesto en este artículo referido a responsabilidad rige exclusivamente para diferencias de valor, no derogando el artículo 284 de la Ley Nº 13.318, de 28 de diciembre de 1964.

Artículo 17.- A los efectos de la liquidación del Impuesto Aduanero Unico a la Importación serán aplicables las normas vigentes a las siguientes fechas:

A) La de numeración y registro del despacho aduanero, o del expediente en su caso, para la importación normal de mercaderías;

B) La de detención o denuncia en los casos de contrabando;

C) La de registro del despacho definitivo en los casos de mercaderías introducidas al país al amparo del régimen de admisión temporaria.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Industria, Energía,

Comercio, Turismo y Servicios

ACTA Nº 21

En Montevideo, el día diez de mayo de dos mil seis, a la hora once y cuarenta y siete minutos, se reúne la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros señores Senadores Isaac Alfie, Alberto Breccia, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Ruperto Long y Rafael Michelini.

Falta con aviso el señor Senador José Andújar.

Son recibidos en audiencia los representantes de la Asociación Laboral Independiente de Obreros de Fábrica Olmos (ALIOFO), señores Carlos Jaramillo (Presidente), Luis Cáceres (Tesorero), Julio Alvarez y Carlos Rosa (Vocales).

Actúan en Secretaría la señora Raquel Suárez Coll, Secretaria de la Comisión, y el señor César González.

ASUNTOS ENTRADOS:

1) Oficio Nº 0323/06 de la Junta Departamental de Paysandú, que acompaña copia de las palabras que el Edil Gustavo Silva pronunció en sesión de ese legislativo departamental de fecha nueve de diciembre del pasado año, relacionadas con el cierre del Gran Hotel Paysandú, propiedad del Banco de Seguros del Estado.

2) Oficio Nº 117/2005-2006 del Congreso Nacional de Ediles, por el que se reitera su solicitud de audiencia para la Comisión de Turismo de ese Congreso (ver Acta Nº 15 de esta Comisión).

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1) Situación de la empresa Metzen y Sena en general y, en particular, la inseguridad en el suministro de gas natural proveniente de la República Argentina para los hornos de la fábrica durante los próximos meses.

Los visitantes dan a conocer la inquietud de los trabajadores al respecto.

2) Carpeta Nº 404/2005. ADMISION TEMPORARIA Y TOMA DE STOCK. Se otorga rango legal a su normativa.

La Comisión pasa a votar el proyecto de ley.

Artículo 1º.- Seis votos en seis señores Senadores presentes. Afirmativa. Unanimidad. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 2º.- Seis en seis. Afirmativa. Unanimidad. Aprobado con modificaciones.

Artículo 3º.- Seis en seis. Afirmativa. Unanimidad. Aprobado con modificaciones.

Artículo 4º.- Seis en seis. Afirmativa. Unanimidad. Aprobado con modificaciones.

Artículo 5º.- Seis en seis. Afirmativa. Unanimidad. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 6º.- Seis en seis. Afirmativa. Unanimidad. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 7º.- Seis en seis. Afirmativa. Unanimidad. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 8º.- Cinco en cinco. Afirmativa. Unanimidad. Aprobado con modificaciones.

Artículo 9º.- Seis en seis. Afirmativa. Unanimidad. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 10.- Seis en seis. Afirmativa. Unanimidad. Aprobado sin modificaciones.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Ruperto Long, quien lo hará en forma verbal.

El proyecto de ley aprobado tiene la redacción que se transcribe:

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO:

Artículo 1º.- Los titulares de actividades industriales podrán hacer uso de los mecanismos de "importación en admisión temporaria", de "toma de stock" y de "régimen devolutivo" (draw back), según se definen en los incisos siguientes:

Se entiende por "admisión temporaria" la introducción a plaza, exenta de tributos, de mercaderías extranjeas procedentes del exterior del territorio aduanero nacional con un fin determinado, ajeno al consumo, para ser reexpedidas, dentro del plazo que fije la reglamentación, sea en el estado en que fueron introducidas o después de haber sido objeto de una transformación, elaboración, reparación o agregación de valor determinadas, con significante ocupación de mano de obra.

Se entiende por "toma de stock" la posibilidad de reponer bienes importados en régimen general por la importación de similares, libres de tributos y gravámenes, cuando los mismos se hayan utilizado como insumo para elaboración, transformación, reparación o agregación de valor en el país de productos exportados.

Se entiende por "régimen devolutivo" (o "draw back"), la posibilidad de reclamar la restitución de tributos y gravámenes abonados por la importación, en régimen general, de bienes que se utilizaron en el país en la elaboración, transformación, reparación o agregación de valor, de productos destinados a la exportación.

Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo reglamentará los regímenes de promoción referidos en el artículo anterior. A tales efectos definirá su universo de aplicación, los procedimientos a seguir, los plazos y requisitos necesarios para su implementación, así como para autorizar la importación definitiva de los bienes producidos en admisión temporaria y fijará la fecha en la que se consideren realizadas las operaciones a los efectos de la liquidación y cobro de los tributos de importación, anticipos, actualizaciones, recargos y multas que correspondan.

El plazo de la operación en régimen de promoción será de 18 (dieciocho) meses perentorios. El Poder Ejecutivo podrá resolver en casos excepcionales y debidamente justificados y acreditados, prorrogar el mismo por un nuevo plazo perentorio e improrrogable de hasta 18 (dieciocho) meses.

Las multas y recargos se regirán por lo dispuesto en el artículo 94 del Código Tributario.

Artículo 3º.- Cométese al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con la intervención técnica y administrativa del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), prevista en la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, el contralor del uso de los mecanismos de promoción industrial de que trata el artículo 1º, sin perjuicio de la competencia que les atribuye la normativa vigente a la Dirección Nacional de Aduanas y a la Dirección General Impositiva.

La constatación de irregularidades que puedan implicar pérdida de renta fiscal determinará la inmediata comunicación al Ministerio de Economía y Finanzas, por parte de dicha Secretaría de Estado.

Artículo 4º.- Las empresas que comercialicen en el mercado interno los bienes importados al amparo del régimen de admisión temporaria sin la previa importación definitiva autorizada por el Poder Ejecutivo, incurrirán en la infracción prevista en el artículo 6º del Decreto-Ley Nº 14.629, de 5 de enero de 1977.

Dichas empresas serán sancionadas con una multa de hasta el 100% (cien por ciento) del valor CIF de la mercadería en infracción que será percibida por el Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a Rentas Generales, sin perjuicio del pago de los tributos de importación, anticipos, actualizaciones, multas y recargos que correspondan.

El monto de la multa que aplicará el Ministerio de Industria, Energía y Minería se fijará atendiendo a las escalas que determine la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, tomando en cuenta los antecedentes del administrado.

Lo dispuesto en el inciso segundo será aplicable, asimismo, a las empresas con faltantes de stock, salvo caso fortuito o fuerza mayor y siempre que el riesgo se encuentre cubierto por el seguro, y se hubiera denunciado el siniestro a los organismos competentes.

La Dirección Nacional de Aduanas, dentro del plazo de diez días de constatadas las situaciones a que se refiere este artículo, efectuará la denuncia ante la justicia competente a los efectos que pudieren corresponder.

Las situaciones previstas en los incisos primero y cuarto del presente artículo, verificados por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, determinarán la inmediata suspensión preventiva del régimen de admisión temporaria, drawback y toma de stock.

Cuando sucediere lo expresado anteriormente se comunicará en forma inmediata al Ministerio de Industria, Energía y Minería y a la Dirección Nacional de Aduanas.

El Poder Ejecutivo podrá establecer otras causales de suspensión preventiva, de acuerdo con el sistema de administración del régimen que se establezca.

Artículo 5º.- El Ministerio de Industria, Energía y Minería, previo informe del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, podrá autorizar la transferencia total o parcial de los bienes ingresados en admisión temporaria, entre empresas autorizadas a operar en dicho régimen.

La operación cuya mercadería es objeto de transferencia total o parcial, conservará la fecha original del vencimiento.

La transferencia de la admisión temporaria, total o parcial, conlleva simultáneamente la transferencia de la titularidad en el trámite y de la responsabilidad en relación al mecanismo en uso.

Artículo 6º.- Las responsabilidades por las operaciones de admisión temporaria recaerá en la empresa titular de la misma y solidariamente en los exportadores y demás intermediarios, por las cantidades que el titular acredite haberle entregado en la forma que establezca la reglamentación.

Artículo 7º.- Los titulares y directores de las empresas serán personal y solidariamente responsables de todas las obligaciones establecidas en la presente ley.

Artículo 8º.- El régimen de admisión temporaria previsto en esta ley es también aplicable a las máquinas y equipos de cualquier origen que ingresen transitoriamente al país para su reparación, mantenimiento o actualización.

Artículo 9º.- Deróganse todas las disposiciones que se opogan a la presente ley.

Artículo 10.- Comuníquese, etc.

De lo actuado se toma versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en los Distribuidos Nos. 833 y 834/2006, que forman parte de la presente acta.

RESOLUCIONES:

Finalmente se resuelve:

1) Enviar copia de la versión taquigráfica tomada durante la visita de la delegación de ALIOFO al Ministerio de Industria, Energía y Minería y a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland.

2) Visitar el próximo miércoles diecisiete la fábrica de la empresa Monte Paz S.A., en el horario habitual de funcionamiento de la Comisión.

A la hora trece y cuatro minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Ruperto Long Presidente

Raquel Suárez Coll Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee:)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: el proyecto que ahora se somete a consideración del Cuerpo tiene relación con el régimen de importación en admisión temporaria, el de toma de stock y el devolutivo, también conocido como "draw back", regímenes promocionales que son ahora objeto de tratamiento en esta iniciativa.

Para empezar, corresponde señalar que estos sistemas constituyen, probablemente, algunos de los principales instrumentos de promoción de las exportaciones de que dispone el Uruguay. Por tal motivo, los sectores productivos y el país en general, a través de sus sucesivos gobiernos, han defendido estos instrumentos y su vigencia en el marco, incluso, de los acuerdos internacionales que ha suscrito. Por ejemplo, en el caso del MERCOSUR, su vigencia está acordada hasta el año 2010, y todo indica que será prorrogada. Por otra parte, este tipo de instrumentos que existen en muchos países del mundo, son permitidos por la Organización Mundial de Comercio.

A efectos de ilustrar a los señores Senadores sobre la importancia de estos regímenes, particularmente el de admisión temporaria, que es el que tiene una incidencia verdaderamente importante en la economía, digamos simplemente que en los años 2004 y 2005, operó por más de U$S 500:000.000, a saber, por U$S 517:000.000 en el 2004 y por U$S 565:000.000 en el 2005. Para dar una idea, el régimen de toma de stock operó por algo más de U$S 3:000.000. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, el régimen de admisión temporaria para perfeccionamiento activo es el que tiene una gran incidencia en el funcionamiento de las empresas exportadoras uruguayas. También a título informativo, podemos decir que aproximadamente el 40% de estas exportaciones en el último trienio provinieron del MERCOSUR, mientras que el 60% lo hizo de fuera de la región. A fin de que se tenga noción de su significado desde el punto de vista operativo, esto se traduce en 16.000 operaciones al año, lo que implica el tratamiento de unas 70 operaciones por día. De modo que es, realmente, un número importante en la economía del país desde cualquier ángulo que se lo mire.

Quisiera también comentar -porque este es un aspecto cualitativo y alguien puede sugerir que me comprenden las generales de la ley- que este sistema de admisión temporaria que en el Uruguay es administrado por el LATU, tiene características de agilidad y transparencia en el manejo de un sistema promocional, que me parece que vale la pena destacar. Generalmente, los sistemas promocionales pueden fallar a dos puntas: por un lado, porque el celo en hacerlos sumamente controlados puede llevar a que no se terminen de utilizar nunca, se apliquen muy poco o estén reservados a aquellos que buscan, por decirlo de alguna forma, caminos laterales; o el otro extremo, que consistiría en liberalizarlos de tal manera que los controles desaparecieran, lo que nos colocaría ante fenómenos delictivos de otra naturaleza. Creo que aquí se ha logrado manejar los sistemas en un adecuado grado de equilibrio -éste es un mérito de los funcionarios y de los técnicos- que contempla, a la vez, agilidad para que sean utilizados y transparencia para dar tranquilidad a la sociedad.

Estos instrumentos se remontan a mucho tiempo atrás. El primer antecedente legislativo data de 1911 y luego hay otro de 1912. Por lo demás, en los últimos años ha habido varias leyes que aludieron a él, como la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967, la Ley Nº 14.629, de 5 de enero de 1977, el Código Tributario, Decreto-Ley Nº 15.294, del año 1982, y el Decreto Nº 380/004, de octubre de 2004, todos los cuales están en los antecedentes de que disponen los señores Legisladores. Como se observará, este último Decreto es el que está vigente, ya que posee cierto grado de detalle y abarca una cantidad de aspectos que son los que regulan, desde el punto de vista operativo, el funcionamiento de estos sistemas.

Por esas razones, uno de los objetivos de este proyecto de ley que hoy se propone, es introducir algunas modificaciones y, sobre todo, dar vigencia de ley a un instrumento que es sumamente útil para la vida productiva del país.

Este proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo y analizado pormenorizadamente por la Comisión, donde sufrió diversas modificaciones que, en definitiva, contaron con el acuerdo del Poder Ejecutivo. Finalmente la Comisión lo remite al Senado para su consideración, luego de haber recibido el apoyo unánime de sus integrantes. Por otra parte, también se ha recogido la opinión del LATU en su carácter de administrador del sistema.

También queremos dejar constancia de que la Comisión ha discutido en detalle las disposiciones contenidas, a los efectos de evitar que se pudiera alterar su espíritu en algún sentido y afectar los acuerdos internacionales que el país ha suscrito, lo que, obviamente, constituye un patrimonio que hay que preservar.

Asimismo, debo aclarar que la ley tiene una extensión mucho menor que el decreto y, por lo tanto, posee un grado de detalle también mucho menor, ya que es razonable pensar que varios temas serán luego objeto de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo.

A continuación, voy a hacer algunas breves reflexiones con respecto a cada uno de los artículos.

El artículo 1º define estos regímenes promocionales, que supongo que los señores Senadores ya conocen. De todas maneras, para ilustrar un poco más diré que la admisión temporaria -que es el principal- consiste en importar mercaderías extranjeras de cualquier país del mundo sin pagar ningún tipo de recargo o gravamen, siempre y cuando, una vez procesadas, transformadas o elaboradas con determinado valor agregado, sean reexportadas. Por consiguiente, la complejidad del sistema consiste en establecer la relación entre lo que ingresa por un lado y lo que egresa por otro. Supongamos que por un lado ingresan productos químicos, materias primas, o botones, y luego egresa una prenda de cuero elaborada, que es un artículo terminado, y que es totalmente distinto de los insumos empleados. La relación entre los insumos y el producto terminado, es, a menudo, una compleja operación técnica, que a su vez tiene componentes operativos, prácticos, vinculados con los métodos industriales, de procesamiento y demás. Por lo tanto, hacer esto con precisión es absolutamente clave para evitar el total mal uso del sistema.

El artículo 2º establece algunos criterios en materia de operación del sistema. Se estipula el plazo de la operación en régimen de promoción, que será de 18 meses perentorios, aunque el Poder Ejecutivo podrá resolver, en casos excepcionales y debidamente justificados y acreditados, prorrogarlo por un nuevo plazo perentorio -y, ahora sí, improrrogable- de hasta 18 meses más.

El artículo 3º se refiere a la administración, que corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con la intervención técnica y administrativa del LATU. Por supuesto, las irregularidades que se detecten deben ser comunicadas de inmediato al Ministerio de Economía y Finanzas.

El artículo 4º establece las multas o sanciones que se aplicarán, dando la posibilidad al Poder Ejecutivo, a través de la reglamentación, de establecer con mayor detalle estas multas, fijándo el tope máximo de las mismas. En cuanto a las causales para estas sanciones, si bien se mencionan, por el último inciso se le da la potestad al Poder Ejecutivo de establecer otras causales de suspensión preventiva a través de la reglamentación.

Los artículos 5º, 6º y 7º establecen una distribución de las responsabilidades y permiten transferir total o parcialmente los bienes, lo cual se traduce, por lo tanto, en una transferencia de las responsabilidades, en los casos que corresponda, porque también hay otras responsabilidades que no son transferibles.

Finalmente, el artículo 8º establece algo relativamente novedoso, porque extiende de alguna forma el régimen de admisión temporaria a las máquinas y equipos de cualquier origen, no necesariamente extranjeros, que ingresen transitoriamente al país para su reparación, mantenimiento o actualización. Esto contempla una actividad importante cuando ingresan nuevamente al país, para ser reparados, productos que el Uruguay está produciendo y exportando. Este es un servicio que nuestro país está brindando en forma creciente, tanto cuando se exportan equipos como cuando se exporta software, que luego pueden tener la necesidad de ser actualizados. Si bien esta es una variante del régimen de admisión temporaria, está contemplada dentro de los criterios del espíritu general que anima la norma, y creemos que puede dar origen a un nuevo renglón de actividad.

En definitiva, el proyecto que estamos sometiendo a consideración del Cuerpo afecta un instrumento muy importante de la promoción de exportaciones del Uruguay, recoge la experiencia y las normas vigentes hasta el presente, le da valor de ley a algunos de los aspectos normativos que hasta el presente estaban establecidos por decreto y, en definitiva, contribuye a dar estabilidad y seguridad a una regla de juego que es muy importante para todos los sectores exportadores uruguayos. Por lo tanto, nos parece que también aquí realizamos un avance muy significativo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Estaba escuchando al señor Senador Long a la vez que recababa información que quiero compartir con el Plenario, porque para mí es muy seria y es parte de la historia de este proyecto.

El régimen de admisión temporaria es uno de los instrumentos emblemáticos del comercio exterior del país, de los que, de alguna forma, han hecho la diferencia en el ámbito de la competitividad internacional. Tal como lo explicó muy bien el señor Senador Long, significa importar a nivel de precios internacionales insumos de primer nivel internacional para poder mejorar, dentro del proceso productivo, el producto final, sin pagar los impuestos a la introducción de los insumos. Eso es muy importante.

La admisión temporaria estuvo en el corazón de la negociación del Uruguay con Argentina y Brasil en el ámbito del MERCOSUR, y el propio MERCOSUR -los cuatro países- utilizó después el mecanismo, percibiendo que los lineamientos establecidos por el Uruguay eran los que correspondían para aumentar la competitividad y, entre otras cosas, para salir del cerco de crear un proceso de integración sobre la base de un mercado de sustitución de importaciones, de un mercado cautivo de los insumos que provinieran de los mercados de Brasil y Argentina y que no necesariamente tenían los niveles de competitividad y calidad que podían tener otros insumos respecto de su incorporación a un proceso productivo.

Este tema se discutió durante mucho tiempo; inclusive es objeto de discusiones muy fuertes en el ámbito de los que piensan, desde la visión de la economía y la macroeconomía, que la admisión temporaria no se justifica y que, por lo tanto, la competitividad simplemente surge de cómo es que se ajusta la producción y el proceso productivo de cada empresa. Tan es así que, inclusive en tiempos en que nos tocaba vivir alguna responsabilidad de carácter ejecutivo, teníamos serias diferencias en el ámbito del propio Gobierno con los Ministros del Poder Ejecutivo que trataban de bajar los niveles de admisión temporaria y, sobre todo, estos plazos que hoy se están estableciendo como prórroga, adelanto o extensión, para tratar de ajustarse a este tipo de mecanismos.

¿Qué es lo que sucede? Nosotros no somos partidarios de que la ley regule esto, salvo que haya un elemento muy puntual, porque se trata de algo que es parte de una dinámica que cada día se está planteando con mucha fuerza y, por tanto, una vez que tengamos algunas modificaciones tendremos que venir al ámbito legislativo para hacer ajustes que podrían, de alguna forma, restarle cierta agilidad al funcionamiento de la Administración en temas tan dinámicos y, sobre todo, tan sujetos a revisión.

Tenemos algunas observaciones. Por ejemplo, lo del stock es una derivación de la admisión temporaria y no es algo nuevo. Lo del "draw back" establece lo mismo, con el concepto general.

Quiero hacer hincapié en un tema. El decreto que establece las multas y sanciones estaba vigente y es de aplicación, y cuando la Administración tiene un decreto vigente, debe aplicarlo. Esta aplicación supone que las multas son muy importantes. En el proyecto de ley hay criterios de duplicación de sanciones, en las que se incorpora el artículo 94 del Código Tributario, más las sanciones que le corresponden al Ministerio de Industria, Energía y Minería, e incluso hay unas modificaciones del articulado que le sacan cierta rigidez a las normas vigentes, ya que en la actualidad las multas del Ministerio de Industria, Energía y Minería son del 100%, mientras que aquí se les da una gradualidad hasta el 100%.

Pero detrás de todo esto hay una preocupación, y el fundamento importante de este decreto no es sólo hacer algunos retoques sino ajustar una situación especial. En su momento, el Poder Ejecutivo le aplicó una multa de U$S 2:500.000 a una empresa nacional, es decir, $ 58:000.000. Esa multa -que fue aplicada, recurrida, y confirmada por parte de la Administración, aun existiendo discrepancias desde el punto de vista legal- determinó que la empresa tuviera que pagar nada menos que U$S 2:500.000 -o $ 58:000.000- por haber incumplido las disposiciones respecto del Régimen de Admisión Temporaria. Si no me equivoco, el proyecto de ley se envía el 24 de noviembre de 2005. El 19 de diciembre, unos días después, el Poder Ejecutivo aprueba un decreto por el que revoca la resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería de fecha de 21 de febrero de 2005, a través de la cual se había aplicado una multa a esta empresa y, por tanto, la exonera del pago de los U$S 2:500.000 o $ 58:000.000.

Más allá de las disposiciones y las discusiones legales, uno de los Considerandos del Poder Ejecutivo afirma que, sin perjuicio de que la Administración está obligada a aplicar todos los actos administrativos en tanto no sean revocados, se encuentra obligada a revisar sus actos y, en caso de que sean impugnados, si advierte que los mismos son ilegales, debe revocarlos. Es decir que, sin esperar la dilucidación interna, e incluso con algunos argumentos utilizados internamente entre los propios Ministerios acerca de que la multa fue aplicada con respaldo legal, el Poder Ejecutivo la revoca sin más, haciendo hincapié en que la ilegalidad ha sido demostrada o, por lo menos, ha ingresado en el convencimiento de la Administración sin necesidad de que se agotaran las vías administrativas. Se refiere tanto al recurso jerárquico como al recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en caso de que terminara.

Obviamente, el argumento dice que las normas legales reglamentadas por el Decreto no autorizan al Poder Ejecutivo la aplicación de las multas y sanciones que establece el artículo 10 del Decreto reglamentario; por lo tanto, estamos en un terreno en donde el proyecto de ley, entre otras cosas, es casi simultáneo con la decisión de este Decreto.

Creo que esto es importante y, en mi opinión, el Poder Ejecutivo podría haber esperado a terminar el recurso administrativo para ver cómo se dilucidaba el tema y no finalizar con la interpretación de que, por ser vía legal la base del decreto o la sanción, ello revocaba el acto administrativo. Además, enviaba un proyecto de ley, que es el fundamento de fondo para este asunto.

Quiero hacer hincapié en este tema, porque el Régimen de Admisión Temporaria es muy importante; tanto lo es, que hace a la credibilidad del país en el exterior y a la credibilidad interna del Uruguay. En este Decreto, el Poder Ejecutivo reconoce algunas cosas y dice, por ejemplo, que la referida multa se impuso al constatarse la existencia de un faltante de stock de mercadería importada por tal empresa en régimen de admisión temporaria, lo que contraviene lo dispuesto por la norma aludida. En vez de terminar el proceso administrativo y la impugnación legal, el Poder Ejecutivo reconoce que se ha contravenido, que se ha incumplido la norma, e impone un acto administrativo por el que revoca la sanción, autorreconociendo la ilegalidad por el convencimiento administrativo de la revisión que pudo hacerse, y no por el procedimiento legal.

Quiero hacer esta reflexión de carácter general, y tanto el señor Presidente como los señores Senadores podrán apreciar que no cito a la empresa; no lo hago, simplemente porque se trata de una empresa muy importante en el país y, además, porque no es mi objetivo identificarla, ya que sólo trato de rescatar criterios sobre estos temas.

Por lo tanto, creo que la vía legal no es la más adecuada para manejar un régimen tan ágil como es el de la admisión temporaria. Además, esto significaría sentar el precedente de que el Poder Ejecutivo reconoce, por convencimiento propio, determinadas ilegalidades, sin esperar que el pro-cedimiento normal frente a una multa de esta naturaleza -U$S 2:500.000 o $ 58:000.000- siga su curso.

Esta es la preocupación que quería exponer, no para hacer una denuncia, sino para decir que no sé si sería del caso que este proyecto de ley, con la importancia que tiene, pudiera quedar librado al ámbito administrativo y no terminar teñido de estas simultaneidades en el tiempo, como las que tienen que ver con la citada resolución del Poder Ejecutivo en relación con una empresa tan importante y una multa de esta magnitud, sin esperar la resolución que la Administración hubiera dilucidado de forma normal, por la vía de los recursos correspondientes.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ABREU.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: el señor Senador Abreu nos da un ejemplo que a algunos asombra porque no conocen los hechos; pero quienes integramos la Comisión sabemos de ciertos hechos que ocurrieron y que ameritaban la presentación de este proyecto de ley.

Cuando se considera el Régimen de Admisión Temporaria -que hay que cuidar mucho, porque es parte de nuestra ventaja competitiva y, por lo tanto, se debe ser muy serios-, se da una discusión acerca de la doble imposición de multas, pues existe la que tiene que ver con el contrabando y la que hace a la violación del propio régimen. Al respecto, recuerdo una expresión del señor Subsecretario, que dice que cuando uno cruza con luz roja y da vuelta a contramano, viola dos leyes de tránsito y, por consiguiente, genera dos multas. Lo mismo sucede cuando uno hace contrabando y además viola el Régimen de Admisión Temporaria, porque hay dos castigos. El problema es que uno de ellos se basa a decretos -por ello se da esta discusión-, y como hay más de una biblioteca, se discute que se puedan cobrar las multas y los recargos correspondientes cuando la base legal normativa es un decreto. ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo? Se trataba de una empresa nacional que cometió un error, supongo que involuntario; entonces, el Poder Ejecutivo dice: se nos discute si tenemos base legal o no para cobrar esa multa; por ello, hasta acá borramos, y de aquí en adelante enviamos un proyecto de ley para contar con base legal.

Se trata de un proyecto de ley estudiado por la Comisión, que el Poder Ejecutivo quería sacar en diciembre del año pasado para que no existiera esta zona de confusión, y sobre el que varios Senadores dijeron saber que existía este problema pero que igual lo iban a estudiar. Precisamente, lo estudiamos y llegamos a una conclusión; trabajamos con seriedad y lo vamos a aprobar si así lo resuelve el Plenario.

Naturalmente, la contrapartida que nos plantea el señor Senador Abreu en el sentido de dejar esto a los decretos, tiene dos o tres problemas. Uno de ellos es que deja esa sombra de dudas acerca de si se puede cobrar o no la multa correspondiente en base a un decreto. En lo personal, prefiero que haya base legal. En segundo lugar, estos regímenes son cuestionados en todo el mundo; en Uruguay funciona bien, pero lo cierto es que están cuestionados. Yo prefiero tener base legal, porque a la hora de cuestionarlos, es mucho más difícil llevárselos por delante. Me refiero a cualquier Gobierno -no solo a éste-, que para modificar una ley necesitaría mayorías, y no sé si cuenta con ellas para cambiar un régimen que funciona tan bien. Un tercer problema es que hay una serie de correcciones menores que es bueno que se contemplen en un régimen legal.

Este es el convencimiento del Poder Ejecutivo y el de la fuerza mayoritaria, así como el de aquellos que integramos la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios. No es menor que la iniciativa haya sido informada por su Presidente, no sólo por su condición de tal, sino porque es conocedor e hincha -si se me permite el atrevimiento- de este Régimen.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Creo que la coincidencia con el señor Senador Michelini es que todos somos partidarios del funcionamiento del Régimen; algunos somos más responsables de que exista y otros menos, pero puedo expresar con claridad que quizás ha sido una de las banderas más fuertes que hemos levantado para que el Uruguay pudiera aumentar su competitividad.

Es cierto, además -como bien expresaba el señor Miembro Informante-, que el Régimen maneja cifras muy importantes, de cientos de millones anuales, y con esa creatividad que el país ha demostrado, no sólo ha favorecido a variadísimas empresas del sector exportador sino que, entre otras cosas, podemos hablar de setenta trámites por día y dieciséis mil por año.

Señor Presidente: la única multa que se aplicó en la historia del régimen es esta; es la única multa que aplicó el Poder Ejecutivo, a pesar de ser muy celoso en estos temas y tener, además, una visión muy estricta acerca de cómo se debe hacer esto. No se aplicaron otras multas mediante el régimen de este decreto, y ésta ascendió a $ 58:000.000. Es una multa que se aplica a una empresa emblemática en el país, y como bien dice el Poder Ejecutivo, no porque cometió un error -un error es, quizás, una parte de una expresión subjetiva que uno puede compartir, inclusive teniendo en cuenta la simpatía que se puede sentir hacia una empresa de esta naturaleza-, sino porque se constató un faltante de stock de mercadería en régimen de admisión temporaria, lo que contraviene lo dispuesto por la norma jurídica.

En síntesis, nuestra intención es poner en conocimiento del Plenario que la única multa que se aplica, recurrida y contestada por el agraviante, no termina en la vía legal, sino que el propio Poder Ejecutivo reconoce que es ilegal y, por lo tanto, retira y revoca la sanción, al tiempo que envía un proyecto de ley al Parlamento diciendo que esto necesita una base legal. Esto me parece muy bien si la inquietud del Poder Ejecutivo, entre otras cosas, es contemplar a una empresa líder en materia de exportaciones; no obstante, señor Presidente, en materia de reconocimiento de ciertas ilegalidades, no es la costumbre del Poder Ejecutivo, porque generalmente deja estos temas en manos de la justicia para que decida cuál es el destino de la conducta de los involucrados.

Reitero que esta es nuestra preocupación; no se trata de una denuncia altisonante ni nada por el estilo. La única sanción aplicada por el Poder Ejecutivo fue revocada por él mismo, aduciendo que se equivocó y pensó que la ilegalidad tenía que ser rectificada, sin esperar, entre otras cosas, el pronunciamiento en la vía administrativa.

No debemos olvidar que en este tema también han opinado abogados y asesores del Ministerio, que sostienen la teoría de que la aplicación es legal. De manera que estamos ante un tema opinable, pero resulta claro que cuando se trata de interpretar estas cosas todo tiende hacia la flexibilidad. No sucede lo mismo en estos días, cuando ciertos jerarcas califican a los jueces porque determinadas actitudes que toman no están en sintonía con lo que quieren en materia de sanción a empresas.

Simplemente, quería reflexionar sobre la coherencia y la manera de encarar estas cosas. En estos casos, prefiero que el Poder Ejecutivo maneje los temas y, si es posible, remita un proyecto de ley que no tenga este tipo de referencias tan faltas de transparencia y de mensaje, ya que parecería que se está legislando en función de la necesidad de justificar una conducta administrativa.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- El señor Senador Abreu tiene todo el derecho de decir que no hay transparencia, pero el Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley y lo firma; elabora una resolución que revoca otras anteriores y la firma; expone los fundamentos y no los oculta. El tema es conocido. Además, señala que una parte de los abogados considera que los decretos no son base legal para cobrar multas. Le guste o no al señor Senador Abreu, una parte de la Cátedra -no soy abogado- dice que el Estado no tiene derecho a cobrar este tipo de cosas con un decreto como base legal. Es más; la historia de los Parlamentos muestra que cuando se cobran impuestos, se estipulan multas y demás a los ciudadanos, se debe tener base legal -en otros momentos esto lo hacían los reyes- y no se puede actuar "a piacere". Esa es la historia, señor Presidente. Ahora bien, le guste o no al señor Senador Abreu, se hicieron determinadas revocaciones y se envió un proyecto de ley. Para evitar este tipo de cosas, se pidió que fuera aprobado rápidamente. Actuamos con mesura, ponderación y prudencia; se estudió el tema, se modificaron algunas cosas y se elevó un proyecto de ley que, en mi opinión, satisfizo a la Comisión; habrá que ver si al Senado le satisface o no.

Por otro lado, creo que hay transparencia en el Gobierno. Podrá no haber acuerdo en los propósitos que se llevan adelante, pero eso es otra cosa. No hemos hecho nada en forma oculta.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: comprendo que el señor Senador Michelini se aferre a la semántica para aludir a la transparencia y para decir si le gusta o no el proyecto de ley. Entre otras cosas, debo decir que este decreto no fue publicado en la página web de la Presidencia de la República, sino que lo tuve que obtener por la vía privada.

Simplemente, creo que tengo derecho a decir que esto no me parece adecuado porque se trata de un tema importante, porque está vinculado a la imagen del país, porque es la primera multa que se aplica y porque estamos hablando de $ 58:000.000. Nada más que eso. No estoy diciendo ni atribuyendo nada a nadie y creo que esto no es compatible con otro tipo de actitud o referencia que se observa en el ámbito nacional sobre otras multas y sanciones que se aplican. Cada uno tiene su propia interpretación, pero me pareció que debía decirlo, aun a costa de lograr la antipatía de una empresa que entiendo es paradigmática. Lo hice, simplemente, porque me parece importante que un régimen de esta naturaleza no sea modificado en esta forma y de la manera en que está planteado, a la luz casi simultánea de un decreto que revoca por propio imperio y sin esperar la decisión de los ámbitos administrativos, una sanción de esta naturaleza en un régimen tan sensible e importante.

Quería compartir esto con el Plenario para que en algún momento, más allá de las dos bibliotecas, alguno de nosotros pueda tener una preocupación de esta índole, sabiendo que hay intereses muy importantes en juego, como la imagen del país y nada menos que la seguridad jurídica que permite al Gobierno o al Poder Ejecutivo defenderse cuando tiene que imponer las sanciones.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: quisiera separar dos cosas.

Por un lado, lo que acaba de decir el señor Senador Abreu constituye un asunto muy grave y delicado. Este tema no ha estado a consideración de la Comisión, que sí ha estado analizando estrictamente el proyecto de ley y ha trabajado sobre él.

Creo que lo que señala el señor Senador Abreu es importante, porque si bien el régimen funciona, a nuestro juicio adecuadamente, parte de ese funcionamiento implica la detección de faltantes o violaciones que son denunciadas y que son muchas a lo largo del año. Estamos hablando de 16.000 operaciones en total, por lo que se imaginarán que en el transcurso del año son denunciados unos cuantos casos por parte de la organización que administra el tema que, por supuesto, no tiene potestad sancionatoria sino que simplemente denuncia el hecho y luego intervienen los organismos del Estado que corresponde. En síntesis, se trata de un asunto delicado.

Por otro lado, me voy a referir concretamente al proyecto de ley. Como dijimos, la iniciativa solamente recoge algunos de los puntos centrales del régimen de admisión temporaria. Los señores Senadores tienen en su poder el decreto actual y podrán ver que es mucho más extenso, pues tiene treinta y tres artículos y toca una cantidad de aspectos, mientras que, como dije, el proyecto de ley en sus ocho artículos recoge algunos de los temas fundamentales, tales como la definición, los plazos, la administración, las multas y sanciones y las responsabilidades. De modo que aquí no se trata de dar rigidez al tema -y con esto voy a la primera parte de la argumentación del señor Senador Abreu-, sino de establecer una especie de columna vertebral y luego dejar un criterio bastante amplio como para que se pueda seguir actuando en base a decretos y reglamentaciones. En definitiva, ese es el fundamento en base al que muchos creemos que es conveniente que exista una ley que exprese con firmeza lo que sería la columna vertebral de este sistema.

Reitero, quiero que quede bien claro que en ningún momento tratamos este caso en Comisión; este hecho se está denunciando en este momento. Como ya dije anteriormente, se dan situaciones de faltas de distinta magnitud y naturaleza por parte de la empresa y no se pueden pasar por alto.

En lo personal, esto no me afecta en la convicción de que el proyecto de ley, en términos generales, es adecuado. No obstante, creo que debemos tomar en consideración lo que ha señalado el señor Senador Abreu y no sé si él va a proponer algún paso a seguir al respecto, ya que creo que tampoco esto puede quedar así.

SEÑOR RUBIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LONG.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Recién tomo contacto con este tema y no logro entender absolutamente nada. El Poder Ejecutivo expresa en la exposición de motivos que en virtud de que las multas requieren una norma legal -esta es la interpretación jurídica de dicho Poder-, se ha redactado una disposición previendo la aplicación de una multa de hasta el 100% del valor CIF de la mercadería en infracción, que será percibida por el Ministerio de Industria, Energía y Minería con destino a Rentas Generales. Esta es la opinión del Poder Ejecutivo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el hecho de que se haya aplicado, sin el marco legal que aquí se promueve, una multa en un caso al parecer importante y que después se haya entendido que no tenía base legal, por lo cual el proceso volvió a punto cero? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?

Aquí figura una conclusión del Poder Ejecutivo y, al parecer, de la Comisión que estudió este tema durante tanto tiempo, referida a que este es un régimen en el que se mueven cantidades muy importantes -pero muy importantes-, no sólo por el número de operaciones, sino por el volumen físico y monetario que está implicado en ellas, por lo que las posibilidades de violación de estos circuitos son harto importantes.

En lo personal, me da la impresión de que la preocupación que pueda tener el señor Senador Abreu con relación al caso puntual al que hizo referencia no tiene que ver con esto. Según interpreto, el tema es si se está de acuerdo o no con legislar sobre el fondo de la cuestión para que en el futuro -porque no creo que esto tenga carácter retroactivo-, en caso de producirse o detectarse situaciones que ameriten sanciones de esta naturaleza, haya una base legal.

Formulé estas preguntas porque en realidad no sé si estoy logrando interpretar la naturaleza de la discusión que se está dando en este momento en el Senado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Long.

SEÑORA DALMAS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR LONG.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Realmente es difícil de creer, pero se ha sugerido por parte del señor Senador Abreu que la Comisión analizó este proyecto de ley y propone por unanimidad de sus miembros su aprobación en conocimiento de que se trata de una iniciativa y de una aprobación legal con intenciones de respaldar, desde el punto de vista jurídico, una acción indebida del Poder Ejecutivo. Y yo quiero decir que si así fuera, esas intenciones se están atribuyendo a los tres lemas partidarios con representación parlamentaria, porque son los tres lemas los que integran esa Comisión y aconsejan por unanimidad la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR MICHELINI.- Apoyado.

SEÑORA DALMAS.- A mi juicio, este es un ámbito en el que se pueden efectuar apreciaciones y denuncias de toda clase, y existen formas para hacerlo; sin embargo, no es acertado hacer una apreciación así sobre este proyecto que en la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios fue aprobado en forma unánime por los tres lemas representados en este Senado. Es más, en lo personal, lo siento como un agravio.

En realidad, suscribo totalmente lo manifestado por los señores Senadores preopinantes integrantes de la Comisión, así como la aclaración que ha efectuado el señor Senador Long. No me parece una buena actitud, a la hora de analizar objetivamente un proyecto de ley, introducir un tema como el que en este momento está en el tapete y que ensombrece la aprobación de la iniciativa de una forma absolutamente injusta. Ojalá no hubiéramos entrado en este tipo de consideraciones; algunos podrán tener una inclinación a pensar que es mejor seguir manejando este régimen por decreto, y quienes estamos de acuerdo -por lo menos en términos generales- con el esqueleto del régimen, podemos dejarlo estampado en una ley nacional.

En definitiva, simplemente quería dejar constancia de mi apoyo a lo trabajado en la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Long.

SEÑOR ABREU.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR LONG.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Realmente, admiro la capacidad de imaginación que tiene la señora Senadora, porque concluir que esta reflexión es un agravio a todas las fuerzas políticas que trabajaron en una Comisión me parece que, probablemente, sea el recurso natural que se utiliza cuando no existen otros elementos para manejar con relación a las manifestaciones que hemos efectuado. Y esto no lo digo yo, sino el propio Decreto del Poder Ejecutivo que expresa que con fecha 24 de noviembre de 2005 ese Poder remitió a la Asamblea General un proyecto de ley en cuyo Mensaje establece que las disposiciones de este tenor que contienen tales Decretos son de reserva legal, señalando expresamente que las multas requieren norma legal, promoviéndose por tal razón dicho proyecto de ley. El propio señor Senador Michelini dijo que estaba en conocimiento de este tema, o sea, de que había una empresa que tenía tal dificultad. Entonces, aquí no estamos jugando a la teoría conspirativa de la historia; quizás sean estilos de otros tiempos, pero no son los míos.

En lo personal, lo único que hice fue formular una reflexión sobre este tema: la única sanción que se plantea en este régimen que hoy es regulado de esta manera -se establece que la sanción debe tener respaldo legal- se revoca por vía administrativa, por propio imperio del Poder Ejecutivo, sin esperar la resolución que naturalmente se produce en el ámbito de los recursos y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Esta es, simplemente, mi reflexión sobre el tema, pero la tenía que volcar en este ámbito porque advertido de esto -entre otras, porque no lo vi en la página web- concluí que hace referencia nada menos que al funcionamiento del sistema. Lo demás corre por cuenta de la señora Senadora. Si se siente agraviada, sin ingresar en caballerosidades protocolares que no vienen al caso, le puedo expresar mis disculpas. Sólo le puedo señalar que no se debe sentir agraviada y que tendría que buscar explicaciones en otro lado y no en las palabras del señor Senador que está hablando.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- He terminado, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI- Formulo moción para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: este artículo es muy importante porque, en realidad, subsana una situación por la vía legal -podría hacerlo por otra- en la que el manejo del sistema era difícil, ya que se permite la transferencia total o parcial de bienes ingresados por empresas autorizadas para operar en dicho régimen, y transfiere la responsabilidad. En algunas instancias, al transferirse la mercadería, la responsabilidad quedaba en manos de quien realizaba la transferencia, que después se ejercía por el mal uso que pudiera hacer en algún momento quien era titular de dicha mercadería.

Esta norma es importante porque da certeza y permite que los empresarios tengan la separación de las responsabilidades en el manejo de la cadena de transferencia.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: este artículo, como varios de este proyecto de ley, es muy importante porque se necesitaba una base legal en este tema. Trabajamos con mucho esfuerzo y estamos muy contentos de que el Senado lo apruebe.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 8º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 9º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

16) ACUERDO DE COOPERACION MUTUA CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL PARA COMBATIR EL TRAFICO DE AERONAVES COMPROMETIDAS EN ACTIVIDADES ILICITAS TRANSNACIONALES, SUSCRITO EN MONTEVIDEO, EL 14 DE SETIEMBRE DE 2004

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: " Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, para combatir el tráfico de aeronaves comprometidas en actividades ilícitas transnacionales. (Carp. Nº 331/05 - Rep. Nº 225/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 331/05

Rep. Nº 225/06

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para Combatir el Tráfico de Aeronaves Comprometidas en Actividades Ilícitas Transnacionales, suscripto en Montevideo, el 14 de setiembre de 2004.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 1º de setiembre de 2005.

Beatriz Argimón 1ª Vicepresidenta

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Defensa Nacional

Montevideo, 13 de mayo de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a fin de someter a su consideración de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, el adjunto Proyecto de Ley por el cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para Combatir el Tráfico de Aeronaves Comprometidas en Actividades Ilícitas Transnacionales, suscripto en Montevideo el 14 de setiembre de 2004.

Este Acuerdo consta de un preámbulo y siete artículos.

La finalidad del Acuerdo está explicitada en el artículo 1 y consiste en el compromiso de emplear esfuerzos conjuntos para luchar contra el tráfico de aeronaves supuestamente comprometidas en actividades ilícitas transnacionales que se desplacen y realicen maniobras en sus respectivos espacios aéreos.

Esta cooperación, podrá abarcar entre otras las si-guientes actividades por parte de ambos Gobiernos signatarios:

a) intercambio de información de carácter estratégico-operacional;

b) entrenamiento técnico u operacional especializado;

c) suministro de equipo y recursos humanos para ser empleados en programas específicos en el área mencionada anteriormente;

d) asistencia técnica mutua; y

e) ejercicios y operaciones sujetos a la normativa jurídica vigente de cada país.

Los recursos materiales, financieros y humanos requeridos para la ejecución de programas específicos resultantes de este Acuerdo serán, cuando sea necesario y en cada caso, definidos por las Partes mediante Convenios Complementarios (artículo 1).

De acuerdo con las respectivas legislaciones internas, las Partes tomarán las medidas oportunas correspondientes para:

a) controlar el tráfico de aeronaves que se desplacen en los respectivos espacios aéreos, a efectos de dar cabal cumplimiento al objeto del presente Acuerdo;

b) intensificar el intercambio de información y experiencia relacionada con la lucha contra las aeronaves involucradas en actividades ilícitas transnacionales (artículo 2).

Las Fuerzas Aéreas de las Partes, en ejecución del presente Acuerdo, establecerán programas de trabajo, por períodos de 2 (dos) años. Estos programas de trabajo contemplarán objetivos, metas específicas cuantificables y un cronograma en la ejecución del presente Acuerdo (artículo 3).

Los responsables de la coordinación y ejecución del Acuerdo serán por la Parte uruguaya el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y por la Parte brasileña el Jefe del Estado Mayor de la Aeronáutica (artículo 4).

Con la intención de alcanzar los objetivos del presente Acuerdo y a solicitud de una de las Partes, representantes de las mismas se reunirán periódicamente para:

1) evaluar la eficacia de los programas de trabajo;

2) recomendar a los respectivos Gobiernos los programas anuales con objetivos específicos a ser desarrollados en el ámbito de este Acuerdo e implementados mediante la cooperación bilateral;

3) examinar toda cuestión relativa a la ejecución y cumplimiento del presente Acuerdo; y

4) presentar a sus respectivos Gobiernos las recomendaciones que consideren pertinentes para la ejecución del Acuerdo (artículo 5).

En virtud de los objetivos de este Acuerdo y de la importancia de la materia a que se refiere, el Poder Ejecutivo solicita a ese Alto Cuerpo la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti.

Montevideo, 13 de mayo de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para Combatir el Tráfico de Aeronaves Comprometidas en Actividades Ilícitas Transnacionales, suscripto en Montevideo el 14 de setiembre de 2004.

Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, José Díaz.

ACUERDO DE COOPERACION MUTUA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Y

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL PARA COMBATIR EL TRAFICO DE AERONAVES COMPROMETIDAS EN ACTIVIDADES ILICITASTRANSNACIONALES

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay

y

El Gobierno de la República Federativa del Brasil (que en adelante se denominan "Partes"),

Convencidas de que el tráfico de aeronaves supuestamente involucradas en actividades ilícitas transnacionales, particularmente el contrabando de armas y municiones y el narcotráfico, constituye un problema que afecta las comunidades de ambos países;

Reconociendo que la lucha en contra de este problema debe realizarse por medio de actividades concertadas y armónicas;

Interesadas en fomentar la colaboración mutua en este sentido, acuerdan lo siguiente:

ARTICULO I

1. Las Partes se comprometen en emplear esfuerzos conjuntos para luchar contra el tráfico de aeronaves supuestamente comprometidas en actividades ilícitas transnacionales que se desplacen y realicen maniobras en sus respectivos espacios aéreos. Las Partes Contratantes intercambiarán la información relevante para el objeto del presente acuerdo, con la intención de incrementar la eficacia y ampliar el propósito de la cooperación bilateral. Esta cooperación, que se regirá por el presente Acuerdo, podrá abarcar entre otras las siguientes actividades por parte de ambos Gobiernos signatarios:

a) intercambio de información de carácter estratégico-operacional;

b) entrenamiento técnico u operacional especializado;

c) suministro de equipo y recursos humanos para ser empleados en programas específicos en el área mencionada anteriormente;

d) asistencia técnica mutua; y

e) ejercicios y operaciones sujetos a la normativa jurídica vigente de cada país.

2. Los recursos materiales, financieros y humanos requeridos para la ejecución de programas específicos resultantes de este Acuerdo serán, cuando sea necesario y en cada caso, definidos por las Partes mediante Convenios Complementarios.

ARTICULO II

1. De acuerdo con las respectivas legislaciones internas, las Partes tomarán las medidas oportunas correspondientes para:

a) controlar el tráfico de aeronaves que se desplacen en los respectivos espacios aéreos, a efectos de dar cabal cumplimiento al objeto del presente Acuerdo;

b) intensificar el intercambio de información y experiencia relacionada con la lucha contra las aerona-ves involucradas en actividades ilícitas transnacionales.

2. Las Partes intercambiarán otras informaciones de interés relativo a los objetivos antes mencionados, a fin de aumentar la eficacia de la cooperación bilateral.

ARTICULO III

1. Las Fuerzas Aéreas de las Partes, en ejecución del presente Acuerdo, establecerán programas de trabajo, por períodos de 2 (dos) años. Estos programas de trabajo contemplarán objetivos, metas específicas cuantificables y un cronograma en la ejecución del presente Acuerdo.

2. Los impuestos de importación o derechos fiscales a los que pudieran estar sujetos los materiales y los equipos suministrados en el ámbito de este Acuerdo o como resultado de su ejecución serán de exclusiva responsabilidad del Gobierno que los recibe, el cual tomará las medidas apropiadas para su exención.

ARTICULO IV

El Gobierno de la República Federativa del Brasil designa como responsable de la coordinación y ejecución del presente Acuerdo al señor Jefe del Estado Mayor de la Aeronáutica, y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay designa como tal al Señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya.

ARTICULO V

Con la intención de alcanzar los objetivos del presente Acuerdo y a solicitud de una de las Partes, representantes de las mismas se reunirán periódicamente para:

1) evaluar la eficacia de los programas de trabajo;

2) recomendar a los respectivos Gobiernos los programas anuales con objetivos específicos a ser desarrollados en el ámbito de este Acuerdo e implementados mediante la cooperación bilateral;

3) examinar toda cuestión relativa a la ejecución y cumplimiento del presente Acuerdo; y

4) presentar a sus respectivos Gobiernos las recomendaciones que consideren pertinentes para la mejor ejecución del presente Acuerdo.

ARTICULO VI

Todas las actividades que se deriven del presente Acuerdo serán desarrolladas de conformidad con las leyes y reglamentos en vigor en cada una de las Partes.

ARTICULO VII

1. Este Acuerdo entrará en vigor en la fecha de recibo de la última notificación, por las que las Partes se comuniquen el cumplimiento de los requisitos legales, exigidos por sus respectivos órdenes jurídicos para la manifestación de su consentimiento, a obligarse en materia de tratados.

2. La denuncia del presente Acuerdo no afectará la validez de cualquiera de los programas establecidos con anterioridad a la misma, los cuales continuarán en vigor hasta su término.

3. El presente Acuerdo tendrá una duración ilimitada, a menos que una de las Partes lo denuncie por vía diplomática.

4. La denuncia a que se refieren los numerales anteriores surtirá efecto a partir de los 90 (noventa) días a contar del día de la fecha de recibo de la nota en la que una de las Partes comunique, vía diplomática a la otra, su intención de dárselo por terminado.

Celebrado en Montevideo, el día 14 de setiembre de dos mil cuatro, se expiden y firman dos ejemplares originales en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

 

 

Montevideo, 10 de Mayo de 2006.

INFORME A LA COMISION DE ASUNTOS

INTERNACIONALES

Carpeta Nº 331/2005

Brasil- Uruguay. COMBATE TRAFICO AERONAVES COMPROMETIDAS ACTIVIDADES ILICITAS TRANSNACIONALES CONVENIO APROBACION.

(Entrado: 15/11/2005)

Al Senado,

El Poder Ejecutivo ha enviado para su aprobación el Acuerdo de Cooperación Mutua para Combatir el Tráfico de Aeronaves Comprometidas en Actividades Ilícitas Transnacionales, suscrito con el Gobierno de la República Federativa del Brasil, el 14 de setiembre de 2004.

El Acuerdo procura coordinar las acciones de las Partes en la lucha contra el tráfico de aeronaves supuestamente comprometidas en actividades ilícitas transnacionales, particularmente el contrabando de armas y municiones y el narcotráfico, en la medida en que constituye un problema que afecta a ambos países y cuya solución debe procurarse a través de soluciones concertadas.

El artículo 1 establece el compromiso de las Partes de incrementar la eficacia de la cooperación bilateral en lo que se refiere al objeto del Acuerdo. Esta cooperación, regulada por el Acuerdo, podrá abarcar, entre otras, las siguientes actividades:

- intercambio de información de carácter estratégico-operacional;

- Entrenamiento técnico u operacional especializado;

- Suministro de equipo y recursos humanos;

- Asistencia técnica mutua; y

- Ejercicios y operaciones sujetos a la normativa vigente de cada país.

Los recursos para la ejecución de los programas de cooperación previstos en el Acuerdo serán definidos por las Partes, en cada caso, a través de Convenios Complementarios.

El artículo 2 indica que las Partes tomarán las medidas oportunas para controlar el tráfico de aeronaves que se desplacen en los respectivos espacios aéreos, intercambiando asimismo información respecto de la lucha contra las aeronaves involucradas en actividades ilícitas transnacionales.

El artículo 3, por su parte, prevé la necesidad de que las Fuerzas Aéreas de las Partes establezcan programas de trabajo por períodos de dos años, en ejecución del Acuerdo que se celebra.

El artículo 4, determina los responsables de la coor-dinación y ejecución del Acuerdo, designándose respectivamente al Jefe del Estado Mayor de la Aeronáutica de Brasil y al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya.

El artículo 5 se refiere al seguimiento del Acuerdo y establece que representantes de las Partes se reunirán periódicamente para evaluar la eficacia de los programas de trabajo; recomendar a los Gobiernos los programas anuales a ser desarrollados; examinar toda cuestión relativa a su ejecución y presentar recomendaciones para su mejor cumplimiento.

Asimismo, el artículo 6 aclara que todas las actividades que se deriven del Acuerdo serán desarrolladas de conformidad con las leyes y reglamentos en vigor en cada una de las Partes.

El artículo 7 se refiere finalmente a la entrada en vigor del Acuerdo y a la posibilidad y forma para la denuncia del mismo.

Por lo expuesto, se recomienda la aprobación del presente Acuerdo.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA Nº 27

En Montevideo, el día once de mayo del año dos mil seis, a la hora diecisiete y diez minutos se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros los señores Senadores Carlos Baráibar, Carlos Gamou, José Korzeniak, Rafael Michelini y Julio María Sanguinetti.

Faltan con aviso los señores Senadores Gonzalo Aguirre Ramírez, José Andujar y Enrique Rubio.

Preside el señor Senador Sergio Abreu, Vicepresidente de la Comisión.

Concurre el señor Presidente -en ejercicio- de la Cámara de Senadores señor Senador Alberto Couriel.

Actúa en Secretaría el señor Secretario de Comisión Julio Durán, con la colaboración de la señora María José Morador.

De lo actuado se tomó versión taquigráfica cuya copia dactilográfica consta de dos fojas útiles y luce en el Distribuido Nº 841/2006, que forma parte integrante de la presente Acta.

Abierto el acto, se pasa a considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ASUNTOS CONSIDERADOS:

Abierto el acto se tratan las siguientes Carpetas que se encontraban a estudio:

1.- CARPETA Nº 210/2005. ACUERDO SOBRE COOPERACION POLICIAL EN LA INVESTIGACION, PREVENCION Y CONTROL DE HECHOS DELICTIVOS ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, HECHO EN RIO BRANCO, EL 14 DE ABRIL DE 2004. Nueva Agenda de Cooperación y Desarrollo Fronterizo. Mensaje y Proyecto de Ley y texto del Acuerdo del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 202/2005.

2.- CARPETA Nº 259/2005. ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AEREO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 20 DE OCTUBRE DE 2004. Proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 308/2005.

3.- CARPETA Nº 295/2005. CONVENCION INTERA-MERICANA CONTRA EL TERRORISMO, ADOPTADA EN LA CIUDAD DE BRIDGETOWN (Barbados). Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, en reiteración del Mensaje de fecha 18 de marzo de 2003. Distribuido Nº 412/2005.

4.- CARPETA Nº 331/2005. ACUERDO DE COOPERACION MUTUA CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL PARA COMBATIR EL TRAFICO DE AERONAVES COMPROMETIDAS EN ACTIVIDADES ILICITAS TRANSNACIONALES, SUSCRITO EN MONTEVIDEO, EL 14 DE SETIEMBRE DE 2004. Proyecto de Ley remitido por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 431/2005.

5.- CARPETA Nº 345/2005. MEDIDA I (2003). "SECRETARIA DEL TRATADO ANTARTICO" Y SU ANEXO "ACUERDO DE SEDE PARA LA SECRETARIA DEL TRATADO ANTARTICO" ADOPTADOS EN LA XXVI REUNION CONSULTIVA DEL TRATADO ANTARTICO CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MADRID, REINO DE ESPAÑA, DEL 9 AL 20 DE JUNIO DE 2003. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 472/2005.

6.- CARPETA Nº 387/2005. ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR, ADOPTADO EL 23 DE MAYO DE 1997, EN LA VII REUNION DE LOS ESTADOS PARTES DE LA CONVENCION DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR, DE 10 DE DICIEMBRE DE 1982. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 607/2005.

RESOLUCIONES:

Se ponen a consideración de la Comisión y se aprueban las siguientes Carpetas:

1.- CARPETA Nº 210/2005. ACUERDO SOBRE COOPERACION POLICIAL EN LA INVESTIGACION PREVENCION Y CONTROL DE HECHOS DELICTIVOS ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, HECHO EN RIO BRANCO, EL 14 DE ABRIL DE 2004. Nueva Agenda de Cooperación y Desarrollo Fronterizo. Mensaje y Proyecto de Ley y texto del Acuerdo del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 202/2005.

Se vota: 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Sergio Abreu.

2.- CARPETA Nº 259/2005. ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AEREO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL 20 DE OCTUBRE DE 2004. Proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 308/2005.

Se vota: 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Sergio Abreu.

3.- CARPETA Nº 295/2005. CONVENCION INTERA-MERICANA CONTRA EL TERRORISMO, ADOPTADA EN LA CIUDAD DE BRIDGETOWN (Barbados). Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, en reiteración del Mensaje de fecha 18 de marzo de 2003. Distribuido Nº 412/2005.

Se vota: 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Sergio Abreu.

4.- CARPETA Nº 331/2005. ACUERDO DE COOPERACION MUTUA CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL PARA COMBATIR EL TRAFICO DE AERONAVES COMPROMETIDAS EN ACTIVIDADES ILICITAS TRANSNACIONALES, SUSCRITO EN MONTEVIDEO, EL 14 DE SETIEMBRE DE 2004. Proyecto de Ley remitido por la Cámara de Representantes. Distribuido Nº 431/2005.

Se vota: 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

5.- CARPETA Nº 345/2005. MEDIDA I (2003) "SECRETARIA DEL TRATADO ANTARTICO" Y SU ANEXO "ACUERDO DE SEDE PARA LA SECRETARIA DEL TRATADO ANTARTICO" ADOPTADOS EN LA XXVI REUNION CONSULTIVA DEL TRATADO ANTARTICO CELEBRDA EN LA CIUDAD DE MADRID, REINO DE ESPAÑA, DEL 9 AL 20 DE JUNIO DE 2003. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Distribuido Nº 472/2005.

Se vota: 6 en 6. AFIRMATIVA: Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Sergio Abreu.

6.- CARPETA Nº 387/2005. ACUERDO SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DEL DERECHO DEL MAR, ADOPTADO EL 23 DE MAYO DE 1997, EN LA VII REUNION DE LOS ESTADOS PARTES DE LA CONVENCION DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR, DE 10 DE DICIEMBRE DE 1982. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo. Distribuido Nº 607/2005.

Se vota: 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

Se designa Miembro Informante -escrito- al señor Senador Sergio Abreu.

A la hora diecisiete y cincuenta y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman el señor Vicepresidente y el señor Secretario de la Comisión.

Sergio Abreu Vicepresidente

Julio Durán Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: en el orden del día figuran varios Tratados, por lo que vamos a ser muy breves dado que a esta hora estos temas pueden resultar un poco áridos.

El Tratado que está a consideración en este momento tiene que ver con un Acuerdo de Cooperación Mutua con el Gobierno de la República Federativa del Brasil y procura coordinar las acciones de las Partes en la lucha contra el tráfico de aeronaves supuestamente comprometidas en actividades ilícitas transnacionales, particularmente el contrabando de armas y municiones y el narcotráfico. Esto supone la participación de ambos Estados. Es importante hacer referencia a este tema porque precisamente hoy, en el Seminario de Política Exterior y Defensa en el que participamos junto con el señor Senador Fernández Huidobro, se mencionaba la participación de la defensa nacional en la política exterior. Este tema está muy vinculado, habida cuenta de que el combate del tráfico de aeronaves comprometidas en actividades ilícitas transnacionales requiere la participación de las Fuerzas Armadas y la tecnología adecuada para controlar el tráfico aéreo en territorio nacional.

Tenemos la información de que en el Uruguay se necesitan, aparte de las normas que se van a aprobar en este Tratado, algunas inversiones técnicas en el ámbito de la Fuerza Aérea para que un radar de carácter militar pueda registrar la navegación o el vuelo de cualquier tipo de aeronave en territorio nacional. Hoy el radar es de carácter civil y solamente puede registrar aquellos vuelos o aeronaves que reportan su cruce en el territorio nacional.

No se trata de un tema baladí, sino muy importante, y nada menos que en el ámbito de la frontera con Brasil, donde hay tantas dificultades de esta naturaleza. Entre otras cosas, cabe señalar lo que está ocurriendo en la ciudad de San Pablo, que da cuenta de la importancia que tienen el crimen organizado, el tráfico de drogas y todo lo vinculado al ámbito regional, nada menos que en las cercanías de la frontera con el Uruguay.

Por lo expuesto, la Comisión de Asuntos Internacionales aconseja la aprobación de este Acuerdo de Cooperación Mutua con la República Federativa del Brasil para combatir el tráfico de aeronaves por las reflexiones que nos merecía respecto del avance tecnológico que necesita el Uruguay.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley informado por el señor Senador Abreu.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo de Cooperación Mutua entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para Combatir el Tráfico de Aeronaves Comprometidas en Actividades Ilícitas Transnacionales, suscripto en Montevideo, el 14 de setiembre de 2004".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado.)

17) ACUERDO SOBRE COOPERACION POLICIAL EN LA INVESTIGACION, PREVENCION Y CONTROL DE HECHOS DELECTIVOS ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, HECHO EN RIO BRANCO, EL 14 DE ABRIL DE 2004

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo sobre Cooperación Policial en la investigación, prevención y control de hechos delictivos, entre la República Federativa del Brasil y la República Oriental del Uruguay. (Carp. Nº 210/05 - Rep.

Nº 226/06)".

(Antecedentes:)

"Carp.Nº 210/05

Rep. Nº 226/06

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Montevideo, 6 de junio de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Acuerdo sobre Cooperación Policial en la Investigación, Prevención y Control de Hechos Delictivos entre la República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil, hecho en Río Branco, el 14 de abril de 2004.

De conformidad con el espíritu de amistad y cooperación manifestado en el marco de la Nueva Agenda de Cooperación y Desarrollo Fronterizo, las Partes Contratantes suscribieron este instrumento con el objetivo de contribuir al desarrollo de las relaciones bilaterales a través del fortalecimiento de la cooperación policial para prevenir y/o investigar hechos delictivos, siempre que no estén reservados por las leyes del Estado requerido a otras autoridades y que lo solicitado no viole su legislación procesal o de fondo.

El fenómeno de la globalización y el proceso de integración regional conlleva a nuevos desafíos para combatir el accionar criminal, el que ha adquirido en los últimos tiempos una creciente dimensión transnacional.

Esto implica que en nuestro país, los organismos nacionales encargados de la seguridad interior a través del Ministerio del Interior, conforme al artículo 168, numeral 1 de la Constitución de la República, se impongan llevar adelante coordinada y acordadamente, en el ámbito regional y mundial, y particularmente con los Estados fronterizos, acciones para hacer más eficiente la lucha contra el crimen organizado.

Asimismo, a través de las relaciones entre los distintos organismos de control, los institutos policiales de ambos países, mediante los intercambios de experiencias e información como prevé el presente cuerpo normativo, podrán desarrollar procedimientos y sistemas integrales de control y prevención en la zona fronteriza. Ello permitirá abordar, especialmente, aquellos delitos que por su naturaleza y características no puedan ser eficazmente combatidos únicamente a nivel nacional, siempre sobre la base del respeto a la soberanía de cada uno de los Estados Partes, su normativa interna y la plena vigencia del Estado de Derecho.

Con el propósito de aumentar la eficiencia de la acción policial en los dos países, en lo atinente a los delitos cometidos en la zona fronteriza con la República Federativa del Brasil, el Poder Ejecutivo manifiesta especial interés en la aprobación del Acuerdo, haciendo propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de

la República; Reinaldo Gargano, José Díaz.

Montevideo, 6 de junio de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Policial en la Investigación, Prevención y Control de Hechos Delictivos, entre la República Federativa del Brasil y la República Oriental del Uruguay, hecho en la ciudad de Río Branco, el 14 de abril de 2004.

Reinaldo Gargano, José Díaz.

ACUERDO SOBRE COOPERACION POLICIAL EN LA INVESTIGACION, PREVENCION Y CONTROL DE HECHOS DELICTIVOS ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

La República Oriental del Uruguay y la República Federativa del Brasil, en adelante denominadas "las Partes";

Deseosas de contribuir al desarrollo de las relaciones bilaterales;

Interesadas en fortalecer la cooperación policial entre las autoridades competentes de las Partes;

De acuerdo con el espíritu de amistad y cooperación manifestado por las autoridades de ambos países en el marco de la Nueva Agenda de Cooperación y Desarrollo Fronterizo;

ACUERDAN

CAPITULO I

ALCANCE DEL ACUERDO

Artículo 1

Las Partes a los fines del presente Acuerdo, por in-termedio de las autoridades policiales y en el marco de sus respectivas jurisdicciones y competencias, se prestarán cooperación para prevenir y/o investigar hechos delictivos, siempre que tales actividades no estén reserva-

das por las leyes del Estado requerido a otras autoridades y que lo solicitado no viole su legislación procesal o de fondo.

Artículo 2

A los efectos del presente Acuerdo se entenderá por autoridades competentes a las autoridades policiales comprendidas en el Anexo I.

Artículo 3

1. La asistencia y cooperación comprenderá las situaciones de interés mutuo relacionadas con las tareas de policía, en las zonas limítrofes.

2. Se considera comprendido en la cooperación policial prevista en este Acuerdo, todo hecho que constituya delito tanto en el Estado requirente como en el Estado requerido.

Artículo 4

La cooperación será prestada, conforme lo permita la legislación interna, la que sometida a las condiciones que se establecen en el presente Acuerdo, estará referida a:

a. El intercambio de información sobre actos preparatorios o ejecución de delitos que puedan interesar a la otra Parte, como asimismo el modus operandi detectado, documentaciones y certificaciones a los fines de la prevención de hechos ilícitos.

b. La ejecución de actividades investigativas y diligencias sobre situaciones o personas imputadas o presuntamente vinculadas en hechos delictivos, las que serán llevadas a cabo por la Parte requerida.

CAPITULO II

INTERCAMBIO DE INFORMACION

Artículo 5

Cada una de las Partes designará un Coordinador Policial de Frontera perteneciente a las autoridades policiales, los cuales:

a. Recibirán y encaminarán las solicitudes de cooperación policial e intercambio de información que se contemplan en el presente Acuerdo;

b. Supervisarán y evaluarán periódicamente el funcionamiento de los mecanismos establecidos;

c. Planificarán y propondrán a las autoridades competentes de sus respectivos Estados los proyectos necesarios para fortalecer y alcanzar una mayor eficacia de las medidas contempladas en este Acuerdo.

La competencia de los Coordinadores incluirá la entrega de las informaciones solicitadas, cumpliendo sus obligaciones de conformidad con las instrucciones de las Partes requerida y requirente, comunicando a las autoridades competentes de sus respectivos Estados, quedando éstos impedidos de realizar cualquier actuación en forma independiente.

Artículo 6

1. El intercambio de información policial al que refiere el artículo precedente se realizará a través del Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del MERCOSUR (SISME), debiendo en tal caso ser ratificado por documento original firmado dentro de los 10 (diez) días siguientes al pedido inicial.

2. Hasta que se implemente el sistema de intercambio de información precedentemente referido, las solicitudes serán enviadas a los Coordinadores Policiales de Frontera respectivos por intermedio de telex, fax, correo electrónico o similar.

3. El Coordinador Policial de Frontera de la Parte requerida tramitará la solicitud asignándole el carácter de urgente despacho, a partir de la instrumentación de un mecanismo que lo haga posible.

4. El Ministerio de Justicia del Brasil y el Ministerio del Interior del Uruguay se comunicarán la designación de los Coordinadores Policiales de Frontera así como las modificaciones que se produjeren, manteniendo informados de ello a las autoridades policiales de sus respectivos países.

Artículo 7

La información requerida en los términos del presente Acuerdo será suministrada, de conformidad a las respectivas legislaciones, en las mismas condiciones que se proporcionan a sus propias autoridades policiales.

Artículo 8

Sin perjuicio de lo expresado en el artículo 7, la autoridad competente de la Parte requerida podrá aplazar el cumplimiento de la solicitud, o sujetarla a condiciones, en caso de que interfiera con una investigación en curso en el ámbito de su jurisdicción.

Artículo 9

Las Partes deberán:

a. A pedido de la Parte requirente, mantener el carácter confidencial de la solicitud y de su tramitación. Si la solicitud no puede tramitarse sin violar la confidencialidad, la Parte requerida informará de ello a la Parte requirente la que decidirá si mantiene vigente la solicitud.

b. De igual manera, la autoridad competente de la Parte requerida podrá solicitar que la información obtenida a partir de la solicitud tenga carácter confidencial. En tal caso, el requirente respetará dichas condiciones. Si no pudiere aceptarlas lo comunicará a la Parte requerida la que decidirá sobre la prestación o no de la colaboración.

Artículo 10

A pedido del Coordinador Policial de Frontera de la parte requirente, el Coordinador de la Parte requerida informará, a la brevedad, sobre el estado de cumplimiento alcanzado con referencia a la solicitud tramitada.

Artículo 11

Las autoridades policiales de la Parte requirente, salvo consentimiento previo de las autoridades de la Parte requerida, sólo podrán emplear la información obtenida en virtud del presente Acuerdo en la investigación o procedimiento policial indicado en la solicitud.

Artículo 12

La solicitud deberá redactarse en el idioma de la Parte requirente y será acompañada de una traducción al idioma de la Parte requerida. A su vez, los informes originados como consecuencia de la referida solicitud, serán redactados únicamente en el idioma del Estado requerido.

CAPITULO III

PERSECUCION DE DELINCUENTES

Artículo 13

Los funcionarios de las autoridades policiales de las Partes que, en su propio territorio, estén persiguiendo a una o más personas que para eludir la acción de tales auto-ridades traspasaran el límite fronterizo, podrán ingresar al territorio de la otra Parte al solo efecto de requerir a la autoridad policial más próxima el procedimiento legal correspondiente. De la solicitud deberá labrarse acta por escrito.

Artículo 14

Concretada la detención y/o aprehensión preventiva de las personas motivo de la persecución, las autoridades policiales de la Parte requerida comunicarán en forma urgente a las autoridades de la Parte requirente. Las personas detenidas y/o aprehendidas preventivamente permanecerán en dicha situación conforme a las disposiciones legales establecidas en el país de detención.

Artículo 15

Las autoridades policiales de una de las Partes en el desarrollo de la investigación de un delito o vigilancia de una o más personas que presuntamente hayan participado en un hecho delictivo y que pueda ser objeto de extradición, podrán actuar como observadores en el territorio de la otra Parte previa autorización de las autoridades de esta última.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 16

El presente Acuerdo no restringirá la aplicación total o parcial de otros que sobre la misma materia hubieran sido suscritos o pudieran suscribirse entre las Partes, en tanto sus cláusulas resultaren más favorables para fortalecer la cooperación mutua en asuntos vinculados a las tareas de policía en zonas limítrofes.

Artículo 17

1. Las controversias que surjan entre las Partes con motivo de la aplicación, interpretación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo, serán resueltas por negociaciones directas entre el Ministerio de Justicia de Brasil y el Ministerio del Interior de Uruguay, en un plazo de 90 (noventa) días.

2. Si vencido ese plazo la controversia no hubiera sido resuelta mediante las negociaciones directas aludidas en el párrafo anterior de este artículo, ella será solucionada por la vía diplomática.

Artículo 18

Las Partes, a través de las autoridades policiales se comprometen a establecer y mantener, en la zona de frontera, los sistemas de comunicaciones más adecuados a los fines del presente Acuerdo.

Artículo 19

El presente Acuerdo entrará en vigor 60 (sesenta) días después de la fecha en que las Partes intercambien los respectivos instrumentos de ratificación.

Artículo 20

Cualquiera de las Partes signatarias podrá denunciarlo, mediante notificación escrita dirigida a la otra por vía diplomática, con 6 (seis) meses de anticipación.

 

ANEXO I

ACUERDO SOBRE COOPERACION POLICIAL EN LA INVESTIGACION, PREVENCION Y CONTROL DE HECHOS DELICTIVOS, ENTRE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Coordinadores de Frontera

- República Federativa del Brasil Ministerio de Justicia - Secretaria Nacional de Justicia

Dirección Postal: Explanada dos Ministerios, BI. T, Edificio Sede, sala 428

(CP 70064-900) Brasilia - DF.

- República Oriental del Uruguay

Ministerio del Interior - Dirección Nacional de Información e Inteligencia

Dirección Postal: Maldonado 1121 - Montevideo - Uruguay

ANEXO II

ACUERDO SOBRE COOPERACION POLICIAL EN LA INVESTIGACION, PREVENCION Y CONTROL DE HECHOS DELICITIVOS, ENTRE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Nómina de las Autoridades Policiales comprometidas en los términos del presente Acuerdo:

Por la República Federativa del Brasil

- Policía Federal del Brasil;

- Secretaría de Justicia y Seguridad de Río Grande del Sur.

Por la República Oriental del Uruguay

- Policía Nacional del Uruguay.

 

 

Montevideo, 10 de mayo de 2006.

Informe a la Comisión de Asuntos Internacionales

Carpeta Nº 210/2005

ACUERDO SOBRE COOPERACION POLICIAL EN LA INVESTIGACION, PREVENCION Y CONTROL DE DELITOS URUGUAY - BRASIL - APROBACIÓN

(Entrado: 14/06/2005)

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha enviado para la aprobación de este Cuerpo el Acuerdo sobre Cooperación Policial en la investigación, Prevención y Control de Hechos Delictivos, suscrito entre nuestro país y la República Federativa del Brasil el día 14 de abril de 2004.

Tal como lo señala el preámbulo del Acuerdo, el mismo se enmarca dentro de la llamada Nueva Agenda de Cooperación y Desarrollo Fronterizo con el Brasil y tiene por objeto fortalecer la cooperación policial entre las autoridades competentes de las Partes a efectos de lograr, en la zona fronteriza, una respuesta más eficaz en la lucha contra el crimen organizado de carácter transnacional.

El objeto de la cooperación está señalado en los artículos 1 y 3.2 del Acuerdo, los que determinan que las Partes se comprometen a cooperar para prevenir y/o investigar hechos delictivos, siempre que tales actividades "no estén reservadas por las leyes del Estado requerido a otras autoridades y que lo solicitado no viole su legislación procesal o de fondo". Esta precisión deja a resguardo la normativa interna de cada uno de los Estados Partes.

Asimismo, se especifica que los hechos delictivos comprendidos en la cooperación a que se refiere el artículo primero, para ser tales, deberán ser considerados delictivos tanto por la legislación del Estado requirente como por la legislación del Estado requerido.

A su vez, el alcance de la cooperación está delimitado por los artículos 3.1 y 4 del Acuerdo.

El primero establece que la asistencia y cooperación objeto del Acuerdo comprenderá las situaciones de interés mutuo relacionadas con las tareas de policía, en las zonas limítrofes.

El segundo determina que la cooperación estará referida 1) al intercambio de información sobre actos preparatorios o ejecución de delitos que puedan interesar a la otra Parte, al modus operandi detectado, documentaciones y certificaciones a los fines de la prevención de hechos ilícitos, y 2) a la ejecución de actividades investigativas y diligencias sobre situaciones o personas imputadas o presuntamente vinculadas en hechos delictivos, las que serán llevadas a cabo por la parte requerida.

Las autoridades competentes para llevar a cabo la cooperación prevista serán las autoridades policiales comprendidas en Anexo I, a saber el Ministerio del Interior -Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Uruguay por un lado, y el Ministerio de Justicia- Secretaría Nacional de Justicia de Brasil, por el otro lado (artículo 2).

Una vez determinado el objeto y alcance de la cooperación, el Acuerdo regula la forma en que habrá de llevarse a cabo el intercambio de información (Capítulo II) y la Persecución de Delincuentes (Capítulo III).

Para implementar el intercambio de información del Capítulo II, el Acuerdo manda a cada Parte a que designe un Coordinador Policial de Frontera, perteneciente a las autoridades policiales, los que estarán encargados de recibir y encaminar las solicitudes de cooperación policial e intercambio de información que se contemplan en el Acuerdo.

A su vez, se establece una coordinación policial a nivel interno en cada Parte, al indicar que los Coordinadores comunicarán sus actuaciones a las autoridades competentes de sus respectivos Estados los que quedarán impedidos de realizar cualquier actuación sobre el tema de forma independiente.

Los Coordinadores, además, tendrán tareas de supervisión de los mecanismos establecidos y capacidad de propuesta ante las autoridades nacionales competentes para preservar proyectos que, a su juicio, fortalezcan al sistema. (Artículo 5).

Los artículos siguientes de este Capítulo establecen la mecánica para la tramitación acelerada del intercambio de información (artículo 6); las condiciones en que se proporcionará la información (artículo 7); la posibilidad de su aplazamiento en el caso de que la tramitación de la solicitud interfiera con una investigación en curso (artículo 8); la necesidad de mantener -en lo posible- el carácter confidencial de la solicitud y de su tramitación (artículo 9) y el idioma en que debe redactarse la solicitud de información (artículo 12).

Se establece un deber de información recíproco sobre el estado de la cooperación que se solicita: en tal sentido el Coordinador de la Parte requerida, a pedido del Coordinador de la Parte requirente, deberá informar sobre el estado de cumplimiento alcanzado con referencia a la solicitud tramitada (artículo 10).

Se marcan asimismo los límites del uso de la información, al pactarse que las autoridades de la Parte requirente, en principio, sólo podrán emplear la información obtenida en virtud del presente Acuerdo en la investigación o procedimiento policial indicado en la solicitud (artículo 11).

La persecución de delincuentes del Capítulo III procura disminuir los efectos negativos de los cruces de frontera que con facilidad realizan los delincuentes perseguidos por las autoridades policiales de las dos Partes, evadiendo la acción policial. Al respecto, el artículo 13 establece que en tal caso la persecución, las autoridades policiales de una Parte podrán ingresar al territorio de la otra Parte pero al solo efecto de requerir a la autoridad policial más próxima el procedimiento legal correspondiente, de cuya solicitud deberá labrarse acta por escrito. No se trata pues de permitir una verdadera acción policial en territorio de otro país sino de procurar una rápida cooperación en la captura de presuntos delincuentes.

Si se produjera por parte de la policía local, la detención o aprehensión preventiva de las personas motivo de la persecución, las autoridades policiales de dicha parte lo comunicarán de forma urgente a las autoridades de la Parte requirente. Las personas detenidas o aprehendidas preventivamente permanecerán en dicha situación conforme a las disposiciones legales establecidas en el país de detención (artículo 14).

En otro avance de la cooperación policial transfronteriza, se establece en el artículo 15 que si mediara autorización de las autoridades de la Parte involucrada en la detención, la otra Parte podrá actuar como observadora en el territorio de aquella en lo que se refiere a la investigación o vigilancia de la o las personas que presuntamente han participado en un hecho delictivo que podría ser objeto de extradición (ar-tículo 15).

El artículo 16 establece la forma de compatibilizar el Acuerdo con otros textos que se hubieran celebrado o que se celebren en el futuro entre las Partes sobre la misma materia. Al respecto dispone que el presente Acuerdo no habrá de restringir la aplicación total o parcial de otros textos similares en tanto las cláusulas de éstos resultaren más favorables para fortalecer la cooperación mutua en asuntos vinculados a las tareas de policía en zonas limítrofes.

El artículo 17 se refiere a la solución de las controversias entre las Partes, procurando en primer lugar las negociaciones directas entre las autoridades competentes del Acuerdo (Ministerio de Justicia de Brasil y Ministerio del Interior de Uruguay), y si las mismas no tienen éxito, procurar su solución a través de la vía diplomática.

Las Partes se comprometen a establecer y mantener, en la zona de frontera, los sistemas de comunicación más adecuados a los fines del presente Acuerdo (artículo 18).

Los dos artículos finales se refieren a la entrada en vigor y a la posibilidad de denuncia del Tratado.

Por lo antes expuesto, y por considerarlo de interés para la República, se recomienda la aprobación del presente Acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: este proyecto de ley tiene que ver con un Acuerdo sobre Cooperación Policial en la Investigación, Prevención y Control de Hechos Delictivos entre el Uruguay y la República Federativa del Brasil. Seguramente, los señores Senadores deben tener el informe escrito que hemos realizado para adelantar el conocimiento de este Tratado.

En realidad, estamos hablando de Tratados internacionales porque, según la Convención de Viena, cualquier tipo de Acuerdo que necesite la aprobación del Poder Legislativo tiene la naturaleza de Tratado.

En este Acuerdo el objeto de la cooperación está señalado en los artículos 1º y 3º, y las Partes se comprometen a cooperar para prevenir y/o investigar hechos delictivos, siempre que esas actividades no estén reservadas por las leyes del Estado requerido a otras autoridades y que lo solicitado no viole su legislación procesal o de fondo. Acá hay una especial cautela respecto de que no puede ir más allá de las disposiciones de leyes de fondo de los Estados.

El alcance de la cooperación está delimitado por los artículos 3.1 y 4 del Acuerdo. Se establece quiénes son las autoridades competentes para llevar a cabo la cooperación prevista, que en este caso serán las autoridades policiales comprendidas en el Anexo I, a saber el Ministerio del Interior-Dirección Nacional de Información e Inteligencia.

Para implementar el intercambio de información del Capítulo II, el Acuerdo manda a cada Parte a que designe un Coordinador Policial de Frontera, perteneciente a las autoridades policiales. Obviamente, esto también está vinculado a una dinámica de la política exterior, nada menos que a la política de fronteras, habida cuenta de la sensibilidad que estos temas tienen últimamente.

A su vez, se establece una coordinación policial a nivel interno de cada Parte.

Los artículos siguientes de este Capítulo establecen la mecánica para la tramitación acelerada del intercambio de información, la posibilidad de su aplazamiento, la necesidad de mantener -en lo posible- el carácter confidencial de la solicitud y de su tramitación.

Asimismo, se establece un deber de información recíproco sobre el estado de la cooperación que se solicita; en tal sentido, el Coordinador de la parte requerida, a pedido del Coordinador de la parte requirente, deberá informar sobre el estado de cumplimiento alcanzado con referencia a la solicitud tramitada.

Se marcan asimismo los límites del uso de la información.

La persecución de delincuentes del Capítulo III procura disminuir los efectos negativos de los cruces de frontera que con facilidad realizan los delincuentes perseguidos por las autoridades policiales de las dos Partes, evadiendo la acción policial.

El artículo 16 establece la forma de compatibilizar el Acuerdo con otros textos que se hubieran celebrado o que se celebren en el futuro entre las Partes sobre la misma materia.

El artículo 17 refiere a la solución de controversias entre las Partes.

En resumen, se trata de un Acuerdo de Cooperación que es más de carácter instrumental, pero que es importante habida cuenta de la necesidad de tener una política de fronteras muy activa con relación al crimen y los delitos que se cometen en la región.

Por los motivos expuestos, la Comisión de Asuntos Internacionales aconseja la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo sobre Cooperación Policial en la Investigación, Prevención y Control de Hechos Delictivos, entre la República Federativa del Brasil y la República Oriental del Uruguay, hecho en la ciudad de Río Branco, el 14 de abril de 2004".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

18) CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO, ADOPTADA EN LA CIUDAD DE BRIDGETOWN (BARBADOS)

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada en la ciudad de Bridgetown (Barbados) (Carp. Nº 295/05 - Rep. Nº 227/06)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 295/05

Rep. Nº 227/06

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Montevideo, 8 de agosto de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el Artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 18 de marzo de 2003 que se adjunta, por el cual se solicitó la aprobación parlamentaria de la "Convención Interamericana contra el Terrorismo", adoptada el 3 de junio de 2002, en la ciudad de Bridgetown (Barbados), en oportunidad de celebrarse el Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Al mantenerse vigentes los fundamentos que en su oportunidad dieron mérito al envío de aquel Mensaje, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Azucena Berrutti, José Díaz.

Montevideo, 8 de agosto de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase la "Convención Interameric-ana contra el Terrorismo" adoptada el 3 de junio de 2002 en la ciudad de Bridgetown (Barbados), en oportunidad de celebrarse el Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Azucena Berrutti, José Díaz.

Montevideo, 18 de marzo de 2003.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a fin de someter a su consideración el adjunto Proyecto de Ley por el cual se aprueba la Convención Interamericana contra el Terrorismo adoptada el 3 de junio de 2002 en la ciudad de Bridgetown (Barbados), en oportunidad de celebrarse el Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

La solicitud de aprobación se fundamenta en la siguiente exposición:

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Las manifestaciones de violencia que enfrenta la humanidad en el presente no constituyen un fenómeno nuevo. Sin embargo, recién en el segundo cuarto del siglo XX los Estados comenzaron a plantear en los foros internacionales su preocupación por conductas calificables como "terroristas". La generalización de secuestros, atentados, asesinatos, detonación de bombas, piratería aérea, toma de rehenes con fines de intimidación y otras conductas de extrema crueldad dieron lugar a una profunda y creciente preocupación internacional, determinando la necesidad de arbitrar medios para su prevención y castigo. La intensidad y la violencia de los atentados terroristas, así como su incremento en casi todas las áreas del planeta, generaron la necesidad de celebrar diversos instrumentos multilaterales atinentes a esta materia.

Este proceso se vio indudablemente favorecido por el desarrollo de las comunicaciones y la velocidad de los medios de transporte, tanto para la realización de estas actividades como para su ocultamiento. Quienes perpetran actos de terrorismo en un Estado frecuentemente utilizan otros Estados como escondite, lugar de financiamiento, centro de entrenamiento o plataforma de operaciones, lo que dificulta su detección. Por otra parte, es frecuente que estas organizaciones estén vinculadas al tráfico de drogas y armas. En virtud de estas características de compleja etiología, la prevención y represión de estas actividades requieren un marco jurídico que permita instrumentar los mecanismos de cooperación interestatal más eficaces.

El continente americano no ha escapado a esta realidad. Los hechos ocurridos en Nueva York en setiembre de 2001, coincidieron con la Vigésimo Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Lima, en la que se realizó la Carta Democrática Interamericana. El impacto de la noticia generó repercusiones de distinta índole en el plano político y jurídico de la OEA, entre ellas, la aprobación de la Resolución RC.23/RES.1/01 rev.1 corr.1 "Fortalecimiento de la cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo". En dicha resolución se recomendó al Consejo Permanente de la OEA la creación de un Grupo de Trabajo, con el objetivo de elaborar un proyecto de Convención Interamericana contra el Terrorismo, para ser sometido a la aprobación de la Asamblea General subsiguiente.

II. ANTECEDENTES.

Como primer antecedente regional de la Convención objeto de este Mensaje, corresponde mencionar a la Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y las extorsión conexa cuando éstos tengan trascendencia internacional, adoptada en el Tercer Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA (Washington, 1971), de la que Uruguay forma parte conjuntamente con Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Dado que sólo catorce de los treinta y cuatro Estados miembros de la OEA forman parte de este instrumento, se entendió conveniente realizar un nuevo esfuerzo de negociación en la materia, como forma de respuesta regional unida y encuadrada dentro del Derecho Internacional, sus principios y sus límites, al fenómeno del terrorismo.

Constituye asimismo trascendente antecedente regional la "Declaración de Lima para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo" adoptada en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo que tuvo lugar en abril de 1996. La referida declaración destaca algunos aspectos que mantienen plena vigencia y que siguen presidiendo el pensamiento político americano en esta materia; en especial aquellos que refieren a la vigencia del derecho internacional, al pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, al respeto a la soberanía de los Estados, al principio de no intervención y al estricto cumplimiento de los derechos y deberes de los Estados consagrados en la Carta de la OEA.

La violencia terrorista erosiona la convivencia pacífica y civilizada, afecta el estado de derecho y el ejercicio democrático y pone en peligro la estabilidad de las instituciones nacionales y el desarrollo socioeconómico de nuestros países. Por ello adquiere particular importancia que los Estados Miembros de la OEA ratifiquen o adhieran a los instrumentos internacionales sobre terrorismo y que, de ser necesario, los implementen a través de sus legislaciones nacionales.

A los antecedentes mencionados corresponde añadir el "Compromiso de Mar del Plata" adoptado durante la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo (noviembre de 1998). En este instrumento los representantes de los Estados miembros de la OEA reiteraron su preocupación por el tema, ratificaron los conceptos ya manifestados en la reunión de Lima y crearon el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) integrado por las autoridades nacionales competentes con el propósito de desarrollar la cooperación a fin de prevenir, combatir y eliminar los actos y actividades terroristas.

III. LA CONVENCION

III.1. Preámbulo.

El Preámbulo ratifica los propósitos y principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, considerando que el terrorismo constituye una seria amenaza para los valores democráticos, para la paz y la seguridad internacionales, se reafirma la necesidad de que el sistema interamericano adopte medidas eficaces para prevenirlo, sancionarlo y eliminarlo, mediante la más amplia cooperación. En este mismo sentido, se tiene en cuenta particularmente el antecedente de la Resolución sobre el fortalecimiento de la cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, adoptada en Lima en el año 2001.

III.2. Objeto y fines (artículo 1).

El artículo primero trata del objeto y fines de la Convención. Al comienzo de las negociaciones se utilizó el término "propósitos" pero luego se entendió que técnicamente era más adecuado referirse al "objeto". Este se definió de manera amplia e incluye la prevención, sanción y eliminación del terrorismo mediante la cooperación entre los Estados Parte.

III.3. Instrumentos internacionales aplicables (artículos 2 y 3)

La Convención no contiene un concepto de terrorismo. Ello es fruto de las conocidas dificultades para adoptar una definición que fuera aceptable para todos los Estados. Se optó por ende por un mecanismo ya utilizado en otros instrumentos: la remisión a texto expreso a las Convenciones más importantes en materia de terrorismo que están actualmente en vigor. Entre ellas se encuentran las siguientes, de las que Uruguay es parte: Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (La Haya, 1970), Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (Montreal, 1971) y su Protocolo complementario (Montreal, 1988), Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos (Nueva York, 1973), Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima y su Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental (Roma, 1988) y el Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas (Nueva York, 1997).

El párrafo 2 prevé la situación de aquellos Estados que no sean parte de uno o más de los instrumentos internacionales enumerados. Este sería el caso de Uruguay en relación con la Convención Internacional contra la toma de rehenes (Nueva York, 1979) el Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares (Viena, 1980), y el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo (Nueva York, 1999). En esta situación, se contempla la posibilidad de que el Estado declare que los instrumentos de los que no es parte, no se considerarán incluidos entre los que se aplican a esta Convención. Esta declaración cesará sus efectos cuando aquéllos entren en vigor para el referido Estado, el que deberá notificar tal hecho al depositario.

Por otra parte, si un Estado Parte deja de ser parte de alguno de los instrumentos reseñados en el párrafo 1, podrá hacer una declaración, según lo dispuesto en el párrafo 2.

Sin perjuicio de lo expresado, los Estados Parte asumen el compromiso de esforzarse por adherir o ratificar -de acuerdo con sus disposiciones constitucionales- los instrumentos internacionales enumerados en el párrafo 1 del artículo 2 de los cuáles aún no sea parte. Este compromiso se añade al de adoptar las medidas necesarias para aplicar los referidos instrumentos efectivamente, incluyendo en su legislación interna, el establecimiento de penas respecto de los delitos mencionados (artículo 3).

III.4. Medidas para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo (artículo 4).

Recogiendo una de las principales disposiciones de la Convención Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, el artículo 4 retoma el compromiso de los Estados Parte en torno al establecimiento de un régimen jurídico y administrativo que permita prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo, así como lograr una cooperación internacional efectiva. Las medidas a adoptar por los Estados Parte deberán comprender el establecimiento de un régimen normativo y de supervisión -basado en la identificación del cliente, la conservación de registros y comunicación de transacciones sospechosas- para los bancos y otras instituciones susceptibles de ser utilizadas para financiar actividades terroristas.

Los Estados Parte deberán contemplar también, la adopción de medidas de detección y vigilancia de movimientos transfronterizos de dinero en efectivo, instrumentos negociables al portador y otros movimientos relevantes de valores. Es de destacar que las medidas que se adopten en este sen-tido estarán sujetas a salvaguardas que garanticen el uso ade-cuado de la información y el movimiento legítimo de capitales.

Por último, los Estados deberán establecer una unidad de inteligencia financiera que actuará como centro nacional para recopilar, analizar y difundir información sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo. Esta medida tiene por objeto incentivar la capacidad de cooperación a nivel nacional e internacional.

El párrafo 2 del artículo 4 reafirma la importancia de las recomendaciones sobre lavado de dinero y control de capitales realizadas, en particular, por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD). Las mismas deberán tenerse en cuenta para la aplicación de las medidas previstas en el párrafo 1.

III.5. Delitos determinantes del lavado de dinero (artículo 6).

Los Estados Parte deberán adoptar medidas para asegurar que su legislación penal sobre lavado de dinero incluya como delitos determinantes de este último -vale decir, como delitos de los que se deriva un producto que puede ser objeto de blanqueo- los establecidos en los instrumentos incluidos en el párrafo 1 del artículo 2, comprendiendo los que se cometan dentro o fuera de la jurisdicción del Estado Parte.

III.6. Asistencia jurídica mutua (artículo 9)

La delincuencia organizada transnacional, al situar los elementos del delito en distintos países, facilita su impunidad dado que la acción de la policía, la justicia y el mismo derecho penal de los Estados se circunscribe en principio, a su ámbito territorial. Ante esta dificultad, es vital el estrechamiento de los vínculos entre los Estados a través de la adopción de nuevas formas de cooperación internacional, entre las que se destaca la cooperación jurídica en materia penal. En este sentido, el artículo 9 consagra el deber de los Estados Parte de prestar la mayor y más expedita asistencia jurídica posible con respecto a la prevención y a cualquier investigación o proceso relacionado a los delitos establecidos en el artículo 2, incluso con respecto a la obtención de las pruebas necesarias para el proceso.

En los casos en los que rigen tratados en materia de cooperación judicial entre los Estados Parte, deberá cumplirse con la obligación de cooperar en su marco. En su defecto, los Estados se prestarán dicha asistencia de conformidad con su legislación nacional.

III.7. Traslado de personas bajo custodia (artículo 10).

El artículo 10 consagra una forma especial de asistencia, la que en la actualidad se incluye en la casi totalidad de los instrumentos relativos a la cooperación jurídica internacional en materia penal: la cooperación en materia de prueba testimonial, en la que resulta necesaria la presencia, en el territorio del Estado requirente, de quien presta testimonio o colabora en la obtención de la prueba. En particular, la norma se refiere al caso en que la persona en cuestión se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el Estado requirente. En este supuesto, la persona sólo podrá ser trasladada al Estado requirente si se cumplen las siguientes condiciones:

i) que la persona, una vez informada de dicha solicitud, preste su consentimiento libremente; y

ii) que las autoridades competentes de ambos Estados estén de acuerdo, con las condiciones que consideren apropiadas (párrafo 1).

El Estado al que se traslade la persona deberá mantenerla detenida (salvo que el Estado desde el que se trasladó solicite o autorice otra cosa) cumpliendo sin demora su obligación de devolverla. El tiempo durante el cual la persona permanezca detenida en el Estado al que fue trasladada deberá tenerse en cuenta a los efectos del cómputo de la pena que ha de cumplir en el Estado desde el que se ha trasladado. El Estado al que sea trasladada la persona no podrá exigir al Estado desde el que se trasladó, que inicie el procedimiento de extradición para su devolución (artículo 10, párrafo 2).

Cualquiera sea su nacionalidad, una persona trasladada a un Estado Parte no podrá ser procesada, detenida ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad en el territorio de dicho Estado, con relación a actos o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado desde el que fue trasladada, a menos que éste preste su conformidad (artículo 10, párrafo 3). Se trata de un salvoconducto que protege los derechos del testigo durante su permanencia en el Estado requirente y garantiza su retorno al requerido.

III.8. Embargo y decomiso de fondos u otros bienes (artículo 5).

Otra forma especial de cooperación prevista en la Convención Interamericana es la relativa a las medidas asegurativas sobre bienes y objetos. Esta modalidad está consagrada en todos los tratados de asistencia jurídica internacional en materia penal suscritos por la República. Según el artículo 5, los Estados Parte deberán adoptar las medidas necesarias, siempre al amparo de los procedimientos establecidos en su legislación, para identificar, congelar, embargar y, en su caso, decomisar los fondos u otros bienes utilizados o asignados para cometer los delitos incorporados en los instrumentos indicados en el artículo 2, así como los que constituyan el producto de los mismos.

III.9. Otras formas de cooperación (artículos 7, 8, 16 y 17).

a. La Convención Interamericana reconoce que la cooperación y el intercambio de información son mecanismos indispensables para mejorar las medidas de control fronterizo y aduanero que permitan detectar y prevenir la circulación internacional de terroristas y el tráfico de armas u otros materiales destinados a apoyar actividades terroristas. En el mismo sentido, los Estados se comprometen a promover la cooperación y el intercambio de información para mejorar los controles de emisión de los documentos de viaje y de identidad y evitar su falsificación, alteración o utilización fraudulenta. En ningún caso estas medidas podrán ser obstáculo para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en materia de libre movimiento de personas y facilitación del comercio (artículo 7).

b. El artículo 8 prevé la necesidad de establecer y, de ser necesario, mejorar la comunicación entre las autoridades de los Estados Parte, para facilitar la obtención segura y rápida de información relativa a los delitos consagrados en los instrumentos mencionados en el artículo 2, a los efectos de fortalecer la aplicación efectiva de la ley y de combatir los referidos delitos.

c. Un aspecto importante a tener en cuenta en relación a los fines perseguidos por la Convención es el que refiere a la capacitación. A dichos efectos, se prevé que los Estados Parte promoverán programas de cooperación técnica y de capacitación para fortalecer las instituciones nacionales encargadas de cumplir las obligaciones derivadas de la Convención. Esta cooperación tendrá lugar a nivel nacional, bilateral, subregional, regional y en el marco de la Organización de los Estados Americanos, así como con otras organizaciones regionales e internacionales que lleven a cabo actividades vinculadas con los propósitos de la Convención (artículo 16).

d. Finalmente, se contempla la cooperación ente los Estados Parte en el ámbito de los órganos correspondientes de la Organización de los Estados Americanos, incluyendo al Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE). Este Comité, creado por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en su Vigésimo Noveno Período Ordinario de Sesiones, tiene entre sus funciones la promoción de la cooperación interamericana en la materia. En este sentido, se ha previsto que el CICTE preste asistencia a los Estados miembros que así lo soliciten, a los fines de prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, fomentando, de conformidad con su legislación interna, el intercambio de experiencias e información sobre las actividades de personas, grupos, organizaciones y movimientos vinculados a actos terroristas, así como en relación con los métodos, fuentes de financiamiento, entidades de las que reciban protección o apoyo, en forma directa o indirecta, y su eventual vinculación en la comisión de otros delitos.

III.10. Inaplicabilidad de la excepción de delito político. Denegación de asilo y refugio (ar-tículos 11 a 13).

Del mismo modo que en otros instrumentos bilaterales y multilaterales de los que la República es parte, la Convención Interamericana rechaza la posibilidad de considerar el terrorismo como delito político, conexo con un delito político o inspirado por motivos políticos. En consecuencia, no podrá denegarse una solicitud de extradición o de asistencia jurídica mutua por el solo motivo de que se relacione con un delito de esas características.

Como consecuencia de la consagración de este principio, los Estados Parte se obligan a adoptar medidas, dentro de lo previsto por el derecho interno e internacional, para asegurar que no se reconozca la condición de refugiado (artículo 12) ni se otorgue asilo (artículo 13) a aquellas personas respecto de las cuales existan motivos fundados para considerar que han cometido alguno de los delitos establecidos en los instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 2.

III.11. No discriminación y respeto de los derechos humanos (artículos 14 y 15)

a. El artículo 14, incorporado por iniciativa de Canadá, prevé que ningún Estado Parte al que se requiera asistencia jurídica estará obligado a proporcionarla si tiene razones fundadas para creer que la solicitud tiene la finalidad de enjuiciar y castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política o si el cumplimiento de la referida solicitud causara perjuicios a dicha persona por alguno de dichos motivos.

b. Según el artículo 15, las medidas que los Estados Parte adopten en cumplimiento de lo dispuesto por la Convención deberán cumplirse en un marco de respeto del estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales (párrafo 1).

Asimismo, las disposiciones de la Convención no podrán interpretarse como un menoscabo de los derechos, las obligaciones y las responsabilidades tanto de los Estados como de las personas, de conformidad con el derecho internacional, en especial la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el derecho internacional humanitario y las normas internacionales sobre derechos humanos y refugiados (párrafo 2).Montevideo, 10 de mayo de 2006.

Además, corresponde tener en cuenta que, de conformidad con el párrafo 3, la persona que se encuentre detenida o con respecto a quien se adopte cualquier medida o sea encausada de conformidad con la Convención, deberá gozar de un trato justo, incluyendo el goce de todos los derechos y garantías establecidas en el derecho internacional y en la legislación interna del Estado en el que se encuentre.

III.12. Mecanismo de consulta (artículo 18).

La Convención Interamericana prevé la celebración de reuniones periódicas de consulta entre los Estados Parte, a los efectos de facilitar la implementación de sus disposiciones, la consideración de asuntos de interés identificados por los propios Estados y el intercambio de información y experiencias sobre métodos efectivos de prevención, detección, investigación y sanción del terrorismo.

La Convención prevé la realización de una reunión de consulta una vez recibido el décimo instrumento de ratificación, lo cual supone que la Convención ya se encuentre en vigor, según lo establecido por el artículo 22. Sin perjuicio de ello, los Estados podrán celebrar reuniones de consulta cuando lo consideren apropiado, a cuyos efectos, podrán solicitar asistencia a los organismos correspondientes de la Organización de los Estados Americanos, incluyendo el CICTE.

III.13. Ejercicio de jurisdicción (artículo 19).

La soberanía de los Estados Parte queda asegurada a través de lo dispuesto en el artículo 19, en tanto dispone que nada de lo previsto en la Convención facultará a un Estado Parte para ejercer su jurisdicción en el territorio de otro ni para realizar en él funciones exclusivamente reservadas a sus autoridades por el derecho interno.

III.14. Entrada en vigor y denuncias (artículos 22 y 23).

El artículo 22 establece que la entrada en vigor de la Convención tendrá lugar el trigésimo día a partir de la fecha del depósito del sexto instrumento de ratificación en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (artículo 20). Para los Estados que ratifiquen después de esa fecha, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha del depósito del instrumento correspondiente.

El artículo 23 prevé la posibilidad de denunciar la Convención mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. La denuncia se hará efectiva un año después de la recepción de la mencionada notificación y no afectará ninguna solicitud de información o de asistencia efectuada durante la vigencia de la Convención para el Estado denunciante.

El Poder Ejecutivo considera de fundamental importancia la aprobación de la Convención Interamericana sobre Terrorismo por cuanto constituye una contribución fundamental a la intensificación de la cooperación internacional con el objeto de adoptar medidas eficaces y prácticas para contribuir a la prevención, castigo y erradicación de esta manifestación de violencia indiscriminada.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República; Didier Opertti, Guillermo Stirling, Isaac Alfie.

Montevideo,

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase la Convención Interame-ricana contra el Terrorismo adoptada el 3 de junio de 2002 en la ciudad de Bridgetown (Barbados), en oportunidad de celebrarse el Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Didier Opertti, Guillermo Stirling, Isaac Alfie. Yamandú Fau.

CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO. INTER-AMERICAN CONVENTION AGAINST TERRORISM. CONVENÇÃO INTE-RAMERICANA CONTRA O TERRORISMO. CONVENTION INTERAMERICAINE CONTRE LE TERRORISME

CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO

LOS ESTADOS PARTE EN LA PRESENTE CONVENCION,

TENIENDO PRESENTE los propósitos y principios de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta de las Naciones Unidas;

CONSIDERANDO que el terrorismo constituye una grave amenaza para los valores democráticos y para la paz y la seguridad internacionales y es causa de profunda preocupación para todos los Estados Miembros;

REAFIRMANDO la necesidad de adoptar en el sistema interamericano medidas eficaces para prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo mediante la más amplia cooperación;

RECONOCIENDO que los graves daños económicos a los Estados que pueden resultar de actos terroristas son uno de los factores que subrayan la necesidad de la cooperación y la urgencia de los esfuerzos para erradicar el terrorismo;

REAFIRMANDO el compromiso de los Estados de prevenir, combatir, sancionar y eliminar el terrorismo; y

TENIENDO EN CUENTA la resolución RC.23/RES. 1/01 rev. 1 corr. 1, "Fortalecimiento de la cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo", adoptada en la Vigésima Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores,

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:

Artículo 1

Objeto y fines

La presente Convención tiene como objeto prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo. Para tal efecto, los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias y fortalecer la cooperación entre ellos, de acuerdo con lo establecido en esta Convención.

Artículo 2

Instrumentos internacionales aplicables

1. Para los propósitos de esta Convención, se entiende por "delito" aquellos establecidos en los instrumentos internacionales que se indican a continuación:

a. Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970.

b. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 23 de setiembre de 1971.

c. Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 14 de diciembre de 1973.

d. Convención Internacional contra la toma de rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979.

e. Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares, firmado en Viena el 3 de marzo de 1980.

f. Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que prestan servicios a la aviación civil internacional, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988.

g. Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988.

h. Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988.

i. Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997.

j. Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999.

2. Al depositar su instrumento de ratificación a la presente Convención, el Estado que no sea parte de uno o más de los instrumentos internacionales enumerados en el párrafo 1 de este artículo podrá declarar que, en la aplicación de esta Convención a ese Estado Parte, ese instrumento no se considerará incluido en el referido párrafo. La declaración cesará en sus efectos cuando dicho instrumento entre en vigor para ese Estado Parte, el cual notificará al depositario de este hecho.

3. Cuando un Estado Parte deje de ser parte de uno de los instrumentos internacionales enumerados en el párrafo 1 de este artículo, podrá hacer una declaración con respecto a ese instrumento, tal como se dispone en el párrafo 2 de este artículo.

Artículo 3

Medidas internas

Cada Estado Parte, de acuerdo con sus disposiciones constitucionales, se esforzará por ser parte de los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de los cuales aún no sea parte y por adoptar las medidas necesarias para la aplicación efectiva de los mismos, incluido el establecimiento en su legislación interna de penas a los delitos ahí contemplados.

Artículo 4

Medidas para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo

1. Cada Estado Parte, en la medida en que no lo haya hecho, deberá establecer un régimen jurídico y administrativo para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo y para lograr una cooperación internacional efectiva al respecto, la cual deberá incluir:

a. Un amplio régimen interno normativo y de supervisión para los bancos, otras instituciones financieras y otras entidades consideradas particularmente susceptibles de ser utilizadas para financiar actividades terroristas. Este régimen destacará los requisitos relativos a la identificación del cliente, conservación de registros y comunicación de transacciones sospechosas o inusuales.

b. Medidas de detección y vigilancia de movimientos transfronterizos de dinero en efectivo, instrumentos negociables al portador y otros movimientos relevantes de valores. Estas medidas estarán sujetas a salvaguardas para garantizar el debido uso de la información y no deberán impedir el movimiento legítimo de capitales.

c. Medidas que aseguren que las autoridades competentes dedicadas a combatir los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 tengan la capacidad de cooperar e intercambiar información en los niveles nacional e internacional, de conformidad con las condiciones prescritas en el derecho interno. Con ese fin, cada Estado Parte deberá establecer y mantener una unidad de inteligencia financiera que sirva como centro nacional para la recopilación, el análisis y la difusión de información relevante sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo. Cada Estado Parte deberá informar al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos sobre la autoridad designada como su unidad de inteligencia financiera.

2. Para la aplicación del párrafo 1 del presente artículo, los Estados Parte utilizarán como lineamientos las recomendaciones desarrolladas por las entidades regionales o internacionales especializadas, en particular, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, cuando sea apropiado, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).

Artículo 5

Embargo y decomiso de fondos u otros bienes

1. Cada Estado Parte, de conformidad con los procedimientos establecidos en su legislación interna, adoptará las medidas necesarias para identificar, congelar, embargar y, en su caso, proceder al decomiso de los fondos u otros bienes que constituyan el producto de la comisión o tengan como propósito financiar o hayan facilitado o financiado la comisión de cualquiera de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de esta Convención.

2. Las medidas a que se refiere el párrafo 1 serán aplicables respecto de los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte.

Artículo 6

Delitos determinantes del lavado de dinero

1. Cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para asegurar que su legislación penal referida al delito del lavado de dinero incluya como delitos determinantes del lavado de dinero los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de esta Convención.

Los delitos determinantes de lavado de dinero a que se refiere el párrafo 1 incluirán aquellos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte.

Artículo 7

Cooperación en el ámbito fronterizo

1. Los Estados Parte, de conformidad con sus respectivos regímenes jurídicos y administrativos internos, promoverán la cooperación y el intercambio de información con el objeto de mejorar las medidas de control fronterizo y adunero para detectar y prevenir la circulación internacional de terroristas y el tráfico de armas u otros materiales destinados a apoyar actividades terroristas.

2. En este sentido, promoverán la cooperación y el intercambio de información para mejorar sus controles de emisión de los documentos de viaje e identidad y evitar su falsificación, alteración ilegal o utilización fraudulenta.

3. Dichas medidas se llevarán a cabo sin perjuicio de los compromisos internacionales aplicables al libre movimiento de personas y a la facilitación del comercio.

Artículo 8

Cooperación entre autoridades competentes para la aplicación de la ley

Los Estados Parte colaborarán estrechamente, de acuerdo con sus respectivos ordenamientos legales y administrativos internos, a fin de fortalecer la efectiva aplicación de la ley y combatir los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2. En este sentido, establecerán y mejorarán, de ser necesario, los canales de comunicación entre sus autoridades competentes a fin de facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre todos los aspectos de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de esta Convención.

Artículo 9

Asistencia jurídica mutua

Los Estados Parte se prestarán mutuamente la más rápida y expedita asistencia jurídica posible con relación a la prevención, investigación y proceso de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 y los procesos relacionados con éstos, de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables en vigor. En ausencia de esos acuerdos, los Estados Parte se prestarán dicha asistencia de manera expedita de conformidad con su legislación interna.

Artículo 10

Traslado de personas bajo custodia

1. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para fines de prestar testimonio o de identificación o para que ayude a obtener pruebas necesarias para la investigación o el enjuiciamiento de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:

a. La persona presta libremente su consentimiento, una vez informada, y

b. Ambos Estados están de acuerdo, con sujeción a las condiciones que consideren apropiadas.

2. A los efectos del presente artículo:

a. El Estado al que sea trasladada la persona estará autorizado y obligado a mantenerla detenida, salvo que el Estado desde el que fue trasladada solicite o autorice otra cosa.

b. El Estado al que sea trasladada la persona cumplirá sin dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado desde el que fue trasladada según convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados.

c. El Estado al que sea trasladada la persona no podrá exigir al Estado desde el que fue trasladada que inicie procedimientos de extradición para su devolución.

d. Se tendrá en cuenta el tiempo que haya permanecido detenida la persona en el Estado al que ha sido trasladada a los efectos de descontarlo de la pena que ha de cumplir en el Estado desde el que haya sido trasladada.

3. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar una persona de conformidad con el presente artículo esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera sea su nacionalidad, no será procesada, detenida ni sometida a cualquier otra restricción de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado desde el que fue trasladada.

Artículo 11

Inaplicabilidad de la excepción por delito político

Para los propósitos de extradición o asistencia jurídica mutua, ninguno de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 se considerará como delito político o delito conexo con un delito político o un delito inspirado por motivos políticos. En consecuencia, una solicitud de extradición o de asistencia jurídica mutua no podrá denegarse por la sola razón de que se relaciona con un delito político o con un delito conexo con un delito político o un delito inspirado por motivos políticos.

Artículo 12

Denegación de la condición de refugiado

Cada Estado Parte adoptará las medidas que corresponda, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho interno e internacional, para asegurar que la condición de refugiado no se reconozca a las personas respecto de las cuales haya motivos fundados para considerar que han cometido un delito establecido en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de esta Convención.

Artículo 13

Denegación de asilo

Cada Estado Parte adoptará las medidas que corresponda, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho interno e internacional, a fin de asegurar que el asilo no se otorgue a las personas respecto de las cuales haya motivos fundados para considerar que han cometido un delito establecido en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de esta Convención.

Artículo 14

No discriminación

Ninguna de las disposiciones de la presente Convención será interpretada como la imposición de una obligación de proporcionar asistencia jurídica mutua si el Estado Parte requerido tiene razones fundadas para creer que la solicitud ha sido hecha con el fin de enjuiciar o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política o si el cumplimiento de la solicitud causaría un perjuicio a la situación de esa persona por cualquiera de estas razones.

Artículo 15

Derechos humanos

1. Las medidas adoptadas por los Estados Parte de conformidad con esta Convención se llevarán a cabo con pleno respeto al estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención se interpretará en el sentido de que menoscaba otros derechos y obligaciones de los Estados y de las personas conforme al derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados.

3. A toda persona que se encuentre detenida o respecto de la cual se adopte cualquier medida o sea encausada con arreglo a la presente Convención se le garantizará un trato justo, incluido el goce de todos los derechos y garantías de conformidad con la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre y las disposiciones pertinentes del derecho internacional.

Artículo 16

Capacitación

1. Los Estados Parte promoverán programas de cooperación técnica y capacitación, a nivel nacional, bilateral, subregional y regional y en el marco de la Organización de los Estados Americanos, para fortalecer las instituciones nacionales encargadas del cumplimiento de las obligaciones emanadas de la presente Convención.

2. Asimismo, los Estados Parte promoverán, según corresponda, programas de cooperación técnica y de capacitación con otras organizaciones regionales e internacionales que realicen actividades vinculadas con los propósitos de la presente Convención.

Artículo 17

Cooperación a través de la Organización de los Estados Americanos

Los Estados Parte propiciarán la más amplia cooperación en el ámbito de los órganos pertinentes de la Organización de los Estados Americanos, incluido el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), en materias relacionadas con el objeto y los fines de esta Convención.

Artículo 18

Consulta entre las Partes

1. Los Estados Parte celebrarán reuniones periódicas de consulta, según consideren oportuno, con miras a facilitar:

a. La plena implementación de la presente Convención, incluida la consideración de asuntos de interés relacionados con ella identificados por los Estados Parte; y

b. El intercambio de información y experiencias sobre formas y métodos efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar el terrorismo.

2. El Secretario General convocará una reunión de consulta de los Estados Parte después de recibir el décimo instrumento de ratificación. Sin perjuicio de ello, los Estados Parte podrán realizar las consultas que consideren apropiadas.

3. Los Estados Parte podrán solicitar a los órganos pertinentes de la Organización de los Estados Americanos, incluido el CICTE, que faciliten las consultas referidas en los párrafos anteriores y preste otras formas de asistencia respecto de la aplicación de esta Convención.

Artículo 19

Ejercicio de jurisdicción

Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer su jurisdicción en el territorio de otro Estado Parte ni para realizar en él funciones que estén exclusivamente reservadas a las autoridades de ese otro Estado Parte por su derecho interno.

Artículo 20

Depositario

El instrumento original de la presente Convencion, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 21

Firma y ratificación

1. La presente Convención está abierta a la firma de todos los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos.

2. Esta Convención está sujeta a ratificación por parte de los Estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

Artículo 22

Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado el sexto instrumento de ratificación de la Convención en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

2. Para cada Estado que ratifique la Convención después de que se haya depositado el sexto instrumento de ratificación, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado el instrumento correspondiente.

Artículo 23

Denuncia

1. Cualquier Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General de la Organización.

2. Dicha denuncia no afectará ninguna solicitud de información o de asistencia hecha durante el período de vigencia de la Convención para el Estado denunciante.

Montevideo, 1 de diciembre de 2005.

INFORME A LA COMISION DE ASUNTOS

INTERNACIONALES

CARPETA Nº 295/2005

TERRORISMO. CONVENCION INTERAMERICANA. APROBACION. REITERACION.

(Entrado: 17/08/2005)

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha remitido a este Cuerpo un Proyecto de Ley solicitando la aprobación de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, reiterando el Mensaje remitido con fecha 18 de marzo de 2003.

La presente Convención fue elaborada en el marco de la OEA, en cumplimiento del objetivo que se aprobara dentro del sistema interamericano luego de los atentados de setiembre de 2001, en el sentido de fortalecer la cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo.

El artículo 1 de la Convención adoptada retoma este objetivo y explicita que la misma tiene por objeto prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo (Artículo 1), en tanto constituye una grave amenaza para los valores democráticos y para la paz y la seguridad internacionales.

El artículo 2 de la Convención enumera los instrumentos internacionales aplicables para la determinación de lo que constituye un delito en los términos de la presente Convención, lo que constituye un punto central de la misma, agregando en su artículo 3 que los Estados Partes se esforzarán por ser Partes de los instrumentos internacionales enumerados en el artículo anterior, en el caso de que aún no lo sean.

El artículo 4 establece las medidas, para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo. Al respecto se establece que cada Parte deberá establecer un régimen jurídico interno que incluya:

- la supervisión efectiva de la actividad bancaria, financiera u otra que pueda ser considerada susceptible de ser utilizada para financiar actividades terroristas.

- la necesidad de que los Estados Partes adopten medidas de detección y vigilancia de movimientos transfronterizos de dinero en efectivo, instrumentos negociables al portador y otros movimientos relevantes de valores. Se establece que estas medidas estarán sujetas a salvaguardas para garantizar el debido uso de la información y no deberán impedir el movimiento legítimo de capitales.

- La necesidad de que cada Estado Parte mantenga una unidad de inteligencia financiera que sirva de centro nacional para la recopilación, el análisis y la difusión de información relevante sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo. Esta medida tiene por objeto fomentar la capacidad de cooperación a nivel nacional e internacional.

Para la aplicación de este artículo los Estados Partes utilizarán como lineamientos las recomendaciones de las entidades regionales o internacionales especializadas, tales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD).

El artículo 5 establece que los Estados Partes, respetando su legislación nacional, adoptarán las medidas internas necesarias para identificar, congelar, embargar o decomisar los fondos u otros bienes que provengan de la comisión de cualquiera de los delitos mencionados en los instrumentos internacionales previstos el artículo 2 de la Convención, sean éstos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte.

El artículo 6 se refiere a la necesidad, para los Estados Partes, de asegurar que su legislación penal referida al lavado de dinero incluya como delitos determinantes de dicha figura a aquellos delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de la Convención, sean éstos cometidos dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte.

El artículo 7 hace mención a la promoción de la cooperación y el control entre los Estados Partes en el ámbito fronterizo a efectos de controlar la circulación internacional de terroristas o de materiales destinados a actividades terroristas. Los artículos 8 y 9, por su parte, se refieren a la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados Parte para la mejor aplicación de la ley y la asistencia jurídica mutua. Los artículos 16 y 17 también mencionan a la cooperación entre Estados, pero lo hacen en lo que respecta a la capacitación para el fortalecimiento de las instituciones nacionales encargadas del cumplimiento de las obligaciones emanadas de la presente Convención, o respecto de aquella cooperación que los Estados podrán canalizar en el marco de la OEA.

El artículo 10 detalla el traslado de personas bajo custodia. Se regulan aquí en detalle las condiciones para que proceda el traslado de una persona que se encuentra detenida o cumpliendo una condena en el territorio de un Estado Parte, y cuya presencia se solicita en otro Estado Parte para fines de prestar testimonio o de identificación o para que ayude a obtener pruebas necesarias para la investigación o enjuiciamiento de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2.

Se establece que el traslado sólo se cumplirá si la persona presta libremente su consentimiento a ello y si ambos Estados están de acuerdo en realizarlo.

El artículo 11 se refiere a la inaplicabilidad de la excepción por delito político a aquellos delitos previstos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de la Convención. En consecuencia, por esta cláusula, nuestro país se obliga a no denegar una solicitud de extradición o de asistencia jurídica mutua que verse sobre la comisión de uno de los delitos previstos en los instrumentos internacionales previstos en el artículo 2 de la presente Convención, por considerar que los mismos son de naturaleza política o conexos con lo político. En virtud de esta disposición, los Estados Partes se obligan a adoptar medidas, dentro de lo previsto por el derecho interno o internacional, para asegurar que no se reconozca la condición de refugiado ni se conceda el asilo a aquellas personas respecto de las cuales existan motivos fundados para considerar que han cometido alguno de los delitos mencionados en los instrumentos internacionales previsto en el artículo 2 de la presente Convención.

Los artículos 14 y 15 establecen a texto expreso el principio de no discriminación por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política, en la consideración de las solicitudes de asistencia jurídica mutua, así como la necesidad de que todas las medidas que se adopten en el marco de esta Convención se lleven a cabo con pleno respeto al estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Nada de lo dispuesto en la Convención se interpretará en el sentido de que menoscaba otros derechos y obligaciones de los Estados y de las personas conforme al derecho internacional, en particular a la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados.

El artículo 19 determina asimismo que nada de lo dispuesto en la Convención facultará a un Estado Parte para ejercer su jurisdicción en el territorio de otro Estado Parte ni para realizar en él funciones que estén exclusivamente reservadas a las autoridades de ese otro Estado Parte por su derecho interno.

Finalmente, el artículo 18 hace referencia a las reuniones periódicas de consulta entre las Partes y los artículos 20 a 23 regulan las cláusulas finales habituales en los tratados referidas al depositario, la firma y ratificación, la entrada en vigor y la denuncia del mismo.

Por lo expuesto, sería conveniente o interesante antes de recomendar la aprobación de la presente Convención, solicitar mayor información al Ejecutivo respecto del alcance de los compromisos que se contraen en los artículos 4, 5, 6 por un lado y 11, 12 y 13 por el otro, (ambos grupos de artículos haciendo referencia a los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de la Convención), y su compatibilidad con nuestras normas y políticas actuales al respecto, en la medida en que se trata de compromisos que a primera vista condicionan acciones o imponen limitaciones en temas particularmente sensibles (control de capitales y del sistema financiero; asilo político)."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: este proyecto de ley fue enviado por el Poder Ejecutivo solicitando la aprobación de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, reiterando el Mensaje remitido con fecha 18 de marzo de 2003.

Esta Convención fue celebrada en el marco de la OEA, en cumplimiento del objetivo que se fijara el sistema interamericano como consecuencia de los atentados de setiembre de 2001, en el sentido de fortalecer la cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo.

Esta Convención tiene una clara exención sobre su alcance a través de sus artículos, enumera los instrumentos internacionales aplicables para la determinación de lo que constituye un delito y establece las medidas para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo. Además, determina un régimen jurídico interno que incluye la supervisión efectiva de la actividad bancaria, la necesidad de que los Estados adopten medidas de detección y vigilancia de movimientos transfronterizos de dinero en efectivo y de que cada Estado contenga una Unidad de Inteligencia Financiera -que no es poca cosa- que sirva de centro nacional para la recopilación, el análisis y la difusión de información.

En el artículo 5 establece que los Estados Parte deberán adoptar medidas necesarias para identificar, congelar, embargar o decomisar los fondos u otros bienes que provengan de la comisión de cualquiera de los delitos establecidos en el artículo 2 de la Convención.

El artículo 6 también se refiere a la legislación penal en cuanto a la necesidad de que la legislación de los Estados referida al lavado de dinero incluya como delitos determinantes de dicha figura los delitos establecidos en los instrumentos internacionales enumerados en el artículo 2 de esta Convención.

El artículo 7 hace mención a la promoción de la cooperación entre los Estados en el ámbito fronterizo.

El artículo 10 detalla el traslado de las personas bajo custodia. Se establece que el traslado sólo se cumplirá -este es un tema importante- si la persona presta libremente su consentimiento a ello y si ambos Estados están de acuerdo en realizarlo. Quiere decir que ese traslado no se puede realizar por la vía de la fuerza o imposición sin contar con el consentimiento de la persona o de ambos Estados.

En consecuencia, en virtud de esta cláusula, nuestro país se obliga a no denegar una solicitud de extradición o de asistencia jurídica mutua que se relacione con la comisión de uno de los delitos previstos en los instrumentos internacionales mencionados en el artículo 2 de la presente Convención, en la obligación de los Estados de adoptar medidas dentro de lo previsto por el Derecho interno Internacional para asegurar que no se reconozca la condición de refugiados ni se conceda el asilo a aquellas personas respecto de las cuales existan motivos fundados para considerar que han cometido alguno de los delitos mencionados en los instrumentos previstos en el mencionado artículo 2.

Nada de lo dispuesto en la Convención se interpretará -esto es importante resaltarlo- como un menoscabo de otros derechos y obligaciones de los Estados y de las personas con-forme al Derecho Internacional, en particular, a la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional de los Refugiados.

Al final del informe hicimos una reflexión con respecto a que sería conveniente recomendar la aprobación de la presente Convención y solicitar mayor información al Poder Ejecutivo sobre el alcance de algunos artículos. Creo que esto es compatible con la aprobación del Tratado, simplemente pidiendo al Poder Ejecutivo que nos presente un informe sobre este tema, habida cuenta de que es él mismo el que está solicitando la aprobación y, por lo tanto, en el ámbito de la Cancillería el tema debe haber sido estudiado en profundidad. Consideramos que no existen incompatibilidades, pero tratamos de buscar más información que nos permita manejar con mayor comodidad un tema de tanta sensibilidad e importancia como este Tratado.

Por todo lo expuesto, la Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la aprobación de este Tratado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Apruébase la Convención Intera-mericana contra el Terrorismo adoptada el 3 de junio de 2002 en la ciudad de Bridgetown (Barbados), en oportunidad de celebrarse el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

19) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- Siendo la hora reglamentaria, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 20, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Abreu, Amaro, Baráibar, Breccia, Castro, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Lara Gilene, Long, Lorier, Núñez, Percovich, Topolansky y Xavier.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Sr. Santiago González Barboni Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sra. Nelly Tavares Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.